Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 98, de 21/06/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 98
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 93
celebrada el martes, 21 de junio de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 4921)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 124-1, de 22 de octubre de
2004. (Número de expediente 122/000109.) ... (Página 4921)
Acuerdo de la Junta de Portavoces ... (Página 4930)
Plan de autoprotección de la Cámara ... (Página 4930)
Proposiciones no de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y de Coalición Canaria, sobre Canarias y la Unión Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 211, de 27 de mayo de 2005. (Número de expediente 162/000340.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que el Congreso de los Diputados reafirma la plena vigencia política del punto quinto del acuerdo por la paz y la tolerancia, firmado en Pamplona el 7 de octubre de 1988. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 211, de 27 de mayo de 2005. (Número de expediente 162/000343.) ... (Página 4935)
Modificaciones del orden del día ... (Página 4940)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias para Catalunya en los próximos diez años. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 17 de junio de
2005. (Número de expediente 173/000075.) ... (Página 4941)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la gravísima crisis que para la flota de bajura y el tejido social de los municipios costeros del Cantábrico suponen la situación actual y el
cierre de la pesquería de la anchoa. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 17 de junio de 2005.
(Número de expediente 173/000076.) ... (Página 4946)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las PYMES. 'BOCG. Congreso de los Dipu-tados', serie D, número 224, de 17 de junio de 2005.
(Número de expediente 173/000077.) ... (Página 4951)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la orientación de la política exterior española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 224, de 17 de junio de 2005. (Número de expediente 173/000078.) ...
Declaración Institucional ... (Página 4959)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 4921)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 1, correspondiente a la toma en consideración de la proposición
de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en lo concerniente a los maltratos de animales de compañía y demás conductas que les provoquen padecimiento, lo que se acuerda por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 4921)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico ... (Página 4921)
La señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende esta proposición de ley porque el Bloque Nacionalista Galego considera necesario mejorar las condiciones de protección social de aquellas personas que ejercen su actividad
laboral como trabajadores o trabajadoras del hogar y, por lo tanto, sujetos a la regulación del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, y a la del Real Decreto 2346/1969, de 15 de septiembre, regulación
que consideran insuficiente e incluso injusta con un número importante de mujeres fundamentalmente, que son las que generalmente ejercen esta actividad laboral. A continuación explica las razones que les lleva a presentar esta proposición
de ley que pretende la equiparación de la protección social entre las personas encuadradas en el régimen especial y en el régimen general.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y López i Chamosa, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Acuerdo de la Junta de Portavoces ... (Página 4930)
El señor presidente comunica a la Cámara el acuerdo de la Junta de Portavoces del día de hoy en el sentido de equiparar, a partir de la presente sesión plenaria, los tiempos de intervención de los debates de las proposiciones no de ley en
Pleno a los actualmente utilizados en las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Plan de autoprotección de la Cámara ... (Página 4930)
Asimismo el señor presidente anuncia que se va a proceder en la sesión de hoy a uno de los simulacros de evacuación que exige el plan de autoprotección de la Cámara.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 4930)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico (Votación.) ... (Página 4930)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico, se rechaza por 21 votos a favor, 161 en contra y
127 abstenciones.
Se suspende la sesión. Se procede a la evacuación programada de la Cámara.
Se reanuda la sesión.
Proposiciones no de Ley ... (Página 4931)
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso y Coalición Canaria, sobre Canarias y la Unión Europea ... (Página 4931)
El señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, explica que la proposición no de ley que presentan conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y la autoenmienda que plantean a la misma tiene su
origen en dos propuestas de resolución que se presentaron en el pasado debate sobre el estado de la nación: una, de Coalición Canaria, en la que se proponía comunicar al Consejo de Estado el reconocimiento que hacían los tratados europeos de la
condición de territorio ultraperiférico de Canarias, así como la posición española en el debate de las perspectivas financieras para los años 2007-2013, resolución que no prosperó debido a la no aceptación de enmiendas transaccionales por parte de
algún grupo parlamentario, y otra, firmada por el Grupo Parlamentario Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya, referida a asuntos económicos de carácter general que dejaba en duda el REF canario, la preservación del instrumento fiscal más
importante que tiene Canarias en todo el proceso de armonización fiscal de la Unión Europea. Con el ánimo de corregir estos dos acuerdos del debate que no se ajustaban a los planteamientos que se hacían inicialmente es por lo que hoy se presenta
esta proposición no de ley y la enmienda conjunta al texto.
En defensa de las enmiendas intervienen los señores Reguera Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás
Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
(ERC); y el señor Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Rivero Baute y Armas Dárias.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que el Congreso de los Diputados reafirma la plena vigencia política del punto quinto del Acuerdo por la paz y la tolerancia, firmado en Pamplona el 7 de octubre de 1988 ...
Defiende la proposición no de ley el señor Del Burgo Tajadura, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Expone el punto quinto del Acuerdo por la paz y la tolerancia firmado en 1988 por los principales partidos democráticos
en Navarra, con representación en el Parlamento Foral, entre ellos el Partido Socialista, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, donde, recuerda, no sólo se concreta de forma clara y contundente el rechazo a la apertura de ningún proceso de
negociación política con ETA, sino que se da un paso más al negar la posibilidad de entablar negociaciones políticas con ningún partido político respaldado por la banda terrorista o que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para
conseguir sus fines, es decir, que el punto quinto del acuerdo por la paz y la tolerancia de Pamplona es radicalmente incompatible con el sueño de ETA, Batasuna y el Partido Comunista de las Tierras Vascas de poner en marcha la propuesta de Anoeta
con la doble mesa de diálogo: una de partidos, sin límites ni exclusiones, y otra la de los gobiernos español y francés con ETA. Hace una serie de preguntas sobre la que él considera posición ambigua del Gobierno y pide que el Congreso de los
Diputados ratifique de forma inequívoca, con el voto favorable del Grupo Socialista, la vigencia del Acuerdo de Pamplona en su integridad, porque de esa manera se daría un gran paso para la recomposición del consenso que condujo al Pacto por las
libertades y frente al terrorismo, algo que demanda la inmensa mayoría de los españoles.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso interviene el señor Moscoso del Prado Hernández.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Del Burgo Tajadura.
Modificaciones del orden del día ... (Página 4940)
La Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios y conforme al artículo 68.1 del Reglamento, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 35, correspondiente al Real
Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de la Gomera, pase a debatirse tras el punto 36, relativo al Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio,
por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior, lo que
se aprueba por asentimiento.
Asimismo la Presidencia, de conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día a los efectos de incluir un nuevo punto
para debatir el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores, relativo al Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, hecho en San José de Costa Rica el 20 de noviembre de 2004, que se tramitará como último punto de la sesión del jueves, lo
que se aprueba por asentimiento.
Finalmente, la Presidencia, de conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día del punto 32, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la posición del Gobierno español con relación a los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sahara Occidental y en Marruecos contra la
población saharaui, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley (Votaciones.) ... (Página 4941)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre Canarias y la Unión Europea, con las enmiendas de adición aceptadas, se aprueba por 182 votos a favor y 131 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que el Congreso de los Diputados reafirma la plena vigencia política del punto quinto del Acuerdo por la paz y la tolerancia, firmado en
Pamplona el 7 de octubre de 1988, en los términos de la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, se aprueba por 286 votos a favor y 26 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 4941)
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias para Catalunya en los próximos diez años ... (Página 4941)
El señor Andreu Domingo defiende en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) la moción consecuencia de interpelación urgente sobre infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias en Cataluña en los
próximos diez años, coincidiendo con la señora ministra de Fomento en el análisis del estado actual de las infraestructuras y del déficit crónico de las mismas en Cataluña. Celebra las palabras de la señora ministra, en el debate de la
interpelación urgente, sobre la nueva concepción en red de las futuras infraestructuras y la prioridad de las conexiones interpirenaicas con las conexiones europeas, frente -dice- a la anterior concepción absolutamente radial de las infraestructuras
de la península Ibérica que sustentaba el anterior Gobierno, resaltando la voluntad del actual Gobierno por superar el marco del déficit actual. Fruto de esta coincidencia es la asunción plena e íntegra de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Por otra parte muestra su disconformidad con las otras enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Andreu Domingo.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la gravísima crisis que para la flota de bajura y el tejido social de los municipios costeros del Cantábrico suponen la situación actual y el cierre
de la pesquería de la anchoa ... (Página 4946)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Txueka Isasti, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). No quiere repetir los argumentos dados en la interpelación urgente y repetidos durante cuatro años y
simplemente recuerda que no hay anchoa y que no va a haber bonito ni cimarrón (atún del norte) de seguir así. Denuncia la sobrepesca, las artes pelágicas y el no respeto de los ciclos por parte de la flota francesa, así como el fraude en el
tonelaje, la captura y la venta. Añade que el Estado español, con un TAC del 90 por ciento, puede y debe decidir cuándo, cuánto y con qué artes se debe pescar. Todo está en manos del Gobierno, lo demás es inoperancia y falta de voluntad o algo
mucho más grave que prefiere no nombrar. Sin embargo, valora muy positivamente la actitud de la flota cantábrica que en un ejercicio de responsabilidad y de apuesta por la sostenibilidad ha exigido y asumido la necesidad del cierre de la pesquería
de anchoa y una dura y difícil campaña de la pesquería del bonito. Se refiere a las enmiendas presentadas en las que ha tratado de llegar a una transaccional que espera sea aceptada por los enmendantes y por el resto de grupos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón Torres,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Finalmente interviene el señor Txueka Isasti.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió), sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las pymes ... (Página 4951)
El señor Sánchez i Llibre defiende la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las pequeñas y medianas empresas, porque cada día ven más
necesario que el Gobierno ponga en marcha iniciativas similares a las planteadas por su grupo. Sin embargo, está convencido de que esta iniciativa no saldrá adelante básicamente por la insensibilidad del grupo que apoya al Gobierno, que es el que
tendría que estar preocupado por las señales de alarma que día a día salen en los medios de comunicación y se publican por diferentes instituciones, y también porque el Gobierno está instalado en su bola de cristal en la que la economía marcha
fantásticamente y la generación de puestos de trabajo a medio y largo plazo serán espectaculares. Afirma que la realidad es otra y pasa a explicar unos datos que considera alarmantes.
En defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene la señora Báñez García.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Tomás García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la orientación de la política exterior española ... (Página 4955)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor De Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Critica la falta de orientación, el despiste y la preocupante imagen que tiene la política
exterior de España, lo que, dice, es una percepción pública generalizada. Afirma que la manera de presentar las rectificaciones como evolución, la evolución como algo que ya habían planteado y lo que había planteado como algo absolutamente bien
fundado es totalmente falsa, y añade que ya se están sufriendo las graves consecuencias de la llamada reorientación de la política exterior, rompiendo la evolución normal que había tenido la política exterior española desde el año 1977 hasta hoy. A
continuación hace hincapié en algunos de los errores más importantes que ha cometido el Gobierno socialista.
En defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso interviene el señor Estrella Pedrola, dándose por decaída la presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y el señor Maldonado i Gili, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor De Arístegui y San Román.
Declaración Institucional ... (Página 4959)
La señora secretaria (Sainz García) da lectura a una declaración institucional presentada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios con motivo del día mundial del refugiado, que es aprobada por aclamación.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.) ...
(Página 4960)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias para Cataluña en los próximos diez años, con la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 310 votos a favor.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la gravísima crisis que para la flota de bajura y el tejido social de los
municipios costeros del Cantábrico supone la situación actual y el cierre de la pesquería de la anchoa, en los términos de la enmienda transaccional presentada, se aprueba por 309 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia
sobre las pymes, en sus propios términos, se rechaza por nueve votos a favor, 163 en contra y 138 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la orientación de la política exterior española, en sus propios términos, se rechaza por 124 votos a favor, 167 en
contra y 17 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
- MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, comunico a la Cámara que, de acuerdo con la Junta de Portavoces, el primer punto del orden del día será excluido. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la
Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 1, correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, en lo concerniente a los maltratos de animales de compañía y demás conductas que les provoquen padecimiento. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA MEJORA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO. (Número de expediente 122/000109.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del
servicio doméstico. Para la defensa de la proposición de ley, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, defendemos hoy esta proposición de ley porque creemos firmemente que es necesario mejorar la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico o, lo que es lo mismo, mejorar las condiciones de
protección social de aquellas personas que ejercen su actividad laboral como trabajadores o trabajadoras del hogar y, por lo tanto, están sujetos a la regulación laboral que se hace en el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, y también en el
decreto 2346/1969, de 15 de septiembre. Decimos que también porque estamos haciendo referencia a una norma anterior a la democracia en el Estado español, por lo tanto a una norma que deberíamos entender obsoleta. Bien es cierto que el Real Decreto
1424/1985 mejora el anterior, pero seguimos manteniendo la opinión que teníamos cuando el mismo fue aprobado de que no solamente es insuficiente, sino que nos atrevemos a decir injusto con un número importante de mujeres, fundamentalmente, que son
las que ejercen su actividad laboral remunerada en esta actividad del empleo doméstico.
El régimen especial del personal al servicio del hogar familiar nunca ha sido revisado para ampliar su acción protectora, como sucedió tanto en el régimen general de la Seguridad Social como en otros regímenes especiales, a medida que
evolucionaba favorablemente el sistema público de protección social. Esta circunstancia justifica por sí sola la necesidad de mejorar ampliamente las coberturas y prestaciones sociales del régimen especial del personal al servicio del hogar
familiar; además, es evidente que persisten diferencias en cuanto al nivel de protección que se reconoce a las trabajadoras -y digo trabajadoras porque luego daré datos y efectivamente son muy mayoritariamente trabajadoras- que desarrollan su
trabajo en el hogar con relación a las trabajadoras y trabajadores incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, aun teniendo en muchos casos necesidades de protección semejantes, sin que las diferencias que persisten respondan a las
aludidas particularidades del trabajo doméstico. Bajo esta regulación laboral especial de la Seguridad Social estaban dadas de alta 184.193 personas, de las cuales 50.249 eran inmigrantes. Estamos hablando de datos de diciembre de 2004.
Es
evidente que este número de altas es infinitamente inferior al número de personas que trabajan en esta actividad, como también son evidentes las razones por las que tanto empleadores como empleados y empleadas no tienen interés ninguno en legalizar
la situación. Las razones son, ni más ni menos, las pocas prestaciones que la empleada recibe. Estamos hablando de la gran cantidad de empleo sumergido que se genera en la actividad del trabajo doméstico y nos vamos a referir al trabajo doméstico
remunerado, porque es mucho más amplio, y aquí entraríamos en otro debate -el 99,99 por ciento de mujeres que están desarrollando este trabajo sin ningún tipo de remuneración-. Nos parece importante dar algunos datos sobre la edad de las mujeres
que están
ejerciendo esta actividad doméstica remunerada, que podemos conocer por las altas en la Seguridad Social. Son mujeres que sobrepasan los 34 años, mayoritariamente tienen de 45 años en adelante. La cotización del régimen especial de
trabajadoras del hogar está fundamentalmente relacionada con la pensión en caso de jubilación o en caso de enfermedad. Es a partir de esta edad cuando los hombres y las mujeres tienen más necesidad de protección social y hay que tener en cuenta
otros aspectos como el paro.
No podemos seguir esperando una modificación de la regulación.
Nuestra propuesta pretende equiparar la protección social de las personas encuadradas en el régimen especial del servicio doméstico con la otorgada a las trabajadoras y trabajadores del régimen general, porque entendemos necesario derogar
los decretos citados anteriormente para conseguir la convergencia con el régimen general, tal y como se contempla en el Pacto de Toledo, en donde se habla no solamente de la convergencia con el régimen general sino también con autónomos. En nuestra
propuesta optamos por el régimen general porque nos parece la más adecuada, pero, señorías, dado que solicitamos de esta Cámara la toma en consideración, entendemos que el trámite legislativo se puede enriquecer con el debate y que las aportaciones
de los diferentes grupos posibilitarían un acuerdo.
Reiteramos la necesidad de realizar un esfuerzo para reconocer una mejora sustancial del régimen de protección social de las personas que desarrollan su actividad en el trabajo del hogar hasta
alcanzar un nivel básico digno, ya que obliga a acometer un cambio en la actual regulación de las normas que establecen y delimitan el alcance de la protección social de las personas que así lo ejercen.
Además de este artículo único que pretende la equiparación de la protección social entre las personas encuadradas en el régimen especial y en el régimen general, añadimos una disposición adicional segunda porque entendemos necesario que se
extienda la acción protectora a las personas incluidas en este régimen especial. Por tanto, debe ser el Gobierno quien impulse a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales una serie de medidas reglamentadas que entendemos necesarias para
proceder, con efectos retroactivos de 1 de enero de 2005, a equiparar gradualmente la acción protectora del régimen especial de la Seguridad Social del servicio doméstico, como ya dijimos reiteradamente, con el régimen general.
Entendemos que es necesario reconocer la protección por desempleo, la prestación económica por incapacidad temporal desde el cuarto día de la baja de los trabajadores o trabajadoras del hogar, la distinción del carácter profesional o común
de los riesgos, la regulación de un catálogo de enfermedades profesionales, la equiparación de los periodos de cotización en el acceso a la prestación de incapacidad permanente con los establecidos por el régimen general y, por tanto, también la
integración de las lagunas en los periodos en los que no existió obligación de cotizar a efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente complementándolas con las bases mínimas vigentes para las trabajadoras y
trabajadores mayores de 18 años.
Como dijimos al principio de nuestra intervención, señorías, entendemos que la propuesta que hacemos es justa, porque pretende regular una situación que arranca de un decreto del año 1969, aunque se hicieran la modificación mínima del año
1995 y las modificaciones encuadradas en la reforma de la Seguridad Social del año 2002. Es necesario acometer esta regulación con urgencia y aunque sabemos que la modificación de la Ley de la Seguridad Social puede estar entre los temas que se
están tratando entre el Gobierno y los agentes sociales y económicos, entendemos que aprobar hoy la propuesta que hacemos no significa interferir en el diálogo establecido, ni muchísimo menos en la posibilidad de llegar a acuerdos en estas
negociaciones. Pensamos que el debate y la admisión a trámite de la propuesta que hoy presentamos puede reforzar ese debate y, sobre todo, agilizar un proceso ya iniciado en el aspecto legislativo, que podríamos rematar con una modificación de la
regulación de las condiciones laborales y de protección social de aquellas personas que trabajan en el servicio doméstico -trabajadoras del hogar- en condiciones justas e igualitarias y caminar hacia una igualdad prácticamente total entre estos
trabajadores y trabajadoras que están en este modelo de régimen especial de la Seguridad Social y todos aquellos que están incluidos en el régimen general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho de turno en contra? (Pausa.)
Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la regulación del servicio doméstico en España ha envejecido y no solo no se ha reformado adecuándola a la realidad laboral española desde hace más de una década, sino que resulta absolutamente incoherente con el reciente proceso
de regularización de inmigrantes. Esta regulación es necesaria además porque tiene dos dimensiones que no pueden escapar a nuestro análisis: es una de las áreas donde tradicionalmente se concentra un número importante de trabajadores en economía
sumergida y, muy especialmente, es un sector de trabajo que nos remite a la desigualdad de trato de la mujer en la economía española. Nos encontramos ante un sector que concentra precariedad, desigualdad salarial y una regulación que supone una
discriminación de las condiciones generales de trabajo respecto a los demás trabajadores. El servicio doméstico era y es la actividad en la que se concentran la mayor irregularidad laboral
femenina y el mayor empleo sumergido, que llega hasta tasas del 30 por ciento. Por sectores de actividad, el servicio doméstico agrupa al 31,67 por ciento del total de las solicitudes de regularización, esto es, un total de 217.627
peticiones, de las que el 83,4 por ciento corresponde a mujeres. Es superior en número al sector de la construcción, con 142.654 solicitudes, que suponen el 95 por ciento de hombres. Con estas cifras y analizando la regulación laboral y de
protección social podría decirse que la regularización ha incorporado una nueva discriminación por razón de sexo al mercado de trabajo. Podría afirmarse sin temor a equivocarnos que se ha producido una regulación excesivamente precaria y contraria
a los derechos de las trabajadoras inmigrantes, que viene a sumarse a la discriminación que ya padecían las trabajadoras nacionales en este sector, impidiendo la inserción laboral plena y, por lo tanto, la integración social efectiva de ellas y de
sus familias. En este sentido, esperamos de la Inspección de Trabajo que pueda impedirse que muchas de las trabajadoras que se darán de alta en la Seguridad Social como empleadas de hogar vayan a trabajar en otros sectores de la economía sumergida
durante este primer año. La reforma laboral del servicio doméstico y sus especiales características, por tanto, son una necesidad que debe contemplarse, ya que se trata de un sector que constituye un auténtico nicho de empleo y un sector de trabajo
muy vinculado al apoyo a las familias con personas dependientes en un marco donde estas gozan de escaso apoyo. En una palabra, la reforma debe mejorar los derechos de igualdad de las trabajadoras y los derechos de las familias para acceder a un
apoyo al trabajo doméstico que no penalice sus posibilidades de desarrollo y singularmente las posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar. La equiparación de derechos en materia de Seguridad Social y la mejora sustancial, como se
señala en la moción, del régimen jurídico especial de las personas al servicio del hogar en una lógica equiparación con el resto de los trabajadores es un camino en esa dirección. En esta época de reconocimiento de derechos, los cambios en los
regímenes especiales y singularmente del trabajo doméstico forman parte de la agenda de cambios sociales que deben abordarse en el contexto de la reforma laboral que se debate con los agentes sociales y, además, forma parte -y aquí se ha dicho- de
las recomendaciones del Pacto de Toledo. Desde nuestro punto de vista debe ser un compromiso no solo de las organizaciones sindicales, de las patronales y de las mesas de diálogo; también debe ser un compromiso de las fuerzas políticas y del
conjunto de las instituciones porque nos hallamos posiblemente ante uno de los principales abismos del sistema de protección en nuestro país. En este sentido, nuestra fuerza política valora la presentación de esta proposición en cuanto a lo que
significa de compromiso; compromiso que nosotros reafirmamos en los objetivos de simplificar los regímenes especiales y de hacer aflorar el empleo sumergido. Pero por lo dicho, esto es, por la realidad sumergida y compleja de este sector, creemos
que la aprobación en estas circunstancias generaría posiblemente la expulsión de buena parte de las trabajadoras de todo mecanismo de protección y un incremento aún mayor del empleo doméstico sumergido. Coincidimos en la intención y nuestro
compromiso es claro, pero creemos que el marco capaz de igualar derechos y aplicar medidas de solidaridad en el sistema no es precisamente este tipo de proposición y por eso no podemos apoyarla. En cualquier caso, sí emplazamos al Gobierno, a las
fuerzas políticas, a sindicatos y a agentes económicos para acabar, desde criterios de solidaridad, con una situación injusta e impropia del modelo laboral que decimos perseguir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Por el Partido Nacionalista Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar nuestra adhesión a la iniciativa presentada por el BNG. Es una iniciativa justa, jurídicamente razonable y en la que la única duda o reserva conceptual que le embarga a mi grupo es el nomen iuris que la portavoz
del Bloque Nacionalista Galego ha aportado a la norma que se pretende reformar, que hasta hoy se llamaba el Estatuto de los Trabajadores y a partir de hoy se llama Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras. Ninguna objeción tampoco porque no es
mi grupo el que va hacer cuestión de estos problemas semánticos en cuanto a lo que constituye el elemento fundamental, que es el contenido material de lo que aquí se trata.
Señor presidente, esta proposición está cargada de razones, es una proposición perfectamente legítima, en primer lugar, porque es un requerimiento del Pacto de Toledo. La señora Fernández Davila lo ha comentado y nosotros nos jactamos de
que, además, en el Pacto de Toledo se recomienda que hay que reducir el número de regímenes especiales, llegando al final, en una prospección evolutiva, a dos: el régimen especial de la Seguridad Social y un régimen especial para los trabajadores
autónomos; todos los demás no son más que elementos de perturbación. Desde esa perspectiva, la iniciativa que nos presenta el Bloque Nacionalista Galego está bien planteada conceptualmente.
En segundo lugar, el problema que afecta a las trabajadoras del hogar incumple todos los requerimientos que respecto a nuestro sistema de pensiones articula el artículo 41 de la Constitución, y la señora Fernández Davila también lo ha
explicado con lucidez. Respecto a seguridad social, no se cumplen los requerimientos de suficiencia en materia de protección; no se cumplen los requerimientos de irregresividad en materia de las reformas que se han acometido, la única reforma
parcial y absolutamente pacata a la que ella se ha referido de un régimen preconstitucional en cuanto a la regulación de este régimen especial; no se cumplen los requerimientos
de universalidad de la protección, hasta el punto de que las contingencias no protegidas suficientemente son exactamente las que se consignan en la proposición de ley: protección por desempleo, protección económica por incapacidad temporal
a partir del cuarto día de la baja del trabajador, distinción del carácter profesional o común, es decir, de las contingencias comunes o específicas en cuanto a la protección del sistema público de pensiones, equiparación de los periodos de
cotización a aquellos en materia de incapacidad laboral permanente previstos en el régimen general y todos los demás. Desde esta perspectiva, y estando ante un régimen de seguridad social que incumple los requerimientos consignados tanto por el
artículo 41 como 50 de la Constitución, no hay mayor legitimidad que la prevista en los requerimientos constitucionales a efectos de aceptar a trámite esta proposición de ley. Pero no solo esto, señor presidente. El representante de Izquierda
Unida ha comentado que aquí nos encontramos con uno de los segmentos en donde la economía sumergida encuentra mayor asentamiento. Evidentemente, el proceso de regularización de trabajadores extranjeros tiene en el ámbito de la mujer una
sobredimensión particularmente llamativa en relación con el servicio doméstico, lo cual indica una cierta patología en este proceso de regularización que nosotros también hemos denunciado en otros ámbitos.
