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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 19/10/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 40
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 36
celebrada el martes, 19 de octubre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Cuestión de orden ... (Página 1737)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 30-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente
122/000016.) ... (Página 1738)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie
B, número 118-1, de 1 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000103.) ... (Página 1747)
Cuestión de orden ... (Página 1758)
Proposiciones no de Ley: ...
- De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, de Esquerra Republicana (ERC), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, relativa a la modificación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 43, de 25 de junio de 2004. (Número de expediente
162/000109.) ... (Página 1760)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para el incremento hasta el 50% en el porcentaje de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de las Islas Baleares y de las Islas Canarias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 78, de 4 de octubre de 2004.
(Número de expediente 162/000161.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para paliar, a corto y medio plazo, el déficit de infraestructuras que padece Catalunya, mediante la presentación
de un 'Plan Catalunya de Infraestructuras'.
(Número de expediente 173/000029.) ... (Página 1776)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas y plazos que piensa adoptar el Gobierno en relación con la homologación de las retribuciones del profesorado universitario al amparo del artículo 69.1 de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU). (Número de expediente 173/000030.) ... (Página 1782)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones. (Número de
expediente 173/000031.) ... (Página 1787)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de la normativa básica relativa a la enseñanza de la lengua castellana en la educación primaria y secundaria. (Número de expediente 173/000032.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Cuestión de orden ... (Página 1737)
Antes de entrar en el orden del día, el señor Zaplana Hernández-Soro plantea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en virtud del artículo 68.1 del Reglamento, una cuestión de orden en el sentido de alterar el orden del
día e incluir una declaración sobre los hechos sucedidos en el aeropuerto de Cuba con ocasión de la fallida entrada en la misma de un diputado del Grupo Parlamentario Popular.
La Presidencia entiende que, según el artículo 68.3 del Reglamento, al no haber sido presentada la cuestión de orden en la Junta de Portavoces, éstos tienen que ser consultados porque para alterar el orden del día se requiere la unanimidad
de todos los portavoces, y propone que se haga a lo largo de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 1738)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales ... (Página 1738)
El señor Vilajoana Rovira presenta en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la proposición de ley sobre la creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales para su toma en consideración. Se refiere al informe
de la Comisión especial sobre los contenidos televisivos que se elaboró en el Senado durante la V Legislatura y a la propuesta de creación de un consejo superior de los medios audiovisuales. Asimismo se refiere a otras iniciativas en el mismo
sentido tanto en el Congreso como en el Senado y en el Parlament de Catalunya. En función de todos los antecedentes explicados y de la buena experiencia del Consell de L'Audiovisual de Catalunya, su grupo parlamentario vuelve a plantear la presente
proposición de ley orgánica, con el objeto de que pueda ser definitivamente aprobada y así se pueda proceder a la efectiva creación del consejo. Explica el contenido de la proposición de ley y pide el voto favorable a su toma en consideración para
poder iniciar los trabajos de algo que la sociedad reclama con urgencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y el señor López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas ... (Página 1747)
El señor Herrera Torres presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la proposición de ley que surge, dice, de la sociedad civil y que plantea el control democrático de los
mercados financieros y de sus instituciones.
Se trata de una propuesta que no es nueva, sino que ha sido discutida durante muchos años en el foro social mundial o recientemente en el foro social europeo. Asimismo se refiere a los precedentes de la
iniciativa en esta Cámara y pasa a explicar el objetivo de la misma, que no es otro que el control de las crisis financieras internacionales, con el fin -dice- de que no haya economías que sean desgastadas a golpe de operación especulativa. Una vez
explicados los precedentes y los objetivos, procede a explicar la razón por la que hacen su propuesta en el marco europeo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 154 votos a favor, 162 en
contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de cambio y monedas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se rechaza por 27 votos a favor, 287 en contra y siete abstenciones.
Cuestión de orden ... (Página 1758)
El señor Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, plantea de nuevo, en virtud del artículo 68.1 del Reglamento, el añadido de un punto en el orden del día que suponga, si así lo considera la Cámara, una condena
de la actuación de la Administración y del Gobierno cubano que expulsó de su país a un diputado de esta Cámara y lo tuvo retenido durante tres horas.
El señor presidente confirma la interpretación del Reglamento que hizo la señora vicepresidenta al inicio de la sesión y pregunta a los grupos parlamentarios si alguno se opone a la alteración del orden del día.
Se manifiestan en relación con la cuestión de orden los señores Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
El señor presidente, después de oír a los diferentes portavoces da por zanjado el incidente y aconseja al señor Zaplana que utilice el mecanismo de la declaración institucional.
Proposiciones no de ley ... (Página 1760)
De los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, de Esquerra Republicana (ERC), de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, relativa a la modificación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria ... (Página 1760)
Presentan la proposición no de ley los señores Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Las enmiendas presentadas son aceptadas por los grupos proponentes.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para el incremento hasta el 50 por ciento en el porcentaje de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para los residentes de las
comunidades autónomas de las Islas Baleares, de las Islas Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla ...
(Página 1769)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Salom Coll que defiende, dice, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, los legítimos intereses de los territorios insulares y de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, territorios que tienen en común ser parte del territorio nacional pero ubicados fuera de la plataforma peninsular. Con esta iniciativa se pretende que, a partir del día 1 de enero de 2005, todos los habitantes
de las islas y de las ciudades de Ceuta y Melilla puedan tener un descuento de un 50 por ciento en materia de transporte aéreo y marítimo en los trayectos tanto entre las propias islas como entre las islas y la península. Explica el contenido
concreto de la proposición no de ley y pide a los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa que ayuda a los territorios no peninsulares de España a paliar el sobrecoste que supone vivir en esas comunidades alejadas de la península.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Rivero Alcover, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jané i Guasch,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora Salom Coll rechaza las enmiendas planteadas.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto sobre la Ley general de
estabilidad presupuestaria con las enmiendas que han sido incorporadas de los grupos Vasco, Mixto y Catalán, se aprueba por 183 votos a favor y 133 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la adopción de las medidas necesarias para el incremento hasta el 50 por ciento en el porcentaje de las subvenciones al
transporte aéreo y marítimo para los residentes en las comunidades autónomas de las Islas Baleares, Islas Canarias y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en sus propios términos, se rechaza por 151 votos a favor y 163 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 1776)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para paliar, a corto y medio plazo, el déficit de infraestructuras que padece Catalunya, mediante la presentación de
un Plan Catalunya de Infraestructuras ...
(Página 1776)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané i Guasch. Se refiere al debate de la interpelación urgente sobre el nivel de inversiones en Cataluña y sobre el déficit histórico en
materia de infraestructuras y afirma que lo que su grupo pretende con esta
moción es un compromiso global que es lo que denominan Plan Catalunya de Infraestructuras.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y
la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Jané i Guasch.
Intervienen de nuevo la señora Cunillera i Mestres y el señor Ayala Sánchez.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas y plazos que piensa adoptar el Gobierno en relación con la homologación de las retribuciones del profesorado universitario al amparo del artículo 69.1 de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU.) ... (Página 1782)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rivero Baute, en nombre de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Explica que la iniciativa tiene como objetivo impulsar una serie de medidas para mejorar la calidad
educativa y añade que, aunque se ve una leve intención en los presupuestos de incrementar la financiación del sistema educativo, sin duda es insuficiente para que el sistema educativo español pueda ser competitivo y de calidadon Pide el voto
favorable para la moción y anuncia una enmienda transaccional con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet
Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rivero Baute.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones ...
El señor Puigcercós i Boixassa defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), la moción consecuencia de interpelación urgente que debatieron en el Pleno pasado con el vicepresidente del Gobierno, señor Solbes, que
persigue básicamente el cambio de un modelo definido como radial por un modelo multipolar. Desean diferentes centros territoriales con capacidad de innovación, con capacidad productiva, un Estado que define en malla, lo que lleva a una
descentralización de las agencias reguladoras y de sus respectivas sedes entre las capitales de las distintas comunidades autónomas, evitando lo que en Cataluña se denomina el síndrome Retevisión, y a una representación de las comunidades autónomas
en los consejos y dirección de las agencias reguladoras.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Fernández Dávila, del
Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Folgado
Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Puigcercós i Boixassa.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de la normativa básica relativa a la enseñanza de la lengua castellana en la educación primaria y secundaria ... (Página 1793)
Defiende la moción el señor Nasarre Goicoechea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, como consecuencia, dice, de la falta de respuesta de la ministra de Educación y Ciencia en
la interpelación presentada por su grupo hace dos semanas. La razón de la presentación de la interpelación urgente y de la subsiguiente moción es que no se está cumpliendo de manera efectiva lo que establece la vigente normativa básica
relativa a la enseñanza de la lengua castellana en la educación primaria y secundaria, normativa que tiene el loable propósito de mejorar la enseñanza de la lengua y dicta que se deben impartir al menos 4 horas semanales de lengua castellana para
que sea posible alcanzar ese objetivo que parece que todos comparten y que al grupo Popular le parece irrenunciable, como es el de que todos los alumnos alcancen el pleno dominio del castellano, que es la lengua común.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Tomás García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto: los señores Esteban Bravo,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Nasarre Goicoechea.
Se procede a la votación separada de los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para paliar a
corto y medio plazo el déficit de infraestructuras que padece Cataluña, mediante la presentación de un Plan Catalunya de Infraestructuras.
Sometido a votación el punto 1.1 de la moción, se rechaza por 32 votos a favor, 144 en contra y 126 abstenciones.
Sometido a votación el punto 1.2 de la moción, se aprueba por 168 votos a favor, cuatro en contra y 129 abstenciones.
Sometido a votación el punto 1.3 de la moción, se rechaza por 140 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones.
Sometido a votación el punto 1.4 de la moción, se aprueba por 298 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el punto 1.5 de la moción, se aprueba por 296 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometidos a votación los puntos 1.6, 1.7 y 1.12, se aprueban por 299 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el punto 1.8 de la moción, se rechaza por 31 votos a favor, 145 en contra y 124 abstenciones.
Sometido a votación el punto 1.10 de la moción, se aprueba por 160 votos a favor, 14 en contra y 126 abstenciones.
Sometido a votación en su totalidad el punto 2 de la moción, se rechaza por 20 votos a favor, 150 en contra y 128 abstenciones.
Sometida finalmente a votación el resto de la moción, se aprueba por 175 votos a favor, dos en contra y 124 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas y plazos que piensa adoptar el Gobierno en relación con la homologación de las retribuciones del profesorado
universitario al amparo del artículo 69.1 de la Ley Orgánica de Universidades, en los términos de la enmienda transaccional aceptada por todos los grupos, se aprueba por 170 votos a favor, cuatro en contra y 127 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación
en el equilibrio territorial de sus decisiones, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se aprueba por 174 votos a favor, 126 en contra y dos abstenciones.
Sometida finalmente a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la aplicación de la normativa básica relativa a la enseñanza de la lengua castellana en la educación primaria
y secundaria, en sus propios términos, se rechaza por 126 votos a favor, 172 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
CUESTIÓN DE ORDEN
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Se abre la sesión. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: En función del artículo 68.1 del Reglamento, quiero hacer una propuesta de alteración del orden del día.
La justifico, señora presidenta, en el argumento conocido por todas SS.SS. de que el pasado sábado,
día 16, un miembro de esta Cámara fue expulsado de Cuba después de haber sido retenido durante cerca de tres horas y sin permitírsele ver al representante de la representación diplomática española en aquel país. Entiendo que esta Cámara tiene
necesariamente la obligación de pronunciarse sobre esa cuestión, que considero -como estoy seguro de que lo considerará la inmensa mayoría, si no la totalidad de los miembros de esta Cámara- una afrenta intolerable a nuestro país y a esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Para qué quiere usted alterar el orden del día sobre la base del artículo 68.1 del Reglamento?
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: En base al artículo 68.1, propondría que se incluyera un punto en el que esta Cámara pudiera manifestar categóricamente y de forma rotunda el rechazo a la actuación de las autoridades cubanas y, lógicamente,
el respaldo al diputado de mi grupo parlamentario. No he querido entregar una declaración, porque considero que probablemente se pueda discutir con el resto de los grupos, pero sí propondría en estos momentos someter a la votación de la Cámara la
alteración del orden del día para incluir un nuevo punto -de acuerdo con los grupos o mi propio grupo podría presentarlo en estos momentos, porque está en condiciones de hacerlo, lo dejo a elección de la señora presidenta- para que esta Cámara pueda
manifestar su condena rotunda y tajante, sin duda alguna, al comportamiento de las autoridades cubanas.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Zaplana, oída su sugerencia y dado que ha tenido oportunidad de hacerlo en Junta de Portavoces...(Rumores y protestas.)
Señorías, por favor, silencio.
Oída su sugerencia y dado que ha tenido usted oportunidad de manifestar este tema hace pocas horas en la Junta de Portavoces, sabe usted que el artículo 68.3 del Reglamento -usted ha hablado de otro artículo- pide que cuando se trate de
incluir un asunto y, por tanto, de alterar el orden del día durante el mismo día del inicio de la sesión, tendrá que haber cumplido los trámites reglamentarios -lo que no se ha hecho- que le permitan estar en condiciones de ser incluido. En
cualquier caso, señor Zaplana, lo consultaré. Sabe usted que todos los portavoces no se encuentran presentes en el Pleno hasta que empezamos con las votaciones.
Lo consultaré entonces y podremos hablar con todos los portavoces en ese momento. ¿Lo
hacemos así? (Rumores y protestas.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Por favor, señorías.
Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora presidenta, no estoy proponiendo en estos momentos que se vote ninguna declaración, sino que se altere el orden del día y que se incluya un punto para que a lo largo de la tarde podamos votar esa
declaración. Creo que hay bases reglamentarias suficientes para poderlo solicitar en función del artículo 68.1 del Reglamento y para que resuelva en estos momentos sobre la oportunidad de mi petición.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Zaplana, he entendido perfectamente la solicitud que hacía y le he reiterado que junto al 68.1 está el artículo 68.3, que dice que para alterar el orden del día se requiere la unanimidad
de todos los portavoces. También le he expresado mis dudas sobre la solicitud que hace ahora porque hace escasas horas hemos hablado de este asunto y se ha alterado también el orden del día debido a estas cuestiones. Le manifestaba mi extrañeza
porque hace escasamente dos o tres horas lo pudo usted hacer en Junta de Portavoces.
Aun así, consultaremos con los portavoces porque necesitamos la unanimidad y en el momento en que se encuentren en la Cámara -no es así en este momento- se
procederá a ello. (Rumores.)
Señor Zaplana, le he escuchado. Le repito que necesitamos -léase el artículo 68.3- la unanimidad, que en estos momentos no estoy en disposición de requerir y, por tanto, veremos si eso es posible o no. No se puede unilateralmente -y usted
lo sabe- alterar el orden del día. Por tanto, no estamos en condiciones de hacerlo a este efecto. Aunque usted podía haberlo solicitado hace unas horas en Junta de Portavoces, requeriremos al resto de portavoces, como expresamente pide el
Reglamento en el artículo 68.3, que manifiesten si eso es posible o no.
¿De acuerdo, señor Zaplana? Espero que esto sea suficiente. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Dígame.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Intervendré brevemente, señora presidente, de verdad.
Lo que hayamos hablado en Junta de Portavoces o hayamos dejado de hablar puede merecerle a la señora presidenta las valoraciones que considere oportunas. Yo creo que esta Cámara, su presidenta y todos sus miembros están obligados al
cumplimiento estricto del Reglamento.
En este caso el artículo 68.1 no deja lugar a dudas, ya que establece que 'el orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de éste, a propuesta del Presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los
miembros de la Cámara'. Como concurren en estos momentos esa quinta parte de los miembros de la Cámara, creo que se estaría incumpliendo el Reglamento si no se somete a votación.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Zaplana, le he entendido desde la primera vez que hizo uso de la palabra a pesar de expresarle mis dudas e invito al resto de miembros de su grupo parlamentario a que lean conmigo el
artículo 68.3 del Reglamento que dice: 'En uno y en otro caso, cuando se trate de incluir un asunto, éste tendrá que haber cumplido los trámites reglamentarios que le permitan estar en condiciones de ser incluido', señor Zaplana, y no es así en
este momento. (Aplausos.)
No obstante, reitero que cuando estén los portavoces se tratará este asunto y se someterá a consideración. Dicho esto, señor Zaplana, si me permiten daremos inicio al que sí reglamentariamente es el orden del día de hoy. (Rumores y
protestas.-Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE CREACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. (Número de expediente 122/000016.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Comenzaremos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) orgánica de creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales.
(El señor Zaplana Hernández-Soro pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Zaplana, es suficiente.
Tiene la palabra el señor Vilajoana para defender la proposición de ley sobre el Consejo Superior de Medios Audiovisuales. (Rumores y protestas.-Aplausos.)
Un momento, señor Vilajoana. (Pausa.)
Adelante.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, buenas tardes. Sé que ahora mismo no les apetece mucho escucharme pero vamos a tratar un tema suficientemente importante. Les ruego 15 minutos de
atención, aunque intentaré ser más corto, si es posible. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor. Hay un compañero diputado en el uso de la palabra y pediría respeto para que pudiera ejercerla convenientemente.
Adelante, señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
La Comisión especial sobre los contenidos televisivos del Senado elaboró durante la V Legislatura un informe y una propuesta de creación de un consejo superior de los medios audiovisuales. Fueron aprobados, en el Pleno de la Cámara, en
sesiones de 26 de abril y de 15 de noviembre también de 1995. (Continúan los rumores.)
A los miembros del Partido Popular no les interesa, pero el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), basándose en este planteamiento, propuso una iniciativa a esta Cámara. (Pausa.)
Señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Vilajoana, lo he intentado ya.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Yo la entiendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Me parece que es una inmensa falta de respeto, señorías, la que ustedes están teniendo con el diputado de Convergència i Unió que está intentado ejercer el uso de la palabra en el Parlamento.
Les pediría, por favor, respeto y silencio.
Adelante, señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias.
Les decía que Convergència i Unió hizo una propuesta al Pleno de esta Cámara defendiendo este planteamiento que se había aprobado en el Senado en la Comisión especial. Y esta Cámara, en una sesión de 23 de junio de 1998, lo aprobó y tomó en
consideración, demostrando la existencia de una clara voluntad por parte de la mayoría de sus miembros sobre la necesidad de proceder a la creación y regulación del consejo uperior de los medios audiovisuales.
El Grupo Socialista presentó también una proposición de ley en este mismo sentido durante la pasada legislatura, y además su programa electoral de estas elecciones de marzo de 2004 decía literalmente: Crearemos, mediante ley orgánica, el
consejo superior de medios audiovisuales como autoridad independiente, tanto del Gobierno como de los poderes económicos, empresariales, financieros, culturales, educativos y asociativos que regule, controle y en su caso sancione la actividad de
todos los operadores en el mercado audiovisual, sean públicos o privados. Mucho más recientemente, concretamente el 15 de junio de 2004, una moción consecuencia de interpelación en el Senado del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progres, el
senador Jordi Guillot Miravet, proponía, y la Cámara aprobaba, la creación de un consejo de lo audiovisual, que tocaba otros aspectos de este sector. Para acabar con los antecedentes, no puedo dejar de mencionar que el Parlament de Catalunya
aprobó la Ley 8/1996, de 5 de julio, de regulación de la programación audiovisual distribuida por cable, y creó con esta ley el Consell de l´Audiovisual de Catalunya, como órgano asesor del Gobern de la Generalitat y como órgano de instancia
que velase por la objetividad y la transparencia en la programación audiovisual, con la pretensión de que se convirtiera en un referente social de prestigio que permitiera a la sociedad catalana dotarse de un instrumento que convirtiese la radio y
la televisión en auténticos medios de información, programación y entretenimiento adaptado a sus necesidades. Esta ley cumplió su objetivo con un buen funcionamiento del CAC.
Teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los últimos años, la expansión constante de estas nuevas tecnologías, que está llegando a más y más ciudadanos y ciudadanas de este país, también de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acordó
promulgar una ley específica del Consell de l´Audiovisual de Catalunya, que es definido como un órgano independiente, con competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos del sector audiovisual en Cataluña, entendido éste desde los
distintos y variados formatos y vías de transmisión de sonido e imagen que la tecnología actual permite en el momento de difundir emisiones informativas y de programaciones televisivas, radiofónicas y por internet. El CAC se convierte por la Ley
2/2000, de 4 de mayo, en autoridad audiovisual de Cataluña y en el encargado de velar por el cumplimiento de la legislación y las directivas de las distintas administraciones, desde las europeas hasta la catalana, así como el encargado de velar por
el pluralismo interno y externo de los medios, la honestidad informativa, el cumplimiento de la misión de servicio público de los medios dependientes de las distintas administraciones y la diversidad accionarial de los medios privados. Esta ley ha
sufrido dos modificaciones de perfeccionamiento, la más reciente con fecha 27 de septiembre de 2004. Cuando exponga el contenido de la ley me referiré concretamente a estas modificaciones, que nos gustaría incorporar en la ley que hoy proponemos.
Es en función de todos estos antecedentes y de la buena experiencia que ha dado el Consell de l´Audiovisual de Catalunya, por lo que nuestro grupo parlamentario vuelve a plantear la presente proposición de ley orgánica, con el objeto de que pueda
ser definitivamente aprobada y así se pueda proceder a la efectiva creación del consejo.
Entrando ya en el contenido de la presente ley, cabe señalar que tiene por objeto la creación del consejo superior de los medios audiovisuales como una autoridad independiente y como instancia competente para velar por el cumplimiento de la
legislación, las reglamentaciones y cualesquiera otras normas reguladoras de la programación, la publicidad y el patrocinio audiovisuales, proyectando su competencia sobre la televisión pública del Estado y sobre las televisiones de ámbito estatal.
La presente proposición de ley orgánica establece el régimen jurídico básico del consejo, configurado como un organismo público que tiene su específica cobertura en lo establecido en la Ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, remitiéndose a dicha ley la regulación del régimen de personal, bienes, contratación y presupuestación. En cuanto a la independencia en el ejercicio de sus funciones, se garantizan mediante el proceso de
nombramiento de sus miembros y sobre todo estableciendo causas tasadas para su cese -incidiré más en este aspecto de los nombramientos-. A ello quiero añadir que el criterio de selección de los miembros se basará en la competencia técnica y
profesional, así como en su independencia. Asimismo, y de conformidad con la estructura autonómica del Estado, el diseño institucional de la autoridad sobre los medios audiovisuales incorpora a los representantes de los organismos similares creados
en las comunidades autónomas con la finalidad de establecer un marco de referencia común sin menoscabo de las competencias que la Constitución y los estatutos de autonomía atribuyen a cada instancia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Competencias que esta ley ofrece a este consejo superior. Se considera que el consejo superior de medios audiovisuales es el organismo competente en relación con la radio y la televisión públicas del Estado y con las cadenas de radio y
televisión de ámbito territorial estatal cuyo título habilitante corresponda otorgar a la Administración General del Estado.
Las emisiones efectuadas específicamente para una comunidad autónoma estarán sujetas en todo caso a la competencia de la
respectiva comunidad, que será ejercida por el organismo equivalente. En el artículo 3 la ley define las funciones de este organismo y dice que para el cumplimiento de estos fines el consejo ejerce las siguientes funciones. En primer lugar, instar
al cumplimiento de la normativa de la Unión Europea relativa a la regulación en materia de televisión sin fronteras, así como la concerniente al ejercicio de las actividades de radiodifusión televisiva; actúa como asesor de las Cortes Generales y
el Gobierno en materias relacionadas con la legislación y regulación del sistema audiovisual e informa preceptivamente a los órganos de la Administración General del Estado de manera previa a la elaboración de proyectos de normativa de ámbito
estatal; emite informes preceptivos en los procedimientos de renovación o revocación de licencias o nuevas concesiones de la Administración General del Estado a cadenas de radio y televisión de ámbito territorial estatal.
En este punto el Parlamento de Cataluña ha modificado esta función añadiendo al concepto de preceptivo el de vinculante. Nuestro grupo introduciría por vía de enmienda el que los informes que emita este consejo sean preceptivos y
vinculantes respecto a la concesión, revocación y concurso para la adjudicación de licencias de radio y televisión. También tiene la función de presentar ante las Cortes Generales un informe anual que evalúe el desarrollo, los problemas y
dificultades del sistema audiovisual, con especial atención a sus contenidos
y al estado de opinión ciudadana. Debe realizar y encargar estudios sobre el sistema audiovisual; debe proteger los derechos básicos de las minorías, la infancia y la juventud y la dignidad de las personas, tanto en la programación como en
los contenidos publicitarios; ejerce funciones arbitrales que no tienen carácter público en los términos que se establezcan reglamentariamente; solicita de los anunciantes y empresas individuales, por iniciativa propia o a instancia de los
interesados, el cese o la rectificación de la publicidad ilícita; recoge las demandas y quejas de las asociaciones ciudadanas y de telespectadores y usuarios y mantiene una relación constante y fluida con distintos sectores de la sociedad civil.
Adoptar decisiones vinculantes para las emisoras de radio y televisión sobre las que tiene competencias respecto al cumplimiento de los derechos constitucionales relativos a la no discriminación de las personas por razón de nacimiento, raza, sexo o
religión, así como respeto a la ubicación de programas que pudieran resultar lesivos para la juventud o la infancia fuera de los horarios de protección legalmente establecidos, es otra de las funciones que le confiere al consejo esta ley. Iniciar y
resolver en el ámbito de sus competencias los correspondientes procedimientos sancionadores por infracción de la legislación relativa a radiodifusión televisiva, publicidad y protección de derecho de los usuarios y consumidores. Acordar convenios
de colaboración con los organismos independientes de control de los medios audiovisuales creados al efecto por las comunidades autónomas. Promover la elaboración de normas de autorregulación del sector audiovisual, factor determinante, porque una
de las labores de este consejo es la de promover la autorregulación que algunos sectores ya han adquirido.
Obtener de los operadores de servicios de comunicación audiovisual toda la información que le sea requerida para el ejercicio de sus
funciones.
Garantizar el cumplimiento de la misión de servicio público asignada a los medios de comunicación audiovisual de gestión públicos. Aprobar y en su caso modificar el estatuto orgánico y de funcionamiento del consejo, así como
cualesquiera otras que les fueran atribuidas mediante una ley.
Otro elemento determinante para garantizar su independencia es la composición. El consejo superior de medios audiovisuales estará compuesto por diez miembros, nueve de los cuales serán elegidos por el Congreso de los Diputados por una
mayoría de dos tercios. El otro miembro será el presidente o presidenta y será propuesto y nombrado por el Gobierno escuchada la opinión mayoritaria de los nueve miembros elegidos por el Congreso. Un representante nombrado por el Gobierno mediante
real decreto formará parte de este consejo representando cada uno de los organismos independientes de control de los medios audiovisuales creados por las comunidades autónomas, previa designación por los correspondientes organismos autonómicos. Los
miembros del consejo serán elegidos entre personas de reconocido prestigio profesional, con experiencia en el sector audiovisual y que ofrezcan garantías plenas de independencia política. Previamente a la correspondiente elección, los candidatos
deberán comparecer ante la Comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados con la finalidad de acreditar la idoneidad necesaria para poder ser elegido. El presidente y los consejeros se renovarán cada seis años, pudiendo ser reelegidos los
inicialmente designados por una sola vez, y cada dos años deberá renovarse parcialmente el consejo en un tercio de sus miembros.
Estos son los puntos básicos de esta ley que tiene nueve artículos, una disposición adicional, una disposición final primera y una disposición final segunda. Es una ley deseada y solicitada por la gran mayoría de miembros de esta Cámara.
Me adelanto a posibles argumentos que ustedes introduzcan. Hay un compromiso del Gobierno de preparar una ley de lo audiovisual. También estamos preparando una nueva ley del Ente Público Radiotelevisión Española. Hay un comité de sabios que están
trabajando en este tema. Se me dirá que es mejor esperar a esta ley de lo audiovisual o a este comité de sabios. Yo entiendo que esto sería un error. Este consejo es un instrumento necesario y útil, ya que en estos momentos la sociedad tiene
planteados temas en los que este consejo podría resolver e intervenir. Estamos también ante cambios tecnológicos permanentes.
Tenemos encima de la mesa la implementación de la televisión digital terrestre, tanto en radio como televisión. Esta
implementación exigirá nuevas licencias. Es fundamental -lo creemos todos- despolitizar y desgubernamentalizar los medios de comunicación. Este consejo tiene esta función y estos objetivos claros deseados por todos y reflejados, como he dicho
antes, en más de una ocasión. Tenemos una experiencia muy útil, de más de nueve años, del Consell de l´Audiovisual de Catalunya, donde se nos marca un camino a seguir. Creo que lo razonable sería aprobar esta proposición de ley e iniciar los
trabajos. A partir de aquí, podemos introducir todas las enmiendas que creamos oportunas y no esperar a estos hechos porque si esperamos a esta ley de lo audiovisual y a este consejo de sabios, nos situaríamos en el mejor de los casos en el año
2006. Esto nos colocaría en el final de la legislatura, con lo cual, nos encontraríamos con otra legislatura, donde algo aparentemente querido y solicitado por todos no saldría adelante. En estos momentos, la sociedad nos reclama una actuación
diligente en esta línea.
Muchas gracias, señores y señoras diputadas, señor presidente, y disculpe que me haya alargado un poco, pero he tenido un inicio complejo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez para fijar posición.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
La iniciativa de constituir y regular un consejo superior de medios audiovisuales ha sido recurrente durante los últimos años. En pasadas legislaturas ya se aprobó su
toma en consideración, sin que se haya retomado la tramitación parlamentaria. El Bloque Nacionalista Galego saluda que se insista en traer este debate a esta Cámara de importante utilidad, pues sirve para acercar posturas respecto a la
necesidad de dotar de una estructura institucional que se erija como la autoridad audiovisual independiente, capaz de garantizar y promover la libertad de comunicación audiovisual.
Con independencia del modelo organizativo de las televisiones en los Estados de nuestro entorno, se está apreciando en todos ellos fenómenos comunes que demuestran la vulnerabilidad de los mecanismos creados para garantizar los principios
definidores del servicio público de televisión, aceptado de forma mayoritaria, que son: objetividad, veracidad, imparcialidad y respeto al pluralismo político, social, cultural y lingüístico entre otros, este último muy importante en el Estado
español.
Por un lado, la presión del mercado, donde confluyen los intereses empresariales, de los accionistas de las televisiones, de las empresas de publicidad, etcétera, que determinan cada vez más los contenidos televisivos, hasta el punto de
situar la rentabilidad máxima por encima de cualquier otro criterio a la hora de confeccionar la programación televisiva. De ahí las críticas crecientes a la proliferación de programas de nulo contenido educativo o cultural, que propugnan una
inversión en la escala de valores de cualquier sociedad democrática e, incluso, civilizada. Por otro lado, la siempre manida dependencia de los poderes gubernativos y su injerencia para que sus particulares intereses sean tratados con preferencia,
cuando no se convierten en puros instrumentos de propaganda, como tuvimos ocasión de comprobar durante toda la anterior legislatura; esperamos que se rectifique en la presente.
Desde hace años diversos Estados se han preocupado por idear
mecanismos que permitan mantener la independencia y objetividad de los medios de comunicación audiovisuales, más centrados en los de carácter público, pero en algunos casos con capacidad para actuar en los de carácter privado. En general, señorías,
se trata de crear autoridades audiovisuales independientes desde el punto de vista político y organizativo, y sistemas de no dependencia gubernamental directa.
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trata de implantar el primero de esos mecanismos: una autoridad audiovisual independiente, con la que nos mostramos de acuerdo, con independencia de matizaciones a
sugerir en el trámite de toma en consideración, si llega a producirse, sobre todo, centradas en el aumento de competencias en cuanto al reforzamiento de sus atribuciones para velar por el respeto al pluralismo y la honestidad de la información y la
responsabilidad de los contenidos emitidos. Es un paso importante, aunque no el único, pues ha de complementarse con un mayor control parlamentario de los consejos de administración de los medios públicos y la confección de estatutos de redacción,
que velen por el cumplimiento diario y los principios que rigen la actuación de los medios audiovisuales. La experiencia e importancia del trabajo realizado por las autoridades audiovisuales similares a las que aquí se proponen también animan a
apoyar esta iniciativa. Nos parece además más plural y respetuosa con la representación política existente en la sociedad que la creación de gabinetes de expertos designados exclusivamente por el Gobierno o la continuidad de un modelo donde se le
atribuye en exclusiva a departamentos de la Administración el control de las obligaciones y cometidos derivados del servicio público de difusión por radio y televisión a las empresas privadas titulares de medios audiovisuales, con las dudas que ello
conlleva en cuanto a la independencia de su actuación.
En suma y concluyendo, el Bloque Nacionalista Galego apoya esta proposición de ley porque la comunicación audiovisual no es una actividad como cualquier otra y debe ser objeto de un seguimiento especial y escrupuloso por parte de organismos
no dependientes directamente del Gobierno. Estos organismos tienen que contar con legitimación representativa y con capacidad para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a una comunicación veraz, objetiva, plural y respetuosa con los
principios y valores democráticos, que es en definitiva también lo que mueve al Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Turno para Coalición Canaria. Señor Mardones, adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta iniciativa que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) proponiendo la creación como ley orgánica de un consejo superior de los medios audiovisuales, que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, del
Bloque Nacionalista Galego, es recurrente en el historial y en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara, desde una propuesta que en su día, en el año 1998, ya hacía el propio Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a este respecto, ha
motivado que hoy tengamos que hacer este debate nuevamente. Mi grupo va a votar en contra, en primer lugar porque puede producir una especie de reticencia a quienes estamos verdaderamente en una línea democrática de plena libertad de expresión,
como señala nuestra Constitución, de los medios audiovisuales de comunicación -radio y televisión-; por tanto, no podemos apoyar la iniciativa mientras no haya un pacto de todas las fuerzas políticas parlamentarias para llegar a un consejo
audiovisual de plena fiabilidad, de libertad democrática de expresión, sin censuras encubiertas por la ambigüedad de los textos que pueden inducir a la desviación del principio constitucional -nosotros lo tenemos que manifestar así-. En segundo
lugar, mi grupo se sigue posicionando reiteradamente en que mientras no tengamos también un consenso lo más amplio posible para modificar el Estatuto vigente de la radio y la televisión estatal, estamos creando figuras administrativas extrañas y
contradictorias con
lo que señala la Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la Televisión. Es ahí donde hay que tocar el punto neurálgico del sistema. Si mantenemos la Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la Televisión, y creamos un consejo audiovisual como
aquí viene, me pregunto: ¿no va a estar en contradicción con las competencias del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española? Este consejo superior de los medios audiovisuales no se refiere a todos los medios de la Administración
General del Estado o de las comunidades autónomas; por su título parecería que se está refiriendo también a las emisoras de radio y de televisión de índole jurídico-privada, y no es así.
Como bien se está diciendo aquí, se le señala como organismo público autónomo que tiene como finalidad una serie de controles en la radio y televisión pública del Estado y de las cadenas de radio y televisión de ámbito territorial estatal.
Cuando vemos las funciones que se le encomiendan, muchas son ejercidas y atribuidas competencialmente al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española como ente público.
Por tanto, si no se entra a cambiar toda la estructura partiendo de
una modificación de la Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la Televisión, vamos a una producción de conflictos entre las figuras competenciales y jurídicas del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y de este ente que aquí se
propone ahora. No creemos que esto sea oportuno y conveniente en este momento porque podríamos estar creando una figura competencialmente anómala frente a lo que el propio estatuto del ente público nos está resolviendo. Si se trata incluso de
hacer funciones de asesoramiento a la Administración General del Estado y de que cuando haya una emisión de tipo regional haya que asumir las competencias de esa comunidad autónoma, volvemos a crear otro conflicto competencial, un
contencioso-administrativo permanente y continuo, porque sin contar con una especificación legislativa muy homogénea en este momento en todas las competencias del ente público no se puede autorizar a un consejo audiovisual que pueda irrogarse
funciones competenciales como las directivas europeas sobre determinados espacios de protección a la infancia, a los marginados sociales, a los colectivos de cualquier tipo que pueden sufrir, según se puede presuponer, una agresión de este tipo, y,
lo que es más, estaríamos creando un órgano inviable en cuanto a sus efectos en el régimen sancionador. Entonces, ¿quién va a tener la capacidad sancionadora? Porque no estamos hablando de una televisión privada o de una radio privada; estamos
hablando del ente público Radiotelevisión Española como unidad estatal y si la propia unidad estatal infringe y conculca determinado precepto legal, ¿quién va a ejercer el régimen sancionador? Ante un supuesto de ilícito penal, ¿de dónde sale una
cuestión de esta competencia?
Señores, por la complejidad que este planteamiento tiene, nuestra posición va a ser la de votar en contra mientras no se llegue a un consenso parlamentario total y absoluto, como lo hemos intentado -y hay diputados presentes- cuando hemos
tratado de ir a una modificación del Estatuto de la Radio y la Televisión, regulado en la Ley 4/1980. Lo demás sería meternos en complicaciones, en contenciosos y verdaderamente crear un laberinto de intracompetencias que prácticamente
esterilizaría la función que, al menos hoy día, con todas las críticas que tiene, ejercen los organismos del ente público de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas en estos aspectos. Por esta razón, señor presidente, mi
grupo, a la espera de mejores tiempos de consenso y del máximo apoyo parlamentario, va a votar en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Turno de Izquierda Verde. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Forma parte del programa electoral de Izquierda Unida la creación de un consejo de la comunicación de las siguientes características: que esté nombrado por la mayoría cualificada de tres quintas partes del Congreso y del Senado por periodos
de seis años, donde esté representado todo el sector, los agentes sociales y los ministerios competentes; que esté dotado de amplias competencias de regulación y control de las obligaciones de servicio público de las televisiones, tanto públicas
como privadas; que ostente facultades sobre concesión y renovación de licencias y frecuencias en radio y televisión; su dictamen sería preceptivo para la renovación de las concesiones y ostentaría capacidad sancionadora y potestades de control de
cumplimiento de la normativa europea. Este es el compromiso de Izquierda Unida con la sociedad y en especial con nuestros votantes. De ello se deduce que existen puntos de acuerdo y de discrepancia a debatir en el trámite de enmiendas, pero, en
conjunto, he decir que el modelo propuesto por el Grupo Parlamentario Catalán no es nuestro modelo, si bien reitero que consideramos fundamental la existencia en España de un consejo de comunicación con amplias competencias.
Además, esta proposición de ley nos genera cierto desconcierto, dado que a pesar del reciente compromiso manifestado por el ministro Montilla en contestación a una pregunta, precisamente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
el 19 de mayo de 2004, sobre la preparación del anteproyecto de ley general audiovisual y a la que contestó que estaba gestándola, se presenta esta proposición de ley, que es parcial, porque se dirige únicamente a una de las cuestiones que esa ley
general audiovisual debe regular. Como decía, es imprescindible la creación del consejo, pero con una ley que regule la comunicación en todos sus formatos, prensa escrita, internet, cable, satélite. Igualmente, consideramos necesario crear un
consejo de la comunicación independiente y representativo de los creadores y trabajadores del sector, que tendría mayor amplitud en su
ámbito de actuación que el propuesto consejo en la proposición de ley hoy sometida a debate. Por tanto, consideramos que no hemos de acometer la creación de este consejo sin abarcar una ley general que precisamente otorgue regulación al
sector de la comunicación en todo su conjunto y, así, se dé cumplimiento precisamente a lo que se recoge en la exposición de motivos de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán, debiendo incluir la prensa escrita, cable, satélite e
internet. En conclusión, la proposición de ley nos resulta parcial, técnicamente mejorable y poco oportuna en el tiempo, elementos que inciden en la oportunidad de la toma en consideración. Sin embargo, esto no es una renuncia a la necesidad, por
lo que urgimos al Gobierno a la presentación de la propuesta de regulación de la comunicación en su conjunto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Se trata de una propuesta que ya ha sido difundida y aceptada por la mayoría de los países europeos; que en las Cortes, como se ha señalado anteriormente, tampoco es nueva desde aquel consenso en la Comisión de contenidos audiovisuales del
Senado, a finales de 1995, pasando por la propuesta, aprobada, de Convergència i Unió en 1998 o la propuesta, rechazada, de los socialistas en 2002. Tampoco es una propuesta nueva en el Estado, puesto que ya hay algunas comunidades autónomas, como
Cataluña, Navarra, o la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se están dando los primeros pasos, y pronto se presentará también un proyecto de ley en el mismo sentido en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata de un consejo que creemos que
es necesario para la defensa de la pluralidad, de la diversidad lingüística y cultural y la defensa de la libertad de los usuarios. En concreto, en cuanto a su redacción, imagino que, como en cualquier otro grupo, tenemos nuestras diferentes
visiones en algunos artículos concretos, lo que no obsta para que no vayamos a apoyar que se siga con el trámite de esta proposición de ley y que con la presentación de enmiendas podamos, si así lo quiere la Cámara, ir concretando determinados
aspectos como, por ejemplo, la composición del consejo. Se habla de la independencia de sus miembros. Ya sabemos que la independencia total y absoluta es bastante utópica, pero no sé si habría que plantearse que los miembros del consejo no puedan
tener, directa ni indirectamente, intereses o participaciones en empresas audiovisuales, de cine, de vídeo, etcétera, lo que, al final, nos va a llevar a lo que ocurre en muchos consejos, que solo queda sitio para los profesores universitarios. El
que les habla es profesor universitario y los siento como colegas, pero también ocurre en muchas ocasiones que una cosa es la teoría y otra la práctica, y muchas veces creamos consejos que están flotando unos cuantos centímetros por encima del suelo
que tienen que regular. La composición del consejo, que está abierta, puede ser un número excesivo. Nos parece excelente idea, porque así debe ser y, si no, habría una falta de coordinación, que los consejos reguladores de las comunidades
autónomas que hayan deseado crearlo participen en el consejo del Estado, pero nos podríamos encontrar con que el número de componentes de este consejo sería excesivo para que fuera verdaderamente operativo.
