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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 95, de 31/05/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 95
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 90
celebrada el martes, 31 de mayo de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 164-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 122/000143.) ... (Página 4769)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 42-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000030.) ...
(Página 4778)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las zonas rurales de Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 206, de 20 de mayo de 2005. (Número de expediente
162/000338.) ... (Página 4779)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la libertad de expresión en Venezuela. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 186, de 15 de abril de 2005. (Número de expediente 162/000315.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el uso de suelo de Defensa en operaciones similares a la denominada 'Operación Campamento' y el interés general.
(Número de expediente
173/000073.) ... (Página 4801)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma educativa que ha emprendido el Gobierno. (Número de expediente 173/000074.) ... (Página 4807)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 4769)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario ...
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila. Explica que el objeto de esta iniciativa es modificar la regulación relativa al catastro inmobiliario en lo que se refiere al ejercicio de las
funciones de formación, actualización y renovación de los catastros inmobiliarios actualmente detentados por el Estado, porque consideran que deben ser descentralizados a favor de las comunidades autónomas. La vigente Ley del Catastro Inmobiliario,
dice, contiene prácticamente invariable la regulación procedente de la anterior ley de haciendas locales, reformada parcialmente por la Ley 51/2002, que atribuye al Estado las funciones relativas al catastro con competencias del Estado y que a su
vez procede no solo de la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles, sino de la anterior contribución territorial, rústica y pecuaria, cuando no existían ni siquiera las comunidades autónomas. No discute la doctrina constitucional de la
competencia del Estado sobre el catastro, aunque no la comparte, pero entiende que las funciones de desarrollo y ejecutivas que conlleva dicha competencia deben ser desarrolladas por las comunidades autónomas. En definitiva, añade, con esta
proposición de ley pretenden descentralizar la gestión de los catastros inmobiliarios, sin perjuicio de su lógica y deseable coordinación, pues cada vez se hace más indispensable como fuente de información para la gestión de otras competencias
asumidas por las administraciones autonómicas y, sobre todo, para beneficiar a los ciudadanos, acercándoles este servicio, que mantendrá su coordinación con otras administraciones a través de la coordinación estatal, mejorando así la eficacia en la
prestación del mismo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de los requisitos requeridos para poder beneficiarse de las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez ...
La señora García Suárez retira en nombre de su grupo parlamentario la proposición de ley presentada.
Los señores Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Olabarría Muñoz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), protestan por la retirada de la proposición de ley sin habérselo comunicado a los grupos parlamentarios.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario, se rechaza por 26 votos a favor, 264 en contra y una abstención.
Proposiciones no de Ley ... (Página 4779)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las zonas rurales de Galicia ... (Página 4779)
El señor Louro Goyanes, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, expone las razones y los argumentos que fundamentan la proposición no de ley presentada por su grupo en relación con la incorporación de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información a los espacios rurales de España y particularmente de Galicia. Esta proposición no de ley pretende corregir las deficiencias que sufre en este sentido el medio rural de toda España, y con más
intensidad Galicia, adoptando medidas efectivas para cambiar la situación actual y asegurar las posibilidades de futuro del país y del medio rural.
Considera necesario que el Gobierno tome medidas, en colaboración con la Xunta de Galicia y con la
Unión Europea, para dar una salida definitiva a los déficit que se siguen teniendo en las zonas rurales gallegas, y muestra su convencimiento de que con las propuestas que se incluyen en la proposición no de ley las zonas rurales de Galicia y de
toda España tendrán un impulso definitivo para la convergencia tecnológica.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Louro Goyanes.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la libertad de expresión en Venezuela ... (Página 4788)
Presenta la proposición no de ley el señor De Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y, en un intento de lograr el máximo nivel de consenso ante la situación de creciente preocupación en la República
Bolivariana de Venezuela, anuncia que su grupo ha hecho un esfuerzo por aceptar las enmiendas presentadas, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de denunciar sin ambages y con toda firmeza la deriva totalitaria que se está produciendo en
Venezuela. Hace una descripción de lo que está pasando en ese país en relación con el derecho a la información y a la libertad de expresión y afirma que España tiene la responsabilidad de apoyar desde este Parlamento la democracia, la libertad, los
derechos y libertades fundamentales en Venezuela, y que el Grupo Parlamentario Popular seguirá denunciando los atropellos a la libertad y a la democracia, allá donde se produzcan.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Niño Rico, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor Fernández Díaz pide la palabra en virtud del artículo 71.1 e interviene para contestar a la señora Navarro Casillas el señor De Arístegui y San Román.
Continuando con el turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor De Arístegui y San Román.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las zonas rurales de Galicia, en sus propios términos, se aprueba por 314 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la libertad de expresión en Venezuela, con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se
rechaza por 150 votos a favor, 162 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 4801)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el uso del suelo de Defensa en operaciones similares a la denominada 'Operación Campamento' y el interés general ...
El señor Llamazares Trigo, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la enajenación de suelo público, aunque en este
caso se refiera en particular al Ministerio de Defensa, en la que se pretendía sobre todo instar al Gobierno a adoptar medidas para que esta enajenación de suelo público fuera destinada de forma prioritaria a un uso social, tanto en materia de
vivienda como en materia de equipamiento. Considera que el debate de la interpelación fue un debate parcialmente final y parcialmente fallido, porque en él se habló, por una parte, del uso del suelo en el pasado y del uso del suelo a partir de este
último año y, por otra, de cuestiones que muy poco tenían que ver con la orientación política que su grupo daba a la interpelación. Explica que la moción que su grupo plantea pretende orientar al Gobierno en la reconducción de la política de
enajenaciones en relación con los suelos propiedad del Ministerio de Defensa y, por extensión, propiedad de otros ministerios. Las prioridades que se proponen en los puntos de la moción son la orientación social de estas enajenaciones públicas de
suelo, centrándose básicamente en la política de vivienda y de equipamientos públicos, y llevarla a cabo en el marco del diálogo con municipios y comunidades autónomas. Finalmente fija su posición en relación con las enmiendas presentadas.
Defienden las enmiendas presentadas a la moción los señores Fernández-Lasquetty Blanc, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Sánchez Díaz, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma educativa que ha emprendido el Gobierno ... (Página 4807)
El señor Nasarre Goicoechea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la moción consecuencia de la interpelación urgente que el miércoles pasado su grupo planteó a la señora ministra de Educación sobre la marcha del
anteproyecto de ley de educación, habiendo sido debatido hoy dicho anteproyecto en el seno del Consejo Escolar del Estado. Denuncia el hecho de que ya se hayan ventilado, dice, 1.825 enmiendas en el fin de semana, no llegando ni a un minuto de
debate por enmienda, y dice que de lo sucedido en el Consejo Escolar del Estado se pueden deducir dos cosas: que el proyecto de la señora ministra, o del señor Carod, no goza del respaldo de amplios sectores de la comunidad educativa, no satisface
ni a tirios ni a troyanos y está provocando creciente rechazo en sectores del profesorado y de las familias, y que el Partido Socialista está decidido a guillotinar el debate educativo, porque les resulta molesto y quieren a toda prisa pasar por el
Consejo de Estado y presentar el proyecto de ley. Explica los puntos de la moción que considera son muy fáciles de aprobar. El primero es una invitación al diálogo sincero para ver los puntos que hay que reformar para mejorar la escuela pública;
el segundo es que se aclare por parte del Partido Socialista los contenidos de la página web del Ministerio de Educación, sin ningún tipo de ambigüedad, porque el Grupo Popular vuelve a plantear como elemento esencial para el futuro del sistema
educativo la necesidad de un sistema educativo vertebrado que garantice una formación común a todos los escolares a través de unas enseñanzas comunes; el tercer punto afecta a la libertad de las familias de elegir el centro docente que esté de
acuerdo con sus convicciones filosóficas, religiosas o pedagógicas; el punto cuarto pide
el apoyo al dictamen sobre las humanidades que realizó la Comisión del año 1998; el punto quinto se refiere a la necesidad de un estatuto de la función pública docente, y el último punto pretende que se aumente el umbral de las rentas para
ser beneficiario de becas.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet
Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Nasarre Goicoechea.
Sometida en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el uso de suelo de Defensa en operaciones similares a la denominada
'Operación Campamento' y el interés general, con las enmiendas de adición del Grupo Socialista, se aprueba por 162 votos a favor y 140 abstenciones.
A continuación se procede a la votación separada de los puntos 2, 3 y 5 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En primer lugar se somete a votación el punto número 2, que es rechazado por 130 votos a favor y 171 en contra.
En segundo lugar se somete a votación el punto número 3, que es rechazado por 143 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
En tercer lugar se somete a votación el punto número 5, que es rechazado por 131 votos a favor, 167 en contra y cuatro abstenciones.
Finalmente se somete a votación el resto de la moción, que es rechazada por 130 votos a favor, 156 en contra y 14 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO. (Número de
expediente 122/000143.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al martes, 31 de mayo de 2005.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila y señor Rodríguez Sánchez), relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 7/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Para la defensa de la proposición de ley tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
La presente proposición de ley tiene por objeto modificar la regulación relativa al catastro inmobiliario en lo que se refiere al ejercicio de las funciones de formación, actualización y renovación de los catastros inmobiliarios actualmente
detentados por el Estado, pero consideramos que deben ser descentralizados a favor de las comunidades autónomas. No es la primera vez que el BNG trae este debate a la Cámara, pero creemos oportuno seguir insistiendo, máxime cuando observamos que la
actual gestión dependiente del Ministerio de Hacienda se ejerce de forma descentralizada a través de delegaciones provinciales y por medio de múltiples empresas privadas con las que la Dirección General del Catastro contrata la asistencia técnica
necesaria para llevar a cabo tareas de formación y mantenimiento del catastro; es decir, que la centralización de esas funciones figura en el papel, pero en la práctica se llevan a cabo de forma descentralizada, a salvo de funciones de coordinación
superior que esta proposición de ley prevé que se sigan manteniendo, ahora bien con participación de las comunidades autónomas, hasta el momento negada.
La vigente Ley del Catastro Inmobiliario contiene prácticamente invariable la regulación procedente de la anterior Ley de Haciendas Locales, reformada parcialmente por la Ley 51/2002, que atribuye al Estado todas las funciones relativas al
catastro con competencias del Estado y que a su vez procede no solo de la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, sino de la anterior contribución territorial, rústica y pecuaria, la
contribución territorial urbana y el impuesto municipal de solares, es decir, cuando no había ni siquiera comunidades autónomas. Por lo tanto, debemos insistir en que la implantación del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, en el período
constitucional y con las comunidades autónomas ocupando un lugar destacado en el esquema jurídico institucional del Estado, no supuso un cambio respecto al régimen de gestión de los catastros y continuó determinando la competencia del Estado a
través de la Dirección General del Catastro sobre las funciones de información, conservación, renovación, rescisión e inspección, impidiendo que las comunidades autónomas puedan ostentar ninguna posibilidad de desarrollo o ejecución respecto a los
catastros. No se tuvo en cuenta el cambio acaecido en el marco institucional y la nueva vertebración político-territorial del Estado ni en el momento de la aprobación de la Ley de Haciendas Locales en 1988 ni posteriormente cuando se trataba
sobrela regulación catastral de la Ley del Catastro Inmobiliario para reformular las competencias sobre el catastro.
La sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, de 16 de diciembre, dictada precisamente a raíz de la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Haciendas Locales, sentó como doctrina la competencia del Estado
sobre el catastro, al amparo del artículo 149.1.14ª por ser una institución de la Hacienda general. La presente proposición de ley no discute esa doctrina constitucional pese a que no la comparte, sino que respeta la competencia estatal sobre el
catastro, pero entendemos que las funciones de desarrollo y ejecutivas que conlleva dicha competencia deben ser desarrolladas por las comunidades autónomas. En ningún caso las competencias estatales sobre una materia se extienden en su totalidad a
todas las funciones administrativas, sino que se permite la colaboración y cooperación de otras administraciones; por ejemplo, el artículo 54.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia admite la delegación a favor de la comunidad autónoma en la gestión
de impuestos del Estado. En el caso concreto del catastro incluso el Estado ha realizado convenios de cooperación y colaboración con entidades locales sin permitir que las comunidades autónomas ejerzan funciones sobre el mismo. Esta situación es
totalmente anacrónica e incompatible con el régimen de competencias a que deben aspirar las comunidades autónomas, asumiendo aquellas funciones de contenido ejecutivo que además tienen una relación directa con competencias en otras materias que ya
ejercen, como explicaremos más adelante. La competencia del Estado sobre la Hacienda general que establece la Constitución debe entenderse referida precisamente a aspectos básicos, por lo que no hay obstáculo para que funciones ejecutivas sean
atribuidas a las comunidades autónomas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de impuestos del Estado cedidos para la financiación de las comunidades autónomas que a su vez adquieren facultades de decisión sobre la gestión de esos
impuestos. En el caso del catastro inmobiliario debería haber un comportamiento similar, y en aquellas actividades relacionadas con la gestión del catastro ser atribuidas a las comunidades autónomas.
Las reformas que se introducen en la Ley del Catastro Inmobiliario sustituyen la referencia al Estado o a la Dirección General del Catastro para la realización de tareas de gestión catastral a favor de las comunidades autónomas o sus órganos
competentes. Por tanto, la formación, revisión, conservación, renovación e inspección del catastro debe ser delegada a las comunidades autónomas, así como la potestad de fijar el marco de financiación de esas actividades. La actual falta de
participación en todas esas funciones por parte de las administraciones autonómicas no deja de ser incoherente con las pretendidas afirmaciones de que estamos en el Estado más descentralizado casi del mundo, pues apenas tiene un contenido que afecte
a la unidad política del Estado o cuya gestión central sea condición indispensable para su coordinación. Al contrario, esa gestión central a veces es contraproducente y conduce a situaciones realmente injustas. Véase, por ejemplo, la actualización
autonómica anual fijada por una ley de Presupuestos Generales del Estado que afecta por igual a todos los inmuebles del Estado, cuando existen datos objetivos significativos en cuanto a las variaciones en el valor de mercado de los inmuebles entre
unas comunidades autónomas a otras, sin que estas puedan intervenir en el establecimiento de valores o la actualización de los mismos de forma más acorde con la evaluación real de su valor en cada territorio. Por ello creemos importante e
interesante que las comunidades autónomas pasen a ser las protagonistas de la gestión catastral, pero manteniendo la colaboración con el Estado, para ganar en eficacia y para proporcionar una adecuación del catastro, sobre todo en lo relativo a las
valoraciones, más fiel a la realidad de cada territorio sin que se menoscabe la necesaria coordinación a nivel estatal, sobre todo en lo relativo al intercambio de información catastral.
Esta proposición de ley prevé, en todo caso, reservar al Estado la función de coordinación a través de una comisión superior de coordinación catastral de naturaleza administrativa y carácter mixto pero, a diferencia de la situación vigente,
donde puedan estar presentes tanto la Administración central como las comunidades autónomas, y colaborar conjuntamente en la gestión catastral. Queremos insistir en que no se trata de ceder totalmente en la gestión sino en las funciones ejecutivas
y mantener la colaboración con la Administración central, y con esto mejorar el actual ejercicio unilateral por parte de la gestión catastral con participación muy escasa, casi nula, de las comunidades autónomas, a pesar de las razones de índole
práctica que aconsejan adoptar esta solución de descentralización de la gestión catastral a favor de las administraciones autonómicas.
En la exposición de motivos de la proposición de ley ya avanzamos alguna razones que pasamos a profundizar a continuación. La función primordial del catastro consiste en aportar información para la gestión y cobro del
IBI, que es un impuesto totalmente vinculado al territorio, pues su hecho imponible es precisamente el valor de los bienes inmuebles. Ello impide que haya confusión en cuanto a la competencia para su liquidación y recaudación, ni tampoco
para la formación y actualización de los catastros inmobiliarios. Esta fácil delimitación hace que una gestión descentralizada de los catastros inmobiliarios sea factible y que la misma se adecue además a las peculiares características de la
estructura de la propiedad en cada comunidad autónoma.
La información contenida en el catastro sirve de fuente a muchas otras actividades, como por cierto se reconocía por el Gobierno en la memoria jurídica justificativa que acompañaba al proyecto de ley del catastro inmobiliario. Entre ellas
tiene especial importancia su utilidad como fuente de información para acceder a ayudas de la política agraria comunitaria, ayudas por superficie a explotaciones ganaderas, cuya tramitación y gestión corresponde a los órganos de las comunidades
autónomas, por lo que una gestión directa de esos catastros inmobiliarios ayudaría a una mayor conexión y coordinación dentro de la misma Administración autonómica sin tener que acudir a mecanismos de cooperación del Estado.
El desarrollo del proceso autonómico ha sido acompañado, además, de un modelo de financiación descentralizado, en el que desde su inicio las comunidades autónomas han asumido la recaudación y gestión del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto de sucesiones y donaciones; impuestos que gravan, sobre todo, operaciones inmobiliarias. Para que la gestión de los mismos sea eficaz, actuando sobre el fraude, la constante información
que puedan obtener de los catastros inmobiliarios es muy útil, por lo que es lógico que las comunidades autónomas puedan tener un control más directo sobre los catastros inmobiliarios y no simplemente información de los mismos para cerrar el ciclo
de gestión e inspección sobre esos tributos. La diferente realidad de la propiedad inmobiliaria en las comunidades autónomas, sobre todo en lo que se refiere a la propiedad rústica, hace necesario implantar modelos y procedimientos de gestión
heterogéneos, siendo por ello conveniente que cada comunidad autónoma adapte la gestión catastral a esa realidad específica en beneficio de la dotación de un mejor servicio a los ciudadanos.
En suma, con esta proposición de ley pretendemos descentralizar la gestión de los catastros inmobiliarios, sin perjuicio de su lógica y deseable coordinación, pues cada vez se hace más indispensable como fuente de información para la gestión
de otras competencias asumidas por las administraciones autonómicas y, sobre todo, porque con ello queremos beneficiar a los ciudadanos, acercándoles este servicio al ser una Administración más próxima la que lo presta, que mantendrá su coordinación
con otras a través de la coordinación estatal, mejorando así la eficacia en la prestación del mismo.
Por estas razones planteamos esta proposición de ley y esperamos de SS.SS.
un voto afirmativo para poder tramitarla y, por lo tanto, poder modificar la actual Ley del Catastro Inmobiliario.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
¿Algún grupo parlamentario quiere ejercer su turno en contra? (Pausa.)
Para fijar posición, tiene la palabra el señor Pérez del Grupo de Izquierda Unida.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con brevedad. Nuestro grupo piensa que el mercado del suelo y de la vivienda, que justifica en última instancia la competencia catastral, tiene un sesgo marcadamente territorial, que varía según la comunidad autónoma de la que
se trata. Por tanto, la participación en la regulación y en la administración del catastro tiene que tener un fuerte componente territorial. Por ello siempre estaremos de acuerdo con la coordinación que implique a las comunidades autónomas en la
formación y en la actualización de los catastros. Ahora bien, pensamos que esa implicación debe ser compatible con la función de coordinación que debe ejercer el Estado -esto es la Administración central- y que debe estar vinculada fundamentalmente
a su política tributaria. La sentencia 233/1999 viene a decir que la organización del catastro, por ser una institución común e indispensable para alguno de los impuestos más relevantes, es una competencia que ha de incardinarse en la Hacienda
general, comprendiendo el artículo 149.1 de la Constitución española. En nuestra opinión, es difícil argumentar que la valoración, la inspección o la elaboración y gestión de la cartografía son funciones al margen de la formación, el mantenimiento
y la difusión catastral, que -repito- son competencias exclusivas del Estado.
No nos hallamos ante una proposición de ley que sitúe en su correspondiente plano la participación de los ayuntamientos, esto es, las haciendas locales que están fuertemente vinculadas a la gestión catastral, fundamentalmente a través del
impuesto de bienes inmuebles.
Por lo tanto, no creemos que sea una contribución determinante a la situación actual. En nuestra opinión, la gestión catastral está suficientemente descentralizada a través de las agencias correspondientes y la
modificación de esta cuestión no contribuiría a la preservación de la necesaria coordinación y armonización de las políticas que afectan a la igualdad y a la fiscalidad y por tanto a un modelo más solidario y coherente. Por ello no podemos votar a
favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, quiero comenzar mi intervención adelantando la posición de mi grupo, que es favorable a la toma en consideración de la proposición de ley que hoy somete a la consideración de esta Cámara
el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del BNG.
Tres tipos de razones son las que a juicio de este grupo avalan la conveniencia de someter este tema del catastro inmobiliario a una nueva reflexión y regulación en línea con la que define el grupo proponente. En primer lugar, la necesidad
tan extendida de ir adecuando -aunque sea como en este caso al cabo de demasiados años- todo el entramado normativo y toda la implementación y gestión del mismo, lo que el propio texto de la proposición de ley define como la nueva vertebración
político-territorial del Estado. Mi grupo ha llamado la atención y denunciado en numerosas ocasiones que son demasiados los ámbitos y demasiadas las ocasiones en las que esa nueva vertebración político-territorial es, por decirlo suavemente, el
convidado de piedra de numerosas regulaciones que aquí se siguen haciendo a sus espaldas y es el gran desconocido de tantas y tantas actuaciones políticas y administrativas que simplemente lo obvian y, por lo mismo, lo desprecian cuando no lo
violan.
Cuando algunos reclamamos una readecuación y una redefinición de ese marco político-territorial y el establecimiento de garantías que impidan que sigamos por este camino, en un deterioro y ninguneo progresivo del mismo, lo hacemos, entre
otras razones, porque entendemos que 25 años constituyen un tiempo más que prudencial -si hubiere voluntad real para ello- para la readecuación del viejo Estado centralista a ese nuevo marco y porque, por el contrario, nos parece inasumible desde
todo punto de vista que se esté produciendo en campos un largo y profundo declinar de un camino emprendido con la puesta en marcha del llamado Estado autonómico. Hace bien BNG en no desistir y en reclamar una reflexión y una nueva regulación en
nombre, justamente, de esa falta de adecuación en un campo como el del catastro inmobiliario. Quiero aclarar que mi grupo dice esto siendo plenamente consciente, como lo es, de que gracias a la especificidad establecida en los respectivos estatutos
de autonomía, el tema objeto de esta proposición de ley no afecta ni a los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni a Navarra, pero no por ello entendemos de menor justicia apoyar las reivindicaciones en este sentido de
otros grupos y de otras nacionalidades y comunidades del Estado.
Un segundo grupo de razones tiene que ver con lo que el propio grupo define de razones prácticas a favor de una nueva regulación como la que proponen, y que yo dividiría en dos subgrupos: razones en positivo y razones en negativo. Con
razones en negativo me refiero a la profunda ineficiencia del sistema hoy en vigor. A nadie descubro nada si afirmo que los efectos de la valoración catastral, tal y como hoy y aquí se vienen practicando en el Estado, están constituyendo día a día
una fuente mayor de conflictividad entre la Administración central y las comunidades autónomas y los municipios; conflictividad para cuya constatación no hay más que asomarse a los tribunales y observar las profundas discrepancias, con las más que
notables consecuencias que de ellas se derivan, y que se dan respecto a las valoraciones de bienes inmuebles que establece una y fijan las otras. Madrid constituye un ejemplo paradigmático de ello.
Alguien pudiera quizás señalar que existen ya en
la ley en vigor sistemas de colaboración entre administraciones justamente para evitar tales desajustes y no le faltaría razón; pero como tampoco le faltaría razón hoy aquí a quien, como el BNG, reivindicara una revisión y una nueva regulación en
nombre de la ineficiencia de lo que hoy está en vigor o, si se prefiere, de una eficiencia francamente mejorable.
A las razones prácticas a la contra o en negativo es necesario unir también, y en algún sentido sobre todo, las razones a favor o en positivo. Me refiero a razones como las que el propio Grupo Mixto, BNG, en la exposición de motivos alude,
cuando habla de que siendo así que el catastro es un registro, en resumen, destinado a la fiscalidad, y gestionando hoy aquí las comunidades autónomas y municipios algunos de los impuestos que más dependen justamente de dicho registro, se hace
especialmente necesaria su reconsideración y replanteamiento en la dirección que ellos proponen y que nos atreveríamos a definir como un nuevo punto de encuentro, un nuevo punto de conexión y equilibrio entre la Administración central y las
comunidades autónomas; punto de encuentro, conexión y equilibrio que, por lo demás, visto el tema de que se trata, solo puede ir, a nuestro entender, en la línea de una mayor descentralización y, por lo mismo, de una mayor participación en la
ejecución de las comunidades autónomas. ¿Por qué solo puede ir en esta línea? Pues porque después de todo, de lo que al fin y a la postre se trata es de un catastro, de un registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles,
rústicos, urbanos y de características especiales, y estoy usando los términos que figuran en el artículo 1 de la Ley del Catastro Inmobiliario hoy en vigor. De eso se trata, no de otra cosa. De un registro en el que se describen las
características físicas, económicas y jurídicas entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación
gráfica, el valor catastral y el titular catastral de los bienes inmuebles, y sigo leyendo el texto de la ley en vigor, en este caso el punto tercero. ¿Hay algún problema de orden conceptual o práctico para entender que eso no es factible con una
intervención mucho más protagonista de las comunidades autónomas? ¿Cuál es el problema? ¿Lo habría sobre todo -uno se pregunta- en un Estado que se califica a sí mismo de Estado autonómico y que tuviera voluntad real de serlo? A juicio de mi
grupo, ninguno. A nosotros nos parece que no, y nos lo parece sinceramente. Decimos más: bastaría, según nosotros, con que se tratara de un Estado que atendiera a razones de pura
eficacia y eficiencia para que impulsara una descentralización en línea con lo que apunta la proposición de ley del Grupo Mixto, BNG. ¿Quién, en efecto, más idóneo que las administraciones más próximas a esa realidad tan compleja y tan
cambiante a un mismo tiempo, como el de los inmuebles rústicos y urbanos, para levantar, revisar y mantener actualizada al día el acta de los mismos? ¿Y qué problemas prácticos de gestión supuestamente insalvables presenta ello, que mi grupo no
entiende en absoluto, entre otros motivos, por la experiencia que de ello tenemos en virtud de nuestra especificidad a la que he aludido antes? Uno diría que pertenecemos a un mundo en el que estaríamos todos de acuerdo, teóricamente cuando menos,
en que, por un lado, hay que reconocer la mayoría de edad no sol de la Administración central, también de las administraciones autonómicas y de los municipios, un mundo en el que cada vez tiene menos sentido que las cosas se organicen jerárquica y
verticalmente y tienen cada vez más sentido las organizaciones horizontales, de abajo a arriba y en red. Eso lo decimos todos un día u otro. Un mundo en el que determinadas tecnologías, y en este caso las tecnologías de la información y de la
comunicación, están replanteando cada vez más a fondo las formas organizativas de tantos y tantos campos, y no digamos nada en el campo de la información, de la comunicación y de la documentación. ¿Y qué otro campo es el del registro si no es este?
Le sobran razones al BNG, razones políticas, organizativas y prácticas, para someter la confección del catastro inmobiliario a la revisión que propone a través de la proposición de ley, Las mismas que nos deberían sobrar a todos para tomar
en consideración su proposición de ley y debatir, en su caso posteriormente, los términos precisos, el detalle de cómo organizarlo en la perspectiva de un Estado realmente de las autonomías, de un Estado que quiere ser cada día más eficaz y más
eficiente, de un Estado que quiere ser moderno y que quiere estar a la altura de los requerimientos y posibilidades del siglo xxi. A mi grupo, después de estas consideraciones, le sobran razones para apoyar al BNG y por ello le apoyaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Grupo de Esquerra Republicana, señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Presidente, señorías, para empezar, anuncio nuestro voto favorable a la proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego sobre modificaciones de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Ante la exhaustiva y contundente exposición de la diputada del Bloque, no tendría que haber dudas entre los diversos grupos de esta Cámara. Es más, mucho nos ha sorprendido la intervención de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero
más nos sorprendería que los grupos parlamentarios Socialista y Popular votaran en contra, porque en la puesta de largo del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, en el Palau de la Generalitat, este
pasado domingo, se aprobó que el futuro estatuto del País Valencià tenga Agencia Tributaria propia consorciada. Esto quiere decir que en el pacto se aprueba que ciertas atribuciones de Hacienda que tiene en este momento la Agencia estatal
Tributaria pasen a las comunidades autónomas, y entre ellas la gestión del catastro. Si esto se configura así en el estatuto valenciano por el acuerdo de los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, suponemos que el voto, hoy, a la proposición de
ley del BNG irá en esta dirección.
Es más, en los documentos que en primera lectura constan elaborados por el Parlament de Catalunya sobre el estatuto catalán, que esperamos ver muy pronto en esta Cámara, todo lo que entraña esta proposición de ley de gestión y modificación
del catastro también pasa a ser competencia delegada del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por eso nos extraña la intervención de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y esperamos que en las intervenciones de los dos grupos
mayoritarios de esta Cámara, a tenor de lo expresado en el pacto sobre el Estatuto Valenciano entre el Partido Popular y el Partido Socialista y a tenor de los documentos que en primera lectura están en el proyecto del nuevo estatuto catalán, esta
proposición de ley consiga la mayoría de los votos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para expresar nuestra conformidad y apoyo a la proposición de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, de
modificación del real decreto legistativo del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, con la finalidad de darle un cariz más descentralizado, más autonomista, para acercar su formulación jurídica a su propia naturaleza como institución
de la Hacienda pública, basado en la información que sustenta el territorio.