Uno de los elementos paradigmáticos y definidores del derecho del trabajo es que la vinculación de un trabajador a un empleador viene dada por la definición de dependencia. En el ámbito de las trabajadoras o de los trabajadores que se
dedican al servicio doméstico, la dependencia adquiere unas dimensiones conceptuales particularmente diferentes a lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha consagrado en esa materia. La dependencia no es solo prestación de trabajo a
cambio de una retribución; aquí estamos hablando de un concepto de dependencia que se parece más a las novelas de Pío Baroja, a los mayorazgos, a la dependencia de los señores, de los señoritos, dándole otra dimensión absolutamente diferente, una
dependencia absolutamente irregular y ajena a los requerimientos del ordenamiento jurídico que hay que remover; por otra parte, estamos hablando también, en el ámbito de las trabajadoras y de los trabajadores del servicio doméstico, de lo que
denomina el profesor Lietze actividades no monetarizadas. En este momento, en una situación en la que hay hijos que educar, en la que ambos cónyuges, el cónyuge varón y el cónyuge mujer, afortunadamente, trabajan fuera del hogar, las trabajadoras y
los trabajadores que se dedican al servicio doméstico han adquirido una sobredimensión mucho más sofisticada en cuanto al trabajo a desarrollar y también tienen que dedicarse al cuidado, protección y desarrollo de los hijos. Esto da a la
configuración del núcleo de trabajo a desarrollar una dimensión particularmente relevante, que no está debidamente evaluada -dada la situación de marginalidad, de no cotización a la Seguridad Social, de no formulación de contratos de trabajo cuando
se trabaja menos de las horas previstas- en la normativa que regula el trabajo de estos trabajadores, etcétera.
Desde la perspectiva de que hay actividades no monetarizadas que deben ser monetarizadas, segmentos de la economía sumergida que deben
ser objeto de afloramiento, nos parece particularmente oportuna esta proposición que nos presenta el Bloque Nacionalista Galego.
Señor presidente, nos parece muy bien, muy aquilatada y bien configurada esta proposición de ley. Se hace una identificación de las contingencias que deben ser objeto de protección con cargo al sistema público de pensiones que nos parece de
todo punto justa y que, además, constituye un requerimiento constitucional: protección por desempleo, prestación económica por incapacidad laboral, distinción del carácter profesional o común de los riesgos y regulación de un catálogo de
enfermedades profesionales, equiparación de los periodos de cotización en el acceso a la prestación de incapacidad permanente e integración, y esto es importante -es una visión espiritualista del derecho del trabajo y en el derecho del trabajo la
visión espiritualista es particularmente pertinente-, de los periodos no cotizados, identificándolos y complementándolos con las bases mínimas vigentes para los trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años. Aquí tenemos otra pequeña reserva que
quizá el BNG debería valorar. La protección de todas estas contingencias seguramente obliga a rectificaciones o modulaciones del sistema público de pensiones no irrelevantes ni baladíes. Para poder proteger todas estas contingencias seguramente
las bases de cotización y las cotizaciones, no solo las correspondientes al empleador sino también las correspondientes al trabajador, deben ser objeto de corrección; estamos hablando ya de un nivel de protección equiparable al de cualquier
trabajador por cuenta ajena, lo que también es razonable -artículo 14 de la Constitución, principio de igualdad ante la ley-. Como digo, eso puede obligar a aquilatar y a dimensionar adecuadamente el volumen de cotizaciones que los trabajadores, no
solo los empresarios o empleadores, es decir, no solo las personas que contratan sino también los trabajadores, deben aportar al sistema público de pensiones, y en determinados supuestos este incremento de la base de cotización y por tanto de la
cotización obligatoria del trabajador puede provocar a determinadas empleadas o empleados del hogar un quebranto económico, una situación que no sea razonable o que constituya una reformatio in peius, una reforma a peor de su sistema de
aseguramiento.
Vamos a aquilatar todas estas cosas. En definitiva, estamos hablando de un requerimiento del Pacto de Toledo, de un requerimiento constitucional, estamos hablando de una proposición justa, pero también de una proposición que necesita ser
más debatida, mejor aquilatada, que seguramente necesita análisis más finos desde una perspectiva económica.
Nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, pero también pedimos al grupo proponente que sea
flexible en relación con ciertas dificultades que hacen referencia a la financiación y al sostenimiento económico del sistema público de pensiones. Hay pensiones que van a ser protegidas mejor si se aprueba esta proposición de ley, pero, en
un sistema cuyos equilibrios financieros en este momento son delicados, que están sustentados con alfileres, son necesarias ciertas pormenorizaciones que, si se aprueba la toma en consideración, nosotros haríamos a través de las enmiendas.
Luego,
desde la perspectiva conceptual, no cabe ninguna duda acerca de que la proposición es justa y es razonable, pero hay algunas cuestiones que deberían ser objeto de mayor pormenorización, de mejor aquilatamiento y en ese sentido ofrecemos nuestra
colaboración.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana entiende que la proposición de ley que hoy se nos presenta por los compañeros del Bloque Nacionalista Galego plantea una reivindicación justa.
Es evidente que el régimen especial de las trabajadoras domésticas debe ser revisado y debe ampliarse su acción protectora, porque la reforma del régimen especial de las trabajadoras domésticas a favor de su mayor protección fue olvidándose -fruto
de su desuso progresivo, a raíz de la también progresiva desaparición-, durante las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado, de la figura de la empleada doméstica. Ciertamente también se había ido convirtiendo en un régimen en el
cual se colocaban buena parte de las mujeres que habían sido trabajadoras en un tiempo en el que, por efecto de la instauración de la carencia específica para el acceso a prestaciones, necesitaban cotizar al sistema de la Seguridad Social para poder
acceder al mismo, convirtiéndose este régimen a la vez y en muchos casos en el reducto de la salvación de muchas mujeres obreras, pero ciertamente más por necesidad, repito, que por realidad o por legalidad de la prestación.
La necesidad de un régimen especial resulta evidente. Por un lado, el empresario no lo es, más bien se trata de un cabeza de familia que no se lucra en el sentido estricto de la prestación laboral sino que con ésta cubre una necesidad
evidente en nuestra sociedad, y en el fondo en muchos casos utiliza a la persona empleada para suplir la parte de la vida laboral que no puede conciliar con la familiar. Nos encontramos, pues, en un contexto de prestación fuera del mercado
competitivo de las normas generales de prestación laboral. Por otro lado, nos encontramos también ante una empleada que presta sus servicios en un contexto muy específico, en un marco a veces de confianzas/desconfianzas y familiaridades, donde no
todo el tiempo de presencia será prestación efectiva de trabajo, donde el marco de derechos y deberes es relativo, donde vida y trabajo están íntimamente ligados hasta el punto de no poder distinguir frecuentemente dónde está la distinción, y en
donde la capacidad de organización de las trabajadoras resulta más que difícil. No obstante, resulta evidente que el desuso ya no es el contexto actual; progresivamente se han ido incrementando las incorporaciones a este colectivo de trabajadoras,
mayoritariamente personas extranjeras, fruto del avance del Estado del bienestar, fruto del aburguesamiento de nuestra sociedad, de la mejora de los salarios de los ciudadanos, que ha revertido en una mayor capacidad económica para afrontar el coste
de las empleadas domésticas, y también lógicamente la incorporación de la mujer autóctona al mercado del trabajo. En el fondo se están supliendo de forma cada vez más importante los trabajos domésticos a cargo de la mujer autóctona por las tareas
retribuidas de una trabajadora a menudo inmigrante que, a cambio de un salario más bien bajo, está dispuesta a llevar a cabo las poco reconocidas tareas domésticas que los autóctonos no estamos dispuestos a asumir.
Así pues, es evidente que aquel nivel de necesidades de las tradicionales mujeres del servicio doméstico, que frecuentemente aportaban su salario a una unidad familiar donde ya existía el salario principal del marido y donde por tanto el
nivel de necesidad era menor por el caso de la pérdida de retribución, ya no tiene nada que ver con la situación de necesidad que se da en las actuales trabajadoras domésticas. El perfil ha cambiado, y por ende la protección no puede hacer otra
cosa que cambiar. La protección por desempleo, la incapacidad temporal, etcétera, son contingencias que han de quedar más que cubiertas, cubiertas indefectiblemente en la nueva configuración de este régimen, bajo el peligro de consolidar, de no
hacerlo, un sector importante de precariedad laboral social en un colectivo que ya de por sí no está en una situación especialmente favorable. En cualquier caso, mientras no se modifique el actual sistema de Seguridad Social, de base eminentemente
contributiva, el incremento de la protección no puede ir solo referido a la mejora estricta del marco de derechos, tal como hace unos instantes se hacía mención en otra intervención precedente. Si se pretende equiparar el marco de los beneficios
sociales y de prestaciones de este régimen con el régimen general, como se dice en la propuesta, también se tiene que reformular la contributividad. Si se pretende garantizar el derecho a prestaciones de paro, resulta evidente que se tiene que
instrumentar una cotización por esta contingencia, tal como se da en el régimen general.
Por otro lado, pensar en la mejora en los términos de la propuesta sería impensable sin un ajuste de la contribución, teniendo en cuenta que es uno de los
regímenes deficitarios en el sistema, extremo que rompería con los principios de sostenibilidad que propone el Pacto de Toledo y su revisión.
Por todo lo anterior, entendemos que es necesario avanzar en ese sentido.
Por ello anunciamos que, en caso de que la mesa del diálogo social que impulsan los
agentes sociales no concluyera sus trabajos ad hoc con un marcado cariz progresista, lo que deseamos que no ocurra -razón por la cual procederemos a votar negativamente ahora esta propuesta-, nuestro grupo parlamentario presentaría una
iniciativa en esta dirección, entendiendo, eso sí, que la voluntad de proceder a la lógica correlación de ajuste de la contributividad al sistema de protección objeto de las mejoras es un acto de evidente responsabilidad, es decir, proceder a
equiparar las mejoras propuestas con las cotizaciones que fueren necesarias y proceder a reformar los tipos, las bases, los porcentajes y las contingencias de cotización para adecuarlos a las mejoras propuestas por el Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, hay que felicitar al Bloque Nacionalista Galego por la iniciativa que nos plantea esta tarde, porque la cuestión que nos pone encima de la mesa no es menor. Nos plantea aparentemente tan solo, y el tema en sí mismo es lo
suficientemente importante, garantizar la efectiva protección social de un grupo de trabajadores, en concreto de los trabajadores del servicio doméstico. Se pretende con esta iniciativa que, ante los riesgos del desempleo, de la enfermedad, del
accidente de trabajo, de la maternidad, del envejecimiento, este colectivo de personas tenga la misma protección que el conjunto de los trabajadores.
La cuestión de fondo a mi entender va mucho más allá de ese tema. Nos plantea también un debate sobre cómo satisfacer las demandas de la mayoría de las familias de clase media de este país donde hombre y mujer trabajan. Nos plantea también
cómo somos capaces de estructurar un sector de empleo, el trabajo doméstico, con un peso enorme en la economía sumergida, desde la perspectiva de gestionar bien los flujos migratorios de carácter laboral que encuentran en ese nicho de mercado buena
parte de su expansión. Y también nos permite abordar la exclusión de cómo combatimos la economía sumergida en España que representa, es bueno recordarlo, un equivalente al 20 por ciento del producto interior bruto.
Por tanto, son cuestiones que no
son menores; no es tan solo garantizar esa efectiva protección social, sino enmarcarlo ante evidentes necesidades colectivas en un contexto de plena modernización del conjunto de la sociedad, y lo hace abordando la reforma de un régimen que tiene
más de 20 años de vigencia. Precisamente en estos 20 años de vigencia de ese régimen, el conjunto de la sociedad española, en términos de emancipación de las mujeres y su incorporación al mundo del trabajo, en términos de incremento de los flujos
migratorios, en términos de incremento de las necesidades de calidad de vida de las familias, en términos de las oportunidades de empleo generadas en muchísimos otros ámbitos, exige una puesta al día efectiva de este régimen de protección social.
Nuestro grupo es partidario esta tarde de la toma en consideración de esta proposición de ley, y así lo vamos a hacer, convencidos de que el debate parlamentario, en el supuesto de que se iniciase la modificación de este régimen, nos
permitiría abordar, por un lado, esa efectiva protección social que nos parece que se debe de articular en esta materia y, al mismo tiempo, garantizar que ese aumento de la contribución para garantizar esas prestaciones, tal como han puesto de
manifiesto otros portavoces, no debería suponer en ningún caso el encarecimiento de estos servicios para las familias de clase media. En este sentido es bueno analizar, recordar, ver lo que en otros Estados de la Unión Europea se ha venido
impulsando en estos últimos años. Bien por la vía de la subvención, o por la vía de la deducción fiscal, gobiernos de todo color político de la Unión Europea, el sueco, el británico, el alemán, han acompañado a las familias en estas decisiones de
compra de servicios vinculados a las necesidades del servicio doméstico. Si la protección social para las empleadas del hogar implica un encarecimiento de estos servicios para las familias, no vamos a resolver la cuestión de la economía sumergida,
ni vamos a facilitar esa efectiva protección social.
En este sentido, si esta proposición de ley se tomase en consideración, mi grupo plantearía enmiendas en el sentido de garantizar el no encarecimiento de estos servicios vinculados a un aumento
de la protección social de estos trabajadores. Estamos convencidos, además, de que si de verdad queremos combatir el efecto llamada del mercado de trabajo en España con relación a la nueva inmigración, estructurar un sector serio, un sector
estable, un sector garantista en el campo del servicio doméstico es una política inteligente en el terreno de la inmigración. Además, señorías, tanto en un informe reciente que leía de la Unión General de Trabajadores, como en el último informe del
Consejo Económico y Social de España sobre la situación de la mujer en el campo del empleo, se refleja que la política de garantizar esa efectiva producción social de las personas que trabajan en el servicio doméstico en este régimen especial de la
Seguridad Social es una política en términos de igualdad de las mujeres, porque precisamente ese sector de mujeres inmensamente mayoritario en este régimen especial de la Seguridad Social, o en este terreno de la ocupación, tiene, en esa situación
de precariedad laboral y social, uno de los exponentes de su discriminación efectiva en el mercado de trabajo. En términos de política de género, la iniciativa que nos plantea el BNG es también una política acertada.
A lo largo de estos años las políticas activas orientadas a mejorar las condiciones de estas trabajadoras, a garantizar este acceso a las familias de clase media, han sido escasísimas. Podríamos citar alguna iniciativa acertada
del Gobierno de Navarra que ha acompañado a las familias en este ámbito, o yo podría citar algunas iniciativas que cuatro ayuntamientos de Cataluña -por cierto, ninguno de ellos gobernado por mi grupo y, por tanto, lo cito con toda
tranquilidad-, como son los de Vilanova i la Geltrú -mi ciudad-, Manresa, Igualada y Vilafranca del Panadés, a través del programa Emergin han venido desarrollando una política activa para intentar dignificar estos empleos. Precisamente en el marco
del proyecto Emergin, el profesor Eduardo Rojo -creo que bien conocido por algunos miembros de esta Cámara- elaboraba un interesantísimo informe de recomendaciones precisamente orientadas en esos dos objetivos, por un lado, garantizar esa efectiva
protección social de las personas que trabajan en el servicio doméstico y, además, garantizar ese no encarecimiento de estos servicios para las familias de clase media. Pues bien, en ese contexto de poca intervención pública hasta el momento en
esta materia -Gobierno de Navarra, iniciativas de ayuntamientos y ausencia en el ámbito de la política del Estado y también con una ausencia en el diálogo social-, permítanme, señorías, que les muestre mi total escepticismo respecto a que la actual
ronda del diálogo social llegue a ninguna medida en este ámbito, entre otras cosas porque no nos consta que el Gobierno, ni la CEOE, ni ninguno de los sindicatos lo hayan puesto encima de la mesa. Mi grupo tiene a veces la sensación de que
utilizamos el diálogo social para evitar discutir de cuestiones que están en la calle y que preocupan. Yo creo que eso al Gobierno le es extremadamente cómodo, y me sorprende que grupos con un aparente compromiso social encuentren ahí excusa para
no abordar este tipo de cuestiones.
Pues bien, desde el escepticismo que mi grupo tiene de que el diálogo social tome en consideración esto, nosotros hoy sí vamos a votar a la propuesta del BNG, convencidos de que el debate parlamentario nos permitirá abordar las cuestiones de
fondo y no solo garantizar esta efectiva percepción social para este grupo de trabajadores sino articular esa política pública que en estos momentos de cambios profundos en la estructura de la sociedad española nos parece que necesitamos. Ser
capaces de garantizar las necesidades de las familias de clase media creo que es una de las cuestiones de fondo que nos plantea el BNG.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Popular, señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el régimen especial previsto ya en la Ley de Seguridad Social de 1966 y recogido igualmente en el artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social extiende su ámbito de aplicación a aquellas personas sometidas a una relación
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, entendiendo como tal la que concierta el titular del mismo como empleador y la persona que, dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar
familiar al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto.
Como tal régimen especial fue regulado también por Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, parcialmente derogado por los posteriores reglamentos generales de
inscripción, altas y bajas, cotización y liquidación. Tanto la cotización como las prestaciones que se perciben en este régimen difieren del régimen general. Las diferencias esenciales en cuanto a las prestaciones son las siguientes: no existe
prestación por desempleo; no se considera o realiza la prestación de baja por enfermedad hasta los 29 días; y no existe la enfermedad profesional.
Nos encontramos con un colectivo feminizado casi en su conjunto, con un gran índice de irregularidad, trabajando un gran número en la economía sumergida. Además de esto la situación actual se caracteriza por la falta de valoración del
trabajo del hogar y, por tanto, falta de valoración de las personas que se contratan para este fin en muchos casos. Debemos ser conscientes de que el trabajo o el empleo del hogar va a ser más demandado en España debido a la cada vez mayor
incorporación de la mujer al mundo laboral, como está pasando en nuestros países vecinos. Es un trabajo cada día más necesario para la mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Debe valorarse más este tipo de trabajo y también, por tanto,
tener en cuenta las personas que lo realizan, debiendo mejorar, entre otras cosas, la acción protectora del régimen especial de la Seguridad Social de este colectivo.
La iniciativa que se debate hoy es si se toma o no en consideración una proposición de ley presentada por el Grupo Mixto relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico. Este grupo parlamentario se
ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la necesidad de modificación de este sistema especial para mejorar la acción protectora de las personas incluidas en el régimen especial de la Seguridad Social del servicio doméstico, pero no podemos votar
a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley porque desde nuestro punto de vista adolece de defectos de forma y carece del procedimiento oportuno. De defectos de forma porque no acompaña el informe económico preceptivo, ya que las
propuestas que realiza tienen una evidente repercusión económica en la Seguridad Social, en concreto la propuesta recogida en el apartado 5, donde se solicita la integración de las lagunas en los períodos que no existió obligación de cotizar a
efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente, complementándolas con la base mínima vigente para los trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años. Además, y lo que es más importante, creemos que la presente
iniciativa conculca las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es necesario recordar que en las recomendaciones cuarta y sexta del
Pacto de Toledo de 1995 se recoge, por un lado, la financiación de los regímenes especiales y, por otro, la simplificación e integración de dichos regímenes. La financiación de los regímenes especiales obliga a modificar en lo posible la
situación actual, bajo el criterio de que la acción protectora debe ser también semejante a la aportación contributiva. En este sentido, la introducción al derecho de la prestación por desempleo implicaría, por lo tanto, un incremento de la
cotización por tal contingencia. La simplificación e integración de los regímenes especiales previstas en la recomendación sexta del Pacto de Toledo de 1995 establece la unificación de manera gradual del número de regímenes actualmente existentes,
logrando la plena homogeneización del sistema público de pensiones, de manera que a medio o a largo plazo todos los trabajadores queden encuadrados bien en el régimen de trabajadores por cuenta ajena o bien en el régimen de trabajadores por cuenta
propia.
Pensamos que la presente iniciativa conculca nuevamente lo consensuado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara al no respetar la forma en que debería realizarse esta integración, puesto que al deber hacerse de forma gradual implica
un estudio previo sobre la forma en que debiera realizarse para que esta integración tenga una repercusión mínima en el colectivo afectado. Nosotros pensamos que esa repercusión ha de ser mínima y que, por lo tanto, si la cotización que se debe de
imponer es muy alta incluso puede hasta perjudicar a este colectivo; por tanto, también consideramos que los agentes sociales deben intervenir en este proceso regulador.
Además de lo anterior, quizá lo más significativo para que nuestro grupo no pueda apoyar esta iniciativa es la renovación del Pacto de Toledo, que se realiza en octubre de 2003. En la recomendación cuarta dice expresamente: Financiación,
simplificación e integración de regímenes especiales. La Comisión consideró que la equiparación deberá realizarse, pero sin olvidar la adecuada correspondencia que debe existir entre la aportación y el nivel de acción protectora dispensada.
Asimismo, considera necesario que se debe impulsar, en primer lugar, el proceso de simplificación de los regímenes especiales, agrarios y del mar, y que el mismo se deberá hacer previo análisis exhaustivo. También se debe tener en cuenta y
considerar que todas las modificaciones parciales que se están produciendo a lo largo de esta legislatura por la aceptación de las distintas iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios y cuya tramitación se está realizando, pueden
afectar en un futuro a la viabilidad del sistema, como de hecho viene denunciando la Comisión Europea. La Comisión viene aconsejando de forma reiterada que España realice las oportunas modificaciones en el sistema de Seguridad Social, con el
propósito de que la misma pueda afrontar el problema de envejecimiento de la población. Por lo tanto, el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social, que felizmente se alcanzó durante el Gobierno del Partido Popular, debe perpetuarse, a
la vez que se debe implantar un sistema de Seguridad Social que sea plenamente solidario con los colectivos menos protegidos, como es el caso del servicio doméstico, tal y como, reitero, se acordó en la revisión de hace apenas año y medio.
Como conclusión, entendemos que se debe ir a una convergencia en la protección social de los diferentes regímenes existentes en España. En los últimos años ha habido procesos de simplificación en cuanto a sistemas y regímenes especiales, y
es cierto que aún existe un trabajo por hacer, como el que esta tarde se plantea. Sin embargo, ese objetivo no conviene llevarlo a cabo de una manera aislada, fuera de cualquier planteamiento de conjunto y de una visión articulada de todo el
sistema de protección social, precisamente porque generaría situaciones de falta de equidad, además de otras dificultades para la financiación de la protección social en España. Es cierto que hay un compromiso de todos los grupos parlamentarios de
hacer frente a ese proceso de convergencia y simplificación hasta la instauración de solo dos regímenes: el general y el de autónomos. También es cierto, como antes he dicho, que los compromisos del Pacto de Toledo fueron renovados por todos los
grupos parlamentarios en octubre de 2003. Estamos en junio de 2005 y esperamos que el ministro de Trabajo acuda a la comisión y nos exponga sus planes y su calendario para hacer frente a los compromisos establecidos en el Pacto de Toledo. Creemos
que en la medida en que el ministerio nos proponga sus planes de trabajo podremos avanzar ya que los objetivos los hemos compartido; hacerlo así beneficiaría a todos los sectores, entre ellos a los trabajadores del servicio doméstico.
En consecuencia, pensamos que hubiera sido más oportuno presentar una proposición no de ley donde se instara al Gobierno a cumplir y poner en marcha -cosa que no ha hecho- las recomendaciones del Pacto de Toledo, porque el Gobierno no solo
está carente de iniciativas, sino que su ministro ni siquiera ha comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo; no ha aprobado ni una sola de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Este Gobierno tampoco ha elaborado el reglamento de la ley de
familias numerosas que se aprobó hace casi dos años, por lo que no se puede aplicar el descuento que en dicha ley se prevé, que es el 45 por ciento de la cotización a la Seguridad Social para aquellas familias numerosas que contraten a una persona
empleada de hogar. Esta medida no solo favorece a las familias numerosas sino también a las personas empleadas, porque afloraría economía sumergida y, lo que es más importante, se generarían nuevos empleos. Es un Gobierno, como antes decía,
carente de iniciativa y tampoco tiene rigor a la hora de determinar los parámetros y previsiones sobre afiliación a este régimen especial. Un compañero mío, el señor Azpiroz, en una comparecencia relativa a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005, preguntó por qué se habían reducido los ingresos que se preveían en la recaudación de todos los regímenes, excepto en el régimen general y en el régimen de autónomos. El secretario de Estado contestó a esta pregunta:
Nosotros hemos realizado la estimación del año 2005 en función de cómo había evolucionado la afiliación en los ocho primeros meses de 2004, y ha disminuido. Pues bien, nuestro grupo parlamentario se pregunta cómo se puede hacer esta
manifestación cuando el mismo Gobierno preveía un número importante de regularizaciones de inmigrantes que al final ha consistido en casi 700.000 personas, de las cuales el 32 por ciento lo ha hecho para el empleo del hogar. Por tanto, falta de
rigor en nuestro Gobierno y falta en el cumplimiento de compromisos. Nosotros pensamos que lo que se tenía que haber hecho es instar al Gobierno a que comenzara a cumplir las consideraciones y recomendaciones del Pacto de Toledo.
