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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 97, de 02/06/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 97
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 92
celebrada el jueves, 2 de junio de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:
- Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de
cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008, y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2006. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 211, de 27 de mayo de 2005. (Número de
expediente 430/000002.) ... (Página 4873)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 64025.) ... (Página 4894)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (procedente del Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 3-1, de 13 de julio de 2004.
(Corrección de error en 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 3-21, de 4 de abril de 2005.) (Número de expediente 121/000003.) ... (Página 4894)
- Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 21-1, de 11 de febrero
de 2005. (Número de expediente 121/000021.) ... (Página 4903)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página 4873)
Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de
cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008, y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2006 ... (Página 4873)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta el Acuerdo del Gobierno por el que se fija la estabilidad presupuestaria para el período 2006-2008. Recuerda su compromiso con la
estabilidad presupuestaria y afirma que el refuerzo de la misma es uno de los pilares en que se basa su política económica destinada a impulsar la productividad conjuntamente con la reforma del mercado de trabajo en el marco del diálogo social, la
reforma fiscal, el plan de dinamización y de fomento empresarial, a lo que hay que unir el compromiso del Gobierno con la transparencia en las cuentas públicas y en la información económica, cosa que considera fundamental. Explica el contenido del
Acuerdo y finaliza diciendo que el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la política económica del Gobierno va a permitir alcanzar el objetivo de superávit previsto en 2005 y que el objetivo que hoy presenta a la Cámara continúa en la misma
línea: superávit para las administraciones públicas con un crecimiento de gasto adecuado y suficiente para hacer frente al futuro. Pide el apoyo de la Cámara porque está convencido de que este objetivo de estabilidad es la mejor de las opciones
posibles, si se entiende la estabilidad como un equilibrio a lo largo del ciclo, para ser capaces de financiar las necesidades que tiene el país y las ambiciones que se pretende poner en marcha.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puigcercós i Boixassa,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria: la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometido a votación el Acuerdo del Gobierno sobre la estabilidad presupuestaria para el período 2006-2008, se aprueba por 177 votos a favor, 161 en contra y dos abstenciones.
Continúa la sesión con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 4894)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores Diputados ... (Página 4894)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Enmiendas del Senado ... (Página 4894)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional ... (Página 4894)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el señor Ginart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Ramón-Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz), en nombre del Gobierno.
La señora Ramón-Llin i Martínez y el señor Zaplana Hernández-Soro piden la palabra por considerar que la señora ministra ha reabierto el debate, lo que no es entendido así por la Presidencia.
Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo ... (Página 4903)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y el señor López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Finalmente se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
Se levanta la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 13 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE
CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERÍODO 2006-2008, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2006. (Número de expediente 430/000002.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria,
se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2006. Para la
presentación del acuerdo conteniendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señorías, hace algo menos de un año comparecí ante esta Cámara para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2005-2007. En aquel momento transmití a SS.SS. el compromiso del Gobierno con la estabilidad
macroeconómica, de la que la estabilidad presupuestaria es un elemento fundamental. Creo que en estos momentos nadie puede dudar de nuestro
compromiso con la estabilidad presupuestaria, y el refuerzo de la misma es uno de los pilares en que se basa nuestra política económica destinada a impulsar la productividad conjuntamente con la reforma del mercado de trabajo en el marco del
diálogo social, la reforma fiscal, el plan de dinamización y el de fomento empresarial. El objetivo para el período 2005, acordado por el Gobierno y aprobado por esta Cámara en junio del año pasado, es una prueba también de este compromiso con la
disciplina fiscal. Los últimos datos conocidos de ejecución presupuestaria indican que estamos en condiciones de alcanzar el objetivo previsto. El ejercicio 2004 se habría cerrado con un superávit de las cuentas públicas superior al del ejercicio
2003 si no hubiese sido necesario realizar una serie de operaciones no recurrentes a las que me referiré con posterioridad.
El pasado año no solo expresé el convencimiento del Gobierno de las ventajas de la estabilidad, sino que también adelanté una serie de medidas para reformarla. Pedí a la Cámara consenso para redefinirla y señalé que pretendíamos introducir
un mayor respeto a la estabilidad, a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, lograr un contexto de diálogo y consenso entre todas ellas y, por supuesto, incrementar la efectividad de esta norma de estabilidad. En relación con este
punto les puedo comunicar ya que próximamente el Gobierno remitirá a la Cámara el proyecto de ley de modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria, que garantizarán también la transparencia en las cuentas públicas. Porque, señorías,
directamente unido al principio de estabilidad presupuestaria está el compromiso del Gobierno con la transparencia en las cuentas públicas y en la información económica.
Consideramos que es fundamental esta transparencia, ya que permite que agentes
económicos formen sus expectativas de manera más fundada, despejando incertidumbres y favoreciendo el desarrollo de los procesos de consumo, ahorro e inversión. Cumpliendo ese compromiso, comparecí ante la Comisión de Economía y Hacienda en
septiembre e informé del estado de las cuentas públicas y de los riesgos que determinadas situaciones tenían para la estabilidad presupuestaria. En la misma me comprometí a que los Presupuestos Generales del Estado incorporarían todos los años los
ajustes necesarios para realizar la equivalencia entre la contabilidad nacional y los términos presupuestarios. Ya se hizo así en el ejercicio del año 2005 y también se incorporan dichos ajustes para el ejercicio 2006 y por esa razón se acompañan
hoy al objetivo de estabilidad presupuestaria, que paso a explicar.
La determinación del objetivo para el año 2006 se apoya en las previsiones recogidas en el programa de estabilidad aprobado por el Gobierno el pasado diciembre. Si bien, desde que el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo, han aparecido
algunos elementos relevantes a los que luego haré referencia. La previsión de crecimiento nominal en el año 2006 refleja el buen tono de la economía española durante el año 2004 y el primer trimestre de 2005. La expectativa es que ese
comportamiento se mantenga hasta 2006 y, por tanto, anticipamos un crecimiento del PIB nominal en el entorno del 6,6 por ciento; previsión en la que se recoge la última revisión del programa de estabilidad y crecimiento. Estimamos que las nuevas
cifras de crecimiento proporcionadas por el INE para el año 2005 no modifican de forma sustancial los supuestos macroeconómicos en los que se asienta el techo de gasto. Como conocen SS.SS., la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que la
propuesta de techo de gasto venga acompañada del cuadro macroeconómico del programa de estabilidad, pero cuando se adoptó el cuadro el INE ya había publicado la serie de contabilidad nacional 2000-2004, con un crecimiento en el año 2004 superior al
inicialmente previsto, que lógicamente hemos debido tener en cuenta. También era previsible en ese momento que el crecimiento del año 2005 fuese ligeramente superior al programa de estabilidad. Sin embargo, en este caso hemos mantenido la
hipótesis del crecimiento del PIB nominal sobre la base de una más prudente valoración de la evolución del deflactor del PIB. La revisión al alza del PIB español realizada por el INE se debe principalmente a la incorporación de nuevas estimaciones
sobre la afluencia de inmigrantes a nuestro país en años recientes y a la introducción de mejoras metodológicas. Dado que se trata simplemente de medir mejor una realidad productiva ya existente, las nuevas cifras del PIB no suponen en sí mismo
cambios significativos en las previsiones de recaudación del año 2006.
Un tema distinto es el proceso de normalización de inmigrantes, puesto en marcha por el Gobierno y que sí supondrá un afloramiento de actividad productiva, que hasta ahora se situaba en el ámbito de la economía sumergida. El corolario será
una cierta aceleración de las bases del IRPF y cotizaciones sociales, compatible en todo caso con las previsiones de ingresos inicialmente realizadas. Este efecto de afloramiento incide solo en la imposición personal y en las cotizaciones sociales,
dado que los inmigrantes afectados por el proceso ya contribuían a las arcas públicas vía imposición indirecta. Por tanto, las novedades acaecidas en las últimas semanas no modifican de forma sustancial el marco económico en el que se encuadra el
techo de gasto. En particular, la revisión de la contabilidad nacional muestra de forma más adecuada el nivel y ritmo de avance del flujo productivo español en los últimos años, que aun cuando requiera de una elevación de la estimación de la tasa
de crecimiento ya venía teniendo reflejo en la evolución de los ingresos públicos.
En definitiva, esperamos un crecimiento de los ingresos totales del 9 por ciento en el año 2006 respecto al presupuesto del año 2005. Este incremento se corresponde con un crecimiento del 9,6 por ciento de los ingresos tributarios y del 3
por ciento de los no tributarios. Estas estimaciones son prudentes, razonables y ajustadas a la evolución previsible de nuestra actividad económica en el año 2006. La recaudación de IRPF, por
ejemplo, registrará un comportamiento positivo, apoyado en el crecimiento de las rentas de las familias y en la buena evolución del empleo, y calculamos un crecimiento en la recaudación del 12,1 por ciento sobre el presupuesto del año 2005.
En el caso del impuesto de sociedades, la previsión contemplada es la de un crecimiento de recaudación del 13,8 por ciento, basándose en el crecimiento de los beneficios empresariales sobre las cifras iniciales del presupuesto del año 2005. En el
otro tercer gran impuesto, el IVA, esperamos una cierta moderación en su crecimiento.
Registraría un incremento del 5 por ciento sobre el presupuesto del año 2005 debido al fuerte aumento de las solicitudes de devolución anual.
Una vez tomados en consideración estos puntos de partida en términos de ingreso, pasamos ahora a hablar del objetivo de estabilidad. El acordado en el Consejo de Ministros del 20 de mayo reitera ese compromiso al que anteriormente me he
referido. El objetivo para el conjunto del sector público es un ligero superávit, que se irá incrementando a lo largo del trienio. Un superávit del 0,2 por ciento para el año 2006, del 0,3 para el año 2007 y del 0,4 para el año 2008.
Este objetivo se desagrega entre las distintas administraciones del siguiente modo. En el caso del déficit del Estado se prevé una reducción progresiva del mismo desde el 0,5 por ciento en el año 2005, un 0,4 en el año 2006, que es el que
más nos interesa a efectos del ejercicio de hoy, y un 0,3 en los años 2007 y 2008. Se contempla para todo el periodo un superávit de la Seguridad Social de 0,7 puntos del PIB en tres años, en línea con el objetivo también fijado para el año 2005.
Se anticipa un déficit de 0,1 del PIB para las comunidades autónomas no solo en el año 2006, sino también en el año 2007, intentándose alcanzar el equilibrio en el año 2008. Finalmente se considera que las entidades locales mantendrán una situación
agregada de equilibrio presupuestario durante todo el periodo.
Es preciso recordar que mientras no se culmine el proceso de separación de fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social o no se apruebe la reforma de la Ley General de Estabilidad, en la actual ley se establece por disposición
transitoria que el objetivo de estabilidad presupuestaria se computará conjuntamente para el Estado y la Seguridad Social. Por ello, a efectos de verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad se tendrá en cuenta el objetivo conjunto de las
administraciones públicas centrales, que se corresponde con un superávit del 0,3 en el año 2006 y del 0,4 en los dos ejercicios siguientes.
Tengo que reiterar, como ya he manifestado en otras ocasiones en esta Cámara, que la aplicación de esta disposición de la Ley General de Estabilidad no supone en ningún caso que el déficit del Estado se financie por el superávit de la
Seguridad Social. Solo quiere decir que se presentan de forma agregada o conjunta a efectos de contabilización del Eurostat en Bruselas. El superávit de la Seguridad Social se dedica a dotar el fondo de reserva. Como ustedes conocen bien, la
Seguridad Social presenta un problema de sostenibilidad financiera a medio plazo y por ello es imprescindible que los excedentes actuales se destinen a necesidades futuras.
El objetivo de estabilidad presupuestario que presento modifica ligeramente el previsto en el programa de estabilidad 2004-2008 en el caso del ejercicio 2007. Para el conjunto de las administraciones públicas se había previsto un superávit
del 0,4, que ahora se reduce al 0,3, y ello es consecuencia, como anteriormente he señalado, del reconocimiento de un 0,1 por ciento de déficit para las administraciones territoriales, específicamente las comunidades autónomas, en el año 2007.
Esta
modificación es consecuencia de que, presentados los planes de saneamiento de carácter trianual de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares, el Consejo de Política Fiscal y Financiera recomendó incluir las cifras previstas en este plan de
saneamiento en las cifras de objetivo para el año 2007. El informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, preceptivo y previo a este debate, se produjo el día 10 de mayo, aprobándose por unanimidad con una única abstención. En cuanto al
informe previo de la Comisión Nacional de Administración Local, en su reunión del día 16 de mayo se aceptó el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero con el voto en contra de la Federación Española de Municipios y Provincias, que reclamaba que
se contemplase la situación individual de déficit de cada entidad local. Desde el punto de vista del Gobierno no compartimos este argumento. Las leyes de estabilidad tratan igual a las comunidades autónomas y a las entidades locales, exigiéndoles
equilibrio y plan de saneamiento. Si no hay planes de saneamiento -y ese hecho no se produce en el caso de las entidades locales- es difícil calcular y establecer una valoración de cuál es la posible desviación.
Un tercer tema importante derivado del debate de hoy, posiblemente el más relevante para la Cámara, es el techo de gasto que se deduce de las anteriores conclusiones. El techo de gasto que proponemos es de 133.947 millones de euros y
representa un crecimiento del 7,6 por ciento respecto al límite de gasto del año 2005. El techo de gasto que se propone es consistente con el objetivo de déficit del 0,4 por ciento fijado por el Estado, con la estimación de ingresos no financieros
que antes les he adelantado. Como SS.SS. conocen, para determinar el techo de gasto es preciso establecer, al igual que se ha hecho otros años, la equivalencia entre la contabilidad nacional y los términos presupuestarios. Entre los ajustes de
contabilidad nacional destaca por su importancia cuantitativa el ajuste de intereses, pero también las diferencias entre los presupuestos iniciales y los realmente ejecutados. Hay otros ajustes de menor importancia que también son relevantes y que
tienen que ver con operaciones como los contratos bajo la modalidad de abono total de precio, las inversiones militares, los gastos de acuñación de moneda, las ayudas concedidas
a la SEPI, la condonación de créditos FAD u otras aportaciones a empresas públicas y ejecución de avales.
Un último comentario. Junto al objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2006, el acuerdo del Consejo de Ministros que hoy presento ante esta Cámara contiene el plan
económico y financiero que ha sido elaborado para el Estado en cumplimiento del artículo 17 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con dicho artículo, las situaciones excepcionales de déficit deben ser justificadas mediante la
exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y gastos que las producen. Además la ley exige la formulación de un plan económico y financiero de saneamiento a medio plazo para la corrección del desequilibrio, que
debe ser remitido por el Gobierno a estas Cortes Generales. En el ejercicio de 2004 las administraciones centrales, es decir, el resultado de la presentación conjunta del Estado y sus organismos y la Seguridad Social, registraron un déficit en
términos de contabilidad nacional del 0,25 por ciento del PIB, incumpliendo, por tanto, el objetivo previsto de equilibrio presupuestario. Las responsabilidades de déficit corresponden a la Administración central, que presentó un déficit del 1,23
por ciento frente al superávit del 1,02 por ciento de la Seguridad Social y el déficit del 0,04 por ciento del PIB de los organismos.
El déficit del Estado para el 2004 ha ascendido a 9.863 millones de euros.
Sin embargo, de esta cifra 7.959 se deben a operaciones no recurrentes, que tienen su origen en deudas generadas de ejercicios anteriores. En concreto el Estado
asumió en el 2004 deudas acumuladas de Renfe por importe de 5.400 millones de euros, para atender a su deuda histórica y a la deuda asociada a la adquisición por Renfe de la infraestructura ferroviaria que por la entrada en vigor de la Ley del
Sector Ferroviario es transferida al Estado. El Estado ha atendido también al pago de 2.500 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la liquidación del sistema de financiación autonómica del período 1997-2001.
Estas operaciones excepcionales y no recurrentes han tenido una incidencia sobre el déficit del Estado de un punto del PIB. Si se deduce el efecto de las mismas, el déficit para el 2004 se habría situado en 1.904 millones de euros, cifra que
representa solamente el 0,23 por ciento del PIB. Este dato supone una mejora de tres centésimas respecto al año anterior y habría permitido alcanzar un superávit del 0,75 por ciento del PIB en las administraciones públicas, lo cual también habría
supuesto mejorar el objetivo de equilibrio presupuestario inicialmente establecido para este ejercicio. Dado el carácter excepcional y no recurrente de las operaciones que han generado el desequilibrio, no es necesario instrumentar ninguna medida
de corrección de las mismas, dado que ni la operación Renfe ni la operación con Andalucía volverán a repetirse en este ejercicio.
Para concluir, señorías, la política económica del Gobierno y el compromiso con la estabilidad presupuestaria van a permitir alcanzar el objetivo de superávit previsto en 2005. El compromiso con la estabilidad lo vamos a reforzar además con
la reforma de las leyes de estabilidad. El objetivo que hoy presento continúa en la misma línea: superávit para las administraciones públicas con un crecimiento de gasto adecuado y suficiente para hacer frente al futuro. Por ello, quiero terminar
mi intervención pidiendo su apoyo. Estoy convencido de que este objetivo de estabilidad es la mejor de las opciones posibles si entendemos la estabilidad como un equilibrio a lo largo del ciclo para ser capaces de financiar las necesidades que
nuestro país tiene y las ambiciones que pretendemos poner en marcha.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor vicepresidente.
Fijación de posiciones por los grupos parlamentarios. El orden será de mayor a menor. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Popular. Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, le agradezco sinceramente la presentación que ha hecho sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y la fijación del techo para el año 2006, aunque creo que estamos ante un debate intrascendente -la
prensa que nos acompaña lo pone de manifiesto- porque no sabemos qué modificaciones sobre el contenido de este documento ha pactado usted con Izquierda Unida y Esquerra Republicana para que hoy lo voten. Dijeron que no lo iban a votar, ahora parece
que sí y nosotros, en un ejercicio de opacidad, no conocemos qué es lo que han pactado, qué contraprestaciones han comprometido más allá del cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Además, señor vicepresidente, creo que estamos aprobando un
techo de gasto que en el primer ejercicio en el que usted tuvo responsabilidad ya fue ampliamente superado. Es verdad que usted hoy ha hecho, como el año pasado, una disertación sobre las bondades de la estabilidad presupuestaria, y a mí no me cabe
ninguna duda que usted se las cree y que entiende que es mejor la estabilidad presupuestaria. Otra cosa es que los hechos avalen sus palabras, otra cosa es que usted logre convencer a sus socios y a sus compañeros de Gobierno para que se ajusten a
ese techo de gasto. Da toda la impresión de que su capacidad de convencimiento puede ser similar a la que tuvo como comisario con Francia o con Alemania.
Hoy nos presenta un marco de estabilidad que es consecuencia del saneamiento de las cuentas públicas que se logró con gobiernos anteriores y que usted en su época de comisario reconoció. Junto a eso nos presenta, y de eso usted ha hablado
menos en su intervención, un incremento de gasto público -está usted comprometiendo gasto público- por encima del PIB nominal,
según figura en los datos que nos ha hecho llegar, lo que significa que el sector público va a tener más participación en la economía, que cada vez va a haber más sector público y menos iniciativa privada e iniciativa social. Por ello
nosotros vamos a votar que no. Mi grupo está diametralmente en contra del techo de gasto que usted plantea para el año 2006, casi 134.000 millones de euros. Nos parece que incrementa usted el gasto público de una manera desmesurada, más del 7,5
por ciento, que no está justificada dicha subida -usted ha hablado de ingresos, no ha hablado de gastos en su exposición- y, desde luego, en mi opinión, eso no ayuda en absoluto a dar solución a los problemas que hoy está incubando la economía
española.
Señor Solbes, le decía que ha conseguido llevar a la irrelevancia este debate. Este debate debía servir para dotar de transparencia a la política presupuestaria, debía servir para saber la cantidad máxima -digo máxima- que va a gastar el
Estado de los recursos que aportan los españoles, debía servir para eliminar incertidumbres y saber con certeza cuáles son los compromisos del Gobierno. Pues bien, ni uno solo de esos objetivos se verán satisfechos al terminar este debate.
Primero, usted está obligado por una ley que ayer anunció y que hoy ha ratificado que va a modificar. Ya dijo que la iba a modificar el año pasado. Dijeron sus socios hace un par de días que solo iban a votar afirmativamente si conocían el
borrador de esa ley. Me subo a esta tribuna sin conocerlo.
¿No le parece a usted una cierta falta de respeto a mi grupo parlamentario y al resto que un grupo dé su apoyo porque conoce un borrador que le sirve para fijar la posición en este debate
que a nosotros nos niega?
En segundo lugar, señor vicepresidente, usted presenta una cifra de gasto que todos, y mucho más sus socios, saben a ciencia cierta que no es el techo, que es el suelo; seguro que buscarán otras medidas -como dice su informe- excepcionales
y no recurrentes para saltarse el mandato del Parlamento. En el primer ejercicio cerrado por ustedes se gastaron 2.680 millones de euros, más de 500.000 millones de las antiguas pesetas, por encima de lo que aprobó este Parlamento.
En tercer lugar, traen a esta Cámara unas previsiones económicas que vuelven a estar obsoletas y que son discutibles. Usted lo ha dicho: traigo aquí un cuadro macroeconómico. Sin embargo, al día siguiente ya había cambiado la nueva
metodología del INE, y no parece razonable que estemos celebrando un debate cuando las cifras que dan sustento a ese debate están viejas. Además, son cifras que no se las cree nadie, ni usted. ¿De verdad cree usted que el sector exterior va a
restar solo un punto al crecimiento cuando en el primer trimestre está restando 2,5 puntos? Con toda moderación, pero con claridad, quiero señalar que aquí faltan rigor y transparencia. El año pasado se podía justificar por la falta de tiempo,
pero, este año, el no conocer el texto y el que estemos trabajando con cifras obsoletas solo se puede entender como una falta de respeto a este Parlamento.
Señor Solbes, no es solo una cuestión de forma. El voto negativo del Grupo Parlamentario Popular se debe también a una cuestión de fondo. No creemos que se esté imprimiendo un rumbo acertado al futuro de nuestra economía.
La economía
española está creciendo y mantiene una inercia que yo no le voy a negar, pero es indudable, y yo sé que usted lo sabe, que estamos incubando unos virus que dificultan nuestro futuro a medio y largo plazo.
Ustedes quieren banalizar unos
desequilibrios que magnificaban cuando estaban en la oposición y que ahora se han multiplicado por tres o cuatro. Francamente, no creo que esos desequilibrios le hayan pillado por sorpresa. He estudiado todos los artículos que escribió el señor
Fernández Ordóñez, su secretario de Estado, en El País y ahí señalaba que España tenía unos ciertos desequilibrios que hacían peligrar la economía en el futuro. Miguel Ángel Fernández Ordóñez dixit, que no es un insulto.
Hoy, eso está muchísimo
peor. Él, se echaba las manos a la cabeza hace no más de dos años, cuando la demanda interna crecía nueve décimas por encima del PIB, es decir, cuando el sector exterior estaba restando nueve décimas a la economía española; hoy, señor
vicepresidente, está restando 25, y eso es una señal inequívoca de que no están avanzando en mejorar la competitividad. Los síntomas de falta de competitividad, que ustedes prometieron solucionar -lo prometieron hasta en campaña electoral-, hoy
constituyen una enfermedad con metástasis que está lastrando las posibilidades de crecimiento y de creación de empleo a medio plazo. No niego los resultados a corto, pero este año ustedes han batido un récord histórico en el déficit de la balanza
de pagos. Miren, la media anual de déficit en la balanza de pagos entre 1996 y 2003 era de 11.200 millones de euros; en el año que ustedes gestionaron, el 2004, ha sido de 40.000 millones de euros. Su apuesta por la productividad se ha saldado
con un peor comportamiento. Con las cifras nuevas del INE no es que la productividad haya avanzado menos que en 2003, que eso ha sido así con las viejas y con las nuevas, es que ha sido negativa, hemos perdido productividad.
Mención aparte merece el control de la inflación, el principal de los desequilibrios, Miguel Angel Fernández Ordóñez dixit. El principal de los desequilibrios, en marzo de 2004, estaba en 2,1; ahora supera el 3 por ciento holgadamente. El
peor dato no es la inflación en términos absolutos sino en términos comparativos con los países de nuestro entorno, es decir, el diferencial. El diferencial de inflación de marzo de 2004 a hoy se ha multiplicado por 3. Usted ha hablado del
deflactor del PIB porque mide mejor nuestra capacidad competitiva. Hoy, el diferencial del deflactor del PIB es de tres puntos respecto de la zona euro; hoy somos tres puntos menos competitivos.
