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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 101, de 28/06/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 101
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 96
celebrada el martes, 28 de junio de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Propuesta de designación del Defensor del Pueblo:
- Propuesta de designación del Defensor del Pueblo. (Número de expediente 262/000001.) ... (Página 5081)
Modificación del orden del día ... (Página 5081)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
B, número 119-1, de 1 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000104.) ... (Página 5082)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 59-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000048.) ...
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cese del Fiscal General del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 17 de junio de 2005. (Número de expediente 162/000362.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los servicios ferroviarios en España. (Número de expediente 173/000079.) ... (Página 5103)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al Ministro de Defensa en la manifestación convocada el
día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. (Número de expediente 173/000080.) ... (Página 5109)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Propuesta de designación del Defensor del Pueblo ... (Página 5081)
La señora secretaria (Sainz García) de lectura a la propuesta formulada por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
A continuación se procede a la votación secreta y por papeleta.
Los señores secretarios proceden al llamamiento de los señores diputados, que depositan su papeleta en la urna.
Terminada la votación y efectuado el escrutinio, queda designado como Defensor del Pueblo don Enrique Múgica Herzog, al haber obtenido una votación favorable superior a los tres quintos de la Cámara. El resultado de la votación será
comunicado al Senado a los efectos oportunos.
Modificación del orden del día ... (Página 5081)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos IV, correspondiente a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la realización de un estudio jurídico sobre la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la legislación franquista, y V, correspondiente a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre revisión de sentencias y anulación de consejos de guerra y juicios sumarios ejecutados por motivos políticos durante la dictadura
franquista, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo la Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 40, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los trabajadores y familiares directos afectados por la exposición a radiaciones ionizantes provocadas por la extracción de uranio
en la fábrica de uranio de Andújar, lo que se aprueba por asen-timiento.
Finalmente, y conforme al artículo 68 de Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la
Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto VII, relativo a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y el punto IX, relativo a las enmiendas del Senado, pasen a debatirse el miércoles día 29 de
junio, tras el debate del punto VI, correspondiente a interpelaciones urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 5082)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo (orgánica.) ...
(Página
5082)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la toma en consideración de la proposición de ley porque el Bloque Nacionalista Galego, dice, está especialmente interesado, en este contexto político más democrático y
sensible que el anterior, en ampliar el techo competencial de Galicia. Se refiere al artículo 149.1 de la Constitución, donde el Estado español se reserva una serie de aspectos que se constituyen en competencia exclusiva del mismo, sin embargo,
considera que en virtud del artículo 150.2, también de la Constitución, se puede hacer más flexible este reparto, por lo que su grupo considera que Galicia puede asumir las competencias en aeropuertos y tráfico aéreo, que es un tema de gran
importancia para una comunidad periférica que está muy condicionada por los transportes. Explica el contenido de la proposición de ley y pone de manifiesto que su intención es lograr la transferencia de las competencias en infraestructuras
aeroportuarias, así como aumentar sensiblemente las correspondientes a las estructuras de los puertos de interés general, pero sin poner en duda el espacio del cielo único europeo ni las coordinaciones que sean necesarias y, por lo tanto, la
participación en un modelo integrado del sistema aeroportuario general en todo el sistema español.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría
Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias ... (Página 5089)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Ribero Baute, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Pregunta sobre qué tendrán que hacer los canarios para que se reconozca que Canarias es un solo
pueblo esparcido entre las islas que conforman el archipiélago canario, que se enlaza entre sí a través del mar que les separa, pero también a través del mar, que es el único elemento que les une. La proposición de ley que hoy defiende ante la
Cámara es exactamente igual que la proposición de ley que fue aprobada por unanimidad de todas fuerzas políticas en el Senado en la pasada legislatura y que decayó en el Congreso en el trámite de enmiendas por finalización de la legislatura. La
razón elemental y simple de la proposición de ley es saber los criterios que se plantean para definir cuál es la superficie de la Comunidad Autónoma de Canarias y cuál es su mar territorial y su zona económica exclusiva.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Hierro Recio, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo, se rechaza por 26
votos a favor, 285 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias, se aprueba por 318 votos a favor y una abstención.
Proposiciones no de Ley ... (Página 5098)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cese del Fiscal General del Estado ... (Página 5098)
Presenta la proposición no de ley el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Enumera en primer lugar las razones por las que su grupo pidió directamente la dimisión del fiscal general del
Estado y pasa a exponer telegráficamente los cinco grupos de razones que justifican ahora la solicitud del cese del señor fiscal general del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Cerdá Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cese del fiscal general del Estado, se rechaza por 129 votos a favor, 179 en contra y nueve abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 5103)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los servicios ferroviarios en España ... (Página 5103)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Explica que optaron por la vía de la interpelación porque
se encontraron con una actitud negativa durante más de dos meses por parte del Ministerio de Fomento ante la petición de su grupo de una entrevista con el director de Renfe y con el Ministerio de Fomento para tratar de la situación de colapso que
vivían las cercanías en el área de Barcelona y Valencia. Ante la situación real de colapso real del servicio de cercanías en Barcelona y Valencia, proponen una serie de medidas en la moción, que pasa a explicar.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el
día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ... (Página 5109)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Fernández-Lasquetty y Blanc, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Explica los hechos que ocurrieron el día 25 de enero, cuando dos ciudadanos fueron
privados de libertad por el mero hecho de ser militantes de base del Partido Popular y haber acudido, ejerciendo sus derechos dentro de la ley, a una manifestación de las que no le gusta al Gobierno, y todavía no ha habido nadie que les haya pedido
perdón ni que haya reconocido que se cometió un atropello con ellos. Niega que se hayan hecho juicios paralelos, como afirmó el señor ministro de Interior en el debate de la interpelación, porque el juicio está en los juzgados que es donde tiene
que estar. Aquí, explica, de lo que se habla es de responsabilidades políticas y de deberes democráticos, que es de lo que se debe hablar en el Parlamento. Exige el cese del delegado del Gobierno y la dimisión del ministro del Interior, que son
los máximos responsables políticos y policiales de que se haya detenido ilegalmente a militantes del Partido Popular por el mero hecho de serlo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
El señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pide la palabra en virtud del artículo 71.1 del Reglamento, que le es denegada por la Presidencia.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, interviene el señor Herrera Torres.
A continuación se procede a la votación por separado de todos los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre los servicios
ferroviarios en España, que son rechazados.
Finalmente se somete a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la detención irregular de dos militantes del Partido Popular
por una supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que se rechaza por 134 votos a favor y 189 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO:
- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (Número de expediente 262/000001.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Propuesta de designación del Defensor del Pueblo.
Ha sido remitida por parte del señor presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo la propuesta formulada para la elección por el Pleno del Defensor del Pueblo.
En primer lugar, ruego a la señora secretaria primera de la Mesa que dé lectura a la propuesta formulada por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
La señora SECRETARIA (Sainz García): La Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en su reunión del día 15 de junio de 2005, celebrada en el Palacio del Congreso de los Diputados, acordó, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 2.3 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, de 6 de abril de 1981, modificado por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, elevar al Pleno del Congreso de los Diputados y, en su caso, al Pleno del Senado, la candidatura de Defensor del
Pueblo de don Enrique Múgica Herzog, presentada por los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista y Popular, que se aprobó por mayoría, lo que me honro en comunicar a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 15 de junio de 2005. El presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
Firmado: Agustí Cerdà Argent. Dirigido al excelentísimo señor presidente del Congreso de los
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria.
Señorías, la votación será secreta y por papeletas. Las señoras y señores diputados serán llamados nominalmente por un señor secretario o secretaria para depositar la papeleta en la urna. Votar sí significa votar a favor de la propuesta
formulada por la Comisión Mixta. Votar no significa votar en contra de dicha propuesta. Por cuanto no hay más que una candidatura presentada, ha sido solo una la propuesta elevada al Pleno, por lo que también serán válidas las papeletas que
contengan el nombre del candidato.
Así pues, se va a proceder al llamamiento. (Pausa.)
(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores diputados, que depositan su papeleta en la urna.)
Terminada la votación y efectuado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Señorías, el resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 289; a favor de la propuesta, 252; en contra, 18; en blanco, 19. En consecuencia, al haber obtenido una votación superior a los tres quintos de
esta Cámara, queda designado Defensor del Pueblo don Enrique Múgica Herzog. Este resultado será comunicado al Senado a los efectos oportunos. (Aplausos.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión. En primer lugar, exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden
del día de la presente sesión de los puntos IV, correspondiente a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la realización de un estudio jurídico sobre la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la legislación franquista, y V,
correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre revisión de sentencias y anulación de consejos de guerra y juicios sumarios ejecutados por motivos políticos
durante la dictadura franquista. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día de los puntos de referencia.
Segunda exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 40,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los trabajadores y familiares directos afectados
por la exposición a radiaciones ionizantes provocadas por la extracción de uranio en la fábrica de uranio de Andújar. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de
referencia.
Tercera propuesta, ésta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día
en el sentido de que el punto VII, relativo a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y el punto IX, relativo a las enmiendas del Senado, pasen a debatirse el miércoles día 29 de junio, tras el debate del punto VI, correspondiente a
interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE AEROPUERTOS Y TRÁFICO AÉREO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000104.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y
tráfico aéreo, orgánica.
En primer lugar, por el grupo parlamentario autor de la proposición de ley, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego está especialmente interesado, en este contexto político más democrático que el que vivimos durante cuatro años y más abierto también desde el punto de vista de las posibilidades de
mejorar sensiblemente en cuanto a la estructura institucional del Estado español, aunque sea de forma limitada, en ampliar el techo competencial de Galicia. No se trata de una novedad, sino que la posición del Bloque Nacionalista Galego es ya
histórica en este Congreso de los Diputados, y en particular el tema que vamos a tratar en este momento fue ya tratado cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, en concreto el 11 de diciembre del año 2001, a través de una proposición de ley
similar a la que ahora nos ocupa.
Ciertamente, el Estado español reserva, en el artículo 149.1 de la Constitución, una serie de aspectos que se constituyen en competencia exclusiva del mismo. Sin embargo, uno de los aciertos de la Constitución española fue posibilitar, a
través del artículo 150.2, la modificación del reparto competencial que en principio quedaba establecido formalmente por el texto constitucional. Por lo tanto, es posible hacer más flexible ese reparto amparándonos en la norma constitucional.
Nosotros pensamos que las competencias de Galicia en aeropuertos y tráfico aéreo son de gran importancia para una comunidad periférica como la nuestra, que está muy condicionada por los transportes, que juegan un papel fundamental desde el punto de
vista intermodal, en concreto la carretera y el ferrocarril, los dos comunes al espacio territorial del Estado español, pero también hay uno específico, que son los puertos de interés general y en cierta medida los aeropuertos, en la medida en que
Galicia está situada en un lugar periférico y tiene, por lo tanto, posibilidades de hacer que el Estado español tenga un cierto carácter policéntrico o multicéntrico, como después explicaré. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la
Presidencia.) Además nuestra comunidad reúne otra característica, que es la proximidad a un Estado independiente, que es Portugal, lo cual plantea importantes problemas y también grandes ventajas desde el punto de vista de la globalización. Es, por
lo tanto, necesario que las autoridades públicas de Galicia se autorresponsabilicen más en la relación intermodal de los transportes y que al mismo tiempo podamos contribuir a una visión del Estado español mucho más claramente descentralizada. Y me
explico. No es igual un Estado español donde la estructura aeroportuaria esté prácticamente centralizada en Madrid y, en menor medida, en Barcelona a que hubiera otros polos de descentralización, modelo en el que tendría que tener un papel
importante el sistema aeroportuario de Galicia, tanto en relación con las comunicaciones
domésticas en el conjunto de la península Ibérica como en relación con los vuelos transoceánicos o los vuelos dentro de la Unión Europea. Por otra parte, a nadie se le escapa que muy próximo a uno de los aeropuertos gallegos, el de Vigo,
hay un gran aeropuerto internacional, el de Oporto, que está ubicado dentro de la misma región norte de Portugal-Galicia.
Tampoco se le oculta a nadie que desde el punto de vista de la política del transporte y de la importancia de la integración
de todas las infraestructuras en el modelo económico, social, cultural y lingüístico del país, el papel de los aeropuertos tiene también una importancia crucial.
En todo caso, señorías, quiero advertirles que nuestra intención es lograr la transferencia de las competencias en infraestructuras aeroportuarias, así como aumentar sensiblemente las correspondientes a las estructuras de los puertos de
interés general, pero sin poner en duda el espacio del cielo único europeo ni las coordinaciones que sean necesarias y, por lo tanto, la participación en un modelo integrado de sistema aeroportuario general en todo el sistema español. ¿Cuáles son
las infraestructuras que se verían afectadas por esta petición de transferencia de competencias y qué es lo que representan? Fundamentalmente, tres aeropuertos civiles: los de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela, que están situados entre sí a
no más de 50 kilómetros, con todo lo que esto significa. Conforme a los datos del año 2004, el resultado de los movimientos en los tres aeropuertos es el siguiente. En concreto, en cuanto a movimientos de aeronaves, en el aeropuerto de A Coruña se
movieron 7.651 aeronaves, suponiendo una variación del 10 por ciento respecto al año 2003. Les digo esto para que vean cómo, a pesar de sus límites tecnológicos, la capacidad de los aeropuertos va en aumento. El aeropuerto de Vigo movió 11.516
aeronaves en el año 2004, lo que supone una variación del 18 por ciento respecto a 2003, y el aeropuerto de Santiago de Compostela movió 19.167 aeronaves, lo que significa una variación del 23 por ciento respecto al año 2003, con lo que este
aeropuerto se situaría en el sexto lugar en cuanto a incremento de movimiento de aeronaves en el conjunto del Estado español. Pero vayamos al dato de los pasajeros. El aeropuerto de A Coruña movió a 573.040 pasajeros en el año 2004, lo que supone
una variación del 6 por ciento en relación con el año 2003. El aeropuerto de Vigo movió a 909.235 viajeros, que supone una variación del 9 por ciento en relación con el año 2003. El aeropuerto de Santiago de Compostela movió a 1.543.743 pasajeros,
con una variación del 14 por ciento.
Curiosamente, es en el terreno de las mercancías donde la problemática aparece más frágil, sin duda no solamente derivada de problemas económicos y sociales de Galicia, sino también de una mala relación
intermodal entre las distintas infraestructuras del transporte. Así, se produjo el fenómeno, en relación con el año 2003, de que el aeropuerto de A Coruña disminuyese en un 1 por ciento la cantidad de kilogramos transportados, en concreto 539.184
kilogramos; el de Vigo, 1.029.000 y el de Santiago, prácticamente 5 millones de kilogramos. Pero en todos ellos hubo un ligero descenso entre el 1 y el 7 por ciento. Con estos datos está claro que se está perfilando, a través de lo que las
autoridades oficiales llaman simplemente la oferta y la demanda, una especie de sistema aeroportuario de Galicia en el que Santiago ocuparía un cierto perfil central en cuanto al número de viajeros y de mercancías y además porque es el mejor dotado
desde el punto de vista tecnológico, el único en el que funciona a pleno rendimiento, aunque solamente en la cabeza norte de la pista, un ILS-2.3 y a pesar de que tiene un buen acceso por carretera pero no tiene acceso por ferrocarril, lo cual es
una asignatura pendiente y, lamentablemente, no bien utilizada con la modernización del eje atlántico, que pasa a muy escasos kilómetros del aeropuerto. El aeropuerto de Vigo tiene un mal acceso por carretera, al menos no es el adecuado, no cuenta
con ferrocarril y no tiene en pleno funcionamiento el ILS-2.3. El de A Coruña es el de peor situación no solamente orográfica sino también desde el punto de vista tecnológico, que sigue sin tener ILS-2.3 y tiene malos accesos por carretera. En
todo caso, señorías, está claro que los sucesivos gobiernos del Estado español en los últimos años no han pasado de invertir más allá del 1 por ciento del presupuesto general de AENA en el sistema aeroportuario de Galicia. Pero, es más -y lo que
resulta más sintomático, aunque no sea responsabilidad absoluta de AENA, pero las autoridades aeroportuarias pueden participar con iniciativas políticas que favorezcan otro modelo-, prácticamente ningún aeropuerto, solo el de Santiago de Compostela,
tiene servicios regulares de carácter transatlántico -son muy escasas las comunicaciones con la Unión Europea, prácticamente solo con Bruselas y con París- y están todos muy centrados en los vuelos centralizados en dirección a Madrid y después de
Madrid al resto de la península Ibérica o incluso del mundo para los viajeros de Galicia. Por lo tanto, a pesar de que el que tiene mayor diversificación en este aspecto es el de Santiago de Compostela, dista mucho de ser un aeropuerto que
desarrolle su potencialidad precisamente para el tráfico transoceánico.
En definitiva, urge considerar a los tres aeropuertos como un sistema coordinado, coherente, propio y, por lo tanto, que ayude al policentrismo o a la polidiversidad dentro del sistema aeroportuario del Estado español. Por eso nosotros
planteamos en nuestra iniciativa una serie de modificaciones competenciales que partirían exclusivamente de considerar el artículo 82 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado, que creó el ente AENA, y, siguiendo literalmente ese
artículo 82, modificar cada uno de los apartados de dicho artículo, es decir, los apartados a), b), c), d) e) y f), de tal manera que quede claro que una serie de competencias que quedaban exclusivamente en manos de AENA pasen ahora a ser
prioritariamente competencias de la comunidad autónoma. Se trata, por lo tanto, de no discutir, repito, lo que es el espacio aéreo europeo único ni discutir tampoco la necesidad de coordinación entre todo
el sistema aeroportuario del Estado español, sino de controlar la infraestructura aeroportuaria, los sistemas de aproximación en cuanto al tráfico aéreo y también el tráfico aéreo puramente local o territorial.
Queda además exceptuado de
las competencias autonómicas todo lo que tiene que ver con defensa y con seguridad desde el punto de vista del Ministerio del Interior. Precisamente es nuestra propuesta. Igual en materia de formación y de títulos, se trata de ejecutar la ley
general del Estado, en absoluto de planificar independientemente el modelo de formación y de titulación.
Señorías, es curioso que en la etapa del franquismo una ley que aún continúa hoy vigente, la Ley de Navegación Aérea, de julio de 1960, en sus artículos 42 y 43 consienta, permita y avale la participación de las administraciones locales en
la construcción de los aeropuertos de interés general e incluso en su explotación. Es lamentable que prácticamente más de 50 años después estemos aún en una situación en la que no se acaba de dar entrada en un Estado democrático a la gestión de las
infraestructuras por parte de las comunidades autónomas. El Estatuto de Galicia, en el artículo 27.9, contempla ya a los aeropuertos y puertos como competencia exclusiva de la comunidad autónoma, dejando a salvo la declaración de interés general,
como el artículo 149.1.20 de la Constitución española, que no habla para nada de competencia exclusiva de los aeropuertos, sino de algo que tiene cierta lógica, exclusivamente del control del espacio aéreo, el tránsito y el transporte aéreo. Como
ven ustedes, en esta cuestión no debatimos ni entramos en colisión con nuestra proposición de ley.
Iniciamos este debate en el año 2001. Creo que fue una iniciativa pionera en aquel momento en el Congreso de los Diputados. Ahora no solo es posible avanzar en este tema sino incluso urgente, creemos que la actitud del nuevo Gobierno es
más abierta, flexible y comprensiva con esta cuestión y necesitamos que mejore sensiblemente el conjunto de la relación intermodal en los transportes de las comunidades autónomas y, en especial, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Para ello o hay
autorresponsabilidad, con todo lo que significa, o no es posible un modelo de transportes adecuado relacionado con todo lo que tiene que ver con nuestro país. No es de recibo seguir manteniendo un sistema que lo único que permite a las comunidades
autónomas es que las quejas de los usuarios vayan dirigidas a la comunidad autónoma o al Gobierno vasco, hecho lamentable, como se puede comprobar en los distintos aeropuertos.
Si yo no tengo competencias, ¿por qué voy a aguantar las reclamaciones
del mal funcionamiento de servicios de distintas compañías aéreas privadas? No tengo por qué hacerlo. Déjenme intervenir en el servicio, déjenme tener alguna discusión de carácter comercial con esas compañías privadas, ya que todo está
privatizado, y veremos si mejora o no la situación. Nosotros apostamos decididamente por este modelo, que no pone en duda ni la integración ni la solidaridad entre todos nosotros. No solamente estamos dispuestos a estudiar con detenimiento ese
tema, sino a aceptar que tiene que haber esa coordinación y solidaridad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez Sánchez.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) Continuamos con las fijaciones de posición. Comenzamos por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria respecto a esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
La posición de Coalición Canaria no puede ser otra que la de apoyar la admisión a trámite de esta iniciativa. No es la primera vez que se concita en el Parlamento español el debate de proceder a la descentralización de la gestión
aeroportuaria. Todas las veces hemos prestado nuestro apoyo por la visión que se tiene sobre la gestión o autogestión de los aeropuertos. Si desde el punto de vista de Cataluña, del País Vasco, de Extremadura y de Galicia se pretende
descentralizar la gestión aeroportuaria, ¿qué visión puede tener el territorio más alejado del Estado español, territorio fragmentado que tiene ocho aeropuertos, que mueve más de 30 millones de pasajeros al año y que necesita la coordinación de
todos estos instrumentos que son vitales e imprescindibles para el desarrollo social y económico de una sociedad como Canarias; territorio fragmentado, como digo, que no tiene alternativas al transporte aéreo, es decir, no existe la carretera ni el
ferrocarril?. Nos parece una iniciativa, no digo que oportuna porque hace ya muchos años que venimos batallando sobre este asunto, pero como bien señalaba el portavoz del Grupo Mixto, esperamos que el Gobierno de hoy sea coherente con las
posiciones que ha mantenido cuando estaba en la oposición y apueste por llevar a cabo la descentralización de los aeropuertos a favor de las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Izquierda Verde desea fijar posición? (Asentimiento.)