Por todo lo anterior, nos abstendremos en la votación, pero nuestra prudente posición no puede ser indefinida. Estamos siendo respetuosos con el diálogo y el pacto pero el Gobierno debe comenzar a intervenir en todos estos temas que no
admiten más retrasos, como éste sobre el que estamos debatiendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Méndez.
Por el Grupo Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo una proposición de ley relativa a la mejora de la protección social en el régimen especial de empleadas de hogar en la que se nos plantea mejorar o introducir la protección por desempleo, la prestación económica
a partir del cuarto día, la equiparación de los periodos de cotización, etcétera, es decir, la equiparación del régimen de empleadas de hogar con la protección del régimen general. Pero es evidente que tal y como se plantea esta proposición no
sabemos si realmente lo que se está proponiendo es equiparar la protección social y a la vez equiparar la cotización social. Porque, señorías, el régimen de empleadas de hogar cotiza en un 22,9 por ciento, es decir, el 18 por ciento el empleador y
el 3,9 por ciento la empleada de hogar. Pero hay que decir aquí que la mayoría de las veces es la empleada de hogar la que acaba cotizando al régimen de la Seguridad Social. Y estamos hablando de empleo, con unos salarios que se mueven en una
horquilla de 300 a 500 euros. Si hoy decidiéramos tomar en consideración y aprobar esta proposición de ley tal y como se nos plantea, estaríamos dando un paso importante hacia la desaparición del régimen de las empleadas del hogar, porque sería
imposible que, con la equiparación de la cotización del régimen general, las empleadas del hogar pudieran mantener esas cotizaciones. Por lo tanto, el Grupo Socialista sí es coherente con todos aquellos aspectos que hemos defendido, tanto en el
Pacto de Toledo como en esta Cámara. Y hay una recomendación del Pacto de Toledo -le recuerdo a la portavoz del Grupo Popular que no es la recomendación de 2003, sino la de 1995- que habla de converger en dos regímenes de Seguridad Social, uno por
cuenta propia y otro por cuenta ajena. Y es evidente que en los últimos ocho años de Gobierno del Partido Popular no se ha hecho absolutamente nada en este apartado. Por eso, cuando en 2003 volvimos a aprobar en esta Cámara las nuevas
recomendaciones del Pacto de Toledo, volvimos a incorporar la necesidad de hacer converger todos en dos regímenes: uno por cuenta propia y otro por cuenta ajena. Pero, señorías, hay que hacerlo con estudios que no perjudiquen y que permitan que la
protección social se dé a esas trabajadoras, que es lo que mi grupo ha defendido siempre.
Cuando uno sube a esta tribuna, señor Campuzano, tiene que tener memoria, porque, si no, le pasa lo que le voy a recordar ahora. El 2 de octubre de 2003, en la Comisión de Política Social y Empleo, se rechazó una propuesta del Grupo Mixto
que pedía exactamente lo mismo que hoy estamos debatiendo. El Grupo Socialista incorporó una enmienda, como punto d), que decía: Mandatar al Gobierno para hacer converger gradualmente la legislación de este régimen especial de protección social
con el régimen general, de acuerdo con el espíritu del Pacto de Toledo. ¿Y sabe por qué no lo pudimos hacer? Porque los votos del Grupo Popular y del Grupo de Convergència i Unió lo impidieron.
Hoy defendemos lo mismo que defendimos en aquella proposición. Defendemos que hay que ir hacia la convergencia de ese régimen, pero lógicamente sin que signifique poner impedimentos a esta gente, hombres y mujeres. Si ustedes comprueban
las nuevas altas en el régimen de empleados de hogar, verán que está habiendo un alto número de hombres; por una sencilla razón, porque se están incorporando todas aquellas personas que las familias de nuestro país se ven obligadas a contratar para
que atiendan a las personas mayores. Y lo están haciendo a través de este régimen. Por eso se está incrementando este régimen en los últimos meses, especialmente después de la regularización de inmigrantes que se ha hecho últimamente. Hay que
hacer el estudio, señorías, y hay que analizar en qué condiciones no podemos aplicarles el coste total que supondría pasar de un 18 por ciento a un 28 por ciento. No podríamos aumentar ni a la parte contractual ni a la empleada del hogar lo que
supondrían 5 ó 6 puntos más de cotización social, porque, repito, con salarios de 300 euros es inviable que lo pudieran mantener y acabaríamos mandando a las empleadas del hogar de nuevo a la economía sumergida, que es lo que no queremos hacer,
señorías.
En estos momentos, y dando cumplimiento a una resolución que mandata el Pacto de Toledo, aprobado en esta Cámara en octubre de 2003, el Gobierno ha abierto una mesa de negociación sobre la reforma de la Seguridad Social y ahora se está
desarrollando. Yo calculo que en los próximos meses vamos a tener un acuerdo en ese sentido. Y será entonces, señorías, cuando se trasladen a esta Cámara las propuestas de modificación, cuando tendremos que afrontar la reforma también de este
régimen. Si en el acuerdo con los agentes sociales
no se incluyera este tema, mi grupo parlamentario, según nuestro compromiso, afrontaría la reforma, dentro del Pacto de Toledo, para la equiparación paulatina y estudiada de este régimen con la protección social. Hay que tener en cuenta
que, tal como funciona nuestro sistema público de pensiones, actualmente el 54 por ciento de las pensiones derivadas del régimen especial de empleadas del hogar cobra complementos a mínimos. Este porcentaje, el 54 por ciento, no es equiparable con
ningún otro régimen. Por ejemplo, el complemento a mínimos en el régimen general está en el 23 por ciento y en el total del conjunto de pensiones está en el 29,4. En el régimen de empleadas del hogar, el 54,9 por ciento cobra complemento de
pensión. Esto quiere decir que, cuando se jubila, las cotizaciones -que, como ustedes saben, son proporcionales a las cotizaciones realizadas y a los años trabajados- no llegan a la pensión mínima y acaban cobrando un complemento a mínimos de
pensión. Más datos, señorías, este régimen mantiene un déficit de en torno al 76 por ciento entre lo que paga y lo que ingresa. Hay que hacer una reforma profunda, pero hay que hacerla en la buena dirección y sin causarles perjuicio.
Ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que el ministro ni siquiera ha ido a la Comisión del Pacto de Toledo. En dicha Comisión ha estado en varias ocasiones el secretario de Estado y hasta ahora hemos venido trabajando en
función de lo que la Comisión ha acordado. En estos momentos el Gobierno que tenemos es el que más ha comparecido no solo en este hemiciclo, sino en las distintas comisiones. Pero lo que no podemos achacar al Gobierno, y especialmente al ministro
de Trabajo, que les recuerdo que puede comparecer en tres comisiones, es la incoherencia de los grupos a la hora de solicitar su comparecencia en una comisión que no es la que corresponde. No puede solicitar el Grupo Popular que comparezca el
ministro en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y luego quejarse de que no comparezca en la del Pacto de Toledo. Pónganse de acuerdo, porque la disponibilidad del Gobierno a comparecer en esta Cámara ha quedado sobradamente demostrada.
Para terminar, quiero decirles que en las últimas dos legislaturas el Pacto de Toledo se ha desarrollado en dos apartados y eran 14 las recomendaciones. Con la voluntad que este Gobierno ha demostrado, esperamos cumplir no las 14, sino las
22 recomendaciones; en esta legislatura va a haber un avance importante y va a ser así. El Partido Socialista y el presidente Rodríguez Zapatero cumplen sus compromisos y estoy segura de que este se va a cumplir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López i Chamosa.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico.
ACUERDO DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.
El señor PRESIDENTE: Antes de la votación, les rogaría un momento de atención. En primer lugar, deseo comunicarles el acuerdo de la Junta de Portavoces del día de hoy, de modo y manera que los tiempos de intervención de los debates de las
proposiciones no de ley en Pleno se equipararán, a partir de la sesión plenaria de esta tarde, a los actualmente utilizados en las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, de manera que los tiempos de intervención para las proposiciones no
de ley y para las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes serán los siguientes: para la defensa de la proposición no de ley, siete minutos; para la defensa de las enmiendas, cinco minutos; y para fijación de posiciones, cinco minutos.
Quiero advertir a los señores parlamentarios que van a someterse a la prueba desde esta tarde que sus portavoces me han pedido, tanto a mí como a la vicepresidenta y vicepresidentes que pudieran sustituirme, el máximo de severidad en la
utilización de los tiempos. Espero que acepten que esto es para el bien de todos y que tenemos que acostumbrarnos a ser un poquito más breves en las intervenciones. (Aplausos.)
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA CÁMARA.
El señor PRESIDENTE: También les quiero indicar que se les ha distribuido una nota, ya que, por una obligación legal, se tiene que poner en marcha el plan de autoprotección de la Cámara, que exige una serie de simulacros que tenemos que
realizar, al objeto de que las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía local y Cuerpo de Bomberos puedan comprobar sobre el terreno que el plan está funcionando correctamente.
Así pues, les ruego que, después de la votación, cooperen en la medida de sus posibilidades -y estoy convencido de que será así-, tanto con los equipos de emergencia como con el jefe de Seguridad.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA MEJORA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO. (VOTACIÓN) (Número de expediente 122/000109.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la mejora de la acción protectora del régimen especial del servicio doméstico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 21; en contra, 161; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, me comunican en este instante que se inicia el simulacro de evacuación programado. Por favor, tengan la bondad de abandonar el hemiciclo y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO Y DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE CANARIAS Y LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000340.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso y Coalición Canaria, sobre Canarias y la Unión Europea.
Hago advertencia de que ponemos en marcha el sistema de intervención decidido por la Junta de Portavoces. Por tanto, se interrumpirá al orador con el mismo sistema que se utiliza en el punto de control del Gobierno: su tiempo ha terminado,
lo lamentamos mucho. A continuación, tendrán que abandonar la tribuna.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que presenta mi grupo parlamentario, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, y la autoenmienda que hacemos a la misma tienen como origen el pasado debate sobre el estado de
la Nación y las propuestas de resolución que se presentaron. Una de las propuestas de resolución que planteaba Coalición Canaria, y que tenía que ver con el papel de Canarias en Europa, básicamente proponía comunicar al Consejo de Estado el
reconocimiento que hacían los tratados europeos de la condición del territorio ultraperiférico de Canarias así como la posición española en el debate de las perspectivas financieras para los años 2007-2013. Esa propuesta de resolución no pudo
prosperar, debido a que no se aceptaron por parte de algún grupo parlamentario enmiendas transaccionales. Por otra parte, una de las propuestas de resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación, firmada por el Grupo Parlamentario
Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya, referida a asuntos económicos de carácter general, dejaba en duda el REF canario, dejaba en duda la preservación del instrumento fiscal más importante que tiene Canarias en todo el proceso de
armonización fiscal de la Unión Europea. Por eso, con el ánimo de corregir estos dos acuerdos del debate, que no se ajustaban a los planteamientos que hacíamos inicialmente, se presenta hoy esta proposición no de ley y la enmienda conjunta al texto
por parte de ambos grupos parlamentarios.
Se trata básicamente de tres cuestiones importantes. En primer lugar, en las negociaciones de las perspectivas financieras ante la Unión Europea para el período 2007-2013, hay una exigencia al Gobierno de España para que defienda la
necesidad de que Canarias mantenga el volumen de aportaciones económicas que ha venido manteniendo como región Objetivo 1.
Es razonable, dado que la situación de Canarias, el reconocimiento de Canarias como territorio ultraperiférico, no tiene nada
que ver con una situación puntual, con una situación coyuntural, con la renta media que hay en Canarias, sino con los problemas de estructuras. Es un problema estructural que viene dado por lo que significa la condición de territorio fragmentado,
de territorio alejado, y las necesidades que tiene un territorio de esas características de tener elementos compensatorios desde el punto de vista económico que le permitan superar esos handicaps. En segundo lugar, en lo que se refiere a hacer
llegar una comunicación al Consejo de Estado, para que, dentro de la reforma constitucional que estudia en estos momentos, tenga en cuenta el reconocimiento que hacen los distintos tratados europeos a la consideración de Canarias como territorio
ultraperiférico. Es importante que la Constitución española, así se desprende del trabajo del informe que en estos momentos está elaborando el Consejo de Estado, tenga en cuenta lo que ya reconocen para Canarias otras instancias superiores, como
son los tratados europeos o el proyecto de Constitución europea, que en estos momentos está en una situación de incertidumbre. Y, en tercer lugar, se refería al tema del REF canario, preservar todos los instrumentos del régimen económico y fiscal
de Canarias del proceso armonizador, desde el punto de vista fiscal, que se lleva a cabo en la Unión Europea.
Canarias ha tenido desde siempre diferencial fiscal con respecto al Estado español y a Europa. El reconocimiento de ese diferencial fiscal lo tiene desde el tiempo de los Reyes Católicos. A lo largo de toda nuestra historia ha existido un
pacto tácito entre Canarias y el Estado por medio del cual a Canarias se le han reconocido unas especificidades fiscales en consideración a la situación de lejanía, de insularidad, que data, como les
digo, desde el tiempo de los Reyes Católicos, pero primero con el decreto de puertos francos, después con la Ley de puertos francos, la Ley económico-fiscal del año 1972, el sistema de adhesión diferenciado de Canarias a la Unión Europea y,
posteriormente, tanto en el Tratado de Amsterdam como en el de Niza, se reconocen esas especificidades canarias.
Por eso se insta al Gobierno de España a garantizar la defensa de todos los instrumentos que contiene el REF canario y que ese compromiso del Gobierno de España lo haga valer en las negociaciones con la Unión Europea. Todos los instrumentos
que contiene el REF canario están en un proceso de prórroga hasta el año 2006 y, para hacerlo coincidir con el nuevo escenario económico de la Unión Europea, con el nuevo presupuesto, con las perspectivas financieras para 2007-2013, hay que
renegociar todos los instrumentos que contiene esa Ley económico fiscal de Canarias. En la proposición no de ley y en la enmienda conjunta que firmamos, se mandata al Gobierno para que defienda en toda su extensión el contenido de la ley económica
más importante que ha tenido Canarias, que es aquella que le ayuda a superar esa situación distinta, diferente, que significa ser un territorio insular y sobre todo ser un territorio insular alejado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
A continuación, turno de enmiendas.
En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular, señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la enmienda del Grupo Popular a la proposición no de ley presentada por los grupos de Coalición Canaria y Socialista, sobre Canarias y la Unión Europea. Estas enmiendas consisten en tres puntos, más
ambiciosos que los del texto actual de la proposición no de ley, que consideramos realmente insuficiente. En el primer punto proponemos defender y mantener las especificidades fiscales canarias recogidas en el Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, REF, y que queden al margen del proceso de armonización fiscal de la Unión Europea.
Para nuestro grupo, esta iniciativa -que ustedes presentaron- sin duda se produce como respuesta a la resolución número 89 presentada en el debate del estado de la Nación por los grupos de Esquerra Republicana y Socialista, en la que se
afirmaba, y leo literalmente: Continuar negociando con las instituciones comunitarias las especificidades normativas, financieras y administrativas de Canarias, y el acceso a los beneficios a los que como RUP le corresponden, al amparo del nuevo
derecho de ultraperificidad, así como la inserción de la zona especial canaria, ZEC, la reserva para inversiones en Canarias, RIC, y los demás elementos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, REF, en el proceso europeo de armonización fiscal.
Señorías, desde nuestro punto de vista, esta resolución siembra sombras sobre nuestras especificidades fiscales canarias y concretamente sobre nuestro Régimen Económico y Fiscal canario, figura necesaria e histórica en la Comunidad Autónoma
de Canarias y que requiere en todo momento una posición clara y firme que despeje cualquier tipo de duda. Esa resolución permitía interpretar que nuestro REF se diluiría en el proceso de armonización fiscal de la Unión Europea, tal como han
interpretado Gobierno de Canarias, partidos políticos, medios de comunicación canarios, así como el Partido Socialista y su secretario general, que llegó a afirmar que esa resolución era un auténtico disparate; no solo lo decimos nosotros, sino que
lo dicen ustedes y sus responsables en Canarias. Ese fue el motivo por el que en aquella ocasión nuestro grupo votó en contra de esa resolución y lo volveríamos a hacer de volver a producirse una iniciativa de estas características, que sin duda
perjudicaría a Canarias. En Canarias hay figuras específicas contempladas en nuestro REF, tales como la Zona Especial Canaria, reserva para inversiones canarias (RIC), registro de buques, programas específicos a los que se ha dado encaje en la
Unión Europea (Poseican), políticas específicas para la agricultura, como en el caso del plátano, etcétera.
Nuestro grupo ha mantenido siempre una posición de defensa de todas estas figuras para Canarias partiendo del reconocimiento de un déficit
de accesibilidad a estos territorios, de las barreras naturales al comercio que representan la lejanía y fragmentación territorial, de las especialidades en políticas de medio ambiente, transporte, mercado interior, abastecimiento energético y de
agua, y acceso a redes y servicios de la tecnología de la información y la comunicación. La Constitución europea permite esta aplicación singular en los territorios ultraperiféricos.
Señorías, fruto de esta posición de defensa de Canarias en la Unión Europea, la Constitución europea, en tres de sus preceptos, el 167.3, 424 y 440, reconoce a Canarias la condición de región ultraperiférica, condición que permite la
adaptación y modulación de las políticas comunes europeas en diversos sectores y actividades como consecuencia de la singularidad derivada de la lejanía y la insularidad y otras características compartidas con los archipiélagos de Portugal de
Madeira y Azores, y los territorios franceses de ultramar Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión.
El segundo punto de la enmienda consiste en garantizar que las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias, alcancen el mismo nivel de ayudas que las regiones Objetivo 1, así como el establecimiento del criterio de reparto
de fondos específicos para las regiones ultraperiféricas basado en la población. La ampliación hacia la Europa de los Veinticinco va a suponer un cambio en la política de ayudas, por lo que será necesario reforzar la posición negociadora de nuestro
país respecto al marco financiero de la Unión
Europea para el periodo 2007-2013 con relación a los territorios más desfavorecidos, como Canarias, sea por razones coyunturales o estructurales. Por tanto, sería necesario que Canarias, como región ultraperiférica, tenga el mismo nivel de
ayuda que las regiones Objetivo 1, independientemente de que la renta media sea superior al 75 por ciento de la media comunitaria. Hemos de tener en cuenta que la disminución de fondos propuesta por la Comisión Europea para Canarias asciende a
1.800 millones de euros para el periodo financiero 2007-2013, lo que supondría casi un 50 por ciento menos de lo recibido en el periodo 2000-2006, que equivale a 250 millones de euros año.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento pero su tiempo ha concluido. Si quiere, concluya el último argumento.
Váyanse acostumbrando, señores diputados, porque además los portavoces me han pedido que, aparte de mi manía por la pedagogía, sea muy severo.
Concluya usted la última frase, señor diputado, pero váyanse acostumbrando, porque esta vez va en
serio.
El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Simplemente decir que esto supone 250 millones menos de inversiones para Canarias, que lo que ha invertido el Gobierno en Canarias en 2005 son 150 millones y, por último, permítame el Grupo Socialista que le dé un consejo: que no defiendan
esto en la Unión Europea con lo que ustedes denominan talante y diálogo porque...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado. Le había dado la oportunidad de cerrar brillantemente, pero no de que continuara.
Queda por defender la enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Armas.
Por favor, hagan el esfuerzo los oradores de adaptarse a la nueva situación.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.
Con el fin de adaptarme a esta situación, voy a evitar replicar a don Cándido Reguera en relación con las propuestas de resolución. De todos modos, ya lo hemos comentado a título particular y, como digo, así intentaré ceñirme al tiempo.
Presento una enmienda que hemos elaborado entre el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley.
No voy a leer todo el sentido literal de la enmienda, sino a argumentar por qué se presenta. En
la presente legislatura tendrá una importancia extraordinaria desde la perspectiva de los asuntos europeos que afectan a Canarias porque en esta legislatura están coincidiendo la consolidación del estatuto de la ultraperiferia en el derecho primario
comunitario y su desarrollo con el vencimiento para el régimen económico y fiscal el 31 de diciembre de 2005, que ya está en periodo de prolongación, como decía el señor Rivero. También puede coincidir con las características de la aplicación a
Canarias, como se ha dicho, de los fondos estructurales y de cohesión y de la política de cohesión económica y social de la Unión Europea, aplicable igualmente a partir de 2006. A estos asuntos principales habría que sumar otros aspectos, cuales
son la aplicación a Canarias de los programas comunitarios vinculados al desarrollo tecnológico y a la innovación y a la implantación de la sociedad de la información en las regiones ultraperiféricas.
Desde el lanzamiento, ya en 2002, de una convención sobre el futuro de Europa y la adopción de un nuevo tratado constitucional para la Unión Europea con el rango de constitución, España -todos los grupos parlamentarios, todos los gobiernos-
se ha manifestado en el sentido de que el todavía vigente artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam se incorpore con la misma potencia normativa en los correspondientes artículos del non nato Tratado constitucional, materializando su posición de
derecho primario comunitario. La consagración en ese derecho primario de un estatuto único para la ultraperiferia constituye el fundamento legal para un tratamiento diferenciado de estas regiones en el seno de la Unión Europea y la base jurídica
indispensable para traducir la voluntad de aplicar políticas coherentes y adaptadas a las necesidades de la ultraperiferia.
Señorías, es cierto que en el curso de los últimos años en Canarias tenemos la sensación de una incipiente difuminación de la identidad de aquellos instrumentos definitorios de nuestro nuevo REF surgidos de las leyes 20/1991 y 19/1994, entre
las que destacan las zonas francas portuarias y la Zona Especial Canaria. La nueva etapa que Canarias debe vivir en la Unión Europea requiere de una clarificación adecuada de las peculiaridades canarias, de sus opciones de futuro, de las amenazas y
de las oportunidades que surgen, repito, en este nuevo contexto. La nueva visión europea presupone, ante todo, abandonar la tradicional percepción de la agenda europea como una más entre los componentes sectoriales de la política a desarrollar para
Canarias, la política europea ha de entenderse como una división transversal, auténtico telón de fondo en disposición de permeabilizar la generalidad de las políticas sectoriales de la Comunidad canaria. En este sentido el objetivo debe ser
asegurar las instituciones europeas con proyección de estabilidad y en términos razonables la permanencia del conjunto de derogaciones especiales y tratamientos especiales de Canarias ante la aplicación general y uniforme del derecho comunitario y
que resultan necesarias para la preservación de su diferencia. Ello solo podrá conseguirse elevando, repito, la especialidad de las regiones ultraperiféricas al derecho originario y primario de la Unión Europea. El objetivo es, pues, que los
elementos definitorios de su excepción al régimen unitario y uniforme del mercado interior tengan
carácter permanente, hay que trascender la provisionalidad y la temporalidad de las especialidades normativas, financieras y administrativas que ahora están revestidas de ese carácter temporal para dotarlas de una estabilidad y permanencia
correlativas a la naturaleza estructural de las dificultades de Canarias; hay que preservar todo ello, las ayudas del REF, la Zona Especial Canaria, etcétera, como es natural y como decíamos siempre -y los socialistas hemos sido pioneros en eso-,
del proceso europeo de armonización fiscal que está en curso.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Desde el escaño quisiera anunciar nuestro voto favorable por dos razones: por razón de forma, pues este fue un acuerdo derivado del debate sobre el estado de la Nación, y de hecho lo normal sería que este mismo debate y esa negociación que
se produjeron en su día no se repitiesen aquí. Si hubo un acuerdo en su momento lo normal es que ese acuerdo se pudiese haber materializado y, aunque solo sea por eso, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente. Pero hay una segunda
razón y es que nuestro grupo parlamentario también está de acuerdo en que el REF, el Régimen Económico y Fiscal para Canarias, se mantenga y que esa sea una de las reivindicaciones que hagamos desde el Congreso para una región ultraperiférica.