En ese sentido, cabría barajar desde la
reducción del número de miembros nombrados por el Congreso hasta incluso tener en cuenta el juego de mayorías. Hablando de independencia, sería bueno que se abrieran caminos para que las propuestas de la mayoría de los grupos pudieran tener reflejo
en nombres concretos para el consejo.
Por último, me gustaría reseñar, aunque ya sé que no es nuevo, que estamos asistiendo en los medios de comunicación y en los círculos políticos a una especie de fiebre de regulación del sector audiovisual, movidos sobre todo por la
existencia de la telebasura. Es evidente que la necesidad de este consejo es muy anterior; debe atender a ese fenómeno, pero también a una gama mucho más amplia de aspectos de los medios audiovisuales. No olvidemos que hablando de telebasura es
el televidente el que es dueño de sus decisiones y puede apagar o encender el televisor. Al final, este mundo audiovisual es un servicio a la sociedad, pero también es una industria, de modo que hay que buscar un equilibrio de contenidos y también
un equilibrio económico. El equilibrio económico lo da básicamente la audiencia, a la que hay que ganar con programas atractivos. Muchas veces, lo que la mayoría de la gente expresa en público no es lo que se pone a ver en su casa cuando enciende
el televisor. Este equilibrio económico no tiene que ver solo con las empresas privadas, es evidente; también tiene que ver con las públicas.
No todo puede ser un agujero inmenso de financiación pública del Estado; ahí tenemos el caso de la
deuda tremenda de Radiotelevisión Española y también el de alguna televisión autonómica que está en parecida situación. Insisto en que deberíamos plantear al menos si sería interesante, en su caso, integrar también en el consejo voces de los medios
audiovisuales o de la industria audiovisual. Insisto, pues, en que el equilibrio económico y de contenidos es importante y esperemos que el consejo de sabios -no me refiero a este, sino al que ya está formado y está preparando un documento
importantísimo para la futura Radiotelevisión Española- consiga que el texto esté a ras de suelo y no unos centímetros por encima de él.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Tiene la palabra, por Esquerra Republicana, el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Vilajoana, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana quiere manifestarle de entrada su oposición a la proposición de ley sobre la creación del consejo superior de los medios audiovisuales, y lo hace por dos
consideraciones. Desde un punto de vista formal, en este momento, el llamado comité de sabios está trabajando en un dictamen sobre los medios de comunicación. Creemos que es necesario esperar dicha elaboración antes de entrar de lleno en la
aprobación de la ley de un consejo de lo audiovisual. En segundo lugar, y más importante para nuestro grupo parlamentario, queremos expresarle nuestra sorpresa por el contenido de la propuesta, hecha más a base de cortar y pegar que pensando en
nuestro país. Sus ansias de recuperar un protagonismo perdido les ha llevado a presentar una proposición de ley que no tiene en cuenta los intereses de nuestro país, de nuestro país. Su propuesta está basada en un concepto que su grupo
parlamentario ha criticado muchas veces: el de café para todos. Parte de un concepto nacional español que lo único que pretende es anular o diluir las competencias del Consell de l´Audiovisual de Catalunya.
Entrando en la materia concreta de la propuesta que hoy nos presentan les queremos manifestar, en primer lugar, que no se ha tenido en cuenta al propio Consell de l'Audiovisual de Catalunya, organismo que está funcionando y que ha conseguido
un gran prestigio a nivel internacional y de trabajo. En segundo lugar, no hablemos del consejo superior: de entrada, no lo pongamos por encima de nadie y menos de lo que ya está consolidado y tiene un prestigio. En tercer lugar, no delimiten los
campos solo en el sector audiovisual; trabajemos en una propuesta mejor y con mentalidad más abierta. Creemos que es una propuesta parcial.
En cuanto a la composición del organismo que nos propone el proyecto, manifestamos su incoherencia desde un punto de vista de país. La propuesta habla de diez miembros, de los cuales nueve serían elegidos por una mayoría de dos tercios del
Parlamento, y luego de representantes de cada uno de los organismos reguladores de las comunidades autónomas que existen, en un claro ejemplo de armonización y de, otra vez, el café para todos. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
somos partidarios de la creación de un organismo regulador del Estado, que ya se coordinará de tú a tú con el Consell de l´Audiovisual de Catalunya, respetando su autonomía e historia.
Otro punto en el que mostramos nuestro desacuerdo es cuando habla del carácter preceptivo del ente, cuando en Cataluña el Consell de l´Audiovisual, aparte de preceptivo, en su última modificación, es vinculante. Aquí nos reafirmamos en las
prisas de su propuesta ya que hoy nos han anunciado enmiendas en caso de prosperar esta proposición de ley.
Otro punto que invade las propias competencias es lo que aparece reflejado en el artículo 2, en los puntos 1 y 2, cuando dice que será
competencia de nuevo entre todas aquellas televisiones y radios, excepto las que emitan en una sola comunidad autónoma. ¿Dónde quedan las potestades en aquellos casos en que el ámbito de actuación es superior a la de la comunidad autónoma? ¿Quién
defenderá los intereses de la comunidad lingüística de los països catalans?
En conclusión, señor Vilajoana, la propuesta parece hecha a pedazos. Es una ley que nos lleva a un proceso de burocratización innecesaria: muchos miembros y pocas reuniones, y por otro lado su proposición de ley sirve para limitar las
actuaciones del Consell de l´Audiovisual de Catalunya, evitando un marco igualitario de relaciones. Incluir en su propuesta una representación simbólica de las instancias autonómicas supone en la práctica atribuir al ente que proponen rango
superior y deja la puerta abierta a la subordinación política y funcional del CAC. Con sus prisas, lo único que van a conseguir es que otra vez nos terminen armonizando como en anteriores ocasiones. Somos pioneros en múltiples conceptos e
iniciativas, y cuando el Estado español lo quiere aplicar o lo copia, lo hace en contra de quien lo ha ideado. Terminamos pagando un alto precio por una solidaridad mal entendida; en lo deportivo lo hemos sufrido y aún lo seguimos sufriendo:
somos fundadores de federaciones internacionales, de entidades internacionales culturales, y cuando el Estado español quiere participar lo primero que pone encima de la mesa es nuestra exclusión por activa o por pasiva. Por favor, no colaboren en
armonizar un proceso como es la creación del consejo de lo audiovisual. Sean coherentes, retiren esta proposición de ley y planteemos un proceso con mentalidad de Estado, de país, de pluralismo, en defensa de nuestros legítimos derechos como
pueblo, como cultura amenazada que somos.
Pensemos en catalán, pensemos en nuestro país, que creo que lo necesita.
Le recuerdo.. (Continúa su intervención en catalán.) De nuevo les emplazamos a superar solidariamente la injusticia que padecemos
los ciudadanos de los països catalans, catalanohablantes, al no tener respetados nuestros derechos lingüísticos en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha sido siempre partidario de contar en España con un consejo audiovisual independiente que vele por la adecuación legal de los contenidos
audiovisuales y por la idoneidad de los mismos en atención a las ofertas de radio y televisión de ámbito estatal que tenemos a nuestro alcance. El Parlamento y su 'Diario de Sesiones' de forma singular es un fiel y reiterado testigo de que esta
posición de nuestro grupo parlamentario se viene manteniendo en el tiempo con una fidelidad, compromiso y convicción realmente indiscutibles. Es verdad que no hemos sido capaces hasta la fecha de reunir el consenso y el acuerdo preciso entre todas
las opiniones favorables, que
han sido muchas, para que este organismo sea ya una realidad, pero ello no nos impide volver a insistir con toda nuestra fuerza y desde esta tribuna en la oportunidad, en la necesidad y en la utilidad del consejo audiovisual. No creemos que
sea muy útil recrearnos en este momento en los avatares y dificultades que estas propuestas, presentadas por uno u otro grupo parlamentario -también el nuestro-, han sufrido desde hace casi una década, aunque la exposición de motivos no lo recuerde.
Pensamos que tampoco será de beneficio alguno para el objetivo final que todos los grupos hemos manifestado tantas veces detenernos ahora en los matices, en las dudas y suspicacias sobre la voluntad de cada cual o las circunstancias que han impedido
su regulación hasta la fecha. Por eso queremos desde el primer momento mostrar a la Cámara nuestra disposición plena y nuestra mente más abierta para conseguir que, con el concurso de esta Cámara, la sociedad española cuente muy pronto con un
instrumento eficaz, independiente y apropiado que extreme el cuidado de los contenidos audiovisuales. Sí es preciso recordar, no obstante, que hay una sensibilidad social creciente en esta materia, a la que estamos obligados a atender con eficacia
y prontitud; que hay experiencias muy provechosas y contrastadas para guiar nuestros pasos en este terreno; que hay muchas cosas que nos unen o nos unían a todos los grupos parlamentarios para sacar este proyecto adelante; que podemos y debemos
hacer entre todos un esfuerzo de flexibilidad y transigencia para obtener el mayor provecho de este organismo. En definitiva, tenemos la ocasión de abrir un proceso definitivo de debate y de diálogo con todo el sector que culmine en un consejo
operativo que atienda especialmente a los sectores más vulnerables de la audiencia, que vele por la protección de los menores frente a las emisiones de contenidos inadecuados en todos los medios audiovisuales: televisión, internet, publicidad o
cualquier otro, protegiendo especialmente las franjas horarias de audiencia infantil; que enfoque su atención en la igualdad de oportunidades; que promueva códigos de buenas prácticas sobre todo tipo de oferta de programas y contenidos; que
favorezca la información de los usuarios y sus posibilidades de decidir libremente y que estimule la autorregulación y las condiciones más aceptables en las que se debe producir la exposición audiovisual por cualquiera de sus medios.
En los últimos meses hemos escuchado decir en innumerables ocasiones que nada en el sector público audiovisual se puede tocar hasta que no dictamine la comisión de expertos nombrada por el Gobierno. Esta cautela y cantinela no ha sido
óbice, sin embargo, para que el Gobierno plantee a diario las mayores incertidumbres sobre la viabilidad futura de Radiotelevisión Española o para que su actual dirección haya puesto en la picota al ente público entre el caos organizativo, la purga
más encarnizada contra los trabajadores, la programación más difusa y de menos crédito, la caída de la audiencia y el sectarismo informativo. Con todo y eso, se insiste, una y otra vez, en que es preciso esperar a que los expertos terminen su
trabajo para salir de dudas sobre la opinión oficial del Gobierno en esta materia. Mientras tanto, no podemos suponer siquiera que toda la iniciativa del Gobierno al respecto se agoste en una evanescente declaración pública del presidente a favor
de la programación infantil; ha pasado el tiempo prudencial para esperar sensatamente otra cosa. Por nuestra parte, hemos manifestado en muchas ocasiones -y no somos los únicos en hacerlo- que el renombrado y prodigioso informe de los expertos es
solo una excusa, un parapeto, una disculpa enorme para que el Gobierno haga de su capa un sayo y el nuevo modelo de radiotelevisión pública estatal se demore eternamente. (El señor Blanco López: ¡Ocho años!) Tenemos la fundada sospecha de que toda
la actuación del Gobierno socialista en este punto se encamina a un modelo de radiotelevisión pública marginal, férreamente controlado, puesto en almoneda, sin que ninguna perspectiva de viabilidad ni saneamiento suponga la antesala de la
privatización, con todas las cartas marcadas para certificar su subasta. Se trata de una iniciativa que, casi sin excepción, todos los grupos parlamentarios de la Cámara valoraron o deberían haber valorado en uno u otro momento durante los últimos
años.
Nada debe impedir que una decisión soberana, y con un amplio respaldo parlamentario, aborde la regulación de los contenidos audiovisuales y vele por el cumplimiento de todas las normas que en el marco inseparable de la Unión Europea rigen hoy
esta compleja actividad.
Por todo ello, señorías, anunciamos que el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa y también que realizaremos en el oportuno trámite de enmiendas nuestras aportaciones y sugerencias al
articulado, con la finalidad de mejorar y perfeccionar el texto que ahora se nos propone, de modo que la creación del consejo audiovisual impulsada desde este Parlamento pueda adelantarse a ese acta de defunción que el Partido Socialista levanta en
Radiotelevisión Española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montesinos.
El turno corresponde al Grupo Socialista, señor López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el año 1995 en el Pleno del Senado el Grupo Socialista votó a favor del informe elaborado por una comisión especial de la Cámara Alta en la que se recomendaba expresamente la creación de un consejo superior de medios
audiovisuales, y votó a favor porque el Partido Socialista quería entonces -y quiere ahora- un consejo superior de medios audiovisuales como organismo regulador independiente para el sector. En febrero de 1998, ante la pasividad del Gobierno del
Partido Popular en este asunto después de casi dos años de poder, el Grupo Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de creación
del consejo superior de medios audiovisuales, junto a otras iniciativas de otros grupos en esta Cámara en la misma dirección, cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad. Acabó la legislatura y el tema no fue debatido, pero el
Partido Socialista dejó claro una vez más que quería un consejo superior de medios audiovisuales y que lo sigue queriendo.
Poco después de que el Partido Popular revalidara su victoria electoral en la primavera de 2000, esta vez con mayoría absoluta, el Grupo Socialista volvió a presentar ante esta Cámara Baja una proposición de ley orgánica de creación de un
consejo general de medios audiovisuales, pero el Grupo Popular rechazó esta iniciativa. El Gobierno del PP dijo que tenía la intención de presentar un proyecto de ley en el transcurso de la legislatura, pero la legislatura acabó y no lo hizo, a
pesar de que era ya una fuerte demanda social. El PSOE dejó claro una vez más que quería -y quiere- un consejo superior de medios audiovisuales. En el programa electoral que el Partido Socialista presentó para las elecciones generales celebradas
en marzo aparecía su compromiso para crear un consejo superior de medios audiovisuales en el contexto de una profunda reforma de los medios audiovisuales públicos, porque, señorías, todos sabemos que para emprender cualquier paso en la regulación
del sector audiovisual es preciso decidir previamente el modelo de servicio público que se desea instaurar. Esa definición es crucial a la hora de delimitar expresamente qué tipo de contenidos deben entenderse como de servicio público y, por tanto,
inciden directamente en el ámbito de actuación de un futuro consejo superior de medios audiovisuales. En esa línea el secretario general del Partido Socialista anunció públicamente que encargaría la definición y las líneas fundamentales de esa
reforma a un comité de expertos, con el compromiso de asumir el contenido de su dictamen. De nuevo el PSOE no dejó lugar a dudas de que quería -y quiere- un consejo superior de medios audiovisuales. Tras el triunfo electoral del Partido Socialista
el propio Rodríguez Zapatero, entonces candidato y hoy presidente del Gobierno, en su discurso de investidura reafirmó su intención de crear el consejo superior de medios audiovisuales como autoridad independiente que regule, controle y, en su caso,
sancione la actividad de todos los operadores del mercado audiovisual sean públicos o privados. El presidente del Gobierno y el PSOE quieren un consejo superior de medios audiovisuales y José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE cumplen sus
compromisos.
Queremos un consejo superior de medios audiovisuales no sólo porque es un organismo que posee la práctica totalidad de los países de nuestro entorno y porque desde distintos ámbitos europeos, como el Consejo de Europa, se recomienda su
creación, sino porque es realmente necesario. En estos días los contenidos televisivos están siendo objeto de polémica y es una preocupación de la sociedad de la que el PSOE se hace eco. Debates en torno a conceptos a veces con perfiles poco
claros, como el de la telebasura, están ocupando tiempo y papel, mucho papel, y por eso habrá que definir qué es la telebasura, cómo controlarla, cómo sancionarla, en qué media, con qué instrumentos y cómo proteger a los menores de los contenidos
nocivos en televisión. Es verdad que hay leyes y que existe doctrina europea, pero también es cierto que se han dado fórmulas que en su día fueron satisfactorias, como el acuerdo que el Ministerio de Educación firmó en el año 1993 con los medios de
comunicación y que con el paso del tiempo, con gobiernos del Partido Popular, se han ido difuminando. Es cierto que asimismo consideramos muy importante la autorregulación por parte del propio sector; de hecho, saludamos las primeras iniciativas
que se están viendo en este sentido tras el anuncio del presidente del Gobierno. Saben ustedes que la vicepresidenta del Gobierno se reunirá con el sector el próximo día 26, saben que se han formulado denuncias por el Defensor del Pueblo y por
varias organizaciones de consumidores y saben que algunos medios han reaccionado tomando ya medidas.
Esa es precisamente una de las labores que en su día deberá determinar el Consejo Superior de Medios Audiovisuales como autoridad independiente no solo del Gobierno sino también de los poderes económicos y empresariales, aunque no la única,
ni tan siquiera la más importante. Su misión, a nuestro juicio, es más amplia. Por un lado, la supervisión de contenidos con el fin de preservar el pluralismo político y el respeto de los derechos fundamentales y valores constitucionales, así como
garantizar el cumplimiento de los fines de servicio público encomendados a los agentes del sector audiovisual, pero también deberá velar por la existencia y eficiente funcionamiento de un mercado de lo audiovisual desde una perspectiva estrictamente
económica y en aplicación de un proceso de liberalización del sector. Nosotros queremos un consejo superior de medios audiovisuales que sea fruto de un debate libre, sin descalificaciones y ordenado. No queremos empezar la casa por el tejado.
Hay
que dejar trabajar al comité de expertos con libertad, puesto que estamos convencidos de que de su profesionalidad y buen hacer surgirán las bases de un nuevo sistema que nos lleve a un punto sin retorno que ordene democráticamente el sector y que
destierre de una vez por todas las injerencias del Gobierno sobre la libre información. Que nadie lo dude, nosotros no hemos mirado hacia otro lado, como hizo el Gobierno del Partido Popular, sino que el presidente del Gobierno ha puesto en
funcionamiento a los pocos días de su toma de posesión un proceso de reforma y ha fijado una fecha. El trabajo serio lleva su tiempo y no creemos positivo perturbar este proceso con proyectos apresurados que inevitablemente, ante la falta de
definición de elementos esenciales previos, contienen imprecisiones y sobre todo no están suficientemente debatidos y contrastados con las partes implicadas por muy sensatos que estos sean. El suyo, señoría, contiene algunos elementos sensatos y
razonables, aunque no entraré hoy en el fondo de su propuesta, que por cierto surge, como usted reconocía, de una reflexión realizada hace 10 años. Por eso creo que es
aconsejable que aplacemos el debate, para incluirlo en un marco global de reforma general del sector con el fin de alcanzar un justo equilibrio entre la defensa de valores y derechos fundamentales, el respeto al desarrollo del mercado y el
ejercicio de la libre competencia, una reforma que deberá determinar aspectos muy relevantes que luego van a incidir de forma decisiva en la actuación de un ente regulador, como su capacidad normativa, la definición del concepto de servicio público
o el régimen de financiación de los medios públicos, entre otros. Además y sobre todo creo firmemente que debemos contar con todos, dialogar con todos, escuchar todas las opiniones, las de los operadores, las de los consumidores, las de las
asociaciones ciudadanas, las de los productores, las de los trabajadores, las del sector en general y por supuesto las de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, porque en definitiva es el Parlamento quien tiene y tendrá la última
palabra y lo haremos, pero quememos etapas. Primero escuchemos lo que dice el comité de expertos, es cuestión de pocos meses. A eso se ha comprometido el presidente del Gobierno y a eso se compromete nuestro grupo parlamentario. Por eso hoy aquí
el voto de mi grupo será desfavorable a la toma en consideración. De todos modos, me gustaría denunciar una vez más un nuevo caso de conversión milagrosa por parte del Partido Popular, que hasta en tres ocasiones a lo largo de los últimos ocho años
ha impedido que se creara este consejo. Es más, oportunidades han tenido de haberlo hecho en territorios como Galicia o Valencia, que conoce bien la señora Montesinos, y no lo han hecho. Sé que es muy difícil pedirles que hagan una oposición útil
y sé también que andan todavía buscando fuera de casa a los culpables de su derrota electoral en vez de hacerlo dentro, pero les pido un poquito de coherencia y sobre todo que si bien no ayudan a la gobernabilidad de este país, por lo menos no la
dificulten. Yo sé que a ustedes les preocupa una cosa por encima de las demás y no es otra que el hecho de que el PSOE está cumpliendo con su compromiso electoral.
Hoy de nuevo, en vez de ayudar en un asunto de capital importancia, vienen aquí a
intentar torpedear la acción de un Gobierno que por fin ha puesto manos a la obra en materia audiovisual. Están haciendo lo mismo con el trabajo del comité de expertos. Ni una sola idea, ni una sola aportación, sólo torpedean a Radiotelevisión
Española y, a través de ella, al Gobierno del Partido Socialista. Hoy han cometido un ejercicio de irresponsabilidad que me gustaría saber cómo van a explicar al sector y a los ciudadanos en general, que demandan consenso en asuntos tan importantes
como la calidad de los contenidos televisivos o la independencia y pluralidad de los medios de comunicación. No sé cómo van a explicar que ahora votan a favor de algo que siempre han impedido, precisamente cuando el Gobierno del PSOE ha puesto los
mecanismos para llevarlo a la práctica.
El mismo día en que Zapatero denunció la telebasura -el mismo día-, tan sólo cinco horas más tarde la portavoz popular dijo que era una declaración de humo que no conducía a nada. Ahora, gracias a ese debate suscitado, hemos visto ya
iniciativas en materia de autorregulación por parte de las empresas y habrá una próxima reunión de éstas con la vicepresidenta, mientras que casualmente ustedes quieren ahora -conversiones milagrosas- un consejo superior de lo audiovisual que
impidieron en el pasado, y lo quieren a la carrera y sin hablar con nadie. ¡Vaya papelón que están haciendo ustedes! Créanme, es bueno que entiendan cuanto antes que el 14-M ocurrió hace siete meses y que ustedes ahora deberían hacer una oposición
útil para los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE CREACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE LAS OPERACIONES DE CAMBIO DE DIVISAS, BILLETES DE BANCO Y MONEDAS. (Número de expediente 122/000103.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate sobre la toma en consideración de la segunda proposición de ley del primer punto del orden del día. Se trata de una iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quisiera hablar de una propuesta que tiene padre y madre, si me permiten la expresión. Esta es una propuesta que surge de la sociedad civil, que se plantea y que plantea, entre otros, a este grupo parlamentario, la
oportunidad de que se tramite la proposición de ley presentada; una proposición que ha sido trabajada por ATTAC, por el movimiento ciudadano para el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones, y que ha sido mejorada y
perfeccionada por personas que la han adecuado a nuestro marco jurídico.
De hecho, este debate podríamos decir que no es nuevo; es un debate liderado por la sociedad civil, por el conjunto del movimiento antiglobalizador, por lo que se ha
discutido durante muchos años en el Foro social mundial o recientemente en el Foro social europeo. Además, es una propuesta que tiene precedentes en esta Cámara. Algunos de ustedes recordarán cómo se constituía el 12 de noviembre un intergrupo
parlamentario que propugnaba el fomento a posiciones similares en el Congreso de los Diputados a las que hoy planteamos. Ustedes recordarán también que el 2 de octubre de 2001 se discutía una proposición no de ley del PSOE, otra de Iniciativa Verds
y otra de Izquierda Unida sobre la materia y lo
cierto es que en esta discusión la mayoría que hoy está en la Cámara votó favorablemente y si se perdió fue por los votos del Grupo Popular.
Estos son los precedentes. ¿Cuáles son los objetivos de la proposición de ley? La proposición de ley se presenta con los mismos objetivos que las anteriores iniciativas: el control de las crisis financieras internacionales; conseguir, en
definitiva, que no haya economías ni mercados que sean desgastados a golpe de operación especulativa; que economías enteras no tengan crisis dramáticas por la especulación de los mercados financieros. Ejemplos tenemos muchísimos. El ejemplo de
México en 1994, el del Sudeste asiático en 1997, el de Rusia en 1998, el de Brasil, el de Turquía, el de Tailandia y podríamos enumerar un montón. El problema está en la especulación sobre las monedas en cuestión y las crisis posteriores que ello
comporta a las respectivas economías. Los movimientos de dinero caliente han sido capaces de vaciar la reserva de cualquier banco central, además de sumir en la pobreza y el paro a países e incluso a parte de continentes.
El portavoz socialista decía: Hay un creciente consenso en la comunidad científica avalado por el pronunciamiento de múltiples y relevantes economistas. Coinciden en atribuir algunos problemas de la inestabilidad financiera que caracteriza
a nuestro mundo globalizado a la existencia de inmensas cantidades de capital dispuestas a moverse de un confín al otro del mundo a la menor señal económica real o imaginada; movimientos que se producen sin apenas costes y con reducido riesgo.
Tenemos un problema mayúsculo, y el problema está en la arquitectura financiera internacional. La existencia de paraísos fiscales sin control alguno hace que inversores, especuladores o, en el peor de los casos, organizaciones terroristas campen a
sus anchas. Hoy tenemos el problema de que se vacían las instituciones democráticas y no hay control para garantizar el interés general por encima de las lógicas especulativas. La conclusión, obvia: las externalidades del mercado financiero son
claramente negativas. El objetivo, muy simple: estabilizar las tasas cambiarias, lo que podría suponer un impuesto que podría alentar las inversiones a largo plazo y reducir la inestabilidad y la necesidad de conformar reservas oficiales de
divisas para defender la moneda del país. Tenemos ejemplos clarísimos. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de la India. La India, hoy, está comprando bonos del tesoro a los Estados Unidos con los dólares ganados mediante exportaciones para
garantizar la estabilidad de la moneda. Hoy pasa esto. ¿Qué planteamos nosotros? Lo que planteamos es la tasa Tobin/Spahn, que como ustedes saben es una tasa sobre las transacciones de divisas. Es una propuesta que va más allá de lo que iba
hasta ahora la propuesta Tobin y seguramente es también más realista.
Supongo que el realismo preocupará a alguien, porque el realismo significa que algún día se puede ejecutar. Es una propuesta mucho más acotada al conjunto de transacciones de
carácter especulativo, y ello supone por tanto que obedece a una voluntad real de que salga adelante.
La propuesta ayudaría además a que hubiese más fondos para la Ayuda Oficial al Desarrollo y además es un avance en sí misma. No significa la
conformación de una arquitectura que suponga el gobierno de la globalización, pero sin duda alguna implica un avance y un avance importante. Está claro que la globalización no se resuelve deteniéndola, pero nuestra propuesta, la que hoy debería
aprobar el Congreso de los Diputados, la nueva mayoría que existe en él, no es para frenar la globalización, sino para gobernarla.
Una vez explicados precedentes y objetivos, quisiera entrar en el porqué de la proposición de ley y en por qué lo proponemos dentro del marco europeo. Empezaré por esto último. El marco en el que se tiene que dar el primer paso es el
europeo, porque hay dificultades reales para impulsar un instrumento de estas características a escala global. Es cierto que necesitamos un consenso general, pero para que ese consenso sea general, sea global, debe tener en primer lugar una escala
regional, una escala europea. El impulso global sin compromiso europeo es el refugio de aquel que desde la pretendida ingenuidad no quiere que la propuesta prospere.
Por tanto, nuestra propuesta es europeísta para que se discuta en marcos
internacionales, pero implica un tipo impositivo más bajo que el que se planteaba hasta el momento y, por tanto, se ubica necesariamente en el realismo. Si Tobin planteaba una tasa del 0,2, nosotros proponemos una tasa del 0,02, es decir, en vez de
2 por 1.000, 2 por 10.000, lo que es seguramente mucho más realista. Es una propuesta absolutamente asumible.
Lo que se plantea como novedad es la denominada variación Spahn de la tasa, una tasa con dos niveles en vez de uno solo, como había
propuesto originalmente el propio James Tobin; una tasa de un 0,02 para el conjunto de las transacciones de divisas, que se puede ampliar en el caso de ataques de carácter claramente especulativo contra determinadas monedas.
Además, es una proposición de ley porque expresa una voluntad mucho más firme que una proposición no de ley porque sin duda compromete. Es una proposición de ley porque nuestro grupo cree que tenemos que ir más allá de lo que íbamos hace
apenas una legislatura. Son muchos los parlamentos que se han anunciado a favor: el Parlamento canadiense, el de Finlandia, el Ecofin ha estudiado la viabilidad, el Parlamento Europeo. Este Parlamento discutía también sobre la posibilidad de
pronunciarnos a favor de una proposición no de ley, pero no estamos en el momento de la declaración de intenciones, sino que estamos en el momento del paso adelante. De esta manera los parlamentos más avanzados ¿qué han hecho? El Parlamento belga
lo que ha hecho es discutir una proposición de ley durante años en comisión, lo que les ha permitido un debate riquísimo y una propuesta adecuada a su legislación. El Parlamento italiano hoy, en estos días, está discutiendo una iniciativa
legislativa popular. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este contexto? ¿Situarnos donde nos estábamos hace ahora cuatro años, o conformarnos con la declaración de intenciones? Nuestro grupo cree que no.
La proposición, además, es muy realista. ¿Por qué lo es? En su disposición final única deja muy claro que el marco debe ser, como mínimo, el de toda Europa. Por tanto, su entrada en vigor queda supeditada a la adopción por parte de la
totalidad de los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria Europea. ¿Cuál es el problema de esta disposición? ¿Qué sea excesivamente realista, o que realmente defina una estrategia y un diseño a escala europea que permitan marcos
legislativos que supongan un avance significativo? Más allá de todo esto, lo que significa esta proposición de ley es que vamos más allá del terreno de la voluntad, que nos situamos en el terreno de lo posible. Por tanto, nuestro grupo lo que
plantea a la mayoría de esta Cámara -y con especial énfasis al Grupo Socialista- es que no se sitúe en el cómodo terreno de la voluntad, sino que se sitúe en el comprometido terreno de lo posible.
Además, lo más importante: ¿Por qué proposición de ley? Porque la proposición de ley es lo que nos permite hoy en esta Cámara, en los próximos años una discusión a fondo en torno a la materia. La proposición no de ley lo que hace es
invitarnos, sí estamos de acuerdo, pero no nos permite el trabajo que desarrollaríamos de aprobarse la proposición de ley. Y todo ello ¿por qué? Porque a mí me habían explicado -a ustedes seguramente se lo habían explicado- que España se debería
situar en un terreno de liderazgo internacional. Debí oír mal, pero creí escuchar que alguien decía en Nueva York: Hay que reflexionar juntos -como decía el presidente Lula- para poner nuevos instrumentos financieros. Después se decía: Vamos a
crear mecanismos innovadores para financiar la lucha contra el hambre y la pobreza. Tenemos que ser valientes, que es la única condición que se exige para los grandes esfuerzos morales; explorar reformas en las reglas de juego de la política y de
la economía internacional y avanzar mucho más rápido en las normas de comercio internacional, y desde luego dar un tratamiento mucho más generoso para resolver el problema del sobreendeudamiento externo. No son mis palabras -las de la valentía, la
de los mecanismos innovadores, las de cambiar las reglas del juego- sino que son las palabras del presidente Rodríguez Zapatero. De hecho Zapatero a una pregunta del periodista sobre la tasa Tobin decía que fue primero el director del Fondo
Monetario Internacional, señor Rato, quien admitió en las reuniones de Naciones Unidas la posibilidad de un impuesto sobre las transacciones financieras o comerciales y después extendía este compromiso al propio Chirac. Por tanto, abría el abanico
de forma clara. No se comprometía sólo el señor Zapatero, sino también comprometía al ex ministro de Economía, señor Rato y también al propio presidente Chirac.
Ante esta situación, ¿qué debemos hacer hoy, ante esta Cámara? Yo creo que está claro. Los grupos que queremos gobernar la globalización, a no ser que nos refugiemos en la declaración de intenciones, deberíamos votar que sí a la
proposición de ley. Si votamos que sí, para que se tramite y para que se discuta, tendremos la oportunidad de llevar en esta Cámara una discusión de gran calado que en otros países ha llegado a aunar a parlamentarios de todas las tendencias. Hay
que decir que en Bélgica la proposición de ley, la ley actual, obtuvo votos de los grupos de izquierdas y ecologistas y de la socialdemocracia, pero también votos de partidos conservadores. De hecho, si el Partido Popular vota que no se situaría en
este caso a la derecha de lo que hicieron sus colegas en Bélgica, pero lo más increíble sería que el Partido Socialista votase en contra. ¿Qué harían? ¿Situarse a la derecha no sólo de los socialdemócratas belgas, sino también incluso de diputados
conservadores en Bélgica? ¿No permitirían hacer lo que hacen sus colegas italianos discutiendo una iniciativa legislativa popular? ¿No permitirían ustedes que hubiese un compromiso, más allá de la declaración de intenciones de este Congreso?
No quisiera que el debate posterior se situase en torno a cuestiones técnicas sobre articulado, sobre el carácter de los contribuyentes, las exenciones, la base imponible, el momento del devengo. No tenemos ganas desde el Grupo de Izquierda
Verde de que la discusión se base en eso. De hecho a nosotros lo que nos gustaría es que este Congreso se situase a la cabeza y no a la cola de lo que están haciendo otros parlamentos. Lo que pedimos es que se pueda discutir en Comisión, que
realmente haya avances significativos y que, en definitiva, se apruebe la proposición de ley.
No nos gustaría tampoco que la excusa acabase siendo que el problema es de procedimiento. El señor Campuzano estuvo junto a mí en el momento en que miembros de ATTAC nos transmitieron la propuesta y por una cuestión de tiempo nosotros
planteamos la propuesta y Convergència i Unió supongo que pretendía proponerla posteriormente. Sin embargo, ni el señor Campuzano ni el Grupo de Convergència i Unió se van a refugiar en este motivo para votar que no, el Grupo de Convergència i
Unió, que yo diría que no destaca por su carácter radical -destaca por muchas cosas, pero no por su carácter radical- va a votar favorablemente porque, entre otras cuestiones, hay diputados que llevan muchos años trabajando, como el señor Campuzano,
a favor de la tasa Tobin. Por tanto, el argumento no puede ser el procedimental.
Tampoco puede ser argumento que sea una proposición de ley, porque en Bélgica se ha aprobado una proposición de ley, se ha tramitado y se ha discutido. ¿Cuál es el argumento real? Creo que el argumento real está en una respuesta que le
daban al señor Campuzano cuando formuló una pregunta acerca de las previsiones para dotar la denominada tasa Tobin/Spahn -es verdad que no es tasa Tobin, es Tobin/Spahn, es un paso más allá de lo que iba la tasa Tobin-, después de decir que la línea
más amplia no era posible, después de descartar que la línea Tobin/Spahn, el gravar las divisas tampoco era posible, la respuesta era bastante clara, y leo literalmente: Sin embargo, no parece, por las razones anteriormente expuestas, que el
establecimiento descoordinado de la
tasa Tobin ayude a la consecución de dichos objetivos. Por tanto, hasta que no se configure un escenario de aceptación generalizada de esta figura por la práctica totalidad de los países, no resulta recomendable su adopción unilateral por
parte de nuestro país. La respuesta, clarísima. ¿Cuál es el problema? Que la aceptación generalizada nos sitúa por los siglos de los siglos, por las décadas de las décadas, si me lo permiten, en la simple declaración de intenciones.
Señores diputados, señoras diputadas, la conclusión es clara: buenas intenciones pero, ¿hasta dónde? ¿Hasta que las buenas intenciones supongan una actitud que vaya más allá y que suponga un cambio de la realidad? La proposición de ley,
es cierto, choca con la estrategia de la buena intención, pero, eso sí, supone un compromiso de lo concreto.
Nuestra propuesta es claramente europeísta con un compromiso y con una estrategia de impulso real. Su apuesta, en caso de votar que no,
diputados y diputadas socialistas, va a ser la declaración de intenciones, la pretendida ingenuidad, excusa, al fin y al cabo, para no cambiar las cosas.
Entiendo la estrategia del cambio tranquilo. Puedo entenderla en muchos casos -como puede observar estoy acabando, señor presidente- pero en este la estrategia del cambio tranquilo nos lleva, cuando hay mayoría en la Cámara, a otra vez
buenas intenciones, aunque, eso sí, sin cambiar la realidad y les digo que a nuestro grupo, que a toda aquella gente que trabaja, que trabajamos en ATTAC, a toda aquella gente que está en los movimientos alterglobalizadores, le gustaría que esta
Cámara, como decía Zapatero, algún día se situase liderando el gobierno de la globalización, proponiendo una ley que configure una arquitectura para gobernar la misma y no busque excusas de procedimiento, si la proposición es de ley o no, excusas,
al fin y al cabo, para no aprobar lo que sería, este sí, un paso adelante.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos leído y estudiado con particular atención la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por supuesto, por un principio de respeto parlamentario y por atención a
un tema muy debatido, muy controvertido, como es la denominada tasa Tobin, de donde arranca este principio de gravar todos los capitales financieros a los que se les puede atribuir un carácter especulativo.
Vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley por entender que contempla, en primer lugar, una marginación y un olvido que tiene base constitucional, ya que la disposición adicional tercera de la Constitución
española dice que toda modificación del régimen económico y fiscal de Canarias tiene que hacerse previo conocimiento y audiencia del Parlamento autónomo de Canarias. No podemos ir en contra de un principio constitucional que hace esta reserva y,
por tanto, antes de dar entrada a esta iniciativa que se nos presenta hoy a debate tendrían que pronunciarse el Gobierno y el Parlamento de Canarias.
En segundo lugar, porque casi el 80 por ciento del producto interior bruto de nuestra comunidad
autónoma procede del turismo y ese turismo tiene su origen en países que están en el área euro, como es el turismo alemán, pero el turismo principal es el británico y su pago se realiza en libras esterlinas. Por otro lado, el régimen económico y
fiscal de Canarias hace fundamentalmente sus transacciones económicas en euros y en dólares, además de la libra esterlina, como he dicho antes. De aplicarse esa tasa, aunque sea a niveles del 0,02 por ciento, como ha señalado el defensor de la
iniciativa, se puede producir un fenómeno muy peculiar, muy peligroso, que no sería de recibo en este momento, en la estructura económica de Canarias -supongo que la de Baleares iría en el mismo sentido-, que sería encubrir una tasa al turismo. Si
a esto no se le quiere llamar ecotasa podríamos decir que es una tasa al turismo en cuanto que se realizan las transacciones financieras y económicas en un cambio de divisas. Limitamos a partir de 6.000 euros en cuanto la persona física sea un ser
individual, un turista que se asoma por allí, pero los paquetes turísticos son colectivos y por tanto no se podría desglosar hasta 6.000 euros para estar exento de esta tasa. Por tanto, a todo turista procedente, por ejemplo, del área británica que
llegue con libras esterlinas o que haga la operación a través del los turoperadores, financieramente se le estaría aplicando una tasa a la actividad del turismo. Con las perspectivas turísticas que tenemos en este momento en Canarias, dudo mucho
que los sectores sociales y empresariales pudieran aceptar sin decir nada una tasa de este alcance y de este calibre.
Pero entremos en otra situación. Esto está legalizado en este momento solamente en los países que hayan hecho un pronunciamiento, pero la economía está globalizada, en este momento las transacciones financieras no se hacen en un objeto
tangible como es la divisa, se hace todo vía Internet, los mercados son continuos en las bolsas internacionales, sea la de Nueva York, la de Londres, la de Alemania o cualquiera de las que estén operando en el sistema financiero. Pero es que las
operaciones financieras de cambio de divisas, bien se esté comprando petróleo o bien se estén comprando aeronaves, como por ejemplo las operaciones financieras que realiza el consorcio europeo del Airbus, donde está España a través de CASA, se hacen
en dólares. Entonces resulta que estaríamos gravando una actividad que tiene una fuerte competencia en este momento con empresas como la Boeing o la MacDonald Douglas de los Estados Unidos, que también operan en dólares; estaríamos en este momento
dándole un aspecto negativo a la productividad empresarial de la industria europea de automoción, aeronáutica o terrestre, que está
operando sobre mercados que trabajan con su valor en dólares. Si esto lo llevamos ya a la realidad, no solamente por Internet, por la globalización de las transacciones económicas, los dólares, los euros, en el mercado internacional no se
están moviendo físicamente dentro de contenedores o maletas; se están moviendo a través de simples guarismos, a través de las redes de interconexión bancaria con las grandes bolsas.