Señor Herrera, adelante.
El señor HERRERA TORRES: Voy a ser breve, señora presidenta.
Como bien es sabido, nuestra postura es favorable a la transferencia de los servicios aeroportuarios, a la participación de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de los actores económicos y sociales implicados en actividades
aeroportuarias. Creemos que es positivo para definir una estrategia regional, en muchos casos de comunidades autónomas, que haya una política sobre la materia. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor, si bien quiere poner
algunos peros sobre esta materia, si me lo permite el amigo y portavoz del Bloque. Uno de los elementos que incorpora la proposición habla del espacio aéreo gallego, pero siendo necesaria la transferencia de competencias y la gestión de los
servicios aeroportuarios por las comunidades autónomas, creemos que debe haber una tendencia generalizada hacia un espacio aéreo compartido en el conjunto de Europa. En el caso de que la proposición de ley se tramitase, este sería uno de los
elementos al que incorporaríamos alguna enmienda. El horizonte debe ser, como mínimo, un espacio aéreo europeo, esa debe ser la tendencia, pero a la vez es necesario un mandato al Gobierno para que haya una transferencia efectiva de la gestión de
los servicios aeroportuarios, porque forma parte de las estrategias en política de turismo, pero también de la política industrial y de la política de desarrollo en Galicia, en Cataluña, en Canarias y en tantas naciones, nacionalidades o regiones
del Estado español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Continuamos con el señor Olabarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra también para manifestar nuestra adhesión a la iniciativa tan pertinente, presentada por el Bloque Nacionalista Galego y la vamos a apoyar. Los argumentos expuestos por el señor Rodríguez son absolutamente cabales. Es una
gran paradoja, señor Rodríguez, que haya leyes preconstitucionales que prevean la participación de las entidades locales en la construcción y cogestión de los aeropuertos y, sin embargo, el legislador constituyente no haya tenido la visión de
incorporar a esta compartimentación competencial a las comunidades autónomas. Es una paradoja difícil de comprender o quizá no tan difícil, porque el legislador constituyente sí fue hábil cuando atribuyó la única competencia prevista en relación
con las comunidades autónomas, que es, como decía el señor Rodríguez, la recepción de las quejas. Esto, señora presidenta, no es el reconocimiento de una competencia. Esto es un gravamen, dado lo bien que funcionan las compañías aéreas en el
Estado español y lo bien que funciona AENA, como todos sufrimos. Desde esta perspectiva, tiene S.S. toda la razón. Estamos de acuerdo en sus argumentos y tampoco es contradictorio con el bloque de constitucionalidad porque nada obsta el artículo
149 de la Constitución, que reserva al Estado sus competencias exclusivas, para la transferencia de esta competencia en los términos que se articulan en el contenido material de esta proposición de ley.
No obstante, el señor Rodríguez es también otro optimista antropológico, dado el instrumento jurídico al que apela para conseguir la competencia, que es nada menos que el artículo 150.2, en virtud del cual el Estado puede transferir
competencias de las que la Constitución le atribuye en propiedad o de forma exclusiva. Como sabe el señor Rodríguez, este artículo está absolutamente virgen, impecable, impoluto; no es que nadie lo haya tocado, es que ni siquiera se transfieren
las competencias que se deben transferir, las previstas en los estatutos de autonomía. Hasta el Tribunal Constitucional ha afeado a los distintos gobiernos del Estado su conducta por su cicatería a la hora de transferir las competencias y, sobre
todo, por cómo las transfiere, desmesurando conceptos que tienen un componente metajurídico particularmente relevante, como el de la legislación básica o el de la legislación marco. Por citar un ejemplo, en la sentencia 96/1996, relativa a las
competencias de crédito, banca y seguros, el Tribunal Constitucional reprocha a la Administración del Estado que es imposible el reconocimiento de competencia autonómica alguna dada la desmesura de la regulación de las leyes básicas de carácter
orgánico de la Administración del Estado en esta materia. Por si esto fuera poco, la Administración del Estado a veces no solo no transfiere las competencias que debe transferir, sino que incluso las rescata a través de leyes sectoriales una vez
reconocidas a las comunidades autónomas, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en la recientemente aprobada reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Vial, llamada vulgarmente del carné por puntos, donde la Administración central del Estado se
reatribuye competencias que estaban ya reconocidas a las comunidades autónomas.
Señor Rodríguez, le alabo su optimismo antropológico por recurrir a esta vía que está absolutamente inédita en el ámbito de nuestro Estado y de la transición política. No sería esta una materia inadecuada para empezar a trabajar con un
artículo que parece que se ha convertido, más que en un precepto de los que tienen contenido material imperativo y coercitivo en la Constitución, en una especie de artículo de ornato o decoro en una Constitución, dada la escasa -por no decir nula-
voluntad antecedente, y seguramente consecuente y pro futuro, para la aplicación de este precepto cuando, sin embargo, se trata de un precepto tan constitucional como todos los demás. Perdone este pesimismo antropológico, señor vicepresidenta, pero
los hechos son tan tozudos y tan relevantes que uno a veces no tiene más remedio que utilizar estas oportunidades para, además de argumentar, practicar ciertos desahogos intelectuales que, en este caso, son absolutamente adecuados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Continuamos con el turno del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora vicepresidenta, Señorías, vemos hoy una proposición de
ley sobre AENA, los aeropuertos, la transferencia a las comunidades autónomas y la participación de la sociedad civil, al igual que la semana pasada tuvimos ocasión de ver una moción consecuencia de interpelación urgente sobre
infraestructuras en Cataluña, en la que también había un punto referido al tema aeroportuario que logró la unanimidad de todos los votos de la Cámara.
La participación de las comunidades autónomas, de las ciudades y de las cámaras de comercio en la gestión de los aeropuertos es un tema que está muy maduro. A través de diversos instrumentos jurídicos de esta Cámara, se ha discutido en
distintas ocasiones; hay manifestaciones de la señora ministra de Fomento al respecto, a principios de legislatura en el Senado y meses después, en esta Cámara. Después de la moción de la semana pasada, hemos entrado todos en el club de la
descentralización de AENA y de los aeropuertos. Quizás el instrumento jurídico de la proposición de ley que presenta hoy el Bloque Nacionalista Galego no sea el adecuado. La descentralización de los aeropuertos no vendrá por una u otra comunidad
autónoma, sino que vendrá de la generalización y del traspaso de competencias del Estado a todas las comunidades autónomas. Son diversos los compromisos, tanto en palabras de la ministra como de los grupos parlamentarios, sobre la descentralización
y la participación de las comunidades autónomas. Hay diversas reuniones en las que se ha avanzado, quizá no lo que uno quisiera, pero parece que vamos en el buen camino y hay compromisos de los grupos parlamentarios. Para nuestro grupo sería
deseable, y así lo planteamos, que la participación mayoritaria de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos se alcance antes de finales de este año, y para lograrlo no escatimaremos ningún esfuerzo.
Yo les pediría a los compañeros
del Bloque Nacionalista que se sumen a estas negociaciones que ya se están llevando a cabo para que, con la izquierda española y las izquierdas periféricas, consigamos alterar el tema de los aeropuertos y encajarlo dentro de la España de las
autonomías, lo que hasta el momento no ha pasado.
El instrumento jurídico que ha elegido el Bloque Nacionalista Galego, dado lo avanzadas que están las negociaciones en este tema, no nos parece el más adecuado. Por eso nos abstendremos, pero hacemos un llamamiento para que a este pacto de
la izquierda española y las izquierdas periféricas se sume el Bloque Nacionalista Galego. También esperamos del Grupo Socialista que esta descentralización y este traspaso de la gestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas sean efectivos
y reales, porque de nada nos sirve que la comunidad autónoma pueda nombrar a los directores de aeropuertos, como ahora pasa con los puertos, si después para comprar un bolígrafo tienen que pedir permiso a Madrid, al Estado central. Confiamos en que
esta descentralización sea efectiva este año y tenga calado y profundidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para fijar posición el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor, como hizo ya en la pasada legislatura ante una proposición de ley también defendida entonces por el Bloque Nacionalista Galego en esta Cámara, sobre la
utilización del artículo 150.2 de la Constitución, en este caso para realizar un traspaso de una competencia a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos, de tráfico aéreo.
Convergència i Unió considera -y lo ha dicho siempre en
esta Cámara- que es necesario utilizar el 150.2. Está en la Constitución, es una posibilidad constitucional, quien la decide son estas Cortes Generales a través de la aprobación de leyes orgánicas. Era una voluntad de estas Cortes Generales en el
año 1997, cuando se aprobó la Lofage, avanzar en la necesaria utilización del 150.2 de la Constitución para lograr el objetivo de la Administración única. Entiende nuestro grupo que es una vía segura de alcanzar una competencia. No es la única
vía, efectivamente, pero es la más segura. Nosotros en Cataluña utilizamos el artículo 150.2 para otorgar a nuestra policía autonómica, a los Mossos d'Esquadra, las competencias en materia de tráfico, y de alguna manera ha blindado esa competencia.
Siempre sería posible una ulterior ley orgánica que viniese a retocar, pero normalmente el avance competencial en un Estado plural, en un Estado compuesto, en un Estado plurinacional, no tiene retroceso. El avance es seguro cuando se otorga a una
comunidad autónoma nueva capacidad de autogobierno; es muy difícil después que se derogue aquella competencia que se ha conseguido traspasar.
Evidentemente, cuando ello se realiza en el marco de un estatuto tiene un blindaje superior, pero también
sabemos que no siempre es rápida y eficaz una reforma estatutaria y en ocasiones, mientras no llega esa reforma estatutaria, es necesario utilizar el artículo 150.2.
Una vez más, ante una proposición de ley orgánica que quiere aplicar esa previsión constitucional, mi grupo parlamentario dice un sí rotundo en el sentido de que es la vía que debe utilizarse en estos casos. Un sí sabiendo que, como es
proposición de ley, siempre hay la posibilidad de presentar ulteriores enmiendas para acabar de perfilar de qué forma se realiza el traspaso, cómo se garantizan finalmente los medios adecuados y cómo se garantiza, señor Rodríguez, una cosa tan
básica, ya que muchas veces las comunidades autónomas tienen que emitir queja de traspasar unas competencias sin los medios financieros necesarios. Evidentemente, la vía del artículo 150.2 debe poder utilizarse; es la vía que haría posible esa
Administración única tantas veces defendida; es la vía prevista, como decía anteriormente, en la propia
Lofage y es la vía que estamos utilizando en esta legislatura para la transferencia de servicios de meteorología a la Generalitat de Catalunya, que se alcanzó mediante la toma en consideración de una proposición de ley. El BNG, partido que
además previsiblemente tendrá responsabilidades futuras de Gobierno en Galicia, solicita por la vía del artículo 150.2 esta transferencia desde esa responsabilidad. Nosotros la apoyamos porque es positiva y porque podría redundar en que una
comunidad autónoma, con características de identidad propia nacional como tiene Galicia, pudiera tener el reconocimiento en un ámbito tan sensible como es la gestión aeroportuaria y que tantas veces padece la concepción centralista de un Estado, ya
que en materia aeroportuaria no hay manera de mover pieza.
Deseamos que esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, de nuestros compañeros nacionalistas gallegos, tenga éxito y que podamos aprobar hoy el inicio de esta transferencia para Galicia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.
Continuamos con el turno del señor Ayala por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene para ello la palabra.
Adelante, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, este es un tema sobre el que hay que hablar en serio, no podemos venir aquí y hacer apreciaciones que se salen del marco lógico de un debate en el Congreso de
los Diputados. Lo digo porque lo primero que ha hecho el señor Rodríguez ha sido decir que espera lograrlo en este Congreso, que es más democrático que el de la pasada legislatura. Espero que haya sido un lapsus y que el señor Rodríguez no haya
querido decir esto, porque jugar con que este Congreso es más democrático que el anterior porque hay una distinta composición y correlación entre las fuerzas, me parece una frivolidad. Se lo digo con todo el respeto porque probablemente haya quien
piense que el tema de la democracia responde solo a la representación que se da en las urnas a los ciudadanos y también haya quien pueda pensar que la responsabilidad que se tiene por parte de los grupos democráticos por implantación nacional es
mayor que la que responde a unos criterios territorialistas, mucho más focalizados en una zona concreta de un Estado, sin tener conciencia, ni querer tenerla, de lo que pase con el resto del país. De la misma manera que uno tiene que oír también:
a ver si la izquierda centralista, la izquierda del Partido Socialista y la izquierda periférica son capaces de sacar adelante estas cuestiones, ojalá fuera la izquierda periférica; es la izquierda independentista y no la izquierda periférica.
Hay que enmarcarlas perfectamente lo que estamos debatiendo, que no es más que una cuestión constitucional. Cuestión constitucional en la cual la doctrina y la jurisprudencia lo han dejado bastante claro y evidente. El artículo 149.1.20.ª
es una competencia exclusiva del Estado porque afecta a la soberanía. Es una cuestión que no tiene discusión. Ya se viene sabiendo, y se ha fijado desde los años ochenta, una jurisprudencia constitucional cuando denegó la capacidad a todas las
comunidades autónomas de recurrir los reales decretos de ordenación aeroportuaria.
Por tanto, son cuestiones que no tienen discusión. El uso del artículo 150.2 se quiere utilizar como paradigma un desarrollo constitucional que todavía no se ha
conseguido. Es evidente que también la jurisprudencia ha tenido que decir algo respecto a esta materia. Y ha dicho que el artículo 150.2 se puede utilizar siempre que sea posible que esa competencia exclusiva del Estado que se quiere transferir
tenga una política propia e independiente.
Por mucho que ustedes quieran decir hoy aquí que no se trata de agredir el espacio único europeo; que no se trata de alterar la solidaridad; que no se trata de no tener la idea de la compensación y de la cooperación interportuaria, no es
verdad. Lo que se pretende con la proposición de ley es todo lo contrario de lo que dicen luego cuando suben a la tribuna.
Es una cuestión que afecta al territorio nacional, que es imposible que tenga una política propia e independiente y, por
tanto, no se ve que exista razón extraordinaria, porque también tendría que serlo por su tramitación, para tomarla en consideración y que tenga viabilidad.
El sistema español es un sistema de red. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Un aeropuerto o tres, como es el caso de Galicia, solos no tienen ningún sentido. Estamos hablando de una red que funciona con compensación económica.
¿Ustedes creen que se hubieran podido invertir en Galicia 285 millones de euros con la capacidad que generan los propios aeropuertos de Galicia? No. Se han podido invertir y planificar tres planes directores porque responde a un criterio de
equilibrio económico en el cual las obras en los pequeños son soportadas por los grandes. Los grandes reciben también ayuda de los pequeños en cuanto que aportan tráfico, pero los pequeños también de los grandes. Hablar aquí de que el volumen de
tráfico es el elemento fundamental de esta proposición de ley es no saber qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el porcentaje de esos aeropuertos que precisamente se están nutriendo como consecuencia de la gestión única por parte del resto de
aeropuertos de la red española que son los que están propiciando ese segundo trasvase con su política hub para que puedan llegar a los aeropuertos de Galicia? ¿Creen que solo ellos serían capaces de tener ese mismo volumen? No lo serían. Y tratar
de comparar esto con lo que pasa con los puertos o con las autoridades portuarias -lo dijimos en otra ocasión- es absolutamente miope. Es miope porque entre los aeropuertos no existe la competencia que hay entre los puertos; porque entre los
aeropuertos no existe esa posibilidad de cambiar de uno a otro los tráficos; y porque los aeropuertos necesitan la masa específica que les da el funcionamiento en red.
Pensar que porque en 1996 se pudieron hacer las autoridades portuarias ahora se pueden transferir las competencias de los aeropuertos, es no querer verlo, entre otras cosas, porque las competencias de los puertos no se han transferido. Las
competencias de los puertos siguen siendo estatales, lo que pasa es que en la composición de la autoridad portuaria están presentes las comunidades autónomas, los ayuntamientos y, por supuesto, el Estado.
Desde luego decir que esto no es incompatible con Europa es no saber tampoco hacia dónde va Europa. Europa está yendo hacia el cielo único y aquí se fragmenta porque se trata de la ordenación del cielo y de la navegación aérea sobre
Galicia, aunque se diga otra cosa. Europa va a reducir los centros de control, que ahora mismo ya tiene 26 subartículos y 58 centros de control, e iríamos a otros más, sobre todo si siguiéramos transfiriendo las competencias. Sinceramente creo que
esta es una proposición que va contracorriente, con ese afán nacionalista e independentista que plantea un partido como el BNG, que se creen que esto es un logro. No es un logro que las competencias aeroportuarias se desmembren, no lo es; es
simplemente tener una visión miope, autonomista, localista por tener una competencia más dentro de una comunidad autónoma, pero es no tener ni idea de lo que supone el juego de balanzas y contrapesos del Estado central y el Estado de las autonomías,
es no tener idea de eso.
A mí también me gustaría saber qué es lo que va a decir el Partido Socialista. El Partido Socialista en ese no democrático o menos democrático debate que tuvimos en el año 2000, en el cual curiosamente una mayoría aplastante consideró que
no había que dar lugar a esta proposición de ley, votó con el Partido Popular. Espero que sea así, primero, por coherencia; en segundo lugar, porque si no su PEIT desaparecería y carecería de sentido, ya que está basado en la red aeroportuaria, y
espero que seamos claros, no que las circunstancias actuales den lugar a un discurso ambiguo de no pero sí, más bien gallego, ni sí pero no, que seamos claros y que España en su pluralidad sepa qué es lo que piensa el principal partido del Gobierno
en todos los aspectos, porque debemos de decir si nos parece bien que se fragmente el espacio aéreo, si nos parece bien que se rompa el concepto de red, si nos parece bien que haya un transporte aéreo independiente, que es lo que dice la
proposición, que haya títulos aéreos propios, si nos parece bien que haya un control exclusivo de la circulación en el espacio aéreo de Galicia, que es lo que dice la proposición, porque desde luego al Partido Popular no le parece bien, y lo dice
con toda claridad. También quiero aclarar que esto no se contradice con que nosotros pensemos que deben ser tenidas en cuenta las comunidades autónomas, naturalmente, y los ayuntamientos, naturalmente, y otras entidades, ya lo hemos dicho, pero
nosotros hemos dicho lo que hemos dicho y no queremos que otros piensen que hemos dicho aquello que no hemos dicho. Hemos dicho bien claro lo que hemos dicho y eso es evidente. Esto no quiere decir que el Partido Popular esté de acuerdo con el
funcionamiento de AENA, no vayamos a confundirnos, máxime con el funcionamiento de estas dos últimas semanas en las cuales parece que debería de mejorar en época de exámenes, pues no progresa adecuadamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ayala, muchas gracias.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista y tiene para ello la palabra el señor Louro.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hago uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto y en concreto por el Bloque Nacionalista Galego en relación con la transferencia a
la Comunidad Autónoma de Galicia de la gestión aeroportuaria y del tráfico aéreo. Ciertamente que este asunto, señorías, ha sido planteado en varias ocasiones por distintos grupos parlamentarios en relación con la transferencia a las distintas
comunidades autónomas de la gestión aeroportuaria y del tráfico aéreo.
Por tanto, señorías, este asunto es algo que está abordado, discutido y debatido y, en consecuencia, el debate está abierto. La iniciativa del Bloque Nacionalista Galego es una
nueva oportunidad para el desarrollo de este debate. Dicho esto, el Grupo Parlamentario Socialista considera que los aeropuertos son infraestructuras básicas para el desarrollo social y económico de los distintos territorios. Por ello, es
necesaria una gestión eficaz del sistema aeroportuario, una gestión eficaz que tiene que conllevar más capacidad y más competitividad; más capacidad para desarrollar una política más competitiva, más modernidad y más integración en el territorio.
El actual modelo de gestión de los 47 aeropuertos de interés general y de un helipuerto es un modelo de gestión pública que está siendo desarrollado por un organismo público que es Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Es también
una gestión integrada en lo que atiende a la gestión aeroportuaria y de la navegación aérea. El Grupo Parlamentario Socialista considera que dada la importancia socioeconómica de los aeropuertos, es necesario repensar el modelo de gestión aérea
haciéndolo más participativo y haciendo posible que las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades e instituciones sociales y económicas de esos territorios puedan participar de la gestión de los aeropuertos.
Señora presidenta, señorías, nuestro grupo comparte lo explicitado por el Gobierno de España, lo explicitado por el presidente del Gobierno y lo declarado por la ministra de Fomento en distintos medios de comunicación, en el Congreso de los
Diputados y en el Senado.
Así, el objetivo del Gobierno no es otro que los usuarios tengan un mejor transporte aéreo, un transporte aéreo seguro y un transporte aéreo de calidad. Para ello, el Gobierno considera necesaria la participación de las comunidades
autónomas en la gestión de la red de aeropuertos españoles y en concreto en la gestión del ente público AENA. El Gobierno defiende la participación de las comunidades autónomas y de las entidades locales, y esto tiene que ser compatible, señorías,
señor portavoz del Grupo Popular, con el funcionamiento en red de los aeropuertos, con la mejora de la navegación aérea, con la garantía del debido control y con el avance hacia el espacio único europeo. Estas son las limitaciones y las condiciones
con las que está trabajando el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento está trabajando en un nuevo modelo de gestión de AENA, un modelo que entendemos que debe ser participativo, un modelo que debe asegurar un transporte aéreo seguro, un
transporte aéreo de calidad, un transporte aéreo viable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero, un transporte aéreo integrado en el territorio.
