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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 77, de 16/03/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 77
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 72
celebrada el miércoles, 16 de marzo de 2005
ORDEN DEL DÍA: Preguntas ... (Página 3703)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de mejorar la financiación local. (Número de expediente 172/000084.) ... (Página 3726)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos discriminados por razones lingüísticas. (Número de expediente 172/000081.) ...
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura anterior que vulnera las competencias de las comunidades autónomas. (Número de expediente
172/000085.) ... (Página 3735)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (página 3703)
Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno español para incrementar la lucha contra el fraude y la
corrupción? (Número de expediente 180/000588.) ... (página 3703)
Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno reducir las deducciones familiares por hijo a cargo aplicables sobre la
base del Impuesto sobre la Renta? (Número de expediente 180/000589.) ... (página 3704)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Comparte el Presiden te del Gobierno las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el Presidente del
Consejo de Estado sobre la reforma constitucional? (Número de expediente 180/000590.) ... (página 3705)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa hacer algo el Gobierno para frenar el
deterioro que están sufriendo en los últimos tiempos las instituciones? (Número de expediente 180/000591.) ... (página 3707)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cómo piensa el Gobierno afrontar la nueva situación creada por la Resolución de la Audiencia Provincial de Las
Palmas, que absuelve a los inmigrantes obligados a guiar pateras? (Número de expediente 180/000586.) ...
(página 3708)
Del Diputado don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cómo piensa resolver el Ministro el grave conflicto que ha generado con el personal al servicio de
la Justicia? (Número de expediente 180/000593.) ... (página 3709)
Del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Ministro del Interior: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en torno al modelo de
financiación y transparencia de los partidos políticos? (Número de expediente 180/000607.) ... (página 3710)
Del Diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Piensa el Gobierno aprobar un Real Decreto-ley, como se ha hecho sistemáticamente en catástrofes anteriores,
para hacer frente a la catástrofe del Carmel? (Número de expediente 180/000592.) ... (página 3711)
De la Diputada doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué acciones ha adoptado el Gobierno para impedir que miembros de ETA presos en Francia tengan
privilegios en sus estudios universitarios? (Número de expediente 180/000594.) ... (página 3712)
Del Diputado don Carlos González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para potenciar la lucha contra la delincuencia organizada en
zonas específicas? (Número de expediente 180/000600.) ... (página 3714)
Del Diputado don Juan Luis Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la reciente cumbre del G-5 celebrada en Granada? (Número de
expediente 180/000601.) ... (página 3715)
Del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué actuaciones piensa emprender el Gobierno para concluir todas las actuaciones, todavía pendientes, en la estación
intermodal de Zaragoza? (Número de expediente 180/000587.) ... (página 3715)
Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuál va a ser el futuro de los trabajadores de la CMT si se produce el
traslado de la sede de dicho organismo a Barcelona? (Número de expediente 180/000596.) ... (página 3717)
Del Diputado don Celso Luis Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Podría aclarar el Ministro qué resultados ha tenido la mediación que el Presidente del
Gobierno asumió entre las empresas españolas y el Gobierno argentino? (Número de expediente 180/000597.) ... (página 3718)
Del Diputado don Gerardo Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aumentar la competencia en el mercado
minorista de productos petrolíferos? (Número de expediente 180/000602.) ... (página 3719)
Del Diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Va a modificar el Gobierno el Real Decreto 1852/1993, sobre producción
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios? (Número de expediente 180/000603.) ... (página 3720)
De la Diputada doña María Antonia de Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué decisiones va a tomar el Gobierno para apoyar y fomentar la
agricultura ecológica en España? (Número de expediente 180/000604.) ... (página 3721)
De la Diputada doña Esperanza Esteve Ortega, en sustitución de la Diputada doña María Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuál es la
valoración que hace el Gobierno sobre los primeros proyectos de investigación con células madre embrionarias presentados a raíz de la aprobación del Real Decreto sobre proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones
provenientes de las técnicas de reproducción asistida? (Número de expediente 180/000605.) ... (página 3722)
Del Diputado don Juan Julián Elola Ramón, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué iniciativas está desarrollando el Ministerio de Sanidad y Consumo en relación con el
sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud? (Número de expediente 180/000606.) ... (página 3723)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Piensa hacer algo el Gobierno para posibilitar la reintegración del Condado de Treviño en el
territorio histórico de Álava? (Número de expediente 180/000584.) ... (página 3724)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Con qué carga de trabajo contarán los astilleros de IZAR que no se
integrarán en el Grupo Navantia? (Número de expediente 180/000595.) ... (página 3725)
Interpelaciones Urgentes ... (página 3726)
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de mejorar la financiación local ... (página 3726)
El señor Canet Coma, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), plantea la interpelación urgente a pesar de la reunión que mantuvo ayer el Gobierno con representantes de la Federación Española de Municipios. Se alegran
del resultado que parece ser que significa un inicio de solución en el déficit grave de la financiación municipal, sin embargo, piensan que esta interpelación puede ser el punto de partida y que, en cualquier caso, la asignatura sigue pendiente y el
diagnóstico y las medidas que en la moción subsiguiente se planteen siguen de actualidadon El problema de fondo es que después de 25 años de la recuperación de los ayuntamientos democráticos, el modelo de descentralización administrativa en tres
niveles (estatal, autonómico y local) establecido por la Constitución española, aún no ha encontrado un modelo de financiación adecuado para los entes locales capaz de dar cumplimiento a los principios de autonomía local y suficiencia financiera
previstos en a Constitución española, artículos 140 y 142).
En nombre del Gobierno contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Reconoce que los entes locales se ven sujetos a crecientes demandas de servicios públicos que muchas veces exceden
de su ámbito competencial y tratan de atenderse con recursos limitados. El Gobierno es consciente de esta situación y de que los ayuntamientos son una pieza clave en la mejora del Gobierno local, para lo que es necesario dotarlos de los recursos
suficientes, tal como establece el artículo 142 de nuestra Constitución, pero, añade, el modelo de financiación local es muy reciente y todavía no está bien concretado ni se sabe exactamente cuáles son sus efectos.
Explica brevemente en qué
consiste el sistema de financiación y asegura que el Gobierno no ha permanecido inactivo ante la situación en la que se encuentra la financiación de los entes locales y está trabajando en un estudio previo del modelo actual y en las medidas de mayor
calado, aunque ya se han adoptado decisiones importantes para ayudar a resolver las cuestiones más urgentes.
Replica el señor Canet i Coma, y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos discriminados por razones lingüísticas ... (página 3731)
Presenta la interpelación urgente la señora Arrúe Bergareche, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, porque considera que el caso de los profesores vascos discriminados por razones lingüísticas es un hecho extremadamente
grave y del que el órgano de la soberanía nacional no puede desentenderse, como tampoco lo puede hacer el Gobierno de la nación. Explica los hechos, suficientemente conocidos por la opinión pública, y considera que el Gobierno vasco tiene la
obligación de respetar y cumplir el artículo 6.3 del Estatuto de autonomía, que establece que nadie podrá ser discriminado por motivos lingüísticos.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos). Manifiesta que en el tema de la interpelación concurren diversos aspectos de política educativa, cuestiones de función pública, de
riqueza y diversidad cultural de España y de convivencia y normas de flexibilidad entre generaciones que están contribuyendo a transformar nuestro país. A continuación pone de relieve el compromiso del Gobierno con el euskera como patrimonio
cultural de España y su convencimiento de que los gobiernos de España tienen que estar comprometidos con la protección, difusión y promoción de las lenguas que cohabitan en España, que son patrimonio cultural de todos los españoles. Recuerda que en
el año 1980 se traspasaron las competencias sobre educación no universitaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en aplicación de lo previsto en la Constitución y en el Estatuto y confía, así como lo hacen también diversos colectivos, que el
Gobierno vasco busque una solución satisfactoria, equilibrada y flexible y que afronte el bilingüismo en el sistema educativo del País Vasco en unos términos razonables.
Replica la señora Arrúe Bergareche, y duplica la señora ministra de Educación y Ciencia.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura anterior que vulnera las competencias de las comunidades autónomas ...
(página 3735)
Presenta la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría Muñoz, que hace referencia al incumplimiento del Estatuto de autonomía, cuestión que considera muy importante y espera que el señor ministro sea
profundamente sensible al tema. Explica que el Parlamento vasco ha aprobado por mayoría absoluta una propuesta de reforma estatutaria, y que hay cuatro autonomías gobernadas por socialistas que están reformando en estos momentos los estatutos de
autonomía, por lo que considera difícil que se pueda refutar la opinión de su grupo de que en este momento el bloque de constitucionalidad en el componente estatutario está siendo objeto de refutación por los grupos de la Cámara, incluso por el
propio Partido Socialista, excepción del Partido Popular que se mantiene fiel a las esencias institucionales o constitucionales. Asimismo explica los problemas existentes y las competencias pendientes de transferencia.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura). Se alegra de ver al señor Olabarría defendiendo el Estatuto de Guernica, que es la vía estatutaria correcta para el País Vasco y para el
conjunto de España porque es la vía constitucional. Se muestra orgulloso de pertenecer al Partido Socialista que ha hecho posible no sólo la democracia en España sino también los estatutos de autonomía y un Estado autonómico donde las comunidades
autónomas gozan en este momento de un margen de autonomía administrativa y de autonomía política mayor seguramente que en ningún otro país.
Posiblemente, añade, no sea suficiente, pero no es correcto olvidarlo, y recuerda asimismo que en este
momento se están planteando en algunas comunidades autónomas reformas estatutarias que tienen por objeto no tanto ir a más sino ir a mejor.
Replica el señor Olabarría Muñoz, y duplica el señor ministro de Administraciones Públicas.
Se levanta la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO ESPAÑOL PARA INCREMENTAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA
CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000588.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Primer punto del orden del día, de control al Gobierno, preguntas.
Pregunta al presidente del Gobierno del diputado don Joan Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, ¿qué medidas piensa tomar su Gobierno para luchar contra el fraude y la corrupción?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Puigcercós, le agradezco su pregunta. Como es conocido, el Gobierno mantiene una posición firme en defensa de los mejores comportamientos en la gestión pública, de la transparencia y de la confianza que eso genera en la ciudadanía. A
tal efecto, el Gobierno viene desarrollando un amplio programa de iniciativas para reforzar esa transparencia. Por eso hemos aprobado un código de buen Gobierno de los altos cargos de la Administración; por eso hemos aprobado un proyecto de ley
sobre conflictos de intereses del Gobierno y de altos cargos que fortalece las medidas preventivas; por eso en el decreto-ley de impulso de la productividad hay modificaciones de la Ley de contratos de las administraciones públicas, para introducir
más transparencia y competencia, y por eso estamos trabajando de manera avanzada ya en un proyecto de ley de contratos del sector público, para reforzar los principios de publicidad, para mejorar los criterios de adjudicación eliminando
imprecisiones o vaguedades.
Además de ello, puedo anunciarle hoy, seguramente para su satisfacción y desde luego para la de mi Gobierno, que España, a través del ministro de Justicia, va a firmar en Helsinki, el próximo día 7 de abril, y casi seis años después de su
apertura a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, los dos convenios, penal y civil, sobre la corrupción.
El primero de ellos, ya firmado por 43 Estados, es un instrumento ambicioso y cuyo objetivo es alcanzar de manera coordinada
en todos los Estados de Europa la tipificación de un número enorme de conductas vinculadas a las prácticas de corrupción. El convenio civil, firmado por 37 Estados, define por primera vez las reglas comunes a nivel internacional en el campo del
derecho civil y la corrupción.
También puedo indicarle que se han creado en los últimos meses varias delegaciones nuevas de la Fiscalía Anticorrupción en varios puntos de la geografía española y que, como conoce, la Fiscalía General del Estado tiene tres prioridades
básicas: la violencia de género, la siniestralidad laboral y la lucha contra la corrupción y cualquier tipo de fraude y delincuencia organizada, como está siendo muy evidente en estos últimos días.
Muchas gracias, señor Puigcercós. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós, su turno.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Agradezco sus palabras, señor Zapatero. Estos eran algunos de los convenios que durante los últimos años el Gobierno español no ratificó, convenios de carácter penal y civil, que la mayoría de Estados europeos habían ratificado, y no deja
de ser una paradoja que se haya tenido que producir este cambio para poder ratificar estos convenios.
La organización Transparency International ha publicado muy recientemente su índice anual de percepción de la corrupción en el mundo, en el cual España se encuentra situada entre los últimos países de la Europa comunitaria, detrás de Francia
y Bélgica y por delante únicamente de Portugal, Italia y Grecia. Según declaraciones de un dirigente de esta entidad en el Reino Unido, con motivo de la presentación mundial del informe en Londres sobre la corrupción, en España se sitúa
fundamentalmente en las obras públicas y en la Administración local. Esto lo dice Transparency International. Creemos sinceramente que esto tiene que ser una prioridad del Gobierno, como tiene que serlo acabar con cualquier atisbo de duda y de
opacidad en las relaciones contractuales que tengan las administraciones. Ya sabe usted -lo ha podido leer en la prensa- que el Gobierno catalán ha decidido la creación de una oficina contra el fraude para luchar contra estas dinámicas, que puede
decirse, como mínimo, que crean duda permanente entre la ciudadanía. También le comunicamos por parte del grupo de Esquerra Republicana que la ciudadanía necesita saber con más transparencia cuál es la gestión de los partidos políticos. Ya hemos
avanzado que el grupo de Esquerra Republicana presentará una proposición de ley para cambiar la Ley de financiación de los partidos políticos. Creemos que es necesario este debate. Los ciudadanos tienen derecho a saber, aunque sea legal que
existan donaciones anónimas, quiénes son los que las hacen. Creemos que ha habido demasiados casos, como el caso Naseiro o el caso Filesa, que merecen una explicación, y no hace mucho hubo que repetir elecciones a la Asamblea de Madrid por una
situación también dudosa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO REDUCIR LAS DEDUCCIONES FAMILIARES POR HIJO A CARGO APLICABLES SOBRE LA
BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA? (Número de expediente 180/000589.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del Gobierno de don Antoni Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, ¿piensa el Gobierno reducir las deducciones familiares por hijo a cargo aplicables sobre la base del impuesto sobre la renta?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Duran. Como conoce, el Gobierno tiene el compromiso, expresado en el discurso de investidura, de enviar a esta Cámara una reforma fiscal; en concreto el compromiso es una reforma fiscal en el segundo año de legislatura, es
decir, en este año. Hoy le puedo concretar algo más desde el punto de vista del horizonte temporal. A finales de este mes, el vicepresidente económico va a presentar públicamente las bases o principios de esa reforma fiscal, para que tengan un
proceso de debate público en lo que atañe a una tarea tan importante como la fiscalidad en un país. En el último trimestre de este año, los proyectos normativos de reforma fiscal serán remitidos a este Parlamento para su debate y aprobación en su
caso. He expresado en varias ocasiones que esa reforma fiscal busca dos objetivos básicos: la simplicidad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y una mayor equidad. Desde el punto de vista del Gobierno, es posible lograr una mayor
equidad en la consideración de las circunstancias familiares de los contribuyentes y en lo que afecta lógicamente a las deducciones por hijos conforme a la legislación actual.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro sinceramente de que el Gobierno piense explicar a la opinión pública y remitir a la Cámara en cualquier caso su propuesta de reforma fiscal. Creo que hasta la fecha, a partir de declaraciones de algunos integrantes de su equipo
económico, lo único que se ha hecho es lanzar globos sonda, y el ciudadano en general y el empresario en particular necesitan solidez sobre las propuestas fiscales de su Gobierno.
Quiero recordarle que en ese capítulo de globos sonda el secretario de Estado, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dijo que el Gobierno anunciaba cambios en las deducciones por hijo a cargo, añadiendo que el sistema actual favorece a las
familias con mayores rentas y pretendiendo sustituir en cualquiera de los casos -evidentemente utilizando el lenguaje de que solo favorecía a los ricos- las deducciones en la base por deducciones en la cuota.
Nuestro grupo parlamentario va a insistir en que la familia es una de las prioridades de la política fiscal. España está en la cola de las ayudas a las familias y, consecuentemente, no aceptaría la sustitución de las deducciones por hijos
en la base imponible por las deducciones en la cuota. Entendemos que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es básicamente un impuesto que grava riqueza, y aquello que una familia gasta para su sustento personal o para el sustento de
sus hijos, el mínimo familiar o personal, no puede ser considerado riqueza.
Consecuentemente, sobre ese presupuesto, no puede de ninguna de las maneras imponerse ninguna carga fiscal a los hijos.
Por otra parte, usted sabe perfectamente, señor presidente, que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es precisamente un impuesto que pagan básicamente las clases medias; es decir, más del 50 por ciento de la recaudación de la
Hacienda pública a partir del impuesto sobre la renta de las personas físicas procede de rentas de personas modestas o de clases medias, pues no es la vía por la cual las personas que tienen grandes fortunas liquidan sus esfuerzos en materia fiscal.
Consecuentemente, a partir de esta constatación, esperamos que el Gobierno, en contra de lo que sostiene el secretario de Estado de Hacienda, no cometa un gravísimo error, porque supondría cargar más a las familias y a las clases medias, en contra
del derecho y de la necesidad de apoyar a las familias también en materia fiscal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Duran. Estoy convencido de que usted comparte conmigo que es bueno que haya un proceso de debate público amplio sobre una reforma fiscal. Por eso acabo de expresarle que al final de este mes el Gobierno anunciará los
principios o bases de la reforma y que en el último trimestre remitirá los textos normativos a la Cámara.
En relación con las circunstancias familiares, con la política de ayuda familiar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, le tengo que dar un dato y sugerirle una reflexión que el Gobierno ha hecho, llegando a una conclusión
evidente. Si tomamos en este momento la situación de dos contribuyentes, dos ciudadanos con un hijo a cargo, uno que gana 10.000 euros y otro que gana 60.000, en el sistema actual, el primero deduce 210 euros y el segundo, 630; esto es justo el
triple.
Señor Duran, estoy convencido que usted considera que este sistema puede ser mucho más equitativo para favorecer y ayudar mucho más a las familias, sí, a todas, pero especialmente a las familias que más lo necesitan. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LAS DECLARACIONES REALIZADAS EL PASADO MIÉRCOLES
POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/000590.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.
Señor presidente, hace unos días un articulista aludía en un diario nacional a una reflexión de Ralf Dahrendorf: Cuando los políticos no tienen ideas, deciden reformar la Constitución. Ese es usted, pero además usted se lo encarga a otro,
no sé si porque no sabe lo que quiere o porque quiere descargar la responsabilidad o la culpa en ese otro. Y el que recibe el encargo nos sorprende con ocurrencias varias. La última es que en España hay comunidades autónomas que son comunidades
nacionales que se extienden a otras comunidades autónomas y a parte del extranjero.
Algunos socialistas lo suscriben y lo plasman en sus propuestas de reformas y otros, como por ejemplo su ministro de Defensa, lo critican, y hoy mismo lo ha hecho
un destacado dirigente socialista. Yo le pregunto: ¿cuál es su opinión? ¿Qué es una comunidad nacional? ¿Está usted a favor? ¿Cuál es el plus con respecto a la nacionalidad? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Quién puede constituirse y para qué sirve
todo este debate, señor presidente? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, yo sé que hay fuerzas políticas que tienen alergia a las reformas. (Risas.-Rumores.) Es un dato histórico, al igual que es histórico que todas las constituciones de nuestro entorno europeo han sido reformadas en diversas
ocasiones, y aquellas fuerzas políticas que se niegan siempre a las reformas normalmente las reforman los ciudadanos en las urnas. (Risas y aplausos.)
Le diré que expreso mi respeto a la libertad de criterio del presidente del Consejo de Estado, que tiene acreditada una trayectoria de autoridad intelectual, personal y de servicio al Estado y que desde su independencia va a desarrollar una
brillante función al servicio del interés general informando la reforma que hemos propuesto de la Constitución. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, el problema es que el presidente del Gobierno es usted y ese es un verdadero problema, no el señor Rubio Llorente. (Rumores y protestas.) Y los españoles quieren que les diga qué quiere hacer usted,
cuál es su criterio, cuál es su opinión, y que deje de consultar a comités de sabios para luego no hacer nada. Yo le pido que retire la consulta al Consejo de Estado, que no está para suplir ni su falta de ideas ni su ausencia de convicciones. No
sé si es malo tener alergia a las reformas, pero desde luego tener alergia a los conocimientos siendo presidente del Gobierno es demoledor, señor presidente. (Aplausos.) Y un presidente del Gobierno debe tener al menos una cierta idea de España y
contarla y no crear problemas donde no los hay y alguna vez tener algún criterio y definirse sobre algo, porque de declaraciones arcangélicas no se vive permanentemente, señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, de lo que he oído en los últimos tiempos, la afirmación de que soy el presidente del Gobierno es de lo más acertado que le recuerdo.
(Aplausos.-Rumores.) Pero ya que estamos hablando de declaraciones, ayer le escuché decir que
el Gobierno tiene una política exterior que parece una orgía permanente. (Rumores.) Señor Rajoy, no sé que le habrán contado a usted, pero le puedo asegurar que no es para tanto. (Risas y aplausos.) En todo caso, no puede quejarse, porque yo, en
esta misma Cámara, le invité a ir a Polonia y usted no quiso. Si se anima... (Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Discúlpenme, pero la sesión de control exige el mantenimiento de ciertas formas; si no, es imposible.
Silencio, por favor, en el hemiciclo.
Continúe, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Le decía que no puede quejarse, que yo le invité a ir a un viaje a Polonia, usted no quiso ir, y si se anima... (Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Continúan las protestas.)
Señor Pujalte, le llamo al orden por primera vez.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Le decía, señor Rajoy, que, si se anima en el futuro a viajar, podrá comprobar que no es para tanto, que no hay ninguna orgía permanente.
Muchas gracias. (Aplausos.-Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Dígame.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, como cuestión de orden, antes de que me
corresponda el turno de preguntar a la señora vicepresidenta, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, manifiesto mi protesta -lo hemos hecho ya en otras ocasiones, no de manera formal- porque en las preguntas...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Zaplana, dígame usted qué artículo alude para fijar la cuestión de orden.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Aludo a la cuestión elemental y básica...
El señor PRESIDENTE: Dígame, por favor, a qué artículo del Reglamento se refiere para la cuestión de orden. (Rumores.)
Si usted me dice sobre qué artículo basa su cuestión de orden, la puede hacer. Dígamelo.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Una cuestión de orden es una cuestión de orden. Parece lógico...
