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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 60, de 21/12/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 60
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 56
celebrada el martes, 21 de diciembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre del Estado correspondiente a la ribera del mar, a los
paseos marítimos y a la regeneración de playas, del territorio de Catalunya. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 103-1, de 26 de julio de 2004. (Número de expediente 122/000087.) ... (Página 2794)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 58-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente 122/000047.) ... (Página 2804)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la negociación en torno a la soberanía de Gibraltar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 103, de 15 de noviembre de 2004. (Número de expediente 162/000196.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la elaboración de un nuevo Plan de Juventud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 120, de 13 de diciembre de 2004. (Número de expediente 162/000225.) ...
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento: ...
- Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo que se celebrará los próximos días 16 y 17 de diciembre en Bruselas. (Número de expediente
210/000015.) ... (Página 2834)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández), relativa a la posición del Gobierno respecto al vigente régimen tributario de las comunidades de montes vecinales en mano común. (Número de expediente 173/000044.) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación de crisis del sector textil y de la confección. (Número de expediente 173/000045.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 2884)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 2794)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre del Estado correspondiente a la ribera del mar, a los paseos
marítimos y a la regeneración de playas, del territorio de Catalunya ... (Página 2794)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Guinart Solà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se refiere a la polémica que suscitó la tramitación parlamentaria de la vigente Ley de
Costas y a la modificación llevada a cabo por el Partido Popular en el año 2002, donde, dice, se limitaban una vez más las competencias de las comunidades autónomas. Tras diez años de vigencia de la ley, que permiten valorar con más objetividad la
bondad de la citada norma, su eficacia y su aplicabilidad, su grupo vuelve a insistir en el mismo tema, aunque con un planteamiento mucho más simple y es que las circunstancias políticas han cambiado. Explica las circunstancias objetivas que se dan
en la actualidad y las razones que obligan a una mayor coordinación en las cuestiones relacionadas con el litoral que llevan, según su proposición, a una misma titularidad en la gestión, en este caso de la Generalitat.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y el señor Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción ... (Página 2804)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Pérez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Considera que sobre la cuestión que su grupo plantea
existe debate, reflexión y consenso suficiente para afrontar un cambio radical en la legislación y añade que una
regulación por ley de la subcontratación en el sector de la construcción es una necesidad que nadie ha discutido, con la excepción del Partido Popular y de las empresas de la construcción. Explica las características del sector y los
factores que dan lugar a la siniestralidad laboral y reclama poder debatir sobre la normativa que proponen en su iniciativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, de Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Membrado Giner, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias de gestión del dominio público
marítimo-terrestre del Estado correspondiente a la ribera del mar, a los paseos marítimos y a la regeneración de playas del territorio de Catalunya, se rechaza por 29 votos a favor, 289 en contra y nueve abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se aprueba por
166 votos a favor, 158 en contra y cuatro abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 2815)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la negociación en torno a la soberanía de Gibraltar ... (Página 2815)
El señor De Arístegui y San Román presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, esta proposición no de ley ante las contradicciones y el rosario de errores cometido por la política exterior del Gobierno Socialista. Se
pregunta si es premeditada la política de destrucción de los principios básicos más importantes en relación con el Sahara, Cuba o Gibraltar y si se va a continuar cediendo ante los problemas que puedan surgir. Acusa al Partido Socialista de no
respetar los pilares fundamentales de la política exterior española en torno a Gibraltar de todos los regímenes, de todos los tiempos, de todos los gobiernos democráticos por impericia, inexperiencia o por premeditación.
Expone la situación actual
en las relaciones con el peñón y explica el voto en contra de su grupo a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, reclamando al Gobierno que no cedan en la defensa de los intereses de España.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la elaboración de un nuevo plan de juventud ... (Página 2825)
Presenta la proposición no de ley el señor Campos Arteseros, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Dice que la iniciativa no es solamente fruto de la reflexión interna que se pueda realizar en las Juventudes Socialistas
de España y en el Partido Socialista, sino que es fruto, sobre todo, de las demandas de los jóvenes, que se ven reflejadas en el documento de bases del Consejo de la Juventud de España. Explica la situación anterior y se refiere al plan de juventud
del año 1996 que fue paralizado por el gobierno del Partido Popular que tardó cuatro años en poner en marcha el plan de acción global en materia de juventud. Explica a continuación la proposición no de ley en la que proponen un plan que pueda
coordinar las acciones que realizan los diferentes ministerios dentro de sus competencias que afectan directamente a los jóvenes.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Grau i
Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Campos Arteseros pide la palabra por una cuestión de orden, que le es denegada por la Presidencia.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Campos Arteseros.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la negociación en torno a la soberanía de Gibraltar, en los términos de la propia autoenmienda presentada por el grupo proponente, se rechaza
por 142 votos a favor y 184 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la elaboración de un nuevo plan de juventud, en los términos de la propuesta original, se rechaza por 155 votos a favor, 167 en contra y seis
abstenciones.
Se suspende la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento ... (Página 2834)
Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo que se celebró los días 16 y 17 de diciembre en Bruselas ...
(Página
2834)
El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) comparece ante el Pleno de la Cámara con el objeto de informar acerca de las conclusiones adoptadas en los consejos europeos celebrados en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre y 16 y 17
de diciembre pasados. Felicita en primer lugar a la Presidencia holandesa por su buen hacer a lo largo del semestre y especialmente por la sensibilidad y receptividad mostradas ante las sugerencias y propuestas españolas, y explica las cuestiones
de gran importancia estratégica para el modelo de sociedad europea por el que apuesta España ahora y de cara al futuro, como son una sociedad del conocimiento, a la vanguardia del crecimiento económico basado en la competitividad, un espacio estable
de cohesión social, de equilibrio territorial y de integración cultural y un ejemplo de sostenibilidad ambiental, centrándose, en este horizonte, en dos temas de gran relevancia para la construcción europea y de gran interés para España: la
preparación de la revisión a medio camino de la estrategia de Lisboa y la aprobación del programa de La Haya en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia.
A continuación expone el contenido de los acuerdos alcanzados en Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre pasados, destacando la ampliación de la Unión y, en concreto, la adhesión de Turquía. Se refiere también a la firma de los
tratados de adhesión de Bulgaria y Rumania para el año próximo, al comienzo de las negociaciones de adhesión con Croacia el próximo 17 de marzo, siempre y cuando se haya confirmado su plena colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia, y a las conclusiones alcanzadas en torno a iniciar a fondo las negociaciones sobre perspectivas financieras durante el próximo semestre, con el objetivo de terminarlas en junio. En materia de relaciones exteriores destaca dos
conclusiones especialmente significativas para España como son la declaración de 2005 como año del Mediterráneo y el compromiso con Iberoamérica, en particular con la finalización de las negociaciones con Mercosur. También informa acerca de los
debates sobre la situación en Ucrania, donde la Unión Europea, a través del alto representante, Javier Solana, ha jugado un papel de primer orden en el encauzamiento del conflicto y en evitar consecuencias tan graves como la violencia o la partición
del país. En relación con Oriente Medio el Consejo Europeo ha reconocido los esfuerzos recientes de los dirigentes palestinos para garantizar una transición democrática y ha reiterado la voluntad de apoyar la retirada israelí de la franja de Gaza y
de parte del norte de Cisjordania.
A continuación y en relación con el terrorismo pasa a resumir una serie de cuestiones que el Consejo Europeo ha pedido a las instituciones y a los Estados miembros que continúen desarrollando a corto, medio y largo plazo.
En otro orden de cosas y refiriéndose al atentado del 11 de marzo en Madrid, manifiesta que el pasado domingo 19 de diciembre se reunió formalmente la Comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis, con el fin de evaluar la
situación de la seguridad y aprobar nuevas medidas de carácter preventivo. Son decisiones, dice, que se vinculan con el Pacto por las libertades y contra el terrorismo o con el nuevo pacto contra el terrorismo internacional que se quiere alcanzar.
Intervienen en el debate los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Rodríguez Sánchez, Labordeta Subías y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Replica el señor presidente, y duplican los señores Rajoy Brey, Duran i Lleida, Puigcercós i Boixassa, Erkoreka Gervasio, Llamazares Trigo, Rivero Baute, Rodríguez Sánchez y Labordeta Subías.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 2878)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández), relativa a la posición del Gobierno respecto al vigente régimen tributario de las comunidades de montes vecinales en mano común ... (Página 2878)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que su grupo presenta esta moción porque en el debate de la interpelación urgente la respuesta del Gobierno
respecto al vigente régimen tributario de las comunidades de montes vecinales en mano común no fue satisfactoria. Las razones de su desacuerdo son las mismas que las expuestas en la legislatura pasada cuando se debatió una proposición de ley de su
grupo sobre el mismo tema y están fundamentadas en el conocimiento del papel social que juegan estas entidades vecinales en la sociedad rural y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Oreiro Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda interviene la señora Fernández Dávila.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación de crisis del sector textil y de la confección ... (Página 2881)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Muestra en primer lugar su satisfacción por haber impulsado y conseguido el consenso de todas las
formaciones políticas para que el Gobierno empiece a adoptar medidas urgentes para intentar resolver la difícil situación por la que está atravesando el sector textil ante la liberalización del comercio mundial que se va a producir a partir del 1 de
enero de 2005.
Agradece también la sensibilidad del ministro de Industria y del señor Mas, del Grupo Parlamentario Socialista, así como del resto de las formaciones políticas que han presentado enmiendas. Considera que si el Gobierno cumple con lo
acordado en la moción, el sector textil en general se lo agradecerá y se conseguirá rebajar las tensiones que se están produciendo entre todos los agentes industriales, económicos y sociales.
Explica las medidas contenidas en la moción, que define
como transversales, intersectoriales, innovadoras y modernas y que evitarán conflictos como los que se han producido en el sector de la construcción naval.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC);
Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 2884)
La Presidencia, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como último punto del mismo la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la política farmacéutica, lo que se acuerda por asentimiento.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.) ...
(Página 2884)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, que ha defendido la señora Fernández, relativa a la posición del Gobierno respecto al vigente régimen tributario de las comunidades de montes
vecinales en mano común, en los términos de la enmienda transaccional que obra en poder de todos los portavoces, se aprueba por 278 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación de crisis del sector textil y de la confección, en
los términos de la enmienda transaccional que obra en poder de todos los portavoces, se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA RIBERA DEL MAR, A LOS
PASEOS MARÍTIMOS Y A LA REGENERACIÓN DE LAS PLAYAS, DEL TERRITORIO DE CATALUNYA. (Número de expediente 122/000087.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias de gestión del
dominio público marítimo-terrestre del Estado correspondiente a la ribera del mar, a los paseos marítimos y a la regeneración de playas del territorio de Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, la Ley de Costas fue una ley polémica. Durante su tramitación parlamentaria, con una enmienda a la totalidad de Convergència i Unió y, posteriormente, a nivel del Tribunal Constitucional,
se discutieron vehemente sus contenidos competenciales y su carácter marcadamente centralista. Ha pasado ya un largo período de tiempo desde su entrada en vigor y esa perspectiva nos permite valorar con más objetividad que frialdad, ya lejos de
aquella batalla legislativa, la bondad de la citada norma, su eficacia y su aplicabilidad.
En junio de 1995, nuestro grupo parlamentario, por boca del diputado Lluís Recoder i Miralles, sometió a la consideración de este Pleno una proposición de ley que planteaba la necesidad de, evaluados siete años de vigencia de la ley, la
modificación de ciertos aspectos de su contenido, siendo su razón principal la de dar un sentido más descentralizado a la gestión y protección de nuestras costas. En aquel momento, la iniciativa del Grupo Catalán obtuvo el apoyo entusiasta de
Esquerra Republicana, Grupo Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Mixto; la valoración positiva de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Popular, aunque se abstuvieron, y la actitud negativa del Grupo Socialista, que votó en contra, habiendo
propuesto una transacción de última hora que no pudo ser aceptada por su improvisación. Aún más, en 2002 nuestro grupo se opuso a la Ley de medidas, por la que el Grupo Popular, modificando la Ley de Costas, limitó una vez más las competencias de
las comunidades autónomas.
Ya han pasado casi diez años desde aquel intento nuestro de convencer al resto de los grupos parlamentarios, mediante una proposición de ley al efecto, de la conveniencia de que determinadas competencias de gestión y ejecución fuesen
desarrolladas desde las administraciones más próximas al ciudadano, como son la local y la autonómica, de favorecer que el principio de subsidiariedad, que poco a poco ha ido aflorando en todos los programas electorales, fuera asumido por la
instancia legislativa. ¿Y por qué el Grupo Catalán de Convergència i Unió vuelve a insistir en el mismo tema, aunque con un planteamiento mucho más simple? Porque las circunstancias políticas han cambiado y porque podemos añadir una perspectiva
temporal mucho más vasta y valorar con mayor conocimiento de causa, el que produce el paso del tiempo en las experiencias reiteradas, los resultados y la eficacia de la implementación de dicha ley. Afirmamos que los efectos sobre la ordenación
racional y razonable de los usos de la zona litoral, el deslinde de la zona marítimo-terrestre, la protección y recuperación de humedales, etcétera, que pretendía la ley en parte se han conseguido, especialmente desde que se dio un enfoque más
medioambientalista a la aplicación de esta norma, siendo responsabilidad del Ministerio, nuevo en su día, de Medio Ambiente, sustrayéndolo del Ministerio de Obras Públicas, más orientado hacia el hormigón que hacia la recuperación y mejora de
espacios litorales. Pero, por otro lado, en la gestión más inmediata, más próxima, en el día a día, en lo cotidiano, con el paso del tiempo se ha ido abriendo la brecha entre la dura realidad y lo que sería deseable en el ámbito de la eficacia, la
agilidad, la sensibilidad
y el respeto a las necesidades que manifiestan quienes están sobre el territorio, en este caso sobre el litoral, como son los ayuntamientos.
Los ayuntamientos tenemos, y disculpen que hable en primera persona, pero mi experiencia como
alcalde de un municipio del litoral desde 1995 hasta ahora me permite esa licencia, y habiendo hablado a menudo con otros alcaldes del litoral, tenemos, decía, hemos tenido, y si no cambian las cosas me temo que seguiremos teniendo, serios
problemas, frustraciones, insatisfacciones y enfados por la gestión del día a día de nuestro litoral, todo ello provocado por la percepción, que a base de ser recurrente uno cree que es patología, de que las competencias en la gestión de las
cuestiones relativas al litoral dependan del Estado y estén radicadas en la capital, y que por muchas delegaciones provinciales que existan, estas son simples agentes de la desconcentración, pero sin ningún poder de decisión efectivo, sin ningún
contenido de descentralización. Por el contrario, pensamos muchos alcaldes que si el poder de decisión radicara en la Administración autonómica, en la Generalitat en nuestro caso, la eficacia, rapidez, agilidad, conocimiento, sensibilidad por
resolver los problemas de nuestro litoral, por preverlos, por planificarlos, por implementar soluciones a corto, medio y largo plazo sería muy superior. Consideren, señorías, que para los municipios de la costa, del litoral, que por circunstancias
han desarrollado una potente industria turística, que en algunos casos lamentablemente es su monocultivo económico, una gestión ágil, eficaz, razonable, adaptada, cálida y próxima de sus playas, acantilados, paseos marítimos, paseos de ronda,
espacios naturales y zonas de humedales es una cuestión absolutamente capital y trascendente por la cual sus responsables políticos y su ciudadanía están dispuestos a luchar denodadamente y a no regatear esfuerzos, pues de ello depende en gran parte
su prosperidad económica y social.
Les aseguro que tener la sensación, y luego a menudo comprobarlo en propia carne, de que cualquier pequeña actuación en el ámbito del litoral depende en última instancia de la capital del Estado, a 500 o a 700 kilómetros de distancia, es
francamente decepcionante y descorazonador.
Este diputado que les habla, en funciones de alcalde y para atender cuestiones municipales, ha tenido que desplazarse a Madrid para atender problemas relacionados con costas y aún así siempre con
resultados muy pírricos y cuyos compromisos se han ido diluyendo por el paso del tiempo y la distancia, hasta la próxima visita al ministerio. Decepcionante, irracional y absurdo. El convencimiento de que la simple proximidad que significa la
transferencia de esta competencia de gestión a la comunidad autónoma, del color que sea, debe coadyuvar a un mejor resultado en la gestión y ejecución es absoluto.
Señorías, no quisiera aburrirles con ejemplos, pero pueden imaginarse que podrían ser numerosísimos. ¿Qué sentido tiene que sea el ministerio en Madrid quien apruebe y conceda los planes de usos que cada año tienen que presentar los
ayuntamientos y que desde esa distancia deba tener un criterio cierto sobre la idoneidad del uso de la playa con hamacas, parasoles, chiringuitos, puestos de la Cruz Roja -cuya función pagan, por cierto, al cien por cien los ayuntamientos-, patines
a pedales o canales de navegación para motoras, windsurf, vela ligera, etcétera, y lógicamente su control? ¿A qué lógica obedece que sea el ministerio quien deba aprobar, con toda la burocracia pertinente, actividades singulares y a menudo
puntuales de animación en la playa, tan necesarias en los municipios turísticos, como son en nuestro caso los fuegos artificiales, castellets, fiestas mayores, actividades náuticas, cantadas de habaneras en ciertas calas, las sardinadas populares,
la práctica del voley-playa, rodar una película o un spot publicitario, o incluso una boda? Es más ilógico aún cuando quien debe mantener el orden de esas actividades y luego limpiar y cuidar las playas y las calas son los municipios. ¿Y las
concesiones? Cualquier ocupación de la playa o resto del dominio público con obras fijas o instalaciones no desmontables, como servicios sanitarios, bares de playa, casetas de socorrismo, embarcaderos o locales de clubes náuticos, tinglados para
almacenar embarcaciones, algunos antiquísimos, han de ser otorgados por el ministerio, incluso cuando el promotor sea la Administración pública, local o autonómica; y tanto las autorizaciones antes citadas como las concesiones están pagando
elevadísimos cánones al Estado, que además luego no se repercuten en el mantenimiento de las playas: limpieza, salubridad, servicios, movimientos de arena, mobiliario y el litoral, porque todo eso debe ser a cargo de los ayuntamientos. ¡Pingüe
negocio para la Administración central con cargo a las esqueléticas arcas municipales! Qué decir de las actuaciones de mayor envergadura, como los desprendimientos de acantilados, la regeneración de playas, los paseos de ronda, los paseos marítimos,
ya sean de nueva construcción, de mantenimiento o de reestructuración con criterios ambientales. La realidad es que el ritmo de ejecución de esos proyectos deja mucho que desear, se enrocan, se eternizan o se pierden en los pasillos del ministerio
-podría citar casos concretos-, y a menudo la lentitud de sus trámites es desesperante para esa Administración municipal más próxima al ciudadano y que recibe su presión.
En ocasiones, debido al solapamiento de las diversas administraciones comprometidas en ciertos proyectos, es todavía más complejo por la intervención del ministerio y la distancia, a pesar de las nuevas tecnologías, de la capital. Un
ejemplo es el de la cala Montgó, en Girona, mitad Torrella de Montgrí y mitad L'Escala, donde su paseo marítimo, con filosofía medioambientalista, todo peatonal y que aleja los vehículos de la arena de la playa, sigue pendiente de ejecutar a pesar
de que su proyecto fue aprobado hace más de seis años, en el cual intervienen, además de dos ayuntamientos y la Generalitat de Catalunya, la Agencia Catalana del Agua para la cuestión de la canalización de las riadas. Otra cuestión de sensibilidad
del ministerio radica en la pretensión, de hecho obligación coactiva, de que sean los ayuntamientos quienes pongan a disposición los terrenos para la ejecución de los proyectos de paseos de ronda y marítimos mediante expropiaciones de altísimo coste
y cuya titularidad
debe transferirse posteriormente al ministerio, sin colaborar este ni un céntimo en la financiación de dichas expropiaciones. A buen seguro, la Administración autonómica sería más sensible a esta cuestión. En definitiva, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) mediante esta proposición de ley pretende corregir esta situación, dotando de un mayor protagonismo en la gestión de las costas a las administraciones más cercanas y mejor conocedoras del problema, sin que
ello disminuya ni un ápice el estándar protector de la ley y manteniendo la titularidad de la zona marítimo-terrestre en los poderes centrales del Estado, pero, eso sí, descentralizando su gestión, como ya se estableció en la Ley de Aguas en su día
y que podría servir de modelo. La propuesta, por tanto, prevé la transferencia a la Generalitat de la gestión de la ribera del mar, paseos marítimos y la regeneración de playas de su ámbito territorial, dejando la puerta abierta a que otros
parlamentos autonómicos puedan también solicitar esa transferencia, subrayando, evidentemente, un papel protagonista de los respectivos parlamentos y, sobre todo, del catalán, que deberá pronunciarse de forma explícita sobre esa transferencia,
independientemente de la posibilidad de su futura inclusión en la modificación de nuestro estatuto de autonomía o el de las demás comunidades, transferencia que, por otra parte, sigue estando pendiente en la lista de las materias que necesitan
modificación normativa, previa a los acuerdos de la comisión mixta.
Concluyo, señor presidente, señorías, diciendo que precisamente la existencia de un reciente plan director del sistema Costanet, promovido por el Gobierno de la Generalitat, obliga más que nunca a una mayor coordinación en este ámbito
litoral y qué mayor coordinación que una misma titularidad en la gestión, en este caso de la Generalitat. Confío que esta proposición tenga mayor éxito que la de 1995 y solicito el apoyo de todos los grupos parlamentarios para su toma en
consideración.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guinart.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercitar turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego tiene claro que el régimen del dominio público marítimo-terrestre, implantado a raíz de la aprobación de la vigente Ley de Costas, ha sido fuertemente cuestionado por las comunidades autónomas, entre otras cosas
por el vaciado competencial que supuso en materias atribuidas a las mismas, como la protección del medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo o la pesca y acuicultura.
La catástrofe del Prestige no vino más que a demostrar de forma
patente y clamorosa la disfuncionalidad del actual marco competencial. Baste recordar, por ejemplo, que el Estatuto de Autonomía de Galicia le atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en ordenación del territorio y del litoral,
artículo 27.3 del mismo; la pesca en las rías y aguas interiores y la acuicultura, artículo 27.15; normas adicionales sobre protección del medio ambiente y paisaje, artículo 27.30. Esto indica que la competencia estatal sobre titularidad de
dominio público no puede ser en sí misma criterio de delimitación competencial, sino que debe ponerse en conexión con otras competencias atribuidas y ejercidas por las comunidades autónomas. A pesar de que este criterio ha sido sustentado también
por el Tribunal Constitucional, la Ley de Costas aprovecha la calificación como dominio público de la zona litoral contigua a la franja marítimo-terrestre para que sea el Estado quien ostente todas las competencias de la misma y, con ello, el
ejercicio de determinadas funciones que en sí mismas no tienen relación directa con la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre sino con la gestión y ordenación del mismo, en el que confluyen competencias urbanísticas de
ordenación territorial y de litoral, de los usos y actividades en el mismo, de gestión medioambiental, cuyo ejercicio claramente corresponde a las comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene para algunas comunidades autónomas con importante franja
litoral, donde además se ejercen actividades económicas de importancia y reside una gran parte de su población, por ejemplo Cataluña o Galicia y no digamos las comunidades insulares, las competencias estatutarias de ordenación del litoral o
protección del territorio, si la actuación en la costa les está vedada en virtud de la interpretación extensiva del ejercicio de las competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre? Esta situación contradictoria se corrige
haciendo una delimitación más concreta que deje en manos de las comunidades autónomas algunas de las competencias a que hace referencia esta proposición de ley, así como una mayor cooperación y lealtad institucional.
La proposición de ley presentada por Convergència i Unió parte de un problema concreto, pero sirve para trazar unos límites precisos y delimitar claramente hasta dónde llega la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre,
funciones que corresponde al Estado llevar a cabo. A partir de ahí, cuando entramos en la gestión del dominio público marítimo-terrestre y con ello en la ordenación de usos y actividades en el mismo, en las obras relativas a la conservación y
mejora del mismo, significadamente paseos marítimos, la competencia debe ser ejercida por las comunidades autónomas en colaboración con las administraciones locales, pues permitirá una mayor coordinación con políticas de las mismas administraciones
autonómicas en materia de ordenación territorial o protección del medio ambiente. Por otra parte, la diversidad geográfica de la costa del Estado español, las diferencias en cuanto al asentamiento poblacional -Galicia es un caso peculiarísimo en
este aspecto-, la distinta importancia de determinadas actividades en la costa, por ejemplo la pesca en Galicia o el turismo en Cataluña o en los territorios insulares, aconsejan políticas
de gestión descentralizada, que son puestas en práctica de forma más eficaz por las comunidades autónomas.
Finalmente, hay que señalar la situación de conflicto entre las comunidades autónomas y el Estado desde la aprobación de la Ley de Costas, pues ha habido múltiples conflictos de competencias y recursos de inconstitucionalidad que partían de
la defensa estatal de sus competencias en el dominio público marítimo-terrestre, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de 2001, que vino a confirmar la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia en la autorización
y concesión para el establecimiento de actividades acuícolas en el dominio público marítimo-terrestre estatal, superponiendo así las competencias en acuicultura a las de titularidad del dominio público, pues no se afecta a la protección y defensa
del mismo. Esta situación quedaría más clara, por tanto, no solo con la atribución de la gestión del dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas sino con la modificación de la vigente Ley de Costas.
En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego considera que esta iniciativa es muy positiva, pues el periodo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Costas también pone de manifiesto que la asunción y ejercicio centralizado de
la gestión de competencias de actividades, conservación, mejora y uso del dominio público marítimo-terrestre es un modelo que admite perfecciones y esta proposición proporciona un marco más coherente y estable al que rige en la actualidad respecto a
Cataluña, pero también, sin duda alguna, es exportable a otras comunidades autónomas muy necesitadas, y le vuelvo a repetir que Galicia es un caso asombrosamente peculiar en este aspecto, permitiendo evitar la desconexión administrativa y de
ejecución de políticas que coinciden sobre el litoral, eliminar burocracia y simplificar trámites y procedimientos y finalmente atenuar la situación conflictiva en materia de costas entre el Estado y las comunidades autónomas que ha presidido esta
etapa. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.
Por Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Repasando los diarios de sesiones de esta Cámara, en la búsqueda de antecedentes cuando debatimos aquí en el año 1988 la actual Ley de Costas, la Ley 28/1988, vi que en los debates habíamos coincidido con el diputado que defendió una
enmienda, similar en gran amplitud de conceptos a la actual iniciativa del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que fue su entonces portavoz don Miguel Roca, y debatimos y tuvimos en cuenta esta cuestión de las competencias cuando entramos en el
debate de los artículos 110, 111 y 112, que eran las competencias estatales, así como con el artículo 114 fundamentalmente, competencias de las comunidades autónomas, y el siguiente sobre las competencias de los ayuntamientos.
Pero el planteamiento
que entonces se hizo en aquellas enmiendas, que no prosperaron porque se pedía fundamentalmente una competencia de las comunidades autónomas primordialmente, aparte de las subsidiarias que pudieran tener los ayuntamientos con franjas de costa y
competencias municipales estatutarias en las mismas, se diferenciaba de la situación actual en que aquella era una petición para que todas las comunidades autónomas, todas, del Estado español con costas tuvieran las mismas competencias, en
equilibrio tanto en relación con la Administración central del Estado como con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.
Nosotros ahora seríamos partidarios de que fuera una legislación generalizada para todas las comunidades autónomas que tienen costas, porque en este tema además se vio que estaban las comunidades autónomas del interior que no tenían costas y
que eran ajenas al debate; las comunidades autónomas costeras de la Península estaban en el debate y qué decir de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, islas rodeadas geográficamente, como su propio nombre indica, por aguas que
generaban, digamos, unas demandas de competencias administrativas, bien municipales, bien autonómicas, bien estatales para ordenar este tema. De aquí que nosotros consideraríamos votar afirmativamente si esto fuera una idea generalizada a todas las
comunidades autónomas. Anuncio que nos vamos a abstener, señor presidente, porque estamos de acuerdo en que lo que se pide se pidiera para todas las comunidades autónomas, porque si esto se toma en consideración y se aprueba, vendrá inmediatamente
una cascada de peticiones de los distintos grupos y de las distintas comunidades autónomas que tienen zonas de dominio público marítimo-terrestre, de costas, etcétera, donde las competencias entran a veces en conflicto por el triángulo que se forma
entre competencias estatales, autonómicas y municipales. Por tanto, hay que normalizar este principio legal de igualdad, porque no hay una diferencia de las costas de la comunidad A con las costas de la comunidad B o cualquiera de las perimetrales
de la Península. Es decir, ahí están los recursos marinos, están las urbanizaciones, están los paseos marítimos, etcétera, y las competencias de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma de cualquier parte del Estado español en este caso actual
son las mismas; consideramos en este momento necesario que haya una revisión, pero vamos a hacerlo para todas las comunidades autónomas del Estado español que están, digamos, inmersas en el mismo problema. De aquí que nosotros, compartiendo lo que
se pide, que sería extensible a todas las comunidades autónomas, no podamos votar favorablemente, por esta restricción que digo de un principio de igualdad y de equiparación legislativa, porque las costas son costas para todas las comunidades
autónomas, están diseñadas por la geografía secular y por tanto ahí se quedan. Señor presidente, con el máximo respeto a esta iniciativa, que compartiríamos que fuera generalizada para todas las comunidades autónomas costeras en España, nos
abstendremos en este momento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
A continuación, Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo entiende que hoy en el Estado español existe un problema en torno al régimen del dominio público marítimo-terrestre, que tiene efectos claramente negativos y además esto se contrapone precisamente con una de las peticiones o de
las demandas que ya aparecían en el Estatut de Cataluña en su artículo 9.9, donde habla de la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, y, por tanto, siendo esta una materia que afecta al conjunto de las comunidades autónomas,
especialmente aquellas que están rodeadas por el mar, también en este caso atañe a Cataluña. En consecuencia, nuestro grupo parlamentario debería decir que sí, que la propuesta es positiva porque obedece también a iniciativas que nuestro mismo
grupo parlamentario ha presentado. El señor Guinart asistió a un debate en Comisión en torno a los problemas que existen hoy, por ejemplo, en la Costa Brava, a la hora de que precisamente el ministerio competente dé respuesta a determinados
ayuntamientos, algunos también gobernados, como usted bien sabe, por Iniciativa per Catalunya Verds-Izquierda Unida. Ante esta situación, por tanto, nuestro grupo debería valorar positivamente la propuesta. De hecho esta propuesta está en el
listado de competencias pendientes entregado por la Consellería de Relacions Institucionals al Gobierno y de hecho esta proposición de ley opta por la misma vía que debería optar en este caso el Govern de la Generalitat, el 150.2, en lo que sería la
transferencia de la gestión en la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.
Aquí hay dos elementos, uno político y otro de fondo; del político podríamos escapar. Es cierto que si se aprobase y se extendiese al conjunto de comunidades autónomas la transferencia de esta gestión, sin duda tendría daños colaterales
quizás irreparables. El señor Guinart coincidirá conmigo en que la transferencia de la gestión a aquellos precisamente que no la querían transferir en zonas del litoral mediterráneo, como el País Valenciá, como las Illes Balears, como la Región de
Murcia, tendría efectos, creo -y es una opinión política-, catastróficos. Todos sabemos cómo ha gestionado el litoral en este caso el Partido Popular y por supuesto sería especialmente contradictorio que trasladásemos esta gestión a comunidades
autónomas de dicho partido, que precisamente lo que van a hacer es causar estragos medioambientales en el litoral y concretamente en el litoral mediterráneo. Pero en cualquier caso este no sería definitivo. Se podría decir que si toca toca, que,
en definitiva, es una cuestión de competencias, y si la mayoría parlamentaria decide que esta competencia se debe gestionar por parte de las comunidades autónomas, son daños colaterales con los que tenemos que cargar. Pero, ¿cuál es el problema,
desde nuestro punto de vista, de la proposición de ley? El problema es el momento político en que se presenta, que es un momento en el que precisamente esta gestión se ha encargado, en el marco catalán en este caso, al Govern de la Generalitat,
está en la ponencia del estatut, se está discutiendo sobre la materia y se ha decidido discutir de forma unitaria. De hecho sería distinto si esta proposición de ley viniese con un mandato mayoritario del Parlament de Cataluña al Congreso de los
Diputados, pero en este caso la proposición de ley viene del Grupo de Convergència i Unió exclusivamente, y se continúa con la estrategia del peix al cove, no sé cómo traducirlo, del pez al cesto, o algo así, la estrategia unilateral en la que un
grupo parlamentario, Convergència i Unió, se atribuye la defensa de la catalanidad y así hace avanzar o no el autogobierno en este caso de Cataluña. La gracia del tripartito -cuyo primer aniversario se está celebrando estos días- es que se ha roto
con esta estrategia de unilateralidad, con la estrategia del peix al cove. Se ha dicho, en definitiva, que hoy para hacer avanzar el autogobierno lo que hace falta es la unidad de todas las fuerzas políticas en Cataluña. El problema está en que
ustedes continúan con la estrategia del peix al cove, con el equivalente al unilateralismo, cuando la realidad política de tantos años de su gestión lo que demuestra es que precisamente lo que hace falta es una política de unidad.
Esta materia está en el listado de transferencias pendientes, como le decía. El Institut d'Estudis Autonòmics tiene un encargo para precisamente desarrollar cómo se debe gestionar el dominio público marítimo-terrestre, de hecho se han
analizado 25 materias y una de las que queda pendiente, pero que se va a analizar por supuesto en los próximos meses, es precisamente esta. La pregunta es: cuando hoy existe ponencia en el Parlament de Catalunya, cuando además el Institut
d'Estudis Autonòmics tiene que elaborar un informe sobre la materia; cuando en un tema tan trascendente como este tenemos la oportunidad el conjunto de fuerzas parlamentarias en el Parlament de Catalunya de ir a una, ¿cuál es la mejor opción?
¿Avanzar? ¿Intentar sacar un cuerpo de ventaja a tu competidor o, en cambio, optar en este caso por la estrategia unitaria en la que precisamente vamos a pedir la gestión? Nuestro grupo, y el señor Guinart lo sabe, está inequívocamente a favor de
la transferencia de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, lo hemos defendido siempre, lo hemos defendido en Comisión, lo estamos defendiendo en la ponencia del estatut, a la Consellería d´Relacions Institucionals se le está demandando;
por tanto, no se puede decir que no tengamos una postura clara. Pero el interrogante aquí está en el momento y nosotros creemos que el momento no es el más oportuno.
Por todos estos argumentos, porque creemos que se ha acabado la hora de las unilateralidades y es momento de ir todos a una en temas de autogobierno; porque este es un mandato que existe en la ponencia del estatut en el Parlament de
Catalunya; porque, en definitiva, la estrategia que funciona no es la suya, sino que creo que es la que comúnmente hemos acordado en el Parlament de Catalunya, nuestro grupo por supuesto no se va a oponer a la transferencia de la gestión, pero
tampoco va a dar el voto favorable porque creemos que por el momento político no deberíamos hacerlo. Por lo expuesto anteriormente,
desde el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds nos vamos a abstener, con un objetivo muy claro, que es que haya un mandato del Parlament, un mandato del Govern, un mandato, en definitiva, de la mayoría en
Cataluña, que haga que esta necesidad, que coincido con usted en que es acuciante, por lo que debe transferirse esta gestión, sea de una vez por todas una realidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Herrera.
Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, sobre todo por la precisión en la pronunciación del apellido.
Afirmo en nombre de mi grupo que vamos a apoyar esta pertinente iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, porque de lo que aquí se está debatiendo, señor presidente, no es de cómo se regeneran las playas catalanas con la pérdida de arena
sino que estamos ante un problema constitucional de fondo, de nervio, de los que afectan a la estructura territorial del Estado, en relación al cual nosotros hemos manifestado reiterada y recurrentemente nuestra preocupación.
Señor presidente, el artículo 148.3 de la Constitución atribuye con carácter exclusivo a las comunidades autónomas la ordenación del territorio y del litoral. Además es de las pocas competencias en las que esta exclusividad en la atribución
de este título competencial es pura, no está vinculada ni a legislación básica, ni a la legislación marco, ni a la alta inspección del Estado ni a nada, es de las pocas limpias en las que la competencia es de naturaleza estrictamente exclusiva. Lo
que pasa es que se han utilizado múltiples procedimientos para laminar las competencias que han hecho que los estatutos de autonomía en este momento sean irreconocibles, comparándolos con los que se pactaron en su día en los años 1979, 1980 y 1981,
como el uso abusivo del concepto de legislación básica del Estado, desmesurado, laminando prácticamente la competencia legislativa de las comunidades autónomas, una jurisprudencia constitucional también restrictiva, que ha mantenido vivo el espíritu
de la LOAPA, si no el contenido material incluso en algunas ocasiones, utilizando además institutos jurídicos perversos en leyes sectoriales como la Ley de Costas del año 1978, que hace referencia a la determinación del concepto de dominio público
marítimo-terrestre y se atribuye en la Ley de Costas el concepto de dominio público marítimo-terrestre en una función también laminadora de los títulos competenciales autonómicos. Esta es una competencia -el señor Guinart lo ha explicado
perfectamente- exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ordenación del territorio del litoral, y cuando hablamos de litoral tenemos que hablar en su ámbito marítimo y en el terrestre, evidentemente, porque el litoral no se puede parcelar, no
se puede partir por la mitad, por lo menos desde una perspectiva geográfica, biológica o estructural. Desde esa perspectiva, lo que hace la Ley de Costas es una utilización inadecuada, restrictiva competencialmente, del uso de la noción de dominio
público de la zona marítimo-terrestre, estableciendo que corresponde a las comunidades autónomas, en el ámbito de la zona demanial, de la zona calificada como dominio público marítimo-terrestre, sólo la relativa -y me estoy refiriendo a cuando
hablamos de la ordenación territorial y del litoral- al ámbito terrestre del dominio público, no al ámbito marítimo del dominio público, es decir, tampoco las aguas interiores. Evidentemente, si la competencia autonómica queda limitada al ámbito
terrestre del dominio público, difícilmente puede ser objeto de ejercicio la competencia que con toda pertinencia reclama en este momento el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Lo que pasa es que no deja de ser estrambótica
jurídicamente e incluso físicamente esa disquisición que la Ley de Costas acomete de distinguir o diferenciar el dominio público a efectos del ejercicio de competencias administrativas en una zona que es la terrestre y otra que es la marítima,
porque esto impide materialmente, salvo que haya una absoluta coordinación institucional entre administraciones autonómicas y centrales, acometer cualquier problema que afecte en este caso, como se propone, a la regeneración de las playas.
Señor presidente, en virtud de estos instrumentos que han deteriorado los títulos competenciales del estatuto de autonomía, muchos pensamos que estos estatutos de autonomía se han convertido ya en un instrumento políticamente amortizado,
hasta el punto de que se han iniciado procesos de reformas estatutarias tanto en Cataluña como en Andalucía y en Euskadi. ¿Por qué? Precisamente por el incumplimiento. Los pactos políticos, señor presidente, se parecen mucho a los contratos
civiles.
Los contratos civiles obligan a ambas partes a cumplir sus requerimientos, que es lo que se denomina jurídicamente conmutatividad, bilateralidad en las obligaciones contractuales, y cuando un pacto político se incumple -y el pacto político
que subyace en el Estatuto de Autonomía de Guernica está incumplido puesto que faltan 38 competencias, que no son pocas, por transferir- ocurre lo mismo que con los contratos civiles y que prevé el artículo 1124 del Código Civil, es decir, se
desestabiliza la base del negocio, y eso legitima a la parte perjudicada por el incumplimiento para la refutación, la revisión y la anulación del contrato y para la propuesta o la exigencia de su contenido íntegro o la propuesta alternativamente de
un nuevo tipo de contrato. Este es un símil que es fácilmente aplicable al ámbito político: el pacto político subyacente en la propia Constitución, en el Título VIII, y en los estatutos de autonomía es objeto de incumplimiento sistemático a través
de una interpretación desmesurada del concepto de legislación básica del Estado, de una jurisprudencia constitucional restrictiva, de una interpretación desmesurada del concepto de legislación marco del Estado, y de la utilización de leyes
sectoriales, como la Ley de Costas, de 1978, del concepto del instituto jurídico de dominio público para terminar limitando todavía más las competencias autonómicas. Luego aquí sí se podría aplicar analógicamente el 1124
del Código Civil: se ha desestabilizado la base del negocio, la base del pacto político que constituyó el Estatuto de Autonomía de Guernica, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y tantos otros, y esto legitima a la parte perjudicada por
esta desestabilización, por este incumplimiento contractual, a la refutación de dicho contrato y alternativamente a la presentación de otro diferente.
Eso es lo que está ocurriendo en este momento, señor presidente, y yo -y acabo esta intervención- quiero indicarle que el concepto de Administración única que utiliza el grupo de Convergència i Unió, y que es bien cierto que ha sido avalado
por algunas sentencias recientes del Tribunal Constitucional, tengo la impresión de que el Tribunal Constitucional no lo configura en los mismos términos en los que lo está utilizando el Grupo de Convergència i Unió. Cuando el Tribunal
Constitucional se refiere a Administración única no se está refiriendo a la reinterpretación que incorpora el Grupo de Convergència i Unió acogiendo, un tanto ingenua o utópicamente en mi opinión, la posibilidad de que la Administración autonómica
catalana ejerza el todo, la totalidad de las competencias que corresponden a la Administración del Estado en su ámbito territorial. No es desde luego ese el sentido que la jurisprudencia constitucional más reciente le da al concepto de
Administración única, pero respeto la interpretación que ellos hagan. En todo caso, nosotros queremos que las competencias que corresponden a las comunidades autónomas sean transferidas, en primer lugar, sean respetadas, no sean limitadas por
procedimientos jurídicamente torticeros o perversos y que no se produzca en este ámbito la desestabilización de la base del negocio político que constituyó el bloque de constitucionalidad. En tanto en cuanto eso se produzca, señor presidente,
cualquier planteamiento de reforma estatutaria está jurídica y políticamente legitimado. Nuestra esperanza es que prospere la reforma del Estatuto de Autonomía de Guernica, porque esto puede -y espero que prospere también la reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña- evitarnos, seguramente, mantener debates que en este momento ya tienen un cierto componente de extemporaneidad, incluso de esterilidad jurídico-política.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Olabarría.
Esquerra Republicana. Señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
La proposición de ley orgánica de Convergència i Unió plantea la transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre del Estado. Desde Esquerra Republicana coincidimos en mucho
con la exposición de motivos que hace Convergència i Unió y con el contenido del articulado propuesto.
Ciertamente, y como ejemplo, la negativa del Ministerio de Medio Ambiente a regenerar artificialmente las playas que cada año pierden arena ha
desembocado en una situación complicada para muchos municipios, pues el acuerdo económico de la Administración local con la Generalitat necesita la aquiescencia de quien ejerce la competencia. También, a título de ejemplo, nos parece acertada la
alusión a los traspasos pendientes. Pero precisamente por eso que acabo de mencionar, la relación de traspasos pendientes, desde Esquerra Republicana queremos dejar constancia de nuestro profundo desacuerdo con la estrategia utilizada para
conseguir un objetivo con el que estamos de acuerdo en el fondo, entre otras razones, porque aprobar el contenido de la proposición de ley orgánica significaría un paso adelante en el camino hacia mayores cotas de soberanía para Cataluña. Y no
estamos de acuerdo con la estrategia que está siguiendo Convergència i Unió -y esperemos que la abandone en breve tiempo, al menos hasta que finalicen los trabajos de la ponencia del estatuto- por razones de tempo político. A nadie se le escapa, y
a Convergència i Unió mucho menos, que se está en pleno proceso de redacción de un nuevo estatuto para Cataluña, un proceso que no es fácil, un empeño en el que están implicados todos los partidos del arco parlamentario catalán, aunque unos con más
empeño que otros. En este periodo de discusión estatutaria se necesita un cierto nivel de acuerdo, aunque sea tácito, que permita aprobar por una amplia mayoría de los 135 diputados del Parlament de Catalunya un nuevo marco de relaciones con el
Estado español que amplíe sensiblemente el nivel competencial y la suficiencia financiera de la Generalitat.
En asuntos como el que hoy nos ocupa, de mucha enjundia, nos parece mejor línea estratégica incluirlos en la redacción que finalmente nuestros diputados habrán de dar al texto estatutario después de los trabajos, como decía, de la ponencia.
En otras palabras, nos parece mejor arma la negociación global del aumento competencial que la fragmentación excesiva y, como se ha dicho antes, unilateral de las reivindicaciones. En suma, se trata de respetar en lo posible lo que algunos han
denominado espíritu de Miravet, un espíritu ciertamente aceptado, con grados muy distintos de entusiasmo, por los partidos políticos representados en el Parlament de Catalunya. Pensamos que, en la medida de lo posible, se han de limitar estas
situaciones a las que provengan de iniciativas del Parlament de Catalunya, conjuntas, no unilaterales, como la de la semana anterior referida al traspaso de competencias al Servei de Meterología de Catalunya. Esta iniciativa de hoy, en cambio, nace
de parte y sin el ensayo de un consenso previo. En realidad, sorprende esta constante política de acelerón reivindicativo de Convergència i Unió, haciendo lo que no se hizo en muchos años y reivindicando lo que no se reivindicó en otros tiempos.
No caeremos en la tentación de calificar la estrategia de Convergència i Unió con adjetivos de trazo semántico grueso, pero les invitamos a abandonar para determinados temas y determinados tiempos este tipo de estrategias, teniendo en cuenta
el contexto antes señalado de discusión estatutaria. Puede llegar, pero no ha llegado, y esperemos que no llegue, el tiempo de procurar derribar muros de incomprensión política. Pero, como decía al
principio de mi intervención, nos parece objetivamente positivo para Cataluña lo que se pide en la iniciativa de Convergència i Unió. Desde Esquerra Republicana naturalmente que apoyamos el traspaso a la Generalitat de las competencias de
gestión del litoral de la costa, paseos marítimos, etcétera, y de muchas, muchísimas otras competencias.
Nosotros no hemos escondido nunca nuestra posición claramente soberanista, a diferencia de otros. Por eso, pese a discrepar abierta y
profundamente de la oportunidad o del oportunismo de la proposición no de ley, la valoramos positivamente en su contenido, pero reiteramos una vez más a Convergència i Unió la conveniencia de reflexionar. Con la redacción y aprobación -esperemos
que así sea- en el Parlament del estatut, está en juego mucho más que el traspaso de competencias aisladas, como se propone en la iniciativa, repito, unilateral que hoy debatimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Canet.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el proyecto de ley orgánica de transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre, que acaba de defender el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), se motiva con argumentos de muy diversa índole y alcance; es decir, las razones de esta propuesta son muy, muy diversas, pero lo más destacable es que se trata de un proyecto muy deficitario desde el punto de vista de técnica jurídica,
desde el punto de vista de técnica legislativa. Además consideramos que es malo políticamente; es un mal proyecto desde el punto de vista político, y paso a explicarles, señoras y señores diputados, en qué baso estas afirmaciones.
Quería empezar diciendo que compartimos con ustedes la preocupación medioambiental que subyace en esta iniciativa. Durante los ocho años de gobierno del Partido Popular la política de regeneración de la costa española ha sido prioritaria,
como lo demuestran las actuaciones realizadas en todas las comunidades autónomas, y especialmente, señor Guinart -usted lo conoce-, en la Comunidad Autónoma catalana, como también conoce usted los importantes convenios que se realizaron con todas
las comunidades autónomas, pero especialmente con la Comunidad Autónoma catalana. En ese sentido, le decía que estamos de acuerdo con ustedes en que no solamente no son alentadoras las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, sino que yo
diría que son enormemente preocupantes, cuando dice que no se regenerarán las playas que cada año pierden arena por efecto de la erosión, y ese es uno de los núcleos que ustedes argumentan para presentar esta iniciativa. Nosotros consideramos que
para resolver este problema el mecanismo no es una ley orgánica sino otro.
Entre las deficiencias apuntadas, quería hacer mención a que no se dice en la propuesta cuál es el título atributivo que ustedes pretenden utilizar para que se produzca la transferencia. Si lo que se pretende utilizar es el artículo 150.2,
no me extenderé nuevamente sobre cuál es nuestra posición, que quedó claramente definida en el Pleno pasado, cuando debatimos sobre la transferencia del Servicio Meteorológico a Cataluña, y recordaré simplemente que estamos claramente en contra de
una utilización generalizada, de paso universal, del artículo 150. Si es ese el título atributivo -que, insisto, no lo dicen-, efectivamente se pueden traspasar por ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. ¿Qué
quiere decir esto? Que ha de tratarse de materias cuya competencia aparezca como titularidad del Estado en los preceptos constitucionales de repartos competenciales, es decir, en el artículo 149 de la Constitución. En este caso, las competencias
que se pretenden transferir mediante esta proposición de ley no aparecen. Es decir, si se hace el ejercicio de leer -y tampoco hace falta mucho detenimiento- el artículo 149 de la Constitución, se ve claramente que esta competencia no se encuentra
entre las materias atribuidas a la competencia del Estado en dicho precepto, de la misma manera que tampoco aparece en el Estatuto de Autonomía de Cataluña mención alguna a este concepto de competencia material. Y esto es así, señorías, porque no
se trata de una materia susceptible de ser compartimentada o repartida desde el punto de vista competencial. Y como no se trata, como digo, de una materia susceptible de ser repartida o compartimentada desde el punto de vista competencial, no tiene
tratamiento constitucional en los artículos correspondientes, sino que tiene un tratamiento concreto y específico.
El dominio público marítimo-terrestre está integrado por aquellos bienes que forman parte del dominio natural, y precisamente por esta razón se atribuye su titularidad al Estado exclusivamente. Así se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional por medio de varias sentencias, que no les leeré por falta de tiempo. Esto se ve corroborado, además, por el hecho de que la competencia del dominio público no aparece ni en el artículo 148 ni en el 149 del texto constitucional, como
dije antes, sino en el título relativo a Economía y Hacienda, concretamente en el artículo 132.
Además, el artículo 132 establece un tratamiento diferenciado: mientras que en el apartado 1 deja el régimen general para que sea regulado por una ley
estatal, en el apartado 2 califica expresamente como bienes de dominio público estatal, en todo caso, la zona marítimo-terrestre y las playas; precisamente la materia que se pretende transferir por medio de esta proposición de ley.
Hay otras cuestiones de carácter técnico que nos han sorprendido: no hay ni la más mínima referencia en la iniciativa a la nueva realidad legislativa en esta materia, a la nueva demarcación hidrográfica. Ustedes saben perfectamente,
señorías, que después de la trasposición de la regulación de aguas de la Unión Europea que realizó el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura, la nueva demarcación hidrográfica incluye las costas. Pues bien, no se ha hecho referencia
alguna a este hecho,
y nos parece una carencia importante, una deficiencia técnica de la propuesta, como decía anteriormente.
Por otra parte, hay cuestiones políticas de mayor trascendencia. A pesar de que lo que se pretende transferir, ateniéndonos a la literalidad de la proposición de ley, es la regeneración de playas, según uno de sus apartados, en el mismo
apartado se incluye la posibilidad de otorgamiento de concesiones y autorizaciones. Fíjense, señorías, en lo siguiente: en el supuesto de que el Estado decidiera el establecimiento de un puerto de interés general, necesitaría la autorización o la
concesión de la Generalitat para hacerlo. Precisamente es esta la razón por la que la zona marítimo-terrestre no está tratada en la distribución competencial, sino en el artículo 132. Esta es la finalidad de la proposición que ustedes presentan.
Determinado el argumento jurídico de fondo, seguiré comentando algunas cuestiones de la proposición de ley que creo que merecen destacarse desde el punto de vista político. El núcleo de la presentación de la propuesta es el argumento
incontestable -estoy plenamente de acuerdo con ustedes- de la incompetencia del Ministerio de Medio Ambiente para proteger adecuadamente estos bienes. Creo que esta es la razón y no otra. El señor Mas, su jefe de filas, se manifestó con claridad
al respecto. Cuando salió la ministra de Medio Ambiente diciendo: No vamos a regenerar las playas, el señor Mas dijo: Muy bien, si ustedes no quieren ocuparse de esta competencia, traspásenmela, que yo me ocuparé de realizar esta tarea. Estamos
de acuerdo en esto: Ya que ustedes son unos incompetentes y no se ocupan, traspásenme la competencia. Es una reflexión que compartimos, pero hay algunas afirmaciones que tienen un calado político importante y que no podemos compartir en ningún
caso, señorías. Afirman ustedes, como si fuera verdad, que nuestro sistema se asienta en la Administración única. El señor Olabarría les ha recordado la interpretación que hace el Tribunal Constitucional a este respecto.
Además, hacen otras
afirmaciones que no por reiteradas son menos erróneas. Señorías, nuestro Estado no es plurinacional, por mucho que ustedes lo incorporen en todas y cada una de las exposiciones de motivos que presentan en esta Cámara. No lo es. De la misma manera
que nuestro modelo actual no es un Estado que esté integrado ni por comunidades nacionales, ni por naciones de naciones... No lo es. No está integrado de esta manera ni por cualquier otra ocurrencia con la que nos quieran obsequiar un día de estos
en el País Vasco o en Cataluña. (Un señor diputado: Muy bien.) También me atrevería a decir que es verdaderamente petulante la disposición adicional segunda, en la que se viene a habilitar desde esta ley a otras comunidades autónomas para que
puedan pedir transferencia de competencia porque, señorías, o es un proyecto de ley de transferencia singular a la Comunidad Autónoma de Cataluña o es una ley general de transferencia a todas las comunidades autónomas. Lo que es realmente
sorprendente es que, generosamente, Convergència i Unió diga que en una ley específica de transferencia de competencias a Cataluña, cuando Cataluña tenga la competencia, generosamente se permite al resto de comunidades autónomas solicitar esa misma
competencia. Estoy segura, señor Guinart, de que el resto de comunidades autónomas estarán entusiasmadas por su generosidad, que quiero recordarles que es innecesaria porque, como les decía hace unos días, ninguna comunidad autónoma es más que
otra, señor Guinart, por el hecho de serlo, tampoco es menos, pero tampoco es más. Y le aseguro que con propuestas como esta nos obligan ustedes a hacer un ejercicio pedagógico que resulta cada día más fatigante.
El señor PRESIDENTE: Señora Nadal, haga un esfuerzo por concluir.
Gracias.
La señora NADAL I AYMERICH: Termino, señor presidente.
Señorías, yo tuve el honor de participar la pasada legislatura como ponente y como miembro en la Comisión de estudio de profundización del autogobierno de la que es tributaria la actual ponencia redactora -como se ha recordado por diversos
grupos parlamentarios- de la reforma estatutaria que tuvo un punto de solemnidad en la reunión que convocó el presidente de la Generalitat en Miravet. Y les diré, señorías, que lo que no es lógico es utilizar el artículo 152 para las propuestas de
transferencia que nos conviene votar a favor y para las que no conviene, decir que existe una ponencia parlamentaria que está trabajando en esta materia. Por lo tanto, siendo este el argumento, yo creo, señor presidente, señoras y señores
diputados, que debería haber una reunión de todas las fuerzas políticas en esta Cámara, ver cuáles son las iniciativas que pretenden transferencias a la Comunidad de Cataluña en distintas materias que se están trabajando en el Parlamento catalán,
iniciar su proceso de retirada en esta Cámara y volver a remitirlas al Parlamento de Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nadal.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
El debate sobre admisión a trámite de las proposiciones de ley es en la vida parlamentaria un debate crucial pero centrado básicamente en la oportunidad política de la iniciativa que se trae a la Cámara. Desde este punto de vista, el Grupo
Socialista tiene meridianamente clara la absoluta inoportunidad del momento en que se aporta la iniciativa.
Señor Guinart, Convergència i Unió presenta el 26 de julio del corriente año la proposición de ley orgánica que vemos en este momento, la presenta por tanto no desde la Generalitat de Catalunya sino desde la estricta oposición que le
caracterizaba, sobre todo en aquellos momentos, cuando no había asimilado la existencia de unas elecciones y una variación en la correlación de fuerzas políticas de Cataluña, pero la trae hoy aquí y la mantiene. La mantiene cuando sabe
perfectamente que el
Reglamento de este Congreso le permite retirarla antes de someterla a votación. La mantiene sabiendo perfectamente, porque forma parte de ella, que existe constituida y trabajando en el Parlamento de Cataluña una ponencia sobre la reforma
del Estatuto de Autonomía de Cataluña que va a iniciar los trabajos sobre competencias en los próximos días. ¿Es posible encontrar una mayor inoportunidad? ¿O se trata simplemente de conseguir una vez más un titular en algún medio de comunicación,
alguna bandera que agitar en sus actos de partido para decir que ustedes son los únicos que defienden a Cataluña, que ustedes son los únicos representantes del pueblo catalán? No lo son. El pueblo catalán se lo dijo, pero parece que ustedes no lo
han entendido. Parecía que estaban sometidos a la decisión voluntaria y libre de los ciudadanos de Cataluña participando en la ponencia con los otros cuatro grupos parlamentarios del Parlamento e incluso viajaron a Miravet. El día 12 de noviembre
de 2004, hace por tanto escasas fechas, firmaron el comunicado conjunto de todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña sobre la reforma del estatuto sobre las vías de la reforma del Estatuto y sobre lo que es más importante, señor
Guinart, la lealtad básica entre las fuerzas políticas que se comprometen en un pacto para llevar adelante un empeño común.
Ustedes están hoy aquí fuera del pacto, fuera de los acuerdos de Miravet, fuera del trabajo de la ponencia del Parlamento de
Cataluña. Es absolutamente inoportuna la iniciativa, no tiene nada que ver con la que discutimos y votamos favorablemente el martes pasado, en la que el Parlamento de Cataluña en sus funciones de representación de la totalidad de los ciudadanos de
Cataluña en la legislatura anterior aprobó solicitar del Congreso la aprobación de determinadas transferencias en materia de meteorología. Nosotros votamos favorablemente la semana pasada porque acostumbramos siempre a votar a favor las
proposiciones que vienen de los parlamentos autonómicos, porque las circunstancias políticas eran distintas por la fecha y porque era la expresión de la voluntad del conjunto de los grupos expresada en una votación mayoritaria en el Pleno del
Parlamento. Nada que ver, señor Guinart, con lo que nos traen hoy aquí. Por tanto -repito y sé que reitero-, estrictamente inoportuna.
No sabemos exactamente con qué título lo traen ustedes. No citan en la exposición ni en el texto -como sería habitual y en buena técnica legislativa- en qué artículo de la Constitución se amparan para solicitar la transferencia. No nos
queda más remedio que interpretar que es el 150.2. Pero, señor Guinart, en nuestra concepción del ordenamiento constitucional, el artículo 150.2 no es el adecuado para tratar de transferencias en el momento en que están en trámite reformas de
estatutos. El artículo 150.2, controvertido enormemente en la doctrina, como usted no puede ignorar, parece estar pensado para los momentos de absoluta estabilidad en las reformas estatutarias con un bloque de constitucionalidad estrictamente
parado y en los que hubiera alguna competencia o materia concreta que pareciese necesario transferir en aquel momento. Para eso estaría el artículo 150.2. Por tanto, en el primer capítulo inoportunidad total de la iniciativa. Pero no me queda más
remedio también, señor Guinart, que entrar en el contenido de su proposición, aunque pudiera acabar el discurso aquí y, seguramente, lo agradecería el Pleno de la Cámara.
Tampoco es posible votar favorablemente una proposición que tiene tal cantidad de deficiencias técnicas, sean cuales sean sus intenciones políticas, de las que han hablado otros intervinientes y a las que no me voy a referir al menos in
extenso, que el resultado final de la tramitación en este Parlamento sería una ley que no se pareciera en absoluto a la que ustedes presentan, porque las hay, señor Guinart. La indefinición del objeto de la transferencia es clarísimo. ¿Van ustedes
a transferir solo la letra a) del artículo 110 de la Ley de Costas? Transferencia vacía. ¿Van ustedes a transferir hasta la letra g) del artículo 110 de la Ley de Costas? Mucho más de lo que dicen en la exposición de motivos y mucho más de lo que
se dice en el texto de la ley. Deberían saber qué quieren transferir. Si están aplicando, aunque no lo digan, el artículo 150.2, hemos de ser mínimamente respetuosos con la Constitución, señor Guinart. Nosotros lo somos de una forma absoluta. El
último inciso del artículo 150.2 dice que toda ley de transferencias dictada al amparo de este artículo debe comprender la previsión a) de las transferencias financieras y b) de los instrumentos de control de Estado sobre la transferencia. Ni la a)
ni la b). En la a) hacen una pirueta técnicamente curiosa, que es que esto que tendría que decir la ley vamos a hacer que lo diga la comisión de transferencias que convocamos a través de la ley. Curioso al menos sí puesto que no se cierra la
transferencia, sino que se deja abierta en sus aspectos financieros para al cabo de dos meses. Y en la b) nada, ninguna referencia al control que establece el artículo 150.2 de la Constitución que debe haber en estos casos. Nos resultaría curioso
si no fuera redundante con el contenido de la Constitución y, desde luego, es absolutamente inútil el permiso que otorgan a las comunidades autónomas para solicitar transferencias en materia de costas. ¡Pues faltaría más! Lo dice la Constitución.
Cualquier comunidad autónoma puede hacer lo que buenamente quiera en solicitud de transferencias, otra cosa es que sean justificadas o no, se acuerden o no. Desde luego, la iniciativa de las comunidades autónomas no va a venir por una ley orgánica
del Congreso, sino porque lo dice la Constitución.
Nosotros respetamos enormemente el entramado autonómico y la libertad en los ámbitos de las comunidades autónomas como para aprobar una proposición de este tipo. Pero, además, en el conjunto no
han tenido en cuenta en absoluto -si lo han tenido no se refleja en la proposición, aunque usted se ha referido en algún momento a uno de los puntos que diré en su exposición oral- la actual situación legislativa. Nada se nos dice, nada parece que
han estudiado sobre la compatibilidad entre esta proposición y la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre gestión integrada de las zonas costeras europeas. Al menos habría que leerla y ver si es compatible
con su propuesta o no. Seguramente podríamos
encontrar otra. Yo la he leído y, cuando la ponencia del Parlamento de Cataluña sobre la reforma del estatuto decida si solicitan o no estas transferencias, esto se va a tener en cuenta. Creo que las transferencias van a ser posibles de
acuerdo con eso, pero hay que saber que existen.