Señorías, el Plan estratégico de infraestructuras y transporte contiene en buena parte lo dicho por la ministra de Fomento en esta Cámara y lo dicho en alguna respuesta parlamentaria por el presidente del Gobierno, de tal manera que para el
periodo 2005-2008 el PEIT contempla la apertura de la gestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas, está perfectamente explicitado en el mismo. El ministerio está trabajando en gran medida, señor Rodríguez, en los planteamientos de base
que tiene esta proposición de ley. La posible transferencia de la navegación aérea a las comunidades autónomas, al margen de la gestión de los aeropuertos, requiere, a nuestro juicio, alguna especial consideración. Es sabido por todos que es una
competencia exclusiva del Estado, que es de interés general y en gran medida de interés supranacional. Hay que indicar que la navegación aérea conlleva, desde el punto de vista operativo, técnico y de seguridad, elementos de complejidad que hay que
tomar en consideración de una manera muy especial. Nosotros diferenciamos navegación aérea de gestión aeroportuaria. A diferencia de navegación aérea, los modelos de gestión aeroportuarios son múltiples y diversos en el mundo; por tanto, el Grupo
Parlamentario Socialista comparte el trabajo que está realizando el Gobierno y, en concreto, el de AENA.
Señorías, el debate está abierto desde hace bastante tiempo en esta Cámara. El Gobierno está trabajando y tiene compromisos claros y explícitos en trabajar en una determinada dirección. Cierto es que eso tiene unos condicionantes y unas
limitaciones que acaban de ser expuestas por este portavoz. Es importante, a nuestro juicio, no precipitarse, no tomar decisiones que no estén bien reflexionadas y, por tanto, no equivocarse. Hay que estudiar los modelos más convenientes que nos
permitan un transporte aéreo que garantice la seguridad, que sea de más calidad, más eficiente y que esté más integrado en el territorio.
Por último, debo indicarles, señoras y señores diputados, que desde el Gobierno y desde las distintas comunidades autónomas se está trabajando en la reforma de los distintos estatutos de autonomía. También ahí vamos a tener una oportunidad
para trabajar y para dar una solución que nos pueda dar satisfacción a todos respecto a la gestión del sistema aeroportuario.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Louro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000048.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la siguiente iniciativa, proposición de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias. Para su defensa
tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, ¿qué vamos a tener que hacer los canarios para que a Canarias se le reconozca que es una unidad político-administrativa, social, económica, cultural y geográfica? ¿Qué
vamos a tener que hacer en Canarias los canarios para que se nos reconozca que somos un solo pueblo, un pueblo esparcido entre las islas que conforman el archipiélago canario, una comunidad autónoma, un archipiélago, un pueblo que se enlaza entre sí
a través del mar que nos separa, pero también a través del mar, que es el único elemento que nos une?
Más de dos décadas llevamos los canarios intentando que se delimiten los espacios marítimos del archipiélago. Primero, la asamblea encargada de elaborar la propuesta del estatuto de 1982 que se constituyó en Canarias aprobó por unanimidad
que la Comunidad Autónoma de Canarias la formaban las islas, los islotes y los distintos espacios marítimos. Era lógica la propuesta que se hacía porque el artículo 147.2 de la Constitución establece que los estatutos deben delimitar su territorio.
Pero esa propuesta que venía de Canarias, esa propuesta unánime impulsada por todas las fuerzas políticas canarias encontró el rechazo de los dos grandes partidos de ámbito estatal en el Parlamento español y, por tanto, Canarias quedó en el Estatuto
del año 1982 como un grupo de islas, no se le reconoció ni siquiera el carácter de archipiélago y menos aún se le reconocieron los espacios marítimos. En esa ocasión, el actual presidente del Partido Socialista canario, Jerónimo Saavedra,
posteriormente dos veces ministro del Gobierno de España, que fue miembro de esa asamblea que impulsó el Estatuto del año 1982, decía que dejar a las islas sin agua era
auténticamente surrealista. Después, cuando con motivo de la reforma de diciembre de 1996 logramos introducir en el artículo 2 de nuestro estatuto el concepto archipiélago, se producía un avance. Si acudimos a la interpretación que se da
en los diccionarios al concepto archipiélago, nos encontramos con que en el de la Real Academia de la Lengua Española se dice que es un conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar. El diccionario
de María Moliner dice que es una porción de mar poblada de islas. El de Casares afirma que es una parte de mar poblada de islas y la Convención del Mar, celebrada en Jamaica en el año 1982, entiende que un archipiélago es un conjunto de islas, las
aguas que las conectan y otros elementos naturales tan estrechamente relacionados entre sí que formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca. A partir de ese momento, del año 1996, en que logramos introducir el concepto
archipiélago en nuestro estatuto, han sido múltiples las iniciativas que se han presentado en el Parlamento español para que se reconozcan los espacios marítimos de Canarias. Hoy quiero recordar aquí a dos hombres, a dos ex senadores que han
representado a Canarias, Miguel Ángel Barbuzano, que ya no está entre nosotros, y Victoriano Ríos, que en distintas ocasiones elevaron proposiciones de ley en el ámbito del Senado, que siempre encontraron el apoyo del grupo mayoritario de la
oposición, del Grupo Popular o del Grupo Socialista, alternándose según la posición en la que se encontraban. El que estaba en la oposición lo apoyaba y cuando estaba en el Gobierno se oponía. Esta situación se fue dando hasta la recta final de la
legislatura pasada, febrero de 2003, en que una proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas, pero decayó en el Congreso en el trámite de enmiendas con la
finalización de la legislatura. Pues bien, la proposición de ley que defendemos hoy es exactamente la proposición de ley aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas en el Senado.
Es más, durante el período de presentación de enmiendas
en el Congreso el Grupo Parlamentario Socialista presentó una que en nada discutía el fondo de la propuesta que hacía Coalición Canaria, sino que se refería al ámbito competencial, y justamente hemos recogido esa enmienda en el texto de la
proposición de ley que hoy defendemos para, dada la situación en la que nos encontramos hoy en la Cámara, del Grupo Parlamentario Socialista apoyando al Gobierno, evitar los argumentos que en aquella ocasión le llevaron a apoyarla pero anunciando
que no les parecían ajustados a derecho. En 2003, en el Senado, como indicaba, tanto el Grupo Socialista como el Popular la apoyaron, y tengo que reconocer aquí el apoyo a dicha iniciativa prestado por el Grupo Parlamentario Popular, que fiel al
acuerdo firmado entre Coalición Canaria y el Partido Popular, al apoyar esta iniciativa cumplió con el compromiso que tenía con nosotros.
¿Qué plantea la proposición de ley? ¿Qué demanda Canarias del Estado con esta propuesta? Señoras y señores diputados, es algo tan elemental y simple como saber cuál es la superficie de la Comunidad Autónoma de Canarias y cuál es su mar
territorial y su zona económica exclusiva. Lo que está demandando Canarias simplemente es cuál es la superficie de la Comunidad Autónoma de Canarias y a partir de ahí fijar su mar territorial y su zona económica exclusiva. ¿Qué criterios se
plantean para definir cuál es la superficie de la Comunidad Autónoma de Canarias y cuál es el mar territorial y la zona económica exclusiva? En primer lugar, se tienen en cuenta los criterios fijados en las leyes estatales de 1977 y 1978 para
desarrollar los límites de la zona económica exclusiva. En segundo lugar, se tienen en cuenta los criterios fijados en la Convención del Mar, celebrada en Montego Bay, en Jamaica, en el año 1982. ¿Qué criterios hemos escogido para llevar a cabo
esa delimitación de la comunidad canaria y de sus espacios marítimos? Los que se prevén tanto en la Ley de 1978, de ámbito estatal, como en la Convención del Mar, es decir, coger los puntos más salientes de las islas y trazar líneas de bases
rectas. A partir de ahí, a través del perímetro definido por esas líneas de bases rectas, lo que queda dentro son aguas interiores, aguas interinsulares, y a partir de ese perímetro hacia fuera, las 12 millas -estamos hablando de mar territorial-,
la zona económica exclusiva.
¿Dónde están las discrepancias entonces, si parece una cosa tan elemental y tan sencilla, entre los planteamientos que se hacen en Canarias y lo que se ha venido sosteniendo por parte de los partidos de ámbito estatal que han estado en
situación de Gobierno? Las líneas argumentales que se utilizan para discrepar de la propuesta es que la utilización del criterio de líneas de bases rectas aprobada por la Convención del Mar llevada a cabo en Jamaica solo es aplicable, según los
partidos de ámbito estatal en cada momento en situación de Gobierno, como indicaba antes, para aquellos Estados que son archipiélagos. Pero nada más lejos de la realidad la utilización de ese criterio de que solo sirve la delimitación de esos
espacios marítimos para lo que son Estados-archipiélagos. La doctrina más autorizada nos indica que no estamos ante un problema jurídico sino de tipo político. Conforme a ese régimen general de la utilización del criterio de bases de líneas
rectas, se llevó a cabo la delimitación de otros archipiélagos de Estados, como es el caso de Canarias, sin que haya supuesto ninguna vulneración de la legalidad vigente. Tenemos el caso de las islas Houtman, pertenecientes a Australia; las islas
Feroe, que corresponden a Dinamarca; las islas Spitzberg, que pertenecen a Noruega; las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador, o las islas Azores y Madeira, en un país más cercano, como es el caso de Portugal. Hay diversos autores que avalan
la tesis de que el mismo criterio para fijar los espacios marítimos para los Estados que son archipiélagos son aplicables para los archipiélagos de Estados, por ejemplo, Jiménez Piernas, catedrático
de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alcalá; Remiro Brotóns, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Madrid; la profesora Paz Andrés, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de
Oviedo, y otra serie de profesores autorizados en la materia, como Pueyo Losa, Yturriaga Barberá o Carlos Espósito.
¿Qué es lo que puede haber en el trasfondo de este asunto? ¿Por qué siempre el Gobierno de turno de España pone trabas a que se delimiten los espacios marítimos de Canarias? ¿Es que puede afectar a países terceros? ¿Se puede incomodar a
algún país tercero porque España impulse la delimitación de lo que es el territorio de una de sus comunidades autónomas, las aguas del mar territorial y la zona económica exclusiva? En absoluto. No afecta a ningún país tercero. No debe incomodar
a nadie.
Desde 1977, siguiendo el criterio de la ley estatal para delimitar el mar territorial, la delimitación con respecto a la costa africana, con la delimitación hacia el este, está realizada desde ese momento, dada la proximidad de la isla de
Lanzarote y de Fuerteventura, que era una unidad. Hoy sabemos que si miramos desde Lanzarote y Fuerteventura hacia la costa africana, si quieren ustedes hacia Marruecos, sabemos cuál es el punto donde están fijadas las 12 millas para delimitar el
mar territorial y cuál es el punto donde tenemos que buscar la zona económica especial, en este caso la mediana entre el territorio de soberanía del Estado español y Marruecos. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación que produzca daños o
interferencias con derechos de terceros países. Es más, señoras y señores diputados, en caso de incomodarse alguien, ¿a quién prefiere incomodar el Gobierno español, a Marruecos o a uno de sus territorios, el más alejado, que es la Comunidad
Autónoma canaria? Puedo asegurarles, señorías, que si hay algo que respiran absolutamente todos los canarios, toda la gente que vive en Canarias, si hay alguna competencia que no se entienda en Canarias que hasta ahora no haya sido articulada por
el Estado, es el reconocimiento a sumar interinsular, a sumar interior, el reconocimiento de la parte que también forma parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sus islas, que es el mar. Por lo tanto, no se trata aquí, porque no hay razones
para ello, de incomodar a nadie; en segundo lugar, en el supuesto de incomodar a alguna de las partes, hay que optar: o se incomoda al pueblo canario o se incomoda a Marruecos. Esa decisión está en manos del Gobierno español.
¿Este es un capricho que se nos ha ocurrido a los partidos políticos en Canarias, que en Canarias estamos todos de acuerdo en impulsar esta delimitación de los espacios marítimos? ¿Esto es solo un asunto de los nacionalistas canarios o
también del conjunto de la sociedad canaria? Entiendo, de verdad, que es una posición del conjunto de la sociedad canaria. Desde luego, todos los partidos políticos en Canarias están en esta misma posición por distintas razones, no por capricho;
por razones de tipo político, primero, porque el mar es parte de nuestra identidad -nos separa al tiempo que nos une-; segundo, porque desde la conquista de las islas Canarias por Castilla su historia ha estado plagada de pleitos y divisiones
internas, de peleas interinsulares, y Canarias solo ha avanzado como comunidad desde el momento en que ha tenido la posibilidad de tener autogobierno, de tener autonomía, avanzando hacia la unidad, la cohesión y la conversión en un único pueblo. La
delimitación de sus aguas es la culminación de este proceso, de que Canarias se quede constituida como una unidad y, por lo tanto, como un único pueblo. Hay razones de tipo internacional, evitar la existencia de aguas internacionales que separan
las islas. ¿Es razonable, de sentido común, sensato o lógico que entre las islas, salvo entre Lanzarote y Fuerteventura, cuando nos alejamos 12 millas, estemos en aguas internacionales? ¿Parece eso razonable o lógico?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Rivero, debe usted acabar, terminó su tiempo.
El señor RIVERO BAUTE: Termino ya, señora presidenta.
Otra razón de tipo internacional es llevar a cabo la delimitación efectiva de la zona económica exclusiva de Canarias. Razones de tipo jurídico son dar coherencia a los ordenamientos jurídicos, dar cumplimiento a la ley estatal de 1977 y
1978 y a nuestro estatuto de autonomía y, en definitiva, acabar con 30 años de una normativa dispersa y contradictoria. Las razones competenciales son poder ejercer las competencias que le corresponden según su estatuto y que en la actualidad no se
extienden a esos espacios; algunas son tan razonables como la pesca en aguas interinsulares, el salvamento marítimo, el control de vertidos al mar, el control de todos los aspectos que afectan al medio ambiente, el control de barcos con materias
radiactivas, el control del tráfico ilegal de personas y de drogas y el control de policía de esas aguas.
Finalmente, señoras y señores diputados, señora presidenta, hay razones de sentido común y de lógica. No hay comunidad -como la canaria- archipielágica sin el mar que la una. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria espera contar hoy
con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios que nos han mostrado su consideración cuando hemos debatido esta iniciativa tanto en el Congreso como en el Senado. Al Gobierno le decimos que este es un asunto muy importante para Canarias, un
asunto serio, y que si hoy el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa pensando que la misma se va a ahogar con la prolongación de los distintos períodos para llevar a cabo enmiendas, porque vamos a desistir de las mismas, nada más
lejos de la realidad.
Este es un objetivo político de primer nivel en Canarias y estaremos defendiéndolo en este Parlamento español hasta que consigamos que se le reconozca a Canarias lo que en este momento entendemos que es de justicia: la
delimitación de su espacio marítimo y, por lo tanto,
poder llevar a cabo la delimitación de las aguas territoriales y de la zona económica exclusiva.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rivero, muchas gracias.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
Comenzamos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario ha atendido al portavoz de Coalición Canaria y va a atender al resto de portavoces para saber cuáles son los argumentos, pero hemos podido leer los debates que se han producido en otras ocasiones y el Grupo de
Izquierda Unida, y el de Iniciativa también, en legislaturas anteriores hemos votado siempre a favor de esta propuesta, precisamente porque lo que pretende la proposición de ley es delimitar por primera vez los espacios marítimos de las aguas
interiores, las aguas que queden cerradas dentro del perímetro del Archipiélago, incluyendo los puntos más distantes. Creemos que es razonable, a no ser que haya argumentos de mayor peso. De hecho, ese sentido de lo razonable que nos lleva en
principio a votar positivamente la propuesta es el mismo que llevó a otros grupos parlamentarios a votar en un sentido positivo. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
Si esta propuesta se aprobara y se tramitase como proposición, nuestro grupo parlamentario cree que no se debería enmarcar exclusivamente en las islas Canarias, sino que -precisamente por los vínculos que tenemos- debería aplicarse también a
las Illes Balears, por entender que aquello que el portavoz de Coalición Canaria reclamaba para Canarias tendría el mismo sentido para la delimitación de las aguas interiores en el caso de las Illes Balears. Por lo tanto, ésta va a ser nuestra
postura y quería transmitirla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, mi grupo va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que hoy trae a este hemiciclo el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Constituye ésta una propuesta que mi
grupo contempla con interés y con curiosidad.
Entendemos que se trata de una de esas propuestas que nos atrevemos a calificar de simple, sencilla, clara, muy fácil de entender, muy fácil de explicar, y otra cosa es que para algunos sea fácil o
difícil de aceptar; al menos no parece serlo para todos, más bien al contrario. Ocurre a veces que este tipo de propuestas cuentan con otro montón de consideraciones, de tomas de posición previas, del pasado, que a pesar de la simplicidad del
enunciado con que son formuladas las mismas, suscitan un rechazo no fácilmente explicable.
El grupo canario reivindica, a nuestro juicio con razón, para las instituciones canarias que el territorio sobre el que desean ejercer el cuadro de competencias que les corresponde en virtud de su estatuto de autonomía no debe ser
exclusivamente el de determinadas islas, sumadas una a una, sino de esas islas integradas, diría yo, en un marco y en el seno de un ámbito, el de la archipielagicidad. ¿Qué más razonable? Para todo pueblo costero constituye una evidencia, y hasta
un axioma, el que su espacio de vida, de desarrollo, no queda en ninguna forma limitado y constreñido por su línea costera, sino que está conformado por igual tanto por determinadas superficies de tierra como de mar. Esto es una evidencia para todo
pueblo costero. En el caso de un pueblo, de unos ciudadanos, cuya vida se desarrolla en un marco y en medio de, y tanto depende esa vida de ese marco y de ese medio de un archipiélago, esto es todavía más evidente y, a nuestro parecer, una
constatación y una experiencia todavía más firmes e indiscutibles. Este es con toda seguridad el caso del pueblo canario. ¿Por qué razón, entonces, habría de negárseles que hagan coincidir su ámbito, su territorio, su espacio de vida, de
interrelación y desarrollo real con aquel espacio o ámbito en el que desarrollan su autogobierno? ¿Cómo y por qué el territorio autogobernado debe prescindir de una parte del territorio vivido, del territorio sentido y construido, si se me permite
la expresión? Nada tiene de extraño que los canarios sientan, proclamen y reivindiquen, como hace este proyecto de ley, que su ámbito territorial está incompleto sin la delimitación de los espacios marítimos incluidos en el concepto archipielágico
que introduce el referido artículo 2 del estatuto de autonomía en relación con la proyección competencial que define el artículo 40.1 y que entienden que el mismo debiera englobar los espacios terrestres y marítimos de Canarias. Es en esto tan
claro y tan sencillo de comprender en lo que mi grupo está de acuerdo y por ello votaremos a favor.
No sé que harán el resto de los grupos, pero hay que reconocer que todos los temas de territorialidad encuentran dificultades a la hora de avanzar. No sé si se opondrán a la toma en consideración de esta proposición de ley, pero si lo
hicieran, quienes lo hicieren, querrían cerrar un debate sin siquiera abrirlo, lo que solo es posible hacerlo en virtud de una determinada concepción del territorio que nada tiene que ver, no ya con una concepción única -la única posible- ni una
concepción objetiva ni desde luego la más justa y la más idónea para los tiempos que estamos viviendo, sino con una concepción arbitraria y en muchísimos casos anclada en concepciones y en visiones del pasado. Lo dice perfectamente la proposición
de ley presentada por ustedes y
que hoy debatimos. Aun reconociendo que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dedica una parte a la aplicación del régimen de delimitación de los distintos espacios marítimos, de acuerdo con el método de las líneas
de bases rectas, a los Estados archipielágicos, ese método también puede ser aplicado conforme con el régimen general de delimitación, recogido en dicha convención, a los Estados mixtos o archipiélagos de Estado, que es el caso de Canarias, como
efectivamente lo han realizado diversos países.
Estos son los términos del debate que nosotros quisiéramos abrir, junto con Coalición Canaria, en este Congreso. El repaso de lo ocurrido en la historia nos da también la razón de que se vuelva a plantear este tema.
El propio concepto de
archipielagicidad, desde que Indonesia hizo una declaración a favor la misma en 1957, constituye un testimonio claro de ello. Porque sería en tiempos de la guerra fría cuando presiones políticas de grandes potencias como Estados Unidos, la Unión
Soviética o China harían que desapareciese la aplicación de la archipielagicidad para los Estados con archipiélago y quedara reservada únicamente para los Estados archipielágicos. ¿En virtud de qué fundamento jurídico o lógico? Ninguno, ninguno no
revocable, desde luego, diga quien diga lo que diga.
