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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 70, de 22/02/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 70
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 65
celebrada el martes, 22 de febrero de 2005
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la exteriorización de los premios de jubilación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 130-1, de 12 de noviembre de 2004. (Número de expediente 122/000115.)
... (Página 3320)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de los requisitos para la inscripción de los hijos en el Registro Civil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 150-1,
de 21 de enero de 2005. (Número de expediente 122/000130.) ... (Página 3329)
Modificación del orden del día ... (Página 3338)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes de apoyo a los afectados por el hundimiento del túnel del Metro en el barrio del Carmel, de Barcelona.
'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 153, de 11 de febrero de 2005. (Número de expediente 162/000264.) ... (Página 3338)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la asignación tributaria del 0,52% sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 65, de 10 de septiembre de 2004. (Número de expediente 162/000135.) ... (Página 3352)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez) sobre las negociaciones en curso de las perspectivas financieras comunitarias 2007-2013, para el conjunto del Estado y en especial para Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 156, de 18 de febrero de 2005. (Número de expediente 173/000050.) ... (Página 3360)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de buscar soluciones efectivas, de forma urgente, para la disponibilidad de agua en el Medio Vinalopó. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 156, de
18 de febrero de 2005. (Número de expediente 173/000051.) ... (Página 3367)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno informe sobre su voluntad de alcanzar algún acuerdo en el ámbito de las reformas previstas en el sector audiovisual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
156, de 18 de febrero de 2005. (Número de expediente 173/000052.) ... (Página 3373)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 3320)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la exteriorización dde los premios de jubilación ... (Página 3320)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Considera de gran interés fijar claramente la definición de los premios de jubilación,
porque predetermina, de una parte, la posición de su grupo en esta materia y porque permitirá al mismo tiempo acabar con la indefinición legislativa iniciada en la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados de 8 de noviembre de 1995 en
la línea de incluir dichos premios de jubilación entre los complementos de pensiones de obligada exteriorización. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que los premios de jubilación no deben considerarse compromisos por
pensiones y tienen, por el contrario, que tener una naturaleza claramente indemnizatoria, de complemento salarial, que se caracteriza por surgir de la extinción de la relación laboral y que no perviven ni complementan la pensión reconocida por la
Seguridad Social.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de los requisitos para la inscripción de los hijos en el Registro Civil ... (Página 3329)
La señora García Suárez presenta la proposición de ley para su toma en consideración, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tras referirse a pasados debates de otras iniciativas
sobre la materia en la pasada legislatura, considera llegado el momento, con otras mayorías y otros talantes, de
resolver la situación de discriminación contemplada en el artículo 53 de la Ley de Registro Civil, de 8 de junio de 1957, que establece que las personas son designadas por su nombre y apellidos paterno y materno que la ley ampara frente a
todos. Entiende que la toma en consideración de su proposición de ley es un acto simplemente de democracia y de derechos para resolver política y legislativamente una situación impropia de una sociedad, de unas instituciones y de unos gobiernos que
presumen de ser pioneros en los derechos y en las políticas de igualdad hacia la mujer.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sáez Jubero,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 3338)
Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el punto 38, correspondiente a la
tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, y que
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, pase a debatirse como primer punto de la sesión del jueves día 24 de febrero de 2005.
Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 3338)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la exteriorización de los premios de jubilación, se rechaza por 22 votos a favor y 301 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de los requisitos para la inscripción de los hijos en el
Registro Civil, se rechaza por 10 votos a favor, 313 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 3338)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes de apoyo a los afectados por el hundimiento del túnel del metro en el barrio del Carmel, de Barcelona ...
Presenta la proposición no de ley el señor Duran i Lleida, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Afirma que su grupo no pretende con esta iniciativa responsabilizar al Gobierno del Estado ni buscar la
confrontación política entre los grupos parlamentarios, sino simplemente obtener una respuesta positiva de la Cámara a los problemas de los afectados por el accidente del túnel del metro en el barrio del Carmel, que han manifestado que esperan del
Congreso de los Diputados realidades y no palabras. Su proposición no de ley plantea cuestiones que competen al Gobierno del Estado, pero son conscientes de que hay otras cuestiones que también tendrán que plantear en el Parlamento de Cataluña o
ante el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona. Finaliza exponiendo las peticiones concretas que plantean al Gobierno del Estado.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno por alusiones interviene el señor Duran i Lleida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En virtud del artículo 73 intervienen los señores Fernández Díaz y Duran i Lleida.
Continuando con el turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
En turno de aceptación rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Duran i Lleida.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), relativa a la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la asignación tributaria del 0,52 por ciento sobre el impuesto de la renta de las personas físicas ...
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) el señor Tardá i Coma. Se trata de la distribución del porcentaje del 0,52 por ciento destinado en el IRPF a colaborar al sostenimiento económico de la
iglesia católica y a otros fines de interés social y de mejorar las asignaciones del 0,52 por ciento que revierten en Cataluña. Da cumplida cuenta de los desencuentros en esta materia con el Gobierno del Estado a lo largo de los años y explica que
originalmente la pretensión de Esquerra Republicana era proceder a la distribución territorial a las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,52 por ciento, y en concreto a la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la
recaudación que se realiza en Cataluña por el mencionado concepto, pero, en aras de facilitar la suma de voluntades, se ha procedido a enmendar técnicamente el contenido de la proposición no de ley a efectos tanto del horizonte de las actuaciones
como de su progresividad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Esteve Ortega, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas intervienen los señores Tardá i Coma y Campuzano i Canadés.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes de apoyo a los afectados por el hundimiento del túnel del metro en el barrio del
Carmel, de Barcelona, con su propia autoenmienda y la enmienda adicional del Grupo Parlamentario Popular, se rechaza por 155 votos a favor y 162 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), relativa a la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la asignación tributaria del 0,52 por ciento sobre el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, con la aceptación de la enmienda de Covergència i Unió contenida en la misma proposición, se rechaza por 31 votos a favor, 283 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 3360)
Del Grupo Parlamentario Mixto ( señor Rodríguez), sobre las negociaciones en curso de las perspectivas financieras comunitarias 2007-2013, para el conjunto del Estado y en especial para Galicia ... (Página 3360)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente que se planteó al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía sobre las perspectivas financieras comunitarias
2007-2013 desde la óptica de lo que se denominan regiones Objetivo 1, y en particular desde Galicia. Se trata, en definitiva, de pedir que el Gobierno español luche en la Comisión Europea por conseguir que se destine como mínimo el 0,45 por ciento
de la renta bruta comunitaria a políticas de cohesión social, frente al 0,41 por ciento, que es la propuesta de la Comisión. No se trata de garantizar las ayudas para siempre, sino de hacer un proceso gradual y equitativo para que el reparto de la
carga de la ampliación de la Unión Europea no se haga a costa de las actuales regiones Objetivo 1.
También se refiere a las discrepancias estadísticas en producto interior bruto per cápita en paridades de poder de compra en relación con el caso de
Galicia.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción interviene la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent,
de Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de buscar soluciones efectivas, de forma urgente, para la disponibilidad de agua en el Medio Vinalopó ... (Página 3367)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC). Muestra su preocupación por las conclusiones y fundamentos de la comisión técnica sobre el trasvase del
Júcar al Vinalopó y analiza aquéllas que considera que no se han tratado con el rigor que merecen. Explica la alternativa que su grupo plantea para proporcionar agua al Vinalopó y para que el Júcar perviva, permitiendo en definitiva satisfacer
mejor las demandas de agua, con dos matices importantes: primero, que no se considere el trasvase Júcar-Vinalopó y, segundo, que se ejecute de forma urgente para poder zanjar cuanto antes el debate estéril sobre el trasvase.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Ramón Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Cerdà Argent.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno informe sobre su voluntad de alcanzar algún acuerdo en el ámbito de las reformas previstas en el sector audiovisual ... (Página 3373)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora Montesinos de Miguel, que acusa al Gobierno socialista de no cumplir sus compromisos electorales en el desarrollo de la
tecnología digital y de elaborar un proyecto de ley a toda prisa que pretende, teóricamente, el desarrollo de la televisión y de la radio digital, pero que realmente es una tapadera que encubre la concesión de nuevos canales privados de televisión
analógicos con la excusa de ampliar las opciones para los ciudadanos. Añade que es un proyecto de ley parcial, incompleto, deficiente, plagado de dudas y de incertidumbres, que ha defraudado rotundamente al sector audiovisual, que no impulsa la
transición al digital y que no fomenta el pluralismo, poniendo de manifiesto la posición absolutamente arbitraria del Gobierno sobre los medios de comunicación.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción interviene el señor Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores
Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Montesinos de Miguel.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez) sobre las negociaciones en curso de las perspectivas financieras comunitarias 2007-2013 para el conjunto del Estado y en
especial para Galicia, en los términos establecidos en la enmienda transaccional, se aprueba por 303 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) sobre la necesidad de buscar soluciones efectivas, de forma urgente, para la disponibilidad de agua en el Medio Vinalopó,
junto con las enmiendas de adición presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se rechaza por 26 votos a favor, 278 en contra y
una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno informe sobre su voluntad de alcanzar algún acuerdo en el ámbito de las reformas previstas en el sector
audiovisual, en sus propios términos, se rechaza por 127 votos a favor, 153 en contra y 23 abstenciones.
Se suspende la sesión a las once de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA EXTERIORIZACIÓN DE LOS PREMIOS DE JUBILACIÓN. (Número de expediente 122/000115).)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión número 65 con el punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la exteriorización de los
premios de jubilación.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado, para que se pueda debatir hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados, esta proposición de ley que hace referencia a la exteriorización de
los premios de jubilación. De todas formas, permítanme, señorías, que me adelante a lo que quizá va a suceder en la votación posterior. Hoy, todos los diputados vamos a asistir a un acto más de filibusterismo político de muchas formaciones
políticas que hablan de apoyo a la economía productiva, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de apoyo a los autónomos, de apoyo a todo un tejido tan importante como es el tejido industrial español de las pequeñas y medianas empresas. Cuando
vienen las campañas electorales, cuando aquí hacemos discursos electoralistas, casi todas las formaciones políticas, por no decir todas, se llenan la boca diciendo que todas estas cuestiones son excelentes, que son un factor básico de crecimiento de
la economía española, que son un elemento básico de generación y creación de empleo, y hoy quizá van a tener la gran oportunidad de demostrar que están de acuerdo con el apoyo a la economía productiva, que están de acuerdo con el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas y que están de acuerdo con resolver esta situación anómala y precaria que viene arrastrando el tejido industrial español desde el año 1995. Cuando se ha planteado aquí esta problemática, todas las formaciones políticas
no solamente han estado de acuerdo con el contenido de esta proposición de ley, sino que han apoyado la posibilidad de prorrogar un año la situación actual, que, repito, es una situación anómala y precaria y que causa ansiedad a muchos pequeños y
medianos empresarios.
Esta es una situación, señorías, que afecta a más de dos millones de trabajadores que tienen reconocidos convenios de premios de jubilación en sus respectivos sectores; una situación que afecta básicamente al sector metalúrgico, que afecta
al sector de la hostelería, que afecta al sector de la alimentación, al sector de la distribución, al sector de la limpieza, al sector textil, al sector de la construcción, etcétera.
Además, en dicha problemática están contempladas nada más y nada
menos que unas 500.000 -repito, 500.000- pequeñas y medianas empresas en todo el Estado español. Por este motivo, no es la primera vez que nuestro grupo parlamentario presenta esta iniciativa ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para
resolver de una vez por todas esta situación, que, repito una vez más, es una situación precaria.
La iniciativa va en la dirección de considerar de sumo interés fijar claramente el concepto de los premios de jubilación, la definición de los premios de jubilación, porque predetermina nuestra posición en la materia y al mismo tiempo nos ha
de permitir acabar con la indefinición legislativa iniciada en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995, que ha dado paso a una interpretación amplia de lo que se establece en ella en la línea de incluir
dichos premios de jubilación entre los complementos de pensiones de obligada exteriorización, a tenor de lo dispuesto en la normativa actuarial vigente. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha defendido en todo momento y defiende
ahora que los premios de jubilación, con sus diferentes denominaciones, no deben considerarse compromisos de pensiones y, por tanto, no han de tener la naturaleza de mejora voluntaria de las prestaciones públicas, y no solo porque en muchos casos
dichos premios, contemplados en los diferentes convenios sectoriales correspondientes, se plasman en regalos o pagas extraordinarias de únicamente dos o tres mensualidades, sino también porque responden a una finalidad clara con la cual la mayoría
de los grupos parlamentarios de esta Cámara, por no decir todos, hemos estado de acuerdo en los últimos años. Concretamente, la finalidad que persiguen dichos premios de jubilación es la de premiar la antigüedad del trabajador y al mismo tiempo el
buen comportamiento del trabajador en su compañía, la constancia en el trabajo y también la fidelidad de los
empleados en el momento de la jubilación. Por lo tanto, estamos hablando no de complementos de pensiones sino de premios a la fidelidad de un trabajador de la compañía. En nuestra opinión, los premios de jubilación tienen, por el
contrario, una naturaleza claramente indemnizatoria, de complemento salarial, que se caracteriza por surgir de la extinción de su relación laboral y por causa de esta última y no perviven ni complementan la pensión reconocida en la Seguridad Social.
Por lo anteriormente expuesto, señorías, con el núcleo central de nuestra proposición de ley, que presento en esta Cámara para su toma en consideración -no la aprobación del contenido de la misma- y posterior debate en la Comisión de
Economía de las sensibilidades o enmiendas que puedan presentar los diferentes grupos parlamentarios, nosotros abrimos a todas las fuerzas parlamentarias la posibilidad de debatir y cambiar, a lo largo de todo este año, la definición que nosotros
planteamos en la disposición adicional primera del Real Decreto legislativo de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley que regula los planes y fondos de pensiones. En nuestra proposición de ley aparece una definición
clara de lo que debe entenderse por premio de jubilación, a los efectos de exceptuarlos de la prohibición para las empresas del mantenimiento de los compromisos por pensiones en fondos internos. Por ello nosotros los definimos como premios de
jubilación, al mismo tiempo que pretendemos que se entiendan los incentivos que, regulados por convenio colectivo bajo diferentes denominaciones, se materializan en una prestación económica a un tanto alzado y por una sola vez y que tienen al mismo
tiempo naturaleza indemnizatoria y están establecidos en el momento de la jubilación o para incentivar la resolución por el trabajador, voluntaria y anticipada, de la relación laboral en compensación de la pérdida salarial que tal resolución
comporta. Añadimos también la posibilidad de que estos incentivos estén condicionados a requisitos tales como una opción alternativa del trabajador o determinados niveles de antigüedad o dedicación a la empresa.
En el caso de no prosperar esta iniciativa, como es posible y plausible, por los contactos que hemos mantenido con los distintos grupos parlamentarios, hemos advertido ya de que esta exteriorización de los premios de jubilación representa
transformar un pago único en una prima anual para cada trabajador cuando se jubile o no -que es en la mayoría de los casos- en la empresa, pago que se ha de efectuar a la compañía de seguros correspondiente, con el consiguiente incremento de los
costes anules para las empresas, teniendo en cuenta también para ilustrar esta objeción política que se ha llegado a estimar que solo uno -repito, uno- de cada veinte asalariados está en una situación potencial apta para percibir dichos premios de
jubilación. Además, dicha exteriorización, señorías, de aplicarse finalmente, si no prospera esta iniciativa, provocaría una reducción del margen de maniobra de dichas empresas y una pérdida de capacidad como consecuencia de la gestión de unos
fondos propios de las compañías -que, repito, son pequeñas y medianas- a los recursos de las entidades financieras. En este sentido quiero añadir que el incremento de los costes salariales y la reducción de los excedentes brutos de explotación, con
un impacto evidente en sectores como la limpieza, la hostelería, la construcción, el metalúrgico, la distribución, todos los que he mencionado al inicio de mi intervención, no tendrían como contrapartida una mejora económica de la situación de los
trabajadores, con lo cual a través de dicha modalidad los asalariados no tendrían ninguna ventaja inmediata ni de futuro ni al mismo tiempo con la exteriorización de dichos premios de jubilación.
Finalmente, nos gustaría advertir de otra serie de efectos económicos, indirectos y negativos que tendría dicha exteriorización de los premios de jubilación por el incremento de los costes laborales y financieros que comporta. Asimismo,
esta medida comportaría una pérdida de competitividad exterior, la reducción del margen para elevar las retribuciones salariales correspondientes y provocaría una distorsión en el mercado de trabajo por cuanto -y sobre esto quisiera recabar la
atención de SS.SS.-penalizaría la contratación de personas mayores de 45 años. En este sentido, después de consensuar diferentes iniciativas con los distintos grupos parlamentarios, hemos elaborado medidas laborales urgentes para facilitar la
contratación de un sector muy importante en nuestra sociedad como son los trabajadores mayores de 45 años. Puede también afirmarse, por todo ello, que nosotros consideramos la repercusión económica de la eventual inclusión de los premios de
jubilación en el proceso de exteriorización de los compromisos por pensiones muy negativa para las empresas y para los autónomos y singularmente para el colectivo de las pequeñas y medianas empresas, que se verán seriamente afectadas por la
aplicación de esta medida dado que en ellas el peso de los costes laborales en la estructura productiva es proporcionalmente mayor que en otras grandes compañías que tienen una aplicación industrial mucho más robotizada o con mucha más tecnología de
valor añadido en sus procesos de producción. Con estos antecedentes, señorías, no puede extrañar que demos la máxima importancia a la iniciativa parlamentaria cuya toma en consideración estamos defendiendo desde Convergència i Unió en estos
momentos. Conviene insistir en ello, ya que puede servir para enmendar una opción legislativa que, de entrar definitivamente en vigor, perjudicaría, como he dicho anteriormente, a los intereses legítimos de dichas compañías y a todos aquellos
aspectos relativos a las futuras contrataciones de trabajadores, tal y como nos consta que han denunciado diferentes dirigentes del mundo gremial y empresarial de este país.
Para finalizar mi intervención, señorías, yo les haría una última reflexión sobre este tema tan importante. Repito, todos los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara hemos apoyado en iniciativas anteriores la posibilidad de ampliar
el plazo para dicha exteriorización, pero podríamos llegar a finales del año 2005 y tener que pedir otra prórroga, una vez más in extremis, en los Presupuestos Generales del Estado, con la angustia que esto comporta para los sectores industriales a
los que antes me he referido. Por lo tanto, yo recabaría una vez más su voto afirmativo para solucionar una cuestión que afecta al núcleo fundamental de nuestro tejido productivo, dejando para otro momento o quizá para cuando lleguen las campañas
electorales -si se me permite, señorías- el cierto filibusterismo al que me he referido y que en definitiva perjudica a la contratación y al fomento de la economía productiva.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) En ese caso, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la presente proposición de ley trae al Congreso una viva polémica, que se viene suscitando desde el año 2000 aproximadamente, sobre la naturaleza de los denominados premios de jubilación. Mientras se ha
mantenido desde el Gobierno su consideración como compromisos por pensiones y, por lo tanto, sujetos a la obligación de exteriorización, las organizaciones empresariales, especialmente las que se aglutinan en pymes, mantienen que los citados premios
de jubilación tienen naturaleza indemnizatoria de complemento salarial, caracterizándose por surgir de la extinción de la relación laboral y por causa de esta última, sin pervivir ni complementar la pensión reconocida por la Seguridad Social,
negándoles, pues, la naturaleza de mejora voluntaria de las prestaciones públicas. Efectivamente, bajo la denominación de premio por jubilación, ayuda por jubilación, premios de vinculación, permanencia, gratificaciones o ayudas, etcétera, un buen
número de convenios colectivos establecen prestaciones vinculadas con el hecho de la jubilación del trabajador que se abonan de forma variada y cuya finalidad es la de premiar la lealtad a la empresa, la antigüedad o la constancia en el trabajo.
Por ello, y en buena lógica, estos premios, a pesar de denominarse de jubilación, nunca tuvieron la consideración jurídica de mejoras directas de prestaciones de las que se otorgan en el sistema público obligatorio y, por tanto, en ningún momento
tuvieron algo que ver con la previsión social. Los premios por jubilación no son nuevos sino que en muchos casos tienen un origen ya lejano, que podríamos situar en las antiguas reglamentaciones de las ordenanzas laborales, y con el tiempo fueron
pasándose y trasladándose a los convenios colectivos.
Recuerdo en este momento que incluso muchos de estos premios de jubilación tenían diferentes cantidades al final o en el momento en que tenían que ser percibidos y dependían justamente del
tiempo o de la antigüedad que la persona tuviera en la empresa.
Por lo anteriormente manifestado, desde el BNG compartimos el razonamiento de la exposición de motivos de la proposición de ley, entendiendo razonable que los denominados premios de jubilación sean excluidos del compromiso de
exteriorización, porque, como se ha descrito, su naturaleza es indemnizatoria y se origina en un pacto surgido de la negociación laboral. Asimismo, existen otros argumentos que nos inclinan a apoyar esta iniciativa. En primer lugar, no debe
obviarse que la Directiva 80/987/C, fuente del régimen español de protección de compromisos por pensiones, únicamente pretendía preservar las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social a las que se refería expresamente como
prestaciones de vejez, pero su trasposición a nuestro ordenamiento interno se ha efectuado de una forma tan confusa que su ámbito de aplicación parece que alcanza a toda obligación empresarial de carácter dinerario que, por simbólica que sea, esté
vinculada a la jubilación, fallecimiento, invalidez permanente o gran invalidez, lo cual excede de la intención inicial de la norma comunitaria. En segundo lugar, existe doctrina jurisprudencial extensa que otorga a los premios por jubilación la
naturaleza de complementos salariales de carácter indemnizatorio. En tercer lugar, también por razones de seguridad jurídica consustanciales a los acuerdos entre partes, que suponen considerar los premios de jubilación en los términos que fueron
negociados entre la empresa y los trabajadores. Por último, quiero indicar que los premios de jubilación se entregan en el momento y por causa del cese por jubilación, pero no son mejoras voluntarias de las prestaciones de la Seguridad Social, ya
que no estamos ante una mejora voluntaria de la acción protectora en su modalidad de mejora directa de prestaciones del sistema público obligatorio. No estamos pues ante una pensión, ante una entrega periódica de una cantidad en forma de renta,
sino ante una percepción de pago único que por su cuantía en la mayoría de los casos difícilmente puede ser considerada un capital generador de un medio de vida, sino que se trata de una ayuda puntual, de un estímulo a la vinculación y a la
fidelidad con la empresa. Estamos, pues, ante una indemnización salarial que no tiene nada de complemento de pensión y cuya regulación convencional, por lo tanto, no debe ser considerada como un compromiso por pensiones puesto que tal beneficio no
se contempla en forma
alguna en el sistema público de Seguridad Social y por ello resulta normativa y conceptualmente imposible que constituya un complemento del mismo, porque su finalidad no es la de mejorar el sistema público.
Asimismo compartimos la
preocupación por la importante incidencia económica que el cumplimiento de la obligación de exteriorizar supone para determinadas empresas, pues exteriorizar estos premios significa transformar un pago único a una mínima parte de la plantilla que se
jubila en una prima anual para cada trabajador a la compañía de seguros, cuando por otra parte estas indemnizaciones, hasta la fecha y pese a su larga existencia temporal, nunca han registrado problemas ni dificultades en su satisfactorio
cumplimiento por las empresas, existiendo para hipotéticos supuestos de insolvencia empresarial en el momento de la percepción del premio la garantía del crédito preferencial que nuestra legislación otorga a los salarios y que sería de aplicación a
estos premios.
En definitiva, la exteriorización de los premios de jubilación desborda la voluntad de las partes expresada en los convenios colectivos, además de suponer un coste excesivo para las economías de pequeñas y medianas empresas, por lo que
apoyamos en principio la modificación que se propone en esta iniciativa a la disposición adicional primera de la Ley de regulación de los fondos y planes de pensiones, al intentar dar una solución satisfactoria para todas las partes afectadas. Sin
embargo, y para terminar, queremos añadir que desde nuestra perspectiva puede que existan otras soluciones más acertadas que enunciaremos por si se admite a trámite esta proposición de ley, que consistirían en fijar una cuantía legal a partir de la
cual podría considerarse que objetivamente un premio de jubilación está compensando una pensión pública de la Seguridad Social por tener una equivalencia financiera actuarial por un complemento vitalicio que no pueda considerarse como simbólico.
Esta es nuestra posición y entendemos que debería admitirse a trámite la propuesta de Convergència i Unió para su debate.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Estoy viendo que ha entrado en la Cámara para su trámite un proyecto de ley remitido
por el Gobierno que va a entrar en sintonía con esta iniciativa, dado que el proyecto de ley del Gobierno se refiere a las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de las edades ordinarias de jubilación de los trabajadores y
va a modificar uno de los artículos del real Decreto legislativo del Estatuto de los Trabajadores de enero de 1995.
Yo creo que en esa misma sintonía ética y estética, desde un punto de vista de un Estado democrático que pone la justicia social en el frontispicio de su Constitución, se puede atender también esta actuación de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la exteriorización y la regulación de los premios de jubilación. Se hace una justificación de algo que hoy día, en una economía globalizada, están tratando de hacer muchos empresarios, con la
anuencia de sindicatos obreros, que es un reconocimiento a los actos laborales de fidelidad a una empresa en el tiempo, en la productividad, en la calidad de sus productos, en la armonía de convivencia social, etcétera. Por tanto, entendemos que,
como se hizo en su día al modificar la Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, a través de lo que ahora se trata de modificar con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de la Ley 8/1987, de
regulación de los planes de pensiones, no se trata de hacer un salto cuantitativo en unas percepciones que no son en ningún modo onerosas y que pueden beneficiar fundamentalmente a todo el colectivo de trabajadores que están en esos sitios en los
que a veces más se aprecia la fidelidad, que son las pequeñas y medianas empresas o industrias, las pymes, y al mismo tiempo a los grandes consorcios de una economía globalizada, las grandes empresas, tampoco les va a costar, si están financiando
fondos de pensiones y sus participaciones, hacer esta vinculación. Con las garantías que ofrece el preámbulo de la exposición de motivos de esta proposición de ley y el texto articulado, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo ahora, así como a
introducir en su día en el proyecto de ley del Gobierno, dentro de la cláusula de los convenios colectivos para la jubilación de los trabajadores, estos beneficios que para nosotros tienen auténtica legitimidad de justicia social en el mundo
laboral.
Por estas razones, señor presidente, votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, no es nueva la reivindicación de la patronal en el sentido en que hoy lo plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Lo que Convergència i Unió pretende esta tarde con
esta proposición de ley es excluir de la obligación legal que tienen las empresas de exteriorizar los compromisos por pensiones los premios de jubilación. Pretende hacerlo con justificaciones poco convincentes que, desde luego, nuestro
grupo parlamentario no comparte, por lo que votaremos en contra de la proposición que se nos trae a debate, incluso a pesar de la sorpresa del señor Sánchez i Llibre.
Se argumenta para justificar esta exclusión que el problema sobre la interpretación de la naturaleza jurídica de los premios de jubilación es el de una presunta interpretación extensiva de los mismos. Sin embargo, los preceptos legales
dejan absolutamente claro que cualquier prestación dineraria ligada a la jubilación, invalidez o fallecimiento de un trabajador es un compromiso por pensiones. Señorías, no se trata de que cada grupo defina lo que son los premios de jubilación y no
es, por tanto, un problema de indefinición ni cabe lugar a la confusión. En la disposición adicional 15 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, se aborda específicamente esta situación, clarificando la
inclusión de los premios o conceptos equivalentes dentro de los compromisos por pensiones y, por tanto, su obligación de ser exteriorizados. En realidad, la norma pretende que estos compromisos sean una vía de generación de instrumentos de
previsión social complementaria a la empresa.
Superado este argumento, se dice a continuación que la exteriorización de los premios de jubilación tendrá una fuerte repercusión económica negativa para las pequeñas y medianas empresas. Textualmente se afirma que la exteriorización de los
premios por jubilación mediante la contratación de una póliza de seguro de un fondo de pensión conlleva un gasto anual por trabajador en forma de primas o contribuciones en estos fondos, para cubrir la contingencia de una posible situación de
insolvencia de la empresa en el momento de hacer efectivo su compromiso de premio por jubilación. Pero esto no es así, porque la exteriorización así definida no tiene por qué suponer un incremento de costes, si entendemos que la obligación ya está
previamente establecida y el compromiso existe. Es decir, instrumentar estos compromisos a través de un plan de pensiones o contrato de seguros no supone un coste mayor que el derivado del propio compromiso a través del pago directo del empresario.
Hay que recordar, además, que existe desde hace muchos años la obligación de las empresas de dotar internamente estos compromisos a través de las oportunas previsiones contables. Otra cuestión es que estas exigencias sean incumplidas
sistemáticamente por las empresas. En todo caso, existe una regulación específica para el periodo transitorio de exteriorización, que prevé holgados periodos de adaptación para exteriorizar cantidades que deberían estar ya dotadas. En suma, no es
aceptable argumentar, para modificar sustancialmente la naturaleza de estos compromisos, el mayor coste. El coste no tiene por qué ser muy distinto a la hora de dotar internamente los fondos o mediante aportaciones externas a una entidad. Por
último, también se argumenta que la exteriorización no mejora la situación de los trabajadores. Esto no es cierto. Quizás se encuentre aquí la sustancia de la cuestión que, en realidad, nace de la histórica presión de la CEOE -la gran patronal-
para que desaparezcan estos compromisos, manejando muchas veces el argumento de la temporalidad en el trabajo. ¡Pero claro que la exteriorización mejora la situación de los trabajadores! Si la exteriorización se efectúa por medio de un plan de
pensiones de empleo, los trabajadores adquieren la titularidad patrimonial de los fondos aportados, y participan en su gestión y controlan la misma junto con los empresarios. Si se realiza por medio de contrato de seguros, aunque las ventajas son
menores, existe para los trabajadores una garantía externa de percepción de sus derechos, con independencia de cuál sea la capacidad económica de la empresa en el momento concreto de la jubilación del trabajador.
Estamos hablando de la gestión de parte del salario de los trabajadores.
No olvidemos que las aportaciones realizadas a los instrumentos de previsión social complementaria son salarios a todos los efectos.
Reconociendo que el señor Sánchez
i Llibre, portavoz de Convergència i Unió, ha puesto alto el listón esta tarde al comenzar el debate acusando de un acto de filibusterismo a los grupos que no comparten su posición, debemos decirle que nosotros, en nombre del sacrosanto derecho a la
propiedad aunque solo sea por una vez, decimos que la propiedad de la masa salarial debe estar bajo el control y gestión de sus propietarios, que son los trabajadores. De modo que, en defensa de ese derecho que usted seguro que entenderá,
comprenderá también nuestra posición. Cabe decir también que los sindicatos han mostrado en esta cuestión una flexibilidad digna de ser citada. Además, la ley prevé unos plazos suficientemente amplios como para que esta cuestión no genere
problemas ni a trabajadores ni a empresarios.
Termino recordando, no obstante, que, en el marco del diálogo social, se constituirá un grupo de trabajo sobre pensiones complementarias que podrá desarrollar los sistemas de previsión social que complementen el sistema público de pensiones;
sistema que constituye el pilar básico y garante de los niveles de protección suficientes para la cobertura de jubilación, invalidez y fallecimiento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Pérez.
Partido Nacionalista Vasco. Señor Olabarría, su turno.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Empiezo comentando que me sorprende un poco el tono y el lenguaje utilizado por el interviniente anterior, un tanto doctrinario y que nosotros creíamos periclitado, porque esta no es una propuesta que provenga
de la patronal o que haya sido alumbrada por ella. A mi partido, que no representa a la patronal ni a sus intereses, le parece sin embargo que la proposición que presenta el señor Sánchez i Llibre está bien configurada.
El discurso progresista, si es que existen convenciones que permitan utilizar este tipo de epítetos, consiste en decir la verdad. Y la verdad es que este tipo de premios -por utilizar la expresión al uso- o complementos a determinadas
contingencias protegidas por el sistema público de la Seguridad Social, son institutos jurídicos ajenos al derecho del trabajo. Los laboralistas los han mirado histórica y sistemáticamente con recelo. El sistema público de pensiones, a tenor de
los requerimientos del artículo 41 de la Constitución, tiene que cubrir el todo de las necesidades de los trabajadores ante la concurrencia de cualquier contingencia. Esto es lo progresista de verdad, al margen de doctrinarismos o de posiciones
ideologizadas, señor presidente. Y lo que hace la proposición bienintencionada y bien configurada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es intentar ordenar algo que normativamente está absolutamente desordenado: los denominados
premios a determinadas contingencias, que se pueden pactar no solo a través de instrumentos colectivos de convención, de la negociación colectiva, sino también por medio -gran paradoja- de contratos individuales de trabajo.
Lo cual es el colmo de
la disfunción del sistema que configura la Constitución española en relación con el sistema público de pensiones.
Cuando una figura jurídica está regulada simultáneamente nada menos que por la Ley de fondos y planes de pensiones, por la Ley de ordenación del seguro privado y por la Ley 44/2002 de medidas de reforma del sistema financiero, y
reinterpretada por una norma reglamentaria -un real decreto de 1999- que amplía el contenido de estos premios a determinadas contingencias -particularmente, la de jubilación-, creando una figura mestiza que no se sabe si forma parte de la prestación
o pensión de jubilación o es un anexo mediante la figura del seguro o el instituto del salario diferido; cuando existe este desorden normativo, como digo, nos parece pertinente cualquier intento de ordenación normativa de una figura creada por
accesión de normas diferentes y contradictorias entre sí. Ese intento es el que bienintencionadamente ha intentado acometer el Grupo de Convergència i Unió y que nosotros también defendemos, si bien es cierto que con un entusiasmo que se va
diluyendo al habernos anunciado el señor Sánchez i Llibre cuál va a ser el resultado final de la votación.
Seguimos entendido que esto debe ser objeto de ordenación por lo menos normativa creando un instrumento que sea ajustado a los requerimientos
ontológicos del derecho del trabajo, tal como están concebidos por las organizaciones representativas de los trabajadores. Lo que no puede ser es algo que esté regulado simultáneamente por cuatro normas de diferente rango jurídico normativo
contradictorias entre sí, creando una figura cuya naturaleza jurídica es imposible de identificar. Por esta razón y por otra que para nosotros no es baladí, porque en Euskadi tenemos una estructura económica basada sobre todo en la pequeña y
mediana empresa y en la fidelización de los trabajadores en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de los más cualificados a través del esfuerzo de cualificación y de formación que las pymes realizan con los trabajadores ante la competencia de
las multinacionales que tienen cierta propensión a fichar y a captar a los mejores trabajadores de las pymes, siendo esta fidelidad el instrumento que de alguna forma inspira esta proposición y sobre todo ordenándola desde una perspectiva financiera
estableciendo cuáles son los mecanismos a los que hay que acogerse (seguros colectivos) y los límites del rescate de la póliza suscrita por el tomador de un seguro colectivo de estas características, cuáles son los límites que en definitiva van
dirigidos a evitar quebrantos económicos insoportables por empresas de pequeña dimensión, no nos parece que discursos doctrinarios, discursos muy enfáticos utilizando conceptos que en absoluto son afortunados en mi opinión sean los pertinentes para
este debate. Si esta proposición no de ley, como proféticamente ha anunciado el señor Sánchez i Llibre no va a ser objeto de toma en consideración, en otra propuesta de norma tendremos que ordenar esta materia porque esta materia no puede seguir
así ya que nadie sabe de qué estamos hablando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Esquerra Republicana. Señor Puig, su turno, por favor.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente. (El señor diputado comienza su intervención en catalán y continúa en castellano.) Una vez más quiero manifestar que los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas de la lengua
catalana -por cierto, la novena lengua de Europa por el número de personas que la hablan- no están reconocidos en esta Cámara. Esperemos que pronto nos sea reconocido dicho derecho.
En primer lugar, deseo manifestar al portavoz de Convergència i Unió mi sorpresa por el tono en que ha empezado su intervención. En vez de explicarnos la proposición de ley que presenta hoy su grupo, relativa a la exteriorización de los
premios de jubilación, ha hecho una entrada de primera, hablando de filibusterismo político y de quién defiende o no la pequeña y mediana empresa. Le diría al portavoz de Convergència i Unió que no nos tiene que dar lecciones sobre quién defiende o
no la pequeña y mediana empresa; cada uno lo demuestra andando, haciendo las propuestas y tomando las decisiones que tiene que tomar. Seguramente su grupo tiene más experiencia por los años que lleva en esta Cámara y porque ha sido decisivo, como
han dicho muchas veces, pero nosotros empezamos
desde abajo, vamos haciendo el trabajo y vamos aportando propuestas en ese sentido.
El señor Sánchez i Llibre ha dicho que esta proposición de ley no va a ser tomada en consideración. Le diré, con todo respeto, que yo venía hoy aquí a hablar de su propuesta, a decir que podíamos estar de acuerdo con parte de ella, que la
ordenación del sector es necesaria y que la prueba está en que la aplicación de la Ley 30/1995 se ha ido aplazando año tras año desde su aprobación, la última a finales de este año y que, por tanto, hay tiempo para la aplicación de la
exteriorización hasta finales de este año. El portavoz de Convergència i Unió ha presentado una propuesta sabiendo que está pendiente de resolución un diálogo social y, por tanto, tienen plena libertad para introducir esta proposición hoy en esta
Cámara. Aunque hoy vayamos a votar en contra de esta iniciativa, defendemos los derechos de los trabajadores y los derechos y los intereses de la pequeña y mediana empresa. En Cataluña la trama de la pequeña y mediana empresa es importante,
conocemos el tejido social e industrial del que procede, no sé si tanto como ustedes, y nos preocupa el que la pequeña y mediana empresa pueda cumplir con sus obligaciones.
Nuestra intención, una vez que el diálogo social entre sindicatos y empresa
fructifique y llegue a esta Cámara, es intentar ordenar el sector y ordenar esta ley, porque tal y como está es inaplicable. Vamos a esperar al diálogo para luego introducir lo que entendemos que tiene que mejorar el sector, la clarificación de los
premios de jubilación y, por tanto, hacer real una ley, una normativa que pueda ser aplicable garantizando a la pequeña y mediana empresa, pero también a los trabajadores, los derechos adquiridos.
