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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 84, de 21/04/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 84
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 79
celebrada el jueves, 21 de abril de 2005
ORDEN DEL DÍA: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (procedente del Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio) 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 3-1, de 13 de julio de 2004.
Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 3-21, de 4 de abril de 2005. (Número de expediente 121/000003.) ... (Página 4084)
- Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 16-1, de 1 de diciembre de 2004. (Número de expediente 121/000016.) ...
- Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 18-1, de 21 de enero de 2005. (Número de expediente 121/000018.) ...
- Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 125-1, de 29 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000110.) ... (Página 4121)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas - Proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. 'BOCG.
Congreso de los Diputados',
serie A, número 24-1, de 18 de febrero de 2005. (Número de expediente 121/000024.) ... (Página 4134)
- Proposición de Ley del Senado, de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 160-1, de 4 de marzo de 2005. (Número de expediente 124/000003.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 4084)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (procedente del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio) ... (Página 4084)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ramón Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio ... (Página 4094)
El señor ministro de Justicia (López Aguilar) agradece en primer lugar la gentileza de la Presidencia por concederle la oportunidad de expresar el punto de vista del Gobierno en este trámite de votación en el Pleno del Congreso del dictamen
de la Comisión del proyecto de ley de modificación del régimen de separación y divorcio. Esta iniciativa legislativa, explica, se corresponde con un eje troncal del programa del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero y con los ejes
vertebrales del programa de actuaciones que ha comprometido ante el Parlamento el propio ministro de Justicia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Navarro
Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio ... (Página 4110)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); la señora Pigem i Palmés y el señor Guinart Solá, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las
señoras Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Justicia (López Aguilar).
Proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal ... (Página 4121)
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los efectos de aclarar el sentido de las votaciones de las enmiendas intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Torme Pardo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A petición de la Presidencia el señor Campos Arteseros retira la expresión que pronunció en la sesión plenaria de ayer, miércoles 20 de abril.
El señor Labordeta Subías pide la palabra para hacer constar que en el Pleno de ayer también se le insultó a él por parte de algún diputado del Grupo Parlamentario Popular y el señor presidente hace una distinción entre lo que se considera
frase o palabra inadecuada, como la retirada por el señor Campos Arteseros, y lo que es un incidente.
Se procede a las votaciones de las enmiendas y del dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
En segundo lugar, se procede a las votaciones de las enmiendas y del dictamen del proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
En tercer lugar, se procede a las votaciones de las enmiendas y del dictamen del proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
Finalmente se procede a las votaciones de las enmiendas y del dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal.
Sometido a votación de conjunto este último proyecto de ley por tratarse de una ley orgánica, se aprueba por 191 votos a favor y 135 en contra.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 4134)
Proyecto de ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias ... (Página 4134)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). Manifiesta que el Gobierno persigue que el debate que hoy se inicia sobre las cámaras agrarias concluya con el máximo acuerdo posible
tanto entre los grupos políticos representados en esta Cámara como con las organizaciones profesionales agrarias. A continuación explica los objetivos del proyecto de ley y se refiere a la antigua ley, todavía en vigor, de cámaras agrarias. Afirma
que la ley en vigor debe ser derogada para dar satisfacción, por una parte, a las demandas expresadas por el conjunto de las comunidades autónomas, que ven en la Ley 23/1986 un obstáculo para la ordenación eficaz de sus respectivos sectores
agrarios, y por otra, para establecer un mejor instrumento de representatividad e interlocución.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Popular interviene la señora Naharro Mora.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de ley del Senado, de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras ... (Página 4144)
Defiende la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso el señor De la Encina Ortega.
En turno en contra interviene el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Replica el señor De la Encina Ortega, y duplica el señor Jané i Guasch.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias, se rechazan por 122
votos a favor y 179 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución a la proposición de ley del Senado, de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, se aprueba por 168 votos a favor y 132 en contra.
Se levanta la sesión a las cinco de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2004, DE 18 DE JUNIO. (Número de expediente 121/000003.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señorías, antes de comenzar la sesión quisiera decirles que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, la votación relativa al carácter orgánico de la proposición de
ley orgánica de modificación del Código Penal, que se debate esta mañana, no tendrá lugar antes de las doce de la mañana.
Por tanto, sólo con posterioridad a las doce de la mañana votaríamos la organicidad de dicha proposición de ley.
Comenzamos, pues, con el dictamen de Comisiones sobre iniciativas legislativas, y lo hacemos con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, procedente, como ustedes conocen, del
Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio.
Como saben, el inicio puede realizarse presentando el dictamen un diputado de la Comisión, si ésta lo hubiera decidido así, y por eso paso a preguntarles si hay algún diputado que haya sido encargado por la Comisión para defender el
dictamen. (Pausa.)
Si no es así, pasaríamos a darles la palabra a SS.SS. para defender sus enmiendas en sus turnos a favor y en contra. Comenzamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Barkos Berruezo.
(Rumores.)
Por favor, señorías, para dar comienzo al Pleno sería necesario que tomaran posesión de sus escaños y guardaran silencio.
Disculpe, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, para dar por defendidas las enmiendas Nafarroa Bai, tanto las presentadas en solitario, números 12, 13, 14 y 15, como las presentadas con Esquerra Republicana de Catalunya.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Barkos.
Continuamos con el Grupo Mixto, en este caso tiene el uso de la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, damos por defendidas todas las enmiendas de Chunta Aragonesista no aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente. De todos modos, anunciamos que votaremos a favor de este proyecto de ley, porque entendemos que lo más importante en
estos momentos es derogar el trasvase del Ebro, alejar cualquier posibilidad de repetir esta actuación tan perjudicial no solo para Aragón sino para toda la cuenca.
Hemos avanzado mucho para construir la nueva cultura del agua, no es un proyecto perfecto pero reconocemos que se han dado muchos pasos y recordamos que se aprueba la modificación de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional y lo que efectivamente se vota difícilmente se puede estar en contra.
Además, por si les faltaba algún dato más de juicio, señores del Partido Popular, el propio Defensor del Pueblo nombrado por ustedes ha cuestionado también en su último informe, el del 2004, los planteamientos medioambientales del trasvase
del Ebro. ¿También es un mal español por decir lo contrario de lo que ustedes piensan? ¿Lo unen a la lista de científicos, expertos e instituciones nacionales e internacionales que han rechazado el trasvase del Ebro?
Pasando a las enmiendas puntuales, me gustaría aclarar que hay una concreta referida a la derogación del Pacto del agua tal y como se planteó en 1992 en Aragón. Las propias Cortes aragonesas han asumido su revisión y se está trabajando en
un nuevo modelo en el que ya no existen obras como Santa Liestra o como Jánovas. Por tanto, que no se alarmen los señores del Partido Popular y del PSOE, solo queremos que figure en ley lo que está en la realidad.
En el tema del crecimiento del pantano de Yesa solo pretendemos mantener nuestra coherencia territorial. Decimos lo mismo en Artiaga, en las Cinco Villas, en Zaragoza y en Madrid, porque desde el comienzo nos hemos opuesto a estas obras con
alternativas avaladas por expertos científicos.
¿Se puede opinar o es que quieren seguir con la teoría del buen o mal español aplicado en Aragón, según se opine? Que yo sepa, esto es una democracia. Además, me gustaría destacar, ya que es muy
importante que se aprueben, unas muy concretas enmiendas de Chunta Aragonesista para declarar el interés general de las elevaciones de El Grado, de Noguera Ribagorzana y del embalse de Marracos.
Ante las dificultades por las que pasan los diferentes sistemas de riego, creemos que es importante que se tomen medidas urgentes y extraordinarias que permitan la dotación de caudales a corto, medio y largo plazo. De aprobarse, supondrían
asegurar e incrementar los caudales para los actuales regadíos y los futuros, especialmente en épocas de sequía como la que actualmente estamos viviendo. Queremos recordar que son los propios sistemas los que reclaman el bombeo del volumen muerto
de El Grado, que supondría unos 160 hectómetros cúbicos, es decir, similar al que se almacenarían en el embalse de Biscarrués. Cada metro de elevación supondría contar con siete hectómetros cúbicos, y teniendo en cuenta la declaración de interés
general se reduciría el coste para convertirla en una solución asumible, que paliaría en parte la dramática situación que viven muchos de nuestros regadíos.
En cuanto al embalse de Marracos, proyecto del que ya se habló en los años cincuenta y posteriormente junto al debate de la traída de aguas a Zaragoza, hay que resaltar que es una pieza de regulación del río Gállego, que podría llegar a
tener una capacidad de almacenamiento de 200 hectómetros a medio plazo, con afecciones menores a otros proyectos, ya que no habría que inundar ningún núcleo urbano. Esperamos el apoyo del partido mayoritario a estas enmiendas. Antes de terminar,
querría presentar in voce una corrección técnica, que es desestimar la construcción del pantano de Jánovas, dado que este pantano estaba incluido en la resolución sobre el denominado Pacto del agua de Aragón, aprobado por el Pleno de las Cortes de
Aragón en su sesión del 30 de junio de 1992, que figura como tal íntegramente en el artículo 36 de la vigente ley del Plan Hidrológico Nacional.
Nada más muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para defender sus enmiendas tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: No sé si voy a poder ser tan breve como el señor Labordeta. Sé que llevamos mucho tiempo hablando de este tema, pero todavía hay muchos puntos por tratar. Lo que estamos discutiendo es un tema de especial
trascendencia. Lo llevamos discutiendo desde hace tiempo cuando votamos el real decreto, con las enmiendas a la totalidad de devolución del Partido Popular. Lo cierto es que la derogación del trasvase del Ebro ha supuesto un gran paso adelante en
el avance de la nueva cultura del agua. Una derogación que fue consecuencia no solo de las exigencias que planteamos para apoyar la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, sino de un gran consenso compartido por la comunidad científica, por
grupos ecologistas, por gran parte del territorio. De hecho, era la única respuesta a aquella concepción en la que el agua se concebía como un bien inagotable y en la que los ríos que acababan en el mar parecía como si fuese un acto romántico. Sin
duda se dio respuesta al discurso del Partido Popular, discurso que en algún momento y en el pasado ya lejano, por suerte, compartió el Partido Socialista, a una demanda que compartían los grupos ecologistas radicales, que comparte la OCDE, la
directiva marco del agua, que es propio del siglo XXI y que no responde precisamente al desarrollismo de los años cincuenta.
El real decreto que hoy vamos a votar obedece a la derogación de la máxima expresión de esa antiquísima cultura del agua, que es la derogación del trasvase del Ebro. Tenemos que decirlo. Tenemos que recordar de dónde partíamos y saber que
se ha dado un gran paso adelante. Pero, tal como dijimos en su día, el real decreto aborda una nueva cultura del agua en lo más simbólico, pero aún deja algunos elementos de vieja cultura del agua. Por eso, nuestro grupo parlamentario presentó más
de 50 enmiendas en un sentido muy diverso. Hay recorrido en instrumentos de gestión de la demanda y el ahorro. Hay infraestructuras que obedecen más a la terrible guerra del agua que el Partido Popular ha querido instalar que a la nueva cultura
del agua que se debe impulsar. Y hay un tercer grupo de enmiendas en
las que planteamos más autogobierno. Por ello hubo enmiendas que presentamos junto con el Partido Socialista y Esquerra Republicana en las que incorporábamos una mejor gestión: que la eficaz planificación no supusiese la sustitución del
Estado en el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas, que el PIDE, Plan de integración para el delta del Ebro, se redactara en menos de un año, que se incorporara una definición del caudal ecológico, que va mucho más allá de la
directiva marco del agua.
Además, más allá de estas enmiendas conjuntas, en la Comisión conseguimos pactar y negociar tres transacciones de gran trascendencia. La primera de ellas con la definición de las características del PIDE, garantizando las funciones
ecológicas del río, definiendo medidas necesarias para evitar la subsistencia y la regresión del delta, mejorando el hábitat físico y garantizando las funciones del corredor ecológico. El segundo ejemplo ha sido que la conexión CAT-Abrera no se dé,
que la conexión entre el Ebro y el área metropolitana de Barcelona finalmente no se produzca. ¿Y por qué lo hemos planteado? Por un ejercicio de coherencia. Desde Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds decimos lo mismo en
el Ebro y en Barcelona, es decir, que hoy lo que no vale para conseguir una correcta gestión del agua es hacer más conexiones o más trasvases.
Por este motivo planteamos que no se diese la conexión catabrera, y lo conseguimos en las enmiendas, pero
también hemos conseguido algo que hasta el momento no se había producido: que las obras sustitutivas de esta conexión las gestione la Generalitat de Catalunya.
Podemos decir que hemos conseguido aquello que en 23 ó 24 años de gobiernos de Convergència i Unió no se había producido, aunque decían que defendían mucho Cataluña. Lo cierto es que con estas enmiendas se va a conseguir no solo que no se
conecte CAT-Abrera, por supuesto que se renuncie a aventuras como la del trasvase del Roina, sino que además sea la Generalitat de Catalunya quien gestione las obras y que lo haga con recursos. Desde nuestro grupo parlamentario (que por supuesto
forma parte del Gobierno de la Generalitat y en el que el consejero Milá, que hoy nos acompaña, juega un papel trascendente) pensamos que se va a dar un gran paso adelante en este sentido. En coherencia con eta medida, creemos que precisamente si
hoy en Barcelona se está renunciando al trasvase del Ebro se podría renunciar a otros muchos trasvases que aún están planteados.
El tercer ejemplo. Una transacción a partir de más de una decena de enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario que lo que hace es instar al Gobierno a una auténtica política del agua en el sentido de la nueva cultura del agua.
Por ejemplo, plantea que se revise la trasposición de la directiva marco, que se adopten los planes hidrológicos de cuenca a lo establecido en la norma, que se reforme el Consejo Nacional del Agua en el mismo sentido, que se revise el Plan de
saneamiento, que se actúe en materia de protección y gestión de aguas, que se actúe en materia de protección de los humedales existentes, que se actúe en materia de gestión de pantanos para recuperar los sedimentos que pueden aportar mucha vida a
los ecosistemas de los ríos y a los deltas, que haya actuaciones dirigidas a fomentar el ahorro del agua, etcétera.
A estos tres elementos se suman otros dos que hoy podemos transaccionar, en los que podemos llegar a un acuerdo con el grupo mayoritario. En primer lugar, la revisión del Plan Nacional de Saneamiento a que hace referencia la disposición
adicional séptima del texto del dictamen para que fije que el destino del agua regenerada dé un carácter preferente a la siguiente prelación: la recuperación de caudales ambientales; en segundo lugar, usos agrícolas; en tercer lugar, usos
industriales, y, por último, -y es importante- usos de ocio. Creemos que esta prelación es de gran trascendencia para impulsar una política del agua en un sentido de sostenibilidad.
Segundo ejemplo: que las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias adopten disposiciones legales necesarias para aplicar medidas de ahorro. No voy a hacer la relación de medidas que aportamos en la enmienda,
pero creemos que puede ser un gran avance. En el mismo sentido, y aunque estos han sido avances sustanciales, hay que decir que aún tenemos recorrido y que en el marco de la nueva cultura del agua en este dictamen que hoy vamos a aprobar aún hay
mucho margen para la mejora. No voy a relatar diferentes enmiendas que lamentablemente el Grupo Socialista lamentablemente hoy por hoy no apoya; de hecho hay algunas en materia de competencias, hay algunas que plantean, por ejemplo, que cualquier
regante demuestre que sus trabajadores están en regla. Ustedes saben que hay muchos regadíos que son competitivos desde el punto de vista económico, pero lo son precisamente por la explotación que se hace en determinadas zonas agrícolas. Pues
bien, sería bueno que hubiese un compromiso para que los regantes, si realmente tienen un regadío que es competitivo, garanticen que tienen a sus trabajadores contratados, que los tienen con los papeles en regla.
Hemos planteado otras enmiendas como, por ejemplo, si tiene sentido mantener los trasvases como objetivo si abogamos por una nueva cultura del agua; no las voy a relatar. Pero quiero destacar un elemento que para nosotros es fundamental,
es importantísimo. Hemos conseguido un gran avance, hemos derogado el elemento más simbólico de la antigua cultura del agua: el trasvase del Ebro; pero nos hemos dejado por el camino un trasvase importante, el trasvase de un río que no llega al
mar la mayor parte del año y en el que pretendemos que se haga un trasvase a partir de los acuíferos. Se trata del trasvase del Júcar-Vinalopó, la señora Narbona lo conoce bien; es una obra conceptualmente idéntica a la del trasvase del Ebro, que
a nuestro entender responde a la misma visión obsoleta de los trasvases, que está superada por ese estructuralismo hidráulico y precisamente cuando el Gobierno
suprime el CAT-Abrera o el trasvase del Ebro mantiene el trasvase del Júcar-Vinalopó. El proyecto ha sido severamente criticado por muchos sectores, también por la propia ministra tal y como lo planteó el ministro anterior. La comisión
técnica del trasvase del Júcar-Vinalopó ha establecido que el Júcar precisamente no dispone de recursos para hacer viable el trasvase, ni siquiera contando con los eventuales ahorros de la modernización de los regadíos de la ribera. Por ello, el
Gobierno ha propuesto utilizar el acuífero de la Plana de Valencia para alimentar el trasvase.
Ni siquiera suprimiendo hoy los caudales ambientales y utilizando las aguas subterráneas de Valencia existiría agua suficiente para completar ese trasvase. La junta central de los usuarios del trasvase adeuda precisamente a la Sociedad
Estatal de Aguas más de 23 millones de euros, con lo cual tendríamos que discutir si realmente es viable desde el punto de vista económico. El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 20 de octubre de 2004, ha anulado varios artículos del Plan
hidrológico del Júcar, entre ellos el 24.c.15, que autoriza la asignación de agua del Júcar a la cuenca del Vinalopó. Existen además alternativas reales. Lo cierto es que mediante una enmienda que nos planteaba el Grupo Socialista hemos conseguido
un pequeño avance. Se habla de que en el marco de la revisión del Plan hidrológico de la cuenca del Júcar se establecerán los caudales ambientales del río Júcar, incluida su desembocadura -cuestión importante- y la Albufera de Valencia; se
establece que las normas de explotación de obligado cumplimiento que garanticen que la transferencia de agua queda condicionada a la disponibilidad de los caudales ecológicos que se establezcan para el Júcar se adecuarán en su funcionamiento para la
Albufera, así como el mantenimiento de los acuíferos de la Plana de Valencia y del Caroch, de acuerdo con el plan de desarrollo sostenible, conforme a las directivas; se establecen además normas de participación, lo que sin duda alguna supone un
avance. Pero el problema que tenemos es: ¿podemos conformarnos hoy con el avance o deberíamos decir simplemente que se suspenden las obras?
Nuestro grupo entiende que son medidas, por supuesto, que van en la línea del cumplimiento de la ley, que está bien que se expliquen, porque tienen valor político, por supuesto que es positivo; pero nuestro grupo parlamentario -y así se lo
transmitimos a la ministra y también a la portavoz socialista- entiende que lo que sería necesario, imprescindible sería que se suspendiesen conociendo todos los elementos que tenemos encima de la mesa: la sentencia del Supremo, la casi unanimidad
en la comunidad científica, el hecho de que hoy el trasvase se sitúe más en la vieja cultura del agua que no en la nueva y sabiendo, además, que desde la plataforma para la defensa del Ebro -plataforma para la defensa del Ebro que nos acompaña hoy-
se teme precisamente que el trasvase del Júcar-Vinalopó pueda ser en el futuro una pieza más de un posible trasvase del Ebro.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Herrera, por favor, le ruego que concluya.
El señor HERRERA TORRES: Acabo, señora presidenta.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a mantener las enmiendas que hemos planteado; enmiendas que mejoran la gestión del agua, enmiendas que derogan precisamente infraestructuras que se ubican en la vieja cultura del agua. Por ello
nuestro grupo no niega que hoy también se den grandes avances en la mejora del real decreto-ley con las enmiendas que hemos incorporado, dando mayor autonomía, sin lugar a dudas, al Gobierno de la Generalitat y sabiendo que hoy también es un gran
día para el Ebro, y lo es porque se va a constatar que se deroga esta obra, que era la máxima expresión de esa vieja cultura del agua, es decir, el trasvase del Ebro.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Señorías, se lo solicité al señor Herrera y se lo sugiero al resto de portavoces, por favor, sería importante que nos ajustáramos un día como hoy al tiempo previsto para cada una de las intervenciones.
Continuamos con el turno de Esquerra Republicana de Catalunya. Señora Bonàs, tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas, aquellas que han firmado solo su grupo parlamentario y asimismo aquellas que tienen ustedes firmadas con el
Grupo Mixto.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Damos por defendidas nuestras enmiendas. Señorías, hoy es un gran día, hoy es un gran día para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de la fragilidad de nuestros ecosistemas, de nuestro medio ambiente. Es un gran día
para aquellos ciudadanos y ciudadanas que, conscientes de la grave amenaza para el delta del Ebro que suponía el trasvase del Ebro, se movilizaron para conseguir su derogación. Y es un gran día para nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, que puede ser portavoz de la voluntad de aquellos ciudadanos y ciudadanas que depositaron en nosotros su confianza.
Ante todo quiero saludar a los representantes de la plataforma para la defensa del Ebro, porque con su dedicación, su tenacidad, buscando criterios científicos, huyendo de demagogias han sentado un precedente en la forma de trabajar de las
plataformas cívicas; sin su esfuerzo no sé si hoy estaríamos debatiendo este proyecto de ley. Han sido incansables, han viajado a Madrid, han viajado a Barcelona, han viajado a Bruselas y gracias a su esfuerzo hoy han tenido resultados. Durante
el trámite de este proyecto de ley ha habido muchas ocasiones de debate, ha habido tiempo de escuchar a comparecientes científicos y reflexionar sobre la llamada nueva cultura del agua. Pero a la vista de las
enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular no ha entendido o no ha querido escuchar. Se ha mantenido en su postura a favor del trasvase. Señorías del Grupo Popular, tienen ustedes razón, el agua es para todos y el delta del Ebro es para
todos, para las personas que viven en él y para los nietos de los valencianos que espero algún día puedan visitar, y para los miles de ciudadanos de todo el mundo que vienen a conocer este paraje incomparable, fruto de la labor paciente de la
naturaleza, que algunos pretenden destruir por intereses particulares. Para ello no han dudado ustedes en utilizar la demagogia, incluso incentivar el odio. Encender la llama del odio es muy fácil, más cuando se puede acusar a los catalanes.
En
España odiar a los catalanes siempre es rentable electoralmente. En este caso, como se nos podía acusar a los catalanes de insolidarios, era perfecto para establecer una estrategia de demagogia y encender los ánimos a favor del trasvase,
argumentando unas necesidades hídricas, que si bien en parte existen, ustedes saben que no es viable satisfacerlas a base de grandes infraestructuras. Consideren, por favor, que si bien es fácil encender la llama del odio, no lo es tanto apagarla.
Ya sé que pedir al Grupo Popular que reflexione sobre su actitud hacia el trasvase es inútil; es inútil porque es un partido coherente y como partido de derechas debe defender los intereses de los lobbies a quienes representan. La izquierda debe
defender los derechos de la mayoría, la que no posee medios materiales de presión. Esta coherencia de la derecha es la que pedimos al partido del Gobierno.
En el plan hidrológico del Grupo Popular está incluido el trasvase Júcar-Vinalopó. Ya debatimos en esta Cámara las causas por las que opinamos que no es viable este trasvase. En la permanencia de esta obra en el plan hidrológico es donde
vemos la falta de coherencia de la política ambiental del Gobierno socialista, cuando la propia ministra lo ha calificado como un engaño. Está viendo que el Júcar no dispone de suficiente agua para trasvasar y va a construirse un canal de más de 50
kilómetros, que supondrá un fuerte impacto ambiental en una zona que debería ser parque natural. El caudal del Júcar ha bajado drásticamente en los últimos años. El propio canal del Júcar es el ejemplo que el Libro Blanco del agua utiliza para
demostrar hasta qué punto un río pierde caudal por la intervención humana.
Según la declaración de impacto ambiental de la conducción, las aguas del trasvase deben proceder exclusivamente del río Júcar. Deberá tenerse en cuenta que estudios recientes sobre la Albufera alertan que el agua del Júcar es vital para su
equilibrio ambiental. La propia Comisión Europea, en su comunicación sobre las condiciones para la financiación, apunta que las aguas trasvasables deben proceder principalmente de la optimización de regadíos. Esto significa que las aguas del
Júcar, que ahora llegan a la Albufera mediante riegos por inundación, en el momento en que se optimicen los regadíos dejarán de llegar a la Albufera y se trasvasarán a Alicante, es decir, estamos poniendo en peligro el ecosistema de la Albufera.
¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿De mantener una economía basada en la construcción? El crecimiento basado en la construcción conlleva unos costes que después pagamos con fondos públicos. Los jubilados de la verde Europa deben saber que en el
Mediterráneo, si bien hay mucho sol, hay poco agua y muy cara. Sabemos que ha habido presiones, pero creemos que es un gran error seguir con esta obra. Ayer se publicó en la prensa que el presidente de la Comunidad Valenciana tiene la intención,
una vez organizada la costa, de seguir la intensa urbanización en las comarcas del interior, incluido el Vinalopó.
Señora ministra, si el Partido Popular, siguiendo su coherente política de derechas, de velar por los intereses de los constructores y promotores, a costa del bien común, como es el agua, continúa presionando a los medios de comunicación
sobre la necesidad imperiosa de esta obra, usted debería considerar seriamente su posicionamiento. A pesar de esta incoherencia del Gobierno, votaremos a favor de esta modificación del Plan Hidrológico Nacional, sabiendo -y en ello vamos a
trabajar- que no será la última modificación del Plan hidrológico del Partido Popular, pero daremos libertad de voto a los componentes de nuestro grupo parlamentario porque, a pesar de los grandes avances que supone esta modificación, hay muchos
puntos que deberían mejorar y vamos a trabajar para que mejore.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Bonás.
Señor Guinart, tiene usted la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para la defensa de sus enmiendas.
El señor GUINART SOLÁ: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para defender las enmiendas todavía vigentes en la tramitación de la modificación de la Ley 10/2001, del Plan
Hidrológico Nacional. Por cierto, el debate de hoy de este proyecto de ley en sesión plenaria es consecuencia de la propuesta que en su día formuló nuestro grupo y aprobó el Pleno en la figura de la avocación; iniciativa que comprobamos con
satisfacción que estaba fundamentada a tenor del importante número de enmiendas que van a discutirse.
No obstante, antes de entrar en el detalle de las enmiendas que han sobrevivido en el trámite parlamentario, nuestro grupo quiere declarar su descontento y oposición a la circunstancia de que en el desarrollo legislativo y a través de unas
enmiendas del propio Grupo Socialista, votadas a favor por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya al texto original del real decreto-ley que en su día se convalidó a propuesta
del Gobierno con el apoyo de nuestro grupo, entre otros, han desaparecido del texto de la ley un conjunto de obras en Cataluña que han dejado de ser de interés general, al considerarse su condición
de pertenecer a las cuencas internas catalanas. Esa consideración o no de interés general no es simplemente semántica, gratuita o baladí, sino que tiene una repercusión importantísima en tanto en cuanto afecta a la financiación de las
citadas obras de cuantías, por regla general, muy considerables. Según la propia valoración hecha por el ministerio del ramo en la memoria económica del proyecto de ley, la valoración global de las obras de las cuencas internas de Cataluña, que
preveía el texto inicial de la modificación del Plan hidrológico, asciende a la cantidad de 905 millones de euros; cifra nada despreciable y que, desde nuestra óptica, quedan en situación dudosa -no todos, evidentemente, pero sí una parte
sustancial- por el hecho de excluir aquellas obras de la consideración de interés general. A ello hay que añadir la previsión del proyecto de conexión Cat-Abrera por no menos de 150 millones de euros, es decir, sumando 1055 millones de euros -más
de 175.000 millones de las antiguas pesetas-, que según el proyecto de ley que discutimos, el Estado tenía previsto invertir en Cataluña y ahora se han eliminado.
Si bien es cierto que desde el PSOE y desde el Gobierno se han hecho gestos con la Generalitat de Cataluña para asegurar por otras vías al máximo estos fondos, bien a través simplemente de una carta al secretario de Estado, con todos los
respetos, comprometiendo 542 millones de fondos europeos de los 905 necesarios, o bien con una enmienda, positiva sin duda, transaccionada por Iniciativa per Catalunya-Verds y por el Grupo Socialista, en su línea de intentar asegurar la máxima
financiación de fondos europeos para esas obras, nuestro grupo considera que renunciar a una máxima garantía de financiación por parte del Estado, con cargo a fondos europeos o no, que viene dada por su consideración de obra de interés general a
través de una ley, es una posición innecesaria, imprudente y temeraria. Nuestra actitud no puede interpretarse como un cierto relativismo en la defensa de las competencias exclusivas de la Generalitat, que nuestro grupo defiende como siempre a
ultranza, competencias que, ejerciéndose, deben permitir fijar la prioridad de los proyectos, su redacción, su licitación, adjudicación, seguimiento y control y gestión posterior, independientemente de la titularidad formal, sino que debe
independizarse de su financiación pues, siendo de interés general, debería venir básicamente del Estado o a través de convenios establecidos con éste en función de la singularidad de cada una de las obras, pero desde la obligación del Estado,
repito, de hacerse cargo financieramente de las mismas. Renunciar a esta máxima financiación estatal de las obras de las cuencas internas por dejar de considerarlas de interés general puede representar, y de hecho ya está siendo así, tener que
financiar esas obras necesarias y urgentes desde Cataluña a través del CAM del agua, que deberá experimentar nuevos incrementos más allá de los que ya ha experimentado. En definitiva, ese decalaje en la financiación significará un elemento más a
considerar en el resbaladizo terreno de los equilibrios entre las balanzas fiscales de Cataluña en relación con el resto del Estado.
La señora Colldeforns, portavoz del Grupo Socialista, es experta en gestión de fondos comunitarios, ha gestionado muchos recursos en proyectos del departamento de Medio Ambiente de la Generalitat financiados por fondos de Cohesión y con
fondos Feder. Sabe perfectamente que la frase: garantizar el acceso a la financiación con cargo a fondos comunitarios, significa que el Gobierno va a presentar ante la Comisión Europea los proyectos que le presenta la Generalitat correspondientes
a las cuencas internas de Cataluña, pero nada más, y uno de los requisitos que exige Europa es cofinanciación de las inversiones. ¿Quién va a pagar, pues, la cofinanciación: el Estado o la Generalitat? De acuerdo con el proyecto de ley inicial,
correspondía al Estado la cofinanciación; en cambio, de acuerdo con las enmiendas aprobadas, ahora es la Generalitat la que va a pagar. ¿Y cuál es el importe de la financiación? El importe máximo que va financiar la Unión Europea es del 80 por
ciento, pero habitualmente el porcentaje es inferior, por lo que el importe mínimo que obligatoriamente deberá aportar la Generalitat si se utilizan fondos de Cohesión será del 20 por ciento de la inversión. Es decir, si hablamos de la inversión de
valor de 1,055 millones de euros, las enmiendas aprobadas en Comisión nos han costado ya un mínimo de 211 millones de euros, más de 35.000 millones de pesetas. Pero esto es solo el mínimo, la realidad es más cruda. De acuerdo con la nueva
disposición adicional quinta, los fondos a utilizar pueden corresponder al Feder Objetivo 2; en este caso la Unión Europea reduce su cofinanciación hasta el máximo del 50 por ciento, por lo que el otro 50 por ciento deberá aportarlo la Generalitat.
En este caso, si se tratan de fondos Feder, y sobre un total de 1,055 millones de euros, a la Generalitat le corresponderá aportar 577, que hasta la semana pasada, antes del debate en Comisión, los aportaba íntegramente el Estado.
Aquí no se acaban los riesgos. Este proyecto de ley se aprobará el próximo mes, después habrá tres meses para firmar el convenio con la Generalitat.
Nos situamos en verano y a finales de 2006. Menos de un año y medio después, los fondos
de Cohesión se habrán acabado para España y los fondos Feder Objetivo 2 se habrán acabado para Cataluña. El acceso a la financiación europea en los actuales términos se habrá terminado y nadie en esta Cámara sabe cómo van a organizarse a partir de
aquella fecha, pero todo hace pensar que el Estado español se verá gravemente privado de los mismos. Nadie es capaz de asegurar que aquellas obras suprimidas de las cuencas interiores de Cataluña estén acabadas para aquellas fechas y probablemente
algunas todavía estén por empezar, pues en la actualidad todavía no hay, que sepamos, ningún proyecto encargado y en marcha por parte de la Generalitat.
Entrando ahora en las enmiendas que todavía están pendientes por defender y, para empezar, en muestra de nuestra buena fe y confianza, retiramos la 108, pues aceptamos la argumentación del Grupo Socialista de
que la definición y las normas relativas al buen estado ecológico de las aguas se tratará de forma exhaustiva en la próxima Ley de Aguas y, por tanto, ocasión habrá para debatir y matizar sus contenidos.
Respecto de la enmienda número 109, que se refiere al periodo de ejecución de las obras del anexo II, ya que pretendemos añadir las del anexo III hasta el plazo de 2008, dada la cantidad de tiempo transcurrido, nuestro grupo mantendría esta
enmienda, al menos que el Grupo Socialista nos ofreciera una enmienda transaccional que sustituyera las obras del anexo III por las prioritarias y urgentes del anexo IV, como se apuntó ayer.
Se nos ofreció ayer una enmienda transaccional por parte del Grupo Socialista a la enmienda número 110, que hace referencia al caudal ecológico necesario garantizado para Cataluña para la cuenca del Ebro, una vez Aragón haya realizado las
actuaciones previstas en el Pacto del agua. De mantenerse, y caso de que el resto de los grupos no se opusieran a su tramitación, como en el caso anterior, aceptaríamos o, si no, mantendríamos el redactado inicial.
Nuestro grupo mantiene la enmienda número 111 por entender que, si bien se recogió en parte el contenido del Plan integral de protección del Delta del Ebro en una enmienda del Grupo Socialista, recuperando también el texto original de la ley
primigenia que luego tumbó sorpresivamente el Partido Popular en el Senado, nuestro redactado incorpora, por un lado, el carácter regulador de los embalses de Mequinenza, Ribaroja y Flix y, por otro, otorga a la Generalitat la capacidad de liderar,
como debe ser -estamos hablando de un cauce dentro del territorio de Cataluña-, la redacción y ejecución del plan integral, lógicamente con la participación del Estado y, sobre todo, de las administraciones locales y entidades de la zona, extremo
este último que no recoge el redactado socialista. El hecho de que propongamos que sea formalmente el Gobierno quien apruebe el plan -lo cual es prácticamente automático, puesto que habrá participado en su redacción- no es trascendente y es
simplemente una consecuencia de la condición transcomunitaria del cauce del río Ebro.
También mantenemos la enmienda número 112, en la que se defiende el tratamiento fiscal más reducido para los beneficiarios de ciertas obras hidráulicas, para compensar los costes de inversión que soporta la Administración central y atender
los gastos de explotación y conservación de ciertas obras hidráulicas en Cataluña con singulares especificidades, sin menoscabo de que esta modulación entre la fiscalidad pudiera también aplicarse a otras obras del resto del Estado que cumplieran
las mismas especificidades.
Vamos a mantener también la enmienda número 113 porque consideramos que la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene sentido como órgano con competencias de planificación y coordinación general para toda la cuenca, pero, en cambio, no tiene
sentido en relación con el ejercicio de competencias de gestión y administración.
Retiramos la enmienda número 114, pues entendemos que su intencionalidad de evitar la duplicidad fiscal queda subsumida satisfactoriamente en la enmienda número 95, del Grupo Socialista, puntos 12, 14 y 15. Las enmiendas números 115 y 117,
así como las enmiendas números 116 y 118, ya fueron transaccionadas.
Las enmiendas números 119 y 120 hacen referencia a la necesidad de considerar urgentes determinadas obras en Cataluña ya recogidas en el anexo II, más una de La Llosa de Cavall, prologándola hasta la comarca de Solsonès. Mantenemos dichas
enmiendas.
Finalmente mantenemos la enmienda 121, que hace referencia a la necesidad de considerar también obra prioritaria y urgente la conexión CAT-Abrera, por no considerarlo como ningún tipo de trasvase ni minitrasvase del Ebro hacia el norte, sino
como otro concepto en la gestión hidrológica, como es la interconexión de redes, para mantener un instrumento de reequilibrio de las necesidades hídricas que puede ser ambivalente y utilizarse solo en casos de necesidad imperiosa, como un mecanismo
de prudencia para situaciones de emergencia -por ejemplo, limpieza del pantano de Flix- y que no ha de suponer necesariamente ninguna merma en el caudal de las cuencas interconectadas, sino solamente cuando hubiera excedentes en alguna de ellas y
déficit en otra; en definitiva, como un instrumento de gestión hídrica racional y que incorpore el principio de precaución.
En cuanto al dictamen final, que no sabemos todavía en qué términos se va a votar, nuestro grupo optará probablemente por la abstención, sin que ello pueda interpretarse en absoluto como un desentenderse del eje principal de esta
modificación del plan hidrológico, que es, sin duda, la derogación del trasvase del Ebro, en el cual, una vez más, nos ratificamos y celebramos, sino como nuestra más total disconformidad con que en procesos legislativos sin fundamento suficiente,
por la vía de la no consideración de ciertas obras de nuestra comunidad autónoma de interés general, se hayan suprimido importantísimas inversiones del Estado en Cataluña. O bien, si fuera posible, votaríamos simplemente en contra de los anexos III
y IV que hacen referencia a esas obras y a favor del dictamen en general. En definitiva, rechazamos rotundamente este proyecto de ley porque excluye de las obras las cuencas internas de Cataluña y su correspondiente financiación estatal.
Defendemos el texto del real decreto-ley que en su día convalidamos con carácter de urgencia, que suponía la derogación del trasvase del Ebro y contemplaba aquellas obras de las cuencas internas de Cataluña.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, el objeto de tramitar este real decreto como decreto-ley fue, según las palabras de la ministra, mejorar la redacción de la ley y adaptarla a la nueva
cultura del agua. En realidad, lo que se pretendía era solo derogar el trasvase del Ebro y así ha sido. Estas, mis primeras palabras, son una cita textual de las que la representante de Esquerra Republicana de Catalunya pronunció en la Comisión de
Medio Ambiente el pasado día 6 de abril, en el debate de este proyecto de ley por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Y, a continuación, añadía: El objetivo primordial de Esquerra Republicana era
derogar el trasvase del Ebro y nos alegramos mucho de haberlo conseguido. Fue un compromiso del presidente Zapatero en su investidura. El compromiso de derogar el trasvase del Ebro fue un ultimátum de Esquerra Republicana para apoyar su
investidura. Este compromiso se ha cumplido, pero no entendemos por qué se tramita este real decreto como proyecto de ley si en realidad no se quería mejorar este plan hidrológico.
Citamos estas frases, que son públicas porque constan en el 'Diario de Sesiones' de esa Comisión de Medio Ambiente, porque corroboran al cien por cien lo que lleva diciendo el Partido Popular durante este año de gobierno del Partido
Socialista: que la derogación del trasvase del Ebro obedece única y exclusivamente a la presión, más bien ultimátum, como han reconocido, de los socios de gobierno de Esquerra Republicana. Los insultos que nos ha dedicado esta mañana su
representante, que creo que rayan ya no lo moral o lo inmoral, sino muchas otras cuestiones, los vamos a transmitir, tal cual figuran en el 'Diario de Sesiones', a todos esos agricultores y pequeños empresarios que para usted forman grandes lobbies,
que no tengo el gusto de conocer y espero que usted me los presente. Sus acusaciones son de una gravedad, de una inconsciencia y de un desconocimiento de toda la cuenca mediterránea de la Comunidad Valenciana, Murcia y Alicante preocupante
tratándose de un representante del pueblo. El odio es precisamente el que destilan sus palabras no el que nunca, en ningún momento, ha tenido el Partido Popular.
Además, estas palabras reflejan una vergonzosa realidad política que vivimos y que protagoniza el Partido Socialista, abanderado por el señor Rodríguez Zapatero y con la señora Narbona de acólita, que son fundamentales para decir hoy aquí
qué es lo que estamos debatiendo.
Desgraciadamente, el debate de hoy es ese y no otro: el ultimátum que los grupos que sustentan al Gobierno han dado al Partido Socialista desde el principio de la legislatura. Y lo que, después de tantas ruedas
de prensa en las que se replanteaban la cuestión del voto, quisiéramos saber -y todos los españoles tendrían que saberlo- es cuál ha sido el precio de esto, porque, en estos temas, todo tiene un precio. Estamos, pues, y que lo oigan bien alto todos
los ciudadanos y que llegue a través del 'Diario de Sesiones' y de los medios de comunicación, ante una vergonzosa servidumbre del Gobierno del Partido Socialista hacia sus socios de Esquerra Republicana e Izquierda Unida, y aquí se ha dicho
exactamente lo que nosotros llevábamos tiempo diciendo.
