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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 108, de 13/09/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 108
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 100
celebrada el martes, 13 de septiembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 5408)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
188-1, de 27 de mayo de 2005. (Número de expediente 122/000157.) ... (Página 5408)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 74-1, de 7 de mayo
de 2004. (Número de expediente 122/000059.) ...
(Página 5418)
Proposiciones no de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y Mixto, sobre la reforma de las Naciones Unidas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 234, de 4 de julio de 2005. (Número de expediente 162/000369.) ... (Página 5429)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre creación de un Fondo de la Unión Europea para la prevención y recuperación de las superficies forestales afectadas por incendios en el sur de Europa.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 254, de 6 de septiembre de 2005. (Número de expediente 162/000381.) ... (Página 5437)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas a adoptar para paliar los daños provocados por la grave sequía en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 17 de junio de 2005.
(Número de expediente 162/000360.) ... (Página 5444)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre la posición del Gobierno español en relación a los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la
población saharaui. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 240, de 12 de julio de 2005. (Número de expediente 173/000081.) ... (Página 5449)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 240, de 12
de julio de 2005. (Número de expediente 173/000082.) ... (Página 5455)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse las actuaciones como las registradas en relación con la detención irregular de dos
militantes del Partido Popular, por la supuesta agresión al Ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 240, de 12 de
julio de 2005. (Número de expediente 173/000083.) ... (Página 5462)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 5408)
Conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de acumular el debate de las interpelaciones
urgentes que figuran en el orden del día con los números 34 y 36, que pasarán a debatirse con posterioridad al punto 35, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5408)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear ... (Página 5408)
El señor Herrera Torres presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley que modifica una ley antigua sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
15/1980, de creación del Consejo y Seguridad Nuclear, y versa sobre la necesidad de que los intereses económicos de las compañías con centrales nucleares no se antepongan a la seguridad de las personas y del medio ambiente. Explica que se trata de
una ley que ha quedado claramente desfasada, que se hizo mucho antes de los incidentes de Vandellós I y, por supuesto, del de Chernobil, y en la que no se han introducido ninguna de las incorporaciones que se han añadido en otras legislaciones. Por
lo tanto es una ley anterior a que las comunidades autónomas participasen en el modelo del Estado
y que no contempla la necesidad de que las mismas participen en el Consejo de Seguridad Nuclear. A continuación procede a explicar la iniciativa de forma breve, aclarando que se trata de una propuesta sobre el presente y no sobre el futuro
de la energía nuclear, con el objetivo de saber qué pasa hoy con nuestras centrales nucleares y de garantizar una inspección transparente, independiente y eficaz.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Orgánica.) ... (Página 5418)
Defiende la proposición de ley para su toma en consideración el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda que no es la primera vez que desde el Bloque Nacionalista Galego se intenta reformar la Ley Orgánica
del Poder Judicial en relación con los derechos lingüísticos en la Administración de Justicia, con la finalidad de que esta ley ampare de verdad el carácter plurilingüe del Estado, y pone de manifiesto las contradicciones existentes entre la
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, firmada por el Estado español, y la realidad en el terreno de la cooficialidad en la Administración de Justicia española.
La iniciativa de su grupo vuelve a insistir una vez más en la necesidad de
cambiar el marco legal orgánico del Estado español y hacer efectivo con todas sus consecuencias el artículo 3.3 de la Constitución Española, para que afecte a todos los poderes públicos sin excepción y se tenga en cuenta el artículo 231 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que reconoce que el gallego, el catalán y el eusquera son lenguas cooficiales de la Administración de Justicia, modificándose los artículos 341,2 y 471, así como los artículos 450 y 530, para dejar claro que las plazas de
jueces y magistrados en territorios con lengua propia deben de conllevar no solamente el conocimiento de estas lenguas como mérito, sino algo mucho más importante, asegurar el conocimiento y el uso efectivo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, y Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santaella Porras,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Pedret y Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear, se aprueba por 173 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, se rechaza por 29 votos a favor, 290 en contra y ocho abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 5429)
De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Coalición
Canaria-Nueva Canarias y Mixto sobre la reforma de las Naciones Unidas ... (Página 5429)
Intervienen en la presentación conjunta de esta proposición no de ley, de menor a mayor, los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias;
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); los
señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre creación de un fondo de la Unión Europea para la prevención y recuperación de las superficies forestales afectadas por los incendios en el sur de Europa ...
Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. En ella se insta al Gobierno de la nación a pedir en el Consejo Europeo la puesta en marcha de la cláusula de
solidaridad establecida en el artículo 43 de la Constitución europea y la creación de un fondo europeo de política de prevención y recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales. Considera oportuna la presentación de esta iniciativa
tras el verano especialmente dramático por los incendios forestales sufridos en nuestro país y manifiesta, en su nombre y en el de su grupo, la solidaridad, la condolencia y el reconocimiento del trabajo de las personas que han intervenido en su
extinción. Explica que el equilibrio que ha existido siempre entre el hombre, la ganadería, el sistema forestal y la agricultura se ha roto en los últimos cuarenta años de una forma rápida y brutal, la población rural ha desaparecido también de
forma vertiginosa y la política forestal no ha sido capaz de incorporar todo este cambio brusco y rápido, encontrándonos con una gran biomasa y necromasa que enciende rápidamente. Por lo tanto, concluye, es necesario una política forestal común en
el ámbito de la Unión Europea.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen las señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez Ramos.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas a adoptar para paliar los daños provocados por la grave sequía en España ... (Página 5444)
Presenta la proposición no de ley el señor Pintado Barbanoj, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Acusa al Gobierno del Partido Socialista de no acometer el problema de la sequía por la que atraviesa nuestro país en su
afán de cambiar todo lo que hizo el Partido Popular, y explica los tres aspectos que se plantean en su iniciativa: el primero la petición de los fondos al Fondo de Solidaridad para los daños que afectan a la sequía; el segundo, las inversiones de
los anexos del Plan Hidrológico Nacional, y el tercero, la solicitud de medidas de política agraria comunitaria para afrontar este año terrible para el sector agrario, tal y como están haciendo otros países de la Unión Europea.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Simón de la Torre, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón
Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Pintado Barbanoj.
Sometida a votación la proposición no de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios sobre la reforma de las Naciones Unidas, con la incorporación de la enmienda in voce del Grupo Socialista del Congreso, se aprueba por asentimiento.
Sometida a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre creación de un fondo de la Unión Europea para la prevención y recuperación de las superficies forestales afectadas por
incendios en el sur de Europa, se aprueba por 185 votos a favor, 135 en contra y una abstención.
Sometida a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con las medidas a adoptar para paliar los daños provocados por la
grave sequía en España, se rechaza por 149 votos a favor, 174 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 5449)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias sobre la posición del Gobierno español en relación a los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la
población saharaui ... (Página 5449)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Manifiesta que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se presentó la
interpelación urgente al ministro de Asuntos Exteriores en relación con los graves hechos ocurridos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental por las fuerzas del orden del Reino de Marruecos, se mantiene su actualidad porque las autoridades
de Marruecos, lejos de cesar, continúan con su estrategia represiva, agravada por la huelga de hambre que mantienen decenas de presos en las cárceles de los territorios ocupados y del resto del territorio de Marruecos. Denuncia los hechos que allí
están ocurriendo y pide que el Congreso de los Diputados se posicione e inste al Gobierno de España a tomar cartas en el asunto sobre los graves hechos acaecidos en los territorios ocupados, sobre la grave situación de la población saharaui y sobre
la necesidad de actuar de manera clara a favor de un proceso de paz que acabe con los treinta años de marginación de este pueblo, a pesar de tener de su lado la legalidad internacional.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y el señor Estrella Pedrola, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Erkoreka Gervasio, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad ... (Página 5455)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que su grupo plantea esta iniciativa con el objetivo de lograr el pleno
empleo y la modernización del modelo social europeo, desde el convencimiento de que las políticas más eficaces que pueden desarrollar los Estados de la Unión Europea deben ser políticas sociales orientadas a la consecución del empleo, y denuncia las
altas tasas de inactividad de personas con discapacidad. Afirma que a pesar de los importantes avances en los últimos años en materia de política de empleo en relación con personas con discapacidad, las iniciativas del anterior Gobierno y de este,
todas ellas orientadas en la buena dirección, son insuficientes ante la magnitud de la situación, y pasa a explicar los objetivos de la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el
señor Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC), y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse actuaciones como las registradas en relación con la detención irregular de dos militantes del
Partido Popular por la supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la asociación de víctimas del terrorismo ... (Página 5462)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Hernando Fraile, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Relata los hechos ocurridos el 25 de enero. Dice que fueron detenidos ilegalmente dos respetables
y pacíficos ciudadanos acusados falsamente de un delito de atentado contra la autoridad tras participar en una manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo, tal como ha sido acreditado por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
Considera que esas detenciones constituyen una vergüenza para cualquier ciudadano con la más mínima sensibilidad democrática y una quiebra de confianza en el funcionamiento correcto de nuestro sistema de libertades, y para que esto no se vuelva a
repetir, pide el respaldo de la Cámara a la moción del Grupo Parlamentario Popular, porque, finaliza, los derechos individuales de los ciudadanos son límites que un Gobierno democrático y sus funcionarios no deben traspasar y deben ser respetados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre la posición del Gobierno español en relación con los actos de represión cometidos por las fuerzas del
orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la población saharaui, se aprueba por asentimiento.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con
discapacidad, a la que se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y del propio Grupo Catalán, se aprueba por 315 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse actuaciones como las
registradas en relación con la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por la supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se
rechaza por 127 votos a favor y 187 en contra.
Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
En primer lugar, propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del
día en el sentido de acumular el debate de las interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Mixto sobre los problemas del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen general, con especial referencia a la financiación
de la sanidad tomando como ejemplo Galicia, y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en materia de financiación del gasto sanitario, correspondientes respectivamente a los puntos 34 y 36
del orden del día, pasando, en consecuencia, a debatirse ambos con anterioridad al punto 35.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE REFORMA DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. (Número de expediente: 122/000157.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Quiero hacer partícipe a la Cámara, para que no haya malos entendidos, de que, iniciado este período de sesiones, recuerden el vigente y no cambiado acuerdo de Junta de Portavoces relativo a que, salvo los debates de carácter especial, todos
los debates se ajustan a 7 minutos de presentación y a 5 minutos de fijación de posición, con excepción del procedimiento legislativo que sigue con los tradicionales 15 minutos.
Señor Herrera, tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Señorías, espero que esta proposición de ley pase a la historia más por su contenido que por ser la primera con el nuevo sistema. Aunque SS.SS. me indican que no se oye, voy a intentar expresarme con la mayor
claridad al objeto de que una ley histórica que tiene que cambiar el devenir de la industria nuclear y sobre todo del control de la misma, pase a una tramitación correcta.
Esta es una proposición de ley que modifica una ley antigua que versa sobre un organismo, el CSN -Consejo de Seguridad Nuclear- que necesita recuperar prestigio y sobre la necesidad de que los intereses económicos de las compañías con
centrales nucleares no se antepongan a la seguridad de las personas y del medio ambiente. Es una ley antigua, que pudo ser moderna en su momento pero que ha quedado claramente desfasada, que era avanzada pero que ha quedado anticuada y que se hizo
mucho antes de grandes incidentes como el de Vandellòs I y por supuesto el de Chernobil.
Pese a ello, muchas de las incorporaciones que se han añadido en otras legislaciones no se han llegado a introducir en esta materia. Una ley que se hizo antes
de que las comunidades autónomas participasen en el modelo del Estado y sin tener presente la necesidad de que las mismas participen en el Consejo de Seguridad Nuclear. Una ley que niega cualquier marco de participación, pese a que estemos a las
puertas de aprobar y ratificar el convenio de Aarhus sobre participación del público en materia de medio ambiente y pese a que debemos legislar sobre información ambiental. Es fundamental recordar que esta Ley de 1980 que regula el Consejo de
Seguridad Nuclear no permitía hasta el momento la participación. Sería decepcionante que en la revisión de las primeras partes del convenio de Aarhus que he citado apareciese España como uno de los países que en materia nuclear -algo tan
susceptible y tan frágil en lo que se refiere a lo ambiental- no ha traspuesto la directiva en lo relativo a la normativa nuclear.
Además de la actualización hay otros motivos de peso que llevan a nuestro grupo a presentar esta proposición de ley. La ley es antigua, pero a la antigüedad se le suma otro factor: el carácter degradado, el deterioro de la imagen del
Consejo de Seguridad Nuclear, la necesidad de que el CSN tenga instrumentos que garanticen su transparencia, su independencia respecto a la industria nuclear y al sector eléctrico, así como la mentada participación del público. Existen numerosos
precedentes, les podría citar infinidad, sin ir más lejos, el del año 1989, cuando en Vandellòs I, que estuvo en un tris de convertirse en una tragedia, se permitió que los servicios se degradasen y no se pensase en la seguridad.
Les podría poner
otros muchos ejemplos como el de Zorita, en el año 1993, donde los reactores de agua a presión del diseño americano construidos en España, y en particular, en Zorita, sufrieron un profundo deterioro, con un proceso de agrietamiento en las
penetraciones de la tapa de su vasija.
Les pongo estos ejemplos en los que en un primer momento el CSN dijo que no pasaba nada. En el año 1993 allí estaban organizaciones ecologistas como Greenpace para anunciar lo acontecido. Han sido muchas las
negativas -la de Zorita, la de Vandellòs I, la de Garoña, respecto a la que, en unas condiciones profundamente degradadas, el CSN decía que no pasaba nada mientras que las organizaciones ecologistas lo denunciaban, y al final tuvo que reconocer lo
que previamente se había denunciado-; el caso de junio del año 2003 en Almaraz II, donde se permitió que la planta de la central arrancara sin un generador diesel de emergencia, incluso en contra del criterio de los técnicos del CSN. En los
últimos meses hemos tenido el último incidente, en Vandellòs II, que puso de manifiesto, como reconocían los propios técnicos del CSN, que en la central primaban los intereses económicos antes que la seguridad y el CSN permitió que durante siete
meses la central funcionase con toda normalidad, con las condiciones de seguridad profundamente degradadas y fuera de las condiciones de explotación autorizadas. Incluso la presidenta del CSN llegó a afirmar, en su comparecencia en el Congreso el
25 de abril, que se le permitió funcionar con aumento de riesgo. El caso de Vandellòs II ha sido el que ha permitido desvestir al santo y poner de manifiesto lo que algunos hacía tiempo ya decíamos: el rey va desnudo, el CSN requiere una profunda
reforma para que actúe como un órgano independiente, transparente y que vele por la seguridad.
¿De qué adolece el CSN actual? De diligencia dado que no es un órgano colegiado, de transparencia y de independencia. Está claro que no es diligente un órgano que durante los años en que viene funcionando nunca ha pedido que una central
pare; las centrales nucleares siempre han parado porque les tocaba -por la recarga, por casos fortuitos- y lo máximo que ha hecho el CSN ha sido posponer el arranque o, en cualquier caso, que la central parase dos o tres días antes de la recarga.
¿Eso es ser diligente? Nuestro grupo político entiende que no, esa es la política del laissez faire que no se puede permitir en la industria nuclear. ¿Es razonable acaso que las organizaciones ecologistas o que Greenpace hagan la función de
control que debe realizar el Consejo de Seguridad Nuclear? Nuestro grupo entiende que no. Es positivo que tengamos organizaciones sociales potentes e importantes, pero no es razonable que las organizaciones ecologistas realicen las funciones del
consejo. Segundo gran defecto: no actúa como un órgano colegiado. No es que lo diga yo, lo dijeron los diferentes vocales del CSN en sus reiteradas comparecencias, y hay que recordar que los vocales eran miembros del Partido Socialista, de
Convergència i Unió, pero también del Partido Popular. ¿Qué es lo más lamentable? Que el CSN no tiene los instrumentos necesarios para garantizar que el carácter sea colegiado, a no ser que decidamos llevar a los tribunales a un organismo de estas
características; un CSN que no ha acreditado la transparencia cuando en multitud de informes ha negado la información. Yo mismo, como diputado, solicité al Consejo de Seguridad Nuclear información que aparecía publicada en los periódicos, pero que
a mí se me negaba como diputado y ya no les digo lo que se les negaba a organizaciones sociales, ecologistas o a los meros ciudadanos. En definitiva, un CSN que ha dejado su independencia muy en entredicho.
¿Podemos hablar de un órgano realmente
independiente cuando, como les decía, nunca ha ordenado la parada de una central o cuando hay grupos que denuncian la existencia de despachos de la industria eléctrica, de la industria nuclear en el propio organismo y, en cambio, no es capaz, como
ha planteado nuestro grupo parlamentario, de abrir una auditoría que garantice que este organismo no tiene ningún despacho de las eléctricas, que no funciona con ellas? Por esto, nuestro grupo
parlamentario entiende que es fundamental y urgente la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Por qué? Porque el CSN, en todo este tiempo, en el tiempo que podía trasladar normativa y legislación de otros países, en el tiempo en que
podía copiar experiencias de otros referentes, entre ellos uno de los que citan de forma frecuente, la NRC norteamericana -la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos-, ha trasladado aquellas propuestas que más beneficiaban a la industria
nuclear, pero en lo que se refiere a participación, a los mecanismos de acceso al público establecidos por la NRC, a los sistemas de acceso a la información, a los acuerdos de corregulación, por ejemplo, entre el Gobierno federal y los Estados, el
CSN ha hecho caso omiso de estas experiencias para dejarlas en un cajón. Si ustedes van hoy a la web del CSN verán que lo que tienen no es la información de los últimos controles, sino cinco instrucciones técnicas de carácter vinculante, cinco que
versan sobre protección radiológica, pero no encontrarán lo que seguramente a ustedes y a los ciudadanos les interesa: la transparencia y el control sobre la industria nuclear, sobre la tecnología nuclear.
¿Cuál es la suerte de esta iniciativa? Que es una preocupación compartida, porque cualquier diputado que haya asistido a las comparecencias del CSN sabe sobradamente que tenemos un problema mayúsculo. Es una preocupación compartida porque,
aunque algunos sepamos que deben asumirse responsabilidades por parte de la Presidencia, todos sabemos que con la asunción de responsabilidades no basta y que debemos reformar el CSN de arriba abajo. Tenemos la ventaja de que esta preocupación la
comparten grupos ecologistas y organizaciones sociales, desde Ecologistas en Acción a Greenpeace, pasando por Comisiones Obreras, pero también diversos periódicos cuyas editoriales se han mostrado a favor de la reforma del CSN e incluso de esta
iniciativa que hoy les presento. La misma Rosario Velasco, portavoz que me seguirá en el uso de la palabra, decía: El modelo regulatorio no puede basarse solo en la confianza del titular porque esto puede generar problemas y probablemente haya que
reflexionar sobre qué aspectos del modelo regulatorio hay que mejorar para garantizar la comunicación, que consideramos fundamental, y que esta sea efectiva dentro del órgano de regulación en relación con el regulado. La diputada Rosario Velasco
hablaba del compromiso del Grupo Socialista de aprobar la iniciativa que hoy presentamos; José Luis Rodríguez Zapatero se comprometía en el debate de investidura. Precisamente por esto nuestro grupo se felicita, porque la preocupación sea
compartida.
Voy a detallar la iniciativa de forma muy breve. Se necesita una reforma para facilitar la participación del ciudadano y de la sociedad civil en su funcionamiento, haciendo accesible toda la documentación que obra en esos archivos -hoy no
es accesible esta información, mientras que sí lo es en modelos como el de la NRC y otros modelos europeos-, informando de todos los sucesos cuantificables y de todos los acuerdos del Pleno, posibilitando la interposición de recursos de reposición
de todas las resoluciones del Pleno a las partes interesadas, sean éstas grupos sociales u organizaciones ecologistas. Queremos que se habiliten canales de comunicación que permitan a los trabajadores del sector formular denuncias sin tener
problemas ni miedo a las represalias, como ocurre en otros países. Está muy bien defender el control y la exigencia en las centrales, pero esto no se puede decir si al mismo tiempo no implementamos medidas que garanticen ese control eficaz.
Queremos que se establezca un comité asesor técnico independiente que, en materia de energía nuclear y con cargo al presupuesto del CSN, pueda deliberar, opinar, incidir e influir. Ha de ser en un marco de participación, pues esta también debe
llegar a la industria nuclear y, por supuesto, se ha de prohibir la celebración de acuerdos de cooperación o de contratos de asesoramiento técnico cuando no se hayan establecido mecanismos adecuados que garanticen la total independencia del CSN en
su proceso de toma de decisiones. Todos sabemos de contratos que se han hecho con sectores vinculados a la industria y, lamentablemente, sus decisiones han estado vinculadas también a los intereses de la industria nuclear. Ha de hacerse explícito
el carácter colegiado del CSN, someter de forma expresa la gestión y el control financiero del organismo a la Intervención General del Estado y reformarse la estructura organizativa del CSN, garantizando que el Parlamento sea el que decida y que las
decisiones, que son técnicas pero también políticas, pasen por esta casa; en definitiva, que esta Cámara sea la que decida cuáles son las orientaciones del Consejo de Seguridad Nuclear. No quiero entrar en más detalles, ya que ustedes podrán leer
todo en la propuesta.
Para terminar, señor presidente, quisiera decir que esta propuesta versa sobre el presente y no sobre el futuro de la energía nuclear. Para hablar del futuro de la misma, tendremos ocasión de discutirlo en la comisión de seguimiento sobre
el futuro de la energía nuclear. Aquí queremos hablar del presente, de qué pasa hoy en nuestras centrales y cómo garantizamos una inspección transparente, independiente y eficaz. Quiero añadir que queremos que esta proposición se mejore. Por
supuesto que es mejorable, pero queremos que su espíritu se mantenga, ya que el mismo debe garantizar el control, la transparencia y la independencia y ni nuestro grupo parlamentario ni los grupos ecologistas entenderíamos que esto no fuese así.
Por último, señor presidente, quiero señalar que esta propuesta ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos, de mucha gente y de muchos grupos sociales y organizaciones ecologistas. Quiero destacar entre las mismas a una de las que más
trabajo han realizado, Greenpeace, y sobre todo a uno de sus miembros que hoy nos acompaña, Carlos Bravo, que ha trabajado muchísimo para que todo esto fuera realidad.
El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Termino añadiendo una frase de Ulrik Beck, que en 'La sociedad del riesgo' dice que las centrales nucleares, que son la cumbre de las
fuerzas productivas y creativas humanas, se han convertido a partir de Chernobil -yo puedo decir que a partir de Vandellòs I- en signos de una Edad Media moderna del peligro, en signos de amenaza que, al mismo tiempo, impulsan al máximo el
individualismo de la modernidad y que lo convierten en su contrario. Si así lo creemos -nuestro grupo así lo cree-, en el presente, control; en el futuro, calendario de cierre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos a la fijación de posiciones. Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Después de haber conocido y sopesado los pronunciamientos habidos en la Comisión correspondiente fechas atrás sobre la necesidad de modificar la estructura garantista de funcionamiento, actividades y competencias del Consejo de Seguridad
Nuclear y la reforma de la Ley 15/1980 (transcurridos 25 años), mi grupo está de acuerdo con lo que hemos escuchado a la mayoría de los expertos que han comparecido sobre la necesidad de adecuar la situación tecnológica, de conocimiento científico y
de seguridad de todo tipo: medioambientales, sanitarias, de ingeniería y tecnología nuclear y hace votos para que se modifique la Ley 15/1980.
Escuchadas las opiniones de los expertos y visto el alcance y envergadura de la modificación que se
propone, esperábamos que el Gobierno hubiese enviado al Congreso un proyecto de ley de modificación del Consejo de Seguridad Nuclear, o bien, si la iniciativa tuviera que ser más parlamentaria, un consenso entre todos los grupos parlamentarios. Mi
grupo no se va a oponer a las ideas positivas que subyacen en esta iniciativa del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que respetamos, pero no sobre este tema. Este texto tiene algunos artículos que
son auténticos dislates administrativos, que van en contra de principios de garantía del funcionamiento de la Administración General del Estado. No se puede traer un texto con una inseguridad jurídica para personas, funcionarios, instituciones y
entidades porque estaremos socavando el Estado de derecho y las garantías fundamentales. El texto introduce un nuevo artículo de modificación sobre el presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear donde se dice que pueden cesar por las
siguientes causas, entre ellas, por decisión del Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previa comunicación al Congreso cuando se les considere incapacitados para el ejercicio de sus funciones por dejar de atender con
diligencia, independencia y objetividad de criterio los deberes de su cargo. Esto es poner toda la Administración del Estado y de los cuerpos en una verdadera solfa de inseguridad jurídica. El artículo 12 tiene conceptos que pueden ser
inconstitucionales, por ejemplo, cuando dice que los ciudadanos, en su relación con el Consejo de Seguridad Nuclear... ¿Qué ciudadanos? ¿Las personas físicas, los pertenecientes a colectividades, asociaciones, grupos; o es el ciudadano
individualmente el que puede tener acceso a todos los registros, archivos y en general a todos los documentos de una central nuclear? Hay una serie de cláusulas de protección de los derechos de autor que tienen que ser tenidos en cuenta. Alude
también a requerir al consejo en declaraciones que se estimen pertinentes. El artículo 14 dice que se someterá a comentario público la normativa y guía técnica de nueva creación. Que en un debate de una emisora de radio se someta una cuestión a
comentario público está dentro de las libertades constitucionales, pero pretender legislar esto nos parece muy inseguro.
Mi grupo está de acuerdo en modificar, actualizar y adecuar la Ley de 1980 con un grado de sensibilidad de la opinión pública y un respeto a todas las instituciones ecologistas, pero no se pueden crear órganos administrativos como el
denominado comité asesor técnico del que va a formar parte el Gobierno y las entidades ecologistas con algunas comunidades autónomas porque en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias o de la de Baleares, al no existir en ellas centrales
nucleares, no estarán ahí. Qué van a decir los colegios de ingenieros industriales, qué van a decir los órganos colegiados profesionales que intervienen en todas estas materias. Tengamos un respeto a los principios de seguridad jurídica
administrativa y después modifiquemos las leyes que haya que modificar.
Mi grupo instaría al Gobierno y al Partido Socialista a traer un proyecto de ley recogiendo todas estas inquietudes para que cada grupo parlamentario las pudiera ver en su día reflejadas en el Boletín Oficial del Estado, pero se va a
abstener en la votación de esta iniciativa, cuya bondad no discutimos, por un principio de seguridad jurídica, porque el Parlamento no puede hacer caso omiso de las leyes administrativas del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo se va a sumar a la voluntad, no sé si unánime o mayoritaria, favorable a la toma en consideración o al menos a la voluntad de no impedir la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear. No nos vamos a oponer. Entendemos que no es el tema más importante, de mayor transcendencia, ni siquiera el más urgente de los numerosos temas que en el campo de la energía reclaman hoy la atención de los ciudadanos y
de las ciudadanas y deben también, consecuentemente, requerir nuestra atención. Está muy lejos de ser el principal de los temas, pero tampoco tenemos razones para oponernos aquí y ahora a una posible reforma legal del CSN. Sea cual sea el número
de los grupos que ahora estemos abiertos a esta reforma, está por ver el grado de
coincidencia que pueda darse posteriormente entre nosotros a la hora de fijar los contenidos precisos de esa reforma. Está por ver porque tampoco estamos seguros, más bien lo contrario, de que haya una coincidencia entre nosotros a la hora
de un análisis preciso y detallado de por qué y en qué aspectos se debe reformar en su caso el Consejo de Seguridad Nuclear. Existe un cierto grado de coincidencia entre todos los grupos sobre que las cosas en el CSN no van bien o no van todo lo
bien que debieran; coincidencia que se plasmó, por ejemplo, con ocasión de los trabajos de la ponencia nuclear sobre el incidente producido en la central nuclear de Vandellòs II el 25 de agosto de 2004. Para comprobarlo no hay sino que repasar
aquellas recomendaciones que con relación al propio Consejo de Seguridad Nuclear se aprobaron por unanimidad en la reunión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del pasado 29 de junio. No es mi propósito trasladar aquí los términos
exactos de aquella coincidencia -ahí están las actas, ahí está el boletín-, pero es evidente que se puede concluir que el CSN no funcionó, cuando menos en aquella ocasión, como debió funcionar. ¿Significa ello que ese no debido funcionamiento se
debió a que la Ley 15/1980, a que el marco legal establecido no es el idóneo? Dicho con otras palabras: si transformamos el marco legal, ¿tenemos garantía de que el CSN en situaciones similares va a funcionar bien? Mi grupo no tiene nada seguro
de que eso vaya a ser así; más bien tendemos a pensar que no, que no depende de eso. Por cierto, en la línea que ya establecieron las propias resoluciones de la ponencia que instaban al CSN a determinadas actuaciones -todas las cuales estaban
encuadradas en el marco legal actual, no en un posible marco legal de futuro-, a los miembros de esta Cámara nos satisfaría no poco el hecho de que cuando las cosas no van como nosotros estimamos que deben ir o van sencillamente mal hiciéramos una
nueva ley y con ello las cosas estarían resueltas. Sería altamente satisfactorio para nosotros, pero ni en este ni en ninguno de los temas es eso verdad. La ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear tiene más de 25 años, tiene edad, tiene
experiencia y tiene suficientes años como para que nadie se pueda cerrar a una revisión de la misma. Eso es por lo menos lo que nosotros entendemos. También es cierto que guiados por este u otros criterios como, por ejemplo, la conculcación que
otras leyes hacen de principios y competencias autonómicos, la lista de leyes a revisar ni empieza ni acaba aquí, ni nosotros empezaríamos por esta.
En todo caso, como señalaba, nuestro grupo no se va a oponer, al contrario, estamos abiertos a la toma en consideración de esta proposición de ley y trabajaremos y colaboraremos para que el tema se aborde con la necesaria prudencia, con la
necesaria seriedad y con la responsabilidad y transparencia que siempre requiere y más tratándose de un tema que todos calificamos de importante y que todos sabemos que es muy sensible hoy aquí. Dice el artículo 1º de la ley 15/1980 que se crea el
Consejo de Seguridad Nuclear como ente de derecho público independiente de la Administración Central del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio independiente del Estado y como único organismo competente en materia de seguridad nuclear
y protección radiológica. Eso dice el artículo 1º hoy vigente. El CSN estaba y está por lo mismo llamado a ser una pieza básica y central de todo el complejo, complicado, difícil y fundamental mundo de la seguridad en relación con los temas
nucleares. ¿Cómo conseguirá o cómo por el contrario fracasará en su empeño de construir una cultura de seguridad en este campo, un mundo seguro en el ámbito nuclear? Pues, evidentemente, estableciendo y exigiendo procedimientos y métodos, haciendo
inspecciones y llevando a cabo una variada labor como la que se le reclama en el artículo 2º de la ley por la que fue creado el consejo y que hoy sigue en vigor. Pero -permítanme decirlo de una forma más simplificada- eso lo conseguirá sobre todo
si el propio Consejo de Seguridad Nuclear se responsabiliza más que nadie de su propia seguridad. El Consejo de Seguridad Nuclear viene insistiendo -a mi entender y el de mi grupo con razón- en que por ejemplo la seguridad de las centrales
nucleares arranca, se fundamenta y en algún sentido culmina sobre todo si cada central nuclear interioriza y se responsabiliza de verdad de su seguridad más que nadie. Permítaseme la analogía: otro tanto habrá de ocurrir con el funcionamiento
seguro del Consejo de Seguridad Nuclear. No es por ello por exigencias exteriores de este Congreso por lo que el Consejo de Seguridad Nuclear funcionará como debe y triunfará, sino por la interiorización en serio de las funciones que ya tiene y que
puede cumplir de una forma notablemente mejor a como en algunos casos ha cumplido. Eso seguirá siendo así también tras la revisión de la ley que vayamos a hacer ahora. En todo caso, puestos a modificarla, ojalá la decisión que tomemos hoy y el
camino que emprendamos ayude a que, efectivamente, el Consejo de Seguridad Nuclear sea un organismo seguro para las funciones para las que se creó, como todos deseamos que ocurra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Tiene la palabra Esquerra Republicana. Señor Ramón, por favor.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el pasado 25 de agosto de 2004 ocurría el incidente conocido ya por todos en la central nuclear Vandellòs II, que afectaba al servicio de aguas esenciales de la central. Este ha sido el incidente más grave
ocurrido en el Estado desde el accidente que tuvo lugar en la central Vandellòs I en 1989. Lamentablemente, esta reciente y grave incidencia registrada en la central Vandellòs II ha vuelto a poner de manifiesto las importantes carencias de
definición y gestión del Consejo de Seguridad Nuclear como único organismo competente en esta materia. El incidente de Vandellòs es representativo. El Consejo de Seguridad Nuclear y sus procedimientos de seguridad han fallado. El Consejo de
Seguridad Nuclear no ha sido capaz de cumplir con la obligación que le marcaba la Ley 15/1980, por la que se
creó, en su artículo 2º, apartado d), en el que se especifica que el consejo deberá llevar a cabo la inspección y control de las instalaciones nucleares y radiactivas durante su funcionamiento con el objeto de asegurar el cumplimiento de
todas las normas y condicionamientos establecidos, tanto de tipo general como los particulares de cada instalación, con autoridad para suspender su funcionamiento por razones de seguridad. Pues bien, ha fallado el control sobre el titular, y en la
ponencia encargada de presentar el informe sobre el incidente de Vandellòs quedó bastante claro que el titular ha primado la producción sobre la seguridad y que la permisividad del consejo ha sido exagerada.
También han fallado las comunicaciones
al Congreso de los Diputados y a la ciudadanía. Se han presentado en esta Cámara informaciones contradictorias por varios consejeros e incluso también ha fallado la cohesión interna de este importante organismo. Las diferentes disputas y
contradicciones entre los consejeros son inaceptables en un organismo tan importante para la seguridad nuclear y, por lo que se puede extrapolar, para la seguridad del Estado español.
Desde Esquerra Republicana pretendemos diseñar un horizonte energético sin energía nuclear y en este sentido es más importante que nunca disponer de un sólido organismo público que garantice y supervise la seguridad, con independencia de los
intereses económicos de los titulares. Apostar por un futuro sin nucleares no puede suponer desincentivar radicalmente la inversión y el interés en este sector. Al contrario, poner plazo a la vida de las nucleares debe ser un proceso en el que la
seguridad esté firmemente supervisada por los organismos públicos para mantener o incrementar las inversiones en medios de seguridad y evitar procesos de reducción de empleo o de formación y, en definitiva, los eventuales problemas asociados a una
decisión antinuclear. Mantener un Consejo de Seguridad Nuclear de puertas cerradas y vinculado a los intereses de la industria es incompatible con la tarea que nuestro grupo parlamentario pretende realizar en esta Cámara. Compartimos totalmente la
necesidad de la reforma y buena parte de las modificaciones que plantea en esta proposición de ley el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Aun así avanzamos que aunque mantengan la designación
política del consejo, consideramos que debe garantizarse la presencia institucional de representantes sobradamente acreditados y elegidos por los gobiernos de las comunidades autónomas que cuentan en su territorio con presencia de centrales
nucleares. Creemos que el consejo debería ampliarse en cinco miembros, uno por cada una de las comunidades autónomas, para que los gobiernos de las mismas puedan designar sus legítimos representantes. También nos parece necesario lo que se plantea
en la proposición de ley sobre el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Como ustedes saben, debe ser de inmediata trasposición la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso
del público a la información medioambiental. Llevamos ya ocho meses de retraso. A partir de este momento deberemos considerar que la información ambiental no será solo una cuestión de buena voluntad por parte de los titulares de las instalaciones
y de los poderes públicos, sino que el acceso a esta información transparente, rigurosa y con unos plazos definitivos será un derecho con respaldo jurídico. Cabe recordar que la Directiva 2003/4/CE incluye específicamente como información ambiental
la que haga referencia a las radiaciones, a los residuos radiactivos, a la salud y a la seguridad de las personas. En este sentido y para reforzar los contenidos de la presente proposición que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds creemos que deberíamos incluso regular los plazos y los compromisos de entrega de la información basándonos en los criterios de la normativa europea vigente.
Se ha puesto también de manifiesto la importancia que tiene poder disponer de información de primera mano sobre problemas internos de seguridad.
Coincidimos plenamente en la necesidad de crear una unidad administrativa para defender los
derechos de los trabajadores o partes contratantes que detecten anomalías presuntamente mal resueltas. Con esta unidad operativa probablemente el suceso de Vandellòs hubiera salido a la luz durante el oportuno cambio contractual que se dio en el
mantenimiento de la red de aguas esenciales. Cabe apuntar en este sentido que sobre estos sistemas de seguridad de los trabajadores ya se habían pronunciado favorablemente técnicos de seguridad del mismo Consejo de Seguridad Nuclear en esta misma
Cámara en la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear.
Señoras y señores diputados, es importante reseñar que las asociaciones de vecinos cercanas a las centrales nucleares también tienen serias dudas sobre la validez de determinados estudios epidemiológicos y que constatan cómo los simulacros
ante un accidente nuclear son llevados a cabo sin la participación de la ciudadanía y sacando a la luz importantes deficiencias durante su ejecución. En este sentido, creemos que el CSN debería asumir con más protagonismo de la ciudadanía el diseño
de los estudios sobre la salud y el diseño de los planes de emergencia y su seguimiento. Estos requisitos deberían quedar bien recogidos también en la modificación que introduciremos en la reforma de la ley del Consejo de Seguridad Nuclear.
Otra cuestión importante que nuestro grupo quiere poner de relieve es la necesaria modificación de la labor a desempeñar por parte del inspector residente de las centrales nucleares. Debe incrementarse su labor inspectora y potenciar su
participación en las reuniones internas del titular, como por ejemplo en las reuniones del comité de seguridad de cada central. La necesidad de un nuevo estatuto para el inspector residente también ha sido corroborada recientemente en esta Cámara
por el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Esta reforma del marco legal del inspector residente no puede ser pasada por alto cuando importantes cargos del CSN nos han trasladado su necesidad. Otros temas que nuestro grupo parlamentario cree
imprescindibles, que no deberían quedar fuera de esta ley y que se deberían tener en cuenta durante su
tramitación son una mayor independencia de los servicios técnicos contratados para hacer la tarea que tienen encomendada; incrementar de forma considerable la comunicación con el Congreso de los Diputados y la creación del cuerpo de
técnicos superiores de seguridad nuclear y de protección radiológica.