Somos partidarios de que los actuales premios de jubilación se puedan transformar en planes de pensiones de promoción conjunta del ámbito sectorial, de que se facilite esa exteriorización a los empresarios principalmente a la pequeña y
mediana empresa, dando derecho a los trabajadores y modernizando los viejos compromisos de pensiones a través de verdaderos instrumentos de previsión complementaria que conlleven una mayor eficacia económica y social, evitando la dualidad social
entre trabajadores de primera con acceso a planes de pensiones de sistemas de ocupación y trabajadores de segunda o incluso de tercera división, especialmente en la pequeña y mediana empresa, sin acceso a instrumentos de previsión social y
complementaria. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a trabajar para garantizar los derechos de los trabajadores y para hacer posible que la pequeña y mediana empresa pueda cumplir lo que establece la ley respecto a la exteriorización
de los premios de jubilación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos propone que admitamos a trámite una proposición de ley que presentó los últimos días de octubre o primeros días de noviembre -está publicada en el Boletín del Congreso el
12 de noviembre- cuando, posteriormente, a la presentación de esta proposición de ley que hoy debatimos pero que está presentada desde hace cuatro meses, se aprobó en la Comisión de Economía, y ya está en el BOE, una enmienda a una de las leyes que
se tramitaron que establece una prórroga de un año a la obligatoriedad de externalizar los premios de jubilación y es posterior a esta proposición de ley. En esa enmienda que aprobamos dijimos que sindicatos y CEOE tenían un año para negociar y
está encima de la mesa de negociación. Señor Sánchez i Llibre, si usted fue quien propuso el plazo de un año para que los sindicatos y la CEOE negociaran, ¿por qué hoy aprobamos una proposición de ley que dice que interrumpamos ese plazo y
empecemos a debatir en la Cámara un texto que deben negociar los sindicatos y la CEOE? ¿No sería mejor, señor Sánchez i Llibre -no sé si a esto lo llamará usted filibusterismo o qué-, respetar lo que usted dijo en la Comisión de Economía, esto es,
que se fijara el plazo de un año, y no ir hoy contra sus propias palabras y pedirnos que aprobemos un texto que dice lo contrario de lo que usted manifestó en la Comisión de Economía? Señor Sánchez i Llibre, lo lógico es que negocie.
Estamos hablando de un tema ciertamente algo complejo. Se trata de un mandato que nace en diciembre de 1995, cuando se aprueba la Ley de ordenación y supervisión del seguro privado que obliga a las empresas que tienen asumido el compromiso
de complementar las pensiones de sus trabajadores a que lo externalicen. ¿Qué quiere decir esto, señorías? Cuando las empresas dicen a sus trabajadores en sus convenios cuando usted se jubile yo le complementaré la pensión pública con una cantidad
económica para que usted mejore su capacidad adquisitiva tras la jubilación, lo que decimos es que ese compromiso se externalice para que el devenir de la empresa no suponga tampoco una quiebra en el derecho que ese trabajador tiene. Y además
estamos diciendo que los trabajadores a lo largo de su vida laboral, cuando cambien de empresa, lleven consigo una pequeña mochila, que son los compromisos para la jubilación que van adquiriendo en sus distintas empresas laborales para que al final
de su vida laboral puedan percibir una pensión complementaria en una mano y la pensión pública en la otra y así no haya una disminución brusca de su capacidad adquisitiva. En esto estamos todos de acuerdo. Con lo que ahora el Partido Socialista no
está de acuerdo es con que se quite la deducción fiscal, porque, como muy bien decía el diputado de Izquierda Unida, imagínese, como esto es un derecho del trabajador, que se le pone
en la nómina al trabajador. Ahora mismo hay una deducción en el IRPF y, como el señor Solbes la quite, va a tener que pagar por una cosa que percibirá en el momento de la jubilación. Cierro el paréntesis y ya se ve cuál va a ser mi
posición en relación con esa incongruencia que quiere llevar a cabo el señor Solbes.
Lo que queremos es que todos los trabajadores, todos los ciudadanos españoles perciban una pensión pública y una complementaria y no disminuya su capacidad adquisitiva tras la jubilación. Eso habría que desarrollarlo. ¿Y qué son los
derechos externalizables? ¿Qué es lo que hay que externalizar? Porque en algunos convenios se dice que cuando uno se jubile se le regalará un reloj, se le dará media anualidad o se le complementará la pensión pública. Hubo un debate sobre lo que
había que externalizar y se quedó que eran todas aquellas cuantías monetarias que un trabajador iba a recibir. Nos hemos encontrado posteriormente con que había unas cantidades económicas que el señor Sánchez i Llibre llama -ahora lo hacen así en
todos los medios de comunicación- premios de jubilación, que a lo mejor no son un complemento a las pensiones, sino un complemento de fidelización o simplemente un premio para cuando uno se jubile. Entonces surge la duda de si eso hay que
externalizarlo, porque, si el trabajador cambia de empresa y no se puede llevar ese derecho consigo, no sería externalizable. ¿Para qué queremos externalizar una cosa por la que si el trabajador pierde el trabajo pierde el derecho? ¿Para qué
queremos externalizar una cantidad que si la empresa se hunde el trabajador no va a cobrar cuando se jubile? Hay que llegar a un acuerdo con esas cantidades llamadas premios de jubilación y por eso hay una mesa que está negociando con los
sindicatos y con los empresarios.
¿Cuál sería la voluntad del Grupo Parlamentario Popular? Que esos premios de jubilación se incorporaran en la negociación colectiva como verdaderos complementos de pensión. Que esos premios de jubilación se
convirtieran en derechos adquiridos para la jubilación. Que un trabajador que cambie de empresa se los pueda llevar a la otra empresa. Que no estén vinculados al devenir de la empresa. Eso es lo que querríamos. Lo que no nos gusta es que siga
como está ahora mismo y que lo que haya que hacer es firmar una póliza de seguros a favor de la empresa, no del trabajador. Lo que no queremos es que si el trabajador se va, la empresa lo recupere y el trabajador no se lo lleve. Esto es lo que no
queremos. A esto es a lo que nosotros queremos buscar una solución. Lo que queremos es que esa solución se busque a lo largo de todo este ejercicio. Por eso hemos dado -y nosotros aprobamos la enmienda del señor Sánchez Llibre- un plazo de un
año. Señor Sánchez Llibre, lo que hay que hacer este año es impulsar que sindicatos y empresarios se pongan de acuerdo. Lo que hay que hacer es mandar un mensaje a todos: pónganse de acuerdo. Si ustedes pueden hacer que en los convenios
colectivos, en la negociación colectiva -este año como todos sabemos se van a firmar muchísimos convenios colectivos-, una parte de los incrementos salariales se dedique a salario diferido, a salario para complemento de las pensiones en el futuro,
eso sería muy positivo. Eso es lo que deberíamos hacer. Lo que quiere mi grupo es impulsar eso. Ciertamente para seguir como está ahora mismo no tiene ningún sentido. Yo le digo a la portavoz socialista, que estoy seguro compartirá mi opinión,
que como está ahora no tiene sentido. Lo que hay que hacer es cambiarlo. Lo lógico es dar ese plazo de un año.
Quiero añadir que hay que mandar un mensaje a los sindicatos. Para lo que tampoco pueden servir los premios de jubilación es para que en la negociación colectiva se siente la parte sindical y diga: quito los premios de jubilación a cambio
de un mayor incremento salarial. Porque entonces en este Parlamento no estaríamos haciéndolo bien. No estaríamos impulsando el salario diferido, como decía el portavoz de Izquierda Unida. No estaríamos haciendo que los trabajadores tuvieran un
complemento a su pensión. Simplemente estaríamos poniendo un instrumento en las manos de los sindicatos para que negocien el salario de hoy, y no el de mañana, con una medida de fuerza. Eso sí que no. Si lo que queremos hacer es que se mantengan
los premios de jubilación para que en la negociación de los convenios los sindicatos puedan ofrecer esto a cambio de salario o los empresarios tengan que vender el derecho a los trabajadores pagándoles más, no me parecería prudente que lo avalara
este Parlamento. Lo que debemos hacer es dar un margen a la negociación, a la mesa que ya está abierta. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) No me da ningún rubor en afirmar que estamos absolutamente de acuerdo con lo
que va a hacer el Partido Socialista o Izquierda Unida en cuanto a la votación porque me parece razonable; con las salvedades que he dicho. Lo que queremos es que los trabajadores al final de su vida laboral tengan una pensión pública garantizada
por ley en una mano y una pensión complementaria en otra. Que los trabajadores cuando acaben su vida laboral no tengan una disminución brusca de su capacidad adquisitiva. Que todos los trabajadores vayan adquiriendo a lo largo de su vida laboral
una mochila, un salario diferido, para complementar su pensión. Lo que queremos es que además de la deducción fiscal de ese salario diferido que se les imputa en su renta y es deducible en la renta de este año porque lo pagarán cuando lo reciban,
ese salario diferido esté garantizado para los trabajadores porque esté externalizado a la empresa, porque no esté vinculado a que la empresa tenga viabilidad. Por eso nosotros vamos a votar que no a la admisión a trámite de esta proposición de
ley. Coincido con el señor Sánchez Llibre en el espíritu -y como decía el señor Olabarría me parece que está muy bien elaborada-, pero, señor Sánchez Llibre, usted hace dos meses nos pidió el voto, y yo se lo di, para tener un plazo de
un año. Un mes y medio después, dos Plenos después casi, no me pida que ese voto lo cambiemos para tramitar ahora una proposición de ley que interrumpe el plazo que hemos dado a sindicatos y trabajadores.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Martínez-Pujalte. Muchas gracias.
Finalizamos con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene para ello la palabra la señora López i Chamosa
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, paso a reflejar la posición de mi grupo con respecto a esta proposición de ley que nos plantea CiU.
Antes de entrar en el contenido he de decirle, señor Sánchez Llibre, que no creo que sea razonable hablar de acto de filibusterismo político para definir que una serie de grupos coincidamos en una posición. Yo llevo dos legislaturas, señor
Sánchez Llibre, en las que gracias a su filibusterismo político con el PP he perdido todas las votaciones y me ha parecido normal y democrático. Por lo tanto, estamos en esa posición.
Usted hablaba de que hay dos millones de trabajadores afectados por estas medidas, y es verdad, y casi 430.000 en Cataluña, todos ellos en torno a unos 87 convenios colectivos. Con esto intento dar una respuesta a lo que planteaba el
portavoz del Grupo Vasco. Si hablamos de convenios colectivos, si hablamos de negociación colectiva, lo estamos haciendo de dos partes, y si hablamos de dos partes, quiere decir que una son los trabajadores y otra los empresarios, que pactan los
contenidos de esos convenios, y que todo el mundo que está en una mesa negociadora asume esos compromisos. Lo que no puede ser es que ahora nos planteen que la parte empresarial no sabía el compromiso que estaba asumiendo con la firma de esa
negociación colectiva. Es una reflexión que tenemos que tener en cuenta.
Después de escuchar al señor Martínez-Pujalte estoy por creer en los milagros, porque una intervención como la suya de hoy es difícil de asumir. Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con usted. No puede ser que hace
unos meses hayamos dado el plazo de un año para que las partes lleguen a un acuerdo y hoy vengamos aquí a decir que lo vamos a fijar nosotros. Esas partes han empezado recientemente a negociar y el único compromiso al que han llegado es el recogido
en el real decreto-ley que aprobamos aquí el 28 de diciembre, en el que prorrogamos durante un año el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones, a través de la negociación colectiva.
No tendría sentido que hoy aquí
nosotros cerráramos la puerta a esa negociación colectiva.
Cuando hablamos de premios de jubilación y decimos que no están reflejados, les recuerdo que la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, que modifica la disposición adicional primera de la Ley
8/1987, de 8 de junio, ya establece qué son los premios de jubilación, en qué condiciones se dan y cuáles son los externalizables y cuáles no. Por lo tanto, más allá de lo que ya especifica la norma, es difícil de interpretar cuáles son y cuáles
no. Cuando aducimos que es caro para las pymes, depende de lo que entendamos por caro. Así, por encima, sin concretar mucho, acabo de hacer una consulta a un responsable de estos planes y me ha dicho, euro arriba, euro abajo, que la
externalización en una empresa que tenga un compromiso en torno a 300.000 de las antiguas pesetas tiene un coste de aproximadamente 50 euros/año. Esto quiere decir que no es como para arruinar una empresa. Otra cuestión es lo que decían el señor
Pujalte y el portavoz del Grupo Vasco, que tendremos que poner orden en toda esa maraña de leyes que hemos ido modificando y establecer con claridad qué son los planes de jubilación y qué cosas no lo son. Eso, desde mi punto de vista, está bastante
claro, porque si te regalan un reloj, evidentemente, no lo vas a externalizar, pero un premio de jubilación, sí. Ahora bien, hay que transformarlo y es necesario que, en este momento de la actividad económica en el que nadie tiene garantizado su
puesto de trabajo, cada trabajador pueda trasladar ese plan de una empresa a otra y no lo pierda. Porque, señor Sánchez Llibre, ¿qué sucedería con una empresa que tiene estos compromisos, que cierra y que deja en la calle a sus trabajadores, porque
no le queda otra opción, y estos no solo pierden el premio de jubilación, sino que se quedan sin indemnización y sin nada? ¿No cree que hay que buscar fórmulas para que eso no suceda? ¿No cree que hay que buscar un punto de encuentro, una fórmula
admitida por empresa y trabajadores y que sea factible para ambos? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se deje que los agentes sociales y económicos encuentren esa fórmula, lleguen a un acuerdo, nos lo traigan y, luego, nosotros
legislaremos. A todos los grupos, especialmente al grupo proponente, se nos llena la boca de decir que el Pacto de Toledo -y yo así lo creo- es el mejor acuerdo de nuestra democracia. Sin embargo, aprobamos la revisión del Pacto de Toledo en
octubre de 2003 y luego venimos aquí y presentamos una propuesta tras otra contra el Pacto de Toledo. Una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la 14, hace referencia a la previsión social y dice que hay que estudiar y profundizar en la
revisión de la previsión social, porque no está funcionando ni está cumpliendo los objetivos. Además, el propio plan, en una recomendación final, mandata que eso se traslade a los agentes sociales y económicos para que lo negocien y lo pongan en
práctica y luego nosotros legislamos, pero, señorías, como les decía antes, eso es lo que después no queremos cumplir aquí.
Hay una amplia coincidencia de posiciones: dejemos trabajar a los agentes sociales y luego legislaremos con claridad todo lo necesario. Esté tranquilo,
señor Pujalte, el señor Solbes no quiere quitar ninguna desgravación fiscal, no cojan el rábano por las hojas. Lo que hizo el secretario de Estado fue una reflexión. Vino aquí al Congreso y dijo: No se van a modificar las bonificaciones
fiscales. Lo que pasa -dijo también a continuación- es que habrá que revisar toda la previsión social, porque no está cumpliendo el objetivo que todos queremos: que llegue a todos los trabajadores, que llegue a la pequeña y mediana empresa. Usted
sabe que la inmensa mayoría de los que tienen planes de pensiones privados no llega a los 300 euros anuales de imposición. Entonces comprenderá usted que el resto de esas deducciones está sirviendo para otros objetivos para los que realmente no fue
diseñado. Hay que conseguir que los objetivos se cumplan y la previsión social llegue a todo el mundo para que el trabajador cuando se jubile no tenga pérdida de rentas y pueda mantener su nivel de vida, que es lo que no sucede hoy con una inmensa
mayoría de trabajadores. Por tanto, señorías, mi grupo evidentemente va a votar que no a esta proposición de ley. Los grupos parlamentarios debemos dejar trabajar a los agentes sociales y económicos, que nos hagan ellos la propuesta. No se
preocupen, señorías, tenemos tiempo para legislar.
Dejemos que cada uno cumpla el papel que la sociedad nos ha encomendado.
(Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS HIJOS EN EL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 122/000130.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la siguiente toma en consideración, de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de modificación
de los requisitos para la inscripción de los hijos en el Registro Civil.
Para su defensa, tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición de ley que hoy presentamos y que paso a defender para su toma en consideración por esta Cámara tiene antecedentes tanto de debate en Comisión como en Pleno del Congreso. Iniciativa per Catalunya Els Verds y Nueva
Izquierda, en aquellos momentos en el Grupo Mixto, presentaron una proposición de ley el 9 de diciembre de 1997, en concreto, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos. El 21 de abril de 1999 se discutía en Comisión y el 13 de mayo en este
hemiciclo. En aquella proposición de ley el legislador tenía una pretensión básica y fundamental: modificar una situación de discriminación de alto calado que se producía hacia la madre cuando al tener un hijo o una hija la única posibilidad que
se daba en aquel momento era la prevalencia del primer apellido del padre y, como segundo, iba el apellido de la madre. En este punto debo decir que al año siguiente tanto el Partido Socialista como el Partido Popular presentaron una proposición de
ley de modificación del Código Civil en materia de inscripción de apellidos. Debía de ser importante cuando se registraron tantas proposiciones sobre este tema. No entraré en más detalles en cuanto a aquel debate, pero creía que era necesario
situarlo, pues si bien no se aprobó íntegramente nuestra propuesta, el debate parlamentario y la presentación de enmiendas de los diferentes grupos dieron como fruto la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, en la que se introducía como cuestión más
relevante la posibilidad de que en caso de mutuo acuerdo entre el padre y la madre, el primer apellido de ella pudiera ser el primero del hijo o de la hija. No se resolvió o, mejor dicho, no se resolvió bien, y ahora se está demostrando, qué pasaba
si no había mutuo acuerdo. Se dejó a la espera de que el reglamento lo resolviera. Los reglamentos, señorías, no pueden resolver de una manera diferente lo que una ley define de manera concreta.
El grupo parlamentario que había propuesto en primer lugar la proposición de ley ya manifestó en el debate que era un paso adelante lo que finalmente se había consensuado, pero que hacía falta ver cómo resolvía el reglamento la cuestión del
mutuo acuerdo para ver con qué eficacia funcionaría lo que era de hecho el objeto principal de la ley, es decir, la no discriminación de la madre en relación al padre, y que a pesar de ser un adelanto -también se valoraba en aquel momento-, no era
ni mucho menos el reflejo de una auténtica voluntad de superar viejos esquemas y políticas de menosprecio y de desigualdad hacia la mujer. Aquellos eran otros años, otras mayorías y otros talantes; por eso, se creyó que era lo máximo a lo que se
podía aspirar. Sin duda, ahora, con nuevos escenarios y al menos en teoría con nuevas prioridades y nuevos retos en políticas de igualdad -de lo que creemos que el Gobierno actual siempre presume de alguna manera-, tendríamos una oportunidad para
resolver esta situación.
El reglamento ha sido todo lo restrictivo que la ley señala, señorías, pues la situación por la que se mantiene la discriminación es la siguiente. El artículo 53 de la Ley de Registro Civil, de 8 de junio de 1957,
establece que las personas son designadas por su nombre y apellidos paterno y materno, que la ley ampara frente a todos. Textualmente es lo que dice la Ley de 1957 -tiene exactamente 47 años-, que es lo mismo que decir que la prioridad del apellido
es la del padre. El artículo 194 del reglamento, en su redacción dada por el Real Decreto 193/2000, de 11 de febrero, establece que la filiación está determinada por ambas
líneas, salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: El primer apellido de un español -también aquí cabría añadir y de una española- es el primero del padre, y el segundo, el primero de los
personales de la madre aunque sea extranjera. Así es que, señorías, aunque el Código Civil en su artículo 109, en su redacción dada por la Ley 40/1999, de 5 de noviembre -incorporando las modificaciones que con la proposición de ley aprobada en
aquel momento sobre nombre y apellidos y orden de los mismos-, diga que el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral -y hasta aquí sería correcto-, el
problema es que a continuación dice que si no ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley, y aquí lo que se interpreta, y lo que es, es que si no hay mutuo acuerdo en que sea el apellido de la madre, regirá lo dispuesto en la ley, y ya hemos
dicho que la Ley del Registro Civil, en su artículo 53, dice que las personas son designadas por su nombre y apellidos, primero paterno y después materno, que la ley ampara frente a todos. Por tanto, señorías, si la Ley de 1999 definía un paso
importante en cuanto a que introdujo que los padres podrían de común acuerdo decidir el orden de transmisión de los apellidos, al no modificarse el artículo 53 mencionado, la intención ha quedado sin efecto, es decir, no resuelve el problema de
discriminación hacia la madre. Si hay mutuo acuerdo y la madre se persona ante el registro para certificarlo, podrán poner el primer apellido de la madre; si no hay mutuo acuerdo, la madre no tiene posibilidad ni autoridad para resolver ese
problema, pues se da ese derecho -medieval diría yo- exclusivamente al padre. Señorías, es inaudito. La madre no ha de personarse -fíjense- en el registro para autorizar dar el apellido del padre -por tanto, no ha de dar su consentimiento de
manera expresa-, pero cuando su apellido pasa a ser el primero, entonces debe hacerlo.
Nos preguntamos: ¿es oportuno o no que tratemos este tema? Indudablemente creemos que lo es y que su toma en consideración es un acto simplemente de democracia y de derecho para resolver política y legislativamente una situación impropia
de una sociedad, de unas instituciones y de unos gobiernos que presumen, como ya hemos dicho, con tanta frecuencia de ser pioneros en los derechos y en las políticas de igualdad hacia la mujer.
Hoy la realidad es que si se mantiene el apellido del
padre, el Registro Civil hace la tramitación sin solicitar ninguna conformidad a la madre, mientras que si el apellido que se quiere poner es el de la madre, los requisitos del Registro Civil son otros, muy claros y discriminatorios.
Señorías, hoy vamos a votar la toma en consideración de una proposición de ley que nuestro grupo entiende puede ser ampliada tanto parcial como incluso totalmente con un texto alternativo, y en el proceso precisamente de la tramitación en
ponencia podría hacerse. Con esto expresamos que para nuestro grupo lo fundamental no es que al final salga exactamente lo que nosotros estamos proponiendo hoy con esta iniciativa, sino resolver la situación que tenemos, que discrimina claramente a
la mujer y que este Parlamento debe estudiar y resolver. La defensa de la igualdad y las verdaderas políticas de no discriminación deben demostrarse asumiendo la pequeñas cosas, que no por ser pequeñas son menos importantes ni menores.
El apellido
de nuestros hijos debe ser -seguro que lo es- algo muy importante. Si no fuera así, no estaríamos todavía discutiendo esta proposición de ley, sino que esto se hubiera resuelto ya hace muchos años. Por tanto, se trata de saber qué es lo que
queremos priorizar: la seguridad jurídica o el derecho a la igualdad de género. Nuestro grupo parlamentario nunca potencia propuestas que signifiquen judicializar problemas que pueden ser resueltos de manera civil y con la mediación y resolución
de conflictos, pero tiene en todo momento una prioridad, que no se vulneren los derechos básicos de las personas. Nuestra Constitución deja muy clara esta prioridad de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social; por tanto, no podemos admitir que, en este punto, el mutuo acuerdo tenga una interpretación que es una falacia y una situación de menosprecio hacia la mujer. Mutuo acuerdo significa que
dos partes deciden libremente y que el procedimiento del reglamento les ha de repercutir de la misma manera y, en caso de no haber mutuo acuerdo, como en tantas otras cosas, debe ser un tercero -o sea, la justicia- quien resuelva el conflicto. En
otras leyes estamos diciendo que la justicia intervenga en problemas familiares, de índole hasta ahora considerada privada. Pues este es un tema privado que tiene que ver con el patrimonio, un patrimonio que son los apellidos y que toda persona,
hombre y mujer, recibe como herencia y que la acompañan durante toda su vida. Las mujeres somos conocidas con el nombre de nuestro padre y el del padre de nuestra madre. No sé si han pensado esto, pero es así; siempre es así: de nuestro padre y
del padre de nuestra madre. De estas, de nuestras madres, de nuestras abuelas tampoco recibimos el apellido, porque ellas tampoco lo tienen. Los apellidos de nuestras madres, de nuestras abuelas son algo virtual, quedan difuminados, perdidos; en
definitiva, sin valor. Estamos proponiendo algo que hoy es un derecho indiscutible y, a la vez, que normalicemos el hecho de que el orden de los apellidos deje de ser una cuestión de poder y de orden público y se convierta en un verdadero derecho,
regido por la voluntad de quien lo ha de regir, los padres, las partes libremente, con verdadera voluntad de permitir que la igualdad sea realidad.
Señorías, temer a los conflictos, a la judicialización es desconfiar del sentido común y de la sensatez de las personas, de los hombres y mujeres de nuestro país. La conflictividad entre progenitores en caso de desacuerdo
es una excusa de difícil tolerancia: en primer lugar, por la mínima repercusión que esto tendría y, en segundo lugar y políticamente, que es lo más importante, porque este argumento no puede ser la base para vulnerar el principio de
igualdad entre hombre y mujer y la no discriminación por razón de género, consagrado en nuestra Constitución.
Por todo esto, señorías, pido el voto afirmativo para la toma en consideración de nuestra proposición de ley, con la confianza de que en
el procedimiento durante el proceso parlamentario incluso pudiéramos llegar a acuerdos que en parte pueden ser diferentes al que nosotros estamos planteando, pero que resuelvan, que es lo importante, la discriminación que en estos momentos sufre la
mujer.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La proposición de ley de reforma del Registro Civil que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds centra su atención en la regulación vigente sobre el orden de los apellidos que ha sido
introducida en la Ley 40/1999. Entonces, sin duda alguna, la voluntad del Poder Legislativo era clara, permitir la libertad con información y cobertura del derecho de los progenitores a la hora de establecer el orden de los apellidos de sus hijas o
hijos. Quedaba perfectamente claro -así lo vivimos desde el Bloque Nacionalista Galego- que se dejaba a voluntad de los progenitores esa decisión, sin intermediación de otros poderes públicos, removiendo los obstáculos legales existentes hasta el
momento que impedían ejercer la libertad en este aspecto. Era la solución de consenso más factible, satisfactoria para todos los grupos parlamentarios representados por aquella época en el Congreso de los Diputados, pues no había un consenso mayor
a la hora de promover un cambio más radical, acorde con una nueva visión de la biología que significase colocar siempre el apellido materno en primer lugar. La solución adoptada, reiteramos, sirvió para relegar una norma con un contenido
discriminatorio para las mujeres y favorecer que fuesen los interesados quienes decidan qué apellido se coloca en primer lugar a sus hijos e hijas. Considerando estos antecedentes, la problemática que relata la exposición de motivos de la
proposición de ley ha surgido en puridad -según el criterio del Bloque Nacionalista Galego- más por un equivocado desarrollo reglamentario de dicha ley, contrario a la finalidad que se perseguía, que por la dicción de la propia ley y que influye en
la interpretación de los encargados registrales, algo, por cierto -y esto lo sabemos muy bien en el Bloque Nacionalista Galego-, que también ha ocurrido con los cambios introducidos en la misma Ley 40/1999, relativos a la regularización ortográfica
de apellidos conforme a las lenguas propias de las comunidades autónomas, que se hizo precisamente con motivo de una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, donde la interpretación sesgada de algunos registros civiles impide ejercer la libertad
de cambio con la amplitud que se pretendía por quienes habían promovido y elaborado la norma. Por lo tanto, queremos llamar la atención, en primer lugar, de que a la hora del desarrollo normativo de la Ley 40/1999, en concreto con el Real Decreto
193/2003, de 11 de enero, y también de su aplicación posterior por los encargados del Registro Civil y la propia Dirección General de Registros, no se ha respetado la voluntad inequívoca del legislador al imponer condiciones adicionales para
acreditar el acuerdo del padre y de la madre para decidir libremente el orden de los apellidos de los hijos e hijas, que en realidad desnaturalizan ligeramente la finalidad que se perseguía con la promulgación de dicha ley.
Desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a dar nuestro apoyo a esta iniciativa para que se disipen dudas y evitar que quede en manos de poderes y personas ajenas al Legislativo la facultad de condicionar una norma que, sobre todo, buscaba
otorgar el ejercicio de la libertad a las personas que tienen un hijo o hija a la hora de designar el orden de su apellido, que era entendida por todos con una libertad amplia y sin condicionamientos. Es hora de volver a poner las cosas en el sitio
que pretendíamos en 1999 para que, por fin, entremos en un estado de normalidad donde admitamos que el orden de los apellidos de los hijos lo establecen libremente su padre y su madre, sin intermediación alguna de esferas ajenas, y sin duda el poder
burocrático del Estado español es una esfera ajena.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Visto el texto de esta iniciativa que trae el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, mi grupo va a votar en contra. Yo entendía que el problema estaba ya resuelto con los debates que
mantuvimos aquí cuando se aprobó la Ley 40/1999 y, sobre todo, cuando posteriormente se emite por el Gobierno, a tenor de la facultad que dicha ley le daba y del imperativo que implicaba, el Real Decreto 193
del año 2000, que viene a permitir la modificación de determinados artículos de reglamento del Registro Civil en materia relativa al nombre, apellidos y orden de los mismos; incluso no esperaba a que hubiera una mayoría de edad de los 18
años para que alguien pudiera cambiar el orden de los apellidos: lo baja hasta los 12 años. El que hubiera sido por sus padres objeto de un cambio en el orden de los apellidos -de prioridad del materno sobre el paterno, por ejemplo-, si había
cumplido 12 años, tenía que ser oído ante el registro y era el que determinaba, ni siquiera a los padres se les reconocía la potestad explícita e implícita en el Real Decreto 193/2000, por lo que mi grupo entendía que este problema que plantea hoy
aquí el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds estaba ya resuelto por la aplicación del Real Decreto 193/2000, en cuya línea y espíritu nos mantenemos respecto al cambio del orden de los apellidos en el
registro. Incluso, en aquel momento mi grupo hizo la observación de que había un imperativo en el sentido de que si al primer hijo del matrimonio se le cambiaba el orden de los apellidos, este matrimonio estaba obligado a cambiar en el mismo orden
los apellidos al resto de los hijos, materno por paterno, en la inscripción en el Registro Civil, y hasta que cualquiera de ellos no tuviera los 18 años parece que no se podía restablecer el orden. Los progenitores quedaban obligados a cambiar los
apellidos en el mismo orden, cosa que nos parecía absurda, porque si había libertad por parte de ambos cónyuges para cambiar el orden de los apellidos del primer hijo, por qué no se iba a mantener este principio en el caso del segundo, tercero o los
hijos que tuvieran. No entendíamos por qué todos los hijos de la pareja matrimonial tenían que quedar obligados a figurar con el mismo orden de apellidos en el Registro Civil. Con todos los respetos, nosotros creemos que el Real Decreto 193/2000
ha resuelto la cuestión.
En consecuencia, este es el sentido de nuestro voto para evitar abrir aquí un trámite parlamentario a esta proposición de ley, porque creemos que el problema está resuelto y que cualquier ciudadano español, en estos momentos y al amparo de
la modificación del reglamento del Registro Civil del año 2000, puede modificar el orden de los apellidos de los hijos habidos por la pareja.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo normal o lo habitual debe ser subir a esta tribuna con grandes certezas. Debo manifestar que la formación política a la que represento ha tenido sus dudas -esta misma diputada todavía las tiene- en relación con la bondad o no
de lo que hoy se nos traslada como proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde y que con argumentos sólidos, pero no completos, ha expuesto como suele hacer la diputada señora García.
Ciertamente que resulta atractivo leer en su exposición de motivos que lo que se pretende es la consecución de la igualdad entre sexos, no dando prioridad, con el sistema de supletoriedad que actualmente se establece en el artículo 109 del
Código Civil, a que, a falta de acuerdo o a falta de que conste decisión concreta de la pareja, se inscribirán los apellidos paternos. La predeterminación de los apellidos que existía hasta fechas recientes a nosotros también nos parecía injusta,
pero creemos que algún elemento de certeza debe existir. Se hace referencia a exigencias de derecho internacional o, incluso, al conocimiento que se tiene de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando ya desde una sentencia
del año 1994 invitaba a los Estados miembros a evitar la discriminación sexista en la elección de los apellidos. Pero, señorías, si luego se examina en profundidad, vemos que es exactamente la misma postura que se sostuvo por Iniciativa per
Catalunya y también en alguna medida por Izquierda Unida -entonces formaciones que militaban en grupos distintos- cuando tramitamos la Ley 40/1999, en la que algunas de sus enmiendas pretendían exactamente lo mismo que hoy nos trasladan como
proposición de ley y respecto de la cual existían las dudas manifestadas en la justificación de algunas de sus enmiendas, que la proposición que hoy nos traen tampoco soluciona. Porque en caso de duda, en caso de no existencia de acuerdo, en caso
de no constancia siquiera del acuerdo en el registro, sí parecería que estamos abocados -no se nos ocurre otro sistema- a la judicialización de una cosa tan primaria, tan primigenia en la vida de una persona, tan cercana a sus derechos como es ya la
propia elección del nombre. Si hay quien dice que las relaciones familiares deben estar lo más alejadas posible en la medida que sea factible alejarlas de la disputa judicial, con más motivo ya este momento tan indiciario, tan elemental como es el
de la elección de cuáles hayan de ser los apellidos que vaya a tener el niño o niña que una pareja haya tenido.
Señorías, lo que está en el fondo del problema es que estamos hablando de una de las ramas del derecho que existen en nuestro sistema y que no han tenido más que retoques parciales, más que parcheos, si se me permite decirlo, desde el
advenimiento de la Constitución. La ley que regula el Registro Civil, dicen que muy buena en sus tiempos, es de 1957 y el tronco de su reglamento es del año 1958, es decir, no ha tenido una renovación seria y sensata postconstitucional. Valores
como la igualdad o como el valor de la propia identidad, que a lo mejor es tan importante como el de la igualdad, están
alejados de las querencias del registro. Por parte del representante del Bloque Nacionalista Galego se ha hecho también referencia a lo que ha costado introducir elementos de no discriminación en cuanto a la utilización de las lenguas
distintas del castellano en las inscripciones registrales. Y suelo citar, siempre que del Registro Civil se habla en esta Cámara, las dudas que en algún momento albergamos distintos ponentes de una de las infinitas modificaciones y hasta los
propios servicios jurídicos de la Cámara sobre si un apartado concreto de un artículo de la Ley por la que se regula el Registro Civil estaba vigente o había sido derogado. Tal es la chapuza, tal es la acumulación de unos contenidos sobre otros que
responden a filosofías distintas en relación con la Ley del registro. Todavía el día 8 de febrero, en la Comisión de Justicia, discutíamos una proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista, que pretendía quitar del artículo 61, creo
recordar, un apartado en el que se hace referencia al recato de ciertas situaciones y a imponer al nacido o nacida un apellido de uso normal en la localidad para evitar que se sepa que no tenía padre en el momento concreto.
Obedece a una concepción
de las relaciones familiares, de la propia identidad de la persona, del propio deseo de crear familias monoparentales que existen en la actualidad que nada tienen que ver con los bienes y valores que están hoy en juego. Repito, los bienes y valores
que la Constitución proclama, y también la evolución de la propia sociedad, hacen que lo que esta Cámara tenga que hacer de una vez por todas, sea una normativa reguladora del Registro Civil que no se ancle en bienes y valores del año 1957. Ocurre
además que lo que se pretende con esta iniciativa nos llevaría a tener que hacer una reorganización después porque no queda claro qué pasa en caso de desacuerdo. La judicialización parece la salida única o la salida inevitable. Contiene además
otros defectos que nos parecen importantes, como modificar un real decreto a través de una disposición con rango de ley. No vemos el porqué. Si ya existen los reglamentos, infinitos por cierto, en sus modificaciones que retocan al que antes he
aludido del año 1958, nos parece absurdo que en esta ocasión se vaya a hacer una modificación de una norma con rango reglamentario a través de una norma con rango de ley. Ya el otro día, en la Comisión de Justicia -he hablado del debate que se tuvo
el día 8 de febrero-, instamos al Gobierno a una modificación que sea más profunda.
Que fuese más profunda se solicitó ya por parte de esta misma representante y es también lo que ahora traemos a esta Cámara. Nos parece que lía más, si se me
permite emplear una expresión coloquial, que lo que resuelve. Lo que debiera ser una decisión privada, por cierto con relevancia pública, pero una decisión privada, casi se va a judicializar, aunque sea una decisión privada con trascendencia
pública. Hoy por hoy nos parecería mantenerlo en estos justos términos.
Por cierto, no puedo evitar hacer alguna referencia más. Cuando se debatió en esta Cámara la modificación de la Ley 40/1999 distintos ponentes solicitamos del Gobierno, del Gobierno de entonces, nos permitimos también hacerlo del Gobierno
de ahora, que se le diese divulgación bastante a aquella modificación que entonces se permitía de hacer constar el apellido de la madre delante del apellido del padre para que fuese socialmente conocido y pudiese tener las virtualidades o desplegar
las virtualidades que pretendíamos que tuviese. No se hizo así. Creemos que es algo escasamente conocido. Creemos también, por tanto, que es muy poca gente la que utiliza tal posibilidad. Creemos, por tanto, que tampoco la ley que hoy nos trae
ayudaría a resolver situaciones, que si uno hace caso de lo que se le dice en los registros en los que ha consultado, tiene muy escasas aplicaciones en el momento. Insisto, lo que a nuestro grupo político le parece es que la normativa del Registro
Civil está pasada de moda, está llena de parches, está obsoleta. Ahora que se va a modificar la normativa, por lo menos eso se nos dice, por haber entrado en la Cámara proyectos de ley sobre distintas materias, la de divorcio y separación, la
normativa referida también a la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo, buen momento sería para que el Gobierno asuma algo que a lo mejor no es tan vistoso como modificar el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin
embargo, creemos que tiene una indudable transcendencia y relevancia práctica: modificar de una vez una ley como la que regula el Registro Civil y sus reglamentos que, insisto, datan del año 1957-1958. Lamentándolo, porque nos gusta la filosofía
que subyace en lo que la señora García nos ha traído en nombre de su grupo político, nos parece que crearía más situaciones de confusión que las que iba a arreglar y hoy por hoy el grupo político al que pertenezco tiene pensado dar a la iniciativa
su voto negativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Uría.