En el debate de la enmienda a la totalidad de nuestro grupo, que se produjo el pasado día 17 de marzo, hacíamos referencia a las palabras que un día, el 22 de marzo de 2001, pronunciaba en esta misma tribuna el entonces ministro de Medio
Ambiente, señor Jaume Matas, cuando calificaba como acontecimiento histórico la presentación del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional y decía muy acertadamente que nadie hasta ese momento se había atrevido a coger el toro por los cuernos.
Desgraciadamente, el Gobierno socialista ha generado conscientemente, y hoy es el día importante, un accidente histórico. Esto es realmente un accidente histórico y en este caso son ustedes los que han sido cogidos por los cuernos del toro, que son
los de sus socios de gobierno, en materia hídrica.
Desde el pasado mes de julio, en que fue convalidado en esta Cámara el real decreto-ley que modificaba la Ley del Plan Hidrológico Nacional o, mejor dicho, simple y llanamente que derogaba el trasvase del Ebro, hemos asistido atónitos a la
puesta en escena de toda una serie de mentiras por parte del Gobierno, una de ellas fue, en el inicio de este debate, que la ministra de Medio Ambiente afirmara que las aguas que se iban a trasvasar estaban contaminadas y poco menos que se dejaba
entrever que íbamos a envenenar a todos los ciudadanos y a los cultivos y productos que consumimos. Pues bien, recientemente un compañero de mi grupo, el señor Hernando, formuló una pregunta al subsecretario del Ministerio del Sanidad preocupado
por esa cuestión, porque en Cataluña y en alguna otra zona se bebe y riega con esa agua y éste le confirmó la realidad, que es una: que no hay nada preocupante al respecto y que el agua es apta para el consumo. Desde el Ministerio de Medio
Ambiente las mentiras van que vuelan en esta materia para justificar esta postura irracional.
Con este impresionante bagaje que llevamos en este año, llegamos al debate en Comisión que, además de haber sido verdaderamente esperpéntico, era un verdadero intercambio entre mercaderes: ¿Qué me das a cambio de esto? ¿Qué hay de lo mío?
¿Cómo lo arreglamos? Y así, hasta ayer, que seguían intercambiando cromos como si esto se tratara de un juego cuando es algo realmente muy serio, porque ante nosotros tenemos un pésimo dictamen, que no vamos a apoyar, que supera con creces al
desacato que ya se cometía con el real decreto convalidado que ha dado origen a este proyecto de ley. Se han producido en este debate verdaderas obsesiones y fijaciones absurdas, que solo determinados especialistas pueden curar, y todo ello con un
denominador común: al Partido Popular ni, agua -y en este caso podríamos añadir: ni sal-, para ver si intentan trasladar a la opinión pública que como nosotros no ganamos las votaciones en esta materia en el Congreso de los Diputados, estamos
equivocados. Pero se equivocan, señores del Grupo Parlamentario Socialista.
En materia de agua, aunque hayan formado Gobierno, no tienen la mayoría en la calle. Tengan claro que la calle no es suya en esta materia y que en la Comunidad de Murcia y en la Comunidad Valenciana el Partido Popular ha ganado las
elecciones precisamente con el programa en el que se incluía la Ley del Plan Hidrológico Nacional con el trasvase del Ebro. Tengan en cuenta que este no fue el motivo por el que ustedes ganaron las elecciones, y si no, no olviden que hay una gran
parte de la sociedad que comparte de forma más unánime nuestros planteamientos que incluso algunos que les han votados a ustedes. Y si no, por ejemplo, pregúntele al secretario general de los socialistas valencianos o al secretario general de los
socialistas de Murcia, que bastante sufren y sudan para intentar explicar esto.
Ustedes han derogado el trasvase del Ebro y han dejado cojo el Plan Hidrológico Nacional, porque éste era un todo con actuaciones interrelacionadas que ahora son difíciles de entender porque una se queda, otra va, otra se modifica, a otra se
le añade una coma, y es imposible. Además, como les dije en Comisión, ustedes han abierto un melón, un melón que no estaba maduro -por decirlo de una forma coloquial, gráfica y relacionada con la agricultura-, y que esperamos y deseamos que no se
les pudra en las manos antes de que sepan cerrarlo adecuadamente, cosa que dudo por cómo están actuando.
No puedo evitar hacer mención, aunque no iba a entrar en temas puntuales, al trasvase Júcar-Vinalopó que también se cuestiona y que les ha generado a ustedes, señores del Gobierno, un grave problema con sus socios, que les amordazan
continuamente, de forma que ustedes, con esa carita de cordero degollado, tienen que asumir cosas que ni defienden ni creen en absoluto y tienen unas ganas de liberarse de esa prisión que de verdad creo que a veces es para compadecerlos. Pero aún
me quedan preguntas en el aire sobre esta cuestión. Aunque en este caso, indudablemente, compartimos la postura del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a su mantenimiento como trasvase, aunque no de las cantidades -pero creo que ahora lo
importante es lo primero-, pregunto a aquellos grupos que lo niegan: ¿cómo resolvemos el problema de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó? No podemos resolverlo de otra manera, sobre todo, y quiero reiterarlo, porque es falso lo de los
informes. Se envió un informe a Bruselas recientemente, en el que colaboraron todos, que justificaba perfectamente el trasvase Júcar-Vinalopó y el mantenimiento de los caudales en la albufera de Valencia. También han generado conflictos con el
trasvase Tajo-Segura, del que hablamos ayer en la sesión de control.
Además, creo que el Gobierno y la ministra tienen la desfachatez de decir que el Partido Popular había abandonado a su suerte la cuenca del Segura.
Pues no, señora ministra,
ustedes han dejado desasistida la cuenca del Segura al derogar el trasvase del Ebro. Porque, además, en cada región dicen una cosa y firman acuerdos, que luego reconocen que no existen, con el Gobierno de Castilla-La Mancha, para después decirnos
que todo lo que han aprobado del Tajo-Segura ya estaba vigente. Es increíble.
Con nuestras enmiendas, de sobra conocidas, queremos volver al Plan Hidrológico Nacional inicial que, evidentemente podría ser susceptible de modificaciones en muchos puntos de obras, pero queremos volver a ese plan hidrológico. Así de
claro y contundente, porque no hay garantías en estos momentos de que desde el Gobierno se vayan a resolver los problemas de agua que tiene media España, y no lo olviden. Ustedes, con aquello de todo vale, han aprovechado la tramitación de esta ley
para incluir la reforma de la Ley de Aguas, una modificación que para nosotros y para muchos colectivos como los regantes españoles supone una clara justificación para retrasar sine die las actuales obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional
porque introduce la obligación de elaborar informes que justifiquen la viabilidad técnica y económica de todas estas obras con revisión cada seis años. Perfecto para hacer inviable aquello que ustedes han pregonado de que el agua llegará más
pronto. Parece una broma pero no lo es.
Su política en materia de aguas es errática, se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y lo reiteramos porque así es. Hoy dicen blanco, mañana dicen negro, al mes siguiente vuelve a ser blanco, y así sucesivamente. Es una verdadera
vergüenza. También hemos descubierto que su plan, además de ser el plan humo que ya hemos dicho, se puede calificar como el plan chicle porque el señor Baltanás, y lo explicó perfectamente la semana pasada en una mesa redonda en Valencia donde
usted también estuvo, dijo que el programa AGUA era mejor -atiendan, que tiene miga- porque era flexible y porque se iba adaptando sin planificación. No hay ninguna planificación. En esto no se puede experimentar. Con sus palabras, que muchísima
gente oyó, se demostró que el programa AGUA no tiene base alguna sobre las necesidades reales de agua que tiene la cuenca mediterránea porque, si no, no sería como un chicle que ahora estiro, ahora no estiro y en definitiva lo vamos haciendo sobre
la marcha mientras la gente aguante.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego vaya concluyendo, por favor.
La señora RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ: ¿Y qué decir de Aragón? Cuando Esquerra Republicana dijo también en Comisión que el Pacto del agua de Aragón es más perjudicial que el trasvase del Ebro para el delta. ¿Por qué no quieren aceptar nuestra
enmienda en la que se recoge una reserva de agua para Aragón de 6.550 hectómetros cúbicos, tal y como recogía el Pacto del agua de Aragón de 1992, y se empeñan en plantear otras cuestiones? Aragón, como parte fundamental de la cuenca del Ebro, que
eso a veces se olvida, quiere que se cumpla el Pacto del agua, como la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería quieren el trasvase del Ebro, todo ello preservando indudablemente el Delta del
Ebro. Eso era el Plan Hidrológico Nacional de 2001 y del Partido Popular.
La verdad es que no les arriendo la ganancia porque deben haber sudado tinta, como se dice vulgarmente, para poder llegar a estos acuerdos, de los que esperamos
conocer qué hay detrás de todos ellos.
Yo creo que todo se resume recorriendo la página web del Ministerio de Agricultura, porque todo lo que han hecho en el programa AGUA, tan cacareado en este año, son las escasas 14 líneas que ocupa y que habla de la famosa desaladora de San
Pedro del Pinatar, que nos han repetido por activa y pasiva que llevaba 10 años desde que se inició porque había problemas técnicos y porque no se encontraba el agua, y la ampliación de la desaladora de Alicante. Esos son los grandes logros que nos
van a resolver el problema. Menos mal que vimos la página web y pudimos dormir tranquilos. Recomendaremos a todos los incrédulos humanos que habitan la cuenca mediterránea que visiten la página web porque con tanta novedad y tanta alegría a más de
uno le va a dar un síncope, pero no de alegría sino realmente de espanto.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Ramón-Llin, por favor...
La señora RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ: Sí, finalizo.
Recapaciten porque están a tiempo y ustedes lo saben y porque también saben que en su política hídrica iniciada en estos momentos, por las circunstancias, van a tener que hacer cambios sustanciales que sus propios militantes y directivos
regionales reconocen en privado, y sobre todo porque hay mucha gente que no piensa lo mismo que ustedes porque hay quien opina de todo sin tener ni idea de nada. Y me ratifico en el eslogan que ustedes no pueden cumplir y que el Plan Hidrológico
Nacional en su configuración inicial permitía, que era: agua para todos sin molestar a nadie, y ahora se molesta a todos y no hay agua para nadie.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Ramón-Llin.
Finalizamos el turno de defensa de enmiendas con la señora Colldeforns, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, voy a explicar nuestra posición en los votos particulares que hemos presentado y las transaccionales que hemos ofrecido a los distintos grupos. Empiezo por anunciar que en el voto particular a la enmienda número
6, de la Chunta Aragonesista, vamos a ofrecer una transaccional que espero que el Partido Popular acepte para clarificar y redactar mejor el sentido de esta enmienda. También aprovecho para anunciar que aceptamos la enmienda técnica respecto al
pantano de Jánovas propuesta por la Chunta Aragonesista. Vamos a retirar el voto particular a la enmienda número 10, del Partido Nacionalista Vasco, y vamos a ofrecer una transaccional -creemos que se puede mejorar el redactado- a la enmienda
número 19, que defiende que aquellos municipios en los que, por razón de los embalses que se han construido, se hayan creado una serie de dificultades, puedan ser compensados, siempre en función de la idea de que deben recuperarse todos los costes
que los servicios del agua conllevan y que es justo que una parte de estos costes se devuelvan a aquellos que los soportan. En cualquier caso, vamos a mantenernos en el voto particular a la enmienda número 24 porque consideramos que quizá sea un
poco precipitado establecer un nuevo tributo sin reflexionar antes todo lo que se debe reflexionar y, en cualquier caso, la transaccional a la número 19 recupera este espíritu.
En relación con las transaccionales que ha propuesto Izquierda Verde, vamos a aceptar la realizada a la enmienda número 154, relacionada con el establecimiento de una prelación de los usos del agua regenerada y también el apoyo a medidas de
ahorro de agua. A los compromisos que pide Izquierda Verde, a los que pide Esquerra Republicana y a los que piden otros grupos de esta Cámara, vamos a decir que no y no porque pensemos que no debamos llegar a un acuerdo, sino porque pensamos que
nos desvía del objetivo principal de esta modificación del proyecto de ley. En cualquier caso, estamos satisfechos de los acuerdos a los que hemos llegado y agradezco el esfuerzo que han hecho todos los grupos en relación con la transaccional con
Esquerra Republicana, pero que también recoge el esfuerzo de Izquierda Verde-Izquierda Unida sobre la presencia y las garantías a dar en el trasvase del Júcar-Vinalopó. Estamos también muy satisfechos, tal como ha mencionado Esquerra Republicana,
porque esta ley nos permite decir que los tres partidos que conforman el tripartito de Cataluña, el Gobierno de Cataluña, dan total cumplimiento al compromiso del Ebro.
En relación con las preocupaciones de Convergència i Unió, debo tranquilizar a todas las personas que se puedan haber sentido un poco preocupadas por el anuncio desastroso de pérdida de recursos que se ha hecho y, como ahora me tomaría mucho
tiempo demostrar lo contrario -se puede hacer en cualquier momento y lo vamos a explicar- y no quiero perder el tiempo en esto, simplemente quisiera decir que lo que ha anunciado Convergència i Unió no es cierto en absoluto.
Señorías, existen en España unos conflictos reales en materia de agua y estos conflictos son debidos en parte a una escasez, llamémosle natural, por razones geofísicas y a otra sobrevenida, originada por una mala respuesta a los problemas
que se han ido presentando. Existe, señorías, también un consenso que se va abriendo camino respecto a la nueva manera de solucionar estos conflictos. Ustedes los conocen bien y pueden sintetizarse en lo que se llama la nueva cultura del agua, una
nueva cultura del valor del agua, no solo del coste del agua; por ejemplo, una nueva cultura del regadío. Es de sobra conocido en esta Cámara, señorías, que solo el diálogo puede llevar al pacto, al consenso y,
por tanto, a las soluciones. Esta ley es un primer paso claro y decidido hacia la solución de un problema muy importante en España, un problema que nos afecta a todos, a España entera. Esta ley no es -me gustaría que quedara claro- el
nuevo plan hidrológico del Gobierno socialista. Si debiera empezarse de nuevo, seguramente no sería esta nuestra propuesta, pero la modificación que vamos a votar hoy nos permite, en primer lugar, impedir el trasvase del Ebro, un error técnico,
económico, ambiental, jurídico y social de primera magnitud. En segundo lugar, nos permite abrir la posibilidad real y jurídica de dar verdadera respuesta a los problemas planteados desde alternativas como la mejora de la gestión, el ahorro del
agua y el desarrollo de nuevas fuentes como puede ser la desalación.
Señorías, por encima de todo, esta es una ley transparente, es una ley valiente, es una ley que no engaña. Quizás para algunos, a quienes se les había repetido hasta la saciedad que, si no había agua, la única solución era traerla de donde
fuera, aunque fuese desde más de 900 kilómetros, sea difícil de entender. Esta es una ley que huye de la demagogia fácil, es una ley que huye de decir que quiero ganar la calle. La calle que voceaba Fraga, señorías del Partido Popular, no nos
interesa, nos interesa la gente, nos interesan las personas (Aplausos.), los más de 11 millones de personas que dieron respaldo al Gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero y las muchas más que lo van a volver a dar dentro de tres años.
Esta ley, señorías, marca el camino hacia una nueva política que de manera lenta, pero segura, va a dar soluciones a los problemas de hoy sin poner en peligro las soluciones de mañana. Esta ley, señorías, tiene además un valor añadido y es
que se va a cumplir, porque el Partido Popular prometió más de mil obras para algunas de las cuales no había usuarios y la mayor parte de ellas después de tres años aún estaba por continuar.
(Aplausos.) El Partido Popular prometió a Castilla-La
Mancha sus derechos como cuenca cedente, pero se olvidó de Murcia y del Segura. El Partido Popular prometió planes de sequía y no los cumplió, cuando todo el mundo sabe que la sequía en España es recurrente y el Levante español, ese Levante que
ustedes dicen defender, es de nuestras zonas más vulnerables.
Señorías, un dirigente importante del Partido Popular, el presidente de la Comunidad de Murcia, ya se ha convencido de que la mejor vía, la que de verdad sirve a los intereses de sus
ciudadanos es la del diálogo y el consenso, es la de buscar los puntos de encuentro y echar a andar. Todos los políticos hoy aquí en el Congreso podemos demostrar que somos dignos de España y de los españoles y que trabajamos de verdad para la paz
y el progreso.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Colldeforns.
Señor Txueka, es el turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, el Grupo Vasco presentó tres enmiendas que se aprobaron y se incorporaron al texto, unas en forma transaccional y otras mediante su aceptación, lo que ha supuesto una importante mejora a la
presentada. Nuestras enmiendas proponían que cada proyecto fuera sometido de forma individualizada al estudio de impacto ambiental y no solamente de forma conjunta, así como asegurar los indicadores mínimos de garantía para que la relación de obras
del anexo II alcanzara la categoría de un plan de inversiones real, así como la enmienda que venía a corregir un poco el olvido del Plan Hidrológico Nacional respecto al principio de coordinación necesaria entre las distintas administraciones al
introducir el requisito de emisión de informe previo de la comunidad autónoma.
A estos efectos, nosotros quisiéramos simplemente decir que nuestra gran preocupación cuando se trató el Plan Hidrológico Nacional eran tres cuestiones básicas. La primera era si iba a haber el agua prometida, el agua que se necesitaba y
que, lógicamente, angustiaba a aquellas zonas que la necesitan, a qué coste y en qué plazo y si medioambientalmente ello era asumible y sostenible. Entendemos que el Gobierno del Partido Socialista se ha embarcado en una apuesta muy importante y
delicada y en esta misma legislatura podremos ver si sus promesas son reales y las cumple. Esperemos que así sea por el bien de todos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Txueka.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO. (Número de expediente 121/000016.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Damos por finalizado este punto y continuamos con el debate del proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
Señorías, porque antes se le ha consultado a esta Presidencia, les recuerdo que, como les dije, la organicidad de la proposición de ley de reforma del Código Penal no se votará antes de las doce. Como también saben, acumulamos todos los
puntos romanos a la hora de votar, por lo que las cuatro primeras iniciativas se votarán conjuntamente cuando se acabe el debate de las mismas y la proposición de ley orgánica nunca antes de las doce.
Pasamos, como les decía, al debate de la iniciativa siguiente, el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. Comenzamos, señorías, con la presentación de la iniciativa
a cargo de un miembro del Gobierno, que en este caso es el ministro de Justicia.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.
Señorías, agradezco a la Presidencia la gentileza con que concede al ministro de Justicia un turno de Gobierno en este trámite de votación en el Pleno del Congreso del dictamen de la Comisión del proyecto de ley de modificación del régimen
de separación y divorcio, es decir, de disolución del matrimonio. Lo agradezco porque ofrece una oportunidad de expresar el punto de vista del Gobierno en la inspiración y motivación de esta iniciativa legislativa, que ciertamente se corresponde
con un eje troncal del programa del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero y desde luego con los ejes vertebrales del programa de actuaciones que ha comprometido ante el Parlamento el propio ministro de Justicia. Efectivamente, hemos
comprometido dentro de un primer eje de extensión de derechos de ciudadanía, de derechos civiles, la profundización y el refuerzo de la libertad de igualdad con que los ciudadanos y ciudadanas de España ejercen sus derechos y libertades en nuestro
orden constitucional. Se trata de extender y profundizar la libertad de igualdad con que los ciudadanos ejercen sus derechos y entre ellos, señaladamente, el derecho que tiene su asiento constitucional en el artículo 32 de la Constitución, el
derecho a contraer matrimonio, difiriendo a la ley la regulación de las causas de separación y divorcio como formas de disolución del matrimonio. El punto de partida que motivó la adopción de esta concreta iniciativa, que expresa el cumplimiento de
un compromiso muy específico del programa de Gobierno socialista, es la constatación de que la regulación del divorcio actualmente vigente en España está simplemente caduca. Después de 23 años de experiencia de este régimen jurídico de disolución
del matrimonio se han constatado enormes disfuncionalidades que inciden en la agravación de los conflictos familiares de los que trae causa precisamente el proceso de separación y divorcio. La constatación es que la Ley de 1981, celebrada en su
momento, ya no resuelve los problemas; por el contrario, los agrava. No se adapta a la situación real ni a las demandas ni al entendimiento del modo en que pueden y deben ser ejercidos esos derechos por los ciudadanos y ciudadanas que integran la
sociedad española actual. Por ello, el Gobierno presentó en su día ante esta Cámara un proyecto de ley de modificación de este régimen jurídico, cuyo objetivo es agilizar, simplificar y, por tanto, potenciar la libertad e igualdad con que son
ejercitadas las libertades concernientes a las formas de convivencia y afectividad que adquieren estatuto jurídico bajo la forma específica del matrimonio, garantizando los derechos fundamentales involucrados de la parte que resulte perjudicada en
la disolución del matrimonio y el derecho a vivir sin violencia en el ámbito familiar y contemplando, por tanto, como una variable de gran importancia, la integración de esta iniciativa dentro de la estrategia general del Gobierno de combatir la
violencia intrafamiliar, la violencia de género, en todos los frentes y, por supuesto, salvaguardando siempre los derechos del menor, un bien jurídico especialmente protegido en nuestro ordenamiento que incide en las causas de disolución del
matrimonio. Quiero subrayar también que este proyecto nació y se acompasó todo el tiempo de su tramitación tras un proceso de escucha a la ciudadanía. Es el resultado de un período de consultas durante el que se ha escuchado a distintas
instituciones del Estado, a las organizaciones representativas de este ámbito de conflicto, a todas las cuales expresamos ahora solemnemente desde esta tribuna el agradecimiento del Gobierno por las aportaciones que han venido introduciendo a lo
largo de todo el debate, y, por supuesto, a profesionales del derecho y de la justicia especializados en el ámbito del derecho de familia: abogados de familia y titulares de juzgados especializados en derecho de familia en el orden jurisdiccional
civil.
Consideramos que la solución que finalmente se adopta en el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados parte del entendimiento conjunto y compartido de lo que son el interés público y los intereses individuales que se
integran en este ámbito de forma extremadamente respetuosa con la libertad, con la igualdad y, desde luego, con la consagración de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, de los ciudadanos a quienes afectan los procesos de disolución
del matrimonio. Acentúo también en este ámbito la especial protección que se ha prestado al interés del menor, un bien jurídico que no puede ser, de ninguna manera, sometido a la utilización como moneda de cambio o como objeto de transacción o
negociación entre las partes en el proceso de disolución del matrimonio. Subrayo que el efecto principal de esta iniciativa legislativa, porque se corresponde con su objeto troncal, no es otro que simplificar, agilizar y reforzar así el ámbito de
libertad y autonomía de la voluntad con que se entra o se sale de la relación jurídica matrimonial. Lo propugnamos estableciendo una disolución del matrimonio sin causas y, por tanto, sin culpables. No hará falta ni buscar culpables ni abrir paso
a la doble victimización que ha caracterizado históricamente, desde su entrada en vigor en 1981, la disolución matrimonial en su experiencia judicial y, consiguientemente, en su reflejo jurisprudencial. Se va a dar la máxima relevancia a la
voluntad de las personas, de modo que ya no va hará falta señalar al culpable ni mostrar jurídicamente las causas. También será un divorcio sin plazos. Por tanto, se suprimen los tractos temporales que es necesario encadenar para producir
definitivamente la disolución del matrimonio, que no causaba otra cosa que una dilatación de la resolución de una situación ciertamente, y por su propia naturaleza, dolorosa. Se mantiene únicamente el plazo de tres meses desde la celebración del
matrimonio para la interposición de la demanda e incluso en este supuesto
se establece la caución de que no será preciso observarlo cuando se acredite un caso de violencia doméstica o intrafamiliar. Tampoco será necesario encadenar dos procesos judiciales. No habrá separación previa y divorcio después,
simplemente habrá acceso directo a la disolución del matrimonio sin necesidad de constatar ni acreditar el cese efectivo de la convivencia. En todo caso, se ha intentado apuntalar un modelo de sociedad más fuertemente cimentado en unas relaciones
intrafamiliares de plena igualdad entre los sujetos del matrimonio, relaciones familiares en igualdad que deben ser conjugadas con el deber de proteger a la parte eventualmente perjudicada por la disolución del matrimonio. Este es el sentido de la
regulación más precisa que se efectúa de la pensión compensatoria para el cónyuge al que la separación o el divorcio le reporte un desequilibrio económico, estableciéndose sus distintas modalidades: la indefinida, la temporal o la que puede
denominarse de tanto alzado estimada judicialmente según circunstancias cuya ponderación encuentra apoyo en el modo en que queda redactado el artículo correspondiente.
Finalmente, teniendo en cuenta que se ha hecho un esfuerzo de integración, no solamente del diálogo con las instituciones, con la sociedad, con las organizaciones representativas, asociaciones de mujeres, y desde luego un esfuerzo de
transacción y de integración de las distintas aportaciones que se han ido incorporando en el curso del debate parlamentario, es obligado que el Gobierno exprese agradecimiento a SS.SS., a todas, por la profundidad del debate que ha venido animando
esta iniciativa legislativa, que además se corresponde con una preocupación real de la ciudadanía y con una demostración de que este Parlamento es útil a la hora de cumplir su función primigenia: legislar, y legislar para la sociedad, desde una
óptica eminentemente garantista con los derechos fundamentales y dirigida a la potenciación de la igualdad a la hora de asumir las cargas familiares y también los costes de la disolución del estatuto jurídico del matrimonio sobre el que se cimienta
la convivencia familiar.
Nos encontramos ante una iniciativa legislativa que pone en hora el derecho con respecto a la sociedad, una reforma legislativa que mejora la vida de la gente, que resuelve problemas aparejados a la ruptura matrimonial, inevitablemente
acompañada de dolor humano, de conflicto, pero que permite sin duda a los ciudadanos, con la ayuda de la autoridad judicial, gestionar razonablemente desde la libertad de autonomía de la voluntad de las partes el conflicto, de modo que ese conflicto
que, como digo, es inexorablemente doloroso, no pueda ni deba incurrir en ningún ápice de dolor adicional innecesario y con encarnizamiento; encarnizamiento procesal en la regulación actualmente vigente y que obliga a encadenar dos procesos
judiciales consecutivos; encarnizamiento económico, porque obliga a invertir muchas energías, no solo sino también económicas en la litigación, acompañándose de abogado y de procurador; pero sobre todo dolor humano, dolor moral, dolor emocional,
que es el que seguramente debe colocarse en el punto de mira de esta operación legislativa que viene a redundar, por tanto, en un combate contra esa innecesaria y adicional dosis de dolor que acompaña la disolución del matrimonio con esta operación
que ciertamente consagra una potenciación de la agilización y de la fuerza con que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos y libertades en una sociedad democrática, libre, abierta y plural.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.
Señorías, comenzamos con el debate de las enmiendas a este proyecto. En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto, y en este caso dividirán su tiempo la señora Lasagabaster primero y, a continuación, el señor Rodríguez Sánchez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Nosotros hemos mantenido viva una enmienda, ya que las otras dos en trámite de Comisión han sido aceptadas, que hace referencia a la solicitud de introducir una nueva disposición adicional por la cual se pediría que el Gobierno presente en
un plazo de seis meses un proyecto de ley de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se regule de forma específica el régimen de liquidación de la sociedad legal de gananciales y su sistema de recursos. Es una
petición francamente lógica, por no decir muy urgente. En nuestra justificación defendíamos esta petición en la medida en que ha sido realizada por todos los que participan en este tipo de cuestiones. El Observatorio vasco de la justicia, que
reúne a todas las instancias gubernamentales, tanto judiciales, como fiscales, abogados, procuradores y a todos los usuarios de la justicia, reseñaba que era necesario hacer una regulación sobre esta cuestión. Lo que está ocurriendo es que los
tiempos y los procedimientos son muy largos, añaden una situación todavía más difícil a lo que son las situaciones de ruptura matrimonial y las liquidaciones que versan sobre cuestiones básicas de lo que ha sido la vida familiar, llámese vivienda,
mobiliario o vehículos, no justifican que esta liquidación sea de un tiempo tan largo, con un procedimiento tan complejo y tan costoso. Hay que elaborar una regulación para evitar ese exceso de dilación en el tiempo, para evitar ese proceso tan
costoso y, sobre todo, para evitar situaciones tan incómodas que, al final, versan sobre lo que debiera ser una cuestión por la que rápidamente y de forma eficaz se pudiera solucionar esta liquidación. Nos parece una pretensión lógica que se
realiza por parte de todos los que la conocen y están afectados y que debiera ser realizada ya por todos los usuarios y agentes activos en materia de justicia. Mantenemos esta enmienda y solicitaríamos que fuera votada por todos los grupos
parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster, muchas gracias.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego quiere comenzar por expresar su satisfacción por el hecho de que se haya avanzado de forma tan positiva en la defensa de que la convivencia dentro del matrimonio es una cuestión que debe estar sometida
exclusivamente al criterio de voluntad y de libertad y que no tiene sentido forzar situaciones obligando a los cónyuges a mostrar una posición de ruptura causada y, por tanto, a la concepción del divorcio como una sanción. En la medida en que esta
ley instaura definitivamente el principio de voluntad y el principio de libertad para la convivencia, nos parece que es una ley que merece todo nuestro apoyo y nuestro respeto entusiasta. El resultado final nos satisface plenamente ya que gran
parte de nuestras enmiendas han sido acogidas, por lo menos en su espíritu. Y ya que se trata de reconocer este derecho al divorcio, basado exclusivamente en la expresión de la voluntad de las partes, nuestra preocupación estaba encaminada a dejar
claro que habría que tomar decisiones sobre la guarda y custodia de los hijos en interés de los hijos e hijas menores. Además, esta custodia compartida exige un previo acuerdo entre ambos progenitores. Por último, es muy importante que esta
custodia y guarda compartida se haga en interés supremo de los niños.
Como esta filosofía de fondo está plasmada en el dictamen de la ponencia, y como además se ha acogido de forma clara y transparente con una transacción el intento del Bloque
Nacionalista Galego y de otros grupos parlamentarios para que quedara claramente definido el fondo de garantía de alimentos y pensiones, cuestión básica para no dejar desamparados a los más débiles y a los que puedan sufrir las consecuencias del
divorcio, damos nuestro apoyo entusiasta a esta ley que significa una diferencia cualitativa de este Gobierno con los anteriores. Manteníamos una enmienda, la 34, que vamos a retirar en esta intervención, porque consideramos que el proyecto, tal
como queda después del dictamen de la ponencia, es plenamente satisfactorio y no hay que darle más vueltas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, Coalición Canaria quiere hacer una valoración, en primer lugar, de lo que ha sido la presentación que ha hecho el señor ministro de Justicia de este proyecto de ley en su totalidad. Tenemos que decir que vamos a votar a favor de
este proyecto de ley fundamentalmente porque la sociedad española ha evolucionado, lo que pudo permitirse en nuestro Parlamento democrático con la Ley 30/1981 que trajo a este hemiciclo el entonces ministro de UCD y hoy lamentablemente desaparecido
don Francisco Fernández Ordóñez, a quien rindo un tributo de reconocimiento por el paso que dio para modificar la regulación del matrimonio civil en el Código Civil español. Como bien ha dicho el señor ministro de Justicia, y participamos de esa
idea, esta Ley 30/1981 que reguló el matrimonio en el Código Civil vigente español en ese momento democrático ha quedado obsoleta. Son otras las dinámicas, las exigencias; ha pasado ya una serie de años que han permitido a la sociedad española
evolucionar en su pensamiento y en lo que entonces motivaba a veces tensiones sociales mezclando la ideología religiosa con principios de planteamiento civil y lo que era también el entorno, el derecho comparado, que lo había permitido hacer así.
Por tanto, había que acelerar una serie de trámites, no hacer esas dilaciones tremendas entre la situación de separado y la de divorciado, para que eso tuviera una naturalidad. Todos esos aspectos nos parecen muy positivos y se recogen en el nuevo
texto del proyecto de ley adaptándolo a la sociología, a las circunstancias sociales, porque las leyes -yo siempre he mantenido el principio parlamentario, político y jurídico- deben reflejar y solucionar los problemas de la realidad. De ahí que
vayamos a dar nuestro voto a estos efectos fundamentales. Sin embargo, tengo que hacer una observación y una crítica. Espero que lo que venimos escuchando últimamente en los debates que ya se plantearon en Comisión y que ayer también ha sido
motivo de algún pronunciamiento del presidente del Gobierno y que también es en un clamor popular, en el sentido de que hay que recoger en las leyes lo que son las situaciones de conflicto actuales, se tiene que atender también en los nuevos textos
legales las situaciones de conflicto actuales.
Por esta razón Coalición Canaria ha presentado unos bloques de enmiendas a este proyecto de ley que han estado dirigidas exclusivamente a tratar de resolver el problema de la custodia compartida de los hijos. Creemos que este proyecto de
ley todavía adolece si no de defectos, sí de insuficiencias. No se trata solamente de resolver mediante una modificación del Código Civil la situación de una pareja que se divorcia y que tiene que tener unos trámites previos, ahora acortados
favorablemente en los periodos de separación. Este es un problema que se resuelve, como ya he dicho, favorablemente en la ley y no tiene por nuestra parte ninguna reticencia en absoluto, pero el matrimonio no solo es un binomio entre ambos
cónyuges, sino que también hay que tener en cuenta su descendencia, los derechos de los hijos. A este respecto se ha planteado un problema que hemos seguido muy de cerca en los debates en Comisión, es decir, qué derecho debe prevalecer. Está el
derecho parental, los cónyuges, los padres biológicos del hijo o hijos habidos en el matrimonio, así como la protección
de los derechos de los hijos, sobre todo cuando no tienen una mayoría de edad o no pueden hacer un pronunciamiento. Después de estudiar los informes que hemos venido recibiendo, tanto este diputado como mi grupo, de instituciones sociales,
de asociaciones de padres separados o divorciados y de conocer por las sentencias de muchos juzgados familiares hacia adónde se ha inclinado la voluntad final del juez, nos preguntamos qué interés debe predominar, el del cónyuge o ex cónyuge
masculino o femenino, del hijo o de los hijos, quién interpreta el informe forense, de qué manera el juez puede tomar una decisión para que se respete este principio.
Todo esto nos llevó a formular una primera enmienda -una de las que trato de defender hoy- para que este derecho a la custodia compartida quedara reconocido nítidamente claro. La circunstancia de que fuera el forense o el juez quien tuviera
la última palabra tenía que tener una serie de matizaciones. Aceptamos que en determinadas circunstancias tenga la última palabra, pero aquí está lo que nosotros hemos llamado el interés superior de los hijos menores para que se instaure la
denominada mediación familiar parental. Para que incluso ya en la propia exposición de motivos del proyecto de ley se hiciera un claro reconocimiento jurídico, democrático y de derecho del menor a tener este reconocimiento, dijimos en nuestra
enmienda: Es en este sentido en el que la reforma promueve a los progenitores como responsables de los deseables acuerdos a favor de sus hijos, mediante la denominada mediación familiar parental.
En efecto, ante todo se trata de superar la
tradicional confrontación judicial entre cónyuges para avanzar decididamente en los intereses reales inmediatos de los menores gracias a los acuerdos y a la negociación entre los padres. Excepto en algunas situaciones singulares los hijos desean la
unión, la vida común o las relaciones habituales de sus padres; de no ser posible se les ha de procurar al menos la deseable armonía. Esta deseable armonía de los hijos habidos en el matrimonio con cada uno de los cónyuges separados debe
prevalecer, debe ser reconocida al menor, se encuentren en la situación del Código Civil en que se encuentren. No podemos olvidar que en anteriores legislaturas en este Parlamento hemos debatido principios de derecho internacional llamados derechos
del menor. El menor no solo tiene derecho a no recibir malos tratos de parte de sus progenitores sino que también tiene derecho a la armonía, a que se pueda mantener esa relación paterno-filial. En la defensa de nuestra enmienda decimos: La
mediación familiar parental para conseguir este acuerdo sobre los hijos debe ser obligatoria. No obstante, de no alcanzarse acuerdo posible corresponderá a la intervención judicial. Todas nuestras enmiendas han girado alrededor de este punto
nuclear de la mediación familiar parental para que, como decimos, estos menores tengan las garantías pertinentes.
En otra de las enmiendas que defiendo en la tribuna decimos claramente que el juez considerará el contenido del informe de la mediación familiar parental para una mejor evaluación de la realidad aproximándose a la actitud y a la voluntad de
cada parte. Esto va a residenciar en los juzgados y en los jueces de familia una especial responsabilidad, No podrán despachar de manera frívola, por una mínima exigencia ética, determinadas causas de adjudicación de la custodia o tutela de los
hijos habidos en el matrimonio, una vez divorciados, para quitarse un expediente de en medio y darlo por cerrado. Esto tiene unas consecuencias posteriores que es necesario analizar. En los debates de Comisión se nos dijo por el propio portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, cuando defendíamos nuestra enmienda número 59, sobre el régimen de comunicación y estancia de los hijos con sus padres, que se abordaría en el acuerdo parental o en su defecto determinado por el juez e informado
por la mediación familiar; mientras tanto, el criterio judicial procurará la custodia compartida, salvo circunstancias evidentes que no lo aconsejen; para eso estarán los informes periciales, los informes competentes que en estos casos extremos
aconsejen que el juez tome la determinación de no aceptar la custodia compartida por situaciones que pueden conllevar una peligrosidad para los menores, para los hijos habidos en este matrimonio; pero siempre se establecerá un régimen de
comunicación y estancias lo más amplio posible con la finalidad de facilitar la compañía de sus progenitores. También se nos habló en la Comisión -nosotros teníamos recogida esta exigencia en nuestra enmienda número 60- de un futuro texto
articulado de una ley de mediación familiar. Pediría al Grupo Socialista que si hay esta voluntad de resolver la custodia compartida y todos los principios que hemos enumerado aquí con respecto a la mediación familiar parental, si no van a ser
aceptadas estas enmiendas en este proyecto de ley, que sería lo que le faltaría para su complementariedad recogiendo esta exigencia de las asociaciones de padres separados en este momento en toda España, se pueda tener rápidamente una ley de
mediación familiar que recoja definitivamente esta casuística que nace no solo del derecho a la regulación de la separación o divorcio de la pareja en el Código Civil vigente en España sino que tiene que tener todas las garantías legales para que
podamos resolver de una vez esta situación. Sí hay un compromiso del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista de traer a la Cámara, con la mayor urgencia, una ley de mediación familiar, bienvenida sea, y desde mi grupo le prestaremos todo el
apoyo parlamentario posible para llevarla a efecto a fin de que desde este proyecto de ley que hoy traemos aquí los juzgados de familia puedan resolver este otro problema.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Continuamos con el turno de defensa de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Después de 25 años parece que ha llegado el momento de reformar una ley hecha bajo el rechazo en su día de los sectores conservadores, hoy del Grupo Popular, a pesar de que desde nuestro punto de vista la Ley de 1981 es abiertamente
conservadora. El paso del tiempo ha hecho patentes las disfunciones de la actual regulación. Lo cierto es que hoy por hoy estamos abordando una modificación legislativa que va mucho más lenta que lo que ha sido la realidad social. Mediante este
proyecto que trajo el Gobierno se pretendía precisamente su corrección, su adaptación a esa realidad social, que se consigue a través de ese proyecto y a través del trabajo parlamentario. En concreto, por parte de nuestro grupo hemos presentado
seis enmiendas para clarificar conceptos, matizar su contenido, como es el caso de la modificación del artículo 92 del Código Civil. A nuestro entender, su redacción original generaba ambigüedad en torno al papel del juez a la hora de dictar
medidas sobre los hijos. Esta enmienda no ha sido aceptada, pero en cualquier caso nos unimos al consenso que supone la enmienda que presentó el Grupo Socialista con el fin de mejorar esa redacción y abordar algunos otros cambios. También
presentamos cuatro enmiendas de adición con la pretensión de mejorar y completar la legislación o más bien de actualizarla. Se trata de abordar la mediación familiar y la creación del fondo de pensiones y alimentos.
Tras una dura negociación con
el Grupo Socialista conseguimos arrancarles el compromiso de esa ley de mediación que ha de realizar el Gobierno y la suspensión del proceso para someterse a los servicios de mediación.
Estamos muy satisfechos de ese avance y actualización de la
mediación basada -como reclaman todos los especialistas y la razón nos indica, excepto al Grupo Popular, que siempre va contra corriente, lo cual es una lástima- en los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad, y
respetando por supuesto los servicios de mediación creados en las respectivas comunidades autónomas. Esta modificación legal es de gran utilidad social al apostar por esta fórmula positiva de resolución extrajudicial de conflictos, especialmente
indicada para abordar globalmente de modo íntimo y no traumático las situaciones causantes, concomitantes y subsiguientes a una ruptura matrimonial. Se trata de una mediación familiar sin merma alguna del derecho a la tutela judicial. Implica
reducir las consecuencias derivadas de la separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y diálogo y, especialmente, garantizar la protección del interés superior del menor por la vía del mutuo acuerdo, que
como todos comprenderán es la más adecuada. Así lo señala el comité de ministros del Consejo de Europa en su Recomendación de 21 de enero de 1998, a lo que hemos de sumar el resultado de las ya largas experiencias llevadas a cabo en este terreno en
algunas comunidades autónomas y en otros Estados y que demuestran que recurrir a la mediación implica mejorar la comunicación entre los miembros de la familia, reducir los conflictos entre las partes en litigio, dar lugar a acuerdos amistosos,
reducir los costes económicos de la separación y el divorcio tanto para las partes como para el Estado, así como el tiempo necesario para la solución de los conflictos. No es de extrañar que en diversas comunidades autónomas se hayan aprobado ya
leyes de mediación. En definitiva, esta introducción implica propiciar la autocomposición entre las partes protagonistas en un conflicto, acercándonos a la cultura de la paz.