Por tanto, aquí debemos entrar en un concepto de globalización
del acuerdo que se pueda tomar en la Cámara en el sentido de decir: vamos a llevar una posición española pero al escenario donde en este momento está fluctuando nuestra divisa. Ha dicho el proponente, el defensor de la proposición que esto se
dejaría sine die, lo aprobamos aquí y lo dejamos ahí en una especie de cajón de nevera a la espera de que otros países dentro del área de la Unión Europea o del euro aporten también sus acuerdos. Esto no parece serio si la finalidad es obtener un
beneficio para países marginados, del Tercer mundo, etcétera. Esto no es el Tratado de la Constitución europea que vamos a votar en referéndum o esos acuerdos internacionales que hasta que no se alcanza una cifra de países signatarios no entra en
vigor. Aquí estamos hablando de cuestiones tangibles, donde los mercados financieros operan precisamente bajo ese principio de globalización. Yo creo que esto sí permite abrir un debate en el Parlamento de nuestra nación para discutir qué alcance,
qué relaciones, porque desde España no podemos gravar operaciones de cambio de divisas con relación al euro español, cuando el euro francés o el euro italiano o el euro alemán están operando también en ese mismo mercado financiero. Contravendríamos
hasta un principio de igualdad de circulación de capitales en la propia Unión Europea, de la cual forma parte el Reino Unido, pero que no está en la Unión Europea del euro. Por tanto, el problema no es tan sencillo como se pueda derivar de la
simple lectura de esta iniciativa.
En consecuencia, mi grupo está dispuesto a tomar aquellas iniciativas colectivas de consenso con otros grupos parlamentarios para estudiar el alcance de una posible tasa Tobin en estos aspectos, pero vamos a ver primero cuáles son las
repercusiones, porque no puede venir al Parlamento una proposición de ley de esta envergadura sin una memoria económica. Es que esto sin memoria económica es un brindis al sol, es un canto de buenas intenciones, muy respetables, pero sin un
informe, sin una memoria económica, esto desde luego no pasa de ser una prosa puramente de buenas intenciones a las que nosotros nos apuntamos, pero nada más que esto.
Tomar una decisión desconociendo con una memoria y un análisis económico el
alcance de esta iniciativa, desde luego no nos parece serio y por tanto mi grupo va a votar en contra de la misma.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente. Pido disculpas porque, estando en el hemiciclo, estábamos hablando del debate del jueves.
Queríamos exponer nuestra posición respecto de esta proposición de ley, ya que consideramos que el actual sistema financiero, regido por la libertad de movimientos de capitales y el desmantelamiento de las barreras comerciales y apoyándose
además en la existencia de paraísos fiscales con una falta total de control, ha supuesto la práctica de una serie de operaciones financieras especulativas ajenas por completo a las actividades productivas y al intercambio de bienes y servicios.
Algunos cálculos elaborados por economistas de prestigio han estimado que entre el 80 y el 90 por ciento del total de las transacciones financieras realizadas a diario en el mundo son meramente especulativas y que un 80 por ciento de éstas tienen
una duración inferior a una semana. El avance de las nuevas tecnologías, aunque presta un extraordinario potencial para mejorar la eficacia de los procesos productivos y contribuye a incrementar la calidad de vida con su incorporación como
herramientas de trabajo a los centros de contratación de valores y divisas, también han ocasionado una mayor proliferación de este tipo de transacciones financieras, aumentando las dificultades de su control por parte de organismos e instituciones
públicas. La volatilidad del capital liberalizado no provoca únicamente la devaluación de las monedas y crisis financieras, con el consecuente incremento de las tasas de paro, aumento de precios, etcétera, sino que impide la implantación de
políticas equitativas por parte de los gobiernos, lo que hace imprescindible que recuperen la capacidad de intervenir más decisivamente en el campo económico, retornando a políticas económicas públicas dirigidas a favorecer el bienestar del conjunto
de la ciudadanía y reducir las desigualdades sociales. En este sentido, esta iniciativa supone un avance para recuperar esa capacidad de actuación desde esferas públicas sobre la actividad de movimiento de capitales en el ámbito mundial que se
escapa a dicho control y puede ocasionar graves crisis financieras y sociales, tal y como ya hemos comprobado en fechas anteriores en Asia o en algunos Estados de América Latina.
En sentido estricto, la propuesta presentada recoge la idea propugnada en 1972 por el economista James Tobin, distinguido por el premio Nobel en 1981, de establecer una tasa internacional con tipos muy reducidos para gravar las operaciones
de divisa realizadas a corto plazo, con el principal objetivo de controlar los flujos financieros para contribuir a estabilizar las economías nacionales y proporcionar importantes recursos a la comunidad internacional que podrían invertirse en
paliar las crecientes desigualdades que genera este sistema económico globalizado.
El BNG ya se ha manifestado a favor de esta iniciativa y la ha trasladado a otras instituciones, incluso de forma conjunta con el Partido Socialista en el Parlamento
de Galicia en octubre de 2002, por lo que daremos nuestro voto afirmativo a esta propuesta que hoy se debate, aun siendo conscientes de que su eficacia
queda condicionada a su aplicación internacional. Consideramos que se trata de una buena medida para frenar la falta de control cada vez más creciente de los flujos de divisas y para obtener recursos por parte de las instituciones públicas
para financiar políticas de igualdad aquí y en todo el mundo, pero -reiteramos- bajo responsabilidad pública, sin hacer descansar en todo tipo de entidades, y ahora incluso individualmente en los trabajadores, como se sugirió la semana pasada desde
el Gobierno, la adopción de políticas para erradicar las diferencias económicas y sociales que cada vez son más profundas. Por lo tanto, nuestra posición es favorable a esta propuesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
¿Grupo Vasco? (Pausa.)
En nombre de Esquerra, el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: (Comienza su intervención en catalán y continúa en castellano.)
Señoras y señores diputados, la globalización de la economía nos lleva a un debate sobre la nueva forma que está adquiriendo la economía mundial, sobre las consecuencias que puede tener en la ciudadanía y sobre si puede llegar a amenazar los
derechos básicos de las personas. En la actualidad, el volumen de transacciones financieras que se produce diariamente en el mundo es de un billón y medio de dólares y se calcula que el 80 por ciento es simplemente un juego especulativo de dinero
que se produce a corto plazo. Podemos asegurar que esta inestabilidad de los cambios es una de las causas del alza de los intereses reales que frena el consumo doméstico y las inversiones de las empresas. La velocidad y el volumen de cambio
previsto se han multiplicado por 10 desde 1987. Los riesgos de inestabilidad financiera han aumentado mucho en un mundo donde las economías nacionales se encuentran cada vez más vinculadas entre sí a través de una red de transacciones comerciales y
financieras. Solamente una pequeña fracción ínfima de las operaciones estimadas -entre el 3 y el 8 por ciento- tienen como objeto cerrar transacciones comerciales internacionales o vincular transferencias de capital destinadas a inversiones
productivas. Se ha producido en los últimos años una concentración masiva del poder financiero que ha producido una importante especulación en contra de los intereses de tipo más tradicional como, por ejemplo, los relacionados con la actividad
productiva. En este sentido, son cada vez más las personas que apuestan por la conocida tasa Tobin y por la desaparición de los paraísos fiscales. Los principales objetivos y efectos de esta tasa son retornar las políticas monetarias nacionales a
la autonomía que han perdido frente a los mercados financieros, sustraer la determinación de las tasas de interés nacional a la necesidad de defender la paridad de la moneda, crear una forma de impuestos sobre el capital que tendría la ventaja sobre
todas las otras de ser uniforme y a escala mundial y combatir a favor de la tributación de las transferencias del mercado de los cambios.
Señoras y señores diputados, no sólo esta es una demanda social sino que en otros países ya ha sido introducida en la agenda política. Jospin o Schröder se han mostrado interesados en estudiar una propuesta que ha llegado a los parlamentos
de Canadá, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos o Bélgica, donde se ha aprobado una propuesta como la que hoy se está debatiendo en esta Cámara. Incluso, el debate ha llegado al propio Parlamento Europeo. El Parlamento español creó durante la
legislatura pasada un intergrupo para trabajar en el camino a tomar para hacer efectivas unas medidas que graven los movimientos de capitales especulativos. Finalmente, no hubo una concreción legislativa respecto a dicho estudio, respetando la
voluntad de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Nos dicen que los tiempos han cambiado, que ha cambiado el talante, que ha cambiado la ideología. Bien, pues yo les digo, señoras y señores diputados de la mayoría parlamentaria, que demuestren a esta Cámara que ahora que están en el
Gobierno siguen teniendo la misma voluntad que demostraron la legislatura pasada. Si no están de acuerdo con la concreción de dicha iniciativa, hablemos durante el debate del articulado, pero no dejen de tomarla en consideración esta tarde.
La tasa Tobin ha sido una de las medidas abanderadas desde los movimientos antiglobalización, de aquellos contrarios a la globalización económica neoliberal; sin embargo, no es una tasa que cuestione dicho sistema, simplemente lo reforma.
De hecho, es una antigua propuesta del premio Nobel de Economía James Tobin que realizó en los años setenta, cuando los movimientos de capital puramente especulativos no eran ni la mitad de los actuales y el impuesto propuesto era casi ridículo, si
tenemos en cuenta los impuestos o tasas que pagamos la ciudadanía por buena parte de nuestras actividades cotidianas. El Ministerio de Economía francés ha señalado que tendría un escaso impacto, lo cual es un argumento a favor de esta tasa, y si
bien no supone un gran impacto respecto a los movimientos de capital, sí supone un impacto importante en la lucha para erradicar la pobreza, ya que la finalidad de dicha tasa persigue ese fin.
Más allá de ello, desde un punto de vista de
profundización de la transferencia de los movimientos de capital y, en consecuencia, de la propia democratización de estos sistemas políticos, es importante.
El control de los movimientos financieros de capital comporta el conocimiento del volumen de éstos en un mundo globalizado, donde los gobiernos pierden cada vez más poder a favor de aquellos que mueven estos capitales. Es importante que los
gobiernos y las poblaciones tengan cada vez mayor conocimiento de las cantidades que ellos mueven y del dinero que generan sin producir. En un mundo mercantilizado, donde el poder económico condiciona en la medida que lo hace al poder político, es
necesario establecer mecanismos de control, de transparencia, respecto a los movimientos económicos.
Sin duda, es un proceso a favor de la transparencia y, por lo tanto, de la propia democracia. Señorías, el movimiento del dinero genera dinero y en un mundo donde se grava la comercialización de los productos para el beneficio de la
ciudadanía en general, es totalmente lógico que se graven los movimientos de capital con el mismo fin. Precisamente, la idea básica de dicha tasa es devolver a los países más pobres -que paradójicamente son los que más producen las materias primas
que sustentan nuestro bienestar- una parte de la plusvalía generada en la comercialización de los productos y en el movimiento de capitales generados por estos. ¿No es lógico que, igual que cada uno de los ciudadanos paga un impuesto por el capital
indirecto que genera, lo hagan también los grandes poderes económicos, que son los que más los generan?
La mayoría de la población reclama una disminución de las desigualdades económicas mundiales. La organización Attack, que defiende la tasación de las transacciones financieras y de acción ciudadana, propone en pos de dicho objetivo la
creación de una tasa que grave los movimientos de capital puramente especulativos, aquellos que generan dinero sin ser fruto directo de un proceso productivo que beneficie a la población.
Creemos que es una finalidad muy loable, creemos que el
instrumento es acertado, pero sobre todo creemos que esta es una iniciativa que merece ser tomada en consideración para ser perfilada, si así lo requiere la mayoría de la Cámara parlamentaria en el debate que está teniendo lugar en esta Cámara.
También tenemos que destacar, como lo hacía el portavoz de Coalición Canaria, la repercusión que puede tener en el turismo este tipo de tasa.
Le recuerdo, señor Herrera, que el turismo es un sector importantísimo en nuestro país. En el
debate del articulado de esta ley, tenemos que intentar buscar entre todos un consenso para que en sectores económicos tan importantes para nuestro país, para Cataluña, no tenga una repercusión este tipo de tasa. Por todo lo que he dicho, y
teniendo en cuenta esta última coletilla que le he hecho al señor Herrera, pues creo que es importante para el sector turístico, nosotros votaremos a favor, pues estamos a favor de esta tasa y creemos que es un argumento más para intentar acabar con
las desigualdades económicas mundiales.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha estudiado detenidamente la proposición de ley sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y vamos a plantear las siguientes consideraciones. En primer lugar, quisiéramos manifestar ante la Cámara que se trata de una toma en consideración, algo muy
importante desde nuestro punto de vista. En segundo lugar, que, en caso de que esta proposición de ley fuera aprobada ante esta Cámara, existe una disposición final única con el siguiente texto: La entrada en vigor de la presente ley quedará
supeditada a la adopción por parte de la totalidad de los Estados miembros de la unión económica y monetaria europea de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas o al establecimiento de una directiva o reglamento europeo a este
respecto.
Señorías, lo que quiere decir esta disposición final es que, aunque esta proposición de ley fuera aprobada en el Pleno y en la Comisión correspondiente, no sería de obligatorio cumplimiento en todo el espacio financiero español. Por tanto,
estamos ante la toma en consideración de una propuesta que, en caso de prosperar, no sería de aplicación en España hasta que no hubiera un acuerdo de la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea; estamos debatiendo sobre buenas
intenciones; estamos debatiendo sobre aspectos en los que Convergència i Unió siempre ha mostrado el convencimiento de la necesidad de impulsar políticas de cooperación internacional cuyo objetivo sea la promoción del desarrollo sostenible humano,
social y económico de los países menos desarrollados a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y a la reducción de las desigualdades mediante, entre otros instrumentos, las contribuciones oficiales a organismos internacionales de carácter
económico y financiero, acuerdos financieros de alivio o condonación de deuda suscritos por vía bilateral, multilateral, donaciones, préstamos y ayudas. Esta ha sido la filosofía que siempre ha mantenido nuestro grupo.
También es cierto que la propuesta que ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es la aplicación de la tasa de James Tobin, sino que este grupo parlamentario propone una combinación de la filosofía del estadounidense James
Tobin y la del economista alemán Bernd Spahn; no solamente proponen la posibilidad de aplicar una tasa o un tipo impositivo sobre las operaciones en el mercado de divisas, sino que esta tasa se pueda complementar con un importe sobre operaciones
especulativas que se puedan producir sobre las divisas en apuros. Por tanto, lo que plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es una combinación de la filosofía del James Tobin y la del economista alemán Bernd
Spahn, sino que van mucho más lejos de lo que plantea el economista alemán Bernd Spahn.
Nosotros, como se trata de la toma en consideración de una proposición de ley, sin estar de acuerdo en la aplicación de una tasa Tobin o en la aplicación de la tasa Tobin más la tasa Bernd Spahn, queremos manifestar ante la Cámara que
tampoco existe en la comunidad internacional una coincidencia de ideas respecto a este gravamen. Por ejemplo, hay quien dice que la tasa Tobin
debe gravar los movimientos de capital especulativos de corto plazo y no los capitales productivos o inversiones a largo plazo. En la práctica, es muy sencillo transformar los unos en los otros, por lo que sería sencillo evadir impuestos y
hacer esto más ineficaz. También hay quien opina que, al ser difícil la diferenciación entre capitales especulativos y productivos, finalmente se acabarían gravando todos los movimientos especulativos, reduciendo la inversión extranjera. Asimismo,
hay quien dice que para ser operativo dicho gravamen es necesario que se establezca en todos los países del mundo, que los paraísos fiscales hacen totalmente inoperativa esa tasa ya que los movimientos especulativos no se realizan físicamente, sino
a través de transferencias electrónicas. En caso de que prosperara esta proposición de ley, nosotros introduciríamos todos estos aspectos, todas estas posiciones en el trámite parlamentario.
Hay quién se pregunta quién administraría el dinero recogido por este gravamen. El movimiento antiglobalización es totalmente contrario al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, organismos que proponían la tasa Tobin. Por tanto,
hay muchísimas incógnitas, muchísimos aspectos en los que valdría la pena que todos los grupos parlamentarios nos pusiéramos de acuerdo en función de los diferentes posicionamientos que existen en el mundo internacional sobre la posibilidad de
aplicar un gravamen de esta envergadura.
Quisiéramos comentar algunos de los aspectos que don Joan Herrera ha manifestado en su intervención. Es cierto que este tipo de reflexiones, este tipo de debates, están alcanzando el reconocimiento de las instancias políticas de algunos
Estados miembros de la Unión Europea.
También es cierto -vale la pena constatarlo, y es una satisfacción poder decirlo- que muchos diputados de esta Cámara forman parte de la organización World Parlamentarians Call for Tobin Tax, de la que es
miembro activo nuestro diputado Carlos Campuzano. Él forma parte de dicha organización y, desde hace muchísimo tiempo, está haciendo aportaciones positivas a la misma, que van en la dirección de las que he presentado al principio de mi
intervención, y cuyo objetivo básico es el de que los gobiernos avancen en la adopción de medidas para reformar el sistema financiero y poder de esta forma dominar la especulación monetaria, utilizando al mismo tiempo los ingresos que se puedan
recuperar por medio de este gravamen para cubrir las necesidades locales y globales de urgencia.
Queremos poner de manifiesto igualmente que este debate lo mantienen varios parlamentos europeos, que han adoptado decisiones positivas al respecto. Por ejemplo, la Comisión de investigación del Bundestag sobre la globalización se pronunció
a favor de un impuesto en el ámbito europeo. La Cámara de Representantes y el Senado de Bélgica adoptaron sucesivamente una resolución que pedía al Gobierno belga que aprovechase la Presidencia de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2001
concretamente, para examinar las modalidades de la instauración de un impuesto sobre los flujos internacionales de capital, para prevenir los movimientos especulativos desestabilizadores. La Asamblea Nacional francesa también adoptó el principio de
un impuesto Tobin por un importe máximo del 0,1 por ciento sobre las transacciones financieras especulativas internacionales, que sería de aplicación después de la adopción del mismo principio por los otros parlamentos europeos; básicamente, el
mismo planteamiento de la proposición de ley, en su disposición final única: que no sea de obligado cumplimiento hasta que todos los Estados miembros adopten una medida en la misma dirección.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, al entender que debemos dar un paso más en este sentido. Debemos adoptar un compromiso claro
al respecto, como lo están haciendo otros parlamentos europeos, considerando que la instancia en la que debe tomarse la decisión concreta y correcta es en la Unión Europea.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Popular; señor Martínez-Pujalte, es su turno, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar agradeciendo en nombre de mi grupo la iniciativa que trae hoy a la Cámara el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, porque nos permite hablar de un tema interesante.
Estando en mi escaño, nos ha llegado un teletipo del Grupo Socialista diciendo que el PSOE quiere plasmar el apoyo del Congreso a la tasa Tobin. En la legislatura anterior -antes un portavoz socialista hablaba de esto- lo apoyaron; en respuesta al
señor Campuzano, hace unos días, decían que no había lugar a su implantación; hoy van a votar que no y a la vez dan un teletipo diciendo que les parece muy bien. Me parece una muestra de coherencia envidiable. (El señor Campos Arteseros: Es que
tú eres el más coherente.) Les veo puestos en la coherencia.
Señorías, es muy difícil tener un debate serio manteniendo la misma tarde dos posiciones distintas. Pero mi grupo quiere hacer constar al representante de Iniciativa per Catalunya que ha traído esta iniciativa a la Cámara que a nosotros nos
parece que lo que estamos debatiendo esta tarde es una declaración de intenciones sobre la necesidad de crear un mundo mejor. De hecho, en el proyecto que presentan no hay más que ver la disposición final. Es la primera vez que yo me encuentro una
disposición final de estas características, que dice nada menos que la entrada en vigor de la presente ley quedará supeditada a la adopción por parte de la totalidad de los Estados miembros de la unión económica y monetaria europea
de un impuesto de estas características. Es decir, estamos hablando de un proyecto de ley que entrará en vigor dentro de muchísimos años, o nunca.
Pero lo que está clarísimo es que estamos hablando de un tema que sí ha suscitado polémica
en nuestra sociedad y que viene precedido de un importante debate; estamos hablando de un gravamen sobre los movimientos de capitales a corto plazo con un doble objetivo de limitar los movimientos especulativos; por una parte, alcanzar una mayor
estabilidad de los tipos de cambio y, por otra, recaudar fondos destinados a las finalidades de desarrollo. Esta idea, que fue planteada por el premio Nobel de Economía, James Tobin, hablaba de crear un impuesto de alrededor del 0,1 por ciento que
gravara todas las transacciones realizadas en los mercados de divisas y que como el mismo profesor Tobin decía consistía exclusivamente en un impuesto sobre las transacciones de divisas pensando amortiguar las fluctuaciones de cambio. Hace un par
de años, antes de morir, el propio Tobin decía que él era un discípulo de Keynes y que proponía esta tasa como un desarrollo de la teoría general del empleo, del interés del dinero del propio Keynes, que lo que quería era vincular las inversiones a
sus acciones de una forma duradera, y eso es lo que hizo Tobin en 1971. Eso durmió el sueño de los justos y en 1997, como 30 años después, un artículo de Le Monde Diplomatique fue el que resucitó la tasa Tobin y ha sido el banderín de enganche del
movimiento que cristalizó en una asociación a la que se ha referido el portavoz de Izquierda Unida, Attac, que tenía como bandera la tasa Tobin. Yo, personalmente, respeto todo tipo de movimientos, que me parecen absolutamente plausibles, sobre
todo movimientos que lo que quieren hacer es contribuir a dar un rostro humano a la globalización, personalmente me parece muy bien. Creo que todos en esta Cámara pretendemos que todo el proceso de mundialización o de globalización de la economía
tenga un objetivo final, que es mejorar el bienestar de todos. En mi opinión, lo sabe el portavoz de Iniciativa per Catalunya, el mejor modo de conseguir que la globalización se convierta en crecimiento y el crecimiento en bienestar es desarrollar
políticas económicas coherentes. En mi opinión, la globalización tiene enormes factores positivos para la mejora del bienestar y, lejos de pensar que frenar el proceso de globalización ayuda a países terceros, en mi opinión es la globalización
hecha con mecanismos que la trasladen al bienestar con políticas coherentes la que puede ayudar al desarrollo de países terceros. Pero quiero decir, ya que estamos debatiendo sobre la tasa Tobin, lo que decía el propio profesor Tobin antes de
fallecer, en una entrevista a un periódico alemán, Der Spiegel, en el año 2001. Decía que él personalmente no tenía ni lo más mínimo en común -y cito textualmente- con los movimientos antiglobalización y que era absolutamente partidario, decía él,
del libre comercio, y además señalaba con énfasis que estaba a favor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la OMC. Y concluía que los movimientos antiglobalización -y Attac en particular- estaban abusando de su nombre. El
propio Tobin, del que estamos hablando hoy aquí, señalaba en esa entrevista que Attac, con los argumentos que ha mantenido en esta tribuna muy coherentemente el portavoz de Iniciativa per Catalunya, tenía posiciones bien intencionadas pero, en
opinión del señor Tobin, que yo comparto, a veces mal pensadas, pero bien intencionadas. Y le preguntaban: ¿Pero usted cree que lo que usted dijo en 1971 se aplicará alguna vez? ¿Hay alguna oportunidad de que alguna vez se aplique en el mundo? Y
decía Tobin: No hay ninguna oportunidad. Pero abría una puerta -que es la que, por otra parte, el señor Rato ha defendido recientemente-: La única posibilidad de hacerlo es que sea en el foro del Fondo Monetario Internacional -que a los
movimientos antiglobalización no les gusta mucho a veces-, pero sería la única oportunidad porque técnicamente es imposible de aplicar, como sabe el portavoz de Iniciativa per Catalunya, que ha hecho un trabajo absolutamente detallado. Creo que en
la proposición está muy bien detallado y muy bien estudiado sobre lo que hay que aplicar la tasa, qué tipo se podría aplicar, cómo castigar a los movimientos de capitales de cortísima duración y menos a los movimientos más duraderos. Pero, como
sabe que al final tiene una cierta trampa su planteamiento normativo, dice: No se puede aplicar hasta que la apliquen 27.000. Y dice: Hagamos un gesto, aprobémosla nosotros y luego vayamos caminando por esa senda de que la aprueben muchísimos.
Seamos predicadores de la nueva tasa aunque no se aplique de entrada, porque es muy difícil, ya que es absolutamente necesario que se aplique en todos los lugares. Le decía el PSOE a la pregunta que le hacía el señor Campuzano -que, como yo, ha
dedicado algunas horas a estudiar este tema-: No parece que el establecimiento de la tasa Tobin ayude a la consecución de dicho objetivo y, por tanto, hasta que no se configure un escenario de aceptación generalizada de esta figura por la práctica
totalidad de los países del mundo -dice en la respuesta del PSOE, por la práctica totalidad de los países del mundo-, no resultaría recomendable su adopción unilateral por nuestro país. No entiendo el teletipo del señor Rubalcaba, si no es por la
máxima confusión: Digo que no, pero doy una rueda de prensa diciendo que sí a ver si engaño a no se sabe cuántos.
Mi grupo parlamentario, señorías, está a favor de un mundo cada vez más abierto, con menores trabas y además creemos que la eliminación de barreras es la mejor fórmula para conseguir el desarrollo de los países terceros. Mi grupo cree que
la globalización puede transformarse en bienestar de todos, que hay que poner mecanismos para ayudar en ese objetivo, como ha puesto Europa en el proceso de crecimiento económico europeo. Pero en cualquier caso quiero acabar diciendo que, primero,
las trabas y las regulaciones no son el mejor camino de apoyo a los países terceros; segundo, que, sin embargo, en mi grupo encontrarán receptividad todo lo que sean propuestas para dar un rostro humano a la globalización y, finalmente, ya que van
a votar que sí Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana y Convergència i
Unió, y puesto que este hecho imponible no está gravado, hagan un plan piloto en Cataluña y después vemos cómo van las cosas en el resto de España, pero no se lo aconsejo, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Grupo Socialista, señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición de mi grupo respecto a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, acerca de la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco y monedas. Aparentemente, lo que la iniciativa legislativa pretende es la instauración en España, como ya se ha
dicho repetidamente esta tarde, de la llamada tasa Tobin, idea que fue propuesta por el premio Nobel James Tobin en la década de los setenta. La tasa, tal y como originariamente era concebida por Tobin, perseguiría como fin principal reducir la
volatilidad de los mercados internacionales de divisas, estableciendo un gravamen reducido entre el 1 y el 5 por mil sobre las inversiones financieras especulativas. Subsidiariamente, los ingresos obtenidos en el ámbito mundial -se calculaban entre
150.000 y 250.000 millones de dólares- podían destinarse a combatir la pobreza en el mundo. Estaríamos hablando -repito que originariamente- de un tributo con fin no fiscal que, como todos los tributos con fines no fiscales, cuanto más consiguiera
su fin principal, menos dinero recaudaría para su fin secundario. Pero tampoco lo que se propone hoy aquí es exactamente la tasa Tobin. Es una mezcla de tasa Tobin más la reformulación que hace Spahn, pero ni siquiera en los porcentajes que ellos
decían. Tobin proponía un gravamen entre el 1 y el 5 por mil, aquí se propone un 2 por diez mil, y Spahn proponía un gravamen máximo sobre los movimientos especulativos de divisas del entorno del 50 por ciento, cuando aquí la proposición de ley
propone un 50 por ciento.
En cualquier caso, tal y como se propone ese impuesto, produce unos efectos perversos que enumeraré más adelante. Como ya se ha recordado en diferentes intervenciones anteriores, no es la primera vez que se plantea aquí una discusión sobre
la tasa Tobin. El 26 de septiembre de 2000 se debatió en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso una proposición no de ley de Iniciativa per Catalunya Verds, entonces integrada en el Grupo Mixto, de crear una subcomisión que estudiara la
puesta en marcha de una tasa de esta naturaleza. Un mes más tarde se debatiría una iniciativa similar de los mismos proponentes en el Senado.
El 2 de octubre de 2001 se debatieron en el Congreso tres proposiciones no de ley de los grupos
Socialista, Izquierda Unida y Mixto -Iniciativa per Catalunya Verds-, en las cuales se hacía referencia a esta misma cuestión. Ni que decir tiene que todas las propuestas debatidas en los plenos fueron rechazadas con los votos del partido que
entonces tenía la mayoría absoluta en ambas Cámaras. Hay un tema que realmente sorprende.
Si no estoy equivocado, que creo que no, en aquel momento, que se trataba simplemente de proposiciones no de ley, Convergència i Unió no votó a favor, sino
que se abstuvo. Sorprende, en cualquier caso, que hoy Convergència i Unió vote a favor de la toma en consideración de una proposición de ley cuando en el momento que se planteó una proposición no de ley se abstuvo.
Quizá la pregunta que de alguna manera está flotando en el ambiente -en la intervención del Partido Popular parecía clara- es si hemos cambiado de opinión los socialistas después de acceder al Gobierno de la nación. En absoluto. El Grupo
Parlamentario Socialista sigue expresando su compromiso con los esfuerzos de todas las naciones por la construcción de un orden financiero internacional basado en la equidad, la seguridad y la previsibilidad, en cuyo seno tengan acogida las
aspiraciones humanas de mayor prosperidad y mejor reparto de los frutos del crecimiento. Seguimos manifestando nuestra preocupación por aquellos procesos de inestabilidad financiera internacional que tienen su origen en el aflujo masivo e
incontrolado de movimientos especulativos de capital a corto plazo, que producen consecuencias extraordinariamente negativas tanto para la estabilidad y continuidad de las políticas libremente decididas por los países como por el crecimiento de la
economía mundial y la distribución de la prosperidad entre las naciones, en especial de las menos desarrolladas. Seguimos expresando una vez más nuestro deseo de que la economía globalizada de la que formamos parte, asentada sobre la libertad
económica de los sujetos individuales, la liberalización de los intercambios comerciales y el libre movimiento de los capitales, avance en el proceso de institucionalización, indispensable para que las indudables ventajas y posibilidades que se han
abierto para el desarrollo de la humanidad no conduzcan irremisiblemente al aumento escandaloso de las diferencias de renta y de capacidad entre los países, sino que puedan ser puestas al servicio de una prosperidad generalizada y de una reducción
de las inmensas desigualdades mundiales. Expresamos igualmente nuestra convicción de que un amplio acuerdo internacional en esta dirección puede dotar a la comunidad internacional de poderosos instrumentos, tanto para favorecer la estabilidad en la
prosperidad económica como para proveer de importantes fuentes de recursos con los que hacer frente a las necesidades derivadas de catástrofes naturales y a la reducción de las desigualdades de renta y capacidad en el mundo.
Apoyamos que el Gobierno surgido de las urnas el 14 de marzo, como ha empezado a hacerlo desde su comienzo, siga actuando de modo decidido en los foros internacionales de los que forma parte a favor de una nueva arquitectura financiera
internacional que permita
dar respuesta a esos objetivos, y en particular a los derivados del proteccionismo de los países más desarrollados respecto de los productos de los países menos desarrollados, a la negociación de la deuda externa contraída por estos últimos
y a la disponibilidad de más y mejores mecanismos y fondos nacionales e internacionales de ayuda al desarrollo.
Ahora, al estar España integrada en la zona euro, no sentimos o al menos sentimos menos las consecuencias de los movimientos
especulativos de capitales, pero ello no debería disminuir nuestra sensibilidad sobre la importancia del problema. Hoy como ayer sigue existiendo un vivo debate en el mundo sobre la posible introducción de la tasa Tobin en el ámbito internacional
con la doble finalidad de limitar en alguna medida los movimientos irracionales en el mercado de capitales y recaudar fondos que se destinen a combatir la pobreza en su forma más eficaz, que es sin duda la cooperación al desarrollo.
Como es bien sabido, el Gobierno surgido de las urnas el 14 de marzo ha incorporado España a la alianza contra el hambre en el mundo, lanzada en su momento por el presidente Lula. España ha participado activamente -forma parte del llamado
Quinteto contra el hambre- en el grupo técnico formado por las administraciones de la propia España, de Brasil, de Francia, de Chile y de las Naciones Unidas, cuyos trabajos han desembocado en la Declaración de Nueva York del 20 de septiembre
pasado.
En ese grupo de trabajo se han estudiado distintos mecanismos alternativos para financiar dicha lucha contra el hambre y la pobreza, entre los que se encontraba una modalidad de tasa Tobin, dando, pues, por sentado que el Gobierno español
presidido por José Luis Rodríguez Zapatero está a la vanguardia de los gobiernos que buscan soluciones eficaces y realistas para el problema del déficit de recursos para financiar el desarrollo.
Cualquier estudio sobre este tipo de impuestos permite llegar a unas conclusiones objetivas respecto a la problemática de su implantación efectiva, es decir, respecto a la virtualidad de pasar del campo teórico a la aplicación práctica. La
tasa Tobin, señorías, para lograr una plena eficacia, debería establecerse de manera simultánea por todos los países.
Desgraciadamente, no existe consenso alguno sobre este impuesto en los foros internacionales. Su imposición no generalizada
provocaría, desde el punto de vista de la eficacia, que los capitales tenderían a desviarse a aquellos países en los que no estuviera vigente el impuesto, y desde el punto de vista de la eficiencia que las inversiones pasarían a planificarse no en
función de la rentabilidad real del capital, sino en función de su mera rentabilidad financiera. Además, tal y como señala el grupo de expertos en la Declaración de Nueva York, el 80 por ciento de las operaciones de divisas mundiales se realiza en
Gran Bretaña y Estados Unidos, por lo que su participación en la aplicación de la tasa Tobin es imprescindible y aun aplicándola podrían desviarse importantes operaciones a paraísos fiscales. Por otro lado, y este es un tema que no se ha tratado
hasta el momento en esta tarde, el impuesto encarecería sensiblemente las remesas de los inmigrantes a sus países de origen, que se han convertido en una fuente fundamental de divisas para muchos países en vías de desarrollo. El Gobierno de España,
que elaboró el apartado relativo a la mejora de las remesas en la Declaración de Nueva York, se ha marcado como objetivo justamente el contrario: abaratarlas.
El impuesto que hoy se propone, y en la forma que se hace, perjudica como ya se ha dicho el turismo internacional y los comercios internacionales de bienes y servicios. No estamos en contra de la tasa Tobin; todo lo contrario. Junto con
el Gobierno de España, estamos a favor de ese impuesto, del impuesto sobre el comercio de armas, de la facilidad de la financiación internacional, así como de los demás instrumentos de lucha contra el hambre y la pobreza, contemplados en la
Declaración de Nueva York. Pero estamos a favor...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor TURIEL SANDÍN: Estamos a favor, repito, siempre que se contemple lo que se menciona en la tan mentada Declaración de Nueva York sobre la tasa; tiene que ser introducida a nivel mundial y de forma muy concertada, y no parece que
tal y como se ha concebido esta proposición de ley esa sea la forma más acertada de concertación, cuando, como SS.SS.
conocen, cada día adquiere más fuerza la opinión de que la tasa ha de ser gestionada, cuando no establecida, no en el ámbito
nacional, sino en el ámbito internacional.
La proposición de ley que hoy trae aquí el Grupo de Izquierda Unida no permite penalizar la adquisición de los bonos norteamericanos por parte de la India, que es el ejemplo que ha propuesto el señor Herrera. Su proposición de ley es una
implantación unilateral, aunque diferida, porque supongo que no pretende su grupo decir que este Parlamento sea el intérprete de la voluntad mundial o siquiera de la voluntad de la Unión Europea. Señor Herrera, so pretexto de ejercer un hipotético
liderazgo en Europa y aun mundial, con la toma en consideración de la proposición de ley presentada por su grupo, estamos corriendo un riesgo cierto de precipitarnos, y la precipitación solo puede conducirnos al fracaso.
Tengo que pedirle que se
retire su proposición de ley. No tiene por qué someterse. Podría ser interpretado de manera no correcta el sentido negativo de los votos. Todos debemos seguir trabajando en la implantación de una auténtica tasa sobre movimientos especulativos de
capital. En esta línea, señor Martínez-Pujalte, no existe ninguna contradicción entre el sentido del voto que va a ejercer hoy el Grupo Parlamentario Socialista en este Parlamento con seguir trabajando, y en ello hay una serie de grupos, entre los
cuales está el Grupo Parlamentario Socialista, en la presentación conjunta de una proposición no de ley que inste al Gobierno a continuar contribuyendo a los esfuerzos de otros países y grupos sociales a favor de la implantación de una tasa sobre
transacciones financieras
internacionales armonizada y de ámbito mundial. Lo que nos va a permitir esa proposición no de ley, firmada conjuntamente espero que por la mayoría de los grupos, si no la totalidad, es abrir el gran debate que se reclamaba sobre el tema de
la proposición de ley cuyo tema se pretende hoy someter a consideración.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Turiel.
Vamos a proceder a votar el primer punto del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica, de creación del consejo superior de los medios audiovisuales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 154; en contra, 162; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
En segundo lugar, procedemos a la votación de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un impuesto sobre las operaciones de cambio de
divisas, billetes de cambio y monedas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 27; en contra, 287; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
CUESTIÓN DE ORDEN.
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto,
relativa a la modificación de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Me dicen que antes hay una cuestión de orden.
Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, en su ausencia, al inicio de la sesión plenaria, hemos tenido un pequeño debate aunque no era la intención del Grupo Parlamentario Popular, que simplemente quería plantear, en virtud del
artículo 68.1 del Reglamento, el añadido de un punto en el orden del día que supusiera, si así lo entendía la Cámara, una condena a la actuación de la Administración y del Gobierno cubano que expulsó de su país a un diputado de esta Cámara y lo tuvo
retenido durante tres horas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor Zaplana.
Silencio, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: La señora vicepresidenta nos ha dicho que no procedía. Lógicamente nosotros discrepamos y, a través de los recursos correspondientes, haremos valer nuestro derecho. También nos ha dicho la señora
vicepresidenta que iba a realizar unas gestiones con el resto de los grupos parlamentarios para ver si podía haber un acuerdo unánime que el Reglamente no exige. Queríamos saber si esas conversaciones se han realizado, en qué momento estamos, si se
puede votar en función del derecho del grupo o si al final esas conversaciones han dado lugar a un acuerdo para que se pueda votar en primer lugar la inclusión en el orden del día y, posteriormente, la nota a la que hubiera lugar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zaplana.
Es cierto que se ha producido esa situación al principio de la sesión.
Quiero señalar que confirmo completamente la interpretación del Reglamento que ha hecho la señora vicepresidenta por dos razones. La primera, porque esta mañana hemos
tratado in extenso el cambio en el orden del día. Yo hubiera apreciado que el Grupo Popular, como los tres grupos parlamentarios que me han pedido la alteración del orden del día, me hubiera presentado el tema. Como suelo hacer siempre, lo hubiera
tratado escrupulosamente y hubiera pedido a la Junta de Portavoces su inclusión en el orden del día. Quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que no se ha hecho. Siempre se puede cambiar de opinión, es legítimo, pero quiero dejar
rotundamente claro que ha habido hasta tres ocasiones en las que se ha alterado el orden del día. Digo más, mañana, antes de empezar el turno de preguntas, quedan pendientes dos peticiones, una del Grupo Vasco y otra de Izquierda Unida, por las que
este presidente solicitará de la Cámara la alteración del orden del día porque va a haber dos interpelaciones que van a ser excluidas. Estos son los usos y costumbres del Congreso de los Diputados. En consecuencia, la interpretación que ha hecho
la vicepresidenta es irreprochable.
Dicho esto, usted tiene legítimamente derecho a cambiar de opinión, lo he dicho siempre, y tiene derecho a pedirme en este momento, y yo se lo confirmo, que solicite de la Cámara si existe algún grupo parlamentario que se opone a la
alteración del orden del día, porque es criterio de esta Presidencia mantener la seguridad de la unanimidad. En consecuencia, habiendo cambiado de opinión, como usted me somete ahora y tiene perfecto derecho, ¿existe algún grupo parlamentario que
se oponga a la alteración del orden del día para incluir un punto nuevo relativo a una declaración? (El señor Pérez Rubalcaba pide la palabra.)