Continuamos con el turno del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias.
Hemos considerado esta propuesta de iniciativa, cuya intención era resolver un problema de desigualdad. El problema es que no vemos cómo esta proposición de ley iba a resolver este problema. Si realmente queríamos que hubiese paridad
deberían crearse líneas maternas, o sea, que todas las niñas llevasen el nombre de su madre y todos los niños el nombre de su padre automáticamente, esto sería paridad. El problema es que no creemos que la sociedad esté preparada para esto, para
tener hermanos con apellidos alternos. Por
tanto, no creemos que sea el momento de elevar esta propuesta a esta Cámara.
La propuesta que nos piden hoy que tomemos en consideración tampoco resuelve el problema de paridad, y en los casos en que no hay conformidad entre los padres tampoco resuelve el problema. En cambio, crea más problemas cuando hace necesaria
una autorización que ahora no lo es. Por tanto, aquí estamos para solucionar los problemas de la ciudadanía y no para crear más problemas. En este momento no hay una demanda social sobre este tema; igual hay que reformar el reglamento del
Registro Civil, pero no hacer una ley sobre este tema. Podemos esperar unos años más, si creciera la demanda de líneas maternas sería interesante que de forma automática las niñas llevasen el apellido de la madre y los niños el apellido del padre,
y siempre está la libertad de cambiarlo si a alguien no le gusta. Además, los apellidos hoy se pueden cambiar, como todos sabemos, a los 18 años. Por tanto, no creo que ahora sea el momento de tomar en consideración esta ley. Puede ser que más
adelante haya que emprender una reforma más a fondo, como ha propuesto la portavoz del Grupo Vasco.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Bonás.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para ello el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos trae al Pleno de la Cámara una proposición de ley para modificar una
normativa que ya fue objeto de un amplio consenso en el año 1999. Yo recuerdo muy gratamente la tramitación de la ley que hoy se propone modificar porque fue la primera ley en la que intervine como ponente en esta Cámara. Fue una ley difícil,
había diversas alternativas y finalmente se logró un consenso que origina que actualmente la aplicación de esa ley no sea -lo han dicho ya otros portavoces- conflictiva. No nos hemos encontrado en el día a día una gran problemática en la aplicación
de las posibilidades que esa ley introducía, en los avances hacia la paridad que esa ley introducía y que son positivos. También es cierto, señora García, que no ha habido una gran utilización de las posibilidades que esa nueva ley del año 1999
introducía. ¿Qué posibilidades? La posibilidad, que viene dada por el propio ordenamiento jurídico, de que no existe un orden en los apellidos, el orden de los apellidos se determina de común acuerdo. Puede existir un pacto para que los
progenitores decidan cuál es el orden de los apellidos que van a transmitir a sus hijos y a sus hijas. No existe, por tanto, una obligación legal que establezca un orden. Por consiguiente, la posibilidad ya se introdujo, está en nuestro
ordenamiento jurídico, que se coloca así entre los más defensores de la paridad en países de nuestro entorno. Que se utilice o no es quizá también una reminiscencia de la propia tradición. Por ejemplo, tenemos a la presidenta, la señora Chacón
Piqueras, que cuando la bautizaron seguro que no se aplicaba esta ley y sus padres no pudieron decidir si el orden de esos apellidos sería Piqueras Chacón, aunque, seguramente, en caso de haberlo podido decidir no lo hubiesen alterado.
¿Qué introduce esta proposición de ley? Introduce una posterior judicialización si no existiera acuerdo. Entendemos que si no existe acuerdo debería haber una norma supletoria. La norma supletoria es la que existía antes de la
modificación, pero no es una norma imperativa, sino que es norma supletoria; prima el acuerdo de voluntades. Por tanto, debemos ser respetuosos con el consenso que originó aquella ley del año 1999, pues fue un paso hacia la necesaria paridad. Si
hoy dejamos únicamente la vía del acuerdo, presuponemos que puede haber muchas circunstancias de desacuerdo en cuanto a la definición de este orden y, al final, judicializaremos el conflicto, cuando en la sociedad no se plantean situaciones de
conflicto por la aplicación de esta Ley del año 1999. Por tanto, entendemos que fue un paso favorable hacia esa paridad, hacia la conservación en muchos supuestos del apellido de la madre, poniéndolo en primer lugar -pues se han dado casos, aunque
no de forma mayoritaria-, pero no es imperativo que se siga el orden del apellido del progenitor en primer lugar y el de la madre en segundo lugar. No hay orden preestablecido, sino que puede decidirse el orden de común acuerdo.
Esto es positivo y
fue un avance. Y yo quiero recordar hoy a una diputada que forma parte de la Mesa de la Cámara, doña María Jesús Sainz, que fue ponente de ese proyecto de ley y que consiguió, a través de distintas proposiciones de ley en una ponencia conjunta que
no fue fácil, un alto grado de consenso.
Como ya han dicho otros portavoces, no hay conflicto social en su aplicación, la normativa actual garantiza esa necesaria paridad. Por tanto, nuestro grupo entiende que tomando hoy en consideración esta reforma no daríamos respuesta
adecuada desde el Congreso de los Diputados a lo que la sociedad nos pide en este momento, sino que podríamos crear un problema donde no lo hay, rompiendo el consenso alcanzado en el año 1999. Por ello, consideramos que deberíamos mantener la
normativa sobre el asunto del orden de los apellidos tal y como se definió con ese consenso en el año 1999. Por lo tanto, nuestro grupo no va a votar favorablemente esta proposición de ley.
Señora Chacón Piqueras, muchas gracias. Gracias a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jané i Guasch, que no Guasch i Jané.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición respecto a esta proposición de ley que se debate esta tarde, que pretende la modificación de los
requisitos para la inscripción de los hijos en el Registro Civil, basándose en la consecución de la igualdad de los sexos y considerando que la legislación actual incurre en una discriminación negativa para la mujer. Por ello, pretende la
modificación del artículo 109 del Código Civil, el 53 de la Ley del registro y el 194 del reglamento. Y la discriminación era cierta, como han dicho otros portavoces, justo hasta el año 1999, en que el Gobierno del Partido Popular trajo la
proposición de ley que modificaba y corregía precisamente los defectos que arrastraba el Código Civil. Por tanto, es cierto que desde 1999 hay menos discriminación y se ha avanzado en la igualdad de sexos.
En cuanto a la iniciativa que se presenta, señorías, nos parece un intento de rizar el rizo, porque ya la Ley 40/1999 hizo todas las correcciones y consiguió avanzar hacia la igualdad de sexos, con el apoyo de una amplia mayoría. Vino
precisamente a hacer desaparecer las disposiciones sexistas que arrastraba el Código Civil y, en consecuencia, la ley y el reglamento. Usted mismo lo reconoce en su exposición de motivos, señoría.
Usted mismo, en la exposición de motivos de la
proposición de ley que trae a la Cámara, copia exactamente la exposición de motivos de la Ley 40/1999. En dicha exposición se reconocía que había que modificar la ley, que había que avanzar, precisamente porque la Constitución había alumbrado unos
principios de igualdad que había que aplicar. Usted, por su parte, en la exposición de motivos de la proposición de ley que nos presenta, alude al artículo 16 de la Convención de Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, que también viene
recogido como inspirador de la Ley 40/1999. Usted mismo, en la exposición de motivos de su proposición de ley, hace referencia a la Resolución 7837 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Con esa ley, basada en los principios citados, a los
que alude su exposición de motivos y a los que usted hoy alude también en la exposición de motivos de su proposición de ley, se estableció una norma que es, desde entonces, mucho más justa y menos discriminatoria para la mujer, al permitir un
derecho de opción, como se ha dicho. Un derecho de opción que está vigente no solo para el aspecto que trata la Ley 40/1999, sino también para otros muchos, como veremos después con un repaso de las legislaciones de Europa y mundiales. La Ley
40/1999 supuso para nuestra sociedad un gran avance, que ha puesto de manifiesto, como se ha dicho, que no hay alarma ni conflicto social en la actualidad. Es más justo y menos discriminatorio dar la opción pero, al mismo tiempo, si no hay acuerdo,
si no se ejercita el derecho de opción, hay que aplicar la ley, que es lo que usted intenta suprimir por su proposición de ley.
Ha hecho usted alusión a 1997, antes de que se aprobara la Ley de 1999.
Entonces ya hubo otra iniciativa de Izquierda
Unida y se debatió. Da la impresión de que son ustedes como los cochecitos antiguos de juguete; esos que funcionaban con cuerda y que, cuando tropezaban con un muro, de ahí no pasaban y perdían la cuerda. No quieren reconocer ustedes que en 1999
hubo un gran avance.
Me gustaría poner énfasis en un tema fundamental: con la Ley 40/1999 no hay vacío legal. Es decir que se da el derecho de opción; si se opta, se aplica; si no, se impone la ley, pero no hay vacío legal. Si aprobáramos su proposición de
ley, se crearía más inseguridad jurídica porque habría vacío legal. El problema de la igualdad jurídica de los sexos ha provocado en el último siglo numerosas preocupaciones y se ha proyectado en reformas legislativas que en casi todos los países
del mundo ha repercutido tanto en el derecho público como en el derecho privado. Se ha avanzado mucho, aunque usted dice que estamos en la Edad Media, pero fíjese, se ha otorgado el voto femenino, la igualdad de oportunidades laborales y la
supresión de la incapacidad civil que pesaba sobre las mujeres, en especial sobre la mujer casada, y se han ido creando unos exponentes en ese amplio movimiento en la lucha por establecer la igualdad jurídica de los sexos. Nuestra legislación se
enfrenta, al igual que otras muchas legislaciones europeas y mundiales, con este tema, en España, en concreto, con el tema de los apellidos, pero figúrese en otras legislaciones donde precisamente lo que se está debatiendo es si al contraer
matrimonio la que pierde el apellido es la mujer para adoptar el apellido del marido o al contrario. Las legislaciones de Alemania, Austria, Checoslovaquia e incluso la de Japón reconocieron la opción para que el matrimonio fuese el que lo hiciera
de mutuo acuerdo, pero en caso contrario nunca se ha dejado ese vacío legal y se ha recurrido a la costumbre o a la tradición inveterada del respectivo país.
Usted manifestaba en su exposición de motivos un ejemplo del avance de la legislación francesa, y sin embargo la legislación francesa no deja ese vacío legal; permite el derecho de opción pero si no se ejercita el derecho de opción lo que
se impone es que se aplique la ley, y por regla general la aplicación de la ley tiende a la tradición y a las costumbres inveteradas. Su proposición, como han dicho otros portavoces, no aporta nada nuevo en el sentido de avanzar en esa igualdad
sino todo lo contrario ya que crea más inseguridad porque, ¿qué pasaría si nosotros aceptáramos su proposición de ley? Si no hay acuerdo entre los progenitores, entre el marido y la mujer, ¿quién lo aplica? ¿El juez encargado del Registro Civil?
No parece ni plausible ni lógico que una tercera persona tenga que intervenir al
inicio de lo que se presume una relación que lo que hay que hacer es fundamentarla y solidificarla. Por eso, nosotros, desde un principio, sabíamos que no íbamos a poder apoyar su proposición de ley porque creemos que ese derecho de opción
es el que se está aplicando actualmente en todas las legislaciones de nuestro entorno y en las que no son de nuestro entorno, como he expuesto con el caso de Japón, donde también se recurre al derecho de opción.
Para finalizar, quiero hacer un llamamiento a la prudencia porque estas modificaciones se encuentran en pugna, como he dicho anteriormente, en todas las legislaciones. A nuestro modo de ver, más que ir a los temas formales se debería
ahondar en los aspectos sustanciales de la institución, procurando que tanto el varón como la mujer se encuentren cada vez más en pie de igualdad cuando se trate de temas fundamentales como puede ser disponer de los bienes de la sociedad conyugal,
de fijar el domicilio o de decidir sobre el cuidado y educación de los hijos.
Señorías, medidas que fortalezcan en definitiva la familia y no obstáculos que provoquen la desunión desde el inicio de una andadura que suele ser ardua, y ustedes lo
saben exactamente igual que yo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Santaella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como bien saben, la Constitución consagra en su artículo 14 la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
Además, en su artículo 9 la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que las
impidan o dificulten. Son dos las reformas que se han llevado a cabo en cuanto al régimen legal de la determinación del orden de los apellidos -materno y paterno- para adaptarlo al mandato constitucional de no discriminación por razón de sexo, así
como en cumplimiento de las distintas decisiones de ámbito internacional a las que después me referiré.
La primera de estas reformas fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, que dio nueva redacción al artículo 109 del Código Civil. Se mantuvo el criterio de que el orden de los apellidos debía seguir siendo el tradicional español, con objeto de
salvaguardar una característica singular de la cultura jurídica española en este ámbito cual es la de designar a las personas por sus dos apellidos, incluyendo el determinado por la filiación materna, con lo que se persigue evidenciar la igualdad de
ambas líneas, la materna y la paterna. Dicho régimen todavía admitía el reproche de otorgar preferencia en todo caso al apellido paterno, por lo que, entendiendo que resultaba más ajustado al principio de igualdad de sexos permitir que inicialmente
y sin esperar a la mayoría de edad del hijo los padres pudieran de común acuerdo decidir el orden de los apellidos de sus hijos, la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, dio nueva redacción a los preceptos aludidos del Código Civil y de la Ley del
Registro Civil habilitando legalmente tal opción. Con la actual regulación, derivada de la modificación aprobada en esta Cámara con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios en el año 1999, se lleva a cabo la segunda de las reformas a la que
antes he hecho referencia. En efecto, la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos, en la redacción que da el artículo 109 del Código Civil prevé que de común acuerdo los padres puedan decidir el orden de los
apellidos de sus hijos, habilitando legalmente tal opción al disponer que si la filiación está determinada por ambas líneas el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la
inscripción registral. Es decir, puede acordarse por los progenitores que el apellido de la madre preceda en orden al apellido del padre. De forma consciente se evitó en dicha redacción imponer a los progenitores la obligación de ponerse siempre
de acuerdo sobre tal extremo, así como la inevitable intervención en caso contrario del juez de familia a fin de resolver el conflicto. Hoy reproducimos en parte el debate suscitado al respecto en relación con la enmienda que presentó el entonces
Grupo Parlamentario Mixto, Iniciativa per Catalunya Verds-Nueva Izquierda, que no concitó el consenso de los demás grupos. En consecuencia, en caso de falta de mutuo acuerdo de los padres, se optó por mantener el sistema tradicional de precedencia
del apellido paterno, lo que no ha recibido reproche alguno de inconstitucionalidad, ya que en todo caso dicha precedencia es subsidiaria, primero, del común acuerdo de los padres antes de la inscripción y, segundo, de la propia voluntad del hijo al
alcanzar la mayoría de edad. El orden tradicional de los apellidos, paterno y materno, es tan solo una previsión supletoria del régimen general establecido en dicha ley.
Con la iniciativa que presenta el grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quiere darse una mayor visibilidad al principio de igualdad de los progenitores en cuanto a la
inscripción de los hijos, exigiendo para ello que se haga expreso el acuerdo en cuanto al orden de prelación de los apellidos.
Además, la iniciativa pretende eliminar el criterio de subsidiariedad que rige en la actualidad. La proposición de ley
cuya toma en consideración hoy debatimos elimina esta previsión estableciendo que serán los progenitores de común acuerdo quienes decidan el orden de prelación
de los apellidos. Valoramos la intención y la voluntad del grupo proponente de establecer un procedimiento más equitativo. Ciertamente, la exigencia de consentimiento y mutuo acuerdo refuerza la equidad en el procedimiento y facilita el
conocimiento de las opciones en la inscripción de los hijos que establece la ley. Si bien es cierto que la nueva regulación propuesta parece más acorde con el principio de igualdad que la actual, cabría apuntar que en la práctica tampoco supondría
una mayor garantía para el progenitor que no realice la inscripción, normalmente la mujer, ya que al no exigirse ninguna constancia del acuerdo nada impediría al hombre romper el acuerdo previo e imponer el orden que tuviese por conveniente. La
única forma de asegurar el respeto a lo acordado sería la exigencia de que el acuerdo escrito y firmado por ambos progenitores se presentase ante el encargado del registro en el momento de la inscripción o bien que se requiriese la presencia de los
dos progenitores en dicho momento, algo que no parece razonable dado que la mujer suele estar aún convaleciente del parto. Tal vez, a través de una reforma del reglamento del Registro Civil que precisara la constatación del acuerdo se daría mayor
garantía a las condiciones del pacto y se reforzaría el objetivo pretendido de plena igualdad. La contrapartida de esta mayor garantía del respeto a la voluntad de ambos progenitores sería la de imponerles una obligación más más, ya que en todo
caso deberían preparar y aportar un documento adicional a los actualmente requeridos para la inscripción del hijo o efectuar una comparecencia judicial. Además, la iniciativa solo prevé el común acuerdo de los progenitores, pero nada resuelve
respecto al caso de que falte ese acuerdo común expreso, lo que a nuestro criterio deja abierta la posibilidad de nuevos conflictos. La falta de acuerdo nos obligaría a una definición sobre quién resuelve el desacuerdo, si es el juez de familia o
el juez encargado del Registro Civil, y sobre todo al suprimir en virtud del artículo 3.º de la proposición de ley el régimen de subsidiariedad que prevé el artículo 194 del reglamento del Registro Civil deja huérfano de norma aplicable en caso de
desacuerdo a quien se declare órgano competente para resolver el conflicto. Además, la apertura del procedimiento judicial dejaría sin inscribir sin nombres y apellidos al menor, a quien le privamos de un derecho fundamental de un mandato legal con
la falta de inscripción hasta la resolución judicial. Con esta reforma legislativa que proponen plantearíamos nuevos problemas que trasladaríamos a los órganos jurisdiccionales. El sistema actual parece más garantista y otorga mayor seguridad
jurídica al posibilitar que los progenitores se pongan de acuerdo, que dialoguen, que pacten, que transaccionen; en definitiva, que opten por las posibilidades que otorga la ley y, si no se ponen de acuerdo, se establece como principio subsidiario
la precedencia del apellido del padre. Cabe recordar también que la ley permite en todo caso siempre al hijo o a la hija, al llegar a su mayoría de edad, cambiar el orden de sus apellidos por expresa voluntad. (Rumores.) También, tal como
anunciaba al inicio, debemos tener en cuenta las decisiones internacionales que afectan al registro de los apellidos. Tanto la Resolución del Consejo de Europa como la Convención de las Naciones Unidas y la Recomendación 1271, de 1995, de la
Asamblea del Consejo de Europa sobre la misma materia coinciden en considerar la diversidad de regímenes legales de apellidos en los distintos países europeos como una riqueza cultural antroponímica, resultando deseable no atentar contra las
costumbres y tradiciones locales en esta materia siempre que las mismas...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Perdón, señor Sáez.
Señorías, un miembro de esta Cámara está tratando con enormes dificultades de ejercer su derecho a la palabra. Les ruego, por favor, silencio.
Adelante, señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.
...tradiciones locales en esta materia siempre que las mismas no atenten abiertamente contra el principio de no discriminación por razón de sexo, que estimamos no conculca la actual legislación. Por otra parte, el artículo 7 del Convenio
sobre Derechos del Niño, formulado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por España el 30 de noviembre de 1990, establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, lo cual supone consagrar un derecho a la inscripción de nacimiento inmediata y compatible con la intervención del
juez en caso de desacuerdo de los padres sobre el orden de los apellidos del hijo, apellidos que, como signo oficial de identificación de la persona, es requisito necesario para la inscripción.
En definitiva, tal y como está planteada la iniciativa, impone en todo caso a los padres el deber imperativo de determinar el orden de los apellidos de sus hijos y excluye la regla subsidiaria de precedencia del apellido paterno, tradicional
en nuestro sistema y que no ha suscitado una demanda social de cambio. Ciertamente, podría suscitarse el debate sobre la oportunidad de promover un cambio social con la inversión del orden de preferencia de los apellidos. Sin embargo, esta
proposición de ley precisamente lo que pretende es la eliminación de esta regla de subsidiariedad, por lo que en opinión del Grupo Socialista puede no ser útil a la causa de la igualdad, sino abrir un frente de conflicto que no se percibe en la
aplicación del actual sistema. Por todo ello, vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa, a pesar de que compartimos absolutamente con el grupo proponente el objetivo perseguido
de remover obstáculos a la discriminación y de tutelar la igualdad. Pero en lo que se refiere al orden de los apellidos podemos afirmar que el sistema vigente no vulnera el principio de igualdad ni existe una conflictividad social que así
lo demande y da un margen amplio para que los progenitores en el momento del nacimiento y las hijas e hijos en su mayoría de edad opten por el orden preferido en sus apellidos. Quiero hacer llegar al grupo proponente que nuestro rechazo se
circunscribe a la presente proposición de ley tal y como está planteada, porque no resuelve sino que abre frentes de conflictos. Aunque compartimos los objetivos y la intención última de esta iniciativa, nos emplazamos a mantener un mayor diálogo
con su grupo y también con los demás grupos parlamentarios para promover iniciativas que profundicen en el principio de igualdad y eviten la más mínima discriminación entre hombre y mujer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Sáez Jubero. (La señora García Suárez pide la palabra.)
Señora García Suárez, es una simple toma en consideración. No hay ni siquiera explicación de enmiendas. Lo siento. Gracias, señora Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Lo que pasa es que ha habido una argumentación que me parecía que me podría dar derecho a réplica.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le recuerdo que son así las tomas en consideración, señora García Suárez. Gracias.
Señorías, vayan tomando asiento, por favor. (Rumores.) Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de dos proposiciones de ley.
(Rumores.) Señorías, por favor, tomen asiento.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Antes de someter a votación las dos primeras proposiciones de ley debo someterles a consideración una propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la
Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 38, correspondiente a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de
ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio
nacional, pase a debatirse como primer punto de la sesión del jueves día 24 de febrero de 2005. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada dicha modificación del orden del día.
- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a proceder a las votaciones de la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la exteriorización
de los premios de jubilación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 301.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada la toma en consideración de dicha proposición de ley.
Votación de la toma en consideración de la siguiente proposición de ley, que lo es del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de los requisitos para la inscripción de los hijos
en el Registro Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 10; en contra, 313; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada la toma en consideración de dicha proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LOS AFECTADOS POR EL HUNDIMIENTO DEL TÚNEL DEL METRO EN EL BARRIO DEL CARMEL, DE BARCELONA.
(Número de expediente
162/000264.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto II del orden del día, proposiciones no de ley. (Rumores.)
Por favor, quienes deseen abandonar el hemiciclo háganlo en silencio.
(Rumores.)
Señorías, un miembro de la Cámara pretende defender su proposición no de ley. Les rogaría que abandonaran el hemiciclo en silencio, quienes así lo deseen, si fuera posible y no fuera mucho pedir. (Rumores.)
Señorías, por favor, si van a abandonar el hemiciclo no impidan que se baje por los pasillos y si lo hacen, por favor, háganlo rápido y en silencio. (Rumores.)
Continuamos el Pleno con el punto II del orden del día, el referido a las proposiciones no de ley. La primera es la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas
urgentes de apoyo a los afectados por el hundimiento del túnel del Metro en el barrio del Carmel de Barcelona.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Un momento, señor Duran.
Por favor, señorías, si desean abandonar el hemiciclo háganlo rápido y en silencio. Ya no sé cómo decirlo.
Disculpe, señor Duran. Tiene usted la palabra.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señora presidenta.
Me esforzaré por atraer la atención de los asistentes y defender esta proposición no de ley que presenta nuestro grupo parlamentario. Me permitirán S.S. que salude a los representantes de los ciudadanos y ciudadanas afectados del barrio
del Carmel, tanto de los que han perdido su vivienda como de los que han perdido su negocio comercial, y de manera especial a quien fue portavoz en esta Cámara del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Trias, presente también
hoy en este debate.
El objetivo de este grupo parlamentario no es de ninguna manera responsabilizar al Gobierno del Estado ni hurgar en ningún otro tipo de responsabilidad. No pretendemos tan siquiera buscar la confrontación política entre los diversos grupos
parlamentarios. El único objetivo de nuestra iniciativa legislativa es intentar obtener una respuesta positiva de esta Cámara en torno a aquello que debería preocuparnos y estoy convencido de que preocupa a los presentes y ausentes de esta Cámara,
a aquellos que siguen el debate y a los que no lo siguen, a los vecinos, que son las personas que se han visto afectadas por el accidente, personas que como remarcaba al saludar a alguno de sus representantes presentes en la tribuna de este Congreso
han perdido su vivienda o su negocio. Les escuché antes unas declaraciones públicas y cuando se les preguntaba qué era lo que esperaban esta tarde de este debate respondieron sencillamente: concreciones, realidades, no palabras. Esa es la
intención de nuestro grupo parlamentario.
Nuestra proposición no de ley plantea en esta Cámara aquellas cuestiones que nuestro grupo parlamentario entiende que competen al Gobierno del Estado. Sabemos que hay otras cuestiones a instar en cámaras distintas, como es el Parlamento de
Cataluña, pero por respeto a las competencias de la Generalitat nuestro grupo parlamentario nunca trasladaría un debate del Parlamento catalán a esta Cámara; hay también responsabilidades y decisiones a adoptar que corresponden al Ayuntamiento de
la ciudad de Barcelona, pero por el mismo sentido de respeto y porque tanto en el Parlamento catalán como en el Ayuntamiento de Barcelona nuestros respectivos grupos parlamentario y municipal están instando y promoviendo el debate acerca de una
solución para la obra en sí misma afectada y, por supuesto y en primer lugar, para los vecinos, tampoco lo trasladaríamos aquí. ¿Qué es lo que solicita de esta Cámara la proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario? Solicitaba
en primer término -y explicaré por qué lo digo en pasado- que se atienda mediante una moratoria de intereses y amortización de crédito a aquellas familias que en estos momentos estarían pagando una hipoteca sobre una vivienda que no pueden usar ni
disfrutar porque se han visto desalojadas de ella, bien porque ha sido derrumbada o está en perspectiva de ser derrumbada, bien porque no garantiza la seguridad suficiente para retornar a sus hogares.
Esto es algo que no debería extrañar a SS.SS.
ni a la Cámara, ni menos que lo defienda el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque ya en su día en un cambio de legislación de la Ley de Enjuiciamiento Civil nuestro grupo parlamentario incorporó a su artículo 693 la posibilidad
de enervar la ejecución de la vivienda habitual en casos de impago de mensualidades pero que no provocaran el vencimiento del préstamo hipotecario en su totalidad. Nos comprometimos con nuestros electores a trasladar a esta Cámara otra propuesta
equivalente en la medida que cuando una persona por necesidad, por estado de pobreza o por estar en el paro, incurriese en algunas de estas circunstancias también se estableciese una moratoria en cuanto al pago de intereses y del principal de la
hipoteca. Por tanto, los primeros dos puntos de nuestra proposición no de ley solicitan de esta Cámara que inste al Gobierno para que con carácter inmediato garantice, para aquellas familias que han visto afectadas sus viviendas, el pago de
interese y el pago de las amortizaciones del crédito. En segundo lugar, instamos al Gobierno a que a medio plazo y con objeto de que no excepcionalmente para el barrio del Carmel sino en términos generales presente las medidas correspondientes para
modificar los mecanismos legales vigentes a los efectos de que en el futuro la situación que solicitamos para el Carmel pueda ser extensible a otros casos similares y a otros conceptos. En tercer lugar, solicitamos que del fondo de contingencia de
los Presupuestos Generales del Estado se dé una ayuda precisa y concreta -después me referiré a la concreción de las ayudas- para la intervención y la rehabilitación en el barrio del Carmel, que evidentemente un grupo parlamentario nacionalista como
el nuestro desea - y así lo solicita- que sea gestionado mediante un acuerdo con la Generalitat, como administración que representa a
Cataluña, y el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, como literalmente se contiene en el punto tercero de nuestra proposición no de ley.
Finalmente, en la medida en que a lo largo de estos días -y después haré referencia a ello- por
iniciativa del alcalde de la ciudad de Barcelona se ha hecho especial mención a la Unión Europea y a posibles ayudas comunitarias también para intervenir en pro de solucionar el problema de los afectados, concretamos en particular que el Gobierno
inste a la Unión Europea a la modificación de un decreto -no son palabras, señalamos exactamente qué decreto- el 2012/2002, que se creó a raíz de las inundaciones de Alemania y centro de Europa (inundaciones que SS.SS.
recordarán porque permitió al
que hoy es canciller Schröder, poniéndose las botas físicamente hablando, ganar las elecciones contra pronóstico a Stoiber), el reglamento que la Unión Europea estableció a remolque de aquella situación, nosotros solicitamos del Gobierno español
-como digo- que inste a la Unión Europea a que esas ayudas puedan ser también aplicadas a catástrofes locales. Es cierto que nunca se aplicó, pero también es cierto que es un decreto que se ha ido aplicando a remolque de acontecimientos concretos.
Hay un acontecimiento concreto, una catástrofe localizada en un barrio de la ciudad de Barcelona, y se pide al Gobierno central que inste a la Comisión la reforma de este reglamento.
Nosotros mismos hemos presentado una enmienda ampliando el contenido de esta inicial proposición no de ley. ¿Por qué? Porque asistimos a una cronología de hechos que quiero recordar y es la siguiente. El presidente del Gobierno visitó el
barrio del Carmel y expresó el deseo por parte del Gobierno de concretar mediante dinero ayuda a los vecinos afectados.
Antes el presidente de la Generalitat, que había hecho una comparación que a mi juicio, excepto en lo relativo a la gestión, no
tenía sentido -fue el presidente del Gobierno de la Generalitat, no nosotros-, comparó este caso con el Prestige. Pues bien, ante ese relato de los acontecimientos y visto que el Consejo de Ministros todavía no ha concretado las medidas exactas a
aplicar para los afectados, visto además que esperando como esperaba este grupo parlamentario que el Consejo de Ministros del viernes pasado complementara aquellas medidas anunciadas pero no establecidas mediante norma por el presidente del Gobierno
en su visita a Barcelona y ampliara las ayudas con medidas que afectaran especialmente al terreno económico y laboral, ayudando por tanto a los comercios a suspender sus cotizaciones en función de los módulos en el caso de que exista algún negocio y
haya que hacer algún reajuste laboral también mediante la bonificación de las cuotas de Seguridad Social, esperábamos -repito- que el Consejo de Ministros abordara estas cuestiones. Sorprendentemente, el Consejo de Ministros no abordó el viernes
pasado estas cuestiones, lo que motivó la enmienda que nosotros mismos hemos presentado a nuestra propia propuesta.
Se dice en algunas de las enmiendas presentadas a nuestro texto que se solicita que se desarrolle lo aprobado en el Consejo de Ministros del día 11 del presente mes de febrero. Señorías, el Consejo de Ministros, el día 11 del presente mes,
no aprobó absolutamente nada favorable en relación con el barrio del Carmel. En la propia referencia que reparte el Ministerio de Presidencia del Consejo de Ministros no hay ninguna indicación a ningún tipo de medidas adoptadas respecto al barrio
del Carmel, si bien es cierto que sí se publica un real decreto-ley en cuanto se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por movimientos sísmicos en Murcia, Lorca, con la que, por supuesto, nos solidarizamos y estamos de acuerdo.
Pero ninguna medida de las que se citan en la enmienda alternativa a la nuestra está prevista en esa reunión del Consejo de Ministros para realmente poder desarrollar algo que no tiene ninguna concreción jurídica, y cuando no hay concreción jurídica
se crea inseguridad, y cuando no hay concreción jurídica incluso se puede crear arbitrariedad. Nosotros deseamos que se concreten. Por tanto, el sentido de esta propuesta es concretar aquello que se dice, a pesar de que no es así, que el Consejo
de Ministros ya ha concretado. En la propia conferencia de prensa resultante de ese Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, al exponer cuáles eran los puntos que realmente habían sido objeto de debate en el Consejo de Ministros, hizo
solo referencia a que se habían aprobado medidas urgentes para ayudar a familias de poblaciones -tres, en concreto- de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Antes de pasar al turno de preguntas, expresó nuevamente la solidaridad y el apoyo del Gobierno en lo que significa la vuelta a la normalidad del barrio y los ciudadanos, pero sin concretar ningún tipo de medidas. Es más, cuando un
periodista le pregunta a la vicepresidenta del Gobierno: Quiero saber si el Gobierno ha previsto realmente alguna ayuda o no al Carmel. La vicepresidenta del Gobierno dijo lo siguiente: En cuanto a las ayudas, como les decía antes de explicarles
la distinta naturaleza de las mismas, el Gobierno hoy ha aprobado el real decreto-ley de Murcia; no ha aprobado las ayudas al Carmel porque es una orden ministerial. Las órdenes ministeriales son competencia de los ministros y, por tanto, no ha
habido necesidad de aprobar absolutamente nada. Son ayudas que anunciará el presidente al amparo de una orden ministerial preexistente.
Este grupo parlamentario entiende que no existe otra orden ministerial preexistente que no sea la Orden
ministerial de 30 de marzo de 1993, que es un procedimiento previsto para catástrofes. En el caso de aplicarse los baremos de compensación y de indemnización que prevé, insisto, esa Orden ministerial del año 1993, serían a todas luces perjudiciales
e insuficientes para los vecinos del Carmel.
Consecuentemente, la razón por la que nosotros acudimos al Congreso de los Diputados es para instar esas ayudas concretas en todos los frentes que he señalado a lo largo de mi intervención a los vecinos del Carmel.
Nosotros no concretamos
cantidades, nos parece absurdo; tan absurdo como que el presidente del Gobierno de Cataluña -no es crítica sino la justificación del porqué no concretamos cantidades- acuda al barrio del Carmel y hable de la necesidad de 200 millones de dólares -a
pesar de estar en Europa y en vigilia de un referéndum europeo- y, después, el propio alcalde de la ciudad concrete en 235 millones de euros. Lo importante es que el Gobierno adopte la voluntad mediante norma, algo creíble para el vecindario, algo
explicable, que se vea negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado, no mediante palabra y visitas al barrio, y, entonces, a través del diálogo con los vecinos -mediando siempre aquel que tiene competencias como es la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona-, en ese caso, concrete exactamente el tipo de medidas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que acabar, señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Acabo, señora presidenta, pero usted entenderá que los esfuerzos que he tenido que hacer en la primera parte, especialmente para que se me escuchara, han hecho que haya perdido una parte del tiempo dedicándolo más a
intentar que se me escuchara que no a explicar los motivos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Siento decirle, señor Duran, que entonces todavía no había puesto a correr el tiempo.
El señor DURAN I LLEIDA: Acabo, señora presidenta, inmediatamente.
Decía que también solicitamos una intervención en materia de vivienda y sabemos que vivienda es competencia de Cataluña y, por tanto, debería ser simplemente el Gobierno de la Generalitat quien, en cualquier caso, interviniese para
indemnizar o para recomponer mediante vivienda nueva la necesidad y el derecho -remarco: necesidad y derecho- que tienen los vecinos afectados. Pero es que resulta que esta Cámara, en el propio Pleno del Congreso, mediante una mayoría distinta a
la que previamente había habido en la Comisión -acuérdense de aquella enmienda del Partido Nacionalista Vasco que permitía que 500 millones de euros que se quedaba el Estado para invertir en política de vivienda se transfiriesen, por el lógico
respeto a las competencias, a las comunidades autónomas, cosa que no fue así porque después, en Pleno, se rebobinó y se votó en contra de lo que previamente se había votado a favor en Comisión- dio al Gobierno del Estado dinero suficiente como para
invertir y, por tanto, ayudar al Gobierno de la Generalitat y a la ciudad de Barcelona, a su ayuntamiento, mediante esos 500 millones, que evidentemente no solicitamos para este caso concreto, pero sí parte. Solicitamos que parte de ese dinero se
utilice para recomponer, insisto, el derecho y la necesidad que tienen los ciudadanos de ver, de una vez por todas, garantizado su derecho de regresar a una vivienda digna.
Muchas gracias, señora presidenta, por su amabilidad al concederme unos minutos de más.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Duran.
Continuamos con el turno de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra para defender su enmienda el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero que mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Popular sean de solidaridad y cercanía a todas las personas que en estos momentos están sufriendo las consecuencias de la catástrofe del barrio del Carmel, de
Barcelona. Saludamos con todo afecto a las personas que están siguiendo esta sesión en directo, desde la tribuna de invitados de este hemiciclo. Porque, en efecto, el pasado día 27 de enero, en el barrio del Carmel de Barcelona, se producía una
auténtica catástrofe, sin precedentes en la historia contemporánea de Barcelona, que ha provocado, de momento, el derribo de varios inmuebles en la zona afectada, el desalojo de 1.057 personas de sus hogares y que en estos momentos todavía haya un
centenar más de afectados en edificios en colapso. Setecientos setenta y siete barceloneses, desplazados de ese barrio, están viviendo en diversos alojamientos, distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad; 212 están viviendo en domicilios de
familiares, y 77 en otros domicilios propios. Junto a este drama humano y familiar, la pérdida de valor de las viviendas en la zona afectada, que es el principal patrimonio, cuando no el único, de la inmensa mayoría de esas personas y la
disminución de la actividad comercial en esa zona de la ciudad -entre el 30 y el 50 por ciento de lo habitual- conforman una situación que, sin ningún tipo de exageración, debemos calificar como catastrófica, una tragedia que la misma Generalitat de
Cataluña, por boca de su consejero de Obras Públicas en comparecencia ante el Parlamento de Cataluña, ha afirmado que se podía haber evitado. Ante este drama, como hemos dicho al principio, todos debemos manifestar nuestra solidaridad con los
afectados, y en especial este Congreso de los Diputados, donde está representado el pueblo español en su conjunto y, por tanto, también los miles de personas afectadas del Carmel. Debemos estar con ellos y debe ser nuestro norte de actuación
intentar paliar de la manera
más eficaz su desgracia, sin que ese objetivo primordial nos impida, sino todo lo contrario, la investigación acerca de la verdad de lo allí ocurrido antes del 25 de enero y desde el 25 de enero hasta ahora. Sería muy difícil explicar a la
opinión pública que ante una situación de estas características nos amparamos en pretextos competenciales para adoptar una actitud que más que de respeto a las competencias de la Generalitat o del Ayuntamiento de Barcelona podría parecer como de
inhibición o de indiferencia, cuando no de complicidad, dada la identidad de actores políticos que operan en esas instituciones y en el Gobierno de España.
