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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 46, de 03/11/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 46
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 42
celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Modificación del orden del día ... (Página 2034)
Preguntas ... (Página 2035)
Interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación a la política de inmigración. (Número de expediente 172/000056.) ... (Página 2061)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional. (Número de expediente 172/000049.) ... (Página 2067)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han adoptado o tienen previsto adoptar para el control y el freno del
fraude fiscal. (Número de expediente 172/000051.) ... (Página 2073)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y la lealtad institucional. (Número de expediente 172/000055.) ... (Página 2079)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 2034)
La Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 43 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, en relación con la política de inmigración, pase a debatirse antes del punto 41, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de
libertad condicional, lo que se aprueba por asentimiento.
Preguntas ... (Página 2035)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa consultar al Tribunal Constitucional previamente la
ratificación de la Constitución Europea? (Número de expediente 180/000343.) ... (Página 2035)
Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el año 2005, con el IPC, en caso de que supere el 2%? (Número de expediente 180/000348.) ... (Página 2036)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál es la opinión del Presidente del Gobierno sobre la posibilidad de que la selección deportiva española se
enfrente con una selección de una Comunidad Autónoma en una competición internacional? (Número de expediente 180/000349.) ... (Página 2037)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que cabe en la
Constitución Española el derecho de autodeterminación de alguna Comunidad Autónoma? (Número de expediente 180/000350.) ...
(Página 2038)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que el Gobierno está
actuando con transparencia? (Número de expediente 180/000351.) ... (Página 2039)
Del Diputado don Manuel Huertas Vicente, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cuáles son las medidas concretas que han acordado para reactivar el Proceso de
Barcelona y cómo piensan llevarlos a la práctica? (Número de expediente 180/000335.) ... (Página 2040)
Del Diputado don Agustí Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué compromisos ha adquirido el señor Moratinos ante el señor Straw para
solucionar los abusos urbanísticos en el País Valenciano? (Número de expediente 180/000347.) ... (Página 2041)
Del Diputado don Francisco Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué implicaciones tiene para la reivindicación española de la soberanía
de Gibraltar la mención de la Constitución de 1969 en el comunicado conjunto de los Gobiernos español y británico? (Número de expediente 180/000352.) ... (Página 2042)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la reciente visita del Ministro de Asuntos
Exteriores Sr. Straw? (Número de expediente 180/000362.) ... (Página 2043)
Del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿En qué situación se encuentran las negociaciones con el Gobierno de Aragón sobre las transferencias a esta Comunidad
Autónoma en el ámbito de la Administración de Justicia? (Número de expediente 180/000344.) ...
(Página 2044)
Del Diputado don Pedro José Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuáles son los planes del Gobierno para fomentar en el ámbito iberoamericano los mecanismos que
dinamicen e incrementen la cooperación y relaciones entre las autoridades judiciales y los Ministerios de Justicia de los distintos países? (Número de expediente 180/000367.) ... (Página 2045)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Tiene el Gobierno el propósito de declarar, en aguas canarias, una moratoria para la realización de maniobras
militares con buques de guerra hasta que se investiguen las reiteradas denuncias de que la utilización de dispositivos sónicos son la causa de la muerte de zifios y otros mamíferos marinos que frecuentan dichas aguas? (Número de expediente
180/000345.) ... (Página 2046)
Del Diputado don Manuel Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Comparte usted las declaraciones del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en las que afirma que 'España
da mucho y recibe poco de Estados Unidos'? (Número de expediente 180/000353.) ... (Página 2047)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa:¿Con qué medidas de seguridad cuentan los aviones en los que han sido trasladados los soldados
españoles a Afganistán? (Número de expediente 180/000354.) ... (Página 2048)
Del Diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué acciones concretas piensa desarrollar el Gobierno para coadyuvar al éxito de las solicitudes
recientemente efectuadas por las Federaciones Vascas de Sokatira, Pelota Vasca, Béisbol-Sofbol y Fútbol Sala para su ingreso en las respectivas federaciones internacionales? (Número de expediente 180/000346.) ... (Página
2049)
De la Diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Piensa el Gobierno aprobar medidas para paliar los efectos de la subida del
petróleo pese a no haber llegado a un acuerdo con los representantes agrarios? (Número de expediente 180/000369.) ...
(Página 2050)
De la Diputada doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para prevenir, controlar y
evitar la expansión de la enfermedad del ganado conocida como Lengua Azul? (Número de expediente 180/000366.) ...
(Página 2051)
Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Qué criterios ha utilizado el Ministerio de Cultura para la selección de los miembros de la Comisión de
Expertos sobre el Archivo de Salamanca? (Número de expediente 180/000356.) ... (Página 2052)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para controlar el consumo de alcohol entre los jóvenes
menores de edad? (Número de expediente 180/000316.) ... (Página 2053)
Del Diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Tiene previsto el Gobierno la modificación de los planteamientos de la Ley de Reproducción
Asistida actualmente vigente? (Número de expediente 180/000363.) ... (Página 2054)
Del Diputado don Julián Simón de la Torre, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles van a ser las líneas generales del Real Decreto de Suelos Contaminados? (Número de
expediente 180/000364.) ... (Página 2055)
Del Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿De qué forma repercutirá en la provincia de Málaga la implantación del Programa de Actuaciones
para la Gestión y Utilización del Agua (Programa A.G.U.A.)? (Número de expediente 180/000365.) ...
(Página 2056)
Del Diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Piensa el Gobierno iniciar los trámites para que el puerto de Palamós sea frontera Schengen para el
transporte de personas y mercancías? (Número de expediente 180/000322.) ... (Página 2057)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Quién entregó a la cadena SER la grabación de las conversaciones de terroristas en la cárcel de
Villabona? (Número de expediente 180/000355.) ... (Página 2058)
Del Diputado don Victorino Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para reducir el número de víctimas mortales consecuencia
de los accidentes de tráfico? (Número de expediente 180/000360.) ... (Página 2059)
De la Diputada doña Carmen Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Cómo valora el Gobierno el diálogo abierto con la Junta de Andalucía y otras Comunidades
Autónomas a fin de disminuir la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional? (Número de expediente 180/000361.) ... (Página 2060)
Interpelaciones urgentes ... (Página 2061)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación a la política de inmigración ... (Página 2061)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Muñoz Uriol. El objetivo de la interpelación, dice, es conocer los criterios que va a seguir el Ministerio del Interior en política de
inmigración, porque los criterios expuestos hasta el momento son totalmente diferentes dependiendo de la circunstancia. Le recuerda al señor ministro las críticas que se vierten en un medio nacional de Francia, país y gobierno amigos, el domingo 31
de octubre, sobre la política de inmigración del Gobierno español por alimentar la inmigración. Dice el primer ministro francés que debemos concienciarnos de que la inmigración clandestina se dirige siempre hacia los países que son percibidos como
menos firmes y que los procesos de regularización son entendidos en el extranjero como una forma de alentar la inmigración. A continuación expone las cinco cuestiones fundamentales en base a las que formularán la moción correspondiente. El Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso quiere saber qué es lo que va a hacer el Gobierno en política de inmigración; qué va a hacer con ese proceso extraordinario de regularización; que va a hacer con respecto al reglamento que han variado en cuatro
ocasiones; que va a hacer con esos 400.000 expedientes de renovación por silencio administrativo, que deben estar ya culminados según sus propias palabras; y sobre todo, con qué partidas presupuestarias va a contar.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos sociales (Caldera Sánchez-Capitán). Afirma que el cambio de Gobierno ha traído aparejada, entre otras cosas buenas para este país, una modificación del enfoque de la
política de inmigración, y critica a su vez la política llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, diciendo que, cuando menos, resultó una gestión muy complicada. Sin embargo, ellos tienen unos criterios claros para regular este fenómeno,
que pasa a exponer: primero, control y gestión ordenada e integrada de los flujos migratorios; segundo, lucha contra la inmigración ilegal, y tercero, integración de los inmigrantes. Y todo esto lo harán a través del consenso. El Gobierno,
añade, quiere sentar las bases de una política concertada desde una amplia voluntad de acuerdo con todas las fuerzas políticas, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales, ayuntamiento y comunidades autónomas, y en seis meses esta voluntad de
consenso ya ha rendido un fruto importante.
Replica la señora Muñoz Uriol, y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios del gobierno para la aplicación del régimen de liberta condicional ... (Página 2067)
Presenta la interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Muestra su intención de interpelar al señor ministro en un tono prudente, dada la naturaleza de las materias a tratar, pero sin
dejar de ser sincero y honesto. La pregunta fundamental es cuáles son los criterios que en materia de concesión de libertad condicional está aplicando el Ministerio del Interior, pregunta de la que saldrán otras posteriores. Su grupo opina que son
criterios curvilíneos, difíciles de comprender y que genéricamente se podrían vincular a determinadas actuaciones administrativas, luego convalidadas por el Consejo de Ministros, singularizándolas en este momento en la excarcelación del ex general
Galindo. Explica por qué considera que esta excarcelación tiene un carácter manifiestamente ilegal y pasa a hacer otra serie de reflexiones de naturaleza simbólica-política, para finalizar con la pregunta: ¿Hasta dónde está dispuesto el Gobierno a
proveer al desahucio de libertades públicas y derechos fundamentales existentes en el Estado? o, dicho de otra forma, ¿qué parte de las peores tramas de los anteriores gobiernos socialistas están dispuestos a asumir y a metabolizar políticamente?
Contesta el señor ministro del Interior (Alonso Suárez), en nombre del Gobierno, desde el respeto intelectual y personal que tiene por el interpelante. Afirma que en la interpelación que le hace se critica duramente la supuesta ilegalidad
de una decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, pero no se dedica más allá de dos minutos a sostener la irracionalidad y a desarrollar argumentativamente la ilegalidad de esa decisión. No discute ninguno de los
planteamientos que se han hecho en relación con temas distintos de la interpelación, pero sostiene la racionalidad y la absoluta legalidad, por los motivos que expone a continuación, de la decisión de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
Replica el señor Olabarría Muñoz, y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han adoptado o tienen
previsto adoptar para el control y el freno del fraude fiscal ... (Página 2073)
Presenta la interpelación urgente el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El motivo de la interpelación, explica, es la necesidad de un plan de lucha
contra el fraude y la preocupación de que haya elementos que hagan perder legitimidad a dicho plan. Muestra su preocupación porque no se hayan suspendido aspectos controvertidos de la Ley General Tributaria y por la ausencia de instrucciones a la
Abogacía del Estado para que acuse y haga reserva de acciones civiles en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del gobierno. Agradece la interpelación planteada y muestra su intención de hablar más bien de la lucha contra el fraude fiscal
en términos generales y de las actuaciones que en estos momentos están poniendo en marcha para intentar mejorar un aspecto tan fundamental como es la lucha contra el fraude fiscal. A continuación pasa a referirse a los tres temas planteados: en
primer lugar, al específico de la lucha contra el fraude fiscal; en segundo lugar, a una queja sobre si la modificación de algunos aspectos controvertidos de la Ley General Tributaria no podrían haber mejorado esa lucha contra el fraude fiscal, y
en tercer lugar, al tema concreto de las cesiones de crédito.
Replica el señor Herrera Torres, y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y la lealtad constitucional ... (Página 2079)
Presenta la interpelación urgente el señor Puigcercós i Boixassa, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC). Manifiesta que su interpelación tiene origen en la práctica cotidiana política y en una realidad que hoy es
palpable, y es que el Estado se compone de tres niveles administrativos consolidados: el poder del Gobierno del Estado, el poder autonómico y el nivel de la administración local, en los que es necesario que rijan -y está seguro que todos los
parlamentarios estarán de acuerdo- los principios de cooperación y de lealtad institucional. Se refiere al tema de la invasión competencial, pero sobre todo quiere resaltar un segundo aspecto que no se refleja en el debate habitual, y es la
centrifugación por el Estado de algunas competencias de las comunidades autónomas, como por ejemplo la sanidad, la educación, la política penitenciaria, el impuesto sobre actividades económicas, la inmigración y la atención a la dependencia.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura). Agradece la oportunidad que se le brinda de dirigirse a la Cámara y se pregunta si el interpelante no se habrá equivocado de legislatura al
hacer esta interpelación al nuevo Gobierno.
Rechaza la afirmación del señor Puigcercós de que nada ha cambiado y asegura que no sólo ha cambiado el Gobierno aquí y en otras comunidades autónomas, sino también los talantes, las actitudes, las
voluntades y los compromisos. Comparte el análisis del interpelante, como lo compartía en la legislatura pasada, y por eso, dice, el Gobierno se ha comprometido a gobernar con las comunidades autónomas de una manera distinta y a tener en cuenta no
sólo la existencia de las tres administraciones sino el debate que se tiene que establecer entre las tres administraciones. Está seguro que compartiendo el análisis y la preocupación, también estarán de acuerdo en la solució que pasa, en términos
parlamentarios, por la consiguiente moción.
Replica el señor Puigcercós i Boixassa, y duplica el señor ministro de Administraciones Públicas.
Se levanta la sesión a las nueve de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar la sesión de control del Gobierno, conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del
orden del día en el sentido de que el punto 43, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la política de inmigración, pase a debatirse antes del punto 41, relativo a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Vasco sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA CONSULTAR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PREVIAMENTE LA
RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000343.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de control al Gobierno. En primer lugar, pregunta al señor presidente del Gobierno del diputado don Gaspar Llamazares Trigo.
Señor diputado.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, recientemente el Consejo de Estado ha considerado necesario que exista un dictamen previo por parte del Tribunal Constitucional en relación con la trascendencia del tratado de la Constitución
europea para la Constitución española. ¿Por qué ha dudado tanto el Gobierno en pedir este informe al Tribunal Constitucional?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Llamazares. Como sabe, el Gobierno tiene un firme compromiso con la Constitución europea y con su ratificación. Por eso hemos decidido poner en marchar el mecanismo de celebrar un referéndum para que los ciudadanos tengan la
posibilidad de pronunciarse sobre ese importante tratado que representa la Constitución europea. El Gobierno ha evaluado la conveniencia de solicitar al Tribunal Constitucional un dictamen en torno al cauce jurídico para incorporar a nuestro
derecho lo que representa el tratado constitucional de la Unión Europea. Lo va a hacer, lo va a solicitar el próximo viernes, en el próximo Consejo de Ministros, por supuesto antes de la convocatoria del referéndum sobre el texto constitucional
europeo.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, rectificar dicen que es de sabios, y en este caso, aunque sea a la fuerza, el Gobierno ha rectificado en una materia que nos parece muy importante, porque lo que enturbia el referéndum europeo no
son las distintas posiciones de los grupos políticos, ni siquiera si unos consideramos que debe producirse el dictamen antes o después del referéndum, sino que lo que enturbia el referéndum es la falta de información previa al referéndum, es decir,
la falta de transparencia en relación con la trascendencia que la reforma constitucional podría suponer para nuestro país en la ratificación del tratado. Pero más que eso a nosotros nos preocupa en la actitud resistente del Gobierno lo que
podríamos denominar una tentación que no es nueva: la tentación de instrumentalizar los debates, las convocatorias y los referendos europeos a mayor gloria del Gobierno de turno. No nos parece en estos momentos lo más importante que el Gobierno
sea el primero de la clase o que cumpla su calendario político, sino que lo más importante para los que vamos a propugnar el no y para los que van a propugnar el sí es que se reconozca la mayoría de edad de la Unión Europea y la mayoría de edad de
los ciudadanos europeos, es decir, que haya transparencia, que haya debate público y que se respete el pluralismo en ese debate público en torno a la Unión Europea; en definitiva, que desacralicemos y politicemos la Unión Europea en términos de
debate público. Nosotros queremos todo esto para no caer en una foto que es una foto ajada, una foto vieja, la foto de las elecciones europeas, la foto de unas urnas medio llenas o medio vacías, pero en todo caso una foto que no nos gusta. Nos
gustaría una foto de transparencia, de debate público y unas urnas lo más llenas posible de participación, con el sí y con el no, pero de participación ciudadana.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, no voy a entrar en un debate sobre la rectificación o no. En todo caso -en alguna ocasión ya lo he expresado-, este Gobierno no se siente incómodo en lo que representa el arte de rectificar. (Rumores.) Diría más, se
siente muy cómodo en lo que representa el ejercicio del Gobierno que escucha. El Gobierno ha escuchado a distintas fuerzas políticas que han reclamado que la consulta al Tribunal Constitucional se hiciera antes de la convocatoria del referéndum, y
el Gobierno, en aras del consenso y del acuerdo entre todas las fuerzas políticas en un tema de esta naturaleza, ha escuchado y ha decidido hacer esa consulta previamente. Simplemente quiero hacer un matiz. La fecha del referéndum y el referéndum
estaban acordados por todas las fuerzas políticas. La única instancia que reclamó al Consejo de Estado -obviamente el Gobierno es el que tiene la facultad para hacerlo- la consulta sobre la posible adecuación y el cauce jurídico para incorporar la
Constitución europea a nuestro ordenamiento constitucional ha sido el Gobierno. Ninguna otra fuerza política había dicho nada hasta que el Gobierno toma esa iniciativa. Simplemente quiero dejarlo claro aquí porque me parece que la matización tiene
cierta importancia.
En todo caso, reitero, el Gobierno quiere consenso, ha escuchado y vamos a consultar al Tribunal Constitucional
antes de convocar el referéndum solicitando la autorización a esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y
DEL INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) EN EL AÑO 2005, CON EL IPC, EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 2%? (Número de expediente 180/000348.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del Gobierno del diputado don Antoni Duran i Lleida.
Adelante.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Seguramente sería lógico en la sesión de control del día de hoy preguntarle al presidente del Gobierno acerca de la lectura o análisis que hace de los resultados de las elecciones en Estados Unidos.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Duran, a la cuestión, el tiempo corre.
El señor DURAN I LLEIDA: La cuestión es que seguramente sería lógico preguntar al presidente del Gobierno por los resultados de Estados Unidos. Sin duda, más allá del respeto que el Gobierno tendrá a esos resultados, debemos ser
conscientes todos de que más que nunca es necesario el proyecto europeo y ser conscientes de que hay que acertar en la relación bilateral entre Estados Unidos y España.
Dicho esto, la pregunta lógicamente es otra: ¿Piensa el Gobierno garantizar el mantenimiendo del poder adquisitivo de las pensiones y del indicador público de efectos múltiples, Iprem, en el año 2005, con el IPC, en el caso de que supere el
2 por ciento? (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Duran, creo que la Cámara se ha quedado con deseos de escuchar su propio análisis sobre las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica.
(Risas.-Aplausos.) Entre otras cosas porque, como ya le he expresado en alguna ocasión, sus
opiniones en materia de política exterior siempre son importantes para mí y muy especialmente en todo aquello que afecta a la Unión Europea.
Yendo a la pregunta, le diré que el Gobierno va a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y además va a incrementar significativamente aquellas que tienen una cuantía más reducida. Damos así respuesta, de un lado,
a una obligación legal y, de otro, también damos respuesta a nuestro compromiso electoral en materia de pensiones mínimas. Y en relación con la posible revisión del indicador público de rentas de efectos múltiples, ésta va a ser abordada en la mesa
correspondiente, constituída en la comisión de seguimiento y evaluación creada en la declaración para el diálogo social 2004. Esta mesa va a tratar también de la revisión del salario mínimo interprofesional y sus perspectivas de evolución para
llegar en esta legislatura a los 600 euros mensuales comprometidos. Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente. No sé si la Cámara se habrá quedado con ganas de conocer mi opinión, pero estoy convencido de que le será de gran utilidad, si tiene a bien conocerla después usted personalmente,
tanto respecto a la Unión Europea como a las relaciones con Estados Unidos.
Sabe usted que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio 2004 preveía un incremento de pensiones ajustado con la inflación del 2 por ciento; que, por otra parte, existe la Ley de pensiones, que garantiza
mantener el poder adquisitivo, y que consecuentemente los presupuestos para 2005 deberían prever la posibilidad de que haya una diferencia entre lo previsto y lo real. Los últimos datos conocidos respecto a la inflación son de septiembre, y usted
sabe que se sitúan un 3,2 por ciento, por tanto, 1,2 por ciento por encima de la previsión. Normalmente el Gobierno ajustaba este desfase en el trámite del Senado. Como sea que hoy en el Senado hay una configuración política distinta de la que hay
en el Congreso, se puede prever que en el Senado sucedan cosas con el presupuesto que no están previstas. Consecuentemente, en la medida en que nuestro grupo parlamentario tiene presentada una enmienda en el Congreso solicitando que los
presupuestos atiendan ese posible desfase, estoy convencido de que el señor presidente estará con nuestro grupo parlamentario a favor de que el Congreso pueda prever ese posible desfase entre las previsiones reales de la inflación y lo que es el
coste de vida real. Por otra parte, este año se han introducido unas siglas, Iprem, indicador público de efectos múltiples, como consecuencia de querer, al margen de cuál sea el salario interprofesional, y precisamente a raíz del incremento del
salario interprofesional, adaptar lo que es, según la previsión del Ministerio de Trabajo, el incremento de ayudas a más de 300 asistencias en el ámbito social. En este sentido, me gustaría conocer la posición del Gobierno respecto...
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Duran. Le reitero, para concretar, que para el año 2005 el Gobierno contempla que todas las pensiones públicas van a ser actualizadas para garantizar su poder
adquisitivo, y que tres millones de personas van a ver mejorado ese poder adquisitivo en una subida adicional entre el 3 y el 6,5 por ciento. Además, como le acabo de indicar, en cuanto al Iprem, estamos dispuestos, a través del diálogo social, a
través de la comisión de seguimiento, a encontrar una fórmula de carácter plurianual que corrija las posibles desviaciones en función de la previsión de inflación. Estos son nuestros compromisos, que van, insisto, en la línea de lo que representan
el programa electoral y el programa de investidura en materia de política social y de pensiones. Muchas gracias.
(Aplausos.)
- DE DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LA SELECCIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA SE
ENFRENTE CON UNA SELECCIÓN DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN UNA COMPETICIÓN INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/000349.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del Gobierno de don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, yo no le voy a preguntar por cosa distinta de lo que figura en el orden del día. Lo único que le pido es prudencia y que piense en lo que le importa a España, independientemente de lo que le guste a usted más o menos.
Señor presidente, a fecha de hoy está previsto que España juegue un campeonato del mundo contra una parte de España. Incluso ya se celebró el sorteo y estamos en el mismo grupo. Quisiera conocer con claridad su criterio y qué es lo que va
hacer usted si, como yo espero, está en desacuerdo con esto. Se lo digo porque sobre este asunto ya le he preguntado otras veces, nunca me contestó, y hace muy pocas fechas, respondiendo a la pregunta de un diputado de Esquerra, la ministra de
Educación dijo aquí, en fecha 20 de octubre, que no estaba haciendo nada.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, el Gobierno va a cumplir y hacer cumplir la ley y el bloque constitucional en esta materia, lo que, a nuestro juicio, está muy claro en función de lo que dice nuestro ordenamiento y de la interpretación y de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Por tanto, ese ordenamiento y esa jurisprudencia determinan con claridad que son las federaciones españolas, a través de las selecciones españolas, las que representan oficialmente a nuestro país en las competiciones
internacionales. Por tanto, S.S. puede estar tranquilo porque pregunta por un futurible que no se va a producir.
Más allá de eso, señor Rajoy, sí quiero decirle que considero que las selecciones autonómicas pueden tener una expresión, pueden tener un apoyo, pueden tener un marco de realización de lo que puede ser una aspiración y que en esta materia,
como en otras muchas, el diálogo (Rumores.), mal que les pese, es mejor camino que la alarma y que la demagogia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, yo no he hecho alarma ni demagogia, yo he preguntado por un asunto que importa a muchísimos españoles. Le pregunté en el debate de investidura, no me respondió usted en el debate de investidura y
debía haberlo hecho. Yo creo que un presidente del Gobierno, en estos temas y en otros, pero sobre todo en estos que son los importantes, debe tener criterios claros, explicarlos y hacer pedagogía.
Hay que tener convicciones, señor presidente,
porque esto pudo haberlo dicho usted en su día. Lo que le pido es que no intente quedar bien con todos, que cuando se es presidente del Gobierno muchas veces hay que decidir y manifestarse con claridad, con convicciones y con principios y luego
defenderlos, que no pasa nada, que si defiende usted estas cosas con claridad va a tener el apoyo de la inmensa mayoría. A veces da la sensación de que, por unas o por otras razones, quiere usted contar con el apoyo de la inmensa minoría, y eso es
una equivocación, señor presidente; eso que ha dicho usted aquí debía haberlo dicho en el debate de investidura, le hubiera evitado muchos tragos a su grupo, que, entre otras cosas, tuvo que votar a favor de una proposición en ese sentido en el
Congreso de los Diputados para rectificar al día siguiente. Por tanto, como en tantos temas, señor presidente, convicciones, y eso no tiene nada que ver con alarmas ni demagogias. Me temo que las alarmas y las demagogias son las suyas.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, le agradezco que reconozca que me he expresado con claridad sobre cuál es la posición del Gobierno, que por cierto ha sido manifestada por distintos miembros. Cuando le hablo de la demagogia le hablo de una cosa muy sencilla,
señor Rajoy. La situación que tenemos con el reconocimiento de la selección catalana de hockey sobre patines es fruto de una decisión que se adoptó el 26 de marzo por la Federación Internacional,
siendo Gobierno ustedes. (El señor Bermúdez de Castro Fernández: ¡Para nada!-Aplausos.) Por tanto, en ese punto debería tener un poco de responsabilidad, simplemente por los antecedentes. (Un señor diputado del Grupo Popular: ¿Y
Maragall?) Desde luego, ya le he dicho que eso no se va a producir en el futuro.
Para terminar, señor presidente, me hacía unas recomendaciones al principio sobre el resultado de las elecciones de ayer en Estados Unidos de Norteamérica. Se las agradezco. (Rumores.) Incluso estoy dispuesto a que nos pongamos de acuerdo:
ustedes celebran el resultado de las elecciones en Norteamérica y nosotros celebramos el resultado de las elecciones en España, y todos contentos. (Prolongados aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA
QUE CABE EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE ALGUNA COMUNIDAD AUTÓNOMA? (Número de expediente 180/000350.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la sesión.
Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno del diputado don Eduardo Zaplana.
Señor diputado.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, conocemos desde hace ya tiempo, pero especialmente estos días a través de los medios de comunicación, que el señor Maragall pretende buscar un acuerdo con sus socios de Gobierno que podría incluir, según se ha dicho,
el derecho de autodeterminación en la reforma del Estatuto de Cataluña. Las reacciones del Partido Socialista, hasta ahora, han sido las habituales: unos a favor, otros en contra, otros de forma ambigua ni saben ni contestan. Lo que sí sabemos es
que el señor presidente del Gobierno dijo que apoyaría la reforma que viniera del Parlamento de Cataluña. Por eso mi pregunta es si considera usted que cabe en la Constitución española el derecho de autodeterminación en alguna comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Señoría, como creo y confío en que alguna vez, al menos una vez, usted se haya leído la Constitución, ya sabe la respuesta: no.
(Aplausos.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Sí o no!)
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.
Guarden silencio, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora vicepresidenta, aparte de leerme la Constitución, formé parte de una formación política que contribuyó a que esa Constitución exista en nuestro país, con la ayuda de todos.
(Rumores.-Protestas.) Con
la ayuda de todos, pero como motor fundamental.
Yo me imaginaba que esa sería su respuesta, pues no puede ser otra, es una obviedad, pero le pediría que cuando me conteste de forma tan contundente, me mire, sin duda, como interpelante, pero mire también a los escaños de Esquerra
Republicana de Cataluña (Aplausos.-Rumores.), a los escaños que apoyan a su Gobierno y que apoyan también al Gobierno del señor Maragall. La respuesta, efectivamente, solamente puede ser sí o no, y por tanto sobran todas las ambigüedades. Están
abriendo un debate tremendamente peligroso en este país, un debate que muchas veces da la sensación de que no pueden cerrar bajo ningún concepto porque no les dejan sus socios de Gobierno. Todas las interpelaciones y preguntas que nosotros
realizamos no son caprichosas, señora vicepresidenta. No es caprichoso denunciar que el presidente del Gobierno ha dicho que da igual distinguir entre el término nación o el término nacionalidad, porque lo que está haciendo el presidente del
Gobierno es precisamente abrir la puerta a esas reivindicaciones. Y sepa, señora vicepresidenta, que en eso no contarán ni con los 10 millones de españoles que representa mi grupo ni con muchísimos españoles que representa también su grupo, porque
nosotros, por encima de eso, por encima de poder estar sentados en el banco azul, sabemos que hay cosas que no se pueden hacer y con las que no se puede jugar. (Aplausos.-Rumores.) (Un señor diputado: ¡Sí o no!)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.
Silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
No sé cuál es su pretensión, señor Zaplana. No sé si son duros de mollera y no terminan de enterarse (Rumores.-Protestas.), no sé si quieren sembrar confusión y dudas entre los ciudadanos, no sé. En todo caso, me parece que es un juego
infantil e irresponsable (Protestas.) en el que sólo ustedes parecen no conocer el final, pero no tengo inconveniente en volver a explicárselo. (Un señor diputado: ¡Sí o no!) En la Constitución no
está la autodeterminación, y, como usted debería saber, España es en la actualidad uno de los países con la estructura territorial de mayor nivel de autogobierno del mundo, (Rumores.) que 20 años después de haber iniciado ese proceso
necesita mejorar los niveles de coordinación, de cooperación y de funcionamiento entre las distintas administraciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y para hacerlo, nada mejor que el diálogo. ¿Tanto miedo les da el debate en
libertad, señor Zaplana? (Aplausos.-Rumores) Al Gobierno, a la mayoría de los grupos políticos y de los ciudadanos no nos asusta. ¿Imagina usted una empresa o un grupo político que de vez en cuando no piense cómo puede mejorar? (Protestas.) Los
ciudadanos nos exigen a los responsables políticos que nos pongamos de acuerdo para mejorar su calidad de vida y su seguridad, y no que sembremos dudas, miedos y confusión.
Señor Zaplana, se lo dije una vez, pero se lo voy a repetir porque veo que insiste: siguiendo la máxima de un filósofo francés, no hay nada más peligroso que una idea, sobre todo cuando sólo se tiene una. Eso es lo que le ocurre a usted en
el debate territorial. Me preocupa, señor Zaplana, empieza usted a parecerse peligrosamente a esos malos predicadores que, a fuerza de tremendismo, al final y en el mejor de los casos, generan en sus oyentes cierta conmiseración. Recíclese, señor
Zaplana, recíclese. (Risas.-Protestas.-Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA
QUE EL GOBIERNO ESTÁ ACTUANDO CON TRANSPARENCIA? (Número de expediente 180/000351.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta del diputado don Ángel Acebes.
Adelante, señor diputado.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
¿Considera la vicepresidenta que el Gobierno está actuando con transparencia?
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Sí, con total transparencia.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor ACEBES PANIGUA: Señoría, efectivamente el Gobierno prometió actuar con transparencia en su gestión, pero, como en tantos otros ámbitos, ha hecho exactamente lo contrario. Le voy a poner dos ejemplos importantes; hoy le voy a
ahorrar algún otro, como el del Ministerio de la Vivienda, que, para ocultar el fracaso de su plan de choque, decidió que lo mejor era ocultar a todos los ciudadanos el resultado de las encuestas; bien es verdad que, como sabía que esto era
imposible, al día siguiente rectificó. Pero como el presidente del Gobierno nos ha dicho que están encantados de rectificar, háganlo todas las veces que quieran.