Entiendo que es complicado, puesto que el mar legislativo, la jungla intrincada que ustedes apoyaban entusiásticamente, aunque con alguna excepción, de las llamadas leyes de acompañamiento hace
difícil saber qué es lo que existe en nuestro derecho positivo. El artículo 129 de la malhadada Ley 62/2003, de acompañamiento de aquellos presupuestos, modifica el texto refundido del Real Decreto legislativo 1/2001, de Ley de Aguas, para
incorporar por vía -lo reconocerán ustedes- peculiar al ordenamiento interno español la Directiva 2000/60/CE sobre gestión de aguas. Esto tampoco parece haberse tenido en cuenta, porque aquí se crean nuevos conflictos competenciales que ustedes no
han estudiado suficientemente en el momento de hacer la proposición. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con la forma de trasponer la directiva ni que la recomendación europea sea incompatible, digo simplemente que ustedes no tratan del tema
en su proposición.
He argumentado suficientemente el que, no le va a extrañar, será voto negativo del Grupo Socialista a esta proposición. Es una proposición técnicamente defectuosa, que no sirve a los objetivos que dice querer, que es la posibilidad de una
gestión más racional, más organizada y más cercana de las costas y del dominio marítimo terrestre, que seguro saldrá de la ponencia del estatuto. Es una proposición -insisto- estrictamente inoportuna, rompe el acuerdo del conjunto de los
representantes de los ciudadanos de Cataluña y viene a esta Cámara con el único y exclusivo propósito -hemos de entender, dadas sus deficiencias y la imposibilidad de obtener su objetivo- de intentar poner de manifiesto, una vez más, como si fueran
los viejos -y para ustedes gloriosos- tiempos de la exclusividad de su organización política de la representación de Cataluña, y ello ha acabado. El Gobierno de Cataluña es el que es actualmente: plural, progresista, de izquierdas. El pueblo de
Cataluña se ha pronunciado, el pueblo de España se ha pronunciado y ya no son ustedes los portaestandartes únicos de determinada concepción del ser nacional de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
(Número de expediente 122/000047.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con nuestro orden del día. Seguidamente, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Para su defensa tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo les pide hoy la toma en consideración de la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Sobre esta cuestión nos atreveríamos a afirmar que existe debate, reflexión y consenso
suficiente para afrontar un cambio radical en la legislación. Esta Cámara ha debatido proposiciones de ley y mociones de nuestro grupo, también del Partido Socialista y de otros grupos; una iniciativa legislativa popular y un sinfín de
movilizaciones sociales. Pero, lo que es más importante, el conjunto de grupos que forman mayoría en esta Cámara ha establecido compromisos electorales en esta materia. Nos parece bien que esta cuestión se haya inscrito entre las materias que
integran el diálogo social en marcha, pero no es menos cierto que el legislador tiene una obligación: cumplir con el derecho y con los compromisos adquiridos. Una regulación por ley de la subcontratación en el sector de la construcción es una
necesidad que nadie ha discutido, con la excepción del Partido Popular y las empresas de la construcción. Esta carencia normativa viene determinada, en primer lugar, por las características del sector. En el sector de la construcción, el 95 por
ciento de las empresas existentes tiene menos de 25 empleados y, además, existen casi 300.000 trabajadores autónomos. Esta atomización provoca la práctica imposibilidad de la aplicación de la normativa existente.
En segundo lugar, debe señalarse como razón para un nuevo marco normativo la deleznable estrategia de productividad impulsada por las empresas.
Hasta ahora, el incremento de la productividad en la construcción se viene dando por la vía de
la precariedad, impuesta a través del sistema de trabajo a destajo y la subcontratación en cadena. Ser productivos sobre la base de la precariedad es el modelo social y laboral de las empresas constructoras en general. Precariedad basada en el
contrato-basura, naturalmente. Más del 58 por ciento de los trabajadores de la construcción son eventuales, eventualidad que alcanza el 90 por ciento en las obras. Y rotan continuamente en los tajos, por lo que muchas veces no saben ni para quién
trabajan. Pero también una precariedad en las condiciones de trabajo, que se basa en prolongaciones de jornada, incumplimiento de los convenios, destajos, horas extraordinarias y la subcontratación en cadena, que implica gravísimos riesgos para la
salud y seguridad de los trabajadores en un sector que registra el mayor índice de accidentes laborales. Efectivamente, la suma de ambos factores: la estructura el sector y la malsana estrategia de productividad, conduce a la tercera de las
razones que justifican esta propuesta. Esta situación impide que el trabajador pueda cumplir y exigir sus derechos, entre ellos el derecho a su seguridad, naciendo el más serio problema del sector: la siniestralidad laboral.
Lo que hace especialmente que esta propuesta sea un clamor es un hecho objetivo. La principal causa de los accidentes laborales que azotan al sector de la construcción se debe a la precariedad del empleo y a las prácticas fraudulentas de la
subcontratación en cadena. Se prevé
que 2004 finalice con cerca de 300 accidentes mortales en la construcción.
Los accidentes laborales son debidos en gran parte al vacío legal de las relaciones de subcontratación de las obras. Desde hace más de 20 años, la subcontratación
en cadena es el cáncer del sector de la construcción, un grave problema que permite que en una obra con cien trabajadores existan hasta 25 empresas constructoras. La subcontratación representa el 70 por ciento de la actividad en la construcción, un
sistema que tal y como está ahora regulado -mejor dicho, desregulado- vulnera todos los principios de protección jurídica de los trabajadores y explica la alta siniestralidad en el sector. No sólo porque la inestabilidad en el empleo impide
personas bien formadas y que existan delegados de prevención, sino también porque atomización y subcontratación son sinónimos de falta de responsabilización ante la ley.
Junto a la jubilación de los trabajadores de la construcción a los 60 años, sin la reducción de la pensión naturalmente, reducir drásticamente los índices de subcontratación es una necesidad imperiosa para mejorar la calidad del trabajo en
el sector. La nueva situación política debería permitir dar una respuesta clara a esta situación. Los poderes públicos españoles deben dar respuesta al actual modelo de subcontratación a través de un registro de empresas subcontratistas y una
autorización previa para trabajar. Se debería poner freno a la excesiva subcontratación en cadena y fijar fórmulas que discriminen positivamente a las compañías que opten por más trabajadores fijos. La Administración es capaz, a través de los
pliegos de condiciones que regulan sus concursos, de prohibir la subcontratación en cadena y de imponer sanciones que sean ejemplarizantes. Frente a empresarios ávidos de beneficios que no dudan en vulnerar las leyes, deberíamos ser capaces de
poner orden y control. La respuesta la tienen los poderes públicos. No es coherente, legal, productivo ni sujeto a derecho ni ético que en cada obra se hagan cinco o seis subcontratas, pero no de los gremios, como de fontanería o de electricidad,
sino de todo el proceso, lo que evita a la constructora tener trabajadores fijos. Se vive una situación de auténtico pistolerismo; gente que llega, hace y desaparece. El trabajador fijo ha desaparecido de las obras en este sector y está hoy en
las oficinas.
Hablamos de las subcontratas y al final los accidentes proceden de esta situación. Uno de cada dos trabajadores que murió el año pasado por siniestro laboral estaba subcontratado. No puede negarse la idea que vincula directamente la
subcontratación con la siniestralidad laboral. El 51 por ciento de los accidentes mortales ocurrieron en empresas subcontratadas. El problema de la externalización de servicios sigue siendo la legislación. La moda de las subcontratas como
estrategia de productividad ha modificado la organización del trabajo, puesto que a estas empresas no se les pide un mínimo de exigencias. Aparecen y desaparecen sin dejar rastro, y así un trabajador muerto puede resultar que no es de nadie, ni de
la subcontrata ni de la compañía adjudicataria.
Los estragos de la subcontratación explican la necesidad de que se produzca una modificación de la legislación que incluya las mínimas normas que regulen la subcontratación para no precarizar el
trabajo. No es menos relevante denunciar, porque esta es una responsabilidad de los poderes públicos, que muchas empresas cierran sus plantas productivas en los lugares donde los trabajadores han conseguido unas condiciones de empleo que incluyen
la prevención y el cuidado de los riesgos laborales y emigran a lugares donde ese trabajo decente es aún una aspiración. Es necesario cambiar la legislación existente para que la realidad y los derechos se parezcan. La fragmentación de empresas,
la fragmentación de relaciones laborales suponen un impacto inmenso en calidad de empleo, en salud y en seguridad laboral. Regular la subcontratación, acabar con la subcontratación abusiva es una necesidad. Por otra parte, mientras la
subcontratación exista y millones de trabajadores trabajen en estas condiciones, es necesario protegerlos de riesgos y lograr un apoyo preventivo a su situación.
Sabemos que el desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales puede permitir que queden reguladas las relaciones empresariales de coordinación entre empresas contratistas y subcontratistas, pero esto no
es suficiente. No es bueno en este contexto retrasar las políticas de discriminación negativa a las empresas con más siniestralidad, penalizando sus cuotas a la Seguridad Social. El problema técnico de los índices de cotización por sectores no
debiera suponer el aplazamiento de este mensaje a las empresas y al mercado de trabajo.Nuestra propuesta tiende a contemplar criterios para el desarrollo reglamentario del citado artículo 24, pero también ha considerado en su conjunto el problema de
la subcontratación. Proponemos que se impulsen medidas que obliguen a los contratistas a verificar la regularidad de la subcontrata en materia de pago de las cuotas de la Seguridad Social, establecer la responsabilidad solidaria del empresario
principal de las obligaciones salariales y extrasalariales de los subcontratistas con sus trabajadores y atribuir a los trabajadores de la empresa principal la representación de los trabajadores, a efectos de formular reclamaciones en relación con
las condiciones de la actividad laboral en lo que atañe a la prestación de servicios de la empresa principal. El citado desarrollo reglamentario de la Ley de prevención debería establecer la responsabilidad del titular del centro de trabajo en la
coordinación de contratas y subcontratas, prohibir las subcontratas en actividades de riesgo, fijar competencias de los delegados de prevención de las empresas principales en relación con las empresas contratistas, subcontratistas y suministradoras.
Reiteramos la necesidad de primar en la contratación y licitación de las administraciones públicas la estabilidad, cualificación y seguridad en las plantillas, a la hora de adjudicar y contratar con las administraciones públicas. Hemos
insistido en esta Cámara en que las prácticas de subcontratación en España se traducen en utilización abusiva de los contratos de trabajo, en inestabilidad en la relación laboral y en riesgos de seguridad, porque la contratación o subcontratación
entre empresas no implica ni debería implicar la temporalidad del empleo de los trabajadores.
Estas prácticas abusivas son las que se reflejan en las estadísticas, en la sucesión de múltiples contratos temporales del mismo trabajador con la misma empresa, en accidentes y en fraude a la ley. Este el fondo de la cuestión. Lo que
reclamamos hoy es afrontarla con rigor y seriedad. Todo ello lo entendemos como una necesidad urgente. Fíjense, señorías, si es urgente que ya en noviembre del año 2000 lo era, tal y como dijeron en esta tribuna los portavoces de la izquierda, y
hoy nosotros reiteramos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
A continuación, por el Grupo Mixto, señores Labordeta y Rodríguez.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Hace cuatro años y un mes exactamente, tiempo a modo de condena, se debatía en este mismo Pleno del Congreso una iniciativa legislativa ciudadana que pretendía regular los procesos de subcontratación en el sector de la construcción. Por
aquel entonces aprendimos de un plumazo lo que iba a ser la mayoría absoluta del Partido Popular. El esfuerzo ciudadano de recogida de firmas durante meses era barrido en un par de horas por las incomprensibles razones de quienes entonces estaban
al frente del Gobierno. Ahora, cumplida más de una legislatura completa, debatimos otra iniciativa de izquierda en defensa de la dignidad de los trabajadores. Los tiempos políticos han cambiado, y quienes entonces estábamos en minoría ahora somos
más. La Chunta Aragonesista va apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, desde el convencimiento de saber, como dijo aquel, que quien resiste, gana. Decimos que los tiempos políticos han cambiado, pero lamentablemente el problema
que aborda esta iniciativa es, como poco, una fotocopia incluso ampliada a mayor tamaño de aquella situación descrita hace cuatro años.
Repasando el 'Diario de Sesiones' comprobramos que las intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios coincidían en varios denominadores comunes: lucha contra la precariedad, grandes porcentajes de contratos eventuales,
lucha contra la siniestralidad laboral, defensa del trabajador, en definitiva, de la decencia en las leyes para que no tengan que morir más personas a pie de obra. Hablábamos de crear un marco legal que incida en superar los convenios colectivos de
empresa, porque cada empresa pequeña fragmentariamente considerada no da respuesta a este problema, de manera que se puedan crear controles al ejercicio de la subcontratación en el ámbito de la construcción. Ahora es el momento de mostrar con
hechos, con el voto, que sí hay un cambio real en este país, un nuevo escenario político que permite resolver problemas que afectan a miles de trabajadores diariamente, que impulse iniciativas justas en el Parlamento que dan respuesta a sus
necesidades. Por este motivo, esperamos que esta iniciativa salga adelante y votaremos favorablemente a su toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego es consciente de que, a lo largo de los últimos años, se ha producido un incremento notable de la siniestralidad laboral, tanto en lo relativo a siniestros que comportaron incapacidades temporales, como
invalidez e, incluso, el fallecimiento de trabajadores y trabajadoras. Los datos están ahí y son admitidos por todas las partes implicadas. Ello ha dado lugar a debatir en numerosas ocasiones sobre este problema, incluso a raíz de iniciativas
legislativas populares, con cierta similitud a la que hoy defiende el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El sector de la construcción es uno en los que más accidentes laborales se registran, aumentando progresivamente el número de siniestros cada año, a pesar de la promulgación de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las
campañas de concienciación para reducir esa alta siniestralidad. Ello es debido, según nuestra opinión, a que la alta accidentabilidad laboral en el sector de la construcción trae causa en múltiples factores, por lo que debe adoptarse un amplio
abanico de medidas que sirva para corregir los mismos, y no simplemente quedarse en la prevención a través de la información y la inspección de los centros de trabajo, aunque esta última muchas veces es una medida restauradora que se adopta cuando
hay constancia de una infracción en materia de inseguridad laboral.
Dentro de esos factores que favorecen un incremento de la siniestralidad laboral cabe destacar, en primer lugar, la precariedad en el empleo, como se señala en la exposición de motivos de la proposición de ley, agravada en los últimos años
por la desregulación de las relaciones laborales, cuyo paradigma es la promulgación de la normativa de las empresas de trabajo temporal en el año 1994, que permitió la puesta a disposición de muchos trabajadores en el sector de la construcción sin
contratos estables, con condiciones laborales inferiores a las que se fijaban en los convenios colectivos del sector de la construcción, provocando, así, la irrupción de mano de obra barata pero poco experimentada y cuya actividad laboral se
desenvuelve bajo presión, al no estar garantizada su continuidad en el puesto de trabajo. Es significativo destacar que es precisamente en los últimos diez años cuando se detecta un incremento de forma importante de los índices de siniestralidad
laboral y que ello coincide con la progresiva desregulación de las relaciones laborales en el Estado español y también con el creciente fenómeno de la externalización de los servicios en todos los sectores, pero especialmente en el de la
construcción, acudiendo a la subcontratación de empresas o autónomos para rebajar el coste de las cargas sociales.
Como decíamos al principio, la siniestralidad en el sector de la construcción depende de múltiples factores y uno de ellos es la proliferación de la subcontratación sin un mínimo control administrativo que aboca a una
precariedad en el empleo a muchos trabajadores del sector. La presente proposición de ley es oportuna por cuanto pretende someter a un mayor control administrativo la subcontratación en el sector de la construcción y con ello aportar una
mayor estabilidad al empleo en este sector, favoreciendo, así, la especialización y una mayor capacidad profesional de los trabajadores.
El Bloque Nacionalista Galego quiere recordar que, como principio rector de la política social y económica, el artículo 40.2 de la Constitución española dispone que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Por
lo tanto, no solo se convierte en un deber individual de los empresarios velar por esa seguridad en el trabajo, sino incluso en un deber público que debe ser acometido por los poderes del Estado de forma eficaz. La presente proposición de ley
responde a ese principio al incorporar una propuesta de regulación -mejorable en algunos aspectos, pero que, desde luego, es un buen punto de partida- de la subcontratación en el sector de la construcción que servirá para atajar uno de los
principales factores de desregulación laboral en ese sector que contribuye claramente a mantener altas tasas de siniestralidad en el mismo, sin perjuicio de acometer en el futuro otras iniciativas que palien la incidencia de otros factores que
también contribuyen a mantener los altos índices de siniestralidad en la construcción.
Como se ve, señorías, hay muchos argumentos para que el Bloque Nacionalista Galego apoye la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalicición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Ante esta proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria va a votar en contra. Las razones son fundamentalmente porque en este momento no nos
parece oportuno ni el procedimiento ni el contenido de esta iniciativa para afrontar un problema que no solamente se debe a esos factores -nosotros estamos en contra del alto índice de siniestralidad laboral porque significa fallecimientos, heridos,
lisiados, etcétera en los trabajadores que sufren ese accidente laboral-, que en parte podemos compartir. Debemos destacar que no solamente se dan estas situaciones en el sector de la construcción, sino también en el sector de la automoción, en el
sector industrial, en el sector eléctrico y muchas veces lo vemos en las estadísticas de las inspecciones de Trabajo.
En la exposición de motivos de esta iniciativa se invoca la Ley de prevención de riesgos laborales y la Ley de infracciones y sanciones del orden social. Ya en la legislatura pasada se hizo la adecuación correspondiente. Lo que sí nos
preocuparía es que un sector tuviera una legislación sin que hubiera una fuente originaria para atender este problema. Entendemos que sería preferible que con un pacto político de seguridad laboral, de prevención de riesgos, para todos los sectores
de actividad económica, industrial, construcción, servicios, primer sector, secundario o terciario, se enfocara en general la prevención de riesgos laborales, porque tan mortal para un trabajador es un accidente en el sector de la construcción como
en el sector de transformación, de la industria eléctrica, de automación, altos hornos, siderurgia, etcétera.
Eso se tiene que enfocar de otra manera porque si no estaríamos generando un agravio comparativo. Pero lo que también nos preocupa de la
iniciativa que se ha presentado es la excesiva rigidez burocrática, a la que se obliga a una serie de empresas que recurren a la subcontratación. Ese es un sistema económico estructural que está funcionando no solamente en el sector de la
construcción; la subcontratación se da hoy en día prácticamente en todos los sectores, incluso hasta en el primario, en la agricultura, con las empresas que tienen cosechadoras, industrias de transformación, etcétera, que recurren a la
subcontratación como una manera de vertebrar un pluriforme concepto de la productividad y de la rentabilidad empresarial y laboral en estos aspectos. Cuando vemos en el artículo 5 las autorizaciones administrativas o en el artículo 8 las normas
para acceder a la subcontratación en el sector público, creo que nos estamos metiendo en una materia que requeriría otro escenario, otro marco. Nosotros tenemos problemas en nuestro archipiélago, porque este no es desafortunada y lamentablemente un
problema reservado a un solo sector o a una sola comunidad autónoma, sino que a veces está en la generalidad de los sectores productivos industriales, empresariales y laborales de toda España. Por tanto, no podemos tratar de resolver el problema
entrando en una burocracia muy rígida de exigencias y requisitos, como se propone aquí, con unas autorizaciones administrativas que prácticamente, si se cumplieran, bloquearían el sector y, en caso de que no se cumplieran, estaríamos abriendo un
camino de rosas para que se cometiera un fraude de ley en las empresas.
Por esas razones, y esperando que se pueda buscar otro escenario y otro consenso, mi grupo, señor presidente, votará en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, las leyes, como las proposiciones de ley, como dicen que también los infiernos, están llenas de muy buenas intenciones; también esta vieja proposición de ley. Esta proposición de ley,
que sin lugar a dudas puede calificarse de vieja, si los datos que obran en poder de mi grupo son exactos, fue presentada en estos mismos términos en la VI legislatura, en estos mismos términos en la VII legislatura y vuelve en la VIII legislatura,
sin que ni siquiera las pesetas se hayan convertido en euros.
¿Qué buena intención dice perseguir esta proposición de ley? La de impedir o rebajar los accidentes de trabajo
en el sector de la construcción; dicho en positivo: la consecución de unos más altos niveles de seguridad laboral, así como de seguridad en el empleo. Con tan buen propósito la proposición de ley dice estar imbuida de la vocación de
enfrentarse con lo que califica como principal problema que aqueja al sector de la construcción, problema que identifica como la subcontratación ejercida sin límite ni control. Estas son las intenciones, que evidentemente son buenas y como tales
las compartimos, yo diría que las comparte todo bien nacido. Cualquier intento de corregir la subcontratación en cadena mediante una regulación eficaz debería -uno puede razonarlo así-, en principio y en teoría, gozar del apoyo de todos; insisto,
no solo de los miembros de esta Cámara, señores diputados y señoras diputadas, sino, como decía antes, de todo bien nacido. Yo diría que también las propias empresas adjudicatarias estarían de acuerdo en esto, porque en muchos casos no son
precisamente las que más deseosas están de que las subcontratas que han subcontratado -si se permite la redundancia- vuelvan a ser subcontratadas a un tercero.
No es esta la primera vez que las Cortes legislan con estas mismas buenas intenciones. Sin ánimo exhaustivo, me atrevería a citar aquí, al menos, algunas leyes y normas, tales como el artículo 42 del propio Estatuto de los Trabajadores, el
artículo 12 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, la propia Ley de contratos de las administraciones públicas, el Real Decreto 2/2000, en su artículo 116, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y el propio Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Al menos, todas estas leyes
y normativas han venido con esta magnífica intención.
Llueve, pues, sobre mojado, y los autores de la proposición son conscientes de ello. Por lo tanto, la pregunta básica que corresponde hacerse, o por lo menos se hace mi grupo, a la hora de la
toma o no en consideración de esta proposición no de ley, es: ¿por qué todas estas legislaciones no han logrado el efecto deseado? Y caben tres respuestas.
La primera, porque no eran normativas adecuadas, luego habría que ir a una nueva normativa
específica. Segunda posible respuesta, porque no depende, al menos tanto como se prevé y se presupone, de que unas determinadas normativas logren este objetivo común perseguido por todos.
O también, y es la tercera hipótesis, simplemente porque
las normativas establecidas a día de hoy no se cumplen o no se cumplen debidamente.
La proposición de ley que hoy tomamos en consideración, a juicio de mi grupo, no considera ni de lejos, con la seriedad y detalle que debiera, esta tercera hipótesis, la del no cumplimiento de la normativa establecida. Además, analiza
deficientemente la relación existente entre la siniestralidad y la subcontratación y cree, con fe un tanto de carbonero, que legislemos una vez más y supuestamente más duro, resolviendo con ello el problema. Muestra de esta fe es lo que mi grupo
cree percibir en esa manifestación que se recoge en la exposición de motivos, según la cual se afirma -a nuestro juicio, más bien apriorísticamente-, que se requiere una norma legal específica que globalice el conjunto de las normas que inciden en
las relaciones de trabajo. Se dice, se afirma, pero no hay tras esta afirmación, a nuestro entender, más que juicios a priori y no análisis objetivos y científicos.
La deficiencia en el análisis de la relación entre siniestralidad y subcontratación es también manifiesta, según mi grupo, en esta proposición de ley. Entre otras cosas, porque se parte de una visión de la subcontratación que es negativa,
sin matices y parcial hasta el extremo. Está muy lejos de reflejar con fidelidad la realidad general de las empresas del sector a las que, arrancando desde esa visión negativa, atribuye una falta total de compromiso con la prevención y de las que
llega a afirmar, con excesiva generalidad, que es imposible introducir en las mismas medidas en materia de formación. Sin embargo, la subcontratación, en la que, en primer lugar, habría que distinguir con claridad entre la subcontratación y la
cesión de contrato, y dentro de la subcontratación, distinguir tipos muy distintos, como es el de la subcontratación dentro de la misma actividad o la subcontratación en actividades diversas, por solo hablar de algunas distinciones básicas, la
subcontratación -digo- para mi grupo no es en absoluto una figura lamentable y a desechar, que formaría parte inevitablemente del paisaje económico e industrial de nuestros días en nuestra sociedad, sino que se trataría de algo que debiera tener el
apoyo de todo el mundo. ¿Alguien se imagina nuestro mundo económico actual sin subcontratación? ¿Cómo cabe concebir que exista y se desarrolle un mundo económico e industrial especializado, eficiente y eficaz sin, entre otros extremos, un
desarrollo de la subcontratación? Podríamos aludir a cómo cabe practicar una política de defensa y protección de las pymes sin subcontratación.
¿Que en ese mundo existen abusos? Evidente. ¿Que esos abusos deben ser regulados? De acuerdo. Eso nadie lo niega, pero estos no son los presupuestos de los que parte, a nuestro entender, esta proposición de ley. Ellos entienden que la
resolución de los males y problemas del presente de la subcontratación significa que requiere una nueva regulación. A mi grupo este proceder le parece un exceso en la visión catastrofista. Mi grupo tiene serias dudas y observaciones de corte
técnico-jurídico sobre diversos extremos de la proposición presentada, de forma que mi grupo se pregunta: ¿Y si comenzáramos por cumplir y hacer cumplir la regulación ya establecida, empezando por las propias administraciones, que constituyen el
eslabón primero en numerosísimas ocasiones del proceso de contratacion-subcontratación. ¿Y si las administraciones cumplieran estrictamente todos los mecanismos, y si fuéramos exigentes, por ejemplo, respecto al estudio básico de seguridad, que es
el documento en aplicación del cual el contratista adjudicatario elabora un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el estudio básico que le facilita el
promotor? Animo a SS.S. a leer los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. También les animo a leer, y a la par contrastar, por poner un ejemplo, con las obras que son promovidas desde las propias administraciones. Mi grupo, de
la lectura y del contraste, no extrae, en absoluto, la conclusión de que hacen falta más normas y más leyes. Mi grupo llega a la reflexión de que hay que cumplir las leyes existentes y exigir que se cumplan. Porque si hay un sistema eficaz, esté
en la ley o fuera de ella, para lograr los objetivos que se persiguen es poner de acuerdo a los actores que participan en ese hecho en que todos ellos se decidan por el cumplimiento de las normas establecidas. Nada mejor para combatir de manera
activa la siniestralidad laboral en el sector de la construcción que mediante un esfuerzo conjunto por parte de empresas, sindicatos, trabajadores y la propia Administración, cada cual en su ámbito de responsabilidad, garantizando así un nivel de
protección y seguridad adecuados en las obras. En esa dirección, mucho más que en la dirección de más normas, es donde al entender de mi grupo se debe insistir y trabajar ahora mismo. No porque uno u otro aspecto de la ley no sea mejorable, sino
porque la subcontratación basura, al igual que la telebasura, requiere más de compromiso activo de las partes que de más normas, de más regulación. Por las consideraciones ya expuestas, votaremos en contra de la toma en consideración de la
proposición de ley porque creemos que no es una labor prioritaria y, en caso de establecer una nueva normativa, tendríamos que sentar unas bases mucho más realistas y mucho más justas, a nuestro entender, para que se cumpla ese buen objetivo que
todos perseguimos. Entendemos también que, puestos a ello, las concepciones sobre las que se debe elaborar una normativa no son las concepciones que se recogen en esta proposición de ley, que, por lo mismo, deben ser sometidas a una profunda
reflexión.
Nada más, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Grupo de Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', que dice lo siguiente: 'Señor presidente, señorías, novament, els fem avinent la nostra voluntat de veure respectats
els nostres drets lingüistics, avui dia, no reconeguts en aquesta cambra. La majoria de vostès poden expresssar-se en la seva llengua materna, però als catalanoparlants se´ns nega aquesta possibilitat. Sàpiguen que tenim la voluntat
d`aconseguir-ho'.-El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
Nuevamente les hacemos partícipes de nuestra voluntad de ver respetados nuestros derechos lingüísticos, hoy día en esta Cámara no reconocidos. La mayoría de ustedes pueden expresarse en su lengua materna, pero a los catalanohablantes se nos
niega esta posibilidad. Sepan que tenemos la voluntad de conseguirlo.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana comparte buena parte de los argumentos expuestos por el diputado Ángel López, en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectivamente, el sector de la
construcción presenta unos índices de siniestralidad que no llaman al optimismo; al contrario, estos índices aumentan año tras año, lo que sitúa al Estado español en posiciones de cabeza en relación con Europa en cuanto a siniestralidad. Todo ello
suena a mal endémico y, por ende, a señal de alarma si tenemos en cuenta los años ya transcurridos desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las recientes modificaciones legislativas con la finalidad de dotar los centros
de trabajo de programas de prevención de riesgos.
Diversas son las causas de tanta accidentabilidad y todas ellas actúan dialécticamente en la configuración de un estadio en donde parece consolidarse una cierta aceptación del inevitable fatalismo de la siniestralidad en según qué
actividades laborales, como es el caso de las del ramo de la construcción. Evidentemente, si eso fuera así, estaríamos ante una perversidad a la que hay que poner remedio de inmediato. Han sido los propios sindicatos obreros los que han
diagnosticado con total claridad la situación, basada en el incumplimiento de las normativas y medidas de prevención y en deficiencias en la inspección de las obras, por razón, por ejemplo, de la existencia de una ratio inspector/número de
trabajadores muy alejada de la media europea -un agente para cada 7.000 trabajadores, frente a uno para cada 27.000 en el Estado español-, aspecto este que ni la patronal ni la propia Administración se atreven a negar. Habría que añadir la
eventualidad en las contrataciones y la presencia de las empresas de trabajo temporal como consecuencia del auge económico, lo cual genera un gran número de contratos temporales.
Efectivamente, la explosión constructora de los últimos años ha conllevado mayor intensidad en los ritmos de trabajo, la consolidación del trabajo a destajo y las prolongaciones de jornada, verdaderos causantes de accidentes, además del
propio afán de lucro del mundo empresarial, que no ha tenido suficiente voluntad de aprovechar los altos beneficios a favor de la generación de una cultura de evaluación de los riesgos para aplicar las consecuentes prevenciones. Estas actuaciones
empresariales han sido protagonizadas básicamente por aquellas empresas que han huido de la prevención como parte de una estrategia de calidad y, en cambio, han abrazado la perversidad de que es más rentable arriesgarse a pagar una sanción que
adecuar las instalaciones, empresas estas alejadas de los principios de justicia social o, si quieren, llámenlas poco generosas para con los obreros. Porque, más allá de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley, que concluye que la acción
preventiva en la empresa tiene que ser planificada por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, lo cierto es que, amparándose en el exceso de burocracia y en las deficiencias
en la inspección, han obviado sus responsabilidades. Además, han podido aprovecharse de la presencia de trabajadores inmigrantes, lo cual en múltiples ocasiones les ha permitido incrementar la explotación laboral no ya solamente
en casos y ocasiones extremas por la condición de ilegalidad de los obreros, sino por las mismas dificultades de comunicación y lenguaje, la falta de tradición sindical de estas personas o su propia predisposición sumisa dada su condición de
recién llegados. A todo ello habría que añadir las mismas dificultades y déficit en la representación sindical.
Y, por supuesto, como causa primigenia, la subcontratación en cadena. En el marco actual, la subcontratación se convierte en un
agujero negro de subcontrataciones donde pueden darse, más allá de corrupciones económicas y políticas, mayores condiciones de explotación, uso de la precariedad laboral para aprovecharse de obreros inexpertos, poco profesionalizados, muchos de
ellos, repito, inmigrantes y, en consecuencia, dispuestos, en el estadio en que se hallan, a trabajar y callar, faltos de información y de formación sobre sus derechos en cuanto a la prevención de riesgos. El objetivo primero de las empresas,
sintetizado en la necesidad de ofertar rapidez en la ejecución con el fin de reducir sus costes, consolida el proceso hacia la creación de un imaginario sobre la inevitabilidad de la siniestralidad, todo ello en un gran número de ocasiones con la
participación de las administraciones, que, por su condición, se convierten en grandes contratadoras.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana entiende que la gravedad de la situación, verdaderamente preocupante, en la que estamos instalados, obliga a aprobar esta iniciativa. Es más, la misma deberá actuar de acicate en la mesa del
diálogo social. Desde el punto de vista táctico, es procedente actuar en este sentido, y por ello votaremos afirmativamente. Cierto es que, en alguna otra ocasión, ante la necesidad de posicionarnos respecto a iniciativas de cariz social de
algunos grupos parlamentarios o la de defender iniciativas de nuestro grupo -que, por cierto, permanecen congeladas-, hemos optado por esperar al posicionamiento de los agentes sociales. No obstante, nos preocuparía -todo hay que decirlo- que, en
este caso, no se avanzara en la mesa del diálogo social con la determinación que requiere lo planteado, tanto en cuanto a los ritmos como en cuanto a la intensidad y profundidad del análisis, así como con la determinación que se requiere. Por ello,
entendemos válida esta línea de actuación.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana considera que los trabajos parlamentarios que conlleva esta iniciativa se pueden desplegar de forma paralela a la negociación con los agentes sociales sobre la base de la
voluntad de mejorar el sistema de información sobre seguridad y salud en el trabajo, para eliminar así los problemas estructurales del mercado laboral tanto por medio de la disminución de la temporalidad como por medio del control de la
subcontratación en los sectores privado y público, cubriendo de este modo algunos déficit de vigilancia e inspección del trabajo, como por ejemplo el alcance del traspaso a las comunidades autónomas de las competencias y recursos pertinentes
pendientes en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que puedan crear cuerpos propios de inspección laboral, y articular medidas policiales y judiciales.
Con la intención de contribuir a lo antedicho sobre el contenido y objetivos de esta proposición de ley, votaremos afirmativamente y procederemos a presentar un buen número de enmiendas que puedan mejorarla, según nuestro criterio. Todo
ello, atendiendo a la adecuación a las competencias -competencias, repito- autonómicas actuales y con la perspectiva de ampliación del marco competencial y jurídico en cuanto a la ejecución de la normativa laboral a que aspiramos en Catalunya y en
el resto de los territorios de los Països Catalans.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo aborda este debate desde perspectivas muy similares a las que lo han hecho los señores Mardones y Beloki, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y por el Vasco, respectivamente. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
nos ha recordado que el infierno está lleno de buenas intenciones. Yo añadiría que también de visiones angelicales sobre la eficacia de las leyes para regular fenómenos sociales complejos.
Con el de la siniestralidad laboral en España, por ejemplo, estamos todos muy escaldados. Hemos visto cómo una buena ley como la de prevención de riesgos, de 1995, ha empezado a tener eficacia en nuestra sociedad a medida que empresarios,
trabajadores y administraciones han ido entrando en la lógica de la cooperación, de la colaboración, de la prevención, del fomento y de la sanción, cuando sea necesaria. Sin embargo, pretender que con una normativa nueva vamos a encontrar solución
fácil a un asunto complejo y difícil, como la siniestralidad en la construcción, es tener una visión angelical de las leyes. Visión angelical que quizás termine fomentando, como alertaba el señor Mardones, el fraude en el sector.
Todas estas razones llevarán a mi grupo a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley que nos presenta Izquierda Unida. Eso sí, convencidos de que es necesario que entre todos continuemos impulsando una política
para hacer frente a un problema que existe. Es evidente que la subcontratación sin límites y sin control que en la exposición de motivos de la proposición de ley se menciona difumina riesgos por parte de las empresas, difumina responsabilidades,
permite que empresas sin una estructura sólida participen de este mercado y el encadenamiento de los procesos de subcontratación en este contexto de difuminación de responsabilidades, de riesgos y de empresas sin estructura para participar del
mercado producen efectos negativos en el ámbito de la siniestralidad laboral. Por tanto, es necesario articular una política basada en la transparencia, en las garantías y en las restricciones cuando sea necesario, pero también asumir que hoy los
procesos de externalización en el mundo de las empresas y en el
mundo de la construcción forman parte de nuestros procesos productivos y pretender establecer límites ilógicos e inadecuados a esa realidad sería absolutamente contraproducente. Hoy, la realidad de la externalización tiene que ver con una
mayor decisión de especialización por parte de las diversas empresas que participan de los procesos productivos, también en el ámbito de la construcción, forma parte de una vocación de mejora de la calidad de los productos finales que se elaboran
también en el ámbito de la construcción, forma parte de una lógica de reducción de costes por parte del mundo empresarial y forma parte también -es bueno recordarlo- de la libertad de organización que tienen las propias empresas. En este sentido,
en el debate que hoy existe en el ámbito de las relaciones laborales, que es el debate entre el necesario equilibrio, entre la flexibilidad que necesitan las empresas para responder a esas nuevas exigencias de los mercados, a esas nuevas exigencias
de los consumidores, a esas nuevas exigencias de la competencia, hay que saber encontrar ese punto de equilibrio con la seguridad de los trabajadores, especialmente en el ámbito del respeto a sus derechos fundamentales y muy especialmente por lo que
hace referencia a la protección de su salud en este ámbito.
¿Es necesario hacer una nueva ley en este terreno? ¿Necesitamos un nuevo cuerpo de derecho necesario mínimo, tal como nos formula la proposición de Izquierda Unida-Izquierda Verde? Mi grupo entiende que no. En España, en esta materia, los
cuerpos de derecho necesarios mínimos ya existen, es más, a lo largo de estas últimas legislaturas las previsiones de la Ley de 1995 las hemos ido desarrollando. Mi grupo está convencido que es en el marco del diálogo social, en el marco de la
concertación social y en el marco de la negociación colectiva donde podemos avanzar de manera eficaz en la lucha contra la siniestralidad laboral en el mundo de la construcción. Y además lo hacemos desde lo que están siendo experiencias en este
ámbito en diversas partes del Estado. Mi grupo quiere recordar, como buen ejemplo de lo que la concertación social puede darnos en este ámbito, el acuerdo de 24 de octubre de 2003 de la Mesa de seguridad y salud laboral en la construcción de
Cataluña. Un acuerdo firmado por la Federación de industrias de la construcción y la madera de Comisiones Obreras, por la Federación del metal, construcción y afines de la Unión General de Trabajadores, por la Federación Catalana de promotores y
constructores de edificios, por la Cámara Oficial de contratistas de obras de Cataluña, por el gremio de constructores de obras de Barcelona, por la Unión de empresarios de la construcción de Girona, por el gremio de constructores de Lleida, por la
Federación del gremio de constructores de Tarragona y por el propio Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Un acuerdo muy sugerente y muy interesante, donde se incorpora un código de buenas prácticas en este ámbito, donde se hacen
unas recomendaciones de cláusulas específicas para incorporar en los contratos de obra al sector de la construcción, que precisamente introducen aquellos límites, aquellas garantías y aquellas restricciones necesarias para que los riesgos que antes
comentábamos en la construcción se puedan corregir. Además, pone en marcha la constitución de un fondo de garantía dirigido a las pequeñas y medianas empresas precisamente para implementar medidas preventivas en el ámbito de la construcción, para
hacer frente a la aplicación de la normativa existente en materia de salud y de riesgos laborales y pone en marcha, durante un periodo de prueba de un año, un sistema de participación y representación específico del mundo sindical para facilitar la
prevención de la siniestralidad del sector con la creación de 24 puestos de delegados territoriales en este ámbito, un acuerdo -insisto- del 24 de octubre en el marco de la concertación social entre los sindicatos y las asociaciones patronales que
nos marca desde la línea del fomento, del estímulo, del compromiso mutuo entre trabajadores y empresarios, la forma de abordar estas políticas necesarias en este ámbito.
Además, señorías, esta política que se inició durante la legislatura que gobernaba en Cataluña Convergència i Unió y del liderazgo del entonces consejero de Trabajo de la Generalitat, señor Fernández Teixidó, ha continuado con el Gobierno
tripartito de Cataluña. El Gobierno catalán ha impulsado un acuerdo estratégico del que participan Foment del Treball, Pimec, Comisiones y UGT, y en este ámbito se mandata específicamente a la negociación colectiva sectorial de empresa que se
avance en acuerdos para delimitar, limitar y corregir las disfunciones que pueden existir en el ámbito de la subcontratación.
Mi grupo entiende que hay otra manera posible de hacer frente a los problemas que se apuntaban por parte del señor Pérez en su iniciativa.
Pero, además, en el marco del Estado hoy tenemos abierto un proceso de diálogo social. Es más, desde
esta tribuna se ha argumentado por parte de los grupos que sustentan al Gobierno que determinadas iniciativas no se podían tomar en consideración porque estaban pendientes del diálogo social. El propio Grupo de Izquierda Unida ha argumentado ese
tipo de razones para votar en contra de iniciativas de otros grupos de la Cámara.
Nos sorprende que en un elemento central del diálogo social, como es la regulación de la subcontratación en la agenda social del Gobierno para el próximo año -este es
un tema básico-, hoy pretendamos iniciar un proceso legislativo de final incierto, que quizá responda a otras necesidades de Izquierda Unida, pero a lo que seguro no responde es ni a los problemas que hoy tienen las empresas del sector de la
construcción ni a los problemas que los trabajadores tienen en este mismo ámbito. Por tanto, no entendemos, señorías, el proceso que hoy iniciamos.
Además, es bueno recordar, y el señor Beloki en una fantástica intervención nos lo ha recordado, que nuestro marco legal en el sistema de prevención de riesgos, la Ley de infracciones y sanciones del orden social y en el propio Estatuto de
los Trabajadores ya configuran un marco legal que permite que en el ámbito de la concertación social, en el ámbito del diálogo social y en el ámbito de la negociación colectiva podamos avanzar en la limitación necesaria que deba existir en este
ámbito.
Además, señorías, seguramente la iniciativa que hoy hubiese sido interesante plantear hubiese ido orientada a las políticas que desde el Gobierno se deben realizar en este ámbito, no tanto desde la perspectiva de la imposición de una nueva
normativa, sino cómo desde el Gobierno se puede apoyar la aplicación de la normativa ya existente, cómo desde la Inspección de Trabajo se puede asesorar, vigilar y controlar a las empresas, pero asesorar también a las empresas y cómo desde el
Gobierno se puede ayudar a la formación de promotores, de constructores, de técnicos, de jefes y encargados de obra, de trabajadores, en definitiva.
Ahí es donde existe un reto fundamental para que las normativas que hoy ya existan se puedan
cumplir.
Mi grupo entiende que es un error tomar en consideración hoy esta proposición de ley. Abrimos un proceso legislativo incierto, abrimos un proceso legislativo contradictorio con el diálogo social, abrimos un proceso legislativo que lanza un
mensaje a la opinión pública de entender que simplemente con un cambio de normativa vamos a resolver un problema grave y difícil como es el de la accidentalidad en el mundo del trabajo.
Creemos que es un error y, por tanto, mi grupo va a votar en
contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Popular, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es la cuarta o la quinta vez que idéntica proposición se debate en esta Cámara, tan idéntica que, en ese afán de que la proposición entrara pronto en el Congreso, en la legislatura, ni siquiera hubo tiempo para adaptar el ya tan
conocido texto a la España del euro. En fin, no voy a calificar, solo a señalar que en los artículos 12 y 17 se sigue haciendo referencia a pesetas y no a euros, lo cual dice bastante de la actualidad y del rigor con que se presenta esta
proposición, rigor que debe extenderse también a no haber hecho ninguna modificación en el texto de las reformas legislativas que se han producido desde el año 2001, en que se debatió por última vez en el Congreso. Parece que hay un empecinamiento
en forzar que la única solución para mejorar la siniestralidad laboral pase necesariamente por una regulación intervencionista y rígida de la subcontratación, pero -ya lo dijimos en su momento y lo repetimos hoy- ese no es el camino. Mi grupo
siempre ha dicho que comparte la preocupación por resolver la siniestralidad laboral y, evidentemente, estamos, hemos estado en el pasado y seguimos estando en el presente dispuestos a toda regulación que sea necesaria para que las empresas cumplan
sus obligaciones de prevención, formación y control de sus procesos, que ofrezcan una mayor cobertura al trabajador frente al riesgo del trabajo. Por eso dijimos y decimos ahora que no nos opondríamos a cualquier medida que coadyuve a mejorar los
índices de siniestralidad, siempre y cuando la norma propuesta lo haga de verdad. Es curioso que, aunque en la exposición de motivos de la proposición se hace una referencia escueta a la modificación de la Ley de prevención de riesgos laborales y a
la modificación de la Ley de infracciones y sanciones de orden social, reconociendo las mejoras en la prevención, sin embargo no se modifica en nada el texto y se insiste, como si de un silogismo se tratara, en que hay mayor riesgo por la
temporalidad, cuestión en la que podemos estar de acuerdo, pero que hay mayor temporalidad por no regular rígidamente la subcontratación, en lo cual, evidentemente, no estamos de acuerdo. La temporalidad no está unida a la subcontratación como
única causa de su existencia y parece que, enarbolando la bandera de la siniestralidad, lo que tratamos de erradicar es la subcontratación, lo cual, de ser así, sería un razonamiento perverso, aunque a lo mejor es el que ronda en las últimas
intenciones de la proposición.
Entendemos, por tanto, que los argumentos que nuestro compañero en la anterior legislatura, don Luis Ortiz, utilizó en el debate de 12 de junio de 2001 siguen siendo de aplicación, máxime si tenemos en cuenta las modificaciones legislativas
que hemos señalado, sobre todo las de las leyes 45/2002 y 54/2003, de la misma manera que se debe recordar la apuesta por impulsar la mesa del diálogo social para prevención de riesgos laborales del anterior ministro de Trabajo y hoy portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Zaplana, impulso que se concretó en textos legislativos consensuados, cuya eficacia no se puede soslayar, a algunos de los cuales precisamente no solamente se ha referido mi grupo, sino también otros grupos de esta
Cámara. Por tanto, entendemos que hay un régimen completo suficiente para garantizar la actividad de los trabajadores y su seguridad y que con el diálogo social y la aplicación exigente de esa legislación, de ese régimen completo, tenemos el marco
adecuado para que no sea necesario ir más allá en el tema de la subcontratación, permanentemente unido al de la siniestralidad laboral.
Este diálogo social tuvo reflejo en el debate en esta Cámara de la Ley de prevención de riesgos laborales en el
año 2003. Igualmente, se ha hecho referencia al mismo en la declaración firmada el 8 de julio de este año de competitividad, empleo estable y cohesión social, la llamada Declaración para el diálogo social de 2004, firmada por el Gobierno, en la
cual se habla expresamente de la preocupación y objetivos compartidos por los agentes sociales que deben participar en el diseño, ejecución y control, en el marco de sus competencias, de todas aquellas medidas que se estimen pertinentes para
garantizar a los trabajadores unas condiciones de salud y seguridad en el trabajo acordes con los relevantes intereses y derechos que se encuentran en juego. Por tanto, parece que por el actual Gobierno se va por el mismo camino que anteriormente.
Como he dicho, los fundamentos que sirvieron para debatir la anterior proposición de ley creo que son de aplicación, y la intervención del señor Beloki nos ha facilitado y nos ha ahorrado a todos tener que redundar en algunos argumentos que
evidentemente están informando toda la proposición de ley en el sentido de no poder atenderla. La defensa de la libertad de empresa, reconocida en el artículo 38 de la Constitución, incluye
en su contenido la decisión de los empresarios de utilizar empresas auxiliares que les permitan alcanzar sus objetivos y situar a la organización que han creado en condiciones de competir en el mercado, por lo que es lícita la contratación
externa para integrarla en la actividad empresarial, con independencia de las cautelas legales necesarias, para evitar que por esa vía se vulneren los derechos de los trabajadores. Y, como hemos dicho anteriormente, la legislación tiene mecanismos
que, cumplidos, son eficaces para que el hecho de la subcontratación sea neutro para la siniestralidad. Y de la intervención del proponente de la proposición se deduce que los riesgos son por el incumplimiento de las leyes, no de que no existan
leyes suficientes. Y de su intervención parece que lo que hay que corregir son cosas distintas, pero no directamente la subcontratación.
La actual redacción del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores entendemos que refuerza las garantías y mejora los instrumentos de información de los trabajadores y sus representantes y permite dotar a esas situaciones laborales de la
debida transparencia y seguridad jurídica. Por otra parte, no hay que olvidar la responsabilidad subsidiaria, cuando los supuestos no estén cubiertos por el citado artículo 42, de los artículos 104.1 y 127 del texto refundido de la Ley de la
Seguridad Social. Además, existen deberes concretos de información del contratista y subcontratista, establecidos en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, de la misma manera que hay una garantía en el cambio subjetivo del empleador. Y
por lo que se refiere a los incumplimientos de las medidas de prevención de los riesgos laborales, tenemos recogidas las responsabilidades en la ya citada suficientemente esta mañana Ley de prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995, o incluso
responsabilidades penales de los artículos 316 y 318 del Código Penal y civiles y contractuales de los artículos 1101 y 1902 del Código Civil. Por tanto, se impone al empresario principal el deber de vigilancia respecto al cumplimiento de los
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales y se establece una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento de aquéllos y unas responsabilidades que son compatibles con los recargos respecto a las
prestaciones económicas de la Seguridad Social.
Señorías, la siniestralidad laboral, por tanto, se corrige regulando, exigiendo, vigilando, como impone nuestra legislación, pero no limitando la actividad de la empresa o haciendo discriminación positiva o atentando a los principios
europeos, porque entendemos que sería muy difícil encajar esta proposición en el principio de la libertad de establecimiento. De la misma manera que no sabemos cómo tienen encaje los mecanismos que en la proposición se establecen con un régimen
como el español de libertad de empresa y de contratación. Ahora bien -ya lo dije al principio-, el Grupo Parlamentario Popular no se opondría a todo aquello que supusiera una mejora efectiva en la reducción de la siniestralidad laboral si ésta
fuera la verdadera intención de la proposición de ley que, desde luego, nosotros no vemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ayala.
Grupo Socialista, señor Membrado, por favor.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, la proposición de ley que hoy presenta Izquierda Unida viene a reiterar la presentación de diversas iniciativas desde el año 1998 hasta el año 2001. Esta reiteración de proposiciones de
ley y de iniciativas de otro tipo viene a constatar la existencia de un problema en este sector, el de la construcción, que, como muy bien refleja la exposición de motivos, pasa por la excesiva precariedad laboral, la deficiente formación y la
abundante subcontratación de actividades, lo cual, sin duda, produce una desestructuración de las empresas del sector que buscan beneficios a costa de ritmos de trabajo basados en el destajo, muy proclive a los accidentes y a las deficiencias en las
condiciones laborales. Hoy se puede afirmar que ser joven y tener un contrato laboral temporal en una empresa subcontratada del sector de la construcción es tener infinitas posibilidades de accidentarse en el trabajo. El incremento de obra en esta
actividad, la existencia de un contingente cada día más grande de extranjeros en situación irregular y el escaso control realizado en estos últimos años, han hecho que el problema crezca desmesuradamente.
Las cifras muestran claramente cuál es la dimensión del problema de las subcontratas en la construcción. En el año 2003 solo el 68 por ciento de las empresas de la construcción ocupaban entre 1 y 5 empleados mientras que las empresas de más
de 251 trabajadores representaban el 0,2 por ciento de la estructura empresarial. Es más, en el año 2003 no hay ninguna empresa que tenga más de 500 trabajadores en plantilla.
Paralelamente al fenómeno del incremento de la subcontratación aumentan
las cifras de los accidentes laborales. En el año 2003 se registraron solo en el sector de la construcción 231.801 accidentes con baja médica.
La construcción ocupa el 12 por ciento del total de trabajadores, pero recoge el 27,5 por ciento de los
accidentes mortales, una cifra más para corroborar estos datos. Solo en el primer semestre del año 2004 fallecieron 128 operarios de la construcción; como mínimo cada día muere un trabajador de la construcción por accidente laboral. Ante estos
hechos nadie puede quedar indiferente. Por eso, mi grupo comparte el objetivo de la proposición de ley que es regular la subcontratación para poner freno a la situación descrita. Sin embargo, tenemos que señalar que el grupo proponente no ha
tenido en cuenta razones de oportunidad, de contenido ni de respeto al proceso de negociación actual entre los agentes sociales y el Gobierno. Esta proposición de ley que hoy nos presentan tiene cuatro ejes de actuación: la obligación de las
empresas a obtener autorización administrativa antes de ser subcontratadas para hacer una obra, la inscripción de la empresa en un registro, la prohibición de la subcontratación en cadena y la exigencia de un requisito para poder subcontratar en
función del tamaño de la obra y de la estabilidad de la plantilla en la empresa subcontratada. Para
nosotros son medidas que introducen un alto control administrativo en el sector, por lo que deberían ser estudiadas cuidadosamente e intentar que fueran consensuadas con los agentes sociales para lograr armonizar el principio de libertad de
empresa dentro de una economía libre de mercado como la nuestra, integrada en la Unión Europea y cada vez más globalizada, con el principio constitucional que mandata a los poderes públicos a fomentar una política que garantice unas condiciones
laborales dignas. El exceso de control y de rigidez respecto del sector puede causar los efectos contrarios a los previstos ya que podría ocurrir que en muy poco tiempo la construcción quedara en manos de aquellas empresas autosuficientes para
realizar todas las actividades y, por tanto, las pequeñas empresas, los autónomos, los gremios tan diversos de estos sectores iban a quedar integrados o desaparecidos. Esto puede tener, sin duda, efectos muy negativos sobre el empleo y también
sobre los costes de las obras a realizar.
Por otro lado, la proposición de ley contiene medidas que hacen referencia al efecto que una situación desregulada y con elevadas subcontratas tiene sobre la accidentalidad laboral. Es más, posiblemente reducir los accidentes en la
construcción es la base sobre la que se plantea esta proposición, lo cual merece para nosotros algunas consideraciones. La primera es que esta proposición de ley no tiene en cuenta que entre diciembre del año 2003 y enero del año 2004 se han
publicado dos normas jurídicas que introducen novedades sustanciales en la prevención de riesgos laborales, con incidencia sin duda en el sector de la construcción y también en la subcontratación, que fueron aprobadas además con amplio consenso
social y político fruto de la constante demanda de los trabajadores del sector y de la presión que los partidos progresistas hicimos desde el año 1998. El 12 de diciembre del año 2003 la amplia mayoría de la Cámara votó la reforma del marco
normativo de prevención de riesgos laborales que modifica y clarifica algunas cuestiones de la Ley de prevención de riesgos laborales y de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social. Son dos marcos jurídicos que no están todavía
desarrollados. Pero además, señorías, el 30 de enero el Ministerio de Trabajo aprobó un decreto, el 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, con el consenso de las organizaciones sindicales y de la
patronal, y por él, además, se establecen las medidas básicas que las empresas que coinciden en un mismo centro habrán de poner en práctica para prevenir los riesgos laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales. Es un decreto
que, indudablemente, influye a la hora de garantizar la prevención de riesgos y de salud laboral en aquellos centros de trabajo donde hay empresas subcontratadas. En el real decreto se introducen medidas para que la concurrencia de las actividades
empresariales en un mismo centro de trabajo no repercuta negativamente en la seguridad y la salud de los trabajadores presentes. Es más, el decreto obliga a la prevención y obliga también a la coordinación, introduce la figura de un coordinador y
establece los derechos de los representantes de los trabajadores en el ámbito de la información, de la consulta y de la participación de los delegados de prevención. Por tanto, es una norma cuya evolución podemos valorar escasamente porque no
tenemos ni tiempo ni datos suficientes para ello. Para nosotros son normas importantes, sobre todo porque nacen del consenso y también porque cubren algunas deficiencias de la Ley de prevención de riesgos laborales, cuya aplicación cumplirá 10 años
el próximo año.
Señorías, hacer cambios normativos sin contar con quienes pactaron y alentaron estas normas, cuando no ha transcurrido ni un año desde su publicación, supone fomentar la inseguridad jurídica y darles un mensaje poco alentador a quienes lo
hicieron posible y, por otro lado, genera un clima de desconfianza de los interlocutores sociales por interferir en los equilibrios alcanzados sobre las nuevas normas publicadas. Por todo ello, esta proposición de ley nos parece mejorable, y además
coincide en el tiempo con el debate en la mesa del diálogo social abierto en junio de este año. Este será sin duda uno de los temas de debate en esa mesa y nosotros queremos apoyar la proposición de ley sin interferir ni generar tensiones en el
difícil equilibrio que cualquier negociación como esta conlleva. Lo deseable sería lograr un texto que supere las deficiencias técnicas de esta proposición de ley, consensuado con los agentes sociales y en cuya elaboración se tenga en cuenta cuál
es la situación laboral, social y legislativa actual, sin olvidar las normas jurídicas sobre la materia aprobadas en el año 2003 y en enero del 2004.
Señor Pérez, deberá reconocer que el contenido de su proposición de ley está un tanto desfasado, porque es la misma que presentaron el 12 de junio de 2001 y en ese tiempo se han aprobado cambios normativos importantes y es difícil tener
criterios para evaluarlos. Además, le recuerdo que la mesa de diálogo social, como decía anteriormente, tiene entre sus temas pendientes la prevención de riesgos y salud laboral y la subcontratación de las empresas, no de las empresas de la
construcción, sino de la totalidad de las empresas. Sin embargo, reconociendo que del análisis objetivo de la realidad del sector de la construcción y de los problemas de la subcontratación se desprenden claros efectos hacia los accidentes
laborales y que el coste social de esta situación es grande, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición, dejando bien claro que en el debate correspondiente a su tramitación será necesario subsanar las deficiencias
técnicas que presenta el texto y tener en cuenta la normativa aprobada recientemente. Además, las fases del proceso que se iniciarán tras la aprobación de la toma en consideración deberán acompasarse con los avances que se vayan produciendo en la
mesa del diálogo social, para integrar los acuerdos que allí se alcancen en el texto definitivo y lograr así una norma que se ajuste a la realidad sociolaboral actual y sea verdaderamente eficaz.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Membrado.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones de toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos
parlamentarios. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de transferencia a la Generalitat de Catalunya de las competencias de gestión del dominio
público marítimo-terrestre del Estado correspondiente a la ribera del mar, a los paseos marítimos y a la regeneración de playas del territorio de Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 29; en contra, 289; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
Votación de la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 166; en contra, 158; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA NEGOCIACIÓN EN TORNO A LA SOBERANÍA DE GIBRALTAR. (Número de expediente 162/000196.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden del día con las proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la negociación en torno a la soberanía de Gibraltar. (Rumores.)
Señorías, por favor, el Pleno continúa. Si quieren salir háganlo en silencio y rápido, por favor. (Rumores.)
Silencio, por favor. (Continúan los rumores.)
Por favor, en la escalera de la izquierda, señor Císcar. Señorías, el Pleno continúa.
Adelante, señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, presentamos una proposición no de ley sobre el asunto de Gibraltar porque desde el día 27 de octubre nos temíamos lo peor, y ha ocurrido. Lamentablemente vemos cómo cada vez que el Gobierno socialista entra en una cuestión
esencial sobre la política exterior le hace un roto irreparable. El Sáhara, el viaje saharaui que emprendió el Partido Socialista en tiempos fue corregido inmediatamente por uno pro marroquí, y la tensión de esa contradicción se trajo a esta Cámara
para limpiar la conciencia del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno.
Contradicción tras contradicción, rosario de errores.
El señor ministro de Asuntos Exteriores decía en unas declaraciones ayer y publicadas hoy que todo se había hecho con premeditación, que no eran errores ni ningún desliz. Todo esto lo hace infinitamente peor, porque si usted dijera que es
una cuestión fruto de la inexperiencia, de los bandazos o de los volantazos, todavía podríamos salvar algo los muebles, pero ni siquiera eso. Estamos ante una política exterior de un Gobierno que afirma tener muy clara la agenda que está poniendo
en práctica, y esto es lo más preocupante. Dice además que la política exterior del anterior Gobierno era peligrosa para nuestros intereses. Señorías, ¿qué es más peligroso para los intereses de un país si no es la política exterior de la cesión
perpetua, si no es la política exterior de la rendición preventiva? Podríamos escenificar una negociación de este Gobierno: llega a la mesa de negociaciones y después de las salutaciones de rigor dice sí. ¿Sí qué? Sí a lo que usted me diga, a
cualquier cosa, todo vale; sí. ¿Cómo que sí? Además de esto, señorías, tenemos graves problemas en otras cuestiones. No defender los intereses de nuestro país es lo peligroso para los intereses. Es una evidencia. Quebrar en cinco minutos las
reivindicaciones de 300 años es lo peligroso. ¿Es premeditado realizar, contribuir y profundizar en el disparate? ¿Se puede decir que es premeditado destruir los principios básicos más importantes de la política exterior española en el Sáhara,
Cuba, Gibraltar, etcétera? Cuando se habla de que el anterior Gobierno practicaba la política exterior de la cañonera, hay que preguntarle al Gobierno actual qué va a hacer si vuelve a tener un incidente parecido. ¿Ceder? ¿Ceder primero Perejil,
el peñón de Vélez-Málaga, después Ceuta, Melilla, Canarias? ¿Hasta cuándo? ¿Almería, Córdoba? ¿Cuántas cosas más va a ceder usted?
La Comisión de Asuntos Exteriores se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y allí el portavoz que les habla recordó cuáles eran los principios básicos de esta negociación. Ustedes estaban de acuerdo, incluso elogiaron la posición
anterior, pero lejos de respetar esas líneas rojas de máximo interés, los pilares fundamentales de la política exterior española en torno a Gibraltar, de todos los regímenes de todos los tiempos, de todos los gobiernos democráticos, van ustedes por
impericia, inexperiencia o por premeditación, como decía el ministro ayer, y quiebran todos esos principios, dicen una cosa y hacen otra.
Estamos ante dos reivindicaciones, no una, dos: peñón e istmo. Estamos ante una realidad que no tiene aguas
territoriales y eso nos plantea problemas constantemente: el incidente del Piraña, es decir, las cuestiones de la pesca; las cuestiones del bunkering, es decir, aquella actuación de los gibraltareños de repostaje de combustible altamente peligroso
para el medio ambiente en la Bahía de Algeciras; problemas constantes con esas 80.000 empresas offshore que están en el peñón.
Tenemos problemas continuos de concepto, señorías.
Las cuestiones de Gibraltar nos las encontramos continua y constantemente en la relación bilateral con el Reino Unido y en la política europea.