Decíamos que este Congreso representa al pueblo español en su conjunto y, por tanto, también a esos miles de barceloneses del barrio del Carmel que están viviendo una situación dramática y en un contexto de alarma social que no requiere de
justificaciones especiales, porque la catástrofe producida es de tal magnitud que no pueden ocultarla ni siquiera determinados protocolos de comunicación que desde la Generalitat de Cataluña pretenden amordazarla. (Rumores.) Cosas veredes, amigo
Sancho, le decía Don Quijote a su escudero, ahora hace cuatrocientos años. ¡Las cosas que hay que ver! Los mismos partidos, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida y el Partido Socialista, que exigían dimisiones, comisiones
de investigación, transparencia e interponían querellas judiciales ante un accidente marítimo, ahora dicen para justificar lo injustificable que están administrando la inseguridad y la incertidumbre y rechazan comisiones de investigación que se
piden en el Parlamento de Cataluña. Oigan, señorías, si no se crea una comisión para investigar la cadena de errores, negligencias e ineficiencias que han ocasionado una obra pública promovida por un gobierno, que provoca el colapso humano y
económico que en estos momentos está asolando a una zona tan emblemática de la ciudad de Barcelona, ¿me quieren ustedes decir cuándo estará justificado constituir una comisión de investigación? (Rumores.)
Es una opinión común en estos momentos que en lugar del método austríaco de construcción se debería haber utilizado el sistema belga o el método Madrid, así llamado -como muchos de ustedes sabrán- porque se empezó a aplicar en el Metro de
Madrid en el año 1928 por el ingeniero de caminos Aguirre Gonzalo. Supongo que el hecho de que se llame método Madrid no habrá influido para que alguna fobia madrileña que caracteriza a alguno de los integrantes del tripartito catalán no se
aplicara en esta construcción. Esto ha ocurrido, señorías, porque no se han hecho las tres preguntas de Tito Livio: primero, qué hay que hacer; segundo, cómo hay que hacerlo y, en tercer lugar, con qué hay que hacerlo. Si no fuera porque es
patética la actuación de estos responsables políticos y porque hay demasiado drama humano detrás de estos hechos, resultaría cómico comprobar cómo esos partidos que pretenden impulsar una España más plural, más democrática, más republicana, más
laica, más libre, lo que están pretendiendo en el Carmel es impedir que los medios de comunicación actúen con libertad para que el conjunto del país, con una información veraz, esté en condiciones de ser lo solidario que se debe ser y, en
consecuencia, exigir también las responsabilidades de todo tipo que procedan. Supongo que algo de todo esto debía pensar el presidente del Gobierno y por eso se presentó en la zona el pasado día 11 de febrero. El señor Rodríguez Zapatero dijo
literalmente que quería estar cerca de los afectados, ya que ningún problema social es ajeno a este Gobierno. Por cierto, que ni siquiera las cámaras amigas pudieron impedir que se visualizara el amplio descontento vecinal ante esa versión
actualizada del Bienvenido Mr. Marshall, como los propios socios del tripartito, en una muestra más de solidaridad gubernamental, definieron esa visita. Como retórica están bien las palabras del señor presidente del Gobierno, pero el barrio del
Carmel no está para retóricas, necesita ayuda urgente y rápida y ahora se recordó por parte del señor Duran i Lleida cómo todavía no hay más que palabras desde el Gobierno de la nación.
Por ello, desde el Grupo Popular exigimos que el Gobierno preste todo el apoyo necesario para dar toda la ayuda precisa al barrio del Carmel, a los afectados. Pero, al mismo tiempo y como contrapartida a esa ayuda, el Gobierno debe exigir
toda la información, toda la transparencia y todas las responsabilidades que esa colaboración política y esa solidaridad demandan. Por ello nosotros, en su momento, hace cerca de dos semanas, presentamos nuestra iniciativa, una proposición no de
ley que por motivos reglamentarios no ha sido posible debatir en este Pleno. Por ello y dada la urgencia del tema, hemos presentado el texto completo como enmienda de adición al texto que ha defendido el grupo proponente. Entendemos que nuestro
texto profundiza y completa las líneas de ayudas propuestas en la iniciativa que tratamos puesto que, en primer lugar y en coherencia con lo que decimos y lo que no deja de ser una evidencia para quien conozca cómo está la situación allí, se
solicite por parte del Gobierno y de acuerdo con la normativa jurídica que lo regula la declaración de zona catastrófica de los barrios afectados, con todos los efectos jurídicos que esta declaración conlleva. (Un señor diputado: ¡Vaya
catástrofe!) En segundo lugar, concretamos el importe mínimo de las ayudas directas necesarias a 30 millones de euros, que es la estimación del coste social del desalojo que ha hecho el propio alcalde de Barcelona. Y también instamos la necesidad
de ayudas específicas para establecimientos comerciales y actividades económicas afectadas. En este sentido, proponemos también la concesión de avales para la obtención de préstamos blandos por las entidades oficiales de crédito. En tercer lugar,
planteamos un tratamiento especial en materia impositiva, rebajando los índices o módulos del impuesto sobre la renta de las personas físicas a todos
los contribuyentes afectados, y de la Seguridad Social, con bonificaciones en el abono de las prestaciones a los trabajadores autónomos afectados y en las cuotas de los empresarios por los trabajadores por cuenta ajena de los
establecimientos comerciales y actividades económicas afectadas en la zona. En cuarto lugar, instamos a la financiación desde los Presupuestos Generales del Estado, y en colaboración con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, de
un plan para la ejecución de las reparaciones necesarias, dada la situación catastrófica existente. Por último, hacemos patente la necesidad de financiar la elaboración de un plan especial de rehabilitación de las viviendas afectadas y de
urbanización del entorno, no solo del barrio del Carmel sino también de zonas colindantes, como son el Coll, Tres Turons, la Taixonera y Font d'en Fargas, de la ciudad de Barcelona.
Para tener presente el orden de magnitudes en el que nos estamos moviendo, conviene saber que el compromiso verbal, todavía no materializado en absoluto en ningún tipo de norma jurídica, que asumió el presidente del Gobierno el pasado 11 de
febrero en el Carmel ascendió a 16 millones de euros. El alcalde de Barcelona ha estimado simplemente el coste social del desalojo en 30 millones de euros y el Ayuntamiento de Barcelona calcula todas las actuaciones necesarias en 235 millones de
euros, de los cuales aporta 48 el Ayuntamiento de Barcelona y solicita 186,7 millones de euros al Estado y a la Generalitat de Cataluña. Nosotros, desde aquí, impulsamos y exigimos al Gobierno que contribuya en la parte correspondiente, en la línea
de lo que anteriormente hemos detallado y que integra el contenido material de nuestra iniciativa.
Concluyo, señora presidenta, señoras y señores diputados. Anteayer, como todos sabemos, tuvo lugar un referéndum en España. Como en toda consulta electoral, estamos ahora con las interpretaciones, que, como es lógico, son libres. Yo les
aporto simplemente un dato, que a lo mejor induce a la reflexión y también aporta luz a la hora de atribuirse determinados resultados y establecer determinadas valoraciones de los mismos. En las mesas electorales correspondientes a la zona
catastrófica afectada la participación ha sido del 27 por ciento, 16 puntos por debajo de la media de la ciudad de Barcelona, que ha sido de un nivel absolutamente descriptible. Hasta ahora, señorías, las catástrofes eran de origen natural:
incendios, inundaciones, terremotos, nevadas; incluso, hasta producían efectos devastadores algunos piratas de la mar que fletaban superpetroleros con bandera de conveniencia que ni siquiera en aguas internacionales debieran poder navegar. Pero lo
que no había pasado nunca hasta ahora en este país es que la catástrofe fuera causada directamente por la actuación negligente de una administración pública española.
Termino, señorías, con un ruego. Se está manifestando desde el tripartito catalán -Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, Partido Socialista- la urgente necesidad de reformar nuestras normas básicas de convivencia para construir
otra España diferente. Modestamente me permito sugerirles que quizás, antes de embarcarse en la construcción de otra España, deberían empezar por aprender a construir túneles en esta España.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué gracioso!-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Fernández.
La siguiente enmienda la suscriben los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Esquerra Republicana y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra para defenderla el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado 25 de enero, al iniciarse los trabajos de limpieza de la solera del túnel de la cola de maniobras en la estación del barrio del Carmel, dentro de las obras de ampliación de la línea 5 del Metro de Barcelona, los operarios
encontraron la base de una falla no visible y no detectada ni en los sondeos ni en la excavación de un túnel que había finalizado hace seis meses. Aquella misma tarde, la del 25 de enero, el conseller en cap, acompañado del conseller de Política
Territorial y Obras Públicas del Govern de la Generalitat de Catalunya y por el alcalde de Barcelona, visitaron la zona de los túneles para conocer de primera mano los trabajos de consolidación de un socavón de 10 por 6 metros, lo que en el argot
del mundo de la construcción se conoce como una chimenea.
Se trabaja en esta dirección a lo largo de los días 25 y 26 de enero, sin embargo, el jueves 27 de enero se produce el hundimiento de una finca previamente desalojada y la aparición de un
socavón de 18 metros de diámetro. La gravedad de los hechos y de sus consecuencias para las personas que viven o trabajan en el barrio del Carmel, y de forma especial para los ciudadanos que han perdido su vivienda o negocio o para aquellos que se
han visto obligados a abandonarlos temporalmente, es sin duda conocida y compartida por todos los grupos de esta Cámara, de la misma manera que lo es la solidaridad con todo ellos en estos momentos de honda y lógica preocupación. Una solidaridad
que debe entenderse como el querer estar al lado de unos ciudadanos, los del Carmelo, que sienten un profundo orgullo de barrio.
Ante estos hechos, el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han trabajado en una triple dirección: garantizar en todo momento la vida y la seguridad de las personas, así como el estado y el valor de los bienes
particulares y públicos, con el compromiso de restituir a todas las personas afectadas todo aquello que han perdido. En segundo lugar, parar las obras,
realizar los trabajos de estabilización y en paralelo analizar las causas del hundimiento. Y finalmente, definir las responsabilidades pertinentes.
En un Estado profundamente descentralizado como lo es hoy la España de las autonomías, es fundamental que las diferentes administraciones que conforman el Estado asuman ante los ciudadanos las competencias que tienen asignadas y que éstos
tengan a su vez el conocimiento de las tareas que encomiendan a cada una de ellas. Las que hoy nos ocupan corresponden, como es bien sabido, principalmente al Gobierno de la Generalitat de Catalunya y es en el Parlament de Catalunya donde tienen el
escenario adecuado de debate parlamentario. Sin embargo, que hoy estemos dilucidando en este Pleno esta proposición no de ley de Convergència i Unió es algo que el Grupo Socialista valora de forma francamente positiva, desde el convencimiento de
que, más allá del estricto cumplimiento de las competencias y del ejercicio de las responsabilidades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada cual, el Gobierno de España no es ajeno, no puede serlo, a ningún acontecimiento que se produzca en
nuestro país. Que además sea Convergència i Unió la que ha impulsado esta iniciativa es doblemente positivo, ya que viene a rectificar las palabras del señor Duran i Lleida cuando el pasado 12 de febrero calificó de espectáculo vergonzoso la visita
que realizó el presidente del Gobierno al barrio del Carmel, llegando a afirmar que el desplazamiento del jefe del Ejecutivo parecía una visita del jefe de la metrópoli que visitaba la colonia. Las citadas declaraciones del señor Duran i Lleida,
que nada tienen que ver con las que hoy ha anunciado en este Parlamento de la metrópoli, estaban más cerca de la excitación soberanista para la galería que practican sus jefes políticos, Artur Mas, que en Cataluña será siempre recordado como el alto
responsable institucional que ocupaba su tiempo inaugurando discotecas mientras el país sufría las consecuencias de unas rigurosas nevadas (Aplausos.), y Felip Puig, casualmente el responsable de la decisión de ubicar en el Carmel el túnel de
maniobras y de la utilización de una determinada técnica para su construcción; más cerca, en definitiva, del pospujolismo desorientado de ambos que del nacionalismo ponderado e inteligente que normalmente practica el presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores por el cual es, y él lo sabe, especialmente valorado en esta Cámara. En todo caso, que el grupo parlamentario del cual es portavoz el señor Duran i Lleida haya presentado esta iniciativa confirma que, más allá de aquellas
sorprendentes declaraciones, Convergència i Unió es claramente partidaria de la existencia de un compromiso del Gobierno de España -y eso incluye a su presidente- a la hora de afrontar las consecuencias de lo acontecido en el barrio del Carmelo.
El contenido del compromiso del Gobierno quedó inicialmente establecido tras el Consejo de Ministros de fecha 11 de febrero. Concretamente se establecieron unas ayudas directas a los afectados: 11.500 euros para cada familia que haya
perdido su vivienda; 6.000 euros para cada familia que sin haberla perdido haya tenido que ser desalojada y, 10.000 euros, para los comerciantes y propietarios de negocios afectados. Asimismo, se ha comprometido una línea de crédito subvencionado
a través del Instituto de Crédito Oficial, a la que podrán acogerse las familias afectadas y quienes tengan actividad económica dentro del perímetro desalojado, así como las administraciones. Finalmente, el Ministerio de Vivienda ha puesto a
disposición del Ayuntamiento de Barcelona 16 millones de euros para rehabilitar el barrio del Carmelo. Estas medidas, que me permito calificar de concretas, cumplen buena parte del objetivo de la proposición no de ley presentada por Convergència i
Unió, que pretende, o tal vez deberíamos decir pretendía, concretar las medidas que va a poner en marcha el Gobierno del Estado en apoyo a los vecinos del Carmel y en apoyo de las actuaciones que lleva a cabo la Generalitat de Catalunya.
Ciertamente se hace difícil a mi grupo, pese a la dosis de talante que tiene acreditada en esta legislatura, votar a favor de una proposición no de ley que insta al Gobierno a realizar algo que ya está realizando. Este es el caso del plan
de apoyo a la vivienda en el barrio del Carmel y del plan de ayudas a los afectados, que por cierto no requiere habilitar una partida presupuestaria específica con cargo al fondo de contingencia, ya que el Gobierno puede cumplir sus compromisos
mediante ampliaciones de crédito con cargo a dicho fondo pero también con cargo a los presupuestos anuales de los ministerios.
Respecto a la primera de las propuestas contenidas en la proposición no de ley, garantizar ante las entidades financieras una moratoria de intereses y amortización de créditos para todas las hipotecas vinculadas a los vecinos afectados, vale
la pena recordar aquí que la comisión mixta Gobierno de la Generalidad-Ayuntamiento de Barcelona está trabajando ya en esta dirección con diversas entidades bancarias y cajas que han mostrado su disposición a atender esta demanda ciudadana.
No parece tampoco necesario instar al Gobierno a modificar la legislación hipotecaria cuando en esta Cámara existen grupos parlamentarios -sin ir más lejos, el propietario de esta iniciativa- con capacidad ampliamente contrastada para asumir
la función legislativa que la Constitución nos atribuye como diputados. Asimismo la modificación bienintencionada del reglamento 2012/2002, de 11 de noviembre, por el que se crea un fondo de solidaridad de la Unión Europea, no es seguramente la vía
más eficaz y rápida para conseguir fondos europeos orientados a la rehabilitación integral del barrio, entre otras razones porque en el caso que nos ocupa las dificultades para su aplicación no se derivan sólo del carácter local de lo ocurrido, sino
del hecho de que no nos encontramos, creo, ante una catástrofe
de origen natural, a no ser que el señor Duran i Lleida opine lo contrario.
Finalmente, Convergència i Unió ha incorporado, a través de una enmienda de adición, una miscelánea de propuestas en el terreno fiscal y laboral que remata con una propuesta de complementar con 10 euros suplementarios las ayudas que la
Comunidad Autónoma de Cataluña haya concedido en concepto de afectados por la paralización de sus actividades económicas, sin reparar en que el Gobierno ya se ha comprometido a realizar una ayuda de 10.000 euros para aquellos comerciantes y
propietarios afectados.
En resumen, señorías, el Grupo Socialista no puede dar su voto a una iniciativa que, pese a su carácter constructivo -y hay que reconocerlo-, propone impulsar iniciativas que ya están en marcha, reclama que el Gobierno interfiera en alguna
que ya está siendo impulsada por la Administración local y autonómica, apuesta por senderos sinuosos y de dudosa utilidad para acceder a fondos europeos y, en fin, parece necesitar el impulso del Gobierno para realizar unas modificaciones
legislativas que pueden nacer de la voluntad estrictamente parlamentaria.
Pero el Grupo Socialista, conjuntamente en este caso con Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no ha querido
desaprovechar la oportunidad de discusión de esta iniciativa para, sin abandonar el mismo tono constructivo, realizar una serie de aportaciones concretas que hemos presentado en forma de enmienda, con el objetivo de desarrollar los compromisos
iniciales del Gobierno anteriormente apuntados. En este sentido proponemos que, en desarrollo de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de fecha 11 de febrero de 2005, se ejecuten con la máxima diligencia las ayudas anunciadas a los
vecinos que han perdido su vivienda, a los que sin perderla han debido ser desalojados y a los comerciantes y propietarios de negocios afectados.
En segundo lugar, proponemos facilitar y agilizar los trámites que los afectados deben efectuar ante el Instituto de Crédito Oficial para acogerse a la línea de crédito subvencionado que el Gobierno ha anunciado para los mismos y para las
administraciones públicas. Además, el Gobierno ha de apoyar ante las instituciones de la Unión Europea las iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona orientadas a conseguir fondos para la
rehabilitación urbana del conjunto del barrio del Carmel. Ha de poner también en marcha los mecanismos necesarios para la extensión del convenio correspondiente al año 2005 entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
a las obras de rehabilitación del barrio del Carmel en Barcelona, así como de aquellos otros que formen parte del convenio de barrios con acuerdo de las administraciones públicas, y todo ello arbitrando los mecanismos de colaboración institucional
con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para facilitar el acceso de los ciudadanos a las ayudas anunciadas.
En cuanto a las propuestas del Partido Popular, cabe decir que son aportaciones que siempre han de ser tenidas en cuenta. Lamentablemente en este caso la mayor parte de ellas ya están en marcha o parecen pretender, sin duda sin desearlo,
que el Gobierno ocupe espacios y realice acciones que están claramente en el ámbito competencial autonómico y municipal. En este sentido, pretender que el Gobierno del Estado participe en la evaluación y cuantificación inmediata de los daños
causados no parece sinceramente una idea suficientemente madura. Es además en el terreno de la respuesta inmediata, eficaz, transparente y próxima donde el PP no solo carece de una experiencia de gestión positiva, sino también, y esto es lo más
relevante, de una mínima credibilidad ante la ciudadanía; una ciudadanía a la que recientemente se ha sumado su presidente fundador, don Manuel Fraga, dando a conocer públicamente la decepción que le causó la actuación del actual presidente de
honor del PP, José María Aznar, durante la crisis del Prestige, todo ello en medio del silencio cómplice, en un sentido o en otro, del actual presidente a secas del PP. Pero, en fin, estas son, por fortuna, cosas del pasado.
Nuestro país cuenta hoy con un Gobierno decidido a dar la cara desde la proximidad a los ciudadanos y a responder con los medios que estos han puesto en sus manos. Todo gobierno que ejerce sus responsabilidades tomando decisiones, señorías,
es susceptible de tener aciertos y de cometer errores. El actual Gobierno de España no es una excepción, pero lo que difícilmente se le puede negar al Ejecutivo que respalda el Grupo Parlamentario Socialista es su voluntad de asumir, más allá de
sus responsabilidades, lo que de él esperan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, vivan en el barrio del Carmel de Barcelona, en el centro de Madrid o en las pedanías de La Paca y Zarzilla de Ramos en Lorca; una voluntad, señorías, que en el
caso del Carmel se ha expresado y se seguirá expresando, no lo duden, a través de hechos, compromisos y realidades concretas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Fernández. (El señor Duran i Lleida pide la palabra.)
Señor Duran, ¿en virtud de qué artículo y a qué efecto me solicita la palabra?
El señor DURAN I LLEIDA: En virtud de los artículos 71.1 y 71.3.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entiendo que se refiere usted a alguna inexactitud.
El señor DURAN I LLEIDA: Me refiero al artículo 71.1 por inexactitud y al artículo 71.3 por referencias indecorosas a este grupo parlamentario, por estas dos cuestiones. En cualquier caso, me conformo con el tiempo de una de ellas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Como sabe, tiene la palabra por no más de 3 minutos.
Adelante.
El señor DURÁN I LLEIDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que esperaba poco de esta intervención, pero no tan poco como se ha demostrado.
Creo que mi intervención ha sido exquisita en cuanto a no buscar la confrontación política, como dije de manera expresa. El peor favor que se les podía hacer a los vecinos del Carmel -y espero que no se lo haga nadie- es repartirles la
intervención literal del representante del Grupo Parlamentario Socialista. No entiendo cómo todavía se está haciendo oposición de la oposición. No entiendo cómo no se es capaz de afrontar un problema dialogando y no vertiendo alguna referencia
política que pretende poner nervioso a alguien y que, por supuesto, no afecta en absoluto a nuestra propia autoridad sobre el tema y que, en cualquiera de los casos, es una declaración, insisto, incorrecta. Sugiero al diputado que ha hecho uso de
la palabra que lea una entrevista de cuando se responden preguntas de la mañana. Yo dije que el presidente del Gobierno tenía todo el derecho y la obligación de ir y que si no hubiese ido le hubiese criticado. Las palabras a las que ha hecho
referencia el señor diputado y que ha puesto en mi boca las hizo un dirigente de alguno de los partidos que apoyan al Gobierno de la Generalitat, que manifiestamente se quejaron, también frente al partido que les representa, por la visita y por
alguna de sus manifestaciones, me refiero a las del presidente del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Duran.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones, y puesto que no hay ningún representante del Grupo Parlamentario Mixto, damos la palabra al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En todos estos asuntos que vienen a la Cámara episódicamente de catástrofes naturales y riesgos por causas meteorológicas, físicas u operacionales, como es el caso ocurrido en el barrio del Carmel de Barcelona, mi grupo ha expresado siempre
una línea de coherencia que coincide con los principios que estimularon en la Unión Europea la creación en su día, como bien ha recordado el señor Duran i Lleida, del fondo de solidaridad de la Unión Europea para una serie de catástrofes naturales.
Cuando vemos las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre los aspectos que más preocupan a los españoles en orden de importancia, nos damos cuenta de que frente a conceptos como el terrorismo, el desempleo o el paro, hay uno que
tiene una concreción física que es la vivienda. Hoy se podría decir que la vivienda es el bien más preciado materialmente expresable económica y socialmente para la familia española en cualquiera de las comunidades autónomas donde se asiente y en
el que se pueda producir una desgracia de estas características.
A mi grupo le parece totalmente correcta, y la comparte en el fondo y en la forma, la manera en que el señor Duran i Lleida ha traído a la Cámara este problema. Él pide el voto, y Coalición Canaria se lo va a dar, para que se tome en
consideración la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Y lo hacemos por el principio de solidaridad que invocamos para atender la necesidad perentoria de las familias afectadas, que han perdido su vivienda por
repercusiones de la obra pública de los túneles del Metro de Barcelona, y pretendemos que el mismo principio se recoja aquí con un concepto también de complementariedad, de modo que las medidas que tomen las organizaciones correspondientes de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Generalitat y del Ayuntamiento, para paliar las repercusiones de tipo civil, administrativo o incluso penal -porque podría haberlas-, estén imbuidas de dicho principio.
Al debatir esta iniciativa, coincidimos plenamente con el señor Duran i Lleida en el sentimiento de solidaridad que él ha expresado, y Coalición Canaria se lo quiere trasladar a todas las familias del barrio del Carmel que han resultado
afectadas. Nos sumamos a dicho sentimiento de solidaridad y lo queremos manifestar con el apoyo de nuestro voto afirmativo a esta iniciativa, tanto en su forma -si entiende el grupo proponente que tiene que aceptar alguna enmienda de adición o de
sustitución- como en el fondo. Estamos en la misma sintonía, y de ahí la congruencia de nuestro voto de apoyo positivo y afirmativo rotundo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.
Continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Intervengo como uno de los enmendantes a la proposición no de ley que ha presentado Convergència i Unió. Quiero empezar diciendo que no lamento el tono del señor Duran i Lleida, que creo que ha sido correcto en su exposición. Sin embargo,
me causa cierta sorpresa la proposición no de ley que presenta; sorpresa que ya expresé cuando su grupo parlamentario decidió, legítimamente, presentarla ante el Pleno. Hablo de sorpresa porque mi grupo entiende que el lugar donde se tendrían que
discutir las responsabilidades, la respuesta de la Administración y el porqué de este accidente era precisamente el Parlament de Catalunya. Sabemos que ustedes no vienen hoy aquí a pedir responsabilidades -faltaría más- ni a dilucidar causas; pero
cuando estamos a tan sólo dos días de la comparecencia del conseller Nadal, en la que dará respuesta -esperemos que satisfactoria- a la pregunta de por qué ha pasado lo que ha pasado, quiénes son los responsables y cuáles son y deben ser las vías a
seguir en la investigación, no deja de sorprender que estemos discutiendo un tema que, desde nuestro punto de vista, el primer sitio en que debía discutirse es el Parlament de Catalunya. (El señor Padilla Carballada: En una comisión de
investigación.) No. Yo creo que se pueden afrontar los debates del modo adecuado. Ustedes hicieron una demostración de educación el día que vino el señor Ibarretxe. Me gustaría que no fuese flor de un día, que a partir de ahora se comportasen de
esa manera y que pudiésemos proceder a debates más o menos tranquilos.
Una vez vista la propuesta y entrando en el detalle, además de la sorpresa inicial, tengo un cierto despiste. Hay dos propuestas con sentido común, como es que haya mecanismos estables y legales de protección de los ciudadanos ante
situaciones de emergencia y que se inste a la Comisión Europea a modificar el Reglamento 2012/2002. Pero lo cierto es que estas propuestas deberían modificarse una vez veamos cuáles son los instrumentos de la Unión Europea o cuáles son los
elementos que se pueden incorporar para que los vecinos y las vecinas del Carmel puedan mejorar su situación. Y aquí la sorpresa es que se incorporan a la proposición no de ley propuestas que ya están solventadas. Las moratorias de intereses y
amortización de crédito para todas las hipotecas vinculadas ustedes saben -de hecho ha sido desde la Consejería d'Habitatge desde donde se ha planteado y se ha liderado el tema- que se están solucionando. La sorpresa es que un elemento que se va a
solucionar ustedes lo traigan aquí. El punto 4, de contingencia -el señor Fernández lo ha explicado perfectamente-, se ha conseguido. Y lo cierto es que hoy en el plan especial de apoyo a la vivienda en el barrio del Carmel, que es competencia de
la Generalitat de Catalunya, la Administración competente ha aprobado un área extraordinaria de rehabilitación que contará en este caso con el apoyo de 16 millones por parte del Gobierno español, que a nuestro entender podría ser superior pero que
es el compromiso al que ha llegado el Gobierno central con el Gobierno catalán y con el ayuntamiento. A partir de ahí, nuestro grupo entiende que la respuesta en el Carmel tiene que ser desde la micropolítica, que difícilmente en el Congreso de los
Diputados podemos discutir cómo se da respuesta a necesidades que son muy variadas y que no son ni mucho menos uniformes.
El señor Trias lo sabe, y la señora Blasco, concejal del distrito de Horta-Guinardó, ha hecho un trabajo excepcional durante
estos días. Hoy mismo está discutiendo con los vecinos sobre cuáles son las medidas, y el señor Trias lo sabe. La respuesta que se debe dar en el terreno tiene que estar muy en función de la realidad variable, diferente en función de cuáles son
las características de los vecinos afectados. Nuestro grupo entiende que la respuesta debe liderarse desde la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Difícilmente una respuesta acertada se puede dar -y Convergència i Unió, como
grupo nacionalista o soberanista que es, debería coincidir en ello- a 600 kilómetros de distancia. De ahí mi principal sorpresa ante la proposición no de ley.
Por lo anteriormente expuesto, conjuntamente con el Grupo Socialista y el Grupo de Esquerra Republicana, mi grupo ha planteado, primero, que se ejecuten con diligencia las ayudas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero con un compromiso
que adquirió con los afectados el día de su visita, una visita que a mí tampoco me entusiasmó pero que supuso un compromiso por parte del presidente del Gobierno, y de lo que se trata es de que hoy consigamos la máxima diligencia para lograr que se
cumpla. Por ello mi grupo parlamentario plantea en nuestra enmienda ese compromiso para paliar la crisis. Digámoslo claro, hoy el compromiso del Gobierno central es una ayuda pero no es la principal ayuda, y seguramente tendrán que ser la
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona los que deban dar respuesta, como están dando, a las necesidades del barrio.
Segundo elemento: planteamos facilitar y agilizar trámites que los afectados deben efectuar ante el ICO; un
anuncio, el de los créditos, que debe concretarse porque hoy es aún muy vago y por tanto entendemos que el Gobierno debería actuar. Tercer elemento, apoyar ante la Unión Europea -y ese es el papel fundamental que debe jugar el Gobierno central- las
iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya. Y por último, poner en marcha el convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de la Generalitat en el Carmel, pero también en otros muchos barrios de Cataluña que
hoy están en situaciones muy degradadas. No hace falta que explique al señor Duran i Lleida la situación de Sallent o de otras ciudades o barrios de Cataluña donde, por catástrofes o por una mala gestión de la Administración, hay zonas muy
degradadas. Por tanto, el compromiso debe ser con el Carmel, por supuesto, pero también con todos los barrios que necesitan esta actuación.
Finalmente -y me dirijo al portavoz del Grupo Popular-, nuestro grupo comparte que haya máxima transparencia por parte del Gobierno, que haya rigor, que haya compromiso, que haya honestidad, que se busquen las causas de la catástrofe que ha
habido en el Carmel, que se dilucide si ha habido una respuesta diligente o no, y eso se ve en el Parlament de Catalunya. Hoy mismo, el portavoz del Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa en el Parlament de
Catalunya, eso sí, y nuestra portavoz, la presidenta de Iniciativa per Catalunya Verds en el Ayuntamiento de Barcelona, han dado una rueda de prensa en Cataluña. Es ahí donde han dicho que lo que esperan del señor Nadal es que dé respuesta ante las
expectativas que hay el próximo jueves. Señor Fernández Díaz, lo han dicho en Cataluña. Han dicho hoy que, dadas las características de lo que ha sucedido y la información recogida, nuestro grupo vería con buenos ojos la creación de una comisión
para investigar no solo cómo se ha gestionado sino también por qué ha pasado y de quiénes son las responsabilidades, si del Gobierno actual o de los gobiernos pretéritos. Nosotros decimos lo mismo en la oposición que en el Gobierno.
Y lo han dicho
el señor Boada y la señora Mallol hoy en Barcelona. ¿Cuál es la diferencia? Que lo decimos en el momento procesal que toca y donde se tiene que decir. Nuestro grupo entiende que eso se tiene que decir en Cataluña, en el Parlament de Catalunya.
Este ha sido nuestro compromiso, pero no para venir a anunciarlo aquí, sino para anunciarlo en Cataluña.
Esta manifestación se la hago especialmente al señor Fernández Díaz por su intervención. Yo creo que se ha equivocado. El señor Fernández
Díaz es diputado en el Congreso de los Diputados, no en el Parlament de Catalunya. A mí la verdad es que, excepto por el idioma, me sonaba más a una intervención dura, pero que tocaba en este caso en el Parlament de Catalunya.
Acabo diciéndoles que entendemos que nuestras propuestas lo que hacen es entrar más en detalle y comprometer más al Gobierno.Por último, quisiera hacer un apunte. En su autoenmienda que han presentado hoy, señor Duran i Lleida, vemos
algunos elementos interesantes y otros que no lo son, pero en cualquier caso el problema está en que se hace desde la generalización y en que esta enmienda no plantea un elemento fundamental, que es que estas políticas se tienen que hacer en
concertación con el Ayuntamiento de Barcelona y con la Generalitat de Catalunya, porque difícilmente se pueden hacer medidas generalizables de desgravaciones de diferente índole sin tener presente cuáles son las distintas realidades tanto de los
comercios como de los afectados, cuál es la realidad de un comercio en un edificio derribado, cuál es la realidad de uno que está al lado y cuál es la realidad de uno que está funcionando con normalidad a 150 metros.
Nuestro grupo entiende que lo
que no se puede hacer nunca, y menos aún desde una fuerza que se reclama soberanista, es solventar a 600 kilómetros de distancia lo que está pasando en el Carmel. Colaboración y exigencias al Gobierno del Estado, todas, pero precisamente desde el
liderazgo de la Generalitat de Catalunya y desde el Ayuntamiento de Barcelona. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.
Señor Fernández Díaz, ¿en virtud de qué artículo desea usted la palabra, por favor?
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Perdone, señora presidenta, creo que ha habido una alusión personal muy directa. Será brevísimo el turno. Como usted sabe muy bien, está previsto un turno de alusiones personales, y el señor Herrera me ha aludido
directísimamente de manera personal. Yo pido un brevísimo turno para contestarle por esa alusión personal.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Fernández Díaz, a juicio de esta Presidencia, lo que ha hecho el señor portavoz -por eso entiendo que debiera ser por el artículo 73 y tendrá usted sus tres minutos, pero no por el 71- no
ha sido una alusión personal, sino que simplemente ha hablado del tipo de competencias a las que había aludido usted, que ha sido el portavoz. En cualquier caso, por contradicciones le daré tres minutos por el artículo 73, pero no por el 71, puesto
que alusiones personales, lo siento, pero esta Presidencia no las ha entendido así.
Adelante.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Se lo agradezco, señora vicepresidenta, pero con la tercera parte tengo suficiente. Simplemente al señor Herrera le quiero decir que, al igual que él, soy diputado al Congreso por Barcelona, y que seamos diputados
por Barcelona y que las competencias básicas afecten a la Generalitat de Catalunya y, en su caso, al Ayuntamiento de Barcelona no quiere decir que este Congreso de los Diputados y el Gobierno de España no tengan competencias. En caso contrario,
tendríamos que convenir que la visita del presidente del Gobierno fue absolutamente propagandística. Como yo no creo que fuera propagandística y además ha prometido ayudas, convendrá usted conmigo que tenemos derecho a controlar e impulsar la
acción del Gobierno, también del Gobierno de España, y en relación con el barrio del Carmel.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Fernández Díaz.
¿Qué sucede, señor Duran?
El señor DURAN I LLEIDA: Solicito la palabra por los mismos motivos por los que la pidió el señor Fernández Díaz. Consecuentemente, estoy convencido de
que también tendrá la amabilidad de cedérmela durante breves segundos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Adelante.
El señor DURAN I LLEIDA: Voy a hablar del mismo argumento. Yo respeto muchísimo -la prueba la he dado en mi intervención- que el debate político no se debe producir aquí, sino en el Parlamento de Cataluña.
Dije claramente en mi primera
exposición que no había venido aquí a buscar la confrontación política, pero qué duda cabe que lo que no puedo aceptar es que se diga que planteamos aquí un debate que le corresponde al Parlamento de Cataluña. Modificar la Ley de Enjuiciamiento
Civil le corresponde a esta Cámara y por tanto instar al Gobierno a que lo haga también le corresponde a esta Cámara. Cuando el Gobierno, precisamente a raíz de algunos intervinientes, en los Presupuestos Generales del Estado se ha reservado para
sí 500 millones de euros en intervenciones en políticas de vivienda, evidentemente le corresponde a esta Cámara. Cuando solicitamos exactamente lo que aprobó el Gobierno del PP en el decreto primero el 13 de noviembre y el 13 de diciembre de 2002
sobre el Prestige en cuanto a los trabajadores autónomos, a los comercios y a la Seguridad Social en general, hablamos de algo que compete a esta Cámara y no al Parlamento de Cataluña, y así cada uno de los puntos que he expresado en mi
intervención. Que conste que si he hecho referencia al tema europeo ha sido porque alguien en Cataluña lo ha solicitado. Por tanto, defendiendo la tesis del presidente de la Generalitat, más soberanista que ninguno, deseo que el Gobierno solicite
la aplicación del reglamento correspondiente a la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Duran.
Continuamos, señorías. Es el turno del Grupo Parlamentario Vasco. (El señor Herrera Torres pide la palabra.)
¿Qué sucede, señor Herrera?
El señor HERRERA TORRES: Por la misma argumentación del señor Duran, pido...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Herrera, lo siento. Ha sido usted quien ha contradicho en sus argumentos a estos intervinientes.
Lo siento, pero continuamos con el debate.
Es el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Beloki. (Rumores.)
Señorías, es el turno del señor Beloki.
Adelante, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desearía comenzar manifestando que al menos para mi grupo la mejor, la más idónea y ojalá la única forma de abordar hechos como los ocurridos en el barrio del Carmel, de Barcelona, y por lo mismo la mejor, la más idónea y ojalá que
prácticamente la única forma de hacer frente con posibles actuaciones desde las administraciones debiera ser, en primer lugar, desde el más estricto y profundo respeto a las empresas y a las personas que han resultado afectadas; en segundo lugar,
desde ese mismo respeto estricto y riguroso a los que a nuestro juicio en la esfera pública son y deben ser los protagonistas indiscutibles de todo enfoque que pretenda abordar esos problemas, que son las fuerzas políticas catalanas y las
instituciones de Cataluña, no sólo porque evidentemente estas instituciones y estas fuerzas políticas son las más afectadas, sino porque también son las más apeladas por los ciudadanos para que hagan frente a los hechos que han ocurrido, hechos
graves. También porque desde nuestra forma de ver, desde la forma de ver y entender las cosas desde este grupo de cómo debiera ser la organización política de la que dispusieran los ciudadanos y las ciudadanas catalanes a la hora de hacer frente a
hechos como los que han ocurrido en el barrio del Carmel, son esas propias instituciones las que a nuestro juicio debieran contar con todos los medios legales, jurídicos, administrativos, competenciales y económicos para que fueran capaces de hacer
frente, antes y más que nadie, a tales hechos.