Señor Solbes, el crecimiento se está basando en la demanda interna y en la construcción. ¿Se acuerdan cuando ustedes nos lo censuraban? El señor Rodriguez Zapatero llegó a decir: erradicar la cultura del ladrillo. Hoy, la construcción ha
crecido más que el PIB, la construcción
tiene más peso en el PIB; o nosotros no éramos tan malos o ustedes son mucho peores. Además, señor Solbes, no somos los únicos que nos damos cuenta de esta falta de rumbo de la economía española. Los organismos internacionales lo
recuerdan cada vez que hacen un informe sobre España; hasta el señor Almunia, su compañero de partido, se lo ha recordado. Las revistas especializadas lo recuerdan. Tan solo hace una semana -por no irme más lejos- Business Week publicaba un
artículo cuyo título era bastante significativo: La repentina siesta de España. En el mismo se pone de manifiesto que se ha pasado del milagro español a la siesta de España. Dice textualmente la revista: Aunque se espera que el crecimiento para
España se sitúe en torno al 3 por ciento, la inversión extranjera directa está cayendo en picado, el déficit por cuenta corriente está inflándose, la inflación está en ascenso y el crecimiento de la productividad -eso para lo que ustedes ficharon al
señor Sebastián- queda rezagado respecto del núcleo de países de la Unión Europea. Los analistas piensan, y usted lo sabe, que sus medidas no son solución para nada, que sus medidas son la nada. En el informe que hace la fundación Price, titulado
Consenso económico, recoge una encuesta a analistas y especialistas y les hace una pregunta muy significativa. ¿En su conjunto cree usted que este paquete de medidas del plan de dinamización aborda los problemas de productividad y competitividad
que tiene planteados la economía española? La respuesta es todavía más significativa: el 63 por ciento -un poco más que los holandeses ayer- dice que no y solo el 37 por ciento dice que son un primer paso.
Usted plantea observatorios comerciales para mejorar la competividad; aquí lo que se necesita no es observar la economía, lo que se necesita es tomar medidas. ¿Qué medidas plantea tomar el Gobierno hoy aquí, en este trámite? Traernos un
nivel de gasto público para el ejercicio próximo que crece por encima del PIB nominal. Suma usted a las condiciones monetarias más laxas de la zona euro -que no son las que nos convienen, y no tendríamos estos tipos de interés si continuáramos
nosotros gobernando desde España la política monetaria- una política fiscal fuertemente expansiva. Usted sabe que ese no es el camino. Con más gasto público no se consigue combatir la inflación; eso es echar gasolina para apagar el fuego.
Aumentar el gasto público por encima del crecimiento de la economía en una situación de fuerte déficit exterior no es que sea heterodoxo, en mi opinión es temerario; pero creer que las comunidades autónomas se van a mantener en la senda de la
estabilidad y del control del gasto con este tipo de política es ingenuo. Es irresponsable pretender que otros tengan que asumir la prudencia que no tiene el Gobierno en su política presupuestaria. Criticaban con dureza que nosotros ajustáramos el
déficit del Estado con el superávit de la Seguridad Social. Lo que nos criticaban es lo que ustedes hacen. Además, en un momento en el que estamos negociando las perspectivas financieras, en el que el presidente ya no habla de mantener los fondos
estructurales y habla de saldo financiero para ver si disimula su inoperancia, a mi modo de ver es una irresponsabilidad comprometer más gasto público, señor vicepresidente. Ya le dije el año pasado los riesgos de una política expansiva del gasto
en las circunstancias actuales en este mismo debate, y el tiempo me ha dado la razón. Su política es inflacionista, su política incide y profundiza en los desequilibrios de nuestra economía y su política es ineficaz. El propio señor Vegara ha
reconocido la incapacidad de cumplir el objetivo de inflación.
Señor Solbes, esas son las razones de fondo y de forma por las que vamos a votar en contra. No sólo no se soluciona ni uno solo de los problemas de la economía española, sino que, en mi opinión, se agravarán. Nos acercamos peligrosamente a
las situaciones que tienen países como Alemania, Francia, Portugal o Italia en los que se ha tardado mucho en afrontar reformas y ahora tienen que hacer recortes del Estado del bienestar. Señor Solbes, nosotros deberíamos converger no en niveles de
crecimiento, sino en niveles de renta per cápita y respecto a eso el último año ha sido una año perdido.
Voy concluyendo. La credibilidad y la capacidad de generar confianza son las principales herramientas con las que cuenta la economía. Hoy, la confianza medida por cualquier observatorio, por cualquier analista, está descendiendo. En marzo
de 2004 ustedes recibieron un marco presupuestario claro y transparente, además con un marco legal que lo afianzaba, y usted eso lo reconoció cuando era comisario. Hoy, tras trece meses, del equilibrio presupuestario hemos pasado a difusas
reflexiones sobre el déficit en el ciclo; no sabemos cuánto dura el ciclo, no sabemos en qué fase del ciclo estamos y no sabemos cuándo hay que tener superávit o cuándo hay que tener déficit; hemos pasado de unas reglas claras a las retóricas de
países como Francia y Alemania que usted tan duramente criticaba cuando era comisario. Quizá por ello el CIS, hace dos días, señalaba que siete de cada diez españoles no confían en la política económica, siete de cada diez españoles consideran que
la situación económica es regular o mala. Sólo uno y medio de cada diez españoles piensa que la situación mejorará el año próximo.
Señor Solbes, me había propuesto al subir a la tribuna no hacer catastrofismo. Creo que no lo he hecho y he realizado un análisis moderado de la situación. (Rumores.) Sin embargo, hoy por hoy, señor vicepresidente, con este nivel de gasto
público, no tengo más remedio que decirle que yo me voy a posicionar junto a los nueve de cada diez españoles que piensan que la economía no mejorará el año próximo.
Respecto de este acuerdo que hoy nos traen para votar en esta Cámara, yo estoy con
los nueve de cada diez que piensan que no sirve para mejorar el próximo año y por eso votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, estamos hoy aquí, en este Pleno del Congreso de los Diputados, para fijar nuestra posición respecto al cuadro macroeconómico para los próximos
años y también para aprobar el techo de gasto financiero para el próximo año 2006. El Gobierno se enfrenta hoy en esta Cámara a un compromiso con Convergència i Unió, compromiso que acordamos en el año 2004 para la aprobación del techo de gasto
para el año 2005.
Convergència i Unió no votó favorablemente en el Congreso de los Diputados el proyecto del Gobierno. En aquella época era imprescindible conseguir los votos del Senado; nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tuvo una
serie de reuniones con el Gobierno cuyo objetivo era conseguir el voto favorable de nuestra formación política.
En aquella reunión, previa a la votación en el Senado, el ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno se comprometió con
nuestro grupo parlamentario a modificar lo más rápidamente posible la Ley de estabilidad presupuestaria. Ante este compromiso del Gobierno, nuestra formación política se comprometió a votar favorablemente dicha iniciativa en el Senado.
Han pasado aproximadamente ocho meses, el Gobierno no ha cumplido su compromiso y hoy vuelve a presentar ante esta Cámara acuerdos que se sustentan en la misma Ley de Estabilidad presupuestaria. Quisiera recordar al señor ministro que es
una ley heredada del Partido Popular, de las anteriores legislaturas, que ha sido recurrida, a través de 11 recursos de inconstitucionalidad, por diferentes gobiernos autonómicos, concretamente la Generalitat de Catalunya presentó tres recursos; es
una ley de la que no existen precedentes en la Unión Europea y que fue legislada expresa y básicamente por el Partido Popular para ir contra las competencias financieras de las comunidades autónomas y tener siempre entre la espada y la pared a
dichas instituciones públicas. Ustedes debían haber cumplido con el compromiso que tenían con nuestro grupo parlamentario, y creo que también con otros grupos de la Cámara, y presentar aquí una nueva ley que derogara la actual Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Esto no ha sido así y por ese motivo, señor Solbes, hemos perdido, en este sentido, la confianza en usted. Se comprometió con nosotros a modificar la ley y se presenta ante esta Cámara sin haber cumplido su compromiso. Lo que
vamos a votar hoy está basado en los mismos principios que llevaron en aquellos momentos a la Generalitat de Catalunya a presentar esos recursos de inconstitucionalidad. Con los planteamientos que hoy presenta el Gobierno y que vamos a votar, se
continúan ahogando los criterios financieros de las comunidades autónomas y se continúa atentando contra los recursos financieros de las corporaciones locales. Lo que hoy se presenta a votación es que se establezca un techo de gastos para las
comunidades autónomas que va de un posible déficit del menos 0,1 para el año 2006, del menos 0,1 para el año 2007 y del 0,0 para el año 2008. Respecto a las entidades locales se plantea un endeudamiento cero para los años 2006, 2007 y 2008.
Nuestro grupo varió su posición cuando se produjo la votación en el Senado al llegar a un acuerdo con el Gobierno y hoy habría contado con nuestro concurso si usted hubiera cumplido el compromiso de plantear ante este Pleno una
flexibilización del régimen de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, no compensación del déficit del Estado con el superávit de la Seguridad Social y más flexibilidad presupuestaria en cuanto al endeudamiento para las comunidades
autónomas y para las corporaciones locales. Nosotros habíamos entendido que existía un compromiso entre el Gobierno y nuestro grupo parlamentario, que habría sido bueno para el futuro de la economía española y para cumplir con los datos de
estabilidad presupuestaria de algunos de los países más potentes de la Unión Europea, como conectar la estabilidad presupuestaria prestando especial atención a los gastos de las diferentes administraciones públicas destinados a la inversión
productiva. Todos estos aspectos los hemos podido discutir ampliamente con el señor ministro en algunas de sus comparecencias en la Comisión de Economía y Hacienda.
El voto de Convergència i Unió en el Senado lo consiguió el Gobierno porque Convergència fue engañada en aquellas reuniones con todos estos compromisos. El compromiso adquirido entre el Gobierno y nuestro grupo parlamentario a cambio del
voto favorable de Convergència i Unió en el Senado posibilitó que el Gobierno no tuviera que presentar otras previsiones sobre el plan de estabilidad para el próximo trienio.
Convergència i Unió y otras formaciones políticas, en el Senado,
confiaron en la palabra del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. Pero la realidad es que hoy los datos que ustedes plantean están sustentados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que continúa siendo una ley que
probablemente será declarada inconstitucional. En ella se ahogan las posibilidades financieras de las comunidades autónomas. Además, es hostil hacia los recursos financieros de las corporaciones locales, es agresiva, muy dura y poco respetuosa con
las comunidades autónomas y con las corporaciones locales.
Los datos que nos plantea el señor vicepresidente van en la misma dirección, pues posibilita que el Estado tenga unos déficit bastante superiores a los que hoy se van a aprobar para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales,
si bien es cierto que el señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía ha dicho que en breve plazo presentará ante esta Cámara un nuevo proyecto de ley que modificará la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esperemos que en esta
ocasión el señor vicepresidente del Gobierno cumpla la palabra y podamos tener una nueva ley de estabilidad presupuestaria que sea más respetuosa con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales.
Señor vicepresidente, usted ya sabe que uno de los aspectos fundamentales que planteaba Convèrgencia i Unió, y que fue aceptado por usted antes de la votación en el Senado, era que se pudieran limitar todas aquellas competencias otorgadas en
dichas leyes al Gobierno central en aquellos ámbitos en que se perjudicaba la autonomía financiera de las diferentes comunidades autónomas como, por ejemplo, la fijación y objetivo de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas, la
comprobación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las respectivas comunidades autónomas, el mecanismo previsto para la corrección de las situaciones de desequilibrio por parte de las comunidades autónomas, el ente
competente para la aprobación de los planes de saneamiento de las administraciones públicas en los casos de incumplimiento de los objetivos propuestos y la información sobre el endeudamiento. Pienso que en estos aspectos existía coincidencia entre
el Gobierno y nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nosotros estábamos interesados en modificar el concepto de estabilidad presupuestaria previsto en estas leyes para adecuarlo al concepto comunitario que facilita la existencia
de una mayor flexibilidad que la opción elegida por el Gobierno español. También pretendemos modificar aquellas cuestiones que hacen referencia a una mayor garantía y a una participación más equilibrada del Estado, de las comunidades autónomas y de
las corporaciones locales tanto en la aplicación de los objetivos de estabilidad como en la adopción de medidas de saneamiento. Pensábamos que en esos aspectos existía coincidencia y la posibilidad de llegar a un acuerdo.
En este acuerdo que nos plantea el Gobierno no están presentes algunos elementos que consideramos fundamentales y que hacen referencia a los objetivos presupuestarios de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en estos techos de gasto no
están contemplados los costes económicos que conlleva la aplicación de leyes aprobadas en la anterior legislatura y que son muy elevados, pues no se ha procedido por la Administración central a transferir los recursos necesarios para la aplicación
de leyes que suponen una alta inversión a las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias sobre esta materia. Esta cuestión la sufrimos desgraciadamente muchas comunidades autónomas en la época de mayoría absoluta del Partido
Popular, pero hemos de decir, señor vicepresidente, que ahora el Partido Socialista está haciendo exactamente lo mismo, pues la Ley orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres no prevé la compensación de gastos a las
comunidades autónomas con competencias en la materia. Por tanto, estamos padeciendo la misma problemática que en anteriores legislaturas y, si no se aborda en los objetivos de estabilidad la posible compensación de financiación a las comunidades
autónomas que han asumido dichas competencias, será muy difícil que puedan cumplir con los techos de endeudamiento al no tener suficiente margen de maniobra.
Hay otro aspecto que a nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le preocupa profundidamente. Nos preguntamos si en el objetivo presupuestario de las comunidades autónomas se debe incluir el déficit de la sanidad pública.
Se computa la falta de financiación de las políticas de formación continua, cuyas competencias están transferidas pero con una financiación mínima del Estado, y de las políticas de gestión de la inmigración. Es decir, hay una serie de cuestiones
muy importantes cuyos costes están asumiendo las comunidades autónomas y que no están contempladas dentro de este cuadro de programa de estabilidad donde se fijan los techos de gasto correspondientes. Si desde esa perspectiva se fijan para las
comunidades autónomas unos techos de déficit a cuenta de la financiación de la sanidad y de la falta de aplicación del principio de lealtad de leyes orgánicas cuyas competencias están asumidas por las comunidades autónomas, estas tendrán posibilidad
de ejercer más déficit en sus diferentes presupuestos, pero solamente para compensar aquellos que ya existen de la sanidad, de la inmigración y de la aplicación de leyes por falta de lealtad. Sin embargo, no podrán afrontar futuros déficits que
puedan suponerles incrementos de inversión y pueden verse ahogadas por unos déficits pequeños, déficits que probablemente tendrán que compensar, debido a agujeros que ya tienen asumidos por diferentes cuestiones como pueden ser la sanidad, la
inmigración o la falta del principio de lealtad por parte de la Administración por leyes orgánicas cuyas competencias ya han sido asumidas por las diferentes comunidades autónomas.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no puede dar su voto favorable. Quizás, señor ministro, le demos un segundo voto de confianza. Esperemos que en los próximos meses usted plantee una modificación
de la Ley de Estabilidad en la cual esté contemplada la posibilidad de que las comunidades autónomas y las corporaciones locales no continúen ahogadas financieramente por una ley que probablemente va a ser inconstitucional.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno, cuando el 29 de noviembre del año 2001 se aprobó la Ley General de Estabilidad Presupuestaria era otro el Gobierno, era otro el Parlamento, y este grupo parlamentario,
en ese momento en el Grupo Mixto, votó en contra. A grandes trazos, creíamos que había dos grandes razones para votar en contra de esta ley. En primer lugar, fue una ley impuesta bajo los auspicios
de una mayoría absoluta, impuesta en esta Cámara sin ningún tipo de consenso, de debate ni de diálogo e impuesta sobre todo a las comunidades autónomas y a los entes locales. Fue una ley impuesta a rajatabla por parte del anterior Gobierno,
que -como luego veremos- no se aplicaba ni a él mismo; aplicaba el déficit cero a comunidades autónomas y a corporaciones locales, pero en ningún momento se lo aplicó a sí mismo. En segundo lugar, era una ley absurda que implicaba una disciplina
férrea, una disciplina del cero, cuando los propios acuerdos de la Unión Europea permitían un margen del 3, en un momento en el que el modelo de crecimiento económico español no está precisamente para disciplinas de este tipo: falta inversión,
falta competitividad y falta capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías y de innovación. Precisamente hoy estamos viendo las lagunas del modelo de crecimiento anterior. La decisión significaba quebrar aún más el margen de maniobra
presupuestario y de inversión de comunidades y municipios.
El modelo de financiación de las comunidades autónomas adolecía de realismo, porque la estrategia del anterior Gobierno, aún no superada ni compensada -luego entraremos en ello-, era inteligente, era lo que podríamos definir como la
centrifugación del gasto. El traspaso del modelo de exclusividad del ámbito sanitario a todas las comunidades autónomas -algunas ya tenían esta competencia exclusiva, como es el caso de Cataluña- comportaba que era el Gobierno del Estado quien
tenía, en primer lugar, la capacidad de recaudación de Hacienda, pues controlaba buena parte de la recaudación, por no decir la totalidad, y en segundo lugar, la capacidad de crear leyes básicas. A partir de aquí, la deslealtad, de la que ya se ha
hablado anteriormente desde esta tribuna, la deslealtad permamente, con ejemplos aún vivos y coleando, como la referida a la ley educativa. La LOCE en su momento preveía el concierto de buena parte de la educación preescolar y los recursos tuvieron
que ser aportados por las comunidades autónomas que tienen la competencia exclusiva en materia de educación, así como leyes que a priori parecía que no tenían impacto sobre los presupuestos de las comunidades autónomas, y pongo el ejemplo en el caso
de Cataluña de la competencia exclusiva en materia penintenciaria. Cualquier modificación del Código Penal de restricción del tercer grado, de la permisividad que puede haber en la legislación hacia la población penitenciaria implicaba un aumento
de la población reclusa y esto, como saben ustedes, supone un gasto por parte de la Administración. Han sido ocho años de permanente centrifugación del gasto, pero sobre todo de legislación que implicaba que las comunidades autónomas vieran
reducido, aún más si cabe, su margen presupuestario. Además, las comunidades autónomas y los municipios tienen que dedicar buena parte de su inversión a infraestructuras, a I+D y también a innovación.
Hay otros fenómenos que han agravado la situación, sobre todo en el ámbito de los entes locales. El fenómeno migratorio, el alud de nueva población, de nuevos ciudadanos ha conllevado que los ayuntamientos tengan que dar servicios que no
son de su competencia. Siempre repito el mismo dato, la Federación de Municipios de Cataluña cifraba en un 18 por ciento el gasto de los entes locales, en servicios que no son de su competencia, lo que ha supuesto cercar el margen presupuestario,
el margen de inversión, el margen de decisión política -porque el margen presupuestario es el margen de decisión política-, en este caso de comunidades autónomas y de ayuntamientos. También el anterior Gobierno coadyuvó a cercar este margen con la
desaparición parcial, no para todas las empresas, del impuesto sobre actividades económicas, que mermaba aún más dicho margen y creaba distorsión y caos, porque no ha sido una retirada total del impuesto a las haciendas locales. Finalmente, la
falta de transparencia del modelo que se nos imponía -y esperemos que se pueda acabar-, porque algunas comunidades autónomas incluso del Partido Popular que aquí se muestran muy partidarias de este cero rígido y duro, curiosamente, no son las que
han contenido su endeudamiento y su déficit anual. Todo lo contrario, se han ocultado cifras que, finalmente, acaban saliendo. Y sobre todo porque se agregaban los saldos presupuestarios del Estado y la Seguridad Social y el Estado generaba
déficit. Lo que no se permitía a comunidades autónomas y a haciendas locales, curiosamente se permitía el mismo Gobierno del Estado, que luego exigía a rajatabla este modelo. Todo esto sumado a un patrón de crecimiento económico que no era el
óptimo para entrar en los primeros vagones del tren tecnológico y productivo europeo.
Por estas razones nosotros fuimos contrarios, no solo Esquerra Republicana sino también muchas comunidades autónomas, y, como se ha dicho también hace un momento
desde esta tribuna, se presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional.
En esta legislatura, el Gobierno presentó en esta Cámara hace un año el consiguiente Plan de Estabilidad Presupuestaria. Nuestra voluntad inicial era votar contrariamente a este plan, pero se llegó a un acuerdo mediante una proposición no
de ley, que firmamos el Grupo Socialista, el Grupo de Esquerra Republicana y el Grupo Vasco, para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Estamos ya ante una nueva ley. ¿Qué novedad va a tener esta Ley de Estabilidad Presupuestaria? El
acuerdo en la estabilidad presupuestaria, porque, aunque pueda parecer por lo dicho hasta ahora que no estamos de acuerdo, lo estamos, pero en el ciclo. La suma final del ciclo económico tiene que ser cero o superávit, pero debe generarse un margen
de maniobra a las comunidades autónomas y también incluye como novedad a los municipios. Hay la necesidad de generar capacidad de déficit para inversiones, para I+D, para innovación, para crear una conexión con la economía productiva y, como decía,
sobre todo hay que incorporar a los entes locales, a los ayuntamientos, que también han visto mermada su capacidad, habiendo en estos momentos un marco muy poco claro con respecto a
cómo se financian las haciendas locales. Pero sobre todo esta nueva ley debe tener otro elemento clave: consenso entre las diferentes administraciones. La imposición que se llevó a cabo por parte del anterior Gobierno, el Gobierno del
Partido Popular, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue un mal ejemplo. Fue una imposición aprovechando una legítima mayoría absoluta. No sabemos si ahora este Gobierno y el grupo que le apoya -que no tiene mayoría absoluta-, el Grupo
Socialista, tienen voluntad real de diálogo o se trata de una falta de mayoría aritmética, pero la realidad es que en este momento esta nueva ley se debe elaborar con el máximo consenso con todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Como decíamos, esta nueva ley también conllevará no agregar los saldos presupuestarios del Estado y de la Seguridad Social. Transparencia para todos, pero transparencia no es solo que las comunidades autónomas y los ayuntamientos informen
al Estado, sino también que el Estado informe a las ciudadanas y a los ciudadanos de la gestión de sus cuentas públicas, de la gestión de su gasto, de la gestión de sus transferencias.
Finalmente, también creemos importante que en esta nueva ley en
la que se está trabajando se tenga en cuenta el esfuerzo fiscal de las comunidades autónomas para fijar el margen, por dos razones, porque hay -no nos cansamos de decirlo- dos aspectos del esfuerzo fiscal. En primer lugar, hay comunidades autónomas
que hacen un sobreesfuerzo fiscal. Saben ustedes que mi grupo, Esquerra Republicana, insiste permanentemente en la necesidad de la publicación para redundar en esta transparencia, de que un modelo compuesto, como es el español, requiere
transparencia. Esto quiere decir transparencia en las balanzas fiscales, pero también en saber cómo se utiliza el gasto, qué administraciones gastan y qué administraciones incurren en déficit, pero, para que lo sepan los ciudadanos, la
transparencia no solo es con el Estado. Y en esta necesidad de esfuerzo fiscal que hacemos algunas comunidades autónomas también hay otro aspecto. No es lógico que algunas comunidades autónomas acaben, muy legítimamente, con algunos impuestos,
como el impuesto sobre sucesiones, rebajen o no apliquen su capacidad normativa sobre algunos impuestos, como por ejemplo sobre el carburante, como hace Cataluña, y luego recurran al déficit para financiar algunas infraestructuras. No tiene ninguna
lógica. Tienen más capacidad normativa y no la utilizan, con lo cual creemos que también hay que tener en cuenta el esfuerzo fiscal que se hace por las comunidades autónomas.
¿Cuál es el marco básico del acuerdo? En primer lugar, la necesidad de que se cree un 1 por ciento de déficit anual sobre el producto interior bruto si la previsión de crecimiento está entre el 2 y el 3 por ciento. ¿Cómo se reparte este 1
por ciento? Como he dicho antes, es evidente que el gasto es por parte de las comunidades autónomas, porque esta centrifugación del gasto en ámbitos tan sensibles como la sanidad, que conlleva buena parte del gasto de los presupuestos de las
comunidades autónomas, tiene por lógica que sea una proporción favorable de capacidad de déficit entre las comunidades autónomas. El acuerdo es 0,20 por ciento para el Estado, 0,75 por ciento para las comunidades autónomas y 0,05 por ciento para
los entes locales. En segundo lugar, a este marco de discusión de la nueva ley hemos aportado otra propuesta, la necesidad de que en el capítulo de inversiones se prevea la capacidad de las comunidades autónomas y de los entes locales para generar
déficit para inversiones de carácter productivo, para conectar la productividad y para cambiar este patrón de crecimiento. Manifestaba el señor Pujalte al Gobierno de forma apocalíptica, como ha dicho él, que el modelo que nosotros criticábamos al
Partido Popular, en el que la demanda interna tiraba básicamente de la economía a partir de la construcción, es del que estamos viviendo. Pero el señor Pujalte, que es buen entendido en economía, sabe perfectamente que los patrones de crecimiento
no se improvisan, no se cambian de un día para otro. Cambiar el modelo de crecimiento, un modelo basado en la demanda interna, con una capacidad tecnológica baja, con una capacidad de inversión en los últimos años bajísima en I+D, con un capital en
formación bajísimo, no es fácil y hay que crear condiciones económicas y de gasto. Primero formación, I+D, innovación e infraestructuras, por eso existe la necesidad de crear las condiciones para que, en el capítulo de inversiones, las comunidades
autónomas y los entes locales puedan destinar a las inversiones un 0,5 del producto interior bruto. Esto es importante, porque necesitamos -repito- conectar con un nuevo patrón de crecimiento y, en este caso, conectar el gasto con la productividad
para que el gasto siempre tenga que ver con la productividad. Hay que generar mayor competitividad por parte de las empresas. El capital público tiene que estar al servicio de esto y puede ser un modelo expansivo. Claro que lo es, porque hay una
auténtica demanda en el tren productivo y tecnológico. Sinceramente consideramos que este modelo del 0,5 -que ya se aplica en algunos países como el Reino Unido, que se conoce también como la regla de oro- puede coadyuvar, y mucho, a crear -repito-
un nuevo patrón de crecimiento.