Ahora bien, a partir de este voto favorable, de ese apoyo de nuestro grupo parlamentario a una región ultraperiférica como Canarias, sabiendo precisamente cuáles son las consecuencias que se derivan de la aplicación del REF, queremos trasladar la
reflexión -reflexión que seguramente deben compartir y debe preocuparles en este caso a las diputadas y diputados de Canarias- sobre cuál es la mejor política para el desarrollo canario, para el desarrollo de la productividad, y lo que sí que es
cierto es que, a lo largo de los años, se han planteado dudas sobre algunos aspectos del REF por parte de diferentes actores sociales y económicos. Por tanto, a partir de nuestro voto favorable, nuestro grupo lo que quisiera es compartir una
reflexión, sobre todo con los actores políticos y sociales de Canarias, sobre cuál es la perspectiva y cuáles son las modificaciones que se tienen que producir, porque lo que sí que es cierto es que a veces, en función de cómo se aplique ese Régimen
Económico y Fiscal, puede suponer una pérdida de la productividad de las mismas islas Canarias. Por tanto, quisiéramos como mínimo empezar a abrir esta reflexión desde la modestia de esta tribuna y obviamente conociendo, mucho menos que conocen
ustedes, cuál es la realidad de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Por reforzar y legitimar los criterios metodológicos que le han impuesto, cosa que, por cierto, mi grupo lamenta, me voy a ajustar al tiempo. Solo quiero comentar de forma muy
esquemática que hago míos los argumentos utilizados por el señor Rivero -yo no los podría superar ni en lucidez ni en pertinencia- y, en todo caso, quiero decir que, cuando las referencias se hacen a la Constitución europea, sí tenemos alguna duda
metódica que podemos calificar incluso de kantiana sobre a qué constitución europea nos estamos refiriendo, ¿a la non nata, pretendidamente abortada ya por algunos, o estamos hablando de otro tipo de tratados, otro tipo de normas de naturaleza
diferente? En todo caso, el problema de la insularidad, el problema del fraccionamiento siempre tendrá que ser tomado en consideración, tal como el señor Rivero y otros portavoces han comentado debidamente, porque son problemas estructurales, son
problemas importantes y son problemas que deben ser debidamente atendidos. Pero quizás algunos excéntricos en el ámbito de la política seguimos pensando que tratados anteriores a la Constitución europea, el Tratado de Amsterdam y algunos otros,
son, por lo menos, equiparables en su contenido material y en sus prestaciones a la Constitución europea, que no solo no ha nacido sino que tenemos reservas severas sobre que vaya a nacer alguna vez. Desde esa perspectiva, el señor Rivero y las
personas que pertenecen a grupos parlamentarios que representan a realidades insulares saben que van a contar con nuestra colaboración sin ninguna reserva y sin ninguna duda, lo que pasa es que la reserva está en el otro ámbito: ¿qué vamos a
aprobar los europeos en relación con nuestras estructuras jurídicas en común? Desde esa perspectiva, acabando ya mi tiempo, dejo esta reflexión en el aire porque quizás lo pertinente no sea lo que pretende el Grupo canario, sino lo que pretendemos
los europeos en definitiva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente. Esquerra Republicana también es solidaria con el pueblo canario, como con todos los pueblos del Estado español, y vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Reconocemos que el
hecho de la insularidad presenta dificultades y el mantenimiento de un régimen fiscal especial no es un privilegio, sino que en este caso se trata de compensar una serie de necesidades.
Comparto con el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco la preocupación sobre la futura Constitución europea, que no ha nacido y no sabemos si va a nacer. Me alegro de que se comente que se va a reformar la Constitución española y espero que
cuando tratemos la
reforma de la Constitución el Grupo canario sea solidario con las demandas de Esquerra Republicana.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió. Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: En aras a la brevedad que nos pide el presidente, según los nuevos vientos que corren en la Cámara, tan solo quiero anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la propuesta del Grupo de Coalición Canaria en la
línea que ellos han expuesto en su intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra el grupo proponente. Entiendo que al haber pactado ustedes con el Grupo Socialista, su posición es respecto a la enmienda del Partido Popular.
El señor RIVERO BAUTE: Efectivamente, señor presidente, hemos firmado una enmienda conjunta con el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo muy importante en su enmienda, pero los tres aspectos
que señala están suficientemente recogidos en la enmienda conjunta. Por tanto, lo que le pido al señor Reguera es que se sume a la enmienda que hemos planteado los dos grupos firmantes de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias.
En el mismo sentido que ha señalado el señor Rivero. No obstante, al hacer referencia el señor Olabarría al artículo non nato, quiero decirle que en el 299.2 del vigente Tratado europeo también se recoge una condición especial para las
islas Canarias.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE EL CONGRESO DE LOS DIDPUTADOS REAFIRMA LA PLENA VIGENCIA POLÍTICA DEL PUNTO QUINTO DEL ACUERDO POR LA PAZ Y LA TOLERANCIA, FIRMADO EN PAMPLONA EL 7 DE OCTUBRE DE 1988. (Número de
expediente (Número de expediente 162/000343.)
El señor PRESIDENTE: Punto 4: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que el Congreso de los Diputados reafirma la plena vigencia política del punto quinto del acuerdo de paz y la tolerancia, firmado en
Pamplona el 7 de octubre de 1988.
Tiene la palabra por el grupo proponente el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor presidente.
En 1988, los principales partidos democráticos de Navarra con representación en el Parlamento Foral, entre ellos el Partido Socialista, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, suscribimos el llamado acuerdo por la paz y la tolerancia.
Su punto quinto dice así: Ningún grupo terrorista ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines, están legitimados para erigirse en representantes del pueblo de Navarra. En
consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general, y el propio de
Navarra en particular.
Cuando el portavoz socialista, señor Pérez Rubalcaba, defendió ante la opinión pública la bondad de la resolución aprobada por mayoría el pasado 17 de mayo, dijo que en realidad no se hacía otra cosa que ratificar lo que ya decían los pactos
de Madrid, de Ajuria Enea y de Pamplona, que formaban un todo indisoluble. Pues bien, ¿por qué proponemos al Congreso de manera expresa la reafirmación del punto quinto del Pacto de Pamplona? La respuesta es muy sencilla: porque en este acuerdo
no solo se concreta, de forma clara y contundente, el rechazo a la apertura de ningún proceso de negociación política con ETA, sino que se da un paso más al negar la posibilidad de entablar negociaciones políticas con ningún partido político
respaldado por la banda terrorista o que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines. Dicho en román paladino, el punto quinto del acuerdo por la paz y la tolerancia de Pamplona es radicalmente incompatible con
el sueño de ETA, Batasuna, y el Partido Comunista de las Tierras Vascas de poner en marcha la propuesta de Anoeta con la doble mesa de diálogo, una de partidos, sin límites ni exclusiones, para negociar la solución al conflicto -entre comillas-, y
la otra de los gobiernos español y francés con ETA para tratar de los presos, las víctimas y el desarme.
La alborozada reacción de Arnaldo Otegi ante la aprobación por el Congreso de la resolución del pasado 17 de mayo provocó un mar de confusiones. ¿A qué venía tanto alborozo por una resolución que proclama que la democracia española no está
dispuesta a pagar ningún precio político para el cese de la violencia? Los últimos comunicados de ETA nos han dado la respuesta: porque, según su interpretación, en el Congreso habían sonado campanas de muerto por el Pacto Antiterrorista. Se dirá
que solo nosotros, que al parecer vivimos
cómodamente instalados en el llamado conflicto vasco y aun nos beneficiamos de él, tenemos dudas, pero quienes abogan por el diálogo con ETA, advirtiendo, eso sí, que sin pagar precio político por la paz, tampoco las tienen todas consigo.
Uno de los más prestigiosos editorialistas del diario El País se preguntaba hace unos días, y cito textualmente: ¿Cómo explicar ese engañoso y abusivo deslizamiento desde el eventual final dialogado de la violencia ofrecido por la
resolución del Congreso hasta la supuesta negociación en curso con ETA denunciada por la AVT y el PP? La imprecisión de algunos pronunciamientos del presidente Zapatero -y la cita es textual- tal vez haya abierto un espacio de ambigüedad en las
sospechas honradas.
Pues bien, esta proposición pretende acabar con esa imprecisión, por eso voy a formular unas cuantas preguntas en las que se contienen esas sospechas honradas a las que se refería el columnista de El País. ¿Ha pactado el Gobierno la puesta
en marcha de la propuesta de Anoeta con la constitución de una mesa de partidos en el País Vasco y también en Navarra a fin de negociar con ETA a través de Batasuna, o del Partido Comunista de las Tierras Vascas, o de cualquier otro partido
interpuesto, la solución del llamado conflicto vasco? ¿Se inscribiría dentro de esta estrategia pactada el ofrecimiento del presidente del Gobierno de abrir un proceso de diálogo de todos y con todos para configurar un nuevo y definitivo marco
político en el País Vasco? ¿Habría formado parte de ese hipotético pacto secreto, expreso o tácito, la negativa del Gobierno a promover la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas a fin de facilitar la creación de la famosa mesa de
partidos en el seno del Parlamento Vasco? ¿Sigue manteniendo el Gobierno que ETA está ya en una tregua tácita por el mero hecho de que desde hace dos años no haya cometido ningún atentado con víctimas mortales y ahora nos permita disfrutar de la
libertad a los electos del PP y del PSOE? ¿Ha hecho saber el Gobierno a ETA o a su entorno político que estaría dispuesto a reconocer que Euskal Herria es una nación que incluye Navarra, aunque se respete su actual estatus político diferenciado?
¿Forma parte de una hipotética hoja de ruta pactada con la izquierda abertzale la reciente propuesta de los socialistas navarros de someter a referéndum el mejoramiento del fuero -cosa de la que no tenemos miedo alguno-, en congruencia con la
exigencia etarra de dar la palabra al pueblo de Euskal Herria en el marco de una solución global al conflicto? Cabría una última pregunta: ¿Es posible que alguien se haya creído el Jerry Adams del País Vasco y esté negociando por su cuenta sin
haber recibido poderes bastantes de los auténticos capos de la mafia etarra, provocando así un espejismo en La Moncloa?
La reacción suscitada en las fuerzas abertzales de Navarra por la presentación de esta moción es prueba concluyente de las falsas expectativas abiertas por la resolución mayoritaria del Congreso.
Mientras Aralar la calificó de vergonzosa,
antidemocrática y alicorta, no menos contundente fue Batasuna: Navarra, lo quiera o no UPN, va a estar en la mesa de negociación por derecho y por necesidad. EA advirtió ayer al PSOE que la moción es un anzuelo en su contra, tras calificarnos de
manipuladores y sectarios por presentar una iniciativa que consideran contraria a la política del presidente Rodríguez Zapatero. Pues bien, las incógnitas podrían quedar disipadas esta tarde si el Congreso, con el voto favorable del Partido
Socialista, ratifica de forma inequívoca la vigencia del Pacto de Pamplona en su integridad y, por tanto, recuerda su punto quinto. Reafirmar lo que acordamos en 1988 y proclamar nuestra fidelidad a los principios básicos del sistema democrático
que tienen perenne actualidad no es dejarse arrastrar por ninguna suerte de extremismo ni de inmovilismo reaccionario, sino decir a los terroristas con toda claridad que su único horizonte es la cárcel mientras no cesen sin condición alguna
(Aplausos.) en su locura criminal y que con las pistolas encima de la mesa nadie podrá alterar ni la Constitución, ni el Estatuto vasco, ni la condición de Navarra como comunidad foral. Si ETA cree que en el Congreso sonaron campanas de muerte para
el Pacto Antiterrorista, procede decir alto y claro que los demócratas españoles no vamos a ceder frente al chantaje del terror. El voto afirmativo de la Cámara, y anticipo nuestra aceptación de la enmienda socialista, podría ser un gran paso para
la recomposición del consenso que condujo al Pacto por las libertades y contra el terrorismo, algo que demanda la inmensa mayoría de los españoles. En nuestras manos está.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Enmienda del Grupo Socialista. Señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, esta proposición que ha presentado el portavoz del Grupo Popular refleja en cierta medida y de manera clara cuál es la situación en la que ustedes se encuentran en este
ámbito. Ha recordado que el portavoz del Grupo Socialista, el señor Rubalcaba, dejó bien claro el día del debate sobre el estado de la Nación que la resolución que entonces se aprobó recogía el contenido del Pacto de Pamplona. No existe ninguna
duda sobre que nadie en ningún momento piensa que Navarra pueda ser moneda de cambio en ningún ámbito y mucho menos en una organización terrorista. Sin embargo, hemos presentado una enmienda de sustitución y me alegro de que la hayan aceptado,
porque entendemos que su texto no es todo lo claro que debiera ser.
En primer lugar, en el punto quinto del Pacto de Navarra, tal y como usted lo ha leído, se echa en falta la primera frase, que dice lo siguiente: Nos reafirmamos en el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas
deben resolverlas los representantes de la voluntad popular. Es una frase que mi grupo entiende que es importante, porque no en vano refuerza
la importancia del diálogo, del consenso y sobre todo del entendimiento entre las fuerzas políticas. De modo que queremos que quede claro que el punto quinto comienza con esa frase. También creemos, y es muy importante recordarlo, que el
punto quinto, además de lo que usted ha leído -que por supuesto compartimos-, se inserta en un marco en el cual el Pacto del año 1988 comprendía una serie de puntos que no deben ser tomados por la parte. Esos acuerdos hay que entenderlos de forma
conjunta y completa, porque corresponden a los equilibrios de las fuerzas políticas que los firmaron entonces, es decir, de todas las del Parlamento navarro, y usted, señor Del Burgo, lo sabe muy bien, porque este pacto lleva su rúbrica. El pacto
incluye otros puntos que hacen referencia a las víctimas, a la solidaridad y el apoyo que merecen, a la sociedad civil, a la necesidad de poner en marcha medidas desde la misma para fomentar la solidaridad y la concordia en la sociedad y, en
definitiva, un acuerdo que no debe ser considerado solamente por un punto. Ese acuerdo, además, me lleva a recordar -y desde luego me congratulo de que lo acepten, como decía al principio de la enmienda, y que sea una enmienda que incluya un
acuerdo que ustedes firmaron- otros acuerdos que se celebraron desde entonces, por ejemplo, el acuerdo de 1996, que lleva su firma, que es la declaración contra la violencia, que firmaron también Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida-Ezker Batua y
Convergencia Democrática de Navarra; un acuerdo que se ratificó de nuevo en el año 1997 en la Mesa por la Paz por todos los grupos, que dice que nadie tiene el monopolio o la exclusiva del presente o futuro de Navarra, porque el futuro de Navarra
es de todos los navarros en democracia, ni de unos ni de otros, y eso es algo que todos deben tener en cuenta.
Quiero también recordar, porque parece oportuno, que el apartado dos del Pacto de Ajuria Enea dice que, frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y de sus
instituciones, proclamamos que solo a los ciudadanos navarros corresponde decidir sobre su propio futuro. Así, e insisto en el argumento que he planteado al principio, no creo que fuera necesario presentar esta propuesta. Ustedes la han traído,
nosotros la apoyamos y agradecemos mucho su apoyo a nuestra enmienda, porque no creo que exista ninguna duda sobre la validez del Pacto de Pamplona. Nosotros estamos en él, nunca hemos dejado de estar en él y desde luego estamos en la consecución
de acuerdos como el de Pamplona, como los que he citado, y de todos aquellos a los que llegamos por consenso todas las fuerzas políticas. Creo que es evidente que el estatus político de Navarra, de nuestra comunidad foral, está amparado más que de
sobra por la Constitución de 1978 y por la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de entonces. Es necesario que recuerde la posición que mi grupo y mi partido han reiterado tantísimas veces sobre ello. Asimismo, ningún español
duda de cuál es el estatus político de Navarra; sin embargo, como ustedes demuestran con esta proposición, tienen dudas y las alientan. Pues bien, nosotros no las tenemos y, como les acabo de decir, nadie en Navarra tiene el monopolio y la
exclusiva de su presente o futuro. Navarra solo es y será lo que queramos los navarros en democracia, todos los navarros en nuestra diversidad.
Quiero terminar agradeciéndole que acepte nuestra enmienda porque creo que es un paso adelante y, desde luego, positivo en aras del consenso que esta materia requiere.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moscoso.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) Señora Barkos y señora Lasagabaster, entiendo que reparten el tiempo de dos minutos y medio amigablemente.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
He escuchado con especial interés esta primera iniciativa en Pleno en lo que va de legislatura del diputado del Grupo Popular señor Del Burgo para ver si era capaz de ayudarme a comprender el objeto de esta proposición no de ley, y le
aseguro que no me lo ha aclarado, sigo sin comprenderla, y le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque solicitan ustedes del Congreso literalmente que reafirme la plena vigencia política del punto quinto del Acuerdo por la paz y la
tolerancia de Navarra. Entiendo que la vigencia política de este acuerdo está, primero, en manos del Parlamento y, segundo, de los propios firmantes, no de esta Cámara. En segundo lugar, porque hacen ustedes una proposición sesgada. Piden que se
reafirme la vigencia política del punto quinto de un acuerdo, pero un acuerdo lo es en todo y no en parte, señor Del Burgo, lo es en todo para lo bueno y para lo malo, como los matrimonios, aunque yo entiendo que a los señores del Partido Popular
algunos matrimonios no les gustan, por lo visto tampoco algunos acuerdos, incluso algunos acuerdos firmados por ellos. Yo ya sé cuál es el punto que no les convence, el punto sexto del Acuerdo por la paz y la tolerancia de Navarra, del que quiero
que quede constancia en este Pleno y que dice: Al mismo tiempo, en una solución dialogada y para la conclusión definitiva de la violencia, apoyamos la aplicación de medidas de reinserción para quienes abandonen el uso de la misma. Y tercer motivo
por el que no comprendemos esta proposición no de ley y seguimos sin comprenderla, señores del Partido Popular, porque si alguien ha puesto en duda la vigencia política de este acuerdo han sido ustedes el pasado mes de mayo, cuando no quisieron
aceptar la propuesta de resolución número 80 del Grupo Socialista en el debate sobre el estado de la Nación que proponía una solución dialogada, tal y como viene recogido en el punto sexto del Acuerdo por la paz y la tolerancia de Navarra.
Tampoco entendemos, señor Moscoso, la posición de ustedes. Se lo voy a recordar. En el debate sobre el estado de la Nación le dije al presidente del Gobierno: Tenga
claro que en ese hipotético escenario de paz desde Navarra van a tener usted y su grupo parlamentario unos socios leales. Le dije textualmente: Tienen nuestro compromiso de que no va a haber una utilización partidaria de Navarra en ese
hipotético escenario de paz. Pero también le quiero decir, señor Moscoso,...
El señor PRESIDENTE: Es el turno de la señora Lasagabaster. Lo siento.
Vayan adaptándose a la nueva forma de trabajar. Si la señora Lasagabaster le quiere ceder el turno está permitido por el Reglamento.
(Asentimiento.) Le cede el
turno. Continúe, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Un minuto, señor presidente.
Decía que no habría una utilización partidaria pero tampoco el futuro político de Navarra, que corresponde única y exclusivamente a los navarros. Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones'. Por eso hoy hubiéramos votado no a lo que se
nos propone, pero por respeto al Parlamento de Navarra nos vamos a abstener; por respeto a que las resoluciones del Parlamento de Navarra continúen en la Cámara legislativa foral nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Primero, lamentamos la utilización partidista de una iniciativa de tal calado que ha sido utilizada parcialmente. Segundo, respeto profundo a la voluntad popular de los ciudadanos de Navarra, igual que del resto de los territorios de Euskal
Herria. Tercero y no menos importante, respeto a los derechos humanos y a todas las ideas que vengan de todos los ciudadanos. Cuarto, solución política a un conflicto secular político, que es lo que estamos intentando. Quinto, compromiso que
nosotros tenemos de aceptar lo que digan los ciudadanos vascos de todos los territorios, incluido Navarra, respeto a lo que digan los ciudadanos de Navarra.
Señor Del Burgo, lamentamos la utilización partidista de una iniciativa de la voluntad popular de Navarra que nosotros siempre respetamos y que no debiera haber sido traída a esta Cámara. Creemos que no debe hacerlo nunca más. Y vamos a
postular nuestro voto de abstención porque respetamos en demasía la voluntad de los ciudadanos navarros, la voluntad de los ciudadanos de Euskal Herria, porque creemos que tiene que haber una solución política a un conflicto político y porque
respetamos los derechos humanos y todas las ideas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasa-gabaster.
Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros nos congratulamos de este debate, sobre todo los que tuvimos que intervenir en 1988 cuando se vivió en el Parlamento una voluntad de lucha contra el terrorismo etarra y una aglutinación de todas las fuerzas democráticas.
Compartimos plenamente lo que ha dicho el señor Del Burgo porque es traer aquí y ahora -y creo que buena falta hace- el Pacto de 1988, tanto el que nace en Madrid como Pacto de Madrid, el que después sale en el Parlamento de Navarra como Pacto de
Navarra en 1988 y, posteriormente, a nivel del País Vasco, el Pacto de Ajuria Enea. Me congratulo también de la disposición que ha mostrado el señor Del Burgo a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que no solamente reafirma el
punto quinto del acuerdo sino la plena vigencia de todo.
Sacar una pieza de contexto podría llevarnos a una confusión de ideas o a trasladar a quien está de acuerdo con el todo que porque solamente está votando la parte -el punto quinto- no está
votando todo el contenido del Acuerdo por la paz y la tolerancia, que era así como estaba definido dialéctica y formalmente el tema para que se entendiera. Bienvenida sea la predisposición a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
salvando la ampliación del escenario y reafirmando, como he dicho, la plena vigencia de todo el contenido del acuerdo -incluido por tanto el punto quinto, que es lo que ha defendido acertadamente el señor Del Burgo, porque es el meollo de la
cuestión- lo que hace que nos sintamos reconfortados. Vamos a votar favorablemente la enmienda que permite esta armonización al menos entre las fuerzas parlamentarias que tienen una responsabilidad de gobierno, porque esa es la exigencia que a
todos ante el terrorismo nos podrá demandar la democracia, el pueblo español y la historia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración de la Cámara es, a mi juicio, incomprensible en términos de racionalidad política. Solo se entiende desde lo que los latinoamericanos conocen un
poco despectivamente como politiquería; lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define muy gráficamente como hacer política con intrigas y bajezas. Si lo que el Grupo Parlamentario Popular persigue es una declaración
solemne de este Congreso de los Diputados en la que se diga que ningún Gobierno negociará con ninguna organización terrorista contenidos políticos que solo pueden ser válidamente abordados por los legítimos representantes de la voluntad popular, lo
que tenía que haber hecho sencillamente era apoyar la resolución que la Cámara aprobó, por cierto, con el apoyo de los restantes
grupos parlamentarios, a excepción del suyo, con motivo del debate sobre el estado de la Nación que dice esto con absoluta y meridiana claridad.
Si lo que pretende es recuperar para la coyuntura política presente el acuerdo por la paz y la
tolerancia firmado en Navarra el 7 de octubre de 1988, lo que tenía que haber hecho es incluir en la proposición no de ley el texto íntegro del acuerdo y no una cláusula aislada y descontextualizada, seleccionada ad beneficium proprium y
maliciosamente amputada, como bien saben ellos, que no permite adivinar cuál es el tenor exacto de lo que fue aprobado en el año 1988. Si lo que pretende es reafirmar la vigencia del derecho de los navarros a decidir su estatus político, lo que
tenía que haber hecho de entrada, al margen de otras medidas que también tenía que haber tomado, era cuando menos ratificar la vigencia de la disposición transitoria cuarta de la Constitución y desautorizar radicalmente a los líderes de UPN que
proponen la derogación de esta cardinal previsión, porque es evidente que la supresión de esta norma restringiría notablemente la capacidad de los navarros para decidir su futuro político. Si lo que el Grupo Parlamentario Popular se propone con
esta iniciativa es remover los obstáculos que hoy limitan la capacidad de Navarra para federarse con los territorios de su entorno o para concertar libremente acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, lo que tenía que haber hecho
sencillamente era promover la derogación del artículo 145 de la Constitución, que es el que limita gravísimamente estas facultades. Si lo que quería era recabar la opinión de los navarros sobre su actual estatus político, lo que tenía que haber
hecho era solicitar la convocatoria de un referéndum ad hoc; algo que si no se ha llevado a cabo hasta la fecha es fundamentalmente porque el Partido Popular y su hijuela en Navarra, la Unión del Pueblo Navarro, se han opuesto con cerval
vehemencia, apelando, por cierto, a una idea muy curiosa de lo paccionado, que en un contexto democrático moderno en ningún caso podría prescindir del aval explícito del pueblo expresado en las urnas. Finalmente, si lo que se desea es ampliar los
consensos sobre el marco de convivencia actualmente vigente en Navarra, lo que tenía que haber hecho era convocar aquellos significativos sectores políticos de la sociedad navarra que durante la elaboración y la posterior reforma de la Lorafna
quedaron consciente y deliberadamente excluidos de la elaboración del pacto de convivencia en común. Pero el Grupo Parlamentario Popular no hace nada de esto, y no lo hace porque no formula un planteamiento racional y coherente en términos
políticos. Solo desea, insisto, hacer politiquería, hacer política con intrigas, y en este empeño no contará con la colaboración de mi grupo parlamentario, que evidentemente no apoyará la iniciativa.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que, a tenor de lo que hemos escuchado aquí por boca del portavoz del Grupo Popular, va a ser aceptada por el grupo proponente. Es una enmienda que se reafirma en la plena vigencia de la
totalidad del acuerdo y recuerda singularmente su punto quinto. No entendemos por qué enfatiza solo y de manera especial este punto quinto cuando existe otro punto, el sexto, como bien ha puesto de manifiesto la portavoz de Nafarroa-Bai, que
insiste de manera especial en otro aspecto que recientemente ha sido avalado por el conjunto de la Cámara y que tiene que ver con el fin dialogado de la violencia. Por todo ello, señor presidente, si se acepta la enmienda mi grupo se abstendrá.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.
Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente porque muchos de los argumentos que ya se han expuesto aquí por anteriores intervinientes explican también en gran parte nuestra posición.
En primer lugar, una parte no es el todo, y esgrimir solo una parte del acuerdo es de alguna manera prostituirlo, porque se dejan y se olvidan otros aspectos que también estaban en el acuerdo y que en esta proposición no de ley se obvian.
En segundo lugar, la conclusión a la que intenta llegar la proposición no de ley de que los grupos armados como ETA no tengan legitimación para la representación del pueblo navarro no implica que en un conflicto de las características de este en
toda Euskal Herria no tenga que ser una parte implicada. No conozco ningún conflicto violento en el que las partes beligerantes no se hayan sentado a dialogar y a hablar. Nosotros ya hemos dejado explícitamente marcada nuestra posición y, por
tanto, de la primera premisa, de la no representatividad de nadie, no se deduce la segunda, que es el no diálogo con la banda ETA.
En tercer lugar, nos parece que tanto este pacto como el de Ajuria Enea y el Pacto por las libertades y contra el
terrorismo y la propia Ley de partidos están ya en esta coyuntura amortizados. Ya ha pasado su tiempo, estamos en otra coyuntura política a la que por lo visto los señores del Partido Popular se empeñan en seguir anclados, pero hemos pasado página,
estamos en otra coyuntura y me parece que estos pactos ya no dan más de sí; es otro escenario el que tenemos que buscar si lo que queremos realmente es una paz justa y duradera para todas las gentes, también de Navarra y del conjunto de Euskal
Herria. En principio nos parece que es legítimo que el Parlamento navarro es el que tiene que decidir libremente el destino y el futuro de su pueblo y que, por tanto, esta proposición no de ley no viene al caso más que para hacer ruido mediático y
por eso anunciamos que en su votación nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, la primera reacción de nuestro grupo ante la proposición no de ley del Grupo Popular ha sido la de sorpresa, y lo que más llama la atención es la fecha a la que se refiere el citado texto,
nada más y nada menos que a 1988, hace 17 años.
Nadie discutirá que el tiempo transcurrido es considerable y que con el dinamismo de nuestra sociedad contemporánea sometida a cambios constantes es difícil mantener que las circunstancias y el
entorno social y político no hayan evolucionado poderosamente en estos 17 años para mejor o para peor, según la posición de cada uno, pero son ciertamente diferentes las condiciones y el entorno de finales de los noventa, también lógicamente los
protagonistas de entonces y los de ahora, todo ello sin tener en cuenta que los colectivos políticos de aquel entonces, su correlación de fuerzas y la simple presencia de unas y otras en el Parlamento navarro y la actual composición del Congreso son
bien diferentes. Por eso nuestro grupo se pregunta a qué viene, a qué responde, qué motivación tiene esta propuesta del Grupo Popular precisamente aquí y ahora. En segundo lugar, también nos ha chocado la fórmula empleada por el Grupo Popular para
traer a colación esta cuestión en esta sede, esa especie de trasposición a la inversa -debe estar de moda la metodología legislativa europea- de una disposición o un acuerdo, en este caso, de rango autonómico a un rango superior, a nivel estatal,
por una resolución política en sede del Parlamento del Estado, curiosa técnica jurídica que, de prosperar, no dejará de sentar un interesante precedente y tal vez nos ayude a tranquilizar nuestra conciencia con Europea. En tercer lugar, también nos
ha hecho reflexionar el hecho de que el Grupo Popular pretenda declarar la llamada plena vigencia de solo una parte -el punto quinto-, significativa sin duda, del citado acuerdo de 7 de octubre de 1988 y no, en cambio, su totalidad o al menos otros
aspectos del mismo que también pudieran tener interés de carácter general -se ha hablado del punto sexto- y no solo un interés de carácter autonómico.
Nuestro grupo no puede deducir de todos estos aspectos formales otra conclusión que el Partido Popular intenta seguir instrumentalizando el terrorismo de ETA y la lucha por su erradicación como un elemento de confrontación política,
favoreciendo sus intereses partidistas y electoralistas, insinuando continuamente sus connotaciones negativas con todos los nacionalismos sin distinción. Nuestro grupo lógicamente rechaza esas tácticas, esa instrumentalización permanente que no
puede más que poner en duda la voluntad profunda del Grupo Popular de actuar lealmente en la lucha contra el terrorismo, que debe ser liderada por el Gobierno, antes y ahora, con el respeto y apoyo unánime y sin fisuras del resto de grupos
parlamentarios, que no deben interponer los intereses particulares a los generales del Estado y de todos los ciudadanos. Nuestro grupo entiende que la mejor estrategia para la lucha contra el terrorismo es la que pasa por el trabajo constante,
discreto, silencioso pero eficaz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por un ejercicio de abstinencia verbal y contención de la confrontación política y partidista entre todos los responsables públicos, y no caer en lo que dice un
refrán catalán, molta fressa i poc andressa, es decir, mucho ruido y poco orden.
(Me salto este trozo porque se me acaba el tiempo.) No obstante, nuestro grupo no puede estar en contra del contenido estricto de la proposición no de ley que se nos
plantea pues, por un lado, resalta la condición autónoma del pueblo navarro reivindicando que ningún colectivo pueda representarlo en exclusividad en ninguna negociación política sobre el cese del terrorismo y, por otro, el no sometimiento en ningún
caso ni circunstancia de las instituciones democráticas a la violencia, a la coacción y a la intimidación. Así pues, en tanto en cuanto nuestro grupo rechaza la forma, el procedimiento, el método empleado con esa iniciativa -que entendemos que en
nada ayuda a la lucha antiterrorista-, pero comparte el fondo del acuerdo en cuestión, vamos a abstenernos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Queda el turno del señor Del Burgo relativo a las enmiendas. Adelante.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor presidente.
En virtud de las intrigas y bajezas características de nuestro grupo, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista. Vamos a aceptar su enmienda, entre otras cosas, porque al afirmar un punto de un pacto evidentemente se está
ratificando todo él. De manera que aceptamos la enmienda del Grupo Socialista porque entendemos desde el primer momento que ese era nuestro espíritu.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, voy a someter a su consideración, en primer lugar, dos propuestas de modificación del orden del día y a continuación una exclusión del mismo.
Propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido
de cambiar el orden del debate del punto VIII, relativo a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, de manera que el punto 35, correspondiente al Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de La Gomera, pase a debatirse tras el punto 36, relativo al Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que ser prorroga el plazo previsto en la disposición quinta de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.
Segunda propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día a los
efectos de incluir un nuevo punto para debatir el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores relativo al Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, hecho en San José de Costa Rica el 20 de noviembre de 2004, que se tramitará como último
punto del mismo en la sesión prevista para el jueves.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.
Exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 32, correspondiente a
la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la posición del Gobierno español en relación a los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la
población saharaui.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre Canarias y la Unión Europea, que se votará con las enmiendas de adición de los grupos proponentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 182; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que el Congreso de los Diputados reafirma la plena vigencia política del punto quinto del acuerdo por la paz y la tolerancia, firmado en Pamplona el 7 de octubre de
1988, con la enmienda de sustitución del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 286; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS PARA CATALUNYA EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS. (Número de expediente 173/000075.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias para
Cataluña en los próximos diez años. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a continuar con el Pleno. Por favor, ¿pueden ir desalojando el hemiciclo en silencio? (Pausa.)
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, con el señor Andreu, que interviene en defensa de la moción sobre infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias para Cataluña en los próximos diez años.
Adelante, señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señora presidenta, señorías, el pasado 1 de junio tuvo lugar la interpelación urgente sobre infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias en Cataluña en los próximos diez años. El Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana observó en la intervención de la señora ministra de Fomento una coincidencia en el análisis del estado actual de las infraestructuras, en el déficit crónico de las mismas en Cataluña y en la voluntad de este
Gobierno de superar el déficit actual. Nuestro grupo celebra las palabras de la ministra de Fomento sobre la nueva concepción en red de las futuras infraestructuras y la prioridad de las conexiones interpirenaicas con las conexiones europeas,
frente a la anterior concepción absolutamente radial de las infraestructuras de la península Ibérica que sustentaba el anterior Gobierno. Fruto de esta coincidencia en el estado actual de las infraestructuras y en la proyección de futuro en
Cataluña es la asunción plena e íntegra de la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Es verdad que quisiéramos incorporar ciertas matizaciones, aunque en el fondo coincidimos plenamente con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Estas matizaciones se refieren al ferrocarril convencional.
Es cierto -lo anunció la
señora ministra el pasado 1 de junio- que se ha aumentado la inversión en el ferrocarril convencional, pero no es menos cierto que la inversión
en el ferrocarril convencional, comprendiendo cercanías y el eje mediterráneo, no llega a un 10 por ciento de la inversión en ferrocarriles y la inversión en el tren de alta velocidad representa el 90 por ciento. Esta disparidad tan grande
tendría que sufrir una inflexión porque ambos temas a los que me he referido: el eje mediterráneo, el Euromed, y cercanías de Barcelona necesitan de una pronta ejecución; en cuanto al primero, ya están aprobados los proyectos y, respecto al
segundo, el plan de cercanías recoge su ejecución. De lo contrario corremos el riesgo de ser zona metropolitana y zona de paso vía norte-sur del eje mediterráneo y llegar a una situación de asfixia en el área metropolitana de Barcelona.
Celebramos el compromiso de la señora ministra, que se recoge en la enmienda socialista, de desarrollar -cito textualmente- un nuevo modelo de gestión aeroportuaria en los citados aeropuertos, con participación del Estado, de la comunidad
autónoma, de los municipios y de las entidades representativas. Confiamos en este compromiso de descentralización de AENA, en que haya una participación de las comunidades autónomas en los aeropuertos y en que sea una realidad antes de finales de
año. Respecto a las enmiendas de los otros grupos, nos gustaría haber transaccionado la enmienda de Convergència i Unió, pero si hay que hacer cada seis meses en esta Cámara una sesión para ver en qué grado de ejecución están las infraestructuras
en Cataluña, la generalización de este acuerdo con las otras autonomías, que también lo podrían pedir, haría imposible la asunción de esta enmienda.
Por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, nos piden cosas como el túnel de l'Horta, que es competencia de la Generalitat de Cataluña, y otras que no pertenecen al Ministerio de Fomento, como la interconexión
eléctrica con Francia; se lo podrán pedir al ministro de Industria, que es quien tiene la competencia. Esta enmienda del Partido Popular no va en el camino de avanzar sino de conseguir alguna fricción entre los grupos que la apoyamos. Por lo
tanto, no la podemos aceptar. Bienvenidos al club de los que queremos que los aeropuertos de este país se descentralicen. Han tenido muchos años para hacerlo, no lo han hecho y ahora, en el apartado de aeropuertos, miméticamente, dicen lo mismo
que la enmienda del Grupo Socialista y la que nuestro grupo había presentado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu.
Continuamos con el turno de defensa de enmiendas presentadas. En primer lugar, la que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa tiene la palabra el señor Ayala, por cinco minutos.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, sorprende que estemos debatiendo una moción tan ligera, tan evanescente y tan inconcreta. Estamos debatiendo agua con sifón, que diría nuestra compañera Dolors Nadal. ¿A qué viene esta moción, a escenificar los
logros y los acuerdos para mayor loa y esplendor de las negociaciones del partido del Gobierno con sus socios? No se tienen que molestar en hacer estas mociones, si lo que quieren conseguir ya lo fuerzan en las enmiendas de los presupuestos y son
capaces de dejar a España sin un plan de mantenimiento de ferrocarriles, como hicieron en diciembre con la enmienda suscrita por ambos grupos con la que redujeron a cero una partida presupuestaria de cien millones. Es una nueva puesta en escena.
¿A cambio de qué? Seguro que a cambio de algo, pero desde luego no hay plazo, ni obra, ni compromiso económico de ningún tipo. Vaguedades, muchas; pero obras, ni una. Hemos visto que, tanto el señor Puigcercós el otro día como hoy el señor
Andreu, en un estilo isabelino inexistente y desconocido hasta ahora en los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya, presentan una moción que, repito, no dice nada. Señor Andreu, para que usted me entienda, como dicen en catalán: focs
d´ençenalls. Esta moción es una pantomima. Hablan de establecer convenios, ejecutar en el mínimo plazo, desarrollar los estudios y consecuentes proyectos, adecuar los planes directores...
¡Sorprendente, señor Andreu!. Compromisos, ni uno y
evidentemente en la enmienda que han aceptado del Partido Socialista tampoco los hay; una moción con siete puntos que venderán en Cataluña, pero ninguna obligación, ninguna obra concreta, ninguna cuantificación, ningún plazo.
Por el contrario, el
Partido Popular ha presentado enmiendas con compromisos concretos que, desde luego, ayudarían a conseguir algo efectivo y eficaz para Cataluña. Me voy a centrar en los dos puntos importantes de nuestra enmienda. Igual que el PSOE, suprimimos el
rescate de peajes, pero, señores de Esquerra Republicana, ¿cuántas veces hemos de recordarles que en Cataluña los peajes más gravosos son aquellos que tienen impuestos de la Generalitat y no los rescata en ningún caso? Siempre es preferible gastar
el dinero de que se disponga en infraestructuras que en el rescate de peajes; por eso, hemos presentado una enmienda para abordar obras concretas de desdoblamiento que ayuden en relación con esos peajes. Estoy convencido de que ustedes piensan lo
mismo, pero tienen fijación con el tema de los peajes.
En segundo lugar, la gestión aeroportuaria. Si usted lee bien el contenido de las enmiendas verá que habla de una gestión en la que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas, ayuntamientos y demás entidades. Eso no es autonomía de
gestión, sino lo que se tiene que hacer con una red aeroportuaria como la española, porque lo contrario sería ridículo y perjudicaría la eficacia del sistema e incluso la eficacia de los propios aeropuertos catalanes. Tratamos de introducir también
dos puntos nuevos y usted se escapa como puede. ¿Cómo es posible, hablando de infraestructuras, que se les olvide la conexión energética con Francia cuando es un acuerdo de la reunión de Barcelona del año 2000 abrir el mercado eléctrico y se
opongan a la línea de Bescanó, que garantizaría
tanto la electrificación del AVE como la de la provincia de Girona?
Nosotros hemos incluido obras concretas en nuestra enmienda y ustedes no nos la han aceptado y, por el contrario, aceptan la del Grupo Socialista que recoge los puntos fundamentales e incuestionables de nuestra enmienda, pero tampoco asume
ningún compromiso. No nos vamos a oponer a la enmienda que en nada ayudaría, pero esperamos que como consecuencia de esa moción haya puntos concretos que favorezcan de verdad a Cataluña y no el agua con sifón que traen esta tarde aquí o, como he
dicho anteriormente, los focs d´ençenalls.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Ayala.
Señor Jané, su turno para la defensa de su enmienda en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña presenta al Pleno del Congreso una moción, consecuencia de la interpelación urgente sobre infraestructuras prioritarias en Cataluña. De hecho, señor Andreu, su moción y su
interpelación guardan cierto paralelismo con un debate que ya tuvimos en esta Cámara el pasado mes de octubre como consecuencia de la interpelación urgente que defendió mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, pidiendo un plan Cataluña de
infraestructuras. Tras esa interpelación del pasado mes de octubre, Convergència i Unió presentó una moción, como hoy ocurre con Esquerra Republicana, y, al no aceptarse ninguna enmienda por el grupo proponente, pudimos votar punto a punto cada uno
de sus apartados; algunos fueron aprobados ya el pasado mes de octubre y guardan cierta coincidencia con algunos de los puntos que hoy se pretende que volvamos a aprobar.
Evidentemente Convergència i Unió no va a oponerse a las mejoras, propósitos
a favor de las inversiones del Estado en Cataluña, pero echamos en falta concreción y plazos, de ahí nuestras tres enmiendas iniciales.
La que con mayor facilidad hubiésemos podido aprobar -insto a buscar un consenso durante esta tarde- es aquella en la que no ponemos ningún plazo, pero pedimos que se presente un calendario de cumplimiento. Ya sabemos que cuando en
ocasiones se pide que se haga esto en tres o cuatro meses después no puede cumplirse el plazo, pero sí podríamos exigir al Gobierno que, si aprobamos una moción en el Pleno del Congreso, nos comprometamos todos a que haya un calendario para que se
cumpla. El tercer punto de nuestra enmienda pedía un calendario. Señor Andreu, estamos dispuestos a retirar de ese punto la obligación semestral de debatir su cumplimiento en la Comisión de Fomento. Si este punto trae como causa un desacuerdo, mi
grupo estaría dispuesto a retirar esa exigencia. Planteo abiertamente ante el Pleno que nos obliguemos a un calendario de cumplimiento, sin poner hoy plazos, con lo que ganaríamos todos en una mayor concreción en la actual moción.
El segundo punto de la enmienda de Convergència i Unió va en la línea de lo que todos defendemos en Cataluña y que incluso se ha plasmado en el llamado Acord del Tinell, que es la transferencia a la Generalitat de Catalunya de los servicios
de cercanías de Renfe. Este es un punto de la moción originaria sin hablar de transferencia. Nosotros la enmendábamos con la expresa mención de transferir a la Generalitat los servicios de cercanías y regionales. Nos sorprende que lo que se vaya
a aprobar -y no nos vamos a oponer, pero nos sabe a poco el compromiso- es que se desarrollen estudios para un plan de cercanías de Barcelona y su área metropolitana y sus consecuentes proyectos. Pues bien, vamos a desarrollar esos estudios, no
vamos a estar en contra de ello, pero con toda sinceridad nos sabe a poco el compromiso. Si repasamos los puntos aprobados con el voto a favor del Grupo Socialista y de la mayoría de grupos de esta Cámara el pasado mes de octubre, comprobaremos que
había puntos respecto a las inversiones ferroviarias en Cataluña que eran más concretos que los que hoy vamos a aprobar. Por tanto, no vamos a votar en contra, pero manifestamos con toda sinceridad que el nivel de compromiso es escaso.
El tercer punto de la enmienda de Convergència i Unió pretende garantizar una inversión mínima de los presupuestos anuales para Cataluña de acuerdo con su PIB más un punto. Es lo que venimos reclamando como el plan Cataluña de
infraestructuras. Lamentablemente las previsiones presupuestarias del actual ejercicio 2005 no son muy positivas en esta materia, pero esperemos que se lleguen a ejecutar. Sabemos que es compromiso de todos llegar a un buen nivel de ejecución de
las partidas presupuestarias aprobadas, pero nos tememos que en ocasiones la ejecución de partidas que se aprueban al final no es la deseable.
Señora presidenta, como tenemos el compromiso de ajustarnos a los tiempos no voy a ser yo quien lo incumpla hoy. Por tanto, termino ya. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jané.
La señora Cunillera tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a esta moción.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra para defender la enmienda que nuestro grupo presenta a la moción de Esquerra Republicana, que voy a explicar a grandes rasgos y muy rápidamente. Quería decir al señor Andreu, en primer lugar, que no debe sorprenderse de que
algunos no entiendan que algunas mociones o interpelaciones puedan concluir en acuerdos y con buen ambiente porque
son los que se mueven bien en la confrontación y en la división, y por eso un acuerdo más bien les descoloca.
Nosotros compartimos -y por eso la moción va a salir con el apoyo del Grupo Socialista- la filosofía que inspira la moción que ha presentado Esquerra Republicana, igual que compartimos la interpelación que ha dado origen a esta misma moción,
por cuestiones fundamentales. En primer lugar, estamos de acuerdo con el diagnóstico de la situación de las infraestructuras públicas en Cataluña, diagnóstico que, por lo visto, compartimos incluso con aquellos que con otros Presupuestos Generales
del Estado fueron mucho menos beligerantes, mucho menos ansiosos por la ejecución de esos presupuestos y mucho menos ambiciosos por los objetivos. Este diagnóstico ha dado lugar a las causas que han originado la situación en la que se encuentran
esas infraestructuras y también las decisiones que hay que tomar para encontrar las respuestas y soluciones.
En segundo lugar, es importante remarcar que estas soluciones se van a abordar ahora en un marco bien distinto del que hemos tenido en las dos últimas legislaturas porque donde el Partido Popular puso demagogia, populismo, infraestructuras
pintadas en el presupuesto y nunca ejecutadas de las que podríamos poner múltiples ejemplos en Cataluña, nosotros hemos puesto sobre la mesa una manera distinta de abordar este tema que se llama Plan estratégico de infraestructuras del transporte,
un plan que, como dejó también claro el otro día aquí la ministra -lo ha hecho otras veces- solo se puede hacer desde el diálogo, la concertación, la participación y la coordinación de las responsabilidades de cada Administración local, autonómica y
central. Y precisamente porque tenemos una manera distinta de abordar las cuestiones planteadas, podemos hacerlo de una manera distinta también y podemos destacar hoy que vamos a aprobar todos una moción que habla de un convenio de carreteras con
la Generalitat de Catalunya que permita garantizar inversiones en carreteras de Cataluña que han sufrido ocho años de olvido en cuanto a inversión y a la presencia recurrente, como les decía antes, en los Presupuestos Generales, sin que en las
ejecuciones de esos presupuestos se viera su elaboración.
En la moción prestamos una atención muy especial, como ha dicho el señor Andreu, a los ferrocarriles. El señor Andreu y los distintos intervinientes han hablado de los ferrocarriles, tema en el que se me hace más extraño entender la
posición de los portavoces de los dos grupos que han intervenido con anterioridad. Es la primera vez que los Presupuestos Generales del Estado han contemplado en su globalidad la posibilidad de un plan de cercanías para Barcelona. Es la primera
vez que hemos visto una inversión en el tren de Lleida a Manresa de 19 millones de euros. Y todavía hoy, después de esa inversión que se está haciendo ya este año, hay grupos que se van a la provincia de Lleida a explicar que tenemos que reclamar
más inversión. Se ha transferido la línea de La Pobla, una línea ferroviaria que venía reclamándose desde los 23 años de Gobierno de CIU y, desde luego, de los ocho del Partido Popular y se ha ejecutado en el primer año de este Gobierno con el
acuerdo con Esquerra Republicana. Si esos son los acuerdos que molestan, siento decir que estos acuerdos van a continuar.
El señor Jané decía que le habían decepcionado los presupuestos en cuanto a ferrocarriles. ¡Ya me extraña! ¿Sabe qué pasa? Que no se han podido hacer muchas inversiones por falta de proyectos, por falta de estudios, porque no se han podido
ejecutar muchos de los proyectos. Coincido con S.S. en que son muy importantes para Cataluña, pero eran tan importantes en el pasado como hoy.
Como me queda poco tiempo, quiero hacer una breve referencia a los aeropuertos, tercer núcleo de nuestra enmienda. Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara saben que es clara la propuesta del Grupo Socialista respecto a la gestión de
los aeropuertos. La enmienda establece un punto muy importante de conexión de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y sus correspondientes carreteras de una manera que jamás se había abordado hasta este momento. Es verdad que será muy difícil hacer
esto, pero estamos seguros de que se va a hacer. Quiero gastar mis últimos segundos en dar las gracias a Esquerra Republicana porque ha aceptado la enmienda de nuestro grupo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Cunillera.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Verde tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar en un sentido favorable a la propuesta del Grupo de Esquerra Republicana y a la incorporación de la enmienda por parte del Grupo Socialista, pero desde este voto favorable, que parte de la
corresponsabilidad de ser coautores de muchas de las inversiones que se han planteado este año en los presupuestos para infraestructura ferroviaria en Cataluña y concretamente en materia de cercanías, quisiéramos hacer notar un elemento de
preocupación que es el siguiente: ni en la moción ni en las enmiendas hay referencia a la necesaria gestión de la movilidad, a la necesaria política de gestión del transporte. Llevamos muchísimos años en los que la única política de
infraestructuras se basa en más cemento, más carreteras, a veces, más vías que ni mucho menos van a 350 por hora, pero nunca hay estrategia de gestión de la movilidad, y nuestro grupo parlamentario quiere hacer notar precisamente esta falta de
reflexión y también de estrategia y de políticas en torno a la materia.
En segundo lugar, queríamos hacer notar una preocupación sobre compromisos asumidos por esta Cámara que no se han cumplido. El señor Sáez recordará que
hace meses, a propuesta nuestra, se aprobó que se incorporasen nuevos trenes en la línea Figueras-Barcelona. Tres meses tenía el ministerio para llevar adelante esa propuesta. Pues bien, a estas alturas el colapso en la línea de
Figueras-Barcelona continúa siendo el mismo. Hace apenas dos semanas se aprobaba en la Comisión de Fomento una propuesta de nuestro grupo parlamentario -la han formulado también otros grupos- en la que se hablaba de la necesidad de hacer un plan de
choque para los cercanías de Barcelona que hoy viven un colapso en las horas punta y que suponen un índice de ocupación que va del 80 al cien por cien en la mayoría de las líneas que entran en Barcelona. Pues bien, ¿qué nos encontramos ya no solo
en la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista sino en la práctica del Ministerio de Fomento? Un plan, un estudio que se va a hacer en dos años y que se va a implementar con posterioridad a la entrada del AVE. Lo que hay que decir es que hoy
estas medidas se tienen que llevar a cabo de forma inmediata; que la mejor señalización en los embudos en las entradas de Barcelona es una medida que se puede materializar prácticamente ya. Hay alternativas. Los trenes 440 que se van a sustituir
no tienen por qué sustituirse, sino que podemos hacer nuevos contratos, que haya más efectivos para cercanías y que dichos trenes continúen circulando. Se pueden implementar medidas para evitar el colapso que viven hoy los cercanías de Barcelona.
