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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 82, de 19/04/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 82
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 77
Celebrada el martes, 19 de abril de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 155-1, de 11 de febrero de 2005. (Número de expediente 122/000135.) ...
(Página 3989)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), Orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 56-1,
de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000045.) ... (Página 3996)
Modificación del orden del día ... (Página 4007)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el derecho de sufragio de los españoles en el extranjero. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 175, de 22 de marzo de 2005. (Número de expediente 162/000298.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a prestar al gran foro público a celebrar en Cuba el 20 de mayo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número?186, de 15 de abril de 2005. (Número de expediente
162/000313.) ... (Página 4014)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández), sobre el futuro que tiene previsto el Gobierno para el Servicio de Vigilancia Aduanera y, en concreto, para Galicia. (Número de expediente?173/000062.) ... (Página
4023)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios y actuaciones que desarrollará el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española. (Número de expediente 173/000063.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 3989)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea ...
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La proposición tiene como objetivo fundamental eliminar la regla de prorrata del IVA a
todas aquellas empresas municipales de transporte público, todas ellas, básicamente, sin ánimo de lucro y encuadradas al mismo tiempo dentro de este sector de las actividades públicas que van orientadas en muchos casos al fomento de la cultura, de
la economía social y de inversiones públicas destinadas a modernizar las infraestructuras. Explica cuál es la situación actual, que considera grave e injusta y que desvirtúa el sistema de financiación actual implementado en España por el acuerdo
adoptado en?2002 por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), Orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General ... (Página 3996)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Considera que es una iniciativa de gran importancia para poder gozar de una democracia con garantías de que el
voto será libre y secreto, de que no quepan dudas de manipulación durante los procesos electorales, en definitiva, para garantizar una democracia que se base en la libertad y en la privacidad, una iniciativa de gran calado específico para Galicia.
Su finalidad, explica, es igualar el sistema electoral de los residentes ausentes con el sistema electoral que se aplica en el interior del Estado español.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Erkoreka
Gervasio,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Torres Vela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 4007)
La Presidencia, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 33, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la orientación de la actual política del Gobierno pase a debatirse antes del punto 32, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el calendario del diálogo y negociación para la elaboración de la ley de dependencia, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 4007)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley?37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la
aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea, se aprueba por 317 votos a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica?5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General, se rechaza por 35 votos a
favor,?152 en contra y 129 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 4007)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el derecho de sufragio de los españoles en el extranjero ... (Página 4007)
Presenta la proposición no de ley el señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Hace una breve exposición del contenido de la proposición no de ley y recuerda un hecho que ocurrió en el referéndum de
ratificación de la Constitución europea, cuando 20.000 españoles, estudiantes de los cursos Erasmus en toda Europa, no pudieron votar, puesto que la legislación electoral no permite el voto de los españoles que accidentalmente se encuentran en el
extranjero. Por eso, en su proposición no de ley le piden al Gobierno que elabore una norma para resolver este problema. Se refiere a las enmiendas presentadas y anuncia una enmienda transaccional que las recoge.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a prestar al gran foro público a celebrar en Cuba el 20 de mayo ... (Página 4014)
El señor Moragas Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta esta proposición no de ley que obedece a un compromiso con la democracia y la libertad que distintas fuerzas políticas aquí representadas han
manifestado de forma reiterada. Manifiesta que la iniciativa que lidera Marta Beatriz Roque, la llamada Asamblea para la promoción de la sociedad civil cubana, es un paso hacia el objetivo que todos dicen compartir, que es una transición pacífica a
la democracia en donde el protagonismo lo tengan los ciudadanos cubanos, y manifiesta que sería bueno que el pueblo cubano supiera, a través de esta proposición no de ley, que el pueblo español está comprometido con su futuro democrático. Está
convencido de que muchos diputados comparten en su fuero interno esta iniciativa y les pide el coraje democrático necesario para votarla y respaldarla.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
Para aceptar o rechazar las enmiendas defendidas interviene el señor Moragas Sánchez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el derecho de sufragio de los españoles en el extranjero, en los términos de la enmienda transaccional presentada, se aprueba por 299 votos a
favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a prestar al gran foro público a celebrar en Cuba el 20 de mayo, sustituida por la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que ha sido aceptada por el Grupo Popular, se rechaza por 130 votos a favor, 171 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 4023)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández), sobre el futuro que tiene previsto el Gobierno para el Servicio de Vigilancia Aduanera y, en concreto, para Galicia ... (Página 4023)
La señora Fernández Dávila presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, esta moción porque no están de acuerdo con las explicaciones que dio el vicepresidente segundo y ministro de Economía a las preguntas y consideraciones que hizo su
grupo en la interpelación urgente sobre el futuro que tiene previsto el Gobierno para el Servicio de Vigilancia Aduanera, y en concreto para Galicia. Explica los cuatro puntos de que consta la moción y anuncia ya su disposición a aceptar la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Fernández Dávila.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios y actuaciones que desarrollará el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española ... (Página 4027)
El señor Delgado Arce presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la moción consecuencia de interpelación urgente que el 12 de abril hacía su grupo al ministro de Industria, Turismo y Comercio sobre la situación de la
competitividad del sector exterior y de los enormes problemas de competitividad y deslocalización de nuestra economía. Considera la situación del sector exterior muy alarmante y expone una serie datos del Banco de España. Muestra su disconformidad
con las medidas anunciadas como posible solución a los problemas porque considera que, aunque pueden ser bienintencionadas, son ineficaces, suponen más gasto y más burocracia y no van a tener efecto inmediato ni directo en la solución de los
problemas. Para intentar solucionar los problemas del déficit e intentar que las cifras y los resultados mejoren pide para su iniciativa el apoyo de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Mas i Estela,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Delgado Arce.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el futuro que tiene previsto el Gobierno para el Servicio de Vigilancia Aduanera, y en concreto para Galicia, con la incorporación de la
enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista, se acepta por 299 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios y actuaciones que desarrollará el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española, a la
que se incorpora la enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 135 votos a favor, 162 en contra y seis abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA ADECUAR LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE PRORRATA A LA SEXTA DIRECTIVA EUROPEA. (Número de
expediente 122/000135.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión correspondiente al martes 19 de abril.
Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor
añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva Europea.
Para turno a favor del parte del grupo parlamentario autor de la proposición, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta proposición de ley de modificación del IVA para adecuar su aplicación a la regla de prorrata de la Sexta Directiva.
Esta proposición de ley
tiene como objetivo fundamental eliminar la regla de prorrata del IVA a todas aquellas empresas municipales de transporte público, como podrían ser ferrocarriles, metro, autobuses, y también a todas aquellas entidades culturales, sociales y
científicas, básicamente todas ellas sin ánimo de lucro, que al mismo tiempo están encuadradas dentro de este sector las actividades públicas que van orientadas en muchos casos al fomento de la cultura, de la economía social y de inversiones
públicas destinadas a modernizar las infraestructuras y todas las cuestiones que hacen referencia a las mejoras viarias, estando incorporadas dentro de este segmento, repito, todas aquellas empresas municipales, que son muchísimas las que existen en
todo el Estado español, cuyo objetivo fundamental es el transporte municipal público, las empresas de limpieza, sin olvidarme de incorporar dentro de este segmento tan importante compañías que hoy están padeciendo esa prorrata del IVA, a nuestro
entender injustamente, como son todas las televisiones autonómicas, que ven mermadas sus subvenciones con la aplicación de dicha prorrata. El objetivo que pretendemos desde Convergència i Unió es que la legislación española sea la misma que se
aplica en todos los países de la Unión Europea. España es el único país de la Unión en que existe esta prorrata del IVA, a la que más adelante me referiré.
¿Cuál es la situación actual, señorías? Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lo hemos venido denunciando desde hace algunas legislaturas, concretamente desde el año 1999 en que se produjo la modificación. Es una
situación injusta y tremendamente ilegal, que se produjo a través de una modificación de 30 de diciembre de 1997, en la Ley de acompañamiento, que actuaba sobre la aplicación del IVA, por la que se incluía la obligación de incorporar la regla de
prorrata del IVA en las subvenciones a todas aquellas entidades que aplicaban dichas subvenciones a financiar sus actividades empresariales y públicas. Por lo tanto, estamos ante una situación totalmente irregular, tremendamente injusta y, como
diré más adelante, ante una situación ilegal. Esta modificación ha perjudicado notablemente a una cantidad inmensa de empresas públicas de titularidad autonómica como empresas de transporte, ferrocarriles, empresas de metro, empresas de autobuses;
también ha perjudicado notablemente a organismos públicos de titularidad autonómica y a organismos públicos de ámbito cultural y social que con sus fines han perseguido la construcción de auditorios públicos y de teatros. Existen en España un
sinfín de ejemplos que podrían demostrar las afirmaciones que estamos ofreciendo. También ha perjudicado a todos los ayuntamientos españoles y a las empresas públicas de titularidad local que se han dedicado al transporte público de sus habitantes,
a la limpieza de
sus respectivas poblaciones o las empresas públicas orientadas a la construcción de piscinas municipales, de lo que también tendríamos muchísimos ejemplos en toda España que avalarían estas afirmaciones.
También se han visto perjudicadas
por la aplicación de esta legislación un sinfín de actividades y de fundaciones sin ánimo de lucro, que recibían subvenciones orientadas a la investigación y a la innovación, y que han visto mermados sus ingresos por la aplicación de la prorrata del
IVA. ¿Cuál es el problema, señorías? Que las subvenciones que reciben estas instituciones destinadas a financiar inversiones públicas no pueden deducir el IVA soportado. Estamos ante una situación en que dicha subvención percibida no es del cien
por cien, sino que se rebaja en un 16 por ciento, que es el IVA que han soportado y que no podrán deducir por la aplicación de la prorrata. Es como si el Estado se apropiara de una cantidad subvencionada a dichas entidades públicas, subvención que
ha sido otorgada por un organismo autonómico, con lo cual dicha subvención para hacer estas inversiones se ve mermada con la reducción de este 16 por ciento de IVA, por lo que este IVA repercute en las arcas generales del Estado y merma la caja de
los organismos autonómicos, municipales o públicos. Estamos ante una situación que ya la hemos definido en varias ocasiones de flagrante ilegalidad tributaria que hemos de resolver.
También estamos ante una situación que consideramos grave, y es
la de que con la aplicación de dicha normativa se ha alterado deslealmente el sistema de financiación autonómico vigente, ya que con la aplicación de dicha normativa existe una transferencia velada de recursos públicos de las comunidades autónomas y
de los ayuntamientos a la Administración central. Ante esta situación no dejamos de desvirtuar el sistema de financiación autonómico que nosotros hemos defendido en muchas ocasiones, por lo que con la aplicación de dicha norma existe una alteración
desleal de dicho sistema. Finalmente estas dos situaciones que nosotros hemos calificado de graves y de tremendamente injustas desembocan en una mayor presión fiscal, ya que los organismos autonómicos o las haciendas locales han de incrementar sus
impuestos para poder prestar sus servicios públicos con más facilidad y con más calidad, servicios por los cuales se les había otorgado una subvención, pero finalmente la aplicación de dichas inversiones y de dichos servicios influye en su situación
financiera porque hay un 16 por ciento de dicha subvención que repercute en las arcas del Estado y las haciendas autonómicas y las locales tienen que imponer mayor presión fiscal. Como pueden observar, la situación es delicada y por eso nosotros
hemos presentado esta proposición de ley que viene avalada por una proposición no de ley que se aprobó recientemente en la Comisión de Economía y Hacienda.
A esto tendríamos que añadir otra cuestión que para nosotros es de vital importancia. Ante esta situación, que nosotros hemos calificado de ilegal, hubo una denuncia de la Comisión Europea por la aplicación de dicha norma de prorrata del
IVA por el Estado español. Nos enfrentamos a una denuncia de la Unión Europea que se ha incorporado y que ha considerado que el sistema previsto en los artículos 102 y 104 del IVA no es correcto, de acuerdo con la Sexta Directiva europea, ya que
limita el derecho a la deducción. Señorías, la Comisión Europea procedió a la remisión de una queja contra el Gobierno español por presunta vulneración de la Sexta Directiva. Incoado el oportuno expediente la Secretaría General de la Comisión
Europea remitió al Gobierno en junio del año 2002 el dictamen motivado por haber incumplido esta regla, básicamente la de los artículos 17 y 19 de la Sexta Directa que hacía referencia a la aplicación de la prorrata en el ámbito de las subvenciones,
al prever dicha legislación errónea, repito, establecida por el anterior Gobierno del Partido Popular, una prorrata de deducción para los sujetos pasivos que únicamente efectúan operaciones gravadas, instaurando una norma jurídica que limita el
derecho a la deducción del IVA correspondiente a la compra de bienes o servicios por el hecho de haber sido financiados mediante subvenciones.
Podríamos resumir que en definitiva la posición de la Comisión es muy clara. Como el Gobierno español no realizó las modificaciones legales oportunas, la Comisión procedió a llevar este caso ante el Tribunal de Justicia, que dictará
sentencia en muy breve plazo de tiempo, y todo indica en contra del Estado español por la aplicación indebida de dicha normativa fiscal. A eso también tendríamos que añadir las conclusiones del abogado general, el señor Poiares Maduro, realizadas
el 10 de marzo de 2005. En estas conclusiones los indicios todavía son mayores, ya que propone al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 17 y 19 de la
Directiva 77/CEE, del Consejo del 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, que es lo mismo que decir el volumen del impuesto
sobre el valor añadido.
¿Qué efectos tendría una sentencia que acogiera las conclusiones del abogado general, en función de la denuncia que ha interpuesto la Comunidad Europea al Gobierno español? En primer lugar, una sentencia que fuera en esta dirección
obligaría al Estado español a modificar la redacción de la vigente ley del impuesto sobre el valor añadido, de conformidad con la Sexta Directiva, que es básicamente el contenido fundamental que perseguimos a través de la proposición de ley que
proponemos. También abriría la puerta, señoras y señores diputados, señor presidente, a solicitar a la Administración tributaria la devolución de las cuotas soportadas que no se han podido deducir en las autoliquidaciones de IVA como consecuencia
de la aplicación de las disposiciones de la Ley 37/1992, del
impuesto sobre el valor añadido, modificadas por la reglamentación del año 1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, con lo cual asistiríamos a un acto de justicia por el que todos estas sociedades
municipales y autonómicas orientadas a fines culturales y sociales podrían recuperar todo este IVA que han soportado porque no lo han podido desgravar a lo largo de estos últimos siete años.
Por estas razones, señorías, con esta iniciativa pretendemos sensibilizar a todas las formaciones políticas, sobre todo al grupo político que da soporte al Gobierno, el Grupo Socialista, ya que él en la pasada legislatura presentó una
iniciativa en esta misma dirección. Por lo tanto, si sabemos en cierta manera que esta sentencia irá en la dirección apuntada, creemos que vale la pena no ponernos colorados y resolver esta situación pacíficamente en este Pleno, aprovechando esta
toma en consideración, ya que entendemos que esta situación es tremendamente injusta, ilegal y que desvirtúa el sistema de financiación actual que tenemos implementado en España por el acuerdo adoptado en 2002 por la mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Sánchez Llibre.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho al turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para posicionarme respecto a la propuesta que hace Convergència i Unió, ya que consideramos que la proposición de ley presentada es acertada en el fondo de las modificaciones que propone sobre la Ley?37/1992, de 28 de diciembre,
del impuesto sobre el valor añadido, y oportuna en cuanto al momento de su formulación.
Como se señala en la exposición de motivos de la proposición de ley, las modificaciones introducidas por la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1998 en la citada Ley del IVA significaron la extensión de la regla
de prorrata a supuestos no contemplados explícitamente en la Sexta Directiva del IVA. La extensión de la regla de prorrata a estos supuestos implica la limitación del derecho de deducción a las empresas y profesionales que hayan sido beneficiados
de subvenciones públicas para financiar sus actividades durante el periodo fiscal de referencia, aplicándoles un tratamiento equivalente al de un consumidor final. Consideramos que la extensión de la regla de prorrata a dichos supuestos se basa en
una interpretación errónea de la facultad que el artículo 19 de la Sexta Directiva otorga a los Estados miembros para incluir las subvenciones en el denominador de la fórmula de cálculo establecida para la aplicación de dicha regla de prorrata. La
interpretación realizada por la legislación española supone la imposición de costes adicionales a entidades de marcado carácter social y empresas prestadoras de servicios públicos, como se señala acertadamente en el texto de la proposición, habiendo
motivado además la interposición de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no se ha
pronunciado definitivamente sobre este asunto, pero se conocen ya las conclusiones del abogado general, pronunciándose claramente en contra de la interpretación defendida por la Administración española y respaldando las tesis contempladas en la
proposición de ley que está siendo objeto de debate. En dichas conclusiones se señala que son contrarias al derecho comunitario las disposiciones de la normativa española que limitan el derecho a deducir el IVA de los sujetos pasivos beneficiarios
de subvenciones destinadas a la financiación de sus actividades. El abogado general del TJCE afirma que la legislación española se extralimita doblemente: por una parte, amplía el ámbito de aplicación de dicha limitación a sujetos pasivos no
incluidos en el mismo y, por otra, impone a los que sí lo están una limitación al margen de la fórmula establecida en la Sexta Directiva. Entendemos que la legislación estatal vigente en materia de derecho de deducción en el impuesto sobre el valor
añadido es contraria a la literalidad de la Sexta Directiva del IVA y perjudicial para las empresas y profesionales afectados y que, por tanto, debe ser modificada. Por todo ello, felicitamos al grupo proponente por su iniciativa y anunciamos
nuestro voto a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.
Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se va a abstener en la votación de esta proposición de ley en razón del ordenamiento legal español, dado que Canarias es zona exenta del IVA y tiene otro escenario financiero y fiscal, por tanto no le afecta ninguna medida en cuanto
a la actual Ley del impuesto sobre el valor añadido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Izquierda Unida, señor Pérez.
EL señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad. En esta proposición de ley de Convergència i Unió se trata de modificar lo dispuesto en la Ley de acompañamiento del 30 de diciembre de?1997, que a su vez modificaba la Ley 37 de 1992 y que entra claramente en colisión
con la Sexta Directiva comunitaria que ordena todo lo relativo al IVA de los Estados miembros desde 1977. La iniciativa de Convergència i Unió consiste en anticiparse a lo que es más que probable, es decir la exigencia de modificar la normativa
reguladora del IVA en nuestro país, en la medida que incluya restricciones al derecho a deducción de las cuotas de IVA para todos los sujetos que perciben subvenciones. Las consecuencias de esa restricción se señalan por el grupo proponente en la
exposición de motivos y ha supuesto un perjuicio para entidades de carácter social, cultural o entidades subvencionadas para la investigación y para las empresas prestatarias de servicios a las administraciones territoriales; podemos pensar por
ejemplo en las televisiones públicas o empresas que prestan servicios de limpieza, de transportes, etcétera. Por tanto para nosotros es más que evidente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea declare la nulidad de la norma española por
oposición abierta a la norma comunitaria, en la medida en que la conclusión del abogado general es también bastante clara cuando afirma que el empleo de la prorrata como forma indirecta de restringir el derecho a deducir el IVA no está previsto en
la Sexta Directiva. Por tanto la opinión de nuestro grupo es que no esperemos a esta corrección, que hagamos lo que procede; por ello aprobaremos la proposición del Grupo Catalán.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados. Mediante la presentación de esta proposición de ley Convergència i Unió pretende que se modifique la redacción actual de los artículos 102 y 104 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido, al objeto de
adecuarse a lo establecido en las disposiciones contenidas en la Directiva 77/388 de las Comunidades Europeas, Sexta Directiva del Consejo de 17 de mayo de 1977. Se pretende actuar en consonancia con las conclusiones que efectúa el abogado general
en el proceso abierto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto CEE-204/03 de la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España. Entre las conclusiones presentadas por el abogado general cabe reseñar las
siguientes. En primer lugar, el artículo 17.5 de la Sexta Directiva está redactado de forma muy clara, de manera que solo cabe aplicar la regla de prorrata de deducción a los sujetos pasivos mixtos, esto es a aquellos que efectúan indistintamente
operaciones con derecho a deducción y operaciones que no conllevan tal derecho; por tanto la aplicación de la prorrata no puede extenderse a los sujetos pasivos totales, que son los que realizan únicamente operaciones con derecho a deducción. En
segundo lugar está la limitación establecida para deducir el IVA soportado, cuando se financia parte del precio de un determinado bien o servicio mediante una subvención es contraria a la Sexta Directiva. Tal como se ha señalado en el punto
anterior, la limitación al derecho de deducción además de afectar únicamente a los sujetos pasivos mixtos no puede apartarse de la fórmula establecida en el artículo 19.1, es decir se produce una doble extralimitación. Y en tercer lugar, respecto a
la petición efectuada por España en el sentido de que los efectos de la sentencia, en el supuesto de que sea contraria a sus intereses, se limiten en el tiempo el abogado general se opone a dicha pretensión. Ello se debe a que, no ofreciendo dudas
en cuanto a la correcta interpretación que debe darse a la normativa comunitaria, no se debió adoptar una normativa contraria a esta. Con la redacción propuesta se elimina por una parte la obligatoriedad de aplicar la regla de prorrata a los
perceptores de subvenciones que no tengan la calificación de vinculadas al precio y, por otra, la inclusión de estas en la fórmula que permite el cálculo de la prorrata de deducción. De esta forma la nueva redacción se asemeja a la redacción
vigente a 31 de diciembre de 1997 y se evita dar un tratamiento tributario distinto a los sujetos pasivos mixtos de los que no lo son. Un dato a resaltar respecto de las posibles consecuencias que pueda tener una sentencia favorable a los intereses
comunitarios es su repercusión para las arcas de las respectivas haciendas, ya que abre la puerta a que aquellas entidades que se hubieran visto afectadas por tales normas realicen los trámites oportunos para recuperar aquellas cuotas del impuesto
que no fueron deducidas por la aplicación de las mismas. No se dispone de datos cuantitativos que permitan realizar una estimación de las devoluciones que puedan solicitarse a futuro como consecuencia de las limitaciones introducidas en la
normativa del IVA a los efectos de deducir el IVA soportado en el precio comprendido desde el 1 de enero de 1998 hasta que se dicte la sentencia.
Por último, quiero señalar que Convergència i Unió, a los efectos de motivar la presentación de esta proposición de ley, además de adecuarse a lo establecido en la Sexta Directiva cita estos otros dos motivos. El primero es evitar el
perjuicio económico que supone la aplicación de la regla de prorrata para entidades que, bien por su finalidad social, cultural, etcétera, bien por su vinculación a la prestación de servicios de una administración, se ven limitadas en la deducción
de un porcentaje importante del IVA soportado. El segundo trata de evitar la transferencia neta de recursos de las administraciones territoriales procedentes de subvenciones a la Administración central a través de la Agencia Tributaria recaudadora
del impuesto. El cambio que sugiere Convergència i Unió, si lo enmarcamos en el procedimiento
comunitario en curso, podría calificarse de precipitado, dado que las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal, si bien es cierto que son indicativas del camino que este va a seguir, más en este caso en el que no existen
demasiadas dudas sobre la extralimitación de la normativa española. Más grave para Hacienda puede ser que se produzca un fallo en el que se anule la norma desde su origen, lo que posibilitaría la petición de devoluciones por parte de los
contribuyentes. Desde esta perspectiva quizá la prudencia aconseje adoptar el cambio propuesto, no incrementar la deuda de Hacienda mediante un sostenella y no enmendalla que abocará a un proceso de devoluciones posterior de mayor cuantía.
Nuestro
grupo parlamentario cree que sería más prudente esperar a la sentencia inminente del Tribunal europeo para adaptar la legislación con plenas garantías. Sin embargo, en busca de un amplio consenso, que parece que existe en esta Cámara, nuestro grupo
va a votar favorablemente a la toma en consideración de la proposición de ley planteada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, esta proposición de ley básicamente pretende modificar la Ley del impuesto sobre el valor añadido para adecuar la regla de prorrata a las directivas europeas de armonización fiscal. La legislación
europea, Sexta Directiva, fija que, cuando una empresa efectúa indistintamente operaciones comerciales con derecho a deducción y operaciones que no le confieran este derecho, le será aplicable la regla de la prorrata. La regla de la prorrata es la
regla con la que se calcula que parte del IVA soportado por la empresa se puede deducir en el momento de liquidar el impuesto. Esta prorrata se calcula como una fracción que tiene como numerador la cuantía anual del volumen de negocios, excluido el
IVA, relativa a las operaciones que comportan el derecho de deducción. Como denominador se pondría la cuantía anual del volumen de negocios, excluido el IVA, es decir, la totalidad de las operaciones que generan derecho a deducir más los que no lo
generan.
La legislación europea prevé que los Estados miembros puedan incluir también en el denominador la cuantía de las subvenciones que reciben los sujetos pasivos para financiar parte de sus actividades profesionales o empresariales. Esta
posibilidad se incluyó básicamente para impedir que organizaciones subvencionadas que no tienen como objetivo realizar operaciones gravadas por el impuesto pudiesen obtener la devolución del IVA mediante el ejercicio de una actividad sujeta al
impuesto que fuera simplemente simbólica. Es aquí donde está el origen del conflicto entre la legislación española y la europea.
La legislación española fija que se aplicará la regla de la prorrata a todos los sujetos pasivos que reciben subvenciones destinadas a financiar las actividades empresariales o profesionales. Lógicamente, el importe de estas subvenciones se
incluirá en el denominador del cálculo de la prorrata, que determina el porcentaje del IVA soportado que las empresas pueden deducir. Esto es incompatible con la legislación comunitaria, que claramente fija que solo los sujetos pasivos que efectúen
operaciones con derecho a deducción y operaciones que no generen este derecho se les puede aplicar la regla de la prorrata. Esto ha sido objeto de una denuncia del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea contra el Reino de España en mayo del
año 2003. Este recurso está pendiente de resolución. Las conclusiones del abogado general parecen avalar las tesis de la Comisión Europea. Lógicamente, estas disposiciones de la legislación española han significado un problema importante para
muchas entidades que perciben subvenciones para financiar parte de sus actividades porque han visto limitado su derecho a deducirlo del IVA soportado y, en consecuencia, han pagado mayores cantidades en concepto del IVA. Paradójicamente, las
entidades que el Estado subvenciona son las que vienen obligadas a pagar más en concepto de IVA. Una parte importante de estas entidades tienen carácter social, cultural o reciben subvenciones para financiar actividades de investigación.