Nuestra formación política siempre se ha pronunciado en la misma línea descentralizadora, que no es otra que la de considerar el principio de subsidiariedad y, por tanto, pretender y defender que la gestión de los asuntos públicos se haga,
siempre que sea posible, desde el criterio de la eficacia, de la inmediatez y la proximidad. Sirvan como muestra nuestras enmiendas al proyecto de ley del catastro inmobiliario tramitado en el año 2002, en el que se plantearon numerosas propuestas
para garantizar la participación de las comunidades autónomas en la tarea de gestión catastral, habida cuenta de su trascendencia en orden a la planificación del territorio y a la eficiente gestión de los tributos cedidos que recaen sobre los
inmuebles, o también la enmienda planteada en 2004,
durante la tramitación de la ley de modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, aprovechando que modificaba la Ley del Catastro Inmobiliario en sus artículos referentes a las tasas.
Planteaba también esa enmienda la modificación de varios artículos, con la finalidad de permitir la gestión del catastro por parte de las comunidades autónomas que lo deseasen.
También en el Senado, durante la semana última, nuestro portavoz ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno concrete en qué municipios afectará la revisión de los módulos del catastro en un 23 por ciento, alertando una
posición de prevención, para evitar que se produzca una situación como la del catastrazo, que comportó un fortísimo incremento de la presión fiscal municipal.
Esta es una de las situaciones en las que adquiere todo el sentido la gestión del catastro por parte de las autonomías, ya que como se expone acertadamente en la exposición de motivos de la proposición de ley la finalidad del catastro es
servir de soporte y de base para el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que es un impuesto totalmente vinculado al territorio, por lo que la gestión descentralizada permitiría la adecuación a las peculiaridades y características de la estructura
de la propiedad en cada comunidad autónoma.
A nuestro grupo no le cabe duda que desde la proximidad de las comunidades autónomas se podrá hacer mucho más eficaz, sensible y preciso en la apreciación de los contenidos del catastro, sobre todo sus valoraciones, teniendo en cuenta además
las características singulares de la propiedad en cada territorio e incluso en cada municipio, que teniendo elementos comunes por tradición, por historia, por la evolución de las diversas economías locales, presentan por otro lado diferencias que
quien mejor puede apreciarlas son las comunidades autónomas. Quiero destacar lo de la sensibilidad porque no han sido pocos los municipios que debido a la gestión de una revisión catastral inoportuna, mal explicada o mal implementada han sufrido
tensiones y desórdenes públicos destacables y a menudo experimentado vuelcos electorales y políticos trascendentes, como es el caso de mi municipio.
El catastro, ese registro o inventario ordenado de bienes inmuebles, con sus parámetros principales, especialmente su valor, es un indicador de la riqueza de las poblaciones, como dice Javier Krahe en sus canciones, y sin duda, se ha dicho,
la base del IBI, impuesto municipal ligado al territorio, a los edificios y a las construcciones que para algunas corporaciones, especialmente las turísticas, es con diferencia su mayor fuente de ingresos. Más ahora cuando prácticamente ha
desaparecido el impuesto de actividades económicas, el IAE.
Esa gran importancia justifica también la necesidad de una formación, mantenimiento, gestión, actualización, revisión, inspección y aplicación extremadamente cuidadosa, circunstancia que puede conseguirse más fácilmente desde las
administraciones más cercanas, como son las comunidades autónomas. Pero no sólo es importante por sus efectos sobre el IBI, sino porque la bondad, perfección o excelencia del establecimiento de la gestión catastral tiene también efectos sobre otros
impuestos, algunos municipales, pues es base de cálculo para las plusvalías o para impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de transmisiones patrimoniales o el de sucesiones y donaciones o el propio impuesto sobre el patrimonio.
Es razonable que esas comunidades, finalmente responsables o beneficiarias de esas figuras fiscales, participen activamente en su gestión, todo ello sin pretender modificar los elementos esenciales, la naturaleza jurídica de ese instrumento,
que compartimos que debe ser homogéneo en todo el Estado, reservándole a éste las competencias y tareas de coordinación y estudio sobre esta materia, pero sin menoscabo de que la formación, gestión y revisión del catastro pueden ser asignadas a las
comunidades autónomas que lo deseen, pues algunas de ellas pueden valorar la inoportunidad de la gestión de un instrumento fiscal de este carácter, manteniendo lógicamente -también se dice en la proposición- inalterables en este contexto las
competencias de los municipios. Por coherencia con nuestros posicionamientos reiterados y por todo lo expresado, consideramos importante que se tramite esa proposición de ley de modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario y, por tanto, vamos a
apoyarla, sin perjuicio de las enmiendas que nuestro grupo parlamentario pueda presentar para mejorar el texto y afinar el objetivo pretendido de descentralizar y hacer más eficaz ese instrumento fiscal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy en este Pleno una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del real decreto legislativo que aprobó el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. La posición
del Grupo Parlamentario Popular con respecto a esta iniciativa planteada por el Grupo Mixto quedó suficientemente clara en el debate que se produjo en esta misma Cámara, con fecha 26 de noviembre de 2002, en torno a una cuestión similar presentada
por el mismo grupo en la que se nos proponía una modificación de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, para delegar las competencias relativas a los catastros inmobiliarios a las comunidades autónomas.
Asimismo, tuvimos ocasión de
debatir una cuestión similar en la tramitación parlamentaria de la Ley 48/2002, del Catastro Inmobiliario, con la presentación de enmiendas por parte de diversos grupos nacionalistas, entre ellos el Grupo Mixto, donde se planteaban cuestiones de
competencia sobre el catastro inmobiliario y que pretendían, en definitiva, una delegación de competencias
para la gestión, formación, mantenimiento e inspección, valoración catastral, elaboración de cartografía y difusión de la información catastral a favor de las comunidades autónomas. La posición de estos grupos nacionalistas, por lo que he
oído escuchando a lo largo de las intervenciones de sus portavoces, no ha cambiado y la nuestra, evidentemente, tampoco.
Me voy a referir a la alusión que ha hecho el portavoz de Esquerra Republicana al proyecto de estatuto valenciano, en el que se contempla la creación de una agencia tributaria propia consorciada con la del Estado.
Señorías, esa agencia
tributaria va a gestionar tributos que ya están cedidos, gestionados e inspeccionados por las comunidades autónomas y, por tanto, no altera nuestra posición. Mi grupo considera que todos los principios tanto jurídicos como de eficacia y
coordinación en la actuación de la Administración al servicio de los ciudadanos, que en su día inspiraron la aprobación por parte del Gobierno del Partido Popular de la Ley del Catastro Inmobiliario y del texto refundido posterior, siguen totalmente
vigentes si lo que queremos todos -y entiendo que eso es precisamente lo que queremos- es un catastro ágil, moderno, eficaz y para el servicio útil de todos los ciudadanos y no al servicio concreto de intereses partidistas de determinados grupos
nacionalistas.
La posición del Grupo Parlamentario Popular es contraria a la aprobación de esta iniciativa, que en nada contribuye a los principios de eficiencia y eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos. Nuestra posición contraria a esta
proposición de ley se explica desde varios enfoques, que voy a intentar explicar a continuación. En primer lugar, por razones de orden jurídico, ya que argumentan en su proposición de ley que las tareas inherentes a la formación y mantenimiento del
catastro exceden de las competencias generales y básicas que corresponden al Estado en materia de haciendas locales, sin que respecto a las mismas esté prevista ninguna participación de las comunidades autónomas. Ninguna de las dos afirmaciones que
se hacen en la exposición de motivos de esta iniciativa son, a nuestro juicio, correctas. Para mi grupo parlamentario, de prosperar hoy esta iniciativa se dejaría vacía de contenido la competencia estatal sobre este registro de carácter
administrativo, dejando reservada al Estado únicamente la función de coordinador de las diferentes administraciones.
Señorías, ni en la Constitución española ni en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas figura como materia propia de las mismas la actividad desempeñada por el catastro, dado que esta queda enmarcada en la órbita estatal a
través del artículo 149.1, apartado 14, de la Constitución española. Por tanto, no existe un título competencial que ampare la petición formulada. Asimismo, la propia sentencia 233/1999, del Tribunal Constitucional, que ya ha sido citada aquí por
varios portavoces, ratificó que la organización del catastro es una competencia que ha de incardinarse en la Hacienda general del artículo 149.1.14 del texto fundamental, por tratarse de una institución común e indispensable para la gestión de
algunos de los impuestos estatales más relevantes.
Contrariamente a lo que se afirma en la exposición de motivos de la proposición de ley presentada, que considera que la principal finalidad del catastro es servir de soporte para el impuesto sobre bienes inmuebles, los datos existentes en el
catastro y, sustancialmente, el valor catastral son elementos determinantes en el ámbito de la tributación estatal. Así, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el valor catastral sirve como valor para la imputación de rentas, al
tiempo que forma parte de la regla de cálculo para el valor de los inmuebles a efectos del impuesto sobre el patrimonio. Además, señorías, si hoy prosperase esta iniciativa que estamos debatiendo, privaríamos a la inspección de los tributos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de una de las herramientas utilizadas en su actividad de lucha contra el fraude en el sector inmobiliario. La base de datos del catastro es utilizada por la inspección de tributos del Estado a efectos de
control y como medio de comprobación de valores.
Además de los argumentos jurídicos, existen razones de orden práctico que refuerzan nuestra posición contraria a esta iniciativa. En el Grupo Parlamentario Popular pensamos que la delegación de las competencias que hoy residen en la
Dirección General del Catastro en las comunidades autónomas supondría la descoordinación de lo que hoy está coordinado y que redunda precisamente en beneficio del administrado, es decir del ciudadano. La Administración catastral en España es en la
actualidad sinónimo de eficacia y eficiencia. Cualquiera que haya tenido ocasión de trabajar con ellos habrá tenido oportunidad de comprobar el importante salto cualitativo y cuantitativo que el catastro español ha experimentado en los últimos años
y ello se debe, entre otras cosas, a las importantes economías de escala que se producen con la actual competencia estatal.
Nunca se ha dado tanta información catastral a las administraciones, incluidas las de las comunidades autónomas, tan
depurada, tan rápida y con tan bajo coste como en la actualidad. Las comunidades autónomas tienen un control directo e inmediato sobre toda la información catastral, tanto a través de la oficina virtual del catastro como de los ficheros
informáticos de intercambio de información, de convenios o de otras formas de colaboración con las distintas administraciones que precisamente la Dirección General del Catastro fomenta y promueve.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular la iniciativa que hoy debatimos en esta Cámara no presenta ninguna ventaja de orden práctico y sí muchos inconvenientes. De prosperar esta propuesta empezaría a existir descoordinación,
disparidad de criterios de valoración entre las distintas comunidades autónomas; los gastos para el mantenimiento catastral se incrementarían exponencialmente, saliendo perjudicadas las comunidades autónomas que dispongan de menos recursos
financieros y, finalmente, el propio ciudadano, que es la razón de ser de la actividad de todas las administraciones nacionalistas
o no, locales, autonómicas o estatales. El gran pagano será el ciudadano.
Le será más difícil acceder a su información catastral si tiene bienes inmuebles en diversas comunidades autónomas.
Aunque la finalidad originaria del catastro fue eminentemente fiscal y ligada especialmente a las contribuciones territoriales, en la actualidad el catastro desempeña funciones de gran trascendencia para el conjunto de la sociedad española.
Sirve también de soporte para la gestión de diversas figuras tributarias, por ejemplo para tributos cuya gestión, inspección y recaudación se encuentran cedidos actualmente a las comunidades, como son el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El valor catastral es también un elemento de obligada referencia, pero esta función se consigue actualmente mediante fórmulas de colaboración con las distintas gerencias territoriales, porque el catastro,
señorías -y eso no se ha dicho aquí-, no es una oficina que funcione única y exclusivamente en Madrid, tiene una fuerte implantación territorial en todas las comunidades autónomas y en ella trabajan funcionarios que evidentemente viven y trabajan en
esas comunidades autónomas y, por tanto, son conocedores de la realidad inmobiliaria de esas comunidades.
El Grupo Mixto menciona también en la exposición de motivos de esta proposición otras actividades que se tramitan y gestionan por parte de las comunidades autónomas, como son las ayudas de la política agraria comunitaria, que argumentan que
ayudaría a una mayor conexión dentro de la misma Administración, si gestionase directamente la propia comunidad autónoma el catastro inmobiliario. También en este punto tenemos que discrepar del planteamiento que se hace en la iniciativa, ya que la
política social que llevan a cabo las distintas comunidades autónomas hace que para proceder al reparto de ayudas y subvenciones sea necesario precisamente conocer el patrimonio que tienen esos ciudadanos que no solamente tienen bienes en esa
comunidad autónoma, sino en todo el territorio español, lo cual posibilita un mayor control de estas ayudas que reparten las comunidades autónomas. La utilización cada vez mayor y más indispensable de las nuevas tecnologías en el intercambio de
información entre las distintas comunidades autónomas hace necesaria la utilización de una única base de datos, con criterios homogéneos y con un mismo tratamiento informático de la información que facilite su consulta, lo contrario supondría crear
dificultades de acceso a la información de los propios ciudadanos y de las propias administraciones. Hoy, gracias a la existencia de un único catastro, es posible la consulta on line de los ciudadanos a la referencia catastral de sus inmuebles, que
pueden estar radicados en distintas partes del territorio español. Hoy es posible también que la inspección del Estado, así como la de las propias comunidades autónomas tengan acceso directo a la base de datos catastral.
¿Se imaginan ustedes cómo
se podría efectuar la inspección de un sujeto pasivo que tuviera bienes repartidos en distintas partes del territorio español con bases de datos y criterios de valoración diferentes en cada comunidad autónoma?
Todo lo que expuesto, desde luego, no es óbice para que nuestro grupo considere fundamental la participación de la Administración autonómica y local en la actividad catastral, y así se plasmó en la regulación legal que se hizo de esta
materia por parte del Gobierno del Partido Popular, mediante la participación de las comunidades autónomas en órganos colegiados de participación de estas administraciones en la Administración central, mediante la plena disponibilidad de la
información contenida en el catastro a través de los ficheros de información catastral que se remiten a las comunidades y mediante la participación en la realización de trabajos catastrales por medio de convenios suscritos por el Estado con las
diferentes administraciones locales o autonómicas.
En definitiva, señorías, la propuesta presentada por el Grupo Mixto solo satisface, a nuestro juicio, el interés partidista del grupo proponente y no conduce, sino todo lo contrario, al que debe ser el objetivo de cualquier Administración
pública, que no es otro que el de prestar un mejor servicio al ciudadano y a las distintas administraciones. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Grupo Socialista. Señora Castillejo.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy, como ya se ha dicho, volvemos a debatir una iniciativa similar a la que presentaba el Bloque Nacionalista Galego en el año 2002 y que sometida a la consideración de esta Cámara fue rechazada. La proposición de ley que hoy
debatimos pretende, en esta ocasión con la modificación del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el objetivo de que sean las comunidades autónomas quienes ostenten las funciones relativas a la formación, mantenimiento y difusión de
la información catastral, correspondiendo a las mismas la valoración, inspección, elaboración y gestión de la cartografía catastral. En definitiva, aunque se alude en exclusiva a facultades ejecutivas, desde nuestro grupo parlamentario consideramos
que se pretende la completa transferencia del régimen sustantivo de la institución, reservando para el Estado la función de coordinación junto a las comunidades autónomas.
Muchas de las razones que voy a dar ya se han expuesto a lo largo de la tarde. El grupo proponente recoge en su exposición de motivos lo que a juicio del Grupo Socialista constituye una errónea interpretación de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 16 de diciembre de 1999.
Precisamente dicha sentencia se produjo ante una impugnación de la Generealitat de Catalunya de la Ley de Haciendas Locales, en la que se
defendió que dichas competencias de contenido ejecutivo relativas al catastro deberían corresponder a las comunidades autónomas. Se ha citado ya que el Tribunal Constitucional resolvió que la organización del catastro es una competencia que
ha de incardinarse en la Hacienda general del artículo 149.1.14 de la Constitución española por tratarse de una institución común e indispensable para la gestión de alguno de los impuestos estatales más relevantes. Se trata de una cuestión que
afecta plenamente a las funciones que corresponden a la Administración General del Estado.
Es cierto -como se afirma en la iniciativa- que existe la posibilidad de que competencias del Estado sean objeto de transferencia o delegación, pero dicha delegación de competencias o facultades correspondientes a materias de titularidad
estatal, que por su naturaleza pudieran ser transferidas, exige unos mecanismos precisos, unos mecanismos concretos de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución española. No son solo razones de carácter competencial las que nos llevan a no
apoyar esta iniciativa. Sin duda tan importantes como éstas son las de orden práctico que el grupo proponente aborda en su exposición de motivos. Se señala en primer lugar que la principal finalidad del catastro es servir de soporte para el
impuesto sobre bienes inmuebles, lo que, a su juicio, justificaría su gestión por las comunidades autónomas. La realidad es que los datos existentes en el catastro, y sustancialmente el valor catastral, son elementos determinantes de obligaciones
fiscales propias de las principales figuras tributarias que tienen que ver con los bienes inmuebles, de entre las que en el ámbito local destaca el impuesto sobre bienes inmuebles, pero no es menos cierto que en el ámbito de la tributación estatal,
o de los tributos cedidos y compartidos por las comunidades autónomas, el valor catastral tiene importancia dentro de distintas figuras tributarias, como el impuesto sobre el patrimonio, el IRPF, el gravamen especial sobre bienes inmuebles de
entidades no residentes, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones y donaciones, por citar algunos ejemplos.
La base de datos del catastro -se ha dicho también- es utilizada, y lo será más, en los próximos meses por la inspección de tributos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como soporte del Plan de prevención del fraude fiscal.
Los datos catastrales tendrán una importancia máxima en las actuaciones relativas a la prevención del fraude fiscal en el sector inmobiliario que constituye, dentro de este plan aprobado por el Gobierno, uno de los objetivos prioritarios y para cuyo
desarrollo consideramos muy importante la unidad de la base de datos catastral. Pero, además, los datos contenidos en el catastro son utilizados de manera creciente por un número significativo de funciones de carácter no tributario, entre las que
se pueden destacar las relacionadas con la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, gracias al modelo de coordinación existente con lo registrado desde los propios notarios, los cuales disponen de información catastral básica para el ejercicio
de sus funciones. Asimismo, la información territorial contenida en el catastro tiene múltiples utilidades relacionadas con la planificación territorial, la gestión urbanística y la gestión y control de ayudas y subvenciones públicas. A título de
ejemplo se puede citar también el apoyo que el catastro viene dando a la entidad pública Gestión de Infraestructuras Ferroviarias para la elaboración de proyectos de nuevos trazados del tren de alta velocidad, lo que ha permitido reducir
significativamente la fase de identificación de propietarios y la explotación de las fincas afectadas. En definitiva, no es cierto hoy en día que el catastro se centre única y exclusivamente en el impuesto sobre bienes inmuebles, como se indica en
la proposición de ley, como fundamento para su delegación en las comunidades autónomas; pero es más, si así fuera se estaría hablando de un impuesto de competencia local sobre el que las comunidades autónomas carecen de capacidad normativa o de
gestión.
Tras esta iniciativa subyace la idea de que no existe coordinación y no existe participación de las comunidades autónomas en la gestión catastral, cuestión que no es cierta. Por citar un ejemplo, la Dirección General del Catastro y las
comunidades autónomas vienen colaborando intensamente en los últimos tiempos al desarrollo de modelos y herramientas destinadas a mejorar la gestión de los dos impuestos que concretamente se citan en la iniciativa. Precisamente el pasado mes de
marzo se presentaron a todos los representantes de las comunidades autónomas herramientas recientemente desarrolladas por esa dirección general, que facilitarán el conocimiento preciso e inmediato de los valores de mercado de todas las propiedades
inmuebles del país por parte de las comunidades autónomas. Debe afirmarse, por tanto, que el modelo actual prevé y desarrolla, no solo en el papel, como decía la portavoz del Grupo Mixto, sino en la práctica, la participación de las comunidades
autónomas en la gestión del catastro. No obstante, la reserva a favor del Estado de las competencias normativas y ejecutivas sobre formación y mantenimiento del catastro no debe ser en ningún caso un obstáculo para que dichas funciones se
desarrollen con el máximo nivel de colaboración y de participación, tanto de la Administración autonómica como y muy especialmente de la Administración local. La realidad es que las comunidades autónomas de régimen común participan en la actividad
catastral a través de varios medios, algunos citados ya por quien me ha precedido en el uso de la palabra.
Como último argumento recogido en la exposición de motivos de la proposición de ley se señala que existen diversas competencias de las comunidades autónomas para las que el catastro es cada vez más necesario, lo que justificaría la
delegación de competencias y, en concreto, se cita la gestión de las ayudas procedentes de la política agraria común. Quiero reiterar una vez más que las comunidades autónomas pueden hacer y hacen uso ilimitado de la información catastral, pero en
este tema en concreto puede que se esté obviando la aplicación
desde 2003 de normativa comunitaria en la que se establece la creación del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas cuya gestión corresponde, en efecto, a las comunidades autónomas y que no depende de la información catastral,
con independencia de que en este sistema se prevé la necesaria coordinación y así se efectúa con la Dirección General del Catastro.
En resumen, consideramos que es necesaria la máxima participación, la máxima colaboración, la máxima coordinación de la gestión catastral con todas las administraciones públicas y a ello instamos y animamos al Gobierno, pero nuestra
interpretación de la jurisprudencia constitucional y nuestra visión de lo que es la práctica de las funciones de la gestión catastral nos llevarán a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castillejo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS PARA PODER BENEFICIARSE DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI).
(Número de expediente 122/000030.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre esta proposición de ley, continuamos con la presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de los requisitos requeridos
para poder beneficiarse de las prestaciones del seguro obligatorio de vejez e invalidez. Para la defensa de la proposición de ley, turno a favor del grupo parlamentario proponente, señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario tomo la palabra para manifestar, en primer lugar, que la proposición que está anunciada no es la iniciativa que voluntariamente queremos defender hoy en este Pleno ni tampoco la que mi grupo
hubiera escogido en circunstancias normales y de buena relación parlamentaria. En la Junta de Portavoces de la semana pasada sucedió un hecho que no se había producido en esta legislatura ni en la pasada, según he podido comprobar. Queremos que
quede constancia pública de nuestro desacuerdo...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora García. Este es un debate de una proposición de ley, no es un debate sobre la Junta de Portavoces. Lo lamento.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Estoy informando.
El señor PRESIDENTE: El turno no es para informar de lo que pasa en la Junta de Portavoces, que tiene su trámite procesal. Este es un debate sobre una proposición de ley.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Perdón, señor presidente. Yo me he informado previamente incluso con los letrados. Por tanto, si no he estado bien informada lo lamento, pero me he informado.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, pero procure usted consultar con quien dirige el Pleno, que no lo dirigen los letrados.
Defienda usted la proposición de ley porque es un turno a favor, pero no una explicación de los debates habidos en Junta de Portavoces. Comprenda que si lo permitiera en este hemiciclo podría pasar de todo. Le animo a que defienda su
proposición. Muchas gracias.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Lo lamento.
Insisto en que me había informado previamente. Si hubiera sabido que esto no era posible, lógicamente no lo hubiera planteado. En todo caso, si no se puede argumentar, simplemente diré que la proposición que se tenía que defender queda
retirada puesto que ha sido defendida con anterioridad y, por tanto, no ha lugar a la defensa en este Pleno.
Muchas gracias. (El señor Martínez-Pujalte López: Aquí no se puede retirar.-El señor Azpiroz Villar pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Suárez.
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Sin ningún ánimo de polemizar, simplemente pediría, porque me parece que es lo correcto con los diputados y con su dignidad, que cuando un grupo tiene esa voluntad tan democrática de retirar una iniciativa y tan coherente con la realidad,
como acaba de hacer Izquierda Unida, lo avise de antemano para evitarnos a todos tener que estar innecesariamente preparando puntos cuando no se van a debatir.
Muchas gracias. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, intervengo por una cuestión de orden. Quiero manifestar la perplejidad de mi grupo porque se iba a adherir a una proposición que ha sido retirada. En estos supuestos no sé cuál es la actitud
parlamentaria pertinente y más proba de las posibles.
El señor PRESIDENTE: Me interesa hacer una puntualización. Me dicen los servicios que es cierto que usted ha consultado con ellos sobre la posibilidad reglamentaria de retirar o no una proposición de ley y, naturalmente, el grupo
proponente tiene derecho a retirarla, pero los servicios también me dicen que no era cuestión de ponerse a discutir en el hemiciclo lo acontecido en la Junta de Portavoces, que es a lo que yo me he referido. Todo grupo parlamentario es propietario
de su iniciativa hasta que es tomada en consideración y, en consecuencia, se puede retirar. Efectivamente, usted tiene perfecto derecho a retirar la proposición de ley.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de proposiciones de ley de grupos parlamentarios. Habrá solo una votación respecto a la única proposición de ley que ha quedado viva porque la segunda se ha retirado. Vamos a votar
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández y del señor Rodríguez, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 26; en contra, 264; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS ZONAS RURALES DE GALICIA. (Número de expediente 162/000338.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
La primera es del Grupo Parlamentario Socialista sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las zonas rurales de Galicia. Para la defensa de la misma
interviene el señor Louro. (Rumores.)
Señorías, la sesión continúa. Les ruego que mantengan silencio y atención al señor Louro.
Adelante, señor diputado.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.
Señorías, hago uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para exponer las razones y los argumentos que fundamentan la proposición no de ley presentada por mi grupo en relación con la incorporación de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información a los espacios rurales de España y particularmente de Galicia. Esta proposición no de ley deriva de la preocupación de nuestro grupo por la escasa implantación de las nuevas tecnologías de la
comunicación en lo que atiende a infraestructuras, a dotaciones y a capacidades. Ciertamente que el espacio rural español sufre un grave déficit en esta materia, lo sufre el rural de toda España y particularmente lo sufre con más intensidad el
rural de Galicia. Esta proposición no de ley, señorías, pretende corregir estas deficiencias adoptando medidas efectivas para cambiar la situación actual y asegurar las posibilidades de futuro de nuestro país y de nuestro rural.
Señor presidente, señorías, hoy nadie discute que las infraestructuras de telecomunicaciones y el uso de aplicaciones de servicios y de contenidos de la sociedad de la información son recursos fundamentales para el desarrollo económico,
social y cultural de nuestras gentes y son, sin duda, factores determinantes de la productividad y de la competitividad.
Por tanto, las administraciones públicas tienen un reto por delante, que es dotar de nuevas tecnologías de infraestructuras
adecuadas a estas áreas geográficas. Al tiempo que pensamos que esto nadie lo discute, es muy preocupante la situación de nuestras zonas rurales. La implantación de las nuevas tecnologías está siendo muy desigual, no hemos avanzado en la
convergencia interregional y el avance, cuando se produce, es de una manera limitada o desigual. En España muchas comunidades autónomas tienen serias dificultades, especialmente en las zonas rurales; tal es el caso de Galicia, que no ha
desarrollado con eficacia sus estructuras y sus infraestructuras de telecomunicaciones. Han pasado más de diez años del inicio de las políticas de desarrollo de la sociedad de la información.
Las iniciábamos en 1994, llegamos al año 2004 y la
implantación de estas tecnologías ha sido deficiente. La propia Comisión Europea reconoce que se han incrementado las distancias, que se ha incrementado la brecha digital. Se distancian los indicadores tecnológicos entre las regiones y las áreas
geográficas, especialmente la rural de la urbana. Desde las distintas administraciones se han promovido diversas iniciativas, y desde las instituciones europeas se ha impulsado la implantación de las nuevas tecnologías. Hay que recordar que el
Consejo Europeo de Bruselas de marzo de 2003 adoptó múltiples medidas a efectos de producir la convergencia de los elementos de la sociedad de la información. La Comisión Europea fijó criterios que posibilitan utilizar fondos estructurales para el
desarrollo de redes de banda ancha, especialmente en las zonas rurales.
Además, estas iniciativas de la Comisión Europea posibilitan que se utilicen fondos estructurales, fondos FEDER, para financiar infraestructuras y servicios de
telecomunicación. Asimismo, a través de Una Iniciativa Europea de Crecimiento, invertir en redes y en conocimiento para estimular el crecimiento y el empleo, fija como una prioridad la incorporación de la banda ancha para la conexión a internet.
Más recientemente el Plan de acción e-Europe 2005 establece también que es prioritario dotar a toda la población con acceso a internet de banda ancha
en las mejores condiciones. En medio de todo esto, señorías, hay regiones como Galicia que tienen carencias graves en nuevas tecnologías, en infraestructuras y en servicios de telecomunicaciones. Más de 500.000 personas de amplias zonas
del territorio gallego tienen dificultades serias para acceder a internet.
Señor presidente, señorías, el medio rural no puede quedar excluido de estas infraestructuras y de estos servicios. Son servicios fundamentales para el desarrollo y para el crecimiento, son servicios fundamentales para asegurar el
desarrollo futuro de todas nuestras potencialidades, pero este problema no puede quedar exclusivamente en manos del mercado.