Esta gestión de la movilidad, es cierto, aún no se plantea.
Por último, un elemento que sí se incorpora en la moción y al que queríamos hace referencia es el colapso del transporte de cercanías en el puerto de Tarragona y, en mayor medida, en el puerto de Barcelona. Nos preocupa sobremanera que la
entrada del AVE al área de Barcelona suponga el cierre a cal y canto del transporte de mercancías en el puerto de Barcelona. Nos preocupa mucho porque las prisas del AVE han hecho que de forma demasiado frecuente se aparquen las necesidades de
transporte de la mayoría de los usuarios de Renfe, ya sean de cercanías o de regionales, y por supuesto del transporte de mercancías; nos preocupa que para que el AVE, retrasadísimo, entre un mes antes en Barcelona nos encontremos con que cercanías
y mercancías quedan colapsados. La preocupación, y ustedes lo saben y más los diputados y diputadas de Cataluña, es totalmente compartida en Barcelona. Por tanto, creemos que estos elementos -algunos se reflejan en la moción, otros no- tienen que
estar en la agenda. Por todo esto nuestro grupo parlamentario va a presentar mañana mismo una interpelación a la ministra de Fomento, porque creemos que hoy hace falta reflexionar sobre la gestión de la movilidad y del transporte, porque hacen
falta medidas inmediatas en la gestión de cercanías y porque todo esto nos lleva a una conclusión más que evidente y es que lo que hay que poner encima de la mesa es que quizás es hora de que empecemos a plantear que quien debe gestionar el
transporte de cercanías y el transporte de pasajeros en el marco de una comunidad autónoma es la Administración más cercana. Si no, nos podemos encontrar con lo que nos han dicho, que no hay un problema de colapso a la entrada de Barcelona en las
horas punta y que hay un índice de ocupación del 40 por ciento. Quien va un poco en tren sabe que en Barcelona hay un problema de colapso, lo mismo que ocurre en muchas otras áreas como en el área de Valencia, en algunas líneas que entran a Madrid
y en muchas otras zonas. Falta sensibilidad en el ministerio y, por supuesto, tenemos que poner en la agenda el necesario traspaso de cercanías y regionales a las comunidades autónomas.
En cualquier caso, vamos a dar el apoyo a la moción planteada
por Esquerra Republicana.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco, para lo cual tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo también va a apoyar la moción de Esquerra Republicana y lo va a hacer sin entrar a analizar los detalles de la misma, pero lo va a hacer porque creemos que son ellos, y cuando hablo de ellos es básicamente entendiendo que ellos
están de acuerdo con la Generalidad de Cataluña, quienes también deben participar en la elaboración de planes, proyectos o necesidades de infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias de Cataluña. La apoyaremos, pues, porque entendemos
que esa es también en sustancia la postura del Gobierno de la Generalidad.
En efecto, mi grupo entiende que, aun reconociendo que existe un esquema establecido de competencias de las diversas instancias administrativas dependiendo de las infraestructuras de que se trate y reconociendo incluso que en este campo es a
la Administración central a quien corresponde sobre todo actuar, constituye sin embargo un requerimiento de la máxima lógica política y eficacia económica que en la definición de estos planes, en su establecimiento y en su implementación se proceda
de la forma más colaborativa y coordinada posible con el resto de las instancias administrativas y desde luego con las comunidades autónomas, lo que por desgracia no ha ocurrido y mucho nos tememos que en el futuro tampoco va a ocurrir, al menos con
el nivel de satisfacción que nosotros desearíamos, porque no son planes los que han faltado en el pasado: ha habido planes de carreteras, ha habido planes directores de infraestructuras, ha habido planes de infraestructuras del transporte con
escenarios que llegaban hasta 2007, y recuerdo que estamos en 2005.
Después de todo eso, ¿qué ha ocurrido, dónde nos encontramos? Evidentemente, respecto a un plan general del Estado, ni los catalanes ni los vascos ni nadie a la hora actual
entiendo que se encuentra en un punto satisfactorio.
Decía la ministra en la interpelación del pasado día 1: hemos recibido las infraestructuras de Cataluña con
carencias de planificación, con falta de diálogo, es decir, con problemas sin solucionar. Lo decía la ministra y nosotros nos preguntamos: ¿Y dónde no, dónde no ha ocurrido lo propio? Ahí radica nuestro escepticismo y también nuestro
pesimismo en este tema, no porque hayan faltado planes, esos planes que muchos los califican de puros power point, sino porque los planes no se ejecutan de la forma debida, ni se elaboran, ni se implementan, ni se definen de la forma colaborativa
que es imprescindible. De ahí que apoyaremos la moción sin entrar en los detalles, porque va siendo hora de planificar de verdad y planificar de verdad significa que las opciones fundamentales deben de ser capaces de sobrevivir a los gobiernos que
las elaboren o que las formulen. Ello requiere diálogo, negociación en la elaboración del plan entre las distintas fuerzas políticas y entre las distintas administraciones. Solo la concertación interinstitucional puede dar a estos planes una
continuidad más allá de los períodos legislativos para los que al parecer únicamente se hacen. Planificación también requiere priorización, porque la falta de la misma hace que las cosas de las que hablemos aquí en definitiva se las lleve el viento
de forma inmediata, y todo ello a menudo se hace sin un marco financiero seguro y claro, y eso es humo de pajas. De ahí que lo que finalmente vaya a ser este plan -la diputada socialista nos hablaba del PEIT- está por ver, nosotros no lo estamos
viendo de forma previa con optimismo por cómo se están desarrollando las cosas, de forma que ya veremos lo que ocurre con el PEIT y con esta moción, a pesar de que nosotros también empujaremos para que salga adelante.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.
Señor Andreu, para la aceptación o rechazo de enmiendas, tiene usted la palabra.
El señor ANDREU DOMINGO: Como ya hemos dicho, aceptamos la enmienda del Partido Socialista, sentimos no poder aceptar la de Convergència i Unió y rechazamos la del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Andreu.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVÍSIMA CRISIS QUE PARA LA FLOTA DE BAJURA Y EL TEJIDO SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL CANTÁBRICO SUPONEN LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL
CIERRE DE LA PESQUERÍA DE LA ANCHOA. (Número de expediente 173/000076.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, por tanto, señorías, con la siguiente moción consecuencia de interpelación, que lo es del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la
gravísima crisis que para la flota de bajura y el tejido social de los municipios costeros del Cantábrico supone la situación actual y el cierre de la pesquería de la anchoa. Para su defensa, por siete minutos, tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, no deseo en esta moción de actualidad, que por circunstancias parlamentarias se celebra tres semanas después de la interpelación, repetir la argumentación ya expresada en esta y en las
intervenciones que durante cuatro años este portavoz ha ido realizando. Vuelvo a resumir: no hay anchoa, y vuelvo a recordar: no va a haber bonito ni cimarrón (atún del norte) si seguimos así. La sobrepesca, las artes pelágicas y el no respeto
de los ciclos por parte de la flota francesa son todo lo contrario a una pesquería sostenible, por no hablar del fraude en el control de dichas flota; no solamente estoy hablando de fraude en el tonelaje y la captura sino en la venta, etcétera. Yo
mismo hace menos de una semana llamé al secretario de Pesca para comentarle que estaba siendo testigo del fraude de anotar cajas de diez kilos de anchoa siendo de doce. No es ninguna tontería, pues solo detectando ese parcial supone ya un 20 por
ciento de fraude en las capturas por parte de dicha flota. Me estoy refiriendo a descargas en puertos franceses. Y vuelvo a resumir, el Estado español con un TAC del 90 por ciento puede y debe decidir cuándo, cuánto y con qué artes se debe pescar;
tiene en sus manos todos los instrumentos. Está, vuelvo a repetir, en manos del Gobierno. Todo lo demás es inoperancia y falta de voluntad y sería algo mucho más grave todavía que prefiero no nombrar.
La flota cantábrica (gallega, asturiana, cántabra y vasca) está demostrando un ejercicio de responsabilidad y de apuesta importante de conciencia y consciencia de la sostenibilidad y de cómo se tiene que jugar para conseguirla. Ha exigido y
asumido la necesidad de un cierre de la pesquería de anchoa, que es una expresión dura para su quehacer diario, y ha asumido algo más grave, una dura y difícil campaña de la pesquería del bonito. Vuelvo a recordar, cada pesquería de estas supone
aproximadamente el 50 por ciento de su economía anual. Por tanto, qué más necesitamos para de alguna manera tomar conciencia política de esta problemática.
Sinceramente, el Ministerio de Agricultura y Pesca no pidió por carta a la Comisión Europea el cierre de esta pesquería de anchoa el pasado 18 de mayo. Si hubiese pedido el cierre con la necesaria comunicación simultánea a los demás Estados
europeos, la Comisión Europea habría tomado una decisión dentro de los 15 días hábiles siguientes, es decir, antes del 10 de junio, surtiendo efectos inmediatamente después. Así lo establece la normativa europea. Asimismo, por el dictamen del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar, ratificando los informes científicos del Gobierno vasco
y del propio Gobierno español -el Estado español es el titular del 90 por ciento de la cuota de anchoa que acabo de nombrar-, la solicitud del cierre y la interrupción de la pesquería habrían sido ya una realidad en estos momentos. Sin
embargo, ahora la flota pelágica francesa, con solo el 10 por ciento del TAC como total asumible de capturas de anchoa, no solo sigue pescando impunemente, sino que incluso pretende vedar zonas donde las flotas antes citadas, las cántabras -las
nuestras-, amparadas por el Tratado de adhesión, no podrán pescar seguramente sardina, que podrían utilizar como cebo vivo para la campaña que he dicho de bonito que tenemos que poner en marcha.
Pretendo, sinceramente, no meter el dedo en el ojo, sino lograr un consenso que nos interesa a todos los grupos políticos de esta Cámara y a esta Cámara en especial. Por tanto, con la aportación de las enmiendas presentadas, he tratado de
redactar una transaccional que entiendo que ha sido aceptada por los grupos enmendantes y también por el resto de grupos. La moción transaccional que entregaré a la Presidencia insta al Gobierno a, primero, solicitar a la Comisión Europea, en
virtud del artículo 7 del Reglamento 2371/2002, la petición del cierre de la pesquería comercial dirigida a la anchoa por existencia de amenaza grave para la conservación del recurso hasta tanto no exista evidencia continuada de la recuperación de
dicha pesquería. Segundo, que en el caso de que la Comisión Europea no apruebe dicho cierre, proceda a denunciar el acuerdo de Arcachon y en su caso a que su renovación, intercambio de cuotas y gestión de la pesquería sea acordada con las cofradías
y las asociaciones más representativas de las flotas de bajura de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Tercero, que el Gobierno agilice la materialización de los compromisos establecidos de conversaciones globales e individuales anticipando el
pago de las compensaciones ya aprobadas. Cuarto, que las órdenes ministeriales por las que se regulan las convocatorias para las concesiones de las indemnizaciones, dada la situación excepcional, expresen la posibilidad de que puedan ser
completadas y complementadas por las comunidades autónomas hasta alcanzar el perjuicio real que está sufriendo la flota de bajura del Cantábrico.
Agradezco a los grupos enmendantes y al resto de grupos que también han manifestado su apoyo que una evidencia real, la situación pesquera manifestada ya, concuerde con la evidencia de unanimidad política y parlamentaria en este Congreso.
Les agradezco mucho el apoyo que entiendo que van a manifestar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Txueka, muchísimas gracias.
Continuamos con la defensa de las enmiendas que han presentado dos grupos parlamentarios. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es evidente que estamos recordando aquí hoy, después de la intervención del portavoz del Grupo Vasco, una situación que viene dándose desde hace semanas, que nos viene preocupando a todos y de forma especial a este diputado que les
habla porque como ya manifestamos en su momento estamos ante un grave problema. No voy a recordar ahora aquí todos los datos que el compañero portavoz proponente ha hecho de forma mucho más precisa de lo que hubiera sido capaz de hacer yo, pero soy
consciente de que hay que recordar que nuestra flota sigue amarrada mientras que otra flota, la francesa, sigue faenando. Esto es sencillamente inadmisible y no se hubiera dado esta situación, como ha recordado el señor Txueka, si se hubieran
atendido las peticiones que tanto su grupo como el mío hicimos en su día a la ministra para que solicitara inmediatamente el cierre de esa pesquería. No hará falta que recuerde que estamos hablando de una pesquería que en el Cantábrico es una de
las más tradicionales dentro de la flota artesanal de cerco, tanto en Galicia como en Asturias, Cantabria y en el propio País Vasco, que afecta a más de 200 barcos, a más de 3.000 familias, cuyas capturas representan más del 50 por ciento de los
beneficios totales de un año, a pesar de que se ciñen a dos meses de faena, y que tiene importantes efectos indirectos en las economías regionales, ya que se transforma allí el 70 por ciento en los puertos locales. Por ello pensamos que el Gobierno
no puede dejar ahora tirado a este sector y creemos que ha reaccionado tarde. Recordaré que no quiso recibir a los pescadores cuando se lo solicitaron, que cambió de opinión cuando empezaron los amarres, que la iniciativa en todo momento
correspondió a las comunidades autónomas y al sector y que lo mismo ocurrió en Bruselas, que recibió primero a las comunidades autónomas y al sector y después al ministerio, porque entre otras cosas fueron las comunidades autónomas y el sector
quienes se dirigieron primero a Bruselas. En definitiva, una vez más, y yo creo que ya son muchas, el Gobierno ha ido a remolque de los acontecimientos. Coincido con el señor Txueka en que el Gobierno tenía que haber liderado el proceso de
solicitud de cierre de la pesquería y lo que ha evidenciado es poca voluntad política para hacerlo.
¿Cuál es el posicionamiento de nuestro grupo? No puede ser otro que el coherente con las iniciativas planteadas en este tema hasta el día de hoy. En el debate sobre el estado de la Nación apoyamos la resolución que el Partido Nacionalista
Vasco, a través de su grupo parlamentario, planteó; el 26 de mayo solicitamos la comparecencia de la ministra ante la Comisión -evidentemente, no comparecerá- y el 2 de junio presentamos una proposición no de ley para su debate en Comisión donde
instábamos al Gobierno a una serie de medidas que se recogen hoy en esta moción con las correspondientes enmiendas o transacciones. En definitiva, vemos coincidentes con estos planteamientos los que hoy
estamos sometiendo a consideración dentro del texto de la moción con las enmiendas que hemos presentado.
Proponíamos en estas enmiendas que se reprogramaran los fondos del IFOP para poder atender las ayudas para armadores y tripulantes. Es evidente que nosotros no le tenemos que decir al Gobierno de dónde tiene que sacar sus recursos, pero le
recordamos hay remanentes importantes en estos fondos y que deben ser aprovechados antes de que se pierdan. Proponíamos que el pago de estas ayudas se haga de forma anticipada y que se regularicen a posteriori -hay precedentes, se ha hecho en otras
ocasiones- y que se publiquen urgentemente las órdenes ministeriales que regulan las indemnizaciones a tripulantes y armadores, contemplando expresamente la petición que han hecho todas las comunidades autónomas para que aquella que lo desee pueda
complementar estas ayudas a través de estas órdenes. Pedimos que esa publicación sea urgente y que no haya retrasos, como ha ocurrido en otras ocasiones -a nuestro juicio este tipo de retrasos son inexplicables-. Véase lo que pasó con la crisis de
fletán en aguas de la NAFO, lo que pasó en Angola o en Mauritania, donde ha habido retrasos de hasta siete meses en la publicación de las órdenes que regulaban las ayudas a los tripulantes. Por todo ello, aceptamos de muy buen grado esa voluntad de
consenso que el Grupo Vasco nos ha mostrado a través de esa transaccional que apoyaremos. Esperamos que el Gobierno haga sus deberes, esta vez en serio, porque me han preocupado unas recientes declaraciones del secretario general de Pesca hechas en
mi provincia, Lugo, donde visitaba Celeiro y Burela, de que se había actuado correctamente, que la crisis de la anchoa estaba superada y que los deberes estaban hechos de forma correcta. La mejor forma de demostrar esto es que, una vez aprobaba
esta moción, se publiquen urgentemente estas órdenes y se proceda a hacer todas las gestiones que en el texto de la transaccional instan al Gobierno a remediar este asunto de una vez por todas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor García Díez.
Continuamos con la defensa de la última enmienda presentada a esta moción, que lo es del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el fracaso de la campaña de primavera de la anchoa en el golfo de Vizcaya es un tema grave para las personas y para las economías directamente afectadas, pero desgraciadamente es un caso más dentro de lo que se discute como
sostenibilidad de determinadas prácticas extractivas.
La pesca del bonito, de la que hablaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, puede ser el siguiente caso. En el sector pesquero este debate está hoy muy vivo. Se dice que está en juego,
por una parte, la sostenibilidad de determinadas especies y, por otra, la de los trabajadores del mar, que aparecen en algunas zonas como una especie a extinguir. No debe haber necesariamente contradicción entre sostenibilidad de los recursos y
permanencia de la actividad pesquera, ya que los pescadores, en buena lógica, deben ser los más interesados en dicha sostenibilidad de los recursos.
El problema de la anchoa, a pesar de su especificidad, encaja en el marco global que acabamos de plantear. Así, es cierto que en el año 2001 los científicos alertaban del descenso de la biomasa de la anchoa por sobrepesca en esta zona y
demandaban reducir la cuota pesquera. También lo es que todos los gobiernos, atendiendo a peticiones e informes del sector, que en este caso jugaba a corto plazo, se opusieron cuestionando los informes técnicos. Por ello los TAC siguieron siendo
altos en esta pesquería. De todos modos, aun con la reducción de cuota del 50 por ciento, como recomendaba el CIEM, la situación sería la misma, pues en los últimos años nunca se capturaron los TAC concedidos por la Comisión.
La caída de las
capturas a mínimos nunca alcanzados en la primera costera de este año hace sonar la alarma de manera ruidosa y la Comisión parece no aceptar el cierre del caladero. Ahora todos: sector, Gobierno y opinión pública, demandamos medidas excepcionales.
La medida que figura en el primer apartado de la moción para nosotros está ya aprobada desde el 10 de junio, porque el Gobierno formula su petición el 6 de junio. Aquí quiero hacer un inciso. El Partido Popular gobernó los últimos cuatro
años, gobernó también en lo relativo a esta pesquería y ahora parece que por allí no pasaron nunca. Nuestra enmienda, partiendo de que el tema estaba ya aprobado, no trata de demandar el cierre, sino de acelerar su tramitación y llamar la atención
a la Comisión para que contemple la permanencia del mismo hasta la recuperación normal de los recursos. De todos modos, sabemos que la tramitación tiene unos tiempos y unos ritmos que no siempre podemos controlar desde España, pero aceptar la
transacción es aceptar que hay que forzar el proceso, porque conocemos que mientras se decreta el cierre, los pescadores franceses, de forma oportunista e irresponsable, tratan de sacar ventaja de la situación. En el segundo punto se pide que en el
caso de que la Comisión no proceda al cierre, se derogue el acuerdo de Arcachon o que, en su caso, su renovación sea acordada con la flota de bajura del Cantábrico. Respecto a este punto hay que decir que después del cierre del caladero la
situación debe ser muy diferente de la que vivimos en los últimos años y, en consecuencia, la gestión del stock de la anchoa no puede ser la misma.
Las medidas de gestión que se adopten y el TAC que se fije para 2006 serán factores determinantes
para la viabilidad de acuerdos con Francia en esta pesquería. Por lo que se refiere al punto tercero de la moción, que trata de la compensación a los afectados, después de múltiples reuniones hay acuerdo con respecto a los importes que deben
percibir los trabajadores y armadores afectados por la crisis de la anchoa. Por ello, solo cabe pedir al Gobierno que agilice los trámites para que puedan
hacerse efectivas las ayudas cuanto antes. En la transaccional se compromete a las comunidades autónomas, y nos parece bien. Por último, el acuerdo es bueno sobre todo como llamada de atención a la Comisión para que acelere el cierre del
caladero sin dar mayores ventajas a los pescadores que en estos momentos siguen atentando contra la pesca sostenible en el golfo de Vizcaya.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Díaz.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con la señora Fernández, por el Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para expresar nuestra posición sobre a esta moción, que no puede ser otra más que apoyarla. No presentamos ninguna enmienda porque la propuesta tal y como la presentaba el señor Txueka nos parecía bien.
De todas maneras, también
nos parece bien que se llegue a un consenso, después de haber presentado las enmiendas que se acaban de defender y que, efectivamente, coinciden en el fondo del problema y hacen posible que se pueda llegar a ese consenso de transacción que el señor
Txueka proponía. Desde nuestro punto de vista, el apoyo es debido a que a estas alturas el debate está en la sociedad, con una participación muy activa del sector, y también tuvo lugar en este hemiciclo. En el debate de la interpelación entendimos
que había, por parte de la ministra, un compromiso de recurrir ante la Unión Europea en solicitud del cierre de los caladeros. El señor Díaz dice que esa petición se hizo el día 6.
Nosotros lo único que sabemos es que en este momento el caladero
sí está cerrado para la flota española -galega y vasca- que faena en el mar Cantábrico, pero que en cambio los franceses siguen actuando. Por lo tanto, no es comprensible que se actúe con una arbitrariedad que, por otro lado, en el caladero del
Cantábrico no es la primera vez que se da.
Recordemos el problema de las volantas que tanta polémica y gravedad suscitó al sector del mar. Por otro lado, nos preocupa esta permisividad de la Unión Europea en cuanto al retraso en dictaminar el
cierre del caladero -digo retraso porque esperamos que al final cierre el caladero como sería necesario para la flota- y nos resulta curioso que la Comisión Europea y algunas organizaciones ecologistas estén tan tranquilas ante un problema como
este, cuando en otras ocasiones se denuncia de manera muy poco clara algunas artes de pesca de determinadas flotas pesqueras como el caso de la galega. Por lo tanto, incluso nos atrevemos a decir que, cuando se trata de defender las cuestiones
ecológicas y medioambientales marinas, así como la continuidad de las especies marinas, sigue habiendo una gran arbitrariedad tanto por parte DE las autoridades europeas como por las organizaciones ecologistas, y esto es una demostración, así como
el hecho de que los propios armadores y los propios marineros estén reclamando el cierre de un caladero porque, efectivamente, constatan esa necesidad por la falta de la biomasa de anchoa, lo cual quiere decir que, cuando el propio sector
efectivamente sabe y es consciente de la gravedad de la utilización de una determinada arte, es el primero en estar interesado en que eso no siga adelante y no se faene con ella.
Por lo tanto, apoyamos que se lleve a cabo lo que esta moción presenta y entendemos que el Gobierno no solamente tiene que presentar la solicitud ante la Unión Europea, sino que tiene que hacer valer el peso del Estado español en la Unión
Europea para que esa solicitud se lleve a cabo, porque el día 6 o el día 10 -no entendí bien al señor Díaz- se acordó esto, pero al día de hoy el caladero sigue estando abierto para la flota francesa y, sin querer crear un problema en las aguas
internacionales, lo que no puede admitirse es que la flota española esté amarrada y la flota francesa siga faenando cuando es causante de la situación en la que se encuentra en este momento el caladero. Por lo tanto, nuestro apoyo a la moción
presentada por el señor Txueka.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Pérez tiene la palabra para la fijación de posición.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Ante la decisión de la Comisión Europea del día 10 de junio, cabría preguntarse si la moción presentada por el Grupo Vasco tendría sentido.
Para nosotros, evidentemente, sí, tiene pleno sentido, no tanto por el hecho puntual y grave de que
la flota pesquera francesa siga faenando, sino porque la situación refleja una política que nosotros creemos agotada. Creemos que es la política que se preocupa principalmente por maximizar las capturas para abastecer la industria -como si los
recursos fueran infinitos, fueran ilimitados-, creemos que es la política que ignora las alertas que desde ámbitos científicos se han venido haciendo sobre el peligro de agotamiento de este recurso y creemos que es esa política que vende la
esquilmación como un éxito pero que tiene consecuencias, y las consecuencias son graves, son miles de pescadores sin recursos para explotar y es la incertidumbre sobre la recuperación de este caladero. Pero hay que decir que la Administración
española ha desoído las alertas de manera repetida y los informes, que cuando la Comisión a finales del año 2004 propuso recortar las cuotas de captura para el año 2005, nuestro Gobierno y el Gobierno francés pidieron cupos seis veces superiores a
los aconsejados y que desde el propio ministerio se afirmó tener informes que podían demostrar que los caladeros no estaban en condiciones que justificaran
reducciones tan drásticas. Ante esta forma de pensar y ante esta forma de hacer las cosas, la moción tiene vigencia no solo por lo que plantea, sino porque la moción invita también a pensar sobre la situación de otras especies que aquí se
han citado por el portavoz del Grupo Vasco. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) También tiene vigencia para insistir en esa exigencia de prohibición del uso de redes de arrastre pelágico en la captura de la anchoa y, sobre todo, para
interrogarnos sobre la forma de actuar de los gobiernos. Y esa forma de actuar es que cada año los debates sobre las cuotas de captura se convierten en una subasta para conseguir el máximo, hasta el disparate, sin ningún tipo de límite y frente a
cualquier consejo racional, y cuando se colapsan las pesquerías, se peregrina a Bruselas en busca de ayudas que los ciudadanos pagan para subsanar los errores de semejante actuación, que, desde luego, son también consecuencias pagadas por esos 3.000
trabajadores en este caso pero que pueden ser miles si este tipo de actuación se sigue perpetuando.