Cabe recordar que la inclusión del cálculo de la prorrata de las subvenciones es una facultad que la directiva europea reserva a los Estados, es decir que el Gobierno español podría no haber usado tal prerrogativa y evitar de esta manera las
consecuencias negativas que le atribuye en cuanto al tratamiento diferente de las empresas subvencionadas. Parece, pues, que la única razón por la cual el Gobierno no quisiese modificar la normativa española de la prorrata sería el afán
recaudatorio dado que, con la normativa actual, se limita de manera importante el derecho de deducción del IVA soportado por parte de los contribuyentes. Por todo ello vemos necesario la modificación que plantea la ley y la vamos a votar
favorablemente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardá.
Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo una proposición de ley presentada por Convergència i Unió, relativa a la modificación de los artículos 102 y 104 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido. Este es un tema que hemos debatido recientemente en
la Comisión de Economía y Hacienda, donde la práctica totalidad de los partidos, excepto el Partido Socialista, votamos favorablemente
la modificación de los artículos 102 y 104 de la Ley 37/1992 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido.
Como decíamos hace pocos días en la Comisión, el IVA es un impuesto cuyo objetivo fundamental es ser neutral, es decir, que el que lo soporta lo pueda repercutir y abonar o recuperar la diferencia entre la repercusión y el IVA soportado.
Por tanto, está claro que el IVA solamente lo puede soportar el consumidor final, es decir, que aquellas entidades o personas que sean consumidores finales deben soportar el IVA; esa es su filosofía.
Hay ciertas entidades que no están sujetas a IVA en determinadas actividades, es decir, que posiblemente tienen actividades mixtas, en parte sujetas a IVA y en parte no. Es entonces cuando surge la regla de prorrata que, en definitiva,
significa que todas aquellas empresas que tengan parte de sus actividades sujetas a IVA y parte no, solo pueden deducir la parte del IVA que le corresponda a la otra parte que pueden repercutir. Es decir, que todos los que sean consumidores finales
deben soportar su IVA, y es ahí donde entra la regla de prorrata.
La regla de prorrata tiene una fórmula aritmética más o menos discutible, pero se va ajustando con cierta exactitud a lo que dejan de repercutir o soportar en el?IVA. Sin embargo, la Ley 66/1997 -como no lo va a decir el Grupo Parlamentario
Socialista lo digo yo-, aprobada por un gobierno apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, modifica los artículos 102 y 104 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido, en los cuales se considera -y me retrotraigo un poco al principio- que a
todas las subvenciones percibidas por las empresas que tienen actividades mixtas, es decir, sujetas y no sujetas a IVA, se les debería aplicar la regla de?prorrata. Pues bien, el Partido Popular, en la Ley?66/1997, que entró en vigor en enero de
1998, hace extensible la regla de prorrata a todas las subvenciones percibidas por una empresa. Sin duda, esto choca con los artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva de la Comunidad Europea, la 388/1977. Es cierto que a partir de?1999 la Unión
Europea empieza a decirle al Gobierno de España que está actuando en contra de la Sexta Directiva, requiriéndole en 1999 que modifique su Ley del IVA en lo que se refiere a los artículos 102 y 104. En el año 2001, el Gobierno de España contesta
intentando justificar que, de acuerdo con el artículo 17 y fundamentalmente con el 19 de la Sexta Directiva, España estaba actuando correctamente. En el año 2002 se vuelve a decir que no. Por último, España dice que en el caso de que la sentencia
sea contraria a los intereses españoles, tengan en cuenta el tiempo, tiempo que puede significar algo negativo para muchas empresas españolas.
Hay que tener en cuenta, señorías, que con la aplicación de los artículos 102 y 104 tal como están ahora, la Administración -o sea, los que conceden las subvenciones- se está beneficiando de la parte del IVA que le corresponde a la prorrata;
es decir, si una empresa compra un bien por 10 millones de euros y tiene una subvención de cinco millones, el 50 por ciento del IVA no sería deducible, lo que significa que la Administración, de forma directa o indirecta, está concediendo una
subvención menor de la que le correspondía, porque la Administración, en este caso de los bienes de equipo, no financia nunca la parte que corresponde al IVA. De ahí que sea una injusticia lo que están soportando los perceptores de subvenciones,
que se ven mermados en?gran parte de lo que les corresponde. Y en estos momentos nos encontramos con un grave problema: qué va a ocurrir con todas aquellas entidades que han venido aplicando la regla de prorrata, porque yo quiero recordarle al
portavoz del PNV que él decía que esperáramos a la resolución del Tribunal de las Comunidades Europeas. Pues puede ocurrir que, en función del tiempo en que entra en vigor la propia modificación, parte se pueda ver perjudicada y parte se pueda ver
mejorada. Está clara una cosa, que aquellas entidades para las cuales no sea la sentencia firme, tendrán derecho a solicitar la devolución por medio de la ratificación de sus autoliquidaciones, de ahí que yo recomiende al Gobierno, y en este caso
al Partido Socialista, que tome las decisiones oportunas en relación con la modificación, ya que todos los portavoces apuntan -y sin duda también lo dirá así el portavoz del Partido Socialista- a que la resolución va a ser en contra de los intereses
que en este momento defiende el Gobierno de España. De ahí que, repito, para evitar perjuicios o agravios comparativos -se pueden considerar perjudicados los que siguen aplicando la regla de prorrata de acuerdo con los artículos 102 y 104-, el
Gobierno de España, y en este caso la Administración central, debe adoptar las medidas necesarias para recuperar el enunciado que figuraba en la Ley 37/1992, y recuerdo -igual que han recordado otros portavoces- que el Partido Socialista, allá por
marzo de 2003, había presentado una proposición de ley idéntica a la que presenta hoy Convergència i Unió, de ahí que yo crea que todos estamos de acuerdo. Es posible que la Administración central, en determinados momentos, haya modificado la Ley
del IVA en contra de los postulados de la Sexta Directiva y de ahí que la postura del Grupo Parlamentario Popular sea de apoyo a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señor presidente, señorías, el planteamiento que hace la proposición de ley presentada por Convergència i Unió no responde a una ilación lógica que nos lleve desde unos hechos y la apreciación que de los mismos se
hace en la exposición
de motivos a un texto dispositivo con tal apreciación. Lo que se pretende a priori es modificar la versión actual de determinados artículos de la Ley 37/1992 para, seguidamente, buscar los motivos, no siempre acertados, en que apoyarla
cuando el proceso lógico debería ser el contrario. Tal y como se razona, parece que las modificaciones operadas en el artículo 102 de la Ley 37/1992 por el artículo 6.15 de la Ley 66/1997 y en el artículo 104 por el apartado 16 de ese mismo
artículo constituyen sendos atentados a la Sexta Directiva. No les falta razón o, al menos, hay que reconocer que algo de razón tienen.
La modificación del segundo párrafo del artículo?102.1, que ya figuraba en el proyecto de ley de acompañamiento para el año 1998 remitido por el Gobierno -Gobierno del PP-, contradice clarísimamente lo dispuesto en los artículos 17.5 y
19.1 de la Sexta Directiva, puesto que abre la posibilidad de aplicar la llamada regla de prorrata -que no voy a explicar, porque la han explicado otros antes que yo- a sujetos pasivos totales; es decir, a sujetos gravados por el IVA por la
totalidad de sus operaciones. La enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado so pretexto de una justificación o una mejora técnica, al añadir un nuevo segundo párrafo al artículo?104.2 segundo, establece una limitación
específica del derecho a la deducción del IVA soportado en la adquisición de bienes financiados con subvenciones de capital, y excede claramente las limitaciones a las deducciones del IVA soportado contempladas en la citada Sexta Directiva. Por
otra parte, tampoco le falta alguna razón a la afirmación que se hace en la exposición de motivos de que la aplicación de la regla de prorrata representa una transferencia neta de recursos desde las administraciones territoriales hacia la
Administración central. Es innegable que tal transferencia se produce, al menos cuando tal regla se aplica a empresas públicas dependientes de aquellas.
Aun cuando CiU no formuló en su momento ninguna enmienda al proyecto de ley de acompañamiento en el Congreso, es de justicia dejar constancia de que sí lo hizo en el Senado, aunque sin éxito alguno. El Partido Socialista, aunque en aquel
momento no formuló expresamente ninguna enmienda, sí que presentó en la legislatura pasada diversas iniciativas para corregir el entuerto: la enmienda 215 a la Ley de acompañamiento para el año 2003, la proposición de ley de 25 de febrero de 2003,
que no llegó a debatirse por disolución de la Cámara, y la enmienda 328 a la Ley de acompañamiento para el año 2004; todas en el mismo sentido que el texto dispositivo de la proposición de ley que hoy nos ofrece Convergència i Unió, y que, por
cierto, señor representante del Partido Popular, en ese momento y sabiendo que existía el contencioso fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular. Que no prosperaran las dos enmiendas a la Ley de acompañamiento es, pues,
responsabilidad exclusiva del Partido Popular.
Lo que sí causa auténtica sorpresa es que el PP, que es el auténtico artífice de las dos vulneraciones claras de la Sexta Directiva y que siempre se negó a rectificar, parece ahora que haya sido absolutamente ajeno a las modificaciones
legales por él mismo iniciadas y a que no se hayan corregido en todo este tiempo. Hoy nos han ofrecido un discurso distinto, y es verdad, señores del Partido Popular, que arrepentidos los quiere el Señor. Sin embargo, el perdón sólo se concede
cuando, además de confesar el pecado -como ha hecho usted hoy-, se cumple la penitencia. Y resulta que la penitencia no la va a cumplir un gobierno del Partido Popular, sino que la va a cumplir un gobierno del Partido Socialista y la van a cumplir
todos los españoles. Así que en ningún caso tendrán el perdón, porque no son ustedes quienes cumplirán la penitencia.
Sin embargo, Convergència i Unió no tiene toda la razón. No es cierto, como parece afirmar la exposición de motivos de la proposición de ley, que la Sexta Directiva no permita incluir en ningún caso en el cálculo de la prorrata las
subvenciones no vinculadas al precio. La proposición de ley oculta la facultad que el artículo?19.1 otorga a los Estados miembros de hacerlo así. Lo que discute la Comisión Europea, como ya he indicado anteriormente, es la posibilidad de aplicar
la llamada regla de prorrata cuando se trata de sujetos pasivos totales, pero no la posibilidad de aplicarla tratándose de sujetos pasivos mixtos, es decir de sujetos pasivos que realizan tanto operaciones gravadas por el IVA como operaciones
exentas. Justamente algunos de los casos que la proposición no de ley cita como grandes perjudicados en la exposición de motivos no son sujetos pasivos totales: se trata en algún caso de meros consumidores finales, que no son sujetos pasivos del
IVA, o de sujetos pasivos mixtos. Es decir que alguno de los casos que cita la exposición de motivos no son casos controvertidos en este momento por la cuestión planteada al Tribunal de Justicia por la Comisión de las Comunidades Europeas.
Señorías, el Reino de España se encuentra inmerso en un contencioso de enorme trascendencia económica que está pendiente de fallarse. Parece que el fallo es inminente, puesto que el abogado general ya ha expuesto sus conclusiones ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Por cierto, señor representante de Convergència i Unió, no es solamente el Reino de España el que se encuentra incurso en esta situación, como ya le he recordado en alguna ocasión: la República de
Francia se encuentra incursa en un contencioso similar, en lo que se refiere al artículo 104 de nuestra ley. Previsiblemente, el Reino de España va a ser condenado, aunque a fecha de hoy es imposible saber cuándo se va a materializar la condena y
los términos exactos de la misma. Es muy posible, como suele ser habitual, que el Tribunal de Justicia asuma algunos de
los argumentos esgrimidos por el Reino de España. Es verdad que el Gobierno del PP, como tantas otras cosas, hizo esta reforma de la ley muy mal, pero que muy mal, pero no quiero pensar que lo hiciera tan rematadamente mal como para que el
tribunal no asuma ni siquiera mínimamente algunas de las alegaciones formuladas. Por ello, hubiera sido preferible esperar a conocer el pronunciamiento del tribunal antes de tramitar esta iniciativa legislativa. No obstante, el Grupo Socialista no
se va a oponer a su tramitación porque no existen razones de fondo para ello. Podrían oponerse razones de oportunidad, pero no lo haremos no vaya a ser que alguien quiera hacernos corresponsables de los disparates que en su voracidad recaudatoria
cuando era Gobierno cometió el Partido Popular.
En el trámite de enmiendas creemos que es absolutamente necesario mejorar la exposición de motivos. Permítame, señor Sánchez i Llibre, que considere infinitamente mejor la exposición de motivos que figuraba en la proposición de ley que este
grupo formuló el 25 de febrero de 2003.
También debemos encontrar un texto adecuado al tratamiento que debe darse a los sujetos pasivos mixtos, cuestión que ha de ser objeto de un meditado debate. No se puede ignorar que el artículo 19.1 de la
Sexta Directiva permite incluir en la regla de prorrata aplicable a sujetos pasivos mixtos las subvenciones que no forman parte de la base imponible.
Como dice la Comisión de las Comunidades Europeas, esta posibilidad es una herramienta de la que
dispone el legislador nacional para evitar que cualquier perceptor de subvención exento de IVA pueda obtener la devolución de todo el IVA soportado al ejercer una actividad meramente simbólica con el fin de obtener la condición de sujeto pasivo.
Les pondré un ejemplo. Un centro público de enseñanza realiza una actividad exenta de IVA y como tal no puede recuperar el IVA soportado; si se tratase de un centro concertado al cien por cien le bastaría con realizar una actividad gravada
meramente simbólica con el fin de obtener la recuperación total del IVA soportado, es decir, habría una grave injusticia en cuanto que el tratamiento en dos casos similares sería absolutamente distinto. Ya sé, señor Sánchez i Llibre, que se puede
argumentar de contrario que no es difícil encontrar otros supuestos de sujetos pasivos mixtos merecedores de otra solución diferente. Ya he dicho que es un tema abierto al debate decidir si es o no conveniente hacer uso de la facultad concedida a
los legisladores nacionales en el artículo 19.1 de la Sexta Directiva. Apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque adelantamos nuestra voluntad de presentar enmiendas que la mejoren de modo sustancial.
Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Turiel.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), ORGÁNICA DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, REGULADORA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000045.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 2 del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del régimen electoral
general. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Nuevamente el Bloque Nacionalista Galego presenta en esta Cámara una iniciativa de gran importancia para gozar de una democracia con garantías de que el voto será libre y secreto, de que no quepan dudas de manipulación durante los procesos
electorales, en definitiva, para garantizar una democracia que se base en la libertad y en la privacidad; una iniciativa que tiene un importante calado específico para nuestro país: Galicia. Su objetivo fundamental es equiparar o igualar el
sistema electoral de los residentes ausentes con el sistema electoral que se aplica en el interior del Estado español, esto es, que se utilicen mesas electorales ad hoc, que haya una dotación en presencia como norma en las urnas, con urnas al
efecto, que se cuente con interventores o interventoras de las distintas opciones políticas y que haya incluso una campaña electoral en la diáspora en igualdad de condiciones que la que se realiza dentro del Estado español.
Este objetivo tiene ya en esta Cámara unos antecedentes que es necesario recordar. En primer lugar, la moción que a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego se aprobó en el Pleno de esta Cámara el 17 de octubre de 2000, en cuyo punto 3 se
podía leer: Insta al Gobierno a promover las modificaciones legislativas necesarias de la Ley Electoral, a fin de facilitar el voto de los emigrantes españoles y garantizar su tramitación y efectividad en similares condiciones al resto de los
españoles.
Iniciativa similar a esta que ahora estamos defendiendo en nombre del Bloque Nacionalista Galego defendió también mi compañero, hoy desafortunadamente ausente de esta Cámara, Carlos Aymerich, el?11 de septiembre de 2001, donde decía:
Se trata de solucionar de una vez por todas un problema recurrente que cuestiona la propia calidad democrática del Estado español, la dignidad de nuestros emigrantes y la credibilidad de los votos. Efectivamente, no se puede dar crédito al hecho de
que, en una supuesta democracia avanzada como la del Estado español, sus residentes ausentes no tengan los mismos criterios, en cuanto a la calidad democrática de su voto, como los ciudadanos
que están fuera de Perú, de Irak o de Venezuela. Todos observamos cómo los ciudadanos de estos Estados podían votar en sus embajadas o en los consulados del Estado español. No vemos que se concite a los emigrantes, desde luego, de esos
países a votar en sede de un partido político peruano, iraquí o venezolano en la diáspora. Aquí sí que se producen esos fenómenos.
Recordarán ustedes el célebre anuncio del Partido Popular en Uruguay donde se decía: Gallego en Uruguay, concurre a votar a la sede del Partido Popular antes del viernes. Renueva la presidencia de don Manuel Fraga votando en la sede del
Partido Popular en Colorrua, 1473 hasta el 17 de octubre. En estas condiciones se realizaron las anteriores elecciones en Galicia. Por tanto, señorías, pensamos que hay una pregunta clave. ¿Puede haber representación fiel de la voluntad popular
cuando no existen los requisitos fundamentales de mínimo rigor, precisamente de ejercer el voto con libertad y privacidad? Se trata, además, señorías, de que voten con libertad y sin manipulación y de que cuenten desde el punto de vista de la
proporcionalidad. Deben de tener ustedes en cuenta que más del 13 por ciento del cuerpo electoral de Galicia son emigrantes residentes ausentes y no cuentan para la elección de diputados y diputadas ni de senadores y senadoras ni siquiera de los
que propone la comunidad autónoma ni de concejales o concejalas ni de diputados provinciales. Aquí no se respeta el principio constitucional y democrático de la proporcionalidad, porque no corresponde el número de escaños con los electores para
discriminación en este caso específica y exclusiva de Galicia. Por tanto, señorías, no es una exageración decir que los emigrantes gallegos se utilizan solamente como carne de cañón electoral al servicio del partido que controla el Gobierno de
turno, sobre todo, en el caso de la Administración central, pero también de la Administración autonómica.
Cabe recordar que, cuando se debatió esta misma iniciativa en la anterior legislatura, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, don Ceferino Díaz, dijo acertadamente: Nosotros también vamos a apoyar esta toma en consideración
porque es coherente con el programa electoral que presentamos a las elecciones autonómicas gallegas; programa electoral que persigue promover modificaciones legislativas que sean necesarias para que el ejercicio del voto emigrante se haga en
condiciones de transparencia, libertad y proximidad en consulados, embajadas y centros habilitados a tal efecto. Existe la sospecha general -decía don Ceferino Díaz-, para algunos el convencimiento, de que en la emigración no se produce un proceso
electoral limpio. Esto es grave y hay que clarificarlo. Tienen ahora la gran oportunidad de hacerlo los que están gobernando, el Partido Socialista Obrero Español; de lo contrario, siempre quedará bajo sospecha de que sabe que dejando la rutina
de las manipulaciones implícitas o explícitas puede ser el gran beneficiario, como antes lo era el Partido Popular. En todo caso, señorías, hay más. En el Parlamento de Galicia, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y el Bloque
Nacionalista Galego, el 14 de marzo de 2005, hace apenas un mes, aprobaron por unanimidad una proposición no de ley, iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, en cuyo punto segundo se dice: Insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para
modificar con carácter de urgencia la Ley Electoral General, equiparando el proceso en su totalidad con el del interior. Además la misma proposición no de ley, aprobada por unanimidad, se preocupaba de recordarle al Gobierno que, bien a través del
mismo o a través de instar a la Junta General, guarde las siguientes observancias: En primer lugar, no instrumentalizar de forma institucional los viajes y los recursos que están en manos de las distintas administraciones; depurar y actualizar los
censos y las direcciones; dar capacidad de intervención para analizar todo lo concerniente al envío y seguimiento del voto y, además, establecer convenios con los servicios de Correos de por lo menos los 10 países con más CERA para custodiar las
sacas que contienen los votos emitidos por funcionarios, bajo control de la propia Junta Electoral.
Señorías, pienso que los datos son contundentes y los deberían tener todas SS.SS. en consideración. Entre enero y febrero de 2005 se hizo una depuración del CERA. Solamente en un mes se eliminaron 2.507 gallegos y gallegas, precisamente
para evitar que votasen muertos como en los comicios anteriores. De esta forma se redujo ya solamente en un mes de 307.167 gallegos y gallegas del CERA a 304.660. Pero deben darse cuenta ustedes de que es una vorágine, una especie de proceso que
está llevando a un condicionamiento grave en la evolución política de Galicia. En concreto, en 1966 tenían derecho a voto en el CERA 67.474 gallegos y gallegas; en 1996, 149.424; en el año 2001, 267.846 y en el año 2004, 305.000. Prácticamente
más del 14 por ciento en 2004 en relación con el año 2001. No es de extrañar, por tanto, que la señora Carme Alcaide, que es la directora del INE, diga que el censo se limpió mucho, pero advirtió que puede quedar alguna irregularidad para los
comicios gallegos del próximo octubre, porque además -dice la señora Alcaide- esta cuestión tiene siempre un problema de cariz político. Creo que es esto lo que no se quiere enfrentar, el cariz político de fondo que afecta gravemente a la pureza
democrática y a la evolución política de Galicia. Aquí sí, una especificidad que depende de la solución del Estado, además, desde el punto de vista de una visión democrática pura, y no se quiere arreglar.
Galicia, señorías, cuenta con el 27,3 por
ciento de los residentes en el exterior con derecho a voto de todo el Estado español. Ya les dije que es el 13,23 por ciento del censo electoral. Pero hay alguna circunscripción electoral como Ourense que representa el 19 por ciento del censo y
puede estar representada por dos diputados en las elecciones autonómicas, y la votación se va incrementando
paulatinamente. Les vuelvo a recordar que en 2001 votaron en las elecciones autonómicas el 25 por ciento de ese censo; en las generales, en 2004, casi el 31 por ciento, es decir, 91.417 votantes gallegos. Se espera, como hipótesis, que en
las elecciones autonómicas de octubre de 2005 votarán 94.353 gallegos o gallegas, como mínimo, si no las someten a una presión por parte de las dos administraciones, la central y autonómica, aún mayor aprovechando las condiciones de precariedad
terrible en que está nuestra emigración en Latinoamérica. En definitiva, una cantidad de gente mayor que el censo de cada una de las cinco ciudades más grandes que hay en Galicia, excepto dos de ellas que serían Vigo y A Coruña.
Este aumento imparable de los residentes ausentes se demuestra además con otro dato comparativo, muy elocuente, entre el año 2002 y el 2005. El censo de residentes en Galicia era en 2002 de 2.289.665 personas, y en el año 2005 era de
2.301.953 personas. Solamente se incrementó el 0,53 por ciento. Pero el censo de residentes ausentes pasó de 260.344 en 2002 a 304.660 en 2005, un incremento del 8,6 por ciento. Es necesario perfeccionar la votación de los emigrantes para que se
eviten fraudes como los cometidos hasta ahora: muertos que votan, manipulaciones de sacas, falta de condiciones de privacidad y libertad, presión, votación en sede de partidos. La importancia en los resultados prácticos está clara. En 1989, el
señor Fraga Iribarne tuvo mayoría absoluta al trasvasarse un diputado del BNG al PP después del recuento del CERA. En 1997, un diputado por A Coruña del BNG pasó al Partido Popular. En el año 2004, el diputado de Galeuska del BNG pasó al Partido
Popular básicamente por los votos del CERA. En las municipales, en 1999, se pasó del BNG al PP un concejal en Ourense después de realizar el escrutinio del CERA, y así sucesivamente.
Esta es una toma de consideración, señorías. Pedimos por lo menos que se acepte la transparencia democrática, la cuestión fundamental de que la evolución política de Galicia se debe basar en el ejercicio responsable y real de la voluntad
popular, que no nos condicione la vida política el fraude y un condicionamiento que ya de por sí es grave de personas que no viven en nuestro país, pero por lo menos que lo tengan que hacer por voluntad propia y no presionados por nadie. Por lo
tanto, señorías, esperamos que voten en urna, con voto presencial. Que los consulados determinen, oídos los consejos de residentes, el número y límites de las secciones electorales en cada país, con los locales y mesas correspondientes, no es una
petición descabellada, es como se hace en Venezuela o Perú. Que se hagan campañas con condiciones equiparables al interior de rigor y control de las administraciones públicas y de los medios de comunicación no es nada descabellado. Y, por fin, que
voten y que se tenga en cuenta para la proporción de escaños tampoco es nada descabellado. No sabemos quién tiene miedo a estos cambios, quién es el responsable de que no se actúe nunca y, desde luego, si no se hace algo, no debería extrañarnos que
una vez más lo que condiciona solo gravemente a Galicia no constituya nunca preocupación de ningún Gobierno del Estado español, aunque se trate nada menos que de reglas del juego democráticas trucadas y de trato discriminatorio a los ciudadanos, que
no se consideran ciudadanos iguales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente...
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Mardones, he omitido una formalidad.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercitar su turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones.
Ahora, señor Mardones, y disculpe.
El señor MARDONES SEVILLA. Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo, como he comenzado diciendo, va a votar favorablemente esta iniciativa que nos ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. Le damos la bienvenida y creemos que es una gran oportunidad porque, en primer lugar, viene a recoger la
realidad, el diagnóstico de un problema que estamos teniendo en muchas comunidades autónomas, especialmente en aquellas comunidades autónomas de España que tradicional e históricamente han sufrido un tremendo porcentaje de emigración
fundamentalmente hacia Iberoamérica. Es el caso tanto de la Comunidad Autónoma gallega, como bien ha dicho en este momento el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, como del País Vasco o de Canarias. Tradicionalmente, a lo largo de los siglos
XVIII, XIX y XX el fenómeno de la emigración ha sido muy fuerte.