Muy lejos de este éxito hemos de situar nuestra enmienda número 46, que por supuesto mantenemos, que pretende ampliar la cobertura del fondo de garantía a las pensiones compensatorias. La enmienda de Convergència i Unió que recoge el fondo
de garantía para las pensiones de alimentos aceptada por el Grupo Socialista recoge simplemente lo ya aprobado por la Ley integral contra la violencia de género. No hay ningún avance. El avance sería votar favorablemente esta enmienda por todos
los grupos de la Cámara y por ello les invito a que lo hagan. Pretendemos dar una respuesta realista al impago de pensiones, no solo de alimentos, tan ordinario en nuestra sociedad y que hoy por hoy carece de verdadera protección para el ex cónyuge
que ve incumplido su derecho declarado por sentencia y reconocido por la misma. El Estado debe cubrir las necesidades de las personas que tras un proceso de separación y divorcio carecen de recursos y no reciben la prestación económica reconocida
por resolución judicial. En el caso de las mujeres es sabido que sufren dificultades más acusadas que los hombres para una adecuada inserción en el mundo laboral. El Estado debe paliar esta situación de grave desequilibrio económico y así proteger
la libertad de aquellas y aquellos que deciden romper el vínculo matrimonial, la situación de mayor dificultad real generada tras esta ruptura. Por su parte, la Constitución española reconoce en el artículo 39 la protección económica de la familia.
También lo hacen las sentencias que resuelven respecto a estos desequilibrios económicos. Así no lo hace el Estado y si no se vota favorablemente esta enmienda tampoco lo va a hacer. En definitiva, los poderes públicos deben dar respuesta a esta
problemática y para ello hoy debe ser aceptada esta enmienda.
Retomando la globalidad del proyecto, debemos partir de la complejidad que se crea ante la crisis matrimonial, ante esta confusión de sentimientos con consideraciones puramente materiales. Esto impone al legislador un esfuerzo suplementario
en pro de la racionalidad legislativa a la que hay que conducir a las partes obligándoles a un debate sereno. También es fundamental tener claro qué es el matrimonio civil. Es un marco más, pero no el único, que puede ser elegido voluntariamente
por los ciudadanos para compartir y crecer afectivamente; es una relación presidida en todo momento por la voluntariedad. Cuando falta la voluntad cae el matrimonio.
Por tanto, ningún sentido tiene retrasar ese momento legislativamente.
Debemos
agilizar
la desaparición legal de un matrimonio que ya no existe, por seguridad jurídica. Los rodeos que daba la Ley de 1981 son más bien fruto de la losa del inmediato pasado franquista. Hoy vamos por fin a acomodar a la realidad social y a
nuestra Constitución la legislación civil en materia de separación y divorcio, y eso siempre es una buena noticia.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Uría, es su turno para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, observamos que el Gobierno ha vestido de gala este trámite de aprobación del dictamen de la Comisión y el traslado de las enmiendas al Pleno, puesto que ha sido el propio señor ministro
quien ha tenido la deferencia de presentarlo.
Coincide esta importancia que se le ha dado con la creencia de mi grupo porque también consideramos valiosa la modificación que hoy traemos a esta Cámara. En efecto, cuando la Constitución de 1978 en
su artículo 32 da un mandato al legislador para que regule las relaciones de pareja habla ya de la plena igualdad, pero, señorías, ocurre que la primera vez que se regula en nuestro país la ruptura de las relaciones de familia lo es por la Ley
30/1981, que en la propia exposición de la ley que hoy vamos a aprobar se califica como proceso complejo y tenso. Quienes tenemos una cierta edad podemos adverar hasta qué punto la regulación de la separación y el divorcio se produjo en tales
circunstancias. Quizá la ley dijo en aquel momento lo que podía decir, pero ha transcurrido tiempo, se han evidenciado sus deficiencias y que no haya habido en la tramitación de esta ley debate de totalidad -ningún grupo enmendó a la totalidad-
evidencia que todos somos conscientes de la necesidad de normar ahora de otra manera. La idea de igualdad que dice presidir la regulación de 1981 debía dar paso necesariamente a la idea de la libertad como valor dentro de las relaciones de pareja.
Creemos por eso muy adecuado el principio de autocomposición que está en el espíritu y en la propia letra de esta norma, reservando la intervención judicial para aquellos casos en los que no es posible el mero acuerdo de la pareja respecto de su
ruptura.
Importante aspecto de la modificación nos parece lo que hace referencia a las cuestiones derivadas del ejercicio de la patria potestad y de la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados, cuestión esta respecto de la cual habíamos
llegado al acuerdo de un encaje de bolillos que es el tenor literal del artículo 92, al que luego me referiré. Sin embargo, hemos oído con sorpresa cómo el mismo señor presidente del Gobierno anunció ayer cambios en el Senado. Ténganos al tanto
para que quienes somos ponentes de la norma seamos conscientes de por dónde van a ir las innovaciones que se nos proponen desde el Gobierno, desde el grupo mayoritario que apoya al Gobierno. En nuestra intervención en Comisión valoramos de manera
especial que la ley, en consonancia con la Ley integral de violencia de género que aprobamos en esta legislatura, tenga especial deferencia o en especial estima la cuestión que hace referencia a los indicios de violencia o a la existencia de riesgo
de malos tratos.
Manifesté entonces -y lo digo ahora también- que mi formación política presentó pocas enmiendas entendiendo que todas las formaciones políticas iban a hacer el esfuerzo de enmendar aspectos concretos y que quizás en esta ley, más
que en otras muchas, el campo de juego iba a estar marcado por las aportaciones hechas por todos y el número de transacciones habidas, la coincidencia en las materias que pretendíamos regular, nos ha evidenciado a lo largo de la tramitación que así
ha sido.
Mi grupo deja en este momento sólo viva la enmienda número 38 -me referiré luego a la retirada de la numerada como 39- con las dudas que ya manifesté en Comisión. La enmienda número 38 hace referencia a que lo ideal sería que los informes
de profesionales a los que se alude en el texto de la norma fuesen profesionales de la Administración, y lo hacemos en la creencia de que puede ser la fórmula más adecuada para favorecer el acierto de los tribunales y evitar el peregrinaje que las
parejas que se rompen hacen con los hijos de centro en centro, yendo a gabinetes especializados a ver si pueden conseguir el informe ad hoc que advere lo que desean obtener del Poder Judicial. Manifesté entonces, y lo hago también ahora a pesar de
mantener la enmienda, que esta fórmula puede tener desventajas. Es posible que haya administraciones que no tengan estos servicios suficientemente dotados. También podría ocurrir -somos conscientes- que intereses de profesionales de determinados
sectores se vean afectados y, por tanto, haya una protesta que podría calificarse de gremial. No obstante, y puesto que a la ley le falta su paso por la Cámara Alta, considero conveniente examinar por todos o por lo menos valorar o sopesar la
importancia de profesionalización sí, pero además de cercanía o de vinculación con la Administración de Justicia en lugar de informes a instancias de parte.
En la enmienda número 39, que pretendía la introducción de fórmulas de mediación, intentábamos salvaguardar las competencias propias de las comunidades autónomas porque tienen mucho de contenido de competencia social, y conscientes también
de que los servicios de inmediación tienen incidencia en el proceso, puesto que ya hemos regulado y mi grupo acepta el que pueda motivar la suspensión de un procedimiento iniciado, nos parece adecuada la forma en que ha quedado plasmado en el
dictamen de la Comisión y, por tanto, anuncio ahora -lo trasladaré a los servicios de la Cámara- que no haré objeto de votación esta enmienda número 39.
La enmienda número 40, que quedó introducida en el dictamen de la Comisión, creemos que lo fue de manera inadecuada. Creemos que no supone sino una distorsión en el texto que ha quedado aprobado en el
artículo 92. Nuestra pretensión era motivar que reflexionáramos sobre la conveniencia o no de que la posibilidad de custodia compartida estuviese siempre vinculada al mutuo acuerdo. El texto que se pactó por todas las formaciones políticas
nos parecía que dejaba un resquicio en su párrafo séptimo cuando permite que en casos excepcionales y con requisitos excepcionales también, y en atención al supremo interés del menor, a instancias solo de uno de los progenitores pueda ser adoptada
la guarda compartida. Examinado con detenimiento nos parece que es correcta esta fórmula, que el campo que deja a la posibilidad de solicitud por solo una de las partes -fórmula que nos parece siempre abocada al fracaso- está bien plasmado en el
texto del artículo 92 y, por tanto, anuncio en este momento que mi formación política va a votar el voto particular que ha sido presentado por el Grupo Socialista entendiendo que lo que no es posible mantener es el tenor actual del artículo 92, que
encierra en sí mismo una contradicción muy poco conveniente en regulación de cualquier materia pero sobre todo en éstas, siempre necesitadas de la mayor claridad posible, como son las relaciones de familia.
El fondo de garantía de alimentos introducido en el texto de la norma a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tuvo nuestra aceptación, y nos parece especialmente adecuado que haya quedado plasmado
aunque sea con un llamamiento a legislación ulterior. Nosotros no lo habíamos introducido -desde el Grupo Vasco no se había hecho esta mención- porque la recientísima ley aprobada -Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento vasco para la igualdad
de hombres y mujeres- contiene ya en su artículo 45 esta previsión, previsión más extensa cuando regula la inclusión social. Hace referencia a situaciones no solo de separación y de divorcio sino de viudedad, no solo al impago de alimentos sino
también a las pensiones compensatorias, de la misma manera que se contemplan no solo los casos de separación y divorcio sino también aquellos de nulidad matrimonial y la extinción de relaciones de pareja de hecho o procesos de filiación y de
alimentos.
Intentaremos introducir en el Senado una fórmula más adecuada y que comprenda más situaciones de las que se contienen en el texto aprobado en la norma, pero insistimos en que ello no es motivo, en modo alguno, para que no nos felicitemos
por la inclusión de esta previsión y para que votemos en su totalidad el dictamen que ha sido aprobado en Comisión.
La misma filosofía de conseguir la igualdad o la equiparación dentro de las relaciones de familia tenía nuestra enmienda número 37, que ha quedado incorporada al texto del dictamen y que fue aprobada por mayoría en Comisión. Agradecemos de
manera muy especial al Gobierno y al grupo mayoritario que no hayan presentado voto particular sobre la misma y que, por tanto, hoy podamos entender que es aprobado por la unanimidad de esta Cámara. Hacía referencia esta enmienda número 37 a
introducir también el valor igualdad en la regulación de lo que ha de ser el contenido de una relación matrimonial. Al tenor del artículo 68 actual, cuando se habla de los deberes de los cónyuges, a la fidelidad añadíamos también el deber de
responsabilizarse ambos de las tareas domésticas, del cuidado y atención de hijos y de ascendientes. Nos parecía que incluir este valor igualdad en las relaciones tenía un contenido de pedagogía social que es necesario trasladar a la norma. Debo
manifestar a SS.SS. que en los nueve años que llevo de diputada nunca una norma que haya sido defendida por mi grupo ha tenido tal expectación en medios de comunicación no solo de este país sino sobre todo internacionales. Se ha hecho desde
determinados sectores bromas muy concretas diciendo que a ver si se van a poner inspectores que puedan controlar el cumplimiento de estos deberes dentro de las relaciones de pareja. No se trata de eso. El deber de ayudar o responsabilizarse del
levantamiento de las cargas, de las tareas domésticas o el cuidado y atención de hijos y de ascendientes nos parece que tiene la misma obligatoriedad y será igualmente exigible que lo que hace referencia al deber de fidelidad. Nadie inspecciona a
los matrimonios, a las parejas, sobre si este deber se cumple o no, y ahora que hemos establecido la posibilidad de divorcio sin causas no tendrá más relevancia que la que pueda tener de cara a las situaciones de ruptura.
También en las situaciones
de ruptura, de cara a la petición de una custodia compartida, tendrá relevancia poder acreditar si una parte concreta de la pareja ha tenido especial cuidado en cumplir con estos deberes de realización de las tareas domésticas o responsabilidad
respecto de ellas y de la atención de ascendientes y descendientes. Nos felicitamos por la inclusión de este precepto -insisto-, agradecemos al Gobierno y al grupo mayoritario en la Cámara que haya decidido no hacer cuestión de su inclusión en el
dictamen no presentando en este trámite voto particular y de la misma manera que inicié el informe en la Comisión al referirme a la necesidad de felicitar al Gobierno por haber trasladado a la Cámara este proyecto de ley concluyo ahora. Formo parte
de la oposición al Gobierno en esta Cámara, no somos de los grupos que apoyamos al Gobierno, sin embargo, es de justicia que en aquellos supuestos en los que una norma viene a la Cámara -y nos parece bien que haya venido- se haga objeto de
felicitación al Gobierno, lamentando que el señor ministro no se esté enterando en este momento de lo amable que estoy siendo con él. (Risas.) Insisto en que mi grupo mantiene una única enmienda y votará que sí a la integridad del dictamen de la
Comisión que será objeto de votación al finalizar esta mañana.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Uría.
Continuamos, señorías, con la intervención del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya para la defensa de sus enmiendas. Toma la palabra para ello la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, contraer matrimonio es un derecho, pero también lo es la disolución del vínculo cuando una o ambas partes lo desean. Como ustedes ya saben, en la II República se legisló el derecho al divorcio, derecho que fue, como tantos otros,
anulado por la dictadura. Tuvieron que pasar muchos años, demasiados, hasta la Constitución de 1978, para que fuera admitido al derecho al divorcio, no sin reservas, con medidas que se suponía deberían preservar el vínculo matrimonial y presentaban
el divorcio como último recurso, siempre que la reconciliación no fuera posible y cuando hubiera causas graves que lo justificaran, en ningún caso como un acuerdo común entre los consortes. Hoy, después de 25 años, vamos a avanzar de nuevo; vamos
a avanzar, primero, eliminando las causas del divorcio; segundo, porque ya no será necesaria la voluntad de los dos miembros; tercero, porque se va a evitar el doble procedimiento de separación y divorcio y, cuarto, porque en la antigua ley no se
preveía que el culpable, entre comillas, del divorcio pudiera quedarse al cuidado de los hijos. En la práctica en muchos casos ya no es así, pero ahora se prevé legalmente que los padres puedan acordar si la guarda y custodia se ejercerá por uno de
ellos o por ambos.
El Grupo de Esquerra Republicana ha presentado tres grupos de enmiendas.
Uno grupo hace referencia a la denominación patria potestad. En la legislación catalana y a partir de diciembre de 1996 desaparece esta denominación de potestad del
padre y de la madre, esgrimiendo el argumento de que la relación entre padres e hijos debe alejarse del principio de autoridad del padre. Asimismo, la denominación de patria potestad resulta impropia en la regulación de esta institución en el
derecho moderno, pues actualmente no se hace referencia a una potestad autoritaria como lo era en el derecho romano, sino a un derecho en función del beneficio de los hijos, cuyo ejercicio corresponde tanto al padre como a la madre. El concepto de
responsabilidad parental cubre los deberes y derechos ligados al cuidado del niño y de sus propiedades, lo que incluye la responsabilidad de asegurarse de que el niño tiene un hogar, comida y ropa y de que recibe educación. También incluye la
responsabilidad de ocuparse de sus bienes y el derecho a representarlo legalmente. Hemos de tener en cuenta que el término responsabilidad parental viene utilizándose en el derecho comunitario desde hace varios años. Durante la tramitación de la
Ley contra la violencia de género se debatió la necesidad de modificar las raíces de la sociedad patriarcal.
Este cambio supondría un paso en esta dirección. La denominación debe reflejar los valores de la sociedad y nuestra sociedad pide una
reflexión sobre los antiguos valores de dominio y autoridad patriarcal.
El segundo grupo de enmiendas hace referencia a la necesidad de sustituir guarda y custodia compartida por alternada. Producida la crisis de convivencia de los progenitores, es evidente que resultará físicamente imposible que el niño
conviva a la vez, simultáneamente, con sus padres, dado que la comunidad de vida familiar se ha roto y en la mayoría de las ocasiones esto implica que cada progenitor sitúe su domicilio en distinto lugar. Por tanto, desde la óptica de un concepto
restringido de guarda, que entiende que tal potestad es la que atribuye el derecho de convivir de forma habitual el progenitor y el hijo, la guarda conjunta es una entelequia que solo puede tener lugar cuando los padres del menor conviven,
circunstancia que evidentemente no se da cuando se produce la ruptura de la convivencia entre progenitores. Así, dentro de un concepto restringido de guarda, la guarda conjunta solo puede suponer que la potestad sobre la responsabilidad de los
hijos se comparta por ambos progenitores, sin hacerse referencia a la simultaneidad de estos en el encargo y cuidado personal del menor, que sigue encomendado a uno de los padres. Guarda conjunta solo puede entenderse como coejercicio de la
responsabilidad parental. Desde este punto de vista son coguardadores ambos progenitores corresponsables del niño, mientras que solo uno es el cuidador unilateral. Así, a la situación de coejercicio de la patria potestad -responsabilidad parental-
se uniría la de alternancia en el cuidado del menor -guarda alternativa-. La guarda así considerada, también llamada sucesiva, consiste en que el hijo conviva con cada progenitor por periodos alternos o sucesivos, de tal forma que el guardador será
el padre o la madre dependiendo del periodo de que se trate.
El tercer grupo de enmiendas, que de algún modo se ha visto reflejado en el dictamen, se refiere a la mediación familiar. Las crisis, muchas veces irreversibles, de algunas relaciones familiares ha sido resuelta tradicionalmente por actores
ajenos a los propios afectados por el conflicto. La ruptura familiar comporta un elevado tono emocional para las personas afectadas y esta tensión se incrementa con la utilización del procedimiento contencioso judicial, basado muchas veces en el
enfrentamiento y en la posible disyuntiva de ganar o perder. Por eso en los últimos años, y para tratar de resolver la crisis de forma dialogada, se ha introducido la fórmula de la mediación como uno de los diferentes métodos alternativos al
conflicto judicial. La mediación, que debe ser voluntaria, fomenta un entorno respetuoso que ayuda a disminuir la intensidad emocional, aproxima las posiciones de las partes y las implica en la búsqueda de una solución que les pueda resultar
aceptable. Con la mediación no hay un perdedor ni un ganador sino el esfuerzo común para encontrar fórmulas resolutivas a los problemas objeto de conflicto. Pero para canalizar este esfuerzo es necesaria la intervención del mediador, que debe ser
un profesional imparcial que actúe de forma confidencial, que facilite el diálogo, estimule la comprensión mutua y propicie la búsqueda de soluciones óptimas.
El mediador no decide, ya que la mediación parte de la premisa de que las partes, en la medida en que han aceptado voluntariamente acceder a aquélla, encontrarán por sí mismas las respuestas adecuadas sin que esto
signifique necesariamente la reconciliación sino más bien una ruptura ordenada y consensuada. Aún así la mediación también puede suponer un buen complemento al ámbito de la resolución judicial ya que el juez puede suspender el proceso a la
espera del resultado de la mediación. En los conflictos familiares conseguir acuerdos y mantener el diálogo son objetivos básicos, ya que en muchas ocasiones hay unos hijos que requieren la máxima atención y afecto de las dos figuras parentales
precisamente para superar la crisis que supone un divorcio.
Cataluña, que ha sido pionera en el Estado español en la mediación, aprobó en su día la Ley 1/2001, de mediación familiar, y creó el Centro de mediación familiar de Cataluña. Este centro tiene como objetivos dar a conocer, difundir y
promover la mediación, sus ventajas como vía pacífica de resolución de conflictos familiares y conseguir que esta sea una opción fácilmente accesible para todos los ciudadanos. A pesar del esfuerzo de las diferentes administraciones autonómicas,
como la propia Administración catalana, todavía hoy la vía de la mediación familiar es desconocida para la mayoría de la población. Por esto, es necesario que todas las administraciones públicas se decidan a impulsar la mediación acudiendo a
procedimientos extrajudiciales más adecuados para la resolución de estos conflictos, entre los que cabe señalar la mediación.
Por tanto, recogemos la propuesta del Gobierno de impulsar una ley de mediación y vamos a retirar las enmiendas con las que defendíamos esta propuesta, que son las números 8, 9, 14 y 24 a 27, y mantenemos los otros dos grupos de enmiendas,
esperando su comprensión y su voto a favor.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Bonás.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Van a compartir el turno, señora Pigem? (Denegaciones.)
Va a ser la señora Pigem quien defienda, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), las enmiendas presentadas.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, quiero comenzar mi intervención señalando que no solo por parte de mi grupo parlamentario, sino por parte de amplísimos sectores sociales, se aplaudió que el Gobierno quisiera acometer una reforma de la regulación
de la separación y el divorcio porque se consideraba que era necesaria. Los horrores iniciales de su regulación en el ya lejano año 1981, la experiencia de su aplicación y los profundos cambios sociales que se han ido produciendo durante los 24
años que ha estado en vigor, aconsejaban, justificaban y exigían esta reforma, una reforma que en su texto final será con toda seguridad considerada demasiado amplia por algunos sectores y excesivamente cauta por otros, pero que en líneas generales
creemos que se ha ido mejorando en su trámite parlamentario, tanto por las enmiendas del propio Grupo Socialista, corrigiendo el proyecto inicial en los aspectos más polémicos como por las aportaciones de los grupos parlamentarios y, en todo caso,
una reforma que globalmente vamos a apoyar desde Convergència i Unió desde la coincidencia inicial con algunos de sus planteamientos, desde el reconocimiento de la aceptación de una buena parte de las enmiendas que en su día presentamos, con la
expectativa de que incluso puedan aceptarse otras en el trámite parlamentario todavía pendiente y desde la consideración de que finalmente la aprobación, la entrada en vigor y aplicación de estas nuevas disposiciones será la que, más allá de juicios
en buena parte hoy meramente especulativos, nos dirá la bondad de las mismas o, por el contrario, evidenciará la necesidad de nuevos retoques o de nuevas modificaciones.
Coincidimos con el proyecto en la supresión del carácter obligatorio de tener que pasar por dos procedimientos, uno primero de separación y otro posterior de divorcio, no solo por el lógico encarecimiento de tener que acudir a dos pleitos
sino sobre todo por lo que significa de alargar y pagar otros costes, los psicológicos, los tensionales y hasta los laborales. Tanta es la coincidencia con este punto que todos ustedes pueden recordar que Convergència i Unió presentó la pasada
legislatura una proposición de ley con este mismo contenido que entonces no prosperó por los votos en contra del Grupo Popular.
Coincidimos también con la necesidad de superar la actual legislación en la manera de imponer la necesidad de acreditar las causas de separación, lo cual puede dar lugar in extremis a que puedan dictarse sentencias denegatorias de la misma
en aquellos casos en que las causas invocadas no puedan ser acreditadas, lo cual -aunque hay que decir que por la prudencia de la judicatura sucede en pocas ocasiones- no deja de producir situaciones dolorosas y difíciles de reconducir puesto que
mal puede imponerse una convivencia de la naturaleza de la conyugal cuando una o las dos personas no quieren tener la misma. Pero ello, a nuestro juicio, no quiere decir -entro ya en la defensa de las enmiendas que hemos mantenido para este trámite
y me refiero concretamente a la enmienda número 61- que se tenga que suprimir cualquier mención a que para separarse o divorciarse tenga que existir alguna causa, aunque esta causa sea la voluntad unilateral para hacerlo. Creemos que en sede
contenciosa sería más respetuoso con nuestro marco jurídico y especialmente con el artículo 32.2 de la Constitución mantener la necesidad de explicitar cuál es la causa por la que se solicita la separación, una causa que además ilustrará al juzgador
acerca de la realidad de cada familia concreta, una ilustración que parece necesaria ya que es sobre esa realidad sobre la que el juzgador deberá adoptar los efectos de la separación. A estos efectos, desde mi grupo parlamentario proponemos dos
tipos genéricos de causas: la
vulneración de los deberes entre los cónyuges o con respecto a los hijos comunes o de cualquiera de ellos y la voluntad de cesar en la convivencia; todo ello en el bien entendido que ni en esta enmienda ni en la legislación vigente no se
trata de culpas sino de causas y que no hay ningún automatismo entre las causas de separación y la determinación de los efectos de la misma. Una enmienda que no pretende nada más pero tampoco nada menos que la armonización del imperativo
constitucional de la existencia de causas con el reconocimiento de la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado a su cónyuge.
No comprendemos el proyecto cuando, de un lado, nos dice que una de las novedades de la reforma es dar prioridad a los particulares para decidir la permanencia en la vida conyugal y, por el contrario, en los procedimientos contenciosos se
alarga la situación hoy vigente, en la que no hay ningún plazo antes de solicitar la separación, a tres meses en los que no se puede solicitar la misma. Nos parece una contradicción y por ello proponemos en esta misma enmienda que para el caso de
los procedimientos contenciosos se suprima este plazo, es decir, se deje tal como está ahora.
Creemos también que el derecho transitorio no queda suficientemente resuelto. Cuando la reforma entre en vigor es lógico preguntar a las partes que están incursas en un procedimiento de separación si quieren que en lugar de la separación se
dicte el divorcio, justamente para evitar un doble procedimiento, pero nos parece que el proyecto puede dejar en indefensión a las partes cuando prevé, tal como está en su redacción actual, que se pueda modificar el petitum respecto a los efectos de
la separación (custodia, domicilio, pensiones, etcétera) y sin prever que se abra un nuevo periodo de prueba, el juez pueda decidir sin más sobre esta modificación. Desde nuestro punto de vista, sería más correcto que, salvo que mediara un acuerdo
entre las partes, las mismas se pronunciaran únicamente acerca de si quieren en lugar de la separación el divorcio. Por ello, mantenemos la enmienda número 67 y vamos a apoyar también las que otros grupos han presentado en el mismo sentido.
El proyecto, señorías, aborda, además de la modificación del Código Civil, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en determinados aspectos. Por ese motivo, como ya se abordaba esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
mi grupo introdujo enmiendas encaminadas también a modificar este mismo cuerpo legal, algunas de ellas enmiendas estrictamente técnicas. La primera de ellas, que no es técnica, sería la necesaria equiparación a efectos procedimentales de las
parejas de hecho, que debe producirse sin más demora, y a ello obedece nuestra enmienda número 68, que presentamos para remediar el actual agravio comparativo que padecen las parejas de hecho y que se traduce en que tienen que iniciar dos
procedimientos al mismo tiempo y, donde hay juzgados de familia, en dos tipos de juzgados distintos: un pleito en el juzgado de familia para las cuestiones relativas a los hijos y otro en el juzgado ordinario para las relaciones económicas entre
convivientes o las relativas al domicilio. Creemos que es una situación que se ha manifestado gravemente perjudicial y el que hoy estamos viendo es un trámite adecuado para poder remediarla.
Debería abordarse también una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que subsanara la omisión actualmente existente, porque no hay ninguna norma que ampare la inscripción de las sentencias y, aunque es cierto que en la actualidad se
está produciendo, se están inscribiendo por un cierto automatismo, creemos que la seguridad jurídica de los cónyuges y de terceros impone la regulación de la inscripción de las resoluciones, y a ello obedece nuestra enmienda número 70. Finalmente,
a través de la enmienda número 69, consideramos necesario hacer las correcciones procesales pertinentes para que cada parte tenga una información y asesoramiento independiente como requisito imprescindible para poder prestar un consentimiento
válido. Retiramos, por otra parte, la enmienda número 63 por considerarla recogida en la nueva redacción del artículo 103, introduciendo una enmienda que en este sentido presentó el Grupo Popular. Valoramos muy positivamente, por otra parte, las
enmiendas que se han ido introduciendo a lo largo del trámite parlamentario, especialmente, como no podía ser de otra manera, las de mi grupo y quiero señalar dos de ellas: la primera, que da respuesta a una petición reiterada y de la que se han
hecho eco la práctica totalidad de grupos parlamentarios, que es que no sea necesario que los niños mayores de 12 años tengan que ser imperativamente y en todos los casos oídos por el juez, lo cual puede producir un trastorno innecesario a estos
menores.
Piénsese que en muchos casos los padres llegan a un acuerdo para no involucrar a los hijos en sus desavenencias y es paradójico que también en estos casos los menores tengan que acudir al juzgado. El texto resultante es, a nuestro juicio,
mucho más respetuoso con la Ley de protección jurídica del menor, que concibe la audiencia de los niños como un derecho de estos y no como un deber. Serán oídos cuando ellos o sus padres quieran o cuando el juez lo considere necesario, pero no
porque la ley lo obligue imperativamente en todos los casos, que es la situación actual. La segunda valoración positiva es la aceptación y el compromiso de la creación de un fondo de garantía de alimentos, un compromiso que desde Convergència i
Unió entendemos firme y no duden de que mi grupo va a impulsar su regulación y creación efectiva que, además, es coherente con lo ya aprobado en la Ley de medidas integrales contra la violencia de género. Un fondo que da respuesta a una petición
que mi grupo parlamentario viene haciendo desde hace más de 10 años y que paliará situaciones de auténtica pobreza a las que se ven abocadas las personas con hijos a cargo a las que se les impagan las cantidades estipuladas en concepto de alimentos.
En sintonía con las enmiendas de otros grupos parlamentarios, nos gustaría también que este fondo fuera más amplio, pero, señorías, creo que todos hemos de ser conscientes de que los recursos públicos no son ilimitados y que, por
lo tanto, hay que comenzar por los alimentos de los menores cuyo interés es, en todo y en cualquier caso, merecedor de protección.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya concluyendo, señora Pigem, por favor.
La señora PIGEM I PALMÉS: Sí, señora presidenta.
Valoramos también positivamente la inclusión de la mediación en los términos en que se ha hecho como una posibilidad de resolución alternativa de conflictos y como un compromiso del Gobierno de remitir a esta Cámara un proyecto de ley de
mediación que se base en los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad, y con respeto a las competencias y a los servicios creados por las comunidades autónomas. En mi comunidad, en Cataluña, como se ha mencionado
ya por la señora Bonás, desde el año 2001 tenemos una ley propia de mediación familiar, una ley general, porque la mediación no solo se aplica a los conflictos familiares, sino que también regula los requisitos de formación y titulación de los
mediadores.
Con respecto a un tema polémico, que es el de la custodia compartida, quiero hacer una breve consideración. Estamos hablando de custodia, no de titularidad de patria potestad, es decir, del conjunto de derechos y obligaciones para con los
hijos que por ley son ya compartidas, y tampoco hablamos del ejercicio de la patria potestad, es decir, de la adopción de las decisiones de importancia que afectan a los hijos: salud, educación, residencia, etcétera, que son también compartidas por
ley cuando no hay causa contraindicada para ello. Estamos hablando de custodia, de dónde duerme el menor cada día, a qué hora, de qué pautas cotidianas de cuidado, de alimentación, de higiene, de criterios, etcétera, se han de tener. Hablar de
estos temas cotidianos y hacerlos uno o dos días en casa de cada progenitor cuando no hay acuerdo y muchas veces ni siquiera comunicación entre los progenitores, se nos antoja francamente difícil.
Nosotros preferiríamos dejarlo para el mutuo
acuerdo, por entender que compartir el cuidado cotidiano exige per se una capacidad de acuerdo entre los progenitores. Vemos que hoy los medios de comunicación recogen unas opiniones vertidas ayer por el presidente del Gobierno que nos ha parecido
que apuntaban hacia esa misma consideración incluso a la posibilidad de que así se reconsiderase en el Senado, aunque hay que decir que en el trámite que hoy finalizamos el texto deja únicamente la posibilidad de hacerlo sin acuerdo a casos ya muy
excepcionales y solo cuando esta sea la única forma de proteger adecuadamente el interés del menor, que nos parece francamente más correcto y en términos más aceptables que el planteamiento inicial.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Finalmente, quiero valorar positivamente la enmienda introducida por el Grupo Vasco referida a compartir las responsabilidades familiares, porque nosotros también creemos en el valor pedagógico de la norma.
Concluyo reiterando que, atendiendo a la coincidencia expresada con los objetivos y al número importante de enmiendas aceptadas a mi grupo parlamentario, vamos a votarla favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pigem.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de sus enmiendas a este proyecto, tiene la palabra la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer al ministro la presentación del proyecto aquí hoy. Asistimos al último trámite en esta Cámara antes de su envío al Senado del proyecto de ley de modificación del Código Civil en materia de separación y
divorcio. El Grupo Parlamentario Popular mantiene 17 de las 18 enmiendas presentadas, que voy a defender a continuación. Antes de ello, me gustaría decir a SS.SS. que el Grupo Parlamentario Popular va a abstenerse en la votación final del
dictamen porque, si bien es cierto -y quiero que quede bien claro- que consideramos que este proyecto es bienintencionado en cuanto trata de acomodar la legislación a la realidad social en continua transformación como es el hecho de suprimir los
trámites de la separación previa del divorcio -algo con lo que el Grupo Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo, figuraba en nuestro programa electoral-, creemos que hay otra serie de cuestiones que no quedan suficientemente claras en este
proyecto de ley, que van a plantear más problemas y más dudas que en la actual legislación vigente y creemos que pueden ser objeto de modificación y de reforma en el trámite del Senado.
Este proyecto se presentó a la ciudadanía de una manera concreta y, posteriormente, a lo largo de este trámite de ponencia y Comisión, se ha ido parcheando por los distintos grupos parlamentarios. Se han admitido varias enmiendas de
distintos grupos parlamentarios y quiero decir, como el portavoz del Grupo Socialista decía el otro día que eso demostraba que había sido un texto consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, que a este grupo parlamentario
tan solo se le aceptó una enmienda de carácter técnico. Había muchas otras enmiendas coincidentes con la filosofía y el texto del proyecto, que en ningún momento se nos han aceptado. Más que una muestra de diálogo o de talante, lo que se ha hecho
ha sido traer un proyecto de ley y que el resto de los grupos parlamentarios vayan echando una mano a ver cómo solucionamos y solventamos las lagunas que plantea el mismo.
Ayer -se ha dicho aquí por otros grupos parlamentarios- el señor Rodríguez Zapatero en un encuentro con asociaciones feministas que han sido muy críticas
con el Gobierno -me consta-, sobre todo en relación con cuestiones recogidas en el texto, se ha comprometido a hacer una revisión. Le decía ayer a una de las asistentes del grupo: Esta misma noche no hagas más esfuerzos conmigo en todo lo
relativo al régimen de custodia compartida de los hijos cuando no sea por acuerdo de los padres, cuestión que no comparte, como sabemos, el Ministerio de Justicia, tal y como podemos observar por la postura del grupo que apoya al Gobierno y que ha
seguido los criterios del ministro. Así pues, nos gustaría que tomasen nota e hiciesen una exploración de la situación, como dice el señor Rodríguez Zapatero, para ver cómo va a quedar la cuestión. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, pido a SS.SS. que hagan posible que en unas condiciones mínimas la señora diputada pueda llevar a cabo su parlamento. (Continúan los rumores.)
Señorías de uno y otro lado del hemiciclo, por favor, les ruego que permitan que la señora diputada lleve a cabo su parlamento. Es casi imposible.
Adelante.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.
Hay otras cuestiones, como suprimir las causas, que creemos que se podían haber hecho de otra manera. Si bien somos conscientes de que había que actualizarlas, modificarlas en su contenido, no es verdad que las causas en el vigente Código
Civil sean entendidas como sanción, dado que nuestro sistema no está basado en la culpa tras la reforma del año 1981. No por estar incurso en una causa uno de los cónyuges va a determinar ciertos efectos. Igualmente, cuando se habla en la memoria
y en la exposición de motivos de que se van a agilizar los procedimientos, a nosotros nos gustaría saber cuál va a ser la fórmula mágica del Gobierno, puesto que en la memoria económica se establece que no son necesarios más medios materiales ni
humanos. Con suprimir los trámites no se va a solucionar todo este tipo de problemas.
Como decía anteriormente, los temas más polémicos y las cuestiones que verdaderamente preocupan a todas las partes implicadas en un procedimiento de divorcio se regulan de pasada, planteando en algunas cuestiones más dudas que la legislación
que se pretende sustituir. Hablo en concreto, como he dicho anteriormente, del tema de la custodia compartida, que ha sido el tema estrella de este proyecto de ley. En esta cuestión, en la que las principales víctimas de la separación son los
menores, no se puede actuar con intereses partidistas y contentar por un lado a unos y por otro a otros. Yo no digo ni tampoco mi grupo parlamentario que tenga que ser o blanco o negro, pero lo que un gobierno responsable no puede hacer es plantear
una situación tan gris como la forma en que va a quedar regulado el tema de la custodia compartida.
En cuanto a cómo quedará el texto del proyecto después del compromiso adquirido ayer, como he dicho anteriormente, por el presidente del Gobierno con estas asociaciones de mujeres, anunciando que se va a revisar la enmienda que se aprobó en
el trámite de Comisión, este tema tenía que haber sido abordado de otra forma. El Grupo Parlamentario Popular ya ha dejado claro -posteriormente lo volveré a reiterar cuando defienda las enmiendas- que nosotros no estamos a favor de que hoy por hoy
se otorgue la custodia compartida con el sistema que tenemos en este momento en aquellos casos en que los padres no se pongan de acuerdo.
Cuando utilizamos conceptos como patria potestad y custodia compartida, conceptos vigentes en nuestro
ordenamiento jurídico, no deben confundirse. Hoy por hoy es muy difícil materializar una custodia compartida en aquellos casos en que ambos progenitores no estén dispuestos a llevarla a cabo. Consideramos que esa no es la mejor forma de proteger
el interés de los menores, que es lo que debe primar en todo momento. En nuestro sistema legal, la custodia compartida lleva aparejada una serie de efectos y, si no hay una voluntad de acuerdo entre las partes, se va a crear una situación de
conflicto de difícil solución.
Hablo del tema que todos tenemos en mente -la custodia compartida no se reduce única y exclusivamente a él, pero está en la mayoría de los casos-, el de la vivienda, dónde se quedan a vivir los hijos en el caso de una
separación que no es de mutuo acuerdo. La custodia compartida en uno o en distintos domicilios, créanme, salvo que las partes lo acepten y estén dispuestas a ceder frente al otro en beneficio de sus hijos, la veo difícil. Por ello, nosotros
estamos estudiando que sería bueno que en este proyecto de ley, vía la enmienda que nosotros presentamos, se incluyera en el trámite del Senado el mantenimiento de una atribución unilateral de la custodia en aquellos casos en los que ambos
progenitores no lleguen a un acuerdo lo más beneficioso en torno a esa custodia compartida y no abrir esa posibilidad que, aunque ustedes digan que es excepcional, se recoge en el texto, y articular un régimen de visita, de contacto, de comunicación
-llamémoslo como queramos-, más amplio del que se viene otorgando en la actualidad al cónyuge no custodio. En definitiva, pretendemos instalar al niño en un ambiente de relación con sus padres, porque a pesar de que ellos se han separado, él no lo
ha hecho, salvo en aquellos casos en los que el juez -porque estamos hablando del caso en el que no haya acuerdo de las partes-, analizadas las circunstancias, estime otra cosa, siempre en interés del menor. Hay otra cuestión que es el tema de la
mediación familiar que mi grupo, en las enmiendas presentadas, considera que debe ser obligatoria en aquellos casos en los que existan hijos menores. Perdemos una oportunidad de haber apostado por esta fórmula para solucionar aquellos problemas,
sobre todo en los casos en los que hay que proteger intereses muy importantes, como son los intereses de los menores, de forma que con ello se solucionarían muchos conflictos que hoy están en los
juzgados, que se están sustanciando en algunos casos de forma encarnizada, y considero que es un error no dar una oportunidad a esta opción. Porque si bien en el trámite de Comisión -ya se ha dicho aquí por la portavoz de Izquierda Unida-
se aprobó una enmienda de su grupo en la que se recoge expresamente la mediación, consideramos que es insuficiente porque se establece una mediación voluntaria.
Voy a pasar a la defensa de las enmiendas. Mantenemos las enmiendas números 72 a 75 a la exposición de motivos. Todas ellas están en sintonía con las enmiendas presentadas al articulado en relación con el mantenimiento de las causas -pero
están simplificadas- cuando hablamos de mediación familiar obligatoria y del plan de responsabilidad parental.
Las enmiendas números 77 y 78, de modificación de los artículos 82 y 86 del Código Civil, hacen referencia al mantenimiento de un sistema
causal en relación con el divorcio unilateral. A nuestro juicio, como he dicho anteriormente, es preciso mantener unas causas en estos supuestos que, aunque se han actualizado y ni mucho menos van a ser finalmente un condicionante para obtener la
separación o el divorcio, quedan reducidos a la ruptura de la convivencia familiar, de manera que su continuación sea perjudicial para cualquier de los cónyuges o de sus hijos, y a la violación grave o reiterada de los deberes respecto de los hijos
comunes o de cualquiera de los cónyuges que convivan en el hogar familiar. Todas estas obligaciones están recogidas en el Código Civil. Estas enmiendas hablan de causa, nunca de culpa, que son cuestiones bien distintas.