Creo que las posiciones que hemos expuesto desde nuestro grupo parlamentario hacen necesaria esta reforma del Consejo de Seguridad Nuclear, que nuestro grupo va a votar afirmativamente, como no podía ser de otra manera y como ya hemos
expuesto en varias de nuestras intervenciones en los trabajos de ponencia sobre seguridad nuclear.
Creemos que esta modificación es necesaria; que el incidente de Vandellòs lo que ha hecho es agravar las deficiencias que ya se habían visto en
anteriores centrales nucleares, como la de Garoña; que esta falta de información a la ciudadanía y a esta misma Cámara es imperdonable y que esta nueva ley sobre la que vamos a trabajar en esta Cámara tiene que contemplar todas esas deficiencias
que he expuesto hoy en representación de Esquerra Republicana, igual que los anteriores portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y por eso nuestro grupo parlamentario votará afirmativamente esta proposición de ley e intentará que se
apruebe el mayor número de enmiendas que presentaremos para que esta modificación sea lo más amplia posible.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Grupo Parlamentario de CiU, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco en nombre de Convergència i Unió para fijar la posición de nuestro grupo respecto a la proposición de ley para reformar la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El portavoz del grupo proponente, señor Herrera, ha dicho dos cosas con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo. En primer lugar, ha manifestado que hay que recuperar el prestigio del Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros estamos
de acuerdo. Ha quedado claro en el debate de la ponencia que el Consejo de Seguridad Nuclear ha de recuperar un prestigio que quizás ahora no tiene. También ha dicho que esta es una ley antigua que tiene 25 años y que está obsoleta o al menos
desfasada. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay que recuperar el prestigio del Consejo de Seguridad Nuclear. Estamos de acuerdo en que esta es una ley antigua que hay que modernizar y adecuar a los tiempos actuales. Por tanto,
señorías, estamos de acuerdo en el fondo, en lo que hay que hacer, pero no estamos de acuerdo en la forma, en cómo hay que hacerlo; por ello avanzo que el nuestro será un voto de abstención. No votaremos en contra porque queremos modificar la ley,
pero no votaremos a favor porque el proceso que se nos presenta hoy aquí no creemos que sea el mejor para tener un instrumento válido de control de la seguridad nuclear.
El mal funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear en el último accidente de Vandellòs II no debería implicar una exagerada situación con un mensaje catastrófico respecto a la situación de la energía nuclear en el Estado. La situación
actual ha de implicar un debate, no un mensaje alarmante que cree inseguridad y angustia a los ciudadanos del país. Es verdad que el Consejo de Seguridad Nuclear no ha funcionado bien; es verdad que hay que modificar la ley y hay que adecuarla,
pero el debate nuclear ha de contener cuatro parámetros: ha de ser un debate sereno, ha de ser un debate no politizado, ha de ser un debate técnico y ha de ser un debate de consenso. Y si lo ha de ser el debate nuclear, también lo tiene que ser el
debate de la ley que quiere modificar el Consejo de Seguridad Nuclear, porque a pesar de que aquí hemos oído hablar de Chernobil y de estudios de salud, hoy no se debate esto. Algún portavoz ha dicho que más adelante hablaremos de política
energética. Es verdad.
Hoy hablamos básicamente -yo diría únicamente- de una proposición de ley que queremos adecuar a los tiempos actuales. Un accidente preocupante y grave nos ha hecho ver que el Consejo de Seguridad Nuclear debe adecuarse,
debe actualizarse y debe modernizarse con una nueva ley, pero debe ser un debate sereno, con el que no podemos enviar mensajes catastróficos a la ciudadanía. Ha de ser un debate en el que digamos a la ciudadanía qué instrumentos queremos poner a su
disposición para que la energía nuclear, mientras la tengamos, sea segura y controlada.
No ha de ser un debate politizado. El portavoz de Coalición Canaria ha manifestado -por tanto yo no profundizaré en ello- que esta propuesta que hoy nos llega es intervencionista; incluso se habla de que el Gobierno puede actuar -dice un
punto determinado-, que ahora no puede. Creemos que el Consejo de Seguridad Nuclear ha de ser una entidad independiente, incluso del Gobierno; ha de ser una entidad que no pueda ser manipulada por nadie. Si lo que queremos hacer ahora es
retrotaernos, que el Consejo de Seguridad Nuclear vuelva a ser una entidad que pueda estar intervenida o manipulada por quien sea, no será un instrumento independiente y autónomo que genere confianza en la ciudadanía. Ha de ser un debate sereno, no
politizado y técnico, y digo técnico porque creo que el Consejo de Seguridad Nuclear es un instrumento que debe hacer un seguimiento del funcionamiento día a día de las centrales nucleares. Por tanto, no ha de ser en absoluto una entidad
politizada, una entidad en la que los intereses de uno u otro sector primen sobre la seguridad de los ciudadanos. Ha de ser un debate técnico en el cual podamos garantizar el buen funcionamiento y el control de los centros de energía nuclear: un
debate sereno, no politizado, técnico y de consenso.
Aquí me gustaría recordar las palabras del portavoz de Coalición Canaria cuando decía que le habría gustado más que hubiera sido una propuesta del Gobierno. A nosotros también nos hubiera gustado, porque hubiera sido una propuesta de
consenso, habría permitido un debate previo
y podríamos haber hablado con los sectores. El señor Herrera ha dicho: hemos hablado con entidades ecologistas. Hay que tenerlas presentes, nosotros también lo hemos valorado así, pero hay otros sectores sociales con intereses diferentes
con los que no se ha producido el debate. Esta es una ley que tiene que ser muy debatida y que no debería ser generada desde un solo partido político. Aprovecho la ocasión para decir que el señor Herrera, que es un parlamentario muy dialogante y
que hace del consenso su actividad política, aquí no ha hecho gala de ello, porque con nuestro grupo no ha tenido ningún contacto. Sabemos que ha hablado con el Grupo Popular -cosa que le honra, porque no siempre existen esos contactos entre ambos
partidos-, sabemos que ha hablado con el Grupo Socialista, pero con el tercer grupo parlamentario, Convergència i Unió, no ha habido ningún contacto. Por tanto, señor Herrera, esta no es una propuesta de consenso. Nos hubiera gustado más que todos
los partidos hubiéramos debatido antes y trabajado conjuntamente y que hubiéramos llegado a una propuesta de consenso. Nos parece una propuesta poco elaborada, porque se ha querido correr mucho. En el accidente de Vandellòs quedó muy claro que el
Consejo de Seguridad Nuclear no funcionaba, que había que cambiarlo y que había que hacer una nueva ley.
Hemos optado por ver quién es el primero que llega. Ustedes han querido correr, y es loable, pero existe el peligro de que sea una ley poco
elaborada, con poco debate, con un mensaje poco sereno y sin ningún consenso. Reclamamos que sea una ley cuyo debate no sea meramente político, sino también técnico, de consenso y, sobre todo, que sea un instrumento de tranquilidad para la
ciudadanía. Por tanto, creemos que este debate tenía que haber ido por otros derroteros. Se debería haber profundizado previamente con la sociedad, con todos los segmentos sociales, encontrados o no. Debería haber habido un debate político previo
y una propuesta más unitaria, en la línea que decía el portavoz de Coalición Canaria, en la que nos hubiéramos encontrado más serenos.
Vamos a abstenernos. No queremos votar en contra para que no parezca que queremos seguir en la inmovilidad; no es verdad. Nos preocupa el Consejo de Seguridad Nuclear, y en la ponencia hemos podido ver la situación en la que se encuentra:
una ley antigua y obsoleta y una situación de mal funcionamiento. Queremos cambiar la ley, estamos por ello y, por tanto, no votaremos en contra, pero tampoco votaremos a favor, porque ha faltado debate previo, ha habido unas prisas inherentes a no
sabemos qué, que respetamos e incluso valoramos, pero que no compartimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo entiende que se pueden, y quizás se deban, hacer cambios en el Consejo de Seguridad Nuclear, pero siempre tendentes a mejorar la seguridad y nunca en la dirección contraria, que es lo que se deduce de esta iniciativa.
Cambios, señorías, sí; pero no así. Como coincido en gran parte con las intervenciones del portavoz de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y de Convergència i Unió, eso me va a permitir aliviar mi intervención y trataré de no repetir ciertas
cosas.
Señorías, esta proposición de ley pretende, en primer lugar, una enorme intervención en la labor del Consejo de Seguridad Nuclear por parte de este Congreso de los Diputados, reduciendo así la libertad e independencia del órgano regulador en
todo su ámbito de actuación. En segundo término, pretende introducir un comité asesor técnico para controlar al CSN, recibiendo además una compensación económica por parte del Consejo. Señorías, estarán de acuerdo conmigo que es una propuesta
inaudita en cualquier órgano regulador, al que luego me referiré.
La exposición de motivos es ya un conjunto de juicios de valor, con escaso fundamento, que se exponen sin ningún orden ni racionalidad y que pretende ser la base de apoyo al texto. Además, carece de una adecuada técnica legislativa y basa
la redacción solo en una serie de descalificaciones del organismo, sin aportar a la vez propuestas que puedan contribuir a mejorar el funcionamiento del mismo. Señorías, también es obligado decir que esta reforma legislativa saca a la luz -y eso
está bien- la desconfianza hacia el Consejo de Seguridad Nuclear que el grupo proponente mostró en todo momento en las comparecencias y en el seno de la ponencia. Por otra parte, los redactores de la iniciativa pretenden convencernos, con escaso
éxito por cierto, de que desean unos niveles de independencia, de eficacia y de transparencia que ahora el Consejo de Seguridad Nuclear, según ellos, no tiene. No obstante -y cito a la propia asesoría jurídica del Consejo de Seguridad Nuclear-, la
lectura detallada del contenido de la proposición de ley lleva a conclusiones absolutamente contrarias a dichos objetivos, creándose mecanismos que limitan la independencia de la que ha gozado hasta hoy este organismo regulador o bien que vienen a
entorpecer el funcionamiento ágil del mismo, como se desprende claramente de su lectura.
Señorías, la mayor parte de las medidas que se proponen reduce sensiblemente el considerable grado de autonomía e independencia que, como órgano regulador, ha venido ostentando el Consejo de Seguridad Nuclear desde su creación en 1980.
Señorías, pretenden reducir las características esenciales que quiso subrayar en su día este Congreso de los Diputados. Como ejemplo del ataque a la autonomía o independencia el texto propone dos limitaciones nuevas en materia presupuestaria: una
inútil, porque todos los diputados ya conocemos los presupuestos del Consejo de Seguridad Nuclear a través de los Presupuestos Generales del Estado y otra entorpecedora, porque duplica los controles que ya existen, como son la Intervención General
del Estado y el Tribunal de Cuentas.
Señorías, existen otras cuestiones no menores, como la definición de la figura del delator que opera en las instalaciones
nucleares y radioactivas para formular denuncias de forma confidencial. Es algo muy extraño, señorías, en el ordenamiento jurídico español, así como la supresión del carácter dirimente de la presidencia. En caso de empate, ¿qué hacemos?
Estamos introduciendo un elemento nuevo de bloqueo en el Consejo de Seguridad Nuclear. Aparte de otras cuestiones que no repetiré porque ya las ha dicho -y muy bien dichas- el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
Hay innovaciones, señorías, que nos parecen muy graves -yo diría que gravísimas-, como la supresión de la necesaria cualificación o solvencia de los aspirantes a presidente o consejero del Consejo de Seguridad Nuclear. Señorías, ¿queremos
que nada menos que la seguridad nuclear esté en manos de personas con limitadas o nulas aptitudes o simplemente queremos colocar a amiguetes? ¿De qué estamos hablando, señorías? No obstante, y como ya dije al principio, la guinda de esta
iniciativa es la creación de un nuevo órgano llamado comité asesor técnico. Señorías, pretender, como se dice en la exposición de motivos, que el Consejo de Seguridad Nuclear sea realmente independiente e imponerle un comité asesor técnico de
composición variada, variopinta y extraña, con miembros designados por el Gobierno, por los parlamentos autonómicos y entidades ecologistas, es algo bastante difícil de comprender. La figura de este organismo controlador del controlador, pero sin
ninguna de sus responsabilidades, aparte de tener una dudosa utilidad puede ser generadora de conflictos y mala gestión, lo que al final se traduce en menos seguridad y menos eficacia. Asimismo, la mediatización del pleno se consuma con el acceso
libre a los expedientes en tramitación -todavía no conclusos, señorías- y con la imputación al presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear de los salarios y las cargas derivadas del funcionamiento de dicho comité. Señorías del grupo proponente, si
lo que ustedes pretenden es la supresión del CSN tengan la valentía de decirlo abiertamente y sin subterfugios. Preséntense aquí con una proposición de ley que diga simplemente: supresión del Consejo de Seguridad Nuclear.
Otra cosa es que se cree
un consejo consultivo sobre seguridad nuclear y protección radiológica en el que participen las autonomías, los municipios, los titulares de instalaciones nucleares y radiactivas, ecologistas, asociaciones de protección radiológica y otras
semejantes.
Señorías, eso sí le parecería útil al Grupo Popular.
Voy concluyendo, porque la falta de rigor, la parcialidad e incoherencia, las deficiencias técnicas de redacción y los problemas de ajuste y coherencia con el resto de la Ley 15/1980 hacen que mi grupo no pueda votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, fundamentalmente porque va en la dirección contraria a lo prioritario para mi grupo, que es la seguridad de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente. Señorías, mi grupo sí tiene confianza en el
CSN y en sus técnicos, en lo que no tiene confianza es en el Gobierno del PSOE; por eso creemos que es el momento de incrementar la seguridad, sobre todo ahora que parece que el ministro Montilla solo se ocupa del estatut y tiene olvidado todo lo
demás. Señorías, hay que recordar que el cierre de Vandellòs I se produjo gobernando el PSOE; que el accidente del Clínico de Zaragoza, donde hubo 23 muertos, se produjo gobernando el PSOE, y que el incidente de Vandellòs II, que está en el origen
de esta proposición de ley, también se produjo con un gobierno del PSOE. Por eso mi grupo está abierto a cualquier mejora para la seguridad, y por ello, si se aprobase esta descabellada iniciativa, contribuirá a tratar de identificar un texto que
sea aceptable para el mayor número posible de grupos de esta Cámara y cuyo fin último sea preservar a los ciudadanos y al medio ambiente.
Señorías, si me permite el grupo proponente, le diré con toda cordialidad como decía Machado: Se trata, en primer lugar, de hacer las cosas bien; en segundo lugar, de no hacerlas; pero lo que es verdaderamente abominable es hacerlas mal.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, doña Rosario Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista con relación a la proposición de ley planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En esta
proposición de ley, el grupo proponente insta a la modificación de la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y propone la modificación de siete artículos del texto vigente de dicha ley y la incorporación de cuatro nuevos
artículos, así como dos disposiciones adicionales.
Quiero dejar constancia de que para el Grupo Parlamentario Socialista es una prioridad la seguridad y la salud de los ciudadanos, y en materia de seguridad nuclear y protección radiológica el único organismo competente es el Consejo de
Seguridad Nuclear. Por tanto, dar a este organismo instrumentos legales para que cumpla con máxima eficacia su cometido, dar instrumentos para que pueda ejercer con la máxima independencia su labor de control sobre los regulados, instalaciones
nucleares y radiactivas y que actúe con la máxima transparencia en su política de información y comunicación a los ciudadanos es sin duda un objetivo de mi grupo parlamentario. La transparencia, la comunicación con la ciudadanía y la participación
son aspectos fundamentales a tener en cuenta para lograr que la seguridad objetiva, que se puede garantizar basándose en las evidencias científicas, se acerque al máximo a la seguridad percibida por los ciudadanos. Y eso, señorías, sabemos que no
siempre es así. Todos conocemos las incertidumbres y las alarmas sociales que se producen con los incidentes de la industria nuclear y, sin embargo, la escasa percepción en ocasiones del riesgo en el uso, y en muchos casos abuso, de las
técnicas de diagnóstico y en las terapias con agentes radiactivos. En una sociedad democrática, en una sociedad -esta sociedad- ya madura, no se pueden abandonar estos aspectos que son relevantes para avanzar y progresar, proyectar y
permitir en un futuro decisiones políticas de gran trascendencia por su carácter estratégico y de oportunidad, y en las que se necesita un amplio consenso político y social.
Desde que se aprueba la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear en 1980 se han producido muchas circunstancias que han evidenciado la necesidad de promover reformas en la norma. El desarrollo del modelo territorial, el desarrollo
de una sociedad cada vez más articulada y participativa, los avances científicos y también las experiencias y lecciones aprendidas de 25 años de funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, asimismo el estudio comparado de la experiencia de
otros organismos reguladores, hacen aconsejable y oportuno abordar esta reforma legal. Pero no es la primera vez que se trae este tema a esta Cámara. Con motivo del debate sobre el estado de la Nación -y ya lo decía el señor Herrera-, el propio
presidente del Gobierno, señor Zapatero, hablaba de la necesidad de abordar esta reforma, y en este Congreso se aprueba una propuesta de resolución, de fecha 16 de junio de 2005, por la que, en su punto 16.1, el Congreso insta al Gobierno a -y leo
textualmente- apoyar una reforma de la normativa reguladora del Consejo de Seguridad Nuclear con el fin de garantizar la transparencia y la eficacia en su funcionamiento, así como reforzar su independencia efectiva, el control parlamentario sobre el
Consejo, el carácter colegiado en su funcionamiento y la máxima profesionalización de las actividades de comunicación interna-externa, así como de las relaciones internacionales.
Los objetivos a conseguir desde la posición de mi grupo parlamentario, en resumen, son los siguientes: La independencia efectiva del Consejo de Seguridad Nuclear, la transparencia, la información y la participación de la ciudadanía,
eficacia en el control a los regulados, el control parlamentario efectivo, la definición de las competencias de los representantes en el consejo, vocales y presidencia, y la creación de comités consultivos y/o participativos que puedan garantizar la
voz de las comunidades autónomas y de los diferentes agentes sociales. Las modificaciones propuestas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds coinciden en líneas generales con los objetivos que
nos planteamos, también coinciden con la propuesta de resolución aprobada en este Parlamento, pero sí es cierto que hay muchos aspectos y muchos matices en los que hay que desarrollar un proceso de diálogo. Además, en lo que se refiere a la
información y a la participación ciudadana, básicamente está en línea con lo establecido en el Convenio de Aarhus, sobre el acceso a la información y participación del público en materia medioambiental. Como SS.SS. saben, este convenio fue firmado
por España con fecha 15 de diciembre de 2004.
No obstante lo anterior, parte de las modificaciones propuestas requieren hacer un análisis más riguroso y preciso, dadas las implicaciones jurídicas, económicas y administrativas que conllevan. No es el momento de analizar todas ellas
pero, si me lo permiten, entraré en alguno de los aspectos con el fin de matizar mejor la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Por ejemplo, en el artículo 1, apartado 3, que se refiere al régimen presupuestario y control financiero, nuestro
grupo entiende que desde el consejo se informe al Congreso sobre el anteproyecto de su presupuesto, pero consideramos que la supervisión y el control financiero corresponde al cuerpo de intervención y contabilidad de la Administración del Estado.
En el artículo 4, apartado 2, relativo al régimen jurídico aplicable a la adopción de acuerdos, apreciamos contradicciones con lo regulado en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. En el
artículo 4, apartado 4, que se refiere a las funciones de la secretaría general, observamos limitaciones en las funciones y competencias de la secretaría, tal y como está concebida, por lo que sería necesaria la creación de una nueva figura, una
dirección ejecutiva o una gerencia del consejo, para que cubriera y cumpliera las actividades que actualmente desarrolla dicha secretaría, lo que no aparece en el texto propuesto. Respecto al periodo de permanencia de los consejeros y presidencia
hay aspectos que no compartimos. Entendemos, además, que esos periodos no pueden coincidir con las legislaturas. Consideramos que es más adecuado que otros aspectos relacionados con los nombramientos en las subdirecciones generales queden
regulados en el propio reglamento del consejo, en el estatuto, que en la propia ley. Igual ocurre con otras cuestiones sobre la organización a las que se hace referencia en esta proposición de ley. Sí estamos de acuerdo con que se plantee la
transformación del cuerpo técnico de funcionarios del CSN y además sabemos que esa es una reivindicación histórica del consejo para facilitar la movilidad de los funcionarios hacia otras administraciones. No obstante, este aspecto merece una
negociación aparte y precisa y un diálogo mantenido para lograr el objetivo que se pretende.
Hay otros aspectos de esta proposición de ley que generan controversia, pero como quiera que compartimos muchos de sus objetivos, aunque no -como decía antes y repito- la mayoría de los instrumentos que se definen, nuestro grupo
parlamentario dará el voto favorable a su toma en consideración. Sin embargo, entendemos aconsejable debatir en un foro de trabajo todos los aspectos controvertidos, conocer la opinión de los expertos y hacer un estudio comparado de la regulación
en otros países para conseguir así que la reforma de esta ley logre finalmente los objetivos que todos los grupos parlamentarios compartimos. Además, desde el Grupo Socialista apostamos por el diálogo entre todas las fuerzas políticas para llegar a
un consenso en esta materia; el mismo esfuerzo que hasta el momento se ha realizado en el ámbito de la ponencia de la Comisión de Industria, a la que ya han hecho referencia otras personas que me han precedido en la intervención. Hasta el momento
eso ha permitido que todas las propuestas de resolución hayan sido aprobadas
por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, votaremos a favor de esta proposición de ley, pero pedimos el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para mejorarla y, desde luego, para consensuarla.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velasco.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. FERNÁNDEZ Y SR. RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000059)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Tiene
carácter orgánico.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde que el Bloque Nacionalista Galego tiene presencia en este Congreso de los Diputados han sido varios sus intentos para lograr que se reformase la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 6/1985, de 1 de
julio, en lo que afecta a los derechos lingüísticos en la Administración de Justicia, con la finalidad de que realmente esta ley amparase de verdad el criterio de que estamos en un Estado de carácter plurilingüe, es decir, un Estado en el que se
hablan cuatro lenguas oficiales, y por tanto hay algunos territorios que tienen que compartir la cooficialidad entre dos lenguas.
Por recordar algunos momentos importantes empezaré por aludir al debate que tuvo lugar en esta Cámara el 21 de abril de 1998, la primera vez que se planteaba la reforma de esta Ley Orgánica del Poder Judicial desde el punto de vista de los
derechos lingüísticos de los ciudadanos. En aquel momento hicimos especial hincapié en los siguientes aspectos. En primer lugar, pusimos de manifiesto que realmente la legalidad protectora de usos del catalán, del gallego y del euskera era, en el
caso de la Administración de Justicia, más virtual que real y que la ley, aunque decía que aceptaba el carácter cooficial de estas lenguas, no sacaba las conclusiones oportunas respecto a la protección de los derechos lingüísticos de los
catalanohablantes, gallegohablantes y euskaldunes en cuanto a la utilización de la Administración de Justicia. Esta contradicción estaba en el propio texto y en la propia legalidad que teníamos y tenemos aún, desgraciadamente, en el Estado español.
(Rumores.) Además llamaba la atención en el año 1998 la contradicción continua entre lo que se firmaba en el ámbito internacional por parte del Estado español en aquel momento, por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, y la
realidad práctica en el terreno de la cooficialidad en la Administración de Justicia en el Estado español en relación con estos usos lingüísticos que debían ser amparados. (Rumores.) Así, el Estado español firmaba un texto de Declaración Universal
en el que se podían leer cosas como la que sigue: Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las actuaciones judiciales y administrativas, los documentos públicos y privados y los asientos en registros públicos realizados en la lengua propia
del territorio sean válidos y eficaces y nadie pueda alegar desconocimiento. (Rumores.) Sin embargo, en el Estado español esto no tenía un corolario absoluto y total, sino que estaba sometido a prácticas objeciones de conciencia. O bien este otro
artículo de la Declaración Universal, que decía: Todas las personas tienen derecho a usar de palabra...
El señor PRESIDENTE: Disculpe. Por favor, mantengan silencio.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Todas las personas tienen derecho a usar de palabra y por escrito en los tribunales de Justicia la lengua históricamente hablada en el territorio donde están situados. Los tribunales deben utilizar la lengua
propia del territorio en sus relaciones internas y si por razón de la organización judicial del Estado el procedimiento se sigue fuera del lugar de origen deberán mantener la lengua de origen. Esto era lo que firmaba el Estado español mientras
mantenía una Ley Orgánica del Poder Judicial a todas luces muy distante de esto que les acabo de leer.
Hay otra contradicción existente entre esta ley y la norma legal de carácter autonómico en el caso concreto de Cataluña, de Euskadi o de Galicia. En el caso particular de Galicia se conculcaba lo establecido en los artículos 3 y 7 de la Ley
de normalización lingüística que era taxativa en cuanto a que los ciudadanos pudiesen dirigirse a los jueces y tribunales para obtener incluso la protección judicial del derecho a emplear su lengua y, por supuesto, a emplear cualquiera de las dos en
las relaciones con la Administración de Justicia. Es curioso que incluso por aquel entonces, en 1998, el Gobierno argumentaba que en el caso de la Administración de Justicia esa legalidad estaba condicionada por el hecho de que se trataba de
cuerpos de carácter nacional, es decir, de carácter estatal y, por lo tanto, no tenían la obligación de conocer estas lenguas. Realmente olvidaban que estamos expresamente ante un servicio a los ciudadanos, ante unas lenguas que se declaran
cooficiales y, lo que es más importante, ante un derecho humano fundamental que sería inaudito que un Estado de derecho, un Estado democrático no proteja en toda su amplitud.
Desgraciadamente, en el año 1998 nuestro intento de reformar la ley en un sentido parecido al que proponemos hoy en día fue rechazado por 262 votos en contra, solamente 14 a favor y 27 abstenciones. A continuación, tuvimos que participar en
este tipo de declaraciones grandilocuentes, que no conllevaban precisamente actitudes prácticas de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como, por ejemplo, cuando se hizo la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, firmada
por parte de todos los grupos parlamentarios y que se debatió
en esta Cámara el 16 de abril del año 2002 con poca fortuna desde el punto de vista de la incidencia práctica en el ordenamiento jurídico del Estado español. Después, el 4 de marzo de 2003 -en la legislatura anterior- llegó a esta Cámara
una proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Baleares que se manifestaba con total insatisfacción respecto del artículo 471 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordábamos nosotros que, efectivamente, había que poner la ley de acuerdo con
la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias -que no lo estaba a pesar de haberla firmado el Estado español- y recordábamos que, en todo caso, esta ley de la Comunidad Autónoma de Baleares venía a establecer la democratización de
la Administración de Justicia en el uso de lenguas y que venía a establecer un poder ecuánime, justo e igualitario para todas las lenguas del Estado español; que era una proposición de ley que contaba con la diversidad nacional en el aspecto
lingüístico y que, por lo tanto, combinaba el respeto desde el punto de vista simbólico de que hay espacios que tienen otra lengua, además del castellano, con el respeto exquisito por los derechos lingüísticos individuales. No valió de nada -la
Cámara volvió a votar mayoritariamente en contra- hasta que, por fin, señorías, llegamos al 1 de julio del año 2004 donde sale adelante una proposición de ley del Parlamento de Cataluña que intentaba -que intenta, puesto que está en trámite- acabar
con el desamparo, la coerción y la represión en materia lingüística. En aquel momento recordamos que una de las mejores novelas de la literatura gallega tenía que presentar a un juez, prácticamente sin palabras, con un guión y espacios en blanco,
para que solamente el acusado pudiera responder en gallego, como si fuera un extranjero, y al que el juez no le respondería nunca en su lengua y, por supuesto, para que la novela no fuera bilingüe -porque es una novela de la literatura gallega-
había que obviar la presencia del juez. Esta máquina de tipo corporativo, prepotente y represiva es realmente la que tenemos que cambiar, señorías. Y nos preguntamos: ¿qué fue de esta ley aprobada ya hace más de un año en esta Cámara y que duerme
el sueño de los justos en la Comisión de Justicia? Realmente nuestro intento de modificación, que estaba firmado ya al inicio de la legislatura pero que, por los trámites que se siguen en esta Cámara, no le tocó que se debatiera hasta hoy, nos
llevó a incidir en la necesidad de cambiar el marco legal orgánico que hoy tenemos en el Estado español, de hacer efectivo con todas sus consecuencias el artículo 3.3 de la Constitución española, que afecte a todos los poderes públicos sin excepción
y que asumamos de una vez por todas que en el caso de determinados territorios hay dos lenguas de carácter oficial, que una de ellas no puede seguir viviendo en desventaja y en precariedad frente a la otra y, además, que es necesario precisamente un
impulso en sentido contrario para acabar con un proceso histórico de carácter marginador y que la Administración de Justicia no puede estar al margen precisamente del Estado de derecho dejando en indefensión y desamparo precisamente a aquellos que
quieren hacer uso de la legalidad vigente de la cooficialidad. Por eso proponemos que se tenga en cuenta en el resto de la ley el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reconoce que el gallego, el catalán y el euskera son lenguas
cooficiales en la Administración de Justicia.
Lógicamente, señorías, hay que modificar los artículos 341.2 y 471, aparte de los artículos 450 y 530, para dejar claro que las plazas de jueces y magistrados en territorios con lengua propia deben de
conllevar no solamente el conocimiento de estas lenguas como mérito, sino algo mucho más importante: asegurar el conocimiento y el uso efectivos. Si realmente no se hace así, estaremos en una contradicción. Los ciudadanos tendrán derecho a usar
su lengua, pero, al no tener la obligación los funcionarios, este derecho es prácticamente imposible y hay que tener en cuenta que la Administración de Justicia está para proteger los derechos idiomáticos de los ciudadanos y por tanto hay que pedir
conocimiento y dominio efectivo de la lengua a los jueces, magistrados y a todo el personal de Justicia. Traemos de nuevo este debate porque en Galicia estamos sufriendo continuamente auténticos ataques a los derechos linguísticos: en los
registros civiles en forma de bodas que no se pueden celebrar en nuestra lengua en el momento oportuno; en forma de dejación de los derechos, que se presentan ya como objeción de conciencia, solamente cuando uno los hace valer y el juez de turno
dice que en aquel momento no se dan las condiciones para poder celebrar, por ejemplo, el juicio en lengua gallega. Hay una absoluta insensibilidad, como corporación, por parte de la Administración de Justicia, que muchas veces convierte los
derechos lingüísticos en una pieza de museo que no tiene realidad práctica desde ningún punto de vista. Señorías, no podemos convertir la lengua en símbolo de la unidad de España en el sentido de que una única lengua, el castellano, represente esa
unidad; va siendo hora de reconocer que esa unidad habrá que lograrla a base de admitir las diferencias lingüísticas, de admitir todas las lenguas en un plano de igualdad.
Quiero acabar esta intervención recordando lo que decía un gran magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desgraciadamente fallecido hace muchos años, creo que fue en 1995. A la altura del año 1990, este magistrado, al que
debemos una tarea ingente en el proceso de normalización de nuestra lengua en la Administración de justicia, decía: No solamente es legal y constitucional este requisito de que los jueces conozcan el idioma del territorio donde ejercen, sino que
tal requisito debe situarse en la línea de servicio que es nota conformante de toda la actuación administrativa, la cual no puede impedir ni dificultar el derecho de elección idiomática del ciudadano, que genera el correspondiente deber legal del
funcionario, ya que mal puede ser satisfecho aquel derecho constitucional si el funcionario desconoce la lengua que el ciudadano está usando.
Se trata de poner de acuerdo a todos los estamentos del Estado español con una supuesta cooficialidad que el Gobierno actual dice reconocer y defender. No dejaremos de insistir, porque pensamos que no puede haber ningún poder, por muy
omnímodo o por muy corporativo que sea, que pueda estar al margen de la defensa de este
derecho humano elemental que garantiza la igualdad real de los ciudadanos del Estado español en un aspecto tan sensible como su lengua y su cultura. Esperamos que, si la modificación de la ley no se admite a trámite, por lo menos sea un
aldabonazo, una llamada de atención, para que la ley del Parlamento de Cataluña, que está durmiendo en la Comisión de Justicia, acelere sus trámites y que en esta legislatura podamos ver un cambio sustancial en el comportamiento de la Administración
de Justicia a este respecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
Turno de fijación de posiciones. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo comparte plenamente todos los argumentos que ha expuesto el señor portavoz del Grupo Parlamentario Mixto por el Bloque Nacionalista Galego, don Francisco Rodríguez; comparte plenamente tanto los argumentos dialécticos que él ha
expresado como los que se dan en la exposición de motivos de la proposición de ley, pero me ha sorprendido un poco esta iniciativa cronológicamente. Al ver la fecha de entrada del documento que se presentó, veo que la fecha ya es añeja, es de abril
del pasado año.
Esta iniciativa ha tardado más de un año en llegar a debatirse. Mientras tanto hemos podido conocer que ya se encuentra en el orden de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la concordancia con lo que aquí
se pide, el respeto administrativo de las lenguas catalana, vasca y gallega en todos los trámites relativos a la Administración de Justicia. Mi grupo se suma a ello. No entenderíamos un voto negativo y por tanto no vamos a votar en contra, pero,
dado que en el procedimiento que se está llevando a cabo dentro de esta Casa esto está incoado, sería innecesario aprobar una norma como la que hoy se nos trae a debate, que, repito, aunque la compartimos plenamente, consideramos que supondría una
interferencia de dos líneas de actuación. Aunque entendemos y nos sumamos a lo que nos ha pedido el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que es un aldabonazo, un incentivo para que en la Comisión de Justicia esto prospere y siga adelante con
los acuerdos que ya tenemos y que están funcionando, de manera que se pueda llevar a feliz término, desde un punto de vista puramente formal y para no distorsionar un procedimiento como consecuencia de la existencia de dos iniciativas en
funcionamiento, nos vamos a abstener, repito, por estas cuestiones puramente formales, aunque como también ya he dicho, compartimos todo lo que se dice en la exposición de motivos y que el señor portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha expuesto
claramente. Reitero, señor presidente, que mi grupo, con el objeto de no entrar en esta cuestión de fondo, que dejamos para el ámbito y el escenario de la Comisión de Justicia y en las fechas adecuadas, porque, tal y como ya he señalado, la
antigüedad de la entrada de la iniciativa que estamos discutiendo es de más de un año, se va abstener, para evitar una perturbación con dobles iniciativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el 1 de junio del año 2004 se tomó en consideración una proposición de ley procedente del Parlamento catalán con idéntico contenido y que en la actualidad se está tramitando. Por tanto, al margen de estar más o menos de
acuerdo con la iniciativa planteada -nosotros votamos a favor de la que procedía del Parlamento catalán-, consideramos que no tiene mucho sentido aprobar ahora una proposición de ley con el mismo contenido, pues esto acarrearía un procedimiento que
ya está en marcha, con lo cual iríamos hacia detrás o no sé sabe en qué dirección, pero está claro que no sería lo más adecuado.
Mi grupo parlamentario por ese motivo se va abstener, pero también queremos destacar que entendemos que es absolutamente necesario que se aborde este problema, que es cierto que los ciudadanos deben poder ejercitar el derecho de relacionarse
con la Administración de Justicia en sus propias lenguas y que esto es algo en lo que es necesario trabajar.
Hay que implicarse en esta cuestión y abordar este tema tanto en el acceso a los puestos como en cuanto a las inversiones económicas y
presupuestarias que deben realizarse en este sentido. Ya en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia se recoge que el uso de la lengua debe ser un derecho y sin embargo no se ha trasladado la misma a una norma.
Consideramos que asimismo debe ser abordado este problema, pues de esta forma reconoceríamos muchos más derechos que aún están pendientes, y no solo el del uso de la lengua, para que así los ciudadanos puedan relacionarse con la Administración de
Justicia de manera más razonable que hasta ahora. Por todo ello, nosotros trabajaremos y apostaremos siempre por que se puedan utilizar las lenguas cooficiales y lucharemos por que esa iniciativa del Parlamento catalán tenga una buena salida.
Nosotros, insisto, vamos a mantener nuestra abstención.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, la cuestión que hoy debatimos es una cuestión importante para la formación política a la que pertenezco. Ha sido ya objeto de discusión en distintos momentos en esta Cámara y nos permite descubrir, en
primer lugar, si hay diferencias o no en los planteamientos que se van haciendo por las formaciones políticas; en segundo lugar, si hay diferencias de posición o no en lo que deciden votar en cada caso las distintas formaciones políticas
(sorpresas ha habido en distintos momentos; hoy creo que las ha habido y las habrá a lo largo de esta tarde) y en tercer lugar nos permite considerar si en lo que es normar, que es lo que corresponde a esta Cámara, hemos avanzado algo. La
formación política a la que pertenezco está en condiciones de decir que lo que es normar en lo que hace referencia a la posibilidad de utilización de lenguas distintas del castellano ante la Administración de Justicia no hemos avanzado nada en los
25 años largos de vigencia del modelo constitucional presente.
Hacía referencia el representante del Bloque Nacionalista Galego a la primera vez que esta cuestión fue debatida en esta Cámara con el carácter de exigencia del conocimiento de una lengua distinta como requisito. Fue en el año 1998 y en
aquella ocasión mi formación política se posicionó a favor de lo que desde el Bloque Nacionalista Galego se proponía, aunque nosotros no nos habíamos movido nunca en el ámbito del reconocimiento del conocimiento de la lengua como requisito; siempre
hemos reconocido que valoraríamos el mérito, considerado como determinante, que si el tiempo me da de sí tendré ocasión de explicar ante esta Cámara en qué se fragua.