El señor PRESIDENTE: Una cuestión de orden tiene que estar basada en un artículo preciso del Reglamento. Dígamelo. Si usted lo justifica, yo se la doy, pero dígamelo.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Aludo al desprecio que se hace...
El señor PRESIDENTE: Dígame, por favor, en qué artículo del Reglamento se basa. (Fuertes protestas.)
Lo lamento, continuamos la sesión de control.
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PIENSA HACER ALGO EL
GOBIERNO PARA FRENAR EL DETERIORO QUE ESTÁN SUFRIENDO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS LAS INSTITUCIONES? (Número de expediente 180/000591.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del diputado don Eduardo Zaplana.
Adelante, y continuamos con la sesión de control.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Confío tener en esta ocasión más suerte y que cuando se pregunta por comunidad nacional no se me conteste con orgías o con invitaciones a Polonia. (Aplausos.)
En cualquier caso, señora vicepresidenta, usted presume de que el Gobierno que vicepreside gobierna para los ciudadanos, o sea, que S.S. piensa permanentemente todo el día en los ciudadanos. Pero debe pensar solamente en determinados
ciudadanos. Prefiere, sin duda, los derechos del ciudadano Maragall a los de los 15.000 afectados del barrio del Carmelo (Rumores.), y tampoco le parece importante defender el derecho de tres millones y medio de personas que piden ser recibidas sin
conseguirlo.
Dime, señoría, de qué presumes y te diré de lo que careces.
Por eso esta tarde le recuerdo que los ciudadanos tenemos también derechos que no son de segunda ni de peor condición, sin ir más lejos, a que las instituciones funcionen. En solo diez meses, señoría, han deteriorado el Consejo General del
Poder Judicial y los jueces han perdido el derecho a elegir sus cargos con la mayoría que lo venían haciendo desde 1985. El fiscal general no funciona cuando no defiende la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. El Consejo de Estado no
puede funcionar con un presidente que hace continuas declaraciones que violentan la propia Constitución. Señoría, no se garantizan los derechos de la gente cuando el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene que dimitir
por actuaciones de su Gobierno o cuando se insta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a participar en un acoso político a empresas privadas.
Hoy tengo que decirle con pesar en esta Cámara que tampoco se defienden los derechos de los ciudadanos cuando se niega el derecho a investigar quién inspiró la masacre del 11-M y con qué motivo se hizo. (Rumores y protestas.) Y no es que no
quieran que se eche sal sobre la herida, como se ha dicho, sino que quieren echar cemento sobre el mayor drama de nuestra reciente historia.
Señora vicepresidenta, un Gobierno que firma pactos a escondidas porque no pueden ser conocidos no defiende los derechos de los ciudadanos, sino, exclusiva e irresponsablemente, los suyos propios. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Señoría, este Gobierno desde el primer día trabaja para recuperar el prestigio perdido por las instituciones durante los ocho años de su Gobierno. (Risas y aplausos.) Le aseguro, señor Zaplana, que volver a prestigiar las instituciones
dentro y fuera de nuestro país está siendo un trabajo duro y difícil, dada la situación en que ustedes las dejaron.
La regeneración institucional que estamos llevando a cabo conlleva promover de nuevo la independencia de las instituciones que
ustedes ocuparon (Protestas.), su eficacia, su transparencia y
su sentido de servicio público. Por ello, el presidente del Gobierno de todos los españoles ha recuperado el diálogo con todas las instituciones del Estado y ha recibido a todos los presidentes autonómicos. Por ello, el presidente del
Gobierno de todos los españoles ha venido a este Parlamento a pedir autorización para enviar tropas fuera de España. Por eso, desde la mesa del portavoz del Consejo de Ministros de todos los españoles, señor Zaplana, no se desprecia a nadie, y
usted en eso era un maestro. (Aplausos.) Por ello, este Gobierno de todos los españoles, señor Zaplana, ha decidido recuperar el respeto al mismísimo jefe de la oposición, que se sienta a su lado, que ya no es nuestro enemigo. Por todo ello, señor
Zaplana, no será este Gobierno el que se atreva a llamar defensor de los verdugos terroristas a nadie ni será este Gobierno el que presente una denuncia criminal, hoy archivada, contra el fiscal general del Estado por cumplir su misión. (Aplausos.)
No será este Gobierno, señor Zaplana, el que emplee argumentos falsos para llevar a España a una guerra injusta ni el que minimice las catástrofes envolviéndolas...
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio. (Pausa.)
Por favor, les rogaría silencio. ¿No les parece que es un poco absurdo que el presidente se haga con el hemiciclo sobre la base de sucesivas llamadas al orden? No tiene ningún sentido. Mantengan el silencio y al final de la intervención
eventualmente reaccionen, pero dejen el uso de la palabra a los oradores todos los grupos parlamentarios, desde el este al oeste de la Cámara, desde el norte hasta el sur. Es muy elemental.
Señora vicepresidenta, continúe.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, ese es el respeto que tienen a esta Cámara. Sí, señor. (Aplausos.)
Quiero decirles que este es un Gobierno que efectivamente respeta a los ciudadanos, prestigia a las instituciones y les ha devuelto el respeto.
Ustedes las ocuparon. Señor Zaplana, ¿le suena lo que es el respeto? No le suena. Ese es el
problema. El problema es que a usted no le suena porque no sabe lo que es respetar no las instituciones, sino a los ciudadanos... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El tiempo concluyó. Discúlpeme.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO AFRONTAR LA NUEVA SITUACIÓN CREADA POR LA RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
LAS PALMAS, QUE ABSUELVE A LOS INMIGRANTES OBLIGADOS A GUIAR PATERAS? (Número de expediente 180/000586.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la acción de la justicia hacen que las mafias que trafican con las personas hacia España en general y hacia Canarias en particular busquen
fórmulas alternativas para salvar la resistencia a los obstáculos que se les van presentando; entre ellas, empiezan a cambiar las barquillas por barcos negreros, están cambiando los lugares de origen de salida de las barcas buscando alternativas a
Marruecos, en este caso Mauritania; buscan islas de destino más fáciles de acceder e intentan salvar la acción de la justicia cambiando a los patronos por inmigrantes al frente de las pateras. Es una situación nueva, especial, y nos gustaría
conocer cómo piensa afrontar el Gobierno esta nueva realidad con respecto a la inmigración irregular.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, el Gobierno sólo puede acatar las resoluciones de los tribunales de justicia y hemos tenido conocimiento de una resolución de la Audiencia Provincial que absuelve a inmigrantes que han conducido una patera hasta destino, en
la medida en que no los ha encontrado culpables de ningún delito tipificado en el Código Penal. Es un ejercicio de interpretación y de aplicación del derecho, pero el Gobierno está comprometido de manera constante y permanente en la lucha contra
las mafias que trafican con personas a lo largo de todo el recorrido y en origen, con el Código Penal, con la cooperación policial y judicial, actuando en origen en los países ribereños, fortaleciendo la cooperación, como estamos haciendo con
aquellos países que tienen un protagonismo especial en la prevención del problema, como es claramente el caso de Marruecos y Mauritania, y por supuesto llevando el asunto a la agenda de prioridades de la mesa del Consejo de Ministros de la Unión
Europea, de manera que en todos esos frentes y con la colaboración de todos los poderes públicos que tienen responsabilidades en España, comunidades autónomas, cabildos insulares en el caso canario y ayuntamientos, estamos corrigiendo ese drama, de
modo que el balance que podemos presentar después de once meses en el Gobierno es que en el año 2004 han llegado a Canarias, a pesar de la intensidad de la afluencia y su dramatismo, menos pateras y, sin embargo, han sido aprehendidos más patronos y
consiguientemente más traficantes de personas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, adelante.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, presidente.
Señor ministro, estamos de acuerdo en que los culpables no son esta pobre gente, estos a los que atrapan las mafias y colocan al frente de una barquilla para intentar salvar la acción de la justicia. Ante ello no cabe otra solución que
seguir fortaleciendo los medios disuasorios, la utilización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y no cabe otra opción que la actuación intensa y constante para intentar desarticular las mafias. Para hacerlo tenemos que contar con la
colaboración de los países donde se produce el tráfico de las personas.
Es vital la colaboración y la cooperación con Marruecos. Por eso, con motivo de la visita del Rey de España a dicho país y de ese compromiso adquirido por su homólogo marroquí
en el sentido de estar dispuesto a prestar toda su colaboración -lo que demandaba eran medios, cooperación con Marruecos-, es muy importante que el Gobierno de España, en el seno de la Unión Europea y fortaleciendo los acuerdos bilaterales con
Marruecos, propicie medios al alcance del rey alauí para poder hacer frente al desmantelamiento de los traficantes de personas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, usted hace bien en traer esta cuestión, que es enormemente prioritaria y preocupación principal no solo en Canarias sino en el conjunto de España.
Desde el Ministerio de
Justicia y todo el Gobierno estamos haciendo gestiones para enfatizar la necesaria cooperación de los países ribereños. Hemos establecido la figura del magistrado de enlace con Marruecos, que puede jugar un papel importante en la transmisión de
comunicación relevante a la hora de actuar en origen sobre las mafias que trafican con personas, y como consecuencia del fortalecimiento de los mecanismos de prevención de ese tráfico, en 2004 fueron interceptadas 740 embarcaciones con 16.000
inmigrantes a bordo y 283 patronos detenidos. Es un balance sensiblemente mejor que el del año anterior y esperamos mejorarlo el año que viene. Porque este es un trabajo que no vamos a resolver en 24, ni en 48 horas, requerirá una estrategia
sostenida en el tiempo, perseverante, enormes dosis de colaboración y también la atención debida a las reglas de confidencia que en la transmisión de información proveniente de esos países terceros que tan relevante papel pueden jugar en la....
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, ministro. El tiempo terminó.
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO PIENSA RESOLVER EL MINISTRO EL GRAVE CONFLICTO QUE HA GENERADO CON EL PERSONAL AL SERVICIO
DE LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/000593.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de don Ignacio Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, pregunto al señor ministro de Justicia, ¿qué medidas piensa adoptar para afrontar la grave crisis que han generado ustedes con el personal al servicio de la Administración de Justicia?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor diputado, déjeme negarle la mayor. No hemos generado ninguna grave crisis con el personal de la Administración de Justicia. Nos encontramos en el proceso de implantar un nuevo modelo de oficina judicial que, por
cierto, es un mandato de una ley que fue aprobada con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Gobierno. Ese nuevo modelo de oficina judicial nos obliga a una negociación con los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia y
estamos en ella con la mejor voluntad. Respetamos las decisiones que puedan tomar los sindicatos de la Administración de Justicia en el ámbito de su autonomía, pero, al mismo tiempo, sostenemos abierta la negociación.
Ofrecemos disposición a un
incremento muy sustantivo de retribuciones.
Hemos ofrecido un montante superior al 18,4 por ciento de la masa salarial para poder abrirle paso al establecimiento del nuevo modelo de oficina judicial, pero no perdemos de vista ni un solo segundo que
el destinatario de esa acción, y en definitiva del trabajo del Ministerio de Justicia, no puede ser otro que la ciudadanía que espera un mejor servicio en la realización de la justicia de todos los días. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El señor diputado.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Gracias, señor presidente.
Menos mal que no es un conflicto, señor ministro, porque tienen ustedes hoy a la justicia sencillamente de huelga general. Han conseguido en un tiempo récord y con una dimensión desconocida generar un conflicto insólito, téngalo en cuenta,
con una gestión que lleva directamente al mayor de los desastres a la justicia de este país. Lo grave de esto, señor ministro, es que esto no es una cosa ocasional. Esto responde a errores de fondo gravísimos de los que venimos advirtiéndoles en
esta Cámara.
En primer lugar, hablando de financiación de la justicia, ustedes conocen muy bien que cuando dice usted:
estamos haciendo una oferta importante a los sindicatos, a todos los sindicatos que hoy han convocado la huelga, eso no sirve para que les contesten con otra cosa que no sea una huelga general. ¿Por qué? Porque ustedes, ni están cumpliendo
aquello que se pactó, ni, peor todavía, saben por qué y cómo explicarles a los sindicatos la irresponsabilidad de que ustedes rompieron un pacto de Estado con el argumento de que no había financiación suficiente y, a día de hoy, a las peticiones de
los sindicatos y del personal al servicio de la Administración de Justicia, les contestan que no tienen un solo euro para atender ésas y otras muchas necesidades, para acometer la reforma que ya está en marcha y las reformas que tienen que realizar.
Pero es que, además, señor ministro, no es sólo una cuestión de retribuciones. Es, fíjese, en primer lugar, una cuestión gravísima de talante, porque a los líos que ustedes han organizado, no ya con este partido mayoritario de la oposición, con el
Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones de jueces, de fiscales que no les gustan a ustedes, ahora unen el lío mayor con todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Y lo que les están diciendo es que ustedes son
prepotentes, que no dialogan, que ustedes hacen un planteamiento dogmático de la cuestión. Ustedes no están trabajando por la modernización de la justicia. Están trabajando en la dirección contraria a la modernización de la justicia y han tocado
fondo.
O rectifican inmediatamente, o lo que va a pasar es que del tiempo de mayor consenso en la justicia española se va a pasar al mayor conflicto de la historia en la justicia de este país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): No, señor Astarloa. Para empezar, usted que ha mencionado de nuevo el talante, déjeme decirle que una buena muestra de ese talante podría serlo el hecho de que yo le responda sin echarle culpa
al pasado, ni a su gestión, porque lo cierto es que lo que estoy intentando es el establecimiento de la oficina judicial que estableció en su momento la Ley Orgánica del Poder Judicial que ustedes aprobaron con su mayoría absoluta. Y estoy
ofreciendo, claro que sí, incrementos retributivos a los trabajadores de la Administración de Justicia, no sólo a los sindicatos y a los representantes sindicales, al conjunto de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, pero
vinculados a contrapartidas. ¿Y sabe por qué? Porque estoy manejando dinero público, no es mío, estoy manejando el dinero de los contribuyentes, y es imprescindible que los incrementos retributivos vengan asociados, como usted debería saber bien,
porque usted estuvo en la cocina de ese nuevo modelo de oficina judicial, a condiciones de rendimiento, de dedicación, de asunción de responsabilidades, en definitiva a la individualización de los puestos de trabajo y no incrementos lineales e
indiscriminados simplemente por evitar un conflicto sindical. Estoy ofreciendo el incremento retributivo más alto que hayan visto los ministerios de Justicia de la democracia, superior a un 18 por ciento, pero lo vinculo al establecimiento de un
modelo de justicia y de Administración de Justicia que tenga sentido para la ciudadanía y que la ciudadanía pueda ver mejorada la prestación de servicio público de la justicia, porque eso es lo que realmente debe importarnos, señor Astarloa. Además
lo estoy haciendo respetando a las comunidades autónomas, porque si usted me pide a mí que yo incremente linealmente la retribución de los funcionarios tendrá que decirle a los cinco consejeros... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha terminado.
- DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN TORNO AL MODELO DE FINANCIACIÓN Y
TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS? (Número de expediente 180/000607.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior, de don Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno en torno al modelo de financiación y transparencia de los partidos políticos?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor Herrera, como ya anuncié en mi primera comparecencia en la Comisión de Interior, en mayo de 2004, y como han repetido todos los miembros del Gobierno que han hablado del tema, es intención del ejecutivo buscar el compromiso de todas
las fuerzas políticas en relación con la reforma de la legislación de partidos políticos con un doble objetivo: mejorar y resolver los problemas de financiación de los partidos políticos y hacerlos más permeables a las demandas sociales. Todas las
iniciativas -y esa es la voluntad explícita del Gobierno y del grupo parlamentario que nos apoya principalmente- en materia de estructura del sistema electoral del Estado, incluida la legislación de partidos políticos entendemos, y así lo vamos a
hacer, que deben de ser sometidas a un fuerte consenso parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor HERRERA TORRES: Señor ministro, usted sabe que hoy existe exigencia de transparencia. De hecho, no es una propuesta nueva, digamos que el compromiso de los partidos ha sido desigual, pero la novedad es que hoy es inexcusable, y lo
que está claro es que lo que no puede hacer el consenso es limitarnos a una propuesta que avance en regeneración democrática. Hoy el debate está en la calle, y no podemos esperar a que el cauce vuelva a su río, lo que hay que hacer precisamente es
reformar la Ley de Partidos Políticos, la Ley Electoral, y lo podemos hacer en ingresos, gastos y en fiscalización, lo podemos hacer en las donaciones garantizando que estas sean transparentes, porque la transparencia hace más libres a los partidos
y más sabia a la ciudadanía. Hoy se deben limitar las donaciones a las entidades jurídicas o a las empresas que si dan donaciones -llámenme mal pensado- lo hacen a cambio de algo; se deben limitar además las cantidades. Y en los gastos
simplemente hay que aplicar el sentido común: se pueden limitar los gastos electorales; el mailing, el sobre, podría ser conjunto; en la fiscalización de los partidos hoy el Tribunal de Cuentas podría jugar un papel mucho más activo,
consolidando, sin ir más lejos, las cuentas de todos los partidos y no solo sus cuentas centrales, teniendo la posibilidad de sancionar los incumplimientos e irregularidades que se observen, e incluso proponiendo la reducción de subvenciones.
Hoy es posible la transparencia, el carácter público hacia la ciudadanía de las cuentas de los partidos. Lo cierto es que esto lo digo hoy cuando en los últimos días se ha cultivado la sombra de la duda. Han hablado de pacto de silencio,
han querido inhabilitar a los partidos y de paso a la política. Y ante esta tentación, en la que algunos creen sacar alguna ganancia, la mejor respuesta es mayor transparencia. José Luis Rodríguez Zapatero asumía el compromiso de la profundización
democrática. Nuestro grupo lo que le plantea es que ese compromiso sea hoy una realidad, porque las expectativas hoy ya son exigencia. Y como le decía, nuestro grupo va a plantear iniciativas, interpelaciones, proposiciones de ley y va a buscar el
consenso, pero no va a hacer de la unanimidad una excusa para que en el modelo de financiación de partidos no vaya la transparencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, de nuevo, señor presidente. Gracias, señor diputado. Estoy completamente seguro de que en materia de principios relativos a la clarificación de las fuentes de financiación y a la
solvencia en la fiscalización de los partidos, por lo tanto a la transparencia de cara a los ciudadanos, están de acuerdo todos los partidos políticos democráticos. En particular, en lo que hace a las fuentes de financiación, sí creemos que hay que
clarificar las mencionadas fuentes. En este sentido, la financiación pública debería consistir en la aportación presupuestaria en los presupuestos del Estado y en su caso de las comunidades autónomas y entes locales. Por parte de la financiación
privada, debería limitarse a las aportaciones de militantes y simpatizantes y a las donaciones privadas de personas físicas en la cuantía máxima que establezca la ley, teniendo en cuenta que éstas deberían figurar en un registro especial sujeto a
fiscalización, a publicidad y, por lo tanto, a transparencia. Del mismo modo, el Gobierno, en congruencia con el principio de transparencia, es partidario de un plan especial de contabilidad igual para todos los partidos políticos, con el fin de
establecer un control necesario. En definitiva, me remito a estos criterios, me remito al necesario consenso entre las fuerzas políticas democráticas y muestro el acuerdo del Gobierno en cuanto a los principios que todos compartimos.
Gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PIENSA EL GOBIERNO APROBAR UN REAL DECRETO-LEY, COMO SE HA HECHO SISTEMÁTICAMENTE EN CATÁSTROFES
ANTERIORES, PARA HACER FRENTE A LA CATÁSTROFE DEL CARMEL? (Número de expediente 180/000592.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior del diputado señor Fernández Díaz.
Adelante.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor ministro, la práctica habitual ante situaciones de catástrofes o calamidades públicas ha sido aprobar por el Gobierno reales decretos leyes conteniendo el conjunto de medidas fiscales, laborales, de Seguridad
Social, etcétera, necesarias para dar una respuesta integral y eficaz a las necesidades que se habían planteado como consecuencia de esas catástrofes. Siempre ha sido así. En particular, le puedo recordar, por ejemplo, que durante los ocho años de
gobiernos del Partido Popular se aprobaron 32 reales decretos leyes correspondientes a otras tantas catástrofes, y en lo que llevamos de esta legislatura, ustedes han aprobado cuatro.
El pasado 27 de enero en el barrio del Carmel, como saben, se produjo una catástrofe que, según usted mismo ha dicho en la orden ministerial que usted aprobó, publicada el pasado día 28 de febrero, ha causado una gran conmoción social en
Barcelona y en el conjunto de España. Así las cosas, le pregunto, señor ministro: ¿Para cuándo piensa el Gobierno aprobar un
real decreto-ley, como se ha hecho sistemáticamente en catástrofes anteriores y sin ni una sola excepción, para hacer frente ahora a la catástrofe del Carmel? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, como ya le dije en la interpelación que ambos compartimos hace una semana aproximadamente, la gestión en la crisis del Carmel no era responsabilidad, desde ningún punto de vista, del Gobierno de España.
Sin embargo, el
Gobierno entendió que los ciudadanos necesitaban una muestra concreta material de solidaridad. Por eso dictamos, después de tomar el acuerdo político correspondiente en Consejo de Ministros, la Orden Ministerial de 14 de febrero que usted, estoy
seguro, conoce perfectamente y que establecía una serie de indemnizaciones, que ayudaran a los ciudadanos afectados a paliar el sufrimiento que les produjo la pérdida de sus viviendas, la destrucción parcial de sus viviendas y/o la pérdida o
destrucción de sus locales de negocio.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor diputado, adelante.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Está claro, señor ministro, que ustedes consideran la catástrofe del Carmel como una catástrofe de orden ministerial, es decir de orden menor. Quizá sea porque es muy duro reconocer que esa catástrofe tiene su
origen, no en una causa natural, como hasta ahora sucedía -incendios, sequías, inundaciones, nevadas-, sino que tiene una causa política, y además tiene nombres y apellidos: es tripartito catalán. Y he dicho tripartito catalán y no tres por ciento
catalán, que suena parecido pero no es exactamente lo mismo. (Aplausos.) Negligencia política en el tripartito catalán, eso sí que ha sido una catástrofe. Y entonces resulta que hay que ponerle sordina a lo que está sucediendo en el Carmel de
Barcelona. Por eso les molesta tanto a ustedes y a sus socios que debatamos y aprobemos cosas en esta Cámara que tengan por finalidad paliar las consecuencias de esa catástrofe.
Por otra parte, parece que un real decreto-ley, como siempre se había hecho, pondría al Estado en primera línea de solidaridad en la respuesta.