Cuando se discute sobre el techo del gasto, nosotros consideramos que, por estas mismas razones, es necesario y básico dar un giro copernicano al modelo de crecimiento. Faltan infraestructuras y cuando decimos infraestructuras no nos
referimos solo a las férreas, a los trenes de mercancías -ayer mismo en este tribuna substanciábamos una interpelación, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la necesidad de que el Ministerio de Fomento realice una apuesta fuerte y
clara por los trenes de mercancías, que es el aspecto fundamental para crear una red logística entre los puertos y para que el eje mediterráneo, es decir, para que Tarragona, Barcelona y Valencia sean la puerta de Oriente. Esto implica más trenes
de mercancías y una nueva red de mercancías implica inversión. Cuando hablamos de mejoras en los aeropuertos, hablamos de inversión.
Cuando hablamos de mejoras en la red de carreteras, no solo las principales, sino también las secundarias o las que llamamos comarcales, hablamos de inversión. Esto implica también un crecimiento, no solo en la ocupación, no solo en la
inversión, sino sobre todo en nuestro modelo de competitividad. Esto es necesario y para esto hace falta cambiar la mentalidad.
A veces uno tenía la sensación de que el anterior Gobierno, más que un presupuesto, tenía un libro de caja esperando que pasara alguna cosa.
Pero este país no puede seguir viviendo únicamente de la construcción, aunque es muy importante y
acarrea industria auxiliar, que también es básica, ni solo del modelo turístico, sino que necesita industria, buenas infraestructuras tecnológicas y energéticas -lo que implica un mercado más abierto y más competitivo-, pero sobre todo necesita
formación. Esto implica recursos. Es verdad que estamos teniendo un debate sobre la necesidad de establecer un techo de gasto de un 7,6 por ciento y sobre cómo se gestiona un superávit en la Seguridad Social. Nosotros creemos que el superávit es
bueno, pero que se debe condicionar también a la inversión en materia productiva. Hay que tener la capacidad de crear los automatismos para que el superávit que se pueda generar en la Seguridad Social redunde aún más en la economía productiva. Por
eso creemos que condicionar una parte del superávit, es decir, aumentar el techo de gasto, siempre y cuando esto se reconduzca -repito- a un modelo de industria más productivo, es bueno para la economía y para los ciudadanos. Las políticas de
igualdad y las políticas sociales solo son posibles si hay un patrón de crecimiento que nos permita avanzar hasta los próximos 10 ó 15 años.
Quiero hacer una reflexión final: este modelo que estamos discutiendo se va a debatir entre las comunidades autónomas y las administraciones -que es necesario- y esperamos tener pronto la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria en esta
Cámara, previo paso por el Consejo de Ministros.
Así acabaremos con el dogma del déficit cero; un dogma tan improductivo como irracional; un dogma que, como hemos dicho antes, llevó a muchas comunidades autónomas a recurrir esta ley ante el
Tribunal Constitucional. Sinceramente creemos que acabar con este dogma del déficit cero, que era improductivo, era una necesidad, pero hemos tardado y nosotros creemos que se podía correr un poco más. De hecho hace un año aprobamos la proposición
no de ley, pero, finalmente, si se consigue el consenso y podemos materializar esta nueva ley, crearemos más transparencia en el modelo, generaremos más inversión y daremos más margen a las comunidades autónomas y a los entes locales. Repito que
esta será la primera piedra, porque en las comunidades autónomas y en los entes locales todavía tenemos auténticos déficits de financiación. Hay un debate sobre la financiación de las comunidades autónomas que está encima de la mesa. Aún hay
pendiente, y está a punto de entrar en los diferentes Consejos de Política Fiscal y Financiera, el debate sobre la deuda sanitaria que tienen algunas comunidades autónomas por un nefasto modelo de inclusión de la sanidad en el modelo de
financiación, que se llevó a cabo en el año 2001. También está todo el ámbito de la deslealtad institucional. Con todo esto, la nueva ley, el nuevo sistema de financiación, la fórmula necesaria para eliminar y enjugar el déficit y la deuda
sanitaria de muchas comunidades autónomas que tienen un modelo mucho más sofisticado, podemos poner las condiciones y los instrumentos para que el concepto de lealtad institucional sea de una vez por todas una realidad. Solo me queda añadir que
evidentemente votaremos a favor de la propuesta del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, hace un año nuestro grupo parlamentario, a pesar de estar frontalmente en contra de las leyes de estabilidad
presupuestaria, quiso ofrecerle a usted y a su Gobierno un margen de confianza absteniéndose a la hora de votar el acuerdo de estabilidad. También es cierto que además del margen de confianza negociamos y pactamos con su grupo parlamentario una
serie de temas como el pago de los gastos del Prestige, la discrepancia del cálculo del cupo, la ampliación de la Ertzaintza y el procedimiento a seguir en el marco de la Comisión Mixta de Concierto para establecer la senda de déficit
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Euskadi como contrapartida de nuestra abstención.
Hoy tenemos que decir que, transcurrido un año, nos sentimos defraudados, y no solo porque no han cumplido con los compromisos que adquirieron entonces con el Grupo Vasco, sino porque tampoco han cumplido con el compromiso firme de su
Gobierno de adoptar una nueva ley de estabilidad y transparencia. Hoy no tendríamos que estar debatiendo el acuerdo de estabilidad o al menos no en el marco de las vigentes leyes de estabilidad. El 19 de octubre del pasado año, presentados ya los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, este Congreso aprobó, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Popular, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a elaborar una nueva Ley de
Estabilidad que incorporara racionalidad, se adaptara al ciclo económico y respetara escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas y corporaciones locales, entre otros factores. Todos creíamos que esta iniciativa, que contaba con
el apoyo del Grupo Socialista, se iba a llevar a cabo. Yo, sinceramente, a lo mejor de manera ingenua así lo quería creer, a pesar de que tenía una serie de
sospechas. Mis sospechas provenían, señor vicepresidente, de la disposición trigésima de la Ley de presupuestos para el año 2005, por la que se modificaban las leyes de estabilidad. El Gobierno, a través de dicha disposición, pretendía
fundamentalmente que el Senado no pudiera vetar el acuerdo, puesto que si así lo hacía, el Congreso podía posteriormente echar para atrás la decisión de la mayoría del Senado.
Esto alteraba sustancialmente la situación anterior y facilitaba
enormemente la labor del Gobierno. Si el Gobierno resolvía el escollo del Senado, ¿qué incentivos tendría modificar las leyes de estabilidad? O dicho de otra forma, señor vicepresidente, si el Gobierno iba a presentar un nuevo proyecto de ley de
estabilidad antes de la aprobación de los presupuestos para el año 2006, ¿qué objeto tenía la modificación a través de la Ley de presupuestos? Así lo interpretó nuestro grupo y presentó una enmienda, con el fin de corregir la situación, eliminando
dicha disposición. No tuvimos el apoyo suficiente y estamos donde estamos.
En el citado debate del 19 de octubre, el señor Saura, del Grupo Socialista, nos trasladó lo que denominaba la intención del Gobierno de presentar un proyecto de estabilidad el primer trimestre del año, de manera que fuera aplicable a partir
del presupuesto de 2006, lo que, insisto, era una clara contradicción con la disposición trigésima de la Ley de presupuestos para 2005. Señor Saura, está claro que o le engañaron desde su Gobierno o intentó usted despistarnos desde su grupo
parlamentario. La realidad es que pasado el primer trimestre no hay proyecto y que estamos debatiendo el acuerdo del Gobierno en el marco de las viejas leyes. El propio señor Puigcercós, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, decía
literalmente en aquel debate: hoy es un gran día en esta legislatura. Para concluir afirmando: hoy damos el primer paso para cambiar una ley que se hizo como instrumento de un Gobierno con mayoría absoluta cuya única vocación era la asfixia de
las comunidades autónomas y entes locales. La cita me parece suficientemente expresiva de lo que pensamos la mayoría de los grupos parlamentarios con relación a las leyes de estabilidad. Pero las esperanzas del señor Puigcercós, al igual que las
de otros grupos de esta Cámara y las del Grupo Vasco, que apoyó dicha proposición tras la incorporación de una serie de enmiendas competenciales que propusimos, no se han visto cumplidas.
Ahora parece que existe un acuerdo básico entre el Gobierno de Esquerra Republicana e Izquierda Unida en los contenidos de un nuevo proyecto de ley de estabilidad y transparencia, que previsiblemente, y tal como usted ha señalado, se va a
presentar en esta Cámara en los próximos meses. Una ley que, en el mejor de los casos, será de aplicación y tendrá efectos a partir de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Se ha perdido, por tanto, señor vicepresidente, una
magnífica oportunidad de haber aprobado la ley antes de este debate; se habría ganado un año que en el marco de una legislatura no es poco. Nuestro grupo parlamentario, como usted sabe, se ha ofrecido en numerosas ocasiones para trabajar y
negociar el proyecto antes de que venga al Congreso. Su Gobierno, señor vicepresidente, no lo ha considerado oportuno y ha cerrado un acuerdo con sus socios de Gobierno. No obstante, quisiera agradecerle personalmente y en nombre de mi grupo
parlamentario las explicaciones que con relación a este tema nos ha ofrecido tras cerrar el acuerdo. Insisto, sentimos no poder haber participado, pero estamos seguros de que en un futuro lo haremos.
Por otra parte, señor vicepresidente, desde el Partido Nacionalista Vasco tenemos la obligación de recordarle que por segundo año consecutivo se han incumplido las leyes de estabilidad en lo referente a la comunidad autónoma de Euskadi. Tal
y como establecen las leyes de estabilidad y el propio concierto económico, y usted lo sabe muy bien, las sendas de déficit correspondientes a la Comunidad Autónoma de Euskadi han de acordarse de manera bilateral en el seno de la Comisión Mixta de
Concierto. Este acuerdo no se ha producido. Entre la documentación remitida por el Gobierno a esta Cámara se encuentra un certificado, como usted ha dicho, de la Comisión Nacional de Administración Local y otro firmado por la Secretaría del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no hemos encontrado, lógicamente porque no lo hay, acuerdo alguno de la Comisión Mixta de Concierto. De lo argumentado cabe inferir que la Comunidad Autónoma de Euskadi no está vinculada o, dicho de
otra manera, está al margen de los acuerdos que pretende aprobar hoy el Congreso de los Diputados.
Simplemente quiero contrastar cuál es la realidad de nuestros compromisos al amparo de la legalidad vigente. Se lo decía el año pasado y se lo tengo que repetir, señor vicepresidente, usted hoy nos está planteando un debate a ciegas. ¿Qué
quiere que le digamos? ¿Como el Partido Popular, que el aumento del gasto no financiero que propone es excesivo? Usted y yo sabemos que no lo es. ¿Que el afán de déficit o de superávit es suficiente o insuficiente? Hoy el debate sobre el nivel
de gasto público y sobre los escenarios de déficit o endeudamientos públicos tiene que estar inevitablemente vinculado a otros temas y debates, como son los cambios del modelo territorial y la financiación de las comunidades autónomas, el déficit
sanitario, la apuesta por la estrategia de Lisboa y sus políticas, las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 y su presumible impacto negativo desde el punto de vista de los recursos para el Estado español, prioridades políticas de su
Gobierno para los próximos años y un largo etcétera. Ignorando la previsión del Gobierno sobre estas cuestiones, los estudios y la idea que se tenga al respecto, es muy difícil pronunciarse con sentido económico o simplemente con sentido común
sobre el déficit y sobre el incremento del gasto.
Señor vicepresidente, usted, como ministro de Hacienda, quiere que esta Cámara le facilite el trabajo y le establezca el límite de gasto, y de esa manera tendrá una disculpa ante sus compañeros del Gobierno para
decirles que no va más, que no hay más dinero. La buena marcha de la economía, de la recaudación de impuestos y el superávit de la Seguridad Social le están retrasando el conflicto. Con el aumento de los gastos que nos propone quizá deje
contentos a los ministros para que continúen con la gestión. Pero ¿cuándo se va a hablar de prioridades, de proyectos, de apuestas estratégicas, de impulso de políticas públicas que garanticen el crecimiento y empleo futuros? ¿Cuándo se va a
abordar el problema de las ineficiencias y duplicidades de las políticas instrumentadas desde su Gobierno en materias que no les corresponden? Estoy pensando en solapamientos como vivienda, cultura, agricultura, sanidad, educación, etcétera, e
ineficacias como la I+D+i, la formación continua y otras.
Estos son los debates, señor vicepresidente, y no discutir a ciegas si el límite de 133.947,03 millones de euros es excesivo o insuficiente. Sería excesivo o insuficiente en función de lo
que se quiera y lo que se deba hacer. Como sabe, señor vicepresidente, nuestro grupo parlamentario, estando particularmente en contra de las leyes de estabilidad, cree que la estabilidad económica y presupuestaria es condición necesaria para la
buena marcha de la economía. Pero también creemos que este debate no puede realizarse en un laboratorio al margen de la realidad y del debate de las carencias y prioridades de la política económica. En este ámbito, en el de las ideas, en el del
debate, en el de incorporar racionalidad económica y social a las políticas del Gobierno, queremos estar y trataremos de aportar. Los debates a ciegas pueden ser entretenidos pero son absolutamente estériles. No se puede hablar de economía ni de
política económica al margen de la realidad. En coherencia con lo argumentado, nuestro grupo va a votar en contra de este acuerdo del Gobierno. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Si el Gobierno cumple en el futuro
con los compromisos adquiridos, es decir, si aprueba una nueva ley de estabilidad que respete e incorpore los criterios contemplados en la proposición no de ley aprobada por la mayoría de este Congreso hace siete meses; si en los plazos previstos y
en el marco de la Comisión Mixta del Concierto se adoptan los compromisos en materia de déficit público correspondientes a la Comunidad Autónoma de Euskadi; si se evitan los debates a ciegas y se incorporan al debate político y económico todas las
cuestiones relevantes que antes le decía: el modelo territorial, las perspectivas financieras, etcétera, si eso es así, nuestro grupo podrá en un futuro reconsiderar su posición e incluso votar a favor. Hoy estamos aún lejos, tristemente lejos, a
pesar del compromiso del Gobierno, de esta situación, y es por lo que repito que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, señor vicepresidente, sin duda lo que estamos discutiendo hoy no obedece a que ustedes lo hayan traído, como decía el señor Martínez-Pujalte. Lo que hoy estamos discutiendo obedece a la Ley 18/2001,
aprobada con los votos del Partido Popular; una ley que nos situaba -hoy también- bajo el dogma del déficit cero, pero, eso sí, sin margen para los ayuntamientos, sin margen para comunidades autónomas y con principios de déficit cero para la
Administración Central del Estado, pero sin absoluta transparencia y con criterios ya no digo flexibles sino incluso opacos en lo que se refiere a las finanzas de la Administración Central del Estado. Esa fue la política del Partido Popular, y lo
cierto es que en la proposición no de ley mencionada, también aprobada, apoyada y firmada por nuestro grupo parlamentario, valorábamos -y continuamos haciéndolo- que lo que había y lo que hay que hacer es asumir la estabilidad en el ciclo, pero
también que en función del crecimiento y de las características del mismo se debe poder asumir déficit en determinados momentos.
¿Por qué hay que salir del dogma del déficit cero y empezar a hablar de la estabilidad en el ciclo con criterios flexibles? Hay un primer argumento, que es el de coherencia con lo que se ha hecho. ¿Y qué es lo que ha acontecido en los
últimos años? La realidad ha sido bien tozuda. La Administración Central del Estado ha conseguido el déficit cero o incluso en algunos años superávit -como también ocurre en las cuentas que nos trae hoy el vicepresidente económico, señor Solbes- a
partir del superávit de la Seguridad Social. Es más, ha habido y hay deudas, por ejemplo, en Renfe o en Radiotelevisión Española. Por tanto, hay que salir del dogma del déficit cero por coherencia con lo acontecido. Segundo argumento: la Ley de
Estabilidad era -y continúa siéndolo hasta que la cambiemos- una ley de control político para ayuntamientos y para comunidades autónomas. Mientras existía flexibilidad en las finanzas de la Administración Central del Estado, comunidades autónomas y
ayuntamientos no tenían margen alguno. Existía, y existe aún, un doble rasero para la Administración Central del Estado y para ayuntamientos y comunidades autónomas, y esto es especialmente grave cuando son precisamente las comunidades autónomas y
los ayuntamientos los que tienen que dar respuesta a las exigencias y a las demandas sociales de una sociedad cambiante que pide mayor incremento del gasto social. Tercer argumento: nuestro contexto, y lo cierto es que en nuestro contexto se ha
abandonado desde hace tiempo ya el dogma del déficit cero. De hecho, en el Consejo Europeo del mes de marzo se hablaba del equilibrio presupuestario, pero se afirmaba claramente que se deberá permitir un margen de maniobra presupuestario, teniendo
especialmente en cuenta las necesidades de inversión pública. Se decía: Los márgenes recogen, una vez realizados los ajustes cíclicos, entre un menos 1 por
ciento del PIB para los países con baja deuda -como es nuestro caso- y elevado potencial de crecimiento económico y un equilibrio o superávit para los países de elevada deuda y bajo potencial de crecimiento económico. La realidad de estos
días, además, constata que en el contexto europeo existe una demanda de criterios más flexibles. El no de ayer en Holanda o el no de Francia del pasado domingo al proyecto de Constitución europea también se enmarcan en este contexto; un contexto
de exigencia de la ciudadanía de mayor flexibilidad; un contexto en el que se pide convergencia también social, un alma social para el proyecto de la Unión Europea; un contexto en el que se dice que lo que hoy hacen los márgenes estrictos que
reclamaba el señor Martínez-Pujalte es desalentar a la ciudadanía de la Unión Europea y alejarnos del modelo social europeo, que es el alma de la Unión. El cuarto argumento -y seguramente el más sólido- es hacer simplemente lo que es razonable,
porque sin duda alguna no es razonable endeudarse siempre y tener un déficit que forme parte en cualquier caso de nuestras finanzas, es verdad, no es razonable hacerlo siempre, pero ¿es razonable no endeudarse nunca? Cuando en una economía familiar
o en una economía de empresa las cosas no van bien, hay que hacer proyectos de inversión para garantizar futuro. Y lo mismo pasa con la Administración Central del Estado, con las comunidades autónomas y con entes locales. Lo que se trata, por
tanto, de aplicar es simple y llanamente lo que entendemos por sentido común.
Nuestro grupo parlamentario asume la estabilidad en el ciclo, pero entendemos que debe haber márgenes de flexibilidad para que cuando las cosas no vayan tan bien haya capacidad de inversión, haya capacidad de hacer frente al presente y sobre
todo garantizar el futuro. ¿Tiene que ver lo que les planteo con el techo de gasto? Mucho. Nuestro grupo no podía votar el techo de gasto sin un compromiso de mayor flexibilidad. De hecho, nuestro apoyo a los últimos presupuestos ya se dio en
este contexto y conseguimos que en ellos hubiera partidas más sociales desde una perspectiva más ambiental, desde una perspectiva más solidaria. Y esos apoyos se dieron porque estaban en el marco de un compromiso para modificar y cambiar la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. Por eso, nuestro voto fue favorable para dar margen en los casos en que el crecimiento esté por debajo de lo que se entiende por la media del ciclo y para permitir la inversión en proyectos que incrementen la
productividad de la economía española. ¿De qué se trataba y de qué se trata? De dar margen a dos administraciones, las más próximas, las que tienen que dar mayor respuesta a las demandas sociales, aquellas a las que el Partido Popular había negado
cualquier margen: a comunidades autónomas y a ayuntamientos. Es cierto que a la hora de asumir déficit el reparto ha de ser de forma razonable, porque hoy las mayores exigencias versan en torno a las comunidades autónomas, y es cierto que hoy los
ayuntamientos deben tener capacidad y margen para asumir un déficit en caso de que el crecimiento esté por debajo de la media del ciclo. Pero tan importante o más que esta asunción de déficit es que es necesario que haya margen también para
proyectos de inversión que aumentaran la competitividad. Aquí está seguramente el quid de la cuestión. Por aumento de la competitividad se entendían en pleno siglo XX prácticamente solo las inversiones en infraestructuras. Hoy tenemos que
discutir que el aumento de la productividad supone un abanico mucho más amplio, que todos reconocen que debe incluir las inversiones en I+D, en formación. Pero aquí hay elementos que convergen también con un incremento del gasto social que puede
ser compatible con este incremento de la productividad.
Por eso, en estos proyectos de inversión, que no son parejos a programas de saneamiento, tienen que incorporarse las comunidades autónomas con un alto porcentaje, un 0,25, y se incorporan como
novedad los ayuntamientos.
En este punto quiero hacer una especial referencia. Para el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds es especialmente relevante el hecho de que los ayuntamientos se hayan
incorporado a la nueva propuesta, que esperemos que sea ya realidad en poco tiempo después de pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que los ayuntamientos tengan margen de endeudamiento y sobre todo tengan margen para hacer
proyectos de inversión. No puede ser que la Administración que padece más las demandas de la sociedad, la que es la primera trinchera, sea la Administración a la que se exija más o que no se le dé ningún margen. Para nuestro grupo parlamentario
era y es fundamental -así lo planteamos y hemos conseguido el compromiso- que se dé a los ayuntamientos ese margen.
¿Qué es lo que debemos conseguir con el nuevo acuerdo? Debemos conseguir una ley que garantice la estabilidad en el ciclo y debemos evitar una ley que solo sitúe un horizonte de déficit o de superávit. Me explicó.
¿Cuáles deben ser los
umbrales? Los que sitúe el ciclo en cada momento, y ayer y anteayer pudimos transmitir al Ministerio de Economía que debe haber una referencia a cuáles son los márgenes del ciclo. ¿Por qué lo digo? Porque si dijésemos hoy que los márgenes para
asumir déficit se sitúan entre el 2 y el 3 por ciento e hiciésemos una prospectiva de lo que ha acontecido en los últimos diez años, nos encontraríamos con que hay dos años en los que se ha crecido por debajo del 2,5 por ciento, hay cuatro años en
los que se ha crecido entre el 2,5 y el 3,5 y hay cuatro años en los que se ha crecido por encima del 3,5. Dicho de otra manera, si asumiésemos el criterio rígido de situar los umbrales entre el 2 por ciento y el 3 por ciento, haríamos una ley de
déficit cero o de superávit. Por tanto, ¿qué es lo razonable? Que esos umbrales se adecuen, de acuerdo con lo que se determine en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y también de acuerdo con el sentido común, a lo que ha sido el ciclo, por
ejemplo -pueden ser otros los datos-, en los últimos diez años, porque si no, acumularíamos y no invertiríamos. Además lo tenemos que hacer por las características de crecimiento de la economía española.
La economía española -y hay que recordarle al señor Martínez-Pujalte que eso no es nuevo- crece sobre la base de parámetros poco sólidos -lo comparto con usted-. No es que el señor Solbes lo haya cambiado todo en dos días, pero ustedes
tampoco iban nada bien encaminados. Le diré por qué. Hace muchos años que el crecimiento de la economía española se basa en la fuerte demanda interna, en la alta inflación, hace muchísimos años que se basa en la construcción, y es cierto que hoy
tenemos una balanza exterior claramente deficitaria; que hay un endeudamiento familiar -al que no ha hecho referencia el señor Martínez-Pujalte- que no tiene precedentes si lo comparamos con la última década, en la que ustedes han gobernado muchos
años más que el Partido Socialista, señor Martínez-Pujalte, y que hay una pérdida de peso de la economía productiva. Dicho de otra manera, el crecimiento de la economía española tiene bases menos sólidas que el crecimiento de otras economías, y por
supuesto hay que poner medidas. ¿Qué es lo que plantea nuestro grupo parlamentario, que es lo que le trasladaba y también le traslada hoy mismo? Que, por tanto, a partir de esos criterios habrá que adecuar el ciclo a lo que realmente ha sido y
habrá que poner límites al superávit, por ejemplo, en convergencia con la Unión Europea en I+D+i. Lo que está claro es que una economía como la nuestra, que tiene déficit en I+D+i o en inversión en formación, tiene que asumir el superávit en función
de si realmente nos acercamos a Europa en aquello que hace más sólida y más fuerte nuestra economía, y si eso no se da así, mal iremos.
En cuanto a la propuesta relativa al techo de gasto, hay que decir que las cifras que nos plantea el Gobierno son positivas aunque podrían ser mejores. ¿Por qué digo que son positivas? Porque hay un incremento del gasto, y nuestro grupo
parlamentario lo valora positivamente porque con unas bases de crecimiento económico menos sólidas que las de otros países de nuestro entorno, hay que hacer mayores inversiones en elementos que den productividad; hay que hacer mayor inversión en
I+D+i, sin lugar a dudas. Por tanto, ¿es negativo que el incremento del gasto se sitúe por encima del PIB nominal? En nuestro contexto y dadas las características de nuestro crecimiento, entendemos que no lo es, todo lo contrario, es que si no
hiciésemos eso, hipotecaríamos el futuro del desarrollo de la economía española. Pongo en duda la ortodoxia de la propuesta del señor Martínez-Pujalte, pero, en cualquier caso, la realidad nos demuestra que esa política hoy no nos sitúa en bases
más sólidas de crecimiento para la economía española. ¿Por qué le decía que nos encontramos en un escenario positivo pero que podría ir más allá? Porque hoy el crecimiento de la economía puede darse por encima, va a haber seguramente un
crecimiento de los ingresos que va a estar por encima de lo que el ministerio plantea, el superávit de la Seguridad Social ya es superior al 0,70 que el señor ministro nos indicaba, y por tanto vamos a tener márgenes de sobra.
