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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 45, de 02/11/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 45
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 41
celebrada el martes, 2 de noviembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- Del Parlamento de Canarias, por la que se modifica el apartado 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 5-1, de 16 de abril
de 2004. (Número de expediente 125/000005.) ... (Página 1980)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 88-1, de 25 de junio de 2004. (Número de expediente 122/000072.)
... (Página 1995)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 89-1, de 6 de julio de 2004. (Número de expediente 122/000073.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 2009)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ... (Página 2009)
Tramitación directa y en lectura única de Iniciativas Legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente 121/000012.) ... (Página 2009)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre reducción en las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros y mercancías en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
90, de 22 de octubre de 2004. (Número de expediente 162/000177.) ... (Página 2012)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la subvención de transporte para les Illes Balears y Canarias, así como para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 95, de
29 de octubre de 2004. (Número de expediente 162/000186.) ... (Página 2012)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para promover la democratización de Cuba y defender los derechos humanos de los disidentes y de los presos de conciencia cubanos. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 95, de 29 de octubre de 2004. (Número de expediente 173/000033.) ...
(Página 2019)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales: ...
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 57, de 17 de septiembre de 2004. (Número de expediente 110/000044.) ... (Página 2027)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia sobre cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores y otros
delitos, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 58, de 17 de septiembre de 2004. (Número de expediente 110/000045.) ...
(Página 2027)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de octubre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 59,
de 17 de septiembre de 2004. (Número de expediente 110/000046.) ... (Página 2027)
- Acuerdo Marco entre España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hecho en Madrid el 27 de enero de 2004. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 60, de 17 de septiembre de 2004.
(Número de expediente 110/000047.) ... (Página 2027)
- Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hecho en Madrid el 25 de febrero de 2004.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 61, de 17 de septiembre de 2004. (Número de
expediente 110/000048.) ... (Página 2027)
- Protocolo relativo a la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea 'Eurocontrol', de 13 de diciembre de 1960, con sus diferentes modificaciones y refundido por
el Protocolo de 27 de junio de 1997, hecho en Bruselas el 8 de octubre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 62, de 17 de septiembre de 2004. (Número de expediente 110/000049.) ... (Página 2027)
- Protocolo refundiendo el Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea 'Eurocontrol', de 13 de diciembre de 1960, como consecuencia de las diferentes modificaciones realizadas y del Protocolo adicional,
relativo al paso del régimen del Acuerdo Multilateral relativo a las tarifas de ruta, de 12 de febrero de 1981, al régimen de las disposiciones pertinentes de la versión refundida del texto del Convenio Internacional de cooperación
para la seguridad de la navegación aérea 'Eurocontrol' enmendado en Bruselas en 1997, incluyendo el Anexo IV del mismo, hecho en Bruselas el 27 de junio de 1997 y Declaraciones que España va a formular en el momento de su ratificación.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 63, de 17 de septiembre de 2004. (Número de expediente 110/000050.) ... (Página 2027)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 1980)
Del Parlamento de Canarias, por la que se modifica el apartado 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica.) ... (Página 1980)
Presentan la proposición de ley para su toma en consideración las señoras Allende Riera y Padrón Rodríguez, en representación del Parlamento de Canarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno por alusiones intervienen el señor Mardones Sevilla y la señora Roldós Caballero.
Cierra el turno de fijación de posiciones la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de del Parlamento de Canarias, por la que se modifica el apartado 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica), se
aprueba por 185 votos a favor, 124 en contra y dos abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 1995)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. ... (Página 1995)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 10/1990, dee 15 de octubre, del Deporte ... (Página 1995)
Defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para su toma en consideración, el señor Maldonado i Gili, quien deja claro desde el primer momento que su grupo lleva mucho tiempo luchando por la
presencia del deporte catalán en las competiciones catalanas a través de selecciones propias, y no se trata de un logro en solitario del actual Gobierno de la Generalitat. La presencia de Catalunya en Macao no es un éxito de un partido ni de un
gobierno, es un éxito del pueblo de Catalunya, de tanta y tanta gente que lleva años luchando por ver realizado este sueño colectivo. Basan su petición de que se reconozca su derecho a competir internacionalmente con sus selecciones deportivas en
la Constitución, en el artículo 149.1, donde se establecen las materias reservadas al Estado con carácter exclusivo y en donde no aparece el deporte, y en los estatutos de autonomía catalán, vasco y gallego, donde se incorpora esta materia como
competencia exclusiva.
Denuncia lo que el llama el centralismo español e insensible respecto al derecho de Cataluña a tener identidad propia, y explica los motivos y las razones que avalan sus reivindicaciones.
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban Bravo. Comienza diciendo que el
tema de la presencia de las selecciones nacionales vascas, catalanas, etcétera, ya se ha debatido en multitud de ocasiones y es hora de que el Gobierno lo vaya poniendo encima de la mesa, a pesar de la negativa del Partido Popular y del
Partido Socialista. Explica que la proposición de ley que presenta su grupo está en el trámite de toma en consideración y por lo tanto susceptible de enmiendas, por lo que espera el voto favorable y la colaboración de los diputados del Partido
Socialista de Cataluña. A continuación analiza el objeto de la iniciativa que no es otro que llevar a la práctica la transaccional alcanzada con el Grupo Socialista en una proposición no de ley aprobada en fechas recientes que dice: los poderes
públicos promoverán la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en las competiciones internacionales.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 2009)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 45, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política económica y social de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores, lo que se acuerda por asentimiento.
Asimismo la Presidencia anuncia la inclusión en el orden del día de la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la concesión de un turno de explicación de
voto, en virtud de la demanda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones..) ... (Página 2009)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se rechaza por 36 votos a favor y 281 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se rechaza por 38 votos a favor, 279 en contra y una abstención.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 2009)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 2009)
La Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de
ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, lo que se aprueba por 190 votos a favor y 128 en contra.
A continuación en turno de explicación de voto intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Zaplana
Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 2012)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reducción en las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros y mercancías en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla ... (Página 2012)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la subvención de transportes para les Illes Balears y Canarias, así como para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página 2012)
El señor Rivero Baute defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canario y dice que desde la aparición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento del Estado una de sus obsesiones ha sido la de
impulsar medidas que sirvieran para solventar los problemas de la fragmentación del territorio y los problemas de la lejanía, y a eso va encaminada la proposición no de ley que presenta a la Cámara para su aprobación. Explica que los dos grandes
objetivos que plantea la iniciativa de su grupo son: un incremento de las subvenciones a los residentes y potenciar medidas que, desde el punto de vista del transporte de las mercancías, sirvan para acercar al territorio continental.
En defensa de la segunda proposición no de ley sobre el mismo asunto interviene la señora Oliver Sagreras, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y dice que la iniciativa de su grupo para mejorar el transporte aéreo y
marítimo entre la península y las islas Baleares y Canarias y Ceuta y Melilla pone de manifiesto el cumplimiento de un compromiso electoral del Partido Socialista que era el aumento del descuento en el transporte aéreo y marítimo del 33 por ciento
actual al 50 por ciento para los residentes en los territorios insulares, en Ceuta y en Melilla, y la intención de reducir los costes de la insularidad para el transporte de mercancías con origen o destino en las islas Canarias y Baleares hasta
llegar también al 50 por ciento de bonificación.
En defensa de las enmiendas presentadas a ambas proposiciones no de ley intervienen la señora Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores
Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas intervienen el señor Rivero Baute y la señora Oliver Sagreras.
Se retira la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, proponiéndose una enmienda transaccional a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, con la adición de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ésta última presentada a
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 307 votos a favor y tres abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 2019)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para promover la democratización de Cuba y defender los derechos humanos de los disidentes y de los presos de conciencia cubanos ...
El señor Moragas Sánchez defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la moción consecuencia de interpelación urgente acerca de la política que es necesario articular desde nuestras democracias con respecto a Cuba. La
diferencia de sensibilidades entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara en relación con el tema, lejos de contribuir a desenfocar el problema de fondo, considera que debería servir para hacer un esfuerzo conjunto al objeto de
trabajar todos en la misma dirección, recogiendo así la voluntad del señor ministro de Exteriores de trabajar por la elaboración de un consenso sobre política exterior, en concreto sobre la política con respecto a Cuba, al aceptar la oferta de
consenso propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en el debate de la interpelación.
Explica el contenido de la moción que pide que la política exterior de España tenga entre sus objetivos la promoción de la democracia, los
derechos humanos y la libertad en todo el mundo y también en Cuba.
En turno en contra interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Andreu
Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para promover la democratización de Cuba y defender los derechos humanos de
los disidentes y de los presos de conciencia cubanos, se rechaza por 128 votos a favor y 175 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales ... (Página 2027)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ...
(Página
2027)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia sobre cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores y otros delitos,
hecho en Madrid el 24 de octubre de 2003 ... (Página 2027)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de octubre de 2003 ... (Página 2027)
Acuerdo Marco entre España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hecho en Madrid el 27 de enero de 2004 ... (Página 2027)
Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hecho en Madrid el 25 de febrero de 2004 ...
(Página 2027)
Protocolo relativo a la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea 'Eurocontrol', de 13 de diciembre de 1960, con sus diferentes modificaciones y refundido por el
Protocolo de 27 de junio de 1997, hecho en Bruselas el 8 de octubre de 2002 ... (Página 2027)
Protocolo refundiendo el Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea 'Eurocontrol', de 13 de diciembre de 1960, como consecuencia de las diferentes modificaciones realizadas y del Protocolo adicional,
relativo al paso del régimen del Acuerdo Multilateral relativo a las tarifas de ruta, de 12 de febrero de 1981, al régimen de las disposiciones pertinentes de la versión refundida del texto del Convenio Internacional de cooperación para la seguridad
de la navegación aérea 'Eurocontrol' enmendado en Bruselas en 1997, incluyendo el Anexo IV del mismo, hecho en Bruselas el 27 de junio de 1997 y Declaraciones que España va a formular en el momento de su ratificación ...
Sometidos a votación conjunta los citados dictámenes, se aprueban por asentimiento.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, POR LA QUE SE MODIFICA EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000005.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Se abre la sesión.
Comenzamos con el punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En particular, la del Parlamento de Canarias, por la que se modifica el apartado 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Para el turno a favor, a cargo de la delegación del Parlamento de Canarias, tiene, en primer lugar, la palabra la excelentísima señora doña Belén Allende Riera.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Allende Riera): Señora presidenta, señor ministro, señorías, es para mí un honor, y no es una frase hecha, defender en esta tribuna una iniciativa que ha viajado más de 2.000 kilómetros
desde la isla del Hierro, la más pequeña de Canarias, y que pretende reclamar la igualdad electoral y política de las mujeres de este país. El Parlamento de Canarias ya ha dado el primer paso para que esta igualdad sea una realidad. Hasta ahora
los partidos políticos han utilizado a la mujer por su caudal de votos, porque estamos de moda; en definitiva, la tan cacareada paridad se ha reducido a un braguetazo electoral. Y esta es nuestra oportunidad para establecer por ley que todos y
todas seamos iguales.
Veinticinco años después de aprobar nuestra Constitución y cuando todos los partidos políticos promueven un necesario impulso hacia la credibilidad y hacia la profundización del sistema democrático no es necesario evidenciar la escasa
representación política de la mujer en las asambleas legislativas, situación que impide proyectar su peso real en la toma de decisiones, porque sencillamente no participamos en su elaboración. Este hecho repercute negativamente en el grado de
legitimidad de lo que ha sido decidido y en el grado de democracia del sistema dentro del cual se decide. Porque, evidentemente, señorías, la decisión ha sido tomada al margen de la mitad de la población. Ese déficit democrático, señorías, es
incompatible con una verdadera democracia. Hoy, la igualdad entre hombres y mujeres no es el punto de partida como electores, sino llegar al poder político democrático como elegidos y elegidas. Por tanto, introducir la paridad en la Ley Electoral
se hace patente si queremos evitar la discriminación en la representación que sufren las mujeres y que, evidentemente, no va a quedar resuelta por un cambio de actitud o de mentalidad. Requiere voluntad, voluntad de legislar, sobre todo si tenemos
en cuenta que se trata de un derecho fundamental del 52 por ciento de la población de este país, que está dispuesta a dar un paso decisivo en la asunción de un nuevo contrato social que nos permitirá compartir entre ambos géneros el poder, el empleo
y la familia.
La ley es un instrumento privilegiado para dar cobertura y garantía a los derechos y cambios sociales y en nuestro actual modelo constitucional hay cabida para adaptar medidas que hagan efectivo el concepto de democracia paritaria. Sus
señorías saben que la Declaración de Atenas del año 1992 determinó que la representación obtenida por unos y otros fluctuara en unos porcentajes que no fueran ni superiores al 60 por ciento ni inferiores al 40 por ciento, para lo cual habrían de
adecuarse mecanismos de participación equitativa de hombres y mujeres en las tareas de representación política. Y la comunidad internacional ha asumido el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres participar activamente en la
toma de decisiones políticas e impulsar las acciones precisas para modificar una realidad condicionada por siglos de historia. Esa realidad normativa encuentra cabida en nuestro derecho vigente, como comenté antes, al establecer en su precepto
constitucional, concretamente en el artículo 9.2, que los poderes públicos habrán de promover la igualdad y la libertad de los individuos y de los grupos en que se integran para que sea real y efectiva, así como remover los obstáculos que impidan a
los ciudadanos su participación en la vida social y política. Hagamos nuestra esa posibilidad, transparentemos la acción política con determinación, asumamos ese compromiso para con la sociedad, que ha quedado patente en esta tribuna...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Allende.
Por favor, señorías, una diputada del Parlamento canario está tratando de darnos argumentos para que trabajemos en la primera proposición de ley que estamos debatiendo en la Cámara. Lo mínimo sería silencio y respeto.
(Pausa.)
Adelante, señora Allende. (Aplausos.)
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Allende Riera): Aprovechen SS.SS. la oportunidad que tienen, la tienen toda. Asuman el compromiso que, como decía, quedó patente en esta tribuna cuando la secretaria general de Política
de Igualdad marcó como estrategia de presente, en una reciente comparecencia, el compromiso del Gobierno en relación con la paridad.
Señor Zapatero, usted ha dicho que su Gobierno cumple. Usted ha dicho que va a adoptar un compromiso por la paridad. Nosotros, desde Canarias, desde el Parlamento canario, le exigimos que cumpla sus promesas y acepte a trámite esta
iniciativa legislativa. Con este fin, señorías, presentamos esta proposición, a efectos de su toma en consideración, para que la ley española se comprometa con la conquista de la igualdad en la representación equilibrada de hombres y mujeres en los
términos expresados porcentualmente, con las lógicas excepciones, para facilitar el proceso en los casos en que por las diferentes circunstancias así lo determinaran. La toma en consideración de esta iniciativa
legislativa en la Cámara trasciende hoy de lo reglamentario para convertirse en trascendente. El Congreso de los Diputados -mal llamado Congreso de los Diputados-, el Congreso tiene que decidir si toma o no en consideración a las mujeres de
este país.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Allende.
A continuación es el turno de la excelentísima señora doña María Dolores Padrón Rodríguez. Adelante.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Padrón Rodríguez): Señora presidenta, señores diputados y señoras diputadas, el hecho de que hoy presentemos esta proposición de ley evidencia la necesidad de que en España sea necesario
seguir avanzando en la profundización y modernización de nuestra democracia. Aunque es indudable que se ha avanzado en la incorporación de la mujer al espacio de participación y representación política, tradicionalmente negado, aún existen barreras
que impiden una justa representación de las mujeres en los centros de poder, lo que mi compañera llamaba déficit democrático y lo que algunos expertos y expertas han llamado democracia incompleta.
No es ésta la primera vez que el debate para introducir la democracia paritaria en la legislación electoral española se produce en esta Cámara, puesto que tanto el Grupo Socialista como el Mixto e Izquierda Unida presentaron sendas
proposiciones de ley en la pasada legislatura y fueron rechazadas por la mayoría conservadora del Partido Popular. Supongo que tampoco será el último debate, teniendo en cuenta el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, de impulsar reformas que garanticen la paridad de sexos en las listas electorales, de acuerdo con el propio programa de gobierno del Partido Socialista. Pero sí hay que resaltar una cuestión y es que esta es la primera vez que el
concepto de democracia paritaria se discute en las Cortes a propuesta de una comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma canaria, el Parlamento de Canarias. Además, de forma paradójica, hay que decir que Canarias no tiene una ley electoral propia,
tiene una disposición que regula nuestro sistema en el estatuto de autonomía. Por ese motivo, Canarias no ha podido introducir hasta el presente momento, como sí lo han hecho Castilla-La Mancha y Baleares, la paridad electoral en su ordenamiento
jurídico autonómico. Vamos a aprovechar la reforma del estatuto, puesto que todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en sacar la Ley electoral del estatuto de autonomía, para que también en la ley electoral canaria se incluya la
paridad entre hombres y mujeres. Pero no hay que olvidar que la igualdad entre todos los españoles, sin distinción en función de su sexo, es un derecho fundamental de la Constitución española recogido en su artículo 1. Por tal motivo, insisto en
que es responsabilidad de las Cortes Generales garantizar la igualdad de género en el acceso al poder político, porque este debe ser un mecanismo que transcienda el ámbito únicamente de las voluntades autonómicas y que debe formar parte del cuerpo
jurídico estatal.
Hace ya 73 años que las españolas fuimos consideradas ciudadanas de pleno derecho al instaurarse el derecho al voto femenino durante la II República. Desde entonces es un dato irrefutable que las mujeres hemos alcanzado iguales niveles de
formación que los hombres, que participamos en la producción de bienes y servicios y que la intervención individual de las mujeres en el ámbito público es equiparable a la de los hombres.
Sin embargo, aún hoy, a pesar de estos avances, los derechos
derivados de la ciudadanía no se han cumplido en muchos aspectos para las mujeres y existe una infrarrepresentación femenina en las instituciones políticas y en los espacios de decisión vinculados al poder político, motivo por el cual insisto en que
el Estado debe establecer mecanismos de discriminación positiva en nuestro ordenamiento jurídico, para permitir la igualdad en la participación y la representación política.
Es verdad que la igualdad real no se consigue sólo con las modificaciones de la LOREG, en este caso, y la revisión de los instrumentos jurídicos electorales; también hay que cambiar los hábitos dentro de la política y modificar las pautas
culturales interiorizadas, que todavía hoy adjudican un rol público diferente a las mujeres que a los hombres. Es un hecho social incontrovertible la existencia de numerosos espacios de los que estamos excluidas las mujeres. La realidad social
muestra con contundencia que los espacios de exclusión están vinculados al poder, a la autoridad, a la influencia, al dinero, a los recursos y a la autonomía personal. El poder político y en general todos los poderes de decisión han sido
tradicionalmente casi impermeables a las mujeres; el género, una vez más, ha sido un factor de carácter estructural que ha determinado la ya de por sí compleja red de relaciones sociales y nos ha expulsado durante centurias de todos aquellos
espacios relacionados de una u otra manera con el poder. Este es un problema universal. Mi compañera ya ha dicho cómo desde Atenas, en 1992; en Beijing, en 1995; también en 1997, se han sucedido una serie de iniciativas que van en la línea de
aportar la discriminación positiva como elemento para facilitar a las mujeres el acceso en los diferentes ámbitos de participación.
En nuestro ámbito geopolítico más próximo, la Constitución europea, que la pasada semana fue ratificada por los 25 presidentes de los Estados miembros y que el próximo año será objeto de referéndum en España, afirma en su artículo 23 que la
igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, aunque para ello haya que adoptar medidas que ofrezcan ventajas parlamentarias concretas a favor del sexo
menos representado. Es decir, ya la propia Carta Magna europea permite medidas de discriminación positiva, como puede ser la democracia paritaria, e insta a todos los países que conforman la Europa de los Veinticinco a introducir medidas
que nos favorezcan, como ya han hecho Francia o Bélgica. En el caso de España y en contra de los pronunciamientos de los partidos de derechas que se oponen a tal medida, ni siquiera hay que reformar nuestra Constitución para poder conseguirlo.
Según expertos constitucionalistas, la paridad electoral tiene su fundamento en la igual participación en los órganos de representación pública, amparada en la Constitución española en sus artículos 23 y 14, en relación con el artículo 9.2, que
establece el deber de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.
Es más, existen suficientes textos jurídicos asumidos por España que avalan la incorporación a la Ley Electoral del concepto de paridad, tal y como planteamos hoy en este debate. Por una parte están las obligaciones internacionales del
Estado español con respecto a la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, convenio internacional publicado como norma interna española y cuyo artículo 3
obliga a los Estados a tomar en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica o cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Está por otra parte también el Tratado de Amsterdam, que consolida las acciones positivas como estrategia a favor de la igualdad. El Parlamento Europeo tiene además una serie de resoluciones de las que yo destacaría la que pide a los
gobiernos, especialmente a los de los países en los que la participación de las mujeres en los órganos decisorios es inferior al 30 por ciento, que estudien las consecuencias diferenciadoras de los sistemas electorales en la representación política
de los géneros en los órganos compuestos por miembros electos; que consideren la posibilidad de adaptar o reformar dicho sistema y, en caso necesario, que incentiven a los partidos políticos para que estos introduzcan sistemas de cuota, como el
sistema cremallera, o adopten otro tipo de medidas que fomenten una participación equilibrada.
Es evidente que, refiriéndose al sistema de cuotas, este mecanismo, el de las cuotas, ha sido denostado por algunos, pero lo que sí es evidente es que ha supuesto un impulso a la entrada masiva de mujeres en los distintos escenarios
políticos, tanto a nivel estatal como autonómico, insular o local. Además, ha producido este efecto de manera general, por lo que se ha venido a llamar el efecto bola de nieve, ya que arrastró al resto de los partidos políticos a incluir mujeres en
sus listas electorales y órganos de dirección, al darse cuenta de que, aunque no tengan interiorizada su importancia, es positivo desde el punto de vista de rentabilidad electoral. No obstante, para que la democracia paritaria sea algo real, no
puede dejarse únicamente en manos de las reglas internas o de la voluntad de los distintos partidos. Además, habrá que dar pasos más allá, en aras de conciliar la vida laboral y familiar, impulsando un nuevo contrato con la sociedad, un pacto entre
hombres y mujeres que nos corresponsabilice en todas las áreas del acontecer personal, familiar y social, en el que este asunto puntual, el de la reforma de la ley que hoy planteamos, es una pata más de la mesa. La sociedad tiene contraída con las
mujeres una deuda histórica, pues hemos pasado de estar excluidas e invisibilizadas a otorgársenos una visibilidad reducida, que solamente se superará consiguiendo la paridad en los ámbitos político, económico, cultural y social. Y es
responsabilidad de esta Cámara legislativa impulsar los mecanismos que permitan saldar esa deuda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Padrón.
Muchas gracias.
Antes de entrar en el turno de fijación de posiciones, ¿algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
Entonces, señorías, pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera agradecer a las diputadas del Parlamento de Canarias esta propuesta y la defensa que acaban de hacer de la misma, porque la valoramos de forma muy positiva en la lucha de las mujeres por
la igualdad.
Mientras las señoras diputadas estaban defendiendo esta propuesta estaba recordando una frase acuñada por las mujeres que a principios del siglo XX ya estaban trabajando en la lucha por la igualdad. Decían aquello de que el siglo XX sería
el siglo de las mujeres. Y lo recordaba porque el siglo XX se acabó, ya estamos en el siglo XXI, y la igualdad, que haría posible que pudiéramos definir el siglo como tal, sigue siendo una asignatura pendiente. Evidentemente, esta frase de
aquellas mujeres era motivada no solo por el entusiasmo que tenían para defender los derechos de igualdad, sino por el impulso que se estaba imprimiendo en aquel momento a esa lucha y sobre todo por las mejoras que se estaban consiguiendo, tanto en
el ámbito político como fundamentalmente en el ámbito sindical. Aquel esfuerzo, los esfuerzos posteriores de las mujeres -no
podemos decir que de toda la sociedad, sino fundamentalmente de esa parte de la sociedad que, como las diputadas decían, somos el 52 por ciento-, esa lucha tienen sus frutos y no podemos comparar este principio de siglo XXI con lo que fue el
principio del siglo XX. Sin embargo, aquel esfuerzo que se hacía en los inicios de 1900 tuvo muchísimos atrancos a través de la historia, sobre todo porque el sistema económico en el que vivimos considera necesario, y así lo sigue manteniendo, la
división sexual del trabajo como factor fundamental para su equilibrio. Pero, a pesar de que la conciencia política y también la conciencia social consiguieron, conseguimos, que en un nivel legislativo se reconozcan los derechos de igualdad, no
solamente en el nivel legislativo o en lo que se refiere a la Constitución y a los artículos de la misma a los que se hacía referencia, sino en aquella legislación que tiene que ver con nuestros derechos sociales, nuestros derechos laborales,
etcétera, en la práctica social y en la práctica laboral sigue existiendo la discriminación.
En el caso concreto al que la propuesta se refiere, que es a la igualdad en las listas electorales y por tanto a la igualdad en la representación popular en este Congreso y en los distintos parlamentos autonómicos, esa desigualdad es
evidente. Por mi conocimiento, por mi experiencia, y no solamente por el grupo político al que pertenezco sino por las muchas conversaciones que tenemos las mujeres de los diferentes grupos políticos, este problema, señoras y señores diputados, se
refleja en todos de igual manera. Podemos estar más o menos avanzados en unos o en otros, dependiendo del propio impulso que las mujeres, y por supuesto la conciencia de muchos varones que progresivamente van entendiendo esta cuestión, podemos dar
a nuestros grupos políticos, pero es evidente que, en el nivel político y en lo que respecta a las organizaciones políticas, cuando se trata de elaborar listas electorales, el problema de la igualdad o de una representación igualitaria entre hombres
y mujeres está presente. Solamente, repito, cuando el impulso de aquellas personas que creen en esta igualdad es lo suficientemente importante es cuando los grupos políticos hacen algún movimiento en positivo. Ese impulso y esos movimientos en
positivo se ponen de manifiesto en el hecho de que ni la composición de esta Cámara ni la de otros parlamentos del Estado español sea la misma que la de simplemente hace diez años. Pero sigue siendo una cuestión que se manifiesta como diferente.
El número de mujeres que representamos a ese 52 por ciento en una Cámara legislativa sigue siendo menor que el de los varones. Por lo tanto, entendemos muy oportuna esta propuesta del Parlamento de Canarias.
Nosotros, en su momento, también presentamos una iniciativa semejante, que, como bien se acaba de decir, no tuvo entonces el beneplácito de esta Cámara. Así pues, saludamos y felicitamos al Parlamento de Canarias por traer esta propuesta y
esperamos que en esta ocasión el resultado pueda ser otro. Independientemente de que en el trámite parlamentario pueda llevarse a cabo la modificación del artículo, como corresponde a un trámite parlamentario de cualquier ley, entendemos que la
mera posibilidad de poder hablar de este tema, de poder discutir y, además, de poder modificar la ley en positivo es importante para que ese impulso que, en un nivel individual o colectivo, las mujeres estamos haciendo en los grupos políticos se
haga también desde la Cámara legislativa y tenga los beneficios sociales a favor de esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres que hoy ningún grupo político, ninguna mujer ni ningún hombre que se dedique a la actividad política, está dispuesto
a decir que no comparte. Otra cosa es que sea sincero o sincera cuando lo dice o no, pero lo que sí es cierto es que hoy no hay quien se atreva a decir que no estamos por el derecho a esa igualdad. Por todo ello, espero que esta propuesta del
Parlamento de Canarias tengo hoy un voto favorable de todos los diputados y de todas las diputadas.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Continuamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Tiene para ello la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
En nombre de Coalición Canaria, sean mis primeras palabras de salutación a las dos diputadas del Parlamento autonómico de nuestro archipiélago canario que han hecho uso de la palabra para defender esta propuesta ante el Pleno de la Cámara.
También me quiero congratular porque en este momento nos esté presidiendo nuestra vicepresidenta primera, doña Carme Chacón, por el significado que pueda tener para las señoras diputadas que están hoy en el hemiciclo para un compromiso político de
género.
Cuando en abril de 1985, en aquella fase de la transición, discutimos en esta Cámara y aprobamos la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General, en el artículo 46 al que se dirige precisamente en su apartado 3 la iniciativa del Parlamento de
Canarias se limitó a ordenar que para aquellos cargos en que se exigiera lista electoral, ésta tuviera únicamente la relación numérica de cargos a elegir, fueran diputados, concejales o cualquier otra institución representativa al respecto. Pues
bien, ahora llega una iniciativa que mi grupo va a votar con toda intensidad e identidad porque queremos hacer que nuestro discurso político sea consecuente y congruente cuando casi 20 años después de haberse aprobado la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y su artículo 46.3, de las listas electorales, no haya solamente una referencia aritmética entre componentes de la lista y cargos a elegir.