Claro, que venga el Gobierno de la nación a resolverle la papeleta a sus socios del tripartito
es demasiado, sobre todo para los nacionalistas radicales ultramontamos, insolidarios, que son sus socios aquí y allí.
Pero lo que sí está claro, señor ministro, es que el agravio y el perjuicio que supone para los miles de afectados es una
consecuencia que se deriva de la falta de una respuesta adecuada desde el Gobierno de España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Francamente, señor diputado, el Gobierno está en las claves y en el esquema de prestar solidaridad con los ciudadanos y ayuda a los ciudadanos para paliar el sufrimiento, aunque no tenga ninguna responsabilidad en la gestión del desastre del
Carmel. Por lo demás, la orden ministerial que le he citado tiene un suficiente rango normativo para hacer frente al problema planteado. Por lo que hace al Gobierno de España, le recuerdo las ayudas de 10.000 euros por destrucción de vivienda o
por daños al local de negocio; 6.000 por daños estructurales en vivienda; 3.000 por daños no estructurales; 1.500 por pérdida de enseres, etcétera. Ayudas que son compatibles con las que pueda conceder la Administración o administraciones
catalanas.
En definitiva, señor diputado, nosotros aquí hemos querido -y es lo que hemos hecho- ir en ayuda de los ciudadanos, al margen de cualquier consideración de estrategias políticas de corto alcance; si usted quiere hacerlas, nosotros no, desde
luego. (Aplausos.-El señor Canet Coma pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame, señor diputado.
Adelante.
El señor CANET COMA: Quisiera intervenir por alusiones. ¿Puede ser?
El señor PRESIDENTE: ¿En qué basa su solicitud?
El señor CANET COMA: Para pedir una aclaración al señor Fernández Díaz, porque no sé si con la mirada se refería a nosotros con los de nacionalistas ultramontanos. (Un señor diputado: No hay artículo por alusiones.) Si se refería a
nuestro grupo al decir nacionalistas ultramontanos, solicitaría que lo retirase. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Continuamos la sesión de control.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ ACCIONES HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA IMPEDIR QUE MIEMBROS DE ETA PRESOS EN FRANCIA TENGAN
PRIVILEGIOS EN SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS? (Número de expediente 180/000594.)
El señor PRESIDENTE:
Pregunta al ministro del Interior de doña Alicia Sánchez-Camacho.
Adelante.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Se da por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
El Gobierno en esta materia, como en todas, cumplirá escrupulosamente la ley, lo que implica hacer todo lo posible para que no se produzca ningún fraude a la ley que, repito, es una manera de cumplir la ley. Por tanto, cumplimiento estricto
de la legalidad vigente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro. Evidentemente su respuesta es bastante obvia. Lamentamos esa obviedad y esperamos que usted pueda explicar luego algo más de lo que ha dicho, porque la verdad es que es ciertamente críptico. Nosotros
queremos recordarle que sabe muy bien que en el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, en el punto 5 la política penitenciaria forma parte de la estrategia contra las bandas terroristas, en este caso contra la banda terrorista ETA;
además, está en el marco de actuación de los dos partidos que firmamos ese acuerdo.
Además, usted conoce bien, señor ministro, que modificamos la Ley Orgánica General Penitenciaria en la legislatura anterior a instancias del Partido Popular para
que también los presos etarras estuvieran sometidos a los principios constitucionales de reeducación y de reinserción de los reclusos, pero para evitar los abusos y las injusticias universitarias que se basaban en la coacción y en el miedo a los
profesores de la UPV. Ustedes, señor ministro, aprobaron esa reforma legal. Le quiero recordar, además, lo que dijo el ponente socialista de esa ley. Las palabras textuales son: El solo hecho de que algún profesor de la UPV, uno solo, pueda
sentirse afectado por esa capacidad intimidatoria justifica la capacidad de esta iniciativa. ¿Sabe usted quién fue el ponente? El actual ministro de Justicia.
Para nosotros, señor ministro, no ha cambiado nada; nosotros seguimos siendo coherentes con lo que decíamos, con lo que aprobamos y lo seguimos diciendo ahora. La situación tampoco ha cambiado y desgraciadamente ETA sigue coaccionando y
sigue intimidando, y en este caso también lo hará con los profesores de la UPV. Pero ustedes, señor ministro, sí que han cambiado, el Partido Socialista sí que ha cambiado. En el Parlamento vasco ustedes han aprobado una proposición no de ley para
que los presos de ETA puedan volver a estudiar en la universidad pública vasca y no se sometan a los estudios de la UNED. Además, señor ministro, seguro que usted lo conoce muy bien, su directora general, la señora Gallizo, dijo en esta Cámara que
se iban a establecer convenios con la UNED. Pues bien, señor ministro, ¿dónde está la coherencia del Partido Socialista Obrero Español? ¿Dónde están las palabras del señor ministro? ¿No tenían firmeza antes cuando era diputado o la tienen ahora
de manera diferente cuando es ministro? ¿Dónde está el compromiso del PSOE con los profesores de la UPV? Pero es que además ahora se han matriculado en esa universidad 57 presos etarras que cumplen condena en Francia. Señor ministro, ¿qué piensan
hacer ustedes? Porque la ministra de Educación dice que tienen que seguir por la UNED y el ministro de Justicia dice que va a ejercitar acciones penales. La diferencia entre ustedes y nosotros, señor ministro... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Francamente, señora diputada, he encontrado un poco confusa su exposición; me reprocha que diga una obviedad, pero acto seguido se refiere a la reforma de la Ley de 2003. Precisamente lo que digo es que vamos a aplicar la Ley Orgánica
General Penitenciaria en sus términos, y los términos son cumplir lo establecido constitucionalmente para las penas y evitar en el tema de estudios de presos cualquier fraude a la ley que ha emanado del Parlamento. El Estado de derecho se rige de
acuerdo al principio de legalidad que nosotros -y estoy seguro que ustedes también- respetamos absolutamente. En definitiva, señora diputada, se trata en cualquier caso de garantizar el rigor y control necesarios sobre la enseñanza que se imparte,
así como las medidas para garantizar la seguridad de cualquier empleado público o de cualquiera en el ejercicio de su trabajo e, insisto, evitar cualquier fraude a la ley. No se preocupe que este Gobierno no va a permanecer pasivo ante cualquier
actuación que pueda suponer un intento de vulneración del esquema legal de las normas que regulan la impartición de estudios universitarios a los internos. Hemos solicitado un informe a los servicios jurídicos del Estado, que lo está elaborando,
para ver de qué va el protocolo de la Universidad del País Vasco y estamos manteniendo contactos bilaterales con las autoridades francesas para ver cuál es su punto de vista, que de momento no sabemos cuál es. Por tanto, no adelante
acontecimientos.
Por lo que se refiere a lo que ha señalado la ministra de Educación, ya le respondí hoy a un senador del Partido Popular en la otra Cámara que la ministra de Educación va a recurrir todas las matriculaciones que están hechas fuera de plazo,
donde radica buena parte del problema. Por consiguiente, acomodación y cumplimiento estricto de la ley en sus términos y repudio total
de cualquier fraude que se pudiera producir de la misma. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON CARLOS GONZÁLEZ SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA POTENCIAR LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
ZONAS ESPECÍFICAS? (Número de expediente 180/000600.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Carlos González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el abandono de las políticas de seguridad por los gobiernos anteriores ha ocasionado graves consecuencias en términos de seguridad ciudadana que todavía hoy se padecen. Tres factores propiciados por los gobiernos del Partido
Popular han posibilitado la irrupción en España de la llamada delincuencia organizada. El primero ha sido la disminución del gasto público en seguridad. En segundo lugar, la reducción de las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil y, en
tercer lugar y muy importante, el modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria. Como usted sabe, señor Alonso, las organizaciones criminales están ubicadas fundamentalmente, pero no de forma exclusiva, en la Costa del Sol y en la
Costa Blanca, en las provincias de Málaga y Alicante, y su presencia y su actividad delictiva suponen una perturbación grave para los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en esas zonas.
Señor ministro, a este grupo parlamentario le consta la seriedad y el rigor con los que el Ministerio del Interior está abordando los problemas y las necesidades de seguridad ciudadana. Nos consta su firmeza y la determinación del Gobierno
en lo que al aumento de medios y de recursos presupuestarios se refiere y nos constan también los avances en la compleja lucha contra el crimen organizado. Traslade, señor ministro, la sincera felicitación del Grupo Parlamentario Socialista a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el éxito de la operación Ballena Blanca. Pero a pesar de ello, a pesar de los avances, señor ministro, la seguridad continúa siendo una prioridad básica y esencial para el Grupo Parlamentario
Socialista, por lo que consideramos absolutamente preciso y necesario que el Ministerio del Interior desarrolle una actuación continuada, efectiva y eficaz conducente a erradicar la criminalidad organizada en nuestro país. Por ello le pregunto,
señor ministro, en nombre de nuestro grupo: ¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno en la lucha contra el crimen organizado en las provincias de Málaga y Alicante?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, presidente.
Gracias por sus felicitaciones, señor diputado. Las trasladaré. A ver si puedo resumirle en el escaso tiempo de que dispongo la complejidad de un problema que constituye una prioridad política para el Gobierno de España y para todos los de
la Unión Europea. Necesitamos más medios materiales, humanos y tecnológicos y los estamos poniendo en marcha. Necesitamos otra metodología policial, otra formación de los policías y, por lo tanto, un nivel mayor de especialización y, sobre todo,
necesitamos colaborar en el intercambio de información internacional porque la lucha contra el crimen organizado, un crimen de naturaleza por esencia global y transnacional, exige una respuesta institucional también suficiente desde el punto de
vista internacional.
Por lo que respecta a España, le puedo decir que estamos concentrando la labor contra las mafias en los siguientes frentes. En primer lugar y en el ámbito de la Comisaría General de Policía Judicial, como sabe, se ha implantado en la Costa
del Sol un grupo especial de respuesta al crimen organizado, Greco, y se va a implantar un Greco también en Levante que abarcará geográficamente las comunidades autónomas de Murcia y Valencia y que para las labores de inteligencia y de captación de
información se apoyará en las unidades territoriales de inteligencia criminal. Constará de unos 25 efectivos y se organizará con una estructura y funciones similares a las del ya creado grupo de Málaga que últimamente ha intervenido con bastante
éxito en varias operaciones policiales, entre ellas la que usted ha citado.
En materia de recursos humanos el ministerio está procediendo de manera paulatina, sistemática y persistente, sin pausa alguna, al refuerzo de las plantillas para paliar el déficit que efectivamente había al llegar al Gobierno. En cuanto a
la creación de nuevas comisarías, se están realizando las gestiones oportunas y manteniendo contacto con las corporaciones locales en San Vicente del Raspeig, Torrevieja y Villena, en Alicante y Vall de Uxó, en Castellón. También estamos
desarrollando planes integrales en la zona de Levante para las ciudades de mayor tamaño y las zonas donde la delincuencia tiene mayor arraigo. Así, estamos potenciando las unidades de delincuencia en alta tecnología, los programas de lucha contra
el narcotráfico e intensificando la coordinación y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías locales. Por lo tanto, la tarea del Ministerio del Interior es una tarea que, como digo, se deriva de la declaración
de que esta es una auténtica prioridad política y de que vamos a mantenerla todo lo que sea necesario.
Gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS RASCÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE CUMBRE DEL G-5 CELEBRADA EN GRANADA? (Número de
expediente 180/000601.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Juan Luis Rascón.
El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista tiene arraigadas algunas ideas básicas sobre cómo se lucha contra la delincuencia organizada y especialmente contra el terrorismo. En primer lugar, creemos que ha de producirse una
prevención o reacción integral contra ese fenómeno terrible que lacra la convivencia democrática que permita, por tanto, adoptar medidas de toda índole: social, política, jurídica y económica y, por supuesto, policial y judicial; todas las que
permita el Estado de derecho y solo las que permita el Estado de derecho. En segundo lugar, la prevención y reacción contra el terrorismo tiene que darse por igual contra todo tipo de terrorismo, por tanto, no bajando la guardia contra ninguno de
ellos, sea cual sea su origen. En tercer y último lugar, la prevención y la reacción contra el terrorismo ha de darse de una manera global porque global es el fenómeno que trata de romper la convivencia democrática. De manera que no debemos mirar
para otro lado cuando se nos ponen delante de las narices terroristas, aunque supongamos que no van a matar entre nosotros. Hay que perseguir el crimen organizado y el terrorismo, esté donde esté y vayan a atentar contra quienes vayan a atentar. Y
para conseguir esa reacción global es imprescindible, sin duda, la cooperación internacional. Ese es el sentido de la pregunta que le hago. Sabemos que el lunes y el martes se reunió en Granada el G-5 o grupo de los cinco países más poblados de
Europa y en esa pretensión de hacer un espacio policial único que ya enmarca la Constitución europea sabemos que se han adoptado medidas de interés en el ámbito de esa cooperación policial que, sin duda, van a garantizar no solo nuestra democracia
sino también la de otros países. Queremos saber cuál es la valoración que usted, señor ministro, como partícipe de esa reunión, hace al respecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rascón, por la pregunta y por su exposición.
El G-5 es un grupo ciertamente informal de trabajo que reúne a los cinco países más grandes de la Unión Europea en materia de asuntos de Interior.
Es un grupo valioso políticamente, aun cuando su carácter, insisto, es informal. Los países
reúnen a algo más de 300 millones de personas, de ahí el énfasis en la necesidad de que este grupo se reúna de un modo multilateral con cierta frecuencia como lo está haciendo. La valoración de la reunión es bastante positiva, desde mi punto de
vista, en la medida en que fueron aprobadas prácticamente todas las conclusiones que llevábamos previstas en el trabajo y una declaración institucional contra el terrorismo. Esta declaración institucional refuerza otras que ha habido en el ámbito
internacional, constata la globalidad del fenómeno, establece una clara distinción entre lo que es el islamismo como opción cultural o religiosa legítima y lo que es el terrorismo fundamentalista, algo contra lo que toda la comunidad internacional
tiene que luchar, y, desde luego, hace una apelación y un reconocimiento expreso del papel de las víctimas del terrorismo.
En punto a las conclusiones más operativas le puedo destacar las siguientes. En primer lugar se afirmó allí el principio de la disponibilidad de la información, principio que quiere decir que cuando uno de los cincos Estados sea requerido
por otro no va a poder negar la información que le es requerida. Se va a articular a través de una serie de grupos de trabajo muy prácticos -porque queríamos que la reunión fuera muy práctica, y, por lo tanto, se ofrecían resultados en concreto-
que tienen que ver con ADN, impresiones dactilares, usurpación de identidad, personas desaparecidas, vehículos robados, inteligencia criminal, balística, suplantación de identidad, etcétera, y además con el intercambio de información sobre personas
y actividades relacionadas con le terrorismo. En este punto hemos establecido una red de puntos de contacto para que esa información fluya en tiempo real y de una manera ágil y permita luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, que son los
auténticos motivos de la construcción del espacio de seguridad de la Unión Europea. Además, creamos un sistema de alerta rápida -esto fue a iniciativa española- frente a robos, a desapariciones o distracciones ilegítimas de explosivos o de material
sensible -nuclear, químico, radiológico y/o bacteriológico-. Finalmente, por destacarle otro acuerdo, acordamos seguir trabajando en la unificación formal de documentos de identidad en el ámbito europeo, algo muy valioso por razones de todos
conocidas.
Gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ ACTUACIONES PIENSA EMPRENDER EL GOBIERNO PARA CONCLUIR TODAS LAS ACTUACIONES, TODAVÍA PENDIENTES,
EN LA ESTACIÓN INTERMODAL DE ZARAGOZA? (Número de expediente 180/000587.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento de don José Antonio Labordeta.
Adelante.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, siento que vaya usted a acabar con tortícolis. La estación intermodal de Zaragoza-Delicias fue inaugurada hace ya año y medio con muchas prisas electorales para ayuntamientos, para Gobierno, etcétera, fruto de las cuales
tenemos una instalación a medio concluir.
Se están ofreciendo bajo una arquitectura imponente unos servicios mínimos y en unas condiciones que no son las más adecuadas tanto para los usuarios como para los trabajadores de la estación y de los
propios trenes. El síntoma más evidente de esta carencia ha sido el intenso frío a causa de las bajas temperaturas en estos dos inviernos en las que llegábamos a tener usuarios y trabajadores al menos tanto tiempo como en el exterior, y sobre todo
las trabajadoras, a las que no se les deja utilizar pantalones, frente a las muchachas de Wagon Lis, que sí lo han conseguido jurídicamente. Otras obras pendientes, no tan evidentes y sentidas pero igualmente importantes, siguen sin fecha de
comienzo ni de final ni existe un compromiso hasta la fecha para completarlas: las proyectadas mejoras en el vestíbulo de llegadas, el centro de negocios con despachos, el museo del Ferrocarril, el cerramiento de la cafetería y la separación entre
el andén destinado a viajeros, la ampliación de las consignas, el cerramiento de las rampas de acceso, la mejora en los servicios de aparcamiento con la puesta en marcha de servicios de ventas de billetes, los restaurantes, la mejora del servicio
antiincendios, los dos hoteles previstos y cuyo concurso quedó en suspenso hace unos años, sin olvidar que hace poco conocimos que se había desatascado el proceso para poner en marcha la estación de autobuses y cumplir de este modo con el apellido
de esta infraestructura, la intermodalidad. Pese a estas condiciones, fruto de la envidiable posición estratégica de Zaragoza, hemos tenido más de un 1.900.000 viajeros que pasaron por la estación intermodal de Zaragoza-Delicias durante el año
2004. El propio arquitecto del edificio, José María Valero, ha reconocido que se precisa todavía mucho tiempo para que las obras estén totalmente acabadas, y usted ya sabe que en la ciudad de Zaragoza tenemos una fecha importante que es el año
2008. Estas obras -somos conscientes de ello- son otra herencia pesada que nos dejó el anterior Gobierno, y en un año de gobierno naturalmente no se puede resolver todo, pero no por ello podemos dejar de denunciar públicamente la situación en la
que se encuentra y pedir compromisos firmes para su ejecución. Por todas estas razones presentamos la siguiente pregunta, señora ministra: ¿qué actuaciones piensa emprender el Gobierno para concluir todas las actuaciones todavía pendientes en la
estación intermodal de Zaragoza?
Muchas gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, tal y como usted ha dicho, cuando accedimos al Gobierno comprobamos que la estación Zaragoza-Delicias, construida por el anterior Gobierno del Partido Popular, tenía importantes defectos de diseño y problemas técnicos que han
generado sobrecostes, demoras y disfuncionalidades. En cuanto a los defectos de diseño debo de comentarle que las dimensiones de la estación y la falta de medidas adicionales para su uso plantea diversas cuestiones; tiene una enorme superficie
construida (unos 40.000 metros cuadrados) bajo cubierta del edificio que es muy superior a otras estaciones de su categoría y que supera en un 80 por ciento lo inicialmente previsto. Esto supone, además de problemas para aclimatar las
instalaciones, largos desplazamientos de los viajeros en el interior de la estación y costes añadidos para su adecuado mantenimiento que repercutirán en su explotación; además, tiene una orientación Este-Oeste, como usted sabe, en el sentido de los
vientos dominantes de esa zona que favorece la generación de corrientes de aire en su interior, de forma que produce una sensible disminución de la temperatura. Estas dos circunstancias, unidas a la falta del sistema de climatización adecuado,
ocasionan grandes incomodidades, como usted ha dicho. Tiene problemas técnicos porque el sistema de protección contra incendios inicialmente previsto no fue aprobado por el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y los sobrecostes
superarán el 40 por ciento de lo inicialmente previsto, además de las demoras que usted ya sabe.
Señoría, estamos aplicando una serie de soluciones. Mi primera medida fue autorizar -me gusta que lo haya recordado- el uso de pantalones por parte de las mujeres que trabajan en el AVE, también hemos impulsado un nuevo sistema de
acondicionamiento térmico, colocación de paramentos, sectorización y cierre de recintos independientes, construcción de islas climatizadas en los vestíbulos, instalación de dispositivos para generar cortinas de aire y un sistema de calefacción por
radiación donde se produce la espera de los viajeros, y además del cubrimiento de las vías del lado Este y del lado Oeste se ha instalado un sistema contra incendios que mejorará el actualmente previsto, con instalaciones de salida de humos en la
cubierta, presurización de las escaleras en los hoteles, instalación de detectores de monóxido de carbono en las dársenas y autobuses y en el cierre de la red hidrante. En definitiva, señoría, todo
lo relativo al sistema contra incendios se ha adjudicado el 8 de marzo de 2005 y el resto de las actuaciones que le he comunicado están en marcha y estarán listas para el acontecimiento a que usted ha hecho referencia.
(Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁL VA A SER EL FUTURO DE LOS TRABAJADORES DE LA CMT SI SE PRODUCE EL
TRASLADO DE LA SEDE DE DICHO ORGANISMO A BARCELONA? (Número de expediente 180/000596.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio del diputado don Vicente Castelló Boronat.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuál va a ser el futuro de los trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones si se produce el traslado de la sede de dicho organismo a Barcelona?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el futuro de los trabajadores de la CMT dependerá de lo que ellos mismos acuerden tras la negociación que precisamente se inició ayer con la dirección del organismo. Es nuestra intención que ambas partes lleguen a un acuerdo por el
que sea posible conciliar y hacer compatible el traslado de la CMT acordado por el Consejo de Ministros, manteniendo su cualificación y su profesionalidad, con los intereses legítimos profesionales y personales de los empleados. El Gobierno
entiende que esta conciliación es perfectamente posible siempre y cuando exista un clima de confianza y de diálogo entre las partes que creo que en estos momentos hay condiciones para que se dé.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
Señor Montilla, antes de valorar su respuesta -qué casualidad que empezará ayer esa negociación- quiero muy brevemente resaltar la responsabilidad y el rigor que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido en este asunto, actitud que ya
demostramos cuando fuimos Gobierno y que queremos mantener desde la oposición. El Grupo Popular ha sido responsable y riguroso esperando que usted y su Gobierno también lo fueran, cosa que no ha ocurrido. Primero, cuando se anunció la decisión
política, un asunto que es competencia del Gobierno de España, no la anuncia el Gobierno de España sino que lo hace el presidente de una comunidad autónoma; mal, señor Montilla, muy mal. Después, esperamos que nos explicara cómo se instrumentaría
tal decisión y tardó cinco meses en hacerlo, desde el 21 de julio hasta el 30 de diciembre; también mal, señor Montilla, muy mal.