Cuando elaboramos la Ley del Régimen Electoral General, se trató únicamente de solucionar el voto por correo de aquellas personas que dentro del territorio nacional español tuvieran
algún impedimento laboral, de salud, etcétera, para poder acercarse a la urna. Esto se extrapoló entonces -aquí está la gran diferencia y lo que intenta arreglar esta proposición de ley que estamos debatiendo- y se extendió el voto por correo a los
residentes ausentes, es decir, a todos aquellos españoles que estaban residiendo en otros países por cuestiones de emigración, por cuestiones laborales, etcétera, forzándoseles también a la única vía del voto por correo. Esta proposición de ley del
Bloque Nacionalista Galego es bienvenida por mi grupo porque fundamentalmente viene a equiparar el ejercicio de voto
para los residentes ausentes con los que están aquí. Esto se agrava en las elecciones locales, en las que los plazos para el cómputo del voto por correo se ven acortados. Por ejemplo, en las últimas elecciones locales y autonómicas
celebradas en nuestro país, en Canarias hubo un daño al electorado que repercutió en las tres fuerzas políticas -fundamentalmente en el Partido Socialista, en el Partido Popular y en Coalición Canaria- con el voto procedente de Venezuela, que por
una serie de incidentes en el avión que transportaba las sacas con el voto por correo llegaron cuando el escrutinio del voto por correo ya estaba cerrado en los distintos colegios electorales y fue imposible tenerlo en cuenta, fue un desperdicio de
miles de votos. Esto más que un desperdicio significa una afrenta a una voluntad democrática de miles de españoles que tienen perfecto derecho a que no fallen y a que se garanticen todas las vías del procedimiento formal para que llegue su voto por
correo procedente del extranjero. Resulta que este es un procedimiento que tienen resuelto muchos países, desde Estados Unidos a Venezuela, desde hace muchísimos años mediante el voto en las delegaciones consulares, en las oficinas estatales
pertinentes, etcétera, en las que se puede ejercer acercándose físicamente, identificándose según las normas electorales en vigor y depositando su voto para que se tenga en cuenta y surta los efectos democráticos en las elecciones. Esta iniciativa
que nos trae el Grupo Parlamentario Mixto, a través del Bloque Nacionalista Galego, no va a suprimir el voto por correo sino que lo deja como un voto rogado, como debe de ser. Sencillamente es un voto rogado para que los que estén fuera del
territorio nacional, a través de toda esa red de oficinas consulares, dependencias oficiales, etcétera, en las que se puede depositar una urna con todas las garantías y controles suficientes, puedan ejercer el derecho democrático que señala nuestra
Constitución, con la exigencia de que el voto sea útil en el sentido electoral y democrático de la palabra.
En la segunda parte de esta iniciativa -una vez realizado este carácter excepcional y rogado del voto por correo, pero garantizado mediante el voto directo en las oficinas consulares o en cualquier instalación oficial- hay otro planteamiento
que hace referencia a la modificación del artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esto también puede merecer la atención de la Cámara, porque es una actualización en cuanto al número de concejales que tienen que elegirse por
los distritos electorales y al número de diputados o senadores que pueden elegirse en las elecciones generales. Es hora también de realizar una actualización de dicha ley, a través de la toma en consideración de esta proposición de ley, con las
enmiendas que se juzguen pertinentes por los grupos parlamentarios y que se puedan aprobar, sobre todo en lo que se refiere a esta segunda parte de la iniciativa que debatimos hoy del artículo 162 -como he señalado- de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, que regula cómo se reparten los 348 diputados restantes en todo el Estado español, exceptuando los dos que corresponden a Ceuta y Melilla, para que podamos tener una ley electoral que resuelva los problemas actuales y se produzca
un mejor reparto democrático de los votos en las candidaturas en cuestión.
Por estas razones -reitero, señor presidente-, mi grupo va a votar favorablemente su toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar en el sentido positivo, tal y como lo hacíamos en el Pleno del 17 de octubre de 2001, cuando, como recoge también la exposición de motivos de la proposición de ley, el Congreso coincidía unánimemente en
la necesidad de promover las modificaciones legislativas necesarias de la Ley Electoral. ¿Con el fin de qué? De equiparar los procedimientos de ejercicio del derecho de sufragio activo de los españoles residentes en el extranjero con los previstos
para los residentes en territorio estatal.
La proposición no de ley posterior, la que vamos a tratar en el punto siguiente del orden del día, versa sobre lo mismo, pero lo que hace es una referencia genérica entrando esta proposición de ley mucho más en detalle, y sobre todo entrando
en una materia preocupante, que es cómo se desarrollan los procesos electorales fuera del territorio estatal, cómo se garantiza la igualdad de oportunidades por parte de los partidos que concurren a las elecciones y cómo se garantiza el ejercicio
del voto.
Nosotros creemos que el objetivo está claro. Lo que persigue la proposición que hoy debatimos consiste en reformar estas garantías de transparencia en el voto de emigrantes situándonos en un umbral semejante a las que rigen aquí mismo.
¿Los motivos? Es muy sencillo. En primer lugar, porque no se dan las mismas facilidades para ejercer el derecho de voto y, en segundo lugar, porque el ejercicio del derecho de voto se da en muchas ocasiones sin las mismas exigencias que en
el territorio estatal. El señor Rodríguez nos ponía ejemplos que hoy, en territorio estatal, serían inimaginables y, por tanto, cuando algo es inimaginable que se dé en unas elecciones aquí lo que tenemos que pedir es que se dé en las mismas
condiciones fuera del territorio. Se podrán o no compartir todos los criterios. Nuestro grupo, en el caso de que la proposición de ley prosperase, enmendaría algunos de los elementos que plantea el BNG, pero difícilmente se puede negar la
necesidad de reformar la legislación
para dotarla de mayor rigor y transparencia en el funcionamiento del censo de residentes ausentes, y para que haya una organización que dé garantías al voto de los emigrantes.
Las prácticas representan e implican irregularidades, y esas son de diferente tipo. En primer lugar, todos sabemos de denuncias de uso de fondos públicos por parte de gobiernos de distintas comunidades autónomas para captar el voto
emigrante. En segundo lugar, todos sabemos que en campañas institucionales se invita a redes de casas regionales en América Latina y que estas tienen fines también muy claros. De hecho sabemos de las irregularidades del voto efectivo de emigrantes
más que centenarios en todo el continente latinoamericano, y la verdad es que a uno no le deja de sorprender que la longevidad sea tan extensa en dicho continente y que aquí, en cambio, con mejor calidad de vida en muchos casos, esa longevidad no se
dé. Por último, hay que tener en cuenta que esa falta de exigencia de acreditar la propia identidad para votar por correo ha permitido ciertas irregularidades, participaciones excepcionales en algunos colegios y sacas enteras de un partido y de un
solo color.
Por todo ello es por lo que nosotros entendemos que hoy hace falta actuar, que precisamente el momento es el actual, a suficiente distancia del conjunto de procesos electorales varios y, en cambio, es oportuno que se dé a las puertas de las
elecciones gallegas por las características de las elecciones en Galicia. Las elecciones en Galicia son las que tienen mayor participación de emigrantes en el extranjero y, por tanto, creemos que sería un excelente gesto que el Congreso de los
Diputados aprobase hoy esta proposición de ley.
El punto de partida que nos plantea el BNG digamos que es claramente útil, y lo cierto es que tenemos un problema político que afecta de primer plano a la calidad democrática de nuestro Estado y a los derechos de nuestros emigrantes, porque
la evidencia apunta a la existencia de estas prácticas de captación fraudulenta del voto de los españoles en el extranjero. Las irregularidades no son menores. Cualquier irregularidad ataca a la verdadera esencia del sistema democrático, y nuestra
democracia, como todas las de nuestro entorno, es claramente representativa. Pues bien, en una democracia claramente representativa lo que no podemos dar por bueno es la más ínfima de las irregularidades.
Como decía, el caso gallego es
excepcional. Y lo es en Galicia precisamente por el porcentaje de emigrantes en el extranjero, mucho más que en otras comunidades autónomas, un 13 por ciento; el señor Rodríguez hablaba del 19 por ciento para la provincia de Ourense. Son
porcentajes importantisimos. Ante esta situación hay que dar respuesta. ¿El marco, el instrumento? La Loreg, sin lugar a dudas. Y lo es porque en estos momentos la Loreg deja abiertos múltiples resquicios que a veces sirven para determinadas
prácticas anómalas, fraudulentas, llámenlo como quieran. Lo que suponen, en cualquier caso, es una participación sesgada y unas campañas institucionales, previas también, sesgadas. Por tanto, coincidimos con el planteamiento que hace en este caso
el BNG. El marco es la Loreg. Lo que necesitamos es una reforma de la Loreg en aquellos aspectos que se ha demostrado que pueden ofrecer ventajas al clientelismo y a prácticas con las que no coincidimos, que precisamente haga que el CERA tenga
mayores exigencias, un criterio técnico, que se pueda votar en los cuerpos consulares, en definitiva, todas las demandas que plantea el Bloque Nacionalista Galego.
No me voy a extender más. Nuestro voto va a ser positivo, al igual que va a serlo a la proposición no de ley posterior. Creemos que es el momento.
Tanto Izquierda Unida como Iniciativa-Verds en la legislatura pasada votamos
favorablemente. Vamos a hacerlo también en esta ocasión. Como les decía, el instrumento está claro. El contexto, más claro que nunca. Y es que el momento es el oportuno, y lo es porque estamos a suficiente distancia del ciclo electoral, de que
se abra el próximo ciclo con municipales y autonómicas, y estamos a las puertas de las elecciones gallegas. Todos sabemos que una reforma de estas características difícilmente podría llegar para las elecciones gallegas. Sería muy positivo que una
reforma, que lo que hace es dar autoridad al proceso, se aprobase hoy, o que, como mínimo, aprobásemos su trámite. Nuestro grupo parlamentario plantearía enmiendas si esta proposición de ley prosperase, pero el momento es el ideal y, por ello,
nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera comenzar mi intervención tomando las últimas palabras del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra y haciendo referencia a la oportunidad del momento, porque conviene llamar la atención sobre una curiosa
circunstancia. Como un reloj que da las horas con exactitud, la proximidad de las elecciones autonómicas gallegas trae a la Cámara, casi indefectiblemente (durante las últimas convocatorias electorales ha sido siempre así), la necesidad de abordar
una reforma en la regulación del censo de residentes ausentes que garantice la transparencia de este instrumento e impida de raíz lo que viene siendo su funcionamiento irregular y, en ocasiones, casi podría decirse que hasta fraudulento. Algo que
en los últimos tiempos se ha podido constatar que es más que una mera sospecha.
Hace cuatro años, en el año 2001, exactamente igual que ahora, la cercanía de estas mismas elecciones hizo que la Cámara conociera también un conjunto de iniciativas relativas a esta misma cuestión. Entonces se
consiguieron algunos acuerdos, se suscribieron algunas transacciones, pero todas ellas han quedado sumidas, durmiendo el sueño de los justos durante todo este período de tiempo. Ahora, curiosamente, afloran de nuevo con el mismo telón de
fondo electoral. Hace cuatro años, además de los debates que tuvimos ocasión de plantear en esta Cámara en relación con este asunto, se había creado una comisión en el Senado que abordaba el funcionamiento del censo de residentes ausentes y la
necesidad de plantear y llevar a cabo reformas en la regulación que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General lleva a cabo en relación con este fundamental instrumento para el voto de los residentes en el extranjero.
Pero la Comisión del Senado
tampoco desembocó en un final fructífero.
Aquello quedó también en agua de borrajas. A nadie se le ocultan las razones de la coincidencia, el hecho de que los debates en esta Cámara y en el Senado se intensifiquen cada vez que se aproximan las
elecciones gallegas. Las razones las ha expuesto claramente el portavoz del BNG con la claridad y la elocuencia que le caracteriza. En Galicia, señorías, el voto de los residentes ausentes sencillamente da y quita mayorías, y lo hace porque la
importancia que históricamente ha tenido la emigración hace que el voto de los residentes ausentes sea numéricamente importante y con un peso cualitativo muy relevante, incluso podría decirse que decisivo, en el resultado final de las elecciones.
Existe un consenso bastante generalizado entre las fuerzas políticas, que se constató en la pasada legislatura, en torno a la necesidad de abordar una reforma en la regulación que la Loreg hace del voto de los emigrantes. También existen
otros aspectos del derecho al sufragio que requieren una revisión y en torno a cuya necesidad de cambio se constata igualmente una amplia coincidencia entre los grupos parlamentarios, pero en este momento la que interesa destacar fundamentalmente es
la relativa al censo de residentes ausentes. En la práctica mayoría de los casos se conviene en que esta revisión del censo de los residentes ausentes tiene que afectar a dos aspectos: a la necesidad de facilitar el voto de los emigrantes y a la
necesidad de revestir de garantías el procedimiento legalmente previsto, con objeto de impedir manejos fraudulentos. Esto se consigue fundamentalmente depurando el censo de residentes ausentes y asegurando que los procedimientos previstos para su
funcionamiento operen con claridad y con rigor, sin irregularidades y sin fraudes de ningún tipo.
La iniciativa que hoy somete a la Cámara el Grupo Parlamentario Mixto a través del Bloque Nacionalista Galego pretende fundamentalmente intensificar las garantías del procedimiento previsto para el voto de los emigrantes, con objeto de
impedir sobre todo el sufragio de las personas ya fallecidas pero que no constan como tales en el instrumento fundamental que asegura el derecho a voto, que es el censo de residentes ausentes, o el de aquellos emigrantes cuyo voto se manipula, a
veces incluso, como se ha puesto de manifiesto en el debate, a través de las embajadas. Hace un año mi grupo parlamentario tuvo ocasión de probar que esto ocurría en las elecciones generales.
Una proposición de ley idéntica fue debatida en la pasada legislatura, concretamente en la sesión correspondiente al 11 de septiembre de 2001 -fecha fatídica que ha quedado impresa en la mente de todos los que participamos en ella-, y obtuvo
el voto favorable de nuestro grupo parlamentario. Por tanto, en coherencia con aquella posición, también vamos a prestarle nuestro apoyo en este momento; y vamos a hacerlo no porque coincidamos con las soluciones normativas de fondo o materiales
que se plantean allí, en concreto discrepamos de algunas que consideramos técnicamente problemáticas e incluso cuestionables desde el punto de vista de su idoneidad, pero consideramos que puesto que existe un amplio consenso en la necesidad de
abordar una reforma de este instrumento, del CERA, es una ocasión excelente, oportuna, que no conviene retrasar, para abrir las puertas al debate y hacer posible la confrontación de los puntos de vista de los grupos parlamentarios en relación con
las posiciones que cada uno de nosotros mantenemos sobre lo que ha de ser el funcionamiento correcto de este instrumento.
Por ello, sin asumir en su totalidad los contenidos materiales de la proposición de ley que debatimos, sin que nuestro apoyo signifique una coincidencia y un apoyo absoluto, insisto, a los contenidos materiales de la normativa que se
propone, votaremos favorablemente la iniciativa a efectos de hacer posible, insisto, un debate que es necesario, insoslayable y que ha de llevarse a cabo ya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.
Por Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Es evidente que la actual Ley Electoral necesita reformas en la regulación del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos del Estado español que residen en el extranjero, y así lo reconoció esta Cámara hace casi cinco años, como se ha
recordado ya en la exposición de motivos y en alguna intervención precedente.
Tanto la exposición de motivos como la propuesta de modificación del articulado pretenden incidir en dos aspectos vinculantes entre sí, en un claro intento de mejorar la calidad democrática, si se me permite la expresión, de la participación
política de los ciudadanos españoles que residen en otro Estado. Por ello valoramos positivamente el objetivo que plantea, pero, eso sí, tenemos reservas en aspectos técnicos y de contenido, sobre todo en el segundo paquete de modificaciones que
propone y que buscan primar el
criterio del censo electoral en diversas convocatorias de elecciones.
De una parte, la proposición de ley trata de modificar el sistema de sufragio de las personas incluidas en el CERA, que actualmente sólo pueden ejercer su derecho por correo. Esta circunstancia se ha traducido, con abundante literatura en
este sentido, en la existencia de irregularidades que escapan al control de la administración electoral.
Por su repercusión política y pública no se han olvidado los ecos del caso Formentera o las elecciones del 2001 en Galicia, donde parece claro
-y se ha dicho anteriormente- que hasta algunos muertos votaron. Una reforma de la Loreg en el sentido que apunta la proposición de ley no incidiría excesivamente en comunidades como Cataluña, en las que el peso electoral de las personas inscritas
en el CERA no llega al dos por ciento del censo, pero afectaría especialmente a aquellas comunidades con elevado número de ciudadanos emigrantes, como es el caso de Galicia, una comunidad en la que los inscritos en el censo de residentes ausentes
superan, y de largo, el 10 por ciento del censo electoral. En general, pues, la reforma de la Loreg permitiría introducir garantías de transparencia en el sistema. Sin embargo, también es cierto que puede resultar técnicamente complicado conceder
mayores atribuciones y responsabilidades a los consulados. De otra parte, se formula la propuesta de cambiar el criterio de población por el de censo electoral en diversas operaciones electorales: determinación del número de diputados por cada
circunscripción, del?número de senadores por comunidad autónoma y?del número de concejales de los municipios, así como para el cómputo de gastos electorales. En este segundo aspecto albergamos algunas dudas acerca de la viabilidad de la
propuesta, en parte porque puede significar una modificación cuantitativamente importante en la representación territorial. Por lo expuesto, compartimos la preocupación por la transparencia y las garantías democráticas de la primera parte de la
propuesta del BNG y por ello votaremos favorablemente la toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.
Convergència i Unió, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante la toma en consideración de esta proposición de ley y para anunciar de entrada el voto favorable de mi grupo parlamentario a
esta propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente del Bloque Nacionalista Galego, en coherencia y en línea -tal como se ha apuntado por algunos portavoces de otros grupos parlamentarios- con la votación que tuvo lugar en este mismo
Congreso de los Diputados en la anterior legislatura sobre la toma en consideración y en coherencia también con lo que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el día 17 de octubre del año 2000, y cito textualmente: Promover las modificaciones
legislativas necesarias de la Ley Electoral con el fin de equiparar los procedimientos del ejercicio del derecho de sufragio activo de los españoles residentes en el exterior con los previstos para los residentes en el territorio estatal.
Sus señorías saben que esta es una materia objeto de discusión desde hace años y ampliamente objeto de mejora, que el CERA debe afrontar una mejora desde una perspectiva más garantista. En democracia la forma es condición previa e
indispensable para un buen desarrollo, como se ha apuntado también, para una buena calidad democrática. Es evidente que se deben equiparar los instrumentos, las garantías, y en este caso somos partidarios también de homogeneizar los procedimientos
entre quien vota en el exterior y quien vota en el interior en las distintas convocatorias electorales. Sus señorías saben que este procedimiento es muy mejorable.
Sus señorías saben que no podemos hacer depender algunos votos o, como apuntaba el
portavoz del Bloque Nacionalista Galego, más que algunos votos, algunos escaños del servicio de Correos de algunos países y del respeto al principio del secreto del voto en el servicio de Correos de algunos países. Como se ha apuntado, en la
anterior legislatura en el Senado ya se estudió este tema. Precisamente este parlamentario que les habla, en su condición de senador, participó en los trabajos -que no culminaron porque terminó la legislatura- de reforma del CERA, a la luz de
algunos casos muy evidentes, a la luz de algunas irregularidades que se presentaron en las elecciones gallegas y a la luz de lo que se vino en llamar el caso Formentera, que tiene su camino en el ámbito judicial pero que es evidente que también
invitó a la reflexión y a la reforma en el ámbito legislativo. Seguramente esta es una propuesta técnicamente perfeccionable, y ya anuncio que si se toma en consideración esta proposición de ley mi grupo parlamentario presentará algunas enmiendas,
pero les quiero recordar que este es el momento para que los distintos grupos políticos fijen su declaración de voluntad política favorable o no al perfeccionamiento, a la mejora del CERA, del voto en el exterior. Esta proposición de ley también
plantea algunas reformas de la Loreg de más largo alcance, por ejemplo, en la distribución de escaños en el Congreso, en el Senado, en las elecciones municipales. Después de un cuarto de siglo de vida democrática también sería bueno y oportuno el
sentido de la prudencia con la que siempre se debe afrontar una reforma tan importante como es la reforma electoral al hablar de esos aspectos. Nuestro grupo en el Parlamento de Cataluña tiene planteado precisamente esta capacidad de redefinir
también el sistema electoral y la participación de los
residentes ausentes en la expresión de la configuración del Parlamento.
Más allá del objeto de la discusión de hoy, de la toma en consideración de hoy, me permitirán SS.SS. que brevemente dedique un par de minutos de mi intervención a invitar a una reflexión más general al conjunto de SS.SS.
y especialmente a
los portavoces en este debate y a los portavoces en el siguiente debate objeto de discusión en el ámbito de lo que podríamos decir las competencias de la Comisión Constitucional. Llevamos justo un año de actividad parlamentaria, un año de
legislatura, y en este tiempo se han planteado distintas iniciativas, distintos anuncios por parte del Gobierno y de la mayoría de reforma de la Ley Electoral. Quiero recordar que el día 10 de mayo del año 2004, en su primera comparecencia ante la
Comisión Constitucional, la vicepresidenta primera del Gobierno anunció la voluntad de impulsar dos reformas electorales como mínimo, en el ámbito de la paridad de género en las listas electorales -reforma que se está tramitando en estos momentos en
las Cortes Generales- y también en el ámbito del sistema electoral en las elecciones municipales. Por otra parte, existe la proposición no de ley aprobada en primera instancia en la Comisión Constitucional, fruto de una iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y en segunda instancia, con el mismo redactado, fruto de una enmienda transaccional a partir de la discusión en Pleno por parte del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario Mixto de una
propuesta de reforma de la Loreg en orden a permitir el secreto del voto para las personas invidentes a través del sistema Braille y de otros sistemas. Los distintos grupos parlamentarios también tienen otras propuestas de reforma y de mejora de
acercamiento de los representantes a los electores. Nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lleva en su programa electoral precisamente distintas propuestas en la línea de acercar los representantes y los representados, no única y
exclusivamente a través de las listas abiertas -listas abiertas por cierto vigentes desde hace un cuarto de siglo en el Senado- sino también a través de la combinación de circunscripciones uninominales con circunscripciones más amplias, lo que se
viene conociendo en derecho electoral como el sistema electoral alemán o el sistema de doble urna o el sistema que durante algún tiempo fue ensayado en Italia.
En definitiva, señorías, llevamos un año de legislatura y creemos que este es el momento oportuno para que los distintos grupos parlamentarios fijemos en un plazo corto de tiempo el perímetro, el ámbito y el objeto de lo que puede ser, si me
permiten la reiteración, objeto de reforma electoral en esta legislatura. Como muy bien ha apuntado el diputado Joan Herrera, cuando se acercan las elecciones se va congelando el clima favorable a afrontar las reformas electorales. Creemos que es
el momento oportuno para crear una subcomisión de estudio para definir los contenidos indispensables y posibles de la reforma electoral. Es evidente que lo que plantea el Bloque Nacionalista Galego forma parte del mínimo común denominador de los
contenidos evidentes de lo que tendría que ser una reforma electoral durante esta legislatura; una reforma que evidentemente requiere de un amplio consenso y que esperemos que pueda ser posible a través de algún instrumento informal de trabajo o a
través de la creación de esta subcomisión. Justo en el siguiente punto del orden del día volveremos a hablar del CERA y de la participación de los no residentes en los procesos electorales y a través de la propuesta del Grupo Socialista pero
también a través de la enmienda del Grupo Popular, señorías, les invito a que a partir de ahora, a partir de este Pleno fijemos un calendario posible para poder consensuar en un plazo razonable, quizás de medio año, el calendario, los contenidos y
el objeto posible de esta reforma electoral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Popular, señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
Una vez más abordamos una iniciativa que pretende modificar determinados aspectos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. No voy a entrar a valorar la intención del grupo proponente ni me propongo abordar en profundidad el
contenido de las propuestas que se formulan por razones de tiempo; lo que sí quiero hacer son algunas consideraciones sobre los puntos más relevantes de esta proposición de ley. Hay algunas cuestiones en las que podríamos manifestar una posición
favorable y, por tanto, no estamos hablando de un rechazo frontal a la proposición, aunque mi grupo también considera que tiene aspectos en los que nuestro criterio es absolutamente contrario. Al mismo tiempo, en el Grupo Parlamentario Popular
somos conscientes de que toda modificación de la Ley Electoral debe venir acompañada del más amplio consenso y acuerdo por parte de todos los grupos parlamentarios; y esta cuestión es muy importante. Hasta el mismo grupo proponente afirma en su
exposición de motivos que la Ley Electoral es una norma de gran importancia en los sistemas democráticos, pues a través de ella se articula la voluntad del cuerpo electoral. En efecto, nosotros pensamos que esto es así y lo hemos dicho en numerosas
ocasiones. La Ley Electoral es una ley medular de nuestro sistema democrático y como tal requiere para su reforma un importante grado de consenso. Hasta ahora esto ha sido así y nosotros esperamos que siga siendo así, sobre todo cuando hablamos de
las reglas del juego democrático, unas reglas del juego aprobadas por todos y que sirvan para todos.