Cuando se ha negociado hasta ahora y ha habido problemas, por ejemplo, en la cooperación
judicial, en la cooperación policial, en la cuestión de Eurodac, en cielos abiertos, en la Convención de fronteras exteriores, nosotros apretábamos para que se levantara ese juego peligroso de la aquiescencia en el que los dos países siempre
intentan ganar posiciones frente al otro. Ustedes no. No es que caigan en la trampa del de enfrente, caen ustedes en su propia trampa. Y cuando nosotros conseguimos que levantaran, por ejemplo, el DNI gibraltareño, lo cual no deja de ser notable
teniendo en cuenta que el Reino Unido no tiene DNI, se lo iban a dar a Gibraltar que es su colonia, eso fue sólo a cambio de que se pudiera evitar que las autoridades gibraltareñas fueran autoridades competentes. Una de las cuestiones fundamentales
es eso que dicen ustedes que respetan escrupulosamente: el principio de dos banderas, tres voces.
Estamos ante las tres banderas, tres voces. Si durante tantos años las autoridades locales de la colonia no han querido participar de las
delegaciones, por algo será. Ustedes han cambiado los principios o han hecho concesiones que no se pueden confesar ni en esta Cámara ni ante la opinión pública. Dígannoslo. Si no es así, ¿por qué acepta ahora el señor Caruana sentarse simple y
llanamente porque ustedes le han dado voz y veto a la colonia? Le han dado veto, lo reconocen ustedes, lo reconocen los periódicos, lo reconoce el acuerdo conjunto que han tenido a bien firmar con el ministro británico de Asuntos Exteriores. ¿Qué
podemos esperar de un Gobierno que confunde nación y nacionalidad, comunidad nacional y nacionalidad? A ustedes les da igual que sea la población o los habitantes de la colonia que el pueblo de Gibraltar. Para ustedes es lo mismo, pero
jurídicamente no es lo mismo. No es lo mismo que sean los habitantes de la colonia de Gibraltar que el pueblo de Gibraltar; no es lo mismo. Con eso ustedes han quebrado el principio fundamental del artículo X del Tratado de Utrech, porque no han
tenido en cuenta que sólo hay dos posibilidades: la retrocesión a España o la permanencia en el estatuto colonial. A través de sus torpezas, de sus tropiezos y sus calamidades en política exterior han logrado que por vez primera la colonia tenga
voz, tenga veto y tenga la posibilidad de construir una entelequia que es la tercera vía para considerarse a sí mismos pueblo soberano y tratar de lograr una independencia a través de la autodeterminación; eso es lo que han logrado, señorías.
Desde luego, es algo más que notable.
Ustedes hablan de la creación de un clima favorable. ¿Cuándo se firmó el acuerdo de Seguridad Social? Con el anterior Gobierno. ¿Cuándo se resolvió el contencioso sobre las cien mil líneas telefónicas? Con el anterior Gobierno. ¿Cuándo
se ha logrado que las autoridades locales de Gibraltar o el Gobierno británico hagan cesiones reales? También con el anterior Gobierno. Ustedes han cedido todo y no han obtenido nada a cambio; han permitido la escala de los cruceros no
comunitarios sin nada a cambio. En todo momento ustedes están en la perpetua cesión en todos los frentes de la política exterior, pero cuando se queden sin cosas que ceder ¿qué van a hacer? ¿En qué se van a llevar ustedes bien con vecinos, con
amigos y con no tan amigos?
Hay muchas cuestiones en torno a Gibraltar que ustedes no han tenido suficientemente en cuenta. Nos presentan como novedoso el posible acuerdo sobre el aeropuerto. Hubo un acuerdo sobre el aeropuerto en 1987 que tiene un espíritu y una
letra. Todos convinimos en que ese era el camino para reanudar las negociaciones en torno a esa cuestión. Con el planteamiento de marco que hacen, fíjense ustedes en la conclusión.
Tenemos una colonia con estatuto de cuasi Estado miembro, tenemos
una colonia con estatuto de cuasi Estado soberano (Rumores.), se ha quebrado el principio del derecho internacional y se ha quebrado el principio de la soberanía; ustedes han aparcado la negociación sobre la soberanía.
¿Cómo se recupera eso?
¿Cómo se consigue que Caruana ceda a las posiciones que ustedes ya le han otorgado? ¿Cómo lo consiguen? No hay un solo experto en materia de Gibraltar -y he consultado a bastantes- que tenga el más mínimo punto de acuerdo con lo que ustedes han
hecho.
Tendrán que buscar en los cajones, como hacían ustedes para ver si encontraban algún telegrama que les diese la razón en sus calumnias, para ver si encuentran alguno que por fin les dé la razón también en la materia de Gibraltar.
En materia de política exterior cada vez que tocan ustedes algo lo destruyen. Son ustedes el rey Midas al revés. Eso sí que es peligroso para los intereses de España y no la anterior política exterior. Se trata de defender los intereses
del país y no ceder constantemente ante todos los que consiguen negociar más hábilmente que ustedes o, como le dije antes, es que llega usted a la mesa de la negociación y dice buenas tardes, buenas tardes, sí, lo que ustedes quieran: Y todavía
peor en el caso de la Unión Europea, cuando antes de sentarse a negociar ustedes ya dijeron que sí, lo que me digan Francia y Alemania estará bien. Ese es el espíritu de su política exterior en todos los terrenos. Pagan por adelantado al dictador
cubano, cede y libera a unos pocos de los 75 que metió en la cárcel y de los cientos que todavía hay en las cárceles cubanas. A ustedes les parece perfecto teniendo en cuenta que aquello fue unánimemente aceptado por la Unión Europea porque se
detuvo, se arrestó y se sentenció a 75 presos de conciencia, pero a ustedes seis o siete les bastan para levantar las sanciones previas. Suma y sigue.
Ahora nos presentan ustedes una enmienda que es el perfecto ejemplo del cinismo contradictorio. Nos dan las generales de la ley para que nosotros se lo aprobemos en el Pleno del Congreso, las cuestiones que nosotros mismos decimos en
nuestra proposición no de ley, pero con dos diferencias. Ustedes quieren que endosemos, aprobemos y apoyemos el acuerdo conjunto -que es ya un inicio de disparate- del 27 de octubre (Rumores.) y el comité de cooperación, que es el punto central de
la crisis que ustedes mismos han abierto. Quieren que lo aprobemos para que dejen así de tener una crisis que ustedes mismos han abierto y que muchos de sus socios tampoco
ven muy claro, por lo que se ve. Y lo más importante es que la opinión pública española no les ha entendido porque este es un tema que a lo mejor no interesa mucho al principio, pero cuando se cometen graves errores como los que han
cometido ustedes entonces sí les preocupa.
El señor PRESIDENTE: Señor Arístegui, por favor, vaya terminando.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Concluyo, señor presidente.
Les preocupa un Gobierno que no da una a derechas en materia de política exterior. (Rumores.) No tienen ustedes un acierto, todo son meteduras de pata, pero lo peor es que se nos dice que lo hacen de forma premeditada, con lo cual ya
sabemos que nuestra tesis sobre la agenda es absolutamente cierta.
Nosotros no podemos votar a favor de su enmienda. Nosotros nos preguntamos, preguntamos a la Cámara, preguntamos a la opinión pública cómo van a votar ustedes en contra de los principios que proponemos en nuestra proposición de ley; cómo
van a votar ustedes contra eso y cómo van a decir que siguen defendiendo los principios básicos que rigen desde hace 300 años la reivindicación española sobre Gibraltar. Como les decía al principio de mi intervención -y con ello concluyo, señor
presidente-, ustedes son un grave lastre para este país, y son un grave lastre para este país sobre todo en materia de política exterior. (Rumores.-Un señor diputado: ¡El señor de la guerra!) Cada vez que se meten ustedes en un tema, un siete, un
roto, quizá irrecuperable como este de Gibraltar.
Desde luego, señorías, no cedan en la defensa de los intereses de España.
Se lo reclama la ciudadanía, la opinión pública y el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular presenta hoy una proposición no de ley similar a la que fue derrotada hace unas semanas en el Senado. Hemos escuchado al portavoz con respeto y ahora tenemos todavía
más claro que al Partido Popular no le importa ni el Estado ni la política exterior (Rumores.), que es todo instrumental, también Gibraltar, que no quieren influir en la política exterior, que sería legítimo, sino dirigirla o bloquearla, que no
hablan como oposición sino como un gobierno autoritario. Hoy han ido demasiado lejos en el tema de Gibraltar. Su actitud y su interpretación no solo encanalla la política exterior sino que pone en grave peligro los intereses de España.
(Rumores.)
La posición de España en materia de soberanía sobre Gibraltar y sobre el istmo se mantiene inalterable; los derechos de España reconocidos en el Tratado de Utrech y en la resolución del Consejo de Seguridad son intocables y están garantizados; la
soberanía es cosa de los Estados, que son dos; no hay otra opción posible para Gibraltar, no hay consentimiento español, no hay tercera vía, y el Grupo Popular lo sabe. Esa posición es la que refleja de forma inequívoca los dos comunicados de
prensa de octubre y de diciembre. Por eso vamos a responder desde el rigor y la responsabilidad al discurso del Partido Popular.
Se han realizado acusaciones que son falsas y carentes de ese rigor, pero también acusaciones que son intolerables por lo que contienen de deslealtad absoluta, una deslealtad nunca vista (Un señor diputado: ¡Muy bien!), ni siquiera cuando
el Gobierno de Felipe González abrió la verja o cuando el Gobierno de Aznar aceptó negociar un acuerdo de soberanía compartida dejando de lado la reivindicación de la plena soberanía que garantiza Naciones Unidas y el Tratado de Utrech. El señor
Arístegui decía no hace mucho que la referencia al compromiso británico de la Constitución de Gibraltar era muy grave y podría constituir un acto de aquiescencia que significaría que el Gobierno daba credibilidad a las pretensiones de Gibraltar. Se
ha dicho también en la Cámara. ¿No saben ustedes que Marcelino Oreja -peligroso marxista, como ustedes saben- en 1980 aceptó la expresión de ese reconocimiento? Como lo han hecho después otros miembros: lo hizo Morán, lo hizo Piqué, lo hizo
incluso Matutes, que invitó al Gobierno británico a incorporar esa cláusula en una declaración conjunta. Señorías, sólo esto ya prueba que ustedes actúan movidos por la malicia o por la más absoluta insolvencia.
Han utilizado otros argumentos y al final vienen a decir que hay una alteración del statu quo y que esto es una gran humillación. No le oí decir eso ni a usted ni al señor Rajoy cuando el Gobierno de Aznar, sin consultar a la oposición, nos
sorprendió aceptando la fórmula de cosoberanía, que está bien alejada de la posición de principio española.
O cuando el señor Piqué pedía una y otra vez a Caruana que se uniera al diálogo con voz propia y diferenciada para contribuir plenamente. O
cuando Piqué, en conferencia de prensa el 4 de febrero de 2002 -y leo textualmente- dijo: España acepta y respeta el compromiso del Reino Unido con Gibraltar. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) No les oí decir:
¡Anatema!, se ha alterado la posición de principio de España. Pero no se oyó tampoco la voz del Partido Socialista elevando sus ataques contra el Gobierno. No hubo ni una sola crítica, no hubo una sola descalificación. Hubo sólo lealtad, hubo
sólo apoyo activo al Gobierno. Dijimos incluso que era un ejercicio pragmático e inteligente, expresamos nuestras reservas políticas, nuestras dudas jurídicas en privado al Gobierno, y cuando fracasaron porque Gibraltar no participó y convocó un
referéndum guardamos silencio. Por eso, señorías, puedo comprender sus reservas, puedo comprender sus dudas, pero no la deslealtad. A ustedes no les mueven los intereses de España; a ustedes les mueven los intereses políticos del Partido Popular.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.)
El foro se basa en una premisa: avanzar hoy en cooperación para hacerlo mañana hacia la soberanía; avanzar
con los gibraltareños y no contra los gibraltareños; defender los intereses respetando la dignidad de habitantes. Los gibraltareños no son extraterrestres, no son extraños, son vecinos, son habitantes de una colonia, pero ciudadanos
europeos con elementos culturales españoles y británicos. Se quiere por tanto avanzar en cooperación manteniendo íntegramente las posiciones, y no lo dice el Partido Socialista, lo dice alguien que tiene unos intereses bien distintos, como el señor
Caruana, en su Asamblea: Entendemos que España no ha renunciado a la soberanía, que profesa la determinación de no hacerlo y que será cuidadosa en el proceso de cooperación que se avecina y en cualquier proceso de diálogo para evitar dar pasos que
perjudiquen su demanda de soberanía. Señorías, si las autoridades de Gibraltar reconocen que la posición del Gobierno español está absolutamente blindada, ¿no cree la Cámara que es una deslealtad, que es poner en peligro los intereses de España que
el principal partido de la oposición diga lo contrario y haga una interpretación torticera que perjudica la posición española y que, de aceptarla, se podría utilizar contra España? Se ha hablado de derecho de veto, pero el veto no lo reconoce
España; es el Reino Unido el que les ha reconocido el derecho de veto. España no reconoce jurídicamente ninguna capacidad de veto a los gibraltareños ni lo va a reconocer y, desde esa posición, hay una voluntad de buscar el entendimiento con
Gibraltar. Por eso se quiere avanzar, como pedía Piqué, con ellos en la mesa, buscando que los acuerdos con el Reino Unido se construyan con todos y no se destruyan unilateralmente, como hasta ahora. Sabemos que si no es así no habrá acuerdos o
fracasarán. Le pasó a Morán con el aeropuerto y le pasó a Matutes en 1999 con el acuerdo pesquero: los ministros exultantes, los gibraltareños vetaron y se acabó el acuerdo.
Señores del Grupo Popular, para nosotros el preámbulo de la Constitución de Gibraltar es un pacto entre terceros. Ahora bien, no se nos escapa que este condicionamiento constituye un obstáculo objetivo en la solución de nuestro contencioso
y, como Estado democrático, no podemos concebir la obtención de una solución al problema de la soberanía que se imponga por la fuerza a la voluntad de los ciudadanos de Gibraltar. Por tanto, los gibraltareños pueden estar tranquilos y olvidar la
absurda propaganda sobre la supuesta intención española de forzarles a una salida contraria a sus intereses. Todo esto que acabo de decir sobre el preámbulo de la Constitución no son mis palabras, son las palabras del señor Abel Matutes,
declaradas, firmadas solemnemente y presentadas ante el Reino Unido en el marco del proceso de Bruselas, en Londres, en 1999. Ya está bien de cinismo, señores del Partido Popular; ya está bien de cinismo. Y esa actitud que fue el cambio de
posición más trascendente de los 20 años anteriores en el Gobierno de España, que pasa de la posición tradicional de hablar de los intereses de los gibraltareños a hablar de la voluntad de los gibraltareños, no fue consultada con el Partido
Socialista, pero respetamos lealmente al ministro y lo apoyamos, nunca lo cuestionamos. Lo que ahora se hace no es otra cosa que reforzar la credibilidad de las palabras del señor Matutes y respetar la posición de señor Piqué, y todo ello se logra
tres años después de que el señor Caruana no aceptara la invitación de Piqué, y ahora la acepta. ¿Por qué? Porque se les trata con dignidad, porque se respeta su dignidad sin renunciar a los derechos jurídicos, sin renunciar a las posiciones de
principio que tiene España.
Se logra porque se dice que no se renuncia pero que no se va a imponer en contra de la voluntad, que se respeta esa dignidad; se logra sin coste alguno, sin riesgos. Sólo hay un marco jurídico y ustedes lo saben, sólo
hay dos banderas y tres voces. Gibraltar no puede ser ni va a ser un Estado soberano. España, que no tiene la soberanía de Gibraltar hoy porque la tiene el Reino Unido, tiene la llave del futuro de la soberanía de Gibraltar y sólo hay una
alternativa. Hay un compromiso de entendimiento y no otra cosa. Sólo hay retos y oportunidades para los españoles y para los británicos, también para los gibraltareños. Es una nueva estrategia en el objetivo desde los principios y en la dirección
de los gobiernos y de los ministros anteriores: Piqué y Matutes, y no cito a la sucesora de Piqué porque abandonó el proceso y canceló la cita de Bruselas, en junio de 2002. Ese es el cambio: la voluntad de lograr avances en cooperación, que no
se harían si no quieren los gibraltareños, tal como hemos experimentado, desde el diálogo y el respeto beneficioso para la población: cooperación en el tema del aeropuerto y de la seguridad medioambiental, por ejemplo, y avances en el objetivo de
la soberanía. Este es el sentido de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista: reiterar la posición política y jurídica de España en todos sus extremos; inscribir el ejercicio actual y los anteriores en dicha posición, y,
desde esos principios, dar un margen de maniobra al Gobierno. Solo pedimos el mismo margen de maniobra que la Cámara le dio al Gobierno del Partido Popular en 2001 y 2002, ante una negociación compleja y a pesar de que se estaban alterando las
posiciones de principio, las aspiraciones y el statu quo en el tema de Gibraltar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego que vaya concluyendo, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Termino, señora presidenta.
Para ello, para que Gibraltar siga siendo política de Estado, también planteamos que el Gobierno mantenga permanentemente informados a los grupos parlamentarios. Esa es una política de consenso.
Ha descalificado usted, señoría -y acabo-, la política del Gobierno y a sus ministros; también lo ha hecho el señor Rajoy. Pues bien, no tienen razones para sentirse humillados ni ultrajados. Si alguien se siente así, no tiene nada que
ver con Gibraltar ni con la política exterior; es por otra razón que explica muy bien su discurso, y es que en política exterior, la imagen del nuevo líder del Partido Popular la constituye la figura de Rajoy flanqueado y conducido por los señores
Acebes y Zaplana y a la sombra de Aznar, y eso sí que es humillante, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Estrella.
Continuamos con la fijación de posición, señorías. Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Labordeta.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
El discurso que le hemos oído al señor Arístegui me recuerda a cuando yo era joven y nos convocaba el franquismo a manifestaciones en contra de Gibraltar y salíamos a la calle reclamando: ¡Gibraltar, español!, ¡Gibraltar, español! Íbamos
camino de la embajada, y el embajador británico, cuando le preguntaban si quería que le mandaran más policía, contestaba que le mandaran menos estudiantes. Seguimos con el mismo discurso y en la misma situación, insistiendo e insistiendo, y hemos
visto que no había solución, que no se ampliaba el campo, que no se abría el camino. Estamos tratando a la población gibraltareña siempre como enemigos. Creo que va siendo hora de que empecemos a tratarlos como amigos, como gente que tiene
relación con nosotros. Cuando a un pueblo se le acogota se defiende y se vuelve más nacionalista que cuando tiene libertad. Por eso debemos dejar que la nueva situación se abra camino y, por nuestra parte, vamos a votar en contra de esta
proposición no de ley.
Durante estos días, he oído al señor Arístegui atacando siempre al Ministerio de Asuntos Exteriores y al ministro, hablándole de errores.
Yo, señor Arístegui, le recuerdo a usted defendiendo las armas de destrucción masiva en Irak. Eso sí
que fue una metedura de pata y un error diplomático bastante grande; si no, vea usted las imágenes de todos estos días. Yo, desde luego, estaría un poco avergonzado y procuraría no atacar tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores. No, no me haga
usted así; es que no es eso. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Él, sí; yo, no; yo no dije que había armas de destrucción masiva en Irak, ni hago gestos aquí en el Congreso.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías...
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.
Continuamos con Coalición Canaria. Señor Mardones, es su turno. Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Tuve ocasión, como portavoz de Coalición Canaria en la Comisión de Asuntos Exteriores, de mantener una reunión hace algunas semanas con el señor Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en su sede oficial, junto a otros
portavoces de Exteriores, para adoptar un criterio sobre Gibraltar. Allí manifestamos nuestra opinión, en la línea de tratar por partes el conjunto del problema, porque en cuanto a tratar de resolverlo llevamos 300 años y aquí no se ha resuelto
nada. Como recordaba el señor Labordeta, hace unos 50 años, el antiguo SEU -el sindicato universitario- sacaba a los estudiantes -yo fui uno de ellos- para ir a la embajada británica a protestar con la pancarta de ¡Gibraltar, español! Ahora tenemos
que adoptar criterios enmarcados en la razonabilidad. Yo apoyé en su momento el plan que elaboró don Marcelino Oreja Aguirre tratando precisamente de buscar una solución a lo que parece un laberinto sin salida. Pues a lo que no tiene salida hay
que buscársela políticamente con graduaciones de las partes del conjunto del problema que en su totalidad resulta prácticamente insoluble, diplomática, política y administrativamente, salvo que tengamos que utilizar algunos instrumentos. Está por
escribir toda la historia secreta de la cuestión de Gibraltar, a ver por qué en los años cuarenta no se tomó una decisión posiblemente manu militari, como se pretendía. ¿O es que no estamos leyendo la historia de todas las incidencias sobre
Gibraltar? Nosotros hemos hecho una aproximación a la política actual del Gobierno. Se la ratificamos a don Abel Matutes, se la ratificamos a su ministro posterior y llegamos a una situación en que buscamos solución.
Mi grupo se planteó esta
cuestión, se lo expresamos así al señor Moratinos y hemos dado nuestra conformidad a ese escenario tripartito donde el tema de la soberanía es una cosa que por su conjunto más abstracto permite entrar en otras cuestiones.
Toda el área del Campo de Gibraltar tiene que jugar a favor de los intereses españoles, sociales, laborales, económicos, empresariales...
Hay que saber utilizar esa necesidad que tienen los británicos del propio aeropuerto de Gibraltar,
pero vinculado a toda la zona. ¿O es que los ejecutivos de las empresas españolas ubicadas en el Campo de Gibraltar, como las petrolíferas Cepsa y Repsol y otras grandes empresas, no tienen necesidad de un equipamiento de infraestructuras que hay
allí, o las vocaciones turísticas que se generan en la zona? Por tanto, nosotros no podemos apoyar este criterio que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular. Creemos que es más racional, porque está en concordancia con lo que dijimos al señor
ministro de Asuntos Exteriores en la reunión en su sede oficial, a que he hecho referencia, en presencia de los otros portavoces, que vayamos por la línea que plantea aquí don Rafael Estrella, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que
permite una aproximación pragmática para tratar de solucionar este problema con sensatez, con sentido común y con realismo. Lo demás es ponerlo en unas posiciones que por ser encastilladas conducen a un numantinismo de la propia diplomacia, y como
no queremos numantinismos diplomáticos, si es aceptada por el Grupo Popular, vamos a votar favorablemente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mardones.
Señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, no me voy a esmerar mucho porque esto es solamente un aperitivo. El Partido Popular tiene preparada una última salva de Navidad, en este caso sobre Gibraltar, dentro de lo que se
llama la desestabilización de la política exterior del nuevo Gobierno, muy legítima, pero nosotros nos damos cuenta, señores del Partido Popular; salva de Navidad en la que se anuncia una crisis, y uno podría preguntarse ¿qué crisis? ¿De qué están
hablando los que anuncian esa crisis? Porque respecto a los mismos que anuncian una crisis, hace unos años -se recordaba aquí por otros grupos parlamentarios- nos desayunamos con una posición del Grupo Parlamentario Popular que no habíamos
discutido, de la que no habíamos sido informados y que se hizo pública a bombo y platillo, que era la posición de la cosoberanía. Mi grupo parlamentario estuvo de acuerdo con ello. Fíjense, no era la posición colonial de Utrecht ni era la posición
de la soberanía plena del Estado español; la posición era la cosoberanía y la soberanía compartida. Se repitió públicamente: cosoberanía y soberanía compartida.
Nosotros entonces dijimos que ese avance en el marco de la Unión Europea que trataba
de actualizar los derechos de soberanía del pueblo español, los derechos de soberanía de nuestro Estado, era importante, pero que necesitaba un requisito y era tener en cuenta que no había derecho de autodeterminación pero que sí había derechos de
ciudadanía europea por parte del pueblo gibraltareño y por tanto que debería ser tenido en cuenta, que debería participar sobre todo en aquello que afectaba al diálogo social, al diálogo que tenía que ver con el aeropuerto, que tenía que ver con las
pensiones, etcétera. En eso estamos, señorías. ¿Por qué en estos momentos hacer aspavientos respecto a algo que no modifica los principios generales del Estado español en relación a Gibraltar y que, sin embargo, en nuestra opinión, avanza en el
mismo sentido que propuso el Partido Popular y que respaldamos todos con la noción de cosoberanía o de soberanía compartida? Avanza en una materia muy importante para lograr esa cosoberanía o soberanía compartida, que es el diálogo entre los
ciudadanos, porque los ciudadanos no pueden volver a ser rehenes de la diferencia entre los dos Estados, tienen que tener todos los derechos ciudadanos, y por eso nosotros creemos que en este marco de diálogo, que no es un marco negociador -se
equivocan ustedes radicalmente, parece ser que no sabemos nada de derecho internacional: marco de diálogo que no marco negociador-, se va a hablar de materias muy importantes, porque en nuestra opinión la forma de recuperar esa cosoberanía tiene
una parte importante en la relación entre los pueblos. Antes estaba coja la cosoberanía porque no había relación entre los pueblos; ahora podemos recuperar la relación entre los pueblos y dar contenido social, contenido democrático a la
cosoberanía o a la soberanía compartida.
En definitiva, señores del Grupo Popular, estamos ante un trasunto de un reciente libro de Robert Kagan que se denomina Poder y debilidad. Ustedes trasladan esa imagen que es que Estados Unidos utiliza la guerra en la política exterior
porque tiene poder y la Unión Europea utiliza el derecho y el diálogo porque es débil. Ustedes están intentando utilizarlo en esta Cámara y frente al nuevo Gobierno. Ustedes eran un Gobierno en mayoría absoluta, por tanto utilizaban el poder y la
guerra; el actual Gobierno, en mayoría minoritaria, es un Gobierno débil que utiliza el diálogo. Ese es el planteamiento que ustedes hacen. Señorías, no son debilidad ni el derecho internacional ni el diálogo, ninguna debilidad; son mucho más
fuertes en materia internacional que la guerra y la imposición.
Señorías, nosotros no vamos a participar en esta ceremonia de la confusión con un nuevo cuento de Navidad, en este caso por parte del Grupo Parlamentario Popular, y nos vamos a mantener en el acuerdo que hemos tenido todos sobre los
principios respecto a la soberanía española sobre Gibraltar -en eso tenemos un acuerdo, mantengámoslo-, pero también en los métodos, métodos que desbloqueen esa situación y que vayan avanzando, por una parte, en el diálogo político y, por otra, en
el diálogo social. En ese camino estamos, señorías, y no nos hagan asistir no solamente a los contenidos del libro de Robert Kagan, sino de nuevo a la utilización del acoso y derribo y de la desautorización de una persona como estamos viviendo en
los últimos tiempos.
Yo asistí desde otra situación al acoso y derribo contra un intelectual de izquierdas que era el señor Morán. Me está recordando mucho esa situación. (Rumores.) Sí, sí, un intelectual de izquierdas. Yo le estimo, a pesar de la diferencia
ideológica. Ustedes están volviendo otra vez a lo mismo. Es decir, no solamente es poder y debilidad, sino poder, debilidad e incompetencia. Señorías, aunque haya una política distinta de la que ustedes desearían, esa política no es
incompetencia. Nosotros tenemos diferencias con ella, no es nuestra política, pero en algunas materias como esta creemos que es una política competente, eficaz y acertada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy hemos escuchado a un vasco, a nuestro compañero, señor De Arístegui, defender apasionadamente desde esta tribuna la incuestionable españolidad de Gibraltar. No es la primera vez que ocurre esto. La tesis que aboga por la
esencial e incuestionable españolidad de Gibraltar siempre ha contado, curiosamente, con vascos entre sus más acérrimos defensores, se entiende lógicamente de intensa significación nacional española.
Y, como casi siempre ocurre con este tipo de vascos que sienten con pasión su condición de españoles, todos ellos han formulado la reivindicación de Gibraltar en términos esencialistas e intransigentes, en términos exaltadamente patrióticos.
Gibraltar es España porque sí -se nos dice-, porque lo es, porque no puede ser de otra manera, porque lo impone así la ontología, la incuestionable naturaleza de las cosas, les guste o no a sus habitantes, lo quieran o no quienes habitan en su
territorio.
Gibraltar es español y en esto no caben ni matices ni claudicaciones.
¿Por qué? Porque en la defensa de este axioma, de que esto tiene que ser así, están en juego nada menos que la propia dignidad y el orgullo nacional. Otro vasco,
Manuel Aznar, el ínclito abuelo paterno del gran piloto que durante años dirigió la nave desde este país con mano diestra, expresaba estas mismas posiciones en un artículo del año 1940. Decía: Gibraltar es España porque se trata de un trozo
sagrado de la tierra nacional, de unos palmos de suelo patrio. Ese suelo -añadía- y esa tierra conservan en todo momento para nosotros un altísimo e irrenunciable valor moral, político, patriótico y sentimental. Y concluía afirmando: En el
corazón de los españoles, la ilusión patriótica del Peñón es como una llama permanente.
Señorías, esta ilusión patriótica del Peñón como emblema expresivo de lo que es el honor patrio mancillado y necesitado de reparación la expresaron igualmente otros vascos, Areilza y Castiella. Uno de ellos, Castiella, bilbaino, que fue
ministro de Asuntos Exteriores en la época de Franco, fue conocido nada menos como el ministro Gibraltar, tal fue la tenacidad y el empeño que puso en la defensa de esta misma esencial españolidad del Peñón. Aunque parezca mentira, hoy, en los
albores del siglo XXI, todavía hay vascos y no vascos que defienden posiciones muy parecidas a las descritas. Gibraltar vuelve a ser para ellos una reivindicación consustancial a las esencias patrias. Todavía escuchamos voces que expresan
apasionadamente esta ilusión patriótica del Peñón, que, como decía Manuel Aznar, figura en el corazón de los españoles como una llama permanente. Curiosamente, esas voces proceden de quienes acostumbran a descalificar a los demás acusándoles de
defender un nacionalismo esencialista, xenófobo, excluyente, sustancialista y otros muchos adjetivos que acompañan normalmente al nacionalismo que profesa mi formación política. Pero, señorías, en la Europa democrática del siglo XXI, la primera y
principal referencia que ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar el estatus político de un territorio y encauzar libre y democráticamente su futuro es la voluntad mayoritaria de sus habitantes expresada democráticamente. Los títulos
históricos pueden servir, pero solo sirven si cuentan además con el aval democrático, si son respaldados hoy por la voluntad mayoritaria de los habitantes de ese territorio, y la voluntad de los gibraltareños, nos guste o no, se ha expresado con
claridad en repetidas ocasiones, se admita o no, se reconozca o no la validez de las consultas que en diferentes ocasiones se han hecho a este respecto, porque materialmente su sentido es clarísimo, es evidente. Se expresó primero en referéndum
convocado -recordarán ustedes- el año 1967, en el que una abrumadora mayoría del censo electoral, casi el 95 por ciento, se opuso a ceder a España la soberanía sobre el Peñón. Más recientemente, hace dos años, en 2002, más del 88 por ciento del
censo electoral se negaba al principio de que el Reino de España comparta soberanía con Gibraltar. Yo creo que son expresiones de voluntad clarísimas en este sentido.
Es curioso, a nosotros, a los nacionalistas vascos, y a otros nacionalistas del Estado se nos recuerda una y otra vez la teoría del agua salada para argumentar que el derecho de autodeterminación tan solo se reconoce a los territorios
coloniales, algo que en principio es más que cuestionable, porque todos hemos visto que en los últimos 15 años la geografía europea se ha trastocado radicalmente en virtud, precisamente, del ejercicio de este derecho de autodeterminación. Lo
realmente chocante es que precisamente ahora que nos encontramos ante un territorio que tiene un estatus inequívocamente colonial nos digan que tampoco aquí es pertinente invocar el derecho de autodeterminación porque lo que prevalece es el
principio de integridad territorial. ¿Y qué base tiene este principio de integridad territorial que se pretende hacer prevalecer en relación con un territorio de inequívoco estatus colonial, por encima del derecho de autodeterminación? Una
integridad territorial que se invoca apelando a un tratado suscrito hace 300 años, es decir, mucho tiempo antes de que se crease la ONU y de que naciese la misma categoría jurídica del derecho de autodeterminación, y que además, curiosamente, lejos
de reconocer ninguna integridad territorial española -cualquiera que se lea el Tratado de Utrecht puede alcanzar esta conclusión-, lo que hace es precisamente lo contrario: reconoce la soberanía británica sobre el Peñón. Aquí, señorías, tengo yo
la impresión de que hace falta un baño de realismo.
En lugar de estas tortuosas argumentaciones jurídicas, lo que tiene que hacer el Estado español es meditar por qué razón el proyecto de vida en común que abandera no satisface a los gibraltareños, que no quieren, curiosamente, ni oír hablar
de ser españoles. Es preciso preguntarse por qué a los gibraltareños, y probablemente como a ellos a otros muchos, España, el proyecto español les puede parecer cualquier cosa menos un proyecto sugestivo de vida en común. ¿Por qué no se fían, por
ejemplo, los gibraltareños de las propuestas de que en España podrán gozar de un amplísimo autogobierno para la defensa de sus intereses? ¡Ya les diría yo lo que pueden esperar de promesas formuladas desde el Estado español en el sentido de que se
respetará su autogobierno y su voluntad de gobernarse por sí mismos! ¡Ya les diría yo en qué puede convertirse, antes o después, esa promesa!
En una entrevista publicada hace muy pocos días en un diario vasco, el señor Rajoy aseguraba que no formulará su línea política sobre la base de problemáticas artificiales, como son, a su juicio, las del nacionalismo vasco, sino sobre lo que
realmente preocupa a los ciudadanos. Él citaba a título de ejemplo las cuestiones económicas, el paro, la inmigración, etcétera. Y hoy, precisamente
pocos días después de que se publicara esta entrevista, se nos descuelgan con una iniciativa sobre Gibraltar. ¿Creen de verdad en el Partido Popular que Gibraltar es uno de los principales problemas que afectan cotidianamente a los
españoles? ¿Creen de verdad que los españoles se levantan todas las mañanas angustiados pensando en lo que será de Gibraltar, de su futuro y de lo que será del estatus jurídico que en los próximos años vaya a tener este Peñón, con el que linda al
sur el Estado español?
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco evidentemente va a votar en contra de esta iniciativa (El señor Moragas Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.); si me permite el señor Moragas, lo hará. Y lo hará porque evidentemente
considera que no está entre las preocupaciones de los ciudadanos, desde luego no lo está entre los vascos, y, segundo, porque está planteada, a nuestro juicio, en términos absolutamente desorientados; está planteada en unos términos que no son
asumibles, no son defendibles en el siglo XXI para dar cauce, para dar solución al problema de encaje de un territorio como el de Gibraltar, que podrá estar condicionado por todos los problemas jurídicos todo lo enrevesados que se quiera, pero que
solamente podrá tener una solución sobre la base de la voluntad mayoritaria, libre y democráticamente expresada por los ciudadanos gibraltareños.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Erkoreka.
Continuamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene para ello la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Esquerra Republicana aspira a la independencia de Cataluña, ya lo saben ustedes, es decir, a una Cataluña libre y soberana. Cataluña debe llegar a la soberanía plena, a la independencia, como expresión de la voluntad de la mayoría
de los catalanes y catalanas, que así lo expresarán cuando puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación de los pueblos es el primero de los derechos colectivos. Corresponde a todos los pueblos sin
restricciones.
Así lo confirma la Carta de Naciones Unidas de 1945. En 1960 Naciones Unidas reconocen este derecho a las colonias. El 16 de diciembre de 1966 Naciones Unidas extendieron a todos los pueblos la titularidad del derecho a elegir
libremente su futuro. El derecho a la autodeterminación, reconocido por esta Cámara para el pueblo palestino, para los saharauis, no es selectivo; sirve para los chechenos, para los kurdos y también para los habitantes de Gibraltar. Gibraltar es
hoy una colonia, una anomalía en el continente europeo, una anomalía que corresponde a los habitantes de Gibraltar decidir cómo corregir. Los habitantes de Gibraltar tienen derecho a elegir democráticamente su futuro -si asociados a Gran Bretaña, a
España, a ambos o independientes-. Actualmente se está llevando una política de diálogo entre las tres partes y creemos que este es el camino a seguir, pero ya que el Grupo Popular nos recuerda el Tratado de Utrecht, siempre es interesante
reflexionar sobre el pasado para comprender mejor el presente.
Gibraltar es el resultado del tratado acordado en Utrecht por las delegaciones del rey de Francia y la reina de Gran Bretaña el 13 de julio de 1713. Este tratado significó el fin del conflicto internacional, la guerra de sucesión, que, como
ustedes saben, supuso en primer lugar un conflicto de intereses entre la dinastía Borbón -Luis XIV de Francia- y la dinastía de los Habsburgo -el emperador Leopoldo de Austria-; en segundo lugar, supuso un conflicto internacional entre el bloque
aliado -Inglaterra, Austria, Países Bajos, Portugal, Saboya y la Corona de Aragón- y los partidarios de los Borbones -Francia y los territorios de Castilla- y en tercer lugar supuso una lucha por un modelo político distinto de la monarquía
hispánica, el modelo uniformador y absolutista borbónico de Castilla frente al modelo de Estado federal y parlamentario de la Corona de Aragón, donde los reyes legislaban en las Cortes y no mediante pragmática como sucedía en Castilla. Mediante
este tratado, la reina de Inglaterra se retiró del bloque aliado y dejó de dar apoyo a los territorios de la Corona de Aragón incumpliendo el Pacto de Génova de 1705, lo que permitió a las tropas borbónicas ocupar Cataluña. El precio de la retirada
del apoyo al archiduque Carlos III fue este enclave estratégico, Gibraltar. Felipe de Anjou, Felipe V, nieto de Luis XIV, no dudó en ceder el peñón de Gibraltar a cambio de que Inglaterra abandonara el apoyo militar y económico a los aliados
catalanes. Ello supuso la dominación de Cataluña y del resto de los territorios de la Corona de Aragón por la dinastía borbónica. Esta decisión se plasmó en el redactado de un tratado internacional, el Tratado de Utrecht, aún vigente.
El Tratado de Utrecht es un texto amplio. Efectivamente está el artículo 10 ya mencionado anteriormente, pero también está el artículo 13, por el que, a instancias de la reina de Gran Bretaña, Felipe V se compromete no solo a una amnistía,
que no cumplió; a reservar las propiedades de los catalanes, que no cumplió -como ustedes saben, habitantes de Barcelona fueron obligados a destruir con sus propias manos sus viviendas para construir la Ciutadella-, sino a garantizar la
preservación intacta de los antiguos privilegios. La Corona de España incumplió este artículo, ya que los habitantes de Cataluña perdieron sus constituciones y un sistema político basado en la representación y los contratos, del mismo modo que
valencianos y aragoneses vieron suprimidos sus fueros por el justo derecho de conquista en 1707. El Decreto de Nueva Planta suscitó toda clase de reacciones internacionales -incluso la Cámara de los Comunes de Inglaterra creó una comisión de
investigación-. Desde entonces, el Tratado de Utrecht se ha convertido en la mala conciencia de España, y Gibraltar en su vergüenza; por este motivo piden continuamente su devolución, no por otra razón, ya que no tiene ningún valor estratégico.
Ya que el Tratado de Utrecht sigue en vigor, si se solicita la aplicación estricta del artículo 10 del mismo, también debería aplicarse estrictamente el
artículo 13. Entonces Cataluña pasaría a ser un Estado confederado con el Reino de España, y si algún gobierno, en un arrebato de imperialismo, decide conquistar con las armas Gibraltar, Cataluña automáticamente pasa a ser una república
independiente. Pero, señorías, esto pasó hace 300 años. Nosotros proponemos superar Utrecht. Gibraltar es el fruto de una guerra entre soberanos que repartían sus territorios por derechos de conquista, y los habitantes de esos territorios eran
súbditos; hoy hablamos de ciudadanos y ciudadanas. Proponemos superar Utrecht ampliando la democracia, reconociendo los derechos colectivos de los catalanes y de los gibraltareños. En lugar de seguir una política de conquista, aunque sea de un
islote habitado por cabras, como fue Perejil, proponemos evitar la confrontación, crear marcos de confianza, de mutuo respeto, de respeto a la diversidad. El nacionalismo español debe ya renunciar a sus viejas tentaciones imperialistas. El Estado
español tendrá futuro si permite que los distintos pueblos a los que los avatares históricos han obligado a vivir bajo el mismo yugo puedan convivir en régimen de igualdad. Hasta que el Estado nación liberal no renuncie a su hipotético derecho a
uniformizar las poblaciones comprendidas dentro de sus fronteras y apueste por el derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro -incluso por la opción de tener Estado propio-, no podemos decir que los derechos humanos estén reconocidos
universalmente. Esta afirmación se sitúa en línea con una interpretación modernizadora y expansiva de los derechos humanos entendidos como principios rectores de un nuevo orden internacional y precursora de una ciudadanía supraestatal.
Efectivamente, en las sociedades occidentales avanzadas hablar del reconocimiento del autogobierno de las naciones minoritarias, del reconocimiento del plurinacionalismo, es hablar de profundización de la democracia. La aplicación pacífica del
derecho a la autodeterminación contribuye a la prevención y a la resolución de conflictos, especialmente aquellos que afectan a intereses contrapuestos de Estados y pueblos existentes, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades minoritarias.
En este sentido, es importante entender la autodeterminación como un proceso de elección continuo hacia la consecución de una convivencia pacífica y la satisfacción de las necesidades humanas. Damos nuestro apoyo al nuevo foro de diálogo a tres
bandas sobre Gibraltar; creemos que se debe profundizar en el establecimiento de un marco de relaciones e intercambios económico-culturales entre los habitantes de la zona. Este es el camino del entendimiento y la búsqueda de una solución pacífica
y satisfactoria para todos los habitantes. Les recordamos también, ya que hablamos de derecho, que esta Cámara no será plenamente democrática hasta que no se reconozca el derecho a los representantes de las minorías a hablar en las lenguas
minoritarias.
Naturalmente, votaremos en contra de la proposición del Grupo Popular porque no va a favor del espíritu moderno; por decirlo llanamente, es una proposición anticuada. Tenemos que apostar por el entendimiento, por el futuro y por el
ofrecimiento de todos los derechos, incluido el derecho a la autodeterminación. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que está de acuerdo con nuestro espíritu, pero que no reconoce el derecho de los gibraltareños, por lo que no la podemos
votar favorablemente.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Bonás.
Continuamos, señorías, con la última fijación de posición, que corresponde a Convergència i Unió. Para ello tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición ante esta proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Popular. Ciertamente, el Gobierno, a través de la nueva
posición ante Gibraltar, ensaya una nueva estrategia sobre el contencioso innovadora y distinta respecto a la línea mantenida por el Gobierno durante los primeros meses y quizá -lo veremos después- por el anterior Gobierno. Esta nueva fórmula
supone un punto y aparte y también dar voz a Gibraltar como una tercera parte a través, como siempre en el lenguaje diplomático, de una fórmula de equilibrio y notablemente ambivalente, reconociendo, por una parte, que sea sin perjuicio del
respectivo estatus constitucional de cada una de las partes -es una parte de la redacción-, pero, por otra parte, habla también de plena igualdad entre las tres partes. También se habla de consenso entre las tres partes, que quiere decir en la
práctica el derecho de veto de las tres partes. Es absolutamente inexacto, impreciso, lo que han dicho esta última semana, a través de los medios de comunicación, el Grupo Popular y del presidente del Partido Popular respecto a un derecho de veto
exclusivo de Gibraltar. Quiero recordar que en la posición común adoptada se habla también del sometimiento de la posición de Reino Unido a la posición previa del Gobierno de Gibraltar, que es tanto como hacer referencia al debate que hay en estos
momentos en la sociedad española desde una óptica de la sociedad británica. Les invito a leer la prensa británica de la última semana y las conclusiones que da respecto a esta frase sobre la posición común y el sometimiento de la posición de Reino
Unido al Gobierno de Gibraltar. Debemos tener en cuenta también a la otra parte y que en este histórico conflicto, como en cualquier otro ensayo o intento de diálogo, nunca las partes pueden ganar por diez a cero.
Nos parece apropiada la apuesta por enseñar fórmulas de relación y de cooperación en el ámbito regional. Se hace referencia a crear una atmósfera de confianza mutua. Pues bien, a través de la casuística, a través del día a día, a través
muchas veces de las relaciones económicas, del uso compartido del aeropuerto desde el año 1987, a través de estas relaciones concretas, más allá de las grandes proclamas desde esta tribuna, se puede crear un marco de relación que supere los esquemas
clásicos
de conceptos de soberanía. Es cierto que esta nueva fórmula plantea algunas dudas a la luz del derecho internacional clásico. Es cierto que hay un reconocimiento de facto de un tercer sujeto en las relaciones internacionales, pero nos
debemos preguntar: ¿Y por qué no a esta fórmula? ¿Por qué no, cuando el nuevo Gobierno, y nosotros valoramos positivamente esta opción, plantea una duda, una duda casi socrática, cuando el presidente del Gobierno en su primera comparecencia en la
sesión de control ante el Senado afirma que el concepto de nación es discutido y discutible por parte de la ciencia política? A nosotros nos parece razonable y apropiado este debate, que demuestra una flexibilidad conceptual de la cual también es
tributaria la propuesta de diálogo a tres bandas: el Gobierno español, el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Gibraltar. Quiero apuntar que no es la primera vez que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores proponen soluciones
regionales, pues hace muy pocos meses lo hizo también con el Sáhara, con muchas dificultades de comunicación a la opinión pública de la opción de la solución regional, y en estas dificultades de comunicación, en estas dificultades de explicar a la
opinión pública estas alternativas que plantea el Gobierno respecto al Sáhara y a Gibraltar está parte del debate estrictamente político que tenemos. Después hay otro tipo de debate no estrictamente de solución de política de Estado, sino un debate
mucho más mediático, mucho más dirigido a intentar no llegar a acuerdos sino a la bronca en materia de política exterior.
La primera redacción de la proposición no de ley del Grupo Popular tenía algunos aspectos muy razonables y con puntos de coincidencia con la postura del Gobierno. Pero, recordando que siempre el margen es muy estrecho en este aspecto, la
autoenmienda presentada por el Grupo Popular en solo unos cuantos días entre la redacción inicial y el debate de hoy hace absolutamente imposible la aceptación de su posición por otros grupos parlamentarios. Yo creo que es una autoenmienda que
busca expresamente quedarse solo en la defensa de la posición, es una autoenmienda con un alto contenido de nacionalismo español y en la que se quiere coger la bandera de la defensa de algunos intereses en los que si quieren entrar en competición
con el Grupo Socialista, no es en todo caso cuestión ni negociado del Grupo Parlamentario (Convergència i Unió).
Cuando en la primera parte de la autoenmienda se habla del preocupante cariz que han tomado las negociaciones hispano-británicas, ¿hay
motivos para hablar de un importante y preocupante cariz en solo tres o cuatro días para plantear una autoenmienda? ¿Hay motivos para hablar de un veto a Gibraltar y trasladar esta idea a la opinión pública? ¿Hay motivos, señor De Arístegui, para
decir desde esta tribuna que empezamos por Gibraltar y continuamos por Ceuta, por Melilla y por Canarias? ¿Este es un debate que busca puntos de consenso y puntos de política de Estado? Usted sabe, señor De Arístegui, que en las relaciones
diplomáticas, en el intento de llegar a un acuerdo en el ámbito de Gibraltar siempre ha habido un lenguaje posibilista. Y el proceso de Bruselas, en el que se han amparado el actual Gobierno y el anterior Gobierno del Partido Popular, también tiene
su punto de ambigüedad. Concretamente, el comunicado del día 17 de noviembre del año 1984, entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y del Reino Unido, que abre el proceso de Bruselas, hace la siguiente referencia -cito textualmente-: El
Gobierno británico mantendrá plenamente su compromiso de respetar los deseos de los gibraltareños, tal y como se establece en el preámbulo de la Constitución de 1969. Dos referencias, señorías: la Constitución de 1969 no está entrecomillada; hay
un reconocimiento por las partes de un texto jurídico más que discutible, y, por otra parte, la literalidad de esta frase también es un reconocimiento de facto de un veto por parte del Gobierno británico, es una forma indirecta de veto. Es más, el
ministro Piqué intentó llegar muy lejos, y creo que llegó bastante lejos, en la búsqueda de una solución al conflicto de Gibraltar. El ministro Piqué, desde un punto de vista diplomático, aunque ustedes no lo vean así, planteó de facto la tercera
vía y la soberanía compartida. Y hasta ahí llegaron. Usted ha dicho que con cinco minutos se quieren cargar 300 años de posición del Gobierno español. Yo creo que debemos entrar -el anterior Gobierno entró y el actual Gobierno ha entrado- en
fórmulas más flexibles y más dinámicas de un tratado, el de Utrecht, que, como ha ilustrado muy bien la diputada Bonás, tiene algunos aspectos en los que debemos profundizar, también en aquellos aspectos referidos al Principat de Catalunya. Si se
modifica el Tratado de Utrecht, se tiene que mover todo, también el artículo 13 y también los derechos históricos de Cataluña.
Termino, señora presidenta. Hace una semana, en el anterior Pleno, hablamos de la posibilidad o no de que haya consenso en política exterior. Llegamos a la conclusión de que 2004 es un año imposible, un año perdido para que haya consenso
en política exterior. ¿Lo será el año 2005? Esta es una responsabilidad compartida: una responsabilidad del Gobierno pero también de la oposición. Todos somos evaluados en nuestra participación para construir o no una política de consenso en
materia exterior. Creo que hoy con Gibraltar hemos tomado nota una vez más de la dificultad de construir esta política exterior. Insisto, en su momento todos los grupos seremos evaluados sobre la predisposición para retomar este consenso que se
rompió en la anterior legislatura, pero no está escrito en ninguna parte que esa situación se tenga que prolongar en el tiempo. Por ello anuncio, en nombre de Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nuestro voto en contra, que es un voto a
favor de una mayor flexibilidad en las posturas sobre Gibraltar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà.
Señor De Arístegui, entiendo que votaremos su proposición no de ley en los términos de su propia autoenmienda por cuanto ha quedado rechazada la enmienda del Grupo Socialista. (El señor De Arístegui y San Román hace gestos afirmativos.)
Así se hará. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO PLAN DE JUVENTUD. (Número de expediente 162/000225.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la elaboración de un nuevo Plan de Juventud.
Para su defensa tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidenta.
Esta proposición no de ley no solamente es fruto de la reflexión interna que podemos realizar o no en las Juventudes Socialistas de España y en el Partido Socialista, sino que es sobre todo fruto de las demandas de los jóvenes; demandas que
se ven reflejadas en el documento de bases del Consejo de la Juventud de España. No hacemos sino recoger reivindicaciones históricas, algunas de ellas ya debatidas en esta Cámara y que sin duda es el Gobierno socialista, con la ayuda de los grupos
de esta Cámara, el que las quiere introducir en los ejes de la política de juventud.
¿De qué partimos? Hay que ver cuál es la situación anterior. Partimos de un plan de juventud que fue paralizado en 1996 por un gobierno entrante que tardó cuatro años en poner en marcha otro plan, entonces Plan de acción global en materia
de juventud. Ese plan fue valorado en esta Cámara en septiembre de 2003. El Grupo Parlamentario Popular, entonces en el Gobierno, llegó a decir que la situación de los jóvenes era mucho mejor. Sin duda, estarían hablando de otros jóvenes y no de
la gran mayoría de los jóvenes de España, quienes después de ese Plan de acción global en materia de juventud tenían más problemas de precariedad, más problemas de vivienda, menos becas, menos atención, y si a eso sumamos el comportamiento de
descalificación y la marginación de la opinión de los jóvenes, sin duda podemos hacer un balance de fracaso de ese plan de acción en materia de juventud.
¿Qué buscamos? ¿Qué busca el Grupo Parlamentario Socialista planteando una proposición no de ley sobre un plan que pueda coordinar las acciones que realizan los diferentes ministerios dentro de sus competencias y que afectan directa e
indirectamente a los jóvenes? Buscamos hacer ciudadanos de primera. Queremos que los jóvenes no sean simplemente esos que tienen que pasar por una etapa lo más rápidamente posible para que se acabe, con el argumento de que la juventud es eso que
se cura con el tiempo. La juventud es una etapa importante, una etapa que asienta los pilares de los ciudadanos del futuro y también de los ciudadanos del presente. Por tanto, en primer lugar queremos traer al debate de esta Cámara las políticas
de juventud y las acciones que afectan a los jóvenes, y lo hacemos en positivo, reconociendo la gran labor que han hecho los jóvenes durante los últimos cuatro años. Ellos no nos han fallado y nosotros no podemos fallarles tampoco. Ellos han
salido a la calle para decir no a la LOU, no a la mal llamada Ley de Calidad, no al decretazo, no a la guerra, y ahora tenemos que darles instrumentos.
Queremos también coordinar las acciones que realizan los diferentes ministerios dentro de sus competencias. Una labor fundamental de un Gobierno es precisamente esa: coordinar sus políticas. Hoy en día hay políticas que realizan los
ministerios dentro de sus competencias que afectan directa e indirectamente a los jóvenes. Todo eso necesita una coordinación para que tengamos unos objetivos claros para ofrecer algo a los jóvenes de España. Sobre todo hay que adaptar un modelo
antiguo y modernizarlo en un país que tiene transferidas las competencias de juventud a las comunidades autónomas e incluso a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las políticas anteriores no estaban adaptadas, ni siquiera se había adaptado
cómo llevarlas a cabo. Cuando hablamos en la transaccional que hemos presentado de crear el consejo territorial de juventud lo hacemos precisamente para que los directores no sean invitados a pasarse por Madrid, sino que vengan aquí para opinar
respecto a las políticas que está llevando a cabo el Gobierno, y lo hacemos con medidas claras que están en la proposición no de ley. Además quiero decir a esta Cámara para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' que el ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales ya lo explicó cuando desarrolló las acciones de su Gobierno. Pero ahora toca hablar, como digo, a los jóvenes.
En nuestra proposición no de ley hablamos de que se evalúe el plan, de centrarnos en las acciones que deben realizar los ministerios, decimos que sea flexible y abierto y que haya memoria económica. Esto quiere decir que por fin vamos a
poder evaluar de verdad el esfuerzo que hace el Gobierno de España por y para los jóvenes, dentro, como digo siempre, de sus competencias. Crearemos una comisión redactora que diseñará un proceso abierto en el que tienen que hablar los jóvenes. No
vale que el Partido Socialista o cualquier otro grupo plantee un paquete cerrado de medidas, una estructura cerrada o un nombre cerrado para el plan. No, lo dijo José Luís y nos lo creemos de verdad: hay que dialogar con los jóvenes. Con los
jóvenes no vale la imposición, porque cuando se han impuesto leyes desde arriba hemos visto que no mejora la situación de los jóvenes. Queremos una oficina interministerial que coordine ese plan.
Queremos foros de debate, y no sólo uno. Queremos
foros todos los años donde se puedan encontrar miembros del Gobierno y jóvenes, donde en primera persona veamos ese diálogo con los jóvenes, un diálogo que, por cierto, hace muchos años que no se practica.
Hablamos del Libro Blanco de la juventud europea, que quiere decir recoger en nuestras políticas y en nuestros planteamientos aquello que se ha debatido en Europa por los jóvenes europeos. Hablamos sobre todo, y lo deja bastante claro la
propuesta transaccional, de que se respeten las competencias que establecen la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes que regulan la acción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es un proceso largo en el que van a poder
participar y
debatir los jóvenes, un proceso donde el Congreso y el Senado conocerán cómo vamos a coordinar las acciones de los diferentes ministerios que tienen competencias que afectan directa e indirectamente a los jóvenes. Y sobre todo vamos a poder
ir evaluando paso a paso aquellas acciones que se hacen y viendo qué resultado tienen en los jóvenes.
Termino diciendo que fue un compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero.
Está también en las conclusiones de debate del Partido Socialista, de las juventudes socialistas. Invitamos a todos a que en esta Cámara hablemos abiertamente de los
problemas de los jóvenes, actuando siempre dentro del ámbito que nos corresponde. Pero tenemos que traer el debate de los jóvenes. Abramos esta Cámara a los jóvenes, abramos el Senado a los jóvenes. Que sean ellos protagonistas de su cambio
político, que sean protagonistas también de la acción política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Campos.
Continuamos con la defensa de las enmiendas que se han presentado.
Comenzamos por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Entendemos perfectamente la preocupación que acaba de exponer el diputado del Grupo Parlamentario Socialista al defender esta proposición no de ley. Entendemos también el gran esfuerzo que ha hecho para elaborar, de acuerdo con las
propuestas y diferentes enmiendas, incluidas las de nuestro grupo, una enmienda de transacción a la proposición no de ley inicial. Pero cuando leímos la proposición no de ley, y por esa razón presentamos las enmiendas a la misma, nos preocupaba lo
que la enmienda podía representar como injerencia en las competencias que las distintas comunidades autónomas tienen en materia de juventud, porque entendemos, y así lo dicen los estatutos de autonomía y las transferencias conferidas a las
comunidades autónomas, que son materia competencial de las comunidades autónomas aquellas políticas relacionadas con la juventud.
Consideramos que es necesario que desde el Estado español se impulsen políticas dirigidas a la juventud, pero hay que
hacerlo también desde los diferentes ministerios y en aquellas cuestiones que tienen relación, sobre todo, con las políticas de empleo, con las políticas de ayudas o de fomento de determinadas carreras universitarias o profesiones para que los
jóvenes, hombres y mujeres, puedan encontrar su primer puesto de trabajo, por lo tanto, políticas dirigidas a lo que hoy se llaman bolsas para estudiantes y regularizar las relaciones laborales en las que están inmersos estos jóvenes a los que
popularmente se les conoce como bolseiros. Entendemos que efectivamente el Estado tiene que hacer este trabajo, tiene que impulsar esas políticas desde los distintos ministerios, incluidas las políticas de vivienda, pero pensamos que es necesario
que lo haga en colaboración con los gobiernos de las comunidades autónomas porque son políticas que tienen impulsar las propias comunidades autónomas.
Nos preocupa que el plan orientado a la juventud del que hablamos hoy en este Parlamento no sea más -independientemente de la exposición que acaba de hacer el diputado que la defiende- de lo que fueron otros planes también orientados a la
juventud, aprobados en este hemiciclo y en algunas comunidades autónomas, concretamente la gallega, que se quedaron en simple propaganda y que luego no se plasmaron en ninguna medida ni en políticas que facilitaran a los jóvenes resolver aquellos
problemas que más les preocupan hoy en día, como son el empleo o las condiciones para encontrar una vivienda digna de tal manera que pueda comenzar una vida independiente, lo que en estos momentos, dada la situación, no es posible.
Entendiendo, pues, la necesidad de hacer políticas en beneficio de los jóvenes, creemos que hay que hacerla, por un lado, desde el Estado de manera transversal y respetando las competencias de los distintos ministerios, pero también con la
colaboración, como manifestábamos anteriormente, de las comunidades autónomas y además concretándolas.
Independientemente de que, a través del esfuerzo que yo comentaba antes que se hizo y que propicia una transacción, se ahonde en aquellas
cuestiones relacionadas con el reconocimiento de las competencias autonómicas o incluso en la necesidad del diálogo con los entes u organizaciones representativas de los jóvenes, en sí mismo el plan que hoy se propone es excesivamente generalista y
no concreta las políticas que el Gobierno tendría que llevar a cabo. Entendemos perfectamente lo que quiere decir el punto 2, que se refiere a la necesidad de la coordinación de los diferentes ministerios, dado que es una política transversal, y
que si no existe esta colaboración se podría llegar a una política que pudiera colisionar con los programas y políticas de cada ministerio. Pero entendemos que así como es necesario coordinar estas políticas con los diferentes ministerios, también
es necesario hacerlo con los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas. No se trata tanto de crear una comisión redactora encargada del plan como de iniciar un proceso, como decía nuestra enmienda número 3, de colaboración con las
comunidades autónomas. Hay algo que se recoge en la transacción que se ha presentado que nos parece interesante, que es la creación de un consejo interterritorial, porque ello posibilitaría una coordinación con las diferentes comunidades autónomas.
En todo caso, nuestra posición, reconociendo el esfuerzo que ha hecho el diputado que ha presentado esta proposición no de ley, pero manifestando al mismo tiempo la insatisfacción que ese esfuerzo nos produce porque no está recogido todo lo
que planteábamos en las enmiendas, va a ser la de abstenernos en esta votación.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Continuamos con la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario, en relación con la proposición no de ley que hoy debatimos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, anuncia que votará a favor, teniendo en cuenta diferentes cuestiones, entre ellas, que hemos
realizado varias enmiendas, tanto de supresión como de adición, que prácticamente han sido recogidas por el Grupo Socialista, lo que va a dar lugar a una propuesta transaccional que recoge el espíritu, la filosofía y las propuestas concretas que
hemos realizado. Quisiera, no obstante, dejar constancia de cuál ha sido nuestra intención con estas enmiendas y, sobre todo, de cómo entendemos las políticas de juventud.
En primer lugar, señorías, las políticas dirigidas a la juventud tienen que diseñarse a partir de la realidad de los y las jóvenes. Esto es una obviedad que lo dice todo y, a la vez, no dice nada. Si se ha de elaborar y diseñar a partir de
ellos y para ellos, hemos de saber de qué jóvenes estamos hablando, dónde viven, qué dificultades tienen, cómo las están resolviendo o no, cuál es su realidad cercana y, finalmente, con qué recursos cuentan para resolver estos problemas. Entendida
así la juventud, se nos antoja diversa, cambiante, superpuesta, dinámica y, sobre todo, plural. No podemos hablar de los jóvenes como una fotografía estática, sino como una película dinámica en la que intervienen factores muy diversos, sociales,
culturales, económicos, de participación, de salud, de discriminación, etcétera. Si la entendemos así, tendremos que pensar que aun habiendo unos problemas generales y comunes a la mayoría de ellos, no a todos, como son, la educación, el empleo, la
vivienda y los derechos individuales y civiles, hay también un enorme abanico de situaciones y de realidades que van más allá de estas necesidades comunes. De aquí se desprenden dos consecuencias. La primera, que las políticas de juventud para ser
útiles y no partidistas sino eficaces para los jóvenes, han de realizarse y planificarse desde la cercanía, es decir, desde las comunidades autónomas puesto que todas ellas tienen transferidas las competencias. Las comunidades autónomas, al mismo
tiempo, han de colaborar e impulsar aquellas políticas de juventud que la Administración local considere prioritarias para la población que tiene en su territorio y que reside en su municipio. A nuestro entender, los ayuntamientos deberían tener en
este y en otros muchos temas las verdaderas competencias y financiación adecuada para resolver esos problemas.