Tenemos que hacerlo congruente
con el discurso que venimos manteniendo últimamente en cuanto a los principios de paridad, de equiparación, de equilibrio entre los géneros, entre mujeres y hombres, hombres y mujeres, en la representación política. Como bien ha dicho la
representante del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, una representación del 52 por ciento del censo en España constituido por mujeres requiere también unas protecciones. No nos podemos quedar solamente en una especie de buena conciencia
sin reflejar en las leyes este principio de paridad y este principio de equiparación, porque no podemos estar haciendo un mismo discurso cuando recientemente hemos estado discutiendo si los derechos de sucesión en la Corona tienen que estar
reservados solamente, como dice la Constitución, al género masculino y privar al género femenino de un acceso prioritario por orden de nacimiento a la Corona. No podemos haber estado discutiendo una ley de violencia de género o violencia doméstica
haciendo todos aquí una declaración de principios constitucionales, políticos y democráticos a favor de la mujer que puede ser víctima de esta violencia de género y resulta que ahora que nos hemos pronunciado contra una violencia activa de género
familiar contra la mujer en la pareja vamos a tolerar una especie de violencia pasiva contra la mujer en la composición de las listas electorales. De ahí que nos tengamos que pronunciar claramente. Le pido al partido en el Gobierno en este
momento, al Grupo Parlamentario Socialista, que sea también consecuente y congruente con leyes que tienen que ir en paralelo. Hemos discutido y aprobado en esta Cámara una ley de mínimos precisamente para la protección familiar en el trabajo a
favor de la mujer. Ahora sería conveniente también que la Cámara estimulara, si se toma en consideración -y nosotros pedimos que se tome en consideración- esta iniciativa del Parlamento canario que han defendido las representantes del Grupo
Parlamentario Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Socialista, que se sea también consecuente porque no podemos ir dejando islotes de pronunciamientos, como aquí también se ha recordado, en el Parlamento balear o en el Parlamento de
Castilla-La Mancha. Me gustaría escuchar la opinión del ministro de Defensa, el señor Bono, a este respecto cuando como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha estado en esta misma sintonía; y esta sintonía la tiene que tener
también el grupo parlamentario mayoritario en paralelo a esta ley de equiparación y de equilibrio de géneros, masculino y femenino/femenino y masculino, en las listas de representación democrática -porque estamos hablando de listas para una
representación democrática- al mismo tiempo en esa protección de la vida familiar tenga también el respeto para la mujer que no se está dedicando a una mera función laboral en el sector público o privado, sino que se está dedicando a la más noble de
las funciones que un Estado democrático reserva para sus ciudadanos, el derecho a la representación política. Por tanto, si tenemos que proteger a la mujer en las listas en cuanto a su derecho constitucional inalienable de la representación
política, no de una actividad laboral, pues vamos a hacer la ley de conciliación de la vida familiar también para la mujer que tenga una vocación de servicio público, de dedicarse a la política, no se puede encontrar con limitaciones.
Queremos que se abra un debate porque muchas fuerzas políticas podían considerar insuficiente que la reserva fuera solamente del 40/60 por ciento. En la iniciativa que viene del Parlamento de Canarias sólo se dice que ninguno pueda tener
más del 60 por ciento ni nadie menos del 40 en los bloques que se trata de presentar aquí como género. Creo que este reconocimiento de posibilidades de igualdad es lo que tiene que ennoblecer, cuando el año que viene se cumplirán veinte años de la
aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, esta representación de las fuerzas que sumados somos todos los ciudadanos de la nación española con un derecho democrático y constitucional a tener esta representación. Si ese debate lo
podemos abrir con esta iniciativa del Parlamento autónomo de Canarias, creo que nos podemos sentir satisfechos. Yo, como diputado de Coalición Canaria, hoy digo con ese convencimiento y esa satisfacción que la Cámara haga este reconocimiento
fundamental a quienes tenemos y tienen los mismos derechos constitucionales para representar al pueblo español en cada una de sus comunidades autónomas, sea al 52 por ciento del electorado femenino o sea al 48 ó 49 por ciento del electorado
masculino, a fin de cuentas no se trata de defender derechos de sexo sino derechos constitucionales, derechos democráticos y yo diría que, coincidiendo con los pronunciamientos del Parlamento Europeo, derechos humanos legítimos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Continuamos con el turno de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Antes de comenzar me gustaría decir al portavoz de Coalición Canaria que hay que aplicárselo, que les falta una mujer para estar en el porcentaje.
(Risas.)
Hoy hemos de votar la toma en consideración de una iniciativa dirigida a lograr un avance en la democracia paritaria. Como tal, desde el grupo parlamentario al que represento la apoyamos, pero es imposible obviar las deficiencias técnicas
de las que adolece el único artículo del texto, que parece lograr lo contrario de lo que según la exposición de motivos pretende, pues se resalta tanto la excepción que al final no se sabe muy
bien si se habla de una regla general o de una excepción. En cualquier caso, dado que estamos ante una toma en consideración, esperaremos el momento adecuado para ejercer nuestro derecho a las enmiendas y, por tanto, mejorar el texto
haciéndolo más garantista. Aprovecho el origen de esta iniciativa del Parlamento canario para denunciar que precisamente el sistema electoral canario adolece de un método draconiano que requiere una reforma urgente. Este sistema establece el 6 por
ciento del tope regional y el 30 por ciento insular, obstaculizando el pluralismo político.
Volviendo al contenido de la iniciativa que hoy nos ocupa, desde Izquierda Verde consideramos que hemos de seguir luchando por cambiar la realidad social. Platón dijo: A los dioses agradezco tres dones: haber nacido hombre y no mujer,
libre y no esclavo, griego y no bárbaro. En respuesta, María Mercè Marçal escribió lo siguiente. (La señora Navarro lee la cita en catalán.) En la lucha para derrotar la discriminación y desigualdad social las mujeres han protagonizado la
revolución más importante del siglo XX, la revolución de las mujeres en su lucha por la igualdad.
Medidas como la paridad o las cuotas nos acercan más a la derrota de aquella realidad descrita por Platón en la que uno agradece haber nacido hombre y
no mujer, y nos hacen agradecer la rebeldía femenina de las mujeres que luchamos por un mundo compartido de hombres y mujeres, lucha esta en la que siempre ha estado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por ello, por coherencia, en nuestros
estatutos internos recogemos la paridad en nuestras listas y también por ello presentamos ya en abril una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso
a cargos electos.
Desde Izquierda Verde luchamos por que la presencia de mujeres en el ámbito de decisión pública deje de ser una excepción. Los valores, necesidades y experiencias de las mujeres deben tomar significación política. La realidad que hoy
padecemos es la falta de acceso de las mujeres a los lugares de responsabilidad. Hasta tanto no disfrutemos de una igualdad real seguiremos siendo rebeldes, luchando también a través de medidas institucionales como ésta para romper con la actual
dinámica y lograr que la participación equitativa de la mujer en la vida política sea una realidad. Pero siempre recordemos algo fundamental: sin cambiar las conciencias no se pueden cambiar las actitudes. Necesitamos un cambio de mentalidad.
Demos pasos como éste hacia ese cambio. Para lograrlo el proyecto para alcanzar la igualdad de las mujeres nos mueve a proponer alternativas como éstas, a intervenir en todos los sectores sociales para facilitar los procesos de participación e
incorporación de las mujeres a la vida social, a la vida económica, política y cultural. Trabajemos por compartir el mundo de lo público y lo privado a partes iguales. Nuestra organización, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es roja, verde,
blanca y violeta; es una organización de ciudadanos y ciudadanas, de hombres y mujeres, y seguiremos luchando porque queda mucho por hacer.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
Continuamos con el Grupo Vasco. Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero comenzar mi intervención saludando a las representantes del Parlamento de Canarias que nos han traído a la Cámara esta iniciativa; iniciativa de parlamento autonómico que desde la perspectiva de mi formación política es una
novedad o una curiosidad, si se quiere, dentro del constitucionalismo puesto que se introdujo sin tener ningún precedente en nuestro sistema constitucional y que permite considerar que es una pieza incluso extraña puesto que introduce el elemento de
cooperación de los parlamentos autonómicos en la legislación del Estado, cuando parecería que en materias como ésta, en materias de legislación, lo que debiera regir es el principio de jerarquía. Dirán ustedes que por qué digo estas cosas, y las
suelo decir siempre que llegan a esta Cámara iniciativas por esta vía. Pues porque se toman muy poquitas en consideración, a pesar de la ilusión y el esfuerzo de los parlamentos que las traen, y de las muy poquitas que se toman en consideración muy
pocas, menos todavía, llegan a verse como tales leyes en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, de los nueve años que llevo de diputada sólo cuatro he visto tomadas en consideración y una referida a un parque natural de las Islas Atlánticas de
Galicia llegó a ser auténtica ley en el Boletín Oficial del Estado. Si queremos este instrumento normativo, démosle virtualidad, si no, ahora que se habla de cambios constitucionales, de cambios también en el reglamento de la Cámara en paralelo,
pensemos en hacer desaparecer de nuestro sistema esta posibilidad de iniciativa de los parlamentos autonómicos; posibilidad de iniciativa que para nosotros tiene dignidad constitucional absoluta y es instrumento hábil para que lo que se trae acabe
siendo ley, de la misma manera que lo que pueda entrar como producto presentado como proposición por las formaciones políticas presentes en esta Cámara o lo que como proyecto de ley nos pueda traer el Gobierno.
El artículo 87.2 de la Constitución está dentro del título III, referido a las Cortes Generales, y su capítulo segundo, que es donde se encuadra esta posibilidad, está dentro del procedimiento de elaboración de las leyes. Lo que hoy vemos,
si el voto mayoritario es el que va a dar mi formación política, el de decir sí a la iniciativa, es un instrumento perfectamente hábil para acabar convirtiéndose en ley, de la misma manera que
lo son otras fuentes posibles de llegada al ordenamiento jurídico.
Pretende, además, un loable propósito, que es el de conseguir el trato igualitario en materia de representación política para las mujeres. El que su artículo único nos
parezca más o menos feliz no es cuestión en este momento, puesto que la materia a regular nos parece que merece ser tratada de una vez en esta Cámara, y ahí está todo el trámite parlamentario de ser tomado en consideración para que todos podamos
hacerle enmiendas en el sentido que nos pareciese técnicamente más conveniente. Hay cuestiones posibles a abordar. La primera de ellas sería la de la utilidad de un esfuerzo como éste para integrar por ley a la mujer en la política. Esto,
señorías, es una opción política, y me referiré a lo que como opción política ha adoptado ya mi propia formación política en el ámbito vasco. Hay también la posibilidad de analizar si se cercena o no la libertad interna de los partidos, y alguna
alusión haré a ello, y sobre todo el encaje en el sistema constitucional. Sobre esta cuestión, que supongo que es la que se pretende abordar por algunas formaciones políticas en esta Cámara, hay mucho y bueno escrito amparado por el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales. En un número monográfico dedicado a mujer y Constitución hay excelentes trabajos y me referiré, entre ellos, al del profesor Marc Carrillo que trata con exhaustividad la cuestión a la que me referiré, de la
misma manera que el profesor Octavio Salazar tiene una excelente memoria de cátedra dedicada a esta cuestión, a la posible constitucionalidad de las cuotas en nuestro sistema electoral, cuestión por cierto que tiene pendiente el Tribunal
Constitucional respecto de dos leyes autonómicas sobre las que no ha habido pronunciamiento y, que nosotros conozcamos, tampoco retirada del recurso por parte del Gobierno en la actualidad. Pero estamos, señorías, ante el problema del acceso a los
cargos públicos representativos en condiciones de igualdad, artículos 23, 14 y 9.2, en cuanto a posibilidad u obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan u obstaculicen esta posibilidad, y respecto de ello hay
abundantísima jurisprudencia constitucional, entre la que me permitiré citar la Sentencia 216/1991, que pone en relación los dos preceptos a los que me he referido, el 14 y el 9.2, y que establece que no podrá reputarse de discriminatoria y
constitucionalmente prohibida, antes muy al contrario, la acción de favorecimiento siquiera temporal que aquellos poderes emprendan en beneficio de determinados colectivos históricamente preteridos y marginados a fin de que, mediante un trato
especialmente más favorable, vean suavizados o compensados su situación de desigualdad sustancial. Que estos criterios se han aplicado en referencia a las mujeres nos lleva a pensar en lo que el Tribunal Constitucional ha denominado como
discriminación inversa cuando habla de favorecer a determinadas personas o grupos con el propósito de eliminar o reducir desigualdades de cualquier tipo consideradas injustas y que les afecten.
Insisto en que muy pronto el Tribunal Constitucional
consideró a las mujeres incluidas en este colectivo. Ya en la Sentencia 128/1987, de 16 de julio, analiza detenidamente la situación de inferioridad de la mujer en el ámbito laboral y ahí por primera vez el Tribunal Constitucional se refiere a la
mujer como grupo social históricamente discriminado. Creo que el razonamiento seguido en esta sentencia es perfectamente aplicable o trasladable al asunto de las cuotas electorales o de los sistemas electorales al que ahora nos estábamos
refiriendo. Además cree mi formación política que el derecho de acceso a los cargos públicos representativos es, como la Constitución prevé, de configuración legal.
Por tanto, qué mejor que llamar, como hace el Parlamento de Canarias, a la
modificación de la Ley electoral para que en la nueva regulación que de esta materia se haga pueda configurarse en los términos en los que se tenga especialmente en cuenta esta posibilidad de tratamiento igualitario que requiere de los poderes
públicos, en este caso de las Cortes Generales, un tratamiento distinto para que haya una configuración igualitaria en las listas electorales. Cierto es también que a lo mejor hubiese causado menos problemas jurídicos, pero a lo mejor más problemas
políticos, el tratamiento de esta cuestión en la normativa de partidos políticos en lugar de la normativa del sistema electoral. También es justo reconocer que en la legislatura pasada cuando ustedes -las dos formaciones mayoritarias que, según
creo, hoy se opondrán a la toma en consideración de la iniciativa- modificaron la Ley de Partidos Políticos no tuvieron en consideración este parámetro, puesto que era muy único el objetivo que en aquel momento concreto les guiaba. Una está atada
como diputada que pertenece a una determinada formación política, por cierto formación que tiene también una única diputada de siete, otras hay en esta misma Cámara que tienen una de nueve, una de diez, por tanto ninguna estamos muy sobradas para
dar ejemplos, quizá por eso nos posicionamos, no sólo nosotros sino nuestras respectivas formaciones, a favor de que este tipo de iniciativas vea por fin la luz para que sea posible la representación igual. Insistía en que nuestra formación
política, que gobierna con otras dos en Euskadi en este momento, está liderando un proyecto de ley para la igualdad de los hombres y las mujeres, y en el mismo se contiene como disposiciones finales tercera y cuarta la obligación de modificación de
la Ley 5/1990, de Elecciones al Parlamento Vasco, y de la Ley 1/1987, de 27 de marzo, de Elecciones a las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En los dos preceptos se sostiene que las candidaturas que
representen los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50 por ciento de mujeres. No se va al 60/40 de la proposición de hoy, sino integradas al menos por un 50 por
ciento de mujeres. Se mantendrá esta proporción
en el conjunto de las listas de candidatos y candidatas y en cada tramo de seis nombres. Las juntas electorales del territorio histórico competente sólo admitirán aquellas candidaturas que cumplan lo señalado en este artículo tanto para las
personas candidatas como para los suplentes. En iguales términos -he indicado ya- se pronuncia la modificación que se pretende para las elecciones a juntas generales de los territorios históricos; posibilidad legal, a pesar de que pendan en el
Tribunal Constitucional en este momento dos recursos que creemos perfectamente factibles, según se razona en el dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo del Gobierno vasco, a cuyo informe podrían ustedes tener acceso
consultando su página correspondiente.
Insistimos en que el criterio político de nuestra formación es el de posibilitar la situación de paridad de las mujeres en las listas electorales en los términos de las dos iniciativas que ahora he manifestado. Nos gusta además, señorías, y
quiero insistir en ello, la puerta por la que esta iniciativa ha llegado a esta Cámara. Nos gusta que exista la posibilidad de iniciativa ante las Cortes Generales de los parlamentos de las comunidades autónomas. Si el artículo 87.2 de la
Constitución está vigente, existe, debe dársele dignidad; debe tratarse en las mismas condiciones que otras iniciativas que llegan a esta Cámara lo que llega como producto de lo acordado por los parlamentos de las comunidades autónomas. Por tanto,
como habrán deducido ustedes de mi intervención, mi formación política va a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Uría.
A continuación tiene la palabra el señor Tardà, para fijar posición en nombre del Grupo de Esquerra Republicana.
El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana saluda a las representantes del pueblo canario y les quiere transmitir su felicitación por haber hecho posible que hoy en esta Cámara podamos
debatir una iniciativa tan necesaria para el avance del pensamiento político progresista. Permítanme al mismo tiempo, en esta primera ocasión de contacto con ustedes, hacerles conocedores y partícipes de una demanda ejercida por diputados y
diputadas representantes de los países catalanes. Me refiero a los derechos lingüísticos de los catalanohablantes hoy día no reconocidos en esta Cámara. Sepan que nosotros hubiéramos deseado transmitirles nuestra felicitación y nuestro
argumentario de apoyo a su proposición en nuestra lengua, que hoy por hoy -repito- se halla marginada por la acción de las mayorías. (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo
siguiente: 'Sàpiguen, vostès, els membres d'aquestes majories, que els diputats i les diputades independentistes i republicans catalans mai no renunciarem a reivindicar els nostres drets lingüístics. Mai! De vostès depèn que es mantingui aquesta
injusta vergonya. Sàpiguen, alhora, que estem convençuts que, tard o d'hora, ho aconseguirem!-El señor diputado continúa su intervención en castellano.) Sepan ustedes, los miembros de estas mayorías, que los diputados y diputadas independentistas y
republicanos nunca renunciaremos a reivindicar nuestros derechos lingüísticos, nunca.
De ustedes depende que se mantenga esta injusta vergüenza. Sepan que estamos convencidos de que tarde o temprano lo conseguiremos.
Las mujeres representan en Cataluña el 52 por ciento de la sociedad, en el Estado español el 51 por ciento, y siguen siendo el colectivo más discriminado en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Las desigualdades se evidencian
en forma de salarios desiguales para igual trabajo, en la invisibilidad del trabajo doméstico, en la casi exclusividad del cuidado de las personas y en las responsabilidades familiares. Todo ello en un 90 por ciento de los casos recae sobre
mujeres. De hecho, el trabajo y las aportaciones de las mujeres se han invisibilizado siempre por parte del poder, que casi siempre es masculino o masculinizado. Las mujeres por el hecho de nacer biológicamente diferentes son automáticamente
discriminadas. De hecho, lo que se discrimina es el derecho a ser diferentes, a ser, actuar y pensar de forma diferente sin seguir los parámetros que exige el modelo universal, patriarcal y masculino. Este modelo universal se ha ido conformando en
el marco del sistema patriarcal y capitalista como hombre adulto, heterosexual, blanco y propietario. Es decir, un modelo que muchos ciudadanos y ciudadanas no deseamos compartir, sean jóvenes o mayores, por sexista, racista y clasista; un modelo
-repito- con el cual una mayoría de la población no se siente identificado. No debemos, pues, aspirar a unos derechos universales en función del modelo al que hemos hecho referencia, sino en función de un modelo diverso que aplique el derecho a la
diferencia, que lo reconozca, que le dé valor social y que se recoja y desarrolle en las políticas públicas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye el derecho universal de participar en el gobierno del país y, por tanto, el derecho tanto de hombres como de mujeres a participar en las decisiones políticas y sociales. En 1995 se
celebró la IV Conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre las mujeres y el fórum de ONG que aprobaron la Declaración de Pekín, cuyos objetivos asumieron las diferentes instituciones. Uno de estos objetivos hace referencia a la relación de las
mujeres con el poder y con la toma de decisiones. Es por eso que la proposición que hoy debatimos es de una importancia máxima. En la misma dirección podemos
encontrar algunas directrices europeas, alguna práctica legislativa similar en Europa y en el propio Estado. El concepto de democracia paritaria, acuñado en la cumbre de Atenas del año 1992, debe relacionarse con las medidas de acción
positiva. Democracia paritaria significa igualdad de representación entre mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones políticas. Paridad no sólo significa una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones,
sino que también implica el reconocimiento del cambio social que modifica el contrato social que ha asignado roles distintos y con diferente reconocimiento social a hombres y mujeres durante siglos.
La participación política de las mujeres presenta diferentes manifestaciones relacionadas con la naturaleza de las instituciones o de los órganos públicos en los cuales se ha de proyectar la dimensión de género. El Poder Legislativo, el
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos consultivos y de control jurídico o financiero, de conformidad con las exigencias de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres han de gozar de una calidad de género adecuada. Ello
comporta no sólo el equilibrio en la representación, sino la realización de políticas pertinentes en todos los ámbitos desde la perspectiva de género y de las mujeres, la llamada transversalidad de género. Desde la Unión Europea se ha definido la
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión como la cuestión prioritaria en el marco del programa relativo a la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres, dado que la paridad en la vida política sigue
siendo una cuestión preocupante, tanto en los Estados miembros como en Europa.
En Cataluña el plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres para los años 2005/2007, que se presentará este otoño, tiene como primer eje -y cito textualmente- conseguir una verdadera transversalidad en el diseño y desarrollo de
las políticas de gobierno, haciendo de la Generalitat una institución ejemplificadora. A tal efecto se prevé, entre otras, la medida siguiente: modificar la normativa sobre elecciones para garantizar un mínimo de 50 por ciento de mujeres
repartidas de manera equitativa en las listas electorales. Es necesario, pues, que las mujeres participen en la política y que estén mejor representadas a fin de luchar contra las situaciones discriminatorias a las cuales se enfrentan cada día y
refuercen la calidad de las decisiones que posteriormente serán tomadas. En este sentido, no se podrá considerar que hay una democracia completa en Europa si no existe una participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios,
ya que los mecanismos representativos continúan constituyendo el eje de legitimación básico.
Por todo ello, nos parece una propuesta adecuada en el tiempo y en el lugar, dado que hace falta actuar con prontitud. Los partidos y coaliciones aquí
representados hemos de actuar en consecuencia y asumir estas medidas de forma urgente, tal y como podemos ver en este Parlamento. Sin embargo, es necesario insistir en que no es suficiente tomar estas medidas. Estados como Francia y otros han
reformado su Constitución para poder legislar una ley electoral que incremente la presencia en los lugares de representación, pero desgraciadamente ha tenido poco éxito. Vivimos la esquizofrenia social de la baja representación femenina en los
puestos de elección pública, su escasa presencia en los diferentes gobiernos de los Estados, en los cargos administrativos de nombramiento político y en el número precario de mujeres afiliadas a los partidos políticos, frente a la creciente demanda
ciudadana de mayor presencia de las mujeres en la vida política institucional y el reconocimiento de las aportaciones políticas y sociales que han llevado a cabo las mujeres. Es una condición esencial de la democracia, pues, superar el déficit
democrático existente en la representación de las mujeres en los órganos de designación política. Si sólo la existencia de interlocutores e interlocutoras sociales y políticos que representen los intereses de colectivos desiguales puede transformar
la situación y consolidar la democracia participativa, es necesario que los partidos políticos, dado el rol fundamental que juegan en el funcionamiento de las instituciones y su accesibilidad a la opinión pública, asuman este déficit democrático y
se conviertan también en los representantes del colectivo femenino en su camino hacia el acceso igualitario a los órganos de decisión. Los partidos políticos y los grupos parlamentarios que aquí les representan tienen que convertirse en la punta de
lanza y hacer pedagogía. Una vez más, queremos agradecer a las representantes del Parlamento canario la posibilidad de llevar a cabo este avance que es a todas luces progresista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, María Rubies, prematuramente desaparecida, senadora por Lleida de mi formación política en la legislatura constituyente, mujer comprometida con Cataluña y con la democracia, que además de su trabajo parlamentario formó parte del
grupo que negoció las condiciones del retorno del president Tarradellas y que participó en los Pactos de la Moncloa, escribió en sus memorias políticas referentes a aquellos años lo siguiente: Tenía mucho respeto. Pensaba que los políticos eran
quién sabe qué, pero si bien he tenido ocasión de conocer grandes personalidades en todos los grupos, la experiencia me demostró una verdad elemental en mi mundo -ella era matemática-, y es que de 1 a 1
va cero. Lo cual quiere decir que donde llega un hombre también puede llegar una mujer, aunque le sea difícil, ya que las decisiones, hoy por hoy, las toman sólo una parte de los unos.
Señorías, afortunadamente, desde el tiempo de esta reflexión, en 1977, las mujeres nos hemos ido incorporando, cada vez en mayor medida, a todas las esferas sociales, a la educación, al empleo y a la política. Si bien hemos franqueado de
manera exitosa todas las barreras en cuya superación los criterios de selección son neutros -tales como exámenes u oposiciones-, no podemos decir lo mismo cuando los mecanismos de selección no están objetivados, como sucede con el acceso a los
puestos de toma de decisiones, tanto políticas como económicas, que tradicionalmente han sido ocupados por hombres y en los que las mujeres estamos todavía claramente infrarrepresentadas, tanto por razones históricas -tales como un acceso
relativamente reciente de las mujeres a la igualdad legal e, incluso, al derecho de sufragio- o persistentes, como por las dificultades para conciliar con escasa implicación de los hombres la vida de militancia política, la vida familiar y la vida
laboral.
Se pueden dar muchos datos de participación política, pero para ver dónde estamos es suficientemente ilustrativa esta foto que les muestro. Es una foto de la cita histórica del pasado sábado, en Roma, para la firma del nuevo tratado de la
Constitución europea. Hay algo en ella que llama poderosamente la atención, y es que de los 59 firmantes únicamente cuatro eran mujeres. Es evidente, señorías, que esta Europa, la Europa de los 450 millones de ciudadanos, más de la mitad de los
cuales somos mujeres, es un continente gobernado aún por una mayoría aplastante de varones. Si a ello añadimos, en datos referidos a 2004 recogidos por la publicación La mujer en cifras, del Instituto de la Mujer, que únicamente hay un 2,38 por
ciento de mujeres en las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, que sólo 2 de los 35 presidentes de las empresas del Ibex 35 son mujeres, que sólo una de los 39 vicepresidentes de este mismo índice es una mujer y que sólo 12 de los
417 consejeros de los consejos de administración de las empresas de este índice Ibex 35 son mujeres, comprenderemos que iniciativas de acción positiva como la que estamos viendo no necesitan demasiada justificación. Esta es una iniciativa cuya toma
en consideración vamos a apoyar porque coincidimos con su objetivo, como ya tuvimos ocasión de demostrar votando afirmativamente las que con un contenido prácticamente idéntico se vieron la pasada legislatura a instancia, entre otros, del propio
Grupo Socialista y que esta vez nos trae el Parlamento de Canarias, a cuyas comisionadas quiero trasladar un especial saludo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); una iniciativa que vemos con especial interés, precisamente por
tratarse de la iniciativa de un parlamento autonómico que pone de manifiesto la sensibilidad de las fuerzas políticas canarias por la necesidad de aumentar la presencia de mujeres en las listas electorales. No es en modo alguno baladí traerla a
esta Cámara porque, aunque el Parlamento canario quisiera ceñir la regulación a las elecciones autonómicas, que no es el caso, hay que recordar que la normativa electoral paritaria aprobada por los Parlamentos de Castilla-La Mancha y Baleares fue
recurrida ante el Tribunal Constitucional por el anterior Gobierno por considerar -consideración que Convergència i Unió no comparte- que es el Estado quien tiene la competencia exclusiva para asegurar las condiciones que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos. Y puesto que dichos recursos no han sido retirados por el actual Gobierno, bien podría deducirse que el Gobierno socialista comparte dicha opinión y, por tanto, sería en esta Cámara donde la
modificación tiene que plantearse.
Respecto a su contenido -un contenido enmendable en todo caso a lo largo de su tramitación parlamentaria-, no nos parece -y salgo con ello al paso de una objeción que suele hacerse- que una medida de acción positiva como la que estamos
viendo, y que podría ser temporal, pudiera tacharse de inconstitucional por limitar el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de nuestra Carta Magna, que dice que los ciudadanos podrán acceder en condiciones de igualdad a los cargos
públicos. Tesis de reconocidos constitucionalistas y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos dicen que cuando la Constitución habla de igualdad en el artículo 23.2 no lo hace de forma distinta a cuando reconoce el derecho
fundamental de la igualdad en el artículo 14, y conocemos los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a que la igualdad preconizada en el artículo 14 habilita al legislador a tratar de manera diferente situaciones que no son
iguales. Es más, el propio Tribunal Constitucional va más allá y afirma que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución, los poderes públicos tienen el deber de actuar y remover los obstáculos que impiden la igualdad real y
efectiva.