Creemos que no hay vulneración del derecho a la igualdad en el acceso a la Función pública, ya que no se trata del acceso a la Función pública judicial; se habla del requisito del conocimiento de una lengua, pero se habla del requisito para
un destino territorial concreto, no para acceder a la Función pública. Por tanto, nos parece que, según nos enseña la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible. Sin vulnerar los principios de mérito y de capacidad puede el normador
considerar otros parámetros de tipo organizativo o de otro tipo, siempre que sean razonables en relación con los objetivos que se trata de obtener y estos objetivos indudablemente son importantes respecto de las comunidades bilingües. La
razonabilidad del requisito se fundamenta ya desde la óptica general del derecho de todos los ciudadanos a utilizar el idioma propio, derecho que tiene relevancia especial cuando se habla de lo relativo a las relaciones de los ciudadanos con los
poderes públicos y muy especialmente cuando no hablamos ya de funcionarios en sentido estricto sino del funcionario juez.
Se refuerza por tanto la necesidad de este requisito cuando hablamos de garantizar la plena efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión por parte de los ciudadanos. Cierto es que se ha hablado de las posibilidades
de existencia de traductor; esto, desde nuestra perspectiva, es un parche. En tiempo reciente, en conversaciones informales, una diputada que pertenece a la Comisión de Justicia, del Grupo Popular, identificaba la posibilidad de expresarse en las
lenguas gallega, catalana o vasca, que tienen el reconocimiento de lenguas oficiales, con la posibilidad de expresarse en lenguas extranjeras.
Creemos que no es así. Insistimos, la posibilidad de traductor existe respecto de las lenguas no
oficiales pero no respecto de las que el artículo 3 de la Constitución consagra con el carácter de oficialidad.
Existe además jurisprudencia constitucional en la que se habla de la autodefensa del inculpado, de la última palabra, y me estoy
refiriendo ya en este caso al proceso penal. El derecho a expresarse en el propio idioma es instrumento indispensable del pleno ejercicio del derecho de autodefensa y por ello no nos parecen mal las modificaciones normativas que desde el Bloque
Nacionalista Galego se pretenden en este caso y se pretendieron ya en el año 1978.
Hablaba yo de la exigencia de compatibilizarlo con otros derechos como el derecho al juez natural, aunque ya decía que era difícil pero que había que equilibrar todos los aspectos de esta cuestión jurídica y que correspondía al Poder
Legislativo, a nosotros, intentar abordarlo. Con posterioridad, ya en esta legislatura, abordábamos la iniciativa que traía a esta Cámara el Parlament de Catalunya para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ha estado parada durante más
de un año.
El pretexto es que están pendientes de entrar en esta Cámara distintas modificaciones de estatutos de autonomía. Es una disculpa, puede no serlo, sin embargo hay otras cuestiones atinentes a los justiciables que desean ser entendidos en
lenguas oficiales distintas que han sido paralizadas sine qua non, y por ello nos felicitamos de que en esta ocasión el Bloque Nacionalista Galego no haya respetado esta parálisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia y haya querido
traer su voz nuevamente a esta Cámara en relación con la exigencia o la necesidad de que, avancen o no las iniciativas de modificación de los estatutos, pueda hacerse referencia a la modificación de la utilización de lenguas distintas del castellano
en los procedimientos judiciales.
No se menciona en la iniciativa la posibilidad de modificar el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No lo cito, porque todos ustedes tienen la posibilidad de leerlo en la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal vigente, cuya
modificación, por cierto, se nos anuncia por parte del Gobierno. Creemos que en el momento presente es muy difícil cohonestar el tenor de este precepto, de cuya constitucionalidad nos permitimos dudar, con lo que es la adición del artículo 762.8,
actualmente vigente, de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, e igualmente con el contenido del 398 y del 440. De la lectura de todos ellos, cualquier persona ajena a la realidad social, lingüística e incluso normativa, obtendría la
conclusión de que el Estado español es monolingüe o, cuando menos, que las lenguas distintas del castellano no tienen ningún carácter de oficialidad. No hay ninguna posibilidad, hay una imposibilidad absoluta, de acomodar las normas de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal al artículo 231. Tendremos que empezar por modificar unos u otros. Nosotros creemos que el propio artículo 231 ha quedado superado por la realidad lingüística hoy vigente en este país.
Parecería que en relación con el modelo lingüístico hay discrepancias -nosotros así lo creemos- con el modelo lingüístico asumido en la Constitución y los derechos lingüísticos derivados de tal concepción. A nuestro modo
de ver, el artículo 3 de la Constitución es claro en cuanto a las posibilidades que establece. Además, señorías, desde septiembre del año 2001 el Estado español ratificó la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias, hecha en
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, en cuyo preámbulo, luego de considerar como lenguas regionales o minoritarias las reconocidas como oficiales en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, no solo de las que siempre se piensa,
sino de País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Valencia y Navarra, se efectuaba la referencia a los artículos suscritos para su aplicación. Esta carta, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución y una vez publicada en
España, forma parte del ordenamiento jurídico interno. Por tanto, conforme a su artículo 9º, las partes se obligan -el Estado español en concreto- a que en los procedimientos penales se pueda asegurar que los órganos jurisdiccionales, a solicitud
de una de las partes, lleven el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias.
Nada de esto se ha establecido, no ya desde el año 2001, sino desde que entró en vigor la propia Constitución en el año 1978.
Con relación a los derechos fundamentales del proceso penal, como son la inmediación o el examen directo y personal del acusado, no ha habido avance ninguno sino más bien retroceso, y fue puesto de manifiesto por los responsables del
seguimiento de este tratado ante los diputados en estas Cortes Generales en el año 2004, como tuve ocasión de manifestar en ocasiones anteriores desde esta misma tribuna. Existe además -y lo tengo que manifestar en plan esquemático por las
limitaciones de tiempo- una relación importante con otros derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y es que entendemos que los ciudadanos españoles que deseen ser entendidos en una lengua cooficial en el territorio del Estado reciben
idéntico tratamiento que un extranjero y desde su propia concepción, señorías, son ciudadanos españoles, a pesar de que soliciten el ejercicio de ese derecho en su propia tierra y en un idioma definido por la Constitución y en las normas -estatutos
de autonomía-, a las que tanta importancia se les da, que conforman el bloque de constitucionalidad como parte integrante de las lenguas españolas.
Es posible abordar otra cuestión, que en este momento no puedo precisar con mayor extensión -insisto en que el tiempo no da para más-, pero se puede cohonestar con la idea que se tenga del concepto de Estado y la relación con la unidad
jurisdiccional tan traída y llevada por quienes son los dos partidos mayoritarios en esta Cámara. El artículo 5 de la Carta de lenguas regionales y minoritarias -insisto, suscrita por España- establece que no cabe interpretar su contenido en el
sentido de que la carta contravenga el principio de soberanía y de integridad territorial de los Estados. No es lugar para hacer reflexiones relativas a si el Estado como estructura surgió como pacto para preservar y garantizar derechos básicos,
pero sí es admitido que su función en estos momentos, a través del ejercicio de los diversos poderes, es salvaguardar tales derechos. Así lo dice el artículo 9.2 de la Constitución. Y los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos del Estado
español son los de sus naturales y por tanto han de ser también preservados y, conforme a lo que está acordando hasta el momento esta Cámara, señorías, creemos que no lo están.
En relación con el derecho del juez, una y otra vez se defiende por quienes se alternan en el poder en el ejercicio de la mayoría que quienes sustentan el Poder Judicial no están en condiciones de poder abordar la realidad sociolingüística.
Nosotros somos conscientes de que el juez por un lado materializa la concreta proyección del Poder Judicial, del que forma parte, pero también ejerce una actividad prestacional que no es comparable al ejercicio del poder por parte de otros dos
poderes del Estado. Por ello pensamos que tiene una relación directa, sin intermediarios, con el ciudadano en el ejercicio que ha de ser reconocido y que le obliga de una manera especial a que se le fuerce, se posibilite o se le promueva al
ejercicio o al conocimiento de estas lenguas oficiales distintas del castellano. Por el contrario, creemos que desde la entrada en vigor de la Constitución existe una conciencia...
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, le ruego que concluya.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, concluyo, pero este es un asunto importante para la formación a la que represento y quisiera terminar con este punto, si la Presidencia me lo permite.
Muy al contrario, creemos que entre quienes sirven al Poder Judicial existe la conciencia generalizada de que nunca habrá exigencia de conocimiento de lenguas distintas del castellano y no ponen la atención que desde otras funciones públicas
se pone en el conocimiento de lenguas distintas del castellano.
No quiero dejar de hacer mención concreta a que en este momento está pendiente del Tribunal Supremo el recurso que se planteaba por el organismo que tiene encomendado el Observatorio de los Derechos Lingüísticos, fundación existente en el
País Vasco, en relación con el Real Decreto 102/2004, referido a la elección de presidente del Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco. En este caso en concreto lo que se somete al Tribunal Supremo es que, si bien la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional ha entendido que la Ley Orgánica del Poder Judicial y los estatutos de autonomía configuran una normación compuesta que, lejos de excluirse recíprocamente, se complementa de modo que el órgano competente para desarrollar las
previsiones de aquella o para convocar las correspondientes pruebas en orden a establecer como mérito preferente el conocimiento de la lengua propia y del derecho también propio de la respectiva comunidad autónoma, en este caso por el Consejo
General del Poder Judicial, se ignoró olímpicamente este requisito, convocándose la plaza de forma que no había reconocimiento alguno al conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma, no ya como requisito, sino ni siquiera como mérito
determinante.
Consideramos -ahora sí que termino, señor presidente- que la necesaria implantación de forma paulatina del bilingüismo debe hacerse en el ámbito de la justicia. Ello es algo perfectamente asumible en el momento en que se dictan las
resoluciones de las que estamos haciendo causa en este momento. Es un derecho que debe ser atendido y entendido en los términos en los que ha quedado expresado, puesto que creemos que está indefinidamente insatisfecho. El mantenimiento de la
situación y regulación actual supone que se vacía de contenido de forma absoluta el derecho reconocido en el artículo 3 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Finalmente, para que un ciudadano español vea materializado sus derechos en pie de igualdad, la única posibilidad que tiene ante la Administración de Justicia es la de expresarse siempre y constantemente en
castellano.
De las argumentaciones que he expresado, señor presidente -le ruego que perdone la extensión de mi intervención-, queda ya claro que el Grupo Vasco va a votar a favor de la proposición de ley que hoy nos presenta el Bloque Nacionalista
Galego, al que felicitamos por la iniciativa.
Muchas gracias y le reitero el perdón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Quiero pedirles disculpas por las deficiencias del sonido, que, evidentemente, no está siendo lo mejor de la tarde. Y también les pido excusas porque el sistema se tiene que ecualizar, o al menos eso me están diciendo los ingenieros de la
cabina, y lleva un tiempo hasta que se asegura el tono de voces distinto de todas y cada una de sus señorías. Se trata pues de un problema de tiempo, pero todo se arreglará. Gracias.
Por Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, señorías, este es un tema que ya ha sido debatido. De hecho hay una propuesta procedente del Parlamento de Cataluña, como bien han dicho anteriores oradores, que está pendiente de su tramitación en la
Comisión de Justicia. No obstante, me gustaría reflexionar sobre algunos de los puntos que llevan a que este grupo sí vote favorablemente la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
La Constitución española establece en su artículo 3.3 que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El artículo 9.2 del texto constitucional
determina que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Estas disposiciones constitucionales, en particular el artículo
3.3, responden en parte a una voluntad de justicia y también de restitución histórica, habida cuenta de que en el pasado todas las lenguas españolas, distintas del castellano, han sufrido episodios más o menos prolongados de prohibición e incluso de
persecución en diversos grados. Como consecuencia de esta situación, las referidas lenguas han sufrido una desvalorización en lo social, que a su vez se ha traducido en algunos casos en claras dificultades para su desarrollo normal en un mundo cada
vez más globalizado, en el que el cultivo de los valores globales no debe entenderse en detrimento de las entidades particulares. Por ello, cabe una intervención decidida de los poderes públicos para conseguirlo.
El respeto y protección a que obliga la Constitución se ha materializado hasta ahora principalmente a través de las disposiciones lingüísticas de los distintos estatutos de autonomía, así como mediante las diversas medidas de desarrollo
adoptadas por las comunidades autónomas con lengua propia distinta del castellano, especialmente mediante la oficialidad y la enseñanza de los respectivos idiomas, entre otras medidas. También el Estado ha adoptado algunas medidas legislativas y
ejecutivas de dicho mandato constitucional; por ejemplo, la ratificación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, el reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas distintas en el marco de la Ley del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Pero en el ámbito de la justicia, las lenguas cooficiales es una asignatura pendiente del Estado.
La normativa reguladora de la Administración de Justicia y, en concreto, la Ley orgánica del Poder Judicial debe ser revisada, porque tal y como está regulada no se puede alcanzar una normalización social de las lenguas catalana, gallega y
vasca, en sus territorios si no se retiran los obstáculos interpuestos, como justifica la exposición de motivos de la proposición de ley. Tal y como establecen las conclusiones del libro verde de la Administración de Justicia, publicado por la
Consellería de Justicia de Cataluña en el documento de trabajo referente al catalán en la justicia, según las estadísticas de uso lingüístico en Cataluña para el año 2003 un 48 por ciento de la población considera que el catalán es su lengua y un
50,1 por ciento tiene el catalán como lengua habitual. En este contexto -continúa el informe- cabría esperar un uso equilibrado de las dos lenguas oficiales en la Administración de Justicia. Hemos constatado fehacientemente que no es así.
Habiendo transcurrido más de 25 años de la Constitución y del estatuto, se ha de manifestar que esta situación deriva de un problema que tiene un origen estructural, que no solamente no facilita, sino que impide que el uso del catalán progrese
adecuadamente en el conjunto de la justicia o como mínimo se corresponda con el uso que se hace por la ciudadanía como lengua habitual. La causa estructural de esta situación deriva de la concepción digamos unitarista que comporta la figura de los
cuerpos nacionales, que no ayuda al arraigo en Cataluña de las personas que forman parte de ellos, tal y como expresamos en la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlament de Catalunya, en la que se propone la validación estos cuerpos nacionales.
Volviendo a la proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego, el libro verde de la Administración de Justicia de la Consellería de Cataluña continúa en sus conclusiones que hay un grave déficit respecto al nivel de conocimiento del
catalán de jueces y magistrados, de las secretarías judiciales y fiscales, y también, en menor medida, del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. El libro verde destaca también que es mucho el funcionariado que ha
adquirido un conocimiento remarcado del catalán, fruto de su esfuerzo y de la formación ofertada por la Generalitat de Catalunya. El uso del catalán puede ser esencialmente inducido por la ciudadanía que lo tiene como lengua habitual, pero es
necesario remover los obstáculos que motivan que la ciudadanía renuncie al uso del catalán cuando se relaciona con la Administración de Justicia. Algunas comunidades autónomas competentes dedican recursos humanos y financieros para garantizar el
respeto del derecho de la ciudadanía a ser atendidos en su lengua propia por la Administración de Justicia. Pero es necesario también cuestionar el actual marco normativo para evitar situaciones de discriminación en la justicia. Debemos valorar si
la actual normativa, recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, que establece un sistema de preferencias en los destinos de jueces y magistrados que conozcan la lengua propia de
la comunidad, ha cumplido efectivamente dicho objetivo.
Desde Esquerra Republicana consideramos que la actual normativa no ha sido suficiente; consideramos, contrariamente a la opinión del Consejo General del Poder Judicial y parece ser que del actual Gobierno español, que el derecho del
justiciable que se expresa en lengua propia distinta del castellano a ser atendido activa y pasivamente en su lengua no está preservado, no está garantizado por la configuración del conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma como un
simple mérito preferente. Configurar el conocimiento de la lengua simplemente como un mérito preferente provoca desinterés por aprenderlo en los jueces que vayan a ejercer en las comunidades autónomas con lengua propia, más aún en aquellos que
deseen ejercer en estas comunidades antes que en otros destinos, porque de hecho, tal como está regulado, para ocupar su plaza no necesitan conocer la lengua propia de su territorio, en nuestro caso el catalán. Parece, en definitiva, que se
promueve o premia la actitud negativa de los jueces y magistrados a aprender las lenguas cooficiales en demérito y por encima de los derechos lingüísticos y de la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.
El fracaso del sistema de méritos, tan combatido en otros tiempos por el Consejo General del Poder Judicial, ha quedado demostrado. Es más, tal y como estableció el Tribunal Constitucional, la tutela judicial solo es efectiva cuando no se
ponen trabas injustificadas previas al acceso a la justicia, y la inmediación solo es completa si el juez percibe por él mismo las actuaciones. El hecho de que un gran porcentaje de los jueces de Cataluña, del País Valenciá y de las Illes Balears
desconozcan la lengua catalana ha provocado en numerosas ocasiones actitudes totalmente contrarias a los derechos constitucionales que hemos nombrado, al margen de la legalidad y, en algunos casos, al filo de actitudes claramente xenófobas.
Podríamos describir una infinidad de situaciones prácticas en las que no se han admitido escritos por estar redactados en catalán o bien se ha negado el derecho de hacer constar en las actuaciones lo que se ha expresado en la lengua de la comunidad
autónoma en la que se expresaron las partes o bien sencillamente se ha tratado con animadversión a los operadores jurídicos que han intentado utilizar una lengua distinta del castellano. Son situaciones absolutamente reales, concretas y
documentadas en las que se han producido estos lamentables hechos. Estimamos que jueces, magistrados, secretarios judiciales, como cualquier otro funcionario público, son servidores de la ciudadanía, como es obvio. Por ello, el derecho a
expresarse en la lengua de su preferencia ha de ceder forzosamente ante el derecho de la ciudadanía a ser atendidos en la lengua propia. Lo contrario, insistimos, es vaciar de contenido la cooficialidad, en nuestro caso, de la lengua catalana. No
es esta una posición nueva para Esquerra Republicana. Así nos manifestamos en la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Parlament de Catalunya; así nos hemos manifestado durante la ponencia del Estatut de Catalunya, donde ha
habido acuerdo de todos los partidos respecto a la necesidad de incluir como anexo a la reforma del Estatut de Catalunya una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta, entre otros, a los artículos que proponen reformar en esta
iniciativa, y así nos continuaremos manifestando en otras iniciativas referentes a la cooficialidad de las lenguas, en este caso en el ámbito de la justicia.
Por todo ello, vamos a dar nuestro voto a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. Se trata simplemente de dar rango legal a
la cooficialidad de las lenguas catalana, gallega y vasca, ya que se expresa claramente en la Ley Orgánica del Poder Judicial que los jueces, magistrados, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, cuando
ejerzan en las respectivas naciones, han de conocer y estar formados en la lengua propia y en los derechos de tales territorios, tal y como se regula actualmente en otros Estados plurilingües y tal y como debería regularse también, a nuestro
entender, en el Estado español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
Continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, señor ministro de Justicia, hoy nos presenta el Bloque Nacionalista Galego una proposición de ley de modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incide directamente en un aspecto que comparte plenamente el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Incide, señorías, en el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades
autónomas, en su utilización y en cómo ese conocimiento debe ser un requisito para quienes pretendan acceder a una plaza en el ámbito de una comunidad autónoma con lengua oficial propia.
Mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, coincide con el
contenido de esta proposición de ley y, en coherencia, votará a favor de su toma en consideración. Pero Convergència i Unió quiere abrir hoy una reflexión ante el Pleno y ante el propio ministro de Justicia sobre el contenido de esta importante
proposición de ley.
Se ha dicho por parte de algún grupo parlamentario que no iban a votar a favor de esta proposición porque ya se estaba tramitando en esta Cámara una proposición de ley similar que había presentado el Parlament de Catalunya, y es cierto, se
está tramitando una proposición de ley. Pero seamos sinceros y también respetuosos ante el Pleno de la Cámara: fue el 1 de junio del año 2004 cuando se tomó en consideración esa proposición de ley, han transcurrido más de quince meses y todavía no
se ha convocado la ponencia que debe informar esa proposición de ley. Cierto es que se fue ampliando el plazo de enmiendas, que se remitió incluso a dictamen del Consejo General del Poder Judicial, cuando ello no es usual en una tramitación de
proposiciones de ley; no lo es y se remitió. Llegó el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, finalizó hace ya más de seis meses el plazo de enmiendas y sigue sin convocarse la ponencia; incluso la portavoz del Grupo Vasco, la señora
Uría, y el portavoz que les habla, Jordi Jané, dirigimos por carta al presidente de la Comisión de Justicia aquí presente un escrito pidiendo que se desbloqueara la tramitación de esta proposición del Parlament de Cataluña. No ha sido así. Sigue
pendiente de reunirse la ponencia. Por tanto, la excusa de que ya estamos tramitando la proposición de ley del Parlament de Catalunya, que sí que se tomó en consideración pero que, en cambio, está congelada en la propia Comisión de Justicia de esta
Cámara, no nos parece un argumento importante para manifestar hoy que no se votará a favor de esta toma en consideración. Que se tome en consideración y que se acumule a la tramitación de esta proposición de ley del Parlament de Catalunya.
Señora presidenta, señorías, hay dos argumentos más de propuestas ya aprobadas, y en este caso aprobadas ya por el Grupo Socialista sin ninguna enmienda, que hacen reflexionar sobre qué es lo que realmente queremos hacer sobre la utilización
de las lenguas en el ámbito de la Administración de Justicia. Me refiero concretamente al Pleno de esta Cámara del día 2 de diciembre del año 2004, en el que aprobamos las resoluciones tras el debate de la memoria del Consejo General del Poder
Judicial. En las resoluciones aprobadas, la número 14 es clara. En la número 14, resolución aprobada también por el Grupo Socialista de esta Cámara, se insta al Consejo General del Poder Judicial a colaborar activamente en la aplicación de la
futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya tramitación ya se ha iniciado a través de la toma en consideración de la proposición del Parlament de Catalunya, para que - objetivo, finalidad- el conocimiento de la lengua y el derecho
civil propio sea un requisito en las respectivas comunidades autónomas.
Hablamos de requisito, como propone hoy el Bloque Nacionalista Galego y como propone originalmente el Parlament de Catalunya a través de la proposición de ley. No hablamos de
un mérito, hablamos de requisito, y, por tanto, en esa línea está el Grupo de Convergència i Unió y en esa línea entendemos que estaban los diputados que votaron a favor de esa resolución el 2 de diciembre del año 2004. Por tanto, pedimos que sea
un requisito. No queremos un planteamiento de mérito, porque el mérito no impide que puedan venir a ejercer la judicatura en Cataluña jueces que no conozcan la lengua propia del país, que es el catalán. Por ello pedimos, como se pedía en la
proposición de ley aprobada, que sea un requisito.
Segundo argumento que se utiliza para paralizar la reforma tomada en consideración el 1 de junio de 2004, hace ya más de quince meses, presentada por el Parlament de Catalunya: Esperemos a que
lleguen a esta Cámara las reformas estatutarias anunciadas. Este argumento, que hoy, repasando el 'Diario de Sesiones', algún portavoz ha recordado, es también un argumento falaz. ¿Por qué? Quiero poner un ejemplo y buscar la coherencia de cada
grupo. Quiero poner como ejemplo la propuesta de reforma estatutaria que en este momento estamos tramitando en Cataluña, el último texto, el que va a ser objeto de aprobación o no por el Pleno este mes de septiembre. Hay un artículo, el 97, al que
no ha presentado ninguna enmienda el Grupo Socialista. Es, por tanto, un artículo que ha sido aprobado en ponencia y Comisión en el Parlament de Catalunya y que solo ha recibido enmiendas del Grupo Popular, que proponen la supresión de los
apartados que ahora voy a leer, pero que no ha sido enmendado por el Grupo de Iniciativa per Catalunya, ni por el Grupo Socialista, ni por Convergència i Unió, ni por Esquerra Republicana de Catalunya. Es un artículo con un amplio consenso, con una
amplia mayoría, no es un artículo polémico en el Parlament de Catalunya. ¿Qué afirma este artículo? Este artículo 97 afirma: Para ocupar una plaza de magistrado, juez o fiscal en Cataluña los candidatos son admitidos en igualdad de derechos.
Deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de la lengua catalana. Por si quedara alguna duda de lo que se pretende con esta redacción del artículo 97, el apartado 3 del mencionado artículo de la reforma estatutaria de Cataluña afirma:
En todo caso, el conocimiento de la lengua y el derecho tienen la consideración de requisito para la obtención de plaza en los correspondientes concursos de traslado. En todo caso, tiene la consideración de requisito. Así lo han aprobado el Grupo
Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Esta es la voluntad de estos grupos, la voluntad expresada en Barcelona, en el Parlament de Catalunya cuando se aprobó este artículo y no se enmendó, no se matizó;
la voluntad expresada cuando votamos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de Catalunya, hace
ahora más de quince meses. La señora Navarro decía con razón que esta propuesta ya estaba en la Comisión de Justicia, pero sabe perfectamente que la estamos bloqueando, que no está saliendo adelante, que no se convoca la ponencia, que
llevamos ya más de quince meses y hemos visto cómo en la Comisión de Justicia se tramitaban otras proposiciones de ley que cronológicamente se habían tomado en consideración después y cuyo plazo de enmiendas había terminado más tarde, pero que se
han tramitado con mayor celeridad.
No nos valen, pues, los argumentos expuestos respecto a la propuesta que plantea hoy el Bloque Nacionalista Galego. Esperemos que lo que este grupo pretende con esta propuesta sea realidad. La justicia es un servicio público y, como tal,
tiene una asignatura pendiente, que es adecuarse plenamente a la normalidad lingüística de aquellas comunidades autónomas que tengan una lengua oficial propia y reconocer plenamente los derechos ciudadanos de las personas con una lengua oficial
propia distinta del castellano. Por tanto, como el Partido Socialista votó en Cataluña, como tomó en consideración aquí la proposición de ley y como votó la resolución del 2 de diciembre, hoy pedimos a la Cámara un voto favorable para esta
proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jané.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra el señor Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo respecto a la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Mixto, el Bloque Nacionalista Galego, trae a debate a esta Cámara. Esta proposición objeto del debate
recuerda, como lo han recordado los distintos portavoces que han subido a la tribuna, la proposición de ley que el Parlamento catalán trajo a debate y que aún se encuentra, como se ha recordado, pendiente de constitución en la ponencia, pese a que
las enmiendas ya están formuladas. Pero esta proposición de ley, a mi modo de ver, resulta más ambiciosa, yo diría que va mucho más allá, ya que pretende directa o indirectamente nada más y nada menos que la supresión de cuerpos nacionales como el
de los secretarios judiciales y del personal que colabora con la Administración de Justicia, con la propia carrera judicial, y que, por lo tanto, a nuestro modo de ver, lo único que pretende es erosionar el Estado de derecho. Y todo ello, como lo
ha recordado también el portavoz de Convergència i Unió, con la simple modificación de establecer como requisitos de capacidad, sustituyendo a los de mérito, tanto el conocimiento de la lengua oficial como el conocimiento del derecho foral o
específico. Lógicamente, si en aquel debate mi grupo, y el portavoz o la portavoz que en aquel momento intervino, argumentó el voto en contra, no tendría sentido que en este debate mi voto cambiara. Nuestro grupo va a votar en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley, porque además se le une un argumento en este debate, que entiendo que sería la propia incongruencia, porque hay una toma en consideración de una proposición de ley que tiene los mismos objetivos, que tiene
parecida exposición, aunque esta da un salto para erosionar más el Estado de derecho. Esa incongruencia es la que nos va a llevar a manifestar nuestro voto en contra.
Nos interesa mucho conocer cuáles van a ser los argumentos del Partido Socialista, porque en el mundo en el que nos movemos, por venir ahora del Grupo Parlamentario Mixto y por los guiños que seguramente el Grupo Parlamentario Socialista
está acostumbrado a hacer a unos y a otros -antes los hacía al tripartito, ahora estará obligado a hacerlos al Bloque Nacionalista Galego y después también tendrá quizá que hacerlos a los acuerdos que no hace mucho tiempo suscribía con el Partido
Popular en el pacto de Estado por la reforma de la Justicia-, el Grupo Parlamentario Socialista podrá salir por cualquier sitio. Ya en la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento catalán el señor Pedret -repasando el 'Diario de
Sesiones'- argumentaba muy convincentemente el voto a favor de aquella toma en consideración diciendo que su grupo tiene como conducta habitual votar favorablemente las propuestas del Parlamento de Cataluña y de otros parlamentos autonómicos,
incluso a veces con independencia de su contenido. La verdad es que era una razón suficiente para aprobar algo tan importante como lo que estamos debatiendo. No sé qué argumentos dará hoy para votar a favor o en contra. Seguramente tendrá algún
conejo guardado en la chistera o se refugiará en lo que el señor ministro que nos acompaña ya avanzaba en su comparecencia, es decir, que iban a profundizar en la utilización de las lenguas de las comunidades autónomas. No obstante, hoy el señor
Pedret tendría un obstáculo más fuerte para basarse en estos razonamientos a la hora de votar a favor, que son sus propias palabras reflejadas en el 'Diario de Sesiones' cuando hablaba concretamente de la opinión del Grupo Socialista, y entiendo que
del Gobierno, sobre los cuerpos nacionales. En aquel debate decía: Por último, para no hurtar nada de este debate, he de referirme a la cuestión relativa al carácter nacional o no de los cuerpos de la Administración de Justicia. Este tema,
señorías, fue largamente discutido con motivo de la modificación de la Ley Orgánica 19/2003. Se trató de una negociación y discusión larga, laboriosa, prolija, que llegó a unos equilibrios que están aún por desarrollar en la práctica, y en aquel
momento defendimos, como consecuencia de esta complicada serie de negociaciones, el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos. Si somos coherentes con lo que se decía y con lo que se debe decir, cuando estamos debatiendo una proposición de
ley que viene precisamente a romper los cuerpos nacionales, el voto del Grupo Socialista no debería ser favorable a la propuesta del Bloque Nacionalista Galego.
En cualquier caso, se ha manifestado que efectivamente la ponencia para desarrollar la toma en consideración de
esta ley está pendiente y paralizada. Y, lógicamente, no solo está parada por la importancia del tema sino también porque el ministro había anunciado que traería una nueva ley orgánica del poder judicial que, según dijo en su comparecencia,
tocará estos temas específicos, ya que incluso está presentando unas jornadas de acercamiento sobre el tratamiento de las comunidades autónomas. Pero, señorías, para mi grupo y para mí este asunto es muy serio, porque creemos que bajo el amparo de
la línea argumental de restauración y normalización de las lenguas catalana, gallega y vasca no solo se pretende erosionar el Estado de derecho sino también modificar aspectos sustanciales del propio Estado de derecho, así como atacar y atentar a la
unidad jurisdiccional. Señor Pedret, nos encontramos de nuevo con un debate más sobre la cooficialidad de las lenguas, pero creo que utilizado una vez más como instrumento y palanca para erosionar, como le he dicho, el poder central. Se trata de
hinchar el globo, y si se rompe, roto está. Nuestro grupo tenía y tiene muy claro en su programa y en sus actuaciones aquello sobre lo que no se puede frivolizar, así como los principios en los que se va a basar. Nosotros nos basamos en los
principios según los cuales la Constitución española atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de la Administración de Justicia, y a la vez establece el principio de unidad jurisdiccional, consagrado en su artículo 117.5. Lo que no se
puede hacer -y ha salido en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley que trajo el Parlamento catalán- es, basándose en el artículo 152.1 de la Constitución, que prevé la participación de las comunidades autónomas en la cuestión
de la Administración de Justicia siempre y cuando sus respectivos estatutos así lo tengan previsto, atentar contra la unidad y la independencia del Poder Judicial, porque no hay que olvidar que en el artículo 152.1 se matiza 'dentro de la unidad e
independencia de éste'. Y si no atenta a la unidad, si no atenta a la independencia del Poder Judicial jugar con el cuerpo nacional de los secretarios, atentar contra el personal al servicio de la Administración de Justicia y romper los pactos de
justicia y la modificación reciente de la Ley Orgánica 19/2003, donde se intentó avanzar en todos estos principios, que venga Dios y lo vea.
Para terminar le quiero decir que nuestra posición negativa se basa fundamentalmente en que, como le he dicho, se trata de dinamitar el artículo 117.5 de la Constitución, pero también se atenta contra la unidad jurisdiccional ya que lo que
se pretende es conducirnos, en la práctica, a una compartimentación territorial de la carrera judicial, a hacer independiente la carrera judicial en las distintas comunidades. Por ahí, señorías, mi grupo no va a pasar y nuestro planteamiento sobre
la unidad jurisdiccional lo mantendremos íntegramente, como lo decimos en nuestro programa.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Santaella, muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET Y GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, nos encontramos, una vez más, hablando prácticamente del mismo tema y quiero, una vez más, poner de manifiesto en nombre de mi grupo parlamentario lo que es el debate de toma en consideración. El debate de toma en
consideración de una proposición de ley es un debate respecto a la oportunidad política del momento y del fondo de la cuestión que se plantea, y sobre esto es sobre lo que voy a hablar, mucho más allá de consideraciones generales respecto a la
unidad del poder jurisdiccional, a los estatutos de autonomía, al universo orbe, a lo que se ha referido alguno de los oradores, a los que he oído. He de expresar, de entrada, mis excusas a aquellos oradores a los que no responda directamente,
porque en la primera parte del debate, aun siendo conscientes los socialistas de que estamos en el Parlamento para explicarnos ante el pueblo y no solo ante nosotros, era imposible oír en la sala lo que se decía. Por tanto, si algo se me ha
escapado y no contesto, ruego me disculpen, aunque he intentado seguir el debate atentamente. Pero en la parte que he oído se ha hablado de casi todo excepto de lo que estamos hablando, es decir, de la proposición presentada en la tribuna por el
señor Rodríguez en nombre del BNG, sobre el uso de las lenguas en la Administración de Justicia. Y como el debate es sobre oportunidad política en tiempo y en contenido, les voy a decir que el Grupo Socialista va a votar en contra de la toma en
consideración por razones de oportunidad de tiempo. Porque el día 1 de junio de 2004 este Pleno aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento de Cataluña, con los votos decisivos del Grupo Socialista, siguiendo, señor
Santaella, la costumbre habitual del Grupo Socialista de votar a favor de las proposiciones de aquellos órganos que representan la pluralidad política de nuestro Estado, como son las asambleas legislativas o los parlamentos autónomos, respecto a
cuestiones que afectan al conjunto y que deben decidirse en este Congreso, porque nos parece un elemento constitutivo de nuestro sistema político que lleguen las proposiciones de ley de las diferentes posibilidades de crearlas en los ámbitos
jurídicos y políticos distintos. Pero hemos aprobado ya la toma en consideración, está tramitándose en la Comisión de Justicia, sobre temas exactamente iguales a los que se plantean en la proposición actual. Se han presentado por parte de todos
los grupos parlamentarios las enmiendas a aquella proposición de ley, también por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Y yo, que agradezco al señor Santaella -y lo quiero manifestar en público para que conste en el 'Diario de Sesiones'- el
hecho de que sea un lector tan atento de mis intervenciones en la tribuna, quisiera pedirle que leyera también las enmiendas que se han presentado a la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, publicadas en el Boletín Oficial de esta Casa de
22 de marzo de 2005, donde verá que todo aquello que
nos atribuye como malévolas y terribles intenciones en contra de yo qué sé cuántos principios absolutamente sagrados, eternos e inmutables no tiene nada que ver con las enmiendas presentadas. Señorías, nosotros tenemos claramente
establecido y coherentemente expresado en cada una de las intervenciones y de los debates que hemos llevado a efecto sobre el tema cuál es nuestra postura. Nuestra postura es de máximo respeto al derecho que establece el artículo 3 de la
Constitución de cada ciudadano a utilizar la lengua propia del territorio en que resida y con la que se considere identificado. El ciudadano español residente en Galicia puede expresarse en gallego o en castellano ante los tribunales, en la lengua
que él prefiera, porque las dos son propias del territorio; este derecho debe reconocerse y, por tanto, debe ser atendido en esta lengua, al igual que en los demás territorios con lengua propia, pero ello debe llevarse a cabo de forma que se
respete también lo que establece el artículo 9.2 de la Constitución respecto de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan la igualdad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Santaella, si usted ha leído atentamente mi intervención del día 1 de junio, sabrá que establecía en ella la distinción entre los obstáculos que debe remover el Estado y los obstáculos que deben remover las comunidades autónomas para
establecer la plena igualdad, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios judiciales al respecto, y ello, señorías, no lo encontramos en el contenido de la proposición de ley que hoy se nos presenta a discusión. Podemos estar de acuerdo con
alguna parte de la exposición de motivos, los objetivos de la proposición presentada pueden ser coincidentes en buena parte con los nuestros, con lo establecido claramente por el ministro de Justicia en su comparecencia de 26 de mayo de 2004 ante la
Comisión de Justicia, cuando dijo -y se mantiene por el grupo parlamentario- que había que afrontar con coraje la cuestión del uso de las lenguas en la Administración de Justicia; pero eso, señorías, no se consigue estableciendo de una forma
radical, inmediata y absoluta el requisito del dominio pleno de las lenguas. Está mucho más cerca de una posibilidad real la proposición de ley del Parlamento de Cataluña cuya tramitación aprobamos cuando establece, por ejemplo, cuál es el grado de
conocimiento de la lengua necesario y adecuado para desarrollar la función judicial de auxiliar o de agente o de secretario que se determine en cada momento. Hay que fijar cuál es ese grado, quién va a determinar cuál es el contenido real del
conocimiento de la lengua, qué tiempo se dará para el desarrollo total de la proposición. Sin periodo transitorio, sin haber determinado la obligación de las administraciones de proporcionar la formación adecuada a los funcionarios de la
Administración de Justicia, no se puede establecer inmediatamente una obligación del tipo que se nos pide en esta proposición de ley.
Por ello, señorías, no solo por la oportunidad del tiempo -puesto que ya lo estamos tramitando en la Comisión de Justicia- sino también por la oportunidad del fondo de la cuestión, no podemos votar favorablemente.