Esta es la discusión que a nuestro juicio debiera abrirse, una discusión interna sobre el concepto de espacio y territorio, sobre la razón de ser y el alcance de su delimitación y también sobre
la más idónea gestión del mismo. En el caso español, en el marco de un Estado de las autonomías, si nos lo creemos de verdad y en una aplicación referida al caso de un archipiélago situado, por cierto, a miles de kilómetros del territorio de
referencia central de dicho Estado, el debate no debiera ser solamente de ámbito interno sino, si hiciera falta, ser trasladado también a los ámbitos internacionales oportunos sobre la aplicación del principio de archipielagicidad. No sé si
discutiremos, no sé si se pasará de largo una vez más sobre este tema. Quizá algunos sigan prefiriendo aplicar el recetario elemental que todos conocemos -por cierto para este y para otros casos y situaciones-, recetario que, por lo demás, es día a
día menos idóneo para hacer frente a los problemas y situaciones del presente y que no resuelve ninguna situación de futuro. En todo caso, no será por mi grupo que este debate no se plantee en toda su crudeza y su profundidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana apoyará la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria de delimitación de los espacios marítimos de Canarias, es decir, el perímetro archipielágico que debe
permitir superar su discontinuidad territorial y la existencia de corredores no considerados territorios propios.
Somos conocedores de que no se trata de una reivindicación reciente. Ya figuró en las primigenias discusiones, pero no así su plasmación, que cristalizaron en el primer estatuto de autonomía y nos consta que de nuevo se halla en discusión
en la actualidad. Es más, en la pasada legislatura, tal como se nos ha recordado, el Senado tomó en consideración por unanimidad una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria que no llegó a
discutirse por disolución de la Cámara. Entendemos legítima a todos los efectos la voluntad expresada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria de establecer legalmente que las aguas interiores sean aquellas que queden encerradas dentro de
las líneas de bases rectas que proponen para configurar el perímetro del Archipiélago, así como que los demás espacios marítimos reconocidos internacionalmente sean delimitados a partir de dichas líneas, tal como han hecho otros archipiélagos. Más
allá de los intereses funcionales de mayor y mejor capacidad de gestión administrativa y política en interés de la ciudadanía canaria, más allá de los intereses económicos legítimos, a los cuales puede aspirarse con el alcance de lo demandado, como
independendistas catalanes valoramos dar apoyo a una propuesta política que tiene como objetivo acelerar el proceso de nacionalización de la comunidad canaria, en tanto que dota al conjunto del territorio del Archipiélago de continuidad al superar
su fragmentación.
En definitiva, ante una demanda competencial de este carácter nuestra actitud es y será siempre la de apoyarles, en la medida en que nos resulta fácil comprenderla y compartirla. De igual manera, queremos manifestarles a ustedes,
representantes de Coalición Canaria, que al margen de que en la actual coyuntura puedan tener mayores probabilidades de contar con el entendimiento de la izquierda española, es decir con el Partido Socialista, para hacer posible una mayoría que dé
luz verde al procedimiento legislativo que proponen, tengan por seguro que para nosotros ello no es determinante. Aun así nos sorprendería que no contaran con el apoyo del grupo mayoritario de la Cámara, máxime si tenemos en cuenta los argumentos
categóricos manifestados en la pasada legislatura en el Senado, por una persona de la singularidad y valía política e intelectual del señor Saavedra -al cual personalmente admiro-, cuyos argumentos seguro que tuvieron mucho que ver con la unanimidad
alcanzada. Es más, culminaba su intervención el señor Saavedra con una apreciación que más allá de una manifiesta connotación personal, rebosaba conciencia -si me permiten- nacional canaria. Decía el señor Saavedra: Concluyo, diciéndoles que
personalmente espero que la toma en consideración se adopte por unanimidad y que me sentiría muy satisfecho de concluir, ya pronto, mi vida pública política que inicié
en 1977, vinculándome a toda batalla por la democracia y por la autonomía, con este reconocimiento de un precepto plasmado ya en nuestro estatuto de autonomía y que, como les decía, forma parte de nuestra identidad. El señor Saavedra
hablaba de identidad.
Les daremos apoyo, al margen de que contaran o no con mayorías suficientes. De hecho, también se les ocurrirán a ustedes diversos escenarios posibles futuros en donde nunca les ha de faltar el apoyo del independentismo catalán, ténganlo por
seguro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Tardá.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, señor Rivero, nuestro grupo va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al igual, como lo hizo en la ocasión anterior, que
cuando se debatió en el Senado, en febrero de 2003 y que recibió el apoyo unánime de aquella Cámara, aunque, como ya alertó y predijo el senador del Grupo Vasco, señor Gatzagaetxebarría, podría ocurrir que, finalmente, no se tramitara oportunamente
pues podría darse una voluntad formal de apoyar aquella iniciativa pero en cambio una voluntad oculta o profunda de boicotear su tramitación, dejando correr el tiempo y permitiendo que caducara o decayera, como lamentablemente ha ocurrido. Nuestro
grupo considera pues oportuno que se traiga de nuevo este tema a sede parlamentaria, aunque sea en esta ocasión en el Congreso -en su día se valoró que fuera en el Senado por su contenido territorial- y, de entrada, quiere argumentar en su posición
algo tan básico y elemental como la coherencia, dado que en todas las ocasiones en que se ha debatido esta cuestión -que no han sido pocas desde la configuración del Estado autonómico- nuestro grupo se ha posicionado siempre favorablemente. El
anterior referente al citado del año 2003 y también protagonizado por el senador Beguer i Oliveres fue precisamente tal día como ayer, hace exactamente cinco años, manifestando nuestro grupo en su día y reiterándolo hoy, con todo el respeto, aquello
que proviene de la soberanía, aunque compartida, de nuestras autonomías expresadas a través de sus respectivos parlamentos y la necesidad de mantener las mismas posiciones, reflexiones y valoraciones, independientemente de la coyuntura política, o
mejor dicho, de la correlación de fuerzas partidistas de cada momento. Nos tememos que ese principio de coherencia se vaya a truncar hoy una vez más y que el partido mayoritario actualmente, como ya he hecho con las proposiciones de ley
provenientes del Parlament de Cataluña, y por tres veces, como San Pedro -hoy es la verbena-, va a desdecirse de lo que mantuvo y votó en el Senado, y cambiará radicalmente el sentido de su posición política sin que se haya dado ninguna condición
objetiva que lo justifique, excepto, claro está, su posición respecto al ejercicio del poder. Más allá de argumentaciones de carácter semántico -económico, pesca, extracciones submarinas, el control de tráfico marino, inmigración ilegal, transporte
de sustancias peligrosas y su control, salvamento y seguridad en el mar, o de carácter medioambiental, o de carácter político o internacional, etcétera, que han sido mencionados por el señor Rivero-, nuestro grupo quiere destacar los aspectos de
identidad, de personalidad archipielágica, los sentimientos de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, expresados por unanimidad desde su parlamento, a los que el Congreso no puede defraudar o no debería defraudar, y que nuestro grupo no puede más
que apoyar como reivindicación nacionalista que es. Además de argumentos técnicos, organizativos y administrativos, que los hay, también debemos considerar, y así lo hace nuestro grupo, las cuestiones de comunidad insular archipielágica que, en
este caso, está ligada al sentimiento, al alma colectiva y no solo a la estricta racionalidad.
No se nos escapa que hay un debate jurídico de cierto calado en torno a este tema, que afloró ya, en parte, en el debate en el Senado pero sobre el que se pasó de puntillas por interés, dejando su profundización en el trámite posterior a la
proposición o proyecto de ley. En este caso, nuestro grupo entiende que la posición más pragmática y eficaz sería la que algún grupo ya propuso en aquel debate, consistente en no adelantarse a los acontecimientos, haciendo suposiciones del
contenido de las normas internacionales en este ámbito y dejar que a posteriori de la promulgación de esta normativa sean los Estados, o quienes se consideren afectados por esa disposición legal, los que promuevan, si fuera el caso, los
correspondientes procedimientos de recurso o apelación ante la Corte Internacional de Justicia o ante el Tribunal Internacional del Mar de Hamburg, en aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ya citado, de 1982.
Aparte de la circunstancia de que se aprobó esa norma internacional con una presión extrema de las grandes potencias por motivos de estrategia militar, entendemos que caben interpretaciones diversas sobre esa convención, especialmente la ligada a la
consideración de los Estados que son archipiélagos o los Estados que tienen archipiélagos, como es el caso que nos ocupa, y cuyos archipiélagos tienen identidad propia, una singular personalidad colectiva que se refleja en su capacidad legislativa,
entre otros aspectos.
En definitiva, nuestro grupo apoya y respeta sin matices la proposición de ley de Coalición Canaria y no puede más que sorprenderse y lamentar una vez más los cambios y mutaciones de posiciones coyunturales de otros grupos, sin motivos
objetivos y sólo en función de su posición respecto al Gobierno, como entendemos que inevitablemente va a darse en este caso.
Señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Guinart.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, muchas gracias.
Señoras y señores diputados, intervengo ante la Cámara para fijar la posición del Grupo Popular con relación a la proposición de ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias. La iniciativa que hoy debatimos es una iniciativa
del Grupo de Coalición Canaria, pero que traslada a estas Cortes Generales la voluntad unánime del Parlamento de Canarias. Y al solicitar de esta Cámara la aprobación de una proposición de ley que delimita los espacios marítimos de Canarias, que
parte de ellos hoy en día están considerados aguas internacionales, se está pidiendo inequívocamente el ejercicio por parte de estas Cortes Generales de un acto de soberanía nacional, es decir, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a
escuchar en este Congreso de los Diputados en esta legislatura. En efecto, en lo que va de año las reivindicaciones por parte de comunidades autónomas que más hemos escuchado han sido todo lo contrario a reivindicar del Estado el ejercicio de actos
de soberanía nacional, ha sido reivindicar del Estado la apertura de procesos secesionistas o soberanistas, como se les quiera llamar, con el beneplácito del presidente del Gobierno. Y digo beneplácito del presidente del Gobierno por dos motivos:
Primero, porque cada vez que se oye en esta Cámara por parte de los portavoces de los partidos independentistas representados en estas Cortes que apoyan al Gobierno decir que los pasos que se están dando, son solo eso, pasos hacia el objetivo de la
independencia, el presidente les responde solo y exclusivamente con una de sus más cálidas y complacientes sonrisas.
Segundo, porque no podemos creernos que tal y como manifestó el señor Rodríguez Zapatero el miércoles pasado, el presidente del
Gobierno de España no sepa bien lo que significa el término nación o al menos es un concepto al que él no le presta la más mínima importancia. Y el hecho de que lo que se solicita en esta proposición de ley constituya el ejercicio de un acto de
soberanía nacional también me llena de satisfacción.
Señorías, la proposición de ley que hoy debatimos, sobre la cual anunciamos nuestro voto favorable, pretende la concreción de las aguas interiores del archipiélago canario fijándolas en las aguas encerradas dentro del perímetro de las líneas
de bases rectas que unen los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que lo integran. Esta reivindicación no es otra cosa más que trasladar a nuestro ordenamiento jurídico lo que pensamos y sentimos los canarios desde siempre, desde
que nacemos, que el mar que une nuestras islas es tan nuestro, tan canario y tan español como la tierra de cada una de las islas. Nadie, ningún canario que desde la costa de su isla se detenga a contemplar la isla que tiene enfrente, que pesque en
sus costas o que se traslade de una isla a otra ha pensado jamás que el mar que las une son aguas de nadie, son aguas internacionales. Al decir el mar que nos une, y no el mar que nos separa, estoy expresando un sentimiento que compartimos todos
los canarios, tal y como ha quedado expresado hoy aquí.
La proposición de ley, que hoy esperamos sea aprobada, ha estado durante muchísimos años sometida a profundos debates jurídico-políticos. Esos debates siempre han girado sobre un mismo punto: si la Convención de Naciones Unidas, firmada en
Montego Bay, Jamaica, en 1982, permite o no a los archipiélagos de Estado la posibilidad de delimitar las aguas archipielágicas por el procedimiento del trazado de líneas de bases rectas, tendente a constituir un perímetro que defina su espacio
interior. Ello porque la citada convención sí autoriza expresamente esa posibilidad a los archipiélagos Estado, es decir, a los archipiélagos que en sí mismos constituyen Estados independientes, y también lo permite, y lo hace expresamente, para
cada una de las islas, tal y como ha sucedido hasta ahora; pero nada dice sobre el derecho de los archipiélagos de Estado, es decir, de aquellos archipiélagos que no constituyen Estados independientes, a la delimitación de su espacio marítimo por
dicho procedimiento. Esta afirmación es absolutamente cierta, pero igual de cierta es la afirmación de que en ninguna disposición de esa convención expresamente se prohibe tal posibilidad.
Señorías, abrir este debate era muy difícil antes de la reforma de nuestro estatuto de autonomía de 1996. En efecto, nuestro estatuto en 1982 no definía a las islas Canarias como un archipiélago. Su artículo 2 decía: 'Canarias comprende
los territorios insulares integrados por las siete islas de Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife...' y los islotes que se incorporan a ellas, como Alegranza, Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y
Roque del Oeste. En la reforma de 1996, que aprobó esta Cámara con mayoría y Gobierno del Partido Popular, es cuando por primera vez se definen las islas Canarias como archipiélago. El nuevo artículo 2 del estatuto de autonomía dice que el ámbito
territorial de la comunidad autónoma comprende el archipiélago canario integrado por..., y cita cada una de las islas.
Señorías, definidas las islas Canarias como archipiélago, lo cual se encuentra inequívocamente amparado por nuestra Constitución, pensamos que la presente proposición de ley, con las mejoras que puedan incorporarse en su tramitación, es
conforme al derecho internacional. Sabemos que hay quien interpreta que el hecho de que la Convención del Derecho del Mar no lo permita expresamente supone una prohibición, pero de los informes y documentación a los que hemos tenido acceso, que son
los que ha citado el portavoz de Coalición Canaria, se desprenden argumentos que apuntan a que la delimitación del espacio marítimo que se establece en la proposición de ley es perfectamente viable desde el punto de vista jurídico. Desde el punto
de vista político,
a nosotros no nos cabe ninguna duda. De hecho, dicha delimitación la han realizado varios países respecto a sus propios archipiélagos, como citó el señor Rivero, y es más, de hecho, en su día la legislación española tomó como base el
perímetro archipielágico para delimitar la zona exclusiva en la Ley 15/1978 citada. Asimismo, distinta jurisprudencia de los tribunales españoles, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han
hecho referencia a ese perímetro. Como ya hemos dicho, sabemos que hay intérpretes que mantienen una posición distinta a la que estamos manifestando, pero todos los argumentos expuestos justifican que ya desde la legislatura pasada, con mayorías
absolutas del Partido Popular en el Congreso y en el Senado, consideráramos conveniente no resignarse a la delimitación del mar territorial de las islas, sino dar un paso más y delimitar el espacio marítimo del Archipiélago al perímetro trazado por
las líneas de bases rectas.
Señor Rivero, en su intervención ha dicho usted una verdad completa. Esta mañana en los medios de comunicación ha dicho una verdad a medias cuando ha expresado que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista habían apoyado esta
reivindicación cuando estaban en la oposición, pero que la han obstaculizado cuando han tenido responsabilidades de Gobierno.
En la legislatura pasada el Partido Popular, como dijo usted hoy aquí pero no en los medios de comunicación esta mañana,
aprobó esta proposición de ley teniendo mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, y así lo defendió en la Cámara Alta la senadora Australia Navarro, que destacó lo positivo de la iniciativa también en lo que respecta al mejor control sobre
dichas aguas en materias como vigilancia aduanera, inmigración ilegal, salvamento marítimo y vertidos incontrolados.
Con nuestro apoyo hoy manifestamos nuestra clara voluntad política coincidente con los objetivos que plantea la iniciativa, pero, tal como lo hizo en su día la senadora Australia Navarro, en su tramitación debemos mantener la suficiente
prudencia y flexibilidad para que el texto definitivo que aprobemos goce de las suficientes garantías de seguridad y de eficacia jurídica. Por ello prestaremos especial atención y cuidado al procedimiento y a determinados conceptos, como son las
aguas interiores, aguas archipielágicas, aguas interinsulares o las disposiciones adicionales que se plantean, que, como conoce el portavoz de Coalición Canaria, pueden ser puestas en cuestión. Pero una cosa es ser cautelosos al introducir mejoras
para remover los obstáculos que desde el punto de vista jurídico podamos encontrar y otra muy distinta es decir que podamos molestar a Marruecos, como afirma hoy en algún medio de comunicación la diputada socialista Gloria Rivero. Efectivamente, en
un periódico de hoy dice que esta delimitación puede causar conflictos, sobre todo con Marruecos. Últimamente parece que el Gobierno y el Partido Socialista están más pendientes de lo que opine el Gobierno marroquí que de lo que opinen los
ciudadanos españoles, como son los ciudadanos canarios, y nosotros estaremos muy pendientes para que no se aproveche el trámite de ponencia para desvirtuar la iniciativa que hoy se aprueba.
Señorías, en la vida y en la historia de los pueblos, en este caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, hay normas que cuando se aprueban se sabe que van a tener relevancia histórica. La proposición de ley que hoy debatimos es sin duda
alguna una de ellas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Matos.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hierro.
El señor HIERRO RECIO: Muchas gracias, señor presidente.
Nos encontramos hoy debatiendo una proposición de ley que nos va a hacer movernos entre dos posturas antagónicas, lo políticamente conveniente y lo políticamente correcto. Lo políticamente conveniente sería y es subirse aquí y votar sí,
como lo ha venido haciendo el Partido Socialista en numerosas ocasiones, tanto en esta Cámara como en la Cámara autonómica, por una sencilla razón, y es porque se ha creado una posición en el subconsciente colectivo de los canarios que es favorable
a la proposición que hoy se tramita, y por tanto es legítimo políticamente sumarse a eso. Frente a esta posición políticamente conveniente está la políticamente correcta, que nos llevaría a votar que no por una sencilla razón, porque lo que se
propone es simplemente ilegal, y el argumento es bien simple, basta con leer la convención tantas veces citada a lo largo de esta tarde. No es legal definir líneas de base archipielágicas en Canarias porque Canarias no es un Estado archipielágico,
y resulta que el artículo 47 del convenio que define los derechos del mar dice que los Estados archipielágicos podrán trazar líneas de base archipielágicas rectas que unan los puntos extremos, etcétera. Por tanto, un archipiélago dentro de un
Estado no puede trazar esas líneas. Además el propio convenio afirma que no pueden ser interiores las aguas que quedan dentro de dichas líneas, y lo afirma taxativamente, por mucho que se nos quieran presentar posturas distintas. El artículo 8
dice: Aguas interiores. Punto 1. Salvo lo dispuesto en la parte cuarta, las aguas situadas en el interior de las líneas de bases de mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado. Y si uno se va a la parte cuarta, es la parte
que dice Estados archipielágicos. Esa es la legalidad internacional. Por tanto, lo políticamente correcto sería votar en contra.
¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en todo este debate? Voy a describir el proceso, si ustedes me lo permiten. Es bastante sencillo. Se genera una expectativa que no es cierta. Esa expectativa hace que crezca en los ciudadanos una necesidad
que es imposible de satisfacer y eso lleva a los ciudadanos a una frustración colectiva, frustración colectiva que se utiliza para generar una opinión desfavorable del Gobierno de España y para así hacer crecer,
por contra, el sentimiento nacionalista. Es una cuestión clara como que 2 más 2 son 4. Evidentemente, el Grupo Socialista no va a caer en esa trampa. ¿Y por qué digo que se genera una expectativa falsa? Es muy simple: porque los
ejemplos que se dan no son ciertos. En las islas Houtman, Feroe y Spitzberg no se da el mismo caso que en Canarias, se superponen las aguas territoriales y cuando se superponen éstas incluso nosotros lo hacemos en Canarias con dos islas, podemos
unirlas con línea recta porque no hay una resultante distinta a la resultante de definir las aguas territoriales sobre las bases naturales. Solo hay una situación, que es la de las islas Galápago, que es previa al convenio y que además están
apartadas de las zonas marítimas de tráfico tradicional y, por tanto, no le importa a nadie que se definan las líneas de bases rectas.
No es cierto que Canarias no tenga delimitadas sus aguas. Las aguas de Canarias están delimitadas, lo están con la declaración unilateral de las aguas territoriales. Hay una ley, la Ley 10/1977, que es necesario modificar porque es previa
a la convención y el Grupo Socialista lo va a hacer. No es cierto que no esté delimitada la zona económica exclusiva, como se viene diciendo en el debate en Canarias; está delimitada la zona económica exclusiva, está pendiente de negociación
aquella parte de la zona económica exclusiva que no podemos declarar unilateralmente porque existe un Estado vecino y sabemos perfectamente cuáles son los problemas que nos plantean tanto Portugal como Marruecos. Y no es cierto, y esto es lo
fundamental y lo principal para lo que acabo de decir antes, que con esta ley se modifiquen las competencias de Canarias. No es cierto. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque modificar las líneas de bases para hacerlas archipielágicas no
significa, como acabo de leer en el artículo 8 de la convención, que sean aguas interiores, y SS.SS. lo saben; de hecho, han empezado a utilizar otros términos que no están definidos legalmente internacionalmente para salvar un defecto natural que
tiene la proposición de ley que aquí se presenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Hemos apelado durante estos días para hacer lo políticamente correcto y hemos apelado a todos los grupos, y a los miembros del Grupo Popular, que ahora se presentan aquí como extremamente nacionalistas en el ámbito canario -por lo menos esa
es la percepción que tiene el Grupo Socialista-, les recordaré que la tramitación en el Senado tuvo 18 prórrogas. Es decir, se admitió a trámite, pero no se tramitó. Y les recuerdo que podemos estar dando pasos hacia atrás, porque el 24 de octubre
de 2003 el Gobierno del señor Aznar solicitó a la Organización Marítima Internacional la declaración de una zona marina especialmente sensible, que ha sido aprobada en principio por esa organización y que nos va a dar los derechos a los que se ha
referido el portavoz de Coalición Canaria en esta tribuna. Flaco favor puede que le estemos haciendo a Canarias si con esta ley y con su tramitación acabamos en el error de definir algo contrario a lo que hemos solicitado a los organismos
internacionales, y puede estar ocurriendo eso.