Es evidente que una ley por sí sola no va a resolver la situación; que la propuesta que hoy vemos debe forzosamente ir acompañada de otras medidas estructurales que remuevan los obstáculos de fondo, la conciliación de la vida laboral y
familiar, la segregación profesional, le flexibilización del tiempo, etcétera. Es evidente también que un resultado parecido al de la iniciativa que estamos viendo podría conseguirse si todos los partidos compusieran las listas electorales de
manera equilibrada. Pero la iniciativa que se nos propone nos parece conveniente por diversas razones: para poder consolidar el proceso y generalizarlo a todos los partidos y en todos los niveles electorales; también para acelerar el proceso,
porque dejarlo a la mentalización gradual de los partidos tendría efecto solo a muy largo plazo, como puede verse: algunos de los grupos de esta Cámara tienen una sola representante, una sola diputada,
entre todos los diputados que componen el grupo. Finalmente, creemos que es conveniente por su valor pedagógico. Que de esta Cámara saliera un mensaje a la sociedad, con una propuesta de representación paritaria de hombres y mujeres en las
listas electorales, sería una clara invitación al acceso de las mujeres a la toma de decisiones también en aquellos otros ámbitos en los que están claramente infrarrepresentadas, como el económico o el sindical.
Señorías, las iniciativas que vimos durante la pasada legislatura con el mismo objetivo que la que hoy nos trae el Parlamento canario contaron con los votos favorables de todos los grupos del arco parlamentario con la única excepción del
Grupo Parlamentario Popular. Por ello, lo lógico y coherente sería que hoy, con el cambio de Gobierno, pudiera aprobarse su toma en consideración. Sin embargo, por las conversaciones previas a este debate -y ojalá me equivoque-, no parece que vaya
a ser así, porque el Grupo Parlamentario Socialista ha modificado su posición en este tema; también en este tema. Si ello es así, nos resulta francamente sorprendente que un Gobierno paritario no dé claramente su apoyo a una iniciativa que tiene
como objetivo que nuestra democracia sea paritaria.
Sorprendente e incluso incoherente, porque lo que hoy se propone era un claro compromiso electoral del Partido Socialista; era incluso una propuesta concreta, que figuraba literalmente en su
programa electoral, en la página 97 -en el apartado de participación política-, que fue vehementemente defendida durante la campaña electoral, como tuve ocasión de comprobar personalmente en las mesas redondas de políticas que se hicieron sobre el
tema en diversos foros. No va a resultar demasiado coherente -insisto en ello- que el Grupo Parlamentario Socialista vote en contra hoy -hoy, que está apoyando al Gobierno-, cuando siempre había votado a favor. Buena prueba de ello es que una de
las comisionadas del Parlamento canario que ha presentado la iniciativa es precisamente una diputada socialista, puesto que la propuesta prosperó en el Parlamento canario gracias a los votos de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Socialista,
y con los votos en contra del Grupo Parlamentario Popular. No sé como intentarán argumentar su posición, pero las razones previas que se han ido dando, y que apuntan a que consideran que la reforma ha de ser global y consensuada, son, a nuestro
juicio, puramente formales para justificar el cambio de postura. Ustedes, señores y señoras del Grupo Parlamentario Socialista, saben perfectamente que condicionar la reforma a que haya consenso de todas las fuerzas políticas es tanto como decir
que no, ya que el Grupo Parlamentario Popular no aceptará este punto, a no ser que cambie de opinión.
Por otra parte -y con esto finalizo, señora presidenta-, se ha dicho aquí que es la primera vez que un parlamento autonómico presenta esta iniciativa. A nuestro juicio, es una magnífica oportunidad para que sus votos a favor sean una
demostración de que el protagonismo que el presidente del Gobierno quiere darles a las comunidades autónomas, y que ha puesto de manifiesto en una reciente fotografía que se ha hecho con los presidentes de Gobierno de las mismas, no es sólo una
imagen sino también una realidad.
Termino, señorías, reiterando nuestro voto positivo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.
Continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, permítanme que salude en primer lugar a las representantes del Parlamento canario, con quienes he tenido el honor de compartir funciones en la Cámara legislativa canaria durante los cinco últimos años.
Bienvenidas a esta Cámara.
Señorías, intervengo para anunciar el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una iniciativa que viene del Parlamento de Canarias, de un grupo mixto en el Parlamento de Canarias, la Agrupación Herreña Independiente, hoy
día incluida en Coalición Canaria, que lo que pretendía inicialmente era imponer las llamadas listas cremallera que en su trámite parlamentario se convirtió en un sistema de cuotas, en los llamados 40-60, con una nueva acepción, que es la
excepcionalidad. Esas excepciones que no vienen recogidas (no sabemos si habrá un catálogo de excepciones porque la norma, que jurídicamente es imprecisa y débil, no lo establece) pretenden una imposición que luego internamente los grupos que la
apoyaron y que la iniciaron en el Parlamento de Canarias no son capaces de cumplir, no tienen voluntad de cumplir. Tenemos el ejemplo palpable en esta Cámara; el Grupo de Coalición Canaria, absolutamente masculino. Yo, después de oír la vehemente
exposición del señor Mardones, pensé que iba a hacer entrega de su escaño en favor de una mujer. (Aplausos.) Y no digamos del otro grupo que apoyó esta iniciativa en el Parlamento de Canarias, el Grupo Socialista; Grupo Socialista que cree que
todo es portada, que todo es fotografía, que se conforma con fotografiar a un Gobierno paritario pero que luego, en el siguiente escalón del Gobierno, en ese escalón importantísimo de altos cargos (secretarías de Estado, direcciones generales,
etcétera) no llega ni a un exiguo 23 por ciento de participación femenina. Esa es la realidad. Esa es la hipocresía que se demuestra día a día, mientras que quien les habla, al igual que otras 14 mujeres del Partido Popular, encabezaba la lista
por una provincia, en este caso la provincia de Las Palmas, y les diré que en esa lista de los cinco primeros puestos, cuatro éramos mujeres. Si esta norma que hoy se pretende iniciar en este Parlamento estuviera aprobada,
una de las diputadas por la provincia de Las Palmas del Grupo Popular se tendría que marchar a casa. Esa es la realidad. (Aplausos.)
Señorías, esa imposición -porque no es una recomendación sino una imposición en las listas electorales de configuración determinada- atenta contra el derecho de la libre elección de los representantes políticos recogido en el artículo 23 de
la Constitución española. Cualquier restricción a la libre elección debe gozar de un fundamento constitucional, como ocurre en lo relativo a la edad mínima, a la nacionalidad o a las causas de inelegibilidad. La imposición de la paridad en las
listas electorales vulnera el principio de libertad como elemento central de la actuación de los partidos políticos, como así lo recogen los artículos 6 y 22 de la Constitución española. Pero es que además el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 6/2002,
de 27 de junio, de partidos políticos, reitera esa libertad de los partidos políticos para configurar sus propias listas electorales. Formar libremente las candidaturas electorales es un acto capital de la función constitucional que nuestra Carta
Magna asigna a los partidos políticos. Esa imposición -porque esto viene a ser una imposición- de la paridad vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española, de la misma manera que vulnera los artículos 68 y
69 de nuestra Constitución en lo que respecta a la igualdad de sufragio. Señorías, cualquier modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, como nos decían el pasado día 29 de septiembre el señor Aranda del Grupo Socialista o el señor Vera
de nuestro grupo parlamentario; cualquier modificación de esa ley electoral que es medular, que es un principio básico y elemental de nuestro sistema democrático, debe hacerse con una amplísima mayoría, con una práctica unanimidad. Yo le pregunto
al Grupo Socialista: ¿Es que ya han cambiado de opinión, es que en esto también van a romper las reglas del juego y van a aplicar el rodillo socialista con tripartitos o multipartitos creando un nuevo elemento de inestabilidad en nuestro país? A
mí me gustaría que me lo aclararan.
Nosotros creemos en la libertad. El Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, cree en los principios de capacidad y de mérito, tanto de hombres como de mujeres, y creemos en la igualdad de oportunidades.
Señorías, lo creemos y lo
ejercemos, porque hemos tenido ocho años de Gobierno del Partido Popular en los que hemos llevado a la práctica esa creencia en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; esa creencia que nos ha llevado a proponer y a aprobar la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral; esa creencia que nos ha llevado a hacer el decreto coste cero para las mujeres que dan a luz; esa creencia de ayudar a las madres trabajadoras con niños menores de tres años con una paga de cien euros al
mes; esa creencia que nos ha hecho crear empleo, y sobre todo empleo femenino, porque en ocho años más de 2.200.000 mujeres han encontrado trabajo. Ese trabajo para las mujeres es lo que nos da independencia económica y eso es lo que nos hace
poder participar en política o en aquel ámbito de la vida que nosotras decidamos.
Señorías, hemos creído en los planes de igualdad entre hombres y mujeres y pocos días antes de abandonar el Gobierno, el 7 de marzo, aprobábamos el IV Plan de igualdad entre hombres y mujeres, recogiendo las directivas europeas para hacer
real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
Hemos hecho deducciones fiscales a favor de esa incorporación de la mujer en todos los ámbitos; deducciones para las madres con niños menores de tres años, para las familias, para las familias
que se hacen cargo de mayores, de discapacitados. Con eso es con lo que se ayuda a las mujeres, no imponiendo, sino facilitando. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la vida política de las mujeres y eso se hace removiendo obstáculos,
facilitando a las mujeres su formación. Afortunadamente, hoy después de ocho años de Gobierno del Partido Popular en las universidades españolas las mujeres ya somos mayoría, en los accesos a la Función pública las mujeres somos mayoría y lo somos
sin cuotas y sin cremalleras.
No quisiera terminar sin decirles que las mujeres del Partido Popular no queremos estar en unas listas electorales por cuotas ni por cremalleras, porque nos parece humillante, porque nos parece un atentando a nuestra dignidad y porque las
mujeres diputadas del Partido Popular que hoy se sientan en estos escaños creemos -estamos firmemente convencidas de ello- que estamos aquí porque en su día nuestro partido pensó que éramos las mejores. Sí, señorías, las mejores para representar a
los ciudadanos. El Partido Popular no quiere que ahora que las mujeres de esta Cámara tenemos en la palma de la mano romper el llamado techo de cristal se contribuya a crear un nuevo techo, en este caso legislativo, que impida nuestro crecimiento,
que impida nuestra participación en política y nos pongan un tope de un 60 por ciento. ¿Por qué un 60 por ciento? ¿Por qué si durante años y años los hombres han ocupado las cámaras legislativas en un 70, en un 80, en un 90 por ciento? ¿Por qué
cuando tenemos oportunidad las mujeres nos ponemos un tope del 60 por ciento? El Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición de ley.
Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Roldós. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones, adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, solicito la palabra por una alusión muy directa que me ha hecho la señora Roldós.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Mardones, puesto que implica un juicio de valor, tiene usted escasamente tres minutos y no para entrar en la cuestión de fondo.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchísimas gracias y con todo el respeto.
Señora Roldós, hace cinco días, el 28 de octubre de 1982, tuve el honor democrático, como todos los compañeros diputadas y diputados, de pasar a ser miembro de esta Cámara por elección popular. 22 años como diputado en los que jamás he
pedido a ningún compañero que entregue su escaño por razones de opinión manifestadas aquí, igual que no he reprobado a ningún ministro de ninguno de los gobiernos. Hoy, con motivo de este compromiso democrático, me siento satisfecho de haber
defendido como hombre unos derechos para la mujer. Así de claro y de sencillo. Con ese sentido de dignidad democrática es con el que yo hoy me he adscrito a un voto progresista como varón a favor de las mujeres, como diputado a favor de mis
compañeras diputadas. Mi voto no es un voto de lotería, sino un voto democrático. Con ese respeto es con el que quiero hacer esta aclaración.
Hoy, tras 22 años como diputado democrático del Congreso de los Diputados, me siento orgulloso de
defender y votar una proposición progresista a favor de las diputadas de este hemiciclo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mardones.
Continuamos, señorías. Último turno de fijación de posiciones. (La señora Roldós Caballero pide la palabra.)
Señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Señora presidenta, he sido claramente aludida.
Le ruego que me conceda un breve turno de intervención, mucho más breve que el del señor Mardones.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señora Roldós, el sujeto pasivo de la alusión ha sido el señor Mardones.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Señora vicepresidenta...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señora Roldós, creo que es suficiente.
La señora ROLDÓS CABALLERO: He sido aludida posteriormente en la contestación del señor Mardones.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Roldós, claro que ha sido usted aludida.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Este es un ejemplo palpable de las...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Precisamente ha sido usted quien ha abierto ese turno de alusiones. Me parece que es suficiente.
Gracias en cualquier caso. (Aplausos.)
Continuamos con el último turno de fijación de posiciones, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Socialista, quiero dar la bienvenida a las diputadas canarias que han intervenido en esta Cámara, sobre todo por aquello por lo que han intervenido y por lo que han mostrado en ella, no así, obviamente, a la última
persona que me ha precedido en el uso de la palabra. Señora Roldós, las mujeres diputadas del Partido Socialista, además de la igualdad de la mujer en materia de violencia de género y de mercado de trabajo, queremos la democracia paritaria y que se
garantice la igualdad de género en el acceso al poder político o a los cargos representativos, así como los mecanismos para conseguirlo. De ahí que esta propuesta pueda ser asumida en su momento por el Grupo Socialista.
En el ejercicio de la potestad de la Constitución, que reconoce las asambleas de las comunidades autónomas, el Parlamento de Canarias presenta una proposición de ley por la que se modifica el apartado 3 del artículo 46. Se pretende, pues,
la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer en el acceso a mandatos electorales y funciones electivas. Resulta evidente que en el terreno de los mandatos
electivos existe una clara infrarrepresentación de las mujeres respecto a los hombres, una evidente desigualdad por razón de género que es necesario corregir. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Por ello, existe un cierto
consenso entre las fuerzas políticas en favor de la igualdad, pero no se da precisamente en la denominada democracia paritaria o en la necesidad de garantizar la igualdad de género en el poder político. El principio fundamental de dicha igualdad
-no así en materia electoral- se viene reconociendo en el derecho internacional y en el derecho interno español. Así, el artículo 1 de la Constitución española recoge el principio de igualdad; el artículo 9.2 de la Constitución establece que
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la igualdad del individuo; el artículo 14 de la Constitución española establece que los españoles serán iguales ante la ley sin discriminación
alguna por razón de sexo y, más concretamente, el artículo 23 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que las leyes señalen. En el mismo
sentido, el Tribunal Constitucional ha mantenido desde el inicio de su actividad en 1981 esta línea en materia de igualdad y de no discriminación. Precisamente en la anterior legislatura se presentaron muchas iniciativas en relación con este tema,
que fueron rechazadas de plano por el Gobierno del Partido Popular, lo mismo que vemos ahora en la postura de su grupo parlamentario. Se rechazó una proposición de ley del Grupo Socialista de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
y se rechazó una proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida que pretendía una reforma en la misma línea que el modelo francés; se rechazó una proposición del Grupo Mixto que proponía una paridad del 50/50 por ciento. Nuestro grupo
parlamentario presentó también una proposición de ley relativa a la puesta en marcha de la Presidencia para que se llevara a cabo en la Unión Europea, que también fue rechazada.
Dicho esto, es necesario hacer referencia al contexto anterior, que ya hemos señalado, al contexto actual, en el que se encuadra esta iniciativa del Parlamento canario, y a la posición del Grupo Socialista. El programa electoral del Partido
Socialista para las elecciones generales de 2004 incluye una auténtica y necesaria reforma electoral en todos sus ámbitos contemplando además, en la llamada democracia participativa, la denominada paridad de sexos en la composición de las listas
electorales.
(La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) En esa línea de coherencia, el actual Gobierno, por primera vez en nuestra historia, se ha configurado de forma paritaria incluyendo igual número de hombres y mujeres,
mal que le pese al Grupo Popular, como ha manifestado desde la tribuna. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia ha confirmado además la voluntad del Gobierno de acometer esta reforma legal en su comparecencia del 10 de
mayo de 2004 ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. En ella reiteró que una de las reformas de la legislación electoral consistiría en la aplicación del principio de paridad entre el hombre y la mujer en la formación de las
candidaturas electorales haciendo hincapié en su voluntad de promover el diálogo y el trabajo con todos los grupos políticos de la Cámara. Reiterada intervención hizo también en la Comisión Constitucional del Senado, el pasado 17 de junio de 2004,
al hacer mención a una futura reforma electoral en la que se incluyera asimismo la paridad, ya que lo que se pretende desde el Gobierno en este caso es promover el debate con las distintas fuerzas políticas y buscar acuerdos consensuados teniendo en
cuenta la amplia reforma que en cualquier caso se pretende.
En este contexto llega la proposición de ley procedente de la comunidad autónoma de Canarias, que nos parece que está en términos de excepcionalidad. Así, el texto indica: Salvo casos excepcionales, las listas propuestas respetarán el
principio de democracia paritaria. No podemos estar en contra del fondo de la iniciativa, pero sí de su técnica, pues el texto nos parece ampliamente mejorable, sobre todo en relación con la excepcionalidad. Sin embargo, debemos advertir que en el
contexto señalado no parece que esta cuestión deba ser resuelta mediante una proposición de ley de una comunidad autónoma, sin que quepa duda en cualquier caso de que el Parlamento de Canarias, como Cámara representante del pueblo canario, goza de
la potestad de iniciativa legislativa, según le corresponde por el artículo 87 de la Constitución.
Sin embargo, por la naturaleza del objeto de la reforma y de los compromisos asumidos por el Partido Socialista tanto en su programa electoral como
en sede parlamentaria entre otros grupos, parece conveniente que la iniciativa que se presenta sea la consecuencia de una decisión común y ampliamente consensuada entre todos los grupos que forman el arco parlamentario. Debe destacarse que esta
iniciativa requiere la aprobación de una norma legal con rango de ley orgánica, lo cual nos sitúa a priori ante la necesidad de un amplio respaldo. Además, como es costumbre, las normas que modifican el régimen electoral general se considera que
deben proceder de una proposición de ley que firmen todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso o al menos la mayoría de ellos, de tal manera que así se establezcan las reglas del juego político en el marco de la Constitución. No
olvidemos que las medidas de discriminación positiva en orden a conseguir la configuración paritaria en los procesos de elaboración de las listas electorales se pueden llevar por cuotas, tanto por los partidos políticos como por la normativa
electoral, al margen del resto de las cuestiones que se puedan plantear como la justicia y la eficacia del tipo de medida, si es esta y no otra, las sanciones por incumplimiento, etcétera. Esta segunda opción de que sea a través de la normativa
electoral es la que le parece al Grupo Socialista la más correcta, en tanto en cuanto no haría depender la igualdad del acceso de hombres y mujeres a los puestos electorales o representativos de la buena voluntad de cada formación política. En
definitiva, se trata de no quedarnos en el plano de la buena voluntad, sino de seguir legislando claramente en estos temas en orden a igualar progresivamente la posición de hombres y mujeres en este caso en materia de participación política activa y
pasiva. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Desde el punto de vista del orden constitucional -lo recoge el artículo 23 de la Constitución- es al Estado al que le corresponde la competencia exclusiva y además la reserva a la ley orgánica y por tanto a la potestad legislativa de las
Cortes Generales, regulación del régimen electoral general que es materia atribuida
a la competencia de la norma del Estado. Así pues, los mecanismos que actualmente inciden en los bajos niveles de presencia femenina en las instituciones representativas no hacen referencia solo a la ausencia de cuotas u a otras medidas de
acción positiva, sino que también abarcan el sistema electoral empleado, los procesos y criterios de selección de los distintos partidos políticos y los elementos culturales y socioeconómicos que inciden en estos procesos. La denominada democracia
paritaria viene admitiéndose como una acción positiva a favor de las mujeres destinada a compensar y remover los desequilibrios de hecho que existen entre sexos en el ámbito político. Las cuotas electorales son uno de los instrumentos para lograr
ese objetivo acelerando el proceso que ya ha comenzado y que conduce a una sociedad igualitaria en la que el sexo sea un elemento irrelevante en el reparto de papeles del ámbito público.
Esta proposición de ley del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias merece, por el contrario de lo que muchos han pensado, una valoración positiva. Por tanto, su toma en consideración será apoyada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Sin embargo, deberá entenderse como una primera aportación a una ponencia que en comisión parlamentaria al efecto deberá crearse para la reforma electoral. La valoramos positivamente y la apoyaremos, de tal manera que esta forme parte
de otros dos trabajos de esta ponencia, de la que surja una proposición de ley a la que además se une en consecuencia con lo planteando, conforme con nuestro programa electoral, con el compromiso firme que tiene el Gobierno, y que termine, señora
Pigem, publicándose en el Boletín Oficial del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas, primer punto del orden del día.
Del Parlamento de Canarias, por la que se modifica el apartado 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 185; en contra, 124; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la proposición de ley del Parlamento de Canarias ha sido tomada en consideración. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. (Número de expediente 122/000072.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. (Número de expediente 122/000073.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley, que al tener identidad de objeto, se van a debatir acumuladamente. Se trata de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la misma ley. (Rumores.)
Por favor, guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio o, por lo menos, hablen bajito.
Señor Maldonado, para la defensa de su proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de CiU. (Continúan los rumores.)
Por favor, ¿tendrían la amabilidad de guardar silencio? Háganlo, y si deciden hablar, hablen por lo menos muy bajito.
Adelante, señor Maldonado, ahora sí.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante ustedes en nombre de Convergència i Unió, una vez más, para recabar la votación favorable del hemiciclo respecto a la participación de Cataluña en competiciones deportivas internacionales. Y digo una vez más porque
las intervenciones de este diputado que les habla y de otros diputados y diputadas de Convergència i Unió sobre este tema en este Congreso han sido varias. Con esto quiero dejar claro de salida que nuestro grupo, Convergència i Unió, lleva tiempo
luchando por la presencia del deporte catalán en las competiciones internacionales...
(Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Maldonado.
Por favor, guarden silencio. Guarden silencio, por favor. Es una falta de cortesía tremenda. Algún día les podrá tocar a ustedes hablar en una situación donde un mínimo de silencio y de respeto es exigible en este hemiciclo.
Adelante.
El señor MALDONADO I GILI: Quizá, señor presidente, es que a alguna señoría no le interesa el tema.
Decía que con esto quiero dejar claro de salida que nuestro grupo, Convergència i Unió, lleva tiempo luchando por la presencia del deporte catalán en las competiciones internacionales a través de selecciones
propias. Estos últimos días alguien ha dicho que esto ha sido posible gracias al Gobierno actual de Catalunya, que en pocos días consiguió lo que en muchos años el otro Gobierno no había conseguido. Flaco favor a la causa con declaraciones
como éstas, declaraciones poco serias, sectarias y no reales. Flaco favor a la causa. ¿De verdad alguien puede pensar que la participación del hockey catalán se ha conseguido tan solo en unos días? Les invito a buscar en las hemerotecas y a leer
mis declaraciones durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, como responsable que fui del deporte catalán del anterior Gobierno, y verán que ya anunciaba para el mes de marzo del presente año la aprobación de una selección catalana
deportiva, y si se quiere les puedo seguir explicando los trabajos hechos durante los últimos años por el Gobierno de Convergència i Unió. Pero no solo en los últimos años. Esto viene de lejos, de muy lejos. La presencia de Cataluña en Macao no
es un éxito de un partido ni de un Gobierno. Es un éxito del pueblo de Cataluña, de tanta y tanta gente que lleva años luchando por ver realizado este sueño colectivo. Este es un éxito de hombres y mujeres de Cataluña, que con su permanente
reivindicación han conseguido mantener viva la luz de la esperanza. Es un éxito de más de 500.000 ciudadanos que en su día firmamos en la plataforma pro selecciones catalanas. Es un éxito del Parlament de Catalunya, que aprobó una iniciativa
pidiendo el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas catalanas. Es un éxito de muchos deportistas que siempre han dicho sí a las selecciones catalanas, como por ejemplo Iván Tubau, que en su día dijo: Si me hacen escoger entre Cataluña
y España, lo tengo claro: primero Cataluña. Como resultado, nunca más fue convocado por la Selección Española de Hockey.
Ahora, gracias a esto, ha tenido la suerte de poder, como capitán de la Selección Catalana de Hockey, levantar la copa de
campeón del mundo de la categoría B enfundado con la camiseta de Cataluña.
También, ¿por qué no?, es un éxito de los clubes, es un éxito de las federaciones catalanas. Quiero hacer mención especial a la del patinaje y a su presidente, Ramón Basiana, y a su junta directiva, que tan bien supo llevar las gestiones
con la FIRS, de forma silenciosa y valiente. Quiero hacer una mención especial también a la UFEC, con su presidente David Muner al frente, un hombre clave en este tema y del que quizá con el paso del tiempo nos olvidaremos injustamente. También es
un éxito de los partidos políticos, excepto el Partido Popular de Catalunya, que siempre ha dicho no. Eso sí, señorías, los partidos políticos en el lugar que nos corresponda y no más. No es ahora el momento de que los partidos quieran colgarse
medallas y posicionarse en el éxito. Este es un éxito colectivo del pueblo de Cataluña, no es un éxito de ningún partido.
¿Qué pasaría, señorías, si dentro de pocos días no nos fuera bien en Fresno, cosa que ni yo ni nadie en Cataluña desea? ¿Deberíamos entonces, siguiendo el estilo de estas declaraciones, pasar factura a algún partido o a algún Gobierno?
¿Qué deberíamos hacer entonces? No pasará, no queremos, pero si pasara, tendríamos que hacer lo que hemos hecho siempre en Cataluña, seguir luchando y emular aquellas palabras del president de la Generalitat, Lluís Companys, cuando decía:
'Tornarem a lluitar, tornarem a vencer'. Seguiríamos luchando, porque Cataluña no parará hasta que no sea reconocido su derecho a competir internacionalmente con sus selecciones deportivas propias.
¿En qué nos basamos para pedir esto? Nos basamos en muchos aspectos legales y políticos que así lo avalan. Empezaré en mi exposición de motivos hablando de la Constitución. La Constitución española, en su artículo 149.1, establece las
materias reservadas al Estado con carácter exclusivo y en ninguna de ellas aparece el deporte. Con esto podría dejar de hablarles, sentarme en mi escaño y esperar la votación, porque la Constitución lo permite, la Constitución permite que existan
selecciones nacionales deportivas.
Hay más. En Cataluña, al igual que en el País Vasco y Galicia, el estatuto de autonomía incorpora esta materia como competencia exclusiva y, por tanto, Cataluña puede decidir y legislar sobre deporte, como ya hizo en la Lley de l'esport
català 9/1999, de 30 de junio, ley que reconoce el derecho de Cataluña a tener selecciones nacionales deportivas, pero contra la que curiosamente el Gobierno español promovió en su día un recurso utilizando la Ley del deporte español 10/1999 como
base. Por tanto, es importante, aunque otros crean que no, modificar esta ley, porque es una de las bases que sirve al Gobierno central para poner palos en la rueda. De aquí que Convergència i Unió quiera modificar esta ley.
Por cierto, aprovecho
la ocasión para pedir al Gobierno español que retire este recurso ante el Constitucional y exhorto al Gobierno catalán, al Gobierno tripartito, para que incluya esta petición entre las que hace al Gobierno central, cosa que hasta ahora no ha hecho.
No acaban aquí los motivos que avalan el derecho de Cataluña a tener selecciones propias, existen otras de peso, ya que quien debe decidir si Cataluña puede o no competir internacionalmente son las federaciones internacionales, formadas por
federaciones y no por gobiernos. Todos sabemos, aunque algunos lo quieren ignorar, que las federaciones deportivas son entidades propias, que gozan de personalidad jurídica propia y de capacidad de obrar plena para el cumplimiento de sus fines.
Por tanto, tienen independencia respecto al poder político del Estado.
Así, alguien puede preguntar: ¿qué hacemos hoy aquí si las federaciones tienen independencia propia y no dependen de los gobiernos? Pues hoy estamos aquí para visualizar una
vez más la intromisión del poder político en el derecho privado. Para ser más claros, hoy denunciamos desde Convergència
i Unió una vez más el centralismo español e insensible respecto al derecho de Cataluña a tener identidad propia. Una vez más a los catalanes no nos dejan ser lo que queremos ser, lo que somos, una nación.
Sigo con los motivos en que se basan nuestras peticiones para hacer realidad las selecciones nacionales deportivas. Cataluña tiene otras realidades de peso que avalan nuestras reivindicaciones. Razones históricas: Cataluña ya tuvo
selecciones propias antes de la dictadura de Franco; incluso las federaciones catalanas deportivas formaron parte de federaciones internacionales en sus inicios, como la de rugby y como otras.