La disponibilidad de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información es un problema social serio, es un problema
de Estado y, por tanto, requiere la intervención de los poderes públicos. Señorías, señor presidente, es necesario poner en marcha un programa específico que contemple múltiples medidas integradas orientadas a dar una respuesta definitiva a esta
carencia. Para ello y por ello, señoras y señores diputados, nuestro grupo presenta esta iniciativa, esta proposición no de ley que he intentado argumentar con las razones que he expuesto. Es necesario tomar medidas por parte del Gobierno en
colaboración con la Xunta de Galicia y con la Unión Europea para dar una salida definitiva a los déficit que seguimos teniendo en el rural gallego; son necesarias políticas de apoyo para la inserción tecnológica en los distintos ayuntamientos; es
necesario universalizar el acceso a internet y es necesario incorporar a los excluidos hoy en las zonas rurales a las nuevas tecnologías y particularmente a la conexión a internet. Un programa de estas características debe difundir el conocimiento
y la curiosidad y debe implicar al empresariado y a las distintas administraciones. Estoy seguro de que con las propuestas de resolución que se incluyen en esta proposición no de ley el rural de Galicia y de toda España tendrá un impulso definitivo
para esa convergencia tecnológica.
Señoras y señores diputados, señores portavoces de los grupos, en nombre del Grupo Socialista pido su apoyo y su colaboración para sacar adelante esta iniciativa, pues con ella contribuiremos de una manera definitiva a resolver los déficit
de los que hablaba.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Louro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley interviene, en primer lugar, el señor García Díez por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, señorías, me corresponde en nombre del Grupo Popular efectuar la defensa de nuestro posicionamiento y, concretamente, de la enmienda presentada a la proposición no de ley que el portavoz socialista
acaba de exponer y defender. Nos sorprende esta iniciativa que está cargada de muy buenas intenciones porque insta al Gobierno a realizar una serie de actuaciones que ya han sido anunciadas o presentadas hace meses o semanas, según los casos. Me
referiré a los anuncios realizados por el Ministerio de Industria a través de su ministro y del secretario general en el mes de febrero, y a los realizados por la ministra de Educación en el campo concreto de la creación de nuevos institutos
tecnológicos. Lo cierto es que sorprende que esta proposición no de ley inste al Gobierno a realizar unas actuaciones ya vendidas, según el caso, incluso concretadas en respuesta a iniciativas parlamentarias como la efectuada en respuesta a
pregunta escrita de mi compañero de grupo parlamentario y portavoz en la Comisión de Industria, don Celso Delgado. Pero llama todavía más la atención, si cabe, al menos a este diputado, que esta iniciativa -y lo hemos escuchado no solo en la
exposición sino también en la defensa que acaba de hacer el señor Louro- no recoja las actuaciones realizadas por los sucesivos gobiernos de la Xunta de Galicia, transmitiéndose la idea -como se acaba de hacer- de que en este campo no tenemos nada
realizado, no se ha avanzado nada en Galicia y que, en definitiva, Galicia está fuera del mapa tecnológico.
En primer lugar, quisiera hacer referencia a la exposición de motivos para matizar algunas de las cuestiones que allí se recogen y que también han sido ahora vertidas por el portavoz socialista. Al hacer estas matizaciones me referiré a
algunas expresiones recogidas en una publicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Vigo, que con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario editó esta publicación en la que hay algunos párrafos que me han
llamado la atención. Concretamente, en el primero de ellos se dice: Galicia dejó de ser un territorio con una infraestructura telefónica deficiente gracias al plan de telefonía rural ejecutado entre los años 1991 y 1994, que supuso que fuésemos la
primera comunidad autónoma de España en universalizar el servicio telefónico básico. Por tanto, quiero recordarles que fue el primer Gobierno del Partido Popular en Galicia, el Gobierno de Manuel Fraga, el que en aquel momento apostó claramente por
ello con una inversión de 10.000 millones de pesetas -lo que equivaldría a 60 millones de euros- y, siendo Galicia la comunidad autónoma en la que se encontraba el 50 por ciento de la población nacional sin acceso a telefonía, resolvió el problema
mediante lo que se denominó TRAC o telefonía rural de acceso celular. En la misma publicación a la que me refería hace unos minutos se recoge otra frase que viene muy a cuento de lo que acabo de mencionarles: La transformación que supuso acercar
el teléfono al último rincón de Galicia se puede considerar como uno de los hechos sociales más importantes de finales de siglo.
Convendría también recordar otras cuestiones. Cuando se comenzó a hablar de la red digital de servicios integrados, lo que en el lenguaje técnico se conoce como RDSI, fue nuevamente el Gobierno de Fraga el que volvió a apostar muy fuerte
por Galicia y aportando
casi 20 millones de euros situó a esta comunidad en un lugar pionero, muy por encima de la media nacional. En lo que se refiere al despegue de la red de telefonía móvil, en un principio con tecnología analógica, Galicia también sufrió un
gran avance entre los años 1992 y 1996, lo que posteriormente facilitó la introducción de la telefonía móvil digital GSM. Convendría igualmente recordar que las iniciativas de la Xunta de Galicia en la incorporación de las TIC, tecnologías de la
información y de las comunicaciones, son extensas y afectan a todos los departamentos de la Administración. Me detendré un minuto en señalar lo que me parece más importante, que es el conjunto de iniciativas que se están desarrollando actualmente y
que afectan de forma muy directa a los ciudadanos; algunas de ellas son propias de la comunidad autónoma y otras en la colaboración con la Administración General del Estado o con otros entes o empresas. Me referiré a cuatro fundamentalmente: los
planes de despliegue de radio y televisión digitales, los programas de internet en la escuela, el acceso a las redes de bibliotecas de Galicia a través de internet o el programa de internet rural. Todas estas iniciativas están incluidas con un
carácter sumamente integrador en la estrategia gallega para la sociedad de la información. A este respecto, la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones sigue diciendo: el elemento más destacado que se puede citar es el plan de expansión de la
banda ancha en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma de Galicia, con una inversión de la Xunta de 39,4 millones de euros para el periodo 2005-2007. Quiero recalcar que es una inversión que está consignada en los presupuestos generales de la
Xunta y, sin embargo, el compromiso anunciado por el Ministerio de Industria en el mes de febrero del presente año de aportar 25 millones de euros no deja de ser un anuncio pues no está plasmado en un compromiso real como aquello a lo que me acabo
de referir.
Señorías, conviene resumir de lo dicho hasta ahora que, a pesar -esto también lo quiero dejar muy claro- de que el marco competencial, que no es otro que la Constitución española, deja bien claro que las competencias en materia de
telecomunicaciones corresponden en exclusiva al Estado, la Xunta de Galicia con los sucesivos gobiernos del Partido Popular ha actuado y mucho. Señor Louro, nos decía usted hace un momento que no se había hecho nada; repito, ha actuado y mucho.
No olvidemos, insisto, que la responsabilidad fundamental en lo que a redes de telecomunicaciones se refiere está donde está, en el Gobierno del Estado.
Como muy bien ha dicho el señor Louro -y en esto coincido con él-, no todo son infraestructuras, por lo que convendría recordar otras materias muy relacionadas con este asunto, como es la red de telecentros. Las actuaciones llevadas a cabo
mediante convenios entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones de toda España han sido muy importantes, sobre todo en el caso de Galicia.
Concretamente, les diré, señorías, que en la convocatoria de
enero de 2004 en Galicia, a través de las diputaciones provinciales, se solicitaba la adhesión de 127 ayuntamientos que afectan a más de 300.000 habitantes.
Aquí quiero también señalar algo muy curioso, y espero que sea anecdótico nada más. He
dicho mediante la adhesión de las diputaciones provinciales, y en Galicia hay cuatro diputaciones provinciales, tres regidas por gobiernos populares y una por un gobierno socialista. Curiosamente, la única diputación que no se adhirió a este
convenio para instalar telecentros fue la de La Coruña, presidida por un diputado socialista, por tanto por un Gobierno socialista.
Seguimos hablando del rural gallego. Tanto el plan de desarrollo de la sociedad de la información como el plan de desarrollo rural de Galicia priorizan el desarrollo de nuevas tecnologías en el medio rural. No digamos que no se ha hecho
nada. Les voy a aportar un nuevo dato: Galicia es la sexta comunidad española que invierte más en innovación, representa el 6,33 por ciento del total nacional. Con lo expuesto yo solo he pretendido plasmar una realidad pasada por alto en la
exposición de motivos de esta proposición no de ley y también en la intervención del diputado que la ha defendido y que, en aras a la verdad y al esfuerzo que han realizado sucesivos gobiernos en Galicia durante los últimos años, no podía dejarse
olvidada.
En cuanto a lo que concretamente propone la iniciativa, así como la enmienda que nuestro grupo ha presentado, destacaría las siguientes cuestiones. En primer lugar, el texto original insta al Gobierno, en colaboración con la Xunta, a
promover el desarrollo de nuevas tecnologías en zonas rurales, pero deja al margen de esta colaboración con la Xunta las actuaciones recogidas en los puntos 2 y 3 de su propuesta, por lo que los hemos enmendado para extender esa colaboración a los
tres apartados.
En segundo lugar, y siguiendo con nuestra enmienda, proponemos suprimir la referencia a la iniciativa comunitaria Interreg cuando se citan los instrumentos financieros, ya que no tienen una relevancia especial estos fondos. Además
le diré que el texto de su proposición en el punto primero ya dice claramente: a través de todos los instrumentos financieros. Por lo tanto, si ya citamos todos los instrumentos financieros disponibles, no tiene sentido añadir uno concreto, cuando
además éste no tiene especial significado. A nuestro juicio, lo que sí debería hacer el Gobierno español en este campo de los instrumentos financieros sería emplearse a fondo en la negociación sobre los fondos comunitarios en Bruselas, hoy tan de
moda y tan de actualidad, de manera que el cheque español incluya de forma especial las tecnologías de la información y de las comunicaciones que antes cité, denominadas TIC; es decir, priorizar innovación, priorizar TIC, frente a infraestructuras
tradicionales, como ha hecho algún país como Irlanda que tan buen resultado y tanto éxito le ha dado. Esto es lo que debe hacer ahora el Gobierno español. De hecho y por ello, en el último punto que incluimos en nuestra enmienda hacemos referencia
al
Plan de convergencia con Europa para la sociedad de la información que insiste en la necesidad de priorizar la búsqueda de fondos en esta línea.
En definitiva, y termino, señor presidente, nos llama la atención esta iniciativa que habría que sumar al conjunto de iniciativas promovidas por el Grupo Parlamentario Socialista, relacionadas todas ellas con Galicia y que curiosamente se
promueven, en las fechas en las que estamos, todas juntas en pocas sesiones plenarias. Si uno, que es gallego y vive en Galicia, no llega a saber, como está anunciado, que hay elecciones el 19 de junio, pensaría que se hace porque va a haber
elecciones en Galicia.
En todo caso, en el Grupo Parlamentario Popular nos alegramos de esta nueva sensibilidad; esperamos que se incremente, que permita pasar de las declaraciones de buenas intenciones a compromisos generosos y concretos y, aunque no ganen las
próximas elecciones en Galicia, cosa que yo deseo y espero, espero también que sigan presentando nuevas iniciativas y apoyando las que pueda presentar nuestro Grupo Parlamentario Popular en favor de Galicia.
Muchas gracias, señores diputados, muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor García Díez
Grupo Parlamentario Mixto. Señor Rodríguez, puede defender sus enmiendas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego presenta cinco enmiendas de adición a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Consideramos que son unas enmiendas que dan una concreción y un valor práctico,
novedoso, a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que es reducible prácticamente a tres grandes apartados, un apartado que va destinado a acabar con elementos discriminatorios de atraso de la situación de Galicia en esta materia; otro
que va destinado al espacio de comunicación en el mundo globalizado con personalidad propia, personalidad cultural lingüística y simbólica, para que en la red exista un espacio de identificación y un punto de referencia que haga alusión al espacio
cultural gallego-portugués; y una tercera parte, fundamental también, que es cómo promover la industria y los servicios avanzados ya que es una posibilidad para países de carácter periférico como el nuestro. Nos vamos a explicar en estos tres
aspectos.
Todos ustedes saben que la vigente Ley de servicios de la sociedad de la información prevé que en diciembre de 2004 se debería haber completado la sustitución de la telefonía rural de acceso celular TRAC. De hecho, desde que estamos en este
Congreso de los Diputados en 1996, estamos asistiendo continuamente a las promesas de que en Galicia se iba a arreglar este problema, se iba a sustituir la telefonía rural de acceso celular, que es una tecnología claramente obsoleta. Sin embargo, a
día de hoy, Galicia acumula un tercio del total de las líneas TRAC existentes en el Estado y el proceso de sustitución todavía no se ha completado. Además, la sustitución se está produciendo por tecnologías no escalables, que ya están obsoletas o
que lo estarán en un plazo muy breve de tiempo, y que mantiene a los usuarios cautivos del operador dominante, sin permitir la competencia de otros proveedores de telefonía y de acceso a internet.
La superación de la brecha digital exige de las administraciones públicas un esfuerzo para hacer las nuevas tecnologías accesibles a toda la población, con independencia de su lugar de residencia. Hoy existe la tecnología necesaria para
erradicar la brecha digital en el medio rural de Galicia y está disponible a un coste razonable para las administraciones públicas. Esperemos que, de una vez por todas, se cumpla este objetivo del que oímos hablar prácticamente desde el año 1996.
En relación con la cuestión de la discriminación hay otro elemento. Deben saber SS.SS. que la práctica totalidad de los municipios de Galicia tiene núcleos rurales en los que los operadores establecidos no ofrecen acceso a internet de
banda ancha. Ante esta situación, algunas corporaciones locales han iniciado proyectos que, utilizando las tecnologías inalámbricas disponibles -Wi-Fi-, permitían la oferta de servicios de acceso a internet de banda ancha a sus habitantes,
garantizando la cobertura de todo el territorio y con costes de provisión realmente reducidos. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones ha incoado expediente sancionador a municipios como Ponteareas por ofrecer a sus
habitantes acceso gratuito a internet mediante tecnología Wi-Fi, argumentando que las administraciones públicas -y cito textualmente- no deben realizar sus actividades de manera que establezcan barreras de entrada a los competidores privados -y
sigue, textualmente- ni provoquen la salida del mercado de estos por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, en realidad, sabemos que el operador dominante está incumpliendo sus obligaciones de servicio universal en el
acceso a internet en el medio rural y los operadores establecidos no están garantizando la cobertura de los servicios de banda ancha a todo el territorio.
Al segundo apartado se han presentado dos enmiendas sustanciosas. Es el apartado del espacio cultural, del espacio lingüístico, del espacio simbólico. La promoción de la lengua y la cultura gallegas en internet precisa de un reconocimiento
que permita a los internautas identificarse con un dominio propio. Esta es la forma de singularizar la presencia de la comunidad gallegohablante en internet y de facilitar la localización y difusión de nuestras producciones culturales en la red.
Igual que en el caso de otros territorios del Estado, el anhelo de dominio propio es una reivindicación ampliamente compartida por la comunidad internauta gallega. Según reconoce la propia Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers, que es la organización internacional encargada de la gestión de nombres de dominio, no es verdad que sea imprescindible constituirse en un Estado reconocido por la ONU para disponer de un dominio propio, es suficiente con
figurar en la lista ISO 3166, que no se limita exclusivamente a Estados reconocidos por la ONU. En ese sentido, miembros del actual Gobierno han manifestado su apoyo a que otras naciones, como Catalunya, puedan disponer de su propio dominio en
internet. Con esta enmienda manifestamos nuestro apoyo a estas aspiraciones y solicitamos un trato igualitario para Galicia, con el apoyo del Gobierno al establecimiento de un dominio propio de nuestro país en la red.
Relacionado con esta cuestión está algo por lo que nos hemos preocupado repetidamente. Todavía son contadas excepciones los ministerios y otros departamentos de la Administración General del Estado que ofrecen versiones de sus páginas web
en lenguas cooficiales del Estado distintas del castellano. En algunos casos en los que sí se prevé esta oferta plurilingüe, como las páginas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, desde hace más de un año solo se encuentran operativas
sus versiones en castellano y catalán, a pesar de las reclamaciones formuladas por contribuyentes y de las reiteradas afirmaciones por parte del Gobierno de que la versión en gallego estaría operativa para la actual campaña de la declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, tal como se respondió por escrito a una pregunta, también por escrito, de este diputado que les habla. Esta situación de monolingüismo español y de discriminación de los ciudadanos y ciudadanas que
tienen como lengua propia otra distinta del castellano se agrava a medida que superamos la mera estructura formal de las páginas y profundizamos en sus contenidos, de forma que es prácticamente imposible encontrar versiones de formularios oficiales
electrónicos en otras lenguas distintas del castellano. El monolingüismo es prácticamente absoluto en los portales electrónicos de las sociedades públicas, fundaciones y demás entidades públicas. Con la presente enmienda se pretende hacer efectiva
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado en el acceso a las informaciones de la Administración General, de las sociedades públicas, fundaciones y entidades empresariales a través de internet, con independencia de cuál
sea su lengua de expresión habitual.
Señorías, lo último es lo referido al sector industrial y de servicios avanzados. Nos explicamos. Una de las ventajas de las nuevas tecnologías es que permiten relativizar, hasta cierto punto, la importancia de la condición periférica de
economías como la gallega. Su mayor intensidad en conocimiento y su menor dependencia de grandes inversiones en equipo, capital y menores costes de transporte permiten que los productos para la red o los servicios vinculados a las nuevas
tecnologías se puedan desarrollar en localizaciones muy distintas de los principales centros de consumo, pero, como en muchos otros sectores incipientes, su desarrollo inicial depende del compromiso que adopten las administraciones públicas.
En
Galicia tenemos necesidad urgente de estimular nuestro sector industrial y de servicios avanzados con nuevas actividades que cubran los vacíos dejados por los procesos de reconversión industrial y declive de los sectores primarios, que generen valor
añadido en Galicia y ofrezcan posibilidades de empleo a miles de jóvenes formados que hoy tienen que emigrar para procurar empleo fuera de nuestro país. Con esta enmienda pretendemos arrancar un mínimo compromiso del Gobierno con una estrategia de
desarrollo económico endógeno en Galicia, con vistas a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.
Concluyo ya, señor presidente. Creemos que con estas enmiendas se completa de forma concreta, con perspectiva de futuro y novedosamente, la problemática y necesidades sobre la utilización de nuevas tecnologías en Galicia en general y en
todas sus zonas rurales e híbridas. Los tres apartados que presenta el Grupo Parlamentario Socialista quedarían convertidos así en ocho, de ser aceptadas, y pensamos que se convertiría en una iniciativa concreta más contundente, en cierta manera no
repetitiva. Esperamos la posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista a esta transacción que le proponemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
En turno de fijación de posiciones, señor Pérez, por Izquierda Unida.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo votará a favor de esta moción desde la coincidencia de que las áreas rurales son un activo fundamental para España y para Europa, que pueden desarrollar todo su potencial con el uso de las nuevas tecnologías de la información y
el conocimiento al aumentar la calidad de vida y trabajo de los ciudadanos de las zonas rurales, fortalecer la creación de valor en la economía rural, tanto en los sectores tradicionales como en los nuevos, permitiendo que las zonas rurales se
integren y participen plenamente en una economía europea basada en el conocimiento. Podemos recordar también que la política de desarrollo rural como herramienta para alcanzar la cohesión territorial se configura como una de las actuaciones
públicas clave para el siglo xxi y que los nuevos servicios avanzados que la sociedad de la información y del conocimiento ofrecen son hoy un elemento clave para conseguir la cohesión territorial y la vertebración económica y social.
Estamos también convencidos de que las áreas rurales deben beneficiarse de las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que están eliminando las distancias a escala global. Sin embargo, debemos ser
conscientes, en el caso gallego y de otras comunidades autónomas, de que este aprovechamiento
por los ciudadanos y empresas del medio rural de las oportunidades que ofrece la sociedad de la información no se producirá de forma automática.
La base para que el territorio rural pueda competir en pie de igualdad con las zonas urbanas,
aprovechando las nuevas posibilidades que la sociedad de la información y del conocimiento ofrecen, es que las infraestructuras de telecomunicaciones den allí las mismas prestaciones en cuanto a capacidad de transmisión de la información y de
transferencia de tecnologías y conocimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta las bajas densidades de población y la escasa actividad económica de las zonas rurales, es necesario diseñar el modelo de convergencia óptimo para que las empresas
tecnológicas acometan el despliegue de las redes de telecomunicaciones de banda ancha. Es necesario que los poderes públicos favorezcan la implantación de estas redes, comenzando por una rápida implantación del nuevo marco del servicio universal,
que incluye un adecuado acceso a internet avanzando hacia el objetivo final de la generalización de la banda ancha según el marco europeo establecido por la iniciativa e-Europe 2005. Para ello deben ponerse en práctica las recomendaciones de las
autoridades europeas respecto al desarrollo de los planes nacionales y regionales de la sociedad de la información, tanto en el despliegue de infraestructuras en la banda ancha como en los servicios, es decir, un nuevo plan y un nuevo presupuesto de
los que carecemos no solo en el nivel rural sino en el urbano. Por tanto, a día de hoy esta proposición no de ley en este aspecto es una declaración de voluntad que está lejos de tener soporte material real.
Uno de los factores que se encuentra entre las causas del despoblamiento de las zonas rurales es la posibilidad de disfrute en la áreas urbanas de servicios a los que la población rural sencillamente no tiene acceso.
Todos los sectores de
actividad en el medio rural deben ser objeto de actuación pública para el fomento del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues pueden extraer múltiples beneficios de su incorporación a la sociedad de la información. Todos
los usos de las tecnologías deberán ser promocionados desde los poderes públicos y asumidos por el propio sector como prioritarios. Por tanto, es necesario que los responsables públicos y privados sean capaces de configurar un nuevo marco
estratégico de colaboración y cooperación que favorezca el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en igualdad de condiciones, la ubicación en el territorio rural de nuevas actividades y la creación de valor para las empresas y los
servicios.
Por todo ello, señorías, estamos muy de acuerdo con esta proposición que, feliz y casualmente, viene a coincidir con la convocatoria de elecciones en Galicia, motivo por el que felicitamos doblemente al grupo proponente, valorando su
oportuna, cabal y necesaria sensibilidad gallega y deseando que sea fértil y, sobre todo, duradera, más allá del día 19. Señorías, se trata de sumar, de poner euros y decisiones políticas a la voluntad política firmemente manifestada en esta
proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista presenta hoy para su aprobación en este Congreso una proposición no de ley a la que creo que se le puede aplicar el dicho, con razón, de que, aumentadas y no
corregidas, pueden y deben aplicarse algunas de las consideraciones escépticas y críticas que fueron expuestas la pasada semana con ocasión de otra proposición no de ley, presentada por el mismo grupo y referida también a Galicia. En aquella
proposición no de ley, según el enunciado de la misma, se trataba de impulsar una eurorregión a desarrollar entre el sur de Galicia y el norte de Portugal; hoy, según el enunciado de la proposición no de ley que ahora debatimos, se trata de
promover el uso de las nuevas tecnologías en las zonas rurales de Galicia. Si a la mujer del César se le exigía que, además de serlo, debía parecerlo, a las buenas intenciones y a los buenos propósitos políticos, especialmente a aquellos que se
enuncian en época de campaña electoral, se les debiera exigir lo inverso: que además de parecerlo, lo sean. Es decir, que las bellas palabras sean refrendadas con hechos, en la medida de lo posible; si no es con hechos puros y duros, al menos con
planteamientos que resulten creíbles por su rigor, lo que mi grupo duda de esta proposición no de ley, y voy a explicar por qué.
Creo que fue el señor Llamazares quien insistió la pasada semana, de forma especial y destacada, en una consideración que a mi grupo le sonó y le suena a acertada y justa, que lo que corresponde al grupo que apoya al Gobierno no es tanto
instar a éste en esta o en aquella dirección -eso quizá corresponda a otros, a grupos de la oposición- sino más bien presentar iniciativas de actuación en la dirección que dice que debe impulsar. Esta consideración tiene plena aplicación al caso de
hoy. ¿Por qué el grupo del Gobierno y/o el propio Gobierno, apoyado por él, no han presentado iniciativa de actuación a lo largo de estos últimos doce meses en esta dirección que ahora dicen que tienen tanto interés en promover? ¿Dónde pisa tierra
firme esta proposición no de ley? Desde luego, no en la actuación de los pasados doce meses -en algún otro campo, habría que decir- y también diría que difícilmente pisa tierra firme en el rigor y en la credibilidad en que está planteada la misma.
Yo creo que toda iniciativa debe tener consistencia en sí misma, y la consistencia exigible a una iniciativa del Gobierno y del grupo que le apoya debe ser mayor. Como a nadie se le oculta, la presentan en vísperas electorales, momento en
el que es entendible que el capítulo de las promesas por parte de los diferentes grupos políticos adquiera mayor actualidad y mayor presencia que
en otros momentos de la vida política. Sin embargo, no parece que este tema -que es muy lógico que ocurra en campañas electorales- debiera afectar tanto a esta Cámara y a su actividad, porque, a entender de mi grupo, no es el ámbito propio
de actuación.
Tampoco pisa tierra firme esta proposición no de ley en la credibilidad que podría merecer, a pesar de estos inconvenientes, una proposición no de ley que estuviera hecha con rigor. Señorías, nadie en su sano juicio está en contra de instar
al Gobierno central a que promueva, en colaboración con la Xunta de Galicia, el desarrollo de las nuevas tecnologías en las zonas rurales gallegas, tal como recoge el punto primero de la proposición no de ley. Como decía antes, quizás se pueda ser
escéptico en función de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer hasta ahora, pero contra esa buena medida nadie está en contra. Tiene razón el representante del BNG cuando dice: ¿Por qué no concretamos al menos las buenas intenciones en medidas
claras, desde el conocimiento de la situación real del agro o de las zonas rurales en Galicia? Tiene razón, porque una de las formas de que una proposición no de ley sea creíble es que tenga medidas prácticas reales, que no sea solo un enunciado
general.
Hasta aquí mi grupo todavía no tiene mucho que objetar, pero ¿qué sentido tiene la segunda parte del punto primero, según la cual se propone que esa promoción se haga -y cito textualmente- a través de todos los instrumentos financieros
posibles, entre ellos la iniciativa comunitaria Interreg? Mi grupo no entiende este detalle. No nos sorprende que se diga una cosa tan genérica y tan vacía como eso de todos los instrumentos financieros, porque eso vale siempre o no vale nunca,
pero sí su continuación: entre ellos, entre dichos instrumentos financieros, la iniciativa comunitaria Interreg. Eso no lo entendemos. La iniciativa comunitaria Interreg, en su tercera edición, Interreg III, que es la que hoy está en vigor, es
una iniciativa orientada a aumentar la cohesión económica y social de la Unión Europea, el desarrollo equilibrado y sostenido del territorio europeo y la interacción territorial con los países candidatos cuando surgió la iniciativa Interreg III, y
hoy con los países ya integrados, con los territorios vecinos. Desde esta perspectiva, podría pensarse que esta iniciativa encaja genéricamente, a través de esa iniciativa comunitaria, el apoyo económico financiero con la propuesta que se hace en
la proposición no de ley, pero o nosotros estamos muy equivocados o esto no es así. Como es bien sabido, la iniciativa Interreg persigue esos objetivos generales de cohesión que he citado, pero no bajo cualquier formato, sino a través de tres
ámbitos de cooperación: la cooperación transfronteriza, a la que va destinado el 67 por ciento de los fondos de Interreg; la cooperación transnacional, a la que se destina el 27 por ciento, y la cooperación interregional, a la que se destina el 6
por ciento. Permítaseme la pregunta: ¿A cuál de los tres tipos de cooperación -transfronteriza, transnacional o interregional- correspondería la cooperación a establecer entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia? ¿A cuál de los tres? Yo
creo que a ninguno. He ahí una falla que no hace sino ahondar la de por sí dudosa credibilidad de la proposición no de ley por los contextos que antes he citado; falla que además estimo básica, dado que, al abordar un aspecto fundamental de toda
iniciativa, como es el de su financiación, lo hace en términos tan imprecisos e inexactos como los que acabo de indicar.
Este mal arranque de la proposición no de ley diría yo que contamina a toda ella, máxime cuando al mismo tiempo se observa que tampoco el resto de la proposición brilla por lo que pudiéramos calificar de coherencia en su conjunto. Me
refiero concretamente al punto 3 de la proposición no de ley, que dice que se insta al Gobierno a que potencie el desarrollo de centros tecnológicos con la finalidad de potenciar el tejido empresarial -cita textual-, excelente deseo, impecable deseo
en sí mismo, al menos si lo entendemos generosamente, que es como a mi grupo le interesaría y le gustaría que se entendiera en beneficio del pueblo gallego, es decir, como un impulso a la implantación en Galicia de centros tecnológicos que
constituyan un semillero de nuevos proyectos empresariales y que al mismo tiempo den el apoyo tan necesario al desarrollo tecnológico de las empresas existentes. ¿Pero quiere decir esto la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista?
Entonces, ¿cómo encaja esto con el fomento de la utilización de las nuevas tecnologías en las zonas rurales? ¿O se refiere solo al fomento de centros tecnológicos relacionados con las llamadas nuevas tecnologías TIC y ello solo en las zonas
rurales? Señorías, la proposición no de ley más parece, o al menos esa sensación hemos tenido nosotros, una proposición para jugar al despiste que para promover una iniciativa seria y consistente por parte del Gobierno al que se dice instar. A esa
misma impresión conduce el hecho de que en la proposición no de ley, promovida por el partido que apoya al Gobierno, no se cite siquiera ese nuevo plan tan anunciado para la sociedad de la información, cuya elaboración, suponemos, el Gobierno debe
tener muy adelantada, pues de un día para otro tiene que venir aquí, y en cuyo marco y bajo su impulso, a nuestro entender, es como, en su caso, se deberían abordar por parte del Gobierno central todas las iniciativas que lleven a la inserción del
Estado, de todas las comunidades, de todas las poblaciones y, por supuesto, también de todas y cada una de las zonas rurales, entre ellas las de Galicia, para que se produzca efectivamente la incorporación de toda la sociedad a la sociedad de la
información; ese es el marco, y ni se cita en esta proposición no de ley. Si en ese contexto y bajo ese impulso lo que quisiera proponer el Grupo Socialista fuera adelantar, ir más deprisa, una acción especialmente decidida a favor de Galicia y de
las zonas rurales, tiene nuestro pleno apoyo.