Nos parecería un ejercicio
inadecuado votar a favor de la toma en consideración para presentar luego las enmiendas que ya tenemos presentadas y que variarían por completo el contenido de la proposición del BNG. No nos parece serio ni adecuado. Nuestras posturas, las
posturas de todos los grupos que conformamos el Congreso de los Diputados están ya claramente establecidas. Discutámoslas, avancemos en su discusión. Se dijo por parte del ministro de Justicia y se ha dicho en todas las intervenciones del Grupo
Socialista al respecto que en esta legislatura solucionaremos la cuestión; en esta legislatura, señores diputados. El compromiso del discurso de investidura, el compromiso del programa electoral, el compromiso político de los socialistas se
refiere a la legislatura. Permítanme decirles -aunque pueda parecer quizá poco diplomático- que el tiempo para el cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos por el partido mayoritario debe administrarlo el partido mayoritario de acuerdo
con el conjunto de los grupos de la Cámara, pero no al dictado de ningún otro grupo. (Rumores.) Y en esta legislatura lo haremos, ya se está tramitando. Queremos que así sea y que se haga de una forma que proteja de manera absolutamente
indiscutible el principio y el derecho fundamental que establece el artículo 24 de la Constitución respecto a la tutela judicial efectiva. Por ello, señorías, manifiesto con claridad -espero- y a los efectos de poder ser citado cuando sea necesario
en el 'Diario de Sesiones', que el derecho a la tutela judicial efectiva es el principal de los derechos que se encuentran en concurso en este tema. Por ello, establecer una obligación de requisito de conocimiento de la lengua sin periodo
transitorio, sin formas de actuación de Administración y sin dedicación presupuestaria puede entrar en contradicción con la tutela judicial efectiva, que requiere, en primer lugar, que exista juez y que éste pueda atender en las condiciones
establecidas en el artículo 3 de la Constitución. Por todo esto, no vamos a estar a favor del requisito en la forma en que se establece en la proposición del BNG y me remito a lo que tenemos publicado en el Boletín del Congreso como posición
resumida en las enmiendas presentadas a la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que se tramita en la Comisión de Justicia. A ello nos atendremos e intentaremos que pase a la aprobación definitiva del Congreso y con ello estamos
convencidos, señorías, de servir a los intereses de los ciudadanos de este país, al derecho a expresarse en la lengua propia que cada uno elija y a los intereses superiores de la Administración de Justicia en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Siendo esta la primera vez que se vota con el nuevo sistema, se ha distribuido en los escaños un pequeño
cuadernillo donde se indica cómo hacerlo. El sistema de votación es exactamente el mismo, solo difiere en los colores, y hay que activar, como siempre, la lista de presencia y, a partir de ahí: sí, verde; no, rojo; abstención, amarillo.
Es todo.
Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 173; en contra, 134; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley. (Aplausos.)
En segundo lugar, votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 29; en contra, 290; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), VASCO (EAJ-PNV), DE GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS, DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO, SOBRE LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS. (Número de expediente 162/000369.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC),
Vasco (EAJ-PNV), Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, sobre la reforma de las Naciones Unidas.
A partir de este punto del orden del día rige el acuerdo de la Junta de Portavoces en el sentido de que los tiempos serán 7 minutos para la presentación, 5 minutos para la fijación de posiciones.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Rodríguez. (Rumores.) Señor Rodríguez, disculpe. Señorías, el Pleno continúa.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero expresar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley cuya intención es orientar la actuación del Gobierno en relación con una nueva perspectiva para la ONU -Organización de las Naciones
Unidas- en coincidencia con su 60º aniversario. Lo hacemos conscientes de que se trata de una tarea ímproba y muy difícil, una tarea que tiene una contradicción básica que esperemos que sea superada con el esfuerzo de todos. La contradicción
básica es cómo puede poner orden en el mundo si muchos de los Estados hegemónicos son los causantes fundamentales de las guerras y, por tanto, los principales responsables de que esto no acontezca, incluso porque hasta ahora tienen una situación
privilegiada dentro de la Organización de Naciones Unidas. Por eso, pensamos que la orientación de la proposición no de ley es de recibo y debe contar con nuestro apoyo en la medida en que opta por un poder de carácter multilateral, con todas las
dificultades que esto lleva consigo. Este es un expediente básico que debemos superar en el contexto internacional. Efectivamente, o el Consejo de Seguridad responde y está controlado por la Asamblea General o, si sigue siendo un Consejo de
Seguridad con todo el poder, donde lo único que importa es legitimar desde el punto de vista institucional la excepción jurídica permanente que se intenta imponer al mundo, el resultado de este debate será cero o incluso funesto. Por tanto, el
esfuerzo del Gobierno del Estado español tiene que ir dirigido a lograr una Asamblea General realmente autónoma, una Asamblea General capaz de mantener relaciones con el Consejo de Seguridad en plano de igualdad e incluso con cierta capacidad de
control y, en todo caso, que se abra una escena de diálogo entre iguales que solamente posibilite una actuación en nombre de Naciones Unidas cuando no quepa otro remedio y con un aval fundamental por parte de la inmensa mayoría de los países, que no
pase, como hasta ahora, que la presencia de tropas en nombre de resoluciones del Consejo de Seguridad se vota muchas veces con la pasividad, con la abstención o incluso con la intimidación de muchos Estados frente a los que son poderosos. Por
tanto, señorías, hacemos votos por que el 60º aniversario de la ONU dé luz a una nueva Organizaciones de las Naciones Unidas que acabe con un mundo tan jerarquizado, tan agresivo, con tantas excepcionalidades jurídicas, con tan poco respeto por los
derechos humanos y tan poco respeto por una legalidad internacional, que en todo caso tiene que ser obra de todos los países y no obra unilateral de uno de ellos. Por tanto, vamos a apoyar el espíritu de esta proposición no de ley y deseamos que el
Gobierno español tenga éxito en esta tarea porque, en definitiva, será un éxito de la humanidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo, en congruencia con la firma que estampamos en su día con los otros grupos parlamentarios de esta Cámara, va a votar positivamente, primero, por entender que ha sido un trabajo colectivo, un trabajo del grupo de la Comisión de
Asuntos Exteriores de esta Cámara para llegar a unas ideas comunes y unos pensamientos de actuación respecto a lo que en estos días, con motivo de la Asamblea extraordinaria de Naciones Unidas, se tiene que llevar a efecto y que no falte, digamos,
una voz parlamentaria y democrática española, como ha sido el espíritu que a todos los grupos firmantes nos ha llevado a la unanimidad de este texto.
Nosotros destacamos que todo proceso de reforma de Naciones Unidas tiene que hacerse dentro de un
consenso internacional, donde el multilateralismo sea evidente y visualizado perfectamente en un marco que lleve adelante todos los deseos de la humanidad, especialmente aquellos que afectan a los derechos humanos y sobre todo en el dintel de la
paz.
Esa Unión Europea, de la que también forma parte España, debe constituir un núcleo de trabajo importante en el seno de Naciones Unidas, pero las líneas de reforma tienen que ser muy bien defendidas por las democracias europeas, especialmente
por los países miembros de la Unión Europea.
Cuando hablamos del grupo de alto nivel y de todas las competencias en materia de lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia internacional organizada, de los conflictos entre Estados, de los conflictos internos que han degenerado en
guerras civiles en muchos países y de todas las actuaciones encaminadas a una protección de la salud frente a cualquier contaminación tóxica, nuclear, radiológica, química o biológica, se tienen que reforzar jurídica y eficazmente. Todas las
cuestiones económicas relacionadas con la pobreza mundial, con las enfermedades infecciosas, con el sida y la degradación medioambiental deben estar en esta línea de actuación de las Naciones Unidas.
Respecto a los objetivos del Milenio recogidos en el informe que elevó el señor Sach, hay que tener unas ideas muy claras y contundentes respecto a que este sentido se ha venido a reflejar en las propuestas de resolución; nosotros las
suscribimos todas. Aunque hay unas pequeñas modificaciones de estilo o de adecuación que hemos pactado todos los grupos parlamentarios para hacer alguna sustitución del verbo de actuación pertinente, creemos que estas propuestas de resolución
recogen el sentir democrático de esta Cámara al cual Coalición Canaria, desde nuestra posición archipielágica en el Atlántico, quiere hacer un testimonio de sensibilidad, porque relacionarse con la Unión Europea desde Canarias con los países
africanos y con los países latinoamericanos, como plataforma intercontinental de conexiones internacionales y al amparo de toda normativa congregadora de estos principios realizada por Naciones Unidas, para Coalición Canaria constituye un deber
democrático y una satisfacción. Por esta razón, señor presidente, mi grupo votará favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, respalda esta iniciativa, una iniciativa oportuna y, diría más, absolutamente necesaria, porque significa el respaldo
a un programa de mínimos, de revitalización y reforma tanto de Naciones Unidas como de los objetivos del Milenio en la lucha contra la pobreza y por un mundo más habitable.
Si no fueran suficientes estos argumentos que aparecen en la exposición de motivos, habría que decir que en los últimos meses y en los últimos días tenemos nuevos argumentos para esta reforma, aunque sea de mínimos, de los objetivos del
Milenio y de Naciones Unidas. No corren buenos tiempos, señorías, para las Naciones Unidas; no corren buenos tiempos para el Derecho Internacional. En definitiva y en general, no corren buenos tiempos ni buenos vientos, pero no solamente por las
catástrofes ambientales a las que nos vemos obligados a asistir, como es el caso de Nueva Orleans, sino también por las catástrofes humanas, que en unos casos se deben a la desigualdad y a la pobreza y en otros casos a la guerra. La guerra de Irak
está muy presente en estas iniciativas que hoy presentamos ante esta Cámara porque han sido estos conflictos y estas dificultades (la pobreza, el subdesarrollo, la crisis del multilateralismo y del papel de Naciones Unidas) las que han motivado esta
Asamblea extraordinaria y esta iniciativa parlamentaria que pretende reforzar el programa de mínimos ante esta Asamblea extraordinaria. El problema es que el programa de mínimos en relación con la cooperación y el desarrollo económico y social e
incluso el programa de mínimos en relación con la reforma de Naciones Unidas en estos momentos está en peligro. Es decir, lo que nos parecía cuando firmamos esta iniciativa (cuando se visitó la sede de Naciones Unidas) una posibilidad, hoy, después
de determinadas iniciativas por parte de algunos de los Estados miembros de Naciones Unidas, aparecen como iniciativas absolutamente lejanas y muy difíciles de cumplir. Hoy sabemos, con el nombramiento de Jonh Bolton como embajador de Estados
Unidos ante Naciones Unidas, que por una parte Estados Unidos no comparte la reforma de Naciones Unidas, no comparte la vinculación del Consejo de Seguridad a la Asamblea, es decir reformas democráticas básicas, y no comparte tampoco la supresión o
siquiera la matización del derecho de veto, por tanto, bloqueo en relación con las reformas institucionales que parecían las más fáciles.
Pero es que además la presentación
de enmiendas por parte de Estados Unidos a las iniciativas del secretario general de Naciones Unidas incumplen y vulneran totalmente los objetivos del milenio; pretenden eliminar cualquier objetivo cuantitativo en relación con la lucha
contra la pobreza, en relación con la educación o en relación con la reducción de la mortalidad infantil, la salud materna, el combate contra el sida y la malaria o la potenciación y partenariado global para el desarrollo humano.
Señorías, nosotros respaldamos esta iniciativa, que es un programa de mínimos, el programa de un capitalismo de rostro humano pero al mismo tiempo lo hacemos con un notable escepticismo, teniendo en cuenta lo que hemos oído en los últimos
días y teniendo en cuenta las enmiendas que hoy se han presentado a objetivos tan mínimos que prácticamente suponen el bloqueo, tanto el bloqueo de Naciones Unidas como el bloqueo del derecho internacional y el bloqueo asimismo de objetivos humanos
cada vez más urgentes.
Decía el informe Sach (un informe bienintencionado aunque con una determinada orientación) que nos enfrentamos no solamente a las barreras de la pobreza sino a las bolsas de la pobreza y hablaba de las bolsas de la pobreza en el seno de los
propios países desarrollados.
Termino refiriéndome, como he hecho principio, a Nueva Orleans: barreras de la pobreza y bolsas también de la pobreza. En definitiva, señorías, respaldo a esta iniciativa, respaldo al multilateralismo, a la aplicación de las resoluciones
de Naciones Unidas, por ejemplo en el caso que vendrá próximamente del Sáhara, respaldo también a los objetivos de reducir las desigualdades y la pobreza, pero un profundo escepticismo ante la estrategia de bloqueo que vamos a vivir en Naciones
Unidas, que ya estamos viviendo en Naciones Unidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Grupo Vasco. Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señoras y señores diputados, para el Partido Nacionalista Vasco y para el Grupo Vasco es un acto de responsabilidad y motivo de satisfacción impulsar la proposición no de ley sobre la reforma de Naciones Unidas que
estamos debatiendo en esta Cámara tan solo unos días antes de la cumbre que se celebrará en Nueva York y que contará con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno. Esta iniciativa surge de un viaje parlamentario de senadores y diputados a
principios del presente año a la sede de Naciones Unidas con el fin de recabar información y conocer la situación del proceso de reforma que se está llevando a cabo en dicha institución.
Tal y como reza el preámbulo de esta proposición, las circunstancias actuales no son las de Yalta de 1945 y Naciones Unidas ha de adaptarse a los cambios que se han producido en el mundo a lo largo de los últimos 60 años. La globalización,
la pobreza en el mundo y las amenazas terroristas, sobre todo a partir del 11-S y del 11-M, dibujan un panorama diferente que hay que tener en cuenta. De igual manera, la Declaración del Milenio del año 2000 supone un fuerte compromiso a favor de
la lucha contra el hambre, la pobreza y en pro del desarrollo económico. Muchos son los temas que se habrán de tratar los próximos días y también en el futuro por los máximos responsables políticos, pero, siendo todos ellos importantes, a nuestro
grupo parlamentario le merecen especial interés los contenidos de los objetivos del Milenio. Quiero con ello decir, simplificando al máximo, que la reforma del Consejo de Seguridad que se va a analizar en detalle no debe ocultar la realidad del
hambre en el mundo ni impedir que se adopten medidas en este ámbito, lo cual es un riesgo más que evidente.
Como todos ustedes saben, el 8 de septiembre de 2000 se celebró la Cumbre del Milenio, en la que mediante una declaración 189 jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron con los objetivos de desarrollo del Milenio.
El contenido de los
mismos tiene que ver con el bienestar económico y social de los países en vías de desarrollo, con la conservación medioambiental y con la promoción de alianzas internacionales para el desarrollo entre los países pobres y los ricos. Como conocen
SS.SS., los objetivos del Milenio son los siguientes: reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos, reducir a dos terceras partes la mortalidad de los menores de
cinco años, reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes, detener la propagación del sida, el paludismo y la tuberculosis, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo con metas para la
asistencia del comercio y el alivio de la carga de la deuda.
El cumplimiento del quinto aniversario de la declaración en el año 2005, sin haber logrado los avances esperados, generó una sensación de urgencia. Por ello, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, lanzó la campaña mundial
2015: Sin excusas, que se ha llevado a cabo por distintos países de las Naciones Unidas, con objeto de incidir especialmente en la importancia del objetivo número 8, esto es, en la necesidad de una gran alianza entre los países ricos y pobres para
un avance sustantivo en los objetivos. Desde entonces hemos podido comprobar el efecto que ha llevado consigo entre los países más desarrollados del mundo en este último tiempo. Así en la reunión de la OCDE, celebrada en París el 4 de mayo de
2005, los 30 países más desarrollados del mundo confirmaron su apoyo a los objetivos del Milenio y se comprometieron a redoblar sus esfuerzos en esta materia. De igual manera, el 24 de mayo de 2005, las personas responsables de cooperación y
desarrollo de la Unión Europea se comprometieron en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea a elevar la ayuda oficial al desarrollo hasta el 0,56 por ciento del PIB comunitario en el año 2010, con el objeto de alcanzar la cifra del 0,7
por ciento en el año 2015. En la reunión de los ministros de Economía y Hacienda del G-8, mantenida en Londres el 11 de junio de 2005, se alcanzó un acuerdo para condonar la deuda a 18 de los países más pobres del mundo, en su mayoría africanos,
como primera medida que, previsiblemente,
se extenderá en el futuro a otros países encuadrados dentro de los considerados 60 más empobrecidos.
Finalmente, a principios del mes de julio se sucedieron dos acontecimientos de gran incidencia mediática a nivel internacional: la celebración, el sábado 2 de julio, de 8 macroconciertos en apoyo a esta causa en Londres, París, Roma,
Berlín, Filadelfia, Toronto, Johannesburgo y Tokio, donde se reunieron, entre otros, Pink Floyd, Rem, Sting y U2. El día previo, el 1 de julio, distintos edificios emblemáticos del mundo se adhirieron a esta iniciativa poniendo el signo de la
campaña 2015: Sin excusas, que es una banda blanca ancha, junto a edificios emblemáticos en el mundo, como el Coliseo de Roma, la puerta de Brandeburgo en Berlín, los edificios del Trocadero en París, la puerta de la esclavitud de la isla de Goreé
en Senegal, el puente Harbour Bridge de Sydney, el edificio de Naciones Unidas de Nueva York y se encontraba, señoras y señores diputados, el museo Guggenheim de Bilbao, hecho que quisiera resaltar con especial interés y satisfacción. Como
comprenderán, aunque como bilbainada no hubiera estado nada mal, el Guggenheim fue elegido por el especial impulso y apoyo del Gobierno vasco, y muy especialmente del lehendakari, a la Declaración del Milenio. He de señalar que el lehendakari fue
el primer mandatario internacional a un nivel diferente al estatal en sumarse oficialmente a la Declaración del Milenio. Su primer acto oficial como lehendakari en la presente legislatura fue la adhesión a la campaña 2015: Sin excusas, del
Guggenheim, el 1 de julio.
Como les he indicado, el lehendakari Ibarretxe firmó junto con Evelyn Herfkens, coordinadora ejecutiva de la campaña de los objetivos del Milenio, un documento de adhesión a la Declaración del Milenio y a sus objetivos,
del que citaré tan solo el primer y último párrafo: Euskadi ha mantenido a lo largo de los años como uno de los signos propios de su identidad la participación en las grandes tareas universales de la era moderna. Los hombres y mujeres, sus
organizaciones y sus instituciones, han procurado en cada momento aportar sus valores propios para contribuir activamente a la resolución de los retos globales de la humanidad. Tras describir las tareas incluidas en la Declaración del Milenio y
apostar firmemente por su consecución, se concluye señalando lo siguiente: Nos adherimos a la Declaración del Milenio, que a continuación se recoge en su integridad, asumiendo su carácter de guía para el diseño, práctica y valoración de nuestro
actuar político tanto en nuestra acción exterior como en nuestra política interna en cada uno de los sectores afectados.
Es, por lo tanto, una profunda convicción en esta cuestión del propio lehendakari, del Gobierno vasco, del Partido Nacionalista
Vasco y de mi grupo parlamentario la que nos impulsa a apoyar activamente la presente iniciativa. Esperamos sinceramente que la cumbre a celebrar en estos próximos días en Naciones Unidas sea un éxito y se aborden con la profundidad e intensidad
necesarias las reformas planteadas tanto en lo referente a la Declaración del Milenio como en lo referido al resto de los temas a tratar.
Quisiera, para concluir mi intervención y a modo de enmienda in voce, incluir en el texto relativo a las propuestas de resolución en el anteúltimo párrafo un breve texto. Donde dice promover una mayor cercanía y participación de los
parlamentos de los Estados en el proceso de reforma de Naciones Unidas y su valoración y seguimiento, debería incluir: Así como de los parlamentos autonómicos o sus centrales. En espera de contar con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara,
doy por concluida mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo que ha trabajado en esta ponencia pide hoy a los diputados y diputadas que por unos momentos repasen los intereses estrictamente locales, miren hacia Estados Unidos y consideren lo que se está gestando en las Naciones
Unidas. Esta semana las Naciones Unidas empiezan la cumbre de los líderes mundiales, cuyo propósito es ambicioso, nada más y nada menos que la erradicación de la extrema pobreza y el hambre. En un mundo donde cada día mueren 30.000 niños por
causas evitables y en el que las 500 personas más ricas del mundo reúnen más ingresos que los 416 millones más pobres esto suena a utopía, pero hoy sabemos que es posible. El objetivo número 1 del Milenio, reducir a la mitad para 2015 el número de
personas con ingresos inferiores a un dólar por día, es posible. Los objetivos del Milenio realistas, prácticos y necesarios, son el resultado de décadas de experiencia y trabajo desarrollado a todos los niveles. La seguridad y la paz mundial se
sustentan en la justicia y la justicia se sustenta en la erradicación de la pobreza. Como dice la Declaración del Milenio: no debemos ahorrar esfuerzos para liberar a hombres, mujeres, niños y niñas de las condiciones deshumanizadoras de extrema
pobreza. Estos próximos meses son una prueba para todos nosotros. El Estado español tiene que desempeñar un papel protagonista. La historia nos juzgará si fracasamos porque somos la primera generación con poder para llevarlo a buen término. Para
llevar a cabo este cambio es necesario una reforma de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas fueron concebidas como una organización mundial gobernada por una hegemonía de cuatro grandes potencias. Se dividieron los derechos de los miembros mediante el establecimiento de una Asamblea General universal y de un
Consejo de Seguridad restringido y con autoridad para mantener la paz y la seguridad. La unanimidad entre las grandes potencias ha sido un requisito previo a la intervención. Para evitar que en un futuro el Consejo de Seguridad pudiera obligar a
los Estados Unidos a una intervención en contra de su voluntad, se diseñó el derecho a veto. Se obtuvo un acuerdo inicial entre caballeros acerca de la distribución geográfica de puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad a favor de Europa y
de América Latina, que ha dejado de ser viable dada la nueva mayoría de Asia y de
África. Desde 1945 ha aumentado el número de miembros de 51 a 191, cambiando radicalmente el equilibrio de votos de la organización. La mayoría de votos de la Asamblea General, los denominados países del Tercer Mundo, ha aprobado
resoluciones que han creado malestar en los Estados Unidos. Por otra parte, los fracasos de la ONU en Bosnia, Ruanda y Somalia han minado su credibilidad. La incapacidad del Consejo para alcanzar un consenso sobre Irak, según observadores
norteamericanos, sitúa a la ONU en una posición de irrelevancia. Reconociendo la deriva de la ONU hacia la irrelevancia, el secretario general declaró que ha llegado el momento decisivo para la reforma de las Naciones Unidas, que es un momento no
menos decisivo que cuando se fundaron. Para la gobernanza global es necesario que el Consejo de Seguridad sea representativo y que respete el hemisferio sur de la tierra. Las Naciones Unidas deben actuar con rapidez, eficacia y transparencia. Las
Naciones Unidas deben representar a los Estados miembros y a todos los pueblos de la tierra. De las dos alternativas propuestas para la reforma del Consejo, pedimos a la Cámara que apoye la reforma basada en la alternativa b), que consiste en
introducir un elemento de elegibilidad, de democracia y de transparencia. La ampliación de las posibilidades de veto en el Consejo solo sería un elemento paralizante más. La reforma del Consejo no es la única reforma que deben abordar las Naciones
Unidas. De los 191 países representados en la ONU solo se consideran democráticos 85. Algunos de los regímenes más crueles del mundo están representados de forma desproporcionada entre los 53 países que integran la Comisión de los Derechos
Humanos. El déficit de legitimidad de la Comisión de los Derechos Humanos siembra dudas respecto a la reputación global de la ONU.
La igualdad de género es el tercer objetivo del Milenio, pero la opinión de las organizaciones que están luchando por los derechos de las mujeres es que es importante introducir una perspectiva de género en la revisión del alto panel de
todos los objetivos del Milenio. No solo es importante, sino que es esencial para la consecución de todos los objetivos del Milenio. En marzo, en la 49 sesión plenaria de Naciones Unidas tuvo lugar la evaluación de la plataforma de Beijing en la
que se evaluaron los avances logrados en el estatus de la mujer. La asamblea acordó que la completa implantación de la Declaración de Beijing era esencial para conseguir los objetivos del Milenio. Las mujeres son generalmente las más pobres de los
pobres y al mismo tiempo son el factor clave en los procesos de desarrollo. Por tanto, la eliminación de la discriminación cultural, social, política y económica es un requisito previo a la erradicación de la pobreza.
Esquerra Republicana, junto con todos los portavoces de los demás grupos, pide a los componentes de la Cámara no solamente que voten a favor de esta proposición, sino que sean conscientes de la importancia de los momentos que estamos
viviendo y encaminen sus esfuerzos a distintos niveles para que el cumplimiento de los objetivos del Milenio no sea una oportunidad perdida, sino una marcha para un futuro global en desarrollo, en paz y en seguridad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para copresentar, porque estamos ante una iniciativa unánime de todos los grupos parlamentarios, esta proposición no de ley conjunta que es consecuencia
directa de las conclusiones del grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados sobre la reforma de Naciones Unidas. Ha sido un grupo de trabajo que ha hecho un buen trabajo -si se me permite la reiteración-, de
forma rápida y en plazo. Como muy bien saben SS.SS., a partir de mañana 175 jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en Naciones Unidas en Nueva York para dar los últimos retoques a un documento cuya finalidad es responder a la pregunta de qué
Naciones Unidas puestas al día necesitamos para afrontar los nuevos retos de la comunidad internacional.
La primera reforma seria, en profundidad, después de 60 años de la historia de la ONU, ha de marcar una actualización del organismo
internacional multilateral por excelencia. Los principios fundamentales no han variado: la necesidad de un sistema de cooperación y unas normas internacionales que limiten la propensión de comunidades humanas al conflicto armado y proporcionen un
foro en el que los organismos internacionales y los Estados puedan trabajar conjuntamente por el bien común. El mundo, en cambio, hoy es radicalmente diferente de aquel en el que nació la institución y el tipo de conflictos y amenazas ha cambiado
también de forma extraordinaria. La actualización es lo que está en juego esta semana en Nueva York, y no es tarea fácil. Los Estados casi se han cuadruplicado desde 1945, cuando nació la nueva organización internacional, a la luz de los desgarros
de la Segunda Guerra Mundial.
Los problemas y los retos de hoy planteados desde el nuevo escenario, evidente, de la globalización y no negativo de la globalización requieren nuevas respuestas: la respuesta a cómo gobernar la globalización, la
respuesta ante la proliferación de armas de destrucción masiva, así como a las nuevas formas de terrorismo internacional, de violencia de origen difuso, de pobreza persistente solo en algunas partes del mundo y en algunas partes de las sociedades
ante el cambio climático, ante el sida.
Todo ello exige con urgencia una actuación de nuestra parte, especialmente de los miembros del mundo desarrollado.
En vísperas de la cumbre, algunos se han centrado sobre todo en la composición del Consejo de Seguridad, otros en la gestión. Aunque ambos asuntos son importantes, no deberían distraernos del núcleo fundamental del debate: seguridad,
derechos humanos y desarrollo. Estos tres aspectos se hallan íntimamente vinculados. Sin paz
no hay desarrollo, sin desarrollo no hay paz y sin derechos humanos ninguno de los otros dos. La cumbre extraordinaria de Naciones Unidas nos debe devolver una organización suficientemente reformada para desempeñar su cometido original:
afianzar la paz y la seguridad internacionales, promover el desarrollo sostenible y defender los derechos humanos y la seguridad de las personas. Todo ello desde una óptica multilateral y desde el respeto al imperio del derecho, del derecho
internacional y también desde la necesidad de actualizar y poner al día este derecho internacional. Un factor clave para ello será la creación de la Comisión para la construcción de la paz, que ha de venir a colmar la laguna existente entre la
asistencia en las fases posteriores a los conflictos y la externalización y desarrollo a largo plazo. Un punto altamente relevante que se ha planteado en la reforma de Naciones Unidas es la maduración de la obligación de proteger de los Estados, la
obligación de proteger los derechos humanos ante situaciones de genocidio u otros delitos de lesa humanidad. Aquello que hace unos años se malformulaba como el derecho de injerencia hoy se expresa a través de un nuevo y necesario punto de
equilibrio entre el respeto a la independencia de los Estados y la obligación de la comunidad internacional de no quedar paralizada ante evidentes delitos de lesa humanidad. El Estado no está únicamente obligado a proteger sus fronteras, sino
también a sus ciudadanos y, en caso de que eso no fuera posible, terceros Estados, bajo el paraguas de Naciones Unidas, deben tomar la iniciativa. Aquello que se hizo sin el consenso político ni la cobertura jurídica necesaria en los Balcanes,
frenar el genocidio, y que hoy casi todos valoramos como una decisión necesaria, debería tener un mayor vigor jurídico y un más decidido impulso multilateral desde el foro adecuado, que es sin duda Naciones Unidas.
Para evitar los conflictos recurrentes hay que hacer más para proteger los derechos humanos. El abuso en este campo es un claro indicador de enfrentamientos, de modo que mejorar nuestra capacidad de actuación no es únicamente una obligación
moral. La actual Comisión de Derechos Humanos ya no responde plenamente a las necesidades planteadas por lo que resulta crucial, la reforma de la arquitectura de la ONU en materia de derechos humanos y también la consideración del derecho a vivir
en libertad, a vivir en democracia como un derecho individual, como un derecho que se debe contemplar hoy de forma distinta a como se contempló hace 60 años en el momento de la fundación de Naciones Unidas. Necesitamos un mecanismo que se tome en
serio los derechos porque lo que está en juego son las personas: el prisionero en peligro de ser torturado; en niño obligado a participar en un conflicto armado; la mujer bajo la amenaza de la crueldad y los abusos. Con la aprobación de un nuevo
Consejo de Derechos Humanos, la cumbre ha de dejar claramente sentado el compromiso sin divisiones a favor de los derechos humanos y de la seguridad de las personas. Podemos preguntarnos cómo se ha recordado el año 2005, confiemos en que no
exclusivamente por la continua violencia en Irak, por los cobardes ataques de terrorismo en Europa, por las terribles escenas de desesperación en Níger o por las trágicas consecuencias del tsunami del Índico, sino por una nueva era en la escena
política internacional desencadenada por la cumbre de Naciones Unidas, por las buenas conclusiones de aquello que se discute esta semana. Con la aprobación de esta proposición no de ley hacemos una modesta contribución desde el Parlamento español
para un futuro de paz, seguridad y desarrollo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclá.
Señor Ricomá, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, si hiciéramos alguna crítica a esta iniciativa no sería la de la oportunidad. Mañana se reúne la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para reflexionar sobre la reforma de Naciones Unidas, hecho que motiva la
presentación de esta iniciativa conjunta. No va a existir crítica en este sentido, antes al contrario estimamos que esta iniciativa va a generar interés y aportaciones de primer nivel para definir el papel que nuestro Gobierno tiene que utilizar
como argumento de fondo en su posicionamiento de cara a la reforma de Naciones Unidas. Quién iba a decir en el año 1945, después del golpe traumático que supuso la Segunda Guerra Mundial, que aquel examen de conciencia colectivo que representó la
Conferencia de Yalta y la posterior creación de Naciones Unidas sería claramente superado por nuevos conflictos, por nuevas situaciones que lamentablemente reducirían a la nada los derechos elementales de muchos ciudadanos en gran parte del mundo, y
lo que probablemente resultase todavía más impensable en aquella época: la aparición de nuevos problemas generados por las dinámicas que abrían los propios mecanismos de desarrollo. La reaparición de conflictos dados por superados, como es el caso
de Haití y Liberia, la desigualdad entre ciudadanos por pertenecer o no al mundo desarrollado, los riesgos de exclusión asociados a la globalización, los atentados del 11 de septiembre, el terrorismo internacional como amenaza sin bandera, sin
forma, capaz de actuar en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier forma, asociado todo ello a la ineficacia, a la falta de solvencia de Naciones Unidas manifestada a lo largo del tiempo por el letargo en muchas de las resoluciones de su Consejo
de Seguridad y debilitada últimamente por sus desavenencias, dudas, interrogantes, sospechas y contrasentidos, hacen que sea plenamente de sentido común desarrollar este proceso de reforma. No se trata de que sea una pieza la que falle y repercuta
en el conjunto de la maquinaria, ni mucho menos. Estamos hablando de un motor que se ha quedado viejo en su conjunto, no siendo capaz de ofrecer el rendimiento que las circunstancias complejas de nuestro mundo le exigen. Es necesario actualizar
sus órganos de gestión, abrir nuevas fórmulas de trabajo que sean capaces de pasar al terreno práctico las buenas intenciones
en aquellas cuestiones que afectan a los derechos esenciales de las personas, crear nuevos mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones y el seguimiento de su ejecución, así como promover nuevas ideas que agilicen los medios
de financiación para afrontar las gestiones de crisis.
Esta proposición no de ley camina en esa dirección. Pretende manifestar el apoyo del Congreso de los Diputados al proceso de reforma, haciéndolo, por un lado, mediante el consenso de todos los grupos parlamentarios como cuestión vital,
trascendente, de Estado que es y, por otro lado, remarcando mediante sus propuestas de resolución aquellos aspectos que para la sensibilidad de un país como España, que ha pasado por crisis sociales y económicas importantes -guerra civil incluida- y
que sigue en la actualidad padeciendo problemas graves, como puede ser el del terrorismo, son de obligada priorización. Democracia y desarrollo son conceptos primordiales para que la humanidad avance sobre una base capaz de ofrecer respuestas a los
problemas que el transcurrir de un mundo cambiante puede ir planteando. La dignidad de las personas, sus posibilidades de avanzar hacia el bienestar y la estructuración de sus relaciones y organización bajo los criterios del respeto y la tolerancia
son, seguro, garantía de motivación a nivel individual y colectivo y, por tanto, son también freno a la generación de conflictos. Si existe capacidad para definir objetivos comunes, debemos proyectarla también al establecimiento conjunto de los
caminos, normas y fórmulas que nos permitan llegar a ellos. El multilateralismo es un concepto básico que no puede verse erosionado por administrarse en estamentos poco solventes y en algunas ocasiones estructurados de forma incompatible con
aquello a lo que tienen que dar respuesta.
No se puede hablar de reforma de Naciones Unidas sin una actuación similar y profunda en el ámbito de su Consejo de Seguridad. Dos son las opciones planteadas por el grupo de alto nivel en su informe de diciembre remitido a la Secretaría
General. Aun entendiendo la importancia de este asunto por tratarse el Consejo de Seguridad del centro de toma de decisiones, esta será siempre una cuestión secundaria, mientras, por un lado, no se blinde la credibilidad y eficacia del Consejo con
un funcionamiento democrático, equilibrado y transparente y, por otro, no se caiga en la tentación de ceñir exclusivamente el contenido de la reforma a este aspecto. Un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eficaz y con un funcionamiento
democrático reforzará el concepto, que también apoya esta proposición no de ley, de la responsabilidad de protección como un recurso más de los que dispondrá el Consejo de Seguridad para evitar o neutralizar conflictos.
Señorías, la paz es un derecho universal al que tenemos obligación de dar cobertura. Cuando este derecho se ve quebrantado, la comunidad internacional ha de ser capaz de dar la respuesta que cada situación requiera y, para ello, las
misiones de paz avaladas por un Consejo de Seguridad -insisto- equilibrado y democrático pueden ejercer un papel importante. El Grupo Parlamentario Popular reafirma su convicción en la necesidad de activar el proceso de reforma de Naciones Unidas.
Hacemos nuestras, hemos trabajado y promovemos las orientaciones que fija esta proposición no de ley sobre las que debe estructurarse dicho proceso, pero a su vez sugerimos al Gobierno que defienda el papel de España en este proceso bajo los
criterios de objetividad, realismo y sentido práctico que requiere toda medida orientada hacia la construcción de mayor justicia y mayor bienestar.
El señor Zapatero acude mañana a la cumbre con una tarjeta de presentación en la que constan tres palabras: Alianza de Civilizaciones, tarjeta que puede representar el más absoluto vacío y constituir un canto a lo abstracto si tenemos en
cuenta que las alianzas son consecuencia de una voluntad de las partes y que esta solo se forma con capacidad para acceder, respetar y tolerar, principios todos ellos que se integran en el patrimonio de las convicciones democráticas. El señor
Zapatero, detrás de su Alianza de Civilizaciones, no puede olvidar que el terrorismo no representa tan solo la antítesis de la democracia, sino que se aprovecha del marco de libertad que define para sembrar la confrontación y el terror. El señor
Zapatero, por tanto, debe salir de su cortina de humo, pisar fuerte con los pies en el suelo, romper con su seguidismo hacia los cantos de sirena y aportar soluciones viables a problemas tan reales como los que padece la comunidad internacional.
Quiero finalizar ya agradeciendo, por supuesto, al grupo de trabajo la gran labor que ha realizado hasta llegar a un texto de consenso que sometemos a la consideración del Pleno. En esta misma línea quisiera agradecer personalmente a mi
compañero de grupo Jesús López-Medel las aportaciones que realizó dentro de este grupo de trabajo para la elaboración de esta iniciativa y la defensa que de la misma realizó en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, marcando obviamente la
pauta de mi intervención y el posicionamiento de mi grupo en esta sesión plenaria de hoy. No creo que debamos dar más importancia de la que tiene aportar con esta iniciativa nuestro granito de arena a una causa que es de justicia...
El señor PRESIDENTE: Debe ya concluir, lo siento.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Acabo, señor presidente.
En cualquier caso, también es cierto que nunca sobra trabajar, y hacerlo de forma conjunta en aquello que no persigue nada más que procurar un mundo más justo en el que sus ciudadanos convivan en paz y con garantías de progresar siempre es
un placer.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ricomá.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Fátima Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, espero que durante sus vacaciones todos hayan experimentado por breves
momentos la alegría de vivir que produce la visión de algo bello, el encuentro con amigos o la simple sensación del sol y del viento sobre la piel. Me alegro, pero les recuerdo que placeres tan simples están vedados para más de 2.500
millones de seres humanos. Tan grave situación solo puede ser abordada de manera global, y lo más parecido que tenemos a un gobierno global es la Organización de Naciones Unidas. Por eso su adaptación a los nuevos retos y a las nuevas
oportunidades es de crucial importancia, a pesar de que el balance del funcionamiento de Naciones Unidas es con mucho muy positivo.