Estamos totalmente de
acuerdo con lo señalado por la portavoz de Convergència i Unió en relación con lo preceptuado en el artículo 32 de la Constitución, porque a nuestro entender mantener este sistema de causas dará al juzgador un mayor grado de conocimiento con
respecto a determinadas resoluciones que tendrá que adoptar a lo largo del procedimiento, especialmente en cuestiones que afectan a los hijos, como pueden ser la patria potestad, la guarda custodia, comunicación con el progenitor no custodio,
etcétera. Señorías, el legislador está obligado a procurar esa información al juzgador, de lo contrario se establecerá de otra forma a lo largo de ese procedimiento.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego que vaya concluyendo, por favor, señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.
Voy concluyendo. Tengo que añadir que en los países de nuestro entorno el sistema que consagra el proyecto del Gobierno socialista es excepcional.
Como he señalado anteriormente, nosotros adquirimos un compromiso muy serio en las enmiendas
números 76 a 78 y sería de mucha utilidad práctica la obligatoriedad de someterse a la mediación familiar en los casos de separación y divorcio cuando existen hijos menores. Tengo que señalar que uno de los elementos que contribuirían, sin lugar a
dudas, a proporcionar una situación mejor para esos menores que se ven afectados por el divorcio de sus padres y, como dije anteriormente, del que no forman parte pero suelen ser las partes más afectadas, es la función mediadora, y sobre todo en
aquellos casos en los que hay desacuerdo de los padres, cualquier enfoque del divorcio, a nuestro entender, que tenga como objetivo reducir la litigiosidad, conduce invariablemente a fórmulas de conciliación extrajudicial en las que el mediador va a
desempeñar una función primordial.
Respecto a otro de los puntos más conflictivos, como dije anteriormente, el de la guardia y custodia, me remito a lo anteriormente dicho. Tenemos también la enmienda 82, relativa a las pensiones, en la que proponemos que se tenga derecho a
una pensión que podrá consistir en una pensión por tiempo indefinido o una prestación única. Nosotros creemos que limitar arbitrariamente el derecho al cónyuge beneficiario de la pensión está ya recogido en los artículos 100 y 101 del Código Civil.
La enmienda 83 no fue aceptada en Comisión. La enmienda 84 la mantenemos, que es la referida a la herencia en el caso de separación del cónyuge. Consideramos que no es posible eliminar el derecho del cónyuge viudo cuando exista separación de
hecho, porque es muy difícil demostrarlo y ello permitiría alguna desheredación injusta. Mantenemos la enmienda número 85. El contenido de la enmienda 86 es imprescindible para el proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno. Si se quieren
agilizar los procesos de separación y divorcio y reducir el tiempo de su tramitación habrá que contar con un número necesario de juzgados que permitan asumir ya no solamente la reducción de los plazos que se anunció, sino también contar con más
personal y medios suficientes y adecuados. En cuanto a la enmienda 87, que se refiere al Fondo de garantía de las pensiones, consideramos que ha habido un avance importante en la enmienda que se aprobó en Comisión y que presentó el Grupo de
Convergència i Unió, pero no es suficiente y que este es el momento de acordar y garantizar no solamente el fondo de garantía de pensiones y alimentos, sino también de las pensiones compensatorias.
Para concluir, señorías, mi grupo parlamentario, como dije al principio de mi intervención, se va a abstener porque creemos que este texto puede ser modificado en cuestiones muy concretas como las que he puesto de manifiesto en trámite del
Senado, esperamos que así sea, y además estamos pendientes de cómo va a quedar la custodia por parte del Grupo Parlamentario Socialista tras las declaraciones ayer del presidente del Gobierno. Estamos de acuerdo con lo que fue la filosofía inicial
del proyecto de ley de agilizar el procedimiento, y eso es lo que va a marcar el carácter de nuestra votación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Matador.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de sus votos particulares, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, estamos hoy en un día yo diría que importante para muchos hombres y mujeres de este país, en un día que vamos a aprobar inicialmente algunas leyes importantes que desarrollan la
libertad individual como valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Estamos ante el cumplimiento, por otro lado, de un compromiso electoral del Partido Socialista, debatiendo la modificación de la actual regulación del Código Civil en
materia de separación y divorcio; una regulación más moderna, más acorde con la sociedad del año 2005 y que mejora el dictamen que hoy vamos a someter a la consideración del Pleno, y que esperamos tenga un respaldo amplísimo, que mejora el proyecto
de ley inicialmente presentado porque hemos negociado de verdad (se demuestra el talante en ese esfuerzo de negociación) y con resultados obtenidos, porque se han incorporado multitud de sugerencias y de enmiendas, no solo de forma sino también de
fondo prácticamente de todos los grupos (también algún aspecto de los aportados por el Grupo Popular, aunque otros ha sido absolutamente imposible introducirlos).
Permítanme rápidamente (el ministro de Justicia lo ha hecho con brillantez) enumerar y tocar siquiera por encima, pese al escaso tiempo que tengo, los aspectos más importantes que ya están en el dictamen que hoy sometemos a la aprobación de
la Cámara. El proyecto de ley suprime, señorías, la exigencia de causas para proceder a la separación o al divorcio, aspecto fundamental. Quiero añadir que hay un pequeño malentendido (presiento que así es en la opinión pública) cuando existe esa
preocupación en determinados colectivos de que ya no va a haber causas para tratar el tema de la liquidación de gananciales, de la custodia de los hijos, de la vivienda, etcétera. No es así; tan solo se suprimen las causas para la declaración de
separación o de divorcio. A nadie se le exigió decir por qué se quería casar y a nadie se le tiene que exigir dar explicaciones de por qué no quiere seguir en esa unión matrimonial. Ahora bien, no es correcto afirmar que para el resto de los
debates de los efectos derivados de la separación o divorcio no se analizan la totalidad de las causas porque no es así; expresamente se debatirá con todos los argumentos probatorios que cada parte considere oportunos los efectos derivados de esa
separación o de ese divorcio.
Segunda cuestión: se suprimen los plazos previos para solicitar la separación o divorcio. Adelanto ya en aras de la brevedad la contestación a algunas de las enmiendas que se han ido produciendo en estos bloques
fundamentales. Hay una enmienda de Convergencia i Unió que solicita eliminar el requisito de los tres meses. Este texto del dictamen obedece a un delicado y complicado consenso de toda la Cámara, o al menos así hemos intentado. Probablemente
compartamos (entre ellos este modesto ponente personalmente) las razones jurídicas, incluso sociales, de la propuesta de Convergencia i Unió, pero como tengo que defender mi postura permítame decirle que quizás no fuera lo más acertado llevar esa
enmienda a la vez que recogían la existencia de causas en la misma enmienda de supresión; excusa perfecta para poder rechazar, señora Pigem, esa enmienda. Desaparece la necesidad de separación previa o cese efectivo de la convivencia para poder
acceder al divorcio. Eliminamos trabas, plazos, razones económicas importantes, sobre todo para los que menos recursos tienen, y sobre todo razones humanas y personales de no pasar dos veces después de un año por el mismo calvario. En mi modesta
opinión se regulan adecuadamente las pensiones al recoger ya expresamente la pensión a tanto alzado de prestación o pago único, la pensión indefinida, que no vitalicia (lo entiende cualquiera), y la pensión temporal. Hay tres bloques de temas
importantes. No huyo tampoco de reconocer aportaciones importantísimas como la de no llevar a los menores (aportación de varios grupos, específicamente en este tema enmienda de Convergencia i Unió) obligatoriamente a los juzgados. No es correcto,
aunque sea un derecho del menor, como la filosofía y los principios del ordenamiento jurídico así lo indican, que menores de doce y de trece años, niñas y niños, sin que nadie lo pida y sin necesidad peregrinen por los juzgados pasando malos ratos;
eso lo eliminamos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y solo irán cuando sea necesario a instancia de cualquiera de las partes, incluso porque el propio menor quiera. Eliminamos esa obligatoriedad.
Tres bloques importantisimos que se han modificado desde el proyecto de ley inicial al dictamen. Un tema sobre el que no vamos a evitar los comentarios porque es un tema de fondo, la regulación de la custodia compartida. Inicialmente había
una apertura en el proyecto fruto de una amplísima negociación de equilibrios en este movimiento pendular, donde se sitúan movimientos y personas con argumentos de peso, que consideran que no tiene que regularse la custodia compartida más que si hay
mutuo acuerdo, y no se hable más del tema, y otros, movimiento pendular, que opinan todo lo contrario. No hemos llegado siquiera a una solución intermedia; no. Regulación. Tan solo se mantendrá y será posible la custodia compartida cuando haya
mutuo acuerdo entre las partes y además con una serie de requisitos que vienen en el artículo 92.5, enmienda 48 del Grupo Parlamentario Socialista. Conclusión final ¿Abrimos algún resquicio para que no exista un derecho al cien por cien de veto,
entre comillas, cuando en algún caso pudiera utilizarse este mecanismo para impedir lo que pudiera ser de verdad no el interés del piso, sino el interés superior del menor? Efectivamente se abre un pequeño resquicio en el apartado ocho de la
enmienda y se dice: Excepcionalmente -¡atención!-, sin mutuo acuerdo, con todos los requisitos importantísimos recogidos en el apartado quinto, con informe
positivo del ministerio fiscal, y solo si de esta forma, motivando por el juez en la sentencia, se protege de verdad el interés superior del menor, podrá sin mutuo acuerdo acordar el juez esta custodia compartida.
Añadimos además otra
enmienda en trámite de ponencia y de Comisión diciendo: Ni siquiera el juez puede acordar esto si no lo pide al menos una de las partes. Como a este respecto hubo un problema hemos presentado un voto particular, tanto el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida como el Grupo Parlamentario Socialista, para poder rechazar la enmienda, además creo que con el visto bueno de la propia portavoz del Partido Nacionalista Vasco, doña Margarita Uría, que demostró (se lo agradezco públicamente) su
voluntad al ver el error de tratar de corregirlo incluso en el mismo acto; es un estilo que tiene habitualmente, aunque no lo demuestra ahora.
Hay contradicción en los textos entre una enmienda y el dictamen de la propia ponencia y de la Comisión, pero que quede claro que el resultado final es fruto del esfuerzo y del consenso posible dentro de las pretensiones del conjunto de la
Cámara. Se dice expresamente: El presidente del Gobierno ha manifestado...; y yo aclaro que es igual que lo que ha manifestado el Grupo Parlamentario Socialista, porque es un tema tan sensible, aparte de algún otro, que hasta el final de la
tramitación vamos a agotar las vías de diálogo por si hay que retocarlo en algún sentido. Porque ¿dónde está la verdad absoluta en este tema? Cada uno tendría su pequeña verdad, pero hay que llegar a un consenso y a una conclusión; estamos
abiertos hasta el último día, después del trámite del Senado, antes de la aprobación definitiva del texto, que calculamos que será en la última semana del mes de junio. Esto es lo que décimos expresa y abiertamente: Vamos a mantener el texto del
dictamen y estamos absolutamente abiertos a seguir negociando y a intentar que el texto sea aprobado con el mayor grado de consenso, intentando acertar, que es para lo que estamos aquí.
La siguiente cuestión importante (se me agota el tiempo señora presidenta) trata sobre el fondo de garantía de pago de alimentos. Que quede claro que el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es que este proyecto de ley venga al
Pleno de esta Cámara cuando sea posible; no ponemos plazo, pero de verdad el Gobierno tiene voluntad política de regular esta cuestión. No es el momento de decir en qué forma debe regularse este delicado e importante tema que nosotros
solicitábamos ya cuando estábamos en la oposición, pero solo adelanto un criterio: No puede ser un tubo de escape que pueda dar lugar al fraude, sino a atender y a garantizar el cocido de esos niños y niñas que en situación de pobreza puedan quedar
abandonados por el incumplimiento de sus progenitores. Así pues, agradecemos al grupo de Convergència i Unió su enmienda en este supuesto, que admitimos, aunque es cierto que otros grupos también la habían planteado.
No podemos aprobar (voy resumiendo) la enmienda bien intencionada, cuya filosofía compartimos, de Izquierda Unida. ¿Por qué no cubrimos también los casos de impago en sentencia judicial firme de pensiones compensatorias a cónyuge,
fundamentalmente mujeres? Yo creo que la respuesta la tiene cualquier ciudadano de a pie porque es una cuestión de prioridades, de posibilidades, de recursos públicos. Esta enmienda de Izquierda Unida es coherente porque la vienen planteando desde
siempre; sin embargo, nos sorprende un poco más que la plantee el Grupo Popular, porque, aunque nos parece muy bien, rechazan reiteradamente nuestras proposiciones de ley de creación del fondo de impago de alimentos en esta Cámara de forma
reiterada. Ahora nos dicen: No, no, ahora dos huevos duros más, también a las mujeres... Hombre, un poco de seriedad si pretenden algún día ser gobierno, que seguro que lo serán, pero bastante tarde, espero, por el bien de este país. Así pues,
tendremos que votar en contra porque las prioridades nos dicen que vamos a cumplir esto (no solo hacemos promesas respecto a los menores porque hay que atender en justicia esa situación), y cuando se pueda también acometeremos esa posibilidad, pero
no estamos en condiciones reales de comprometernos, por tanto no lo vamos a hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señor Villarrubia, vaya concluyendo.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Finalmente un tema importantísimo que se incumple y que además lo planteaban casi todos los grupos de forma muy distinta. La mediación que plantea el Grupo Parlamentario Popular atenta contra principios
básicos elementales, incluso contra la normativa orientadora que viene de la Unión Europea. Eso de decir con carácter previo obligatorio, castigando, flagelando y a ver si tienen otro niño y no se divorcian y mientras tanto...; no. Mediación
voluntaria en los términos que planteamos casi todos los grupos y el propio sentido común.
No se puede imponer la mediación. Agradecemos a Izquierda Unida la regulación completa que lleva una enmienda a la exposición de motivos, filosofía de la
mediación como método de solucionar extrajudicialmente los conflictos. Segundo, que no quede solo en promesas; qué hacemos ya.
Artículo 19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, compromiso de que los cónyuges puedan acudir a la mediación y
suspender el procedimiento porque quieren, no porque haya que hacer ejercicios espirituales previos, sino porque quieren. Tercero, compromiso serio y riguroso del Gobierno en un plazo razonable de traer un proyecto de ley que regule la mediación
como sistema arbitral de solucionar los conflictos no solo en el ámbito familiar sino en todo el ámbito civil (situación complejísima, complicadísima entre otros aspectos por los competenciales); la broma del Grupo Popular es que dicen: Que
traigan el proyecto en tres meses.
Hombre, no dará tiempo en tres meses y probablemente tampoco en cuatro ni en cinco ni en seis, porque es extremadamente delicado, pero nos pondremos manos a la obra para traerlo.
Pido excusas expresas porque me he pasado de tiempo y no puedo contestar a algunas enmiendas más. Que sepa Convergència i Unió que coincidimos en la filosofía de algunas cuestiones, por ejemplo, en temas de parejas de hecho, pero tenemos a
la puerta unas proposiciones de ley que veremos después de estos trámites de separación, divorcio y matrimonio entre personas del mismo sexo, y en función de cómo quede la regulación iremos con el resto. Probablemente tenga razón en lo que plantea
(lo adelanto ya) respecto a la cuestión de acudir a un procedimiento y no a dos, pero no puedo extenderme más ahora mismo. No coincidimos en lo de llevar necesariamente dos abogados entre otras cuestiones por el aspecto económico; pensamos que por
el principio de autonomía de la voluntad pueden hacerlo si quieren, pero no gastar el doble de forma obligatoria.
En la disposición transitoria ya va lo del divorcio, aceptando la enmienda de Esquerra Republicana. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
No tengo mucho más tiempo. Simplemente quiero decir que una vez más hemos cumplido un compromiso electoral, que lo hemos hecho de la forma en que venimos gobernando, en que venimos trabajando, es decir con un amplísimo consenso en todo lo
que es posible. Hoy no se van a votar enmiendas a favor, pero es porque ya solo quedan vivas todas aquellas que ni en ponencia ni en Comisión (en aras de la brevedad me remito a los debates allí producidos y que constan en el 'Diario de Sesiones'
de la Comisión) se pudieron aprobar. En cuanto al esquema del Grupo Popular sobre enmiendas de mediación obligatoria, no; plan de responsabilidad parental previo, evidentemente no; causas de separación y divorcio, evidentemente no; fondo de
pensiones compensatorias, evidentemente nos gustaría pero le decimos que no.
Me llama la atención el señor presidente. Muchas gracias a todos los grupos por su colaboración. Vamos a aprobar una magnífica ley.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO. (Número de expediente 121/000018.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el debate y posterior votación de las enmiendas al proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
¿Existe algún turno a favor de las enmiendas? (Pausa.) ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos al turno de fijación de posición.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, recordarán que el Bloque Nacionalista Galego cuando se hizo el debate de totalidad de este proyecto de ley habló de que se trataba de democratizar la institución civil del matrimonio, un proceso de
democratización que es imparable, pero también (hay que decirlo) muy lento históricamente. Empezó sin duda con el proceso de lucha por la igualdad jurídica de la mujer, pasó por aceptar el divorcio, fenómeno del cual hoy hemos dado un paso adelante
basándolo fundamentalmente en la voluntad de los cónyuges, siguió y sigue por tanto con el proceso de desvincular la institución de aspectos o de valoraciones de carácter sexista, no sexual, y por tanto la última fase es la de que la institución no
sea excluyente con las personas por su orientación sexual. La apertura a las personas con conducta homosexual debe quedar clara con los mismos derechos, incluidos los de adopción, que se reconocen a las personas tanto si mantienen solamente el
criterio de convivencia en familias que no llevan consigo cualquier tipo de relación afectiva o sexual como en el caso de las parejas hetereosexuales. Por tanto estamos abogando y formalizando jurídicamente el acceso a beneficios en materia
tributaria, como tienen las parejas heterosexuales que se casan, en materia sucesoria, en materia de protección social y de adopción. Dijimos también, señorías, que se trataba de un proceso que acaba con un recelo secular en contra de las mujeres,
a las que se consideró siempre menores de edad, y al mismo tiempo con el recelo y minusvaloración frente a las personas homosexuales; en definitiva abrirse definitivamente a los excluidos. Dijimos también que se trataba de luchar contra la losa de
los tabúes, de los prejuicios y de la sacralización, por mucho que aún estos días el nuevo pontífice arremetiese con total falta de comprensión contra la homosexualidad y contra la convivencia entre homosexuales. Efectivamente estamos en un proceso
de laicismo, que no es compatible con la confesionalidad sacralizada que la iglesia católica intenta llevar a todos los ámbitos de la vida civil. Una cosa es el respeto mutuo que debe guiar las relaciones Iglesia-Estado y otra cosa es el deber
ineludible, sobre todo en el campo del derecho de las personas, de dejar al margen las valoraciones morales de tipo religioso.
Por eso, asumiendo plenamente el dictamen de la ponencia y por tanto votando a favor del resultado final del debate
colectivo que hemos tenido, decidimos mantener dos enmiendas que nos parecen que tienen cierto calado. La primera es dejar claro que dos personas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio entre sí de igual modo que el hombre y la mujer.
En concreto el artículo 44 del Código Civil quedaría redactado de la siguiente manera: También tendrán derecho a contraer matrimonio civil ante el juez, alcalde o funcionario, señalado en el artículo 49.1, dos personas del mismo sexo, conforme a lo
dispuesto en este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
Por último, otra enmienda se basa en que una cosa es la ley y otra es la realidad, y muchas veces una ley clara, bien intencionada, sin ambigüedades puede ser después reducida con iniciativas colaterales de tipo legal. Se trata de
garantizar la no discriminación por razón de la orientación sexual en todo el ordenamiento jurídico, por eso nosotros proponemos una disposición adicional segunda nueva que rezaría así: Uno, no podrá establecerse en la legislación ninguna norma que
directa o indirectamente suponga discriminación por razón del grupo familiar del que una persona forma parte, tenga este su origen en el matrimonio de dos personas de distinto o del mismo sexo. Dos, las normas de desarrollo reglamentario de las
leyes, si expresamente no estuviera dispuesto en las mismas, concederán el mismo tratamiento jurídico a todas las personas, con independencia de la naturaleza del grupo familiar al que pertenezca.
Señorías, pensamos que esta forma de explicitar la
garantía de que los grupos familiares de origen heterosexual u homosexual tengan el mismo trato jurídico es fundamental, precisamente en una sociedad con instituciones, empezando por las de la Administración de Justicia, que tendrán tendencia a
buscar cualquier vericueto para actuar en casos puntuales de una forma no equitativa.
Acabo ya, señor presidente, diciendo que este trámite acaba en cuanto al Congreso aquí y hoy y sin duda coloca al Estado español en la vanguardia de homologación de derechos entre las personas. Esperemos que este cambio cualitativo, sin
duda revolucionario, valga para acabar con muchos años, siglos de discriminación y en todo caso para que la sociedad en su conjunto mejore su mentalidad cívica, colectiva y social, que buena falta nos hace.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Dado que mi grupo no presentó enmiendas en los trámites previos de ponencia y de Comisión a este proyecto de ley sobre el derecho a contraer matrimonio, va a votar favorablemente el dictamen que nos llega de la Comisión de Justicia y que
habíamos respaldado con los argumentos que allí se habían explicitado. Por tanto en este trámite solo queremos ratificar, señor presidente, nuestro voto de apoyo al dictamen de la Comisión en este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Verde, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Hoy no es el día definitivo (nos queda el Senado y la vuelta al Congreso) pero sí es un día fundamental. Es un paso más hacia la igualdad que los colectivos de defensa de los derechos de gays, lesbianas y transexuales han venido a celebrar
con nosotros. Vosotros sois hoy los protagonistas y en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds os felicitamos enormemente por vuestro trabajo de lucha, que sin duda nos ha conducido hoy a
disfrutar de una mayoría suficiente en esta Cámara para aprobar esta ley. Habéis convencido a la sociedad y a sus representantes de lo que para muchos, como para nosotros, los representados en nuestro grupo parlamentario, siempre ha sido una
obviedad, y la prueba la tenéis en el 'Diario de Sesiones'. El reconocimiento de vuestra lucha ha quedado recogido en la exposición de motivos a través de una enmienda de Izquierda Verde, como sencillamente debía ser porque sois el auténtico motor
de este avance transcendental. Un cambio de percepción social que desde finales del franquismo ha sido enorme: ONG, sindicatos, partidos políticos y personalidades se han ido sumando a esta causa. Así, en 1975, el 83 por ciento de los encuestados
consideraba que la homosexualidad debía ser extirpada de la sociedad. En 1997, según una encuesta del CIS, un 57 por ciento aceptaba el matrimonio homosexual. La antigua ley de vagos y maleantes fue reformada el 15 de julio de 1954 para introducir
a los homosexuales junto a los proxenetas y los rufianes. En la ley de peligrosidad y rehabilitación social de 1970 se castiga la homosexualidad con el internamiento en centros de reeducación. Fue entonces cuando surgió el movimiento en España de
la liberación homosexual. En 1978 se dio el primer paso legislativo hacia la justicia con las personas de orientación homosexual al excluir la homosexualidad de esta ley. En 1980 se legalizó el Fron de gramanet gay de Cataluña. En 1995 el nuevo
Código Penal incluyó el concepto de la orientación sexual con pleno reconocimiento de derechos como cualquier otro ciudadano, introduciendo también la referencia expresa a las parejas de hecho. En 1998 Cataluña aprueba la primera ley de parejas de
hecho, a la que por supuesto siguieron otras. Estas leyes de parejas de hecho nos han aportado la visualización de los diversos modelos de familia ya existentes en nuestra sociedad. Es evidente que estamos ante una larga lucha, una lucha que
esconde la vulneración de derechos humanos, la discriminación y mucho sufrimiento que no acaba hoy ni mañana, pero que trabajaremos para que acabe cuanto antes. Y este es el compromiso de nuestro grupo parlamentario.
Parece necesario recordar, además, ante las afirmaciones que se hacen continuamente por parte de sectores conservadores, que la homosexualidad es simplemente una variante más de la conducta sexual humana, reprimida en la mayor parte del
cuerpo social y que, a pesar de ello, se manifiesta en el mundo occidental, según dicen, en un seis o siete por ciento de la población, y que es practicada con mayor o menor frecuencia por más del 30 por ciento de las personas. Como he dicho, es
muy larga la estela de sufrimiento moral y
físico de las personas de orientación homosexual a lo largo de la historia y del estigma que ha pesado y pesa sobre ellas. En el siglo XIII, el castigo por la homosexualidad era la castración o lapidación; en la Inquisición, la hoguera.
Las personas de orientación homosexual han sido víctimas, incluso en un pasado reciente, de agresiones por parte de psiquiatras y psicólogos, como la medicación para corregir esta conducta.
Es evidente que la homosexualidad no se puede considerar
en ningún modo una patología. Sin embargo, la homofobia, el miedo o pánico homosexual sí que lo es, y su raíz es el estigma o tabú social asociado con la homosexualidad. En este sentido, uno de los tratamientos recomendados es la biblioterapia, es
decir, leer libros rigurosos y bien fundamentados en el tema.
¿Se dan cuenta, señorías, del voto en contra, que el derecho a contraer matrimonio no se le ha negado a nadie en nuestra sociedad? Ni siquiera a un convicto por delito grave; eso sí, con tal de que se case con una persona de sexo
diferente. Pues nótese que a las personas del mismo sexo no se les ha negado el derecho al matrimonio por su orientación sexual, sino sólo por pertenecer al mismo sexo biológico. Ello nos conduce sencillamente a una falta de respeto hacia la
dignidad de las personas y la igualdad como ciudadanos y seres humanos que, al fin y al cabo, pagan sus impuestos igual que todos. Pero hoy vamos a acabar con la discriminación jurídica en el acceso a una institución basada en un contrato civil
entre dos personas que se conceden ciertos derechos y se comprometen a ciertas obligaciones.
Resulta difícil entender la oposición radical de algunos a este cambio si no se presupone que por debajo de los argumentos que esgrimen subyace una posición homófoba. Con fecha 24 de octubre de 2003 el señor Zaplana manifestó, según El
País, que veía folclórica y esperpéntica la petición de matrimonio de los activistas gays. El 23 de abril de 2001 Ana Mato dijo: el plan de familia no incluiría a las parejas de hecho porque no son una prioridad para el Partido Popular. Imagino
que después la portavoz del Grupo Popular dirá que sí, que las parejas de hecho son una prioridad y reclamará esa famosa ley de parejas de hecho. Señores del Partido Popular, lo cierto es que nunca ha sido así hasta ahora.
Ciertamente la concienciación social y política sobre la cuestión homosexual se ha incrementado mucho, pero no para todos. Sería deseable que, igual que se han penalizado las expresiones públicas de xenofobia, se hiciera lo mismo con la
homofobia, de modo que las personas con orientación homosexual no pudieran ser en ninguna circunstancia denigradas impunemente en público. Las personas de orientación homosexual han sido víctimas de humillaciones injustificadas a lo largo de los
siglos o incluso en algunos medios de comunicación y por algunos partidos políticos. Se ridiculiza su orientación sexual al tiempo que se les niega el derecho a los sentimientos y manifestaciones más hermosas que experimenta el ser humano, todo
aquello que llamamos amor y la maravillosa aventura del romance. No lo vamos a permitir más. Hoy, con nuestro voto, acabamos con una parte de esa tamaña injusticia e invitamos a los sectores conservadores a abrir los ojos para que respeten
precisamente eso y sencillamente eso, que es el amor.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco. Doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo se felicita porque haya venido a la Cámara este proyecto de ley que pretende igualar en las relaciones de familia a todas las personas con independencia de su identidad sexual.
Nos parece
ciertamente un avance en cuanto a la consecución para todos de las llamadas libertades civiles. Es esta una opción que nuestro grupo ha apoyado siempre. Ahora bien -así lo manifiesto y así se evidencia en nuestras enmiendas-, es esta una materia,
el que se denomine matrimonio o no, en la que hay convicciones personales, sensibilidades distintas e incluso ideario no necesariamente religioso que pueden llevar a adoptar posturas distintas a unos y a otros. Nuestro grupo tiene, por tanto,
libertad de voto pero dentro de los límites que señalaré. No hay duda, señorías, que todos somos partidarios de la que la integridad de derechos de las personas homosexuales y heterosexuales ha de ser idéntica en las relaciones de familia. La
variedad en la distinción de votos, si es que lo hay, está en que se le dé o no el nomen iuris matrimonio a la institución que se crea cuando se contrata o se decide establecer una unidad convivencial de esta índole. Digo que no sé cuántos de mis
compañeros votarán en un sentido porque mi respeto con el propio ideario de cada uno y por las propias convicciones me ha llevado a que ni siquiera les pregunte cuál será hoy el sentido de su voto, pero que quede bien claro que no hay oposición a la
identidad de derechos para las personas homosexuales, sino única y exclusivamente diferencia en cuanto a la conveniencia de denominar a esta institución matrimonio o no. Obedece a ello que mi formación política tenga presentadas un número de
enmiendas, de la número 7 a la número 10, y luego haré referencia a la enmienda número 11.
De acuerdo con lo sugerido también en el dictamen del Consejo de Estado, hablando de la identidad de derechos, se establece sin embargo la precisión de que a esta institución no debiera dársele el nombre de matrimonio y va en relación
también con lo manifestado en un conocido auto del Tribunal Constitucional -que, sin duda, será objeto de cita por quien intervenga en nombre del Grupo Popular-, si bien nosotros entendemos que tanto el Consejo de Estado como el auto al que he hecho
referencia están aludiendo a las posibilidades del legislador ordinario.
Siendo nosotros como somos el legislador ordinario, creo que no habría inconveniente en que aquí y en este momento adoptemos una decisión distinta respecto de esta
posibilidad;
decisión distinta que, insisto, es la que esta diputada sostiene, si bien admite la postura que puedan tener otros compañeros de formación política, pero siempre con la variable inamovible de que nuestro voto es para el reconocimiento de
identidad de derechos de las personas, sean homosexuales o heterosexuales.
Señorías, no quiero dejar de hacer referencia, aunque mi intervención en este caso será corta, a la alusión que se hace respecto de la posibilidad o no de adopción, quizá uno de los temas más polémicos dentro de la materia que va a ser hoy
objeto de aprobación en el dictamen de la Comisión, si es definitivamente aceptado, como así parece por las posturas manifestadas por los grupos en el Pleno. Nuestra formación política está en esto vinculada por lo que fue decisión del Parlamento
vasco en la ley en la que se regulaban las relaciones de pareja con independencia de la identidad sexual. La ley de la Comunidad Autónoma vasca, de la misma manera que la ley foral de Navarra o la ley andaluza, contempla la posibilidad de adopción
y fue objeto de votación conjunta por los parlamentarios que representaban a la coalición Partido Nacionalista Vasco-EA, que gobernaba en ese momento.
Además, creemos que es necesario introducir alguna variable en los elementos cuando se hace referencia a las posibilidades de adopción y a la necesidad de distinción de roles -el rol de padre y el de madre- en las relaciones de pareja como
un bien a defender en interés del menor.
Nos parece que los roles de padre que trabaja y madre que cuida han ido variando en la sociedad, resultando muy distantes de la realidad. Las madres no solo cuidan, sino que también trabajan y cada vez se
equiparan más en cuanto a la realización de tareas -no digo que sean iguales, sino que se equiparan- que tradicionalmente se habían vinculado a la figura paterna y, de la misma manera, hoy hemos hecho en esta Cámara un avance, que no digo que sea
importante para la humanidad, pero sí que tiene su interés, en el momento en que hemos introducido como obligación del cónyuge padre en la pareja la de cuidar y atender no solamente a las tareas del hogar, sino también a la atención de ascendientes
y descendientes. Nos parece que la sociedad ha evolucionado, que los roles sociales ya no son los que eran y que no existen impedimentos serios para entender que la adopción por parejas del mismo sexo vaya a tener connotaciones distintas o
perjudiciales para los menores que las que se evidenciaban en tiempos pretéritos, cuando esta separación de papeles era tan radical o tan distante.
Hay un último aspecto al que me gustaría referirme tras felicitar a los colectivos de personas que han venido a seguirnos desde la tribuna, para las que es un avance sustancial el que se vaya a producir el debate y votación de este texto,
avance que también lo es para la formación política a la que represento y por eso quiero dirigirme a ellas, congratularme con ellas de que finalmente, en el paso por esta Cámara, esto vaya a ser objeto de aprobación porque, aunque queda todavía el
paso por el Senado, las mayorías hoy existentes permiten pensar que en un tiempo no muy lejano será objeto de posible lectura, ya como texto vigente, en el Boletín Oficial del Estado. Decía que quiero hacer una última mención a una enmienda que
sostiene mi grupo y que me permite hacer algún reproche al Gobierno y al grupo mayoritario. Se trata de la enmienda número 11, la referida a los títulos competenciales que se utilizan por el Estado a la hora de regular. Creíamos citar el tenor
literal del artículo 149.1.8 de la Constitución cuando decíamos que le corresponde al Estado, a la hora de abordar esta materia, tal y como literalmente señalamos en nuestra enmienda, la competencia exclusiva para legislar en materia civil,
reconocida en el artículo 149.1.8, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan. La transacción que se nos ofrecía a nosotros y al Grupo
de Esquerra Republicana de Catalunya añade después un factor que a nosotros nos parece restrictivo, señalando: ... allí donde existan y de las normas aprobadas por estas en desarrollo de sus competencias en derecho civil.
Con ello se quiere
sustituir lo que era el tenor literal de la enmienda del Grupo Vasco, que añadía: y de la normativa emanada, en el ámbito de sus competencias, con respecto a las reglas referidas, a las relaciones jurídico-civiles referidas a las formas de
matrimonio y ordenación de los registros e instrumentos públicos.
Señorías, donde mi grupo pretendía introducir elementos de certeza, salvaguardando lo que ya está legislado en las leyes de uniones civiles por las distintas comunidades autónomas y permitiendo además la actualización de los derechos civiles
y forales, el Gobierno nos ha ofrecido un factor de ambigüedad que parece querer pensar que el derecho civil o la posible actualización de derechos civiles propios está ya anquilosado en lo que son las normas vigentes y que quizá, si o no, en la
actualidad. Nosotros, insisto, pretendíamos introducir un elemento de certeza y seguridad y por parte del Gobierno, por parte del grupo mayoritario, se nos ofrece un espacio nuevo para la ambigüedad que nos parece que es a la baja, si se me permite
utilizar la expresión, en referencia a las posibilidades de desarrollos ulteriores del derecho civil propio por las comunidades autónomas. Es curioso, señorías, que además sea este punto, este único punto, en lo que estén absolutamente de acuerdo
el Grupo Socialista y el Grupo Popular, cuando en el resto del texto de la norma es conocido por todos que sus posturas son absolutamente antitéticas. Una vez más tenemos que decir que cuando se trata de la salvaguarda de las competencias propias,
del no reconocimiento de competencias a las comunidades autónomas, el partido en el poder y su alternancia siempre cierran filas, en demérito de lo que es querido por el resto de las formaciones políticas. Seguiremos sosteniendo en el Senado que
nos gusta más la fórmula que nosotros pretendemos. Quizá tengamos allí éxito, puesto que los grupos nacionalistas de la Cámara dieron ya la aceptación, como mejor texto
que el que el Gobierno ofertaba, al ofrecido por el Grupo Vasco. No obstante, mi grupo, con las diferencias que he señalado, votará mayoritariamente a favor del texto del dictamen de la Comisión que hoy se somete al refrendo de este Pleno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Cerdá.
El señor CERDÁ ARGENT: Señor presidente, señorías. La equiparación de los derechos de matrimonio y adopción son el único acto de desagravio histórico a los homosexuales por la persecución sufrida durante la Guerra Civil, la II Guerra
Mundial y la dictadura franquista que hoy y aquí nosotros podemos ofrecer. El resto nos parecen balones fuera. Como digo este es un acto de compensación histórica que hoy y aquí tenemos la obligación y la valentía de llevar a cabo. Por ello es
conveniente realizar un repaso, aunque breve, a la historia. La persecución viene de muy lejos. El término homosexualidad fue acuñado en el siglo XIX con la finalidad de dignificar la condición de los homosexuales en el Código Civil prusiano que
la condenaba. Los primeros movimientos homosexuales se extendieron en los años veinte del pasado siglo, con miles de asociados en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, al amparo de los primeros partidos socialistas. Buena parte de los
integrantes de estos movimientos homosexuales acabaron en los campos de concentración de Siberia, perseguidos por el nazismo y por el stalinismo. La posguerra, la guerra fría, la cruzada moral que vivió Occidente en los años cincuenta y sesenta
condenó a los gays y lesbianas a la clandestinidad. Unos años más tarde, durante las revueltas del año sesenta y ocho, se abrieron nuevas posibilidades, surgiendo el movimiento moderno de gays y lesbianas, fruto de esta lucha, la lucha de gays y
lesbianas; ellos y ellas, solos, se mostraban por las calles de todas las ciudades con normalidad ante el resto de la sociedad. Una lucha en solitario que con el tiempo ha encontrado y encontrará alianzas y complicidades. Será -fíjense ustedes
qué tarde- a principios de los años noventa cuando la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, muy tarde nos parece.
Como vemos, después de este pequeño repaso histórico, a la lucha en solitario del movimiento de gays y lesbianas, la equiparación legal nos parece aquí y ahora obligada. Es obligada a partir de fundamentos científicos, éticos y sociales.
La obligada equiparación legal obedece a la evolución habida en las estructuras sociales y familiares. No estamos abriendo una puerta al futuro, sino que estamos reconociendo un presente que encarecidamente llama a nuestras puertas para pedirnos
una vida digna, una vida normal, si por normal entendemos que sea reconocida públicamente. Y como público que somos, tenemos la obligación ética de ofrecer y legislar aquello que socialmente ya se ha ganado. La negación de estos derechos obedece a
la involución y a la negación de los pasos emprendidos por nuestra sociedad de una manera tranquila y reposada. La persistencia en negar derechos fundamentales se hace y se basa en principios arcaicos de sociedades preindustriales y basándose en
fundamentos más míticos que científicos que, efectivamente, son peligrosos para la buena convivencia en nuestras sociedades abiertas, dialogantes y democráticas. Queremos rechazar las continuas declaraciones de marcado signo homófobo de
representantes de la Iglesia católica y otros colectivos reaccionarios, contrarios y que atacan a la homosexualidad y a la ley que hoy, sin ninguna duda, aprobaremos, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte
de estas uniones. Porque toda persona tiene derecho a formar una familia, tal y como establece la Carta Europea de Derechos Humanos.
Como dijo la consellera de Bienestar en el Parlament de Catalunya, Ana Simó, al defender ante la Iglesia la ley de adopción aprobada por el Parlament de Catalunya, cada uno ha de dedicarse a lo que le corresponde, y a los partidos políticos
y a los gobiernos es a quienes nos corresponde hacer política y legislar para toda la población sin discriminaciones por aquello que entendemos que es mejor para el conjunto de la sociedad.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentó una proposición de ley, fruto de nuestro trabajo, que incluye aspectos que otras formaciones no tienen claro. Sin ninguna duda, los grandes beneficiarios de la ley serán los gays y
lesbianas, pero también los niños, que podrán contar con más protección, puesto que se protege en mayor medida los derechos de los niños al tener una familia, derecho reconocido por todas las convenciones internacionales sobre niños y que sin esta
ley quedaba incompleto para muchos de ellos. Tanto la ley de adopción del Parlament de Catalunya, como la ley estatal de matrimonio que hoy aprobaremos en esta Cámara, recogen la adopción y la adopción internacional, temas que Esquerra Republicana
siempre ha defendido. Celebramos, por tanto, la incorporación, aunque parcial, de las enmiendas de nuestro grupo al dictamen, aunque la enmienda transaccional incorporada desnaturaliza en buena parte el sentido de la enmienda original, puesto que
Esquerra considera que es necesario introducir en esta ley elementos de mejora con la finalidad de que se tenga en cuenta la realidad y diversidad de los colectivos a los cuales se dirige. Así, las reformas contempladas sobre el derecho a la
filiación compartida por parte de las personas del mismo sexo se concentra en el derecho de adopción, ignorando el hecho de que la mayoría de las lesbianas pueden concebir hijos y quieren compartir la filiación con su pareja. Entendemos que la
solución pasaba por la enmienda de nuestro grupo a la reforma de la Ley de 8 de junio de 1957 sobre Registro Civil, en la que se proponía que la filiación paterna o comaterna conste en la inscripción de nacimiento a su margen o
referencia a la inscripción de matrimonio de los progenitores, o por inscripción de reconocimiento. Asimismo, especificábamos en la enmienda al artículo 46 de la Ley de Registro Civil que dicho reconocimiento pudiera ser realizado por un
hombre o por una mujer. Es una reivindicación del colectivo de lesbianas.
La introducción parcial de la enmienda es una reforma un tanto descafeinada, pero consideramos que supone un pequeño paso. El hecho de que en el citado artículo 48 se haya introducido la referencia a la filiación materna con la expresión:
la filiación paterna o materna constará en la inscripción, es una modificación jurídica muy importante que satisface parcialmente nuestras aspiraciones. Consideramos que la ley que hoy se aprobará en esta Cámara, así como la ley catalana de
adopción, se encaminan a una progresiva igualdad entre todas las personas, independientemente de su orientación sexual, partiendo de la premisa de que gays, lesbianas, transexuales y bisexuales continúan sufriendo situaciones de marginación y
exclusión social que deben erradicarse de base para poder hacerlo factible.