Nosotros no queremos oponernos a esta proposición no de ley a pesar de estas fallas y vamos a apoyarla a pesar de todo lo que le he dicho y sobre todo a pesar de la escasa credibilidad que por las razones expuestas se
nos antoja que tiene esta iniciativa. Nos gustaría errar, nos gustaría equivocarnos en esta apreciación crítica, exactamente igual que cuando la semana pasada aplaudíamos ideas y planteamientos genéricos y expresábamos incredulidades o
dificultades para ser muy crédulos sobre la sinceridad y el alcance de lo que se proponía. Y, repito, ojalá no acertemos; solo que si así ocurriera, es decir, si no acertáramos, si finalmente lo que aquí y hoy, en vísperas electorales, se anuncia
de la forma en que se anuncia, fuera realidad tras el día 19, estaríamos encantados de habernos equivocado, y no solo eso, sino que incluso estaríamos dispuestos a promover conjuntamente con el resto de los grupos una modificación de la Ley
electoral para que permitiera un mayor plazo de tiempo para realizar más promesas en vísperas electorales, en el bien entendido de que tras la celebración de las elecciones todas ellas se cumplirían. Nos cuesta creerlo, pero, en su caso, estaríamos
abiertos a ello. Si comprobamos que las promesas que se hacen en vísperas electorales al día siguiente se cumplen y con rigor, pues cámbiese la Ley electoral porque bienvenidas sean las promesas si después traen frutos. Quizá todo esto sean sueños
preelectorales, y esperamos que los gallegos tengan un buen despertar tras el 19 de junio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Esquerra Republicana. Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista nos trae hoy a debate un problema más, si cabe, de los que está sufriendo el mundo rural, y es que el mundo rural puede quedar descolgado de la impasible carrera tecnológica que se nos viene
encima, y lo que podría ser positivo para el mundo rural, que sería que las zonas más aisladas pudieran tener la facilidad de acercarse a sitios mucho más productivos, lo perdamos y que eso pueda ser un punto negativo que lo que haga sea que la
brecha digital de la que tanto se habla sea un problema más para el mundo rural que agudice la diferencia entre mundo rural y mundo urbanizado. Esta brecha digital de la que se habla muchas veces en un mundo globalizado, y que puede llegar a una
diferenciación entre países ricos y países pobres, en el Estado español la estamos sufriendo entre regiones rurales y regiones industrializadas y agrava los problemas que sufre el mundo rural en el Estado español. Situaciones como la de un menor
poder adquisitivo, enclaves geográficos de difícil acceso o la falta de infraestructuras en determinados puestos pueden hacer que determinados territorios del Estado español queden fuera del mapa de inversiones tecnológicas que tan necesarias son
para no perder el hilo del mundo industrializado.
La pregunta que nos tenemos que hacer es qué operadores van a invertir en infraestructuras o en llevar herramientas de la sociedad de la información a localidades de escaso tejido industrial o a poblaciones pequeñas que muchas veces están
bastante dispersas y demasiado envejecidas. Hay operadores que se rigen por reglas del sector privado y que buscan la rentabilidad a corto plazo, lo que nos hace preguntarnos cuáles van a ser los que van a invertir en estas infraestructuras tan
necesarias para el mundo rural. Ello hace que a la hora de desplegar infraestructuras costosas siempre se dejen para el último lugar aquellas zonas con menos población o en las que el retorno de la inversión sea lo más rápido posible. No podemos
esperar a que sean los operadores los que vayan a hacer estas inversiones. Tenemos que esperar que las administraciones públicas (el Estado y las comunidades autónomas) hagan esta labor e intenten vertebrar de una vez por todas los territorios
rurales e impulsar estas infraestructuras tecnológicas para que la vertebración de los territorios rurales sea una realidad.
Como ya ha comentado un portavoz anteriormente, esta proposición no de ley a nosotros también se nos aventura algo electoralista, pero es necesario que impulsemos de una vez por todas estas nuevas tecnologías en el mundo rural. En el debate
de esta tarde yo no sé si Galicia es, como comentaban el portavoz socialista y el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, uno de los territorios más perjudicados por la falta de infraestructuras en el mundo rural o, como bien comentaba el portavoz
del Grupo Popular recuperando una antigua frase, Galicia va bien, que se decía en otro entorno. Lo que sí les puedo asegurar por experiencia propia es que en Cataluña el mundo rural está sufriendo esta brecha digital y que muchos de esos
territorios rurales no solo no tienen la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías sino que hasta tienen dificultades para incorporar viejas tecnologías que se daban por adquiridas en muchos territorios del Estado. Hay territorios, como Les
Garrigues o La Vall del Coll, donde a pequeños empresarios que quieren incorporarse en este mundo rural y vertebrar el territorio les resulta imposible que les monten una línea de telefonía móvil. Comprobarán ustedes, señores diputados, el atraso
tecnológico que existe en las zonas rurales de Cataluña, que seguramente será igual en Galicia. Nuestro grupo parlamentario cree en la vertebración del territorio, cree en que hay que dar un impulso importante para que la gente que quiera
incorporar nueva tecnología o que quiera hacer productiva una industria en el mundo rural pueda hacerlo y para que la gente que viva en el medio rural pueda desempeñar su tarea industrial tan productivamente como lo pueda hacer cualquier empresa en
el medio urbano. Si no creemos en eso, podemos cerrar el mundo rural, porque este es un problema más que está padeciendo el mundo rural y que se viene agudizando últimamente. Si no podemos dar solución a eso, cerremos el mundo rural en todo el
Estado, vayámonos todos a vivir a las grandes ciudades y dejemos que el mundo rural se acabe.
La proposición no de ley puede ser electoralista, pero es adecuada.
Además, pretende dos cosas importantísimas: primero, impulsar la infraestructura de nuevas
tecnologías en el mundo rural, que está totalmente obsoleta, y, segundo, potenciar la formación de nuevas tecnologías en el mundo rural y acabar con el analfabetismo informático, lo que puede ayudar a que estos territorios puedan
desarrollarse. Nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley. Entendemos que las administraciones competentes tienen que llegar a donde estamos seguros que no van a llegar los operadores por cuenta propia, y esperemos que este peligro
que está padeciendo el mundo rural pueda tener una solución fácil y que el impulso que puedan dar administraciones como la central o la gallega puedan hacer que esa infraestructura sea lo más adecuada posible. Entendemos que esto es necesario
también en Cataluña. Por tanto, daremos nuestro voto afirmativo a esta proposición no de ley. Nos gustaría que se tomaran en consideración las enmiendas que nos presenta hoy el Bloque Nacionalista Galego porque entendemos que son mucho más
creativas. Damos nuestro más firme apoyo a la creación de un nuevo dominio para Galicia, como también lo estamos defendiendo para nuestro país, para Cataluña. Apoyaremos esta proposición no de ley y esperemos que pueda ser, como necesita el mundo
rural, un impulso para conseguir el objetivo propuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar posición en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y sumar una voz más a los deseos de todos los grupos que han intervenido en esta Cámara y que han manifestado que van a votar a favor de esta
proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista y a la que el Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Popular han presentado enmiendas, entendemos que constructivas.
En cualquier caso, nuestra posición es favorable a este interés por modernizar el mundo rural de Galicia y por lo tanto nuestro voto será positivo. Me referiré más adelante al interés de que esta proposición no de ley cuente con la
aceptación o la transacción de las enmiendas para que se manifieste el consenso de todos los grupos que estamos presentes en la Cámara, porque la propuesta del Grupo Socialista es parcial e incompleta, adecuada, como ya ha dicho otro portavoz, a una
precampaña electoral y que no va en la dirección de definir la conexión a la red como un servicio universal para todos los ciudadanos. Por lógica, nos sumamos a la proposición, y más ahora que esperamos que la propuesta transaccional, como he
dicho, surja del debate. Bienvenida sea la solución, y por ello daremos nuestro voto favorable. No deben hacerse más apostillas políticas a esta solución, sino que debe resolverse un retraso tecnológico y dotar a los ciudadanos de un servicio que
mi grupo ha considerado y ha propuesto en sus campañas electorales como básico y universal, un derecho que deben tener todos los españoles, que es conectarse a las nuevas tecnologías. La actual situación de la red de Galicia, con la existencia de
dificultades orográficas, debe propiciar la creación de sistemas inalámbricos que deben poder asegurar la real implantación de la banda ancha en Galicia sin mayores problemas. Hubiera sido más positivo recoger aquí una resolución del Parlamento
gallego en este sentido y en todo caso del Gobierno de la Xunta apoyando una determinada resolución. No es así, es la propuesta de un grupo político gallego, y creemos que esta debería ser una competencia también autonómica. Según nos ha dicho el
portavoz del Grupo Popular, ha habido acciones en este sentido y hay actuaciones del Gobierno, que tiene competencia plena en este tema, pero nosotros no vamos a decir que no a esta propuesta. Decimos esto por la aplicación del principio de
subsidiariedad a partir de las competencias tanto del Estado como de los gobiernos autonómicos. Por ello nos sumamos también a la reivindicación de la enmienda del Bloque Nacionalista Galego del dominio Galicia como identificación gallega en
internet. Ya saben SS.SS. que mi grupo ha auspiciado desde hace muchos años el dominio GATS y confiamos en que esto sea pronto una realidad si tenemos en cuenta las declaraciones que recientemente ha hecho el señor Montilla en relación con los
pasos que ha dado el Gobierno actual en apoyo de esta reivindicación. Conocemos la dificultad del registro de estos dominios, y aunque hoy fuera solo un primer paso, sería positivo añadir a la proposición no de ley esta voluntad de identificación
territorial como un nuevo avance en la plasmación de la realidad plurinacional española, como una expresión más de nuestra diversidad en el campo de las telecomunicaciones.
Termino reiterando la voluntad de consenso para la proposición no de ley que hoy presenta el Gobierno para Galicia. Las enmiendas mejoran la propuesta inicial en detalles que aumentan la solidaridad que requieren los gallegos a fin de que
este sea un primer paso, como ha dicho ya el portavoz del Grupo Vasco, para la reivindicación de unos derechos generales para los ciudadanos españoles. Si esto es así, si es un primer paso, nos sumamos a esta iniciativa de hoy a la espera de que dé
los frutos más apetecibles y generales en un futuro próximo, que no sea una propuesta del programa que se olvida, sino que pronto sea una realidad para todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Señor Louro, para aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista está abierto a transaccionar con los grupos enmendantes una resolución definitiva en relación con la proposición no de ley que
hemos presentado, relativa al déficit tecnológico existente en el mundo rural español, y particularmente en Galicia, en donde más de 600.000 ciudadanos carecen de la posibilidad de acceso en buenas condiciones técnicas a internet. Es una
PNL para toda España y particularmente para Galicia, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Louro. Si he entendido bien, hay una enmienda transaccional.
El señor LOURO GOYANES: Sí. Estamos abiertos a transaccionar ahora con los dos grupos una resolución definitiva.
El señor PRESIDENTE: Discúlpeme. No se trata de que estén dispuestos a transaccionar...
El señor LOURO GOYANES: Vamos a entregarla ahora a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Ahí está, me ha entendido. Por favor, entréguenla.
Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. (Número de expediente 162/000315.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la libertad de expresión en Venezuela.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo interviene en un turno de diez minutos el señor De Arístegui.
Adelante.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor presidente, señorías, comparecemos para presentar una iniciativa que ya nos llevó a la Comisión de Asuntos Exteriores en un esfuerzo de mi grupo por intentar lograr el máximo nivel de consenso
posible para denunciar una situación de creciente preocupación en la República Bolivariana de Venezuela. Hemos estado negociando en los pasillos de esta Cámara con los diferentes grupos un texto que permita alcanzar un consenso y que demuestre a
Latinoamérica nuestra profunda preocupación por lo que está ocurriendo en la República Bolivariana. En aras de ese consenso y por la necesidad, que nosotros consideramos importante, de que se apruebe una proposición no de ley en esta Cámara
manifestando nuestra profunda preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela, hemos querido hacer un esfuerzo desde mi grupo para aceptar las propuestas que venían de algunos otros grupos parlamentarios. Pero nosotros no queremos dejar pasar
la oportunidad que se nos brinda en este debate para denunciar, sin ambages y con toda firmeza, la deriva totalitaria que se está produciendo en Venezuela.
Señorías, no se trata solo de la ley mordaza, y reconozco que quizá el planteamiento de nuestra iniciativa tenía que haber sido mucho más general y genérico, pues teníamos que haber hablado del recorte de derechos y libertades fundamentales,
teníamos que haber hablado de recorte en el derecho a la información y a la libertad de expresión y de opinión en general, porque no solo es la ley mordaza la que puede -y lo está haciendo de hecho- amenazar estos derechos en el país, sino que es el
Código Penal, es la Ley de Competencia y es la Agencia Tributaria venezolana, llamada Seniat, y daré algunos datos de multas increíbles a medios de comunicación. Señorías, hay que hacer una descripción de lo que está pasando en ese país. Hemos
oído en alguna intervención que nada ha ocurrido en torno al recorte de los derechos y libertades fundamentales, especialmente los que hacen referencia a la información u opinión y a la libertad de expresión, porque los tribunales de justicia no han
intervenido. Pero es que no hay separación real de poderes en Venezuela.
La Asamblea Nacional está dominada por el chavismo, el Poder Judicial está dominado por el chavismo, el Ejecutivo, obviamente, pero es que en Venezuela -régimen extraño en
este momento- hay otros dos poderes públicos: la contraloría y el poder ciudadano, que también están dominados por el chavismo. ¿Qué independencia vamos a encontrar entonces en los tribunales de justicia de un país que lleva un camino claro hacia
la dictadura? Un país que tiene su larga mano extendida por todo el continente, apoyando, azuzando, financiando y, desde luego, encumbrando, si es necesario, movimientos más radicales que en ninguna otra parte del planeta, desde los piqueteros en
Argentina a Evo Morales en Bolivia, desde la campaña, por ejemplo, de algunos partidos que están obviamente en su espectro ideológico, o en lo que ellos dicen que es su espectro ideológico, porque habría que ver con qué, o la proximidad que se ha
denunciado en más de una ocasión en esta Cámara y por analistas internacionales independientes entre el régimen de Hugo Chávez Frías y dos grupos terroristas condenados como tales por la Unión Europea como son las FARC y el ELN. Nosotros creemos,
señorías, que la situación en América Latina tiene otras tragedias, pero hoy estamos hablando de Venezuela, aunque no estamos hablando solo de Venezuela porque también hablamos de Cuba, de Ecuador y de Chile cuando es necesario, y no estamos
condenando a un régimen supuestamente de izquierdas, porque nosotros consideramos que eso es un insulto a la izquierda. Nosotros discrepamos de la izquierda, pero respetamos a la izquierda; no estamos de acuerdo con los socialistas o los
socialdemócratas, pero es que Hugo Chávez es un dictador, no es un socialista, y mancilla el nombre de las izquierdas de Europa. Creo que se le hace un flaco favor a la izquierda democrática del mundo cuando se la compara con Hugo Chávez Frías, y
nosotros queremos denunciar eso. Hugo Chávez es un filofascista que acaba de endurecer las condiciones de su régimen modificando el Código Penal, armando hasta los dientes a su milicia,
comprando 100.000 fusiles AK103 a la antigua Unión Soviética, a la Federación Rusa, y lo ha hecho porque quiere evitar que cualquier victoria democrática pueda suponer un cambio de régimen. Quiere blindar su régimen: 100.000 círculos
bolivarianos fanatizados y enloquecidos y dos millones de personas en la calle que solo responden al presidente de la República.
Persecuciones a periodistas en Venezuela las hay, las está habiendo, y hay gente ya condenada: Patricia Poleo, condenada a seis meses, tiene abierto otro proceso, e Ibéyise Pacheco, condenada a nueve meses, tiene también abierto otro
proceso. Ibéyise Pacheco, por cierto, era la directora de un diario que se llamaba Así es la noticia, del grupo El Nacional, que por cierto por las presiones del régimen, directas e indirectas, sutiles y no tan sutiles, ha tenido que cerrar sus
puertas. Globovisión, una cadena de televisión de información de 24 horas, ha tenido que soportar el peso de varias multas, una de dos millones de dólares, y otra ha tenido que soportar Radio Caracas Televisión, de tres millones de dólares. Es la
utilización partidista y sectaria de la agencia tributaria venezolana, que lleva el nombre de Seniat. Pero además el Tribunal de Defensa de la Competencia, que en Venezuela se llama Procompetencia, ha dictado otras tres multas intolerables contra
emisoras de televisión privadas: dos millones más contra Globovisión, ocho millones contra Venevisión y siete millones contra Radio Caracas Televisión. No es una broma. Estas cantidades en un país como Venezuela son inmensas. Hay varios
periodistas que por presiones directas e indirectas y, como decía antes, sutiles y no tan sutiles, han tenido que dejar sus programas críticos con el Gobierno: Napoleón Bravo, Marta Colomina y César Miguel Rondón. Esto no es una democracia.
Cuando un señor como Hugo Chávez afirma en todos los medios de comunicación del planeta que no cree en la democracia representativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Se puede decir que un señor que ha sido elegido democráticamente pero que dice que no
cree en la democracia es un demócrata? Yo digo que no es un demócrata y que ese tipo de conducta política esta Cámara, en un país democrático como el nuestro, lo tiene que censurar.
Aparte de todo esto, señorías, están la estabilidad y el futuro de un continente de fundamental importancia para nosotros. Tenemos una población muy importante en Venezuela; de hecho, nuestro consulado general en Caracas es el segundo en
registro de matrículas en todo el mundo después del de Buenos Aires. Muchos de nuestros compatriotas que viven en Venezuela siguen conservando la nacionalidad española, y la persecución contra quienes profesan ideas distintas de las del régimen
totalitario chavista, que está en una deriva imparable, es evidente. Pero vamos a hacer una denuncia más, señorías. Ningún gesto positivo hacia ese régimen puede ser razonable ni aceptable porque eso los envalentona. Cada vez que se ha producido
el viaje de un dignatario importante del mundo a Venezuela, al día siguiente Hugo Chávez ha tenido el gesto de apretar las tuercas a su pueblo, de apretar las tuercas a la población civil, de endurecer las condiciones del régimen, de perseguir a más
gente, de atentar contra personas como otra periodista, Marta Colomina, que sufrió un atentado intimidatorio para tratar de hacerla callar, o, por ejemplo, muchos diputados de la derecha y de la izquierda, señorías, que han sufrido persecuciones
implacables, desde amenazas de muerte a agresiones físicas o atentados disimulados como problemas de seguridad ciudadana ordinaria; incluso, sin el más mínimo escrúpulo, ha habido amenazas directas contra las familias de diputados y periodistas.
Hace muy pocos minutos hablaba con el padre de Patricia Poleo, una de las periodistas condenadas por verter opiniones contrarias al régimen. Patricia Poleo es una mujer valiente -yo la conozco- y como ella Marta Colomina y muchas otras personas que
tratan de preservar la libertad y la democracia. No podemos, como demócratas que somos, contaminar el debate diciendo que el sistema democrático es el culpable de los errores graves y profundos que cometieron los protagonistas de la anterior
democracia venezolana. Eso no lo podemos hacer, porque sería tanto como decir lo mismo que decían los nazis, que son los sistemas los culpables y no las personas que los aplican. Tenemos una responsabilidad desde España y desde este Parlamento de
apoyar la democracia, la libertad, los derechos y libertades fundamentales en Venezuela.
Nosotros hemos traído esta cuestión concreta, reconozco que tenía que haber sido más amplia, pero seguiremos denunciando los atropellos a la libertad y la democracia, se produzcan donde se produzcan, no solo en Venezuela y en Cuba, sino en
todas partes del mundo. Con eso estará siempre comprometido el Partido Popular, porque es nuestra principal seña de identidad.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Arístegui.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley interviene, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que nos causa un poco de tristeza la frecuencia con la que en esta Cámara se intenta, a través de iniciativas muy sui géneris, atacar continuamente los procesos políticos que viven determinados países, siempre países
del Tercer Mundo y siempre países problemáticos con la gran potencia que hoy hegemoniza a la humanidad.
Contrasta esto con el hecho de que esta Cámara en sesión solemne no se haya preocupado lo más mínimo de las torturas de Abu Ghraib, ni de lo que
pasa en Guantánamo, ni tampoco de lo que pasa con la ocupación de Irak, y menos desde luego por iniciativas del grupo que hoy nos presenta esta proposición no de ley.
Nos preocupa y nos entristece también porque, desde el respeto a todas las ideologías políticas, en el Bloque Nacionalista Galego siempre acreditamos que uno de los criterios fundamentales de una fuerza política, de un Estado o de una
nación, tenga la ideología que tenga, sea la de ser fiel a los intereses de la nación o del Estado al que pertenece, y hemos observado cómo repetidamente también se hace un seguidismo que evoca la política norteamericana en relación con países como
Irán, Cuba y ahora, cómo no, Venezuela. Campañas de descrédito que van destinadas exclusivamente a demonizar a países muy concretos para justificar después males muchísimo mayores de los que se dice rechazar o condenar. Pero lo que resulta más
abusivo todavía, y no lo entendemos bajo ningún punto de vista, es que haya esa especie de prepotencia moral e ideológica de esos juicios tan absolutos respecto de organizaciones políticas, de movimientos políticos, o incluso de sociedades que están
en una situación conflictiva -no lo vamos a negar-, problemática -no lo vamos a negar-, por lo demás como está gran parte del mundo.
Le digo todo esto porque la intervención que quiero hacer es constructiva aunque no lo parezca. En todo caso, va destinada a demostrar que no se pueden decir determinado tipo de cosas en esta Cámara. Todos viajamos algo, yo mucho menos que
el señor Arístegui, no tengo tampoco las relaciones internacionales que tiene él. Este fin de semana estuve en Caracas acompañando precisamente a nuestros compatriotas gallegos, gran parte de ellos antichavistas, y comprando la prensa nacional de
Venezuela pude comprobar que la libertad de expresión allí está muy por encima de la de Estados Unidos. (Rumores.) Muy por encima de la de Estados Unidos y se lo voy a repetir así: muy por encima de la de Estados Unidos. El derecho a manifestarse
libremente, con capacidad de movilización está muy por encima de la de los Estados Unidos, y los bloques sociales enfrentados y antagónicos tienen capacidad operativa, política, institucional, social y mediática -que es muy importante para juzgar a
una democracia- muy por encima de los Estados Unidos. El Nacional, periódico antichavista, publica: Se estancó la clase media mientras los más pobres aumentaron ingresos en 33 por ciento -criticando al Gobierno, no exponiéndolo precisamente como
una virtud-; Hugo Chávez no quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos, nada menos que el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos; además nos regalan en grandes titulares: El chavismo no tiene base moral
para solicitar la extradición de Posada. El señor Posada es un terrorista, como se encarga de recordar muy bien el régimen -que en algunas cosas tiene razón-, que se permitió el lujo de nada menos que volar un avión de Cubana de Aviación, matando a
muchos cubanos en el año 1976 y que ahora está detenido en Estados Unidos por entrar ilegalmente, por lo que, lógicamente, el Gobierno de Venezuela pide la extradición. Estos periódicos se posicionan abiertamente en contra de un Gobierno que pide
la extradición de un terrorista; un periódico mayoritario, al servicio del chavismo.
También el periódico 2001 publica: La extradición de Posada. Además sitúa una gran foto en primera página donde se ven los dos grupos sociales enfrentados. Hay capacidad movilizadora y está permitido sin ningún tipo de conflicto, como no
sean algunos o gritos o abucheos. El periódico La Razón -que recuerda a uno de aquí- se permite el lujo de frases de esta catadura: el chorro de petrodólares les ha permitido enmascarar la situación y amasar fortunas incuantificables, tras un
discursito a favor de los poseídos y contra el imperialismo. Connotados corruptos chavistas, denunciados por partidarios honestos que todavía creen en el régimen -si es que este régimen se puede salvar-, han contado con la complicidad de los
organismos controladores, la Fiscalía y la Asamblea Nacional, donde los tapareadores son tan sinvergüenzas como los ministros, generales, almirantes, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios; pillos que han hecho del fisco nacional la peor
rebatiña de toda la historia. Y sigue con estas lindezas. Y se dice que no hay libertad de expresión.
En la culminación de la falta de la libertad de expresión, leo en el periódico El Universal, también antichavista -todos son antichavistas, todos, no falta ninguno-, una entrevista preciosa que nos regala, nada menos que con el abogado de
Posada Carriles, el terrorista, en la que se dice: La extradición de Posada Carriles es improcedente. Y le pregunta el periodista: Pero, si Posada es inocente, ¿por qué tanta saña? Y responde el abogado: Porque lo tienen como chivo expiatorio y
también porque supuestamente iba a atentar en Panamá contra la vida de Fidel Castro.
Dice el periodista: Un hecho sobre el cual parecen existir toda clase de elementos probatorios. Y responde: Eso lo condenan como un hecho abominable. Añade el
periodista: Porque el asesinato es un hecho ciertamente abominable en todo momento, en todo lugar y sea contra quien sea. Y contesta: ¿Es condenable el coronel Von Stauffenberg, quien puso una bomba contra Hitler? Y dice el periodista: Es
decir, que Castro es como Hitler. Responde: No veo diferencia alguna. Pregunta el periodista: ¿Justificaría usted un atentado contra Fidel Castro? Y responde: No soy cubano, pero si lo fuera, yo no lo justificaría sino que participaría. Y
exclama el entrevistador: Caramba, esa es una confesión grave. Y dice el abogado de Posada: Sí, porque ese señor es un dictador. ¿Cómo se enfrenta una dictadura como la de Fidel Castro? Hay una manera. Y dice el periodista: Hace una semana
los cubanos disidentes por la democracia lograron dar un paso importante sin disparar un tiro. Y dice el entrevistado: Cuatro tipos después de más de 40 años. Por favor. No tiene ninguna posibilidad.
Esta es la prensa hegemónica en Caracas. Y tenemos que aguantar que se diga aquí que no hay libertad de expresión. Yo quedo horrorizado y a estas alturas de mi vida y de la situación del mundo no estoy dispuesto a tomar narcóticos. Ese
régimen tendrá muchísimos problemas,
tendrá corrupción; seguro que lo tiene, como todos, y ese desde hace muchos años. A pesar de todo, algunos pasan menos hambre ahora. En todo caso, se abre una perspectiva histórica que espero que sea el pueblo venezolano quien la juzgue,
no nosotros aquí, que parece que somos senadores de una especie de imperio decadente.
Acabo ya, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, diciéndole que no es de recibo colocar bajo sospecha incluso a un país que intenta montar una agencia tributaria que no tenía. Yo no sé si funcionará mal esa señal que estaba muy
popularizada por todas las paredes diciendo: paga tus impuestos, sin diferencia de clase social. Me imagino que si a esas empresas televisivas les colocaron esas multas, será porque no los pagaron durante muchos años o no los quieren pagar.
Finalizo con una cuestión. Aquí está la Ley de responsabilidad social en radio y televisión, que creía que era una ley perversa. La saqué de internet y, ¿con qué me encuentro? Pues me encuentro con lo siguiente, la interpretación y
aplicación de esta ley estará sujeta sin perjuicio de los demás principios constitucionales a los siguientes principios: libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos; comunicación libre y plural; prohibición de censura previa;
responsabilidad ulterior; democratización; participación, solidaridad y responsabilidad social; soberanía; seguridad de la nación y libre competencia. Y, si uno va a mirar la ley pormenorizadamente, resulta que se trata de lo siguiente:
beneficio y protección de los usuarios y usuarias de la radiotelevisión pública y privada, que dé ganancias y que no las dé, la de servicio social y la que no lo es. Esto es una cosa muy llamativa a lo mejor para ustedes, del Grupo Popular, que no
debería serlo tanto, porque se preocupan mucho de la defensa de la identidad nacional de Venezuela, de la defensa del castellano, de las lenguas indígenas -también en eso como aquí- y después, curiosamente, la cultura nacional hay que garantizarla a
través de la exposición y de la aparición en televisión, radio y prensa de toda actividad cultural y artística venezolana. Esto se traduce en los siguientes términos: defensa de la producción propia -estuvimos en una comisión nuestra intentando
también la producción propia, estos van de lo mismo pero, me imagino, que en una situación peor-, producción independiente, protección de la infancia y no distinción entre emisoras privadas y públicas a la hora de someterse a esta ley. Señorías,
indudablemente creo que el peligro para la democracia está en el funcionamiento de la propia sociedad venezolana que incita al odio, a la violencia y a acabar con un régimen político que, por ahora, está refrendado en las urnas. Espero que esto no
lo pongamos en duda. No pongo mi mano en el fuego por la evolución de este régimen político pero, por favor, respetemos las reglas del juego, no nos convirtamos en inquisidores generales antes de que se demuestren y se comprueben los delitos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, señora Niño.
La señora NIÑO RICO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo por primera vez en esta Cámara para exponer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista nuestra posición con respecto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en
relación con la ley venezolana de responsabilidad social en radio y televisión, también denominada ley de contenido.