La segunda consecuencia es que las políticas de juventud han de ser, obviamente, transversales e integrales, recogiendo y conectando la multiplicidad de ámbitos y necesidades que deben resolverse en cada ministerio. Ni se debe caer en
políticas de juventud con tics paternalistas y adultocráticos que muchas veces solo pretenden -y la experiencia de estos últimos ocho años así lo ha demostrado- sacar un rendimiento político del joven, ni se puede tampoco caer en la falta de
responsabilidad de los gobiernos al no atender las necesidades que no son más que derechos de nuestros jóvenes: el derecho a la educación y a la formación, el derecho a una vivienda digna y asequible para iniciar un proceso de autonomía, el derecho
al trabajo no precario, sino digno, como muchos de nosotros sí tuvimos ocasión de tener en su momento. Así, mientras en la Unión Europea un joven se emancipa a los 23 años de media, en el Estado español esta cifra sube a los 29 años. Ya se ha
dicho en varias ocasiones, pero no sé si en este Parlamento, que tenemos la paradoja de que nuestra juventud es la mejor preparada de nuestra historia y a la vez es la que lo tiene más difícil para imaginar y llevar a cabo un proyecto de vida
autónomo.
La proposición no de ley del Grupo Socialista parte de esta realidad y por eso la vamos a apoyar. Parte también de la realidad de que el plan de acción global 2000-2003 en materia de juventud poco o nada ha servido para mejorar esas
condiciones que antes mencionaba y poco o nada servirá un nuevo plan si este no es el plan de actuación cercano y próximo a los jóvenes y su realidad. Esta proposición puede ayudar a clarificar y valorar varias cuestiones. En primer lugar,
resultados. Que se clarifiquen los resultados y, como ha dicho el portavoz socialista, que haya debate en la Cámara, que hablemos fuera de la campaña electoral -en la campaña electoral se habla mucho de los jóvenes- y valoremos qué políticas se han
realizado y cómo podemos mejorar la coordinación entre los diferentes ministerios para garantizar que las prioridades se recogen en las competencias que tienen estos ministerios en materia de juventud.
Cómo podemos mejorar la participación de todos
los organismos representativos en juventud a nivel estatal, autonómico y municipal. No podemos olvidar que no todos los foros de representación forman parte del Consejo de la Juventud de España. Estamos seguros de que hace falta un debate, así
como una reflexión sobre las políticas de la juventud y sobre el papel que ha de jugar cada Administración. No podemos permitirnos que los recursos sean escasos y desaprovechados, como en muchas ocasiones pasa. Tenemos la obligación de garantizar
la racionalización de estos recursos. Para ello es necesario aclarar las responsabilidades competenciales de cada Administración. Pondré dos ejemplos: los servicios de información -dejaré aquí esta materia, aunque todos sabemos qué ha pasado en
muchas ocasiones- y programas concretos que se han llegado a ofrecer duplicados en un mismo territorio. Como destacaba la portavoz del Grupo Mixto, el Estado ha realizado campañas grandilocuentes en muchas ocasiones que solo han servido para crear
expectativas que posteriormente han creado gran frustración, así como para presionar en el territorio que después no tenía posibilidades de llevar a cabo. Aquí es donde estamos.
Queremos dialogar y tomar decisiones que mejoren la vida de nuestros
jóvenes.
Solo nos resta reiterar nuestro voto favorable a esta transaccional alcanzada con la incorporación de nuestra enmiendas y de otras enmiendas presentadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señora García Suárez.
Tiene la palara el señor Grau para defender la enmienda de Convergència i Unió.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, las comunidades autónomas como Cataluña han asumido competencias exclusivas en materia de juventud y han trabajado para impulsar la acción política hacia el ámbito juvenil, estableciendo herramientas para planificar, definir,
impulsar y coordinar las políticas públicas en materia de juventud.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 9, atribuye a la Generalitat competencias exclusivas en materia de juventud, competencias que ha aplicado desde el primer momento. En Cataluña, la Generalitat provisional creó en 1979, a
través de decreto, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya para estimular la participación y promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En 1985, se
aprobó la Ley para la Regulación del Consell de la Joventut de Catalunya. En el año 1999 se inició la redacción del Plan de Joventut, siendo presentado en el año 2001 como plan nacional 2002-2010, un plan consensuado con las fuerzas políticas del
Parlament de Catalunya, con la intensa participación del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya y una relación continuada con las entidades municipalistas, con una valoración positiva de todas ellas.
El Plan Nacional de Joventut de Catalunya 2002-2010 tiene seis ejes: políticas educativas y culturales, políticas de acceso al mundo laboral, políticas de acceso a la vivienda, políticas de promoción de la salud, políticas de participación
democrática y políticas de equilibrio territorial y cohesión social. Estos ejes integran las políticas europeas impulsadas por el Consejo Europeo de Lisboa, de noviembre de 1999: educación, sociedad del conocimiento, formación continuada,
ocupación, protección social, participación activa, igualdad de oportunidades, exclusión social, discriminación, movilidad, tolerancia y diálogo.
También se anunció allí la voluntad de elaborar un Libro Blanco de la política juvenil en Europa. De
esta forma, el Plan Nacional de la Juventud de Cataluña fue pionero en esta línea también en Europa, integrando la gestión de los nuevos retos en una nueva dimensión de las políticas sociales y de las administraciones públicas. ¿Por qué hago esta
reflexión? Porque la posible diferencia entre comunidades se puede deber a un tema: creer realmente en los jóvenes en el futuro. Por ello, deben crearse las condiciones necesarias para su desarrollo y participación en los procesos de decisión de
las políticas que les afectan; es decir, tener una implicación transversal en varios departamentos del Gobierno.
En Cataluña nos lo hemos creído. Por eso valoraremos positivamente una propuesta que permita reconocer las competencias que las
comunidades autónomas tienen en esta materia, para que, de esta manera, el Estado pueda cooperar en las acciones que impulsen las comunidades autónomas, propiciar la existencia de espacios en los que las comunidades autónomas compartan experiencias
y colaborar en las nuevas líneas de actuación. Por el contrario, no valoraremos positivamente una propuesta que pueda invadir las competencias de Cataluña y no aporte ningún beneficio a sus destinatarios: la juventud catalana. Nuestro modelo de
Estado autonómico es el del plurilingüismo, el del pluriculturalismo y el del plurinacionalismo, y tiene que reflejarse en esta proposición no de ley.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un nuevo plan de juventud, tiene dos aspectos.
Uno es positivo, porque reconoce las competencias de las comunidades autónomas e incide en la
necesidad de que participen responsables autonómicos en la redacción del plan. Sin embargo, en otros puntos, en el sexto y en el noveno, se insta al Gobierno a elaborar legislación, y eso suena a interferencia en las competencias autonómicas, lo
que, a nuestro entender, no es en absoluto positivo. Se prevé, por ejemplo, que en la comisión redactora participen responsables del ministerio, de las comunidades autónomas y representantes de las organizaciones juveniles y de la sociedad civil;
pero solo del Consejo de la Juventud de España, lo que no permite la participación del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, puesto que no está integrado en esa organización. Es decir, se impide la participación de la juventud de Cataluña,
y esto es grave y negativo. Lo mismo sucede con las principales asociaciones municipales de ámbito autonómico, y me refiero a la Asociació Catalana de Municipis.
No es admisible la redacción inicial del punto seis de la proposición no de ley, que insta a establecer un nuevo marco normativo que permita al Estado coordinar las diferentes políticas de juventud; es totalmente inadmisible. Colaboración,
sí; cooperación, también; impulsar con las comunidades autónomas las políticas de juventud, también; pero coordinar acciones de forma centralizada invade las competencias exclusivas en esta materia que tiene Cataluña, y repito que no es
admisible. Agradecemos, pues, que en la propuesta de transacción que nos ha hecho el PSOE en el último momento se elimine este punto. Tampoco es admisible el punto nueve de la redacción inicial, según el cual se pretende elaborar una ley que
imponga el tipo de asociacionismo juvenil que deben tener las comunidades autónomas o el tipo de participación de los jóvenes. Se debe fomentar que las comunidades autónomas dispongan de instrumentos o leyes para su regulación. Estamos de acuerdo
siempre y cuando se respete que las competencias ya existen y son exclusivas del Govern de Catalunya.
Las del Gobierno del Estado se basan, en esta proposición no de ley, en el artículo 48 de la Constitución, que dice que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural. Ello no impide que los poderes públicos que promuevan las condiciones de participación de la juventud sean las administraciones propias de la comunidad autónoma, como se hace en
Cataluña. Hay otras comunidades que no tienen transferencias o no tienen recogidas en su estatuto las políticas propias de juventud, y en este caso el Estado puede participar en el diseño de dichas políticas.
Ahora bien, existiendo competencia
plena, entendemos que debe respetarse tal especificidad, y toda organización o coordinación tiene que partir del respeto a las competencias exclusivas.
Los jóvenes de Convergència Democràtica de Catalunya y de Unió Democràtica de Catalunya -la JNC y Unió de Joves- han manifestado su desacuerdo diciendo que esta proposición de ley, en sus términos iniciales, era la Loapa de la juventud. En
conclusión, sí a un nuevo plan que signifique más cooperación del Estado con las comunidades autónomas y que permita compartir, difundir e impulsar nuevas iniciativas en dichas comunidades autónomas. Ahora bien, quisiera recordar nuevamente un plan
que se realizó en 1985 en Cataluña, consensuado por los consells de la joventut, las asociaciones municipales y los partidos políticos. La vía no es la que hoy se nos presenta, aunque todos los grupos estamos de acuerdo en la necesidad de
establecer una política de juventud. No la podemos presentar como la plasmación de un marco legislativo propio del compromiso electoral de una fuerza política sino como la convicción de trabajar para el futuro de nuestra sociedad. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Sabemos del deseo del portavoz del Grupo Socialista de no invadir competencias autonómicas, pero en el fondo la armonización que se propone podría desmontar la eficacia de uno de los pilares de la política catalana
que ha sido consecuente con los jóvenes, atendiendo sus problemas específicos desde el primer nivel de convivencia, que es el municipio, desde sus asociaciones locales y a partir de ahí hasta el Consell de la Joventut de Catalunya, que se ha hecho
sentir siempre en el Gobierno de la Generalitat, en el Estado español y en Europa.
Queremos agradecer la predisposición del grupo proponente de esta proposición no de ley por los esfuerzos que ha manifestado para encontrar una vía de consenso y comprendemos la eliminación de los puntos 6 y 9, que laminaban unas
competencias exclusivas bien gestionadas, al menos en la Generalitat de Catalunya. La supresión de los puntos 6 y 9 originales facilita cuando menos el camino de una consideración más predispuesta. La aceptación de nuestras enmiendas nos lleva a
reconsiderar la posición negativa que teníamos al principio. Los nuevos ocho puntos que presenta la propuesta transaccional del Grupo Socialista mejoran la proposición inicial pero aún no puede contar con nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Señor presidente, señoras y señores diputados, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista había provocado en nuestro grupo al principio una posición bastante negativa porque quería reclamar el respeto a
las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de juventud, en concreto, las que tiene la Generalitat de Catalunya gracias al artículo 9 del Estatuto de Autonomía, que comporta que cualquier plan de juventud que tenga intención
de llevar a cabo el Injuve no tendría que hacer referencia a aspectos como el alberguismo juvenil, el fomento de la modalidad internacional de la juventud, el turismo juvenil, subvenciones y ayudas a entidades juveniles, subvenciones y ayudas a
corporaciones locales para políticas dirigidas a los jóvenes, diseño, implantación y evaluación de los programas dirigidos a la juventud; participación juvenil, servicios, programas y recursos en la educación reglada y no reglada, vivienda, trabajo
y salud dirigidos a jóvenes excepto en aquellas materias que, de acuerdo con el bloque constitucional, la competencia corresponda al Gobierno del Estado.
El primer texto de la proposición no de ley que presentaba el Partido Socialista se nos hacía muy difícil, sobre todo por los apartados 6, 7 y 9 porque invadían competencias que comentaba anteriormente. Nuestra enmienda número 8, al
apartado número 6 de esta proposición no de ley, proponía un nuevo marco normativo que garantizara la transversabilidad real de las políticas de juventud del Gobierno y de las diferentes administraciones para acabar con la desigualdad territorial
entre los jóvenes del Estado.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo encontraba inaceptable este punto porque ese planteamiento permitiría al Injuve incidir en competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Nuestro grupo estima la necesidad de garantizar la
transversabilidad de las políticas de juventud no en un marco que no respeta las competencias sino que en las futuras leyes de materias donde el Estado tiene las competencias se tenga en cuenta cómo influirán en los jóvenes, al igual que se está
teniendo en cuenta en criterios de género, es decir, que todas las leyes que apruebe el Gobierno tengan claros los criterios de juventud. En este sentido, se respeta más la transversalidad de las políticas de juventud y por eso proponíamos un texto
alternativo que decía que se tenían que realizar las modificaciones legales oportunas para incorporar a las memorias e informes respectivos para las reformas legales las perspectivas de juventud.
Rechazamos también el apartado 7 del primer texto que presentaba el Grupo Socialista, especialmente cuando hacía referencia al establecimiento de criterios objetivos para la asignación de ayudas presupuestarias a las corporaciones locales.
La atribución de competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de juventud comporta que les corresponden en exclusiva la renovación entre esta Administración y los entes locales. Proponemos que este punto quede redactado de la
siguiente manera: Establecer criterios objetivos basados en una distribución territorial equitativa, según el porcentaje
de población juvenil de cada comunidad autónoma, para la asignación de ayudas comprendidas en las partidas presupuestarias, transferencias corrientes a comunidades autónomas. Asimismo se contemplarán para las transferencias corrientes de
comunidades a corporaciones locales en aquellas comunidades autónomas que no tengan competencias propias en materia de juventud.
Por lo que se refiere a nuestra enmienda número 10, al apartado número 9, no podemos aceptar dicho punto ya que prevé la creación de un estatuto de la juventud con carácter de ley, que regule el asociacionismo juvenil, la participación
juvenil y los consejos de la juventud autonómicos. El Estado no tiene competencias en materia de juventud y, por tanto, la competencia normativa en esta materia corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas. El artículo 48 de la
Constitución española insta a los poderes públicos a promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social y económico. Son aspectos a los que se hace referencia en la proposición no de ley,
pero dicho artículo no atribuye competencias al Estado.
Hemos presentado varias enmiendas de carácter técnico con la intención de limitar el alcance de estas iniciativas a aquellos ámbitos de competenciales estatales, evitando invasiones competenciales en las comunidades autónomas. También
queremos que se reconozcan a las comunidades autónomas el derecho de evaluar y diseñar políticas de juventud en un Estado descentralizado. En definitiva, señoras y señores diputados, lo que queremos es subrayar el límite competencial del Estado en
materias de juventud. Presentamos asimismo una enmienda que hace referencia a la necesidad de un reparto equitativo entre las comunidades autónomas en las partidas presupuestadas destinadas a materias de juventud. El criterio lógico para este
reparto equitativo se basa en hacerlo según la proporción de población juvenil en relación con el total de la población juvenil estatal. Por otro lado, se pretende garantizar que tengan acceso a los mismos recursos estatales aquellas comunidades
que no tienen competencias exclusivas en materia de juventud. Con esta enmienda pretendemos que el reparto equitativo en materias de juventud se basa en tener los criterios de población para este reparto. Pretendemos la no discriminación de las
nacionalidades con una realidad cultural, lingüística e identitaria diferente a la castellana, incorporando la perspectiva de estas nacionalidades a través de sus propios consejos de la juventud y al plan de juventud estatal. En definitiva, señoras
y señores diputados, hemos elaborado una serie de enmiendas con las que, de acuerdo con el primer texto que nos presentó el Grupo Socialista, pretendemos delimitar de una vez por todas las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas
en este sentido.
Queremos valorar el esfuerzo que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista para llegar a un texto transaccional y que todos los grupos aceptemos esta proposición no de ley. Para nosotros era totalmente necesaria la retirada de los puntos 6,
7 y 9 de dicha proposición, tal y como he manifestado al principio de mi intervención, pues entendemos que estos tres puntos invaden competencias de las comunidades autónomas. Asimismo, nos hubiera gustado que a nivel de financiación se hubiera
llegado un poco más allá. No obstante, viendo el último punto del texto transaccional que presenta el Grupo Socialista, en el que se refleja el respeto que deben tener los estatutos de autonomía, la voluntad de respetar las competencias de las
comunidades autónomas, no vamos a votar en contra de esta proposición no de ley, pero tampoco a favor, pues entendemos -lo he dicho en mi intervención- que estas competencias son de las comunidades autónomas. Así, pues, nos abstendremos si se llega
a este texto transaccionado y, si no, votaremos en contra. Queremos destacar desde esta tribuna el esfuerzo que ha hecho el portavoz socialista para llegar a un entendimiento entre todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.
Después de la presentación de esta proposición no de ley del Grupo Socialista tengo que utilizar un refrán de mi tierra que voy a traducir, aunque a lo mejor a la señora Olaia no le gusta la traducción. Dice así: El hablar no tiene
puertas. Esta es la mejor traducción. Creo que no es la más correcta, pero lo digo así. Hoy se me presentan aquí varios interrogantes. El primero es por qué presenta esta iniciativa el Grupo Socialista cuando en la legislatura pasada votó en
contra de una iniciativa muy semejante a esta pidiendo un plan global de juventud. El segundo interrogante es si es necesario que el Partido Socialista inste a su propio Gobierno a hacer algo. Primero se anunció que el plan global de juventud iba
a ser el plan 2004-2007 y después que iba a ser el plan 2005-2008. Pues bien, el año 2004 ya ha pasado y nos hemos quedado sin política de juventud. Desde el 27 de octubre la directora general del Injuve anuncia que está elaborando un plan sobre
juventud inexistente y ahora el Grupo Socialista le pide que lo elabore. No sé si es por vergüenza propia de unos o ajena de otros. Qué contrasentido, señorías, que el Grupo Socialista inste a su Gobierno en materia de juventud cuando ellos eran
los que iban a garantizar el pleno desarrollo de la juventud, cuando eran los que iban a crear el Ministerio de la Juventud, cuando era el partido que iba a dar la oportunidad a los jóvenes de tener soluciones habitacionales, el partido que iba a
decidir incluso por la juventud. Si nosotros no decidíamos, ellos iban a decidir por nosotros. Precisamente a ese partido que hoy está en el Gobierno es al que hay que pedir que haga un plan en materia de juventud, un plan que se debía haber
elaborado en 2004 y no haber sometido al olvido a la juventud. Pero, claro, nuestra directora general andaba de tour, visitaba comunidades autónomas, ayuntamientos, todos gobernados por el Partido Socialista: Asturias, Andalucía, Cantabria,
Extremadura. Con los directores generales de otras comunidades solo se ha reunido una vez, en
el mes de septiembre, y no para hablar precisamente del Plan global de juventud.
Paso seguidamente a analizar la proposición no de ley que hoy trae a esta Cámara el Partido Socialista. Hoy escuché con asombro las palabras del portavoz del Partido Socialista. Dijo que después de un trabajo concienzudo y de la reflexión
de Juventudes Socialistas, había traído a esta Cámara esta iniciativa. Incluso él firma esta iniciativa el 2 de diciembre. Yo puedo decir -lo pueden comprobar en el Registro- que esta iniciativa no era de Juventudes Socialistas, no era de usted,
señor diputado, a pesar de que la ha firmado; esta iniciativa era de otra diputada que hubo en esta Cámara y que la presentó como enmienda a nuestra iniciativa. (Rumores.) Sí, señoría, ríase. Todos los puntos excepto dos eran idénticos a los que
presentó una diputada llamada Leire Pajín. Usted simplemente la ha firmado. Era una enmienda a nuestro Plan global de juventud. Hoy me viene a decir que después de la reflexión interna que han tenido en el Partido Socialista han decidido copiar
la iniciativa. ¡Pues menudo triunfo que ha obtenido usted y menuda aportación de Juventudes Socialistas si esto es todo lo que ha llegado a hacer! (Aplausos.)
Fíjense, señorías, a lo que se puede llegar. Esa enmienda que presentaron en aquel momento al Plan global de juventud del Partido Popular tenía dos puntos más. Ahora, como son Gobierno, de un plumazo borran instar a la Federación Española
de Municipios y Provincias a dotar a la Comisión de Juventud de un mayor protagonismo político. Eso no lo quieren ahora. Es lógico, ya no estamos nosotros en la FEMP. Y borran adscribir el Instituto de la Juventud de España, Injuve, a la
Presidencia del Gobierno y elevar el cargo a rango de secretario de Estado al responsable del Gobierno en las políticas de juventud. Esto lo pedían el año pasado, concretamente el 8 de septiembre de 2003. Hoy usted le ha dado un borrado y ya no lo
piden. Me alegro de la teoría que tienen ustedes sobre la política de juventud. (Aplausos.)
Yo me alegro de que el señor diputado, después de suplicar al Gobierno y al Injuve que se reúna con las comunidades autónomas para hablar de juventud, el 2 de diciembre, por iluminación, decida que quiere presentar una iniciativa en el
Congreso para pedir que el Gobierno elabore un plan de juventud. Yo me alegro de que después de ocho meses se sume a la iniciativa de las comunidades autónomas. Incluso el presidente de la Xunta de Galicia, viendo la impotencia con la que estaban
llevando la política de juventud, remitió una carta muy atenta al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la que le pedía que se hablase de juventud, y le enviaba dos buenos argumentarios a contemplar en el nuevo Plan de juventud. A día de hoy no
sabemos nada.
Usted, señor diputado, critica en la exposición de motivos el plan anterior. Dice que no valió para nada, que no se hizo nada y, en cambio, en el primer punto de su iniciativa dice: evaluar la ejecución del plan anterior. Señoría, si
usted lo ha evaluado tan concienzudamente como dice, ¿para qué pide en el primer punto que se evalúe? Usted, en la exposición de motivos, en tres folios, nos explica muy bien lo que ha entendido del plan global anterior y seguidamente, en el primer
punto, nos dice que se evalúe. ¿En qué quedamos? ¿Lo ha hecho Juventudes Socialistas o lo ha hecho usted? Sea un poco más coherente. (El señor Campos Arteseros: Vete a la calle y pregúntalo.) Sí, a ti te lo preguntaré después. (Aplausos y
rumores.)
En este momento, lo que podemos decir en materia de política de juventud es que es un auténtico desastre. Estuve cuatro años de diputada en la anterior legislatura y en ningún momento se habló mal de la labor realizada por la directora
general del Injuve; en ningún momento en esta Cámara. En cambio, no podemos decir lo mismo de Leire Iglesias. A los ocho meses no podemos decir lo mismo, señorías. ¡Qué poca vergüenza! (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-El señor Martínez
Sanjuán: ¡Qué mala educación!)
Del plan anterior se puede decir que el grado de ejecución estaba en el 88 por ciento. Había 15 millones de beneficiarios individuales y más de 20.000 institucionales. Señorías, se ha creado un millón de puestos de trabajo para jóvenes,
incrementándose la tasa de ocupación en un 33 por ciento y contratos de más calidad. El presupuesto en políticas de juventud aumentó el 73,02 por ciento en los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Durante estos ocho años la subida media del
presupuesto ha sido del 9,3 por ciento, en cambio, en el primer año de Gobierno del Partido Socialista la subida del presupuesto en políticas de juventud es del 3,4 por ciento; esta cantidad frente al 9,3 por ciento que nosotros apostábamos por los
jóvenes. (Rumores.)
Quiero decirle que hemos presentado una enmienda en la que pedíamos precisamente lo que ustedes afirmaban en la campaña electoral, una enmienda en la que pedíamos que se reconociera empleo, que se reconociera vivienda, que se reconociera la
creación de una subcomisión en el Congreso. Ustedes que tanto presumen de que hablan de juventud y que les gusta tanto hablar de juventud, pues, venga, apoyen que se vote a favor de la creación de una subcomisión de juventud en el Congreso, es el
mejor apoyo que pueden tener por la juventud. Después, este plan de juventud no debe ser técnico, sino político; no es lógico intentar reunir solo a los técnicos de las comunidades autónomas sin contar para nada con los consejeros ni con sus
directores generales. Por eso se han levantado de esa reunión los técnicos de las comunidades autónomas, porque hay que saber primero, antes que nada, a quién se llama.
No le voy a recordar todos los incumplimientos porque ya se los sabe de memoria y creo que hasta se avergüenza de ellos, entonces, para qué recordárselos y hacer pasar a todos aquí una mala mañana. Únicamente deberían dialogar con las
comunidades autónomas, dialogar con todos, no traernos hoy una iniciativa que han debatido ustedes en el foro institucional del Senado este fin de semana. Hoy vienen aquí, cuando ya está elaborado ese plan o hay gente por ahí con las memorias, y
nos traen no sé si un panfleto publicitario de Juventudes Socialistas
o del Partido Socialista. Es más, hoy en la página de Injuve, señor Campos, se dice que usted tiene una entrevista y una rueda de prensa a las 12 con la directora general del Injuve. ¿Qué le parecería a usted si en la legislatura pasada la
presidenta de Nuevas Generaciones de España se reuniese a las 12 de la mañana para dar una rueda de prensa y comentara la iniciativa que hoy se debate a las dos y media de la tarde, qué le parecería a usted si se hubiese reunido con el ministro o
con la directora general del Injuve en aquel momento? ¿No sería eso una falta de cortesía hacia este Parlamento, que es la que han tenido ustedes durante estos días? ¿Qué ha venido a hacer aquí, a que todos hagamos de títeres de ustedes? Pues,
señoría, lo siento, el Partido Popular no va a ser títere ni marioneta de nadie, todo lo contrario. (Aplausos.) Le anuncio que vamos a solicitar la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que explique de una vez por todas la
política, si es que tiene alguna, en materia de juventud. A partir de ahí, podremos trabajar todos de forma consensuada, todos unidos, lo que ustedes quieran, señorías, pero en este momento no vamos a hacer un atropello a nuestros jóvenes, esos que
ustedes tanto dicen que se merecen que hablemos de ellos, con una enmienda transaccional que conocemos desde hace media hora. No cuenten conmigo, no cuenten con el Grupo Parlamentario Popular para aprobar ese tipo de iniciativas, porque no vamos a
darle la espalda a los jóvenes. Ustedes llevan ocho meses y ya está más que demostrado que se la han dado. Así que tiene una oportunidad. Si quieren, háganse buenos ahora que empieza un año nuevo. Feliz Navidad. (Aplausos.-El señor Campos
Arteseros pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vázquez.
En turno de fijación de posiciones, señor Esteban.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Señor presidente, por favor, para una cuestión de orden. Por el artículo 71. (Varios señores diputados: Es el 75.) Es el 71.
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Yo no quiero contribuir a la crispación, ahora lo que no me gusta es que se digan mentiras.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos...
El señor CAMPOS ARTESEROS: Yo ni tengo rueda de prensa programada ni tengo nada. (Rumores.) Simplemente quiero decir que yo no quiero contribuir a la crispación...
El señor PRESIDENTE: Señor Campos...
El señor CAMPOS ARTESEROS: Las políticas de juventud se tienen que hacer desde el consenso y desde el diálogo.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos, escuche al presidente.
¿Qué problema hay de orden?
El señor CAMPOS ARTESEROS: Una diputada, desde el estrado, ha lanzado mentiras directas hacia mi persona. Por eso, por alusiones...
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Bien, esa es su opinión política. Lo lamento, no cabe cuestión de orden.
Continúa el debate. Señor Esteban, por favor, acuda a la tribuna.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera y continúa en castellano.) De nuevo nos encontramos con una iniciativa en un ámbito diferenciado, pero que se asemeja también a otras que a nuestro juicio invaden, de manera
descarada, el ámbito autonómico. Ante este tipo de iniciativas, el Grupo Parlamentario Vasco no puede sino poner pie en pared y oponerse frontalmente a ella. No dudamos de las buenas intenciones del proponente, del esfuerzo que ha realizado con
los grupos parlamentarios intentando modificar sustancialmente la propuesta inicial, pero es evidente, por las razones que voy a exponer, que ni la modificación es suficiente ni los antecedentes que le constan a nuestro grupo hacen pensar que las
cosas pudieran desarrollarse sin que se invadieran competencias autonómicas. Para ello no hay nada más que ver los principios en que se basa la iniciativa donde, por decirlo de una manera muy gráfica, se le ve el plumero a la proposición. Por una
parte, la exposición de motivos, que no queda modificada por la enmienda transaccional que propone el Grupo Socialista, dice cosas importantes.
Dice, por ejemplo, que los jóvenes asociados no gozan de los mismos derechos en el conjunto del
territorio, pues no existe un marco general que los homologue en cuanto a participación libre y eficaz de los jóvenes -aboga entonces por un marco general-; habla también de que es necesario un nuevo enfoque institucional de las prioridades de la
gestión en políticas de juventud; que son necesarios cambios metodológicos que propicien una mayor transversalidad de las acciones destinadas a los jóvenes, tanto dentro del Gobierno como entre éste y el resto de las administraciones; y habla
también, directamente, de mayor coordinación territorial en la planificación y el desarrollo de las políticas destinadas a jóvenes. Eso se agrava todavía más en el texto original, que luego ha quedado modificado en algunos de sus puntos por la
enmienda transaccional. Desde el punto 2, en el que se habla de un plan que contemple acciones transversales e integrales y coordinar la ejecución de diferentes partidas de los Presupuestos Generales del Estado, pasando por el punto 6, que pide el
establecimiento de un nuevo marco normativo que garantice la transversalidad entre las diferentes administraciones y la coordinación interadministrativa, o el punto 9, que aboga por la creación de un estatuto de la juventud con carácter de ley
velando por la igualdad de derechos, servicios públicos, etcétera. Lo cierto es que si acudimos al ordenamiento jurídico queda evidenciado, en un examen de los estatutos de autonomía, que la competencia en materia de juventud es una competencia de
las comunidades autónomas que ha sido transferida. En concreto, en el Estatuto de Autonomía
vasco, el artículo 10.39. El artículo 10 es el que recoge las competencias exclusivas, del mismo modo sucede en otros estatutos. Hay, por tanto, según el ordenamiento jurídico, competencia exclusiva en estas materias en las comunidades
autónomas. La Constitución, en sus artículos 148 y 149, nada dice en cuanto a la mención de esta competencia o a que pueda corresponder al Estado. La pregunta es evidente: ¿existen o no competencias exclusivas de las comunidades autónomas? ¿Hay
que creer lo que se dice en los estatutos o es una mera ficción? Desde luego, que hay competencias exclusivas del Estado nos lo han dejado ustedes claro una y otra vez, de eso no tenemos duda alguna, pero nos gustaría saber si también sucede así a
la recíproca. Si el ordenamiento jurídico dice eso, ¿se creen ustedes su propio ordenamiento jurídico? ¿A qué título virtual apelan para tener competencia para elaborar un plan y regular este ámbito? ¿Dónde está el anuncio del respeto
competencial realizado por el presidente del Gobierno? A falta de título competencial específico, lo que se hace en la proposición es aludir al artículo 48 de la Constitución y dicho artículo, como muy bien conoce el proponente, está entre los
principios rectores de política social y económica; dice: Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social y económico. Principios rectores que, como
característica -usted lo sabe bien- no constituyen derechos inmanentes sino que es necesario un desarrollo normativo para luego ejercer esos derechos. Hasta ahí, bien. Pero en la proposición lo que dicen es que ese artículo no ha sido desarrollado
-lo dicen en dos ocasiones en concreto-, señalan que ese derecho consagrado por la Constitución -hablando del 48- no ha alcanzado su desarrollo normativo, y todo ello comporta el necesario desarrollo normativo del artículo 48 de la Constitución
dentro de una acción global encaminada al desarrollo efectivo de los derechos de participación de los jóvenes. ¿Cómo es posible que se afirme que el artículo 48 no está desarrollado si lo único que se dice en dicho artículo es: los poderes
públicos promoverán las condiciones? ¿Es que las instituciones autonómicas no son poderes públicos? ¿No habrá que entender el artículo 48 a una con el resto del bloque constitucional, título VIII pero también estatutos de autonomía, y por tanto
que algunos de estos principios deban ser desarrollados por ley y gestionados por instituciones y por entidades que no son del Estado? Poderes públicos no significa necesariamente la Administración. Las competencias en este caso son de las
comunidades autónomas, y si no que no se hubiera hecho el desarrollo legislativo que se hizo.
Al Gobierno español, en materia de juventud, le corresponde la representación internacional no precisamente por la competencia de juventud, lo cual también muchas veces es una auténtica locura, porque en foros internacionales quienes tienen
la gestión de la competencia no pueden acceder, y aquellos otros que no tienen una gestión real, dicho así de claro, y que es mucho más nombre que contenido, son quienes están representados en esos foros en vez de que las comunidades autónomas, de
mutuo acuerdo, pudieran estar representadas allí. Dice ahora el proponente que no, que lo que se pretende es no coordinar ni condicionar políticas de gobiernos autonómicos, que se trata únicamente de coordinar los ministerios, el propio Gobierno
español internamente. ¿En qué se pretende coordinar el Gobierno español? Aquí hay varias contradicciones incluidas no solo en la proposición inicial, sino en la enmienda que ustedes han presentado. ¿En qué ámbitos coordinaría el Gobierno español?
Pues se nos pueden ocurrir algunos: vivienda, fomento del empleo, educación, ocio y tiempo libre, sanidad. Pero es que uno examina esos contenidos y desde luego lo que tenemos muy claro -lo demostramos con nuestra enmienda a los presupuestos
específicamente- es que vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Por tanto, lo que se quiere es usar una competencia que no tiene el Gobierno central para desarrollar una competencia que tampoco tiene. En cuanto a
fomento del empleo, el empleo también está transferido a las comunidades autónomas excepto, por discrepancias en su contenido, a la Comunidad Autónoma vasca y a Ceuta y Melilla. Ese fomento del empleo -no políticas sobre salarios mínimos, etcétera-
correspondería a las comunidades autónomas. ¿Educación? Lo mismo. El único territorio MEC, Ceuta y Melilla. ¿Ocio y tiempo libre? También, competencia exclusiva de las comunidades autónomas. ¿Sanidad? Transferida también completamente.
Entonces, ¿qué va a coordinar el Gobierno? Utilizar una competencia que no tiene para coordinar competencias que no tiene, porque el Gobierno en muchos aspectos es un blandiblue en el que cabe todo, tenga o no tenga competencias; parece que como
es el Gobierno del Estado puede ocupar todo el ámbito competencial, y eso no debería ser así si en realidad se respeta el ámbito autonómico.
Señor presidente, estoy empezando a emocionarme porque creo que es el mejor discurso que estoy haciendo desde que llegué a la Cámara; se ve en la gente que acude a oírlo. (Risas.) Continúo. Espero que no sea en materia de defensa en lo
que quieran ustedes coordinar, que eso sí tiene el Gobierno español, que no sea solo en defensa donde quieran desarrollar la política de juventud.
Hablaba de contradicciones. Quiero señalárselas. Dice usted que solo dirigida al Gobierno, que sea una coordinación intergubernamental. Si es así, ¿por qué en el punto tres de su enmienda se propone crear una comisión redactora encargada
de diseñar un proceso de elaboración y redacción en el que incluye a los responsables autonómicos de juventud, a representantes de la comisión de juventud del FEMP, etcétera? ¿Por qué integrarles si esto sería una coordinación del Gobierno, una
competencia a nivel del Estado? Esto no tiene absolutamente ningún sentido. No solo eso, sino que después, en el siete, habla de la creación de un consejo territorial de la juventud que canalice y formalice la participación de las comunidades
autónomas en el diseño, desarrollo y ejecución del plan mencionado. Si solo afecta al Gobierno
y a las competencias del Gobierno, ¿qué hacen las comunidades autónomas en un consejo territorial para coordinar todo eso? O hay otra intención detrás o puede haberla o esto comienza y no se sabe cómo acaba. Desde luego, nos parece que lo
que dice el punto octavo -cada vez más éxito, señor presidente- de su propuesta transaccional es una obviedad. Dice: Se respetarán las competencias de las diferentes administraciones en materia de juventud establecidas por la Constitución y por
los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla. Eso debería ser así siempre, no porque lo dijera una proposición no de ley, sino porque en el Estado de derecho debería ser así. Sin embargo, nosotros
no hemos tenido esa experiencia en muchos años y tenemos una reciente, cuando negociamos con ustedes el acuerdo de estabilidad presupuestaria y todavía estamos esperando a que cumplan lo pactado. Se trata de este mismo Gobierno. Es evidente que
hay una contradicción entre lo que se dice querer pretender y lo que se está proponiendo en el texto original...
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, se ahorrará el disgusto de su vida.
Vaya terminando.
El señor ESTEBAN BRAVO: Termino en diez segundos, de verdad.
Si lo que pretenden es no invadir las competencias autonómicas, la mejor manera sería no aprobando esta proposición no de ley.
Por último, señor presidente, me dirijo a usted para aclarar una cuestión.
En la presentación de la enmienda transaccional se alude lógicamente al artículo 118.3, lógicamente, en el que se dice: Solo podrán admitirse a trámite enmiendas de
transacción entre las ya presentadas...
El señor PRESIDENTE: ¿Está planteando una cuestión de orden?
El señor ESTEBAN BRAVO: No es una cuestión de orden. Simplemente es que como se dice: que comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se transige, me gustaría saber a qué enmiendas va dirigida. Si va dirigida a todas, como
parece que he entendido, entonces considero que todos los grupos que han presentados enmiendas deberían transigir.
El señor PRESIDENTE: Usted no se preocupe. Antes de votar una enmienda transaccional el presidente siempre pregunta al Pleno si se acepta o no.
El señor ESTEBAN BRAVO: Lo que quisiera saber es a cuál se dirige exactamente porque eso no ha quedado claro.
El señor PRESIDENTE: Siéntese y ahora lo veremos.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas -que es lo que estaba preguntando el señor Esteban-, tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya y las enmiendas del BNG quedan recogidas en la
transaccional, así como algunas del Grupo Popular, aunque en ese caso sería el propio Grupo Popular el que debería decir su posición.
El señor PRESIDENTE: Pregunto: ¿Algún grupo parlamentario se opone al trámite de esta enmienda transaccional? (Pausa.)
En consecuencia, al haberse opuesto el Grupo Popular, se votará la proposición no de ley en su texto inicial.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la negociación en torno a la soberanía de Gibraltar. Lo haremos en los términos de la propia autoenmienda presentada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor 142; en contra, 184.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del Grupo Popular.
Segunda votación: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la elaboración de un nuevo Plan de Juventud. Se vota en los términos de la propuesta original.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 155; en contra, 167; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO.
- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA INFORMAR SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO QUE SE CELEBRÓ LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE EN BRUSELAS. (Número de expediente
210/000015.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el punto III del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para informar sobre las conclusiones
del Consejo Europeo celebrado los días 16 y 17 de diciembre en Bruselas.
El debate se va a regir por el artículo 203 del Reglamento. Como se ha señalado esta mañana en Junta de Portavoces, después de la intervención del señor presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios tendrán un turno de réplica.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes con el objeto de informarles en esta sesión acerca de las conclusiones adoptadas en los consejos europeos
celebrados en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre y 16 y 17 de diciembre pasados.
Ante todo, quiero felicitar públicamente a la Presidencia holandesa por su buen hacer a lo largo del semestre. Ha trabajado con perseverancia para superar los muchos retos que se le planteaban y ha propiciado que se consiguieran unos
resultados satisfactorios para todos. Quiero agradecerle particularmente la sensibilidad y receptividad mostradas ante las sugerencias y propuestas españolas, que nos permite presentar un balance igualmente satisfactorio si atendemos a la
importancia singular que tienen para nuestro país los asuntos en los que se han producido avances en línea con nuestras posiciones.
Señorías, el Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre abordó cuestiones de gran importancia estratégica para el modelo de sociedad europea por el que apostamos ahora y de cara al futuro: una sociedad del conocimiento, a la vanguardia
del crecimiento económico basado en la competitividad, un espacio estable de cohesión social, de equilibrio territorial y de integración cultural, un ejemplo de sostenibilidad ambiental. En ese horizonte se afrontan dos temas que, además de ser de
gran relevancia para la construcción europea, son de gran interés para España: la preparación de la revisión a medio camino de la estrategia de Lisboa y la aprobación del programa de La Haya en el marco del espacio de libertad, seguridad y
justicia.
Como saben SS.SS. la estrategia de Lisboa, aprobada en marzo de 2000, tenía como objetivo convertir a la Unión en el año 2010 en la economía, basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer de manera
sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social. Por distintas razones, los objetivos avanzados en Lisboa quedan todavía lejos para la mayoría de los países de la Unión. Por ello existe una convicción generalizada de que la estrategia
requiere un nuevo impulso, requiere acelerar la marcha, requiere adquirir nervio suficiente para culminar con éxito. Con ese espíritu y tomando como base el informe del grupo de alto nivel presidido por el ex primer ministro holandés Win Kok, el
Consejo Europeo de noviembre confirmó expresamente la vigencia y validez de los objetivos de la estrategia de Lisboa y subrayó la necesidad de una mayor implicación por parte de la propia Unión Europea y por parte de todos y cada uno de los Estados
miembros en el desarrollo de cinco áreas de acción prioritaria. Son estas: la creación de una auténtica sociedad del conocimiento, el desarrollo y profundización del mercado interior, la mejora del entorno empresarial, la generación de empleo y la
definición y puesta en marcha de una política medioambiental orientada al desarrollo sostenible.
España participa activamente en este debate, con aspiración y voluntad de mejorar los instrumentos de gestión y de asentar este proceso crucial de modernización económica y social de nuestro continente sobre criterios de competitividad,
productividad y aumento de la tasa de empleo. Solo si los gobiernos europeos somos capaces de renovar, fortalecer y relanzar esta estrategia, el modelo social europeo evitará los riesgos y superará fructíferamente los retos a los que actualmente
está sometido. El Gobierno quiere, asimismo, contribuir a un gran esfuerzo conjunto de la sociedad española, que concentre los esfuerzos y movilice todas las energías para cumplir en nuestro propio ámbito interno los objetivos de la estrategia de
Lisboa.
Señoras y señores diputados, el segundo punto de gran relevancia en el Consejo Europeo de noviembre fue la aprobación del llamado programa de La Haya. Dicho programa viene a continuar y a profundizar uno de los procesos más importantes de
la construcción europea en los últimos años, el relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. Lo hace al cumplirse cinco años del Consejo Europeo de Tampere que adoptó el programa de acción en esta materia. El programa es ambicioso para
Europa y muy importante para nosotros. Por ambas razones, España contribuyó muy activamente en su negociación con la presentación de un memorándum del que surgieron muchas de nuestras propuestas finalmente incorporadas en buena parte del texto.
Por razones y preocupaciones que todos nosotros compartimos, el Gobierno considera este campo de acción como una de las prioridades básicas de la construcción europea en los próximos años. Se trata de asuntos que exigen respuestas eficaces de las
instituciones comunitarias porque estoy convencido de que Europa, para asentarse definitivamente como proyecto apoyado por los ciudadanos, necesita aplicar políticas cuyos resultados les sean próximos y reconocibles, y también eficaces, para
proporcionar respuestas adecuadas en los temas que les preocupan y les inquietan. Los temas de seguridad y justicia constituyen un buen ejemplo de ello.
Del contenido del programa de La Haya, destacaría el tratamiento dado a los temas de inmigración, asilo y fronteras, por un lado, y a la lucha contra el terrorismo, por otro, así como a la creación de una agencia europea para la protección
de los derechos humanos. En materia de inmigración, asilo y fronteras, se estableció un nuevo enfoque global y también social, en el que nosotros insistimos durante el proceso de la negociación. Desde ese enfoque global, la Unión Europea ha hecho
suyo un planteamiento de solidaridad con aquellos Estados miembros que, como España, efectúan diariamente un esfuerzo suplementario en inmigración y control de
fronteras en beneficio de toda la Unión. Por ello, ha acordado establecer un fondo europeo para el retorno de inmigrantes ilegales, un fondo europeo para la gestión de fronteras y una agencia europea de fronteras.
Desde una perspectiva
social, recogiendo las preocupaciones de España, el programa de La Haya fija por primera vez la integración de los inmigrantes como un aspecto prioritario e irrenunciable. Justo es reconocer que habríamos deseado un texto más explícito, que se
hubiera avanzado más en este tema, pero cuanto menos se incorporó el concepto de integración y confiamos en que pueda seguir desarrollándose su contenido con una mayor ambición. Por otro lado, el programa de La Haya reconoce de manera explícita que
el terrorismo supone una amenaza para la totalidad de los Estados miembros y establece la necesidad de articular una respuesta común. He de decir con satisfacción que, también en este punto, España tuvo un papel impulsor de importantes propuestas,
como la participación de Europol como pieza clave en la asistencia a la labor operativa de los Estados miembros, la incorporación del desmantelamiento de las redes de financiación del terrorismo en el Plan de acción contra el terrorismo y la
necesidad de fijar controles más estrictos en materia de almacenamiento y transporte de explosivos.
Señor presidente, señoras y señores diputados, permítanme seguidamente hacer una referencia a los resultados del pasado Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre. En él se han adoptado decisiones históricas de gran importancia para
la construcción europea y también de gran interés para España. Expondré seguidamente el contenido de los acuerdos alcanzados. Con toda seguridad, el asunto más destacado de este Consejo ha sido la ampliación de la Unión y, en concreto, la adhesión
de Turquía.
En el Consejo Europeo hemos decidido dar el paso fundamental para que Turquía pueda comenzar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea el 3 de octubre de 2005. El Consejo, para ello, ha tomado en consideración la recomendación
y el informe de progreso de la Comisión, valorando positivamente los avances de Turquía en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Este acuerdo nos llena de satisfacción porque la Unión ha asumido un gran reto, a la altura de su
responsabilidad histórica.
En este marco, el Consejo ha aprobado unas conclusiones que contienen los elementos fundamentales para nuestro país: fijación de una fecha para el inicio de las negociaciones, consideración del carácter abierto del proceso de negociación,
posición exigente respecto del cumplimiento de determinados requisitos objetivos y justos. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión, se ha previsto una serie de mecanismos -periodos transitorios, cláusulas de salvaguardia, etcétera- que deben
garantizar un resultado equilibrado para todos. Sobre estas premisas, España confía en que el proceso de negociación concluya exitosamente con la adhesión de Turquía. Las negociaciones de adhesión -y nosotros lo sabemos bien- constituyen un
proceso complejo que requiere un esfuerzo continuado por parte de los Estados candidatos. Estamos convencidos de que Turquía seguirá profundizando en sus reformas y que la Unión y Turquía impulsarán este proceso de manera que los problemas que
puedan surgir sean solucionados satisfactoriamente para ambas partes. El éxito redundará en beneficio de Turquía y de Europa, y con ello en beneficio de la estabilidad y seguridad en el mundo.
En relación con el problema de Chipre, el Consejo Europeo celebra la decisión de Turquía de firmar el protocolo por el que se amplía el acuerdo de asociación entre Turquía y la Unión para incluir la adhesión de los diez nuevos Estados
miembros de la Unión Europea. Turquía ha declarado que está dispuesta a suscribir dicho protocolo antes del inicio efectivo de las negociaciones de adhesión. Este acuerdo supone un paso adelante que acercará las posiciones. Cabe esperar que pasos
ulteriores durante el proceso de negociación permitan solucionar definitivamente esta cuestión. El acuerdo sobre el tema turco demuestra una vez más que la Unión es un factor de diálogo, de integración, de paz y de estabilidad. Estoy convencido de
que, aunque a nadie escapa la magnitud del reto que asumen Turquía y la Unión, se dan hoy muchos elementos para la satisfacción y el optimismo en este proceso, que será largo, pero que se inicia bien orientado.
Con relación a Bulgaria y Rumania, el Consejo ha acordado que en abril del año próximo firmen sus respectivos tratados de adhesión. Este acuerdo constituye un motivo de gran satisfacción para España pues, como saben SS.SS., nuestro país ha
apoyado siempre, de forma decidida, estos procesos de adhesión y conocemos bien los esfuerzos de ambos candidatos para llevar a buen término la negociación. Asimismo, se ha decidido comenzar las negociaciones de adhesión con Croacia el próximo 17
de marzo, siempre y cuando se haya confirmado su plena colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
Señorías, hemos aprobado igualmente unas conclusiones que permiten iniciar a fondo las negociaciones sobre perspectivas financieras durante el próximo semestre, con el objetivo de terminarlas en junio. Es necesario resaltar que el objetivo
de este Consejo no era todavía el de negociar cifras, sino el de ordenar los debates. El informe presentado por la presidencia consigue este objetivo y refleja adecuadamente nuestros planteamientos. Quiero destacar que en sus conclusiones se pone
de manifiesto que el nuevo marco financiero deberá contar con los medios necesarios para responder de manera efectiva y equitativa a los retos futuros, incluyendo los que deriven de las disparidades en el nivel de desarrollo en la Unión ampliada.
Esta formulación tiene cuatro aspectos muy positivos para España: el mantenimiento de la política de cohesión, la convicción de que los cambios a introducir han de hacerse manteniendo la equidad, la consideración de nuevos elementos como la brecha
tecnológica y el propósito de que el acuerdo a alcanzar sea equilibrado.
En primer lugar, la mención explícita a la Unión Europea ampliada supone reafirmar que los principios que
eran válidos en la Unión Europea a Quince también lo son en la Unión Europea a Veintisiete. En este sentido se recoge el argumento español de que, aunque se deba atender las circunstancias especiales de los nuevos miembros, ello no puede
implicar la ruptura de un principio básico comunitario como es el de que la política de cohesión es única y debe ser aplicable a todos los Estados miembros. En segundo lugar, la atención a los retos de la Europa ampliada debe hacerse de una forma
equitativa, recogiéndose el argumento de España de que la ampliación nos afecta a todos y, por tanto, el reparto del coste de la ampliación debe ser equitativo también para todos. En tercer lugar, el texto reconoce la especial atención que
requerirá el aumento de disparidades en niveles de desarrollo que produce la ampliación. Ese aumento de disparidades en niveles de renta es un hecho objetivo, como lo es también el aumento de la brecha tecnológica entre unos países y otros. Este
último aspecto es algo que la Unión Europea deberá atender y es algo que conviene a España de forma particular. Por último, el acuerdo debe ser globalmente satisfactorio, lo que implica que las discusiones sobre los gastos deben ir unidas a las
discusiones sobre el sistema de recursos propios, que es un apartado también muy importante para España.
Señorías, en materia de relaciones exteriores, de las amplias conclusiones del Consejo, hay dos que son especialmente significativas para España.
Por iniciativa nuestra se ha declarado 2005 como año del Mediterráneo. El proceso de
Barcelona celebra el año que viene su décimo aniversario y queremos que esa conmemoración signifique el relanzamiento de un diálogo cada vez más necesario con los socios del sur. La Unión Europea está avanzando en su política de vecindad hacia esos
países de manera decidida. Se trata de vincular estrechamente ambos elementos, Barcelona y vecindad, para una cooperación más estructurada y con mejores resultados.
Ese es el objetivo del año del Mediterráneo.
También a iniciativa española, el Consejo Europeo ha reiterado su compromiso con Iberoamérica, en particular con la finalización de las negociaciones con Mercosur.
El Consejo Europeo, señorías, ha debatido la situación en Ucrania y ha aprobado una declaración al respecto. La Unión Europea, a través del alto representante Javier Solana, ha jugado un papel de primer orden en el encauzamiento para la
solución del conflicto y en evitar consecuencias tan graves como la violencia o la partición del país. Quiero desde aquí expresar mi satisfacción, y mi felicitación, por la tarea desempeñada por Javier Solana, que refuerza de una manera evidente el
papel de la Unión Europea como factor de paz y estabilidad en su política exterior.
Confiamos en que la voluntad del pueblo de Ucrania se pueda expresar de forma fidedigna en las urnas el próximo 26 de diciembre. A partir de ese momento, la Unión
iniciará un diálogo con las nuevas autoridades ucranianas que salgan de las urnas, con el fin de establecer una relación reforzada y particular en el marco de la nueva política europea de vecindad.
En cuanto a Oriente Medio, el Consejo Europeo ha reconocido los esfuerzos recientes de los dirigentes palestinos para garantizar una transición democrática en los territorios palestinos ocupados y ha insistido en la necesidad de que
israelíes y palestinos cooperen estrechamente con la perspectiva de las elecciones presidenciales palestinas de enero.
Asimismo, se ha reiterado la voluntad de apoyar la retirada israelí de la franja de Gaza y de parte del norte de Cisjordania. La
Unión Europea seguirá aplicando el programa de acción a corto plazo que refrendó el Consejo Europeo de noviembre y que abarca las elecciones y los ámbitos de seguridad, reformas y economía.
Señorías, otro punto destacable en los trabajos del Consejo Europeo pasado ha sido el relativo al terrorismo. En sus conclusiones y sobre la base de los trabajos en curso, el Consejo Europeo ha pedido a las instituciones y a los Estados
miembros que continúen desarrollando, a corto, medio y largo plazo, una serie de cuestiones que paso a resumirles brevemente. En primer lugar, la elaboración de una estrategia y un plan de actuación a largo plazo sobre la radicalización y captación
de terroristas, partiendo del informe sobre captación que el Consejo ha adoptado recientemente. A petición española, el Consejo Europeo ha adelantado la elaboración de esta estrategia al mes de junio de 2005. En segundo lugar, la ejecución de las
medidas contempladas en el programa de La Haya citado anteriormente, en particular el intercambio de información. Permítanme aquí hacer un inciso para señalarles que en este Consejo se ha aprobado, asimismo, la estrategia europea para la lucha
contra la droga, último tema pendiente de aprobación del programa de La Haya. Finalmente, la revisión semestral del plan de acción de lucha contra el terrorismo, aprobado en junio de 2004, como consecuencia de las medidas adoptadas en el Consejo
extraordinario de marzo tras el atentado de Madrid.
Puedo indicarles que España está satisfecha de la dimensión de los trabajos efectuados hasta ahora, que han situado al terrorismo como una de las grandes prioridades de la Unión Europea; en particular, quiero destacar los progresos
realizados en una serie de materias de cooperación práctica y operativa, especialmente a través de Europol, colaboración judicial mediante el intercambio de información, de registros de antecedentes penales, seguridad fronteriza y de los documentos,
colaboración en inteligencia, financiación del terrorismo y finalmente protección civil.
Señorías, como se deduce de cuanto he expuesto hasta ahora en relación con las conclusiones alcanzadas en los dos consejos europeos celebrados en noviembre y diciembre, la lucha contra el terrorismo ha tenido, está teniendo, un claro
protagonismo en las discusiones mantenidas por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. España viene desempeñando desde hace años un papel relevante en el diseño y aplicación del esfuerzo europeo por incrementar sus niveles de
prevención y represión del terrorismo de toda índole que pretenda desarrollarse en su suelo. Tenemos una larga historia de sufrimiento como consecuencia del terrorismo, que se ha ensañado con nuestro pueblo durante décadas,
y tenemos por ello una larga experiencia sobre los instrumentos con que debe dotarse un Estado democrático para hacer frente a esta amenaza colectiva. Es una experiencia que hemos puesto al servicio de todos los aliados europeos.
Los atentados de Madrid del pasado 11 de marzo han constituido en este sentido una brutal, significativa e inequívoca señal de alarma para todos los países democráticos de la Unión; todos se han sentido afectados; todos han mostrado su
solidaridad; todos están colaborando en la detención de los culpables de estos atentados; todos están examinando las conclusiones que va ofreciendo el resultado de la investigación que llevan a cabo la justicia y los cuerpos de seguridad
españoles.
Definitivamente y en términos europeos, hoy se ha aprendido que nadie está exento de la amenaza terrorista, que hacer frente a ella exige fortalecer los elementos de inteligencia, información y dotación de los cuerpos de seguridad; que
el más eficaz instrumento de lucha antiterrorista es la adopción de medidas preventivas, de robustecimiento de la seguridad ciudadana; que resulta imprescindible la cooperación internacional; que la solidaridad con las víctimas del terrorismo es
un deber moral de solidaridad con quienes, sin culpa por su parte, se han visto inmolados por el odio contra el sistema de vida que colectivamente hemos adoptado, y también es un instrumento de rearme moral de la propia colectividad; que la unidad
del país frente a los terroristas es la garantía última de su derrota. Este conjunto de principios es ya patrimonio de toda la Unión Europea. Los sucesivos gobiernos democráticos de España han desempeñado un papel crucial a la hora de adquirir
este consenso y ahora debemos continuar esta tarea.
Señorías, en mi última comparecencia en esta Cámara ante la Comisión de Investigación del 11 de marzo, manifesté el compromiso del Gobierno en la adopción de cuantas medidas se estimasen necesarias para procurar la seguridad de los
ciudadanos frente a una amenaza terrorista que, como desgraciadamente hemos sufrido, muestra indicios crecientes de gravedad.
Expuse entonces que se trataba de un compromiso en el que el Gobierno incluiría las decisiones que, en el ejercicio de su
responsabilidad y de sus competencias, entendiese urgentes o imprescindibles, pero en el que también incluiría las recomendaciones que este Congreso alcanzase como consecuencia de su investigación sobre los atentados del 11 de marzo. De acuerdo con
ello, el Gobierno ha venido adoptando decisiones encaminadas a hacer imposible, o al menos más difícil, la repetición de monstruosos atentados como los que hemos sufrido. Son medidas muy variadas, entre las que destacan las dirigidas a facilitar y
asegurar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la que crea el Centro de coordinación antiterrorista; las destinadas a mejorar la capacidad de nuestros servicios de inteligencia y de información; las que implantan
bases de datos comunes para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; las que persiguen un control real y efectivo de la adquisición, depósito y almacenamiento, uso, consumo y transporte de explosivos; las que pretenden el control de los
procesos de financiación de las redes terroristas; las que incrementan el número de agentes de policía y de guardias civiles especializados en la lucha contra el terrorismo internacional de tipo islamista radical. Es una tarea continuada en la que
el Gobierno no quiere concederse pausas.
En este sentido, quiero hacer público que el pasado domingo 19 de diciembre se reunió formalmente la Comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis con el fin de evaluar la situación de nuestra seguridad y aprobar nuevas medidas
de carácter preventivo. De acuerdo con el análisis realizado, el Gobierno ha diseñado un plan especial de seguridad, que tendrá carácter estable y que será activado en momentos particulares del año en los que se entienda necesario proceder a un
reforzamiento coyuntural y especializado de nuestra seguridad colectiva, y en concreto de las medidas de prevención frente al riesgo de atentados terroristas. Es un plan en el que participarán el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil como
garantes de los derechos ciudadanos en los términos del artículo 104 de la Constitución; un plan en el que también tendrán cabida, cuando las circunstancias lo aconsejen, las Fuerzas Armadas en misiones de vigilancia y cooperación con las fuerzas
policiales; un plan que se extenderá a la protección de grandes objetivos estratégicos y de transportes y a la seguridad ciudadana en grandes concentraciones urbanas. Es un objetivo que por primera vez activaremos a partir de las cero horas del
próximo día 23 de diciembre. Tiene como finalidad movilizar nuestros recursos de seguridad para garantizar la seguridad en estas Navidades. Lo activamos porque estas fiestas provocan desplazamientos masivos, movimientos de población importantes,
concentraciones multitudinarias de ciudadanos. A la luz de los acontecimientos que nuestro país ha vivido en este año hay razón suficiente para que el Gobierno adopte medidas especiales de seguridad y protección de los ciudadanos; nadie debe ver
en esta decisión ocasión para alarmas injustificadas, pero nadie debe ver igualmente rigor excesivo por nuestra parte. Es lo que a juicio del Gobierno hay que hacer con entera normalidad y por ello lo hacemos. Lo hacemos con la misma normalidad
con la que hemos adoptado en estos días otra decisión relevante, la de nombrar un alto comisionado para la atención a las víctimas del terrorismo. Es una decisión que pretende responder a la llamada de atención que a todos, absolutamente a todos,
nos han hecho llegar las víctimas del terrorismo. Es reflejo del deber moral de solidaridad y de respeto que hacia todos ellos tenemos. Son decisiones que ha adoptado el Gobierno, de las que se vinculan a su juicio con el Pacto por las Libertades
y contra el Terrorismo o con el nuevo pacto contra el terrorismo internacional que queremos alcanzar. Daremos cuenta y buscaremos apoyos en la reunión que celebrará el pacto el próximo día 29 y en la que tendrá la Comisión de Secretos Oficiales de
esta Cámara en próximo día 30. En estas reuniones tendrán los grupos políticos de esta Cámara información más detallada de la que hoy les
hemos ofrecido antes del inicio de esta intervención y también en ellas tendrán ocasión de formular las sugerencias que estimen convenientes. El Gobierno cumple de este modo el compromiso que había adquirido, un compromiso en la lucha
contra el terrorismo, en el que sabe que cuenta con el apoyo abrumadoramente mayoritario de los ciudadanos y también con el apoyo de esta Cámara, un apoyo que en los dos consejos europeos que justifican este debate también ha tenido por parte de los
Estados miembros de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
A continuación intervendrán los representantes de cada grupo parlamentario de mayor a menor para fijar su posición.