Señor Rubalcaba, tiene la palabra, pero rápidamente porque se trata de una cuestión de orden.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar diciendo que mi grupo parlamentario, a través del portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, ha expresado pública y rotundamente el rechazo que a mi grupo le merece la actitud del Gobierno cubano al impedir la entrada de
un diputado de esta Cámara en la isla de Cuba. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Es una opinión que hemos hecho pública y que podemos hacer pública en la Cámara y fuera de la Cámara tantas veces como sea necesario. Ahora bien, señor presidente, como usted recordaba esta mañana se ha discutido
este asunto en la Junta de Portavoces. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido la inclusión explícita de una pregunta al Gobierno sobre este tema y, como es preceptivo, ha recabado el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios y el Grupo
Socialista ha hecho explícito ese acuerdo. Entiendo, pues, que la propuesta que hace ahora o se le ha ocurrido entre la una y media que hemos acabado la Junta de Portavoces y las cuatro, o simplemente la tenía en la cabeza y lo que ha hecho
provocándola aquí en el Pleno, sin buscar el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, es pura y sencillamente sorprender la buena fe del resto de los grupos tratando de introducir de manera unilateral este punto en el orden del día.
(Aplausos.-Protestas.)
Por tanto, señor presidente, lo único que pido es que el Grupo Parlamentario Popular haga saber a la Cámara en qué términos quiere la declaración, que cumpla el Reglamento que exige la convocatoria de la Junta de Portavoces y, a partir de
ahí, mi grupo dará la opinión positiva. Simplemente, señor presidente, quiero recordarle que en este caso el trámite parlamentario lo que busca es un consenso. Este es el consenso que el Grupo Parlamentario Popular tendría que haber buscado en
este tema de Cuba desde el principio y no lo ha hecho ni hoy ni en los días pasados.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio, por favor.
¿Algún otro grupo parlamentario quiere manifestarse?
Por favor, en la medida de lo posible, como se trata de una cuestión de orden, manifiéstense.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario ha apoyado la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para modificar su pregunta y que mañana pueda hacer la pregunta sobre Cuba al Gobierno. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular
tiene la oportunidad de hacerlo.
En relación con el día de hoy, y en lo que nos pide para interrumpir el orden del día de esta jornada, nosotros consideramos que tendría sentido en el caso de que el Grupo Parlamentario Popular hubiera ido a Cuba en el seno de una Comisión
parlamentaria del Congreso, dentro de la diplomacia parlamentaria, a facilitar las relaciones entre los dos países.
(Rumores.) Pero en este caso no es diplomacia sino contumacia popular y, ante la contumacia popular, pregunta parlamentaria mañana.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz desea manifestarse?
Por favor, sólo cuestiones de orden.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, rápidamente, la señora Fernández Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Rápidamente, señor presidente, nosotros también formamos parte del consenso de esta mañana cuando el Partido Popular solicitó el cambio de pregunta para ser tratado el tema de Cuba mañana en la sesión de control
al Gobierno. No estamos en absoluto de acuerdo con la solicitud que presentan en este momento y además lamentamos la utilización propagandística y partidaria que se está haciendo de un asunto como éste. (Aplausos.-Rumores.-El señor Duran I Lleida
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.
Intervengo simplemente no para entrar en las cuestiones formales de este debate, sino para decir que en esta Cámara nos estamos equivocando al tratar el tema de la política exterior española respecto a Cuba de esta manera. Por tanto, con
todo el respeto, introducir este tema de esta manera es un error respecto a lo que debe hacer España en su política exterior respecto a Cuba. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo? (Pausa.)
El señor Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya quiere manifestar que estamos totalmente en contra de lo que propone el señor Zaplana (Rumores.) y queremos dejar claro que no vamos a hacerles el juego,
en ningún caso, de hacer anticastrismo barato aprovechando el dolor y el drama del pueblo cubano, producto del bloqueo que sufre. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, habiendo escuchado a los diferentes grupos parlamentarios, es obvio, en la interpretación que hace la Presidencia y que creemos se corresponde con los usos de la Cámara, podría
decir con el grado de compromiso alcanzado esta mañana en la Junta de Portavoces, aunque insisto en que siempre se puede cambiar de opinión (Rumores.), señor Zaplana, que tiene otro mecanismo para conseguir su objetivo, y este otro mecanismo
consiste en la proposición de una declaración institucional. Lo puede hacer perfectamente en este momento y, en ese sentido, ya sabe usted cuáles son los trámites: presente un texto, lo registramos, se distribuye entre el resto de los grupos
parlamentarios y si existiera un consenso se aprobará esta tarde. Así que hágame caso, cumpla con el Reglamento, elabore un texto, preséntelo en Secretaría General, lo vamos a distribuir y si hubiera el consenso general así se hará.
Continuamos, pues, con el Pleno. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) El tema está zanjado, señor Zaplana. (Aplausos.-Protestas.) Presente la declaración, el tema está zanjado. (Una señora diputada: ¡Hay que saber perder!)
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS Y MIXTO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, Y DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 162/000109.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, de Esquerra Republicana, de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds y Mixto relativa a la modificación de la Ley
18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Para la defensa de la proposición no de ley, el señor Saura tiene la palabra.
(Pausa.-Rumores.)
Señorías, por favor, tomen asiento. Por favor, guarden silencio porque si no tanto la primera intervención como la última están muy desamparadas y los señores parlamentarios realmente pierden un tiempo muy valioso.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
¿Qué persigue esta proposición no de ley? Un criterio de estabilidad presupuestaria con más transparencia y, por tanto, con más eficacia, más racional desde el punto de vista económico y compatible con el nivel de descentralización que
tenemos en nuestro Estado. De partida estamos de acuerdo con la enmienda de adición que presentan Nafarroa Bai y el Partido Nacionalista Vasco y también con la de Convergència i Unió, pero siempre y cuando sea de adición y no de sustitución.
¿Qué evidencias empíricas existen en relación con la estabilidad presupuestaria del Partido Popular? ¿Qué nos deja como estabilidad presupuestaria el Partido Popular? En primer lugar, no han aportado transparencia en las cuentas públicas
sino ocultaciones en relación con el déficit público; una falta de transparencia en las cuentas públicas que ha hecho que los ciudadanos no conozcamos el nivel de déficit, por ejemplo, para el presupuesto del año 2004. Y si no hay transparencia no
hay disciplina presupuestaria. Todo el déficit público para el año 2004 es déficit del Partido Popular. Empezaron diciendo para los presupuestos del año 2004 que el déficit iba a ser de 0,4 puntos del producto interior bruto y finalmente el
déficit del Partido Popular va a acabar siendo 1,8 puntos del producto interior bruto; es decir, hemos pasado del 0,4 que decía el Partido Popular a 1,8 puntos de déficit del producto interior bruto con el Partido Popular.
La segunda evidencia contrastada empíricamente es que las comunidades autónomas se han endeudado. La estabilidad presupuestaria, tal como la han concebido y aplicado los del Partido Popular, ha hecho que las comunidades autónomas se hayan
tenido que endeudar, pero no solamente se han endeudado por la vía presupuestaria sino que han tenido que utilizar mecanismos de contabilidad creativa, peajes en sombra, para poder abordar la Ley de estabilidad presupuestaria y sus propias
necesidades. En el año 2003 once comunidades autónomas han tenido déficit; fundamentalmente las comunidades autónomas que más déficit han tenido han sido la valenciana, la catalana, la Región de Murcia y La Rioja. En ninguna de ellas gobernaba en
2003 el Partido Socialista. Es decir, sin incluir los mecanismos de ingeniería financiera once comunidades autónomas en 2003 han presentado déficit. ¿Dónde está el déficit cero del Partido Popular? ¿Dónde está el concepto de estabilidad
presupuestaria del Partido Popular? Esto es evidencia empírica. Las comunidades autónomas se han tenido que endeudar, han ido al déficit público porque el criterio del Partido Popular de estabilidad presupuestaria no era el adecuado.
La tercera evidencia es que el criterio de déficit cero año a año no se ajusta a la racionalidad económica, es un criterio procíclico. Cuanto menor es el crecimiento económico menor es el gasto de las administraciones pública para resolver
ese menor crecimiento económico.
Cuanto mayor es el crecimiento económico mayor es el crecimiento del gasto del conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, no es compatible con la racionalidad económica. Dicho en otros términos más
técnicos, con el criterio de estabilidad presupuestaria del PP no funcionan los estabilizadores automáticos.
¿Qué se propone con esta proposición no de ley? Una modificación de las leyes para encontrar un criterio de estabilidad presupuestaria, primero, que sea mecanismo de estabilización de la economía o, dicho de otro modo, que cuando la
economía vaya peor las administraciones
puedan gastar más, y cuando la economía vaya mejor el conjunto de las administraciones pueda gastar menos. Dicho de otra manera, estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, es decir, más racional económicamente y
perfectamente posible, porque basta con estimar el crecimiento tendencial y, a partir de ahí, ya tenemos un criterio sencillo, tan sencillo como el déficit cero y, sin embargo, más racional económicamente y más eficiente. (La señora vicepresidenta,
Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) No es muy difícil, para eso está la técnica.
En segundo lugar, que exista la suficiente transparencia en las cuentas públicas para que luego no haya trampas, es decir, para que no suceda lo que ha sucedido en el año 2004, que se presupuestó, se estimó un déficit, pero no se tuvieron en
cuenta una serie de operaciones que se tenían que haber incluido al principio en la presupuestación en el año 2004. Me refiero, por ejemplo, a no incluir ajustes en el déficit presupuestario para pasar al déficit en materia de contabilidad nacional
las deudas de Renfe, el déficit del Grupo de Radiotelevisión Española, la deuda de la comunidad autónoma andaluza o el crédito a Argentina avalado por el Estado; o para conocer las operaciones que suponen cierto riesgo en cuanto al déficit y a la
deuda pública.
El tercer objetivo de esta proposición no de ley es que el cambio en la Ley de estabilidad presupuestaria cuente con las comunidades autónomas, cuente con los ayuntamientos a la hora de fijar el objetivo de déficit y que no vulnere sus
competencias, todo ello en el marco de la coordinación del Estado, en el marco de la coordinación por parte de la Administración central. El Gobierno del Estado será el responsable de dirimir la compatibilidad entre los objetivos de déficit del
conjunto de las comunidades autónomas y el objetivo de déficit del Estado. Más concretamente, señorías, en el primer trimestre del año que viene hemos conocido que el Gobierno se compromete a traer al Parlamento un proyecto de ley de modificación
de la estabilidad presupuestaria de acuerdo con la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo en esta Cámara. Este proyecto de ley debe incluir un criterio de estabilidad, primero, mucho más transparente y por tanto más eficaz, más sensato,
con mejores resultados desde el punto de vista del déficit público y la deuda, porque podrá suceder, podrá aparentar que no tenemos el déficit que tenemos y no tenemos la deuda que tenemos, pero en el fondo estamos detrayendo ahorro privado hacia el
ahorro público y no aparece en la contabilidad pública, los ciudadanos no lo conocen.
En conclusión, en primer lugar, más transparencia para que sea más eficaz.
En segundo lugar, un criterio de estabilidad presupuestaria más racional económicamente es decir, equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo, porque de esa
manera funcionan los estabilizadores automáticos. Es decir que cuando la economía lo necesite tengamos el estímulo de las ayudas públicas, del gasto público, y cuando no lo necesite, que no tengamos el estímulo de las administraciones públicas. Y
en tercer lugar, compatible con el nivel de descentralización de nuestro Estado, coordinado con el Gobierno central, con la Administración central. Creo que si hoy aquí hay un apoyo importante de la Cámara habremos dado un salto cualitativo; si
hoy aquí hay un apoyo político importante habremos puesto las bases de un nuevo modelo de estabilidad presupuestaria, de un nuevo criterio de estabilidad presupuestaria más eficaz, más racional desde el punto de vista económico y más
descentralizado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Saura.
Continuamos, señorías, con la defensa de la proposición presentada. Tiene el turno el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya y la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, hoy el Grupo de Esquerra Republicana con dos grupos más de la Cámara, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde, presentamos esta proposición no de ley que es seguramente uno de
los objetivos que en la pasada legislatura estos tres grupos, y algunos más que seguramente van a apoyar esta propuesta, nos fijábamos claramente. Pensábamos que con un cambio de mayorías en este hemiciclo tendríamos que llevar a cabo un cambio
profundo de esta ley. Porque esta es una ley necesaria, emanada de una directiva europea, pero que tuvo un mal uso por parte del anterior Gobierno. La mayoría absoluta del Grupo Popular que le apoyaba hizo un mal uso de esta Ley de estabilidad
presupuestaria. La implementación de la directiva europea tuvo un sentido perverso. Este es un debate que veremos y al que asistiremos durante los próximos años, el debate de cómo el Estado es quien legisla, el Estado es quien tiene la mayor
capacidad recaudatoria, pero al final quien tiene que asumir el catálogo de gasto y los costes de muchas competencias exclusivas, como es el caso de la sanidad, son las comunidades autónomas y también en algunos aspectos las entidades locales. Esta
centrifugación del gasto y la generalización, por ejemplo, de la sanidad -el caso más paradigmático- conlleva que la rigidez que el Gobierno anterior quería aplicar a comunidades autónomas y ayuntamientos hiciera casi imposible la previsión
presupuestaria y el diseño de políticas, en este caso, anticíclicas.
Por estas razones desde el Grupo de Esquerra Republicana cree que hoy es un gran día en esta legislatura. Aún no llevamos un año y ya estamos ante el primer paso para cambiar una ley que creíamos injusta, una ley que era fruto de la
imposición y que no respondía a las necesidades de buscar un acuerdo entre comunidades autónomas, el Gobierno del Estado y en este caso también las entidades locales. En primer lugar, desde Esquerra Republicana consideramos que la política de
equilibrio
presupuestario, incorporada a la base del ordenamiento fiscal y financiero de la Unión Europea en el artículo 4.3 del Tratado de la Comunidad Europea y desarrollada posteriormente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acordado en el
Consejo de Amsterdam de 1997, constituye una aportación necesaria a la estabilidad macroeconómica que en el conjunto de la Unión ha de favorecer la generación de empleo, la convergencia real entre todos los Estados y el crecimiento sostenido de las
economías implicadas. Esta proposición no de ley pretende que el cumplimiento de este marco normativo europeo se haga efectivo para todas las administraciones implicadas en un plano de igualdad -y subrayo lo de igualdad- para Estado, comunidades
autónomas y corporaciones locales.
Entendemos que un compromiso tan general debe decidirse, y no solamente cumplirse, con la participación activa de todas las administraciones implicadas. La estabilidad presupuestaria fue un pretexto, pues, del
anterior Gobierno del Partido Popular para reducir aún más, si cabe, el margen de maniobra de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, admitimos que previamente a la aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria era necesaria una mejora en los mecanismos de coordinación presupuestaria y en los mecanismos para reducir el endeudamiento que supusiera una
mayor transparencia en los procedimientos presupuestarios y que también introdujera una mayor equidad en el mecanismo de fijación de los objetivos de déficit. Era indispensable a la vez que este mecanismo respetara la autonomía de los entes
territoriales, muy especialmente de las comunidades autónomas que gestionan más de un tercio del gasto del sector público del Estado español. El respeto a la autonomía no ha sido una de las características definitorias de lo que ha sido hasta el
momento la aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Proponemos que los objetivos de déficit sean fijados a través de órganos de negociación bilateral como garante de esta autonomía y respeto a sus competencias.
En tercer lugar, también debe señalarse entre los pasivos del cumplimiento de la ley, como han apuntado reputados economistas, un cierto dogmatismo en la fijación de objetivos de déficit puesto que ni las exigencias de la normativa europea
que definen de modo mucho más amplio el objetivo ni las recomendaciones derivadas de la evidencia empírica avalan asociar mecánicamente sostenibilidad presupuestaria con situaciones de equilibrio presupuestario o de sostenibilidad y de superávit.
Por este motivo entendemos que la estabilidad debe garantizarse a lo largo del ciclo, de manera que cada comunidad autónoma pueda fijar el objetivo anual en función de sus necesidades específicas. Vale el ejemplo del economista asesor del Fondo
Monetario Internacional, Xavier Sala Martí, que comparaba la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, tal como la había aplicado el Gobierno anterior, para impedir a las familias realizar hipotecas. Las hipotecas de las familias nacen de la
necesidad individual de cada una de éstas, no de una necesidad colectiva que tendría que ordenarse horizontalmente.
En cuarto lugar, es cierto que el cumplimiento de un objetivo general requiere una coordinación administrativa. El principal objetivo de esta proposición no de ley es no confundir, como ha sucedido en tiempos pretéritos, coordinación con
sumisión. La coordinación, a nuestro entender, exige que se respeten dos principios básicos de equidad: el primero entre el Estado y las comunidades autónomas. Determinar los objetivos de estabilidad de la Administración General del Estado de
forma independiente al de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. El cómputo conjunto suponía que los potenciales superávit del sistema de la Seguridad Social remitieran en un mayor margen para el endeudamiento de la
Administración General del Estado. Y en segundo lugar entre las diferentes comunidades autónomas: el Gobierno del Estado será el responsable de dirimir la compatibilidad de los objetivos planteados por cada comunidad autónoma de acuerdo con los
criterios de equilibrio presupuestario planteados por la Administración del Estado. No puede utilizarse, pero un criterio de decisión arbitrario: las comunidades autónomas que realicen un mayor esfuerzo fiscal, que paguen más en relación con su
producto interior bruto, deberán tener un trato específico. No puede ser que las comunidades autónomas que recurran con mayor asiduidad al endeudamiento para no subir sus impuestos tengan el mismo trato que las comunidades autónomas que, como el
caso de Cataluña, recurren al endeudamiento como salida de emergencia a un sistema de financiación autonómico que genera déficit insostenibles con la Administración central año tras año. Lo que decíamos al principio: la capacidad de gasto de las
comunidades autónomas y el excesivo desarrollo legislativo muchas veces por parte del Estado va a ser seguramente el debate de los próximos años. Tiene que haber un acuerdo. Ya hace poco el Grupo de Esquerra Republicana anunció que iba a presentar
una proposición de ley en esta Cámara para que cualquier decreto-ley que se haga desde el Gobierno vaya acompañado de la memoria de gasto correspondiente que implica a las comunidades autónomas. Hoy tenemos aquí la posibilidad de dar un giro
importante al modelo de estabilidad presupuestaria. Estamos de acuerdo con el equilibrio presupuestario, y el Grupo de Esquerra Republicana ya se manifestó en esta Cámara a favor de un modelo de estabilidad y de autodisciplina presupuestaria. Pero
el margen de maniobra presupuestario, el diseño y la planificación económica y financiera también son competencia de las comunidades autónomas. A partir de aquí nosotros hoy damos el primer paso para cambiar una ley que se hizo como instrumento de
un gobierno con mayoría absoluta, cuya única vocación era la asfixia de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Continuamos con la defensa de la proposición. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, este es el primer paso de lo que podríamos denominar la modificación, que no derogación, del dogma de déficit cero o del superávit presupuestario; dogma que hizo presente el Gobierno del Partido Popular
en la época del delirio del poder; dogma que, por suerte, al inicio de esta nueva legislatura está en trance de transformarse. Este dogma pretendía que el objetivo de la estabilidad presupuestaria fuese cuantificable, en la mayor parte de los
casos año a año como objetivo déficit cero o superávit, un objetivo independiente de la época, del tiempo y del carácter del ciclo económico y del lugar. Era lo mismo déficit o superávit en un país desarrollado o en un país con carencias en sus
infraestructuras o en su capital público. Como todo dogma, tenía algunos puntos flacos: la desconfianza y la hipocresía. Para imponer el dogma del déficit cero era necesario decir que no podía cumplirse si no era en función de una desconfianza
radical respecto a la política, a la expresión de la política en el marco de las comunidades autónomas o de los municipios. El principio del déficit cero era de por sí incompatible con el mecanismo habitual de control presupuestario del Parlamento
y con la libertad y la autonomía de las comunidades autónomas y de los municipios en su ámbito de competencias y financiero. Por eso, esta iniciativa -que eran dos iniciativas- pretendía, por una parte, fijar el déficit cero como dogma para el
conjunto de las administraciones públicas e imponer el compromiso del déficit al margen de la existencia de un poder político plural y de la existencia o necesidad de la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones del Estado.
Por último, como parte de la aplicación de cualquier dogma, la hipocresía.
Ante la imposibilidad de aplicar el déficit cero en cualquier lugar y circunstancia, lo que ocurría era el incumplimiento radical del objetivo del propio Gobierno y
de sus mentores en las comunidades autónomas y en los municipios de su color político. No era verdad el déficit cero.
Nuestro déficit era y sigue siendo un déficit estructural en torno al 2 por ciento del producto interior bruto. No era verdad
que el déficit cero pretendiese el saneamiento de las cuentas públicas, porque detrás del déficit cero estaba una situación de comercio exterior que sigue muy complicada, una inflación que no ha conseguido ser controlada en la época de Gobierno del
Partido Popular ni tampoco actualmente, con un trasfondo en el que encubría políticas de desfiscalización de las rentas, de privatizaciones y de divergencia social de nuestro país respecto a la media de la Unión Europea.
El dogma se cumplía en todos sus criterios: en la imposición atemporal de un criterio cifrado, en la hipocresía del incumplimiento radical de ese criterio y también en la desconfianza frente a todos aquellos -la política, las comunidades
autónomas o los municipios- que pudiesen cuestionar el dogma y ponerlo en crisis. Como en el poema de García Calvo, que decía que el amor eterno dura 6 años, la ley del déficit cero no ha durado siquiera 6 años. Y no digo yo que sea una ley
eterna, sino que lo decía el que presentaba entonces esta ley, el ministro de Hacienda, que aspiraba a determinar el marco jurídico-económico básico de la política presupuestaria del país en el siglo XXI. Me corrijo; no era la intención tener una
ley de estabilidad eterna, sino para el siglo XXI.
Pues bien, la Ley de Estabilidad Presupuestaria entra, con esta iniciativa, en un proceso de modificación, que no en un proceso de derogación. Frente a un dogma, nosotros hubiéramos querido derogar el dogma; frente a la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, prescindir de esta ley que pretende constitucionalizar el déficit, al margen del Parlamento y de las competencias presupuestarias del Parlamento. Desearíamos también que se produjera, antes de que el Tribunal Constitucional lo haga,
la derogación de la ley complementaria y, por tanto, hacer residir los compromisos de estabilidad donde deben estar, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en los órganos de cooperación y de coordinación financiera del Estado. Esa es la
posición de nuestro grupo parlamentario, pero, toda vez que necesitamos llegar a acuerdos para obtener una mayoría que permita transformaciones, en este caso del dogma que iba a durar un siglo y finalmente ni siquiera ha durado tres años, hemos
acordado con el resto de los grupos parlamentarios que firman esta iniciativa la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Modificación, ¿hacia dónde? En nuestra opinión, hacia la superación del dogma del déficit cero y del superávit
año a año, para conseguir la necesaria flexibilidad presupuestaria de manera que la vocación de estabilidad lo sea a lo largo del ciclo económico y que se anule el objetivo del déficit cero como objetivo de estabilidad presupuestaria. La
estabilidad puede serlo, incluso en el marco de la estabilidad europea, sin tener la obsesión del déficit cero y, mucho menos, sin llegar a la obsesión del superávit. Se trata de transformar el dogma presupuestario en flexibilidad presupuestaria
que tenga en cuenta el ciclo económico y las particulares circunstancias de nuestro país, donde todavía es necesario capital social, capital público y capital de infraestructuras para el desarrollo y para hacer nuestro país más solidario y más
sostenible.
Por otra parte, queremos que la modificación sustituya la hipocresía generalizada en el incumplimiento del dogma por la transparencia. A nosotros no nos parece suficiente que el Gobierno haya presentado la realidad del déficit público; es
la realidad que percibe el Gobierno.
Nosotros queremos que el conjunto de grupos parlamentarios de la Cámara conozca la realidad presupuestaria, que sea una realidad transparente y, además, que esa realidad presupuestaria pueda ser evaluada por el
Tribunal
de Cuentas año a año de forma más ágil que en la actualidad. Eso es transparencia y creemos insuficiente que el Gobierno haya hecho público el déficit público real que se encuentra detrás de la teoría del déficit cero. Ese 1,8 ó 2 por
ciento del PIB sería mucho más importante para los agentes sociales y para los agentes económicos que se conociera a través de los mecanismos parlamentarios, de la oficina de presupuestos del Parlamento o de las evaluaciones del Tribunal de Cuentas,
si no de una modificación a fondo de la Ley de Presupuestos que, en nuestra opinión, sigue siendo una ley con cantidad de agujeros negros que impiden la necesaria transparencia presupuestaria, lo que no sea logrado con la última modificación, antes
al contrario, encabezada por el Grupo Parlamentario Popular en su época de mayoría absoluta.
Por último, con esta iniciativa se trata también de sustituir la desconfianza por la política. Si la desconfianza impide a este Parlamento, en la época del Partido Popular, jugar su papel en materia de iniciativa y de control
presupuestario; si la desconfianza ha impedido a este Parlamento jugar su papel en el control presupuestario, la confianza en la política debe suponer que este Parlamento retoma las riendas del control presupuestario y eso significa, en primer
lugar, una iniciativa que hemos apoyado, anular de ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Nos parece un paso importante en materia de control parlamentario y, por otra parte, que el Parlamento no vea hurtada ninguna de sus
competencias por la existencia de una ley de estas características, que no debiera afectar a la autonomía y a las competencias del Parlamento en materia presupuestaria. Por otra parte, para recuperar la confianza en la política, que las comunidades
autónomas y las administraciones locales vieran respetados sus ámbitos de autonomía financiera, que no lo son ni por la Ley de Estabilidad ni por la ley complementaria. Sólo se puede hacer mediante el consenso, mediante el acuerdo que tanto
repugnaba al Partido Popular, que sustituía el acuerdo y el consenso por el dogma y la imposición. Por eso nos parece una iniciativa importante.
Nos parece -y termino- una iniciativa insuficiente. Es insuficiente porque hubiéramos deseado derogar esta ley. Hubiéramos deseado sustituir la imposición a las comunidades autónomas y municipios por el consenso en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Es insuficiente porque esta nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria debe anunciar, al menos, una nueva política presupuestaria para este país, y, hoy por hoy, en los presupuestos del próximo año, hay sobre todo continuidad
presupuestaria; tímidos avances, tímidos gestos sociales, pero continuidad presupuestaria. Esta modificación de la Ley de estabilidad debería anunciar modificaciones de fondo de la política presupuestaria para nuestro país, y eso significa
modificaciones en los ingresos y en la política de gastos. Modificaciones en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para tener más margen en los ingresos del Estado; modificaciones en los impuestos generales del Estado para tener mayor equidad en la
distribución de los impuestos; y modificaciones de fondo de la política de gastos, para que los gastos sociales no sean solamente un gesto tímido, sino un gesto real de recuperación de la productividad, del empleo de calidad y del gasto social en
nuestro país mediante próximos presupuestos.
Para nosotros, esta iniciativa es favorable y positiva y abre un camino de esperanza y expectativa. Seguiremos comprometidos, y al mismo tiempo exigentes, con el Gobierno y con el partido mayoritario que le apoya.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracisa, señor Llamazares.
Es su turno, señora Barkos, para defender la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Intervengo para defender las dos enmiendas que tenía presentadas para afirmar que, efectivamente, compartimos la necesidad de reforma planteada por los grupos proponentes; entre otros, el Grupo Parlamentario Mixto, al que pertenece esta
diputada.
Nafaroa Bai debía traer a la propuesta estas dos enmiendas para recoger de manera concisa y clara, en virtud del régimen foral navarro y en defensa, por tanto, de la comunidad a la que represento, la especificidad de nuestro régimen foral en
lo que respecta a la aplicación de los textos legislativos resultantes. Son dos enmiendas que vienen a preservar lo ya recogido tanto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria como en la Ley Orgánica 5/2001, por lo que entendíamos que no iba
a haber problema alguno, y que tanto los grupos proponentes como el resto de los grupos de la Cámara -así lo espero- las votarían afirmativamente. Así ha sido por parte de los proponentes, como hemos tenido oportunidad de oírlo en la tribuna.
Nos congratulamos por ello, y anunciamos nuestro voto afirmativo a las enmiendas que vienen a preservar los regímenes forales específicos de los otros tres territorios vascos en el Estado español, Guipuzcoa, Vizcaya y Álava. Como digo,
contarán, al igual que esta proposición no de ley, con el voto afirmativo de Nafaroa Bai.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Barkos.
Continuamos con el turno de defensa de enmiendas. En este caso, es el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, creo que no es el momento de repetir los argumentos que los diferentes grupos parlamentarios han venido esgrimiendo la pasada legislatura en relación con las leyes de estabilidad
presupuestaria. Tan sólo hemos
de felicitarnos de que, tras la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular y la necesidad de apoyos que tiene el PSOE en esta Cámara, se haya podido alcanzar un mínimo de cordura en materia de estabilidad presupuestaria.
El compromiso de reformar la ley de estabilidad se adoptó el pasado 17 de junio, cuando debatimos la fijación del límite de gasto no financiero del Estado, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria para las administraciones
públicas y para cada uno de los agentes que las integran. Desde el Grupo Vasco confiamos que tras la aprobación de esta proposición no de ley, el Gobierno presente lo antes posible un proyecto de ley que sea aplicable a los presupuestos que se
presenten en esta Cámara el año próximo. No tienen sentido las demoras en este tema. Las actuales leyes de estabilidad han sido criticadas, y con razón, por la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular. La sinrazón
económica de las mismas y la descarada invasión competencial que se producía a través de las leyes de estabilidad en las comunidades autónomas y corporaciones locales fue posible gracias a una mayoría absoluta del Partido Popular, que no se avenía a
discutir razonablemente la cuestión. Prohibir por ley el déficit público fue calificado acertadamente como una estupidez por el profesor Estapé. Sacrificar el objetivo de déficit público cero, que además se ha comprobado que ha sido flagrantemente
incumplido por el propio Gobierno del Partido Popular, las carencias en materias de infraestructuras en las políticas sociales, etcétera, suponen un sobrecosto añadido.
Se nos ha tachado a muchos grupos de esta Cámara de apoyar el despilfarro y el déficit desmesurado. Ello no es cierto en absoluto. Todos los aquí presentes defendemos la estabilidad presupuestaria, pero una estabilidad que tenga sentido
económico y que no sea tan sólo una consigna o un falso marketing. La idea de estabilidad a lo largo del ciclo económico que habrá que concretar nos parece razonable y es lo que desde el Grupo Vasco hemos venido defendiendo. Creemos también que
las leyes de estabilidad vigentes, que suponen una clara intromisión competencial, han de ser en este caso corregidas. El Grupo Vasco reclama respeto institucional; tan sólo desde el reconocimiento de los ámbitos competenciales de las distintas
administraciones públicas es preciso buscar la colaboración interinstitucional que garantice el éxito de la necesaria coordinación en materia de estabilidad presupuestaria. No queremos más intrusiones competenciales ni en estabilidad presupuestaria
ni en otras materias.
Hemos de ser cuidadosos a la hora de debatir y aprobar la futura ley para que los ámbitos competenciales sean escrupulosamente respetados. Estamos completamente de acuerdo con el contenido y con el espíritu de esta
proposición no de ley. Nos preocupa, sin embargo, de manera especial la disposición adicional trigésima del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005, que pretende modificar la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria. Y nos preocupa el apartado relativo a que si el mismo fuese rechazado por el Senado el objetivo se someterá a previa votación del Congreso, aprobándose si éste lo ratifica por mayoría simple. El Grupo Vasco va a
enmendar esta disposición y esperamos contar con la mayoría de esta Cámara para ello.
Es, a nuestro entender, una maniobra del Partido Socialista, que trata de evitar lo que pudo haber sucedido hace unos meses en el Senado, y es que no hubiera sido
posible aprobar los escenarios de déficit y el límite de gasto no financiero. Modifiquen la ley y discutan en el proceso lo que haya que discutir, pero no cambien de tapadillo lo que les preocupa porque, de esta manera, corremos el riesgo de que no
se apruebe una nueva ley, tal y como estamos defendiendo a través de esta proposición. Tan sólo consideramos que es preciso que se incorpore a esta proposición, y evidentemente al futuro proyecto de ley, una cláusula que reconozca y salvaguarde la
especificidad del concierto económico del País Vasco así como también, como ha defendido la diputada de Nafarroa Bai, del convenio navarro. Este es el sentido de nuestra enmienda. Ya hoy la Ley Orgánica 4/2002, de 23 de mayo, complementaria de la
ley por la que se aprueba el concierto económico con el País Vasco, establece en su artículo único que se da una nueva redacción a la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, señalando lo siguiente: En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del concierto económico. De ahí nuestra
enmienda de adición en la que proponemos añadir un punto séptimo en el que se establezca que los textos resultantes de la modificación de ambas leyes contendrán, al igual que los textos vigentes, es decir, la disposición final primera, apartado 2 de
la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre y disposición final 5, apartado 2 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, sendas cláusulas en la que se especifirá que en virtud de su régimen foral, la aplicación de las mismas a la Comunidad Autónoma del
País Vasco se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del concierto económico. De igual manera proponemos añadir un inciso al final del criterio sexto que establezca la necesidad de recabar también, además de los consignados en el citado
criterio, el informe de la Comisión Mixta de Concierto Económico y el texto sería el siguiente: Abordar las anteriores modificaciones legales con el máximo consenso, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la Comisión
Nacional de Entidades Locales y de la Comisión Mixta de Concierto Económico que es, como saben, el órgano en el que se debaten y se deben acordar, de manera paritaria, todas las cuestiones económico financieras entre la Administración del Estado y
la Administración del País Vasco.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Continuamos, señorías, con la defensa de enmiendas. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda -que, en principio, era de sustitución- a las iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios que me han
precedido en el uso de la palabra pero, tal y como ha planteado el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a cambiar su definición en el sentido de que aceptamos que en vez de sustitución sea de adición. Quisiéramos manifestar que esta
enmienda de adición, que se va a transformar en la iniciativa parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), era una proposición no de ley que teníamos pensado debatir junto a las iniciativas parlamentarias
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios que las han defendido ante esta Cámara, pero debido a un conflicto de intereses en la Junta de Portavoces, se acordó finalmente no acumular las iniciativas y hemos tenido que realizar este debate
con una enmienda que, finalmente, será de adición.
Agradezco, de entrada, la sensibilidad del Partido Socialista al aceptar nuestra propuesta que venía de un pacto que en su momento nuestro grupo alcanzó con el ministro Solbes para incorporar aspectos relevantes para nuestro grupo para que
pudiéramos cambiar nuestra posición cuando se debatió este tema en el Senado. Nuestro grupo parlamentario rechazó con contundencia entonces aquellas cuestiones que estaban ligadas a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y a la ley orgánica
complementaria de la citada Ley General de Estabilidad Presupuestaria que, en su momento, el Partido Popular trajo a esta Cámara. Partiendo de la base de que nuestro grupo parlamentario ha estado siempre a favor del rigor presupuestario, del axioma
de que las administraciones públicas no deben gastar más que lo que ingresan, destacaba algunos puntos que no consideraba oportunos y que afectaban frontalmente a las capacidades y a las competencias de las comunidades autónomas que quedaban
incorporadas a las leyes que en su momento debatió el Gobierno del Partido Popular.
Nosotros no estábamos a favor de que no se hubiera utilizado el concepto de estabilidad presupuestaria establecido en el Pacto de estabilidad y crecimiento,
limitando en este caso las capacidades y la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de los entes locales. Tampoco estábamos de acuerdo con el régimen establecido para la corrección de los desequilibrios presupuestarios de las
comunidades autónomas que estaban sometidas a tutela ulterior ni con las limitaciones en el endeudamiento, fundamentalmente de las comunidades autónomas, ni con el precepto que modifica la Lofca, por el cual las operaciones de crédito precisarán de
autorización del Estado cuando de la información que suministren las comunidades autónomas se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad. A nuestro parecer, ambas leyes vulneraban las competencias de las comunidades autónomas y gracias
a la iniciativa de nuestro grupo parlamentario, que en aquel momento configuraba el Gobierno de la Generalitat, en su momento se planteó recurso de inconstitucionalidad, aún pendiente de resolución, conjuntamente con doce recursos más que
presentaron diferentes comunidades autónomas. Por tanto, nuestra más frontal oposición a las leyes de estabilidad que en su momento el Gobierno del Partido Popular trajo al Parlamento. En este sentido, hemos presentado estas enmiendas, que
finalmente se transformarán en enmiendas de adición, en las cuales incorporamos aspectos a nuestro entender relevantes que modifican algunas cuestiones en las que queda perfectamente clarificado que no se invade competencias de las diferentes
comunidades autónomas y, al mismo tiempo, también planteamos incorporar el compromiso con las iniciativas europeas de crecimiento, compromiso éste que ya está asumido en algunos Estados miembros de la Unión Europea y que va a posibilitar -lo ha
destacado ya el portavoz socialista- que en el próximo trimestre del año 2005 se va a plantear ante este Parlamento una serie de iniciativas de carácter fiscal y financiero que van a complementar una inversión que va a ser muy positiva para el
conjunto de la economía española.
El reto para la economía europea y especialmente para la economía española está en conjugar la estabilidad presupuestaria con un mayor esfuerzo inversor y éste es el objetivo que se propone el Grupo Parlamentario Catalán. Nosotros partimos
de la base de que la estabilidad presupuestaria tiene que venir acompañada de un importante incremento de la inversión pública y privada para incidir en la mejora de la competitividad internacional de nuestra economía. Los ámbitos en los que deberá
concentrarse la inversión son los que indica la Unión Europea -infraestructura de transportes, comunicaciones y telecomunicaciones- con la vista puesta en el mercado interno y en la internacionalización e inversión en el conocimiento en todos
aquellos aspectos que hacen referencia a la inversión, al desarrollo y a la investigación. Para que las políticas de inversión puedan ser compatibles también deben adoptarse medidas de estímulo a la inversión, que son las que nosotros hemos
incorporado en esta enmienda de adición que finalmente vamos a aprobar en este Parlamento. Traducir la iniciativa europea de crecimiento a la economía española requiere, a nuestro entender, reconocer que tenemos un déficit de infraestructuras
superior a la media de los países europeos; déficit que, por cierto, se agrava por la distancia existente entre España y los mercados centrales de la Unión Europea. La consecuencia es que para mantener la competitividad y el crecimiento que
propugna la Unión Europea deberá afrontarse en España un esfuerzo inversor superior a la media de los antiguos países miembros.
Planteamos en esta enmienda algunos aspectos que inciden directamente en este aspecto y que también van en la dirección de adecuar los criterios de estabilidad presupuestaria acordados por la Unión Europea. No obstante, la fijación anual de
los objetivos perseguirá la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, que es una cuestión que también coincide con la enmienda presentada por los diferentes grupos parlamentarios.
Asimismo, instamos al Gobierno a mantener los criterios de estabilidad presupuestaria adecuados al tipo de ingresos y gastos de las distintas administraciones públicas -central, autonómica y local-, y el objetivo de la Seguridad Social se
establecerá en función de las necesidades a largo plazo del sistema. El objetivo final de la estabilidad presupuestaria será la suma de la correspondiente a las cuatro administraciones, sin que ninguna de ellas pueda justificar su déficit por el
superávit de las otras. También instamos a garantizar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, tal como está previsto en la Constitución, y, una vez fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria, se
tenderá a reestructurar el gasto, de tal forma que se conceda especialmente una atención a todos aquellos gastos destinados a la inversión productiva de todas las administraciones, así como a aquellos gastos que mejoren la productividad de la
economía.
Lógicamente, como complemento de estos aspectos, planteamos también en esta enmienda de adición impulsar la iniciativa que antes he mencionado para aumentar la productividad en la economía española que adapte a nuestras necesidades la
iniciativa para el crecimiento impulsada por la Comisión Europea. A estos efectos y a tenor de lo que ha manifestado el portavoz socialista, pensamos que sería interesante que a lo largo de esta legislatura el Gobierno presentara un conjunto de
medidas presupuestarias, financieras y administrativas, destinadas a impulsar el crecimiento de la productividad mediante el estímulo de la inversión privada, la modernización de las infraestructuras, el impulso a la investigación y a la innovación,
la mejora a la adecuación, el aumento de las becas, así como también el reforzamiento de la cohesión de nuestra economía en el mercado interno europeo. Ya que ustedes van a aceptar esta enmienda de adición presentada por Convergència i Unió,
nosotros vamos a votar favorablemente todas las iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Continuamos, señorías, con el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones por el Grupo de Coalición Canaria.