Más tarde, con un enorme respeto por nuestra parte hacia la Comisión, cuando decidieron en el mes de diciembre que
fuera el organismo regulador el encargado de proceder a su ejecución, esperamos sus decisiones y ante la responsabilidad y el rigor del Grupo Parlamentario Popular nos hemos encontrado con un ministro y un Gobierno, como viene siendo habitual en
estos meses que llevan en esta responsabilidad, en la realidad, fuera de ese discurso oficial, un Gobierno y un ministro arrogante, prepotente, desafiante y chulesco e institucionalmente irrespetuoso. (Rumores.) Un Gobierno que toma una decisión
política solamente justificada por la necesidad de contentar a sus socios del tripartito catalán y a la supervivencia en el poder, sin fundamento ninguno de eficacia o de eficiencia, sin valorar para nada las consecuencias de tal decisión salvo la
de su interés partidario y sectario, provocando un enfrentamiento innecesario con el propio organismo y una situación lamentable de inseguridad, incertidumbre y preocupación de los trabajadores de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones; un
ministerio que amenazó al presidente del Consejo, un ministerio que amenazó a los trabajadores de la Comisión con expresiones de o a Barcelona o a la calle, que ha provocado la dimisión del propio presidente de la Comisión. Mal, señor Montilla, muy
mal. El daño ya lo han hecho, y esperemos que del mal el menos. En este momento eso pasa por la solución de una parte del problema, de ese problema que han generado por solucionar de forma satisfactoria la situación de los trabajadores...
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, lo lamento.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el traslado de la CMT es una decisión que forma parte de nuestros compromisos electorales de descentralizar los organismos reguladores, por lo tanto, un compromiso con los ciudadanos. Un acuerdo del Gobierno y un acuerdo que ha
contado, además, con el apoyo de esta Cámara y con el apoyo por unanimidad del Parlamento de Cataluña, también con los votos del Partido Popular, no sé si del mismo PP al que usted pertenece. Por cierto, su portavoz, con motivo de este
debate en el Parlamento de Cataluña sobre la ubicación de la CMT en Barcelona, dijo textualmente -y cito el 'Diario de Sesiones'-: Nosotros votaremos a favor, sin ningún tipo de reserva. Esto da muestra de que ustedes, que tanto critican
la supuesta falta de coherencia de este Gobierno, no son precisamente un ejemplo de coherencia. En cuanto al término deportar, que han venido empleando algunos de ustedes esta mañana, un senador de su formación, sin ir más lejos, miren lo que dice
la Real Academia Española sobre este término. Deportar es desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero. Por tanto, yo le sugeriría que dejaran de hablar también de deportación, salvo que piensen que Cataluña es el extranjero, que no
es mi caso. (Muy bien.-Aplausos.)
Hay algo más que también es grave, señoría, y es que con su empeño de mantener la CMT en Madrid están propiciando un enfrentamiento territorial. La CMT es un organismo regulador que forma parte de la Administración General del Estado y
España es tanto Madrid como Barcelona o como cualquier otro lugar de nuestra geografía común. Por lo tanto, no hablen más de deportaciones, no traten de confundir a los trabajadores, no sigan haciendo demagogia con el debate territorial, porque con
ello no demuestran más que incoherencia y un cierto oportunismo. Lo importante es que una vez que el Gobierno tomó la decisión... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor ministro, concluyó el tiempo.
- DEL DIPUTADO DON CELSO LUÍS DELGADO ARCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿PODRÍA ACLARAR EL MINISTRO QUÉ RESULTADOS HA TENIDO LA MEDIACIÓN QUE EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO ASUMIÓ ENTRE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Y EL GOBIERNO ARGENTINO? (Número de expediente 180/000597.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Celso Luís Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señor ministro, ¿qué resultados ha tenido la mediación que el presidente del Gobierno asumió entre las empresas españolas y el Gobierno argentino?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno español realiza múltiples actuaciones en defensa de los legítimos intereses de las empresas con inversiones en el exterior, entre ellas, propiciar una relación fluida entre nuestros países y aquel donde se produce la
inversión, poniendo a disposición un marco institucional que favorezca las relaciones empresariales y que impulse el diálogo entre los diferentes actores, pero ninguna de estas actuaciones se corresponde con un papel de mediador, entendido éste como
la participación activa en las negociaciones entre los gobiernos extranjeros y las empresas españolas. Esta labor de mediación, a nuestro juicio, corresponde exclusivamente a los citados actores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la pasada semana el Gobierno de Argentina lanzó un ultimátum a las empresas concesionarias de servicios públicos, muchas de ellas españolas. Si las empresas no retiran sus denuncias ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias, Argentina rescindirá sus contratos. Al mismo tiempo, optó unilateralmente por no negociar la revisión de los contratos de las compañías privatizadas y discutir su situación mediante audiencias públicas.
Estos son los auténticos resultados del viaje del señor Rodríguez Zapatero a Argentina el pasado mes de enero; estas son las consecuencias de la nefasta diplomacia comercial de nuestro Gobierno y esta es la expresión de la ineficaz
asistencia que el ministro de Industria, Turismo y Comercio dispensa al empresariado español.
Nuestras empresas tenían derecho a que la acción de nuestro Gobierno sirviera para apoyar sus justas y legítimas reclamaciones y defender la seguridad jurídica y la estabilidad de sus inversiones. Pero la realidad ha sido que el talante, la
sonrisa y la claudicación de Zapatero ante Kirchner se han visto recompensados de esta manera con la unilateral decisión del Gobierno argentino. ¿Y qué papel juega en estos momentos nuestro Gobierno? ¿En qué línea está? ¿En la de la presión a
nuestras empresas para que claudiquen, en la contraria o simplemente no hace nada?
Señor ministro, los últimos datos publicados ayer por el Banco de España correspondientes al año 2004 son desoladores y alarmantes. En 2004 el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente y capital fue muy negativo, multiplicando por
2,5 veces el de 2003. El déficit exterior en 2004 ha supuesto el 3,9 por ciento del PIB, lo que supone un lamentable récord histórico. El saldo turístico se ha deteriorado, algo impensable en España. Y, dentro de la cuenta financiera, es
destacable el gran deterioro del saldo de inversiones directas del exterior en España, con una caída de un 65 por ciento en 2004. Pues bien, señor Montilla, a esta nefasta gestión de la que usted es el máximo responsable, hay que
unir la pésima defensa de los intereses de las empresas españolas inversoras en el exterior, especialmente en Argentina.
Señor ministro, la decisión de retirar o no las demandas la deben tomar las empresas españolas sin presión alguna de ningún Gobierno, y siempre que se les asegure la actualización de las tarifas de los servicios públicos que prestan.
Defiendan los intereses de los ciudadanos españoles; en definitiva, señor ministro, sean y actúen con seriedad.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señoría, no parece buen camino tratar de responsabilizar al Gobierno del resultado de la negociación que deben mantener las empresas españolas con el Gobierno
argentino.
El Gobierno, en lo que ha venido trabajando firmemente es en impulsar y favorecer la relación de España con Argentina, no solo durante el viaje al que usted se ha referido del presidente del Gobierno a Latinoamérica, sino en otros viajes y
contactos del Gobierno y de otros altos cargos de la Administración. En todos estos contactos se ha planteado a las autoridades argentinas la necesidad de solventar satisfactoriamente la situación de todas las empresas españolas presentes en ese
país. Y del mismo modo, y de cara a las empresas, hemos considerado necesario conocer de primera mano su situación y sus problemas. Por este motivo se creó el observatorio empresarial latinoamericano.
Creo, señoría, que esta política está empezando a dar algunos frutos, dado que se está produciendo un intenso diálogo entre las empresas y el Gobierno argentino. Fruto de este diálogo, determinadas empresas toman determinadas decisiones en
el uso de sus legítimas atribuciones. Y así, algunos de los últimos acontecimientos, que supongo que S.S. conoce, lo certifican.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON GERARDO TORRES SAHUQUILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AUMENTAR LA COMPETENCIA EN EL
MERCADO MINORISTA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS? (Número de expediente 180/000602.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Gerardo Torres. Adelante, señor diputado.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Con su venia, señor presidente.
Señor ministro, su departamento ha informado a esta Cámara en distintas ocasiones que los objetivos básicos que orientarán la política energética del Gobierno en esta legislatura son: uno, la garantía de la seguridad y calidad del
suministro; dos, la introducción de condiciones competitivas en los mercados de la energía para contribuir a minimizar los costes, con el fin de lograr menores precios para los consumidores y, tres, la protección del medio ambiente, con especial
atención al desarrollo de las energías renovables y a la implantación de medidas encaminadas al ahorro y a la eficiencia energética.
Pues bien, señor ministro, me preocupa la enorme subida del petróleo en los mercados internacionales y su repercusión en los consumidores. Según datos de su departamento, el precio medio anual del barril de crudo brent ha pasado de los
28,83 dólares en el año 2003 a 38,27 dólares en el año 2004, lo que representa un incremento del 32,72 por ciento. Este incremento no ha podido ser absorbido por la depreciación del dólar frente al euro que, comparando los valores medios de los
citados años, solo ha sido del 9,13 por ciento. Para más abundamiento, el pasado lunes día 14, el barril de crudo brent cotizaba a 52,8 dólares. Aunque es cierto que los precios después de impuestos de las gasolinas y gasóleos de automoción se
mantienen en España en niveles inferiores a los practicados en la mayoría de los países de la Unión Europea, parece conveniente, en la línea del segundo objetivo básico del Gobierno en materia energética, poner en marcha medidas que tiendan a
mejorar la transparencia y la competencia en el mercado nacional de productos petrolíferos. De esta manera, las mejoras de la productividad que se producirían en el mercado redundarían tanto en las propias compañías que prestan los servicios de
energía como en los consumidores y tenderían a paliar la situación provocada por la subida de los crudos en el mercado internacional.
En este contexto, señor ministro, le pregunto: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aumentar la competencia en el mercado minorista de productos petrolíferos?
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señorías, el plan de dinamización de la economía aprobado por el Gobierno contempla diversas medidas con las que pretendemos mejorar la transparencia y la competencia en el mercado minorista de productos petrolíferos, dado que en otros
ámbitos que usted citaba nos es prácticamente imposible actuar.
La semana pasada anuncié alguna de estas medidas en esta misma Cámara, pero quiero resaltar las siguientes, que tienen que ver con el objeto de su pregunta. En primer lugar, el establecimiento de los requisitos de información a aportar por
los operadores de estaciones
de servicio, medida con la que pretendemos conseguir una mayor y más completa información sobre el sector.
En segundo lugar, la creación de una base de datos de distribuidores y precios de carburantes que contendrá la detallada descripción de la instalación, capacidad de almacenamiento, altas, bajas y modificaciones de todas las instalaciones
habilitadas para la venta de productos petrolíferos al por menor.
En tercer lugar, la autorización para que las cooperativas agrarias puedan distribuir carburantes tanto a sus propios socios como a terceros. Esta última medida, que es una reivindicación justa de las cooperativas agrarias que el Gobierno
ha querido atender, aportará una mayor competencia en el mercado, que facilitará la reducción de los costes de carburantes en las zonas donde operen estas cooperativas. Además, se incrementará el servicio en las áreas rurales en las que la
accesibilidad a la distribución de carburantes no siempre es fácil ni se da en las mejores condiciones.
Por último, debemos tener en cuenta que las cooperativas agrarias son a menudo las empresas de más entidad de los municipios pequeños y agrupan en torno a ellas una gran actividad económica. Son empresas pegadas al territorio, que perduran
en el tiempo y que generan empleo, además son empresas que no se deslocalizan, puesto que sus propietarios viven y trabajan en la zona. En este sentido, facilitando que se amplíe su campo de actividad, también estamos colaborando al mantenimiento
del medio rural.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A MODIFICAR EL GOBIERNO EL REAL DECRETO 1852/1993, SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y SU INDICACIÓN EN LOS PRODUCTOS AGRARIOS
Y ALIMENTICIOS? (Número de expediente 180/000603.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, señora ministra, en España y en Europa cada vez somos más los consumidores que demandamos productos ecológicos, que son aquellos que se han producido respetando al máximo nuestro medio ambiente. El
consumidor del producto ecológico tiene derecho a saber lo que compra y a que se certifique adecuadamente que es un producto que ha sido elaborado sin emplear ni abonos ni pesticidas. En esta línea se ha venido legislando abundantemente en la Unión
Europea desde el año 1991, reservando los términos ecológico, biológico y orgánico para esta producción. Sin embargo en España estamos en una paradoja, en una situación absolutamente incorrecta. En un supermercado, aquí cerca, podemos encontrar
productos ecológicos certificados como tales y productos que utilizan el término bio u organic en una clara confusión de los consumidores. La situación no se debe a una casualidad, es consecuencia de una decisión del anterior Gobierno, el del
Partido Popular, que aprobó un real decreto, seguramente presionado por algunos industriales, que permite esta confusión, que permite que se puedan producir y vender productos ecológicos y biológicos, cuando son dos cosas completamente distintas.
La que tomó el Partido Popular fue una decisión carente de sentido común, una decisión que fue fuertemente cuestionada por los productores de la agricultura ecológica y por los consumidores y que tiene abiertos varios recursos en ámbitos judiciales
españoles y europeos. Esta norma, desde nuestro punto de vista, requiere una modificación. En este sentido, señora ministra, desde el Grupo Socialista le preguntamos si el Gobierno socialista tiene previsto derogar la norma del Partido Popular y
elaborar una nueva norma, un nuevo real decreto que dé seguridad en la comercialización y producción de productos ecológicos y que sea una garantía para los consumidores de estos productos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
En relación con su pregunta, señor diputado, quiero informarle que el Gobierno va a modificar el Real Decreto 1852/1993. Con esta modificación pretendemos responder a la obligación normativa establecida por la Unión Europea sobre la
producción ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Como usted mencionó en su intervención, el Real Decreto 506/2001, que modifica el ya citado 1852/1993 y que en la actualidad regula en España la indicación sobre
producción ecológica, limita las protecciones de las menciones eco y ecológico a estos productos, permitiendo el libre uso de otras menciones tales como el término bio. Señoría, es conocido que el sector en general rechazó este criterio del
anterior Gobierno al considerar que se debía ampliar la protección también a los términos biológico y orgánico y a sus diminutivos. El nuevo reglamento comunitario así lo recoge, por lo que ya no existe ninguna posibilidad de interpretación
diferente a la que plantea el reglamento. Así pues, es precisa la adaptación de nuestra normativa a la legislación europea y eso es lo que vamos a hacer.
No obstante, tengo que señalar que la normativa comunitaria establece que las marcas que contengan los términos biológico y orgánico, sus derivados, apócopes
o diminutivos y que designen productos no conformes con la producción ecológica deberán disponer de un plazo transitorio para adaptarse al cumplimiento de la normativa europea. En este sentido, desde el ministerio ya nos hemos reunido con
la Asociación de Fabricantes de Yogur, que es uno de los sectores más afectados, y con la FIA, con el fin de cumplir la normativa y causar la menor problemática posible a los sectores afectados.
Por todo lo expuesto, señorías, se modificará la legislación española con una nueva redacción en la que se recoja que se considera que un producto lleva indicaciones que hacen referencia al método ecológico de producción cuando en su
etiquetado, material publicitario o documentos comerciales o materias primas para piensos describan y sugieran al consumidor que se han obtenido conforme a las normativas de producción ecológica. Por lo tanto, tenga la seguridad de que también
todos nuestros consumidores van a saber realmente lo que consumen y cumplir con la normativa comunitaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANTONIA DE ARMENGOL CRIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ DECISIONES VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA APOYAR Y FOMENTAR LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000604.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Antonia de Armengol.
La señora DE ARMENGOL CRIADO: Señora ministra, uno de los objetivos de la reforma de la PAC es fomentar una producción dirigida a la obtención de productos de calidad respetuosa con el medio ambiente. De ahí que la agricultura ecológica es
un instrumento importante en la estrategia de integración medioambiental y de desarrollo sostenible, que son principios fundamentales de la reforma. Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de agricultura está plenamente integrado en la política de
desarrollo rural y desempeña un papel fundamental puesto que, como es sabido, la gestión ecológica de la tierra genera importantes beneficios medioambientales.
Nuestro país se sitúa entre los primeros productores europeos, pero gracias a sus
excelentes condiciones climatológicas el potencial de desarrollo de este sector es inmenso. En efecto, el principal motor de crecimiento ha sido sin duda la creciente demanda del mercado ecológico centroeuropeo y del Reino Unido, pero esta demanda
de productos ecológicos no se produce en nuestro país. Tenemos la paradoja de que, siendo ya un gran productor, nuestra demanda interna es bajísima, estamos hablando de una media del 0,3 por ciento respecto a los alimentos convencionales. Esta
carencia de demanda de consumo interno es debida a varios factores, como los problemas en la transformación. Hay poca industria transformadora de congelados, de preparados y faltan mataderos.
Hay problemas de comercialización, el consumidor tiene
graves problemas de acceso a estos productos y tiene que pagar un sobreprecio importante.
Hay problemas en el consumo, el consumidor no ve la utilidad de pagar un sobreprecio porque nadie le ha explicado en qué le puede favorecer y existen
problemas de confianza porque no siempre sabemos que lo que se dice es cierto.
Señora ministra, siendo este sector claramente un sector de futuro en la agricultura española, ¿qué decisiones va a tomar el Gobierno para apoyar y fomentar la agricultura ecológica en España? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, quiero comenzar afirmando con rotundidad que este Gobierno quiere cumplir con todos los compromisos que ha adquirido, y uno de esos compromisos era y es fomentar la producción ecológica. Por ello desarrollaremos todas aquellas
medidas que favorezcan su cumplimiento.
Además, consideramos que deben desarrollarse en colaboración con las autoridades competentes en materia de gestión y control, que son las comunidades autónomas, y con la participación activa de los
representantes y asociaciones del sector. Daremos cumplimiento a este objetivo de responsabilidad y corresponsabilidad a través de la realización de unas jornadas de reflexión y debate sobre la producción ecológica, que se van a celebrar
próximamente. Además, señoría, y como mencioné en mi respuesta anterior a un compañero suyo, se adecuará la legislación estatal a la legislación europea en lo que se refiere a los términos bio, eco y orgánico. Por otra parte -y quiero subrayarlo-,
en relación con el real decreto de coexistencia que se está elaborando, se aplicará el principio de precaución, valorando los planteamientos del sector y de las organizaciones ecologistas y siguiendo las directrices de las agencias europea y
española de seguridad alimentaria. Se está estudiando un régimen sancionador referido a infracciones en materia de coexistencia con el fin de tener un marco legal de protección efectiva.
Además, se mantendrán y potenciarán todas aquellas acciones
que ya venimos realizando, tales como participaciones en ferias nacionales e internacionales, elaboración de estudios que constituyan la base de medidas futuras y realización de cursos y jornadas de formación. Quiero resaltar que hemos reconocido
como producción específica y establecido un precio diferenciado en la valoración, mediante órdenes ya dictadas
de desarrollo del Plan Nacional de Seguros, para los sectores de almendra y vacuno, y que está previsto que se extienda en la próxima campaña a cítricos, frutales, olivar y cereal, todos ellos productos ecológicos.
Por otra parte, quiero
señalarle que España ha logrado que sus prioridades hayan sido recogidas en el Plan de acción europea de agricultura ecológica, relativo a las acciones de información y promoción de los productos ecológicos, a la integración de la agricultura
ecológica en el desarrollo rural y al fomento de la investigación.
Los retos los vamos a afrontar con decisión y entre todos, y el Gobierno pondrá todos los medios y esfuerzos precisos para lograr un desarrollo fuerte y sostenible del sector.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANZA ESTEVE ORTEGA, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE
HACE EL GOBIERNO SOBRE LOS PRIMEROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE EMBIONARIAS PRESENTADOS A RAÍZ DE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS TRONCALES OBTENIDAS DE PREEMBRIONES PROVENIENTES DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA? (Número de expediente 180/000605.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Sanidad y Consumo. Diputada doña Esperanza Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, los avances científicos y tecnológicos hacen que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas alberguen esperanzas no sólo en cuanto al tiempo de vida sino en cuanto a la calidad de la misma.
Enfermedades invalidantes,
degenerativas o con escasa posibilidad de remisión son un obstáculo individual para las personas que lo sufren y un problema colectivo en relación con la calidad de vida de la población. A modo de ejemplo citaré la enfermedad de Parkinson,
Alzheimer, diabetes, cáncer, etcétera. ¿Quién no lo ha vivido de manera cercana? En esta medida, es obvio que promover la investigación, establecer los parámetros para facilitarla, definiendo los procedimientos científicos y éticos, es una
cuestión prioritaria para el buen gobierno. Por este motivo, señora ministra, entiendo que este Gobierno aprobó el 29 de octubre de 2004 el real decreto por el que se establecen los requisitos y procedimientos, científicos y éticos, que deben
cumplir los proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones provenientes de las técnicas de reproducción asistida. Este decreto, que desarrolla la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida,
prevé con todas las garantías destinar a fines terapéuticos los preembriones sobrantes que hayan sido crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley. Con todas las garantías, pues, su ministerio ha favorecido el desarrollo
de proyectos de investigación bajo la supervisión y seguimiento de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, presidida por el director del Instituto de Salud Carlos III.
Estos proyectos, que ya son una realidad, se han convertido -seguro- en
una esperanza, avanzando día a día desde la necesaria ética, pero también desde la valentía y la decisión de su ministerio y del Gobierno, desde el buen gobierno. Por esto, ministra, la pregunta es: ¿Cuál es la valoración que hace sobre los
primeros proyectos de investigación con células madre embrionarias obtenidas de preembriones provenientes de las técnicas de reproducción asistida?
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la investigación es un tren que debe tomarse en su momento, porque no hacerlo supone no sólo quedarse atrás sino muy posiblemente perderlo para siempre. Este Gobierno, consciente de ello, ha apostado de forma decidida por que
España se incorpore a los países de vanguardia en la investigación en biomedicina, evitando incorporaciones tardías como ha sucedido a nuestro país en muchas otras ocasiones, porque una situación más pasiva conduce únicamente a una pérdida de
competitividad a nivel mundial y a una pérdida de competitividad de nuestro sector investigador, con la consiguiente desmotivación de nuestros científicos. Por ello, la valoración que hacemos de la aprobación de estos primeros proyectos es
positiva, pero lo importante es que no sólo sea positiva la valoración del Gobierno, es que también lo es la valoración de los investigadores y de la ciudadanía, porque después de un largo camino las modificaciones normativas que hemos incorporado
han permitido la puesta en marcha de los cuatro primeros proyectos relacionados con la investigación con células madre embrionarias. La valoración es igualmente positiva por lo variado de los proyectos aprobados, puesto que entre ellos hay trabajos
de investigación básica que pretenden identificar la supervivencia y diferenciación de las células, controlar su reactividad inmunológica, y hay también otros de proyección más clínica que intentan convertir esas células troncales en células
productoras de insulina o en un tipo de neuronas relacionadas con la enfermedad de Parkinson.