El representante del Grupo Parlamentario Popular, don Mariano Rajoy, tiene la palabra.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, quedan menos de dos meses para el 20 de febrero, fecha en que los españoles se pronunciarán sobre la Constitución europea, y a estas alturas
un 90 por ciento de nuestros conciudadanos afirman desconocer aquello sobre lo que tienen que decidir; mal panorama, señorías, mal panorama. Nos corresponde a todos, pero especialmente al Gobierno, subsanar este gravísimo problema, en caso
contrario podríamos llevarnos una desagradable sorpresa en próximo 20 de febrero. Quiero transmitir a esta Cámara mi preocupación y la de mi grupo parlamentario ante esta situación. El Gobierno tiene que trabajar con intensidad en el tiempo que le
queda sobre esta materia; digo esto porque las decisiones y conclusiones de la última cumbre de Bruselas y de la anterior no son precisamente de aquellas que despiertan entusiasmos participativos entre la ciudadanía. Teníamos la esperanza de que
se trajera usted de Bruselas, señor Rodríguez Zapatero, una cláusula de garantía, una salvedad específica para los intereses de España introducida en la guía para la negociación de las perspectivas financieras 2007-2013. Eso nos hubiera permitido a
todos encontrarnos con un ambiente más propicio a la hora de explicar a los españoles las ventajas de la Constitución europea; no ha sido así y bien que lo sentimos. Algunas de SS.SS. podrían argüir que no hay relación causa-efecto entre la
Constitución europea y las perspectivas financieras. Pues bien, verán SS.SS. los problemas que vamos a tener para explicar a los españoles que en este momento nada nos asegura que en 2007 no pasemos a ser contribuyentes netos de la Unión Europea.
Aduce el Gobierno y su presidente que se ha logrado introducir la adjetivación equitativa a la hora de definir la manera de afrontar los retos futuros referidos al marco financiero 2007-2013. Lo cierto es que el Consejo ha pasado de puntillas por
esta cuestión, aprobando un texto cargado de ambigüedad y vacío de contenido. Como veremos más tarde todo está por decidir. A día de hoy el señor Rodríguez Zapatero no ha conseguido una mención expresa a la necesidad de tener en cuenta la
singularidad de la situación española mediante una cláusula que asegurara un periodo transitorio para nuestra percepción de fondos comunitarios; y se puede conseguir, es más, hay que conseguirlo, pero se ha perdido una oportunidad inmejorable de
situarlo en la guía negociadora y con ello de haberse traído un ejemplo concreto del principio de solidaridad que inspira la Constitución europea. Eso no se ha conseguido porque a nuestro presidente del Gobierno no le gusta molestar, pero a cambio
le han dado la oportunidad de hacerse un montón de fotografías cargadas de sonrisas.
Veremos si las sonrisas sirven para sacar adelante el referéndum sobre la Constitución europea. Nosotros por nuestra parte estamos trabajando, mientras tanto
usted y su ministro de Asuntos Exteriores se han esforzado en crear un clima de confrontación precisamente en materia de política exterior.
Señoras y señores diputados, en el tiempo de que reglamentariamente dispongo es imposible ni siquiera enunciar las cuestiones contempladas en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los pasados días 16 y 17 y en el anterior;
expondré, por tanto, la posición de mi grupo parlamentario sobre aquellas materias que inciden más directamente sobre los intereses de los españoles. Comenzaré refiriéndome al terrorismo. La lucha contra el terrorismo (en la que usted tiene todo
nuestro apoyo, sin perjuicio de lo que le voy a decir ahora, señor presidente) debe ser una de las prioridades de la Unión Europea, ya que el terror ha sido identificado como el principal problema para garantizar las libertades de los europeos en el
marco del espacio de las libertades, seguridad y justicia; en este terreno no cabe una mera declaración de intenciones, ni sé si es bueno hacer según qué suerte de anuncios; creo que lo importante es actuar. Nos congratulamos de que el Consejo
inste a la intensificación de la cooperación práctica y operativa, en particular a través de Europol y de la unidad operativa de jefes de policía, y a un mejor intercambio de la información entre los Estados miembros, Europol y Eurojust, entre otras
cuestiones. Le damos importancia, como el Consejo extraordinario, al programa de La Haya sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, entre otras cosas porque consagra el principio al que usted se refirió de disponibilidad de la información,
especialmente en la lucha contra el terrorismo, que es muy importante; pero este loable empeño será imposible, por ineficaz, si no se refuerza la confianza. La información solo fluirá si existe confianza; la información solo fluirá si la
interlocución está bien definida entre los Estados miembros y el coordinador para la lucha contra el terrorismo; la información debe fluir antes en términos de confianza preventiva y de confianza recíproca equivalente, porque desgraciadamente hoy
esta información es en calidad y en cantidad infinitamente menor a la que se produce después de un ataque terrorista. La confianza es y debe ser la clave fundamental para este espacio de libertad, seguridad y justicia, y en este momento, señor
presidente, usted debe trabajar para que Europol tenga la confianza necesaria. Para nosotros Europol debe ser una verdadera agencia de seguridad europea, que rinda cuentas ante el
Parlamento Europeo y que tenga una única interlocución con los Estados miembros. La confianza de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados miembros es, por tanto, una pretensión absolutamente necesaria, pero la confianza de esas
fuerzas y cuerpos tiene como referente la fiabilidad de las políticas gubernamentales en materia de seguridad y especialmente en la lucha contra el terrorismo. Señor presidente, ¿puede aportar su Gobierno esa fiabilidad generadora de confianza
cuando, por ejemplo, nuestras relaciones internacionales se orientan en la dirección de dar prioridad a ciertos gobiernos que se han caracterizado por una actuación más que discutible respecto de organizaciones terroristas que operan en España y en
Europa? ¿Cómo van a generar confianza las policías españoles si su Gobierno les encarga, por poner un ejemplo reciente, informes puramente profesionales y policiales diciéndoles previamente cómo los deben orientar y cuáles deben ser sus
conclusiones? (Rumores.) La confianza se basa en la credibilidad y esta se funda en la actuación del Gobierno, no lo olvide, señor Rodríguez Zapatero, porque como habrá podido comprobar no todos los dirigentes europeos son tan sensibles al tema del
terrorismo como lo somos nosotros, lo cual nos obliga a un esfuerzo suplementario para disponer de autoridad moral a la hora de nuestras demandas.
Señoras y señores diputados, otra cuestión que afecta de manera muy especial a los intereses de los españoles es la política de inmigración; no creo necesario recordar que en estos momentos España es el país de la Unión que más inmigrantes
recibe. En el Consejo del pasado fin de semana se ha elaborado una declaración formal sobre integración de los inmigrantes sin apenas contenidos. Creo que es necesario alcanzar compromisos más eficaces en este asunto; sin embargo, como en el
Consejo anterior, el de noviembre, sí se ha hablado de inmigración, yo solo quiero decirle dos cosas. Dado que se apuesta por la supresión rápida de los controles en las fronteras interiores, por el establecimiento gradual del sistema integrado de
gestión de las fronteras exteriores y por la consolidación de los controles y la vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, nosotros consideramos prioritario que los principios básicos de solidaridad y de reparto equitativo de las
responsabilidades se plasmen en la práctica con la mayor celeridad. En segundo lugar, sobre la política de repatriación y admisión, considerada prioritaria por el Consejo Europeo del mes de noviembre, se requiere un planteamiento coherente entre
esa política de repatriación y todos los demás aspectos de las relaciones exteriores de la Unión con terceros países, algo hoy inexistente, además de un mayor compromiso financiero.
Pasemos ahora a referirnos a un tema al que usted solo ha hecho alusión de pasada, las negociaciones sobre el marco financiero 2007-2013. Señor Rodríguez Zapatero, entre los asuntos que ocupaban la agenda del Consejo este era el que tenía
una repercusión más directa en la vida de los españoles. El Consejo no ha querido entrar en profundidad en este asunto y traslada todas las decisiones a la cumbre de junio de 2005, es decir, que nos deja seis meses para negociar, pero ni siquiera
ha fijado recomendaciones; se ha limitado a reconocer el principio de equidad, que no compromete a nada ni a nadie y ha rechazado lo que más nos importa, la gradualidad en la pérdida de nuestros recursos. De momento la propuesta vigente, la que
formuló la Comisión Europea el pasado mes de febrero, impone un reparto muy desigual de los costes de la ampliación entre los antiguos quince Estados miembros. El mayor peso de este coste lo soportan los países menos desarrollados de los quince,
cosa muy paradójica; más lo es que España, el país de mayor tamaño dentro de los actuales beneficiarios de los fondos de cohesión, se convierta en el gran pagador del coste de la ampliación. Somos, en efecto, el mayor perceptor de fondos, pero
corremos el riesgo de convertirnos súbitamente en contribuyente netos, y no es justo que la ampliación se haga a nuestra costa; no se puede aceptar que España pierda de la noche a la mañana el 90 por ciento de su saldo con la Unión Europea, es
decir, unos 39.900 millones de euros en siete años; mucho menos si lo comparamos con la situación en la que quedarían los países más ricos de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, que perderían mucho menos. Esto,
naturalmente, no tiene ningún sentido y la obligación del Gobierno es mejorar sustancialmente las actuales propuestas. España tiene que negociar duro desde el primer momento y lograr recursos adicionales a los planteados por la Comisión de al menos
12.000 millones de euros.
Señor presidente, es preciso obtener cuanto antes el reconocimiento de la especial situación española y la necesidad de alcanzar una solución específica para ella; nunca en la historia de la Unión se han revisado las políticas comunitarias
a costa de un país en particular, siempre se han buscado soluciones equilibradas. Así lo han exigido los dirigentes de otros países cuando la ocasión lo requería. Por ejemplo cuando se produjo el ingreso de España y Portugal se crearon para
compensar a Francia, Italia y Grecia los programas integrados; cuando se revisó la política agraria común se consolidó la posición de Francia como mayor perceptor de ayudas agrarias equilibrando su saldo financiero; cuando el Reino Unido tenía un
desequilibrio en sus aportaciones a la Unión Europea se arbitró el cheque británico, en virtud del cual el Reino Unido solo contribuye en un 13 al presupuesto cuando representa en realidad el 17 por ciento de la renta nacional bruta; y cuando se
negociaron las perspectivas financieras 2000-2006 Irlanda, por convergencia real, perdía Fondo de Cohesión y se arbitraron soluciones para permitirle una salida gradual del mismo.
España necesita lograr un reparto mucho más equitativo de los costes
de la ampliación en la negociación de las perspectivas financieras, pero para ello hay que adoptar una posición negociadora firme y saber defenderla como ya están haciendo otros países. Yo le voy a ayudar con todos mis medios para que España salga
ganando en este desafío (Rumores.), pero eso no significa que piense dejarle a usted las manos libres; no se las voy a dejar. Me propongo acuciarlo sin descanso porque temo con razón que
si le dejo hacer las cosas a su aire echará usted todo a perder, bien porque no se atreva a mantener la firmeza todo lo lejos que sea necesario mantenerla, bien porque usted esté fatigado, o bien porque nos cambie por una foto.
(Rumores.-Aplausos.) Le gustan a usted demasiado las fotos, señor Zapatero, y la fatiga influye mucho en su vida. Confío en que cuando España lo necesite esté usted bien descansado. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Dice su Gobierno que espera
lograr un éxito en una negociación que será intensa; dice bien. Será intensa y más que intensa por parte de los demás, es decir, por parte de aquellos que dejan a un lado sonrisitas y talantes para defender a su país a cara de perro.
(Aplausos.-El señor Villarrubia Mediavilla: Muy soso.) Será intensa contra nosotros y serán sus amigos quienes menos ayuden a España, y no es que estén contra España, sino que defienden sus propios intereses y saben hacerlo; de usted todavía no
nos consta. Sabemos, por ejemplo, que ha enriquecido usted su colección de fotografías, pero no consta que vaguedades al margen su presencia en Bruselas haya contribuido a mejorar las posiciones españolas, y temo que las cosas no salgan bien porque
ha planteado usted mal la negociación. Con un ademán pueril tiró alegremente por la ventana nuestra mejor baza; tiró por la ventana el Acuerdo de Niza que nadie nos había regalado, que habíamos conquistado a pulso tras un esfuerzo negociador muy
laborioso. Tardó medio minuto en regalarlo infantilmente a cambio de nada, y se quedó tan contento, como si hubiera hecho el favor a los españoles; el favor se lo hizo usted a otros. Creyó ingenuamente que algunos le iban a agradecer que se
desbloqueara gratis la Constitución europea, que algunos le agradecerían el apoyo por incumplir el Pacto de Estabilidad, que algunos le agradecerían la renuncia a que Madrid acogiera la firma del Tratado constitucional. No parece que nadie esté
dispuesto a darle las gracias. ¿Qué ha sacado usted de las cumbres bilaterales con Chirac, Schröder o Berlusconi en esta materia, aparte de fotos y sonrisas? ¿Qué han sacado los españoles? Señor Zapatero, hay que tomarse España en serio, y nadie
ha demostrado mejor que algunos cómo se negocia sin fatiga y sin dormir. Tómese España en serio y trabaje; nosotros le vamos a ayudar (Rumores.), no por ser usted, sino porque se trata de España y de los españoles. (Aplausos.)
Señor presidente, quiero detenerme unos minutos en la ampliación de la Unión Europea, cuestión que ha ocupado lugar muy importante en este Consejo. En primer lugar, celebro el cierre de las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumania.
Tienen ante sí dos años antes de la adhesión definitiva en 2007 para continuar profundizando en las reformas necesarias. También soy favorable a la decisión de abrir negociaciones de adhesión con Croacia el año próximo. Especial relevancia tiene
la decisión de abrir negociaciones de adhesión con Turquía. Mi partido está de acuerdo con esta decisión. Turquía es miembro de todas las organizaciones europeas, salvo de la Unión Europea, además de su presencia en la OTAN desde 1951; su
vocación de integración en la UE a lo largo de la historia está clara y quiero recordar que fue en el Consejo Europeo de Helsinki de 1999 cuando se otorgó a este país la condición de candidato. En los últimos dos años el Gobierno turco ha hecho
extraordinarios esfuerzos para cumplir los llamados criterios políticos y, dado que la Comisión informó positivamente al respecto, era lógica la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión. En octubre, como usted ha dicho, comenzarán estas
negociaciones, que serán largas y complejas, pues también lo serán las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que concurren en este caso. Lógicamente nadie puede garantizar de antemano el resultado final de este proceso; está
claro que el Gobierno turco tiene que continuar su camino de reformas irreversibles, y confío en que la propia sociedad turca se irá transformando a lo largo del proceso de negociación.
Me referiré, por último, señor presidente, a las cuestiones de política exterior abordadas en el Consejo. Coincido desde luego en la importancia del momento para relanzar el proceso de paz en Oriente Medio una vez que tengan lugar las
próximas elecciones del nuevo liderazgo palestino.
También deseamos unas elecciones presidenciales transparentes en Ucrania que permitan que este importante país vecino de la Unión se convierta en una democracia plena y estable. En las
conclusiones de este Consejo se abordan además distintos aspectos de las relaciones de la Unión con diferentes países, regiones y organizaciones de la comunidad internacional, pero me temo que por mucho que usted nos diga, señor Rodríguez Zapatero,
la aportación española ha sido escasa; así lo creo por la falta de rigor y de coherencia de su política exterior. Aquí incluyo también su actitud personal respecto de este importante ámbito de la actuación del Estado. En efecto, a un socio
europeo tan importante como Polonia hace muy pocos días lo dejó usted plantado en Varsovia (Rumores.), estaba usted cansado y decidió no acudir a su encuentro. Los polacos quedaron decepcionados, pero el problema de fondo es que estaban mal
informados, desconocían su escaso interés por la acción exterior del Estado. (Protestas.) Así, a la última cumbre bianual Europa-Asia el pasado mes de octubre no acudió usted, al contrario de lo que hicieron los máximos responsables europeos. Para
usted Asia no debe tener importancia, pese a que este Consejo Europeo destaca la relevancia de las relaciones con China o la India, por ejemplo. Por cierto, tampoco estaba usted aquel mismo fin de semana en el foro Formentor, del que era anfitrión;
allí le esperaban entre otros el presidente de Portugal y el primer ministro marroquí. ¿Qué trascendental evento absorbía su atención aquellos días y le impedía encontrarse con las autoridades de dos importantes países vecinos o acudir a la cita
europea con Asia? Le refrescaré la memoria: estaba usted de periplo político por Galicia, concretamente en Lugo y en un mitin de su partido en Santiago de Compostela; así entiende usted la prioridad de la política exterior para España.
(Aplausos.)
Qué voy a decir, señor presidente, de las relaciones transatlánticas y de la presencia europea en Irak, temas
también tratados en el Consejo Europeo. Usted retiró las tropas, luego apoyó una resolución del Consejo que invitaba a los Estados miembros a enviar tropas a Irak y pocas semanas después, en Túnez, se manifestó usted partidario de que se
siguiera el ejemplo español de retirada de las tropas; sin comentarios. Si este no fuera un tema muy serio, me atrevería a decir que esto es como el famoso baile de la yenka: izquierda, izquierda, derecha, derecha, un paso adelante, un paso
atrás; en suma, señor presidente, el cambio continuo. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
No voy a extenderme en el tema de Iberoamérica, al que usted ha hecho referencia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor RAJOY BREY: Voy a hablar de Iberoamérica, que es muy importante.
(Rumores.) Es conocido el alto nivel de presencia política, económica y cultural de España en los últimos años. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Acudir a la
reciente cumbre en Costa Rica, en la que la asistencia de los más altos mandatarios de otros países fue lamentablemente muy escasa y con resultados muy limitados. Por cierto, señorías, las conclusiones del Consejo reiteran la importancia de las
relaciones de Europa con el continente latinoamericano y el deseo de llegar a un acuerdo con Mercosur. Pues bien, nosotros sí impulsamos con resultado las relaciones entre la Unión Europea y América Latina; se pusieron en marcha las cumbres
birregionales y se firmaron los acuerdos de asociación con México y con Chile, y en cambio el acuerdo con Mercosur, que estaba previsto concluyese este otoño, sigue lejano; tiene usted que esforzarse en esa tarea, porque se requieren resultados, no
solo palabras. Es verdad que Chávez, que acaba de ingresar en Mercosur, ha dicho que hay que disolverlo, pero yo no creo que las cosas deban ir por ahí, señor presidente. Usted tiene otras prioridades: cultivar estrechas relaciones con el
comandante Castro y el coronel Chávez. Esta es la política que usted propicia para España en Iberoamérica. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Me alegro de que el año 2005 se declare año del Mediterráneo. Nosotros, que somos un partido serio, cuando accedimos al Gobierno tomamos...
(Risas.-Rumores.) Sí, sí, sí, y en política exterior más.
(Rumores.-Aplausos.) Cuando accedimos al
Gobierno... No aplaudan porque no es tan difícil ser más serio que el actual Gobierno en materia de política exterior. (Continúan los rumores.) Yo confío en que el próximo año este proceso adquiera un nuevo impulso. Permítame desconfiar, señor
presidente, de su política mediterránea y para el Magreb. Así, en un asunto tan complejo y delicado como el del Sahara llegó usted (fue usted) a aludir en alguna ocasión, al principio de su mandato, a una solución en el plazo de seis meses; el
tema del Sahara el señor presidente del Gobierno lo solucionaba en seis meses. Pues bien, el tema sigue básicamente igual: en Naciones Unidas con simples prórrogas de Minurso en el territorio. Por cierto, España abandona en pocos días su asiento
en el Consejo de Seguridad; de poco le ha servido ese puesto para contribuir a resolver este asunto como usted alardeaba. Lo que sí ha hecho es sembrar confusión entre las partes interesadas, posiblemente salvo en Marruecos.
Las autoridades
argelinas han intercalado reflexiones de crítica y otras de alivio ante las sucesivas rectificaciones españolas y en el Polisario cunde el desánimo sobre la posición de España. Esta es un área donde han actuado unilateralmente, sin contar para nada
con las principales fuerzas políticas. Esta es la forma que tienen ustedes de entender el consenso en política exterior. De Gibraltar prefiero no hablar ahora; quien debe hablar y dar explicaciones en esta Cámara y al pueblo español es usted.
Hemos pedido su comparecencia y espero que tenga usted la gallardía de explicarse.
Señor Zapatero, la suya es una política exterior equivocada, errónea en el fondo e inaceptable en las formas. Los que se han llenado la boca hablando de respetar los consensos básicos en materia de política exterior son los que ahora juegan
desordenadamente con posiciones y con principios asentados desde la democracia, señor Moratinos, en España en temas tan sensibles como el Sahara o Gibraltar. Señor presidente, también se han entrevistado con el secretario general de la ONU, señor
Kofi Annan. Ahí tienen ustedes otro reto: la reforma del Consejo de Seguridad.
Ahora que estamos construyendo activamente una política exterior y de seguridad común y una política europea de seguridad y defensa, y ahora que la Constitución prevé
la figura de un ministro europeo de Asuntos Exteriores, ¿por qué no impulsa que la Unión Europea esté presente como miembro permanente en el Consejo de Seguridad? Creo que usted y su partido, que se jactan de ser europeístas convencidos, debieran
impulsar este estudio en el seno de las instituciones europeas. Fíjese cómo el señor Moratinos está de acuerdo.
Termino, señor presidente. Una lectura, aunque sea superficial, de las últimas conclusiones de este Consejo Europeo nos indica que 2005 será un año decisivo para el futuro de la Unión y para los intereses de los españoles en la próxima
década. El Gobierno de España tendrá que realizar un esfuerzo extraordinario y demostrar una gran capacidad negociadora si quiere evitar el descalabro de nuestra política europea. Señor Rodríguez Zapatero, es urgente que modifique usted la
orientación de su política exterior; se lo digo de verdad, es urgente. Si no lo hace dejaremos pronto de ser un socio fiable tanto en Europa como en toda América, y esto es muy importante, porque una gran porción de la prosperidad de los españoles
se apoya en la confianza que nuestro país inspira a nuestros amigos. Este debe ser el norte de nuestra política exterior, sin ambigüedades, sin vacilaciones y sin gestos vacíos. Es urgente que se tome usted España en serio para afrontar con éxito
las negociaciones dentro de la Unión Europea, unas negociaciones en las que debemos obtener la seguridad de que no se nos van a aplicar las mismas reglas que en el pasado se han aplicado en situaciones comparables a las nuestras; esa es su tarea y
espero que sepa llevarla a cabo con éxito. Pese a mi desconfianza actual, seré el primero en felicitarle si
lo consigue y, como he indicado antes, pondré de nuestra parte toda la ayuda que usted necesite para lograrlo, porque, señorías, en los próximos seis meses no hay nada más importante que reclame la atención de quienes ostentamos la
representación de los ciudadanos españoles y hemos jurado defender sus intereses.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Tiene la palabra el señor Duran, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa, guarden silencio, por favor.
Adelante, señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
En función del tiempo que dispongo, voy a centrar el contenido de mi intervención en aquellas cuestiones que a juicio del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos merecen mayor atención. No es porque el resto de asuntos
tratados en el Consejo Europeo reciente no merezca la atención ni menos la valoración positiva por parte de nuestro grupo parlamentario, sino porque nos gustaría, especialmente en el ámbito de la ampliación y en algún otro de los temas tratados en
la agenda del Consejo Europeo, invertir nuestro tiempo dedicado en esta sesión a reflexionar conjuntamente al respecto.
Permítanme que en esta alteración de los factores, que no del producto, en cuanto a los temas tratados en el Consejo de Bruselas, haga referencia a terrorismo, en el sentido de congrutularnos de todas las medidas que se adoptaron en ese
Consejo Europeo, de que la mayoría de los intercambios de información entre los servicios relacionados con la lucha antiterrorista van a ser sin duda positivos. En nuestro grupo parlamentario va a encontrar siempre, como encontró cualquier Gobierno
en el pasado, apoyo para cualquier medida destinada a reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos, para cualquier medida que signifique avanzar en la Unión Europea hacia una política común en materia de lucha antiterrorista, en definitiva para
cualquier apuesta que comporte una mayor eficacia en la lucha ante ese adversario global que es el nuevo terrorismo internacional. En ese sentido, señor presidente, quiero agradecerle la información que ha facilitado a esta Cámara en torno a las
últimas decisiones de su Gobierno. Yo, al hilo de su interpretación, de ninguna manera lo acojo como una alarma, al contrario, puramente es prevención. Me parece sensato que un gobierno de cualquier país en las circunstancias en que vivimos tome
decisiones y las anuncie precisamente para que no cree alarma. El mejor antídoto para que no se cree alarma es que si uno ve un soldado o un miembro del ejército, como vemos habitualmente en el aeropuerto de París, no crea que se debe a que va a
suceder algo especial, sino todo lo contrario, pura y simplemente normalidad. Por tanto, le agradezco, señor presidente, ese anuncio.
No cabe duda que compartimos las observaciones hechas por el Consejo en torno a la estrategia de Lisboa. Permítame que en cuanto a la estrategia de La Haya (espacio de libertad, seguridad y justicia) haga una referencia explícita al
programa estratégico adoptado de lucha contra la droga. En ese sentido, emplazamos al Gobierno, como el propio Consejo ha emplazado ya a la Comisión, a que presente un plan concreto de acción.
Creo que estamos ante lo que es el opio de los pueblos
porque hoy la droga lo que hace realmente es matar gente joven, mata familias enteras en el sentido del daño colateral que provoca, y por supuesto lo que hace pura y simplemente es enriquecer a unos cuantos. Todo aquello que se haga en ese sentido,
mano dura contra el tráfico y mano dura concertada ante los diversos países miembros de la Unión, va a ser aplaudido por nuestro grupo parlamentario.
Nos alegramos, cómo no, de los progresos de la política europea de vecindad, particularmente del reconocimiento del proceso de Barcelona.
Quiero recordarle que ustedes y nosotros tuvimos un protagonismo especial en ese proceso de Barcelona
y en la política euromediterránea. Quiero recordarle que no es en cualquier presidencia sino en una socialista, con apoyo de Convergència i Unió, con la que se empieza el proceso de Barcelona y que se acoge en Barcelona la celebración de la primera
conferencia euromediterránea. Por tanto, ni ustedes ni nosotros -al menos nosotros, estoy convencido de que ustedes tampoco, usted ya tendrá el turno para responder- nos sentimos ajenos al éxito y también a los fracasos, que son colectivos, de lo
que ha sido el desarrollo del proceso de Barcelona en estos años. Me permitirá, por tanto, que en particular me congratule de esa referencia específica que hace el Consejo al proceso de Barcelona, que lo considere como instrumento principal de
cooperación y diálogo, porque lo es, dentro de esa política de vecindad diseñada por la Comisión y adoptada por el Consejo Europeo, y que además también me alegre de que se declare el 2005 año del Mediterráneo, y me alegro, le deseo todos los éxitos
y le brindo toda la cooperación para que el décimo aniversario de esa conferencia euromediterránea en Barcelona permita continuar situando como objetivo principal de la Unión Europea el refuerzo de esa política euromediterránea.
Señor presidente, usted sabe que si en el año 1995 eso era necesario, en el año 2005, tras lo que significa el 11 de septiembre americano, el 11 de marzo español y el terrorismo internacional, más que nunca el diálogo y cooperación en todos
los ámbitos (cultural, económico y político) entre ambas riberas del mediterráneo es imprescindible y necesario que desde España, desde su Gobierno, se haga tomar plena conciencia al resto de países miembros integrantes de la Unión Europea.
Quisiera al menos recordar o puramente citar algunos aspectos de política exterior, no con intención de ser exhaustivo. Estamos de acuerdo con la posición, incluso con la declaración adjunta a las conclusiones de la Presidencia de la
Comisión. Aprovecho también la ocasión para felicitar a la Presidencia holandesa, en cuanto a Ucrania, en cuanto a Oriente Próximo. En el Consejo ustedes han hecho referencia al proceso electoral de
Afganistán, en cuanto a la necesidad de consolidarlo. En ese sentido yo escuché algunas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores que, como en otras ocasiones y en otras cuestiones, estoy de acuerdo con ellas, en el sentido de
reforzar la presencia española en Afganistán. Me parece un compromiso internacional que España puede y debe asumir. Además su Gobierno se ha comprometido siempre a partir de esta nueva etapa a solicitar el apoyo político de esta Cámara
previamente, si así lo deciden, al envío de esas tropas de refuerzo a Afganistán.
Entrando ya en un par de materias que sí nos interesan mucho más, insisto, sin perjuicio de que el resto de la agenda y contenidos del Consejo Europeo muestra para todo nuestro grupo parlamentario exactamente el mismo interés, pero sin duda
nos gusta hablar específicamente del marco financiero para el año 2007-2013. Empezaré diciéndole que sea muy pedigüeño, señor presidente, que no se prive de pedir y que, por tanto, no se prive de que después haya algún tipo de declaración que pueda
acusarle de tener una actitud en defensa de nuestros intereses. Lo digo porque tenemos un semestre o dos por delante. Yo creo que es más conveniente intentar avanzar durante el semestre de Presidencia luxemburguesa que no durante el semestre de
Presidencia británica. Por tanto, me gustaría -ese es nuestro criterio- que el Gobierno concentrara sus esfuerzos durante el próximo semestre especialmente, pero no sería la primera ni la última ocasión en que, aunque el objetivo sea alcanzar un
acuerdo el próximo semestre, no se llegue al mismo, porque no es España el único actor que va a discutir ese plan financiero, y lógicamente existen intereses muy discrepantes entre unas y otras partes de quienes van a llegar a ese acuerdo para los
próximos años.
A pesar de esto me gustaría conocer, y que nos profundizara más en su réplica, cómo enfoca España esta negociación, si realmente en sus conversaciones directas estos días a través del ministro de Asuntos Exteriores ha habido algún acuerdo
estratégico con Polonia o no. Si tenemos ahí alguna posición común que permita albergar una esperanza de la compatibilización de la continuidad de nuestros recursos, sabiendo que hay que disminuirlos con lo que son las pretensiones lógicas,
legítimas y necesarias de los países que acaban de ser objeto de la ampliación, y especialmente los grandes países como Polonia. Quisiera saber, señor presidente, si cuando se habla del 1,24 por ciento del producto interior bruto de la comunidad
como techo de la financiación se refiere pura y simplemente a créditos de compromiso o exactamente a gasto real. Lo digo porque si realmente, como a mi juicio, está refiriéndose a gasto real es a todas luces insuficiente porque en realidad se
acerca al 1 por ciento, que es la posición que sostienen Alemania, Austria, Suecia y el Reino Unido.
¿Está defendiendo, por otra parte -me gustaría conocer su opinión, señor presidente-, la continuidad de la recepción de fondos por parte de todas las comunidades autónomas, no simplemente de las de Objetivo 1? Me gustaría conocer si el
Gobierno español y, por tanto, el presidente y sus ministros, defienden también a las comunidades Objetivo 2, Aragón.
Baleares, Cataluña, La Rioja, Navarra, Madrid y País Vasco. Porque en un principio ha dado la sensación de que el Gobierno tenía
especial interés únicamente en continuar percibiendo ayudas en lo que hace referencia a las comunidades Objetivo 1. Objetivo 2 también es nuestra prioridad.
¿Defiende el Gobierno, tal y como propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) -que entiende e intuye que sí por sus palabras- un período transitorio, de tal manera que en ese período transitorio, como sostuve en una interpelación ante el ministro de Asuntos Exteriores se produzca un decalaje en los fondos estructurales,
Feder, fondos sociales o fondos de cohesión, de tal manera que no sean la sustitución rápida de no recibir auténticamente nada en sustitución de lo que en la actualidad recibimos?
Fuera del ámbito cuantitativo, en este contexto y fuera incluso de lo que ha sido la agenda y contenido del Consejo Europeo, ¿este Gobierno defiende que en el marco de las relaciones comerciales con los nuevos países miembros de la Unión
Europea, fomentando ese marco de relaciones, puede encontrarse, en cierta medida, una compensación de lo que España va a dejar de recibir, en tanto que va a recibir menos fondos con seguridad, porque hay que atender a los países que acaban de entrar
en la Unión Europea? ¿Es consciente el Gobierno de que una parte de la compensación, de la riqueza que ha recibido el país estos años y que tan positiva ha sido para Europa y para España, que es un argumento más en defensa de la Constitución
Europea, puede ser en cierta medida -insisto- compensada por una política comercial muy concreta hacia esos países?
Respecto a la ampliación, yo quisiera ser más reflexivo porque considero que es importante. Estamos de acuerdo con los criterios del Consejo respecto a Bulgaria, Rumania, pautas distintas, pero criterios diferentes, respecto a Croacia; no
tengo nada que objetar ni reflexión alguna que añadir sobre los planteamientos del Consejo y de su Gobierno.
Sobre Turquía, sí. Quisiera aprovechar esta intervención para compartir -más que para criticar o posicionarnos en contra de esa
ampliación- algunas reflexiones que son importantes. Esta Turquía no cabe en esta Europa. Este es el título de un artículo escrito por un experto en política internacional del Diario El País, que yo suscribo plenamente.
Dicho de otro modo, ni la
Unión Europea actual ni la Turquía actual están preparadas para la adhesión. Sé que se fija un período de tiempo suficiente para que puedan darse las circunstancias, dentro de diez o quince años, y sea posible. Hoy esta Turquía no cabe, a nuestro
juicio, en esta Europa. ¿Estará Europa en condiciones dentro de quince años de poder asumir el riesgo de la integración de Turquía? No lo sé. Tengo mis dudas, pero no lo sé, no hay respuesta definitiva, el tiempo nos la dará.
En cualquier caso
no debe ser -esto debe quedar muy claro- la Unión Europea quien haga aproximaciones a Turquía, es Turquía quien debe hacer aproximaciones a la Unión Europea para que se pueda producir una respuesta positiva
a ese interrogante. Estamos ante un hecho político histórico, pero complejo, y en ese contexto nos agrada y nos felicitamos de poder tener un debate profundo. De hecho esta legislatura es la primera ocasión en esta Cámara que podemos tener
un debate profundo sobre Turquía, debate que se está manteniendo desde hace meses en la política, en los parlamentos europeos, en la prensa europea y que aquí le hemos prestado menor atención y creo que deberíamos prestar mayor atención.
Con ese ánimo y con esa voluntad de compartir reflexiones, permítame, señor presidente, que esboce alguna de ellas. ¿Hay que hacer lo que se está haciendo? Seguramente sí; el error, a mi juicio, viene de las decisiones adoptadas de
antemano. Si es incorrecto negociar con Turquía, la decisión no proviene de este Consejo Europea, provendrá de Helsinki, de Copenhague, de las condiciones, no de la decisión tomada en este Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque se dijo: Si ustedes
cumplen estas condiciones vamos a abrir negociaciones. Por tanto, hoy se hace lo que se debiera hacer. Sería muy grave que, habiéndole dicho a Turquía que si cumple tales condiciones íbamos a empezar la negociación -independientemente de que la
negociación llegue a buen término o no-, luego no se hiciera. Eso sería engañar a los turcos y sería grave, como grave sería también en estos momentos (y todos los miembros de esta Cámara, los miembros del Parlamento Europeo y los gobiernos
europeos tienen que ser muy conscientes de ello) que, aun sabiendo que quizá, al final, no pueda llevarse a cabo, a término -y no hablo tanto de la incorporación a secas, sino de determinadas condiciones-, se esté haciendo ver a Turquía que eso es
posible y, al final, uno es consciente de que será muy difícil, prácticamente inviable. No nos va a servir de nada, todo lo contrario, intentar engañar a la opinión pública o al Gobierno turco, y no digo que nadie tenga esa intención. De la misma
manera que hubiese sido grave no empezar negociaciones cuando se han cumplido los requisitos que en su día se establecieron, hoy, cuando se ponen las bases de la negociación, hay que ser conscientes de que no se puede engañar a nadie, que sería
grave hacer promesas siendo conscientes de que después no se pueden cumplir.
Una segunda reflexión. ¿Por qué la Unión Europea está discutiendo hoy el posible ingreso de Turquía? ¿Quién es el principal valedor del ingreso de Turquía en la Unión Europea? ¿Es Alemania? Yo no estaría de acuerdo con esa afirmación.
Alemania tiene un problema político interno, una posición legítima que respeto -como las respeto todas, por contrarias que puedan ser a la mía y no digo que lo sea estrictamente esta-, pero no es el gran valedor de la incorporación de Turquía.
¿Cuál es el gran valedor? En Europa, los británicos. Es curioso que los más euroescépticos sean los valedores de la incorporación de Turquía a la Unión Europea. Y, ¿quién está detrás? ¿Quién ha apretado más, quién ha forzado más la incorporación
de Turquía a la Unión Europea? Ha sido Estados Unidos. Por tanto, es conveniente que esta Cámara reflexione, especialmente la izquierda de esta Cámara, la izquierda sociológica, política del país, una izquierda que a veces -y no hablo de nadie en
particular, hablo en términos generales- puede tener una cierta resaca antiamericana y que, de golpe y porrazo, se olvida de quién es el auténtico impulsor de la incorporación de Turquía a la Unión Europea. Eso, políticamente, a nadie con un cierto
punto de sensatez se le puede escapar y dejar de reflexionar sobre esa cuestión. A nuestro juicio, la incorporación de Turquía supondría un logro estratégico para Estados Unidos; no sé si para Europa, pero, de entrada, para Estados Unidos seguro
que sí, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, en el viejo enfrentamiento -siguiendo en esta reflexión- entre quienes decíamos profundización y quienes puramente decían ampliación, es evidente que la incorporación de Turquía es un
triunfo, si me permite, histórico, sin exagerar, de quienes preferían ampliación a profundización; en cambio, entendíamos y seguimos entendiendo que la profundización era clave para poder sustentar un proyecto político europeo de futuro, capaz de
ser una potencia en todos los términos en el ámbito internacional.
Tercera reflexión. ¿Qué se pretende? ¿Ampliar territorialmente el espacio europeo, que también, pero al mismo tiempo, con esa ampliación, cubrir y tener mayores facilidades de diálogo, de colaboración y capacidad de interlocución en el
contexto de ese diálogo entre civilizaciones? Incluso he leído a alguien que reflexionaba contra la tesis de Robert Kagan diciendo que, a lo mejor, para que realmente Venus pueda imponerse a Marte, el poder está en la capacidad de interlocución con
esos países, que son los que implican otro tipo de civilización y, más que nunca, de acuerdo con su tesis, es necesario el diálogo entre ellas. No estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Realmente Turquía es quien puede abrirnos al diálogo con esa
civilización? Todavía hoy muchos países árabes son conscientes del recuerdo de la dominación de los sultanes turcos, está presente en la historia, en los recuerdos de los mandatarios de países árabes. Y, segundo. ¿es un buen interlocutor para la
negociación entre civilizaciones quien forma parte del bloque de la NATO desde hace muchísimo tiempo? ¿Es un buen introductor de embajadores para el diálogo entre civilizaciones quien ha estado al lado de Estados Unidos en la guerra, en el proceso
de Irak, en esa guerra que hemos tachado de injusta? Sinceramente, este grupo parlamentario tiene muchas dudas en cuanto a la reflexión que sugieren esta serie de consideraciones que le acabo de exponer.
Cuarta reflexión. Había algún alto mandatario, que algunos de los sentados en el banco azul reconocerán en seguida, que decía: everything but institutions, con Turquía cualquier cosa menos instituciones. Y como en Turquía hacía y hace
falta cualquier cosa menos instituciones, había y hay que diseñar, con las ganas de entender que es necesario un acuerdo con Turquía, alguna manera de entenderse. ¿Es la actual la mejor manera de entenderse? ¿No es la familia una cosa y los amigos
otra? Yo creo que hay que distinguir entre lo que es familia y lo que son amigos. Es bueno que Europa funde, profundice una política de vecindad. Es bueno que en ese contexto
esté Turquía, pero en cualquier caso yo tengo mis dudas, mis reflexiones, que pueden aportar alguna luz para que conjuntamente, si alguien lo cree interesante, podamos reforzar esta reflexión. Puestos a la política de buena vecindad, ¿por
qué Turquía y no Marruecos? ¿O por qué después de Turquía no el Líbano? ¿Y por qué no Israel? Ya no hago caso de Gadafi, que debe ser uno de esos terroristas de países que antes eran malos y ahora son buenos, pero que acaba de decir que la
entrada de Turquía será el caballo de Troya para lo que es el integrismo islámico, etcétera. Esa es otra reflexión que yo quisiera hacerle. En cuanto a los criterios geográficos, un día Europa deberá reflexionar en serio sobre cuáles son los
límites geográficos de Europa, por qué no Turquía, por qué no Ucrania, por qué no otro tipo de país. Hay que reflexionar en torno a esa cuestión. ¿Europa debe tener un demos propio, debe tener una identidad propia que sustente su proyecto
político? A nuestro juicio, sin duda.
También vamos a entrar en un debate que estos días, cuando se habla de la incorporación de Turquía, se vuelve a recordar.
Estoy de acuerdo en admitir que Europa no es un club cristiano, y haré mención a algo que un articulista catalán, haciendo referencia a una conferencia del presidente Pujol, denominó síndrome Saramago. A veces, determinados políticos de
determinado espacio político hacemos ciertas citas o ciertas reflexiones y rápidamente se nos va a la yugular, pero si en cambio las comentamos y al final añadimos, al cabo de media hora, que no eran nuestras, sino que eran de Saramago o de otros
personajes, entonces eso se aplaude y no pasa nada. Pues bien, quiero recordarle que hay personas como Umberto Eco, u otras personas interesantes, intelectuales, políticas, que han hecho una afirmación en el sentido de que realmente las raíces
grecorromanas, judeocristianas de Europa son interesantes y no se pueden obviar. De acuerdo que no sea un club cristiano, pero sí es una comunidad de valores. Europa es una comunidad de valores. Europa es una civilización. Europa es una cultura.
Europa es un sistema político. Europa es una tradición. Europa tiene su identidad, y sin ella Europa dejará de ser Europa. Por tanto, hay que plantearse, ante la ampliación a quien sea, por tanto también por qué no ante Turquía, si esa
incorporación desdibuja la identidad europea o no la desdibuja. Yo creo que en Europa hay una cierta pereza, un cierto complejo para utilizar un lenguaje políticamente correcto. Si realmente esta es la Europa, esta es otra Europa. Una Europa con
una Turquía que no cumpla exactamente unas condiciones muy contundentes, sería otra Europa, no sería a mi juicio la Europa de los Schuman, Adenauer, De Gasperi, la Europa de los Mitterrand, de los Kohl, de los Felipe González, de Delors.
No sería
esa Europa. Por supuesto que hemos puesto como condición los valores democráticos, derechos humanos, etcétera. Eso no es un simple cumplimiento formal. Ahí no se trata simplemente de que se apruebe una ley. Hay que hacer un seguimiento. Hay que
pensar en minorías hoy en Turquía que no tienen garantizados los derechos humanos como los kurdos.
Hay que pensar que existe todavía un tutelaje -y acabo, señor presidente- en lo que hace referencia a los derechos humanos y a la democracia por
parte del ejército turco. ¿Qué es Europa? Lo decía antes, tiene un cuerpo político con una identidad propia. Yo recuerdo aquella letra de la canción que decía: quien pierde los orígenes pierde la identidad.
Para acabar, dentro de lo que antes comentaba del síndrome Saramago, quiero comentar algunas de las conclusiones finales de un documento elaborado por encargo del presidente Prodi titulado: la dimensión cultural y espiritual de Europa. Es
un documento elaborado por Biedenkopf, Geremek, Michalski y Rocard y dice exactamente lo siguiente: al mismo tiempo, la Unión Europea y sus ciudadanos deben hacer que sus valores perduren como base de una identidad común a través de unas
condiciones siempre cambiantes. Es innegable que la creciente presencia de las diversas formas del islam en el espacio europeo plantea nuevas oportunidades, pero plantea también nuevos peligros para la integración europea. Los que tenemos años por
delante, y espero que así sea, podremos ver en qué medida se van cumpliendo unas previsiones u otras. Entiendo, en cualquier caso, que hoy Europa está haciendo lo que debe, pero no puede de ninguna de las maneras ignorar, a nuestro juicio, alguna
de las reflexiones vertidas en esta intervención en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor presidente del Gobierno, el Consejo Europeo de Bruselas celebrado los pasados días 17 y 18 de diciembre, a nuestro entender, tiene como divisa y como aspecto fundamental la consolidación del
proceso de integración de nuevos Estados. No se nos escapa que la adhesión de Bulgaria y Rumania, prevista ya para el 1 de enero de 2007, es un hecho importante, porque refuerza la cohesión en el flanco sur oriental de Europa. Es importante, sobre
todo, porque da la sensación de que Europa no se limita a un club de los países ricos, a un club de los países con más capacidad, sino que integra a países con dificultades, después de la caída del muro, como son Bulgaria y Rumania. También quiero
manifestar nuestra felicitación por el acuerdo de iniciar negociaciones con Croacia, un país independiente que surgió después de un conflicto larvado, un conflicto aún con causas pendientes en el Tribunal Penal Internacional como fue el conflicto de
los Balcanes.
Nuestras felicitaciones por este acuerdo y también por la apertura, con la que estamos plenamente de acuerdo, de la posibilidad de integración después de un largo proceso en el caso de Turquía, al cual luego me referiré.
Queremos felicitar el acuerdo de abrirnos a nuevos países como Bulgaria y Rumania, así como el inicio de negociaciones con Croacia. Para nosotros es importante, porque en el contexto de la adhesión de Bulgaria y Rumania se negociará la
reforma del reglamento que regula los usos lingüísticos de la Unión Europea, con lo cual la posibilidad de oficializar, en este caso, el búlgaro y el rumano implicará también la posibilidad de que la lengua catalana forme parte de ella, cuestión
siempre solicitada por parte de Esquerra Republicana. Es más, la integración definitiva prevista para el 2007 de estos dos países también implica la capacidad de retocar y de abrir el Tratado constitucional.
Le queremos recordar nuestra vieja reivindicación -no hace un año, pero casi- de que el catalán forme parte del 4.10 de ese tratado constitucional. No se llegó a tiempo, pero hubo empeño. No sabremos nunca, y lo digo con toda precaución,
cuál fue la intensidad del empeño, pero nos consta el empeño. A partir de aquí nosotros creemos, sinceramente, que su Gobierno tiene la obligación moral de seguir insistiendo en el 2007 para que la lengua catalana forme parte de este Tratado
constitucional europeo. Creemos que sería un buen momento, y seríamos coherentes con la decisión tomada por su grupo, por nuestro grupo y por el Gobierno, junto con otros grupos de la Cámara. Se han creado las condiciones objetivas -repito-, no
solo para formar parte del reglamento lingüístico, sino también de la carta constitucional, del Tratado constitucional europeo.
Respecto a Turquía, nuestro grupo no tiene una postura firme, clara y decidida, sin grietas, de lo que tendría que ser la integración futura de un Estado complejo como es el turco. Hay razones que añaden complejidad, entre otras el impacto
de su población, 70 millones de habitantes hoy y 85 millones previstos para el 2015, con lo que se convertiría en el país con más ciudadanos, con el mayor impacto demográfico de la Unión Europea, que con el presupuesto comunitario actual implicaría
una cuarta parte de las ayudas comunitarias a Turquía en las condiciones actuales. Somos conscientes de que en el 2014 las condiciones habrán cambiado mucho, sobre todo, porque ya en estos momentos, a partir de 2007, se cierne un cambio en las
políticas de cohesión a partir de la ampliación de los Diez. Luego hablaremos cuando nos refiramos al marco fiscal. Es evidente que las condiciones financieras en las que se integraría Turquía requieren cierta cautela por parte de los diferentes
gobiernos, así como en lo que se refiere a las restricciones fijadas en este Consejo respecto a la libre circulación de personas. Es verdad que, poco a poco, Turquía ha ido cumpliendo las condiciones y principios de libertad, de democracia, de
respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y al Estado de derecho, pero nosotros consideramos que en este Consejo ha habido una laguna, y es la reiterada amenaza del Estado turco ante la situación crítica que existe en Irak.
Demasiadas veces el Estado turco ha amenazado con intervenir directamente sobre Irak si la población kurda de Irak tomara la decisión de ser un Estado federal; es decir, no solo ante la posibilidad de la segregación del Kurdistán iraquí, sino de
concebir un Estado confederal en Irak. No se puede concebir que un país que tiene que formar parte de nuestra Unión Europea tome decisiones unilaterales en lo que respecta a Irak.
Entendemos que en este Consejo se ha hablado poco de la cuestión kurda.
Turquía ha tenido que pasar diferentes filtros de respeto a los derechos humanos, de respeto y reconocimiento del pueblo kurdo, un pueblo que ha sufrido una auténtica
masacre por parte del régimen militar turco. Esta no es la situación actual, pero la Unión Europea, tanto el Consejo como organismos como la OSCE, tienen que estar permanentemente controlando la situación de respeto a los derechos humanos del
pueblo kurdo, que forma parte del Estado turco.
Evidentemente, hay aspectos positivos de la integración y a estos nos queremos referir. Es altamente positivo que en un momento crucial, que se podría definir como choque de civilizaciones -aunque no es nuestro caso-, se integre en la Unión
Europea un país como Turquía, con mayoría islámica. Nosotros consideramos que esto es fundamental, porque significa un ejemplo de convivencia y de entronización en la Unión Europea de una cultura o civilización, si se le quiere llamar así, de
carácter mayoritariamente islámico, aunque en su Estado rigen los mecanismos del laicismo. La Unión Europea no es -así lo entendemos como partido laico que somos- un club cristiano. La Unión Europea nace y se nutre de una cultura y de unos
orígenes que beben de la cultura cristiana, pero también de otras que forman parte de nuestro acervo occidental. Hay que reconocer la importancia de la aportación del cristianismo, pero en ningún caso es solo un club cristiano. Creo que la
integración de Turquía rompe este esquema, pues no es ni un club rico -de ahí la importancia de la integración futura de Rumanía y Bulgaria, así como la integración de los últimos 10 Estados- ni un club cristiano en exclusiva. La integración de
Turquía implica dar un aviso al mundo islámico de que es posible la convivencia política, cultural, financiera y económica, en un marco de cooperación económica y cultural. Este es el reto. La integración de Turquía rompe el esquema de dos bloques
que se intenta crear desde los focos del neoconservadurismo, de los que participan de la teoría del choque. Nosotros no creemos que sea bueno el choque, sino todo lo contrario. Hay que trabajar para llegar a un acuerdo de civilizaciones, para
lograr un consenso y la búsqueda de un espacio común. Siempre hemos defendido que este espacio común es Europa y, en este caso, la intervención turca tiene este aspecto positivo, porque con la entrada de Turquía conseguiríamos fijar un elemento de
estabilización de una zona geoestratégicamente delicada, pero sobre todo porque damos un aviso de convivencia y de creación de un espacio común.
Consideramos importante la declaración de principios básicos comunes para la política de inmigración de los Estados miembros, es decir, para la integración de la inmigración. Este es el reto europeo. Hay países y Estados con una cultura
sobre la inmigración que durante
muchos años han probado diferentes fórmulas y han tenido diferentes experiencias. Muchas veces, ante el reto de la inmigración, desde Cataluña y desde el resto del Estado hemos mirado a Francia. Francia ha tenido el reto de la integración
de la inmigración de origen árabe, de origen africano e incluso de otras partes del planeta. Una política común, unos acuerdos de consenso, la creación de un libro blanco de la integración serían objetivos deseables en esta política común de
integración de la inmigración en Europa, que -repito- también tiene algo que ver con ese gran reto que es evitar el choque entre diferentes civilizaciones. La importancia de Turquía no solo es exterior, es también interior, es un aviso al
porcentaje importante de población europea de religión islámica, que es europea de pleno derecho y que tiene los mismos derechos y obligaciones, y es un factor de consolidación y de integración. A nuestro entender, Europa es un espacio de
diferentes culturas y diferentes religiones. Nos une un modo de ver el mundo, una cosmovisión, una forma de entender las políticas sociales o los mecanismos de relación entre diferentes instituciones y ciudadanos.
Celebramos, pues, esta aportación
de una política común en materia de inmigración.
En materia de asuntos exteriores, queremos hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en Ucrania. En Ucrania la Unión Europea ha tenido un papel importante. Se ha buscado una resolución pacífica a un conflicto que podía ser un foco de
desestabilización en el este. Ha habido una intervención rápida y unificada de la Unión Europea, conjuntamente con otras instituciones y los propios Estados Unidos. Sin embargo, merece una reflexión, que es la que siempre hemos hecho desde
Esquerra Republicana de Catalunya, como partido catalán preocupado por lo que pasa en el Mediterráneo. La rápida actuación de la Unión Europea, de las diferentes instituciones de política exterior de las cuales depende o en las que participa la
Unión Europea en la crisis de Ucrania tiene que hacernos reflexionar sobre el hecho de que muchas veces existe una doble vara de medir cuando se trata de políticas del sur europeo. Toda la atención de la política exterior europea que se centra en
el este, tendría que centrarse también en el sur. Hay un flanco de la Unión Europea, que es el flanco sur, y hay poca política en el flanco sur de la Unión Europea, en la frontera del sur, en el Magreb. Esta es una de las auténticas carencias de
los diferentes consejos y de las diferentes cumbres que se han celebrado. Fíjense la presión que se cierne sobre la crisis de Ucrania. Por el momento celebramos el proceso de resolución de esta crisis con unas elecciones libres y limpias, pero
-repito- falta atención, falta una política concreta con hechos y con compromisos. Es posible que el año 2005, año del Mediterráneo, sea un buen año para reflexionar y para establecer esas prioridades en materia de política del Mediterráneo, con
Marruecos -que por algo es uno de los temas que interesa en esta Cámara-, con Túnez y con Argelia. Son políticas necesarias. Hay un comisario, sí, pero falta atención. Existe la sensación de que la política de fronteras de la Unión Europea se
decide demasiadas veces en Berlín, por eso consideramos que el flanco sur es importante y que es necesario hacer una política de desarrollo y de cooperación a diez años del aniversario del proceso de Barcelona. Urge esta reflexión y urge este
cambio de política en materia exterior con el Mediterráneo.
En cuanto al marco financiero, es evidente que la integración de los diez supone un cambio profundo. Se amplía el 5 por ciento del producto interior bruto europeo y aumenta la población el 30 por ciento. Antes se decía que el Gobierno de
don Felipe González era un Gobierno pedigüeño cuando negociaba los fondos de cohesión. Curiosamente, hace poco tuvimos en esta Cámara una interpelación del Grupo Popular que pedía que el ánimo pedigüeño no solo no desapareciera sino que se
ampliara, que se buscara la fórmula para que en 2007 no se acabaran los fondos de cohesión, el Ojetivo 1 y el Objetivo 2. Podemos compartir la necesidad de buscar mecanismos para la creación de fondos de transición. A partir de 2007, el impacto de
los nuevos países puede crear dificultades para aquellas regiones, aquellos territorios que no hayan llegado a la plena convergencia con la media europea. Sin embargo, en este 0,46 por ciento dedicado a la cohesión también tiene importancia el
proceso de deslocalización industrial. Se habla poco de este proceso, porque más allá de los fondos en materia agrícola, que consideramos importantes y trascendentes, más allá de los fondos de cohesión dedicados a las infraestructuras, la
estrategia de Lisboa se hace más necesaria que nunca. Con la ampliación de los diez corremos el peligro de acrecentar el proceso de deslocalización industrial, y esto implica buscar mecanismos a partir de 2007 para mejorar nuestra competitividad
industrial, para garantizar los procesos de deslocalización que sean necesarios de forma ordenada, manteniendo la capacidad de I+D, de investigación y desarrollo, y de valor añadido. Este es el objetivo para evitar la sensación de que el final de
los fondos de cohesión será en 2007. Del 2007 al 2014 hay que crear las condiciones necesarias -repito- para crear fondos de transición que nos permitan mantener, mejorar si es posible, nuestra competitividad industrial.
También queremos hacer una reflexión porque en materia de terrorismo consideramos que hay que dar un paso importante en la coordinación y en el intercambio de información en el ámbito de inteligencia, la información de la Europol. Nosotros
lo consideramos fundamental porque ese espectáculo que se cernió el 11 de marzo de negar información a otros países no puede continuar ni perpetuarse. Hay que establecer mecanismos más automáticos de intercambio de información en este ámbito a
nivel europeo. Nosotros consideramos que la colaboración que se abre en este Consejo es un paso importante. También creemos que cada día se hace más evidente, cuando se ataca la financiación del terrorismo, que los instrumentos de los cuales se
pueden dotar las diferentes instituciones de la Unión Europea no son suficientes. Si no se abordan los paraísos fiscales, donde trabajan buena parte de las redes terroristas, es muy difícil trabajar contra la financiación del terrorismo. Atacar a
los paraísos fiscales es también un aspecto a terceros y no solo de la Unión Europea. Nosotros creemos sinceramente que este es un tema importante que en las próximas cumbres y en el próximo trimestre hay que abordar. Debemos atacar las
fuentes de financiación ilegales del terrorismo en paraísos fiscales.
Estas son nuestras reflexiones, sobre todo teniendo en cuenta principalmente la importancia de la posible integración, de la apertura de negociaciones con Turquía. Repito, Turquía puede tener aspectos problemáticos en materia de cohesión
social, en cuanto al impacto de una población tan importante como la turca, pero nos ofrece la oportunidad de romper la imagen monolítica de una Europa como un club cristiano. Europa tiene que ser ante todo un marco de convivencia, una pluralidad
de lenguas, una pluralidad de culturas y una pluralidad de religiones. Y este es el futuro, pero no por la ampliación ni por la geoestrategia de países del Magreb, sino sobre todo internamente, porque a nadie se le escapa que la composición de la
población en el Estado español, en Francia y en Italia ha cambiado. Aquí ya no se produce la situación de que hay una sola religión y los que no son creyentes. Aquí hay no creyentes y dentro de los creyentes existen diferentes aspectos religiosos
a valorar, con mayorías, evidentemente, nadie lo niega. Pero la cohesión interna de la población cultural pretende también demostrar que es posible que un país mayoritariamente de fe islámica puede participar de la Unión Europea. Este sería el
objetivo: crear un espacio -repito- de convivencia. Este podría ser un ejemplo de lo que podría ser un mejor equilibrio para el mundo.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, los comentarios al orden del día del Consejo Europeo que nos fueron remitidos a los grupos parlamentarios la semana pasada señalaban que los asuntos estrella del Consejo iban a ser dos: primero, el comienzo de las
negociaciones para la adhesión de Turquía en la Unión Europea y segundo, la posible aprobación de un documento en el que se recogiesen los principios y las orientaciones que iban a guiar la negociación en relación con las perspectivas financieras.
Por tanto, eran dos. Hoy, varios días después de concluido ya el Consejo, seguramente podemos afirmar que de estas dos, la única que realmente ha llegado a adquirir la condición de estrella es la primera, porque la segunda ha dado de sí poco más
que para secundar la propuesta de la Comisión de mantener el límite de recursos propios en el nivel actual del 1,24 por ciento de la RNB de la Unión Europea. En el capítulo de la ampliación, se ha acordado además dar por buena la conclusión de las
negociaciones entabladas para la adhesión de Rumania y Bulgaria, y confirmar el comienzo de las negociaciones para el ingreso de Croacia, en este último caso siempre que se confirme su colaboración en el Tribunal Penal Internacional establecido para
la antigua Yugoslavia. Sobre todo ello, lógicamente, nuestro grupo nada tiene que objetar, pero estos asuntos -es cierto, hay que reconocerlo- han quedado eclipsados por la singularidad y por la enorme relevancia que reviste en todos los órdenes el
caso turco.
Turquía es un país oficialmente laico pero mayoritariamente musulmán, integrado por 70 millones de habitantes en este momento, pero con una proyección demográfica impresionante para los próximos 10 años y con una renta per cápita que
apenas alcanza el 28 por ciento de la media de la Unión, ya ampliada.
A nadie se le oculta, señor presidente, que la incorporación de Turquía, si es que finalmente se produce porque las dificultades puestas en el camino son muchas y muy elevadas, constituiría una auténtica revolución para la Unión Europea.
Una revolución que, amén de tener efectos en el ámbito cultural, afectará probablemente a los fundamentos económicos y a las estructuras institucionales de la propia Unión Europea. Una revolución que tendrá -esto es innegable- una notable dimensión
geoestratégica, aunque probablemente el coste de todo ello haya de ser el de poner en cuestión la coherencia interna de la Unión Europa con su propio proyecto. Es preciso reconocer, sin embargo -ya lo ha apuntado algún otro portavoz con
anterioridad-, que aunque el asunto de Turquía se haya vivido estos días con especial intensidad, lo cierto es que la cuestión turca formaba ya parte de la agenda de la ampliación desde hace algún tiempo. Turquía es ya miembro de la OTAN, lo es de
la OSCE y lo es también del Consejo de Europa, y además es formalmente candidato para acceder a la Unión Europea desde el Consejo de Helsinki, en diciembre del año 1999. Por tanto, era inevitable, no por compromiso de este Consejo sino porque la
cuestión venía ya de atrás, que antes o después se plantease con toda su crudeza la necesidad de adoptar una decisión trascendental sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea.
Señor presidente, ese momento ha llegado ya y mi grupo alberga la impresión de que o no se ha sabido o no se ha querido afrontar este reto con la honestidad y con la valentía que requería la ocasión (no me refiero lógicamente a usted, me
refiero al conjunto del Consejo, que es quien ha abordado el problema), y le voy a decir en qué razones basamos esta impresión de nuestro grupo. En primer lugar, tenemos la impresión -usted me confirmará o me podrá desmentir si la impresión es
cierta- de que se han cerrado los ojos ante las numerosas interrogantes que plantea la adhesión de Turquía frente a la viabilidad futura de las políticas comunes. Señor presidente, ¿se ha medido el impacto que supondrá para la política agrícola
común o para las políticas de cohesión? Conocemos el informe de impacto recientemente elaborado por la Comisión, que estima el coste anual de la adhesión de Turquía para 2025 en un margen que queda entre el 0,1 y el 0,7 del PIB de la Unión. ¿Pero
está usted en condiciones de aclararnos si la incorporación de un
Estado de las características del turco desbordaría o no los límites de estas políticas? El informe lo conocemos, pero probablemente habrá que abordar un estudio más profundo. ¿Se ha abordado este tema en el Consejo en toda su complejidad,
en toda su dimensión? ¿Lo ha hecho usted en sus conversaciones con los líderes europeos? ¿Cuáles son los resultados de estas conversaciones, cuáles son los resultados de los comentarios que a este respecto pueda hacerle su vicepresidente segundo,
que seguramente tendrá documentación e información bien cumplida al respecto? Quisiéramos saberlo porque nos da la impresión de que se ha querido cerrar los ojos en esta materia y remitirnos a lo que pueda venir dado por las circunstancias, que
finalmente pueden resultar más adversas de lo que en un principio pueda parecer.