Lo que ahora quiero plantear es que el hecho de que a estas alturas todavía no sepan ni esta Cámara ni los españoles los presupuestos que se están debatiendo es algo realmente llamativo. El presidente del Partido Popular y de este grupo
parlamentario, el señor Rajoy, les preguntó a cambio de qué retiró Esquerra Republicana su enmienda a la totalidad de los presupuestos. Ustedes no lo quisieron contar y después han filtrado, como tantas veces, que el coste estaba en unos 400
millones de euros, pero a estas alturas no nos han dicho a costa de quién, es decir, a quién le han quitado esos 400 millones de euros. Peor aún, ¿le parece transparente el empeño socialista por controlar e instrumentalizar la justicia, destrozando
la división de poderes y la independencia judicial (Protestas.) a través de un procedimiento, como dijo textualmente un miembro de su Gobierno, de ingeniería jurídica, sustituyendo el principio de un hombre un voto por el más actual de un hombre
tantos votos como precisa el Gobierno socialista para que no se tome una sola decisión en el mundo de la justicia sin su consentimiento? Para ello, ayer han forzado todos los precedentes parlamentarios. Todavía no ha comparecido el Gobierno más
que a una pregunta oral en este Pleno; han establecido el trámite que menos debate permite, y todo ello contra el informe del Consejo General del Poder Judicial. Este despliegue de poder arbitrario es escandaloso y que encima se realice en nombre
de la regeneración y la transparencia, créame, absolutamente lamentable. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Señor Acebes, le voy a recordar algunas cosas. Un gobierno transparente es un gobierno que informa y no oculta a los ciudadanos la acción de gobierno; si quiere saber los presupuestos, mire las enmiendas. Un gobierno transparente es el
que facilita la creación de comisiones de investigación y colabora con ellas; si quiere, le recuerdo Gescartera. Un gobierno transparente es el que entrega en el Parlamento los datos demoscópicos del CIS sin adulterar. Un gobierno transparente es
el que no retoca las cifras económicas para ocultar el déficit público bajo las alfombras. Un gobierno transparente es el que comparece y responde en esta Cámara, garantizando el control parlamentario; un gobierno como el que represento,
señoría, que ha contestado en el mismo periodo de tiempo tres veces más que lo hizo el suyo -en seis meses, este Gobierno ha contestado a 9.000 preguntas; en el mismo tiempo, ustedes no habían contestado ni a 3.000-; un gobierno que esta
misma tarde, en el momento en que se abra el registro de la Cámara, presentará este informe, que recoge el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno con esta Cámara. Esto, señor Acebes, no tiene precedentes. Esto es transparencia,
señor Acebes; transparencia frente a oscurantismo, que, como usted sabe, es el arte de impedir la difusión de lo verdadero y poner en circulación lo falso, y en esto, como diría Goethe, usted es un maestro, un maestro del oscurantismo, señor
Acebes. (Aplausos.)
Este, señor Acebes, mal que le pese, es un Gobierno transparente porque dice la verdad. Es sencillo, señor Acebes, la transparencia consiste en decir la verdad. Ya sé que a usted esto le cuesta porque, conociendo su historial televisivo,
se concluye fácilmente que incluso le resulta difícil deletrear las dos palabras.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON MANUEL HUERTAS VICENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE HAN ACORDADO PARA REACTIVAR EL PROCESO
DE BARCELONA Y CÓMO PIENSAN LLEVARLAS A LA PRÁCTICA? (Número de expediente 180/000335.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos y Exteriores y de Cooperación del diputado don Manuel Huertas. Señor diputado.
El señor HUERTAS VICENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Moratinos, el día 2 de octubre se reunió usted en Roma con sus colegas de Italia, Francia y Portugal. Llegaron a acuerdos que trasladaron a la Presidencia semestral de la Unión, que ejerce actualmente Holanda. Se trataba de una
convocatoria que tenía como objetivo relanzar o reactivar, según su propia definición, el llamado proceso de Barcelona, en referencia a la primera Conferencia Euromediterránea de 1995. En ella se establecían las bases para una mayor colaboración
entre la UE y los países de la ribera sur del Mediterráneo.
Señor ministro, soy miembro de la Euromediterránea como diputado de este Congreso. En recientes fechas se han constituido las tres comisiones que fueron acordadas en su día y en cuyo acto estuve presente. Puedo decir que la Conferencia de
Barcelona ha supuesto un hito histórico en las relaciones euromediterraneas propiciando una aproximación de posturas en los campos político, económico y social que pude ver de forma patente en este mi primer contacto. Se ha potenciado el
partenariado euromediterráneo reforzando las relaciones económicas entre las dos orillas y se prevé que en 2010 se llegue a una zona de libre cambio entre todos los países. Sin embargo, se aprecia un estancamiento en las relaciones interregionales
como consecuencia del agravamiento del conflicto palestino-israelí. Sobre el tema de seguridad señaló que no se puede seguir avanzando si no se consigue la paz en Oriente Medio; una paz duradera en la región debe ser un objetivo a seguir,
necesitando un mayor grado de implicación europea. Ya sé, señor ministro, que es usted un experto en este tema por su trayectoria diplomática. Estoy seguro de que compartimos diagnóstico y objetivos sobre una situación que es necesario resolver, o
al menos paliar, a corto plazo, situación que es hoy diferente a cuando se inició el Proceso de Barcelona. Por eso le pregunto: ¿Cuáles son las medidas...?
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento, terminó su tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Gracias, señoría por su pregunta. Como bien ha señalado, el proceso de Barcelona, que se lanzó en noviembre de 1995, fue un proyecto innovador, yo diría que incluso revolucionario, dentro de la trayectoria diplomática de la Unión Europea.
Precisamente el próximo año se cumplirá el décimo aniversario del proceso de Barcelona, y por ese motivo el Gobierno tiene la intención de celebrarlo y conmemorarlo para impulsar y proyectar toda la política euromediterránea de la Unión Europea. A
tal efecto, se ha decidido relanzar los contactos para que esa celebración, esa conmemoración, pueda ser no simplemente un acto de nostalgia, sino sobre todo un compromiso político importante dados los retos y los desafíos actuales. En este sentido
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha nombrado un embajador en misión especial para que se dedique plenamente a la organización y planificación de esta conmemoración. Al mismo tiempo, dado que la celebración del décimo aniversario
se celebrará bajo Presidencia británica, se ha estado en contacto con el Gobierno británico para que la Presidencia británica acompañe los esfuerzos de relanzamiento del proceso euromediterráneo.
Como bien señalaba al inicio de su pregunta, los países mediterráneos europeos tuvimos la ocasión de abordar toda esta problemática en Roma, y posteriormente en París, con otros socios de la otra ribera del Mediterráneo. Todos nos hemos
comprometido a hacer de este décimo aniversario la ocasión histórica para abordar los retos pendientes; retos en materia de democracia y Estado de derecho, reforma política en los países del sur del Mediterráneo, retos en materia económica y
financiera, facilitando nuevos instrumentos como la política de vecindad de la Unión Europea, retos en el diálogo cultural y humano y lucha contra el terrorismo. Todo eso estará
en la agenda y estoy convencido de que la cumbre de Barcelona de 2005 será un gran éxito no para España o para Barcelona, sino para toda Europa y para toda la cuenca mediterránea. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON AGUSTÍ CERDÀ ARGENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN: ¿QUÉ COMPROMISOS HA ADQUIRIDO EL SEÑOR MORATINOS ANTE EL SEÑOR STRAW PARA
SOLUCIONAR LOS ABUSOS URBANÍSTICOS EN EL PAÍS VALENCIANO? (Número de expediente 180/000347.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Agustí Cerdà al señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor Moratinos, ¿qué compromisos ha adquirido ante el señor Straw para solucionar los abusos urbanísticos en el País Valenciano? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor ministro. Por favor, guarden silencio.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, como bien ha señalado, durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores británico, señor Straw, mi homólogo británico me hizo llegar su preocupación por la situación de los ciudadanos británicos residentes en la Comunidad
Valenciana con relación a una modificación de la Ley reguladora de la actividad urbanística. Como sabe, esta nueva normativa afecta no solamente a los ciudadanos británicos, sino que incluso los distintos representantes y embajadores de la Unión
Europea dirigieron una carta al presidente del Gobierno expresando su preocupación por el cambio de normativa urbanística en la Comunidad Valenciana. Señalé al ministro británico que el Gobierno haría todo lo que estuviera en su mano para aclarar
con las autoridades de la Comunidad Valenciana las razones de este cambio y sobre todo, dentro del marco de la ley, garantizar los derechos e intereses de estos ciudadanos dándoles todas las garantías jurídicas necesarias.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor diputado.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor ministro, el País Valenciano está sufriendo en los últimos años una devastadora e ilimitada urbanización de la costa y de espacios de montaña de alto interés medioambiental.
El pasado miércoles 27 de octubre, usted anunció su compromiso ante el señor Straw para buscar una solución tras las denuncias por abusos urbanísticos ante la Unión Europea y su intención de plantear a la Generalitat valenciana medidas de
protección para la ciudadanía afectada por la normativa urbanística vigente en el País Valenciano, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
La intención de nuestra pregunta es denunciar en este hemiciclo las dimensiones y la naturaleza de los problemas a que se enfrentan los pequeños propietarios de suelo en el País Valenciano. Esta desmesurada construcción, esta acumulación de
ladrillo, de urbanizaciones, de complejos hoteleros, de parques de ocio y campos de golf, este abuso en la aplicación de la LRAU, con la continua urbanización del País Valenciano, conlleva numerosos problemas como son la falta de abastecimiento de
agua, el incremento de delitos, y con ello el de la inseguridad ciudadana, el déficit de servicios públicos, el impacto ambiental, paisajístico y social, la destrucción de la huerta, patrimonio cultural valenciano, muros artificiales, líneas de alta
tensión para abastecer las numerosas urbanizaciones que de nuevo destruyen el medio ambiente y suponen un peligro para la salud pública de numerosos municipios como Simat y Tavernes de la Valldigna, trasvases de agua para alimentar más ladrillos y
más campos de golf, especulaciones y corruptelas. En definitiva, conculcación de derechos de los propietarios, pero también destrucción devastadora del territorio del País Valenciano.
La LRAU es una ley depredadora de nuestro país, es una ley que, en pro del interés público, está convirtiendo al País Valenciano en un muro de ladrillo económico, es una ley que está alimentando la especulación y la corrupción y que permite
obtener ganancias fáciles a costa de un patrimonio natural de la ciudadanía valenciana. Así está ocurriendo en numerosas poblaciones de La Marina, en Benisa , en La Vila Joiosa, en Tibi, en Xabia, en Sant Miquel de les Salines o en Benidorm. Así,
se está proyectando el parque natural de la serra de les Palmes, de la serra de la Renegá o de la serra de Segaria en Ondara. Esquerra Republicana quiere recordarles y hacerse eco de la denuncia de la asociación ciudadana Abusos Urbanísticos No, en
el País Valenciano. El pasado mes de mayo, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó el País Valenciano y realizó un informe que avala las denuncias de la ciudadanía sobre los abusos urbanísticos que se están
cometiendo en detrimento de los pequeños propietarios, del medio ambiente y de la ordenación del territorio, calificando de escandalosa la saturación urbanística de la costa valenciana. Hace una semana, la asociación ciudadana Abusos Urbanísticos
No pidió en una carta al...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, permítame que mi respuesta se limite a las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y dejando a otros ministros, como la ministra de la Vivienda, que contesten en otra ocasión a elementos más relativos a
las cuestiones urbanísticas.
Vuelvo a reiterar que por este Ministerio de Asuntos Exteriores se ha hecho explícito a los ciudadanos europeos y a los representantes de la Unión Europea que esta normativa afecta a todos por igual, no hay discriminación, por lo tanto
tienen el derecho a la propiedad y los interesados pueden recurrir las actuaciones ante los tribunales ordinarios con plenas garantías jurídicas. Es verdad que, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el pasado mes de febrero, en una
comparecencia de la directora general de Planificación y Ordenación Territorial de la Generalitat Valenciana, se debatió esta cuestión y la propia Comisión ejecutiva del Parlamento Europeo reconoció que no entraba dentro de sus competencias, pero, a
pesar de todo, envió una comisión informativa que visitó la Comunidad Valenciana del 25 al 28 de mayo de este año para recomendar que se siga debatiendo e informando sobre la nueva normativa. Esto es lo que el Gobierno está dispuesto a...
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RICOMÁ DE CASTELLARNAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE PARA LA REIVINDICACIÓN ESPAÑOLA DE LA
SOBERANÍA DE GIBRALTAR LA MENCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1969 EN EL COMUNICADO CONJUNTO DE LOS GOBIERNOS ESPAÑOL Y BRITÁNICO? (Número de expediente 180/000352.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del diputado don Francisco Ricomá, al señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué implicaciones tiene para la reivindicación española de la soberanía de Gibraltar la mención de la Constitución de 1969 en el comunicado conjunto de los gobiernos español y británico?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, no tiene ninguna implicación. De hecho, esta referencia ya se recogió en el comunicado conjunto de 27 de noviembre del año 1984, en la denominada Declaración de Bruselas, y también, por si usted no lo sabe, en los distintos
documentos suscritos por el anterior ministro de Asuntos Exteriores, el señor Piqué, con el señor Straw, tanto en junio de 2001 como en julio de 2002. No tiene ninguna implicación, simplemente constata la posición británica sobre Gibraltar, que por
supuesto no es la posición española.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su turno.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias.
Señor ministro, las actitudes, por subjetivas que parezcan, no engañan y los hechos consumados, por la objetividad que comportan, muchísimo menos.
Si tenemos que valorar lo que ha sido la última expresión de su actitud en relación con
Gibraltar y la traducción que en los hechos ella ha tenido, no engañaremos a nadie al afirmar que el ministerio ha cometido un patinazo de calado suscribiendo algunos de los términos con los que se expresa el comunicado conjunto británico-español;
patinazo, eso sí, del que se quiso blindar previamente informando a los portavoces de la Comisión de Exteriores sobre el contenido de la reunión que iba a tener al día siguiente con el señor Straw, pero lo hizo con tan mala pata que utilizó una
fórmula equivocada, la de la información a medias. Informó solo a medias del nuevo posicionamiento del Gobierno, informó solo de aquellos puntos alejados de la centralidad del problema, en definiva, informó obviando el principal aspecto de la
cuestión, la soberanía, que es lo que hoy trae a esta sesión de control nuestra pregunta.
Su ministerio sigue priorizando el hecho de agradar a los interlocutores -cuestión de formas- por encima de sus mediaciones -razones de fondo-; en el caso que nos ocupa, ha dado más importancia a la visualización de un acuerdo con los
británicos que a las consecuencias que puedan derivarse de lo especificado en dicho acuerdo. Usted ha suscrito alegremente -que es muy diferente a que con anterioridad se solicitara el parecer de los ciudadanos de Gibraltar- un comunicado amparado
en la Constitución gibraltareña de 1969, que entre otras cosas señala lo siguiente: El compromiso de Gran Bretaña de mantener Gibraltar bajo su soberanía y a no cederlo a otro Estado en contra de la voluntad de su población. Es decir, que sin
saberlo o sabiéndolo, sin querer o queriéndolo, ha reconocido un texto jamás considerado por España, ha atribuido a la colonia la plena capacidad de decidir sobre su futuro, cuando este es un atributo solamente de aquellos pueblos que son soberanos,
y finalmente ha condicionado la reclamación centenaria de España, respaldada por Naciones Unidas, a la decisión vinculante de los gibraltareños.
Señor ministro, recupere el equilibrio tras el patinazo y recomponga el rumbo de esta negociación hacia el objetivo que... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señor diputado. Lo siento.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente, gracias, señoría.
El Gobierno está extremadamente firme, no patina, sino que avanza, y avanza con voluntad de resolver los problemas, cosa que desgraciadamente no ha sido el caso del anterior Gobierno, que empantanó, y por tanto encapsuló, el problema de
Gibraltar. No sé si usted tiene memoria, pero la memoria la recogen los textos en los que queda por escrito, y esa referencia que usted señalaba a la Constitución de 1969 no solamente se recogió en el proceso de Bruselas, en el comunicado conjunto
de 1984, sino en dos ocasiones por el anterior ministro, señor Piqué, al que siempre he elogiado públicamente su compromiso en avanzar para resolver el problema de Gibraltar. En aquel entonces, en el año 2002, ante los esfuerzos del señor Piqué, la
oposición hubiese podido denunciar la traición, hubiésemos podido decir que el término cosoberanía significaba que el Partido Popular estaba vendiendo la soberanía de Gibraltar. No, señor diputado, nosotros les apoyamos porque sabíamos lo compleja
que era la negociación de Gibraltar. Por eso mismo le vuelvo a repetir que esa llamada a la participación de Gibraltar y del primer ministro de Gibraltar se recoge en el comunicado conjunto del 4 de febrero de 2002; se lo puedo leer, pero para no
agotar mi tiempo lo dejaré en la Cámara.
Ahí se hace también un llamamiento a que participe el Gobierno de Gibraltar con dos banderas y tres voces, que es lo que está haciendo este Gobierno, creando atmósfera, creando diálogo y resolviendo los
problemas, no haciendo declaraciones. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE VISITA DEL MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES, SEÑOR STRAW? (Número de expediente 180/000362.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, que formula don Rafael Estrella.
Señor diputado.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor presidente.
El presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy, ofreció un pacto de Estado en política exterior, pero parece ser que el presidente del Partido Popular, don José María Aznar, que piensa otra cosa - y lo sabemos-, es el que influye, el
que manda y el que resta autonomía al señor Rajoy en política exterior, como acabamos de comprobar hoy y como comprobamos ayer por la tarde.
El Grupo Socialista ha sido leal cuando se trataba de Gibraltar porque lo ha entendido como la cuestión de Estado por antonomasia. Exigimos la misma lealtad del Partido Popular. La actuación del Partido Popular en este tema es desleal y
absolutamente manipuladora. El ministro ha citado las palabras del señor Piqué, ha citado la Declaración de Bruselas.
Podríamos citar otro ejemplo más para que se instruyan, porque no se puede ser insolvente además de desleal. Vayan a la
Declaración de Bruselas de 1997 de don Abel Matutes, lean lo que ofreció a los gibraltareños, y nosotros fuimos leales. (Protestas.)
Señor ministro, la reunión que ha tenido con su homólogo británico ha sido importante, porque manteniendo las posiciones de principio inalterables de España en materia de soberanía de Gibraltar, abre la vía a una política de poblaciones, a
una política que, sin renunciar a nuestros principios en materia de soberanía, aborde los problemas cotidianos de la gente. Quiero felicitar al Gobierno porque hasta ahora nadie se había preocupado de los pensionistas de Gibraltar. El Gobierno ha
atendido las demandas de los pensionistas y las ha llevado a la mesa de negociación.
También se abre una opción de uso conjunto del aeropuerto. En definitiva, se abren nuevas esperanzas para que España pueda -como se dice en el comunicado- avanzar
en su objetivo de la soberanía a través de una política de cooperación. Si el Partido Popular tiene otra alternativa sobre un tema que debe ser de Estado plantéela con lealtad, pero deje de jugar con estas cosas.
Señor ministro, ¿cómo valora el encuentro con el señor Straw? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, gracias por la pregunta (Risas.) porque me permite valorar positivamente la reunión con mi homólogo británico, no simplemente por la cuestión de Gibraltar, aunque tengo que subrayar los logros de esa nueva estrategia que el Gobierno
ha querido establecer para avanzar en la recuperación de la soberanía de Gibraltar, sino también respondiendo a mejoras concretas específicas de los ciudadanos españoles. Ya que estamos hablando de los intereses españoles, quiero decir a la
oposición que este Gobierno se mueve por la defensa de los intereses españoles. En este comunicado conjunto entre el Reino Unido y España se ha conseguido, en primer lugar, desbloquear la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar, que no se
pudo conseguir precisamente por el rechazo de los gibraltareños y que ahora se va a lograr. En segundo lugar, no se había conseguido establecer una comisión para estudiar la situación de las pensiones de ciudadanos españoles que habían trabajado en
Gibraltar; se ha conseguido también, defendiendo los intereses de los españoles. Lo más importante es que se ha conseguido crear un marco de diálogo y cooperación
donde las cuestiones de soberanía también se van a tratar de manera específica y más efectiva que como se hizo en el pasado.
Aparte de eso, las relaciones con el Reino Unido -y yo espero que el Partido Popular lo entienda- no se limitan exclusivamente a este irritante contencioso de Gibraltar, sino que hay cuestiones importantes en la agenda europea y en la agenda
internacional. Creo que ustedes saben algo de eso porque me imagino que tendrían concertación y diálogo, incluso cuando no había avances en absoluto sobre Gibraltar o en el momento en el que trabajaron juntos para ir a una guerra en Irak; sobre
esa cuestión sí que había relaciones con el Reino Unido. Nosotros podemos avanzar en toda la agenda y al mismo tiempo defender la cuestión de Gibraltar. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN SOBRE LAS TRANSFERNECIAS A ESTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JSUTICIA? (Número de expediente 180/000344.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia que formula don José Antonio Labordeta.
Señor diputado.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias señor presidente.
Señor ministro, la transferencia de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma de Aragón es una de las competencias más importantes y que todavía está pendiente de asumir. Aragón ha salido malparada de anteriores negociaciones
sobre traspaso de competencias. El ejemplo reciente de la sanidad está dejando un agujero en las arcas autonómicas cada vez más creciente, si se quiere prestar un servicio público de calidad. La situación en la que se encuentra la Administración
de Justicia en Aragón en estos momentos no es buena, hay déficit y necesidad de mejorar recursos humanos y materiales.
Quiero recordar, como datos puntuales pero importantes, que está pendiente la consecución de lo que se ha denominado ciudad de la justicia en Zaragoza y la adecuación de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. A esto
hay que añadir el coste que va a suponer el proceso de implantación de la reforma de la oficina judicial, consecuencia de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y cuya financiación debe preverse en cualquier negociación de transferencias.
Por
este motivo y dado el interés, entiendo que de ambas partes, por conseguir un acuerdo de transferencias adecuado ya presentamos una pregunta por escrito sobre este tema el pasado mes de julio de este año, cuya respuesta se publicó el pasado 28 de
octubre. La misma no podía ser más desalentadora, ya que se indicaba: A fecha de hoy -entre comillas-, las negociaciones entre el Gobierno autonómico y el Gobierno central están paralizadas. Se señalaba en la respuesta, entre otros motivos, que
existía una diferente valoración de lo que cada administración tenía que aportar. El Gobierno central quiere el traspaso en las actuales condiciones y el autonómico demanda las inversiones precisas antes de asumir las competencias. Por este motivo
consideramos importante trasladar esta situación a este Pleno y plantearla directamente al máximo responsable del Gobierno en este tema. Queremos conocer cómo está la situación, qué planes hay para desbloquearla y qué plazos de tiempo se marcan
para lograr el traspaso definitivo. Por este motivo presentamos la siguiente pregunta: ¿En qué situación se encuentran las negociaciones con el Gobierno de Aragón sobre las transferencias a esta comunidad autónoma en el ámbito de la Administración
de Justicia?
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor diputado, por su pregunta.
Hace bien en recordar que la competencia en materia de justicia pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón y está pendiente de traspaso porque, en el modo en que hemos construido el Estado de las Autonomías, los traspasos no se imponen, se
negocian y se acuerdan, y efectivamente estamos en ello.
En mi primera comparecencia en esta Cámara anuncié que una dimensión de la política del Ministerio de Justicia en esta legislatura sería impulsar el proceso de traspasos en el horizonte de la negociación a través del diálogo y la búsqueda
del acuerdo, activa, también por supuesto con la Comunidad Autónoma de Aragón. Déjeme decirle que hemos arrancado con buen pie y creo que vamos por buen camino. Hemos establecido conversaciones con el Gobierno de Aragón en apenas estos seis meses
de responsabilidad en el Ministerio de Justicia. El pasado 5 de octubre se reunió la comisión bilateral, Comunidad Autónoma de Aragón-Gobierno de la nación, Administración General del Estado, y uno de los puntos expresos de la agenda fue
precisamente la búsqueda de un reimpulso del proceso de negociación conducente al traspaso, y consiguientemente a hacer efectiva la transferencia de las competencias en materia de justicia. Hemos tomado, por tanto, la iniciativa y queremos retomar
las negociaciones allí donde quedaron estancadas en octubre del año 2003, en la última reunión de la ponencia técnica. Por eso hemos cursado instrucciones, a partir de la carta que me ha sido remitida por el vicepresidente del Gobierno y consejero
de Presidencia, José Ángel Biel, para impulsar la reunión de la ponencia técnica y la búsqueda del acuerdo en los grupos de trabajo
que quedan establecidos: patrimonio, personal y grupo de informática. Sabe usted bien que los decretos de traspasos tienen que contener necesariamente las cláusulas relativas al aseguramiento del gasto en funcionarios, personal, en gasto
corriente, en inversiones y también en subvenciones a los colegios de abogados y de procuradores. Pues bien, hemos fijado ya la fecha del próximo 17 de noviembre para la reunión de la ponencia técnica, y le puedo decir que aspiramos a completar, a
través de la negociación y el diálogo, ese acuerdo de transferencia de la competencia en materia de justicia en el curso -ojalá lo consigamos- del próximo año 2005. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON PEDRO JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA FOMENTAR EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO LOS MECANISMOS QUE
DINAMICEN E INCREMENTEN LA COOPERACIÓN Y RELACIONES ENTRE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y LOS MINISTERIOS DE JUSTICIA DE LOS DISTINTOS PAÍSES? (Número de expediente 180/000367.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia, del diputado don Pedro José Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, usted, en representación de España, junto con 22 países iberoamericanos, ha suscrito un acuerdo para compartir información y luchar contra el crimen organizado en ese ámbito territorial. Este acuerdo va a
permitir agilizar los trámites judiciales y administrativos, y del mismo se van a beneficiar más de 450 millones de personas. Esta cifra da idea de la importancia de este logro, que además -tenemos que decirlo- se ha concluido en un tiempo
realmente breve en relación con el mismo acuerdo que podemos trasladar al ámbito europeo, que tardó cerca de 40 años en concluirse. Nuestro grupo no alberga duda de que, para la conclusión de este acuerdo, previamente se han tenido que producir y
llevar a cabo intensos y rigurosos trabajos; habrá ayudado sin duda el clima de entendimiento y respeto que el Gobierno socialista está dando a las relaciones con los países iberoamericanos, tan deterioradas con algunos países después de la etapa
del Gobierno del Partido Popular del señor Aznar.
En este orden de cosas, interesa al Grupo Parlamentario Socialista conocer las líneas generales de este acuerdo y cuáles son los planes del Gobierno para fomentar en el ámbito iberoamericano los mecanismos que dinamicen e incrementen la
cooperación y las relaciones entre las autoridades judiciales y también entre los diversos ministerios de Justicia.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Efectivamente, el Gobierno de España ha estado en la locomotora de la cooperación judicial en su principal ámbito de interacción en la Unión Europea. Así ha sido con los sucesivos gobiernos socialistas, después con
los gobiernos del Partido Popular y de nuevo con el Gobierno socialista. De todo el caudal de experiencia positiva que hemos acumulado en la cooperación judicial en el ámbito europeo, hay mucho que podemos aportar en la cooperación judicial
iberoamericana. Por tanto, hemos establecido el compromiso de impulsar fuertemente la integración judicial en el ámbito iberoamericano y de ello dio cuenta la Conferencia de ministros de justicia iberoamericanos que se celebró en Brasil, Fortaleza,
el pasado 30 de abril. Allí establecimos un compromiso de extraordinaria importancia, el de impulsar el acometimiento de una red de cooperación judicial iberoamericana, que recibe por nombre IberRED, que quiere poner en común experiencias de
formación, de información y de interconexión registral de bases operativas de los distintos sistemas judiciales para hacer más ágil, eficaz, segura y operativa la justicia de cada uno de los países miembros de la comunidad iberoamericana que suman
23, pero sobre todo su disposición a cooperar en los ámbitos civil y penal.
Muchas de las experiencias que han tardado 40 años en consolidarse en el ámbito de la integración europea, que celebramos porque son enormemente positivas, pueden ser incorporadas a la cooperación iberoamericana con doble mérito si cabe, en
la medida en que compartimos una lengua común y nuestros sistemas jurídicos y judiciales son menos heterogéneos de lo que lo son en el ámbito europeo. Por eso creo que hay que celebrar el éxito de la reciente Conferencia de ministros de justicia
iberoamericanos, de ministerios públicos y ministerios fiscales y de la Cumbre judicial iberoamericana que tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, el pasado fin de semana y a la que asistí como ministro de Justicia y en la que se suscribió esta
iniciativa de claro impulso español, una clara apuesta española por actuar de gozne, de conexión entre la comunidad iberoamericana, la Comunidad Europea y hacer de IberRED la cooperación judicial iberoamericana un instrumento de cooperación
asimismo, con la Corte Penal Internacional y con Eurojust. Considero que es un gran éxito de la cooperación internacional esta apuesta española que ha sido ratificada por 23 países miembros de la comunidad iberoamericana (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿TIENE EL GOBIERNO EL PROPÓSITO DE DECLARAR, EN AGUAS CANARIAS, UNA MORATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS
MILITARES CON BUQUES DE GUERRA HASTA QUE SE INVESTIGUEN LAS REITERADAS DENUNCIAS DE QUE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS SÓNICOS SON LA CAUSA DE LA MUERTE DE ZIFIOS Y OTROS MAMÍMEROS MARINOS QUE FRECUENTAN DICHAS AGUAS? (Número de expediente
180/000345.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Defensa, del diputado don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, las instituciones canarias vienen denunciando reiteradamente el efecto demoledor que sobre la fauna marina, en las aguas cercanas a las costas canarias, está produciendo la celebración de maniobras
militares, fundamentalmente el empleo de sónares acústicos en los buques de guerra, en esas maniobras militares.
Afortunadamente, esta preocupación, esta denuncia de las instituciones canarias ha tenido refrendo en una reciente resolución del
Parlamento Europeo, concretamente del jueves de la semana pasada, en el sentido de manifestar la honda preocupación, cada día más creciente en la comunidad científica y en el público en general -así hace referencia la resolución-, por el impacto que
este tipo de instrumentos acústicos están produciendo en la fauna marina, de tal forma que imputan la muerte de cetáceos producidos en Grecia en el año 1996, en Madeira y Bahamas en el año 2000, en las islas Vírgenes en 1996 y 1998, en Canarias en
1985, 1986, 2000 y el 2002, al empleo de estos instrumentos acústicos.
Recomienda esa resolución a los Estados miembros una moratoria de la celebración de estas maniobras militares y el empleo de este tipo de instrumentos, hasta tanto se compruebe
si el efecto sobre la fauna marina de este impacto es negativo.
La pregunta, señor ministro, es: ¿El Gobierno de España asume esta propuesta de resolución y, por tanto, está dispuesto a declarar una moratoria en la celebración de maniobras militares, en las aguas cercanas a Canarias, hasta tanto se
delimite el impacto que puede producir el empleo de los sónares militares en la fauna marina?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señor diputado: Dice S.S. que afortunadamente el Parlamento Europeo ha tomado resolución. Yo le diría que, además, tiene la fortuna de que la ministra de Medio Ambiente, el
Gobierno de España, coincidiendo plenamente con S.S., han adoptado medidas, en este momento, del mismo tenor que las sugeridas por la Unión Europea a través del Parlamento. Pensamos tomar más medidas y la moratoria de la que habla S.S. y los
términos en los que podré concretar la segunda parte de la respuesta, es algo que agradezco en su propuesta; siempre que se haga compatible la función de la defensa nacional, la detección de submarinos, que pueden no ser aliados ni propios, a lo
que no se puede renunciar, y la defensa del medio ambiente en la que, digo, coincido con su señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor ministro.