Los proyectos que se han autorizado vienen de cuatro grupos de investigación distintos situados en Valencia y en Andalucía, dos de las tres comunidades autónomas con las que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha suscrito importantes y
duraderos convenios de colaboración científica.
El ministerio pretende, con las máximas garantías éticas, que la autorización de proyectos que investiguen con células troncales embrionarias se convierta en un proceso ágil, de pocos meses, para lo
que no escatimaremos medios, asegurando rapidez y fiabilidad contrastada en la evaluación de los mismos por parte de la Comisión de seguimiento y control de la donación de células y tejidos humanos.
Finalizo ya, señor presidente. Confío en que el esfuerzo realizado por el Gobierno en este campo sirva de estímulo a nuestros científicos y les anime a presentar proyectos en esta área tan esperanzadora de investigación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JUAN JULIÁN ELOLA RAMÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD: ¿QUÉ INICIATIVAS ESTÁ DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN SANITARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000606.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Julián Elola.
El señor ELOLA RAMÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Ministerio de Sanidad se enfrenta ahora mismo a un importante reto, una vez se han realizado las transferencias a todas las comunidades autónomas. Mantener una sanidad universal con distintas formas de gestión y con
responsables diferentes y de distinta tendencia política, pero a la vez manteniendo una equidad y una homogeneidad suficientes, es una tarea harto complicada; sin embargo, es imprescindible si queremos mantener la coherencia de un sistema único,
integral y equilibrado. Ese debe ser uno de los principales compromisos de su ministerio y me consta, señora ministra, que lo es. Teniendo en cuenta este objetivo, una de las primeras medidas que deberíamos tomar se encamina al establecimiento de
un sistema de información sanitaria que nos permita elaborar una documentación actualizada de la situación del Sistema Nacional de Salud. Estamos ya en pleno siglo XXI, en la era de la información. Ahora mismo es posible enviar y recibir
documentación compleja en tiempo real o de manera inmediata y no parecería, por tanto, muy lógico que no exista en el Sistema Nacional de Salud una forma de registro que nos permita la recepción de los datos de forma homogénea para, por un lado,
hacer las pertinentes comparaciones y, por otro, establecer las líneas de actuación preferentes de una manera más coordinada. La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud fija los fundamentos y las necesidades de un sistema de
información con las características descritas. Afortunadamente, como en otras cosas, el Partido Popular no realizó los desarrollos necesarios para llevar a término el sistema de información. Y digo afortunadamente porque aunque llegará un poco más
tarde nos va a permitir que lo haga usted, la actual ministra de Sanidad, que como no me cabe ninguna duda aplicará un matiz muy distinto a las tareas que hay pendientes y que en este asunto en concreto son prácticamente todas. Me gustaría que me
informase acerca de cómo está ahora mismo la situación de este asunto. Por eso le pregunto, señora ministra, ¿qué iniciativas está desarrollando el Ministerio de Sanidad y Consumo en relación con el sistema de información sanitaria del Sistema
Nacional de Salud?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracia, señor presidente.
Señoría, cuando el nuevo equipo tomó posesión nos sorprendió extraordinariamente la situación que a este respecto encontramos en el ministerio, ya que parecía que el anterior Gobierno estaba actuando sobre una realidad desconocida por las
grandes carencias informativas existentes, porque si bien un buen sistema de información resulta imprescindible en cualquier organización, en un sistema de salud descentralizado como el nuestro ese sistema de información se convierte en un elemento
de vital importancia para garantizar la cohesión y la equidad y superar los desequilibrios. Por ello, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo estamos trabajando decididamente en la construcción de ese sistema bajo los principios de transparencia,
consenso, cooperación y flexibilidad y de forma participativa entre todos los agentes del Sistema Nacional de Salud. Pretendemos generar así un potente banco de datos a disposición de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas,
pero también de otros potenciales usuarios, en los términos de acceso que sean establecidos por las entidades mencionadas. La normalización de datos, el diseño de indicadores, el establecimiento de estándares de referencia, los protocolos
funcionales y de manera especial el establecimiento de acuerdos para compartir la información evitando redundancias y evitando también una utilización partidista de los datos deben ser elementos omnipresentes en esta política de desarrollo. Por eso
el Ministerio de Sanidad y Consumo ha presentado ya un plan de trabajo a la subcomisión correspondiente
del Consejo Interterritorial de Salud que afecta, entre otras, a las siguientes áreas: población protegida y tarjeta sanitaria, listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, registro nacional de centros, de servicios y de
establecimientos y sistema de información de atención primaria. Todos estos trabajos se encuentran ya en marcha con diferentes grupos de expertos.
En resumen, señoría, nuestra meta es consolidar a lo largo de la legislatura el sistema de información del Sistema Nacional de Salud y estar en condiciones de dar servicio tanto al sector salud como a la sociedad, en un compromiso de
respaldo a los profesionales y de transparencia hacia los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA HACER ALGO EL GOBIERNO PARA POSIBILITAR LA REINTEGRACIÓN DEL CONDADO DE TREVIÑO EN EL
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA? (Número de expediente 180/000584.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Administraciones Públicas del diputado don Emilio Olabarría. Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué actuaciones tiene previsto adoptar su ministerio para posibilitar la reintegración del Condado de Treviño en el territorio histórico de Álava, tal y como pretenden sus habitantes?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.
Señoría, Treviño pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Gobierno no tiene intención ni potestad de alterar esta situación.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco el laconismo de su respuesta, señor ministro, que no por concreta es menos ilustrativa. No sé si conoce usted la historia del Condado de Treviño. Ésta se inicia en el siglo XIII, en que las
frecuentes guerras existentes entre los aragoneses y los castellanos obligaron a la mediación del rey inglés Enrique III. Cuando vino el rey a mediar se puso a su disposición un repostero, de lo que hoy es la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que debió
cumplir tan bien sus funciones que fue obsequiado por el rey Enrique III, acabada su labor de mediación, con la donación de las tierras que hoy configuran el Condado de Treviño.
Siendo el pastelero una persona que no sabía muy bien qué hacer con
estas tierras se las vendió a los duques de Nájera, y desde entonces el Condado de Treviño, en los aledaños de la ciudad de Vitoria, siguió los avatares históricos del Condado de Nájera. El título de legitimación histórica de la pertenencia del
condado no deja de ser más bastardo, más irregular jurídicamente. Pero nos encontramos con otro problema, señor ministro.
Usted sabe que, a tenor de los requerimientos del artículo 71 de la Ley de bases de régimen local, el Condado de Treviño y
sus ciudadanos se han pronunciado en tres ocasiones desde el advenimiento de la democracia al Estado español, rozando la mayoría del cien por cien la voluntad de incorporarse al territorio alavés y a Euskadi por tanto. El derecho no puede ser algo
ajeno a la voluntad y a las pulsiones, a los requerimientos ciudadanos, y usted sabe los elementos ontológicos que caracterizan el ordenamiento jurídico para no poder refutar una obviedad de estas características. Por tanto, el respeto a la
voluntad de estos ciudadanos debe ser un elemento condicionante de su tarea de gobierno, y en tanto en cuanto ustedes están intentando perfilar una estructura de relación bilateral con el Partido Popular, el más importante en número de escaños de la
oposición -solo desde esa relevancia manejo la expresión más importante-, le pregunto si en ese ámbito ustedes van a mantener una posición proactiva para respetar la voluntad ciudadana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Señoría, no voy a cometer el error de intentar debatir con usted respecto al pasado, a la historia y a lo que ha representado históricamente el Condado de Treviño. Yo me
atengo a algo más reciente. Me atengo a la Constitución, me atengo a la sentencia constitucional del año 1986, me atengo a la ponencia del Senado de diciembre de 1995, y me atengo a una moción aprobada creo que por práctica unanimidad en esta
Cámara el 13 de marzo de 1998. En todos los sitios se decía lo mismo: tienen que ponerse de acuerdo las dos comunidades autónomas. No se puede hacer algo sin la voluntad de una comunidad autónoma ni la voluntad de otra comunidad autónoma. Es
evidente que hay que atender, incluso por razones de proximidad geográfica, a las necesidades en la prestación de servicios públicos por parte de los ciudadanos del Condado de Treviño, y en este sentido se está avanzando y estamos presentando todas
las posibilidades de cooperación y de coordinación. Insisto en que el Gobierno lo único que puede hacer es incitar a que se cumpla la moción que aprobó este Congreso y a que
los mecanismos de comisión bilateral que se preveían en la ponencia del Senado entre las dos comunidades autónomas se lleven a cabo. Hay que tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos, pero también el respeto a las normas de derecho que
acaban protegiendo siempre a los más débiles.
Creo que la mejor manera no es a través de imposiciones y de disposiciones unilaterales por parte de una comunidad autónoma que decide unilateralmente adscribirse un trozo de un territorio de otra
comunidad autónoma. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CON QUÉ CARGA DE TRABAJO CONTARÁN LOS
ASTILLEROS DE IZAR QUE NO SE INTEGRARÁN EN EL GRUPO NAVANTIA? (Número de expediente 180/000595.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda de don Arsenio Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, ya se ha consumado la segregación de los astilleros en España y nos gustaría saber con qué carga de trabajo cuentan los que se van a quedar al margen de lo que es el grupo Navantia y
algunos de los que dentro del citado grupo en este momento no tienen carga de trabajo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, presidente.
Los centros que permanecen en Izar, es decir, Sevilla, Gijón, Sestao y Manises, cuentan con la carga de trabajo que se ha podido obtener en el último año gracias a la intensificación de la actividad comercial de Izar desde mayo de 2004.
Gijón tiene en vigor el contrato para la construcción de un buque-hospital para la Instituto Social de la Marina que supone 118.000 horas de trabajo. Sestao tiene en vigor el contrato para la construcción de un buque gasero LNG de 138.000 metros
cúbicos para la compañía Knutsen Shipping Marpetrol, ratificado el 26 de enero, que supone 636.000 horas de trabajo. En Sevilla se está finalizando un ferry para la compañía MTV de Argelia, que supone unas 34.500 horas de trabajo, y Manises tiene
en la actualidad una carga de trabajo de motores que supone 44.000 horas de trabajo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Sinceramente le digo que lamento que el ministro de Industria no haya dado respuesta ni a una sola de las preguntas que se han formulado sobre el Grupo Izar o sobre la construcción naval en España, ni
siquiera en este momento en el que se ha producido la segregación del grupo militar y el grupo civil. En todo caso, agradezco al vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía que en todas las ocasiones que se ha preguntado desde este grupo
parlamentario sobre el tema haya sido él el que haya dado respuesta a las cuestiones que hemos venido planteando. Lo cierto, señor vicepresidente del Gobierno, es que hemos llegado después de un año a que en los astilleros que a partir de este
momento van a ser civiles hay una gran preocupación porque no existe carga de trabajo. El gran reproche que se formulaba desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el propio Gobierno al Gobierno anterior era que no había conseguido carga de
trabajo suficiente y que por ese motivo, además de las devoluciones que había que realizar, había que acometer el ERE al que nos enfrentamos hoy en día. Lo cierto, señor ministro, es que después de un año no hay más carga de trabajo. En el grupo
militar lo que existen son aquellos encargos que se habían producido por el Gobierno anterior, con una cartera de pedidos de 3.600 millones de euros y una facturación en su conjunto de 1.000 millones de euros. No sabemos nada más, simplemente que
va a haber nuevos contratos, nuevos encargos, pero que la industria civil en este caso concreto, o lo que queda de Navantia, no tiene ni un solo nuevo pedido del Ministerio de Defensa. No sabemos lo que va a construir para terceros países y ni
siquiera sabemos qué es lo que va a pasar con el 20 por ciento de construcción civil, porque en este momento el astillero de Fene no tiene absolutamente ninguna carga de trabajo y de cara al futuro tampoco, y con lo que ha quedado fuera, Sestao,
Manises, La Naval y Gijón, además de Sevilla, existe una gran preocupación.
Nosotros hemos visto con preocupación lo que se iba a realizar y después de un año tenemos 4.000 parados más y lamentablemente no ha habido mayor carga de trabajo. Yo
espero, con toda sinceridad, que de cara al futuro la gestión mejore y hagamos rentable un grupo público que lo era con el Gobierno del Partido Popular y que a partir de ese momento tiene claras dificultades...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Señor Fernández de Mesa, de sus palabras ha habido una que me ha llamado especialmente la atención, y es cuando al final de su intervención dice de un grupo que era rentable. No sé qué entiende usted por rentable de un grupo que vende a
pérdidas, que tiene expedientes por mil y pico millones de euros, que tiene un descenso de trabajadores respecto a su capacidad y que no es capaz de vender en términos de mercado. Seguramente para usted y para mí rentable quiere decir cosas
distintas. Nosotros lo que intentamos es que el grupo sea rentable de verdad, es decir, que gane dinero, y eso quiere decir que hay que reducir costes, que hay que poner en marcha un expediente de regulación de empleo para que las cosas funcionen
bien, que hay que seguir trabajando en la concertación, tanto en lo civil como en lo militar. Su señoría sabe que en lo civil todavía contamos con algunas semanas para intentar contratar algo más, y lo estamos intentando hacer. Somos conscientes
de que esto tiene una dificultad mayor. Cualquier contratación que se haga está supeditada a las normas de Bruselas y, por tanto, no puede tener ayudas de ninguna naturaleza, y eso hace que el tema sea especialmente difícil y es lo que ha provocado
gran parte de los problemas. Contratar a pérdidas como se hacía en el pasado es más fácil, pero tiene un pequeño problema, y es que lo que se hace es posponer el problema para un momento posterior para que lo resuelvan otros, y eso es lo que en el
fondo estamos intentando, resolver el problema que ustedes nos dejaron.
Muchas gracias. (Aplausos.)
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA FINANCIACIÓN LOCAL. (Número de expediente 172/000084.)
El señor PRESIDENTE: Continua la sesión de control al Gobierno con las interpelaciones urgentes. La primera es al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la
necesidad de mejorar la financiación local.
En nombre del grupo proponente tiene la palabra el señor Canet. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente del Gobierno, cuando planteamos la necesidad de la interpelación y también al prepararla no éramos todavía conocedores del resultado que ahora, leída la prensa, sabemos de la reunión que mantuvo el Gobierno
ayer con representantes de la Federación Española de Municipios. Nos alegramos del resultado que parece ser que significa un inicio de solución en el camino de la financiación municipal, del déficit grave de financiación municipal, pero pese a todo
pensamos que es un punto de partida y que la asignatura sigue estando algo pendiente, por lo que el diagnóstico y las medidas que en la moción subsiguiente plantearemos siguen de actualidad.
La insuficiencia financiera, como decimos, es un lamento de la gran mayoría de los ayuntamientos del Estado, no es una reivindicación con tufillo ideológico, no es tampoco una reivindicación territorial.
Recientemente, en los últimos meses,
hemos podido comprobar manifestaciones bastante contundentes desde la Federación Española de Municipios y Provincias, también de las Federaciones Catalanas de Municipios, y hasta hemos llegado a leer que se anunciaba para el día 19 de abril una
especie de jornada reivindicativa de los municipios -quizá desconvocada a partir de la reunión de ayer- para trasladar a la opinión pública del Estado el malestar del mundo municipal por la insuficiente financiación. También se ha leído algo acerca
de la amenaza de no participar en la discusión y elaboración del Libro Blanco del régimen local. Si la reunión de ayer sirvió para enderezar estos caminos me lo confirmará seguramente usted. Reconocemos que hay predisposición del Gobierno a buscar
soluciones, y esa reunión parece demostrarlo una vez más, pero nos encontramos ante un problema que exige respuestas urgentes, algunas parciales, y -como decía- propondremos en la moción subsiguiente algunas de ellas.
Después de 25 años de la recuperación de los ayuntamientos democráticos, el modelo de descentralización administrativa en tres niveles de gobierno, estatal, autonómico y local, establecido por la Constitución española, aún no ha encontrado
un modelo de financiación adecuado para los entes locales capaz de dar cumplimiento a los principios de autonomía local y suficiencia financiera previstos en los artículos 140 y 142. Es evidente que las recientes reformas de la ley no han hecho
desaparecer las carencias del sistema de financiación. En algunos casos, más bien al contrario. En particular, creemos que la crónica insuficiencia financiera de los ayuntamientos se produce en el ejercicio de las competencias que la ley
actualmente les atribuye, pero también cabe destacar que muchos municipios realizan una importante labor de suplencia en servicios y labores que son titularidad de otras administraciones, lo que les representa una importante dedicación de recursos
económicos, que por algunos ha sido llamada deuda histórica. El futuro, que está a la vuelta de la esquina, demandará respuestas que serán todavía más costosas. El impulso de las nuevas tendencias económicas y empresariales, la incorporación de
ciudadanos inmigrantes que generará una necesidad de cohesionar un tejido social y cultural cada vez más diverso, el incremento en la movilidad por transportes de personas y bienes o, en síntesis, la exigencia cada vez mayor en la prestación de los
servicios públicos tradicionales, estas nuevas necesidades no pueden tener cabida en el
actual marco jurídico y financiero, de una parte, porque requerirán mayores recursos que los actuales instrumentos financieros de los entes locales son incapaces de generar y, de otra, porque la presión social recaerá inevitablemente en el
nivel próximo a la ciudadanía, que exigirá una aplicación intensa del principio de subsidiariedad.
Se han recordado algunos indicadores que nos pueden servir de punto de partida para el análisis. Constatamos el reducido tamaño económico del nivel local en el proceso de descentralización de la Administración pública del Estado español.
El incremento de los recursos gestionados por el sector público no se ha repartido de forma lineal entre los tres niveles administrativos, puesto que tanto el nivel estatal como sobre todo el autonómico han ganado peso económico a una velocidad
netamente superior a la del nivel local. Las corporaciones locales han quedado estancadas en su participación del gasto público en torno al 12 ó 13 por ciento, y hace ya 25 años se aspiraba a llegar al 25 por ciento del conjunto de las
administraciones públicas; en cambio, el porcentaje autonómico ha aumentado casi 20 puntos en estos 20 años. Constatamos también el elevado grado de corresponsabilidad fiscal a través de impuestos deficientes. A través de ese conjunto de
impuestos los gobiernos locales han ejercido un elevado grado de corresponsabilidad fiscal. Puede decirse que casi el 60 por ciento de los ingresos de los municipios son de naturaleza tributaria, mientras que en las comunidades autónomas -y cito
expresamente el caso de Cataluña- se sitúa no más allá del 25 por ciento. Constatamos también que la configuración actual de la participación en los tributos del Estado no garantiza en absoluto a los servicios públicos locales un nivel de cobertura
parecido al de otros niveles de la Administración.
Por último, el asunto de los servicios de suplencia, los gastos correspondientes a servicios no obligatorios que prestan los entes locales, es particularmente grave y posiblemente la mayor amenaza para la suficiencia financiera municipal.
El marco legal establece que hay unos servicios que los municipios han de prestar obligatoriamente en función del tamaño, pero también establece que pueden prestar otros de naturaleza diferente a los que ofrecen las otras administraciones o
complementarios.
Especialmente se da el caso en educación, cultura, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Se produce cada vez una situación perversa con gran repercusión en las arcas municipales. Las nuevas normas emanadas de las
administraciones estatal y autonómica derivan muchas veces en la prestación obligatoria de unos servicios sin la correspondiente dotación.
Estos servicios no obligatorios se han cuantificado en un 33,3 por ciento, en datos de 2001, al menos en los
datos que la Diputación de Barcelona ha hecho para el conjunto del territorio catalán, y la tendencia -y parece que es un fenómeno generalizable- es a crecer; por cierto, parece ser que sólo un tercio de estos gastos suplementarios recibe
financiación específica.
Estamos de acuerdo, al menos desde mi grupo -y creo que también es un sentimiento bastante general del municipalismo-, en que conviene ir a un nuevo modelo. Como ejes básicos debe tener al menos estos tres: El primer eje básico, la
autonomía, reconocida en el artículo 137 de la Constitución; la reforma de la Ley de Haciendas Locales, del año 2004, no deja margen de aplicación de exenciones y bonificaciones a las corporaciones locales -es un ejemplo-. El segundo eje básico,
la suficiencia. Se exige disponer de un sistema de transferencias de las demás administraciones que completen de manera suficiente el sistema tributario local. El tercer eje básico, la responsabilidad fiscal. Sería deseable que la mayor parte de
los ingresos de los municipios proviniera de figuras tributarias vehiculadas por los propios municipios.
Desde el municipalismo español se ha puesto nombre genérico a estas reivindicaciones inmediatas. Se ha hablado de financiación por la Hacienda del Estado de la denominada deuda histórica, que correspondería a ese 30 por ciento de gasto
municipal, consecuencia de servicios impropios, que no le correspondía prestar al conjunto de ayuntamientos del Estado. También se ha hablado de acciones a favor de los pequeños municipios, lo que algunos han denominado fondo de nivelación.
También se ha hablado de una compensación derivada de la reforma del impuesto sobre actividades económicas, que parece ser que está en vías de solución, pero que creo que ha generado un paquete importante de recursos en casi la totalidad de los
municipios españoles.
Desde esta tribuna, y coincidiendo en líneas generales con esos planteamientos del municipalismo español al que acabo de aludir, apuntaremos algunas otras líneas, la más decisiva de las cuales a nuestro juicio es la necesidad de mejorar
estructuralmente la participación de los municipios en los tributos del Estado, junto con la modificación puntual del sistema tributario municipal. Por eso entendemos que conviene modificar el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. Evidentemente la concreción de las medidas podría ser bastante diversa, pero desde Esquerra Republicana anunciamos en principio al menos estas cuatro. Una podría ser
establecer una mejora de la participación en el IVA, IRPF, etcétera, y otros impuestos especiales. Actualmente la ley prevé la cesión a los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes de un tanto por ciento de esos impuestos estatales. Una segunda
podría ser rebajar el límite de población establecido para la participación de los municipios en los tributos del Estado, que actualmente está en esos 75.000 habitantes, y sustituirlo, como decía, por el de 20.000 habitantes; dicha reducción se
justifica porque actualmente existe una discriminación y un agravio
entre poblaciones que difieren únicamente entre sí, por ejemplo, por no ser capital de provincia o de comunidad autónoma. Además, la Ley reguladora de bases del régimen local obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a prestar
unos servicios que comportan un alto nivel de gasto, lo que ya de por sí debe ser suficiente para acceder a un mayor nivel de corresponsabilidad fiscal. Una tercera podría ser garantizar la participación indirecta de todos los municipios en los
impuestos y tributos del Estado. Las poblaciones por debajo del límite establecido para la participación fijada en la presente ley deben tener también participación en los tributos del Estado, en los mismos porcentajes que los municipios que
cumplen el límite establecido. Asimismo, la transferencia del Estado a estos municipios se puede destinar a una bolsa global de dinero transferida a las comunidades autónomas que deberían repartirla entre los municipios afectados. Otra necesidad
podría ser suprimir el requisito de superar los 20.000 habitantes para acceder a la categoría de municipio turístico; en realidad muchos municipios con menor población tienen los mismos gastos derivados del turismo. Por ello, este límite
demográfico discrimina a dichos municipios menores.