En segundo término, creemos también que se ha rehuido el arduo debate del sentido del proyecto europeo al que nos emplaza inevitablemente la incorporación de Turquía. Un debate que el presidente turco, Erdogan, planteaba descarnadamente en
los días previos al Consejo cuando preguntaba: ¿Qué es Europa? ¿Es una comunidad de valores o es un club de cristianos? A nuestro juicio, es mucho más lo primero que lo segundo, pero es también una comunidad de valores que se define y que se
esboza estrechamente vinculada a una determinada referencia geográfica. Y, señor presidente, ¿dónde están los límites territoriales de Europa? Si Turquía es Europa, que yo no lo pongo en cuestión, ¿por qué no lo son o no lo pueden ser, Ucrania,
Bielorrusia, Moldavia o cualquier otra de las ex repúblicas soviéticas? ¿Por qué no lo es la misma Rusia, por ejemplo, aunque hoy por hoy parezca que no tenga interés en serlo? ¿Por qué no lo es Marruecos? ¿Por qué no lo son los países sobre los
que se proyecta la política europea de vecindad? Una política europea de vecindad que se esboza, se articula sobre la idea de que los países destinatarios de la misma son países vecinos que no aspiran a formar parte de la Unión, pero que en un
momento determinado puede ser que formulen esa aspiración. Una vez que la Unión Europea se ha abierto a Turquía, señor presidente, ¿se puede decir que queda igualmente abierta a todo el mundo islámico o a todo el territorio asiático? Y si no es
así, ¿con arreglo a qué criterio se definirán en el futuro sus confines territoriales? Me refiero a los confines territoriales de Europa. ¿Tan sólo con arreglo a la decisión, que en un momento pueda ser caprichosa o incluso arbitraria, del Consejo
Europeo o de la Unión Europea? ¿Llegará el momento, señor presidente, en el que será no solo pero fundamentalmente el valor geoestratégico de un país el único determinante para decidir si se le reconoce como europeo o no?
Tampoco, a nuestro juicio, se han querido encarar las serias reticencias de la opinión pública europea a la incorporación de Turquía, donde afloran grandes y preocupantes bolsas contrarias a su integración en la Unión. También en España,
señor presidente, existen estas bolsas. Es fácil, yo veo que es fácil para más de un líder europeo salvar hoy su imagen lanzando mensajes progresistas, abiertos, favorables a la incorporación de Turquía en la Unión Europea sabiendo que entre las
duras condiciones impuestas habrá alguna que antes o después acabará impidiendo que prospere el proceso. Es fácil, señor presidente, lanzar ahora un mensaje abierto, optimista y políticamente correcto sabiendo que probablemente la rebaja vendrá
inexorablemente después o bien de la mano de la posibilidad expresamente prevista en el acuerdo del Consejo de que el proceso pueda verse interrumpido en cualquier momento o bien por las opiniones públicas de los Estados miembros. Piénsese, por
ejemplo, en la francesa, en la alemana, en la austríaca, en la griega o en la chipriota, que si son consultadas en referéndum, como ocurrirá probablemente en más de un caso, solo cabe esperar que den una respuesta negativa. Todo ello, señor
presidente, es fácil hacerlo, pero probablemente es poco responsable. En este contexto tenemos la impresión de que en el Consejo se ha impuesto la inercia de un proceso negociador que, arropado tras la atractiva consigna de la Alianza entre
civilizaciones, que es una consigna positiva y como digo atractiva, ha preferido cerrar los ojos ante las dificultades actuales y demorar la decisión clave, remitiéndose al previo cumplimiento de unas condiciones que son extremadamente duras y
probablemente insalvables o imponiendo unas cláusulas de salvaguarda, incluso permanentes, que sea cual sea el punto de vista desde el que se analicen resultan, a nuestro juicio, difícilmente conciliables con los principios que inspiran la Unión.
Todo ello, insisto, es políticamente muy correcto pero puede resultar poco responsable.
Señor presidente, ¿no se estará alentando, tal y como prevenía el ex canciller alemán Kohl, una expectativa con la íntima condición de que acabará frustrándose? ¿No estaremos jugando con las legítimas aspiraciones de los turcos? Es mucho
lo que ha evolucionado Turquía en cumplimiento de las exigencias impuestas por la Unión Europea. Esto es innegable. Es un dato que todos los indicadores de todos los órdenes insisten en confirmar. Los indicadores económicos han mejorado
ostensiblemente y en los últimos años han abordado numerosas reformas legislativas con objeto de aproximar el régimen turco a la pauta general de las democracias occidentales. Siguen, sin embargo, quedando asignaturas pendientes en ámbitos como el
de la erradicación de las torturas en las comisarías y el respeto a la minoría kurda. El Parlamento Europeo exige además el reconocimiento formal de la realidad histórica del genocidio de los armenios en 1915, algo que está recogido expresamente en
un acuerdo de la Asamblea Nacional Francesa como requisito imprescindible. Fíjese hasta qué límite llegan los condicionamientos que las opiniones públicas y las instituciones de los diferentes países miembros de la Unión van a poner al proceso de
incorporación de Turquía. Nos han satisfecho de manera especial los términos en los que este compromiso se ha esbozado, en el sentido de que las conclusiones de la Presidencia insisten en la idea de que para ser efectiva a largo plazo la respuesta
de la Unión al terrorismo debe abordar sus causas últimas, apuntándose, como se apunta asimismo, el riesgo de que la radicalización y el reclutamiento de terroristas pueden
estar estrechamente conectados, algo que engarza con unos principios filosóficos que usted ha esbozado aquí en esta misma tribuna y en otros foros nacionales o internacionales.
También coincidimos con la máxima que resulta de estas conclusiones, según la cual se afirma que los esfuerzos destinados a luchar contra el terrorismo deberán respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, algo que usted
evidentemente comparte pero que yo mismo he tenido el honor de defender en esta misma tribuna reiteradamente, a veces recabando el apoyo de la Cámara y en otras ocasiones no haciéndolo, como me hubiese gustado.
Nada más por mi parte, señor presidente. Estas son nuestras reflexiones, estas son sobre todo nuestras dudas y nuestras preguntas que, en la medida en que usted tenga respuesta para satisfacerlas, nos gustaría escucharlas, porque los temas
que quedan abiertos son muchos y son, a nuestro juicio, de notable trascendencia y no deben ser obviados.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Erkoreka.
Continuamos con el turno de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene para ello la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, señora presidenta, señor presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds considera que este reciente Consejo Europeo se ha quedado a
medio camino en algo que ha venido a manifestar el Grupo Parlamentario Popular ante esta Cámara y sobre lo que también hemos reflexionado esta mañana con respecto a Gibraltar, y no es otra cosa que la disyuntiva que planteaba en su libro Poder y
debilidad el escritor Robert Kagan. Hemos visto en esta Cámara cómo hay grupos parlamentarios que apuestan claramente por el poder, poder que en Robert Kagan es la demostración de que se tiene fuerza y, por tanto, la prescindibilidad del derecho,
del diálogo, de la negociación, y debilidad asociada a la debilidad en Fuerzas Armadas, a la debilidad en capacidad de imponer y, por tanto, a hacer de la necesidad virtud y utilizar el diálogo y el derecho.
Hoy, en esta Cámara, hemos presenciado cómo el Grupo Parlamentario Popular nos plantea ya un determinado escenario, yo lo he reconocido y, por tanto, voy a trabajar con él, porque es un partido relevante de la oposición conservadora. El
escenario es que, por una parte, en estos momentos la posición del Grupo Parlamentario Popular es el apoyo, dentro de la disyuntiva de Kagan, al poder, a la dialéctica del poder; luego se hace referencia a la seriedad, a la fuerza, no a la
solvencia. La debilidad es la inseguridad, la sonrisa, se pueden ir buscando sinónimos, pero ya sabemos perfectamente entre qué dos opciones políticas nos encontramos: entre la política exterior que defiende el Grupo Parlamentario Popular en este
caso y la que defiende mi grupo parlamentario, que espero sea también una parte de la que defienda el Gobierno y la Unión Europea, porque creemos que en esa disyuntiva sí nos encontramos. Por mucho que queramos poner buena cara a la política
exterior norteamericana nos parece que cada vez se aleja más de una política exterior de diálogo, de paz, de una política exterior de Venus, como diría Kagan.
En el escenario hemos visto otra cosa que a nosotros nos preocupa, y es que el referéndum europeo se entiende como algo que va a marcar un determinado tramo de la oposición política en este país y probablemente marque también un pase de
factura al Gobierno en torno a lo que podríamos denominar el nivel de abstención en ese referéndum europeo. Yo quiero empezar por ahí. Yo quiero empezar, señor presidente, planteando al Gobierno no que revise su decisión de someter a referéndum la
Constitución europea sino que reflexione con respecto al momento en que vamos a votar la Constitución europea. Da la impresión de que no es el mejor momento, da la impresión de que después de las últimas elecciones europeas la construcción de
Europa ha sufrido un revés y da la impresión también de que no solo no es un buen momento para la convocatoria del referéndum sino que los ciudadanos no tienen información suficiente y no hay un debate público. Yo creo que hay la dificultad de
establecer un debate público de aquí al próximo 20 de febrero, fecha de la convocatoria de ese referéndum europeo, no vaya a ser que por el camino nos encontremos ante la renacionalización del debate sobre la Constitución. A nosotros nos gustaría
tener la oportunidad de debatir qué avances se dan en la Unión y qué insuficiencias graves, en nuestra opinión, se dan en esa Constitución europea, pero mucho nos tememos que en la actual situación de desinformación y de falta de una opinión pública
propiamente europea finalmente renacionalicemos el debate y lo que nos encontremos sean diversas interpretaciones no sobre la Constitución europea sino sobre la participación de los ciudadanos en el referéndum europeo, de tal manera que un
determinado nivel de participación legitimaría una opción política estatal -la posición del Gobierno- y una falta de participación en ese referéndum deslegitimaría, en otras opiniones, la posición que mantiene el Gobierno. No vayamos a una
renacionalización del debate, de la cual un trasunto puede ser también el debate que hemos tenido en el día de hoy aquí porque en alguna intervención ha habido más un debate en clave nacional que un debate en clave europea. Mi grupo parlamentario
va a intentar que este debate sea un debate en clave europea, en primer lugar, con respecto a lo que decía antes de la política exterior.
En la Unión Europea y en esta cumbre se ha producido -antes lo decía- una posición a medio camino, sin lugar a dudas por las relaciones de fuerzas que existen entre los Estados miembros de la Unión Europea, por la debilidad de la política
exterior de la Unión Europea, y finalmente ha habido cosas que a nosotros nos han gustado de esta cumbre y ha habido cosas que no nos han gustado tanto. A nosotros nos parece bien todo lo que tiene que ver, y aunque sea simbólico no se ha dicho por
parte de otros grupos parlamentarios, con el respaldo al secretario general de Naciones Unidas frente al ataque que está sufriendo que, en nuestra opinión, no es un ataque menor que tenga que ver únicamente con una determinada gestión de
Naciones Unidas sino que forma parte de la estrategia de deslegitimación del Consejo de Seguridad y de su secretario general. Nosotros estamos de acuerdo, dentro de esa política de Venus, dentro de esa política de diálogo frente a la política del
poder -como diría Kagan-, en ese apoyo a la política internacional, al Derecho internacional y a Naciones Unidas. Sin embargo, nuestra posición no es la misma con respecto a esta cumbre en la cuestión de Afganistán y en la cuestión iraquí, donde no
se dan más pasos que aquellos que reconocen la fatalidad de la estrategia del poder, es decir, cómo la fuerza frente a la debilidad ha creado nuevos problemas y cómo frente a esos nuevos problemas la Unión Europea no hace más que expresar buenos
deseos. No tiene una estrategia alternativa frente a estos desastres, no tiene una política exterior propia que le permita desarrollar esa estrategia alternativa. Sí tengo que decir que ocurre igual, aunque de forma balbuceante, en relación con
otros casos que también se han visto en el reciente Consejo. Uno de ellos es Irán. Recientemente, en esta Cámara el Grupo Parlamentario Popular presentaba una iniciativa para saltarse la negociación entre Europa y el Gobierno iraní e ir
directamente a la presión como una escalada frente a Irán en una presión muy similar a la que se estableció con respecto al gobierno iraquí. Por suerte, la Unión Europea no hace caso de ese tipo de políticas del poder y se ha sumado y ha respaldado
la negociación con Irán. Nosotros saludamos esa iniciativa, al igual que saludamos que en este Consejo de la Unión Europea se haya respaldado también el proceso de paz en Palestina. Nos parece que esos aspectos son importantes. En ese sentido
consideramos que la política exterior seria en estos momentos en Europa y en el mundo no es la política exterior de la guerra de Irak o de Afganistán, no es la política exterior de la animadversión con respecto al Magreb, no es la política exterior
de la nueva Europa que divida a la Unión Europea. Muy por el contrario creemos que la política exterior adecuada hoy en día es precisamente su contraria, la política exterior que respalda a Naciones Unidas y al derecho internacional, también la
reforma de Naciones Unidas, la política exterior que establece un diálogo y no confrontación con Oriente Medio y con otras culturas, que evita el choque de culturas y, por otra parte, una política exterior que también tiene en cuenta la integración
de los ciudadanos que vienen a Europa a sobrevivir o a vivir un poco mejor de lo que podrían vivir en sus países de origen. En ese sentido, también tenemos una cierta insatisfacción, porque la propuesta de integración que hace el reciente Consejo
relega este plan de integración al año 2005, muy mediado el año 2005, con lo cual seguimos avanzando en algunas materias de forma rápida, como es el control de fronteras, pero con respecto a cuestiones que tienen mucho que ver con el futuro de la
convivencia en Europa, como es la política de integración de la inmigración, que se relega para más adelante, en nuestra opinión avanzamos de forma muy lenta.
Quisiera resaltar esta política exterior porque tiene una relación directa con alguna de las críticas que hemos vivido en los últimos meses en la Comisión de Investigación del 11-M y hoy mismo aquí. En opinión de mi grupo parlamentario la
política exterior de la debilidad, curiosamente la política exterior de la sonrisa, del diálogo, de la negociación política, es más eficaz en materia antiterrorista que la política exterior de la fuerza; política exterior de la fuerza que ya
sabemos lo que ha dado en relación con la lucha antiterrorista. Sin embargo, la política exterior de Venus, la política exterior de la debilidad, en palabras de Robert Kagan, da a nuestro país una mejor relación con Oriente Medio, con el Magreb y
con los países centrales de la Unión Europea, entre otros con Francia. Precisamente ahí está, en nuestra opinión, la alianza que debe establecer nuestro país para ser más eficaz en las relaciones internacionales frente al terrorismo. Por ello,
nosotros saludamos los avances que se han producido en los acuerdos en materia antiterrorista, en lo que se denomina el plan de La Haya.
Queremos, porque es la preocupación de mi grupo parlamentario, que esos avances en materia antiterrorista, en materia policial vayan corriendo de forma simultánea a los avances en materia judicial. Hemos visto en esta cumbre muchos avances
en materia policial en relación con Europol, en relación con la información y la inteligencia, pero pocos avances en relación con la política judicial europea, por ejemplo, en una propuesta que está encima de la mesa con respecto al conocimiento de
los antecedentes penales en el marco de la Unión Europea. Nos parece conveniente manifestarlo así, porque creemos que los avances deben ser simultáneos y en el propio Consejo Europeo se hablaba de la lucha antiterrorista preservando los derechos
humanos y evitando el choque de civilizaciones. Esos son aspectos básicos en los que a pesar de que el Consejo se quede a medio camino sí avanza en algunas materias importantes.
De todas maneras, señor presidente, también queremos valorar su declaración en el día de hoy ante esta Cámara. Es verdad que es probable que no tenga que ver estrictamente con el Consejo Europeo, pero nos parece importante que ante esta
Cámara el presidente del Gobierno haya anunciado, en primer lugar, que se ha reunido la Comisión de Crisis; en algunos casos la Comisión de Crisis se reunía y no lo sabíamos, en otros casos se reunía una comisión que no era la de crisis y lo
sabíamos.
Estamos en condiciones de saludar que el presidente del Gobierno anuncie a la Cámara que la Comisión de Crisis se ha reunido con normalidad, sabiendo la seriedad de las circunstancias, pero con normalidad democrática. Por otra parte,
también saludamos que el presidente del Gobierno presente el plan frente al terrorismo, frente a las amenazas; plan que no se aprobó hasta una semana después del atentado del 11-M, plan denominado de emergencia, que en nuestra opinión debería
haberse activado, por supuesto, inmediatamente después del atentado. Nos parece que esta es una información
adecuada, que es importante, que no hay que magnificar, pero que la Cámara merecía tener gracias a la intervención del presidente del Gobierno y no únicamente a través de la información.
Sí queremos decir al presidente del Gobierno y al Gobierno en pleno que no nos utilice como plato de segunda mesa, que no utilice a los grupos parlamentarios de esta Cámara como plato de segunda mesa, que no nos convoque el día 30. Ya hemos
transmitido en la anterior reunión al ministro del Interior que no fuéramos inmediatamente después de la reunión del Pacto antiterrorista, porque da la impresión de que lo que sabemos por los medios de comunicación, ese día nos lo confirma el
ministro del Interior. Tienen ustedes que arbitrar una fórmula más adecuada para hacer compatible su pacto individual con el Partido Popular, que nosotros consideramos insuficiente, pero, en todo caso, es su pacto, con el pacto entre todas las
fuerzas políticas democráticas en el ámbito del Parlamento. El Parlamento no puede ser, como no lo hace usted aquí, plato de segunda mesa ni los grupos parlamentarios pueden ser plato de segunda mesa con relación a la información o a la estrategia
antiterrorista. Por eso le planteo que no nos haga venir el día 30, que al menos coordine esa reunión con la del Pacto antiterrorista o que separemos claramente las reuniones para no tener este tipo de distorsiones que al final llevan a la
redundancia y también a la subordinación del Parlamento y de las fuerzas políticas, a las relaciones entre dos partidos, sean éstas cuales sean.
Al final quería centrar mi intervención respecto a los escenarios financieros, que es el otro gran tema de esta cumbre. En primer lugar, en cuanto al proceso de adhesión de Turquía quiero manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario a este
proceso abierto por muy distintas razones, y podríamos decir, como Ortega, que Europa no es la posada, sino el camino.
Nuestra voluntad es que este proceso se culmine, que se culmine en el tiempo establecido, que se realice con garantías
democráticas, con unas buenas relaciones con Chipre, con unas buenas relaciones internas, pero que se culmine. Estamos convencidos de que es una apuesta estratégica, independientemente de quien la apoye, sea Estados Unidos o sea Gran Bretaña con la
idea de que Europa sea solamente un mercado. La alianza y asociación con Turquía y, finalmente, la adhesión, son buenas para la Unión Europea, que no es un club cristiano y que debe apostar claramente por la integración y por el multiculturalismo,
evitando el choque de culturas, que es un riesgo evidente y esta manifestación de la integración es importante frente a ese riesgo del choque de culturas. Hay otras muchas razones, pero esa es sustancial.
La adhesión de Turquía y ese proceso pone de manifiesto las dificultades de la Unión Europea al mismo tiempo. Pone de manifiesto la insuficiencia, en nuestra opinión, de la orientación actual de la Unión Europea, del funcionalismo europeo e
incluso de la propia Constitución Europea, porque esa ampliación plantea problemas que se han reflejado aquí con relación a la identidad europea que debemos debatir, y aunque no nos preocupa, es un debate importante. Asimismo plantea problemas
respecto a la extensión y los límites geográficos de la Unión Europea, cuáles han de ser y qué compatibilidad tienen con instituciones democráticas, con instituciones representativas, como el Parlamento Europeo, con la capacidad de voto del Gobierno
de la Unión Europea. Todo ello debe revisarse a raíz de esta voluntad de asociación o integración, en el caso de Turquía, pero todo ello pone encima de la mesa también, señor presidente, el problema de la cohesión en la Unión Europea. Un problema
que no es nuevo ni lo será con Turquía, pero yo le recuerdo, señor presidente, que cada vez que ha habido ampliaciones en la Unión, ha habido fondos y políticas de integración para esas ampliaciones, a sabiendas de que ese mercado ampliado provocaba
tensiones laborales y sociales. En esta ocasión es la primera vez que ante la ambición de la ampliación a 25 y de una futura ampliación a más Estados miembros se pretenden disminuir los mecanismos de cohesión en el seno de la Unión Europea. No
aumentarlos, disminuirlos.
No está claro que finalmente el presupuesto comunitario sea el 1,24 por ciento del producto interior bruto, no está claro siquiera que sea el 1 por ciento, con lo cual podemos encontrarnos ante una situación muy difícil
en términos de cohesión territorial en el seno de la Unión Europea. Aquí no vale decir: usted negocie de la mejor forma -que yo lo deseo, que negocie de la mejor forma, desde la debilidad, desde la amabilidad, mejor que desde la fuerza y desde la
guerra; negocie desde la amabilidad política-, pero obtenga el máximo el resultado. El problema es que no se puede poner primero los límites y, luego, decir que se negocie al alza, porque, señorías, los grupos parlamentarios que estamos en esta
Cámara, salvo algún grupo parlamentario -y en concreto el mío no lo ha hecho-, hemos ratificado que los escenarios financieros son a la baja. Lo hemos dicho en el Parlamento Europeo, no nos engañemos en el solitario.
Ratificamos que los escenarios
financieros son a la baja con una ampliación a 10 Estados miembros y ahora pedimos que cada uno de los Estados miembros mejore su situación financiera. Es un absurdo, una contradicción.
Mi grupo parlamentario desearía, en relación con la ampliación europea, que nos replanteáramos los escenarios financieros, que nos replanteáramos la capacidad de tener una hacienda europea digna de tal nombre, que no la tenemos, y que nos
replanteáramos también, junto con los acuerdos de Lisboa, acuerdos que vayan en el sentido del desarrollo y la modernización europea. Eso está encima de la mesa, igual que está encima de la mesa, cuando hablemos con el resto de los países miembros,
sobre todo de los países donantes, el Pacto de Estabilidad. ¿O qué pasa? ¿Que finalmente el Pacto de Estabilidad se va a flexibilizar y se va a hacer rígida la financiación europea? ¿Se va a hacer rígido el escenario financiero? Eso es repartir
muy mal las cargas, repartir muy mal los ingresos y los gastos en el marco de la Unión Europea. Ese es un debate que debemos tener en esta Cámara, un debate que debe informar la posición del Gobierno en torno a los fondos europeos. Señorías, no
nos hagamos
más trampas de las necesarias. Los fondos de cohesión están perdidos porque en el momento en que pudimos hacerlo, en 1999, no aplicamos la cláusula de garantía. En este momento estamos discutiendo de los fondos estructurales y de poco más
en el marco de la Unión Europea. Esas materias deberíamos tenerlas claras para no utilizarlas como arma arrojadiza entre nosotros y para intentar que en el marco de la Unión Europea la distribución territorial sea lo más equitativa posible para ser
de nuevo opinión pública europea; no solamente cuánto me toca a mí, que tiene que ser importante porque nosotros tenemos regiones y comunidades autónomas Objetivo 1 y otras que dejan de serlo por efecto estadístico, sino cuánto le toca a las
regiones Objetivo 1 de la Unión Europea, a las regiones menos desarrolladas, a los países o comunidades autónomas menos desarrolladas y, por otra parte, cuánto le toca también a la política social y a la política de equilibrio en el seno de la Unión
Europea. Esa es la cuestión que deberíamos debatir en esta Cámara y no terminar siempre en el residuo nacionalista de cuánto me toca a mí, me importa un bledo lo que les toque a los demás en esta negociación. La materia es importante, sobre todo
por compromiso con los trabajadores y con la mayoría de los ciudadanos, tanto de los españoles como de los europeos. En todo caso, también tomo nota, señor presidente, de su declaración ante esta Cámara y de que después del próximo referéndum
europeo, si, como en el caso de Turquía, Dios no lo remedia -algunos parece que opinan así-, tendremos una moción de censura sobre la política exterior.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, compartimos con usted el reconocimiento a la tarea llevada a cabo por la Presidencia holandesa a lo largo de estos últimos meses. De igual manera, compartimos la satisfacción por
los acuerdos alcanzados en el pasado Consejo, durante el fin de semana, con respecto a la incorporación a lo largo del próximo año de Rumania y de Bulgaria, así como el inicio de las negociaciones para la incorporación de Croacia. Sin embargo,
siendo muy importantes los asuntos tratados en el pasado Consejo, desde el punto de vista de Coalición Canaria hay tres asuntos que nosotros destacaríamos por encima del resto: uno, que tiene que ver con la incorporación de Turquía, otro que tiene
que ver con la lucha contra el terrorismo internacional y el tercero que tiene que ver con las perspectivas económicas de la Unión Europea para el periodo 2007-2013. Son tres cuestiones importantes que desde nuestro punto de vista tienen una cierta
interrelación, porque del nivel de compromiso que se alcance con la plena integración de Turquía podremos avanzar a un espacio de mayor seguridad, aun a costa de que la integración de Turquía también suponga restar fondos económicos a otros países
en estos momentos en desarrollo en el seno de la Unión Europea.
Estamos hablando de un asunto muy importante. Turquía tiene una posición geoestratégica clave. Turquía es hoy puente entre Europa y el mundo musulmán, y desde esa posición geoestratégica puede posibilitar un encuentro de civilizaciones.
Puede ayudar a incrementar esa posición geoestratégica de Turquía si se amplía el espacio de libertad, de justicia, de respeto a los derechos humanos, de democracia y por tanto de seguridad; y cuando estamos hablando de libertad, de justicia, de
democracia, de seguridad, esa es la prioridad con respecto a cómo se reparten los fondos económicos en el seno de la Unión Europea a partir de las condiciones que se puedan alcanzar con la integración de Turquía al grupo de los 25. Apostamos
claramente por este acuerdo en el seno de la Unión Europea porque hoy desde el entendimiento entre las civilizaciones es como mejor podemos combatir las situaciones de injusticia, de intolerancia, de rencor que se dan en distintas partes del mundo.
El entendimiento entre las distintas civilizaciones será la mejor medicina para poder avanzar en ese espacio de respeto y de mayor seguridad para todos. A pesar de la frialdad y del escepticismo, por qué no decirlo, con que ha sido recibida la
noticia en la mayor parte de los países de la Unión Europea del inicio del calendario de las negociaciones para la incorporación de Turquía, compartimos con el señor presidente que esta es una decisión histórica adoptada en el seno de la Unión. Ya
de por sí todo el periodo preparatorio que ha llevado a cabo Turquía para posibilitar esta decisión adoptada el pasado fin de semana en el seno de la Unión Europea ha sido muy importante. El hecho de que en estos momentos estemos hablando del país
más moderno del islam, que estemos hablando de las reformas que ha emprendido desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, de la abolición de la pena de muerte, de respeto a las minorías, de la apertura
económica o de la incorporación gradual, de la resolución de los problemas con el pueblo kurdo, ya de por sí son una base muy importante que debe de significar una satisfacción para esta Cámara. Queda sin duda un camino muy largo, un largo
recorrido por ver si al final se cumple el objetivo de la plena integración en el seno de la Unión Europea. Son condiciones complejas y muy duras. Tienen que pasar entre diez y quince años de duros encuentros y desencuentros que son los que van a
posibilitar ese entendimiento o ese desencuentro final. Turquía tendrá que afrontar nuevas reformas constitucionales. Algunos Estados de la Unión Europea tendrán que resolver ciertas situaciones complejas que tienen en estos momentos relativas a
sus ciudadanos. Hay una falta de pedagogía para entender la necesidad de la ampliación a este espacio de la Unión Europea.
Concretamente, Francia y Austria están planteando la posibilidad de refrendar esta decisión con un referéndum. Tendrán
tiempo suficiente para llevar a cabo una de las cuestiones importantes de las que se habla como las cláusulas de salvaguardia, con
una labor de diálogo social para hacer pedagogía de la importancia estratégica que significa la incorporación de este nuevo país al seno de la Unión Europea.
Algunos dudan de si la Unión Europea tiene capacidad en estos momentos para absorber a un país que cuando se produzca, si se produce, su incorporación plena puede tener 80 millones de habitantes, puede ser el país más poblado en el seno de
la Unión Europea, un país que además en estos momentos tiene una renta del 25 por ciento de la media de la Unión Europea. Nosotros creemos que es posible que la Unión Europea pueda absorber un país de estas características. Pero para ello tenemos
que avanzar de una forma muy importante en todo el proceso de mayor cohesión de la Unión Europea. A las medidas que se han venido poniendo en marcha a lo largo de los últimos años, como la unión monetaria, a las medidas que han impulsado los ejes
transversales de transporte que permiten una mayor conectividad en el seno de la Unión Europea, a las medidas impulsadas a través de los distintos fondos para lograr una mayor cohesión social y económica en la Unión, hay que añadir un elemento clave
para posibilitar que la Unión Europea pueda en su día adoptar la decisión de incorporar como miembro de pleno derecho a Turquía. Esa clave empieza a vislumbrarse en febrero en España y tendrá continuación en los próximos meses en los distintos
países de la Unión Europea. En la medida en que seamos capaces de que Europa también sea una unidad política, y esa unidad política solamente se puede posibilitar a través de la Constitución europea, a partir de ahí tendremos una Europa más sólida,
más cohesionada política, social y económicamente y estaremos en condiciones, sin ninguna duda, de dar el paso siguiente, de incorporar a un país tan complejo en estos momentos, con una historia y una cultura distinta a la europea como es Turquía.
Ante un asunto tan importante como este, las cláusulas de salvaguardia son necesarias e importantes, tales como las que se refieren al control o restricción a la movilidad de las personas hasta que se produzca el momento adecuado o las que se
refieren a las ayudas agrícolas o a los procesos de los distintos fondos. Al final de este camino podemos encontrarnos con que se habrá conseguido el objetivo en el cien por cien.
Será la mayor satisfacción de todos aquellos que creemos en una
Europa más cohesionada, más potente, más sólida, más equilibrada, donde se avance social y económicamente, con un espacio de mayor justicia y, fundamentalmente, con un espacio de mayor seguridad. Será la máxima satisfacción, pero si al final de
este largo proceso no se produjera el máximo nivel de satisfacción, del cien por cien, porque causas ajenas a la decisión del Gobierno español lo impiden, la decisión de otros gobiernos o las perturbaciones que pueden producirse del no cumplimiento
de algunos requisitos por parte de Turquía, también habremos avanzado de una forma importante. Que un país vecino siga avanzando, siga modernizándose y siga en ese proceso de reformas constitucionales que tienen que seguir avanzando desde el punto
de vista del respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, hará que sea un vecino interesante e importante para seguir siendo un puente entre dos culturas, entre dos civilizaciones, entre dos historias como las que representan
Europa y el mundo musulmán.
Un segundo aspecto que nosotros relacionábamos en principio con este asunto es el que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo internacional. Desde luego, la decisión adoptada en el pasado Consejo es un eslabón más del esfuerzo
conjunto que se viene haciendo para hacer frente, como no puede ser de otra manera, desde una posición globalizada a la lucha contra el terrorismo internacional. Por eso, las decisiones y los acuerdos que tienen que ver con el control de la
financiación a los grupos terroristas o los que tienen que ver con la coordinación y el ejercicio conjunto entre los movimientos de protección civil de los distintos países de la Unión Europea o con el apoyo mutuo que se ha acordado, reforzado en el
sentido de prestarse ayuda mutua, apoyo y solidaridad en el supuesto de sufrir algún ataque terrorista, no cabe duda de que suponen un avance importante en este largo camino que hemos emprendido todas las formaciones políticas democráticas en la
lucha contra el terrorismo internacional.
Permítanme, señor presidente, señoras y señores diputados, no hacer en este asunto política ombliguista sino realista. Permítanme que, hablando de seguridad, hablemos también de Canarias, no desde el ombliguismo sino desde el realismo.
Canarias es el único territorio del Estado -que luego citaré también desde el punto de vista de las perspectivas financieras para 2007-2013- que tiene una singularidad en el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, a nadie le debe extrañar cuando
hablamos de política europea que lo hagamos específicamente de Canarias, porque Canarias tiene esa especificidad no de forma gratuita, sino porque la geografía nos ha colocado a 100 kilómetros del continente africano, a más de 1.000 kilómetros de la
parte sur de la Península, en una situación de paso entre tres continentes, en un territorio fragmentado, siendo frontera sur de Europa y con unas condiciones absolutamente diferentes de las del territorio continental. Si tenemos esa situación
geográfica especial, si somos la frontera sur de Europa, si somos el territorio más alejado del Estado español, necesitamos, señor presidente, un plan especial e integral de seguridad para Canarias. Canarias no puede seguir siendo un coladero por
mar y por aire. Todavía hoy no se ha concretado una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita y no se puede concretar cuántos de los 700.000 irregulares que viven en el Estado español residen en Canarias. No se puede concretar la cifra, pero
se cuantifican por decenas de miles, alrededor de 30.000, las personas que viven en Canarias en situación irregular. Algunas han llegado por mar, y no es lo más importante aquello que más llama la atención por la espectacularidad de ser los que son
atrapados por las mafias para llegar a través de pateras a Canarias, sino aquellos que entran por la vulnerabilidad de nuestras costas y, fundamentalmente, por la vulnerabilidad de nuestros aeropuertos. En ese sentido, señor presidente, en cuanto
al plan especial de activar medidas de seguridad del que
usted habla, el Gobierno tiene que profundizar en cómo plantear un plan integral de la defensa de Canarias, de la salvaguarda de Canarias y de sus costas. Estamos hablando de la seguridad de Canarias, por lo tanto de la seguridad del Estado
español y de la seguridad de Europa.
Al archipiélago canario no se le puede defender con 5 patrulleras de la Guardia Civil, dos helicópteros y alrededor de 120 personas dedicadas a esta tarea. Es imposible. En una dimensión tan extensa como el archipiélago canario, con esa
situación compleja desde el punto de vista geográfico, deben articularse otros medios que permitan garantizar la seguridad de esta parte del territorio europeo y del territorio español.
En ese sentido, señor presidente, nos gustaría que hubiera
algún compromiso de avanzar en ese plan integral de seguridad de Canarias. Que conste que no vamos a aprovechar situaciones que pueden ser anecdóticas, como las del pasado fin de semana, no les vamos a dar más importancia de la que tienen, pero
deben ser un toque de atención para que en un lugar como el archipiélago, al que llega gente de todo el mundo y en el que el primer soporte económico es el turismo, no corramos ningún riesgo de alarmismo por no tener garantizado el control en el
archipiélago canario con un plan de seguridad.
Hay otro asunto que nos parece relevante, no por los acuerdos alcanzados el pasado fin de semana, porque lo que se ha establecido en ellos han sido las bases y el calendario para la discusión en el transcurso de los próximos seis meses, sino
por las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2007-2013. Va a ser una larga batalla, porque todos aquellos que tienen que aportar recursos, como es lógico, querrán aportar lo menos posible, todos aquellos que en estos
momentos reciben fondos de la Unión querrán mantener los que están recibiendo en las mismas cantidades en que los han venido percibiendo, y los que se incorporan demandarán un compromiso solidario de la Unión Europea para acogerse al carro del
progreso que ha conseguido la Unión en los últimos años.
En cualquier caso, el presidente del Gobierno cuenta con el apoyo de Coalición Canaria para defender que la reducción de fondos al Estado español se haga de forma gradual. Nos parece que esa es una línea acertada para ir acomodando la
situación financiera, desde la perspectiva del Estado, a una nueva situación económica que permita ir avanzando a todos los que se incorporan de forma novedosa a la Unión Europea, sin llevar a cabo un recorte drástico de las inversiones de los
fondos en aquellos países que en estos momentos todavía no alcanzan el cien por cien de la situación ideal dentro del seno de la Unión Europea. En este sentido, señor presidente, si me permite, quiero también hacer especial énfasis en el tema
canario por la circunstancia a la que antes hacía referencia, porque somos los únicos que tenemos una consideración especial, tan especial que nos gustaría que el Gobierno español se comprometiera a defender el acuerdo de la Comisión Europea. Este
acuerdo parte de la base de que a pesar de la pérdida de la condición de región Objetivo 1 de las regiones ultraperiféricas, y dado que los problemas que tienen estas regiones no son coyunturales sino estructurales y, por tanto, necesitan fondos en
el tiempo para seguir haciendo frente a sus principales hándicaps, que son el aislamiento, la fragmentación territorial y la lejanía, se deben mantener unos fondos especiales, los fondos RUP, dedicados a las regiones ultraperiféricas, en una cuantía
similar a la de los que se venían percibiendo en la anterior condición de región Objetivo 1. Este acuerdo, como saben SS.SS. y como sabe el presidente del Gobierno, está aprobado por la Comisión, pero será en esta amplia batalla que se va a dar a
lo largo de los próximos seis meses cuando tengamos la posibilidad de hacerlo valer. Señor presidente del Gobierno, nos gustaría que, tal como ha venido haciendo tradicionalmente con los compromisos que ha adquirido desde la investidura y que se
han venido cumpliendo, en este nuevo aspecto, que es esencial para Canarias, el Gobierno se comprometiera a plantear este tema con la máxima energía.
Para finalizar, quiero mostrar de nuevo nuestra satisfacción por los acuerdos alcanzados en el pasado Consejo. Es un paso más desde el punto de vista de la consolidación del proyecto de construcción europea. Es un paso importante que nos
abre el puente entre la civilización europea y la musulmana. Este puede ser un camino muy interesante para parte de los conflictos que tenemos hoy abiertos en el mundo y fundamentalmente puede ser un camino interesante para intentar lograr un mundo
más desarrollado, con menos diferencias sociales, con más justicia, con más libertad y, por tanto, con más seguridad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rivero.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, que se reparten el señor Rodríguez Sánchez, el señor Labordeta y la señora Lasagabaster, por 7, 5 y 5 minutos, respectivamente.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, como representante del Bloque Nacionalista Galego, lo primero que me ha llamado la atención de su intervención ha sido el énfasis que ha puesto en su prólogo o introito sobre el modelo económico y social de la
Unión Europea y la urgencia que sin duda campea entre los círculos políticos más concéntricos de la Unión de aumentar la competitividad y la productividad. Tengo que decirle que desde nuestra perspectiva y por experiencia sabemos que cuando se
habla de competitividad y de productividad estamos hablando siempre de políticas de desmantelamiento, de políticas de cuotas, de recorte de salarios, de precarización o incluso de privatizaciones. No vamos a hablar de los últimos acontecimientos en
el Estado español en relación con Izar, que tenían precisamente estos emblemas, el emblema de la competitividad y de la productividad.
Le digo esto porque creemos sinceramente que hay una contradicción entre los valores democráticos que la Unión Europea muchas veces expresa para fuera y el modelo económico que está imponiendo, que hace inevitable que esos valores a los que
usted se ha referido de tipo medioambiental o bien los valores de creación de empleo sean continuamente secundarizados.
Lo mismo ocurre cuando se habla del espacio de libertad, seguridad y justicia, que en este caso también ocupa, aunque sea de forma tangencial, una parte importante del Consejo Europeo de Bruselas. Esta contradicción es especialmente visible
cuando ustedes hablan de los derechos humanos, de la acogida de inmigrantes y al mismo tiempo se habla del blindaje de fronteras con métodos que no solamente son expeditivos sino que en muchos casos afectan a gran parte de los Estados del norte de
África, que sirven algo así como de centro de internamiento o de salón de espera para ver si se puede entrar o no, o si hay que devolver a estos inmigrantes al país de origen. En todo caso, sabemos que ese es un problema objetivo de difícil
solución. Es más preocupante, cuando ustedes hablan de espacio de libertad, seguridad y justicia, distinguir bien el combate contra el terrorismo de un pretexto para hacer una política involutiva que sería muy preocupante en ese sentido. Por lo
tanto, nada tenemos en contra de que ustedes, a través de comisiones de crisis, tengan el sentido de que hay momentos que puedan ser delicados en la situación política de un Estado. Sin embargo, sí le llamamos la atención sobre el hecho de que no
debemos involucrarnos continuamente en una especie de guerra sin fin contra el terrorismo como algo anónimo, sin definición e incluso sin tener en cuenta no sólo su causalidad sino también, lo que es mucho peor, su posible manipulación. Y esto en
términos políticos es muy importante.
En todo caso, y es el tercer elemento del introito al que me voy a referir, hay un tercer pilar de la Unión Europea que es lo que ustedes llaman política de solidaridad. Yo pertenezco a un país que seguramente va a continuar, por desgracia,
dentro de lo que llaman regiones Objetivo 1. Hay que decir con claridad que el porcentaje de recursos del PIB que emplea la Unión Europea en políticas de solidaridad, aunque sea el 1,24 por ciento, es muy escaso. En todo caso, este no es solamente
el problema, sino que además muchas veces las inversiones de estos fondos no se hacen para un desarrollo igual y competitivo de esos países, sino simplemente se les mantiene en una especie de especialización no competitiva. Yo he escuchado decir a
muchos campesinos de mi país que van a pedir al Proder y les dan dinero para una casa rural, pero para integrar población en el campo y producir en absoluto, eso está desechado. Por lo tanto, creo que no es solo un problema de fondos sino también
de cómo se invierten para que realmente provoquen que haya una homogeneidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social.
Por último, el importante tema de la política internacional. Para nosotros, señor presidente -y este es uno de los motivos fundamentales de nuestra oposición al Tratado constitucional-, la política internacional de la Unión Europea está
basada exclusivamente en la aparente imposición o interferencia de sus valores en relación con otras partes del mundo para justificar sin duda alguna muchas veces la expansión del mercado y la expansión de los intereses. En concreto, esto explica
por qué razón se dieron tanta prisa en asimilar a todos los países ex socialistas, del socialismo real, con una cadencia sorpresiva; cómo todos tienen que entrar primero en la Organización del Atlántico Norte y después, en todo caso, en el Mercado
Común Europeo, lo cual es significativo de la interferencia importante que tiene la alianza transatlántica en la Unión Europea, y cómo ahora el caso turco también se hace prioritariamente por esa cuestión. Eso no tiene que llevarnos a plantear que
Turquía no entre, porque al fin y al cabo esto no es un club de privilegiados, es un gran mercado -nosotros ahí no tenemos ningún juicio de valor negativo-; pero sí tiene que llevarnos a preguntar cuáles son los límites de la Unión Europea, si es
que esto es una unión política, porque está claro que Turquía no es geográficamente Europa. ¿Cuáles son los límites de esa política de vecindad que consiste en interferencias en Estados ex socialistas como Ucrania, o los continuos mensajes,
sospechosos, que hacen ustedes en relación con Bielorrusia? ¿Cómo hacer todo esto sin clarificar cuál va a ser el papel de Rusia -un gigante- en estas relaciones, que por cierto es tan europeo como Ucrania, como Bielorrusia o como Moldavia y desde
luego más europeo que Túnez o que Marruecos?
Por todo ello, señor presidente, a nosotros nos parece que esta política tiene un grado de ambigüedad y de opacidad que no está suficientemente clarificada; sin embargo, en la reunión, larvadamente, hay algunas cuestiones que sí tienen
bastante interés, si se desarrollasen. Por ejemplo, ¿por qué y quién tiene tanto interés en las relaciones con Irán? ¿Es el interés energético, es la posibilidad de una política multilateral, es la posibilidad de crear realmente ámbitos de
relaciones que equilibren el mundo? ¿Por qué no hay más atrevimiento en relación con el Irak ocupado? ¿Es que ustedes tienen alguna certeza de que las elecciones van a lograr un proceso político amplio e integrador? Imposible. Un país ocupado y
en guerra no puede provocar un proceso electoral amplio ni integrador. ¿Por qué razón no ha hablado usted más de qué está pasando con Kofi Annan, ahora molesto y al principio tan del agrado de Estados Unidos? ¿Cuáles son las viabilidades y la
contribución de la Unión Europea a esa política multilateral, como una posible reforma de la ONU? Señor presidente, a nosotros nos parece que la mano del socio transatlántico sigue siendo muy alargada y se nota excesivamente en las conclusiones.
La estrategia europea de seguridad: la OTAN es insustituible y ha hecho una asociación estratégica con ella que no se puede discutir. Y la escenificación de un reencuentro con Bush esperemos que no sea precisamente para aceptar a rajatabla su
política, sino que sea simplemente para tener un encuentro entre iguales y no otra cuestión.
Acabo con la siguiente reflexión, señor presidente. Creo que la Unión Europea tiene un grave problema, que no es el problema subjetivo de que muchas personas piensen que efectivamente hay que externalizar o llevar al resto del mundo la
democracia y los derechos humanos, lo que podría ser discutible según cómo se conciba. No, eso es incluso positivo y yo creo que hay gente que lo cree, igual que cree que la Unión Europea es un espacio privilegiado de democracia, libertad y
derechos humanos. Pero hay una cuestión que falla, y es que el modelo económico-social va a seguir contradictorio con esos principios, y ahí va a haber un abismo insalvable que acabará creando una crisis. En todo caso, quiero acabar diciéndole que
en el próximo referéndum del Tratado constitucional lo más importante no va a ser el resultado, sea cual sea. Lo más importante va a ser si el debate previo se hará con pluralismo, con igualdad y sin utilizar el Tratado constitucional como un arma
arrojadiza, cuestión a la que nos tuvieron acostumbrados muchas veces, por ejemplo, con la Constitución española.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Continuamos, señor Labordeta, con el turno del Grupo Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías, en el último Consejo han tratado dos temas, según usted: la revisión de la estrategia de Lisboa y el marco de La Haya. Usted mismo ha reconocido que los objetivos de la estrategia de Lisboa quedan bastante lejos
de lo que se esperaba: ahí está la creación de la sociedad del conocimiento, ahí está la generación de empleo, ahí está la política de medio ambiente, y mientras ustedes discutían en Bruselas, en Buenos Aires veíamos cómo se impedía llevar adelante
una política de medio ambiente importante. Se estaba negociando mal. En el espacio de La Haya ha habido tres temas, que son libertad, justicia y seguridad, y deberíamos tener mucho cuidado porque la seguridad acaba siempre, lo estamos viendo sobre
todo en Estados Unidos, con la justicia y acaba con la libertad. Esto me preocupa mucho porque en nombre de la seguridad vemos cómo en Estados Unidos se está acabando con esos dos valores importantísimos que son la justicia y la libertad. Esas son
prioridades básicas, y no habría que caer en esa especie de obsesión de quitar la libertad y llegar a situaciones como las que estamos viendo en las prisiones de Estados Unidos, donde la justicia está absolutamente olvidada.
Otro tema importante que se ha tratado en este Consejo ha sido la ampliación de la Unión de quince a veinticinco. Hace tres años que varios diputados españoles fuimos invitados a Bruselas, y en una reunión, planteándose el problema de la
ampliación, los países importantes, los países poderosos económicamente fueron muy sinceros. Dijeron que ellos no pensaban elevar las ayudas a los países que teníamos problemas económicos y que a la hora de la ampliación no se pensara que iban a
ampliar más la ayuda y que con la ayuda que existía, con lo que se repartía, teníamos que sobrevivir. Se vaticinan tiempos complicados, tiempos difíciles y habrá que matizar, de una manera muy clara, cuáles van a ser las ayudas que nos van a llegar
a los españoles.
Usted ha dicho que en este Consejo ha habido optimismo. Me parece que hay algo que no es muy optimista, que es el caso de Turquía. Hay ya dos países que se están planteando el referéndum. La entrada de Turquía está planteando problemas en
países como Austria y Francia, que van a plantear un referéndum. El referéndum es siempre muy delicado porque ¿qué se va a preguntar, se va a aceptar a Turquía? De entrada hay una especie de rechazo por la cultura islámica y el referéndum va a ser
negativo para esta visión optimista que ustedes sacaban de este Consejo.
Estoy de acuerdo con las relaciones exteriores que mantienen. No entiendo la obsesión de los señores del Partido Popular, que siempre nos sacan aquí a Chavez y a Castro. Hace muy poco tiempo estuvo usted con el señor Chirac en mi pueblo,
en Zaragoza, y parece que lo han olvidado. Parece ser que el señor Chirac no estuvo, no vino, y salió en alguna foto.
Tienen verdaderamente una obsesión sobre Chavez y Castro. Lo hemos dicho muchas veces. Hay diputados que han defendido aquí
abrir el camino a Castro, no encerrarlo, y precisamente los resultados se han visto muy pronto: alguno de los intelectuales que estaban detenidos han salido a la calle y están en libertad y posiblemente el país va a poder cambiar y caminar, que es
lo que esperamos fundamentalmente. Respecto a las relaciones exteriores de la Unión Europea, ha sido muy importante el compromiso con Iberoamérica y, sobre todo, conseguir que Ucrania no se haya visto envuelta en una guerra civil. Ucrania estuvo a
punto de enfrentarse en una guerra civil y yo creo que fueron los enviados -el ministro de Asuntos Exteriores, por llamarlo de alguna manera, el señor Solana, que estuvo en el pacto, y algunos representantes, por ejemplo el presidente de Polonia,
etcétera- los que hicieron que, en lo que en principio podría ser un enfrentamiento civil, se fuera rebajando el tono y en estos momentos nos encontremos frente a unas elecciones, que ojalá den una victoria clara y rotunda a quien se la merezca y
que no haya esta sensación negativa que hay.
Usted ha hablado finalmente -y con esto quiero terminar porque creo que después de todo lo que se ha dicho aquí es imposible añadir más- del problema del terrorismo. Durante seis meses aquí se ha reunido la Comisión del 11-M y hemos ido
viendo cómo poco a poco un terrorismo nuevo nos está invadiendo, un terrorismo nuevo muy difícil de concretar, muy difícil de conectar. Los propios servicios de Policía, del CNI y de la Guardia Civil tienen enormes dificultades, porque son células
muy reducidas, que viven normalmente entre nosotros, que tienen pequeñas tiendas, oficios, etcétera, y conectarlos es francamente difícil. Da la sensación de que las medidas que usted propuso en su comparecencia
en la Comisión del 11-M son las que ha llevado al Consejo de Europa y que se van a adelantar.
Vuelvo a decir que me parece que hay que tomar estas medidas muy en serio.
Hay un informe del señor de la Morena, creo que del mes de julio, en el que se dice que la situación del terrorismo islamista es dramática porque no sabíamos dónde
nos estábamos metiendo. Nos parecen muy bien todas estas medidas de seguridad: la agencia de seguridad, aumentar los servicios de la Policía y de la Guardia Civil, conectar -que es lo que hemos visto en la Comisión del 11-M- las informaciones de
las dos fuerzas, la Policía y la Guardia Civil, para que se puedan entender.
Hemos visto el escándalo en relación con los confidentes, pues lo que un confidente decía a la Guardia Civil no se lo decía a la Policía, con lo cual el desconcierto era
bastante grande. Creo que por ahí vamos a dar un paso muy importante, a pesar de que ese terrorismo es verdaderamente difícil de conectar y de controlar, porque es un terrorismo que en principio no existe, no hay una organización, no hay un
ejército de liberación, no hay jefes, no hay nada, y de pronto aparece.
Yo creo que hay que ser optimistas. Esperamos que el caso de Turquía, que es lo que más se ha discutido aquí esta tarde, se vaya solucionando poco a poco, que los referéndum de Austria y de Francia no detengan el camino de Turquía hacia
Europa. Sería un paso muy importante que un país de religión musulmana, aunque no sea islamista, entrara a formar parte de Europa, con lo cual se rompería ese enorme veto, ese enorme rechazo que hoy día muchos países europeos sienten por el islam y
por su gente. Son cosas importantes que usted tiene la responsabilidad de sacar adelante con el ministro de Asuntos Exteriores, al que siempre vapulean mucho.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Labordeta.
Para finalizar el turno del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos asistido a un interesante debate con relación a las esencias de lo que es Europa o el proyecto europeo al socaire de la llamada ampliación, más especialmente en el caso de Turquía. Yo tendría que decir, en reflexión
personal, que si hay algo que identifique a Europa es la defensa de los derechos humanos. Para mi persona y para mi partido, el elemento clave del proyecto son los derechos humanos; derechos humanos que se evidencian en los derechos individuales,
en los derechos colectivos, en el derecho a la cultura, en el derecho social, es decir, la igualdad, la solidaridad; cuando hablamos de marco financiero estamos hablando también de derechos humanos, de derecho a la igualdad y a la solidaridad entre
los ciudadanos de la Unión Europea. Para nosotros, esta es la reflexión clave.
En relación a Turquía, unas pinceladas. Nosotros creemos que sí, independientemente de otras consideraciones, siempre y cuando haya una defensa clara de los derechos humanos, el reconocimiento del derecho del pueblo kurdo y de otros
pueblos. Hay que decir que hoy en día esto no se produce de esta manera; el informe del Parlamento Europeo lo dice claramente porque señala que cualquier acercamiento a Turquía o cualquier tipo de negociación tiene que reconocer abiertamente los
derechos del pueblo kurdo. Simplemente un dato, hoy un partido kurdo no puede tener una denominación kurda, no puede utilizar el lenguaje kurdo, no puede tener una sede en el territorio del pueblo kurdo, tiene que ser en Ankara, y no puede
relacionarse, afectarse o dirigirse a los problemas de los kurdos. Tremendo. Esta es la Ley de Partidos Políticos en Turquía, y no hablaremos de lo que ocurre aquí. Para nosotros esta es la clave del asunto, sin ocultar temas como la dimensión
poblacional -70 millones de personas-, el problema institucional, el problema geoestratégico, que nosotros también lo tenemos en relación a Turquía, y otra serie de consideraciones que se irán viendo a lo largo de las negociaciones, pero la clave de
cualquier elemento a la hora de ampliación y de hablar de Turquía es derechos humanos.
Nos congratulamos de que se cree una agencia europea de derechos humanos, nos parece importante; nos congratulamos no solamente del apoyo que se ha dado al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, sino de que se haya mencionado
ese informe del grupo de alto nivel que nos parece muy relevante. Este Parlamento tiene que hacer una reflexión profunda sobre las 101 medidas que se han establecido en ese informe, tiene que llegar a unas conclusiones sobre qué se entiende por
terrorismo, por legítima defensa, por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, etcétera.
También nos congratulamos -aquí no se ha dicho pero a mí me gustaría resaltarlo- de que en esas conclusiones de la Presidencia se haya hablado de la
dimensión social de la mundialización. Es importante -no lo ha dicho el presidente, aparece en las conclusiones- entender la necesidad de reflexionar sobre el problema de la globalización con relación a esa dimensión social, esa contraparte en la
globalización.
Hablamos también de derechos humanos cuando hablamos de la lucha contra el terrorismo en la preservación de los derechos fundamentales y las libertades clave de cualquier ciudadano. En este sentido a nosotros nos parecen correcta todas las
medidas a largo, medio y corto plazo: la colaboración en inteligencia, la colaboración en información, la colaboración con Europol, Eurojust, con jueces, magistrados, fiscales, etcétera. Nos sorprende que el Gobierno se niegue tan tajantemente a
que en esta colaboración puedan participar, por ejemplo, la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra; nos sorprende más cuando recientemente su propio partido en Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi, ha admitido que esta es una cuestión de eficacia,
que es una cuestión clave de colaboración y lo han apoyado; nos sorprende todavía más cuando incluso el director de la Policía, hoy, fuera uno de los abanderados de la colaboración de la Ertzaintza en foros operativos policiales. Lo dejamos ahí,
espero que reflexionen pues nos parece interesantísimo.
Tercera reflexión, derechos humanos también en relación a la libertad.
Este es un tema que no lo dice una -entre comillas- peligrosa nacionalista vasca, sino reflexiones que se han dicho en esta casa, en el Club de Madrid, reflexiones de
gobernantes y ex gobernantes a nivel mundial, sobre cómo pueden afectar determinadas medidas de lucha contra el terrorismo a la calidad de la democracia, no decimos que desaparezca la democracia, pero que puede afectar a la calidad de la democracia.
Una segunda reflexión que habría sido necesaria en la contraparte de las medidas en la lucha antiterrorista.
Un tema que nos ocupa de manera importante en política exterior: el código de conducta de exportación de armas. Sabe que es un tema que he seguido de manera clara. Por ejemplo, el Gobierno español podría auspiciar, como lo hizo Canadá, un
tratado en materia de minas antipersonas, que realmente regulara el comercio de armas ligeras en el año 2006 y que estableciera la revisión del código de conducta en lo que se refiere al embargo, a las relaciones exteriores que, por ejemplo, afectan
de manera muy sustancial a China. China se menciona en las conclusiones -no diré todo lo que se menciona-, pero nos ha sorprendido, en relación con el comercio con China, que el Gobierno español haya sido más cercano a que se pueda realizar,
mientras que las opiniones públicas y gobiernos de otros Estados miembros en la Unión Europea tienen más reticencias a la vista de los todavía negativos informes que se nos van presentando en materia de defensa de los derechos humanos. Nos
sorprende y es una cuestión que la dejamos para que nos la pueda explicar, si le parece oportuno.
Una cuestión también importante hace referencia al marco financiero. No vamos a suscitar ahora la reflexión, pero es un tema del que hay que hablar sin demagogia, de manera clara para ver qué podemos afrontar y qué necesidades tenemos; hay
que tratar de encontrar una solución cómoda para todos en relación con las diferentes situaciones de Objetivo 1 y de Objetivo 2, diferentes situaciones de reconversiones industriales, etcétera.
Señor presidente del Gobierno, nosotros, seguiremos insistiendo en lo que se refiere a la función clave que tiene que tener Europa en la prevención de conflictos, en todo lo relativo a la agencia europea de derechos humanos, al papel que ha
realizado en Irán, al papel que pueda realizar en Naciones Unidas, a un orden jurídico internacional con reglas claras y concretas para que no nos pase lo que nos ha sucedido en el pasado en relación con esa falta de papel unitario de la política
exterior europea.
Podríamos hablar del secretariado exterior de la Unión Europea, cómo se va a realizar, qué va a pasar con los ministerios de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, hay muchas cosas de las que hablar, temas funcionales, temas
concretos; realmente nos parece que esto da de sí para muchas más reflexiones, si quieren en público si quieren en privado. En todo caso, nosotros estaremos dispuestos a coadyuvar en el sentido del valor de los derechos humanos como pieza clave
para todo lo que se refiere al proyecto europeo. Valor de derechos individuales, valor de derechos colectivos -si no hay derechos colectivos se anulan los derechos individuales de cada persona a su lengua, a su cultura, a su pueblo- y valor de los
derechos sociales en el equilibrio, en la solidaridad, en definitiva en la comodidad, de un proyecto común al que aspiramos todos.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Finalizamos este primer turno de intervenciones con la del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Tiene la palabra el señor Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, quisiera comenzar por agradecer la presencia del presidente del Gobierno en esta Cámara, una presencia que últimamente viene siendo
constante y habitual. Junto a ese agradecimiento, quisiera empezar por mostrar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por las decisiones alcanzadas en el Consejo de Bruselas los pasados días 16 y 17 de diciembre. Como ha hecho alguno
de los intervinientes anteriores, me referiré en esta intervención a tres temas fundamentalmente: hablaré de la política antiterrorista, hablaré también de las negociaciones para la adhesión de Turquía y finalmente de las perspectivas financieras
para el periodo 2007-2013.
Empezaré por hablar de la política antiterrorista para mostrar la satisfacción de mi grupo por los avances que nos ha relatado el presidente del Gobierno en materia de colaboración entre los distintos países de la Unión en la lucha contra el
terrorismo, en particular de lucha contra el terrorismo de carácter radical islamista. Es una colaboración que nos decía el presidente del Gobierno que se ha concretado en el proceso de elaboración de una estrategia y de un plan de actuación a
largo plazo sobre radicalización y captación de terroristas, que se ha concretado también en el repaso de las medidas que los distintos países han puesto en marcha en ejecución de lo que se conoce como programa de La Haya y que finalmente ha
supuesto la revisión semestral del plan de acción aprobado en junio de 2004 por la Unión Europea. Nos congratulamos, pues, con el avance alcanzado en esta cumbre en materia de política contra el terrorismo y nos congratulamos muy significativamente
del papel que España ha ocupado en este avance.
Agradecemos al presidente del Gobierno la información que nos ha dado en relación con el plan de medidas para la prevención y protección de los ciudadanos que el Gobierno va a poner en marcha en los próximos días. Lo agradecemos muy
sinceramente porque creemos que es un derecho de esta Cámara estar informados de este tipo de planes y, más allá de esta Cámara, creemos que es un derecho de los ciudadanos. El presidente del Gobierno, sin alarmismo, ha dado una información que los
ciudadanos merecen tener, por tanto, mi agradecimiento y el de mi grupo, señor presidente, es doble. Agradecemos también la voluntad que el Gobierno ha mostrado una vez más en esta tribuna para tratar el tema del terrorismo
como un tema de Estado, por eso la convocatoria del Pacto Antiterrorista y por eso la convocatoria de la Comisión de secretos oficiales de esta Cámara, en la cual el conjunto de los grupos parlamentarios vamos a tratar, junto con el
Gobierno, medidas y estrategias a compartir para luchar contra el terrorismo, contra el de ETA y también contra el terrorismo radical islamista.
Déjenme que les diga que en este punto coincido con el líder de la oposición -hoy una vez más ausente durante mis intervenciones- cuando dice que es verdad que buscar la colaboración en Europa contra el terrorismo exige confianza en los
gobiernos y en las políticas de los gobiernos. Coincido plenamente con el señor Rajoy, es importante que los gobiernos de la Unión Europea tengan confianza en nuestro Gobierno a la hora de reclamarles colaboración para luchar contra el terrorismo
internacional. Voy más allá, coincido también cuando dice que esta confianza es especialmente necesaria en dos aspectos: en lo que se refiere a la política internacional y en lo que se refiere al tratamiento que el Gobierno da sus Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Unicamente le haría dos precisiones. La primera, que puestos a hablar de política internacional y de cómo una política internacional sana colabora a una mejor relación con los países de la Unión Europea en materia
de terrorismo, cabría preguntarse en esta Cámara si la que practicó el Gobierno anterior es mejor o peor que la que practica este Gobierno. Mi conclusión es inequívoca: es mucho mejor esta, porque esta política internacional une a los países de la
Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, mientras que la suya, señores del PP, los dividía. Esa es la realidad. (Aplausos.)