A más a más, la Federación Catalana de Fútbol jugó su primer partido el año 1910. Fíjense, señorías, desde dónde nos remontamos en nuestra reivindicación como país y como país deportivo. Por tanto, me pregunto: si Cataluña participó
internacionalmente antes de la dictadura de Franco, ¿por qué no ahora? Hay un sinfín de ejemplos que por falta de tiempo no puedo relacionar, pero, aparte de antecedentes históricos, hay otros de presente. Señorías, la participación de Cataluña en
el campeonato del mundo B de hockey sobre patines, en Macao, que ha producido tantas vestiduras rasgadas, no es la primera que tiene lugar. No es la primera vez que Cataluña participa como selección catalana propia. Otras veces ya hemos
participado como selección catalana reconocida oficialmente. Lo que pasa es que ustedes, señores del Partido Popular y del PSOE, no se han enterado. Cataluña ya ha participado antes. Ha participado con selecciones propias, como la selección de
Korfbal, en campeonatos de Europa y del mundo. La selección de Pitch & Putt ha participado en campeonatos de Europa. Dentro de pocos días la selección catalana de fisiocultura participará en Italia en el europeo. Cataluña ha participado en
carreras de alta montaña y aquí somos campeones del mundo (año 2002 y 2003). Agustí Roc y Anna Serra son campeones del mundo de carreras de alta montaña. En estos campeonatos Cataluña ha competido contra otros Estados como Francia, Alemania,
Italia, Estados Unidos, etcétera. Y, señorías, a España no le ha pasado nada. España ha seguido existiendo.
Pero, ¿saben qué pasó cuando Cataluña pudo competir con estas selecciones catalanas? Pues demostró que existía deportivamente, que
existía como país deportivo y que existía como nación.
Hay más motivos, señorías. Hemos dicho que no solo Cataluña tiene derecho desde el punto de vista jurídico, ya lo hemos explicado, no solo por sus antecedentes, no solo por su presente. Cataluña quiere participar también desde el punto de
vista de voluntad popular, porque es el pueblo de Cataluña el que lo quiere, es la voluntad popular la que lo quiere, y ante una voluntad popular no hay ni gobierno ni ley que puedan ganar. Si SS.SS. hubieran estado en la plaça Sant Jaume de
Barcelona cuando se recibió a la Selección Catalana de Hockey sobre Patines y hubieran visto el fervor y la ilusión que produjo al pueblo catalán este éxito deportivo, algunos de ustedes hoy no dudarían. El pueblo catalán quiere mayoritariamente
selecciones catalanas, más del 90 por ciento, el 98,2, según una encuesta de TV3. ¿Votarán, señorías, contra el 98,2 por ciento del pueblo catalán? ¿Mermarán con sus votos un derecho democrático con base jurídica que permite a Cataluña participar
con selecciones propias?
Señorías, este es un sueño que tenemos los catalanes y las catalanas. Este es un derecho que tenemos. Esta es una voluntad popular, prohibida durante la dictadura y que hoy debería ser restituida. En este hemiciclo se están restituyendo
derechos y honores de colectivos que históricamente han sido negados y hoy ustedes pueden dejarnos ejercer este derecho que hasta ahora merma nuestro honor como pueblo. Algunas veces me han oído decir que el PP y el PSOE son el mismo equipo con
diferentes camisetas cuando se habla de Cataluña. Esperaba que hoy el Partido Socialista diera muestras de sensibilidad; sensibilidad demasiadas veces negada a Cataluña. Oyendo al portavoz del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, señor
Rubalcaba, en la rueda de prensa he de decirle que estamos decepcionados, tristemante decepcionados.
Voy a ir más allá, señorías, voy a dirigirme a los diputados y diputadas del PSC, que muchas veces argumentan que PSOE y PSC son dos partidos, para que hoy hagan gala de esta autonomía y voten a favor de Cataluña.
Señores diputados y
diputadas del PSC, voten a favor de Cataluña. No vale en Macao, de la mano del señor Maragall, hacerse la foto con la bandera estelada, en la plaça Sant Jaume con la senyera y en Madrid con la española. Esta foto no vale. Esta foto no es real.
Esta foto es demagógica. Esta foto es un engaño al pueblo de Cataluña. En Macao, estelada; en la plaça Sant Jaume, la senyera, y aquí, la bandera española. Esto es engañar al pueblo de Cataluña. Espero que este sea un voto útil, un voto para el
deporte catalán, útil para Cataluña y para la democracia.
Para acabar, señorías, no hagan del deporte un instrumento de lucha política. Cataluña no quiere selecciones propias para ir en contra de nadie; Cataluña quiere selecciones para avanzar en su identidad como pueblo, identidad desde el punto
de vista deportivo. Igual que un día luchó para recuperar la democracia y otro para recuperar la Generalitat de Catalunya, ahora lucha para obtener el reconocimiento de su identidad deportiva. No nos hagan volver a manifestarnos en la calle como
en épocas ya afortunadamente lejanas. Piensen, señorías, que si hoy los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, unen sus fuerzas, como parece ser, para derrotar esta propuesta, mientras haya un solo diputado o diputada catalanes en este hemiciclo con
sentimiento patriótico este tema seguirá presente en
este Congreso porque, como dijo el presidente Tarradellas, los catalanes no olvidamos nuestros deberes pero tampoco nuestros derechos, y aunque SS.SS. ya conocen el texto de la proposición de ley, quiero decirles que tan solo pretendemos
una pequeña y puntual modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, con una disposición adicional que deje clara la posibilidad de las federaciones deportivas autonómicas como entidades deportivas para que puedan integrarse en las federaciones
internacionales. Esto tan obvio y tan sencillo es lo que pedimos, porque la ministra aquí dice que no ponen palos en las ruedas, que no harán gestiones para que Cataluña no pueda integrarse en la FIRS, pero resulta que se acogen a la ley para ir en
contra.
Hay demasiados ejemplos de demagogia política. No hace mucho la Federación Española de Balonmano, de handball, votó a favor de que Escocia se integrara en la federación internacional y, por tanto, tuviera selección propia, y a los pocos
días el presidente de la Federación Española de Balonmano dijo públicamente en Lleida, en Cataluña, que Cataluña se olvide de tener selección propia. Curioso, ¿no? ¿Demagogia, prepotencia, sectarismo, anticatalanismo? Aquí queda la preguntan,
respondan ustedes.
Quiero acabar, señorías, diciendo que Convergència i Unió, en esta línea de apoyo a las selecciones catalanas, ha presentado una enmienda a los presupuestos del Estado...
El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado, termine ya.
El señor MALDONADO I GILI: Acabo inmediatamente, señor presidente.
Decía que Convergència i Unió ha presentado, a través del portavoz de su grupo, una enmienda a los presupuestos del Estado pidiendo que se dote con una partida de un millón de euros para el fomento y apoyo de actividades deportivas, en este
caso como fondo de promoción de las selecciones deportivas autonómicas. En su día la ministra dijo que le parecía bien que las selecciones nacionales autonómicas participaran, entendíamos que era casi en un picnic, pero ya que le parecía bien es
bueno que haya partidas económicas destinadas. Convergència i Unió pide, a través de una enmienda, que se dote en los presupuestos del Estado para 2005 de un millón de euros para fomentar las selecciones nacionales autonómicas.
Agradecemos el voto que recibamos de los grupos; reiteramos la petición -aún quedan algunos minutos, pocos- a los dos partidos mayoritarios para que una vez más no puedan cercenar la voluntad de un pueblo, del pueblo catalán, que tiene un
sueño, un derecho, una ilusión, que es poder participar de alguna forma con reconocimiento internacional, poder participar internacionalmente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Tiene la palabra el señor Esteban, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor ESTEBAN BRAVO: (El señor diputado comienza su intervención en euskera y continúa en castellano.)
De nuevo sale este tema en los debates parlamentarios. Tanto en Pleno como en Comisión ya ha habido unas cuantas ocasiones en que hemos debatido sobre la presencia de las selecciones nacionales vascas, catalanas, etcétera, y ello a pesar de
que el propio secretario de Estado para el Deporte en una comparecencia señaló que este asunto, la modificación de la Ley de Deporte, no está en la mesa para negociar. Y más que probablemente, como en otras ocasiones ya ha ocurrido, Partido Popular
y Partido Socialista se quedarán solos en la posición contraria a este tipo de iniciativas. Es curioso, por cierto, que desde las filas socialistas muchas veces se achaque que se hagan votaciones con el Partido Popular cuando en tantos y tantos
temas son ellos únicamente los que unen sus fuerzas al Partido Popular. Pues aunque no esté en la mesa para negociar a juicio del Gobierno, vayan preparándose para ponerlo en la mesa, porque, por una parte, desde Cataluña hay una intención
inequívoca de dar un impulso a las selecciones nacionales, nada más y nada menos que por parte del president de Cataluña aparentemente, y yo creo que eso debería comprometer al Partido Socialista de Cataluña y a los diputados que aquí le
representan, un presidente que ha dicho que incluso sería un regocijo y una fiesta un partido entre la selección española y la catalana, y es un presidente al que el Gobierno actual le tiene como una persona que respeta escrupulosamente la
Constitución. Y por otra parte, vayan preparándose para ponerlo encima de la mesa porque el proyecto de modificación del nuevo estatuto político para el País Vasco lo contempla también, y lo contempla como un tema inexcusable porque es un asunto
apoyado, impulsado por la mayoría de la población vasca, y seguro que en los próximos meses se va a demostrar no sólo toda la propuesta, sino este punto que es así.
Si vamos a la estadística, hoy en día hay 42 federaciones de países no soberanos integradas en federaciones internacionales de distintos deportes, formando parte de federaciones internacionales, y nadie se rasga las vestiduras. Hay 18
comités olímpicos nacionales de países no soberanos y sin embargo tampoco nadie se rasga las vestiduras, aunque algunos parecen desconocerlo porque por parte del Gobierno se nos ha insistido en que en el ámbito olímpico era imposible sin constituir
un Estado tener ningún tipo de representación. Eso ya se vio desde luego que no era así por medio de 14 representaciones en los últimos Juegos Olímpicos de Atenas. Y tampoco se nos diga que el problema puede ser el que no existen ligas propias
vascas
o catalanas en determinados deportes, porque vamos a tener una serie de ejemplos muy cerquita. Para empezar, uno muy sensible para España, que es Gibraltar. En Gibraltar nada más y nada menos hace poco se ha montado una polémica porque un
equipo de baloncesto participa en las ligas españolas, y la polémica no la ha montado el Gobierno español, sino que ha sido el propio Gobierno gibraltareño, en un énfasis de señalar las diferencias con el Estado español, quien ha elevado sus
comentarios no muy favorables a este tema. Parece, sin embargo, que en este caso el traspaso de fronteras al Estado español no le molesta en absoluto. Pero es que en Gibraltar hay más casos, como waterpolo, rugbi, natación, que compiten en las
ligas españolas. Y qué decir de Andorra, por ejemplo, el Andorra Trans-Data de voleibol, o el Festina Andorra, hasta hace pocos años en la ACB de baloncesto, o el Andorra Hockey Club, que participa en la liga de Cataluña. Por tanto, tampoco se nos
pongan ese tipo de excusas ante las necesidades de tener ligas propias porque nos vamos a encontrar con ejemplos y muy cercanos en que no es así.
Esta proposición de ley que presentamos, como toda proposición de ley, no es un tema cerrado, es una toma en consideración y por tanto estaría en su caso abierta a enmiendas. Por eso tengo cierta esperanza de que los representantes del
Partido Socialista de Cataluña accedan a votar a favor, si no no entendería que en recientes fechas se aprobara, como se aprobó en esta Cámara, una proposición no de ley transaccionándola con ellos en la que en el segundo punto se decía: los
poderes públicos promoverán la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en las competiciones internacionales. Ese es el objeto de nuestra proposición de ley, proposición de ley además absolutamente respetuosa con el
ordenamiento jurídico vigente. En principio -de hecho, ya lo hemos explicado en muchas ocasiones-, nosotros pensamos que no necesitaríamos modificar la legislación para poder tener selecciones nacionales propias. El único obstáculo que se esgrime
una y otra vez es la Ley del Deporte, a pesar de que el título competencial de deporte es una competencia exclusiva en sentido estricto de algunas comunidades autónomas -como en nuestro caso, por ejemplo- y así lo ha dicho claramente el Tribunal
Constitucional. El único obstáculo, por lo visto, es la Ley del Deporte, en su artículo 32 sobre todo, que, por cierto, no es parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, nuestra ley -me refiero a la del Parlamento vasco, que ha sido
recurrida por el Gobierno-, por el principio de competencia, debería ser la que prevaleciera.
Una y otra vez el Gobierno del Estado se atiene a la competencia en relaciones internacionales para señalar la imposibilidad de que existan selecciones nacionales autonómicas. En nuestra opinión, intentar colgar de este tipo competencial
esa competencia exclusiva para el Estado no tiene ningún sentido y mucho menos jurídicamente, pero menos todavía en un Estado en el que hasta las competencias en relaciones internacionales son modulables. Parece ser -lo dice el Gobierno- que va a
haber una representación en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de las comunidades autónomas. Sobre la base de competencias hay relación de gobiernos autonómicos con otros países, incluso firmando acuerdos, como ocurre con Galicia,
Cataluña, Euskadi o Andalucía. Desde luego no entendemos que se esgrima la sentencia 165/1994 porque hay que darle la vuelta al calcetín completamente para interpretarla a su favor, como lo hace el Estado.
La proposición de ley que presentamos es absolutamente respetuosa con el ordenamiento constitucional vigente. Hay que dejar claro que las federaciones deportivas internacionales son entidades de naturaleza asociativa privada, es decir, no
son organizaciones internacionales gubernamentales y, por lo tanto, su régimen no corresponde al derecho público internacional. Dichas federaciones deportivas internacionales no están integradas por Estados sino por federaciones o asociaciones de
carácter privado. En definitiva, con las competiciones deportivas internacionales no se compromete la soberanía ni se generan responsabilidades de Estado con terceros o se establecen relaciones con organizaciones internacionales gubernamentales.
Resulta inaplazable, al parecer y según el criterio del Gobierno, abordar las modificaciones normativas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte para hacer efectivo a todos los efectos el reparto competencial resultante del bloque de
constitucionalidad en materia de deporte que, como se ha señalado, define la atribución sobre esta materia como una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En este sentido, entre otras cosas, lo que se propone es una modificación del
artículo 33.2 de la actual ley puesto que las selecciones deportivas españolas no representan al Estado o a España sino a las propias federaciones españolas. Esta precisión resulta absolutamente necesaria, habida cuenta de la permanente confusión
que ha creado la redacción actual. Por otra parte, el nuevo apartado del artículo 33.3 pretende dar respuesta a la histórica reivindicación de las federaciones deportivas de aquellas nacionalidades que aspiren -sólo aquellas que aspiren- a
participar en competiciones internacionales oficiales. En tal supuesto se deja sentado que la integración en las federaciones deportivas internacionales se debe acomodar a la propia normativa autonómica y, en todo caso, a los estatutos y
reglamentos de dichas federaciones deportivas internacionales. Al Estado corresponde regular, en todo caso, la representación internacional de las federaciones deportivas españolas, sin perjuicio de la normativa privada de las federaciones
internacionales, y a cada comunidad autónoma que así lo desee corresponde regular la representación estatal e internacional de sus federaciones
deportivas. Además, por imperativo de una necesaria seguridad jurídica, se deroga el artículo 32.1 de la vigente ley que obliga a las federaciones autonómicas a integrarse en las federaciones españolas para participar en las competiciones
internacionales, toda vez que resulta claramente incompatible con el objetivo de la reforma que contiene esta proposición de ley.
Desde luego, es evidente que este deseo de tener una representación deportiva propia no está reflejado unánimemente en toda la geografía del Estado. Básicamente son Cataluña y Euskadi, y en menor medida también Galicia, las comunidades que
reivindican este asunto. Por lo tanto, que tampoco se nos argumente lo del mare magnum que supondrían las 17 comunidades autónomas, porque todos sabemos que hay muchísimas comunidades autónomas que se sienten perfectamente representadas por las
actuales selecciones deportivas y no tienen ningún deseo de modificar nada. No pretendemos obligar a nadie a modificar su representación en el área deportiva, pero sí queremos que se deje a las federaciones de aquellas comunidades que lo deseen
tener una representación directa. Este asunto no debería convertirse en un tema irresoluble con una pizca de voluntad política, porque, como hemos dicho anteriormente, existen variedad de ejemplos repartidos por todo el mundo en los que no se cae
ningún esquema porque eso suceda, incluso en competiciones olímpicas, ni debería convertirse en un tema de exclusiva confrontación política.
Muchas veces se argumenta: ¡Cómo se va a producir un España-Euskadi o un España-Cataluña! A ello habría
que decir dos cosas: en primer lugar, que ello no tiene por qué suceder en todos los deportes, porque hay algunos deportes en los que no existe federación española. Sin embargo, lo que nos ha demostrado la práctica diaria es que, una y otra vez,
se han puesto zancadillas por parte de las instancias responsables del deporte español para que haya representación vasca, catalana o de otra nacionalidad en esas federaciones internacionales. ¿Qué problema podría causar esto al Estado o a la
representación de España? Absolutamente ninguno, porque no lo tiene. Se trata de una cuestión de prurito, no es sólo no participar, sino no dejar participar a los demás. Desde luego, a no ser que nos lo demuestren -y la prueba vendrá dentro de
muy poco-, la actitud del Gobierno socialista actual está siendo la misma que la que mantenía el Gobierno anterior del Partido Popular, a pesar de las continuas llamadas al diálogo, incluso, de esa proposición no de ley que he mencionado antes
aprobada con los votos socialistas el otro día. ¿Qué problema hay para un España-Cataluña o para un Euskadi-Cataluña? Desde luego, yo entiendo que el nombre no tiene por qué serlo. Por nuestra parte no creo que haga falta ninguna modificación del
nombre que represente a la Federación Española, porque la seguirá habiendo, y nosotros no nos vamos a sentir ni más ni menos representados de lo que nos sentimos hasta la fecha. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema.
¿Podría haber algún efecto
jurídico-político, alguna secesión, algún resquebrajamiento del Estado? Yo no creo que por un partido de fútbol, de balonmano o de voleibol hayan de producirse todas estas cosas, sobre todo, si los agentes políticos hacemos nuestras declaraciones
enfocadas a la normalidad y no intentamos suscitar la confrontación política pura y dura en este tema. Si el temor es que España pierda un partido contra Euskadi, nosotros seguimos manteniendo el ofrecimiento de sacar a los suplentes en esos
partidos, durante un período de tiempo. Dejando las bromas aparte, en este asunto hay que acudir a la realidad y la realidad es que hay unas mayorías sociales en algunas zonas del Estado que demandan esta representación, mayorías muy amplias, de al
menos tres cuartas partes de sus habitantes, por encima de barreras ideológicas, de votación. Desde luego, si el modelo de España al que aspira el Gobierno pretende dejar sitio a todos, creo que con estas actitudes de rechazo a las iniciativas que
ahora presentamos no lo están consiguiendo. Podremos discutir los términos, podremos discutir fases, podremos discutir, incluso, tiempos, pero, desde luego, la cerrazón absoluta que se está demostrando por parte del Gobierno no deja sitio a los
demás y no facilita que la gente que en estos momentos no se siente cómoda en el Estado pueda sentirse cómoda en un momento determinado. Desde luego, con esta actitud no lo van a conseguir. El otro día se decía por el secretario de Estado para el
Deporte que hay dos formas de enfocar esto: diálogo y confrontación. Si el Gobierno verdaderamente aspira al diálogo, le pido al Grupo Socialista y, más directamente, a los representantes del Partido Socialista de Cataluña que apoyen esta
proposición de ley, de manera que a partir de entonces podamos abrir un periodo de diálogo, pero de diálogo sobre algo y no un ya hablaremos, aplazando todo sine die o ni siquiera aplazándolo, sino cerrando todas las puertas con afirmaciones
categóricas, como la que, al parecer, se ha dado hoy por parte del portavoz socialista en una rueda de prensa.
Me sobra tiempo, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez compartirán su tiempo de palabra.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Son muchas las ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de debatir esta cuestión y no es gratuita la razón, evidentemente responde al interés, al poso, al apoyo que hay detrás de estas iniciativas planteadas por muchos grupos
parlamentarios en esta Cámara a lo
largo de las legislaturas. Y somos conscientes de que no es un problema jurídico; nunca ha habido un problema jurídico al respecto, lo único que no ha habido es voluntad política de llevar a buen término lo que hoy y siempre hemos
solicitado.
Nosotros, Eusko Alkartasuna, hemos planteado esto en muchas ocasiones y en legislaturas diferenciadas, y creemos que no sería necesario modificar nada del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico deja claro a quién corresponden las
cuestiones y es evidente que hoy, con el ordenamiento jurídico que existe, pudiera ser factible que las selecciones deportivas vascas, catalanas, gallegas o cualquier otra que tuviera amparo en su propio estatuto de autonomía pudieran presentarse a
las competiciones internacionales oficiales sin ningún problema. Ahora bien, si se considera necesario para coadyuvar a esta dirección cambiar la Ley del Deporte de 1990, tampoco tendremos ningún inconveniente en hacerlo. Desde luego, vamos a
votar a favor de estas dos iniciativas, pero realmente, a día de hoy, no hay ningún problema jurídico. ¿Cuál es el problema? Una falta de voluntad política que es difícil que pueda ser amparada en criterios jurídicos. Lo hemos dicho en múltiples
ocasiones, la última en la interpelación que planteábamos en el periodo de sesiones pasado, en mayo, en que tuvo lugar un debate importante y, finalmente, una moción que fue objeto de una transacción y que realmente nos parece importante, si es que
se cumple; ciertamente, es muy importante si es que se cumple, porque a estas alturas tampoco nos va a sorprender, después de 25 años, que gobiernos sucesivos hayan incumplido sistemáticamente las leyes y, cómo no decirlo, las mociones o
proposiciones que se plantean en esta Cámara. Por tanto, no hay problema jurídico, hay incluso una moción transaccionada y votada en esta Cámara recientemente que ampararía que esto que hoy se pretende no supusiera ningún inconveniente. Pero de
incumplimientos ya vamos servidos, ya somos bastante sufridores, así que volvemos a la carga.
¿Por qué no hay problema jurídico? Lo decían anteriormente los portavoces: porque la propia Constitución no establece el deporte como competencia exclusiva del Estado, porque aparece recogida en los estatutos de autonomía, y singularmente
hablaré del Estatuto vasco, como aparece en el Estatuto catalán, como aparece en el Estatuto gallego y porque realmente los propios parlamentos han desarrollado su propia ley del deporte. En nuestro caso, el Parlamento vasco ha desarrollado su
propia Ley del Deporte del año 1998, evidentemente recurrida, como la Ley del Deporte del Parlament catalán del año 1999. Pero realmente no hay ningún problema porque esta competencia corresponde a las comunidades autónomas y no solamente en lo que
se refiere a su propio territorio, al propio territorio de la comunidad autónoma, sino incluso, como dice la jurisprudencia constitucional, en el efecto supracomunitario. Está claro que si no dejaría sin ningún tipo de efectividad la propia
competencia y, por tanto, ese efecto supracomunitario ya está recogido y amparado.
Tampoco hay problema internacional porque el artículo 149.1.3 en ningún caso impide que pueda existir esta competencia que tenga efectos supracomunitarios dentro del
Estado español pero que también tenga efectos en el ámbito internacional. Lo dice la propia sentencia de mayo de 1994 y en ningún caso hay ninguna restricción jurídica al respecto.
Pero además tampoco habría problema desde el punto de vista de
derecho público-derecho privado porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, las federaciones son asociaciones de entidad privada que permitirían perfectamente llevar a cabo su incorporación a una federación internacional y participar en las
competiciones internacionales. Se nos habla de la Ley del Deporte de 1990, es el único argumento al que se agarran los gobiernos sucesivamente, pero curiosamente hacen de la Ley del Deporte de 1990 un orden de jerarquía que no le corresponde.
Según la interpretación que hace el Gobierno, la Ley de 1990, al parecer, es superior al Estatuto de Autonomía vasco y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, e incluso superior a lo que dice la propia Constitución española. Algo que se cae por su
propio peso. Por tanto, problema jurídico, en absoluto. Aquí hay una falta de voluntad política y una falta de respeto a la identidad de cada una de las naciones que componemos el Estado español, porque aquí se utiliza un principio de jerarquía en
función de las identidades, y esto es algo que no admite ni el ordenamiento jurídico del Estado español ni la Carta de Derechos Internacionales, ya sean colectivos o sean de Naciones Unidas. Nosotros creemos que no hay nada que cambiar, simplemente
cumplir lo que hoy hay a nivel jurídico, cumplir lo que hoy hay a nivel político y en todo caso lo que sí entendemos es que si otros compañeros creen que modificando esto se puede mejorar, nosotros sí que lo vamos a apoyar. Seguiremos; no se acaba
aquí, desgraciadamente, pero seguiremos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar las dos proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco, y lo hace porque está convencido de que es la mejor forma de respetar el ámbito
competencial autonómico expresado en los estatutos de autonomía, en particular en los de Galicia, Euskadi y Cataluña. En segundo lugar, lo hacemos porque pensamos que hay que dar respuesta a una demanda social ya consolidada
en el caso de Euskadi y Cataluña y en ascenso en el caso de Galicia, especialmente notoria en federaciones deportivas que tienen que ver con el triatlón o con el remo. En tercer lugar, porque debemos de convencernos que el deporte tiene un
amplio valor sentimental y que la práctica deportiva está muy enraizada en las sociedades como sociedades definidas y específicas, y son estas sociedades las que posibilitan y amparan la práctica del deporte. Por ello, las modificaciones que se
intentan a través de la proposición de ley de Convergència i Unió y de la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco tienen que hacer muy ligeras modificaciones de la Ley del Deporte para conseguir este objetivo que viene siendo negado
repetidamente por el Gobierno central, en un caso solamente a través de una disposición adicional decimoctava, muy clarificadora del texto actual al que no hace falta cambiar una coma, dejando claro que son competencias exclusivas de las comunidades
autónomas o cuáles son y las federaciones deportivas que deben de ser concebidas como entidades de carácter privado. En el caso del Partido Nacionalista Vasco se modifican solamente tres artículos, el 32, el 33 y el 8.1, dejando claro que siempre
hace falta el acuerdo del Ministerio de Asuntos Exteriores como competencialmente importante desde el punto de vista de la representación exterior del Estado español.
El Bloque Nacionalista Galego piensa que estamos ante un problema político que debe de ser resuelto desde el punto de vista político y si el Estado español es un Estado plurinacional, como repetimos continuamente, el valor simbólico de esta
plurinacionalidad debe de estar representado también en el deporte, interiormente en el Estado y exteriormente a nivel internacional. La imagen del Estado español, señorías, debe de adaptarse a este hecho incuestionable y por eso vamos a apoyar las
dos proposiciones de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, intervengo para decir que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria votará favorablemente estas iniciativas que nos trae el Grupo Parlamentario Catalán y el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) con
respecto al deporte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Tiene la palabra para defender su posición el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario de IzquierdaVerde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, quisiéramos destacar algo muy básico, pero que deberíamos recordar. Estamos discutiendo la representación de las selecciones
deportivas autonómicas que lo consideren en competiciones internacionales en el marco de un Estado que sin duda es el más plurinacional, multicultural y plurilingüístico de los que existen en Europa. La verdad es que es insólito que, existiendo
esta realidad en el ámbito europeo, lo que es normal en otros Estados de la Unión Europea hoy en el Estado español no se pueda desarrollar de la forma más normal y menos traumática posible. Demuestra que esta sociedad no está tan sana, porque lo
que es normal en el Reino Unido, con un Estado mucho menos plural, mucho menos plurinacional y casi nada plurilingüístico, aquí no lo es. Esto demuestra que en los avances que se deberían haber dado no hemos ido bien. Segundo elemento. Deberíamos
hablar del tema en sus justos términos. Nuestro derecho positivo reconoce la naturaleza privada de las federaciones deportivas, tanto la española como las de carácter autonómico, y el derecho internacional incluye en la órbita privada a las
federaciones deportivas internacionales. Nos encontramos ante una cuestión de derecho privado y no de derecho público y, en cambio, de forma reiterada y de forma muy desacertada se intenta discutir sobre esta cuestión en términos de derecho público
cuando estamos ante una cuestión clarísima de derecho privado.