En cualquier caso, este posicionamiento claro de mi partido y de mi grupo no significa tampoco que propongamos un desentendimiento del resto de la gente de los hechos ocurridos en el barrio del Carmel. Quienes no debemos desentendernos
somos, entre otros, los que estamos en este Congreso, a quienes no nos es posible mirar para otro lado, muy al contrario. Tanto por solidaridad como por interés propio y por la responsabilidad, en este caso, de este Congreso, es deseable y
necesario que debatamos aquí sobre lo que ocurrió en el Carmel y en particular sobre la forma idónea de abordar y hacer frente, desde las responsabilidades de cada cual, a los graves hechos acontecidos. Decía que por solidaridad en primer lugar;
solidaridad que es reivindicable desde toda persona o empresa que ha tenido un grave quebranto, como es el de muchas empresas y el de muchas personas, 52 comercios, si no tengo mal entendido, y más de 1.000 personas, y también desde la obligación
política que todos tenemos de solidaridad cada vez que tiene lugar una desgracia de estas. Pero no solo por solidaridad, también por interés propio y por responsabilidad. En efecto, está en el interés y en la responsabilidad de este Parlamento
que, en la medida en que al mismo le corresponde jugar un papel evidente en la configuración administrativa y política del Estado, no debiera desaprovechar la ocasión que le
brindan y exigen hechos como los del Carmel para, entre otros extremos, llevar a cabo una reflexión a fondo sobre la idoneidad de la actual configuración tal como está establecida, sobre su validez, su eficacia y efectividad, sobre sus
virtudes y defectos. Alguna reflexión se ha hecho al respecto, porque mucho es lo que al respecto nos toca y debemos reflexionar, como entiendo que en este momento están haciendo las fuerzas políticas catalanas en el marco genérico de la reflexión
estatutaria y para la que de seguro extraerán conclusiones útiles -estoy seguro- de los hechos del Carmel. En cualquier caso, mi grupo no pondrá freno a esta reflexión.
La proposición no de ley que hoy nos presenta Convergència i Unió no aborda, en todo caso, directamente este tema. No cuando menos de forma explícita, aunque a nuestro entender implícitamente sí, en la medida en que lo que viene a proponer,
a través de los cinco puntos originales de su proposición no de ley, afecta y apela prácticamente al conjunto de los niveles institucionales existentes, y de tal apelación y de la necesidad de hacerla deben concluirse con facilidad una serie de
interrogantes sobre la organización actual de la Administración y de su idoneidad a la hora de hacer frente a unos problemas como los citados. De todas formas, la proposición no de ley no lo hace explícitamente y tampoco tengo yo, como diputado,
intención de ahondar más hoy en este tema. Solo quiero decir que mi grupo cree que esta es una reflexión sobre la que no se puede pasar con facilidad y que no solo vale para este hecho, sino que vale también para otros muchos hechos sobre los que
se pasa con excesiva facilidad sin hacer esta reflexión.
Otro punto de vista sobre el que mi grupo entiende que hechos como los del Carmel obligan a reflexionar -quizá fuera más idóneo decir renovar reflexiones-, junto al anterior, al conjunto de las instituciones públicas, es la necesidad de
disponer y de contar en tiempos ordinarios con políticas y con mecanismos que sean capaces de hacer frente también a situaciones extraordinarias. Dicho con otras palabras, que cada vez que nos encontremos ante un hecho extraordinario no estemos en
la necesidad de inventar nuevas políticas, nuevas medidas, porque aparentemente las que tenemos establecidas no sirven para hacer frente a situaciones de este calado, especiales o extraordinarias como las del Carmel. La proposición no de ley de
Convergència i Unió establece, entiendo que para su discusión, algunas medidas que hoy no están en vigor y que, sin embargo, el grupo proponente entiende que podrían ser idóneas en casos como este. Es seguramente, si he entendido bien, el enfoque
principal de la proposición no de ley. Los puntos segundo y quinto apuntan con claridad en esta dirección. Uno abogando por una modificación de la legislación hipotecaria, el otro reclamando a la Unión Europea que abra y ajuste los mecanismos del
fondo de solidaridad a situaciones como las del Carmel. Sobre situaciones extraordinarias, con toda la carga que las mismas suelen tener no siempre aconsejable para unas reflexiones que debieran ser ajenas en muchos casos a la intensidad de tales
situaciones, suelen debatirse lamentablemente en muchas ocasiones en momentos en los que no existe un clima adecuado para ello. Constituye un cierto sino, no excesivamente deseable, como digo, pero en cualquier caso lo que uno no puede hacer es,
llegado el caso, no reflexionar. Mi grupo apoya que se lleven a cabo tales reflexiones, con toda la complejidad y dificultad que no se nos ocultan tienen las mismas. La proposición no de ley no solo propone reflexión y medidas ejemplares a medio
plazo; requiere también actuaciones inmediatas en diversos órdenes. Requiere, para empezar, ayudas financieras a los afectados. Lo hace en términos de reclamar que las administraciones públicas asuman el coste que para las entidades financieras
supondría una moratoria de intereses y amortización de crédito para todas las hipotecas vinculadas a los vecinos afectados; reclama también un apoyo especial, a través del fondo de contingencia y que se ponga en marcha un plan especial de apoyo a
la vivienda. Ha sido razonado suficientemente con razones muy serias por el representante de Convergència i Unió. Y reclama en todos los casos que se haga desde la solidaridad y con una actuación interinstitucional colaborativa.
La proposición no de ley reclama con justicia una actuación decidida, especial, en campos en los que las administraciones se ven, con razón ciudadana, obligados por justicia a actuar. Y reclama con lógica también, dada la situación actual,
la colaboración entre administraciones en los diversos campos, porque la situación real en la que se encuentra cada administración es la que es y llegado el caso hay que jugar con lo que uno tiene. Puede reflexionar sobre si es la más idónea o no
lo es, pero en cualquier caso hay que actuar sobre la realidad en la que se encuentre cada administración. Esta decidida actuación hay que hacerla por solidaridad, por necesidad y por justicia. De ahí que mi grupo va a apoyar la proposición no de
ley de Convergència i Unió desde el más pleno respeto y voluntad de colaboración con las instituciones y las fuerzas políticas catalanas. Y desearíamos que esta misma actitud prevaleciera en el Congreso de los Diputados dando lugar, hubiera sido
nuestro deseo, a una PNL que fuera aprobada por unanimidad y que diera lugar a una actuación decidida interinstitucional entre Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y Gobierno de España que paliara y resolviera en el menor tiempo
posible los graves problemas ocasionados a los vecinos del Carmel, que les hiciera olvidar cuanto antes las pesadillas y desgracias vividas y que a todos sirviera como escarmiento y aprendizaje para el futuro.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Continuamos con el turno del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña.
Tiene para ello la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'Celebro poder expressarme per primera vegada en llengua catalana sense sentir les pressions
anteriors. Certament, encara no se'ns han reconegut els nostres drets lingüístics, però ben segur que hem avançat. Y això no té retorn'.-El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
Señora presidenta, señorías, celebro poder expresarme por primera vez en lengua catalana sin las presiones anteriores. Ciertamente, todavía no se nos han reconocido nuestros derechos lingüísticos, pero hemos avanzado y todo ello no tiene
marcha atrás.
Lo importante son los vecinos, los ciudadanos y las ciudadanas. Sepan SS.SS. que el primer objetivo de nuestro Gobierno, el catalán, y del Ayuntamiento de Barcelona ha sido, desde el primer momento, afrontar la crisis generada por el
derrumbe de parte de las obras de construcción de la línea quinta del Metro de Barcelona, velar por la seguridad de los ciudadanos, así como por sus derechos. El norte de actuación se ha centrado en la atención a las personas afectadas por la
compensación de los perjuicios ocasionados en sus actividades económicas y en comprometer una actuación integral en el barrio. Existe la voluntad de dedicar recursos a la gestión y resolución de la crisis, para lo cual el Gobierno de Cataluña ha
adoptado un conjunto de medidas encaminadas al realojamiento en viviendas-puente y definitivas y a la compensación económica de daños en viviendas y actividades económicas. De igual manera, el Gobierno español -y eso nos atañe en exclusiva- anunció
un conjunto de medidas de ayuda: diez mil euros para las familias que pierdan la vivienda, diez mil euros para los comerciantes de los edificios destruidos, 1.500 euros para las familias que hayan perdido enseres de la casa, 6.000 euros para las
familias desalojadas de un edificio que haya sufrido daños estructurales, la incorporación del barrio del Carmel en las áreas de rehabilitación integral con 16 millones de euros y el establecimiento de créditos de bajo interés del Instituto de
Crédito Oficial para vecinos, ayuntamientos y la Generalidad de Catalunya.
Los puntos números 1 y 2 de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista, Iniciativa per Catalunya-Esquerra Republicana de Catalunya pretende -cito textualmente-: Ejecutar con la máxima diligencia las ayudas anunciadas y la
agilización de los trámites que los afectados deben efectuar ante el Instituto de Crédito Oficial para acogerse a la línea de crédito subvencionado. Asimismo, se explica el apoyo del Gobierno español ante las instituciones europeas con el objeto de
conseguir fondos para la rehabilitación urbana del barrio del Carmel.
Quisiera destacar que el punto número cuatro hace referencia a la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para lograr un convenio entre el Ministerio de Vivienda español y
la Generalitat de Catalunya relativo a las obras de rehabilitación del barrio, motivo de esta iniciativa parlamentaria, así como de otros barrios que pudieran acogerse a la misma. La iniciativa presentada por los representantes del Gobierno de
Catalunya y los grupos parlamentarios que le dan apoyo significa la posibilidad de integrar en el convenio de barrios del Gobierno español las demandas de la Generalitat de Cataluña de carácter acuciante, aquellas que urgen actuaciones en Cataluña
producto de situaciones heredadas del pasado que hoy día adoptan el carácter de catástrofes locales y que en gran medida golpean barrios obreros y populares.
Quisiera recordar a algunos diputados que han hablado anteriormente que podríamos tener
algún día una discusión monotemática sobre los efectos del porciolismo, ese modelo especulativo que tuvo como norte la acumulación de capital y la especulación de la clase obrera que la condenaba en barrios en los que parecía que lo que importa era
la reproducción nocturna de la mano de obra.
Dicho esto, destacamos que en Cataluña, producto de estas situaciones heredadas del pasado y que hoy adoptan este carácter de catástrofe local que golpea barrios obreros y populares, tenemos el ejemplo del barrio de Sagem, un barrio de 300
familias obreras que se hunde porque se halla bajo una explotación de potasa de una antigua mina que había pertenecido durante años al Estado, al Instituto Nacional de Industria. Esta iniciativa que presentamos los tres grupos parlamentarios
también actúa con este objetivo. Debo decirles que a Esquerra le queda la duda de la conveniencia de la presentación de esta proposición no de ley por parte de Convergència i Unió, porque el próximo jueves se celebrará un Pleno extraordinario en
nuestro Parlamento con el objetivo de proseguir en la difícil tarea de resolver la crisis establecida. Queda claro -dicho con toda humildad- que han equivocado el planteamiento. Venir a Madrid a dar pábulo al Partido Popular, representante del
nacionalismo español en contra del Gobierno de Cataluña, no creo que haya sido una medida acertada. Sepan SS.SS. que el Parlamento de Cataluña, en el conjunto de todos los diputados y en particular los grupos parlamentarios que dan apoyo al actual
Gobierno de Cataluña, sabrá depurar responsabilidades si las hubiere, sabrá ofrecer los mecanismos necesarios para garantizar las futuras obras, tanto en lo que atañe al control de la obra pública como a su eficacia, coste y eficiencia y sabrá dar
plena satisfacción a la ciudadanía catalana. Pero eso pertenece a nuestra Cámara parlamentaria, no a ésta; como nacionalistas catalanes deberían saberlo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Durán, tiene usted la palabra en el turno de aceptación o rechazo de las dos enmiendas: la del Grupo Parlamentario Popular y la de los tres suscribientes: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor DURAN I LLEIDA: Conscientes de lo que debe discutirse en cada Cámara y en la medida en que no queremos profundizar en divisiones sino sumar voluntades de cara al compromiso de dar solución y no simplemente esperanza a los vecinos,
aceptaríamos todas las enmiendas presentadas siempre y cuando sean enmiendas de adición. Ruego al Grupo Parlamentario Popular, que en este caso es de adición, que tenga en cuenta esta voluntad y les ruego a los tres, o a uno de los tres, que pueda
adherirse para que acepten cambiar la enmienda de sustitución por adhesión para que haya un mayor complemento entre los grupos parlamentarios a favor de las medidas solicitadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): El señor portavoz del Grupo Popular no está en este momento. Consultaré con los servicios de la Cámara si es posible, a través de una transaccional, modificar, si así lo aceptan los grupos
enmendantes, la enmienda transaccional por enmienda de adición transaccional.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), RELATIVA A LA TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,52 POR CIENTO SOBRE EL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. (Número de expediente
162/000135.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, relativa a la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la asignación
tributaria del 0,52 por ciento sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Para su defensa tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías, en los Presupuestos Generales del Estado para 1988 los ciudadanos pudieron manifestar en la declaración del impuesto sobre la renta su voluntad de que el porcentaje correspondiente a ese
ejercicio fuera destinado a colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia católica o a otros fines de interés social. En la actualidad dicho porcentaje es del 0,52 por ciento. Según el Real Decreto 825/1988, de 15 de junio, modificado
posteriormente, se consideraron otros fines de interés social los programas de cooperación y voluntariados sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras organizaciones no gubernamentales y entidades sociales sin fines de lucro dirigidos a
ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, etcétera. Asimismo, tendrán la consideración de fines de interés social, según el citado real decreto, los programas y proyectos que las mencionadas organizaciones realicen en el campo de la
cooperación internacional. Posteriormente, el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, estableció ayudas y subvenciones para promover y ejecutar programas de cooperación y voluntariado sociales a la Cruz Roja y a otras organizaciones no
gubernamentales, identidades sociales que realicen sus actividades en territorio estatal o en países en vías de desarrollo.
Dichas entidades deben tener ámbito estatal de actuación y también podrán concurrir aquellas que propongan proyectos en sus
respectivos ámbitos territoriales relacionados directamente con programas definidos de interés general en la convocatoria anual. En la elaboración de la Ley de Presupuestos del año 2000 se estableció un acuerdo sobre el sistema de distribución del
0,52 por ciento por el que los contribuyentes debían marcar en su declaración de renta para que fueran destinados a programas con finalidades sociales. Este acuerdo contaba con el sistema de asignación anterior y se fijó su vigencia para los años
2000, 2001 y 2002. Las principales novedades eran: una, la posibilidad de marcar simultáneamente las casillas referidas a las organizaciones y a la Iglesia católica; dos, el importe correspondiente a las casillas en blanco se destinaba a los
Presupuestos Generales del Estado; tres, se establecía un mínimo de 114 millones y un máximo de 132 millones de asignación, y, cuarta, el Gobierno se comprometía a realizar campañas de difusión favorables a la opción de programas con fines
sociales.
Posteriormente, la Ley de Acompañamiento del año 2003 dio continuidad al acuerdo y aplazó el mínimo a 116 millones y 118 millones para el año 2004. La realidad, no obstante, es que no se han cumplido estos mínimos.
Las razones, desde
nuestro punto de vista, son las siguientes. En primer lugar, porque los ciudadanos con renta inferior a 18.000 euros estaban exentos de la declaración del impuesto y, por tanto, no marcaban la casilla -el impacto se valora en un mínimo de 48
millones de euros-; en segundo lugar porque no se realizó en los dos años anteriores una campaña a favor de esta opción -calculamos el impacto en 24 millones de euros-.
Tercera razón: el mínimo de 114 millones fijado para el año 2000, a partir
del cual se han calculado posteriormente los mínimos hasta hoy, es una cifra establecida a la baja pues el año anterior -1999- se recaudaron 121 millones de euros; existe, pues, un decrecimiento inicial de al menos 8 millones de euros. Quinta, el
mínimo fijado para el año 2000 no se incrementó durante los años sucesivos según el IPC, a diferencia
de lo que ocurrió con la Iglesia católica hasta el nuevo acuerdo del año 2003. Tomando en consideración los agravios expuestos, la cifra para el año 2004 se debería situar en aproximadamente 196 millones de euros. La situación actual
invita a la reflexión de por qué los 196 millones de euros no se han alcanzado y a encontrar soluciones, que es lo que se busca mediante esta proposición no de ley.
Otro de los aspectos que nos interesa como grupo independentista catalán es mejorar las asignaciones del 0,52 que revierten en Cataluña. La historia de desencuentros en esta materia es larga. Así ya, en el año 1990, el Gobierno de la
Generalitat presentó un conflicto de competencias con motivo de una convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF. La Generalitat desistió a raíz del pacto alcanzado con el Gobierno del Estado por el que se acordó
transferir una cantidad a la Generalitat. Posteriormente, el Gobierno de la Generalitat interpuso recurso de inconstitucionalidad, impugnando la disposición adicional de la Ley 61/2003, de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2004, que
prevé que el Estado destinará a subvenciones para actividades de interés social los recursos del 0,52 de la forma en que reglamentariamente se establezca. En marzo de 2004 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña acuerda requerir de incompetencia
al Gobierno del Estado con relación a dos órdenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales solicitando su derogación porque las materias subvencionadas eran competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. El Consejo de Ministros acepta en
respuesta al citado requerimiento que el Estado solo tiene competencias cuando los programas a los que se destinen las ayudas sean de dimensión estatal. En los otros casos son las comunidades autónomas quienes tienen transferidas las competencias
exclusivas.
Últimamente se ha tenido que proceder a superar un nuevo escollo, la voluntad del Gobierno de limitar la percepción de estas subvenciones a las entidades que tengan ámbito estatal. En el año 2003 correspondieron a 199 ONG catalanas 11
millones de euros, el 10 por ciento del total, repartidos en 264 programas. Como es habitual siempre que de cifras hablamos, no se ha querido facilitar a la Generalitat de Cataluña la cifra de declarantes que marcan el 0,52 para fines sociales.
Datos obtenidos extraoficialmente -remarco, extraoficialmente- sobre el año 2000 nos indican que los dineros marcados en Cataluña fueron 23 millones de euros, de los que un 20 por ciento se destinó a proyectos internacionales. De los 19 millones
restantes, Cataluña recibió solamente 11, es decir, un 62 por ciento. Según estos cálculos, el déficit anual de Cataluña es de 11,5 millones de euros. Además, dichos cálculos no tienen presente que en el año 2000 un 32 por ciento de los
declarantes no marcó ninguna opción en la casilla, de forma que el Tesoro ingresó y dejó de otorgar unos 18 millones adicionales.
Originalmente, esta proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana planteaba la necesidad de proceder a la distribución territorial a las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,52, y en concreto la transferencia a
la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña por el mencionado concepto. Aun así, y en aras de la posibilidad de sumar voluntades, hemos procedido a enmendar técnicamente el contenido a efectos tanto del horizonte de las
actuaciones como de su progresividad. En ese sentido, el primer punto propone la elaboración de un estudio, que podría integrarse en el consejo sectorial, para establecer los mecanismos necesarios que vinculen la recaudación y distribución de
recursos para incentivar y reducir la distancia entre lo que se recauda y lo que se distribuye, para lo cual se pudiera determinar un tramo autonómico de gestión directa y de carácter progresivo que partiera del 50 por ciento de lo recaudado en
ámbito autonómico para alcanzar progresivamente su totalidad, con excepción de los porcentajes aportados tanto para la cooperación internacional como, si cabe, para la cooperación interterritorial. En segundo lugar, se expone la necesidad de un
calendario de aplicación de las medidas a adoptar para hacer realidad el paso del 0,52 del IRPF -de la declaración sobre la renta- para fines de interés social al 0,7 y, en tercer y último lugar, comprometer la presentación de campañas de publicidad
destinadas a estimular y fomentar la participación de la ciudadanía en las opciones de los programas con fines sociales.
Lamentaríamos mucho -espero que no ocurra- que el Grupo Socialista votara en contra de esta proposición no de ley. Estamos convencidos de que nuestra decepción sería compartida por el tercer sector social de Cataluña y por el mundo
asociativo solidario catalán. Costaría entender que la mayoría socialista vetase una demanda popular justa y económicamente viable, que pretende hacer más eficaz la asistencia y la solidaridad surgida del mundo asociativo para con las personas y
colectivos más desprotegidos. Quedamos, pues, a la espera de que el Grupo Socialista nos indique cuál es su grado de aceptación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Tardá.
A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para cuya defensa tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias.
Nuestro grupo presenta una enmienda que pretende mantener el modelo que hasta ahora ha estado en vigor, sin dejar de reconocer que nos parece razonable que la Generalidad catalana y cualquier gobierno autonómico aspire a mantener y ordenar
ayudas para sus organizaciones
no gubernamentales de carácter social, ayudas compatibles con las que actualmente se conceden a través del 0,52 del IRPF. Las comunidades autónomas tienen hoy recursos propios suficientes para hacer, en mayor medida de lo que algunas
acertadamente realizan, convocatorias del mismo carácter. El Tribunal Constitucional, con reiteración, en 1986 y posteriormente en 1992, ha desestimado las acciones promovidas por dos gobiernos autonómicos distintos, tratando de plantear acciones
que proponían la invasión de competencias autonómicas que las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han desestimado. Nuestra enmienda a la totalidad trata de dejar sin vigor esta propuesta de transferencia, de fractura, de división en
diecisiete trozos, estas acciones que anualmente se convocan. Lo hacemos no ya porque la forma sea la adecuada según las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, sino porque el fondo, que nunca se ha cuestionado, también lo es. De hecho,
la eficacia de muchas de estas acciones perdería vigor si no se llevase a cabo de forma general y centralizada, actuando en favor de aquellos colectivos más vulnerables, independientemente de que estén en Cataluña, en La Rioja, en la Comunidad
Valenciana, en Murcia o en Baleares.
Perderían eficacia las actuaciones que en la actualidad se llevan a cabo.
Lo terrible de esta cuestión es que lo que aquí se está poniendo en duda no es el fondo de las ayudas, no se cuestiona ninguno de los
1.800 programas subvencionados ni se duda tampoco de la validez de las 700 entidades auxiliadas, principalmente estatales pero también de carácter autonómico provincial o local que se atienden en esta orden; curiosamente lo que aquí se trata de
cuestionar no es que Cruz Roja española, que Cáritas de España o la Confederación española de personas con discapacidad se lleven la mayor parte de las actuaciones. No se cuestiona lo sustantivo, se cuestiona lo adjetivo, que Cruz Roja Española sea
española, que Cáritas española sea española y que la Confederación española en favor de personas con discapacidad intelectual sean eso, españoles. Eso es lo único que se cuestiona, porque no se pone en duda la valía de los 1.800 programas ni sus
posibilidades de acción en el conjunto del territorio nacional.
El momento en que se plantea esta cuestión entiendo que es especialmente propicio para Esquerra Republicana o para Convergéncia i Unió que presenta una enmienda de un tenor literal prácticamente idéntico. Y lo hace en un momento propicio
porque la insaciabilidad congénita de los nacionalismos cuenta hoy con la alianza de un Gobierno ciertamente débil y que por impericia o incluso torpeza ha sido capaz, en solo siete días, de mantener tres criterios radicalmente distintos. El 21 de
enero en conferencia estatal de cooperación dice que solo podrán acceder a esas ayudas organizaciones de carácter estatal, cuando hasta el día anterior habían defendido el modelo del Partido Popular; posteriormente seis días después, el día 27, en
conferencia sectorial modifican ese planteamiento y al final han regresado a la fórmula de ayudas que mantenía el Partido Popular. Por tanto, es verdad que es un momento de cierta confusión gubernamental y adecuado para plantear estas exigencias y
reclamaciones insaciables que realiza hoy Esquerra Republicana. Si prosperase esta iniciativa que hoy plantea Esquerra Republicana de Catalunya y que ha defendido el señor Tardá, se causaría naturalmente un daño irreparable a las organizaciones no
gubernamentales de ámbito estatal y además se daría la paradoja de que aquí todo el mundo puede ayudar a sus ONG en su ámbito, es decir, los ayuntamientos a las suyas, las diputaciones provinciales o las mancomunidades comarcales y las comunidades
autónomas también, incluso la Unión Europea puede ayudar a las ONG que actúan en el ámbito europeo, salvo el Gobierno de España, que no podría ayudar a ninguna entidad que tratase de resolver problemas en el conjunto del territorio nacional para
actuar sobre la vulnerabilidad, para actuar sobre los colectivos más necesitados allá donde estén, independientemente de su lugar de ubicación. Yo defiendo la concurrencia, es decir, defiendo que se mantenga esta forma de reparto nacional de las
ayudas del 0,52, porque no se arrogan competencias de nadie, en tanto que son compatibles y pueden y deben ser concurrentes con todas aquellas que nazcan de iniciativas autonómicas, provinciales o locales. Al final, parece que aquí lo importante no
son las ayudas a las ONG ni pensar en los colectivos desfavorecidos sobre los que se actúa, sino simplemente que el Gobierno de España no puede, no debe actuar. Para algunos sería incluso mejor que desapareciesen las ayudas, perjudicándose a las
ONG y a los colectivos más vulnerables de España, siempre y cuando eso no se realizase de forma centralizada. La voracidad, ya no competencial sino económica, de las permanentes reclamaciones tampoco seríamos capaces de saciarla con esta concesión
de hoy, una más de las que se pretenden, porque mañana habría una nueva reivindicación en esa insaciabilidad congénita y consustancial con el nacionalismo en España; por tanto, no terminaríamos con este tipo de reclamaciones. Para nosotros, lo
importante es ayudar a las personas que más lo necesitan a través de las organizaciones no gubernamentales. Nos parece fenomenal que la Generalidad catalana, la valenciana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o el Gobierno balear o canario
lo hagan también. En ese sentido, la concurrencia, la complicidad y la armonía debiera ser lo que imperase y no la exclusividad o el criterio excluyente que se trata de imponer.
La propuesta de Esquerra Republicana contiene, sin embargo, un elemento interesante y que estaríamos dispuestos a ver -no hoy, pero sí en cualquier otro momento-, que es el crecimiento desde el 0,52 hasta el 0,7. Por cierto, en muchas otras
ocasiones, dado que el mínimo existente es el que actualmente se está dando, no se concede el 0,52 sino cantidades aproximadas
al 0,6. Por tanto, sería razonable, y así lo vimos nosotros en el ministerio ahora hace un año, que esa cantidad se fuese aproximando al 0,7. También nos parece razonable no solo este segundo punto de la propuesta de Esquerra Republicana
sino el tercero, que habla de estimular las campañas a favor de la cruz del IRPF, pero si finalmente prosperase la iniciativa de Esquerra Republicana, se arrogarían esa distribución en perjuicio de estas 700 organizaciones que la reciben y se daría
la curiosidad de que, al ser la competencia del IRPF una competencia nacional, al año siguiente podría eliminarse la casilla por el Gobierno español que estuviese en ese momento y, sin embargo, haberse transferido un dinero y una competencia en ese
momento inexistentes. Hoy, los gobiernos autonómicos disponen de sus propios tributos, tienen capacidad normativa para establecer una casilla, dos o tres, donde quieran, y dejar al Gobierno de España con las competencias que actualmente tiene. Por
tanto, nuestra propuesta va en el sentido de mantener y de sostener las ayudas que el Gobierno de España actualmente está dando.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Barrachina.
Continuamos con la defensa de la enmienda siguiente, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado 12 de enero, diversas asociaciones catalanas recibieron un correo electrónico firmado por la subdirectora general de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado, doña Marta Cañellas Sánchez, en el que se les
informaba que se estaba tramitando la modificación del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, que establece los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas derivadas de la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Decía este correo electrónico: La modificación tiene como objetivo redefinir los requisitos de las entidades perceptoras de las subvenciones, limitándolas a las entidades que tengan ámbito estatal. Y conminaba a las asociaciones a
proceder a las modificaciones necesarias para poder acogerse a aquella previsión. Esa decisión entonces precipitada, no justificable y equivocada provocó las reacciones normales en el mundo asociativo de Cataluña, del conjunto del Estado, también
de las asociaciones de ámbito estatal y lógicamente de los gobiernos autonómicos implicados en esta cuestión. El Gobierno sabiamente optó por rectificar aquella decisión, insisto, precipitada, no justificable y equivocada. Es en este contexto
donde se produce esta iniciativa de Esquerra Republicana, que recupera un debate abierto desde la puesta en marcha de este sistema de financiación del tercer sector, que es la asignación tributaria del 0,52 por ciento del IRPF. Es un debate abierto
con relación a la participación de las comunidades autónomas en la gestión de estos recursos, desde el convencimiento de que el cumplimiento del actual marco legal, la Constitución, los diversos estatutos de autonomía y las propias sentencias del
Tribunal Constitucional, sobre la base de una interpretación autonomista de las mismas, puede permitir, de hecho permite, esa participación de los gobiernos autónomos en la gestión de estos recursos, además, convencidos de que una mayor eficacia en
las políticas sociales exige esa mayor cercanía por parte de las asociaciones de ámbito local y de ámbito autonómico a los colectivos a los que dichas políticas van dirigidas, convencidos también de que aquellos ciudadanos que optan por marcar la
cruz para otros fines sociales o conjuntamente las dos cruces, para otros fines sociales y para la Iglesia, en su declaración de la renta están convencidos de que los recursos de sus impuestos van destinados a aquellas asociaciones más cercanas a
ellos que trabajan con los pobres, con las personas mayores, con los discapacitados, con los enfermos de sida, con los excluidos. Están convencidos de que es un dinero destinado a las personas, no un dinero destinado a las infraestructuras de
grandes organizaciones de ámbito estatal. Buscan esa cercanía y esa eficacia en sus recursos.
En el ámbito específico de Cataluña el debate alrededor de la gestión de la asignación tributaria del IRPF tiene otras connotaciones, buena parte de ellas las explicaba el señor Tardá en relación con el año 2000. En mi grupo, también con
datos extraoficiales de la recaudación de 2002, entendemos que en Cataluña se produce una recaudación de más de 31.000 millones de euros, que representa un 27 por ciento del total que se recauda en el Estado por este concepto. Un 54,7 por ciento de
los catalanes opta por marcar la cruz de otros fines sociales, es el mayor porcentaje en el conjunto del Estado, y de este 27 por ciento que se recauda en Cataluña del conjunto de la asignación, de esos más de 31.000 millones de euros, retornan a
Cataluña 12 millones de euros: seis millones para programas de ámbito estrictamente catalán, seis más para entidades de ámbito estatal que tienen programas en Cataluña, un 13 por ciento del total distribuido. En Cataluña los ciudadanos catalanes
marcan por valor del 27 por ciento y retorna el 13 por ciento para la lucha contra la pobreza en Cataluña, para la lucha por la integración social de las personas discapacitadas en Cataluña, para atender a los enfermos del VIH, sida; en Cataluña
tan solo el 13 por ciento. Además, la participación del Gobierno de la Generalitat en políticas directamente vinculadas al título competencial de asistencia social es escasa en la configuración de esa decisión que termina incidiendo directamente en
Cataluña. Este es un debate pendiente, que en parte resolvimos en la legislatura de 1996, no suficientemente bien, como se vio a partir del año 2000, y en el que incide la proposición no de ley que estamos debatiendo.
El problema también forma parte -y el señor Tardá en su intervención así lo ha afirmado y mi grupo lo comparte- de una mala configuración final del sistema de gestión del IRPF: las cuantías mínimas que se pactaron fueron insuficientes, la
evolución del propio impuesto no contempló las repercusiones que iba a tener en la financiación de las entidades del tercer sector, el Gobierno del Estado nunca ha tenido interés en facilitar la información necesaria para que los ciudadanos se
puedan beneficiar de esta opción y que, por tanto, sus recursos e impuestos reviertan en este tipo de necesidades, y además tenemos un sistema -y los datos de Cataluña lo ponen de manifiesto- que es perverso. Los ciudadanos de Cataluña pueden tener
la sensación de que su esfuerzo tributario no va destinado a paliar las necesidades sociales de su entorno, y los ciudadanos de aquellos territorios donde hay menor recaudación, donde hay menor aportación solidaria hacia el tercer sector no tienen
ningún estímulo para marcar la cruz. Los ciudadanos de rentas medias de Cataluña están sustituyendo la solidaridad de los ciudadanos ricos de las regiones pobres de España. Es un sistema perverso. En este sentido, en la autoenmienda que hace el
Grupo de Esquerra Republicana se introduce un principio que mi grupo comparte, que es a mayor recaudación, mayor participación en la gestión de estos recursos como mecanismo de estimular la solidaridad de aquellos ciudadanos del resto del Estado que
menos solidarios son hoy con sus propios pobres, con sus propios necesitados, con sus propios excluidos.
Finalmente el debate nos plantea una cuestión de fondo que lógicamente no podemos resolver en este momento pero que está ahí pendiente y que debe formar parte de una política pública potente, que es cómo abordamos desde el Gobierno del
Estado la financiación del tercer sector, cómo abordamos un conjunto de políticas públicas destinadas a fortalecer el capital social de nuestra sociedad, destinadas a fortalecer el tejido asociativo, orientadas a fortalecer el compromiso ciudadano,
la vinculación de los ciudadanos hacia los problemas sociales. Es un debate vinculado a la gestión del 0,52 por ciento del IRPF, pero también al tratamiento del impuesto del IVA con relación a las subvenciones que reciben las asociaciones del
tercer sector, es un debate vinculado a los problemas que está generando la actual Ley de subvenciones, vinculado a si nuestras políticas de empleo permiten también responder a las necesidades de empleo de calidad del tercer sector, vinculado al
desarrollo efectivo de las cláusulas sociales, vinculado en definitiva a que de verdad el Estado asuma que el tercer sector es un aliado de las políticas públicas, que puede consolidar el compromiso ciudadano en aquello que es colectivo.
Este mediodía participaba de una actividad promovida por la Fundació Catalana de l'Esplai, donde el profesor Joan Subirats intervenía y nos recordaba que, en la época histórica que estamos viviendo, la corriente mayoritaria, la corriente de
fondo es aquella en la que a los ciudadanos se nos obliga a dar respuestas desde nuestro estricto compromiso personal, una lógica excesivamente individualista e individualizada y a veces demasiado egoísta, y que ir contra corriente exige respuestas
de carácter también colectivo, asumir que los retos son retos del conjunto de la sociedad. Apostar por el tercer sector y apostar por esta política implica eso, creer que los problemas y las respuestas son colectivos.
En este contexto es en el que mi grupo plantea la cuestión de fondo de esta proposición no de ley entendiendo que hemos de ser capaces de dar respuesta a los problemas de fondo, pero también al problema competencial, al problema conceptual
que se plantea desde Cataluña, que plantea la plataforma del tercer sector, y lamentamos, a la espera de la intervención de nuestra amiga y colega Esperança Esteve, tener la intuición de que hoy quizá no vamos a alcanzar un acuerdo. Creemos que es
una pena. Necesitamos un acuerdo en esta Cámara en el marco de la conferencia sectorial, entre la plataforma del tercer sector, para darle al 0,52 por ciento la gestión eficaz en términos sociales y en términos de modelo de Estado. Hoy mi grupo
apoyará el texto de Esquerra Republicana, pero vamos a continuar trabajando en el marco de este Congreso para alcanzar el acuerdo necesario para hacer políticas sostenibles y compartidas en este ámbito.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Continuamos con la defensa de enmiendas. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Esteve Ortega.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de las anteriores intervenciones vemos que nos encontramos ante un tema polémico, complicado y que, desde luego, no se resuelve con esta proposición no de ley. Desde su inicio, el tema de la asignación tributaria del 0,52
por ciento sobre el impuesto de la renta de las personas físicas destinada a fines sociales y su posible transferencia a las comunidades autónomas es recurrente y polémico, es un tema que está en nuestro marco de referencia.
A mí personalmente me van a permitir que me dirija al señor Tardá -querido colega- para decirle que nos hubiera gustado tratar con más tranquilidad este asunto, en la línea que planteaba ahora el señor Campuzano, porque tiene muchos matices.
No es fácil darle una única respuesta desde lo competencial o desde lo jurídico, sino que tiene muchas caras que deben ser analizadas y seguramente no le podremos dar la respuesta satisfactoria que todos queremos mediante una proposición no de ley.
Quizás el camino que a priori parece más sencillo para dirimir esta cuestión pasaría por
ponerla en relación con el tema competencial, como se ha mencionado en anteriores intervenciones. En todos los informes de que disponemos existen argumentaciones y contraargumentaciones en un sentido o en otro, pero el tema no se resuelve
sólo desde el análisis competencial, porque su alcance va más allá y, en consecuencia, la respuesta que se le ha de dar es de otro tipo.
La visión competencial y jurídica es importante, pero me van a permitir que diga que tan importante es esto como contemplar la realidad práctica que se ha ido configurando a lo largo del período de implantación del 0,52 por ciento. Es
decir, el valor que este tipo de subvención ha adquirido con el tiempo es doble, incidiendo de manera inequívoca en situaciones de déficit, riesgo o exclusión social, con un claro impacto en la mejora del bienestar y la cohesión social, pero a la
vez tiene la virtud de potenciar un tejido asociativo de alto valor humano y social.