En segundo lugar, y puestos a hablar también de las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no voy a entrar en el juicio de valor que el señor Rajoy ha hecho sobre los informes de la policía. Ya sé que no les gustan
los informes que no dicen lo que ustedes quieren que digan. No voy a entrar en eso, en esas descalificaciones gratuitas que hacen ustedes sistemáticamente de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando dicen algo que a
ustedes no les conviene, pero sí voy a retener brevemente algo que ha dicho el señor Rajoy, y también coincido con él: es importantísimo tener en cuenta los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Importantísimo leerlos, señores
del PP, y aplicar lo que dicen esos informes, algo que algunos hemos echado de menos en el pasado, por lo que sabemos estos días después de los trabajos de la Comisión del 11 M; leerlos y aplicarlos, señores del Partido Popular. Eso es lo
importante de los informes policiales.
Paso, señor presidente, al segundo tema, el de la negociación para la adhesión de Turquía. Vaya por delante también en este tema, como en el caso anterior, la satisfacción de mi grupo. Siempre hemos defendido el proceso de integración de
Turquía, lo hemos hecho junto con la mayoría del Parlamento Europeo. Por tanto, mostramos nuestra satisfacción por la inteligente solución que se ha dado a un problema sin duda difícil, como se ha señalado en esta Cámara. Es verdad que Turquía
tiene una vocación europea innegable, es cierto que ha hecho grandes progresos en los últimos años para acercarse a sus futuros socios y para cumplir las llamadas condiciones de Copenhague: ha recortado el papel de su importante ejército, ha
reformado su Código Penal, ha suprimido la pena de muerte y ha hecho un esfuerzo económico considerable. Aun así, reconozcamos que en sectores fundamentalmente conservadores de países relevantes de la Unión Europea, como es el caso de Francia, de
Alemania o de Austria, subsisten importantes reticencias, no sólo importantes. Por eso nos parece especialmente inteligente el plazo de diez años que el Consejo se ha dado para negociar la integración plena de Turquía en la Unión Europea.
Es verdad, y ya se ha dicho aquí -creo que ha sido el señor Durán-, desde esta tribuna, que la Turquía que entre dentro de diez años no va a ser la Turquía actual. Es cierto que la política del llamado Gobierno islamista democrático del
señor Erdogan va a desplegar todas sus potencialidades y nos encontraremos probablemente con una Turquía mucho más democrática, de paso que veremos la influencia que esta política puede tener en el resto de los países musulmanes; es cierto en todo
caso -reconozcámoslo hoy aquí- que, como se ha escrito, un ministro islamista, Erdogan, ha hecho mucho más por la democracia en Turquía que todos los gobiernos laicos que le precedieron en Turquía. Eso es cierto y hay que constatarlo aquí. Esos
diez años -y también se ha dicho aquí- deben contar también para Europa, porque los gobiernos europeos deben tener en cuenta estas reticencias que existen en las opiniones públicas para soslayarlas; deben poner en marcha políticas de integración de
unas minorías que van a ser demográficamente más importantes dentro de diez años que ahora, unas políticas de integración inteligentes, y deben resolver el problema que plantea la integración de un país que -también se ha dicho desde esta Tribuna-
es el más grande de los que se han integrado nunca en la Unión, el más pobre, el más poblado, el más joven y es un país islamista desde el punto de vista religioso, aunque sea formalmente laico. Por tanto, tenemos diez años para prepararnos,
Turquía y Europa, para señalar a los ciudadanos turcos el carácter excepcional que tiene esta integración y también para explicar a los ciudadanos europeos la oportunidad que esta integración nos brinda, puesto que con toda seguridad se trata de la
apuesta más importante, desde los puntos de vista político, geoestratégico y económico, que haya hecho nunca la Unión Europea. Tenía razón Tony Blair cuando decía que esta decisión prueba que en Europa, al menos, no existe el choque de
civilizaciones. Yo añado más, esta decisión prueba que Europa, al menos, está detrás de la alianza de civilizaciones, esa propuesta que el presidente del Gobierno español defendió en la ONU hace escasos meses.
Perspectivas financieras, y voy acabando, señora presidenta. La Presidencia holandesa quiso recoger en las conclusiones del Consejo una serie de principios y orientaciones en relación con las perspectivas financieras.
Aquí también el Gobierno español puede presentar un balance satisfactorio, un balance positivo. Es verdad que el Gobierno defendió tres principios.
Primero, que la Unión disponga de medios suficientes para mantener un proceso razonable de
integración; segundo, que se eviten variaciones bruscas en la posición financiera de los distintos Estados miembros y, tercero, que se reparta de manera equitativa el coste de esta ampliación.
Los tres principios están en el informe general que la
Presidencia holandesa presentó al Consejo, como están en las conclusiones del Consejo dos palabras claves que se han tratado de minimizar, la palabra equidad y la palabra recursos suficientes. Es evidente -y lo decía el presidente en su
intervención- que cuando se habla de equidad se habla de un reparto del coste que tenga en cuenta a los que entran, pero que no olvide a los que están, de forma que no se creen discriminaciones, por ejemplo, por la vía de la supresión de las ayudas
actuales, entre aquellos que forman parte o integran hoy la Unión Europea. Es cierto que cuando se habla de recursos suficientes se está hablando, entre otras cosas, de que todos los Estados -los que llegan y los que están- puedan acceder a los
fondos de cohesión. Dos palabras clave, importantísimas a la hora de comenzar un proceso de negociación que -también se ha recordado desde esta tribuna por parte del presidente- no ha hecho más que empezar o empezará formalmente en los próximos
meses.
Créanme que, para alguien como yo que pertenece al Grupo Socialista, resulta divertido e incluso agradable ver a los señores del Partido Popular defender a capa y espada desde esta tribuna al pedigüeño González. Tengo que decirles que
resulta gratificante. Lo único que me llama la atención es esa facilidad que tiene el Grupo Popular de pasar de un lado a otro del campo, porque en Edimburgo éramos pedigüeños y ahora ya nos ha dicho el señor Rajoy: señor presidente, consiga usted
lo que consiga va a ser insuficiente. (Rumores.) Esa facilidad del Partido Popular de jugar por los extremos, con lo cómodo que se está en el centro del campo, me ha llamado siempre la atención. Es cierto que Edimburgo supuso un avance formidable
y hoy lo sabemos. Cuando se celebró la cumbre de Edimburgo estábamos a un 40 por ciento de diferencia de la media de los países de la Unión Europea en infraestructuras y hoy estamos a un 10.
El presidente del Gobierno nos ha propuesto algo
importante: sigamos en la convergencia en infraestructuras, pero hablemos de otras dos fórmulas de cohesión, la cohesión tecnológica -Lisboa- que es la cohesión para las actuales generaciones, para mejorar nuestra productividad, por tanto, nuestra
economía, y la cohesión medioambiental, que es la cohesión para las futuras generaciones. Señor presidente, compartimos plenamente esas dos apuestas que usted plantea para la próxima negociación financiera.
Antes he dicho que los señores del PP tienden siempre a colocarse en los extremos. Es verdad que no pueden olvidar nunca que tienen un problema y es que han gobernado ocho años. Les quiero recordar aquí a los pocos que están presentes, que
la Comisión aprobó en febrero un documento que se llama Construir nuestro futuro común: retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada. Ese es el título. En ese documento, que conocerán bien algunos de ustedes, se decía claramente
que los países que perdían los fondos de cohesión los perdían de golpe, de cien a cero, definitivamente, ahí no había transición ni proceso transitorio alguno.
La pregunta es si, seguramente alarmado -pensarán ustedes-, el Gobierno del PP
inmediatamente protestó, pues no, señorías; si mandó un memorándum, pues no, señorías; si pidió una reunión, pues no, señorías, no hicieron nada. No sé si estaban fatigados, no estoy seguro de que estuvieran insuficientemente descansados, pero lo
evidente es que dormidos estaban porque no hicieron absolutamente nada. (Aplausos.) Ahora vienen aquí a reclamar del Gobierno lo que ellos no hicieron y les tenemos que decir: pues sí, señorías, el Gobierno actual lo ha hecho.
Efectivamente en la
próxima agenda a discutir sobre este tema de las perspectivas financieras se incorporará un punto en el orden del día para revisar esa decisión que, de quedarse como está, no favorecería a España, que es un país de los beneficiados de los fondos
cohesión de Edimburgo.
Señora presidenta, tres consideraciones finales muy breves. Señor presidente del Gobierno, le quiero agradecer desde esta tribuna su trabajo; su trabajo en política exterior -no voy a dar datos porque, además, no me escucharían, pero los
hay abrumadores- y su trabajo en esta Cámara, señor presidente, que es muy importante. El lunes, usted estuvo aquí 14 horas, dando centralidad política al Parlamento, en un debate que probablemente sea uno de los más importantes que ha tenido lugar
en este Parlamento, en esta legislatura con toda seguridad y probablemente en su historia. Por eso, cuando uno escucha acusaciones de ausencias de quien no ha estado en ese debate y de quien en las últimas semanas se ha limitado a pasar por aquí
dos minutos y medio en las sesiones de los miércoles, en general para ser revolcado, le tiene que decir, señor presidente, que son irrelevantes. (Aplausos.) Como tuve ocasión de decir el otro día, son argumentos ad hominem, que en los debates
políticos suelen ser malos argumentos.
He oído al señor Rajoy hablar del referéndum. La agradezco su posición en materia del referéndum. Ha expresado una opinión y el Grupo Socialista, y supongo que el Gobierno, hemos tomado buena nota, simplemente le quiero llamar la atención
sobre una cosa. Ha dicho en esta tribuna que no quiere confrontación. De acuerdo. Es verdad que si los dos partidos vamos a defender el sí, lo razonable es que defendamos el sí y no confrontemos en una materia en la que estamos de acuerdo. No se
deslicen ustedes otra vez por Niza, que eso ya lo discutimos, si no quieren confrontación, pero, sobre todo, les recuerdo que ustedes han hecho dos actos sobre el referéndum europeo, uno en Barcelona, hace mes y medio, en el que directamente
llamaron tonto al presidente del Gobierno, y otro ayer, en el que nos llamaron miedicas a los del Partido Socialista. Para no querer confrontar, no
empiezan ustedes bien. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, llamaron miedica al Partido Socialista de Euskadi, pero en eso no voy a entrar. De todos modos, vamos a creerles. Yo, desde luego, asumo la propuesta
del Partido Popular para defender conjuntamente y sin ambages el sí a la Constitución Europea.
Ya termino, y aquí sí que vamos a discrepar, con política exterior. Usted, señor Rajoy -hoy ausente, como siempre, en mi intervención- ha hablado del consenso en política exterior y ha dicho que el consenso se ha roto.
Yo tengo que decir,
con toda rotundidad, que no es verdad, que el consenso lo rompieron ustedes. La prueba es que esta mañana hemos votado una proposición no de ley sobre la política exterior en relación con Gibraltar, donde ustedes se han vuelto a quedar solos, y no
nos vengan a contar esa historia de que nosotros rompimos el consenso para dejarles a ustedes solos. No; ustedes rompieron el consenso en política exterior en Gibraltar, en Cuba. Sistemáticamente, en todos los debates que ha habido en esta Cámara
en esta legislatura, ustedes se han quedado solos, y no me hagan recordarles aquello de la autopista de que voy solo, todos enfrente, todos se han vuelto locos. Están ustedes solos porque son los que rompieron el consenso y, cuando hablan de
recuperarlo, me pregunto a qué consenso se refieren, ¿al que ustedes rompieron para ir a las Azores? Nosotros, ese consenso no lo queremos recuperar. Cuando hablan de recuperar la política exterior, ¿a qué política exterior se refieren, a la
política de confrontación con Marruecos, a la política de confrontación con Francia o con Alemania, que nos colocó en un extremo de la Unión Europea? ¿A esa política de confrontación se refieren? Nosotros, esa política no la queremos recuperar.
Nuestra política es muy clara y no es una novedad, porque en esta Cámara ha habido durante muchos años consenso en política exterior de todos los grupos parlamentarios y, una vez más, desde el Grupo Parlamentario Socialista les vuelvo a ofrecer el
consenso en política europea, en política mediterránea, con los países árabes, en política iberoamericana, también en la política atlántica o atlantista, que no nos da miedo, pero una política de socios, de aliados, no de súbditos. Vengan ustedes a
ese consenso, vengan ustedes al consenso de la mayoría de esta Cámara, de los siete grupos parlamentarios, que les estamos diciendo: si ustedes quieren, bienvenidos sean. No traten de llevarnos a una política exterior que ha sido una ruina para
este país, no vamos a volver a ella. (Aplausos.)
Termino ya. Señor Rajoy, su discurso de hoy ha sido un buen ejemplo de la política de oposición que ustedes han decidido practicar en las últimas semanas: colosal fracaso, estrepitosa humillación, error garrafal; ustedes se han quedado
sin adjetivos en muy pocos meses, señores del Partido Popular, y les diré que junto a los adjetivos han perdido la sensatez, porque es verdad que estábamos solos en política exterior y parece que la Expo ha ido a Zaragoza, por cierto, con el voto de
Polonia, señor presidente del Gobierno. (Risas.-Aplausos.) Es verdad que estábamos solos en la política en relación con Cuba, parece que hoy estamos bien acompañados con los países de la Unión Europea y, lo más importante, parece que se empiezan a
conseguir cosas que en ocho años de enfrentamiento no consiguieron ustedes, señores del PP. Por tanto, qué quieren que les diga, sigan ustedes con sus predicciones catastrofistas y nosotros, señor presidente, a lo nuestro, a gobernar para
satisfacer los intereses y las inquietudes de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor presidente de Gobierno, su turno para contestar las intervenciones de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señorías, por lo que ha sido el conjunto de intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios al abordar en el debate de hoy las resoluciones del Consejo, que una buena parte ha derivado de abordar lo que representa la
construcción europea, los pasos que ha habido en torno a la ampliación y desde luego cuáles son los objetivos prioritarios en estos momentos del proceso de desarrollo, consolidación y construcción de la Unión Europea. Todas SS.SS. han hecho
referencia a la cuestión relativa a la lucha contra el terrorismo como uno de los aspectos prioritarios en los que se están produciendo más avances en una política de cooperación, de integración, de comunitarización de los pilares que afectan a la
libertad, a la justicia, a la seguridad. Quiero expresar el agradecimiento a todos los grupos que han manifestado ese apoyo a una política antiterrorista que tiene lógicamente también una proyección directa, inmediata, cercana a nuestro país, y a
todo el proceso que va incardinado en las medidas que el Gobierno ha adoptado, que piensa seguir adoptando y en torno a las cuales desde luego quiere buscar el máximo consenso y ofrecer la máxima información. En este sentido, tomo nota de lo que
acaba de expresar desde esta tribuna el portavoz de Izquierda Unida en cuanto a los tiempos, a los días de la información en el seno del pacto y en la Comisión de Secretos Oficiales. Créanme, señorías, que si en alguna cuestión tiene la máxima
voluntad el Gobierno es en que toda la Cámara conozca y comparta la estrategia de lucha antiterrorista, las medidas preventivas que estamos incrementando, y seguiremos, para tener un sistema de seguridad que otorgue la máxima confianza en el
ejercicio de las libertades y de los derechos a los ciudadanos de este país.
Tanto al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, que ha expresado alguna inquietud, como al portavoz de la Chunta Aragonesista, señor Labordeta, espero que les resulte perfectamente creíble si les expreso desde esta tribuna como
presidente del Gobierno que presido que ese esfuerzo de mejora de la prevención de la seguridad, de garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, se va a producir en el respeto absoluto a nuestro marco de libertades, a lo que representan
los mejores valores, los mejores principios del Estado de
derecho y todo el elenco de garantías que en el mismo tenemos y del cual disfrutamos. Tengo un radical convencimiento de que la mejor manera de derrotar al terrorismo es con los mejores principios democráticos, los mejores valores
democráticos y la unidad de todos los demócratas en esa tarea. Me han oído expresar en muchas ocasiones que no considero a nadie de esta Cámara ni a ningún ciudadano con más o menos voluntad, se tengan las posiciones ideológicas que se tengan, en
lo que representa la determinación de acabar, eliminar, erradicar el terrorismo, que sin duda alguna es un objetivo compartido y un objetivo común. Por ello, quiero agradecer lo que ha representado ese apoyo mayoritario, a pesar de algunos
silencios, que si son como los creo expresión de apoyo también agradezco.
Del Consejo había fundamentalmente en el terreno de las conclusiones tres grandes apartados: ampliación, perspectivas financieras y política exterior de la Unión Europea. En torno a la ampliación se ha manifestado una postura bastante
favorable a lo que representa la posibilidad de la integración de Turquía en la Unión Europea. Ha habido, es verdad, en algunas voces de esta Cámara alguna duda, alguna inquietud, pero no he percibido ningún rechazo; alguna duda e inquietud puedo
entenderlas y afectan a algo muy significativo; esas dudas y esas inquietudes se plantean desde posiciones políticas con un fuerte contenido de identidad o muy apegadas a las identidades y se plantea sobre las identidades que están presentes o son
mayoritarias en un país como Turquía. Créame que estoy alejado de lo que pueden ser unas y otras identidades desde el punto de vista de lo que ha de ser la construcción de un espacio político. Europa es porque no responde a ningún planteamiento
confesional; Europa es y se ha desarrollado y construido porque ha respetado los mejores valores democráticos; Europa es un marco geográfico, pero es algo más que un marco geográfico: es una identidad para un proyecto político de convivencia, de
democracia, de paz, de derechos humanos, de Estado de derecho, de integración económica, de cohesión social y crecientemente un proyecto para tener una fuerza al servicio de un orden internacional estable, que se guíe por los principios del diálogo
y la cooperación, de la palabra por encima de la fuerza y la demostración de que la palabra, la política también consigue grandes objetivos para evitar conflictos, prevenirlos y detenerlos.
Ahora hemos tenido dos ejemplos recientes que se han invocado hoy en este debate, que son muy significativos, que son demostrativos del potencial de la identidad europea en su visión hacia el mundo y de la eficacia de determinada política
para los riesgos del orden internacional; uno de ellos es Irán. Se ha puesto de manifiesto el interés que hay por Irán, y el interés fundamentalmente es el riesgo, como todos sabemos, de lo que puede ser el desarrollo de un programa nuclear. Ha
habido una acción europea secundada por Rusia, que hasta ahora ha ofrecido un marco que algunos pueden discutir, de control por la vía política, y esperemos que dé los resultados adecuados para un control del desarrollo potencial nuclear de Irán.
El segundo ejemplo ha sido Ucrania, en el que la acción política principal de la Unión Europea (en este caso además encabezada por un español, Javier Solana) ha permitido que lo que durante unos días se vivía como una crisis muy preocupante, que
podría llegar a una confrontación, se haya encauzado nada más y nada menos con un consenso que suponía repetir elecciones, que van a celebrarse dentro de poco tiempo. Son dos ejemplos recientes y en mi opinión enormemente positivos.
Yo estoy a
favor de esa política exterior y en contra de aquella que sin respetar la legalidad internacional, sin buscar hasta sus últimas consecuencias la presión, el diálogo y la política descarga el uso de la fuerza, sin razones y provocando consecuencias
nefastas. (Aplausos.) Por ello, señor Rajoy, tengo que decirle que me parece preocupante y de una falta de seriedad notable referirse a sus posiciones en materia de Irak con un chascarrillo relativo a la yenka, cuando está pasando lo que está
pasando en Irak ayer, hoy y durante las últimas semanas. (Aplausos.) Esa es política exterior de la Unión Europea.
¿Cuál es la principal virtud que tiene Turquía y su opción para que sea miembro de la Unión Europea? Que Europa no solo defiende los valores democráticos y un modelo de sociedad, el Estado de derecho, sino que extiende los valores
democráticos, extiende el Estado de derecho, extiende la democracia, extiende un modelo económico de integración y también, señor Rodríguez, un modelo de solidaridad y cohesión social.
Esto es seguramente lo que los padres fundadores de Europa no
imaginaron, no pensaron, no diseñaron; hicieron Europa para la paz y para defender la democracia, inicialmente en un ámbito reducido. El éxito del proyecto europeo, el éxito de lo que representa que cada país que se haya integrado en la Unión
Europea, desde la propia Comunidad Económica Europea hasta este día, es que todos los países han tenido una espléndida consolidación democrática y todos han experimentado un progreso y un desarrollo económico absolutamente espectacular, incluida por
supuesto España. Por ello, en muy poco tiempo ha habido y hay muchísimos candidatos a la integración en la Unión Europea. Turquía lleva 40 años pidiendo entrar, y en el momento en que la Unión Europea le entreabrió la puerta hace unos años Turquía
ha dado un cambio a mejor, de forma notable y evidente: en el respeto a los derechos humanos, en la consolidación de un Estado de derecho y democrático y en lo que puede ser un modelo económico, del que queda mucho por desarrollar en estos tres
capítulos, incluido uno que yo quiero exigirle desde aquí a Turquía, como a cualquier otro país de la Unión Europea, que es la libertad religiosa en Turquía, a pesar de que haya una inmensa mayoría de personas pertenecientes a la confesión del
islam. Claro que sí que hay que exigir la libertad religiosa plena como un pleno derecho y evitar cualquier tentación de ocupar ese espacio. Por lo tanto, en este momento histórico la gran virtud, fuerza y potencia de la Unión Europea no significa
que se extienda geográficamente, sino que extiende en valores, modelos de sociedad, democracia y derechos humanos. ¿Alguien podía pensar hace 20 años que los 10 países
que acaban de entrar pudieran haber tenido una expectativa o una consolidación, un tiempo de desarrollo y de progreso como el que van a tener, si no hubieran tenido hace unos años la puerta entreabierta de la Unión Europea? Señorías, creo
que esa es la razón última de la gran apuesta por Turquía.
Yo no miro Turquía en función de su religión mayoritaria. Yo miro a Turquía como a cualquier país del mundo, en función de cómo viven sus ciudadanos: si son libres o no son libres, si tienen derechos humanos y democráticos o no los tienen
y qué condiciones de vida tienen, si tienen capacidad para cubrir la educación universal o no la tienen, si tienen posibilidades de tener una sanidad pública o no la tienen. Desde luego, allí donde la Unión Europea sea llamada, cuando alguien toque
a su puerta (un país, una sociedad, un momento histórico determinado), la Unión Europea tiene siempre que abrir la puerta y tener la actitud más favorable a una posible integración, porque de esta forma estaremos haciendo un gran servicio a ese país
y, más que a ese país, a ese pueblo, a las generaciones futuras y también sin duda a la paz y a la estabilidad del mundo. Insisto, sé que nadie ha rechazado lo que representa la integración de Turquía. Reitero que las dudas que se han planteado
aquí son razonables, nos las hemos planteado todos, pero en el debate que el otro día se produjo en el Consejo Europeo, de 25 países con culturas y tradiciones tan distintas, con gobiernos de signo ideológico tan diferente, había una fuerza
imparable: ¡Qué oportunidad! Qué gran oportunidad de llevar a 80 millones más de personas, dentro de unos años, el nivel de vida, de democracia y de desarrollo europeos, sean de origen musulmán, sean de religión cristiana o de la religión que sean.
Esa es la gran fuerza moral de la Unión Europea, esa es la gran fuerza moral de los europeos y eso es lo que a uno le hace ser profundamente europeísta. Creo que la ciudadanía española tiene claras convicciones en ese sentido. A ello sumamos
Rumanía y Bulgaria, que están ahí, a las puertas. Alguien se ha planteado: ¿Por qué no Ucrania y dentro de un tiempo Rusia, que geográficamente están más cerca de lo que representa la Unión Europea? Bien, señorías, ese debate llegará. Llegará un
proceso de diálogo y de cooperación con Ucrania, y si con Rusia no llega será seguramente por su potencia como país, porque ha sido siempre una gran potencia. Sin duda a la Unión Europea le interesa tener toda la relación posible con países como
Ucrania o como Rusia.
Otra de las cuestiones que se ha planteado en el debate es la de las perspectivas financieras. Señorías, en los próximos seis meses vamos a tener que abordar una cuestión de gran importancia para nuestro país, que es la negociación a fondo,
concreta y con números de las perspectivas financieras 2007-2013. Es verdad que la tarea de oposición es criticar, exigir y creo que el señor Rajoy ha dicho que incluso acuciar (me parece que ha utilizado ese verbo), y me parece bien; es lógico,
es lo que cada uno tiene que hacer desde el lugar en donde le han puesto los ciudadanos.
Simplemente hago un matiz de pasada. Hay que hacer oposición sobre lo hecho, no sobre lo que uno cree que va a pasar o, lo que sería peor, lo que uno desea
que pueda pasar; si no, señor Rajoy, tengo que decirle que tiene usted una vocación de oposición enorme, porque criticar algo que va a pasar y no ha pasado, que se supone, que cree usted que puede pasar es para nota. Tiene usted una gran vocación
de oposición, y le puedo asegurar, que teniendo esa vocación de oposición la va a realizar bien realizada. (Aplausos.) Le puedo asegurar que me gusta que se colmen las vocaciones que uno pueda tener. Otros pensamos en su día que era mejor hacer
una oposición útil porque teníamos vocación de Gobierno, y cuando se tiene vocación de Gobierno se tienen bastantes posibilidades de realizar esa vocación.
Señor Rajoy, en este tema de las perspectivas financieras, sé que andan un poco apresurados, porque como la negociación no ha empezado todavía en términos prácticos, en términos reales, estamos solo con los tanteos, han empezado una campaña
por ahí, una campaña que es bastante estimulante para el apoyo, la fe en torno a Europa y a lo que tenemos por delante.
Señor Rajoy, le tengo que pedir que mantenga una posición un poco más prudente porque hay 'Diario de Sesiones'. Usted ya conoce
mi vocación por el 'Diario de Sesiones' (creo que el señor Zaplana fue un buen testigo de mi vocación por el 'Diario de Sesiones' y de mi disponibilidad a responder preguntas aquí, en la Comisión de investigación y donde sea).
Seguramente el Grupo
Popular no se ha acordado, que en el último debate que hubo en la legislatura pasada (no estamos hablando de hace mucho tiempo) en torno a un Consejo Europeo, concretamente el 17 de diciembre, hubo ya algún debate en torno a las perspectivas
financieras. Yo voy a leer aquí lo que dijo el presidente del Gobierno, el señor Aznar, en aquel entonces. Luego no voy a hacer ninguna valoración ni ningún comentario para decir que discrepé de él y discrepo hoy; no sé qué pensará el señor Rajoy
al respecto. Se preguntaba en torno al debate de las perspectivas financieras: ¿Es buena noticia que una región española pase del 75 por ciento de la media de la Unión Europea y deje de ser Objetivo 1? Decía el señor Aznar: Es buena noticia. Yo
creo que no, que no es buena noticia que deje de ser Objetivo 1. (Rumores.) ¿Es objetivamente bueno que España pase del 90 por ciento de la media de la Unión Europea y deje de recibir fondos de cohesión? Naturalmente que sí, decía el señor Aznar.
Ese es nuestro objetivo y por eso la buena utilización de esos fondos y de esas cuestiones es algo que España debe tener siempre presente porque la mayor contribución española y la mayor renta española vienen justamente del esfuerzo que ha hecho la
sociedad española durante estos años y durante este tiempo; eso es lo que no hay que perder en el futuro. Lo que no podemos hacer es mezclar las cosas.
Por tanto, señor Rajoy, el señor Aznar expresó en esta tribuna que estaba de acuerdo, que le
parecía una buena noticia perder los fondos de cohesión. (Varios señores diputados: ¡No!-Aplausos.) Está aquí registrado, señoría, literalmente. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Es objetivamente bueno que España pase del 90 por ciento de la media de la Unión Europea, que con la ampliación ya sabemos lo que va a suceder, y deje de recibir fondos de cohesión?
Naturalmente que sí. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Protestas.) Eso explica señor Rajoy, como ha subrayado el señor portavoz del Grupo Socialista, por qué cuando se conoció el informe de la Comisión, que es del
mes de febrero, no hubo al respecto ninguna valoración, ningún comentario, ni crítico, ni enmienda. Le subrayo que el informe de la Comisión, que ahora usted denosta y que le parece tan negativo (fíjese que yo puedo compartir algunas de las
valoraciones, creo que hay que mejorarlo para España de manera clara), se hizo mientras en este país gobernaba el Partido Popular y no el Partido Socialista. Por tanto, este Gobierno se ha encontrado con ese informe de la Comisión, porque
obviamente un Gobierno trabaja ante la Comisión, debate en la Comisión, tiene influencia o no tiene influencia en una Comisión y un Gobierno consigue lógicamente que los planteamientos iniciales de un informe de la Comisión sean más o menos
favorables para un país. (Rumores.) A partir de ahí, señor Rajoy, me quedo con lo más importante: que usted está dispuesto a ayudar al respecto para conseguir el mejor resultado para España y nuestras perspectivas financieras. Tomo nota y le
puedo asegurar que me parece una contribución valiosa. Como tiene tanta obsesión con Polonia, como ha manifestado, le voy a hacer una invitación. Le voy a invitar a que venga conmigo a la cumbre de Polonia el próximo 9 de febrero para que
comparta... (Aplausos.-Rumores.-El señor Hernando Fraile: ¿No estarás cansado?-Un señor diputado: ¿Es que no sabes?)Yo le he visto estos días muy preocupado por el aplazamiento de la cumbre con Polonia y, como no sé si tiene alguna fruición
especial por la relación con Polonia o por la vida política en aquel país, me permito invitarle, uno, para que comparta conmigo la estrategia de defensa de los objetivos relativos a perspectivas financieras y, dos, para algo que también le va a
interesar, que compruebe el magnífico estado de las relaciones que hay entre España y Polonia y entre el Gobierno de España y el Gobierno de Polonia. A lo mejor así comprende por qué estos días aquí, en España, hay funcionarios del Gobierno de
Polonia colaborando con el Gobierno de España en temas de fondos de cohesión; comprende por qué Polonia apoyó a Zaragoza en la elección para la Exposición internacional y por qué consensuamos Polonia y España la resolución de este Consejo en
materia de perspectivas financieras.
Añadiré, señor Rajoy, que ya sabe que me gusta rendir cuentas; es mi obligación como presidente del Gobierno y además lo hago obviamente cumpliendo el compromiso que asumí el primer día de la investidura. Usted ha hecho referencia a mi
dedicación (voy a dejarlo ahí, más que nada porque creo que hay que tener un fair play en la dialéctica política) a las tareas en materia de política exterior; de los logros hablaré más adelante. Simplemente para su información, también de la
Cámara y por supuesto de los ciudadanos, quiero expresar que en estos meses que llevo como presidente del Gobierno he realizado 23 viajes internacionales (Varios señores diputados: ¡Hala!), he tenido un total de 63 encuentros de carácter
internacional, en España o fuera de España (Varios señores diputados: ¡Hala!-El señor Acebes Paniagua: ¡Qué mayor!); en definitiva, de la tarea que llevo como presidente del Gobierno he desarrollado 85 días de actividad internacional, bien en
España o bien de relaciones fuera de España. (Rumores.) Las cifras están a su disposición, obviamente. Usted no tiene obligación, evidentemente, de decirnos cuál ha sido su actividad internacional y yo no se lo voy a pedir; en todo caso, a la
misma sí podría sumar la que hace su copresidente o la brillante del señor Moragas en Cuba, que vimos hace unos días. (Aplausos.)
Por cierto, ya que he hecho una referencia a Cuba, el señor Rajoy se ha referido a mi interés en mejorar mis relaciones fraternales con Fidel Castro. Tengo que decirle, señor Rajoy, que no conozco a Fidel Castro, que no he hablado con él
nunca; nunca he hablado con él ni he tenido ninguna relación, pero aun así hemos conseguido (digo hemos conseguido, especialmente el ministro de Asuntos Exteriores) que personas, disidentes que estaban en las cárceles que estaban en una situación
de sufrimiento, como es bien conocido, hoy estén libres. (Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Sí, señorías, poniendo en la acción de política exterior por encima de cualquier otra consideración lo
que es una defensa de libertades, lo que es una defensa de las personas que sufren, que tienen problemas; desde luego creo que les debería de servir de reflexión. Durante semanas estuvimos escuchando que la política del Gobierno español hacia Cuba
era una política equivocada y de soledad, pero ahora la Unión Europea ha visto positivos los cambios que hemos propuesto de la política hacia Cuba y además hemos vivido en las últimas semanas un proceso intenso de liberación de disidentes. Esa es
la política que hemos hecho hacia Cuba y los resultados que está teniendo. (Rumores.-Aplausos.)
Igual he de decir en relación con el Sahara o con Gibraltar, otros dos temas a los que se ha referido el señor Rajoy en el conjunto de una intervención (es verdad que ha tenido momentos de chascarrillos, creo sinceramente que de poca
consistencia) esencialmente confusa. Creo que deben superar la política exterior que hacían en la última etapa de su Gobierno. No creo que seguir en el discurso, parecido en el fondo y en la forma, de la antigua ministra de Asuntos Exteriores sea
lo más acertado para su política. Seguir en la actitud de acusar, como ha hecho el señor Rajoy, de debilidad a este Gobierno, perdóneme que le diga, resulta sencillamente no creíble. Decir que este Gobierno en política exterior es débil y que solo
practica la sonrisa es lo que le he venido a oír. ¿Usted cree que es débil un gobierno que el
primer día toma la decisión de retirar las tropas de Irak y se lo comunica al día siguiente al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? (Aplausos.) No, señor Rajoy. La política exterior es una política de firmeza en las
convicciones; y la firmeza en las convicciones de este Gobierno y de la amplísima mayoría de la Cámara es que hay que respetar la legalidad internacional, es que hay que defender el proyecto europeísta, es que hay que defender los principios de
diálogo, de cooperación, de entendimiento con la gran mayoría de los pueblos de la tierra y luchar decididamente por la paz y aumentar la cooperación al desarrollo, que es lo que hemos hecho con la mayoría parlamentaria que apoya a este Gobierno.
(Aplausos.)
Tengo que hablar también en relación con el Sahara y Gibraltar. En cuanto a Gibraltar, sin perjuicio de que tengamos los debates que haya que tener, debo decir algo. Quiero recordarle al señor Rajoy que en la etapa de oposición de los
últimos cuatro años el Partido Socialista nunca lanzó iniciativas sobre Gibraltar, y menos un debate en el Pleno sobre Gibraltar. No lo hicimos porque siempre hemos entendido que es una cuestión de Estado, uno. Dos, en honor a la verdad en la
mayoría de las ocasiones el Gobierno anterior, especialmente en la etapa del señor Piqué, informaba al Partido Socialista de los pasos que se daban con Gibraltar, para ser absolutamente honestos. Quiero decir en esta Cámara que esa va a ser la
práctica que el Partido Socialista quiere hacer con todos los grupos, desde luego, pero especialmente, y se entenderá por ser el principal partido de la oposición, con el Grupo Popular, y si eso no es suficiente podremos hablar a fondo de Gibraltar.
Permítanme que les diga una cosa simplemente. Llevan ustedes no sé cuantos días diciendo en tono de alarma -es verdad que todos los días ante todo montan una alarma, con lo cual la gente ya no se intranquiliza- que se ha roto una tradición
de 300 años de la política exterior. Lo dicen así.
Ahora yo me pregunto: ¿Qué resultado ha dado esa gran tradición de 300 años? El resultado de la nada porque seguimos sin conseguir nada en relación con Gibraltar. (Aplausos.) Esa es la
realidad. Después de 300 años se habrá roto una gran tradición, pero no se ha conseguido nada.
Ahora el Gobierno ha abierto una vía de diálogo con Gibraltar, con los gibraltareños. He reiterado públicamente que el principio incuestionable de la
reivindicación de la soberanía se mantiene con absoluta vigencia, con toda la vigencia. (Rumores.) A partir de ahí vamos a dialogar para mejorar aspectos concretos de la vida y de las relaciones que hay entre Gibraltar, el Campo de Gibraltar y de
cuestiones pendientes. En cuanto a la soberanía, como es normal, como es lógico hay que hablar entre España y Gran Bretaña. Después de 300 años y de ocho años de Gobierno del Partido Popular, donde hubo un momento en el que se planteó la
cosoberanía como gran avance -no voy a profundizar en el análisis de lo que es la cosoberanía-, durante esos ocho años se planteó una estrategia que ha conducido a ningún sitio, a una vía muerta. Señor Rajoy, tenga un poco de paciencia, un poco de
prudencia y sentido de Estado, como yo tuve en la oposición con el tema de Gibraltar. (Aplausos.)
Yo le garantizo -y si no ha sido así, corregiremos la actitud y la tarea; creo que antes he sido absolutamente claro y honesto- que tendrá toda la información de los pasos que se den en el diálogo con el Gobierno británico por lo que afecta
a Gibraltar.
Una reflexión parecida se me ocurre con el Sahara, señorías. El Sahara, que es en verdad una cuestión que sufre este país y que sufre directamente por su relación, por su afecto con el pueblo saharaui, lleva treinta años pendiente, treinta
años sin solución, y el Gobierno, que nunca ha establecido ningún plazo, ha decidido contribuir activamente a buscar una vía de entendimiento entre todas las partes en el marco de Naciones Unidas. Digo hoy aquí para constancia en el 'Diario de
Sesiones' que la cuestión del Sahara solo tendrá un arreglo consistente, que dé estabilidad, que resuelva las expectativas del pueblo saharaui, cuando se consiga un acuerdo entre la representación del pueblo saharaui, Marruecos -que por supuesto
tendrá el apoyo y la aceptación de Argelia- y los países que como España tienen una vinculación y una obligación en el marco de Naciones Unidas. Sólo habrá solución si hay acuerdo, y el mejor acuerdo sin duda alguna será aquel que permita
garantizar el máximo de derechos al pueblo saharaui y la estabilidad del Reino de Marruecos. ¿Eso es imposible? No, no es imposible, para ello hay que trabajar en múltiples frentes diplomáticos y seguir manteniendo todo lo que representa el caudal
de solidaridad y de afecto al pueblo saharaui, pero reitero, treinta años sin solución.
Ahora se va a renovar el mandato de Naciones Unidas, y España está trabajando con otros países de la Unión Europea, con Francia de una manera muy decidida, dialogando abiertamente con Marruecos, con Argelia, y manteniendo un diálogo abierto
sin desconfianza ninguna con el Frente Polisario, con cuyo máximo representante he tenido yo hace muy poco una reunión. Por tanto, no deslicemos las críticas al absurdo ante problemas como Gibraltar -300 años- o como el Sáhara, -30 años-. Estamos
poniendo bases para innovar, para hacer alguna cosa distinta, a ver si existen resultados positivos, igual que con Cuba.
Esa descalificación general de la política exterior, tal como se ha producido, creo que resulta absolutamente no creíble, y si la tarea política se mide por los resultados tengo que decir a la Cámara que en todos aquellos eventos y momentos
importantes donde la política exterior española podía ser analizada, donde se podía medir el grado de buenas relaciones, el grado de amigos, el grado de sintonía con países de Europa y de todos los continentes, hasta ahora en todos los retos que
hemos tenido hemos salido con resultados positivos y con éxito. El primero de ellos, por la importancia que tiene sin duda alguna, porque es un gran termómetro, lo que ha sido que Zaragoza consiguiera ganar la elección para la sede de la Exposición
Internacional 2008. Ahí votan 95 países y, si no hubiera habido un gran éxito diplomático, tengan por seguro que Zaragoza no sería hoy sede para la Exposición
Internacional de 2008. (Aplausos.) Es verdad que de la Expo de Zaragoza del 2008, que ha ocupado muchas páginas y que tiene que ver mucho con la política internacional, el señor Rajoy no ha dicho nada hoy aquí, sorprendentemente. No sé si
ha sido un olvido, pero es verdad que los aragoneses, que han presentado un magnífico proyecto, pueden tener una visión bien distinta de cómo son tratados por un gobierno y por el Gobierno anterior, en qué poco tiempo hemos pasado de un gobierno que
con el Plan Hidrológico ni escuchó, ni respetó a la ciudadanía aragonesa (Rumores.) a un gobierno que se ha volcado para conseguir la Exposición Internacional en Zaragoza en el 2008. (Aplausos.) Esa es la diferencia de un gobierno y otro ante la
ciudadanía.
Igual que la consecución del ministro de Asuntos Exteriores para la cumbre sobre el antisemitismo en Córdoba en el 2005, dentro del marco de la OSCE. Así como la presidencia española de la OSCE en el 2007, que obviamente permitirá una buena
iniciativa y una buena presencia. Y cuando tengamos un poco más de tiempo que el del debate de hoy podremos evaluar cómo es hoy la posición de España en Iberoamérica frente a hace un año, y cómo es la posición de España hoy en el Mediterráneo, en
el mundo árabe.
Estoy dispuesto a hacer ese debate, y también a que pregunten a las empresas españolas presentes en todos esos países, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, cuál es la actitud, qué sienten y qué cambio han notado en
relación con las posiciones de los respectivos gobiernos.
Además de ello, como hemos debatido, el Consejo de la Unión Europea ha planteado cuestiones concretas relativas a lo que representa su política exterior, algunas de las cuales han sido subrayadas por SS.SS. y yo no quiero dejar de comentar
en este momento. Una de ellas, que en mi opinión tiene una gran importancia, es la que se refiere al planteamiento que hacía la señora Lasagabaster en su intervención, relativa a ese tratado en torno a la exportación de armas y a la posición que
España ha venido manteniendo con el tema del embargo de armas en relación con China. He de decir al respecto que nuestra posición en el Consejo fue equiparable a la de la mayoría, que como es conocido hay un gobierno importante europeo que tiene
una posición muy favorable, y eso está dentro de lo que es un diálogo intenso de la Unión Europa con China pero, insisto, creo que es enormemente importante esa iniciativa que se planteaba.
Igual que lo que afecta al desarrollo de una potente actividad exterior del Estado y la configuración de ese servicio exterior del Estado por parte de la Unión. En mi intervención inicial no me referí a la presencia del secretario general
de Naciones Unidas en el Consejo. Créanme que fue una reunión emotiva, fue una reunión de apoyo y de solidaridad con Kofi Annan, y de solidaridad unánime del Consejo Europeo por el ataque que ha venido sufriendo, por la tarea que ha realizado. En
efecto, en esa reunión Kofi Annan nos entregó el informe de alto nivel sobre los grandes retos del orden internacional futuro. Creo que S.S. conoce, y si no la informo en este acto, que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha invitado a los
portavoces de los grupos parlamentarios para una visita a Naciones Unidas al objeto de debatir el informe que el grupo de alto nivel ha emitido, que en mi opinión tiene un gran interés, insisto en que es una invitación del Ministerio de Asuntos
Exteriores para el 27 de enero.
No puedo compartir, señor Rodríguez, lo que es su posición en relación con el modelo económico y social de la Unión Europea. La pregunta es así de clara. ¿Conocemos algún modelo social más solidario, más avanzado que el de la Unión
Europea? Un modelo donde los ciudadanos de otras nacionalidades, ciudadanos con otras banderas, ciudadanos que no tienen en muchos casos una relación de convivencia, una relación social de sus impuestos permiten que una parte importante de sus
recursos vaya a otros países, a otras regiones para construir infraestructuras, para mejorar la educación o para ayudar a producciones agrarias. Es un modelo que no tiene ni antecedente ni ningún referente de comparación como modelo solidario. Yo
no creo que siempre las palabras productividad y competitividad tengan que evocar salarios bajos, despidos fáciles o cierre de empresas. No. Creo que más bien es al contrario. Creo que si conseguimos un país productivo, un país competitivo, una
juventud, un país con un alto grado de educación, si conseguimos un desarrollo en el ámbito de la investigación lograremos que las empresas se localicen o se queden, que los salarios sean más altos y que nuestro sistema de bienestar tenga cada día
mejores y más prestaciones. Como desde luego no se consigue progreso económico ni social es sin tener esos elementos que permitan dar fortaleza. Ello no obsta para que, en efecto, haya muchas políticas que puedan representar dimensión negativa
porque ya sabemos que la economía de mercado necesita un orden, una regulación, necesita un esfuerzo de solidaridad continuo. Yo le invito a que ponga un modelo que sea superior en igualdad social, en igualdad de oportunidades o en desarrollo
personal para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
El señor Rivero ha planteado la necesidad de reforzar la seguridad con carácter general y de manera muy singular en Canarias. Créame que todo lo que afecte a la seguridad del archipiélago, todo lo que afecte al desarrollo de Canarias, dada
su condición singular es para mí un objetivo prioritario. Por tanto, le puedo decir que el Gobierno está dispuesto a trabajar conjuntamente para poner en marcha y mejorar un programa de seguridad integral en Canarias. No sé si el número de
efectivos de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ha aportado usted aquí es el real, yo creo que es algo más, pero me comprometo a que con carácter inmediato hagamos un proceso de evaluación específico con el Ministerio del
Interior sobre la seguridad, sobre qué necesitamos reforzar de medios materiales, de medios humanos y eso se pondrá en marcha porque ahí no vamos a regatear ni un solo esfuerzo ni un solo euro en nuestra tarea.
Creo que ha habido una coincidencia general en lo que afecta a la política euromediterránea. Creo que nos debemos poner el objetivo y el reto de que la cumbre que
recuerda el décimo aniversario del proceso de Barcelona, la cumbre que se va a celebrar en Barcelona, sea un gran éxito, sea un relanzamiento de la presencia, de la relación, del esfuerzo de cooperación, de desarrollo, de integración
económica de la Unión Europea con el Mediterráneo y que también contribuya a un proceso que esperemos en ese momento se haya iniciado de verdad, un proceso de paz en Oriente Medio. Por eso quiero decirle tanto al representante de Convergència i
Unió, señor Duran, como al señor Puigcercós, que estoy absolutamente convencido que la dimensión mediterránea de la Unión Europea tiene por delante un horizonte de avance o de recuperación y que este es un objetivo de nuestra política en la Unión
Europea absolutamente prioritario. Además le diré por qué, volviendo a la reflexión anterior, señor Duran. Porque este es un deseo intenso de los países del Mediterráneo, miran a la Unión Europea, no piensan en una integración, piensan en la
cooperación, piensan en las relaciones económicas, en la apertura de mercados, en la política de cooperación, en la consolidación muy poco a poco de los sistemas de funcionamiento democráticos del Estado de derecho, y sin duda alguna si ellos
sienten más a Europa, si están más cerca de Europa, si hay una intensidad de las relación en lo político, en lo económico, en lo social, veremos que esos países, con muchas generaciones para recuperar tiempo de modernidad -entre comillas-, podrán
dar saltos importantísimos desde esa perspectiva.
En definitiva, más allá de las cuestiones que se han producido al hilo del debate, sinceramente creo que para haber hecho una propuesta hace poco de un pacto en política exterior, la intervención de hoy no se correspondía mucho con ese
objetivo. Lo interpreto como fruto de la dialéctica necesaria en la vida política. Me he expresado en muchas ocasiones dispuesto, convencido sobre la conveniencia de establecer unas bases comunes de la política exterior. Creo que el Ministro de
Asuntos Exteriores ha hecho un esfuerzo por comparecer, por informar permanentemente en el Parlamento. Puedo decir a SS.SS. y a todos los grupos que el ministro está dispuesto a reforzar, a redoblar ese papel de diálogo y de interlocución. No
hablemos ni nos pongamos el objetivo de un pacto de Estado, porque seguramente estamos un poco lejos de tener las mejores condiciones, pero al menos compartamos unas bases comunes, compartamos algunos temas en los que no sea necesario discutir.
Sinceramente creo que en esta Cámara no hay que discutir ni de Gibraltar ni del Sahara, son políticas de Estado, estoy convencido; creo que no hay que discutir sobre lo que representa una política esencial ante la Unión Europea (Rumores.)
Eso sí, hay una cosa que tenemos por delante -con ella termino-, que es el referéndum del Tratado constitucional. Quiero decir solamente tres cuestiones al respecto. La primera es que se ha dicho expresamente -creo que ya me han escuchado
en alguna ocasión pronunciarme- que el Gobierno va a tener el máximo respeto, aunque no comparta las distintas posiciones que en torno a la Constitución europea hay en esta Cámara y puede haber en la sociedad. Mi opinión es que el debate será
positivo en todo caso y se va a mantener con el máximo respeto. Mi opinión es que la Europa que se puede construir, la Europa que he explicado hace un momento, en materia de política exterior -a pesar de la influencia transatlántica de la que se
hablaba, que existe y creo que en vez de influencia debe haber una relación clara, abierta y sincera-, esa Europa que arregla Ucrania, que puede solucionar temas como Irán, que puede ser incluso un referente para Iberoamérica, a pesar de la
distancia, esa Europa, repito, creo que con la Constitución puede funcionar mejor, consagrando además una serie de derechos, un modelo social que hay que estar permanentemente llenando, permanentemente mejorando. En todo caso, el respeto va a ser
absoluto para quien exprese una opinión diferente o pida un voto diferente.
En segundo lugar, el portavoz del Partido Popular, señor Rajoy, ha expresado su preocupación por el desarrollo en el momento actual, por la información y por lo que tenemos por delante de cara al referéndum del 20 de febrero. Puedo decirle
que el Gobierno va a hacer el mayor esfuerzo con el menor gasto para que llegue la máxima información posible sobre lo que significa el Tratado constitucional, sobre que hay un referéndum y que tenemos por delante un reto muy trascendental para
nuestra sociedad.
Le quiero agradecer nuevamente la posición que su partido -y comprendo que hay sectores de opinión, mediáticos, como se dice ahora y puede que votantes- mantiene en torno a la Constitución europea. Créame que se lo reconozco todo
el tiempo, incluso -ahí voy a discrepar de mi portavoz- entiendo que en los actos de la Constitución europea critique al Gobierno, porque siendo oposición es casi una tentación casi insuperable.
(Rumores.) Se lo digo porque lo puedo entender
perfectamente. Usted pide el sí a la Constitución Europea, está un poco preocupado, pero yo le voy a pedir que ponga tantas ganas en solicitar ese sí, en movilizar y en ilusionar, como ha puesto hoy en criticar la política exterior del Gobierno.
Simplemente es lo único que le puedo pedir. Seguro que si pone las mismas ganas, entre todos haremos un elemento de movilización.
En tercer lugar y por último, como saben SS.SS., a primeros de enero vamos a tener un debate en esta Cámara para que otorgue al Gobierno la autorización de la convocatoria del referéndum sobre la Constitución europea el próximo 20 de
febrero. Quiero decir al conjunto de los grupos parlamentarios y al conjunto de la ciudadanía que el debate en esta Cámara, el debate en la sociedad, el debate ante la ratificación de la Constitución europea marcará el carácter y el destino de
nuestra proyección en Europa como país, de nuestra confianza, como país, en lo que representa nuestro compromiso europeísta y con los valores que representa esa Europa a la que sin duda alguna hemos sido decisivos para su construcción. Esa Europa
de la que espera tanta gente tanto, esa Europa va a estar presente en nuestro debate. Esa Constitución y ese referéndum será un momento histórico, como lo han sido otros momentos en los que este país ha tenido que pronunciarse sobre un tratado
constitucional.
Tengo el convencimiento de que tenemos una ciudadanía madura, una ciudadanía formada y una ciudadanía que si pide más información es porque sabe que la mejor manera de ser libres es tener toda la información, y la gente quiere votar
libremente con toda la información. Los ciudadanos de este país van a tener toda la información sobre el tratado constitucional, todo el empeño, todo el afán del Gobierno para que vayan a votar y para que demos un paso adelante en el bienestar y en
el desarrollo de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como saben, de manera excepcional el Reglamento de la Cámara permite en su artículo 203.3 un turno de réplica. La Presidencia lo va a conceder, va a ser muy breve, han podido ustedes hablar todo lo que han querido y más en el
primer turno. Por tanto, por tres minutos -les pido que no se lo pongan difícil a esta Presidencia- tendremos ese turno de réplica, señorías.
Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, en realidad después de su intervención no sé por dónde empezar, pero como tengo que optar, en primer lugar, voy a darle las gracias. Voy a darle las gracias porque usted me ha
agradecido el apoyo a la Constitución española, no lo hago por usted, lo hago por España y por la defensa de la Constitución española (Varios señores diputados: europea.) y europea, tienen ustedes razón. Es verdad que me ha dicho -ha citado a su
portavoz- que algunos dirigentes del PP utilizan estos actos a otros efectos, yo creí que se refería a la señora vicepresidenta del Gobierno, cuando habló de los jueces y de los curas, ¿recuerdan? Extraordinaria defensa de la Constitución española.
(Aplausos.)
Señor presidente, yo no sé si la oposición tiene un deseo insuperable de criticar al Gobierno, lo que yo le puedo asegurar como líder de la oposición es que no damos abasto; no es que no tengamos oposición, es que son tantas y tan curiosas
las cosas que ustedes hacen que no damos abasto. Quiero agradecerle también que me haya invitado, que haya invitado a un modesto diputado del Partido Popular a ir a Polonia a una cumbre bilateral y no quiero ser descortés, señor presidente, pero le
voy a hacer una pregunta: ¿qué garantía tengo yo de que el día 9 de febrero usted no está cansado y no me deja tirado? (Aplausos.) Señor presidente, como tantas y tantas cosas en la vida, la política exterior es un problema de confianza y hay
mucha gente que, después de eso y de lo de Putin, no confía en usted. En cualquier caso, yo aún le doy un voto de confianza, lo malo es que me temo que soy de los pocos que se lo dan.
Ha dedicado usted algunos comentarios a la política exterior que lleva a cabo su Gobierno y ha hablado de un acuerdo de gobierno. Yo se lo ofrecí en el debate de investidura y después en la clausura del congreso de su partido, y la
respuesta nos la dio el señor Moratinos. Comprenderá que, con la persona que tiene usted al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, las cosas no son ciertamente fáciles, como no lo son en otros muchos asuntos de la política exterior. Yo creo
que su política exterior es una mezcla de irresponsabilidad, falta de rigor, desorientación y contradicciones, con abundantes dosis de indiferencia y una pizca de cansancio; eso es lo que usted pasea por el mundo. Y vamos a repasar algunos de los
temas a los que se ha referido usted en su intervención.
En cuanto a Gibraltar, usted dice que su partido, informado por el señor Piqué, como usted ha reconocido, no criticó la postura y la actuación del Partido Popular en esta materia; pero es lógico, señor presidente, era la misma postura que
habían mantenido todos los gobiernos de España a lo largo de la historia. Y ahora ustedes la cambian y, además, la cambian unilateralmente y no informan. ¿Y piden nuestro aplauso? Es verdad que en 300 años no se han conseguido avances
significativos en esta materia; ahora sí, han tenido que llegar usted y el señor Moratinos para que Caruana se haya apuntado un tanto que nunca se apuntó el peñón de Gibraltar. En este momento Gibraltar puede vetar, porque lo dice un comunicado de
la OID, cualquier decisión que se tome en relación con Gibraltar. (El señor ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos Cuyaubé, hace signos negativos.) Sí, sí, lo dice el comunicado de la Oficina de Información Diplomática. Eso es lo que han
conseguido ustedes después de 300 años, y buena prueba de ello son las declaraciones, que no engañan a nadie, del señor Caruana. Lo mismo ocurre con el asunto del Sahara. En 30 años no se ha resuelto este asunto, es verdad, y han tenido que llegar
ustedes para generar más confusión todavía y para romper las resoluciones que se habían adoptado por unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tengo aquí un montón de declaraciones suyas y del señor Moratinos, que, como le dije antes, y no es ninguna frivolidad, no dejan de ser algo parecido a aquello que efectivamente se llamaba la yenka, primero dicen una cosa y luego la
contraria, y han generado ustedes confusión en Argelia, en el Frente Polisario y en muchas personas. Usted ha dicho que ha visto a los dirigentes del Frente Polisario. Yo también, con una diferencia: que yo los vi después y pregunté: ¿y qué le
ha dicho el presidente del Gobierno español? Contestación: Estuvimos una hora y media con él y no nos ha dicho nada. Eso fue lo que me dijo a mí. Hoy, señor presidente, el líder del Frente Polisario dice que cree que hay una conspiración entre
Madrid, París y Rabat contra el pueblo saharaui y la legalidad internacional. Lo dice el líder del Frente Polisario hoy, señor presidente del Gobierno. Y antes dice que su pueblo seguirá con atención los actos del presidente del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, del que aseguró haber obtenido promesas recientemente. No sé cuáles son sus promesas, lo que sí le puedo decir es que yo no puedo compartir lo que ustedes han hecho en el tema del Sahara, ni en el tema de Gibraltar, ni
en el tema de Cuba, señor presidente. Aprovechando
los acontecimientos que se produjeron en su día en Irak en el año 2003, Fidel Castro, porque lo estimó oportuno y conveniente, porque es un tirano y un dictador, decidió que 75 personas, por la única razón de que no piensan como él, debían
ingresar en prisión. Y ahora ustedes consideran un colosal triunfo que algunas de esas personas -¿qué pasa con los demás?-recuperen una libertad parcial, y a cambio dan la batalla, y no sé si lo conseguirán o no, para que se cambie una política
que parece bastante razonable, que es que los disidentes vayan a las fiestas nacionales que celebren las embajadas de los países de la Unión Europea que estén allí. Eso es lo razonable, señor Rodríguez Zapatero. Eso es lo que le parece normal a
toda la Unión Europea y solo no le parece normal a su ministro de Asuntos Exteriores y entiendo que a usted que también le apoya.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Rajoy, tiene que acabar. Lleva usted el doble del tiempo que se ha dado. Por favor, le ruego concluya.
El señor RAJOY BREY: Pero, señora presidenta, esto es como el reparto de los fondos de cohesión al que se refería el señor presidente del Gobierno. Es utilizar la expresión equitativa y ya vemos cuál es la equidad, el señor presidente del
Gobierno habla 60 minutos, replica a todo lo que yo le digo, y yo no puedo decir algunas cosas. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Rajoy, por favor.
El señor RAJOY BREY: Le ruego un mínimo de flexibilidad.
Señor presidente del Gobierno, yo estoy preocupado por la negociación de los fondos, y no es verdad que de momento yo no pueda criticar algo que se haya hecho o que no se haya hecho. Yo estoy preocupado y haré una campaña estimulante, claro
que sí. Me hubiera gustado que se hubiera introducido el principio de gradualidad, no el de equidad, el de gradualidad, que es el que a nosotros nos importaba; o que hubiera una mención a España como hubo en otras ocasiones, y antes me referí yo
en mi intervención. Señor presidente, no me puedo fiar de usted, porque sus antecedentes son lo que ocurrió con Niza, donde a cambio de nada y en media hora, como le he dicho antes, rompió una posición que era buena para España. Y no me puedo fiar
de usted porque hemos visto lo que ocurrió con el algodón, con el tabaco y con el alcohol, y lo que está ocurriendo en este momento con la pesca y lo que ha ocurrido con su cesión, a cambio de no sabemos qué, al señor Berlusconi para que la
Constitución española se firmase en Roma, después de haber dicho usted que se iba a firmar aquí, como también dijo, por cierto, el Parlamento Europeo. Y lo mismo ocurre con Izar. Por tanto, yo no me puedo fiar de usted, señor presidente, y tengo
que acuciarle, y así lo haré, porque es un tema de importancia capital para nuestro país.
Señor presidente, no quiero extenderme ni generar aquí una situación que no hace al caso, pero sí quisiera hacer algún comentario sobre el tema del terrorismo. Nosotros, al igual que le vamos a apoyar en la Constitución europea, porque
pensamos lo mismo, vamos a apoyar las medidas que usted adopte en la lucha contra el terrorismo. Yo he sido ministro del Interior y sé que lo más importante en esta materia es apoyar al ministro de turno siempre y cuando actúe con arreglo a la
razón. Ahora bien, cuidado con los anuncios que se hacen y cuidado con los foros en que se hacen estos anuncios. Aquí hemos venido a hablar del Consejo Europeo y de política exterior, y determinadas operaciones y refuerzos policiales se hacen en
muchas ocasiones en fechas especiales, pero no creo que lo más razonable ni lo mejor para el conjunto de la ciudadanía sea convertir éste en un anuncio más. Esto no sirve a casi ningún efecto, señor presidente. Dicho esto, tiene usted el apoyo del
Partido Popular en el tema de la lucha contra el terrorismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Y concluya, por favor, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Concluyo, señora presidenta.
Creo que el tema más importante de esta cumbre ha sido la decisión que se ha adoptado sobre Turquía. Antes he manifestado mi posición. Creo que efectivamente se le debe dar una oportunidad a Turquía, pero se debe ser exigente, como he
señalado antes, también en el cumplimiento de las condiciones que le ha impuesto el Consejo. Me preocupa y mucho la posición del Gobierno en un tema tan capital como es la distribución de los fondos europeos a lo largo del próximo año 2005. Tiene
usted nuestro apoyo, como le he dicho, en el tema contra el terrorismo y cambie usted su política exterior, señor presidente del Gobierno, cámbiela y genere confianza en la ciudadanía y no me ponga como ejemplo el que la Expo se vaya a Zaragoza.
Haga usted el favor de no minusvalorar a Zaragoza, que es quien ha ganado, y ha ganado Zaragoza porque tenía manifiestamente más mérito que sus dos competidores, y el mérito es de Zaragoza, no es ni de usted, ni del señor Moratinos, ni mío, que fui
el que creó esa comisión junto con el alcalde de Zaragoza, y el señor Belloch le podrá dar pruebas en su momento. (Aplausos.) Depende de usted, señor Rodríguez Zapatero, es perfectamente posible que pese a que nuestra política exterior sea un
desastre, se elija una de nuestras ciudades para un acontecimiento internacional. Acabamos de demostrar con Zaragoza que eso es perfectamente compatible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rajoy.
Es el turno del señor Duran i Lleida, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor DURAN I LLEIDA: Señora presidenta, intervengo telegráficamente para intentar ajustarme a la precisión de los términos en que se establece el debate. Señor presidente, en primer lugar, estoy de acuerdo con su reflexión respecto al
Mediterráneo. Usted sabe que no
solo personalmente, sino como Convergència i Unió hemos sido pioneros en la defensa de una política europea respecto al Mediterráneo. Por cierto, me gustaría saber, y en la medida que pueda ser útil tendrá nuestro apoyo, cuáles son las
perspectivas para que Barcelona pueda acoger una conferencia del nivel de la celebrada en el año 1995, de primeros ministros, jefes de Gobierno y jefes de Estado. Una segunda cuestión, antes oí hablar del tratado y otra vez del artículo 4.10 sobre
la lengua.