En conjunto, pues, pensamos que, más allá de medidas coyunturales y que celebramos que se haya empezado a abordar en la reunión, conviene una reforma más global, más estructural de la financiación local.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Canet.
Para responder a la interpelación, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es cierto que la situación de las administraciones locales es un tema recurrente de nuestra agenda política. Es cierto que los entes locales, como la Administración próxima a los ciudadanos, se ven sujetos a crecientes demandas de
servicios públicos que muchas veces exceden de su ámbito competencial y tratan de atenderse con recursos limitados. El Gobierno conoce esta situación y somos sensibles a la misma y somos conscientes, además, de que los ayuntamientos son una pieza
clave en la mejora del gobierno local. Para ello es necesario dotarlos de los recursos suficientes, tal como establece el artículo 142 de nuestra Constitución.
Hay un punto de partida que, sin embargo, quiero recordar. El modelo de financiación local es muy reciente. Se aplica a partir del 1 de enero del año 2004 y hay una serie de elementos que lo definen que todavía no están bien concretados ni
conocemos exactamente cuáles son sus efectos. Las principales novedades en la reforma eran la modificación de algunos tributos locales, especialmente la supresión del impuesto sobre actividades económicas, y la modificación de la participación en
los ingresos del Estado. El índice de evolución de las cuantías se basaba en el incremento que experimentan los tributos del Estado entre un año y el año base del modelo, que era el 2004. Por tanto, es muy difícil sacar conclusiones de cuál es el
impacto del modelo, dado que todavía no ha transcurrido ni siquiera un año entero a comparar con el año base.
Establece también para las diputaciones provinciales y municipios con población de más de 75.000 habitantes, las capitales de provincia y
las de comunidades autónomas, una participación en la recaudación de los impuestos del Estado. A este grupo de entidades locales se les financia además con el fondo complementario de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
que cubre la diferencia entre lo que se recibía a través del sistema anterior y lo que van a recibir con este sistema. Es verdad que ese fondo cumple el servicio de suficiencia financiera. Para el resto de los municipios se mantuvo un modelo
similar al anterior, con algunas reformas que afectan a los tributos propios y que permiten obtener una transferencia del Estado adecuada a sus necesidades de gasto, ya que el producto entre los tributos estatales y los porcentajes cedidos sería
relativamente escaso en estos municipios y por tanto la cesión de impuestos no les resultaría beneficiosa.
La distribución de la participación de los ingresos del Estado se basa en tres variables: población ponderada, capacidad tributaria, esfuerzo fiscal realizado. En el caso de los municipios sobre los que se realizan cesiones de parte de la
recaudación de tributos, su ejecución se efectúa mediante entregas mensuales a cuenta de la financiación total del ejercicio, que se hace posteriormente mediante una liquidación definitiva. La liquidación definitiva de cada año solo puede
practicarse lógicamente cuando se dispone de los datos del año de liquidación. Para la liquidación definitiva de 2004 la Administración general del Estado dispondrá de datos sobre el crecimiento de los tributos del Estado y el impuesto sobre la
renta de las personas físicas de ese año en torno a junio-julio del año 2006, ya que el impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2004 se autoliquida en mayo-junio del año 2005 y hasta principios del año 2006 la Agencia Estatal de
Administración Tributaria no realiza sus trabajos de grabación y gestión. Lo que quiero poner de relieve con estos comentarios es que evidentemente todavía no hemos aplicado el modelo. Por tanto, sacar conclusiones excesivamente rápidas del
impacto del modelo creo que es prematuro. No obstante lo anterior, el Ministerio de Economía y Hacienda ha constituido un grupo de trabajo, en cooperación con el Ministerio de Administraciones Públicas, dedicado a estudiar las posibles mejoras
en algunos aspectos de dicho modelo. Y no es tanto porque hayamos llegado a la conclusión de que es incorrecto -no podemos llegar a la conclusión de si es correcto o no-, sino porque entendemos que se pueden incorporar ciertas áreas de
mejora del modelo.
En la reunión mantenida ayer con los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias se ha acordado elevar el rango del grupo de contacto con los mismos y hemos decidido poner en marcha una comisión en la que se integrará
la FEMP y la Administración central para tratar estos temas. Una de las áreas que puede ser mejorada es la relativa a la autonomía y suficiencia financiera de los municipios. Para ello los trabajos de la comisión se orientarán a conocer de forma
pormenorizada el uso de las capacidades tributarias actuales de los municipios y su posible ampliación, así como la identificación de nuevas materias y hechos imponibles susceptibles de ser gravados por las entidades locales, de manera que puedan
obtener la financiación que precisa de forma acorde en tiempo y cuantía con las demandas de servicios que les efectúen sus ciudadanos. Si las administraciones locales van a asumiendo competencias que se encuentran hoy en la esfera competencial de
las comunidades autónomas y prestan esas denominadas competencias impropias, es verdad que deberán recibir los recursos necesarios para prestar los servicios asociados a tales competencias. El problema que se plantea el Estado es si esa es una
transferencia que corresponde básicamente al Estado o no y daré algunos datos que algunas veces ya he comentado. En estos momentos, para el año 2005, las comunidades autónomas gestionan el 36 por ciento del gasto no financiero de las
administraciones públicas. El Estado gestiona solo el 19,7 y los entes locales el 13 por ciento, con un 32 por ciento para la Seguridad Social.
Resolver con el 19 por ciento del Estado los problemas del 36 por ciento y del 13 por ciento es un
trabajo arduo, difícil y complejo. Creo que debemos plantear los temas de otra forma y esa fue la razón por la que en la reunión mantenida ayer acordamos propiciar la creación de un foro integrado por la Administración General del Estado, las
comunidades autónomas y los municipios para estudiar cómo solucionar estos problemas importantes de gastos de suplencia o gastos impropios.
También me gustaría poner de relieve que aunque, como he expuesto, estamos analizando el modelo de financiación local y sus implicaciones, el Gobierno ya ha tomado algunas medidas de interés en la ley presupuestaria para el año 2005. A
veces no se ha prestado mucha atención a esas medidas, pero quiero recordarlas porque creo que son relevantes. El Gobierno ha tratado de resolver con gran celeridad una circunstancia que no había sido prevista cuando se aprobó el modelo de
financiación local, y es que con la nueva regulación no se tuvo en cuenta que la transición de un modelo (el que expiró el 2003, que emplea un índice de producción como el producto interior bruto nominal a precios de mercado, que se facilita por el
INE muy rápidamente) a otro que se inicia en 2004, con la cesión de un porcentaje de ciertos tributos y con un índice de evolución definido mucho más tardíamente, ya que es consecuencia de los ingresos tributarios del Estado, se planteaba un
problema de retraso temporal de año y medio debido a los procedimientos de gestión tributaria de determinados impuestos estatales. Tampoco se tuvo en cuenta en el modelo, por ejemplo, la incidencia de la reforma de la financiación autonómica en las
cuotas líquidas estatales del impuesto sobre la renta de las personas físicas; elemento básico para determinar la cesión de este impuesto. Esa fue la razón por la que se consideró el efecto derivado de la modificación de la previsión de
crecimiento entre 2003 y 2004 de los ingresos tributarios del Estado provisionales en un punto porcentual adicional. Esta medida está teniendo ya impacto en las entregas a cuenta de la participación de tributos del Estado en 2004 y 2005. Por este
motivo se regularizan las primeras como anticipo de liquidación definitiva de 2004 y se incrementan los créditos de las segundas. El incremento total de créditos por ese concepto será del orden de 205 millones de euros.
En segundo lugar, hemos tomado en consideración el efecto de la modificación de las cuotas líquidas estatales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del año 2001 utilizadas para el cálculo de las entregas a cuenta de la
participación de tributos de 2004. Las cuotas líquidas estaban definidas en un entorno de cesión a las comunidades autónomas del 15 por ciento. Sin embargo, cuando se liquide la participación en los tributos del Estado correspondiente a 2004 se
utilizarán las cuotas líquidas estatales de este período impositivo en un entorno de cesión del 36 por ciento. Esta circunstancia es relevante para el cálculo que se atribuye al fondo complementario de financiación dado que, por las circunstancias
expuestas, la cesión de tributos a los municipios fue sobrevalorada. El fondo ha sido en las entregas a cuenta en el año 2004 inferior al que se debería haber calculado. Para resolver este problema se regularizan las entregas a cuenta del fondo de
compensación complementaria de financiación para el año 2004, que implica un incremento de crédito destinado también a las entregas a cuenta, el mismo correspondientte al año 2005. El incremento total de este concepto es de unos 275 millones de
euros.
Una tercera medida consiste en calcular la liquidación definitiva en la parte referida a la compensación por ingresos derivados de la reforma del impuesto sobre actividades económicas, que no está afectada por la evolución de los ingresos
del Estado. Esta medida implica un incremento del crédito destinado a la liquidación definitiva de ejercicios anteriores por una cantidad próxima a los 200 millones de euros. Con todas estas medidas para este año, el crecimiento en términos en
caja para el conjunto del sector local se situará en el
4,5 por ciento, y si analizamos el crecimiento considerando solo las entregas a cuenta que mensualmente perciben las entidades locales, crecerán gracias a esta medida prácticamente en el 7,85 por ciento frente al 5,43 por ciento, que es lo
que deberían haber aumentado si hubiéramos aplicado estrictamente el modelo que en su día se pactó.
En relación con la compensación por la modificación del impuesto de actividades económicas, puedo adelantarle un dato más, al que S.S. ha hecho referencia, y es que en la reunión de ayer con la Federación Española de Municipios y Provincias
acordamos revisar la metodología utilizada para realizar estas compensaciones cara a las próximas liquidaciones, de forma que se pueda incrementar éstas en una cantidad de al menos 120 millones de euros. Por tanto, señorías, el Gobierno no ha
permanecido inactivo ante la situación en la que se encuentra la financiación de los entes locales. Es cierto que las medidas de mayor calado exigen una reflexión y un estudio previo del modelo actual, y en eso estamos trabajando, pero también es
cierto que ya se han adoptado decisiones importantes para ayudar a resolver las cuestiones más urgentes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Solbes.
Para el turno de réplica, por tiempo de cinco minutos, el señor Canet tiene la palabra.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Ante la exposición que ha hecho el señor ministro, se presuponía que, después de la reunión de ayer, evidentemente el discurso podía ser este, y se acepta perfectamente cuando plantea que el modelo es reciente, como he reconocido en mi
intervención, pero también me reconocerá que tantas quejas de tantos alcaldes de tantos grupos políticos distintos que se han hecho y muy recientemente obedecen a que suscita serias dudas el modelo, lo que justifica que sea un problema que tengamos
que afrontar.
Usted ha dado medidas que están en marcha. Tiene usted toda la razón, se la doy absolutamente. Valorar si funcionarán esas medidas establecidas ya en los presupuestos del año 2005 exige como mínimo el beneficio de la duda. Por tanto, los
que estamos inmersos, además de en la actividad parlamentaria, en el mundo local y después de 25 años podemos esperar un poco más, a ver si funcionan las medidas. En cualquier caso, ha hecho usted un par de apuntes que me gustaría comentar. Por
ejemplo, ha dicho -y lo ha explicado con una suavidad tremenda- cómo se puede resolver a través del Estado, cuando muchos de estos servicios no obligatorios que prestan los ayuntamientos seguramente se hacen, por decirlo así, por delegación de las
comunidades autónomas. Por tanto, usted ha introducido uno de los temas de debate y es la cantidad que tendrá que aportar el Estado o las comunidades autónomas por alguna de las vías posibles.
También lo he dicho en mi primera intervención: es
evidente que hay que estudiarlo, que hay que cuantificarlo.
Me consta que tanto en su ministerio como en el de Administraciones Públicas se ha puesto a veces en cuestión la metodología autorizada de cálculo. Usted se ha referido también a revisiones metodológicas. En cualquier caso, hágase la
revisión metodológica, pero lléguese a una conclusión porque en realidad, sea por una vía o por otra, la financiación de los ayuntamientos ha de mejorar en ese campo de servicios no obligatorios que, además, estamos todos convencidos que cada vez
serán más por lo que comentábamos de la cercanía de la Administración local al ciudadano. Aceptemos ese planteamiento, pero mi grupo ha dicho muchas veces que nos tememos que lo que algunos han llamado segunda descentralización signifique en el
ámbito económico lavarse las manos del Estado aduciendo porcentajes y traspasando el problema a las comunidades autónomas. En la moción subsiguiente plantearemos medidas parciales que puedan contribuir a mejorar de una forma relativamente inmediata
la financiación de los ayuntamientos.
Desde Esquerra Republicana, como planteamiento global de la financiación de los ayuntamientos, nuestro modelo no es solamente modificar la Ley de Haciendas Locales. Nos gustaría modificar en general el régimen local porque creemos que
debería ser competencia autonómica en aquellas comunidades autónomas que lo deseen, y régimen local implica financiación local. Nos gustaría que la Generalitat o cualquier otro Gobierno autónomo pudiera ser responsable en subvenciones directas de
la participación que tenemos en los tributos del Estado o en la capacidad legislativa sobre tributos de ámbito local. Me parece correcto el planteamiento de inicio de solución a través de la reunión de ayer; prudencia en esperar los resultados del
modelo y la implicación que ha tenido en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2005.
Como decía anteriormente, sigue siendo curioso que los grupos y los alcaldes de todos los signos, hasta hace muy poco, han aparecido en un tono en cierto modo desafiante exigiendo mejoras en la financiación, incluso alcaldes de partidos que
son claramente nacionalistas españoles radicales y ultramontanos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Canet.
Señor Solbes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Canet, algún comentario muy rápido. El argumento de tener unanimidad frente a mí para pedirle dinero no me impresiona excesivamente. No es la única vez que se produce. Yo creo que sobre esa base es relativamente fácil llegar al
consenso. Por tanto, tomo el argumento como uno más, no lo desprecio; lo tomo en consideración, pero yo creo que hay que ir más lejos. Como decía anteriormente, hay que partir de un hecho clave y es que sepamos realmente cómo está funcionando el
modelo. Yo creo que estamos trabajando sobre la aplicación en un año único. Un modelo que como hemos visto, con las correcciones que hemos introducido en 2005, tiene deficiencias de partida por temas no previstos. Esto no quiere decir nada,
quiere decir simplemente que analicemos su aplicabilidad, sus problemas, sus ventajas y sus inconvenientes. A partir de ahí ¿qué hemos decidido? Como he dicho anteriormente y es importante, la constitución de un grupo de trabajo integrado por el
Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para ver cómo enfocamos estos temas de cara al futuro. Ahí veremos varias cosas: compensación definitiva del IAE,
sistema tributario, márgenes que hoy existen, márgenes que tienen los ayuntamientos desde el punto de vista fiscal y utilización de esos márgenes fiscales. No es razonable, y hago referencia muchas veces a estos temas, que no se utilicen los
márgenes existentes para el pago de ciertos servicios y se pida financiación de terceros para hacer frente a esas dificultades. En definitiva, la autonomía de gasto tiene que traer consigo una cierta autonomía de ingresos que yo creo que hay que
avanzar.
Tercer tema: gastos de suplencia. Yo podría decir de una forma muy brutal que estamos dispuestos a analizar los gastos de suplencia que corresponde al Estado resolver, pero no he dicho ni siquiera eso. He dicho que estamos dispuestos a
propiciar el establecimiento de un foro, de una reunión, en la que hablemos comunidades autónomas, municipios y Estado para ver el problema, definir las competencias de cada tema y dar la soluciones posibles para la financiación.
Por último, vamos a seguir trabajando en los temas pendientes y algunos concretos. Usted se ha referido a los municipios turísticos, que es uno de los temas pendientes que hay. Estamos trabajando también en otros temas, como son los
regímenes financieros específicos de Madrid o Barcelona o el problema al que usted ha hecho referencia en su primera intervención, pero no en la última, relativa a los pequeños ayuntamientos, donde hay un margen de maniobra, en función del
incremento de la financiación futura, en el contexto de la solidaridad de los propios ayuntamientos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Solbes.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES VASCOS DISCRIMINADOS POR RAZONES LINGÜÍSTICAS. (Número de expediente 172/000081.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos discriminados por razones
lingüísticas.
Para formular la interpelación por un tiempo de doce minutos, la señora Arrúe Bergareche tiene la palabra.
Adelante, señora Bergareche.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado esta interpelación urgente porque tenemos ante nosotros un hecho al que solo podemos calificar como extremadamente grave y del que el órgano de la soberanía nacional no puede desentenderse, como tampoco lo puede hacer
el Gobierno de la Nación. Los hechos son suficientemente conocidos por la opinión pública, pero lo recordaré sucintamente a la Cámara. En el País Vasco donde trabajan 157 profesores con una edad media de 45 años y algunos con más de veinte años de
antigüedad, van a perder su estabilidad laboral, estabilidad que tienen concedida otros profesores en similares condiciones que ellos, sencillamente por no acreditar su suficiente conocimiento del euskera. El origen de este atropello es una
resolución del Gobierno vasco del pasado mes de agosto, avalada por los sindicatos nacionalistas -aunque alguno de ellos ya se ha retractado de su posición- en virtud de la cual se exige la adquisición de lo que en la jerga de la administración de
esta comunidad se llama el Perfil lingüístico 2. En palabras claras, quien no acredita el conocimiento del euskera, sean cuales sean las materias que enseñan a los alumnos con quienes ejercen la función, las tareas que desempeñan, como, por
ejemplo, que ejerzan la plaza en un conservatorio de música o que ejerzan la plaza en una escuela de idiomas o una plaza en apoyo de inmigrantes que van en aumento y que no necesitan la docencia del euskera, sean los servicios que hayan prestado
como docentes a lo largo de su trayectoria profesional, el Gobierno va a ser implacable expulsando del sistema educativo público vasco a estas personas. Esta medida contradice el estatuto de autonomía que el Gobierno vasco tiene la obligación de
respetar y cumplir. El artículo 6.3 de dicho estatuto establece que nadie podrá ser discriminado por motivos lingüísticos. En efecto, la medida es claramente discriminatoria, está en contradicción con otras normas dictadas por el mismo Gobierno,
que ha limitado a menores de 45 años la exigencia de adquirir los llamados perfiles lingüísticos, o que tiene establecido que el criterio
de antigüedad ha de primar sobre cualquier otro para el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Existe también un agravio comparativo si recordamos el procedimiento seguido para incorporar a las ikastolas en la red pública vasca. En aquel momento, por parte del Gobierno vasco se decidió buscar una solución y se aplicó esa solución a
quienes no acreditaban ni perfiles ni titulaciones.
En cambio, ahora, cualquiera de estos criterios de profesionalidald y antigüedad saltan por los aires. Es, ni más ni menos, la victoria de las arbitrariedades al servicio de unos objetivos
indeseables. La medida, tanto en el ámbito del País Vasco como en el conjunto de España, es de extraordinaria gravedad, y no podemos permanecer impávidos, como si no nos afectara lo que está pasando, porque están en juego los derechos fundamentales
que nuestra Constitución ampara y que nos corresponde a todos defender, así como el principio de la interdicción en la arbitrariedad de los poderes públicos que la misma Constitución garantiza.
Quiero trasladar a la Cámara las elocuentes palabras que pronunciaba en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco un representante de los profesores afectados. Decía el profesor: Es muy lamentable tener que oír el otro día a un
sindicalista de ELA decir que tiene que haber sacrificios, personas sacrificadas. ¡Ni que estuviéramos en la época del imperio romano, en donde se echaba a los cristianos al circo! ¿Es que hay que sacrificar personas? Y continuaba el profesor: No
somos unos apestados en la sociedad; tenemos cabida en ella. Aquí hemos nacido, aquí queremos trabajar, hemos trabajado muy a gusto y aquí queremos seguir porque somos válidos y porque nos lo merecemos.
¿No nos sentimos interpelados por estas palabras de uno de los profesores víctimas de la discriminación y de la arbitrariedad? ¿Acaso podemos compartir la actitud de ese sindicalista que habla de sacrificios personales? ¿En aras a qué?
¿No nos ofende ni nos causa un profundo rechazo esta actitud? Señorías, en el caso que nos ocupa, es una vuelta de rosca más del proyecto nacionalista, que afecta hoy al profesorado vasco, pero al que luego seguirán otros departamentos como el de
Sanidad, la Ertzaintza, la Administración; en definitiva, toda la sociedad, ya sin ningún tipo de límite ni de rubor. Que en una comunidad autónoma en la que más del 70 por ciento de la población es hispanoparlante por su lengua materna, en la que
el castellano es junto al euskera la lengua oficial, se pretenda introducir factores gravemente discriminatorios de carácter lingüístico en el profesorado constituye un atropello, un atentado a los derechos fundamentales, un ataque a la convivencia
en el sistema educativo que no debemos permitir. Nosotros defendemos el euskera, claro está, pero nos parece que se está haciendo un flaco favor a esta lengua utilizándola de esta manera. El euskera debe de servir para dialogar, para convivir,
para enriquecer y nunca debe ser utilizado como instrumento de coacción, que genera rechazo y crea conflicto como en este caso.
Señora ministra de Educación, ni usted ni su Gobierno se pueden poner de perfil ante este caso; ninguno de nosotros lo podemos hacer. Yo le reclamo aquí, ante este órgano que representa a todos los españoles ante la opinión pública, un
claro pronunciamiento. Los españoles tienen que saber qué piensa la ministra de Educación y el Gobierno sobre los hechos que acabo de relatar. Los españoles tienen que tener la certeza de que no resulta posible que se produzcan discriminaciones en
el ámbito laboral, en el ámbito social, por razones lingüísticas en cualquier parte del territorio nacional. Los españoles quieren saber si ante este caso el Gobierno se lava las manos o está dispuesto a adoptar una postura clara en defensa de los
trabajadores de la enseñanza en el País Vasco, que van a ser sacrificados, por utilizar la misma palabra del sindicalista al que se refería el representante de los afectados.