Acabo, señora presidenta. En este contexto la pregunta es para qué ese crecimiento. Seguramente el señor Martínez-Pujalte nos diría que exclusivamente para tener finanzas saneadas. Hoy ya nos ha planteado otro elemento nuevo: nos ha
dicho que para converger en la renta media europea. Un poco más y nos explica que para converger en gasto social. A alguno de nosotros nos habría dado una gran alegría que por primera vez el Partido Popular incorporase eso en el discurso, pero no
ha llegado hasta este extremo. En cualquier caso, para nosotros el crecimiento del gasto -y esa sí que va a ser condición nuestra para los presupuestos- tiene que significar converger con Europa en gasto social; hacer que el medio ambiente sea una
prioridad en uno de los entornos más degradados medioambientalmente del contexto de la Unión Europea; solventar el problema del déficit sanitario y mejorar la financiación autonómica y la local. Nuestra opción, y entendemos que también tiene que
ser la opción del Grupo Socialista, es que ese incremento de gasto nos empiece a dar márgenes. Tengo un fragmento -también lo dijo el señor Llamazares el año pasado- de una intervención del señor Sevilla cuando era portavoz de Economía y que yo
suscribo totalmente. Decía: Todo el mundo, menos al parecer usted -se refería al portavoz del Partido Popular-, acepta el recurso del endeudamiento para financiar inversiones públicas. Decía además el señor Sevilla: Las generaciones futuras van
a beneficiarse también del mayor stock de capital público que se genere con dichas inversiones y es razonable que contribuyan a su financiación mediante la deuda, como por cierto hacen las familias. Y seguía diciendo que puede defenderse el mismo
criterio para las inversiones de capital humano, es decir, en educación así como investigación y desarrollo, para finalmente acabar diciendo que el problema es especialmente chocante cuando observamos que los países europeos más ricos, y más ricos
que nosotros, presentan déficit públicos, aunque siempre reducidos, con fundamento económico, para garantizar la convergencia y una economía más sólida, pero también la convergencia social. Lo cierto es que hoy las palabras del señor Sevilla cuando
era portavoz de Economía ya no solo las comparte nuestro grupo parlamentario sino que con lo que hemos acordado también el señor Solbes las va a compartir, y por tanto empezamos a situarnos en unas bases que nos dan mayor flexibilidad; eso sí,
siempre y cuando no nos hagamos trampas al solitario, siempre y cuando la estabilidad sea en el ciclo y entendamos el ciclo por cómo va el desarrollo de la economía, siempre y cuando asumamos déficit cuando lo tengamos que asumir, estemos en
equilibrio presupuestario cuando lo tengamos que estar y asumamos superávit siempre y cuando converjamos con Europa.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes, la posición de Coalición Canaria ante este debate para fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria en el trienio 2006-2008 es de
reconocimiento de un documento -el que aprueba el Gobierno- que nos parece, en una línea de prudencia y sensatez, adecuado al momento presente, que viene definido por dos parámetros fundamentales: uno, un horizonte de incertidumbre, sobre todo
alrededor del año 2007, con la situación de los fondos estructurales y de cohesión que España viene recibiendo de la Unión Europea y, otro, el enunciado que ha hecho el señor vicepresidente de un nuevo proyecto de ley de estabilidad presupuestaria
que supere el marco de la Ley 18/2001. Mi grupo desea que este proyecto de ley llegue a esta Cámara como debe llegar un proyecto de verdadero interés estatal, como puede ser un proyecto de ley de Defensa, es decir, con la mayor unanimidad y
prácticamente cerrado, porque ahí nos va la tranquilidad económica y social de España en los próximos quinquenios en que tengamos que tener una relación, dependiente o no, en mayor o menor cuantía, de los presupuestos no solamente nacionales sino
también de la Unión Europea.
Sobre los distintos aspectos que se contemplan aquí, la peculiaridad canaria surge inmediatamente, peculiaridad que se diferencia de los cuatro grandes pilares de la recaudación fiscal del Estado, como el impuesto de sociedades, el IVA
-primera excepción-, que no se aplica ya en Canarias, el impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas, general también, y los impuestos especiales, también con la salvedad de Canarias en el área de los combustibles y en el área del tabaco.
Esto tiene que ser considerado cuando estudiamos cuáles son las posibilidades de déficit, cero, no cero o con mayor déficit, en la Comunidad Autónoma de Canarias, que no tiene ni el recurso del IVA porque, como bien sabe el señor vicepresidente del
Gobierno, tiene sus impuestos especiales y los correspondientes a tabacos y combustibles en otra situación.
Hay algo que quiero resaltar porque me ha parecido muy oportuna una referencia que ha hecho el señor Puigcercós en su intervención, y es el principio de lealtad institucional. Si en una comunidad autónoma -centro aquí el problema porque
estamos de acuerdo en la cuenta que respecto al Estado, sus entes autónomos y la Seguridad Social ha presentado el Gobierno por boca de su vicepresidente segundo económico y sobre la que no tenemos nada que decir- ha habido un déficit, se compensa
con el superávit que ha tenido la Seguridad Social y nos quedamos en un 0.25 por ciento; correcto, porque no da ninguna incertidumbre al sector financiero y empresarial español sino una sensación de momentánea tranquilidad para poder sobrepasar
esta situación y llegar a año 2007 con entera seguridad.
Lo que sería muy difícil explicar al ciudadano y debemos evitar para no caer en un instrumento electoralista de la política fiscal es que no haya lealtad institucional, pues en las
comunidades autónomas y sobre todo en las corporaciones locales el conocimiento de las cifras de déficit es verdaderamente muy opaco y nos perdemos en una estructura de 8.000 y pico ayuntamientos en toda España. Si a eso le sumamos los cabildos
insulares de Canarias, que son corporaciones locales que en nuestro Archipiélago tienen un componente verdaderamente singularizado y especial, el déficit que puede surgir en un territorio fiscal como el de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la
que está el gasto pero también el déficit que generan conjuntamente sus ayuntamientos y sus cabildos insulares, encargados de un programa de infraestructuras donde se encuentran las grandes inversiones, además de las de tipo asistencial y social,
nos podemos encontrar que una comunidad autónoma juegue a un electoralismo fiscal aportando un déficit de muy difícil justificación, como puede ser el sanitario, y al mismo tiempo en impuestos y fiscalidad que tiene transferida resulta que no lo
aplica. Verdaderamente sería de muy difícil compresión desde un civismo democrático ciudadano que una comunidad autónoma dijera que tiene déficit y, por otro lado, acordara exonerar a sus ciudadanos contribuyentes, por ejemplo, del impuesto de
transmisiones patrimoniales. Hay que conseguir un pacto democrático consensuado y aprobado para que nadie utilice los instrumentos de fiscalidad como ocurre a veces con el terrorismo u otras cuestiones que se tiran a la cara fuerzas políticas
distintas jugando con esa situación. Si viene el nuevo proyecto de ley, en el tema fiscal todo esto tiene que quedar garantizado, porque el texto de la vigente Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria dispone en su artículo 7.3 que las
situaciones excepcionales de déficit presupuestario deberán ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que se producen. Esto hay que repetirlo y dejarlo nítidamente
expresado con total claridad, señor vicepresidente, y también se lo digo a todas las fuerzas políticas, porque si ese pacto institucional se rompe, se vulnera el principio de solidaridad, y no se puede admitir en el caso de otras comunidades que sí
mantienen este principio de solidaridad fiscal y que se ven también en una situación justificada de déficit, como ocurre en determinadas comunidades autónomas, entre ellas la canaria pero que se puede dar también en Cataluña, en Galicia o en
Valencia, en las que los incrementos de población han trasladado y generado un déficit en la asistencia sanitaria. En Canarias, en el trienio anterior, estábamos en un millón y medio de habitantes; en este momento estamos muy cerca de los dos
millones. No solamente son dos millones de población de derecho, sino que en Canarias, al tener un sector que genera el 81 por ciento del producto interior bruto de servicios -y ahí está el turismo, que es de enero a diciembre, que no
es estacionario, como en Baleares-, si decimos que recibimos 10 millones de turistas al año procedentes de la Unión Europea, nos encontramos con que, con esos 10 millones, repartidos por días en la media de una semana, tenemos diariamente en
Canarias una población turística accidental del orden de más de 300.000 personas, que recurren, porque son de la Unión Europea, a los hospitales del servicio público. Así se incrementan las listas de espera, se incrementan las asistencias,
etcétera, y se genera inmediatamente un déficit. Esto sería plenamente justificable. Lo que yo he dicho siempre a los compañeros que están en las representaciones administrativas del Gobierno de Canarias es que debe sacarse las cifras de déficit
que puede arrojar objetivamente este implemento de la población, no solamente el de la población de derecho, sino el de la población de transeúntes turistas, que están, en un número no inferior a 300.000, diariamente utilizando servicios, muchos de
ellos de la sanidad pública. En ningún momento debe romperse una regla de solidaridad, que al Gobierno de turno en la comunidad autónoma se le ocurriera la supresión y exonerar a sus contribuyentes, por ejemplo, como citaba antes, del impuesto de
transmisiones patrimoniales o de cualquier otro.
A nosotros nos parece que las cifras que se dan en el documento del Gobierno están dentro de lo prudente, sobre todo cuando vemos que el límite del gasto no financiero del presupuesto del Estado se ha cifrado, en números redondos, en 134.000
millones de euros. Quiero recordar que, como estamos haciendo referencia al producto interior bruto y me he referido a la excepcionalidad canaria con respecto al IVA o a los impuestos especiales en combustibles y en tabaco, en este momento, según
las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al pasado ejercicio del año 2004, Canarias es la octava autonomía que más contribuye a la riqueza nacional. Estamos en un octavo lugar de aportación al producto interior
bruto, sobre todo por ese 81 por ciento que representa el sector servicios. En Canarias, en la constitución del valor añadido bruto, estamos en un 81 por ciento, frente al 68 por ciento que tiene el resto del territorio peninsular y Baleares.
Estamos entre 22.000 ó 32.000 millones de euros del valor del producto interior bruto, bien a precios de mercado, bien a precios de la contabilidad nacional.
Nosotros le pediríamos, señor vicepresidente del Gobierno, en primer lugar, una participación dialogada cuando se esté preparando el borrador de este proyecto de ley, para que la singularidad canaria específica -que viene incluso en el orden
constitucional y de los tratados de la Unión Europea, que usted bien conoce, sobre todo por su etapa no solamente de ministro del Gobierno, sino también como comisario para Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea-, esta peculiaridad
jurídica, legal y constitucional, se salve, tener los principios de flexibilidad que el sentido común y dentro de un principio de solidaridad y disciplina se tienen que tener. Esta flexibilidad debe tenerse sobre todo en atención a los
desequilibrios poblaciones y estructurales de un territorio fracturado y fraccionado geográficamente en islas, que obliga a unos sobregastos en infraestructuras de transportes. No en vano, cuando se habla de la infraestructura aeroportuaria en
España, resulta que la Comunidad Autónoma de Canarias es la comunidad que tiene más aeropuertos y más puertos, pero es por el hecho insular y del transporte de servicios, ya que es necesario que cada isla tenga un puerto, mayor o menor, según su
economía o sus posibilidades y población; cada isla tiene que tener al menos un aeropuerto. Incluso hay islas, como Tenerife, que tienen dos, porque forma parte de su infraestructura logística del transporte.
Coalición Canaria hace la oferta de que queremos participar en los estudios y en las ideas del borrador de ese proyecto de ley, porque nos parece que ese proyecto tiene que venir a la Cámara perfectamente pacificado y asumido, ya que la
estructura española empresarial, financiera, social y sindical, necesita un documento tranquilo y solidario, para que produzca la reducción de las aportaciones del presupuesto de la Unión Europea en fondos estructurales o de cohesión, incluso para
Canarias. Se habla de una cifra teórica de 1.100 millones de euros para las regiones ultraperiféricas y se ha llegado a una especie de preacuerdo para que bascule la distribución de esos 1.100 millones de euros con arreglo a la población de las
regiones ultraperiféricas de Francia, Portugal y España, y, de España, sería la Comunidad Autónoma de Canarias la que más recibiera. Al menos, que tengamos la seguridad de que va a haber 1.100 millones de euros en 2007, para poder avanzar en los
estudios de financiación.
Señora presidenta, por lo demás, mi grupo está conforme con el planteamiento que se ha hecho de esta distribución, del límite máximo del gasto no financiero del presupuesto del Estado. Es oportuna la referencia que ha hecho el señor Solbes
a un incremento del 7,6 por ciento, me ha parecido entender, en esos 134.000 millones de euros, en cifras globales.
Estamos de acuerdo en todo este principio, creemos que es un planteamiento prudente y sensato, con una cierta flexibilidad y
manteniendo una disciplina de la presión político-social que puede haber en determinadas comunidades autónomas o en determinados servicios, en empleo, en sanidad, en infraestructuras de inversión en carreteras, aeropuertos y puertos, redes
eléctricas que tengan que tener cualquier línea de apoyo previo, como pueden ser las obras hidráulicas. Todo esto nos lleva a una valoración positiva y queremos aportar lo que entendemos que es casi, hoy día, un debate de transición para cuando
tengamos el gran debate del trienio. Así que nuestro voto será favorable, señorías, a este documento presentado por el Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, en representación del cual tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señorías, subo a esta tribuna para fijar nuestra posición con respecto al debate de hoy. El pasado 17 de junio de 2004 y durante su intervención ante el Pleno del Congreso con motivo de la defensa del acuerdo del
Gobierno por el que se fijaba el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2005-2007 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2005, el señor Solbes hizo hincapié en la inminente reforma de las leyes de
estabilidad presupuestaria para adoptar un nuevo concepto de estabilidad que tuviese en cuenta la evolución del ciclo económico y para hacer compatible la legislación estatal sobre la estabilidad presupuestaria, con respeto al marco competencial
autonómico y local reconocido en la Constitución española. Fue precisamente ese compromiso de modificación de las leyes de estabilidad presupuestaria el que permitió al Gobierno reunir los apoyos necesarios de los demás grupos parlamentarios para
aprobar los escenarios presupuestarios correspondientes a ese periodo 2005-2007, así como el límite de gasto no financiero del año 2005. Hoy, casi un año después, las únicas modificaciones que se han producido en las leyes de estabilidad
presupuestaria son las que introdujo el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005, con la finalidad de ampliar el plazo que le otorga la ley para remitir a las Cortes los objetivos de estabilidad y el límite de gasto,
evitando que su frágil situación política en el Senado pudiese derivar en la devolución al Gobierno de dichas previsiones.
Han pasado más de siete meses desde que el Congreso aprobase, con el apoyo de todos los grupos excepto del Grupo Popular, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a reformar las leyes de estabilidad presupuestaria, para erradicar de
nuestra legislación una situación insólita en nuestro entorno europeo como lo es la obligación de que las administraciones públicas aprueben sus cuentas anuales con déficit cero o con superávit, prevista en el artículo 3 de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, todavía hoy vigente, y para erradicar de esas leyes su ansia de tutela financiera de las comunidades autónomas, que los grupos firmantes y también en su momento el PSOE juzgamos radicalmente inconstitucional.
La proposición no de ley aprobada por este Parlamento el pasado mes de octubre instaba al Gobierno, entre otras cosas, a: configurar el objetivo de estabilidad, de modo que se entienda como una estabilidad a lo largo del ciclo, que permita
modular la política presupuestaria en función de la evolución de la economía y que permita a cada comunidad autónoma fijar el objetivo anual en función de sus necesidades específicas; reformar el marco legal de los procedimientos de fijación de los
objetivos de déficit de las comunidades autónomas y corporaciones locales regulados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de forma que no se vulneren las competencias de estas administraciones en la política presupuestaria; realizar los ajustes
necesarios para determinar el objetivo de estabilidad presupuestaria de la Administración General del Estado de forma independiente al de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social; garantizar la autonomía financiera de las
comunidades autónomas y las corporaciones locales prevista en la Constitución o abordar las anteriores modificaciones legales con el máximo consenso.
Como les decía, han pasado más de siete meses desde que esta Cámara otorgase su confianza al Gobierno para que elaborase una nueva ley de estabilidad presupuestaria conforme a esos criterios y todavía no hemos recibido ninguna propuesta del
Gobierno. Es más, el Gobierno continúa remitiendo a las Cortes sus objetivos de superávit para el conjunto del sector público en el periodo 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2006, en cumplimiento de las
leyes de Estabilidad Presupuestaria. Y continúa con la misma retórica caduca de equilibrio presupuestario del anterior Gobierno del Partido Popular, como si nada hubiera pasado. Además, se nos pide que apoyemos estos objetivos cuando ayer mismo
nos enteramos por los medios de comunicación de que, sin haber hablado con los demás grupos de esta Cámara, el Gobierno y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo con dos de los grupos firmantes de aquella proposición no de ley, para modificar
parcialmente las leyes de estabilidad presupuestaria, que a nuestro juicio no se ajusta a los criterios anteriormente señalados. Sentimos tener que decir que esta forma de proceder nos parece totalmente desacertada y hasta cierto punto irrespetuosa
con los acuerdos previos alcanzados en esta Cámara.
En cuanto a lo poco que conocemos del contenido de este nuevo acuerdo, tenemos que decir que nos decepciona su orientación general y nos preocupan algunas de sus componentes que se han hecho públicas a través de los medios de comunicación.
Señor Solbes, la ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria persigue única y exclusivamente el establecimiento de un control férreo del Gobierno, más concretamente del ministerio que usted dirige, sobre los
presupuestos de las comunidades autónomas, anulando el papel que la Constitución y los estatutos reconocen a los ejecutivos autonómicos y a los respectivos parlamentos, y lo hace, a nuestro juicio, de manera flagrantemente anticonstitucional. No le
volveremos a repetir las apreciaciones que su compañero de gabinete, el señor Sevilla, hoy ministro de Administraciones Públicas, hizo en calidad de portavoz económico del Grupo Parlamentario Socialista, con respecto a las leyes de estabilidad
presupuestaria durante su tramitación parlamentaria en la pasada legislatura, pero sí nos gustaría volver a decir que para el BNG lo que se ha hecho público del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los dos grupos que antes
mencionábamos contiene aspectos tan graves como la propia redacción original de las leyes de estabilidad presupuestaria. Por otra parte, el acuerdo -y nos gustaría que nos lo explicara un poco mejor- nos remite al Gobierno para que continúe
respondiendo al enfoque preestablecido de permitir un cierto margen de déficit a la Administración General del Estado a cuenta del superávit de la Seguridad Social. Usted habló de esta cuestión en su intervención, no nos quedó muy claro y por eso
lo volvemos a comentar, a fin de que nos lo explique y quedemos satisfechos, porque en principio no era así y lo que se está transmitiendo en los medios de comunicación es lo que nos hace tener esta prevención.
Nos gustaría que nos aclarase esta cuestión porque, aunque se refirió a ella en su intervención, continuamos sin tener suficientemente claro si lo que hoy vamos a votar es un objetivo creciente de superávit para el conjunto del sector
público del 0,2 por ciento del PIB, en el año 2006, del 0,3, en el año 2007, y del 0,4 en el año 2008, tal y como se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 20 de mayo, remitido por el Gobierno e informado por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, o, si por el contrario, estamos aprobando otros objetivos que aparecen estos días en los medios de comunicación sobre acuerdos alcanzados anteayer, y a los que hacíamos mención anteriormente, para reformar las leyes de
estabilidad presupuestaria. Desde el BNG creemos que no es compatible avanzar en la corresponsabilidad fiscal y al mismo tiempo establecer nuevos mecanismos de tutela financiera en las comunidades autónomas. No nos cansaremos de repetir que las
comunidades autónomas no son meros entes administrativos, sino que son centros de decisión y poder político. No se puede afirmar, como se está diciendo últimamente en los medios de comunicación, que se pretende avanzar hacia una verdadera
corresponsabilidad fiscal, que cada Administración debe asumir el coste político de sus decisiones y que se quiere avanzar hacia la definición de espacios fiscales propios bien definidos, sin interferencias entre administraciones y al mismo tiempo
condicionar el acceso al déficit por parte de las comunidades autónomas, a la utilización o no de su escasa capacidad normativa en los tributos cedidos, manteniendo intacta la filosofía de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Señoras y señores del Gobierno, percátense de una vez por todas de que no estamos ante una cuestión de límites cuantitativos, sino ante una cuestión de principios, de reconocimiento de repartos del poder político, de respeto a la estructura
del marco institucional establecido por el Estado de las autonomías y de no injerencia y respeto por la autonomía financiera de las comunidades autónomas. El necesario avance de esta autonomía financiera es incompatible con los mecanismos de tutela
que nos anuncia hoy el Gobierno y que se nos está anunciando en estos últimos días. Permítannos decirles que, si la reforma prometida de las leyes de estabilidad presupuestaria va a discurrir por estos derroteros, seguramente, señor vicepresidente
del Gobierno, no vamos a poder apoyarla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, en el debate del objetivo de estabilidad del año 2005 sentamos algunos criterios que nos parecían importantes sobre el manejo de la política económica.
Creíamos que era bueno y necesario crecer con estabilidad, porque de esa manera se garantizaba un funcionamiento ágil y eficaz en el sistema económico español y, además, teníamos muy en cuenta lo que venía ocurriendo en ejercicios anteriores. Al
principio del año 2004, las orientaciones políticas de los conservadores habían dejado de ser creíbles, víctimas de los tejemanejes que sus propios autores venían utilizando para ocultar la realidad. Se saltaron sistemáticamente las autorizaciones
presupuestarias y el sincretismo presupuestario caracterizó todo el periodo de gobierno del señor Montoro. Había que hacer un esfuerzo importante destinado a reconstruir la confianza, a devolver la sensatez y la cordura a los ámbitos de decisión de
la política económica y a recuperar el tiempo perdido, aunque para ello hubiera que asentar la idea de que los responsables de la política económica en España eran gente seria. Ahora, cuando de nuevo establecemos el debate del objetivo de
estabilidad para el año 2006, parece lógico que nos preguntemos en qué medida las cosas han ido bien o en qué medida han empeorado y que establezcamos una reflexión con el conjunto de los grupos acerca de la orientación de la política económica.
Lamento que el señor Martínez-Pujalte no nos acompañe en este momento, porque le respondería que mi grupo parlamentario no tiene ningún inconveniente en analizar y observar lo que ocurre en el entorno económico. Yo le he oído decir que observar,
no, medidas, sí, y cuando los conservadores dicen que observar, no, medidas, sí, uno tiene una cierta memoria histórica, un cierto prejuicio histórico. Creo que no querrá decir aquella frase asentada en la historia del pensamiento político español
que hacía referencia a que lejos de nosotros la funesta idea de pensar. Me pregunto, dónde y cómo está la economía española, cómo ha venido evolucionando y cómo queremos nosotros que evolucione. Me parece que estaremos de acuerdo en que entre el
año 2000 y el año 2003 la economía española se deslizó por un tobogán que nos condujo a un estancamiento cíclico donde estuvimos demasiado tiempo creciendo por debajo del producto potencial y que ha sido a partir del año 2004 cuando hemos empezado a
salir de esa situación, cuando tenemos una rampa un poco más sólida y con una proyección y una expansión más positiva para el año 2005
y para el año 2006. Es más, como diré a continuación, los datos del ejercicio en curso muestran una mejoría de la actividad económica que induce a pensar que el crecimiento continuará elevándose a lo largo de los próximos ejercicios.
Hechas estas reflexiones preliminares, mi grupo parlamentario quisiera acercarse al debate de esta mañana desde cinco consideraciones generales.
La primera consideración que queremos hacer es de tipo político. El cambio político se produjo
en España sin que aparecieran dificultades económicas adicionales. El cambio político se ha demostrado que tenía escasísimos riesgos y las importantes mutaciones que se produjeron en marzo de 2004 no ocasionaron ningún tipo de riesgo; todo lo
contrario, la economía no solo no se estropeó, sino que dio una respuesta positiva, de tal manera que hoy la situación económica es sin lugar a dudas uno de los mayores activos políticos de este Gobierno. El crecimiento económico a lo largo de los
últimos trimestres ha ido elevándose, tanto si se mide en términos interanuales, como si se mide en términos intertrimestrales. La polémica de los economistas es casi siempre comparar con igual periodo del ejercicio anterior. Yo no voy a hacer ese
ejercicio, porque es conocido, sino que voy a tratar de decir a la Cámara cómo entendemos nosotros que puede ser la marcha de la economía si en los próximos trimestres crece lo mismo que acaba de crecer en el primer trimestre del año 2005.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, silencio, por favor.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: En el primer trimestre del año 2004, la economía creció 0,7 puntos; en el tercer trimestre del año 2004, 0,8 puntos, y en el primer trimestre del año 2005, creció 0,9 puntos. Por tanto, hay una suave y
persistente subida, que debería decirnos algo.