Manifestamos nuestro apoyo a esta ley y a la adopción por parte de personas del mismo sexo, pero instamos también a continuar promoviendo iniciativas legales por la igualdad de todas las personas y a iniciar medidas contra la homofobia y las
actitudes discriminatorias. Y sólo puedo decir una cosa más. Nuestra responsabilidad de legislar se satisface mucho más cuando se sabe que con las decisiones tomadas vamos a hacer felices a mucha gente. Disfrutad de esa felicidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para fijar la posición de los diputados y la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya con respecto al dictamen que estamos debatiendo, un turno que compartiré con mi compañero Josep María Guinart, quien indicará la
posición de los diputados de Unió puesto que, como es conocido, sobre esta materia hay un posicionamiento distinto entre Unió y Convergència. No obstante, me gustaría señalar la amplia coincidencia y el largo camino recorrido que Convergència i
Unió ha realizado de la mano y conjuntamente en la remoción de los obstáculos en los que se fundamentaba la histórica discriminación de las personas homosexuales. Quiero traer a colación no solo la Ley de parejas de hecho, aprobada en el Parlament
de Catalunya en 1998 y que fue pionera en el conjunto del Estado y en la Europa latina, sino también las numerosas enmiendas introducidas con este objetivo de equiparación en cuantos ordenamientos se han ido modificando, como la Ley de
Arrendamientos Urbanos o el Código Penal y que, indudablemente, han supuesto también un avance en el reconocimiento y en la normalización jurídica de las parejas homosexuales.
Convergència i Unió, también de manera conjunta, no solo condena y reprueba la homofobia y ratifica su compromiso de combatirla en todas sus manifestaciones, sino que comparte buena parte de las argumentaciones que aquí se han dado,
especialmente aquellas que se refieren al gran cambio social que con la consolidación de los principios democráticos se ha ido produciendo en este ámbito, especialmente gracias a las justas reivindicaciones de los colectivos de gays y lesbianas a
cuyos representantes, que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados, queremos saludar; reivindicaciones en defensa de la plena equiparación de derechos de las personas, con independencia de su orientación sexual.
Gracias, también, al impulso de
las asociaciones de padres y madres de gays y lesbianas que vienen demandando que se derriben los obstáculos que dificultan la felicidad de sus hijos e hijas en la medida en que limitan la plenitud del libre desarrollo de su personalidad. Pero es
indudable que la iniciativa que ahora estamos viendo va más allá y propone la modificación del Código Civil para que las parejas del mismo sexo puedan casarse y de esta manera obtener el reconocimiento jurídico y legal de los matrimonios con todas
sus obligaciones y todos sus efectos en un plano de igualdad con las parejas heterosexuales y a través de la misma institución, es decir, a través del matrimonio. Frente a esto, señorías, hay, tanto en la sociedad como en nuestro grupo
parlamentario, opiniones plurales, posiciones diversas, todas ellas, a nuestro juicio, igualmente merecedoras de respeto.
Unió fijará su posición a través de su portavoz, Josep María Guinart, pero también en el seno de Convergència hay una diversidad de opiniones que asumimos como una riqueza digna de respeto y que no tiene que reconducirse a una disciplina de
voto porque está íntimamente ligada a valores y a creencias personales, eso sí, partiendo de una común posición aprobada en el reciente congreso de Convergència Democrática de Catalunya en el sentido de la necesidad de remover los obstáculos que
impiden la efectiva igualdad de las personas homosexuales. Una posición y una necesidad que para alguno de nosotros implica el posibilitar a las personas homosexuales el acceso a una institución de derecho civil, como es el matrimonio, y a la
protección que esta institución otorga, considerando como consideramos que dicho acceso no menoscaba ni daña los derechos de nadie, sino que, por el contrario, expande los beneficios de una institución laica y dinámica a todo un conjunto de
ciudadanos y ciudadanas que la tiene hoy vedada. Pensamos que a ello nos lleva también la defensa de la familia, convencidos de que una concepción moderna y realista de la familia como núcleo vertebrador de la sociedad, como espacio de solidaridad
y afecto y como espacio de socialización y educación de los hijos, no se les puede negar a las personas homosexuales.
Finalmente, lo hacemos también en defensa de los hijos de las familias monoparentales, unas familias que desde hace tiempo, bien por adopción individual o bien por filiación biológica natural o asistida, son una realidad en nuestra sociedad.
La posibilidad de acceso al matrimonio, por un lado, y la posibilidad de coadopción o adopción conjunta, de otro, evitará que se prive a los hijos de las parejas del mismo sexo de las ventajas que se derivan de la seguridad de una estructura
familiar estable y redundará en una mejor protección de los hijos porque extenderá las obligaciones y deberes para con los hijos a los dos miembros de la pareja que ya les quiere y les cuida. Hemos de pensar, finalmente, que en el caso de la
adopción no estamos hablando de un derecho a adoptar, que nadie, ni homosexuales ni heterosexuales, tenemos, sino únicamente de que a los homosexuales no les esté prohibido solicitarlo como pareja porque, insisto, individualmente no les está vedado.
Todo ello con independencia de que luego se deberá acreditar, al igual que en el caso de las parejas heterosexuales, idoneidad para ello. Pero he dicho que en nuestro grupo como en la sociedad hay posiciones plurales, quizá pueda haber alguien que
se identifique con una negativa al proyecto, quien piense que es adecuado en su contenido, pero no en su nombre jurídico, en su denominación, identificándose con el propio informe del Consejo de Estado, y también con alguna de las enmiendas
presentadas por algún otro grupo parlamentario; o quien piense que el proyecto es adecuado pero que puede ser discutible en lo relacionado con la adopción, posiciones plurales que respetamos profundamente. Por ello, reiteramos nuestra libertad de
voto, eso sí, desde la común convicción que todos tenemos desde Convergència Democrática de Catalunya de la idéntica dignidad de todas las personas con independencia de su orientación sexual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem, que compartía turno con el señor Guinart.
Adelante.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ha dicho mi compañera Mercè Pigem, intervengo para fijar la posición de los diputados de Unió Democrática de Catalunya, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ante el proyecto de modificación del Código Civil
en materia de derecho a contraer matrimonio.
Recordarán que hace aproximadamente un mes nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, interviniendo en nombre de Unió defendió con argumentos de todo tipo -jurídicos, sociológicos, psicológicos, por experiencias comparadas en otras
comunidades, citando el dictamen del Consejo de Estado, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera- una enmienda a la totalidad de nuestro colectivo político al proyecto de ley, argumentos que, lógicamente, no voy a repetir.
Simplemente, quiero reiterar que nuestra posición no es contraria al respeto y a la dignidad de las personas homosexuales, al contrario, hemos sido proactivos al reconocimiento y defensa de sus derechos allí donde hemos tenido responsabilidades de
gobierno y competencia legislativa, como es el caso inapelable y pionero en España de la Ley de parejas de hecho hetero y homosexuales del Parlament de Catalunya.
Nuestra argumentación para discrepar de la regulación que propone el Gobierno de otorgar esos derechos a parejas estables homosexuales a través de la institución del matrimonio es porque nos parece inoportuna cuando, para conseguir los
mismos fines de reconocimiento, igualdad y efectos jurídicos, podía haberse recurrido a otras figuras, conceptos o nuevas instituciones jurídicas perfectamente asumibles por todos y que probablemente hubieran reunido un mayor consenso en su
aprobación final, como podría ser el de uniones civiles de personas del mismo sexo o tantas otras que la simple observación de la legislación de otros países nos habrían sugerido; eso por un lado. Por otro, la cuestión de la adopción, en la que
reiteramos que el principio de inspiración del legislador y de la Administración debería ser el de poner en primer lugar y prioritariamente el derecho del adoptado -niño o niña-, que no pueden opinar ni elegir, sobre el derecho de los adoptantes,
buscándose así una familia para un niño o una niña y no un niño o una niña para una familia deseosa de adoptar, independientemente de situaciones singulares, de filiación biológica a un miembro de la pareja homosexual o adopción monoparental previa
que podría justificar una adopción por el otro miembro de la pareja. Valoramos también en nuestra posición las dificultades que la posibilidad de adopción por parejas homosexuales va a representar para la doctrina internacional, la más numerosa,
pues la mayoría de países con los que existen convenios no aceptan esa circunstancia y eso va a perjudicar tanto a parejas homosexuales como a las heterosexuales y puede distorsionar las listas de espera para la adopción nacional.
En cuanto a las enmiendas, nuestros diputados solo presentaron la citada enmienda a la totalidad, que no prosperó. En relación con las de los demás grupos, vamos a votar favorablemente la número 8, del Grupo Nacionalista Vasco, pues se
refiere a las uniones civiles de personas del mismo sexo con la misma forma y requisitos que se establecen para el matrimonio, ya que están en la línea de nuestra argumentación, pero no podemos votar el resto pues establece la equiparación absoluta
de efectos, lo que significa la adopción, entre otros. Votaremos también en contra de las demás enmiendas y nos abstendremos en las del Grupo Popular. Lógicamente, votaremos en contra del dictamen. No obstante, quien les habla muy probablemente
en los próximos meses, y en su calidad de alcalde, va a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, función que ejercerá con absoluta lealtad y sometimiento a esa ley que hoy con toda seguridad se aprobará.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Parlamentario Popular, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención manifestando mi absoluto respeto a todas las personas que, utilizando todos los medios que ofrece el Estado de derecho, luchan activamente por la libertad y la igualdad de oportunidades, bien sean
personas individuales o asociaciones como las que hoy nos acompañan en la tribuna. Cuando hablamos de convivencia pacífica y democrática, cuando hablamos del reconocimiento y la protección de los derechos y libertades de las personas, de un futuro
de bienestar y progreso, tenemos que hablar de la Constitución de 1978, de esa Constitución que en poco más de 25 años nos ha permitido alcanzar las mayores cotas de prosperidad y superar la mayor parte de los problemas, acontecimientos y tensiones
que dramáticamente pusieron en peligro nuestra convivencia en épocas pasadas. Ese espíritu de concordia, ese esfuerzo por alcanzar el consenso con mucha generosidad por parte de muchos hizo posible nuestra transición a la democracia. Y ese
espíritu de la transición que ahora algunos se empeñan en romper es el que debería protagonizar los debates políticos, también este que hoy nos ocupa y que afecta a algo tan esencial como son nuestras formas de convivencia, pero lamentablemente no
está siendo así. Lejos del tan cacareado talante, del diálogo, de esas promesas de gobernar para todos escuchando a la sociedad, nos hemos encontrado con posturas inamovibles, con la ausencia más absoluta de diálogo, con insultos y
descalificaciones hacia quienes defendemos planteamientos discrepantes con la iniciativa del Gobierno.
Señores de la mayoría, lo que hacen cuando ustedes descalifican con insultos a la oposición es descalificarse a sí mismos. Esta es la casa de la
palabra y del argumento, no de los insultos o de las descalificaciones.
Como decía al inicio de mi intervención, en estos últimos 25 años hemos avanzado mucho, se ha producido una gran transformación social, económica y política de España, pero teníamos pendiente una cuestión: abordar una regulación, dar un
estatuto jurídico a las relaciones de convivencia de parejas del mismo sexo para acabar con cualquier discriminación por razones de orientación sexual. Teníamos esa obligación a la que nos compromete el artículo 9.2 de nuestra Constitución. Es
verdad que en los años de gobierno del Partido Popular no alcanzamos un acuerdo -no hace falta que lo repitan-, de la misma manera que en los 14 años de gobierno socialista tampoco se aprobó esa regulación. Es absurdo entrar en este tipo de
debates, no tiene sentido acusar a unos o a otros de aquello que no hicieron. Lo que sí es cierto es que la sociedad española ha evolucionado y los grupos políticos también lo hemos hecho, y este era el momento de aprobar esta legislación, de
reconocer legislativamente lo que la sociedad española admite con normalidad en su convivencia. Por ello, al final de la pasada legislatura el Partido Popular se había comprometido a abordar esta regulación estatal, que ya en el ámbito autonómico
se había aprobado en distintas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Lo incluimos como compromiso de nuestro programa electoral y, si en estos años hemos demostrado algo, desde luego, es que con el Partido Popular los programas electorales
se transforman en auténticos programas de gobierno, de manera que, de haber ganado las últimas elecciones generales, habríamos impulsado esa iniciativa desde el Gobierno, como hemos hecho ahora desde la oposición, votando a favor de la toma en
consideración de una proposición de ley sobre uniones estables de pareja el pasado 29 de junio y presentando un texto articulado completo que regula las uniones civiles estables de pareja el 13 de octubre del pasado año, iniciativa que tuvo muy
buena acogida por distintos colectivos. Yo invito a las personas que hoy nos acompañan en la tribuna y que han luchado activamente en favor de los derechos de los homosexuales a que lean nuestra iniciativa. Verán cómo hay un amplio catálogo de
derechos que los equiparan con el matrimonio. Hoy quiero hacer referencia en este sentido a personas que nos acompañan en la tribuna, a afiliados del Partido Popular que en su condición de homosexuales han luchado activamente en contra de la
discriminación que podrían sufrir, que demandaban una regulación que acabara con la inseguridad jurídica existente en las parejas formadas por personas del mismo sexo. Pues bien, estas personas que forman parte de nuestro partido se sienten
cómodas, se sienten representadas en él y sus reivindicaciones se plasmaron en nuestro programa electoral y en la ponencia comprometidos con las personas, que se aprobó en el último congreso nacional. Por tanto, atribuirse en exclusiva, como
pretenden hacer algunos, la representación de los intereses y de los derechos de los homosexuales no tiene ningún sentido.
Señorías, había un gran acuerdo en esta Cámara sobre una de las opciones a seguir para alcanzar el objetivo compartido de acabar con la discriminación que sufren las parejas homosexuales, pero ustedes, señores de la mayoría, han decidido
tapar y aparcar un gran acuerdo social y político relativo a la regulación de las parejas de hecho, despreciando las iniciativas que fueron tomadas en consideración hace casi un año.
¿Por qué hacen eso? ¿Por qué eligen la opción más controvertida?
Quizá, más que resolver un problema y cumplir con una obligación lo que ustedes buscan es propaganda y publicidad. Han actuado como si la única alternativa para superar las situaciones de discriminación de las parejas homosexuales fuese el
matrimonio y ustedes saben que no es verdad. Saben que hay otras alternativas pacíficas, centradas y que tienen un amplio apoyo social y político, alternativas que son mayoritarias en Europa y en todo el mundo occidental. La mayoría de esos
Estados, con independencia del signo político de sus gobiernos, han optado por una regulación específica de las parejas de hecho, acabando con
la discriminación de las parejas homosexuales mediante un conjunto de derechos y obligaciones equiparables a los del matrimonio, salvo en lo que se refiere a la adopción. Esta opción mayoritaria es la que defiende el Grupo Parlamentario
Popular, es la que defiende el Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y el Consejo de Estado; la que defienden líderes socialistas internacionales como Lionel Jospin y demócratas como John Kerry; la
que ha defendido esta misma semana el alcalde socialista de La Coruña. El señor Vázquez, en una entrevista del pasado lunes, afirmaba -abro comillas-: me opongo a la adopción de hijos por parejas homosexuales y rechazo que a esa unión se le llame
matrimonio. Añadía que admite, ampara y protege el derecho de una persona a tener una sexualidad diferente y que tenga los mismos derechos que los demás. ¿Es por ello homófobo el señor Vázquez? ¿Es homófobo por estas declaraciones que ha hecho en
un diario esta misma semana? (Rumores.) ¿Son homófobos el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial? ¿Somos homófobos los del Partido Popular por defender esa misma postura? (Varios señores diputados y varios invitados desde la
tribuna: ¡Sí!) ¿Por qué nos han llamado homófobos?
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora diputada.
Las personas que están en las tribunas no participan en los debates. Por favor, les agradecemos que estén aquí, pero guarden la compostura necesaria. Espero que no se reproduzcan afirmaciones ni en pro ni en contra cuando esté
interveniendo algún miembro de la Cámara.
Continúe, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
¿Por qué nos han llamado homófobos, por defender equiparación de derechos, exceptuando la adopción, a través de una figura jurídica específica? ¿Son homófobos y retrógrados los gobiernos, cuyo ejemplo siguen ustedes, de Francia y Alemania?
¿Son homófobos Portugal, el Reino Unido y todo el resto de Estados que, en su mayoría, han optado por esta otra regulación? Quien entra en descalificaciones es que no tiene argumentos de peso para defender su posición. Lamentablemente, en los
últimos debates se han producido graves e injustas descalificaciones contra los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Desde las filas socialistas se nos ha dicho que pretendemos arrebatar y no reconocer la dignidad de las personas homosexuales;
nada más lejos de la realidad. Ustedes nos han dicho que somos cómplices de la discriminación y que a eso se le llama homofobia.
¿Por qué esa demagogia barata? ¿Por qué nos insultan? Sepan ustedes que con sus afirmaciones no solo insultan a mi
grupo -que, por cierto, no recibió el amparo de la Presidencia de la Comisión ante esas descalificaciones-, sino que están insultando a los diez millones de personas que nos han votado, a todas las instituciones que he citado, a todos los dirigentes
internacionales que defienden posturas distintas de las suyas, al señor Vázquez, que debe ser -según ustedes- un gran cómplice de la discriminación. Ustedes insultan a todos los gobiernos socialistas presididos por Felipe González, al Grupo
Parlamentario Socialista que lo sustentaba, y en ese momento estaba sentado en los escaños el señor Rodríguez Zapatero.
¿Saben qué decía por aquel entonces el Gobierno socialista? ¿Saben lo que decía el Ministerio de Justicia? En una resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado de 1988 se afirma que el matrimonio es una institución en la
que la diferenciación de sexos es esencial. En otra resolución de 1991, también del Gobierno socialista, se decía: el derecho fundamental del hombre y la mujer a contraer matrimonio, contemplado en el artículo 32 de la Constitución española, está
limitado a personas de distinto sexo biológico. No lo dice el Partido Popular, son los gobiernos socialistas los que hacían estas declaraciones. Para el actual Grupo Socialista debían ser gobiernos homófobos y cómplices de la discriminación.
Señorías, el matrimonio siempre ha sido a lo largo de los siglos la unión entre un hombre y una mujer, y eso es lo que dice el artículo 32 de nuestra Constitución, que expresamente ha querido hacer esa diferencia de sexos: el hombre y la
mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. No dice los españoles, o todos, o los ciudadanos, o toda persona, como en otros muchos artículos, sino que hace esa diferenciación porque es el rango esencial de la institución
matrimonial, que es recogida y protegida por nuestra Constitución sin que, como también se está diciendo en esta Cámara, sea discriminatorio no admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. A este respecto el Tribunal Constitucional, en
distintos autos, deja muy claras las cosas y señala la plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificador del matrimonio, sin que ello suponga conculcar para nada los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación.
Con estas argumentaciones se equivocan, y más cuando incurren en continuas descalificaciones. No rechacen tantas opiniones distintas de las suyas y que, sin embargo, también quieren acabar con la discriminación de las parejas homosexuales.
Ayer teníamos una nueva manifestación, un comunicado conjunto de las distintas confesiones religiosas, pero ustedes siguen sin escuchar a la gran mayoría de la sociedad, actúan, como decía Hayek, con la fatal arrogancia de los gobernantes que
imponen su visión del mundo e incluso de la propia vida de cada persona.
En el Partido Popular defendemos el equilibrio entre la libertad y la igualdad, que ustedes niegan al querernos hacer desfilar con el mismo uniforme ideológico. El que no opine como el PSOE actual es un homófobo.
Nosotros creemos que la
integración en las sociedades abiertas no pasa por la imposición, sino por el desarrollo de una sociedad que proporciona igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos. No hay que fracturar ni hacer revoluciones. Hay que trabajar día a día, sin
buscar grandes titulares, como los que ustedes obtendrán mañana. Si de verdad quieren solucionar el problema que tienen las parejas homosexuales rectifiquen, abandonen la arrogancia, el sectarismo ideológico, la intolerancia partidista.
Busquemos entre todos una respuesta jurídica sensata, centrada. La evolución de la sociedad española permite con relativa facilidad aprobar esa figura jurídica específica que soluciona el problema sin crear otros y que contaría con un amplísimo
respaldo social y político. Todavía estamos a tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Torme.
Por el Grupo Socialista, señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, ha llegado el momento de poner fin a intolerables discriminaciones. Son las palabras del presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Hoy damos un paso más hacia el fin de la
discriminación por motivos de orientación sexual, extendemos el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, extendemos la igualdad. Con esta iniciativa se cumple una histórica reivindicación, se cumple la palabra dada y un compromiso
electoral.
Señorías, hoy es necesario hacer un poco de historia, hoy es necesario recordar a gays y lesbianas, a todos esos hombres y mujeres que por el simple hecho de ser ellos mismos fueron encarcelados, perseguidos, insultados, agredidos o
simplemente mal vistos. Sirva hoy esta ley que vamos a aprobar como homenaje y reconocimiento a todos ellos, a todos los colectivos y organizaciones que de manera cívica y democrática han trabajado durante estos años por la igualdad. A todas las
personas a las que estuvieron, a las que están y a las que estarán, gracias.
Estamos ante uno de esos momentos en que se hace patente la diferente intensidad con la que se siente la igualdad y la libertad. Apoyamos y defendemos esta ley y lo hacemos con decisión, con convencimiento, con pasión y con optimismo.
Porque estamos ante una oportunidad real de ampliar el concepto de ciudadanía y profundizar en la democracia. Porque con esta ley las personas homosexuales alcanzarán el derecho de casarse, formar una familia y disfrutar de todos los derechos que
ello conlleva.
Señorías, hagan un ejercicio de empatía y, si no es su caso, piensen cómo se sentirían si se les privara de este bien y con qué derecho somos capaces de privar de este derecho a otros. Al igual que con otros derechos, el voto de la
mujer, los matrimonios interraciales, siempre han existido países que han sido los primeros en avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos, en ampliar derechos que con el paso del tiempo nadie discute ni cuestiona. Ahora sí damos un paso más en
la democracia, maduramos como sociedad y crecemos como ciudadanía.
Pasando a las enmiendas que quedaron en Comisión, en primer lugar quiero hacer referencia a Esquerra Republicana de Cataluña. Debemos hacer una corrección técnica. En el artículo 48 de la Ley del Registro Civil, en la enmienda
transaccional presentada en la Comisión por este grupo, en concreto la número 2, existe un error de mecanografía porque se incluyó la letra 'o' donde no debía, quedando redactado de la siguiente forma: La afiliación paterna o materna constará en la
inscripción de nacimiento o a su margen. El último 'o' es un error. Quiero hacer constar ante la Cámara la corrección, y el título diría: '...en la inscripción de nacimiento a su margen'.
Siguiendo con el Grupo Parlamentario Mixto, agradecemos su trabajo pero creemos que el contenido de sus enmiendas ya está recogido en el proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario Vasco, la ley va más allá de la unión civil y de las limitaciones que conlleva, por lo que son incompatibles con el espíritu de la ley. La enmienda número 11 recoge un tema que
ya se trató y transaccionó en la Comisión, aunque podemos entender que tengan preferencia por su redacción. Nos parece más correcta la transaccional aprobada en Comisión porque el contenido de su enmienda puede dar lugar a posibles conflictos en la
interpretación de las normas competenciales. Por otro lado, sabemos de la libertad de voto que su grupo ha ofrecido y de la voluntad, como usted misma, señora Uría, ha manifestado en más de una ocasión, de que esta ley sea aprobada.
Señorías,
hemos aceptado enmiendas y por ello mi grupo quiere agradecer y hacer constar la colaboración y el diálogo de la mayoría de los grupos en la mejora de esta ley.
Para finalizar, el Grupo Parlamentario Popular. Ustedes hablan de que quieren diálogo, pero los hechos nos revelan otra realidad. Los hechos no revelan que su intención es mutilar la ley, mutilar la igualdad, mutilar los derechos de gays y
lesbianas por el mero hecho de atreverse a serlo.
(Aplausos.) Todas sus enmiendas son negativas, todas sus enmiendas son de supresión. No construyen nada, no proponen nada, ni tan siquiera dan lugar a la transacción o el diálogo. Señoras y
señores diputados del Partido Popular, reflexionen acerca de ello porque seguir impidiendo esta modificación es contribuir a la homofobia y mantener la discriminación en función de la orientación sexual. Con esta postura suya de negación e
intolerancia, mostrándose despiadados con todo aquel que es o se atreve a ser diferente, enraíza la injusticia en nuestra sociedad. (Aplausos.-El señor Atencia Robledo: No es verdad.) Seguir impidiendo esta modificación es amparar la existencia de
ciudadanos de primera y de segunda, es no reconocer la dignidad de todos los modelos de familia, de las personas homosexuales, y no reconocer la pluralidad de las formas afectivas de unión, de las formas de amar. Con la defensa de estas enmiendas,
su grupo es cómplice de la discriminación, quiere legislar la discriminación. Y cuando esta discriminación es por motivos de la orientación sexual, tiene un nombre.
No podemos aceptar ni una sola de sus propuestas porque esta ley es una apuesta clara por la plena igualdad jurídica. No es una concesión graciosa, no es una
cuestión de permiso, sino de derecho. Es el reconocimiento de un derecho en igualdad, el del matrimonio, y la igualdad no se regatea. El derecho a contraer matrimonio y llamarse matrimonio es un derecho de todos sin distinción, y en
democracia no puede concebirse como un privilegio de uno con exclusión de otros. A lo largo de la justificación de sus enmiendas se empeñan en proponer la regulación en el marco de proposiciones de ley de parejas de hecho que se están tramitando,
de lo que llaman unión civil estable. A esto les diré que, ante lo inevitable, llegan tarde y faltos de credibilidad. (Aplausos.)
Ocho fueron los años que gobernaron, la mitad final con mayoría absoluta, y no es que no se llegara a un acuerdo, es que ustedes no lo permitieron, y 31 fueron las votaciones en las que se retrataron en contra de los derechos de las personas
homosexuales. (Aplausos.) Con la del pasado 11 de abril, 32. ¿Hasta cuándo pretenden seguir aumentando la lista? Al parecer, las parejas de hecho es una cuestión que ahora, según dicen, les preocupa y en la que últimamente muestran prisas. No
tenga su grupo preocupación, aquí también cumpliremos la palabra dada. Pero aquí tienen un error de concepción. El objetivo es la consecución del matrimonio para todos y conseguir, a partir de ese momento, que homosexuales y heterosexuales podamos
elegir entre casarnos, formar una unión de hecho o no establecer ningún vínculo jurídico. Eso es lo que queremos, la igualdad plena. En contraposición, la ley que votaremos es una reforma sencilla técnicamente, aunque trascendental desde un punto
de vista social, de la igualdad y de la libertad. Como hemos visto, básicamente es la reforma de un artículo único, el 44, el concerniente al matrimonio.
Sin embargo ustedes lo intentan complicar y se ocultan detrás de falsos tecnicismos
jurídicos, posiciones que poco tienen que ver con el derecho y mucho con la concepción de la sociedad y de las personas que la forman.
No se escondan en tecnicismos, el derecho al matrimonio, como está reconocido en el artículo 32 de la
Constitución, no especifica que tenga que ser entre personas de distinto sexo, y cuando la Constitución quiere una exclusión, lo dice de manera expresa. Los únicos parámetros constitucionalmente válidos para interpretar qué es el matrimonio para la
Constitución son sus principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.
He escuchado con atención lo que decía la portavoz del Grupo Popular y, señora Torme, tiene usted razón cuando dice que la postura del PP es conocida y clara. Es tan conocida como la opinión esperpéntica y folclórica de su portavoz, y es
tan clara como cuando España fue el único país europeo que se opuso a que gays y lesbianas tuviesen voz en la ONU.
El representante español votó con Egipto, que condena a trabajos forzosos a los gays (Aplausos.); votó con Irán y Sudán, que castiga
las relaciones consentidas del mismo sexo con la pena de muerte; con Zimbabwe, cuyo presidente afirma que los homosexuales son peores que perros y cerdos y deben ser exterminados, y con Uganda y Qatar, entre otros países con leyes homofóbicas.
Esta es la posición clara y conocida del PP. Cuando habla de esos homosexuales de su partido, supongo que se refiere a los mismos que no hace mucho aparecieron en El Mundo apoyando expresamente el matrimonio y haciendo autocrítica de su propio
partido. Y no daremos nombres, pero se podrían dar. Como también hay que decir que la mitad de su electorado está a favor de esta ley, recuérdelo.
En cuanto a la adopción, aquí utilizan otra vez el discurso de la doble moral, incluso llegan a insultar la inteligencia. Sí a la adopción porque, primero, es una realidad que los homosexuales tienen hijos que viven en el seno de parejas
homosexuales, por lo que los niños, al no estar reconocidos, están siendo desprotegidos y también discriminados.
Segundo, son innumerables, más de 50, los estudios internacionales independientes que demuestran que no hay diferencias entre los niños
criados en parejas homosexuales y heterosexuales. Además, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas les ha hecho llegar informes recientemente, además tienen el suyo propio de Gallardón, de la Universidad de Sevilla.
¿Qué más quieren? Tercero,
porque lo más importante, y así lo cree el 75 por ciento de la sociedad española y el sentido común, ha de ser garantizar el bienestar de los niños, con independencia de la orientación sexual de la pareja. Señorías, son los niños los que tienen
derecho a que la sociedad les proporcione la mejor opción de familia y es función de los profesionales decidir si la pareja cumple las condiciones necesarias para ser unos buenos padres o madres. De todos modos, para acabar con este tema,
sinceramente creo que no tenemos que justificarnos. Es obvio y está aceptada la idoneidad de las personas homosexuales para adoptar y educar niños tanto social como científica y jurídicamente. Quien defienda lo contrario es quien debe justificar
que sus argumentos son así y avalar que no se basan en el hecho de discriminar por razones de orientación sexual.
Para ir concluyendo, señor presidente, quiero decir que la medida no va contra nadie, es a favor de la igualdad, de la tolerancia y de la pluralidad; no va a perjudicar a nadie. Es injusto ser ciudadano de segunda por amor; una injusticia
que ya toca a su fin porque ahora España se va poniendo a la cabeza del mundo en derechos, porque España se pone a la vanguardia de la defensa de la plena equiparación de gays y lesbianas.
Señorías, una dictadura nos hizo llegar tarde a alcanzar
derechos que los europeos hacía tiempo que tenían consolidados. Después de casi 27 años los españoles nos equiparamos no solo en derechos entre nosotros mismos sino que además somos un ejemplo para otros países en derechos civiles y libertades
públicas.
Para acabar diré que hoy daremos un gran paso en la erradicación de la discriminación legal o formal, pero aún quedará la discriminación cotidiana, aún quedará alcanzar la plena equiparación social y esto lo conseguiremos incorporando la
equidad como eje de las políticas sociales, culturales y educativas. Es algo con lo
que también estamos comprometidos, es un reto que entre todos conseguiremos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno del Gobierno.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, gracias por permitirme consumir un turno de Gobierno después de la fijación de posiciones que se ha dado en este debate. El turno no quiere ser de debate sino de
reconocimiento, de gratitud por el debate.
Ha sido un debate que ha girado precisamente sobre el concepto de dignidad que tiene permanentemente abierto un desafío de superación de barreras de discriminación, muchas de ellas de profunda raíz histórica o atávica, pero que son
discriminaciones que afectan a derechos y libertades y de modo particular a la extensión de la libre elección en la búsqueda de la felicidad, derecho fundamental donde los haya, no escrito o inexpreso, y que por cierto constituye el horizonte de
extensión de derechos y libertades al que apunta la proyectada Constitución europea. Desde el Gobierno expreso nuestro reconocimiento y gratitud por el debate, por las enmiendas y aportaciones que han surgido en el curso del trámite parlamentario,
por todas las posiciones expresadas por los distintos grupos, todas ellas, a favor o en contra, merecedoras de respeto. De forma muy particular quiero hacer un reconocimiento a los colectivos que han estado presentes a lo largo de toda la historia
de la democracia, que estuvieron presentes en la transición, afirmando con su testimonio el desafío de extensión de derechos y libertades para crear entre todos una sociedad más integrada, sin exclusiones, en la que nadie pudiera ser dejado atrás,
en la que nadie sea dejado atrás, por tanto, una sociedad que no admite discriminaciones y que desde luego no las admita por razón de orientación sexual.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000110.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, pasamos al punto siguiente, proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal. Unicamente se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, corresponde al grupo
enmendante iniciar el debate.
Tiene la palabra el señor Astarloa. (Rumores.)
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, con su permiso.
Señorías, tomo la palabra para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor diputado, a que se haga un poquito de silencio en la sala. Por favor, señorías, el debate continúa. (Pausa.)
Adelante.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: ...Decía que voy a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley que modifica el Código Penal. Son seis enmiendas que persiguen, como saben, la supresión tanto de la
derogación del Código Penal en lo que se refiere a las conductas relacionadas con la convocatoria de un referéndum ilegal por parte de una autoridad, como en lo que se refiere a la derogación en el Código Penal del tipo que venía a castigar la
financiación por una autoridad pública a asociaciones declaradas ilegales por su vinculación al terrorismo.
Señorías, conocen bien la filosofía del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de no privar al Estado de derecho de instrumentos sensatos de defensa frente a dos desafíos diferentes -interesa que todos lo diferenciemos bien-: frente al
desafío de quien quiere, y así lo ha anunciado, convocar un referéndum de secesión de España de manera ilegal y al desafío de quienes financian desde las instituciones el terrorismo.
Este debate a estas alturas es un debate repetido. Con brevedad,
en este último trámite en el Congreso de los Diputados, antes de su paso al Senado, voy a hacer sencillamente balance. Este debate hasta ahora nos deja algunas certezas y algunas incertidumbres. Nos deja, en primer lugar, la certeza de que
determinados grupos parlamentarios de esta Cámara, y es lógico y están en su derecho, se muestran muy satisfechos por la reforma que en este momento se está propiciando en el Código Penal, porque finalmente consiguen aquello que en debates de años
anteriores ya anunciaron y ahora consuman, que es que la actuación de una autoridad pública, llámese presidente de comunidad autónoma o llámese como se llame, convocando a la ciudadanía para provocar por las bravas la ruptura de España, no va a
tener consecuencias jurídicas; sale gratis a partir de este momento convocar un referéndum ilegal de secesión en España. Esa es la consecuencia y la certeza número uno. Lógicamente, quienes llevan años diciendo que es irrazonable que nuestro
Código Penal contenga previsiones que impidan que desarrollemos nuestro derecho a la independencia, incluso con instrumentos como la apelación a la ciudadanía mediante un referéndum ilegal, están satisfechos. También deja la certidumbre el debate
que hemos tenido en esta Cámara de que privar de defensas al Estado de derecho frente a conductas absolutamente inasumibles, como es sencillamente la violación de la legalidad por quien tiene mayor responsabilidad de defenderla y de acatarla, como
son las autoridades públicas, según la mayoría de esta Cámara no tiene que tener ninguna consecuencia. Ustedes, los que están apoyando esto, asuman la responsabilidad de lanzar el mensaje que están lanzando a los ciudadanos.
El Código Penal está
plagado de sanciones a conductas
de infinita menor gravedad, de infinito menor riesgo para la convivencia de todos los ciudadanos que la que ahora ustedes suprimen del Código Penal. Deja, no lo olviden -y esto probablemente nos resulta todavía más incompresible que todo lo
demás-, la certeza de que estamos reduciendo sin ninguna necesidad y sin ninguna explicación los instrumentos de que disponemos para luchar contra el terrorismo; lógicamente me refiero a la segunda parte de la ley, aquella que dice que financiar
desde una institución pública a asociaciones ilegales vinculadas con el terrorismo es delito y va a dejar de serlo con lo que ustedes van a aprobar.
En cuanto a las incertidumbres, tengo que decirles que, frente a la satisfacción entendible de algunos grupos de la Cámara, para nosotros resulta absolutamente incomprensible la incertidumbre y la imprevisión con la que el grupo mayoritario,
el Grupo Socialista, deja en este momento esta cuestión. En definitiva, la incertidumbre de no saber dónde quieren ir a parar el Gobierno y el grupo mayoritario, ni en lo que se refiere a los desafíos sobre la convocatoria de referéndum ilegal de
secesión y la incertidumbre en lo que se refiere a la financiación del terrorismo. En cuanto a lo primero, fíjense, señorías -para quienes no han seguido la totalidad del debate en ponencia o en Comisión-, desde el principio nosotros hemos hecho
una pregunta, estamos en el último trámite en el Congreso y esa pregunta sigue sin contestación: es qué piensan ustedes hacer una vez que están privándose de los instrumentos razonables para afrontar el desafío cuando el desafío se produzca. Esa
es la pregunta que hemos hecho con toda claridad desde el principio y que a día de hoy -y estamos terminando- sigue sin contestación. A nuestro juicio, señorías del grupo mayoritario, la cuestión es incluso peor porque las respuestas que han ido
dando sucesivamente a esa pregunta para no contestarla nos están situando en una vía cada vez más errática, hasta el punto de que alguno de los otros grupos parlamentarios de la Cámara ya les dijo en Comisión que a nosotros, aunque no compartan lo
que estamos diciendo, nos entienden, pero que cada vez entienden menos lo que están diciendo las señorías del grupo parlamentario, porque primero fue una argumentación, débil, sobre el procedimiento utilizado para la aprobación en su día de esta
reforma del Código Penal. Como ni era inhabitual el procedimiento ni SS.SS. andan muy sobrados de legitimación para decir a los demás que legislan mal ni, sobre todo en este momento, era una cuestión de procedimiento sino una cuestión de fondo, de
no privarnos de instrumentos sensatos frente a la amenaza de secesión y frente al terrorismo, pasaron a continuación a darnos una explicación de fondo; una explicación de fondo que todavía no hemos entendido y que dice al mismo tiempo: no debe
incluirse en el Código Penal la respuesta a este tipo de situaciones, pero existen en el Código Penal una decena de tipos con los cuales podemos afrontar estas situaciones. Yo les he dicho y hoy les vuelvo a repetir que, por favor, aclaren, por lo
menos a los jueces, cuál es el tipo, si es que lo hay, para atender desde el Código Penal estos desafíos y, si no lo hay, no digan a los ciudadanos que ustedes saben que hay instrumentos suficientes y sobrados en el Código Penal para atender este
tipo de situaciones. Aún es peor, porque cuando a esta pregunta tampoco se recibe respuesta, SS.SS. añaden un argumento, como hicieron en la última sesión de la Comisión, que sencillamente, déjenme que se lo diga, nos parece deplorable, que es que
se considera inverosímil la posibilidad de que esto se produzca, y SS.SS. calificaron de golpista o de chiflado a aquel que tuviese la intención de hacerlo. Ahora resulta que hay un señor que ya ha dicho que en cuanto tenga la más mínima
posibilidad de hacerlo lo hará. Yo les digo: Frente al señor que ha dicho que en cuanto tenga la más mínima posibilidad de hacerlo lo hará, califíquenlo ustedes como quieran -en eso no entro-, pero, por favor, para todos los ciudadanos españoles
no priven de los instrumentos que impiden que el señor lo haga, porque estamos hablando de la unidad de España, de la imposición por la fuerza de planteamientos de ruptura y de independencia de España, con utilización de instrumentos ilegales e
ilegítimos.
Termino, señor presidente. Si el buen talante ante el desafío de planes secesionistas ya nos parece incomprensible, sencillamente no entendemos en absoluto el buen talante ante cuestiones fundamentales sobre la financiación del terrorismo.
¿Por qué? Respóndanlo en esta Cámara a todos los ciudadanos. ¿Por qué crean ustedes un nuevo espacio de comodidad al terror suprimiendo algo que es extremadamente sensato, como es que el alcalde, el consejero autonómico, el presidente autonómico o
la autoridad que sea que dé dinero al terror tenga consecuencias penales, debe tener consecuencias en nuestro Código Penal? Contesten, por favor, por qué ustedes entienden que no.
Me parece que ustedes son muy conscientes de que justamente en este momento concreto que ustedes respondan a esa pregunta es especialmente importante para todos los ciudadanos españoles, porque en este momento en el que ante la sociedad los
grupos políticos estamos evidenciando una profunda discrepancia sobre elementos esenciales de la lucha antiterrorista, nos parece decisivo y obligado que el Gobierno de la nación y el grupo mayoritario digan con claridad por qué cada uno de los
pasos que están dando, que están generando el cambio de rumbo en la lucha antiterrorista en este país ustedes entienden que es justificable y razonable.
Ayer debatíamos aquí por qué ustedes en ese cambio de rumbo de la política antiterrorista han permitido la relegalización de un partido político ilegalizado, por qué han permitido que vuelva a la calle la formación política que multiplica el
terror y no solo en las instituciones, en el día a día de un montón de gente indefensa; y en este momento en el que estamos, insisto, con una discrepancia profunda y un desconocimiento profundo sobre las razones por las cuales ustedes sin Pacto
antiterrorista están provocando un cambio que no sabemos
a dónde nos lleva -aunque no a ningún sitio bueno- en la lucha antiterrorista, ustedes añaden hoy el incomprensible agravio a todos los ciudadanos españoles de suprimir del Código Penal que no se financia con dinero público a los
terroristas.