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa con las enmiendas de adición presentadas por los portavoces de los grupos Socialista, Nafarroa Bai, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV). Lo hacemos por congruencia, puesto que
mi grupo fue uno de los que firmó el primer documento consensuado por los grupos parlamentarios, documento del que luego retiró su firma por cuestiones formales del Reglamento de la Cámara, a fin de no perder el turno que tienen los grupos
minoritarios, muy tasado en el mismo, para presentar otras iniciativas legislativas, en este caso proposiciones no de ley. Así pues, suscribimos íntegramente en este acto parlamentario de Pleno las cuestiones de fondo y de intencionalidad
financiera, económica, social y política que trae esta iniciativa. Precisamente, nosotros hemos querido tener en cuenta -mi grupo ya votó favorablemente tanto la Ley 18/2001 como la Ley 5/200- que el equilibrio financiero de las entidades y la
disciplina presupuestaria armonizara con una misma disciplina y norma de comportamiento a los tres entes fundamentales en la generación de gasto: la Administración General del Estado, es decir, el Estado, las comunidades autónomas, los cabildos o
consejos insulares en el caso de Baleares y Canarias y todos los ayuntamientos del Estado. Esta era la intencionalidad disciplinaria de la Ley 18/2001 para conseguir unos objetivos que no dispararan el déficit ni alteraran los intereses financieros
ni el desempleo, sino para que generaran empleo y consolidaran de forma transparente las cuentas generales de todos estos entes. No en balde el 17 de junio se celebró aquí un debate cuando el Gobierno presentó su plan de estabilidad por boca del
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes, en el que intervinimos apoyando la necesidad de racionalizar o flexibilizar, como se quiera decir, sin conculcar los principios de la directiva europea, de
acuerdo con los cuales España como área euro de la economía de Europa tiene que someterse a la estabilidad de déficit cero que viene impuesta por la normativa comunitaria, pero al mismo tiempo hay que racionalizar, como se hizo en el debate del 17
de junio, los límites de todos los gastos no financieros en los Presupuestos Generales del Estado, que también es necesario armonizar. No podía hacerse una exigencia de disciplina, de control y de equilibrio presupuestario al Estado, como
Administración general del mismo, mientras campearan con libres iniciativas que alteraban la suma total las entidades autonómicas, locales, municipales o insulares. Esto era verdaderamente necesario porque a fin de cuentas son tres factores
generando ingresos y gastos y ahí era adonde se podía ir. Tiene que haber un marco, bien sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera -se ha reflejado precisamente en el texto-, bien sea la Comisión nacional de entidades locales, para regular
aspectos como la emisión de deuda pública, por la capacidad que tienen los gobiernos de determinadas comunidades autónomas, pero que al final
no sumara una serie de números rojos, en lenguaje contable ordinario, para perturbar el equilibrio fundamental, lo que llevaría a alteraciones básicamente en la inflación, como fenómeno más rechazable en este momento y al que se dirige no
solamente la política en su conjunto de la Unión Europea sino de cada uno de sus componentes, en este caso del Estado español.
Todos los principios que se contienen en esta iniciativa entendemos que son perfectamente asumibles, ya que van a contribuir a este equilibrio presupuestario y llevado en un margen no de tutela desde el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, sino de corresponsabilidad entre todas esas administraciones, y es lo que hace posible para el bienio 2005-2007 esta garantía del escenario económico con que nos vamos a dotar. Por estas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar
favorablemente, sumándose en un todo a los principios formales con el texto final y las enmiendas de adición que se han expuesto en la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos finalmente con la fijación de posiciones, en este caso del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para ello la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición sobre esta proposición no de ley que presentan distintos grupos parlamentarios de modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y de la ley
orgánica complementaria.
En primer lugar, queremos denunciar que este debate que hoy mantenemos está desfasado en el tiempo, ya que los grupos que lo presentan piden, mediante esta proposición no de ley, la modificación de las leyes de estabilidad, cuando el
Gobierno socialista del presidente Zapatero ya modifica parcialmente estas normas mediante las disposiciones adicionales trigésima y trigésimo primera del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, aunque, claro, es el
precio que SS.SS. tienen que pagar -o pagaron- para que les aprobaran el techo de gastos en el Congreso.
Señorías, ¿a quién quieren engañar con esta proposición no de ley? Con ella se pone de manifiesto una vez más la falta de respeto al Parlamento por este Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista en la forma y en el fondo. Señoras y
señores diputados, esta ley que pretenden modificar no responde a un capricho ni a un dogma, como decía el señor Llamazares, de los gobiernos del Partido Popular, antes al contrario, se enmarca en el cumplimiento de los compromisos asumidos por
España con la Unión Europea. En virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a perseguir a medio plazo el objetivo del equilibrio o del superávit presupuestario, ya que aquél es
una condición necesaria para la estabilidad macroeconómica, el crecimiento saneado y la generación de empleo.
Señorías, este debate coincide en el tiempo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, y la importancia del presupuesto de 2005 radica, incluso más allá de sus cifras concretas, que reflejan las
prioridades políticas económicas del nuevo Gobierno, en la forma en la que se ha realizado y que rompe con uno de los grandes activos que ha atesorado la política económica española, como era la credibilidad de su política fiscal, basada en un
esquema de reglas y amparada en un sólido compromiso político, posteriormente respaldado en un adecuado marco legal e institucional. Me estoy refiriendo a las leyes de estabilidad. En los presupuestos realizados durante los gobiernos del Partido
Popular, la política fiscal española se había trasladado desde un esquema tradicional de política fiscal discrecional heredado de gobiernos anteriores hacia un esquema moderno de política fiscal basado en reglas.
Este proceso fue acompañado de un
intenso esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas que fue refrendado por los mercados y por el comportamiento favorable de la economía española. Por eso, los excelentes resultados de la reforma impositiva en cuanto a incremento de empleo y
de recaudación no son ajenos al marco de reglas y compromisos creíbles en los que se basó la política fiscal de los gobiernos del Partido Popular.
Sin embargo, el presupuesto para el año que viene, con sus previsiones irreales y con el
desmantelamiento de un esquema que había probado su eficacia, dilapida un gran activo atesorado por la política económica del Partido Popular, la credibilidad, volviendo de facto a un esquema tradicional de determinación de la política fiscal del
que lamentablemente en España tenemos un desagradable recuerdo. ¿Por qué consideramos importante esta regla, este marco normativo de la Ley de Estabilidad? ¿Qué perseguía y qué persigue? Muy sencillo, señorías, garantizar el escenario de
estabilidad, fundamental para el crecimiento y para la consecución del pleno empleo. ¿Cómo lo hacía? Introducía novedades importantes en el proceso presupuestario que ustedes conocen y entre las cuales destacaríamos la elaboración de un escenario
macroeconómico de previsión plurianual, la fijación de un limite máximo anual de gasto del Estado -sólo para el Estado, no para las comunidades autónomas ni para las corporaciones locales-, coherente con los escenarios presupuestarios plurianuales
previamente elaborados, el establecimiento de un fondo de contingencia de ejecución presupuestaria con el que se atendía a las necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto, y, lo más importante, señorías, desde una
mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno del Partido Popular hizo un esfuerzo por la transparencia y por el reforzamiento de la intervención parlamentaria en la elaboración de los presupuestos. Así, en el primer cuatrimestre de cada año el
Consejo de Ministros debe acordar el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los
tres ejercicios siguientes, y este acuerdo se remite a las Cortes Generales para su debate y aprobación. Esto, señorías, no es nada más ni nada menos que dar vida al Parlamento en el debate más importante del año, el debate de presupuestos,
tanto al Senado como al Congreso, por mucho que ahora presuman desde los bancos socialistas de revitalizar la Cámara de representación territorial. Es decir, se establecía una regla sencilla, conocida por todos, que resultó ser una regla efectiva y
que los ciudadanos aprobaron y los mercados respaldaron.
Pues bien, frente a esa política presupuestaria, ¿qué se pretende hoy al modificar los criterios de estabilidad con esta proposición no de ley? Primero, atender a los compromisos políticos de este Gobierno débil, concretamente a las
peticiones del tripartido catalán de más gasto público para apoyar los presupuestos del año que viene. ¿Qué se pretende también? Cambiar las reglas de juego y aumentar la discrecionalidad en la elaboración de los presupuestos, porque se pretende
enmascarar bajo el marco de una nueva regla un comportamiento discrecional del Gobierno, porque hay una imposibilidad técnica para establecer el equilibrio a lo largo del ciclo y además no se da información por parte del Gobierno de cómo se evalúa
ese ciclo en el que se encuentra el equilibrio. Ante preguntas realizadas por este grupo parlamentario en las comparecencias de los altos cargos, el Gobierno no sabe o no quiere contestar sobre cuestiones fundamentales, como por ejemplo en qué
momento del ciclo estamos, cuándo cambiará su tendencia y otras muchas. ¿Qué se pretende esconder con esta nueva regla que además aumenta la incertidumbre de los agentes económicos? Mi grupo tiene serias sospechas de que lo que ustedes persiguen
de verdad es aumentar la discrecionalidad de la política fiscal para atender por un lado a sus compromisos de legislatura y por otro hacer lo que de verdad saben hacer, que es gastar más, sin importarles hipotecar a las generaciones del futuro. Por
último, su objetivo es eliminar la transparencia, que supone la existencia de un marco normativo conocido por todos, en el que se elaboran los presupuestos anualmente y que imprimía confianza y credibilidad a los agentes económicos. Quieren
eliminar la transparencia que supone el debate y la aprobación por las dos Cámaras del techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.
Con esta modificación, señorías, el Senado pierde el poder decisorio que tiene al ratificar ese techo de
gasto aprobado previamente en el Congreso, y, lo que es más grave, se establece que los objetivos de déficit autonómico se fijen en los correspondientes órganos de negociación bilateral entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas. Esto
significa una negociación a la carta de cada comunidad con el Estado central, no como ahora, donde las cuentas públicas de las autonomías se estudian a la vez en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta modificación que proponen
nos resulta ineficiente y peligrosa en términos de transparencia, ya que romperá con el principio de equidad y de equilibrio entre todas las comunidades autónomas. En definitiva, esta proposición no de ley dilapida un gran activo atesorado por la
política económica del Partido Popular, la credibilidad, volviendo a un esquema tradicional de determinación de la política fiscal que ya utilizaron los gobiernos socialistas, la discrecionalidad. Mi grupo no puede contribuir con su voto a apoyar
esa falta de rigor y de transparencia en la elaboración de las cuentas públicas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Báñez.
Para garantía de esta Presidencia, señorías, se entienden aceptadas las enmiendas tanto las defendidas por la señora Barkos, como la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la enmienda de adición, en este caso, del señor Sánchez i Llibre.
¿Así lo certifica el Grupo Socialista? (Pausa.)
Señor Saura, estamos en la aceptación de enmiendas. Simplemente para garantía de la Presidencia, ¿aceptan ustedes las enmiendas defendidas tanto por la señora Barkos, como por el señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y de
adición del señor Sánchez i Llibre?
El señor SAURA GARCÍA: Señora presidenta, efectivamente nosotros aceptamos todas las enmiendas de adición.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Asimismo por Izquierda Unida?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, las aceptamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Entiendo que la aceptación es de todos los grupos firmantes? (Pausa.)
De acuerdo. ¿Asimismo por Esquerra Republicana?
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Sí, así es.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿También por el Grupo Parlamentario Mixto? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías.
- EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL INCREMENTO HASTA EL 50 POR CIENTO EN EL PORCENTAJE DE LAS SUBVENCIONES AL TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO PARA LOS RESIDENTES EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS ISLAS BALEARES, DE LAS ISLAS CANARIAS Y EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y DE MELILLA. (Número de expediente 162/000161.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto IV del orden del día referido
a la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para el incremento hasta el 50 por ciento en el porcentaje de las subvenciones al transporte aéreo y
marítimo para los residentes en las comunidades autónomas de las Illes Balears, de las islas Canarias y de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.
Tiene para la palabra para su defensa, la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna por primera vez y tengo el honor de hacerlo en nombre del Partido Popular para defender los legítimos intereses de los territorios insulares y de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla,
que de común tienen ser una parte del territorio nacional pero ubicada fuera de la plataforma peninsular.
El Partido Popular con esta iniciativa parlamentaria pretende que a partir del día 1 de enero de 2005 todos los habitantes de las islas y de las ciudades de Ceuta y Melilla puedan tener un descuento de un 50 por ciento en materia de
transporte aéreo y de transporte marítimo, tanto en lo relativo a los trayectos entre las propias islas como entre las islas y la propia Península. No pretendemos nada excepcional, sino que se trata simplemente de poner las cosas en su sitio o, lo
que es lo mismo, aplicar el sentido común o la equidad, a fin de que todos los ciudadanos isleños, ceutíes y melillenses vean equiparada su situación al resto de los conciudadanos españoles peninsulares. Apelo, pues, al sentido común de SS.SS. y
les pido que hagan un esfuerzo para que el principio constitucional de la solidaridad sea una realidad, el principio que marca la Constitución en su artículo 138.1, donde dice: atención particular a las circunstancias del hecho insular.
Todas SS.SS. conocen la situación geográfica de las islas y de las ciudades autónomas. Estamos separados de la Península por el mar, lo que nos hace depender exclusivamente de las comunicaciones aéreas y marítimas a la hora de nuestros
desplazamientos. Esta dependencia en exclusiva de aviones y de barcos a la hora de desplazarnos comporta una serie de desventajas respecto a aquellos ciudadanos que viven en la Península.
Ellos pueden desplazarse tranquilamente con su vehículo sin
depender de horarios o pueden utilizar los medios públicos, autocar, tren, metro o tranvía. El agravio comparativo, es decir, las desventajas de los territorios insulares y de las ciudades autónomas, son básicamente tres: en primer lugar, un mayor
coste a la hora de adquirir las materias primas por el hecho del transporte. Eso supone, a la vez, que los productos que conforman la cesta de la compra sean más gravosos para nosotros. Un segundo punto es un mayor coste a la hora de realizar los
desplazamientos los habitantes de estos territorios. Tercero, nosotros siempre dependemos de unas frecuencias, de unos horarios; nosotros tenemos que planificar con tiempo realizar cualquier desplazamiento hacia la Península.
Esta iniciativa tiene una enorme trascendencia económica y social, ya que muchos de los desplazamientos que realizan a la Península son por razones de necesidad; tenemos que desplazarnos a la Península para satisfacer necesidades de
servicio público, como pueda ser la educación, la sanidad o motivos de trabajo o familiares. Los habitantes de las islas de España cuando llegamos al territorio continental siempre tenemos un handicap tremendo: un mayor coste, importantísimo, y si
me permiten un símil les diría que piensen en un momento en que todos los ciudadanos de España realizamos una carrera de cien metros, todos en la línea de salida, pero en desigualdad de condiciones, ya que a los ciudadanos que viven en las islas o
en las ciudades autónomas les ponemos los apoyos de arranque cinco o diez metros por detrás de la línea de salida. ¿Les parecería esto una carrera limpia? Evidentemente no. Así, en esta tesitura, es imposible que los no peninsulares hagamos una
buena carrera, tengamos una buena marca o consigamos un podio.
Para los ciudadanos de las islas y de Ceuta y de Melilla los aviones y los barcos son nuestras renfes particulares, nuestro metro y las autopistas que nos unen con la Península. Nosotros no nos beneficiamos en nada de las grandes
infraestructuras que hay a nivel nacional -Renfe, AVE y las grandes autopistas-, pero con nuestros impuestos contribuimos a que se puedan hacer, y nos parece muy bien, pero también hay que saber que el coste del billete de avión o de barco es muy
superior al transporte peninsular por tren o por carretera, por distintos factores. La reducción del coste de los billetes es una medida que favorece, en primer lugar, la cohesión de la nación española mediante el acercamiento de todos los
territorios, especialmente de aquellos que están más lejos y los que están afectados sobre todo por la doble insularidad. Con esta medida también se hace efectivo el principio constitucional de la solidaridad.
En segundo lugar, reducir los
billetes supone, en cierta manera, compensar a esos territorios que no pueden disfrutar de estos planes de infraestructuras que se desarrollan a nivel nacional. Actualmente, para compensar este agravio comparativo, la subvención que hay al
transporte es de un 33 por ciento para todos los residentes. Hoy esta bonificación es insuficiente. Esta bonificación hoy reduce pero no elimina la discriminación existente para la gente que vive en territorio no peninsular. Este descuento hoy ha
quedado totalmente desfasado, obsoleto, desproporcionado, sobre todo en la medida en la que los precios de los billetes se han incrementado de una forma muy importante a lo largo de estos últimos años; sin ir más lejos, todos los que nos sentimos
afectados hemos visto estos días cómo todas las compañías han subido de forma importante los precios de los billetes de avión y también de barco.
Desde el Partido Popular sabemos que de nada sirve incrementar estos descuentos a los pasajeros si después
las tarifas aumentan de forma desorbitada y si los ciudadanos de las islas no tienen garantías de comunicación con la Península. Para paliar todas estas desventajas competitivas la solución es doble. Por un lado, la declaración de servicio
público, siempre que esto comporte fijar un precio tope, un precio máximo en los billetes; fijar unas frecuencias mínimas de recorrido y fijar siempre unos estándares de calidad, evidentemente en coordinación con los gobiernos de las comunidades
que se vean afectadas por estas medidas. Por otro lado -que es básicamente lo que nos ocupa hoy-, incrementar los descuentos para los residentes.
El partido que en la actualidad tiene la responsabilidad de Gobierno llevaba en su programa electoral descuentos de hasta el 50 por ciento.
Hoy desde el Partido Popular queremos que esto sea efectivo ya, desde ahora mismo y hemos encontrado
una fórmula que consideramos sensata, oportuna y que puede ser asumida por todos los grupos políticos. Desde los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas estamos dispuestos a colaborar con recursos para adelantar una parte importante de
estos descuentos, siempre que después el Gobierno de Madrid retorne estas cantidades. Por eso, la propuesta que hacemos tiene tres puntos. Primero, incrementar desde ya, desde el presupuesto para 2005, los descuentos a un 38 por ciento; por
cierto, eso lo dijo el presidente Zapatero en Menorca este verano, pero no figura en los presupuestos que hoy están en esta Cámara. Segundo, que el 12 por ciento restante, hasta llegar al 50 por ciento de subvención, pueda ser adelantado por los
gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas con cargo a nuestros presupuestos, eso sí, con el compromiso por parte de la Administración General del Estado de que antes de que finalice el ejercicio 2007 se nos van a retornar estas cantidades.
Tercero, que a partir del día 1 de enero de 2008 los Presupuestos Generales del Estado deberán contemplar necesariamente estos porcentajes del 50 por ciento de subvención en materia de transporte aéreo y marítimo, tanto en trayectos interinsulares
como desde las islas, Ceuta y Melilla a la península.
Pido a los distintos grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa que ayuda a los territorios no peninsulares de España a paliar este sobrecoste que supone vivir en nuestras comunidades. Pido a esta Cámara que basándose en el principio
de solidaridad entre las distintas partes del territorio español apoye esta iniciativa. Esta proposición no de ley, créanme, es la voluntad mayoritaria de los habitantes de las islas Canarias, de los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla y también es la voluntad de los habitantes de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera. Esta iniciativa que traemos aquí se aprobó por unanimidad en el Parlamento de las Islas Baleares. Es la voluntad de los pueblos.
Por ello pido a los distintos grupos de esta Cámara, a los distintos grupos nacionalistas de esta Cámara que respeten, que acepten y que apoyen con su voto afirmativo esta iniciativa. Esto es una necesidad, es un clamor en las tierras que
se ven afectadas de una manera importantísima por el tema del transporte. Por eso apelo a todos los diputados de la Cámara que se ven afectados por el sobrecoste que supone tenernos que desplazar única y exclusivamente en avión o en barco para
llegar a la Península, a que apoyen esta iniciativa.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Salom.
Continuamos, señorías, con la defensa de las enmiendas que han sido presentadas.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Rivero del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, causa una verdadera satisfacción para un isleño, para unos ciudadanos que vivimos en los archipiélagos escuchar una propuesta tan razonable, tan positiva, tan ligada a los intereses de los ciudadanos que viven en
otros territorios del Estado, en territorios fragmentados, en territorios alejados, como la que ha hecho hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En Coalición Canaria echamos de menos que los dos grandes partidos, tanto el Partido Popular
como el Partido Socialista, tomen iniciativas sobre estas cuestiones de la necesaria cohesión social, económica y territorial del Estado, sólo cuando están en la oposición. Cuando están en la oposición surgen las iniciativas, que parecen más
orientadas a buscar un desgaste, una confrontación con el que está en el Gobierno, que hacia una verdadera convicción de la necesidad que han tenido nuestros archipiélagos y las ciudades autónomas de tener una compensación en el sistema de
transporte tanto de pasajeros como de mercancías, para ponerlo en igualdad con el conjunto del Estado. Cuando decimos esto no somos sospechosos; ha sido Coalición Canaria la que ha venido dando una batalla muy importante en este Parlamento para
conseguir una cosa que parece lo más lógico, lo de más sentido común en el Estado, orientada a conseguir la cohesión social, económica y territorial del Estado. Se trata de que la movilidad para las mercancías y las personas cueste lo mismo en
término medio en los territorios insulares que lo que cuesta en la Península, ni más ni menos; que nos pongan las mismas condiciones a los ciudadanos más alejados del territorio continental. Como creemos firmemente en eso, en 1998 tuvimos una
iniciativa importantísima, una iniciativa que como todas las de estas características hubo que pelearla muy duro y, gracias a los apoyos de los grupos nacionalistas, al final conseguimos la suma de los dos grandes partidos para lograr la declaración
de obligaciones de servicio público, para lograr las disminuciones en las tasas de pasajeros y las tasas de aterrizaje, para lograr el incremento de la subvención a los pasajeros del 10 al 33 por ciento
Ahora estamos en una nueva situación. Ese 33 por ciento es insuficiente para los pasajeros, es insuficiente para las mercancías y tenemos que seguir avanzando
para conseguir el objetivo de que la movilidad cueste, por razones de solidaridad, exactamente igual en los territorios más alejados que en el territorio continental. Por eso hemos presentado una enmienda que es el fiel reflejo de una
proposición no de ley que está registrada en esta Cámara presentada por Coalición Canaria y que obedece a tres cuestiones claras: una, el incremento de la ayuda, de la subvención a los pasajeros para alcanzar el 50 por ciento en la legislatura.
Créanme SS.SS., créame la portavoz del Partido Popular, que lo fácil para este portavoz y para mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria es ponernos de parte de quien hoy plantea la posibilidad de que el 50 por ciento se haga efectivo desde el 1de
enero, pero hay un refrán que dice que vale más pájaro en mano que cien volando, y en estos momentos nosotros tenemos que buscar ser pragmáticos. Tenemos que buscar un acuerdo que sume al Gobierno en un compromiso para seguir mejorando las
condiciones de accesibilidad entre las islas y de las islas con la Península. Ese acuerdo pasa, primero, por no sumarnos frívolamente a lo que, desde luego, desde el punto de vista político, puede ser legítimo pero que consideramos oportunismo
político sino por ser respetuosos con el principio de acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno. No vamos a estar de una forma frívola sumándonos a que el 1 de enero sea el 50 por ciento, pero tampoco vamos a estar con la posición del Grupo
Parlamentario Socialista consistente en no adquirir compromisos para los próximos tres años y que sólo se acuerde el 38 por ciento para los presupuestos del año 2005. Estamos en la racionalidad, estamos buscando un punto de equilibrio entre las dos
posiciones. Estamos buscando un punto de equilibrio para que ese 50 por ciento en la legislatura tenga reflejo en esa proposición no de ley que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria y exista un compromiso de que en el año 2005 el incremento
será un 38 por ciento y que los años sucesivos se incrementará en un 6 por ciento hasta alcanzar durante la legislatura ese 50 por ciento.
De igual manera ocurre con las mercancías porque si queremos ser competitivos en el conjunto del transporte de las mercancías tienen que acercarnos a la Península, tienen que acercarnos al territorio más cercano de la Península, a Cádiz.
Por eso también planteamos, acorde con una proposición no de ley -que reiteramos en un texto que contiene dos partes, aprobado a finales de junio por unanimidad de esta Cámara-, que en los próximos tres años se alcance ese 50 por ciento en la
subvención para el transporte de mercancías desde los archipiélagos y desde Ceuta y Melilla hacia la Península. Para ello es necesario no solamente una expresión de voluntad sino también un compromiso que está en nuestra proposición no de ley y en
la enmienda que hemos presentado: que el Gobierno impulse las modificaciones necesarias para hacer efectivo el pago del incremento de las subvenciones desde el 1 de enero. Para lograrlo habrá que presentar una proposición de ley o habrá que
hacerlo mediante una modificación por real decreto o por decreto-ley, mediante el instrumento que quieran, pero de tal forma que queremos un compromiso del Gobierno, del Grupo Parlamentario Socialista, para que este conjunto de medidas se pueda
poner en marcha a partir del primero de enero del año 2005.
De acuerdo con el espíritu y la filosofía planteada por el Grupo Parlamentario Popular, nos parece una iniciativa positiva e interesante.
Compartimos el fondo de la misma. Le decimos que tenemos un acuerdo con el Gobierno, con el Grupo
Socialista -el grupo mayoritario en estos momentos en la Cámara- que esperamos cumpla, en el sentido de alcanzar ese 50 por ciento en los tres años, fijando claramente los porcentajes en los años 2006 y 2007, tanto para pasajeros como para
mercancías. No nos vamos a apuntar a lo que sería lo más fácil para nosotros políticamente que es sumarnos ya al 50 por ciento. Vamos a ser rigurosos con nuestro compromiso. Al mismo tiempo, esperamos que el Gobierno cumpla con nosotros y que
este incremento de la subvención tanto a las mercancías como a los pasajeros se haga efectivo desde el 1 de enero del año 2005.
En la misma medida nos parece bastante oportuno e interesante la mejora de la declaración de obligación de servicio
público de lo que significa el archipiélago balear. En Canarias ya funciona y funciona bien. Aunque la Ley de acompañamiento del año 1998 está abierta esa posibilidad, no nos parece razonable hacer extensiva la obligación de servicio público entre
los archipiélagos y la Península por una razón elemental, porque en estos momentos entre los archipiélagos y la Península hay competencia entre las distintas compañías y en ese marco de la competencia no es imprescindible ese instrumento que tiene
como importante finalidad que no se formen monopolios privados cuando no hay competencia dentro de los sistemas de transporte, tanto aéreo como marítimo y, en este caso concreto, también en cuanto a las mercancías. Nos hubiera gustado apoyar la
iniciativa del Partido Popular. Nos parece que es mucho más práctica y mucho más realista la enmienda que plantea el Grupo de Coalición Canaria.
Si hoy no prospera esa enmienda, en el próximo Pleno se verá una proposición no de ley presentada por
nuestro grupo parlamentario que espero consiga el respaldo de la Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rivero.
Continuamos con la defensa de las enmiendas presentadas.
Es el turno de Esquerra Republicana de Catalunya y tiene la palabra el señor Tardá. Adelante.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta.
A principios de esta legislatura el Grupo de Esquerra Republicana presentó una proposición no de ley que pretendía afrontar la cuestión que hoy nos trae a debate el Grupo Popular. Desde Esquerra Republicana entendemos
que la singularidad de los territorios insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla requiere una actuación reequilibradora en cuanto a la política de subvención de las tarifas aéreas y marítimas, y todo ello para afrontar los agravios que
genera el incremento de las tarifas en el marco ya previo sobre el coste de la vida que padecen los habitantes de esos territorios por razón de su extraterritorialidad. Entendemos que subvencionar los tránsitos marítimos y aéreos es decir sí a la
discriminación positiva y es socialmente igualadora, máxime si tenemos en cuenta la presión fiscal que reciben algunos de estos territorios, como es el caso de las Illes Balears convertida en la comunidad autónoma que más aporta a la solidaridad
interterritorial.
La proposición no de ley de Esquerra Republicana contenía dos reclamaciones que, en términos generales, defendemos tal como fue expresado y publicitado durante la campaña electoral: en primer lugar, descuentos del 50 por ciento para los
residentes en los territorios de las Illes Balears, que hacemos extensible a las islas Canarias y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; lo plasmó de igual manera el programa electoral del Partido Socialista de las Illes Balears. En segundo
lugar, defendemos y postulamos la declaración de interés público de las comunicaciones con la Península, lo cual debería comportar la inclusión en el concepto de tarifa el de emisión del billete, el propio coste, el tránsito y las tasas.
Por todo ello, hemos presentado dos enmiendas, una de modificación y sustitución y otra de adición. En la primera enmienda, donde dice este incremento del porcentaje de las subvenciones se realizará de la siguiente forma..., hasta el final
del text, incorporamos el siguiente texto: Este incremento del porcentaje de las subvenciones -me refiero al 50 por ciento- se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado desde el 1 de enero del año 2005. La segunda enmienda que
presentamos es de adición, cuyo texto paso a leer: Para garantizar la efectividad de estas medidas, el Gobierno español declarará como servicio público los desplazamientos entre la Península y las islas y ciudades autónomas señaladas, fijando un
mínimo de frecuencias y un mínimo de plazas que asegure la calidad del servicio, así como unas tarifas máximas revisables cada dos años, tales que cualquier incremento en ese tiempo vaya a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
Continuamos con la defensa de enmiendas. En este caso el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra la señora Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, ante todo, y atendiendo al contenido de la exposición de motivos de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, no puedo más que manifestar como canaria la sorpresa del Grupo Parlamentario Socialista,
y, más concretamente, de los que pertenecemos a su territorio, por el descubrimiento actual del que hace gala el Partido Popular con relación a la situación geográfica de las Islas Baleares y Canarias, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla,
islas, según su exposición, separadas de una península por el mar, que obliga a los ciudadanos de estas comunidades y ciudades autónomas a depender de las comunicaciones aéreas y marítimas a la hora de viajar a otros territorios nacionales. Esto,
señorías, lo es ahora y lo ha sido, que sepamos, desde siempre. No nos hemos movido ni un ápice geográficamente ni antes ni incluso a lo largo de los ocho años de Gobierno de su partido, en los que, al parecer, ni detectaron ni percibieron ni se
preocuparon por esta necesidad, a la vista del absoluto abandono y de la omisión voluntaria continuada con que su Gobierno trató a estos territorios insulares y ciudades autónomas con relación a las subvenciones que ahora proponen.
Señorías, cero
aumento. Bienvenidas, señorías del Grupo Popular, al compromiso de nuestro proyecto y nuestro programa, tras ocho años de inmovilismo, aunque es una pena que sea hoy y no ayer, ya que han sido votadas en contra todas nuestras iniciativas a lo largo
de los ocho años, que ahora parecen ser un clamor, aunque nosotros pensamos es un grito.
Por el contrario, por parte del Gobierno socialista sí existe el compromiso serio, firme y real de elevar progresivamente el porcentaje de la bonificación del 33 al 50 por ciento a los residentes en territorios no peninsulares, incremento
que se producirá a lo largo de la legislatura, como nos hemos comprometido. Para que este incremento sea efectivo, debe ser real y hacerse de forma gradual, debido a la importancia del impacto y esfuerzo presupuestario de tal medida. En la
comparecencia del secretario general de Transporte, señor Palao Taboada, ante la Comisión de Fomento, con motivo de la explicación de los presupuestos, quedó perfectamente claro, como así le consta al portavoz del Partido Popular y ahora indico al
señor Rivero, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que se establecía este compromiso riguroso y serio; nos remitimos al 'Diario de sesiones'. El secretario de Estado señaló que estos cinco puntos sobre los 33 suponen, en realidad, más del
15 por ciento de subida, unido al aumento de las tarifas aeroportuarias derivadas de la subida del combustible y a la previsible subida de la demanda, al aumentar subvenciones de carácter público. La aportación prevista se cuantifica, en términos
globales, en 53 millones de euros, sobre los aproximadamente 200 que existían en las dotaciones presupuestarias para el año 2004, es decir, un 25 por ciento de todo lo presupuestado, lo que constituye un incremento considerable, señores diputados.
El reparto de esta aplicación es de 7,2 millones de subvenciones en el ámbito marítimo y de 46 millones en el ámbito aéreo.
Dentro de este programa, tal y como ha dicho el secretario general de Transporte, existen bonificaciones a los billetes de
transporte marítimo para familias numerosas, con un incremento del 5 por ciento
sobre el 2004, así como un incremento del 2 por ciento respecto al 2004 en los servicios de navegación y de interés público. Por ello, y siguiendo con dicho rigor, se propone para el próximo ejercicio 2005 un primer escalón de incremento de
5 puntos porcentuales de la bonificación, que pasaría del 33 al 38 por ciento; para ello será necesario abordar también las modificaciones normativas que sean procedentes.
No resulta aceptable el planteamiento del Grupo Popular, recogido en el primer párrafo del punto 2 de la proposición no de ley, aunque sí volvemos a darles la bienvenida; nos alegra que ahora se preocupen de los ciudadanos de los
territorios interinsulares, en los que se prevé que las comunidades autónomas puedan completar el importe de la subvención hasta el 50 por ciento, ya que una modificación rápida de las tarifas aéreas podría disparar la demanda de billetes a
subvencionar, especialmente en los trayectos con Canarias, de forma que superen las previsiones presupuestarias realizadas y, por tanto, de toda realidad. Por otra parte, es conveniente aclarar que la devolución por parte de la Administración del
Estado debería realizarse en todo caso sin incluir los intereses que las mismas conllevan.
La enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista -tome nota, señor Rivero- asume el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno y propone un calendario realista, porque nosotros debemos tener acuerdos, al menos en
Canarias y al menos en las Islas Baleares, con relación a lo que es beneficioso para los ciudadanos. Este compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, que propone un calendario realista, es realizable; no es oportunista ni de voluntarismo
político, sino de auténtica acción política de gobierno, de tal manera que el incremento del porcentaje hasta el 38 por ciento se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a partir del 1 de enero de 2005. El 12 por ciento
restante, hasta llegar al porcentaje del 50 por ciento en las mencionadas subvenciones, se alcanzará a lo largo de la legislatura, de modo que a partir del 1 de enero de 2008 se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, con su
correspondiente dotación, el porcentaje del 50 por ciento en las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para los residentes en las comunidades autónomas de las Islas Baleares, de las islas Canarias y de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. Esta es, pues, una propuesta que asume compromisos realistas, compromisos satisfactorios, en este caso teniendo en cuenta que es un compromiso de nuestro programa, un compromiso que se ha establecido para toda la legislatura y -les habla
una canaria- para los residentes en las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Como canaria, en este momento podría tener el corazón partido entre ser canaria y mi razón de ser de izquierdas y socialista y, por tanto, podría ser más fácil
acudir a esta votación. No obstante, la propuesta que asume compromisos reales es aquella que recoge nuestro proyecto y a la que realmente pretendemos que se sumen todos los grupos que componen la Cámara. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Rivero.
En turno de fijación de posiciones, ¿quiere la palabra el señor Rodríguez por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Entonces, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Es evidente que este debate, como otros, refleja algo que parece una verdad insoslayable y es que hay gobiernos que sólo mejoran en la oposición, porque lo cierto es que en el debate presupuestario del año 2003 el Grupo Popular bloqueó dos
iniciativas que proponían incrementar hasta el 50 por ciento las ayudas al transporte aéreo regular para residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, tanto en los trayectos interinsulares como en la relación peninsular. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
Los argumentos de aquel debate los ha dado la portavoz del Grupo Popular con una convicción francamente insuperable y no queda más que compartirlo, pero también lamentar que esa intervención no se hubiera producido hace un año y también en
nombre del Grupo Parlamentario Popular. De esto hace nueve meses, tiempo suficiente para gestar y alumbrar una nueva posición, que nosotros valoramos en lo que de autocrítica tiene. Esta nueva posición es: el 50 por ciento de la subvención al
transporte y ya, de manera inmediata. La calificación de esta posición del Partido Popular me la ahorro porque creo que hay actitudes que se definen a sí mismas. No obstante, esa actitud del Partido Popular no debe evitar que el Gobierno
manifieste un compromiso claro con su promesa electoral y que coincide en su finalidad con la proposición no de ley. En el proyecto de presupuestos se avanza una subida del 5 por ciento, hasta el 38 por ciento, para 2005 y se remite a estudios
técnicos elevar la subvención hasta el 50 por ciento en un futuro, que podría ser esta legislatura. Así pues, el Partido Socialista lo proponía en su programa, el Partido Popular, por fin, lo entiende, los gobiernos balear y canario lo reivindican
y los demás grupos estaremos encantados de aprobar estas medidas. Por tanto, para nosotros la cuestión está clara. Diga, pues, el Gobierno cuándo y cómo desde las posibilidades reales, refrene el Partido Popular su ímpetu converso y sea
enhorabuena, todo ello, desde luego, sin impedir que si los gobiernos del Partido Popular y Coalición Canaria quieren anticipar la subvención, seguramente todos les estaríamos sumamente agradecidos. Por tanto, estando de acuerdo con el fin,
votaremos su aplicación más real y posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, este debate suena a mi grupo más como un enredo parlamentario que como un debate propiamente dicho, si he entendido bien la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular presenta y lo que viene ocurriendo en esta Cámara.
En efecto, el Grupo Parlamentario Popular, partido hoy en la oposición, propone ni más ni menos que cumplir con el programa de gobierno del Partido Socialista, incluso con las palabras que el pasado 22 de agosto, en fechas todavía muy recientes, con
motivo de su estancia veraniega en la isla balear de Menorca, debió pronunciar el propio presidente del Gobierno. La promesa -se dice- fue la de incrementar el porcentaje de bonificaciones que desde tiempo atrás hay establecidas para los ciudadanos
de las comunidades autónomas de las Islas Baleares y de Canarias, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, del 33, en el que hoy están, al 38 por ciento. Pero no sólo esto, porque también se sabe que existe un compromiso, al parecer en
programa, del Partido Socialista de que ese 38, antes o después -y, cuanto antes, mejor- será el 50 por ciento. Y esta es la primera parte del enredo: el Grupo Parlamentario Popular quiere cumplir con lo que debía cumplir el Partido Socialista y,
además, quiere cumplir con una cosa que todavía ayer -el 5 de octubre de este mismo año- un senador del Grupo Parlamentario Popular decía en el Senado que nunca en nuestras campañas -se refería a los proyectos del Partido Popular- hemos ofrecido que
íbamos a aumentar hasta el 50 por ciento. El 5 de octubre y en el Senado. Pues bien, ahora quieren cumplir -y este es un elemento clave del enredo- con lo que ellos han prometido y han dicho.
Pero el enredo no acaba aquí. La segunda parte del enredo es que el partido del Gobierno ha hecho efectivamente estas promesas, pero nada de esto figura en el proyecto de presupuestos para el año 2005, como todavía prácticamente ayer
también teníamos constancia porque nos lo declaraban los representantes del ministerio en la Comisión, cuando nos explicaban los programas 441.M y 441.O del Ministerio de Fomento, relativos a subvenciones y apoyos al transporte marítimo y aéreo, y
nos decían cómo por un error, por un fallo técnico, el proyecto de presupuestos de este año no contiene esta subida del 33 al 38 por ciento. Ahora bien, una cosa es que no la contengan y otra es la voluntad, y se viene repitiendo profusamente en el
Partido Socialista que van a presentar una enmienda y que en 2005 habrá una subida efectiva del 33 al 38 por ciento.
En medio de este enredo, uno se pregunta qué podemos decir los demás.
Supongo que, para empezar, deberíamos decir lo que los ciudadanos de las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla deben estar diciéndose con evidente satisfacción si
tienen noticia de este debate, que no saben a quién querer más, si a papá o a mamá, si al PP o al Partido Socialista Obrero Español; porque los dos están más que deseosos de cumplir unas mismas promesas electorales y de otro signo hechas por uno de
los partidos. En fin, dejemos que digan esto los habitantes de esos sitios.
¿Y qué se supone que debemos decir los demás -insisto-, los que estamos más o menos en medio de este enredo? Por nuestra parte, procuraremos no perder demasiado tiempo ni
esfuerzo en este tema, y vamos a decirles que sí a ustedes, vamos a decir que sí a la enmienda que en su día presentará el Partido Socialista Obrero Español y vamos a decir que sí, por supuesto, a la proposición no de ley de Coalición Canaria, que
eso es seguramente lo que los canarios harían con naturalidad: decir que sí a los que tanto les quieren y con tanta premura quieren atender sus necesidades. De forma que, al menos nosotros, un grupo que no tiene ningún compromiso con ningún otro
grupo en este tema, podemos decir que sí a todo, y no tenemos ninguna razón para decir que no a algo que todo el mundo desea que sea en beneficio de los canarios, de los ceutíes, de los melillenses y de los habitantes de las Islas Baleares. Con
enredo o sin él, que lo disfruten cuanto antes y que por nosotros no quede.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, enlazo, si él me lo permite, con la última declaración que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco: por nosotros tampoco quedará.
Hoy mi grupo se congratula de que exista en esta Cámara unidad para un objetivo final: que
se produzcan estas reducciones en las tarifas.
Oímos a todos los grupos parlamentarios, y la música que oímos nos agrada.