Al resto de partidos, y en especial a los grupos nacionalistas, quiero decirles que el nacionalismo no da patente de corso. Que una propuesta provenga de un grupo nacionalista no quiere decir que esa propuesta sea razonable, sea legal y sea
lo más conveniente. Entiendo que a ustedes su sintonía les puede llevar a la situación de defender cualquier cosa con independencia de que sea o no defendible. Lo entiendo, pero eso no significa que sea lo bueno para Canarias. No obstante,
señorías, el Grupo Socialista no se va a oponer al trámite de la proposición de ley. Eso sí, anunciamos que se va a modificar la legislación vigente para la adecuación de la delimitación de las aguas de Canarias a la convención actualmente en
vigor; que vamos a presentar enmiendas a este proyecto hasta ajustarnos a la legalidad vigente; y que, en definitiva, desde nuestra responsabilidad de Gobierno vamos a intentar que todo esto termine haciendo lo políticamente correcto. Digo lo
políticamente correcto porque es una cosa muy sencilla: lo políticamente correcto es que al final entre todos, y reflexionando desde nuestras posiciones de partida, podamos seguir manteniendo el consenso de la Cámara dentro de la legalidad
internacional. Si lo hacemos así no habremos defraudado a nadie. Y quiero ser explícito en esto de defraudar, porque recuerdo que mi argumentación se basaba en que se han generado expectativas falsas que pueden frustrar colectivamente a un pueblo
o a los habitantes de un territorio. Los socialistas, señorías, no vamos a defraudar la aspiración de un pueblo como el canario, que espera que todos los españoles entendamos y defendamos su condición insular. Tengan presente que el presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas españoles y los socialistas canarios jamás van a defraudar a los canarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 26; en contra, 285; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 318; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000362.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cese del fiscal general del Estado. (Rumores.)
Silencio, por favor, continúa el debate.
Les recuerdo el sistema implantado la semana pasada respecto al control de los tiempos y la severidad en la aplicación de los mismos.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor Astarloa. (Continúan los rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
Adelante, señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, las razones por las que solicitamos el cese del señor fiscal general del Estado son innumerables. Ya eran muchas cuando le pedimos directamente su dimisión por razón de la política de nombramientos que estaba siguiendo, por su
actitud en el llamado caso Atutxa, por su actitud en el caso FG Valores después de su archivo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por su actuación en relación con Majadahonda que contrastaba claramente con su actuación en el Carmelo,
por su injerencia en el Parlamento, que ustedes conocen, y hasta por las opiniones que repetidamente venía vertiendo en apoyo decidido de cada una de las políticas del Gobierno y en contraste naturalmente con cada una de las opiniones de la
oposición. Y cuando pedimos la dimisión no teníamos conciencia de que estaba por llegar un camino todavía más preocupante.
Telegráficamente, con las limitaciones señaladas por la Presidencia, expondré cinco grupos de razones que justifican la solicitud del cese del señor fiscal general del Estado. Primer grupo de razones. El fiscal general del Estado, en poco
más de un año, ha abandonado su misión constitucional como defensor de la legalidad y se ha transformado en un verdadero burlador de la legalidad. Citaría varios motivos, pero destaco dos. Por sí solo el primero justificaría su remoción; se
refiere a su singular interpretación del derecho punitivo, hasta el punto de idear nuevos tipos penales inexistentes en el Código Penal con el exclusivo fin de perseguir a ciudadanos que se limitan a ejercer el derecho de manifestación. Con el
señor Conde-Pumpido la dogmática penal tiene ante sí el reto de glosar un delito de nuevo cuño, el delito de vociferación.
Si las leyes se interpretan según el sentido gramatical de sus palabras, como impone el Código Civil, un fiscal general que
está dispuesto a criminalizar a quienes vocean o dan grandes voces -según el diccionario- es, además de un fiscal apartado de los principios de objetividad e imparcialidad, un peligro para el régimen de libertades y para el Estado de derecho. Más
aún, si el juez instructor pretende abrir un juicio oral, el señor Conde-Pumpido inmediatamente actúa y lo hace con un terrible partidismo; separa a la fiscal del caso y anuncia que la Fiscalía General se va a convertir en la celosa defensora de
los miembros de la Policía hoy imputados o, mejor, celoso defensor de los responsables políticos parapetados tras los imputados. Y quien así actúa es ni más ni menos que el señor Conde-Pumpido, el mismo magistrado del Tribunal Supremo que tenía
fama entre sus compañeros de ser especialmente sensible y riguroso frente a cualquier exceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La otra iniciativa que habla por sí sola se refiere al respeto al procedimiento electoral en la carrera
fiscal, donde ha promovido la introducción ya en el trámite final de informe de un precepto en el real decreto llamado a regular las elecciones al Consejo Fiscal y ha interferido luego en el proceso electoral con un único objetivo, el de eliminar a
dos candidatos con nombres y apellidos, por supuesto, ambos miembros de la asociación que no gusta al señor fiscal general del Estado; por supuesto, ambos han obtenido el abrumador respaldo en las votaciones celebradas la pasada semana; por
supuesto, el Tribunal Supremo ha desautorizado radicalmente esas decisiones del fiscal general del Estado. Un fiscal general del Estado que no duda en manipular el proceso de creación de las normas y en eliminar a los candidatos que no son de su
agrado es incompatible con los dictados de objetividad e imparcialidad que impone el ejercicio de su función constitucional.
Segundo. El fiscal general del Estado ha hecho dejación de sus deberes constitucionales y ha cedido la defensa de la legalidad a la iniciativa de organizaciones privadas. El señor Conde-Pumpido ha modificado unilateralmente el criterio
institucional de la Fiscalía General del Estado, por supuesto, sin convocatoria previa ni de la Junta de Fiscales de Sala ni del Consejo Fiscal, para solicitar el sobreseimiento y archivo de las diligencias penales abiertas en el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco contra quienes se negaron abiertamente a reconocer la autoridad del Tribunal Supremo y a ejecutar sus decisiones. Cuando la defensa de la legalidad y la persecución de los delitos se subordinan, en el mejor de los casos,
al puro coyunturalismo político, el fiscal general del Estado que se presta a ese juego no puede seguir siendo el órgano constitucional encargado de
salvaguardar la defensa de la legalidad y la vigencia del Estado de derecho.
Tercero. El fiscal general del Estado ha asumido una inexplicable pasividad en el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos. No me extiendo, lo conocen muy bien. El fiscal general del Estado sigue estudiando el tema. El fiscal general
del Estado prometió la impugnación ante el Tribunal Supremo si no se condenaba la violencia. ¿Cuántos atentados de ETA se llevan producidos sin que el señor fiscal general del Estado escuche que el Partido Comunista de las Tierras Vascas no ha
condenado la violencia?
Cuarto. El fiscal general del Estado, en poco más de un año, ha alcanzado el dudoso honor de ser el primer fiscal general al que los tribunales de Justicia desautorizan en un mayor número de supuestos declarando la ilegalidad de sus más
importantes decisiones. El intento de manipular las candidaturas al Consejo Fiscal y la decisión de archivar el delito de desobediencia imputado han sido neutralizadas, afortunadamente, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco.
Y, quinto. El fiscal general del Estado, en poco más de un año, ha alterado los criterios estatutarios de nombramientos en la carrera fiscal desplazando los principios de mérito y capacidad por los de coincidencia ideológica, pertenencia a
una agrupación determinada de fiscales y confianza y afinidad personal. Solo así se entiende la promoción de algunos miembros de la carrera fiscal. Ha sido radicalmente desautorizado en las recientes elecciones de la carrera fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno presentó el nombramiento del actual fiscal como la personificación de los valores de objetividad e imparcialidad. La experiencia demuestra que tales valores han sido sustituidos por parcialidad, sectarismo,
arbitrariedad y, cuando es necesario, burla de la legalidad. El señor Conde-Pumpido tendría que ser el primer interesado en que su deslizamiento por los caminos de la arbitrariedad no llegara a tocar fondo. En todo caso, la erosión de los pilares
sobre los que se sustenta el ministerio fiscal hace obligado su cese como fiscal general del Estado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: A pesar de tratarse de un tema recurrente, o precisamente por ello, no deja de asombrarnos la insistencia del Grupo Popular en su estrategia de desestabilización del Poder Judicial y de generar un descrédito en
sus instituciones. La verdad es que qué poco les importa el Estado cuando ustedes no gobiernan, muy poco. Resulta curiosa también la memoria selectiva de que está haciendo gala el Grupo Popular en esta nueva legislatura, cuando hasta hace poco más
de un año el anterior Gobierno culminó una etapa llamada por la mayoría de los grupos parlamentarios proceso de depuración ideológica en el ministerio fiscal, utilizando como ariete al fiscal general del Estado, quien parecía actuar al dictado del
anterior Gobierno. Cree el ladrón que son todos de su misma condición, señor Astarloa.
Izquierda Verde no ha cambiado su postura, nuestro grupo parlamentario sigue defendiendo, como siempre ha defendido en esta Cámara, la necesidad de profundizar en el desarrollo de los principios constitucionales que deben regir la actuación
del ministerio fiscal, por supuesto, en cumplimiento de las funciones atribuidas en el artículo 124 de la Constitución española; es decir, el papel del ministerio fiscal como garante de la legalidad en los procedimientos y defensa del interés
público. Para cumplir íntegramente este mandato constitucional de defensa del interés público y satisfacción de interés social es imprescindible garantizar la independencia del ministerio fiscal. Ahí siempre estamos todos de acuerdo, lo que ocurre
es que después los hechos sitúan a cada uno en su sitio.
Por este motivo, nuestro grupo parlamentario quiere dejar claro que hoy no intervenimos para defender al actual fiscal general del Estado, sino que entendemos que es al propio fiscal al que le corresponde responder de su gestión en el cargo.
Por eso no nos parece adecuada esta proposición no de ley, sino que debería haber sido a través de una comparecencia en la que deberían haber cuestionado su gestión por los argumentos que han sido expuestos. Dicho esto, tampoco vamos a compartir, y
desde luego estamos muy lejos de ello, la estrategia de acoso y derribo contra la figura del fiscal general del Estado iniciada por el Partido Popular casi antes de su nombramiento, la verdad es que es contra él y contra otros muchos cargos
nombrados por el nuevo Gobierno, lo que parece más bien encuadrable en el síndrome de la pérdida de poder en el que se encuentra el Partido Popular. Nosotros no queremos ser meros espectadores de una nueva escenificación del Grupo Popular en su
particular visión del Poder Judicial a través de esta iniciativa. Parecen lustros, afortunadamente, pero no hace ni dos años SS.SS. del Grupo Popular hacían una defensa cerrada de la labor del señor Cardenal, que la verdad es que tenía una
concepción del Poder Judicial y daba una imagen de las instituciones durante estos ocho años que todos calificaron que se encontraba al servicio de fines claramente partidistas. Impregnaron las instituciones de un discurso conservador a través de
una política de rodillo, como se denominó también por varios grupos de esta Cámara. Y cuando ustedes hablan de inexplicable pasividad y de hiperactividad, ¿recuerdan SS.SS del Grupo Popular los ceses de los fiscales Jiménez Villarejo y Fernández
Bermejo, cuya capacidad y mérito profesional nadie ponía en duda, al mismo tiempo que se mantenía a otros fiscales, como por ejemplo al fiscal jefe del caso Prestige, a pesar de que fue sancionado, precisamente por una falta de indignidad en el
ejercicio de sus funciones, por ese apartado de los principios constitucionales
que rigen la actuación del ministerio fiscal? Ahí sí que encontramos nosotros inexplicable pasividad e hiperactividad.
No estaría de más que el Partido Popular dejara esta campaña de desgaste del fiscal general del Estado, que deje trabajar a las instituciones, que ejerzamos nuestra labor de control parlamentario con firmeza y exhaustividad, pero no que se
utilice esta institución por puro interés, para librar otras batallas políticas o deslegitimar futuras acciones judiciales en las que quizás podrían estar en juego intereses partidistas, como podría ser el caso de Majadahonda. El actual Gobierno y
el propio fiscal general tienen constancia de que mi grupo parlamentario plantea el nuevo modelo del ministerio fiscal, distinto del configurado hasta ahora. Hemos de reconocer que se han dado avances, avances precisamente en la política de
nombramientos. Hay datos objetivos que ponen de manifiesto lo que para nosotros es una mejora. Para mi grupo parlamentario la política de nombramientos debe responder básicamente a la idoneidad de los candidatos para cubrir el puesto; el proceso
de elección debe regirse por una objetividad máxima, de forma que sean los principios de mérito y capacidad los parámetros para acceder a dichos cargos. Entendemos que la afirmación de reequilibrio ideológico es desafortunada, pero también
entendemos que se han de valorar aspectos de la carrera fiscal como las distintas sensibilidades sociales, los problemas de actualidad...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Navarro, su tiempo concluyó.
La señora NAVARRO CASILLAS: Termino, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Una frase, una frase brillante.
La señora NAVARRO CASILLAS: La verdad es que los datos de los nombramientos que se efectuaron bajo el anterior mandato son muy claros.
A ellos nos remitimos y los números, que se sabe que hablan por sí solos, les dejan a ustedes en una
posición muy dudosa.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, al ver la iniciativa que era objeto de inclusión en el orden del día de esta tarde se me ocurrió repasar cuántas veces se ha hablado del ministerio fiscal en las tres legislaturas en las que he sido diputada.
Encontré 180 llamadas
en la VI Legislatura; 504, en la VII -en ambas era fiscal general del Estado quienes todos ustedes recuerdan-; y en la VIII vamos ya por 137. No todas ellas se refieren, por supuesto, al fiscal general del Estado, pero sí a la institución del
ministerio fiscal. No se había utilizado nunca, al menos que yo recuerde, una proposición no de ley para pedir un cese, en Pleno al menos. Se trata de una iniciativa que, como todos saben, pretende impulsar una decisión del Ejecutivo desde el
órgano legislativo, pero estamos hablando de un cargo que se nombra por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. No hay ninguna intervención en su nombramiento de la institución parlamentaria, a pesar de que
también existe mandato de esta Cámara en la VI Legislatura para que se hiciese un esfuerzo para acercar la figura del ministerio fiscal a esta institución parlamentaria.
Es cierto, además, señorías, que la historia de los fiscales generales es pródiga en actos al servicio del Gobierno que les ha nombrado, pero al menos la gran mayoría de esta Cámara convendrá conmigo en que el caso más descarado de los
recientes es el del predecesor del actual fiscal, el caso del fiscal Jesús Cardenal. Si dice el señor Astarloa que existen innumerables razones respecto de las razones que ampararon la trayectoria del fiscal Cardenal en contra de lo que son los
principios por los que se rige esta institución, no es que se pudiese escribir un libro, sino que se podrían escribir varios tratados. Además, hay una cierta confusión en lo que se plantea. No se trata del cese del fiscal jefe de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, sino de la repetición de un nombramiento.
Es, desde luego, una persona valiosa a la que sí quiero rendir tributo desde esta tribuna y al que me gustaría por lo menos homenajear con el respeto a su persona y a su trayectoria,
considerando que no han resultado especialmente felices las razones que para el cese se han dado a conocer, como la falta de dedicación exclusiva, la falta de eficacia o la falta de confianza. Sin embargo, deberán convenir el señor Astarloa y su
grupo que la modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal habida en mayo del año 2003 quería impedir el carácter vitalicio de los cargos, evitando que se perpetuasen en ellos. Este carácter no vitalicio de los cargos es el que ha
propiciado que ahora se haya considerado por el fiscal general del Estado la conveniencia de una renovación, haya sido cual haya sido el criterio del Consejo Fiscal, puesto que todos sabemos, y el Partido Popular ha estado de acuerdo en ello, que el
informe de este órgano no debe tener el carácter de vinculante. En esto coinciden ambos partidos mayoritarios, porque son los que van a poder hacer uso de la institución cuando se encuentran en el poder.
La defensa de bienes y valores de la que hacía gala el anterior fiscal general del Estado está en la memoria de todos, singularmente de personas que, como yo, le hemos conocido en su trayectoria en la Comunidad Autónoma Vasca, cuando decía
que el pluralismo político era raíz de numerosos males o cuando tuvimos que oírle decir que no debían perseguirse los crímenes habidos en las dictaduras suramericanas, puesto que no se trataba más que de períodos de paréntesis entre períodos
constitucionales. Aquello sí que eran afirmaciones de sal gorda que hacían pensar que una persona
con semejante talante no podía ser fiscal general del Estado.
Suscita muchísima curiosidad cuando se menciona que en el real decreto que regula las elecciones al Consejo Fiscal se ha incluido, a instancias del Consejo de Estado, una recomendación que no estaba en el texto inicial.
Lo mismo ocurrió,
señor Astarloa, con la modificación del Código Penal que estamos a punto de derogar en este momento. En aquel caso no se trataba de regular unas elecciones al Consejo Fiscal, sino de algo más importante como es introducir nuevos tipos penales en el
ordenamiento jurídico. En cuanto a las actuaciones con relación a la Ley de Partidos, ahí sí que sabe que nuestra discrepancia es total y absoluta. Pensamos que esta norma nunca debió existir. Pero es más, en relación con las concretas
actuaciones referidas al Grupo Parlamentario de Batasuna y a la consideración de los diputados, el señor Cardenal es maestro en haber tenido dos decisiones absolutamente contradictorias en breve período de tiempo. Primero, consideró, a instancias
del juez Garzón, que no había posibilidad en el ordenamiento jurídico español de equiparar el partido y grupo parlamentario. Sin embargo, a instancias del Gobierno y con relación a la Ley de Partidos y en la ejecución de la sentencia, no tuvo el
más mínimo rubor en considerar que esta equivalencia era perfectamente posible. Nos parece que se pueden dar numerosisimos ejemplos de cómo ha habido fiscales precedentes que no merecen la dignidad que se les atribuye. Haciendo pedagogía, el
artículo 124 de la Constitución, que ha citado el señor Astarloa, contiene lo que han de ser los principios por los que se ha de regir el ministerio fiscal y que con tanta frecuencia se olvidan. Desde nuestra perspectiva, no es un fiscal, el señor
Conde-Pumpido, en cuyo nombramiento hayamos tenido ninguna incidencia, pero sin embargo, en el tiempo que lleva en el cargo, todavía nos merece la confianza para poder seguir desempeñando este puesto.
Quiero terminar con la frase que ha indicado...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, termine.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, presidente. La historia reciente es pródiga en actos al servicio del Gobierno por parte de los fiscales generales.
Nos parece que los gobiernos de turno se lo agradecen, pero desde nuestra perspectiva, y
esta es frase que he dicho con mucha frecuencia en esta Cámara, la institución lo padece, los ciudadanos lo acusan y creemos que va en demérito del buen desenvolvimiento de lo que ha de ser esta pieza fundamental para lo que es la Administración de
Justicia en nuestro país.
Dejemos de hacer política con el fiscal general del Estado, dejemos al fiscal general del Estado que cumpla con su cometido, tal y como ha quedado...
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, termine, por favor.
La señora URÍA ETXBARRÍA: Simplemente, presidente, quiero manifestar que mi grupo no va a apoyar la petición de cese que se cursa en la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, señorías, no parece probable que Esquerra Republicana tenga que gozar en algún momento de la posibilidad de nombrar un fiscal general. Esta posición nos permite ponderar y ver cuáles son los puntos de
equilibrio con los que se miden las actuaciones de este tipo de figura. Es cierto que se hacen una serie de reprobaciones al fiscal general, pero siempre tendremos que tener en cuenta cuál fue la actuación del fiscal general, don Jesús Cardenal,
cuando mandaba el PP.
Nos parece que está más que claro que no ha utilizado el Partido Popular la misma vara de medir en un caso y otro. En este caso, el señor Conde-Pumpido es, en lo que se refiere al sectarismo y al partidismo, un bebé de
guardería, comparado con el señor Cardenal, cuya actuación fue la de un auténtico comisario político del PP. Les recordaré algunos casos de la actuación del señor fiscal general del Estado Jesús Cardenal. Por ejemplo, la acusación del ex ministro
Piqué en el caso Ercross, o el caso del BBVA o el del BSCH, en los que estaban implicados algunos banqueros vinculados de alguna manera al PP por evasión de impuestos; o cómo trató el fiscal general del Estado al señor Fabra, presidente de la
Diputación de Castellón, o al presidente actual de las Islas Baleares, don Jaume Matas. El sobreseimiento de la causa del señor Piqué; el interrogatorio más que amistoso al señor Fabra; el desmantelamiento de la Fiscalía Anticorrupción, tan
cacareado por el PP cuando estaba el PSOE en el poder; o lo que podríamos calificar sin ningún rubor de purgas en la carrera fiscal, como la del señor Jiménez Villarejo o la de don Mariano Fernández Bermejo. Son casos de utilizar una vara de medir
con la que ustedes no han medido ahora al fiscal general del Estado, al señor Conde-Pumpido.
Hoy por hoy, vista la comparación y la vara con la que han medido al fiscal general del Estado actual, a nosotros nos parece que tendríamos que utilizar siempre el mismo rasero para los mismos casos, porque si no cometemos el error de
convertir las leyes en privilegios, y nosotros, los republicanos, entendemos que la ley es buena cuando se aplica de igual manera para todos, para todos por igual. Aquí nosotros pensamos que se han utilizado diferentes varas de medir; una, con la
que se consiente la actuación de auténtico comisario político al señor Cardenal, y otra, con la que de una manera más que opinable se tilda de sectario o partidista al señor Conde-Pumpido.