La reforma de Naciones Unidas trata de temas tan antiguos como las guerras. De hecho la Carta comienza hablando de librar a la humanidad del flagelo de la guerra. Trata de temas en apariencia muy simples, como es el reparto de la riqueza
en el mundo, y de temas muy obvios, como es la necesidad de los sistemas de control en todas las normas de convivencia humana. No por simples, antiguos u obvios son menos importantes; lo son por sí mismos pero también porque la gente los está
haciendo suyos. La ciudadanía mundial demuestra cada vez mayor interés en temas de ámbito de política internacional y de ámbito general. Se adelanta a la política y pone de manifiesto la interdependencia y la interconexión de un mundo global como
una realidad ciudadana que además de un reto es una oportunidad para todos. La opinión pública de la sociedad civil, organizada o no, cuenta cada vez más y es cada vez más exigente en cuanto a la rendición de cuentas. Además, la información que
llega en tiempo real a los ciudadanos obliga a una cooperación entre Estados en pie de igualdad, a un multilateralismo eficaz. Necesitamos fórmulas que hagan transparente e incluyente la toma de decisiones para todos, también para los países
árabes, los países pequeños, los menos desarrollados y los no alineados, y que la responsabilidad sea compartida por todos. Para ello la iniciativa del presidente del Gobierno español, la Alianza de Civilizaciones, es de gran trascendencia, tal
como lo han comprendido el secretario general haciéndola suya y muchos otros países. En un momento histórico en el que existen los conocimientos de los problemas y los medios para el abordaje de sus soluciones, solo falta la voluntad o más bien la
inteligencia política para llevar a buen fin esa solución a los problemas planteados. El desafío pasa por hacer comprender a todos y fundamentalmente a los países más ricos que vivimos en un solo mundo; que los riesgos, las amenazas y las
oportunidades son de todos y están interrelacionadas; que no existe desarrollo sin seguridad y que no existe ni desarrollo ni seguridad sin derechos humanos efectivos para todos. En ese sentido, hay muchas cosas que decir, pero quiero centrarme
muy brevemente en cinco puntos fundamentales.
El binomio seguridad y desarrollo precisa de una intensa pedagogía para que todos comprendamos en qué consiste el interés común de todos los pueblos. Estamos todos de acuerdo en dar respuestas efectivas a los sufrimientos injustos de
poblaciones que sufren largos conflictos bélicos, pobreza extrema o plagas como el sida y la malaria. La solución pasa por el cumplimiento de los objetivos del Milenio. El mercado, que para algunos es el paradigma que soluciona todos los
problemas, es una buena herramienta para el desarrollo, pero no es la única y, desde luego, no es el fin. La respuesta ante las distintas amenazas debería ser además equitativa y para ello la solución de la pobreza, de la violación de los derechos
humanos o de las epidemias debería ser tan rápida y tan contundente como la forma de combatir el terrorismo, porque la falta de desarrollo, el mal gobierno y la desesperanza significan al final lo mismo: inseguridad para todos.
En segundo lugar, la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de proteger frente a los gobiernos que no quieren o no pueden asegurar los derechos humanos de sus ciudadanos es de gran trascendencia. Esa responsabilidad compartida
constituye la base de la prevención de los conflictos en el marco del multilateralismo. En este sentido, quizá fuera conveniente recordar que la introducción de: Nosotros, los pueblos, debería hacerse cada vez más real y tal vez en un futuro se
pueda decir: Nosotros, los ciudadanos.
La prevención de conflictos mediante la diplomacia preventiva, la cooperación y, en último término, el uso de la fuerza, siempre bajo criterios definidos y supervisión del Consejo de Seguridad en el marco del multilateralismo, debe ser
consolidada mediante instituciones fuertes, la instauración plena del Estado de derecho, el desarrollo económico y el reasentamiento por ejemplo de combatientes que a lo mejor lo han sido durante toda su vida. Para ello se propone la creación de la
comisión de consolidación de la paz y, desde luego, su correspondiente financiación.
Apoyamos también la creación del Consejo de derechos humanos propuesta por el secretario general, porque si bien Naciones Unidas han aportado importantísimos documentos base para la defensa de los mismos, creemos que deben reforzarse los
órganos de vigilancia de los tratados para garantizar el cumplimiento efectivo por parte de los Estados de sus compromisos y obligaciones internacionales. El consejo supone una elevación de rango en la consideración de los derechos humanos y su
supervisión permanente, pero dos cosas deben salvarse: la colaboración del consejo con la sociedad civil, como hacía la comisión, y que la elección de los miembros no convierta el consejo en una lid occidental.
Por último, es evidente que es preciso reforzar las instituciones y de ellas la que quizá suscite más controversia sea el Consejo General, que bueno sería reformar en su composición desde luego, pero mejor aún lo sería en su funcionamiento,
su transparencia y la fundamentación de sus resoluciones, así como en la rendición de cuentas ante la Asamblea General, en definitiva, la limitación y la explicación de los vetos.
El Grupo Socialista considera que el Gobierno de España debe trabajar sin descanso y que lo está haciendo para conseguir soluciones globales que renueven y refuercen el papel de Naciones Unidas y este Parlamento está dispuesto a apoyarlo,
como se ha demostrado en la intervención de todos los grupos, por lo que les doy las
gracias. Es cierto que las noticias que vienen sobre las negociaciones de la Asamblea General no son alentadoras, pero no adelantemos acontecimientos, y, en todo caso, siempre quedará el poso de un trabajo bien hecho con consenso y
responsabilidad por parte de todos los grupos sobre una postura de España según la cual la reforma de Naciones Unidas es fundamental para todos.
Para finalizar querría proponer una muy pequeña enmienda en el párrafo 13 de la parte propositiva, sustituyendo las palabras aportar ideas por impulsar. Esta enmienda ha sido comentada con los demás grupos y están de acuerdo, por lo que se
facilitará la posición de todos.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aburto.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CREACIÓN DE UN FONDO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS SUPERFICIES FORESTALES AFECTADAS POR INCENDIOS EN EL SUR DE EUROPA.
(Número de expediente
162/000381.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre creación de un fondo de la Unión Europea para la prevención y recuperación de las superficies forestales
afectadas por los incendios en el sur de Europa.
Para la defensa de la proposición no de ley doña Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista, tiene la palabra. Les recuerdo que para este tipo de debate rige el pacto de portavoces de siete y cinco
minutos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley para instar al Gobierno de la nación a pedir en el Consejo Europeo la puesta en marcha de la medida de aplicación de la cláusula de solidaridad, establecida en el artículo 43
de la Constitución europea, y la creación de un fondo europeo de política de prevención y recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales. Pensamos en la oportunidad de la presentación de esta proposición no de ley, después de que ha
finalizado un verano especialmente dramático por los incendios forestales que ha sufrido nuestro país y desde luego por la inestimable pérdida de vidas humanas en la extinción de los mismos. Quiero aprovechar, por lo tanto, esta intervención para
manifestar, en mi nombre y en el de mi grupo, la solidaridad, la condolencia y el reconocimiento al trabajo de estas personas y a sus familiares.
Señorías, un reciente informe elaborado por el centro conjunto de investigación de la Comisión Europea revela que el 84 por ciento de las áreas devastadas en la Unión Europea entre enero y julio de este año pertenecen a la península Ibérica,
siendo Portugal y España los países europeos con más superficie arrasada por los incendios este año. De los 70.000 grandes incendios forestales registrados en la Unión Europea desde enero hasta julio, se han calcinado un total de 140.000 hectáreas.
Es, por lo tanto, una gran catástrofe. Las consecuencias medioambientales, socioeconómicas y territoriales de los incendios forestales son incalculables. El conjunto de lo quemado provoca importantes problemas ecológicos, el incremento de
emisiones de gases de efecto invernadero y la desaparición de la vegetación. Es verdad que de todas estas hectáreas quemadas algunas se han quemado varias veces, pero es también cierto que otras solo se han quemado una vez y no se podrán volver a
quemar más porque han desaparecido. La desertización y la erosión tienen efectos verdaderamente catastróficos en el suelo de la Unión Europea y especialmente de los países comunitarios. Por esto, ha llegado el momento de poner en marcha una
política de prevención y de extinción de incendios forestales mucho más ambiciosa y mucho más integral. Es necesario que nos demos cuenta de que la gran asignatura pendiente es la prevención. En tan solo 40 años la Unión Europea ha abandonado
drásticamente un modelo de gestión tradicional forestal y de extracción de combustible del bosque que se ha mantenido a lo largo de 2.000 años. Por lo tanto, el cambio ha sido rápido, profundo, brutal. Este equilibrio que ha existido siempre entre
el hombre, la ganadería, el sistema forestal y la agricultura se ha roto. La población rural ha desaparecido también de forma vertiginosa a lo largo de estos 40 años y nos encontramos con que la política forestal tampoco ha sido capaz de incorporar
todo este cambio brusco y rápido, y en muchísimos casos hemos estado también haciendo repoblaciones masivas con especies de alta combustión. Entre este cambio brutal de transformación en el medio rural y una gran biomasa y necromasa que enciende
rápidamente, nos encontramos con que hay muchísimos incendios que, cuando prenden, son muy difíciles de parar. Por lo tanto, es preciso y necesario una política forestal común en el ámbito de la Unión Europea.
En nuestra proposición no de ley instamos al Gobierno a que, en el seno del Consejo Europeo, pida la aplicación de la cláusula de solidaridad, ya contemplada en el artículo 43 de la Constitución europea. El espíritu y el principio político
de esta cláusula es la cooperación mutua y asistencia en el caso de un grave ataque terrorista o de una grave catástrofe natural o generada por un acto humano, que los Estados miembros se asistan, los Estados miembros reaccionen rápidamente. En
segundo lugar, pedimos que se cree un fondo específico para la prevención en la política forestal y para poder dar una solución a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios, una recuperación integral que tenga en cuenta el coste
ecológico y los costes socioeconómicos de las zonas afectadas por los mismos.
Estamos hablando de un fondo específico que conlleva el principio de la necesidad de una política común forestal. Por lo tanto, me sorprende la enmienda del Grupo Popular cuando dice que lo que pide esta proposición no ley ya existe porque
hay un fondo de solidaridad. Como ustedes muy bien saben -porque lo saben perfectamente-, este fondo de solidaridad al que hacen alusión en su enmienda
es el Fondo de Solidaridad creado en 2002, es el fondo de catástrofes de la Unión Europea creado a consecuencia de las grandes inundaciones que se sufrieron ese año en Alemania y en el centro de Europa. Como también ustedes muy bien saben,
es un fondo de emergencia para catástrofes y, por lo tanto, atiende a actuaciones de emergencia que tienen que hacer los Estados miembros para, de forma rápida, recuperar infraestructuras dañadas y equipamientos y, por lo tanto, dar normalidad
cotidiana a las zonas afectadas. La propia Comisión Europea ha dicho que este fondo al que ustedes hacen referencia sólo puede sufragar la ayuda de emergencia específica prestada por las autoridades públicas como reparación provisional de
infraestructuras esenciales que permitan reanudar las actividades cotidianas. Por lo tanto, es un fondo muy limitado en su creación; es tan limitado que, como ustedes saben -porque lo votaron los europarlamentarios populares, también los de su
grupo-, el jueves pasado el Parlamento Europeo pidió en una resolución a la Comisión Europea la inmediata modificación de este fondo para que pueda incluir claramente supuestos de ayuda a las poblaciones afectadas por catástrofes como la sequía o
los incendios forestales. En todo caso, les pido que apoyen esta proposición no de ley porque estamos hablando de un fondo integral, de un fondo amplio que, sobre todo, sea capaz de abordar una política común de cooperación y coordinación en
política de prevención que, indudablemente, debe hacerse en el ámbito de la actuación comunitaria. En 90 por ciento del territorio comunitario es rural y ahí, donde vive el 10 por ciento de la población europea, tenemos que solucionar el problema
de la gestión forestal.
El señor PRESIDENTE: Debe concluir ya, señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Un gran acuerdo entre el hombre y los usos del bosque debe efectuarse en el seno de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, ha querido el Grupo Parlamentario Socialista que su primera iniciativa parlamentaria que se debate en este periodo de sesiones sea una iniciativa etérea, una iniciativa que versa sobre
los incendios forestales, y ello me ha conducido inevitablemente a una serie de reflexiones. Primera reflexión, los incendios forestales que en el transcurso de este verano han asolado diversas regiones españolas han constituido, sin duda alguna,
una de las mayores catástrofes ecológicas de los últimos tiempos. Pocas voces se han oído denunciando esa realidad y, desde luego, ninguna desde el Gobierno ni desde el Grupo Parlamentario Socialista hasta que ha subido a esta tribuna la diputada
que me ha antecedido en el uso de la palabra.
Segunda reflexión, el mayor de todos los incendios, el de la provincia de Guadalajara, calcinó 13.000 hectáreas, con graves repercusiones en la actividad económica y las condiciones de vida de la zona, y produjo once víctimas mortales que
podrían haberse evitado de haberse puesto desde el primer momento todos los medios adecuados. No resulta obvio repetir una vez más que en el incendio de Guadalajara fallaron las comunicaciones, se retrasaron las decisiones, faltó coordinación entre
las administraciones y fallaron los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente, que llegaron tarde y en malas condiciones. Recordemos que hubo averías en ocho de las aeronaves que se enviaron, según el documento que nos entregó la ministra de
Medio Ambiente. Por tanto, desde nuestro punto de vista, existe una clara responsabilidad política de la ministra de Medio Ambiente.
Tercera reflexión, el real decreto aprobado apresuradamente el 29 de julio como respuesta al enorme incendio acaecido en Guadalajara para prevenir los incendios forestales establecía una serie de prohibiciones -la mayoría competencia de las
comunidades autónomas y muchas ya establecidas por ellas- y tuvo que ser matizado por la propia ministra pocos días después y admitir una serie de excepciones a las mismas, clara evidencia de que, como denunciamos en su momento, se trataba de un
decreto improvisado, precipitado, irreflexivo e insuficiente.
Cuarta reflexión, las acusaciones de la ministra Narbona a la sociedad gallega de complicidad social en los incendios, ampliadas posteriormente a toda la sociedad española, constituyen una muestra más de que la ministra de Medio Ambiente,
lejos de asumir sus responsabilidades, basa su política en culpabilizar a los demás de lo que ella no ha sabido o no ha podido resolver.
El texto que ha presentado hoy la portavoz socialista solicita que se reclame al Consejo Europeo la definición de las modalidades de aplicación de la cláusula de solidaridad, prevista en el artículo 43 de la Constitución europea frente a
catástrofes o ataques terroristas. Y esto, señorías, está muy bien, repito, muy bien. Está bien que la Unión Europea posea mecanismos que le permitan movilizar recursos para paliar los efectos de una catástrofe o para prevenirla. Pero, señorías,
olvidan ustedes que el artículo 43 de la Constitución europea no está en vigor ni está en vigor ningún artículo; olvidan que la Constitución europea no se ha aprobado; olvidan que la Constitución europea está en vía muerta. Por consiguiente, lo
que ustedes hacen con esta iniciativa no es más que un brindis al sol y es una dejación de responsabilidades del Gobierno de la nación. La obligación del Gobierno de la nación es solicitar de manera urgente las ayudas del Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea ya establecidas para catástrofes naturales, ayudas, señorías, que solicitó en el verano de 2003 el Gobierno del Partido Popular y que le fueron concedidas, entérese usted, señora diputada. Por consiguiente, esto es lo que solicitamos
en nuestra enmienda, que el Gobierno solicite de manera urgente ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, a las que
España tiene derecho y que ya le han sido concedidas en otras ocasiones.
Estamos convencidos de que todos los grupos parlamentarios apoyarán esta iniciativa porque estamos seguros de que la solidaridad de todos los grupos parlamentarios con
las regiones afectadas se manifestará en la votación que tendrá lugar a continuación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
A continuación, por el grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender la enmienda que presenta mi grupo, que considero que ustedes conocen, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que acaba de defender la portavoz y que está
relacionada con la reclamación al Consejo Europeo de medidas de cooperación en la lucha contra los incendios forestales.
En primer lugar, nos parece una iniciativa oportuna y necesaria y, desde nuestro punto de vista, también urgente. De ahí que presentemos esta enmienda de modificación, ya que en relación con las medidas que se deberían tomar lo más
inmediatamente posible nos preocupa que la referencia que se hace a la Constitución europea pueda ser motivo de ralentización para un acuerdo del Consejo por no encontrarse de momento en vigor la Constitución -incluso ha sido rechazada por algunos
de los Estados miembros-. Independientemente de lo que acabamos de comentar, compartimos muchos de los argumentos dados por la portavoz del Grupo Socialista en lo que se refiere a la grave situación debida a los incendios forestales en la que se
encuentran los países mencionados por ella y que se recogen en la exposición de motivos de la iniciativa, pero, sobre todo, somos conscientes de la situación que existe en la península Ibérica, como ya se puso de manifiesto anteriormente.
Queremos incidir en la importancia de la solicitud a la Unión Europea de un compromiso en materia de cooperación, tal como se dice en la iniciativa, que esté orientada fundamentalmente a la prevención. A pesar de que hace diez años, en la
cumbre de Río de Janeiro, se acordó una serie de medidas para detener la destrucción de los bosques del planeta, no se tiene hecho mucho al respecto. Sobre todo, en Europa parece que se interpreta que frenar la destrucción de los bosques es frenar
la destrucción de los bosques de la Amazonia, cuando realmente también existe el mismo problema en nuestro continente.
Nos parece muy importante asumir medidas de prevención, ya que cuando hablamos de la pérdida de superficie forestal no nos referimos a un fenómeno ya solucionado, sino a una cuestión que permanece y que mientras no se resuelva, evitando o,
cuando menos, aminorando los incendios, va a continuar incrementándose. Por lo tanto, como decía anteriormente, tenemos que contemplar el fenómeno de la devastación y de lo que puede ser y es ya la desertización de nuestros bosques como un problema
en proceso de continuidad que debemos inevitablemente atajar si no queremos que avance más.
Quizá la gravedad con que algunos desde Galicia vemos esta cuestión viene dada por la manera en que vivimos los incendios forestales, concretamente por el dramatismo y la cercanía de quien vive un problema y que siente la impotencia de parar
un fenómeno que, lejos de ser motivado por causas climatológicas, en su mayoría está causado por la mano de delincuentes desaprensivos. En Galicia son más de 50.000 hectáreas quemadas en lo que va de año -33.000 hectáreas en agosto, se acaba de
decir aquí, también son los datos de los que nosotros disponemos- y en ese mismo periodo en la Unión Europea se quemaron aproximadamente 140.000 hectáreas -134.000 en el sur-. Después de Portugal, la zona realmente más afectada fue Galicia. No es
la primera vez que hay incendios forestales en Galicia, es un problema de todos los años y no sé si decir de toda la vida. ¿Qué pasa? Que hasta hace algunos años parecía que no existía la gravedad que hoy estamos viendo porque no se estaba dando
información. Concretamente este año se ha dado información veraz de la situación real, de tal manera que la sociedad adquirió conciencia de la gravedad del problema, problema que es necesario resolver debido a que el 98 por ciento de los incendios
forestales son provocados, según estudios de algunos; sin referirnos a estudios de algunos, que pueden estar interesados en algo, podemos afirmar que es el 80 por ciento de los incendios forestales, tal como afirma la propia Adena por el estudio
exhaustivo que tiene.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Remato, señor presidente.
No nos cabe duda de que para atajar el problema de los incendios forestales se necesitan también cambios en el Código Penal. Quien delinque no solo comete un delito medioambiental: no solo se produce la disminución de la superficie
forestal, no solo se incrementa la desertización, no solo son los daños económicos, sino que también se comete un delito contra la vida humana, y hay que sumarlos año tras año y no solamente cuando nos interesa por una cuestión propagandística.
Pero hoy no es ese el problema y la propuesta es de otro tipo -la acaba de exponer la diputada portavoz del Grupo Socialista-. Nosotros, que pensamos que la Administración que tiene que afrontar el problema...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Remato definitivamente, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Es que ahora el tiempo está tasado.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... es la Administración autonómica, dada la gravedad y la magnitud de este problema, entendemos que debe haber una actuación
comunitaria. Por tanto, salvo esa matización que hacíamos en nuestra enmienda, entendemos que la propuesta es necesaria.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en nombre de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista porque compartimos perfectamente su intencionalidad en la forma y en el fondo, y si el grupo proponente aceptara cualquiera de las
enmiendas, pactadas o directas, de los Grupos Popular y Mixto (Bloque Nacionalista Galego), mi grupo también votará a favor, ya que, como digo, estamos muy de acuerdo con el fondo, la preocupación por esta cuestión de los incendios forestales, ya
que, dada la magnitud, la dimensión de los mismos en todos los órdenes, técnico, económico y sociológico, necesitamos estar amparados por un principio de solidaridad en la Unión Europea. La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista ha invocado
precisamente el artículo 43 de la todavía non nata Constitución europea, pero hay un antecedente político. Aunque Holanda y Francia dijeron que no, ese artículo 43 sí fue, digamos, votado favorablemente por España y Portugal cuando se sometió a
referéndum el Tratado Constitucional de la Unión Europea.
Nosotros queremos apoyar esta iniciativa de una manera muy clara y contundente en el sentido de que, creado este principio de solidaridad, ya se había discutido como cláusula que todos los países miembros de la Unión Europea, ante un caso de
catástrofe, bien de la naturaleza, bien por terrorismo, tenían que hacer toda la aportación de los medios. Quiero recordar que el propio texto del artículo 43 viene a decir que los Estados miembros aportarán todos los instrumentos a su alcance
-habla de todos-, incluso los militares; es decir, que los Estados miembros pondrán a disposición de esta nueva entidad de la cláusula de solidaridad, para atender el combate directo o subsidiario de las líneas, sobre todo en los incendios
forestales, los medios técnicos de aplicación para apagar el fuego en la masa boscosa y las consecuencias o secuelas de tipo medioambiental, estructural, o económico. Ahora bien, yo quiero pedir al grupo proponente la creación de ese fondo -porque
aquí estamos hablando de utilizar el fondo rápidamente-, porque no sé si están los instrumentos de depósito económico en el ámbito de la Unión Europea dado que está frustrado, digamos, el propio artículo 43 por ir dentro de una disposición general
que no ha sido ratificada por todos los Estados. Al invocar la urgencia o no urgencia, la demanda de un fondo que se entiende económico, de solidaridad, pedimos que esto se pueda impulsar lo antes posible. Y le quiero decir al grupo proponente y a
los grupos que han presentado enmiendas que no se olviden -y aquí, en la Cámara, todas las fuerzas políticas representadas mayoritariamente, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Popular, tenemos diputados canarios- de que la península
Ibérica es una parte de España y que no se olviden de que hay bosques en Baleares y sobre todo en Canarias. Están todavía calientes los rescoldos del tremendo incendio que acabamos de soportar en la isla de La Palma; la isla de la Gomera tiene un
antecedente verdaderamente preocupante por el número de muertos que se produjeron allí hace años, donde murió el propio gobernador civil, don Francisco Afonso, a quien yo recuerdo con afecto; la isla de Gran Canaria fue visitada este propio mes por
el presidente del Gobierno, señor Zapatero, para ver las consecuencias del incendio forestal que allí hubo. Por tanto, que estas ayudas no queden circunscritas, lo digo porque aquí se reitera, en relación con los incendios, la península Ibérica y,
también, los países de la cuenca mediterránea. Las Canarias están en el Atlántico y yo pediría que se entendiera que estamos hablando de todo el territorio nacional español. Nosotros somos una parte de España metidos en el Atlántico, con una
laurisilva extraordinaria, con un tipo de endemismo del pino canario extraordinario y que necesita también de estas apoyaturas.
Quiero contarles que en el último incendio de La Palma al principio ha tenido que estar operando una flota de helicópteros porque no tenemos allí disponibilidad de hidroaviones. Cuando han ido dos hidroaviones, uno facilitado por el
Ministerio de Medio Ambiente y otro facilitado por la Junta de Andalucía -quiero hacer desde aquí un reconocimiento de gratitud a ambos- han tenido que volar realizando escalas en Marruecos, en concreto en Casablanca y en Agadir, y por problemas
burocráticos con las autoridades marroquíes casi no llegan para poder actuar en los últimos cortafuegos hídricos del incendio forestal. En Canarias somos Unión Europea; en Canarias somos España; en Canarias somos un territorio que tiene la
vulnerabilidad de los incendios forestales. Este es el llamamiento que quiero hacer, porque aunque en principio todos así lo admitimos, debemos tener cuidado al redactar los textos para no circunscribirlos a un área geográfica de la península
Ibérica, porque los archipiélagos de Canarias y Baleares son parte de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, su tiempo ha concluido.
El señor MARDONES SEVILLA: Por tanto, votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente a una propuesta que, sin duda alguna, afecta a parte de lo que debe ser la política en materia de bosques, que supone la implicación de la Unión Europea en la gestión de los mismos,
permitiendo y consiguiendo que también haya una política por parte de la Unión Europea en lo que se refiere a la gestión de los bosques.
Nuestro grupo parlamentario quiere hacer hincapié precisamente en que la gestión en materia de bosques debe ir más allá de estas políticas de la Unión Europea. Así lo decíamos, reiterábamos y explicábamos de forma extensa en el real decreto
y en su discusión, que tuvo lugar en un Pleno en el Senado, y en el que nuestro grupo planteó unas propuestas. Sabemos que va a haber un recrudecimiento del clima en las próximas décadas, precisamente como consecuencia del cambio climático, y está
claro que en la Europa septentrional muchos van a ser los esfuerzos que se van a tener que realizar. Entendemos también que esta es una propuesta parcial, ya que precisamente en materia de gestión de bosques es necesario que se redefina toda la
política de la Unión Europea. La Unión Europea -la señora Rodríguez lo ha mencionado- ha hecho dejación de la política de bosques como una de sus prioridades. Además, los bosques no forman parte ni están integrados en la política PAC. Hoy más que
nunca es necesario, sin lugar a dudas, afrontar esa reforma global, que supone también una reforma de la Red Natura 2000 y, a nuestro entender, una reforma de la PAC, consiguiendo que las políticas que se implementen sean políticas a favor de una
agricultura menos intensiva, que no favorezca tanto las estructuras latifundistas y que, en definitiva, permita la ocupación del territorio. Pese a ello, entendemos que es fundamental la gestión del bosque y la recuperación de la función económica
del bosque. En ese sentido irán nuestras propuestas, nuestros esfuerzos y también nuestras propuestas en materia presupuestaria.
Por último, quiero añadir que no hemos presentado propuestas de enmiendas porque entendíamos que esta proposición era muy parcial, muy concreta y muy específica. Atendiendo a la concreción de la propuesta, entendemos que ésta es positiva
aunque, como se lo hemos trasladado a la portavoz socialista, es una propuesta que se queda corta -sabemos que hay otras muchas medidas- y lo que esperamos es que el Gobierno intente implementar estas medidas pero, sobre todo, esperamos
-consideramos que es lo fundamental- que la Unión Europea se implique y que en materia presupuestaria, tanto en la Ley de Montes como en toda la legislación que ahora tenemos que implementar, haya una reorientación en la gestión del bosque. Hay que
recordar que la mejor gestión del bosque, el mejor servicio contra incendios se produce en invierno y no en verano. Por ese motivo, tanto en este mes de septiembre como en los próximos meses, debemos implementar esfuerzos. Por tanto, lo que va a
hacer nuestro grupo parlamentario es aprobar la proposición y, sobre todo, continuar con un firme compromiso para que en este país, conociendo las características climáticas, de una vez por todas se implementen las medidas en la gestión del bosque,
consiguiendo por fin que se recupere la función económica del bosque, función que se ha perdido en los últimos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco. Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Mientras se ecualiza el sonido voy a intervenir, con su permiso, desde el escaño para manifestar nuestra adhesión sin reservas a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Nos parece muy pertinente pero sin embargo sí que
nos genera algún tipo de reserva conceptual; la primera sería la relativa a la apelación a derecho non nato, derecho no vigente o propuesta de resolución no vigente, tanto la relativa al proceso de revisión de los objetivos de desarrollo para 2015
-Milenio más cinco- de la Unión Europea como al todavía borrador -enfatizo la expresión- de resolución de su 60 Asamblea, como la apelación a los artículos 43 y 329 de la Constitución europea, constitución sobre cuyo estadio precario en su iter
legislativo no es menester hacer particulares pormenorizaciones. No hay que ser particularmente pesimista para saber que el futuro de esta constitución es difuso cuando menos, por usar una expresión amable. Desde esa perspectiva sí que nos parece
pertinente el contenido material de la proposición no de ley. El derecho no es derecho vigente, como ha sido indicado por alguna portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, pero sin embargo conceptualmente sí que se puede hacer una
apelación de solidaridad entre países que no sufren esta patología ecológica de gran dimensión que afecta a los países sobre todo de la cuenca mediterránea, particularmente a la península Ibérica ya que de las 140.000 hectáreas quemadas la península
Ibérica capta nada menos que el 75 por ciento y 16 muertos en los últimos meses. Una situación que debe ser objeto de corrección mediante mecanismos de solidaridad que, sin estar previsto en el derecho europeo ni internacional todavía, puede ser
objeto de utilización como elemento de legitimación para reclamar a través de los procedimientos que se consideren oportunos las ayudas y la solidaridad en lo que puede ser una estructura institucional compartida entre todos el día de mañana; esto
es en este momento particularmente pertinente.
Una última reserva, señor presidente, que es la relativa al respeto a los títulos competenciales de las comunidades autónomas y a ciertas cuestiones que quizá no han sido perfiladas con suficiente finura en la literatura de la proposición no
de ley. La primera es que si se apela al fondo de solidaridad previsto en los artículos 43 y 329 de la non nata Constitución europea hay que hacerlo con respeto a las competencias autonómicas y eso se debería enfatizar de forma suficientemente
clara en la proposición no de ley indicando, como dice la enmienda que va a presentar Esquerra Republicana, que la distribución final de este fondo especial será responsabilidad de las comunidades autónomas con competencias en la materia. Aquí nos
encontramos con una patología que no es arbitraria, que no es fruto de un accidente sino que es fruto de una desidia gubernamental y de una desidia de los operadores económicos en el ámbito del mundo forestal y del mundo agrícola que dura muchos
años, desgraciadamente, señor presidente. La desertización del campo no es ajena a esta patología; la desaparición de los forestalistas no es ajena
a esta patología; incluso la desaparición de ciertas explotaciones ganaderas y los elementos de corrección que incorporan a nuestros bosques no es ajena a esta patología. La explotación privada e incluso la explotación comunal, en muchos
casos, de nuestros bosques ha posibilitado una estructura en donde no es tan fácil la propagación de estos incendios pavorosos que hemos venido a sufrir. Tenemos que buscar elementos de incentivación para repoblar de nuevo nuestros pueblos y sobre
todo los pueblos que tienen como fundamento de su economía la explotación forestal. En segundo lugar, las reposiciones de las superficies forestales quemadas se han hecho siempre con especies no adecuadas, con especies de monocultivo, coníferas
fundamentalmente, que son particularmente proclives a la extensión de los incendios forestales y esas son perversiones sobre las que debemos reflexionar.
Hay muchas cuestiones -todas no se perfilan, aunque hay algunas que lo hacen de forma adecuada-, pero es una forma de avanzar; nosotros consideramos que la proposición que nos presenta el Grupo Socialista es pertinente y oportuna. Hay
muchas cosas más por hacer que no están articuladas en esta proposición no de ley ni siquiera en las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Desde esta perspectiva, este es un problema con el que vamos a seguir conviviendo,
desgraciadamente, muchos años, si no se toman medidas de corrección pertinentes y adecuadas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Esquerra Republicana, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el fuego ha azotado muchas zonas de la península Ibérica y también de otras zonas de Europa y es evidente que el Gobierno tiene que dar una respuesta rápida a las personas afectadas, a las que expresamos nuestra más profunda
solidaridad. Pero una respuesta rápida no significa que no deban sopesarse adecuadamente los objetivos y las consecuencias de estas ayudas urgentes.
En esta proposición advertimos una cierta dislexia. Por una parte, en la exposición de motivos se pide un nuevo enfoque más integral en la lucha contra incendios y sin embargo, tal como está redactada la propuesta, puede generar un
incentivo a los incendios forestales, porque, dado el bajo rendimiento de los bosques, puede resultar más rentable quemar el bosque, vender la madera y luego recibir ayudas. Por otro lado, cuando se habla de gestión sostenible, se refiere a un
ambiguo: impulsar medidas de cooperación reforzada. La teoría nos dice que las franjas de protección o los sistemas de vigilancia son en realidad medidas de pre-extinción, la verdadera prevención es la gestión sostenible del bosque, de la que no
se hace ninguna mención en la parte expositiva, por lo que no nos queda claro si se considera la gestión sostenible como un método de prevención.
En la actualidad el bosque ya no es una fuente de riqueza y deberíamos reconsiderar que si el bosque
se considerase como una fuente de energía podríamos revalorizar su gestión. En este caso insistimos en la consideración de la masa forestal como biomasa. Nuestro grupo ha insistido en establecer una prima para la biomasa para de una vez incentivar
la obtención de energías renovables de la masa forestal y esta es la verdadera prevención.
Deberíamos considerar también que si la Unión Europea subvenciona a los agricultores con el único fin de mantenerlos en el terreno, también deberían establecerse, como ya ha mencionado el portavoz de Izquierda Unida, subvenciones parecidas a
la PAC para las personas que gestionan el bosque. Nos consta que el nuevo reglamento europeo relativo a las ayudas de desarrollo rural, a través del Feader, Fondo europeo agrícola de desarrollo rural, para el nuevo periodo de financiación 2007-2013
ya prevé un apartado específico de ayudas a la recuperación de potencial de producción forestal e implantación de medidas preventivas. En el mismo reglamento consta que estas ayudas se concederán a zonas dañadas por incendio o clasificadas por los
Estados como de riesgo de incendio forestal alto o medio. Dado que el Feader se hará efectivo a través de los programas de desarrollo rural y estos programas están desarrollados por las comunidades autónomas con competencia, creemos que el destino
del fondo que se plantea en la proposición no de ley debe ser congruente con las políticas de desarrollo de las administraciones competentes, en este caso, las comunidades autónomas.
La proposición no de ley plantea la creación de un fondo de ayuda para la prevención y la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales, pero no concreta cómo materializar esta ayuda más que en términos tan genéricos como la
promoción y gestión sostenible de todo tipo de bosques o la protección de la biodiversidad. Es más, se desconoce si se propone que sea una aportación puntual o sistemática de este fondo, cómo se repartirá entre los países afectados o incluso entre
las comunidades autónomas con competencias exclusivas en montes, aprovechamientos y servicios forestales, como es el caso de Cataluña. En cualquier caso, este fondo de ayuda no debe estar asociado exclusivamente a propiedades afectadas por el fuego
para que en ningún caso haya incentivos que excluyan las zonas potenciales de riesgo en las que todavía se puede intervenir positivamente. En ese sentido, creemos que una dimensión adecuada de zonas afectadas debe ser la comunidad autónoma, para
que, en el ámbito de sus competencias, distribuya la parte proporcional de los supuestos fondos de la forma que considere más adecuada.
En este orden de cosas, nos preocupa también lo que expone el punto 6 del artículo 71 del nuevo reglamento sobre desarrollo rural. Durante su periodo de subvencionalidad, las operaciones financiadas por el Feader no podrán beneficiarse de
la contribución de cualquier otro instrumento financiero comunitario. Los gastos cofinanciados por el fondo no se beneficiarán de la cofinanciación de otro instrumento financiero comunitario. En ese sentido, hay que conseguir que los fondos que la
proposición
solicita puedan complementar la línea estable de ayudas.
Para hacer esta proposición no de ley más coherente con el objetivo de mantener el bosque, la gestión sostenible del bosque y la prevención -como hemos dicho, la prevención es la gestión del bosque-, hemos presentado unas enmiendas in voce
-no hemos tenido tiempo de presentarlas antes- en las que en el punto 2 añadimos, después del fondo de especial ayuda: para el aprovechamiento sostenible de los bosques como fuente renovable de energía, la prevención de incendios forestales y la
recuperación de las zonas afectadas por éstos, en el que participen aquellos países que se vean afectados por dichas catástrofes. Y hemos presentado dos enmiendas más en el sentido de perfilar la característica de estos fondos y cómo deben
distribuirse. El diseño de las actuaciones y la distribución final de este fondo especial de ayuda será responsabilidad de las comunidades autónomas con competencias en la materia. Y el punto 4 dice que las actuaciones beneficiadas por el fondo
especial de ayuda deberán ser compatibles con las ayudas para operaciones de autorización sostenible de las tierras forestales previstas en la nueva política de ayuda comunitaria a desarrollo rural. Feader 2007-2013.
El señor PRESIDENTE: Señora Bonás, concluya.
La señora BONÁS PAHISA: Concluyo.
Apoyamos la iniciativa. Nuestras enmiendas son positivas y queremos que se reflexione sobre los objetivos de estos fondos y lo que no debería pasar con el fondo. Tenemos la experiencia en Cataluña de que, cuando las zonas quemadas han
pedido ayudas, los propietarios han afirmado que han ganado dinero con dichas ayudas y esto es lo que debemos evitar. Los fondos deben ir destinados a que realmente haya una prevención y la prevención es la gestión, pero no solo la gestión de lo
quemado, sino de los que se podrían quemar. Por tanto, sobre las diversas actuaciones que ya existen en las comunidades autónomas, este fondo debe ir destinado a seguir...
El señor PRESIDENTE: Debe concluir, el tiempo está tasado. Gracias.