Señor presidente, porque nos parece improbable -fíjense con qué claridad lo digo- que todos los miembros del Grupo Parlamentario Socialista estén en la idea de que es razonable que se salgan con la suya quienes quieren convocar referendos de
secesión o que se salgan con la suya quienes quieren financiar desde las instituciones el terrorismo, nos parece improbable que todos los miembros del Grupo Socialista apoyen eso, desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos hoy en el Congreso, y se
lo volveremos a pedir en el Senado si no lo hacen hoy, que reflexionen. Que a lo mejor las razones que les han llevado a ustedes a apoyar la proposición de ley hasta el domingo pasado...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, señor presidente.
Las razones -repito- que les han llevado a apoyarlo hasta el domingo pasado, que nosotros calificamos de partidistas y de interesadas en una contienda electoral, hoy no sólo han desaparecido sino que además se han multiplicado las señales de
alarma. Les pedimos que reflexionen, que aprueben las enmiendas que evitan la supresión de estas conductas del Código Penal o que, cuando menos, segreguen de esta proposición de ley dos cosas: apoyen al Partido Popular para que siga en el Código
Penal que no se financia con dinero público a los terroristas una enmienda muy concreta- y apoyen al Grupo Popular para que no deje de tener razón el ministro de Justicia. ¿Ustedes saben lo que dice el ministro de Justicia? Cuando llegamos al
final del final, ¿qué vamos a hacer?
El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: No, si termino, es la última ya.
El señor PRESIDENTE: No me diga que termina y luego continúe todavía dos minutos más. Termine, se lo ruego, por favor.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Cuando llegamos al final y le decimos al ministro de Justicia: bien, usted ya ha presentado el contencioso, ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional, y él contesta: aplicaremos entonces
el Código Penal. Nosotros les decimos: aprueben la enmienda que dice que quien no cumpla lo que dice el Tribunal Constitucional o el juez contencioso debe sufrir consecuencias penales, porque, si no, estamos en el escenario que el señor portavoz
del Grupo Socialista aceptó en Comisión y que nosotros nos negamos a aprobar, y es que, por no haber aceptado que en nuestro derecho haya instrumentos ordinarios sensatos para acometer estas situaciones, ustedes hayan aceptado que sea posible
recurrir a los instrumentos extraordinarios del artículo 155, al que, según nosotros, no debería acudirse, no teniendo necesidad, para suprimir los instrumentos ordinarios.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. Si no es que este presidente les prive del tiempo, y ustedes lo saben, sino que generalmente el primer orador marca el tono del debate y el tiempo, y en la medida en que hay excesos, también hay que compensar
a los otros. Como están ustedes llamando a los servicios, les digo que no vamos a parar, que el Pleno continúa, así pues, tendremos un jueves de ayuno, y sitúen el final del pleno aproximadamente en torno a las tres y media, cuatro de la tarde.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.) Si no es así, fijación de posiciones.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve a pesar de que la brevedad no tiene por qué estar reñida con la importancia de la propia dimensión de la iniciativa o incluso de los argumentos que se
presten -no por un discurso largo se tiene más o menos razón o se dan mejores o peores argumentos-. Dicho esto, comentaré tres cuestiones.
Este es un debate cuya justificación, tanto para aprobar o no la iniciativa que proviene de esta Cámara, hemos argumentado en varias ocasiones -en primer lugar, a finales del año 2004, después a primeros del año 2005, tanto en el debate de
totalidad como en Comisión, y ahora otra vez-, y nuestras argumentaciones han sido siempre las mismas, incluida la que dimos a finales del año 2003 cuando se propuso esta cuestión que venía del Senado. Primera cuestión: por razones jurídicas no
podemos avalar -y, por tanto, nosotros apoyamos que haya un cambio en el Código Penal- el procedimiento, quitando y anulando los funciones importantísimas del Poder Legislativo, no permitiendo que hubiera debate en el cual el Poder Legislativo
tuviera todas sus competencias a todos los efectos, y por el contenido jurídico de la cuestión, porque, como ya hemos dicho en extensión, proviene de una iniciativa del Grupo Popular que responde a una determinada manera de ver la vida, en la cual
las soluciones a los conflictos se llevan al Código Penal y se propone, como casi siempre en todas sus reformas de años pasados, la privación de libertad. Nosotros no podemos compartir esa visión de la vida, esa manera de ver las cosas -que para
solucionar conflictos privemos de libertad, que es básicamente el leitmotiv de lo que fue la política del Partido Popular- tampoco en esta cuestión. Creemos que no es de recibo y que, por tanto, no podemos admitir que cualquier discrepancia
política lleve consigo la privación de la libertad en unas
reformas del Código Penal. Tampoco podemos admitir el contenido político de esta cuestión. No me extenderé más en el tema de la ley de partidos, no me extenderé más en la financiación -desde luego no comparto en absoluto la interpretación
que ha hecho el portavoz del Partido Popular porque no se corresponde con la realidad-, pero hoy no es preciso realizar ese tipo de argumentos porque ya los hemos dado por activa y por pasiva en esta Cámara.
El tema político para Eusko Alkartasuna es bien claro y no les voy a decir nada diferente de lo que ya he repetido cinco veces en esta Cámara.
Cuando las cuestiones, los problemas, los conflictos políticos no se quieren resolver, no se
quieren dar pautas de solución, no se quiere dialogar, no se quiere pactar, no se quiere negociar, al final hay una cuestión clara, el principio democrático de que serán los ciudadanos y ciudadanas los que tengan que decir cómo quieren articular su
vida colectiva, cómo quieren articular su futuro y qué relaciones quieren tener con sus vecinos y con las naciones vecinas. Esto es, en definitiva, lo que subayace en esta cuestión, el derecho a decidir. Señorías, más allá de cualquier resultado,
uno u otro, mantenemos la misma tesitura, el mismo principio clave democrático, vamos a seguir propugnando -lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos repitiendo- que si no hay diálogo, no hay pacto, no hay voluntad de negociación y no se quiere
hablar, sean los ciudadanos vascos los que decidan de forma pacífica, de forma democrática, qué tipo de marco jurídico-político, qué tipo de solución y qué tipo de relación quieren tener de forma pacífica y de forma democrática.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Por enésima vez, dado que está en los 'Diarios de Sesiones' de las Cortes Generales lo que hemos debatido, incluso cuando, en la legislatura pasada, se trajeron a modificación los artículos del Código Penal que ahora se derogan y que en su
día fueron el motivo original de la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal. Son esas mismas nuestras razones, y dado que ya intervinimos en todos esos trámites anteriores, y
sobre todo en la Comisión de Justicia correspondiente, mi grupo, reitera esos mismos argumentos consignados en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Justicia y anuncia que votará favorablemente el dictamen de dicha Comisión de Justicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario suscribe esta iniciativa, que trata de derogar dos medidas que, en nuestra opinión, forman parte de una legislación de excepción que introduce el delito político en un sistema democrático. Por tanto, mi
grupo político rechaza las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que pretenden volver de nuevo al pasado. Se pretende que volvamos al pasado con un argumento que me parece su¡ géneris. Oír en boca de un jurista legislación sensata me llama la
atención; oír en boca de un jurista legislación proporcional me resultaría más coherente, pero la legislación sensata para mí es desconocida, sobre todo porque la legislación de que hablamos, la utilización del Código Penal para solucionar las
discrepancias políticas, no tiene nada que ver con la sensatez; es lo contrario, es una legislación insensata. Si, además, se mezcla la utilización del Código Penal para la discrepancia política con la utilización del Código Penal para el
terrorismo, entonces estamos no solamente ante una legislación insensata, sino ante una legislación contraproducente porque, señorías, de la legislación de excepción que hemos vivido a lo largo de los últimos años no solamente queda un rastro de
restricción de libertades, es que además queda un rastro de intoxicación política. Intoxicación política es que en nuestras discrepancias legítimas en relación con la lucha antiterrorista o la estrategia antiterrorista se conviertan por parte de un
grupo político en patrimonialización del antiterrorismo y, por el contrario, de acusación al resto de los grupos políticos de debilidad o ambigüedad en materia de lucha antiterrorista. Pero ni siquiera es así en esta enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, porque hablamos de dos medidas de carácter político, por mucho que quieran mezclarlas con las cuestiones de política antiterrorista; porque político sería la convocatoria de un referéndum, en este caso ilegal, y político es
también la financiación no a una organización terrorista, a una organización disuelta, y ustedes saben perfectamente que una cosa y la otra son diferentes en nuestra legislación. Una cosa es una organización terrorista disuelta mediante
ilegalización penal y otra cosa bien distinta es una organización que ha sido disuelta mediante la Ley de Partidos. Por tanto, en esta mezcla que hace voluntariamente el Grupo Parlamentario Popular entre terrorismo y discrepancia política, al final
se produce la predominancia de la seguridad sobre la libertad y la extensión de la intoxicación, negativa en nuestra opinión, de la lucha antiterrorista como elemento de división y confrontación entre las fuerzas políticas democráticas.
Entre tanto, señorías, se han producido acontecimientos que niegan totalmente los argumentos que utiliza el señor Astarloa. Quiero recordar al señor Astarloa que hace tan solo unas semanas nos decía que la legislación sobre el Consejo
General del Poder Judicial provocaba la degradación y la paralización del consejo. Me gustaría que alguna vez reconociese, en su labor de
augur y de profeta, que se ha equivocado. Pues bien, en esta labor de augur y de profeta introduce nuevos conceptos. Ahora parece que se trata del concepto de la independencia de una parte del país, de la segregación en España, y frente a
esa amenaza de segregación, que según el señor Astarloa avanza, hay que poner pie en pared y por tanto introducir estas cuestiones en el Código Penal. Pues, señorías, parece que las cosas no van así. El debate del nuevo estatuto para el País Vasco
ha tenido lugar en el marco del País Vasco, ha tenido lugar en esta Cámara y no se ha producido tal dialéctica de independencia en nuestro país frente a la cual sea necesario poner pies en pared mediante el Código Penal. Por otra parte, también ha
habido unas elecciones vascas en las que los ciudadanos han decidido muchas cosas, y algunas de ellas seguramente tendrán que ver con la solución política de nuestras discrepancias en base al pluralismo, al diálogo y a la negociación, y no al Código
Penal. Por tanto, en nuestra opinión es una iniciativa que vuelve hacia atrás en la legislación de excepción y una iniciativa anacrónica en relación con la cuestión que se plantea por el Grupo Parlamentario Popular. Pero es que, señorías, en
definitiva, las discrepancias políticas se solucionan mediante la política, no mediante el Código Penal. Y el mejor disuasor de cualquier tipo de iniciativa al margen de la legalidad no es solamente el Estado de derecho, también es la negociación,
el diálogo y el acuerdo político.
Hoy podemos decir que estamos en una iniciativa que distensiona las relaciones políticas. Pasamos de la disuasión a la distensión, de la disuasión que ha protagonizado durante un periodo el Grupo Parlamentario y el Partido Popular a la
distensión que tendrá lugar también a pasos posteriores. Hoy estamos tan solo en la distensión, en quitar del Código Penal discrepancias políticas. Estamos convencidos de que a partir de ahora tendremos que avanzar también en la colaboración entre
la Administración, el Gobierno central y el Gobierno vasco, en la colaboración y el diálogo entre las fuerzas políticas, en definitiva, en la colaboración y el diálogo entre todos para solucionar los conflictos políticos. Por tanto no era
necesario, sigue siendo innecesario e insensato incluir en el Código Penal discrepancias políticas. Creemos que en estos momentos es posible que las cuestiones políticas se traten a través de la política, que soluciona mucho mejor los problemas,
que antepone la libertad a la seguridad y que mantiene una democracia sana y no una democracia enferma por la desconfianza, la confrontación y la utilización del Código Penal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Grupo Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a utilizar muy poco tiempo, pero he preferido subir a la tribuna para exponer la postura de mi grupo por la importancia relativa que para nosotros tiene que vaya a desaparecer del Código Penal lo que siempre nos pareció una
torpeza y una barbaridad política. Muchas veces he hablado de nuestro criterio sobre esta norma; la primera vez cuando fue traído en aquella ocasión memorable con las enmiendas introducidas en unos textos legales que nada tenían que ver con el
contenido del Código Penal, y ahora, desde que se ha presentado esta proposición, con el procedimiento de toma en consideración, después el debate de totalidad, la correspondiente ponencia y finalmente el debate en comisión. No creo que sea ocasión
ni momento de reiterar una vez más todos los argumentos que en relación con la postura contraria, por supuesto, a la modificación del Código Penal que entonces se operaba ha manifestado una y otra vez mi grupo. Sin embargo, sí debo hacer la
consideración de que estos preceptos se introdujeron a la carrera, evitando todo el iter procedimental constitucionalmente querido -hago referencia a esta cuestión de la constitucionalidad tan querida por determinadas formaciones políticas- y sin
embargo sale renqueando. Hace ya un año que gobierna el Partido Socialista y aunque fue promesa en el debate de investidura del señor presidente del Gobierno, y también lo ha prometido en numerosas ocasiones el señor ministro, tuvo que ser
preguntado por esta formación política, primero por mí misma y con posterioridad por el portavoz, arrancando al presidente la promesa de hacerlo en breve. Instrumentos normativos hay, posibilidades de lectura única que, sin embargo, en este caso en
que estamos hablando de una ley que es solo derogatoria no se han querido utilizar por el grupo mayoritario. En fin, como estoy en mañana de felicitaciones, he felicitado al Gobierno y al grupo mayoritario por los dos proyectos que hemos debatido
con anterioridad, en este caso me felicito yo, que también soy firmante de la iniciativa representando a mi grupo, y felicito al conjunto de los grupos de la Cámara, excepción hecha del Grupo Popular, puesto que por fin, aunque aún nos queda el
trámite del Senado, vamos a arrojar del ordenamiento jurídico lo que nunca debió introducirse en él.
Un segundo apartado de cuestiones son las referidas a las correcciones o incorrecciones que solo enumeraré, y no lo haré de manera exhaustiva. Se incumplió el principio de generalidad porque era evidentemente una ley hecha para caso
concreto, para persona concreta, era una ley ad hoc. Se incumplía el principio del Derecho Penal de intervención mínima, de última ratio. Vuelvo a decirle, señor Astarloa, que nadie ha defendido su corrección técnica; no hay un solo artículo que
merezca el calificativo de doctrinal más allá de las opiniones vertidas en artículos rápidos y en opiniones de pasillo que haya indicado que es correcto desde el punto de vista de la tipología penal la introducción de estos tipos delictivos en el
ordenamiento jurídico. Nos pareció no solo un camino equivocado sino tramposo e incluso zafio en las maneras. Usted lo ha calificado de instrumento sensato; a nosotros nos ha parecido siempre una artimaña legal. En la votación que hoy se haga
sobre esta cuestión va a evidenciarse lo que en aquel debate, cuando pasó por primera vez del Senado a esta Cámara la introducción de estos tipos penales, dijo quien entonces era una representante del Grupo Socialista y hoy es vicepresidenta
de la Cámara cuando les manifestó: ¡Qué solos están ustedes! Efectivamente, solos van a estar hoy frente a la votación del conjunto de las demás formaciones de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Esquerra Republicana, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señorías, ya lo hemos explicado en diversas ocasiones en esta Cámara con argumentos de carácter técnico, de carácter político y de carácter penal que no vamos a seguir reiterando para hacer breve el debate. Saben que
para nosotros es una necesidad derogar esta reforma que el Gobierno del Partido Popular realizó en el Código Penal donde se mantenía un castigo a la convocatoria de referéndum realizada por una autoridad pública. Era necesario derogarlo desde
nuestra óptica porque era una premisa para la regeneración de la vida democrática, y es necesario regenerar todas las reformas involucionistas que el Gobierno del Partido Popular realizó en materia penal y también penitenciaria.
Creemos -y así lo
hemos manifestado en múltiples y diversas ocasiones- en la necesidad democrática de derogar la Ley de partidos, una ley de carácter marcadamente antidemocrático que no ha traído ninguna solución y sí, por el contrario, muchos conflictos. El Partido
Socialista ha dado un paso tímido en el camino para poner en marcha en esta legislatura la restauración de algunos de los derechos y libertades fundamentales lesionados en anteriores legislaturas; una primera derogación que implica la restitución
de un derecho tan fundamental como es el derecho de la ciudadanía a ser convocada sobre aspectos y asuntos políticos. Pensamos que únicamente podemos avanzar estableciendo un marco de convivencia entre iguales, un marco de convivencia entre pueblos
diferentes. Ante la diversidad, el Partido Popular optó por implantar mecanismos de represión. Apostar por la represión de la diversidad, apostar por la represión, en definitiva, es apostar por el conflicto; apostar por el reconocimiento de la
diversidad es la apuesta por la convivencia. A nosotros, los republicanos, nos tendrán en las soluciones de diálogo y de compromiso con la convivencia pacífica y armónica, pero no nos esperen en los escenarios en los que solo se brinda la represión
como única solución ante la discrepancia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy en la Cámara una vez más -por eso intervengo desde el escaño, no porque el tema no sea importante- una proposición de ley, objeto del dictamen que viene de la Comisión, con unas enmiendas defendidas por el señor
Astarloa que coinciden plenamente con su posición en el debate de totalidad. De hecho, las enmiendas que hoy se han defendido por el Grupo Popular son prácticamente de supresión, con lo cual a efectos prácticos son casi una enmienda de totalidad.
Ya tuvimos aquí el debate de totalidad a esta proposición de ley y tenemos que recordar que fuimos el primer grupo en presentar esta necesaria modificación del Código Penal para suprimir los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. Pensábamos en el
año 2003 -y lo seguimos pensando hoy- que nunca debimos llevar al Código Penal esas conductas, que no deben estar criminalizadas en el Código Penal y, en consecuencia, cuando se inició esta legislatura con una mayoría distinta presentamos la
propuesta de modificación el primer día en que fue posible hacerlo en el registro, y cuando el conjunto de grupos de esta Cámara, excepción hecha del Grupo Popular, quiso compartirla, no dudamos en sustituir nuestra proposición por una de conjunto
que hoy va a tener la luz verde en este Pleno. Hoy vamos a decir que sí a la supresión de estos artículos que entendemos que no debían haberse introducido en el año 2003 -se hizo además a través de un procedimiento final en el Senado que después
convalidó el Congreso-, no es bueno que estén recogidas estas conductas en el Código Penal y, por tanto nuestro grupo, de forma coherente con lo que hemos manifestado siempre, hoy votará a favor de esta proposición de ley orgánica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, después de la sobreactuación, subjetivamente uno sufre alarma cuando escucha el tipo de adjetivos que ha proferido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la defensa de las
enmiendas que ha realizado en su intervención. Se han usado conceptos de grueso calado que me parecen preocupantes, porque pudieran inducir a error desde la buena fe a alguien que sin conocer de qué estamos hablando hubiera escuchado las
afirmaciones del Grupo Popular. Aquí se ha llegado a decir que se está poniendo en marcha una legislación que deja desnudo al Estado de derecho, que sale gratis cualquier planteamiento de secesión y de ruptura de la unidad de España y del orden
constitucional y que se priva de instrumentos al Estado de derecho. Quiero que mis primeras palabras dejen clara esta cuestión.
No está en juego aquí la protección del Estado de derecho frente a amenazas secesionistas. Señorías, ya dije en otra ocasión que nuestro Código Penal y nuestra democracia han subsistido desde 1978 sin necesidad de considerar o de crear un
tipo delictivo específico para
la convocatoria ilegal de elecciones o de referendos; pero se han hecho algunas afirmaciones en una maniobra de confusión que creo que son pertinentes aclarar. En primer lugar, se vincula el debate de esta mañana a un debate sobre la
legalización o ilegalización de una determinada fuerza política. Déjense ustedes ya de hacer afirmaciones temerarias, y lo digo sin acritud. Un partido político, llamado Partido Comunista de las Tierras Vascas, se presentó a las últimas elecciones
en el País Vasco porque era un partido legal, debidamente inscrito en el Ministerio del Interior en el año 2002, después de haber sido aprobada la ley que reformaba la legislación en materia de partidos políticos y después de haber sido investigado
exhaustivamente, un partido político que se presenta porque fue legalizado por el entonces ministro del Interior del Partido Popular. (Aplausos.) Por favor, dejen ustedes ya de introducir elementos de falsedad y de confusión.
Quisiera hacer una reflexión previa, y lo digo sin acritud también. Tengo entre mis manos el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo en el que se dice: Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima
confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo. Yo creo que de las palabras y de la actitud del Partido Popular en los últimos tiempos no se aprecia una lealtad con el tenor del texto que
les acabo de leer. Pero estamos hablando de una reforma penal que introduce de forma unilateral el Partido Popular en el año 2003. Vuelvo al Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Nuestro sistema penal -se dice en él- ofrece una
respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos se constituyeran objetivamente en colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a
impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo. Esta reforma fue introducida de manera unilateral, sin consulta con nadie y con un insulto al Parlamento a través de una enmienda en una ley de contenido civil cual era la Ley de Arbitraje. Ha habido aquí
también un claro componente de deslealtad y de vulneración a este acuerdo por parte del Partido Popular.
Me interesa sobre todo dejar ya claro qué es lo que la proposición de ley que ahora estamos discutiendo contempla en su contenido. Se pretende por los grupos que hemos secundado esta proposición de ley que desaparezcan del Código Penal tres
tipos delictivos que se recogen en los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. ¿Y qué dicen estos tipos delictivos? Pues lo siguiente: La autoridad o funcionario público que careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello
convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum será castigado penalmente; la autoridad o funcionario público que sin realizar esa convocatoria colaborare, facilite o
promueva o asegure esa convocatoria o participe o coopere. Es decir, están ustedes oponiéndose a que eliminemos del Código Penal un delito que la mayoría de la doctrina española considera de tipo imposible, un delito inverosímil, porque ¿quién es
la autoridad o funcionario público que puede convocar unas elecciones generales, autonómicas, locales o un referéndum de manera ilegal? Usted es una autoridad o funcionario público para el Código Penal y el que les habla también, cualquiera de
SS.SS. lo puede ser. Yo no me imagino -se lo dije en la Comisión- que ningún parlamentario pueda poner en marcha la convocatoria de unas elecciones generales, activar algo tan complejo como es una maquinaria electoral. Para convocar unas
elecciones generales, entre otras cuestiones, lo primero que hay que poner en marcha es la propia Administración electoral. ¿Y quién forma parte de la Administración electoral según la Ley Orgánica de Régimen Electoral? Pues las juntas electorales
centrales, las juntas electorales provinciales o de zona y las mesas electorales. Yo no me imagino a ningún magistrado, a ningún jurista, a ningún miembro de una Junta Electoral Central o provincial o de zona secundando elecciones, secundando
consultas o referendos consultivos que hayan sido convocados de manera ilegal. Pero es que además hay que activar el mecanismo de la Administración para empezar la publicación de esa teórica convocatoria ilegal en el Boletín Oficial del Estado. Si
un presidente de una autonomía manifiestamente incompetente se presenta para que le publiquen en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de una consulta o se presenta pretendiendo activar todo el mecanismo complejo de la Administración
electoral, efectivamente, le diría al interlocutor de la Administración algo que decía yo que se usaba como expresión popular en mi región, en mi comunidad autónoma. Le diría este grilló o este está 'alloriau', una expresión que se usa en mi tierra
para condenar las actitudes extravagantes. Y para eso, para hacer frente a alguien que ha alloriau, que está grillado en una disparatada actitud, el derecho no necesita el instrumento del Código Penal al menos como primera barrera. Habría que
poner en marcha el Código Civil y los mecanismos de incapacitación. Por tanto, están ustedes hablando de un delito de tipo imposible. Yo no me imagino a ninguna autoridad o funcionario público de este país convocando ilegalmente unas elecciones
generales, autonómicas, locales o poniendo en marcha un referéndum. Por tanto, ya dije que es un tipo penal imposible. Hagamos ciencia ficción y deslicémonos por las hipótesis que ustedes plantean. Hay un colectivo que secunda la locura y
distintas administraciones empiezan a poner en marcha los mecanismos que requiere la Administración electoral para hacer verosímil tal consulta o tal convocatoria. El Estado de derecho permite efectivamente múltiples fronteras -ya lo he dicho- y
habrá que estar al caso concreto. Para empezar está la frontera del conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional; está la posibilidad de lograr una suspensión de facto de esa convocatoria ilegal; está la posibilidad, desde
el punto de vista de lo contencioso administrativo, de la suspensión
correlativa a un recurso de ese tenor. Si a partir de ahí se producen -ya estaríamos en la locura- desobediencias a resoluciones judiciales, el Código Penal ya tipifica los delitos de desobediencia a resoluciones de la autoridad judicial.
Por tanto, no confundan ustedes a la opinión pública porque no estamos en un debate en el que estén en tela de juicio los instrumentos del Estado de derecho.
Señorías, voy terminando. Ustedes han defendido un tipo penal de cumplimiento imposible, una auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico, pero si eventualmente alguien se deslizara por la comisión de una fechoría o de una conducta
como la que ustedes intentan describir en aquella disposición que hoy derogamos estaría mermado seriamente en su capacidad, estaría 'alloriau' -como les decía anteriormente-, y de alguna forma ese es el tenor de la convulsa reforma que ustedes
introdujeron en el Código Penal en el año 2003 mediante la Ley de Arbitraje y que hoy vamos a proceder a derogar a través de esta proposición de ley. Recordaba en la Comisión la doctrina: 140 penalistas del grupo de estudio de política criminal
rechazaron estos tipos penales que hoy derogamos y lo llegaron a calificar de reintroducción del delito político. El profesor García Valdés, estimado doctrinalmente por ustedes y por nosotros, calificó aquella regulación del año 2003 como expurgo
en el Código Penal, como mala técnica penal que se debe al emotivismo político en vez de a conclusiones jurídicas. Señorías, los artículos del Código Penal que hoy derogamos son también una cuestión de principios porque eran derecho penal
simbólico, y el derecho penal simbólico nos lleva a caer en el esperpento y cuando se cae en el esperpento se deja y se da la espalda al derecho.
Acabo haciendo hoy una apelación a la razón, al propio gobierno de las leyes, que es una idea de los ilustrados. Se piensa -esto es así- que la razón debe sustituir a las preocupaciones, la representación popular a la camarilla ciega y las
normas a las decisiones individuales. Una regulación de las relaciones entre los hombres y la ley penal lo es para ser racional; ha de hallarse sustraída a la voluntad caprichosa de un individuo; ha de ser igual para todos; ha de tener su origen
en la voluntad general; ha de contemplar a los individuos en masa y a las acciones en abstracto; ha de ser, finalmente, clara y comprensible para todos aquellos a quienes va dirigida. Esto es justo lo que hoy ponemos en marcha para acabar con
malas prácticas penales: una derogación de un auténtico disparate que decía muy poco y que se convertía en un monumento al desprestigio de un Código Penal que debe merecer el mayor prestigio, porque se trata de garantizar las libertades y los
derechos fundamentales de todas las personas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Para facilitar el desarrollo de las votaciones únicamente quería manifestar, antes de que comiencen, en relación con la referida a la modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio que, conocido el sentido del voto
de mis compañeros de grupo, le pediría que se entienda que retiro las enmiendas numeradas como 7 a 10.
Únicamente someteré a votación la enmienda número 11. (La señora Bonás Pahisa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Respecto al Plan Hidrológico hay una transaccional a nuestra enmienda 72 que voy a dejar claro que no la admitimos por considerarla insuficiente.
El señor PRESIDENTE: ¿Tendría la amabilidad de acercarse al letrado de sala?
La señora BONÁS PAHISA: Es la transaccional a la enmienda número 72 de Esquerra Republicana, de la ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional. (La señora Torme Pardo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sobre el guión de las enmiendas, señora Torme?
La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente. Queríamos tener constancia de si en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional, en la votación agrupada que figura en el octavo lugar, junto con el punto 12.º y 13.º, se ha incluido la propuesta
que hemos hecho, el punto 17.º. Si no es así, pedimos que se incluya en esta votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario tiene dudas respecto al guión de las votaciones? (Pausa.)
Antes de proceder a la votación, un aviso y una rectificación de acta. El aviso es la disponibilidad, porque estamos recibiendo bastantes consultas. Esta mañana estamos tardando por proyecto de ley una hora y media, con lo cual adecuen su
salida de Madrid en torno a las cuatro y media o cinco de la tarde. Lo lamento, pero los jueves son así.
Inmediatamente después de estas votaciones, comprenderán la necesidad de rectificar rápidamente ciertos usos de la casa porque habrá
aproximadamente unas 60 votaciones seguidas, cosa que parece bastante poco razonable, pero el sistema que tenemos es así. En segundo lugar, una rectificación del acta. Ayer, en nuestros tradicionales miércoles, se produjo, en opinión del
presidente, una expresión inadecuada vertida por parte de un señor Parlamentario. Era el señor Campos Arteseros. Quisiera rogarle que, por favor, la retirara y así figurar en el orden del día, para que el 'Diario de Sesiones' se pueda publicar sin
esta expresión que no me parece adecuada.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Respetando la decisión de la presidencia y compartiendo sus esfuerzos para que el debate en esta Cámara transcurra con normalidad, y entendiendo también a que otros tomen ejemplo de esto, retiro la expresión.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, mientras yo estuve preguntando al presidente del Gobierno hubo algún parlamentario del Grupo Parlamentario Popular que también me insultó personalmente diciendo que me dieran agua porque me
estaba ahogando. Pediría que retiraran eso también. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sagaseta... (Risas.-Rumores.) Señor Labordeta, en primer lugar, quiero pedirle perdón. Deben de ser mis recuerdos de juventud, porque en esa zona se sentaba aquel diputado canario y tal vez por asociación y por
mis dificultades con los nombres, ya le he confundido tres veces en sesiones plenarias. Le pido disculpas.
En segundo lugar, la Presidencia intenta siempre, dentro de las dificultades de estos miércoles rudos y coperos que tenemos, establecer ciertos equilibrios entre lo que son incidentes y lo que yo creo que son frases inadecuadas. Si hubiera
entendido que esa expresión hubiera sido una frase inadecuada, hubiera solicitado igualmente que se retirara.
Entiendo que fue más bien un incidente, que los hubo y muchos ayer, y yo espero que poco a poco se vayan terminando.
Dicho esto, les pido paciencia. Es una de votación prolija y difícil y espero que rápidamente seamos capaces de organizar los jueves de otra manera.
¿Los grupos parlamentarios aceptan que la Presidencia reduzca el tiempo de votación sólo a diez segundos? (Asentimiento.)
Votación de las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Empezamos con la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, enmienda de la señora Barcos Berruezo. Votación de la enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 18; en contra, 295; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 19; en contra, 298; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas de la señora Barkos Berruezo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 18; en contra, 293; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, enmiendas del señor Labordeta. Votación de la enmienda número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 23; en contra, 169; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 2, 16, 17, 18 y 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 20; en contra, 296; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas presentadas por el señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 22; en contra, 292; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios Esquerra Republicana y Mixto. Votación de todas las enmiendas de los grupos parlamentarios antes citados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 20; en contra, 296; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Iniciamos las votaciones de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, Izquierda Unida-Izquierda Per Catalunya Verts.
En primer lugar, votación de la enmienda número 160.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 30; en contra, 297; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 162.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 14; en contra, 308; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 163.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 31; en contra, 167; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 168.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 32; en contra, 295; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 124, 135, 138, 139, 142, 147, 148, 149, 151, 169 y 170.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 17; en contra, 172; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 154 y 157.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 31; en contra, 294; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 17; en contra, 306; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En primer lugar, votación de la enmienda número 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 31; en contra, 171; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 37.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 190; en contra, 136; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda número 72.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 32; en contra, 291; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 23; en contra, 293; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la enmienda número 109.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 153; en contra, 169; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación de la enmienda número 110.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 16; en contra, 307; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 111 y 112.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 16; en contra, 310; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de las enmiendas 113 y 120.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 15; en contra, 172; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 16; en contra, 176; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación en conjunto de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 138; en contra, 184; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, votación de la enmienda transaccional al voto particular a la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta Subías, a la disposición adicional tercera nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 323, en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del voto particular a la enmienda número 24 de los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixto, señora Barkos, al apartado décimoquinto nuevo, disposición adicional decimotercera nueva, de la Ley 10/2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 306; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el dictamen. En primer lugar, votación del punto noveno nuevo del artículo único, punto décimo, anterior primero del artículo único y apartado k) del punto 2.2 del anexo IV. (El señor Sánchez i Libre pide la palabra.) Señor Sánchez
i Libre, creo haberlo leído bien.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Lo ha leído perfectamente, señor presidente, pero nosotros habíamos pedido votación separada de estos tres apartados.
El señor PRESIDENTE: ¿Y es necesario verdaderamente? (Risas.)
Mi interpretación es que todos los grupos tienen derecho a pedir lo que usted pidió. Espere que consulte con la letrada.
El señor SÁNCHEZ I LIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos, pues, a hacer votación separada de la primera votación antigua del dictamen, que dice así: en primer lugar, votación del punto 9 nuevo del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 312; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En segundo lugar, votamos el punto 10, anterior primero, del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 322; en contra, cinco; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalmente, apartado k) del punto 2.2 del anexo IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 313; en contra, seis; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Seguimos con la votación del punto 4 del anexo III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 318; en contra, uno; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del punto 5 también del anexo III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 183; en contra, 12; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del punto 4 del anexo IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 316; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del punto 5 del anexo IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 181; en contra, 12; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Ahora votaremos el apartado conexión CAT-Abrera, del punto 1.1 bis nuevo de la disposición derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 177; en contra 12, abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del punto 3 del anexo III y puntos 3.2 y 3.3 del anexo IV, con la corrección técnica al punto 3.2 de la letra y) de este anexo. (Rumores.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 318; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado lo que les he citado en el momento de la votación.
A continuación votación de los puntos 12, 13 y 17 nuevos del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 324; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Finalmente, votación del resto del dictamen con la corrección por la que se crea un disposición adicional nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 188; en contra, 135; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen. Hemos concluido las votaciones correspondientes al proyecto de ley relativo al Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos.)
Continuamos con las votaciones, señorías. Votación relativa al proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. En primer lugar, votación de todas las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 18; en contra, 297; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
En segundo lugar, votación de todas las enmiendas de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 131; en contra, 181; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar votación de la enmienda número 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 135; en contra, 175; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación (les ruego atención para que no se equivoquen), votación del voto particular al artículo primero punto 7 del proyecto en lo referente al artículo 92, párrafo quinto, del Código Civil, enmienda número 40 del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV). Este voto particular es idéntico al presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que ambos votos particulares se someten a votación en este momento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 190; en contra, cinco; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, votación de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 143; en contra, 162; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votación de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 12; en contra, 301; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar votación de la enmienda número 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 18; en contra, 174; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 70.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 154; en contra, 161; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 19; en contra, 301; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Votación de la enmienda número 86.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 146; en contra, 176; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 87.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 136; en contra, 182; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 136; en contra, 176; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen del proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 192; en contra, cinco; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen del proyecto de ley.
Concluyen las votaciones relativas al proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
Siguiente votación: proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
Votación de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez. Enmienda número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 14; en contra, 310; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 17; en contra, 302; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que se limitan, por la corrección hecha por el grupo, a la votación de la enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 26; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 132; en contra, 187; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen del proyecto de ley con la incorporación de las correcciones técnicas que se han realizado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 183; en contra, 136; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen. (Prolongados aplausos.)
Votación de las enmiendas a la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal. No abandonen la sala porque al ser una ley orgánica tendremos que hacer una votación de conjunto.
En primer lugar votación de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor 138; en contra, 185; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 194; en contra, 125; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, al tratarse de una ley orgánica vamos a proceder a una votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 191; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Me señalan los servicios de la Cámara que al no haber enmiendas presentadas a los convenios internacionales no es necesario proceder a la votación de los mismos.
El ayuno siempre produce brevedad en todo y supongo que, si estamos tardando en torno a una hora o una hora y cuarto por dictamen, la votación no será antes de las cuatro y media o cinco menos cuarto de la tarde. (El señor vicepresidente,
Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CÁMARAS AGRARIAS. (Número de expediente 121/000024.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Entramos en el siguiente punto del orden del día: Proyecto de ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras
agrarias.
Para su defensa, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señorías, se inicia hoy el debate parlamentario del proyecto de ley que deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases de régimen jurídico de las cámaras agrarias. El Gobierno persigue que este debate que hoy
iniciamos concluya con el máximo acuerdo posible tanto entre los grupos políticos representados en esta Cámara como con las organizaciones profesionales agrarias. El proyecto de ley pretende, en primer lugar, permitir a las comunidades autónomas
que ejerzan plenas competencias y puedan decidir el modelo de representatividad a establecer en cada una de ellas. La ley en vigor reduce el margen de actuación de las comunidades autónomas a solo dos opciones excluyentes: prescindir de cualquier
sistema de representatividad por la vía de las cámaras agrarias o realizar un proceso electoral a cámaras provinciales sobre la base de las modalidades estrictamente reguladas con carácter básico por esta ley.
No es pretensión del Gobierno abolir
la existencia de las cámaras agrarias, esa cuestión se reserva al ámbito de decisión de las comunidades autónomas y ellas decidirán el mantenimiento o no de las mismas y su régimen jurídico, que no estará ya sometido a normas estatales. Además el
sistema en vigor como indicador de representatividad dista mucho de ser satisfactorio pues depende de la celebración de procesos electorales en cada cámara provincial.
Estos procesos, señorías, no se producen con un cierto grado aceptable de regularidad, homogeneidad y participación; el objeto principal es permitir ejercer plenas competencias a las comunidades autónomas.
La Conferencia sectorial de Agricultura, formada por las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, abordó el tema de la modificación o derogación de la Ley de Cámaras Agrarias, Ley 23/1986, de 24 de
diciembre, en varias ocasiones. Debo señalar que en la conferencia de 8 de julio de 2002 se trató una vez más esta cuestión, quedando de manifiesto la existencia de una mayoría clara a favor de su modificación o derogación. En la conferencia
sectorial de 26 de julio de 2004 se volvió a plantear la cuestión y la gran mayoría de las comunidades autónomas se manifestaron a favor de eliminar el carácter básico de la ley. Solamente tres comunidades autónomas se abstuvieron, lo que es una
clara prueba de la pretensión de las comunidades autónomas de que se elimine el carácter básico de la ley. Por ello, señorías (quiero volver a reiterarlo), el consenso sobre la derogación del carácter básico de esta ley ha sido muy alto y la
voluntad de las comunidades autónomas ha quedado patente en numerosas ocasiones. Por poner un ejemplo muy significativo les diré que el consejero de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Xunta de Galicia señaló en su informe al
anteproyecto de ley que no se formulaban observaciones al respecto, añadiendo que el 7 de octubre de 2004 el Parlamento de Galicia había acordado por unanimidad instar al Gobierno autónomo a solicitar al Gobierno del Estado la supresión del carácter
básico de la norma de creación de las cámaras agrarias. Es por ello cuando menos paradójico que algún partido que tiene responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas que respaldaron esta cuestión presente ahora enmiendas a la totalidad.
Quiero referirme a continuación a otro aspecto de la ley vigente. En ella se establece que la representatividad en el ámbito estatal se derivará de las elecciones a cámaras provinciales. Debo realizar algunas consideraciones esenciales.
Saben ustedes, señoras y señores diputados, que en la práctica y debido a que la ley no obliga a la realización de dicho proceso electoral no se han celebrado elecciones en estos 19 últimos años en Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias,
Valencia y País Vasco. Por tanto es evidente que como indicador de la representatividad en el ámbito estatal los resultados de las elecciones a cámaras, allá donde las haya habido, no son más que un parámetro sesgado.
Por otra parte esta situación
no parece que vaya a cambiar en el actual marco, tal y como indica el tiempo transcurrido y se ha manifestado en numerosas ocasiones por las comunidades autónomas. Como ejemplo de la situación existente, señalaré el caso de Madrid. En la Comunidad
Autónoma de Madrid la última elección a cámaras, conforme a la Ley 23/1986, se celebró en junio de 2004 y a ella concurrió una lista única integrada por Asaja, COAG y UPA, de tal manera que a la hora de votar los agricultores no tuvieron más que una
opción; la participación fue solo del 20 por ciento. Al establecer el reparto de los vocales de la Cámara entre las organizaciones se utilizó el porcentaje de las anteriores elecciones del año 2000. Esto es, señorías, un caso ilustrativo de la
falta de entusiasmo que estas elecciones despiertan en algunos casos.