¿Qué deberíamos hacer? Eliminar los restos de elementos públicos atribuidos a la presencia de selecciones de federaciones deportivas en competiciones internacionales de la Ley 10/1990. De esta forma el tema se acabaría reduciendo a la
relación entre entidades privadas, federaciones autonómicas, federaciones internacionales y todo sería mucho más normal de lo que queremos que aparezca esta cuestión. Hoy el sistema deportivo que se incluye en la Constitución prevé el respeto a la
autonomía de las entidades deportivas y, por tanto, reconoce su capacidad autoorganizativa al tiempo que rechaza las injerencias externas. Es decir, el límite es el que fija el ordenamiento jurídico. Hoy, lamentablemente, el ordenamiento jurídico,
la Ley del Deporte, va mucho más allá de lo que señala la propia Constitución. Hoy existe un conglomerado de entidades públicas y privadas de carácter burocrático que, lamentablemente, son fuertemente intervencionistas y la Constitución lo que dice
es que en materia de deporte lo que debería primar es el fomento. Hoy lo que prima en materia de deporte precisamente es una técnica -si me permiten- de policía en vez de fomento, que está muy alejada de lo que plantea la Constitución.
En resumen, ¿qué es lo que nuestro grupo plantea? Pues que se trate de entidades deportivas, de federaciones deportivas autonómicas que tengan su carácter privado y que como tal se organicen. De hecho en
pleno siglo XXI el deporte, que es un derecho de los ciudadanos, debería contraponerse a esta teoría de convertir las selecciones deportivas en un elemento más de representación de la Administración pública en el exterior. Hoy esta lógica
ha dejado de tener sentido. Las selecciones hoy están formadas por ciudadanos privados que desarrollan una actividad también privada y para su propia satisfacción y no por funcionarios públicos que representan a la Administración de un Estado. Hay
imágenes que ilustran lo que hoy en realidad sucede. La Federación Española de Fútbol -ustedes lo saben- lleva el escudo oficial del Estado español.
¿Pasa así con todas las federaciones? No. Por ejemplo, la selección de baloncesto lleva el
escudo de la misma Federación de Baloncesto. Es un ejemplo clarísimo de que estamos ante una discusión, ante un debate de organizaciones de carácter privado en el que realmente la Administración no debería entrometerse o al menos debería ser así.
¿Qué plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya Verds a favor de las selecciones deportivas autonómicas, pero sin ir necesariamente, por ejemplo, a la competición, que se dio en Macao? Pues precisamente que
se resuelva por esta vía. ¿Y qué plantean aquí el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo del Partido Nacionalista Vasco? Pues dos proposiciones de ley que se dan en un contexto, en el contexto de la competición, por ejemplo en el
campeonato del mundo B por parte de la Federación Catalana de Patinaje hace apenas unos días, en un contexto en el que el Parlament de Cataluña recientemente ha presentado una proposición no de ley firmada por todos los grupos en la que se dice
precisamente que se tiene que avanzar de forma concertada con el Estado y sin hacer partidismo, sin sacar rendimientos electorales a una cuestión que es muy transversal en Cataluña y que aglutina como mínimo a cuatro de las cinco fuerzas
parlamentarias y se da en un contexto donde hay una litis sometida al Constitucional con los recursos de constitucionalidad de los que mis predecesores han hablado. Lo que mi grupo cree es que precisamente no era el momento, pese a que lo que vamos
a hacer es apoyar la iniciativa. No podía ser de otra manera. ¿Y por qué creemos que no era el momento? En el Parlament de Cataluña se presentó una proposición no de ley firmada por todos los grupos, en la cual se dice que avancemos y que lo
hagamos por la vía del derecho privado, que no toquemos la Ley del Deporte, ya que quizá de esta manera logremos dar un paso de gigante con menos ruido, sin sacar rendimientos electorales, pero avanzando de forma sustancial. Aquí sobre todo me
dirijo a Convergència i Unió, porque otro caso es el del Partido Nacionalista Vasco. Los diputados y diputadas de Convergència i Unió saben que en definitiva podemos avanzar por el camino que hemos trazado desde el Parlament, por el camino que
comparte Iniciativa per Catalunya Verds.
La proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) plantea una disposición adicional que excepcionaría de las disposiciones previstas en la ley a las federaciones deportivas en aquellas comunidades autónomas con competencia
exclusiva en materia deportiva, es decir, en todas, porque todas las comunidades autónomas tienen competencia deportiva. En cambio, la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco va más allá, pues utiliza una técnica que afecta a cinco artículos y a
una disposición derogatoria. Como les decía, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente porque cree que significa un avance; ahora bien, no nos parece el momento procesal adecuado -esta es nuestra opinión- para plantear la propuesta.
Cuestiones a destacar que mi grupo parlamentario cree fundamentales. Hoy existe un gran consenso en Cataluña -también existe esta opinión claramente mayoritaria en el País Vasco y seguramente en Galicia también podemos hablar de este
sentimiento- de que se debería normalizar lo que en otros Estados es normalizable, primer elemento. El segundo elemento es que la Constitución habla de la técnica administrativa del fomento cuando se refiere al deporte. Habla del deporte como una
actividad de raíz y práctica privada, de interés público y social, debiendo tener las administraciones -así lo decía una sentencia del Supremo de 16 de junio de 1998- la actitud de fomentar un deporte que está constitucionalizado como práctica
popular. Esta es la interpretación que hacía en este caso el Supremo. En cuando a las diferentes leyes, ustedes las conocen bien.
La Ley de 1961 era claramente intervencionista; de hecho reproducía un esquema totalitario propio del régimen
fascista italiano. La Ley de 1981, que derogaba la anterior ley franquista, no incorporaba elementos fundamentales en el entramado autonómico, en el entramado constitucional que teníamos, y la Ley de 1990 supuso algún avance, pero finalmente no se
desarrolló. Ahora nos encontramos con que Convergència i Unió plantea la modificación de la Ley de 1990 y con que el Partido Nacionalista Vasco también nos lo plantea.
Como les decía, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente.
Nuestro grupo cree que el camino es el del reconocimiento de las federaciones deportivas como entidades privadas, que es lo que son, y que tenemos que situar este debate
en sus justos términos. Estamos hablando de organizaciones de carácter privado, estamos hablando de la voluntad de partes del Estado de querer competir a nivel internacional y estamos hablando de todo ello en el marco del Congreso, que representa
la voluntad y la soberanía del Estado sin duda más plurinacional, más pluricultural y más plurilingüístico que hay en Europa. La pregunta va dirigida a aquellos que se oponen a la propuesta, sea por un camino, sea por el otro: ¿Cuál
es el problema? ¿El Estado español va a estar tocado porque haya un avance? Nuestro grupo cree que esa no es la respuesta. Precisamente la forma de avanzar de un Estado plurinacional es, por supuesto, con mayores competencias, con
desarrollo del Estado de las autonomías, caminando hacia un Estado federal, pero también en los símbolos, porque los símbolos forman parte de lo que somos. La verdad es que no hay problema.
Es un problema privado desde el punto de vista jurídico y
es un problema de normalidad política de un Estado que es plural y que se debería reconocer como tal, y me dirijo a aquellos grupos que finalmente van a votar que no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, compartimos el espíritu y los objetivos de las proposiciones de ley de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco y, por tanto, votaremos a favor, pese al resquemor y a la acritud mostrada por el señor Maldonado hacia un
grupo, sin nombrarlo, pero aunque no lo ha nombrado, nos damos por aludidos. Sin embargo, se trata del deporte en Cataluña y, evidentemente, aparcamos su actitud.
Votaremos a favor porque compartimos que el Estado no tiene competencia directa alguna sobre el deporte. En el caso de Cataluña, el Estatuto de Autonomía, como se ha repetido muchas veces, establece que la comunidad asume las competencias
exclusivas en el campo del deporte, y fruto de esa competencia, el Parlament aprobó una ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas. El Gobierno central interpuso recurso de inconstitucionalidad basándose en la Ley española del Deporte,
pero sería bueno precisar que el recurso solamente impugna un párrafo de la Llei del Esport, el que literalmente dice así: Las federaciones deportivas catalanas de cada modalidad deportiva son las representantes del respectivo deporte federado
catalán en los ámbitos supra autonómicos. Por tanto, siguen siendo de aplicación artículos que hacen referencia, por ejemplo, a la competencia de la Generalitat para promover competiciones en el ámbito internacional o la posibilidad de que las
federaciones catalanas puedan solicitar su integración como miembros en federaciones de ámbitos supra autonómicos a los efectos de participar en actividades deportivas de esos ámbitos. Así pues, la impugnación puntual del actual texto de la Llei
del Esport no ha dejado sin efecto la capacidad legal que tienen las federaciones catalanas de formar parte de las federaciones internacionales y de participar en las competiciones que organicen. Por eso, Cataluña estuvo en Macao, por eso y por el
trabajo realizado por mucha gente en Cataluña.
Tampoco cabe la menor duda de que las federaciones deportivas internacionales -como se ha repetido también- son entidades de naturaleza privada y, por ende, su regulación escapa del derecho público internacional y de la competencia exclusiva
del Estado en materia de relaciones internacionales, ya que estas federaciones internacionales no son organizaciones gubernamentales. Tampoco puede minarse la competencia de la Generalitat alegando la competencia exclusiva del Estado en materia de
relaciones internacionales, prevista en el artículo 149 de la Constitución española, puesto que dicha competencia se reserva a las relaciones de España con otros Estados independientes y soberanos. ¿Por qué? Porque las federaciones representan a
los deportistas federados, aunque no guste oírlo, no a los Estados. Entendemos que las federaciones deportivas españolas son representativas del deporte federado de ámbito estatal en las actividades y competiciones deportivas de carácter estatal o
internacional de las correspondientes modalidades y disciplinas deportivas.
Nos parece especialmente relevante recordar -como hace la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco- la existencia de numerosas federaciones reconocidas internacionalmente que pueden competir y que no corresponden a Estados, sino
a países deportivos. Se citan en la proposición, entre otros, y algún portavoz lo ha nombrado aquí, los de Gibraltar, Macao, Aruba, Hong Kong, Guadalupe y un largo etcétera. Una relación que debería hacer reflexionar, como debería hacer
reflexionar que una tercera parte de las federaciones de patinaje reconocidas internacionalmente corresponden a países sin Estado. Parece que el caso de Cataluña sea único, pero hay más de 30 en la misma situación. Se dice que no se trata de una
cuestión meramente jurídica, lo sabemos todos.
Sólo hemos de recordar una vez más -y también se ha hecho- la incomprensible doble vara de medir que se utiliza desde los partidos reacios al reconocimiento internacional de federaciones deportivas
autonómicas ante un hecho reciente. La Federación Española de Balonmano ha votado favorablemente el reconocimiento internacional de la federación homónima de Escocia y nadie, ni del Gobierno, ni del partido mayoritario de la oposición, ha alzado la
voz. Escocia, sí; las comunidades autónomas del Estado español, no, pese a que el día 1 de junio esta Cámara aprobó un texto que inequívocamente apuntaba a la participación de las selecciones deportivas autonómicas en competiciones
internacionales, lo cual hubiera tenido que bastar para que el Gobierno español hubiera retirado el recurso de inconstitucionalidad y hubiese modificado alguna otra normativa. Nadie ignora que la sociedad catalana se ha manifestado inequívocamente
a favor del reconocimiento de las selecciones deportivas.
Ese
sentimiento no puede frustrarse, como se está haciendo, con argumentos políticos de corte exclusivista. ¿A qué obedece si no esa aversión absoluta a un enfrentamiento deportivo entre una selección de una federación de un país sin Estado y
la de la federación del Estado? Creemos que lo que se gana en terreno legal y deportivo -me vuelvo a remitir a acontecimientos recientes del mundo del patinaje- no puede perderse en despachos políticos.
A pesar de la posición que acabo de concretar de votar favorablemente a las dos proposiciones no de ley, desde Esquerra Republicana queremos ir un poco más allá. La falta de competencia del Estado en materia de deporte debería impedir que
el Estado aprobase una ley sobre una materia sobre la cual no tiene competencias. Otra cosa sería que se regulasen las relaciones laborales o mercantiles en el ámbito deportivo o el régimen fiscal deportivo. Pese a ello se podría discutir si el
Estado tiene capacidad para regular el régimen de las asociaciones deportivas de ámbito estatal, como son las federaciones españolas. Esta posibilidad comporta al menos dos excesos. Primero, regula también los derechos, capacidades y obligaciones
de las federaciones de las distintas nacionalidades y regiones, o sea, invade competencias y, segundo, convierte en públicas las federaciones, pese a que son entidades privadas. Lo vemos en la redacción del artículo 1 del Real Decreto 1835/1991, de
20 de diciembre, que reza así: Las federaciones deportivas españolas además de sus propias atribuciones ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración
pública. ¿Quién politiza el deporte?
La actual Ley del Deporte tiene otros aspectos que no son aceptables desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, que sea obligatorio a los deportistas con licencia formar parte de las selecciones españolas. En este aspecto debe hacerse notar
que la legislación catalana no obliga, sino que permite tomar una decisión con libertad. Por todo ello, desde Esquerra Republicana entendemos que cualquier modificación de la Ley del Deporte debería ser una modificación global cercana a una
derogación. Por coherencia - y lo repito- votaremos a favor de las dos proposiciones de ley, pese a la andanada recibida del portavoz de Convergència i Unió.
Pero esta nueva escenificación quizás no llega en el momento más oportuno, sobre todo
cuando el Parlament de Catalunya, como ha recordado el señor Herrera, ha optado por una vía casi unitaria con una proposición no de ley de apoyo a las federaciones o asociaciones deportivas catalanas en las que se ha instado al Gobierno de Cataluña
a llegar a un acuerdo con el Gobierno español. De todas formas, lo que más nos preocupa en Esquerra Republicana es que hoy se repetirá, una vez más, una votación que trazará una línea que separará, al menos aparentemente, a los nacionalistas
periféricos -pongo comillas- de los nacionalistas españoles -y pongo comillas, aunque menos convencidas- y no será una muestra de que la política es pedagogía, como decía el admirado socialista y catalanista Josep Payà. Y no lo será porque me
consta que muchos de los que votarán no quisieran votar sí.
Para finalizar, dos breves notas. Una -y lo siento, señor Maldonado, al final sí me referiré brevemente a las palabras con las que ha iniciado su parlamento o su alegato- no me ha sorprendido. Acuso recibo, pero no voy a hacer de esta
tribuna un escenario para ajustar cuentas que, como usted ha dicho -aunque creo que no ha sido consecuente-, perjudican al objetivo que estoy seguro es el mismo que nos anima. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) La
segunda nota va dirigida a toda la Cámara, para recordar simplemente una reflexión de Pierre de Couvertain, de quien todo el mundo habla y no sé si todo el mundo ha leído qué es lo que pensaba del mundo deportivo. Decía el barón de Couvertain: No
siempre la geografía deportiva ha de coincidir con la política. A ver si cunde el ejemplo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Canet.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene para ello la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señora presidenta, señorías, vuelve a esta Cámara una solicitud de modificación de la Ley 15/1990, del Deporte, que aprobó esta Cámara en el año 1990, como su propio nomenclator indica, por unanimidad de todos los
grupos políticos que en aquel entonces tenían representación y que hoy gran parte de esos grupos políticos siguen teniendo la representación.
Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecer y poner de relieve el esfuerzo realizado por los dos grupos que han presentado la modificación de la Ley del Deporte con sus respectivas proposiciones de ley. ¿Y por qué digo esto? Porque
nosotros, desde el Grupo Popular, siempre hemos dicho que las cosas hay que hacerlas por los trámites y cauces establecidos. Esta es la Cámara, aquí es donde ha de debatirse, aquí es donde se han de conseguir los votos para modificar una ley que
está en vigor, y no hacerlo de forma que al final resulte un esperpento internacional, con deslealtad constitucional y política y chovinismo de aldea frente a la solidaridad, que es lo que hemos visto en estos últimos días, por no decir oscurantismo
y por no decir algunas cosas más, que podrían ser las prácticas propias de las repúblicas bananeras, con mordida -y quizá algunas personas entiendan a lo que me refiero-, que es lo que hemos leído a través de un acta de la Federación Internacional
de Patinaje, en Miami, en el mes de marzo. Dicho esto y agradeciendo a los dos
grupos su presentación, porque es el cauce y es el trámite -otra cosa es que consigan los votos necesarios para poder realizar esta modificación-, mis respetos. No comparto el fondo, pero me parece que la forma es la adecuada.
Señorías, el Partido Nacionalista Vasco abandonó aquello que se conocía como ambigüedad calculada del pacto de Estella para mostrar abiertamente las intenciones con el plan Ibarretxe. Convergència i Unió también ha tenido sus modificaciones
en criterios porque ve cómo exponencialmente su, en este caso, competidor político, Esquerra Republicana de Catalunya, aumenta inexorablemente el número de votos y el número de escaños, que al final es lo que decide quién tiene el Gobierno de
Cataluña, que en este caso, como todos ustedes saben, es un Gobierno radical que está compuesto por socialistas, independentistas, comunistas y verdes, que además ahora tiene una gran responsabilidad, que es la de gobernar España -eso lo estamos
viendo-, en connivencia lógicamente con este grupo que tengo a mi izquierda, que es quien consiente que el presidente de la Generalitat, que es muy libre de hacer las cosas, de una u otra forma se haga fotografías con banderas inconstitucionales,
avalando precisamente lo que en esta Cámara se está debatiendo hoy a favor de lo que los grupos nacionalistas presentan.
Yo aquí he oído otra cosa, y me van a permitir que haga una reflexión de lo que yo aquí he oído hasta ahora. Estoy absolutamente seguro de que todos, cuando vemos jugar a la selección española de cualquier deporte, estamos viendo a la
representación de la Administración General del Estado, seguro, porque como no estamos hablando de política, sino de entidades privadas... A partir de ahora seguramente, si seguimos hablando de entidades privadas, las selecciones serán selecciones
sociedad limitada o sociedad anónima, y como tampoco estamos hablando de soberanía, ni de nación ni de pretensiones, porque todo esto queda en el ámbito de la más estricta privacidad...
En fin, seamos serios, y la seriedad viene avalada por reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, y no solamente por estos órganos, sino que además hay que recordar que hay dos leyes
autonómicas del deporte en estos momentos recurridas ante el Tribunal Constitucional, y estas dos leyes, en el apartado que hoy traemos aquí para su modificación, en la parte de la Ley del Deporte que se vería afectada por la modificación del
sistema de representación internacional de las federaciones deportivas, en ese en concreto, están frenadas por las resoluciones del Tribunal Constitucional, con lo cual, al parecer, cuando se dice aquí que se retuercen de alguna manera las
sentencias del Tribunal Constitucional en su explicación, parece ser que la explicación es que el Tribunal Constitucional no está de acuerdo con que las leyes autonómicas quieran extralimitarse en sus funciones y llevar a la representación
internacional a las selecciones en este caso autonómicas. No es ningún retorcimiento, es sencillamente ver lo que dice el Tribunal Constitucional con respecto a sus resoluciones y paralización de aquellos artículos que nos llevarían a lo que
estamos hablando.
Tengo que recordar otra cosa. La Ley del Deporte de 1990, cuando se aprobó por unanimidad, no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por ningún grupo político, ni por ninguna entidad ni por nadie. Estamos hablando de una ley que
salió aprobada, insisto, desde este Parlamento con absoluta normalidad y con un aval de todos los grupos políticos.
Nadie recurrió, le pareció bien a todo el mundo y ahora, como al parecer estamos hablando de una entidad privada, de algo privado,
nos confundimos. Me gustaría que en este caso no hiciéramos referencias a la normalidad de lo que es en Europa, porque creo que Europa, por lo menos en este caso la Unión Europea, la componen 25 países, y el hecho de que Gran Bretaña, Inglaterra,
Escocia o Irlanda tengan algunas modificaciones porque se crearon las federaciones en su momento, antes de la generación de las propias UEFA y FIFA, no significa que eso sea la generalidad, curiosamente en Europa eso es la excepción, esa es la parte
excepcional.
No cojamos eso como generalidad, porque no es cierto. Por ejemplo, la Federación Internacional de Rugby, además en juegos olímpicos de los ingleses, se integra en un solo equipo, en Gran Bretaña, no hay partidos en contra de las
partes, el todo se representa a sí mismo, y los territorios que menciona el PNV, por ejemplo, como Anguilla, Antillas, Antillas Holandesas, Aruba, Gibraltar, Groenlandia, Guadalupe, Guyana Francesa, Hong Kong, Islas Feroe, Macao..., sólo han sido
admitidos en algunas especialidades concretas y sus naciones se integran en las selecciones francesa, holandesa y danesa; son especialidades que el propio país de alguna manera autoriza y mantiene en ese tema. El caso de Gibraltar es muy especial,
tan especial como que solamente está en la IAFF de atletismo, precisamente porque la propia FIFA o UEFA no se lo permite.
Yo voy a hacer una apelación al sentido de Estado, porque cuando nosotros apelamos al Estado somos intransigentes, carcas y no sé cuántas cosas más nos han dicho, y cuando decimos que la ley que está en vigor se respete también somos eso.
Lo que pido precisamente es respeto para los pensamientos distintos, sobre todo cuando el pensamiento que nosotros expresamos aquí está avalado por la ley y por la Constitución española.
A mí me molesta bastante la posición de un grupo como es la del Grupo Socialista. Y se lo digo de verdad, sin ánimo de crispar, sino todo lo contrario, con un cariño increíble, porque creo que en esto, si no estamos juntos, al final todos
acabaremos perdiendo. Y digo todos, no solamente los que podemos representar
al Partido Socialista o al Partido Popular. Yo he echado de menos en este debate en estos días la opinión de una persona muy cualificada: a mí me parece que el presidente del Gobierno en este tema ha estado huido. Y ha estado huido porque
es incómodo para el presidente del Gobierno. Es incómodo enfrentarse a su propio grupo parlamentario, no al que representa al Partido Socialista, sino al que representa al Partido Socialista de Cataluña. Porque el que estaba en Macao es el
presidente del Partido Socialista de Cataluña. No es un don nadie, es alguien que tiene una representación importante. Y el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña también ha manifestado su sonrisa frente a estas situaciones que
estamos viviendo.
La lealtad constitucional y la lealtad de aquellos que tienen la representación de las federaciones españolas a mí me parece que es, cuando surgen problemas de estos en las federaciones internacionales, comunicárselo precisamente a quien le
ha hecho la delegación de funciones, que es el Estado español, que es la representación real que tienen las federaciones españolas. Y cuando en las federaciones internacionales se juega a no sé qué -y algún día sabremos, y no a muy tardar, qué es
lo que ha sucedido en todo este procedimiento de la Federación catalana de hockey sobre patines, algún día lo sabremos-, hay que dejar las cosas sentadas con claridad y contundencia. Yo he oído hoy que al parecer el Grupo Socialista se ha olvidado
de sus veleidades de proposiciones no de ley con transaccionales, que al final modifican criterios que estaban perfectamente establecidos y que han llevado a una situación bastante errónea. De aquellos polvos, quizá estos lodos.
Esto es lo que más nos preocupa. Nos preocupa que si esta postura de que hoy el Grupo Socialista va a decir que no, después de haber oído que al parecer va a ser materia de negociación permanente en lo que van a ser a partir de ahora las
negociaciones de la gobernabilidad del Estado, si va a seguir manteniendo esa postura; si el que está huido al final aparecerá y hablará con contundencia; si al final será coherente con lo que tiene que representar o a lo mejor es que está
representando a esa nueva España de la que habla. Yo sinceramente creo que la nueva España y la vieja España deben ser una España, una España que es un Estado, como todos hemos visto, plural, en donde todos nos debemos sentir representados y en
donde tiene que ejercerse la solidaridad del todo con las partes y de las partes con el todo. Porque a veces esa solidaridad es la que falta. Y cuando hablamos de posiciones de grupos políticos que actúan de una forma desleal, pruebas y elementos
de juicio no nos faltan.
Yo lo que pido desde aquí, fundamentalmente a aquellos que se supone que tienen que estar en la representación del Estado, aquellos que tienen que garantizar precisamente el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de la Constitución, que
es el Partido Socialista, que por favor trabaje en ese ámbito. Insisto, nosotros estamos en lo que se refiera al Estado con el Partido Socialista, con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que no ha aparecido en los últimos tiempos. Señores,
dejen de jugar, dejen de jugar con aquello que al final va a suponer que nos quememos. Y que nos quememos todos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) ¿Saben ustedes la repercusión tan grave que ha tenido lo que hemos vivido en estas semanas
para la pretensión del Madrid 2012? No se lo pueden ni imaginar. No se pueden imaginar el daño que ha hecho eso a la imagen internacional de un país, de un Estado, a efectos de la consecución dentro de pocos meses de poder pasar el corte
definitivo o no. Eso es lo que pido, responsabilidad. Y que esa responsabilidad sea ejercida precisamente por aquellos que tienen, como digo, que gobernar hoy este país, este Estado.
Espero que ese no rotundo que se va a producir por parte nuestra sea secundado por el no del Grupo Socialista y espero que a ese no le sumen el rotundo. Porque si al final vamos a tener que estar pendientes de lo que significa la
representación internacional de nuestro país en el ámbito deportivo, estaremos cayendo en un gravísimo error. Estaremos dando un espectáculo que no va a ser precisamente algo que nos vaya a favorecer en el ámbito internacional.
Señoras y señores diputados, yo desde aquí pido responsabilidad y la pido precisamente a aquellos que aspiran a no cumplir lo que está establecido.
Por eso he agradecido a los dos grupos políticos que hayan traído una modificación. Sigan
intentándolo. A lo mejor algún día yo subo aquí para decir que han conseguido ganar. Pero, mientras no lo consigan, respeten la ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Pérez.
Grupo Socialista.
El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición de mi grupo en relación con la toma en consideración de las proposiciones de ley que han presentado los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) acerca de la modificación de la Ley del Deporte.
En primer lugar y como cuestión de carácter previo, hay que señalar que se encuentran pendientes de resolución por el Tribunal Constitucional dos recursos promovidos por el Gobierno de la nación contra el artículo 16.6 de la Ley del Deporte,
del Parlamento Vasco, y contra el artículo 19.2, de Apoyo a las Selecciones Catalanas, del Parlamento Catalán. Los preceptos impugnados asignan a las federaciones de cada
modalidad deportiva la representatividad única del deporte federado en el ámbito estatal e internacional, en el caso de la vasca, o a los ámbitos supraautonómicos, en el caso de la catalana; es decir, por una parte extienden una competencia
autonómica de ámbito internacional, desconociendo el límite territorial implícito en la misma y, por otra, vulneran e impiden el ejercicio de la competencia estatal de representación del deporte federado en su conjunto en el ámbito internacional.
Cabe señalar que mediante sendos autos, de 25 de septiembre de 1998 y 30 de septiembre de 1999, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión respectivamente de la vigencia y aplicación de los artículos impugnados de las citadas leyes vasca y
catalana del deporte.
Esta circunstancia tendría entidad suficiente como para reservar el debate de toma en consideración de las dos proposiciones de ley hasta que el Tribunal Constitucional resuelva ambos recursos.
En segundo lugar hay que decir que Convergència i Unió firmó una proposición no de ley en el Parlamento Catalán con todos los grupos políticos menos con el PP, instando al Gobierno catalán a promover un acuerdo con el Gobierno del Estado.
Entendemos que esta iniciativa es incoherente con la posición de diálogo y acuerdo manifestada en aquella proposición no de ley y, a la vez, también es oportunista por intentar capitalizar en beneficio propio lo que es una posición común de varios
grupos políticos. Como decía el señor Maldonado, tanto en la VII Legislatura como en la actual el reconocimiento internacional y la integración de las selecciones deportivas autonómicas en los organismos internacionales y su posible participación
en competiciones oficiales internacionales fueron y siguen siendo los temas centrales de una serie de iniciativas parlamentarias.
La posición tanto del Gobierno como del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de estas iniciativas ha sido clara y diáfana. A modo de resumen haré las siguientes consideraciones. Primero, las relaciones entre el Estado y las
comunidades autónomas en materia deportiva deben regirse por los principios de colaboración, cooperación y diálogo constructivo, para el interés general del deporte y de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en los estatutos de autonomía,
interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que contempla que el ámbito deportivo queda sujeto a la confluente acción del Estado y de las comunidades autónomas, cuyas competencias son concurrentes, de forma que, de un lado,
quedará reservada al Estado la ordenación del deporte nacional e internacional y, de otro, las potestades de las comunidades autónomas deberán entenderse referidas a la ordenación del deporte en su territorio.