Este doble valor, el hecho de que vaya directo a beneficiar a personas y grupos y que a la vez trabajemos en la línea de potenciar el tejido asociativo, ayuda a
incrementar indefectiblemente la cohesión social. De ahí que sea tan importante ver cómo vamos abordando este tema, desde luego desde el marco competencial, pero también haciendo un análisis del proceso histórico y desde las perspectivas políticas
actuales y de futuro inmediato. Me van a permitir que me refiera brevemente a estos tres temas.
En relación con el marco competencial, quiero reseñar que tenemos suficiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, recapitulada en la sentencia 13/1992, según la cual la gestión de las subvenciones corresponde a la instancia estatal o
autonómica que sea titular de la competencia sobre la materia subvencionada, de modo que cuando el Estado consiga subvenciones para una materia como la de la asistencia social -de competencia exclusiva de las comunidades autónomas- ha de
territorializar el importe de la consignación presupuestaria para su gestión autonómica.
Si bien esto es verdad, es un argumento contundente y sirve para que las comunidades autónomas reclamen en primera instancia esta gestión -es legítimo desde
esta perspectiva-, sin embargo, en las contraargumentaciones a las que antes me refería vemos que el propio Tribunal Constitucional admite excepciones, dado que, aun no teniendo competencias sobre asistencia social, el Estado puede reservarse para
su gestión directa parte de la consignación presupuestaria cuando se trate de llevar a cabo programas que por la naturaleza de los problemas que atienden hayan de ser atendidos necesariamente desde el ámbito estatal. A la vez, mantener la gestión
estatal contribuye a garantizar y salvaguardar el principio de igualdad, al tiempo que cumple las funciones de fortalecer el tejido asociativo en el ámbito estatal y de fomentar la participación. Esto es importante no solo porque redunda en
beneficio de una mayor cohesión social, sino también porque permite ciertas prácticas que son altamente enriquecedoras y que debemos tener en cuenta a la hora de nuestro análisis. Por otro lado, la territorialización incidiría en el sistema de
financiación autonómica, y es cuestionable que el reparto deba hacerse única y exclusivamente de acuerdo con lo recaudado por cada comunidad autónoma, puesto que uno de los principios constitucionales dice que la potestad económica ha de quedar
sujeta a la capacidad económica, es decir que cada uno debe contribuir según su capacidad, pero ha de percibir -vía gastos- según su necesidad. No entro a valorar esta cuestión, pero así está definido en nuestra norma. De modo que, desde la
perspectiva compentencial, no terminamos de aclararnos y de encontrar una solución que nos sea útil a todos.
¿Y qué pasa si consideramos el proceso histórico? Aquí quiero poner el acento; no estaría mal echarle una ojeada. Decía el señor Campuzano que el problema ha existido desde el principio. Efectivamente, desde el nacimiento, desde su
génesis. Esta subvención con cargo al IRPF nació en un momento en que la recaudación del cien por cien del impuesto corría a cargo del Estado. En su día, se instituyó para poder complementar la financiación de la Iglesia católica y no tanto para
incidir en las situaciones de desventaja social de colectivos desfavorecidos. Ante la presión de los contribuyentes que no estuvieron de acuerdo en destinarlo a la Iglesia, ¿cómo se podía resolver esto? Destinarlo a entidades sin ánimo de lucro
para otro fines sociales fue la solución. Pero ¿es esta la manera de hacerlo, o quizá hoy haríamos algo distinto? Puede que sea esta la reflexión: ¿nos sirve lo que hicimos en aquel entonces o hay que revisarlo desde otra perspectiva o con otros
parámetros? ¿No creen que pronto tendremos que revisarlo indefectiblemente si el destino tiene que ser la Iglesia católica o también otras confesiones que tienen entre sus objetivos la acción social? ¿No tienen derecho a percibir esta subvención,
por qué no, además de las organizaciones sociales de carácter laico? La implantación de este mecanismo para la subvención de proyectos correspondía, pues, a una situación coyuntural, y hemos de tenerlo presente en posteriores análisis, que poco
tenía que ver con los servicios sociales y sí con la financiación de la Iglesia. Con la reforma de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, esto ha producido cierto desajuste que probablemente deberemos revisar a fondo en algún
momento -nuestro grupo está de acuerdo con ustedes-.
¿Qué pasa en estos momentos? ¿Cuál es la visión actual y futura para poder seguir adelante? En estos momentos, el modelo actual tiene sus limitaciones por lo dicho anteriormente. Se ha señalado que existe incertidumbre en ocasiones en
cuanto a la cantidad que se recauda y la que se distribuye, que tienen su reflejo en los presupuestos del Estado.
De manera que no siempre se puede garantizar la continuidad de los proyectos, y esto constituye cierta amenaza. El Ministerio de
Economía y Hacienda ha abordado este año el asunto y ahora está resuelto, pero lo está para este año.
Existen también distintas visiones acerca de lo que corresponde aplicar, según se trate de proyectos de ámbito territorial estatal o de proyectos enmarcados en territorio autonómico o local. Es obvio que, en el caso de Cataluña, Gobierno y
entidades comparten una visión parecida; esto no lo podemos negar. La demanda de territorializar la asignación del IRPF es una vieja aspiración, con la convicción de que es necesario asegurar a la vez que la decisión de territorializar no vaya en
menoscabo del trabajo conjunto y de la solidaridad con los demás territorios y con las distintas redes de organizaciones sociales. En todo caso, para este ejercicio de 2005 ninguna entidad puede considerarse amenazada por la aplicación del criterio
de favorecer exclusivamente los proyectos de ámbito estatal. Como en convocatorias anteriores, se mantendrá paralelamente la subvención a entidades que presenten proyectos de ámbito autonómico o local que vayan avalados por el Gobierno de su
comunidad autónoma y de acuerdo con las normas autonómicas al efecto. Superado, pues, el obstáculo inicial en cuanto a la convocatoria de 2005, señorías, existe hoy un acuerdo en la conferencia sectorial, tomado el pasado 27 de enero, en el sentido
de estudiar el tema a fondo y buscar una salida legal y procedimental que permita llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, incluidas las organizaciones sociales. Este acuerdo fue ratificado por el departamento de Bienestar Social de la
Generalitat de Catalunya, manifestando la consellera su satisfacción públicamente por haber resuelto la aplicación de la subvención de 2005 y a la vez la posibilidad de estudiar y buscar una salida para el futuro. Por tanto, si ya ha habido acuerdo
¿cuál es la razón para crear ahora inquietud entre entidades e instituciones cuando lo que necesitamos es un debate sereno porque el tema es complejo? Permítanme que con todo el afecto le diga a Esquerra Republicana que quizá no hemos sido del todo
oportunos y que probablemente esto no nos ayuda a avanzar, porque necesitamos un debate tranquilo donde no se confronte a la plataforma del tercer sector con la mesa de organizaciones no gubernamentales; no sería recomendable que tuviéramos un
enfrentamiento entre entidades. Por este motivo, presentamos a la consideración de este Pleno una enmienda de sustitución, lamentando tener que votar en esta ocasión desfavorablemente, entendiendo que es una asignatura pendiente en la que deberemos
seguir trabajando y reforzando los acuerdos que se han llevado a cabo en el marco de la conferencia sectorial de crear una comisión técnica específica que estudie en profundidad el tema y cuyo resultado se eleve a la conferencia sectorial para que a
su vez las comunidades autónomas puedan participar directamente, así como también las organizaciones sociales.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego concluya, señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Estamos convencidos que todas las administraciones desean que los recursos y programas que van destinados a la acción social tengan la mayor efectividad posible. No quiero acabar sin destacar la labor que se ha
llevado a cabo desde el ministerio pero también desde las comunidades autónomas durante estos años para fomentar el trabajo en red, el intercambio de experiencias y la calidad de los proyectos que ha dado tantos resultados positivos. Hemos seguir
trabajando en esta línea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Esteve.
Terminado el turno de defensa de enmiendas, ¿grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: De forma breve, señora presidenta.
Coincidimos con la mayoría de diputados y diputadas en que lo que estamos discutiendo deriva de muchos elementos, pero yo creo que la proposición no de ley de Esquerra Republicana deriva sobre todo de la pretensión, bastante reciente, de
distribuir el 0,52 por ciento del IRPF con criterios únicamente de Estado, excluyendo organizaciones sociales que llevan recibiendo fondos provenientes de este 0,52 por ciento desde hace tiempo y que tienen una participación autonómica. Esta
actitud generó alarma y malestar en un sinfín de organizaciones sociales y lo cierto es que hoy son varios los reales decretos por los que se podría hablar del ámbito estatal de actuación. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tuvo esa
tentación, que no obtuvo una buena prensa en el sector, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que desde hace tiempo hay una actitud firme en este caso por parte del Gobierno de la Generalitat -la señora Esteve ha hablado de ello- y un acuerdo
de 30 de marzo de 2004 en el que se solicita la derogación de algunas de las órdenes y lo que reclama precisamente es la territorialización y la distribución entre las distintas comunidades autónomas de ese 0,52 por ciento. ¿De qué se trata? De
que sean las comunidades autónomas las que procedan con sus criterios a finalidades que ustedes saben que son muy variadas (asistencia social, promoción de la mujer, juventud...), pero que en cualquier caso van mayoritariamente asociadas a
competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. Aquí yo diría que ha habido dos actitudes. La señora Esteve decía que esta propuesta lo que hace es no permitir un debate tranquilo en el sector y no llega en el momento más oportuno.
Quizá sea así, porque el Gobierno de la Generalitat está discutiendo con el Gobierno central estos elementos. Pero a esta reflexión añadiría otra.
La autoenmienda de
Esquerra Republicana lo que hace precisamente es dar una salida buscando un punto de encuentro que permita continuar con el debate, con el diálogo, un punto de encuentro que permita empezar con la territorialización y la distribución de este
0,52 a las comunidades autónomas, un punto de encuentro entre la mesa del tercer sector y los otros sectores afectados en el conjunto del Estado. Viendo la enmienda de Esquerra Republicana, creo que el Grupo Socialista debería tener una actitud más
receptiva. Esta es una propuesta que nos da margen precisamente para continuar hablando, que nos permite territorializar y distribuir gran parte de este 0,52 a las comunidades autónomas, que permite que el tercer sector que está muy arraigado a la
realidad local, que conoce perfectamente el principio de subsidiariedad, tenga un mayor protagonismo a partir del liderazgo de cada una de las comunidades autónomas que conoce mucho mejor la realidad que lo que pueda conocerse desde el Estado. Creo
que es un error rechazar la autoenmienda de Esquerra Republicana, porque da margen para el debate, que no precipita las cosas, que permite la territorialización y que no excluye a nadie.
Valoramos positivamente la enmienda de Convergència i Unió y del colega Carles Campuzano, con los conocimientos acreditados sobre la materia. Ese 0,7 que plantea, y que se ha planteado en otras enmiendas como tendencia, también valoramos
positivamente que se deba afrontar. Dado que no va a prosperar la proposición no de ley con la autoenmienda de Esquerra Republicana, nuestro grupo se compromete, porque el tercer sector ya es seguramente una de las piezas fundamentales a
desarrollar en este país, uno de los elementos que puede generar más ocupación en los próximos años, que puede generar equidad y justicia social y en la que sin duda alguna habrá que combinar diferentes criterios, pero deberá darse desde el
principio de la territorialización y del liderazgo de las comunidades autónomas, que es el marco que mejor entiende y que mejor puede conectar con realidades muy plurales y muy distintas a lo largo y ancho del territorio español. Hoy precisamente
para una buena gestión de ese 0,52, para una buena gestión de lo que debería ser el 0,70 lo que se necesita precisamente es incremento de liderazgo de las comunidades autónomas y debate en el sector. Nuestro grupo va a apoyar la propuesta porque
entendemos que lo que haría es acelerar las cosas sin distorsionar absolutamente nada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Finalmente, turno del Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Con la austeridad que mi grupo utiliza en el uso de la palabra...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Perdone, señor Olabarría.
Por favor, señorías, hay un miembro de la Cámara tratando de intervenir.
Por favor, les pido silencio.
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias por su amparo, señora presidenta.
Comentaba que con la austeridad que mi grupo parlamentario practica en materias de naturaleza tributaria de régimen común, dado el régimen especial que afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la Ley del concierto económico
y a la Comunidad Foral de Navarra a través del correspondiente convenio, quiero manifestar obiter dicta nuestra preocupación por una reciente doctrina del Tribunal Supremo mediante una peculiar aplicación del derecho comunitario que vulnera las
esencias ontológicas del concierto y del convenio con Navarra relativizando la capacidad normativa de ambas comunidades. Sin perjuicio de esto, esta proposición nos parece muy atinada, nos parece que está muy bien configurada y que no obedece más
que a un requerimiento legal mediante una interpretación casi literal del ordenamiento tributario. Estamos hablando de la exacción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas consistente en la aplicación del 0,52 por ciento en la
recaudación a finalidades de carácter social, finalidades de carácter social que desde una perspectiva de un análisis casuístico todas se corresponden con competencias autonómicas transferidas a la Comunidad Autónoma de Cataluña en este caso. Si
quien ha de gestionar estos fondos, finalistas, aunque sean de origen tributario, es una comunidad autónoma concreta, parece congruente, incluso parece que es un requerimiento legal o tiene el fumus, la apariencia de un requerimiento legal, que esta
comunidad autónoma sea la que también recaude estos fondos para el ejercicio de estas competencias que son propias, evidentemente. Desde esta perspectiva, este incremento del tramo a gestionar o a recaudar en relación con este 0,52 que determina el
grupo proponente nos parece muy razonable, nos parece un requerimiento de carácter legal difícilmente refutable, difícilmente discutible, a pesar de lo deletéreo y poliédrico que son todos los problemas de naturaleza tributaria y por eso vamos a
votar favorablemente esta proposición no de ley.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Olabarría, y disculpe las dificultades para hacer uso de la palabra.
Señorías, mientras los miembros de la Cámara van tomando asiento, les hago una aclaración respecto de la primera de las proposiciones no ley que debemos votar
y en particular se lo aclaro al Grupo Catalán (Convergència i Unió), autor de la enmienda, y por supuesto a los portavoces del resto de los grupos que han intervenido en la misma para que tengan conocimiento a la hora de votarla. Dicha
proposición no de ley quedaría finalmente a la hora de su votación en sus términos originales con tres puntos añadidos, el 6, el 7 y el 8, que corresponden a una autoenmienda del propio grupo proponente, Convergència i Unió, junto con una enmienda
de adición del Grupo Parlamentario Popular, que sería considerada en los puntos nuevos 9, 10 y 11. Sería esta en sus términos la proposición no de ley que votaríamos en primer lugar. ¿Es así, señor Duran i Lleida?
El señor DURAN I LLEIDA: Sí. Yo había propuesto también que estábamos dispuestos a aceptar la adición.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De acuerdo. Gracias, señor Duran i Lleida. En cualquier caso, no ha sido aceptada por el resto de los enmendantes, por lo que simplemente se procedería a la votación de la originaria, insisto,
de Convergència i Unió, junto con tres puntos de autoenmienda y finalmente tres puntos más de adición que corresponden a la transaccional del Grupo Popular. Para su información, señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: No sé cuándo expresaron el rechazo a mi propuesta, porque al menos en Pleno no intervinieron diciendo que no aceptaban los tres grupos proponentes la propuesta de adición. La Presidencia tiene constancia.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo que no se ha aceptado es una transaccional de adición por cuanto lo era de sustitución. Gracias.
Finalmente, señorías, tiene la palabra el señor Tardá en turno de aceptación o rechazo de la enmienda a la segunda proposición no de ley.
El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, la enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, estamos tratando de continuar con el Pleno. Les rogaría silencio mientras ocupan sus escaños.
Señor Tardá, tiene usted tres enmiendas a su proposición no de ley.
El señor TARDÁ I COMA: El contenido de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) coincide con nuestra proposición no de ley, lo que agradezco al diputado Carles Campuzano. Y con respecto al resto de enmiendas, no
las aceptamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por tanto, no acepta usted ni la enmienda del Grupo Popular ni la del Grupo Socialista y entiende usted que está incorporada la de Convergència i Unió, pero no la acepta tal como está.
El señor TARDÁ I COMA: De hecho está contenida.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De acuerdo.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Con la enmienda en favor del texto de Esquerra Republicana.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Con la enmienda de Convegència i Unió entonces será votada dicha proposición no de ley.
Vamos a proceder a la votación de las dos proposiciones no de ley contenidas en el orden del día de la sesión de hoy martes. La primera, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar
medidas urgentes de apoyo a los afectados por el hundimiento del túnel del Metro en el barrio del Carmel, de Barcelona, con su propia autoenmienda y la enmienda adicional del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 155; en contra, 162.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la asignación tributaria del 0,52 por ciento en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, con la aceptación de la enmienda de Convergència i Unió contenida en la misma proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 31; en contra, 283; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), SOBRE LAS NEGOCIACIONES EN CURSO DE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS COMUNITARIAS 2007-2013, PARA EL CONJUNTO DEL ESTADO Y EN ESPECIAL PARA GALICIA. (Número de expediente 173/000050.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto III del orden del día referido a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Señorías, les ruego por favor que quienes lo deseen abandonen el hemiciclo en silencio para que el señor
Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, pueda defender la moción consecuencia de interpelación, sobre las negociaciones en curso de las perspectivas financieras comunitarias 2007-2013, para el conjunto del Estado y en especial para
Galicia. (Rumores.)
Señorías, por favor, un miembro de la Cámara trata de intervenir. Les ruego que abandonen el hemiciclo con rapidez y en silencio. (Rumores.)
Señorías, les confieso que no es una tarea grata seguir llamándoles la atención, pero de verdad que sería pertinente que pudiéramos continuar con el Pleno y, por tanto, quien desee abandonar el hemiciclo que lo haga en silencio y con
rapidez. (Rumores.)
Señorías, incluso están impidiendo que el resto de diputados bajen por el pasillo. Les ruego, por favor, que abandonen el hemiciclo si así lo desean hacer.
Señor Rodríguez, si le parece lo intentamos.
Tiene usted la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Hace prácticamente 15 días mantuvimos, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, una interpelación con el vicepresidente del Gobierno para asuntos económicos sobre las perspectivas financieras 2007-2013 e intentamos que este debate se
plantease desde la perspectiva, desde la óptica de lo que se denominan actuales regiones Objetivo 1 y en particular de forma específica desde Galicia. Creo que en el debate sobre esta cuestión quedó claro, a pesar de las ambigüedades, de las
prudencias del señor vicepresidente del Gobierno, que existe un debate descarnado entre los Estados de la Unión Europea con relación a cómo considerar el futuro.
Solamente un mercado al que no se le pone ningún tipo de paliativo en cuanto a la
política de cohesión social y de equilibrio territorial o un mercado al que se le pone algún tipo de paliativo. En todo caso, sean cuales sean los puntos de partida, todos los protagonistas son cicateros en esta cuestión. Hay que tener en cuenta
que hoy los presupuestos comunitarios no pasan del 1,24 por ciento del PIB y hay Estados que aspiran a reducirlo al 1 por ciento. Por eso está claro que no va llegar un tercio de este presupuesto para dedicarlo a las políticas de cohesión social
con el actual agrandamiento de la Unión Europea al Este. Por eso, planteamos que la posición del Gobierno del Estado español tenía que ser combativa en cuanto a lograr que se superase el 0,41 por ciento que plantea la Comisión para dedicar a
políticas de cohesión. Desde esa perspectiva, en nuestra moción de hoy hay un punto 1 destinado a defender que se destine como mínimo el 0,45 por ciento de la renta bruta comunitaria a políticas de cohesión, frente a la propuesta de la Comisión del
0,41 por ciento.
Por lo demás, está claro que incluso el señor vicepresidente del Gobierno reconoció que aunque creciesen porcentualmente los dineros destinados a política de cohesión, sin duda se pasaba a que esta política de cohesión se aplique a 123
millones de personas cuando en la actualidad se está aplicando a 54 millones. Por lo tanto, se trataría de hacer un modelo o un diseño para el futuro que conlleve que el reparto de la carga de la ampliación no se haga a costa de las actuales
regiones Objetivo 1. Por eso planteamos en nuestros puntos 2, 3 y 4 que haya garantías para que en el caso de regiones que por efectos estadísticos derivados de la reciente ampliación a 10 nuevos Estados alcancen el umbral del 75 por ciento del
producto interior bruto medio per cápita de la UE sigan teniendo un tratamiento o una consideración igual a la que tienen actualmente. Y en el caso de aquellas regiones que por una evolución natural hayan alcanzado el umbral antedicho en la UE a
15, que por lo menos se les dé un colchón transitorio para que no reciban el impacto del alargamiento de la Unión Europea a 10 Estados de una forma violenta. Se trataría, por lo tanto, no de garantizar las ayudas para siempre, pero sí de hacer un
proceso gradual y además de gradual equitativo y que efectivamente no paguen ellas, porque no son los Estados los que van a pagar, es el Estado español, sino precisamente estas regiones, que dejarían de recibir las cantidades que les son muy
necesarias para alcanzar un equilibrio y una integración con unos modelos de riqueza y de crecimiento adecuados.
Por lo demás, hay un punto sustancial que fue objeto de un debate específico cuando realizamos la interpelación, que es el referido a las discrepancias estadísticas en producto interior bruto per cápita en paridades de poder de compra en
relación con el caso de Galicia. Dejamos puesto de manifiesto en el debate que había discrepancias entre Eurostat y el INE, cuando el INE es el que tiene la sartén por el mango y es el único organismo oficialmente acreditado para dar información a
Eurostat.
Por tanto, es necesario que se expongan las cuestiones y que quede claro que de 2000 a 2002 el PIB per cápita gallego es el 73,5 por ciento, el promedio del 2000, 2001 y 2002 y no como dice Eurostat el 74,9 por ciento. (El señor
vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) A nadie se le oculta que según se maneje una cifra u otra el resultado es, o que Galicia permanezca en regiones objetivo de las ayudas de cohesión o bien que salga precisamente y entre, en
todo caso, en las del efecto estadístico. Está claro que esta intervención nuestra provocó -porque fue la primera vez que lo hizo públicamente en una institución y en relación con organismos de carácter político- la movilización de la Xunta de
Galicia posteriormente, con visita propagandística adecuada a Bruselas y fotografía con la presidenta de la Comisión que tiene que ver con política regional y las declaraciones posteriores
de la señora Alcaide, precisamente también a petición de la Xunta de Galicia. Ahora reiteramos formalmente para que se vote que hay que solucionar esta cuestión en un sentido favorable a la veracidad, no desde ningún punto de vista del
privilegio.
Por último, planteamos dos cuestiones. La primera tiene que ver con la política de transparencia, a la que el Gobierno en principio no se negó en la comparecencia del señor Solbes para que informase periódicamente al Congreso de cómo van
las negociaciones en este punto. Y la segunda, que es más discutible sin duda, tiene relación con este momento que se está negociando para ir diseñando un modelo que paliase la reducción de fondos comunitarios, es decir, que en los fondos que
dejasen de percibir estas regiones por efecto estadístico, o bien por convergencia natural, el Gobierno buscase alguna forma de que no se encontrasen de repente con una falta de financiación para gastos que son fundamentales para estas comunidades
autónomas. En todo caso, sabemos que este punto 6 es discutible en el momento en que se está negociando con Bruselas y optamos, en la negociación que tuvimos con grupos parlamentarios que presentaron enmiendas, en eliminarlo. En todo caso, en la
transacción quedaría el espíritu de nuestros puntos 1, 2, 4, 5 y del 7. Lo que nos interesa, en todo caso, es que se clarifique la posición de Galicia, que es una posición peculiar propia dentro de la mecánica general de una moción que persigue,
sobre todo, un modelo en particular para las regiones actualmente Objetivo 1.
Esperamos contar con el aval de toda la Cámara para una cuestión que vuelvo a repetir no solamente es de justicia, sino que es de urgencia y en el caso particular de Galicia para deshacer precisamente esta duplicidad de interpretaciones que
solamente tiene un veredicto real, verdadero, que es el del informe del INE. Vuelvo a repetir: se trata del promedio del año 2000, 2001 y 2002, no de otra cuestión. En este caso, las cifras cantan y la población de Galicia es la que es: más de
2.700.000 habitantes y no 2.670.000 como dice Eurostat. Es incomprensible que se produzcan estos fenómenos, pero sin duda -y ya nos gustaría que no fuese así- esta es la realidad de Galicia y a ella tenemos que atenernos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción consecuencia de la interpelación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego en relación con que efectivamente esta moción hace referencia a la negociación de las futuras perspectivas financieras 2007
y 2013, que tienen por objetivo acordar entre los Estados miembros de la Unión el tamaño y la asignación por objetivos del presupuesto comunitario para esos próximos siete años. El punto de partida de esta negociación fue la propuesta de la
Comisión Europea presentada en febrero de 2004 y su conclusión, en principio, será en el presente año, en 2005, y los acuerdos importantes de la negociación se tomarán por unanimidad de todos los Estados miembros.
La Comisión propone un techo de gasto para la Unión Europea del 1,24 por ciento de la renta nacional bruta comunitaria y que de este presupuesto se dedique el 0,41 por ciento de la renta nacional bruta a la política de cohesión. Teniendo en
cuenta que esta negociación se realiza tras la adhesión de 10 nuevos Estados, que suponen un incremento de la población de 105 millones de habitantes -por lo tanto, un incremento del 20 por ciento de la población y un incremento del 5 por ciento del
PIB-, y puesto que estos 10 nuevos Estados miembros tienen un nivel de renta per cápita inferior al 50 por ciento de la media de los actuales Estados miembros, la ampliación va a aumentar, indudablemente, y de forma significativa, la presión sobre
los recursos que se destinan a la cohesión. Por ello es preciso -y esta es la posición que está defendiendo el Gobierno en las negociaciones- que se incremente el porcentaje que se dedica a la cohesión. Se tiene por lo tanto que superar este 0,41
por ciento. Es preciso que la Unión Europea ampliada cuente con los medios financieros necesarios para afrontar de forma eficaz y equitativamente los retos futuros, incluidos también los derivados de las disparidades en los niveles de desarrollo de
la Unión ampliada y también de sus regiones. Por ello es preciso que las regiones que hoy son Objetivo 1 y que van a dejar de serlo por el efecto estadístico producido por la ampliación tengan un tratamiento similar a las regiones que en el nuevo
marco financiero van a ser denominadas de Objetivo pleno. Por otra parte, es preciso también, y es lo que proponemos en la enmienda, que las que salgan de este objetivo por efecto de convergencia -es decir, saldrían del Objetivo 1 con la media de
la Unión Europea a 15, sin ampliación- gocen de un facing out -de un proceso transitorio de salida-, así como también las regiones que hoy se denominan Objetivo 2. ¿Por qué? Porque el cambio de la posición financiera de los países de la Unión
Europea debe producirse gradualmente para permitir el reajuste de los sectores económicos afectados y para no perjudicar la estabilidad macroeconómica de los países. El principio de gradualidad en la pérdida de fondos es un imperativo político
establecido como principio en el derecho comunitario y el principio de la gradualidad tiene que mantenerse en la negociación de este nuevo presupuesto comunitario que se afronta por primera vez
con la ampliación más grande en la historia de la Unión Europea. Por lo tanto, gradualidad y principio de equidad en el reparto del coste de la ampliación. Son dos principios que el Gobierno socialista está poniendo encima de la mesa en el
transcurso de estas negociaciones.
Compartimos con el ponente de esta moción que, indudablemente, es necesario que tanto Eurostat como el INE, dos organismos estadísticos independientes, sigan los trabajos -que nos consta que están haciendo y está haciendo el INE- para
adecuar las discrepancias estadísticas que existen en relación con el porcentaje de PIB per cápita en paridad de compra. Es fundamental y trascendental que, indudablemente, se llegue a un acuerdo sobre la estimación del PIB porque el criterio de
elegibilidad, para ser Objetivo pleno o estar fuera, es absolutamente fundamental en el nuevo marco y en la nueva elegibilidad de las regiones.
Por otra parte compartimos -porque ya se está haciendo por parte del Gobierno- la necesidad de informar de forma regular a esta Cámara -como se ha hecho por parte del vicepresidente segundo, por parte del ministro de Asuntos Exteriores y por
parte del propio presidente del Gobierno- de cualquier hecho relevante en el transcurso de las negociaciones, pero además pensamos, y también porque se está haciendo por parte del Gobierno, que es necesario que se informe a las comunidades autónomas
teniendo en cuenta, señorías, que en la actualidad el 37 por ciento de los fondos estructurales que reciben las regiones y aproximadamente el 25 por ciento del Fondo de Cohesión están gestionados directamente por las comunidades autónomas, sobre
todo por aquellas que son Objetivo 1, donde financian aproximadamente un 25 por ciento de su inversión pública.
Teniendo esto en cuenta, hemos llegado a una enmienda transaccional con el grupo proponente que espero sea aceptada por toda la Cámara
porque en ella se enmarca la voluntad de todos de acompañar al Gobierno en la negociación de las perspectivas financieras: en cuanto a situación de fondos estructurales pueden quedar fundamentalmente las regiones Objetivo 1, las que salen de este
objetivo por efecto estadístico y las que saldrían por convergencia de atender a este periodo transitorio de salida y de disponer de un apoyo presupuestario equivalente para las que salen de efecto estadístico del que disfrutarán las futuras
regiones de Objetivo pleno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Moltes gràcies, honorable senyor president.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante esta moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Mixto, que plantea algo absolutamente razonable. Las
perspectivas financieras de la Unión a partir del año 2007 perjudican gravemente, dejan en una situación delicada, podríamos decir que delicadísima, las posibilidades de España en cuanto a los fondos estructurales y suponen un punto y aparte, un
cambio de perspectiva en cuanto a los fondos de cohesión.
Quiero expresar nuestro apoyo al conjunto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto y que el diputado señor Rodríguez ha expuesto en cuanto a las zonas Objetivo 1 y a las medidas que se deberían desarrollar. En este sentido, poco
tenemos que añadir el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quizá aquello que podríamos decir un contrato de adhesión incondicional a sus planteamientos. Por tanto, el objeto de esta enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que es una enmienda que quiere ser de suma, de adición, es simplemente porque en una reflexión como la que tenemos en estos momentos en esta Cámara, que después tendrá su sustantivación en forma de votación y de
pronunciamiento político, deberíamos incorporar una referencia al periodo transitorio necesario no sólo para las regiones Objetivo 1 sino también para las regiones Objetivo 2, y quede claro que este no es un planteamiento en el que una cosa excluya
a la otra sino de reflexión sobre la necesidad de que se incorporen las dos en este nuevo periodo de negociación que, en lo más prosaico pero también en lo más importante de la agenda del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene por delante en los
próximos meses el Gobierno. Alguien puede preguntar por qué también planteamos la necesidad de reformular las regiones Objetivo 2. Pues porque cuando algunas regiones están a punto de rozar la media, debemos recordar que la política regional
europea debe tener en cuenta el papel de motor que desarrollan las regiones Objetivo 2 para la consecución de un crecimiento territorial equilibrado de la Unión Europea. Absolutamente de acuerdo con la necesidad de ayuda a las regiones Objetivo 1,
absolutamente de acuerdo con la necesidad de reformular algún tipo de ayuda para la gran contribución que han supuesto los fondos de cohesión, pero también debemos tener en cuenta la importancia de estas zonas y que España, siendo el segundo Estado
comunitario que más recursos percibe como fondos Feder Objetivo 2 y siendo también el que más recursos percibe como fondos de cohesión -cerca de 12.000 millones de euros para el periodo 2000-2006-, debe defender ante la Unión Europea la necesidad de
garantizar un periodo transitorio de mantenimiento de estos recursos con el fin de evitar la brusquedad del cese repentino de las ayudas entre estas regiones y entre estos Estados.
En caso contrario, a partir del año 2006 las regiones consideradas
Objetivo 2 -Cataluña, Aragón, Islas Baleares, La Rioja, Valencia, Madrid, Navarra y País Vasco- perderán
de manera automática los recursos que estaban percibiendo hasta ahora procedentes de Europa.
No debemos echar una mirada solo al pasado, a aquello que había sido, sino también a las recomendaciones en política regional europea de cara al futuro. El tercer informe de la Comisión Europea sobre cohesión económica y social fija como
prioridad fundamental para el periodo 2006-2013 la convergencia, crecimiento y competitividad que continúen preservando en la pugna por la conservación de las ayudas destinadas a aquellas regiones con menor índice de desarrollo económico,
especialmente las calificadas como Objetivo 1 o como regiones ultraperiféricas. Este tercer informe también hace referencia a la necesidad de prolongar, aunque sea por un periodo más, la recepción de ayudas por parte de las regiones Objetivo 2 y en
especial por aquellas regiones que pueden salir por el efecto estrictamente numérico. El diputado proponente sabe que es un efecto estrictamente numérico y estadístico de la ampliación, pero no es un efecto de justicia social. En definitiva,
señorías -y con esto termino-, debemos instar al Gobierno español para que trabaje activamente. No podemos dar por perdidas las ayudas de las regiones ni tampoco lo que supone no el nombre pero sí los fondos de cohesión y el objetivo de esta
enmienda de adición que no es otro que instar al Gobierno en relación con dos instrumentos económicos básicos ante la Unión Europea: los fondos regionales para las zonas Objetivo 2 y la necesidad de que exista un periodo transitorio para mantener
la percepción de fondos de cohesión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): En turno de fijación de posiciones y por un tiempo de cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor
Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como en otras ocasiones hemos señalado, nuestra posición en este debate no es la de situarnos con quienes consideran que la propuesta de las perspectivas financieras para los años 2007-2013 no es enteramente satisfactoria, ni tampoco con
quienes consideran que son radicalmente injustas. Esta moción propone una posición activa que el Gobierno, en nuestra opinión, debería considerar.
Para nosotros el objetivo del 1,24 por ciento de la aportación del PIB comunitario no es un mínimo aceptable sino un evidente retroceso en la política de cohesión. Incluso esta cifra podría ser considerada un logro frente a quienes proponen
reducir esta aportación al 1 por ciento. Un segundo riesgo parece que presionará a la baja las actuales perspectivas en negociación. Muchos países quieren reducir el sesgo regional de la cohesión comunitaria y reducir las ayudas agrícolas para
fortalecer una lógica estatal de las ayudas estructurales y su orientación hacia los objetivos de Lisboa. Esa es una estrategia de trampa. La estrategia de Lisboa está cosechando un rotundo fracaso precisamente porque no está logrando su difusión
regional y local. No podemos ignorar que estos fondos vinculados a la estrategia de Lisboa satisfacen las ambiciones de infraestructura de los gobiernos y de las regiones que no se incluyen en el Objetivo 1 de los fondos estructurales. En una
palabra, la estrategia de los países menos entusiastas en la convergencia regional divide a las regiones y a los países europeos frente a los contribuidores netos que presionan la reducción del presupuesto comunitario. Los márgenes de maniobra
están reducidos para las regiones debido al techo de estas perspectivas y a la obsesión de los planes de estabilidad. En ambas cuestiones el Gobierno español manifiesta una posición débil: ni presiona para la mayor aportación, ni acaba de definir
una clara flexibilización de los criterios de estabilidad presupuestaria. Mantener la solidaridad y la cohesión no se resuelve con retoques negociadores que se basen en el retroceso o en mantener más o menos cantidades similares a las hasta hoy
percibidas. La cuestión no es si España pierde el 30 por ciento de los fondos que propone la Comisión o este porcentaje de pérdida es más, ya que podría llegar al 45 por ciento de las cantidades asignadas en la Agenda 2000 si no se garantizan
ayudas transitorias. Estamos hablando de un recorte en la convergencia europea de entre 1,5 y 2 puntos del producto interior bruto. Como ha ocurrido con la Constitución europea, nos encontramos ante unos documentos que se niegan a aceptar la
constitucionalización de las políticas sociales y el reforzamiento de las políticas de cohesión. Lamentablemente, esta es la dirección por la que camina el debate en las instituciones europeas, y no seremos nosotros los que neguemos el cambio
habido respecto a la situación de partida de España. Lo que defendemos es otro criterio, otro enfoque político. No cabe duda de que las regiones más atrasadas de la ampliación requieren de la solidaridad que en otro momento han recibido países
como España, pero la solidaridad no se puede limitar a estas regiones, ya que hay otras -y las españolas son un buen ejemplo de ello- que presentan déficits claros de competitividad.
La moción sugiere alguno de los caminos que supone esta filosofía de defensa de la convergencia en las regiones españolas. En primer lugar, un claro apoyo a las regiones que continúen siendo Objetivo 1: Galicia pero también Andalucía y
Extremadura. Por cierto que este desfase estadístico que apunta la moción entre el INE y Eurostat revela el dramatismo de la actual filosofía de las perspectivas financieras. Señorías, la cuestión no puede ser si Galicia mantiene el umbral de
Objetivo 1 a duras penas según Eurostat o claramente según el INE; la cuestión es que Galicia necesita ayudas estructurales,
como intuye cualquiera que por allí pase. Más allá de estas perspectivas financieras, el Gobierno español se encuentra ante el reto de definir una estrategia complementaria para la convergencia regional a través de los Presupuestos
Generales del Estado. Es decir -y acabo-, que si hemos de ser con no mucho éxito los primeros en Europa, podríamos empezar por ser los primeros en flexibilizar la lógica infausta del déficit cero. Por todas estas razones, coincidimos con el
sentido de la moción y votaremos a favor, con la enmienda propuesta también por el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Pérez.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo entiende la preocupación del Bloque Nacionalista Galego por el impacto que los recursos públicos provenientes de Europa pueden tener sobre las inversiones, el crecimiento económico y el empleo en Galicia.
En zonas como la
gallega, Objetivo 1, este impacto va a ser inevitable puesto que ahí es donde se ha concentrado la mayor parte de los recursos derivados de las instituciones europeas.
Debo hacer una reflexión de carácter preventivo sobre esta cuestión.