Acuérdese de cuál es mi opinión. Ojalá que también lo consiga, pero eso no es lo más importante. Lengua de tratado ya lo es el irlandés y los irlandeses están modificando el régimen lingüístico, porque no sirve prácticamente para nada;
por tanto, siga usted por el camino de la reforma del régimen lingüístico como desde esta tribuna le ha señalado Convergència i Unió desde el mismo día del debate de investidura.
Respecto a la ampliación de Turquía, primero, quiero que quede claro, y usted creo que con sus palabras lo ratificó, que no es que me oponga.
Creo que Europa está haciendo lo que debe y, si no, habríamos engañado al pueblo y al Gobierno
turco al fijar unas condiciones. Segundo, si alguno tiene dudas -yo las tengo, y me extraña que haya quien no las tenga-, hay que ponerlas de manifiesto, no hay que engañar al pueblo y al Gobierno turco y decir claramente lo que se piensa.
Tercero, este no es un debate ni confesional ni religioso, como si el antídoto de la confesionalidad fuera la incorporación de Turquía. ¡Por el amor de Dios! Eso no va por aquí, son otros cánones, que quede muy claro, ni derecha ni izquierda. La
Presidencia que ha alimentado el debate durante este semestre es una presidencia demócrata-cristiana, quien va a continuar es el común amigo, presidente de Luxemburgo, que es otro presidente demócrata-cristiano.
Pero es más, los acuerdos de
Helsinki y de Copenhague se realizaron durante un periodo de un Gobierno del PP, por tanto, no va por aquí tampoco la divisoria y con ese maniqueísmo al menos yo no estoy de acuerdo.
Yo sí creo que Europa tiene una identidad y sí que me preocupa que la siga teniendo, claro que sí. Ese es el problema, ese es el meollo de la cuestión. Una identidad que no se hace, por supuesto, a partir de una religión, pero tampoco
contra una religión. Por tanto, la identidad europea, la cultura que le da a Europa una identidad común no puede proporcionarla de ninguna de las maneras el convertir a Europa en algo contra el islam, claro que no. No obstante, tampoco puede
olvidarse que haya en Europa unos valores religiosos que no pueden apartarse de la vida pública. Hay un documento al que antes hice referencia, que le ruego que, si no lo conoce, se lo lea, que solicitó el presidente de la Comisión Europea, el
señor Prodi, titulado Dimensión cultural y espiritual de Europa, elaborado por un demócrata-cristiano, un socialista, un rector de un centro de estudios sociológicos y un liberal, ex líder del Solidarsnoc polaco, que es muy interesante y habla
claramente de que creemos que la presencia de la religión en la esfera pública no puede reducirse al papel público de las iglesias. Pero -insisto- este no es un debate religioso, no es la religión la que debe permitir ni impedir que esté Turquía
formando parte de la Unión Europea.
Lo que sucede es que yo le dije que defiendo una identidad para Europa y esa identidad europea se forja a partir de una cultura y entre la cultura de ese censo de 80 millones de personas, que puede llegar a ser mucho más, que sería el primer
socio comunitario, el primer país, el más potente, y la nuestra hay grandes diferencias. Europa ha sido y puede seguir siendo puente entre civilizaciones y será más eficaz como puente de civilizaciones en la medida en que Europa sea más fuerte
políticamente. Mi reflexión es que, si la incorporación de Turquía en lugar de aportar fortaleza a Europa lo que puede hacer es provocarle debilidad, sería esa debilidad el peor de los favores que podríamos hacer justamente a Europa que ya hoy está
jugando un papel de interlocución entre civilizaciones. No todo el mundo comparte mi opinión, mis reflexiones, que -insisto- son reflexiones, lo extraño es que no se hagan en un debate político. No es una cuestión religiosa, pero voy a decirle
algo muy importante. Un agnóstico o un ateo francés es un agnóstico o un ateo cristiano. Y un agnóstico o un ateo turco es un agnóstico o un ateo musulmán. ¿Eso marca una diferencia cultural? Sin duda alguna. Sí, sí, eso marca una diferencia
cultural. Insisto, no es el islam la razón de estar en contra o a favor, pero me imagino que en la sociedad turca habrá agnósticos y ateos que, en cualquier caso, celebrarán unas tradiciones, que correspondan a una cultura y a una civilización que
no es la nuestra.
En nuestra cultura hay agnósticos y ateos. Esta mañana, el Pleno de esta Cámara ha trabajado -cosa que no es habitual- y trabajará mañana por la mañana, que tampoco es habitual. ¿Por qué trabaja el Pleno de esta Cámara hoy
martes por la mañana y el miércoles por la mañana? Porque el jueves es vigilia de Navidad y se pretende que SS.SS. tengan tiempo para dedicarse a preparar una fiesta; los agnósticos, los ateos y los cristianos, porque la Navidad forma parte de la
cultura. No hay que ser religioso ni creyente para eso. Esto no forma parte del debate, por tanto alejémoslo. No he sido yo quien ha introducido esa cuestión.
¿Por qué no pueden entrar Marruecos, Ucrania y otros países? ¿Por qué no pensar en que sean también otros países los que puedan entrar en ese gran proyecto político? Algún compañero mío me decía que la incorporación de Turquía le parecía
una estrategia bien diseñada. No se trata de una estrategia de la Unión Europea, señor presidente, y usted lo sabe. Es más una estrategia NATO que una estrategia de la Unión Europea, nos guste o no nos guste, sea positivo o no. Antes me olvidé de
remarcar otro de los aspectos por los cuales Turquía no es el principal interlocutor con otras civilizaciones, y es que tiene una alianza muy fuerte con Israel, una colaboración militar permanente con Israel.
Dicho esto, hay que seguir con lo que se ha comprometido, intentando que se incorpore Turquía, por supuesto, en condiciones que no desvirtúen la identidad del proyecto europeo; eso es básico. Europa no puede
ser sólo un espacio económico. Europa debe ser un espacio político, que proviene de su identidad cultural.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Duran i Lleida.
Continuamos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor Puigcercós tiene la palabra.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a ser breve. Intentaré en tres minutos fijar tres ideas que creo que hay que reforzar de este debate. En primer lugar, aquí se ha debatido sobre las perspectivas financieras, lo que significa un reto,
porque, hasta ahora, los fondos de cohesión han tenido resultados indudables: Objetivo 1 y Objetivo 2. Hay que fortalecer una postura de competitividad y creo que la estrategia de Lisboa es el mejor instrumento que tenemos hoy para mejorar los
procesos productivos y mejorar la calidad de nuestro modelo industrial y de servicios. No solo se trata de enfocarlo hacia el modelo que hasta ahora había priorizado los fondos de cohesión, que eran las grandes infraestructuras, sino que hay que
mejorar sobre todo nuestra productividad industrial, no para evitar deslocalizaciones, que es un proceso natural, sino para radicar empresas, atraer inversiones y frenar el deslizamiento hacia oriente de buena parte de nuestro modelo industrial.
El segundo aspecto es el Mediterráneo. A diez años del proceso de Barcelona, les sugiero la posibilidad de crear en el próximo período de sesiones un debate específico en esta Cámara para discutir sobre el Mediterráneo. Europa se ha
deslizado hacia el este y esto se ha notado, pues Alemania ha tejido una red importante con la adhesión de los diez Estados. Es importante que creemos una estrategia, conjuntamente con otros países -seguramente Italia y Francia-, de acción de la
Unión Europea en política exterior en el Magreb. Es la zona más importante, se lo digo como catalán. El impacto del Magreb en nuestra economía, la importante población de ciudadanos originarios de esa zona que hoy residen en el Estado -en
Cataluña, en el País Valenciano, en Madrid y en otras zonas como Andalucía y Canarias- implican una política específica de cooperación y de desarrollo.
Y, por último, un tercer aspecto. No voy a discutir más sobre Turquía, pues se ha hablado largamente, pero déjeme decirle una cosa. La apuesta por la incorporación de Turquía, lenta y con todas las reservas y aspectos que hay que
dilucidar, implicaría un punto de no retorno. Como ha dicho muy bien el presidente del Gobierno, todos los países que se han integrado en la Unión Europea han establecido un punto de no retorno que es fundamental.
Déjeme añadir una cosa más. Como catalán, la causa kurda nos preocupa. Ha sido una conculcación sistemática de los Derechos Humanos de un pueblo como el kurdo, dividido en diferentes Estados. Creemos que aquí se da la oportunidad para
que, un pueblo que ha sufrido, tenga definitivamente paz y capacidad de desarrollo. Señor presidente del Gobierno, espero que, de una vez, se refiera también al pueblo kurdo, que también existe.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Erkoreka, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, como ha sido mi grupo, concretamente he sido yo, uno de los que ha planteado dudas o motivos de preocupación en relación con la integración de Turquía a la Unión Europea, más concretamente con el modo en el que se ha
empezado a gestionar ese proceso de adhesión, quisiera hacerle un par de precisiones.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted cuando dice que, probablemente, la identidad básica de la política exterior europea es difundir a lo largo y ancho del mundo los valores en los que se asienta la propia Unión Europea, que están
recogidos en el Tratado constitucional, los principios de la paz, la libertad, la democracia, los derechos fundamentales y la indivisibilidad de estos. Esto es así, es incuestionable, estoy de acuerdo. Lo que no conviene confundir ni mezclar es el
compromiso de la Unión Europea de difundir estos valores en los que se asienta por todo el orbe con la problemática vinculada a la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, porque esta difusión se puede hacer desde la política exterior sin
que tenga que traducirse en la incorporación de nuevos países, se puede hacer con un compromiso, diseñando una política internacional efectiva que esté seriamente comprometida con la difusión de estos valores.
Entre mis dudas estaba fundamentalmente la del modo en el que se está gestionando el proceso de incorporación de Turquía. A nosotros nos da la impresión de que se ha operado bastante irresponsablemente, recurriendo a lo fácil, recurriendo a
presentar ante la sociedad europea hoy la faz más progresista, la faz más abierta, más asequible, más dispuesta a aceptar la pluralidad de las culturas y la alianza entre las diversas civilizaciones, pero probablemente la más problemática de cara a
que puedan verse satisfechas las ilusiones, las aspiraciones legítimas del pueblo turco, que pueden encontrarse con un camino probablemente más difícil de que tienen derecho a encontrarse.
Finalmente, no voy a entrar en el debate de si el incremento del porcentaje de la renta per cápita de España se aproxima más o menos a la media europea y si esto es bueno o es malo, lo que sí es evidente es que este es un dato objetivo, que
el efecto estadístico de la ampliación tiene como resultado ese incremento del porcentaje de renta per cápita, que por tanto hay que actuar en consecuencia con ese dato que es inexorable y hay que plantear y proyectar la problemática de la
solidaridad interna en la Unión Europea con arreglo a ese dato, que, sea
bueno o sea malo -no entro ahí-, es incuestionable y, por tanto, obliga, nos guste o no nos guste, a replantear toda la política de solidaridad y a renunciar inevitablemente a ser los principales beneficiarios de esas políticas de
solidaridad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervendré brevemente.
En primer lugar, señor presidente, haciendo referencia al portavoz de otro grupo parlamentario ante la Comisión de investigación, a nosotros nos parece bien no solamente que el Estado desarrolle mecanismos preventivos en materia de seguridad
que sean equilibrados con la libertad, sino también que esos mecanismos de prevención lo sean desde el punto de vista social, es decir, que haya una cultura preventiva en la sociedad española. Por tanto, valoramos la presentación de las iniciativas
por parte del presidente del Gobierno ante esta Cámara, pero de la misma manera le decimos que esa cultura preventiva tiene que traer consigo una cultura de integración. Una cultura preventiva tiene a veces el riesgo de magnificar el riesgo -valga
la redundancia- o de buscar un enemigo más allá del adversario, que es el terrorista. En ese sentido, es necesario equilibrar la cultura preventiva con una cultura muy clara de integración, una cultura multicultural en este caso.
En segundo lugar, señor presidente, me gustaría que aclarara cómo vamos a compatibilizar lo que ya hemos comprometido en el marco de la Comisión de Secretos Oficiales, cómo vamos a compatibilizar el pacto antiterrorista y la Comisión de
Secretos Oficiales, porque en el futuro vamos a tener más problemas, ya que el propio Gobierno va a proponer, y nosotros estamos de acuerdo, que haya un nuevo pacto, el pacto dentro de la Comisión de Investigación del 11-M. Si ya con dos acuerdos
tenemos problemas, con tres, los problemas se pueden disparar. Por tanto, el Gobierno tiene que aclarar si vamos a seguir siendo plato de segunda mesa o si hay un marco de información y de estrategia compartida en materia antiterrorista dentro de
la Comisión de secretos oficiales y en qué momento se realiza.
En tercer lugar, respecto a los fondos europeos, en estos momentos estamos ante unas ambiciones en materia territorial y en materia europea que no se corresponden con los medios. Parafraseando a Delors, los medios no se corresponden en
absoluto con las ambiciones. Los medios para la ampliación europea y los medios para el equilibrio territorial son menores que los que había antes. Eso es así, está acordado ya en fondos de cohesión y probablemente repercuta en los fondos
estructurales. No nos engañemos, señorías, algo tiene que cambiar en el marco de la Unión Europea no solamente en la política exterior sino también en el modelo social. Por este camino, en nuestra opinión, no vamos bien, por el camino de exigirnos
unos a otros cómo queda lo mío, cuando el resultante final va a ser un resultante a la baja. Señor presidente, nosotros no vemos claro el tema del Sáhara y creo que no lo ve claro la población española, ni lo ven claro los marroquíes, ni tampoco el
Frente Polisario. En esta materia el Gobierno tiene que aclararse en las próximas semanas si no quiere seguir abundando en esta confusión.
Con respecto al referendum, señor presidente, usted no va a tener un problema en cuanto al debate político en torno a las legítimas posiciones en el referendum. Ya el problema se lo han marcado. El problema lo va a tener usted en la
participación y la abstención en el referendum. Pero además va a ser un problema interpretado en clave nacional. Por tanto, huya usted del debate renacionalizador en el referendum. Centrémonos todos en el debate europeo, no vaya a ser que luego
usted se vea obligado a expresarse en función de la abstención, si eso apoya a su Gobierno o no apoya a su Gobierno y entonces apoya a la oposición.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, quería mencionarle tres cuestiones. La primera cuestión es que compartimos el fondo del debate de hoy con respecto a lo que significa la posible incorporación de Turquía al club de los veinticinco, de los veintisiete
próximamente, desde el punto de vista de que es una oportunidad para el encuentro de distintas culturas y para exportar lo mejor de la esencia europea como la libertad, la justicia, la democracia y, por tanto, la defensa de los derechos humanos.
Esta es una oportunidad extraordinaria que se nos brinda y no la podemos desaprovechar porque también nos ayudará a vivir en un mundo más tranquilo y más seguro.
Segunda cuestión. Agradecemos sinceramente el compromiso adquirido por el presidente de impulsar de forma inmediata un plan integral de la seguridad para Canarias. Tomamos buena nota de ello, vamos a hacer un seguimiento y esperamos que
esa sensibilidad del presidente se traslade a los responsables del Gobierno para que de forma inmediata se haga una evaluación de medios y que, por tanto, se pueda plasmar la necesidad urgente que tiene el Archipiélago por la razón que antes
señalábamos, que es su situación geográfica.
Tercera cuestión. Señor presidente, me gustaría -si es posible- que me respondiera a la cuestión que le planteaba sobre si el Gobierno va a seguir defendiendo con la misma energía y con la misma inteligencia los intereses canarios en el
seno de la Unión Europea y si el Gobierno, con esa energía y esa inteligencia, va a defender la propuesta de la Comisión Europea de compensar, a través del fondo especial para las regiones ultraperiféricas, la pérdida que significa la pérdida -valga
la
redundancia- de región Objetivo 1.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente. El señor presidente hizo uso de un argumento que me gustaría que repensase aunque pueda ser de gran eficacia social, y es el argumento de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sin duda es cierto que el
imaginario social tiene mucho peso. Otras partes del mundo están francamente laceradas, pasan hambre. Me gustaría que usted pensase a dónde conduce ese argumento, sobre todo si tiene en cuenta que da la casualidad que los Estados centrales en la
actual Unión Europea tenían desde el punto de vista de las mayorías sociales un bienestar mucho mayor en los años setenta u ochenta que hoy, por ejemplo, Alemania, o Francia, o la propia Italia. Eso sin duda tiene que ver algo con lo que se va a
sacralizar ahora como modelo económico y social. A eso me refería. Un modelo que imita en su trasfondo al de Estados Unidos, no me refería a otra cuestión.
En segundo lugar, sí le tengo que agradecer, y además fervientemente, que su actitud en relación con el respeto a todas las opciones que hay en el referéndum no se transmita solamente a los medios de comunicación, sino también a su propio
partido. Para mí ya sería un contexto a años luz de los que vivimos en otras épocas históricas en este Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Un minuto para decir en nombre de los zaragozanos que agradecemos al Gobierno su participación y su actividad para que Zaragoza haya sido designada para celebrar la exposición universal de 2008. Desde luego, el
proyecto 2008 lo llevó el señor Belloch en su campaña electoral, pero yo estuve en las primeras reuniones y no soy militante del Partido Socialista Obrero Español. Y mejor que no hubiera estado el Partido Popular, porque su presidente tiene la
costumbre de no llegar nunca a las votaciones y las pierde. Por tanto, enhorabuena en nombre de los zaragozanos y gracias por la actividad.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Labordeta.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Con brevedad, voy a hacer alguna puntualización. Arrancaré de una afirmación, ya que estamos en un debate de política exterior con carácter casi general, cosa que a mí no me desagrada a pesar de que sea en el marco de una información sobre
los dos últimos consejos europeos. La política exterior de España está mejor que hace un año, igual que son mejores las oportunidades que tiene la oposición, porque yo asistí a muchos debates de estos y creo que sólo en una ocasión tuve una
réplica; ahora siempre hay réplica cuando se informa de los consejos europeos.
(Aplausos.)
No está el señor Rajoy, por tanto, voy a dejar para el final alguna consideración. (Una señora diputada: Estará cansado.) Estoy seguro de que, dada su fortaleza, no será un problema de cansancio. (El señor Rajoy Brey entra en el
hemiciclo.-Rumores.)
Señor Rajoy, usted ha dicho que no apoya el sí a la Constitución europea en el referéndum por mí, por el presidente del Gobierno. Yo quiero decirle que yo voy a votar sí y defiendo el sí por usted y por todos los españoles, por todos mis
compatriotas, porque estoy convencido de que esa Constitución es una garantía de futuro para una sociedad con bienestar, que deseo que nuestros hijos vivan y que no pudieron vivir nuestros padres. En esa condición, le puedo asegurar que voy a votar
sí por usted y por todos los españoles, sea usted líder de la oposición, del PP o de cualquier otra fuerza política, porque está por encima de lo que representa un momento constitucional y una decisión constitucional.
Cuando votamos la Constitución
de 1978 lo hacíamos unos por otros, lo hacíamos por todos, lo hacíamos por un país, por un futuro de concordia y de entendimiento. Al menos en esto tenía la oportunidad de decir que sí lo hacía por el Gobierno también, en esto, ya que coincidimos
en el voto a favor de un proyecto constitucional europeo, pero la ha perdido.
Señor Rajoy, yo creo que la vicepresidenta, en ese acto sobre Europa, no hizo críticas al Partido Popular, no; creo que hizo algunas críticas a sectores minoritarios, como luego matizó, de jueces y curas. He estado unos minutos pensando
por qué habría dicho eso y, sinceramente, no he visto sotanas en sus escaños, al menos a primera vista, y por tanto no entiendo por qué se había producido esa referencia. Incluso le he dicho que comprendía que desde la oposición se hicieran
críticas al partido del Gobierno en los actos de petición del voto afirmativo al referéndum. No obstante, la vicepresidenta del Gobierno no hizo críticas al Partido Popular en un acto sobre el referéndum y creo que una cosa es acuciar y otra es no
decir los hechos como son. Una cosa es acuciar y otra es no razonar, señor Rajoy. Le digo, razone conmigo: ¿Es cierto que llevamos 300 años con el contencioso de Gibraltar? Es cierto. ¿Y que no se ha conseguido nada? Inequívoco, clarísimo.
(La señora Salom Coll: Y ahora menos.-Un señor diputado: Ya veremos.) Señoría, la tarea política se mide por los resultados no por las presunciones y no se puede hacer oposición con presunciones sino sobre valoración de resultados. Ha empezado un
proceso de diálogo y cuando avance ese proceso de diálogo podrán hacer una valoración. Mientras tanto, es una suposición, y qué casualidad que las suposiciones suyas siempre van en la misma dirección.
Ahora resulta que para conseguir una exposición internacional los gobiernos de los países no cuentan. Esto sí que es una novedad en lo que representa el escenario diplomático. Por eso todos los gobiernos nombran embajadores, por eso no ha
habido reunión bilateral de todas las que he tenido en cumbres, en distintos foros y encuentros en la que no esperase mi interlocutor, y por supuesto yo hiciera, la petición expresa del voto a favor de Zaragoza, como en otras cuestiones que tenemos
pendientes de dirimir en ámbitos internacionales. Si lo que ustedes dicen de cómo es nuestra política exterior, que pierde influencia, que no genera amigos, que sólo damos sonrisas (no sé por qué tienen tanta manía a sonreír, me parece que es un
ejercicio bastante saludable para el desarrollo de cualquier tarea), si eso fuera así, señor Rajoy, no hubiéramos conseguido un apoyo mayoritario a una candidatura. Sería muy difícil si no hubiera un buen clima de relación con muchos países, si no
hubiera un clima de amistad, de confianza, de credibilidad y de seriedad.
Ya he visto que no acepta la oferta en torno al viaje a Polonia. Creo sinceramente que la respuesta que ha dado es poco seria, se lo tengo que decir así, muy poco seria para un líder de la oposición de esta Cámara (Aplausos.) y además ha
vuelto a deslizarse sobre un terreno en el que al menos debería de reflexionar, porque ha invocado incluso que cancelé, y es verdad que aplacé, una visita al presidente de Rusia, al señor Putin.
Sí, señor Rajoy, lo hice por responderle a usted una
pregunta en el Parlamento. (Varios señores diputados: ¡Oh!) Lo hice porque mi primer compromiso, como he dicho muchas veces, es el Parlamento, como he demostrado en todas sus preguntas en la Comisión de Investigación y hoy al responder aquí a
todas las cuestiones que críticamente quepan o no en el debate sobre el Consejo Europeo. (Aplausos.) Igual que conviene, señor Rajoy, que reflexione y también todos aquellos que han estado hablando del aplazamiento de la cumbre bilateral con
Polonia. Simplemente quiero que la Cámara recuerde, usted señor Rajoy a lo mejor es un dato que desconoce, que mi comparecencia en la Comisión de Investigación estaba fijada inicialmente para otro día, no para el día 13. Por eso estaba la cumbre
bilateral con Polonia para el día 14. Espero que disfruten con las cosas que han dicho del cansancio, hasta me parece bien que disfruten, cada uno mantiene el estilo que considera oportuno. Yo admiro su capacidad de trabajo. Se lo digo
sinceramente. Le admiro sinceramente.
Incluso me gusta emularle en eso. Voy a intentarlo todo lo que pueda. Se lo digo con toda sinceridad, pero debería hacer una reflexión al respecto. Estuve en esa Comisión catorce horas, la cumbre ya se
trastocaba bastante en la agenda y, como el Gobierno polaco es razonable, después de que explicas esto a cualquier persona y le planteas si hay inconveniente en aplazar la cumbre, dijo: no hay ningún problema. Como pasa siempre entre gobiernos
amigos y entre personas razonables, sensatas y de buena fe. (Aplausos.) Así es, igual que en más de una ocasión desde que soy presidente del Gobierno se han aplazado encuentros previstos o cumbres bilaterales por cuestiones que afectaban a la vida
política interna de una manera clara y evidente, y para hacer una cumbre en condiciones, como se merece Polonia, era mejor aplazarla, porque habíamos perdido la oportunidad de llegar a la cena, cuando la previsión era poder acabar la Comisión a la
hora de la comida, aunque, como bien conocen, gracias al trabajo intenso del señor Zaplana preguntando, trabajo que agradezco una vez más, le puedo asegurar que estuve a disposición de la Comisión todo el tiempo. Señor Rajoy, le digo con normalidad
que es deslizarse por un terreno bastante poco sensato y razonable a estas alturas de lo que representa el ejercicio de la crítica, de la responsabilidad política e incluso hasta me atrevería a decir del conocimiento de las personas. En todo caso,
puedo asegurarle que voy a hacer todo el esfuerzo para emularle en sus actitudes en torno al trabajo y en su capacidad y su fuerza para llevar adelante la tarea política, como ha venido demostrando en los últimos años.
Quiero decir sobre el Sáhara exactamente igual que dije hace un momento sobre Gibraltar, simplemente expreso la necesidad de que la Cámara tenga la información oportuna, la va a tener por parte del Gobierno, no hay ningún cambio en la
política en relación con el Sáhara, hay una reflexión irrebatible de sentido común que he expuesto aquí: la única alternativa de futuro, de estabilidad, de seguridad para el Sáhara es un acuerdo de todas las partes. El Gobierno español estará y
pondrá su rúbrica si tiene que ponerla en sentido figurado o político allí donde haya un acuerdo, porque esa es la garantía de la estabilidad y del mejor bienestar para el pueblo saharaui. A usted y a todos los que han planteado alguna cuestión al
respecto les digo que con relación a las perspectivas financieras me remito al hecho objetivo del que partimos: hay un informe de la Comisión que supone lo que supone para España, eso es lo que se ha encontrado este Gobierno cuando ha llegado a la
responsabilidad de dirimir las cuestiones que afectan a la Unión Europea. Simplemente creo que es razonable plantear que veamos lo que teníamos cuando llegamos al Gobierno, lo que la Comisión puso encima de la mesa y el resultado final del acuerdo
en el Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras 2007/2013, cuando sea, dentro de seis meses o dentro de un año, porque igual el proceso dura un año. Es razonable que el Gobierno sea prudente a la hora de explicar, de dar detalles de su
estrategia negociadora, que la tiene y que cuyo desarrollo se han dado ya distintos pasos, en mi opinión positivos, pero al día de hoy es muy conveniente que tengamos todos cautela hasta que empiece el momento de la negociación formal de una manera
clara y directa.
Se ha vuelto a invocar a Niza. Diré únicamente sobre Niza que cuando este Gobierno llegó la Conferencia Intergubernamental tenía un sistema para la votación de doble mayoría, que la mayoría de la población era del 60 por ciento y este
Gobierno volvió con la mayoría del 65 por ciento de la población. Estos son los hechos, Niza no era pasado ya, era un puro sueño, una pura retórica que había sido superada por lo que representaba el proceso
de la Conferencia Intergubernamental. Está en vigor, evidente, claro que está en vigor y por mucho tiempo, pero en el debate de la Conferencia Intergubernamental, cuando este Gobierno llegó existía una propuesta de sistema de votación por
doble mayoría 50/60, 60 de población, y el Gobierno consiguió que esa mayoría de población llegara al 65 por ciento, que satisface -conviene que vayan haciendo los números con la población española- plenamente lo que es una posición fuerte de
nuestro país en el contexto de la Unión Europea, y espero que en su momento el tiempo lo pueda acreditar de manera clara.
Usted lo ha dicho, hay una política en relación con Cuba que consiste en invitar disidentes a las fiestas nacionales, y hay otra política en relación con Cuba que consiste en sacar a los disidentes de las cárceles.
Esa es la diferencia
(Aplausos.), la eficacia de una u otra política. Y le recuerdo, señor Rajoy, porque quizá no esté informado de esos extremos, que la Unión Europea ha dado por buenas las propuestas que España ha hecho en relación con Cuba y el cambio de estrategia,
después de que se ha evaluado que determinadas sanciones no habían resultado eficaces. El régimen no se ha movido y cada vez había en los centros penitenciarios más personas disidentes. Por tanto, lo que se ha hecho es evaluar la eficacia, y había
medidas que desde luego no lograban ninguna eficacia como es notable.
Para terminar, en relación con Turquía y con las dudas que se han planteado del modelo económico y social, creo, señor Duran y algún otro portavoz, que el problema no es que Turquía se integre en la Unión Europea, sino que la Unión Europea
se extiende a Turquía. (Un señor diputado: Muy bien.) Creo que ese es el hilo conductor del análisis. Es mucho más el impacto para Turquía de lo que representa la extensión de la Unión Europea que la capacidad de integración que pueda tener la
Unión Europea en relación con Turquía.
Ha hecho una reflexión, señor Duran, y me habrá visto dudar en el escaño, en torno a que no es lo mismo un ateo o un agnóstico que viva en una cultura cristiana o en una cultura islámica, no es lo mismo. Yo respeto su opinión, pero creo
sinceramente que una de las grandezas del proyecto de la Unión Europea es que es capaz de integrar, es capaz de asimilar, como este país, por cierto, como la historia de este país, es capaz de tener si quiere la lealtad con la historia de que igual
que la inmensa mayoría de los países, de los pueblos, de las culturas, son siempre fruto de una interacción de muchas y diversas influencias, siempre son fruto de una interacción, no hay una identidad ni propia, ni exclusiva, ni siquiera mayoritaria
en ningún ámbito y mucho más cuando el ámbito es hoy ya como el de la Unión Europea. Puede ser un país en concreto, una región, una nacionalidad, pero algo tan extenso desde el punto de vista de la población territorial, histórico, como es la Unión
Europea, es un cruce de culturas, es un ensamblaje de religiones, de influencias, que han tenido, como casi siempre, en distintos momentos superposiciones y no sabemos qué deparará en ese sentido la historia. Por ello creo que si le ponemos un poco
las luces largas, la perspectiva, nos daremos cuenta de que esas diferencias pueden ser de un momento histórico determinado, existen en el ámbito de diferentes culturas y sociedades, pero no proyectan lo que puede representar una dificultad para su
consolidación.
Coincido con el señor Llamazares, y termino ya, en que es imposible defender que seamos más europeos y haya menos Europa desde los puntos de vista político, económico y presupuestario. Totalmente de acuerdo. Es una expresión que explicó el
presidente del Parlamento europeo, el español José Borrell, el otro día en el propio Consejo Europeo. Por cierto, quiero recordar que el Parlamento europeo es decisivo en las perspectivas financieras, quiero recordar que hay una comisión ad hoc
para las perspectivas financieras y que la preside el presidente del Parlamento Europeo, el compañero José Borrell. Por cierto, la elección del señor Borrell como presidente del Parlamento europeo es otro ejemplo de los pocos amigos que tienen el
Gobierno y el Partido Socialista en Europa dentro del contexto de la política exterior que hemos vivido en los últimos tiempos. (Aplausos.)
Agradezco lo manifestado por el señor Rivero. Por supuesto, le reitero que la defensa de lo que significa la singularidad de Canarias está siempre presente en el debate, en la acción del Gobierno ante la Unión Europea, que somos plenamente
conscientes de lo que significa perder la condición de Objetivo 1 y que vamos a trabajar -y creo además que trabajaremos con resultado favorable- para que eso no cause efecto y haya una compensación o un mecanismo que mantenga un importante volumen
de ayudas.
Señor Rodríguez, no es fácil en este momento hacer todo un debate sobre lo que representa el modelo económico y social. No estamos, ni lo he dicho, en el mejor de los mundos posibles, pero es verdad que estamos, dentro de lo que cabe, mejor
que la mayoría de los mundos conocidos. Ahí podemos estar de acuerdo. Es verdad que hay y perviven injusticias de una manera muy lacerante en las sociedades llamadas avanzadas, estoy en condiciones de compartir muchas de esas inquietudes, pero
otra cuestión es que discutamos sobre los métodos, que estemos de acuerdo en qué se ha hecho con muchos de los fondos que han llegado a muchas regiones. Si uno coge y evalúa el volumen de recursos aportados por la Unión Europea bajo el principio de
la política de solidaridad -en eso estaremos de acuerdo- y el efecto que ha originado en la productividad, en la mejora de la educación, en la mejora de competitividad de algunas regiones, seguramente la reflexión no sería mirar a Europa como
modelo, sino mirar a otros modelos en la aplicación de las políticas hechas con recursos que han venido de la Unión Europea. Esa es sinceramente mi opinión, y la mejor prueba es que hay regiones, comunidades en España que han dado un impulso
impresionante de desarrollo en gran medida con los fondos de la Unión Europea. Me ha referido en última instancia lo relativo al debate de la campaña del referéndum de la Constitución europea y me ha hablado de los medios de comunicación.
Yo puedo lógicamente transmitir la petición a los medios públicos de que sean respetuosos con el pluralismo en las opciones que van a exponerse de cara al referéndum de la Constitución -lo que se va a defender, el sí, el no o la abstención-,
en los medios públicos le puedo garantizar que el Gobierno hará todo el esfuerzo trasladando a sus responsables la necesidad de mantener ese principio de pluralismo. Obviamente, no puedo ni siquiera comprometerme a trasladar ninguna petición a los
medios privados, pero si en algún momento cree que algo que esté en el ámbito del Gobierno y del Partido Socialista no está garantizando ese pluralismo, que deseo firmemente como una garantía de salud democrática y de ciudadanía en este país, le
pido que nos lo transmita porque pondremos remedio con carácter inmediato. Termino reiterando el agradecimiento.
En relación con la política antiterrorista solamente le quiero hacer un matiz al señor Rajoy respecto al anuncio. Señor Rajoy, he entendido que cuando se toman medidas para mejorar la seguridad y prevenir en todo orden lo que representa la
convivencia, después de lo que nos ha pasado en relación con el terrorismo la obligación del Gobierno es, en primer lugar, hacer los planes oportunos, adoptar las medidas necesarias de acuerdo con la información que le aportan las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado; en segundo lugar, comunicárselo a los responsables políticos, como yo he hecho con usted desde el sábado, y en tercer lugar, exponerlo ante la Cámara, ante la ciudadanía. Seguramente no hubiera sido comprensible ni ante
ustedes ni ante los grupos parlamentarios que habiéndose reunido el domingo la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que habiendo aprobado un plan que entra en funcionamiento el día 23 a las cero horas de la noche no íbamos hoy aquí,
compareciendo el presidente del Gobierno, a informar a la Cámara. Le puedo decir que cada vez que el Gobierno tome alguna decisión de importancia que afecte a la seguridad o a cualquier otra cuestión y tenga la oportunidad el presidente de
explicarlo directamente a la Cámara para poder debatirlo, lo hará. Ese es el principio de un Gobierno transparente, ese es el principio de un Gobierno que explica porque la mejor manera de tener confianza es ser transparente, explicar y no ocultar
nada. De esas cosas ya han pasado demasiadas en nuestro país. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO AL VIGENTE RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS COMUNIDADES DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN. (Número de expediente 173/000044.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el punto VI del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández) relativa a la posición del Gobierno
respecto al vigente régimen tributario de las comunidades de montes vecinales en mano común.
Para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Fernández. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como ya manifestamos en el debate de nuestra interpelación relativa a la posición del Gobierno respecto al vigente régimen tributario de las comunidades de montes vecinales en mano común la respuesta -ya lo
decíamos- no fue satisfactoria, razón por la cual hoy presentamos esta moción.
Concluía el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, después de explicar las razones que llevaron en el año 1999 a definir un modelo tributario para estas comunidades de montes que luego se recoge para estas
entidades en el Texto Tefundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto legislativo de 5 de marzo de 2004 -leo textualmente- que el modelo sigue siendo útil y que en opinión del Gobierno no habría que modificar el sistema
globalmente.
Las razones de nuestro desacuerdo son las mismas que las expuestas en la legislatura pasada cuando defendimos nuestra proposición de ley reguladora del régimen tributario de los montes vecinales en mano común y están fundamentadas en el
conocimiento del papel social que juegan estas entidades vecinales -comunidades de montes- en la sociedad rural y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Por otro lado, nuestras propuestas no son más que el reflejo de las
demandas de las personas afectadas -los comuneros- que tienen que gestionar y no de manera profesionalizada, pues sería contrario a la esencia de estas comunidades, estas entidades de manera que el beneficio obtenido redunde en la mejora de la
calidad medioambiental del monte y al mismo tiempo contribuya a mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales que facilite los asentamientos de vecinos y evite la despoblación rural que tan gravemente está afectando a distintos territorios
del Estado y de manera especial a nuestro país: Galicia. No estamos hablando, señorías, de eliminar las obligaciones tributarias de estas comunidades de montes vecinales, estamos hablando de sustituir el modelo tributario al que están sometidas
actualmente por una norma específica que se fundamente en un análisis real de los aprovechamientos realizados en los montes vecinales en mano común, otorgándoles un tratamiento fiscal diferenciado.
En este punto hacemos dos diferenciaciones. En el caso del aprovechamiento individual, consideramos que una de las normas puede ser a través del IRPF, y en los
aprovechamientos colectivos, un régimen especial específico, con una declaración anual sencilla que incorpore deducciones a los beneficios que se apliquen a inversiones destinadas al uso social, tanto las destinadas directamente al monte
como a servicios o a equipamientos públicos de interés social. También nos parece importante la exención de tributación de una serie de subvenciones o ingresos por estar destinadas al uso público del que hablamos y, en definitiva, a la mejora y
conservación de los montes vecinales. Importante es también lo que recogemos en los puntos 4, 5 y 6 de la moción, por la vinculación que la actividad de los montes comunales tienen con la agricultura. Las competencias que en esta materia
entendemos que deben ser de las comunidades autónomas y que es necesario el diálogo y la cooperación con las entidades representativas de las comunidades de montes vecinales, todas las entidades -y cuando decimos todas nos referimos a la necesidad
de dialogar con las entidades de montes vecinales en mano común-, perfectamente organizadas y coordinadas entre sí, y no solamente con aquellas que son más representativas de sociedades privadas, como prácticamente fue hasta ahora el diálogo que
mantuvo el anterior Gobierno.
Señorías, no modificar el sistema tributario aplicado a estas comunidades de montes desde el año 1999 sería mantener -y nos atrevemos a decir incluso desde el punto de vista jurídico- un sistema contradictorio que además genera evidentes
agravios comparativos. Contradictorio, porque según la Ley del Impuesto sobre Sociedades todas las sociedades sometidas a este impuesto presentan o tienen que presentar al menos una de las siguientes características: ser personas jurídicas, ser
entidades o patrimonios separados que se constituyen a partir de un acuerdo de voluntad o pacto previo entre dos o más personas para la puesta en común de bienes o derechos, y ser entidades que persigan la obtención de beneficios para repartirlos
entre sus socios. Pues bien, señorías, las dos primeras condiciones nunca se cumplen en este caso y la tercera solamente se da en algunas comunidades de montes vecinales en mano común, y cuando se da, concretamente en Galicia, en comunidades de
montes vecinales en el medio rural, el reparto entre los vecinos de los ingresos obtenidos del monte significa que estos alcanzan unas rentas que actúan como acicate para afirmar población en ese medio rural, y para esos casos está ya la aplicación
del IRPF.
Agravios comparativos. Todos los ingresos que reciben los montes vecinales en mano común son considerados como ingresos, al contrario de lo que ocurre en los montes de propiedad particular. Otro agravio comparativo son los coeficientes
reductores de aplicación en la renta en los montes de propiedad particular, el 7, el 20 y el 30 por ciento según los casos, coeficientes que no tienen los montes vecinales. Como agravio comparativo se da también entre las propias comunidades de
montes que reparten beneficios entre los vecinos, normalmente las del interior, ya que las comunidades tienen automáticamente que tributar el 25 por ciento del montante de los ingresos que van a repartir, de la parte entregada a los vecinos tienen
que practicar otra retención del 25 por ciento y el vecino comunero o vecina y comunera tiene que declarar la renta alcanzada en el IRPF. Pensamos, señorías, que nuestra propuesta es rigurosa y que responde además a una realidad y a la demanda de
aquellas personas que están afectadas.
Para rematar, señorías, y sólo a modo de recordatorio, leeré literalmente del 'Diario de Sesiones' del 28 de noviembre de 2000 argumentos de portavoces de otros grupos parlamentarios para razonar en aquel momento el apoyo a la proposición de
ley del BNG a la que anteriormente hacía referencia. Concretamente me referiré a unas manifestaciones del portavoz del Grupo Socialista, señor Díaz, que decía lo siguiente: La normativa actual está teniendo efectos perversos ya que no incentiva el
aprovechamiento económico de estos montes. Y recordaba el mencionado portavoz que estas propiedades estaban exentas de la cuota de la Seguridad Social agraria por entender el legislador que no eran empresas, sino una forma diferente de propiedad.
Y añadía: Desde el punto de vista colectivo, interesa poner en producción y valor estas propiedades, siendo posible también que existan intereses individuales en su desvalorización para, posteriormente, justificar la desaparición de esta propiedad
colectiva. Afirmación esta última, señorías, que compartimos plenamente.
Por lo tanto, entendemos que los argumentos que empleamos para defender esta moción están razonados y anticipamos que, dado que el Grupo Socialista presentó una enmienda que
es un avance para conseguir un acuerdo entre el Gobierno y las sociedades comunales de montes vecinales en mano común, vamos a aceptar esa enmienda añadiendo después de la frase: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar en el año
2005...', continuando el texto de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Fernández.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, tiene la palabra el señor Torres, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, señorías, con la mayor brevedad posible quiero hacer un comentario sobre esta moción y sobre todo quiero aclarar por qué hemos presentado una enmienda, agradeciendo al Bloque que la haya aceptado
con la modificación pertinente.
Estamos hablando, como se ha señalado aquí, de unas propiedades privadas con titularidad colectiva, de todos los vecinos, de base germánica, con una serie de características que la configuran como una propiedad social.
Es un bien social, no
está en el tráfico mercantil, por lo que aceptamos que tenga una serie de peculiaridades en su régimen tributario. Es verdad que ha estado en desamparo legal durante mucho tiempo y es verdad también que tiene una gran dificultad de ubicación en
nuestro régimen tributario.
Por eso entendemos la preocupación de las comunidades. También entendemos que fundamentalmente
esta preocupación deriva de que la mayoría de las comunidades, en una estimación efectuada -un 70 por ciento-, no tienen los medios para poder evaluar correctamente su situación tributaria. Por este motivo creemos que el régimen actual no
es un mal régimen, que puede mejorarse notablemente, que el régimen alternativo sería una dificultad añadida y que, por lo tanto, vale la pena que durante el ejercicio 2005, que es cuando se va a producir la reforma del IRPF, haya un diálogo de
estas comunidades vecinales en mano común con el Gobierno para perfilar cuáles son las características, tanto formales como de fondo, que esta tributación comportaría.
Por otra parte, la moción contiene otros elementos respecto a IVA que no proceden, en cuanto que ya es posible acogerse al régimen de agricultura, ni tampoco es posible pensar en una modificación de la Lofca para dar cabida a estos temas.
Por lo tanto, entendemos que unas comunidades que cumplen unas funciones económicas, sociales y ecológicas importantes y que vertebran comunitariamente un espacio merecen tener el tratamiento fiscal que les permita no estar fuera del circuito
económico, pero cumplir sus obligaciones fiscales sin ser una carga gravosa. Tampoco podemos decir que se están ubicando fuera del sistema económico porque eso tampoco sería bueno, pero al menos con este compromiso que tomamos nosotros y que toma
el Gobierno podemos configurar una base de diálogo para intentar que en los próximos meses este régimen especial pueda ir matizándose y acoplándose a las necesidades de las comunidades vecinales.
Dada la hora, prescindo de un detalle mayor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): En turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, tiene la palabra, por Esquerra Republicana, el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señor presidente.
Sobre este tema, tan importante en algunas comunidades autónomas y especialmente en Cataluña, que rige desde hace casi un milenio los usos y costumbres en el Pirineo catalán, en el Pirineo aragonés y en el Pirineo navarro, comprenderá que...
(Pronuncia palabras en catalán.)
Nuestra democracia, que a veces presumimos los catalanes de que las constituciones de Cataluña y de la Corona de Aragón, que son ya casi milenarias, salen de los usos y costumbres de sus... , esta forma del bosque común, que en el
Principado de Andorra se ha garantizado absolutamente y no tiene expresión de protección en nuestro país, es una forma de democracia radical, y a los republicanos nos gustaría esta democracia de un hombre, un voto. La ley anterior, que hoy, con
esta proposición, se intenta derogar, era ir hacia la extinción de todo lo que es el bosque del común. Por muchos motivos, porque esta fórmula democrática de bosque común ha demostrado servir al desarrollo de la montaña, a la prevención de la
montaña, a la vida de la montaña, este espacio tan frágil en nuestros días, tenemos que hacer un esfuerzo para conservarlo. Estamos absolutamente de acuerdo con la proposición que ha presentado el BNG y estaríamos de acuerdo, si hay una fórmula de
transacción, en encontrar la manera de que, mediante nuevos usos tributarios, no se acabe con esta fórmula absoluta y radicalmente democrática de uso de la montaña que ha demostrado estar a la altura de estos momentos en que sobre todo hay que
preservar su valor ecológico.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Señor Oreiro, cuando usted quiera.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Señor presidente, yo tenía preparado un bonito discurso, porque es mi primera intervención en este foro, lo cual considero un privilegio, pero, dada la hora y la expectación, voy a prescindir de él y voy a decir
solamente dos cosas respecto a los montes en mano común.
Cuando hablamos de comunidades de montes en mano común no estamos hablando de algo homogéneo, estamos hablando de un elemento que es común pero de gestión diferenciada. La ponente de esta moción en su interpelación ya hablaba de las
comunidades de montes en mano común que tienen que tributar automáticamente el 25 por ciento del montante de los ingresos que van a repartir, y alude a este reparto como un medio para fijar la población en el medio rural y mejorar la calidad de vida
de las personas del mundo rural. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Evidentemente, no todas las comunidades de montes reparten beneficios o reparten sus ingresos, y estando de acuerdo nuestro grupo con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de los vecinos y de fijar la población rural, no podemos coincidir en el modelo. Digo esto porque yo, que formo parte como comunero, evidentemente no trabajador porque mis características me condicionan bastante,
conozco varias comunidades de montes en las que su aplicación fundamental de los ingresos es la reinversión en el propio monte, consiguiendo con esto que mejoren las infraestructuras del monte a través de pistas, estanques, vallados, que se
incrementen las repoblaciones forestales, que se efectúe limpieza y poda de estos montes, que haya un aprovechamiento pecuario, consiguiendo de esta manera puestos de trabajo que son los que, a nuestro parecer, fijan población, que haya un
incremento de la rentabilidad y potenciar valores intangibles como son los ecológicos, medioambientales, paisajísticos, climáticos y hasta los valores de uso social. Estos valores mejoran la calidad de vida, evidentemente, y en cuanto que atraen
turismo, producen una rentabilidad. Todas las inversiones realizadas en el monte son deducidas de la base imponible de la tributación de las comunidades de montes. Por lo tanto, en la práctica quedan exentos de tributación. En ese sentido, nos
parece que el señor ministro, en la contestación a la interpelación urgente, estaba acertado cuando decía: Pensamos
que el sistema actual resuelve gran parte de los problemas, es correcto, aunque todo es mejorable siempre. Si en función de esa mejora han aceptado los ponentes una enmienda del Grupo Socialista, que mi grupo no conoce porque no hemos
tenido acceso a ella, y si la enmienda va en el sentido de mejorar, no tendríamos ningún inconveniente en votar favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Oreiro, por esta su primera intervención en este Parlamento, y también siento la hora y por tanto la ausencia de tantos diputados.
Señora Fernández, para aclararnos a todos cómo queda la cuestión de enmiendas que también pedía el señor Oreiro, tiene usted la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Quedaría la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, que en su inicio dice: El Congreso de los Diputados...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entiendo que es una transaccional del Grupo Socialista a la moción originaria que el Grupo Mixto presentó.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Efectivamente, perdone.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Me encargaré de que, por supuesto, todos los portavoces conozcan la enmienda presentada, que será finalmente la que votemos.
Muchas gracias, señora Fernández.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN. (Número de expediente 173/000045.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, rápidamente pasamos al último punto del orden del día, que es una moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la
situación de crisis del sector textil y de la confección.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, desde Convergència i Unió queremos mostrar nuestra satisfacción por haber impulsado y conseguido el consenso de todas las formaciones políticas para que el Gobierno pueda empezar a adoptar medidas urgentes para
intentar resolver la difícil situación por la que está atravesando el sector textil ante la liberalización del comercio mundial, que se va a producir a partir del 1 de enero de 2005.
También quisiéramos agradecer desde nuestro grupo parlamentario
la sensibilidad del Gobierno, en este caso del ministro señor Montilla y del diputado don Manuel Mas, del Grupo Parlamentario Socialista, así como del resto de las formaciones políticas que nos han presentado enmiendas y que nosotros desde nuestra
posición hemos intentado subsumir, para poder alcanzar finalmente este acuerdo que nosotros hemos considerado ya en el inicio de mi intervención muy positivo para el sector.
Señorías, si el Gobierno cumple con lo acordado, el sector textil en general, empresarios, trabajadores y sindicatos, se lo agradecerán, rebajaremos seguramente las tensiones que se están produciendo entre todos los agentes industriales,
económicos y sociales, y al mismo tiempo rebajaremos la ansiedad que en dicho sector se está produciendo por las preocupaciones a las que están sometidos vistas las perspectivas a medio y a largo plazo. El acuerdo que hemos alcanzado a través de
esta moción es muy amplio, contiene una serie de medidas que se pueden implementar, que nosotros definimos como transversales, intersectoriales, innovadoras y modernas, que tocan todos los aspectos y que plantean -y esto es lo más importante, desde
nuestro punto de vista- previsiones para evitar que se produzcan conflictos como los que se han producido en el sector de la construcción naval, como el de Izar, de todos conocido. Es una moción que prevé una serie de medidas que, si se ponen en
marcha y el Gobierno actúa con intensidad, teniendo en cuenta el acuerdo que vamos a alcanzar todos los grupos parlamentarios, probablemente podamos resolver muchas situaciones.
En resumen, el Gobierno tiene la hoja de ruta para actuar y ha llegado el momento de la acción. Como les decía anteriormente, esta moción, que es intersectorial y transversal -iba a decir otra cuestión, pero no me atrevo porque es un poco
impulsiva y compulsiva-, contiene tres aspectos importantes muy característicos, a nuestro entender. Un primer punto va orientado a impulsar medidas, en colaboración con las comunidades autónomas, para apoyar a las empresas afectadas para los
procesos de ajuste entre las que se encuentran diferentes programas de capacitación y recolocación de los trabajadores que se puedan ver afectados por la crisis o por las dificultades del sector textil. También plantea poner encima de la mesa
instrumentos financieros para que puedan impulsar la recolocación y el trasvase de trabajadores de un sector a otro subsector, tales como los créditos participativos o créditos reintegrables. También hemos incorporado una idea que nos han brindado
algunos sectores implicados del sector textil, como es la posibilidad de potenciar y crear los llamados distritos industriales.
Hay un segundo aspecto de nuestra enmienda que va orientada y dirigida a la mejora de la competitividad del sector textil en general. Hablamos de redimensionamiento del sector, de internacionalización y de innovación en todos aquellos
aspectos que hacen referencia a los muestrarios para que puedan ser considerados como innovación. Hacemos también un planteamiento atrevido de la formación y del empleo, así como también hablamos de
la falsificación de productos y de todos aquellos aspectos que hacen referencia a la internacionalización, aceptando como instrumento positivo el ICEX, en colaboración con las diferentes comunidades autónomas.
Un tercer aspecto muy importante, a nuestro entender, es proponer y plantear medidas ante la Unión Europea con el objetivo de articular y reforzar la iniciativa común en el sector textil y de la confección, con la adopción de una serie de
medidas que van orientadas a incrementar la vigilancia sobre todos aquellos aspectos que hacen referencia a la importación textil de China, India y otros países, garantizando el escrupuloso respeto a las recomendaciones de la Organización Mundial
del Comercio, solicitando, si fuera preciso, la aplicación de la cláusula de salvaguardia expedida para los textiles. También planteamos otras cuestiones, como iniciar todos los recursos de defensa comercial de la Unión Europea, de conformidad con
la Organización Mundial del Comercio, para el supuesto de que la supresión de cuotas entrañe el uso de prácticas comerciales desleales por parte de los países importadores frente a la industria textil española. Asimismo planteamos promover el
incremento de información que se suministra al consumidor respecto a aquellos productos textiles que han sido manufacturados de manera respetuosa con los derechos fundamentales del trabajo, definidos en la Organización Internacional del Trabajo, y
con el medio ambiente.
Finalmente, planteamos el impulso de la adopción de decisiones de la Unión Europea, con el objeto de superar todos los obstáculos de las exportaciones comunitarias del sector textil a terceros países, toda vez que el
desmantelamiento integral de las restricciones cuantitativas debe ser compensado por un exceso equivalente al mercado mundial para los productos textiles de la confección europea.
Esta es la moción que hemos consensuado todas las formaciones políticas.
Entendemos que a partir de estos momentos el Gobierno tiene la hoja de ruta para poder empezar a poner en práctica todas estas cuestiones que hoy aprobamos
conjuntamente y que, lógicamente, el Parlamento controlará al cabo de un año, como también hemos aprobado en esta moción, para comprobar si el Gobierno ha hecho los deberes poniendo en práctica todas aquellas acciones que van en la dirección de
reforzar e implementar una posición más contundente para el mantenimiento del empleo del sector textil en toda España y, al mismo tiempo, favorecer la competitividad de nuestras empresas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre.
Continuamos con el turno de defensa de las enmiendas presentadas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero decir que nos parece una moción oportuna, pertinente y necesaria.
Las enmiendas presentadas por nuestro grupo han sido asumidas y se encuentran recogidas en la enmienda transaccional. Por lo tanto, nuestro voto será favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo quería decir que es obvio que el proceso de globalización y de internacionalización comercial experimentado en las últimas décadas ha supuesto un importante impulso para nuestra economía, pero también ha comportado
endurecimientos de la competitividad para nuestros sectores productivos, especialmente para aquellos que son más intensivos en mano de obra, ya que deben competir con países productivos con costes salariales mucho más bajos. Uno de estos sectores
es la industria del textil, con un importante peso específico en Cataluña, el País Valencià, en definitiva, en los países catalanes. Este fenómeno exige, por el bien de nuestra economía y del amplio espectro de sectores sociales implicados, una
acción mucho más decidida del conjunto de las administraciones públicas en dos direcciones. La primera es la de impulsar verdaderos programas de reconversión y mejorar la competitividad de estos sectores, ya sea a través de medidas estratégicas de
redimensionamiento empresarial y de fomento de la internacionalización como haciendo efectiva la legislación existente. El caso más pragmático es quizás el del fomento de la innovación. El Estado español tiene una de las fiscalidades de una Unión
Europea con mayores incentivos a la inversión en I+D+I, pero el exceso del celo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en sus inspecciones convierte a muchos de estos en prácticamente inalcanzables. Un paso muy significativo para
incrementar de forma real la inversión privada en nuevas tecnologías y en procesos productivos sería exigir al Estado una mayor correspondencia entre normativa fiscal y aplicabilidad a través de la Agencia Tributaria.
La segunda de las direcciones que debería tomar el conjunto de las administraciones públicas es la de garantizar las condiciones de libre competencia. Es inconcebible que en este escenario de dura competencia no se garantice la igualdad de
condiciones y el cumplimiento de la legalidad vigente. Para conseguir este objetivo, es indispensable garantizar una acción inspectora comercial eficaz, por tanto dotada de los recursos humanos suficientes. El obligado cumplimiento de este
objetivo de mejora de la acción inspectora, competencia de las comunidades autónomas, requiere un significativo aumento de sus necesidades de gasto que no se ha realizado en el actual sistema de financiación.
Señoras y señores diputados, después de lo expuesto, ya les avanzo que nuestro grupo votará afirmativamente esta moción. Lo único que nos preocupaba de la moción
que presentaba Convergència i Unió era que no se hacía referencia a la necesidad de coordinar estas medidas con las comunidades autónomas, evitando así cualquier invasión de competencias. En este sentido, Esquerra Republicana ha presentado
una enmienda que pide coordinar las medidas expuestas en esta moción con las comunidades autónomas, con el propósito de alinear las políticas de la Administración pública competente en políticas comerciales e industriales y evitar situaciones de
invasión de competencias por parte de la Administración central.
La enmienda transaccional que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió ya ha incorporado en todos sus puntos esta intención de coordinar estas medidas con las comunidades autónomas. Nuestro grupo se congratula con este cambio en la
moción de Convergència i Unió y la votará afirmativamente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Popular comparte la enorme preocupación que el sector textil tiene por su futuro, pero hemos de decir que confiamos plenamente en el sector si el Gobierno toma las medidas oportunas para que esos problemas de futuro se
puedan resolver. Esta moción, que se ha consensuado entre todos los grupos parlamentarios, es un buen instrumento que el Gobierno debe utilizar para impulsar esa acción de Gobierno y para despejar esas inquietudes de futuro que sin duda tiene el
sector.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado diversas enmiendas. Estábamos de acuerdo con el texto original de Convergència i Unió, pero entendíamos que faltaban algunos aspectos que por fin han podido incorporarse a la moción definitiva.
Para no alargar mi intervención, voy a hacer referencia a dos enmiendas concretas que han sido incorporadas a la moción transaccionada y consensuada por todos los grupos parlamentarios.
Una de ellas supone reforzar el papel de los institutos
tecnológicos importantes, como Aitex, el instituto tecnológico del sector, como instrumentos eficaces a potenciar en la línea del Programa NMP, del VI Programa marco de la Unión Europea, que debe propiciar sin duda avances tecnológicos, el
desarrollo de procesos eficientes ecológicamente, productos de alto valor añadido y unos mercados asociados con un elevado potencial de crecimiento para nuestra industria textil. Creo que esta es una de las cuestiones fundamentales de futuro.
La otra enmienda insta al Gobierno a elaborar, en colaboración con el observatorio textil y las comunidades autónomas, un plan específico para las pequeñas empresas y para los talleres textiles cuya principal actividad es la producción
destinada a empresas de mayor dimensión, con el objetivo de facilitar la comercialización de sus productos, de poder conseguir marcas propias y, por tanto, de reducir la dependencia que tienen esos talleres, esas pequeñas empresas del subsector,
posibilitando con ello su viabilidad futura.
Con esas dos cuestiones como referencia a las enmiendas que hemos presentado, doy por concluida mi intervención, no sin antes decir que entendemos que esto no es un cheque en blanco al Gobierno, sino que el Gobierno debe utilizar bien esta
consensuada moción y estos instrumentos que ponemos a su disposición, que desde luego tienen fecha y contenidos que han de cumplirse. Nosotros vamos a estar muy vigilantes y muy pendientes de que el Gobierno cumpla el mandato de este Parlamento en
el sentido que recoge la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Castelló.
Señor Mas, por el Grupo Parlamentario Socialista, es usted el último de la noche. Adelante.
El señor MAS I ESTELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hace dos años que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó una moción consecuencia de una interpelación sobre este mismo tema. En la mente de todo el mundo estaba la preocupación por la
fecha del año 2005, en que entraría una bastante fuerte liberalización del sector textil, y cómo repercutiría todo esto en nuestra situación.
Señorías, el año 2005 está ya a la vuelta de la esquina y evidentemente vuelve la preocupación del sector textil sobre su situación. Todos los grupos de la Cámara con esta moción, con una enmienda transaccional que hemos discutido todos y
que vamos a aprobar por unanimidad, vamos a dar seguridad y tranquilidad al sector textil. Yo creo que tenemos que explicarles cuál es la situación, la situación es difícil porque en una economía global existen a la vez riesgos y oportunidades. No
podemos continuar pensando en un sector textil basado en productos de escaso valor añadido, tenemos que pensar, como todos los sectores de la economía española, en incorporar valor añadido en diseño, en materiales técnicos especiales, en
comercialización. La moción va en esta línea.
El Grupo Parlamentario Socialista podría haber contestado esta moción diciendo que la exposición que hizo el ministro de Industria, Turismo y Comercio la semana pasada ya era suficiente, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos
que lo que abunda no daña. Hay que dar las explicaciones pertinentes y con lo que hemos consensuado con todos los grupos parlamentarios podemos presentar al sector una moción unánime del Parlamento español muy adecuada.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista han ido en la línea de aumentar la utilización de los recursos existentes. Hemos suprimido una referencia a la fiscalidad porque entendíamos que este tema no afecta sólo a un sector sino a
todos los sectores y, por tanto, era inconveniente hablar de ello en esta moción. Hemos añadido en nuestras enmiendas todo lo referido a la promoción
exterior de nuestra moda y de nuestros productos. Hay comunidades -estoy pensando en la Comunidad Autónoma de Galicia- que aquí tienen mucho que decir, mucho que hacer; pueden representar al país muy dignamente y con mucha fuerza y esto
hay que explotarlo. También hemos introducido una enmienda pidiendo al Gobierno que solicite a la Unión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia para el comercio textil si ello es necesario.
Con el conjunto de enmiendas que han presentado los otros grupos parlamentarios, como han explicado ellos -colaboración con las comunidades autónomas y colaboración interempresarial tanto en el comercio como en el diseño- se ha llegado a una
buena moción que dará tranquilidad al sector textil, al menos les dará confianza pues todos los grupos políticos de la Cámara están a favor de su supervivencia y de su continuidad en el futuro. Es una buena propuesta que nosotros votaremos
favorablemente.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mas.
Señor Sánchez Llibre, ¿pasaremos a votar la enmienda transaccional? (Asentimiento.)
Perfecto.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, antes de votar, la Presidencia tiene que trasladarles una propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento la Presidencia, de acuerdo con los
portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día a los efectos de incluir la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la política farmacéutica del
Gobierno, que se tramitaría como último punto del mismo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Señorías, queda aprobada la modificación del orden del día.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a votar las dos mociones.
En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Mixto, que ha defendido la señora Fernández, relativa a la posición del Gobierno respecto al vigente régimen tributario de las comunidades de montes vecinales en mano común. Sometemos a
votación la enmienda transaccional que todos los portavoces tienen en su poder.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 278; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobada dicha moción.
Señorías, vamos a votar la última moción de hoy, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación de crisis del sector textil y de la confección. Votamos el texto de
la enmienda transaccional que todos los portavoces tienen en su poder.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 279.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, acabamos aprobando por una unanimidad esta moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las diez y quince minutos de la noche.