Muchos españoles esperan un claro pronunciamiento de esta Cámara y con tal finalidad presentaremos en la próxima sesión la correspondiente moción, que confiamos merecerá el apoyo de otros grupos, en especial el del Grupo Socialista. Los
españoles también esperan sin demora que el Gobierno se pronuncie, manifieste su opinión y anuncie qué actuaciones va a llevar a cabo para impedir esta tropelía y para que los ciudadanos sepan que en nuestro Estado de derecho no cabe discriminación
de ningún tipo por razones lingüísticas y se sientan amparados. Esto es lo que espero hoy de usted, señora ministra.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Arrúe.
Para responder la interpelación, por el mismo tiempo de doce minutos, la señora ministra de Educación y Ciencia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señorías, en el tema que hoy nos ocupa concurren diversos aspectos de política educativa, cuestiones de Función pública, de riqueza y diversidad cultural de nuestro país y de convivencia y normas de flexibilidad entre generaciones que están
contribuyendo a transformarlo.
Me gustaría referirme a todos estos puntos que tienen que ver con el tema que ha suscitado su señoría.
En primer lugar, quiero poner de manifiesto el compromiso del Gobierno con el euskera como patrimonio cultural de España. En esta Cámara compartimos la valoración de que nuestro país es más rico, más plural con las diversas lenguas y los
gobiernos de España tienen que estar comprometidos con la protección, difusión y promoción de esas lenguas, que son patrimonio cultural de todos los españoles. Cada lengua es mucho
más determinante en el hogar de las personas que los paisajes o que los territorios; las lenguas son la manifestación fundamental de lo que nos convierte en humanos y la pluralidad y la riqueza de lenguas es uno de los objetivos a defender
en cualquier política y por encima de otras diversidades que podamos mantener con diferentes objetivos.
El Gobierno de España y este Parlamento valoran esta riqueza que supone nuestra diversidad de lenguas y el bilingüismo existente en diversas comunidades autónomas, un bilingüismo que hace unos meses, en un debate en este Parlamento, el
diputado, señor Nasarre, valoraba de esta manera: Se vive con naturalidad, es enriquecedor y forma parte del sistema de convivencia de nuestras comunidades autónomas. Continuaba el señor Nasarre: Espero que coincidan conmigo en que la
preservación de esta realidad bilingüe y su transmisión a las nuevas generaciones es algo bueno en sí mismo y que no podemos poner en peligro. Estoy segura de que S.S. compartirá las afirmaciones de su compañero de grupo igual que las suscribo yo.
La existencia de esta situación de bilingüismo deriva para los poderes públicos en la necesidad e incluso en la obligación de lograr que los escolares adquieran el pleno dominio de ambas lenguas en las comunidades bilingües en toda su
extensión, y las administraciones y los parlamentos actúan para lograr este objetivo. En este contexto se integran las normas dictadas por las diversas comunidades autónomas en los últimos veinte años. Afortunadamente, la mayoría de esas normas ha
contado con el apoyo de diversos grupos parlamentarios, incluidos el suyo y el mío. Sabe que el Gobierno está comprometido con la defensa de la legalidad vigente, como ponemos continuamente de manifiesto en nuestras actuaciones en este último año.
Por lo que hace referencia a la situación concreta del País Vasco, S.S. ha mencionado las previsiones del estatuto de autonomía de 1979, que fue ampliamente apoyado en su momento por el Partido Socialista, la Unión de Centro Democrático, el
Partido Comunista, el Grupo Vasco y el Grupo Catalán y que, en el artículo 6.1, establecía lo siguiente: El euskera tendrá como el castellano carácter de lengua oficial en Euskadi. Todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas
lenguas. El artículo 6.2 establece que las instituciones comunes garantizarán el uso de ambas lenguas y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento. También me gustaría destacar el artículo 6.3, al que usted se ha
referido, porque indudablemente es importante y que establece que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Todos estaremos de acuerdo con los tres apartados de este artículo 6, que recoge con bastante fidelidad el espíritu del avance
hacia ese bilingüismo real en nuestras comunidades autónomas.
En el año 1980 se traspasaron las competencias sobre educación no universitaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en aplicación de lo previsto en la Constitución y en el Estatuto. En 1982 se aprueba la Ley de normalización del uso del
euskera y se insta al Parlamento y al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para la generalización progresiva del bilingüismo en el sistema educativo vasco. De gran interés es lo establecido en el artículo 20 en relación con el profesorado, al
señalar que el Gobierno, a fin de hacer efectivo el derecho a la enseñanza en euskera, establecerá los medios tendentes a una progresiva euskaldunización del profesorado y asimismo determinará las plazas o unidades docentes para las que será
preceptivo el conocimiento del euskera. En 1983 un decreto y una orden fijaron las condiciones para impartir enseñanzas de euskera, así como para establecer anualmente un programa de capacitación idiomática del profesorado. Lo que caracteriza a
las normas de ese momento es que no se estableció ninguna penalización al profesorado que no alcanzase dicha capacitación, únicamente se establecía la obligación de impartir euskera a los profesores que superasen el programa. En 1993 la Ley de
cuerpos docentes de enseñanza no universitaria estableció las condiciones mínimas que debe cumplir el personal, de nuevo sin incluir previsiones de exclusión para aquellos que no dominen alguna de las lenguas oficiales. En definitiva, si hacemos
balance de estas normas que cuentan con más de diez años -20 años en algunos casos- hay que concluir que el proceso de euskaldunización ha sido un éxito en la Comunidad Autónoma del País Vasco al pasar de menos de un 5 por ciento al 80 por ciento
del profesorado en el sistema público educativo con conocimiento suficiente de euskera como para impartir clases en esta lengua. Recordemos que ese sistema tiene más de 16.000 profesores en los niveles no universitarios en la red pública. Estamos
hablando, por lo tanto, de un esfuerzo muy notable de adaptación de los centros y los profesores. Creo que compartimos esta valoración.
Este avance refleja la voluntad clara de la sociedad vasca por alcanzar un bilingüismo real en el sistema educativo. El proceso ha sido apoyado por los distintos grupos y siempre se han buscado alternativas y soluciones flexibles para
aquellos profesores que debían aprender euskera ofreciéndoles, por ejemplo, liberaciones de clases. Durante estos años, por tanto, el balance que tenemos que hacer es que el problema no ha estado en las normas; el problema está en su aplicación y
en su interpretación. Durante años no se ha confundido el derecho de los alumnos al bilingüismo con la imposición de soluciones drásticas para aquellos profesionales que por diversos motivos no han alcanzado el mínimo exigido de conocimiento del
euskera. La Ley de 1993 establecía ese plan plurianual de euskaldunización del profesorado, cuya materialización -se decía- buscará la adhesión voluntaria del profesorado y contará con el respeto a sus condiciones laborales, decía el artículo 54.
Ese espíritu es el que tenemos que
invocar y espero que coincidamos como están coincidiendo ya numerosos grupos en el País Vasco para solicitar que el sistema educativo vuelva a esta línea que permite combinar el avance hacia el bilingüismo y los beneficios que se derivan de
utilizar la experiencia y las habilidades de los profesores que forman parte del sistema.
Le recuerdo a S.S. que las normas que han iniciado un cambio en la trayectoria no son tan recientes, puesto que ya en el año 2002 se establecieron en un decreto duras condiciones para los profesores interinos que tenían que cumplir los
requisitos de euskaldunización. Por lo tanto, el endurecimiento se ha ido produciendo teóricamente en estos últimos años, pero es en este momento cuando nos encontramos con una interpretación que afectaría de manera muy negativa a este colectivo de
profesores. Hasta ahora hemos tenido una trayectoria de búsqueda del bilingüismo con apoyo público y esfuerzos, fundamentalmente por parte de los docentes, acompañados del diálogo y la comprensión de todas las tardes. El camino de transición hacia
una sociedad bilingüe, que es el que está llevando a cabo nuestro país en diversas comunidades autónomas, requiere sin duda esfuerzos como los que están realizando estos profesores, pero también requiere flexibilidad como la que han demostrado
nuestras administraciones, en general, y nuestra sociedad. Las generaciones futuras vivirán las situaciones de bilingüismo, generalizado en muchos casos, con normalidad. Mientras se alcanza ese nuevo escenario es cuando necesitamos conciliar los
derechos, las aspiraciones, la valía y la capacitación de las personas que trabajan en el sistema educativo.
Su señoría antes invocaba cuál era la posición de todos los grupos con respecto a ese problema y yo coincido en la valoración. Creo que el Partido Socialista de Euskadi, los otros grupos políticos, los sindicatos de profesores, los diversos
colectivos solicitan al Gobierno vasco que busque una solución satisfactoria, equilibrada y flexible, que se retome ese camino por el cual se ha estado buscando el bilingüismo en unos términos razonables. El bilingüismo del sistema educativo del
País Vasco no está en cuestión y la generosidad de todos colabora a valorar la implicación del conjunto de la sociedad en los objetivos compartidos: educación bilingüe, sí; pero también sistema educativo tolerante en una sociedad tolerante y
cohesionada.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora ministra.
Para su turno de réplica, la señora Arrúe, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra.
Cuando quiera, señora Arrúe.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en su consideración, ha estado usted muy lejos de estos profesores. Su intervención ha estado alejada, como ya le digo, o ausente de los profesores víctimas de una situación en la que sufren un atropello de sus derechos.
Usted hoy me ha defraudado y yo creo que también ha defraudado a los 157 trabajadores que viven con angustia su situación, que se sienten desamparados y que esperaban hoy un pronunciamiento claro del Gobierno, como también se sentirán defraudados
millones de españoles que no quieren que las lenguas se conviertan en armas arrojadizas en ningún lugar de nuestra geografía.
Como ya le he dicho en mi primera exposición, por supuesto que estoy a favor del bilingüismo, por supuesto que estoy a favor del euskera, pero a lo que no estoy dispuesta es a que ese idioma se utilice para discriminar y para privar del
trabajo a unos profesores que llevan impartiendo clases más de 20 años. La verdad es que la problemática de estos profesores ha creado una injusticia, una injusticia que todos debemos reparar, y más en concreto ustedes, desde el Gobierno. Ellos
están esperando un pronunciamiento del Gobierno y de usted, señora ministra; ellos tienen fe en que usted se pronuncie y haga, por lo menos, de mediadora entre el Gobierno vasco y su departamento para que se pueda llegar a una solución.
Hoy mismo
la consejera de Educación del Gobierno vasco se ha mantenido en sus trece, sin ofrecer ningún tipo de salida al conflicto de estos profesores. Es lamentable la actitud y la cerrazón que tiene el Gobierno vasco, y por ello es más que nunca necesaria
su actitud, señora ministra, en clara defensa de los profesores víctimas de este atropello. En este caso que afecta a un derecho fundamental, como es la discriminación por razones lingüísticas, no puede refugiarse en la pasividad. Refleja la
pasividad una mezcla de complacencia y de debilidad, esa debilidad que se está haciendo cada vez más clara en el Gobierno del que usted forma parte. Quisiera que, entre todos y con claridad, se pronuncie aquí en contra de lo que está sucediendo en
Euskadi y que nos diga si lo considera un atropello, una decisión arbitraria. Su pronunciamiento público en esta Cámara vale mucho más. Los españoles y los profesores merecen saber su opinión, su opinión personal y por eso le pido que se pronuncie
hoy aquí en esta tribuna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Arrúe.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Señoría, la defensa de los profesores a los que usted se refiere no está en cuestión porque todos los grupos estamos solicitando que se encuentre una solución
aceptable y razonable a este tema. La defensa de los profesores no
se va a ver más reforzada por que utilicemos la demagogia para buscar diferencias donde no las hay. Usted solicita que la solución a estos problemas se convierta en conflictos entre instituciones. Siempre tenemos que enfrentar a las
comunidades autónomas con el Gobierno. Le he recordado que ni su Gobierno lo hizo en el año 2002. ¿Por qué? Porque la solución a este problema en una sociedad madura, como la nuestra, tiene que estar mucho más al alcance de cualquier Gobierno,
sin duda está al alcance del Gobierno vasco y eso es lo que les tenemos que solicitar: que apliquen estas normas con la misma flexibilidad con la que se han estado aplicando durante tantos años. Las condiciones que se establecieron para los
interinos se fijaron en el año 2002 y usted ahora descubre cuál es el problema. No creemos falsos enemigos. Estamos todos de acuerdo en que esta situación de los profesores se resuelva y estamos solicitando todos lo mismo a la Consejería de
Educación. Eso es lo importante, no inventarnos aquí batallas ficticias acerca de qué es lo que nos divide que, en este caso, no debiera dividirnos más allá de cuestiones electorales. Las administraciones tenemos que defender a estos profesores.
Son un capital humano muy valioso en el sistema educativo.
Hasta ahora el sistema educativo del País Vasco se ha beneficiado del trabajo de estos profesores y seguro que lo puede y lo debe seguir haciendo. Esa es la solución que hay que reclamar y
hay que pedir, que estos profesores tengan su sitio en el sistema educativo más allá de esa interpretación de qué es lo que representa la superación o no superación de unas pruebas concretas en un momento de tiempo determinado. Como le decía, se
constata que durante años el proceso de euskaldunización ha sido posible, igual que lo ha sido el avance del bilingüismo en otras comunidades autónomas, que es muy notable. Sin embargo, se han utilizado la flexibilidad y la sensibilidad necesarias
para abordar este proceso de generalización gradual de las enseñanzas bilingües sin causar este problema a los profesores.
Espero que todos los grupos seamos capaces de unirnos más allá de otros intereses y solicitar al Gobierno vasco lo que importa y no inventarnos un conflicto más. No creo que ese sea ningún futuro para nuestras instituciones. Esto debiera
tener una solución mucho más sencilla: que estos profesores sigan teniendo su lugar en el sistema educativo del País Vasco. Repito, ya lo solicitan todos los grupos políticos, los sindicatos. Unámonos y no busquemos falsas divisiones, ya que eso
no va a ayudar a los profesores. Lo que necesitan es que estemos todos unidos en buscar esa solución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Sansegundo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN TORNO A LA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN DICTADA EN LA LEGISLATURA ANTERIOR QUE VULNERA LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente
172/000085.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura anterior que vulnera las
competencias de las comunidades autónomas.
Para explayar la interpelación, por tiempo de doce minutos, tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, este ambiente acogedor, casi familiar, en el que nos encontramos yo creo que es el más propicio para debatir temas de nervio institucional y temas profundos, que afectan a la estructura
institucional del Estado, como el que mi grupo trae a colación con esta interpelación que consideramos relevante y con la que pretendemos huir de cualquier represión de naturaleza demagógica porque su fundamentación va a utilizar como elemento de
autoridad fundamental manifestaciones políticas expresas del propio Partido Socialista.
Hace referencia al incumplimiento del estatuto de autonomía, que es un tema importante y que por lo menos a nosotros nos preocupa. Tenemos la impresión de que al ministro de Administraciones Públicas le debería preocupar también, impresión
que en este momento no deja de adquirir alguna reserva dialéctica, pero sabemos que es un problema que le preocupa profundamente y lo planteamos desde la siguiente perspectiva, señor ministro. Seguramente en el 'Diario de Sesiones' podrá comprobar
cuáles son las alusiones o las reflexiones que consideramos intelectual y dialécticamente de interés.
En este momento, en el campo de la consideración de que el bloque de constitucionalidad está políticamente amortizado estamos jugando ya casi todos, también ustedes, solo el Partido Popular parece fiel a las esencias del bloque de
constitucionalidad y de la estructura de los estatutos de autonomía tal como están concebidos. El Parlamento vasco ha aprobado por mayoría absoluta una propuesta de reforma estatutaria, pero no es la única estructura parlamentaria que ha adoptado
una medida de estas características. Es que ustedes, el Partido Socialista, están reformando nada menos que cuatro estatutos de autonomía en este momento: hay proyectos de reforma estatutaria del Estatuto de Autonomía de Cataluña, reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía -reforma profunda y poco conocida-, reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón -reforma incipientemente iniciada- y reforma también del Estatuto de Autonomía de Euskadi
en virtud de un encargo que le han hecho a un personaje importante de la política vasca, don Emilio Guevara, antiguo diputado general de la Diputación Foral de Álava, para que a su vez reforme el Estatuto de Autonomía de Gernika. Es un
encargo que le ha hecho su propio partido político y que pretende también, como pretenden otras reformas estatutarias, per saltum, por elevación, elevar los techos competenciales, los techos de autogobierno del estatuto de autonomía tal como están
configurados actualmente, es decir, desbordar el nivel de autogobierno al que provee el actual estatuto de autonomía. Luego es muy difícil que usted pueda refutar la opinión que mi grupo mantiene de que en este momento el bloque de
constitucionalidad en el componente estatutario está siendo objeto de refutación por su propio partido y por todos los demás de esta Cámara, salvo el Partido Popular, que se mantiene fiel a estas esencias institucionales o constitucionales,
relativamente también, porque asimismo hay algún esbozo incipiente de apelaciones a reformar los estatutos de autonomía.
¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que nosotros tenemos la impresión de que ustedes son autonomistas cuando la coyuntura política hace conveniente mantener esta posición política y son intensamente centralistas cuando la coyuntura
política igualmente aconseja serlo.
Serían ustedes una especie de autonomistas fijos discontinuos, por usar una expresión del derecho del trabajo, o autonomistas ciclotímicos, por usar una expresión de la psicología clínica. ¿Por qué se lo digo?
Se lo digo por las siguiente razones, porque nosotros hemos analizado el tracto sucesivo, el tracto histórico de sus posiciones con relación al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Gernika y nos hemos encontrado con auténticas puntas de
actividad, hacia abajo unas y hacia arriba las otras. Ustedes han sido entusiastas defensores del estatuto de autonomía cuando se aprobó en el año 1979. Dejaron de serlo cuando se aprobó la Loapa, cuyo espíritu se mantuvo, no la ley en su
contenido material, pero sí el espíritu, que siguió impregnando la inspiración gubernamental de sus posiciones, en relación con el desarrollo autonómico, y también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Volvieron a ser autonomistas, se
reencontraron con su originaria identidad cuando se suscribió el acuerdo de configuración de un Gobierno vasco en el que ustedes participaron en el año 1995, de forma y manera que, entre el año 1987 y 1994, no se desbloqueó ninguna transferencia,
pero de repente, en el año 1994, como prolegómeno, creación o preparación de ambiente para ese acuerdo de coalición que ya se estaba esbozando, se desbloquearon nada menos que nueve competencias que se transfirieron a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, de trascendencia relativa; todas son importantes, pero no eran las más relevantes seguramente: las enseñanzas náutico-pesqueras, entidades de control de la radiactividad, sociedades anónimas laborales, colegios profesionales; tampoco eran,
en el orden de prioridades, ni en el suyo ni en el nuestro, las más relevantes que había que transferir, pero se transfirieron nueve. Desde este fecha, hasta que llegó o advino al Gobierno del Estado español el Partido Popular, no se transfirió
desgraciadamente ninguna más.
El Partido Popular transfirió cuatro cuando se incorporó al poder. ¿Por qué? Porque necesitaban nuestros votos para estabilizar su primera legislatura, en la que no ostentaba la mayoría absoluta. También eran de trascendencia mediana, y
hay que utilizar estas expresiones con una cierta prudencia política: las competencias sanitarias del Instituto Social de la Marina, una cosa importante como es la creación de Euskaltel, la transferencia de acciones de Telefónica a Euskaltel,
competencias en materia de servicios agrícolas y algunas otras de cierta entidad que, en absoluto, se compadecían con los acuerdos que sirvieron de fundamento a aquella legislatura, por lo menos los acordados con el grupo parlamentario del partido
político que yo represento.
De esa manera encontramos que es absolutamente ciclotímica y curvilínea la posición en relación con el desarrollo estatutario y que siempre ha estado condicionada por razones o requerimientos políticos de coyuntura y no por una convicción
profunda de que las leyes están para ser cumplidas, sobre todo cuando estamos hablando de leyes que integran el bloque de constitucionalidad, que tienen prácticamente el mismo rango jurídico formal que la Constitución. Eso provoca distintos
problemas, que en la moción a que va a dar lugar esta interpelación vamos a desagregar, problemas de legitimidad, porque cuando no se desarrollan no se cumplen las leyes, como el estatuto de autonomía, incumpliendo, incluso, un acuerdo que
suscribimos con ustedes en Euskadi, el acuerdo para la pacificación y normalización de Euskadi, en sus apartados 2 a) y 2 b), que establece que el desarrollo leal e íntegro de los títulos competenciales, todos ellos del estatuto de autonomía, es un
elemento fundamental para generar confianza democrática, confianza política y conseguir la paz. Cuando se incumple esto estamos alimentando las posiciones políticas deslegitimadoras de la vía estatutaria. Le aseguro que esto se ha producido, señor
ministro, en Euskadi. Cuando no se cumplen los requerimientos de una ley orgánica como el estatuto de autonomía se provocan disfunciones de naturaleza administrativa importantes, porque, una vez pasado el periodo transitorio de configuración de una
administración autonómica vasca, se produce una identificación o imbricación entre los ciudadanos y esta administración, a la cual los ciudadanos vascos le reclaman solución a sus problemas, solución que esta administración no puede propiciar por
una razón elemental, porque no posee las competencias porque no se le transfieren, por un doble problema, primero porque la Constitución reserva muchas competencias, abundantes -todas las
del 149-, para el Estado, pero las que reserva para las comunidades autónomas tampoco se transfieren.
Hay problemas de naturaleza económica, porque la auténtica implementación o el desarrollo absoluto de los recursos financieros de Euskadi no se pueden complementar en tanto en cuanto, a través de las vías de financiación que nosotros
poseemos que se derivan de la Ley del Concierto Económico, no se transfieren las competencias y los servicios asignados a esas competencias y se posibilita descontar del cupo, con lo cual se obliga a una especie de duplicidad de actuaciones
inarmónicas, inadecuadas, no coordinadas entre sí, porque el Gobierno vasco, que se encontró un país con una situación prácticamente crítica en lo económico, en lo social, en muchos ámbitos, no pudo abdicar de sus obligaciones y, sin las
transferencias realizadas, se dedicó a actuar en ámbitos políticos tan importantes como la educación, como la asistencia social, el bienestar social, la policía, la televisión pública y otras, con la duplicidad o el incremento irregular de gastos
públicos que esto provocaba y las disfunciones de estructuras administrativas que debían afrontar toda esta problemática.