Nosotros hemos hecho un ejercicio sencillo, que se entiende con facilidad, que es tratar de ver cuál sería el crecimiento anual del año 2005, si las cosas fueran a lo largo del ejercicio de la misma
manera que han ido en el primer trimestre de este año. El resultado sería que la economía española crecería en torno al 3,5, que es un crecimiento muy estimable. La primera pregunta que mi grupo quiere hacer aquí al conjunto de los grupos de la
Cámara y con la que inicié mi intervención es muy fácil de contestar. Comparada esta situación con la que existía hace un año, la mejoría es evidente y clara, y lo que resulta aún más positivo es que las perspectivas se tejen de tal manera que cabe
pensar, con bastante confianza, que en los próximos ejercicios se conseguirá cumplir los objetivos políticos del Gobierno. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La segunda de las consideraciones se refiere a la confianza que generamos.
No voy a insistir mucho, porque las personas que me han precedido en el uso de la palabra son todas ellas personas documentadas, pero sí les voy a recordar las
calificaciones que a la política económica le han proporcionado las agencias de rating, los informes de los organismos internacionales e inclusive la imagen que ha saltado a la prensa internacional acerca de la fuerza con que actúa la política
económica en España. Tendría que citar diarios tan prestigiosos como The Telegraph, que ha dicho que superamos con creces al núcleo de los países de la eurozona; al Wall Street Journal, que dice que en el año 2005 repuntará el crecimiento y que se
acentuará la distancia entre la economía española y la de las más importantes economías del euro; la opinión del Financial Times¸ que quiere confirmar la alta reputación de la política económica, poniendo de relieve que los resultados del primer
trimestre del año 2005 sobrepasan los que obtienen las mediocres economías europeas; y la del periódico belga L'Echo, que señala que, en un momento en el cual las economías europeas se encuentran averiadas, la economía española tiene un gran
crecimiento.
Yo me pregunto si esa imagen responde a un elemento de solidez, si hemos acertado o no en el rumbo que hemos dado a la política económica a lo largo de los últimos años. Tengo que recurrir necesariamente a los datos de la realidad. Quiero
empezar señalando los datos que, en relación con la inversión, se han puesto de relieve tanto en los datos de contabilidad nacional como en las estimaciones que se han hecho públicas para medir la evolución de la economía en el primer trimestre del
año 2005. Ponen de relieve que, tanto en términos de nivel como en términos de crecimiento, la inversión es hoy el motor de avance de la economía española y que, dentro de esa inversión, las tasas son elevadas, pero que son aún más elevadas en la
inversión que hace referencia a los bienes de equipo, que no hace un año registraba caídas y que en este momento tiene tasas de crecimiento superiores al 10 por ciento. Un primer elemento a destacar, la buena marcha de la inversión.
El segundo elemento a destacar es el del empleo. Ahí las cosas también han ido bien. El dinamismo inversor ha puesto fin a una larga serie de tasas de crecimiento negativo que se venía arrastrando desde el año 2000. Hemos visto cómo los
datos de afiliación, los datos de perceptores de renta o las revisiones de la EPA han demostrado que en este momento en España trabajan más personas y que hay más ocupación que nunca ha habido en nuestra historia reciente. Si no bastaran los
resultados del afloramiento y la creación neta de empleo que hemos conocido en las últimas semanas, en la mañana de hoy hemos conocido el dato de empleo correspondiente al mes de mayo. Ese dato señala que el paro registrado se ha reducido en el mes
de mayo en 85.500 personas y que el incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social a lo largo del mes de mayo se ha elevado en 212.000 personas. Dos datos, sin lugar a dudas, que señalan que hoy la economía española tiene más actividad, más
producción y más ocupación. Ambos datos son el resultado de un fenómeno que mi grupo no quisiera dejar de poner de relieve, porque es un exponente destacado de la situación económica, y es la buena
marcha del ciclo de los negocios, los resultados de la vigorosa marcha de los beneficios que obtienen las sociedades mercantiles en España. Tienen su justificación en la generación de las ventas, en la moderación y en la estabilidad de los
costes salariales, producto del sentido de la responsabilidad de los agentes sociales, y en la reducción de las cargas financieras. Podemos encontrar todos esos datos en la central de balance del Banco de España y en la información tributaria.
La tercera consideración que hace referencia a la solidez del proceso de crecimiento económico que tiene España, le lleva a mi grupo a decir que una economía que hace un uso cada vez más creciente de los recursos de que dispone, en la que
hay más ocupados que generan producción, en la que se elevan las ventas, en la que las rentas se pactan con acuerdo y consenso social, es una economía que tiene que proporcionar más ingresos tributarios. Y eso es lo que ha venido ocurriendo a lo
largo de 2004 y en los primeros meses de 2005. Eso se puede ver a través de los datos de la recaudación líquida, de la recaudación neta o de la recaudación homogeneizada, pero donde mejor se ve la solidez del momento económico que tiene la economía
española es en la recaudación que experimenta el impuesto sobre sociedades, en los grupos que tributan en consolidación fiscal, en las grandes empresas e incluso en las pymes.
Llego a la quinta y última de las consideraciones que mi grupo quería hacer esta mañana aquí. ¿Qué debemos hacer? Porque es un dato de la realidad que nosotros nunca hemos negado. Se resistió bien en un momento en el que el crecimiento
económico en Europa era esquivo, pero también dijimos que la ampliación del diferencial de crecimiento que se había producido en los primeros años de la década de este siglo no se había traducido en un aumento de nuestro potencial a largo plazo, que
ahí era donde estaba el problema, que ahí radicaba la principal dificultad de la economía española cuando nosotros llegamos al poder en el año 2004. Los incrementos de la demanda se filtraban fundamentalmente hacia las importaciones y generaban un
impacto en creación de empleo fuera de los límites históricos del sistema productivo español. Había una contradicción en el modelo que los conservadores tenían, que se vio acentuada por la evolución de la política fiscal. Sustentaron el
crecimiento en los desequilibrios, pero los desequilibrios eran de tal magnitud que pronto constituyeron un freno para seguir avanzando. Si se quería avanzar en el conjunto de la economía española era necesario corregir cuanto estaba ocurriendo.
Teníamos que lograr que algunas líneas estratégicas, algunas prioridades de política económica que nos parecían fundamentales se llevaran a cabo. El presupuesto del año 2005 fue un exponente de ese tipo de estrategia económica. Nosotros hicimos
una operación de consolidación fiscal que mejoraba la protección social, pero que dio origen también a un conjunto de directrices en materia de I+D, infraestructuras, educación de calidad o energías renovables, que sentaban unas bases. Los
resultados de esa orientación de la política económica los hemos venido poniendo de relieve en nuestras intervenciones y ahora creemos, con vistas al próximo ejercicio, que hay que continuar con el esfuerzo iniciado y que hay que mantener la
dinámica que hemos desencadenado. Si queremos que la fase de bonanza se extienda durante el mayor tiempo posible, si apostamos por que el arranque que se está logrando en la economía española en los primeros meses del año 2005 se consolide, es
imprescindible dotar a la política económica de una sólida estabilidad. Claro está que para que podamos conseguirlo estando donde estamos, es necesario tener una condición firme y asentada, en la cual el manejo de la demanda adquiera una importante
intensidad.
Señoras y señores diputados, en las economías abiertas hay que actuar siempre con prudencia, pues no siempre pasan las cosas que ahora pasan o pueden ocurrir otras cosas. Mi grupo es partidario, por lo tanto, de prolongar la trayectoria que
iniciamos en el año 2004. Lo decimos con una cierta satisfacción. Hoy en la economía española no existen traumas. Hoy no nos vemos obligados a subir los impuestos o a recortar el gasto, ni el gasto social ni el productivo. Hoy no estamos
abocados a hacer ajustes laborales en los sectores productivos o en el servicio público. Que hayamos podido evitar estas situaciones tan desagradables, tan poco deseables y comprobemos que las padecen algunas naciones de nuestro entorno más
inmediato tiene mucho que ver con el acierto que ha venido adquiriendo la conducción de la política económica a lo largo de los últimos años en España. Mi grupo es partidario de que se continúe generando confianza, porque creemos que la confianza
es la argamasa que solidifica el quehacer económico. Mi grupo es partidario de que se continúen aplicando las orientaciones de política económica que aplicamos en el presupuesto del año 2005 y en los planes de dinamización que ha presentado el
Gobierno de España y que en este momento están debatiéndose en esta Cámara. Consideramos que esta es la política correcta, porque es la que ha permitido que el ambiente económico de la sociedad española, a lo largo del último año, haya
experimentado un cambio cualitativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del punto VI del orden del día y, a continuación, del punto VII, relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Les ruego que después de la primera votación
permanezcan en la sala. Se desalojarán las tribunas porque el voto relativo al Estatuto de los Diputados, como SS.SS. saben, se tiene que hacer a puerta cerrada.
Primera votación, punto VI del orden del día, debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Vamos a votar el acuerdo remitido por el Gobierno. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 177; en contra, 161; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por favor, abandonen las tribunas.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 64025.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2004, DE 18 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000003.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día, enmiendas del Senado.
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. El debate se regulará por el artículo 123 del Reglamento. El
turno de fijación de posiciones será de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Labordeta. (Rumores.) Señorías, el debate continúa. Le ruego abandonen el hemiciclo en silencio.
Tiene la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a las gentes del Delta del Ebro que han luchado, junto con los aragoneses y con muchos españoles, para conseguir por fin que el Real Decreto-ley del Plan Hidrológico Nacional sobre el
trasvase del Ebro pase a ser ya un amargo sueño, pero sueño al fin y al cabo. Subimos a esta tribuna para poner punto final al trasvase del Ebro. El objetivo de este inicial real decreto-ley era cumplir con los deseos, con el programa electoral de
la nueva mayoría de este Parlamento e iniciar un camino sin retorno hacia este tipo de políticas impropias de una racionalidad en la gestión del agua. Existe un decálogo que resume los puntos fundamentales del rechazo a este trasvase del Ebro, al
anterior Plan Hidrológico Nacional, que hemos reiterado en enésimas sesiones en este mismo Pleno.
Primero, era un plan con ausencia de debate. Los expertos que elaboraron los informes para el propio Ministerio de Medio Ambiente en su etapa anterior, coincidían en el escaso margen para la emisión de los informes y la falta de voluntad de
la Administración actuante de promover un debate social y científico serio y profundo que evitara convulsiones sociales y planteara soluciones asumibles, ejecutables en plazo breve y en sintonía con la filosofía ya imperante en Europa en esta
materia.
Segundo, no había rigor científico. El anterior Plan Hidrológico Nacional está plagado de afirmaciones, comentarios y opiniones que hubiesen requerido debate científico, sobre todo cuando del análisis de esos datos se extraen valoraciones
cualitativas que se incorporan a las conclusiones.
Tercero, suponía un fortísimo impacto medioambiental. Faltaban los estudios sobre los impactos y efectos que sobre el medio ambiente producirán las actuales propuestas. Hay poca precisión y excesiva generalización en el tratamiento de los
aspectos medioambientales, por ejemplo, en contaminación de las aguas.
Cuatro, existían errores en el análisis económico. No superaba las prácticas propias del análisis de rentabilidad financiera y de coste-beneficio del plan que justifiquen la opción elegida. Centraba sus prioridades en usos del proceso
productivo, fundamentalmente agrícolas, ignorando la demanda de recursos naturales y ambientales para usos colectivos. El propio círculo de empresarios en su informe así lo indicaban, y creo que no son sospechosos de formar parte de esa masa de
pancarteros y malos españoles que nos oponíamos al trasvase.
Quinto, se incumplían las directivas europeas. La técnica jurídica para articular el Plan Hidrológico Nacional es insuficiente para que sea compatible con la Directiva marco del agua.
Sexto, existían serias dudas en lo propuesto para la evolución de la demanda de agua para riego, dado que no se habían contemplado ni los escenarios resultantes de la próxima liberalización comercial ni el impacto de la reforma de la PAC ni
el futuro de la política de subvenciones.
Séptimo, se había elaborado con insuficientes estudios previos. En muchos apartados solo se relacionan los previsibles beneficios en la zona receptora de las aguas, ignorándose los efectos perniciosos en el área emisora, afecciones sobre la
calidad de las aguas, etcétera. En todo caso, los beneficios están mucho más personalizados en la cuenca receptora que en la cuenca cedente.
Octavo, el trasvase del Ebro provocaba desequilibrios territoriales. Los expertos consideraban que el plan agudizaría los desequilibrios territoriales, ya que apostaba
por las actividades agrícolas y turísticas de alta intensidad, que requieren más agua a costa del desarrollo equilibrado y el patrimonio natural de otras áreas.
Noveno, faltaban estudios de las alternativas. No se estudian las alternativas a los trasvases, que son desechadas sin un análisis riguroso, ni siquiera mínimo, que permita plantearse otras opciones, tal y como ha recordado el Defensor del
Pueblo en su informe del año 2004.
Décimo, carencia de estudios del impacto social. El Plan Hidrológico Nacional carece de estudio de la evolución del impacto social, considerando a este como el resultado de los costes y pérdidas socioeconómicas, territoriales y culturales
estimadas por los expertos.
Hoy acabamos con esta política y, es más, damos los primeros pasos en la nueva cultura del agua al aprobarse enmiendas destinadas a restituirla a las zonas afectadas por embalses -más de 1.000 municipios en todo el Estado- al desaparecer de
la ley pantanos perjudiciales como Santaliestra y Jánovas, e impulsar la modernización de regadíos, que es el mejor embalse que necesitamos. Hace falta más y en esa línea de modernidad en la política hidrológica encontrará en Chunta Aragonesista un
colaborador para apoyar sus propuestas y proponer iniciativas que contribuyan a implantar una nueva cultura del agua.
Por todas estas razones votaremos a favor en este último trámite del proyecto de ley. Curiosamente, muchas personas están intentando demostrar que el problema que en estos momentos nos encontramos en España, que es la terrible sequía que
nos está azotando, se podría haber solucionado con el trasvase del Ebro y con el Plan Hidrológico Nacional. Es curioso pensar que, si se hubiese hecho, el trasvase del Ebro habría llegado a las zonas receptoras en el año 2021, es decir, cuando
muchos de los que estamos aquí ya habríamos desaparecido de la geografía y no nos quedaría más que el recuerdo del agua. Las excusas llegan a niveles realmente asombrosos. Apoyaremos alguna de las enmiendas en beneficio de todos los españoles y
votaremos a favor de que de una vez por todas se acabe con el tremendo problema que hemos tenido durante años con el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Labordeta.
Por el Grupo de Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Mi intervención será breve, como no puede ser de otra manera. Hoy estamos ante el fin de un largo camino, algunos podrían decir largo calvario, lleno de trampas a la vuelta de la esquina, intentando que no se aprobase lo que hoy vamos a
aprobar o intentando, sea en el Congreso o en el Senado, aprobar enmiendas que desvirtuaban el proyecto de ley que hoy sometemos a votación. ¿Por qué lo digo? Hoy vamos a finiquitar lo que muchos hemos entendido y explicado como la vieja cultura
del agua. Quizá hoy sea la última vez -nuestro grupo así lo espera- que se diga aquello de que el agua se tira al mar, que la sequía se pueda solventar secando los ríos; que la gente de Terres del Ebre que hoy nos acompaña, que está una vez más
con nosotros, no tiene futuro; que precisamente el futuro es trasvasar los ríos para conseguir un modelo de crecimiento insostenible, un modelo que nada tiene que ver con el desarrollo sostenible y con un uso razonable del agua. Durante todos
estos meses, desde que se presentó la iniciativa del Gobierno hasta el día de hoy, se ha intentado abrir fugas de agua y lo cierto es que hasta el momento no se ha conseguido.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a votar que sí.
Segundo elemento. Nuestro grupo parlamentario se reafirma en lo que dijo el 25 de abril, en que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entiende que hoy se da un paso adelante incorporando elementos que van en la
orientación de la nueva cultura del agua, pero sabiendo también que aún hay infraestructuras que se ubican en la vieja cultura del agua.
La ministra Narbona sabe bien por qué lo digo, porque desde nuestro punto de vista el trasvase del
Jucar-Vinalopó se ubica en esa vieja cultura del agua. Todos sabemos que en este trámite difícilmente se puede hacer todo.
Nuestro grupo parlamentario expresó mediante enmiendas su oposición rotunda a dicho trasvase, pedía que se parasen las obras
y se respetasen las diferentes sentencias, también la del Supremo. Esperamos que este no sea el punto de llegada, que lo que aprobemos hoy sea el punto de partida y que el ministerio, el Gobierno y el Grupo Socialista ahonden más en la nueva
cultura del agua. Desde Cataluña lo podemos decir con una cierta autoridad. La nueva cultura del agua se basa en decir no a los trasvases y no a los trasvases del Ebre hacia el sur, decir no a la conexión Cad-Abrera, que ustedes saben que supone
la conexión del área metropolitana de Barcelona con el Ebre. Nuestro grupo parlamentario, junto con el Grupo Socialista, con Esquerra Republicana y con el acuerdo de la Generalitat de Catalunya lo dijo muy claramente en las enmiendas que ya se han
incorporado. Dijimos no a la conexión Cad-Abrera. ¿Qué nos da eso? Algo bastante importante, autoridad. Autoridad para decir que hoy la política de los trasvases es una política antigua, obsoleta, que no tiene sentido y que lo que hay que hacer
es apostar por una nueva cultura del agua. ¿Qué significa eso? Apostar por lo que incorporamos en las enmiendas, una nueva cultura del agua que se base en esa gestión de la demanda, una gestión de la demanda que opta por la recuperación de
caudales ambientales, por usos agrícolas, por usos industriales y de ocio, haciendo que esa sea la prelación a la hora de articular una política en estas materias; una nueva cultura del agua que significa pagar más en función de los usos y también
pagar más en función de si se consume más. Esa debe ser la nueva cultura del agua.
Nuestro grupo -ya se lo dijimos el 25 de abril- presentó más de 50 enmiendas. Somos uno de los grupos parlamentarios que más enmiendas ha formulado. Nuestro grupo cree que se han incorporado algunas de estas enmiendas, sobre todo en el
Congreso, consiguiendo que haya recorrido para instrumentos de gestión de la demanda y el ahorro, para que haya infraestructuras que obedezcan no a la guerra del agua que instaló el Partido Popular sino a esa racionalización en materia de cultura
del agua. Y un tercer grupo de enmiendas que implicaba más autogobierno, más capacidad de gestión para las comunidades autónomas.
Nuestro grupo entiende que esto se aprobó, que el Pipde se va a redactar en menos de un año, que, como les decía, no va a haber la conexión Cad-Abrera y que, además, ha habido una decena de enmiendas que se han incorporado que revisan la
trasposición de la directiva marco; que se adapten los planes hidrológicos de cuenca a lo establecido en la norma, que se reforme el Consejo Nacional del Agua, que se revise el Plan de saneamiento, que se actúe en materia de protección y gestión de
las aguas subterráneas. Podría poner muchos más ejemplos.
Nuestro grupo va a votar favorablemente. Hemos dado un paso adelante importante y también nos hemos dejado cosas importantes en el camino (hay que recordar que el trasvase del Júcar-Vinalopó, precisamente un río que tiene agotados sus
acuíferos y del que difícilmente se puede sacar más agua, no se ubica en esta nueva cultura del agua), que hoy es un gran día para aquellos que defendemos la nueva cultura del agua y que es un gran día para Terras del Ebre. Hay que decir que ese
compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero se debe, sin duda alguna, a la buena voluntad por parte del Gobierno, pero no hubiera sido posible en parte sin los apoyos y exigencias parlamentarias, sobre todo sin la demanda de una sociedad -no solo en
Terras del Ebre, pero, por supuesto, en Terras del Ebre- que viene años pidiendo esta nueva cultura del agua, sin la gente que ha demandado precisamente un cambio en la cultura del agua. Hay que recordar que lo que es bueno para Cataluña, que lo
que es bueno para Terras del Ebre lo es para el resto del territorio y, por lo tanto, desde Cataluña somos absolutamente solidarios en este caso con las organizaciones ecologistas que dicen no al trasvase Júcar-Vinalopó. Votamos favorablemente
porque hay un avance, que, por supuesto, mantenemos -así presentamos las enmiendas en torno al Júcar- y que lo que esperamos al fin y al cabo es, como les decía, que hoy se abra una nueva etapa, que este sea el punto de partida, que la ministra
Narbona nos traiga nuevos proyectos para ahondar aún más en esa nueva cultura del agua y que con el canon del agua en el conjunto de las cuencas, de aquí a bien poco, tengamos un instrumento para impulsar la nueva cultura del agua a partir del uso
racional y la gestión de la demanda y no de hacer el disparate que hacían, de la gestión de la oferta. Toco madera, espero que no volvamos a vivir eso de que los ríos acaban echando el agua al mar. El riu es vida, como dicen en Terras del Ebre, el
río es vida, y los ríos son ecosistemas que se deben proteger y bienes que precisamente se tienen que valorar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Herrera.
Grupo Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) ya ha manifestado su posición a este proyecto de ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional en todo el trámite previo a la ley. Tras su debate en el Senado, vamos a
votar a favor del texto de la ley, salvo fundamentalmente lo modificado en las enmiendas números 89 y 90 del Grupo Popular en el Senado referidas al artículo único undécimo dado que anula a su vez la enmienda incorporada por nosotros en el Congreso.
Por tanto, vamos a votar a favor del texto de la ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Txueka.
Grupo de Esquerra Republicana, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, vistas las enmiendas del Senado al proyecto de ley que modifica el Plan Hidrológico llamado Nacional, nuestro grupo votará a favor de las pocas enmiendas que modifican algunos errores del proyecto votado en el Congreso -de hecho,
son pocas, lo que demuestra que se hizo un gran trabajo en esta Cámara- y votaremos en contra de aquellas enmiendas que contradicen el objetivo de este proyecto de ley de modificar el Plan Hidrológico de acuerdo con una mejor gestión del agua como
bien escaso y vital para mantener los ecosistemas, es decir, el medio ambiente.
El agua es un bien que no es inagotable. Las futuras generaciones no nos perdonarán si debido a unos intereses económicos a corto plazo dilapidamos, destruimos un entorno que hemos heredado en relativas buenas condiciones y que nuestro
deber es transmitir en las mejores condiciones posibles. Debemos tomar conciencia de que estamos en un proceso de cambio climático del que no sabemos las consecuencias a medio plazo, lo que sí sabemos es que la desertización de la Península es ya
progresiva y, si no procedemos a un cambio de políticas ambientales, este proceso se acelerará y amenazará especialmente la vertiente mediterránea. El proceso de sequía que estamos padeciendo es cíclico, pero los datos confirman que los ciclos son
cada vez más cortos porque el proceso es acumulativo.
Sirva esta reflexión para recapacitar sobre los recursos hídricos disponibles, para planificar la actividad a partir de los recursos existentes y para mejorar las medidas de ahorro y buena
gestión. Es hora ya de que tomemos conciencia de que los recursos hídricos no son infinitos y de que
cualquier proyecto deberá tener en cuenta este parámetro.
Desde que empezamos los debates sobre este proyecto de ley han pasado meses. Quien solo mira la política con decisiones a cuatro años vista seguramente hará una interpretación equivocada de nuestro empeño por derogar el trasvase del Ebro.
Volveremos a escuchar descalificaciones, volveremos a escuchar acusaciones de insolidaridad, insultos, pero no nos preocupa; nuestra preocupación es solidaria con un bien de todos, con el medio ambiente. Estamos convencidos de que el trasvase del
Ebro era una obra descabellada y evitable, y que los recursos económicos ahora liberados podrán invertirse en otras actuaciones para mejorar la disponibilidad de agua en el Levante sur sin que por ello tengamos que hipotecar el delta del Ebro. Pero
la sensación es de que solo se ha hecho una parte del trabajo. Desgraciadamente, en algunas actuaciones ya es difícil dar marcha atrás. Pido al Gobierno, y especialmente a la ministra de Medio Ambiente, señora Narbona, que reflexione sobre las
obras planificadas por un gobierno sin ninguna sensibilidad medioambiental y sin ningún respeto a las directivas europeas y que no caiga en el error de considerar objetivos electorales a corto plazo. Después de años de demagogia es difícil
reconducir discursos falsos, incendiarios y poco responsables, pero solo con una política coherente el Partido Socialista podrá presentarse como garante del cambio real que necesita el territorio.