Nosotros vamos a apoyar esta moción inequívocamente, sin ningún tipo de reservas. La ampliación de la UE tiene aspectos negativos coyunturalmente e incluso
estructuralmente. Ya el ingreso de Grecia, de Portugal o del Estado español supuso un descenso de la renta per cápita europea, mayores ayudas para estos países recién ingresados, que tenían derecho a recibir fondos comunitarios que les permitieran
converger con la media de la UE en renta per cápita, y ello significa mucho tiempo, muchos recursos, ya que la mayoría de estos países, como ha ocurrido ahora con la ampliación a 25, aportan más población que renta, más pobreza en términos
económicos o macroeconómicos en definitiva. Paralelamente, se produce un efecto de naturaleza diametralmente opuesta y es que los países potentes y financiadores netos de la Unión Europea, Alemania y Francia particularmente, están atravesando una
delicada situación económica -tienen dificultades incluso para controlar sus propias cuentas públicas- y ambas cuestiones, la ampliación europea con países relativamente más pobres y la ralentización económica de los más desarrollados, ponen sobre
la mesa un panorama sombrío que el señor Rodríguez ha descrito perfectamente. Es lógico pensar en salvaguardas que aplicar en la política regional. Hay que compensar las deficiencias de infraestructura que a Galicia afectan de forma muy notoria.
El efecto estadístico que se puede producir es lógico y es normal que el BNG esté preocupado, puesto que Galicia podría verse afectada negativamente por el mero hecho de la ampliación y del recálculo del PIB per cápita en relación con Galicia.
Pero
también hay aspectos positivos o que nos pueden mover al optimismo, que son las declaraciones realizadas ayer precisamente por la presidenta del INE poniendo en cuestión las cifras de Eurostat y situando el PIB per cápita en Galicia por debajo del
75 por ciento, lo que supondría inequívocamente la calificación como Objetivo 1 de este país.
En definitiva, nos encontramos con una situación poliédrica, una situación compleja, y desde el Grupo Vasco creemos que es necesario que el Gobierno informe periódicamente en esta Cámara de la marcha de las negociaciones para que al final el
resultado no sea un hecho consumado. No sé si el grupo proponente va a aceptar la enmienda transaccional, pero no es incompatible con las propuestas del Bloque Nacionalista Gallego. Nos parecen muy pertinentes las cinco propuestas que se contienen
y, desde luego, sabe el Bloque Nacionalista Galego que cuenta con nuestra solidaridad, nuestra empatía ideológica y nuestro inequívoco apoyo en relación con la moción que ha presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Olabarría.
El representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra.
El señor CERDÀ ARGENT: Seré breve.
Esquerra Republicana dará el voto favorable a la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar nuestra posición en un asunto de enorme trascendencia y de gran complejidad y relevancia para España y sus comunidades
autónomas en un futuro inmediato y sin duda para la Comunidad Autónoma de Galicia. La moción que presenta hoy el Grupo Mixto a través de su portavoz Francisco Rodríguez tiene que ver, a mi juicio, con instar al Gobierno a que mantenga firmeza y
exigencia en la defensa de las posiciones alcanzadas por España en un pasado reciente y defienda con empeño la negociación de estas perspectivas financieras comunitarias para el periodo 2007-2013. Algunos aspectos expuestos por el señor Rodríguez
no los comparto, pero no es cuestión de discrepancia aunque es cierto que en esta Cámara no es un asunto nuevo. Tampoco es un asunto olvidado pues el 24 de noviembre -y no es cuestión de tirar de las hemerotecas o en su caso del 'Diario de
Sesiones'- el Grupo Popular, a través de su portavoz de economía, había desarrollado una interpelación urgente en esta Cámara
para tratar de sensibilizar al Gobierno hacia la necesidad de abordar estas cuestiones con la mayor celeridad posible. Tanto el Grupo Popular como un conjunto de expertos han analizado diferentes escenarios para conocer lo que representa la
quinta ampliación de la Unión Europea, sobre todo qué impacto tiene en la política regional y cómo esa ampliación no solamente va a tener los efectos estadísticos, tal y como muy bien se recoge en la moción y en la enmienda presentadas, sino que
también va a tener efectos derivados del crecimiento natural de la riqueza de las comunidades autónomas, lo que va a llevar consigo una reducción de los recursos recibidos de la Unión Europea por parte de todas y cada una de las comunidades
autónomas. Esto ya lo contestaba en su día, el 24 de noviembre, el vicepresidente segundo y ministro de Economía cuando decía que cuando se dejan de recibir recursos es porque se han alcanzado los objetivos, y los objetivos en cierta manera eran
facilitar a través de los fondos la consecución de unas infraestructuras adecuadas para en fases posteriores poder llevar a cabo un desarrollo más armonioso de todo el territorio español. En ese sentido tampoco debemos de alarmarnos demasiado. Lo
que sí es cierto es que hay que empezar a preocuparse en estos momentos por generar también sensibilización en los responsables del Gobierno para este proceso de negociación de alguna manera sirva para recoger las singularidades de cada uno de los
territorios. En el caso de Galicia el señor Rodríguez normalmente lo expone con claridad meridiana y hoy lo ha hecho de la misma manera, pero quisiera insistir en uno de los temas que ha tocado y que es el referente a si Galicia va a continuar o no
dentro de las regiones Objetivo 1.
Es cierto que Galicia en los últimos años, fruto de una utilización adecuada de los recursos provenientes de la Unión Europea, aparte de los fondos propios de la comunidad autónoma y de las políticas implementadas, ha desarrollado un cierto
nivel de convergencia que la sitúa en un umbral próximo al 75 por ciento, pero lo que no es de recibo es que la Comisión Europea, a través de su organismo Eurostat, publique cifras que tienen como base las del Instituto Nacional de Estadística de
España y que existan discrepancias para el año 2002, año que si se desarrolla con cierta celeridad el proceso negociador habrá que tener como base para calcular la media del producto per cápita para esos años que estamos hablando. No tiene ningún
sentido que haya un desfase en la población de la Comunidad Autónoma de Galicia de más de 100.000 habitantes para ese año 2002 entre las cifras del INE y las cifras de Eurostat, lo que perjudica a Galicia porque resulta que se le computan menos
habitantes y por tanto el cociente, como es obvio, sale mayor. El efecto contrario sucede a Castilla- La Mancha y no pasa con Andalucía ni con Extremadura porque todavía, desafortunadamente, están un poco lejos de esas cifras.
Para los que estamos
en el borde ciertamente resulta preocupante y es de agradecer la sensibilidad de la presidenta del INE, Carmen Alcaide, en el sentido de las declaraciones que hoy leía diciendo que va a reclamar ante Eurostat. Tengo que decir al señor Rodríguez que
es cierto que el día 9 de febrero, en una interpelación en esta Cámara, usted puso de manifiesto esta circunstancia, pero también es cierto que José Antonio Campo Andión, que como sabe usted bien es el director del Instituto Galego de Estadística,
en carta de 7 de febrero se había dirigido a la señora Alcaide reclamándole que no hubiera discrepancia sobre todo en el tema de la población. Otra cosa será -y esto hemos de tenerlo también muy en cuenta- que la contabilidad nacional, base 1995,
se va a revisar y se va a hacer en base al año 2000, lo que va a provocar un cierto efecto de modificación de las cifras que puede llevar a que la riqueza no se vaya a cambiar pero a que si la ratio se cambia también podamos tener alguna dificultad.
Por este motivo creo que es muy conveniente urgir al Gobierno a que la decisión, a ser posible, se tome dentro de este semestre, el de la Presidencia luxemburguesa, cuyo primer ministro a primeros de enero dijo que una de sus prioridades era dejar
cerrado el tema de las perspectivas financieras 2007-2013. Tomémosle la palabra, incidamos con fuerza y hagamos valer también en cierto modo que España, siendo y sintiéndose solidaria con el resto de los países que ahora se han incorporado y no
dejando de atender la ampliación hacia el Este, tampoco puede ser la que tenga que hacer un mayor esfuerzo financiero, porque lo que se ha calculado por algunos expertos -y no se trata de sesgar hacia ningún sitio- sólo podía llegar al 0,61 por
ciento de su PIB, mientras que Francia, Alemania, Italia o Inglaterra estarían en el entorno del 0,32 al 0,21 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor diputado, vaya acabando, por favor.
El señor ERIAS REY: Ya voy terminando.
Ciertamente el escenario es absolutamente diferente. Por eso creemos que el Gobierno de España debe procurar llevar este asunto con el mayor empeño -no me cabe ninguna duda que lo hará-, pero también con la mayor firmeza, y como estas
decisiones hay que tomarlas por unanimidad que no nos duelan prendas a la hora de desarrollar aquellas acciones que sirvan para defender, dentro de la solidaridad del espacio de la Europa de los Veinticinco, los intereses de España y en particular
los intereses de las regiones que como Galicia, Objetivo 1, están todavía acercándose a esos parámetros que les van a permitir disfrutar del bienestar medio que tienen los europeos fruto del proceso de integración.
El Grupo Popular va a apoyar la moción y la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que es complementaria o prácticamente del mismo sentido. Desde la perspectiva de nuestro grupo lo más interesante sería
que desaparecieran estas disparidades, que Eurostat respetara las estadísticas nacionales, y sobre todo que cuando contamos personas no puede haber semejante discrepancia. En todo caso, si estimáramos otras cosas, podría ser.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
En turno de aceptación o rechazo de la enmienda interviene el señor Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, intervengo solamente para decir que la transacción es producto de una negociación previa. Por tanto, aceptamos la enmienda transaccional que usted tiene y que respeta básicamente el texto que
propusimos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA NECESIDAD DE BUSCAR SOLUCIONES EFECTIVAS, DE FORMA URGENTE, PARA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL MEDIO VINALOPÓ. (Número de expediente 173/000051.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Entramos en el siguiente punto del orden del día: Moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra per Catalunya sobre la necesidad de buscar soluciones efectivas, de forma urgente, para
la disponibilidad de agua en el Medio Vinalopó.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el representante de ducho grupo durante siete minutos.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, en la pasada interpelación estuvimos debatiendo las conclusiones de la comisión técnica sobre el trasvase del Júcar a Vinalopó. Algunas de las conclusiones nos preocupan especialmente y
creemos que no se han tratado con el rigor que merecen. En primer lugar, la Confederación Hidrográfica del Júcar reconoce que todavía no hay metodologías que permitan definir objetivamente los caudales ecológicos del Júcar y del lago de la
Albufera. ¿Cómo se puede concluir que las modernizaciones permiten un cierto trasvase de agua si todavía no hay acuerdo en esta cuestión fundamental? Estamos ante la misma circunstancia que se puso a debate en el trasvase del Ebro. Solo por una
cuestión de coherencia hay que definir esta variable antes que cualquier otra decisión sobre la viabilidad del trasvase. En segundo lugar, según las simulaciones, toda cantidad que supere los 12 hectómetros cúbicos al año no es un caudal
proporcionado directamente por el río Júcar y debe provenir de los acuíferos de La Plana de Valencia. Les transmitimos en su momento que esta opción no sería aceptada ni por los regantes del bajo Júcar ni por la mayoría de fuerzas políticas y
sociales de la ribera alta del Júcar. Es importante aclarar este aspecto. Aceptar un trasvase implica aceptar también esta opción. Para nuestro grupo esta opción es inaceptable.
Son interesantes -estas semanas no han pasado en balde- algunas de las valoraciones particulares de los miembros de la comisión técnica, no exactamente la de los miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua, pero sí la de la Junta Central
de Regantes de La Mancha oriental, que dicen que ha quedado patente que cualquier incremento en las restricciones medioambientales del Júcar sobre las ya previstas en el Plan hidrológico producen una minoración en las garantías de los usuarios y una
disminución estadística de las posibilidades de enviar agua por el trasvase Júcar-Vinalopó. Más claro agua. Estas restricciones todavía son desconocidas y aun así la viabilidad está aceptada. O sea que existe una clara relación entre el caudal
ambiental y la viabilidad del trasvase y, sin embargo, sin saber cuál es el caudal ambiental se ha considerado la viabilidad del trasvase. En las conclusiones de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí, consorcio de aguas de la Marina
Baja, se admite que en las simulaciones de explotación realizadas en la comisión técnica, aportando un metro cúbico por segundo para el Júcar y 170 hectómetros cúbicos para la Albufera -consideraciones que desde nuestro punto de vista son bastante
consoladoras-, en un total de 21 años de simulación, en tres años no hubiera podido trasvasarse ni una gota de agua. En un total de 21 años simulados desde 1982 hasta la actualidad, solo se podían trasvasar aguas en cinco años con un volumen medio
de 7,5 hectómetros cúbicos anuales; ni 80 ni 40 ni 20. Coincidimos, no obstante, con el señor ministro en reconocer que con esta obra el anterior Gobierno había engañado a los futuros usuarios virtuales del Vinalopó y que efectivamente y a todas
luces no existe ni el agua que se prometió.
También coincidimos en que el objetivo es buscar soluciones reales y no entrar en acusaciones. No coincidimos con el Grupo Parlamentario Socialista en el grado de compromiso que hay que tener ante esta
evidencia. Según los términos del debate del día pasado, en la interpelación, parece que el lastre reside en el grado de ejecución que tienen las obras hasta ahora. Según el Gobierno, la obra está ejecutada en un 30 por ciento; se han gastado más
de 70 millones de euros, y se estima que parar las obras supondría 126 millones de euros. Pues aun así, nos atrevemos a señalar que las inversiones realizadas hasta ahora no se perderían -o al menos no totalmente-, dado que el principal gasto
realizado es el de la construcción de la estación de elevación desde el embalse de Corpes a la balsa de La Bola, infraestructura que puede ser utilizada como un
sistema de bombeo reversible, que podría producir energía a precios muy reducidos. El uso de esta energía en los proyectos alternativos de desalación, reutilización y bombeos permitiría reducir los precios del agua, algo fundamental para la
agricultura del Vinalopó.
Con todo lo anterior, el mayor coste que se evitaría adoptando una alternativa viable y eficiente, como la que aquí proponemos, es el peor coste de todos, el coste del error. ¿Qué coste puede tener seguir adelante con un proyecto inviable,
que de hecho ha entrado en quiebra económica y política después de los trabajos de la comisión técnica? ¿Qué coste tiene poner en riesgo la sostenibilidad ambiental del tramo final del río Júcar y afectar gravemente a la Albufera de Valencia? ¿Qué
coste tiene construir un conflicto social y territorial entre las comarcas de la Rivera y el Vinalopó, conflicto que se reproduciría cada año que los recursos fueran insuficientes, que sería la mayoría de ellos? ¿Qué coste de oportunidad tendría
que los agricultores no dispusieran de agua real en el medio Vinalopó? Cabe añadir lo siguiente: si los pronósticos más prudentes son acertados y los caudales del Júcar se ven reducidos, ¿habrá valido la pena la inversión para tan pocos
hectómetros cúbicos de agua?
No queda claro que paralizar las obras sea una opción ineficiente, lo que hay que cambiar es la visión en el plazo del análisis. A medio plazo, puede ser económicamente favorable y, a largo plazo, seguro que garantizar la supervivencia de
un río tiene un valor difícil de traducir en euros. Nosotros proponemos el siguiente punto en la moción: iniciar las actuaciones oportunas para suspender los contratos del actual proyecto Júcar-Vinalopó y ampliar en usos alternativos las obras y
los bienes de equipo hasta ahora ejecutados.
Sí que hay proyectos alternativos para proporcionar agua al Vinalopó. Es nuestra voluntad que el Vinalopó también tenga agua y es nuestra voluntad que el Júcar perviva. La ministra escuchó un listado de alternativas del que no quiso hacer
un análisis exhaustivo, diciendo prudentemente que dicho análisis podría llevarse a cabo de forma más sólida en la sesión que nos ocupa. Se ofreció a valorar nuevas iniciativas que permitan satisfacer mejor estas demandas. Creemos que la mayor
parte de los contenidos de esta moción van en este sentido. De hecho, ellos son una continuación del programa agua para el Vinalopó, con dos matices: primero, esta alternativa debe pasar necesariamente por no considerar el trasvase Júcar-Vinalopó,
para lo que planteamos los puntos de la moción; segundo, debe ejecutarse de forma urgente, para poder zanjar cuanto antes el debate estéril sobre el trasvase.
En definitiva, de lo que estamos hablando es de un problema que tiene fácil solución y que seguramente ha seguido un debate fuera del que corresponde estrictamente al agua. Afirmo que hay una discusión sobre los votos o sobre quién ganará
la Generalitat valenciana en las próximas elecciones. Todo eso está muy bien y está ahí. Pero nosotros creemos que, ante un problema como el del agua, que siempre suscita conflictos paralelos si no se trata bien o se trata con demagogia y a golpe
de elecciones, no queda más que resolverlo. Nosotros no tenemos otra opción que apuntar soluciones que den agua constante, de manera continua, al Vinalopó, a la Marina Baixa y a L'Alcanti, y no que dependan de un régimen pluviométrico incierto, que
unas veces podrá ser y otras no, como muestran las gráficas. Ni más ni menos.
Aceptaremos las enmiendas que nos proponen Izquierda Verde y Convergència, que responden también a las demandas de los movimientos sociales de la plataforma unitaria Xúquer Viu y que en todo caso no hacen más que complementar y mejorar
nuestra moción. Esperamos que ustedes enmienden el error y que no lo tomen como un imperativo. Y sepan que este conflicto, que ahora puede tener una solución razonable enviando agua al Vinalopó, de no solucionarse bien, puede crear un problema
endémico entre diferentes partes del País Valenciano, lo cual tiene peor solución que el tema del agua.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Cerdà.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción tiene la palabra la señora Ramón-Llin, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, nos encontramos ante una moción cuyo contenido entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular y desde la Comunidad Valenciana que es un total
despropósito y un ataque directo al desarrollo social y económico de la Comunidad Valenciana, pero no nos extraña nada viniendo esta propuesta del grupo que viene. Desde el Grupo Popular nos preguntamos cuál será la razón última de ese obsesivo
empeño que existe por parte de algunos grupos minoritarios de la Cámara, respetables pero minoritarios, con escasa o nula implantación en las comarcas afectadas. Y hemos de decirle, señor Cerdà, que si hablamos de votos, lo que nosotros intuimos es
que su inexistencia en el panorama político valenciano, que esperemos que sea por bastante tiempo, pretenden suplirlo con este tipo de iniciativas que están rompiendo la paz social que se consiguió en el momento en que se aprobó este Plan
hidrológico de cuenca.
Analizando el contenido de la moción, su única y absoluta pretensión, me imagino que con las enmiendas que ha anunciado que va a aceptar, que no es la nuestra, es paralizar el trasvase Júcar-Vinalopó, una actuación que fue consensuada por
todas las administraciones con todos los usuarios de la cuenca del Júcar y que no tuvo en el año 1997 ni un solo voto en contra
cuando se sometió a votación. No tienen una alternativa clara para este trasvase, sobre todo porque ustedes hablan de iniciar con extrema urgencia los proyectos necesarios para asegurar el suministro de agua al Vinalopó, que es lo mismo que
no decir nada porque ni existen los proyectos ni se sabe, por mucho que usted argumente, dónde están esos proyectos, cuánta agua va a venir, cómo va a venir, etcétera, como usted bien sabe.
La pretensión del Partido Popular, ante una agresión irracional disfrazada de moción, es dar a conocer a esta Cámara, en el escaso tiempo que tenemos, cuál es la realidad en el tema del trasvase Júcar-Vinalopó, que, como he dicho, fue
aprobado sin ningún voto en contra en el año 1997.
Además existe un amplio consenso social al respecto que ustedes, junto con otros grupos, están contribuyendo a quebrar o intentar quebrar. Debo decirle que el sistema Vinalopó-Alacantí no
solamente tiene ese déficit de 80 sino que, como demuestra un cuadro que obra en mi poder, tiene un déficit de 147 hectómetros cúbicos que se iban a paliar parcialmente por unos 65 de esos 80 que venían a todo el sistema Vinalopó-Alacantí. .
Estamos hablando de 38 poblaciones que beben agua de los acuíferos del Vinalopó-Alacantí, de una población que llega casi al millón y medio de habitantes y de 40.000 hectáreas de regadío. Además -no lo dice solo el Grupo Popular-, en diciembre de
2003, la Comisión Europea concedió una subvención de más de 80 millones de euros para la construcción de las infraestructuras del trasvase, exigiendo un programa que se cumple y que contiene todas las exigencias de la Comisión Europea en el informe
que en diciembre del pasado año 2004 se remitió a Europa.
Es un proyecto económicamente, técnicamente y medioambientalmente correcto para la Comisión Europea. En su afán antitrasvasista obsesivo, que creemos que deberá ser catalogado como una nueva patología por los especialistas, son capaces de
poner en tela de juicio incluso las decisiones de la Comisión Europea y suplantar su personalidad.
Refiriéndome a la respuesta de la ministra a su interpelación, la Generalitat Valenciana está cumpliendo sus compromisos desde el primer momento, en
contra de lo que manifiesta habitualmente la ministra de Medio Ambiente. No obstante, y a pesar de ser momentos duros para los ciudadanos que están en la Comunidad Valenciana, que viven, que padecen el problema, que conocen cuál es la situación de
sus ríos, y sobre todo para los regantes, que dentro de este contexto conocen perfectamente el manejo del agua porque es histórico en la Comunidad Valenciana, hoy es un día importante en el sentido de que la ministra de Medio Ambiente ha reconocido
en Murcia hoy que sí van a hacer el trasvase del Júcar-Vinalopó. No vamos a discutir en este momento los caudales, porque creemos que lo importante es que el Gobierno ha anunciado su incorporación, cuando es necesaria, y en este caso lo es, a la
cultura de seguir trabajando en un trasvase que es fundamental para la Comunidad Valenciana, reiterando de paso -y también para que conste en el 'Diario de Sesiones'- que el Partido Popular, cuando gobernó, nunca mintió ni engañó a los agricultores
en cuanto a las cantidades y los caudales que se podían trasvasar, que eran hasta 80 hectómetros cúbicos, en función de los años hídricos y de las disponibilidades de la cuenca cedente.
Por otro lado, quería decir a la ministra de Agricultura -y aprovecho para asegurarle que el Partido Popular no ha cambiado ni un ápice su postura, no por nada, sino porque siempre hemos creído que es la solución correcta- que, ante la duda
metafísica que le ha surgido hoy en Crevillente, en la provincia de Alicante, sobre la posición del PP, nuestra enmienda deja sin ningún género de dudas cuál es nuestra posición. Queremos -y la enmienda así lo dice, aunque ya sabemos de antemano
que no va a ser aceptada- que el trasvase del Júcar-Vinalopó se siga ejecutando con la marcha que llevaba y que sea en los términos que se aprobaron en el Plan hidrológico de cuenca del Júcar. Eso es lo que pedimos y nos alegra saber que el
Ministerio de Medio Ambiente y que el Gobierno del Partido Socialista han dicho que sí van a hacer ese trasvase.
Es cierto que no se ha podido tener una idea clara de todos estos contrainformes que surgen en este momento desde diferentes posiciones y a los que el señor Cerdà ha aludido, porque el trasvase Júcar-Vinalopó, con la aprobación de todos sus
miembros -que creo que no son ignorantes, por no decir otras palabras más coloquiales-, también tiene una base técnica importante de especialistas independientes y de funcionarios del ministerio, que estaban, están y estarán allí hasta su
jubilación, que han constatado la posibilidad real de hacer esas transferencias. Por todo esto creemos que es importante este día.
Desde la legitimidad que cualquier grupo tiene y que siempre nos parece respetable y legítima, les rogamos que, si hablamos de jugar con los votos, no utilicen estas cuestiones en la Comunidad Valenciana, señores de Esquerra Republicana,
para conseguir unos votos que no tienen. Y por mal camino van, porque cuando hacen alguna actuación política es para eliminar todo lo que se ha hecho en el agua, en la lengua o en cualquier otra actuación. Le aseguro que no soy yo personalmente ni
todo nuestro grupo, sino los ciudadanos de la Comunidad Valenciana -que además es el nombre oficial-, que viven, que padecen los problemas y que pueden votar a cualquiera de las opciones políticas presentes en esta Cámara y no presentes, quienes
están hartos de esa historia, cuando realmente encima se les acusa de utilizar mal el agua en muchas ocasiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora diputada, tendría que ir terminando.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Quisiera también dejar
constancia de que, además de esos 147 hectómetros de déficit que tiene el Vinalopó-Alacantí, la Comunidad Valenciana -y podríamos coincidir todos los diputados valencianos de diferentes fuerzas políticas- lidera el ahorro en la utilización
del agua en el sector agrario. Como estamos muy orgullosos de eso, lo queremos decir, porque desde los gobiernos del Partido Popular en la Generalitat Valenciana se ha estimulado, se ha subvencionado y se ha ayudado a ello. Bienvenidas sean las
propuestas, pero indudablemente jueguen con otros temas, si es que quieren jugar, y no manipulen a este sector, que no se va a dejar manipular porque saben mucho más que ustedes de esta cuestión del agua.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra la señora Navarro por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Lo que no acabo de entender es por qué el Grupo Popular presenta una enmienda que dice todo lo contrario de lo que dice la moción del grupo proponente, que es Esquerra Republicana. Yo pensaba que las enmiendas se hacían con un interés
constructivo. A lo mejor es por el poco tiempo que llevo en esta Cámara. Ya voy aprendiendo, pero la verdad es que de la lectura no se podía deducir más que sorpresa. Y después se viene a hablar de lo que había en el año 1997. Pues del año 1997
al 2005, en el que estamos, a un 22 por ciento de la construcción de las obras del trasvase, todavía queda mucho para que llegue a existir esa conducción de agua y lo que es innegable es que el río Xúquer ha ido perdiendo agua y que el caudal no es
el mismo. Las circunstancias también han cambiado y ustedes deberían actualizarse, actualizarse en datos, actualizarse escuchando a la gente, actualizándose viendo lo que realmente hay. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la
Presidencia.) Les invito a ello.
Ha manifestado que está muy contenta porque la ministra ha dicho hoy que se va a hacer el trasvase. Yo no estoy muy contenta y se le ha olvidado la gran parte. Bien, no se le ha olvidado, porque se ha visto cómo la ha obviado
intencionadamente. La ministra ha dicho que ustedes estaban engañando con los datos que daban y que no se pueden trasvasar 80 hectómetros, sino que se tienen que trasvasar 40. Las circunstancias no son las mismas, algo ha cambiado. Mi grupo
parlamentario está en contra de hacer un trasvase y ahora explicaré las motivaciones, aunque ya han sido expuestas en esta Cámara en diferentes ocasiones. Pero que oculte usted las declaraciones de la ministra que no le interesan me parece
irrisorio, aparte de que viene a demonizar una opción política que, en democracia, es tan legítima como cualquier otra. Por cierto, lo de la lengua lo montaron ustedes, solitos, que se sobran; por intereses políticos seguramente, como todo lo que
hacen, porque nunca se preocupan de los ciudadanos si no es por sus votos. Lo que ocurrió fue que cambió el Gobierno, cambió supuestamente una política hidráulica, se derogó el trasvase del Ebro y de esa manera se calmaron los aragoneses y los
catalanes, pero ¿qué pasa con el río Xúquer? ¿Qué pasa con los valencianos, que también queremos proteger nuestro río, a pesar de que tenemos la desgracia de que nos gobierna el Partido Popular, al que ni los ríos le interesa ni el medio ambiente
en general? (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Menos mal que a los valencianos sí!)
Siguen manteniendo una política catastrofista, como acabamos de ver ahora mismo a través de su intervención, sobre la situación del agua. Y, por desgracia, allí el PSOE le sigue. De esa manera lo que se mantiene es un proyecto cuestionado
en su inicio por el Partido Socialista del País Valenciano, si bien al comienzo de la legislatura se da un paso importante, que es que se constituye una comisión técnica para estudiar la viabilidad del proyecto, eso sí sin aprobar la paralización
del mismo, que es lo que debería haberse hecho, para luego no venir aquí y alegar la política de hechos consumados, el porcentaje de obras ya realizado y el precio que costaría la marcha atrás. No es lo más adecuado; lo que debe hacerse es, en el
momento de cambio del Gobierno, si se constituye una comisión técnica, paralizar todo y estudiar la viabilidad de ese proyecto y, si el proyecto no es viable medioambientalmente, no se lleva a cabo y punto. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno
coherente con una política hidráulica que dice que defiende el medio ambiente de desarrollo sostenible.
La comisión técnica, constituida gracias a las iniciativas tanto de Esquerra Republicana como de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, finaliza su trabajo sin conclusiones porque no llegan a ponerse de acuerdo, pero
nos da unos datos. Precisamente hoy, por cierto, uno de los miembros de esa comisión ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente y ha hecho una clarísima exposición de los datos obtenidos por esa comisión técnica, que lo que vienen a decir es
que este trasvase no se debe hacer, porque nos vamos a cargar el río, porque vamos a destruir un río que es de los valencianos. Por eso los valencianos, que queremos a nuestra tierra, lo queremos evitar.
Realmente, el trasvase que dicen que se
podría hacer alcanza únicamente 15 hectómetros cúbicos al año. Y no vale la pena hacer toda una infraestructura como es el trasvase; habría que buscar otras soluciones, soluciones que nosotros proponemos. Lo que queda claro es que el río Xúquer
es deficitario, pero además lo será más en el futuro, porque ha padecido una seria sobreexplotación de los acuíferos en la Mancha oriental,
que vienen originados por un acuerdo entre el ex presidente de la Generalitat, señor Zaplana, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y el ministro actual de Defensa, señor Bono. Se está manteniendo y, según los datos originados por
la comisión de técnicos, esta sobreexplotación va a acarrear consecuencias en el futuro. Es decir que cada vez, como consecuencia de ello, el río Xúquer tendrá menos caudal. Además tenemos que valorar el cambio climático, porque los técnicos que
defendían el trasvase en la comisión no quisieron que se incluyera dicha variable en los estudios y en las pruebas que se hicieron.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora Navarro, debe usted ir acabando, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Ya, señora presidenta? Lo cierto es que el cambio climático prevé un descenso de hasta el 22 por ciento del caudal.
En definitiva, como tengo que ir acabando, proponemos una serie de medidas alternativas a este caudal, porque sí que hay medidas alternativas muy concretas, algunas de las cuales han sido aceptadas por la ministra de Medio Ambiente, que dan
las soluciones hídricas necesarias al Vinalopó y que reconocen que el trasvase no es la solución para Alicante, no garantiza el suministro de agua, porque no la va a haber, no va a haber suficiente agua para que sea trasvasada, y además es una
solución terrible para el Xúquer y la Albufera que implicará que el Xúquer se convierta en lo que hoy es el Segura. Por cierto, en el Congreso no paramos de aprobar iniciativas para proteger al Segura y al final es lo que tendremos que hacer con el
río Xúquer, invertir dinero para intentar salvarlo, a pesar de que el Segura no se sabe muy bien si tiene esa posibilidad. Debemos ejecutar las actuaciones previstas y ampliarlas, tal y como aparece en la enmienda que se ha anunciado que va a ser
aceptada por Esquerra Republicana. Lo que les pedimos es que dejen de engañar a la gente haciéndoles creer que este trasvase es una fuente de agua de cara al futuro, porque no es cierto. Los datos son contundentes al respecto.
Se trata de un río
deficitario y que cada vez lo será más. Por todo eso les pido que voten por nuestro río, que voten por la Albufera y que dejen de hacer mala política.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Señor Campuzano, es su turno. Para defender su enmienda tiene usted la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño. Efectivamente, todos los grupos, al menos el grupo que ha presentado la iniciativa y algunos otros portavoces que han intervenido, coincidimos en la necesidad de articular respuestas a un problema concreto que
están viviendo desde hace tiempo determinadas comarcas del sur del País Valenciano. Nuestra obligación es dar respuesta a esos problemas concretos, entendiendo su complejidad y la contradicción de intereses. No es una cuestión ni mucho menos
fácil, pero al menos algunos grupos hemos presentado, en otro momento procesal y en otro ámbito del Congreso, una iniciativa conjunta, que es la que refleja la enmienda que mi grupo ha presentado a esta moción y que, por lo que ha anunciado el señor
Cerdà, va a ser aceptada. Una enmienda, insisto, que enlaza con esa otra iniciativa presentada en Comisión por nuestro grupo, que trata el problema complejo de esa contradicción de intereses que se plantean en esas comarcas del País Valencià y que
además, por parte de Convergència i Unió, responde a planteamientos que compartimos con nuestros socios, aliados y amigos del Bloque Nacionalista Valencià.
Ofrece cinco propuestas concretas de alternativa a este trasvase del Xúquer al Vinalopó, que tiene su rechazo, que tiene sus inconvenientes y que en esta propia Cámara fue rechazado el pasado 9 de septiembre. En primer lugar, reclamamos que
se respeten escrupulosamente las conclusiones de la comisión de estudio, tal como establecía aquella proposición no de ley, dada la insuficiencia de los caudales disponibles dictaminada por la comisión. Por tanto, paralizar de manera inmediata las
obras de proyecto de dicho trasvase. En segundo lugar, entendemos que es posible, a corto plazo, poner en marcha una serie de medidas, que, sin considerar el actual proyecto de trasvase, impliquen un suministro de agua a estos territorios. En
concreto, planteamos la construcción de desaladoras de agua de mar, la regularización de concesiones de extracciones en la zona del Alto Vinalopó, devolviendo a esta comarca el uso exclusivo de sus recursos, una vieja reivindicación; la
reutilización de las aguas residuales actualmente no utilizadas en este territorio, implantando los tratamientos adecuados e impulsando la reasignación de las actuales del Xúcar a la Marina Baja, que se vienen realizando en la vía del acuífero
Tajo-Segura. En tercer lugar, planteamos la necesidad de estudiar usos alternativos para el uso agrario del agua en el territorio de estas comarcas del sur del País Valenciano. En quinto lugar, la modificación del anexo segundo de la Ley 10/2001,
del Plan Hidrológico Nacional, sustituyendo el proyecto conducción Xúquer-Vinalopó por programas de medidas urgentes para el suministro de agua.
Finalmente hablamos de la necesidad de incluir el programa de medidas urgentes para el suministro de agua en el Vinalopó en el anexo 4 del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 12/2001, para que la citada
actuación tenga el carácter de prioritaria y urgente. Es este un conjunto de medidas, señorías, que pretenden abordar un problema complejo, difícil, al que hasta ahora no hemos sido capaces de dar solución y que además sea en términos ecológicos
sostenibles y en términos sociales aceptables
en el conjunto del País Valenciano. Es una batería de propuestas que nos gustaría que contasen con el apoyo de la mayoría.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que querrían fijar posición? (Pausa.) La señora Serna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nosotros, sintiéndolo mucho, y después de un gran esfuerzo, nos vemos obligados a decir que no a la moción que presenta esta noche Esquerra Republicana sobre el trasvase Júcar-Vinalopó. Para ello tenemos dos razones genéricas, y
luego entraré en las particulares del trasvase, y es que en primer lugar el Grupo Parlamentario Socialista si votase que sí a esta moción cometería un grave incumplimiento con sus ciudadanos, porque nuestras promesas electorales fijaban que
llevaríamos a este millón de ciudadanos que viven en las comarcas del Vinalopó, del Alacantí y de la Marina Baixa, el agua que en este momento no tienen. Usted mismo sabe perfectamente, lo dice en su motivación y en la moción, que hay un gravísimo
déficit. No voy a entrar en cifras, pero todo el mundo sabemos que es un problema muy grave y que el trasvase Júcar-Vinalopó, aceptado en nuestro programa electoral, podría resolver esto de una manera importante.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene que ser coherente no solamente con los ciudadanos a los que ha hecho una serie de promesas electorales, sino también con las votaciones que se han realizado en esta Cámara. Quiero recordar a SS.SS.
que el Grupo Parlamentario Socialista tuvo un profundísimo desacuerdo con el Partido Popular en cuanto al Plan Hidrológico aprobado en 2001. Sin embargo, dimos nuestro voto afirmativo al anexo de inversiones, donde estaba precisamente la conducción
del Júcar-Vinalopó. Además, ahora tenemos un pleno acuerdo con el real decreto-ley que ha presentado el actual Gobierno socialista, donde esta conducción viene bajo el epígrafe de interés general, real decreto que precisamente ayer inició su
tramitación en la Cámara a partir de las comparecencias en la Comisión de Medio Ambiente para la modificación del Plan Hidrológico. Sin embargo -y fundamentalmente se lo quiero indicar al grupo proponente, a Esquerra Republicana de Catalunya-
nosotros siempre hemos estado por el diálogo y por el consenso, incluso en iniciativas planteadas por nosotros e incluso en aquellos compromisos electorales y en aquellas votaciones que habíamos hecho, naturalmente siempre que esas iniciativas que
usted propone mejoren los proyectos. Como sabe, ayer estuvimos largas horas de la tarde intentando llegar a ese consenso, consenso que no ha sido posible. Sin embargo, hemos presentado una enmienda para conseguir que la negociación continuase para
poder llegar a un acuerdo con ustedes, enmienda cuyo objetivo fundamental era el consenso parlamentario. Y puesto que ustedes nos habían avisado de que no iban a aceptar esa enmienda y el objetivo de la misma era un consenso en la Cámara, nosotros
nos hemos visto obligados a retirarla. y por lo tanto nuestra posición es votar no a esta moción. Eso no implica que no estemos siempre abiertos -sí, debe explicarle su compañera los acontecimientos que han ocurrido en relación con esta moción-,
pues estaremos abiertos a todas las iniciativas que mejoren los proyectos legislativos tanto del Gobierno como del Grupo Socialista. Y para que no parezca que son simples palabras de buena voluntad, quiero ponerle un ejemplo de algo que ya ha
ocurrido, y es que el día 9 de septiembre, este mismo grupo que presenta esta tarde esta moción y sobre este mismo tema, el trasvase Júcar-Vinalopó, llegó a un acuerdo a través de una enmienda, en su proposición no de ley, en la Comisión de Medio
Ambiente, y cada uno de los puntos de esa enmienda se han cumplido rigurosamente. Quiero recordarle alguno de ellos.