Espero que esa sensibilidad de la que hoy hace gala el señor ministro, y el Gobierno en su conjunto, para declarar esa moratoria se lleve a efecto y que así podamos delimitar el espacio donde podamos proteger a esta fauna de gran interés en
las aguas cercanas a Canarias, teniendo en cuenta, además, que hay en marcha un convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, firmado el 6 de marzo, para llevar a cabo un estudio sobre el impacto de estos instrumentos acústicos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Gracias, señor presidente.
Sabe S.S. que ese convenio firmado por el anterior Gobierno se cumple a rajatabla y algo más, porque en las últimas maniobras no solamente no se permitieron los sónares de baja frecuencia, sino que no se permitieron los de baja, ni los de
alta ni los de media. Se han producido varamientos de zifios, es cierto, modificando el lugar de las maniobras más de 600 kilómetros, lo que en el mar sabe S.S. que es importante.
En cualquier caso, la moratoria de la que le hablaba a S.A. la vamos a establecer en el régimen de restricción en las aguas territoriales españolas y en el nivel de recomendación en las aguas internacionales; no permite otra cosa el
derecho del mar. Dicha moratoria consistirá en, primero, prohibición absoluta de maniobras en la zona oriental de las islas; segundo, prohibición de sónares de cualquier frecuencia; tercero, no más cerca de 50 millas de las aguas territoriales de
jurisdicción española. Ese es el compromiso que, como ve S.S., supera con mucho lo que le hacía feliz del Parlamento Europeo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL ATENCIA ROBLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿COMPARTE USTED LAS DECLARACIONES DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (JEMAD) EN LAS QUE AFIRMA QUE
'ESPAÑA DA MUCHO Y RECIBE POCO DE ESTADOS UNIDOS'? (Número de expediente 180/000353.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Defensa, del diputado don Manuel Atencia.
Señor diputado.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, ¿comparte usted las declaraciones del jefe de Estado Mayor de la Defensa, a las que se refiere mi pregunta?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor diputado, básicamente en lo que están de acuerdo el ministro de Defensa y el Gobierno es en que los equilibrios que se dan en esas relaciones son mayores incluso que los que se anunciaban
desde el Ministerio de Defensa cuando gobernaba el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con lo cual claramente parece que usted desautoriza al señor Sanz. En todo caso, señor ministro, espero que no me saque después papeles antiguos ni declaraciones del señor Pastor Ridruejo ni documentos anteriores
al último convenio por parte del Gobierno, pero sí le voy a decir dos cosas. Es bueno que los militares no protagonicen el debate político, pero ha sido usted el que ha abierto a los altos mandos militares la puerta de la política, les ha puesto a
hacer política y usted es responsable de ello. No sé si lo ha ordenado, pero sí les ha incitado a ello. Ahí tenemos al JEMAD, con sus declaraciones desafortunadas, corriendo a hacer méritos políticos e incorporándose al antiamericanismo militante
del Gobierno. Si el JEMAD ha cometido una torpeza usted es, además del responsable, el causante de ella.
Usted sabe que la deslealtad del Gobierno socialista con nuestros aliados los Estados Unidos ha supuesto y va a suponer para nuestro país la pérdida de grandes ventajas para la defensa conseguidas por el Gobierno anterior: las reparaciones
y mantenimiento de la VI Flota Americana, la ampliación de las instalaciones de Rota para desarrollar el control del Estrecho y otros acuerdos en materia de misiles para la Armada española.
Todo eso, y algunos contratos más, como saben el ministro
y la industria de defensa, se ha venido abajo. Con sus actuaciones infantiles, desleales e irresponsables y sus continuas torpezas el Gobierno ha conseguido poner en riesgo la cooperación industrial y ahora ha conseguido que se aplace también la
reunión bilateral de alto nivel.
De seguir por ese camino, de seguir ofendiendo a nuestros más importantes aliados, señor Bono, el tiempo le dará la razón al general Sanz. Por primera vez en la historia de las relaciones con Estados Unidos vamos a desequilibrarlas, pero no
gratuitamente sino en perjuicio de los intereses de España. Usted, señor ministro, sabe que la ofensa a la bandera de los Estados Unidos, nuestra vergonzante retirada de Irak, sus propias declaraciones y las del JEMAD han empezado a desequilibrar y
a despilfarrar los muchos beneficios conseguidos por el anterior Gobierno para los ejércitos de España y para la industria española. La dirección de la defensa nacional, la dirección de las FAS, exige seriedad, solvencia y seguridad, y ustedes han
demostrado que no tienen ninguna de ellas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señor diputado, lo lamento. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señorías: Espero contestarle con el sosiego que quizá esta Cámara reclama a los ciudadanos que tengan la intención de seguir estos debates, que son importantes.
Señor diputado, yo creo que lo mejor que se puede hacer en la relación de España con Estados Unidos es no enredar, y quizá el modo en que S.S. se expresa lo que pretende es enredar. Cuando gobernaba el Partido Popular, en el Ministerio de
Defensa se hizo un documento, en 2000, donde se decía: 'La reciprocidad es un concepto sin ninguna realidad práctica. En la actualidad son escasas, por no decir inexistentes, otras contraprestaciones que compensen el equilibrio. Es difícil
apreciar si la mera existencia del convenio deriva para nosotros algún beneficio'. Esto es lo que se manifestaba, señor diputado.
Cuando dice S.S. que el comité bilateral ha desconvocado su reunión es, pura y simplemente, mentira. Ese comité bilateral de alto nivel se ha reunido tan solo una vez, nunca al máximo nivel, y de las cuatro peticiones que se hicieron
ninguna alcanzó a conseguirse en el Gobierno del señor Aznar, que tantas concesiones hizo a la contraparte. Por ejemplo, resulta llamativo que un gobierno que ha presumido de algo más que alianza y amistad no consiguiese que en la base principal de
la flota, en Rota, no tengamos ni la posibilidad de almacenamiento de un litro de combustible para nuestra flota. Eso ocurrió con SS.SS. No han conseguido reciprocidad en el trato a nuestros militares.
En el fondo, señor diputado, tengo una percepción que es quizá intuitiva.
Yo creo que SS.SS. tienen una falsa polémica sobre las relaciones con Estados Unidos. Ayer el señor embajador manifestaba con claridad qué
es lo que piensa (Risas.), y yo creo que ustedes tienen un complejo de guerra y creen que no se puede ser amigo de Estados Unidos si no se va a una guerra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó el tiempo, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CON QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD CUENTAN LOS AVIONES EN LOS QUE HAN SIDO TRASLADADOS LOS
SOLDADOS ESPAÑOLES A AFGANISTÁN? (Número de expediente 180/000354.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Defensa...(El señor Ayala Sánchez: ¿Has felicitado a Bush?-Un señor diputado del Grupo Socialista: ¿Le han nombrado?) Silencio, por favor. Continúa la sesión de control.
Pregunta al señor ministro de Defensa del diputado don Arsenio Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señor presidente, señorías, señor ministro de Defensa, ¿con qué medidas de seguridad cuentan los aviones en los que han sido trasladados los soldados españoles a Afganistán?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Gracias, señor presidente.
Aproximadamente con las mismas que cuentan los aviones en los que viajan S.S. y sus hijos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, esa contestación no es válida porque yo no me traslado con mi familia y mis hijos a ningún sitio de riesgo, como ha dicho el señor presidente del Gobierno. Esa es una contestación que no se debe admitir en esta Cámara.
(Algunos señores diputados: ¡Muy bien!) Las medidas de seguridad que tienen que tener nuestros soldados y a las que ustedes se han comprometido son las que tienen todos los aviones que se trasladan a zonas de guerra y de conflicto -el Early
Warning, los chat-, y una serie de condiciones que usted conoce perfectamente, igual que yo.
Se están trasladando en Hércules, que son aviones que son tácticos y no estratégicos, se están trasladando en aviones que no tienen asientos, que tienen bancadas, en aviones que no tienen servicios, en aviones que no tienen bodegas, con lo
cual tienen que ir con los macutos encima, en aviones que tardan diez horas en trasladarse, en aviones que, como usted sabe perfectamente, igual que yo, son muy ruidosos. Nosotros, señor ministro, lo único que le decimos es que se preocupen de una
vez por todas estas cuestiones por las que ustedes vienen anunciando que se van a preocupar, y si nosotros hemos cometido errores no pueden pretender que en este momento no les exijamos a ustedes las responsabilidades que les corresponden por no
cumplir lo que han prometido.
No sólo se trata de nuestros soldados en Afganistán, se trata también de los que han venido de Kosovo, de personas que han venido en vuelos comerciales, y no disponen esos aviones de ningún método de seguridad para zonas de misiles, y eso lo
sabe usted exactamente igual que yo, señor Bono.
Para terminar también le digo que no hay derecho cómo están nuestros soldados de Infantería de Marina en Haití. Ustedes se habían comprometido a que estuvieran en un hotel. Han llegado allí, no hay hotel, no hay convenio y están en unos
galpones que son realmente indignos para que nuestros soldados, que van a hacer allí una misión humanitaria, estén realizándola en las debidas condiciones.
Señor ministro, nosotros lo único que le decimos es que ustedes han adquirido una serie de compromisos. Cúmplanlos. Ahí nos encontrarán siempre.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor diputado, los soldados españoles han viajado en tres aviones de Air Europa tipo Boeing 767; en un avión del Ejército del Aire tipo Boeing 707; en un Hércules del Ejército del Aire y en
tres aviones Hércules del Ejército del Aire. El resto de vuelos ha sido para material.
Como sabe S.S., los aviones que van a zona de operaciones y de riesgo son los que tienen especiales medidas de seguridad. Probablemente S.S. no quiere preguntarme para que yo diga en público qué medidas de seguridad tienen los aviones que
van a la zona de conflicto y de riesgo; entre otras cosas, porque es información clasificada y no quiero colaborar a desproteger a nuestros soldados, diciendo aquí esas medidas de seguridad.
Sí sabe S.S. lo que le estoy tratando de explicar;
como usted y como sus hijos viajan, como han viajado, según le decía, en aviones convencionales en zonas fuera de riesgo.
Señoría, estamos intentando aprender de la tremenda desgracia que tuvimos en el Yakolev. (Rumores.) Sí, estamos intentando aprender. Se me hace bien difícil y bien complicado, a veces, comprender el tono que usa S.S.
para preguntarme
sobre seguridad o comodidades de aviones, después de los aviones basura en que mandaron a los soldados de España y que acabaron como acabaron. (Aplausos.-Rumores.-El señor Ayala Sánchez: No me señales con el dedo que se dispara.-Rumores.-El
señor Ayala Sánchez: El dedo se dispara.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Pero, señorías, ¡qué les pasa esta tarde! (Rumores.) ¡Silencio, por favor! (Rumores.) ¡Qué les pasa esta tarde! (Rumores.) Silencio, Silencio.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ ACCIONES CONCRETAS PIENSA DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA COADYUVAR AL ÉXITO DE LAS SOLICITUDES
RECIENTEMENTE EFECUADAS POR LAS FEDERACIONES VASCAS DE SOKATIRA, PELOTA VASCA, BÉISBOL-SOFBOL Y FÚTBOL SALA PARA SU INGRESO EN LAS RESPECTIVAS FEDERACICONES INTERNACIONALES. (Número de expediente 180/000346.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la sesión de control.
A la ministra de Educación y Ciencia, pregunta del diputado don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Eskerrik asko, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué acciones concretas piensa desarrollar el Gobierno para coadyuvar al éxito de las solicitudes recientemente efectuadas por las federaciones vascas de sokatira, pelota vasca, beísbol-sofbol y fútbol sala para su ingreso
en las respectivas federaciones internacionales?
El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno ha reiterado en repetidas ocasiones en este Parlamento, por boca de diversos miembros del Gobierno y de su presidente, cuál es la postura que hemos mantenido durante estos seis meses. El apoyo a las federaciones
deportivas españolas en las competiciones oficiales internacionales es total. En varios de los casos que menciona existen federaciones españolas y, por tanto, este apoyo se aplica a estas federaciones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor diputado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Desde luego, es evidente que en el caso de la Federación vasca de sokatira, de la federación internacional correspondiente, no existe equipo español alguno. No sé si en la contrarreplica la ministra me va a anunciar lo que hoy nos anunciaba
el Marca que dice algo así como: el CSD permitirá la selección vasca de sokatira, si es que va a ser así realmente, y luego lo va a señalar la ministra, una filtración oportuna para paliar, si cabe, que entiendo que no, el rechazo a las iniciativas
de CIU y del Partido Nacionalista Vasco de ayer para tener selecciones propias. Por cierto, curiosamente se señala que no se pondrá en esta ocasión impedimento alguno para que se participe internacionalmente. Lo cual quiere decir que desde el
Gobierno en otras ocasiones se han puesto efectivamente trabas. Esperamos que si es así y si nos va a anunciar eso, desde luego no sea para a posteriori crear una selección española que haga que luego expulse a una selección que anteriormente ya
está integrada en la Federación Internacional, como ocurrió ya en surf y en sandboard, pero que si eso ocurre que puedan coexistir ambas.
En el caso del fútbol sala tampoco debería haber ningún problema, puesto que hay varias federaciones internacionales, y en concreto se solicita la adhesión a la Unión Europea del fútbol sala que no tiene en absoluto representación española.
En cuanto a béisbol-sofbol, es cierto que existe representación española, pero creo que habría que tener muy en cuenta varios factores. En primer lugar, más de la mitad de las fichas federativas del Estado pertenecen a jugadores vascos y, por
cierto, el segundo gran número de fichas es de Cataluña. En segundo lugar, en esta federación hay 16 países nada menos sin Estado. En cuanto al caso de la pelota vasca, creemos que es un deporte de arraigo -por cierto, razón que se anunciaba
también a través de la filtración aparecida-, un arraigo evidente por el mismo adjetivo del nombre. Hablando de otros deportes, hay casos como el surf, que en Estados Unidos tiene una representación propia, pero Hawai, que es el lugar donde surgió,
tiene una representación propia también. ¿Por qué eso es posible...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no sabe lo que lo siento, pero el tiempo terminó.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, hemos hablado de este tema en repetidas ocasiones en ambas cámaras y conoce bien cuál es la postura del Gobierno a este respecto.
Hemos mantenido dos principios que queremos seguir defendiendo: en primer lugar, la cooperación y el
diálogo con las comunidades autónomas. Las selecciones autonómicas tienen un espacio de participación, de difusión del deporte, pero, en segundo lugar, hemos defendido y continuaremos defendiendo la legalidad vigente. Ayer mismo, esta Cámara
aprobó por amplia mayoría que se mantenga la situación que establece la Ley del Deporte en relación con la representación internacional en competiciones oficiales.
Por tanto, continuamos defendiendo a las federaciones deportivas españolas. Usted ha mencionado varios casos en los que existe esta federación española. Efectivamente, como usted señalaba, cuando no existe una federación española, las
federaciones internacionales pueden tomar su decisión acerca de la participación de otras federaciones. En aquellos casos en los que existe federación española en los deportes que usted ha mencionado, seguiremos defendiendo a las federaciones
españolas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿PIENSA EL GOBIERNO APROBAR MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SUBIDA DEL
PRECIO DEL PETRÓLEO PESE A NO HABER LLEGADO A UN ACUERDO CON LOS REPRESENTANTES AGRARIOS? (Número de expediente 180/000369.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de la diputada doña Ana Belén Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.
Me alegro de ver que hoy en algún medio de comunicación, tras incluir esta pregunta con carácter de urgencia, se haya anunciado la disposición por parte del Ministerio de Agricultura a dialogar de nuevo con los sindicatos. ¿Piensa el
Gobierno aprobar medidas para paliar los efectos de la subida del precio del petróleo pese a no haber llegado a un acuerdo con los representantes agrarios?
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Sí, señora diputada. El Gobierno adoptará medidas para paliar la subida del precio del gasóleo en los sectores agrario, pesquero y ganadero.
Vamos a realizar un importante esfuerzo presupuestario, porque somos conscientes de que, aunque
esto nos afecta a todos los ciudadanos, estos sectores lo sufren de una forma mucho más directa. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora diputada.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señora ministra, desde el mes de mayo suben los precios de los carburantes. En esta Cámara se presentan múltiples iniciativas por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Usted no reconoce la subida
hasta el 4 de octubre, en que afirma: ahora sí se ha de reconocer que los precios agrícolas están siendo demasiado altos para el sector. Durante estos meses no ha tomado ninguna iniciativa para ayudar al sector agrícola, sólo ha mentido y burlado
al Parlamento.
Señora ministra, en el Consejo de Ministros de Agricultura de Luxemburgo tuvo una actuación lamentable. Tras anunciar una propuesta francoespañola, su homólogo, el ministro francés, le corrige y dice que no existe tal propuesta. Nos ha
mentido a todos los españoles y sobre todo a los agricultores que estaban esperando una respuesta. El 20 de octubre viene y burla al Parlamento. No dice las medidas que va a llevar a cabo ni en el Senado ni en el Congreso y se filtra la
información a una emisora de radio próxima al Gobierno. Hoy no haga usted lo mismo. Somos la soberanía popular y somos desde luego los representantes de los ciudadanos y usted debe de responder aquí. Le pedimos que adopte medidas más importantes
de las que ha anunciado, pues estas son insuficientes, incluso algún sindicato agrario ya las ha considerado diez veces inferiores a las medidas del año 2000 tomadas por el Gobierno del PP. Le pedimos que dialogue con los sindicatos. Le pedimos
diálogo y talante, eso que ustedes tanto dicen y que continuamente están afirmando.
Las medidas que usted ha propuesto han sido rechazadas por todos los sindicatos agrarios. Incluso usted ha llegado a mentir otra vez y el viernes sale afirmando que había llegado a un acuerdo con algunos sindicatos y que estaba pendiente el
de Asaja. Eso era mentira porque hoy mismo se ha reunido la junta directiva de Asaja para decidirlo. Después dice que los sindicatos están jugando y que deben actuar con responsabilidad. Eso se lo pedimos. Como orensana, igual que usted, siento
vergüenza de su actuación porque está olvidando a todos los agricultores españoles y gallegos. Hoy le pido que asuma la responsabilidad por eso. Y no llame usted juerguistas a los sindicatos ni diga usted que obren con responsabilidad. Esa es su
obligación: actuar y dar respuesta en este momento a las inquietudes que le están planteando y que en este momento muchos agricultores...
El señor PRESIDENTE: Su tiempo concluyó, señora diputada. Lo lamento.
Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, yo quisiera decirle que el Gobierno está actuando con rigor y responsabilidad y voy a contestar, si es posible, a todo lo que usted me ha dicho. Yo he dicho, tanto en esta Cámara como en la del Senado, que lógicamente los sectores
serían los primeros en conocer las medidas y lo he respetado. Desde el ministerio no se ha hecho ninguna filtración.
Cuando muchas personas disponen de un documento es fácil que cualquiera de ellas lo filtre, aunque yo no quiero hacer ninguna
acusación absolutamente a nadie. Dudo que yo en algún
momento haya considerado o juzgado a los sindicatos como de juerguistas.
Les respeto muchísimo desde hace años y les seguiré respetando.
Con respecto a lo que decía de Luxemburgo, yo le remitiría a las declaraciones del ministro. Efectivamente, hubo unas declaraciones que no eran de él, pero hay un teletipo expreso del ministro donde aclara perfectamente la situación y dice
que, independientemente del acuerdo que tome el Consejo de Ministros de la Unión Europea, Francia adoptará las medidas. Eso no entra en contradicción en absoluto con lo que España ha dicho y defendido. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Como saben ustedes, el presupuesto que se ha puesto encima de la mesa es de 150 millones de euros. Para que comparen esta cifra con la de Francia -un país que creo que podríamos definir como más rico que España y, desde luego, con un potencial
agrícola bastante mayor que el nuestro-, este país está ofreciendo 50 millones de euros y los agricultores franceses están pidiendo 80 millones de euros. Llamo a la reflexión para que estos datos sirvan para valorar el esfuerzo que va a hacer el
Gobierno español.
Tengan la seguridad de que lo haremos con todo el rigor. Si ustedes no quieren que se den esas ayudas, díganlo públicamente y díganselo al sector.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSARIO JUANEDA ZARAGOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA PREVENIR,
CONTROLAR Y EVITAR LA EXPANSIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL GANADO CONOCIDA COMO LENGUA AZUL? (Número de expediente 180/000366.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de doña María Rosario Juaneda.
La señora JUANEDA ZARAGOZA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el brote de virus de lengua azul se viene produciendo desde finales de los años noventa. Esta enfermedad tiene un gran poder de transmisión que supone graves restricciones al comercio en los países en los que se detecta, y
es muy costosa desde un punto de vista socioeconómico debido a los sacrificios obligatorios y a otros gastos derivados de la prevención, erradicación e indemnización. Ante este nuevo brote de lengua azul es necesario, por un lado, tranquilizar al
sector y a los consumidores y, por otro, transmitir una información rápida y transparente que permita dar señales de que la situación está controlada por parte de las administraciones competentes. Y digo esto, señora ministra, porque ha habido
otras situaciones en el pasado que han provocado alarma. A veces por no haberse dado información suficiente ni sobre lo que ocurría ni sobre las medidas que se estaban desarrollando.
No quiero detenerme en casos concretos porque lo realmente
importante ahora es que se actúe para controlar la situación, pero en la memoria de todos nosotros están hechos ocurridos no hace tanto donde, ante una enfermedad grave del ganado o había desinformación o se nos daba televisivamente algún consejo
para tomar un caldo con esta o aquella parte de despiece vacuno. La desinformación y la lentitud en la actuación provocan preocupación en la sociedad. En este caso que nos ocupa hoy, tanto las administraciones autonómicas como la central, han
actuado con rapidez y rigor. Como le decía antes, es necesario tranquilizar a nuestros socios comerciales, al sector y a los consumidores; tranquilizar es dar información suficiente. Si no hay información, queda la sensación de que la situación
es grave; este no es el caso. Se ha informado extensamente y se han tomado medidas muy rápidamente, y en aras de esa buena información, señora ministra, le pregunto: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para prevenir, controlar y evitar la
expansión de la enfermedad del ganado conocida como lengua azul?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Como usted ha mencionado, señora diputada, es importante actuar con rapidez, transparencia y eficacia. Se trata, en primer lugar, de tener mecanismos que permitan
una detección precoz de la enfermedad que se logra a través del programa de vigilancia serológica y entomológica que se cubre en todo el territorio español. Gracias a este programa se pudo detectar el pasado día 13 de octubre el virus causante de
la enfermedad en una granja centinela de bovino que está situada en Jimena de la Frontera, en Cádiz. Inmediatamente se pusieron en marcha las medidas que están recogidas en el Real Decreto 1228/2001, así como el Plan de alerta sanitaria veterinaria
y el manual de operaciones contra la lengua azul. En segundo lugar, para armonizar las medidas específicas de protección para prevenir y evitar la expansión de la enfermedad, se elaboró una orden ministerial que fue publicada el día 23 de octubre.
He de informar que está prevista también la modificación de esta citada orden ministerial, en la que se establecerán las zonas de riesgo según los últimos datos disponibles y tras las oportunas reuniones con el grupo de expertos científicos y con el
Comité Nacional de Alerta Sanitaria Veterinaria, en el que participan todas las comunidades autónomas.
También se flexibilizarán los mecanismos de animales sensibles a la lengua azul, tanto para vida como para sacrificio, ajustándose así a las
condiciones establecidas por la normativa comunitaria y evitando disfunciones en el comercio nacional de animales vivos. En tercer lugar, quiero señalar que se está trabajando de forma continuada
con las comunidades autónomas, que se ha dado información a todas las organizaciones ganaderas y se han mantenido contactos continuados con la Comisión Europea y con los Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo se ha informado a la
Organización Mundial de Sanidad Animal. Por otro lado, como ustedes también conocerán, el posible origen de esta enfermedad ha sido Marruecos. Hemos tenido una reunión en Rabat, donde se ha intercambiado información y se acordó la colaboración en
formación, financiación y vigilancia epidemiológica en el marco de la Agencia Española de Cooperación Internacional. A través de la página web tienen actualizada toda la información día a día y hora a hora en el momento en que se produzca alguna
modificación. Nos hemos dotado de más kits de diagnóstico y de más vacunas para poder dar salida a todas las necesidades que en este momento...
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señora ministra. Lo siento.
(Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ CRITERIOS HA UTILIZADO EL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE
EXPERTOS SOBRE EL ARCHIVO DE SALAMANCA? (Número de expediente 180/000356.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Cultura, del diputado don Gonzalo Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor presidente.
¿Qué criterios ha utilizado el Ministerio de Cultura para la selección de los miembros de la comisión de expertos sobre el archivo de Salamanca? (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, un doble criterio: el primero, el que está establecido en la proposición no de ley que aprobó esta Cámara y en el que quedan absolutamente claras las partes con las que el Gobierno tiene que establecer un diálogo, entre las cuales
está el Gobierno de la Generalitat y el propio Patronato del archivo; y, en segundo lugar, en cuanto a las personas concretas que el ministerio ha propuesto (solvencia profesional y representatividad) están el ex director general de la Unesco, el
ex presidente del Tribunal Constitucional y el actual director del Centro de Estudios Constitucionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra, tiene la palabra el señor diputado.
El señor ROBLES OROZCO: Señora ministra, lo que sí está claro es que usted lo ha hecho con el absoluto desprecio por lo menos a una de las partes, a Castilla-León y a Salamanca. Hoy mismo se ha reunido con el Patronato del archivo y usted
se ha negado a escuchar la propuesta que le traía la consejera de cultura del Gobierno de Castilla-León. Se ha negado a escuchar hoy al Patronato, se ha negado a escuchar durante los meses precedentes, se ha negado a explicar cuáles eran los
criterios por los que los iba a nombrar; eso sí, han reabierto una polémica que en su día se cerró sin acuerdo, y son ustedes los que en este momento tienen una decisión que tomar. Ustedes intentan vestir y justificar esa decisión con una comisión
de expertos sobre los que nada tenemos que decir a título individual, porque cada persona tiene derecho a opinar lo que crea más conveniente. No estamos hablando de su solvencia ni de su opinión, sino de cómo los han designado ustedes y cuál es esa
composición, de la cual dos terceras partes ya han expresado en artículos por escrito cuál es su posición. Por lo tanto, ustedes saben que esa comisión tiene escrito ya un guión, que tiene un final. Por ello, señora ministra, ustedes han intentado
cubrir una decisión de carácter político y no técnico para cumplir un acuerdo político (están en su derecho) con Esquerra Republicana de Cataluña y trasladar los papeles de Salamanca. Dígalo claramente, no pierdan más el tiempo, no traten ustedes
de vestir técnicamente lo que es una decisión política. Le han dado ustedes dos meses a la comisión y saben que en este tiempo no es posible decidir sobre los papeles. Lo que sí saben es que hay ya una decisión tomada y un final sobre este tema.
Lo han hecho con desprecio al diálogo con Castilla y León y con desprecio a Salamanca. Está escrito el guión, sabemos el final y ustedes han intentado cubrir su desvergüenza, la vergüenza de una claudicación política ante Esquerra Republicana de
Cataluña, en detrimento de Salamanca y de Castilla y León, señora ministra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, usted ha dicho una cosa que como mínimo calificaré de divertida: Se cerró un asunto sin acuerdo; es decir, que no se cerró. Estamos delante de un asunto que tiene 23 años. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando leemos la
proposición no de ley, ¿estamos de acuerdo en que las dos partes que tienen que hablar son el Gobierno de la nación y la Generalitat, mientras que el Patronato es un órgano de consulta de una institución del Estado? ¿Estamos de acuerdo en eso? Es
para no faltar a la verdad.
Además ha dicho usted que dos terceras partes o la mitad de los expertos ya se han pronunciado; sí señor, incluido el que ha propuesto la Junta de Castilla y León (mire la prensa de ayer). Usted ha dado dos meses; nadie del Patronato ha
dado dos meses a la comisión, sino que se los acaba de dar usted, y los expertos lo van a saber porque usted lo ha dicho aquí.
Yo no sé el final de esta historia, aunque parece que usted la sabe. Le voy a formular una pregunta, dejando que usted
sólo se dé la respuesta.
¿Qué le parece a usted que hoy a la una y media todo el Patronato de ese archivo, incluidos los patronos que nombró el señor Rajoy y la señora Del Castillo (no los nombró este Gobierno) hayan aprobado esa lista de expertos
y sólo se hayan negado a apoyarla dos miembros del Partido Popular? ¿A qué le suena? ¿Quién está haciendo política? Contésteselo usted solo, señoría. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LOS JÓVENES MENORES DE
EDAD? (Número de expediente 180/000316.)
El señor PRESIDENTE: Para formular su pregunta, tiene la palabra el diputado don Paulino Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado día 28 de septiembre usted presentaba ante los medios de comunicación los datos de una encuesta escolar del Plan Nacional sobre Drogas. Lejos del alcance del impacto mediático en ese momento un problema tan
importante para nuestra sociedad aparentemente ha pasado desapercibido. En los datos que usted presentaba se hablaba de un estudio realizado a jóvenes entre 14 y 18 años, en el que se decía que en dos años el consumo de alcohol se ha disparado en
este país. El número de estudiantes entre 14 y 18 años que reconocen haberse emborrachado ha crecido un 40 por ciento en dos años, es decir, ha pasado de un 19 a un 27 por ciento. De la misma manera los chicos reconocen que la edad media de inicio
en el consumo de alcohol ha pasado de 15,3 años a 13,7 años.
¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno, señora ministra, para controlar el consumo de alcohol entre los jóvenes menores de edad?
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, los problemas relacionados con el consumo de alcohol y las motivaciones que incitan a beber son múltiples y complejos, y de la misma manera tiene que ser multisectorial y multidisciplinar la forma en la que se aborden. Es evidente
que estamos ante una cuestión que involucra a todo el conjunto de la sociedad, por tanto, es una responsabilidad no solo de los políticos sino también de las familias, de la comunidad educativa y de la sociedad civil. La información y la
colaboración adquieren un papel relevante y la primera medida que ha tomado este Gobierno, como usted ha reconocido, ha sido informar (en la Comisión Mixta a diputados y senadores y en la Conferencia sectorial del Plan Nacional sobre Drogas a los
consejeros responsables) para que todos seamos conscientes de la gravedad del problema.
En cuanto a colaboración se refiere, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencia y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el Plan de juventud 2005-2008, que va a contar con nuevas medidas de prevención. En el
aspecto normativo estamos trabajando en medidas para limitar el consumo, la venta y la distribución y publicidad de bebidas alcohólicas a menores de 18 años en todo el territorio, puesto que por el momento hay algunas comunidades autónomas que no
tienen establecida esta limitación en los 18 años sino en los 16.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora ministra, espero que esta Cámara pueda analizar pronto una propuesta del Gobierno orientada a conseguir esos objetivos que usted acaba de significar ante un asunto tan importante.