Señorías, así comenzaba literalmente mi intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores hace un par de semanas y, sinceramente, he tenido la tentación de traer para esta ocasión el 'Diario de Sesiones' de ese día y leerlo textualmente, con
lo que nos quedaría poco margen para el lucimiento parlamentario. Nos llama poderosamente la atención ver en el orden del día de esta sesión plenaria la misma iniciativa, con exactamente el mismo texto que discutimos hace unos días y que, por
cierto, fue rechazada por la mayoría de los grupos políticos que estaban representados en dicha Comisión. Suponemos que esta repetición de una iniciativa, que ya ha sido discutida y rechazada, se debe más a la falta de coordinación existente dentro
del Grupo Popular que no a la falta de imaginación dentro del grupo mayoritario de la oposición. Así lo esperamos en aras del bien de su partido, del bien del desarrollo de la actividad parlamentaria en esta Cámara durante la legislatura, también
por el propio bien de los medios de comunicación a los que aburriremos redundando siempre en los mismos temas y, lo más importante, por el bien de los ciudadanos y ciudadanas cuyos intereses representamos desde la posición que a cada uno nos toca,
con responsabilidad de gobierno en un momento o, en otro, con la responsabilidad no menos importante de hacer oposición; oposición, señorías, que no obstaculización permanente a la acción del Ejecutivo.
Volvemos a afirmar que es obvio que la aprobación de esta norma en Venezuela supuso críticas importantes de distintos colectivos sociales, entre ellos la prensa del país y algunos medios de comunicación internacionales, principalmente por el
temor a que dicha norma vulnerase el derecho de las ciudadanas y ciudadanos venezolanos a expresarse en total libertad. De igual forma, reiteramos que también es obvio que todos los partidos políticos representados en esta Cámara compartimos la
preocupación común de trabajar por impulsar y desarrollar los derechos fundamentales de todo hombre y de toda mujer, sin tener en cuenta el momento en que hayan nacido ni el lugar en el que lo hayan hecho o en el que residan, y entendemos que esta
preocupación común era el motor de la iniciativa que ha presentado el Grupo Popular. Hemos intentado llegar a un acercamiento en la línea de mesura en que creemos que deben verse estos temas, con la delicadeza que creemos que deben verse; sin
embargo,
tenemos que lamentar que de la intervención del portavoz del Grupo Popular más que un acercamiento al posicionamiento de nuestra enmienda, ha habido una apología de la política exterior que se ha practicado en este país durante años
anteriores con el ex presidente Aznar.
A partir de aquí, nos parece que hay que entrar en el fondo de la cuestión y decir que, por ello y por no estar de acuerdo con la forma con que se ha expresado el Grupo Popular, totalmente contraria al espíritu de nuestra enmienda, vamos a
retirarla. Queremos decir, en primer lugar, que respecto a esta ley de contenidos -que está siendo tan traída y llevada por parte del grupo mayoritario de la oposición- especifican ustedes que hay una gran arbitrariedad, que es una norma que va a
dar más prerrogativas, más poder al Gobierno para que efectivamente pueda controlar los medios de comunicación. Del texto de la ley no se deduce en absoluto esa afirmación sino que, por el contrario, lo que se determina es un mayor poder de los
tribunales a la hora de concretar conceptos que pueden parecer poco determinados o poco claros en el texto normativo, como son los conceptos de orden público o de seguridad nacional. En segundo lugar -y reiterando esta preocupación por esa posible
interpretación judicial restrictiva de la ley-, tenemos que decir que es una realidad incontestable que los medios de comunicación venezolanos continúan con su labor de crítica al Gobierno sin que tengamos actualmente conocimiento de que
efectivamente haya denuncias concretas en esta línea. El portavoz del BNG nos ha presentado una extensa prueba de lo que es la prensa diaria en ese país; también lo presentamos en la Comisión y yo también traía algunos ejemplos de la prensa del
día de ayer, donde claramente se ve cómo para nada se omiten las críticas ácidas y duras al Gobierno del señor Chávez, después de la aprobación de esta Ley de responsabilidad social. Efectivamente, por poner algún ejemplo también, en El Universal
se dice: En el taller de alto nivel realizado con los gobernadores y alcaldes de los días 12 y 13 de noviembre, Chávez incorporó dos elementos a los huecos políticos que deja su gestión interna: el amiguismo y el nepotismo. Esto está publicado en
un diario nacional venezolano. En la misma línea: Burocracia y corrupción son los principales obstáculos de la gestión del presidente Chávez. Y en la misma línea también: El país está en la antesala de un colapso, según el presidente de Gentes
del Petróleo. No voy a incidir en el contenido, porque creo que ha quedado manifiestamente claro con la intervención del señor Rodríguez, en la línea de que no hay ningún tipo de coacción en los medios escritos, en la prensa, que es la parte que yo
conozco porque tampoco he viajado tanto a Venezuela como el señor Arístegui.
En tercer lugar, dentro del texto de la propuesta hay una referencia a la falta de preocupación del presidente del Gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en su viaje a Venezuela, según el Grupo Popular, ha desechado la
oportunidad de mostrar la inquietud que se le ha trasladado por parte de determinados colectivos. Pues bien, esto ha sido todo lo contrario. El presidente ha trasladado preocupaciones y peticiones de representantes de la oposición venezolana, de
partidos políticos, de ONG, de sectores universitarios y de la Iglesia católica, y se les ha hecho llegar a la Asamblea. Literalmente, dijo el presidente en la Asamblea de Venezuela: El único marco para alcanzar el ideal de una sociedad
cohesionada, pluralista y sin exclusiones es el sistema democrático. Y recalcó: Hay instituciones, reglas y hábitos que no se pueden alterar sin grave riesgo de caer en el enfrentamiento, como mecanismos institucionales que deben ser equilibrados
e independientes, una aplicación de la separación de poderes, el pleno respeto de las libertades públicas, etcétera.
A mí me gustaría hacer aquí una alusión a un informe del Human Rights Watch, que el señor portavoz del Grupo Popular viene refrendando en sus intervenciones con respecto a este tema, sobre la libertad de expresión en Venezuela. Él ha
aludido a que este informe recalca que existe este tipo de coacción. Sin embargo, en el mismo informe se encuentra este texto: Hasta el año pasado existían pocas limitaciones obvias a la libertad de expresión en Venezuela y los medios impresos y
audiovisuales operaban sin mayores restricciones. La mayoría de ellos, sin embargo, han ejercido una enérgica oposición al Gobierno del Presidente Chávez, expresando sus críticas de manera inequívoca y persistente. Muchos de ellos no se han
destacado precisamente por su objetividad o profesionalismo al informar sobre temas de carácter político durante el Gobierno del presidente Chávez. Sinceramente, señoría, ¿cree usted que se puede concluir de esta afirmación que haya cambiado
radicalmente la situación desde diciembre del año 2004 hasta aquí, sobre todo a la luz de los titulares que hemos tenido la oportunidad de conocer en la tarde de hoy en este Pleno?
Para concluir, señoras y señores diputados, quería decir que, dentro de la información que hemos estado buscando para la preparación de esta intervención, el 10 de julio de 2003, cuando aún no estaba en vigor esta proposición no de ley que
hoy estamos discutiendo, el Observatorio Global de Medios condenaba el cierre forzoso de la televisión comunitaria Catia TVE, diciendo: Consideramos una agresión como una evidencia de las tendencias antidemocráticas, impulsada por algunos
dirigentes de la oposición y de los propietarios de medios privados de comunicación social. El cierre de esta cadena televisiva fue el 10 de julio de 2003. Y el Observatorio Global de Medios dice: quisiéramos llamar la atención sobre el hecho de
que es esta la primera ocasión en más de una década, cuando se produce el cierre de un medio de comunicación por parte de autoridades gubernamentales y consideramos justo aclarar que no se trata del Gobierno nacional. Por el contrario, la instancia
gubernamental responsable de esta violación a las libertades de expresión e información es la Alcaldía del área metropolitana de Caracas, la que mantiene una decidida y
abierta confrontación contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Termino, señorías, diciendo que compartimos, como no puede ser de otra forma, el principio común de interés por la defensa y el respeto del derecho a la libertad de expresión en cualquier país del mundo, concretamente también en Venezuela,
país al que se refiere la proposición que hoy debatimos, y en esta línea el Grupo Socialista ha intentado llegar a un acuerdo. Pero en aras de la realidad de lo que se ha escuchado esta tarde en esta tribuna, tenemos que retirar nuestra enmienda y
agradecer a todos su atención.
Muchas gracias, señoría; muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Niño.
Para el turno de defensa de enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición, pero, previamente, voy a presentar una enmienda.
El señor Rodríguez, mi buen amigo Francisco Rodríguez, decía que él renuncia a tomar narcóticos para discutir sobre Venezuela. Es importante que podamos discutir sobre Venezuela sin tomar narcóticos, aunque el debate de esta tarde en
algunos momentos se ha enconado e instalado en posiciones notablemente maniqueas. Como muy bien saben SS.SS., el texto que en su inicio ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Popular para ser discutido en Pleno es el resultado de una
transacción en Comisión; exactamente este objeto de debate fue discutido en la penúltima sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores y hoy traído al Pleno del Congreso. Por tanto, este es un aspecto ya conocido por parte de la Cámara. En los
tribunales podríamos decir que nos encontramos ante cosa juzgada, pero en el ámbito político no existe este principio y podemos volver a votar. Este era el espíritu de nuestra enmienda inicial y de una cierta transacción a la que creíamos que se
había llegado, y es el espíritu de la enmienda transaccional: el pronunciamiento del Pleno no exactamente sobre lo que había discutido la Comisión de Asuntos Exteriores hace unas tres semanas, sino sobre algo nuevo.
Al presentar esta enmienda y fijar nuestra posición, queremos decir que apreciamos la voluntad del Gobierno español de jugar un papel, y un papel de liderazgo, a la hora de solucionar los problemas regionales que hay alrededor de la zona
comprendida entre Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, y queremos decir también, y lo hemos dicho en Comisión, que reconocemos el valor del discurso que el presidente del Gobierno pronunció ante la Asamblea Nacional venezolana en su viaje a
Venezuela y en el cual, de forma ponderada, trasladó al Parlamento venezolano los aspectos oscuros, que también existen, de la dinámica democrática en aquel país. Hemos dicho reiteradamente en Comisión, y volvemos a decir en Pleno, que subrayamos
el carácter democrático, la elección democrática del Gobierno venezolano, pero que también los gobiernos elegidos democráticamente pueden tener una exigencia democrática alta o una deriva preocupante. Es en este sentido donde seguramente el
Gobierno español no ha hecho los esfuerzos suficientes o no ha tenido la capacidad suficiente para trasladar a la opinión pública su papel, su voluntad de intermediación en la situación de Venezuela, o del Sáhara, por poner dos aspectos concretos de
la agenda prioritaria del Gobierno. Y es también cierto que, para discutir sobre Venezuela, tenemos que ir, más allá de los debates enconados, a los aspectos concretos. Vayamos, si les parece bien, a los aspectos concretos, y a algunos aspectos
concretos producidos después de la visita del presidente del Gobierno español y que nos invitan a la reflexión sobre si el Gobierno español puede ejercer de buena voluntad influencia, intermediación en la política y en los conflictos de Venezuela o
si, al revés, la política venezolana se aprovecha de la buena voluntad del Gobierno español.
Vayamos a los hechos, vayamos a la reforma del Código Penal, que introduce penas de prisión de seis a 30 meses para quien ofenda a autoridades, diferenciando en la intensidad de las penas entre la ofensa a cargo público -hasta 30 meses- y la
ofensa a funcionario público. Hagamos referencia también a las penas impuestas por enviar mensajes por internet expresando discrepancia con la situación política y con el ejercicio de los derechos democráticos en Cuba. Hoy, en este debate, hemos
discutido sobre una ley concreta y el propio portavoz del Grupo Popular ha hecho referencia a que quizá el debate no se debería haber centrado, tal como se ha planteado, sobre la Ley de responsabilidad social de radio y televisión, la llamada ley
mordaza. Existen casos concretos de vulneración de derechos fundamentales a partir de la ley a la que se ha hecho referencia y de la que se han leído algunos artículos. Pues bien, este grupo parlamentario ha expresado en la discusión previa de la
transaccional a la que se había llegado, y lo reitera desde esta tribuna, que no conoce casos concretos, que no tiene información precisa sobre aplicaciones que vulneren los derechos fundamentales en el ámbito de esta Ley de responsabilidad social
de los medios de comunicación. Sí que tiene referencias de la modificación del Código Penal, sí que tiene referencias de las penas impuestas por transmitir mensajes por internet, sí que tiene referencias de las multas de seis millones de euros a
tres canales privados venezolanos en pago de los impuestos. ¿Por qué? Yo creo que en general por un clima poco favorable al desarrollo de la pluralidad política, de la democracia y de la calidad democrática en Cuba.
Tenemos conocimiento también, señorías, de un proyecto de ley del derecho de autor que se está tramitando en el Parlamento de Venezuela y que contempla opcionalmente la posibilidad de que el Gobierno pueda abolir el carácter privado de la
propiedad intelectual, subrogándose este derecho al dominio y a la gestión por parte del Estado, y creemos que este es un elemento a tener en consideración y preocupante. En definitiva, que la dinámica de la democracia, de los derechos
fundamentales en Venezuela no es nada modélica. Sin embargo, si pasamos de la ley concreta al carácter general, este grupo parlamentario ha presentado una enmienda muy breve, que es la expresión justa de su opinión y que dice lo siguiente: El
Congreso de los Diputados observa con preocupación los recortes a la libertad de expresión, de opinión y de información que se producen en la República de Venezuela. Creo que era positivo pasar de la discusión, incluso de la valoración concreta de
una ley aprobada por otro Parlamento, al enfoque general sobre la calidad democrática en el desarrollo del derecho a la información y de la libertad de expresión en Venezuela.
Fruto de esta voluntad, señorías, y con esto termino, les tengo que trasladar algo que matiza lo expresado por otros portavoces. En honor a la verdad, cuando el señor presidente del Congreso ha abierto este punto del orden del día existía
un acuerdo de transaccional entre el grupo proponente, -el Grupo Popular-, el Grupo Socialista y Convergència i Unió; un acuerdo que era un buen punto de equilibrio; un acuerdo que demuestra que en este caso, como en otros, se puede llegar a un
consenso mínimo en política exterior; un acuerdo que se ha elaborado con los interlocutores apropiados. Evidentemente, en este debate los portavoces en materia de política exterior son los apropiados para acordar y redactar de su puño y letra esta
transaccional. Se nos traslada ahora que se retira la enmienda y que no hay transaccional. Pues bien, señorías, sin haber tomado narcóticos, calificamos francamente de surrealista la situación en la que nos encontramos al final de este debate;
debate alrededor de un texto que el Partido Popular presenta a partir de una transaccional discutida en la Comisión de Asuntos Exteriores. Este es un debate que evoluciona positivamente a partir de un amplio consenso y que finaliza simplemente
somatizando, una vez más, un aspecto de política exterior como bandera de enfrentamiento interno en la dialéctica entre el Gobierno y la oposición.
Nuestra posición es suficientemente conocida, se expresó, y así lo votamos, en la penúltima sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, a ella nos remitimos y no nos tendrán en esta votación ni a favor de una improvisación ni a favor de
otra. Por eso, si finalmente se retira la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, en contra del acuerdo a que se había llegado al inicio del debate, anuncio eventualmente nuestra abstención.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Xuclà.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones y comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a votar en contra de la proposición no de ley por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque las razones que ha dado mi compañero del Grupo Mixto me han parecido absolutamente rotundas y, en segundo lugar, porque no me fío
mucho del señor De Arístegui, que ya me intentó engañar asegurándome que había armas de destrucción masiva en Irak.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo sigue con la máxima atención y sensibilidad cualquier problema de orden social, político y económico que afecte a las repúblicas latinoamericanas, pero muy especialmente a la de Venezuela. En el debate que tuvimos en la Comisión de
Asuntos Exteriores recientemente -se ha recordado aquí por algunos oradores- no quisimos intervenir para mantenernos distantes de este problema. Explicaré por qué. No intervenimos ni a favor ni en contra, no participamos, porque desde Coalición
Canaria observamos un exquisito respeto por la vida en Venezuela de sus ciudadanos.
Coalición Canaria ha celebrado este fin de semana un congreso donde ha habido representación territorial no solo de cada una de las siete islas canarias, sino de la que llamamos la octava isla, Venezuela, porque allí reside la población de
emigrantes más numerosa, procedente de Canarias y de Galicia fundamentalmente. Canarias y Galicia aportan toda una población laboral en Venezuela. En los viajes a estas poblaciones, nuestro portavoz señor Rivero y este diputado que les habla nos
hemos encontrado con una diversidad de opiniones tan normal como la que encuentra el ciudadano que viene a España y conoce gente que tiene un pensamiento conservador, gente que tiene un pensamiento liberal y gente que tiene un pensamiento centrista,
debido a las libertades que da una democracia. En Venezuela hay chavistas y antichavistas y nosotros hemos decidido mantenernos en la observancia, desde el principio de no injerencia política respecto a las naciones que tienen un régimen obtenido
democráticamente. Se nos ha dicho por unos que el señor Chávez se sometió a unas elecciones y salió elegido, que después hubo una efervescencia reivindicativa en la calle y que se solventó con un referéndum revocatorio que ganó el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela,
el señor Chávez. El grupo que ha venido al congreso de Coalición Canaria este fin de semana, con más de 25 representantes residentes en Venezuela, son canarios, españoles con nacionalidad y pasaporte español y participan en los procesos
electorales democráticos de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento autónomo de Canarias, y el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canarias son principalmente los tres bastiones que obtienen sus votos. Hemos querido
mantener este escrupuloso respeto y esta sensibilidad para que no se nos acuse de injerencia, pero hemos recogido la opinión sensata de la propia representación de la facción de Coalición Canaria en la República de Venezuela, que ha estado este fin
de semana en nuestro congreso de Santa Cruz de Tenerife, y han dicho que no se entre en este tema porque en su grupo hay opiniones a favor y en contra de la situación política venezolana. Por tanto, no vamos a ser nosotros un factor dinamizador ni
vamos a situarnos a un lado o a otro del espectro político. Esta opinión corresponde única, exclusiva y democráticamente a los ciudadanos venezolanos, que tienen su cauce de expresión. Desde Coalición Canaria seguimos y leímos con atención el
discurso que semanas atrás dio en la Cámara de representantes venezolana dio el señor presidente del Gobierno español, señor Zapatero, y lo consideramos correcto. Pronunció un discurso de Estado institucional, sobre la defensa de los valores
democráticos. Coalición Canaria está por la defensa de la libertad de expresión y en contra de cualquier país que la conculque, sea Corea del Norte o cualquier otro donde se dé un proceso dictatorial y haya criterios en contra de la expresión.
Estamos en líneas generales en contra de la limitación de las libertades democráticas, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, del derecho de reunión, todos esos valores que consagra el título I de la Constitución Española, y lo
hacemos extensivo a cualquier país cuyo gobierno trate de conculcarlos, pero sectorizarlo de esta manera parecería una intromisión.
Estas razones, señora presidenta, desde el respeto a la libertad de opinión en el seno democrático de la nación venezolana, nos llevan a abstenernos en esta votación, para cumplir con un trámite y elegir entre las tres opciones que hay,
porque lo que nos gustaría, por respeto a la voluntad democrática del pueblo venezolano, sería no apretar tan siquiera el botón de la votación. Además, dicho sea de paso, en esa república, en ese Estado hay una serie de intereses industriales
españoles, petrolíferos, de asistencia comunitaria y de cooperación técnica, que son legítimos, y no digamos ya en el sector turístico. La presencia allí de industrias turísticas españolas radicadas en Cataluña, Baleares y Canarias fundamentalmente
hace que debamos ser muy cuidadosos y muy respetuosos y no entremos allí atropellando legítimos intereses, por una parte, democráticos y, por otra, económicos y sociales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno de fijación de posición.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Aquí estamos de nuevo con las obsesiones del Partido Popular. En esta legislatura la tienen fijada con Venezuela. Lo cierto es que suelen hacer un seguidismo ya clásico a Estados Unidos, donde por cierto sí que hay censura, se llama la Ley
sobre la decencia en las comunicaciones. Todo el mundo conoce la censura de Estados Unidos. ¡Qué vergüenza, señor De Arístegui! ¡Qué vergüenza todas las mentiras que ha dicho en esta tribuna!
Para empezar, ha dicho que en Venezuela hay una dictadura. Le voy a decir una cosa muy sencilla. Entiendo que a usted no le guste la República Bolivariana de Venezuela, lo entiendo y lo respeto, pero no diga tantas mentiras. Discrepe
políticamente, pero no confunda. Tenemos que hablar de la realidad. Para empezar, en Venezuela ha habido más de ocho procesos electorales. (El señor Martínez-Pujalte López: Hitler, más o menos.) Usted, el otro día, en la Comisión de Exteriores
habló de fraude en el referéndum de Venezuela el 15 de agosto. Pues no hubo fraude, y así lo dijeron el Centro Carter, la OEA y todos los observadores internacionales que acudieron. No hubo fraude, señorías del Grupo Popular. (El señor
Martínez-Pujalte López: Como Fidel Castro y Hitler.) Allí, sus amigos de la derecha venezolana, esa noche, dieron un resultado que era el fruto de una encuesta que habían hecho y que no llegaba ni al 5 por ciento de los colegios electorales. Ellos
dijeron que el resultado veraz era el fruto de una encuesta. ¿Eso es lo que usted se cree o reconoce que dice mentiras, señor De Arístegui? ¡Qué vergüenza!
Después, estamos hablando de una constitución que habilita precisamente la separación de poderes y un sistema de controles perfectamente homologable con los sistemas occidentales. (Risas.) ¿Qué pasa, señor Pujalte, que a usted la democracia
tampoco le gusta? (El señor Martínez-Pujalte López: Ya está bien de mentir.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señora Navarro.
La presidenta soy yo y soy yo quien le llama la atención al señor Pujalte.
Por favor, señor Pujalte, cállese ya. (El señor Martínez-Pujalte López: Que no falte.)
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Una constitución que garantiza también una mayor independencia del poder electoral y del ministerio fiscal; una constitución con una tabla de derechos y libertades que es la más ambiciosa del constitucionalismo comparado. (Risas.) Yo me
imagino que usted ni siquiera se la
habrá leído. Una constitución que incluye derechos que a usted seguro que no le gustan, como el respeto a las diferencias culturales -ya vemos los discursos del Partido Popular respecto al Estado español- y el respeto a las identidades de
las diferentes minorías étnicas que hay en Venezuela.
Estamos hablando de un país cuyos logros sociales -que usted también niega- están siendo avalados por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, señor De Arístegui, entérese un
poquito mejor. No es un dictador, ha sufrido un golpe de Estado con el que ustedes precisamente se mostraron muy complacientes. Ahí era donde se acababa la democracia, ahí. Por cierto, un golpe de Estado por el que apenas hay media docena de
procesados.
Ahora utilizan los medios de comunicación en Venezuela y dicen que no son libres. No solo son libres, sino que incurren en el delito permanente, porque llaman al presidente asesino, corrupto, demente y prevaricador. El insulto y la
descalificación injuriosa están presentes en el cien por cien de los medios privados, que por cierto abarcan el 85 por ciento de la potencia irradiada, es decir del poder comunicacional, que está en manos privadas. Yo también voy a dar algunos
ejemplos porque son muy ilustrativos. Cogiendo un día al azar, 27 de mayo, diario El Nuevo País: Régimen autocrático y totalitario de Hugo Chávez. Dicen lo mismo que ha dicho usted, las mismas mentiras; estas mentiras son las que dicen estos
diarios: Régimen que se expresa bajo tres formas aberrantes, el maquiavelismo, el marxismo y el nacionalismo fascista. Ese nacionalismo fascista que día a día el régimen nos inyecta bajo el estúpido, obsoleto y pueril argumento de un posible
magnicidio. Diario El Nacional: Las ideas del señor Chávez, ideólogo permanente, filósofo oportunista y miope negociador comercial que dispara sin apuntar. A mí no me parece razonable que se hable así de un presidente del Gobierno elegido
democráticamente; no me lo parece, ni que lo digan allí ni que lo diga usted en esta tribuna. Diario El Universal: Destruyen Pedevesa mientras llenan sus bolsillos de petrodólares. ¿De qué estamos hablando? Injurias, calumnias.
Presupuesto
paralelo que servirá para financiar la corrupción y la revolución; multinacionales como chivos expiatorios de los males creados por un gobierno corrupto e inepto. También en El Nuevo País, el día 27: Basta de tantos titulares gratuitos, basta de
la escandalera bolchevique, es hora de empujar al presidente al basurero que se merece. Esto es lo que vemos todos los días en los diarios de Venezuela y ¿usted viene aquí a decir que no hay libertad de expresión? Lo que hay es aberrante; no es
tolerable; en este país, seguro que no, y en Venezuela tampoco debe serlo; y tampoco es tolerable lo que usted hace. Desde luego, esto es lo que a Izquierda Verde-Izquierda Unida le preocupa y si a usted no le gusta lo que hay en Venezuela, como
ya le he dicho, haga crítica, pero crítica constructiva, crítica ideológica, sin mentiras. Además, ¿saben sus señorías cuántos diarios han sido clausurados en estos últimos años en Venezuela? Ninguno. ¿Cuántas tiradas han sido secuestradas?
Ninguna.
¿Cuántas emisoras de televisión cerradas? Ninguna. Bueno, mentira, porque los días 12 y 13 de abril, cuando ocurrió el golpe de Estado, precisamente la televisión pública de Venezuela fue clausurada por sus amigos. (El señor De
Arístegui y San Román: No por mis amigos.) Sí, señoría, 89 veces se aplicó la anterior ley de los medios de comunicación de sus amigos de Copei.
¿Vamos al derecho comparado? Veamos qué ocurre en otros países? En primer lugar, nos encontramos con que esta norma, que hoy se está juzgando, tiene menos limitaciones y controles que las aprobadas en Argentina, en México, en Colombia, en
Canadá y, bien seguro, en Estados Unidos. Lo cierto es que son muchos los países que han regulado legalmente el contenido transmitido por los medios de comunicación, y así encontramos a Reino Unido, Francia, Suiza, Chile; en estos países van en la
misma línea que la ley que hoy estamos juzgando, ya que son normas que tienen como objetivo regular la protección a los niños y adolescentes de mensajes y elementos inadecuados, de violencia, de sexo, de lenguaje, las restricciones a la publicidad,
el establecimiento de normas expresas para proteger la vida privada, honor y reputación de las personas; eso es lo que se regula en esta ley y eso es lo que se regula también en otros países. Igualmente, podemos ir al marco jurídico internacional:
la OEA, Naciones Unidas, el Pacto de San José, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, artículos 17 a 24 -le recomiendo su lectura- y la Convención sobre los Derechos del Niño. En la norma que está usted cuestionando se
recogen precisamente las recomendaciones de estos acuerdos internacionales.
Señorías del Grupo Popular, señorías que apoyan esta iniciativa, lo que no es democracia es utilizar el poder mediático permanentemente para acabar con un presidente elegido por el pueblo, contando mentiras y fomentando la alarma social que
perjudica tanto los avances sociales de ese pueblo como sus intereses económicos. Precisamente lo que Chávez pretende es democratizar la información, es decir, establecer una mínima exigencia de veracidad, cosa que hoy por hoy no se da en
Venezuela. A ustedes les molesta, seguro que sí. ¿Cómo no les va a molestar a ustedes una exigencia de veracidad? Si ya sabemos lo que opinan ustedes sobre la manipulación, sabemos lo que hicieron recientemente, aunque el pueblo español, por
fortuna, les castigó. Desde luego, desde Izquierda Verde apoyamos la transformación de un pueblo, apoyamos su lucha por alcanzar la dignidad, apoyamos su lucha contra la desigualdad y la lucha de un pueblo que intenta salir de la miseria.
Venezuela está recuperando la dignidad, aunque los intereses económicos de algunos les conduzcan a negarlo.
Mientras ustedes persiguen a Venezuela, mientras se dedican a presentar reiteradamente iniciativas como la que hoy estamos discutiendo existen otros países donde sí ocurren cosas gravísimas, por ejemplo, hay periodistas degollados en
Uzbekistán, torturados y encerrados en Pakistán; en Arabia Saudí, Kuwait o Marruecos todos
los medios de comunicación son controlados desde palacio, y en Estados Unidos secuestran y censuran ejemplares. Mientras eso pasa, a ustedes les preocupa un programa como Aló presidente, el más visto en Venezuela los domingos. Sí, señor,
un programa donde el presidente explica a toda la ciudadanía lo que hace, lo que ha hecho durante la semana pasada y lo que va a hacer, donde todo el mundo puede llamar, que por eso se llama Aló presidente porque existe una comunicación con el
pueblo. Lo cierto es que ustedes están sirviendo a intereses extraños a los del pueblo venezolano y no son ni la solidaridad, ni la igualdad, ni la libertad, ni a bien seguro la democracia en Venezuela.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.) Señor Fernández Díaz, ¿en virtud de qué artículo solicita la palabra?
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
En virtud del artículo 71.1 y en relación con el 71.3 del Reglamento, por inexactitudes que afectan al decoro y la dignidad de este grupo parlamentario cuando ha hablado de amigos de golpistas refiriéndose al Grupo Parlamentario Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Fernández Díaz.