Nuestra Ley Electoral no es una norma cerrada. De hecho, desde su entrada en vigor en 1985 hemos asistido
a numerosas reformas de este importante cuerpo legal; reformas que han servido para mejorar diferentes aspectos de la misma y que han contado con un respaldo más que mayoritario, casi siempre unánime o cercano a la unanimidad. La
proposición de ley que hoy examinamos plantea algunos asuntos delicados que necesitan de una puesta en común y de un análisis detallado como, por ejemplo, pretender que el voto por correo sea un procedimiento excepcional y de carácter rogado, cuando
ahora es el procedimiento habitual previsto por la ley. La posición de mi grupo en esta cuestión es totalmente contraria, pues entendemos que es un retroceso, una vuelta atrás, y que se aleja enormemente de la posición unánimemente mantenida por el
Consejo General de la Emigración. En el año 1995, en el último tramo de la V legislatura, esta Cámara llevó a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en la que intentamos con absoluta buena fe solucionar los problemas que
se derivaban del por aquel entonces sistema censal y pasamos así a un nuevo sistema que pretendía mantener un censo continuo y permanentemente actualizado. En esa reforma resolvimos también dos aspectos muy importantes que venían siendo reclamados
por los españoles residentes en el extranjero. Me estoy refiriendo, por un lado, a la inscripción de oficio en el censo de españoles residentes ausentes y, por otro, a la posibilidad de votar, además de por correo, depositando el voto en las
oficinas consulares. En el año 1995 acordamos entre todos sustituir el hasta entonces sistema rogado -es decir, a instancia de parte- que mantenía el censo electoral de residentes ausentes por un sistema de inscripción de oficio. Aquellas reformas
traían su causa de una ponencia que durante largo tiempo en el seno de la Comisión Constitucional desarrolló y propuso unas reformas que fueron compartidas por todos los grupos parlamentarios y apoyadas unánimemente por todos los miembros de esta
Cámara presentes en aquellas sesiones. Aquel año todos pensábamos que estábamos haciendo lo mejor y nosotros todavía lo pensamos y por eso somos contrarios a su modificación. Asimismo, rechazamos de plano algo que se afirma en la exposición de
motivos de esta proposición, y que hoy ha vuelto a ser repetido desde la tribuna, acerca de que en cada proceso electoral se detectan irregularidades en los envíos electorales. Debo señalar que todas las denuncias que se han producido sobre esta
cuestión han sido rechazadas y cuando ese rechazo viene dado en vía judicial la conclusión solo puede ser la carencia de fundamento de las mismas. Yo soy de los que piensan que ni el nerviosismo preelectoral ni tan siquiera el legítimo debate
parlamentario dan derecho a decir cualquier cosa. Por eso, tener que escuchar algunas de las cosas que se han dicho en la tarde de hoy por alguno de los intervinientes solo me produce un profundo rechazo. Ya estábamos acostumbrados a oír a algunos
en la pasada legislatura, personas que ya no están en la Cámara, hablar de irregularidades, de manipulaciones del censo, de manipulaciones de los sobres de votación, de la vulneración del carácter libre, secreto y personal del voto, que son
acusaciones todas ellas muy graves y que siempre se han realizado sin ninguna prueba, sin tener un solo dato y sin tener la mínima evidencia de ellas. Por cierto, señor Rodríguez, todas las mayorías del Partido Popular en Galicia han sido obtenidas
por mayoría absoluta holgada, sin esperar tan siquiera al resultado del escrutinio general ni del escrutinio del voto de los residentes ausentes.
Y no me vale que me diga que no desde su escaño sino que basta que repasemos las hemerotecas. Otra
cosa es que ustedes, en el año 1989, tuvieran la esperanza de poder conseguir un diputado con este escrutinio, algo que no se produjo. Dejando aparte esta cuestión, solo quiero añadir que el establecimiento de un voto por correo rogado solo sumaría
dificultades al ejercicio del derecho de voto por parte de los residentes ausentes, algo que como he dicho antes no compartimos en modo alguno. En otros aspectos la proposición de ley tiene elementos positivos a considerar, como puede ser el
relativo a que se constituyan mesas electorales en las embajadas, consulados, centros y locales públicos españoles y los relativos a la campaña institucional o a la celebración de actos de campaña en locales oficiales y lugares públicos de uso
gratuito reservados a tal efecto. Mención aparte requiere la propuesta de modificación del apartado 3 del artículo ciento sesenta y dos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se refiere a la distribución de diputados por provincias en
proporción al número de electores censados en lugar de utilizar el criterio actualmente empleado de la población; para el reparto de escaños, como digo, ahora se utiliza el criterio de la población y lo que proponen es que sea el de electores
censados. Nos puede parecer lógico que si los emigrantes pueden votar, que sean tenidos en cuenta a la hora de determinar el número de representantes en cada circunscripción electoral, pero no nos parece que tenga ningún sentido que se sustituya el
criterio actual por otro diferente. Nos parecería mucho más razonable que se sumase el censo de españoles residentes ausentes -el CERA- a la población en lugar de sustituir el criterio de población por el de electores censados. Algo parecido
ocurre cuando se refieren a la modificación del apartado 1 del artículo ciento setenta y nueve y del apartado 1 del artículo doscientos cuatro de la Ley Electoral para la determinación del número de concejales y de diputados provinciales, en los que
también se modifica el criterio de la población por el de electores censados. La propuesta afectaría a numerosos ayuntamientos, que verían modificado y alterado en gran medida su número actual de concejales. Como comprenderán, no podemos realizar
esto a la ligera. En definitiva, nosotros pensamos que este es un asunto que requiere también de un estudio serio y riguroso.
Señorías, ahora mismo existen planteadas diversas modificaciones de la Ley Electoral que se encuentran en diferentes fases de tramitación parlamentaria y a buen seguro hay otras a la espera de iniciar su tramitación. Yo pienso -y lo digo
para que todos reflexionemos sobre ello- que sería más aconsejable y seguramente más operativo que agrupásemos todas estas cuestiones para abordar de forma conjunta la reforma de aquellas que consideremos relevantes y en las que exista un amplio
grado de consenso, en concreto las que se refieren a los mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida pública, porque no nos parece adecuado que vayamos parcheando la Ley Electoral cada vez que alguien tiene una ocurrencia. Como
consecuencia de todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular va a abstenerse en esta votación. La posición del Grupo Parlamentario Popular no es contradictoria con el acuerdo al que se refería antes el señor Rodríguez, adoptado por el
Parlamento de Galicia el pasado 14 de marzo, porque nuestra postura es clara en esta materia en el sentido de que la modificación de la Ley Electoral se tiene que hacer tras un estudio riguroso y profundo y no a la ligera. Antes de finalizar quiero
señalar una contradicción que he observado en la proposición de ley del grupo proponente, pues han presentado una proposición no de ley ante la Comisión Constitucional en la cual instan al Gobierno a que tome la iniciativa en las materias que esta
tarde se proponen. Finalmente, en el caso de que esta proposición fuera tomada en consideración por el Pleno de esta tarde, nuestro grupo presentará las oportunas enmiendas en el trámite correspondiente, intentando por nuestra parte que alcancen el
máximo grado de consenso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Vera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres Vela.
El señor TORRES VELA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la toma en consideración de esta proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por algunos diputados del Bloque
Nacionalista Gallego, cuyo objetivo es la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en lo relativo al voto de los residentes en el extranjero y también en cuanto a la sustitución del criterio de proporcionalidad supuesto por la
población por el derivado del número de electores censados para determinar el número de puestos a elegir en la circunscripción.
Es cierto y hay que reconocer de entrada que este tema, el voto de los residentes en el extranjero, viene siendo una preocupación constante de los distintos grupos parlamentarios de las Cortes Generales y también del Pleno de la Cámara.
Cita el señor Rodríguez en la exposición de motivos de la proposición que presenta que en el año 2000 se aprobó una moción por unanimidad que instaba a promover las modificaciones legislativas necesarias. El Grupo Parlamentario Socialista ha
defendido esta necesidad en diversas ocasiones a lo largo de la pasada legislatura y lo seguimos defendiendo. Por tanto, reconocemos la necesidad de mejorar la garantía y la transparencia en el ejercicio del voto de los residentes en el exterior.
También lo dijo no hace demasiadas fechas el ministro del Interior en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Coalición Canaria, don Paulino Rivero, y así lo seguimos manifestando en este mismo Pleno. Esta preocupación lleva a que mi
compañero don Ramón Jáuregui vaya a defender una proposición no de ley para plantear que se incorpore también el ejercicio del voto a los residentes ausentes por motivos temporales. Pero la recurrencia del tema debería llevarnos a formularnos una
pregunta. Si tantas veces se recurre y no alcanzamos una solución, ¿no será porque nos enfrentamos a un asunto problemático y complejo que debemos estudiar en profundidad? Esto mismo lo han reconocido reiteradamente los diputados del Bloque
Nacionalista Galego.
En la pasada legislatura, los senadores del Bloque presentaron la constitución de una ponencia que abordara un estudio en profundidad que debería aportar los datos y conocimientos para emprender con suficiente consenso la
reforma de la Loreg, pero esta ponencia no concluyó sus trabajos. El mismo grupo lo plantea cuando en la Comisión Constitucional tiene formulada una proposición no de ley en la que instan al Gobierno a regular, previo informe de la Junta Electoral
Central y con el fin de reforzar la garantía del carácter libre, secreto y personal del voto de los residentes en el exterior, una proposición no de ley. Ellos mismos, en su itinerario, están reconociendo la complejidad de la regulación de un
fenómeno y la necesidad de estudiarlo en profundidad. Les diré que esas iniciativas nos parecen correctas porque se basan en un principio básico que compartimos: el de hacer la reforma de la Ley Electoral tras un estudio en profundidad de su
funcionamiento, sus implicaciones y sus consecuencias, y buscando el máximo nivel de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Lo que nos preocupa es por qué hoy ustedes abandonan ese punto de partida compartido; por qué hoy, de manera
unilateral, nos traen una proposición de ley que no podemos apoyar, y no la podemos apoyar por dos tipos de razones que voy a tratar de explicar.
El primer tipo de razones tiene que ver con el contenido concreto de su proposición de ley, con las soluciones técnicas que dan a los objetivos que quieren conseguir, con la solución técnica que dan al voto presencial y a la modificación del
criterio de proporcionalidad. El segundo tipo de razones, para nosotros de más calado, se refiere al método que ustedes han elegido para esta reforma. Volviendo a las primeras razones, es curioso
que todos los grupos que han intervenido hoy en esta Cámara diciendo que apoyaban su proposición de ley hayan anunciado inmediatamente que iban a presentar gran número de enmiendas porque, obviamente, no comparten el contenido concreto. Le
voy a comentar brevemente tres objeciones, para que vean que la regulación técnica que proponen puede entrar en contradicción con sus objetivos. Una, constitución de mesas electorales en el exterior. Yo comprendo que ustedes estén pensando en
Galicia, pero la Loreg afecta a todos los procesos electorales que se den en España. Si partimos de la circunscripción provincial, que ustedes aceptan implícitamente, en el siguiente proceso electoral que tenemos, en el que hay elecciones a once
comunidades autónomas y elecciones municipales, en la hipótesis máxima se podría dar que en un consulado hubiese que constituir 71 mesas electorales. No sé si ustedes han hecho el cálculo, pero comprenderán que si se aprobase así estaríamos
incurriendo en un pequeño disparate. Otro ejemplo, otra objeción, sería la hipótesis contraria. ¿Han pensado -no está previsto en su regulación- que puede haber consulados en que el número de electores sea menor que el de los componentes para la
constitución de la propia mesa electoral? Un tercer argumento, una tercera objeción relativa a este aspecto tiene que ver con la relegación que ustedes hacen del voto por correo. En la mayoría de los países donde hay residentes en el exterior el
voto por correo va a tener que seguir siendo fundamental, y le voy a explicar por qué. Porque en todas las ciudades exteriores donde existen residentes españoles no tenemos consulado y hay países que por su extensión -Argentina, Canadá, Estados
Unidos o China- requerirían necesariamente facilitar el voto por correo, que sería más importante que el voto presencial que ustedes defienden. Esto hay que estudiarlo en serio, primero, para que el voto presencial sea de verdad facilitar el
mecanismo sobre el actual; segundo, porque la realización en el exterior de actuaciones relativas a la campaña electoral es algo que tenemos que abordar pero sin incurrir en problemas. Las campañas, hasta ahora, se rigen en torno a un principio
fundamental, el derecho de reunión, y en la Loreg asignamos a las juntas provinciales las funciones de tutela. En el exterior, ¿a quién encomendamos las funciones de tutela? ¿Y si ese ejercicio del derecho de reunión entra en contradicción con la
legislación del país en el que residen nuestros emigrantes? Podríamos entrar en serias contradicciones que hicieran inviable el ejercicio de este derecho. Y respecto a la votación y el escrutinio, tengan ustedes cuidado porque buscando más
claridad y más transparencia podemos conseguir lo contrario. Ahora mismo, en la Loreg actual, cuando votamos se entregan tres sobres, dos van a un juez y uno va a Correos y, luego, uno de los enviados al juez va a la Junta Electoral, como el de
Correos. Ustedes, con esta ley, entregan los tres al cónsul, que no olviden que es Administración General del Estado, con lo cual hay menos garantías que con el procedimiento anterior. Sin embargo, más allá de las discrepancias técnicas sobre el
contenido de la proposición de ley, nuestra discrepancia de fondo tiene que ver con el método elegido para reformar la Loreg. Permítanme que aproveche esta ocasión para reiterar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la reforma
de la Loreg presentada o a las que se puedan presentar. Tengo que hacerlo, porque se han registrado en la Cámara numerosas iniciativas de reforma: dos proposiciones de ley de los parlamentos autonómicos (una, del de Canarias, relativa a la paridad
de género, ya tomada en consideración, y otra del Parlamento de Cataluña, pretendiendo reformar la Loreg en cuestiones relativas a la campaña electoral, y pendiente de ser incluida en el orden del día); tres proposiciones de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, y numerosas proposiciones no de ley, tanto en Pleno como en la Comisión Constitucional, instando al Gobierno a que promueva algún tipo de reforma. En este mismo Pleno,
como dije antes, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a que estudie la posibilidad de mejorar las condiciones del ejercicio del derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero; una PNL en la cual les anuncio ya que
podríamos encontrar entre todos un punto de encuentro para abordar estos mecanismos de reforma por medio del acuerdo y del consenso.
Este cúmulo de iniciativas nos lleva a la necesidad de fijar unos principios mínimos que nos permitan afrontar de forma colectiva y consensuada estos procesos de reforma. El primero viene de la consideración que tengamos de la Ley Electoral
General. Para nosotros, los socialistas, esta es una ley nuclear del sistema político; es una ley cuasi constitucional no solo por su carácter de orgánica, sino también porque fija las reglas de la competición política democrática y, en
consecuencia, avala la legitimidad de los resultados electorales, lo que permite que sean aceptados por todos. La Loreg cumple 20 años en este momento ó 28 si consideramos sus antecedentes: el Decreto-ley de 1977. No está de más recordar que fue
aprobada por amplísima mayoría en esta Cámara, y que así lo han sido igualmente sus reformas. Esto debe llevarnos a considerar que cualquier propuesta de reforma ha de ser el resultado de un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas y que el
contenido de la reforma debe mejorar, por supuesto, el ejercicio del derecho al voto y las garantías y transparencia del proceso electoral.
Todo esto me lleva a hacer dos consideraciones: la primera, que las reformas han de ser profundamente estudiadas y meditadas. La segunda, que el procedimiento para llevarlas a efecto debe concitar el apoyo de una amplia mayoría. El
procedimiento que han elegido ustedes no me parece el más adecuado para el cumplimiento de estos objetivos. Ya lo advertimos en el debate de la proposición remitida por el Parlamento de
Canarias, relativa a la paridad en las listas electorales. Mi compañera, la señora Rivero, dijo: No parece que esta cuestión -la reforma de la Loreg- deba ser resuelta mediante una proposición de ley de una comunidad autónoma. Yo añado:
Menos mediante una proposición de ley de un solo grupo parlamentario. Además, como es costumbre, las normas que modifiquen el régimen electoral general deben proceder de un proyecto de ley del Gobierno que busque el acuerdo de esta Cámara o de una
proposición de ley que firmen todos los grupos parlamentarios o la mayoría de ellos.
Termino ya. Dado que compartimos el objetivo de mejorar el procedimiento del voto de los residentes en el exterior, con el doble criterio de claridad para el elector a la hora de emitir su voto y de garantía de la transparencia y la
veracidad de su veredicto, le solicito, señor Rodríguez, que retiren esta proposición de ley. Les ofrezco, en el marco de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en este Pleno y que ha sido enmendada por el Grupo
Parlamentario Popular en el sentido de crear una subcomisión -después les leeré la transaccional-, alcanzar un punto de encuentro, un punto de partida, que nos permita llevar a buen puerto la reforma de la Loreg.
Esta enmienda incluye su
perspectiva y, en cualquier caso, en el marco de ese debate, estaremos en condiciones de transaccionar una que incluya las de todos. Si es así, habremos iniciado un buen camino para la reforma de la Loreg; si no es así, señor Rodríguez, no nos
quedará más remedio que votar que no a la toma en consideración de su proposición de ley.
(Aplausos.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Someto a la Cámara una propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la
modificación del orden del día en el sentido de que el punto 33, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la orientación de la actual política del Gobierno pase a debatirse antes del
punto 32, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el calendario de diálogo y negociación para la elaboración de la ley de dependencia.
¿Lo acuerda así la
Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.
- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Procede ahora efectuar las votaciones de la toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la Ley?37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva
europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 317.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de reforma parcial de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del régimen electoral general.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 35; en contra, 152; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO. (Número de expediente 162/000298.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre el derecho de sufragio de los españoles en el extranjero. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras,
ocupa la presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, si les parece, seguimos con el Pleno de hoy y para eso es necesario que quienes quieran ausentarse del hemiciclo lo hagan rápidamente y en silencio porque hay un portavoz en la tribuna
que quisiera ejercer su derecho a la palabra, si ustedes se lo permiten. (Rumores.) Por favor, a los del pasillo de la izquierda, llevo un buen rato solicitando que se pueda continuar con el Pleno. (Pausa.)
Disculpe, señor Jáuregui. Adelante.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a ser muy breve. Haré una brevísima exposición de cuál es el contenido de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, recordándoles un hecho que ocurrió hace muy poco tiempo cuando
se celebró el referéndum de ratificación de la Constitución europea. Fue entonces cuando nuestro grupo tomó conciencia del problema, aunque la verdad es que era anterior. Los medios de comunicación reflejaron una noticia que provocó una
cierta alarma en todo el país. Ante los temores de una baja participación en ese referéndum, descubrimos que aproximadamente 20.000 españoles jóvenes, estudiantes de los cursos Erasmus en toda Europa, no podrían votar en ese referéndum. Esto
provocó una discusión con el Gobierno porque los medios de comunicación que se hicieron eco de esta noticia reclamaron una solución del Gobierno que éste no pudo aportar porque no pudo reformar los sistemas de participación en las elecciones de los
españoles que están fuera de su domicilio en el extranjero. Como observarán, hablamos de participación electoral pero no de los residentes ausentes, cuestión que hemos tratado en el punto anterior del orden del día en el que, a propuesta del
Bloque, hemos discutido la mejora del sistema de participación en el censo electoral de los residentes ausentes o en el padrón de extranjeros, por así decirlo. Nos referimos en esta ocasión a aquellas personas españolas que están domiciliadas en
España, empadronadas en el censo nacional, en su domicilio respectivo, en su municipio respectivo, pero que por una circunstancia determinada, un viaje de negocios largo, un trabajo en el extranjero, un curso como el de los estudiantes de nueve
meses en otro país, un ejecutivo que está trabajando en una oficina de su empresa en Bruselas, en Nueva York o en cualquier ciudad europea, no puede votar, porque no puede venir en la fecha de las elecciones y tampoco puede hacerlo por correo,
porque en el corto periodo de tiempo que se da a los ciudadanos que quieren votar por correo, tampoco están aquí para irse a la oficina de correos y acreditarse para que le permitan el voto por correo.
Este problema de nuestro régimen electoral nos parece importante porque afecta cada vez a más personas. De hecho, como les decía al principio, esto no es un descubrimiento de este año, de las elecciones del referéndum europeo, ya en el año
1998 la propia Junta Electoral Central en un acuerdo del 23 de enero de ese año reconoció -expresamente cito ahora lo que dijo la Junta Electoral- que la legislación electoral no permite el voto de los españoles que accidentalmente se encuentran en
el extranjero. Nuestro grupo, recogiendo la alarma social que nos provocó que 20.000 estudiantes españoles que están cursando Erasmus en Europa no pudieran votar y que, junto a estos 20.000, probablemente exista una cantidad semejante en otras
circunstancias fuera de su país, no tienen -repito- posibilidad de volver, salvo costeando un viaje a la residencia de un importe económico muy alto, considera que tendrían que tener ese derecho de voto que, desgraciadamente, no pueden ejercer.
Por eso la proposición no de ley pide al Gobierno que elabore una norma para resolver este problema. Nosotros no estamos proponiendo una reforma legal del texto, porque creemos que hay que permitir que el Gobierno examine esta cuestión a la
luz de las contradicciones que este tema plantea, a la luz de las limitaciones de nuestros consulados, etcétera, y sobre todo a la luz de las soluciones técnicas que el Gobierno, el Ministerio del Interior en concreto, que lleva la Dirección General
de Participación Electoral, pueda proponernos. Algunos grupos han presentado enmiendas, en concreto una del Bloque Nacionalista Galego nos propone que incorporemos al colectivo concreto de personas a las que nos referimos, que es una definición
genérica de españoles residentes accidentalmente en el extranjero por un tiempo largo, el de los marineros que están en un barco largo tiempo. Nos ha parecido bien y hemos incorporado esa enmienda a la proposición no de ley. También Coalición
Canaria nos ha propuesto una enmienda que homogeniza el sistema de votación de los residentes ausentes y, sin ser una cuestión exactamente común con la que estamos planteando de los españoles residentes accidentalmente largo tiempo en el extranjero,
hemos incorporado también esta materia en el marco de una enmienda que el Grupo Popular nos ha planteado. En ella se recogen todas estas sugerencias y otras muchas que hay a propósito de la reforma de la Ley Electoral y se propone la creación de
una subcomisión parlamentaria en el seno de la Comisión Constitucional para estudiar las diferentes propuestas que existen de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para mejorar la eficacia en el ejercicio del derecho de sufragio.
Siendo como son varias las propuestas que ya he citado -los barcos, los Erasmus, los ejecutivos ausentes, los residentes ausentes, los invidentes, que también lo hemos recogido en otra ocasión-, nuestro grupo ha considerado oportuno aceptar también
esta enmienda del Grupo Popular que nos mandata para que creemos -repito- en el seno de la Comisión Constitucional una subcomisión parlamentaria que examine todas estas materias en el marco de un consenso y sobre la base de un informe que tendrá
como base también a su vez -valga la redundancia- lo que el Gobierno, el Ministerio del Interior, nos proponga al respecto.
Por eso he entregado ya a los grupos parlamentarios y a la Presidencia de la Mesa del Congreso un texto de enmienda transaccional que recoge la proposición original que mi grupo había presentado más las tres enmiendas que ya he citado: la
del Bloque, la de Coalición Canaria y la del Grupo Popular. Con ellas hemos elaborado un texto final transaccional que esperamos sea aprobado por unanimidad y que mandata, como ya he dicho -con esto acabo- a que en el seno de la Comisión
Constitucional se cree una subcomisión parlamentaria para el estudio de las reformas necesarias a introducir en nuestra ley y en nuestros reglamentos y que haya una máxima eficacia,
una máxima facilidad en el ejercicio del derecho de sufragio de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jáuregui.
Continuamos, señorías, con la defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, para el Grupo de Coalición Canaria la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista responde a su interés, pues atiende la problemática no solamente de Canarias, sino también la de otras comunidades autónomas, como
decía en mi anterior intervención ante la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, como Galicia, Asturias, Madrid, el País Vasco o Canarias, que históricamente han dado un cupo de emigrantes muy fuerte hacia distintas repúblicas y países
iberoamericanos. En línea con los argumentos con que hemos apoyado la anterior iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego, estamos en la misma sintonía de apoyar esta iniciativa que nos trae ahora, defendida atentamente por el señor
Jáuregui, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tengo que agradecer al señor Jáuregui el ambiente conciliador con que ha aceptado las distintas enmiendas. La que presenta Coalición Canaria trata de subsanar uno de los problemas operativos y de procedimiento que se están planteando en las
últimas elecciones. Citaba el caso del voto por correo. Se refiere fundamentalmente al voto denominado CERA, es decir, al voto de los electores residentes ausentes en estos países, en que por una serie de problemas mecánicos y de procedimiento
llegan tarde para el escrutinio. Pasó en las últimas elecciones locales en Canarias, en que el avión encargado del transporte de las sacas de los votos por correo de los residentes ausentes de nacionalidad española, residentes concretamente en
Venezuela, resultaron totalmente nulos e inoperantes, contraviniendo el principio que se señala en el artículo 23 de nuestra norma constitucional. Una de las cuestiones a corregir es la unificación de todos los procedimientos, pues resulta que las
elecciones locales tienen unos plazos determinados y la generales, las europeas o las de referéndum otros, pero sobre todo los que resultan más perjudicados son aquellos votos para las elecciones locales que son computados por las mesas dentro de un
período de tiempo. Si falla el medio de transporte desde esos lejanos países hasta cada una de las mesas electorales, que tienen que hacer los recuentos correspondientes, desde luego se corre el riesgo de pervertir un derecho constitucional por una
cuestión puramente material, técnica o como se le quiera llamar. Por tanto, el legislador también tiene que prever eso. En este caso, nosotros sumamos nuestra enmienda al texto original de la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
respetamos plenamente el texto y añadimos un párrafo que trata de homogeneizar los procedimientos y los plazos de los distintos procesos electorales, de los electores residentes ausentes, de manera que dé suficiente tiempo para que se puedan
computar los votos emitidos por correo. Sin perjuicio de otras medidas, vemos que en el texto consensuado que ha ofertado aquí el señor Jáuregui, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, se recoge también una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, que nos parece muy sensata porque propone la creación de una subcomisión parlamentaria para que estudie esta materia -además de que el Gobierno lo tenga en cuenta en su momento-, para que sea el Congreso de los Diputados el que elabore una
iniciativa en la que se recojan estas cuestiones. Esto satisface el interés del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Si también hay aceptación por el Grupo Parlamentario Popular, nosotros apoyamos su enmienda y la recogeríamos integrándola
con la nuestra en este texto consensuado, porque es la mejor manera de dar una respuesta positiva. Respondemos al señor Jáuregui con la misma generosidad de entendimiento en la búsqueda de un consenso y de un texto unitario entre quienes hemos
presentado las enmiendas, señora presidenta, y acogeríamos favorablemente esta enmienda transaccional que ensambla los planteamientos que hacía el grupo proponente con los del Grupo Parlamentario Popular y con los del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Por tanto, nos resultaría muy grato, cómodo y afortunado que el Pleno de la Cámara lo aprobara por unanimidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del señor Bermúdez de Castro, en defensa de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a esta proposición no de ley.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos de nuevo esta tarde una iniciativa que guarda relación con el derecho de voto de los españoles que residen en el extranjero y que afecta a la vigente normativa electoral. Una iniciativa que pretende facilitar -y por ello
favorecer- el ejercicio del derecho de sufragio de aquellos españoles que viven de manera temporal fuera de nuestro país, quienes en la actualidad, con la vigente legislación electoral en la mano, tienen muchas dificultades a la hora de hacer
efectivo su derecho al voto, tal como ha explicado con meridiana claridad el portavoz del grupo proponente, señor Jáuregui. Adelanto que recibimos
favorablemente esta proposición, porque el Grupo Parlamentario Popular siempre estará dispuesto a apoyar todas cuantas iniciativas tiendan a remover obstáculos para que los ciudadanos puedan ejercer en libertad todos sus derechos. Todos
ellos y, entre ellos, desde luego, el derecho de sufragio, que es la máxima expresión del derecho fundamental a la participación política y que es la expresión misma de la democracia. Esta iniciativa persigue precisamente eso, facilitar el
ejercicio de dicho derecho, por lo que contará con todo nuestro apoyo.