Estamos hablando de algo que
no solamente afecta a la salud mental y física de nuestra juventud; estamos hablando de un problema que es el germen para que esos chicos que han cumplido 18 años sean adictos, consuman con asiduidad alcohol, con la repercusión que eso está
teniendo en los accidentes de tráfico (más del 40 por ciento de los accidentes de tráfico derivan del consumo de alcohol entre jóvenes menores de 30 años), y además en edades tempranas el inicio en el consumo de alcohol trae como consecuencia una
inducción a la droga, porque son el germen de la mala convivencia en el ámbito familiar de futuro, etcétera. Por ello, las instituciones públicas y el Gobierno tenemos la gran responsabilidad de impulsar medidas que permitan controlar el consumo de
alcohol.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, desde el 27 de septiembre estamos desarrollando en colaboración con la Dirección General de Tráfico una campaña de publicidad para que los jóvenes no consuman alcohol cuando vayan a conducir. También hemos firmado un convenio con
el Ministerio de Educación y Ciencia para el fomento de la educación para la salud y en el plano internacional estamos participando en el Plan Europeo de Actuación sobre Alcohol. Además estamos preparando un conjunto de actuaciones en el ámbito
legislativo, dirigidas fundamentalmente al menor, que pretende armonizar la regulación para prohibir la venta y distribución de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, regular aquellos aspectos relacionados con la venta y suministro de alcohol a
la población en general en cuanto a centros locales e instalaciones y también en cuanto a la graduación de las bebidas que pueden consumirse en cada uno de estos centros, así como reducir la presión sobre los jóvenes para consumir alcohol, regulando
las actividades de promoción de alcohol y de publicidad y patrocinio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ALBERTO FIDALGO FRANCISCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA LEY DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA ACTUALMENTE VIGENTE? (Número de expediente 180/000363.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Para preguntar a la ministra de Sanidad y Consumo, tiene la palabra el diputado don Alberto Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la salud es para una buena parte de nuestros ciudadanos el centro de sus vidas cuando sus allegados o ellos mismos la pierden; si la investigación es trascendental en una sociedad que quiere avanzar, la investigación en el
ámbito de las ciencias de la salud es además imprescindible por la dimensión que para el ser humano alcanza su preocupación por la enfermedad o el riesgo de enfrentarse a ella. Por eso, un sistema de salud avanzado y progresista ha de ser ambicioso
y prospectivo, capaz de ofrecer soluciones cotidianas, pero también de buscar aquellas otras que en un plazo u otro resuelvan lo que hoy aún no es posible o, al menos, ofrezcan la esperanza. Así lo entendía nuestra Ley General de Sanidad, que
dedica el capítulo II al fomento de la investigación; sin embargo, los gobiernos del PP, a pesar de la buena coyuntura económica, no realizaron el esfuerzo inversor necesario, sino que malgastaron esa coyuntura favorable en una política de
relumbrón, centralizadora, llena de ataduras e hipotecas y desde luego alejada del tejido investigador. Hija de esa política fue en el año 2003 la acomplejada modificación de la Ley de Reproducción Asistida, y la confusión sembrada entre
reproducción e investigación derivó, más o menos intencionadamente, en el bloqueo del trabajo investigador con células madre embrionarias. Por eso y solo ahora, después del impulso del Gobierno Socialista y los reales decretos de 23 de julio y 29
de octubre, la investigación con células madre embrionarias es ya posible en España.
La comunidad científica ha recibido con satisfacción esas medidas, y enfermos y familiares han visto de nuevo abierta la puerta de la esperanza. Sin embargo, en
la vigente ley aún están presentes tanto la restricción a la disponibilidad de embriones como las limitaciones a nuevas aplicaciones del progreso científico en el campo de la selección terapéutica, por ejemplo en actuaciones similares a las
recientemente autorizadas en Inglaterra para el cáncer o en otras enfermedades donde la transmisión genética es decisiva, como la hemofilia.
Por otra parte, ante una sociedad que requiere normalizar su relación con la ciencia bajo parámetros de su propia ética los retos al servicio del hombre y su entorno continúan. El Gobierno ha apostado por la investigación y el desarrollo en
los presupuestos y también el Ministerio de Sanidad que ha incrementado su presupuesto en un 10 por ciento, pero aún queda mucho por hacer, señora ministra. Por todo ello, le ruego que me diga si tiene previsto el Gobierno la modificación de los
planteamientos de la Ley de Reproducción Asistida vigente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tal como hemos informado en varias ocasiones el Gobierno tiene previsto plantear una modificación de la Ley de Reproducción Asistida lo antes posible, porque la Ley 45/2003 es confusa, como usted ha dicho, establecía unos límites
tanto en materia de reproducción asistida como en materia de investigación que no se justifican desde el punto de vista científico. Esa ley efectivamente mezcló los aspectos de reproducción asistida y de investigación, aspectos que creemos que
deben diferenciarse, y se situó desde una posición de partida restrictiva planteada con criterios extracientíficos. La modificación de la ley que formulará el Gobierno va a mejorar los procedimientos, va a evitar perjuicios innecesarios, va a
permitir la investigación con preembriones congelados después de la entrada en vigor de la ley y va a permitir
finalmente que el diagnóstico preimplantacional pueda beneficiar a todos.
Hasta tanto no se modifique hemos ido adoptando algunas medidas para resolver los aspectos más urgentes, como la publicación del real decreto por el que se plantean
los supuestos en los que se pueden fecundar más de tres ovocitos, única reforma posible en el marco de la ley actual, que aunque parcial viene a resolver algunos de los problemas que sufren las mujeres que se someten a estos tratamientos. Desde el
punto de vista de la investigación, la reciente aprobación del real decreto por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes
va a facilitar que los equipos de investigación puedan comenzar a trabajar y con los mejores resultados. Este real decreto abre por fin la vía a estas investigaciones y coloca a España en el lugar que le corresponde, dado el potencial científico de
nuestros investigadores en esta materia.
Asimismo estamos trabajando en la elaboración de una ley de investigación en biomedicina que va a fortalecer las relaciones entre la investigación básica y la aplicada entre la universidad, la red sanitaria, la industria y las entidades,
agentes e investigadores interesados en este objetivo.
Esta ley va a recoger la creación de una comisión nacional de bioética para que asesore a las administraciones públicas con criterios científicos, cuestión que hasta ahora no ha estado
resuelta. Todos estos trabajos van a tener como único límite a priori la Constitución y en todo caso van a buscar el más amplio consenso y apoyo social y político.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JULIÁN SIMÓN DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES VAN A SER LAS LÍNEAS GENERALES DEL REAL DECRETO DE SUELOS CONTAMINADOS? (Número de
expediente 180/000364.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Para formular su pregunta a la ministra de Medio Ambiente, tiene la palabra el diputado don Julián Simón de la Torre, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en la cumbre de Río de 1992 ya se reconoció la importancia de la protección de los suelos y de sus usos potenciales para un desarrollo sostenible. Igualmente la Unión Europea ha insistido en la necesidad de adoptar medidas
para impedir o reducir el impacto sobre el suelo de las actividades humanas. La Ley de Residuos de 1998 dispone que el Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas, ha de determinar cuáles son los criterios y estándares que permitan
evaluar los riesgos que afecten a la salud y al medio ambiente. Aplicando estos criterios las comunidades autónomas deberán declarar, delimitar y hacer un inventario de los suelos contaminados existentes en su territorio; de la misma manera,
establecerán una lista de prioridades de actuación. La Ley de Residuos mandata al Gobierno para que apruebe y publique un listado de actividades potencialmente contaminantes del suelo y también le exige que se establezcan determinadas obligaciones
para los titulares de las actividades y los propietarios de las fincas. Por motivos que todos conocemos en los últimos seis años el Gobierno del Partido Popular fue incapaz de dialogar con las comunidades autónomas y, por tanto, de desarrollar
reglamentariamente la ley. Esto implica la no existencia de métodos normalizados para la identificación de los suelos contaminados.
En tan solo seis meses el actual Gobierno ha realizado dos conferencias sectoriales y una reunión del consejo
asesor. En solo seis meses ha dialogado con las comunidades autónomas. En definitiva, seis meses han sido suficientes para que el Gobierno pueda desarrollar la Ley de Residuos con el decreto de suelos contaminados. Por eso, señora ministra, le
pregunto cuáles van a ser las líneas generales del decreto.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Simón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, la primera vez que en nuestro país se abordó el problema de los suelos contaminados, que tiene graves efectos tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud, fue en el año 1995 cuando el Gobierno, entonces socialista, acordó con
todas las comunidades autónomas un Plan nacional de recuperación de suelos contaminados a partir de un primer inventario y de una caracterización de esos suelos que había sido acordada con las propias comunidades autónomas. Ese plan nacional, que
está todavía en vigor, porque su horizonte era entre 1995 y 2005, establecía que se llevaran a cabo actuaciones en los suelos contaminados con una cofinanciación al 50 por ciento entre el Gobierno de la nación y la comunidad autónoma.
Lamentablemente, los resultados a lo largo de los últimos ocho años han sido muy insatisfactorios. Hay problemas para gestionar este plan que esperamos poder resolver el próximo año cuando concluya la vigencia del actual, y mientras tanto habremos
aprobado el real decreto sobre suelos contaminados. En el mes de abril, al llegar al Gobierno nos encontramos con un proyecto de decreto que según el Gobierno anterior había sido ya consultado y aprobado por todas las comunidades autónomas.
Lamentablemente no era así y, como usted bien señalaba, hemos necesitado seis meses para
llegar por fin a un documento consensuado tanto con todas las comunidades autónomas como en el ámbito del Consejo Asesor de Medio Ambiente y, por tanto, ahora nos queda tramitarlo ante el Consejo de Estado y llevarlo al Consejo de Ministros.
Yo espero que ese decreto esté muy pronto en vigor, porque sin ninguna duda es transcendental para atribuir responsabilidades en materia de suelos contaminados y, por tanto, la obligación de reparar el daño que ello supone a quienes hayan sido los
causantes de esa contaminación, mediante el establecimiento de criterios y requisitos homogéneos en toda España, de forma que no existan dudas sobre las actividades que se consideran susceptibles de contaminar suelos, y a partir de ahí establecer
esas responsabilidades, que sin ninguna duda ayudarán a que junto con el esfuerzo que están haciendo las administraciones también los responsables privados de la contaminación de suelos se hagan cargo de los daños derivados de su actividad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿DE QUÉ FORMA REPERCUTIRÁ EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN Y UTILIZACIÓN DEL AGUA (PROGRAMA A.G.U.A.)? (Número de expediente 180/000365.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tiene la palabra el diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista para preguntar.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el programa AGUA demuestra la importancia y el interés del Gobierno socialista por garantizar el líquido elemento adecuado a un desarrollo sostenible y autónomo en el litoral mediterráneo español.
Dentro de este programa el
agua tiene un valor social, económico y ambiental, siendo un derecho pero al mismo tiempo también una responsabilidad. En este contexto quiero hacer un balance de cuál fue la gestión que realizó el Grupo Popular en ocho años en esta materia en la
provincia de Málaga. La primera pregunta que habría que hacerse sería en cuántos hectómetros incrementó el Grupo Popular la capacidad hídrica de la provincia de Málaga en ocho años. La respuesta es en cero hectómetros cúbicos, ni una sola gota de
agua más. Lo único que hizo en ocho años fue concluir una presa que estaba prácticamente concluida, la presa de Casasola, que parece que pronto va a entrar en el libro Guinness de los récords, porque fue una presa que inauguró el ministro Matas en
noviembre del año 2000, pero que en 14 de marzo de 2004, tres años y medio después, continuaba sin embalsar agua. Por tanto, es la única presa de España y probablemente del mundo que tres años y medio después de ser inaugurada continuaba sin
embalsar agua. Además hay que destacar que el Partido Popular en enero de 2000, en plena campaña electoral, anunció una serie de actuaciones hídricas que denominó de forma altisonante Plan Málaga; once meses después presentaron por segunda vez el
Plan Málaga. Sin embargo, pasó la legislatura y ocho de las nueve actuaciones previstas ni siquiera comenzaron y la novena no fueron capaces de concluirla, y no será porque no consignaron partidas en los Presupuestos Generales del Estado. Entre
los presupuestos de 2001 a 2003 consignaron 206 millones de euros o, lo que es lo mismo, más de 34.000 millones de las antiguas pesetas, pero no hicieron nada. Lo único que hicieron fue gastar cantidades indecentes en publicidad y propaganda. Por
tanto, en ocho años la gestión del Partido Popular en esta materia se resume en muchas falsedades, mucho engaño, mucha publicidad, mucha propaganda, pero ni una sola gota de agua más. Así pues, dentro de este programa AGUA, que contempla 100
actuaciones urgentes, incrementar en 1.100 hectómetros cúbicos la capacidad y una inversión de más de 3.900 millones de euros, yo le pregunto qué previsiones tiene su ministerio para la provincia de Málaga.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
No crea usted que es sólo la presa de Casasola la que está construida y no sirve para nada en este momento. Ya hemos tenido ocasión, concretamente en la Comunidad Valenciana, de poner en marcha la construcción de compuertas para que una
presa que llevaba varios años inaugurada sirva para algo. Efectivamente, el programa AGUA contempla para toda España una mejor gestión del agua, optimizando las infraestructuras hidráulicas que existen y haciendo un uso más eficiente del agua; más
agua y agua de más calidad. Esto es lo que haremos también en la provincia de Málaga. Dentro del conjunto de actuaciones aprobadas en el Real Decreto-ley 2/2004 aparece un conjunto de ellas que para la provincia de Málaga significarán un
incremento de 125 hectómetros cúbicos al año, de acuerdo con inversiones por un valor total de 227millones de euros. Además de esas actuaciones que se refieren a la puesta en marcha por ejemplo de desaladoras que no funcionan, como la de Marbella,
a la construcción de alguna planta desaladora más, a dos
actuaciones de reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol y en la propia ciudad de Málaga y a la corrección de los vertidos salinos del embalse de Guadalhorce, quiero recordar ante esta Cámara el compromiso del Gobierno de ofrecer
agua de más calidad, por lo tanto, el compromiso de concluir un conjunto de actuaciones de depuración en la provincia de Málaga acordadas todas ellas en el año 1995, muchas de cuyas plantas correspondientes están todavía sin iniciarse. Así, la
provincia de Málaga no sólo tendrá más agua, sino también agua de mayor calidad y concretamente con las plantas a construir en San Pedro de Alcántara, en Ronda, en Torróx, en Benalmádena, en Fuengirola, en Nerja y en Ronda, es decir, aquellas
actuaciones, algunas de ellas iniciadas, pero la mayoría ni siquiera comenzadas, con proyectos no contemplados en los presupuestos del Gobierno de la nación en estos años, que se han llevado a cabo en esta legislatura para completar las actuaciones
en materia de agua en la provincia de Málaga.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÀ I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PIENSA EL GOBIERNO INICIAR LOS TRÁMITES PARA QUE EL PUERTO DE PALAMÓS SEA FRONTERA SCHENGEN PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS? (Número de expediente 180/000322.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior de don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el puerto de Palamós es el puerto de referencia de la provincia de Girona, pero es y aún podría ser más el puerto natural de una amplia zona de influencia en el centro y en el norte de Cataluña.
Siendo Girona la segunda
provincia con la renta per cápita más alta del Estado de forma sostenida durante los últimos años y necesitando su economía de una frontera exterior Schengen, siendo el turismo el primer sector económico de la provincia y necesitando la Costa Brava
de un nuevo impulso para la consolidación de un turismo internacional y de calidad que usted conoce, ¿tiene previsto el Gobierno iniciar los trámites para convertir el puerto de Palamós en frontera Schengen para sumarse a los 32 puertos
internacionales que tiene el Estado español?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, el Gobierno, como usted sabe, está haciendo un esfuerzo muy importante para ajustar las plantillas de Policía y Guardia Civil al catálogo de puestos de trabajo, es decir para aumentarlas, lo cual es indispensable para hacer
una calificación de la naturaleza de la que usted pretende. Además, para hacer una calificación de una infraestructura como un puerto como puerto Schengen se precisan una serie de inversiones en infraestructuras, filtros de entrada, sala de
retornos, vallado perimetral, equipamiento, calabozos, servicios sociales, etcétera, que son realmente problemáticas desde el punto de vista presupuestario. ¿Qué quiero decirle? Que antes de convertir un puerto en puerto Schengen hay que optimizar
las aperturas Schengen que ya tenemos, porque el Estado tiene recursos limitados y no puede malgastarlos, malbaratarlos. Por tanto, antes de establecer nuevos puertos Schengen, vamos a ajustar las plantillas de Policía y Guardia Civil y vamos a
hacer los esfuerzos presupuestarios que sean necesarios para generar nuevas infraestructuras. Por el momento, la respuesta es no. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Siendo conscientes de que los recursos son limitados y apreciando este condicional 'de momento', la historia de Schengen y de Palamós, la historia de convertir Palamós en frontera internacional es una ilustración de aquella frase del pez que
se muerde la cola.
Evidentemente, no se podrá demostrar la potencialidad turística de los cruceros internacionales, de la entrada de personas a Palamós hasta que no sea frontera internacional. Evidentemente, tampoco se podrá demostrar toda la
potencialidad de la entrada de mercancías en una zona notablemente industrial que no sólo abarca la zona de Girona, sino también una amplia zona de Cataluña, del eje transversal, hasta la zona de Lleida, que actualmente debe pasar por un puerto
saturado y con un PIF en una situación limite, como es el puerto de Barcelona. Creo interpretar de forma bastante exacta la voluntad del actual Gobierno, como también la del anterior Gobierno de la Generalitat, cuando digo que a la solución de las
problemáticas y de las dificultades de infraestructuras que el señor ministro apuntaba podrían coadyuvar el sector público, la Administración de la Generalitat, pero también, como en su momento fue construido el aeropuerto de Girona, las cámaras de
comercio de la zona.
Finalmente, el señor ministro hacía referencia a la limitación de efectivos, pero yo también quiero recordar, con datos estrictamente del Gobierno, que después del desplegamiento de los mossos d'esquadra en la provincia de Girona, hay 588
guardias civiles y 244 efectivos de la Policía Nacional, más la convocatoria de 13 nuevas plazas. Si además es necesario un informe para argumentar desde un punto de vista económico la demanda y la viabilidad, ese informe ya existe de las
cámaras...
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, lo lamento.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, comprendo su inquietud, porque es su trabajo y me parece legítimo, pero tengo que decirle que en España hay 32 puertos Schengen, dos de ellos en Cataluña, concretamente Barcelona y Tarragona. El puerto de Palamós tiene un
índice de tráfico de buques -datos de 2003- realmente bajo: 85, con un movimiento de tan sólo 163 pasajeros. Por tanto, no reúne las circunstancias objetivamente necesarias para hacer el esfuerzo presupuestario, el esfuerzo de medios materiales y
personales que exigiría un puerto Schengen.
El protocolo Schengen nos exige esas infraestructuras, eso es algo sobre lo que el Estado no puede pasar, como es lógico. Sólo puedo decirle que en el futuro, dentro de ese marco razonable, el Estado hará los esfuerzos que tenga que hacer
al respecto. No le puedo garantizar nada, porque -insisto- lo importante es priorizar y optimizar recursos, sobre todo cuando se hacen apuestas tan arriesgadas como abrir nuevas entradas Schengen.
Gracias, señor diputado.
- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUIÉN ENTREGÓ A LA CADENA SER LA GRABACIÓN DE LAS CONVERSACIONES DE TERRORISTAS EN LA CÁRCEL DE
VILLABONA? (Número de expediente 180/000355.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior, del diputado don Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
¿Puede adelantarnos, señor ministro, el resultado de la investigación que usted encargó sobre lo que versa la pregunta?
El señor PRESIDENTE: El señor ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, me imagino que la pregunta se refiere a una conocida filtración de la transcripción de unas conversaciones mantenidas entre algunos presos de ETA. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene el encargo de este
ministro de efectuar la investigación del origen de esa filtración y de las demás filtraciones que se han producido. Este es un viejo problema en el Ministerio del Interior; hoy mismo lo hablaba con dos ministros del Interior del Partido Popular,
los señores Rajoy y Acebes, en la reunión del Pacto Antiterrorista. Insisto en que quiero que investiguen esa filtración y el resto de las filtraciones. La directora general me dijo, cuando la pregunté por escrito, que rechaza esas prácticas y
está extremando el celo en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, hace unos días usted declaró que le parecía intolerable la filtración y que había encargado una investigación. Yo le preguntaba que si ya tenía el resultado, sería justo que usted lo dijera.
Usted dice que le parece mal, pero sabe que el deber de custodiar ese documento lo tiene uno de los directores que ustedes nombraron. En la purga de directores que hizo la actual directora de Instituciones Penitenciarias nombró a uno, que era el
que tenía el deber de custodiar esta transcripción. El que tenía el deber de custodiar es el que filtra y el que filtra depende directamente de usted.
Señor ministro, usted sabe que uno de esos directores ha cometido, presumiblemente, una actuación jurídicamente irregular, por no llamarla delito penal. Pero a mí me parece muchísimo más grave lo que hay en el fondo de esa filtración
porque, señor ministro -y usted lo sabe bien-, era intentar demostrar que no había conexión entre presos de ETA y presos terroristas islámicos. Ustedes, como ya sucedió entre el 11 y el 14, se han inventado noticias falsas, como kamikazes o
conocimiento de furgonetas la mañana anterior. Señor ministro, en la cárcel de Villabona cada vez es más palpable que ha habido conexiones entre miembros de ETA, terroristas islámicos y además delincuentes de la trama de Asturias. El otro día
conocimos -nos lo dijo un alto mando policial que depende de usted- que uno de los terroristas tenía sólo relaciones con ETA. Me parece que aquí tiene que haber dimisiones. Si no hay dimisiones, señor ministro, podremos sospechar que usted sabía
algo y que lo que está diciendo de mandar investigar es falso. Lo que está haciendo es poner una cortina de humo en una...
El señor PRESIDENTE: Se acabó su tiempo, señor diputado. Lo lamento.
Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor Martínez-Pujalte, insisto en que las filtraciones son un viejo problema que hemos sufrido nosotros y otros ministros del Interior suyos.
Estoy viendo al señor Astarloa, que sabe perfectamente bien a qué me estoy refiriendo cuando
hablo del viejo problema de las filtraciones. Mi disciplina mental en este caso también es una disciplina constitucional, no sé la suya. Se investiga y luego se sacan las conclusiones. Usted prefiere hacer juicio de intenciones, ese es su
problema, en el que no voy a entrar. De todas manera tengo que decirle que a lo que se dedican el ministro y el Ministerio del Interior es a
dirigir la política de seguridad del Estado con toda la seriedad y con todo el rigor, y no a enredarse en cosas que no tienen que ver con esa dirección política de la seguridad del Estado. Además, el ministro y el Ministerio del Interior
informan limpiamente cuando tienen que hacerlo a la Cámara y a la opinión pública. En esas tesis y en esas coordenadas estamos y no nos vamos a mover de las mismas. Por otra parte, en cuanto al contenido de las conversaciones, lo que digan los
presos de ETA como comprenderá a estas alturas de la vida me da exactamente igual, no entro ni salgo del tema.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.
(Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON VICTORINO MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES
CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO? (Número de expediente 180/000360.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior formulada por el diputado don Victorino Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde el mes de noviembre del año pasado al mes de noviembre del presente año ha habido, según los últimos datos conocidos, un descenso de más de un 10 por ciento de fallecidos como consecuencia de accidentes de tráfico.
También podemos apreciar que el número de muertos en accidentes de tráfico, que estaba estancado en una cifra de 5.400, aproximadamente, desde el año 1996, en este momento ha empezado a descender. Se empieza a desbloquear una situación que es
nefasta para la sociedad española. Pero esto, como saben muy bien SS.SS., no nos tiene por qué llevar a ningún tipo de triunfalismo ni de autosatisfacción porque, ¿cómo resignarse ante una situación -evidentemente una situación generada a lo largo
de estos últimos años- en la cual hay 100.000 accidentes de tráfico, 5.400 fallecidos al cabo del año, 26.000 heridos graves y 120.000 heridos leves? Un auténtico parte de guerra, señor ministro. ¿Y cómo resignarse también ante la situación que
está padeciendo nuestra juventud? En diez años, 17.000 ciudadanos españoles de menos de 30 años han fallecido en las carreteras, 15.000 ciudadanos en un año en la Unión Europea -15.000, que se dice pronto-; jóvenes de menos de 30 años también han
fallecido en accidentes de tráfico.
Nos encontramos en una situación ante la cual es necesario tomar medidas.
Por eso quiero preguntarle, señor ministro: ¿Cuáles son las medidas que piensa adoptar el Gobierno para abordar este problema y hacer descender el número de víctimas
en el tráfico?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señoría, como ya conocen todos ustedes, en el año 2003 ha habido más de 100.000 accidentes de tráfico, unos 5.400 muertos, más de 26.000 heridos graves, cifras que nos dan cuenta de la tremenda magnitud del problema de la siniestralidad
vial. Nosotros, desde que estamos en el Gobierno, hemos puesto en marcha una serie de medidas, ya conocidas la mayoría de ellas: más control de velocidad, más radares, más controles de alcoholemia, campañas informativas, etcétera. En el periodo
enero-octubre hemos conseguido una reducción del 10,6 por ciento en el número de accidentes en relación con el mismo periodo del año 2003. Esto en modo alguno -lo he dicho muchas veces y lo repito ahora- nos debe llamar a ningún tipo de
autocomplacencia. Esta es una tarea larga que nos va a llevar años y años de esfuerzos a toda la sociedad civil de este país, a los conductores y conductoras, al sistema político y a las instituciones del Estado, porque realmente me creo que es un
problema de Estado.
Le resumo lo que vamos a hacer en el futuro. Primero, un plan plurianual de instalación de radares fijos (entre 2005 y 2007 habrá 500 más, con un coste de unos 55 millones de euros); segundo, la conocida reforma de la Ley de tráfico,
circulación y seguridad vial para instaurar el carné por puntos, que creemos que va a dar buenos resultados; tercero, la instalación de postes SOS en las vías despobladas para una mayor atención al usuario en casos de accidentes; cuarto, el
aumento de efectivos (250 para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil); quinto, las inversiones en medios materiales e infraestructura para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (560 vehículos, con un coste de más de nueve millones de
euros; material de transmisiones y otros, con un coste de más de 4,5 millones de euros, y además vamos a dotar de equipos de denuncia informáticos en carretera, con un coste de seis millones de euros, a esa Agrupación de Tráfico); finalmente,
haremos campañas específicas durante todo el año sobre alcohol, velocidad y transporte escolar.
En definitiva, la acción del Gobierno, encabezando esa política que yo he definido muchas veces como política de Estado, estará orientada con todo su esfuerzo a reducir la siniestralidad vial, que es un problema que nos cuesta mucho
sufrimiento todos los años, que nos cuesta mucho dinero todos los años y que nos cuesta un esfuerzo que seguramente, si acabamos con el problema, el Estado puede dedicar a otra serie de cosas. Pero insisto... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El tiempo terminó, ministro. Lo lamento.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN HERMOSÍN BONO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL DIÁLOGO ABIERTO CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y OTRAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS A FIN DE DISMINUIR LA LITIGIOSIDAD ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/000361.)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, pregunta al ministro de Administraciones Públicas, de doña Carmen Hermosín.
La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, como seguramente ustedes recordarán, durante los ocho años que ha gobernado el Partido Popular las relaciones del Gobierno de España con algunas comunidades autónomas, muy especialmente con la Junta de Andalucía,
estuvieron caracterizadas por una falta enorme de diálogo, de cauces de entendimiento, lo que tuvo como consecuencia una cascada de recursos ante el Tribunal Constitucional, tanto por parte de las comunidades autónomas como del propio Gobierno.
Tengo que decir que muchas de las iniciativas políticas -las más importantes, por citar algunas, al menos en lo que más conozco que es la Junta de Andalucía- que se tomaban por parte del Gobierno andaluz, y creo que también en otras comunidades
autónomas, eran contestadas con el uso y el abuso del recurso ante el Tribunal Constitucional o bien con una respuesta legislativa que no tenía otro fin que obstaculizar o boicotear las iniciativas del Gobierno andaluz. Así nos encontramos con la
negativa al reconocimiento del censo real de población, su consiguiente discriminación financiera, los recursos contra la subida de las pensiones no contributivas, el veto a la investigación con células madre en la comunidad autónoma o el recurso
contra la Ley de Cajas de Ahorro. La no aceptación del Gobierno andaluz del sistema de financiación que estuvo vigente desde 1997 a 2001, solamente ese tema, dio lugar a un tratamiento discriminatorio durante cuatro años por parte del Gobierno de
la nación y, como es lógico, a una cascada de recursos, tanto del Gobierno como de la Junta, cada vez que se aprobaba un presupuesto, bien los Presupuestos Generales del Estado o bien los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Afortunadamente, hay
que decir que se ha recuperado lo que debe ser la normalidad. Tengo entendido que el Gobierno ha abierto una línea de acuerdo, de diálogo con distintas comunidades autónomas, entre ellas la Junta de Andalucía, que ya ha tenido como consecuencia que
algunos recursos se hayan retirado, y tengo que decir que esta Cámara, por ejemplo, aprobó hace muy pocos días el crédito extraordinario para liquidar lo adeudado por el antiguo sistema de financiación, como también que afortunadamente, como acaba
de recordar la ministra de Sanidad y Consumo, la comunidad autónoma podrá investigar con células madre.
Por todo ello, pregunto al Gobierno: ¿cómo valora ese diálogo abierto con las comunidades autónomas y qué recursos o conflictos de competencia está dispuesto el Gobierno a retirar o a dejar sin efecto?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señoría, por permitirme contestar esta última, no por ello menos importante, pregunta de la sesión de hoy, porque creo que afecta a uno de los asuntos medulares de la política de este Gobierno no sólo en cuanto al contenido,
sino en cuanto a la forma de resolverlo. Este Gobierno intenta, y creo que lo está consiguiendo, ser respetuoso con los ciudadanos, incluidos los andaluces y respetuoso con las instituciones democráticas, incluida la Junta de Andalucía. Está
intentando convertir en eje central de su política la cooperación entre comunidades autónomas y Gobierno central, la cooperación entre administraciones y no la confrontación. Por tanto, no vamos a hacer de los tribunales un uso político, no vamos a
hacer de las instituciones un uso partidario.
Tenemos que fomentar el diálogo institucional y tenemos también que fomentar la menor litigiosidad posible. Hay que crear un clima de acuerdo, un clima que permita espacios de encuentro y de
cooperación, y eso pasa, entre otras muchas cosas, por el proceso de retirada de recursos, no siempre bien justificados desde el punto de vista jurídico, con el que se encontró este Gobierno. En concreto, en lo que llevamos de legislatura hemos
retirado 18 recursos ante el Tribunal Constitucional, de los cuales 16 presentados y retirados por el Estado, 42 presentados y retirados por las comunidades autónomas, de los cuales 29 con la Junta de Andalucía, 25 a iniciativa de la Junta y cuatro
a iniciativa del Gobierno central. Alguien diría: ¿por qué hay más recursos, por qué una parte importante de los recursos retirados han sido con la Junta de Andalucía? Porque con la Junta de Andalucía se había ensañado el anterior Gobierno
presentado muchos más recursos que con ninguna otra comunidad autónoma durante estos últimos años. Creo que recuperar un clima de diálogo que da frutos positivos como la Conferencia de Presidentes exige talante y talento, como el que creo que está
demostrando este Gobierno en estos seis meses.
Muchas gracias. (Aplausos.)
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 172/000056.)