Ustedes solicitaban que hubiese una comisión en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esa comisión se ha constituido y ha estado trabajando durante cinco largos meses. Ustedes decían que tenía que haber una serie de personas que
constituyesen esta comisión y que paso a leerles, porque este requisito también se ha cumplido. Ha estado presente el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat valenciana, los usuarios del Júcar, la Junta
Central de Regantes de La Mancha Oriental, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, del Alacantí y de la Marina, Nueva Cultura del Agua, Xúquer Viu, Seiasa y Ajusa, es decir, Aguas del Júcar y la Sociedad Estatal de Infraestructuras. Luego se
cumplió también uno de los requisitos que ustedes habían planteado, es decir, que hubiese Comisión y que estuviesen estas personas. El siguiente requisito era que el objetivo de la comisión -leo textualmente- fuese analizar la viabilidad del
trasvase en los términos establecidos, es decir, con 80 hectómetros cúbicos al año, mediante la simulación de escenarios previsibles. Señor Cerdá, yo quiero decirle que los escenarios previsibles y las simulaciones que se han hecho han llegado al
número 500 y que de sus resultados se ha concluido que el trasvase es viable, pero no en las condiciones que había establecido el Partido Popular de 80 hectómetros cúbicos al año. Por lo tanto, hoy la señora ministra ha dicho con absoluta claridad
que la horquilla está entre 12 y 62 hectómetros cúbicos y que es absolutamente impensable que haya 80 hectómetros cúbicos al año.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego concluya, señora Serna.
La señora SERNA MASÍA: Otra de las condiciones que ustedes planteaban y que acordamos eran las siguientes: que se cumpliesen rigurosamente, como no podía ser menos, las condiciones que había impuesto la Comisión Europea para cofinanciar el
proyecto, condiciones que no solo se han cumplido sino que están en el informe que ha enviado el Gobierno a Bruselas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Serna, por favor, vaya concluyendo.
La señora SERNA MASÍA: Hay un programa para cerrar los 170 pozos que decía, y lo más importante, que es lo que viene al tema, es que en el informe del Gobierno socialista se indica que se consideran prioritarias, antes de trasvasar una sola
gota de agua al Vinalopó, las necesidades ambientales del Júcar y de la Albufera y así consta en el informe. Por lo tanto, todos los requisitos que ustedes habían planteado el día 9 de septiembre, uno a uno, se han ido cumpliendo, luego quisimos
llegar a un acuerdo y el acuerdo se ha cumplido. Resultado de todo esto es que es verdad que el trasvase es viable, y ustedes no están de acuerdo, pero también es verdad que no pueden ser los 80 hectómetros cúbicos que había dicho el Partido
Popular, porque las condiciones ambientales del cauce del Júcar y del lago de la Albufera hacen totalmente impensable que esto pueda producirse. Por lo tanto, el trasvase va a continuar y es un mensaje claro que hay que dejar a los ciudadanos.
Pero no será con 80 hectómetros cúbicos, sino que habrá que proponer -y así lo han hecho también la ministra y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar a los regantes del Vilanopó- toda una serie de medidas alternativas que completen
y puedan paliar de alguna manera el gravísimo déficit que existe. De alguna forma eso es lo que ustedes han ido viendo estos días en la prensa. Alguna de las medidas que ustedes plantean en la moción ya han sido planteadas por el Gobierno, las
medidas alternativas para poder de alguna manera paliar todo este tema.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Serna, por favor, por tercera vez, lleva usted más de tres minutos excedidos de su turno.
La señora SERNA MASIÁ: Ellos han tenido cinco minutos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Sí, y lleva usted más de ocho minutos y medio.
La señora SERNA MASIÁ: Perdón.
Solamente me queda acabar diciendo que la propuesta que ustedes plantean tiene un coste social y económico altísimo -si supiese la cifra el señor Solbes daría un salto en la silla-, y, tal como usted mismo ha indicado, las obras están
ejecutadas en un 30 por ciento, comprometidas y adjudicadas en un cien por cien, y por lo tanto el erario público no puede tirar a la basura esos 80 millones de euros y gastarse nada menos que la friolera de unos 300 millones por una obra que ni
siquiera se haría.
Lo siento, señora presidenta. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): No pasa nada. Tiene usted el tiempo reflejado a su derecha, por si quiere consultarlo. Muchas gracias, señora Serna.
Señor Cerdà, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas. Tiene usted tres enmiendas.
El señor CERDÀ ARGENT: Aceptamos la enmienda de Izquierda Verde i de Convergència i Unió porque de hecho es la misma y rechazamos la del Grupo Popular porque es totalmente contraria a nuestra moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Votaremos la moción en sus términos con la incorporación de las enmiendas de los grupos Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Convergència i Unió.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO INFORME SOBRE SU VOLUNTAD DE ALCANZAR ALGÚN ACUERDO EN EL ÁMBITO DE LAS REFORMAS PREVISTAS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL. (Número de expediente 173/000052.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos a la última de las mociones de la sesión de hoy, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno informe sobre su voluntad de alcanzar algún acuerdo en el
ámbito de las reformas previstas en el sector audiovisual.
Para su defensa tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no se pueden haber hecho peor las cosas con la excusa de potenciar la televisión digital terrestre. El Gobierno socialista, como pusimos de manifiesto en el debate del pasado día 9, no ha cumplido ni su palabra ni sus compromisos
electorales en el desarrollo de la tecnología digital. El Gobierno socialista solo ha querido -y lo ha hecho a destiempo- elaborar a toda prisa un proyecto de ley que teóricamente pretende el desarrollo de la televisión y la radio digitales, pero
que realmente es una tapadera que encubre la concesión de nuevos canales privados de televisión analógicos con la excusa, eso sí, de ampliar las opciones para los ciudadanos. Es un proyecto de ley que además es parcial,
incompleto, deficiente y que está plagado de dudas y de incertidumbres; un proyecto que ha defraudado rotundamente al sector audiovisual, que ha rechazado con sus opiniones una gran parte de la sociedad, que no impulsa la transición al
digital, todo lo contrario, la retrasa; un proyecto que no fomenta el pluralismo. En definitiva, nos descubre con este proyecto el Gobierno su posición absolutamente arbitraria sobre los medios de comunicación. El Gobierno socialista desprecia
una vez más una oportunidad histórica para estar a la altura de los tiempos. España merecía desarrollar decididamente la televisión y la radio digitales terrestres, acortando los plazos para su más extensa amplitud y alcanzando a la mayoría de la
población, eso sí, con la voluntad de cumplir los objetivos de diálogo, de libertad, de consenso y de pluralismo; hacerlo después de despejar el futuro de Radiotelevisión Española, que al fin y al cabo es la verdadera cara que vemos del Gobierno
día a día respecto a los medios de comunicación; hacerlo con un carácter integral, con transparencia y con claridad, es decir, al contrario de lo hecho por los socialistas, que han presentado una ley sembrada de arrogancia, de desconfianza y de
recelos. Desgraciadamente, esta misma tarde se han confirmado las sospechas: se produce el retraso más absoluto de lo digital, avanzamos en lo analógico, por tanto, nos paralizamos, es decir -y para que todos nos entiendan-, es como si el Gobierno
quisiera volver de nuevo a las cavernas, a la era de la televisión en blanco y negro (Protestas.), frente al progreso, frente a lo digital (Aplausos.). Eso es lo que busca el Gobierno socialista, y las sospechas se nos confirmado esta tarde con la
petición que se ha hecho de la apertura en abierto.
La cuestión no estriba, como dice el Gobierno, en que los ciudadanos apoyan la existencia de más canales, porque bastaría para ello que emitieran los canales digitales que ya existen. El problema planteado es el de un gobierno que no tiene
empacho en retorcer las leyes para acometer un atropello al sentido común e incurrir en un abuso de las reglas de juego con la única y exclusiva finalidad de salvar las cuentas de resultados de una cadena analógica y amiga. El Gobierno socialista
sigue fielmente un guión que le han escrito otros. Se anuncia un ambicioso proyecto de impulso de la televisión digital en el que, de tapadillo, se cuelgan medidas que demuestran en seguida que no es así.
Nuestro grupo parlamentario, a diferencia
de otros, no tiene miedo a la libertad (Protestas.); por eso apoya la multiplicación de las opciones que, con la única limitación técnica, ofrece la transmisión digital. El Gobierno debe saber que defenderemos siempre esa libertad y no dudaremos
en denunciar sus restricciones, las que el Gobierno socialista nos quiere imponer a toda la sociedad española. Por ello decimos en nuestra moción que es el momento de practicar un diálogo abierto y profundo con todos los agentes que intervienen en
la implantación de la tecnología digital, con las comunidades autónomas, con el sector audiovisual y con las fuerzas políticas. Queremos insistir en ello desde esta tribuna porque nos parece un objetivo esencial. Nosotros pedimos un diálogo
sincero y sin trucos, no con trucos como a los que nos tiene acostumbrados ya este Gobierno al que ya conocemos bastantes de ellos; un diálogo que apueste de verdad por el pluralismo de las ofertas y la calidad de los contenidos. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Se nos ha asegurado en esta Cámara, y también lo han publicado reiteradamente los medios de comunicación, que el Gobierno ha tenido en cuenta al sector audiovisual, que el Gobierno, según dice, ha escuchado al sector y ha asumido sus
sugerencias, y eso es rotundamente falso y ustedes lo saben perfectamente, y si no, ahí está la foto que se publicó el día 17 de febrero. Pero, además, en esta misma Cámara el ministro de Industria nos había asegurado que en la reunión del Catsi se
había debatido el proyecto y además no había habido votos en contra, y eso no es así, eso es una falsedad. El proyecto que se llevó al Catsi no se correspondía con el que entró en la Cámara, y hubo votos en contra de esa propuesta. Insisto en que
no es cierto en absoluto lo que dijo aquel día el Gobierno en la persona del ministro de Industria y responsable del ramo. El Gobierno, por el contrario, ha querido despachar su proyecto de ley con una prisa injustificada y muy inconveniente, con
una urgencia que el Congreso de los Diputados ha evitado a tiempo gracias al Grupo Parlamentario Popular y a otros grupos que le han secundado para permitir así el sosiego y la serenidad necesarios en su discusión. Porque, señores socialistas,
ustedes han disfrazado de palabras huecas sobre el pluralismo la recompensa con la que quieren premiar a sus amigos. El talante hace aguas. Se les ha llenado a ustedes durante este tiempo la boca de diálogo, de consenso, etcétera, y lo único que
conocemos en esta Cámara es la utilización del rodillo socialista.
Señorías, es imprescindible que hagamos un ejercicio de responsabilidad y dejar a un lado los favores personales para alcanzar un gran acuerdo que nos permita beneficiar a todo el conjunto de los españoles, con la firmeza y la estabilidad
del consenso, de las extraordinarias posibilidades de comunicación que ofrece la tecnología digital. Nuestra moción, que no ha perdido vigencia ni actualidad, busca precisamente el compromiso de la Cámara con ese clima de diálogo, con esa
negociación que niega el Gobierno a todas las partes, al sector, a la oposición y a las comunidades autónomas. Tiempo habrá más adelante de estudiar con detalle este proyecto, pero lo que hoy venimos a pedir aquí es el diálogo, y el Gobierno no
puede hacer oídos sordos a una demanda razonada de diálogo.
El Gobierno y el Partido Socialista no deberían continuar en la línea del enfrentamiento y del desprecio más absolutos en que la se encuentran en este momento. Nosotros, el Grupo
Parlamentario Popular, apostamos por un tránsito digital
ágil y operativo, respetuoso y libre, que no se vea gravado por ninguna recompensa pendiente y que afiance un marco regulatorio simplificado y dinámico en un mercado creciente y en competencia. Creemos además que los esfuerzos deben
concentrarse sobre la nueva tecnología digital sin dar paso atrás, sin retrasar su implantación y fomentando el mayor pluralismo.
Señorías, en definitiva y por último, frente al desprecio más absoluto al diálogo, al consenso y al pluralismo que ha puesto en marcha el Gobierno socialista y frente a la enorme brecha digital que ha abierto, nosotros, desde el Grupo
Parlamentario Popular, pedimos con esta moción la apertura de un proceso de negociación profundo y transparente, término muy importante en estos días -insisto, profundo y transparente-, y una apuesta comprometida con el desarrollo digital.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montesinos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Corcuera. Tiene cinco minutos, señor diputado.
El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.
Señora Montesinos, usted debería saber que es difícil pedir consenso y diálogo tras hacer descalificaciones gratuitas, algo que en usted ya empieza a ser habitual; lo hizo hace quince días y lo ha vuelto a hacer hoy en esta tribuna.
(Aplausos.) Además, no por eso va a tener usted más razón. Ya le avanzo que esta no va a ser mi actitud, pero sí pondré en evidencia alguna de las contradicciones de su argumentación.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista ha propuesto una enmienda a la moción presentada por el Grupo Popular; enmienda que tiene la intención sana y sincera de llegar a un acuerdo en las reformas legales del
sector audiovisual y que insta a continuar y profundizar en el proceso de negociación con todas las fuerzas políticas y con los representantes del sector audiovisual español. Señorías, tenemos la posibilidad de buscar una posición común en esta
Cámara, pero no se puede pedir consenso e imponer al mismo tiempo el acuerdo. Las reformas emprendidas por el Gobierno en el sector audiovisual tienen por objeto conseguir un mayor pluralismo y libertad así como avanzar en la implantación y
desarrollo de la televisión digital terrenal de forma realista y consultando previamente a los colectivos implicados.
Me gustaría, señorías, que reflexionaran conmigo sobre el texto de la moción y algunas de las críticas vertidas contra el proyecto de ley. En primer lugar critican que el proyecto se haya querido tramitar por vía de urgencia para eludir
-dicen- así el debate y coger por sorpresa a los agentes del sector. Señora Moratinos, sorprende que ahora exijan debate cuando en los últimos ocho años las medidas tomadas en el ámbito audiovisual han sido aprobadas sin discusión o previo aviso
alguno por real decreto-ley (Aplausos.), por la puerta de atrás en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado o bien por una enmienda en el Senado, siendo además uno de los grandes logros de su Gobierno que por primera vez en
la historia de España nos multase la Unión Europea por falta de transparencia informativa. (Aplausos.) Por el contrario, este Gobierno ha preferido utilizar la vía ordinaria de presentar al Parlamento un proyecto de ley que sea objeto de debate y
de la máxima participación, y la urgencia no tiene por qué ser un límite a esta participación. Para el Grupo Socialista es fundamental que haya debate, diálogo y consenso, pero ello no debe implicar la renuncia a la urgencia, que es necesaria para
que el proyecto pueda ser aprobado antes del 4 de agosto, que les recuerdo que es la fecha máxima de que disponen las comunidades autónomas para convocar y resolver los concursos de las televisiones digitales terrenales locales. Teniendo en cuenta
la complejidad del procedimiento de otorgamiento de concesiones, es necesario ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre, tal y como se prevé en el proyecto de ley. Sin su tramitación urgente, las comunidades autónomas o bien incumplirán sus plazos
o, en el caso de que puedan cumplirlos, otorgarán unas concesiones cuyo régimen jurídico va a ser modificado sustancialmente una vez sea aprobado el proyecto de ley en el Parlamento. En segundo lugar, es la voluntad del Gobierno que las medidas a
adoptar en el sector audiovisual cuenten con la mayor transparencia, participación y consenso posible, tanto en lo que respecta al impulso de la televisión digital terrestre y la radio digital como la futura ley general del audiovisual, sobre la que
ya se está trabajando y será presentada en breve en este Parlamento. Por ello, el Gobierno ha optado, como decía, por enviar al Parlamento un proyecto de ley que pueda ser discutido y consensuado por todas las fuerzas políticas. Les recuerdo que
ha habido numerosas reuniones con los agentes del sector, desde la reunión del Consejo asesor de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, que emitió informes favorables sin que constara oposición de ninguno de sus miembros con derecho
a voto -subrayo, señorías, con derecho a voto-, hasta la reunión que hoy mismo ha tenido lugar para constituir la comisión para el seguimiento de la transición de la televisión digital terrenal hasta el apagón analógico. ¿No es esto voluntad de
diálogo? (Una señora diputada: No.) En su grupo, señoría, tendrán que decidir si quieren participar en el debate y el consenso o quedarse mirando desde la barrera y criticando desde ella. (Rumores.) En tercer lugar, es normal la inquietud
mostrada por ciertos medios de comunicación. Es legítimo que estos medios de comunicación defiendan sus intereses empresariales. De hecho, algunas de sus sugerencias han sido ya introducidas en el proyecto de ley y otras sin duda lo serán a lo
largo de su tramitación. No obstante, no puede obviarse
la existencia de diálogo y voluntad de acuerdo, aunque no haya sido recogida la totalidad de las sugerencias.
Finalmente, les recuerdo que el objetivo es impulsar la televisión digital terrenal y fomentar el pluralismo y la libertad en el ámbito audiovisual.
Pues bien, durante el periodo transitorio que se va a producir hasta el apagón analógico, y
siempre que sea técnicamente posible y que no se perjudique la migración a la televisión digital terrenal, cuantas más televisiones haya, sea en el analógico o sea en el digital, mucho mejor.
(Un señor diputado: Para ti.-Rumores.) Más licencias no
es favorecer a grupo de comunicación alguno, sino fomentar el pluralismo y beneficiar al ciudadano con una mayor oferta televisiva. Lo contrario, señorías, el ciudadano no lo entendería. (Aplausos.)
Señora Montesinos, ustedes tienen mucho interés en mantener la situación actual. Qué paradoja que un partido que se pretende liberal actúe contra la libre competencia. Por algo será. Señora Montesinos, si ustedes de verdad quieren
consenso, el momento es el debate del proyecto de ley en el Parlamento. Les invito a participar de ese diálogo y consenso, pero consenso, no imposiciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Corcuera.
Comenzamos el turno de fijación de posiciones. En primer lugar tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, intervenir en estos debates es algo obligado, pero no se siente uno cómodo, no porque no quiera definirse, sino simplemente porque no se ve vinculado a
ningún sujeto protagonista ni por lo tanto a los que deciden y a los que establecen las pautas de comportamiento en el mercado del sector audiovisual español. En una palabra, como nosotros no tenemos grupo mediático del cual podamos ser
instrumentos o bien que el grupo mediático sea instrumento nuestro, nos sentimos francamente desplazados y muchos más desplazados de los dos sin duda grandes bloques mediáticos con sus intereses políticos, financieros, incluso trasnacionalizados,
que existen en el Estado español. No nos vamos a poner, lógicamente, al servicio de uno de ellos a pesar de que pensamos que algunos aspectos de uno de esos bloques linda en lo esperpéntico e incluso en la campaña abierta y sectariamente
antinacionalista. Pero está claro que en la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular, bajo una capa de pluralismo, de diálogo con todas las fuerzas políticas, está sin duda la desazón y el dictado de que el pastel está bien repartido
como está y, por lo tanto, no hay que tocarlo; actitud o análisis teórico que el Bloque Nacionalista Galego no puede compartir. Lo único que puede compartir el Bloque Nacionalista Galego -y es sin duda algo en lo que no estaría de acuerdo el Grupo
Parlamentario Popular ni tampoco, desgraciadamente, el Grupo Parlamentario Socialista- es que vivimos en una democracia mediatizada desde el punto de vista audiovisual y, por lo tanto, una falsificación de la democracia. Lo acabamos de ver con los
resultados del referendo sobre el Tratado constitucional, no ya durante todo el debate. Estoy por asegurar que la mayoría de la población del Estado español piensa que el Tratado constitucional fue aprobado entusiásticamente por la mayoría de los
españoles. Nadie puede entrever en los grandes titulares que apenas un tercio de los españoles aprobaron ese Tratado. Cuando esto ocurre en una democracia, está claro que los bloques mediáticos son insanos, merecen una crítica denonada, y nosotros
constatamos que tanto en el periodo de Gobierno del Partido Popular, que benefició abiertamente a sus grupos mediáticos, como sin duda con los gobiernos del Grupo Parlamentario Socialista, esto es un mal que no tiene cura, que es una enfermedad y lo
seguirá siendo. Por lo tanto, no vamos a colaborar con nuestro voto a apoyar una moción que sin duda enseña la pata bajo un aspecto de pluralismo, y mucho menos cuando estamos notando que nada conduce en el Estado español a establecer unos medios
plurales políticamente y respetuosos con el pluralismo cultural, lingüístico y nacional que existe en el Estado español. Con tanto pluralismo mediático, con tantas televisiones analógicas, digitales o de cualquier tipo, lo que comprobamos siempre
es que la idea de la unidad de España tal como está prevalece, la presencia estomagante, aplastante del español es fundamental, el poco respeto a distintas ópticas plurales nacionalmente desde el punto de vista político es la constante, y el
ninguneo de países como el mío o de fuerzas políticas como la mía es de tal calibre que yo no me siento aludido para nada en este combate. No cuenten con mi apoyo, y veremos cuál es la posición del Bloque Nacionalista Galego cuando se debata la ley
en el proceso de anuencia o de asunción que pueda tener de ciertos postulados mínimos, y conforme a ese criterio actuaremos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, señora Navarro.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Lo cierto es que, de acuerdo con lo manifestado por el Grupo Parlamentario Mixto, lo que esconde la moción del Grupo Popular es un único objetivo que queda muy claro en la última frase, porque todo lo demás en realidad no significa nada. La
frase dice que la asignación de frecuencias para la difusión de nuevos programas se circunscriba exclusivamente a la nueva
tecnología digital. Esto es, que no se deje emitir en abierto a Canal Plus, es decir, que no se atienda la petición formulada hoy formalmente por Sogecable. Eso es lo que quieren ustedes aprobar hoy en la moción, hablemos claro. A nadie
se le escapan ya los intereses que existen detrás del sector audiovisual, especialmente en los grupos de mayor poder, Partido Popular, Partido Socialista. Tanto la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista como la moción del Grupo
Popular hablan de diálogo, de consenso. Pues bien, lo cierto es que el Partido Popular de diálogo sabe poco, nunca lo ha tenido muy claro, y la presentación por parte del Partido Socialista de la ley del sector audiovisual sin consultar al resto de
grupos parlamentarios tampoco ha sido una prueba de diálogo ni de consenso, etcétera.
Lo que preocupa a Izquierda Verde es el verdadero pluralismo y el papel fundamental que debe jugar Radiotelevisión Española como ente público para impulsar los contenidos de emisión digital, que es precisamente lo que ha dicho la comisión de
expertos que se ha de hacer. No es cierto, como mantiene el Grupo Popular en la moción, que estemos tan preparados para la tecnología digital, puesto que se olvida de la recepción por los ciudadanos de esas emisiones digitales. Es decir, para
variar el Grupo Popular se olvida de los ciudadanos. En esto de las recepciones de los ciudadanos estamos a cero. Se necesitan adaptadores y nuevos televisores, adaptación de las antenas y, en el caso de las radios, el precio tan abusivo de los
receptores hace que casi no existan. Lo cierto señorías del Partido Popular, Gobierno y Partido Socialista es que el pluralismo no se garantiza con más canales que ustedes se repartan, sino por la diversidad de sus propietarios y la capacidad de
diversificación accionarial. Además de tener en cuenta a los diferentes grupos políticos y al sector empresarial, también hemos de recordar a los trabajadores (ya hemos visto recientemente lo que ha ocurrido en Antena 3, Onda Cero), hemos de tener
en cuenta la mala situación en la que se encuentran los usuarios como receptores y los creativos de la cultura audiovisual para fomentar este sector.
Voy a aprovechar esta ocasión para recordar la existencia del tercer sector audiovisual compuesto por iniciativas ciudadanas de radio y televisión que representan un verdadero impulso de la pluralidad y de los valores democráticos que
potencian el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación, ofreciendo enormes posibilidades para el desarrollo social y cultural. Izquierda Verde exige pluralidad real al Gobierno y no imposición de normas que garanticen medios afines o
acuerdos con el Partido Popular de reparto de poder. Sin la petición de que Canal Plus no emita en abierto la moción de ustedes, señorías del Grupo Popular, queda sin contenido y el Partido Popular está plenamente deslegitimado para hablar de
pluralismo en los medios de comunicación.
Respecto al Partido Socialista, le invitamos a preocuparse por fortalecer una radiotelevisión pública motor de la televisión digital y no a situarse como Gobierno en una de las partes. Hay que preocuparse
por los ciudadanos y no por los grupos empresariales. Izquierda Verde está abierta al diálogo, pero siempre con ese objetivo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, convendrán conmigo en que estamos metidos de lleno en un debate que me atrevo a calificar de intenso, de áspero y hasta bronco (no sé si lo será aquí, pero sí en la sociedad, en muchas
ocasiones cuando menos); un debate que me atrevería a calificar de enormemente apasionado, más que de apasionante, y muy enmadejado. ¿Sobre qué es mi pregunta? ¿Sobre qué va el debate? Todos estábamos convencidos de que en esta legislatura, por
los diversos anuncios y por las promesas que había hecho el Gobierno, el tema de los medios de comunicación iba a ser uno de esos dossieres fuertes, complicados y enmadejados a los que nos tendríamos que enfrentar.
Sabíamos que algo de eso iba a
tener que ocurrir con la Radiotelevisión Española, se nos ha hablado de la ley audiovisual, etcétera, pero el Gobierno nos ha sorprendido a todos con la presentación del proyecto de ley que ustedes conocen y nos ha llenado de mayor confusión
todavía.
Constituye en efecto una paradoja el hecho de que justo 17 días antes de que se entregue el informe realizado por el Comité de Sabios sobre uno de los temas centrales de este debate, el de la Radiotelevisión Española, nos encontremos con
un proyecto de ley que considera lo que considera. ¿Y qué considera? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos debatiendo? Si nos atenemos a la moción que hoy presenta el Partido Popular y a la interpelación de la pasada semana, estaríamos
debatiendo que se dé un nuevo y definitivo impulso a la adaptación de nuestro sector audiovisual; estaríamos hablando de que se haga de forma negociada, negociación profunda y transparente; estaríamos hablando también de incrementar el pluralismo
y de que no se asigne frecuencia alguna para la difusión de nuevos programas, salvo que sea a través de la nueva tecnología digital.
De esto es de lo que estamos hablando, porque en los tres primeros, señoras y señores del Partido Popular o
cualquier otra señoría, con los principios estamos todos de acuerdo. Por si alguien tuviera duda, no hay sino observar cómo se ha planteado el debate en esta sociedad, en los propios medios de comunicación que es donde se ha suscitado de verdad, en
este caso no como transmisores de un debate, sino como los protagonistas directos del mismo. La discusión se centra, pues, de forma sustancial, al menos por lo que se refiere a la moción que hoy aquí debatimos a propuesta del Partido Popular, en lo
que constituye la supresión contemplada en el artículo 2.º de este proyecto de ley del apartado 3 del artículo 4 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada. Dicho con otras palabras, en si debe o no desaparecer la limitación que
establecía aquella ley, en virtud de los considerandos que hacía, de tres concesiones como máximo en el panorama televisivo privado estatal; sobre eso estamos debatiendo.
¿Cuál es el posicionamiento de este grupo? En primer lugar, no entendemos la urgencia de este debate, no lo alcanzamos a entender ni por este tema ni por el resto de los artículos del proyecto de ley. Tendríamos más considerandos que hacer
sobre estos artículos del proyecto de ley, pero no es el día, porque si no entendemos la urgencia del proyecto de ley, sinceramente entendemos todavía mucho menos la superurgencia del Partido Popular por cerrar uno de los temas de este debate. De
ahí que no cuente el Partido Popular con el voto del Grupo Nacionalista Vasco para cerrar el debate en uno de las materias que, como el resto, creemos que deben ser debatidos. Nuestros criterios en este tema -paso a exponerlos brevemente- son los
siguientes.
No nos gustan los términos en los que el Gobierno ha abierto el debate, el Gobierno no ha hecho ningún favor a un debate serio y en profundidad, si esto es lo que viene buscando. Hoy estamos en condiciones notablemente peores que ayer para
afrontar este debate complejo y difícil desde la serenidad e imparcialidad necesarias. En segundo lugar, este debate requerirá tiempo, muchos esfuerzos y negociación con todos. Quiero dejar claro un criterio que a menudo, en el marco de
afirmaciones generalistas, suele pasar muy fácilmente oculto y confuso. El Gobierno deberá negociar con todos, y entre esos todos están las fuerzas económicas privadas. Pero que no se equipare eso, porque constituye un error garrafal y de graves
consecuencias, con la necesidad, con la obligación de negociar eso en el seno y en el marco de la organización político administrativa del Estado.
El Gobierno puede tener la tentación, a la que han sucumbido otros gobiernos anteriores, de entender
que con quien corresponde negociar es con eso que llamamos las fuerzas económicas y que en este caso además son el cuarto poder. Pues bien, constituye un craso error visto desde nuestro punto de vista. La organización de los medios de comunicación
audiovisuales, en los que el papel de la Administración pública es tan esencial como el que volvemos a ver en este momento, constituye parte esencial de la organización propia del Estado, máxime en un Estado que se dice y es pluricultural, que se
dice y es plurilingüístico y que algunos decimos que es también plurinacional. Si ese Estado y su marco institucional y organizativo, tanto en el plano político como administrativo, es y tiene vocación de ser de verdad un reflejo y un vehículo de
cohesión de ese Estado pluricultural, plurilingüístico y plurinacional, ahí tiene un campo de aplicación de gran alcance, de gran trascendencia y que deberá contemplar con todo rigor.
¿Va a ser posible hablar de todo esto en ese supuesto debate? Lo ocurrido estos días en relación con el proyecto de ley no da ánimos en exceso, más bien invita a la desconfianza y al pesimismo. Más allá del pesimismo y de la desconfianza
mantenemos nuestra voluntad de que, de verdad, cuando entremos a debatir esta materia lo hagamos con todas las consecuencias y con el contenido que debe tener. La moción del Grupo Popular no ha querido hacerlo así, ha querido pasar por encima de
muchas cosas y solo atar una, de ahí que no contará con el apoyo que en otro caso quizás le hubiéramos podido dar. En pocas semanas hablaremos de verdad del tema y cada cual sabrá lo que tiene que defender.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente. (El señor diputado comienza su intervención en catalán y continúa en castellano.)
Una vez más, quiero manifestarles que los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas de lengua catalana -por cierto, la novena lengua de Europa, por el número de personas que lo hablan- no están reconocidos en esta Cámara.
Esperemos que pronto nos sea reconocido este derecho.
Estas palabras que acabo de pronunciar tienen hoy aun más sentido, cuando precisamente estamos hablando de medios de comunicación y de nuevas tecnologías. Es evidente que nos jugamos mucho,
principalmente las minorías culturales y lingüísticas. En ese sentido, por encima de los intereses de empresas de comunicación y gobiernos, se tendría que garantizar el modelo plurinacional y lingüístico del Estado español.
Lamentablemente, no
vamos por el camino previsto y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a trabajar con toda intensidad en corregir, una vez más, esta visión unitarista y centralista, nada acorde con el respeto a la pluralidad en todos sus ámbitos.
Basta ya de palabras y talantes. Queremos hechos. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no quiere entrar y no va a hacerlo en una guerra digital partidista, en la que se defienden los intereses, por un lado del Partido Popular y,
por otro, del Partido Socialista, cada uno con sus apoyos mediáticos muy enfatizados. Cada día -mañana mismo-, en función del medio que leamos o visualicemos, cualquier ciudadano podría definir el color del grupo mediático propietario del medio,
incluso en una cata a ciegas adivinaría en qué lado está. Esquerra Republicana no va a entrar en este juego perverso de intereses, que aleja el debate de
los propios ciudadanos. Si queremos realmente trabajar en unos medios de comunicación plurales hemos de poder trabajar con calma y respeto, con toda libertad. No podemos permitirnos que la tecnología, que avanza rápidamente día a día, se
convierta en un arma poderosa contra la libertad de expresión. No nos podemos permitir el lujo de no aprovechar las nuevas tecnologías para tener un verdadero Estado plurinacional. Con la tecnología no valen excusas, todo es posible. El acceso de
las minorías a los medios tiene que ser respetado y amparado y Esquerra Republicana va a trabajar en ese sentido.
No vamos a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Popular, fruto de la interpelación sobre las reformas en el sector audiovisual por dos motivos. En primer lugar, por la falta de voluntad plural que expresa la propuesta, y digo plural en
el sentido en que lo entiende nuestro grupo parlamentario al igual que lo manifiesta la Ley de Televisiones Privadas.
Y, en segundo lugar, porque el trámite legislativo del tema que hoy nos ocupa ya se ha iniciado; el Gobierno ha presentado a
tramitación parlamentaria el proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre.
Queremos manifestar nuestra posición contraria a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por no aportar nada nuevo que vaya en el camino de garantizar un verdadero pluralismo en todos los sentidos, tal como refleja y
exige la Ley 10/1988 de Televisiones Privadas. Después de 16 años de existencia de dicha ley, hoy podemos comprobar la vulneración del espíritu de dicha ley en cuyo artículo 1 dice: Es objeto de la presente ley regular la gestión indirecta del
servicio público esencial de la televisión, cuya titularidad corresponde al Estado. El artículo 3 establece: La gestión indirecta por parte de las sociedades concesionarias se inspirará en los principios expresados en el artículo 4 de la Ley
4/1980, que dice lo siguiente: La actividad de los medios de comunicación se inspirará en los siguientes principios: el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico. Muy lejos de la realidad. Este incumplimiento, por
sí mismo, significa una falta muy grave según el artículo 24 de la ley. Hasta el momento, ningún Gobierno, sea del Partido Popular o del Partido Socialista, ha tenido el mínimo interés en aplicar la ley; una ley que ya nació predestinada a evitar
el verdadero ejercicio del respeto al pluralismo.
Este grupo parlamentario expresa por adelantado que presentará enmiendas en el trámite parlamentario correspondiente. Queremos diálogo con las comunidades autónomas que poseen radio y televisión públicas.
Principalmente, con aquellas que
emiten en lenguas oficiales en sus respectivas comunidades. Tenemos que garantizar e incrementar el número de canales bajo gestión de las comunidades autónomas que hagan el esfuerzo de emitir en dichas lenguas. Tenemos que garantizar que las
operadoras privadas con licencias digitales emitan un número mínimo de horas en las lenguas que son solo oficiales en algunas de esas comunidades autónomas: euskera, gallego y catalán. La tecnología no permite excusas. La tecnología que nos
llega, si hay voluntad, permite la pluralidad, la verdadera pluralidad.
Finalmente, queremos que la ley fomente y acelere el proceso de implantación de la tecnología digital terrestre. Debemos avanzar para no perder el tren de las nuevas tecnologías. Queremos garantías de respeto al pluralismo lingüístico,
político y cultural, y respeto por encima de todo a la libertad de expresión. Sin pluralismo no hay libertad de expresión posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Puig.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señoras y señores diputados, señora Montesinos, la moción que hoy nos presenta, fruto de la interpelación que presentaron ustedes hace 15 días, tenía todo el sentido en aquel momento, pero hoy
las cosas han cambiado. Hoy tenemos ya un proceso legislativo en marcha, en medio del cual a lo que se le puede instar al Gobierno es a que deje trabajar en esta Cámara a todos los grupos parlamentarios para que elaboren esa ley relevante que
modificará el mapa audiovisual de este país y que introducirá una nueva tecnología, que sin duda es la del futuro.
Debemos hacer esta transición bien, porque no siempre la hemos hecho suficientemente bien con los distintos gobiernos de España. Debemos trabajar, pues, para llevar a cabo este diálogo que usted propone durante el trámite legislativo que se
desarrolle en el Congreso de los Diputados, y con los sectores implicados en la ley. Estoy hablando de los operadores de televisión públicos; y cuando digo públicos me refiero a la televisión estatal y también a las televisiones autonómicas que
tienen mucho que decir en esta nueva ley, llena de oportunidades y de riesgos. Dentro del sector audiovisual, debemos hablar también con las productoras audiovisuales, que tienen en esta ley grandes oportunidades. Igualmente, debemos hablar con el
sector industrial, que tendrá que proveer un hardware que permita el desarrollo de esta nueva tecnología. De modo que somos partidarios de llevar a cabo un diálogo amplio y un debate profundo desde el punto de vista político, por medio de los
cuales este país tenga por fin la ley que relance una tecnología que será de gran importancia para el sector audiovisual, tan amplio e importante.
Repito que esta moción y la interpelación que dio lugar a la misma tenían todo el sentido hace 15 días.
Pero lo que toca hoy es solicitar al Gobierno -y ya nos lo hemos concedido- el tiempo necesario para conseguir una buena ley que permita introducir la tecnología digital en nuestro país y que conceda una oportunidad clara a un sector tan
importante y estratégico como el audiovisual en su conjunto. Finalmente, este diálogo constructivo que deben mantener todos los grupos de esta Cámara tendrá que dar lugar a una ley de la cual estemos todos satisfechos. Por este motivo, señora
diputada, le informo de que el Grupo Parlamentario Catalán se abstendrá en la votación de la moción básicamente, porque entiende que el trabajo que toca ahora a los señores y señoras diputados es el de trabajar intensamente para conseguir una ley
que culmine los retos que tenemos planteados, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vilajoana.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decirle al diputado socialista que mi apellido no es Moratinos. A Dios gracias, no tengo nada que ver con el ministro. Mi apellido es Montesinos. En segundo lugar, con referencia a la enmienda que presentaba, no se
puede instar al Gobierno a que continúe profundizando en el proceso de negociación cuando lo único que ha existido por su parte ha sido la prepotencia, el amiguismo y la ausencia de talante en esta iniciativa. (Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar. Tenemos pendientes tres votaciones relativas a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Primera, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre las negociaciones en curso de las perspectivas financieras
comunitarias 2007-2013, para el conjunto del Estado y en especial para Galicia. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su admisión a trámite? (Pausa.)
Votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto en los términos establecidos en la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 303; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la segunda moción, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la necesidad de buscar soluciones efectivas, de forma urgente, para la disponibilidad de agua en el Medio Vinalopó, junto con las enmiendas de adición
presentadas tanto por CIU como por Izquierda Verde.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 26; en contra, 278; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular para que el Gobierno informe sobre su voluntad de alcanzar algún acuerdo en el ámbito de las reformas previstas en el sector audiovisual, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 127; en contra, 153; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana.
Eran las once de la noche.