Finalmente, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para explicar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ante la iniciativa del Grupo Socialista de creación de un fondo específico europeo en materia de incendios forestales. Sería reiterativo insistir en
cifras, porcentajes y estadísticas sobre la importancia que representan las superficies quemadas en España, en la península Ibérica y en la Europa mediterránea en relación con el total de las superficies del continente. La abrumadora concentración
de fuegos forestales en esta área se deduce indiscutiblemente de la exposición de motivos de la proposición. Sin duda, la latitud de esos territorios, la desertización progresiva, la afectación mayor por el cambio climático, la rentabilidad
comprometida de las explotaciones forestales singulares, las conductas sociológicas en estas zonas con tendencia a mayores concentraciones urbanas y otros factores más la sequía en largos períodos cíclicos, que actualmente asolan el sur de Europa,
hacen prever que los incendios forestales y sus perniciosos efectos sobre la sostenibilidad del medio ambiente se sigan produciendo lamentablemente también en el futuro a pesar de los esfuerzos de todos.
Por otro lado, en el proceso de integración europea en el que estamos inmersos y comprometidos, más allá de los avances políticos e institucionales a veces inciertos, ese proceso debe contemplar necesariamente una visión de conjunto del
territorio de Europa, donde puede fácilmente diferenciarse una Europa húmeda, con muchas precipitaciones de agua o nieve, con temperaturas menores, con una foresta estable, con una climatología específica con pocas horas de insolación, frente -y
también es Europa- a una Europa seca, con menos lluvias, mayor evaporación, temperaturas más elevadas y por tanto con una foresta más frágil, más propicia al riesgo de incendio, a su desaparición y al consiguiente avance de la desertización con sus
inevitables efectos negativos en la biodiversidad, entre otros. Europa en su conjunto, a través de sus instituciones, debe ser consciente de esa doble circunstancia, siendo tan necesitada y digna de protección cada una de esas dos europas. En este
caso y en esta cuestión de los incendios forestales, la Europa del norte debe ser solidaria con la Europa del sur.
Más allá de la lógica y la justicia, la implementación de ese principio de solidaridad está perfectamente recogido como cláusula en
el artículo 43 de la Constitución europea.
Por todo ello, nuestro grupo ve acertada la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para la creación de un fondo europeo especial de ayuda para la prevención y la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales con la
participación de los países afectados, entendiendo que en el caso de España, cuando se habla de países se comprende que las comunidades autónomas tendrán un protagonismo importante en esa materia sobre la que tienen asumida básicamente las
competencias, como todos sabemos. En consecuencia vamos a votar favorablemente la iniciativa para la creación del fondo especial, independientemente de suponer que el Gobierno hará las gestiones necesarias para reclamar la aplicación -si fuera el
caso- de recursos del ya existente Fondo de Solidaridad de que dispone la Unión Europea con carácter genérico y para casos de catástrofes graves.
Señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
En relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular no podemos aceptarla, porque no tiene nada que ver realmente con la proposición que nosotros presentamos. En relación con lo que se ha planteado
por otros grupos de la invocación de la cláusula de solidaridad, es la invocación de un principio político. Simplemente me gustaría matizar que ya con motivo del terrible atentado del 11 de marzo y sin estar aprobada la constitución por la
Conferencia Intergubernamental, el Consejo hizo invocación de este principio político.
El señor PRESIDENTE: Comprendo lo que quiere decir, pero diga si acepta o no las enmiendas.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: En relación con la enmienda de Esquerra Republicana, en aras de que pudieran votar esta proposición no de ley aceptamos la primera parte de la enmienda que cita, que es incluir en el párrafo segundo: el
aprovechamiento sostenible de los bosques como fuente renovable de energía. Indudablemente este es el espíritu de esta proposición no de ley para que no solo se actúe en la extinción, sino en la política de prevención. Los otros dos apartados son
interesantes, pero en este momento, dentro del principio general no podemos aceptarlos.
Tampoco podemos aceptar la enmienda del Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Por el buen orden, ya que son enmiendas in voce, les ruego se las entreguen al letrado para que quede claro posteriormente lo que vamos a votar.
Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PALIAR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA GRAVE SEQUÍA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000360.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden del día con el debate de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con las medidas a adoptar para paliar los daños provocados por la grave sequía en
España.
Para la defensa de esta proposición interviene, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pintado.
Ya saben que este es un debate tasado, por tanto, tienen siete minutos, cinco minutos.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
¿Sequía extrema? Es una pregunta que se hacen muchos analistas ahora mismo a la hora de valorar la situación actual por la que atraviesa nuestro país. Quizá sea este uno de los motivos por los que el Gobierno y el Partido Socialista estén
esperando a que expire ese plazo para tomar una serie de decisiones que hagan realidad el hecho de la lucha contra este fenómeno que padecemos actualmente en nuestro país. Ustedes han conseguido que los regadíos se quedaran sin agua y el Gobierno
se ha quedado sin ideas; trasladan la responsabilidad a los usuarios; han tirado por la borda el concepto de política hidráulica imperante durante los últimos 75 años en nuestro país; han cambiado el principio de la demanda por la oferta con los
resultados que ya conocemos y si no hay agua ¡qué le vamos a hacer! y, por último, su ánimo de cambiar todo lo que hizo el Partido Popular les ha llevado a cogerles desprovistos y a no tener alternativas para dar solución a los ciudadanos.
Hemos presentado, durante estos últimos meses, varias iniciativas en distintos foros, Parlamento Europeo, Congreso, Senado, parlamentos regionales, y la respuesta ha sido campañas publicitarias, obras de emergencia por valor de 390 millones
de euros, que publicitan ustedes -y el Partido Popular quiere conocer con detalle dónde están, en qué fase de ejecución y a qué se ha destinado ese dinero, si es que realmente está invertido-; paralización de las obras de los anexos del Plan
Hidrológico Nacional y varias amenazas, incluso hoy en la enmienda que presentan a esta proposición no de ley, de incrementar el precio del agua. Bien es cierto que la propia ministra reconocía estos días, en unas declaraciones en un periódico de
ámbito regional, que quizás habrá que hacer más cosas y que tendrán que incorporar nuevas medidas. En las cuencas -también en la del Ebro- dice que hay que mantener la cabeza fría y no adoptar decisiones apresuradas por la sequía. Señora ministra,
la situación de la sequía nos parece que no es cuestión de tomar decisiones apresuradas, pero sí de adoptar decisiones que solucionen el problema. No son capaces de solucionar los problemas de agua en Murcia, ni tampoco en Aragón. Del Agua para
todos hemos pasado al negocio del agua embotellada para algunos. Sin planificación, sin voluntad política. Y sin financiación no es de extrañar que estén paralizadas las obras y que estemos en esta situación.
Tres asuntos plantea el Grupo Popular en esta iniciativa. El primero, en relación con la solicitud del Fondo de Solidaridad para los daños que afectan a la sequía, fondo del que ya se ha hablado en la anterior intervención respecto a los
incendios. El Partido Socialista huye como gato escaldado de cuanto se refiere a presentar documentación y solicitudes en Bruselas. A juicio del Grupo Popular, creemos que se cumplen las condiciones para establecer este Fondo de Solidaridad, con
ese 0,6 por ciento de afección al producto interior bruto a los 3.000 millones de euros de pérdidas por la sequía. Pedimos al Grupo Socialista que anime al Gobierno para que definitivamente se decida a solicitar estas ayudas tan necesarias para el
sector agrario y para otros sectores dependientes del agua.
Otro aspecto serían las inversiones de los anexos del Plan Hidrológico Nacional. Hemos de decir que por la boca muere el pez. En la enmienda que nos han presentado solo y exclusivamente hablan de los anexos 3 y 4, casualmente aquellos que
aprobaron con la modificación del Plan Hidrológico Nacional. Es difícil hacer entender a los usuarios unas obras de emergencia sacadas al alimón, para dar un tinte distinto al proyecto del Plan Hidrológico Nacional, presentado y aprobado en esta
Cámara por el Grupo Popular. Por otra parte está la solicitud para afrontar este año terrible, desde el punto de vista del sector agrario, de medidas de política agraria comunitaria, tal como están
haciendo otros países de la Unión Europea. Y me refiero en concreto a nuestro vecino país Francia, que, sin padecer una sequía como la que sufre España, ya ha cursado distintas solicitudes en relación con temas de fiscalidad y de
carburantes. Han intentado desviar la atención del problema real. Anuncian restricciones, anulación de agua y dicen a bombo y platillo que se comprometen a solucionar el problema de los abastecimientos a poblaciones. Desde el Partido Popular
decimos: ¡Faltaría más! Ustedes saben que el abastecimiento a poblaciones supone el 10 por ciento del consumo total que tiene nuestro país. Si no son capaces de solucionar más allá del 10 por ciento, aviados estamos en relación con la solución de
este problema.
El director general del Agua decía hace poco textualmente que las infraestructuras duras, como los embalses, son caminos que se deben empezar a recorrer. Yo le contesto al señor Palop, y de paso al Grupo Socialista y al Gobierno de la
nación, que tras 18 meses nos parece que se han dado cuenta de la deriva que ha tomado el Gobierno del Partido Socialista, con el apoyo de los grupos que le amparan en este Cámara.
Esta frase quiere reconocer el grave error cometido, en cuanto a la
paralización de los embalses, que son la garantía necesaria e imprescindible para que nuestro país pueda seguir disfrutando del agua.
Esto lo uno a la propuesta última de nuestra proposición no de ley en relación con el precio del agua, precio del agua del que en muchos casos podemos hacer, y se ha hecho, demagogia en relación con lo que significa.
El Partido Socialista
plantea el problema del agua solo y exclusivamente como una política de restricción y de ahorro. Nosotros les animamos a que sigan -de hecho están siguiendo a través del Plan Nacional de Regadíos- con todas las políticas de modernización, que es el
verdadero caballo de batalla para ahorrar agua y para animar a los agricultores a que hagan un uso más racional de la misma. Les pedimos por favor que abandonen la idea de subir el precio del agua y que continúen con esa política de modernización.
Con las actuales condiciones por las que está pasando el sector agrario y algunos de los sectores más pujantes de nuestra economía, el aumento del agua supondría un perjuicio grave y sería una hipoteca muy grave para el futuro de nuestro sector.
Pueden aparecer, y de hecho estamos en esa fase con relación a lo que supone la actual situación del sector agrario, el abandono de la actividad agraria por parte de profesionales y la prácticamente nula admisión de nuevos miembros dentro del sector
agrario.
Solicitamos a la Cámara la aprobación de esta proposición no de ley, una proposición no de ley que va en positivo, una proposición no de ley que busca el verdadero consenso de esta Cámara, para que, si seguimos con un periodo de sequía tan
grave como el de los últimos meses, estemos preparados tanto desde el Parlamento como desde el Gobierno y contando con las instituciones europeas para hacer frente a este problema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pintado.
Tiene la palabra, para la defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley por el Grupo Socialista, el señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Muchas gracias, señor presidente.
Con la intervención del señor Pintado, ya sí que tengo claro que la proposición no de ley no es para solucionar el problema de la sequía, sino para solucionar la necesidad que tiene el Grupo Popular de echar la culpa al Gobierno
absolutamente de todo. Que le quede claro: que no llueva, no es culpa del Gobierno; ni siquiera es culpa de una sola persona, de un grupo o de toda la sociedad. Que esta falta de lluvias esté creando los problemas que está creando sí es culpa de
alguien; es culpa de aquel gobernante que, sabiendo que la sequía es algo que cíclicamente ocurre y que por tanto es esperable, no adoptó las medidas necesarias para evitar sus consecuencias cuando ésta llegara. Eso es lo que hizo el Partido
Popular. El Gobierno del Partido Popular ignoró el artículo 27 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, por el que se establecía la obligación de desarrollar por cada confederación hidrográfica los correspondientes planes especiales de actuación.
No los hizo y los tiene que hacer el actual Gobierno, que a la vez ha tenido que poner en marcha los protocolos de actuación urgentes, para suplir a corto plazo las herencias heredadas.
Siento que al señor Pintado y al Grupo Popular no les guste, pero es verdad que hemos tenido que hacer más de 54 obras de emergencia ya declaradas, porque ustedes no las hicieron, y hemos tenido que adoptar medidas de gestión. Eso sin
contar lo que han sido las obras de tramitación urgente, obras de emergencia que han permitido solucionar problemas de abastecimiento. Sí señor. Aunque solo fuese el diez por ciento, en el año 2003 Murcia tenía ese problema y el Gobierno era otro.
Y así hemos evitado repetir situaciones como la que le acabo de mencionar. También obras de emergencia que han permitido evitar la pérdida de agua en las conducciones. Y obras de emergencia que, aunque a usted no le guste, han permitido poner en
marcha desaladoras que garanticen el suministro del agua. Hemos tenido que hacer lo que ustedes no hicieron. Además hemos tenido también que recuperar infraestructuras que su Gobierno perdió; hemos tenido que adoptar acciones de tipo económico,
exenciones fiscales, políticas de seguro, planes de regadío, pagos de indemnizaciones, créditos bonificados y medidas en la Seguridad Social. Por otro lado, la Ley 11/2005 añade nuevas actuaciones de interés general en el anexo 3, aunque parece que
a usted no le gusta, así como actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterráneas, en el anexo 4. ¿Para qué? Para el uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos.
El actual Gobierno, además de afrontar las medidas urgentes contra la sequía, ha tenido que realizar todo aquello que a ustedes no les dio la gana de hacer en ocho años. Y es que, señores del Grupo Popular, la gestión de la sequía se debe
basar en principios de progresividad, de cautela y de proporcionalidad en las actuaciones, pero sobre
todo la política del agua debe ser una prioridad para el Gobierno, y para este Gobierno sí que lo es. Al igual que esto pone de manifiesto el comportamiento de un Gobierno o de otro, la proposición no de ley que ustedes presentan pone de
manifiesto el poco interés que el Partido Popular tiene por solucionar el problema, ya que en su apartado primero solicitan que la Comisión Europea active el Fondo de Solidaridad, generando una polémica estéril que nace de la ignorancia del
contenido del reglamento o de su demagogia, ya que saben, o al menos deberían saber, que dicho fondo establece que el destino de las subvenciones es facilitar la realización de operaciones de primera necesidad y restablecer el funcionamiento de las
infraestructuras o del equipamiento en grandes catástrofes -por ejemplo, en 2003 no solo se dio a Alemania, también se dio a España, con el problema del Prestige-. La sequía provoca pérdidas de ingresos que afectan a la economía de los agricultores
y de los ganaderos, pero no provoca daños en infraestructuras ni requiere medidas de limpieza o de protección inmediata, que es para lo que está establecido el fondo, aunque ustedes no se enteren; no se creó para indemnizar por las pérdidas de
carácter privado, incluido el sector agrario.
Aun en el hipotético caso de que nos concediesen el fondo para ese motivo, que no es así, nunca supondría una ayuda directa a los agricultores y a los ganaderos, sino que sería para compensar algunos gastos de las administraciones públicas,
ya que del fondo solo se puede sufragar la ayuda de emergencias específicas prestadas por las autoridades públicas.
Entérense de una vez. Es necesario decir las cosas claras. No sigan creando unas expectativas falsas entre los agricultores y los
ganaderos.
Por eso en nuestra enmienda proponemos lo que proponemos. Incluso así es necesario señalar que, en el marco de los distintos comités de la gestión de la Unión Europea, se ha conseguido que la Comisión establezca anticipos para las
ayudas ganaderas y para los cultivos.
En su apartado tercero, ponen de manifiesto otra vez la incongruencia, la demagogia y la falta de voluntad para resolver el problema, ya que piden nada menos que, en un momento de escasez de agua, esta no se pague a su coste. Nosotros lo
enmendamos, entre otras razones porque una de nuestras obligaciones es contribuir a una progresiva y adecuada tarificación para el uso del agua, que, entre otras cosas, va a permitir evitar los despilfarros y ayudar a una utilización eficiente y
útil de un bien cada día más escaso.
El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor diputado.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Termino, señor presidente.
Presentamos esta enmienda de sustitución para tratar de implantar el sentido común y la lógica en las actuaciones contra la sequía, en un tema tan esencial como el que estamos tratando y en el que algunos, como ustedes, están empeñados en
anteponer la demagogia y los intereses de su partido a los intereses de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Quiero aprovechar este debate para fijar nuestra posición y manifestar que la orientación de nuestro voto va a ser la abstención, por una cuestión simple. Si entendemos que se están solicitando unas medidas de la Unión Europea para ayudar a
solucionar los problemas que la sequía está provocando en el sector agrario de todo el Estado español, nos puede parecer una iniciativa importante. Si nos atenemos a los otros dos puntos, sobre todo a la intervención del Grupo Popular en defensa de
esta proposición no de ley, entendemos que lo que se pretende es continuar la polémica sobre la cuestión del agua sin entrar en una iniciativa constructiva, como expresaba el señor diputado. Tengo que manifestar mi posición, porque la Comunidad
Autónoma gallega se ha quedado sin las ayudas para la sequía y para paliar las graves pérdidas del sector agrario porque el Gobierno de la Xunta de Galicia, hasta hace un par de meses en manos del Partido Popular, no evaluó las consecuencias y las
pérdidas que provocó esa situación generada por la climatología y por tanto no las presentó al Gobierno central, por lo que Galicia no ha podido percibir de momento esas ayudas. Esperemos que el Gobierno central sea consciente de este tipo de
negligencias y esta cuestión se pueda subsanar con la evaluación, que está hecha, independientemente de que fuera avalada o no por la anterior Xunta de Galicia.
Nuestra posición es de abstención, porque no vemos que haya voluntad positiva en esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por Izquierda Unida, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el comienzo de mi intervención quiero decir al grupo proponente que nos separa una idea de carácter general en esta materia que conocemos todos perfectamente. Nosotros no creemos que el Partido Popular a través de esta proposición no
de ley plantee una medida o una serie de medidas frente a la sequía, sino que nos parece una política de fondo, que es la de Partido Popular y que es una política que no compartimos.
Nosotros tenemos un criterio claro: que el agua no es un bien mercantil.
Somos partidarios de políticas de gestión de la demanda más que de políticas de oferta. No creemos que los trasvases y los pantanos sean la solución y como un
ejemplo concreto les diré que, si tuviéramos que ver algo con el Gobierno de la comunidad de la que yo provengo, que es la Comunidad de Madrid concretamente, no planificaríamos 19 campos de golf y no lo haríamos nunca en plena sequía. Nosotros
creemos en la posibilidad de las políticas de ahorro, de gestión de la demanda, de tarifas que favorezcan la conservación, la
calidad y el suministro de un bien desgraciadamente escaso. Esto es lo que llamamos una nueva cultura del agua, para conservar los recursos hídricos, para conservar los ríos, conservar los humedales y los ecosistemas asociados a esos
recursos. Para ello también defendemos un sistema de precios que haga que estos se incrementen de forma exponencial con el incremento del consumo; la posibilidad de repercutir el precio real de obtención del agua en las explotaciones agrícolas y
en los abastecimientos urbanos e industriales. También, con criterios de orden de preferencia, en el consumo destinado evidentemente, en primer lugar, al consumo humano, a los usos ambientales, a los regadíos y usos agrícolas, a la industria y a la
energía. Es decir, un consumo más eficiente, capaz de ahorrar de agua, que reduzca pérdidas en las redes de distribución y que sea capaz también de reutilizar agua a través de procesos de depuración. Nosotros hemos validado hasta ahora los
decretos del Gobierno para paliar los efectos de la sequía y lo hemos hecho siempre considerando el carácter inmediato y la necesidad perentoria de tales medidas. Pero desde luego no apoyaríamos políticas que apunten en sentido contrario a lo que
entendemos como esa nueva cultura del agua.
En repetidas ocasiones nuestro portavoz en estas cuestiones, mi compañero Joan Herrera, ha expuesto nuestra propuesta acerca de esa nueva cultura del agua y por tanto no les voy a cansar con su repetición. Esas son las razones de fondo que
hacen que no podamos apoyar esta propuesta del Grupo Popular. Tenemos evidentemente una mayor sintonía con la propuesta de enmienda que hace el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
Por Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Parece ser que el Partido Popular nos va a acostumbrar a utilizar la peor sequía que está padeciendo el Estado español en los últimos años para ir presentando iniciativas en esta Cámara y hacer partidismo. Si a eso sumamos que el Grupo
Popular está politizando totalmente el debate sobre el uso de un recurso natural limitado como es el agua, nos encontramos permanentemente en contradicciones y discursos demagógicos. Un buen ejemplo de esto que les estoy comentando, señoras y
señores diputados, es el punto 2 de la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Popular y que habla de agilizar todas las inversiones que supongan una mayor disponibilidad del recurso. ¿Debemos entender que esta mayor disponibilidad
supone quitar agua de una cuenca para llevarla a otra, o que le sobra agua a la Albufera de Valencia para llevarla a Alicante, o quizás que le sobra agua al Ebro para llevarla a Valencia? Pues no, señores. No le sobra agua al Ebro y menos para
llevarla a Valencia, porque, si ustedes conocen las últimas declaraciones que ha hecho la Unió de Llauradors del País Valencià, a la agricultura valenciana no le hace falta agua; quizás le falte agua a los campos de golf o a las urbanizaciones que
quería proyectar el Partido Popular en lo que ellos mal denominan Levante español.
Señoras y señores diputados del Grupo Popular, ¿cómo proponen entonces aumentar estas disponibilidades? Durante meses han banalizado en esta Cámara las actuaciones sobre desalación y reutilización de aguas, así como todas las propuestas de
otros grupos parlamentarios relacionadas con aquello que se ha venido en llamar una nueva política del agua. Y ahora resulta que entienden que hay que agilizar todas estas actuaciones y hay que aumentar la disponibilidad del agua. Como digo,
después de banalizar todas las actuaciones que se han presentado en esta Cámara, ahora ustedes quieren aumentar esta disponibilidad. Todos los expertos coinciden en que, si el Plan Hidrológico Nacional del PP estuviera vigente, la actual situación
de sequía tendría efectos mucho más devastadores que los que actualmente tiene, entre otras cosas porque en el Plan Hidrológico Nacional derogado no se proponía aumentar globalmente la disponibilidad de agua, sino simplemente trasvasarla de unas
cuencas supuestamente excedentarias a otras supuestamente deficitarias. El problema es que cuando ninguna cuenca tiene agua o presenta problemas no hay ni gota de agua para nadie, para ninguno de los territorios del Estado. De hecho, las medidas
que el Grupo Popular propone son las más perjudiciales que se pueden llevar a cabo frente a una situación de sequía. No interferir ni fiscal ni económicamente en los usos del agua e incrementar la dependencia entre cuencas solo nos puede llevar a
un resultado: al derroche por un lado y a conflictos sociales y ambientales por otro.
Como consecuencia de todo lo que les he expuesto y por la utilización política que está haciendo el Grupo Popular de esta materia, nuestro grupo parlamentario no puede hacer otra cosa que votar negativamente a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la propuesta del Grupo Popular, relativa a medidas a adoptar con relación a la sequía. Nuestro grupo considera que efectivamente es
necesario que el Gobierno reaccione contundentemente ante la actual situación de escasez hídrica, así como que lo haga en todos los frentes, arbitrando todas las medidas necesarias para paliar ese mal que afecta a toda la sociedad y de forma más
incisiva al sector agrario. Recurrir a la implementación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea nos parece una posibilidad que no hay que descartar, aunque no sabemos si la cuantía del fondo -1.000 millones de euros- será suficiente para
cubrir las eventualidades. En la proposición
no de ley anterior el Grupo Popular pedía que también se aplicara a los incendios, todo ello sin menoscabo de las actuaciones ordinarias en el ámbito europeo ligadas a la política agraria común, la PAC.
Tampoco vemos mal que el Congreso azuce al Gobierno en beneficio de todos para que este acelere al máximo la ejecución de todas aquellas obras del plan hidrológico que especialmente representen una rápida puesta a disposición del líquido
elemento en manos de los usuarios, sobre todo del sector agrario; aceleración necesaria ahora más que nunca debido precisamente a la sequía estructural de nuestro territorio, aunque con algunos episodios coyunturalmente favorables cada cinco o seis
años, que tal vez en la actualidad se desvirtúen por efecto del cambio climático.
Igualmente compartimos el espíritu del tercer apartado de la proposición -aunque no tanto en su redacción- ya que entendemos necesaria la estabilidad en el precio del
agua, buscando fórmulas alternativas tanto para hacer más eficiente su consumo como para la incorporación de los costes asociados a su puesta a disposición de los usuarios. Subir el precio del agua, aunque se diga con otros eufemismos,
representaría un incremento inasumible de los costes de producción agrarios y por tanto pérdida de competitividad de los mismos, lo cual pondría todavía en apuros más serios al sector.
Nuestro grupo va a votar afirmativamente esta iniciativa del Grupo Popular, pero al mismo tiempo quiere dejar constancia, ya en este momento en que se debate sobre la sequía en España, de nuestra voluntad de recuperar la argumentación y
defensa de una obra hidráulica de envergadura, bien cierto, pero estratégica y de futuro, como es el trasvase del Ródano. Quien haya viajado por Europa este verano seguramente no habrá oído ningún comentario sobre la sequía, la escasez del agua, la
reducción de las reservas hídricas. Más bien, a mediados de agosto, se habrá enterado de las inundaciones y exceso de agua en Austria, en El Tirol, en el Alto Adige. Sólo cuando uno cruza los Pirineos y sintoniza, por ejemplo, Cataluña Radio se
percata de la gran diferencia, la Europa seca, problemas de sequía, pantanos casi vacíos, restricciones para el riego, amenazas para las zonas urbanas. Como decíamos en la PNL anterior, existe una Europa húmeda, con excedentes hídricos en sus ríos
cuando desembocan en el mar, con reservas de agua en las nieves permanentes de los Alpes, por ejemplo, y una Europa seca -España es el caso más paradigmático, y tal vez Grecia-, con graves y crónicos problemas de suministro, incluso para el agua de
boca.
Sin ir demasiado lejos, hay un gran cauce excedentario, el del Ródano, que recoge las aguas de la Europa central lluviosa en el depósito inacabable del agua de las nieves alpinas, que podría paliar sin gran esfuerzo hídrico -menos de un 4
por ciento del agua que sale al mar- la necesidad de agua de una parte de la Península, del noroeste, como mínimo. Con las actuales tecnologías, el trasvase del Ródano a la Península, por la puerta de los Pirineos o por el suelo marino, es
perfectamente realizable y viable; más complejidad técnica requería el AVE y se va acercando.
Cataluña, mejor dicho, la conurbación de Barcelona, con más de cuatro millones de habitantes, y la agricultura catalana necesitan una garantía de agua
que los actuales cauces, el Llobregat, el Ter y el Ebro, por bien gestionados que estén y por racional y eficaz que sea el consumo del agua, no pueden ofrecer. Se está desechando agua al mar en el sur de Francia y Cataluña y España necesitan mayor
estabilidad de disposición de agua. La política del agua debe ser también una política europea y por tanto debe trascender y superar fronteras. En términos más locales, más próximos, el río Ter, en Girona, está sobreexplotado, este verano se ha
evidenciado más que nunca, y debe poder liberar caudales, que ahora van a Barcelona, para usos propios de la cuenca: agua de boca, riego, caudal ecológico, etcétera.
En consecuencia -y acabo-, anuncio que nuestro grupo, en esta misma fecha, ha presentado una proposición no de ley para iniciar de inmediato, con cargo a los presupuestos del Estado para el año 2006 y en cumplimiento de la disposición
adicional novena de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, los estudios sobre la posibilidad de incorporar al sistema hidrológico español el trasvase de los recursos hídricos procedentes de otras cuencas europeas, como es el caso del Ródano. Dichos
estudios deberán incluir la valoración de los costes económicos, los impactos medioambientales y los beneficios que se derivarían del incremento de los recursos hídricos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Corresponde al Grupo Parlamentario Popular el turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
Señor Pintado, adelante.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, gracias.
El Grupo Popular no puede aceptar que el Partido Socialista pretenda subir el precio del agua, por lo cual rechazamos la enmienda que nos ha presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Además, gracias por su precisión. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, hay una proposición no de ley que está suscrita por todos los grupos parlamentarios sobre la reforma de Naciones Unidas y además no ha recibido ninguna
enmienda, con lo cual entiendo que se podría votar por asentimiento. ¿Queda aprobada por asentimiento? (La señora Aburto Baselga pide la palabra.)
La señora ABURTO BASELGA: He presentado una enmienda in voce que ha sido, en mi opinión, aceptada por todos los grupos, pero me gustaría saberlo.
El señor PRESIDENTE: En Secretaría General no consta que haya ninguna enmienda, señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Lo siento, quizá sea por mi inexperiencia, pero pensaba que simplemente
enunciándola servía. Lo he comunicado en mi intervención. No sabía que había que presentarla también.
El señor PRESIDENTE: Sin duda lleva usted razón cuando dice que todos los grupos están de acuerdo, pero, en cualquier caso, para verificar si alguien se opone, por lo menos, siendo in voce, tenga la amabilidad de leer la enmienda para que
quede constancia. (El señor Martínez-Pujalte López: Que nos la mande en un mensaje.)
La señora ABURTO BASELGA: Se propone que en el párrafo tercero de la parte propositiva se sustituya aportar ideas por impulsar.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario se opone? (Pausa.) No. En consecuencia, se aprueba por asentimiento.
Segunda votación, de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre creación de un fondo de la Unión Europea para la prevención y recuperación de las superficies forestales afectadas por incendios en el sur
de Europa. Se ha presentado una enmienda transaccional de Esquerra. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Se opone el Grupo Popular. En consecuencia, se votará la proposición no de ley en sus términos iniciales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 185; en contra, 135; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (La señora Holgado Flores pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señora Holgado?
La señora HOLGADO FLORES: Señor presidente, tengo problemas en la votación esta tarde. Siempre que intento dar el sí en la votación no me sale.
El señor PRESIDENTE: El sistema está en rodaje, por lo que es probable que puedan producirse estas situaciones, pero aun así le señalo que hay que hacer primero la pulsación del voto de presencia.
La señora HOLGADO FLORES: Sí, lo he hecho.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, verificaremos que su voto ha pretendido ser positivo en lugar de abstención. Así constará en acta, y lo mismo si ha ocurrido en los casos del señor Leguina y de la señora Aburto.
Gracias.
Tercera votación, de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con las medidas a adoptar para paliar los daños provocados por la grave sequía en España, que se vota en sus términos.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 149; en contra, 174; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL CON RELACIÓN A LOS ACTOS DE REPRESIÓN COMETIDOS POR LAS FUERZAS DE ORDEN MARROQUÍ EN LA ZONA DEL SÁHARA OCCIDENTAL Y EN MARRUECOS CONTRA LA
POBLACIÓN SAHARAUI. (Número de expediente 173/000081.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las mociones.
Les ruego que si a lo largo de estos días los diputados o diputadas observaran que los pulsadores no responden al sentido de su voto, lo hagan saber no solo para que se refleje en acta sino también para que de esa manera se pueda resolver.
Muchas gracias.
Moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre la posición del Gobierno español en relación con los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos
contra la población saharaui. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa. El orador puede hacer uso de la palabra.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, discutimos esta tarde una moción consecuencia de una interpelación que hice al ministro de Asuntos Exteriores el pasado mes de julio en relación con los graves hechos producidos en
los territorios ocupados del Sáhara Occidental por las fuerzas del orden del Reino de Marruecos. A pesar de los meses transcurridos, la presentación y la discusión de esta moción hoy aquí tiene sentido porque, desgraciadamente, se mantiene la
actualidad de los hechos denunciados el pasado mes de julio ya que las autoridades del Reino de Marruecos, lejos de cesar en ella, mantienen esa estrategia represiva y, si cabe, se agrava por la huelga de hambre que mantienen decenas de presos en
las cárceles de los territorios ocupados y del resto del territorio de Marruecos; decenas de personas que como mecanismo de protesta utilizan este instrumento de la huelga de hambre que está lesionando gravemente la situación de salud de muchos de
ellos, por lo que quizá pronto, desgraciadamente, tendremos malas noticias de la evolución de esta medida de protesta de los presos políticos saharauis.
En los últimos meses las autoridades marroquíes han reiterado la negativa a aceptar visitas de
organizaciones no gubernamentales, de representantes políticos y sociales de distintos estamentos del Estado español, expresando una vez más el Gobierno del Reino de Marruecos una estrategia de intransigencia en relación con la solución del
conflicto del Sáhara Occidental. Quizá las únicas novedades en estos meses están referidas a que, por fortuna, Naciones Unidas ha nombrado, a través de su secretario general, un representante personal para este conflicto, así como al responsable de
la Minurso en el territorio del Sáhara ocupado. Pero el hecho más relevante y que expresa una vez más que solo una de las partes está dispuesta a ceder, a generar condiciones para el acuerdo, ha sido la medida unilateral tomada por el Frente
Polisario de liberar 450 presos de guerra que permanecían en los campamentos saharauis desde hace décadas. Insisto, se pone en evidencia que en estos años solo la parte saharaui ha intentado mecanismos de aproximación, intentos de acuerdo, medidas
unilaterales para facilitar el entendimiento. Después de esta iniciativa de los saharauis, parece razonable exigir la correspondencia del Gobierno de Marruecos, que debiera proceder a liberar a los más de 150 presos de guerra que permanecen en las
cárceles marroquíes y facilitar la investigación sobre los centenares de personas desaparecidas en estos años.
Por todo ello, tiene sentido, señorías, mantener la moción que hoy discutimos aquí, porque es preciso que esta institución, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, se posicione e inste al Gobierno de España a tomar cartas en el asunto
sobre los graves hechos acaecidos en los territorios ocupados, sobre la grave situación de la población saharaui y sobre la necesidad de actuar de manera nítida, clara y sin ningún tipo de confusión a favor de un proceso de paz que acabe con los
treinta años de marginación de este pueblo, a pesar de tener de su lado la legalidad internacional. Por eso nos parece importante que hoy podamos consensuar en esta Cámara un conjunto de medidas que insten al Gobierno de España a tomar iniciativas
sobre este conflicto y que son las siguientes. Condenar y rechazar la represión que Marruecos está ejerciendo sobre la población en los territorios ocupados. Exigir al Gobierno de Marruecos la libertad de los presos políticos, especialmente de dos
líderes de los derechos humanos de ese pueblo, Aminatou Haidar y el señor Tamek, que en estos momentos están encarcelados junto con casi 40 personas más. Solicitar la intervención de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Unión Africana para
que se restablezca la legalidad internacional y se respeten los derechos humanos en los territorios ocupados. Promover el acceso permanente de observadores internacionales, prensa y representantes de instituciones que posibiliten una visualización
neutral de los hechos y de las condiciones de vida en los territorios ocupados. En este mismo sentido, expresamos en esta moción nuestra condena y nuestro malestar por la expulsión reiterada por las autoridades marroquíes de representantes de
instituciones y organizaciones sociales del Estado español que han intentado, sin ninguna posibilidad, visitar los territorios ocupados, y habría que decir que ni siquiera el compromiso que se adquirió para que una Comisión de este Congreso de los
Diputados visitara los territorios ocupados se ha podido concretar, o al menos no tenemos noticias, lo que pone en evidencia una vez más la intransigencia del Gobierno de Marruecos. Asimismo, en esta resolución exigimos que se apoye activamente el
derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui a través de un referéndum libre. Expresamos nuestro apoyo incondicional a las resoluciones del Consejo de Seguridad y de manera especial a la 1495, establecida por unanimidad el pasado año 2003 y
que constituye el consenso internacional para sacar este conflicto del agujero en que se encuentra desde hace treinta años. Asimismo incorporamos en esta resolución la defensa activa de este conjunto de contenidos en los foros internacionales, en
la región y en las partes en conflicto para facilitar su solución.
Decía al principio que se habían producido un par de hechos positivos y que había que hacer constar. Hoy, después de una larga discusión con los grupos parlamentarios, hemos logrado, a través de una moción transaccional que entregaré a la
Mesa, un acuerdo que posibilita que esta Cámara saque adelante por unanimidad una resolución que inste al Gobierno de España a tomar cartas en el asunto en este importante conflicto. Estas cuestiones que incorporamos hacen referencia a ese hecho
relevante y unilateral que ha decidido el Polisario, y que es la liberación de 450 presos de guerra que estaban en las cárceles saharauis desde hace mucho tiempo y que necesariamente debiera tener, en coherencia, una respuesta de las mismas
características por parte de las autoridades marroquíes, liberando 150 presos de guerra que permanecen en las cárceles marroquíes y facilitando la investigación de más de 500 personas desaparecidas en estos años. También nos congratulamos por los
nombramientos realizados por Naciones Unidas en relación con el representante especial de la Minurso en la zona, así como por la designación del representante personal del secretario general. Instamos también al Gobierno de España a que continúe
promoviendo el diálogo entre las partes para tratar de facilitar la solución de este conflicto.
Señorías, hoy tenemos la posibilidad de enmendar la pasividad y la falta de decisión que han tenido las instituciones españolas en relación con este conflicto, lo que puede ser un rayo de esperanza para un pueblo que se merece todo nuestro
respeto y consideración. Tenemos una deuda histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui, y la resolución que hoy proponemos por consenso reconoce sus derechos y llama la atención a Marruecos de manera clara y contundente e insta a Naciones
Unidas a tomar cartas en el asunto respecto a la represión y al conflicto político de fondo, y no puede ser otra la solución más que la decisión libre y democrática del pueblo del Sáhara de ejercer el derecho a la autodeterminación.
Entrego la propuesta transaccional a la Mesa. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
La Mesa y la Presidencia suponen que si hay una enmienda transaccional que ha sido pactada por todos los
grupos podemos modificar el orden del debate. ¿Mantenemos el orden del mismo? (Pausa.) Mantenemos la defensa de cada una de las enmiendas. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Moragas, adelante.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy puede ser un gran día para el pueblo saharaui y también para el pueblo español. Para el pueblo saharaui, porque yo creo que por primera vez en los últimos tiempos va a escuchar una voz firme y clarificadora de lo que
representa esta Cámara, una voz de denuncia relativa a la represión que han sufrido en los territorios ocupados en los últimos tiempos. Esa es una buena noticia para el pueblo saharaui porque España es importante en su corazón y en la resolución
del conflicto que lleva ya demasiado tiempo afectando a la vida de ese pueblo tan querido por el pueblo español. Y es importante para el pueblo español porque, a mí entender, si fructifica este acuerdo -estoy convencido de que así va a ser- en la
moción que hoy debatimos, su sentir y su pensar mayoritario se va a ver fielmente reflejado en el texto de dicha moción.