De la misma manera, también hemos manifestado en múltiples ocasiones que el consenso -el máximo consenso diría yo- es básico a la hora de abordar reformas que afectan a las reglas del juego del sistema democrático. De hecho es en estas
ocasiones cuando los partidos políticos, sea cual sea la representación parlamentaria que en cada momento ostenten, debemos mostrar nuestro compromiso, no solo con los derechos de los ciudadanos, sino también con la necesidad de dar certidumbre y
estabilidad a la normativa que regula el procedimiento electoral. Señorías, desde 1985, año en que se aprobó la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ha procedido en más de diez ocasiones a su modificación parcial y en todas ellas
se ha contado con un amplísimo respaldo parlamentario. Una ley fundamental para todo Estado democrático que ha desarrollado, también aquí, una función básica y esencial, por lo que el consenso se configura como un elemento nuclear a la hora de
abordar cualquier propuesta de reforma. Sin embargo, transcurridos ya veinte años desde su entrada en vigor y teniendo en cuenta la casuística y la experiencia acumulada a lo largo de estos años, entendemos que es razonable que dediquemos un tiempo
a estudiar y a debatir de manera serena y responsable todas aquellas reformas que tiendan a mejorar y a actualizar la vigente normativa electoral en aras, precisamente, a facilitar el derecho fundamental de sufragio de los ciudadanos españoles, y
que además abordemos este debate de forma conjunta y no parcialmente, porque no parece que tenga mucho sentido estar debatiendo semana tras semana iniciativas y propuestas de los distintos grupos que afectan a la misma materia. Ese es precisamente
el espíritu, la razón de ser de la enmienda de adición que hemos presentado y que se recoge también en la enmienda transaccional que entre todos los grupos hemos elaborado, que tiene por objeto, como SS.SS. conocen, crear una subcomisión en el seno
de la Comisión Constitucional para que abordemos las posibles reformas que mejoren nuestra legislación electoral en aras precisamente a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos; una enmienda que no perseguía ninguna
notoriedad, pues entendemos que es una idea compartida por la mayoría de los grupos e incluso formulada anteriormente en esta misma tribuna por varios portavoces de distintos grupos parlamentarios, pero que perseguía que esa reflexión que era
compartida por la mayoría de los grupos quedase formalizada aquí, en sede parlamentaria. Sin duda una de esas posibles reformas que deberemos abordar es la que hoy nos propone a debate el Grupo Socialista y que pretende resolver un problema
relacionado con el ejercicio efectivo del derecho al voto del conjunto de los estudiantes desplazados en el extranjero. Estamos además ante un problema que se ha ido ampliando, amplificando año a año como consecuencia de las mayores facilidades que
encuentran los jóvenes para cursar estudios fuera de España; un problema que afecta a los estudiantes acogidos al programa Erasmus, pero que también afecta a otros españoles que residen temporalmente en el extranjero, bien sea por motivos
profesionales o por motivos familiares, e incluso también a miembros de organizaciones no gubernamentales que se encuentran en la misma situación, que tienen las mismas dificultades que los estudiantes para ejercitar su derecho al voto.
Pues bien, el Real Decreto 3425/2000, al que ya se ha hecho mención en esta tribuna, a nuestro juicio fue un avance muy importante en el objetivo de mejorar, de extender la protección diplomática y consular a los españoles que viven en el
extranjero. Con él se adaptaron los registros de matrícula consular a los cambios introducidos como consecuencia de la creación del padrón de españoles residentes en el extranjero o de la conformación del Consejo de Empadronamiento; se introdujo
también la posibilidad de que los españoles que se encontrasen en el extranjero de manera temporal se pudieran inscribir con la categoría de no residentes, manteniendo su inscripción censal en España, sustituyendo así a la figura de los transeúntes
que había venido siendo recogida de manera sucesiva e ininterrumpida en nuestra legislación desde mediados del siglo?XIX, y sirvió, en definitiva, para definir claramente los procedimientos de inscripción en cada uno de los registros. Sin embargo,
pasados cinco años desde su aprobación es evidente, como se ha puesto de manifiesto esta tarde, que quedan aún problemas por resolver y uno de ellos desde luego es el que hoy nos plantea el Grupo Socialista.
Hay varias soluciones para ello. Una de ellas podría ser que desde la oficina consular pudiese tramitarse directamente el voto por correo, pero pudiera no ser la única solución. En cualquier caso, reitero que esta y otras cuestiones
relacionadas con la normativa electoral no deben abordarse de manera aislada o separada, sino de forma conjunta, pues muchas de las iniciativas que estamos debatiendo respecto a los españoles que residen de manera temporal o habitual en el
extranjero, o incluso en relación al personal embarcado, guardan relación con el mismo procedimiento, con el procedimiento para emitir el voto por correspondencia, como muy bien recordaba hace unos minutos el señor Mardones desde esta tribuna.
Además no nos limitemos a esperar la propuesta del Gobierno en las cuestiones
que pudiéramos plantearle desde esta Cámara, sino que seamos nosotros, los grupos políticos, los grupos parlamentarios, quienes asumamos la responsabilidad de debatir y dar respuesta a estos problemas sin perjuicio, claro está, de poder
solicitar informes o consejo, si así lo considerásemos oportuno, bien al propio Gobierno o a otras instituciones como pudiera ser la Junta Electoral Central.
En definitiva, nuestro grupo irá a esa subcomisión con el mejor ánimo, dispuestos a aportar ideas y soluciones a los problemas planteados y a valorar también las que realicen el resto de los grupos, pero también conscientes de la necesidad
de que cualquier propuesta de modificación de la Ley Electoral deberá contar con el máximo respaldo, porque no estamos hablando, señorías, de una ley cualquiera, en la medida en que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General forma parte de
aquellas pocas leyes que conforman la médula espinal de las reglas del juego de nuestro sistema democrático, por lo que el consenso deberá ser además una condición necesaria e imprescindible para su reforma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Continuamos con la defensa de la última enmienda presentada. Señor Rodríguez Sánchez, es su turno en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral, la Loreg, todos sabemos que disciplina el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos españoles que se encuentran fuera del territorio estatal a través principalmente del censo de residentes
ausentes, del cual estuvimos hablando en el punto anterior. La regulación establecida al efecto, sin embargo -y creo que esto es incontestable-, adolece de lagunas y deficiencias, como evidencia el propio hecho de que estamos continuamente
debatiendo esta cuestión.
Pero quiero traer a esta Cámara de forma especial las palabras que se pronunciaron en la sesión plenaria del 19 de junio de 2001, con motivo del debate que tuvo lugar en relación con el voto de los inscritos en el censo de
residentes ausentes, sin que llegara a aprobarse entonces resolución alguna. En la citada sesión, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco apuntó que la imperiosa y casi generalizadamente compartida necesidad de revisar y actualizar la Loreg,
debía incluir -y cito textualmente- las modificaciones que fueran necesarias para regular el voto de los residentes no ausentes, pero que en el momento de las elecciones se encuentran circunstancialmente en el extranjero, sin que vivan en él. Me
refiero fundamentalmente -decía- al problema de los navegantes, de los marineros y de los estudiantes en los que concurre esta circunstancia, un problema real que impide el voto efectivo a muchísima gente y que es distinto al de los residentes
ausentes. Esta es la cita literal.
Las dificultades para el ejercicio del derecho de sufragio se producen fundamentalmente en relación con los siguientes colectivos. En primer lugar, el personal embarcado en buques de pabellón español que durante el período comprendido entre
el momento de la convocatoria de las elecciones y de su celebración atraquen puertos previamente conocidos del territorio del Estado. En segundo lugar, el personal embarcado en buques de pabellón español en quienes no se dé la circunstancia
señalada en el punto anterior. Y, por fin, el personal embarcado en buques de pabellón extranjero, además de los ciudadanos que, sin ostentar la condición de electores residentes ausentes, se encuentran en el extranjero en el momento de la
convocatoria de las elecciones, únicos ciudadanos a los que se refería inicialmente la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
El voto del colectivo incluido en el punto a) al que se refiere la habilitación contenida en el artículo 74, inciso segundo, de la Loreg, que encomienda al Gobierno establecer las especialidades necesarias para el voto por correo del
personal embarcado en buques de la Armada, de la marina mercante española o de la flota pesquera, se encuentra regulado en el Decreto?605/1999, de 16 de abril, por el que se establece la regulación complementaria de los procesos electorales. El
régimen establecido en el artículo 9 de este precepto resulta, sin embargo, tan extremadamente rígido y formalista que de hecho disuade a una gran parte de los incluídos en su ámbito de aplicación a ejercer el derecho de voto.
Este es el motivo que
nos llevó a presentar esta enmienda de adición, donde se dice que se insta al Gobierno a abordar las modificaciones necesarias para permitir el ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos que se encuentren embarcados, tanto en buques de
pabellón español como extranjero, en el momento de celebrarse los distintos procesos electorales. Celebramos que esta enmienda sea integrada ahora en esta transaccional que, curiosamente y de forma irónica, acaba siendo una globalización de todos
los problemas que se plantean con los residentes ausentes y también con los residentes temporalmente ausentes; en definitiva, debatir el tema que discutimos en el punto anterior de nuestra proposición de ley. Lo digo porque es curioso que se
adujera para no debatir acumuladamente una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego que trataba de instar al Gobierno a solucionar todos los problemas de los residentes ausentes y de los residentes transitorios en otras partes del Estado
español. Y ahora se tiene que reconocer que todos esos temas deben debatirse de forma global. Solamente esperamos que esta subcomisión no se eternice en el tiempo, que sus resultados prácticos sean fehacientes y que el Gobierno lo asuma de una
forma práctica, de tal
manera que dentro de un año no nos veamos en estos mismos debates que realmente lo único que indican es que no hay un interés explícito por parte de los gobiernos de turno para solucionar de una vez por todas estas graves carencias de tipo
democrático.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Herrera en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la transacción a la que ha llegado en este caso el Grupo Socialista con el resto de los grupos parlamentarios y lo vamos a hacer en función de los argumentos que he dado en mi anterior
intervención en torno a la proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego. Pensamos que estas medidas son necesarias para los nacionales españoles temporalmente ausentes, para los ciudadanos que se encuentran embarcados.
Quiero hacer una primera consideración ante los argumentos que a veces se dan por parte del grupo mayoritario en la Cámara sobre la creación de la subcomisión. Nosotros celebramos que en este caso se vuelva a crear una subcomisión sobre la
materia, pero diría que en muchos casos, de forma reiterada además -no solo a nuestro grupo parlamentario-, se nos ha hablado de la no pertinencia de la creación de nuevas subcomisiones. Por tanto, quisiera poner el acento en este elemento formal
pero importante.
Nosotros vamos a votar favorablemente la creación de una nueva subcomisión, pero tenemos alguna duda de que sea precisamente el mecanismo más apropiado.
La segunda consideración, precisamente en torno a la subcomisión para analizar el detalle de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en aras a facilitar el derecho de sufragio de los ciudadanos, es que a mi grupo parlamentario le
gustaría destacar que este no es el único déficit en materia electoral; son muchos los déficits que tenemos... Perdón, es que me acaban de comunicar Habemus Papam y no solo eso sino quién es el protagonista en la materia. No voy a opinar, pero la
verdad es que creo que no vamos a mejor. Más allá de esta comunicación, lo que diría -ante la constatación de que no vamos a mejor, por supuesto que no- es que en materia electoral la reforma de la Loreg no es lo único que se debería tratar, que lo
que se tiene que debatir precisamente son muchos otros elementos que hoy suponen un perjuicio clarísimo para el correcto desarrollo de la democracia. Hay elementos de participación, hay elementos de mayor proporcionalidad, de mejor representación
que también creemos que se deberían tratar en esta nueva subcomisión y que nos hubiese gustado que se hubiesen incorporado en la transacción.
Termino con esta información que les confieso que me ha impactado mucho.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De hecho me acabo de enterar por usted, señor Herrera. Muchas gracias.
Señorías, continuamos con la fijación de posiciones. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Haciendo mía la referencia al fuerte impacto que ha producido en mí la noticia que acaba de difundirse por la Cámara, paso a fijar la posición de mi grupo en relación con la iniciativa que debatimos.
A este respecto hay que decir que resulta difícil no guardar un mínimo de coherencia en este debate en relación con las posiciones que se han mantenido en el punto inmediatamente anterior del orden del día, porque la cuestión que en el fondo
se planteaba allí coincide básica y sustancialmente con la que suscita el debate de esta iniciativa que ahora tratamos. Y hablando de coherencia, es obligado tener también coherencia no solamente con las posiciones mantenidas en los puntos
inmediatamente anteriores sino con las posiciones que este grupo ha venido sosteniendo en la pasada legislatura en relación con el tema que suscita nuestra intervención en este momento.
La iniciativa que se somete a la consideración de la Cámara parte de un presupuesto y hace una proposición. El presupuesto es el de que el ejercicio del derecho de sufragio por parte de los ciudadanos temporalmente ausentes requiere de una
revisión. Requiere que los grupos parlamentarios nos unamos y analicemos las diferentes posibilidades que se plantean para corregir los defectos que la legislación actual, voluntaria o involuntariamente, ha generado en el ejercicio del derecho al
voto por parte de este colectivo de personas. La proposición es la de que para corregir la situación no es necesario abordar reformas legislativas, no es necesario tocar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Coincidiendo totalmente con el
presupuesto, diferimos de la proposición, pero hay una enmienda transaccional que corrige esta discrepancia nuestra y que plantea abiertamente la posibilidad de que el análisis, de que el estudio de la situación pueda llevar a la formulación de una
propuesta de reforma incluso de la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En concreto en lo que se refiere al voto de los ciudadanos temporalmente ausentes existe el artículo 39 que podría requerir alguna revisión o incluso una
modificación formal. La cuestión, insisto, ha sido debatida en muchas ocasiones. Nuestro grupo ha planteado numerosas iniciativas
en relación, por ejemplo, con el personal embarcado: una a la que ha hecho referencia el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, otra en relación con el voto de los invidentes, que fue debatida y votada en esta Cámara hace todavía
relativamente poco tiempo, etcétera.
Hay un mandato constitucional, el recogido en el punto 5 del artículo 68, que encomienda al legislador y ordena a todos los poderes del Estado la tarea de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio por parte de los españoles que se
encuentren fuera del territorio nacional. Por tanto, es obligado el análisis de la situación, es imprescindible que nos reunamos cuanto antes y el apoyo por parte de nuestro grupo es inevitable. Por consiguiente, muestro el apoyo de mi grupo a la
proposición no de ley, esperando que contrariamente a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en la legislatura pasada de manera especial, la subcomisión no se cree sin fin determinado y que todos nos comprometamos a trabajar activamente, a fin de
que pueda fructificar en algo que sea positivo y que redunde en el mejor ejercicio del derecho al sufragio por parte de estos colectivos que, como se ha puesto de manifiesto en el debate, se incrementan notablemente a lo largo del tiempo, sin que la
legislación y la práctica administrativa haya podido darles una solución adecuada hasta el momento presente.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Erkoreka.
Continuamos con el turno de Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Canet, adelante.
El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.
Celebramos el consenso que se ha logrado alcanzar a partir de la casuística inicial de los 3.200 inscritos en el programa Erasmus, así como que la creación de la subcomisión concite tantas adhesiones. No reiterando argumentos, apelamos,
como también se acaba de hacer, a que los trabajos de la subcomisión cristalicen y que el proceso finalice con la reforma de la Loreg, que es lo que parece que todo el mundo quiere.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Canet. Muchas gracias.
Finalmente, el turno del señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para expresar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley, después del redactado final al que se ha llegado, que creo que es muy positivo, porque hace un momento en el debate de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente del Bloque Nacionalista Galego, apuntábamos algunas medidas de urgente reforma legal y se invocaba la necesidad de plantear una reforma global. Precisamente a partir de un redactado
inicial importante, que nacía de una cierta casuística también importante que se observó en las últimas elecciones europeas, concretamente el caso de los estudiantes Erasmus o el caso de las personas que se encuentran embarcadas en el momento de
realizarse los procesos electorales, a partir de esta casuística concreta con la incorporación del segundo punto hemos llegado a un acuerdo importante. De hecho, para no reiterarme en mi discurso y en el planteamiento -perdónenme la remisión-, me
remito a lo que he expresado en la fijación de posición de mi grupo parlamentario en la anterior intervención, en el sentido de la necesidad de generar un consenso y definir el perímetro de lo que es posible reformar en un aspecto tan importante en
la dinámica democrática como es la Ley Electoral, el perímetro de lo reformable durante esta legislatura.
Evidentemente, estará incluido todo lo referido al?CERA, todo lo relativo al mandato que nació en primera instancia en la Comisión
Constituciónal a raíz de una iniciativa de este grupo parlamentario, que se discutió y se aprobó en el Pleno, sobre el derecho al voto secreto para invidentes, y todo esto plantea unas reformas importantes.
Sus señorías saben que no es una reforma sobre el conjunto de lo que hemos planteado en la anterior intervención, por ejemplo, sobre los compromisos de la vicepresidenta del Gobierno de afrontar una reforma en dos ámbitos, tal y como planteó
en su comparecencia en la Comisión Constitucional el día 10 de mayo del año 2004, me refiero a la paridad de género en las listas electorales, proceso electoral que se está tramitando en las Cortes Generales, pero también unas reformas en el ámbito
de las elecciones municipales, que quiero recordar que es compromiso del Gobierno, que es programa de Gobierno. Como sea, la modesta aportación de este grupo parlamentario al redactado transaccionado entre los distintos grupos, entre el grupo
proponente y los grupos enmendantes, va en la línea que apuntaba el diputado Erkoreka, en el sentido de que esta subcomisión se reúna cuanto antes y que este trabajo no sea un trabajo sin fin. Por tanto, en orden a acotar estos trabajos proponemos
que en el apartado segundo, tercera línea, del texto que disponen SS.SS, cuando se insta a elaborar un informe, se incorpore un mandato: un informe, en un plazo no superior a un año. Con lo cual me permito formular a la Presidencia una enmienda in
voce sobre esta transaccional que creo que tendrá una acogida favorable por parte de los otros grupos parlamentarios. Como decía también anteriormente, una modificación electoral requiere calma, y precisamente el próximo año, sin ningunas
elecciones de ámbito general español a la vista, es un buen momento para automandatarnos
el cumplir con esta reforma electoral en un plazo razonable, en un plazo máximo de un año.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Xuclà.
Señorías, señor Jáuregui, someteremos a votación la enmienda transaccional última que me han hecho llegar con este matiz de carácter temporal y, finalmente, firmada por todos los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias, señor Jáuregui.
Eso es lo que someteremos a votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL APOYO A PRESTAR AL GRAN FORO PÚBLICO A CELEBRAR EN CUBA EL 20 DE MAYO. (Número de expediente 162/000313.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la última proposición no de ley del día de hoy, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a prestar al gran foro público a celebrar en Cuba el 20 de mayo.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, la iniciativa que presenta mi grupo y que SS.SS. habrán leído, obedece a un compromiso con la democracia y la libertad que distintas fuerzas políticas aquí representadas han manifestado de forma reiterada.
En este sentido,
entendemos que la iniciativa que lidera Marta Beatriz Roque, la llamada Asamblea para la promoción de la sociedad civil cubana, es un paso hacia el objetivo que todos públicamente decimos compartir, es decir, una transición pacífica a la democracia
en donde el protagonismo lo tengan los ciudadanos cubanos. En este sentido, creo que es obligación de aquellos que creemos en lo que decimos -y así lo establece la propia posición común de la Unión Europea fijada en 1996 y todavía vigente-
estimular, apoyar y ofrecer respaldo a todas aquellas iniciativas pacíficas que signifiquen abrir el debate cívico en la sociedad cubana.
Este es el diálogo que nosotros entendemos que corresponde a los verdaderos demócratas y este es el espíritu
de la política de la Unión Europea, fijada, como decía, en la posición común de 1996 y también de la Constitución europea. Mi grupo respalda todas las iniciativas que vayan en esa dirección. Así, es conocido cómo el Partido Popular apoya el
diálogo nacional que impulsa Osvaldo Payá y el llamado proyecto Varela, pero también ese apoyo singular a una formación integrada en nuestra internacional no excluye que nosotros también prestemos aliento, apoyo y estímulo a aquellos ciudadanos
cubanos que, desde el interior de la isla y con posiciones ideológicas distintas a las mías, promuevan el diálogo y el debate interno acerca del futuro democrático de Cuba. Nosotros no juzgamos la idoneidad de las personas que lo protagonizan ni su
ideología, como decía, por comparación con la nuestra. Nosotros apoyamos a los demócratas y en el caso de Marta Beatriz Roque todo el mundo conoce su orientación socialdemócrata. A nosotros lo que nos importa no son esos apellidos ideológicos;
mejor dicho, nos importa la segunda parte del apellido: los demócratas.
La asamblea agrupa a 365 organizaciones de la sociedad civil cubana que, obviamente, no han recibido el reconocimiento oficial de un Estado, de un régimen totalitario que no permite el dinamismo que toda sociedad -y la cubana no va a ser
menos- puede generar en una sociedad moderna. Estas 365 organizaciones de la sociedad civil representan la idea de pluralidad que nosotros entendemos que esta asamblea concita. Pero lo importante es que existen, aunque no sean reconocidas
oficialmente. Incluso si alguno no tiene esa información, yo le puedo adjuntar la lista de las mismas y comprobarán ustedes mismos la pluralidad de la convocatoria. Una rápida lectura por orden alfabético y nos encontramos con la Asociación
Independiente Medioambiental, la Alianza Democrática Sanjuanera, Farmacia Humanitaria Independiente Candelaria, Movimiento de la Reconciliación Nacional Morena, Movimiento Nacional del Pueblo Libre de Cuba Josué País, Movimiento de Integración
Racial, en definitiva, pluralidad. ¿Cuáles son los objetivos y las líneas de acción de la asamblea? Entre otros, y así lo han declarado los organizadores, la formación de una verdadera cultura democrática para prepararse para la transición; la
comunicación interna entre los grupos precisamente para fomentar la sociedad civil; combatir y debatir acerca de las estrategias y las políticas acertadas para luchar contra la pobreza y la miseria que padece la sociedad cubana; debatir incluso
acerca de la protección del medio ambiente cubano, como un activo del propio pueblo que todo el mundo coincide en señalar que en el futuro será una fuente de riqueza que deberá llegar a todos los cubanos, y también promover una verdadera cultura
sobre los derechos de los trabajadores.
Sabemos que la asamblea del 20 de mayo puede ser reprimida y por eso creemos que los organizadores necesitan del aliento internacional para neutralizar, en cierta medida, esa represión. También sabemos que el dictador intentará reventar la
asamblea utilizando todos los recursos de un Estado totalitario. No nos llamemos a engaño. Esto puede ser complicado y el régimen puede utilizar esta convocatoria mediante la delación, la infiltración y todas las técnicas posibles de manipulación
que 46 años de dictadura han permitido desarrollar a este régimen totalitario. Es bueno -y esta es la razón de esta iniciativa- que el pueblo cubano sepa que el pueblo español está comprometido con su futuro democrático y votar que sí a la
iniciativa que hoy presentamos
aquí serviría para que se despejasen las dudas acerca de la sinceridad de ese compromiso democrático que varias formaciones políticas aquí representadas hemos manifestado de forma reiterada, y en este caso me dirijo especialmente al Grupo
Parlamentario Socialista. Sinceramente, creo que no es bueno que esta iniciativa sea respaldada solo por el Grupo Popular. Se lo digo en serio. Creo que sería bueno que varias formaciones políticas suscribiesen ese compromiso y esta iniciativa,
créanme, tiene vocación inclusiva. A nadie se le oculta que si yo como representante de mi grupo solicito un visado para asistir a esa asamblea seguramente me será denegado, pero es muy probable que si SS.SS. hacen lo mismo conciten en ese caso
otro tipo de respuesta, y creo que eso es lo importante y lo que esperan los convocantes de la reunión. Por lo tanto estoy convencido de que muchas señorías comparten en su fuero interno esta iniciativa y lo único que necesitan para votarla y
respaldarla es el coraje democrático necesario. Yo entiendo que la disciplina de partido en este caso a veces es muy férrea, pero en este templo de la democracia cuando se habla de cosas básicas deberíamos actuar en consecuencia. Lo único que les
pido a la hora de reflexionar sobre su voto es que establezcan el orden de prioridades correcto, es decir que a la hora de votar no prevalezca sobre su dedo su voluntad de votar contra el PP, sino la necesidad de apoyar el esfuerzo de estos quijotes
del Caribe, en palabras de Raúl Rivero, que se juegan la vida por comenzar a trabajar pacíficamente por una transición a la democracia, pero sobre todo no olviden su propia experiencia en la España del tardo-franquismo aquellos que la vivieron, y
que muchos de ustedes esperaban de los demócratas europeos una respuesta firme de apoyo a todas las iniciativas cuando aquí demócratas se jugaban la vida defendiendo la libertad de todos, cuando este Parlamento no era un verdadero parlamento. En
definitiva yo no quiero dejar de aprovechar la oportunidad que se me brinda en un momento tan importante como este, en el que un nuevo Papa ha sido elegido en la Ciudad del Vaticano, mencionando que el entonces cardenal Joseph Ratzinger tuvo la
experiencia, que espero que contribuya también a la defensa de la libertad del pueblo cubano, de ser perseguido por los nazis porque desertó, y en este sentido fue un disidente, por lo que creo que su experiencia vital es un activo para la lucha por
la democracia en Cuba también.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Moragas.