En consecuencia, ante una situación manifiestamente mejorable el Ministerio de Agricultura quiere establecer un nuevo modelo de representatividad, un nuevo modelo de relación estable y formal con las organizaciones agrarias, que en la
actualidad es inexistente. El objetivo que se pretende por parte del Gobierno es diseñar un sistema que lleve aparejado aspectos que en estos casi 20 años de existencia de la Ley de Cámaras no se han articulado y que implicará un mayor grado de
interlocución y de trabajo en común con las organizaciones, porque este y no otro, señorías, es nuestro objetivo: lograr un marco de interlocución estable. Este proceso se ha iniciado creando un grupo de trabajo de expertos independientes que está
elaborando un estudio sobre los diferentes modelos que se pueden adoptar. Las opciones, por supuesto, serán posteriormente debatidas con las organizaciones agrarias para establecer el nuevo modelo con el mayor consenso posible. Desde el Ministerio
de Agricultura somos conscientes de la necesidad de fortalecer el diálogo con las organizaciones profesionales. Es necesario establecer un instrumento de interlocución que permita avanzar en la búsqueda de compromisos sobre todos los temas de
interés para el mundo agrario. Este instrumento de relación debe crearse desde la colaboración y participación de las organizaciones agrarias y nos comprometemos a que así se haga. Quiero señalar, por otra parte, aunque lo haya repetido en muchas
ocasiones, que para el Gobierno el papel del Parlamento es muy relevante. Consideramos que el debate parlamentario de cualquier norma en el Congreso y en el Senado debe tener como finalidad mejorarla y enriquecerla, sin complejos, señorías. Es una
obviedad que esa es la función de las Cortes: presentar, debatir y, finalmente, aprobar todas aquellas normas que se considere que mejoran la regulación existente y hacerlo a través del debate político y social. Por ello nuestra voluntad es
incorporar, en la medida de lo posible, los planteamientos que los representantes de los diferentes grupos parlamentarios nos propongan en aquellos aspectos en que sea susceptible de mejorar la propuesta que en estos momentos está sobre la mesa.
Así estamos de acuerdo en lo fundamental, que es la derogación del carácter básico. En aquellos otros aspectos en los que existen discrepancias será necesario hacer un esfuerzo para lograr el máximo consenso posible, partiendo de un principio
incuestionable y que no es otro que la necesidad de que a través del debate podamos lograr un resultado final lo más mayoritario posible, porque si lo logramos, señorías, el nivel de representatividad de la decisión final será mayor y, desde luego,
respetuoso con la pluralidad de las legítimas posiciones que todos defendemos.
Para concretar alguno de los aspectos sobre los que ha habido discrepancias, quiero señalar que en lo relativo a la duración del periodo transitorio que contempla el proyecto de ley no habrá problemas en acortar el plazo de tres años para
fijar el nuevo modelo de representatividad. Los trabajos de reflexión ya se han iniciado y es voluntad del Gobierno conseguir lo antes posible un modelo que mejore lo anterior. Se trata de agilizar el proceso y con un mayor esfuerzo por parte de
todos será posible hacerlo.
Por otro lado, se podría dejar abierto un sistema que permita tener en cuenta para la representatividad estatal las posibles elecciones a cámaras u otros órganos consultivos semejantes en las comunidades autónomas durante el periodo
transitorio. Por supuesto, no se trata de introducir ninguna restricción en cuanto a la competencia de las comunidades autónomas, sino de establecer instrumentos para apreciar la representatividad estatal. En definitiva, señorías, la presentación
de este proyecto por el que se deroga la Ley 23/1986 persigue dar respuesta a la justa y reiterada reclamación de las comunidades autónomas y de limitar un nuevo marco de representatividad e interlocución que responda a las realidades y a las
necesidades existentes.
En la cuestión fundamental, que es la derogación del carácter básico, hay consenso y permite a las comunidades organizar mejor la representatividad de las organizaciones profesionales.
En cuanto a la representatividad estatal, el Gobierno está dispuesto a introducir aquellas modificaciones que permitan enriquecer el contenido de este proyecto de ley y, sobre todo, está comprometido a desarrollar un modelo de interlocución,
que hasta ahora no ha existido, y que es fundamental para favorecer una relación fluida y sistemática con las organizaciones profesionales que permita responder de forma adecuada a las demandas y necesidades del mundo rural.
Todo lo expuesto justifica la presentación de este proyecto de ley, en la confianza de que en el transcurso del debate parlamentario se podrá consensuar un texto que represente las diversas sensibilidades, tanto políticas como sociales.
Quisiera mostrar mi agradecimiento a los grupos políticos que han trabajado para lograr que este proyecto pueda seguir el normal procedimiento legislativo. Creo que ha sido un exponente de su capacidad para el consenso que muestra hoy la
vida política en España y que camina por una senda muy diferente a los últimos años; senda que prueba que a través del diálogo es posible acercar posiciones, que en definitiva benefician a la sociedad en su conjunto. No duden que haremos todos los
esfuerzos que sean necesarios para lograr un texto final que represente el sentir mayoritario de las administraciones autonómicas, del Gobierno, de la mayoría de los grupos políticos y de las organizaciones profesionales.
Finalmente, quisiera invitar al Grupo Parlamentario Popular a ser coherente con las posiciones que ha venido defendiendo en el pasado.
Saben ustedes, señorías, que el Gobierno anterior defendía la eliminación del carácter básico de la ley,
al igual que lo hacen hoy las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Por otro lado, en la justificación de la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado se señala que no es oportuno provocar un vacío normativo en tanto no quede jurídicamente definido cuál será el modelo de
cámaras agrarias.
Señores diputados del Grupo Popular, con la derogación de la Ley 23/1986, cada comunidad autónoma podrá establecer en su ámbito territorial el modelo de cámara agraria que considera oportuno, sin necesidad de que obligatoriamente tenga que
existir una cámara agraria provincial. Pero esto no produce ningún tipo de vacío normativo, ya que para disolver las actuales cámaras agrarias provinciales es necesario que la comunidad autónoma que lo pretende promulgue la norma correspondiente.
Por ello, señorías, el planteamiento que ustedes hacen es inaceptable, y vuelvo a invitarles a que se sumen a la senda del diálogo y participen activamente en el debate parlamentario, aportando aquello que consideren oportuno y aparquen ese modelo
de oposición basado exclusivamente en el beneficio del inmediato, que además no les está dando muy buenos resultados.
Ustedes saben que la ley en vigor debe ser derogada, porque lo que se pretende es dar satisfacción a las demandas expresadas por el conjunto de las comunidades autónomas que ven en la Ley 23/1986 un obstáculo para la ordenación eficaz de sus
respectivos sectores agrarios. Y, por otro lado, se quiere establecer un mejor instrumento de representatividad e interlocución. A partir de ahora, pues, sólo nos queda continuar trabajando para lograr un texto normativo que satisfaga las
aspiraciones legítimas de las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.
Para su turno a favor de la enmienda a la totalidad, por 15 minutos tiene la palabra la diputada señora Naharro.
La señora NAHARRO DE MORA: Señor presidente, señorías, las cámaras agrarias se han configurado históricamente, y casi desde su comienzo, como entidades creadas por el poder pública para conseguir fines de interés general, asumiendo desde el
principio el carácter de corporaciones de derecho público, que mantienen hasta hoy.
Por Real Decreto 1336/1977 se crearon las actuales cámaras agrarias en todo el territorio nacional y mediante una ley, la Ley de proceso autonómico, en su artículo 15, se recoge que las comunidades autónomas que hubiesen asumido
estatutariamente competencias en relación con las corporaciones de derecho público tenían que adecuar su actuación a unos determinados
principios que enumera. Uno de los cuales dice: Se constituirán en el territorio de todas las comunidades autónomas cámaras agrarias, entre otros, con carácter de órganos de consulta y colaboración con la Administración del Estado y
comunidades autónomas, siempre sometidas a la tutela administrativa de esta última. En 1986 se aprueba la actual ley en vigor, la Ley 23/1986, y que es objeto de debate hoy, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras
agrarias, que reduce la misión de las cámaras a funciones meramente consultivas y a la tarea de señalar la cuota de participación que corresponde a los diversos sectores profesionales de la agricultura en los organismos públicos. El artículo 11
prevé que ostentarán la condición de más representativas a nivel estatal las organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos que obtengan el 10 por ciento o más del total de los votos válidos emitidos en el proceso electoral para miembros
de cámaras de ámbito provincial, cuestión de gran importancia, puesto que da derecho a ostentar la representación institucional ante las administraciones públicas y otros organismos.
Como decía, además de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, las funciones de las cámaras, según esta ley todavía vigente, son las de actuar como órganos consultivos de las administraciones públicas. También la
administración de los recursos propios y de su patrimonio y aquellas que la Administración pública competente pueda delegarles. Pues bien, durante los casi 20 años de vigencia de esta ley, aprobada por el Gobierno del PSOE en 1986, se han
producido, como bien decía la ministra, situaciones dispares. Se han celebrado elecciones para designar representantes de las cámaras agrarias provinciales en las comunidades autónomas -en algunas sí y en otras no-, como en el caso del País Vasco y
de Castilla-La Mancha. Algunas comunidades autónomas han desarrollado la normativa y tienen leyes propias, mientras otras, como es el caso de Andalucía, no han legislado nada acerca de esta materia, con lo que la ley de bases de 1986 cumple una
función fundamental en estas últimas.
El proyecto de ley que presenta el Gobierno -que es objeto de este debate- por el que se deroga la Ley 23/1986 genera, a juicio del Grupo Parlamentario Popular (y hasta hace unas horas también significaba para los grupos de Izquierda Unida,
Esquerra Republicana de Catalunya y Convergència i Unió, que ha sido cuando han retirado sus enmiendas a la totalidad, por cierto, perfectamente argumentadas), una grave inseguridad jurídica en aquellas comunidades autónomas que no tienen nada
legislado sobre la materia, toda vez que, como señalaba antes, constituye el único referente normativo para las funciones citadas anteriormente. A tal efecto, y entre las alegaciones efectuadas por los respectivos entes jurídicos de algunas
comunidades autónomas a solicitud del Consejo de Estado para la emisión de su preceptivo dictamen, cabe señalar que la Comunidad Autónoma de Andalucía indica lo siguiente: la derogación de esta ley producirá, a partir de su vigencia, un vacío legal
y las correspondientes dudas sobre el régimen jurídico aplicable. Señora ministra, esto no lo digo yo ni lo dice el Grupo Parlamentario Popular.
Por otro lado, en las comunidades autónomas que han legislado sobre esta materia en el ámbito de sus competencias teniendo como base la ley estatal, la aprobación de esta nueva ley no implica la desaparición de las cámaras agrarias, quedando
esta cuestión remitida al ámbito de decisión de cada comunidad autónoma. Por ello, dichas comunidades autónomas podrán mantener la regulación de las cámaras y, en consecuencia, si así lo estiman, celebrar procesos electorales en cualquier momento,
frente al pretexto, expresado por el Gobierno en la exposición de motivos del proyecto de ley, de atender al requerimiento de las comunidades autónomas -muchas comunidades autónomas gobernadas también por el Partido Popular- de eliminar las bases
estatales para que cada una adopte las decisiones que considere oportunas. La propuesta normativa que estamos debatiendo excede del planteamiento realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la correspondiente conferencia
sectorial -de la que hemos tenido noticia-, toda vez que pretende la derogación total de la ley anterior en lugar de cambiar su carácter básico. Siguiendo este planteamiento quiero resaltar la opinión del Consejo de Estado, como consta en su
dictamen, y cito textualmente: la solución propuesta por el proyecto de ley, tal como está concebida, tiene el inconveniente de que en lo fundamental la derogación no despliega sus efectos hasta que entre en vigor una nueva norma que instaure otro
sistema para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. De este modo, la intención principal del anteproyecto de ley no se consuma. El sistema sigue como estaba con el riesgo de que se generen situaciones no
previstas, pues algunas comunidades autónomas tienen leyes propias que seguirían en vigor, pudiendo celebrarse, por tanto, procesos electorales legítimos.
Otras no tienen ninguna norma y en todas podrían celebrarse procesos electorales durante el
período transitorio. Estos problemas han sido apuntados por los representantes de varias comunidades autónomas, lo que haría aconsejable simultanear la derogación de la vigente ley y el establecimiento de un nuevo sistema para medir la
representatividad de las organizaciones agrarias. Aquí acaba la cita a la que me refería. Una consideración importante que hay que tener en cuenta es que la disposición transitoria única sobre el mantenimiento de la representatividad de las OPA
establece el plazo máximo de tres años para fijar un nuevo sistema, y hasta entonces se tendrán en cuenta a estos efectos los resultados de las últimas elecciones para la elección de miembros de cámaras agrarias provinciales celebradas de
conformidad con la ley que hoy se pretende derogar.
Pues bien, no acabamos de entender por qué ese plazo tan dilatado de tres años. No sabemos si es un número elegido arbitrariamente o esconde algún razonamiento
que no se ha querido indicar en la exposición de motivos. ¿Por qué no dos años, seis meses, o quizá siete años? Probablemente en ese tiempo se van a producir cambios tanto en el cuerpo electoral como en el seno de las propias
organizaciones profesionales y, además de ello, de no cumplirse este plazo de tres años no producirá ninguna consecuencia jurídica, por lo que con la derogación de la ley no existirá posibilidad de medir la representatividad de las organizaciones
profesionales en las comunidades autónomas, con los efectos de todo tipo que ello conlleva, por lo que todas las asociaciones existentes, con independencia del número de afiliados que tengan o de los posibles votantes, tendrán la misma consideración
en igualdad de condiciones, con grave perjuicio sobre la interlocución y la concertación a nivel estatal.
También para el Grupo Popular constituye una preocupación el futuro del personal que en la actualidad trabaja en las cámaras agrarias, toda vez que al derogarse esta ley, sin que se especifique nada sobre ellos, nos encontramos con un vacío
legal que puede afectar a su futuro laboral, especialmente en las comunidades que no han legislado nada en la materia.
Exactamente igual que para el personal, constituye también una inseguridad jurídica la situación del patrimonio de estos
organismos, patrimonio, señorías, que en muchos casos es importante y que debe cumplir su función de atender los intereses agrarios.
La derogación de esta ley, tal como la presentan hoy, no ofrece una solución a las cuestiones jurídicas patrimoniales y de personal de las cámaras, ni al establecimiento de un sistema que sustituya al actual en cuanto a representatividad de
las organizaciones profesionales agrarias.
Señora ministra, creemos que para traer esto que hoy nos presenta hubiera sido mejor no traer nada. En una enmienda de modificación de Izquierda Unida se puede leer que es un despropósito, y en este caso
estamos de acuerdo.
La ministra de Agricultura a una pregunta en el Senado de una parlamentaria socialista respondía: pretendemos sentar las bases para una representatividad efectiva que conlleve a una interlocución estable y fructífera en beneficio de la
agricultura y ganadería españolas. Señora ministra, ¿cree usted que eso es lo que va a conseguir simplemente derogando esta ley? Creemos que antes de derogar una ley, dejando un enorme vacío legal, hay que presentar alternativas, pero alternativas
que den soluciones. Estamos dispuestos a dialogar para conseguir los fines que todos perseguimos, también nuestras comunidades autónomas, pero es que estamos de acuerdo con ellas. Es necesario avanzar en cuanto a la representatividad y a todo el
tema que ahora mismo existe de cámaras agrarias, pero con esta proposición no creemos que se vaya a solucionar nada.
Por todo ello el Grupo Popular solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de ley, esperando que a la mayor brevedad presente uno nuevo en el que sí que se simultanee la derogación de la Ley 23/1986 con el establecimiento de un nuevo
sistema para medir de manera efectiva la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señora diputada.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra de la enmienda? (Pausa.)
Entonces pasaríamos a la fijación de posición. Señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente. El Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar la enmienda de totalidad que ha presentado el Partido Popular. Lo hace consciente de que no debemos apoyar esta devolución, ya que la ley tiene un
objetivo que el Bloque Nacionalista Galego y los sindicatos agrarios más conscientes de nuestro país persiguen, que es la disolución de las cámaras agrarias. Este objetivo que compartimos justifica básicamente nuestra posición. Es cierto que la
ley puede provocar ciertos vacíos legales e incluso deja en el aire la forma de reconocer la representatividad actual de los sindicatos agrarios, especialmente de aquellos que tienen ámbito en las comunidades autónomas.
Habría que establecer
mecanismos para que su representación ante la política estatal, ante las entidades y organismos de carácter estatal fuese eficiente. Pero creo que todas estas cuestiones se pueden conseguir en el debate de la ley con enmiendas al articulado, que es
la vía que nosotros hemos escogido.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En representación de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con brevedad.
Mi grupo no puede apoyar esta enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Popular y vamos a votar en contra porque entendemos que en el texto del proyecto que ha remitido el Gobierno, en el trámite de ponencia y comisión, se pueden
subsanar aquellas deficiencias, supuestas inseguridades jurídicas que puedan tener determinadas comunidades autónomas que no han legislado en la materia. Me ha congratulado escuchar el posicionamiento flexible de la señora ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, al defender el proyecto, de abrir una posibilidad con el partido mayoritario en los trámites de presentación de enmiendas para que éstas puedan ser corregidas y aceptadas en los debates correspondientes que den una respuesta
positiva a lo que es una demanda.
Mi grupo ha presentado dos bloques de dos enmiendas, dos referidas a cuestiones de la seguridad administrativa del personal que viene prestando sus servicios en las cámaras agrarias, que procediera de antiguas administraciones del Ministerio
de Agricultura o de las
organizaciones sindicales correspondientes, o de otras instituciones, incluso de comunidades autónomas. Con esta cautela creemos que se pueden sentir satisfechos los funcionarios de servicios destacados en las cámaras agrarias, cualquiera
que fuera su procedencia, bien de la estructura de las cámaras agrarias, bien de otras administraciones coincidentes en el agro, porque este es un principio de derecho de todo funcionario, cualquiera que sea su representación de origen.
En segundo lugar, está la cuestión a la que se ha referido el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en cuanto a aquellas representaciones que determinadas organizaciones sindicales agrarias tienen en algunas cámaras agrarias. En el caso
de la Comunidad Autónoma Canaria, que tiene las competencias sobre esta materia transferidas y reconocidas en su estatuto de autonomía, queremos darle una solución democrática y vertebradora de las representaciones sindicales. En este escenario de
la ley de bases de la Administración central del Estado el Parlamento autónomo de Canarias quiere solucionar estas materias a través del diálogo con las organizaciones sindicales y la administración agraria de nuestra comunidad. El escenario está
garantizado y acogiéndonos a la flexibilidad que ha manifestado la señora ministra de estudiar y considerar este tema procuraremos arreglarlo en los trámites correspondientes.
Nos congratulamos de que este tema se pueda resolver perfectamente en ese escenario con las enmiendas que presentemos y que se dé solución a las demandas de todos, empresariales, sindicales y laborales del campo español con los instrumentos
que entienda que son su mejor representación, sean cámaras agrarias, sean agrupaciones empresariales, sean organizaciones sindicales. Dejemos que ese mundo democráticamente esté vivo, presente sus demandas y las consiga.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, nosotros no seremos desde luego los que discutamos las finalidades de la derogación de la Ley 26/1986 que ha explicado en su intervención. Lo que discutimos es que con este proyecto de ley, tal y como se plantea
en su inicio, se vaya a cumplir con esos objetivos aquí detallados. Creemos que con el proyecto de ley tal y como nació el Gobierno derogaría la única norma existente para regular de forma específica la representatividad en el sector agrario, y
además lo haría sin plantear un marco alternativo. Es evidente que de esa forma se realizaría un ataque frontal al sindicalismo agrario, a un derecho amparado constitucionalmente y que además se podría haber hecho -y tendría su cierto lógica- sin
contar con las organizaciones agrarias; de otra forma no se podría haber comprendido. Por tanto, entendemos que es necesario reconsiderar la derogación tal y como ha sido planteada en su inicio, porque creemos que un anteproyecto de esas
características y sobre esas materias debería contar con el debate y con el consenso previo de las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, y porque supone derogar la única norma que permite regular, repito, la representatividad.
Además, el proyecto hace una atribución arbitraria de representatividad del sector, cuestión dudosa desde el criterio constitucional, e incluso implica la atribución también artificial de derechos tales como ejercer funciones
constitucionales y ostentar representación institucional ante las administraciones y organismos públicos.
Es particularmente clara la consideración del Consejo de Estado cuando se refiere al riesgo cierto de situaciones no previstas ante el desigual desarrollo legislativo de las diferentes comunidades autónomas. Nos encontraríamos con la
posibilidad de celebrar elecciones en comunidades autónomas con diferente desarrollo normativo, lo cual podría traducirse en la imposibilidad de conocer la representatividad real de las diferentes organizaciones agrarias. Parece claro que la
derogación en esas condiciones no aportaría mejor situación que la existente ni desde el punto de vista jurídico, social o económico y su utilidad por tanto habría sido nula.
Así pues, presentamos en su momento la enmienda de devolución. Lo que ocurre es que presentamos las enmiendas, tanto de devolución como parciales, así como nuestros argumentos en los debates para intercambiar ideas y ponernos en contacto
con el mundo exterior. Este es el motivo.
Nosotros queremos ponernos en contacto con el mundo exterior. Una vez que nos hemos puesto en contacto nos encontramos con que en ese mundo hay otras fuerzas políticas y sindicales que opinan que se puede
salvaguardar una parte de ese proyecto al mismo tiempo que los intereses que tienen que representar precisamente a las organizaciones agrarias; es decir, que se podría ir a una enmienda transaccional que garantizara el carácter de las
organizaciones agrarias, su función constitucional y al mismo tiempo el mantenimiento y procedimientos democráticos para la medición de la representatividad de esas organizaciones.
Por esta razón, en primer lugar, aceptamos el carácter transitorio que se propone en la enmienda transaccional acordada con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió; y, en segundo lugar, defendemos esa enmienda transaccional con el sentido crítico sobre el proyecto original, pero reconociendo que el grupo mayoritario ha sabido dar la solución a lo que en cierto modo había
sido un mal punto de partida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Pérez.
Para la fijación de posición, tiene la palabra el señor Txueca en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
El Grupo Nacionalista Vasco no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad; es más, no va a presentar ninguna enmienda al articulado y sí a la exposición de motivos, y esto por una sencilla razón: creemos que hay una necesidad de centrar
el objeto del proyecto.
A nuestro juicio -y creo que esto tiene que quedar claro-, lo que se deroga es una ley estatal de bases, pero no se suprimen las cámaras; la institución sigue existiendo desde el momento en que está constituida si no se procede a su
disolución. Además, son muchas las leyes autonómicas que las configuran y regulan. No creo que a su vez la exposición de motivos tenga que pronunciarse tan directamente sobre la desaparición de las cámaras como figura organizativa, sino más bien
nos parece que debería pronunciarse sobre la innecesariedad de promulgar normativa básica en esta materia y sobre la capacidad del derecho de las comunidades autónomas a decidir y arbitrar sus propias políticas agrarias. Para ello se derogan las
bases y posteriormente, la desaparición o no de las cámaras, será algo que el legislador autonómico deberá resolver. El vacío que pueda existir es meramente regulatorio en el caso de que tal ordenación no se haya llevado a cabo por las comunidades
autónomas o, por lo menos, por alguna de ellas, porque son las comunidades autónomas las que tienen que decidir, pero ya en su caso sin el corsé de las bases estatales.
En cuanto a la representatividad, también las normas autonómicas, por lo menos las que lo han regulado, lo han hecho sobre la representatividad en su nivel territorial, por lo que la única representatividad que a nuestro juicio quedaría
colgada, por decirlo así, es la que se produzca a nivel de la Administración del Estado. En tal sentido, no nos parece inadecuado que el propio Estado dé por buenos determinados resultados y les dote de cierta permanencia, si bien transitoria, en
tanto que debate un nuevo sistema de representatividad. Por tanto, señora ministra, en principio tenemos intención de aprobar este proyecto de ley y vamos a votar en contra de la propuesta alternativa del Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señoras y señores diputados, nos presenta hoy la señora ministra el acuerdo del Gobierno para este proyecto de ley que pretende derogar la ley de bases que regulaba las cámaras agrarias. La verdad es que me gusta decir, en
primer lugar, que es una petición que Esquerra Republicana ha hecho históricamente y que siempre hemos defendido la necesidad de derogar esta ley de bases, que lo único que hacía era regular unas competencias exclusivas que tenían las comunidades
autónomas en el tema de las cámaras agrarias. Es una derogación, como muy bien ha explicado la ministra en su exposición, consecuencia de una petición de las comunidades autónomas, también del Gobierno de Cataluña, de acabar con esta ley básica que
intentaba regular estas competencias.
La verdad es que, en la práctica, las competencias que tenía esta ley de bases solo han servido para intentar regularizar la representatividad que podían haber tenido las cámaras agrarias y los sindicatos agrarios en cuanto a la defensa de
sus problemas ante el Estado. Es verdad que esta era la práctica; pero también es verdad que en muchas de las comunidades autónomas no se ha hecho la ley y que en dos de las que se ha hecho o que han regularizado sus leyes autonómicas no se han
realizado todavía estas elecciones. Es cierto que en muchas otras comunidades -y Cataluña es un buen ejemplo- con estas elecciones se ha dado la oportunidad de conseguir lo que era una demanda histórica de todos los sectores agrarios, de todos los
sindicatos agrarios que desde hace mucho tiempo venían exigiendo esta representatividad, exigiendo la democracia en el campo y que la gente del campo pudiera tener sus elecciones.
El proyecto que nos presentaba en principio tenía un grave problema, y así lo hemos expresado nosotros en la enmienda que presentamos y que hemos retirado esta mañana. ¿Por qué? Porque si el único objeto práctico que tenía esta ley de
bases era la representatividad, nosotros creíamos que esta regulación tenía que señalar de modo explícito cómo se iba a registrar ahora esta representatividad en el campo. Seguramente, este sería el trámite más lógico que tendría que haber llevado.
No podemos derogar una ley y marcar de forma transitoria un plazo de tres años y ya veremos cómo regularizamos esta representación. Por eso, Esquerra Republicana presentó esta enmienda a la totalidad, esperando llegar a un acuerdo y esperando
dialogar con diferentes grupos parlamentarios para que en este proyecto de ley pudiéramos regularizar cómo se defendería esta representación durante este tiempo transitorio. La verdad es que como estaba establecido en el proyecto de ley había una
falta jurídica importante de representatividad y pensábamos que este momento transitorio era bastante peligroso.
El plazo de estos tres años podría también no cumplirse, como ha dicho algún portavoz anteriormente, y no produciría ninguna consecuencia jurídica, solo que con la regulación no habrá forma objetiva de escoger entre otras organizaciones.
Podría haberse dado el caso de que durante estos tres años no se hubiera regularizado esta futura ley de representatividad y pudiéramos haber tenido un vacío legal. La verdad es que después
de las conversaciones que hemos tenido con otros grupos parlamentarios, entendemos que el ministerio tiene la voluntad de regularizar una nueva ley de representatividad, una nueva ley de representatividad que es positiva, que nosotros
entendemos que debe ser así, porque lo que teníamos hasta ahora no era el mejor sistema, es muy mejorable. Pensamos que mediante el diálogo en este tiempo transitorio con las organizaciones profesionales agrarias, con los grupos parlamentarios,
podemos hacer de una vez por todas una buena ley de representatividad en el campo. Estamos de acuerdo en que es muy mejorable, pero esta situación transitoria que nos presentaba este proyecto de ley no era lo más positivo. La verdad es que tenemos
que agradecer al grupo mayoritario de la Cámara este intento de negociación que hemos tenido estos últimos días, al Grupo de Izquierda Unida por aceptar que pudiéramos transaccionar una de sus enmiendas parciales para intentar, como muy bien ha
dicho usted, dentro de este diálogo, dar soluciones a los problemas o a las necesidades que teníamos.
Pensamos que ha sido positivo y que este texto transaccional que se aprobará con el apoyo del Grupo de Convergència i Unió, Iniciativa, el Grupo
Socialista, el nuestro propio y esperemos que muchos más grupos...
(El señor Madero Jarabo: ¿Dónde está el texto? ) Ya se lo presentaremos, no se preocupe.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Perdonen, no hagan un debate entre diputados.
Adelante.
El señor RAMÓN TORRES: En este texto creo que podemos contar también con su participación y espero que este problema que todos los grupos políticos hemos expuesto esta mañana aquí quedará totalmente solucionado.
Este texto transaccional establece que corresponden a las organizaciones agrarias profesionales la representación institucional de los agricultores y que su participación frente a las administraciones se calculará según los resultados de los
procesos periódicos por sufragio universal a cada comunidad autónoma. El peligro que teníamos con el texto del proyecto y que nos preocupaba es que la representación era de forma arbitraria y que seguramente muchos de los sindicatos que son
mayoritarios en muchas comunidades autónomas perderían parte de su representatividad. También nos preocupaba que en estos tres años de plazo, cuando muchas comunidades autónomas ya han celebrado sus elecciones, seguramente dos de las que tienen ley
pero que no han hecho elecciones y podrían hacerlas en este periodo de tres años posiblemente no pudieran hacerlo, o que estas elecciones no representaran o no dieran los representantes frente al ente estatal. Por eso nos congratulamos del acuerdo
al que hemos llegado con los demás grupos. Nos congratulamos que este diálogo que se ha abierto con sindicatos agrarios, con organizaciones profesionales agrarias, haya dado este resultado.
Entendemos que lo que hemos conseguido es que lo positivo
que tenía la regulación de esta ley de bases se lleve a cabo, que la representatividad durante este tiempo transitorio estará regularizada y que en las posibles elecciones que pueden venir en el futuro se marcará quiénes son los representantes de
las comunidades autónomas frente al Estado. Esto nos llevará a tener un mayor beneficio a todos los representantes agrarios de todas las comunidades autónomas. Por eso, señora ministra, le agradezco esa voluntad de diálogo, que agradezco también
al grupo mayoritario.
Esperamos que antes de dos años -porque hemos corregido el plazo- podamos hacer de una vez por todas esa ley de representatividad que nos ayude a todos.
El último punto que nos preocupaba y que viene marcado en la transaccional que hemos acordado era el relativo al patrimonio. Nosotros queríamos conseguir que el patrimonio de las cámaras agrarias fueran objeto del beneficio agrario. Ese ha
sido un texto que también hemos incorporado a nuestra transaccional. Es importante para el beneficio agrario que este patrimonio continúe y por eso consideramos que también es muy relevante este punto de la transaccional.
Señora ministra, le agradezco esa voluntad de diálogo que también nos ha expresado esta mañana. Esperemos que, de una vez por todas, podamos tener esa ley de representatividad que tanto quieren las organizaciones profesionales agrarias y
los grupos que les hemos dado soporte en esta nueva redacción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Ramón.
Tiene la palabra el señor Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, intervengo para fijar posición en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, una posición en contra de la devolución de este proyecto de ley; un proyecto cuya devolución solicitamos en un primer momento con la
presentación de una enmienda a la totalidad. Y ello fue a consecuencia de que entonces, consultado el sector y las principales organizaciones agrarias, encontramos un rechazo total en ellas, incluso con declaraciones públicas por parte de algunas
de ellas de responsabilidad y temeridad por parte del Gobierno. Nuestro grupo, que es avaro en la presentación de enmiendas a la totalidad -y nuestra trayectoria parlamentaria así lo demuestra-, así lo hizo en este caso, así como otras tres fuerzas
parlamentarias de esta Cámara. Nuestro grupo no tuvo oportunidad, por causa de las prisas, de presentar conjuntamente con esta enmienda a la totalidad un texto alternativo. A cambio de ello, y sobre la base de las informaciones obtenidas,
presentamos seis enmiendas parciales como una vía de posibilidad de mejora del texto que se presenta hoy para su tramitación parlamentaria. Una vez más, las gestiones apresuradas y la voluntad de entender el diálogo
como un mantenimiento de posturas y no de rectificar a tiempo ha dado lugar a una práctica que nosotros consideramos que es el talantazo, mediante el cual hoy vamos a dar curso a un proyecto de ley que será modificado en su totalidad en su
trámite posterior. Hoy aprobamos el proyecto del Gobierno, pero será en Comisión donde se cambiará. De lo que hoy aprobamos solamente va a quedar el número de registro, porque además nuestras enmiendas parciales, hechas desde la consulta y
atención a las partes afectadas, han servido como base para un acuerdo transaccional que se debatirá en Comisión y que transforma el artículo único del texto original en cuatro y añade una disposición final. Esta técnica del talantazo no nos puede
satisfacer. En primer lugar, por la forma de presentación con urgencia extrema de un proyecto para resolver una situación anómala de casi 20 años, haciendo prevalecer la propuesta programática del Gobierno como un cumplimiento literal de la misma,
sin respeto a la pluralidad y sin una previa consulta al sector. En segundo lugar, porque aunque se presenta una proposición de ley, se deja abierta la posibilidad de que la ley que se proponía en un principio a un plazo de tres años no viera la
luz en esta legislatura. Ya nos ha anunciado la señora ministra su disposición absoluta para acortar el plazo. En el texto que se debatirá en Comisión ya hay una base para que este acuerdo se haga en dos años. Como ha dicho el portavoz de
Esquerra Republicana, su incumplimiento en tres años no hubiera generado ningún problema legal y posiblemente con una presentación de la ley definitiva en plena campaña preelectoral al final de esta legislatura no habríamos dado solución a la misma
y habrían decaído todas estas acciones y negociaciones parlamentarias, porque en la nueva legislatura este proyecto de ley no aprobado hubiera decaído.
Por ello, nuestro grupo quiere someter otras consideraciones a esta Cámara. Si llevamos 19 años con una ley que se aplica desigualmente en las diversas comunidades autónomas del Estado, si en Cataluña se han cumplido las previsiones
legislativas de la citada Ley 23/1986, con elecciones periódicas, libres, y donde se ha resuelto la transferencia del patrimonio, y en otras comunidades autónomas no se ha legislado nada, no se han hecho elecciones, no se ha resuelto el tema del
personal y parece que no hay ninguna voluntad de hacerlo por el momento, ¿cómo podemos correr tanto hoy para resolver una situación tan dispar y discrepante entre el Gobierno central y muchos gobiernos autonómicos sostenidos por la misma fuerza
política?
Señorías, a nuestro grupo le queda la duda de si lo que votaremos es una obviedad o una solución. Porque no nos cabe ninguna duda de que todos los grupos somos conscientes de la necesidad de resolver esta situación de representatividad
agraria en el ámbito estatal. Pero, aquí y ahora, o abrimos la vía de la representatividad sindical agraria autonómica dentro de las organizaciones sindicales agrarias estatales o no encontraremos la solución. Y nos podrán decir que no nos
corresponde regular por ley esta coordinación porque nuestra Constitución reconoce el libre derecho de asociación y el hecho de regularla sería interferir en sus libertades.
Pero lo que nos corresponde es ayudar a este diálogo interno a favor del
sector agrario, que es beneficiario de muchas acciones legislativas, de ayudas de protección tanto de los gobiernos autonómicos como del Gobierno de la nación como de la propia Unión Europea.
Sabemos y somos conscientes de las dificultades de la solución del tema, conocemos el posicionamiento hoy provisionalmente favorable de las organizaciones agrarias al respecto y nos sentimos moderadamente correponsables y satisfechos de
haber podido incorporar, por medio de nuestras enmiendas parciales, las salvedades que han modificado la propuesta inicial del Gobierno, a la que le daremos solución mediante la ley en su trámite parlamentario, que en esta tramitación cuenta de base
con una propuesta transaccional a la que nos hemos sumado los grupos que retiramos las enmiendas de devolución por ver, en nuestro caso, contemplados nuestros reparos, que no son más que las indicaciones de las organizaciones agrarias que en su
momento manifestaron. En este momento, las mismas han manifestado su posición positiva hacia el nuevo redactado.
Esperamos que este voto sea útil para alcanzar una solución a un proyecto que resuelva una situación endémica de representatividad.
Señora ministra, también esperamos una posición consecuente del Gobierno con lo que hoy aprobamos, que consigamos redactar la nueva ley en el periodo de dos años como máximo que nosotros hemos propuesto, y si puede ser que no se agote, que
en esta legislatura podamos inventariar en el balance de nuestra gestión parlamentaria haber dado solución a una situación inconclusa desde hace 20 años y, lo que es más importante, que el sector agrario encuentre por nuestra mediación una vía de
representatividad acorde con la realidad agraria de nuestro país, una realidad agraria mucho más diversa que nuestra realidad autonómica.
Señorías, señora ministra, por ello, y con esta confianza de ver esta solución, reitero nuestra posición
negativa a la devolución y el voto favorable al trámite por esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, quiere el Grupo Socialista, y lo hago en su nombre, agradecer la decisión que han tomado los portavoces de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya, de Convergència i Unió y de Izquierda Verde de
retirar las enmiendas de totalidad que habían presentado. Le agradezco especialmente
a sus portavoces -señor Ramón, señor Grau y don Angel Pérez- la voluntad manifestada y expresada de llegar a un acuerdo.
Efectivamente, como ellos han manifestado, hemos mantenido diversos contactos desde la fecha de terminación del plazo de presentación de enmiendas y efectivamente, también hay que decirlo, hemos alcanzado un acuerdo de modificación de la ley
que formalizaremos en la Comisión, una vez que sea rechazada esta enmienda de totalidad presentada exclusivamente por el Partido Popular. En este asunto, señores del Partido Popular, como en tantos otros en este periodo de sesiones, se han vuelto a
quedar solos, se han retirado todas las enmiendas de totalidad menos la suya, y les tengo que decir, señores del Partido Popular, que su posición, con todos los respetos, no tiene explicación alguna. Ustedes presentaron su enmienda de totalidad en
el último minuto y no porque estuvieran en desacuerdo con la ley, sino porque se enteraron que había otras enmiendas de totalidad de otros grupos parlamentarios y pensaron ingenuamente que iban a conseguir infringir una derrota al Gobierno, pero,
señores del Partido Popular, en esta ocasión, como en otras, su gozo en un pozo.
La lectura de las enmiendas y las explicaciones que ha dado hoy su portavoz, ausente... (El señor Ayala Sánchez: Ausente no.) Perdón, retiro lo de ausente porque está aquí con el letrado. Las enmiendas y la exposición demuestran
claramente la fragilidad de los planteamientos que justifican la enmienda de totalidad. Señores del Partido Popular, ustedes han justificado la enmienda de totalidad con cuatro líneas y las dos enmiendas parciales -permítanme que les diga con
respeto- rozan lo cómico. El PP ha propuesto una enmienda que pretende derogar el artículo único, y en otra enmienda -dos han presentado- proponen derogar la disposición transitoria única. Señores del Partido Popular, esto querría decir que si nos
volviéramos todos locos en esta Cámara, o posteriormente en la Comisión, y aprobáramos lo que ustedes han propuesto, estaríamos aprobando una ley que tendría título, que tendría una exposición de motivos y no tendría ninguna parte dispositiva.
¡Vaya alternativa la que nos han propuesto estos señores del Partido Popular! Y hoy mantienen su enmienda de totalidad pese a que les hemos pedido que la retiren, igual que al resto de los grupos, y que se sumaran al acuerdo, porque ustedes,
manteniendo la enmienda, demuestran que efectivamente son auténticos, que ustedes son así, que nunca se equivocan y que nunca rectifican.
Precisamente por eso en esta ocasión, y yo espero que por mucho tiempo, van a estar ahí, en esos bancos, en la
oposición. (Aplausos.)
La ley de derogación de la Ley de Cámaras Agrarias es un proyecto, y ustedes lo saben -el anterior ministro también, señor Cañete-, que parte de una petición mayoritaria, prácticamente unánime, de todas las comunidades autónomas, que, sin
excepciones, han cuestionado la existencia de estas instituciones y, sobre todo, con una regulación en ámbito estatal. En este momento son instituciones carentes de sentido y nadie justifica el mantenimiento de una ley de bases para regular sus
funciones y sus atribuciones. Si ustedes hubieran leído las actas de las distintas conferencias sectoriales, podrían comprobar que ahí se han planteado dos alternativas, pero ninguna a la que ustedes proponen: o derogar la ley o eliminar el
carácter básico. Esta es una posición unánime de las 17 comunidades autónomas. Nadie discute que las cámaras agrarias provinciales como instituciones, como corporaciones de derecho público han perdido todo su sentido y, por ello, procede derogar
la ley de acuerdo con un proyecto como el que ha presentado el Gobierno, atendiendo, vuelvo a repetir, la petición mayoritaria de las comunidades autónomas.
Para que no lancen dudas, hay que dejar muy claro que con la derogación de esta ley no se van a suprimir de facto las cámaras agrarias provinciales.
Esta ley, a partir de su derogación, permitirá a las comunidades autónomas que decidan el
futuro de estas instituciones, y podrán mantenerlas, reformarlas, adaptarlas al territorio o simple y llanamente modificar su estructura y su régimen de funcionamiento. Las cámaras agrarias no tienen funciones de representación, reivindicación ni
de negociación de intereses profesionales agrarios, esto es así porque esta es una competencia que tienen en exclusiva las organizaciones profesionales agrarias, pero es en este ámbito de la representatividad en el que se han producido los debates
previos a la presentación de la ley y los que han justificado la presentación de las enmiendas de totalidad posteriormente retiradas. Efectivamente, las elecciones a representantes de las cámaras agrarias provinciales han venido sirviendo hasta
ahora para medir la representatividad. Era una situación paradójica. Elegíamos representantes en plenos de las cámaras que permitían medir la representatividad, pero no servían para reivindicar, ni para representar, ni para llevar la voz de las
organizaciones profesionales, que era una competencia de ellas, con independencia de su presencia en los plenos.