Tengo suficiente con las alusiones que a ese respecto ha hecho el señor De Arístegui con el 71.1 y será suficiente para que tenga sus tres minutos de réplica. Adelante, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Que se diga que este grupo es mentiroso en una docena larga de ocasiones es algo a lo que estamos lamentablemente acostumbrados porque eso es filibusterismo parlamentario, pero que usted cite como un periódico de derechas a El Nuevo País
demuestra muy a las claras que usted de Venezuela no sabe nada. Que diga y niegue que en Venezuela se persiguen los derechos y libertades fundamentales es muy claro, pero lo que nosotros no aceptamos bajo ningún concepto, porque somos un partido
democrático y con eso no insulta usted a los 10 millones de votantes de este partido sino que insulta a la democracia española y a los 44 millones de habitantes de este país, es que usted diga que nosotros somos amigos de los golpistas. (La señora
Navarro Casillas pide la palabra.) Le ruego que retire esa expresión del 'Diario de Sesiones' para dignidad sobre todo suya, señoría. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
La política de comunicación del Gobierno de Venezuela consistirá en divulgar y contribuir a la formación e identificación de la población con los valores ética e ideología de la revolución bolivariana y educar a la población en los
principios militares de disciplina, amor a la patria y obediencia. Señorías, con estas claras, gráficas y muy elocuentes palabras definió hace algún tiempo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela los objetivos que iba a perseguir la
acción de su gobierno en el ámbito de la comunicación. Fíjense, los objetivos de la política de comunicación de Venezuela -según declaración de su propio presidente- iban a ser contribuir a la formación e identificación de la población con los
valores ética e ideología de la revolución bolivariana y además educar a la población en los principios militares de disciplina, amor a la patria y obediencia. Pronunciada aquí entre nosotros por boca nada menos que de un presidente una
manifestación como ésta, sin duda, hubiese provocado una rotunda reacción de repulsa por parte de todos los partidos políticos y de los agentes sociales. Sin duda hubiese sido motivo de escándalo. Todos, así lo supongo yo, sin excepción hubiésemos
reaccionado con alarma y hubiésemos acusado al hipotético presidente que hubiese podido osar hacer una declaración de este tipo de vulnerar la libertad de expresión, de ignorar el derecho a la información, de desconocer la libertad de prensa y de
confundir ad beneficium proprium la necesaria comunicación de todo poder público con el inaceptable adoctrinamiento político. La oposición de las fuerzas a una política de comunicación gubernamental semejante me atrevo a augurar que hubiese sido
rotunda, absoluta y unánime. En cambio, cuando el eco de las palabras procede del otro lado del Atlántico, ese mismo discurso ya no se nos antoja tan chocante e inasumible como si hubiese sido pronunciado aquí entre nosotros. Puede resultar
sorprendente, pero es así. Lo que aquí rechazamos con total rotundidad no nos parece tan rechazable si tiene lugar en Latinoamérica, en África, en algunos puntos de Asia o en el Caribe. Sin embargo, señorías, los parámetros que definen la calidad
democrática de un régimen político son -o al menos deberían ser- los mismos aquí y en cualquier otra parte del mundo, porque todo lo que supone una vulneración de derechos fundamentales aquí lo es exactamente igual en Marruecos, en China, en Estados
Unidos o en Venezuela, exactamente igual, y no vale utilizar varas de medir diferentes a la hora de calibrar las violaciones de derechos fundamentales según las latitudes o los hemisferios en los que estas violaciones tienen lugar.
En el siglo xxi Venezuela irrumpe con una deriva inquietante de su régimen político hacia posiciones de corte autoritario. La legitimidad de origen de la que sin duda gozan sus gobernantes en virtud de la elección democrática de la que
fueron objeto se está viendo enturbiada por unas prácticas de gobierno que no permiten
hablar de una legitimidad de ejercicio. No es que lo diga yo influido por las multinacionales de la comunicación, sino que una organización tan poco sospechosa de actuar al servicio del capitalismo monopolista norteamericano como Amnistía
Internacional lo viene denunciando con una alarma creciente. Señorías, el año pasado esta organización no gubernamental publicaba un informe con el clarificador título de Venezuela, los derechos humanos en peligro. No es mío, es de Amnistía
Internacional. Las conclusiones de aquel informe monográfico prácticamente se repiten puntualmente en el informe general que acaba de publicarse por parte de esta organización no gubernamental y en el año 2005 Amnistía Internacional sigue
constatando la existencia de casos de abusiva represión de manifestaciones, brutalidad policial, maltrato, tortura, excesiva politización de la justicia, inexistencia de una administración judicial imparcial e independiente y, lo que es más grave,
claros intentos de socavar la legitimidad del trabajo que los defensores de los derechos humanos están desarrollando en aquel país a los que acusan descaradamente de agitadores políticos.
Señorías, la seguridad personal de los disidentes brilla allí por su ausencia. Aquí en esta tribuna se ha hecho hoy referencia, como si fuera una fuente de autoridad, al informe de Human Rights Watch a este respecto. Pues bien, este
informe dice también literalmente, entre otras cosas que se han leído aquí, que el principal problema que ha afectado a la libertad de expresión han sido las constantes agresiones a los periodistas en sus actividades diarias. Esto lo dice la Human
Rights Watch, no lo digo yo. Por tanto, la seguridad personal de los disidentes, y singularmente la de los profesionales de la información, brilla por su ausencia. Hace tan solo una semana, el 24 de mayo, Amnistía Internacional publicaba un
informe titulado Temor por la seguridad en Venezuela, y llamaba la atención sobre la existencia de campañas de amenazas e intimidación impulsadas desde los propios poderes públicos contra familiares cercanos o allegados de personas presuntamente
asesinadas por la policía. La disidencia, señorías, se sofoca persiguiendo y amedrentando a los disidentes. Esto no lo dice la prensa opositora, lo dice Amnistía Internacional, cuyos informes supongo que serán tan válidos y creíbles cuando
denuncian estas cosas como cuando denuncian torturas como las de Abu Ghraib.
El deterioro de la situación en Venezuela, señorías, es evidente. Los motivos de preocupación que se han expuesto aquí están plenamente justificados y, dentro de este marco general de paulatina deriva hacia el autoritarismo, el ámbito de la
libertad de expresión, el derecho a la información merece ser objeto de especial atención. Desde hace algunos años Venezuela figura indefectiblemente en los informes de las principales organizaciones no gubernamentales y de prácticamente todas las
organizaciones internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales y las libertades públicas vinculados a la libertad de expresión y a la información como un volcán a punto de erupción.
Fíjense, han alertado sobre la
situación de Venezuela, y sobre la precaria situación en la que se encuentran especialmente los derechos vinculados con la información y la expresión, la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Sociedad Interamericana de la Prensa, el
Instituto Internacional de la Prensa, Reporteros sin Fronteras, Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además, por supuesto -ya he hecho referencia-, de la propia Amnistía Internacional. La Asociación Internacional de
Radiodifusión llega a expresar textualmente que condena todas las agresiones, intimidaciones, presiones, limitaciones y restricciones que padecen los periodistas y los medios de comunicación social venezolanos. Señorías, las críticas de todos estos
organismos se han intensificado ostensiblemente desde la aprobación el pasado año de la Ley de responsabilidad social de la radio y televisión, conocida gráficamente como la ley mordaza, y las reformas operadas también en el Código Penal en relación
con el desacato, porque la rigurosa aplicación de que está siendo objeto este marco normativo ha comprometido seriamente la libertad de los medios para expresarse, informar y opinar. La amplitud y ambigüedad de las limitaciones que estas dos normas
imponen a los profesionales de la información y las astronómicas multas que establecen para sancionar su incumplimiento han impuesto la autocensura a los medios, cortando la crítica de su labor al Gobierno y restringiendo gravísimamente el debate
público. Solo por esta autolimitación que han provocado en los medios y en los profesionales de la información se estaría violando sin más gravemente las libertades relacionadas con la expresión y la información en grave detrimento del libre flujo
de las ideas que deben reinar inexorablemente en todo sistema democrático que quiere preciarse como tal.
Como decía recientemente el vicepresidente regional de la Sociedad Americana de la Prensa, el Gobierno seguirá diciendo que no ha cerrado medios en Venezuela y es cierto, pero es que no lo necesita. No necesita de suyo cerrarlos dada la
castración a la que los ha sometido en el ejercicio de sus responsabilidades sociales de comunicación e información. Con esta castración que denuncia el vicepresidente de esta prestigiosa asociación, el daño a la libertad de expresión ya está
hecho.
No es algo potencial, la lesión de derechos no es puramente potencial, sino una realidad plenamente consumada. La propaganda oficial del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, que yo conozco
porque la he analizado en su página web, replica a todas estas tesis aduciendo que existen legislaciones similares en muchos otros países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido, Francia y España. Alguien ha citado este derecho
comparado, pero se le ha olvidado citar el caso de España, que aparece expresamente mencionado en la página web del ministerio como un supuesto similar o equiparable al de Venezuela en punto a la legislación limitativa de los derechos de expresión y
de comunicación, pero en
España, hasta donde yo sé, señorías, no existe una legislación equiparable a la que rige en Venezuela, donde se puede suspender, incluso revocar, una licencia de emisión radiofónica por emitir mensajes contrarios a algo que aquí la
experiencia nos dice que puede ser tan arbitrariamente interpretado como la seguridad de la nación. Un mensaje contra la seguridad de la nación o que las autoridades consideran que vulnera la seguridad de la nación puede provocar inexorablemente el
cierre de una cadena. Una previsión equiparable a esta no existe hoy en el derecho español hasta donde yo conozco. La hubo cuando Fraga era ministro del ramo, pero ya no la hay, aunque, en fin, todo hay que decirlo, tampoco faltan en España
algunas actuaciones contrarias a la libertad de prensa.
Lo que no cabe alegar, señorías, es que la ley mordaza ha generado en Venezuela una dinámica infernal que está ocluyendo gravísimamente la libertad informativa y de expresión.
Por esta razón mi grupo apoyará esta proposición no de ley, en coherencia con lo que hicimos hace una semana con motivo de la proposición no de ley de idéntico contenido que se debatió y se votó en el seno de la Comisión de Asuntos
Exteriores. Y si el Grupo Popular finalmente, como ha anunciado, acepta la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en relación con este tema, todavía mejor, puesto que el texto es más ponderado y más mesurado, partiendo de la
constatación de que la violación de los principios de los derechos de comunicación y de la libertad de expresión está ya consumada con la aplicación que el Gobierno venezolano está haciendo de esta norma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Erkoreka.
Finalizamos la fijación de posiciones con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para ello tiene la palabra la señora Bonás.
Adelante.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos trae otra vez una propuesta sobre Venezuela. No sé si hablar en esta Cámara de Venezuela y de Cuba es una obsesión del Grupo Parlamentario Popular o simplemente que el Gobierno, con los grupos
que le damos soporte, lo está haciendo tan bien que no tiene propuestas para mejorarlo, por lo que se deben inspirar en otros países del Atlántico para traer propuestas a esta Cámara. Lo que sí me sorprende es que si la propuesta habla de la ley
venezolana sobre responsabilidad social en radio y televisión que no entren un poco en detalle en esta ley.
En primer lugar, en esta ley se establece una diferenciación entre bloques horarios y los contenidos que se pueden emitir en ellos. Así se distingue entre horario todo usuario, horario supervisado y horario adulto. En los horarios todo
usuario y supervisado se establecen unas medidas de protección a la infancia y adolescencia con respecto a contenidos violentos, sexuales, discriminatorios o relacionados con el juego y las drogas. Por otro lado, se establece la necesidad de que la
televisión emita una cuota de programas culturales, informativos y dirigidos a la infancia en detrimento de las telenovelas, que restringe su cuota a dos horas diarias. En este sentido es una medida que pretende luchar contra la telebasura, que el
Partido Popular impulsó cuando estaba en el Gobierno y que hoy el nuevo Gobierno está cuestionando y está impulsando medidas para dignificar la televisión para que cumpla los servicios sociales que debe cumplir y que el Estado debe controlar. Por
tanto, podemos estar de acuerdo o no con el modelo que ha seguido el Gobierno venezolano, pero se ajusta plenamente al derecho legítimo que tiene cada Estado de regular los contenidos televisivos para cumplir con la finalidad social que tienen.
En segundo lugar, en la ley se establecen medidas para la defensa de la cultura y de la producción nacional. En este sentido encontramos medidas que se dirigen a establecer cuotas de producción, publicidad o canciones venezolanas, así como
la protección de las lenguas castellana e indígenas. Por otro lado, se establece la prevención y protección de las producciones comunitarias como una garantía social para que la información no esté estrictamente controlada por los grandes poderes
económicos, como sucede en la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cinco grandes grupos mediáticos controlan el 80 por ciento de la producción informativa del país. Este modelo de protección a la producción
comunitaria y en contra de los intereses de los grandes grupos mediáticos y multinacionales podrá gustar más o menos, pero es una capacidad que la ley otorga a cada Estado soberano y que hay que respetar.
En tercer lugar, se establecen una serie de medidas para garantizar que los medios de comunicación no sean utilizados para hacer apología de la violencia y alterar violentamente el orden constitucional. ¿Qué haría el Gobierno español contra
medios, pretendidamente informativos, que mediante la manipulación descarada y la mentira llaman a la población a dar un golpe de Estado? En este sentido hay que destacar un ejemplo. La justicia venezolana ha demostrado el fraude que supusieron
las imágenes, que todos tenemos en nuestra retina, de unos seguidores del Gobierno venezolano disparando contra una manifestación antigubernamental. Pues bien, ha quedado demostrado que aquellos disparos no estaban dirigidos contra aquella
manifestación, ya que esta manifestación ni siquiera llegó a pasar por el sitio en el que se produjeron los disparos. Fueron unas imágenes sacadas de contexto y que se utilizaron como argumento para apoyar un golpe de Estado. Por cierto, fueron
imágenes que sirvieron como clímax del vídeo La masacre del centro de Caracas, premiado por el anterior Gobierno español con el premio Rey de España de Periodismo y que es un reportaje gráfico de unos diez minutos de
duración en el que se observa a militantes chavistas disparando desde lo alto del puente Llaguno, en lo que hoy se ha demostrado que ha sido un falso montaje. De hecho no disparaban a una manifestación, que nunca pasó por allí, ni los
supuestos muertos fueron antichavistas, sino compañeros de los que disparaban en el vídeo. Para colmo, ni siquiera el periodista galardonado grabó, editó, dio voz o produjo el vídeo, como ha quedado demostrado y admitido por el propio periodista.
Pero esto es solo un ejemplo sobre la política informativa de unos medios de comunicación controlados por los opositores políticos de Chávez, como Gustavo Cisneros, que emplean la manipulación y la mentira cotidianamente para derrocar a un gobierno
que, les guste o no, fue elegido democráticamente.
Es un proceso que recuerda mucho al que ocurrió en Chile cuando estaba Salvador Allende.
Es más, la implicación de estos medios en el golpe de Estado llega hasta el punto de que el golpe ya no es solamente mediático, sino que se han encontrado armas en diferentes locales de la cadena televisiva Venevisión. De hecho, son
continuas las campañas mediáticas contra dirigentes campesinos que participan en la reforma agraria; se les ha llamado invasores, guerrilleros, y después de estar mediáticamente señalados han sido asesinados, como es el caso de Jorge Nieves. A
pesar del acoso y derribo al Gobierno de Chávez, a pesar del apoyo al golpe de Estado e incluso de señalar a líderes sociales que posteriormente han sido asesinados, el Gobierno de Chávez no ha clausurado, ilegalizado o censurado ningún diario,
televisión, radio, artículo o noticia, a diferencia del Partido Popular, que atacó la libertad de expresión ejercida por las revistas Egin y Egunkaria, criminalizándolas primero y cerrándolas después. ¿Quieren ahora criticar al Gobierno de Chávez
para que pretenda legislar sobre aquello que aquí se intentó legislar con mano más dura? Porque hay que señalar que en Venezuela solo ha sido clausurada en los últimos años una televisión, Catia TV, y casualmente ésta no ha sido clausurada por el
Gobierno del Estado venezolano, sino por el alcalde de Caracas, que es opositor del Gobierno venezolano y ha censurado una televisión comunitaria realizada con el trabajo de los movimientos vecinales de los barrios populares de la ciudad. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
A pesar de la propaganda contra el supuesto atentado de Chávez a la libertad de expresión, el único ataque que ha habido contra un medio fue contra Globovisión, y porque esta cadena ocupó espacios no permitidos por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. Sin embargo, en ningún momento se impidió que emitieran desde los espacios autorizados, a pesar de que la cadena decidió cortar la emisión para argumentar que sufrían un ataque a la libertad de expresión, de la que se hicieron
eco los medios de comunicación internacionales. No obstante, el único atentado que se produjo por este hecho fue protagonizado por los opositores, que lanzaron una granada de mano contra las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
En definitiva, respecto a Venezuela y su Ley de responsabilidad social en radio y televisión, no solo es legal y legítima, sino que se ajusta a postulados defendidos por la Unesco y el Tribunal Penal Internacional.
Resulta muy curioso que ante la situación del panorama mundial y los ataques contra la libertad de expresión, ustedes se centren en Venezuela.
No dicen nada de China, el país que tiene el mayor numero de periodistas encarcelados, ni de
Colombia, que tiene el mayor número de periodistas asesinados después de Irak, y mucho menos de Estados Unidos. Permítanme que haga una referencia especial al supuesto país de las libertades. En Estados Unidos decenas de asociaciones se lanzaron a
la calle para protestar contra el decretazo impulsado por Michael Powell, hijo de Colin Powell, que supone la mayor concentración de información y poder en los Estados Unidos. Bajo el grito de no voice, no choice (sin voz no hay elección),
reclamaron una mayor libertad de expresión; de hecho, esta propuesta está incluso avalada por la OSCE, que ha mostrado sus quejas por los límites a la propiedad informativa. La censura impuesta a las declaraciones en contra de la guerra de Irak va
desde la expulsión de periodistas a censurar la emisión de 150 canciones contra la guerra a autores como Noah Chomsky o Susan Sontag, o incluso programas humorísticos. La paranoia de Estados Unidos llega hasta el punto de prohibir publicar
artículos científicos producidos en Cuba, Irán, Libia o Sudán. El ataque impune durante la guerra de la televisión iraquí o del hotel Palestina para amedrentar a los periodistas independientes que quisieron escapar del control del ejército de
Estados Unidos y donde, recuerden, murieron un periodista polaco y el español José Couso, son ejemplos para los que reclamamos justicia y que los asesinos sean juzgados por crímenes de guerra.
Y no quiero acabar sin hacer un repaso a la libertad de expresión en el aznarato, en los ocho oscuros años del Gobierno popular. En primer lugar, hay que señalar que la libertad de expresión puede ser atacada por diversos procedimientos:
despidos arbitrarios de periodistas, caso de Ricardo Ortega, muerto en Haití después de ser cesado por indicaciones de la Moncloa; desautorización o censura de ellos o sus trabajos, como la que padeció el vídeo de Ropa sucia, o la campaña Ponte en
su piel, de Amnistía Internacional; suspensión de programas, caso de Caiga quien Caiga, censurado después de una entrevista de Aznar con Berlusconi; censura de la verdad mediante el filtraje y edición de todas las piezas informativas con contenido
delicado, caso de los telediarios de Urdaci respecto al contenido informativo de la guerra de Irak; mediante la restricción de noticias que implica que solo haya una fuente gubernamental interesada, caso del Prestige y el silenciamiento de Nunca
mais; mediante la selección interesada de los debates, o los tertulianos en las emisoras, solo hace falta mirar el listado de los últimos años de los intervinientes en Radio Nacional y Televisión; así como la ilegalización de
medios de comunicación, como Egin o Egunkaria. De hecho, el Partido Popular ha ejercido en sus años de Gobierno todos estos procedimientos hasta el punto de que más de mil quinientos periodistas firmaron un manifiesto denunciando los
ataques a la libertad de expresión, el Consejo de Europa denunció la manipulación informativa del Gobierno español, y la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo aprobó un informe con la única oposición del Partido Popular europeo en que se
afirmaba que las presiones gubernamentales sobre la televisión pública, Televisión Española, implicaron deformaciones y manipulaciones flagrantes en las informaciones sobre las responsabilidades en los abominables actos terroristas del pasado 11 de
marzo.
Con este historial de atentados contra la libertad de expresiones no pretendan levantarse, señoras y señores del Partido Popular, como defensores de la libertad de expresión. Es más, consideramos que esta proposición no de ley constituye un
atentado contra la inteligencia de estos diputados y diputadas y contra la inteligencia de los españoles y españolas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.
Simplemente que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' que habíamos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista en una enmienda que habían presentado y que habíamos hecho una transacción, que yo creo que era muy importante y muy
favorable para el parlamentarismo y la recuperación del maltrecho consenso en materia de política exterior.
En todo caso, nosotros decimos que el Partido Socialista ha tenido vértigo de votar en contra de Venezuela.
El señor PRESIDENTE: Señor Arístegui, dígame si acepta o no las enmiendas, porque si no reabrimos el debate.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Acepto las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a todos los efectos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arístegui.
Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las zonas rurales de Galicia. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone? (Pausa.)
Se opone el Grupo Popular. Por tanto hay que votar la proposición no de ley en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En segundo lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la libertad de expresión en Venezuela, con la enmienda de adición de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 150; en contra, 162; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL USO DEL SUELO DE DEFENSA EN OPERACIONES SIMILARES A LA DENOMINADA 'OPERACIÓN CAMPAMENTO' Y EL INTERÉS GENERAL.
(Número de expediente
173/000073.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el uso de suelo de Defensa en
operaciones similares a la denominada Operación Campamento y el interés general.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde para presentar la moción subsiguiente al debate de la interpelación sobre la enajenación de suelo, que es en este caso
del Ministerio de Defensa, pero que podría ser la enajenación de suelo público y que pretendía, sobre todo, instar al Gobierno -como ocurre en las sesiones de control- a que adoptase medidas para que esta enajenación de suelo público fuera destinada
de forma prioritaria a un uso social, tanto en materia de vivienda como en materia de equipamiento. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor Llamazares.
El murmullo de la sala es excesivo. Por favor, guarden silencio.
Continúe, señor diputado.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En opinión de mi grupo parlamentario, el debate de la interpelación fue un debate parcialmente eficaz y parcialmente fallido. En una parte debatimos respecto al uso del suelo: el uso del suelo del pasado y el
uso del suelo a partir de este último año, pero en otra parte del debate hablamos de cuestiones que tenían muy poco que ver con esta orientación política. Porque ni esa interpelación ni esta moción tratan, en nuestra opinión, de un juicio en clave
de pasado, aunque hay que reconocer que en el pasado -no en la última legislatura, sino en el pasado en general- la prioridad del uso social ha estado en conflicto con la prioridad de la rentabilidad para los distintos ministerios y en ese sentido
se han preterido los objetivos sociales. La interpelación tampoco pretendía dirimir las diferencias entre administraciones ni convertirse en una confrontación entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, o dirimir
diferencias entre las distintas administraciones de Madrid, la Administración local y la Administración autonómica. No era esa la materia de este debate, aunque el debate de la interpelación corrió por estos derroteros, y hoy intenta mi grupo
parlamentario en esta moción subsiguiente reconducir el debate hacia lo que pretendíamos, hacia la prioridad de la rentabilidad social de la enajenación de suelo público de los ministerios en general y del Ministerio de Defensa en particular. Ni
mucho menos pretendía ser este debate, o pretende serlo en el día de hoy -espero que no caigamos en este tipo de riesgos-, una confrontación de carácter personal en torno a las actitudes de uno u otro dirigente político. Esta iniciativa trata sobre
política de suelo, que a nuestro juicio es una política mayor porque tiene que ver con principios constitucionales y con derechos también, de alguna manera, previstos en la Constitución española.
Vuelvo a hacer hincapié en esta moción, al igual que lo hice en la interpelación, en que la Constitución española reconoce en su artículo 47 tres aspectos que están relacionados con la enajenación de suelo de carácter público. En primer
lugar, reconoce el derecho a la vivienda por parte de los ciudadanos, derecho a la vivienda y a una vivienda accesible. En segundo lugar, la Constitución española rechaza la especulación del suelo y establece, en tercer lugar, que las plusvalías de
entes públicos tengan que ser devueltas necesariamente a la sociedad.
Esto, señorías, no ha ocurrido siempre así. De hecho, en estos momentos, el derecho a la vivienda está enunciado en nuestra Constitución pero no se cumple en la práctica, no hay
que olvidar que del 30 por ciento de vivienda de promoción pública, hemos llegado al 9 por ciento y al 7 por ciento en la actualidad, es decir, a un porcentaje mínimo de vivienda de estas características. Tampoco se cumple el objetivo que planteaba
la Constitución de que no se permita la especulación con el suelo y, en ese sentido, estamos viendo cómo incide la especulación del suelo en el precio de la vivienda. Y por último, tampoco, de acuerdo con la Constitución, las plusvalías de entes,
de ministerios, de administraciones públicas revierten a la sociedad. Muy al contrario, hemos visto en el pasado cómo se antepone por parte de entes públicos y de administraciones públicas el interés o la rentabilidad en la enajenación del suelo al
propio objetivo social que deberían tener estas administraciones públicas en dicha enajenación.
La moción de mi grupo parlamentario pretende instar al Gobierno para que se reconduzca esta política en relación con los suelos propiedad del Ministerio de Defensa y, por extensión, propiedad de otros ministerios.
Las prioridades que se
proponen en los puntos de la moción de mi grupo parlamentario son, en primer lugar, la orientación social de estas enajenaciones públicas de suelo; una orientación social que debe centrarse básicamente en la política de viviendas y en la política
de equipamientos públicos que mejoran las condiciones sociales de los ciudadanos y de los municipios en particular. Esa sería la primera prioridad en nuestra moción subsiguiente.
La segunda prioridad es que esta orientación social primando equipamientos y viviendas debe producirse necesariamente en el marco del diálogo con municipios y comunidades autónomas, no puede hacerse desde una sola Administración. En ese
sentido, no nos decantamos en esta moción por la confrontación entre administraciones sino por el diálogo como garantía del uso social de esa enajenación del suelo a que nos venimos refiriendo.
Este es el segundo aspecto de nuestra moción: el
diálogo con municipios y comunidades autónomas para poner en marcha esta enajenación de suelo, en este caso del Ministerio de Defensa, con una clara orientación social.
En tercer lugar, la enajenación del suelo debe ser fundamentalmente a municipios y basada en la transparencia que hemos propuesto en nuestra moción subsiguiente, a través de mecanismos de programación, de mecanismos de inventario. Sabemos
que es un tema polémico -lo ha sido en el debate de la interpelación-, pero alguna fórmula tenemos que buscar -en nuestra opinión debería buscarla el propio ministerio o el conjunto del Gobierno- para que estas enajenaciones de suelo sean en todo
caso transparentes, con la participación y el diálogo de comunidades y municipios y orientadas fundamentalmente hacia los municipios que garanticen los objetivos sociales de equipamiento y de vivienda que hemos proclamado en los primeros puntos de
nuestra moción.
Por último, planteamos también en nuestra moción la prioridad, dentro de esa orientación social, de la vivienda de promoción pública de alquiler.
Echábamos de menos esa vivienda de protección de alquiler en el conjunto de las iniciativas
que se han venido desarrollando. Viviendas de protección oficial, sí, pero en menor medida de promoción pública de alquiler, que nos parece que acoge a los sectores más desprotegidos de la sociedad, a los sectores que no tendrían acceso a ninguna
vivienda si no hubiera este tipo de promociones.
Este es el sentido de nuestra iniciativa, el sentido de nuestra moción subsiguiente y, por tanto, consideramos que son compatibles con esta moción las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Si acaso hay una cierta
redundancia en relación con la operación Campamento. Es verdad que uno de los debates fue la operación Campamento, pero también es cierto que para nosotros el debate era más amplio, que afectaba al conjunto del suelo del Ministerio de Defensa y,
por ende, al suelo público y su orientación social. Por tanto aceptamos esas enmiendas, pero nos quedamos parcialmente insatisfechos porque en una de ellas no queda muy claro cuál es la voluntad de programación o de inventario por parte del
Gobierno con respecto a este tipo de enajenaciones. Es suficiente con que la enajenación se realice de manera prioritaria a municipios, en un marco de diálogo y de negociación con municipios y comunidades autónomas, pero creemos que no se ha
superado el riesgo de que nos encontremos ante una especie de mercadeo en relación con cada una de las enajenaciones. En todo caso, nos parece que las enmiendas son compatibles con nuestra moción.
No aceptamos, por el contrario, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por una causa muy distinta. En el caso del Grupo Parlamentario Popular, porque nos propone entrar en el debate
entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central, y nosotros no queremos entrar en ese debate sino que lo arreglen y que lo hagan mediante el diálogo y la negociación.
Desde luego, no se va a arreglar en esta Cámara por mucho
que el Partido Popular quiera que se incorporen infraestructuras que sí se han incorporado en la negociación con el Ayuntamiento de Madrid. No sé cómo el Partido Popular ha podido calcular lo que significaba esta operación y, al mismo tiempo, tiene
todavía pendiente las infraestructuras relativas a la misma. Me parece una cuestión difícil, una paradoja, pero en todo caso nosotros consideramos que no se trata de esto. En una iniciativa de estas características no se trata de polemizar entre
distintas administraciones y mucho menos de convertir a esta Cámara en una especie de oposición a otras administraciones. Nosotros creemos que la oposición se hace en esta Cámara por los grupos parlamentarios, en la cámara autonómica por los grupos
parlamentarios y en el ámbito municipal por los grupos municipales, y no se establece de manera cruzada en esta Cámara frente a otras administraciones. En este sentido no compartimos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Con respecto a las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, nos gustaría que existiera un mecanismo de programación más transparente en esta materia por lo que no estamos de acuerdo con su propuesta. No quedamos plenamente satisfechos con la
propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista y tendremos que seguir estudiando un mecanismo concreto de programación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra el señor Fernández-Lasquetty.