En definitiva, podríamos decir que hemos consensuado todos los grupos un texto que satisface el reclamo y el grito del pueblo
saharaui, que está sufriendo, como todos ustedes saben, una represión inaceptable por parte de las fuerzas del orden marroquí en los territorios ocupados. Este esfuerzo de consenso tiene un gran valor político, y yo me siento satisfecho, en nombre
de mi grupo, porque en gran medida se ha conseguido sobre la base del texto de enmiendas que hemos presentado nosotros. Pero eso no quiere decir que gana el PP en esta votación sino que aquí gana el pueblo saharaui y gana el pueblo español por las
razones que antes he explicado.
No les oculto a ustedes que el conflicto del Sáhara -lo saben perfectamente- ha suscitado y suscitará fuertes debates en esta Cámara, y no se trata en estos momentos de hurgar en la herida y recordar los errores que el Gobierno ha cometido
en esta cuestión tan importante. El acuerdo de hoy no supone una oportunidad para hurgar en esos errores, que yo sintetizaría en una confusión de lo que es la diplomacia con un ejercicio de contorsionismo que el pueblo español no había entendido.
Por lo tanto, si se confirma el voto del Grupo Socialista en este acuerdo que hemos alcanzado, yo lo interpreto, si me permiten, señorías, como una rectificación; no una rectificación del Gobierno sino una rectificación del Grupo Socialista, que
espero que traslade todo su peso político al Gobierno para que reconduzca la situación. El Gobierno de España debe saber que puede y debe mantener buenas relaciones con Marruecos sin necesidad de traicionar ni los principios del consenso de la
transición española -el principio de la neutralidad activa sobre el Sáhara era uno de ellos- ni al pueblo saharaui. No es necesario practicar la genuflexión para mantener buenas relaciones, no es necesario tener miedo a decir que no cuando se
negocia y se mantienen relaciones con Marruecos. Todos los gobiernos democráticos lo han hecho y este Gobierno no debería hacer menos. Ahora bien, lo de hoy no puede convertirse en un mero ejercicio retórico, y por ello les anuncio que mi grupo se
ocupará de que se cumpla el contenido de esta moción que insta al Gobierno a actuar en una dirección muy clara y muy concreta. El punto 7 de la moción insta al Gobierno a la defensa activa de los puntos anteriores que se señalan en los foros
internacionales y también insta al Gobierno a solicitar la intervención de Naciones Unidas para que cese la represión. Coincidirán ustedes conmigo en que esta moción es, por lo tanto, muy oportuna. Es muy oportuna en el tiempo, porque da la
casualidad de que el presidente Zapatero, mañana, si mis informaciones son correctas, se dirigirá al pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y tendrá una oportunidad para medir la calidad del talante del que ha hecho gala
durante tantas ocasiones y demostrar que escucha a esta Cámara. Los españoles esperamos que el señor Zapatero se dirija mañana a la Asamblea General de Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional en los términos que refleja el texto que
espero que aprobemos en unos minutos.
Repito que hoy puede ser un día importante para el pueblo saharaui y para el pueblo español, y yo creo que todos nos debemos felicitar por ello.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragas.
Esquerra Republicana. Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
No voy a extenderme mucho porque ya hemos hablado mucho del Sáhara en esta Cámara. Hablar es muy fácil mientras las personas sufren y están en huelga de hambre.
En esta Cámara ya se votó una resolución en la que se pedía una solución urgente, justa y definitiva, de acuerdo con la legalidad internacional, que respetase el legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Señorías, no es
el momento de bonitos discursos, es el momento de que el Estado español intervenga, y hemos visto durante los últimos meses que esa capacidad de intervención es muy escasa. Ha llegado el momento de que haya una política de Estado que respeten y
consensuen los dos grupos mayoritarios, y el paso dado hoy puede ser un principio en esta dirección. Y ha llegado el momento de que reconozcamos que la capacidad del Estado español de dialogar con Marruecos es limitada.
Marruecos se mantiene firme
en su postura de no admitir dudas sobre su soberanía en el Sáhara Occidental y su postura difícilmente va a cambiar.
Marruecos, como ustedes saben, no es una democracia y el camino a la democracia se construye con el bienestar y la erradicación de
la pobreza.
La democratización no es imponible, por consiguiente, no podemos esperar un cambio en la postura de Marruecos en un futuro inmediato. Por otra parte, es evidente que el Estado español debe mantener una relación fluida con Marruecos, es
vital para el Estado mantener las vías
abiertas del diálogo, tenemos temas importantes que hay que tratar, como es el de la regulación del flujo migratorio, que requieren mantener la puerta abierta. En esas condiciones es muy difícil para España negociar una solución
satisfactoria para Marruecos y justa para el pueblo saharaui. Es por ello que los esfuerzos deben dirigirse a una implicación más activa de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Debido a ello hemos presentado una enmienda de adición
solicitando la presencia de las fuerzas de la Minurso indefinidamente hasta que se proclame el referéndum por el que el pueblo saharaui pueda ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación, tal como fue decidido en 1991. Creemos que ha llegado
el momento de reconocer que el Estado español es incapaz de actuar según la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del Estado en el tema del Sáhara. Los ciudadanos y ciudadanas que Esquerra Republicana representa en esta Cámara
reclaman una solución para el pueblo saharaui.
Somos herederos, queramos o no, de la política de nuestros antecesores.
Unas veces es un buen legado, como la integración en la Unión Europea, otras veces son páginas de vergüenza, como las del Rif, Guinea, Fernando Poo o el Sáhara, y
nosotros, nuestra generación y posiblemente las venideras, debemos asumir estas vergüenzas y limpiarlas. Señorías, espero que sea el último debate sobre el Sáhara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Grupo Socialista, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, señorías, para el Grupo Socialista es una satisfacción que por tercera vez en esta legislatura se produzca un debate sobre el Sáhara. Querría constatar, en primer lugar, un hecho. Si la acción
de un gobierno comprometido con la solución de un conflicto que dura ya treinta años no es fácil, si la acción de un gobierno comprometido con seguir adelante con ese objetivo y, al mismo tiempo, fortalecer la relación con Marruecos no es fácil,
tampoco lo es cuando se hace lo que no ha hecho ningún gobierno, que es la presencia activa de cuatro miembros del Gobierno por primera vez en la historia de este país en el Sáhara. Probablemente, lo fácil hubiera sido hacer lo que hemos visto en
los últimos ocho años: estar enfrentados con Marruecos, hostigando a Marruecos y despreciar, ignorar absolutamente al pueblo saharaui. No hubo un solo representante de los gobiernos anteriores que recibiera a los saharauis, la ayuda al pueblo
saharaui cayó de 2002 a 2003, ahora se ha duplicado sobre 2003. Aquellos que ahora han descubierto las piedras y las arenas del Sáhara eran los que lo ignoraban y lo despreciaban. Seamos serios. Bienvenidos todos al consenso sobre algo que para
el Grupo Socialista ha sido desde hace muchos años un compromiso y es que el pueblo saharaui tiene derecho a su autodeterminación y que esa autodeterminación se tiene que ejercer a través de un referéndum libre.
Con el Gobierno anterior, siendo además presidente del Consejo de Seguridad, se promovió una nueva resolución que intentaba buscar una luz pero que, al mismo tiempo, establecía una condición, que era la necesidad de un acuerdo entre las
partes. Tenemos que trabajar para lograr ese acuerdo y ese es el objetivo del Gobierno. Se ha hablado aquí de neutralidad. Dejémonos de historias: ante el sufrimiento de un pueblo no se puede ser neutral. Tenemos que ser imparciales, pero no se
puede ser neutral, hay que estar comprometido, por eso se ha duplicado la ayuda al pueblo saharaui, por eso el secretario de Estado de Cooperación ha estado tres veces en los campamentos. Eso no había ocurrido nunca, ese es un compromiso activo
donde no se es neutral ante el sufrimiento y ante la injusticia. Por eso se ha declarado que rechazábamos totalmente la represión y los actos que se habían producido recientemente en Marruecos y en el Sáhara. Por eso estamos pidiendo la liberación
de todos los detenidos. Por eso estamos pidiendo también que haya la mayor transparencia en los procesos en torno a esas personas. Por eso estamos pidiendo que representantes de las organizaciones de juristas y de derechos humanos puedan visitar
la zona, como estamos pendientes también de que lo pueda hacer el propio Parlamento español. Ese es el compromiso.
Dejémonos de demagogias y de retóricas, hay un compromiso de toda la Cámara. No defraudemos a los saharauis diciendo que aquí se
hacen equilibrios en el alambre. Equilibrios se hacen cuando se tiene una oposición comprometida y se está yendo allí a dar la cara en los campamentos, cosa que no hizo nadie. A mí me hubiera gustado que quien lideraba al partido del Gobierno en
la legislatura anterior o al menos el ministro de Exteriores de ese Gobierno hubiera recibido a los representantes del pueblo saharaui. Eso era compromiso, eso se está haciendo ahora y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el Partido
Socialista, porque la realidad -seamos conscientes- es que el pueblo saharaui lleva ya más de treinta años de sufrimiento y eso lleva a un pueblo a la desesperación, desesperación en tal grado que, probablemente, como consecuencia de eso algunos
dirigentes se echan en los brazos desesperados de quien los ha ignorado y despreciado durante esos ocho años de mandato. Ahora ese compromiso activo del Gobierno ha favorecido, por ejemplo, que se nombre a un representante personal del secretario
general de Naciones Unidas para intentar desactivar el conflicto, ha permitido que se nombre ya a un nuevo jefe de la Minurso y va a permitir que se cree la masa crítica para garantizar en el mes de octubre la prórroga del mandato de la Minurso.
Ese es nuestro compromiso y es el consenso que se expresa en el texto que aprobamos muy a gusto el Grupo Socialista con el Gobierno y con la acción del Gobierno en esta ocasión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, el señor Rodríguez.
Adelante, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar claramente la iniciativa de Coalición Canaria, transaccionada finalmente por todos los grupos parlamentarios. Y lo vamos a hacer porque pensamos que es urgente que el Gobierno del Estado español sea
instado a que denuncie la situación represiva que está viviendo el pueblo saharaui, una situación represiva que se lanza sobre ese pueblo precisamente por luchar por su libertad de carácter colectivo. Pensamos también que es importante que el
Gobierno del Estado español denuncie y combata la violación de los derechos humanos en el territorio del pueblo saharaui por parte de una potencia que está actuando como potencia colonial, como Marruecos. Intenta que salga legitimada una posición a
todas luces ilegítima, que viene tratando de apropiarse del territorio saharaui desde hace ya bastantes años.
Realmente, la historia de opresión del pueblo saharaui merece un compromiso de este tipo y sobre todo merece acuerdos de carácter
internacional, en concreto la Resolución 1495, una resolución unánime de un organismo internacional que debería funcionar no solamente con más prontitud, sino también con una disposición de hacer cumplir las resoluciones en todo caso y en concreto
las que benefician abiertamente la democratización de los pueblos y también que se expresen con libertad los pueblos que hasta ahora no tienen Estado. En este sentido, la recuperación de este marco de legalidad internacional y recordarlo
continuamente nos parece que es una de las grandes armas que hay en la política internacional. Por eso además vemos muy justo y muy lógico que el Gobierno del Estado español actúe no solamente apoyándose en estas resoluciones de la ONU, sino
también a través de la organización trasnacionalizada a la que pertenece, que es la Unión Europea, y por supuesto sin olvidar la importancia que la Unión Africana tiene para ese continente y su participación decisiva en la solución de los
conflictos.
Acabo, señor presidente, diciendo que para el Bloque Nacionalista Galego estamos ante un caso claro de expresión de la voluntad política de un pueblo, el pueblo saharaui, que contra viento y marea estuvo demostrando durante prácticamente más
de treinta años que desea existir como pueblo definido y por lo tanto tener un papel en la historia con un Estado propio. Deseamos que el derecho de autodeterminación se ejerza en éste como en muchos otros casos y que dé pie precisamente a que
aparezca en todo su esplendor un pueblo hasta ahora negado, censurado y reprimido como es el pueblo saharaui. Desde luego hacemos gran hincapié en que esta iniciativa contribuya como un grano de arena fundamental a que no solamente Marruecos tenga
que democratizarse, sino sobre todo y muy especialmente a que el pueblo saharaui ocupe ese lugar en la historia que merece como pueblo libre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Son muchas las noticias que nos llegan del Sáhara: hace apenas unos días, el 9 de septiembre, Amnistía Internacional denunciaba precisamente el trato que están recibiendo los presos; el martes 19 de julio la detención de Alí Salem Tamek...
Tengo multitud de recortes de prensa. Lo cierto es que desde hace más de 3 meses el guión de las cosas en el Sáhara ha cambiado. Había que pensar que precisamente aplicando la estrategia de ganar tiempo acabaría pasando lo que ellos calculaban:
que Marruecos ganaría, que la marroquinidad del Sáhara sería una realidad y que los jóvenes que habían enseñado y educado en las escuelas marroquíes acabarían aceptando precisamente la marroquinidad que la legislación internacional no reconoce. Lo
cierto es que la voluntad, la obcecación de todos los saharauis, pero especialmente los jóvenes saharauis del interior, ha querido precisamente que el cálculo de las autoridades marroquíes no fuese realidad. Algo se ha salido del guión y ese algo
que se ha salido del guión ha sido precisamente la voluntad de los saharauis.
En este contexto lo que acontece es que hay una represión sin precedentes del Gobierno marroquí, que precisamente lo que hace es encarcelar, saquear barrios e incluso
violar. Ante esta situación, con esta moción, con las reiteradas peticiones de comparecencias y con las proposiciones que hemos presentado, lo que tenemos que preguntarnos es si vale continuar con la política de la equidistancia. Nuestro grupo
parlamentario entiende que no, que no se puede hablar de puentes con aquellos que vulneran los derechos humanos, que no se puede decir que tienen que dialogar y tienen que entenderse aquellos que encarcelan con aquellos que simplemente están
expresando su opinión. Por eso, nuestro grupo parlamentario entiende que hoy el Congreso debe precisamente condenar y expresar su repulsa a la represión que está habiendo en los territorios ocupados, que se debe exigir el cese inmediato de la
represión, que se debe de pedir la intervención de la comunidad internacional. En este contexto es en el que entendemos que precisamente lo que está en cuestión es la política de la no intervención o de la equidistancia. Está en cuestión respecto
al Gobierno y también respecto al Parlamento. Cuando decimos que simplemente tienen que ponerse de acuerdo para ver si hacemos un viaje, lo que estamos haciendo es desautorizar uno de los principios de la intervención en la política precisamente
para mejorar la calidad de vida y la vida, para impedir que no se respeten los derechos humanos. Por tanto, si decimos que no vale la equidistancia para el Gobierno, tenemos que decir también que no vale la equidistancia para el Congreso, que lo
que hace falta es exigir viajes, viajes en tiempo y forma, que permitan visitar la cárcel Negra, que permitan un margen de maniobra absoluto. Por tanto, cuando aprobamos la moción -y nuestro grupo avala el hecho de que nos hayamos podido poner de
acuerdo- lo que decimos
es que es necesario acabar con la política de la equidistancia para el Gobierno, para el Congreso y también para las posibles visitas. Porque imagínense ustedes la imagen que daríamos cuando, por ejemplo, el Congreso norteamericano visitase
el Sáhara y el Congreso español aún no lo hubiese hecho. Sin lugar a dudas, tiene que cambiar la política de equidistancia, tiene que cambiar la política que hubo en el pasado cuando el Sáhara era un peón más en las malas relaciones con Marruecos;
tiene que cambiar en definitiva la política española hasta el momento, que habla mucho sobre el Sáhara pero que treinta años después aún no ha solventado esos problemas.
Ya acabo, señor presidente, porque entiendo que el tiempo es oro y más en una noche como ésta. Nuestro grupo entiende que esta moción es un paso adelante, un paso adelante que supone aparcar la equidistancia, aparcar la real politic, que lo
que hace es dejar por el camino, dejar en un cajón los derechos de todo un pueblo, que por poco peso demográfico que tenga tiene todo el derecho a ser lo que es: un pueblo. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es hacia dónde vamos. Nuestro
grupo cree que ha habido muchas propuestas, muchas mociones y proposiciones no de ley, pero hoy esta transacción es un paso adelante, porque todo el mundo se mueve.
Lo que va a suponer es obligación sin lugar a dudas para el Congreso, para que no
esperemos a que circunstancias benignas favorezcan un viaje que hoy no se puede dar, y sobre todo para que el Gobierno actúe en consecuencia.
Nuestro grupo ha mantenido una postura afable con el ministro Moratinos, con una excepción: la excepción de la política en torno al Sáhara Occidental. Entendemos que es una piedra en el zapato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
en su política exterior y lo que queremos es que con la moción de hoy, con las peticiones de comparecencias, con las proposiciones no de ley que hemos presentado, el Gobierno empiece a cambiar su postura, que aparque la equidistancia y que se
implique a fondo, porque en el Sáhara están pasando cosas muy graves y un gobierno que lucha por la democracia lo que tiene que hacer es arremangarse y no esperar a que las partes se pongan de acuerdo, tiene que exigir que se respeten los derechos
humanos y las resoluciones de Naciones Unidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
La moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria la verdad es que no puede ser más oportuna y pertinente. No puede ser más oportuna porque los terribles sucesos que desde la pasada primavera están teniendo lugar en el territorio
ilegalmente ocupado por Marruecos en el Sáhara Occidental, con graves e indiscriminadas violaciones de derechos fundamentales que todos hemos tenido ocasión de conocer a través de los medios de comunicación, con terribles episodios de represión, de
maltratos e incluso de torturas, han traído desgraciadamente, por enésima vez, el conflicto saharaui al primer plano de la agenda política e informativa. Y por si ello no fuera suficiente, el arbitrario rechazo del que han sido objeto las
delegaciones de representantes políticos que han querido entrar en el territorio ocupado a través de El Aaiún para expresar al pueblo saharaui su solidaridad, no ha hecho sino acentuar la alarma, la preocupación y la inquietud social; una inquietud
que se ha vivido con especial intensidad este verano en las miles de familias de todos los rincones de la geografía del Estado que han albergado a niños saharauis para ayudarles, como acostumbran a hacer todos los años, a paliar las durísimas
condiciones en las que habitualmente se desenvuelven. Pero además de oportuna, la moción es pertinente. Siempre es pertinente denunciar los atropellos y las injusticias, siempre es pertinente combatir las actuaciones unilaterales contrarias a la
legalidad internacional y las violaciones de derechos fundamentales, pero lo es de manera especial cuando se tiene alguna responsabilidad directa o indirecta en la génesis de ese tipo de situaciones. Lo es, insisto, de manera especial cuando por
acción o por omisión se ha contribuido a crear el estado de cosas en el que se producen esas situaciones. El conflicto del Sáhara, señoras y señores diputados, no existiría o no estaría, al menos en las condiciones actuales, si en su día el proceso
de descolonización se hubiese llevado a cabo correctamente y si después, además, todos hubiesen o hubiésemos actuado con la debida responsabilidad. No pretendo repartir culpas, sino apelar a la responsabilidad de todos, porque lo cierto es que
Marruecos hoy sigue ocupando ilegalmente, contrariamente a las previsiones del ordenamiento internacional, un territorio sobre el que la comunidad internacional le niega soberanía y jurisdicción, y no solo la ocupa ilegalmente, como hemos dicho,
sino que además se permite ejercer en ella actos de poder arbitrarios, represivos e, incluso, abiertamente contrarios a los derechos fundamentales y las libertades públicas, actos que son siempre repudiables pero de manera muy especial cuando se
ejercen en circunstancias tan extremadamente irregulares, como es el caso.
La moción que hoy debatimos presenta en nueve puntos, en la fórmula finalmente consensuada, transaccionada entre todos los grupos parlamentarios, un conjunto de medidas que mi grupo parlamentario comparte totalmente. Incluye, en primer
término, una toma de posición con respecto a lo que Marruecos está haciendo en los territorios ocupados, que no puede ser sino de rechazo de la actitud de Marruecos y de apoyo a la Resolución 1495 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Inmediatamente después de esta toma de posición, el texto de la moción finalmente aprobado insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas tanto en relación con el Gobierno marroquí -algo imprescindible- como en relación con las distintas
organizaciones internacionales en las que se estructura la comunidad internacional y que pueden adoptar decisiones en relación con el conflicto marroquí, principalmente la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana. Además de pertinente y oportuna,
la moción es,
a nuestro juicio, correcta, está bien planteada. El texto final, como bien se ha puesto de manifiesto por algún portavoz anterior, hace una referencia expresa en su punto séptimo a las responsabilidades que en este ámbito asume el Gobierno
del Estado, responsabilidades que también nuestro grupo parlamentario se compromete a controlar y a seguir muy de cerca para ver si la resolución finalmente se cumple en sus justos términos.
Por todo ello, mi grupo apoyará la moción y se compromete, como otros portavoces han anunciado ya, a hacer un seguimiento puntual de la acción del Gobierno para ver si los términos que finalmente resulten aprobados se llevan a efecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.
Finalmente, CiU. Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante esta moción y, evidentemente, para anunciar el voto favorable ante una moción que es bueno recordar que es
consecuencia de una interpelación del diputado Román Rodríguez a finales del mes de junio a la luz de unos acontecimientos muy concretos de represión y de violación de los derechos humanos. El gran sentido y la gran virtud de este texto, que creo
que aprobaremos por unanimidad, es que da respuesta a los dos temas que se han planteado en este debate. Por una parte, da respuesta al largo debate de más de treinta años sobre los derechos del pueblo saharaui, pero también da una respuesta muy
clara y contundente a los actos de represión que se han vivido durante estos últimos meses. Esta moción no está presidida por lo que se ha venido a llamar una política de la equidistancia, sino claramente por un contenido correcto, preciso y yo
diría también contundente, pero diplomáticamente correcto, ante estos episodios de vulneración de los derechos humanos, que debemos recordar que se han producido en estos últimos meses con una clara repercusión mediática pero también que hay dos
generaciones de saharauis que bien en Tinduz o bien en los territorios del Sáhara han vivido claramente sin la plena capacidad de desarrollar sus derechos fundamentales.
Esta moción transaccionada entre los distintos grupos también recuerda en la línea de consenso de este Parlamento la necesidad de que la comunidad internacional dé una respuesta al problema saharaui, una respuesta que el conjunto de la
comunidad internacional y de los organismos internacionales no ha sido capaz de dar después de más de treinta años de conflictos. Tenemos que decir que tampoco las partes han encontrado la solución a esta situación largamente enquistada. Podemos
hablar de la responsabilidad de las partes, pero sin duda debemos hablar de responsabilidades muy distintas: debemos hablar de una parte que ha decidido liberar a todos los presos marroquíes y debemos hablar de otra parte que aún tiene pendiente el
cumplimiento de resoluciones de organizaciones internacionales. Pero después de las partes, después de los Estados vecinos con una clara implicación, justo después, España es la máxima responsable de tener una participación activa en la solución
del conflicto, tiene una alta responsabilidad en tanto en cuanto ex potencia colonial. Por eso este grupo parlamentario aplaude cualquier iniciativa del Gobierno que vaya en la línea de encontrar una solución, desde el reconocimiento -cabe
recordarlo también- de que esta solución no es fácil, y cuando se afirma que en un año se encontrará la solución al problema del Sáhara, esto forma parte seguramente de aquellas cosas que no se deben recordar, especialmente de los cien días de
gracia de cualquier gobierno. Esta es una situación compleja que requiere respuestas complejas. Por ejemplo, respuestas desde organismos internacionales, respuestas muy positivas que se tienen que valorar y que están valoradas en el texto de esta
moción, como es la prórroga de la misión de la Minurso en el Sáhara. Seguramente sin la presencia de la Minurso, sin la presencia de las organizaciones internacionales la solución del conflicto y la vida para el pueblo saharaui serían aún más
difíciles.
Quiero terminar, señor presidente, refiriéndome a dos aspectos. El ministro de Asuntos Exteriores comprometió a este Parlamento en forma activa -yo diría que proactiva- a visitar los territorios saharauis; seguramente lo comprometió
violentando hasta cierto punto la autonomía que tiene para tomar sus propias decisiones. Como sea, y valorando positivamente la posibilidad de este viaje, quiero recordar que este Parlamento ha adoptado buenas iniciativas para materializarlo, pero
estamos llegando a la mitad del mes de septiembre y no se ve posible en las próximas dos semanas. Creo que entre la palabra del señor ministro y la bondad -que sin duda la tiene- de este viaje -cerrando ya el paréntesis- deberíamos adoptar algunas
medidas. Más allá de eso, con esta moción debemos recordar el contenido de la resolución 1495 de Naciones Unidas y debemos reivindicar su cumplimiento, el cumplimiento de una resolución que reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo
saharaui.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 173/000082.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad.
Tiene la palabra el señor Campuzano. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna con la convicción de que todos los grupos de la Cámara compartimos el objetivo del pleno empleo, compartimos la necesidad de crear en Europa sociedades que sean capaces de garantizar a todas las personas un empleo
digno. Ese constituye sin lugar a dudas el principal reto de la sociedad europea y, específicamente, el reto de la sociedad española. Además, desde la perspectiva de la defensa y la modernización de nuestro modelo social, del modelo social
europeo, la cuestión del empleo es fundamental. En ese sentido, es bueno recordar los compromisos asumidos en Lisboa de alcanzar en el año 2010 una tasa de actividad del 70 por ciento de la población. Es en este objetivo del pleno empleo y de la
modernización del modelo social europeo en el que mi grupo parlamentario presenta esta iniciativa. Mi grupo está convencido de que las políticas sociales más eficaces que podemos desarrollar los Estados de la Unión Europea deben ser políticas
sociales orientadas a la consecución del empleo. En el caso de las personas con discapacidad, compartiremos que esas cifras deben sonrojarnos a todos los grupos.
La última foto fija de esta realidad es la encuesta de discapacidad de 1999 que sitúa las tasas de inactividad de desempleo de las personas con discapacidad de manera absolutamente grave. Recordaba yo en mi intervención en defensa de la
interpelación que estábamos hablando de cerca de 900.000 personas con discapacidad en España que renuncian a buscar un empleo. Estamos obligados a dar respuesta a esa realidad. Lo hacemos partiendo de una legislación española que desde el año 1983
establece la obligación de una cuota de reserva a las empresas de más de 50 trabajadores, obligación que, en términos generales, se está incumpliendo. Debemos afirmar que los gobiernos autonómicos de España hoy serían incapaces de darnos
información sobre el cumplimiento de esa cuota de reserva afrontando situaciones complejas y difíciles en el mundo del empleo protegido, porque los centros especiales de empleo afrontan dificultades en el mantenimiento de su actividad.
A pesar de los importantes avances en los últimos años en materia de política de empleo en relación con personas con discapacidad y de las iniciativas del anterior Gobierno y de este, todas ellas orientadas en la buena dirección, debemos
afirmar que estas políticas son insuficientes ante la magnitud de esta situación. Mi grupo parlamentario ha presentado esta moción que pretende, en primer lugar, movilizar activamente todos los esfuerzos de la sociedad española frente al reto del
desempleo de las personas con discapacidad y muy especialmente movilizar recursos para que las empresas privadas asuman su responsabilidad en ese ámbito. La respuesta a esa cifra no pasa tanto por el empleo protegido, sino por la capacidad de la
empresa de crear empleo para las personas con discapacidad. Existen muchísimas empresas que están incumpliendo la cuota de reserva, pero muchas de estas empresas están demostrando que se puede ir mucho más allá en el cumplimiento de esta cuota de
reserva.
En segundo lugar, queremos expresar el apoyo al empleo protegido que afronta retos muy importantes en los próximos años, algunos de ellos vinculados al proceso de deslocalización de las industrias y que afecta a sectores que se basan en el
manipulado, como son los centros especiales de empleo. Finalmente, queremos lanzar el mensaje de que hay que superar superar la dicotomía entre políticas pasivas y políticas activas, siendo capaces de aunar nuestro sistema de protección social y
las políticas de empleo. Hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista -desde aquí quiero agradecer muy sinceramente el excelente trabajo realizado por el diputado del Grupo Socialista, el señor Heredia- que nos permite formular
una enmienda conjunta a la moción inicial que había presentado Convergència i Unió. Es una propuesta que recoge doce puntos que voy a repasar muy someramente, aunque supongo que el señor Heredia insistirá en ello, porque pueden constituir una hoja
de ruta para el Gobierno durante los próximos meses en el marco del diálogo social y con las asociaciones que representan el mundo de la discapacidad para proponer esa nueva generación de políticas activas en este ámbito.
En primer lugar, el desarrollo de los compromisos aún no implementados del segundo acuerdo del Ministerio de Trabajo y el Cermi. En segundo lugar, el impulso del seguimiento y el control del cumplimiento de la cuota de reserva de la Lismi y
la obligación de que el Gobierno presente una vez al año a esta Cámara un informe sobre el grado de cumplimiento de esa obligación legal. Necesitamos transparencia para conocer aquello que el sector privado está realizando en este ámbito. En
tercer lugar, reconocer a las empresas que van más allá del cumplimiento de la cuota de reserva, en esa línea que comparte la Cámara de promover la responsabilidad social de las empresas. En cuarto lugar, establecer en el marco de la próxima
reforma del impuesto de sociedades nuevas deducciones e instrumentos que puedan permitir a las empresas crear empleo neto para personas con discapacidad. No se trata solo de tener la obligación legal de cumplir la cuota de reserva, sino de crear
las condiciones que estimulen a las empresas ordinarias a crear esos puestos de trabajo. En quinto lugar, especializar el papel de los servicios públicos de empleo para ofrecer programas específicos personalizados a las personas con dificultad de
inserción en el mercado de trabajo, como constituyen las personas discapacitadas, aprovechando todas las posibilidades que la vigente Ley de Empleo nos permite. En sexto lugar, actualizar las ayudas para la creación de puestos de trabajo en centros
especiales de empleo, que son las mismas desde el año 1985. Señorías, desde 1985 tenemos la misma cuantía para los centros especiales de empleo en la creación de puestos de trabajo.
Podría continuar, pero voy a terminar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Sí, debe terminar.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Hoy el conjunto de la Cámara podrá sentirse satisfecho si somos capaces de alcanzar un acuerdo que va a ser amplio en esta materia porque todos compartimos el objetivo de hacer de la dignidad de las personas
discapacitadas el centro de nuestra atención política y esa dignidad pasa por el pleno empleo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Continuamos con el turno de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Popular. Señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRÉ: Señorías, la moción presentada por Convergéncia i Unió es un repaso considerable de todas las iniciativas que se han discutido en esta Cámara -otras han sido compromisos- que ayudarán a mejorar el empleo para los
discapacitados. Nos consta que ha habido una negociación entre Convergéncia i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista y de los 18 puntos que tenía la moción se ha pasado a 12. Nuestro grupo va a votar a favor porque cualquier cosa que signifique
un avance en la política de integración laboral de las personas con discapacidad siempre será bienvenida. Unicamente lamento -y quiero dejar constancia de ello- que la buena dinámica que existe en esta Cámara durante la presente legislatura en
cuanto a la discapacidad en esta ocasión se ha roto. Como digo, en esta ocasión el diálogo se ha producido a dos bandas y no se ha contado con el resto de los grupos parlamentarios aquí representados, cuando en esta materia siempre hay una buena
disposición general por parte de todos. No sé qué intención se ha tenido al no contar con nuestra enmienda que en este caso lo único que pretendía era mejorar el empleo para estas personas con discapacidad. Como digo, nuestra enmienda trataba de
mejorar la situación de los discapacitados en algunos puntos que son compromisos del Gobierno y en los cuales se ha rebasado el tiempo para su realización. Me refiero al III Plan de empleo para discapacitados, que debería haber empezado pues en
diciembre de 2004 acabó el segundo; al Plan de acción de la mujer; al Plan de formación y empleo, plan que llevaba el Partido Socialista en su programa electoral; al empleo con apoyo, cuyas fechas de cumplimiento ya han vencido, e incluso al
empleo de autónomos, que pretendemos que se equipare al de los trabajadores con discapacidad empleados por cuenta ajena.
El hecho de no aceptar nuestra enmienda nos preocupa porque nosotros trabajamos, en este caso, para las personas con discapacidad y queríamos que se tuviese en cuenta porque supondría un avance considerable y ostensible en la integración
laboral de estas personas. En este caso ha habido una política partidista, que en asuntos de discapacidad y por no dialogar -lo cual viene siendo su anuncio habitual- a quien perjudica es a las personas con discapacidad. Insisto en que la posición
de nuestro grupo va a ser siempre favorable a cualquier avance, lo haga quien lo haga -no tenemos inconveniente en aplaudirlo y suscribirlo-, pero lamentamos que por la ausencia de ese diálogo no se haya llevado a cabo una iniciativa más ambiciosa
que trataba de mejorar la situación de las personas con discapacidad, y que por esa falta de diálogo va a quedar bastante mermada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Vañó.
Continuamos con la siguiente enmienda presentada, del Grupo de Izquierda Verde, para cuya defensa tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, paso a exponer, lo más brevemente posible, la posición de mi grupo parlamentario en relación con la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió, fruto de la interpelación parlamentaria realizada el 29 de junio. En primer
lugar, debo decir que seguí detenidamente el debate de la interpelación, como no podía ser de otra manera, por varios motivos, entre ellos y el más importante porque la integración laboral de las personas con discapacidad es, desde nuestro punto de
vista, uno de los grandes retos que tenemos planteados y una de las grandes asignaturas pendientes. Le seré sincera, señor Campuzano, a pesar de resultarme del todo interesante, me pareció que, a la vez, volvía a producirse aquello que yo llamo
mucho ruido y pocas nueces. Me explicaré, porque no haríamos un gran favor a la población con discapacidad y con problemas laborales si cayéramos demasiado en la autocomplacencia con esta moción.
Como usted muy bien subrayó y hoy ha vuelto a reiterar -yo no voy a insistir-, el informe del CES de 1999 nos habla de aproximadamente 900.000 personas con discapacidad para encontrar empleo. Estamos hablando de una encuesta de 1999 y no es
por casualidad sino porque no tenemos más datos. Nos estamos refiriendo a un estudio que se realizó hace ya unos años, dato importante. Como muy bien se ha dicho, hace falta información y no la tenemos. A pesar de tener una amplia legislación y
de que, como el portavoz del Grupo Popular acaba de comentar, hay una amplia gama de planes que están en marcha, la realidad es que la mayoría de esta legislación no se está cumpliendo y tampoco sabemos en qué punto están estos planes. Hablaré, por
ejemplo, de la Lismi, del año 1993, que es una de las leyes más emblemáticas y que creó una expectativa muy importante dentro del colectivo; sin embargo, sabemos que no ha colmado las expectativas ni se está cumpliendo. Tampoco se han desarrollado
los planes de colaboración y corresponsabilidad para con los centros especiales, los cuales han jugado y juegan un papel importantísimo. A veces han jugado un papel de transición hacia el empleo ordinario, pero otras veces son la única oportunidad
que tienen estas personas. Los centros especiales, que están jugando ese papel fundamental, no han tenido ni tienen el apoyo necesario y, como comentó en la interpelación el portavoz Carles Campuzano, desde el
año 1985 tienen congelada la subvención. ¿Cómo es posible que esta situación se esté produciendo? El anterior Ejecutivo tuvo ocho años para mejorar esta situación y debo recordarle que en Cataluña ustedes han tenido también muchos años
para realizarlo. No se han cumplido las expectativas con el Gobierno anterior durante estos años, pero esperamos ahora ponernos en marcha. No es suficiente decir que vamos a pasar del 2 por ciento de cupo de reserva de empleo al 5 por ciento, el
problema es que no se está cumpliendo siquiera ese 2 por ciento. Estas son las reflexiones que nos tenemos que hacer.
Adelantamos que vamos a votar a favor del acuerdo transaccional al que han llegado con el Grupo Socialista porque, como se ha dicho, cualquier cosa que pueda mejorar esta cuestión o que proporcione una línea más de trabajo es importante,
pero lo que no comparto, señor Campuzano, es que esto sea la hoja de ruta. Yo estaría muy preocupada si el Gobierno tuviera esta hoja de ruta, si estuviera esperando la aprobación de esta moción para tener una hoja de ruta para actuar; sería
gravísimo. Yo espero de la responsabilidad del Gobierno que ya tenga una hoja de ruta elaborada y que esta iniciativa redunde en apoyo de esa línea de trabajo.
Donde quisiéramos poner el énfasis y por eso hemos presentado nuestras enmiendas, que no han sido consideradas, es en la necesidad de evaluar los planes y la legislación que desde hace tantos años tenemos. Hace falta tener balances sobre
cómo están funcionando todos aquellos planes que están o han estado en marcha, porque si no tenemos el conocimiento suficiente, si no tenemos datos para saber en qué situación se encuentran los discapacitados, cuántas personas son y cómo están
funcionando estos planes será muy difícil que podamos salir de esta situación.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señora García Suárez, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Sí, voy acabando. Gracias, señora presidenta.
Desde nuestro punto de vista, es una iniciativa más pero no puede dejarnos en una situación de autocomplacencia por que ya hayamos puesto en marcha el plan para solucionar el problema de empleo de los discapacitados. Con legislar no es
suficiente, hay que aplicar esta ley y, sobre todo, hay que evaluar estas leyes para poder modificarlas y mejorarlas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
Continuamos con el turno del señor Heredia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a finales de la pasada legislatura el Consejo Económico y Social elaboró un informe sobre la situación en España de las personas con discapacidad. En él se señalaba que el 8,7 por ciento de los españoles en edad de trabajar eran
personas con discapacidad, los cuales tenían una tasa de actividad muy baja -solo el 32 por ciento, la mitad que el resto de la población-, pero una tasa de paro del doble, más del 26 por ciento.