Nuestro grupo sigue manteniendo la confianza en este fiscal general del Estado y por tanto votará en contra de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Pausa.) Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante la presentación de esta proposición no de ley del Grupo Popular y
para anunciar que no votaremos a favor de la misma, básicamente porque su objeto, el petitum, es muy simple, es instar al Gobierno al cese inmediato del fiscal general del Estado.
Saben perfectamente SS.SS. que el artículo 124.4 de la Constitución española contempla que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. Señorías, yo no sé si es
propio del último Pleno de este período de sesiones plantear este debate; quizás, algunos de ustedes no están de acuerdo con la formulación constitucional, no están de acuerdo en que esta es una responsabilidad del Gobierno y que de los aciertos y
desaciertos del fiscal general del Estado responde el Gobierno. Las Cortes Generales no intervienen ni en el nombramiento ni en el cese del fiscal general del Estado, y SS.SS. saben perfectamente que la eventual aprobación de esta proposición no
de ley, forma singular de instar al cese del fiscal general del Estado, no tendría ningún efecto de carácter jurídico ni constitucional. Por eso no la vamos a votar favorablemente.
Pero también es cierto que podemos hacer algunas valoraciones
alrededor, no tanto de este fiscal general -que no lo haremos-, sino -esto sí nos interesa- de la figura y de lo que puede mejorar la institución del fiscal general del Estado.
Sus señorías saben que la Constitución española consagra el principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica en la actuación de la carrera fiscal. Creo que la unidad de actuación y la dependencia jerárquica es una extraordinaria
manifestación de lo que supone nuestro Estado de derecho y también una excelente manifestación -creo que es propia de facultad de derecho- de lo que es el principio de sometimiento a la ley. Y se debe interpretar exactamente en estas coordenadas,
no al revés. No se puede ni se debe interpretar este principio de unidad de actuación y dependencia como algo igual a afinidad y amistad con el fiscal general. Se ha apuntado por parte de otros portavoces. Nosotros también tenemos algunas
propuestas de reforma y de mejora de la figura del fiscal general y del funcionamiento de la carrera fiscal. Sus señorías conocen perfectamente el correcto funcionamiento en la comunicación de las instrucciones del fiscal general, pero SS.SS.
también saben que este grupo parlamentario, en el mes de mayo del año 2003, planteó algunas reformas para mejorar la política de nombramientos entre aquellos que pueden ser nombrados de forma libre por parte del fiscal general. Por ejemplo,
nosotros proponíamos, en el mes de mayo de 2003 -por parte del diputado Manuel Silva-, un tercio del Consejo Fiscal para el nombramiento de estos cargos y una mayoría simple para los que se pueden ascender libremente por parte del fiscal general del
Estado. Sus señorías saben que este es un planteamiento consensuado, que nace de las propuestas del Libro Blanco del ministerio fiscal. Esto no sucede en esta legislatura, tampoco ha sucedido en anteriores legislaturas. Sus señorías saben -el
grupo que ha presentado esta proposición no de ley lo sabe, el grupo de la mayoría lo sabe- que algunos fiscales han sido nombrados con cero votos favorables del Consejo Fiscal, en épocas actuales y en épocas anteriores, y nuestras propuestas de
reforma van precisamente en la línea de evitar esto, de respetar a los profesionales, de creer en los profesionales, de huir de los reequilibrios ideológicos y de creer en la figura del fiscal general del Estado, de reforzarla y de mejorarla.
Lejos de querer intervenir en este tipo de reprobaciones, nosotros, como he dicho al principio, no entraremos en este debate. En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), anuncio nuestra abstención.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Finalmente, Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular nos parece un auténtico despropósito. Es un cúmulo de desatinos e improperios; jurídicamente, lamentable y deficiente; desde el punto de vista de los hechos, recoge una
narración bochornosa y una auténtica perversión. Acusan de lo que hicieron con todo el descaro, hablan de trayectoria incomparable de sectarismo, parcialidad y sometimiento al Gobierno. ¿Se lo creen ustedes? ¿Están pensando en el señor Cardenal
quizás? (Varios señores diputados: ¡No, no!-Rumores.) Realidades. Ocho años de Gobierno del Partido Popular: atropello político, sectario, partidista; purga por motivos ideológicos al cien por cien; 43 nombramientos de altos cargos fiscales en
ocho años de Gobierno, cero nombramientos progresistas; informes de Consejo Fiscal, cero votos tres veces, señor Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
(Rumores.-Aplausos.) Por favor, cállense y escuchen. De 2004 a la actualidad, 23
fiscales. Después de ocho años de persecución, de los 23 fiscales, 12 progresistas, 11 conservadores; informe del Consejo Fiscal, preceptivo y no vinculante. Lo saben ustedes, lo dice el Estatuto orgánico del ministerio fiscal; se lo ha dicho
reiteradamente el Tribunal Supremo, pero además todos han ido con apoyo, si no en primer apoyo en segundo, del Consejo Fiscal, no como hicieron
ustedes con Fungairiño o como hicieron con el propio fiscal general del Estado don Javier Moscoso, que tenía unanimidad del Consejo Fiscal y el Gobierno Aznar no le nombró. (Aplausos.) Ustedes cambiaron la ley con todo el descaro y
desvergüenza para hacer cesar -y cesaron, en efecto- a los fiscales que, siendo muy suave y respetuoso, eran incómodos al Gobierno y a ministros concretos del Partido Popular.
El Partido Popular deslegitima todo, realiza juicios paralelos y esto es poco serio e irresponsable en un partido que ha gobernado España -y hasta Galicia ha gobernado- y que debe volver a la normalidad democrática.
(Aplausos.) El caso del
fiscal del Tribunal Supremo, señor Torres-Dulce, por no renovación, no es por conocer de una querella que se ha interpuesto contra el fiscal general del Estado. Es incierto. Es el señor Luzón, renovado y propuesto por el sector conservador, quien
ya ha informado el rechazo de esa otra querella de la que ustedes dicen en la proposición no de ley que ha sido admitida a trámite, que no es verdad.
No ha sido admitida y está informada desfavorablemente. Es una denuncia -la otra que dicen- del
Partido Popular, rechazada, recurrida al Tribunal Supremo y también desestimada en tres revolcones jurídicos. Ya les vale.
¿No les parece que es mejor ser un poco serios, insisto, y volver a la normalidad democrática?
La imposibilidad de instar la ilegalización que mencionan del Partido Comunista de las Tierras Vascas procede directamente de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Escasamente -y lo digo con serenidad, señor Astarloa- dicen
alguna verdad en todos estos folios de la proposición no de ley. No es el fiscal general del Estado quien insta las actuaciones en Cataluña, sino el fiscal jefe de Cataluña. También está la referencia que hacen a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por
qué tienen tanta alergia a la Fiscalía Anticorrupción, si lo que hay que hacer es potenciarla y dotarla de medios? No lo que hicieron ustedes, desactivarla. (Aplausos.) ¿Por qué están tan preocupados? Cuando gobierna la derecha se nombra a todos
los fiscales de la derecha, por ley natural, y si gobierna la izquierda no se puede nombrar a un solo fiscal progresista. Es que se creen que la fiscalía es suya, que el Poder Judicial es suyo. Y no es así. Es de los ciudadanos, es del pueblo y
así va a seguir siendo. (Aplausos.)
Señores de la derecha, tenemos un fiscal general del Estado respetado por todos los operadores jurídicos, con prestigio, con gran dignidad, personal y profesional; un fiscal que solo se debe -y así tiene que ser- al principio de legalidad y
a la defensa de los intereses generales y del conjunto de los ciudadanos y especialmente -por qué no decirlo- de los más débiles; un fiscal que ya no está sujeto a las órdenes del Partido Popular. Y esto es lo que ustedes no pueden soportar. Como
no hay tiempo, dejaremos para el debate en Comisión una serie de aspectos y de datos con los que demostraremos que es absolutamente arbitraria e improcedente esta proposición no de ley que, en su huida hacia no sé dónde, han presentado
irresponsablemente ante este Pleno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al cese del fiscal general del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 129; en contra, 179; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000079.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los servicios
ferroviarios en España.
Tiene la palabra el señor Herrera para la defensa de la moción. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, si desean abandonar el hemiciclo, por favor, háganlo en silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Les diré que presentamos en su día esta interpelación fruto de una demanda por parte de la sociedad civil. Concretamente en el área de Barcelona, la Asociación para la promoción del transporte público nos explicaba la situación de colapso
que vivían las cercanías en el área de Barcelona. A partir de este estudio nuestro grupo planteó la necesidad de tener una entrevista con el director de Renfe, con el Ministerio de Fomento, y presentó una proposición no de ley que finalmente fue
aprobada en Comisión. Ante este estudio, ante esta iniciativa, ante esta petición nos encontramos en su día con una actitud negativa por parte del Ministerio de Fomento. Y ustedes se preguntarán: ¿Por qué entonces optan ustedes por la vía de la
interpelación? Porque nos hemos
encontrado con una actitud negativa durante más de dos meses por parte del Ministerio de Fomento. El ministerio negó los datos que hay sobre el área de Barcelona, el área de Valencia o tantas áreas metropolitanas y que confirman que existe
un colapso real del servicio de cercanías. Lo digo desde la posición de un grupo parlamentario que se siente comprometido con el presupuesto y que ha sido uno de los elementos clave para que las partidas en materia de ferrocarril, concretamente en
ferrocarril convencional, se incrementasen de forma sustancial.
En primer lugar, ¿qué planteamos? Que hoy existe un problema de cercanías, que hay colapsos en Barcelona, en Valencia o en otras ciudades; que hay áreas metropolitanas a las que no se les da respuesta, ofreciéndoles a su vez un servicio de
cercanías, y que tiene que haber una estrategia que complemente e incorpore nuevo material móvil y que no sólo sustituya los trenes 440 sino que incorpore muchos más trenes, más ferrocarriles, más material móvil que incremente la oferta. En primer
lugar tiene que haber una mejora, mejora de la señalización, mejora de las condiciones de atención, mejora de esas nuevas áreas metropolitanas. En segundo lugar tiene que haber una transferencia a las comunidades autónomas, porque desde éstas se
pueden gestionar mejor los servicios de cercanías, los servicios regionales. La inexistencia o el desconocimiento de datos evidentes en áreas alejadas de Madrid ponen de manifiesto que hoy esas cercanías no se gestionan de forma correcta. En
tercer lugar, los servicios de largo recorrido y regionales deben tener una estrategia distinta, debe haber una estrategia que frene la expulsión de las rentas medias y bajas hacia el autobús, como hoy está pasando en las líneas de largo recorrido,
como pasa en en la de Madrid-Sevilla, en la de Madrid-Lleida o como pasa con las largas distancias después del anuncio de que se van a quitar los servicios de literas. Y tiene que haber una respuesta para los trenes regionales y para la conexión de
las diferentes capitales, dando ejemplo y cumpliendo, sin ir más lejos, con las proposiciones no de ley aprobadas en Comisión. Recuerdo una acordada por el señor Sáez, portavoz socialista en ese momento, que hablaba de la mejora del tren de
Figueras a Barcelona. Esa proposición tenía un plazo de tres meses y nueve meses después aún no se ha cumplido.
La cuarta línea son las mercancías, y no solo hay que hacer una apelación genérica o decir que ese va a ser un compromiso sino que hay que incorporar líneas, infraestructuras y estrategias que estén en consonancia con ese compromiso. Le voy
a poner un ejemplo que es lo suficientemente ilustrativo: los apartaderos. Los apartaderos se plantean hoy de 400 metros en el servicio de mercancías. Pues bien, los convoyes en Alemania son de 3.500 y en Francia son de 1.000 metros, y por tanto
la estrategia planteada por el PEIT y por el Ministerio de Fomento no es la adecuada. Necesitamos convenios con Francia, con Portugal, necesitamos nuevas líneas, la de Huesca, la de Pau y la de Puigcerdá.
La quinta propuesta es que haya un plan de contabilidad ambiental que contabilice las externalidades ambientales que tienen las diferentes modalidades de transporte, por tanto, que se internalicen los costes ambientales, que hoy no
internaliza la infraestructura viaria, porque es necesaria una estrategia que en materia ferroviaria permita tener una visión completa de cuál es el modelo. Además es oportuno decirlo hoy, cuando nos anuncian que el precio del barril se dispara.
Lo que no tiene ningún sentido es decir que se apuesta por la opción ferroviaria y decir que en este caso, en este punto quinto que planteamos, se mantiene la infraestructura viaria con más de 6.000 kilómetros de autovías, siendo el español el
Estado de la Unión Europea que va a tener, con diferencia, más kilómetros de autovía por habitante, y dando un apoyo no ímplicito, como plantea el Grupo Parlamentario Socialista en su enmienda, sino explícito a la euroviñeta y a todo lo que esta
supone.
El sexto punto propone que haya una Dirección General Terrestre que pueda abordar la intermodalidad como una estrategia fundamental en la política de infraestructuras, porque si no es así, lo que nos encontramos es que la intermodalidad se
anuncia, pero lo hace con un porcentaje de presupuesto ínfimo y sin instrumentos en el ministerio que puedan llevarla a cabo. Lo normal y lo lógico, y este es nuestro compromiso y el sentido de nuestra proposición de aprobarse este punto, es que la
Dirección General Terrestre sustituya a la Dirección General de Carreteras. El séptimo punto se refiere a la regionalización de la información, es decir, que se sepa lo que se gasta, que se sepa lo que se distribuye, que se sepa quiénes son los
usuarios en este caso del ferrocarril en el conjunto del territorio.
Por último, el octavo punto plantea que en cuanto al material móvil en el plazo de seis mese se dé una propuesta, pero no solo para que se restituya el material móvil sino para que se incremente dicho material, tan necesario en cercanías y
en regionales, no para que los trenes Civia sustituyan a los 440, sino para que haya un horizonte de mayor material móvil que incorpore ese material, y mientras dicho material no llega, se mantengan los trenes 440. Además, que haya una explicación
del convenio entre Renfe y Siemens, que puede suponer hoy un desplazamiento de otros competidores y sobre todo puede alterar un principio básico muy defendido por otros, que es el de la libre competencia, así como que haya una planificación del
sector de fabricantes.
Voy a terminar para que no tenga que llamarme la atención, señora presidenta, pero antes he de decirles que hoy no se trata de dar más cifras. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con algunas de las orientaciones, pero es necesaria
una mayor sensibilidad. En este caso no es fundamental dedicar muchos más recursos sino tener una mayor sensibilidad, y lo que nuestro grupo parlamentario plantea no son muchos más recursos sino una sensibilidad distinta. Mi grupo parlamentario y
yo mismo acabamos diciendo en la interpelación que quizás es hora de que el ministerio no sea
tanto un ministerio de fomento e infraestructuras sino un ministerio del transporte, de la gestión de la movilidad. Con la gestión de la movilidad podríamos conseguir muchas más cosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Herrera, vaya concluyendo.
El señor HERRERA TORRES: En esta moción planteamos precisamente que el ministerio empiece a ser eso, un gestor de la movilidad antes que un hacedor de infraestructuras, sin pensar cómo van a ser gestionadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.
Continuamos con la defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en particular por el señor Rodríguez.
Tiene la palabra, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego quiero expresar nuestra satisfacción por que se haya presentado una iniciativa que, a pesar de que inevitablemente tiene que tener un sesgo claramente catalán o, si se quiere decir así, del Estado
español del este, es una iniciativa con conocimiento de causa. Efectivamente, compartimos el hecho de que con los mismos medios, si hubiese sensibilidad, se podría prestar un mejor servicio ferroviario en todas las partes del Estado español.
Compartimos este criterio por conocimiento de causa. En la ciudad en la que vivo se prefiere tener un vehículo parado sin hacer nada durante siete horas y con la respectiva tripulación antes de que haga al menos tres o cuatro viajes entre A Coruña
y Ferrol. Este es un índice claro del comportamiento de los servicios públicos ferroviarios en el Estado español.
En todo caso, quiero expresar que desde nuestro punto de vista había dos cuestiones urgentes en relación con las cercanías en Galicia. Como sabe el señor Herrera, en Galicia no hay cercanías, a pesar de estar situadas muchas de las ciudades
a 30 kilómetros unas de otras y de estar en un corredor que prácticamente está colapsado y con una ocupación de viajeros que merecía tener servicio de cercanías. En el último debate de política general se llegó al acuerdo de estudiar este problema,
y esperemos que el ministerio tenga sensibilidad no solamente para estudiarlo sino también para acabar ejecutándolo, aunque sea progresivamente. Hay otro problema grave entre dos grandes ciudades, Vigo y Porto, que están atendidas solamente por
servicios ferroviarios de Comboios de Portugal, que es la compañía pública portuguesa que pretende auprimir a partir de septiembre los servicios en estas dos grandes áreas metropolitanas. Creo que el Gobierno del Estado español tendrá algo que
decir y que debía elaborar un nuevo convenio con las autoridades portuguesas para encargarse no solamente de mantener los servicios sino también de mejorar los tiempos de viaje, las frecuencias y el material rodante.
Por último quiero decir que pertenezco a una de las ciudades gallegas que tiene un servicio nocturno con Madrid que le lleva once horas y media, que no tiene bar restaurante, en el que no se puede beber ni siquiera una botella de agua
mineral, y creo que no merecemos este trato, y que además ahora se están suprimiendo servicios que podrían ser competitivos con el autobús, para ir por lo menos medianamente bien sentados durante la noche, con un material obsoleto, viejo, a veces
incluso sucio, no es precisamente muy agradable. Creo que Renfe y el Ministerio de Fomento deberían tener otra actitud, porque se podría mejorar sensiblemente, repito, con poco dinero y, lo que es más, aumentarían los ingresos de la compañía
ferroviaria, no tenemos la menor duda al respecto.
En conclusión, vamos a apoyar la iniciativa porque la consideramos muy fundamentada, con conocimiento de causa y muy centrada en que con el mismo dinero se podría, con sensibilidad, mejorar mucho las cosas, y con algo más de dinero no
digamos ya cuál podría ser el cambio si se planificasen los servicios con otro criterio.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Jané, para defender su enmienda tiene usted la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Al inicio de esta legislatura, señor Herrera, en sus primeras comparecencias ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados, la ministra afirmó que el ferrocarril sería una prioridad en la política del Ministerio de
Fomento, y creo que fuimos muchos los grupos parlamentarios que compartíamos esta prioridad porque sabemos bien que hablar de una mejora en el ferrocarril es hablar de una mejora en las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Son muchos los
ciudadanos que padecen día a día las inclemencias de un mal servicio ferroviario, y por tanto apostar por el ferrocarril es apostar por una política de progreso que nosotros compartimos.
Por lo expuesto, señor Herrera, Convergència i Unió comparte la moción que usted ha presentado y defendido hoy ante el Pleno de la Cámara.
Entendemos que hay algunos déficit que debemos atender. Yo quería centrarme en algún aspecto
concreto de esta moción, que tiene ocho puntos. Nos habla del material móvil. Hay líneas ferroviarias, por ejemplo en Cataluña, país en el que compartimos el señor Herrera y yo responsabilidades de representación, como la de la zona Vic-Puigcerdà,
en
las que reiteradamente sus pasajeros se quejan de incomodidades por el material móvil de los servicios ferroviarios.
Hay otro aspecto que plantea su moción y que nosotros compartimos plenamente. Concretamente, en su punto 2 prevé lo que es también un compromiso de la práctica totalidad de fuerzas políticas en Cataluña, que es solicitar el traspaso de los
servicios de cercanías a aquellas comunidades autónomas que lo soliciten, y saben los miembros del Congreso de los Diputados que Cataluña lo solicita. Lo solicitamos en el nuevo Estatut de Catalunya y lo solicitamos también en el acuerdo del
Tinell, en el que hay un punto expreso en el que se pide traspasar a la Generalitat de Catalunya los servicios de cercanías. ¡Tantas pequeñas incomodidades se podrían solucionar si quien decidiera estuviera más cerca y si evitáramos una
descentralización absoluta en los servicios ferroviarios! Por tanto, también compartimos este punto de su moción.
Nosotros presentamos dos enmiendas. En la primera nos referimos a que echamos en falta en esta moción la apuesta y los compromisos por la alta velocidad en el sentido de que sobre la línea Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona hay una moción
aprobada en este Congreso de los Diputados y lo que nosotros pedimos es que se tenga presente ese compromiso. Sabemos que han sido muchas las dificultades en la ejecución de las obras de la línea Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona, pero hay un
compromiso de que esta línea pueda ser eficaz en Tarragona en 2006 y en Barcelona-Sans en 2007. Se aprobó así en el Pleno de la Cámara, y nos gustaría que, toda vez que hoy planteamos esta moción que compartimos, también hubiera este mensaje
expreso sobre la línea de alta velocidad y también sobre la priorización del corredor mediterráneo. Y hay otro aspecto, una segunda enmienda, al punto 5, apartado 3 de la moción, en la que se pide dar apoyo a la reforma de la directiva europea de
la euroviñeta, pero nosotros pedimos también que ese apoyo y ese cumplimiento de la directiva se realicen previo estudio que cuantifique el coste económico para el sector español del transporte de mercancías.
Nos preocupa que las medidas que están
en el apartado 5 de su moción perjudiquen a un sector tan sensible como es el del transporte, y por tanto pedimos una especial sensibilidad y estudiar los costes económicos.