Esos son problemas que usted conoce perfectamente. Sin embargo, y estando pendientes de transferir 37 competencias en virtud de un acuerdo que ustedes han suscrito también en el Parlamento vasco, y que yo le puedo relacionar una a una, 37
competencias que, a pesar de lo difícil de mensurar cuál es el nivel de autogobierno que suponen, los técnicos en esta materia están comentando que tanto en el ámbito político como en su dimensión financiera podemos estar hablando de aproximadamente
el 43 por ciento de las posibilidades de autogobierno vasco, y estoy hablando de competencias como la Seguridad Social, el Fogasa, los expedientes de regulación de empleo, las políticas pasivas, las políticas activas de empleo. Sin embargo, yo voy
a circunscribir cronológicamente esta intervención de alguna forma a la recuperación de su vocación autonomista, que se ha producido en la legislatura pasada, no sé si por convicciones íntimas, porque ustedes realmente han llegado a la conclusión de
que son un partido autonomista o federalista, como reza en sus estatutos, o porque era un instrumento idóneo para hostigar al Partido Popular, a la sazón gobernante, y gobernante con mayoría absoluta.
Les podría poner numerosos ejemplos donde ustedes han criticado y hostigado con mucha dureza en ocasiones al Partido Popular por el deterioro de los títulos competenciales del Estatuto de Autonomía de Gernika y de otros. Le puedo poner
ejemplos que hacen referencia a materias como la Ley de reproducción humana asistida, donde las posiciones de los portavoces han sido lacerantes en relación a la legislación aprobada por el Partido Popular porque entre otras cosas vulneraba
competencias autonómicas; la Ley de estabilidad presupuestaria, señor ministro, ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por ustedes con reflexiones verdaderamente apocalípticas contras la política del Partido Popular en esta
materia, concretamente por el señor Marugán. Hasta el Tribunal Constitucional les ha tirado de las orejas al Partido Popular y a ustedes por su escasa vocación o furor autonomista. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 96/1996, que
usted conoce perfectamente, que de alguna forma reprocha la actitud tanto del Partido Socialista como del Partido Popular en materia de crédito, banca y seguros, indicando que la exhaustividad o la prolijidad de la regulación estatal en estos
ámbitos (crédito, banca y seguros, mercado de valores, etcétera) es de tal magnitud que impide cualquier tipo de actuación material por parte de las comunidades autónomas que tienen competencias, en el caso de Euskadi en el artículo 11.2 a), nada
menos que de ejecución y de desarrollo legislativo, fíjese, desarrollo legislativo y ejecución, una competencia no menor. El Tribunal Constitucional les ha afeado la conducta.
En otros ámbitos, como las políticas pasivas de empleo, las políticas activas de empleo, el Fogasa, los expedientes de regulación de empleo, por cierto una competencia preautonómica realizada al Consejo General del Poder vasco, el órgano
preautonómico, el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 142/1989, les indica que no acudan a que se trata de cuestiones, presupuestos o cuotas las que financian estos organismos vinculados al sistema público de Seguridad Social, porque no es
así, no son cuotas devengadas que afectan o financian el sistema público de pensiones. Luego no hay ningún obstáculo desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional para transferir estas competencias. Y esto ustedes lo han dicho y se lo
han expresado al Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Señor Olabarría, vaya concluyendo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.
En el ámbito agrícola, don Celestino Díaz, portavoz de Agricultura en la legislatura pasada, reprochaba con dureza al Partido Popular la no transferencia del FROM con relación a la configuración de estructuras competitivas de organizaciones
de pescadores.
Para acabar esta intervención, señor ministro, yo apelo como elemento de autoridad a las propias manifestaciones de sus portavoces en la legislatura pasada. Me basta con eso, con que usted cumpla con esos requerimientos o con esas
manifestaciones, con que las haga suyas dentro de las políticas sectoriales que va a acometer en materia de desarrollo autonómico en esta legislatura, porque, si no -y esta reflexión que voy a hacer seguramente va a crear algún problema de
naturaleza incluso me atrevería a decir interna-, usted sabe que el Código Civil en virtud de los requerimientos de su título preliminar es de aplicación multidisciplinar a
todo el ordenamiento jurídico. El Código Civil no solo regula cuestiones de derecho privado sino también cuestiones de derecho público, y cuando el Código Civil habla de pactos y contratos es como si hablara la Constitución de pactos y
contratos. Y en el Código Civil existe un precepto, que es el 1124, que dice lo siguiente: Cuando hay una ley pactada, un pacto, un acuerdo - y un pacto o un acuerdo es una ley pactada también- de naturaleza conmutativa que obliga a dos partes y
una de las partes se desvincula de sus obligaciones, la otra tiene la capacidad para resolver la relación. Piense en esta reflexión. Con esto acabo mis palabras, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Olabarría. Me encanta verle desde esta tribuna defendiendo el Estatuto de Gernika. Creo que la vía estatutaria es la vía correcta para el País Vasco y para el conjunto de España, porque es la vía constitucional, y me
encanta que su partido hoy aquí nos quiera dar lecciones en ese sentido.
Formo parte de un Gobierno que está basado en un partido político, donde también milito, militancia de la que me siento orgulloso, que ha hecho posible no solo la democracia en España sino también los estatutos de autonomía, que ha hecho
posible que vivamos con un régimen constitucional, que ha hecho posible que estemos en un Estado autonómico, donde las comunidades autónomas gozan en este momento de un margen de autonomía política -no solo de autonomía administrativa sino de
autonomía política- no digo ya que más que en toda la historia de España, sino seguramente más que en ningún otro país. Posiblemente eso no es suficiente, posiblemente eso no deba ser un elemento como para sentirnos totalmente satisfechos, pero no
es correcto olvidarlo. No es correcto hacer como si nada de todo eso hubiera ocurrido. Es más, a veces puede llevar a confusión a los ciudadanos, y en concreto el País Vasco, dado que el régimen especial de financiación que tiene, puede que sea la
comunidad más autónoma del mundo. Eso hay que ponerlo también de manifiesto a la hora de hacer un balance, a la hora de ver cómo se está aplicando y desarrollando la Constitución y cómo se está aplicando y desarrollando el estatuto.
Nosotros por convicción hemos llegado al Gobierno cumpliendo las cosas que dijimos en la oposición y por convicción hemos propuesto reformas en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento autonómico. Creemos que hay una etapa de
desarrollo autonómico, una etapa que ha estado presidida por la definición de las competencias, por la definición de los marcos políticos de las distintas comunidades autónomas. Ha sido una etapa que necesariamente se ha ido basando en la
confrontación, en la discusión de lo tuyo y lo mío. Esa es una etapa que tiene que dar paso a otra en la que la gestión de lo común sea lo prioritario, una etapa en la cual la cooperación sea el principio político rector de las relaciones
institucionales y no la confrontación. Para eso hace falta mejorar los espacios de encuentro, los espacios de acuerdo, los espacios de diálogo entre las distintas instituciones del Estado. Eso es lo que hemos hecho en este año escaso de Gobierno
con el desarrollo del respeto y del diálogo institucional, con el impulso de algunos traspasos pendientes, allá donde hemos encontrado comunidades autónomas dispuestas a asumir esos traspasos; con la reducción de la conflictividad: hemos reducido
bastante el nivel de confrontación de recursos y conflictos de competencias; con la inauguración de la Conferencia de presidentes como lugar de encuentro de los presidentes autonómicos; con la resolución de la participación y la presencia de las
comunidades autónomas en la Unión Europea en defensa de los intereses del Estado miembro España, y con una propuesta clara y concreta de reforma constitucional, especialmente en lo que se refiere a la materia que estamos tratando aquí de reforma del
Senado. Por tanto, acusar a este Gobierno de poco sensible ante la realidad constitucional y estatutaria de España digamos que sería relativamente incierto.
Por otro lado, creo que estamos en un momento en el cual se están planteando -como S.S. ha dicho y como por otro lado es bastante obvio- reformas estatutarias en algunas comunidades autónomas que tienen por objeto no tanto ir a más sino ir
a mejor. Creo que la diferencia es importante. No se puede seguir concibiendo la dinámica de las relaciones institucionales como una dinámica de suma cero, no es que crezca una parte a costa del todo, sino que crezcamos todos porque mejoremos los
mecanismos de cooperación, de coordinación, los mecanismos que permitan servir mejor a los ciudadanos, que son, en definitiva, a los que tenemos que servir. Por tanto, creo en esa mejora que pueden representar las reformas estatutarias que como
partido y como Gobierno estamos apoyando con las condiciones conocidas: amplio consenso y respeto a la Constitución. Amplio consenso es obvio que significa más de las mayorías aritméticas que se establecen en los propios estatutos -si no no haría
falta ponerlo como una condición-; respeto a la Constitución, porque creo que es bastante obvio, o al menos esa es la opinión del Gobierno, que no es a través de las reformas estatutarias como se tiene que modificar la Constitución. Por tanto,
apoyaremos todas las reformas estatutarias que vengan a esta Cámara con un amplio consenso de origen y con un respeto a la Constitución y diremos que no a aquellas reformas estatutarias que no cumplan estas dos condiciones.
Eso es lo que hemos dicho desde el debate de investidura del presidente del Gobierno y lo que hemos hecho en este año de Gobierno ha sido intentar abrir puertas al diálogo institucional, a la mejora de las relaciones institucionales,
rehuyendo la confrontación y yendo hacia un escenario de cooperación. En ese sentido, algunos de los desistimientos de recursos que hemos hecho como Gobierno o que han hecho comunidades autónomas frente a recursos que tenían a leyes del Estado
vienen motivados, entre otras cosas, porque hemos modificado y hemos anunciado modificaciones a algunas de esas leyes a las que S.S. se refería y que estando en la oposición impugnamos. Hoy hemos comprometido el cambio en algunas de esas leyes y
eso, en la medida en la que ha tenido o tiene repercusión en las competencias de las comunidades autónomas, ha dado lugar a esa retirada de recursos.
Yo no tengo la sensación de ser fijo discontinuo en esto del autonomismo, pero sí que a veces tengo la sensación de que ustedes son estatutarios a tiempo parcial. A veces son estatutarios y defienden el estatuto y la vía estatutaria y a
veces no. Estos son temas muy serios, porque estamos hablando del marco de juego, del marco de constitución democrática, estamos hablando de aquello que da seguridad a los ciudadanos, que pueden permitirse una convivencia sabiendo a qué atenerse en
un contexto político determinado, en una comunidad determinada, y no es posible que a veces el Estatuto de Gernika sea tan bueno que hay que exigir el cumplimiento íntegro y otras veces sea tan malo que mejor lo echamos a la basura y nos inventamos
una cosa nueva, sin consenso y en contra de la Constitución. Creo que en esa dualidad, que evidentemente no soy el primero en descubrir y en anunciar, es donde puede radicar una parte del problema.
Creo que el Estatuto de Gernika -y sé, como S.S. ha dicho, que esto no se puede medir al peso- está cumplido en un 90 por ciento. Respecto a lo que significaba el valor añadido bruto del País Vasco en el año 1984, el conjunto de gastos
presupuestarios del Gobierno autónomo era del 6,49 por ciento. En el año 2003, respecto a ese mismo valor añadido bruto, el presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma del País Vasco saltaba hasta el 15,11 por ciento. Dado que no tengo por qué
suponer que se han convertido en unos derrochadores y que gastan mucho y mal en las mismas competencias, es evidente que en estos años ha habido un amplio desarrollo de competencias en el País Vasco. Es evidente que si se ha multiplicado por más de
cuatro el conjunto de gasto del presupuesto del País Vasco, lo habrán hecho para algo, lo habrán hecho en algunas competencias, lo habrán hecho en el desarrollo estatutario que se ha producido durante este año, porque pensar que ustedes gastan más
con menos competencias me llevaría a que son unos derrochadores. Por tanto, creo que no es de recibo el discurso del recorte competencial, como creo que no es de recibo el discurso del agravio o de la confrontación.
Estamos ante una oportunidad
para mejorar los niveles de relación institucional. Estamos ante una oportunidad para que las comunidades autónomas actúen y se sientan como Estado, que es lo que les reconoce la Constitución, participen en la formación de las políticas del Estado,
sean reconocidas como tales, y también reconozcan que la Constitución exige del Gobierno central el cumplimiento de algunos deberes constitucionales, para los que también necesita competencias, medios e instrumentos, y que intentemos pasar de la
estrategia o la dialéctica o del discurso de la confrontación al de la cooperación. Creo que institucionalmente ganaríamos todos más y, sobre todo, los ciudadanos ganarían mucho más que en una estrategia del victimismo y de la confrontación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradezco su contestación. Hay un problema conceptual que nos desubica institucionalmente de forma notable, esa vinculación que hace entre título competencial y disponibilidades presupuestarias. Usted sabe perfectamente
que no tienen nada que ver, que el título competencial es el título competencial, los mecanismos para acometer las transferencias están perfectamente reglados en el ordenamiento jurídico y las disponibilidades presupuestarias derivan de otras
circunstancias ajenas al título competencial. Voy a poner un ejemplo paradigmático. El Gobierno vasco no tiene competencias en materia de Seguridad Social, no le ha sido transferida, como requiere la disposición transitoria quinta del estatuto, la
gestión económica de las entidades gestoras de la Seguridad Social, lo cual no impide que sea contribuyente neto a las arcas del Estado en el ámbito de las pensiones en una cifra equivalente a 855 millones de euros. Primero, hay que precisar
conceptualmente de qué estamos hablando.
En segundo lugar, usted hace referencias filosóficas al buen talante otra vez, al desistimiento de determinados recursos. Es que no le pedimos tanto como esto. El buen talante nos parece muy bien, nos parece una actitud digna de elogio y
que nosotros alabamos, pero le he pedido algo tan sencillo como que se comprometa con lo que han dicho sus portavoces en distintas manifestaciones públicas de voluntad política que compromete al Partido Socialista teóricamente en la anterior
legislatura. Es decir, cuando el señor Jáuregui comenta que en Euskadi en materia de formación profesional la Forcem es Hobetuz porque Hobetuz tiene la misma legitimidad política y jurídica por estar suscrito por sindicatos y organizaciones
empresariales que ostentan la
noción jurídica de mayor representatividad sindical ¿usted comparte o no comparte esta opinión? Cuando los señores Segura Clavell y Ayllón en el Senado comentan que en materia de estructuras ferroviarias la negativa del Partido Popular a la
transferencia o ampliación de cualquier competencia por entender que es una materia supracomunitaria es un exceso competencial o es una interpretación restrictiva de las competencias ¿usted comparte o no comparte esta opinión? ¿Está dispuesto a
desbloquear este problema como comentan esos diputados y esos senadores o no está dispuesto a resolver este problema? Cuando en materia de fecundación humana asistida la legislación del Estado es restrictiva cuando gobernaba el Partido Popular, y
sus portavoces en la Comisión de Sanidad o en el ámbito sanitario lo denuncian específicamente, ¿usted asume como discurso propio esta vulneración competencial y está dispuesto a removerla o no está dispuesto a removerla? Cuando el Tribunal
Constitucional publica la sentencia 96/1996 y el señor Fernández Marugán comenta esa sentencia diciendo que hay que regenerar la distribución de competencias en materia financiera y tributaria porque la legislación y los puntos de conexión del
Estado agotan e impiden cualquier ejercicio de cualquier atisbo de competencias de las reconocidas en el bloque de constitucionalidad ¿usted comparte las opiniones del señor Fernández Marugán o no las comparte? ¿Hace suyo ese discurso político o no
lo hace suyo? Le podría seguir diciendo cientos de citas; tengo 32 apuntadas. Cuando don Celestino Díaz comenta en relación con el FROM que el Partido Popular está impidiendo ilegítima y antijurídicamente la transferencia de la competencia
vulnerando los títulos competenciales del Estatuto de Autonomía de Gernika, que en relación con la materia de agricultura es de naturaleza exclusiva, ¿usted hace suyo ese discurso y lo va a incorporar a sus políticas sectoriales en el ámbito de
desarrollo autonómico o no lo hace suyo? ¿Quiere que le siga diciendo citas de sus propios portavoces en la legislatura anterior o es que alternativamente tenemos que pensar que ustedes sencillamente estaban simulando ser autonomistas y que era una
política artificial de hostigamiento al Partido Popular mediante un flanco que ustedes consideraron políticamente interesante, que eran los déficits de dicho partido, ostensiblemente manifestados en las declaraciones del MAP en el año 2001, cuando
sobre las 37 competencias pendientes de transferir dijo una a una que ninguna era transferible por su propia naturaleza?
Pero si lo que queremos es que se cumplimente, ya queremos otra cosa, evidentemente. Vamos a hablar en serio, no hablemos con perífrasis que son difícilmente comprensibles para quienes no están en el meollo de estas cuestiones, y no digan
ustedes que consideran el proceso estatutario amortizado políticamente, porque en todas las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan o cogobiernan están reformando los estatutos de autonomía y desbordando sus techos competenciales. Lo están
haciendo en Cataluña, lo están haciendo en Andalucía, lo van a hacer en Euskadi mediante una especie de contrato realizado con el señor Guevara.
Lo están haciendo en Aragón, donde se ha iniciado una ponencia para la reforma del estatuto de
autonomía. La interpretación desde una perspectiva hermenéutica elemental es que ustedes mismos están refutando el procedimiento estatutario, tal como está concebido en la actualidad, porque todos los procedimientos de reforma desbordan los techos
competenciales de la estructura estatutaria. Y nos parece bien. Si es que les alabamos el gusto. Si es que es una de las cuestiones de Estado pendientes de resolver y ustedes la tienen que acometer. En este momento tienen apoyos parlamentarios
suficientes para hacerlo con consenso, sin trifulcas. Sólo se va a quedar un grupo fuera de un consenso de esa naturaleza. Valórenlo políticamente, pero sean coherentes y sean congruentes con sus propias posiciones políticas. Fíjese si somos
modestos en nuestras pretensiones, que no les pedimos más que sean congruentes con lo manifestado por sus propios portavoces políticos en la anterior legislatura. Luego pediremos la transferencia de lo que ustedes se comprometieron a transferir en
el año 1995 en el Parlamento vasco: prestaciones de desempleo, promoción y gestión del empleo, formación profesional ocupacional, y así hasta 49. Algún día llegará el tiempo en que esto se tenga que pedir, pero me da la impresión de que ese día
está ya pasado. Es decir, estamos hablando de otras cosas; estamos hablando de otros sistemas de articulación de las estructuras de poder y ustedes mismos están hablando de eso. Esquerra Republicana está hablando de lo mismo, Convergència i Unió
está hablando de lo mismo. Se ha dejado pasar una oportunidad histórica que ustedes suscribieron en un acuerdo político importante que es el de pacificación y normalización de Euskadi y están reaccionando tarde. Y cuando han reaccionado no solo lo
han hecho tarde, sino que lo han hecho desde una perspectiva estratégicamente utilitarista, para hostigar al Partido Popular. Por favor, sean autonomistas de verdad y sencillamente acojan las reclamaciones políticas de sus propios portavoces. Por
ahora no les pedimos más.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Olabarría.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, porque somos autonomistas estamos planteando la reforma del Senado; porque somos autonomistas hemos convocado la primera Conferencia de presidentes autonómicos de la historia de España; porque somos autonomistas hemos dado
participación a las comunidades autónomas en la formación de la
presencia de la delegación española en la Unión Europea; porque somos autonomistas estamos impulsando y apoyando, con condiciones -con las que ya he dicho antes-, las reformas estatutarias. Por tanto, de verdad, no tengo ningún complejo en
ese sentido, ninguno, ni yo personalmente ni como ministro del Gobierno ni como miembro del Partido Socialista. Si cada vez que alguien plantea la reforma de algo es que está amortizado y hay que tirarlo por completo a la basura, apañados vamos:
solo se puede hacer una Constitución nueva, no hay posibilidad de reformar la actual en algún aspecto concreto; plantear la reforma de la Constitución en cuatro asuntos significa que la damos por amortizada. ¿Cada cuánto tiempo se amortizan las
reglas de convivencia? Es un poco exagerado el discurso, incluso el concepto, y lo que refleja en el fondo es ese ir y venir, esa actitud que su partido legítimamente ha tenido de no acabar de saber muy bien qué hacer con el estatuto. ¿De verdad
me quiere usted decir que no se hubiera planteado el plan Ibarretxe si se hubiera cumplido ese 10 por ciento que falta del Estatuto de Gernika? ¿Es eso lo que está usted queriendo que nos creamos? En fin, las cosas hay que verlas con otra
perspectiva.
Nosotros hemos tenido contactos con todos los gobiernos autonómicos en esta legislatura, incluso con el Gobierno vasco, para hablar de traspasos de competencias pendientes y le aseguro que, como en casi todos los asuntos, dos no se ponen de
acuerdo si uno no quiere, y a veces ese uno es uno y a veces ese uno es el otro. Por tanto, hoy le digo aquí, en esta tribuna, que si en esta legislatura no ha habido traspasos a la Comunidad Autónoma del País Vasco es porque el Gobierno vasco no
los ha querido, y es bueno también que eso se sepa.
Estamos hablando de si, efectivamente, cumplimos o no los compromisos que asumimos. Le digo que sí, si no, no hubieran sido posibles todas las retiradas de recursos que ha habido durante estos meses, y así lo estamos haciendo, a algunas de
las leyes que estando nosotros en la oposición criticamos y señalamos que cambiaríamos al llegar al Gobierno, desde la ley del Plan Hidrológico Nacional hasta la LOCE, hasta la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que S.S. sabe que está en proceso de
reforma y que va a venir muy pronto a esta Cámara; la Ley de horarios comerciales, proposiciones que dejan algunos efectos sobre los complementos autonómicos de las pensiones, por no hablar de asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial o el
Código Penal, donde también hemos cumplido las cosas que desde la oposición decíamos. Porque lo hacíamos por convicción, porque lo hacíamos convencidos de que eso es lo que teníamos que hacer.
Yo creo que la experiencia que todos hemos vivido durante estos últimos meses nos debería de llevar a pensar que es posible un tiempo nuevo, que es posible hacer las cosas de una manera distinta y que los marcos estatutarios, los marcos de
reforma estatutaria, los marcos constitucionales, el nuevo clima de diálogo institucional abierto por este Gobierno van a permitir un mejor desarrollo de nuestro estado autonómico y un mejor encaje en él de todas las comunidades autónomas. El que
no sepa aprovecharlo es el que tendrá que dar cuentas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.
Gracias, señorías.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.