Y nos agrada especialmente por los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, de Ceuta y Melilla, y de manera muy especial también (continúa su intervención en catalán,
cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'i molt especialment, pels companys de las Illes Balears, amb els que tenim una evident proximitat'.) Desde esa proximidad, señor presidente, vamos a votar lo mismo
que votamos el pasado 5 de octubre en el Senado. El texto que hoy se nos plantea es idéntico. El 5 de octubre votamos que sí, hoy votaremos que sí, como votaríamos que sí también al planteamiento que se nos hace por parte del Grupo Socialista en
forma de enmienda o por parte del Grupo de Esquerra Republicana o por parte del señor Rivero, como no podía ser de otra forma, de Coalición Canaria. Compartimos ese objetivo, lo que queremos en definitiva es que se cumpla, y quizá el debate de hoy
lo que pretende al final es saber quién se apunta la medalla parlamentaria. A nosotros no nos preocupa quién va a llevarse esa medalla parlamentaria sino que realmente esos compromisos, algunos de ellos asumidos por el presidente del Gobierno,
caminen en la buena dirección y pueda existir un compromiso de esta Cámara en esta línea. Por tanto, votaremos lo mismo que votamos el pasado 5 de octubre en el Senado, votaremos
que sí a esta proposición no de ley, esperando que finalmente ese compromiso de reducción de tarifas pueda verse claramente materializado en los compromisos temporales que cada grupo ha expresado hoy aquí.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Salom, ¿tendría la amabilidad de decirnos las enmiendas que acepta o rechaza?
La señora SALOM COLL: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular no acepta las enmiendas que plantean los distintos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación del punto número II del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Esquerra Republicana, Izquierda Verde y Mixto sobre la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Vamos a votar la proposición
no de ley originaria con las enmiendas que han sido incorporadas del Grupo Vasco, del Grupo Mixto y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 183; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
En segundo lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la adopción de las medidas necesarias para el incremento hasta el 50 por ciento en el porcentaje de las subvenciones al transporte
aéreo y marítimo para los residentes en las comunidades autónomas de las Islas Baleares, Islas Canarias y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La votación se hará sobre el texto de la proposición no de ley en sus términos originales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 151; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la proposición no de ley se considera rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR, A CORTO Y MEDIO PLAZO, EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS QUE PADECE CATALUNYA, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN
DE UN 'PLAN CATALUNYA DE INFRAESTRUCTURAS'.
(Número de expediente 173/000029.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa
adoptar el Gobierno para paliar a corto y medio plazo el déficit de infraestructuras que padece Cataluña mediante la presentación de un plan Catalunya de infraestructuras. Para su defensa tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.)
Señorías, ¿qué les parece si permiten seguir el debate? (Continúan los rumores.) Señorías, por favor, tomen asiento y vamos a continuar con el debate de las mociones.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor Jané.
¿Aquellos diputados de la escalera del lado izquierdo serían sensibles a las amables palabras del presidente?
Muchas gracias.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado miércoles en el Pleno de la Cámara y con la presencia de la ministra de Fomento se desarrolló un importante debate sobre el nivel de inversiones de Cataluña, sobre lo que nosotros hemos venido afirmando a la vista del
diagnóstico de las cifras que tenemos en los distintos ejercicios presupuestarios, que son cifras oscilantes dependiendo del ejercicio, pero que la propia Cámara de Comercio de Barcelona ha calificado claramente de déficit histórico en materia de
infraestructuras para Cataluña. Es cierto, señor presidente, señorías, que cada año durante el trámite presupuestario debatimos el nivel de inversión y se plantea muchas veces un esquema mercantilista. Ya están desde Cataluña pidiendo más
inversiones, como si se estuviera pidiendo algo que no corresponde a Cataluña por su nivel de renta, por su nivel de población y por su contribución global al PIB. Lo que pretende nuestra moción, que va al hilo de lo que llamamos plan Cataluña de
infraestructuras, lo que pretende Convergència i Unió es un compromiso global, dejar el día a día de la negociación proyecto a proyecto y buscar un compromiso global. Este era el interés de Convergència i Unió a la hora de plantear la interpelación
y los 14 puntos que la acompañan. Más que buscar partida a partida queríamos buscar grandes objetivos globales, esta era la intención de Convergència i Unió, pero bajo un parámetro importante. El plan Cataluña supone que Cataluña debe tener en los
presupuestos una participación global en las inversiones equivalente a su peso en el PIB, al peso del PIB que Cataluña tiene en
el conjunto del Estado más un punto adicional -lo reclama la propia Cámara de Comercio de Barcelona- para superar los déficit que venimos arrastrando desde los últimos 25 años. No se trata aquí de culpabilizar a nadie ni de contrastar
cifras en los presupuestos, puesto que podríamos entrar en un largo debate sobre cuál es el nivel de inversión en un ámbito y en otro y quizá nos pondríamos de acuerdo o quizá no; no se trata de ir buscando ese regateo puntual, sino de buscar un
compromiso global. Esta era la intención de Convergència i Unió al presentar la moción y por tanto el primer gran punto que hoy sometemos a votación, el punto 1, apartado 1, se refiere al compromiso durante los próximos cuatro años de destinar a
Cataluña un porcentaje global de las inversiones en infraestructuras no inferior, como media global, al peso económico que Cataluña tiene en el conjunto del PIB más un punto adicional que equilibre ese déficit histórico. Este es el planteamiento.
En ese marco global detallamos algunos compromisos sectoriales importantes, importantes también en la línea que apuntaba la propia ministra y que habíamos compartido en la Comisión de Fomento: la necesidad de buscar alternativas a los peajes.
Cataluña es un país de peajes, en Cataluña se pagan peajes y hay escasez de autovías. Si comparamos Cataluña con el resto del territorio, en Cataluña hay un déficit de autovías libres de peaje, por lo que lo que nosotros pedimos son alternativas a
las vías de peaje, el desdoblamiento de las principales vías. Está la N-340, la N-II hasta la frontera francesa y hay muchos otros proyectos, pero no se trata tanto de detallar como de comprometer objetivos. Y está también la construcción de ejes
orbitales, algo a lo que aquí cada uno le da un matiz y sabemos cuál es el matiz que para Convergència i Unió tiene pedir ejes orbitales, ya que hay una discrepancia en el tema del cuarto cinturón. Para nosotros el cuarto cinturón es una prioridad
de vertebración del país, de vertebración de Cataluña, por lo que entendemos prioritario que lo que ya estaba en el presupuesto el año pasado se llegue a ejecutar en el presupuesto de 2005 y, evidentemente, que continúe el proyecto del cuarto
cinturón. Para nosotros esto también es una prioridad, como lo es también la cuestión de la eliminación de los llamados puntos negros y el cumplimiento de todos los plazos en materia de alta velocidad. Llegamos a unos compromisos importantes que
yo celebro a través de una interpelación y moción subsiguiente de mi grupo que llegó a buen término en el Pleno del Congreso el pasado semestre. Así pues, en materia de alta velocidad hay también unos compromisos y debe haberlos, señoría, en un
tema que es importantísimo: el ferrocarril de cercanías.
Entendemos claramente insuficientes las dotaciones que en materia de cercanías están contempladas en los presupuestos para el año 2005, por lo que pedimos un impulso para el ferrocarril de
cercanías que debe pasar por nuevas líneas y en Cataluña claramente por nuevas actuaciones prioritarias. Yo quiero recordar aquí a Lluis Recoder, que fue excelente diputado en esta Cámara, alcalde de San Cugat del Vallés, el cual reclama la línea
que debe unir el Papiol con el Mollet pasando por San Cugat. Y hay otras vías orbitales que para mi grupo son importantes: el tren orbital Mataró-Granollers, el tren orbital Granollers-Sabadell y el tren orbital Tarrasa-Sabadell. Hay muchos más,
pero no se trata ahora de irlos detallando uno a uno, sino de llegar con esta moción a un compromiso global, a un compromiso que después podremos ir detallando y cumpliendo, pero hay que buscar a través de esta moción ese compromiso global. Como lo
es en materia de aeropuertos, como lo es en materia de puertos, como lo es también en la preservación del Delta del Ebro. Entendemos que hay una ejecución de obras pendientes en el Delta del Ebro, y aquí deberíamos encontrar también un compromiso
de futuro entre todos. Como lo es también la canalización de las rieras. En el Maresme está pendientes la canalización de tantas y tantas rieras. Como lo es en infraestructuras culturales. Como lo es también en el llamado plan del Delta del
Llobregat.
Por tanto, esta moción -termino ya, señor presidente, porque los portavoces nos hemos impuesto cumplir los tiempos en las mociones, y así lo voy a hacer- pide ese compromiso de futuro, ese plan Cataluña de futuro, con ese nivel global de
inversión; que se reconozca el PIB catalán en el conjunto del Estado, más ese punto adicional, para superar esos déficit y para no seguir, ejercicio tras ejercicio, efectuando un cierto mercantilismo desde Cataluña como que siempre se está
pidiendo.
No, se pide siempre lo que entendemos que en derecho y por el peso de la población y del PIB de Cataluña y porque es motor de la economía del Estado nos corresponde.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané, por su pulcritud en el tiempo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción hay un turno de cinco minutos.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Intentaré también cumplir con el tiempo de forma tan escrupulosa como lo ha hecho el portavoz de Convergència i Unió.
Nuestro grupo ha planteado muchas enmiendas -el Grupo de Convergéncia i Unió lo ha podido ver- desde un punto de coincidencia y desde muchos puntos de discordancia. ¿Cuál es el punto de coincidencia? Hay necesidad en Cataluña de una mayor
inversión. Cataluña, en los últimos años, ha tenido menor inversión de la necesaria y, sobre todo, más que menor inversión de la necesaria, la inversión que ha tenido ha estado mal orientada. Nuestro grupo parlamentario ha denunciado en muchas
ocasiones que han puesto todos los huevos en el cesto del AVE y casi ninguno en la necesidad del tren de cercanías. Por eso, nuestro grupo, en primer lugar, lo que ha querido es sustituir enmiendas que creemos que están mal orientadas.
El señor Jané empezaba su primera reivindicación con la necesidad de grandes líneas orbitales, concretamente el cuarto cinturón, con el que desde el Grupo de Izquierda Verde, y concretamente desde Iniciativa per Cataluña Verds, discrepamos
profundamente. La necesidad que tiene Cataluña no es sólo de mayor inversión, sino de que esta inversión sea de mayor calidad. Y hay un punto de coincidencia. Nuestro grupo cree que en estos presupuestos -y es uno de los temas que estamos
discutiendo con el Grupo Socialista- hace falta una mayor apuesta por el tren de cercanías y por el tren convencional. Esta es para nosotros una de las prioridades que debería entenderse en un modelo de infraestructuras distinto.
Yendo al grano, nuestro grupo tiene otro elemento de discordancia con lo que plantea el grupo proponente. El elemento de discordancia es en la política del agua. Difícilmente podemos hacer una política del agua en el área de Barcelona que
lo que haga es suplir el trasvase del Ebro por el trasvase del Roine. Es absolutamente contradictorio con la nueva cultura del agua. Por ello, hemos planteado una enmienda que va en el sentido de sustitución. ¿Cuál es, por tanto, nuestro
objetivo? Nuestro objetivo es que haya un compromiso del Congreso con una mayor inversión en Cataluña, pero sobre todo con una mejor orientación de la inversión en Cataluña.
Nosotros coincidimos en un elemento con Convergència i Unió: con la
necesidad de mayor inversión, pero el problema está en que si esta mayor inversión se diese y Convergència i Unió liderase esta mayor inversión, nos acabaríamos encontrando con que esta mayor inversión volvería a ser tan desacertada como lo ha sido
en los últimos años, desde nuestro punto de vista, como se puede imaginar. Por eso tenemos un punto de coincidencia, pero les tengo que decir que no nos une con ustedes el mismo modelo de inversiones que necesita la economía catalana. La economía
catalana necesita más recursos para el tren y más recursos para el transporte de mercancías por ferrocarril. Necesita conseguir que funcione la línea Papiol-Mollet -que usted no señalaba como prioritaria, pero que nosotros creemos que sí lo es-,
que funcione la línea Lleida-Manresa, que se desencalle la línea Barcelona-Puigcerdá y que podamos hacer proyectos para aquel ferrocarril que utiliza el 98 por ciento de los usuarios, frente al 2 por ciento que utiliza el AVE, y para aquel
ferrocarril que transporta mercancías. De esta manera, conseguiremos que haya un plan de infraestructuras no sólo con más dinero, sino con dinero mejor invertido.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señorías, señor Jané, señores del Grupo de Convergència i Unió, tienen toda la razón sobre el déficit en infraestructuras en Cataluña en los 25 últimos años. Bienvenidos al club de los que hace
años hablamos sobre el expolio en Cataluña, aun cuando hasta hace pocos meses nos decían todo lo contrario. ¿Cómo presentaron el acuerdo entre el conseller Homs y el ministro de Economía, señor Rato? ¿Por qué aprobaron los últimos presupuestos del
Estado si estos generaban tal déficit que hoy un periódico catalán advertía que, según un documento que facilitó el señor Durán i Lleida, la liquidación de los presupuestos de 1997 a 2003 sólo fue del 6,60 por ciento en Cataluña? Han pasado pues de
la mejor de las arcadias a descubrir una realidad cruda, adversa y amarga.
He empezado, señor diputado, afirmando que usted y su grupo tienen toda la razón, pero con la misma contundencia tengo que decirle que no tienen ninguna legitimidad histórica para plantear esta moción. De su grupo parten las pautas de
financiación que configuraron el actual estatuto de autonomía. La mayoría de los presupuestos que se han aprobado en esta Cámara en los últimos 25 años, bajo diversos gobiernos, han tenido el voto favorable de Convergència i Unió. ¿Es que este
déficit real se ha generado en una noche por obra y arte del diablo? ¿Es que los presupuestos de estos años anteriores, a los que ustedes dieron soporte, no engendraron el déficit cuya existencia denuncian hoy? Señor Jané, el déficit en
infraestructuras que padece Cataluña es tan acentuado y enorme que, seamos conscientes, ni con el presupuesto de 2005, ni con los presupuestos de esta legislatura se podrá paliar. Precisaremos un nuevo estatuto, con poder real de ordenación del
territorio y decisión sobre los grandes ejes de infraestructuras y con una nueva y suficiente financiación. Tenemos que tener el poder de ordenación.
En los presupuestos que nos presenta el Gobierno para el año 2005 la cuantía que se destina al eje mediterráneo en Cataluña ferroviariamente no es el 1,5 por ciento, sino por mil. La ministra nos dijo aquí que íbamos hacia la España en red,
que se abandonaba el concepto de la España radial. Sin embargo, estos presupuestos no lo reflejan en absoluto: el 1,5 por mil en el eje mediterráneo. La prioridad absolutamente por el TGV se eleva al 90,7 por ciento de las inversiones
ferroviarias en Cataluña.
Podríamos estar de acuerdo en casi todas las enmiendas y propuestas que nos ha presentado. Ya sabe que nuestras enmiendas hacían referencia a tres puntos, pero no sé si con ellas vamos a poder paliar el déficit que tiene
Cataluña. Yo le propongo que se una en los trabajos, en los esfuerzos para ver si en estos presupuestos de 2005, en los futuros y en la redacción del nuevo estatuto y la nueva financiación podemos corregir este déficit histórico que se ha acumulado
en 25 años.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender sus enmiendas tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se va a producir un momento triste porque podíamos haber alcanzando un consenso en esta materia y me temo que no va a ser posible.
Y va a ser una lástima porque, como se ha dicho ya por otros intervinientes que han intervenido
antes y hoy lo ha dicho el propio proponente de la moción, todos coincidimos en el diagnóstico. Todos estamos de acuerdo en que ha habido una inversión insuficiente en Cataluña. Todos estamos de acuerdo en que ha habido una baja ejecución.
Es
verdad, también, que la moción que nos propone en este acto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene una buena concepción desde el punto de vista de lo que debe ser una propuesta ordenada. Sin embargo, una vez hecho el diagnóstico
el señor Jané ha dicho: No vamos a buscar responsabilidades. Claro, porque ahí ya entramos en un terreno en el que no vamos a buscar responsabilidades ¿Por qué? ¿Porque todos las tenemos y porque quizás no se le puedan achacar sólo al Grupo
Socialista? También estamos de acuerdo en las cifras evidentemente. Aquí se ha citado una vez más el informe de la Cámara de Comercio de Barcelona. Se ha citado por el interviniente inmediatamente anterior a mí, pero no por el señor Jané, un
estudio que se ha publicado hoy mismo, en el que parece ser que el origen está en el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el que dos profesores de la Universidad de Barcelona han hecho un estudio de la ejecución de los presupuestos
entre los años 1997 y 2003, que demuestra que la inversión pública en Cataluña ha sido del 6,6 por ciento entre esos años. Y entre esos años yo siento mucho recordarlo, pero no puedo dejar de hacerlo, que mi grupo no votó ninguno de esos
presupuestos. No los votó porque estaban impregnados de demagogia y propaganda, como los hechos han demostrado más tarde y en cambio sí que fueron votados por Convergència i Unió. Y a mí me parece que esas cosas hay que decirlas. En el pasado se
habrán hecho cosas malas, es verdad, pero tengo que decirles a los señores de Convergència i Unió que entiendo que una vez que uno se libera le entra una angustia vital y todo lo quiere el primer día, todo lo quiere en el primer presupuesto.
Señorías, va a haber más presupuestos en esta legislatura y en este presupuesto se hace una inversión de la tendencia tan tremenda como que aquí se han elaborado cifras. Podemos discrepar en las cifras, pero seguro que hasta Convergència i Unió
estará de acuerdo en que es superior al 6,6 por ciento la inversión que se destina a Cataluña en este año. Por tanto, les digo que efectivamente se ha hecho una llamada a la responsabilidad de todos. En fin, tengámosla todos, hay más presupuestos
de los que podremos hablar en el futuro.
Aquí nosotros hemos vivido mucho tiempo que Convergència i Unió se llamaba a sí mismo el grupo decisivo en Madrid. Decisivos en Madrid fueron para los presupuestos buenos, serían para los presupuestos malos, pero me reconocerán que es una
notoria injusticia que se reclame en este momento a este Gobierno, que está elaborando su primer presupuesto, que lleva seis meses en el Gobierno, lo que fueron incapaces de reclamar en el pasado. A pesar de ello, todas las obras que el señor Jané
ha citado aquí, todas están en el presupuesto, todas tienen una consignación y sabe el señor Jané que podremos discrepar seguramente en el monto de esa consignación, pero sabe él igual que yo que como vivimos las consecuencias de los años de
demagogia y de propaganda que decía antes, hay muchas obras que no han pasado jamás del estudio informativo y, por tanto, algunas tendrán que entrar en fase de proyecto.
Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas en las que hemos intentado colaborar a ese principio que ha inspirado la moción de Convergència i Unió y les hemos propuesto cuando hemos hablado con ellos, lo decimos hoy aquí, que colaboren
en el plan estratégico de infraestructuras de transportes que va a elaborar este Gobierno. Nosotros vamos a presentar a esta Cámara un plan estratégico de infraestructuras que va a ser claro, transparente y en el cual van a poder opinar los
diversos grupos políticos. En cambio aquí hemos vivido muchos años de las rentas de un hipotético plan de infraestructuras 2000-2007 que jamás pudimos conocer, que jamás pudimos opinar sobre él. Por tanto, les digo que nuestras enmiendas van en
ese sentido: hay un reconocimiento claro de que estamos ante una deficiente inversión en Cataluña, eso es cierto; todos estaremos de acuerdo, creo que hasta el PP podrá estar de acuerdo en eso, pero de lo que ya discrepamos es en cómo lo
arreglamos. Ustedes quieren en un primer año que este Gobierno se comprometa a que en cuatro años, año tras año, va a hacer lo que ustedes hoy nos exigen en la moción. ¿Y ustedes a qué se comprometen? Porque si nosotros decimos: En cuatro años
vamos a hacer...¿De eso no nos movemos? ¿No aplicamos otro criterio al presupuesto que la población y el PIB? ¿No hay otros criterios que pueden incidir en la inversión? Yo les llamo a la reflexión, sé que son personas que las cosas las piensan y
actúan en consecuencia. Si así lo hacen esta tarde seguramente aprobarán nuestras enmiendas y podremos construir una moción que va a ir en beneficio de las inversiones en Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cunillera.
¿En turno de fijación de posiciones? (Pausa.)
Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, consecuentemente con la interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para
paliar, a corto y medio plazo, el déficit de infraestructuras que padece Cataluña mediante la presentación de un plan Cataluña de infraestructuras, debatimos hoy una moción en la que el grupo proponente intenta establecer una serie de principios y
de compromisos del Estado, con los que entiende
que se respondería a la situación que con amplitud y profundidad plasmó y analizó el diputado Jané i Guasch con motivo de la interpelación.
Mi grupo nada tiene ni que añadir ni que quitar a la descripción y al análisis que de la situación de las infraestructuras de Cataluña hizo el diputado de Convergència i Unió, descripción y análisis que, por lo demás, como estableció con
claridad en su discurso -y hoy lo ha vuelto a hacer el propio diputado- están muy lejos de ser cosecha propia y exclusiva suya, lo son, como recalcó, del conjunto de las fuerzas políticas catalanas y de un amplio número y una variada serie de
fuerzas económicas y sociales de Cataluña. En resumen, se trata de un análisis y no menos de una reclamación inmensamente mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Mi grupo tampoco tiene intención alguna de entrar ni a añadir ni a
quitar nada del texto de la moción de Convergència i Unió. Todos los principios en ella establecidos tienen sentido; ninguna medida de las que recoge la moción está fuera de lugar, aunque tenga que tener una aplicación más o menos flexible. Que
la suma o la integral de los principios y de las medidas que propone constituya una receta adecuada para resolver el problema de las infraestructuras de Cataluña es algo que a este grupo se le escapa y que no va a entrar a valorar, pero en esto nos
fiamos de Convergència i Unió y por lo mismo lo apoyaremos.
En todo caso, no quisiéramos dejar pasar esta ocasión sin trasladar aquí una reflexión que nos preocupa y de la que queremos dejar constancia ante el conjunto de la Cámara para que también tenga conocimiento de ella el Ejecutivo. El
Gobierno, en concreto el Ministerio de Fomento, viene anunciando con profusión su intención de elaborar y aprobar antes de que finalice este año, en Consejo de Ministros, y presentarlo aquí en el Congreso para su eventual aprobación por esta Cámara,
un plan estratégico de infraestructuras de transporte. Por lo que conocemos y por lo que queremos entender, el plan recogería la visión y los compromisos que no ya el actual Gobierno sino también los diversos gobiernos que pueda haber en el tiempo
de vigencia del plan se comprometerían a llevar a cabo en tanto dicho plan no sea modificado en la perspectiva, como mínimo, del medio plazo. Por lo mismo, en ese plan es donde deberán recogerse buena parte de las medidas que la moción que hoy
debatimos propone para Cataluña. La principal razón por la que mi grupo apoya la moción presentada por Convergència i Unió tiene mucho que ver justamente con este hecho. Con razón y con visión de futuro Convergència i Unió con su moción de hoy
lanza un mensaje al Gobierno: Haga usted de una vez un plan, pero no lo haga desde su propia, particular y solitaria visión de las necesidades infraestructurales, haga un plan a medio plazo, haga un plan alejado de coyunturas políticas, de
regateos, de improvisaciones permanentes, de este caos en el que al parecer -uno al menos tiene esa impresión- se encuentra hoy el Plan de infraestructuras del Estado; hágalo, muy al contrario, entendiendo y atendiendo a los planteamientos y
reclamaciones que tiene usted, por ejemplo, en Cataluña, hágalo, por lo mismo, atendiendo a la sociedad catalana y en el seno de la misma a sus fuerzas políticas, económicas y sociales. No lo haga en solitario sino de forma compartida. Ese es el
mensaje central que entendemos nosotros que significa la moción de hoy de Convergència i Unió y es el mensaje, en cualquier caso, que nosotros deseamos subrayar. Porque el mismo mensaje vale como principio general a la hora de recoger y analizar
las necesidades infraestructurales de todo el Estado, no sólo de Cataluña.
Dicho con otras palabras: no hay plan de infraestructuras estratégico del Estado -en el ámbito del transporte- que merezca la pena, al menos en un Estado que algunos
podemos creer que debe ser realmente autonómico, al margen de un plan de Cataluña, de un plan de Galicia y de un plan de cada una de las comunidades autónomas. Sería un error hacerlo al margen, porque sería, al menos en muchos casos, hacerlo al
margen de las fuerzas políticas, de las institucionales, de las económicas y sociales de dichos territorios, de sus visiones y de sus planteamientos. El buen plan, el único buen plan es el plan que sea capaz de integrar esas visiones. Ese es, así
lo entendemos nosotros, el mensaje central de esta moción, o al menos es el mensaje que mi grupo, el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, quiere trasladar a esta Cámara y al Gobierno con el voto, que hoy va a ser favorable, a la moción presentada
por Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, de la interpelación debatida el pasado día 6 de los corrientes parecía desprenderse que el grupo proponente, Convergència i Unió, exigía del Gobierno medidas para la elaboración de un plan de infraestructuras
para Cataluña. La moción presentada, sin embargo, desde nuestro punto de vista hace un planteamiento muy distinto.
Tal y como se plantea, supone un condicionante para el Plan estratégico de infraestructuras del transporte que, según han dicho la
semana pasada los altos cargos del ministerio, se está elaborando ya en coordinación con todos los gobiernos de las comunidades autónomas, con lo cual parecería aquí redundante. No obstante, desde el Partido Popular entendemos que se haga una
moción tan minuciosa y tratando de concretar incluso cuestiones de detalle de las infraestructuras, porque lo cierto es que las actuaciones de las ministras de Fomento y Medio Ambiente, Medio Ambiente y Fomento, dejan mucho que desear en los meses
que están gobernando. La sensación de los ciudadanos, no solamente de los catalanes, sino de todas las comunidades y ciudades autónomas, es que la acción de Gobierno de estas dos ministras ha generado inseguridad, incertidumbre
y desconfianza, no teniendo nadie ninguna garantía de lo que va a pasar los próximos años con las inversiones en infraestructuras; por eso decimos que hasta ahí lo entendemos. También lo entendemos porque las expectativas y esperanzas que
podemos tener de este futuro PEIT son más bien escasas. En primer lugar, es claro que no responde al programa con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones. La misma noche del 14 de marzo desapareció de su página web. En segundo
lugar, ya estamos viendo que el Gobierno está utilizando las inversiones para el pago de peajes e hipotecas a los partidos que lo apoyan. En tercer lugar, porque el propio PEIT ha sido ya desnaturalizado con el Plan extraordinario de carreteras
que, todavía sin financiación y sin coherencia territorial conocida, ha interrumpido, después de haberse presentado los presupuestos, en lo que es el debate de las cuentas del ejercicio próximo, en lo que sin duda, y con todos mis respetos, es la
más descabellada y mayor improvisación de inversiones que hayamos visto jamás. En cuarto lugar, todo es una pura contradicción. Nada se puede hacer sin el PEIT, sin embargo el PEIT se va a presentar después de los presupuestos, pero antes se
aprueba el plan extraordinario el cual forma parte del PEIT, todo ello sin saber cuáles son los principios del PEIT y sin saber cuáles son las inversiones definitivas. Pura entelequia y puro embrollo, galimatías y falta de criterio. Mucho talante
y poco talento.
Yo le he dicho ya al señor Jané que muchos de los planteamientos singulares el Partido Popular los comparte, no los vamos a repetir, no sólo porque formaban parte también de nuestro programa electoral, sino porque han formado parte de
políticas activas y de inversión de las últimas dos legislaturas. No obstante, parece que hay quien quiere echarle la culpa solo al Partido Popular de las desgracias o de los déficit de infraestructuras que, por cierto, en todo el territorio
nacional se encuentran. No conozco a nadie que esté satisfecho con sus infraestructuras y no conozco a nadie que diga que no necesita más de las que tiene. Por tanto, hay un cuadro, que hay que enseñar, de cuál ha sido la evolución de las
inversiones del Partido Socialista hasta el año 1995, qué supone el proyecto para el año 2005 y cuál ha sido la evolución de las inversiones del Partido Popular. Porque es muy bonito hablar de que son los primeros presupuestos, es muy bonito hablar
de que no hay nada más que estudios informativos y proyectos, pero evidentemente para poder hacer una obra hay que hacer un estudio informativo y hay que hacer un proyecto, y la manifestación de la voluntad de querer hacerlo está precisamente en
tener los proyectos hechos. Yo no puedo ir diciendo que voy a hacer esto y lo otro y ni siquiera encargar los estudios informativos y los proyectos. Por tanto, por un lado, esta cuestión y, por otro, las acusaciones de centralismo que se nos están
haciendo y que incluso prensa -que aquí se ha utilizado pero no se ha dicho cuál es la letra pequeña-, en el propio estudio y en la propia publicación de la prensa se reconoce que faltan las inversiones correspondientes nada más y nada menos que al
AVE, es decir, que estamos ante un estudio parcial. Y lo cierto es que el desequilibrio o el centralismo en las inversiones en Cataluña se ha producido, en principio, hasta el año 1995. Del año 1990 a 1995 las inversiones en Cataluña eran el 8,93
por ciento y en Madrid el 11,08 por ciento. Incluso en el año 1992 se producía ese desequilibrio a favor de Madrid. Pero a partir de 1996 hasta 2000 se invierte la tendencia y en esta primera etapa de 1996 a 2000 hay un 11,83 por ciento de
inversiones en Cataluña y un 9,98 por ciento de inversiones en Madrid.
En 2001 y 2002 el 18,6 por ciento era para Cataluña y el 16,29 por ciento para Madrid y así se hubiera seguido manteniendo si hubiera seguido ejecutándose el Plan de
infraestructuras de transportes 2000-2007 del que a nadie le gusta hablar pero, como siempre digo, las infraestructuras son muy elocuentes aunque no hablan, porque están ahí para que los ciudadanos las utilicemos. Por tanto, que esas inversiones,
que en el ejercicio 2004 han llegado hasta el 17,41 por ciento, ahora caigan al 15,5 por ciento desde luego no es culpa del Partido Popular.
Hay algún planteamiento -y quiero acabar, señor presidente- que rompe los esquemas de los partidos que tienen conceptos europeístas de la solidaridad, la cohesión y la vertebración territorial. Creo que la Cataluña que el señor Jané dibuja
no es la Cataluña que exporta al resto del Estado bastante más de lo que compra de él. Esta no es la Cataluña en la que se han volcado puntualmente inversiones a la medida de las necesidades de su política o bien autonómica o bien de expresa
vocación estatal. No es la Cataluña que conecta España con Europa y que está a la vanguardia del progreso de nuestro país. Cuando vivimos en la Europa de la solidaridad, que se está consolidando en gran medida por la aplicación de los fondos de
cohesión de los países ricos a los países pobres -y precisamente el crecimiento de estos países pobres ha propiciado un mayor crecimiento de los países que más han aportado-, no se puede entender que se pretenda, como regla fija e inmutable,
establecer que Cataluña reciba de los presupuestos no sólo idéntica cuota de su peso en el producto interior bruto sino incluso un punto más, como pretende la moción.
Desde mi grupo, señor Jané, compartimos la inquietud por el futuro de las inversiones en Cataluña, estamos muy preocupados por el parón en las inversiones en infraestructuras que se ha dado en los últimos seis meses, coincidiendo con el
Gobierno del Partido Socialista. También coincidimos con ustedes en la preocupación por saber cuál va a ser la política global de las infraestructuras y cuál es el camino que corremos para los próximos ejercicios, en los que podemos perder muchas
inversiones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.
Señor Jané. Su turno de aceptación de o rechazo de enmiendas.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, con muchísima brevedad.
Por parte del señor Andreu y de la señora Cunillera se ha hecho referencia a unos porcentajes del 6,6 por ciento en los últimos años. Las cifras pueden engañar, pero no tanto. El 6,6 por ciento es sin contar organismos autónomos, empresas
públicas; sin contar el GIF, sin contar Aena, sin contar los puertos, sin contar Correos, sin contar la depuradora del Baix Llobregat. Claro que llegan a un 6,6 por ciento. Si descuento esto del ejercicio 2005 llegaríamos a un 4,82...
El señor PRESIDENTE: Mi querido amigo, usted es un veterano parlamentario.
Está reabriendo el debate. Limítese estrictamente a decir si acepta o no acepta las enmiendas.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Estrictamente quería hacer una precisión, no leer un documento -que podría hacerlo, puedo pedir que se lea un documento-, para aclarar el porcentaje a que se refiere. Y ese porcentaje, aplicado a...
El señor PRESIDENTE: Insisto, señor Jané, por favor, acepte o rechace enmiendas. No reabra el debate porque, como usted sabe bien, si crea un turno de contradicción me obliga a reabrir el debate para todos los grupos parlamentarios. Son
las reglas del juego.
El señor JANÉ I GUASCH: En ningún caso quiero entrar en contradicción, sólo precisar esta cifra que sería del 4,82 por ciento este año. Pero sin hacer debate, como preferimos que se puedan votar los puntos por separado, si aceptáramos una
enmienda nos encontraríamos con que no podríamos hacer votación separada. Nuestro grupo coincide con muchas enmiendas de Iniciativa per Catalunya, con la práctica totalidad de enmiendas de Esquerra Republicana, con algunas enmiendas del Grupo
Socialista, pero si las aceptamos no podríamos hacer votación separada y preferimos hacer la votación separada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En el turno estricto de la contradicción sobre el porcentaje del 6 por ciento, ¿algún grupo parlamentario quería hacer sus precisiones únicamente sobre los porcentajes, sin reabrir el debate por otro lado?
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Intervengo simplemente, señor presidente, para decir que no me habré explicado bien. Yo he dicho que ese 6,6 por ciento que se deriva de unos documentos que suministra un miembro del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) se refiere al presupuesto ejecutado, efectivamente con excepciones. Es lo que he leído en la prensa porque no tengo los papeles ni el estudio. Si la prensa no lo ha reflejado bien, a lo mejor es que le han dado mal los
papeles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario? (Pausa.) Estrictamente sobre los porcentajes que han sido objeto de un debate contradictorio. Señor Ayala, nada más que para esto.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchísimas gracias, señor presidente, y circunscribiéndome a lo señalado, efectivamente coincide mi intervención con lo que el señor Jané ha dicho de la parcialidad absoluta de esos porcentajes, pero es más, el
conocimiento de la Cámara no debe quedar sustraído a que el señor Castell, consejero socialista de la Generalitat de Catalunya, directamente ha negado esos porcentajes del estudio y ha reconocido una mayor inversión en los presupuestos de los
ejercicios de los gobiernos del Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala. Así queda pues concluido este pequeño incidente.
Entiendo, señor Jané, que usted quiere mantener en sus términos la proposición no de ley. (Asentimiento.) Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA SOBRE LAS MEDIDAS Y PLAZOS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA HOMOLOGACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 69.1 DE LA LEY ORGÁNICA DE
UNIVERSIDADES (LOU). (Número de expediente 173/000030.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pues, pasamos a la segunda moción, la del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre las medidas y plazos que piensa adoptar el Gobierno en relación con la homologación de las retribuciones del
profesorado universitario al amparo del artículo 69.1 de la Ley Orgánica de Universidades. Para defender su moción tiene la palabra el señor don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, brevemente, la moción consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Pleno celebrado hace quince días tiene un objetivo: impulsar una serie de medidas que
tienen que ver con mejorar la calidad educativa. En la línea de los compromisos adquiridos en su día por el presidente del Gobierno en el debate de investidura y que concitó el apoyo mayoritario del Parlamento, existe claramente la apuesta por
mejorar el sistema educativo, la apuesta clara por más recursos para la financiación.
Decíamos el otro día en la interpelación que hay un leve repunte de esa intencionalidad en los Presupuestos Generales del Estado, sin duda insuficiente para las
necesidades que tiene el sistema educativo español y para que sea competitivo y de calidad, pero algunas
cosas apuntan en el buen camino como es todo lo que significa la mejora del sistema de protección de becas, aunque estamos muy alejados del 40 por ciento que llega la media europea, ya que está previsto para el año 2005 el 14 por ciento de
la población escolar con acceso a las becas.
Desde ese punto de vista hay que hacer un mayor esfuerzo, un esfuerzo importante sobre todo en la enseñanza universitaria. Decíamos que el señor presidente del Gobierno se comprometió el otro día en
Alicante a impulsar una serie de reformas que tenían que ver con mejorar el sistema de financiación de las universidades y dar estabilidad desde el punto de vista financiero a las universidades del conjunto del Estado. Pues bien, en esa línea
estaban los planteamientos que hacía el otro día Coalición Canaria, en esa línea están los planteamientos que hacemos hoy en la moción que vamos a someter a la consideración del Pleno de esta Cámara.
Avanzo desde ahora que hemos llegado a un
acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en una enmienda transaccional que pasa por tres cuestiones básicamente: primera, por el reconocimiento de que las retribuciones de los profesores funcionarios de las universidades es una competencia del
Estado. Es una cuestión clara y nítida porque, entre otras cosas, el conjunto retributivo de los docentes funcionarios del Estado español debe ser uniforme, tal y como se regula hoy mediante ley.
La segunda cuestión dentro del grupo de trabajo
constituido al objeto de proponer una serie de mejoras en el conjunto de las universidades españolas es una de las medidas que tiene que ver con el sistema de financiación universitario. Dentro de esas mejoras retributivas están, como no podía ser
de otra manera, las mejoras retributivas del personal docente de la universidad. Es una vieja reivindicación del profesorado docente en las universidades homologarse al resto de los funcionarios y es un planteamiento que el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria apoya decididamente, coincidiendo además en la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista respecto a las mejoras retributivas. La tercera cuestión tiene que ver con el papel, en un sistema de respeto y de lealtad
institucional, que corresponde a las comunidades autónomas. Éstas tienen asignado un papel de futuro que deben reservarse, y es la posibilidad de lo que se llaman retribuciones adicionales o complementos educativos. En ese sentido, el esfuerzo que
pueden hacer las comunidades autónomas para conseguir una universidad de más calidad y competitiva está orientado básicamente a lograr eso que tantas veces se dice y tan pocas veces se hace: una sociedad productiva, incentivar a aquellos que se
distingan en la calidad docente, ya que hablamos de las universidades, en la gestión o en aspectos como la investigación. Es decir, poder incentivar a aquellos profesionales que, además del cumplimiento de su trabajo, se distingan en esas tareas de
investigar y gestionar en nuestras universidades y que su trabajo docente sea reconocido en el sistema de evaluación que tiene el conjunto de nuestras universidades. En ese sentido, espero que la enmienda transaccional que vamos a presentar con el
Grupo Parlamentario Socialista tenga el apoyo mayoritario de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, hemos presentado una enmienda a la moción de Coalición Canaria. Respecto a la enmienda transaccional mantenida entre Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Socialista, nos parece muy
bien en el fondo y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que estamos totalmente de acuerdo con ella. El primer párrafo dice que esos cambios se exigen en el marco de la modificación de la LOU, y esto no es cierto. El artículo 69.1 da al
Gobierno la capacidad de plantear esos cambios. No sé por qué se pacta esa fórmula. ¿Quizá por una crítica a la LOU, por aplazarlo o por una promesa que, como en algún caso, quizá no se cumple? No lo sé. Si se quitara esa frase votaríamos a
favor, pero si no se quita nos vamos a abstener, porque con el fondo estamos totalmente de acuerdo. En el segundo párrafo de la enmienda transaccional, que se refiere al artículo 69.3, estamos de acuerdo, aunque repito que vemos ese problema. Es
más, en la enmienda que nosotros hemos presentado vamos más lejos. No solamente decimos que el Gobierno puede hacer ya y ahora, si tiene voluntad política, lo que se mantiene en el punto 1, sino que además nos referimos al artículo 69.2. Con el
69.2 se podrían incrementar los incentivos con fondos estatales y que esos incentivos buscaran aumentar la calidad. ¿A qué irían dirigidos los incentivos? Es obvio, a problemas de gestión, de docencia o de investigación, y subrayo la palabra
investigación. Acabo de decir sin ninguna acritud, como un comentario de pasada, que esta promesa se puede cumplir o no; hablando de investigación no tengo más remedio que referirme a una promesa no cumplida.
En el programa electoral del Partido Socialista se decía que el gasto público en I+D+I crecería un 25 por ciento en los capítulos 1 a 7 del presupuesto. El actual presidente del Gobierno, en el discurso de investidura, reiteraba ese 25 por
ciento remitiéndose literalmente al programa electoral del Partido Socialista. La realidad es que los capítulos 1 a 7 se han incrementado en el 8,8 por ciento, la tercera parte de lo prometido. Lo más curioso, por eso voy a las promesas quizá no
del todo incumplidas -lo digo como eufemismo-, es que en la presentación del presupuesto se quiso recuperar la cifra mágica del 25 por ciento con un doble juego de cifras: primero, sumando la cantidad en préstamos, pero préstamos es capítulo 8 y el
programa del Partido Socialista es muy claro en esto: incrementos en los capítulos 1 a 7, y segundo, diciendo: sin los gastos relacionados con defensa en I+D+I.