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido el turno de preguntas y continuamos la sesión de control al Gobierno con interpelaciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con la política de inmigración.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, sabe que el motivo de esta interpelación es conocer los criterios que va a seguir su ministerio en política de inmigración. No es otro. Usted es consciente de lo que ha pasado en los últimos meses. Sabe que ha comparecido
aquí, que ha comparecido también ante la Comisión y los criterios que ha expuesto han sido totalmente diferentes dependiendo del momento. He oído al presidente decir que rectificar es un arte. Es cierto, ustedes han sido capaces de hacerlo un arte
de la cantidad de veces que han tenido que rectificar, en este caso en políticas de inmigración. Lo que ha ocurrido es que, frente a esas declaraciones y esas rectificaciones, han existido críticas muy agudas por parte de todos los sectores, no
solamente desde el Partido Popular. Estará usted de acuerdo conmigo en que los empresarios, los sindicatos y las ONG les han dicho de todo, desde demagogos a que no tienen prudencia o que están creando un ambiente de crispación, y esa es una
realidad que es difícilmente compaginable con lo que debe ser una política de inmigración.
Yo hoy aquí quiero ser muy seria porque estamos hablando de un tema que va a ser crucial para los próximos años, señor ministro. Se ha hablado desde Marruecos que se están incrementando de manera muy importante las mafias; se ha hablado
desde otros países vecinos, y tengo aquí un recorte de un medio nacional del domingo día 31 de octubre, donde desde Francia se le critica a usted, señor ministro, por la política de inmigración que están llevando. Fíjense lo que dice el Gobierno
amigo: Francia critica al Gobierno español por alimentar la inmigración. Dice que no va a adoptar ningún proceso de regularización porque este tipo de medidas son entendidas en el extranjero como una forma de alentar la inmigración. Y añade el
primer ministro francés que debemos concienciarnos de que la inmigración clandestina se dirige siempre hacia los países que son percibidos como menos firmes. Fíjese si es grave, señor ministro, lo que le están diciendo desde un socio de la Unión
Europea.
Precisamente por eso, porque ustedes han tenido criterios para todo -porque han pasado de la denuncia de los inmigrantes a que iban a poner multas a los empresarios, a que se iba a regularizar de esa manera y que iban a poder controlar el
mercado laboral, y a hablar de un contrato de un año para luego dejarlo en tres meses-, porque han hecho tal cúmulo de declaraciones, nosotros en esta interpelación queremos dejar claras cinco cuestiones fundamentales, y en base a ellas -yo espero
que usted aquí no lo deje en el aire, sino que de verdad tome nota y conteste lo que nosotros le queremos preguntar- haremos la moción correspondiente, que espero además que sea aprobada por todos los grupos, incluido el suyo.
Nosotros queremos
saber sus criterios, y los queremos saber desde la seriedad. Queremos saber qué es lo que van a hacer en política de inmigración, qué van a hacer con ese proceso extraordinario de regularización, qué van a hacer con respecto al reglamento que han
variado en cuatro ocasiones, qué van a hacer con esos 400.000 expedientes de renovación por silencio administrativo, que deben estar ya culminados según sus propias palabras, y sobre todo qué partidas presupuestarias van a tener.
En ese cúmulo de declaraciones que ustedes hacían han sido capaces incluso de hablar de inmigrantes irregulares y el señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, hablaba de 800.000; una semana después usted habló de un millón; la
vicepresidenta primera, una semana después, dijo que 1.300.000, y yo le puedo asegurar que, si seguimos a este ritmo, si seguimos haciendo lo que ustedes están anunciando y dando a conocer a la opinión pública, a este paso serán varios millones los
inmigrantes irregulares que tendremos en nuestro país antes de empezar ese período de regularización.
Por eso, en relación con los criterios que va a emplear en la política de inmigración, yo desde aquí le tengo que preguntar: ¿ustedes van a aplicar algún criterio que tenga en cuenta la capacidad real de acogida de nuestro país? ¿Ustedes
van a tener en cuenta la situación nacional de empleo? Porque si de verdad van a regularizar, como dice la vicepresidenta primera, a 800.000 inmigrantes -y no me cuente que ha habido procesos de regularización anteriormente en nuestro país, porque
se han producido a lo largo de muchísimos años y ninguno se asemeja ni de lejos a la mitad de lo que ustedes están proponiendo-, lo que significa 800.000 nuevos puestos de trabajo, ¿usted sabe que cuando hace ese proceso de regularización, con un
contrato de seis meses, con una cotización a la Seguridad Social de seis meses, está abriendo la puerta a que esos 800.000 nuevos inmigrantes tengan una situación de legalidad en nuestro país por tres años y que además, al año de haber regularizado
esa situación, tengan también aquí a sus familiares? ¿Ustedes han tenido en cuenta esa situación, la situación nacional de empleo? ¿Ustedes han previsto los derechos que van a acompañar a esas personas en cuanto a vivienda, a sanidad o a
educación? ¿Ustedes lo han previsto? Esas son las cuestiones que nos interesan. Algo más, señor ministro, ¿ustedes van a apostar por una inmigración legal o van a seguir hablando de que la política que
van a establecer va a consistir en procesos de regularización permanente?
Su secretaria de Estado, en una entrevista que le hicieron, cuando hablaba del proceso de regularización decía: no soy nada partidaria de las regularizaciones extraordinarias porque no arreglan nada. Imagínese usted lo que va a ser este
país con 800.000 nuevos inmigrantes regularizados; imagínese lo que van a arreglar ustedes. Es una barbaridad hablar de un proceso de regularización en los modos y en las formas que usted ha dicho. Se lo tengo que decir desde el mejor tono y con
la mejor predisposición porque es algo que nos compete a todos. Ustedes están abriendo un melón que, al final, se tendrá que cerrar de alguna manera. Y ahí estamos todos. Ustedes en agosto hacen una serie de declaraciones, cuando se habla de la
famosa regularización, que concretan ahora y van a poner en marcha en febrero. Imagínense lo que es eso en cuanto al efecto llamada. No tienen más que ir a las colas para ver que están dando falsas expectativas a la gente que está yendo a
preguntar cuáles son los criterios para poder regularizar esa situación. Si es que solamente tiene que ver lo que dicen otros grupos parlamentarios. Convergència y Unió habla de que se debe de cerrar el paso de Schengen para poder controlar los
flujos y el incremento que vamos a tener de inmigración irregular.
Desde aquí digo que, como ustedes están hablando del proceso de regularización desde hace ocho meses, hasta que empiece el proceso de regularización en sí están creando un ámbito,
un espectro tan amplio, con tan poco criterio que es un caldo de cultivo peligrosísimo para las mafias y para la inmigración irregular.
Ustedes han roto el consenso, señor Caldera. Se pactó una ley al final de la pasada legislatura. Se tenía que poner en marcha un reglamento para dar salida a muchas soluciones y a muchos planteamientos que estaban contemplados en esa nueva
ley que ustedes y nosotros pactamos. Nunca se habló de un proceso de regularización. Eso lo han introducido ustedes con esa disposición transitoria. Nunca se habló de un proceso de regularización, y sus palabras están ahí. Si desde esta tribuna
y en la Comisión usted ha dicho que no estaba de acuerdo con los procesos de regularización, ¿cómo es posible que ahora digan que van a regularizar a 800.000 inmigrantes en situación de irregularidad? Le digo una cosa: el CES, que es su libro
manual para los temas de inmigración, le aconseja que no se haga una política de inmigración basada en un proceso de regularización. Léase el último informe del Consejo de Europa, que dice exactamente lo mismo. Lo mismo que le recomienda su
homónimo francés, el ministro del Interior, que lleva la política de inmigración. No se puede hacer una política de inmigración como la que usted está haciendo.
Tiene que haber claridad en cuanto a los criterios del reglamento. Mañana tendremos una reunión para debatir el tema del reglamento. Cuando se habla de arraigo, por hablar de un tema concreto, no diga usted que lo está vinculando al ámbito
laboral. El arraigo laboral lo vincula a que haya una denuncia por parte del trabajador. No me cuente que vamos a tener una política de inmigración basada en la denuncia del trabajador con respecto al empresario, porque empezaremos a crear un
clima de crispación y difícilmente vamos a poder llevar a cabo una auténtica política de integración. Así no se hace una política de inmigración.
Usted, que ha estado durante mucho tiempo dedicado estas materias, aunque fuera en el campo de la
oposición, debería de haber previsto dentro de su programa electoral, en el caso hipotético que después ha sido una realidad de que hubieran asumido el Gobierno, cómo lo iban a llevar a cabo. Llevan ustedes en el Gobierno siete meses y dígame si,
aparte de los silencios administrativos de esos 400.000 expedientes que espero que ya estén solucionados, de las larguísimas colas que están creando, de las falsas expectativas que están creando en materia de inmigración, han hecho algo más.
Efectivamente tenían que haber puesto en marcha el reglamento. A fecha de hoy creemos que el reglamento estará puesto en marcha en unos meses, pero eso no va a dar salida a lo que ustedes están creando, y no lo va a dar por algo importante, por lo
que yo le decía al principio: porque cuando se carece de criterio o cuando se carece de políticas serias en materia de inmigración, difícilmente vamos a poder tener una solución acorde con lo que necesita nuestro país, que es simplemente tener un
criterio serio, una aplicación firme y que dé un resultado positivo. Simplemente le estamos pidiendo eso en esta interpelación. Me gustaría que cuando usted subiera a esta tribuna a decir cuál es la política que va a seguir su Gobierno en materia
de inmigración, añadiera un dato que ha sido además muy controvertido a lo largo de estos meses. Yo decía que ustedes han hecho de la rectificación un arte, pues en esto también hubo unas cuantas rectificaciones por algunas de las personas que
están dentro del ministerio o que por lo menos tienen tareas en materia de inmigración. Me refiero a la resolución que usted iba a tener de todos esos expedientes que estaban totalmente colapsados por la falta de interés, la poca imaginación y lo
mal que lo hacía el Gobierno anterior. Usted fue capaz de decir que iba a poner un plan de choque de forma inmediata, de manera inminente en cuanto llegara al ministerio y que íbamos a ver los resultados rapidísimamente. Hizo su rueda de prensa,
dijo que los expedientes se habían tramitado y que al final el resultado era fantástico, que estaba ahí, y en el mes de agosto dijo además que de los 400.000 expedientes todavía le quedaban por revisar 300.000, pero que en 45 días eso estaba
solucionado. Pues tras esas declaraciones suyas del mes de julio, que yo las tengo, a mí me gustaría saber en cuánto tiempo se han traducido esos 45 días, porque le puedo asegurar que existe un colapso burocrático en las oficinas de extranjería a
todos los niveles y lo que se va a organizar, señor ministro, lo que se va a organizar.
En el punto quinto, aparte de hablar de los criterios, del reglamento, de esas renovaciones, yo quería referirme a las partidas presupuestarias. No es serio, señor
ministro, que la secretaria de Estado venga a la Comisión a hablar de inmigración y de las partidas presupuestarias que se van a incluir en materia de inmigración en estos presupuestos y diga lo que dijo. Cuando yo le pregunté qué cuantía
económica iban a tener comunidades autónomas como Ceuta y Melilla, me dijo que ni un euro más, que seguían los 4 millones de euros que ya estaban presupuestados con el Partido Popular y que ya se vería cuál iba a ser la evolución en materia
presupuestaria dentro de las políticas de inmigración; unas políticas para las que, efectivamente, si queremos dar salida, y usted está hablando aquí de 800.000 nuevos demandantes de servicios, de vivienda, de educación, de sanidad y evidentemente
también de empleo, junto con sus familiares, algo tendrán ustedes que ofrecerles a las comunidades autónomas.
En cuanto a los presupuestos, señor ministro, yo le decía que no es serio que nos enteremos al día siguiente de aquella reunión que ustedes mantuvieron aprisa y corriendo, y nunca mejor dicho, con Esquerra Republicana, que se había
introducido una enmienda en la cual ustedes iban a destinar 120 millones de euros a políticas de inmigración. El hecho de celebrar una comparecencia para hablar de política de inmigración y después meter una enmienda en ese sentido pactándolo con
ese grupo parlamentario y sin ninguna otra explicación para el resto de los grupos, no nos parece serio, no nos parece operativo y desde luego no nos parece coherente con lo que debe de ser simplemente una política que dé como resultado el que todos
estemos en conjunto, porque a usted se le llena la boca de hablar de pacto de Estado y un gran pacto para la inmigración, pero a la hora de la verdad ocurre lo que yo le decía, ustedes son los que traicionan el consenso y la confianza que desde el
Partido Popular se había alcanzado con ustedes.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, fíjese en el tiempo.
La señora MUÑOZ URIOL: Termino diciendo que si aplica rigor -y espero que no esté tan cansado cuando suba a esta tribuna-, coherencia y sentido común, nos tendrá, si no lo aplica, no solamente nos tendrá enfrente, sino que desgraciadamente
van a crear un gravísimo conflicto dentro del ámbito de la inmigración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de contestación a la interpelación tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora diputada, como usted sabe hace unos meses hubo un cambio de Gobierno y el cambio de Gobierno ha traído aparejada, entre otras cosas buenas para este país, una modificación del enfoque de la política de
inmigración. Voy a ser suave, señoría, y no voy a devolverle los calificativos que usted ha utilizado en su intervención.
Diré que, fruto de la velocidad del crecimiento del fenómeno de la inmigración, su gestión ha resultado muy complicada. Me
quedaré ahí. Por ello, señoría, nosotros planteamos hoy aquí exactamente lo mismo que cuando estábamos en la oposición. Tenemos unos criterios claros para regular este fenómeno: primero, control y gestión ordenada e integrada de los flujos
migratorios; segundo, lucha contra la inmigración ilegal y tercero, integración de los inmigrantes. ¿Sabe cuáles son los únicos medios para conseguirlo? En primer lugar, el consenso. El Gobierno quiere sentar las bases de una política concertada
desde una amplia voluntad de acuerdo con todas las fuerzas políticas, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales, ayuntamientos y comunidades autónomas, y tengo que decirle, señora diputada, que en seis meses ha rendido un fruto importante.
Por favor, vea la realidad con ojos razonables. Me presento hoy ante esta Cámara con un principio de acuerdo de toda la sociedad española, salvo el Partido Popular hasta ahora -y les invito a sumarse-, sobre el nuevo reglamento de extranjería. En
segundo lugar, la cooperación con los países de los que proceden los flujos migratorios y, en tercer lugar, refuerzo de la cooperación y acción común de la Unión Europea.
Le decía que traigo aquí una propuesta de reglamento. A ver si valoramos los procedimientos democráticos. Desde el primer momento el Gobierno ha planteado con carácter abierto una propuesta para debate y hoy puedo decir con enorme
satisfacción que los representantes de los empresarios y de los trabajadores españoles han firmado esa propuesta. Señoría, dice usted que nos han criticado. Yo tengo aquí el acta que firmaron apoyando la propuesta de reglamento que hemos
presentado. Tengo un acta con su firma. Supongo que lo vio usted en televisión. Quizá eso haya molestado profundamente al Grupo Popular, aunque no debería. Créanme, no se enfaden por que este Gobierno alcance acuerdos con los interlocutores
sociales.
No se enfade, que eso es muy bueno para el país. ¿Cree usted que los empresarios y los sindicatos españoles son unos irresponsables? ¿Cree usted que nuestros empresarios y sindicatos quieren un desorden total en España y quieren que
haya un grave problema en la sociedad española o, bien al contrario, como demostraron con su Gobierno, que son gentes responsables? ¿Qué es lo que estas gentes desean y qué es lo que hace este reglamento para el cual no había, como usted sabe,
consulta preceptiva aunque la hemos querido hacer? ¿Qué nos han pedido y qué hemos concertado con ellos? Por cierto, tengo que decirle que al día de hoy -mañana nos veremos con su grupo y ojalá se puedan incorporar al consenso- toda la Cámara,
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara apoyan el fondo del reglamento que va a aprobar el Gobierno. Todos; así me lo han trasladado en las diversas reuniones.
¿Cuál es el elemento fundamental de ese cambio de orientación de la política migratoria? Señoría, la conexión de la inmigración con el mercado laboral; la vinculación de inmigración y acceso al mercado de trabajo, por supuesto, previa
valoración de la situación nacional de empleo. ¿Le parece que ese no es un criterio aceptable desde el punto de vista de la capacidad real de acogida? ¿Le parece que el mejor criterio para valorar la capacidad real de acogida de un país no es su
empleo? ¿No le parece a usted el mejor de los criterios? Es decir, ¿cuál es la capacidad real de acogida de España? Los puestos de trabajo que demanda la sociedad española y que no se pueden cubrir por los ciudadanos españoles. Usted no me da
ninguna alternativa. ¿Qué quiere? Que los cientos de miles de inmigrantes que hemos recibido en situación administrativa irregular sigan trabajando sin protección alguna, sin alta en Seguridad Social, sin cotizar a través de la vía de los
impuestos y, por cierto, recibiendo prestaciones? ¿O es que no sabe usted -tengo que presuponer que lo sabe- que en este país la sanidad y la educación están universalizadas y que cualquier ciudadano del mundo que se encuentre en España -y es un
orgullo para nosotros- recibe esas prestaciones? Lo que ocurre es que, en la situación en que nos dejaron ustedes, no pagan por ellas, señoría, porque no tienen alta en la Seguridad Social y porque no pagan los correspondientes impuestos. Por
tanto, el criterio fundamental fue la vinculación de la inmigración -eso es lo que quiere el reglamento- con el mercado laboral. Se simplifican los trámites administrativos, se desarrolla la figura de los visados de búsqueda de empleo, el
contingente anual de trabajadores extranjeros se mejora para adecuarlo a las necesidades del mercado laboral y se regula la posibilidad de conceder una autorización de residencia temporal por arraigo. Sí, por arraigo.
Diversos tipos de arraigo.
Claro que sí, arraigo laboral. Arraigo social ¡claro! Por razones humanitarias ¡claro! Por cooperación con la administración de justicia ¡claro que sí! Y por seguridad de las personas que, de ser devueltas, pudieran sufrir en sus países, en sus
vidas o en sus patrimonios problemas de seguridad.
Tenemos un segundo elemento fundamental, la lucha contra la inmigración irregular, con lo cual se refuerzan y mejoran los medios e instrumentos de lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de seres humanos.
Se incrementan los
controles de lucha contra el fraude. A este fin, las autorizaciones de trabajo únicamente serán válidas cuando se produzca la afiliación y alta efectiva en la Seguridad Social. Este es el mecanismo de normalización, de legalización. Esto no es un
proceso de regularización, señora diputada. No. Ni es indiscriminado. No. Sólo se van a poder acoger a él quienes dispongan de un empleo y quienes coticen a la Seguridad Social. Usted recordará la regularización del año 2001, que no criticamos,
¿sabe cómo se concedió? Con un bonobus o con un recibo de la luz. Por el hecho de estar en España, sin condicionarla siquiera a la evolución del mercado laboral. Por tanto, el reglamento materializará la nueva forma de hacer política migratoria,
mejorará la gestión, que la realidad demuestra que hasta ahora, estará usted de acuerdo conmigo, ha sido deficiente, bastante deficiente.
Hemos buscado el máximo consenso. Puedo alegar hoy aquí que empresarios y sindicatos, fuerzas políticas, las ONG, comunidades autónomas y ayuntamientos han aportado a este reglamento sus sugerencias, y hemos incorporado la mayor parte de
las mismas. La realidad ha impuesto la necesidad de una disposición transitoria que establezca un proceso de normalización, claro que sí, para que pueda procederse a la contratación legal de los extranjeros que se encuentren en España en situación
irregular y reúnan determinados requisitos. Claro que sí. Recibimos una situación, y mire el padrón municipal. Sabe usted que entre el padrón municipal y las autorizaciones de residencia hay una diferencia superior a 1.300.000 personas. Dejemos
el cálculo, ya que nadie puede hacerlo con exactitud razonable, en los 800.000 que planteaba el presidente del Gobierno o el millón del que yo hablé, entre una cantidad y otra. Esa es la situación que nosotros hemos heredado. Por tanto,
necesitamos esa disposición transitoria cuyo contenido ha sido objeto de especial estudio y permitirá que aflore una parte importante de la economía sumergida.
Supongo que estará de acuerdo, no le gustará que haya economía sumergida.
A mí, no. A
los empresarios, tampoco. Y a los trabajadores, tampoco. Por eso nos han pedido, y hemos aceptado, que haya un período transitorio, tres meses, desde la entrada en vigor del reglamento, donde el empleador garantiza un contrato de seis meses con
relación laboral efectiva y alta en la Seguridad Social y al que, por supuesto, no se podrán acoger quienes no hubieran estado en España seis meses antes de la entrada en vigor del reglamento, para evitar eso que tanto le gusta a usted citar y que
no sé si le gustaría que ocurriera, aunque ya le digo que no está ocurriendo, señoría, eso que usted llama efecto llamada. Por cierto, le recomiendo que se lea la entrevista del señor Villepin, yo la tengo aquí en francés, con un poco de
detenimiento. Verá que el señor Villepin únicamente se opone a las regularizaciones masivas como la que hizo el señor Rajoy. Pero ¿a las regularizaciones vinculadas al mercado de trabajo? Francia -dice- tiene necesidad de enriquecerse con
talentos exteriores. Debemos acoger a los estudiantes más motivados y por la misma razón también a los trabajadores más motivados. El señor Villepin está aceptando claramente la propuesta que hace el Gobierno español. Esos serán los requisitos.
La voluntad de regulación ordenada e integrada, señoría, mediante una política realista y eficaz, ha llevado también al Gobierno a hacer frente a otra situación derivada de la falta de gestión -usted ha hecho referencia a ella- como era la
acumulación de expedientes sin resolver que generaba tremendas consecuencias. La ilegalidad sobrevenida a la que conducía la gestión de su Gobierno implicaba, por
ejemplo, que hubiera ciudadanos que no pudieran volver siquiera a sus países para ver a sus familias porque tenían el riesgo, al no renovarse la documentación, de acabar en situación de irregularidad sobrevenida. No se preocupe. Ha habido
menos de tres mil casos de aprobación por silencio positivo. En el período de su Gobierno, y con la ley que aprobó este Parlamento con su mayoría, hubo docenas de miles de autorizaciones por silencio positivo. Ahora ha habido muchas menos y está
prácticamente resuelta esa bolsa. Es más, en este mes vamos a empezar a llamar, mediante cita previa, a aquellas personas que tienen que hacer la renovación de sus documentos. Por tanto, el Gobierno también ha dado respuesta a este problema,
aunque no sea suficiente y haya que seguir trabajando en esa línea. La lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de seres humanos constituye uno de los objetivos de la política de inmigración, no sólo de este Gobierno, sino del conjunto de
Estados miembros de la Unión Europea. Nuestros esfuerzos se centran aquí en reforzar el control de fronteras, agilización de los procedimientos de repatriación, incremento de los medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como para la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Usted sabe que este verano se han interceptado menos inmigrantes porque han llegado menos de forma irregular. Estoy diciendo que no hay ningún dato que avale que se haya incrementado el número de entradas
de personas en situación irregular en España, bien al contrario, podemos decir que los resultados de este verano han sido satisfactorios. También impulsamos la cooperación con la Unión Europea, negociando acuerdos comunitarios de readmisión con
países terceros o el futuro fondo europeo de retorno.
Quisiera acabar con una reflexión sobre la política de integración de los extranjeros que estamos desarrollando. ¿De modo que a usted le parece mal que el Parlamento, sede de la soberanía popular, pueda decidir y ordenar al Gobierno que
haya una política de integración de inmigrantes más intensa y que se dote un fondo para la atención de la integración no solo de los inmigrantes, sino también para atender las políticas sociales de los ciudadanos españoles en zonas donde hay un alto
porcentaje de inmigrantes? ¿Le parece mal que eso lo apruebe el Parlamento? A mí me parece muy bien, y estoy convencido de que a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les parecerán muy bien. Son 120 millones de euros que, si ustedes los
aprueban, nos permitirán hacer una política de integración mucho más intensa.
Por último, vamos a fomentar también los acuerdos de regulación de flujos migratorios. Señoría, con Marruecos, socio privilegiado de España, las relaciones son buenas. Hemos incrementado con las autoridades marroquíes los esfuerzos en la
interceptación de pateras, en la detención de inmigrantes irregulares y de patronos de embarcaciones y se ha reforzado la vigilancia en todo el litoral de Marruecos con 1.020 nuevos agentes de seguridad a partir del pasado mes de agosto. Ambas
partes hemos decidido ampliar el ámbito operativo de las patrullas marítimas conjuntas al mar Mediterráneo y hemos acordado el incremento en el intercambio de información entre responsables del Ministerio del Interior de Marruecos y los agregados de
Interior de España en Rabat.
Se ha abierto un tiempo nuevo para la inmigración. Queremos un acuerdo, aunque ya le he dicho que es una gestión difícil por la rapidez con que nos hemos enfrentado a este fenómeno en este país. Creo que la orientación debe ir vinculada al
mercado laboral. Esto no es una regularización, en absoluto, es una legalización de trabajadores y, por lo tanto, estamos dando respuesta a ello. Queremos una inmigración legal y ordenada y en el reglamento se establecen los cauces para ello,
tanto en la definición de la situación nacional de empleo como en la fijación del contingente y el régimen general.
Finalmente, señorías, queremos promover la integración social de los inmigrantes en nuestra realidad, tanto desde el ámbito de las actuaciones propias como a través de la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. Me gustaría
mucho que el Grupo Parlamentario Popular pudiera aportar los criterios que considere oportunos sobre estas reflexiones y sumarse al consenso. Si no lo hacen, será su exclusiva responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, tiene usted su turno de réplica.
La señora MUÑOZ URIOL: Señor ministro, ¿un cambio de enfoque? ¿Usted sube aquí para decir que en política de inmigración van a hacer un cambio de enfoque? ¿Con una ley que consensuaron con nosotros van a hacer un cambio de enfoque? ¿En
qué van a hacer el cambio de enfoque? Lo estamos viendo en la situación de caos que están creando en materia de inmigración. Tan claro como eso. A nosotros nos preocupa muchísimo. Decía usted que a lo mejor estábamos encantados de que se pudiera
producir el efecto llamada masivo. Ya le he dicho que no. Si es que estamos viviendo y estamos poniendo los pilares en los que se debe asentar la sociedad, no para usted, no para nosotros, sino a futuro, y más teniendo en cuenta lo que ha pasado
en otros países de la Unión Europea. Están actuando de una manera muy inconsciente, están actuando sin planificación, sin ordenar los flujos migratorios. No venga aquí a decir que usted está haciendo una política de inmigración que apuesta por la
inmigración legal, que ordena, que lucha contra la inmigración ilegal y que, además, hace políticas de integración, porque eso se cae por su propio peso, señor Caldera. ¿O usted no está viendo lo que pasa a su alrededor? ¿Es que no se lo están
diciendo? Si la propia secretaria de Estado le está pidiendo calma, la calma que ustedes no están demostrando a los inmigrantes, con lo que está pasando, en la cola de su ministerio, señor Caldera; en la cola de su ministerio, de sus dependencias
hay una sensación de que no hay nadie que dirija la política de inmigración que es peligrosísima.
Cuando usted habla de ordenar los flujos migratorios, ¿sabe lo que están haciendo? Confundir. Cuando usted dice que está luchando contra la inmigración irregular, ¿sabe lo que están haciendo? Léase -no sé si estará en francés o en
marroquí- las declaraciones en la prensa marroquí sobre la política que ustedes estaban llevando a cabo, declaraciones hablando claramente del incremento importantísimo de las mafias. ¿Es que no lo están viendo, señor Caldera? Cuando usted dice
que van a hacer una política de integración, ¿de verdad piensa que así se hace una política de integración, con la situación que vive hoy por hoy nuestro país?
Usted decía que habían alcanzado un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios. Claro, cómo no van a estar contentos si les han hecho rectificar, si les han hecho bajarse de aquellas pretensiones que usted llevó a la Comisión cuando
dijo: la denuncia de los inmigrantes hará que puedan tener papeles; será el beneficio de los inmigrantes. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza; se echaron las manos a la cabeza los inmigrantes, las asociaciones, los empresarios y los
sindicatos con lo que se les venía encima. Si usted habló de un contrato de un año de trabajo, señor Caldera, y vamos por tres meses -no me diga usted que solamente de seis- y estamos haciendo un proceso de regularización masiva, llámelo usted con
todas las letras, y a las fechas y a los datos me remito, masiva, con unos criterios que no son objetivos y que, además, no se sustentan en la situación que vive hoy nuestro país. ¿De verdad cree usted, siendo el ministro de empleo, teóricamente,
con las cifras que hoy tenemos en política laboral, que nuestro mercado puede acoger a 800.000 nuevos demandantes de empleo con un contrato de tres meses o de seis meses? Si lo ha dicho hasta la secretaria de Estado. ¿Usted no cree que esto va a
ser una compra abusiva de contratos y de cuotas de la Seguridad Social? Le voy a hacer la cuenta. Cuando pagan las cuotas de la Seguridad Social seis meses, tienen garantizados tres años, porque al año se les renueva automáticamente por dos años
más simplemente por tener cotizados seis meses y, además, al año, también se le asegura que toda su familia pueda venir a vivir a nuestro país. ¿Dice usted que está haciendo una política para aflorar economías sumergidas? Señor Caldera, sea
consciente, sea consecuente y hablemos claro porque tenemos en juego mucho para el futuro de todos. Cuando usted habla de política planificada, ¿de verdad está haciendo una política planificada? Nosotros la hicimos desde el origen y pusimos en
marcha los convenios de colaboración en origen. Ustedes están desdibujando el mapa. Simplemente con lo que están haciendo hoy se han cargado de un plumazo la política de inmigración que está llevando a cabo el resto de la Unión Europea, que
apuesta por una política planificada desde el origen. Si es que usted va a regularizar a los que acaban de llegar. Señor Caldera, si usted no se ha enterado, se lo voy a decir yo. Y, si no, dimita. ¿Usted no sabe que hay muchísimas personas aquí
en situación de irregularidad, o en situación de regularidad, que están diciendo a sus familiares, a sus amigos del resto de la Unión Europea que se vengan a España, que es el mejor sitio como coladero para que les den papeles? ¿Usted no habla con
las asociaciones? Porque a mí, que estoy en la oposición, me han dado datos, pelos y señales.
Me habla de las pateras. Si resulta que donde hay un incremento importantísimo en inmigración irregular es por las fronteras, señor Caldera, ¿o no se ha enterado todavía de lo que están denunciando los que controlan las fronteras, las
asociaciones? Incluso las mafias cuando los pillan. ¿Usted no se ha enterado de la cantidad de miles de inmigrantes que están pasando por la frontera? Porque hacen un circuito perfecto y saben que cuando lleguen aquí está abierto el melón de la
regularización masiva. Eso dígaselo a su compañero francés cuando se vean en Bruselas: masiva, 800.000, masiva, llámelo como quiera, pero es una regularización masiva. Cuando hagan eso, vean lo que pasa en el resto de la Unión Europea y, sobre
todo, lo que van a hacer y lo que van a provocar aquí. A mí me duele, me duele mucho porque he sido una persona que he intentado imponer algo de sentido común a un conflicto muy complicado, efectivamente, y entendíamos que, después de haber pactado
con ustedes la última ley, habían impuesto también el sentido común en lo que debe ser la política de inmigración. Nos equivocamos con ustedes, nos equivocamos.