El señor FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC: Gracias, señor presidente.
La moción que ahora se discute trae causa del debate celebrado el pasado miércoles, debate que no fue tanto -en realidad no fue casi nada- entre el Gobierno y el grupo interpelante, sino más bien entre el Gobierno con el Grupo Popular y con
la presidenta de la Comunidad de Madrid, que naturalmente estaba ausente del Pleno. Lo cierto es que debate entre el Grupo de Izquierda Unida y el Gobierno hubo más bien poco, casi parecía que estaba concertado o escenificado, no sé si expresa o
tácitamente, pero muy lejos de los argumentos que se manejaban hasta hace muy poco tiempo. No hace tanto tiempo, PSOE e Izquierda Unida estaban de acuerdo en cosas muy distintas a las que ahora sostienen. De lo que se hablaba entonces era de
cesión gratuita de todos los terrenos militares posibles para la construcción de viviendas sociales, por supuesto sin beneficio alguno, para su aplicación a las necesidades de la defensa nacional.
Parece que hace mucho, pero no es tanto, y lo que
ha ocurrido en medio es que se ha pasado de la oposición a la mayoría gubernamental y se ve que ello atempera mucho los ánimos contra lo que antes se llamaba especulación y que ahora resulta que es cumplir la ley. Nosotros no hemos cambiado de
posición en esto; ustedes sí. Ustedes pidieron votos prometiendo una cosa y ahora gestionan esos mismos votos haciendo lo contrario. No sé si hace falta que lea el programa electoral del Partido Socialista, las declaraciones del entonces
presidente de la Junta de Castilla-La Mancha sobre unos terrenos militares en Guadalajara, o la proposición de ley sobre enajenación de suelo público para la construcción de viviendas de carácter social que el Grupo Socialista presentó en esta
Cámara hace -fíjense qué poco- 20 meses nada más. Por cierto, me llama mucho la atención la manera en que tanto el ministro de Defensa como el señor Llamazares hablaban el miércoles pasado de la Ley 50/1998 como si fuera inmutable. ¿Pero no
habíamos quedado en que todo es reformable? ¿No se puede traer a la Cámara un proyecto, una proposición de ley que modifique la obligatoriedad de enajenaciones onerosas? ¿Por qué no lo hacen? Nuestro grupo no está abogando por esa reforma, no la
propugnamos. Lo que decimos es que algo ha debido pasar cuando ahora no se quiere reformar una ley que antes se decía que era especulativa, y ese algo debe ser lo que equivale a lo que va del dicho al hecho, señorías.
Por cierto que esto también
vale para una cuestión que ha mencionado el señor Llamazares, el procedimiento de subasta, que tanto denostó el otro día el ministro de Defensa. Pues bien, si no le gusta que lo reforme y, si se deciden a dar ese paso eliminando la subasta,
esperemos que no sea para poner en su lugar un procedimiento menos transparente.
El miércoles pasado, el ministro prefirió hablar de lo que pasaba antes, o de lo que él dice que pasaba, en vez de hablar de lo que sucede ahora.
Parece ser que buscando y buscando encontró un documento de julio de 2001 conforme al cual, en
algún momento, alguien pensó en ligar la operación Campamento con la venta de la empresa pública Santa Bárbara. Eso es lo que el ministro describía como una especulación explosiva con la sobriedad retórica de costumbre. Yo me pregunto: ¿Por qué
habla de una cosa que no sucedió y, en cambio, no habla de lo que sí ha pasado? ¿Por qué no se reconoce que en todas las actuaciones que se hacen mediante convenio en la Comunidad de Madrid el porcentaje de vivienda en régimen de protección pública
supera el 75 por ciento, excepto en ésta, que es en la que interviene Defensa, y no se puede llegar al 75 por ciento sino que hay que quedarse muchos más abajo, en el 65 por ciento, porque las condiciones ofrecidas por el ministerio impiden llegar
más arriba. El ministro puede rebuscar todo lo que quiera, pero lo que nos contó el otro día sencillamente nunca fue realidad, nunca se hizo realidad, y hubo tres años por delante para haberlo hecho si hubiera sido algo verdaderamente decidido. Lo
que sí ha sido realidad es un convenio que destina el 65 por ciento a vivienda protegida, que el ministro de Defensa encontró más que avanzado por parte del equipo anterior, y si no se ha llegado a un porcentaje superior de vivienda protegida es
porque el ministerio quería tener amplios beneficios en este asunto. Se dijeron muchas falsedades el miércoles pasado; se apuntaron como propios de este Gobierno convenios que ya estaban hechos por el anterior, pero todo eso es truco político que
no tiene mayor importancia. Lo más grave es que el ministro de Defensa hiciera recriminaciones que no son ciertas y que empleara para ello un tono absolutamente inapropiado, un tono que solo puede ser calificado de machista. Es inadmisible y si no
fuera por sectarismo tendría que ser toda la Cámara, y no solo el Grupo Popular, la que exigiera al señor Bono que se retractara públicamente en este salón de plenos de lo que dijo el otro día. Por no ser cierto, ni siquiera es verdad aquello a lo
que se refería el señor Bono con esas frases. Él decía que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo primero una cosa y luego otra, lo cual no es cierto, porque las críticas a la voracidad recaudatoria del ministro Bono las hizo allí mismo, en
el acto de la firma del convenio, en presencia suya, como lo demuestra el hecho de que según los recortes de prensa el ministro Bono le contestó en el acto, si bien es cierto que de una manera bastante confusa, sobre ataques, defensas, cuentas
propias y ajenas, y no se entendía demasiado. De manera que el señor Bono dijo aquí cosas que no son ciertas y empleó un tono realmente impresentable Debería retractarse por ambas cosas y cuanto antes mejor.
Vayamos a la moción que presenta Izquierda Unida en el Pleno de hoy. Es una moción con la que nuestro grupo no está en desacuerdo. De hecho, algunos de sus puntos, como la existencia de un mecanismo que permita un conocimiento anticipado
del calendario de desafectaciones, han sido objeto de iniciativas recientes de mi grupo. Pero creemos que falta un elemento esencial y por eso hemos presentado una enmienda de adición. El nuevo barrio de Campamento va a requerir infraestructuras
importantes, va a haber 30.000 nuevos vecinos en una zona que ya de por sí tiene dificultades de acceso y de circulación. La Comunidad de Madrid va a hacer su trabajo y llevará el Metro y un intercambiador de transportes, pero el Ministerio de
Defensa, que tan importantes beneficios va a obtener de la venta de los terrenos, no puede desentenderse y debe aportar una parte sustanciosa de sus beneficios a construir esas infraestructuras. El convenio suscrito reconoce expresamente que debe
existir esa participación del Ministerio de Defensa en las nuevas infraestructuras de Campamento. El propio ministro lo admitió por tres veces aquí mismo, en la Cámara, el miércoles pasado. Además, mi grupo piensa que esta contribución del
Ministerio de Defensa no solo es aplicable a Campamento sino que en una u otra magnitud debe existir en toda actuación, porque siempre hay nuevas viviendas, siempre hay nuevos vecinos, nuevas necesidades, y el Ministerio de Defensa no puede
olvidarlo. Sin esa adición, la moción pierde un elemento esencial y por eso vuelvo a insistir al grupo autor de la iniciativa que la incorpore.
Si mantiene su decisión, como ha dicho en la tribuna, lo lamentaré; lamentaré que Izquierda Unida y
toda la mayoría gubernamental, por puro sectarismo, se desentiendan de las necesidades de infraestructura de la zona oeste de la ciudad de Madrid. En ese caso nosotros nos abstendremos.
Y a ver cómo se lo explican ustedes a los ciudadanos que
viven en Aluche, en Alcorcón o en Campamento, porque lo van a tener difícil.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Lasquetty.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado unas enmiendas de adición a la moción del Grupo de Izquierda Unida. Estamos de acuerdo en el planteamiento que hace en los diferentes puntos de la moción fruto de la interpelación; estamos de acuerdo en el uso
social, en el uso no especulativo; estamos de acuerdo en lo que dijo el ministro de Defensa sobre que esto no se puede desligar en modo alguno del interés social y que además debe evitarse cualquier atisbo de especulación, pero entendemos que haría
falta ir más allá en el sentido de reclamar que las propiedades de Defensa que ya no son utilizadas pasen gratuitamente a los municipios. Entiendo que es de justicia devolver a los municipios aquello que en su día les fue quitado, entre comillas,
porque hay precedentes de que algunas de esas propiedades de Defensa que hoy ya no son utilizadas
fueron de aquellos municipios y se adjudicaron fruto de la dictadura.
Después del uso que se ha hecho de ellas por el Ministerio de Defensa sería lógico devolverlas a los municipios. Esto tendría que afectar a otros ministerios, como
sucede con los cuarteles de la Guardia Civil que son abandonados.
Nuestras enmiendas de adición van en el sentido de abrir un periodo de tres meses en el que los ayuntamientos puedan demandar al Ministerio de Defensa la enajenación o cesión de los espacios, suelos o edificios de su titularidad
infrautilizados o en desuso, con el objetivo de realizar proyectos con finalidades sociales para las poblaciones necesitadas de ellas. Nosotros estamos de acuerdo en priorizar la vivienda, pero hay una serie de municipios en los que no tiene ningún
sentido que esos espacios se dediquen a la vivienda, tienen que ser para el interés público. A veces se habla de que municipios grandes, como Barcelona y Madrid, pueden hacer frente al pago de esos terrenos, pero también hay que tener en cuenta a
los municipios pequeños, que no tienen ninguna posibilidad de comprar esos terrenos al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior ya que se comerían la mayor parte del presupuesto municipal. Las enmiendas de adición tratan también de hacer
efectiva la enajenación o cesión de aquellos espacios de titularidad del Ministerio de Defensa infrautilizados o en desuso a los municipios que lo soliciten, siempre que el Ministerio de Defensa no acredite en el periodo de un mes, a partir de la
fecha de finalización del periodo de tres meses, un proyecto de uso para este espacio. Por último, añadimos realizar las modificaciones legales o administrativas oportunas para establecer los canales adecuados con el fin de que los ayuntamientos
puedan solicitar directamente la cesión o enajenación de espacios del Ministerio de Defensa que estén en un futuro infrautilizados. Sería de justicia reconocer estos derechos a los ayuntamientos y se haría un favor muy importante a aquellos
ayuntamientos pequeños y medianos que no pueden pagar unos terrenos por los que el Ministerio de Defensa ha obtenido un gran beneficio a lo largo de los años. Esta enmienda es como una proposición no de ley que tenemos presentada en la Comisión de
Defensa y, a pesar de que el representante de Izquierda Unida ha dicho que no acepta nuestra enmienda de adición, vamos a continuar esta batalla pacífica para conseguir que los municipios puedan beneficiarse de este derecho que entendemos que tienen
por la cesión, con el sacrificio que han hecho a lo largo de estos años. Una vez que estos espacios no son utilizados, en virtud del principio de autonomía local y de sus intereses deben ser los municipios, la administración más cercana a los
ciudadanos la que devuelva a los ciudadanos esas propiedades que en su día usaron el Ministerio de Defensa y otros ministerios. Lamentamos que el Grupo Parlamentario Socialista no acepte tampoco esta propuesta y seguiremos batallando por la vía
pacífica para que se reconozca a los ayuntamientos estos derechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, nos alegra mucho que presente esta moción porque nos permite debatir un tema que encontramos francamente importante y sobre todo porque coincide con lo que está haciendo el Gobierno socialista en cuanto al uso de interés
social que se da a los terrenos adjudicados por el Ministerio de Defensa. Esta moción también hace referencia a los criterios que se han acordado a la hora de firmar la operación Campamento entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la
Vivienda, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para que se tengan en cuenta al firmar otros convenios. Por tanto, señor Llamazares, compartimos los puntos números 1, 2 y 3 de su moción y hemos presentado una enmienda de sustitución a la número
4 de forma que se vea recogido, en la línea en que se está trabajando, el proceder del Ministerio de Defensa, y es que conforme se desafecta suelo agilice con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos su destino, teniendo en cuenta los
apartados números 1, 2 y 3 de su moción. Por tanto, señor Llamazares, apoyamos su moción en tanto que recoge la política que está haciendo el Gobierno en el uso de las enajenaciones de terreno de Defensa y nos gustaría que incorporara la enmienda
que mi grupo le presenta al punto número 4.
Habrá notado usted y todos los miembros de esta Cámara que el Gobierno Socialista ha dado un giro de 180 grados en la política de uso de los terrenos desafectados que está haciendo con ayuntamientos y con comunidades autónomas. Esto no
siempre ha sido así, y S.S. lo sabe. Por ejemplo, recordemos cuál era la práctica habitual del Gobierno del Partido Popular con respecto a los suelos de Defensa enajenados. Las enajenaciones se hacían mediante subasta, por el sistema de mano
alzada, y creo que lo dejó bastante claro el señor Bono en la interpelación de la semana pasada. El Gobierno del Partido Popular no tenía ningún interés por la vivienda protegida. De hecho, en los 34 convenios que se firmaron en ocho años se
dedicaba tan solo el 15 por ciento a vivienda protegida y los suelos más caros donde se construía vivienda en este país eran precisamente los de Defensa. Esta es la verdad, guste o no a los señores del Partido Popular. Entonces sí se especulaba y,
por tanto, el ministro Bono dijo toda la verdad la semana pasada en su interpelación. Le aseguro que ahora el Gobierno Socialista no especula. ¿Qué está haciendo el Gobierno Socialista? Lo que está haciendo va en línea, señor Llamazares, con la
moción que hoy nos presenta. Primero, no se especula. Segundo, se han realizado 21 convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas desde que empezó la legislatura; por cierto, con administraciones gobernadas por diferentes partidos políticos.
Todas estas enajenaciones van a propiciar la construcción de 15.000 viviendas, la mayoría protegidas. Por
tanto, estamos garantizando el interés social al hacer convenios con administraciones públicas y porque la mayoría de las viviendas son protegidas. El mejor ejemplo que podemos traer de cómo está trabajando el Ministerio de Defensa es la
operación Campamento. Por eso mi grupo parlamentario presenta una enmienda de adición a su moción para apoyar esta operación. La operación Campamento está hecha sin sectarismo, señores del Partido Popular. Ministerio de Defensa, Ministerio de la
Vivienda, convenio con dos administraciones gobernadas por el Partido Popular: Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. La operación Campamento es social porque se prevé la construcción de 7.000 viviendas protegidas y 1.100 se van a destinar a
alquiler. La operación Campamento es integradora porque define una estructura viaria que actúa como elemento de integración e interconexión de los barrios, y es una operación también sostenible. La operación Campamento es una realidad porque se ha
hecho por el Gobierno Socialista, que no busca especular sino que apuesta por la compatibilidad para obtener los recursos necesarios para la defensa nacional y por el uso social de esos terrenos, dando prioridad a la vivienda protegida. Señores del
Partido Popular, no vamos a dejar de recaudar dinero para la defensa nacional porque a ustedes les interese que se le de a otros para que especulen y, además, no intenten que el Ministerio de Defensa asuma una responsabilidad que no tiene. Si esas
infraestructuras de la Comunidad de Madrid son de interés general, ahí estará el Ministerio de Fomento, pero si son de interés regional tiene que estar dando la cara la comunidad autónoma, y si son infraestructuras de interés municipal, el
ayuntamiento. No intenten confundir a los ciudadanos eludiendo responsabilidades que les toca a sus administraciones cuando gobiernan. Ahora se abstienen. Ustedes suben a esta tribuna exigiendo cosas que no practicaron jamás cuando gobernaron.
Nunca han practicado una operación Campamento. Lo de ustedes era la operación especulación. ¿Cómo se puede llamar a una operación de enajenación que empieza con un precio y que en su venta final es 200 veces superior al original? Pues eso,
operación especulación. Tampoco entendemos su abstención. ¿Es que acaso no están de acuerdo con que el Gobierno socialista haga un 50 por ciento más de vivienda protegida en los terrenos enajenados de Defensa de la que hacía el Gobierno del
Partido Popular? ¿Es que no están de acuerdo con que haya vivienda protegida destinada a alquiler? Quizás no estén de acuerdo con que este Gobierno, el Ministerio de Defensa, no especule con los terrenos de Defensa como hacía el Gobierno del
Partido Popular. Quizás no estén de acuerdo con la operación Campamento, que se ha firmado entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernados ambos por el Partido Popular.
Contra hechos no valen razones. Jamás han practicado la operación Campamento, sí la operación especulación. El objetivo del Gobierno del Partido Popular sobre Campamento era una operación financiera en la que el interés no eran las viviendas
sociales sino las plusvalías, en la que el interés no era hablar de viviendas sociales sino de activos inmobiliarios. Afortunadamente eso ha cambiado con este Gobierno socialista que dice no a la especulación, sí al objetivo de interés social de
los terrenos enajenados y sí a la vivienda protegida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Díaz.
Turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Vasco? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna, en nombre de Convergència i Unió, para fijar posición ante esta moción presentada por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el uso de los terrenos en desuso de Defensa. Es una moción cuya
llegada quiero empezar aplaudiendo, pero me gustaría decir a la señora portavoz del Grupo Socialista que no debe coincidir tanto con el señor Llamazares cuando él ha tenido que presentar una moción; si tanta coincidencia hubiera no estaríamos
debatiendo ahora una moción. Lógicamente, algo debe preocupar al señor Llamazares.
Resulta curioso que en lugar de defender la posición del Grupo Socialista estemos permanentemente, en una especie de tortícolis, hablando de lo que hizo el Partido Popular. Lo que hizo el Partido Popular ya lo hizo y ustedes tienen que
gobernar, pero se pasan el día haciendo discursos que se asemejan más a los de la oposición que a los del Gobierno. Allá ustedes con la política de permanente confrontación que están instaurando en este Estado. No se entiende que en lugar de oír
propuestas estemos escuchando siempre descalificaciones de lo que han dicho unos u otros.
Ya he dicho que nosotros aplaudimos esta propuesta, y lo hacemos porque creemos que es necesaria y viene a añadirse a otras proposiciones.
Convergència i Unió presentó el 14 de febrero una proposición no de ley para elaborar un mapa de usos
de los bienes inmuebles de los ministerios de Defensa e Interior y de los criterios de cesión a otras administraciones para ser destinados a la construcción de viviendas protegidas y a otros equipamientos sociales y culturales. Aplaudimos la
propuesta pero la mejoraríamos en aspectos que son importantes. Por ejemplo, habría sido bueno que esta moción hablara de Defensa e Interior, porque el Ministerio del Interior también tiene espacios que pueden ser objeto de venta.
El punto 1 de la moción del grupo proponente dice: 'En el proceso de enajenación de suelos desafectados del Ministerio de Defensa, considere prioritaria la orientación social...' A nosotros nos habría gustado que cada vez más estos bienes
patrimoniales fueran destinados
básicamente a aspectos sociales y que se dejara de lado el porcentaje -sabemos que menor, pero porcentaje- dedicado a viviendas de otro tipo.
Sería bueno dedicar el cien por cien a orientación social. También nos habría gustado, y el
portavoz de Esquerra lo ha mencionado en la misma línea, que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tuvieran un papel más importante en esta moción. El grupo proponente habla de que se intensifique el diálogo y la concertación con
ayuntamientos y con comunidades autónomas. Nosotros habríamos querido que se incidiera más en el papel de los ayuntamientos. También nos habría gustado que no se hablara solo de vivienda social - que sí nos parece bien-, sino que también se
hablara de otros destinos como pueden ser espacios culturales, sociales, etcétera, porque hay ayuntamientos pequeños que tienen grandes terrenos que se pueden desafectar y que lógicamente no se deben destinar a vivienda, pero sí pueden destinarse a
otros espacios culturales y sociales para la juventud.
Nos gustaría que esta moción fuera de alguna forma el primer paso para lo que nosotros pedimos. Nuestra proposición no de ley habla de un mapa de usos. Nos parece bien que el ministro Bono haya dado este primer paso, claro que sí, porque
de haber poco o nada a haber lo que hay ahora, lo consideramos positivo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que este haya sido un tema puntual, lo consideramos muy centralista y con poca visión de territorio, porque en todo el Estado hay
otros municipios que tienen la misma problemática y que desearían soluciones parecidas a las del programa Campamento. ¿Qué pedimos? Pedimos un mapa que evite esta sensación de improvisación del Ministerio de Defensa, pues a pesar de esta habilidad
ya reconocida del ministro Bono para pactar con el Partido Popular, como ha hecho con la Ley Orgánica de Defensa y ahora con la Comunidad Autónoma de Madrid y el ayuntamiento, nos gustaría que hubiera una política amplia en todo el territorio en la
que se tuviera muy presentes a los ayuntamientos. Los ayuntamientos pequeños y medianos tienen poca capacidad económica, por lo que hay que ceder. Tiene que ser un plan con poco ímpetu de control; véanse los problemas que está teniendo el
ayuntamiento de Barcelona para la cesión del Castillo de Montjuich. Respecto a esta voluntad del ministro Bono de que ondee permanentemente la bandera española, el ayuntamiento de Barcelona es mayor de edad y es riguroso con el cumplimiento de la
ley como para que no le obliguen a hacer no se qué concesiones escritas. Esta tipología, este estilo político es el que no nos gusta; nos gustaría un talante por el que se ceda, y punto.
Dado que el tiempo ha terminado, quiero avanzar que nosotros nos posicionamos a favor de esta propuesta, pues aunque no la vemos en la línea que habríamos querido, nos parece positiva y sería importante que iniciara un estilo del Ministerio
de Defensa y del Ministerio del Interior para que se planificara en el Estado dónde hay espacio, qué territorios se pueden ceder, qué zonas están en desuso y dárselas a los municipios y a las comunidades autónomas que tanto lo necesitan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Señor Llamazares, ¿confirma lo dicho en la tribuna respecto a las enmiendas? (Asentimiento.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA QUE HA EMPRENDIDO EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000074.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la reforma educativa que ha emprendido el Gobierno. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, entre el miércoles pasado, cuando mi grupo interpeló a la señora ministra de Educación sobre la marcha de su anteproyecto de ley, y el día de hoy ha tenido lugar el debate, en el seno del Consejo Escolar del Estado, sobre dicho
anteproyecto de ley. No era necesario ser ningún lince ni poseer dotes de profeta, que yo no poseo -como tampoco debe de poseerlas el señor Zapatero, que lleva una temporada en que no da ni una-, para vaticinar lo que este fin de semana ha sucedido
en el Consejo Escolar del Estado. Yo dije aquí que me temía que las 1.825 enmiendas presentadas a dicho anteproyecto de ley se ventilarían en unas sesiones maratonianas, a un minuto por enmienda, y me pasé por generoso ya que el sábado estaban
liquidadas y creo que no se llegó ni al minuto de debate por enmienda. Todo un ejemplo de debate, señores de la bancada socialista. Ustedes ya no pueden sacar pecho con eso del diálogo, del talante, de la participación de la comunidad educativa.
Ha sido uno de los debates más deplorables del Consejo Escolar del Estado a lo largo de toda su historia.
De lo sucedido en el Consejo Escolar del Estado se pueden deducir dos cosas al menos. La primera, que el proyecto de la señora Sansegundo o del señor Carod está embarrancando en el seno de la comunidad educativa, no goza del respaldo de
amplios sectores de la misma, no satisface ni a tirios ni a troyanos y está provocando creciente rechazo en sectores del profesorado y de las familias, no convence. Ustedes están perdiendo la batalla en el seno del mundo educativo con su
anteproyecto de ley. La segunda impresión que produce lo sucedido en estos últimos días es que ustedes ya están decididos a guillotinar el debate educativo. Han tirado la toalla, el debate ya les resulta molesto y quieren a toda prisa pasar por el
Consejo de Estado y presentar el proyecto de ley. Un proyecto de ley que, vuelvo a repetir, no goza del mínimo respaldo de la comunidad educativa, y ello por
una sencilla razón, porque el descontento entre el profesorado y los sectores de la comunidad educativa está creciendo.
Esta sensación de que quieren guillotinar el debate a mí me la produjo la misma ministra, la señora Sansegundo, en el debate que tuvimos el miércoles pasado. Cuando hablaba de acuerdo o de diálogo, yo la encontré más bien tibia y como a la
defensiva; no hablaba de diálogo y de acuerdo con ese entusiasmo que debe caracterizar a los ministros del señor Zapatero. Sin embargo, la moción que les presento a ustedes -me dirijo especialmente a la bancada socialista- es para darles una nueva
oportunidad. Yo no sé si las resoluciones aprobadas tras el debate sobre el estado de la Nación que hicieron con sus socios de Gobierno -Esquerra Republicana e Izquierda Unida- les han instalado ya definitivamente en el club de Perpignan, han
atravesado el Rubicón y ya no quieren hacer una ley para todos, una ley que intente lograr el máximo acuerdo posible. Hoy tienen una nueva oportunidad para decir a la opinión pública y a la Cámara que eso no es así y que están dispuestos a retomar
el diálogo, el consenso y los temas fundamentales que preocupan a la comunidad educativa.
El contenido de la moción que hemos presentado es muy sencillo. Se lo hemos querido poner muy fácil para que ustedes voten favorablemente los puntos que contiene la moción. Se lo voy a explicar esquemática y rápidamente. El primer punto
no es ni más ni menos que una nueva invitación al diálogo, tras el proceso que ustedes iniciaron y que ya se puede dar por fracasado. Esta vez tiene que ser un diálogo sincero en el que se pueda debatir a fondo sobre los puntos neurálgicos que
constituyen los problemas esenciales de nuestra realidad educativa, que afectan a la calidad, a la mejora de la educación secundaria, a una verdadera y no a una falsa equidad que no dé oportunidades a todos los miembros de la comunidad educativa, un
debate para ver los puntos que hay que reformar para mejorar la escuela pública, para mejorar los resultados. Esto es lo que pedimos que voten en el día de hoy, que empiece este proceso de debate en serio, con sinceridad y que no sea un debate
trucado.
El segundo punto también es muy fácil. Ustedes en la página web del ministerio están diciendo que son falsas las acusaciones que está haciendo el Partido Popular sobre los riesgos de desvertebración de nuestro sistema educativo. Nosotros
queremos que esto se aclare, pero que se aclare de manera contundente, sin ningún tipo de ambigüedad. Nosotros volvemos a plantear como elemento esencial para el futuro de nuestro sistema educativo la necesidad de un sistema vertebrado, que
garantice una formación común a todos los escolares a través de unas enseñanzas comunes que en sus propios términos deben de representar, como ustedes saben, el 65 ó 55 por ciento del total del currículum, dependiendo de que las comunidades
autónomas tengan lengua oficial distinta al castellano, de acuerdo con sus estatutos. Ustedes deben considerar este punto enormemente razonable porque están diciendo que nosotros estamos engañando cuando planteamos la alarma en torno a esta
cuestión. En el anteproyecto de ley no hay ninguna garantía respecto de esta formación común. Hoy deberíamos zanjar esta cuestión.
El tercer punto afecta a algo que, para gran parte de las familias españolas, es en estos momentos un valor enormemente apreciado, la libertad de elegir centro docente de acuerdo con sus convicciones filosóficas, religiosas o pedagógicas, lo
cual quiere decir -y lo decimos en la moción- que los poderes públicos deben garantizar y facilitar todas las medidas para que este derecho fundamental de los españoles se pueda ejercer. Lo ha dicho el señor Zapatero, que hace pocos días se
manifestó como campeón de la libertad de enseñanza. Tienen ahora la oportunidad de no ponerle en entredicho y de no hacer quedar como un mentiroso al señor Zapatero. Esta moción quiere decir que esta voluntad de servir a la libertad de enseñanza
tiene que hacerse en serio, salvaguardando el carácter propio de los centros, sin mecanismos que lo debiliten, favoreciendo a las familias, que puedan elegir sin trabas, sin órganos que se superpongan a la relación directa y que en la programación
de los puestos escolares las administraciones educativas han de tener en cuenta las demandas de las familias.
El punto cuarto es todavía más fácil. En definitiva, supone que ustedes voten y apoyen el dictamen sobre las humanidades que realizó la comisión del año 1998, presidida por el ex ministro Ortega y Díaz-Ambrona, a la que hace cinco años
ustedes daban su respaldo. Lo tienen todavía más fácil, porque el Consejo Escolar del Estado este fin de semana, entre las cosas que ha aprobado se encuentra la de pronunciarse en contra de la asignatura educación para la ciudadanía. La mayoría de
los consejeros del Consejo Escolar del Estado ha considerado que tiene los riesgos que yo denuncié aquí el miércoles pasado: una asignatura que no tiene una disciplina científica detrás es una asignatura que está condenada al fracaso. Renuncien a
su ocurrencia, aunque en este caso sí pueda molestar al señor Zapatero.
Voy concluyendo, señor presidente. Han elaborado un modelo en el que la solución es meter todas las materias de humanidades, como la cultura clásica, el latín y algunas de carácter científico, en el saco de las optativas. Es un gravísimo
error realzar las humanidades metiéndolas en el saco de las optativas, señores socialistas, porque empobrecer las materias humanísticas va a ser una aportación letal para el futuro de nuestra educación. El siguiente punto se refiere a la necesidad
de un estatuto de la Función pública docente. En este punto están embarrancadas las conversaciones con los sindicatos y es el momento de que se comprometan a ello. El último punto pretende que, en un elemento clave de su programa electoral como es
el sistema de aumentar las oportunidades de becas, demos un paso al frente, que se aumente el umbral de las rentas para ser beneficiario de becas.