Una de las actuaciones planificadas, el trasvase Júcar-Vinalopó, nos preocupa especialmente. Nuestra oposición al trasvase Júcar-Vinalopó no es gratuita ni obedece a intereses insolidarios; el proyecto es inviable y, tarde o temprano,
aparecerán conflictos debidos a su errónea concepción. Tomen nota de la manifestación unitaria de 10.000 personas en Sueca. Los estudios han demostrado que el Júcar solo puede trasvasar 14,6 hectómetros, como hemos dicho más de una vez en esta
Cámara, el resto de aportaciones deben proceder del acuífero de la Plana Sur de Valencia, agravando claramente su sobreexplotación ya constatada. Este acuífero constituye la reserva de los regantes de la zona y, según la Confederación Hidrográfica
del Júcar, su estado es malo por contaminación de nitratos. El acuífero de la Plana de Valencia depende en un 73 por ciento de los retornos de riego y la previsión es que la modernización de regadíos reduzca estas aportaciones. ¿Sabemos cuál será
el resultado? ¿Sabemos si el resultado de estas aportaciones, de esta reducción de masas de agua puede influir en la Albufera? La Albufera es un parque natural, zona de especial protección para las aves, lugar de interés comunitario y zona húmeda
de interés internacional, que se nutre de las aguas de la Plana de Valencia. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Estamos seguros de que la Albufera no corre peligro? ¿Conocemos el alcance del resultado de ese trasvase? ¿Las
necesidades hídricas del Vinalopó solamente pueden solucionarse con el trasvase del Júcar? Se lo pregunto a ustedes porque sé que les preocupa el medio ambiente, si fuera el Gobierno anterior no tendría sentido esta pregunta porque sus intereses
iban por otros derroteros que no siempre coincidían con el bien común.
De todas formas, a pesar de nuestra preocupación por la viabilidad y posibles consecuencias del trasvase Júcar-Vinalopó, en nombre de muchos ciudadanos y ciudadanas debo felicitar a la ministra por su valor político, por derogar el trasvase
del Ebro y por empezar la reconducción de la nefasta política medioambiental del Gobierno anterior. Saludo otra vez a la Plataforma en Defensa del Ebro. Su coherencia, su determinación y su responsabilidad han sido un ejemplo; es el modelo de la
ciudadanía del siglo XXI, implicados en la preservación del medio ambiente. Sirva lo que hoy aprobamos como luz de esperanza de que por la democracia se pueden cambiar cosas. Sirva de ejemplo y de luz de esperanza a otros ciudadanos que deberán
movilizarse para salvar su territorio. Gracias a todos y esperemos que esto sea el principio de la lucha por el territorio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender las enmiendas procedentes del Senado que en aquella sede presentó mi grupo, así como para posicionarnos respecto a algunas de las enmiendas de
los demás grupos que han llegado al Congreso y que han sido presentadas al proyecto de ley de modificación del Plan Hidrológico Nacional. Como ya hemos reiterado en las sucesivas oportunidades en que se ha debatido el Plan Hidrológico en este
hemiciclo, nuestro grupo lo valora positivamente en términos generales y especialmente por lo que representa la derogación del trasvase del Ebro, resarciéndonos así del engaño llevado a cabo por el anterior partido en el Gobierno que en el trámite
en el Senado nos escatimó las garantías, debido a la mayoría absoluta del Grupo Popular, que habíamos negociado en el Congreso para minimizar los efectos del trasvase en el delta, como ya es conocido hasta la saciedad. Dicho sea de paso, en su día,
cuando éramos decisivos, nuestro grupo ya paró el trasvase que preveía el plan hidrológico del señor Borrell. Por el contrario, discrepamos de algunos aspectos que entendemos trascendentales en su contenido, sobre todo la exclusión de las cuencas
internas de Cataluña de la consideración de interés general, poniendo así en riesgo su financiación por las instituciones superiores a la comunidad autónoma catalana, es decir, el Estado español y la Unión Europea.
En cualquier caso, con la discusión y votación de las enmiendas del Senado estamos llegando al final de la tramitación de ese proyecto de ley hidrológico que, por cierto, ha sido excepcionalmente larga y, por tanto,
entrará en vigor en breve. Sabemos que algunas de las obras relacionadas en los diversos anexos de la ley están ya en marcha, pero la gran mayoría no. Nuestro grupo quiere aprovechar esta oportunidad para pedir al Gobierno que, con la ley
ya vigente y con la seguridad jurídica que esto representa, ponga la máxima diligencia e interés en tramitar los proyectos y acelere al máximo la ejecución de las obras previstas en su totalidad y con las prioridades que resulten del anexo IV. El
problema del agua en España es histórico, sin duda, y viene de lejos. Sucesivos planes hidrológicos se han visto superados por los siguientes, sin que ni siquiera hayan sido ejecutadas una pequeña parte de las previsiones en infraestructuras
hidráulicas. Lo decía ayer el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad en Comisión. La modulación de las obras hidráulicas es muy larga; conviene, pues, poner presión y autoexigencia para conseguir un ritmo de realización y
ejecución que dé respuesta a las necesidades que, además, son dinámicas y crecientes. Tengamos presente que estamos en un año de sequía, y si tenemos en cuenta las series históricas y cíclicas de sequías, probablemente estemos empezando un periodo
de varios años de escasez de agua. Recordemos que el anterior periodo duró del año 1990 a 1995, con lo cual si ya urgía en el momento de la redacción del plan que ahora modificamos, en el año 2001, cuando no había sequía, ahora urge muchísimo más,
dada esa probable situación futura de sequía prolongada. Por tanto, manos a la obra.
Voy a entrar en la defensa de las enmiendas en el Senado, de las que nuestro grupo sacó adelante cuatro. La primera de ellas hace referencia precisamente a la necesidad de fijarse un objetivo de autoexigencia en la ejecución de las
previsiones del plan y así se pretende con la inclusión del anexo III, al igual que con las del anexo II, en el límite del tiempo para ser llevadas a cabo antes del año 2008. Visto el estado de la cuestión, nos parece importante que se acote en el
tiempo la materialización del Plan Hidrológico antes de que sucesivas necesidades o formulaciones de otra nueva cultura del agua lo supere y plantee otras actuaciones sin que las previstas en la actualidad hayan sido ejecutadas.
En segundo lugar, defendemos dos enmiendas que hacen referencia a dos anexos de la ley, uno definiendo las obras y otro valorando su prioridad, pero con el mismo contenido, en las que se elimina la consideración de primera fase de un
conjunto de obras de actuaciones en Cataluña, muchas de ellas relacionadas con el Plan integral del delta del Ebro, para evitar su regresión y subsidencia, porque consideramos que estas obras, dado el tiempo transcurrido y la urgencia con que deben
emprenderse, hay que abordarlas rápidamente en su totalidad, integralmente, prescindiendo de fases que podrían implicar más retrasos, descoordinaciones y disfunciones. Tal vez cuando se propuso el plan en el 2001 tenía sentido plantear dichas obras
por fases, pero hoy en día, en el 2005, ya no, hay que ejecutarlas en su totalidad para intentar ganar tiempo.
En tercer lugar, también se mantiene la que fue nuestra enmienda en el Senado, la número 108, que simplemente pretende, y siguiendo la misma línea antes citada, ampliar el número de obras incluidas en el anexo IV, es decir, aquellas
consideradas prioritarias y urgentes. Dado el retraso ya acumulado y la situación de sequía que sufrimos, todas las actuaciones y obras de la cuenca hidrográfica del Ebro de una forma u otra, directa o indirectamente, persiguen el objetivo de
asegurar el agua de boca del área metropolitana de Barcelona para también equilibrar las aportaciones que a este territorio se hacen desde el Ter en Gerona y que empieza a tener tensiones en su caudal ecológico, y también agua de boca para la Costa
Dorada y actuaciones ambientales derivadas del Plan integral de protección del delta del Ebro. En definitiva, debe haber voluntad también de acelerar las previsiones del plan. Nuestro grupo va a apoyar una enmienda del Senado, a propuesta del
Grupo Popular, por la que se establece un plazo de tres meses para que el Gobierno planifique racionalmente, y así sea conocido por todos los interesados y afectados, el conjunto de las obras que prevé el plan, pues ese puede ser un importante
documento indicativo y de compromiso que sería muy útil para todos: administraciones inferiores, regantes, usuarios, etcétera.
Igualmente, votaremos a favor de la inclusión en el anexo IV de las obras de modernización de los riegos tradicionales
de la acequia real del Júcar.
En definitiva, nuestro grupo celebra que hoy se apruebe finalmente el nuevo plan hidrológico, modificación del anterior, que significa, entre otros, la supresión del trasvase del Ebro, una atención especial a la problemática del delta del
Ebro a través del plan integral de protección, las referencias a la necesidad de mantener los caudales ecológicos de los ríos y la calidad de las aguas, así como la necesidad de una gestión racional y eficiente de ese recurso escaso, especialmente
hoy en día.
Lamentamos profundamente la temeridad del planteamiento del Gobierno y de los grupos que suelen darle apoyo poniendo en peligro la financiación de un conjunto importante de obras en Cataluña, que han sido excluidas de su consideración
de interés general y que, a nuestro juicio, va a representar a medio o a largo plazo un riesgo cierto y gratuito de aumento de los costes y gastos de disposición del agua en Cataluña que deberán soportar, repercutido en los recibos, los ciudadanos
de Cataluña, contribuyendo así a incrementar nuestro ya desequilibrado esfuerzo fiscal en relación con el conjunto del Estado. Ojalá nos equivoquemos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, hoy culmina en el Congreso un periplo de casi un año que ha llevado a que, si nada ni nadie lo remedia, tengamos
la peor política hidrológica posible de todos los tiempos (Rumores.), y eso siendo generosos en nuestras apreciaciones, porque el despropósito en el que se ha convertido el Plan Hidrológico Nacional, mezclado con plan AGUA y con una dosis de
cinismo y otra de mentiras, no tiene nombre.
Hoy se ratifica la sentencia de muerte de un trasvase, el del Ebro, que ustedes, señores socialistas, desde el Gobierno o, quizá mejor, desde el desgobierno, junto con sus corifeos y adláteres de Esquerra Republicana e Izquierda Unida,
fundamentalmente, jalean como triunfo político. Pero lo que todos saben, porque sus socios de Esquerra Republicana lo han dicho claramente aquí, es que esto obedece, ni más ni menos, al ultimátum que Esquerra Republicana les dio para apoyar la
investidura del señor Zapatero. Esa es la única verdad en toda esta historia. Hemos venido escuchando hasta ahora en los diferentes debates que se han producido en esta Cámara sobre el tema del Plan Hidrológico Nacional argumentos de algunos
grupos basados en la descalificación e, incluso, en algunos momentos en la calumnia hacia el Grupo Popular y hacia el Gobierno del Partido Popular que aprobó el anterior Plan Hidrológico Nacional que contenía, entre otras muchas actuaciones, el
trasvase del Ebro.
Hoy hemos podido ver reproducidos algunos de esos argumentos a los que nos tienen acostumbrados. ¿Saben ustedes lo que tienen en común el Partido Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, por lo menos en esta Cámara? La aversión
ciega hacia cualquier actuación o norma legal que lleve el sello del Gobierno del Partido Popular. Eso es lo que les une en todo, y muy especialmente en esta absurda batalla que han generado con una modificación de la Ley del Plan Hidrológico
Nacional, a la que el Grupo Popular augura una corta vida, porque ustedes mismos, señores del PSOE, la tendrán que modificar y, si no, tiempo al tiempo. A nosotros no nos preocupa, entre comillas, estar solos en este tema, como a veces se ha dicho,
porque entre otras muchas cosas no lo estamos, ya que saben perfectamente que incluso hay votantes del Partido Socialista que no comparten su política en materia hídrica. Recuerden -y nunca lo olviden- que ganaron las elecciones del 14 de marzo por
otras razones que conocen perfectamente. En materia de agua también hay que practicar la justicia social que, por lo visto -y a los hechos me remito-, no la practican ni la conocen. Es bien cierto también que los ciudadanos y ciudadanas de este
país se han dado cuenta de su desgobierno, ya que incluso en las propias encuestas del CIS se demuestra perfectamente que sus votantes no andan precisamente encandilados con su gestión.
En este debate en que estamos hoy del proyecto de ley que modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, quiero remarcar nuevamente que desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo el Plan Hidrológico Nacional
originario sin desánimo y hasta la saciedad, porque hay suficientes argumentos coherentes y técnicamente sostenibles que lo avalan y porque el Plan Hidrológico Nacional era un todo, una suma de actuaciones del anexo II con el trasvase del Ebro.
Recuerden, señores del Gobierno, que el déficit de la cuenca mediterránea, según los datos obtenidos por los múltiples estudios que se realizaron durante los años anteriores a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional del año 2001, se estima en
unos 2.000 hectómetros cúbicos, que se obtenían al 50 por ciento entre las obras del anexo II y el trasvase del Ebro, respectivamente. Si ya no hay trasvase y muchas obras del anexo II forman parte de su programa AGUA, que ustedes se sacaron de la
manga para decir que tenían un plan alternativo al trasvase, ¿de dónde va a salir el agua necesaria para paliar el déficit existente en la cuenca mediterránea, si es el mismo agua que ya teníamos con el Plan Hidrológico en la parte de las obras?
Mucho nos tememos que de ningún sitio, porque ni siquiera lo saben y, si lo saben, les da igual, total como no gobiernan la Comunidad Valenciana ni la Región de Murcia -ni las gobernarán con este tipo de decisiones-, les da igual.
Quisiera recordar que, en primer lugar, la solución que planteó el ministerio y la ministra era la de las desaladoras en plan masivo en el litoral mediterráneo; luego, la señora ministra, en una respuesta a una pregunta, resaltó que no eran
la panacea y ahora resulta que no saben ni dónde se van a ubicar, dicho por el secretario general de su ministerio.
El señor Serrano dijo ayer -y se quedó tan ancho- que quedan solo por resolver dos cuestiones de las desaladoras: la captación del
recurso y los vertidos de salmuera. Casi nada. ¿Se creen que los ciudadanos -no ya los del Partido Popular- están tontos? No tienen nada claro, se lo han inventado absolutamente todo; solo sabemos que de lo que se sabe algo es de las desaladoras
que ya estaban en el Plan Hidrológico Nacional anterior porque el Partido Popular lo hacía bien y con rigor cuando plasmaba una obra. No como ahora, que han reconocido que la segunda planta de la famosa desaladora de San Pedro del Pinatar se está
haciendo, como ayer se reconoció en una pregunta, sin proyecto alguno y sin impacto ambiental. Ante esto, nosotros preguntamos: ¿Dónde están los ecologistas y por qué algunos grupos en esto miran hacia otro lado? ¿Por qué hay dos varas de medir
en este país y en función de quién gobierna? (Aplausos.) Además, tanto que han hablado de la financiación europea, la planta desaladora se va a tener que financiar, dijo la ministra, con los Presupuestos Generales del Estado, que en este año no
tienen dotación presupuestaria para esa desaladora.
Señores del Gobierno, en un año no han hecho absolutamente nada, no saben ni dónde harán las nuevas desaladoras, porque hay que tener desfachatez para gobernar, haber hecho la crítica que se ha hecho y decir que tienen delimitada el área
donde se va a construir. Esto es una tomadura de pelo.
La ubicación no es el área; el área ya entendemos que es toda la zona mediterránea y algunas zonas más. Han engañado o intentan engañar
creo que no lo han conseguido- a todos y ustedes sí que son los insostenibles y no el trasvase del Ebro.
Eso de que el agua estará más pronto, será más barata y más buena, ya no lo repiten tanto, porque la nariz les crece a pasos agigantados. Paren ya de mentir, de falsear la realidad, recapaciten, sean sensatos porque el tema lo requiere.
Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, estamos convencidos de que algún día no demasiado lejano habrá algún trasvase en España, y seguramente del Ebro. Ustedes saben que en privado muchos líderes regionales del Partido Socialista y
responsables nacionales, algunos de los cuales están aquí presentes, reconocen en privado que para hacer eso, aunque sea en otra dimensión, tienen que cambiar las circunstancias políticas, porque se juegan muchos votos. Esa es la pura realidad.
Por eso su argumentario es repetitivo en todo este año de Gobierno, no es creíble, porque no se ha basado ni en el diálogo ni en el consenso, porque han convertido esto en un monólogo que es un disco rayado, repitiendo una y otra vez argumentos
peregrinos sobre ese trasvase del Ebro y sobre el Plan Hidrológico del año 2001. Y, para más inri, incluso la ministra de Medio Ambiente, en un claro acto de desprecio hacia los valencianos, murcianos y almerienses, celebró con cava la derogación
del trasvase del Ebro, lo que para nosotros es insostenible. (Aplausos.)
Por otro lado, en el debate que nos ocupa más en todo el devenir de este año están las enmiendas del Senado. Tenemos que decir que temporalmente el Senado recuperó la cordura, pero que en este momento volvemos a lo que había. Pensamos que
una parte importante de las enmiendas que acompañan el texto que vuelve del Senado son realmente interesantes, importantes y necesarias y por ello la mayoría va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Pero sí quisiera hacer una
referencia importante a Aragón, porque Aragón no ha ganado absolutamente nada en esta batalla; ha perdido todo lo que tenía. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre los convenios del Ministerio de Medio Ambiente con municipios del pirineo.
Hemos dado
siempre el plácet a ejecutar esos convenios, porque se trataba de abastecimientos a municipios afectados por embalses, y ustedes siguen en la situación de negar ese pan y esa sal a esas zonas. ¿Cómo van a creer los ciudadanos y cómo vamos a creer
nosotros esa nueva cultura del agua si no son capaces de solucionar los problemas que tienen los ayuntamientos del pirineo? Es un año de extrema sequía y les ha cogido el toro. Huesca está en la encrucijada del pirineo y con restricciones de agua.
Eso es gestión creíble y seria.
Sepamos hoy aquí y dejemos claras las responsabilidades políticas del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida. El 'Diario de Sesiones', testigo mudo pero implacable, se encargará de que la historia pase factura a
quienes por despecho y venganza negaron el agua, que sí que había, a los que no la tienen, pero la saben utilizar correctamente como bien escaso que es. Basta ya de decir, de insinuar -en unos casos insinúan y en otros dicen claramente- que en la
Comunidad Valenciana y en Murcia el agua se quiere para otros intereses, porque no es real. Todos saben que es para mantener lo existente, todos saben que quien lidera en España la construcción de campos de golf es Andalucía, que es del Partido
Socialista, porque esa doble vara de medir, en la que todo lo que propone el Partido Popular es injusto y tiene extraños intereses detrás y lo que ustedes llevan a la práctica es puro y limpio como el cielo no se lo pueden creer y es engañar
demasiado.
Señores del PSOE, la política está para servir a los ciudadanos y resolver sus problemas, entre ellos los del agua, y no para servirse de ella para mantener la silla bien aferrada al trasero. Señores del PSOE, en connivencia con esos socios
de gobierno malcriados -los tienen malcriados-, están haciendo un mal uso del Gobierno que la democracia les ha otorgado. Sólo hay que tener paciencia.
Hay una cosa muy clara, y vuelvo a repetirlo. Ustedes no tenían alternativa, cumplían un compromiso, un ultimátum, y tuvieron que inventarse las actuaciones, y también podemos decir, como hemos denunciado, por qué muchos de los informes
solicitados se remiten a los diputados con un año de retraso en esta materia. Han inventado un informe de sostenibilidad ambiental que no se sostiene; en definitiva, una vergüenza. Dentro de unos años, cuando los ciudadanos vean que no llega el
agua y que la que llega, si llega, era de las obras ya programadas, les preguntarán dónde están esas actuaciones y dónde está esa desalación, cuya área tienen ubicada, pero no saben dónde. Les recuerdo que están actuando de una forma sectaria,
porque cuando van a los municipios, se supone que a buscar de dónde van a sacar agua, olvidan a los alcaldes del Partido Popular, los dejan aparte, no les informan y se van al alcalde vecino si es del Partido Socialista; alcaldesa, en los casos de
Torrevieja y Guardamar, en la provincia de Alicante.
Para finalizar, quisiera repetir unas palabras que dijo ayer mi compañero, el señor Garre: a la señora Narbona nunca la olvidaremos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ramón-Llin.
Grupo Socialista. Señora Colldeforns. (Rumores.-La señora López i Chamosa: La mejor ministra de Medio Ambiente.-Aplausos.)
Por favor, señorías, silencio en la sala. Mañana es viernes.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Muchas gracias, señor presidente.
Debo reconocer que a veces los discursos de las señorías del Partido Popular no son solamente insostenibles, sino un poco insoportables.
(Aplausos.)
En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los representantes de las Terres de l'Ebre, que nos acompañan
desde la tribuna de los invitados para participar en el último acto de una historia, la del trasvase del Ebro, que empezó su andadura jurídica un 23 de febrero de 2001, con la entrada en esta Cámara del proyecto de ley del Plan Hidrológico
del Gobierno de Aznar, que se convirtió en ley en el mes de julio de ese mismo año y que finalmente hoy será derogado por todos los grupos de la Cámara, excepto por el Partido Popular. Es la historia de una lucha de muchas personas, a título
individual o asociado, y del cumplimiento de una promesa electoral tanto del Partido Socialista en el Gobierno de España como de los tres partidos que hoy gobiernan en Cataluña, que han cumplido todos y cada uno de los puntos del compromiso del
Ebro, todos ellos incorporados en el proyecto de ley que votaremos hoy. Por tanto, bienvenidos. (El señor Ayala: Aquí gobierna Cataluña.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, por favor.
Continúe, señora diputada.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Paso a manifestar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre las enmiendas aprobadas en el Senado. En primer lugar, nos vamos a oponer a todas las enmiendas del Partido Popular puesto que o bien
desvirtúan la distinción entre lo que debe hacerse en el tiempo y lo que es urgente y prioritario o bien introducen obras, como la Acequia Real del Júcar, que son competencia de la comunidad autónoma y que pretenden que las haga el Gobierno central
para esconder la inoperancia de la Generalitat de Valencia. En segundo lugar, nos oponemos por razones similares a las enmiendas de Convergència i Unió, excepto a dos pequeños apartados para subsanar un error que hubo en el trámite del Congreso.
Aceptaremos las enmiendas que se transaccionaron con el Partido Aragonesista, incorporadas al texto del dictamen como los puntos decimoquinto bis y ter, que refuerzan aún más, si cabe, la garantía del respeto al Pacto del agua en Aragón. También
aceptaremos la correspondiente al aprovechamiento de la capacidad útil del embalse del Grado y de compensación al municipio de Jánovas.
Paso ahora a defender las propuestas de adición o modificación del Grupo Socialista. Hemos añadido una obra de desalación para abastecimiento y regadío en Castellón y cuatro en la cuenca del Segura, tan importantes, señorías, como la
ampliación de la desaladora de El Mojón o de la depuradora de Murcia oeste o la automatización y telemando de los canales del post trasvase Tajo-Segura. Señorías, quiero llamar su atención sobre el hecho de que con estas obras, incorporadas en el
tramo final de la discusión parlamentaria, junto a las modificaciones que durante todo el periodo de discusiones de enmiendas se han hecho, se van a realizar en la cuenca del Segura obras por valor de 1.700 millones de euros para obtener más de 450
hectómetros cúbicos de agua adicionales.
Me permito citar al respecto el programa electoral del Partido Socialista, que, al hablar del agua, decía literalmente -hago un extracto-: Ejecutaremos de forma urgente las inversiones ya previstas que, por su mayor viabilidad económica o
ambiental, sean susceptibles de obtener financiación de la Unión Europea y -subrayo- dando prioridad a la cuenca del Segura. El Gobierno ha cumplido con creces, puesto que ha aprobado para esta cuenca más de lo que había en el viejo plan y, sobre
todo, con mayor efectividad y rapidez en cuanto a los resultados. Señorías, con la aprobación definitiva de este nuevo plan, el Partido Socialista cumple una promesa, y esto es importante. Se opuso al Plan Hidrológico del Partido Popular en el año
2001; denunció en su programa electoral la demagogia del Partido Popular cuando prometía un aumento ilimitado de oferta de agua a precio casi cero; anunció en su programa electoral una nueva política del agua y después, justamente dos meses
después de haber llegado al Gobierno, aprobó el real decreto-ley de modificación que hoy, después de un trámite parlamentario de casi once meses, va a convertirse en ley. Este texto deroga el trasvase del Ebro -lo saben ustedes-, aprueba las obras
que han de permitir obtener más agua de la que supuestamente se iba a obtener de esta fuente; no solo más agua, sino más barata de lo que iba a ser y, sobre todo, mucho antes.
Durante estos once meses, la mayoría de los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas que han supuesto notables mejoras. Por ejemplo, ahora vamos a saber cuánta agua utilizamos en este país, quién la utiliza y para qué, cosa que al
Partido Popular seguramente no le importaba demasiado. Hemos incorporado artículos que permiten, por ejemplo, que se sirvan las necesidades de la cuenca del Tajo sin poner en peligro las del Segura, cosa que seguramente al Partido Popular tampoco
le importaba demasiado. Hemos incorporado artículos que permiten que las obras hidráulicas se vayan a realizar en este país con un análisis de su viabilidad ambiental, económica y social. Agradezco pues a todos los grupos de la Cámara el esfuerzo
que han hecho para lograr un texto común que permita consolidar de verdad el giro hacia una nueva política del agua, que tendrá su continuidad, no lo duden señorías, a lo largo de esta legislatura.