De verdad pensé que cuando llegaran al Gobierno iban a poner en marcha el reglamento
en junio, tal como marcaba nuestra ley, el reglamento que le dejamos a usted como borrador, para dar salida a muchas situaciones nuevas en materia de inmigración. Lo que ustedes están haciendo, señor Caldera, es crear un gravísimo conflicto, y le
digo una cosa: tengo tantísima seguridad en que desgraciadamente todos, nosotros, los inmigrantes, sus familiares, vamos a sentir las consecuencias que espero, por el bien de todos, que ustedes recapaciten.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Su turno de réplica, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Vuelvo a repetir que supongo que S.S. será consciente de que ha habido un cambio de Gobierno y que hay una decisión de los ciudadanos por la cual tiene que haber cambios. Usted tendría cierta legitimidad para hablar en esos términos si no
hubiera gobernado, si fuera nueva en la plaza. ¿Usted se cree que puede hacer su discurso con los ejemplos de gestión, más bien de falta de gestión, del Gobierno del Partido Popular? ¿No se acuerda usted de los viajes a Ecuador? ¿Se acuerda o no?
¿Se acuerda usted de cuando proponían que 20.000 ciudadanos fueran a Ecuador a recoger los papeles? ¿Sabe qué tuvieron
que hacer después? Darles los papeles en España sin ningún tipo de requisito ni vinculación con el mercado laboral. La regularización del año 2001 en un mes afectó a cerca de 400.000 personas. Sí, señoría, 400.000 personas, en un mes.
Luego hubo un proceso de repesca, en el que hubo otras 100.000 personas regularizadas, y después tuvimos el caso de los ciudadanos ecuatorianos. En todo caso, ¿de verdad usted cree, tal y como indica su intervención desde la tribuna, que los
empresarios y los trabajadores españoles, el resto de las fuerzas políticas en esta Cámara, han perdido el juicio? ¿O es que a usted sólo le parece criticable por el hecho de que están en la oposición? ¿Sólo por ese hecho?
Nosotros vamos a cambiar bastantes cosas con este reglamento, porque claro que hay un cambio de orientación. No se equivoquen, nosotros no pactamos con ustedes la ley, no, sino una pequeña reforma que incorporaba directivas comunitarias,
como siempre y por responsabilidad la acordamos, pero nosotros no somos partícipes del espíritu de la ley que no votamos en este Parlamento. Aun con ello la respetamos y adaptamos el reglamento a esa ley.
¿A usted le parece que el diálogo democrático significa una rectificación? A mí, no. Yo estoy encantado del acuerdo con los representantes de los empresarios y de los trabajadores, encantado. Me habla usted del número de trabajadores que
se puedan acoger a este proceso de legalización. ¿Qué solución dan usted y su partido? Dé una sola. ¿Les expulsamos a todos? Suba a la tribuna y diga: expúlsenlos. ¿Les dejamos como están? Suba a la tribuna y diga: déjenlos que puedan ser
explotados. Quizá eso es lo que deseaban ustedes, se lo dije un día aquí en el Pleno, quizá esa fue la consecuencia de la gestión de su Gobierno, un duro discurso para fomentar el miedo entre los ciudadanos españoles y una mano ancha para permitir
la entrada de ciudadanos ilegales que fueran una mano de obra barata. ¿Eso es lo que les conviene a ustedes? Pues lo empresarios no están de acuerdo, ni los sindicatos, ni nosotros, ni el resto de los grupos políticos de esta Cámara y, por tanto,
no lo vamos a consentir. Claro que vamos a legalizar a todos aquellos que tienen empleo, claro que sí, sean 300, 400.000 u 800.000 los que dentro de la situación administrativa irregular tengan empleo, a todos, claro. Por cierto, utilice bien los
datos del reglamento que, repito, todavía no está aprobado, está en fase de discusión con el resto de las fuerzas políticas y en fase de mejora.
El régimen general que ustedes diseñaron fue ineficaz por completo, porque establecieron una cláusula, situación nacional de empleo, que era obstativa e impedía que pudiera contratarse en origen a ningún trabajador, y por eso entraban todos
de forma irregular. Ahora lo vamos a cambiar, con el concurso de los empresarios y de los sindicatos. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Cuando haya un puesto, incluso que no sea de difícil cobertura, que el empresario pretenda cubrirlo en quince días y
no consiga hacerlo pueda contratar en el exterior. ¿Y sabe qué vamos a hacer con el contingente? Vamos a hacer un contingente de verdad, pactado con los empresarios y con los trabajadores y con las comunidades autónomas, y vamos a establecer las
verdaderas necesidades del mercado laboral español. No siga, por tanto, con ese discurso de papeles para todos, porque le repito que esta es una legalización causal, con causa, la causa es el empleo, y si alguien en su momento pierde el empleo y no
puede obtener la renovación de la documentación, tendrá que volver a su país.
Esas son las reglas del juego y esas son las reglas que establece este reglamento.
Señoría, por último, no me compare con la Unión Europea, por favor. Claro que me siento con mis colegas. La próxima semana vamos a tener una conferencia sobre inmigración en Holanda. Ya le adelanto que están muy interesados en conocer el
modo en que vamos a decidir ahora y en el futuro cómo se canalizan los flujos migratorios, conectados con el empleo. Italia, Grecia, Portugal han llevado a cabo procesos similares, por cierto, con menos requisitos que los que plantea España.
Fíjese, si fuera cierto que nos estuvieran criticando lo que usted llama regularización masiva, ¿qué dirían de las regularizaciones de su periodo de gobierno? La crítica sería superior. Por todo ello, sinceramente, le pido que reflexione, que
ustedes nos han dejado una situación muy difícil que tenemos que resolver legalizando a aquellos que trabajan en la economía informal y que pueden aportar a la riqueza nacional aquellos recursos que son precisos para mantener el conjunto de las
prestaciones y de los servicios. Me gustaría, señoría, de verdad que el Grupo Popular se sumara al mismo. Pregunte a todas las ONG españolas, pregunte al resto de las fuerzas políticas, a empresarios, a sindicatos, incluso a la Iglesia, con la que
también nos vamos a reunir, porque usted sabe que la Iglesia es favorable a un proceso de legalización de aquellas personas que tienen un empleo. Pregunte a todos, sea sensata, sea su grupo sensato y súmense a un acuerdo que es indispensable para
la sociedad española. En todo caso, si no lo hacen, nosotros vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a resolver la grave herencia que ustedes nos dejaron. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERTAD CONDICIONAL. (Número de expediente 172/000049.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco, sobre criterios del Gobierno para la aplicación del régimen de libertad condicional.
Para formular la interpelación, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señorías, señor ministro, en este ambiente familiar y cálido en el que nos
encontramos en este momento, siento plantearle en esta interpelación una problemática de carácter un tanto esdrújulo, complejo, y voy a intentar afinar los términos de la misma, ser particularmente prudente, dada la naturaleza de las
materias que vamos a tratar, pero no por ello ser insincero, deshonesto y no decir lo que pensamos realmente sobre estos acontecimientos.
Le preguntamos en la interpelación fundamentalmente, y esta pregunta se puede desagregar en otras posteriores, cuáles son los criterios que en materia de concesión de libertad condicional está aplicando su ministerio; criterios que en
nuestra opinión son curvilíneos, difíciles de comprender y que genéricamente podríamos vincular a determinadas actuaciones administrativas, luego convalidadas por el Consejo de Ministros, pero que la vamos a singularizar en la excarcelación del ex
general Galindo en este momento. No es un tema baladí, no es una cuestión irrelevante, es una cuestión paradigmática esta excarcelación, por dos razones. Primero, por su carácter manifiestamente ilegal. Créame que lo siento, porque usted y yo nos
conocemos hace mucho tiempo y yo le tengo un gran respeto, conozco su trayectoria, su perfil profesional como juez, su perfil político, conozco su vocación progresista, de la cual usted seguramente no ha abdicado, y me sorprende terriblemente que
esta decisión haya partido de su propio ministerio por dos razones. En primer lugar, por el carácter manifiestamente ilegal. Me imagino que sus explicaciones en cuanto a esa excarcelación o a esa concesión de la libertad condicional son las que
están prescritas por el artículo 92 del Código Penal, es decir, el padecimiento de una enfermedad grave, irreversible, intratable, según la complementación de la jurisprudencia constitucional, en un centro penitenciario. Me imagino que usted habrá
explicado esto, pero que también es conocedor de que en el periodo de la vacatio legis del propio Código Penal, del año 1995, al artículo 92 del Código Penal se incorporaron determinados requerimientos del reglamento general penitenciario,
particularmente aquellos que consigna el artículo 60 de dicho reglamento, concretamente en sus números 5 y 8. Desde esa perspectiva, tenemos que hacer una interpretación integrada de la normativa aplicable, y sobre esta excarcelación yo tendría que
hacer dos comentarios. Usted sabe que hay una tradición que desgraciada o desafortunadamente se ha perdido, y es que en la víspera de día de Todos los Santos se representaba una obra de teatro que formaba parte de la escenografía de este país, que
es don Juan Tenorio, de Zorrilla, y aquí se podría parafrasear una de las frases más conocidas de esta obra de teatro diciendo que los enfermos que usted excarcela gozan de buena salud. No le voy a dar yo particular relevancia a esta reflexión, una
reflexión de carácter retórico, porque quienes nos han informado sobre la situación de salud de esta persona excarcelada no van a hacer declaraciones públicas y ni yo ni nadie de mi grupo vamos a poder aportar ninguna prueba fehaciente sobre esta
situación, pero la manifiesta ilegalidad, que constituye casi una provocación para que se le interpele, deriva de la aplicación tanto del Código Penal como de la legislación penitenciaria.
Señor ministro, después de, no sin esfuerzos notables, bucear e indagar en las distintas bases de datos de las empresas que nos proporcionan los textos legales, la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo,
sólo hemos encontrado una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto la 48/1996, de 25 de marzo, que posibilita la excarcelación por esta razón, la prevista en el artículo 92, la enfermedad grave e irreversible, no tratable en un centro
penitenciario, es decir, en sus dependencias hospitalarias o mediante salidas esporádicas de forma ambulatoria. Es la única sentencia que por razones de enfermedades coronarias prevé esta circunstancia -porque existen otras sentencias que hacen
referencia a otro tipo de enfermedades: oncológicas, necrosis hepáticas, incluso psicopatologías irreversibles-, estableciendo en su parte expositiva lo siguiente -y me remito a la página 4 de esta sentencia, que presumo que usted conocerá, ya que
es un jurista de reconocido prestigio-: La posibilidad de excarcelar por estas razones al litigante, al demandante, al recurrente ante el Tribunal Constitucional evidentemente concurre porque se cumplen los requerimientos del artículo 92, que en el
periodo de vacatio legis incorpora los requerimientos del artículo 60 del reglamento penitenciario. Por lo tanto, se exonera a esta persona de algunos requisitos, como haber cumplido 70 años o haber cumplido las tres cuartas partes de su condena,
pero no se exonera -así se consigna en el tenor literal de la parte expositiva de esta sentencia del Tribunal Constitucional, la única, repito, que existe que posibilita o que legitima la excarcelación por razones de enfermedad de naturaleza
coronaria o que afectan a problemas coronarios- a la Administración del cumplimiento de otro requisito, que es la concesión del tercer grado penitenciario. Y ustedes se han negado, por razones más que fundadas y legítimas en nuestra opinión, a
conceder al ex general Galindo el tercer grado penitenciario. Luego usted está incumpliendo expresamente y yo presumo también, presunción iuris tantum, como todas las que se suelen exponer en esta tribuna, que usted conoce esta sentencia y que por
lo tanto conoce la ilegalidad de su decisión. Y si conoce la ilegalidad de su decisión, la primera pregunta que mi grupo le haría es si no concediendo el tercer grado penitenciario, y por tanto incumpliendo la legalidad reinterpretada por la
jurisprudencia constitucional o por esta sentencia del Tribunal Constitucional, no están ustedes provocando de alguna manera que alguien les interpele para regenerar algo que a usted, por sus convicciones democráticas, le parece una decisión
desafortunada.
Desde mi punto de vista, la excarcelación del general Galindo es una decisión casi provocativa de una interpelación, porque pasando de las argumentaciones jurídicas -no le voy a dar muchas más- a las de naturaleza político-simbólica,
nos encontramos con la siguiente situación que a usted seguramente no le resulta placentera: de todas las personas comprometidas con los crímenes de Estado de la última época de los anteriores gobiernos socialistas -los anteriores a la
gobernación del Partido Popular- no queda en este momento nadie en prisión, y estamos hablando de gravísimos crímenes de Estado, estamos hablando de gravísimos delitos, los delitos más graves tipificados por el Código Penal. Estamos hablando de 28
asesinatos, con el componente de alevosía y premeditación que la legislación previgente establecía; estamos hablando de secuestros; estamos hablando de detenciones ilegales; estamos hablando de torturas espeluznantes cuya reproducción en este
momento en esta Cámara resultaría incluso grosera; estamos hablando de desaparición de cadáveres utilizando cal viva. Estas son las conductas que en este momento están siendo objeto, no formalmente -porque no se recurre a los procedimientos
formales de la Ley de Amnistía de 1977, que configuraba una serie de procedimientos formales para amnistiar, con el elemento de olvido y de cambio de régimen, de cambio de sistema político que una ley de amnistía suele suponer-, pero sí
materialmente, de una amnistía. No formalmente, pero sí materialmente estamos amnistiando los crímenes de Estado de la peor época de los gobiernos socialistas que precedieron al Gobierno que usted en este momento representa, la criminalidad de
Estado, con la comisión de delitos tan graves como los que he comentado.
No tengo que explicarle a usted, porque lo sabe perfectamente, que los crímenes cometidos desde el Estado, los crímenes cometidos desde la Administración, ontológicamente son más graves que los crímenes cometidos por ciudadanos particulares
e incluso que los crímenes cometidos por organizaciones terroristas. Recurra a una escuela penalista o de criminología que usted conoce, recurra a la escuela alemana, recurra a autores como Günter Jakobs o Roxin, que dan un plus de reproche social,
de peligrosidad y de necesidad de retribución de gravamen punitivo a los crímenes cometidos desde la Administración. ¿Por qué? Porque los crímenes cometidos desde la Administración, desde el Estado, deslegitiman al propio Estado para cumplir sus
funciones, producen el efecto de perversión deslegitimadora del propio Estado, porque una de las funciones o de las competencias que justifican la propia existencia de la estatalidad es el legítimo ejercicio de forma monopolística de la violencia,
el ejercicio de la violencia en forma de monopolio, una especie de monopolio de la violencia desde una perspectiva ajustada a los requerimientos de la legalidad, al principio de legalidad penal con sus estrictos requerimientos, al principio de la
presunción de inocencia, al principio de la aplicación de las normas procesales, al principio de la aplicación de un juicio justo a los detenidos, al principio de un juicio con garantías, al principio de un juicio de naturaleza pública, como antes
le comentaba, y no a todo lo contrario, a la antítesis de estos principios, que son crimen de Estado oculto, soterrado, subterráneo y ajeno a estos requerimientos formales, que imprimen a estos crímenes, a estos delitos un gravamen punitivo
especialmente relevante, ontológicamente más relevante. Tanto es así, que el artículo 167 del Código Penal, que usted también conoce perfectamente, establece que cuando los funcionarios públicos son los comitentes de cualquier tipo de delitos, se
les impone la cuantía de las penas previstas para esos delitos en su grado máximo. Por algo lo hace el Código Penal, porque el elemento de deslegitimación que afecta a las instituciones cuando cometen crímenes de Estado merece un reproche especial
particularmente relevante.
A lo que estoy comentando, ya saliendo de la reflexión puramente jurídica y entrando en la de naturaleza simbólica-política, podemos incorporar algunas noticias de las que desgraciadamente hemos sido conocedores recientemente. Me estoy
refiriendo a la patética petición de indulto para el señor Rafael Vera, firmada o suscrita por algunas personas dignas y de las que puedo afirmar que he sido amigo personalmente en otros tiempos, y por otras no tan dignas, porque algunos de los
signatarios de esta petición de indulto también están condenados por delitos tan graves como crímenes de Estado. A esta petición de indulto también podemos añadir las reflexiones del presidente de la Junta de Extremadura, reflexiones enigmáticas
que nos llenan de preocupación a cualquiera de nosotros. A cualquier persona con una mínima sensibilidad democrática deberían llenarle de preocupación insinuaciones perversas para el sistema de libertades públicas, insinuaciones que deben ser
depuradas inevitablemente y de las que un escritor importante de este país ha llegado a afirmar -opinión que yo comparto- que con este tipo de reflexiones estamos recuperando la vieja España de la capa, de la taberna, del vino grueso, del taco de
jamón y del susurro insinuado, con todas las connotaciones de degradación democrática que esas reflexiones llevan consigo. Si a todo esto añadimos estas dos reflexiones con las que yo complemento esta interpelación, la segunda pregunta que yo le
haría sería la siguiente: ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a proveer al desahucio de libertades públicas y derechos fundamentales existentes en este Estado? O formulada la pregunta de otra manera: ¿Qué parte de esa herencia, de las peores
tramas o de los peores momentos de los anteriores gobiernos socialista, están dispuestos a asumir y a metabolizar políticamente? Esa sería la segunda pregunta que yo le haría en este momento.
Señor ministro, siento tener que hablar de estas cosas.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, vaya terminando porque su tiempo ya concluyó.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Siento tener que hablar de estas cosas, sobre todo cuando lo que ha ocurrido en definitiva es una contravención de la legalidad, en relación con un caso concreto, lo reconozco, pero que por proyección hace
referencia a la contravención de la
legalidad prescindiendo del principio de legalidad, prescindiendo de los requerimientos constitucionales en esta materia, de los penales previstos en el Código Penal, de los reglamentarios y en definitiva, señor ministro -y siento también,
créame, tener que decir estas palabras-, prescindiendo de lo que en derecho anglosajón se denomina rule of law, prescindiendo del derecho como elemento de civilización y admitiendo alternativamente o sensu contrario la esencia o la hegemonía de la
brutalidad sobre la legalidad y de la razón de Estado sobre la razón del derecho.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro, para contestar la interpelación, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, desde el mismo respeto intelectual que usted sabe que le tengo y desde el mismo respeto personal que sabe que también le tengo, he de sostener antes de nada una cosa. Usted me hace una interpelación parlamentaria en la que
critica duramente la supuesta ilegalidad de una decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, pero no dedica, francamente, más allá de dos minutos de su tiempo a algo que yo sí le demandaría desde el respeto intelectual y
personal, que es sostener la irracionalidad y desarrollar argumentativamente la ilegalidad de esa decisión de Instituciones Penitenciarias.
No discuto ninguno de los planteamientos que ha hecho en relación con temas que son distintos del que nos ocupa. Por mi parte sostengo la racionalidad y la absoluta legalidad, por los motivos que le expondré, de la decisión de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
Antes de nada usted ya me pone un condicionante muy serio, tiene que admitirlo: me dice que hay personas que discuten la base de hechos que dan lugar, después de la correspondiente fundamentación jurídica,
a tomar una determinada decisión. En un Estado de derecho, que se rige por la regla de la ley anglosajona a la que usted se refiere, en una interpretación que creo más acorde con la realidad que es la que yo le he dado ahora, creo que eso es algo
que no se puede sostener seriamente.
Desde ninguna perspectiva constitucional ni legal se puede decir que hay personas que me han dicho que Galindo no está enfermo. Yo aquí lo que tengo son informes médicos que le dijeron a Instituciones
Penitenciarias que Galindo sí está enfermo, que tuvo que salir justificadamente muchas veces antes de la decisión, a la que ahora me referiré, y que ha tenido que salir después, ya estando en su cumplimiento domiciliario, por la misma cardiopatía
que sufre. En todo caso, respecto a las reglas que aplica el Gobierno en materia de libertad condicional tengo que decirle que son las legales y las constitucionales. El Código Penal, como usted bien sabe, prevé en el artículo 92 que cuando una
persona padece una enfermedad grave e incurable puede acceder a la libertad condicional aunque no haya extinguido las tres cuartas partes de la condena. La reforma del Código incorporó a esta posibilidad un condicionante que usted también conoce y
que viene en el número 2 de ese artículo, y que es la necesaria -entrecomillo- valoración, junto a las circunstancias personales, de la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. Este precepto abre la posibilidad, como ocurre en
todos los sistemas penitenciarios democráticos, al análisis de circunstancias individuales de la persona a la hora de determinar cuál es su régimen de cumplimiento.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias aplica la legalidad penitenciaria en numerosos casos día a día. Por razones de salud -tenemos una población penitenciaria aquejada de diferentes patologías- se analizan, por lo tanto,
muchas excarcelaciones, algunas se conceden con arreglo a criterios legales y otras no se conceden también con arreglo a criterios legales. ¿Por qué no se informan algunas favorablemente? Porque la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre,
introdujo dos nuevos apartados en el artículo 92 del Código Penal, con lo que la condicional adquirió una dimensión bastante más restrictiva. Le recuerdo que los dos requisitos son la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto;
ambos criterios vienen a apuntalar una idea: la aplicación del sistema penitenciario tiene que ser una aplicación humanitaria, pero, en segundo lugar, también respetuosa con los criterios de seguridad del Estado que exige la propia sociedad civil,
a la que el Estado sirve, para poder normativizar adecuadamente este tipo de cuestiones. Por lo tanto, no se accede a todas las solicitudes de excarcelación -estoy hablando de la condicional siempre-, sino a aquellas cuyos solicitantes no ofrecen
riesgo de reincidencia criminal a juicio de las juntas de tratamiento y del juez. Aun así, son muchas las personas que se han visto favorecidas por la aplicación de este precepto que el reglamento penitenciario recoge en el artículo 196.2.
De todas maneras, hay una cuestión muy importante, en esta labor de disección de cuál es la base de la interpelación que usted me hace, a la que sí me quiero referir. ¿Qué se entiende por enfermedad grave e incurable? Usted ha citado
acertadamente una sentencia del Tribunal Constitucional que es clave. No voy a enfatizar, y mucho menos con usted que es un notable jurista, sobre la importancia que tiene el Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución y por
lo tanto como mecanismo de cierre de todo el sistema normativo democrático. Dice el Tribunal Constitucional que la puesta en libertad condicional de quien padezca una enfermedad muy grave, y además incurable, tiene su fundamento en el riesgo cierto
que para su vida y su integridad física, su salud en suma, pueda suponer la permanencia en el recinto carcelario. Por consiguiente, no exige la existencia de un peligro inminente ni inmediato. Y más adelante -último fundamento- dice que tan
sólo una enfermedad grave e incurable en cuya evolución incida desfavorablemente la estancia en la cárcel, con empeoramiento de la salud del paciente, acortando así la duración de su vida aun cuando no exista riesgo inminente de su pérdida,
permite la excarcelación del recluso aquejado por aquella si se dan las demás circunstancias cuya concurrencia exige el Código Penal y -había que añadir por lo que le comentaré ahora- el resto de la legislación penitenciaria.
Señor diputado, señorías, señor presidente, aquí quiero detenerme brevemente para hacer hincapié en el último párrafo de esta sentencia, porque la segunda parte de la pregunta que usted me hace dice que si tales tratamientos especiales de
régimen de libertad se aplican por igual a todos los penados, y ahí tengo que responderle con toda la rotundidad que en todos los penados en los que concurren o han concurrido circunstancias similares, sí. Todo esto que estamos explicando,
señorías, está en relación con la aplicación del artículo 92 del Código Penal, que se refiere a la libertad condicional por la que usted me pregunta, señor Olabarría. En razón de esa excepcionalidad a la que me he referido, han sido excarcelados en
2002, por ejemplo, 374 personas; en 2003, 323; entre enero y octubre de 2004, 229 personas. Sin embargo, como usted también hace explícito, no en el texto de su pregunta pero lo ha contado aquí desde la tribuna, por lo que está preguntando aquí
es por la situación del interno señor Rodríguez Galindo, y lo que le tengo que decir es que el interno señor Rodríguez Galindo no está en libertad condicional -si se hubiera tomado la molestia de pedirme, si es que no la tiene, la resolución de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, yo se la hubiera facilitado gustosamente y nos hubiéramos evitado todo este requiebro jurídico-; no está en libertad condicional porque la directora general de Instituciones Penitenciarias valoró,
como usted también ha dicho, negativamente la propuesta de la junta de tratamiento de progresión a tercer grado y le ha mantenido en segundo grado de clasificación.
Según nuestro sistema penitenciario, es la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a propuesta de la junta de tratamiento del centro, la que tiene competencia exclusiva para decidir la clasificación de los reclusos. En el caso
objeto de esta interpelación, la junta de tratamiento de la prisión donde cumplía condena el señor Rodríguez Galindo propuso que esta persona fuese clasificada en tercer grado en razón de una serie de factores favorables a juicio de la junta de
tratamiento: lejanía temporal de los hechos, primariedad delictiva, satisfacción de responsabilidades civiles impuestas, su positiva integración en el ámbito sociofamiliar, permisos disfrutados sin incidencias, adaptación conductual, etcétera, es
decir, los criterios que los técnicos de la junta de tratamiento de la cárcel tienen que tener en cuenta. Además se refería a la avanzada edad del interno y a su estado de salud. Hay que indicar, le repito, que esta persona durante su estancia en
prisión, y singularmente en los últimos tiempos, ha requerido diferentes traslados penitenciarios porque se le ha objetivado una enfermedad cardiovascular por parte de los servicios médicos de la prisión y de fuera de la prisión. A pesar de esta
propuesta de la junta del centro para clasificar al señor Rodríguez Galindo en tercer grado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tomó la decisión de mantenerlo en segundo grado, por tanto sin acceso a la condicional, aunque en
aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se aprobó aplicar las medidas específicas de seguimiento y control, conforme al artículo 86 del reglamento penitenciario. Como ustedes saben, eso significa que esta persona sigue cumpliendo
condena, no está en libertad condicional, pero la cumple por razones humanitarias objetivamente acreditadas, le digan lo que le digan esos sujetos no identificados por usted, en su domicilio particular, controlado por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y obligado a someterse a todo el régimen de cumplimiento alternativo que le ha fijado el centro penitenciario y que también controla la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Por lo tanto, el señor Rodríguez Galindo no está
en libertad condicional, no está en tercer grado. La razón de que no se le clasificase en tercer grado la explica la directora general de Instituciones Penitenciarias en su propia resolución. Dice que la cuantía de la condena, acorde con la
gravedad de los hechos enjuiciados, el tiempo que le resta aún por extinguir y la repercusión social que tuvieron los hechos, dada la condición de funcionario público intregado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eran motivos
obstativos para progresarle de grado.
La razón de que se le aplique un régimen específico de cumplimiento tiene que ver, por lo tanto, con los principios de humanidad e individualización en la aplicación y ejecución de las penas y se basa en la
evolución del estado de salud. Tiene el amparo constitucional, le recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional que hemos citado usted y yo, y tiene el amparo normativo al que me he referido en el texto en el decurso de mi intervención, pero
también tiene que ver con otra circunstancia, además de la evolución negativa del estado de salud, que es requisito fundamental para que pueda aplicarse la anterior y que no debemos minusvalorar, señor diputado. La libertad condicional anticipada,
como otras excarcelaciones por motivos como permisos, régimen abierto de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento mantiene la exigencia o requisito de un pronóstico favorable de reinserción social o, en otros términos, la baja probabilidad de
quebrantamiento de condena o comisión de nuevos delitos. Por lo tanto, el ajuste a la legalidad, a la racionalidad y a la justicia, ese valor que a veces está muy tenuemente dividido de la venganza, en la que nunca debemos caer, señor diputado,
señorías, el ajuste a todos estos criterios puramente constitucionales, legales y, como le digo, de estricta justicia, son los que determinaron que la directora general de Instituciones Penitenciarias dictara
la resolución con el contenido y la conclusión que refleja la mencionada resolución.
Solo me resta decirle que fue notificada al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y al ministerio fiscal, encargados constitucionalmente de velar por la legalidad de la decisión y a cuya decisión o falta de decisión en punto a recurrirla me
remito.
Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Su turno de réplica, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradezco su contestación, su tono y su argumentario, aunque no lo comparto, evidentemente. Ha dicho una gran verdad, ustedes no conceden la libertad condicional, ni siquiera esos regímenes especiales que posibilitan la
excarcelación a todo el mundo. A las ocho personas condenadas por los crímenes del GAL por sentencia firme sí se les ha concedido por unas u otras razones; por progresión de grado, por razones de enfermedad o por otras razones, los ocho están
fuera de prisión.
Usted conoce el artículo 25.2 de la Constitución perfectamente, que es la esencia ontológica de las penas de privación de libertad, que fundamentalmente deben estar orientadas a la resocialización y reeducación de los delincuentes, y conoce
que el desarrollo normativo en el sentido de las penas está fundado en tres objetivos fundamentales: prevención especial, prevención general y retribución. Me gustaría que me respondiera a las tres siguientes preguntas que específicamente le voy a
plantear.
¿Qué prevención especial cabe esperar de este Estado si los crímenes de Estado, en número de veintiocho, más las torturas, más los secuestros, más las detenciones ilegales, salen gratis, no pagan precio punitivo de ningún tipo? ¿Qué tipo de
prevención general para la comisión de estos delitos cabe esperar de un Estado en donde los crímenes organizados del Estado salen gratis, no pagan ningún tipo de precio punitivo? ¿Qué tipo de retribución, por último, cabe esperar de un Estado donde
los crímenes organizados desde el propio Estado salen gratis, no pagan ningún tipo de precio punitivo?
Ustedes no aplican de forma generalizada estas previsiones de la legislación penitenciaria, pero esto preocupa a mi grupo más que tranquilizarle, porque la directora de Instituciones Penitenciarias y usted mismo comparecieron en la Comisión
y en el propio Pleno y explicaron cuál era la situación de las prisiones del Estado español, que parecen ser reductos cerrados donde existe todo tipo de pandemias: sida generalizado, VIH, hepatitis de todos los tipos, de todas las letras,
psicopatías o psicosis graves no atendidas, problemas odontológicos gravísimos -nos llegó a decir la directora de Instituciones Penitenciarias-, toxicomanías o politoxicomanías. Si esto afecta nada menos que al 80 por ciento de la población
reclusa, ¿por qué ustedes no son más generosos y aplican estos criterios tan humanitarios, utilizando además como fuente argumentativa o como fuente de autoridad o de referencia nada menos que a Concepción Arenal y a Victoria Kent? ¿Por qué a los
ocho criminales que, instados por el Estado, mataron a veintiocho personas, asesinaron a veintiocho personas, se les ha excarcelado por unos u otros procedimientos y tenemos una población penitenciaria de la cual el 80 por ciento está en una
situación de grave enfermedad?
Esa es la pregunta que le hago, señor ministro, y como no quiero relativizar esta pregunta porque me parece el fondo del asunto, lo relevante, el principio de aquilatar la calidad democrática de este Estado, no le voy a hacer ninguna más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Su turno de dúplica, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias también por su tono, señor Olabarría; gracias a usted, señor presidente, de nuevo.
Señor Olabarría, yo, según se sabe, tengo -creo- un notable, un fuerte sentido de Estado, y buen sentido de Estado. Nuestro Estado democrático de derecho depuró las responsabilidades en las que había incurrido penalmente este condenado y le
obligó a cumplir toda la pena de prisión que tiene que cumplir, porque la sigue cumpliendo, insisto. Me da la impresión de que toda la argumentación que he desarrollado a lo largo de casi diez minutos no ha servido para nada y, cuando nos regimos
por la regla de la ley, la rule of law, a la que usted se ha referido, tenemos que ceñirnos a ella para todo. Para condenar y, cuando por razones humanitarias y con pleno y perfecto amparo constitucional y legal, hay que modificar el régimen de
cumplimiento y pasar de un régimen de encierro carcelario a un régimen de encierro domiciliario, habrá que hacerlo en aplicación de la legalidad democrática, supongo yo. Por tanto, mantengo que esta decisión no merma ni un ápice la confianza que
todos debemos tener en el funcionamiento de las instituciones del Estado y, por tanto, en el funcionamiento del Estado de derecho y democrático.