Pero, cuidado, esto no es por un problema ideológico, sino porque en defensa se
incrementaron esos gastos en menos y para que saliera otra vez el
25 por ciento también se tenía que eliminar eso. Luego, si ahí se ha incumplido una promesa muy importante para la universidad -también para otros sectores, pero especialmente para la universidad-, como era el incremento de la I+D+I en un
25 por ciento, alguna otra promesa como esta se puede cumplir o no, digámoslo con ese eufemismo.
Hay otra cuestión. No solamente en I+D+I, que afecta y mucho a la universidad, sino en el programa concreto de gasto público universitario, el programa que más afecta a la universidad, el gasto estatal para el año que viene en el proyecto
de presupuestos aumenta menos dos y pico por ciento. Compárenlo con lo ocurrido en los tres últimos años con el Partido Popular, en que el aumento en los presupuestos era de un 9 por ciento anual. Como es lógico, es un marco distinto en el que
hemos presentado nuestra enmienda.
Tengo que acabar refiriéndome a la contradicción que vengo observando, más que en el grupo proponente, en el grupo que ha presentado la enmienda, entre el lenguaje de las palabras y el lenguaje de los hechos. No quiero meterme ahora en el
marco general de si hay unos ministros que dicen una cosa y otros ministros que dicen la contraria -el mismo ministro dice una cosa, que luego parece que tiene fecha de caducidad según lo que dice unos días después-, sino solamente en lo que estamos
hablando. Me pareció muy interesante que en el programa socialista, en los temas de economía, que trabajé con especial intensidad, se hablara del cambio de modelo económico. Se decía que era un modelo económico mucho más intensivo en
investigación, I+D+I, en productividad, en capital humano. El problema es que en I+D+I hemos visto lo que ha ocurrido, la diferencia entre promesas y realidad. ¿Capital humano? Una parte importante del capital humano es la universidad y ya vemos
lo que ocurre en el gasto público. Se dirá que las materias están transferidas, sí, pero se lanza un mensaje: disminución del gasto público. Y en productividad la coherencia con el presupuesto es 0,2, una cifra que tendremos que repetir varias
veces. De forma que en algún grado aparece una contradicción literal entre el lenguaje de las palabras y el lenguaje de los hechos, al menos de los proyectos del presupuesto, etcétera.
Acabo diciendo que hay una bella frase, divertida, de Amado Nervo, que dice: la contradicción es una delicia intelectual. Yo tengo la seguridad de que este Gobierno tiene capacidad para muchas delicias, incluso para muchas delicias
intelectuales. Yo sólo le pediría que no siga reincidiendo tanto en la delicia intelectual de la contradicción.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna esta noche a defender la enmienda de sustitución que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la moción de Coalición Canaria sobre retribución del personal
docente funcionario universitario. Señoras y señores diputados, la moción que nos ha presentado Coalición Canaria, y que hemos llegado a transaccionar en el último momento, es consecuencia de la Ley Orgánica de Universidades; es consecuencia de la
farragosa situación en que nos ha tenido sumidos durante todo este tiempo la Ley Orgánica de Universidades en materia de retribución del profesorado.
Resultaba curioso oírle decir al señor Gámir en su intervención que podía suscribir esta
transaccional y apuntarse a ella siempre y cuando retirásemos la referencia a la reforma de la LOU. Señor Gámir, los socialistas ya hemos señalado en más de una ocasión -en nuestro programa y en nuestras declaraciones en esta Cámara- que tenemos la
voluntad de reformar la LOU precisamente porque queremos, entre otras cosas, reformar el título IX de esa ley para que se establezca un sistema de acceso a la actividad docente universitaria y ejercicio de la misma con las garantías de dignidad
económica que no tienen en este momento. También ha hecho referencia el señor Gámir en su intervención a las cuestiones presupuestarias. Simplemente quiero recordarle que la LOU se discutió en esta Cámara y que dicha ley no trajo ni siquiera una
memoria económica para sustentar las necesidades que conllevaba.
Como decía al principio, la LOU es una ley farragosa en esta materia que establece un régimen retributivo de carácter básico y uniforme para todos los profesores universitarios funcionarios -en el artículo 69 apartado primero-, que establece
un régimen de retribuciones adicionales y complementarias en el apartado segundo del mismo artículo 69, que establece además en el artículo 69 apartado tercero que las comunidades autónomas también podrán establecer retribuciones adicionales ligadas
a méritos docentes, de investigación y de gestión -lo que actualmente se denomina complemento retributivo-, y se dice que este complemento retributivo lo debe marcar el Consejo Social de las Universidades, a instancias del gobierno de la
universidad, mediante una asignación singular e individual. Fíjense en que he relatado la regulación de la LOU precisamente para que vean la dificultad y falta de claridad del régimen retributivo de los profesores universitarios.
En los prolegómenos de la reforma de la LOU los socialistas señalamos -se dijo aquí en su momento- que la reforma del título IX de profesorado de la vieja LRU era una de las cuestiones fundamentales a reformar. Hicimos nuestras propuestas y
las haremos nuevamente cuando se reforme esta ley.
La moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no nos gustaba tal como se nos presentó en un primer momento, y no nos gustaba por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque
planteaba una propuesta de solución inmediata de este problema que generan los complementos retributivos de las comunidades autónomas sin incluirlo en el marco de reforma de la LOU. Nosotros creemos que no podemos establecer un sistema de parches
nuevamente
en la LOU, que tenemos que ir a una reforma que regule el régimen de acceso y ejercicio de la Función pública docente. Por eso, porque no queremos un parche, no nos gustaba la propuesta. Tampoco nos gustaba la propuesta de Convergència i
Unió porque no quedaba suficientemente claro que la lealtad institucional que establece nuestra Constitución entre las relaciones de las administraciones es una lealtad de ida y vuelta donde las comunidades autónomas tienen competencias, pero
también deben asumir las responsabilidades derivadas de esas competencias. Nos parecía que eso no quedaba suficientemente claro y sí que nos parece que queda claro en este momento.
Para abordar la reforma de la LOU en el título IX, los socialistas pensamos que tenemos que empezar por elaborar un estatuto de la actividad docente universitaria en el que se hable del régimen del funcionariado, del régimen de los
contratados, del acceso a la función docente, la dedicación, las retribuciones, las incompatibilidades, los derechos y obligaciones de los docentes e investigadores, etcétera. Un régimen que se debe hacer desde la óptica de la suficiencia económica
para la financiación de esa reforma universitaria. Por tanto, los socialistas vamos a hacer una reforma de talante donde todas las administraciones (Estado, comunidades autónomas y universidades) participen y de talento también, esa palabra que
tanto le gusta al Partido Popular; una reforma donde realmente se afronten los problemas de la universidad pública para que la universidad de la Unión Europea esté en mejores condiciones en los próximos años.
Termino, señor presidente. En este contexto, creemos que la transaccional puede ser una solución con la que nos sentimos cómodos puesto que recoge la idea que presentamos en nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aranda.
Por Izquierda Verde, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser lo más concreta posible.
La moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria con motivo de la interpelación urgente del mismo grupo sobre la homologación de las retribuciones del profesorado universitario pone de manifiesto una realidad que de
manera reiterada ha sido denunciada por la comunidad universitaria y también por los representantes sindicales y las autoridades académicas; en definitiva, sintentizándolo quizá demasiado, sería la obsolescencia del modelo retributivo del
profesorado universitario, agravado por el desarrollo de la LOU.
La universidad, señorías, como sin duda todos y todas sabemos, es un sector muy dinámico que se ha transformado con gran velocidad en los últimos años y que presentará aún más cambios en un futuro próximo con el marco del espacio europeo de
educación superior. La adecuación a la normativa y a las exigencias europeas implicará reformas funcionales, organizativas y también estructurales en las universidades y las entidades relacionadas con la educación superior y la investigación.
Aceptemos, en primer lugar, que posiblemente el vigente Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, ya nació con mal pie, pues en él se establecieron como novedad dos complementos retributivos: el de
méritos docentes (quinquenios) y el de productividad (sexenios) En relación con el primero, el primer interrogante es lo adecuado o no de su denominación, pues si por mérito se entiende la consecución de unos logros de cierta relevancia en el ámbito
que corresponda nos encontramos con que no es éste el caso de dicho complemento, que en la casi totalidad de los casos se otorga de forma automática al cabo del periodo de cinco años, por tanto es similar al concepto de trienio. Tal y como se
explica y plantea una parte importante del colectivo de profesores universitarios, este complemento no ha servido en modo alguno no ya para reconocer méritos en la actividad docente, tampoco ha servido para incentivar una mejora de dicha actividad,
ya que la realidad cotidiana ha demostrado que las mejoras y los avances han llegado más bien por el voluntarismo y la vocación del profesorado así como también por algunas actuaciones sectoriales de las instituciones universitarias. Por otro lado,
si analizamos el complemento de productividad su nombre resulta igualmente inadecuado, pues de hecho se refiere exclusivamente a la actividad de investigación y nosotros entendemos la productividad, señorías, en un sentido mucho más global, más
amplio y más transversal. La aplicación de este complemento adoleció inicialmente de numerosas deficiencias que provocaron incluso recursos, algunos de ellos aún pendientes de resolver, como es el caso de la recuperación del primer sexenio. En la
práctica hoy se puede decir que muchos profesores ni siquiera solicitan acogerse a este complemento, quedando por tanto fuera del sistema por la falta de eficacia del mismo. Si hablamos de los complementos autonómicos, cabe decir que su reclamación
empezó mucho antes de su reconocimiento legal y que su diseño y aplicación ha sido ciertamente desigual, en algunos casos con carácter general y en otros se han otorgado relacionándolos con los complementos estatales, pero sin duda tampoco han
servido para aquello para lo que teóricamente habían sido creados, que en definitiva era para incentivar actuaciones y actitudes o reconocer méritos, además de reconducir un cierto efecto compensatorio sobre la territorialidad, aspecto este de gran
importancia que un día u otro tendrá que abordarse con rigurosidad.
Por todo esto, nos parece que la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, si bien anuncia parte del problema, no va a la raíz del tema y, por tanto, no resolvería de manera oportuna las necesidades siguientes: un
nuevo estatuto de la actividad docente y un nuevo modelo retributivo para el profesorado universitario, un nuevo modelo que debe adecuarse a las nuevas funciones del profesorado universitario; es
decir, debe diseñarse con visión de futuro. Debe ser un modelo flexible que responda a una retribución justa con carácter general y que permita, mediante indicadores correctamente evaluados, incentivar y reconocer actuaciones especialmente
meritorias en los diversos ámbitos de la actividad académica. Creemos que este modelo debe incorporar un componente por territorialidad para resultar justo desde diversos puntos de vista; debe ser un modelo negociado con los agentes sociales, las
universidades y las comunidades autónomas que permita conseguir sus objetivos a diversos niveles y ámbitos competenciales. Y para todo ello creemos que la manera más efectiva y más ajustada a nuestro ordenamiento jurídico sería que, en el marco del
proceso de modificación de la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno convoque de inmediato la mesa sectorial de universidades al objeto de negociar de manera seria y rigurosa la reforma del régimen de retribuciones del personal universitario.
Conocemos la enmienda transaccional a la que han llegado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Socialista y anunciamos que, ya que recoge en parte todo lo que esta diputada ha expuesto y la filosofía de lo que
realmente entendemos que es la raíz del problema, nosotros votaríamos favorablemente esta transaccional que se ha acordado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muy brevemente, señor presidente, a ver si podemos salir antes de las doce. Quisiera decir que no vemos claro el objetivo de esta moción, sinceramente. Si por una parte es, como parece que ha dicho el proponente,
aclarar quién paga qué, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, con el modelo de concierto económico, no hay transferencias del Estado y es la comunidad autónoma quien paga todo.
Pero si el tema es definir qué tramos y qué tipo de retribuciones
son financiadas por el Estado y cuáles por las comunidades autónomas, eso ya lo define claramente la ley y no creo que haga falta ningún tipo de pronunciamiento en ese sentido. Por cierto, no todas las retribuciones reguladas por el Estado son
uniformes, como lo atestigua el artículo 69.2 de la LOU. Y si en lugar de ser ese el objetivo es -también se ha dicho por parte del proponente- la apuesta por más recursos para la educación, entonces me parece que la proposición y el debate están
mal enfocados y habría que ir más a la raíz del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Por tanto, no compartiendo los objetivos que se han apuntado, no podemos apoyar esta moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Esquerra Republicana, señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Hace 15 días en una interpelación urgente el diputado, señor Rivero, partía de una situación conflictiva concreta, la que vive el profesorado universitario que ejerce en Canarias, para elevarse hasta un marco más general de reflexión y que
afecta al mundo universitario en su conjunto.
Valoramos positivamente algunos aspectos del contenido de la moción del Grupo de Coalición Canaria, pero objetamos, entre otros, que nos parece discutible solicitar del Gobierno que garantice que las
retribuciones complementarias de carácter autonómico que se asignen al profesorado universitario se concedan de acuerdo con criterios de mérito individuales de tipo docente, investigador o de gestión, criterio que evidentemente compartimos. Es una
competencia que la Ley Orgánica de Universidades atribuye a las comunidades autónomas y nos parece que no procede exigir la garantía del Gobierno. Teniendo en cuenta que se va a iniciar una modificación a fondo de la Ley Orgánica de Universidades
-compromiso adquirido una vez más por la señora ministra-, adquiere sentido la enmienda del Grupo Socialista. De hecho, nada impediría abordar inmediatamente la reforma del régimen retributivo -cosa muy necesaria-, pero nos parece razonable que la
reforma del régimen retributivo pueda demorarse algo en el tiempo y vincularla así al diálogo profundo e inherente al proceso de modificación de la LOU. De todas formas, la demora no puede ser larga. Conviene que el Gobierno sea consciente del
compromiso que ha adquirido en su programa electoral y de las dificultades que ha expresado muy a menudo el profesorado universitario.
Más allá de los puntos de encuentro que hemos manifestado con la moción del Grupo de Coalición Canaria y la enmienda del Grupo Socialista, Esquerra Republicana quiere insistir en la importancia de lo que enuncia el primer párrafo del punto
segundo de la moción: la exigencia de que el Estado se haga cargo de las retribuciones derivadas del ejercicio de sus competencias, algo que no ha venido ocurriendo siempre. Dicho de otro modo, se han tomado por el Gobierno decisiones de
incrementos retributivos o compensaciones adicionales, pero no han ido acompañadas de los recursos económicos para hacerlos efectivos. El agravio a determinadas universidades ha sido evidente en los últimos años. Dicho esto, nos parece que la
transacción requiere los mínimos para ser aprobada y votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.
Por último, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Convergència i Unió comparte la preocupación que subyace en la interpelación que realizó el Grupo de Coalición Canaria y que ha concretado en esta moción que estamos ahora debatiendo. Una preocupación por dar una pronta respuesta a la
situación del régimen retributivo
del profesorado universitario de todo el Estado y que parte de una realidad, tal como se recoge en el llamado informe Bricall, y es que la retribución que percibe el profesorado universitario en España es realmente muy baja, equivalente
quizás a la que recibe en Turquía y desde luego muy alejada a la de los países de nuestro entorno.
Como se ha aludido aquí y se conoce sobradamente, para ir compensando o paliando esta situación se han ido añadiendo complementos de cuantías relativamente también muy bajas por los conceptos de calidad en la docencia e investigación.
Complementos que se concedieron por el Estado, hace ya unos años, y a los que se han ido sumando los que las comunidades autónomas se han visto obligadas a incorporar para mitigar la justa y desatendida demanda de mejora salarial, hasta el punto de
que, como muy bien exponía el señor Rivero en la interpelación, se han ido confundiendo las cosas, porque en este momento los complementos autonómicos aparecen más como un complemento salarial que como un incentivo para la calidad.
Por esta razón
están apareciendo reivindicaciones para que estos complementos sean consolidados, lo cual además de suponer un esfuerzo económico imposible por desmedido para las comunidades autónomas, está ciertamente desnaturalizando los auténticos objetivos de
los complementos docentes que son los de incentivar la calidad, la investigación y la gestión. Por tanto, y por su propia naturaleza, no pueden ni deben ser consolidables. Para clarificar la actual situación, muy acertadamente a nuestro modo de
ver, la moción de Coalición Canaria instaba al Gobierno a que abordara sin demora la reforma del régimen de retribuciones del profesorado funcionario de universidades, para de esta manera dar respuesta por una parte a la justa demanda de mejora
salarial y, por otra, para clarificar que estos complementos retributivos autonómicos quedaran claramente vinculados a los objetivos de calidad de la enseñanza y se concedieran de acuerdo a méritos individuales, objetivos que, como ya he dicho,
Convergència i Unió comparte.
A esto podría objetarse, como ha hecho el Grupo Socialista, que, habiéndose anunciado ya por el Gobierno que se va a abordar una reforma más amplia de algunos puntos de la Ley Orgánica de Universidades, es en esta reforma en la que deben
participar todas las administraciones donde se debe debatir y abordar un nuevo modelo de retribución que sustituya o modifique el contemplado en el artículo 69 de la actual LOU, una objeción que a nuestro modo de ver no carece en modo alguno de
fundamento. Nos alegra que Coalición Canaria haya podido llegar a un acuerdo transaccional en relación con la enmienda que ha sido presentada por el Grupo Socialista, puesto que la aprobación de este texto supondrá un claro mandato para abordar en
el marco de esta reforma por un lado la mejora del régimen retributivo y, por otro, quede claramente especificado que los complementos autonómicos tienen una naturaleza incentivadora y por lo tanto no consolidable. Como se ha aludido aquí tanto por
la diputada García como por el representante de Esquerra Republicana, esta moción no aborda en su globalidad ni desde un punto sustantivo ni de lealtad institucional el problema de la financiación, pero nos parece un paso adelante y por lo tanto
anunciamos nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Señor Rivero, turno de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, intervengo para hacer valer la enmienda transaccional que hemos presentado junto al Grupo Parlamentario Socialista. Dado el asunto del que estamos hablando, nos gustaría que el Grupo Parlamentario
Popular se sumara a este acuerdo. Sabemos que está conforme con las dos cuestiones más importantes, que son la mejora del sistema retributivo para los funcionarios docentes de la universidad y la clarificación del asunto de los complementos. Hay
algún aspecto que no le complace, pero espero que el Grupo Parlamentario Popular reflexione de aquí hasta el momento de la votación y se sume a ello. La enmienda que mantenemos es la transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Rivero. Así lo plantearé, si le parece bien, en el momento de la votación, preguntando a la Cámara si algún grupo se opone. Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS REGULADORES Y LA IMPLICACIÓN EN EL EQUILIBRIO TERRITORIAL DE SUS DECISIONES. (Número de
expediente 173/000031.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio
territorial de sus decisiones.
Para defender la moción, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, vamos a defender aquí la moción subsiguiente a la interpelación que sustanciamos en el Pleno pasado con el vicepresidente del Gobierno, señor Solbes. La interpelación que presentó el Grupo de Esquerra
Republicana perseguía básicamente el cambio de un modelo que hemos definido
como radial a un modelo multipolar. Lo que deseamos son diferentes centros territoriales con capacidad de innovación, con capacidad productiva, un Estado en red, en malla, así se ha definido. Pero la realidad de los últimos 15 años, y
sobre todo de estos últimos 8, es que más que la malla, la red, hemos tenido un exceso de inversión o de decisiones políticas que provocaban que el centro acababa comiéndose a la periferia.
Y poníamos diferentes ejemplos. No sólo el proceso de
privatización de empresas antaño públicas, sino también la creación de organismos reguladores a partir de la liberalización de diferentes mercados, la alta concentración de la investigación, el desarrollo y la innovación o las decisiones que se han
tomado con la concesión o el permiso administrativo del Estado a diferentes grupos económicos para operar en sectores regulados, que también han adoptado decisiones que han tenido mucho que ver con esta centralización.
Nuestra moción va en la línea de cambiar el modelo. Y cambiar el modelo implica lo que en la pasada legislatura este mismo grupo pidió desde esta tribuna: crear un plan para la descentralización de las agencias reguladoras y de sus
respectivas sedes entre las capitales de las distintas comunidades autónomas, bajo los criterios de especialización de los sectores estratégicos de cada territorio. Aquí hay un debate nominalista sobre si la palabra es deslocalización o
descentralización.
Hay quien podría aducir que la palabra deslocalización sería lo más correcto, podríamos compartirlo; pero también es verdad que a veces al criterio de deslocalización se le puede unir un ápice de eficiencia, una cuestión
relativa, porque si un órgano regulador o una empresa bajo el régimen de concesión, o un centro de innovación y desarrollo ya está radicado en un territorio, es evidente que el criterio de eficiencia ya está en marcha. De lo que estamos hablando
aquí es de una descentralización que cree un modelo multipolar. En primer lugar, pues, la necesidad de descentralizar o deslocalizar, lo que definiríamos como las agencias reguladoras que tienen un grave efecto sobre el territorio, porque a nadie
se le escapa que la Comisión del Mercado de Valores, la Comisión de la Energía, la Comisión de las Telecomunicaciones, el Tribunal de Defensa de la Competencia u organismos que no entrarían en este epígrafe, pero que podrían tener un trato similar,
como el Tribunal Constitucional, son elementos fácilmente descentralizables, porque hoy las nuevas tecnologías, las comunicaciones, tienen que permitir que otra ciudad que no sea la capital del Estado tenga la sede de estas agencias.
En segundo lugar, el segundo punto de nuestra moción trata de evitar lo que hemos podido definir y que en Cataluña hemos vivido como el síndrome Retevisión, y perdónenme la expresión. Con esto nos referimos al efecto de que en su momento la
sede social de este grupo, fruto de la privatización de aspectos hasta ahora regulados desde el punto de vista público, se ubicó en Barcelona, pero se creó una subsede en Madrid. Y lo que acabó pasando es que la política estratégica y corporativa
se definía desde la subsede de Madrid y la sede de Barcelona acabó siendo un escaparate. De lujo, seguramente, en una gran avenida de Barcelona, pero un escaparate. Al final, el realismo se impuso, se cerró la sede oficial de Barcelona y este
grupo, en una decisión privada sobre la que nada tenemos que objetar, se instaló en la capital del Reino. ¿Qué estamos pidiendo en este segundo punto de la moción? Que se evite esto. Si este plan avanza y hay un proceso de creación de una
estructura multipolar, que no haya vuelta atrás, que no dependamos de coyunturas o de que si se genera una subsede, como alguien apuntaba desde alguna agencia reguladora -tener subsedes en la capital del Reino-, habrá siempre un punto de retorno que
nosotros no compartimos. Si avanzamos hacia un esquema multipolar, que es el más competitivo, y se ha demostrado el mejor entre los diferentes polos de desarrollo que puede haber en la Península y en otras zonas del Estado, es evidente que no puede
haber marcha atrás.
En tercer lugar, una propuesta para que las comunidades autónomas tengan también representantes en los consejos y dirección de las agencias reguladoras. Alguien podrá argumentar que este elemento no es por representación, pero a nadie se le
escapa que hoy por hoy quien decide la composición de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de Telecomunicaciones o de la de la Energía es el Gobierno. Y sería lógico que aquellos gobiernos de aquellas comunidades autónomas que tengan
un peso específico en un ámbito, pongamos por ejemplo dentro del sistema bursátil, las cuatro ciudades que disponen de sistema bursátil que forman parte del mismo, tengan representación en el seno de la Comisión del Mercado de Valores. Lo mismo
podríamos decir a partir del peso de la distribución, la producción y la comercialización energética que pueden tener diferentes territorios. En cuarto lugar, se impulsará una distribución territorial más acorde con la especialización en la
inversión y en los organismos de investigación.
Los fondos y las ayudas para la investigación, el desarrollo y la innovación tienen que estar al lado de los sectores productivos y en las universidades donde se lleva a cabo. A veces existe la sensación de que las nuevas tecnologías
permiten crear polos de desarrollo de I+D en lugares alejados de los centros productivos. Creemos que no es así, sino todo lo contrario. Hay que acercar a los centros productivos las inversiones en I+D. Finalmente, es necesario que las futuras
licencias para nuevos operadores estén sometidas a regulación o concesión bajo el criterio de especialización y descentralización de sus respectivas sedes.
Estamos diciendo que cuando sea necesario crear nuevas concesiones u operadores sometidos a
regulación se tenga en cuenta este criterio.
También se podría decir que las directivas europeas son contrarias a que este aspecto territorial pese en la decisión de la Administración del Estado al ver qué efecto tienen sobre el territorio, pero la
experiencia nos dice que no es así, pues después de las directivas hemos visto como se han
descentralizado algunos de los grupos que han sido fruto de esta concesión o desregulación.
Por estas razones creemos que es una propuesta abierta -hay diferentes enmiendas y luego me definiré sobre ellas-, que consideramos fundamental para dar el primer paso hacia un modelo multipolar. Un modelo multipolar es el que permite la
creación de riqueza en los diferentes puntos y competir entre sí. Este es el futuro que nos aguarda en Europa. En Europa no hay un diseño pensado para que todos los centros de decisión y de poder estén en Bruselas o en Estrasburgo, está pensado
para que cada Estado tenga agencias y organismos de forma descentralizada o deslocalizada. Ese es el futuro de Europa y debemos acometerlo. Por estas razones, el Grupo de Esquerra Republicana ha presentado esta moción, para que las diferentes
capitales puedan ser sedes, puedan ser capitales productivas sin tener esa sensación radial de Plan Redia en blanco y negro, que es más objeto del NO-DO que del futuro y del siglo XXI.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda orientada a complementar algunos aspectos relevantes de la moción del Grupo de Esquerra Republicana. Estamos totalmente de acuerdo en los aspectos fundamentales,
aunque tenemos que añadir que nuestro grupo parlamentario ha presentado diferentes iniciativas legislativas que van en la misma dirección. Como no podía ser de otra manera, vamos a votar favorablemente esta moción presentada por el Grupo de
Esquerra Republicana de Cataluña. Me imagino que su portavoz dirá en el turno correspondiente si van a aceptar o no las enmiendas que hemos presentado.
Nuestro grupo parlamentario considera que la política el Gobierno español en cuanto a la ubicación de las diferentes sedes y sus organismos debería ser concordante con la práctica que existe en muchísimos países de la Unión Europea. Con
excepción de Francia, la mayoría de países de la Unión Europea va en la dirección de la descentralización de los organismos reguladores. Esta descentralización tendría que hacerse en estrecha colaboración con las diferentes comunidades autónomas y
entes locales.
Debería procederse, a nuestro entender, a la descentralización de las sedes de los organismos dependientes de la Administración del Estado.
Convergència i Unió opina que con ello se podría asegurar una mayor liberalización en el
mercado que sería más eficiente, así como también una liberalización más real y una competencia más efectivas en todos los mercados: financieros, energéticos y gasísticos.
En esta Cámara ya existe un precedente. En la sesión del 15 de marzo de 2001 la Comisión de Ciencia y Tecnología, con ocasión del debate de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, aprobó por unanimidad de todas las
fuerzas políticas presentes en la Comisión compartir la conveniencia de distribuir los órganos que ejercen las competencias públicas en materia de telecomunicaciones entre las diferentes comunidades autónomas, atendiendo especialmente al desarrollo
e implantación de la sociedad de la información en cada una de ellas. El actual Gobierno socialista ya ha manifestado su decisión de trasladar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a Barcelona, ciudad que es sede de muchas compañías del
sector. También hay un aspecto relevante de la moción que ha presentado Esquerra Republicana de Catalunya, en el sentido de que si se procede a la descentralización de dichos organismos reguladores en ningún momento se crearán subsedes que
contemplen algunos de los aspectos de la entidad en cuestión. Esto está relacionado con algunas manifestaciones de dirigentes relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones en el sentido de que están echando leña al fuego para
evitar el cambio de ubicación de la sede actual de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) contempla la necesidad de distribuir los órganos que ejercen las competencias públicas en materia de control entre las diferentes comunidades autónomas, propuesta que redundaría en una
mayor pluralidad, en una mayor transparencia, independencia y equidad de los órganos y agencias reguladores de los diferentes mercados sectoriales. Por este motivo vamos a votar favorablemente esta propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por Esquerra Republicana. Paso a fundamentar las razones y el contenido de esta enmienda.
El Grupo Parlamentario Socialista en coherencia con el programa electoral, con nuestro contrato con los ciudadanos; en coherencia con el modelo de Estado que definimos en la declaración de Santillana; en coherencia con nuestras
intervenciones en la pasada legislatura comparte una visión de España que hemos formulado con la expresión de España plural. Supone una visión que asume la diversidad como un valor positivo, como un factor generador de riqueza. En consonancia con
nuestra posición en el tema que hoy nos ocupa, la localización territorial de determinadas instituciones, el vicepresidente
segundo del Gobierno defendió claramente la semana pasada nuestra posición en términos de apostar decididamente por un modelo multipolar; un modelo del que hoy tenemos embriones, hoy tenemos algunos elementos. Tenemos, por ejemplo, una red
de ciudades con grados de especialización relevantes, tenemos una distribución vertical del poder político, pero no es suficiente.
Hoy presentamos una enmienda a la moción de Esquerra Republicana.
Compartimos los rasgos generales de la moción, puesto que, como he indicado anteriormente, la idea matriz formaba parte de nuestro programa electoral. Compartimos el fondo
de la moción y apostamos en nuestra enmienda por precisar mejor, por clarificar el compromiso de este Parlamento con un modelo multipolar; un modelo, como he señalado, generador de riqueza y de desarrollo económico y social. Para ello proponemos
cuatro grandes líneas estratégicas. En primer lugar, y en línea con lo ya avanzado hace un tiempo por el ministro señor Sevilla, continuar con el proceso que se ha iniciado con la decisión relativa al traslado de la CMT a Barcelona, un proceso que
debe conducir a una localización policéntrica de los organismos reguladores. Y porque nos preocupa que todavía existan en determinados territorios niveles de concentración de mercado en torno al 80 por ciento, básicamente, el sector eléctrico,
apostamos por que esta ubicación territorial se haga atendiendo a criterios de competencia. Son los usuarios, son los nuevos entrantes los que demandan una política de máxima competencia. Hay que garantizar condiciones regulatorias que generen
competencia.
La segunda línea de nuestra enmienda pretende reforzar la independencia de los organismos reguladores y supone, como bien se ha dicho, reforzar el profesionalismo. En esta dirección proponemos garantizar el papel del Parlamento. Por
cierto, estos días hemos podido leer las cartas que los presidentes de las comisiones del Parlamento Europeo han mandado a su presidente; pues bien, en ellas hay un buen ejemplo de una buena práctica que permite afianzar un papel del Parlamento y
no reducirlo a un mero trámite. Este proceso supone introducir transparencia y ésta permite un mayor control no sólo del Parlamento sino de la opinión pública. Es cierto que no hay un modelo que garantice la fiabilidad de la elección de los
mejores, pero hay mecanismos que lo facilitan y otros que van en dirección contraria.
La tercera apuesta está basada en consideraciones distintas porque la realidad afectada es distinta: los centros, los organismos públicos de I+D. Pues bien, aquí proponemos tomar en consideración la especialidad productiva de los
territorios como criterio a la hora de determinar su ubicación territorial.
Finalmente, conscientes de que el debate sobre la localización de sedes no se puede confundir con el equilibrio territorial, que tienen que existir condiciones de infraestructuras y de servicios que permiten el efectivo ejercicio de la
movilidad, la concepción de la España plural que defendemos, de la España en red que hemos explicitado anteriormente, nos lleva a postular que el otorgamiento de nuevas licencias en sectores regulados responda a requerimientos de equidad
territorial. No sólo se trata de encontrar instrumentos para impedir la brecha digital sino también de evitar nuevas fracturas territoriales. Equidad y eficiencia que son plenamente acordes con el derecho comunitario derivado que constituye, como
es bien sabido, el marco legal de estas licencias.
Por todo este conjunto de razones, pedimos ahora el voto favorable de la Cámara para esta propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Fernández Davila pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Malaret.
Los problemas del pluriempleo. Adelante, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Desde el escaño, quiero manifestar nuestro apoyo a la propuesta que se hace pero también de las enmiendas que presentamos. En los últimos años estamos asistiendo a un fuerte proceso de concentración de los centros de decisión económica,
aunque a veces ese proceso responde a decisiones autónomas de empresas. En el caso del Estado español el proceso de centralización en Madrid tiene su origen en políticas de los sucesivos gobiernos centrales, convirtiéndose en el verdadero factor
determinante para que se mantenga esa tendencia centralista. El ejemplo más revelador es el hecho de que todos los organismos reguladores de la economía, tanto los que existen como los que se han ido creando a través de la promulgación de sucesivas
leyes liberalizadoras de mercados, han instalado su sede en Madrid. Lo mismo sucede con las agencias y otras entidades autónomas dependientes de la Administración central, donde tampoco ha habido opción a situar algunas de ellas en otras ciudades
del territorio del Estado. Esa tendencia es contraria a lo que sucede en otros Estados descentralizados, Alemania Federal por ejemplo o en la propia Unión Europea. Desde el BNG apoyaremos esta moción que pretende invertir esa fuerte centralización
de los organismos reguladores, comenzando por proponer la reubicación de las sedes de algunos de ellos y otorgar mayor representación y presencia a las comunidades autónomas en sus órganos directivos. Es cierto que aprobar lo primero no sería
siquiera un atisbo de un proceso de descentralización de los organismos reguladores sino simplemente un cambio en la localización de sus sedes, que también es necesario abordar, aunque es una cuestión de menor relevancia, por lo que no bastaría con
adoptar medidas de esa índole para entender satisfecha la descentralización de los centros de decisión económica dependientes de la Administración.
El apartado tercero avanza un poco más y aunque no se cambia la dependencia única de la Administración central de los mismos, se avanza para propiciar una mayor participación de las comunidades autónomas para
evitar que decisiones tomadas por los mismos puedan seguir menoscabando sus competencias económicas. La idea que encierra esta propuesta es, a nuestro juicio, que la pluralidad del Estado español debe reflejarse también en su faceta
económica, pues desde el punto de vista de la distribución territorial del poder económico el Estado español es un Estado multipolar, con diversos centros de dinamismo económico, que no se ciñe exclusivamente a la capital o incluso a un puñado de
ciudades o comunidades autónomas. De ese modo nos parece urgente abordar tanto la descentralización de la localización de los organismos y agencias reguladoras como favorecer la participación autonómica en sus órganos de decisión recogiendo
expresamente, tal y como expresamos en nuestra primera enmienda, la facultad de tomar parte en las decisiones sobre la presidencia o dirección de sus consejos. Finalmente, se trata de adoptar una distribución territorial más equilibrada del gasto y
de los centros públicos de investigación, desarrollo e innovación, puesto que en la economía actual, basada en el conocimiento, la existencia de esos centros se convierte en una nueva fuente de ventajas competitivas y de dinamismo empresarial para
los diferentes territorios. Por ello nos parece oportuno que los organismos de I+D+I sean distribuidos con un criterio de reequilibrio territorial favoreciendo la diversificación. De ahí nuestra segunda enmienda, pues no existen razones
científicas ni económicas que puedan justificar la actual centralización de los gastos y organismos de I+D+I.
En suma, apoyaremos esta iniciativa pues pretende reforzar el reconocimiento del pluralismo económico y el equilibrio territorial, bastante debilitado por el excesivo celo centralista. Entendemos que esa concepción de diversidad y
multipolaridad reforzará el desarrollo económico y la cohesión política, social e institucional, además de respetar las competencias económicas de las autonomías, sobre todo las relativas a la planificación, reflejadas en el artículo 131 de la
Constitución, hasta ahora relegadas por las diversas actuaciones en materia económica adoptadas unilateralmente por los sucesivos gobiernos centrales. De ahí nuestra posición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señora Fernández.
¿Coalición Canaria? (Pausa.)
Izquierda Verde. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, nuestro grupo va a apoyar la iniciativa. Valora también de forma positiva las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y, por tanto, como no puede ser de otra manera, lo que hace referencia a
la interpelación y a la moción presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Tendremos que acompañar la moción con hechos, y seguramente van a ser lo más difícil de desarrollar, pero también creemos que hoy contamos en la Cámara
con la mayoría y la sensibilidad para que los hechos se den. Por tanto, nuestro grupo va a apoyar la iniciativa y a esperar que se acompañe de lo que ha faltado en los últimos años, de hechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Desde nuestro grupo parlamentario vemos con muy buenos ojos la iniciativa planteada hoy a debate por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Releyendo la interpelación de hace dos semanas coincidimos plenamente, tanto con el portavoz
de Esquerra como con el vicepresidente segundo, en que el futuro debe discurrir por el camino de la multipolaridad, atendiendo, eso sí, a criterios de eficiencia y no forzando las situaciones más de lo razonable. Por otro lado, el debate abierto no
se circunscribe a los órganos reguladores, sino que se refiere a todo el modelo de desarrollo territorial diferente del que se ha producido hasta ahora, y a ello apliquemos también criterios de racionalidad y eficiencia. El modelo radial de
kilómetro cero es un perjuicio no ya tan sólo físico sino incluso mental y con efectos sociológicos perversos.
Asociar Administración del Estado a Madrid de forma biunívoca no sé si beneficia ni a los propios madrileños. Que Madrid constituya el
kilómetro cero en cuestión de carreteras y autovías a la vez que en ferrocarriles de alta velocidad constituye, a nuestro juicio, un modelo errado y desequilibrado. En un futuro, espero que no muy lejano, puede ser que para ir en ferrocarril de
Bilbao a Barcelona lo tengamos que hacer a través de Madrid. Este es un debate necesario y de futuro en el que participaremos gustosamente.
Desde el Grupo Vasco estamos básicamente de acuerdo con lo planteado por Esquerra Republicana. Creemos, no obstante, que se puede ampliar el alcance de la moción incluyendo en ella no sólo a las agencias reguladoras sino también a agencias
de supervisión y vigilancia como Cores y otras. El punto 3 de la moción constituye -y quiero dejar constancia de ello- una demanda permanente de nuestro grupo parlamentario, también desoída y desatendida permanentemente. Es importante participar
activamente en todos aquellos órganos en los que se decidan temas que nos afectan directamente. En cuanto al punto quinto, no sé sinceramente si se pueden autorizar licencias y concesiones a ámbitos de sede social territorial. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, vamos a votar favorablemente esta moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Grupo Popular. Señor Folgado.
El señor FOLGADO BLANCO: Señor presidente, señorías, voy a ser breve y directo.
La moción presentada por Esquerra Republicana no puede tener nuestro voto favorable porque no conduce a los objetivos que se supone que pretende, que son la mayor eficiencia económica y el desarrollo territorial más equilibrado. Por el
contrario, la mayor injerencia política territorial directa o indirecta que se propugna, no sólo en las agencias reguladoras sino también en operadores sometidos a regulación con licencia, conduce a mayor desconfianza empresarial y desvertebración
del territorio. Debe quedar claro que no tenemos nada que objetar a un modelo descentralizado en cuanto a la localización geográfica de diferentes organismos y centros con capacidad de decisión en materia económica. Es más, puede parecer incluso
conveniente esta descentralización como contrapeso a las posibles tendencias concentradoras que se producen en las empresas para dar respuesta a los retos de la globalización de las relaciones económicas.
Pero si hacemos un análisis riguroso de lo
que ha sucedido en nuestro país durante las dos últimas décadas, y frente a lo que aquí se ha dicho, se puede comprobar que se ha llevado a cabo el mayor proceso conocido de descentralización política y administrativa, y de esta forma en España
tenemos en la actualidad uno de los modelos más descentralizados en la capacidad de decisión política en materia de transcendencia económica, y se están usando esas capacidades por los distintos gobiernos, autonómicos y locales, seguramente con
desigual acierto, pero en muchos casos de manera eficiente a la luz de los buenos resultados en cuanto a crecimiento, empleo y desarrollo regional. Desde la Administración central también se ha venido actuando en materia de infraestructuras para
favorecer el equilibrio económico territorial de España y el asentamiento de empresas con su poder de decisión en las distintas partes del territorio nacional. Saben muy bien SS.SS. que los últimos planes de infraestructuras están tratando de
compensar la histórica red radial de carreteras -aquí se ha hecho referencia a la red Redia de mi paisano Silva Muñoz, de Benavente-. Creo que se ha estado actuando de manera eficaz durante los últimos años para establecer un sistema de mallado que
debe favorecer una estructura multipolar de desarrollo económico, y lo mismo sucede con la red de puertos, aeropuertos, etcétera.
No vemos, señorías, de verdad, por qué es relevante el tema de la localización de los organismos reguladores para el mantenimiento del equilibrio económico territorial y la cohesión entre las regiones, salvo que se esté pensando en
injerencias de diverso tipo para beneficiar a una u otra comunidad autónoma en perjuicio de las demás. Estas agencias u organismos como la CNMV, la CMT, la Comisión Nacional de la Energía -CNE- o el Tribunal de Defensa de la Competencia deben
actuar con total autonomía, solvencia y profesionalidad para aplicar las reglas con neutralidad y transparencia en todo el espacio nacional, con independencia de dónde se encuentren ubicadas.