Continuamos, señorías, con los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Por lo tanto, para su defensa, comenzamos con el turno del señor Xuclà en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para presentar la enmienda de sustitución al redactado planteado por el Grupo Popular sobre la actuación política de Cuba en general y sobre la perspectiva
de una actividad interna allí, sobre la cual más bien hay dudas de que se pueda desarrollar con todas las garantías y con toda la libertad. Si me permiten, antes de hablar de esta actividad y del mes de mayo querría hacer unas breves reflexiones
sobre Cuba, sobre la política española, sobre Cuba respecto a la política española y sobre la política española respecto a Cuba, sobre los consensos posibles y sobre los disensos a partir de los cuales a veces se construyen también los discursos
políticos en esta Cámara en política exterior.
Desde hace un cierto tiempo la situación actual de Cuba se ha convertido más en un elemento de confrontación en la política interna que en un elemento de consenso entre los diversos ángulos del arco parlamentario.
Este debate ha tenido
algunos puntos y algunas aristas importantes durante este año de legislatura, pero hoy se está desarrollando con un tono sosegado, aunque la literalidad de la proposición no de ley tiene otro tono distinto al expresado por el proponente, el diputado
Moragas.
Creo que en cuanto al tema de Cuba sería importante, atendiendo al redactado de esta exposición de motivos y al petitum, que hiciéramos una reflexión sobre aquello que puede hacer un parlamento respecto a una declaración política de
posicionamiento en política exterior y diferenciar cuándo vamos más allá de este posicionamiento legítimo y recomendable en el ámbito de unas sociedades abiertas y cuándo entramos propiamente en la intromisión en la lógica de otro Estado, por mucho
que no sea democrático o tenga unos puntos de vista en cuanto a la política que no compartamos. Durante los años 90 se desarrolló la teoría del derecho de intromisión y de injerencia en casos excepcionales, algo novedoso en derecho internacional.
Evidentemente no estamos hablando en ningún momento de la posibilidad de plantear el derecho de injerencia, pero nos encontramos en el límite y tenemos que deslindar lo que es posible hacer en este Parlamento: fijar un posicionamiento sobre la
situación de Cuba, con el deseo de que se avance hacia un escenario de democracia en Cuba y ante la necesidad de que en cualquier parte del mundo se respeten los derechos humanos. Esta reflexión vale para este debate, pero en general para muchas
discusiones del Pleno o de la Comisión de Exteriores. En este sentido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha planteado una enmienda de sustitución que es bastante más acorde con el límite de lo que es posible manifestar desde este
Parlamento. Con todo el respeto para el Grupo Popular y para el diputado Moragas, creo que este Parlamento no puede instar al Gobierno a apoyar una actividad política propia de
otro Estado, financiando económicamente a cualquier parlamentario, periodista, representante de la sociedad civil o personas que a título individual o colectivo deseen asistir a esta actividad en otro Estado.
Por ello, nos hemos permitido
plantear un redactado alternativo, de sustitución, que saluda con esperanza la celebración de este Foro para la democracia en Cuba, que insta al Gobierno a tomar nota del deseo de una parte importante de la sociedad cubana de promover el pluralismo
político y también a realizar cuantas gestiones diplomáticas sean necesarias para observar una evolución de Cuba hacia formas de Gobierno democráticas.
Creo que este redactado no siendo el mejor del mundo se sitúa en el límite de lo que es posible
manifestar, respetando la soberanía y los regímenes políticos de otros Estados, desde el deseo de desarrollar formas democráticas de vida en Cuba.
Creo que Cuba, como les decía al principio, se ha convertido en arma arrojadiza en el debate político español (lo digo en presente, aunque quizá lo tendríamos que decir en pasado), en lo que coincidirán gran parte de los distintos grupos
parlamentarios. No sé si es de un 70 o de un 80 por ciento, pero el deseo del respeto a los derechos humanos y el planteamiento que se está desarrollando de los derechos de tercera generación y de empezar a considerar el derecho a vivir en
democracia como un derecho individual, el derecho a vivir en un marco con garantías donde se pueda expresar una persona y desarrollarse con total libertad como un derecho individual es compartido por el conjunto de la Cámara. En estos últimos meses
hemos visto como ha habido posiciones de consenso sobre Cuba. Raúl Rivero está en estos momentos en España porque antes de las elecciones del día 14 de marzo el actual presidente del Gobierno y también el jefe de la oposición se comprometieron a
hacer una acción conjunta para lograr en primer lugar la liberación del mayor número posible de los 75 presos que fueron detenidos en el mes de marzo de 2003 estrictamente por una cuestión de conciencia y de libertad de expresión, y concretamente la
liberación de Raúl Rivero.
Ustedes ven que el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sirve para intentar aproximar posiciones, para intentar subrayar que hay muchos puntos de consenso, sirve para intentar indicar que no es necesario somatizar un
tema de política internacional como un elemento de desgaste en la dialéctica de la política española y sirve para plantear también un redactado alternativo que está en el ámbito y perímetro de lo posible. Nuestro grupo parlamentario ha querido
repasar los posicionamientos de otros parlamentos y las acciones de otros gobiernos, pero no hemos encontrado ningún gobierno de la Unión Europea, ningún gobierno de nuestro entorno geopolítico que esté impulsando la participación de parlamentarios,
periodistas y representantes de la sociedad civil ante una actividad de los grupos opositores cubanos. Por esto, con el mejor estilo posible, proponemos esta enmienda de sustitución, insisto (y SS.SS. verán que no he entrado mucho en el fondo de
la cuestión porque llevamos un año discutiéndolo en la Comisión de Exteriores y en este Pleno), para ver lo que es posible acordar y aproximar posiciones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Xuclà.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para la defensa de su enmienda a esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar debo reconocer que algo hemos avanzado en esta Cámara cuando una cuestión que ha sido objeto de debates agrios, de debates tensos es ahora materia de un debate sereno, sosegado, en el que podemos expresar nuestros
distintos puntos de vista sin tener que elevar el tono, sin tener que abrir orillas que nos separen. A lo largo de estos últimos meses hemos generado una masa crítica muy importante que nos permite haber expresado posiciones comunes sobre Cuba que
suponen un avance sustancial, un entendimiento sustancial; en algún momento alguien llegó a decir que se había vuelto al consenso en política exterior. Yo no creo que un posible desacuerdo en torno a esta proposición no de ley del Grupo Popular
represente una quiebra de ese consenso, en absoluto; simplemente es un parón, quizá para tomar aliento y seguir avanzando.
Quería decir dos cosas. En primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular estará conmigo en que después de los
textos que ha aprobado esta Cámara en la Comisión de Exteriores y en el Pleno no hay nada que nos separe en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos en Cuba, nada; no hay nadie que los defienda con más intensidad, con más vehemencia,
ni que esté más en posesión de la verdad. Podremos tener diferencias de estrategias. Su señoría citaba a la Iglesia católica, hoy de enhorabuena por la elección del Papa, pero recordemos que su antecesor, a diferencia de la doctrina que impulsó el
anterior Gobierno de España, decidió que era importante para promover el cambio en Cuba mantener relaciones al máximo nivel e hizo un gesto de presencia política, porque era política, aunque tuviera una dimensión pastoral. Por tanto nada hay ahí
que nos separe. Votar si o votar no a esta proposición no de ley, siempre y cuando sea por razones fundadas, no representa ni un ápice más de mayor compromiso con las libertades en Cuba. El compromiso es incuestionable; saquémoslo del debate, no
forma parte de la cuestión.
Podemos discutir de estrategias. Segunda cuestión. Hablaba S.S. de votar contra el PP. Quiero confesarle que durante los seis primeros meses yo disfrutaba mucho votando contra el
Grupo Popular, pero la verdad es que ya no encuentro ese placer, no lo encuentro permanentemente. Tenemos que discutir; habrá ocasiones en que estemos en posiciones encontradas, pero ya no es cuestión de buscar el placer en la discrepancia
o de vencer en votaciones por siete a uno, de verdad que no.
Centrándome en la propuesta que nos trae el Grupo Popular, el señor Xuclá planteaba los elementos débiles de esta proposición no de ley. Si se pide que el Gobierno facilite lo que se está diciendo no es que les dé un visado, puesto que no
necesitan un visado español sino uno cubano; entiendo que se está diciendo que se les pague el billete, o que les regalen la mochila para que viajen con un billete. Creo que no procede hacerlo, estoy completamente de acuerdo con el señor Xuclá.
Ese es un elemento de importancia para que no estemos de acuerdo en esta proposición no de ley; sin embargo hay otra razón de fondo. Estamos de acuerdo en apoyar el impulso a las libertades en Cuba, en mantener un diálogo permanente con lo que
algunos llaman la disidencia y otros las organizaciones independientes, es decir que no tienen nada que ver con el régimen. Ese diálogo, dentro de la estrategia sobre la que hemos llegado aquí a la conclusión que es la más adecuada, se viene
realizando en la Unión Europea por medio de los embajadores de los 15 países acreditados en La Habana y con todos los representantes de las organizaciones representativas (valga la redundancia) de la disidencia o de los grupos independientes, sin
exclusión, propiciando sinergias entre ellos, favoreciendo el entendimiento entre ellos, impulsando plataformas comunes que les permitan superar sus discrepancias, que son evidentes. Como usted dice, nada importan los apellidos ideológicos; es
verdad, no importan nada. Nosotros hemos estado apoyando y defendiendo muchas de las cosas que plantea Osvaldo Payá que, como usted decía, es miembro destacado de su internacional; no sé si de la demócratacristiana, de la conservadora o de la
liberal-conservadora, pero de la misma internacional que ustedes.
No nos duelen prendas por estar de acuerdo con algunos de los diagnósticos del señor Payá, o estar en desacuerdo con la señora Roque, liberada recientemente junto con Raúl Rivero
gracias en parte a una estrategia política muy determinada. Ahora bien, Osvaldo Payá ha dicho que no va a asistir a la celebración del llamado congreso o conferencia; que no va a participar en él, que no le parece una estrategia adecuada.
Desde
el respeto a Osvaldo Payá creo que si el acto no cuenta con el consenso y entendimiento entre los grupos más significativos (y el de Osvaldo Payá y su grupo son sin lugar a dudas uno de los más significativos, si no el más significativo) hacemos un
flaco favor intentando agitar las aguas de un mar ya de por sí agitado, intentando promover actividades que lejos de cohesionar lo que hacen es fraccionar o dividir; de modo que tenemos serias reservas al respecto. Eso no quiere decir que no
apoyemos los objetivos de la plataforma que representa la señora Roque; podemos estar de acuerdo en buena parte de ellos, pero tenemos serias dudas sobre si esto es lo más indicado, en la medida en que no ha sabido concitar el consenso interno
necesario.
Creemos que la estrategia puesta en marcha en el ámbito de la Unión Europea, por impulso del Gobierno de España, es la correcta, y a ella nos vamos a atener. Hemos presentado una enmienda de sustitución al texto del Grupo Popular que dice
que el Congreso insta al Gobierno a continuar, tanto de forma bilateral como en el ámbito de la Unión Europea, el diálogo con las autoridades cubanas para facilitar e impulsar el desarrollo de las libertades democráticas en Cuba, de manera que la
sociedad civil goce plenamente de esas libertades, incluyendo de manera clara los derechos de reunión y asociación. Creo que este sería el mejor mensaje que podríamos dar al pueblo cubano en este momento. Esa será la posición del Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Estrella.
Finalmente, para defender la última enmienda presentada, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego piensa que la política internacional en este momento histórico resulta crucial y además sintomática de muchos otros aspectos del presente y el futuro de la humanidad. Por eso sin
ambigüedades e igualmente sin ánimo alguno de confrontación, pero con claridad, me gustaría empezar evocando dos nombres: Guantánamo y Abu Ghraib. Hemos observado que no existe ninguna comisión de derechos humanos (tampoco de las Naciones Unidas)
que haya planteado ningún tipo de protesta, acoso o condena moral. El mundo pasa por estos crímenes contra la humanidad sin que haya legalidad internacional, sin que se respete la Convención de Ginebra y sin que se exijan responsabilidades ante el
Tribunal Penal Internacional. Creemos firmemente que resultaría un acto de seguidismo inmoral dedicarse a secundar campañas sobre derechos humanos en cualquier país en este momento y en especial en Cuba cuando esas campañas son encabezadas por
Estados Unidos simplemente por algo muy elemental, porque no tienen legitimidad moral de ningún tipo. Lo más grave para el Bloque Nacionalista Galego es que el Grupo Popular optó cuando estaba en el Gobierno por el seguidismo sin principios de la
política de Estados Unidos y por la subordinación del Estado español a los diseños del imperio. Esto provocó grave quebranto y acoso a los intentos de multilateralismo, a los intentos de paz, a los intentos de diálogo y también debilitó y debilita
sensiblemente
toda posibilidad alternativa al hegemonismo militar de Estados Unidos y a su acoso continuo a ámbitos de decisión autónoma de los distintos países, incluido Cuba.
Creo que no es difícil comprobar que con esta posición del Grupo Popular se produce un grave quebranto de una tradición política en el Estado español (curiosamente ya con el franquismo) de apertura a Iberoamérica y a África y por tanto de
intento de una política exterior autónoma, y en este caso de una política exterior autónoma de la Unión Europea. Está claro que actuando así el Estado español será un pigmeo; actuando de otra manera, con cierta dignidad y con autonomía en la
esfera internacional, cuando menos será un Estado digno. Hay escaladas peligrosas en las que no nos podemos enrolar. No llega con Castro, también Chávez... Pero ¿qué crítica se le puede hacer a un régimen cuya participación democrática electoral
supera a la de todas las democracias occidentales y tiene legitimidad incluso sancionada por el propio imperio? Creo que asusta esta forma de proceder. Ciertamente la relación transatlántica obliga a algo, pero no obliga a esclavizar ni a hacer
perder el sentido de la equidad de los intereses propios y del conjunto de la humanidad.
Para el Bloque Nacionalista Galego hay tres aspectos que no pueden ponerse en cuestión, al margen de las diferencias de los partidos que puedan gobernar en el Estado español: el derecho a elegir libremente el futuro por parte de cada
pueblo, el derecho a una cierta autonomía de decisión política por muy transnacionalizado que esté el mundo y el derecho a establecer un diseño de política internacional que no se base en el hegemonismo de nadie y mucho menos en políticas agresivas
que no son aceptables. No es la falta de participación democrática de algunas sociedades lo que lleva a Washington a ser hostil, es que son Estados no suficientemente serviles a sus intereses, que dictan realmente las bendiciones que se dan en unos
casos y los anatemas, asedios, embargos y hostilidades en otros.
A nosotros nos preocupa especialmente (lo decimos sin rencor), porque pensamos que no es baladí, que el antiguo presidente del Gobierno, señor Aznar, se dedique a hacer descalificaciones en el extranjero sobre la nueva política del actual
Gobierno y en particular del presidente del Gobierno. Pensamos que ese tipo de estilos no deberían ser propios de ningún partido político responsable, aunque no comparta la política internacional del Gobierno de turno, simplemente habría que
agudizar unas relaciones y desdeñar o dejar en ralentí otras, que es lo que deben ser las diferencias entre dos gobiernos, pero no condenar de esa forma abusiva y agresiva, vuelvo a repetir, incluso relaciones bilaterales que son en mutuo beneficio.
La disidencia interior (acabo ya) tiene derecho a existir. Creo que dije en alguna ocasión que posiblemente sería disidente en Cuba (no un disidente entreguista a Estados Unidos, pero sin duda un disidente crítico con muchas de las cuestiones del
actual régimen cubano), pero esto no puede legitimar la colaboración para incitar descaradamente provocaciones orquestadas desde el exterior, encima con el aquelarre de políticos, de parlamentos externos, de periodistas y de toda una charanga que en
definitiva no tolerarían en ninguna parte del mundo y mucho menos en Estados Unidos. Voy a hacer la pregunta del millón: ¿Cuál sería realmente la reacción del Gobierno norteamericano si instásemos en este Parlamento a manifestarnos ante el
Capitolio favoreciendo una situación de derechos humanos que exige a Washington que dé cuenta de sus desmanes contra los derechos humanos precisamente en Guantánamo y Abu Ghraib? Realmente la contestación por parte de Washington no sería solo
negativa sino una amenaza y nos diría que nos dedicáramos a nuestros asuntos. Simplemente, de forma objetiva, creo que votar lo que el Grupo Popular propone es colaborar a una provocación, a una escalada de injerencia y acoso. Si hay disidencia
interna debe ser apoyada a través del diálogo con el Gobierno cubano y demostrando que es solamente con el propio esfuerzo y desde dentro del propio país como se puede acabar con aquello que no sea de recibo, manteniendo lo que sin duda es
comparativamente mejor que en otros países.
Por tanto, señorías, nuestra enmienda tiene esta simple intención y parte del relativismo con los acosados, con los señalados y con los perseguidos, con la renuncia a asumir un mundo con una doble vara de medir tan descarada porque pensamos
que envilece y confunde. Nuestra enmienda insta, por tanto, al Gobierno a seguir mejorando las relaciones del Estado español con Cuba sin dejarse arrastrar por políticas de injerencia y provocación, sino guiándose por el diálogo y el respeto por la
capacidad y el derecho del pueblo cubano a decidir libremente su futuro. Seguro que los que están dentro lo van a hacer de todas maneras y el paso del tiempo demostrará si son capaces de aliar lo mejor de la revolución cubana con la rectificación
sin duda de graves problemas, que a nadie se le escapa por lo demás que existen en muchísimas partes del mundo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Es recurrente este tema de la situación de los derechos democráticos del pueblo de la República de Cuba, denominada La perla del Caribe, en relación con el régimen dictatorial del señor Castro, pero creo que desde el Parlamento debemos
conducirnos por una línea de equilibrio, de prudencia, de respeto, y que el
destinatario de nuestros mejores deseos no sea ir en contra de un determinado personaje ni a favor de otro, sino del pueblo cubano y de los derechos democráticos que deseamos desde España para el pueblo cubano.
Esto se siente desde la
órbita de Canarias por tantos emigrantes canarios que han residido y residen en Cuba y que han pasado por todas las vicisitudes habidas y por haber. Nosotros participamos del criterio de resolver las cosas con inteligencia y buscando siempre
escenarios. Con todos los respetos al Foro de la disidencia, no nos parece oportuno hacer pieza de motivo de un pronunciamiento parlamentario a la señora Roque, que tiene desde nuestro grupo todos los respetos porque como bien se ha dicho por
anteriores intervinientes puede tener el matiz de injerencia.
Por tanto creo que la postura española (como se ha visto con la venida a España del recuperado poeta Rivero, que ha sido un motivo de congratulación e incluso de salutación entre ambos
líderes del Partido Socialista y del Partido Popular) debe seguir por esa senda de resolver los problemas sin crispar a quien tiene una tremenda facilidad de crisparse. Acabamos de ver cómo el día 15 de este mes en la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas en Ginebra se ha producido una votación significativa: 25 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones para encargar al Alto Comisionado pro Derechos Humanos de las Naciones Unidas que redacte un informe para saber los
fundamentos, bases y situación actual de las libertades fundamentales en Cuba. En primer lugar, deberíamos esperar a que el Alto Cmisionado cumpliera este mandato de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para redactar este informe.
Hemos visto ya la reacción crispada del canciller cubano -que, por cierto, tiene el mismo apellido que doña Marta Beatriz Roque-, Pérez Roque, a esta situación. Yo prefiero mantenerme en la línea de las relaciones bilaterales entre el departamento
de Exteriores del Gobierno español y las instituciones cubanas (por instituciones me refiero tanto a las gubernamentales como a cualquier otra que no sea una cuestión improvisada), porque aquí se están empleando para calificar este foro expresiones
como foro de la democracia, foro de las libertades o foro de la disidencia. Señora presidenta, señorías, prefiero una línea como la que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, mantenernos en una relación bilateral, en
el ámbito de las Naciones Unidas y fundamentalmente, como se consigna en la enmienda que ha defendido el señor Estrella, en el marco de la Unión Europea. Además, es curioso cómo el canciller Pérez Roque en su crispada respuesta ante los medios
informativos no carga tanto las tintas contra la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sino contra la Unión Europea.
La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista señala precisamente el escenario de la Unión Europea para que sea uno de los sujetos activos en el diálogo, y esto parece ser lo mejor para una política de fuerza, porque son muchos
los intereses y relaciones de tipo comercial que existen en diversos países de la Unión Europea, como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España, fundamentalmente por nuestros intereses turísticos hoteleros en la República de Cuba. Vamos a
mantenernos en esta línea de sensatez, y lo demás me parecería una injerencia, con todos los respetos lo digo, para esta lucha de libertades.
Nuestra postura es mantenernos en un entendimiento a través de relaciones diplomáticas con toda la discreción que el caso requiera y, sobre todo, con la Unión Europea, porque el Gobierno español no puede tomar una iniciativa unilateralmente
de apoyo a este foro. Al foro pueden asistir aquellas personas, entidades e instituciones, partidos o asociaciones que quieran comprometerse con lo que hay en este foro de la disidencia, pero no podemos comprometer al Parlamento español con una
declaración institucional en estos momentos en que tenemos que estar en armonía y coordinación con los otros países de la Unión Europea que están en la misma línea de sintonía. Mientras nos mantengamos en ese escenario de grupo, las posibilidades
de efectuar cambios a mejor en los derechos democráticos y libertades, derechos fundamentales y derechos humanos del pueblo cubano estarán en esa línea. Por tanto, mi grupo no puede votar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, salvo que
se aceptara la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, que nos parece que no tiene ningún viso de injerencia ni excluye a los coparticipantes de los países de la Unión Europea para llevar a efecto políticas efectivas y positivas. Lo
demás pueden ser políticas muy estridentes, pero que no creo que tengan ninguna eficacia y todavía empobrecen y limitan mucho más, como hemos visto con la reacción del canciller cubano, los derechos humanos y libertades democráticas fundamentales en
Cuba.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno del señor Llamazares para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.
El señor LLAMAZARES TRIGO: La verdad es que es difícil ser más papista que el Papa, pero no es imposible. El responsable del acto del Santo Oficio puede llegar a ser Papa. En materia de política exterior ocurre lo mismo.
Es difícil ser
más dogmático en política exterior que el Partido Popular, pero el Partido Popular puede ser todavía más dogmático que sí mismo. Es decir, la propuesta que hoy hace el Partido Popular a un Parlamento que teóricamente hace diplomacia parlamentaria,
no diplomacia de Gobierno, y por tanto una diplomacia pluralista, es más dura que la diplomacia de Gobierno que realizó el Partido Popular
cuando tenía esa responsabilidad, porque en la época del Partido Popular se le atribuía ese papel a las diversas embajadas, que normalmente organizaban la injerencia en la vida política interna de un país soberano. En este caso, se le
propone a este Parlamento que lleve a cabo una injerencia en la vida política y social de un país soberano en base a la diplomacia parlamentaria, pero es que es difícil ser más papista que el Papa, en este caso más dogmático en política exterior que
los Estados Unidos, y a nadie se le ocurriría en estos momentos pensar que en el Parlamento norteamericano se toma una decisión como esta; una decisión como esta de promover ante un congreso de la disidencia o como queramos llamarle la
participación de parlamentarios, de periodistas, la influencia en conjunto de la diplomacia parlamentaria, la injerencia de la diplomacia parlamentaria en un país soberano. No se le ocurriría ni siquiera a Norteamérica, que seguramente está ya
organizando, los Estados Unidos, este evento. Por tanto, hay que alabar al Partido Popular en dos sentidos. En primer lugar, porque el señor Moragas toma esta decisión antes de los hechos consumados, cosa que hizo con anterioridad y por lo menos
nos permite opinar sobre ella. Y en segundo lugar, porque lo hace de forma evidente, con una diplomacia contundente y cristalina, yo creo que lo contrario de la diplomacia, pero en todo caso que lo haga él mismo.
Nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de diplomacia y mucho menos con este tipo de diplomacia parlamentaria. Estamos convencidos de que la diplomacia contundente, la diplomacia de la confrontación y de la crispación no trajo buenos
réditos a nuestro país como país y tampoco a nuestros amigos. En este caso, nosotros somos más partidarios de la diplomacia que se ha iniciado por parte del nuevo Gobierno, aunque no sea nuestra línea política en el Gobierno, pero estamos más de
acuerdo con esta diplomacia del diálogo, de la negociación y a veces de la expresión de la diferencia, pero la no injerencia en todo caso. Por eso, señor Moragas, nosotros no vamos a respaldar esta iniciativa, sino a rechazarla. Creo que usted
esperaba que nosotros la rechazáramos y espero que la gran mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara la rechacen también, pues es una iniciativa que va contra el sentido común y contra lo que deben ser las relaciones políticas y las
relaciones internacionales y sobre todo contra lo que debe ser la diplomacia parlamentaria, que es de una naturaleza diferente incluso a la diplomacia de un gobierno y que tiene un carácter pluralista y mucho más dialogante y de relación que la
propia diplomacia de gobierno. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esta iniciativa y la vamos a rechazar, pero sobre todo porque además estamos convencidos de que esta diplomacia no solamente es inútil, sino contraproducente. No hemos visto
ni un solo resultado de la diplomacia contundente, no hemos visto ni un solo resultado de la diplomacia que va incluso en la vanguardia de la política exterior norteamericana; todo lo contrario, hemos visto malos resultados, retrocesos, retrocesos
incluso en relaciones políticas y culturales históricas, en este caso con el pueblo cubano. No hemos visto ningún avance y sin embargo la nueva diplomacia, aunque no sea la nuestra, la diplomacia del diálogo, de la negociación, ha traído algún
resultado.