En 2003, cuando gobernaba el Partido Popular, los
contratos para personas con discapacidad no crecieron en nuestro país y solo el 0,7 por ciento de las plazas en la Administración pública eran ocupadas por personas con discapacidad; un porcentaje absolutamente insuficiente, con lo cual queda claro
que al Partido Popular no le preocupó nada el empleo para las personas discapacitadas.
El nuevo Gobierno socialista se comprometió desde el primer día a impulsar medidas tendentes a facilitar el empleo a las personas con discapacidad.
En este sentido, el Gobierno, acorde con la normativa europea, ha impulsado un Plan de
acción para el empleo aprobado en 2004 y un III Plan de acción para la inclusión social 2005-2006 aprobado por el Consejo de Ministros hace solo cinco días, con un presupuesto un 9 por ciento superior al del año anterior. En año y medio este
Gobierno ha aprobado dos reales decretos relacionados con las cuotas de reserva para personas con discapacidad. Ha aprobado el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, en el que se establece que en las convocatorias de empleo se reservará un 5
por ciento para personas con discapacidad y que, en caso de no cubrirse, se reservará para la siguiente convocatoria. Ya se han ofertado 4.005 plazas dentro del Plan de empleo 2005, de las cuales 250 se han reservado para personas con discapacidad,
lo cual significa un 6,2 por ciento; un uno porcentual más de lo que establece ese real decreto.
El segundo real decreto que ha aprobado este Gobierno es el 364/2005, que regula las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de
la cuota de reserva del 2 por ciento en aquellas empresas de 50 o más trabajadores, cuyo objetivo es contribuir a que las empresas cumplan con sus obligaciones en relación con el empleo de los trabajadores discapacitados. Se han adoptado muchas más
medidas, por ejemplo, se ha incrementado la financiación y las subvenciones para los centros especiales de empleo en un 3 por ciento durante el presente año 2005 y las personas que allí trabajan han visto cómo su sueldo se incrementaba en un 13 por
ciento como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional.
En lo que se refiere a bonificación y subvención en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, hay que decir que en 2004 -primer año de Gobierno socialista- se han incrementado en un 9,8 por ciento y este año lo han hecho aún más, un
10 por ciento. Se han impulsado otras ayudas para el autoempleo, para la constitución de la cooperativa de trabajo asociado o para sociedades laborales. En definitiva, en los presupuestos del presente año se han contemplado 507 millones de euros
para empleo para personas con discapacidad. No son las únicas medidas, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales informaba el pasado mes de junio de que se ha llegado a un acuerdo con la ONCE para que a partir de este año se creen 16.000 nuevos
empleos y 32.000 acciones formativas. No hay que olvidar tampoco la culminación del
proceso de elaboración del I Plan de acción para las mujeres con discapacidad. Hay que tener en cuenta que el 58 por ciento del total de personas con discapacidad son mujeres. Otra actuación, probablemente de las más importantes, es la
reciente aprobación de la Ley 8/2005, que permite compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. Por tanto, ningún Gobierno en la historia de este país ha adoptado más medidas en menos tiempo
para facilitar el empleo para discapacitados que el actual Gobierno socialista. Esto es una realidad. En 2003, cuando gobernaba el Partido Popular, no se había incrementado el empleo para personas con discapacidad. ¿Saben ustedes cuánto se ha
incrementado en 2004, primer año de Gobierno socialista? Un 15 por ciento y en el presente año 2005 continúa creciendo el empleo para personas con discapacidad; entre enero y julio ya ha crecido más de un 6,5 por ciento.
Los socialistas hemos llegado a una enmienda transaccional con el grupo de Convergència i Unió debida, fundamentalmente, a esa voluntad política y sobre todo porque muchos de los puntos que en la moción se incluyen son acciones que ya han
sido impulsadas por este Gobierno -como la compatibilidad de la pensión de invalidez con el trabajo remunerado- y otras muchas se refieren a cuestiones en las que el Gobierno ha manifestado su voluntad de llevarlas a la práctica en un futuro
próximo.
Se ha incluido un punto importante, el duodécimo, en el que se valora positivamente la gestión del Gobierno en materia de empleo y discapacidad. Hay que resaltar que la mejora del empleo es una prioridad del Gobierno socialista porque la
verdadera integración social de estas personas pasa por una plena inserción en el mercado laboral.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Heredia.
Continuamos con el turno de la señora Fernández para defender la enmienda presentada por el Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Estando de acuerdo con el fondo de la moción defendida por el señor Campuzano, presentamos nuestra enmienda porque no compartimos algunos aspectos, con el ánimo de que se pueda llegar a un acuerdo parlamentario que permita avanzar en la
política de integración laboral de las personas con discapacidad. Señor Campuzano, nuestra enmienda no significa una posición en contra de la moción, sino una reflexión que nos gustaría formular a todos los diputados para mejorar, en lo posible,
las políticas de atención a las personas con discapacidad y el empleo.
Como bien se dice en la propuesta, el avance legislativo ocurrido en los últimos 20 años es importante. La ley que recoge la cuota de reserva de empleo fue aprobada el 7 de abril de 1982, Ley de Integración Social de Minusválidos, sin
embargo, el nivel de cumplimiento es escaso a pesar de que a través de la negociación colectiva, sobre todo de las grandes empresas, se hayan recogido cuestiones en ese sentido. Es la propia Administración la que no cumple lo ordenado en la ley
sobre la contratación o la reserva de plazas, tal como han manifestado otros oradores desde esta tribuna. El portavoz del Grupo Socialista nos acaba de exponer una serie de medidas aprobadas por el Gobierno para este año, incluso su financiación,
pero nos gustaría que el Gobierno nos explicitara su efectividad en lo relativo a la contratación de personas con discapacidad.
Señoras y señores diputados, hablábamos antes de la contratación y de la reserva de plazas y compartimos lo que se propone en el punto número 2 de la moción que presenta el señor Campuzano, pero no podemos estar de acuerdo con el punto
número 3 porque la conciencia social y, por lo tanto, empresarial de la integración laboral de personas con discapacidad no depende de más o menos ayuda económica al contratante, sino de no considerar la oportunidad de contratar a personas con
discapacidad, de no superar viejos atavismos que actúan como una losa discriminatoria sobre las personas. Nos preocupa la orientación de políticas que puedan posibilitar que el interés del contratante esté relacionado con cuestiones exclusivamente
economicistas. Al margen de las correspondientes actualizaciones -y el portavoz socialista acaba de exponer algunas-, valoramos las ya existentes de apoyo económico a las empresas que contratan a personas con discapacidad. En esa dirección
presentamos una enmienda de modificación al punto número 6 porque es necesario actualizar, además de las ayudas, la ley y los decretos existentes en lo concerniente a los centros especiales de empleo. Hay que evaluar y reflexionar sobre el papel
que cumple esta figura mercantil dentro del mercado laboral, el nivel de cumplimiento en la plantilla en cuanto a la contratación de personas con discapacidad ya que por falta de inspección o por resquicios que permite la ley pudiera ocurrir -de
hecho, sucede- que estas empresas en manos de desaprensivos sirvieran más para explotar que para integrar a las personas con alguna discapacidad.
Hablamos con conocimiento de causa, aunque evidentemente no sea motivo para generalizar -y así lo
queremos hacer constar-, porque asimismo sabemos del buen funcionamiento de muchas de estas empresas especiales de empleo. Nuestra enmienda de modificación al punto número 4 está dentro de la filosofía que acabamos de expresar, compartiendo con el
proponente como positiva la deducción fiscal a las empresas que actúen en la eliminación de barreras arquitectónicas, sean éstas cuales sean.
La supresión del punto número 10 está en consonancia con lo expresado anteriormente. Desde nuestro punto de vista, todo trabajador con discapacidad o no que perciba el salario mínimo es un trabajador a quien no se le está valorando
debidamente su trabajo. No podemos decir que conocemos todas las empresas y todas las situaciones, pero tenemos el conocimiento suficiente para saber que el 90 por ciento de las personas con discapacidad contratadas en las condiciones que se
recogen en la Lismi y en la regulación de los centros especiales de empleo mantienen
el mismo ritmo de producción que otra persona que no está en su misma situación.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe finalizar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, esto es así porque la mayoría de la contratación de personas con discapacidad se hace con aquellas que tienen el menor nivel de discapacidad. Mantengo una postura positiva. Después de lo que acaban de
manifestar el portavoz del grupo proponente y el enmendante, apoyaremos la transacción presentada porque pretende mejorar la situación de las personas con discapacidad.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar a favor de esa enmienda transaccional que se nos ha anunciado y que han presentado conjuntamente el grupo proponente Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista. Nos sumamos a la misma. Queremos recordar que
cuando en el año 1981 entró aquí, en la Cámara, el proyecto de ley del último Gobierno de Unión de Centro Democrático, ya se demostró la iniciativa de un camino de sensibilidad precisamente con el tema de los minusválidos. Esto sería posteriormente
ratificado por las Cortes Generales cuando en abril de 1982 se aprobó la Ley 13, la Lismi, precisamente para atender a los minusválidos. Se creó entonces una toma de conciencia jurídico-legislativa. Hoy, con esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), nosotros valoramos muy positivamente que se mantenga ese interés legislativo en una causa social, laboral y de principios de la dignidad humana tan importante como esta y que sigamos utilizando el desarrollo de los
instrumentos que tenemos. Como bien ha señalado en estos últimos instantes la propia portavoz del Grupo Mixto por el Bloque Nacionalista Galego, la Ley 13 de 1982 apenas ha sido desarrollada en muchos de sus aspectos; qué decir respecto a la
reserva de empleo que se quiere hacer aquí. La iniciativa original del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cubre un amplio abanico de posibilidades, posiblemente más reducidas con la enmienda transaccional, pero más realistas por
aquello de que, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno, y podremos seguir manteniendo este tipo de conciencia social en la Cámara legislativa de ir atendiendo a los minusválidos y a las personas con discapacidad para que todo el abanico de
protección laboral: cuotas de la Seguridad Social, jubilaciones anticipadas con una ley de modificación de la de la Seguridad Social que nosotros también apoyaríamos en su momento, nos permita seguir ofreciendo un escenario de garantías a las
personas con discapacidad en las condiciones de dignidad humana que señala nuestra propia Constitución en cuanto a la obtención de empleo como sentido de su utilidad pública. Por esas razones, señora presidenta, y sumándonos a las mismas, votaremos
favorablemente, a través de la enmienda transaccional anunciada, esta iniciativa. Felicitamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por su sensibilidad, como ha demostrado, en la exposición de valores democráticos y humanos, su
defensor, el señor Campuzano.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar manifestando al señor Campuzano que originariamente nosotros acogimos el estudio de esta iniciativa con cierta sorpresa o cierta perplejidad, no desde la perspectiva de su contenido material, sino desde la perspectiva de la
oportunidad del momento utilizado para su presentación o de su posible extemporaneidad quizá, por una razón muy concreta, que en este momento estas materias están siendo objeto de estudio en una Comisión no permanente sobre la integración laboral de
los discapacitados y es también una de las materias que está siendo objeto específico de diálogo en la mesa de concertación, en la mesa de negociación con los interlocutores sociales. Nosotros entendíamos que lo pertinente era ubicar estas medidas,
que por otra parte son irrefutables e intachables, en el dictamen de esa Comisión o en los acuerdos que los interlocutores sociales puedan consensuar, pero cuando estamos hablando de estas materias, de estos requerimientos de elemental justicia
social, los problemas de oportunidad ocupan siempre un segundo plano porque lo que hay que analizar es la validez, la pertinencia de las medidas, y, señor Campuzano, se lo tengo que reconocer, las 18 son irrefutables, absolutamente compartibles por
nuestro grupo parlamentario. Además, las 12 consensuadas con el Partido Socialista incorporan a esta iniciativa parlamentaria un plus de legitimidad, un activo nuevo: que son medidas más consensuadas, que son medidas capaces de suscitar un mayor
consenso parlamentario, con lo cual esa disfunción a la que originariamente nos referíamos queda, cuando menos, relativizada.
¿Cómo vamos a decir que no a desarrollar los compromisos entre el Ministerio de Trabajo y el Cermi? ¿Cómo vamos a decir que no a la aplicación de la Lismi? Aplicar la Lismi, los porcentajes de contratación de personas con discapacidad, es
una obligación. Por cierto, que la Lismi es una ley secularmente incumplida; por eso es muy pertinente esta alusión, esta incorporación a esa miscelánea de medidas hechas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No es malo
recordar a la Administración que tiene que exigir a las empresas privadas el
cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad.
¿Cómo vamos a decir que no a la potenciación de las unidades de apoyo, a la potenciación de los centros especiales de empleo, a la reconfiguración o reordenación de los
planes de formación continua y formación profesional para las personas discapacitadas, a la reforma de la Seguridad Social para la anticipación de la jubilación de las personas discapacitadas, a la compatibilización del salario de las personas con
discapacidad con determinadas prestaciones de la Seguridad Social, a la compensación del quebranto que los centros especiales de empleo sufren por el incremento del salario mínimo interprofesional? Son irrefutables y lo consensuado con el Partido
Socialista es irrefutable. El señor Mardones hacía una alusión, a las que nos tiene acostumbrados y que son particularmente lúcidas para ilustrar los debates, sobre que lo mejor es enemigo de lo bueno, aunque se dice al revés, pero, señora
presidenta, a estas alturas de la noche recurrir al refranero no deja de ser peligroso, dada ya la relativización también de la lucidez y de la capacidad neuronal que todos tenemos; en cualquier caso, nos parece que las medidas son irrefutables y
se ha logrado concitar un razonable consenso sobre las mismas. Veremos si se pueden complementar con otras medidas cuando se aprueben los dictámenes de la Comisión no permanente que está trabajando sobre esta cuestión y en la mesa de diálogo
social. A nosotros se nos ocurren algunas medidas que se pueden comentar para complementar todo esto mejor, pero no lo hemos querido hacer, sino que, siendo congruentes con nuestra propia posición respecto a la extemporaneidad o a la oportunidad,
vamos a esperar al dictamen. Aquí se puede hablar de la potenciación de las escuelas-taller, de la creación de centros de formación profesional específicos para los discapacitados, del acceso al contrato de relevo de los discapacitados, a los
contratos formativos, a las becas remuneradas y de otra serie de medidas que no están incardinadas en una moción que, con pretensiones de exhaustividad, sin embargo, desgraciadamente no regula todas las medidas de actuación posible con relación a
esta problemática.
En cualquier caso, como nos parece bueno y como todo lo que se haga con relación a los discapacitados es bueno, porque en esta materia, como en muchas otras, señora presidenta, se practica mucha retórica parlamentaria, mucha proclama, mucho
discurso político, mucho programa electoral incumplido sistemáticamente, como ocurre en otras materias, por ejemplo, en las políticas de familia, en las políticas de acción positiva a favor de las mujeres y otras, todo lo que sea concretar materias
para favorecer y obtener estos requerimientos de justicia social nos parece siempre oportuno. Por esta razón, nuestro voto será positivo y, además, positivo con convicción y con entusiasmo, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Finalizamos, señorías, esta iniciativa con la intervención del señor Tardá en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Manifestamos nuestro voto favorable a la moción que conjuntamente presentan los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Socialista.
Entendemos que recoge el espíritu y la orientación que desde los inicios de esta legislatura ha
venido guiando la acción de nuestro grupo parlamentario.
El señor Campuzano puso encima de la mesa unas observaciones que no por repetidas deberían dejarnos de alarmar. En primer lugar, no es de recibo estar situados en la cola de Europa en cuanto al empleo de personas discapacitadas y haber
convivido todos los poderes públicos y el conjunto de la sociedad con dos generaciones de personas discapacitadas -decía el diputado- que han tenido que renunciar al empleo por los mismos déficits intrínsecos en nuestro sistema social de bienestar,
todo ello como consecuencia, por un lado, de una legislación poco ambiciosa, por otro, de falta de capacidad de control de la Administración y, finalmente, por la escasez de recursos destinados a las políticas sociales. En ese sentido, nosotros ya
hemos publicitado repetidamente la necesidad de convertir esta legislatura en el periodo en que se produzca este avance significativo, hoy por hoy ya apuntado, en el conjunto de políticas sociales desplegadas, en el vigente presupuesto y esperamos
que en el próximo ejercicio presupuestario. Valoramos también positivamente el énfasis que puso el Gobierno en la misma interpelación del III Plan nacional de acción para la inclusión social, que consideramos positivo puesto que alcanza diversos
ámbitos entre los cuales está la integración de las personas discapacitadas, cosa que no ocurre en planes de otros Estados europeos que, teóricamente, están más desarrollados socialmente.
Todo ello, por supuesto, implica a ayuntamientos, a
comunidades autónomas y al Estado, por lo cual es muy intrincado debido a los temas de carácter competencial. Por ello valoramos positivamente que la moción culmine con una declaración que pone encima de la mesa la necesidad de que las medidas que
contiene se lleven a cabo de acuerdo con las comunidades autónomas.
Para nosotros es importante hacer una mención especial al impulso de las unidades de apoyo que deberían estar destinadas a resolver las disfunciones que hoy día dificultan que personas generalmente con discapacidad psíquica puedan acceder al
mundo laboral ordinario en tanto en cuanto el empresario no se arriesga a asumir una responsabilidad sin el apoyo logístico de personal especializado quizá adscrito a un centro especial de empleo. De igual manera valoramos positivamente el
compromiso de impulsar el control y el seguimiento de la cuota de reserva, que es un verdadero agujero negro, lo que de hecho es reconocido por todo el mundo, y también es necesario manifestar la necesidad de diseñar acciones de divulgación en el
ámbito empresarial de los beneficios de la integración de los trabajadores con discapacidad. Véase si no el ejemplo de los déficits que genera el hecho de no disponer por parte del empresario de la información necesaria
que estimule contratar los servicios de los centros especiales de empleo para cumplir la cuota de reserva. Queremos destacar también lo importante del compromiso de actualizar las ayudas para la creación de puestos de trabajo, que se
mantienen congeladas desde el año 1985; los 12.000 euros anuales, inamovibles desde el año 1985, hoy día resultarían 24.081.
Fíjense hasta qué punto la situación se halla estancada.
En resumen, votaremos favorablemente la moción tanto por los contenidos concretos que engloba como por la voluntad que manifiesta de orientar la acción del Gobierno y de los grupos parlamentarios que la apoyaremos, en el bien entendido que
todo ello debe ser realidad sin demora y con toda la intensidad posible.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
Señor Campuzano, se votará por tanto la enmienda socialista.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La enmienda conjunta de Convergència i Unió y el Grupo Socialista. No podemos aceptar las enmiendas del resto de los grupos, aunque coincidimos con buena parte del contenido de muchas de ellas, pero en aras de
ese consenso que hemos alcanzado con el Grupo Socialista nos parece que debemos de cerrar esta cuestión.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quería puntualizarlo porque han hablado SS.SS. de enmiendas transaccionales y no es tal transanccional, sino la enmienda a la que usted se ha referido.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Es la conjunta de Convergència i Unió y el Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Efectivamente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE NO VUELVAN A REPETIRSE LAS ACTUACIONES COMO LAS REGISTRADAS EN RELACIÓN CON LA DETENCIÓN IRREGULAR DE DOS
MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR, POR LA SUPUESTA AGRESIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2005 POR LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(Número de expediente 173/000083.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse actuaciones como las registradas en
relación con la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por la supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Tiene la palabra el
señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Muchas gracias, señora presidenta.
El pasado 25 de enero dos respetables y pacíficos ciudadanos fueron detenidos ilegalmente en su domicilio, cacheados y conducidos a comisaria, donde permanecieron detenidos entre las 13 y las 16 horas y acusados falsamente de un delito de
atentado contra la autoridad tras participar en una manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo, tal como ha sido acreditado por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
Los hechos que hemos conocido con el tiempo y a través del sumario y que precedieron y provocaron esas detenciones ilegales, que llegaron incluso a ser anunciadas en algún medio de comunicación antes de producirse, constituyen una vergüenza
para cualquier ciudadano con la más mínima sensibilidad democrática y una quiebra de la confianza en el funcionamiento correcto de nuestro sistema de libertades de una extraordinaria gravedad. También ha quedado acreditado que esas detenciones
ilegales fueron arbitrarias e inducidas por declaraciones e instrucciones de miembros del Gobierno y del propio Partido Socialista con dos objetivos políticos: en primer lugar, desacreditar una iniciativa ciudadana de las víctimas del terrorismo en
la que decenas de miles de ciudadanos protestaban contra la decisión del Gobierno de romper el Pacto antiterrorista e iniciar contactos directos o indirectos con ETA, cuyas consecuencias han sido permitir que un sucedáneo de Batasuna se siente en el
Parlamento vasco y hoy condicione las decisiones del mismo y de su Gobierno; en segundo lugar, atacar al Partido Popular para presentarlo como una organización extremista y violenta por haber respaldado la manifestación, aun cuando hubiéramos
condenado de forma clara y rotunda -también los propios convocantes- los hechos en los que se vio envuelto el señor Bono. Fue una reacción, por cierto, que contrastó claramente con la que otros tuvieron en el pasado cuando se asaltaban sedes del
Partido Popular, se agredía e insultaba también a ministros del Gobierno del Partido Popular o el mismo 12 de marzo se cercaban las sedes del Partido Popular agrediendo incluso físicamente a algunos militantes en una jornada de reflexión que algunos
convirtieron en una jornada de vergüenza antidemocrática.
Para todo ello, señorías, se puso en marcha todo un operativo político, respaldado por el equipo mediático habitual, para proceder a una nueva operación de linchamiento contra el PP, lo que desde hace algunos años se está convirtiendo en
algo lamentablemente habitual. Así, las agresiones verbales y zarandeos que todos vimos -eso es verdad- se elevaron a la categoría -según el ministro- de agresiones y patadas, golpes en la espalda y en los riñones, etcétera, todo ello a pesar de
que 14 policías habían declarado que no hubo agresión física
directa al ministro. Además, se anunciaban detenciones. Pero no valía cualquier detención, señorías, para eso estaba el señor Blanco ya el lunes elucubrando por la mañana sobre la filiación política de los agresores, mientras el delegado
del Gobierno anunciaba, como si de un comisario chequista se tratara, que se estaban construyendo responsabilidades, obviando que la preconstitución de pruebas es un delito contemplado en el Código Penal en este país. Por la tarde se identificaba
en la Cadena Ser a Isidoro y María en las proximidades como militantes del PP -grave delito este- y el martes por la mañana se anunciaba públicamente su detención; antes, para producirse, se tenía que destituir al comisario instructor por negarse a
detener ilegalmente y sin pruebas a esos dos ciudadanos, lo que finalmente se perpetró a la una de la tarde, como ya he señalado antes, permaneciendo en comisaria estas personas detenidas hasta las cuatro, todo ello con un gran despliegue de la
radio y la televisión públicas.
Estos son los hechos. Los derechos civiles básicos y elementales de dos ciudadanos fueron pisoteados vilmente por razones políticas y partidarias y, además, con publicidad, porque ello sencillamente podía beneficiar al Gobierno o al partido
que lo apoya. Había que detener a alguien, pero no a cualquiera, especialmente a alguien del Partido Popular, porque, como dijo el comisario jefe, hoy imputado, si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se discute. El
presidente del Gobierno manifestó de forma irresponsable no tener dudas sobre la actuación policial.
Desde entonces, señorías, el Gobierno ha seguido encadenando sus despropósitos. El ministro compareció en Comisión para, respaldando la actuación político-policial, volver a insistir en la culpabilidad de Isidoro y María y mintió sobre
informes policiales inexistentes, pero los tribunales declararon la inocencia de esas personas y decidieron imputar a tres funcionarios responsables directos de las detenciones. Todo se vino abajo. Resplandeció lo obvio y es que nadie en su sano
juicio podía pensar que dos personas como esas hubieran sido capaces de romper la llamada cápsula policial formada por una decena de policías y escoltas para dar patadas a ese gran actor circense que es el señor Bono en riñones y espalda.
La pregunta de hoy, señorías, es: si esas personas son inocentes de las agresiones al ministro y esas agresiones son tan graves, ¿por qué no ha habido ya nuevas detenciones? Pues, señorías, porque todo fue un montaje.
Ahora el señor
Alonso está atrapado entre su lealtad hacia los funcionarios policiales que siguieron sus instrucciones y la necesidad de asumir responsabilidades políticas. Por eso está utilizando todos los medios para encubrirse, por eso se usa al fiscal general
del Estado convertido en abogado particular del Gobierno, que no solo se dedica al esperpento de inventarse nuevos tipos penales como el de estar en actitud vociferante, sino que ayer mismo permite que se filtren a un medio de comunicación
conclusiones del fiscal que interviene en el proceso contra los policías imputados, aun cuando este escrito ni tan siquiera se ha presentado en el tribunal, lo cual es un auténtico y nuevo escándalo. Por su parte, el abogado del Estado decidió
descalificar al juez instructor de la causa con ataques que han sido refutados por el Consejo General del Poder Judicial. Hace dos meses anunciábamos de los peligros que en un Estado democrático y de derecho acarrea no condenar estos hechos y este
verano hemos visto sus secuelas con las declaraciones del director general ante el hecho lamentable que aconteció en el cuartel de Roquetas de Mar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe usted finalizar, señor Hernando, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Concluyo, señora presidenta.
Señorías, la historia enseña que cuando hechos de este tipo no se condenan se acaban repitiendo. Por eso pedimos y exigimos la sensibilidad del resto de los grupos de la Cámara -ya sabemos cuál va a ser la del grupo que apoya al Gobierno-
para que esto no se vuelva a repetir y por lo tanto respalden la moción del Partido Popular. Los derechos individuales de los ciudadanos son límites que un Gobierno democrático que se precie de serlo y sus funcionarios no deben traspasar y deben
ser respetados.
Eso diferencia un Estado democrático de otros que no lo son. Hoy, señorías, tienen una oportunidad de ponerse al lado de los que defendemos el Estado democrático y de derecho apoyando y respaldando esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Hernando.
Muchas gracias.
Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir con brevedad en relación con esta moción. Discrepamos de su contenido material y de su espíritu, señora presidenta; de su contenido material porque las diligencias judiciales que se ven como fundamento para presentar la
moción no han probado nada todavía. Son diligencias judiciales, carecen de relevancia jurídica, no han desembocado en auto de procesamiento y menos en una sentencia firme, que es la que permitiría en su caso dilucidar responsabilidades penales
suponiendo que concurra alguna. Ni siquiera ha habido diligencias judiciales, como decía el señor Hernando, exculpatorias de los que fueron en su día detenidos por también presunta detención ilegal. Desde esa perspectiva, la fundamentación troncal
del Grupo Parlamentario Popular resulta jurídicamente incorrecta. Por lo tanto, como las diligencias judiciales carecen de relevancia jurídica en sí mismas, nosotros no podemos apoyar esta moción, por lo menos con esa fundamentación.
Por otra parte, en cuanto al espíritu, señora presidenta, nos felicitamos por esta sensibilidad sobrevenida por parte del Grupo Popular respecto a elementos que deben ser esenciales en el funcionamiento regular de un Estado de
derecho. Evidentemente, no instrumentalizar a la policía es un requerimiento ontológico casi, una esencialidad en el funcionamiento normal del Estado de derecho; no instrumentalizar a la Fiscalía General del Estado es una obviedad también,
no se debe instrumentalizar al fiscal general del Estado y a la Abogacía del Estado lo mismo. Lo que pasa es que no atribuimos al Partido Popular y al Grupo Popular en este momento particular legitimidad para la defensa de estos principios
conociendo los antecedentes en relación con estas cuestiones durante el mandato del Gobierno popular al frente del Estado español. Esta reconversión sobrevenida en relación con estos principios esenciales en cualquier democracia nosotros la
aplaudimos, señora presidenta, pero no la captamos, no la solemos percibir en otros sumarios o en otras actuaciones judiciales que tampoco desembocaron en autos de procesamiento y fueron archivadas, en concreto los macrosumarios de la Audiencia
Nacional que afectaron a personas de la denominada izquierda abertzale, lo que de forma jurídicamente incorrecta se denominó por algún juez central de instrucción entorno de ETA, y que acabaron sencillamente en nada. No percibimos ningún tipo de
sensibilidad, ningún tipo de impulso por parte del Partido Popular dirigido a una actuación neutral de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado y del Poder Judicial con carácter general. Nos hemos encontrado con que instrucciones
sumariales o diligencias sumariales relativas a supuestos como el cierre del semanario Egunkaria, a la organización Josemi Zumalabe o al sindicato LAB y otras no han recibido este impulso, esta reconversión sobrevenida por parte del Partido Popular
en pro de la defensa de elementos esenciales, casi ontológicos, en cualquier Estado democrático, y nos felicitamos por ello.
Lo que pasa es que pediríamos al Partido Popular que no solo realice estas actuaciones de impulso hacia la consolidación de
estos principios democráticos cuando son militantes de su partido los que son objeto de una actuación policial y jurisdiccional que todavía, salvo que se demuestre lo contrario en la sentencia final firme, debemos considerar regular. La cuestión
está sub iudice y no considerar las actuaciones policiales regulares es sencillamente, señora presidenta, una frivolidad.
Bienvenidos a los principios democráticos, pero desde luego para todos los supuestos.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Continuamos con el señor Cerdà, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor CERDÀ ARGENT: Voy a intervenir muy brevemente, señora presidenta.
Me parece que la consigna lanzada por su jefe de filas de mirar hacia el futuro aún no ha llegado demasiado a este Parlamento, porque toda su intervención es una variación sobre el mismo tema, y ni eso, porque es el mismo tema reiterado una
y otra vez. Hemos discutido ya los hechos en Comisión y mi grupo tiene en su haber bastantes denuncias justamente por estos casos y también cuando ustedes estaban en el poder. Vistos los hechos, quiero remitirme a las declaraciones del señor
Olabarría: tenemos que esperar a que sean los jueces los que dictaminen si ha habido o no delito. En principio las detenciones nos parecen correctas y el procedimiento también. A partir de este momento su insistencia reiterada nos parece más
aquella frase de: una falsedad repetida muchas veces acaba pareciendo una verdad. En un sistema democrático en el que hay pluralidad de medios de comunicación esa cantinela no va a resultar. Es lo que es, unos hechos que se juzgan como indicios
de delito, que hay una actuación policial, luego hay una actuación judicial y a partir de ahí está en manos del juez deliberar si las personas involucradas son culpables o inocentes. Por esto y por muchas otras razones que ya esgrimimos también en
otros escenarios como la Comisión de Interior, evidentemente nuestro grupo no va a apoyar su moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
Continuamos con el turno del señor Maldonado, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.
No sé si por las siete horas de debate continuado o por el tema en sí, a uno se le presenta esta moción como un tema cansino. Es verdad que es un hecho lamentable que no se debería haber producido y que no debería repetirse, ni las
detenciones ni los conatos de agresión -si es que los hubo-, pero a mi grupo le parece que es un tema extemporáneo, muy reiterado e incluso fuera de ámbito. Decimos que es un tema extemporáneo porque creemos que hoy ya no toca, que ya ha pasado el
tempus del hecho en sí. Nos da la impresión de que es un tema que incluso hoy, humildemente, a este grupo le parecería que valdría la pena retirarlo. Sé que es difícil pedirle al grupo proponente que retire una iniciativa.
Quizá por el hecho de
ser una moción consecuencia de interpelación urgente no se ha podido parar este proceso, pero es que es un tema muy reiterado: lo hemos debatido monográficamente en Comisión, ha sido motivo de una pregunta en Pleno, ha sido motivo de una
interpelación urgente y hoy de una moción consecuencia de aquella. Nos da la impresión de que es un tema que no da para más. Es un tema que no solo es extemporáneo y muy reiterado, sino que está fuera de ámbito. Parece ser que incluso, por lo que
leemos en los medios de comunicación, el mismo fiscal está pidiendo que sea sobreseído. Por tanto, tampoco encuentra espacio en el ámbito jurídico. Nos da la impresión de que es un tema que hoy en día no ha lugar. Por eso decía al inicio que es
un tema cansino y que habría valido la pena incluso retirarlo, porque en su momento, cuando se produjo, nos daba la impresión que habiendo habido detenciones, estando en el ámbito policial, que habiendo habido denuncias, estando en el ámbito
jurídico, tampoco era este el
foro en el que debía debatirse. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Creo que el Congreso de los Diputados se está convirtiendo en una especie de plaza de boxeo político, a la que se puede llevar cualquier tema, sea o no del ámbito y
del nivel correspondiente.
Por todo ello, Convergència i Unió no puede dar su apoyo a esta moción. Le parecería mejor haberla parado en su momento, no haber ido más allá, porque está fuera de ámbito, fuera de tiempo y hoy ya no tocaba.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, señor Martínez Sanjuán, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo hoy leía en un medio de comunicación que Rajoy pone las pilas al PP y avisa que a partir de hoy solo se habla del futuro. Y, para empezar, hoy comenzamos bien presentando una moción idéntica a la presentada en el anterior
periodo de sesiones, decidido firmemente el Partido Popular a mirar al futuro, presentando esta moción de reprobación al ministro del Interior. (Aplausos.) Bien empieza, señor Hernando.
Mirar al futuro no significa, o no debiera de significar, olvidar el pasado, porque olvidar el pasado también significa aprender del pasado, sobre todo cuando se ha gobernado durante ocho años. Más que nada, hay que mirar al pasado para no
hacer el ridículo, porque estarán conmigo en que resulta un poco patético escuchar estos días al ministro del Interior del 11-M, señor Acebes, exigir, interpelar y pedir la dimisión del ministro actual del Interior. O al secretario de Estado de la
Seguridad en su día, cual meritorio, haciendo méritos ante el Grupo Parlamentario Popular pidiendo también la dimisión del ministro del Interior, cuando no asumieron ninguna responsabilidad por las cosas que han pasado en la seguridad de este país.
(Aplausos.) Realmente, produce una sensación agridulce.
Del pasado y de la experiencia se debiera de haber aprendido en ocho años de Gobierno, por lo menos para no acusar a la Fiscalía de colaboracionismo con el Gobierno. Yo no sé si ustedes hacían eso, pero cuando la Junta de Decanos de
Fiscales de Madrid pide el archivo de las diligencias por los delitos que un juez ha establecido en unas todavía hipotéticas actas judiciales realmente no supone una interpretación del Gobierno hacia una interpretación torticera de la Fiscalía.
Esto lo debieran de saber ustedes, a no ser que hicieran lo contrario de lo que están diciendo ahora. O acusar al abogado del Estado de objetor de la justicia cuando reclama en su justo derecho, interviniendo a favor de unos funcionarios públicos,
como lo hicieron en su época de Gobierno, porque usted conocerá los datos de la Abogacía del Estado de cómo ha defendido en los años anteriores a policías y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con actuaciones que algunos
jueces y algunas intervenciones privadas les acusaban por detenciones ilegales. O acusar a la policía de manipulable. Yo no sé qué pasaría en épocas anteriores, desde luego en la actualidad de manipulación a la policía no, y nada parecido a las
épocas anteriores. (Rumores.)
Yo no sé si ustedes, por sacar rédito político, en esta política permanente de ataque al Ministerio del Interior y a su ministro, han construido la teoría de la persecución y del ataque a las libertades públicas. Si lo hacen así, lo hacen
sobre cinco falsedades, por no decir mentiras. Una, la manifestación del día 22 de enero, aquella a la que fueron miembros del Gobierno, fue agitada con cartas previas de responsables políticos del Partido Popular para no ir a favor de las víctimas
del terrorismo, sino en contra del Gobierno. (Aplausos.) Y quien siembra vientos muchas veces recoge tempestades. Y esto lo debiera de saber usted. Segunda falsedad. No pasó nada en aquella manifestación, cuando es de dominio público, por todos
los medios de comunicación y por el Juzgado de Instrucción número 42, que se produjeron agresiones, intentos de ataques a un ministro del Gobierno, aunque luego el juez del Juzgado número 42 dijera que no se podía probar formalmente quiénes habían
sido los atacantes. Ustedes solamente se quedan con lo del Juzgado 14, que les interesa, y no hablan nada del 42. En tercer lugar, parten de una falsedad, como la que intentaron establecer en la última comparecencia del ministro de Defensa
acusándolo de mentiroso y de persona poco fiable. Pues mire, responsabilidad por responsabilidad, le creo más al ministro de Defensa que a determinados militantes del Partido Popular. (Aplausos.) Cuarta mentira. Ustedes dicen que fueron
detenidos, entre comillas, porque lo que fueron es llevados a comisaría, donde se les leyeron sus derechos (Risas.) -ríanse ustedes, pero hay que leerse todos los actos judiciales y cómo se produjo- sobre la base de que eran militantes del Partido
Popular. Todos hemos visto que los que estaban alrededor del ministro de Defensa cuando fue zarandeado y atacado eran, por casualidad, todos militantes del Partido Popular, pero porque lo han dicho ustedes y lo dijeron los medios de comunicación,
no el señor Blanco; ustedes dijeron que eran del Partido Popular. En último lugar, ustedes establecen la quinta falsedad basándose en una interpretación torticera y parcial del auto judicial del Juzgado número 14, donde no ha probado nada, donde
no ha habido sentencia, donde no ha habido ninguna resolución judicial, cosa que ustedes debieran de saber, y sobre la base de eso ustedes establecen una política de reprobación. Pues mire, los que defendieron al señor Cardenal, los que defendieron
y mantuvieron al señor Ansuátegui...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: ..., los que politizaron la justicia y los que quisieron engañar a los ciudadanos no nos van a dar lecciones ni de responsabilidad, ni de ética, ni de transparencia para apoyar una reprobación como la que ustedes
piden.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Responsabilidad por responsabilidad, apoyamos a nuestro ministro y no vamos a apoyar su moción. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre la posición del Gobierno español en relación con los actos de represión cometidos por las
fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la población saharaui.
Se ha presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios. En consecuencia, entiendo que se puede producir su aprobación por asentimiento. (Asentimiento.)
Queda aprobada esta moción.
En segundo lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad, a la cual se ha presentado una enmienda del
Grupo Socialista y de CiU.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse las actuaciones como las registradas en relación con la detención irregular de dos
militantes del Partido Popular por la supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Esta moción se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 127; en contra, 187.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las once y quince minutos de la noche.