En definitiva -con esto concluyo, señor presidente-, ante esta situación en que el proyecto de ley está embarrancando, ante una conclusión de un debate que ha sido
una farsa, tienen en estos momentos una nueva oportunidad. El texto que ustedes han presentado va en contra de los más básicos y fundamentales intereses de la educación en España y la comunidad educativa se ha dado cuenta de ello. Es un
proyecto de ley que va en contra de la libertad de las familias, que va a promover una España con distintas velocidades en materia educativa, es un proyecto de ley que va a debilitar la escuela pública, que va a perjudicar a quienes más lo
necesitan, porque la equidad sin calidad es una falsa equidad. Tienen ustedes la oportunidad de rectificar votando esta moción. Sería una primera señal. Sálganse del club de Perpiñán, retiren el anteproyecto de ley y hagan una política educativa
pensando en las verdaderas necesidades de la sociedad española, contando con el mundo educativo, con profesores y familias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Grau en nombre de Convergència i Unió.
El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para defender la enmienda de sustitución que mi grupo ha presentado a la moción del Grupo Popular sobre la propuesta educativa que ha emprendido el Gobierno. Diferimos en algunos puntos esenciales de la moción que se
propone para su aprobación por el Grupo Popular, como son las competencias autonómicas, pero esto, aun siendo importante, no es lo esencial que querríamos aprobar en esta sesión plenaria. Me refiero exactamente al deseo de abrir un pacto escolar
que termine de una vez por todas con una serie de leyes que han adolecido de parcialidad. Ha sido siempre imposible obtener consenso, un consenso que no se ha dado en ninguna de las leyes de la educación que han pasado por esta Cámara: ni se dio
con la UCD, que aprobó la Ley Orgánica de Centros Docentes, ni con el Partido Socialista que en 1982 aprobó la LODE y luego la Logse, ni se ha dado posteriormente con el Partido Popular con la Ley de Calidad de la Educación. Nuestra propuesta por
el pacto escolar es por analogía, para conseguir el diálogo que hemos logrado con las pensiones mediante el Pacto de Toledo. Con ello las pensiones han dejado de ser un arma arrojadiza en las campañas electorales.
El Consejo Escolar está propuesto en nuestro programa electoral y los diarios de sesiones hablan de nuestras intervenciones en ese sentido de nuestros portavoces, la señora Pigem y el señor Duran i Lleida. Ahora es el momento de consensuar,
de establecer, de implantar un pacto escolar que debería acabar con tantos desencuentros. Debemos inscribir el derecho a la educación dentro de un contexto político global básico en el que todos los partidos nos viéramos reflejados. Lo que
queremos es una sociedad más justa, más solidaria y más humana y deberíamos empezar por apostar por la educación. Una sociedad que invierte mucho y bien en educación es una sociedad con un futuro estable. Educar es invertir a largo plazo y los
resultados reales de esta inversión aparecen después de años, precisándose políticas estables, homogéneas y bien programadas; las coyunturas no le van bien. Una alteración sistemática de los parámetros directores tiene consecuencias sobre muchos
colectivos a muy distinto nivel, o se pierde calidad de convivencia de los alumnos o se altera la calidad de la formación y, como los colectivos de alumnos sobre los que se actúa son distintos unos años con respecto a otros, los resultados se
perpetúan sin solución. Debemos considerar la educación como un pilar de futuro -así se estableció en Lisboa-, como un pilar sólido y bien cimentado en la sociedad. No podemos, señorías, pretender mejorar la educación sistemáticamente como secuela
de un cambio político de Gobierno. No es así como debe concebirse un derecho de los ciudadanos o un servicio que debe asegurar un Gobierno. El camino, señorías, es el diálogo y la participación entre los partidos políticos, entre el Gobierno y las
comunidades autónomas y entre el Gobierno y la sociedad civil.
Hemos presentado una enmienda de sustitución en la que queremos ver reflejados estos principios de diálogo conjuntamente con los de libertad de educación dentro de un sistema público. Paralelamente solicitaremos que se respeten las
competencias autonómicas contempladas en los respectivos estatutos de autonomía. No es justo que se sigan presentando recursos ante el Tribunal Constitucional a los textos legales que se aprueban en esta Cámara por entender que hay una invasión de
competencias como un recurso político de la oposición. Estas situaciones son la más clara expresión de que la falta de consenso y la falta de diálogo producen a la larga un posible endurecimiento de posiciones. Ello es la puerta abierta hacia una
nueva ley cuando cambia la orientación política de un Gobierno, el sentimiento de provisionalidad va calando cada vez más dentro de los colectivos de profesionales de la educación. Por tanto, es necesario que el marco legal que encauce la política
de educación nazca de un sentir plural y consensuado, que sea una corresponsabilidad de todos los grupos políticos implicados en las nuevas leyes y que de una vez por todas se terminen los recursos a instancias superiores.
Señorías, estamos ante un reto importante al que no puede renunciar ninguno de los grupos. El Gobierno y el partido que lo sustenta deben mostrarnos su capacidad de diálogo real con una propuesta que esté abierta al debate a partir de un
pacto escolar. Las discrepancias en relación con el concepto de sistema público de educación son importantes, las divergencias en torno a la libertad de elección de centros como una opción de libertad de la que deben disponer los padres son
importantes, pero en modo alguno insalvables. Seguro que existe una vía de encuentro en la que todos podemos andar. La búsqueda de la calidad de la enseñanza del sistema público es perfectamente concurrente con un sistema concertado y, a buen
seguro, es posible sin crear fractura social. Una futura ley de educación nacida del consenso debe acoger sin distinciones la regulación de un servicio público que debe ser
satisfactorio por tener elementos de equivalencia para los alumnos tanto de centros públicos como privados.
En estos últimos días los diferentes medios informativos han destacado distintas problemáticas en el clima escolar; hemos hablado de fracaso escolar, del esfuerzo, de la pérdida de autoridad del profesorado y de la frustración de este en
algunos casos. Junto con la sanidad, la educación representa el mayor esfuerzo público, tanto en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado como en personal funcionario al servicio de la sociedad. Debemos tener el norte claro y común.
Por ello reiteramos la necesidad de pensar ya que la nueva ley de educación sea definitivamente la primera de una nueva etapa, la de un cambio en que la madurez política nos permita diseñar el cauce de una legislación estable con los máximos apoyos
que todos los grupos la sintamos como propia.
Señorías, la tarea es ardua. La calidad del sistema educativo también abarca la redefinición de la formación docente inicial de los profesores a los efectos de garantizar el máximo nivel académico.
De no ser aceptada nuestra enmienda ni ninguna propuesta transaccional, nuestro grupo solicitará la votación separada de los puntos de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Señorías, reitero que nuestra enmienda pretende en
su inicio abrir la puerta al consenso. En principio está adecuada a la terminología del grupo proponente con el que sabemos que no va a prosperar.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau, vaya terminando.
El señor GRAU I BULDÚ: Acabo, señor presidente.
Sabemos que tampoco puede prosperar con el Grupo Parlamentario Socialista y con los partidos que le apoyan, pero a unos y a otros les decimos que estamos abiertos a reconsiderar nuestra enmienda si fuera posible establecer aquí un pacto para
la educación como una transacción de todos.
No cejaremos en nuestro empeño de conseguir este pacto escolar como un instrumento de futuro de la educación. Hoy queda dicho aquí una vez más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Fijación de posiciones. Por Izquierda Verde, la señora García tiene la palabra.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, mi intervención será para argumentar nuestro voto en contra de la moción presentada por el Grupo Popular, consecuencia de la interpelación a la ministra de Educación la
semana pasada.
Señor Nasarre, he leído detenidamente la intervención que realizó en el Pleno del día 25 con motivo de la interpelación y también la propuesta de la moción que nos ha presentado. Lamento decirles, aunque para usted no será un lamento porque
seguro que lo va a entender, que ni su intervención ni la moción me han aportado realmente nada nuevo ni relevante, nada que no conociera ya en cuanto al pensamiento de su grupo sobre lo que habría de ser el sistema educativo en nuestro país, en
cuanto a cómo entienden e interpretan las necesidades de nuestro modelo educativo actual, y sobre todo no me extrañan nada las prioridades que han señalado en su moción.
Seré rápida al explicar por qué no me ha extrañado y sobre todo por qué no estamos de acuerdo. Vamos a votar en contra fundamentalmente por dos razones, una, por el contenido de la moción y, dos, porque consideramos que este no es
precisamente un momento oportuno, no es una cuestión de oportunidad -no sé si de oportunismo, pero desde luego no de oportunidad; quiero que se me entienda-, debatir esta moción cuando estamos en pleno debate no de un proyecto de ley sino de un
anteproyecto, estamos en un debate anterior al proyecto de ley.
En el primer punto de la moción nos plantean que no está habiendo debate.
Pienso, y lo piensan muchísimos profesionales y sectores, que está habiendo bastante más debate que el que hubo con la Ley de Calidad. Lo está habiendo pues estamos
hablando de un anteproyecto y, por tanto, nos queda todavía tiempo para debatir. Coincidiría, no sé si con ustedes pero sí con algunas opiniones que hay al respecto, en que incluso necesitamos más tiempo para ese debate, lo cual no quiere decir que
ahora no lo esté habiendo; lo está habiendo hasta el punto de que ya lo estamos haciendo en el Congreso antes de presentar el proyecto de ley. Por lo tanto, debate hay, otra cosa es si estamos de acuerdo o no con lo que en este anteproyecto de ley
se está planteando.
En el segundo punto de la moción nos plantean algo que les tiene verdaderamente preocupados y obcecados. Nos hablan de la formación común.
La verdad es que, al plantear este tema como lo hacen, no puedo evitar que me recuerde años muy
anteriores a los que vivimos. El contenido que dan a la formación común no puedo entenderlo. Precisamente lo que plantean personas o informes de expertos cada vez más es que si algo se necesita para el éxito de la formación de nuestros jóvenes es
evitar demasiada uniformidad; hace falta diversidad y tener en cuenta los diferentes contextos, necesidades, etcétera. Esto no quiere decir que no haya una serie de competencias básicas comunes, que no haya un tronco común, pero la obsesión que
tienen ustedes por la formación común más bien parece, en definitiva, un continuo rechazo a la idea de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Se ha de volver a repetir porque aquí hay algún problema de entendimiento de estas
cuestiones.
En el punto tercero nos plantean que ha de existir el derecho a la enseñanza de acuerdo con las convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, y nada menos que nos pone como ejemplo el artículo 74 del Tratado de la Constitución europea.
Yo entiendo que podíamos discutir mucho sobre nuestra Constitución, pero no sé si ahora no son horas bajas para hablar de la Constitución europea o si es quizá precipitado hablar de ella.
En el punto cuatro me querría detener un poco más porque se refiere a cuestiones que están afectando y preocupando enormemente a sectores importantes de profesores, y yo entiendo que el interés que ustedes han tenido, al menos esto -y me
perdonará- es lo que a mí me parece, ha sido el de aprovechar esta preocupación, que nosotros compartimos. En los últimos días he intentado contestar al máximo de los muchísimos que, seguramente como usted, he recibido de profesores de tecnología,
música, plástica, filosofía, etcétera, preocupados por lo que plantea el anteproyecto. Estamos de acuerdo, es un anteproyecto. Nuestro grupo no ha podido contestar a todos estos correos por falta de tiempo, pero sí hemos intentado influir, crear
opinión, debatir y participar en todo esto que es el anteproyecto para, en definitiva, encontrar otras soluciones a un problema real, que es que hay equis horas lectivas y todos estamos de acuerdo en que no las podemos triplicar ni cuadruplicar.
Además hay otra cuestión que a mí particularmente me preocupa, porque yo tengo dos hijos de 17 y 11 años y por tanto tengo el tema escolar muy presente. Si no recuerdo mal, ustedes fueron los primeros que redujeron las horas lectivas de
estas asignaturas; quizá lo tengo mal entendido, pero estoy convencida de que el colectivo de profesores sabrá diferenciar lo que es una preocupación, y que sepan que a nuestro grupo parlamentario lo van a tener para intentar encontrar salidas y
alternativas a lo que en este momento se plantea, de lo que es una preocupación, entre comillas, un poco coyuntural y puntual por parte de ustedes.
En el punto cinco plantean que ha de haber diálogo con los profesionales afectados y sobre todo hablan del Estatuto de la Función Pública.
Totalmente de acuerdo, pero lo que es sorprendente es que ustedes no hayan hecho todo esto en ocho
años que han estado gobernando; esto es lo que es verdaderamente sorprendente, como lo es que en estos momentos presenten una moción planteando una serie de cuestiones que están en un proceso de discusión y de diálogo.
En cuanto al punto número 6, sobre garantizar la igualdad de oportunidades, señor Nasarre, sin intentar dar lecciones a nadie, yo entiendo que la igualdad de oportunidades se consigue con aspectos muchísimo más complejos que las becas de
estudio, de libro, etcétera, que son importantísimas, pero hablar de igualdad de oportunidades solamente con este ejemplo a mí me parece francamente pobre. Yo creo que se puede hablar en mayúsculas de igualdad de oportunidades si hablamos de
equidad, y la equidad tiene que estar relacionada no solamente con el sistema educativo sino también con todos los sistemas, entre otros muchos el productivo y el laboral, para asegurar esta igualdad de oportunidades.
Yo podría estar tres horas hablando, pero el señor presidente ya se ha enfadado hoy una vez conmigo y no voy a permitir que se enfade más. Por tanto, lo dejo aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García. Ya sabe lo que me cuesta enfadarme con usted.
Grupo Parlamentario Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Tengo que confesar que no estamos muy seguros de qué es lo que se pretende con este debate adelantado de una materia que va a tener que ser estudiada próximamente con mucho detalle en esta Cámara. Creo que la fórmula adecuada para
plantearlo no es precisamente el trámite en el que estamos, puesto que el procedimiento de discusión de esta moción tiene que ser necesariamente un debate corto, breve y genérico, ya que, como diría mi compañero de grupo Emilio Olabarría, se trata
de una cuestión poliédrica que tiene que abordarse desde muchos aspectos, algunos de los cuales han sido subrayados incluso por el señor Nasarre intentando crear un debate sobre puntos específicos de lo que puede suponer el próximo proyecto de ley
orgánica de la educación. Lo curioso además es que es imposible hacer el debate que se pretende realizar aquí basándonos en unos datos y unos textos firmes, puesto que todavía desconocemos qué va a quedar de ese anteproyecto formulado por el
Gobierno, sobre todo sabiendo que muy recientemente el propio Consejo Escolar ha realizado una serie de recomendaciones y que desde más de una comunidad autónoma se están haciendo apuntes con bastante detenimiento al texto de la futura ley.
Ya resulta un poco pesada la mención una y otra vez al club de Perpignan sobre temas de educación y sobre cualquier otro que se tercie. No creo que lo mejor para hacer amigos y para intentar sacar adelante una moción presentada por
cualquier grupo sea mezclar los temas. Estoy convencido de que a ustedes les gustaría otro tipo de club, que podríamos llamar club Alcázar de Toledo, que podría ser una mixtura del club de Santillana y el club de San Millán, pero para que este
anteproyecto vaya adelante va a tener que contar para ser un éxito con muchos más grupos que los dos mayoritarios. Lo que le puede asegurar es que por el club de Gernika no ha pasado y que el Gobierno no está mostrando un interés especial en
contrastar nuestras propuestas, aunque todavía hay tiempo. Es necesario que el debate continúe o que se concrete; que se concrete sobre el texto existente en este momento y sobre cambios en el anteproyecto de ley. A nosotros nos llama la atención
-e insisto en que, como el formato no lo permite, no voy a entrar en detalles- la ausencia en la parte expositiva del anteproyecto de toda referencia a los estatutos de autonomía, que integran, junto con la Constitución, el bloque de
constitucionalidad y que definen cuál debe ser el marco competencial en el que se desarrolle el sistema educativo en el Estado. Tenemos muy claro que hay bastantes aspectos en los que se infringe el reparto competencial vigente según el
ordenamiento jurídico existente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin querer ser exhaustivo, podría mencionar la regulación del currículo,
de los premios, concursos y reconocimientos, la formación permanente del profesorado, funciones que se atribuyen a la alta inspección, y la supervisión de los libros de texto, entre otros.
En definitiva, el debate es mucho más profundo de lo que permite esta moción. Este es un debate adelantado que no podemos realizar sobre unas bases firmes, por lo que, en nuestra opinión, no tiene mucho sentido la moción presentada por el
Grupo Popular. También he de decir que en estos momentos mi grupo tiene un recelo -creo que suficientemente justificado- sobre bastantes aspectos del texto propuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que es difícil empezar, y seguramente terminar, un intento de debate como este, que se inició la semana pasada, como ya se ha dicho, cuando se llegó a decir literalmente que el anteproyecto era malo porque tenía al
señor Carod como coautor principal y como principal valedor del Gobierno y se continuaba diciendo que el proyecto tenía que ser aceptable para el señor Carod y demás socios. Sinceramente, el señor Carod estaría seguramente muy contento de descubrir
por boca del señor Nasarre, portavoz del Grupo Popular, su gran influencia en este anteproyecto; seguramente sí. Pero, ironías al margen, empieza a resultar preocupante, incluso desde el punto de vista democrático, esta contumacia en el
razonamiento, la fijación de los señores del Partido Popular y en especial del señor Nasarre, y me ha sorprendido bastante ese talante, que no le conocía de su biografía, que llevaba bastante tiempo siguiendo con admiración. Pero si ese es el campo
en el que plantean los debates, habrá que hacerlos y sin intentar responder ni de lejos a sus planteamientos.
Puedo entender que estén enfadados con mi grupo y con otros porque fuimos responsables, y no nos avergonzamos de ello, es más, estamos
satisfechos, de la paralización que este Congreso dio a la LOCE. Entendemos el enojo, pero creo que podrían ya haberlo digerido y encaminar sus propuestas hacia otros objetivos.
Resumiendo, en la exposición de motivos están todos los demonios habituales del Partido Popular en el mundo educativo, y además aprovechando -hay que reconocer que en eso son hábiles, quizá no es difícil, pero son hábiles- que es un momento
de cambio complicado y que los diferentes sectores tienen sensibilidades distintas y, lógicamente, a río revuelto ganancia de pescadores. No lo critico, pero siempre está presente su visión jacobina del Estado: desvertebración, amenaza de la
libertad, etcétera. A veces pienso que cuando defienden tanto la libertad lo que están haciendo es defender a ultranza la posición de grupos de presión de determinados colectivos no siempre ligados solo a intereses ideológicos sino también
económicos. Pero puede ser mi visión torcida de la realidad. De todas formas, compartimos algunos problemas que detectan, como, por poner un ejemplo, los problemas de definición del currículo de las áreas en secundaria. Pero como no creo que
hayan planteado el debate en ese campo, me lo voy a ahorrar también. Reivindican un verdadero diálogo. Señor Nasarre, ¿usted se acuerda de cómo se aprobó la LOCE? No fue un dechado de perfección. Creo que se habló muchas veces de rodillo, entre
otras cosas, a la hora de aprobarlo -se pueden repasar las actas-.
Reivindican también el lugar que ustedes creen que debe tener la asignatura de religión; lo entendemos, no lo voy a criticar, nuestras posturas son muy distintas pero respetamos su
planteamiento; en democracia eso se sustantiva en los parlamentos. Podíamos estar también de acuerdo con algunas propuestas como, por ejemplo, aumentar la cuantía de las becas. Ya les ha dicho Carme García que no es solamente un problema de
aumentar la cuantía sino que también hacen falta otras medidas y sobre todo que se crean que lo de las becas no es un asunto solamente del Gobierno central. Ustedes se apuntaron mucho a no respetar sentencias del Tribunal Constitucional en becas de
diferentes ámbitos.
Hay propuestas que parecen simplemente buscar aplausos de un gran número de sectores educativos -también se lo han dicho antes-; proponen mantener unas materias y consolidar otras. De hacerse realidad, no sé de cuántas horas
semanales estaríamos hablando. Parece que hemos llegado al todo a cien, y no en euros sino en pesetas, pero no caben todas las materias, señor Nasarre. No obstante, coincido con usted en que deben consolidarse todas las materias, pero no
prometiendo a todos que tendrán tres o cuatro horas semanales porque sinceramente no caben.
Volviendo al principio, entiendo su enojo, como les decía, porque dimos nuestro apoyo a la paralización de la LOCE, pero aunque le pueda parecer que sí, este proyecto, el que hemos conocido, no se parece demasiado al que quisiera Esquerra
Republicana. Queremos que reconozca las competencias exclusivas que el ordenamiento vigente otorga a la Generalitat de Catalunya y a los gobiernos autónomos; queremos que vaya acompañado de una ley de financiación; queremos que vaya acompañado de
una mejora de las condiciones laborales de los docentes a partir del reconocimiento del grado competencial de las comunidades autónomas; queremos que mantenga el máximo grado democrático posible en la elección de directores; queremos que la ley
respete la pluralidad lingüística y cultural del Estado, abandonando la intención uniformizadora de algunos apartados de la LOCE -y no le voy a recordar los que se refieren a la enseñanza de la historia-; estamos por la existencia, y con
suficiencia financiera, de los centros concertados, eso sí, no como un derecho incondicional sino ligado a necesidades de escolarización. Evidentemente, no es nuestro proyecto, pero intentaremos llegar a acuerdos en
el proceso del debate parlamentario para intentar que salga adelante con el máximo consenso posible. Estamos convencidos de que si eso ocurre y finalmente Esquerra Republicana vota favorablemente el proyecto, habrá resultado que el señor
Carod habrá ordenado los debates y habrá decidido qué enmiendas se aceptan y cuáles no se aceptan. Ustedes sabrán entonces que es mentira, como lo saben ahora. Pero un día le dije y le repito ahora, señor Nasarre, que no es que ustedes desprecien
cuanto ignoran sino que desprecian lo que conocen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista se va a oponer y por tanto va a rechazar todas y cada una de las propuestas que hace el Grupo Popular en su moción, y lo va a hacer por lo que dicen las propuestas, por lo que a veces no dicen y por lo que
en algunos casos ponen en entredicho. En primer lugar, dicen que el Gobierno lleve a cabo una serie de aspectos que está cumpliendo con creces. En segundo lugar, no dicen que se exigen del Gobierno una serie de asuntos que o está haciendo o
creemos sinceramente que no debe hacer. Y en tercer lugar, la propuesta deja en entredicho una serie de asuntos que sabemos que el Partido Popular ha dicho de otra forma fuera de aquí, y por tanto queremos también desenmascarar esa parte oculta en
nuestra exposición. Primero se pide que se inicie un verdadero diálogo -así se le llama- con las autoridades educativas. El Ministerio de Educación lo ha hecho desde el mismo 14 de marzo, cuando se ganaron las elecciones, siguiendo por la
propuesta que hizo a través de una educación de todos, para todos y entre todos, a través, por supuesto, del anteproyecto y a nivel institucional. Que el Consejo Escolar haya concluido en los últimos días -en los últimos días, repito- el debate que
ha llevado meses no quiere decir que esos hayan sido los únicos momentos en los que este se ha producido. Ha habido debate en el Consejo Escolar, lo hay en las reuniones de la Conferencia sectorial, en la que están los consejeros del Partido
Popular -y no solo- representados; también ha habido un debate social entre las organizaciones de padres, de profesores, de alumnos, de estas con el Ministerio de Educación, de los sindicatos con el Ministerio de Educación y también hay un debate
político que aumentará, por supuesto, y que tendrá un protagonismo especial cuando entre en este Parlamento el anteproyecto como proyecto de ley. Además se pone el acento en el temor de que el sistema educativo no tenga una formación común para
todos los alumnos españoles. Eso tiene una traducción en un número mágico que ustedes han encontrado y que repiten mucho fuera de aquí, que es el 17: va a haber 17 sistemas educativos distintos. Nosotros esperamos que ese número se quiebre, que
se quiebre ese discurso, especialmente porque a raíz de los acuerdos que ha habido -en donde también se ponía el 17 por medio- en la Comunidad Valenciana, en los que ha participado el Partido Popular, seguramente no habrá posibilidad de seguir
reivindicándolo. La realidad es que hay un respeto absoluto a todas las competencias constitucionales, al bloque de constitucionalidad y también al anteproyecto. En cualquier caso, dígannos dónde no es así para intentar llegar a acuerdos con
ustedes y, por supuesto, con los demás grupos.
Piden también en esa moción que se reconozca el derecho de las familias a que se reflejen las convicciones morales, filosóficas y pedagógicas -así lo indican- sobre sus alumnos, sobre sus hijos. Las
convicciones religiosas están, por supuesto, aseguradas; el presidente del Gobierno ha dicho que se van a respetar los acuerdos con las confesiones religiosas y lo ha dicho la ministra de Educación, y por supuesto -cosa que ustedes no citan-
también pretendemos respetar los derechos de quienes no optan por la religión, y esa es una de las cosas que quedan en entredicho. En relación con las convicciones filosóficas, es un término tan genérico que es dificilísimo ponerse de acuerdo.
¿Qué convicciones filosóficas, señor Nasarre, las suyas o las mías? Seguramente tendríamos que buscar y encontrar un referente común, y solamente -puesto que estamos hablando de una ley orgánica que desarrolla derechos- lo encontraríamos en los
valores constitucionales, que, por cierto, ustedes dicen que es un adoctrinamiento. Ustedes llaman adoctrinar a hablar de valores constitucionales en la escula. En relación con las convicciones pedagógicas, las leyes que ustedes elaboraron echaron
a la familia de la escuela. Es decir, ustedes pretenden que haya un respeto a las convicciones pedagógicas de las familias, cuando éstas no pueden participar en la escuela porque se les restaron las competencias de gestión de la educación,
disminuyéndolas y pasándolas solamente a información.
Además nos piden que se respete el dictamen de las humanidades. Desde el dictamen de las humanidades en el año 1998 hasta el día de hoy han pasado siete años y dos evaluaciones Pisa. Por tanto, algo tendrá que modificarse aquel dictamen.
En cualquier caso, ustedes no lo respetaron.
Y no lo respetaron porque lo llevaron a la práctica mediante unos decretos en los que las humanidades disminuían su presencia, por ejemplo, en el caso de las enseñanzas artísticas, y era una
contradicción evidente que se pretendiera potenciar las humanidades disminuyendo la presencia de algunas materias contempladas en esas humanidades. Ustedes se suben a todos los autobuses que pasan por su puerta, no solo de las humanidades, pero
ignoran que se ha determinado y asegurado por parte del Ministerio de Educación que la filosofía va a seguir presente para todos los alumnos de bachillerato y que el resto de humanidades en cuestionamiento, como las artísticas, la tecnología o la
plástica, se van a incluir de otra manera, con otra estructura distinta, pero manteniendo su presencia cuantitativa y
cualitativa. Piden también un estatuto de la Función pública, cuando los sindicatos nos dicen que el acuerdo para conseguir ese estatuto se tiene que gestionar desde los acuerdos, valga la redundancia, que haya en la mesa sectorial
correspondiente educativa de los propios sindicatos con el Ministerio de Educación. Por supuesto, no queremos negar las competencias que tiene este Parlamento para decidir en última instancia, pero seguramente incorporaremos de buena gana todos los
grupos aquí presentes los acuerdos que se produzcan en esa mesa, teniendo en cuenta además que para transformar esos acuerdos en un estatuto alguna consideración tendremos que tener también hacia el estatuto de la Función pública que en su momento
se llevará a cabo.
Por último, y como no tienen otra manera de rizar el rizo, hablan de las becas. Estamos seguros de que la sociedad española -desde luego el Grupo Socialista no lo va a hacer- no les va a cambiar a ustedes el cromo de la posibilidad de
solicitar más becas por la realidad que tienen. El Gobierno Socialista ha aumentado las becas en 36 millones de euros en el año 2004 y en casi 90 millones de euros en 2005. Eso supone casi 85.000 becarios más, con un aumento del 7 por ciento del
número de becarios, un aumento del 7 por ciento del total de las becas, y ustedes pretenden ahora decir que un simple aumento -por supuesto que también lo ha hecho el Grupo Socialista- de la base para solicitar esa beca es insuficiente.
Creemos que el debate está abierto, como decía, y vamos a rechazar esta moción. Y creemos que el debate está abierto porque, como ha dicho el señor Nasarre desde el subconsciente traicionero, el debate está abierto y continúa. Por tanto,
todos los grupos políticos aquí presentes van a tener la oportunidad de exponer también en esta sede parlamentaria lo que creen sobre el proyecto que el Ministerio de Educación tiene en marcha.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Benzal.
Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Aunque muchos de los puntos del grupo enmendante de Convergència Unió son coincidentes, lo que le agradezo, con nuestra moción, al no ser de adición sino de sustitución, no los podemos aceptar. En cambio, mi
grupo aceptaría la propuesta de que se voten separadamente los puntos de la moción.
El señor PRESIDENTE: ¿Cuáles?
El señor GRAU I BULDÚ: Señor presidente, confirmo la solicitud de votación separada del punto 2, del punto 3 y del resto de la moción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el uso de suelo de Defensa en
operaciones similares a la denominada operación Campamento y el interés general, que se votará con las enmiendas de adición del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 162; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la reforma educativa que ha emprendido el Gobierno. Se ha pedido votación separada de los puntos 2, 3, 5 y a continuación el resto.
Votación del punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 130; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 143; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Siguiente votación, punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 131; en contra, 167; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Última votación, resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 130; en contra, 156; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.