Desde luego, no voy a responder a las descalificaciones y provocaciones de los que podríamos calificar como sospechosos habituales del Grupo Popular. En ese afán, se han quedado solos en esta Cámara. Voy a dejarlas de lado y me voy a
centrar en las realidades, que es lo que a la postre interesa más a los ciudadanos. No voy a hablar de todas las obras que ya están en marcha en España, puesto que el martes la ministra de Medio Ambiente tuvo ocasión de explicarlo, y ustedes lo
conocen bien. También en Huesca están en marcha las obras, no se preocupe, señoría, también en Huesca. (Un señor diputado: Casi nos ahogamos con tanta agua.) Además, esta Cámara conoce todas las obras que se están poniendo ya en marcha en
previsión de la posible sequía, más de 300 millones de euros, 50.000 millones de las antiguas pesetas, que son necesarias porque el Partido
Popular en sus años de Gobierno no había tenido en cuenta que había que hacer unos planes, porque la sequía era posible, ni se dedicaron a cuidar las obras que en este momento, si estuvieran ya reparadas y arregladas, no tendríamos que
volver a hacer. Lo más valioso de la política socialista no son las obras, es que se ha restablecido la confianza, el ánimo y el espíritu de colaboración.
Señorías del Partido Popular, escuchen bien. Ustedes se esforzaron con éxito parcial -lamento reconocerlo- en sembrar enfrentamientos, desconfianzas, acusaciones de unos contra otros, temores, miedos, y el miedo, señorías, es el sentimiento
que más puede destruir a una sociedad.
El Partido Socialista prometió la búsqueda del consenso, de la cohesión territorial, de la confianza en el futuro por el esfuerzo y el trabajo responsable de todos, y en la política de agua esto es exactamente
lo que se está haciendo. Se ha reunido la conferencia sectorial cinco veces en lo que va de año, se han creado comisiones y grupos de trabajo con la participación de todos los intereses en juego, incluso allí donde las posiciones parecían más
enfrentadas, por ejemplo, en el Júcar-Vinalopó, se han creado grupos como el del Alto Guadiana, el de Flix, se han firmado convenios con los regantes del Júcar, del acueducto Tajo-Segura, del valle inferior del Guadalquivir, se están firmando
convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas, entre otras, Madrid, Murcia, Galicia, Cataluña, Andalucía y muchas más. Todo ello para establecer los mecanismos de cooperación que son absolutamente imprescindibles para una buena política del
agua, que es responsabilidad de todos en el sentido literal y pleno de la palabra.
Señorías del PP, ustedes son los únicos que no apoyan esta política, apelo a su sentido de la realidad. El presidente de Murcia decía que dejaría de oponerse al trasvase el día que fuera derogado. Señorías, dentro de poco va a ser derogado
y quizás empiece hoy ya la colaboración leal en beneficio de los intereses de todos los españoles. (Rumores.) Empiecen a reconocer que las personas necesitamos agua dulce, es cierto, pero también la agricultura, la industria, los servicios, los
bosques, las praderas, el mar y, precisamente por esto, el agua nos necesita a nosotros, a los hombres y mujeres que debemos cuidarla, protegerla y estar seguros de que las generaciones futuras también la podrán disfrutar. Esta es la esencia de lo
que la inmensa mayoría de españoles representados en esta Cámara desea y esto es lo que el Grupo Socialista va a seguir cumpliendo y defendiendo.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Colldeforns.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Serán solo unas pocas palabras de agradecimiento y de compromiso como ministra de Medio Ambiente; agradecimiento a todos los que han hecho posible que hoy culmine un proceso que se inició en el año 2001, cuando el Grupo Socialista presentó
una proposición de ley en esta Cámara, que fue entonces derrotada, y cuyo contenido es muy similar en muchos aspectos a lo que hoy se va a aprobar aquí.
Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todas las fuerzas parlamentarias que han apoyado este proceso, concretamente a los representantes tanto del Grupo Mixto como de Convergència i Unió, como del Grupo Vasco, de Izquierda Unida y
también de Esquerra Republicana y al Grupo Socialista. A todos los grupos que han apoyado este proceso muchas gracias, porque hoy la ley que va a ser aprobada es sustancialmente mejor que el decreto-ley que entró en esta Cámara hace casi un año.
Es mejor gracias al enriquecimiento que han significado las aportaciones de tantas enmiendas, que han ampliado una decisión inicial del Gobierno, correspondiente a actuaciones en las cuencas mediterráneas, una decisión de intervenir para solucionar
de verdad los problemas del agua en las cuencas mediterráneas de una forma mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental, menos conflictiva en materia social y más racional desde el punto de vista económico. Tras aquella primera decisión,
avalada también por el amplio consenso de esta Cámara, llegamos hoy a una ley que tiene ya una dimensión de modificación de nuestra legislación de aguas en aspectos que considero fundamentales.
Gracias también a quienes están fuera de esta Cámara, a los movimientos sociales hoy aquí representados por la Plataforma de las Terres de l'Ebre, a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que nos acompañan, a la Fundación Nueva
Cultura del Agua y a tantos y tantos expertos y organizaciones sociales que han sido constructivas en el cumplimiento de lo que el presidente Rodríguez Zapatero anunció en su discurso de investidura, una profunda reorientación de la política del
agua que tenga en consideración, por supuesto, que formamos parte de la Unión Europea. Tenemos que hacer la política del agua que se espera de un país miembro de la Unión Europea, considerando de verdad los aspectos ambientales y la racionalidad
económica de todas y cada una de nuestras decisiones.
La ley que hoy va a salir de esta Cámara significa cambios importantísimos. Por ejemplo, el hecho de que en el futuro no se declarará ninguna obra de interés general del Estado que no haya sido previamente objeto de un informe que la
justifique desde el punto de vista económico, ambiental, social y técnico, incluyendo un estudio sobre la repercusión de los costes en los precios del agua. Ninguna obra será declarada de interés general en el futuro si no se atiene a estas
consideraciones previas, igual que no se ejecutará ninguna de las obras de interés general del Estado declaradas en esta ley sin ser sometida a idéntico informe previo. Eso nos evitará equivocarnos en el futuro y tener que descartar, como ha
descartado este texto que
hoy llega aquí, obras tan injustificables, innecesarias e insostenibles como el embalse de Jánovas, el embalse de Santa Liestra, el recrecimiento de Camariñas o el CAT-Abrera. Son ejemplos puntuales de una herencia que debe ser revisada y
que sin ninguna duda el Gobierno está revisando. En cuanto a aquellas obras, señorías, que estaban ya en ejecución, nuestro compromiso es llevarlas adelante sin que supongan daños ambientales para las cuencas de nuestros ríos, intentando reducir la
conflictividad social que han podido generar y que generan todavía. Es un compromiso de esta ministra ante esta Cámara que hoy quiero reiterar.
El texto tiene otras innovaciones que obligan al Gobierno y cuyo compromiso asumo como ministra de Medio Ambiente. Obligaciones para controlar de verdad en este país cuánta agua se consume; obligaciones para controlar de verdad en este
país la calidad de nuestras aguas, para revisar un plan nacional de depuración y saneamiento que, aprobado en el año 1995, no se ha cumplido y que se enfrenta ahora a nuevas exigencias de calidad y de necesidad de reutilización de nuestras aguas
depuradas.
Exigencias en cuanto a informes previos de las confederaciones hidrográficas frente a decisiones de nuevas urbanizaciones o de otras actuaciones que signifiquen demandas adicionales del agua para que se sepa desde el primer momento si
las decisiones que toman otras administraciones cuentan con agua disponible o no, algo absolutamente necesario para no seguir ahondando en crear expectativas que no tienen nada que ver con la disponibilidad de recursos hídricos en muchos casos en
nuestro país. En fin, señorías, estos son compromisos que, como digo, quiero señalar en este momento, en el cual agradezco el resultado final a todos los que han participado en la tramitación.
Por último, compromisos de cara al futuro. Esta Cámara conocerá el próximo año nuevas modificaciones de la legislación en materia de agua, las que se corresponden en parte con mandatos que aparecen en este texto, como la reforma del Consejo
Nacional del Agua, pero también la reforma de las confederaciones hidrográficas y la reforma de los derechos concesionales que permitan la eficacia de verdaderos bancos públicos del agua en cada cuenca de nuestro país. Si se hace una política del
agua bien diferente a la que se ha seguido en España hasta ahora por los distintos gobiernos, cuando vuelva a aparecer una sequía en el horizonte, no tendremos que tomar decisiones improvisadas que este Gobierno está intentando evitar, porque
cualquier sequía, cualquier escasez agravada del agua no se resuelve en el momento en el que se produce, se resuelve con la buena gestión de nuestras aguas superficiales y subterráneas durante todos los años incluso aquellos en los que llueve.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. (La señora Ramón-Llin i Martínez pide la palabra.)
Dígame.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Quisiera pedir la palabra porque la ministra ha reabierto el debate; aunque no ha contestado al Grupo Parlamentario Popular, ha reabierto un debate sobre cuestiones de las que hemos discrepado.
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señora diputada, quien estima si un miembro del Gobierno reabre o no el debate es la presidencia.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Muy bien.
El señor PRESIDENTE: La señora ministra se ha limitado a hacer una exposición de lo que va a ser la política del Gobierno (Varios señores diputados: ¡No!) sin entrar en ningún tipo de contradicción ni de alusión respecto a la distinta
posición de los grupos parlamentarios. Si la presidencia hubiera estimado que se habían introducido elementos contradictorios, sabe usted de sobra que no tendría ningún inconveniente en concederle a usted un turno de réplica, pero creo que no ha
sido el caso. Lo lamento.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Entendemos que sí ha reabierto el debate porque ha entrado en cuestiones de discrepancia absoluta.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento. (Rumores.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Dígame usted, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, solamente quiero hacerle una pregunta: ¿Considera la presidencia que decir que la ley que presentó el anterior Gobierno es una pésima y mala ley no es reabrir el debate?
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, vamos a terminar este punto de una manera pacífica. Si la presidencia -creo que ya tengo una trayectoria marcada en la dirección de los debates- hubiera estimado que de verdad se habían introducido
elementos de contradicción, inmediatamente habría reabierto el debate. Creo que hoy no ha sido el caso, se lo digo con toda la franqueza.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, DE LIBERALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN POR CABLE Y DE FOMENTO DEL PLURALISMO. (Número de expediente 121/000021.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el debate con el proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso
de la televisión digital terrestre, de liberación de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
(La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevísimamente. El Bloque Nacionalista Galego va a votar afirmativamente tres enmiendas del Senado que van destinadas a perfilar mejor y concretar cuál es el sentido de esta ley. Efectivamente es un proyecto de ley de medidas
urgentes que aboga por que se elabore cuanto antes una ley general del sector audiovisual, que es muy necesaria para poder tener una definición clara en este tema y también una perspectiva de futuro en la que podamos colaborar todos. En segundo
lugar, vamos a votar afirmativamente para que la capacidad de las comunidades autónomas en el terreno de la tecnología digital pueda quedar perfectamente establecida en el futuro y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la garantía de que
tendremos un segundo canal digital múltiple para la promoción de nuestra lengua, cultura y nuestro espacio comunicacional e informativo. En tercer lugar, votaremos también afirmativamente a favor de que, aunque no sea muy creíble, haya un apagón
analógico en el año 2008 y, por tanto, las nuevas tecnologías empiecen a funcionar plena y globalmente a partir de ese año.
Nos vamos a oponer a todas las enmiendas del Senado que deterioran la ley precisamente en aspectos de garantizar que no se creen oligopolios de carácter informativo y también en aquellos aspectos que no hacen más que empeorar lo que ya era
una ley problemática en muchos aspectos. En todo caso, nos abstendremos en el punto que hace referencia a la posibilidad de abrir más canales analógicos. Sin duda alguna, aunque se pueda presentar este aspecto en nombre del pluralismo, todos
sabemos que este pluralismo solamente podrá ser utilizado por muy pocas empresas, por lo que no vamos a entrar a posicionarnos sobre las guerras que pueda haber entre grupos empresariales, en las que no vamos a participar ya que no somos agentes ni
beneficiarios de ninguno de ellos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez Sánchez. Muchas gracias.
Continuamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra, el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Diré también con brevedad que votaremos a favor de la inclusión de un nuevo artículo, el sexto, en el proyecto de ley, que tiene por objeto modificar la disposición adicional
primera de la Ley 22/1999 y que prevé la reserva en el plan técnico de televisión digital de un segundo canal múltiple en las comunidades autónomas.
En cuanto a las demás enmiendas del Senado, estoy totalmente seguro de que, aunque repitiera por cuarta vez la intervención que ya se ha realizado en este debate, no voy a resultar más convincente, por lo que sencillamente anunciaré nuestra
oposición al resto de las enmiendas del Senado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez. Muchas gracias.
Continuamos con el señor Beloki para que fije posición en representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, pasado mañana se cumplirán cuatro meses justos desde que el proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por
cable y de fomento del pluralismo tuvo su entrada en este Congreso; cuatro meses desde que tuvo lugar su presentación un tanto inesperada, e inexplicada también por el Gobierno, como ha sido el sentir de mi grupo y como lo hemos expuesto en
reiteradas ocasiones de su tramitación, una presentación también controvertida políticamente, y no menos socialmente, como hemos podido observar a lo largo de estos meses; cuatro meses menos dos días después de aquel 4 de febrero en que tuvo lugar
la entrada de este proyecto, al que le ha llegado la hora de dar su último paso parlamentario, aunque desde la perspectiva social es justamente lo contrario, ya que tras el de hoy debe dar su primer paso, y a ello me referiré posteriormente.
Al proyecto de ley, dadas las condiciones y términos en que fue planteado en su origen por el Gobierno, mi grupo, como hemos dicho repetidas veces, creyó percibirle un cierto aire entre improvisado y deshilachado; a eso nos ha sonado desde
un comienzo, a esa falta de equivalencia y de rigor entre su enunciado -de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo- y las medidas prácticas, la
ensalada de medidas, diría yo, que en algún sentido contempla este proyecto de ley. No se sabía muy bien por qué en esa ensalada figuraban unos determinados ingredientes ni por qué se aliñaban los mismos en los términos y proporciones en que se
hacía ni por qué no se incorporaban otros ingredientes igualmente necesarios, si no más, que los que se incorporan.
De todas formas, lo hemos debatido ya sucesivas veces y no es necesario volver sobre ello, sobre todo a estas alturas es
completamente inútil hacerlo. Al proyecto de ley -todavía proyecto, pero en puertas de ser ley- le corresponde ahora demostrar su utilidad real para aquello para lo que se nos dijo que se proponía, y de ello hablaremos con el tiempo y evaluaremos
sus resultados.
Dicho lo anterior y enmarcado en los términos en los que acabo de hacer nuestro juicio básico sobre esta iniciativa del Gobierno, justo es constatar que el proyecto ha resultado mejorado a lo largo de su andadura parlamentaria. Conoció
mejoras en su trámite primero en este Congreso y las ha conocido en el Senado; confiemos en que el texto final resultante después de la sesión de hoy las recoja y refleje, y nos alegraremos por ello sinceramente. Nos alegramos, por ejemplo, por
solo referirnos a las últimas modificaciones introducidas en el Senado y por fijar nuestra postura ante ellas, de forma especial por el acuerdo logrado en torno a la redacción del nuevo artículo 6. Nos alegramos porque, aunque no llega al término
del camino al que nos hubiera gustado llegar y sobre todo no lo hace con la claridad y precisión con la que nos hubiera gustado, en el tema objeto de dicho artículo va en esa dirección. Recordarán SS.SS. la insistencia con la que mi grupo ha
subrayado una y otra vez en esta Cámara que lo que más le interesaba y más le preocupaba de esta ley no era tanto el que resolviera efectivamente los desafíos que denunciaba en el título de la misma -que le sobrepasaba, a nuestro juicio, por todos
lados, y que eran, en resumen, los de ir abordando con fuerza el paso de la televisión analógica a la televisión digital-, sino que al menos y a falta de un esquema y planteamiento de una ley marco audiovisual todavía no conocida para la era
digital, no cerrara cuando menos caminos en la dirección apropiada, y no lo hiciera de forma especial para las televisiones públicas y muy concretamente para las televisiones de ámbito autonómico y local. Dicho con otras palabras, que estas también
tuvieran, como se merecen y se les debe, horizontes abiertos tras esta ley y, en la medida de lo posible, horizontes garantizados. Entendemos que eso es lo que hace en alguna medida el nuevo artículo 6. Se trata de un texto que si bien no alcanza,
al menos de una forma explícita, todo lo que a nosotros nos hubiera gustado, genera expectativas razonables de poder hacerlo en el futuro.
Por la introducción de este punto así como por otros, sobre los que no es necesario insistir aquí por conocidos, es por lo que decimos que el texto del proyecto de ley ha conocido mejoras en su tramitación y que nos alegramos de ello.
Garantizado ese punto al que acabo de referirme, al que evidentemente mi grupo votará positivamente, también fijaremos nuestra postura de abstención en otros determinados puntos, como el que hace referencia al artículo 1. La sensación al cierre del
trámite parlamentario de este proyecto de ley no está en todo caso dominada por la satisfacción de haber llegado al final y haberlo hecho mejorando el texto del mismo, sino más bien por la preocupación de lo que queda por hacer. Dicho con otras
palabras, el trámite nos ha situado más ante numerosas preguntas que sabemos que habrá que ir respondiendo que ante respuestas claras de las mismas. En cierto sentido, nos ha abierto más los ojos en relación con trabajos pendientes que ante la
satisfacción de los deberes cumplidos. Señorías, no sé si finalmente se aprobará o no la nueva disposición adicional sexta bis -que espero que sí- al texto del proyecto de ley, según el cual el Gobierno adoptará cuantas acciones sean necesarias
para conseguir un efectivo apagón analógico en el año 2008 -nosotros votaremos que sí a este añadido-, en todo caso con la referencia explícita a un apagón analógico, que deseamos próximo, sea en esa fecha o sea algo más tarde, lo que sí resulta
absolutamente necesario es tomar desde ya conciencia de las medidas necesarias para caminar decididamente hacia la televisión digital, sin más pérdida de tiempo y me atrevería a decir que sin más entretenimientos por el camino. Todos somos
conscientes de la ingente labor a realizar en esa dirección desde esta Cámara, desde este Gobierno central, pero también desde otras cámaras territoriales y autonómicas, desde otros niveles administrativos como los autonómicos y los locales, desde
el conjunto del mundo empresarial privado y desde la sociedad en su conjunto.
Desde esa perspectiva y en esa dirección, mi grupo apoyará también lo que se ha incorporado en el Senado respecto al preámbulo. Como ustedes recordarán, el preámbulo anima a determinadas medidas urgentes como las que se proponen en el
proyecto, pero al mismo tiempo llama a la tramitación -ojalá que próxima- de una ley general de lo audiovisual, en cuyo marco deberán articularse otros importantes aspectos que afectan al sector, pero que, a juicio de mi grupo, llaman sobre todo
-aunque no lo diga así, en dichos términos, el preámbulo- a una actitud y a una actividad activa, si se me permite la redundancia, en el impulso de la televisión digital y, más en general, de la sociedad digital. De la complejidad y de la
dificultad de este desafío no creo que nadie dude en este Parlamento. Son muchas y muy diversas las labores a realizar y es justamente la preocupación por lo todavía no hecho, de lo mucho que queda por hacer, unida a la necesidad de no retrasar ni
un día más su ejecución, la que invade a mi grupo al cierre del trámite parlamentario de este proyecto de ley; preocupación y compromiso no menor por parte de mi grupo para colaborar en todo ello.
Movido por todo ello, mi grupo ha registrado esta misma semana una proposición no de ley que intenta avanzar en un camino que me atrevería a decir que este proyecto de ley que hoy aprobaremos acaba de reabrir o, si se quiere decir con mayor
precisión, ha recordado que debemos mantener activo. Me remito, en concreto, a su disposición adicional segunda que, como recordarán, se refiere a la garantía de accesibilidad de la televisión digital para las personas con discapacidad y que en su
día fue aprobada por unanimidad en este Congreso. Pues bien, es necesario ir avanzando, lo que significa ir dando pasos concretos en esa dirección.
Eso pretende hacer nuestra proposición no de ley con un colectivo determinado de personas con
discapacidad; en concreto con aquellas que tienen discapacidad visual. Su plena integración en la televisión digital y en la sociedad digital requiere pasos. Lo cito a modo de ejemplo de todo lo que queda por hacer a partir del día siguiente de
la
aprobación de esta ley, que esperamos que se produzca hoy mismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Continuamos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Hoy volvemos a subir a esta tribuna para hablar del proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre; un proyecto de ley controvertido que ha producido pasiones, desengaños y otras historias, pero que
hoy llega a esta Cámara para su aprobación definitiva mejorado respecto a lo que en sus inicios presentó el Gobierno.
Nuestro grupo anuncia que votaremos en contra de aquellas enmiendas que vienen del Senado que contaminan lo que nuestro grupo ha intentado introducir en el proyecto de ley. Por lo tanto, solo votaremos favorablemente la modificación añadida
al artículo 6. En cuanto al resto de las enmiendas, votaremos en contra. Quiero hacer un inciso respecto a una de las enmiendas al artículo 3 que hace referencia a la televisión local de proximidad. En su momento nuestro grupo presentó diferentes
enmiendas en el Congreso de los Diputados que al final fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos, y entendemos que el texto que viene del Senado y que modifica esa unanimidad que se consiguió aquí perjudica el sentido que tenía esa
enmienda. Esa enmienda tenía sentido para las televisiones verdaderamente de proximidad, pero no para televisiones que, amparadas en la proximidad, pueden actuar en cadena y pertenecer a otros grupos mucho más fuertes. Como ustedes saben, en
Cataluña las televisiones locales de proximidad tienen una larga historia y una gran presencia en el territorio; son televisiones que han llevado la pluralidad a muchos municipios y que permiten que se garantice a esas televisiones el camino hacia
la televisión digital. Para nuestro grupo ese tema era prioritario y, por lo tanto, consideramos que la enmienda que viene del Senado es mucho más confusa, no garantiza a las televisiones locales de proximidad un acceso real a las televisiones
digitales, por lo que nos vemos en la obligación de votar en contra de esa enmienda.
Seguramente una de las partes que ha generado más controversia de este proyecto de ley es la supresión del artículo de limitación de nuevos canales de televisión analógica. En su momento nosotros llegamos a presentar una enmienda, pero
también entendemos que no nos afecta que haya más televisiones y más pluralidad. Estamos de acuerdo con que puede haber más televisiones; el mercado lo permite. Es un riesgo para la presentación de la televisión digital, pero si hay un mercado y
el Gobierno quiere que se presenten estas televisiones, aunque ya avisamos del riesgo que corren y de que la viabilidad económica de dichos canales es dudosa a nuestro entender, no nos vamos a oponer. Por tanto, votaremos igualmente la enmienda que
viene del Senado en este sentido.
De este proyecto de ley quisiera resaltar la voluntad que expresaron, el presidente del Gobierno y el Grupo Socialista, de que con posterioridad a esta ley tendría que entrar en esta Cámara la futura ley de lo audiovisual y, en ese sentido,
quiero remarcar el compromiso de que se establezca en esta ley un capítulo sobre la pluralidad lingüística del Estado español. Las tecnologías tienen que servir para expresar esta pluralidad. Las tecnologías no pueden ser un veto, no pueden ser
ninguna barrera a la expresión de la pluralidad lingüística y cultural de ese Estado.
Me referiré a la pluralidad lingüística y a la necesidad de que avancemos en el compromiso de que la ley de lo audiovisual recoja este pluralismo, de que las condiciones administrativas permitan que todos los ciudadanos y ciudadanas de este
Estado tengan los mismos derechos de acceso a su idioma y en igualdad de condiciones, ya que la tecnología lo puede permitir, que tengan acceso a escoger su idioma en los programas audiovisuales, en los DVD, etcétera. Esperamos llegar a esos
acuerdos a través de ese compromiso, que el doblaje y la subtitulación en origen permita que todos los ciudadanos tengan esa igualdad de condiciones y aquí quisiera dejar claro que sin estridencias, para calmar a ciertos medios que se han puesto
nerviosos ante los futuros doblajes de películas en las lenguas minoritarias, ya que todo es solucionable sin tener que poner más dinero. Esto es posible. Queremos dar un mensaje de tranquilidad, que nadie se excite antes de tiempo porque es
posible hacer realidad el hecho de que un ciudadano, cuando encienda la televisión, pueda escoger el idioma que quiera escuchar. Hemos dicho que la ley de lo audiovisual tiene que regular esto y que todas las televisiones, todos los canales han de
tener la posibilidad de acceder a los otros idiomas.
En función de esta pedagogía, el canal parlamentario del Congreso de los Diputados tiene que posibilitar el uso de las lenguas minoritarias y, por tanto, el uso del catalán, del gallego y del
euskera. Qué contradicción sería que en otros canales, en otras televisiones se pudiese acceder al catalán, al gallego y al euskera y no fuera posible en el canal parlamentario. Como dice el poeta: todo es posible. Estamos ante un avance
histórico en esta voluntad, que ha expresado el grupo del Gobierno, de avanzar y estaremos atentos a que esto sea posible.