Segundo, reconocemos la necesidad de potenciar y promocionar las selecciones deportivas autonómicas, como desarrollo del Estado de las autonomías y para el fomento de la práctica del deporte en cada una de ellas. Para ello recomendamos a
las administraciones competentes que les presten todo el apoyo necesario y promuevan su presencia en competiciones, acontecimientos y encuentros deportivos. Tercero, la acción de los poderes públicos respetará en todo caso la legislación vigente y
en particular la Ley del Deporte, según la cual las federaciones y selecciones deportivas españolas representan a España en las actividades y competiciones oficiales de carácter internacional.
Señorías, esta ha sido y es nuestra posición. Vuelvo a las proposiciones de ley que hoy estamos debatiendo. Por cierto, con esta proposición de ley que intenta modificar la Ley del Deporte están reconociendo que el marco legal correcto era
el interpretado por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista. He de decirles que este grupo no comparte los criterios jurídicos con los que las proposiciones pretenden amparar el objetivo que persiguen y sí por el contrario destaca la
conformidad con el orden constitucional y estatutario de competencias del modelo diseñado por la Ley del Deporte, para ordenar el deporte español en su proyección internacional. Y todo ello por varias razones que a continuación expondré. Primero,
el régimen jurídico del deporte en España se encuentra recogido en esta ley, en las disposiciones reglamentarias que la desarrollan y en las leyes dictadas por las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias en materia deportiva, las
cuales han hecho uso de su potestad legislativa en dicha materia. Segundo, la referida Ley del Deporte, que fue aprobada por unanimidad, en cuanto delimita su objeto por la tutela de los intereses generales del deporte en el ámbito supraautonómico,
yo creo que es respetuosa con el ejercicio de cuantas atribuciones normativas o de gestión en materia deportiva las comunidades autónomas tengan por conveniente realizar dentro de su territorio, en uso de su competencia exclusiva sobre dicha
materia.
Tercero, el legislador estatal, pese a la omisión del deporte como materia, dispone, al margen de nominalismos, de títulos genéricos, como son el relativo a la cultura -artículo 149.2- y el concerniente a relaciones exteriores -artículo
149.1.3-, susceptibles de amparar la ordenación de la participación del deporte español en competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional. Cuarto, el principio de territorialidad como límite al ejercicio de las competencias autonómicas,
puesto expresamente de manifiesto por la jurisprudencia constitucional en materia deportiva, creo que es de por sí suficiente para habilitar la intervención del Estado en aquella ordenación. Quinto, la conclusión última, en suma, que cabe deducirse
cifra en el entendimiento de que la disponibilidad sobre esa ordenación corresponde al legislador estatal, único llamado desde el marco constitucional al establecimiento, modificación del referido modelo diseñado por la Ley del Deporte. Sexto,
respecto a la legalidad internacional,
los estatutos de las federaciones deportivas internacionales, adaptados a los criterios que rigen la Carta olímpica y los estatutos del Comité Olímpico Internacional, prevén la integración de una única federación nacional o, lo que es lo
mismo, una sola asociación por cada país; es decir, que condicionan la integración efectiva a la procedencia de un Estado constituido.
En consecuencia, señorías, consideramos que no resulta posible una posición favorable a esta iniciativa, de acuerdo con la doctrina constitucional, el sistema jurídico existente en España en materia deportiva y la legalidad internacional.
Además, soy conocedor de que no es una prioridad en la agenda política del Gobierno cambiar esta ley.
Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Pérez.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley del Deporte, y del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de
modificación de la Ley del Deporte. Al tener identidad de objeto, las proposiciones se han acumulado en el debate, pero obviamente serán objeto de votación separada.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 45, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política económica y social de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento)
Queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
Existe también una tercera votación relativa al acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quiero señalarles, y hemos tenido la posibilidad de
informar a los respectivos portavoces, que la Presidencia, estimando la demanda del Grupo Parlamentario Popular, va a introducir una explicación de voto, teniendo en cuenta que la tramitación directa y en lectura única es un procedimiento original,
sustentado en el artículo 150 del Reglamento, que hasta ahora siempre se había hecho por asentimiento. No es el caso esta vez, ya que hay un grupo parlamentario discrepante. Creo que procede una explicación de voto para que los grupos
parlamentarios que lo deseen puedan señalar, después de la votación, por qué han votado en un sentido o en otro.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN):
El señor PRESIDENTE: Empezamos por la primera de las votaciones, proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley del Deporte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 36; en contra, 281.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
En segundo lugar, votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley del Deporte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 38; en contra, 279; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000012.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la
tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Denegaciones.)
Es ahora cuando procede la votación, por no existir el asentimiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 190; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.
Procede, como he informado anteriormente, que se produzca la correspondiente explicación de voto. (Rumores.-Un señor Diputado: Quien quiera explicarlo.)
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, ¿entiendo que solamente va a haber explicación de voto por parte de mi grupo?
El señor PRESIDENTE: No estoy en condiciones de contestar. Queda en la libertad de cada uno.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Lo digo por el orden de intervenciones.
En caso de que interviniéramos todos, que fuera de menor a mayor.
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, me pide usted que yo fuerce a los portavoces para que me digan si quieren intervenir o no.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Es fácil saber si van a querer hacer uso de la palabra o no. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Una vez más, la Presidencia intenta resolver de manera adecuada, favoreciendo la calidad política de los debates, una situación que es novedosa.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, no quiero generar ningún tipo de polémica y estoy dispuesto a consumir este turno, pero si efectivamente la explicación de voto se concediera a todos los grupos y fuera a ser utilizada por
todos los grupos, lo normal es que se siguiera el procedimiento habitual según el Reglamento. Eso es lo normal, señor presidente, y no creo que a los señores portavoces les cueste mucho decir en este momento si van a intervenir o no, pero si la
Presidencia no lo considera oportuno, hago la intervención y da igual.
El señor PRESIDENTE: Creo que no ganamos nada. (Rumores.)
Les ruego, por favor, que escuchen a la Presidencia.
El voto que se ha hecho siempre en Pleno ha sido siempre un voto de procedimiento, nunca ha habido un debate organizado en torno al artículo 150; nunca. De todas maneras, la Presidencia ha estudiado los precedentes y es cierto que siempre
se hizo un voto de verificación por asentimiento.
La Presidencia ha verificado que no podía procederse a este voto y en consecuencia, para aumentar la calidad política de nuestros debates y el carácter contradictorio, abrimos un turno de
explicación de voto, utilícenlo; utilícenlo, por favor.
¿Qué grupos parlamentarios desean tomar la palabra? (Pausa.) Grupo Popular, Grupo Socialista, Izquierda Unida, Mixto.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Mixto, fundamentalmente para decir que esto sigue siendo un circo. Si esta mañana hemos decidido que se hacía por consenso, no entiendo la intervención y la decisión del señor Zaplana de que cada uno de los
representantes, de los portavoces de los grupos, tengamos que explicar nuestra posición. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor, señorías!
El señor LABORDETA SUBÍAS: Nosotros estamos en la posición que ha adoptado esta mañana la Mesa y la Junta de Portavoces, pero la realidad es que siempre volvemos a montar este circo. Por lo visto, el señor Zaplana es un especialista en
montar circos. Yo siento mucho que tengamos que estar siempre así. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Voy a explicar la posición de mi grupo. Nosotros hemos votado sí a esta tramitación porque consideramos que garantiza los derechos de los diputados, pero al mismo tiempo garantiza algo que nos parece muy importante en estos momentos, y es
que en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial se imponga la calma, la tranquilidad y el pluralismo, cuando ese pluralismo se impone normalmente en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de esta
Cámara.
De la misma manera esta Cámara considera importante que en ese ámbito se imponga el pluralismo, que de alguna forma avance y, por tanto, que los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial tengan en cuenta la profesionalidad,
tengan en cuenta el carácter de sus miembros pero también las sensibilidades, las pluralidades que, en nuestra opinión, son muy importantes en la Administración de Justicia y sobre todo en los órganos de gobierno de la justicia. Nosotros hemos sido
parte en esta iniciativa, que nos parece regeneradora de la vida política en el ámbito de la justicia, y por eso hoy respaldamos también este tipo de tramitación, que nos parece que aúna la garantía de los intereses y de las
competencias de los diputados con la necesidad del pluralismo en el ámbito de la justicia.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, en primer lugar quiero poner de manifiesto una vez más que nunca ha habido consenso sobre esta cuestión en la Junta de Portavoces, y me remito -no hace falta que la lea porque está en poder
de SS.SS.-al acta de la última reunión. Hoy nos han informado los servicios de la Cámara de que se trata de una cuestión incidental -el propio artículo 150 del Reglamento habla de oída la Junta de Portavoces- y no requiere el consenso, que ya se
sabía, o la unanimidad, que no existía, puesto que lo habíamos manifestado, y consta en acta, en la sesión anterior. Lo que yo quiero poner de manifiesto esta tarde, señorías, es que de acuerdo con la costumbre parlamentaria que siempre ha sido
respetada en esta casa, la aplicación del trámite que hoy acabamos de votar y que nos ocupa -el más radical, por eso probablemente se llama procedimiento guillotina- para la suspensión de los debates de un proyecto de ley en esta Cámara siempre,
siempre, se ha hecho con carácter excepcional y con acuerdo de todos los grupos políticos o con una amplísima mayoría de la Cámara que implicaba a los dos grupos políticos mayoritarios. Es verdad que ustedes tienen hoy los votos indispensables para
sacar reglamentariamente adelante esta propuesta, es verdad, pero lo hacen -y quiero que quede constancia- en contra de la opinión de un grupo que representa a 10 millones de españoles y a 148 diputados. (Rumores.) Por tanto, quiero dejar
constancia en el 'Diario de Sesiones' -ese es el motivo fundamental de mi intervención-, como ya dije en la Junta de Portavoces, que esta es probablemente la mayor cacicada en la aplicación del Reglamento en los últimos 25 años.
(Protestas.-Aplausos.) Además, que los ciudadanos sepan que esta cacicada no se hace para favorecer el interés general, no se hace para favorecer el debate parlamentario ni, por supuesto, para favorecer el talante democrático. Ustedes, señorías, lo
que han hecho hoy es modificar la independencia judicial y el funcionamiento del órgano rector del Poder Judicial sin debate (Rumores), negando el debate y la posibilidad del mismo, y dada la importancia de la materia, la naturaleza del asunto y el
debate que ha suscitado, lo menos que se podía haber buscado era un acuerdo previo. Esto, señorías, ha sido un gran atropello impropio de un parlamento serio. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, nuestro grupo ha votado sí al procedimiento de lectura única porque se trata, en primer lugar, de un procedimiento plenamente ajustado a la naturaleza de lo que es este proyecto de ley -su
carácter sencillo, como dice el Reglamento-, plenamente amparado tanto por el Reglamento como por la Constitución y por la opinión de siete de los ocho grupos que hay en esta Cámara (Risas.-Aplausos.) De los ocho grupos, siete consideran que se debe
proceder porque de esta forma se logrará antes un proyecto de ley necesario, que exige la situación que tiene en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial y cuanto antes esté en el Boletín Oficial del Estado, mejor, y con todo tipo de
garantías porque habrá debate en el Congreso y en el Senado.
Usted, señor Zaplana, ha hablado de cacicada (Rumores.) ¿Cómo pueden hablar de cacicada quienes perpetraron en las leyes de acompañamiento la transformación de medio ordenamiento jurídico prácticamente sin debate? (Aplausos.) (El señor
Martínez-Pujalte López: ¿No había Comisión?) ¿Cómo puede hablar de cacicada, señor Zaplana, cuando usted ha modificado el Código Penal sin pasar por la ponencia ni por la Comisión ni por el Pleno, sino directamente al Senado, cambiando la Ley de
Arbitraje y el Código Penal? ¿Y usted habla de cacicada? (Aplausos.) ¿Usted habla de cacicada cuando en la anterior legislatura con mayoría absoluta han utilizado sistemáticamente el Senado para plantear los temas que no querían plantear en esta
Cámara? Es usted el menos indicado para hablar de cacicada en un procedimiento plenamente legal y reglamentario. Lo que le preocupa a usted no es el procedimiento, que nunca le ha preocupado; lo que le preocupa es el fondo de este proyecto de
ley; lo que le preocupa es que con esto vamos a conseguir potenciar el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia (Aplausos.-Rumores.); lo que le preocupa es que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno del
Poder Judicial donde se van a aprobar por consenso los altos nombramientos de la justicia española. (Rumores.) Eso le preocupa a usted y no el procedimiento. Por eso, lo que tenía que haber explicado usted en esa mal llamada explicación de voto es
de qué tienen miedo en este proyecto de ley. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.-Una señora diputada: ¡Cállate y aprende!) ¿Tienen miedo del consenso en el Consejo General del Poder Judicial? (Aplausos.) ¿Tienen miedo de que
se vote por la misma mayoría que se votan los magistrados del Tribunal Constitucional? (Rumores.) Lo que usted tenía que haber explicado es de qué tienen miedo para votar este proyecto de ley. (Un señor diputado: ¡De ti!)
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE REDUCCIÓN EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS REGULARES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS EN CANARIAS, BALEARES, CEUTA Y MELILLA. (Número de expediente 162/000177.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA SUBVENCIÓN DE TRANSPORTE PARA LAS ILLES BALEARS Y CANARIAS, ASÍ COMO PARA LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA. (Número de expediente 162/000186.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día. Al tener identidad de objeto se van a debatir acumuladamente las dos proposiciones no de ley. (Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio. El debate continúa.
Para defender su proposición no de ley tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene presencia en este Parlamento, en abril del año 1993, una de sus obsesiones ha sido cómo conseguir impulsar medidas que sirvan...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor Rivero. Es imposible oír.
Yo les ruego -terminarán cansándose del presidente- que piensen en el día que les toque intervenir a ustedes porque, seguramente, el parlamentario o la parlamentaria que intervenga reclamará un mínimo de silencio y de atención por parte del
hemiciclo, porque -insisto- les puede tocar algún día a ustedes.
Continúe, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que desde la aparición de mi fuerza política, Coalición Canaria, en el Parlamento del Estado una de sus obsesiones más importantes ha sido cómo poder impulsar medidas que sirvieran para solventar los problemas de la fragmentación del
territorio y de la lejanía. El objetivo que nos marcamos en un primer momento, que nos parecía que era justo y solidario, era que la movilidad entre los archipiélagos y entre los archipiélagos y el continente -el precio medio por kilómetro- costara
igual que la movilidad en terreno continental. La verdad es que el objetivo era ambicioso, pero no por ambicioso tendría que dejar de ser solidario y justo y que además sirviera -y de hecho sirve- para cohesionar el Estado, para acercar los
distintos territorios del Estado, para acercar el territorio más alejado que es el archipiélago canario, para acercar el archipiélago balear y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa necesidad de impulsar esas medidas tuvo un primer momento
importante en la Ley de acompañamiento del año 1998 cuando logramos en esta Cámara un gran acuerdo que, posteriormente, poco a poco se fue desarrollando, un primer gran acuerdo que pasó por declarar obligación de servicio público el transporte aéreo
interinsular en el archipiélago canario, lo cual en un proceso liberalizador y privatizador de las compañías aéreas era la garantía de que en Canarias no se cayera en un monopolio privado. Ese paquete de medidas sirvió para incrementar las
subvenciones a los residentes del 10 por ciento que se percibía en aquellos momentos al 33 por ciento y sirvió también para hacer viable que las compañías aéreas pudieran tener un campo de acción en un territorio pequeño; es decir, sirvió para
impulsar medidas también que favorecían la viabilidad de las compañías aéreas. En concreto se logró que las tasas de aterrizaje en los aeropuertos de los archipiélagos se descontaran en un 75 por ciento y de los archipiélagos con el continente en
un 15 por ciento. En igual medida y en los mismos porcentajes las tasas de pasajeros también a partir de ese momento tienen una reducción del 75 por ciento cuando se habla del archipiélago canario y del balear y de un 15 por ciento cuando se habla
del tráfico entre los archipiélagos y la Península. Pero qué duda cabe que esas medidas que sirvieron para avanzar con respecto a la posición que teníamos no eran suficientes y se trata ahora de seguir avanzando, de seguir impulsando un paquete de
medidas que nos aproximen a ese gran objetivo que es conseguir que la movilidad cueste lo mismo en el territorio insular que en el territorio continental.
Mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley que abarca dos aspectos importantes. Uno se refiere al tráfico de pasajeros, tanto para el transporte marítimo como para el transporte aéreo. Se plantea que a lo largo de la
legislatura se llegue de una forma escalonada al 50 por ciento de subvención a los residentes, de tal manera que en el presupuesto del año 2005 se pase del 33 por ciento actual al 38 por ciento, que en 2006 se pase al 45 por ciento y que en el año
2007 se alcance el 50 por ciento. Ese es nuestro objetivo. Seguimos con el 50 por ciento todavía, no estaríamos en la media del costo de la movilidad en territorio continental, pero qué duda cabe que sería un gran avance, un avance importante para
todos aquellos residentes del archipiélago balear, de Ceuta y Melilla y de Canarias. Un segundo gran aspecto se refiere al transporte de mercancías. El 22 de junio del presente año el Parlamento aprobó por unanimidad una iniciativa presentada
por Coalición Canaria dirigida a conseguir acortar el costo del transporte de las mercancías desde los territorios más alejados hasta la Península.
La iniciativa que se planteó en aquel momento tiene por objeto incrementar en un 7 por
ciento en el año 2005 la subvención que se percibe actualmente. Hay que tener en cuenta que en el año 2000 la subvención de las mercancías estaba en un 28 por ciento y que a partir de ese año se incrementó en un 33 por ciento y lo que estamos
planteando es que se incremente en 7 puntos en el año 2005 y que en 2007 alcance la cifra del 50 por ciento. Estos son los dos grandes objetivos de la iniciativa de mi grupo parlamentario: un incremento de la subvención a los residentes y
potenciar medidas que desde el punto de vista del transporte de las mercancías sirvan para acercar al territorio continental.
A esta iniciativa de mi grupo parlamentario se han presentado varias enmiendas por parte de otros grupos. La Presidencia expresaba que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista se debatiera en el mismo paquete y nosotros
entendemos que se persiguen los mismos objetivos, pero no en la proposición no de ley, puesto que no hace referencia a las mercancías sino exclusivamente a los pasajeros. Nos parece mucho más completa la enmienda que presenta a la proposición no de
ley de Coalición Canaria y es mucho más razonable, dado que perseguimos el mismo fin, que se retire la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, aceptando nosotros en todos sus términos la enmienda que recoge adecuadamente el
incremento de la subvención a los pasajeros, tanto marítimos como aéreos, y al transporte de mercancías.
Por lo que respecta a la enmienda que se ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular, el otro día debatimos una proposición no de ley de
dicho grupo y decíamos que valorábamos positivamente la sensibilidad de todos los grupos de la Cámara, fundamentalmente de los dos grandes ahora que están en el Gobierno y en la oposición, desde el punto de vista de ser solidarios con la necesidad
de impulsar medidas que mejoren la subvención a los pasajeros y al transporte de mercancías, algo que hasta hace unos meses nos parecía absolutamente inviable, y nos congratulamos por ello. Creemos que es bueno para una visión de solidaridad, de
cohesión territorial del Estado y por eso nosotros sinceramente valoramos muy positivamente la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Ya decía gráficamente hace dos semanas en el debate que celebramos en esta Cámara que más vale pájaro en mano
que ciento volando y en estos momentos tenemos que lograr el objetivo de sumar al Gobierno. En definitiva, una proposición no de ley sin la implicación del Gobierno sería difícil que se plasmara a lo largo de los próximos ejercicios
presupuestarios; es decir, iba a ser difícil que se consiguiera lo que perseguimos los representantes del Grupo Parlamentario Popular, los representantes del Grupo Parlamentario Socialista y los grupos mal llamados minoritarios de la Cámara, que es
mejorar las condiciones de movilidad de los ciudadanos que viven en ambos archipiélagos y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Por eso nos gustaría poder aceptar esa enmienda. Nos gustaría que el 50 por ciento fuera efectivo el día 1 de enero del
año 2005, pero en estos momentos no es posible, no porque mi grupo parlamentario no haga un esfuerzo en ese sentido sino porque no tenemos la mayoría en la Cámara para hacer viable ese compromiso. Por tanto, nos parece positivo el avance que
estamos dando: incremento al 38 por ciento en el año 2005, al 45 por ciento en el año 2006 y al 50 por ciento en el año 2007. Avanzo también que hemos firmado una enmienda conjunta con el Grupo Parlamentario Socialista para ampliar los créditos
presupuestarios que puedan dar cobertura al incremento del costo de la subvención a los residentes en ambos archipiélagos y Ceuta y Melilla y al incremento de la subvención para las mercancías.
La proposición no de ley recoge un asunto esencial, que es la modificación de la normativa vigente para que el incremento del 33 al 38 por ciento que hoy aprobamos -en el supuesto de que cuente con el respaldo mayoritario de la Cámara- sea
efectivo a partir del día 1 de enero. Para ello es necesario que el Gobierno presente una iniciativa -que puede ser un real decreto, un decreto-ley o una proposición de ley- en el tiempo más breve posible para que a partir del 1 de enero podamos
hacer efectiva esta decisión que hoy se está impulsando de abaratar el costo de la movilidad entre los archipiélagos y la Península, entre ésta y los archipiélagos y entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el continente. Espero que esta
iniciativa, que desde una perspectiva de Estado sirve para cohesionar el Estado desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, que es muy importante, cuente
con el apoyo mayoritario de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rivero.
A continuación, para defender su proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Oliver.
La señor OLIVER SAGRERAS: Muchas gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista para mejorar el transporte aéreo y marítimo entre la Península y las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla pone de manifiesto el cumplimiento de un
compromiso electoral
del Partido Socialista. Este compromiso electoral era y es el aumento del descuento en el transporte aéreo y marítimo del 33 por ciento actual al 50 por ciento para los residentes en los territorios insulares, en Ceuta y en Melilla; un
compromiso electoral que hoy, después de poco más de seis meses en el Gobierno, ya podemos concretar en plazos a lo largo de esta legislatura; un compromiso que, más allá de garantizar la igualdad de oportunidades en cuanto a precios, extendemos a
la necesidad de impulsar una mejora global de las comunicaciones de los ciudadanos de las islas y de las ciudades autónomas con la Península. Por tanto, señorías, con esta propuesta los socialistas garantizamos nuestro compromiso serio, firme y
real de elevar progresivamente el porcentaje de la bonificación a los residentes de los territorios no peninsulares del 33 por ciento al 50 por ciento a lo largo de esta legislatura, como se había prometido, aunque la propuesta va más allá y
pretende reducir los costes de la insularidad para el transporte de mercancías con origen o destino en las islas Canarias y Baleares hasta llegar también al 50 por ciento de bonificación. Por último, se propone iniciar los trámites para analizar
las posibles rutas en las que esté justificada la declaración o revisión de las obligaciones de servicio público por motivos evidentes de deficiencias en los servicios por falta de competencia.
Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de debatir en esta Cámara sobre este mismo problema a raíz de una propuesta presentada por el Grupo Popular. Tuvimos la oportunidad de comprobar la coincidencia de todos los grupos de esta Cámara en
que los territorios extrapeninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla requieren una atención singularizada que contribuya a paliar las desventajas que en términos de movilidad impone su propia situación geográfica. En aquel momento dimos al
Partido Popular la bienvenida a nuestro compromiso electoral porque lo importante no es, a nuestro entender, recrearnos en el inmovilismo de los últimos ocho años sino mirar hacia el futuro y celebrar la coincidencia existente. Los territorios
extrapeninsulares padecen desigualdades pero hay voluntad política coincidente de corregirlas. Los ciudadanos y ciudadanas de estos territorios sufren desigualdades evidentes debido a la dependencia absoluta que tienen para desplazarse en
transporte aéreo y marítimo; desigualdades que van desde los precios desmesurados del transporte regular de viajeros hasta el deficiente servicio, en algunos casos, por falta de competencia pertinente. El precio de los billetes, tanto de barco
como de avión, ha ido incrementándose año tras año, con la desventaja que ello supone en comparación con los ciudadanos de otros territorios que disponen de trenes y carreteras para desplazarse de una comunidad a otra. Además, los problemas de
movilidad representan un obstáculo hacia la verdadera cohesión social y el equilibrio adecuado y justo de los diferentes territorios de España. Coincidimos, pues, en el problema.
Quiero explicar ahora con detalle la propuesta que hoy, señorías, sometemos a su votación. En primer lugar, el aumento progresivo de la subvención de las tarifas para el transporte aéreo y marítimo de pasajeros tanto con la Península como
para los interinsulares hasta alcanzar en el año 2007 el 50 por ciento. El 38 por ciento de bonificación a partir del 1 de enero de 2005, que ya figura en el proyecto de presupuestos para el año que viene, el 45 por ciento de descuento a partir del
1 de enero de 2006 y el 50 por ciento de descuento para residentes a partir del 1 de enero de 2007. En segundo lugar, nos proponemos reducir los costes de la insularidad para el transporte de mercancías con origen o destino en Baleares y Canarias.
Nuestro objetivo es reducir los costes en un 50 por ciento durante la actual legislatura.
Es una medida que va dirigida a los empresarios de las islas que tienen problemas de competitividad porque sus productos tienen un coste adicional en el
transporte que no tienen otras empresas de la Península, pero es también una medida que va dirigida a los ciudadanos y a las ciudadanas que padecen una alta carestía de la vida, ya que todos los productos, incluidos los básicos, tienen un coste
adicional. Esta medida no estaba recogida en nuestra propuesta inicial pero la hemos incluido a través de una enmienda porque consideramos que mejora sustancialmente el texto. En definitiva, incrementar el esfuerzo para reducir los costes de
insularidad hasta alcanzar el 50 por ciento en esta legislatura, garantizando como mínimo un incremento del descuento del 7 por ciento en el ejercicio de 2005. Por último, nuestra iniciativa pretende garantizar el transporte entre los territorios
extrapeninsulares y entre estos y la Península, así como garantizar el transporte y mejorarlo porque el transporte es un servicio público y la responsabilidad de las administraciones públicas es garantizarlo en condiciones de igualdad con los
ciudadanos del resto de los territorios. Para ello nos proponemos, de acuerdo con los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas, analizar las posibles rutas en las que está justificada la declaración o revisión de las obligaciones de
servicio público cuando existan deficiencias en el servicio. En este punto quiero hacer un inciso. La obligación de servicio público por sí sola no es una solución y la experiencia lo está demostrando. La declaración de servicio público de los
vuelos interinsulares en las Illes Balears que hizo el Gobierno del PP ha resultado un auténtico fracaso. El objetivo del señor Álvarez-Cascos, ministro en aquel momento, no era el del servicio al ciudadano sino responder con un gesto a la presión
ciudadana sin que al Gobierno le costase un euro. El resultado está a la vista: el servicio es más caro que antes porque han desaparecido las tarifas ventajosas; no hay más frecuencias que antes; ha desaparecido la competencia y existe un
régimen de
monopolio con todos los inconvenientes que ello representa. En este caso, pues, sería necesario revisar la declaración existente y en otros estudiar si está justificado iniciar los trámites para crear esta declaración de servicio público.
Todo ello desde la colaboración institucional y siempre de común acuerdo con los territorios afectados.
Los problemas de transporte que sufren los ciudadanos de las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla no pueden ser objeto de demagogia.
Creemos que el PP, con la enmienda que ha presentado, se mueve otra vez en función del escenario
político. Hace unas semanas, las tesis del PP para que las administraciones autónomas adelantasen el dinero del descuento no prosperó en esta Cámara y hoy vuelven a intentarlo. La postura del Partido Popular varía en función del escenario
político.
Durante la última legislatura rechazaron cualquier intento de aumentar los descuentos y, desde las filas populares, la entonces diputada autonómica María Salom -hoy sentada en este hemiciclo- llegó a proponer que este incremento tenía que
pagarlo el Govern balear de su propio presupuesto. Hoy pretenden que los gobiernos autonómicos adelanten el incremento cuando el presidente de Baleares, Jaume Matas, ha manifestado reiteradamente que no cree que aumentar los descuentos sea la
solución y cuando su Gobierno tiene a día de hoy, 2 de noviembre, graves problemas de liquidez para pagar los gastos corrientes de más de 200 centros escolares. Demostración clara de que su propuesta es pura propaganda incoherente.
Nuestra propuesta es seria y realista y en ella coincidiremos todas las fuerzas políticas de este hemiciclo. Al haber aceptado el señor Rivero nuestra enmienda de sustitución en sus propios términos, será ésta la que se someterá a votación.