Esta es la filosofía que a nuestro juicio está en crisis; es la filosofía que hay que cuestionar, porque si no es así, señorías, terminarán por convencernos de que la responsabilidad es de las víctimas; esto es, fundamentalmente de los
trabajadores y, por qué no decirlo, permítanme la broma, de las pobres anchoas, que nada tienen que ver con la torpeza humana y que demasiado hacen.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo votará favorablemente la moción que nos presenta hoy el Partido Nacionalista Vasco, en coherencia con algunas iniciativas que ha presentado nuestro grupo recientemente en Comisión.
En primer lugar, entendemos que hay que defender sobre todo a los pescadores y a las cofradías que están llevando a cabo paradas biológicas para regenerar los caladeros, no ya del Cantábrico, sino del Mediterráneo y del Atlántico. Nuestro
grupo siempre ha estado de acuerdo en la defensa de estas cofradías. También queremos defender el agravio comparativo que se puede originar en este tipo de caladeros, ya que mientras los pescadores del país hacen estas paradas biológicas, como es
el caso ahora de la pesca de la anchoa o como antes era el caso de los pescadores de Tarragona, pescadores cercanos entran a pescar sin ningún tipo de preocupación por la regeneración de la especie.
Vamos a votar a favor en coherencia con la proposición no de ley que presentó nuestro grupo sobre la pesca de arrastre. Nosotros defendimos la necesidad de que se cumplieran rigurosamente las exhortaciones que hizo Naciones Unidas sobre la
pesca de arrastre en alta mar, ya que comprendimos que era una buena medida para la defensa de caladeros gravemente dañados. Asimismo, solicitábamos que se incorporaran grupos de científicos y colectivos ambientalistas en las mesas de defensa de la
pesca, para que pudieran defender las teorías más científicas y medioambientales en este tipo de pesca. Igualmente, pensábamos que eran necesarios determinados acuerdos entre los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente
en defensa de los caladeros, que están gravemente dañados. En consecuencia, nosotros daremos soporte a esta moción, aunque nos hubiera gustado que la iniciativa que presentamos sobre la pesca de arrastre se hubiera aprobado. Nuestro grupo siempre
ha estado de acuerdo con todas las políticas medioambientales que vayan en defensa de los caladeros.
Sobre la segunda parte de la moción, la relativa a las compensaciones económicas a los pescadores que defienden estos caladeros, entendemos que es obligación del Estado buscar soluciones para estas compensaciones, por lo que también la vamos
a votar favorablemente. Creemos que es necesario denunciar la posición irresponsable e insostenible de los pescadores franceses y que la Unión Europea paralice de una vez por todas este tipo de pesca. En consecuencia, nuestro grupo votará
favorablemente esta moción, aunque nos hubiera gustado que también se hubiera votado favorablemente la proposición no de ley que presentó nuestro grupo en Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo se va a sumar al voto favorable a esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Vasco, porque ha denunciado un fraude y una irresponsabilidad en el cumplimiento de unos acuerdos por parte del Gobierno francés, así como de
unos cupos de pesca que están propiciando el vaciado de los caladeros en cuestión. Por ello, esta denuncia, que ha sido pertinentemente hecha varias veces por el Grupo Parlamentario Vasco, alcanza hoy el consenso necesario para que el Gobierno
pueda cumplir sus deberes frente a la comunidad europea y obtener una solución para este caladero y para la pesca de la anchoa. La Cámara ya sabe que Cataluña ha sido pionera en las paradas biológicas para mantener la sostenibilidad de la pesca y
ser responsable con el medio en el que se actúa. Hemos recordado al Gobierno que todos los grupos hemos defendido una posición a favor de los puestos de trabajo, de los intereses industriales y, en definitiva, de un área del Cantábrico. El
portavoz del grupo vasco ha manifestado que ahora es el Gobierno el que tiene que cumplir enérgicamente los deberes y conseguir convencer a las autoridades europeas de que las
paradas biológicas son favorables para el medio ambiente y para el fondo marino; tiene que crearles una mayor sensibilidad para que se garantice la viabilidad y la sostenibilidad de esta pesca. Nuestro grupo insta a que sean oídas las
cofradías y a que, en defensa de sus legítimos intereses, puedan acompañar al Gobierno para defender la posición de esta pesca. Es muy positivo que todos los grupos mayoritarios se hayan sumado a esta moción, que hayamos llegado a un consenso y que
de manera clara y definitiva podamos defender los intereses de este sector tan importante del que depende buena parte del litoral norte español.
Por todo ello, nuestro voto será favorable. Esperamos que se originen las gestiones y conversaciones pertinentes para encontrar lo más pronto posible la solución más adecuada a este problema y que se inicie ya la regeneración de este
caladero.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Señor Txueka, me dicen que hay una transaccional. ¿Es así?
El señor TXUEKA ISASTI: La he presentado yo mismo, señor presidente, y los grupos la han aceptado.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN, CON ESPECIAL INCIDENCIA SOBRE LAS PYMES. (Número de expediente 173/000077.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las pymes.
Tiene la palabra, para la presentación de la moción, el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las
pequeñas y medianas empresas. Cada día que pasa los hechos nos dan la razón y cada día, desde nuestro punto de vista, vemos más necesario que el Gobierno ponga en marcha iniciativas similares a las que hemos planteado desde nuestro grupo
parlamentario. Esta iniciativa probablemente no saldrá aprobada básicamente por la insensibilidad del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, que es el grupo que en definitiva tendría que estar preocupado por las señales de alarma que día a día
van saliendo en los medios de comunicación y que día a día también van publicando diferentes instituciones. Parece ser que el Gobierno continúa instalado en esta bola de cristal en la que todo marcha fantásticamente bien y que la economía marcha
con unos crecimientos y con una generación de puestos de trabajo que a medio y a largo plazo, según el criterio del Gobierno, los resultados serán espectaculares.
La realidad, señoras y señores diputados, es que los datos son alarmantes.
Ustedes continúan insensibles, pero hace pocos días, concretamente el 15 de junio, se publicaron los datos correspondientes al déficit de la balanza corriente y
justamente en este primer trimestre del año 2005 el déficit por cuenta corriente se incrementó el 101 por ciento respecto al déficit del año 2004. Si a esto le añadimos que el déficit de la balanza comercial también se incrementó este primer
trimestre el 51 por ciento sobre el del año 2004, vemos que hay unas cifras que están demandando soluciones urgentes porque, de seguir así, señoras y señores diputados, el crecimiento de la economía española puede llegar a mermar, según los
expertos, alrededor de medio punto. Probablemente ustedes no consideran esto importante, pero desde Convergència i Unió pensamos que un déficit galopante de estas características dañará a nuestra economía, dañará la competitividad de nuestras
empresas y afectará -y esto es lo que más nos preocupa- a la creación de los puestos de trabajo. Por este motivo, nuestro grupo parlamentario viene insistiendo desde hace bastantes meses, prácticamente desde el inicio de esta legislatura, en
plantear propuestas como la que nosotros hemos presentado que, lógicamente, es susceptible de ser discutida, transaccionada y modificada, pero que es moderna, operativa e innovadora, que plantea un nuevo modelo de gestión para poder orientar la
internacionalización no de las grandes compañías, que ya están en todo el mundo, sino básicamente de las pequeñas y medianas, que son las que realmente tienen problemas para ser competitivas y para poder implantarse en los diferentes puntos del
mundo.
Nos sentimos muy decepcionados por el poco eco que ha tenido esta propuesta, pues ni siquiera han tenido la gentileza de discutirla profundamente para paliar estos déficit, pero si no se toman medidas y nuestra competitividad sigue viéndose
afectada, la responsabilidad será finalmente del Gobierno. Hemos planteado una propuesta con muchísimos puntos, que no es la que quiere Convergència i Unió, sino la que nos está demandando el sector. Si planteamos aquí ideas innovadoras, no es
porque seamos los mejores -que lo somos-, sino porque escuchamos a los sectores, que están demandando un nuevo modelo de gestión para la internacionalización, que nos hubiera gustado debatir en profundidad. Si hubiéramos tenido que transaccionar o
bajar el listón, también lo hubiéramos hecho, pero no ha sido posible. Lo que nosotros planteamos, básicamente, es una reestructuración del ICEX, no una privatización.
Aquí, cuando hablamos de privatizar, ustedes y el resto de los
grupos parlamentarios también piensan en la privatización. No. Lo que queremos es reestructurar el ICEX y abrirlo a los agentes sociales y económicos para que puedan implementar este nuevo modelo de gestión, que podría dar empuje a la
internacionalización de nuestra economía con unos resultados apetecibles. Lo que pedimos es la entrada de las cámaras de comercio y de las organizaciones empresariales; que continúe existiendo una importante presencia del Estado, que no queremos
que desaparezca, que haya una presencia de las comunidades autónomas y que este nuevo modelo de gestión pueda ser desarrollado por una persona elegida por las cámaras de comercio o por las organizaciones empresariales.
A este punto le hemos añadido otro aspecto importante, y repito que hubiéramos podido negociarlo o plantearlo desde otra perspectiva. También hemos planteado conjuntamente con este punto, que yo diría que es el más potente y el más
innovador porque implica un nuevo modelo de gestión, que el ICEX pudiera contar con muchísimos profesionales alrededor de todo el mundo, que pudieran ser los verdaderos agentes comerciales de las pequeñas y medianas empresas. Éstas probablemente
serían capaces de poder pagar el servicio que presten estos agentes comerciales porque les permitiría internacionalizar sus productos. Hay muchísimos más puntos que son importantes y que probablemente pudieran haber sido aceptados por...
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, siendo portavoz, recuerde la regla que usted aprobó. Lo lamento, ya ha concluido usted su tiempo.
Gracias.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la moción presentada por Convergència i Unió sobre política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las pymes, es oportuna y lo es porque la situación
actual de la economía española presenta grandes desequilibrios, desde nuestro punto de vista. Nuestro país, como saben, tiene un serio problema de competitividad, un problema de productividad y tiene, además, un problema grave en el sector
exterior. Nuestras empresas encuentran grandes dificultades para colocar sus productos en el exterior y, al mismo tiempo, existe una gran dificultad para atraer inversiones a nuestro país. Este es el escenario y nuestro grupo tuvo ocasión ya de
ponerlo de manifiesto en la interpelación y posterior moción sobre medidas para mejorar la competitividad del sector exterior de la economía española, que defendió semanas atrás mi compañero Celso Delgado desde esta tribuna. Entendemos que el
Gobierno ha tomado y ha presentado medidas, pero son claramente insuficientes porque aquellas actuaciones y aquellas medidas que presenta el Gobierno, que no tienen una concreción en el Boletín Oficial del Estado, al final no solucionan los
problemas que tiene la economía española a corto plazo. Por eso esta tarde en el debate de esta moción que ha presentado Convergència i Unió debemos ser constructivos y por eso nuestro grupo ha presentado una enmienda a la moción que estamos
debatiendo.
En primer lugar, en relación con el tema de ICEX, al que se ha referido el portavoz de Convergència i Unió, nuestro grupo entiende que más que reformar con profundidad el Instituto de Comercio Exterior, porque ya los agentes sociales forman
parte del consejo, lo que se debe hacer es potenciar los recursos materiales y humanos para que el ICEX, como organismo autónomo especializado en la promoción exterior de nuestros productos, servicios y empresas, sea cada vez más eficaz. Por eso
entendemos que en el consejo, aparte de los agentes que ya forman parte de él, se integren todos aquellos organismos que tengan efectivos intereses en la internacionalización de nuestras empresas, y al instituto se le debe encomendar que potencie
las labores de coordinación en el exterior de la imagen de España y la participación de nuestras empresas en cuantos eventos internacionales resulten relevantes. Asimismo se propone añadir un nuevo apartado de medidas de transparencia e información
para las empresas, con el objetivo de actualizar los censos de exportadores e importadores, la creación de un registro de actuaciones comerciales en el exterior, en el que participarían el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones
locales, las cámaras de comercio, organizaciones y asociaciones empresariales, con el fin de evitar duplicar esfuerzos en materia de promoción comercial. Además se debe incrementar la información sobre inversiones exteriores españolas, así como
coordinar los flujos de información entre el Estado y las comunidades autónomas, de forma que se comparta información estadística y comercial para hacer más efectiva y eficiente las actuaciones de promoción. De esta manera, señorías, tendríamos un
análisis más concreto y actualizado del sector exterior, que es fundamental para la aplicación de políticas eficaces.
Por otro lado, nos parece muy importante que se mejoren las infraestructuras comerciales en el exterior. Por eso, proponemos en concreto la creación de nuevas oficinas comerciales, así como la potenciación de las existentes, sobre todo en
los nuevos países emergentes asiáticos y en todos los países de la ampliación de la Unión Europea, que nos parecen áreas de actuación prioritaria. Del mismo modo, deberíamos repensar, entre todos, la red exterior de España, sobre todo desde el
punto de vista de la orientación que tiene actualmente. Me estoy refiriendo, señorías, a que su orientación prioritaria hoy es la exportación y quizá tuviéramos que orientarla también a la inversión, apoyando a los inversores en el exterior con
datos e información actualizada sobre el entorno empresarial del país de que se trate, los tipos de empresas, la seguridad jurídica. Se trata, sin duda, de un servicio añadido para muchos inversores y empresas españolas. En cuanto al Cesce, más
que reformarlo
entendemos que es necesario potenciarlo y proponemos la creación de un instrumento, a través de las pólizas Cesce, para cubrir el riesgo de litigio jurídico de las empresas españolas en el exterior, especialmente, como trata la moción, de
las pequeñas y medianas empresas.
Un punto muy relevante de esta moción lo constituye sin duda el impulso del desarrollo del comercio y de la inversión de las empresas en los países de la Europa central y oriental, ya que Europa, señorías, sigue siendo la receptora del 70
por ciento de las exportaciones hechas desde nuestro país. Del mismo modo, entendemos que, como identifican las asociaciones empresariales, es fundamental hacer un esfuerzo mayor en otros mercados que cuentan con un alto potencial de desarrollo y
en los que todavía nuestras empresas están subrepresentadas. Me estoy refiriendo concretamente a Estados Unidos, México, Brasil, India, China, Japón, Marruecos, Argelia y Rusia.
Por último, y para facilitar la internacionalización de nuestras empresas, creemos que es conveniente potenciar el programa PIPE, que está creado y que está dando buenos resultados, así como todos los servicios que la Administración
comercial pone a disposición de las empresas, de forma que sean conocidos por todas las empresas españolas y sean accesibles para todas ellas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Báñez.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, estamos ante un tema evidentemente importante y al grupo que lo propone hay que agradecerle -al menos mi grupo se lo agradece- que mantenga una actitud vigilante y proactiva en un tema de
esta importancia. Pero también estamos ante un tema recurrente, ante un tema que es muy socorrido, y con este tipo de temas ocurre que sirve para explicar hechos y situaciones empresariales y económicas de distintos ámbitos, pero también sirve, en
ocasiones, para expresar temores, para no saber cómo enfrentarse ante riesgos, incluso sirve para huir de explicaciones y sobre todo de responsabilidades, tanto en el mundo económico-empresarial como en el propio mundo político-administrativo. Da
para casi todo este tema y ponerse a diseñar políticas en un tema de estas características es una cuestión muy compleja.
¿Qué políticas hay que diseñar que sean capaces de hacer frente a los riesgos evidentes que tiene la internacionalización en general, y especialmente para las pymes? ¿Qué políticas hay que diseñar para que puedan hacer frente a las
debilidades con las que se encuentran esas mismas empresas, pymes, en una situación como ésa, y qué hay que hacer para sacar el máximo provecho de las oportunidades, que también se dan, justamente por este hecho? Ustedes, CiU, optan por proponernos
hoy 13 medidas. A la vista de la exposición que acaba de hacer la representante del Partido Popular, es evidente que podían haber sido 20, 40 ó 3. Es un tema discrecional. Mi grupo no va a entrar a analizar uno a uno cada tema y a decirle: en
esto estamos de acuerdo hasta aquí y hasta allá no; podríamos haberlo hecho, pero le adelanto que mi grupo se va a abstener y lo va a hacer en torno a un par de consideraciones, pero básicamente a la siguiente consideración. A la hora de abordar
ese tema, de proponer medidas que hagan frente a los riesgos que supone y que permitan sacar provecho de las oportunidades que también supone, mi grupo entiende que es necesario y que empieza a ser urgente pasar de un concepto de
internacionalización que tenemos heredado del pasado, pero que no responde -y cada vez menos- a la realidad económica presente, que seguro que no responderá a la futura y que cada vez más, y esto es lo peor, va a constituir una pesada carga para
abordar esta oportunidad-problema en términos de futuro, a un concepto distinto. A la altura de la construcción de Europa en la que estamos -nosotros al menos no decimos de forma despectiva lo de la Europa de los mercaderes-, entendemos que va
siendo hora de que hablemos en serio de mercado interior cuando al mercado europeo se refiere y que no hablemos ya de internacionalización; empecemos a hablar de mercado interior y de mercado exterior, porque, en la perspectiva del medio y del
largo plazo, una economía española competitiva no es imaginable al margen de una economía europea competitiva. Cada vez más, por decirlo de una forma simple, tenemos que subrayar la importancia del made in Europa si creemos que efectivamente en el
futuro va a existir un marco de competitividad en el que van a poder desarrollarse las economías de las empresas, las economías de las regiones o las economías de los Estados. La perspectiva de un Estado, cualquiera que sea de entre los veinticinco
actuales, pretendiendo abordar en solitario, al margen, de espaldas o simplemente sin extraer toda la potencialidad del marco europeo, no tiene futuro, constituye un error de planteamiento y de enfoque. Este es un punto en el que la moción que hoy
presenta CiU no insiste de forma suficiente.
Después vienen las 13 medidas con las que, como le digo, tenemos puntos de acuerdo, puntos de discrepancia y sobre todo puntos de matización, en concreto con el ICEX y la reestructuración que usted propone. En relación con esto, mi grupo
desea expresar lo siguiente. No estamos en contra de una necesaria reestructuración del ICEX, entendemos que son notables las mejorías que pueden producirse en la organización y funcionamiento, en general, de todos los instrumentos administrativos
que tenemos hoy en vigor, mejorías que pueden y deben introducirse, y entre ellas las que se refieren a una mejor coordinación entre administraciones, tema clave...
El señor PRESIDENTE: Señor Beloki, lo lamento, pero ha consumido su tiempo. Hagan un esfuerzo por adaptarse a las nuevas reglas. Lo lamento.
¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el Grupo Socialista nos hacemos hoy la misma pregunta que hacía el señor Sánchez i Llibre el pasado 1 de junio, cuando defendía en esta tribuna la interpelación que ha dado origen a la moción que ahora tratamos: Decía entonces
el grupo proponente: ¿Por qué la hemos presentado? Decimos nosotros ahora: ¿Por qué la han presentado? Es verdad; la duda que les embargaba a ustedes es la misma que nos asalta en este instante. Presentaron una interpelación para provocar o
motivar al Gobierno la adopción de unas medidas que ya se han tomado. Sí, ya se han tomado; unas medidas que S.S. reconocía en su intervención que eran interesantes, igual que reconocía que todavía no hemos visto los resultados. Está claro.
¿Cómo pueden verse los resultados de una política que acaba de ser definida y que se encuentra todavía en fase de aplicación inicial? Sin embargo, el Gobierno no ha esperado a la presentación de la interpelación y su posterior moción para articular
una respuesta, el Gobierno tiene ya una estrategia para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, basada en el diagnóstico de nuestra situación económica que ya ha sido analizada en las comparecencias de los cargos del ministerio
y del propio ministro de Industria en la Comisión. No vamos a volver a sobre esto, pero es conveniente insistir en los factores de carácter estructural, una situación que incide en una fuerte pérdida de competitividad de nuestra economía, pérdida
acumulada durante los últimos nueve años.
Con relación a las medidas concretas contenidas en la moción que se nos presenta, no podemos más que concluir que se trata en su gran mayoría de un elenco de propuestas que ya se encuentran recogidas en los planes de actuación explicitados
por el Gobierno ante esta Cámara. Veamos rápidamente algunas medidas a modo de ejemplo. El ICEX. Señorías, no es necesario reestructurar el Instituto Español de Comercio Exterior para abrirlo a la participación directa del sector privado porque
ya cuenta con la participación de este sector y el de las comunidades autónomas a través de su representación en el consejo de administración. El Consejo del ICEX es el máximo órgano de gobierno, lo que garantiza una participación efectiva de todos
sus miembros en el establecimiento de las políticas y criterios, así como en la planificación de actividades. Para aplicar estas políticas y desarrollar sus actividades cuenta además el ICEX con un importante equipo de profesionales, tanto dentro
como fuera del país, el cual sin duda habrá de ser reforzado para acometer los nuevos planes y proyectos del Gobierno. Contamos con recursos humanos cualificados, como los que pondrá en el mercado el programa de becarios del ICEX, más de 400
expertos de comercio exterior que habrán seguido un periodo de formación de 36 meses, y contamos con infraestructuras comerciales exteriores estables, una red de 95 oficinas comerciales de España en el exterior, que será ampliada próximamente con la
creación de las oficinas de Kazajstán, Lituania y Kenia.
Tenemos que volver a señalar, con relación a la necesidad de un plan de proyección económica exterior, que no se justifica desde el momento en que el Gobierno ya ha definido un plan de internacionalización de la empresa española, cuyos
resultados no pueden ser evaluables a corto plazo. Compartimos los argumentos expuestos en la propuesta relativa al desarrollo e impulso de una política de suscripción de nuevos convenios internacionales bilaterales, si bien hay que considerar que
en la actualidad ya se está realizando la actividad negociadora española en materia de convenios para evitar la doble imposición, que engloba la suscripción de nuevos convenios y la ampliación de los vigentes.
Señorías, iremos concluyendo. Todos ustedes conocen ya la magnitud del plan de impulso de la productividad que el Gobierno ha puesto en marcha y en concreto su programa de medidas de impulso y modernización del sector exterior, con
actuaciones englobadas en tres bloques prioritarios: mejora de la competitividad, fomento de la internacionalización de las empresas españolas y mejora de la evolución de los factores compensadores del déficit comercial. A tal fin y según informó
ya el ministro señor Montilla en sus comparecencias recientes de 6 de abril y 25 de mayo, la estrategia de internacionalización se concreta en un ambicioso plan cuyos grandes objetivos fueron expuestos de forma resumida en su intervención en el
Pleno del pasado 1 de junio. La novedad más destacable fue precisamente aquella que incidirá a favor de una mayor coordinación entre administraciones, la constitución de un consejo interterritorial de internacionalización que facilitará la
articulación de todas las actuaciones de las comunidades autónomas y que abrirá su participación a la CEOE y al Consejo Superior de Cámaras. Son actuaciones, conviene subrayarlo, a medio y largo plazo, no lo olviden, y que tendrán que desarrollarse
también en el marco de las competencias autonómicas, lo que exigirá un mayor esfuerzo de cooperación entre las administraciones y de coordinación de todos los organismos públicos de apoyo a la internacionalización a través del citado consejo
interterritorial, de la comisión de viajes del Estado y de la comisión interministerial sobre inversiones exteriores.
Tenemos la impresión de que ustedes han ignorado de forma deliberada lo que expresamente reconocieron en el momento de la presentación de su interpelación hace unos días. El Gobierno tiene ya una estrategia para la internacionalización de
las pequeñas y medianas empresas y fueron ustedes quienes valoraron estas medidas como interesantes. Aún es pronto para ver los resultados, y ustedes lo saben. Por todo ello, mi grupo no puede apoyar en el día de hoy la moción presentada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
En el turno de fijación o rechazo de la enmienda tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no va a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000078.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la orientación de la política exterior española.
Para su presentación tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor presidente, señorías, ya va siendo casi costumbre inveterada en esta Cámara que en esta legislatura debatamos la falta de orientación, el despiste y la preocupante imagen que tiene la política
exterior de España. Es una percepción pública general, es una de esas cosas que se ha instalado ya en la opinión pública y es algo que lamentablemente tiene en este momento poco remedio.
Ustedes tratan de presentar sus rectificaciones como
evolución, la evolución como algo que ya habían planteado y lo que habían planteado como algo absolutamente bien fundado. Lamentablemente nada de eso es cierto. Estamos viendo que las consecuencias de la reorientación que ustedes llaman de la
política exterior, rompiendo, eso sí, la evolución normal que había tenido la política exterior española desde 1977 hasta hoy, teniendo en cuenta que no somos el mismo país que fuimos, está teniendo muy graves consecuencias para todos.