Igual pasa, señor Herrera, con el apartado 1 de ese punto 5, por el que se
obliga a contabilizar las externalidades que suponen sus servicios de transporte a cada una de las empresas, pero nos gustaría también, con toda sinceridad, que se hiciera una valoración de la repercusión que ello puede tener para el sector y para
su viabilidad económica. Son dos enmiendas puntuales, pero mi grupo, que apuesta por el ferrocarril, comparte la necesidad de trasladar a la Cámara mociones como las que hoy nos presenta el señor Herrera.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.
Continuamos con la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para ello el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra para defender la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la moción de Izquierda Unida sobre los servicios ferroviarios en España. Nosotros también estamos básicamente de acuerdo con la
filosofía, con el diagnóstico, incluso, señor Herrera, con la sensibilidad que usted manifiesta en su interpelación urgente y que provocó el debate con la ministra la semana pasada, pero no podemos estar de acuerdo con la literalidad de la moción
que hoy estamos debatiendo. No podemos estar de acuerdo, señor Herrera, por la inmediatez de los plazos que usted solicita en la moción, porque son imposibles de cumplir. Técnicamente, los plazos que usted establece, por mucho que quisiera el
Ministerio de Fomento, serían imposibles de asumir por el montante económico, que supondría romper el presupuesto del Ministerio de Fomento de este año, que usted ha pactado con nosotros, y porque además se solicitan actuaciones al margen de una
planificación seria y rigurosa, que usted sabe que se está llevando a cabo a través de la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes.
Por lo tanto, señor Herrera, nosotros, desde el Grupo Socialista, no vamos a utilizar las
infraestructuras en general y, por tanto, la ferroviaria como propaganda partidista, porque nos parece que ese es un mal camino que fue el que siguió el Gobierno del Partido Popular en el pasado. Nosotros, muy al contrario, estamos abordando el
sector ferroviario con seriedad porque queremos que los ciudadanos españoles sientan el ferrocarril como algo propio para satisfacer sus necesidades y no las de las empresas constructoras, como con tanta frecuencia ha pasado años atrás.
Desde el PSOE, en contraposición a esa política desarrollada en los últimos años del Gobierno del Partido Popular, estamos llevando a cabo una apuesta seria por la planificación a través del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes, que precisamente mañana la señora ministra de Fomento expondrá en esta Cámara en la Comisión de Fomento y Vivienda y de cuya lectura queda claro que dicho PEIT, siglas del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, va a suponer
un cambio muy profundo en la política de transportes en España para el periodo que abarca, que es hasta 2020. Además, usted sabe, y es la gran apuesta del Gobierno socialista, que el ferrocarril es el elemento central del sistema intermodal de
transporte de viajeros y de mercancías. Pero, señor Herrera, a la vez que hacemos una apuesta por la planificación, sabe usted, y si no, se lo voy a recordar, que estamos haciendo un enorme esfuerzo durante este primer año de Gobierno socialista
para
acometer las infraestructuras ferroviarias que se demandan. Usted habla de sensibilidad, y yo le pregunto: ¿Cómo se mide la sensibilidad? Se lo voy a decir. La sensibilidad se mide, como ha hecho el Gobierno socialista, en primer lugar,
procediendo al saneamiento financiero de Renfe. Sabe usted que nos encontramos al llegar al Gobierno con una deuda histórica en Renfe de 7.925 millones de euros. El Gobierno socialista ha tenido la sensibilidad que usted pide de sanear con el
dinero de todos los españoles en los Presupuestos Generales del Estado esa deuda con la aportación de nada más ni nada menos que 5.459 millones de euros. Eso es sensibilidad con los 30.000 trabajadores que veían la liberalización del mercado
ferroviario y que han tenido una segregación de Renfe en Renfe- Operadora y ADIF y no se ha enterado nadie de este país porque no ha habido ni una sola manifestación en contra. ¿Sabe usted lo que es segregar una empresa histórica como Renfe en dos
empresas, cuando al propio trabajador simplemente el cambio de nombre le da grima? ¿Sabe usted cómo se ha hecho eso? Con la sensibilidad de la aportación por parte del Gobierno Socialista de cerca de un billón de pesetas. El anterior Gobierno del
Partido Popular, a pesar de que hizo una ley del sector ferroviario en diciembre de 2003, no tuvo esa sensibilidad que usted reclama. ¿Sabe usted como se manifiesta la sensibilidad? Llevando a cabo las mejoras notables que se están haciendo. Y
usted, como catalán, sabe, sin ir más lejos, que el 23 de mayo, por citar una fecha reciente, se ha inaugurado la nueva línea 7 en el núcleo de Barcelona, con 46,9 kilómetros para unir las poblaciones de Hospitalet y Martorell con dos nuevas
estaciones en Rubí y en San Cugat. Usted sabe también, como buen barcelonés, que se ha mejorado la línea C-4, ampliándose en tres trenes más en las horas punta de días laborables, cuando el trabajador necesita ese transporte. Sí, señor Herrera,
desde Hospitalet de Llobregat hasta Molins de Rei. Eso está ahí. Usted que tanto contacta con la sociedad civil, pregúnteselo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe usted acabar, señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy terminando, señora presidenta.
A la vez hemos acometido numerosos acuerdos y convenios con todas las comunidades autónomas. Termino diciendo que la gran apuesta de este Gobierno es precisamente por el ferrocarril, aportando, con la sensibilidad que usted reclama, 116.320
millones para los próximos 15 años. Por tanto, espero el apoyo a la enmienda que le hemos presentado y que doy por defendida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor De la Encina.
Pasamos a la fijación de posiciones. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Vasco y tiene para ello la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, es casi obligado comenzar lamentando, como hizo el señor Herrera, el que hoy estemos debatiendo una moción consecuencia de una interpelación urgente que, según dijo el propio
interpelante, podría haberse ahorrado con que alguien le hubiera respondido a la carta que envió dicho grupo al director de Renfe y se hubiera producido el diálogo que el grupo reclama.
Ojalá nos hubiera ahorrado esta moción. No se trata de
lamentar -al menos por parte de mi grupo- el que se produzca un debate más sobre las infraestructuras, sino, en su caso, por la razón por la que se produce y una vez más en los términos en los que se produce, que uno tiene la impresión de que es
escasamente útil.
¿En qué términos se produce el debate de hoy? Basta mirar de reojo al texto de la moción de hoy y haber escuchado, siquiera de pasada, el debate que tuvo lugar entre el señor Herrera y la ministra de Fomento la pasada semana, para deducir
sin mucho esfuerzo que de lo que toca hablar es, como quien dice, de casi todo o de todo, o cuando menos de una gama variadísima de cosas relacionadas, más incluso que limitadas estrictamente, con los servicios ferroviarios en España; temario
amplísimo evidentemente, máxime cuando el mismo abarca cuestiones de enfoque básico, de planteamiento general, de filosofía, si se me permite la expresión, y hasta de sensibilidad, como reclamaba el interpelante, sobre el tema ferroviario, y a la
vez de concreción de numerosísimos detalles de tales principios y enfoques como los que figuran en la moción que hoy debatimos. De todo ello debe fijarse posición y debatirse en cinco minutos. A este grupo no le va. La dificultad e imposibilidad
de hacerlo en términos razonables le va a llevar a mi grupo en líneas generales a la abstención. Mi grupo nada tiene que objetar a los planteamientos básicos del principio que hizo el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en su interpelación urgente y que habría que entender que constituyen la base de las aplicaciones que figuran en la moción.
El acuerdo de mi grupo en este enfoque es prácticamente pleno, como lo es también cuando en el desarrollo de este enfoque plantea usted determinados retos, como las políticas de intermodalidad y otras. El problema en este como en otros
muchos campos de la vida y de la política suele residir al descender al detalle. En primer lugar, porque no existe necesariamente una única forma de concretarlos. Le pongo un caso práctico. Usted mismo en un debate que se celebró en este mismo
Congreso el pasado 14 de septiembre votaba en contra de una determinada infraestructura, la Y vasca. Lo hacía a pesar de saber, suponemos, que en Euskadi existe un Plan director del transporte sostenible en cuyo marco se inscribe la Y vasca, y que
incluso se han hecho estudios tanto sobre
su sostenibilidad como sobre su necesidad social. A pesar de todo ello usted, como digo, votó en contra, no yo o mi grupo que no cree menos que usted en tales principios, pero en esta aplicación usted estaba en contra y yo a favor.
Existen, pues, diferentes formas de concretar los principios, todas ellas son legítimas, y luego cuando se desciende al detalle como lo hace su moción, existen numerosísimos matices. S.S. nos presenta no menos de seis planes, una planificación, un
replanteamiento, el establecimiento de políticas, además de medidas tales como la creación de una dirección general y otras. Yo diría que nos presenta toda una batería de medidas concretas y prácticas desde su forma de entender las cosas y desde su
visión. Es imposible entrar en el detalle y mi grupo no ha querido hacerlo, ni siquiera aportando las cosas que desde la perspectiva del País Vasco podíamos haber añadido en esta ya de por sí larga y compleja moción.
Si hay posibilidad de votar separadamente, nuestro grupo matizará su voto, pero entre tanto, si hubiera que hacer una única votación, nos abstendremos en la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene para ello la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señora presidente, señorías, coincidimos en que el ferrocarril es la asignatura pendiente del Estado español en infraestructuras y en movilidad. Será necesario un gran esfuerzo, que ya se está haciendo desde los
presupuestos. Hablar de infraestructuras ferroviarias y de material ferroviario rodante de tres y seis meses es una vaga ilusión. El desarrollo de proyectos ferroviarios importantísimos, como el tren de gran velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa han tardado en realizarse 15 años desde su planificación. Hace 15 años que llevamos hablando del eje atlántico, del tren de gran velocidad por Irún y aún estamos en sus comienzos. Potenciar las cercanías
en las áreas metropolitanas es de una complejidad y de unos plazos enormes. No olvidemos que tenemos una legislación garantista de los impactos ambientales que hace que estos proyectos en infraestructuras se alarguen en los plazos.
Yo distinguiría diversas cuestiones de esta moción presentada por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Es cierto que el ferrocarril de mercancías es una gran asignatura pendiente, pero dentro de los
presupuestos aprobados para el año 2005 hay un gran desequilibrio en materia ferroviaria. Estamos alcanzando una peseta por carreteras y una peseta por ferrocarril, pero en cuanto desglosamos los presupuestos de ferrocarriles vemos que el 90 por
ciento está destinado a las líneas de gran velocidad y solo un 10 por ciento al ferrocarril convencional, al ferrocarril de cercanías y al ferrocarril de mercancías.
En este tema tenemos que hacer un gran debate en los presupuestos del año próximo.
Será muy difícil que podamos emplazar el ferrocarril de cercanías de Barcelona, en el que existe un déficit enorme, si antes no conseguimos que medianos y largos recorridos se instalen en las líneas de ancho internacional, de gran velocidad
y queden liberadas las actuales vías convencionales para ir haciendo modelos de cercanías mucho más amplios y frecuentes de los que tenemos actualmente. Nos gustaría que esta propuesta pudiera ser realidad, pero no vamos a ganar esta batalla por el
ferrocarril de cercanías y de mercancías si no es con el esfuerzo en muchos presupuestos, unos presupuestos que sean absolutamente diferentes a los de años anteriores. Aun compartiendo que el ferrocarril, sobre todo el de cercanías y de mercancías,
es la gran asignatura pendiente, hoy, por los plazos, por la inmediatez, para no caer en la esquizofrenia de querer hacer en un año lo que no se ha hecho en dos décadas, porque no vemos capacidad de ejecución de esta moción, nuestro voto no será
favorable.
En cuanto a las transferencias en cercanías, si se nos permite el voto separado, es otra de las asignaturas pendientes que tiene el modelo ferroviario. Por la complejidad de Renfe Operadora y ADIF no se podrá hacer el traspaso en las áreas
metropolitanas y desde las comunidades autónomas no se podrá prestar el servicio de cercanías.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Andreu.
Cerramos este capítulo de fijación de posiciones con el señor Ayala en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Son cinco minutos de reloj.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Trataré de respetarlo íntegramente.
Señora presidenta, señores diputados, en la interpelación del otro día el señor Herrera nos sorprendió al principio de su intervención con un rechazo absoluto a todo lo que se había hecho anteriormente, luego afirmó que todo había sido
infraestructuras y nada gestión. Entiendo que es cuestión de ideología, pero ya no era rechazo a todo lo anterior. No es verdad. No obstante, señor Herrera, yo tampoco miro atrás, quiero mirar hacia delante, por tanto, no voy a decir nada de esa
intervención. Toda su intervención fue una crítica al Plan estratégico de infraestructuras del transporte y ahí sí creo que S.S. tiene toda la razón, porque el PEIT plantea una cosa y luego propone otra. No tuvo razón la ministra ni la ha tenido
hoy el señor De la Encina cuando dicen que el Partido Socialista es el que ha dado el impulso, el vuelco hacia el medio de transporte ferroviario. Se les olvida, con una amnesia repentina, que ya en el presupuesto del año 2003 había muchas más
inversiones para el ferrocarril
que para la carretera. Fue la primera vez en toda la historia del Ministerio de Fomento en España, y de los anteriores de Infraestructuras o de Obras Públicas, en que había más inversión en ferrocarriles que en carretera, de la misma manera
que el presupuesto de 2004 se lo encontraron con mayores inversiones en ferrocarriles que en carretera, tanto en alta velocidad como en red convencional como en los servicios.
No voy a contestar aquí y ahora a la ministra ni al señor De la Encina porque tiempo habrá en otra ocasión, ya que parece que solamente sabe argumentar con los males del Partido Popular pero no con las bondades que hacia el futuro piensa
hacer el Partido Socialista. Hoy su intervención, señor Herrera, y también el texto de la moción, han sido muy sensatos. El Partido Popular ha dicho sí a la intermodalidad y a todas las intermodalidades del transporte, y no solamente hablando de
ferrocarril, por lo que nos encontramos cómodos, sí a la permeabilidad y a la cohesión territorial, sí a las cercanías, sí a la atención a los viajeros y a los viajeros de movilidad reducida, cosa que hemos hecho públicamente en la anterior
legislatura, sí a las mercancías -bien es verdad que nosotros con el concepto de vías separadas y ustedes no, pero es cierto que cualquier política es buena para ampliar el porcentaje de mercancías que mueve nuestra red ferroviaria- y también sí,
aunque ustedes han dicho no, a las infraestructuras, porque mal podremos gestionar el transporte si no hay surco por donde ordenarlo.
A nosotros nos preocupaba, y nos preocupa, el transporte por ferrocarril y no hemos sido ajenos ni insensibles ni ahora ni antes a algunos planteamientos. Estamos de acuerdo en unas medidas urgentes en cercanías y un plan para extender esas
cercanías a otras poblaciones. Ya he comentado lo referido a mercancías y no solamente para la duplicación del número de toneladas, sino incluso para que haya operadores públicos y privados, naturalmente que sí; y sí a la permeabilidad tanto de
los núcleos urbanos -que no se nos olvide- como de los Pirineos, que está planteada con los tres pasos tanto los dos laterales como el central.
Todos tendríamos que esforzarnos para que Francia cambiara su postura, cosa que va a ser difícil, pero
por nuestra parte que no quede. Ya nos ha comentado que su idea es la sustitución de la Dirección General de Transporte Terrestre por la Dirección General de Transporte por Carretera, lo que no empece nuestro planteamiento. Como siempre hemos
hecho, no tenemos inconveniente alguno en que haya transparencia en la información y en que se incorpore más material móvil a la oferta que hagan Renfe Operadora y FEVE. Que haya una apuesta por las cercanías, por la red convencional y también un
apoyo a la industria nacional.
Si se pudieran votar separadamente algunos de los puntos de su moción, los que he destacado y que señalaré para las votaciones, estaríamos de acuerdo en votarla a favor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA DETENCIÓN IRREGULAR DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR POR UNA SUPUESTA AGRESIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA EL
DÍA 22 DE ENERO DE 2005 POR LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 173/000080.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la siguiente moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la detención irregular de dos
militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Para la defensa de dicha moción tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular que la presenta, el señor Fernández-Lasquetty.
El señor FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC: Señora presidenta, dos ciudadanos españoles fueron detenidos ilegalmente el día 25 de enero, hace ya cinco meses, y todavía no ha dimitido nadie. Dos ciudadanos fueron privados de libertad por el mero
hecho de ser militantes de base del Partido Popular y de haber acudido, ejerciendo sus derechos dentro de la ley, a una manifestación de las que no le gusta al Gobierno y todavía no ha habido nadie que les haya pedido perdón ni que haya reconocido
que con ellos se cometió un atropello. Un juez ha archivado la causa por unas supuestas agresiones al señor Bono que nunca se produjeron, mientras que otro juez ha incoado procedimiento judicial contra unos funcionarios policiales que, según el
auto, detuvieron ilegalmente y falsificaron documentos públicos y todavía, señores, a estas alturas ningún miembro del Gobierno ha tenido la decencia de hacerse responsable y presentar su dimisión. Por eso el Grupo Parlamentario Popular presenta
esta moción, orgullosos de los militantes de nuestro partido, que han salido ya dos veces a la calle junto con muchos miles de ciudadanos a decir que no quieren que se ceda ante los terroristas y orgullosos de haber gobernado a España durante ocho
años sin que hubiera nunca ninguna lesión contra los derechos políticos individuales de nuestros opositores. Orgullosos estamos nosotros como avergonzados deberían estar los miembros del Gobierno, empezando por el señor Zapatero y continuando por
los señores Bono y Alonso. Con su comportamiento intentaron hacer un escarmiento en la cabeza de dos ciudadanos pacíficos que solo hicieron
aquello que la Constitución les dice que tienen derecho a hacer.
Señorías, no voy a hacer un nuevo relato de estos hechos deplorables. Lo hizo el juez competente y los expuso el otro día el diputado Astarloa en la tribuna. En la interpelación del pasado miércoles se fijó con claridad hasta dónde llegó
el atropello y se le ofreció al señor Alonso la oportunidad de reconocer la gravedad de lo hecho y de rectificar. No la aprovechó. Al contrario, volvió a utilizar ese tono amenazador que ya le hemos visto otras veces en la Cámara y pidió que no se
hicieran juicios paralelos. Nadie ha hecho juicios paralelos. Donde está el juicio es en los juzgados, que es donde tiene que estar. Nosotros de lo que hablamos aquí es de otra cosa. Hablamos de responsabilidades políticas y de deberes
democráticos, que es de lo que hay que hablar en el Parlamento.
Porque, señorías, lo sucedido es muy serio. Si la política de un gobierno desencadena una manifestación importante, yo no digo que ese gobierno tenga que modificar su línea política,
aunque en este caso no le faltan motivos. Lo que digo es que su disgusto no puede convertirse en irritación y su irritación no puede ser tan desmedida como para desembocar en detenciones arbitrarias de militantes de la oposición, no sabemos si como
castigo, como aviso a navegantes o ambas cosas a la vez.
Haber detenido ilegalmente a dos militantes del Partido Popular por manifestarse legítimamente es un síntoma inequívoco de que el Gobierno del señor Zapatero se comporta cada vez más de forma
autoritaria, prepotente y soberbia. La historia, no hace tantos años, nos enseña que este tipo de comportamientos no se pueden tapar por mucho que se intenten. Cada día que pasa, la situación se va a volver más insostenible para el señor Alonso y
para el señor Méndez, delegado el Gobierno en Madrid. Hoy tienen la oportunidad de rectificar, no sé si a tiempo -yo creo, más bien, que no-, antes de que la situación se ponga todavía peor.
La moción de mi grupo empieza por pedir lo evidente: una reparación moral a doña Antonia de la Cruz y a don Isidoro Barrios en forma de reconocimiento y solidaridad que compense algo la angustia por la que tuvieron que pasar. Solicitamos
también que se pidan disculpas a estos dos ciudadanos, así como al Partido Popular. ¿Por qué al Partido Popular? Sencillamente porque se les detuvo por ser del Partido Popular. El abuso cayó sobre ellos, pero iba dirigido contra todos los
millones de personas que militan, simpatizan o votan al Partido Popular. Por eso hacen falta esas disculpas. (Aplausos.) Además de las disculpas, alguien tiene que hacerse responsable. Insisto, las responsabilidades ante la ley son cosas del
juez. Nosotros hablamos de que estos abusos se produjeron bajo la autoridad de un determinado delegado del Gobierno y de un determinado ministro del Interior que, lejos de remediar el primer día el atropello, llevan cinco meses negándolo y faltando
de este modo a la verdad y a sus obligaciones democráticas. El señor Méndez y el señor Alonso, delegado del Gobierno y ministro, respectivamente, deberían dar la cara de una vez y deberían dejar de esconderse detrás de los funcionarios de policía
encausados. El problema político no es quién practicó las detenciones ilegales ni quién manipuló la instrucción, el problema es quién o quiénes querían a toda costa que aquella mañana se detuviera a militantes del Partido Popular. Ese es el
problema político y para resolverlo no vale dejar que tres funcionarios carguen con las culpas. Por eso, exigimos el cese del delegado del Gobierno y la dimisión del ministro del Interior, que son los máximos responsables políticos y policiales de
que se haya detenido ilegalmente a militantes del Partido Popular por el mero hecho de serlo.