Vamos a votar en contra de todas las enmiendas que vienen del Senado, excepto una, y vamos a aprobar el texto que se aprobó en su día con la incorporación de esa enmienda transaccional que mejora, que garantiza unos derechos, que garantiza
una pluralidad que figuraba en el título, pero que en su momento solo se aseguraba en parte. Hay una mejora, hay un camino abierto para garantizar esa pluralidad que mejora el espectro de la
televisión digital, el acceso en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Podemos expresar nuestra satisfacción por que este proyecto de ley sea un avance histórico en el respeto a la pluralidad; seguramente es mejorable, hubiésemos
querido algunas mejoras más, pero con la ley de lo audiovisual que vendrá a continuación podremos expresar la satisfacción por ese trabajo, por esa incorporación de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya y que el Grupo Socialista ha aceptado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para fijar posición a este efecto el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, estamos probablemente en la última fase de una ley importante, de una ley que debe impulsar la televisión del siglo XXI, la televisión que va a ser básica para todos los ciudadanos de este país; por tanto, ha
sido una ley muy debatida. Hemos conseguido mejorar claramente el primer proyecto de ley que llegó a esta casa, tanto en su tramitación aquí, en el Congreso, como ahora en el Senado, aunque hay todavía puntos que entendemos que serían mejorables y
algunos aspectos que no es lógico que aparezcan en esta ley.
Hecho este pequeño análisis general, me gustaría referirme concretamente a las enmiendas que han llegado del Senado. Nosotros apoyaremos tres de las enmiendas que vienen del Senado, pero me gustaría hacer una mención especial respecto a una
enmienda que afecta al preámbulo. No apoyaremos la enmienda que viene del Senado referida a que haya una ley general de lo audiovisual que trate de aspectos tan importantes que no están en la ley, aunque entendemos que el compromiso que adoptó el
Gobierno de presentar en los próximos meses una ley general de lo audiovisual que trate aspectos como el plurilingüismo -se ha dicho antes-, que permita la tecnología digital, que fomente la producción y la industria audiovisual de este país y que,
además, de una forma muy clara, permita la pluralidad que globalmente defiende esta ley, que es fundamental y que la ley general de lo audiovisual debe contemplar, ha de ser claro en este sentido. También compartimos lo que ahora planteaba el
diputado de Esquerra Republicana, que esta nueva tecnología permite posibilidades claras en la línea del plurilingüismo, y hemos de aprovecharlas para que en este Estado plural -es decir, plural en lo cultural y también en lo lingüístico- se vean
reflejadas en la televisión del futuro.
Evidentemente nos satisface que el Senado compartiera nuestra idea de que no tenía sentido que no aprovecháramos esta ley, en la que estamos hablando de la televisión del futuro, de la televisión digital después de tener durante 17 años una
ley de televisiones privadas que se centraba en tres televisiones analógicas; que ahora, que estamos a punto de dar el gran salto, nos vayamos para atrás y abramos este segmento de analógicas.
Por eso nosotros apoyaremos claramente esta enmienda
del Senado, que de alguna forma evita el contrasentido de estar hablando del futuro y al mismo tiempo regresar al pasado.
Otro aspecto que nos parece positivo y que ha mejorado claramente el Senado es la reivindicación que planteamos un conjunto de grupos en el Congreso de equiparar el número de multiplex de las televisiones estatales con las autonómicas. Nos
ha faltado un elemento que lamentamos que en esta enmienda no se incorporara. Entendemos que los grandes impulsores de la televisión digital han de ser las televisiones pública, estatal y autonómica, y nos hubiese gustado que en esta enmienda, que
vamos a apoyar, cuando se hablaba de la posibilidad de abrir un nuevo multiplex a nivel autonómico, se hiciera especial hincapié en que este nuevo multiplex estuviera al servicio de la televisión pública autonómica, que entendemos que ha de ser el
motor de la implantación de la televisión digital. En cualquier caso, lo apoyaremos favorablemente.
Finalmente, también vamos a apoyar la enmienda que se refiere a la disposición adicional sexta bis. El ministro cuando presentó esta ley decía que era voluntad del Gobierno, y se comprometía a ello, hacer el apagón analógico en el año 2010.
En este sentido, la enmienda del Senado propone el apagón analógico para el año 2008. Nosotros vamos a apoyarlo, en primer lugar, porque nos parece que es posible hacerlo y, en segundo lugar, porque el Gobierno actual de Cataluña, formado por los
tres partidos que en este momento están gobernando, han propuesto el apagón analógico en el año 2008. En este sentido, entendemos que no sería razonable que Cataluña apagara analógicamente en el año 2008 y que España mantuviera el sistema analógico
hasta el año 2010, ya que podría introducir distorsiones tanto en la distribución como en el mercado publicitario, etcétera. Por este motivo, nosotros apoyaremos esta enmienda. Las otras las votaremos negativamente porque entendemos que el texto
que salió del Congreso era mejor que las propuestas alternativas que se nos hacen por el Senado.
Resumo diciendo que no hemos conseguido todo lo que entendíamos que era favorable, que esta ley debe ser un impulso real a la tecnología básica de distribución de televisión en los próximos años y en el futuro de este país, porque ofrece
oportunidades tecnológicas claras que resuelven problemas que la televisión analógica no resolvía y puede ayudarnos a potenciar una industria audiovisual de gran talento, como la que tiene este país. Estos son los factores en los que, no lo duden,
vamos a incidir claramente en la propuesta de ley general de lo audiovisual que nos va a presentar el Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Vilajoana.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y, en su nombre, tiene la palabra para fijar posición la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante el último acto parlamentario de la tramitación de un proyecto de ley que se ha caracterizado por dos elementos principales: primero, por su vertiginosa e injustificada urgencia, salvo para evitar la transparencia, el
diálogo y el consenso y, por tanto, evitar reconocer el fin último de su prisa y, segundo, por el enorme contrasentido entre el título y el contenido del proyecto, ya que en este no se recoge ni una sola medida de carácter urgente; muy al
contrario, lo que hace el texto del proyecto de ley es precisamente ralentizar estas medidas. Y, desde luego, tampoco recoge ese tan cacareado pluralismo con el que al Gobierno se le llena habitualmente la boca y que luego no se corresponde con la
realidad. Por tanto, el contrasentido es claro y manifiesto.
Sobre este último punto, el Congreso de los Diputados y el Senado han intentado, con la presentación de más de un centenar de enmiendas, recuperar una parte del sentido común que en su día perdieron el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Socialista y, desde luego, llamar impulso de la televisión digital terrestre a lo que real y verdaderamente es el impulso de la digital terrestre, es decir, al límite de los canales analógicos que, como todos ustedes saben, es una medida de carácter
urgente para el impulso de la televisión digital terrestre y todo lo contrario, es decir, el permitir más canales analógicos, supondría precisamente el freno a ese impulso.
En segundo lugar, lo que el Grupo Parlamentario Popular venía anunciando, la supresión de las referencias a la radio. Es inadmisible que se incorporara por el Gobierno a ese texto, al texto que salió del Congreso, una referencia clara a la
radiodifusión española, entre otras cosas, porque no tenía cabida en el texto sobre el impulso de las medidas urgentes para la televisión digital terrestre, pero, además, porque supuso el engaño más flagrante del Gobierno socialista en esta materia.
Se lo ocultó al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y le presentó un proyecto que nada tenía que ver con el que luego trajo aquí, a la Cámara.
En tercer lugar, el adelanto de la fecha prevista para el apagón analógico para 2008. Yo tengo el convencimiento de que, al final, gozaremos del apoyo del tripartito, porque si no sería una gran incongruencia que el Partido Socialista de
Cataluña, entre otras cosas, haya defendido desde el Gobierno catalán el hecho de que se adelantara a 2008 el apagón analógico. Por tanto, esperamos que ese apagón, esa enmienda que hemos presentado y que viene incorporada del Senado, tenga el
apoyo, el respaldo de todos los socios, de todos aquellos que componen el tripartito.
Además, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la mayor parte de las enmiendas que vienen del Senado, en coherencia, sin lugar a dudas, con la posición que hemos mantenido de forma reiterada tanto en esta Cámara como en el Senado.
Seguimos pensando que el Gobierno, con esta iniciativa, forzó la máquina para elaborar un mal proyecto de ley, de finalidades absolutamente opacas, de bondades desconocidas e inconfesables y consecuencias nefastas para avanzar en la necesaria
implantación de la televisión digital terrestre en España, objetivo nuclear sobre el que no hay ninguna discusión por parte de este grupo parlamentario. Creemos que, contra la lógica, el Gobierno ha invertido las prioridades en esta materia
estratégica y ha desvirtuado, cuando no traicionado, sus propios compromisos electorales para favorecer a unos pocos, eso sí, amigos y muy poderosos, en detrimento del interés general de todos los españoles. En menos de un año su Gobierno ha
conseguido que las palabras libertad, consenso, diálogo, talante, etcétera, pronunciadas por los socialistas, suenen absolutamente huecas. Ustedes han engañado, han ocultado sus verdaderas y reales intenciones.
Señorías, más de un año después del inicio de la actual legislatura, seguimos sin tener una ley general e integral de lo audiovisual que sería, y no solamente lo dice el Grupo Parlamentario Popular, lo han dicho todos los que han intervenido
antes que nosotros, el marco más adecuado y eficaz para abordar la digitalización. Seguimos sin conocer los planes y proyectos para los medios de comunicación de titularidad estatal, más allá, eso sí, de la utilización absolutamente partidista,
sectaria y manipulada de Radiotelevisión Española, y la sangría constante y permanente de audiencia y credibilidad que viene sufriendo desde hace un año. Tampoco tenemos ningún instrumento aceptable y válido para fomentar la implantación de la
tecnología digital, al margen de la mera palabrería y del deseo de beneficiar, como le venimos diciendo, a los afines, a los amigos. Este proyecto de ley merece ser reformado en la dirección que nos ha propuesto el Senado. En primer lugar, para
corregir la ausencia absoluta y perniciosa de diálogo con el sector, con la oposición y con las comunidades autónomas, que hemos venido denunciando una y otra vez. En segundo lugar, para que la apertura de nuevas concesiones analógicas no retrase
de forma irreversible un proceso acompasado en Europa de fomento de la televisión digital terrestre; se trata, señorías, del mayor despropósito y confusión que pudiera darse en esta materia. En tercer lugar, para que no se consagren posiciones de
dominio en la radiodifusión española, enmascaradas en un falso pluralismo que ya viene caracterizando al Gobierno. Y en cuarto lugar, para que el horizonte del apagón analógico sirva de acicate y de estímulo a una política inequívoca y clara a
favor, en primer lugar, de la multiplicación de las ofertas, por tanto, del pluralismo real y efectivo, no del que propone el Gobierno que es la mordaza a los propios servicios; en segundo lugar, de las ventajas de la interactividad y, en tercer
lugar, del
acceso universal a los servicios audiovisuales más avanzados.
Hoy, señorías, culmina un itinerario legislativo que ha estado plagado de singularidades y de anomalías, sin consenso y sin ánimo de alcanzarlo por parte del Gobierno, sin explicaciones convincentes, sin objetivos claros, muy al contrario,
siempre disfrazados para ocultar el fin último que persigue esta ley, que es el beneficio a los amigos, y sin una apuesta decisiva por el futuro de la televisión digital terrestre. A estas alturas, señorías, y a pesar de todos los esfuerzos
políticos, se ha confirmado que el Gobierno tiene mucha prisa en despachar este proyecto, ninguna intención de escuchar al sector ni a la oposición ni tampoco el más mínimo deseo ni sinceridad en que el título del proyecto se corresponda con su
contenido. Si el proyecto no se modifica en la orientación que nos propone el Senado, habremos perdido todos un tiempo precioso y retrocederemos en un camino que ya se apuntaba como idóneo para que los españoles se beneficiaran sin discriminación
de los servicios digitales. Estamos, como dicen los expertos, ante el mayor desafío al que se enfrenta el sector audiovisual, pero la transformación necesaria no se va a lograr con esta ley que confunde, que crea incertidumbres y desaprovecha el
tirón digital que se está produciendo en Europa, eso sí, salvo que prosperen las incorporaciones que se han producido en el Senado, fundamentalmente las tres clave, es decir, la de no más concesiones en analógico, la de la supresión a la referencia
de la radiodifusión y, por supuesto, la del adelanto del apagón analógico al año 2008.
Señorías, el Grupo Socialista, igual que el Gobierno que sustenta, acostumbra a demostrar una preocupante indiferencia respecto a las deliberaciones que se producen en el Senado. En este proyecto de ley - nos tememos, por las declaraciones
que hoy hemos podido leer y por lo que hemos escuchado- esto no va a ser una excepción y de nuevo se pretenden rechazar las mejoras que se han introducido en la Cámara alta, las que de verdad nos llevarían a ese impulso de la televisión digital
terrestre. Es una nueva prueba del antojo por aprobar esta ley con calzador y sin voluntad de diálogo, del pago a la hipoteca del tripartito -así lo vimos en la escenificación del debate de las enmiendas en el que un grupo fue capaz de mantener una
enmienda en contra con tal de obtener ese cheque con el beneficio que se pretendía obtener en ese momento y que no sabemos hasta donde va a alcanzar en la mañana de hoy, aunque imagino que a la larga lo sabremos-, de la intención absolutamente
constatada de beneficiar a los amigos a costa del beneficio del conjunto de la sociedad que al final es quien va a pagar la factura.
Señorías, el proyecto ha vuelto del Senado mucho mejor de lo que salió del Congreso y la segunda lectura prevista por nuestro ordenamiento constitucional ha operado positivamente para arreglar un entuerto pertinaz y aciago que había
provocado el Gobierno sin ninguna necesidad para ello. No hay síntomas de rectificación por parte del Gobierno, muy al contrario, abundan las declaraciones en el día de hoy en las que, eso sí, con expresiones altisonantes y el sobado talante ya nos
amenazan con tumbar la televisión digital terrestre y tumbar y frenar cualquier impulso en ese sentido. Lo más lamentable, señorías, es que este desafortunado e inoportuno trágala legislativo va a lastrar el presente y el futuro de la televisión
digital terrestre en España. En definitiva, señorías, y por desgracia para el conjunto de los españoles porque es una traición al Estado de derecho, una vez más el Gobierno de Zapatero se ha burlado del Parlamento, se ha burlado de la sociedad y se
ha burlado del sector, y todo por primar, con mucha prisa, eso sí, a los amigos del Partido Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Montesinos.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y a estos efectos tiene la palabra el señor López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, llegamos al final del trámite de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre durante el cual hemos oído permanentemente dos cantinelas del Partido Popular: la primera era la falta de diálogo y de
transparencia en la tramitación de esta ley y la segunda la inexistente urgencia. Respecto a la primera hay que resaltar que se ha llegado a este trámite final después de varios debates en el Pleno del Congreso y en el del Senado, de múltiples
comparecencias también en el Congreso y en el Senado y de mucho trabajo de diálogo y de acuerdos mayoritarios en esta Cámara de varios grupos políticos que se han ido sumando a este texto a medida que se ha ido mejorando en el trámite parlamentario.
Yo me felicito por ello, porque creo que esta ley ha sido un buen ejemplo del espíritu negociador del Gobierno y del Grupo Socialista. Y en cuanto a la urgencia, he dicho en más de una ocasión que la provocaron ustedes con su fracaso en la
televisión digital terrestre.
Pero deben conocer más. Esta es la segunda vez que en nuestro país se legisla en materia de televisión digital, y la primera fue en 1998, cuando gobernaba el Partido Popular. ¿Y saben ustedes cómo se hizo? Por
decreto, señorías, sin diálogo con nadie. Es decir, los que acusan a este Gobierno de falta de diálogo después de haber tramitado esta ley en el Parlamento son precisamente aquellos que en el pasado legislaron por decreto. (Rumores.) Esa es la
verdad, señorías. Esas son las paradojas del Partido Popular. Esas son las mentiras del Partido Popular que estuvieron tan presentes el 14 de marzo en nuestro país. Lo que parece mentira también es que el único partido que tiene el récord en
nuestro país de haber pasado de una mayoría absoluta a la oposición no haya aprendido la lección y siga utilizando la mentira como forma de hacer política. No solo no aprendieron
la lección sino que repiten sus errores y pronto van a repetir la misma hazaña en Galicia. Lo cierto es que ustedes ya conocen bien el camino que lleva de la mayoría absoluta a la oposición y parecen dispuestos a repetirlo.
En fin, el debate ha sido prolífico. Han sido casi cien las enmiendas en el Congreso y varias más en el Senado, lo que supone un buen ejemplo del interés suscitado por una ley que era urgente para nuestro país. Pero, señorías, la gran
mayoría de esas enmiendas se han incorporado a la ley y la han mejorado, y digo la gran mayoría porque casi todos los grupos intentaron mejorar la ley, y así se ha visto en los debates en el Parlamento, y un grupo, el Grupo Popular, solo ha
intentando ralentizar, torpedear y hacer fracasar esta ley. Pues, señores del PP, no va a fracasar esta ley, van a fracasar ustedes otra vez en materia de televisión digital. (Aplausos.) Tampoco en esto son ustedes originales, porque ya
fracasaron, como les decía, en esta materia en el pasado, como reconoce todo el mundo, y van a fracasar de nuevo ahora. La diferencia es que ahora sí hay un Gobierno que quiere superar el retraso de nuestro país y afortunadamente lo va a hacer.
Primero dijeron ustedes que esta ley era para permitir que Canal Plus emitiera en abierto, hasta que, tras muchas explicaciones, llegaron a entender que después del dos va el tres y que después del tres va el cuatro y que Canal Plus ya es una de las
tres televisiones que existen en nuestro país; costó que lo entendieran, pero ya lo entendieron. Luego agotaron todos los plazos de enmiendas y solicitaron múltiples comparecencias, lo que es perfectamente legítimo, pero, señorías, no conozco a
nadie que pida comparecencias para a continuación no solicitar que comparezca nadie. Ustedes no querían escuchar a nadie, solo querían oír lo que querían oír y rechazar el resto de testimonios. Yo sí escuche a todos, escuché a los usuarios decir
que querían más canales de televisión en nuestro país, lo escuché, opinión que comparten publicistas, anunciantes y fabricantes de equipos pero sobre todo los usuarios, señorías, la gente, los ciudadanos. Es verdad también, no lo voy a ocultar, que
escuché a algunos operadores decir que no querían más canales en analógico, y lo entiendo, señorías, porque es legítimo que quien ya opera en el sector no quiera más competencia; más que legítimo, es normal y razonable desde su punto de vista.
Estoy convencido de que en su día Telefónica tampoco quería tener competidores en telefonía móvil, pero hoy, con competencia en la telefonía móvil, no solo las empresas van mejor sino que también los ciudadanos han visto sus servicios mejorados
gracias a esa competencia.
Se opusieron ustedes también a que la ley apostara por la pluralidad en la radiodifusión española, a pesar de saber que el sector lo había demandado, y algún día quizá tengamos que repasar para entender su posición qué hicieron ustedes en el
Gobierno con la concesión de emisiones de radio, y entonces entenderemos su oposición a este punto de la ley. Luego vino otro aspecto que también han reiterado hoy aquí, que es el adelanto del apagón analógico al año 2008, y la gente tiene que
conocer la realidad y saber que el Gobierno del Partido Popular tenía previsto el apagón analógico para el año 2012 y que el Gobierno socialista lo ha adelantado al año 2010. Yo les digo que ustedes tenían previsto hacerlo en 2012, pero con lo que
estaban haciendo desde luego no iba a ser ni en 2008 ni en 2018. Luego vinieron todas las enmiendas a la totalidad y los vetos. En fin, mentiras, trabas, trucos y todo el filibusterismo del que es capaz el Partido Popular. Es una lástima, es una
verdadera lástima que mientras algunos intentamos arreglar sus errores del pasado, no contemos nunca con su colaboración, pero las cosas han cambiado y afortunadamente hoy en el Congreso hay una mayoría que quiere que nuestro país progrese y por eso
va a salir adelante esta ley.
Ustedes fracasaron en la televisión digital terrestre, manipularon y arruinaron a Radiotelevisión Española, no hicieron una ley general de lo audiovisual y no crearon el consejo superior de lo audiovisual. Esa es la
realidad y ese es el balance del Partido Popular en el Gobierno. Ahora, el Gobierno socialista está impulsando la radio y la televisión digital, ha acabado con la televisión de partido, va a arreglar la deuda de Radiotelevisión Española, hará una
ley general de lo audiovisual y creará el consejo superior de lo audiovisual. Frente a todo ello, señorías, nada por parte del Partido Popular, bueno, nada no, algo: insultos, descalificaciones, discursos alarmistas, crispación, en definitiva,
nada útil; hacen ustedes una oposición verdaderamente inútil, señorías. Pero es fácil entender por qué lo hacen, es muy sencillo: no tienen un solo proyecto para este país, tenían un proyecto para ustedes mismos, un proyecto de poder, pero ese
proyecto se vino abajo el 14 de marzo y ahora no queda nada, señorías, solo los restos del naufragio, la decadencia de un partido que sigue dedicando todas sus energías a culpar a los demás de sus propios errores. En su pecado llevan su penitencia,
señorías.
Por último, quería explicarles un poco esto del pluralismo que va en la ley y que entienden mal. Para ello me referiré a las palabras de la señora Montesinos en otro debate en esta Cámara. El Grupo Popular traía aquí una iniciativa para
que con motivo del referéndum de la Constitución europea hubiera debates en Televisión Española, iniciativa que, por supuesto, fue refrendada por el Grupo Socialista y por el resto de grupos de la Cámara, y decía la señora Montesinos: Celebrar
debates públicos, contrastar razonamientos, acentuar contenidos y puntos de vista, explicar, animar y llamar a la reflexión de los ciudadanos desde las diferentes opciones políticas en los medios públicos de comunicación, y hacerlo con la necesaria
garantía de respeto al pluralismo y la objetividad, sigue siendo algo imprescindible en este momento. Señoría, en Galicia también; que debata el señor Fraga. (Aplausos.)
En todo caso, me quedo con la buena noticia de la aprobación definitiva de esta ley; una ley que, sumada al plan de impulso que ya anunció el ministro de la tecnología digital, nos ayudará a superar un retraso; una ley
que hará felices a los consumidores, a los ciudadanos, que disfrutarán de más televisiones y de más calidad; una ley que emitirá un mensaje fuerte de compromiso a fabricantes de equipos, a empresas anunciantes, a publicitarios, a vendedores
de equipos y a un sector audiovisual para el cual se abren nuevas expectativas en nuestro país. Seguro que esta ley fortalecerá nuestro sector audiovisual, y lo veremos. Con la ley en la mano y con el resto de medidas aprobadas en el plan de
impulso, seguro que el Gobierno -estoy convencido de ello- tendrá la voluntad política que ya ha demostrado hasta la fecha para ayudar a nuestro sector audiovisual en beneficio sobre todo de la economía de nuestro país, de la información plural de
los ciudadanos y de una mejor oferta de ocio pero también de servicio para todos.
Por todo ello, hoy quiero reiterar el agradecimiento al resto de grupos parlamentarios que llegaron a acuerdos y mejoraron el texto de esta ley, que espero que hoy salga adelante. Les anuncio que mi grupo votará a favor de la enmienda al
artículo 6 y en contra del resto de enmiendas que vienen del Senado. En todo caso, finalizo, señorías, reiterando que es muy importante, como decían los propios señores del Partido Popular, el pluralismo y la independencia en los medios de
comunicación, especialmente en los medios públicos de comunicación y particularmente en campañas electorales, señorías, no lo olviden. No es tolerable que quien quiere presidir el Gobierno de la Xunta de Galicia se esconda y no dé la cara. Ya lo
hicieron ustedes en el pasado con otro candidato gallego que también tenía una mayoría absoluta, se negó a debatir y saben el camino que llevó: de la mayoría absoluta a la oposición. Van a repetir ustedes el error, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor López.
Finalizado el debate, someteremos a votación los dos puntos que integran el punto VIII del orden del día de hoy, que corresponde a las enmiendas del Senado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado, en primer lugar, al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado décimo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 162; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado undécimo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 149; en contra, 186; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoquinto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, dos; en contra, 192; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoquinto bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 170; en contra, 20; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoquinto ter.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 317; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoquinto quáter.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 157; en contra, 182; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo III, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 329; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo III, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 195; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo III, apartado 4, relativa a la cuenca hidrográfica del Ebro, en las inversiones correspondientes a las letras c) y e).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo.
Anexo III, apartado 4, relativo a la cuenca hidrográfica del Ebro, en las inversiones correspondientes a la letra g).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 194; en contra, dos; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo III, apartado 4, relativo a la cuenca hidrográfica del Ebro, en las inversiones correspondientes a la letra h).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 155; en contra, 179; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo III, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 144; en contra, 182; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo IV, apartado 2.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 329; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo IV, apartado 2.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 328; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo IV, apartado 2.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 329; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo IV, apartado 3.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 193; en contra, uno; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo IV, apartado 3.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 157; en contra, 178; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo IV, apartado 4, relativo a la cuenca hidrográfica del Ebro en las actuaciones correspondientes a las letras c) y e).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de las enmiendas al artículo único, apartado decimoctavo. Anexo IV, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 157; en contra, 184.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda a la disposición adicional cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 164; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 327; en contra, uno; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Prolongados aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados del Grupo Popular: ¡Agua para todos!)
Silencio, por favor. Las personas que ocupan las tribunas que se sienten, por favor. (Continúan los aplausos y las protestas.)
Silencio. (Pausa.)
A continuación pasamos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
Votación de la enmienda al preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 150; en contra, 182; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 147; en contra, 192.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al apartado uno del artículo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 157; en contra, 174; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 2.1 bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 147; en contra, 194.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 3.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, cinco; en contra, 334; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo sexto (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 147; en contra, 193.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda a la disposición adicional sexta bis (nueva).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 162; en contra, 176; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Habiendo concluido las votaciones, se levanta la sesión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.