También se ha introducido una transacción de Convergència i Unió en el sentido que ellos proponían de acotar los plazos. El Grupo Socialista retira, pues, la proposición no de ley presentada.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Oliver.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, estamos hoy ante un debate importante para las islas Baleares, las islas Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, territorios extrapeninsulares. Un debate importante porque el transporte condiciona muchísimo
la manera de actuar, la manera de ser de las gentes que vivimos en estas tierras. Hace ya 15 días, en el Pleno de esta Cámara el Partido Popular presentó una proposición no de ley que proponía dos cosas importantes. En primer lugar, incrementar
los descuentos en el transporte, tanto aéreo como marítimo, para que alcanzaran el 50 por ciento, con la posibilidad de que los gobiernos autónomos y las ciudades autónomas pudieran adelantar este dinero a partir del día 1 de enero del año 2005, con
la condición de que cuando al Gobierno central tuviera a bien aprobar el 50 por ciento de descuento, retornaran estas cantidades a los gobiernos autónomos y ciudades autónomas. Hace 15 días, a esa iniciativa del Grupo Popular, Coalición Canaria y
el Grupo Socialista votaron que no. Y como en sus territorios causó un mal ambiente, como causó una reacción negativa en los ciudadanos que viven en Canarias, en Baleares, en Ceuta y en Melilla, hoy traen aquí esta iniciativa.
Vaya por delante que el Grupo Popular va a aceptar tanto lo que plantea Coalición Canaria como el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a votar que sí porque es un pequeño paso hacia delante para mejorar el sobrecoste que supone vivir en
unas islas. Ahora bien, el Partido Popular iba un poquito más allá, un paso hacia delante. Ustedes quieren que el día 1 de enero los ciudadanos que viven en territorios no peninsulares tengan un 38 por ciento de descuento. Nos va bien, es mejor
que lo que hay actualmente. Pero el Partido Popular quería que desde el día 1 de enero del año 2005 los ciudadanos de los territorios no peninsulares pudieran disfrutar ya de este 50 por ciento. Desgraciadamente la mayoría que hay en esta Cámara,
conformada por el Partido Socialista y determinados grupos nacionalistas, no acepta que desde el mes que viene la gente que vive en las islas y las ciudades de Ceuta y Melilla se pueda beneficiar de ese descuento.
Sepan las señoras y señores diputados que dependemos exclusivamente de los aviones y de los barcos para desplazarnos y que en muchas ocasiones las personas no nos queremos desplazar desde nuestras ciudades o municipios a la Península por un
capricho, sino que es una necesidad; necesitamos acudir a la Península por temas de salud, de educación, familiares o por lo que sea; necesitamos de las mercancías, de las materias primas que llegan a las islas y a Ceuta y Melilla y que sólo
pueden llegar a través del transporte. Las mercancías tienen un sobrecoste producido por el transporte marítimo o aéreo, lo que hace que a la hora de manufacturar los productos en nuestras tierras el producto final sea más caro. Si lo
manufacturamos en nuestras tierras y después lo queremos poner en punto de venta en la Península tiene un sobrecoste y en muchas ocasiones nuestro producto deja de ser competitivo. Lo que quiere el Grupo Popular es incrementar esos descuentos a las
mercancías para que los productos que se fabrican en tierras insulares y en las ciudades de Ceuta y Melilla puedan ser competitivos. Nosotros no pedimos nada excepcional, pedimos una cosa lógica, de sentido común, reconocida en la Constitución y
que hace efectivo el principio de solidaridad. El Partido Popular estima que de nada sirve incrementar
los descuentos aéreos o marítimos si después se aumenta en una cuantía mucho mayor el precio final del billete de avión o de barco, porque se puede incrementar un descuento pero si se aplica ese descuento sobre una cantidad muy superior el
precio final del billete de barco o de avión puede ser superior aun con un descuento mayor.
Desde el punto de vista del Grupo Popular la solución pasa por dos vías.
Primera, declaración de interés público de determinadas líneas donde se marque un precio máximo para los billetes, unas frecuencias mínimas y unos estándares de
calidad necesarios para que los pasajeros puedan circular con unos mínimos de calidad en el servicio, para lo cual tiene que haber un acuerdo entre las comunidades, ciudades autónomas y el Gobierno central. Segunda, incrementar los descuentos en
materia de transporte. Hoy aquí nos encontramos con que las dos iniciativas de Coalición Canaria y el Partido Socialista no contemplan la posición que el Grupo Popular considera positiva para los habitantes de los territorios no peninsulares, y es
la posibilidad de adelantar ese 12 por ciento el año que viene y 5 por ciento en el año 2006 para que los ciudadanos, a partir del día 1 de enero, puedan disfrutar de esos descuentos.
Nos decía la representante del Partido Socialista que en estos últimos ocho años el Partido Popular no ha hecho nada. Respondo que es mentira.
Gracias al régimen especial de Baleares, que conozco bien, pasaron los descuentos aéreos de un
25 a un 33 por ciento. Se hicieron cosas, claro que sí. Se han declarado de interés público los vuelos interinsulares.
¡Claro que se han hecho cosas! Es mentira que durante ocho años no se haya hecho nada. Añade que, gracias al Partido
Socialista, hoy en los presupuestos que están en esta Cámara ya figura un descuento de un 38 por ciento para la gente que vive en las islas. Mentira, mentira. Los presupuestos que están en la Cámara contemplan el mismo descuento que el año pasado,
que el otro y que el otro. El señor Zapatero se equivocó cuando dijo que en los presupuestos contemplaban este tema. No. Los presupuestos que están en esta Cámara contienen el mismo descuento que el año pasado. Otra cosa es que el Grupo
Socialista y el Grupo Popular hayamos presentado unas enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado para incrementar estos descuentos de cara al ejercicio que viene.
Señor presidente, el Grupo Popular ha presentado cuatro enmiendas a las proposiciones no de ley de Coalición Canaria y del Partido Socialista. El texto que Coalición Canaria presentó inicialmente en la Cámara hablaba de incrementar los
descuentos en el transporte hasta llegar al 50 por ciento, pero sólo a las islas Canarias. Nuestra enmienda pretende que también las islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se beneficien de este descuento del 50 por ciento. La
segunda enmienda del Partido Popular a la iniciativa de Coalición Canaria es la misma que presentamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Consiste en que los gobiernos autónomos de las islas Baleares, las islas Canarias y
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla puedan adelantar las cantidades que hacen falta para que a partir del año que viene los ciudadanos puedan disfrutar de ese 50 por ciento de bonificación. Nuestra cuarta enmienda va dirigida a la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y se refiere a que cuando se habla, en los vuelos de interés público, de consensuar, negociar, revisar o no revisar, etcétera, añadir una coletilla que diga que desde ya se declaren de interés público
los vuelos entre las islas Baleares y la Península.
Para terminar, señor presidente, quiero decirle que cuando estaba en Baleares como diputada en el Parlamento balear propusimos que el Gobierno balear, conformado por el Pacto de Progreso, destinara en sus presupuestos determinadas cantidades
para subvencionar el incremento de esos descuentos. Lo propusimos en un momento en el que ustedes, los que gobernaban en Baleares entonces, se estaban gastando miles de millones de pesetas en publicidad. El Grupo Popular dijo que en vez de
derrochar, de tirar y de hacer propaganda con los fondos públicos, era mejor coger todo ese dinero y dedicarlo a subvencionar el transporte entre las islas Baleares para que resultara menos gravoso a los ciudadanos de nuestra comunidad. No hay que
cambiar las palabras de contexto sino utilizarlas en sus justos términos.
Señor presidente, el Grupo Popular, aunque no sea lo máximo a lo que aspira para ayudar y compensar a los territorios insulares, a Ceuta y a Melilla, hoy se siente satisfecho y contento de que, por lo menos, se dé un paso hacia delante, se
suba un peldaño. Al Grupo Popular le hubiera gustado subir otro, pero no ha sido posible. No obstante, votaremos a favor de las dos proposiciones no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado señor Jané para defender sus enmiendas.
El señor JANÉ I GUASCH: Honorable presidente, señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero anunciar que vamos a votar a favor de la proposición no de ley presentada por los grupos de
Coalición Canaria y Socialista y quiero también agradecer previamente el consenso final que, a través de un texto transaccional se ha logrado y en el que se recogen las dos enmiendas que pretendían simplemente acotar en el tiempo la propuesta. Que
no quede como tantas proposiciones no de ley que, al no ir acompañadas de un
plazo fijo de cumplimiento, en ocasiones el cumplimiento exacto queda en muchas ocasiones pendiente.
En el punto número 2 de la propuesta inicial del Grupo Socialista se nos pide modificar la normativa vigente reguladora de las subvenciones al transporte de viajeros con el fin de hacer efectivo el apartado anterior, donde hay unos
compromisos temporales en todos sus términos. Estamos de acuerdo, pero lo que pedimos es que con antelación suficiente en cada uno de los ejercicios presupuestarios, antes del 1 de enero se haya realizado la modificación normativa que puede
permitir el cumplimiento de esos tramos. No me ha parecido oírle a la señora Oliver la asunción de este punto de la enmienda, pero estoy convencido, por el espíritu y por lo que habíamos comentado antes de la tramitación de esta proposición no de
ley, que la intención del Grupo Socialista es que efectivamente sea así, que exista ese compromiso de realizar en cada uno de los ejercicios esa modificación normativa. Mi grupo entiende que en el texto que se vote al final puede ir incorporada esa
enmienda al apartado 2. También teníamos una enmienda al apartado 3, que pasa a ser nuevo apartado 4. Cuando se dice que el Congreso de los Diputados se pronuncia a favor de iniciar los trámites necesarios para, de común acuerdo con los
territorios mencionados en el apartado 1, analizar las posibles rutas en las que esté justificada la declaración o revisión de obligaciones de servicio público por motivos de evidentes deficiencias en los servicios por falta de competencia, pedimos
que este compromiso que va dirigido a un aspecto importante, la declaración de servicio público, se inicie durante el ejercicio 2005. Mi grupo pedía que la propia revisión se realizara en el año 2005, pero entiende que esa es la intención del Grupo
Socialista al proponernos en su transacción que se inicie ese proceso en el año 2005.
Adelanto, señor presidente, que a todos los efectos nos sumamos a la transacción final y damos por aceptadas en ese texto todas nuestras enmiendas. En la misma
línea que mi buen amigo el señor Rivero, portavoz de Coalición Canaria, quien concluía su intervención con la filosofía de que nadie puede negarse a una propuesta como la que se plantea hoy en esta Cámara, creemos que es una razón de justicia, señor
Rivero. Nuestro grupo siempre ha tenido presente todo lo que es la reclamación de estas subvenciones para el transporte. Entendemos muy claramente la situación de insularidad como la que afecta a Ceuta y Melilla, y especialmente también a las
Illes Balears. Ya hace quince días nuestro grupo, en plena coherencia con lo que votamos hoy, votó a favor de la proposición no de ley que entonces se nos presentaba. Vaya por delante este voto afirmativo, con la intención final de Convergència i
Unió de que, con esa precisión en los plazos, finalmente lo que se consiga sea que esos beneficios lleguen a quien tienen que llegar, a los ciudadanos y ciudadanas que por obligaciones de distancia y de insularidad tienen muchos problemas para tener
un transporte competitivo si lo comparamos con el resto de ciudadanos de la Península. Repito que vaya por delante nuestro voto a favor, que es un voto de comprensión y justicia, y esperamos que se vea cumplido con la máxima urgencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Jané.
Para fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, quiero manifestar brevísimamente el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a estas proposiciones no de ley que intentan lograr una opción por la cohesión interterritorial, por la igualdad de todos
los ciudadanos y, en definitiva, por hacer que podamos estar todos integrados desde el punto de vista de nuestras relaciones familiares y económicas de una forma lo más equitativa posible. Los ciudadanos de las Illes Balears y de Canarias merecen
que haya una participación con el erario público para que la comunicación entre las islas sea efectiva y eficaz desde el punto de vista económico y social. En este acto de solidaridad el Bloque Nacionalista Galego quiere participar activamente,
como siempre ha hecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente. También seré muy breve en mi intervención para fijar posición.
En primer lugar, quiero aclarar que nuestro voto será favorable a estas dos proposiciones no de ley, así como a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Coalición Canaria. Nuestro grupo considera justo, necesario
y conveniente aprobar medidas como las que hoy se proponen para los ciudadanos y ciudadanas residentes en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, los cuales sufren una serie de desigualdades, tanto en el transporte aéreo como marítimo, con
relación al resto de ciudadanos de la Península. Hoy aprobamos una propuesta que produce una gran satisfacción y que todos los ciudadanos y ciudadanas residentes fuera de la Península van a ver con muy buenos ojos, con la sensación de que se han
tenido en cuenta sus necesidades. No obstante, me gustaría aclarar que es cierto que hace apenas 15 días el Grupo Popular presentó una iniciativa similar a la actual y nuestro grupo parlamentario, al igual que otros, votó en contra. Esto podría
parecer incoherente
y es necesario ser riguroso y serio. El Grupo Popular no puede pretender que el resto de grupos bailemos sin ton sin son a su son, valga la redundancia. En la legislatura pasada el Grupo Popular no llegó ni mucho menos -aunque su portavoz
ha comentado que propuso una subida mínima- a este planteamiento drástico que en la proposición de hace quince días mantuvo de que el 50 por ciento tenía que realizarse durante el año 2005, pero no aceptó ninguna de las enmiendas que se le
presentaron. Nuestro grupo parlamentario consideró que era incoherente, a pocos meses de iniciarse la legislatura, traer una iniciativa de estas características con prisas. Sin embargo, hoy vamos a votar a favor de una proposición fruto del
diálogo, del consenso, posibilista, que conseguirá los objetivos perseguidos. Quiero reiterar que nuestro voto será favorable y queda aclarado por qué votamos hoy a favor de estas iniciativas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
A continuación, tiene la palabra el Señor Beloki, del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Con ocasión del debate hace 15 días de la proposición no de ley sobre este mismo tema del Partido Popular, ya expresamos nuestra disposición a apoyar el que los servicios regulares de transporte de viajeros y de mercancías, tanto marítimos
como aéreos, bien con la Península, bien interinsulares, contaran con una subvención de las tarifas para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que alcanzara, en el más breve plazo posible, hasta el 50 por ciento, siempre en el marco
de la autorización de Europa. Mostramos entonces nuestra disposición mediante dos actos. Por un lado, votamos favorablemente a la proposición no de ley del Grupo Popular y, por otro lado, anunciamos que cualquier otra iniciativa que viniera a esta
Cámara, tal como habían anunciado el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista, sería apoyada por nuestro grupo.
En aquella ocasión manifestamos ya el porqué de este apoyo, prácticamente incondicional. No teníamos compromisos con nadie para decir que no a ninguna proposición no de ley y nos parecía de razón y de justicia que se apoyaran, en los
términos que antes he expresado, las ayudas a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Las razones que entonces dimos siguen estando vigentes y, por lo mismo, no es
necesario volver a enunciarlas aquí. No hemos cambiado de parecer por lo que hoy apoyaremos el acuerdo, del que nos felicitamos, mayoritario en esta Cámara de los dos grupos que han presentado las proposiciones no de ley, el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que parece que tienen una transacción junto con el Grupo de Convergència i Unió. Estamos en disposición de decir que las ayudas que todos deseamos para los residentes de Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías se pueden materializar en los plazos previstos, en los más breves posibles.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.
Finalmente, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Esquerra Republicana de Cataluña quiere manifestar que esta enmienda presentada con espíritu de consenso recoge plenamente un texto que presentó en su momento este grupo parlamentario y concretamente este diputado en
el mismo sentido que ahora recoge la enmienda del Grupo Socialista y el texto de Convergència i Unió. Nosotros habíamos manifestado nuestra voluntad de llegar al 50 por ciento en la actual legislatura y realizar el estudio de la declaración
universal de obligaciones como servicio público. Efectivamente, añade, para nuestra satisfacción, la reducción de los costes también en el transporte de mercancías; algo que nos parece de justicia, como lo es también la subvención del transporte
en aquellos territorios insulares o que tienen dificultades añadidas. No es ninguna novedad y nos sumamos al consenso general de la Mesa; hecho que provocará la retirada de nuestra proposición de ley puesto que, efectivamente, este acuerdo
multipartito da plena satisfacción a nuestras aspiraciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
Finalmente daré la palabra a los dos grupos que han presentado las proposiciones no de ley para aclarar las transaccionales.
En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para agradecer en nombre de mi grupo parlamentario la disposición que han tenido todos los grupos para alcanzar un gran acuerdo en materia de incremento de la subvención del transporte, tanto de mercancías como de pasajeros.
Después de la retirada de la proposición no de ley del Grupo Socialista, lo que vamos a votar es la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en su literalidad, con las aportaciones que
hacen el Grupo Parlamentario Catalán, Esquerra -que ya está recogida en el texto-
y el Grupo Parlamentario Popular, salvo aquellas que se refieren al anticipo de la subvención del 50 por ciento. Consideramos que, en esencia, las incorporaciones realizadas por todos son positivas y refuerzan la posición de las
proposiciones no de ley presentadas por los dos grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rivero.
Señora Oliver, a pesar de la retirada de la proposición, entendemos que votamos la proposición del Grupo de Coalición Canaria, con la enmienda del Grupo Socialista, junto a la adición del Grupo Catalán (Convergència i Unió). ¿Es así?
La señora OLIVER SAGRERAS: Vamos a votar el texto conjunto de una transaccional que se presentó.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): La proposición de Coalición Canaria.
La señora OLIVER SAGRERAS: Que está presentada.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Con la adición del párrafo del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que usted misma ha hecho llegar a la Mesa.
La señora OLIVER SAGRERAS: Sí, exacto. Son dos párrafos. Se lo hemos hecho llegar la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): El que nos ha hecho llegar a la Mesa.
La señora OLIVER SAGRERAS: Los dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa?
La señora OLIVER SAGRERAS: Rechazamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y aceptamos parte de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que queda adicionada al punto 2, en los términos que hemos hecho
constar a los servicios de la Cámara.
Agradecemos a toda la Cámara la predisposición favorable a nuestra iniciativa y el apoyo que le van a dar.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Socialista sobre reducción en las tarifas de los servicios regulares de transporte de viajeros y
mercancías en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Habrá una sola votación, ya que se ha producido un acuerdo, de modo y manera que se votará el texto presentado por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al cual se le incorpora una enmienda
de adición del Grupo Socialista y otra de Convergència i Unió. En cualquier caso, la de Convergència i Unió, en relación con la inicial del Grupo Socialista -perdonen la complicación-, era transaccional y, en consecuencia, tengo que preguntar al
Pleno si algún grupo parlamentario se opone a su tramitación. (Pausa.)
Si no es así, vamos a proceder a una única votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 307; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se considera aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROMOVER LA DEMOCRATIZACIÓN DE CUBA Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DISIDENTES Y DE LOS PRESOS DE CONCIENCIA CUBANOS. (Número de
expediente 173/000033.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para promover la democratización de Cuba y defender los derechos humanos de los
disidentes y de los presos de conciencia cubanos.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Moragas.
(Rumores.)
Guarden silencio, por favor. Señorías, les ruego que guarden silencio.
(Continúan los rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio. Terminen con las conversaciones, por favor.
Adelante, señor Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, durante las últimas semanas esta Cámara y la opinión pública española y europea han debatido acerca de la política que es necesario articular desde nuestras democracias con respecto a Cuba. ¿Qué ha ocurrido? Por ponerlo en
términos amables y templados, podríamos decir que el debate ha demostrado una
diferencia de sensibilidades entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara. En nuestra opinión, este disenso, lejos de contribuir a desenfocar el problema de fondo, debería servir para hacer un esfuerzo conjunto al
objeto de trabajar todos juntos en la misma dirección.
En el transcurso del debate del pasado día 20 entre el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el portavoz parlamentario de mi grupo, todos aquellos que pudimos presenciarlo pudimos escuchar como, tras el intercambio de argumentos
diversos encontrados, el ministro dijo aceptar la oferta de consenso de mi partido, y nosotros, con esta moción, pretendemos hacernos receptores de su voluntad teórica de acuerdo. El ministro Moratinos dijo que el Gobierno quería trabajar por la
elaboración de un consenso sobre política exterior y, en concreto, sobre política con respecto a Cuba. Recordarán que su exposición concluyó con un gesto que queremos entender sincero y no retórico y que consistió en el ofrecimiento del puro de la
paz. A continuación el presidente nos recordó que estaba prohibido fumar en la Cámara. El ministro señor Moratinos dijo textualmente, y cito: 'Lo que nosotros queremos' -es decir, el Gobierno- 'es reforzar el papel de la disidencia, el papel de
todas las fuerzas democráticas, y lo queremos hacer con diálogo y con talante'. La moción que hoy presentamos atiende a esa declaración solemne del Gobierno y propone una serie de principios que encajan a la perfección con lo que es esa teórica
filosofía. De lo que se trata ahora es de calibrar la calidad del compromiso y la sinceridad de sus intenciones.
Señorías, la moción que presenta el Grupo Popular hoy pide cosas muy sencillas, cosas que entendemos que son aceptables para todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. La moción pide que la política exterior de España tenga
entre sus objetivos la promoción de la democracia, los derechos humanos y la libertad en todo el mundo y también en Cuba. Estoy convencido que el Grupo Socialista y la mayoría de grupos representados en esta Cámara comparten este principio básico.
A continuación la moción insta al Gobierno a que trabaje por una transición pacífica a la democracia, y aquí también entendemos -porque así lo han declarado también solemnemente los representantes del Gobierno socialista- que el Grupo Socialista
debería respaldar este punto de la moción. En tercer lugar se insta al Gobierno a defender la posición común de la Unión Europea adoptada en 1996, que, como ustedes saben, contempla el diálogo con las autoridades cubanas, al mismo tiempo que lo
vincula a una necesaria mejora del respeto de los derechos humanos -es lo que en la Unión Europea se conoce como la cláusula democrática-. En cuarto lugar instamos al Gobierno a que exija la liberación incondicional de todos los presos políticos y
de conciencia cubanos, y aquí también entendemos que el Gobierno y el Grupo Socialista no deberían tener inconveniente en suscribir este punto de la moción, ya que el propio ministro en esta misma Cámara nos dijo que eso fue lo primero que le
trasladó al ministro cubano cuando se reunió con él en Nueva York. El quinto punto que entendemos quizá que conforma el elemento más novedoso de la parte dispositiva establece algo tan mínimo y básico como que el Gobierno cuente con la disidencia
cubana a la hora de plantear cualquier modificación de la política española y europea con respecto a Cuba. Este punto creemos que se identifica con lo manifestado solemnemente por el ministro de Asuntos Exteriores socialista en esta Cámara.
Recuerden, señorías, que el ministro dijo que quería reforzar el papel de la disidencia. En esto estamos de acuerdo. De hecho, mi grupo lleva trabajando en esta dirección desde hace tiempo, y sin ánimo de hacer referencias personales, sirva como
muestra un botón. El dictador, es decir, el jefe del Estado, hace poco, literalmente, amenazó a este diputado con la cárcel si intentaba de nuevo entrevistarse con los disidentes. Esa es la dimensión del problema y esta Cámara debe pronunciarse
sobre esa cuestión. Creemos que este punto beneficia a todos, ya que permite al Gobierno de nuestro país generar una relación de confianza con la disidencia, una relación de confianza con aquellos que sufren la represión y que trabajan
pacíficamente por los principios que dice defender el Gobierno de España. Se trata de crear un círculo de confianza sincero con aquellos que liderarán el futuro democrático de Cuba. No se equivoquen, señorías, ese es el futuro.
En definitiva, se trata de una moción que lo único que pretende es defender la voz de la disidencia, de la oposición democrática y dar contenido a un compromiso de diálogo que el Gobierno ha reiterado hasta la saciedad en numerosas
ocasiones. Señores del Grupo Socialista, tienen hoy una excelente ocasión para demostrar a todo el mundo que su concepto de diálogo no excluye a los demócratas cubanos, con los que el ministro ha dicho que quiere contar. Es una excelente ocasión,
señores del Grupo Socialista. Hoy tienen una ocasión perfecta para demostrar que su apelación constante al diálogo y su exaltación del concepto del talante democrático no es solamente la etiqueta de un envase vacío sin contenido alguno. Señorías,
tengan en cuenta una cosa; llegará el día en que el pueblo cubano democrático recuerde a sus amigos extranjeros. Lo hemos visto hace poco en la Europa secuestrada por el totalitarismo soviético.
Sus nuevos gobiernos democráticos, hoy socios
nuestros en la Unión Europea, recuerdan con cariño a quienes les apoyaron en los días oscuros, tristes y grises de la dictadura y recuerdan con rechazo a quienes ignoraban su sufrimiento. En la importante votación que tendrá lugar posteriormente
ustedes pueden dejarnos solos, pero el pueblo cubano sabrá, y nosotros nos encargaremos de que lo sepa, quién estuvo dónde cuando la represión totalitaria
ahogaba a los defensores de su libertad. Nosotros nos podremos quedar solos en esta votación de hoy, pero saldremos por la puerta sabiendo que nuestra soledad, ahí, fuera de la Cámara, es una soledad compartida, una soledad acompañada por
la mayoría de demócratas españoles, y estoy convencido que muchos de ellos son jóvenes que no transigen con la complicidad con un dictador, por muy atractivo que haya sido su pasado, acompañados y compartida esta soledad por todos los demócratas
cubanos que sufren la privación de la libertad que todos, ustedes y nosotros, disfrutamos en nuestro país. Señorías, hoy, esta Cámara, les guste o no, se retrata ante el pueblo cubano.
Señorías, entiendan esta moción como lo que es, una apuesta conjunta por la libertad y la democracia en Cuba de aquellos que representamos al fin y al cabo la soberanía nacional. Si por el contrario prefieren ver en esta moción una incómoda
iniciativa legislativa de mi grupo que les convierte una vez más en rehenes de la extrema izquierda y de los independentistas, entonces cada uno deberá aguantar su propia mueca en esa foto truculenta que nos hacemos hoy aquí. (Rumores.)
Cuando el que se dice dialogante no dialoga,...
El señor PRESIDENTE: Señor Moragas, su tiempo concluyó. Vaya terminando, por favor.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Termino.
... cuando el que se califica de comprometido no se compromete y cuando el que se llama a sí mismo progresista no apuesta por el progreso es cuando todas las caretas se desvanecen y entonces aparece desnudo ante todos el terrible rostro de
la hipocresía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragas.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego pensamos que el mundo, efectivamente, tiene muchas deficiencias y está pasando por un momento crítico y es precisamente en los momentos críticos cuando el principio de ponderación, de equilibrio,
de diálogo, de no sectarismo y de no concebir la política como hostilidad contra los que están en una situación más débil debe de regir la política del Estado español. En definitiva, señorías, pensamos que hablar de derechos humanos y de libertad
en un momento en que existe Guantánamo y en que existe Abu Ghraib debía de llevarnos por lo menos a una ponderación y una objetividad mayor. La objetividad y la ponderación nunca pueden pasar por no respetar un principio fundamental en la política
internacional, que es que se puede ser crítico con cualquier régimen político, pero lo que no podemos cometer es el pecado de la injerencia, de la intromisión descarada, de la provocación o incluso del alineamiento con la política agresiva de una
gran potencia, por muy grande que esta sea, por muy amenazante y muy intimidadora que se nos presente.
Como diputado, quiero decirles que ningún representante de la soberanía del Estado español está legitimado para entrometerse con premeditación en los asuntos internos de ningún país, aunque este sea Cuba. Realmente, desde fuera, lo que ha
acontecido, por lo menos objetivamente, se ve como una planificación orquestada que acabó incluso ayer con un artículo poco apropiado por parte de un intelectual, gran escritor, que se llama Vargas Llosa, pero la pregunta retórica que yo les hago es
la siguiente.
¿Ustedes creen que si yo me presentase en Miami criticando la pena de muerte en Estados Unidos, diciendo que está empleando el tema del terrorismo para acabar con las libertades dentro de Estados Unidos, diciendo que son contrarios al
espíritu esencial de la humanidad los bombardeos sobre Irak, me iban a dejar continuar con mi discurso, si es que pudiese hipotéticamente expresarlo en alguna parte en Estados Unidos con un poco de extensión e intensidad? Yo les aseguro que me
meterían en la cárcel y además dirían que soy terrorista al servicio del mundo islámico. Por tanto, conviene mantener la mínima objetividad.
Por otra parte, es cierto que la disidencia es legítima y es posible que incluso yo, después de 30 años viviendo en Cuba, formase parte de los disidentes, pero una cosa es la disidencia y otra cosa es amparar el sabotaje o amparar actos de
terror contra el propio pueblo cubano o incluso ser cómplices de una estrategia política que conduce a Cuba a convertirse en un nuevo Puerto Rico, en definitiva, en una colonia de Estados Unidos. Por tanto, señorías, pensamos que lo mejor que
podemos hacer en este momento es dejar que sean los cubanos quienes decidan dentro del castrismo y en el poscastrismo. En todo caso, sea cual sea la salida, espero que mantengan su soberanía política, por el bien de ellos, por el bien de América
Latina y me atrevo a decir que por el bien de la humanidad y, por tanto, por el bien del propio Estado español. Como nada de esto que yo les he dicho subyace en la moción del Grupo Parlamentario Popular, considerarán que es legítimo y ponderado que
nos mantengamos no solamente al margen sino con un voto negativo claro y explícito.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
A continuación, turno de fijación de posiciones. (Pausa.)