Señora presidenta, termino ya. No vamos a parar con esta cuestión. No vamos a dejar de exigir responsabilidades. Hoy esta moción probablemente sea derrotada en un nuevo intento de tapar lo sucedido. Pero la verdad se terminará de abrir
paso por completo, y ya le falta poco. No queda tanto por saber. Al final estas cosas siempre se terminan sabiendo. Y a los antecedentes me remito.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con el señor Llamazares, que tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Es un día de bienvenidas. Quiero dar la bienvenida al Grupo Parlamentario Popular a las manifestaciones, al ejercicio del derecho de manifestación, derecho legítimo reconocido constitucionalmente, aunque no muy ejercido hasta este momento
por parte del Partido Popular. (El señor Madero Jarabo: ¡Muchas gracias!) El Partido Popular nos traslada a esta Cámara su preocupación por unas detenciones producidas en una movilización, donde, en principio, lo que todos vimos fue un intento de
agresión al ministro de Defensa. La primera conclusión que tenemos que sacar de esta cuestión es que no somos bienvenidos a las manifestaciones que, aunque digan ser en favor de las víctimas, son, sin lugar a dudas, exclusivamente del Partido
Popular. Y no solamente no somos bienvenidos, sino que podemos ser agredidos, como en el caso del ministro de Defensa.
Quiero dar otra bienvenida al Grupo Parlamentario Popular al concepto maurista de responsabilidad política. Parece que el Grupo Popular recupera su concepto de responsabilidad política de cuando era oposición.
Bienvenidos. Cuando eran
ustedes oposición se tenía responsabilidad in eligendo y se tenía responsabilidad in vigilando. Cuando fueron Gobierno, ninguna de las dos, ni por elegir ni por no vigilar; por ninguna de esas razones tenían ustedes responsabilidad política.
Ahora sí, ahora hay responsabilidad política en todos esos casos, pero yo diría que holística, global, en los que no
solamente existen estas responsabilidades sino que suben de escala vertiginosamente; pasan directamente del funcionario público al responsable delegado del Gobierno y del delegado del Gobierno al ministro del Interior. Quiero recordarles,
señores del Partido Popular, que el jueves discutiremos sobre el 11-M, sobre el que no reconocen ninguna responsabilidad política; la responsabilidad política de los explosivos es del número de la Guardia Civil; la responsabilidad política del
descontrol y de la descoordinación policial es de la policía; ninguna responsabilidad política es del Partido Popular. Aplican una doble vara de medir, la vara de cuando están en el Gobierno y la que es muy distinta -la parte ancha del embudo-
cuando están en la oposición (Aplausos.) Por estas razones, señores del Grupo Popular, no vamos a votar esta iniciativa parlamentaria, porque en la manifestación de las denominadas víctimas del terrorismo -yo diría de la manipulación de las víctimas
del terrorismo- no solamente se produjo un intento de agresión al ministro de Defensa, sino que echaron de menos la presencia del comisionado de las víctimas, y desde entonces quien no pudo ser linchado físicamente en la manifestación lo está siendo
moralmente día a día por parte del Partido Popular. (Aplausos.)
Creemos que esta iniciativa es una injusticia, porque para ser equilibrados, señores del Grupo Popular, habría que decir, en primer lugar, que hubo un intento de agresión al ministro de Defensa, aunque sea solamente eso; pero ustedes no
reconocen ni siquiera lo que apareció en todos los medios de comunicación, lo que es explícito: ese intento de agresión, cuando no esa agresión, al ministro de Defensa. Reconózcanlo.
Nuestro grupo parlamentario reconoce que pueden haberse
producido extralimitaciones en la detención de dos militantes del Partido Popular y que tendrán que ser investigadas por quien deba hacerlo; pero recuerden también -y no se hagan las víctimas- que en las manifestaciones de la guerra de Irak y de la
huelga general militantes de Izquierda Unida fueron detenidos de la misma manera, aporreados y nadie pidió responsabilidades políticas, como ustedes solicitan por militantes del Partido Popular. (Aplausos.) Señorías, para ser equilibrados, al menos
reconozcan esos dos hechos, lo que reconoció todo el mundo: el intento de agresión y una posible extralimitación de la policía en esa detención y dejemos en manos de los jueces la decisión.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya terminando.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Las responsabilidades políticas, señores del Partido Popular, no son globales ni totales. En nuestra opinión, cuando se vean estas materias veremos también las responsabilidades políticas, porque ustedes
establecen un apriori, que hubo un mandato político para esas detenciones y eso está todavía política, moral y jurídicamente por demostrar. (Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Olabarría. (Continúan los rumores.) Señorías, todas, por favor. Señor Cuesta, por favor, no tiene usted la palabra.
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, mi grupo va a intervenir en este trámite parlamentario sólo por decoro institucional y por respeto al grupo interpelante, porque nos parece que la interpelación fue una temeridad política y
parlamentaria y la moción consecuencia de la misma es más temeraria todavía.
En primer lugar, y puesto que el señor Llamazares, con lucidez, ya se ha referido al motivo que convocó a esas personas a aquella manifestación, tengo que decir que nosotros entendemos que hay pocas perversiones sociales más patológicas que
la manipulación de las víctimas y la manipulación de su dolor, y esto se ha practicado y se sigue practicando sistemáticamente. Yo sólo voy a poner un ejemplo que resulta ya un paradigma en este contexto en el que vivimos, señora presidenta. Doña
Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, ha tenido que pasar a la clandestinidad. Esta es una patología social profunda y plantea varios interrogantes que voy a manifestar en voz alta.
¿Qué ocurre, que la señora Manjón no
es una víctima del terrorismo o, alternativamente, es que no es una víctima políticamente correcta del terrorismo? O, como ella dijo cuando explicó su paso a la clandestinidad, ¿es que a mi hijo no le asesinaron quienes convenía a determinado
partido político que le hubiesen asesinado? Dejo las cuestiones en el aire porque a mí lo que me preocupa es la frivolidad de la interpelación, la frivolidad con la que se ha presentado esta iniciativa parlamentaria.
Esta es una materia, señora presidenta, que está sub iudice en este momento, es una cuestión que está dilucidándose en el ámbito de las responsabilidades criminales, que corresponde en exclusiva a los tribunales de justicia. Hay varias
acciones presentadas, penales todas ellas, de signo simétricamente contrario, que no han dado lugar todavía a una sentencia firme -la noción de sentencia firme seguramente la conoce el portavoz del Partido Popular-; hay otra serie de actuaciones
jurisdiccionales y diligencias judiciales que se están practicando, presentadas por los letrados de los escoltas -vamos a usar la expresión técnicamente correcta- presuntamente agredidos; hay otra serie de acciones penales que se están dilucidando
en el ámbito jurisdiccional, presentadas por el ministerio fiscal, y hay otra serie de acciones penales dilucidándose todavía en el ámbito jurisdiccional, también presentadas por los letrados del ministro de Defensa
vamos a usar la expresión también técnicamente correcta- presuntamente agredido.
En este contexto, señora presidenta, y estando otras cuestiones sub iudice, pendientes de ser resueltas por un tribunal de justicia, ¿con qué legitimidad esta institución pretende dilucidar responsabilidades políticas? ¿Con qué legitimidad
esta institución pretende subrogarse en la actuación de los tribunales, actuación debe ser estrictamente independiente, tal como proclama el título VI de la Constitución y el artículo 117 de la misma, específicamente, que por lo menos deberían haber
leído el portavoz que ha defendido esta moción y el que defendió la interpelación la semana pasada? ¿Con qué legitimidad nos podemos subrogar nosotros en un órgano jurisdiccional a la hora de dilucidar responsabilidades penales, criminales y, a
partir de ahí, sustraer o deducir las responsabilidades políticas que procedan?
Señora presidenta, le he prometido brevedad, ser sucinto en el uso de la palabra, pero desde luego lo que se está haciendo con esta iniciativa parlamentaria es una intromisión en la acción libre de la Administración de Justicia que podría
ser, a tenor de lo previsto en los artículos 82 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, objeto de amparo a los jueces -preteridos en su independencia- por el Consejo General del Poder Judicial. (Rumores.) Es más, yo animaría
públicamente a estos jueces a que soliciten el amparo del Consejo General del Poder Judicial, porque están siendo interferidos por otro poder del Estado carente de legitimidad para establecer responsabilidades de cualquier tipo hasta que se
pronuncien en forma de resolución judicial firme, por un poder del Estado ajeno a la Administración de Justicia, ajeno al Poder Judicial, y esto es una irreponsabilidad, señora presidenta. Desde esa perspectiva, a cierto grupo parlamentario, en
determinadas coyunturas, en determinados momentos políticos particularmente convulsivos y, con carácter general, en su actuación parlamentaria, bastaría sencillamente con pedirle un mínimo de rigor parlamentario. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Continuamos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y tiene para ello la palabra el señor Cerdà. (Rumores.)
Señorías, por favor.
Adelante, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, si no recuerdo mal, ya tratamos esta cuestión en una sesión de la Comisión de Interior. Era el mismo tema con diferentes protagonistas y portavoces, pero ya la discutimos. Reiteramos que
para nuestro grupo no deja de generar una cierta satisfacción que ustedes vuelvan a traer este tema, porque al final ustedes están montando todo un festival de dimisiones y manifestaciones, mientras que aquellos a quienes llaman rojos y separatistas
hacemos las leyes. Está bien que de vez en cuando cambien los papeles y que los rojos y separatistas -en mi caso se dan las dos cosas- hagamos las leyes y ustedes hagan manifestaciones y pidan dimisiones. Está bien para que cambien las tornas de
vez en cuando. Pero todo tiene que ajustarse a un cierto código y en un caso como el que comentaba el señor Olabarría, que, efectivamente, está sub iudice, es pertinente ser cautos y esperar a que haya una diligencia judicial, cuando además, según
noticias del 24 de junio, nueve de los doce fiscales de la Junta de Fiscales Decana de Madrid dicen que no hay indicios de detención ilegal. Me parece que es un caso sobradamente exagerado por parte de ustedes, sobre todo si lo comparamos con sus
actuaciones, y pondré sólo dos ejemplos que conozco bastante bien: las actuaciones de dos delegados del Gobierno como fueron la señora Valdecasas y el señor Cotino. Hay centenares de denuncias por detenciones ilegales durante el periodo en que
ustedes tenían en sus manos el Ministerio del Interior y lo usaban tal cual para sus fines políticos. No pueden decir que eso se esté haciendo en este momento por parte del Ministerio del Interior, después de las actuaciones, de las detenciones y
de las cargas policiales que se hicieron mandadas por delegados del Gobierno como el señor Cotino o la señora Valdecasas. No es justo porque es emplear, como en el caso de antes, una doble moral: dependiendo de quién cometa agresiones, le
aplicamos o no la ley. Y no, señores, la ley es igual para todos en cualquiera de las circunstancias. No es el caso. Si estas presuntas agresiones se hubieran producido, pongamos por caso, en Barcelona o en San Sebastián, seguramente estarían
hablando ustedes de grupos radicales que agreden a una autoridad. El caso que están exponiendo ustedes no es el de la defensa de la libertad de expresión ni el de la defensa de la libertad de manifestación, sino el de la defensa del privilegio a
ser impunes e inmunes a cualquier aplicación de la ley. Este es el problema, que ustedes siempre hacen una reserva de privilegio, de sus privilegios.
A ustedes no se les puede tocar, a ustedes no se les puede aplicar la ley. En un momento
determinado, cuando desde estos escaños ustedes incentivan actuaciones de derecha extrema se producen las consecuencias que se producen, que militantes de su partido en este caso agreden a una autoridad y eso es un delito recogido en el Código
Penal. Como hay un presunto delito, se detiene, se investiga y el juez dicta sentencia, ni más ni menos. Ustedes van perdiendo demasiadas cosas por el camino. Esta mañana perdieron Galicia y esta tarde parece que han perdido el juicio.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Maldonado. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
Adelante, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.
Procuraremos ser breves y ajustarnos al tiempo, por dos razones, porque es lo que se ha pactado entre los portavoces, pero también porque este es un tema largamente debatido en Comisión y que no da para más. Se trae hoy al plenario del
hemiciclo y queremos expresar nuestra opinión y nuestra visión sobre este hecho. Empezaré por el final. Nosotros no apoyaremos esta moción porque se basa en la reprobación de un ministro y nuestro grupo cree que es un hecho desmesurado y fuera de
lugar. Se ha desorbitado el hecho en el contexto de la situación. También es cierto que Convergència i Unió normalmente no da nunca apoyo a la reprobación de un ministro, no lo hizo en la época del Gobierno de Felipe González, no lo hizo en la
época del Gobierno de Aznar y no lo hacemos ahora. No es nuestra forma de ver la política y por eso no estamos en la línea de dar apoyo a reprobaciones a ministros. Por tanto, dejo claro que Convergència i Unió no dará apoyo a esta iniciativa
parlamentaria.
Es verdad que en esta iniciativa parlamentaria hay que hablar un poco de qué pasó, qué nos gusta y qué no nos gusta. Lo dijimos en la Comisión y lo diremos hoy, no nos gustó, nos parece una actitud excesivamente osada que un ministro se
presente en una manifestación sin avisar, con la connotación que esto puede llevar de provocación o de irritación de los asistentes. Por tanto, tarjeta amarilla a un ministro que se presenta en una manifestación cuando quizás, aunque él dijo que
iba a título personal, no era el momento ni el sitio para la presencia de un ministro.
No nos parece bien la actuación policial de detener a dos personas y el proceso que se llevó a cabo con la detención y que aún a día de hoy no ha quedado
demasiado claro. Sí nos parece bien que se pidan responsabilidades, que se diga por qué se detuvo a dos militantes del Partido Popular, quién dio la orden, qué pasó y qué desarrollo tuvo este proceso, pero esto hay que incardinado en el nivel que
toca; no hay que extrapolarlo, no hay que llevarlo a estos niveles exagerados de pedir la dimisión de un ministro, porque nos parece desmedido y fuera de lugar.
Por tanto, quizás el señor Bono se equivocó yendo a una manifestación, con lo que
podía llevar de provocación. Hubo seguro un error en la actuación policial. Es bueno que desde el ministerio se depuren responsabilidades, se aclaren y se den las respuestas que se piden desde el Partido Popular, pero no tiene lógica hacer de esta
una cuestión de tal nivel y tamaño como para traerla aquí y pedir dimisiones al más alto nivel, incluso de un ministro. Nosotros no daremos apoyo y creemos que no es bueno extrapolar los aspectos políticos de un nivel determinado y llevarlos al más
alto nivel, porque esto provoca una política tensa, con enfrentamientos, que creemos que no debía llegar hasta este hemiciclo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted señor Maldonado, muchas gracias.
Finalizamos señorías con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene para ello la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, el 22 de enero de 2005 sucedió un hecho muy relevante en Madrid, que fue la agresión a un ministro del Gobierno en una manifestación, convocada entre otros y apoyada por el Partido
Popular, manifestación de la que tuvo que salir el ministro ante el cúmulo de agresiones que recibió. Esto está acreditado en un auto judicial que lo define como que el ministro Bono fue objeto de violencia extrema. Así lo define el auto judicial.
(Rumores.) Pero no hacía falta, lo vimos en televisión, lo vimos en los periódicos, lo vimos en fotografías como esta (mostrándola a la Cámara), en donde se ve claramente cómo está el ministro Bono rodeado de mucha gente, muchos de ellos miembros
del Partido Popular (Protestas.), algunos en actitud de pegar con un palo, otro con una barra de hierro en la mano, otra persona en una actitud de decirle de todo menos guapo. Esto es lo que sucedió, este es el hecho relevante del día 22 de enero
de 2005. (Aplausos y rumores.)
Nosotros esperábamos que un partido democrático, para empezar, condenara este hecho y exigiera la captura de los culpables -un partido democrático es el que tiene que hacer esto-, pero no, nosotros no vimos eso. Tras unas primeras condenas
genéricas, automáticamente los dirigentes del Partido Popular instalaron la doctrina de que no ha pasado nada, que era un infundio, que no existió esa agresión, que esto que hemos visto no existió, que era una patraña. De hecho, el señor Astarloa
el otro día y hoy el señor Fernández-Lasquetty no han condenado este hecho. Nosotros les decimos háganlo, condenen el hecho, señores del Partido Popular, condenen este hecho, señoras y señores diputados, este hecho que fue relevante el día 22 de
enero del año 2005. No lo condenan.
(Protestas.-Aplausos.) En vez de eso, el PP ha presentado una querella contra los policías pidieron que fueran a la comisaría a declarar, y fueron voluntariamente, a unas personas que luego salieron en libertad.
El Partido Popular de Madrid ha pedido para esos tres policías un total de 22 años de cárcel y 12.000 euros. (Rumores.) Esa es la respuesta del Partido Popular. Y no contentos con ello, traen la querella, yendo contra la independencia judicial,
como decía el señor Olabarría, aquí, a esta Cámara, esta tarde, y piden el cese del fiscal general del Estado aunque la Fiscalía de Madrid decidió que no había existido delito, piden la dimisión del delegado del Gobierno y en esta disparatada moción
piden la dimisión del ministro del Interior diciendo cosas tan absurdas como aquello que dijo el señor Astarloa de que eran los cinco días más negros de
la democracia o que dijo Esperanza Aguirre: que esto llevaba directamente al holocausto nazi. (Rumores.) Eso se ha escuchado en relación con estos hechos; un lenguaje intolerable y arrogante que nada tiene que ver con la realidad.
Dice que ha habido detención ilegal. Saben perfectamente, señor Astarloa -que, aunque no lo parezca, fue secretario de Estado de Seguridad- y señor Fernández-Lasquetty, que no ha habido detención ilegal, pero ¿saben ustedes, por ejemplo,
cuántas personas fueron detenidas el año pasado o llevadas a comisaría a declarar y que luego salieron en libertad, como esas dos personas? 18.000 personas. ¿Hay que pedir para todos esos policías que hicieron eso, que investigaron, que llevaron a
esas personas a la comisaría, que luego salieron en libertad, 22 años de cárcel? ¿Esa es la doctrina del Partido Popular? (Aplausos.) ¿Qué pretenden con esta moción? ¿Pretenden ustedes acaso desmoralizar a la policía? (Protestas.) ¿Pretenden
ustedes dificultar la lucha contra la delincuencia? Eso es lo que ustedes tienen que explicar, son las preguntas que tienen que responder. (Rumores.) Así que dejen de utilizar de forma partidista la justicia, dejen de amenazar a los policías que
cumplen con su obligación (Protestas.) y de utilizar a la policía y a los policías para combatir al Gobierno y al ministro del Interior (Continúan las protestas.), dejen de vilipendiar al fiscal general del Estado porque hace exactamente lo que
ustedes no quieren, a diferencia del señor Cardenal, que hacía lo que ustedes querían. (Aplausos.) Fíjense qué diferencia: el fiscal general del Estado defiende a los funcionarios de policía. El señor Cardenal defendía a los ministros del PP.
Esa es la diferencia. (Aplausos.) Señores del PP, dejen de lado la estrategia de convertir a su partido en el partido del bronquismo y de la crispación -crispación que está sin duda detrás de la agresión al señor Bono-, estrategia que les lleva de
fracaso en fracaso: elecciones generales... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
El señor LÓPEZ GARRIDO: ... Andalucía, elecciones europeas, País Vasco, Galicia. (Protestas.) Fracaso tras fracaso. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya terminando, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Y luego tienen que venir aquí a tapar lo que es imposible de tapar, y es que el señor Rajoy, desde que es líder de su partido, ha perdido todas las elecciones y, como se ha visto esta tarde aquí, ustedes están
absoluta y radicalmente solos. (Protestas.)
Gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos.-El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Fernández Díaz, ¿en virtud de qué artículo me solicita la palabra, por favor?
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: En virtud del artículo 71.1, por el decoro de una diputada en este caso que ha sido aludida por parte del diputado, señor Cerdà, en su intervención como portavoz de Esquerra Republicana, faltando a la verdad y
estableciendo un juicio de valor sobre su conducta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le recuerdo, señor Fernández Díaz, que lo debería de hacer la diputada aludida que no está aquí, la señora Valdecasas. Lo siento mucho, señor Fernández Díaz. Muchas gracias.
Señor Fernández
Díaz, el Reglamento dice lo que dice, lo siento mucho.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Pero el Reglamento lo interpreta y lo aplica la Presidencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Si estuviera la señora Valdecasas, le diría que sí, pero no está aquí y no me pide ella la palabra. Lo siento, no lo puede hacer S.S. en su nombre.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: En todo caso que sepa que los tribunales han desestimado esas denuncias, cosa que no están haciendo precisamente con las denuncias que afectan a los militantes del Partido Popular.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Fernández Díaz, no está en el uso de la palabra, por favor, respete a la Presidencia.
Señor Herrera, disculpe. En el turno de aceptación o rechazo de enmiendas de la iniciativa anterior, si nos puede clarificar, porque no se lo solicité en su momento, cuáles han sido aceptadas y cuáles rechazadas.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Hemos valorado las enmiendas y tenemos el problema de que si las aceptamos no podremos votar separadamente. Aceptaríamos de buen grado algunas partes de la enmienda socialista, de la enmienda del BNG, en su totalidad, y de Convergència i
Unió. La enmienda del Grupo Socialista, como es habitual, es de sustitución y hemos planteado una votación separada en una serie de puntos. No las aceptamos no porque no queramos, sino porque ello supondría que no podemos hacer votación separada
de nuestra propuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los servicios ferroviarios en España. Se ha pedido votación por separado y así vamos a proceder. Votación de los
puntos números 1, 4 y 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 153; en contra, 164; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votación del punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 19; en contra, 166; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, votación del punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 36; en contra, 286; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 153; en contra, 163; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 141; en contra, 172; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, votación del punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 27; en contra, 164; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Segunda votación. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre los propósitos del Gobierno con relación a la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al ministro de Defensa en la
manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 134; en contra, 189.
El señor PRESIDENTE: Queda, pues, rechazada la moción. (Aplausos.)
Se suspende la sesión.
Eran las nueve de la noche.