Nosotros creemos que ha tenido resultados y que debe tener más en el futuro para que Cuba deje de ser sometida a situaciones de bloqueo, de excepción, en las relaciones políticas internacionales y para que esa nueva relación de diálogo y
de negociación con Cuba permita el bien en este caso y el interés tanto para el pueblo español como para el pueblo cubano.
Por eso nosotros, aunque se pueda ser más papista que el Papa, aunque el señor Ratzinger sea en este caso más papista que el anterior Papa, no estamos de acuerdo con esta política exterior de ser más papista que el Papa. Y tampoco somos
partidarios -termino- del cuanto peor mejor. A nosotros no nos satisface ni que el nuevo Papa sea el responsable de la doctrina de la fe o el responsable del Santo Oficio ni nos gusta que la nueva política exterior del Partido Popular sea más dura
que su propia política exterior cuando estaba en el Gobierno. No somos partidarios del cuanto peor mejor, por eso tampoco le vamos a ayudar al Partido Popular en esa deriva que nos parece equivocada en términos de diplomacia parlamentaria y también
en términos del propio Partido Popular. No nos parece el mejor camino y nos gustaría que adoptara un camino más adecuado; no le voy a decir que vayan al centro porque llevan mucho tiempo viajando sin encontrarlo-, pero sí a un camino más adecuado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Continuamos, señorías, con el turno del señor Erkoreka, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que debatimos en este momento entronca con un conjunto de iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular viene defendiendo en la Cámara, tanto en el Pleno como en la Comisión de Asuntos Exteriores, con
objeto de impulsar acciones de muy diversa índole, pero todas ellas destinadas a combatir el régimen político vigente en la isla de Cuba. Hace unos meses, con ocasión precisamente de uno de estos debates, en el seno de la Comisión de Asuntos
Exteriores, los grupos que nos encontrábamos debatiendo esta iniciativa alcanzamos un punto de consenso inédito -si se me permite la expresión- en esta legislatura por lo que se refiere a la política exterior, que un portavoz -no sé si dejándose
llevar por el optimismo o pretendiendo hacer un chiste- señaló que podía ser
el punto de arranque de una gran serie de consensos por lo que se refiere a la política exterior en lo que queda de legislatura. En aquella iniciativa, que se refería precisamente a un tema relacionado con los familiares de los presos de
conciencia disidentes en Cuba, la transacción que acordamos entre los diferentes grupos logró modular el texto inicial de la iniciativa, que era mucho más contundente que el texto final, y logró que ese texto inicial tan drástico y beligerante
acabara convertido en una resolución que hacía del diálogo con las autoridades cubanas el eje principal de la actuación que las instituciones españolas habían de desarrollar y llevar a cabo en este terreno. El cambio que conseguimos introducir los
grupos en el texto inicial de la proposición no de ley lo justificamos basándonos en dos motivos: uno tenía que ver con el principio de la no injerencia, que ha sido referido repetidas veces en el debate de hoy, y otro, más práctico, que tenía que
ver con la eficacia de las medidas a adoptar. Allí se acordó que si lo que se pretendía era dar cobertura a los familiares de los presos disidentes que estaban encarcelados lo mejor era adoptar medidas diplomáticas que se encauzaran a través del
diálogo con las autoridades cubanas y no adoptando medidas de confrontación o de provocación con las autoridades de la isla.
Recientemente en unas declaraciones del poeta y periodista cubano Raúl Rivero, que se encontraba hasta hace muy poco detenido junto con otros 74 disidentes del régimen de Castro y condenado además a una pena de 20 años, se calificaba de
positivo el cambio de la política impulsada por el Gobierno español y, de alguna manera, arraigada en algunos países de la Unión Europea en relación con Cuba. Decía que este cambio de línea, que apuesta más por el diálogo con las autoridades
cubanas que con la adopción de medidas de presión y de confrontación, era positiva, y en lo que se refiere al futuro invitaba expresamente a que se mantenga esta línea de planteamiento. Si me permiten reproducir literalmente sus palabras, decía:
al margen de las ideologías, cualquier política de apertura y diálogo que permita conseguir la libertad de un individuo para que pueda reintegrarse a sus familias me parece lo más importante y apoyo esas políticas, porque yo he sido uno de los
beneficiados.
Señorías, la de Raúl Rivero es una voz privilegiada para aludir a las medidas que cabe adoptar para favorecer la democratización de Cuba, porque no habla a humo de pajas. Su consejo, por tanto, no es el de un diletante que desconoce el
fondo del asunto. Considero que es bueno tomar en consideración su testimonio. Por eso, nos ha sorprendido la iniciativa que hoy analizamos, que se sitúa bastante lejos del tono moderado y conciliador que logramos transaccionar en la Comisión de
Asuntos Exteriores en relación con aquella proposición no de ley, a la que he hecho referencia, en la que se debatía -como antes comentaba- la situación de los familiares de los presos de conciencia en Cuba.
Que el régimen político vigente en Cuba desconoce la libertad, es represivo, viola derechos fundamentales y libertades públicas, es una evidencia que nadie pone en cuestión, desde luego en esta Cámara nadie lo hace. Basta repasar los
informes periódicos que emiten las asociaciones, los colectivos más reconocidos a nivel mundial en la defensa de los derechos fundamentales. Por otra parte, antes se ha hecho una referencia a la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas del 15 de abril pasado, que con el apoyo de la Unión Europea constataba también la existencia de una situación atentatoria de derechos fundamentales y proponía la adopción de una serie de medidas que han obtenido la respuesta
desaforada del ministro de Asuntos Exteriores del régimen cubano.
El que haya otros países con situaciones de persecución y de violación de derechos humanos semejantes e incluso peores al cubano no exime de responsabilidad a Cuba aunque, todo sea dicho, sería bueno que quienes se ocupan de los excesos que
se cometen en Cuba fijasen también su atención de vez en cuando en estos otros países.
El Grupo Parlamentario al que yo represento en este momento tampoco pone en cuestión el deber moral que tenemos todos los demócratas de asistir, apoyar, dar aliento y solidarizarnos con los demócratas disidentes en Cuba en este difícil
empeño que tienen de liberalizar el régimen; solo ponemos en cuestión las medidas, el intento de favorecer su labor mediante actuaciones que suponen enfrentarse abiertamente y en su propio territorio al régimen cubano y a sus autoridades. La
iniciativa de Marta Beatriz Roque, a la que se ha hecho referencia y a la que se refiere la proposición no de ley, es sin duda plausible, es positiva, merece apoyo, pero otra cosa muy diferente es la pertinencia de adoptar unas medidas como las que
se proponen en la iniciativa que, como bien se ha puesto de manifiesto en el debate, no tienen parangón en ningún otro país de nuestro entorno, que pueden suponer un enfrentamiento abierto y directo con las autoridades cubanas y pueden además
coadyuvar a profundizar las diferencias que también existen en el propio mundo de los disidentes cubanos, donde no todos comparten la pertinencia, la oportunidad y la idoneidad de esta convocatoria.
Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Vasco votará negativamente a esta proposición no de ley, esperando que en el futuro las iniciativas que puedan plantearse en relación con este tema puedan concitar un consenso mayor y plantearse
en la línea de aquella resolución que consensuamos en la Comisión de Asuntos Exteriores y que optaba por una vía más diplomática y hacía, insisto, del diálogo con las autoridades cubanas el eje fundamental de las acciones a llevar a cabo en este
terreno. Por todo ello, insisto, votaremos negativamente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Erkoreka.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene para ello la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, presidenta.
Señorías, es conmovedor que desde el Partido Popular, los herederos de la dictadura, se sumen a la lucha por las libertades. La mayor agresión a los derechos humanos es la pena de muerte y la guerra, y más cuando la guerra es ilegal e
ilegítima (El señor Fernández Díaz: E injusta.) como la que el anterior Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular promovió, apoyó y pretendió legitimar. Por tanto, permítanme que no acepte lecciones de democracia del Partido Popular.
Respecto a la pena de muerte, hay que señalar la buena relación que los gobiernos de Aznar mantuvieron con los países que la mantienen y ejecutan, es el caso de los Estados Unidos y especialmente de Texas, el Estado del íntimo amigo de
Aznar, donde la pena de muerte se impone en mayor medida que en Cuba. En ese sentido hay que señalar que incluso se aplica a menores de 18 años en el momento de cometer el delito, y que informes institucionales estadounidenses confirman la
discriminación racial que se desprende en este tipo de sentencias, vean si no el informe sobre la pena de muerte en el mundo en el 2004 Que nadie toque a Caín.
Pero los primeros en ejecuciones de pena de muerte y muchas otras violaciones de
derechos humanos son países como China, con una media de cinco mil penas de muerte al año, cinco mil, señorías. ¿Cuál fue la política que el Gobierno español del Partido Popular llevó a cabo respecto a China? Las palabras del entonces ministro de
Asuntos Exteriores del Partido Popular, en una sesión del Pleno del Congreso, lo resumen muy bien. Es una obligación que estemos ahí, que desarrollemos la relación política y que en esa relación política hagamos referencia a las carencias que tiene
todavía China en terrenos tan importantes como los derechos humanos. Pero es importante que, al mismo tiempo, desde la cooperación avancemos en todo lo que signifique fomentar la presencia de nuestras empresas, la cooperación científica, la
cooperación tecnológica y la cooperación cultural. O sea, que ustedes reconocen que en China se incumplen los derechos humanos, pero por encima de éstos, e incluso de que China sea un malvado enemigo comunista, están los intereses económicos.
Otro de los países con mayor índice de ejecuciones en porcentaje de población comparable a China es Irán. En Irán, buena parte de las distintas ejecuciones son por motivos políticos, como denuncian los observadores de los derechos humanos.
Se llega hasta el punto de ahorcar a un joven de 19 años por reincidir tres veces en el criminal delito de beber alcohol. Y esto durante el mandato de Jatamí, el mismo que invitó a los tribunales a proceder rápida, meticulosa, severamente y sin
indulgencia, por enemigos de Alá, contra unos manifestantes contrarios a su régimen. La pena por ser enemigos de Alá es la pena de muerte, como le fue aplicada a una estudiante iraní por el delito de haber pronunciado discursos radicales contra el
régimen iraní. ¿Cuál fue la política exterior del Gobierno español del Partido Popular respecto a Irán? El propio Gobierno español respondió a una pregunta de un diputado del BNG señor Vázquez. El Gobierno español ve en Irán un socio responsable.
España se ha esforzado en promover una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea e Irán como instrumento de primer orden en la política de la Unión Europea en esa región, de la máxima importancia para nuestros comunes intereses
económicos y estratégicos. O sea, que más allá del incumplimiento de derechos humanos y coartación de libertades políticas, están los intereses económicos y estratégicos.
Otro caso que podemos analizar es el de Colombia. La lista de acusaciones de violaciones de derechos humanos contra Colombia es extensa y subrayan la necesidad de cambio de políticas gubernamentales, cuando no acusan directamente al
Gobierno de pasividad o connivencia. ¿Cuál fue la política del Gobierno español respecto a Colombia durante el mandato del Partido Popular? En una respuesta al diputado señor Labordeta sobre las gestiones para frenar la violación de derechos
humanos, el Gobierno español afirmó que insistió en numerosas ocasiones ante el Gobierno colombiano sobre la necesidad de que éste garantizara el respeto de los derechos humanos, la seguridad de sus defensores y el cumplimiento del derecho
internacional humanitario en todos sus ámbitos y frente a todas sus posibles amenazas. España ha trasladado esta preocupación al Gobierno del presidente Álvaro Uribe. Después de esto, y más allá de un pleno apoyo a la política de Uribe, el
Gobierno español siguió vendiendo armas a Colombia. La lista es larga y podíamos hablar de la venta de armas a Turquía, a Arabia Saudí y a otros países donde se violan los derechos humanos. También podíamos preguntarle por las gestiones que hizo
el Gobierno del Partido Popular por velar por el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades políticas en países como Marruecos.
Con los casos expuestos anteriormente, ha quedado claro que la preocupación del Partido Popular no es la instalación de la democracia y la garantía de las libertades, sino las relaciones económicas y la garantía de libre mercado. Esa es la
base de la preocupación de ustedes.
Esa es la preocupación que tienen acerca de Cuba. Desde nuestro grupo parlamentario, Esquerra Republicana, defendemos la globalización de los derechos humanos y de las libertades democráticas en todos los
rincones del mundo, sin excepciones, pero también sin hipocresías como la suya. No creemos en sanciones ni bloqueos, pero sí en contrapartidas y en incentivos
positivos, como supuso el ingreso a la Unión Europea del entonces Estado español.
Por último, señores y señoras del Partido Popular, ustedes son los menos indicados para dar lecciones de democracia, un Partido Popular que hace poco pretendió dejar sin voz a miles de ciudadanos y ciudadanas vascas en unas elecciones.
Gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra el señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: En el Grupo Popular nos hemos quedado un poco preocupados porque parece ser que algunos grupos no han entendido el sentido y la literalidad de nuestra proposición no de ley. Cuando decimos 'facilitando el envío de
una representación española' no queremos decir pagando ni financiando ni subvencionando; eso no forma parte de nuestro lenguaje político.
Aclarado este punto, comunico que el Partido Popular acepta encantado la enmienda de sustitución presentada por el Grupo de Convergència i Unió y rechaza, por supuesto, el resto de enmiendas. También aprovechamos la ocasión para decir a los
señores de Esquerra Republicana que eso de llamarnos herederos de la dictadura es un insulto a la inteligencia y que no tiene ninguna gracia; en todo caso, su enfermedad infantil se cura viajando.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragas.
Votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el derecho de sufragio de los españoles en el extranjero. Se ha presentado una enmienda transaccional al
texto de la proposición no de ley. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Votamos, pues, la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley en el texto contenido en la enmienda transaccional.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a prestar al gran foro público a celebrar en Cuba el 20 de mayo, sustituida por la enmienda de Convergència i Unió, que ha sido aceptada
por el Grupo Popular. Se vota, pues, la proposición en estos términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 130; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ), SOBRE EL FUTURO QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y, EN CONCRETO, PARA GALICIA. (CORRECCIÓN DE ERROR EN ESCRITO CON NÚMERO DE REGISTRO 55024). (Número
de expediente 173/000062.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día y último: Moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre el futuro que tiene previsto el Gobierno para el Servicio de Vigilancia Aduanera y, en concreto, para Galicia.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Fernández.
(Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa. Una de sus colegas está en la tribuna y para intervenir necesita un mínimo de atención y de silencio. Señorías, silencio, por favor.
Adelante, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Con un poco de voluntad por parte de SS.SS. podríamos acabar de día, pero parece que esa voluntad no existe. Como ya informamos y anunciamos hace quince días cuando discutíamos la interpelación, presentamos esta moción porque no
compartimos las explicaciones que el vicepresidente segundo y ministro de Economía nos dio a las preguntas y las consideraciones que hacíamos sobre la situación del Servicio de Vigilancia Aduanera...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señora Fernández.
Por favor, señorías.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: El planteamiento que hacíamos era lo ineficaz que estaba siendo el servicio en estos momentos por la cantidad de vacantes existentes -lo que nosotros entendemos además como una amortización de puestos de
trabajo-, la no sustitución de aquellas vacantes que se producen por distintas razones en la plantilla, así como por la no aplicación del artículo 56 de la Ley de acompañamiento del año 1997, lo que hace que los recursos humanos de este servicio no
estén en las condiciones adecuadas y necesarias para cumplir con una labor que es fundamental en la costa atlántico-cantábrica y, por tanto, en las costas gallegas y de toda la cornisa cantábrica.
Decía el señor vicepresidente en aquel momento que después de analizar -y era el análisis que hacía el servicio a nivel del Estado español y la Agencia Tributaria- las diferentes modificaciones que se efectuaron tanto en el contrabando de
tabaco como en el narcotráfico, la plantilla del servicio aduanero de Galicia estaba sobredimensionada. Esta viene a ser la conclusión que parece saca el análisis efectuado por el servicio aduanero, y que, en todo caso, dada la situación en otras
zonas del Estado, en otras comunidades autónomas, realmente se necesitarían más personas para efectuar este servicio. Lo dijimos en aquel momento y lo volvemos a decir ahora en la defensa de esta moción, que una de las razones que se aducen para
hablar de esta sobredimensión es la mención concreta al descenso del nivel de aprehensión, sobre todo en la cuestión de droga. Estamos de acuerdo que en la cuestión del tabaco los hábitos cambiaron, pero cambiaron efectivamente por la incidencia
que tiene en estos momentos el narcotráfico y que desplazó prácticamente el contrabando de tabaco.
Nosotros decíamos, como acabo de comentar, en la defensa de nuestra interpelación que este descenso de aprehensiones no se debe tanto a que no esté pasando por la zona el narcotráfico y por tanto la comercialización -entre comillas-, por
decirlo de alguna manera, de la droga, o por lo menos el desembarco de droga en las costas gallegas, sino que las condiciones en que se encuentra el servicio aduanero hacen posible esa ineficacia. De hecho, comentábamos las diferencias de
aprehensiones entre el año 2004 y 2003, siendo sustancialmente inferior en 2004 respecto a 2003. Decíamos que en el año 2004 diferentes informaciones fueron objeto de grandes titulares en los periódicos de Galicia como, por ejemplo, uno que decía:
Amenazas a los vecinos que pescaron fardos de cocaína. Es decir, los grupos de delincuentes del narcotráfico amenazan a los vecinos porque se incautan de una mercancía que para ellos es muy preciada. Fardos fondeados que afloran a la superficie
los días de temporal -un periódico hablaba de esto el 17 de diciembre de 2004-, al mismo tiempo que la escasez de medios dificulta la labor policial contra el narcotráfico. Y también: La falta de medios dificulta la acción policial contra la
droga. Esta información no solamente es del SIVA sino también de la Guardia Civil. Otra información del 12 de diciembre de 2004 dice que la Costa da Morte es una zona para desembarcar y ocultar importantes cargamentos de droga. De la misma forma,
otro titular dice: Convertirse en camellos de droga y hachís de gorra, refiriéndose a personas que se pueden encontrar con este tipo de mercancías en la costa, en medio de las rocas o flotando en alta mar, como ya informábamos cuando defendimos la
interpelación.
Nosotros entendemos que la bajada del nivel de aprehensión se debe más a la ineficacia del servicio por las condiciones en que se encuentra y no solamente, como ya expresamos, por el descenso de la plantilla de trabajadores del Servicio de
Vigilancia Aduanera, sino también por las condiciones de infraestructuras en los servios aeronavales. Cuando hablamos de la interpelación aquí informamos de la situación obsoleta de las embarcaciones con que cuenta este servicio en Galicia, que
datan de la década de los ochenta, teniendo algunas más de 20 años y otras a punto de cumplirlos. Como comprenderán ustedes, estas embarcaciones, estas patrullas de vigilancia aduanera, tienen que hacer un trabajo de seguimiento de unas personas
que delinquen, como ocurre en el tráfico de drogas, que no están precisamente obsoletas en cuanto a las infraestructuras que tienen que utilizar para llevar a cabo su actividad delictiva. Por lo tanto, si las condiciones del servicio aduanero de
Galicia son las que estamos comentando, tanto en infraestructuras como en la importante disminución de su personal para hacer este trabajo, unido al envejecimiento de su plantilla, podemos intuir que, más que disminuir el tráfico de droga por la
costa gallega, lo que es bastante probable es que en estos momentos esté en aumento precisamente por la vulnerabilidad de la zona; vulnerabilidad que los narcotraficantes conocen, de forma que en estos momentos la tendrán como la costa más factible
para actuar en su actividad delictiva. A pesar de que sabemos -y tenemos que reconocer que esto fue un esfuerzo del vicepresidente y ministro de Economía- que posteriormente al debate de esta interpelación se produjo una entrevista de los
responsables de la Agencia Tributaria con los representantes de los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera en la que se trataron estos temas -cuestión que nos congratula-, no podemos dejar de presentar la moción porque entendemos que su
aprobación en el Congreso servirá para apoyar las demandas existentes en el servicio en Galicia y para conseguir que el Gobierno las tenga en cuenta, de acuerdo con lo que ha aprobado, para que se pueda, por tanto, buscar una solución para un
servicio que, a todas luces y por lo que yo comentaba -como se refleja en los medios de comunicación-, no solamente parece necesario sino imprescindible.
Presentamos nuestra moción con cuatro puntos, pero queremos manifestar que estamos dispuestos a aceptar ya la enmienda propuesta por el Grupo Socialista por una razón fundamental, y es que la propuesta del Grupo Socialista, aunque lo hace de
una manera más suave, plantea en sus puntos lo mismo que nosotros: los puntos 1 y 2 son exactamente iguales y el punto 3 de la enmienda es el resumen de nuestros puntos 3 y 4 y reclama también la mejora y la adecuación de las infraestructuras
aeronavales que necesita el Servicio de Vigilancia Aduanera. Por lo tanto, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y pedimos al resto de la Cámara el apoyo de esta moción con la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, por el Grupo Socialista, señor Louro.
El señor LOURO GOYANES: Señor presidente, señoras y señores diputados, hago uso de esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en relación con la moción presentada por el Grupo Mixto, en concreto, por el Bloque Nacionalista Galego,
moción a la que nosotros presentamos una enmienda que yo voy a defender. Cierto es que la proponente ya anunció que admitía la enmienda.
Esta moción es consecuencia de una interpelación al Gobierno sobre el futuro del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia y en toda España, especialmente en Galicia, en relación con la disponibilidad de medios, tanto materiales como
humanos, para realizar las tareas y las funciones asociadas a este servicio. El Grupo Parlamentario Socialista coincide con la valoración y aprecio del Gobierno por el trabajo realizado por el Servicio de Vigilancia Aduanera en las tareas de
investigación, en las tareas de lucha contra el fraude, en las tareas de lucha contra el contrabando y contra el narcotráfico.
Las tareas y funciones desarrolladas por el Servicio de Vigilancia Aduanera merecen desde siempre nuestro respeto y aplauso por su eficacia y, en muchos casos, por el riesgo asumido por este servicio en el desarrollo de sus tareas. En
Galicia, una imagen reiterada en nuestras rías era la presencia de planeadoras perseguidas por lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Señorías, el futuro del Servicio de Vigilancia Aduanera está previsto por el Gobierno, está previsto y
contenido en el Plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Este plan fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero. En este plan se contempla un mejor aprovechamiento de los recursos del Servicio de Vigilancia Aduanera
como unidad especializada de la Agencia Tributaria, dedicándose básicamente a tareas de prevención, de lucha contra el contrabando y contra el narcotráfico y de apoyo a la investigación fiscal. Señorías, el Servicio de Vigilancia Aduanera tiene
conocimiento, tiene experiencia y tiene futuro como servicio especializado. Ciertamente que las realidades cambian y también los métodos y los procedimientos de los contrabandistas y de los narcotraficantes. Aparecen nuevos delitos de fraude. Por
lo tanto, es preciso adaptar y modernizar nuestras unidades antifraude y realizar un trabajo especializado y coordinado entre las mismas para una mayor eficacia del servicio.
Señorías, en las costas de Galicia, en sus rías, entre los años ochenta y noventa, necesitábamos una presencia intensa y muy efectiva en el mar de lanchas del servicio de vigilancia aduanera, dado que el contrabando de tabaco se realizaba
por descargas en las costas. Realmente esto ha cambiado y el contrabando de tabaco ha cambiado de procedimientos y de maneras. Por lo tanto, es preciso adaptar los medios del servicio de vigilancia aduanera a las necesidades derivadas del servicio
y de las tareas a realizar, ser eficaces en la lucha contra la delincuencia, ser eficaces en la lucha contra el fraude.
La moción presentada consta de 4 puntos. Nosotros compartimos el planteamiento de fondo, pero consideramos necesario introducir más concreción y más posibilidades de flexibilizar los usos del servicio. Se trata, en definitiva, de adaptar
el servicio a las nuevas realidades. Por ello, presentamos una enmienda en relación con los medios disponibles por el servicio y con la situación y las características de los medios disponibles, tanto humanos como materiales; medios humanos en lo
que se refiere a las personas que realizan estas tareas y medios humanos en relación con personas que tienen más de 55 años y que el ordenamiento jurídico vigente les permite pasar a una segunda actividad. En lo que atiende a medios materiales, es
muy importante el estado de las embarcaciones y de las lanchas, así como la existencia y disposición de medios aéreos, tanto aviones como helicópteros.
La enmienda que nosotros proponemos insta al Gobierno a que adecue los medios humanos y materiales a los servicios que se prestan adaptando las plantillas, aplicando el artículo 56.6 de la Ley 66/1997, relativo al paso de trabajadores a la
segunda actividad y garantizando, cómo no, la idoneidad y las condiciones de las embarcaciones destinadas en Galicia, así como los medios aéreos disponibles. Esta enmienda recoge básicamente lo planteado por la moción, pero introduce criterios de
más flexibilidad que la cambiante realidad nos requiere. Señorías, el espíritu de la moción está también recogido en la enmienda. Por lo tanto, nos congratula y nos agrada que el Bloque Nacionalista Galego la haya aceptado.
Nosotros pedimos el apoyo para este texto, que entendemos será atendido por el Gobierno y que será positivo para el Servicio de Vigilancia Aduanera. Por ello, agradecemos el voto afirmativo de esta Cámara, con la convicción de que será
altamente positivo para la lucha antifraude y para los planes promovidos e impulsados por el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Louro.