En nombre de Coalición Canaria, don Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Para Coalición Canaria todo tema referido a Cuba es de una alta sensibilidad. Son antecedentes históricos fundamentalmente basados en la emigración en el siglo pasado, incluso en siglos anteriores, de población canaria que iba hacia la
perla del Caribe, hacia Cuba. De ahí que estos vínculos, que son familiares, hayan creado un sustrato de entendimiento de nuestro pueblo desde Canarias, como pueblo español y pueblo canario, hacia el pueblo cubano. Ese sentimiento está por encima
de las circunstancias, por mucho que duren, de los regímenes políticos. En cuanto al régimen político de Cuba, este diputado que habla en nombre de Coalición Canaria en ocasiones anteriores, en otras legislaturas, ha fijado desde esta tribuna su
posición. Hoy creemos que esta posición tiene que ser muy clara. En primer lugar, que nadie entienda que un posicionamiento como el que trae en este momento el Grupo Parlamentario Popular pudiera tener un apoyo si significa esto una injerencia.
Hay una norma de respeto internacional -lo acaba de decir de otra manera el portavoz del Bloque Nacionalista Galego que me acaba de preceder- que está por encima de la naturaleza de los propios regímenes. No puede haber ninguna sombra ni presunción
de que estemos haciendo una injerencia en el sistema de un Estado soberano que forma parte de las Naciones Unidas -esta es mi primera reserva en relación con el documento de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular-, por un
tratamiento académico de respeto del derecho internacional. Tienen que ser los propios ciudadanos cubanos los que se pronuncien internamente sobre este tema, ya que en caso contrario no solamente estaríamos haciendo una injerencia en derecho
internacional, sino una injerencia en el propio sentimiento del pueblo cubano. En segundo lugar, mi grupo nunca regateará al Gobierno español, legítimo y democrático, sea del signo que sea, que ejerza la política exterior. La política exterior de
un Estado es competencia de su Gobierno democrático y legítimo y Coalición Canaria apoyará siempre al Gobierno español y al Ministerio de Asuntos Exteriores como organismo encargado de la ejecución de esa política para hacerla posible. Esa es la
línea que vamos a seguir, buscando después el consenso para la política exterior, cosa que no se ha buscado con esta moción.
En el tema con Cuba, como con cualquier otro país con el que tuviéramos un contencioso de este tipo, primero, es el Ministerio de Asuntos Exteriores el órgano encargado de ejecutar la política exterior del Gobierno y, en segundo lugar, por
estas connotaciones, ese Gobierno debe buscar el consenso mayoritario de las fuerzas políticas. De aquí que hayamos coincidido ya varias fuerzas políticas en exigir el foro parlamentario para fijar las directrices de una consensuada política
exterior. En tercer lugar, con respecto a Cuba, tenemos que tener en cuenta un principio de solidaridad, pero al mismo tiempo, cuando en uno de los epígrafes de la moción del Grupo Parlamentario Popular se está exigiendo un comportamiento común de
la Unión Europea que ya se ha superado con el tiempo y que obedeció a unas circunstancias especiales y lamentables -que hemos condenado y rechazado dentro del régimen cubano castrista-, para que la posición tenga no solamente un apoyo de España sino
también de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que acaba de ser ampliada con 10 nuevos componentes y ahora está formada por 25 Estados, y una política de este tipo requeriría una ratificación en estos momentos. En cuarto lugar, no solamente
desde la óptica de los empresarios turísticos catalanes o de las Islas Baleares sino también de los de Canarias, hay que tener un sentido de cautela, de preocupación y de protección de los intereses económicos y comerciales que sobre todo en el área
del turismo empresarios españoles, muchos de ellos canarios, tienen en este momento en Cuba. Hemos tenido la ocasión de debatir muy a fondo en las legislaturas anteriores el alcance de la Ley Helms-Burton, de los Estados Unidos. En la época del
presidente Clinton, siendo el Gobierno de los Estados Unidos de signo demócrata, rechazamos aquellas reservas de congelación que el presidente Clinton hizo de la Ley Helms-Burton, porque entendíamos que había una injerencia y un efecto sobre
terceros de la legislación norteamericana que iba a penalizar a una serie de empresas españolas porque habían optado, en el juego internacional de la legislación cubana, a una serie de instalaciones en territorio cubano que podían estar sometidas a
un contencioso. Mi grupo y muchos otros rechazamos aquí el planteamiento de la Ley Helms-Burton para llevar a cabo una actuación de este tipo, cuando además conocíamos los nombres de Mas Canosa y de otras gentes de ese llamado exilio cubano que
está en Miami. Lo que no podemos hacer en una moción es decirle a la oposición cubana que es democrática, porque todavía no lo sabemos, pues hay muchas dudas de que los grupos opositores tengan un concepto de la democracia tal como la entendemos
nosotros, a través de una representación genuina obtenida por un procedimiento electoral. Por la información de la que dispongo, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ha retirado una enmienda que había presentado a este
respecto -si lo ha hecho, tiene todo mi apoyo-, que era un ejemplo de una enmienda en sentido constructivo, ya que trataba de salvar una situación, porque lo que ha conseguido todo el bloqueo propiciado por la Ley Helms-Burton es la perpetuidad en
el calendario del régimen castrista actual. Una de las ayudas fundamentales que puede prestar España es el entendimiento de la realidad socioeconómica y política cubana, que permita hacer una política pragmática y no una política de cerrazón. Mi
grupo entiende que esta moción del Grupo Parlamentario Popular, de ser aprobada, imposibilitaría
el desarrollo de una política exterior española y de la Unión Europea que llevase a esta realidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, el tiempo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino inmediatamente, señor presidente.
Como la moción está planteada en sentido negativo y de cerrazón, mi grupo no la puede apoyar. En este momento, creo que estamos en sintonía con el afecto que el pueblo canario siente hacia Cuba, no hacia su régimen político, sino hacia el
pueblo cubano. Queremos buscar una solución positiva y no encastillar al régimen castrista en una posición mucho más numantina, que sería perjudicial no para el régimen, sino para el pueblo cubano. Como Coalición Canaria está a favor del pueblo
cubano, va a votar en contra de esta moción del Grupo Popular. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-El señor Mancha Cadenas: ¿Y el Sáhara qué?)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario, no creo que les sorprenda, va a votar en contra de esta moción. (El señor Mancha Cadenas: ¡Vaya por Dios!)
Dice usted, señor Moragas, que es una especie de prueba de la verdad, y creo que vamos a satisfacer su interés en la verdad, pero dice algo más, dice que se va a quedar usted sólo con los ciudadanos y con el pueblo cubano. Yo espero que
esta noche se quede usted sólo con el señor Bush, que es el verdadero inspirador de esta política para Cuba y de esta política del Partido Popular. Espero que se queden solos.
En relación con su propuesta, y tratándola con delicadeza, como ha hecho en su primera intervención el señor Moragas, en estos momentos nos encontramos en una nueva etapa de la política de este país, esperamos que también de la política
exterior, y su viaje a Cuba pretendía interrumpir esa nueva etapa. Nosotros lo hemos sabido con anterioridad, pues hemos escuchado a su portavoz en distintas preguntas e interpelaciones al Gobierno en las cuales anunciaba que si el Gobierno no
hacía lo que ustedes querían no solamente iban a enfrentarse a esa política del Gobierno, cuestión legítima, sino que iban a sustituir al Gobierno en Cuba y que su partido político iba a hacer la recepción que ustedes decían no iba a hacer el
Gobierno; cito palabras de su intervención y de la intervención del portavoz del Grupo Popular ante esta Cámara. Por tanto, es una intervención premeditada para sustituir la acción de Gobierno, además de la legítima confrontación con la nueva
política exterior que esperamos que se consolide a lo largo de los próximos años.
Porque, señorías, ustedes han provocado una situación nueva en la política exterior española para América Latina, que no tiene nada que ver ni con la tradición
democrática de este país ni con la tradición de la política exterior en períodos anteriores. Ustedes han convertido la política exterior para América latina, y en particular la política exterior para Cuba, en un trasunto de la política exterior del
Gobierno norteamericano. No es posible distinguir en América Latina la política del Gobierno Aznar y mucho menos distinguirla en relación con Cuba. ¿Qué ha hecho el Gobierno norteamericano en relación con Cuba? Bloqueo, extraterritorialidad de
las leyes y suspensión de la diplomacia. Trasunto de la política por parte del Partido Popular, en buena medida extraterritorialidad con las últimas medidas relativas a la diplomacia española en Cuba y también suspensión de nuestra diplomacia por
la vía de hecho, congelación de nuestra diplomacia que ya no es un interlocutor entre dos países soberanos, sino que se convierte en un interlocutor prácticamente sordo para cualquier relación con el Gobierno cubano. Esa es la política que ha
diseñado a lo largo de estos años el Partido Popular. En nuestra opinión una política exterior no solamente estéril, que no ha obtenido resultados, sino una política contraproducente y que rompe toda una tradición de política exterior hacia América
Latina y hacia Cuba.
El viaje del señor Moragas lo que ha pretendido es abortar la recuperación de la política española para América Latina, la recuperación de la relación fraternal entre España y América Latina y ha pretendido, sobre todo, interrumpir una nueva
orientación de nuestra política exterior. Una orientación imprescindible si queremos que sea una orientación no solamente solidaria, democrática, sino además eficaz de nuestra política exterior y de nuestra diplomacia. El viaje del señor Moragas,
premeditado, conocido, finalmente cumple sus objetivos: convertir la política para Cuba en una política de administración interna del Partido Popular y mostrar una vez más por parte del Partido Popular la sujeción a los intereses del Partido
Republicano en convocatoria electoral, en momentos preelectorales donde era el propio Partido Republicano el que estaba motivando esa serie de iniciativas que no fueron únicas por parte del Partido Popular sino por parte de otros partidos
conservadores europeos. Por tanto, conversión de la política para Cuba en una política interna y sujeción de nuestra política exterior a dictados exteriores, a dictados de la Administración norteamericana. Finalmente, señorías, no lo han
conseguido, se han quedado solos y han dejado expedito el camino a una nueva política en América Latina y esperamos que una nueva política también para Cuba. Una nueva política para Cuba que se base en el consenso en este Parlamento, no en la
provocación ni en las posiciones autónomas al margen de la diplomacia y al margen del Ministerio de Asuntos Exteriores; que se base en el
diálogo y en el reconocimiento mutuo entre dos países, y que se base sobre todo en la diplomacia. Desde luego el viaje no ha sido precisamente un ejercicio de política exterior ni un ejercicio de diplomacia sino un esperpento. A nosotros
no nos parece bien sustituir a la diplomacia, como no nos parece bien congelar a la diplomacia española...
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señor presidente. Por eso nosotros, que compartimos con todos los diputados y diputadas de esta Cámara la defensa irrenunciable de todos los derechos y libertades individuales y de los derechos y
libertades colectivas, no compartimos en absoluto una estrategia política por parte del Partido Popular que ve el mundo de manera parcial y que dificulta nuestra política exterior para América Latina y en concreto la política exterior para Cuba
porque la sitúa, como decía antes, no sólo en la suspensión de la diplomacia, sino en la sustitución de la diplomacia por parte del partido mayoritario de la oposición. Es legítimo que haga oposición, pero no que sustituyan a la mayoría del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
En nombre de Esquerra Republicana, señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señorías, la presente intervención del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, el independentismo catalán, pretende reflejar nuestra tradición política en defensa de la libertad y la
independencia del pueblo de Cuba. El independentismo catalán es la única fuerza política que puede proclamar con orgullo no tan solo que en su día estuvimos al lado de José Martí, sino que también muchos catalanes, instalados en Cuba por razones
comerciales o económicas en general, lucharon denonadamente a favor de la independencia de esta colonia española y la posterior construcción de las estructuras del nuevo Estado cubano.
Recordamos y honramos así a José Martí, héroe nacional cubano, hijo de valencianos; a Josep Miró i Argenté, catalán, natural de Sitges, jefe del Estado Mayor del ejército de Maceo. Este importante soporte de la comunidad catalana fue
reconocido a partir de 1898 por la República cubana con frecuentes y notables gestos, el más significativo de los cuales fue el tratamiento de jefe de Estado por parte del Gobierno cubano al que sería el futuro presidente de la Generalitat de
Catalunya Francesc Macià cuando, en 1928, concretó en este país la proclamación del proyecto constitucional de la República catalana con Ventura i Gassol y Josep Conangla i Fontanillas, letrado mayor del Congreso Nacional cubano. De este proyecto
nacería nuestra bandera independentista, el triángulo azul con la estrella blanca situado sobre las cuatro barras catalanas, sin duda a semblanza de la bandera cubana. La revolución de 1958 supuso la ruptura interna de la comunidad catalana
residente en la isla. De esta manera, y haciendo gala de su gran implantación social, política y económica, nos encontramos con originarios de Cataluña que se vieron forzados a tomar el camino del exilio mientras que otros apoyaron sin ambages la
nueva revolución.
Sobre las intervenciones referentes a la política actual en Cuba del pasado miércoles 20 de octubre, queremos dejar patente que desde el independentismo catalán no nos identificamos en absoluto y que nuestras opiniones difieren de todo
cuanto se expuso. No puede el Partido Popular darnos lecciones de antifranquismo ni formular críticas a sistemas dictatoriales mientras representantes de este partido en el ámbito municipal mantienen monumentos y nombres de calles dedicados a
personas y hechos del periodo franquista, tales como José Antonio Primo de Rivera, 18 de julio o del mismo dictador general Franco. No es racional ser escrupulosamente democráticos cuando se refieren a Cuba y no serlo para otros países con déficits
democráticos enormes con los que no les importa mantener magníficas relaciones, o con ciertos periodos de la historia de España. En muchos casos, y son ejemplo aquí, son contradictorios con los postulados democráticos a que se referían el 20 del
pasado mes.
Por otra parte, si la política del Ministerio de Asuntos Exteriores, del señor Moratinos, es coincidente con la que suscriben el señor Fraga y don Abel Matutes respecto a Cuba, como se dijo, comprenderán que desde nuestro grupo parlamentario
no se obtenga ninguna adhesión. Frente a esta panorámica, Esquerra Republicana quiere emprender, como es tradicional en nuestro ideario político, una relación particular y propia con Cuba, anunciando hoy en el Congreso que este es y será nuestro
compromiso respecto a Cuba y sus ciudadanos y ciudadanas.
Así pues, la política de Esquerra Republicana con relación a Cuba está configurada sobre los siguientes ejes. En primer lugar, reconocer que la situación del actual régimen no se sustenta con el voto de los ciudadanos y, por tanto, carece
de validación democrática. A tenor de esta situación gubernamental, propugnamos colaborar con la recuperación de las libertades individuales y colectivas, así como en el retorno a la isla de todos los exiliados y la liberación de los presos
políticos. Segundo, colaborar al necesario desarrollo económico de Cuba, tanto en los planes del Gobierno actual como en todas aquellas iniciativas privadas que surjan en este sentido. Tercero, refuerzo de la sociedad civil organizada dentro de
los parámetros de la libertad personal y colectiva, y en especial de las comunidades
catalanas de Cuba, que forzosamente tienen que ser objeto de atención preferente por parte del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Cuarto, el compromiso de nuestros mayores esfuerzos para la implantación de una delegación del Govern de
la Generalidad en Cuba desde donde se puedan vehicular los objetivos propugnados.
Con este posicionamiento Esquerra Republicana pretende contribuir a la recuperación por la vía pacífica de la vida democrática de Cuba, al retorno de las libertades de sus ciudadanos y ciudadanas y a una política que conlleve un mayor
bienestar económico de los cubanos, sin olvidar que todo ello también suponga la independencia cubana frente al hegemonismo norteamericano, con cuya política de bloqueo económico y asfixia del pueblo cubano se crea un nuevo escenario geopolítico
para convertir la isla caribeña en una nueva colonia dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos.
El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, intente concluir, por favor.
El señor ANDREU DOMINGO: Voy concluyendo.
Para terminar, queremos dejar muy claro que, al margen de estos objetivos, Cataluña tiene un compromiso histórico y moral con el pueblo cubano por las facilidades de implante y proyección que en él siempre han encontrado los catalanes allí
residentes, y como ejemplo y culminación de las muchas atenciones procedentes de Cuba hacia Cataluña en el plano histórico nacional queremos recordar y agradecer el hecho de que la comunidad catalana de Cuba y el pueblo cubano fueran los grandes
perdedores del empréstito Pau Claris, con el que se financió el intento de liberación de Cataluña en Prats de Molló en 1929.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Andreu.
Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Durán i Lleida.
El señor DURÁN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario comparte un principio en política exterior que es el de intentar que se sitúe por encima de la rivalidad política. Si eso lo comparte en términos generales en cuanto a la política exterior, también dicha en
términos generales, mucho más explícitamente en aquello que hace referencia a la política exterior española respecto a Cuba.
Recordarán en este sentido que, a raíz de un incidente -en la acepción legítima de la palabra- en un Pleno como
consecuencia de una protesta sobre los hechos que originan esta moción y la interpelación previa, nuestro grupo parlamentario se posicionó exactamente en los términos que ahora recuerdo. No creemos que sea conveniente para la política exterior
española y su posición respecto a Cuba que se trate esta cuestión abordándola de la manera que se abordaba aquel día. Precisamente porque somos partidarios de que la política exterior, en general, y en particular respecto a Cuba, se sitúe por
encima de la rivalidad política vamos a votar en contra de esta moción consecuencia de interpelación del Partido Popular. Vamos a votar en contra porque no es otra consecuencia que la de una iniciativa partidaria que, por otra parte, resulta
también consecuencia incluso de una iniciativa personal, muy respetable, pero partidaria al fin y al cabo. Ello sin perjuicio de que nuestro grupo parlamentario condena el hecho de que un representante de este Parlamento tenga dificultades para
entrar en un país, y las tenga aunque sea para intentar dialogar con la oposición al sistema político o régimen político instituido en ese país. No obstante, debo decir que quien les habla ha entrado cuantas veces ha querido en Cuba, ha dialogado
cuantas veces ha querido en Cuba, que ha sido en cada una de las ocasiones que he visitado la isla, conociéndolo por supuesto el Gobierno, y nunca he tenido dificultades en dialogar con la oposición. Es más, el dirigente más destacado de esa
oposición entró en su día a formar parte de una internacional política que algunos han destrozado en los últimos tiempos, gracias a la acción de nuestro grupo político y de mi persona en particular, si se me permite esa referencia personal. Vamos a
votar en contra sin ningún temor a la soledad, sin ningún temor a quedar retratados, porque no somos rehenes ni de la extrema izquierda ni de los independentistas; esos son lenguajes que no hacen más que abundar en la utilización partidaria de este
debate político que nunca debiera haberse dado en los términos que se produjo el primer día en la interpelación y en el día de hoy.
La gran pregunta es: ¿debe continuar la actual política exterior respecto a Cuba? Mi respuesta es no. Hay que dialogar con el Gobierno cubano, hay que dialogar, por supuesto, con la sociedad civil, pero hay que defender los intereses de
la propia sociedad civil española presente en Cuba, no simplemente empresarios, que también, y hay que defender los intereses globales de una política exterior. Y difícilmente se podrán defender intereses concretos y globales en política exterior
si no se dialoga con el Gobierno, en este caso, aunque sea un Gobierno, sin duda, fundamentado en unos principios que nosotros no compartimos por antidemocráticos. ¿Ese diálogo debe ser un diálogo crítico? Sí, por supuesto, debe ser un diálogo
crítico y debe acompasar los gestos de diálogo con la crítica ante una situación de persecución, de privación de libertad de unos grupos de oposición que intentan
libremente sostener tesis diferentes a las del régimen castrista. Por tanto, sí al diálogo. No ayuda a nadie la actual situación. No tiene sentido que, por ejemplo, mañana en la cena que organiza la Organización de Empresarios Españoles
en Cuba el Gobierno se siente en una mesa muy distante de la mesa en que se van a sentar los representantes de la embajada española. Eso no tiene ningún sentido. Hay que defender y apoyar a los empresarios españoles en general, catalanes en
particular, sabiendo además que la presencia de empresarios ayuda a abrir brechas de libertad, porque no hay duda que cuando hay libertad económica acaba apareciendo la libertad política. ¿El diálogo debe ser sólo con el Gobierno cubano? No, por
supuesto. ¿Debe suceder lo que sucedía hasta ahora de que, por querer dialogar con la oposición, no se podía dialogar con el Gobierno? No.
Tampoco debe suceder que, a partir de ahora, por querer dialogar con el Gobierno no se pueda dialogar con
la oposición. Por tanto, hay que buscar el punto de equilibrio en ese diálogo crítico que hay que mantener, en contra de lo que ha sido la actitud del Gobierno en los últimos tiempos con relación al Gobierno de Cuba, sabiendo, al mismo tiempo, que
hay que acompasarlo con gestos de solidaridad respecto a la oposición. Porque aquí se han dicho cosas respecto a la no injerencia, pero a todos nos gustaba, al menos a aquellos que teníamos oportunidad, y en otros países así ha sido y ha sido
positivo, que cuando estábamos en dictadura en España otros grupos políticos de países democráticos se acercaran a nosotros y nos ayudaran, a veces no era una ayuda material, otras veces con ayuda material, y en cualquier caso sosteniendo la
esperanza de ver un día que se acabaría un régimen dictatorial y que tendríamos en nuestro país un sistema democrático. Por tanto, diálogo crítico, diálogo con el Gobierno, diálogo con la sociedad y diálogo también con la oposición.
Desde esa
perspectiva, por tanto, no hay otra receta que la diplomacia; diplomacia que, a mi juicio, ha estado muy ausente de lo que ha comportado que hoy debatamos esta moción consecuencia de interpelación.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Turno para el Grupo Socialista, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, señorías, yo creo que el Grupo Popular tiene un problema. El señor Rajoy dijo solemnemente en el congreso del Partido Popular que quería contribuir a una política exterior de Estado, y una de
dos: o estaba de broma, o hay alguien en el Partido Popular o en esta bancada del Grupo Popular que está empeñado en que eso sea papel mojado, que está empeñado en demostrar que el señor Rajoy no tiene autonomía bajo la larga sombra del señor
Aznar.
Si son ustedes serios en esa oferta, sobra lo que vimos hace dos semanas en esta Cámara, sobra el texto que se nos presenta hoy diciendo que esa es la posición de consenso que tenemos que adoptar en esta Cámara, sobra absolutamente. Además
ustedes están manteniendo un discurso -su portavoz, señor Zaplana, la rueda de prensa de los señores Acebes y Moragas- que a mí, lo tengo que decir, me recordaba cuando hace un año se descubrió que había disidentes que eran agentes dobles y que
estaban tensionando y radicalizando a la disidencia para hacer inviable el diálogo entre sectores de la disidencia y del régimen que son partidarios de buscar ese diálogo. Lo lamento pero es así.
Señorías, tenemos la posibilidad de abordar una posición común en la Cámara, pero no se puede ofrecer desde el insulto, desde la calumnia, desde la necesidad de justificarse en la defensa de los derechos humanos y de las libertades. Si
alguien tiene esa necesidad los demás no la tenemos, lo tenemos acreditado. Por tanto, cuando dice que está buscando el consenso nadie puede reivindicar que defiende más los derechos humanos, las libertades o la democracia en Cuba que el resto de
la Cámara que ya ha expresado claramente esa posición. Si quieren ustedes que trabajemos todos en esa dirección respeten lo que han dicho todos los portavoces de la Cámara: la necesidad de marcar una dirección que evalúe, en primer lugar, si ha
sido eficaz la posición común. Por cierto, parece que ustedes desde hace dos semanas a aquí han llegado a la conclusión de que no ha sido eficaz porque ha desaparecido de su moción. Esa es la realidad, señorías. Por tanto, trabajemos en esa
dirección; evaluemos, en primer lugar, que no ha sido eficaz, no ha conseguido ningún resultado, no ha permitido que la Unión Europea o España puedan influir para el cambio político en Cuba. Esa es la realidad, reconozcámoslo y, a partir de ahí,
veamos cómo se puede conseguir ser mucho más eficaz para que la Unión Europea tenga una voz y pueda aplicar una política común de la Unión Europea que respaldan los grupos de ésta y la exigencia de liberación de presos políticos y de conciencia.
Esa es la posición común, que no es patrimonio de nadie, y si usted intenta patrimonializarla está asumiendo esa posición extremista y radical que va dirigida a reventar el consenso político, sépalo. (Aplausos.)
¿Qué nos propone el Grupo Popular? Lo absurdo. Nos dice, por ejemplo, que la Unión Europea y España antes de adoptar una nueva posición común o plantear cualquier modificación solicite el consentimiento previo, público y expreso de la
oposición democrática. ¿De qué oposición democrática cubana? ¿Cuál es la voz de la oposición democrática cubana, la que representa el señor Moragas cuando se ha subido a esta tribuna? No, señor, usted no la representa, y esa oposición es plural,
es diversa, no tiene una visión común. No piense usted que tiene una visión común y que
usted la representa, no es así; al revés, es nuestra tarea aglutinarla en torno a un proyecto común para la Cuba del mañana, que es un mañana ya bastante próximo. Pero esto es imposible, porque con que solamente un representante de la
disidencia diga que no, no hay posibilidad de fijar una nueva posición común de la Unión Europea; con que solamente uno de esos infiltrados del régimen diga que no lo quiere, no hay posibilidad.
Por tanto no tiene ningún sentido.
Señorías, cuando quieran ustedes un pacto de Estado sobre Cuba, siéntense con un papel en blanco, conociendo en qué esta trabajando el Gobierno, y lo conocen la mayoría de los grupos parlamentarios, para conseguir esa evaluación y revisión
de la posición común de la Unión Europea, y súmense a ese consenso, porque hoy están ustedes otra vez solos, siguen estando ustedes absolutamente solos, a pesar de que exista un consenso político entre fuerzas que tienen visiones muy dispares, pero
la realidad es su soledad, y desde esa soledad les tengo que decir que ustedes se representan a sí mismos, exclusivamente, y de esa manera no tiene ninguna credibilidad la oferta de política exterior de Estado que hizo el señor Rajoy. Están ustedes
desacreditándola, están ustedes convirtiéndola en papel mojado y convirtiéndola al final en otro de estos chistes del señor Rajoy a que estamos acostumbrados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Vamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para promover la democratización de Cuba y defender los derechos humanos de los
disidentes y de los presos de conciencia cubanos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 128; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: La moción queda rechazada por el Pleno.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- DECLARACION DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente
110/000044.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LETONIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y PRECURSORES Y OTROS
DELITOS, HECHO EN MADRID EL 24 DE OCTUBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000045.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA RELATIVO A LA REGULACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 28 DE OCTUBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000046.)
- ACUERDO MARCO ENTRE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO), HECHO EN MADRID EL 27 DE ENERO DE 2004. (Número de expediente 110/000047.)
- ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF), HECHO EN MADRID EL 25 DE FEBRERO DE 2004.
(Número de expediente 110/000048.)
- PROTOCOLO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 'EUROCONTROL', DE 13 DE DICIEMBRE DE 1960, CON SUS DIFERENTES MODIFICACIONES Y REFUNDIDO POR
EL PROTOCOLO DE 27 DE JUNIO DE 1997, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE OCTUBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000049.)
- PROTOCOLO REFUNDIENDO EL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 'EUROCONTROL', DE 13 DE DICIEMBRE DE 1960, COMO CONSECUENCIA DE LAS DIFERENTES MODIFICACIONES REALIZADAS Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL,
RELATIVO AL PASO DEL
RÉGIMEN DEL ACUERDO MULTILATERAL RELATIVO A LAS TARIFAS DE RUTA, DE 12 DE FEBRERO DE 1981, AL RÉGIMEN DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA VERSIÓN REFUNDIDA DEL TEXTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA
NAVEGACIÓN AÉREA 'EUROCONTROL' ENMENDADO EN BRUSELAS EN 1997, INCLUYENDO EL ANEXO IV DEL MISMO, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE 1997 Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000050.)
El señor PRESIDENTE: Por último, señorías, someto a su consideración el punto V del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales números de expediente 110/44 a 110/50. ¿Algún
grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Denegaciones.) Entiendo que no. ¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de algunos de los dictámenes referidos? (Denegaciones.) Entiendo que no. En tal caso, se
somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.
Se suspende la sesión. Que tengan buenas noches.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.