Verán ustedes, señorías, todas las semanas la Dirección General de Instituciones Penitenciarias adopta resoluciones que tienen que ver con particulares circunstancias de las personas privadas de libertad. Muchas de éstas están relacionadas
con el estado de salud de esas personas privadas de libertad -hay personas enfermas en nuestros centros penitenciarios-, aunque tiene que quedar claro que no sólo la enfermedad, sino el resto de las circunstancias favorables, objetivas y subjetivas,
se tiene que dar para que se activen los mecanismos de concesión de la condicional, de progresión de grado o, en su caso, de cumplimiento alternativo, cumplimiento domiciliario de la condena. Como ya les he dicho, la excarcelación
por razones humanitarias la interpretamos en el mismo sentido y con el mismo fundamento discursivo que el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 48/1996, a la que usted hacía referencia. Hay enfermedades, señorías, que en el
desarrollo de una vida normal pueden no representar un riesgo vital, pero en una situación de encierro carcelario sí. No quiero traer a colación casos concretos, pero inevitablemente me viene a la memoria el caso de un condenado por pertenencia a
organización terrorista que, cuando estaba privado de libertad, tenía que estar en la enfermería y cuando salió se le podía ver tranquilamente por la calle -no tan tranquilamente, pero por la calle- asistiendo a manifestaciones, y no es que hubiese
engañado a los médicos, sino que el encarcelamiento extremaba su importante patología e implicaba un riesgo vital añadido.
Exactamente el mismo caso sobre el que estamos debatiendo usted y yo en el día de hoy. Más aún si son personas de una cierta
edad.
En el caso del señor Rodríguez Galindo, ni siquiera, le vuelvo a insistir, se le ha progresado de grado, ni siquiera se le ha dado la libertad condicional, se le ha dicho que cumpla su condena en un régimen alternativo en su domicilio,
porque, si la sigue cumpliendo en la cárcel, se va a agravar objetiva y notablemente su estado de salud, según nos dicen los médicos, y vamos a incumplir la Constitución, las leyes y lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, a la que
usted y yo nos hemos referido.
En nuestras instituciones penitenciarias, señor diputado, nadie recibe trato de favor. Tratamos de aplicar la ley con humanidad y con justicia, no traspasando esa a veces tenue línea divisoria entre la justicia y la venganza, y vamos a
tener mucho cuidado con no traspasarla tampoco en el futuro. Cada persona privada de libertad tiene una situación individual concreta que hay que ponderar -el Estado de derecho y democrático está para eso- y eso es lo que hemos hecho en este caso.
Por eso la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha tomado una decisión ajustada plena y perfectamente a la legalidad, ponderada y equitativa. Ya que usted trataba de buscar analogías -admita que un poco demagógicas-, le puedo decir,
apelando a esas mismas analogías, que en los dos últimos años por razones humanitarias se ha excarcelado a 428 penados. Desde 1992 al momento, porque creo haber entendido que lo ha sugerido, se ha producido la excarcelación por los mismos motivos
de 16 internos pertenecientes a la banda terrorista ETA. En la actualidad, solo un único interno que lo ha solicitado por estas razones tiene parada esa concesión, la han parado los jueces y los tribunales cumpliendo también su función
constitucional.
Señor Olabarría, más allá de los juicios de intenciones, de lo que le dice la gente sobre si es cierto o no el estado de salud de Galindo, yo le digo que es cierto, que la decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias es
legal y, además, es justa desde el punto de vista de la ponderación de los bienes o valores que siempre está en conflicto cuando estamos hablando de algo tan serio como la ejecución de las penas privativas de libertad en un Estado de derecho.
Insisto, esa ejecución está determinada por criterios de justicia y nunca está, ni debe estarlo, por criterios de venganza.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO Y LOS CORRESPONDIENTES ÓRGANOS SUPERVISORES HAN ADOPTADO O TIENEN PREVISTO ADOPTAR PARA EL CONTROL Y EL FRENO DEL
FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 172/000051.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno y los correspondientes órganos supervisores han adoptado o tienen previsto
adoptar para el control y el freno del fraude fiscal.
Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, usted sabe cuáles son los motivos de nuestra interpelación urgente en materia de lucha contra el fraude, los expresamos desde el Grupo de Izquierda Verde por la expectativa de un plan de lucha contra el fraude, pero
también por la preocupación de que haya elementos por los que acabemos defraudados y por tanto hagan que pierda legitimidad este plan. Son expectativas compartidas no sólo por nuestro grupo parlamentario, sino por el conjunto de la sociedad, por su
grupo parlamentario, por su Gobierno, también son compartidas por la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, por Apife, que en el último mes de octubre mostraba expectativas, pero también algún recelo; expectativas por un plan de lucha
contra el fraude que tiene que ser necesariamente gradual, pero que tiene que ser decisivo y cuya presentación tiene que afrontarse con decisión; preocupación y recelos de Apife, recelos también por parte nuestra, escarmentados ya de muchos
anuncios que de forma frecuente no han ido acompañados por hechos.
Entre otras preocupaciones, Apife mostraba dos, que son también nuestras preocupaciones, la preocupación por no haber suspendido aspectos controvertidos de la Ley General Tributaria, aspectos que el PSOE desde la oposición criticó, y una
segunda gran preocupación -y en este caso muy compartida por nuestro grupo parlamentario
y particularmente por Iniciativa per Catalunya Verds- que es la ausencia de instrucciones a la Abogacía del Estado para que acuse y haga reserva de acciones civiles en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Si la
Abogacía del Estado no actúa y no se persona como acusación, ello podría suponer un perjuicio para el erario público de nada más y nada menos que 85 millones de euros. No son pocos los dineros que se perderían. Esta preocupación de los
inspectores, compartida por nuestro grupo, puede hacer sin duda que la acción efectiva contra el fraude nazca muy tocada si no se emprenden acciones decisivas, decisorias por los representantes del Estado en defensa de sus propios intereses.
Usted sabe que es precisamente la perseverancia de algunos la que ha querido que sea ahora cuando se abra el juicio oral posiblemente del mayor caso de fraude fiscal de la historia de España, el caso de las cesiones de crédito del Banco de
Santander. ¿Cuáles son los datos, señor Solbes? Los datos son bastante incontestables e intentaré resumirlos. Se trata de uno de aquellos casos donde el incremento del patrimonio de un producto muy concreto garantizaba total opacidad, había un
incremento patrimonial que quedaba fuera del fisco. Una vez Hacienda se enteró de ello lo que hizo ante el producto conocido como las cesiones de crédito, técnicamente cesiones de nuda propiedad de crédito, fue proceder, al amparo del artículo 111
de la Ley General Tributaria, a solicitar información a todas las instituciones de crédito sobre la relación individual de aquellos que eran tenedores de estos productos. Los requerimientos fueron efectuados por la unidad central de información
mediante requerimiento individual a todos aquellos bancos y cajas de ahorro que negociaban con productos de estas características. ¿Cuál fue la actitud ante este requerimiento? Pues la actitud -y lo explica perfectamente el auto de la Audiencia
Nacional del 1 de octubre de 1998- fue que el Banco de Santander remitió información, eso sí, sin facilitar el nombre de los titulares alegando que en las cesiones vencidas no se disponía de esa información. Al cabo de muy poquito tiempo, en
octubre de ese mismo año, se efectuó un nuevo requerimiento, al cual el banco dio la misma respuesta. Después, se inicia un expediente administrativo de expropiación forzosa.
¿Qué se necesita para realizar esta ejecución? Que los inspectores, asesorados por el servicio jurídico en sucursales, en la central contable electrónica tengan este expediente administrativo de ejecución forzosa.
La diferencia entre las
cesiones de crédito y otros productos es que aquí el banco no colaboró. Al contrario, lo que hizo fue intentar obstruir el desarrollo normal del trabajo de los inspectores de la Agencia Tributaria. En esta ejecución se detecta que el banco dispone
de antecedentes documentales informáticos, de la información sobre los titulares de dichas cesiones de crédito. Dicho de otra manera, lo que decían no era cierto. ¿Qué pasa al cabo de los años cuando el caso avanza y se desarrolla con toda
normalidad en diferentes juzgados? En 1995, el servicio jurídico del Estado, representando los intereses del Estado, mantiene el criterio anterior de la Agencia en relación con las retenciones, actuando contra la petición de sobreseimiento del
banco y negando la competencia de la Audiencia Nacional. Eso sí, solicita -y usted lo sabe tan bien como yo- que la inhibición sea a favor de los juzgados de instrucción competentes por razón del lugar de comisión de los presuntos delitos y que se
juzgue a aquellos que se han aprovechado del producto, pero también a aquellos que lo han diseñado y que no ha facilitado la información a la Agencia Tributaria.
Este, señor Solbes, no es mi relato, pero podría serlo, no es el relato del señor Saura, uno de los actores, uno de los causantes de que hoy estemos ante este caso abierto y ante la perspectiva de un juicio oral.
No es el relato ni de
Izquierda Unida ni de Iniciativa per Catalunya Verds, este es el relato del portavoz socialista, el señor Eguiegaray, quien fuera mucho antes ministro con el Gobierno socialista; un relato que explicaba en Comisión en el año 1998. De hecho,
Izquierda Unida, Iniciativa Verds y también el Grupo Socialista decíamos que estábamos ante un caso -el de las cesiones de crédito- en que la entidad que diseñó el producto, según el informe y la denuncia de la Agencia Tributaria, ocultó
deliberadamente a los titulares de los productos. No sólo diseñó el producto que evadía el impuesto sino que, a su vez, intentó encubrir, hablando en términos coloquiales, el pastel que nos ocupa. También lo creyeron así la fiscalía y el abogado
del Estado, lo creyeron así hasta el momento en que el señor Fungairiño sustituye al entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor don Jesús Santos. Desde el momento en que el señor Fungairiño cambia el criterio de la Fiscalía, también
cambia el criterio del abogado del Estado.
¿Sabe qué decían del caso por aquel entonces el Grupo Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida? Que era un caso vergonzoso y escandaloso en el que el fiscal del Estado y el Gobierno defendían los intereses del Banco de
Santander y no a la Hacienda pública. Por aquel entonces, año 1998, cuando el Grupo de Iniciativa Verds, Izquierda Unida y el Grupo Socialista coincidíamos en la denuncia, la señora Mendizábal Gorostiaga, portavoz del Grupo Socialista, se
identificaba con mis argumentos. A partir de ahí, Iniciativa Verds, ante la inacción de la Fiscalía y del abogado del Estado, se persona en el caso como acusación particular con un objeto: mantener la causa abierta.
De hecho, de no ser por la
personación de Iniciativa per Catalunya Verds posiblemente ahora podríamos hablar de caso cerrado, como tantos otros.
Lo cierto es que Iniciativa Verds ha acabo por suplir aquellas funciones que correspondían, en ejercicio de su responsabilidad, al
abogado del Estado. Al fin y al cabo, nosotros hemos tendido que defender los intereses del erario público, y no nos tocaba a nosotros, le tocaba al abogado del Estado y le tocaba a la Fiscalía. Todo ello ha permitido que la juez de la
Audiencia Nacional prosiga la investigación y, de hecho, desde el año 1998 hasta hoy, hay novedades importantes. Han sido varios los informes presentados que han avalado las tesis expuestas entonces por Joan Saura o por el señor Eguiagaray.
¿Qué han dicho esos informes? Lo que dice, por ejemplo, el del 16 de septiembre de 1999, un informe pericial solicitado en este caso por la acusación particular, por Iniciativa-Verds, pone de manifiesto la responsabilidad del equipo directivo del
Banco de Santander; un informe que por sí mismo debería haber supuesto la reconsideración de la postura por parte de la Fiscalía y del abogado del Estado. Si los argumentos no hubiesen sido lo suficientemente sólidos, nos habríamos encontrado con
el archivo del caso, pero no ha sido así, señor Solbes. El 24 de junio de 2003, la tozuda acusación particular conseguía que se abriese el caso. El 24 de junio de 2003, la Audiencia Nacional autorizaba a la jueza Teresa Palacios abrir el juicio
oral, y el 6 de octubre se toma la decisión definitiva. Este acto demuestra que el señor Fungairiño, que el abogado del Estado no tuvieron una actitud precisamente acertada a la hora de defender los intereses del erario público.
Señor Solbes, nuestro grupo cree, y quiere coincidir con usted, que la lucha contra el fraude exige la confrontación con aquellos que defraudan y con aquellos que diseñan el fraude fiscal. Nuestro grupo cree que la Administración del Estado
se tiene que enfrentar con todos, con los poderosos y con los que no lo son, con los sectores influyentes que diseñan esas estrategias del fraude fiscal. Lo que no nos vale en casos como el que nos ocupa, si me permite la expresión, es esconder la
cabeza bajo el ala. Hay que hacer pedagogía con el contribuyente, enfrentándonos a casos tan graves como el de las cesiones de crédito. Lo mejor que les podría pasar a las entidades financieras españolas es que sepan que la autoridad y la potestad
en la lucha contra el fraude se ejercen independientemente del tamaño de cada una de ellas. Es en este escenario más claro y más diáfano que nunca, más claro y más diáfano que el que tenían en 1998 el señor Eguiagaray o el señor Saura, con informes
periciales que avalan las tesis que entonces defendían, en el que nuestro grupo plantea que el abogado del Estado defienda los intereses del erario público, que haga reserva de acciones civiles por el perjuicio de casi 85 millones de euros, que no
es poco. En los presupuestos hemos estado discutiendo por mucho menos.
¿Qué significado tendría hoy un cambio de postura? ¿Significaría ir a las tesis del señor Rato o del mismo Fungairiño? El señor Rato -y nosotros coincidíamos con ustedes- al que criticábamos y al que acusábamos de tener una postura que
defendía intereses partidistas o que, en este caso, defendía los intereses de la entidad bancaria y no los intereses del erario público. Eso es lo que planteamos. Imagínese la situación, una situación en la que hay condena, en la que el Estado no
hace reserva de acción civil. ¿El Estado se va a permitir el lujo de no percibir 85 millones de euros? No creemos que ninguna administración, ningún ministro, ni los defensores del erario público se puedan permitir estos lujos. Lo que se tiene
que hacer es colaborar con la justicia. Cuando hay más razones que nunca para personarse, cuando se abre el juicio oral, cuando ha habido informes periciales que avalaban lo que defendíamos nosotros, lo que defendía el Grupo Parlamentario
Socialista, lo que le pedimos, simple y llanamente, es que el abogado del Estado se persone.
Para terminar, señor presidente, Iniciativa-Verds no quiere estar sola en la defensa de los intereses del erario público, queremos estar muy acompañados, queremos estar acompañados por el Gobierno, por aquel al que corresponde la defensa de
los intereses del erario público. Si nosotros nos personamos en su día, usted lo sabe -los diferentes portavoces socialistas lo saben- fue precisamente porque el Partido Popular hizo dejación de sus funciones. Hoy, cuando se ha demostrado que lo
que defendíamos tenía muchos visos de ser cierto, cuando tenemos informes periciales que lo avalan, cuando ha pasado lo que nosotros decíamos, el filtro de muchos jueces, lo que pedimos simple y llanamente es que no nos dejen solos. Estamos en una
lucha de David contra Goliat y hasta ahora David ha podido con Goliat, pero en la apertura del juicio oral, la defensa de los intereses del erario público no tiene que ser de David contra Goliat, tiene que haber igualdad de condiciones. Por eso le
pedimos que el abogado del Estado haga reserva de acción civil, se persone en el caso y acompañe a un pequeño partido, Iniciativa per Catalunya-Verds, a un grupo parlamentario de esas dimensiones, en un caso de la gravedad que tiene para hacer
pedagogía ante los contribuyentes, para luchar contra el fraude, para defender los intereses del erario público.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro y vicepresidente segundo para contestar a la interpelación.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría, por su intervención. Yo venía hoy con la intención de hablar más de la lucha contra el fraude fiscal en términos generales y de las actuaciones que en estos momentos estamos poniendo en marcha para intentar mejorar
un aspecto tan fundamental como es la lucha contra el fraude fiscal.
En su intervención ha hecho referencia a tres temas diferentes. En primer lugar, a ese tema específico de la lucha contra el fraude fiscal; en segundo lugar, una queja concreta sobre en qué medida la modificación de algunos aspectos
controvertidos de la Ley general Tributaria no podrían haber mejorado esa lucha contra el fraude fiscal; en tercer lugar, ha hecho usted referencia al aspecto mucho más concreto de las cesiones de crédito, sobre lo que también intentaré hacerle
algún comentario.
Primer punto, por qué no se han suspendido algunas actuaciones de la Ley General Tributaria y por qué se ha procedido a la elaboración del reglamento. Fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, uno de los peores aspectos con los
que nos podemos encontrar en la lucha contra el fraude y en todo el tema fiscal es el de la inseguridad; pensábamos que no era la mejor de las opciones volver a reabrir aspectos de la Ley General Tributaria que son difíciles y que podrían haber
requerido mucho tiempo. El argumento fundamental es que los aspectos que se planteaban como controvertidos en la ley anterior no siempre, al menos desde el punto de vista técnico, ofrecían la garantía de que al final obtuviéramos los resultados
deseados. Eran temas opinables, eran temas discutibles y al final, a través del reglamento, hemos intentado corregir aquellos aspectos que podrían permitirnos empezar a trabajar ya, empezar a trabajar cuanto antes. Con esa idea de empezar a
trabajar ya, como ya anuncié el pasado día 17 de mayo, durante esta legislatura el Gobierno quiere poner en marcha un esfuerzo especial para la lucha contra el fraude fiscal. Hemos hablado ya en alguna ocasión de la necesidad de poner en marcha
medidas que permitan contribuir a reducir y combatir el fraude. Es verdad que en muchos casos estas medidas son más operativas que de naturaleza normativa y corresponde sobre todo a la Agencia Tributaria, en uso de sus facultades, ponerlas en
marcha.
¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos poniendo en marcha un trabajo en las distintas actuaciones de la Agencia Tributaria que nos permita avanzar más en la buena dirección. Junto a las tradicionales actuaciones de comprobación,
de corrección de los datos declarados, es evidente que la Agencia tiene que empezar a prestar muchísima mayor atención a la investigación en los casos de economía sumergida, de dinero negro, llevar a cabo auditorías fiscales en profundidad con las
mejores técnicas informáticas hoy disponibles, controles integrales que no se limiten a la regularización de incumplimientos específicos detectados, sino que vayan hacia un conocimiento mucho más general de determinados procesos y tramas organizadas
de fraude en algunos casos, por ejemplo en el IVA, o actuaciones en relación con paraísos fiscales o medidas de blanqueo de capital que sin duda alguna están teniendo un impacto enormemente negativo en la Hacienda pública.
Pretendemos aprobar el plan de lucha contra el fraude en las próximas semanas; tendremos el gusto de exponerlo en esta Cámara. Sin embargo, no es la primera vez que se pone en marcha un plan de esta naturaleza, ya se hizo en el año 1994,
se hizo en el año 1996, en el año 1998. Es cierto que desde entonces han ido evolucionando estos fenómenos de lucha contra el fraude, porque el fraude no es en sí mismo un fenómeno estático sino que va evolucionando a lo largo del tiempo. Sin
embargo, sí hemos obtenido algunas lecciones de las experiencias pasadas, lo que nos ha llevado a que, en la fase inicial de preparación del plan, la Agencia Tributaria haya identificado ya algunos puntos débiles y cuestiones estratégicas,
organizativas o de coordinación que nos deben permitir mejorar el modelo actual de control. Evidentemente, se han designado órganos y expertos específicos para analizar cada uno de estos problemas.
Algunas de las limitaciones detectadas
simplemente las doy a título de enumeración. Es cierto que la Agencia dispone hoy de una gran cantidad de información de contenido tributario, pero no siempre se dispone de unos planes organizados de análisis de esta información global que permitan
conseguir los mejores resultados de los mismos, con el objetivo de luchar contra el fraude generalizado.
En segundo lugar, la generalización de los servicios de información y asistencia a los contribuyentes, que se ha desarrollado en los últimos años de forma muy notable, no ha ido acompañada de una estrategia de refuerzos de las actuaciones
preventivas y de impulso de la colaboración social en la lucha contra el fraude, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno.
En tercer lugar, en nuestra opinión no se ha dedicado suficiente atención por la Agencia Tributaria al fraude en algunos sectores, por ejemplo inmobiliarios, o a fenómenos como el blanqueo de capitales o las tramas organizadas del IVA, que
en muchas ocasiones, sobre todo como consecuencia de la internacionalización de nuestra economía, tienen carácter internacional. Por último, en nuestro sistema tributario tampoco ha existido una estrategia definida sobre el papel de los regímenes
objetivos de tributación que, en algunos casos, en lugar de contribuir a la simplificación de obligaciones a cumplir por pequeños contribuyentes, se utilizan como fórmulas para defraudar; todo ello en un contexto de globalización que plantea
problemas fundamentales en cuanto al modelo organizativo y el sistema de cooperación con otras administraciones fiscales. Por eso es imprescindible ir hacia una estrategia mucho más clara e integradora en la lucha contra el fraude. Esos son los
temas a los que pretendemos hacer frente con el programa que ahora estamos diseñando.
Su señoría ha aprovechado hoy su interpelación para plantear el tema de las cesiones de crédito, sin duda alguna de gran importancia. Yo entiendo la posición de Izquierda Verde sobre este punto concreto, pero veamos los hechos, pues yo
quiero dejar clara la posición del Gobierno sobre este punto. Es cierto que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional abrió el 6 de octubre un juicio oral por un delito de falsedad en documento oficial, en un documento
mercantil, y 30 delitos contra la Hacienda pública, en los que están implicados altos ejecutivos del Banco Santander Central Hispano. Vuelvo a decir que este tema, que empieza en el año 1996, y que ha dado lugar a múltiples actuaciones, ha
significado que, a lo largo de 12 años, la Abogacía del Estado, que considera que debe intervenir en las causas penales en defensa de los derechos económicos del Estado o, lo que es lo mismo, en la defensa de los derechos de la administración
lesionada, como consecuencia
de conductas supuestamente delictivas, considerara -según la doctrina mantenida desde el año 1996- que no parecía existir responsabilidad penal en los administradores del Banco Santander Central Hispano. Sin embargo, sí creía que debía
exigirse responsabilidad penal a los clientes del banco por los incrementos de patrimonio no declarados, por encima del control de delito fiscal, ante los juzgados de instrucción que correspondieran. Tanto la Abogacía del Estado -con la instrucción
de la Agencia Tributaria- en su condición de acusador particular, como el ministerio fiscal, en su condición de acusador público, han seguido personados en la causa -quiero destacar este hecho- y han estado presentes en múltiples actuaciones
instructoras, sin que, a su juicio, haya quedado razonablemente acreditada la existencia de esa responsabilidad penal en los directivos del banco. Desde este juicio técnico es desde el que tanto la acusación particular como la acusación pública
solicitaron en su día el sobreseimiento de la causa y, por el momento, han resuelto no formular acusación.
¿Eso quiere decir que somos ajenos a lo que está en marcha? No, y ya me he referido al mantenimiento de la personación, pero no es menos cierto que desde finales de 1994 y hasta mediados de 1997 la Agencia Tributaria envió a los juzgados
tres remesas de documentos con los informes solicitados por los cesionarios de crédito, documentos que se referían a situaciones variadas. En ocasiones los cesionarios habían regularizado, en otros casos se regularizó posteriormente por vía
administrativa, en otros se negaba la titularidad de los créditos y en otros se apreciaba la existencia de delito, y así se hizo constar en su día por la Agencia Tributaria. Se abrieron 228 piezas separadas de las diligencias previas 53/92 para
intentar delimitar las presuntas responsabilidades penales por delito contra la Hacienda pública de los clientes inversores del Banco de Santander y, a requerimientos del juzgado, la Agencia Tributaria ha seguido trabajando en cooperación con los
tribunales y emitiendo diversos informes sobre la actuación concreta de los contribuyentes afectados en las 228 piezas iniciales, que posteriormente quedaron reducidas a 138 posibles delitos fiscales en el auto de 27 de junio de 2002 del Juzgado
Central de Instrucción número 3.
¿Qué ha hecho la Agencia Tributaria a lo largo del proceso? En primer lugar, respetó, es cierto, el criterio establecido en el año 1996 respecto a la responsabilidad del Banco de Santander. En segundo lugar, se remitió al criterio de la
Abogacía General del Estado respecto de la responsabilidad penal de los inversores. En tercer lugar, prestó todo el apoyo y colaboración requeridos por el juzgado. Y, en cuarto lugar, interesó los testimonios necesarios en cuanto se tuvo noticia
de los archivos, que en algunos casos fueron acordándose a solicitud del ministerio fiscal y del abogado del Estado respecto de inversores individuales, para reanudar la actuación administrativa y proceder a las regularizaciones que correspondían en
dicha vía.
Por ello, y concluyendo sobre este tema, no hemos hecho dejación de nuestras obligaciones. Como he dicho en mi intervención, tanto la Abogacía del Estado como el ministerio fiscal han seguido personándose en la causa y han estado presentes
en las actuaciones instructoras. También, como he dicho, la Agencia Tributaria ha estado colaborando con los tribunales y en esta misma posición seguiremos en el futuro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Su turno de réplica, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor Solbes, estoy seguro de que vamos a coincidir mucho en la definición del plan de lucha contra el fraude, pero si me he centrado tanto en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander es porque usted sabe tan bien como yo
que un plan de lucha contra el fraude necesita dos elementos fundamentales, auctoritas y potestas, y es posible que en el plan de lucha contra el fraude la potestas la definamos perfectamente, pero cuando se llega a lo que se ha llegado, lo que
necesitamos es precisamente de auctoritas.
Estamos orgullosísimos de la función que ha ejercido la Agencia Tributaria, pero el problema está en que, en todo este proceso, la función de la fiscalía y del abogado del Estado, hasta el momento, y repito que nosotros lo criticamos con
ustedes, ha sido precisamente una actitud de obstrucción y de intentar que un caso gravísimo acabase siendo sobreseído. El caso es gravísimo porque estamos hablando de 47.000 operaciones, de un volumen que a finales de los noventa suponía 432.000
millones de pesetas, y nosotros lo que queremos saber, no es lo que ha hecho la Agencia Tributaria, que ya lo sabemos -gracias a la función que ha ejercido la Agencia Tributaria hoy se ha abierto el juicio oral-, lo que necesitamos es precisamente
la acción por parte de la fiscalía y por parte del abogado del Estado para que se defiendan los intereses del erario público. Aquí no estamos hablando solo de responsabilidades penales, sino que se pague aquello que no se ha pagado, y no se ha
pagado todo. Usted lo sabe, señor Solbes, y yo también. Por tanto, sabiendo esto lo que sería bueno y haría falta es que precisamente ante un gravísimo caso de fraude fiscal, ante un gravísimo caso de obstrucción y de no colaboración por parte de
la entidad que diseñó estos productos, el abogado del Estado actuara.
Hay citas clarísimas en la denuncia que en su día interponía la Agencia Tributaria. Decía: es evidente que los testaferros han firmado los contratos una vez canceladas las operaciones; aparece también aquí como necesaria la cooperación
del banco que ha proporcionado impresos nuevos para la firma de testaferros y ha admitido el cambio de titulares de operaciones ya vencidas. Utilizaron el nombre de testaferros, entre otros el del
Capitán Trueno -leyéndome la documentación lo he podido ver- y ante esta situación ustedes me dicen que el abogado del Estado no se persona. Señor Solbes, siento no compartirlo.
No es exagerado afirmar hoy que sin la colaboración leal y exacta de las entidades financieras la gestión tributaria resulta imposible, lo que hace que las conductas denunciadas sean de la máxima gravedad.
Necesitamos que ejerzan la
auctoritas, por tanto. ¿Por qué ustedes no acusan si la decisión judicial de abrir el juicio contra los diversos directivos del banco se fundamenta en dictámenes periciales de inspectores de Hacienda del Estado? ¿Por qué no acusan si el auto de
apertura es juicio firme? ¿O por qué no acusan si el auto de apertura del juicio es el resultado de la decisión adoptada por cuatro jueces, dos instancias judiciales distintas, que han rechazado múltiples recursos del banco y también múltiples
recursos del abogado del Estado y de la fiscalía? Creemos en el Plan de lucha contra el fraude, vamos a coincidir con ustedes, pero nuestro grupo está preocupadísimo. El Plan de lucha contra el fraude lo que necesita es credibilidad, y nuestro
grupo cree que si el abogado del Estado no se persona ejerceremos la potestas pero no la auctoritas y, por tanto, el Plan de lucha contra el fraude tendrá un problema gravísimo de credibilidad.
¿Usted ha pensado, por ejemplo, el efecto de la inhibición en la moral de los funcionarios e inspectores de Hacienda del Estado que han trabajado de forma brillante y que durante muchos años han investigado los hechos para su
esclarecimiento? Nuestro grupo lo que quisiera es que con la nueva etapa lo que no cambiásemos es el escalafón al que llegamos. Si antes llegábamos aquí con el Partido Popular, ahora lo que hagamos es no pasar de dos, tres, cuatro escalafones más
arriba. Queremos un Plan de lucha contra el fraude que realmente sea efectivo, y las cesiones de crédito es el primer caso de esta dimensión, de la dimensión de 47.000 operaciones, de 432.000 millones de pesetas en que se llega a abrir el juicio
oral, porque ha habido un excelente trabajo de los inspectores y porque ha habido organizaciones que no debían hacerlo, pero que se han personado y han mantenido la causa abierta que han hecho que esto finalmente se abra. Si ahora me dice que
contra el criterio que defendía el señor Eguiagaray ustedes no se personan, nosotros vamos a continuar haciéndolo, de David contra Goliat, lo vamos a continuar haciendo, pero también le digo una cosa, que nuestro grupo lo que cree es que diseñaremos
conjuntamente el Plan de lucha contra el fraude, coincidiremos con su Gobierno, pero tendremos un problema de auctoritas, de legitimidad, de credibilidad, porque no se puede dejar a Iniciativa per Catalunya Verds que tenga que ejercer la función de
la defensa de los intereses del erario público.
El PP hizo dejación de sus funciones, y lo que les pedimos a ustedes en esta nueva etapa es que no nos dejen solos, que es su función, su responsabilidad y que, por tanto, ante un caso tan grave, de las dimensiones que tiene, habiéndose
desgranado muchas responsabilidades, pero manteniéndose el caso abierto, con 85 millones de euros en juego, lo que hagan ustedes es, no estar con nosotros, sino con lo que decía el señor Eguiagaray, con lo que decía el Grupo Socialista, con lo que
hemos defendido tantas y tantas veces de forma conjunta. Queremos estar con ustedes, pero lo que queremos sobre todo es que ustedes no nos abandonen solos ante el peligro de Goliat, no sea que Goliat no sólo se coma a Iniciativa Verds, sino que se
coma también la credibilidad de los intereses de la defensa del erario público.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Su turno de dúplica, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Herrera, por su oferta de cooperación en el plan sobre el fraude fiscal. Estoy seguro de que encontraremos muchísimos
elementos de interés sobre los que podremos trabajar.