¿Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo de Izquierda Verde? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. Únicamente quiero manifestar que apoyamos las reivindicaciones planteadas por el Grupo Mixto, pero entendemos que las mismas carencias son extensibles al resto de comunidades autónomas
que tienen
servicio de vigilancia aduanera, por lo que muchas de ellas deberían ser de aplicación a esos otros servicios de vigilancia aduanera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.
Continúo. ¿Esquerra Republicana? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y defendida por la diputada del BNG Olaia Fernández, en el sentido de que nosotros consideramos que la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto es una moción racional, una moción objetiva, una moción con planteamientos muy realistas; en definitiva, una moción que va a mejorar los servicios de vigilancia aduanera y, por qué no decirlo, una moción que va a posibilitar, si
se aprueba -y parece que va a ser así como resultado de la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista-, una lucha eficaz contra el fraude y el contrabando. Por tanto, nos congratulamos de que haya existido ese
acuerdo entre estos dos grupos parlamentarios y, lógicamente, nuestro voto va a ser positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la posición del Grupo Popular va a ser positiva porque el Servicio de Vigilancia Aduanera merece todo nuestro respeto y nuestra admiración. Como decía el Grupo Socialista, hay que recordar aquellos tiempos en los que las
planeadoras perseguían a los contrabandistas entre las bateas, con riesgo real de sus propias vidas. Por tanto, como digo, merecen todo nuestro respeto, cariño y admiración.
Es cierto, como dice la moción del Bloque Nacionalista Galego, que en estos momentos hay un cierto desinterés, parece ser que justificado, en que el contrabando de tabaco ha desaparecido, sin duda que en gran parte gracias a ellos, pero
sigue habiendo contrabando de estupefacientes; el contrabando de la fariña, como dicen en Galicia, sigue existiendo y no se puede desmantelar, bajo ningún concepto, el Servicio de Vigilancia Aduanera. En estos momentos el servicio está en una
situación crítica no solamente en medios físicos (muchas de las embarcaciones superan los 30 años. Hay que recordar que la Administración no permite tener autobuses o taxis con más de diez años de antigüedad y, sin embargo, hay barcos que tienen
más de 31 años de antigüedad en el Servicio Aduanero, lo que es una discriminación y un perjuicio claro hacia este tipo de servicios, además de la escasez, ya que en Galicia solamente contamos con dos unidades, aunque el Petrel I de alguna manera
está sirviendo de base para casi toda la costa española) sino humanos. Hay un asunto que parece ser que preocupa tanto al Bloque como al Partido Socialista y, sin duda, a todos, la tripulación. En estos momentos la tripulación tiene muchos años de
media, posiblemente tengan 50 años de media y si, de alguna manera, aplicamos la segunda actividad, como es la intención de la moción -que tras un determinado número de años en el mar tienen que pasar a tierra firme-, gran parte de esos 500
marineros que conforman hoy el Servicio de Vigilancia Aduanera en toda España se verían afectados, de forma que el servicio quedaría casi reducido a la nada, de ahí que es prioritario dotar con medios humanos al servicio y, después, poder aplicar la
ley, porque, repito, si aplicamos la ley en estos momentos el Servicio de Vigilancia Aduanera quedaría desnudo.
Hay un tema que a mí me preocupa mucho, como también preocupa al personal del servicio, y es que así como un policía urbano sabe que es un policía urbano o un guardia civil sabe que es un guardia civil, un marinero del Servicio Aduanero no
sabe lo que es; no sabe si es un policía judicial, si es un marinero simple; no sabe lo que es. Por tanto, aconsejaría tanto al Bloque Nacionalista Galego como al grupo enmendante -el Grupo Parlamentario Socialista-, puesto que estamos hablando
de mar y los chalaneos son habituales allí, que añadieran un punto más para definir las categorías, las funciones de los marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera, que no saben realmente lo que son. Muchas veces se encuentran con graves
problemas en cuestiones que tienen que ver con los juicios.
Hay otro problema gravísimo. La marina mercante ha tenido un descenso considerable y hay pocos marineros; y de la pesca, qué vamos a decir. Yo he sido responsable de pesca en mi partido, y hemos hablado muchas veces de lo gravísimo que es
el problema de la pesca: nuestra juventud no quiere ir a la mar. El otro día veíamos que, por desgracia, había naufragado un barco pesquero y de los 11 tripulantes nueve eran extranjeros. Es un problema gravísimo, como digo, que no tiene sólo la
pesca y la marina mercante sino también el Servicio de Vigilancia Aduanera. Las personas que entran en el servicio no son marineros de profesión. Lógicamente, tratan de hacerlo lo mejor posible, pero no son gente práctica en el mar. Eso se nota
también considerablemente. Habría que buscar medidas para hacer atractiva la vida del mar a nuestra juventud, y parece que somos incapaces de hacerlo.
Termino, pues, proponiendo un punto más a su moción que definiese la categoría pertinente a los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mantilla.
En turno de aceptación o de rechazo de enmiendas tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Ya manifesté anteriormente, señor presidente, que aceptábamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. Ya sé que es una formalidad pero lo tengo que plantear.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS PRINCIPIOS Y ACTUACIONES QUE DESARROLLARÁ EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000063.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto seis: moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre los principios y actuaciones que desarrollará el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española. Para su
defensa tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, el pasado 12 de abril interpelábamos al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, que había comparecido esa misma mañana también en la Comisión, con el objeto de informarnos sobre la
situación de la competitividad del sector exterior y de los enormes problemas de competitividad y deslocalización de nuestra economía, y proponernos al mismo tiempo algún tipo de actuación para solventar estos importantes problemas. No exagerábamos
ni hacíamos catastrofismo cuando describíamos entonces la situación del sector exterior como muy alarmante. Creo que es bueno dedicar unos segundos a actualizar la información.
El Banco de España publicó la semana pasada los datos de la balanza de pagos del mes de enero de 2005. La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por el intercambio de mercancías, servicios, rentas y
transferencias, arrojó un déficit de 4.154 millones de euros, lo que representa un 413 por ciento más que en enero de 2004.
El déficit de la balanza comercial en el mismo mes creció un 56,3 por ciento respecto a enero de 2004 porque las
exportaciones se ralentizaron y sólo crecieron el 1,1 por ciento, mientras que las importaciones subieron un 13,1 por ciento. Lamentablemente, el superávit habitual del capítulo de turismo y viajes se estancó, subiendo en enero de 2005 apenas un
0,8 por ciento. Por tanto, señorías, que nuestro país tiene un serio problema de competitividad, que tiene un problema de productividad, que tiene un problema para que nuestras empresas consigan colocar sus productos en el exterior, y al mismo
tiempo para atraer inversiones a España, es una auténtica realidad. Por eso nuestro grupo parlamentario está muy preocupado y muy sensibilizado con esta cuestión. El Gobierno ha reaccionado con un paquete de medidas -según dice él-, primero el
famoso paquete de medidas de dinamización, en el que no existen referencias concretas y explícitas a ninguna cuestión de comercio exterior, y más tarde con las medidas explicitadas el pasado día, entre las que destacan los rimbombantes seis
observatorios industriales que se nos proponen junto con otras medidas como posible solución a los problemas. Nosotros entendemos que estamos ante medidas sin empaque, medidas inefectivas que suponen más gasto y más burocracia; bienintencionadas
sí, pero realmente no van a tener un efecto inmediato ni directo en la solución de los problemas. Valga como ejemplo de lo que son los observatorios la moción que aprobamos todos los grupos parlamentarios el 21 de diciembre de 2004 sobre el sector
textil, a iniciativa de Convergència i Unió. Esa moción decía que había que elaborar con carácter inmediato un plan para el sector textil. Pues bien, señorías, en el mes de febrero este diputado preguntó al Gobierno qué había sido de aquella
promesa, ¿y saben la respuesta que recibimos hace escasos días? Que antes de elaborar el plan para talleres y pymes hay que esperar la constitución del observatorio del sector textil, hecho que se producirá próximamente. ¿Cómo es posible que
cuando un sector como el textil y de la confección tiene unos problemas agudísimos le demos como respuesta inmediata una dilación de cuatro meses y una deriva hacia cuatro o cinco meses más? Estas son las medidas que propone el Gobierno,
ineficientes y poco expeditivas.
Por ello, señorías, nuestro grupo parlamentario, en un ánimo constructivo que pretende aportar a esta Cámara y al Gobierno posibles soluciones para este déficit tan grande que antes mencionábamos, propone unas medidas para crear empleo y
para estimular la inversión que centramos en cuatro grandes grupos y que son los que figuran en el texto de nuestra moción.
En primer lugar, medidas para influir en la transparencia e información para las empresas, tratando de mejorar la
información del sector exportador actualizando censos, mejorando la estadística del comercio de servicios y mejorando la calidad de la información sobre inversiones exteriores. Un segundo gran apartado se refiere a medidas que tengan en cuenta un
nuevo marco institucional adaptado a un mundo globalizado y a la realidad autonómica española. Creemos que es imprescindible priorizar la política comercial dentro de la política económica de nuestro país.
Señorías, el sector exterior español hoy es el principal problema de la economía de España, no es otro, es el sector exterior, y por ello pedimos explícitamente un incremento sustancial de los medios económicos en los próximos ejercicios
presupuestarios. Entre otras medidas está realzar el papel de las oficinas económicas y comerciales españolas en el exterior en coordinación con las comunidades autónomas, crear nuevas oficinas (especialmente en los países de ampliación y en los
países asiáticos) donde es necesario desarrollar instrumentos que favorezcan una mayor coordinación como la creación de una comisión interministerial para la coordinación de las políticas que incidan en la política comercial o profundizar en la
utilización de las nuevas tecnologías y en el apoyo a las inversiones de I+D+I para que nuestras empresas puedan colocar sus productos de alto contenido tecnológico en los mercados que tienen mucha mayor rentabilidad. Por último, que en cualquier
reforma del sector exterior español se tenga en cuenta el hecho de que el 30 por ciento de los funcionarios destinados en el exterior realizan labores económicas y comerciales. Entendemos que hay que potenciar este papel. Otro gran apartado se
refiere al fomento del flujo de las inversiones directas.
Solicitamos la creación de una agencia estatal de captación de inversiones en coordinación con las comunidades autónomas que evite problemas de deslocalización y que mejore la política de
captación de inversiones, y pedimos también una comisión interministerial que coordine las políticas sobre esta materia. Finalmente, un gran abanico de políticas de apoyo a la empresa, sustancialmente a las pymes, que no puedo mencionar por el
escaso tiempo que tengo; se trata de apoyo a las pólizas para cubrir el Cesce, para cubrir el riesgo de litigio jurídico, incrementar el número de centros de negocios, la creación de verdaderos planes de empresa que obtengan financiación de al
menos tres años en la línea de lo que pide el club de exportadores español, la homologación de las tecnologías españolas, etcétera.
Señorías -termino ya, señor presidente-, es importante que nos tomemos en serio en esta Cámara el sector exterior y por ello y para intentar solucionar los problemas del déficit e intentar que las cifras y los resultados mejoren, recabo de
todos ustedes el apoyo a esta positiva moción.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Delgado.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre para la defensa de su enmienda.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda que va orientada a modificar y a complementar algunos aspectos relevantes de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No vamos a ser nosotros,
el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, quienes nos vayamos a oponer a la aprobación de una moción que va orientada básicamente a promover la internacionalización de nuestra economía y a potenciar las exportaciones de nuestras compañías, de
nuestro tejido industrial, y al mismo tiempo la presencia de compañías españolas en el exterior. Hace aproximadamente 15 días tuvimos la oportunidad de que compareciera el señor ministro en la Comisión de Industria y Comercio para explicarnos
-aunque nosotros dijimos que bienvenida era en aquellos momentos esa comparecencia pero que se había producido un poco tarde- las previsiones que tiene el Gobierno para acortar o minorar el déficit exterior que en estos momentos está soportando la
economía española. Por tanto, es de esperar que con la aplicación de este plan a lo largo de esta legislatura y de este año el déficit exterior que está experimentando la economía española vaya decreciendo y siga promoviendo, con las medidas que el
ministro nos anunció, la internacionalización de nuestra economía, la presencia de empresas españolas en el exterior.
La moción que ha presentado hoy el Grupo Popular engloba muchísimos aspectos generalistas. En cierta medida -y con todos los respetos- parece un programa electoral del Partido Popular en todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la
internacionalización de nuestra economía. Por ese motivo nosotros hemos optado no por plantear nuevas propuestas o iniciativas, sino por enmendar dos cuestiones puntuales que creemos que son interesantes, como puede ser que en lo relativo a realzar
el papel de las oficinas económicas y comerciales españolas también pueda existir una coordinación con los organismos competentes en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las comunidades autónomas. Es una enmienda objetiva que nos gustaría
que fuese aceptada. Cuando habla el Partido Popular de la posibilidad de crear una agencia estatal de captación de inversiones también se puede hacer en colaboración con las comunidades autónomas, al mismo tiempo que la misma debería coordinarse
con los organismos autonómicos existentes que desarrollan estas actuaciones. Por tanto, son enmiendas complementarias que van en la dirección, tal y como he dicho en mi intervención, de reforzar la presencia española y de sus compañías a lo largo
de todo el mundo.
Teníamos preparada una moción y una iniciativa parlamentaria que iba destinada a potenciar nuestro comercio exterior. Se ha dado la comparecencia del ministro, tal y como he dicho al inicio de mi intervención, y vamos a esperar un tiempo
prudencial para poder incorporar iniciativas que vayan en la dirección de aspectos que a nuestro entender son muy importantes como podría ser el de reorganizar el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, para que también estuvieran
presentes las comunidades autónomas -ya lo están las cámaras de comercio y las patronales- a fin de darle una potencia y una solvencia más operativa y que también sea de muchísima más utilidad para nuestro tejido industrial, al mismo tiempo
que consideramos necesario implementar medidas importantes de cara a potenciar ayudas para este tejido industrial de pequeñas y medianas empresas que con la estructura actual difícilmente podrán abordar compromisos internacionales importantes.
Nosotros hemos presentado estas dos enmiendas a la moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular porque todo lo que sea ir a favor de la internacionalización le hace mucha falta a nuestra economía.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Señor presidente, intervengo brevemente para manifestar que este tipo de debates se está convirtiendo en un tema recurrente acerca de la competitividad y la productividad en el que sistemáticamente la derecha nos
plantea los mismos análisis y, consecuentemente, las mismas recetas: el problema de los salarios, la flexibilidad del mercado laboral y la reducción de impuestos para las empresas. Nosotros creemos que los problemas de la competitividad del sector
exterior no dependen de esas cuestiones. Hemos reiterado en múltiples ocasiones cuáles son nuestras propuestas y, por tanto, no vamos a aceptar la moción del Grupo Popular porque entendemos que se sitúa en el puesto más antagónico posible de lo que
esta fuerza política defiende.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar llamando la atención sobre un detalle que estimo significativo relacionado con la interpelación urgente del pasado 6 de abril. La interpelación, si recuerdan SS.SS., fue presentada en los siguientes términos: Interpelación
urgente sobre los principios y actuaciones que desarrollará el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española. Si SS.SS. recuerdan los términos en los que se desarrolló la exposición del señor Delgado en la interpelación y,
todavía más evidente, si ustedes leen los términos precisos en los que se ha presentado la moción consecuencia de la misma, verán que hay una notable diferencia entre aquel enunciado y los términos en los que se desarrolló el debate sobre la misma
por el representante del Grupo Popular y los términos en los que se ha presentado la moción. Dice esta: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas que deberá adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad del sector exterior de
la economía española. La diferencia está en que lo que en la interpelación era simplemente la competitividad de la economía española, aquí ahora es la competitividad del sector exterior de la economía española, que no es lo mismo, y el enfoque,
según sea uno u otro, difiere. Mi grupo se apunta con claridad al enfoque primero, al de la competitividad de la economía española más que al de la competitividad del sector exterior de la economía española. Y nos apuntamos no por capricho ni por
una voluntad de diferenciarse por diferenciarse, sino porque estimamos que es aquel enfoque el que debe primar y el que debe anteponerse si de verdad queremos hincar el diente a este problema grave y real en el que llevamos metidos de lleno hace ya
algunos años y seguimos metidos y al que más nos vale enfrentarnos con resolución, con cabeza, con visión y perspectiva de futuro y cuanto antes mejor.
Este debate estuvo ya presente el pasado día 6, más o menos explícitamente, entre el ministro señor Montilla y el representante del Grupo Popular con ocasión de la interpelación, y lo estuvo todavía más en el seno de la Comisión de Industria
con ocasión de la comparecencia del ministro el día previo, el 5 de abril. Pues bien, la posición de mi grupo es clara. Nos apuntamos sin lugar a dudas a un enfoque global -si se me permite esa expresión- de la competitividad. Dicho en otras
palabras, la competitividad de la economía española no se resuelve únicamente, ni siquiera principalmente, con medidas que se tomen o se dejen de tomar en relación con su sector exterior. En algún sentido podríamos decir que la falta de
competitividad exterior es a la falta de competitividad de la economía algo así como un síntoma febril es a una enfermedad. Y como es sabido los síntomas pueden aliviarse con esta o aquella aspirina, pero la enfermedad que está en la raíz requiere
de otro tipo de medidas si uno desea curarse y que desaparezcan las causas de los síntomas. Nosotros creemos que es necesario abordar la raíz de los problemas y/o la enfermedad, porque hay una enfermedad. Este es nuestro diagnóstico, aunque no
exactamente nuestro porque se trata de un diagnóstico ampliamente compartido. No voy a insistir mucho en ello, pero por poner un ejemplo reciente citaré simplemente el estudio hecho público este mismo año, el pasado mes de febrero, por la Comisión
Europa, en concreto la Dirección General para los Asuntos Económicos y Financieros con el formato de un occasional paper, bajo el título -voy a decirlo en castellano- España en Europa, un ciclo virtuoso de larga duración. La conclusión del estudio
era clara: una mejora sostenible de la competitividad internacional española requiere un cambio radical que abandone el modelo corriente basado en el precio y se lance a un esquema de especialización basado en la diferenciación del producto
impulsado por un crecimiento
superior de la productividad. Ahora, cuando se ha alcanzado en el seno de la economía española un amplio consenso sobre la necesidad de mantener políticas económicas orientadas a la estabilidad, el objetivo de la productividad debe ser
traído al frontispicio de las medidas de la política económica para promover los necesarios cambios estructurales.
Este debe ser el enfoque a nuestro entender, y en el seno de ese enfoque es donde en su caso encajarán estas o aquellas medidas,
entre ellas, claro, las que puedan hacer referencia a las que deban adoptarse en relación con el llamado sector exterior, pero sería necesariamente necesario -si me permiten la expresión- recoger también otras muchas líneas de actuación,
horizontales algunas, como algunas que tienen que ver con valores a promover en la sociedad, con el fomento de la innovación, con la creación y dimensionamiento empresarial y con la internacionalización, así como otras verticales que tienen que ver
con oportunidades, riesgos y amenazas a que tienen que enfrentarse algunos sectores, y entre las medidas horizontales las que tienen que ver con la internacionalización de las empresas, con eso que solemos llamar sector exterior y que es necesario
ir matizando conceptual y prácticamente.
Tengo la impresión de que, en efecto, en algunos casos sigue habiendo una resistencia abocada más bien al fracaso y por lo mismo digna de mejor causa por parte de algunos a la progresiva consideración del
mercado único europeo como lo que en realidad es y sobre todo va a ir siendo cada vez más, un mercado único interior para todos los europeos.
Como se me está acabando el tiempo, voy a concluir diciendo que la interpelación urgente del Grupo Popular, el texto de la moción y los enfoques que le hemos escuchado en sus exposiciones y defensa de ese tema tanto en el Pleno como en
Comisión no sé si niegan planteamientos como los que aquí se hacen, pero lo que es seguro es que no los promueven. Nos parecen hechos más desde una coyuntura sobre todo política que otra cosa y más desde una visión excesivamente parcial que de
conjunto, y todo ello para acabar en unas propuestas que un tanto paradójicamente son tan genéricas que es difícil saber si uno está de acuerdo o en contra de ellas. Entendemos la buena voluntad de la propuesta del Grupo Popular, pero mi grupo
parlamentario se va a abstener en la votación de la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Socialista, señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su sorpresa por la presentación y por el contenido de la moción del Grupo Parlamentario Popular consecuencia de interpelación urgente sobre los principios y
actuaciones que ha de desarrollar el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española; sorpresa por la sorpresa con que fueron recibidos los resultados de las cuentas exteriores de nuestra economía correspondientes al año 2004.
Reiteradamente en esta Cámara, año tras año, fue denunciado por diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista que la política económica del Gobierno del Partido Popular conllevaría problemas para nuestra economía y para nuestro sector
exterior. En el 'Diario de Sesiones' puede encontrarse dicho de una u otra manera por nuestro grupo aquello de pan para hoy y hambre para mañana, y por tanto es lógico que ahora nosotros digamos que de aquellas lluvias vinieron estos lodos: una
política económica basada en la expansión del consumo, en la construcción, en costes y salarios bajos, en el desmantelamiento de la política industrial, y ahora, a la vista de los resultados de 2004, a los ocho meses de la alternancia en el
Gobierno, ya se piden cuentas y responsabilidades de los resultados de la actuación del nuevo Ejecutivo.
Está establecido tanto en el mundo académico como en el político, no tanto en el mediático, que los resultados de la política económica tienen
un evidente tiempo de maduración. Las decisiones no pueden tomarse precipitadamente, su implementación lleva algún tiempo y la obtención o no de resultados más tiempo todavía. Por esta razón pensamos que no es de recibo que en estas fechas tan
recientes de antigua y nueva gestión gubernamental ya se estén exigiendo actuaciones y responsabilidades.
La segunda sorpresa que queremos manifestar es la propia presentación de la moción. Cuando se conocieron las cifras correspondientes al 2004, el Gobierno solicitó comparecer en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio -petición que
también fue solicitada por el Grupo Parlamentario Popular- para explicar los resultados y exponer tanto su visión global de la actuación en política económica como, a la vista de los resultados de 2004, cuál debía de ser la línea de actuación. Esta
comparecencia se celebró hace ahora 15 días y el ministro Montilla se explayó largamente explicando mucho más las acciones a efectuar que la situación en la que nos encontrábamos, que es de sobra conocida; acciones que lógicamente no pudieron ser
detalladas en su totalidad en la comparecencia. La presentación de la moción, que contiene una batería de propuestas de actuación -que consideraré más adelante- a efectuar por el Gobierno, tendría sentido si no existiera ya sobre la mesa una
propuesta gubernamental y se exigiera que la hubiera. Resulta que en estos momentos la hay, solo es necesario leer el 'Diario de Sesiones' para verla. A pesar de la reacción a la situación que motivó la comparecencia, se mantuvo en el orden del
día de la misma jornada una interpelación urgente que resultó reiterativa y ahora, a pesar de la respuesta, la interpelación se presenta como moción.
La tercera sorpresa viene del contenido intrínseco de la moción. Tendría sentido, a tenor del programa de
actuación expuesto por el Gobierno, que se presentara a la Cámara una propuesta alternativa, pero no, señorías. Cuando se está de acuerdo -que parece que lo estamos- en que la situación en la que estamos no es buena para el país, estamos
de acuerdo en las causas -falta de competitividad en sectores clave de nuestra economía-, estamos de acuerdo en los pocos instrumentos que se pueden utilizar -ya no tenemos política de tipo de cambio, no podemos hacer política monetaria y hay escaso
margen para la política fiscal-, estamos de acuerdo en que solo nos quedan políticas horizontales como la política industrial, que es la que ha emprendido el Gobierno actual, ya sé que es difícil que se pueda proponer una política económica
alternativa. Si se analizan las medidas concretas que el Grupo Parlamentario Popular propone que emprenda el Gobierno, resulta que más del 80 por ciento de las mismas son coincidentes con las que explicó el Gobierno hace pocos días antes de la
presentación de su propuesta y el resto tiene una relevancia más relativa. Como ha dicho esta misma mañana el secretario de Estado de Hacienda en la Comisión de Presupuestos: Bienvenidos al club. Bienvenidos al grupo de quienes coinciden en qué
tipo de medidas hay que tomar, y es un club que no está compuesto solo por el equipo gubernamental actual y por el Grupo Parlamentario Socialista que lo sustenta, sino también por otros grupos parlamentarios -como se ha dicho aquí-, por analistas
económicos y por representantes del mundo académico. Bienvenidos, señores del Grupo Parlamentario Popular, a la amplia coincidencia existente sobre la situación, sus causas, sus previsibles consecuencias sobre lo que hay que hacer y -si me permiten
la sugerencia, como dicen ahora los jóvenes de buen rollo- no discutan más sobre lo mal que lo está haciendo el Gobierno y acompáñennos en la senda que acabamos de emprender. Maticen desde su visión las propuestas concretas que hay sobre la mesa y
tengan un poco de paciencia para ver si a la vista de los resultados que se darán de la acción gubernamental y de las circunstancias generales, internas y externas -no me voy a extender porque pienso que es claro en la economía-, se puede construir
una política económica alternativa.
Termino, señor presidente, dado que la moción propone a la Cámara que el Gobierno haga lo que ya ha dicho que está haciendo y que va a hacer, el Grupo Parlamentario Socialista no la considera conveniente y, por tanto, votaremos en contra de
la misma.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias a las señoras y a los señores diputados que han seguido esta intervención con la atención debida. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mas.
Señor Delgado, para un turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque responde a la filosofía de nuestra moción y mejora claramente su contenido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.
Votación de las mociones consecuencia de interpelación urgente.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el futuro que tiene previsto el Gobierno para el Servicio de Vigilancia Aduanera y, en concreto, para Galicia, a la cual se va a incorporar la enmienda de sustitución presentada por el
Grupo Socialista. Votamos, pues, la moción en esos términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 299; en contra, uno, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios y actuaciones que desarrollará el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española, a la que se incorpora la enmienda de
modificación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 135; en contra, 162; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: La moción ha sido rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.