Al presentar esta moción, y en su día ya lo hicimos con la interpelación, vamos a hacer hincapié en algunos de los errores más importantes que, a nuestro juicio, ustedes han cometido. El primer error es haber quebrado en alguna manera la
buena marcha que tenía la construcción de una sólida relación y alianza trasatlántica. Ustedes mismos, estando en el Gobierno en 1995, y presidiendo la entonces Comunidad Europea, aún no Unión, firmaron en Madrid de forma solemne, y nosotros lo
aplaudimos y volveríamos a hacerlo, la Agenda Trasatlántica. Estados Unidos, lo decía Churchill, es una potencia europea y Europa y Estados Unidos no es que estén condenadas a entenderse, sino que son dos partes de una misma realidad. Porque la
alianza que tiene que forjarse, señorías, es entre democracias, sobre los mismos principios y valores, desde la lealtad, incluso desde la discrepancia y por lo tanto no creemos que se pueda presentar como normalidad cuando estamos viendo síntomas
constantes de una distancia que persiste.
En segundo lugar, en la cuestión de la política europea, ya lo dijo el portavoz de mi grupo en esta misma tribuna cuando defendió la interpelación al Gobierno, es una política europea que en este momento ha demostrado haber hecho una apuesta
equivocada. Nosotros somos los primeros que reconocemos la importancia y la fortaleza del eje franco-alemán, pero no tienen el mismo peso Alemania y Francia en la Europa de 25, 27 ó 30 estados miembros que cuando éramos 15, 12 ó 10. Sin embargo,
nosotros seguimos creyendo que la apuesta por Francia y Alemania no es una equivocación, lo es apostar no solo por unas ideas políticas determinadas, sino por determinadas personas o tendencias dentro de esas ideas políticas. Algunas de ellas están
en clara baja, incluso quizás de salida, y así lo demuestran algunas encuestas. No vamos a cazar el oso antes de que salga. En cualquier caso, hemos visto que el talante, señorías, no cotiza en euros.
El tercero es dar carta de legitimidad al populismo en América Latina. Lo que ustedes creen que ha sido diálogo crítico ha sido percibido por la opinión pública de ese continente como un apoyo, como un impulso a la legitimidad y
credibilidad de regímenes en deriva totalitaria, como Venezuela, o algunos claramente dictatoriales como el de Cuba. En Cuba nosotros no apoyamos la política de la confrontación, decimos sí a la transición democrática, pero no a la transigencia. Y
en Venezuela decimos sí al diálogo con firmeza, para que se sienta vigilado y sepa que la deriva totalitaria no va a ser tolerada por las democracias del mundo.
Después, la utopía pueril e irrealizable de la alianza de civilizaciones.
Nosotros no
estamos en contra del diálogo de civilizaciones. Creemos que es bueno, pero las alianzas se pueden hacer sobre la base de identidad de principios, sobre la base de compartir los valores que las democracias occidentales tenemos -occidental como
concepto político, no como concepto geográfico-. Por eso la obsesión por buscar la gloria que tienen ustedes, quizá, en busca de quién sabe si el premio Nobel de la paz, secuestrar el concepto del multilateralismo eficaz, que es algo que casi todos
los países sensatos del mundo están defendiendo, nos parece una deriva francamente preocupante.
Ahora mismo tenemos el caso reciente del Sáhara. Lo hemos debatido un poco esta mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero hemos visto cómo ustedes han pasado de aceptar las tesis y doctrinas para tratar de cambiar un poquito las
palabras, alegando que no se puede tener neutralidad, que hay que ser imparcial, decía mi colega y sin embargo amigo, el señor Estrella, esta mañana. No juguemos con las palabras. La doctrina de la España democrática ha sido la neutralidad activa.
Ustedes quieren llamarla imparcialidad activa. Llámenla
como quieran, pero practíquenla. Porque si, después de haber variado la dirección general de la política exterior española en torno al Sáhara, vuelven a definirla ustedes como siempre se ha definido, como la búsqueda de una solución viable,
factible y aceptable a ambas partes, dentro de la legalidad internacional, bien. Es que ahí es donde estábamos todos y ustedes se fueron de allí, inclinándose claramente hacia un lado, cuando sus bases estaban claramente en otro lado.
Lo mismo ocurre con Gibraltar. A usted, señor Estrella, que además es un experto en la materia reconocido, le diré francamente que los propios británicos en conversaciones privadas con diferentes personas, incluido conmigo, decían que no
podían creer las cesiones y concesiones que se habían hecho porque no entendían qué podía haber detrás de ellas, que algo tenía que haber detrás de eso. Porque no entendían muy bien por dónde iban los tiros. En fin, tendremos ocasión de hablar más
de eso. Sin embargo le diré, señoría, que el problema de la política exterior de España es algo que ha trascendido al debate parlamentario. No se ha convertido solo en un debate de partidos, se ha convertido en un debate de café, de la calle, de
los ciudadanos de a pie, que están preocupados por la orientación de la política exterior de España. Nosotros queremos que se produzca el consenso en torno a estas cuestiones, pero no a cualquier precio y desde luego no para refrendar una política
que, francamente, señorías, nos parece perniciosa, perjudicial e incluso peligrosa para los intereses generales de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Arístegui. (Pausa.)
Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra el señor Estrella, porque los otros enmendantes no están en la sala.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor presidente.
No sé si lo que nos acaba de anunciar el señor De Arístegui es una manifestación contra la política exterior del Gobierno. Sería previsible.
Ha hablado de lo que él llama la utopía pueril de la alianza de civilizaciones. No le parecía
tanto la idea cuando el señor Aznar firmaba con Jatami un acuerdo para impulsar el diálogo de civilizaciones, del cual el concepto de la alianza no es otra cosa que un estadio superior.
Porque probablemente lo que estamos viendo últimamente es que
el problema no es un eventual choque de civilizaciones, sino los que en una u otra civilización quieren imponer la visión de la religión a la sociedad, a la vida política, al Parlamento. Esa es la realidad a la que estamos asistiendo en este país.
Esa es la realidad que se desprendía también de la intervención del portavoz del Grupo Popular en la tribuna el pasado Pleno. Nosotros no queremos mirar atrás, pero si hay alguien que está diciendo que entre España y Estados Unidos la relación es
un desastre, si hay alguien que está cuestionando la política europea de España, no desde la perspectiva del Gobierno, sino desde una visión europeísta que esta Cámara ha endosado una y otra vez, son aquellos que están haciendo de Gobierno en el
exilio itinerante para predicar desde otras tribunas en contra de la política exterior del Gobierno, de los intereses exteriores de España y de la relación trasatlántica, tal y como la concebimos los que creemos con convicción que se puede ser
perfectamente europeísta profundo y al mismo tiempo defender una relación intensa, en pie de igualdad, no sumisa, entre Europa y Estado Unidos, entre España y Estados Unidos.
Es cierto que el Grupo Popular ha modificado, ha actualizado su moción, pero si la tomamos párrafo a párrafo es absolutamente inaceptable. El primer párrafo contiene un barbarismo jurídico, porque plantea que no se apruebe por partes el
Tratado constitucional. Es que eso es jurídicamente imposible, no puede ser, y como no puede ser, no tiene sentido ni siquiera plantearlo, porque, como decía el torero, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Pedir al Gobierno que
rectifique en el marco de la Unión Europea lo que considera una posición unilateral del Gobierno español con relación a Cuba. No, no. Es que no es una posición unilateral, es la posición unánime del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la
Unión Europea aprobada el pasado lunes. Unánime. ¿A quién le están pidiendo que rectifique, al Gobierno de España o a la Unión Europea? Díganlo, porque no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Al mismo tiempo piden que se retome la
tradicional posición española. A ver si somos un poco coherentes. No se puede, en una de las pocas ocasiones en que el Grupo Popular ha votado con el resto de la Cámara en esta legislatura en una materia de política exterior, votar una proposición
no de ley por unanimidad sobre el Sáhara, que mantiene y contiene todos los elementos de la posición que compartimos todos con relación al Sáhara desde el respeto de la legalidad internacional, el derecho a la autodeterminación, el ejercicio de ese
derecho a través de un referéndum, y la búsqueda de una solución que sea aceptable y aceptada por las partes, para venir ahora aquí a decir que lo que se está manteniendo es una posición que se ha salido de la tradicional postura española. No, es
que hemos dicho que se mantiene en su integridad esa tradicional postura española, y desde esa base se exploran nuevas vías de solución a un conflicto que dura ya treinta años.
En lo que se plantea en el texto del Grupo Popular sobre el Sáhara no entraré. Está en vías y está sobre la mesa, en este caso en la Mesa de la Cámara, un escrito del Parlamento marroquí invitando a una delegación para que visite el Sáhara
Occidental. Nosotros preferiríamos esperar, porque creemos que ese puede ser un buen cauce y además es nuestra responsabilidad hacerlo.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que pretende declarar nuestro firme compromiso con la construcción de una auténtica Unión Europea, ahora más que nunca complemento indispensable de la Unión Económica
y Monetaria, y su rechazo a cualquier intento de limitar las ambiciones europeas que el pueblo español comparte con la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos. En nuestra enmienda ese y los demás párrafos es un texto constructivo que
pretende sumar y no restar, que pretende acreditar una política exterior y no desacreditarla, que es lo que hace, en definitiva, el Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Lo siento, pero la ausencia de otros grupos enmendantes que no van a defender sus enmiendas hacen que decaigan automáticamente las mismas.
Turno de fijación de posiciones. (Pausa.)
Señor Erkoreka, Grupo Vasco (EAJ-PNV).
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la cronología de la interpelación urgente que está en el origen de esta moción tiene algunos elementos cuando menos sorprendentes, porque originariamente se presentó con la vocación de formular una especie de crítica global a la
política exterior del Gobierno. Como rezaba el título formal con el que la interpelación fue incluida en el orden del día la semana correspondiente, se trataba, decía así, de una interpelación sobre la orientación de la política exterior española.
Pero en el momento de su defensa, lo que en principio iba a ser una crítica global de la política exterior española prácticamente se circunscribió al asunto de las perspectivas financieras 2007-2013, y en concreto a la posición que el Gobierno había
de mantener en el Consejo Europeo de la pasada semana. Esa fue al menos la cuestión central que planteó en el debate el portavoz del grupo interpelante, con una referencia tangencial pero irrelevante al conflicto del Sáhara Occidental y otra, más
anecdótica aún, a Cuba e incluso a Venezuela. En coherencia con esto se registro una moción, que ponía un énfasis muy especial en el asunto de las perspectivas financieras, incluso recogiendo pormenorizadamente los planteamientos que en algunos
temas había de mantener el Gobierno en el Consejo Europeo del pasado fin de semana; una moción que ya en el momento de su presentación se sabía que iba a quedar obsoleta para cuando fuera objeto de debate y votación, porque había referencias a lo
que para el momento en que tuviera lugar el debate de la moción ya tenía que haber ocurrido.
Y hoy el grupo interpelante presenta una autoenmienda que, aun cuando pretende justificarse en una mera mejora técnica, en realidad no es tal, sino una profunda reformulación del texto inicial. El texto de la autoenmienda, que es sobre el
que tiene que versar el debate de hoy, toca muchos puntos de muy diferente naturaleza que tratan además sobre asuntos muy diversos. Incide sobre lo que califica de rechazo popular al Tratado constitucional europeo -supongo que lo de popular se
referirá al pueblo y no al apelativo de su partido-; alude también a Cuba y al Sáhara; incorpora una referencia a la república bolivariana de Venezuela, que no estaba en el texto original, y añade otros elementos que son nuevos; unos sobre la
firmeza con la que ha de actuarse ante las expulsiones de las autoridades españolas que se encuentran en visita oficial en países extranjeros, y otro, ciertamente pintoresco, sobre la aplicación de la legislación vigente en materia de símbolos y, se
dice, de banderas nacionales.
No resulta fácil posicionarse con un único monosílabo, un sí o un no, ante un texto que recoge tantos puntos y tan diferentes entre sí, porque se puede compartir, por ejemplo, la necesidad de abrir una reflexión en torno a la situación,
delicada situación, en que se encuentra el Tratado constitucional europeo, sin tener que oponerse en todo caso, como dice el texto que debatimos, en todo caso, a que este Tratado pueda ser aprobado por partes, poniendo en práctica ciertos apartados
y otros, no. Se puede suscribir las declaraciones que el texto hace a propósito del Sáhara o de Venezuela, que es, con matices, el caso de mi grupo parlamentario, sin estar necesariamente de acuerdo con la afirmación de que la política de
acercamiento seguida en Cuba haya legitimado y dado credibilidad a la dictadura, que es la expresión literal que utiliza el texto y que nosotros no compartimos. Se puede participar, en fin, del principio de que las expulsiones de autoridades
españolas en visita oficial no hayan de quedar impunes y deban obtener la respuesta correspondiente, sin que ello nos lleve a estar necesariamente de acuerdo con las proclamas que el texto hace a propósito de los símbolos y las banderas.
El Grupo Vasco no va a apoyar esta moción, pero, como no quiere que esta falta de apoyo se pueda interpretar como un desacuerdo profundo con todos y cada uno de sus puntos, porque ciertamente compartimos algunos de los planteamientos de la
iniciativa, su posición va a ser abstenernos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.
Por Esquerra Republicana, la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más el Partido Popular -de hecho, cada día menos popular- insiste en traer a esta Cámara propuestas sobre la política exterior. No sabemos si es un problema freudiano a causa de su mala conciencia acerca de la nefasta
política exterior del Gobierno anterior, que nos llevó a una guerra ilegal en contra de la opinión de toda la ciudadanía, pero el caso es que con las tres primeras palabras de su proposición estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en iniciar un
proceso de reflexión sobre las causas de rechazo al Tratado en una Europa en la que, como es sabido, al fin se ha puesto de manifiesto la brecha entre la ciudadanía y los gobiernos de los Estados. El referéndum para ratificar la Constitución
europea ha sido la ocasión que han aprovechado
ciudadanos y ciudadanas de Europa para expresar su descontento al proceso de reconstrucción europea. El proceso de construcción de Europa necesita una reflexión acerca de qué Europa quieren los ciudadanos: una Europa competitiva, pero una
Europa social. Y ya que se produjo el debate la semana anterior sobre las perspectivas financieras, creemos que es oportuno reflexionar sobre ello. Creemos que es oportuno defender una solución, como dice el Partido Socialista, justa y solidaria.
Cuando los países miembros de la Unión Europea decidieron la ampliación hacia el Este sabían que era una oportunidad de negocio al ampliarse enormemente el mercado de la Unión Europea. Esta ampliación significaba un sacrificio para los ciudadanos
europeos con sus impuestos, un sacrificio para los nuevos ciudadanos europeos que debían sufrir un proceso de reconversión que significó unos años de paro, de inseguridad y de inflación. Ahora es el momento de que estos ciudadanos puedan entrar en
la Unión Europea, de que puedan recibir la ayuda para comerciar con la Unión Europea. El Estado español ha sido durante años un receptor neto de la Unión, durante años ha recibido fondos de cohesión, unos fondos de cohesión que sabíamos que tenían
data límite. Es el momento de reflexionar sobre cómo se han utilizado estos fondos de cohesión; si se han utilizado para crear trabajo y prosperidad o se han utilizado con criterios políticos. Que hoy, en el siglo XXI, el Estado español no tenga
conexión ferroviaria con Europa de ancho europeo creo que es la herencia que les ha dejado el anterior Gobierno, una herencia difícil de asumir. Y también deberíamos reflexionar sobre la PAC, porque, señores, el 80 por ciento de las ayudas de la
Unión Europea van a parar a un 20 por ciento de las empresas agrarias (empresas en manos de aristócratas, de ex ministros y de grandes empresas como Ebro Puleva), en cambio 38.000 pequeños agricultores tienen que abandonar el campo cada año. Estos
fondos eran para ayudar a mantener el territorio, no para financiar grandes empresas agrícolas. Nosotros pedimos una visión constructiva de Europa. Que se aproveche esta crisis para rectificar, para sentar las bases de una Europa política con la
que se identifiquen ciudadanas y ciudadanos europeos.
Respecto a los demás puntos de la moción, he de decir que se han discutido y aprobado en esta Cámara proposiciones sobre el Sáhara, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Cuba... Señores del Partido Popular, creo que deberían
reflexionar sobre su trabajo en esta Cámara, aunque igual no tienen más ideas.
Hay otros puntos de la moción que creo que es lamentable incluso comentar.
Nuestro grupo no quería intervenir en el debate de esta moción y naturalmente votaremos en contra. La enmienda de sustitución del Grupo Socialista es mucho más
razonable, más en nuestra línea, y si el Grupo Popular la admitiese, la votaríamos. Pero creo que, a pesar de todo, vale la pena iniciar el debate sobre el momento actual de Europa, un momento que no podemos dejar pasar de largo. La crisis europea
no debemos obviarla porque es una crisis que nos afecta a todos, que afecta al futuro de Europa y del Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Por último, Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no puede compartir la totalidad de los puntos expuestos en la moción defendida por el grupo proponente. Sin duda compartimos, al igual que ellos y otros grupos parlamentarios del hemiciclo, la
necesidad de impulsar un proceso de reflexión sobre la situación de la Unión Europea tras los resultados negativos de Holanda y Francia, aunque sinceramente creo oportunista la referencia en esta moción a la escasa participación en el referéndum
europeo, referencia que solo puede entenderse desde la perspectiva del debate de política interna que ustedes y el Partido Socialista mantienen entre sí. Precisamente que el debate interno haya sustraído al debate europeo es una, aunque no la
única, de las razones que avalaron el no francés, por tanto, de salida nos parece una referencia muy oportunista y fuera del contexto en el que tendríamos que situar el debate de la Unión Europea.
En relación con Cuba, somos conscientes de lo que significa el régimen de Fidel Castro y hemos expresado reiteradamente las necesidades de democratizar la isla y, a la vez, hemos dado constancia de nuestro apoyo a la disidencia interna, pero
no podemos aceptar que lo que la Unión Europea acaba de aprobar signifique ni un acercamiento incondicional al régimen de Cuba ni que la política común europea se decante por dar crédito a la dictadura. Creemos que estas dos afirmaciones son
exageradas y oportunistas. Objetivamente todo el mundo puede reconocer que la política del anterior Gobierno respecto a Cuba fracasó, como también es fácil concluir que no ha tenido éxito el bloqueo norteamericano, que ha ido más en detrimento de
la población que en beneficio de la democracia.
Lo que hay que hacer respecto a Cuba es mantener el diálogo, un diálogo crítico con el régimen pero persistente, y al mismo tiempo apoyar la disidencia. Nos parece la mejor manera de contribuir a la
transición democrática en Cuba basarse en el diálogo crítico.
Aunque brevemente, también queremos hablar de Venezuela. Desde Convergència i Unió, señorías, somos críticos con Venezuela, muy críticos con el Gobierno venezolano y con su presidente, y es cierto -y queremos que quede constancia- el
incremento de la represión de las libertades en el interior de Venezuela. Y también lo es -lo cual nos preocupa- la posible exportación de este modelo de política a otros países latinoamericanos.
Finalmente respecto al Sáhara, nuestra posición quedó claramente expresada, junto al resto de la Cámara, en el
Pleno del pasado 14 de septiembre de 2004. Esta posición ha sido siempre la misma, la de respeto a los derechos del pueblo saharaui y la de buscar con insistencia la paz en la zona. De haber prosperado la enmienda del Grupo Socialista la
habríamos apoyado, aunque encontramos lagunas en la misma. Una de ellas es que, una vez más, echamos de menos la referencia crítica al actual Gobierno venezolano. Desde Convergència i Unió no entendemos la defensa a ultranza del Partido Socialista
y del actual Gobierno español de la figura del presidente Chávez y su Gobierno y asimismo su forma de hacer política.
Ante este totum revolutum presentado por el Grupo Popular, anuncio que nuestro grupo se abstendrá por las razones antes mencionadas y por algunas más que, por falta de tiempo, no puedo exponer. Así pues, sí a la reflexión europea, sí a la
reflexión serena sobre Europa en el entorno de la Unión Europea. Basándonos en ello, anuncio la abstención del Grupo de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Señor De Arístegui, manifieste su posición respecto a las enmiendas.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Las rechazamos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, existe una declaración institucional presentada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios a cuya lectura va a
proceder la secretaria primera de la Mesa.
La señora SECRETARIA (Sainz García): Declaración institucional con motivo del 20 de junio, Día Mundial del Refugiado.
El desplazamiento forzado continúa siendo una dura realidad que afecta a muchos millones de personas. Nuestra propia experiencia histórica nos ayuda a comprender mejor el alcance de la tragedia que suponen las imágenes mil veces repetidas
de interminables caravanas de mujeres y hombres de todas las edades, niños y niñas con sus pertenencias a cuestas en busca de un lugar seguro para poder rehacer sus vidas.
A pesar de los avances en la protección internacional a los derechos humanos, las persecuciones por motivos de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, pertenencia a un grupo social o nacionalidad se siguen produciendo en los cinco
continentes. Además de las situaciones provocadas por la falta de democracia, los enfrentamientos étnicos o las querellas entre confesiones religiosas, hoy son cada día más visibles otras formas de persecución como la trata de personas, la
violencia sexista o la violación de derechos humanos provocada por la orientación sexual. En la misma medida, aunque observamos con satisfacción cómo algunos conflictos armados están en vías de negociación, nuevos enfrentamientos generalizados se
suceden a lo largo del planeta que siguen generando grandes números de refugiados y desplazados que buscan protección fuera de sus fronteras.
Hoy queremos reiterar nuestro compromiso con la protección internacional a los refugiados. En este sentido recordamos la importancia de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, que constituyen las piedras
angulares de todo el sistema de protección a los refugiados y que fueron firmados y ratificados por España en 1978. En ese mismo año nuestra Constitución reconoció el derecho de asilo. Cualquier desarrollo de este sistema que pueda plantearse
debería partir del pleno reconocimiento de su vigencia actual, completado por las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Este compromiso cobra hoy
mayor fuerza cuando, como consecuencia del proceso de armonización de las políticas de asilo en la Unión Europea, se debe proceder a la incorporación de sus orientaciones en la normativa española. Asimismo entendemos que la Unión Europea debe jugar
un papel esencial en el fortalecimiento del sistema de protección internacional fuera de sus fronteras, asumiendo un compromiso consecuente y solidario.
Somos conscientes de los nuevos retos que plantea la protección internacional a los refugiados y a las refugiadas en nuestros días, como de las crecientes dificultades para tener acceso a un procedimiento eficaz con las debidas garantías por
parte de las personas que busquen protección internacional y del desbordamiento de numerosos Estados a la hora de facilitar condiciones de acogida dignas, así como de la necesidad de llevar a cabo una integración progresiva de la Convención de
Ginebra.
En muchas ocasiones los refugiados son difíciles de identificar en medio de las grandes corrientes de la inmigración, pero los retos planteados no deben suponer una renuncia o el sacrificio de la institución del asilo en aras de una mayor
firmeza en las políticas de control de fronteras. Estos solo podrán ser abordados desde el cumplimiento de los compromisos legales internacionales asumidos y el respeto a los grandes principios de responsabilidad, compromiso y solidaridad.
Somos conscientes de que, aunque el asilo y el refugio salvan la vida de millones de personas cada año, estos derechos son medidas paliativas ante las situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que se producen en el mundo. En
este sentido, la política exterior de España y la Unión Europea debe encaminarse a la superación de las causas que provocan los grandes movimientos
de refugiados y desplazados: la ausencia de democracia y de justicia social, la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, los conflictos bélicos, las guerras civiles. Los Estados y los organismos internacionales deben
seguir profundizando en su empeño por la consecución de soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento forzoso por guerra y persecución empezando por el retorno voluntario, que constituye un derecho básico y primario de todos los
refugiados vinculado a la superación de las causas que provocaron la necesidad del asilo y a la concreción de una reparación integral de acuerdo con la normativa internacional vigente. Mientras la anterior solución no se produzca, es importante
seguir trabajando con Acnur en mecanismos que aseguren un reparto equitativo de los compromisos entre los diferentes Estados, a través de figuras como el reasentamiento de refugiados o la protección temporal en casos de afluencia masiva.
En conclusión, queremos hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial del Refugiado, realizar un llamamiento al respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos, así como reiterar nuestro compromiso con el sistema de protección
internacional consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre los Refugiados.
Congreso de los Diputados, Madrid, 21 de junio de 2005. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Entiendo por sus aplausos que se aprueba la declaración institucional.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: A continuación se va a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la del Grupo Parlamento de Esquerra Republicana, sobre las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias para Cataluña en los próximos 10 años, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Del Grupo Parlamentario Vasco, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la gravísima crisis que para la flota de bajura y el tejido social de los municipios costeros del Cantábrico supone la situación actual y
el cierre de la pesquería de la anchoa, con la enmienda transaccional presentada.
¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación de la enmienda transaccional? (Pausa.) Si no es así, se vota ésta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tercera votación. Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las pymes. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, nueve; en contra, 163; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Última votación. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la orientación de la política exterior española, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 124; en contra, 167; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.