Su señoría plantea el debate en términos de: necesitamos potestas, pero también necesitamos auctoritas. Yo entiendo su reflexión, pero quiero también que entienda usted la mía. Evidentemente, tenemos que poner en marcha un plan y ese plan
tiene que luchar contra el fraude utilizando todos los instrumentos legales disponibles, utilizando toda la fuerza de la ley. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Su señoría me dice ¿por qué entonces en este caso
concreto no se personan ustedes y siguen adelante? Ustedes en cierta medida están renunciando a cobrar y a no proteger los dineros del Estado, los dineros del erario público. Esta no es exactamente la situación real. Parte de esos dineros se han
recuperado ya, las actuaciones que se han venido haciendo respecto a los implicados en este proceso han dado sus resultados cuando así ha podido ser. En todos los temas fiscales siempre tenemos un tema fundamental que es el de un estricto respeto
de la legalidad. Aquí nos enfrentamos con una visión posiblemente diferente, la suya y la mía. La mía se basa, es cierto, sobre los informes técnicos de la Abogacía del Estado y sobre las informaciones de que en estos momentos dispongo. De
acuerdo con esa información se me dice que en el tema que estamos ahora debatiendo, que es el de la responsabilidad penal, no aparenta haber responsabilidad penal en los representadores, en los administradores del Banco Santander Central Hispano y
esa es la razón por la que la Abogacía del Estado, como le he dicho anteriormente, resuelve no formular acusación por el momento.
Usted me está planteando que yo entre en un debate jurídico con la Abogacía del Estado, alguien como es mi caso, que no ha seguido estos temas con detalle. Entendiendo sus razones -volveré a insistir en este punto concreto que me parece muy
relevante-, tengo que
aceptar que la posición de la Abogacía del Estado sigue siendo correcta.
Eso no impide, sin embargo, que cooperemos al máximo y que intentemos planificar al máximo las cosas. Y, como lo ha hecho la Agencia Tributaria en el pasado, lo
seguiremos haciendo en el futuro, como anteriormente he manifestado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO RESPECTO AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y LA LEALTAD INSTITUCIONAL. (Número de expediente 172/000055.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el último punto del orden del día, el número 44, que corresponde a la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre los criterios
del Gobierno respecto al principio de subsidiariedad y la lealtad institucional.
Para ello tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora vicepresidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, esta interpelación que presenta el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña tiene su origen en la práctica cotidiana política y en una realidad que hoy es palpable, que es que el Estado
se compone de tres niveles administrativos consolidados: poder por parte del Gobierno del Estado, poder autonómico y el nivel de Administración local. Es evidente que todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara estamos de acuerdo en
que es necesario que rijan los principios de cooperación y de lealtad institucional entre todos los niveles administrativos. Son criterios que se desprenden del bloque constitucional y que también los podemos encontrar en la Ley de régimen jurídico
de las Administraciones públicas, criterios tales como respetar el ejercicio legítimo de las competencias de las otras administraciones, facilitar a otras administraciones la información que precisen para el desarrollo de sus competencias o prestar
cooperación y asistencia activas a aquellas administraciones en el ámbito que sus competencias lo requieran. Entre otros, el principio de lealtad es un aspecto básico, pero esta interpelación tiene como objetivo plantear dos aspectos en relación
con los cuales el principio de lealtad es vulnerado sistemáticamente por el Ejecutivo español, más allá de la posible alternancia entre partidos. La realidad de las últimas legislaturas nos avala.
Hay dos sistemáticas de falta de lealtad que queremos explicitar en esta interpelación. En primer lugar, la invasión competencial, mediante las leyes de base y orgánicas, de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Y en
segundo lugar, los cambios legislativos del Gobierno del Estado mediante leyes, decretos u otros instrumentos, que tienen efectos sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y entes locales y sobre su capacidad de gasto. En
cuanto a la invasión competencial, que es un hecho permanente, a nuestro entender tiene una fecha de nacimiento: el 23 de febrero de 1981. Nunca sabremos si el fallido golpe de Estado fue fallido del todo, ya que tuvo consecuencias. La primera
consecuencia del 23 de febrero fue la creación por parte del Gobierno, en ese momento de la Unión de Centro Democrático, de la Loapa, una ley de armonización que diferentes organismos, entre ellos los gobiernos catalán y vasco, llevaron al Tribunal
Constitucional, fallando finalmente éste contrariamente a dicha ley de armonización. Pero la Loapa tuvo un intento de entrada por la puerta de atrás, lo que en su momento se llamó la loapilla, que fue el desglose de la ley de armonización en
diferentes decretos, en distintas leyes, llegando algunos de los casos a triunfar poco a poco. Este espíritu de invasión competencial bajo el concepto de armonización o de coordinación fue una constante durante muchos años y en los diferentes
gobiernos. Se tenía la sensación de que se había ido muy lejos con algunos estatutos y había que reconducir la situación.
Pues bien, por esa situación tenemos hoy el debate, como mínimo en Cataluña y en el País Vasco y seguramente en otras comunidades autónomas, de la necesidad de reformar los estatutos. ¿Y por qué se plantea la reforma? Una de las razones
que se esgrimen es para blindar algunas de las competencias que el artículo 149 de la Constitución deja claro que son exclusivas de las comunidades autónomas, puesto que poco a poco, a partir de leyes de bases, a partir de la armonización y bajo el
concepto de coordinación, las comunidades autónomas han visto cómo esas competencias que les parecían exclusivas han acabado siendo laminadas por parte de la legislación del Gobierno. De ahí nace, repito, la necesidad.
Uno de los aspectos que
vertebran la necesidad de una reforma de estatuto es blindar no sólo las competencias que son exclusivas, sino las competencias que han sobrevenido a partir de traspasos por parte de la Administración del Estado.
Hoy no queremos referirnos básicamente al tema de la invasión competencial, sino a un segundo aspecto que no se refleja en el debate habitual. Queremos enfocar la moción consecuencia de esta interpelación hacia lo que es otra forma de
obstaculización de las comunidades autónomas, un aspecto que nosotros analizamos y que creemos importante, el cual seguramente va a ser objeto de debate en los próximos años. Se trata de que el Estado -perdónenme por la expresión- ha centrifugado
algunas competencias a las comunidades autónomas y voy a poner el ejemplo de la sanidad. En Cataluña ya teníamos competencia exclusiva en sanidad, pero recuerden que el anterior Gobierno del Partido Popular generalizó dicha competencia para todas
las comunidades autónomas.
En el año 2001 se acordó un pacto de financiación que incluía la financiación sanitaria. Pues bien, la inclusión del modelo sanitario en ese pacto que suscribió el anterior Gobierno con las comunidades autónomas, aunque algunas se quedaron
fuera, llevó a una situación paradójica. Los primeros años parecía que era un gran pacto, que era un gran acuerdo, pero poco a poco el gasto sanitario de las comunidades autónomas fue creciendo y el modelo de financiación se quedó muy por debajo.
Aquí hay un problema clave de financiación, pero también hay problemas de lealtad, como la ampliación sistemática del catálogo de prestaciones por parte del Gobierno central sin que vaya acompañado de las partidas presupuestarias para ejecutarlo.
En sanidad tendríamos otro ejemplo, el debate sobre los cálculos de los desplazados a algunas comunidades autónomas que, por la excelencia de su sistema, pueden atender personas de otras comunidades que no tienen las especialidades en su
territorio. También hay un cálculo que habría que mejorar, que es el de la inmigración, que es un problema sobrevenido, un problema nuevo, e incluso el de la población turística, que acaba generando una parte importante de la atención sanitaria.
Otro aspecto: educación. Ha habido dos reformas educativas importantes en los últimos años. En la etapa de Gobierno socialista se promulgó la LOGSE y en la etapa de Gobierno popular se implantó la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación. En el caso de la LOCE hay ejemplos de esta deslealtad. Esta ley legisla aspectos como la concertación preescolar de la educación, cuando hay algunas comunidades autónomas que tienen la competencia exclusiva en materia de educación. La
concertación de los módulos de preescolar implica un gasto importantísimo. Este gasto no está contemplado en ninguna partida, y en estos presupuestos que estamos discutiendo tampoco está consignada la partida para la concertación de los módulos de
preescolar. Otro ejemplo es la Ley de Cualificaciones de la Formación Profesional. Esta ley conlleva una serie de ampliaciones del catálogo de prestaciones, pero el Gobierno anterior no hizo ninguna previsión de fondos para que aquellas
comunidades con competencias exclusivas en materia de educación pudieran implementarlas.
Pongamos otro ejemplo que parece que no está fuera del ámbito estrictamente competencial. Ustedes sabrán que hay comunidades autónomas, como Cataluña, con competencias exclusivas en política penitenciaria. El anterior Gobierno hizo una
serie de reformas permanentes del Código Penal: endureció las penas, rebajó las posibilidades del tercer grado y aumentó las penas en algunos casos de tipificación de delitos. ¿Esto qué conllevó? Un aumento importantísimo de la población
penitenciaria. Ya existía una situación suficientemente crítica y muy mejorable de las condiciones de vida en las prisiones, pero el endurecimiento de las penas conllevó un aumento de la población reclusa. Si embargo, la aplicación de estas
modificaciones del Código Penal no ha tenido en ningún momento la consignación presupuestaria por parte del Estado.
Pongamos un ejemplo que va más allá de las comunidades autónomas. Es un ejemplo vivo para el que usted, como ministro, sabe perfectamente que las diferentes federaciones de municipios están reclamando una solución. El anterior Gobierno
acabó con un tributo que era injusto, el impuesto sobre actividades económicas, por el que diferentes modelos de negocio se veían discriminados. Nuestro grupo estaba de acuerdo con la eliminación de este impuesto, pero lo que no puede ser es que se
elimine el impuesto, se cree un parche para aquellos ayuntamientos que tenían una consignación importante en sus presupuestos locales procedentes de dicho impuesto y, más allá del parche, una serie de municipios queden fuera de esta posibilidad y no
haya una aportación por parte del Estado para subsanar el problema de las haciendas locales. Esta es otra forma de deslealtad.
Tenemos, además, dos nuevos problemas a los que he hecho referencia anteriormente, dos ejemplos más de problemas sobrevenidos que no están en ninguna ley, pero que están colapsando los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades
autónomas. Uno de ellos es la inmigración. La inmigración es competencia exclusiva del Estado, que es quien controla el flujo de las fronteras, pero quien recibe la población, quien está aguantando una situación que genera un alud de población
irregular en estos casos son los servicios sociales de los municipios y de las comunidades autónomas, que están asumiendo el reto de la educación, el reto sanitario, pues todos tienen la generalización de la sanidad, e incluso otros tipos de
política asistencial. Es un caso sobrevenido cuyo coste están aguantando en buena parte los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El otro ejemplo es la atención a la dependencia. No hay una ley que garantice el derecho universal a la
atención a aquellos que no pueden ser independientes, pero es evidente que este coste lo están aguantando las comunidades autónomas. Cualquier día, como ha anunciado el ministro, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales legislará la posibilidad
de generalizar la atención a la dependencia. Nosotros estaremos de acuerdo, pero esto implicará que las comunidades autónomas con competencias en este ámbito, que son todas, deberán tener una partida que les permita desarrollar la ley que el
Gobierno elabore en el Congreso. Nosotros consideramos que existe un vacío. A veces es fácil desde un ministerio o desde el Gobierno, porque lo requiera la sociedad o porque hay necesidades y obligación de legislar, modificar la legislación. Sin
embargo, hoy en día cualquier cambio legislativo en un Estado compuesto con tres niveles tan definidos implica, más allá de la memoria económica, un porcentaje importante de corresponsabilización por parte del Gobierno y de los ministerios por sus
consecuencias; cualquier cambio normativo o reglamentario hoy tiene consecuencias sobre otras administraciones. A veces tenemos la sensación de que había una cierta frivolidad,
como mínimo en el anterior Gobierno, cuando se hacían cambios normativos porque las consecuencias recaían en algunas comunidades autónomas. Desde Esquerra Republicana pensamos que, aparte de buscar la fórmula de esta lealtad, hay otros
aspectos, como la sanidad, como la educación, como la atención a la dependencia, a la que nos referíamos antes, o incluso el tema migratorio que es transversal y que afecta a diferentes ámbitos, que hoy en día el Estado ha centrifugado (estamos de
acuerdo que algunos de estos hechos que hemos detallado sean competencia exclusiva) a las comunidades autónomas que están aguantando el gasto. Yo no me escaparé ni intentaré evadirme de la posibilidad de que en algunos ámbitos haya mala gestión de
las comunidades autónomas, porque es muy perceptible; siempre he defendido que la gestión de la sanidad, por ejemplo, en Cataluña es mejorable y se puede reducir una parte importante del déficit anual. Aún así hay graves problemas en ese sentido
de lealtad por parte de la Administración del Estado. Seguramente este sea el problema porque va a colapsar y está colapsando la financiación y la ejecución de los programas de políticas públicas de buena parte de las comunidades autónomas y ha
dejado también a los entes locales en una situación financiera de asfixia.
Este Gobierno tiene la responsabilidad (más allá de no cometer las tropelías del anterior de crear legislación sin saber las consecuencias que puede tener; es fácil hacerse la foto con determinada legislación y propuestas estrella si van a
pagar los otros), conjuntamente con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, de resolver los déficit que el anterior Gobierno dejó en este ámbito.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puigcercós.
Para responder a la interpelación tiene la palabra el ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias señoría, por ofrecerme la oportunidad de dirigirme a la Cámara para hablar de este asunto. Conforme le oía, la reflexión que me venía era que se había equivocado de legislatura, o que se había equivocado de Gobierno al que
hacerle este tipo de reproches. Señor Puigcercós, no es cierto que todo sea igual y que nada haya cambiado. No sólo ha cambiado el Gobierno aquí y en otras comunidades autónomas, sino que han cambiado los talantes, han cambiado también las
actitudes, han cambiado también las voluntades y los compromisos y no sólo retóricamente sino con hechos concretos.
Yo comparto el análisis que usted ha hecho. Lo compartía en la legislatura pasada y lo comparto ahora. Por eso este Gobierno se ha comprometido a cogobernar con las comunidades autónomas de una manera distinta y a tener en cuenta no solo
la existencia de las tres administraciones que usted ha mencionado, sino que el debate que se tiene que establecer entre las tres administraciones no es tanto una cuestión de qué es lo tuyo y qué es lo mío sino qué es lo de todos. No es tanto un
debate de la confrontación basado en la delimitación competencial, sino un debate para ver cómo gestionamos conjuntamente mejor lo que es de todos, teniendo en cuenta lo que es de cada uno. Los ciudadanos no suelen tener muy presente entre sus
preocupaciones cuando tienen un problema cuál es la administración responsable que tiene que resolverlo, sino que quieren que se le resuelva, y es responsabilidad de las administraciones ponerse de acuerdo para resolverlo, aquella que esté más
próxima, aquella que pueda ofrecer una garantía de resolución más fácil. Ese es el eje central de toda la agenda territorial y de toda la política territorial que ha planteado en estos seis meses el Gobierno del que formo parte. Insisto, hemos
estado practicando el diálogo institucional. Por primera vez en mucho tiempo se han reanudado las comisiones mixtas de transferencias; por primera vez en mucho tiempo hemos iniciado un proceso de reducción de contenciosos, de litigios ante el
Tribunal Constitucional en lugar de incrementarlos; por primera vez en mucho tiempo estamos hablando con todo el mundo; por primera vez en la historia democrática de España hemos visto una foto de todos los presidentes de todas las autonomías con
el presidente del Gobierno, como una expresión de la España real, de la España plural, de la España constitucional, de la España que tiene que cogobernar en un mundo en el que las competencias exclusivas son difíciles de definir a veces, desde
cualquier comunidad autónoma, desde cualquier Estado, en un mundo en el que la globalización nos sitúa ante realidades que obligan a ir más allá de la letra de las constituciones o de la letra de los estatutos e intentar aproximarnos a actitudes y a
comportamientos diferentes, como los que está manteniendo este Gobierno.
No voy a entrar en la valoración, poco afortunada, de la referencia que ha hecho al golpe de Estado del 23-F. Creo que nos jugábamos cosas, no me atreveré a decir que más importantes, pero desde luego bastante más que la Loapa o las
loapillas. Usted dice esto al Gobierno que está facilitando, entre otras cosas, la reforma del estatuto. Por tanto, insisto, o se ha equivocado de legislatura o se ha equivocado de Gobierno al que dirigirle esta interpelación, porque el argumento
de que nada ha cambiado y todo sigue igual no resiste un análisis medianamente lógico, ni siquiera de su propio comportamiento como grupo parlamentario. Ustedes han apoyado este año unos presupuestos, pero no los apoyaron el año pasado. Algo habrá
cambiado, lo que les ha hecho a ustedes modificar el sentido del voto. Por tanto, seamos capaces de percibir los cambios, los matices.
Comparto, como he dicho, su análisis de la importancia de la lealtad institucional, que tiene que jugar en los dos sentidos. La práctica de una administración legisla y
pide o traslada el dinero a la otra es mala en cualquier dirección; es malo que el Gobierno central, que por cierto también tiene su autonomía, como estas Cámaras que también son autónomas, decida cosas que afectan a las competencias de las
comunidades autónomas o de los ayuntamientos sin acompañarlo de la financiación adecuada. Por cierto, le recuerdo que este es el Gobierno que ha aceptado mantener lo que establecía la LOCE de la gratuidad en la enseñanza de tres a seis años y lo va
a pagar. Por tanto, hay diferencias sustanciales en cuanto a la importancia y a la aplicación del concepto de la lealtad institucional entre antes y ahora. Tan criticable es que el Gobierno central o la Administración General del Estado legisle
cosas que afectan a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos sin prever la financiación adecuada como que las comunidades autónomas adopten decisiones autónomas, para las que tienen plenas competencias, y pretendan que lo financie el Gobierno
central.
Debemos dotarlas de instrumentos suficientes de financiación para que autónomamente puedan tomar decisiones de gastos y también de ingresos.
Por eso este Gobierno ha planteado desde el principio la necesidad de retocar el modelo de
financiación autonómica para hacer posible que ahí también se pueda aplicar el principio de lealtad institucional no solo respetando las competencias de gasto que establecen la Constitución y los estatutos, sino también permitiendo que no se
traslade al Gobierno central el coste de medidas de gasto que toman las comunidades autónomas, sino que tengan también autonomía, autogobierno suficiente para tomar sus propias decisiones. Lo mismo sucede con los ayuntamientos, donde yo creo que en
este momento debemos de plantear con seriedad el debate del principio de subsidiariedad. Estoy de acuerdo con S.S. en que para muchos de los asuntos que más afectan a los ciudadanos el ayuntamiento es la Administración más cercana y para muchos de
estos asuntos seguramente el ayuntamiento es la Administración que mejor aborda, resuelve estos problemas; si eso es así tenemos que sacar todas las consecuencias, no solo las consecuencias en términos de financiación, que también, sino además las
consecuencias en términos competenciales. Hoy el problema de los ayuntamientos no solo es que tienen que hacer gasto en competencias para las que no tienen financiación, sino que ese problema ocurre porque la administración que es competente no
asume esas competencias. Por tanto, tendremos que ponernos de acuerdo las tres administraciones para establecer con claridad (la que permita un mundo en permanente cambio, como en el que vivimos) qué hace cada una de las administraciones y
asegurarnos de que se las dota de los mecanismos suficientes para financiar aquello a lo que le hemos reconocido la competencia. Eso va a obligar al Gobierno central y también necesariamente a los gobiernos autonómicos, que estoy seguro que van a
estar participando de manera activa y no reticente en este proceso de reordenación de la prestación de algunas competencias sobre la base del principio de subsidiariedad hacia la administración que mejor las puede prestar, hacia la administración
más próxima a los ciudadanos, en definitiva, hacia los ayuntamientos.
Eso vale para la inmigración, eso vale para la dependencia, vale también para la sanidad. Por cierto, le recuerdo que este Gobierno es el que ha planteado no solo el reconocimiento de que hay un problema de la financiación sanitaria, sino
que ha manifestado su firme voluntad de resolverlo; no solo de resolverlo de manera aislada, sino de resolverlo conjuntamente porque hay problemas que nadie puede resolver solo. Ninguna comunidad autónoma puede resolver sola el problema de la
financiación sanitaria, ni siquiera el Gobierno central porque también hay competencias que en este momento están limitadas. Este es un buen ejemplo de dos cosas: una, de cómo este Gobierno está actuando de una manera distinta; dos, de cómo
tenemos que primar el principio de la cooperación y no solo el principio genérico de la lealtad institucional en busca de lo común, de resolver un problema de los ciudadanos, que es el problema de la financiación sanitaria, de resolverlo
conjuntamente porque la solución no está única y exclusivamente en manos de nadie; tiene que estar en manos de todos y tenemos que buscar una solución entre todos.
Esa ha sido la oferta que el Gobierno planteó en la última Conferencia de
Presidentes, y así fue reconocido y aceptado por todos. Es voluntad del Gobierno presentar antes de la próxima reunión de los presidentes en la primavera que viene una propuesta que sea negociada, consensuada, compartida con el conjunto de las
comunidades autónomas para garantizar el modelo de financiación de la sanidad. Yo creo que desde ese punto de vista (lo iremos viendo conforme transcurra la legislatura) este es un Gobierno que está siendo y va a seguir siendo muy escrupuloso con
el respeto al principio de subsidiariedad aquí y en la Unión Europea y es un Gobierno que está siendo y va a ser muy respetuoso con el principio de la lealtad institucional, entre otras cosas porque también va a exigir lealtad institucional hacia el
Gobierno central, que también existe, también tiene derechos constitucionales que cumplir para los que necesita medios materiales, medios humanos y recursos.
Estoy seguro que, compartiendo el análisis, compartiendo la preocupación, estaremos próximos a estar también de acuerdo con la solución, que pasa en términos parlamentarios por la consiguiente moción que usted ha planteado, pero (lo que me
parece más importante) que pasa fundamentalmente por ese acuerdo y esa voluntad de llegar a acuerdos entre las instituciones, en este caso del Gobierno central y del gobierno de las comunidades autónomas. Ahí va a encontrar siempre al Gobierno del
señor Zapatero, como lo han encontrado todos los que le han querido buscar durante estos seis meses.
Muchas gracias.(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor ministro.
Su turno de réplica, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora vicepresidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, yo creo que me he explicado de forma clara; a lo mejor no se me ha entendido bien, debe ser la hora. En ningún momento este diputado y el Grupo de Esquerra Republicana han atribuido al
actual Gobierno buena parte de la situación que hemos descrito. Hemos descrito una situación anterior, y es verdad que hay otro Gobierno y que ha cambiado el estilo, pero los problemas subyacen, los problemas están encima de la mesa y, como he
dicho y he dejado muy claro en mi exposición, no solo son problemas en el ámbito de la sanidad. He descrito rápidamente y de forma sucinta diferentes ámbitos donde el anterior Ejecutivo desarrolló una legislación que afecta a los presupuestos y a
la capacidad de gasto de las comunidades autónomas y en este caso ayuntamientos. Creemos que este es un problema que no se puede solucionar sólo hablando y buscando soluciones; estamos de acuerdo. Hay que buscar pactos de Estado como en el caso
de la sanidad; tenemos que ayudarnos las diferentes administraciones y hay que buscar la fórmula no solo para gestionar mejor, sino para saber cómo crece el gasto, cómo controlarlo y cómo podemos buscar fórmulas más equitativas. Aquí nos
encontraremos. Lo que nosotros no podemos compartir es que se nos pida un acto de fe. Como ha dicho muy bien el señor ministro, ha habido acuerdos en el ámbito de una ley importante como son los Presupuestos Generales del Estado, incluso en un
ámbito que afecta también a comunidades autónomas y a entes locales como el cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y es importante, pero no estaríamos de acuerdo en un acto de fe (el nuestro es un partido agnóstico y laico).A lo que nos
referimos es a la necesidad de dotarnos de un marco estable en el cual no sea posible que se vuelva a repetir la historia de que en un momento dado un gobierno sea capaz de hacer (no digo este, puede ser un futuro gobierno) una nueva legislación, un
cambio legislativo, invadiendo con él las competencias y asfixiando el margen de maniobra presupuestaria y de inversión o de gasto de una comunidad autónoma. Este es el debate, y hay que fijar por ley que cada cambio normativo debe ir acompañado de
las precisiones oportunas del impacto que puede tener en las otra administraciones. Nos parecería lo lógico, porque seguramente a partir de ahí empezaría el principio de cooperación y habría un entendimiento, y cualquier ley, más allá de los pasos
preceptivos como Consejo de Estado, implicaría un diálogo y un consenso con las comunidades autónomas. La foto a la que usted hacía referencia de todos los presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno español responde a este
clima de consenso, de buscar acuerdos y de que hay que cogobernar en algunos espacios, y aquí estaremos perfectamente de acuerdo.
Nadie ha dicho que no haya cambios, claro que los hay, ya lo he mencionado, pero fíjese en la paradoja que se encuentran gobiernos como el de Cataluña, por poner un ejemplo. En algunos ámbitos quien legisla es el Gobierno del Estado y quien
recauda fiscalmente es el Gobierno del Estado, pero la paradoja es que quien ejerce el gasto, quien implementa las políticas, quien tiene que asumir responsabilidades y nuevos problemas (aquí todo es dinámico y no se puede fijar la foto) son en este
caso los gobiernos autonómicos. Aquí debe haber un diálogo permanente, que puede ser el caso de esta legislatura, pero conocemos otras legislaturas (no hablamos sólo por un caso) en las que el diálogo no era precisamente la nota predominante. A
partir de aquí hay que fijar unas reglas, y este Gobierno, en el diálogo con los grupos parlamentarios y con los diferentes gobiernos de comunidades autónomas, puede crear las condiciones para estabilizar este marco.
También es verdad que puedo haber empezado mal hablando del 23-F, pero es una realidad; es evidente que fue un intento de golpe de Estado contra la democracia, pero tuvo una consecuencia directa. Si uno hace un análisis histórico y
detallado verá que la consecuencia principal fue un parón y marcha atrás en el desarrollo de las competencias de los estatutos de autonomía; esta es una realidad. De ahí ha empezado un problema que esperemos que en esta legislatura se pueda
solucionar: traspasos pendientes, la lucha permanente de los gobiernos para los traspasos que ya están aprobados o algunos incluso con sentencia del Tribunal Constitucional. El Forcem es un ejemplo de cómo hay cinco sentencias del Tribunal
Constitucional para que el Gobierno catalán (en este caso, pero hay otros gobiernos autonómicos) tenga las competencias y los recursos en este ámbito de la formación. Otro caso es el de las becas universitarias, con sentencias también del
Constitucional para que con el traspaso sea en este caso el Gobierno de Cataluña quien las ejerza, u otros gobiernos autonómicos. Aquí hubo un clima, que se generó a partir de ese año, que fue de involución permanente. Nosotros creemos que hay que
superar este clima, y brindamos por que ustedes estén en esta línea (hasta ahora así lo han manifestado), pero hay que fijar el marco y buscar mecanismos legislativos para generar este clima de confianza, porque habrá problemas nuevos. La
inmigración es un problema nuevo que hace diez años no se planteaba como tal. Cuando a veces se lee, por ejemplo, el documento del Círculo de Empresarios de Madrid, que habla del impacto de las reformas estatutarias o de la economía, no deja de ser
curioso que en sus conclusiones vengan a decir: reformas de estatutos sí, pero punto final.
Se pretende que se renuncie a cualquier cambio, cuando la experiencia nos demuestra que este es un proceso dinámico. Surgirán problemas nuevos; surgirán
debates nuevos sobre el marco competencial; surgirá la capacidad de más subsidiariedad, de más descentralización o incluso el proceso europeo conllevará cambios en la estructura de las decisiones. Así nunca podremos hacer una ley de punto final.
Estados Unidos tiene un sistema estabilizado y siempre hay un debate entre los Estados y el Gobierno federal, permanentemente.
Lo que queremos decir es que haya una posibilidad en esta legislatura (con esto terminaría mi intervención) de fijar unas condiciones de juego entre comunidades autónomas, ayuntamientos y gobiernos del Estado, y que cualquier cambio
legislativo no implique la sensación de que esto va a conllevar problemas financieros para las otras administraciones.
Gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puigcercós.
Finalizamos, señor ministro, con su turno de dúplica.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señor Puigcercós no solo por captar sino por reconocer los matices, algunos más importantes, que el cambio de Gobierno representa y ha representado respecto a la problemática que traía usted a esta tribuna. Usted dice: En realidad
me refería a situaciones anteriores, pero la interpelación la hace a este Gobierno. Por tanto, la interpelación forma parte del mecanismo de control al Gobierno; a lo mejor se ha equivocado de mecanismo y no debería haber sido una interpelación.
Usted es libre de hacerlo, pero entienda que yo me doy por aludido. Usted está controlando a este Gobierno por cosas que reconoce que son del Gobierno anterior. Digamos, como mínimo, que es discutible.
No estamos pidiendo un auto de fe, en absoluto; me reconozco laico y este Gobierno tiene acreditada también esa posición. Estoy diciendo que mire usted los 14 recursos que hemos retirado; mire usted que por primera vez desde hace varios
años se vuelve a reunir la Comisión mixta de transferencias y se hacen traspasos; mire usted las modificaciones que ha dicho respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que criticamos en la oposición, que dijimos que cambiaríamos cuando
gobernáramos y que lo estamos haciendo; mire usted, por tanto, qué es lo que está haciendo diferente este Gobierno precisamente para cambiar esas condiciones de juego. Creo que el problema es que quizá (lo que voy a decir suena raro en este
Hemiciclo) S.S. confía demasiado en las leyes. Yo le recuerdo que la ley obliga a que se presente una memoria económica adjuntando los proyecto de ley, pero en esta Cámara hemos vivido situaciones dramáticas en las que el Gobierno se ha negado a
presentarla, incumpliendo la ley.
Por tanto, están bien las normas, están bien las reglas (cómo no voy a decir yo eso estando como estoy en la casa de las normas y de las reglas), pero las actitudes, las voluntades, las concepciones también pueden
marcar realidades a las que sea difícil dar marcha atrás. Por tanto, lo que han sido estos no llega a siete meses de Gobierno del Partido Socialista en esta legislatura están marcando realidades nuevas suficientes no solo en el plano de lo real y
concreto, no solo en el plano de los cambios normativos, sino en los planos más importantes de lo que son las concepciones, las actitudes, los talantes, eso que tanto molesta a algunas personas.
Estoy convencido de que estamos ante una ocasión importante para marcar una inflexión en lo que es la convivencia y el mecanismo de convivencia institucional en la España constitucional y autonómica. Estoy convencido de que ese punto de
inflexión tiene que hacerse superando el principio de confrontación, superando el principio de lo tuyo y lo mío y yendo hacia una concepción de lo nuestro, hacia aquello que nos une, hacia aquello que nadie puede resolver solo, hacia aquello que
obliga necesariamente a mecanismos de cooperación, de concertación y de diálogo. Estoy convencido de que eso va a exigir un doble pacto; va a exigir un pacto en el cual el Gobierno central reconozca la Constitución, reconozca que las comunidades
autónomas son Estado, reconozca que no puede gobernar sin ellas, reconozca que tiene que poner a las instituciones a la altura de la Constitución, como estamos haciendo y como el Gobierno quiere hacer con las reformas constitucionales que ha
anunciado; y la contrapartida de ese pacto sea que las comunidades autónomas reconozcan, como he dicho antes, que el Gobierno central tiene deberes constitucionales que cumplir para los que también necesita medios, recursos, competencias. A partir
de ese doble pacto, de esa doble clarificación, que espero que salga del proceso que ha puesto en marcha y que va a hacer posible este Gobierno, deseo que iniciemos de verdad un proceso en el que las instituciones dejemos de hablar de lo nuestro y
empecemos a hablar de lo de todos, en definitiva que empecemos a hablar de los ciudadanos, que es lo importante.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, levantamos la sesión. Buenas noches.
Eran las nueve de la noche.