Las elecciones para elegir los representantes en los plenos son las que han servido para determinar quiénes son las organizaciones
agrarias más representativas. La realidad es, como muy bien ha dicho la ministra, que el sistema vigente de medida de la representatividad tiene muchísimas lagunas. De hecho, después de 19 años en seis comunidades autónomas no se han convocado
elecciones ni se espera que se convoquen en los próximos años. El texto remitido por el Gobierno en relación con este asunto establecía una transitoriedad entre la derogación de la ley y el compromiso asumido por el Gobierno en varias ocasiones en
esta Cámara de elaborar un proyecto de ley de representatividad, pero, efectivamente, el sistema propuesto ha creado una cierta inquietud en algunas organizaciones profesionales agrarias, que la hicieron llegar a los grupos parlamentarios. Las
enmiendas que el Grupo Socialista ha pactado con Esquerra Republicana, con Convergència i Unió y con Izquierda Verde para su aprobación posterior en la Comisión van a dar
solución y a disolver las inquietudes de las organizaciones profesionales agrarias, van a garantizar este periodo transitorio y van permitir, y creo que esto es muy importante, trabajar con tranquilidad al grupo de expertos que ha
constituido el Gobierno para proponer un nuevo modelo de representatividad y permitirá al Gobierno y a las comunidades autónomas trabajar tranquilamente en elaborar una ley que surgirá del consenso y la participación con todos los grupos. Por todo
ello, el Grupo Socialista va a rechazar esta enmienda presentada en exclusividad, repito, por el Partido Popular y espera que en la tramitación en comisión podamos alcanzar un acuerdo mayoritario, ojalá que unánime.
El preacuerdo al que nos hemos referido distintos portavoces y que hemos formalizado en estos días está abierto a la incorporación del resto de grupos y, por supuesto, al Partido Popular. No desaprovechen la ocasión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 25/1988, DE 29 DE JULIO, DE CARRETERAS. (Número de expediente 124/000003.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la proposición de ley del Senado de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Para su defensa, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, he tomado la palabra para defender la enmienda a la totalidad de devolución de la proposición de ley de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, remitida por el Senado. El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado esa enmienda a la totalidad, de devolución, fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, porque vulnera los principios de cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. En segundo lugar, porque ignora las
fórmulas actualmente existentes de acuerdos y convenios para vertebrar esos principios y, en tercer lugar, porque ignora las fórmulas existentes de acuerdos y convenios para cuando se dé el supuesto referido a la proposición de ley que, reitero, hoy
por hoy el Grupo Socialista entiende que se resuelve mediante convenios entre las administraciones afectadas, que se concretan en compromisos que asumirían, y de hecho asumen, ambas partes tras una negociación donde se especifica la cobertura del
correspondiente crédito presupuestario. Por tanto, señorías, la proposición de ley que nos remite el Senado tiene como espíritu inspirador la incorporación de un sistema de modificación unilateral que destruye la actual composición de la red de
carreteras del Estado por parte de las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al traspaso como a la fijación de los medios necesarios para el mantenimiento y la mejora de las carreteras.
En efecto, de la lectura del articulado de la iniciativa que nos remite el Senado se deriva la incorporación inmediata a la red de carreteras cuando es solicitado por una comunidad autónoma, incorporación inmediata que además se produciría
en el plazo de un mes desde que la iniciativa llama, entendemos erróneamente, vía secundaria; vía secundaria que es un nuevo concepto introducido en la iniciativa que no viene recogido ni siquiera en la Ley de Carreteras ni en el reglamento que la
desarrolla y que obviamente distorsiona la definición legal de las carreteras de interés general que integran la red de carreteras de Estado.
Dice la iniciativa remitida por el Senado que esas vías secundarias, que acabo de citar que es un concepto jurídicamente inapropiado, se incorporarían a las comunidades autónomas, previa solicitud de éstas, que presentarían el proyecto
necesario para adaptar su uso a las nuevas condiciones de tráfico. Y añade: viniendo obligado el Gobierno no sólo a resolverlo positivamente antes de un mes de plazo, sino también a asumir íntegramente todos los costes que supongan la situación y
el proyecto que presenta la comunidad autónoma.
Señorías, esta atribución unilateral de traspaso de las carreteras estatales por parte de las comunidades autónomas implicaría limitar el alcance de la competencia exclusiva estatal en la materia, que viene, como saben bien, recogido
expresamente en el artículo 149.1,1.ª y 21.ª, así como en el artículo 24 de la Constitución española. Esto supondría una alteración de los principios que inspiran las actuales previsiones recogidas en la Ley 25/1998, que ha sido -y esto es muy
importante- favorablemente interpretada ni más ni menos que por el Tribunal Constitucional.
Tenemos que recordar, señorías, que el Tribunal Constitucional nos aclara en su sentencia 65/1988 que esta Ley de Carreteras limita expresamente su ámbito de aplicación a las carreteras estatales. Además, nos dice que el artículo 4, que
define las carreteras, no prevé más modificación de la composición de la red de carreteras del Estado que el cambio de titularidad a la carretera existente cuando se dé por mutuo acuerdo.
Señorías, esta es la clave, el mutuo acuerdo, y no la
decisión unilateral de las administraciones públicas interesadas, como se propone en la bien intencionada, pero mal enfocada, proposición de ley que nos remite el Senado a instancias de CiU. Por tanto, el mutuo acuerdo entre administraciones y la
lealtad institucional entiende el Grupo Parlamentario Socialista que debe de seguir siendo el modelo a desarrollar.
El sistema actual previsto cierto es que tiene dificultades, pero ya se están aplicando fórmulas por este Gobierno para resolverlas y tengo que decir que incluso el anterior Gobierno también ya puso en marcha fórmulas en el ámbito de las
competencias de los ayuntamientos. De hecho, promulgó una orden ministerial en
julio de 2001 en la que se desarrollaba la posibilidad de ese traspaso de estas carreteras, que quedan como vías secundarias, como llama la iniciativa, pero siempre que se produzca un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y ese
ayuntamiento. Por tanto, hay ya precedentes en el ámbito municipal, que promulgó, insisto, el Gobierno del Partido Popular en el año 2001, con dificultades siempre obviamente de carácter más económico que de otro tipo, y ha venido funcionando
adecuadamente. Ahora se pretende una modificación legal, que sustituye en el ámbito de las comunidades autónomas ese acuerdo por una decisión unilateral de una comunidad autónoma, es decir, de una de las partes, y que además el Gobierno tiene la
obligación, según la iniciativa, de resolverlo positivamente y en el plazo de un mes. Ni siquiera, señorías, se podría decir si es o no de interés general o si queremos que siga siendo de interés general. Les reitero que hay antecedentes de
conflictividad sobre este tema y que no podemos perder de vista el recurso de inconstitucionalidad que presentó la propia Generalitat de Cataluña, y el fallo de la sentencia 65/1988, de 18 de marzo, a la que he hecho referencia, aclara que la Ley de
Carreteras en sus artículos 4 y 12 era conforme con el orden constitucional y el estatuto de competencias. Eso está ahí, en una sentencia que yo imagino que los demás compañeros intervinientes habrán podido leer, que está en vigor y que tiene que
ser plenamente respetada.
Como esta iniciativa ha partido de Convergència i Unió aunque, obviamente, la ha apoyado el Senado para su remisión al Congreso, yo les tengo que recordar que, por ejemplo, la Generalitat y el Gobierno de la nación ya están negociando un
convenio de traspaso de aquella parte de la red de carreteras del Estado que debe ser considerada como de interés general.
En Cataluña se ha iniciado -y les consta, obviamente- el proceso de reforma de la Ley de Carreteras de 1993 y su borrador ya
ha sido trasladado a los representantes de las organizaciones municipales y de las propias diputaciones. Por tanto, esta proposición de ley que nos remite a instancia de Convergencia i Unió el Senado es como mínimo inoportuna, porque interfiere el
proceso de negociación en curso, que les consta que existe, entre el departamento de política territorial de la Generalitat y el Ministerio de Fomento. La forma escogida para plantear esta cuestión en las Cortes españolas, en el Senado y, hoy, en
el Congreso, en poco o en nada ayuda al Gobierno de la propia Generalitat en el proceso de negociación en curso para conseguir las transferencias de parte de la red de carreteras estatales que deje de tener interés general.
La cuestión está bien enfocada desde el Grupo Parlamentario Socialista, y de ahí que hayamos presentado esta enmienda a la totalidad de devolución que estoy modestamente intentando defender. En todo caso, viendo el lado positivo, que debe
ser el interés de esta Cámara y en concreto de mi grupo, y teniendo en cuenta las consideraciones a las que me he referido, queremos buscar soluciones reales y soluciones factibles. En este sentido, les tengo que anunciar que la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento actualmente está realizando, porque no existía, un estudio para inventariar de forma sistemática todas las carreteras que han quedado en paralelo a la red principal o de primer orden y así establecer también
fórmulas adecuadas para la cesión a otras administraciones. Por una parte, y en lo que afecta a la Generalitat -es un mensaje a Convergència i Unió- está ya en marcha un proceso de negociación entre el Gobierno y el Ministerio de Fomento y, por
otra, en cuanto al resto del territorial español, puesto que esta proposición de ley afecta a todas las carreteras estatales, está en marcha una iniciativa de la propia Dirección General de Carreteras a la que acabo de referirme. Este es el camino
adecuado porque el que hoy se plantea por parte de la iniciativa que nos viene del Senado supondría un sometimiento del Gobierno de la nación a las pretensiones de cualquier comunidad autónoma, que a veces se puede dar y se da, pero lo grave es que
sin ninguna fórmula alternativa posible, sin ningún tipo de control intermedio posible y en un marco que consideramos causa una desigualdad institucional e, incluso, una subordinación del Estado a las comunidades autónomas.
Por todo lo que he manifestado en mi intervención y considerando que estas pretensiones limitan el alcance de la competencia exclusiva estatal en materia de carreteras y, además, porque supondría una alteración de las actuales previsiones
normativas contempladas en la Ley de Carreteras, que en su momento fueron favorablemente interpretadas, ni más ni menos que por el Tribunal Constitucional, hemos presentado esta enmienda a la totalidad de devolución, para la que pedimos el apoyo y
el voto favorable, así como otras cinco enmiendas ya parciales de supresión a la modificación que se pretende con la proposición de ley que nos llega del Senado y que va referida al artículo 1, a las disposiciones primera, segunda y final, así como
a la exposición de motivos.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.)
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, buenas tardes a todos.
En este largo jueves, en una sesión ininterrumpida desde las nueve de la mañana -son ya las cuatro y cuarto-, debatimos una iniciativa legislativa más, pero fíjense, señorías, la ministra de Fomento no está presente en el hemiciclo, cuando
estamos debatiendo una proposición de ley de una de las Cámaras, en este caso de la Cámara Alta, del Senado. (Rumores.) Agradezco la presencia del ministro de Industria, pero no está presente la ministra de Fomento. ¿Consideramos descafeinado este
debate porque esta proposición de ley viene
del Senado? ¿No, verdad? Por eso, mi grupo, que nunca utiliza el turno en contra, hoy sí lo hace, porque alguien tiene que defender al Senado y el texto que éste aprobó el pasado 9 de febrero, un texto que aprobó porque tiene iniciativa
legislativa para hacerlo. Hoy no viene a esta Cámara un texto de Convergència i Unió, a pesar de que fue mi grupo parlamentario el que planteó esta proposición de ley en el Senado; hoy no debatimos una proposición de un grupo, debatimos la
proposición de una Cámara, del Senado, de ahí que resalte la ausencia de la responsable del Gobierno en el ámbito de las carreteras. Si tenía un compromiso, la disculpo, pero no está de más recordar que el Senado es una Cámara con iniciativa
legislativa y que hoy nos trae esta propuesta.
Mi buen amigo, don Salvador de la Encina, en nombre del Grupo Socialista, ha planteado una enmienda de devolución. Ustedes pueden hacer esto legítimamente porque el Reglamento lo permite, pero ante la propuesta del Senado sobre el tema
concreto que ahora debatimos, quizás hubiera sido más idóneo buscar una modificación parcial de la propuesta, no una devolución. La devolución, cuando la iniciativa es de una Cámara, no siempre es la mejor solución, no lo es siquiera estéticamente.
Estamos haciendo prevalecer de alguna manera el Congreso sobre el Senado en un trámite legislativo. Es legítimo, la Constitución lo permite, pero siempre sería mejor solución que intentáramos buscar un punto de encuentro entre los grupos por la vía
de las enmiendas parciales.
Lamentablemente, tengo que afirmar que el Grupo Socialista no se ha dirigido en ningún caso a Convergència i Unió en esta Cámara, que es el que había presentado esta propuesta en el Congreso, para plantearle qué
posibilidades habría de buscar una redacción alternativa, una mejora al texto. Esto no ha sucedido en ningún caso, no ha habido negociación. De entrada, enmienda a la totalidad de devolución. Es legítimo, pero creo que hoy deberíamos haber
actuado de manera distinta.
Fijémonos en el contenido. ¿Qué es lo que hoy se nos plantea en esta proposición de ley? Se nos plantea la eliminación de trámites burocráticos. Es verdad que existe un cierto automatismo en la propuesta, lo reconozco. Es verdad que
puedo llegar a entender -se lo digo desde el punto de vista del derecho constitucional, porque soy profesor de esta materia- que haya puntos de esta propuesta que puedan se objeto de modificación legislativa, pero más allá del texto concreto vayamos
a la finalidad. ¿Cuál es la problemática que hoy abordamos? Abordamos una problemática de que existe una red de carreteras del Estado que son del Estado por ser de interés general, por tener esa consideración, porque unen diversas comunidades
autónomas, porque tienen esa calificación, porque son de titularidad del Estado; de acuerdo. Pero es cierto que se producen desdoblamientos de esas carreteras, se construyen autovías, se construyen vías paralelas libres de peaje y hay tramos que
deberían pasar a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas. Es cierto que actualmente ya se prevé un mecanismo para que ello sea posible. Es cierto que a través de la concertación entre administraciones, mediante convenio puede
llegarse a ese traspaso, y ya se ha efectuado en muchas ocasiones, pero también es cierto que es muy difícil llegar a ese acuerdo. Es cierto también que es tan difícil, tan lento, poder llegar a ese acuerdo que estamos dando hoy un mal mensaje a
los ayuntamientos y a las comunidades autónomas afectadas. Tenemos aquí al señor Grau que ha vivido, como diputado y como senador durante varias legislaturas, el traspaso de un tramo en el término municipal de Tárraga, su ciudad. Él sabe mejor que
nadie las gestiones que hemos tenido que hacer y aún no se ha materializado porque son acuerdos lentos, que obligan a alcaldes a desplazarse a Madrid y a concertar visitas con los responsables del ministerio, hoy de Fomento, anteriormente de Obras
Públicas, siempre con negociaciones lentas, farragosas y burocráticas. Actualmente el propio Reglamento ya prevé que si hay acuerdo entre las administraciones interesadas -es difícil que haya acuerdo-, después se eleva al ministro para que vaya al
Gobierno, se elabore un real decreto, se abra el expediente. Es todo un trámite tan largo, tan difícil, que nos lleva años y años.
La finalidad de esta proposición de ley del Senado, hoy ya no de Convergència i Unió sino del Senado, era que intentaba dar un criterio objetivo. ¿Cuándo se mutaba la titularidad de la vía? Cuando se daba un hecho objetivo: que en
paralelo hay una vía libre de peaje que ofrece el mismo tramo. Ya no queda ninguna duda sobre que esa otra vía que queda ya no es del Estado. Por tanto, era una propuesta que va en la idea de eliminar el centralismo, eliminar la burocracia,
eliminar largas negociaciones y objetivar lo que es una demanda de muchos alcaldes y de muchas comunidades autónomas. ¿Que puede mejorarse técnicamente? Lo admito. Busquemos la negociación mediante enmiendas. ¿Que el señor De la Encina hoy nos
anuncia que el Gobierno está haciendo un inventario? El Gobierno debe hacer un inventario, sólo faltaría. Debe hacerlo, pero no por hacer un inventario vamos a ir más deprisa. Desgraciadamente el inventario es un trámite burocrático más, puede
ayudar, pero la lentitud es la que es. Muchos alcaldes pueden reconocer la falta de operatividad del actual sistema. Desde Convergència i Unió creemos que nuestra iniciativa iba en la línea adecuada, más aún cuando en mi país, en Cataluña, se nos
ha prometido que vamos a realizar el desdoblamiento, por ejemplo, de toda la N-340. Al realizar el desdoblamiento de toda la N-340, de manera clara habrá muchos tramos de una vía que ahora es titularidad estatal que debe pasar a las comunidades
autónomas y a los entes locales, y acercarlo a la comunidad autónoma con ese criterio más objetivo de la propuesta del Senado creemos que iba en la buena dirección.
De ahí que mi grupo parlamentario desde la cortesía pero también desde la defensa de lo que el Senado ha propuesto, porque no lo dirige al BOE sino que nos lo dirige a esta Cámara, entiende que sería hoy más positivo
que el Congreso de los Diputados no le diera un portazo al Senado, que el Congreso de los Diputados no le diera hoy con la votación de totalidad un portazo al Senado y que le diera hoy la oportunidad de seguir con la andadura de esta
propuesta legislativa, con la finalidad que seguro muchos aquí compartimos. Cambiemos el texto en lo que sea necesario, pero aprovechemos este trámite para dar una respuesta positiva, que es lo que pretende Convergència i Unió. Por eso, desde la
cortesía, desde la amabilidad, pero también desde la máxima exigencia he consumido este turno en contra a la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Una vez consumidos los turnos a favor y en contra, el señor De la Encina puede utilizar el turno de réplica.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Aprovecho el uso de la palabra simplemente para aclararle también a mi querido amigo Jordi Jané que la enmienda de devolución que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista no tiene la intención de dar
ninguna bofetada a una Cámara, el Senado, que obviamente nos merece todo el respeto. Es cierto es que esa enmienda, que ha sido legítimamente aprobada en el Senado, contiene una redacción que consideramos, como usted mismo ha reconocido, marca un
automatismo que no puede admitir el Estado, porque en el plazo de un mes, con un proyecto que presente la comunidad autónoma que solicita el traspaso de esa carretera que ustedes llaman secundaria, el Estado no solo tendría que aceptarlo, sino
también pagar los costes derivados de ese traspaso. Por tanto, ese no es un mecanismo de diálogo; no es el mecanismo que ya existe en cuanto a los ayuntamientos, que se puso en marcha precisamente por una orden ministerial del anterior Gobierno
del Partido Popular, por lo que en el Grupo Parlamentario Socialista quedamos abiertos a buscar fórmulas de entendimiento. En el caso concreto de Cataluña, que es donde se está debatiendo el tema con mayor profundidad, la propia Generalitat ya
tiene un proceso de negociación abierto con el Ministerio de Fomento para llegar a esa necesaria agilización en estos traspasos, como ha definido usted perfectamente, y que es real: todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar esa burocracia,
hacer que los ayuntamientos y diputaciones tengan el traspaso de esas carreteras que se han convertido en vías secundarias. Esa es precisamente la voluntad de este Gobierno, y de ahí que haya anunciado que la Dirección General de Carreteras, antes
de avanzar en esa fórmula que aceptamos como muy buena en la propuesta que usted acaba de hacer, señor Jané, tiene que proceder a un inventario, que no hay, para saber el estado actual de la red y cuáles son, como dicen ustedes, las vías secundarias
-aunque este es un término que no existe en la Ley de Carreteras- para poder proceder a esa negociación, como se está haciendo con muy buen criterio por ahora, con la Generalitat de Cataluña.
No damos ninguna bofetada al Senado, aunque permítame que le diga que el Senado tampoco puede remitir al Congreso una proposición de ley que le marca un camino unilateral, sin capacidad de negociación, que impone con dicho traspaso unos
costes al Ministerio de Fomento y que obviamente puede desestructurar todo el organigrama presupuestario del Ministerio de Fomento. Imagínese que mañana la Comunidad Autónoma de Extremadura solicite el traspaso de una carretera nacional, se lleve a
cabo a través de la iniciativa que ustedes han marcado y se le imponga un coste. ¿Qué previsiones tiene entonces el Ministerio de Fomento para poder desarrollar su política de ejecución presupuestaria? La iniciativa, como he dicho, es
bienintencionada, pero está mal enfocada en sus términos.
Nosotros estamos gustosos de aceptar el brindis que nos propone de buscar un mecanismo de solución, pero quede claro que ese mecanismo ya lo ha puesto en marcha el Gobierno en el caso
concreto de la Generalitat, que a donde ustedes, a través de Convergència i Unió en este caso, más referencia hacían en el debate del Senado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, puede usted replicar a su vez.
El señor JANÉ I GUASCH: Sí, muy brevemente, señor presidente.
Agradezco al señor De la Encina el tono de esta réplica, en la que reconoce que nuestra propuesta está bien intencionada, que va en la buena dirección; no comparte el método. Para ello están las enmiendas parciales. Es una lástima, señor
De la Encina que, si compartimos la finalidad, no seamos capaces de reconducirla con enmiendas parciales.
Hay una segunda precisión que le quería hacer a su réplica. Usted ha utilizado el verbo imponer, porque se impone, cuando el Senado lo que no puede, decía usted, es imponer. El Senado no nos impone nada, plantea una proposición, que ha
tomado en consideración y que abre en el Congreso un plazo de enmiendas. No va al BOE ni mucho menos, simplemente inicia su trámite legislativo. Por tanto, no hablemos de imposición porque no estamos hablando de enviar al BOE directamente la
proposición de ley que legítimamente el Senado ha aprobado.
Tercera precisión y con ello ya finalizo. En ocasiones, cuando somos tan cautelosos defendiendo lo que es del Estado, se dice: Es que unilateralmente se va a traspasar del Estado a una comunidad autónoma, por una nueva vía que se llama
secundaria. ¡Qué temor, qué cautela! Olvidamos siempre que las comunidades autónomas también son Estado, que de acuerdo con la Constitución las comunidades autónomas ejercen competencias de naturaleza estatal, que son poderes públicos de naturaleza
estatal, con su propio autogobierno,
con su propia capacidad legislativa, con su propia capacidad de gestión.
En ocasiones se realizan afirmaciones o planteamientos que parecen ignorar lo que es este carácter estatal de las comunidades autónomas, con poderes estatales. Por
tanto, nosotros, que somos un grupo eminentemente pro autonómico, siempre estamos menos recelosos a transferencias que, a pesar de que sean más automáticas, entendemos que son para una gestión más efectiva y más cercana al ciudadano.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Ahora, el turno de fijación de posiciones.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, porque somos plenamente conscientes de que lo que plantea el Senado es precisamente una clarificación de las reglas del
juego, y además lo hace desde un ámbito que es el adecuado. El Senado, que debe estar preocupado por la relación de las comunidades autónomas con lo que se llama el Estado central, se da cuenta perfectamente de que hay un tema peliagudo,
problemático, que está provocando gran cantidad, primero, de discriminaciones, de tratos desiguales; segundo, de periodos burocráticos muy largos que no se resuelven eficazmente, como es el caso de las carreteras obsoletas, inadecuadas o
disfuncionales para la red general de carreteras del Estado, y que a pesar de todo eso se prefiere el abandono, se prefiere el deterioro, se prefiere la inseguridad vial, se prefiere incluso que, siendo la circulación comarcal o local, los que deben
de tener la sartén por el mango, que sería la comunidad autónoma y los ayuntamientos, no la tengan. Por eso, pensamos que esta proposición de ley oferta un marco que además es discutible en esta Cámara, por lo tanto perfeccionable, y unas reglas
del juego para todo el mundo. A nosotros no nos vale que nos digan que a la Comunidad Autónoma de Cataluña le va muy bien con la negociación. El problema es que a la mía le va fatal porque, entre otras cosas, queda pendiente la negociación de esas
carreteras, por ejemplo, de este diputado. Yo tengo tres o cuatro alcaldes detrás, de gobiernos BNG-PSOE, que no son capaces de que les transfieran un trozo de carretera y les dicen que figura en el número 70 de una lista de 270 solicitudes.
Esta
proposición ofrece un marco igual para todo el mundo, unas reglas de juego, se sabe que si la comunidad autónoma lo solicita, en un mes tiene la respuesta y después, entre la comunidad autónoma y sus ayuntamientos, se estudiará cuáles quedan en la
red autonómica y cuáles pasan al ayuntamiento, bien porque son vías urbanas ya o bien porque son vías que no tienen ningún interés desde el punto de vista comarcal y solamente lo tienen local.
Señorías, pensamos que esta iniciativa fue un acierto y que no se pueden poner disculpas de tipo presupuestario o hablar de imposiciones cuando todos sabemos que no solamente el grupo del Gobierno sino todos, estaríamos dispuestos a
presentar a esta proposición las modificaciones de rigor para que sea presentable desde el punto de vista presupuestario, para que sea un acuerdo realmente asumible por el Ministerio de Fomento y, eso sí, para que sea también una ley aplicable a
todas las partes del Estado español. Por lo tanto, rechazamos enérgicamente la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario no va a apoyar la iniciativa que viene del Senado y va a respaldar la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Socialista, por las mismas razones por las que en los últimos tiempos no hemos estado de acuerdo con
la armonización del proceso autonómico por parte de la Administración central. Nosotros, que hemos criticado esa armonización del proceso autonómico mediante leyes básicas que usurpan competencias de las comunidades autónomas sin tener en cuenta el
marco competencial, no podemos aceptar que se haga a la reversa por medio de una iniciativa que de alguna manera niega competencias del Estado a través de una iniciativa unilateral de las comunidades autónomas. Ese no es el procedimiento.
Nosotros, que no somos confederales, que no tenemos una concepción confederal por la cual la distribución de competencias se establece desde las partes hacia una de ellas que es el centro, sino que por el contrario somos una organización de carácter
federal, pensamos que estas cosas se solucionan con dos mecanismos: el mecanismo dispositivo de las comunidades autónomas, que lo tienen, y el mecanismo cooperativo con la Administración central. Aquí hay mucho mecanismo dispositivo pero nada de
mecanismo cooperativo. Por eso no vamos a respaldar esta iniciativa, aunque con mucho respeto hacia el papel del Senado, porque a veces también las iniciativas del Senado son equivocadas. Eso no quiere decir que no demandemos del ministerio otra
actitud y una negociación clara con las comunidades autónomas en torno a esta materia que puede ser objeto de transferencia a las mismas, pero no a través de un mecanismo de reversa al de armonización de las competencias de la Administración central
en los últimos años, sino básicamente a través de un mecanismo cooperativo que creemos es el normal en un modelo autonómico, sobre todo en el modelo que nosotros defendemos, que es de carácter federal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar que se considere la proposición de ley que viene del Senado, y lo va a hacer a pesar de que al Grupo Vasco le cabía la tentación de mirar para otro lado porque es un tema que no afecta a la comunidad autónoma del País
Vasco, como es bien sabido. Sin embargo, nos parece que hay razones para apoyar. En primer lugar hay una razón genérica, y es que este es un debate de interés. El debate que hoy se ha suscitado aquí tiene mucho interés y obviarlo no nos parece
que tenga mayor interés hacia el futuro. Además, si en otras ocasiones no se han aceptado otras proposiciones de ley, cuando todo el mundo puede estar pensando que esa proposición de ley tal como se ha presentado debe ser modificada de arriba
abajo, pero se ha aceptado porque se estima que el tema tiene interés de debate y que luego se introducirán las modificaciones; si uno va viendo cómo determinadas proposiciones de ley se retrasan un día, una semana sí y otra también, es porque
alguien aceptó un día pero el tema no llegó maduro, y este puede ser uno de esos temas que igual no está maduro pero que hay que entrar a debatir. Insisto en que los prolegómenos del debate que hoy se han producido son de interés.
He escuchado al representante del Grupo Socialista decir que el Estado no puede admitir el automatismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede aceptar un criterio objetivo? ¿Por qué tiene que ser subjetivo? ¿Por qué cada alcalde tiene que estar
permanentemente debatiendo con alguien que interpreta que esa es una vía de interés general? Vías de interés general y razones estratégicas para hacer peor las cosas estamos hartos de escucharlas en las cosas más nimias también. Eso es verdad.
¿Saben por qué? Porque lo hemos dejado a unos supuestos colaborativos. Sí, pero llamemos a las cosas por su nombre. Mientras alguien tenga la sartén por el mango de lo estratégico o de lo general, a cualquier cosa se le llama interés general.
Convendría objetivar las cosas, no dejarlas solamente bajo un paraguas colaborativo para que el ministro o la ministra de turno diga que esto es o deja de ser estratégico, según conveniencias.
Por tanto, yo creo que este es un debate de interés que no afecta solo a este tema y que puede ir abriendo surcos para otros temas en los que se plantean los mismos problemas; y yo no quiero citar aquí otros hoy porque no es la ocasión. De
manera que a mi grupo le parece que es bueno que lo tomemos en consideración, es bueno que a través de enmiendas objetivemos algo más para que los alcaldes no se desesperen por los pasillos de los ministerios año sí y año también. Creo que puede
haber puntos notablemente más objetivos que pacifiquen y que sean siempre colaborativos, porque no tendrían por qué no serlo, de forma que bienvenido sea el debate, al menos por nuestra parte. Creemos que el Grupo Socialista ha presentado una
enmienda a la totalidad que no es para que se pueda regular de otra forma, simplemente es para que no se debata, y eso nos parece una equivocación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Señor Andreu, su turno.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señores diputados, procuraré que mi intervención se desarrolle con la cordialidad con la que se ha efectuado este debate, especialmente dado que mi voto será contrario al de Convergència i Unió y
que cada vez que hay divergencia de voto parece que entramos en conflicto.
Nos preguntan qué votaremos. Votaremos lo mismo que nuestro grupo, Entessa Catalana, votó en el Senado, apoyando la enmienda a la totalidad de devolución. Señor Jané, no dudo que constitucionalmente pueda ser muy correcta la propuesta que
se nos hace, pero no creo que este deba ser el enfoque, sino la realidad actual, la situación en la que estamos. Hay una herencia producto de los años de Gobierno del Partido Popular: 80 proyectos anteriores a 1999 se dejaron de ejecutar, cuando
el ministerio hacía la devolución a los ayuntamientos con obra ejecutada, y 200 proyectos de peticiones de los ayuntamientos para que se devuelvan las vías urbanas a tenor de 60.000 euros/kilómetro, como desarrolla la ley a partir de 1999, lo que
alcanza un montante -el inventario del que nos hablaban; un año es más que suficiente para hacer inventario- de 600 millones de euros, con un presupuesto de 30 millones de euros para devolución de tramos urbanos de vías que han quedado como
secundarias.
Son veinte años para resolver toda esta herencia. Yo lamento que no esté la ministra, porque sólo hay una forma de atender el problema de los ayuntamientos, que es ir a un crédito extraordinario en los próximos presupuestos, porque si
no es así solo acumularemos retrasos y retrasos.
Ante esta situación, ¿qué es lo que nos propone Convergència i Unió, el Senado? Que dejemos a los ayuntamientos aparcados, con peticiones de ocho y nueve años de antigüedad, y que lo que no es vía
urbana sino vía secundaria pase en primer lugar. Usted mencionaba el caso de Tàrrega y su diputado Pere Grau, y yo le puedo citar a Jordi Ramón en funciones de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Tàrrega. ¿Qué es lo prioritario? ¿Los cuatro
kilómetros del tramo urbano de Tàrrega que hace nueve años que estamos esperando? ¿O la vía secundaria de Tàrrega a Villagrassa que quedará para la Generalitat y en un mes se resolverá? Usted no ha preguntado a sus alcaldes sobre esto, porque si
no no le hubieran dicho que siguiera adelante con esta proposición. Primero tenemos que resolver todos los problemas de los ayuntamientos, y cuando se resuelvan intentaremos conjuntamente resolver lo que queda del plan de vías secundarias, pero en
primer lugar y ante todo los problemas de los ayuntamientos y sus decisiones, ya que hace muchísimos años que están sobre la mesa del Ministerio de Fomento. Créanme que este retraso acumulado, si no es con un crédito extraordinario, no habrá manera
de resolverlo en esta legislatura. Este plazo de un mes está en el Ministerio de Fomento y seguro que va a tener una muy pronta resolución la devolución sin ninguna contraprestación económica del Ayuntamiento de Salt. Llevamos seis meses
intentándolo, porque los mecanismos no lo permiten en un mes. No vamos a justificar aquí nueve y diez años, pero tenemos que ser
razonables porque los mecanismos en un mes no se pueden arbitrar. Estoy seguro de que todos los grupos de esta Cámara tenemos ayuntamientos que están entre estos 80 en que el Ministerio de Fomento tiene que ejecutar el proyecto o estos 200
que a 30 millones por kilómetro tiene que devolverles el Ministerio de Fomento por haberse convertido en tramo urbano. Pregunten a los respectivos ayuntamientos y ya verán la respuesta que les darán, a ver si damos prioridad a los ayuntamientos o a
las vías secundarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Andreu.
Finalmente, tiene la palabra el señor Ayala, del Grupo Parlamentario Popular, y concluiremos el debate.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, cuando el Grupo Parlamentario Popular tuvo conocimiento de que el Grupo Socialista había presentado una enmienda a la totalidad de esta proposición de ley no dábamos crédito. ¡Que el Grupo Socialista presenta
una enmienda a la totalidad de una proposición de ley y pretende que se incorporen a la red de carreteras de las comunidades autónomas correspondientes los tramos de las carreteras estatales que hayan perdido tal condición, es decir, que hayan
dejado de formar parte de un itinerario de interés general por haber sido sustituidas por otras carreteras de uso gratuito! ¿Por eso se presenta una enmienda a la totalidad? Señor De la Encina, ¿el señor presidente del Gobierno sabe que estamos
debatiendo esta enmienda de totalidad? Si no lo sabe malo, pero si lo sabe mucho peor. En cualquier caso, es la mejor demostración de que no saben a dónde van, de que no saben a dónde nos llevan o de que lo saben muy bien y están engañando a todo
el pueblo español. No se puede entender un Partido Socialista que habla de modificar la Constitución para que el Senado sea Cámara de referencia territorial con mayor protagonismo de las comunidades autónomas; un Partido Socialista que habla de
ampliar los estatutos de autonomía; un Partido Socialista que dice: El diálogo y el talante es la base de nuestra política. Y ahora, sin siquiera permitir que se discuta una posible mejora del texto con su debate en Comisión, va y la rechaza sin
más, que ese es el único objeto de la enmienda de totalidad.
Señores diputados, aquí está la nueva demostración de la política del Partido Socialista: decir lo que le interesa para conseguir votos, con independencia del contenido, y cuando hay que demostrarlo con hechos hacer todo lo contrario. Esta
es la demostración de que ustedes son pura fachada, solo una máquina de conseguir votos al precio que sea. Eso es lo único que saben hacer. Este es el Partido Socialista del señor Zapatero, al que le duele la boca de decir que no se puede gobernar
de espaldas a las comunidades autónomas. De espaldas no, despreciando a las comunidades autónomas; bueno, según qué comunidades autónomas. Y no menos podemos decir de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida-Los Verdes. Ustedes sí
que se venden por un plato de lentejas. ¿Esta es la Esquerra Republicana reivindicativa e independentista que va a votar a favor de esta enmienda de totalidad? ¿Cómo van a contar en Cataluña que renuncian a que la Generalitat adquiera unas
carreteras que además se le van a dar terminadas y acondicionadas por el Estado? ¿De verdad no se les cae la cara de vergüenza? No, no se les cae, indudablemente no se les cae la cara de vergüenza. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos ocasión de verlo
en la votación de la Ley de lo audiovisual. Son capaces de decir una cosa y su contraria sólo por el interés de las lentejas, única y exclusivamente.
¿Tanta es la hipoteca del Partido Socialista? ¿Tanto les ha exigido? ¿Tanto el PSOE les ha
prometido para mañana? El PSOE, para un asunto menor como es este, ha hecho leva de los mercenarios que necesita (Protestas.), y a los mercenarios hay que pagarles.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, acaba usted de atravesar la frontera de la incorrección. Retire lo dicho.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, mercenario es aquel...
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, quien valora o no el contenido del debate es el presidente, no usted. Por favor, retire lo de mercenarios.
Se lo ruego.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, le digo que la palabra mercenario...
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, sé perfectamente lo que quiere decir la palabra mercenario. Le ruego que la retire en el contexto en que lo ha dicho.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Si no lo retira le llamo al orden por primera vez.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Si quiere que retire la palabra mercenario la retiro, pero si usted me deja que yo diga que aquel que apoya a otro grupo a cambio de...
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, a la cuestión. Llevamos muchas horas reunidos para crear ahora este conflicto innecesario, por favor. Se pueden decir todas las cosas del mundo con amabilidad, y yo sé que usted es una persona amable.
Continúe.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Continúo, señor presidente, porque usted me lo pide, con independencia del contenido de mi intervención.
Señor De la Encina, cuánto más fácil habría sido dejar que se tramitara y que se enmendara en Comisión. Seguro que habríamos llegado a acuerdos, las
enmiendas están ahí, porque nosotros no frivolizamos con el Estado. El Partido Socialista ha argumentado su enmienda en que se emplean términos no adecuados, que no puede haber automatismo en las transferencias y que se limita el alcance de
las competencias del Estado. Por cierto, al señor Alonso le recuerdo que han hecho las mismas enmiendas de las que antes nos han acusado a nosotros. Los argumentos son de ida y vuelta y, por tanto, no quiero repetir los del señor Alonso en la
cuestión anterior, denlos por reproducidos. Son monsergas, excusas de mal pagador. Este no es el motivo de una enmienda a la totalidad, no; eso se corrige, si hay que corregirlo, con enmiendas parciales, se admite a trámite y se corrige en el
dictamen. No son razones. La enmienda a la totalidad se utiliza contra la filosofía de la proposición, no para mejorar los textos, y la filosofía de esta proposición es que cuando una vía estatal, como consecuencia de construir otra, o sea, cuando
el Estado ya ha hecho una manifestación tácita de que prefiere otro trazado para un itinerario de interés general, la comunidad autónoma puede incorporarla a su red de carreteras. Contra eso el Partido Socialista presenta una enmienda de totalidad
y Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida lo apoyan. Insisto en que este es el Partido Socialista del talante, el que habla de ampliar competencias a las comunidades autónomas.
Todas esas deficiencias del texto, algunas de las cuales compartimos y para cuya solución hemos presentado enmiendas parciales, se pueden solventar sin gran esfuerzo. Por otra parte, parece que se les olvida cuál es la regulación anterior,
porque los ayuntamientos ya lo están regulando, y solo se pretende que se cedan a las comunidades autónomas y en consecuencia a las diputaciones. Las preguntas son claras. ¿Qué entienden ustedes por descentralización? ¿Qué entiende Esquerra
Republicana de Catalunya por transferir competencias y activos? ¿Qué entiende Izquierda Unida? ¿Solo exigir que se enmienden los Presupuestos Generales del Estado del 2005, por ejemplo, para dejar a toda España sin el plan extraordinario de
mantenimiento de ferrocarriles, 100 millones de euros que han ido a Cataluña a cambio de aprobar los peores presupuestos de una década? ¿Esto es lo que tenemos que entender por asimetría? Quizás esto sea la descentralización asimétrica, quizá sea
lo que también entienden los diputados del Partido Socialista de Asturias, Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana o Murcia, eso es lo que entienden por descentralización asimétrica, y lo tienen que
entender porque votaron en diciembre los presupuestos y ahora van a votar esta enmienda a la totalidad. Luego en sus regiones lo tienen fácil, ya lo ha dicho el señor de Esquerra Republicana: Las culpas son del PP. Y todo está resuelto. No, en
esta ocasión las culpas no son del PP sino del Senado ante una iniciativa de Convergència i Unió y se tendrán que inventar otra cosa. Caen además en la más pura contradicción. Acaban de decir y anunciar que quieren alcanzar la cogestión de los
aeropuertos y que van a estudiar fórmulas para ello. ¿Cómo dicen que no a esta proposición de ley? Se lo voy a decir, porque dicen en cada momento y en cada circunstancia lo que les interesa. Por cierto, señor De la Encina, le voy a leer un
párrafo: 'Se procurará sustituir la construcción de numerosas variantes por una infraestructura que canalice el tráfico de largo y medio recorrido, cediendo la titularidad de la antigua vía a la Administración territorial correspondiente'. ¿Le
suena? Apartado f) del punto 5.2.1, carreteras, del epígrafe directrices específicas para el desarrollo de las políticas sectoriales del PEIT, el plan estratégico de infraestructuras de transporte, su famoso PEIT, el solucionador de todos nuestros
males, el que su presidente y su ministra van vendiendo como la maravilla de su política en infraestructuras. ¿No es eso que le he leído, señor De la Encina, exactamente lo mismo que se pretende con la proposición de ley que van a rechazar?
Ustedes continúen con lo suyo, que es seguir engañando a los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar. En primer lugar, votación de los debates de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas de devolución al proyecto de ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la
que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 122; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Segunda votación: Enmienda de devolución a la proposición de ley del Senado de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 168; en contra, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda de devolución.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco de la tarde.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 83, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, miércoles, 20 de abril, en la última línea de la intervención de la señora ministra de Vivienda, Trujillo Rincón -página 4066,
segunda columna-, se menciona por error el artículo 87 de la Constitución, cuando debería decir el artículo 47.