Créanme, señorías, que me ha sorprendido esta moción promovida precisamente por Esquerra Republicana sobre los órganos reguladores. Este partido está de manera explícita y sistemática haciendo manifestaciones y tomando decisiones en
Cataluña tendentes a romper la unidad del mercado español o utilizando los más diversos medios para ello. En ese sentido, lo coherente que cabría esperar de Esquerra Republicana es que solicitase tener sus propios órganos reguladores autónomos,
pero no que los actuales organismos nacionales, como los arriba mencionados, cambien de sede para que desde la nueva sede regional -se supone que también incluyendo Cataluña- se regulen y controlen actividades en todo el espacio español.
¿Están
ustedes cambiando de criterio? No estoy diciendo que no sea legítimo, por supuesto, lo que ustedes plantean, sino que no es coherente con su planteamiento político general y con las políticas que aplican o pretenden aplicar en Cataluña.
La enmienda de sustitución del Grupo Socialista, aunque corrige alguno de los aspectos más rechazables de la moción de Esquerra Republicana, sigue siendo inasumible por nuestra parte. Por ejemplo, se afirma en el punto primero que el
Gobierno continuará paulatinamente con el proceso de localización policéntrica de organismos reguladores bajo el criterio de conseguir la máxima competencia en los sectores objeto de supervisión y regulación por aquellos. Señores del Grupo
Parlamentario Socialista, ¿quiere esto decir que tales organismos modulan la aplicación del criterio de conseguir la máxima competencia en sectores y mercados en función de dónde estén sentados sus directivos? Está claro que este no puede ser un
criterio para plantear cambios de sede de órganos reguladores. Por otra parte y en relación con los organismos públicos de investigación, desarrollo e innovación, estos pueden entrar en un largo proceso de incertidumbre mientras se discuten
criterios que definan la especialización productiva de cada territorio en orden a decidir la localización de cada uno de estos organismos, sin que se pueda demostrar que van a ser más eficaces para sus fines por estar físicamente algo más cerca de
unas empresas.
No debe olvidarse, por último, que el replanteamiento de las sedes de los órganos reguladores debe hacerse en términos de eficiencia y de coste/beneficio. El cambio de sede de un órgano regulador genera graves problemas para buena parte del
equipo directivo y técnico que quizá no quiera o no pueda desplazarse, con la inevitable pérdida temporal de eficacia operativa durante el proceso de sustitución de personas y equipos. Ese coste debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar las
posibles ventajas de un cambio territorial de la sede de un organismo regulador.
Señores del Gobierno, centren sus esfuerzos en exigir que tales órganos mantengan su independencia, que estén bien dotados de medios materiales y humanos y que actúen con transparencia y neutralidad para todo el territorio nacional y estarán
ustedes contribuyendo a sentar las bases para que España en su conjunto siga avanzando en progreso y convergencia real, como lo ha hecho durante los últimos ocho años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Folgado.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Aceptaremos la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, porque refunde en esta propuesta las diferentes enmiendas que ha habido, tanto la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como la del Bloque
Nacionalista Galego y el Grupo Parlamentario Mixto, con lo cual, aceptando esta enmienda, quedarían subsumidas todas y el texto quedaría técnicamente mejorado.
El señor PRESIDENTE: Muy amable, así se hará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA BÁSICA RELATIVA A LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA CASTELLANA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. (Número de expediente 173/000032.)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de la normativa básica relativa a la enseñanza de la lengua castellana en la educación primaria y secundaria.
Para defender la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, señorías, el contenido de la moción -ya en esta sesión nocturna- que presenta el Grupo Parlamentario Popular es consecuencia de la respuesta o, mejor dicho, de la falta de respuesta de la
ministra de Educación y Ciencia a la interpelación presentada por mi grupo hace dos semanas. Tengo que decir que mi grupo se sintió profundamente defraudado por la intervención de la ministra y es porque resulta, más que sorprendente, inexplicable
que la titular de Educación del Gobierno de la nación no hubiera querido o no se hubiera atrevido en esta Cámara a emitir su opinión a la sociedad española sobre una cuestión de gran relevancia que nos interesa a todos.
Se trata de si para la
consecución de un objetivo que por las palabras de la propia ministra en la Cámara deduzco que compartimos, esto es, que el sistema educativo se ha de proponer que todos los alumnos alcancen el pleno dominio del castellano, lengua común -y me
interesa subrayar que la ministra utilizó también las mismas palabras de lengua común-, al final de la educación básica obligatoria, es suficiente que se impartan dos horas semanales en el horario lectivo, tanto en la educación primaria como en la
secundaria, máxime en aquellas comunidades bilingües que han establecido que la lengua vehicular para el resto de las asignaturas sea su lengua propia, la lengua cooficial distinta del castellano. Esta era nuestra preocupación y el fondo de la
cuestión. Esta situación, vuelvo a repetir, nos resulta profundamente insatisfactoria y hay que resolverla, pero la ministra no quiso pronunciarse sobre tan elemental cuestión.
Quiso escabullirse, como si de una trampa saducea se tratara, y se
refugió en un lenguaje leguleyo y burocrático para explicarnos algo que ya sabemos desgraciadamente, porque era el origen de nuestra iniciativa parlamentaria, que no se está cumpliendo de manera efectiva lo que establece la vigente normativa básica
en esta materia, que tiene el loable propósito de mejorar la enseñanza de la lengua y que dicta que se deben impartir al menos cuatro horas semanales de lengua castellana para que sea posible alcanzar ese objetivo que parece que compartimos y que
para nosotros es irrenunciable. Cuando uno no se atreve a pronunciarse ante cuestiones tan básicas demuestra una debilidad política y una falta de convicciones que nos tiene que resultar preocupante. Al final, a lo único que pareció comprometerse
es a informar de las futuras evoluciones de esta situación. Esta falta de compromiso ante una cuestión de la máxima importancia educativa sencillamente nos parece inaceptable. Esta forma de escabullirse de la ministra contrastó, por ejemplo, en la
misma sesión parlamentaria, con el comportamiento del ministro Moratinos, quien sí se mojó ante la cuestión suscitada sobre la celebración de la fiesta nacional en la embajada de La Habana al anunciar una nueva política de apaciguamiento con la
dictadura castrista. En el caso del ministro Moratinos quedé muy preocupado por lo que dijo, pero al menos los españoles salimos de aquella sesión sabiendo a qué atenernos, sabiendo qué funestas consecuencias tendría esa nueva política, pero
reconozco que en el caso de la ministra de Educación salí igual de preocupado y, además, sin saber a qué atenerme. No me podía conformar con ser informado de las futuras evoluciones de esta situación.
Señor presidente, estos son los antecedentes a partir los cuales mi grupo presenta hoy esta moción. Es una moción que pretende expresar la voluntad política de la Cámara ante un hecho de capital importancia para nuestro presente y nuestro
futuro, la voluntad de preservar nuestra comunidad lingüística española, que se ha forjado a lo largo de los siglos y que ha de ser una de las bases esenciales de nuestra convivencia. Es una comunidad lingüística que, como todos sabemos, está
caracterizada por la existencia de una lengua común y que se enriquece con unas lenguas propias habladas en diferentes comunidades autónomas que, conforme a la Constitución, son también lenguas oficiales en aquéllas. Es un deber de todos preservar
y fortalecer esta comunidad lingüística y hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que esta rica realidad pueda recibir menoscabo por la pretensión de convertirla en una amalgama de singularidades y es un deber de todos los poderes
públicos, desde el Gobierno de la nación hasta los de las comunidades autónomas, porque tal comunidad es un elemento constitutivo de nuestra realidad nacional y de su continuidad
histórica, nos beneficia a todos y no perjudica a nadie. Por ello, debemos considerar como obligación prioritaria transmitir tan rico legado a las futuras generaciones, no perderlo.
En particular, yo deseo -y me dirijo fundamentalmente a los bancos socialistas- que el Partido Socialista se pronuncie con claridad, no de modo vergonzante, sobre esta cuestión, haciendo honor a su trayectoria histórica. ¿O es que también
aquí estamos ante una revisión de su identidad? Disponer de una lengua común que además tiene alcance universal, que supera en nuestro mundo, cada vez más abierto e interdependiente, barreras geográficas y da mayores oportunidades a quienes la
hablan, constituye un interés de todos, pero especialmente de quienes tienen en su trabajo, en su formación, la fuente de sus oportunidades. Así lo entendía, por citar tan solo un ejemplo, el dirigente socialista catalán en la II República Fabra
Ribas, quien consideraba la enseñanza del castellano como algo a lo que no podía renunciar la República -decía- 'so pena de faltar a uno de sus más sagrados deberes, especialmente por lo que se refiere a los trabajadores'. Yo creo que esta
posición, en palabras de Fabra Ribas dichas con sencillez y claridad, es de sentido común, es la expresión y la defensa de una idea que todos podemos asumir y compartir. Sí, el objetivo que todos podemos compartir es lograr que al final de la
educación básica obligatoria se consiga el pleno dominio, que responda a las necesidades de todos los ciudadanos del siglo XXI para comunicarse y desarrollar su vida profesional, de las lenguas oficiales de las diferentes comunidades y para servir a
este objetivo está cabalmente el sistema educativo. El castellano no debe ser solo la lengua de recreo.
Debilitar nuestra comunidad lingüística nos empobrece a todos, pero no nos podemos engañar, hay algunos que perderán más con ello, como decía
Fabra Ribas.
El señor Canet Coma hablaba en la Comisión de Educación sobre este asunto, con cortesía parlamentaria que le agradezco, de vivir sólo en catalán o vivir sólo en castellano. No estoy de acuerdo, señor Canet, con esta dicotomía, con este
antagonismo, si es que usted lo planteó como tal.
Reconociendo, respetando y amando el hecho que es decisivo y vital para cada persona de tener la lengua materna, la realidad nos demuestra que es posible superar esa dicotomía y que es bueno y
beneficioso hacerlo. Por eso el sistema educativo tiene una gran responsabilidad y por eso resulta evidente que la situación actual no es satisfactoria, y debemos cambiarla. Atrévanse a reconocerlo, señores del Grupo Parlamentario Socialista.
Saben dónde está lo razonable y lo sensato y saben a quiénes van a perjudicar si no se modifica la actual situación, porque la cuestión, la pregunta que no quiso contestar la ministra aquí es insoslayable, aunque hoy a lo mejor -o a lo peor- también
quede sin respuesta. Por eso les pido a todos el voto favorable a la moción.
Haríamos todos un gran bien a todos los escolares de España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nasarre.
Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra en primer lugar y por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
A esta hora avanzada de la noche, espero que podamos aclarar con cierta serenidad algunas cuestiones a todos los señores y señoras diputadas de la Cámara. Está claro que en el Estado español hay más de una comunidad lingüística; sin duda,
existen varias comunidades lingüísticas, algunas de ellas son bilingües, otras, a pesar de ser bilingües, prefieren en todo caso una identificación mayor con la lengua propia del país, pero en todas las ocasiones y mayoritariamente, la cuestión de
la lengua va en gran parte adherida a una cuestión de carácter territorial. En segundo lugar, habría que preguntarles a todos y a todas ustedes quién tiene problemas de transmisión a las futuras generaciones. Desde luego, el castellano o español,
en absoluto. En tercer lugar, deberíamos considerar con ponderación que el sistema educativo es un lugar muy importante para el aprendizaje formal o escrito de un idioma, pero no es hoy en absoluto el lugar central ni siquiera de perfeccionamiento,
no digamos ya del idioma oral sino de un conocimiento cabal de un idioma que debe ser ante todo utilizado si quiere tener la riqueza expresiva suficiente. Por tanto, hoy el problema en el sistema educativo para todos los idiomas del Estado español
sería en todo caso que estamos en una sociedad muy condicionada por los medios audiovisuales, una sociedad perfectamente antifilosófica, que escribe poco y que lee mucho menos. Con estos condicionantes, es difícil tener una competencia plena, sobre
todo de carácter escrito, en una lengua determinada, por muy protegida que esté.
Pero en todo caso, señorías, el peligro de transmisión, es decir, la falta de competencia lingüística en términos mayoritarios, se podría dilucidar con la siguiente
pregunta: ¿cuántos catalanes saben leer y escribir en su idioma? ¿Cuántos catalanes hablan, leen y escriben en español? El resultado sería pasmoso y además edificante para que no tuviésemos que tener aquí este debate. No voy a hacer el
interrogatorio respecto del euskera, porque los resultados serían no ya pasmosos sino alarmantes a pesar de la buena política lingüística del Gobierno vasco.
Pensamos, pues, que estamos ante una obsesión, ante una preocupación por algo que, desde luego, no tiene trascendencia fundamental para un idioma como el español, con siglos de historia de dominio sobre los demás pueblos, con un aparato del
Estado que sigue funcionando hegemónicamente a su servicio y con una economía y un proceso transnacionalizador que, al margen de la voluntad de los gobiernos de Cataluña o de Euskadi, siguen imperando profundamente frente a esa voluntad política
que, por cierto, tiene en la escuela catalana o vasca uno de los medios de expresión con los que proteger en cierta manera al idioma propio.
Observarán, señorías, que estoy dejando para el final el caso de mi país, donde nos podríamos preguntar qué está pasando con la transmisión generacional que tanto parece preocupar al Partido Popular. Pues bien, hablemos de lo que está
pasando. Da la casualidad de que precisamente ayer se publicaban los datos del Instituto Gallego de Estadística, que es un instituto perteneciente a la Administración autonómica gobernada por el Partido Popular. El resultado es el siguiente. El
castellano se impone y es ya el idioma mayoritario entre los más jóvenes. Por primera vez en la historia, el gallego deja de ser la lengua hegemónica de los habitantes de Galicia. La población adolescente tiende a ser monolingüe, según se
desprende de la encuesta elaborada por el Instituto Gallego de Estadística, y daba los siguientes datos. Un 84,86 por ciento de los gallegos escribe habitualmente en español y un 14 por ciento lo hace en gallego; mientras que el 80,95 de los
gallegos entienden mucho el gallego hablado, solamente el 2,8 por ciento lo entienden poco o nada, pero prácticamente no lo escribe nadie y empieza a ser ya la lengua mayoritaria de uso en la sociedad el español. ¿A quién tenemos que proteger? ¿De
qué continuidad generacional y de qué comunidad lingüística estamos hablando?
Señorías, pensamos que un mínimo de ponderación, un mínimo de equidad debería de llevar a no intentar matar moscas con cañones de grueso calibre, y la verdad es que la realidad lingüística en el Estado español hoy es la que es. Por tanto,
invitamos al Partido Popular a no exagerar las situaciones que se están produciendo y en todo caso a animar a los españolhablantes de territorios no solamente hegemónicos sino unilingüemente españolhablantes a que por lo menos se les pueda dar la
posibilidad de conocer como asignaturas el gallego, el catalán y el vasco. Tengan por seguro que el español no corre ningún peligro. Queramos o no, tenemos que saberlo, es ineludible, no podemos abstraernos de una realidad que nos meten por los
ojos, por los oídos, por los medios de comunicación, por todas partes, señorías. En la escuela de mi país ya ven cuál es el resultado. No se respeta ni la legalidad vigente de marco autonómico. ¿Y quieren ustedes inundar aún más el país con
axiomas favorables precisamente a la pérdida de nuestra identidad propia? Señorías, no podemos concordar con esto y por eso hemos presentado esta enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda, señor Tomás García.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo por primera vez ante esta Cámara y es para mí un honor hacerlo para hablar de educación en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, no ha dejado de tener vigencia aquello de que la lengua condiciona la aprehensión del mundo. Con ello hoy no queremos llegar al punto de afirmar que la moción que ha planteado el Grupo Popular sobre la aplicación de la normativa
básica de la lengua castellana en las etapas obligatorias tenga algo que ver con el principio de la relatividad lingüística, pero de no ser así me temo que la lengua castellana que aprendió el partido proponente de esta moción tiene muy poco que ver
con el castellano que hoy se aprende en la diversidad de tierras de España.
No encuentro otra explicación al hecho de la insistencia en este asunto tras su debate en Comisión y en Pleno el pasado 6 de octubre. O hablamos diferentes idiomas y el
Grupo Parlamentario Popular sigue sin entender nada acerca de la realidad plurilingüe del Estado español, o por el contrario quieren seguir abundando en una incomprensible estrategia de bloqueo, estrategia de bloqueo de todas las iniciativas que
puedan producirse en un futuro para la recuperación de los consensos básicos de los que tan necesitados seguimos estando en materia educativa.
Después de escuchar la intervención del portavoz del Grupo Popular, llegamos a la conclusión de que la moción que hoy plantean ustedes es la demostración palpable de su propia incapacidad para superar caducas concepciones del aprendizaje de
la lengua. Es la demostración de que entre las filas de esos bancos sigue viva la visión catastrofista de la educación que realizaran los gobiernos del señor Aznar para justificar su reforma educativa. La señora ministra de Educación y Ciencia,
María Jesús Sansegundo, en su intervención del pasado 6 de octubre, subrayó las coincidencias existentes entre los objetivos explicitados en la interpelación del Grupo Popular y los que mantiene el actual Gobierno; estos son la enseñanza de la
lengua castellana a todos nuestros alumnos de educación obligatoria y el respeto y promoción del bilingüismo. Desde este contexto se reconoce, como no podía ser de otra manera, la obligación del Gobierno de comprobar que las enseñanzas mínimas se
imparten observando lo dispuesto en el ordenamiento estatal, especialmente en las materias obligatorias básicas de los respectivos currícula. Dado que el marco normativo al que se refiere su moción se desarrolló en los primeros años de la pasada
legislatura, lo más natural será comprobar cuál fue el grado de su aplicación desde el momento de su puesta en vigor. ¿Qué nos encontramos? Pues que mientras ustedes sostenían, en respuesta del Gobierno el 30 de agosto de 2002, que los horarios
fijados por las comunidades autónomas eran respetuosos con los mínimos y que se habían reforzado los currícula de las enseñanzas instrumentales básicas, procedían a mandar requerimientos a todas las comunidades autónomas -menos a la de Madrid y
Navarra- intentando subsanar desajustes detectados en los decretos en desarrollo, aunque eso sí, el contenido de estos requerimientos, ustedes lo saben, hacían todos referencia a cuestiones de currículo sin que en ningún momento fuera objeto de
requerimiento el horario establecido en los mismos.
Tras los requerimientos, tres comunidades autónomas vieron recurridos sus desarrollos normativos y en estos momentos se encuentran pendientes de resolución dos de ellos.
En resumen, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia se han hecho las actuaciones oportunas en el momento adecuado sin que se tenga constancia de ninguna nueva decisión en materia de enseñanza de lengua y literatura castellana por
parte de las comunidades autónomas que exija una actuación inmediata. Convendrán, señorías, en que es razonable en este momento esperar a la resolución de los recursos contencioso administrativos planteados por el anterior Gobierno, sobre todo si
tenemos en cuenta que la respuesta al requerimiento formulado al País Vasco en lo referente al tratamiento integrado de la lengua y literatura castellana y vasca fue desestimatoria.
Esperar, señorías, significa respetar los procesos que ustedes habían puesto en marcha cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar; esperar significa ganar tiempo para acudir a un dictamen de expertos en estas materias que nos asesore
sobre cuál es el mejor tratamiento del aprendizaje de las diferentes lenguas en comunidades bilingües; esperar -de esperanza, señorías- es crear las condiciones necesarias para abordar este importante asunto en un clima de entendimiento, no de
confrontación, con las comunidades autónomas con lengua propia. Entender este mensaje que lanzamos desde el Grupo Parlamentario Socialista como una forma de dar la espalda al problema es cuando menos -y aquí se ha hecho- un ejercicio de cinismo
parlamentario, de cinismo político de gran envergadura. La ciudadanía española espera -de esperanza- también mucho de la responsabilidad del Grupo Popular en esta materia. En aras de ese ejercicio de responsabilidad que se nos pide a todos, desde
el Grupo Parlamentario Socialista se propone nuevamente una enmienda con texto alternativo. Vamos a encontrar las soluciones que nos demanda la comunidad educativa para dar respuesta a una realidad cada vez más compleja y más rica, pero no lo vamos
a hacer por el camino que ustedes trazaron en el pasado, por el camino de la confrontación, del menosprecio y del desencuentro con las comunidades autónomas. Lo haremos por el camino que nos tracemos entre todos en el marco del debate de una
educación de calidad para todos para que la aplicación de las medidas necesarias sea mucho más eficaz, porque debemos afrontar los problemas educativos, señorías, y los retos que tenemos ante nosotros con vocación de futuro. No vale conformarnos
con la solución del pasado...
El señor PRESIDENTE: Señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Acabo.
El señor PRESIDENTE: Acabe, acabe.
El señor TOMÁS GARCÍA: Para esta empresa, señorías, sería bueno que todos comenzásemos a hablar el mismo idioma y si ello es fruto de un sistema de enseñanza bilingüe moderno e integrador, mucho mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
Señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, iré directamente al grano... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señora diputada.
Por favor, guarden silencio. Nos acercamos lentamente a la media noche, guarden silencio.
Adelante, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchísimas gracias.
Iré al grano, porque conciliar la vida laboral y familiar también debería ser un objetivo de todos nosotros y nosotras. En primer lugar, quisiera comentar en relación con la moción que estamos debatiendo que la primera sensación que esta
diputada tuvo con la lectura inicial fue que esta moción era sin duda hija de la desconfianza, de la confrontación y de una manera -permítame que les diga- antigua y desfasada de entender nuestras realidades lingüísticas. La segunda sensación fue
de extrañeza por la sobreprotección tan increíble de una lengua como la castellana, que, señorías, no necesita por suerte de ninguna protección. Es lamentable que cualquier lengua necesite de una protección o sobreprotección, pero la lengua
castellana no necesita por suerte de ninguna protección, pues su permanencia y su influencia está realmente asegurada, y yo me alegro por ello. Es una lengua que hablan más de 300 millones de personas, frente a las lenguas que pueden estar hablando
8 ó 5 millones de personas o menos.
Otra cuestión que se desprende de esta moción, y que yo quiero resaltar, es un aire -o puede parecer- de un cierto monopolio de un sector a veces exclusivo de defensa de la lengua castellana. Esto también me
alarma porque el conjunto de la sociedad no debería permitir que esto pudiera parecer de esta manera.
Señores del Grupo Popular, en Cataluña también está asegurado el uso y el dominio de la lengua castellana, y hablo de Cataluña porque es la comunidad autónoma en donde resido. No es la lengua castellana la que necesita protección y refuerzo
educativo. Entiendo su miedo y su preocupación pues ese miedo y esa preocupación, pero con causas y motivos reales, los hemos sentido y los hemos vivido muchos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y seguramente de otras comunidades autónomas, pero
en este caso ese miedo es infundado. Yo les invito a viajar más, pero a viajar para ver, para observar y para aprender, porque en muchas ocasiones cuando vemos, observamos y aprendemos también comprendemos mejor. Yo les invito a ir, por ejemplo, a
Cataluña y a caminar por los barrios y las calles, escuchar a los niños y niñas jugar y hablar en los patios de los colegios y de los institutos, donde esa realidad que ustedes están
planteando se convierte en algo que nosotros realmente lamentamos, como es que el idioma mayoritario en una comunidad como Cataluña continúa siendo de manera absolutamente fuerte el idioma castellano. El idioma mayoritario, por tanto,
continúa siendo el idioma castellano en grandes zonas tanto en las ciudades como en la periferia. ¿Por qué es así? Por muchos motivos que ahora en esta sesión plenaria sería imposible debatir, pero que sin duda tendremos ocasión de desarrollar en
su momento.
Antes he mencionado la palabra desconfianza en el sentido de que se transmite con esta moción. Me explicaré. Esta moción presupone que no se está impartiendo el horario establecido en la normativa vigente respecto a la lengua castellana en
las comunidades autónomas con lengua propia.
Eso, señorías, es desconfianza y con eso no se construyen ni se edifican buenas relaciones entre las comunidades y los diferentes pueblos y nacionalidades del Estado. Señorías, el número de horas se
determina en función del currículo aprobado por la Logse, el cual fue modificado por el decreto de humanidades de 2002 con el Gobierno del PP. En estos momentos las horas de catalán y de castellano en Cataluña, por supuesto, están equiparadas:
tres horas y tres horas. Lo que se pretende es reducir la capacidad y las competencias de las comunidades autónomas, que en definitiva les permite computar el horario básico de la enseñanza de la lengua castellana de un modo distinto, en lugar de
interpretarlo mecánicamente, cuando la realidad es que es perfectamente computable como tiempo dedicado al aprendizaje de la misma el que se dedique al estudio de aspectos comunes del castellano y de otra lengua.
Nuestro grupo, evidentemente, votará en contra de su moción por muchos motivos, entre ellos porque estas propuestas en estos momentos son a nuestro entender cortinas de humo e intencionalidad de generar un conflicto que realmente no existe
ni tenemos que forzar ni provocar que exista, puesto que esto es realmente algo contraproducente en todos los sentidos, una cortina de humo que distrae de los verdaderos problemas que tiene nuestro sistema educativo y que esperamos solucionar a
través del debate entre todas las fuerzas políticas y el conjunto de los sectores implicados y por medio de una nueva ley de educación que dé estabilidad, coherencia y seguridad a la sociedad y promueva las reformas necesarias, ofreciendo y
potenciando propuestas concretas para una educación basada en el respeto a la diversidad, el reconocimiento a la pluralidad cultural y lingüística y en la mejora del conocimiento y del aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes. Desde nuestro
punto de vista, estos son los verdaderos retos que tiene nuestra sociedad y la comunidad educativa en general. Estos sí y no la moción presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias. (La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Quería decirle, señor presidente, que el Grupo Mixto no ha agotado su tiempo, por lo que quería fijar posición en la medida de lo posible. No se agotó el tiempo con la presentación de las enmiendas por parte del
señor Rodríguez...
El señor PRESIDENTE: Le aseguro que el Grupo Mixto ha agotado largamente su tiempo.
La señora BARKOS BERRUEZO: Según la marca del reloj que teníamos oportunidad de ver...
El señor PRESIDENTE: Le aseguro que lo ha agotado y le digo una cosa. Por favor, adminístrense correctamente el tiempo los miembros del Grupo Mixto y cédanse la palabra unos a otros. En cualquier caso, señora Barkos, ni usted ni yo vamos
a pasar a la historia porque tenga un minuto o dos minutos. Hable, pero insisto en que es un problema más de administración interna del Grupo Mixto que de la Presidencia.
La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias, señor presidente. Además, en el día de hoy permítame un eskerrik asko. (Comienza su intervención en euskera y continúa en castellano.) Traduzco, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Barkos, he estado enormemente generoso y caballeroso ofreciéndole esta posibilidad.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, (palabra en euskera), que traducido quiere decir lamentable, la primera y única impresión que me ha producido la lectura de esta moción que hoy debatimos y me explico. Es lamentable que un
partido como el de ustedes, con responsabilidades en comunidades autónomas y con competencias en políticas educativas y en políticas lingüísticas, quiera traer a esta Cámara un debate que está negando, que está hurtando a otras cámaras y a otros
parlamentos, pero más lamentable todavía es que exija para el castellano lo que está negando para otras lenguas también oficiales. Baste como ejemplo su actitud en comunidades como la mía, la Comunidad Foral de Navarra, en donde ustedes, el Partido
Popular en Navarra, con respecto al euskera han sido denunciados por organismos oficiales europeos una y mil veces. Hemos tenido oportunidad de escucharlo en este Parlamento como el ejemplo más claro de dejadez y de combatividad contra su propio
patrimonio lingüístico, que también lo es el euskera. Sólo les voy a proponer un ejercicio de honradez, seguramente muy imaginativo por mi parte, que es llevar la tercera de las consideraciones que hoy nos proponen en esta Cámara hasta el
Parlamento de Navarra, donde tienen ustedes mayoría, aquella que dice con el objetivo de asegurar al final de la educación secundaria obligatoria el pleno dominio de las dos lenguas oficiales.
Mientras tanto, Nafarroa Bai se va a oponer a
iniciativas como esta votando por supuesto que no.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Tiene la palabra por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Gaztelera gure hizkuntza euskereak zapalduta dagoala
pentsaraztea zentzubakokeri galanta iruditzen jaku.
Hizkuntzarik arriskuan ba dago gurea da. El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
El señor Nasarre no se cansa de presentar esta moción, que defendió ya en la Comisión de Educación, y que no suscitó ninguna adhesión por parte de ningún otro grupo. Ahora repite con interpelación y de nuevo con otra moción. Parece como
Oscar Wilde cuando dijo aquello de la obra era un éxito pero el público era un auténtico desastre. Resulta que ahora va en busca de otro público. ¿El público que serán los diputados? O, visto el éxito que hubo en la anterior intervención, ¿serán
más bien los medios de comunicación? Más que buscando eco a solución de graves problemas que ningún otro ve, nos pasa como lo del chiste del conductor de la autopista, aquel que iba conduciendo y oía en la radio: Hay un loco conduciendo en
dirección contraria en la autopista. Y decía: ¿Uno? Hay cientos. Nadie más ve el problema que ustedes. O más bien buscan generar un estado de ánimo en la opinión pública y ver reflejadas sus posiciones, como paladines del castellano, colocando
o intentando colocar -yo entiendo que no lo conseguirán con efectividad- en un aprieto al Partido Socialista.
Esta moción va dirigida a las comunidades con lengua propia y ha dado a entender el interviniente que el castellano desaparece de ciertos ámbitos territoriales del Estado. Yo entiendo que eso es faltar a la verdad, que eso no es así. Desde
luego, es competencia de las comunidades autónomas y de la autonomía de los propios centros fijar el currículo, una vez cumplidos los mínimos básicos establecidos. Yo les aseguro que en la comunidad autónoma vasca se cumplen los mínimos y más que
los mínimos. Se cumplen cuatro horas en la primaria, tres horas en la secundaria, pero quiero añadir que las mismas horas de enseñanza de la lengua castellana son las que se dedican al euskera. Ni una más. Las mismas al castellano que al euskera.
Muy a diferencia, como ha señalado la diputada señora Barkos, de lo que ocurre en Navarra, en donde se sigue una política de persecución contra una lengua propia del territorio como es el euskera, sin que se dé la posibilidad a los navarros que
viven en dos tercios de esa comunidad autónoma de que puedan aprender en euskera. Son las mismas horas, insisto, las que se dedican al castellano que al euskera. Yo supongo que también desea el Partido Popular que los niños tengan competencia en
la otra lengua y que esta no sea una especie de segundo plato, un accesorio del castellano. Lo otro, si cometen faltas de ortografía o tienen dificultades para expresarse no tiene tanta importancia. Serán importantes ambas porque si aumentamos las
horas de castellano, ¿qué es lo que quitamos? Ya hemos dicho que en nuestra opinión no es una lengua de segundo plato el euskera. ¿Quitamos las matemáticas? Habría que pensarlo mucho. ¿Quitamos la historia? Mejor no, no vaya a ser que como
algún insigne prócer confundan a Tariq con Bin Laden. La historia también es importante. Lo que quiero señalar es que no hay ninguna dificultad -y lo veo en el caso de mis propios hijos- para que las generaciones que están estudiando en las
comunidades autónomas bilingües dominen ambas lenguas. Lo veo en unos niños, mis hijos, que tienen como lengua madre el euskera y que con su abuela, con su familia, que es originaria y residente de otras regiones del Estado, no tienen ningún
problema para comunicarse ni con amigos que viven en Zaragoza o que viven en Madrid. ¿Ustedes no creen que unos padres desean que sus hijos hablen cuantos más idiomas mejor? No sé cómo lo verán algunos de los diputados. A lo mejor piensan que el
inglés está bien, pero que los idiomas periféricos no sirven para nada. Yo creo que la mayoría de los padres piensan que cuantos más idiomas dominen sus hijos correctamente, muchísimo mejor. Euskadi tiene -y estas son estadísticas de la página web
del Ministerio de Educación- las mejores tasas de idoneidad en edades de educación obligatoria por comunidad autónoma, las mejores tasas brutas de graduados en educación secundaria post obligatoria, etcétera. No creen problemas donde no los hay.
Parecería que una lengua de 400 millones de orgullosos hablantes peligra, cuando en realidad son los otros idiomas los que han estado excluidos por centurias de esos ámbitos denominados cultos y de la Administración, y desde finales del siglo XIX
han sido incesantemente tachados de aldeanos e inútiles. El castellano goza de excelente salud, de lo que me alegro. Esperemos que algún día -no en hablantes, por supuesto- el euskera tenga la misma salud que tiene hoy día el castellano.
En definitiva, nuestro voto va a ser negativo por las razones que he expuesto, pero básicamente, en primer lugar, porque los presupuestos de la moción son completamente equivocados y no son reales y, en segundo lugar, porque lo que hace la
moción -y la exposición del proponente me reafirma en ello- es convertir en enemigas a las otras lenguas que se hablan en el Estado, como si estas quisieran comer el terreno al castellano y se lo fueran comiendo, creando un rechazo injustificado
entre los castellanohablantes. En este sentido, unida a los dos puntos que he dicho, viene a cuento una cita, y con esto termino, señor presidente. El señor Nasarre, que hace gala de una exquisita sensibilidad semántica, entenderá que viene al
pelo esta cita. Se la voy a decir en una lengua que ama, en la lengua madre de la lengua de las lenguas, en la lengua del Imperio Romano. Es una cita de Lucio Apuleyo, Apología sobre la magia¸(8.4): Niveo denticulo atrum venenum inspirat.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hace quince días más o menos, el señor Nasarre, al defender su interpelación urgente, que con tanta reiteración parece una cruzada, dibujó un cuadro que desde nuestro punto de vista no sólo no se corresponde con
la realidad catalana, sino que la deforma de una manera ciertamente preocupante. Por el enunciado de la moción y lo que refleja el 'Diario de Sesiones' parece -y cito textualmente- que no recibir en educación primaria y secundaria cuatro horas
semanales de lengua castellana puede ser la causa de que los escolares -y sigo citando literalmente- que vivan en Cataluña vean cercenadas sus oportunidades, su formación integral, su capacitación para ser ciudadanos de primera, y les puede impedir
estar en condiciones de llevar a cabo sus proyectos en un mundo cada vez más abierto -sigo citando literalmente del señor Nasarre- y en el que la lengua castellana es hablada por 400 millones de personas.
Señor Nasarre, le negamos la mayor, el
punto de partida. Tal y como hicimos en la Comisión de Educación, vamos a votar en contra de la moción que su grupo ha presentado, eso sí, y se lo reconozco, con mucho talante por su parte.
El voto será negativo por muchas razones, legislativas, sociológicas, pero antes permítame dejarle claro nuestro rechazo a la obsesión que muestra el Grupo Popular por defender aquello que no necesita defensa precisamente. Me refiero, claro
está, a la lengua castellana, demográficamente muy potente en el mundo y claramente dominante en el conjunto del Estado español, posición dominante que le da el hecho de ser lengua oficial del Estado y todo lo que de ello se deriva. A su lado las
demás lenguas, las propias de algunas comunidades autónomas, siempre viven y se desarrollan en precario desde el punto de vista legal y de la presencia en la vida cotidiana. Permítame que le corrija, señor Nasarre, con el máximo respeto: yo no
hice la dicotomía que usted ha dicho que yo dije. Dije -y se lo repito- que en Cataluña se puede vivir sin conocer la lengua catalana, pero no sin conocer la lengua castellana. Sólo hemos de fijarnos en el funcionamiento de la Administración de
Justicia, en los etiquetajes de los productos o de las medicinas, por no hablar del porcentaje que representa la cuota de la lengua catalana en el total de horas de televisión que consumen los ciudadanos, su presencia escasísima en salas
cinematográficas o en el mundo de las nuevas tecnologías. Por cierto, ámbitos muy educativos, no solamente en las aulas. Son otras lenguas, entre ellas la catalana, las que necesitan defensa, discriminación positiva, y no el castellano, señor
Nasarre. Pasee, señor Nasarre, se lo han dicho antes, por los patios de escuelas e institutos, haga una encuesta sencilla y se llevará una sorpresa, o no, lo cual sería más preocupante. Pese a la evidencia, el Partido Popular prefiere exhibir su
conocida estrategia lingüística, a veces con guante blanco -y usted lo hace, se lo vuelvo a reconocer-, pero siempre arreando y alarmando. Bajo la apariencia de ser una petición elemental y lógica, se intenta que los alumnos de primaria y
secundaria reciban cuatro horas de lengua castellana en los centros de las comunidades autónomas con lengua propia distinta del castellano. No es una demanda asumible, aunque sólo fuera por la simple apelación al sentido común. Los alumnos de una
comunidad autónoma con lengua propia distinta al castellano deberían soportar una carga lectiva semanal mínima de 11 horas de lengua, si incluimos lógicamente al menos una de lengua extranjera, o sea, un tercio largo de la dedicación semanal, que
está alrededor de 30 horas.
Obviaré reiterar las razones de cohesión social que animan la política lingüística de la Generalitat de Catalunya desde la recuperación de la autonomía. Sin embargo, quisiera dejar constancia de mi discrepancia respecto de una de sus
afirmaciones favoritas, señor Nasarre, la de que en Cataluña existe una realidad bilingüe. Pues no, señor Nasarre. Quizás en teoría sí, pero en la práctica no. En el día a día lo que existe es una diglosia ciertamente preocupante porque la lengua
catalana juega el papel de lengua B, no el de lengua A.
Voy a recordarle también, porque no me queda más remedio, argumentos de matiz legal que usted conoce y lo hago rápido. Dos reales decretos de 1991, por los cuales se establecieron las enseñanzas mínimas de primaria y de ESO, determinaron
que la lengua castellana y la de comunidad autónoma integraban una misma área, lo que permitió un planteamiento global a partir de la consideración de que existen unas estructuras sintácticas comunes en ambas áreas y que podían impartirse desde una
de ellas. Por razones que antes le he expuesto, se optó por impartirlas en la lengua del aprendizaje, el catalán, excepto en aquellos casos de alumnos que solicitan atención individualizada en lengua castellana, que la reciben en castellano.
Además, el artículo 4 de la Logse determinaba que las comunidades con lengua propia disponían, en relación con los horarios de las materias de ámbito lingüístico, de un 10 por ciento del horario escolar total para destinarlos a la organización de
las enseñanzas en la citada lengua propia.
Sin embargo, de poco van a servir mis argumentos porque evidentemente vemos el asunto desde ópticas contrapuestas. El Gobierno del Partido Popular presentó recurso contra decisiones similares de tres comunidades autónomas, pero el señor
Nasarre sólo se ha referido en su larga cruzada en este tema de la lengua a una, a Cataluña. Las pregunta serían: ¿Por qué será? ¿Qué obsesión le atenaza? Le reitero: mi grupo votará negativamente su moción.
Déjeme terminar con una cita de un genio de la literatura castellana, Antonio Machado, que murió en el exilio y reposa en tierra catalana del norte de los Pirineos. Él escribió: Castilla desprecia cuanto ignora. Yo quisiera poder decir
que el Partido Popular desprecia cuanto
ignora, pero me temo que les ocurre algo mucho peor: el Partido Popular desprecia lo que conoce.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, por Convergència i Unió, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular trae hoy a debate una moción cuyo contenido -ya se ha dicho aquí- planteó en términos prácticamente idénticos en una proposición no de ley debatida y rechazada en la Comisión de Educación y Ciencia el pasado día 29
de septiembre, no hace todavía un mes, y que plantea la necesidad -que a su juicio existe- de que se garantice que en todos los centros educativos impartan al menos cuatro horas semanales de lengua castellana en el horario lectivo. Compartiendo
desde Convergència i Unió el objetivo del necesario dominio en todas las comunidades, no únicamente en las bilingües, no sólo de la lengua propia y de la oficial sino de una tercera y hasta de una cuarta, vamos a rechazar rotundamente la moción que
hoy nos proponen por razones que el Grupo Popular conoce sobradamente porque este es un tema que se viene planteando de manera reiterada y que ha tenido siempre el rechazo de mi grupo, pero con unos argumentos que de manera muy sucinta también voy a
reiterar.
El Grupo Popular, amparándose en razones que quiere presentar como técnico-pedagógicas, nos lleva en realidad a un planteamiento, que aparece claramente de la lectura de la interpelación, que en modo alguno podemos compartir porque no es
cierto, que es que en Cataluña el castellano es una lengua marginada y por tanto es una lengua que necesita ser defendida; defensa a la que precisamente obedece la moción que hoy nos ha presentado. No compartimos la necesidad de la defensa del
castellano como si estuviera amenazado o marginado en Cataluña, que es lo que se deduce de la moción, porque esto no es así. Sólo hace falta constatar -y les invito también a hacerlo- cómo en la mayor parte del global de toda la comunicación y en
casi todos los medios de comunicación la lengua mayoritariamente usada es precisamente el castellano. Todo el que conozca Cataluña sabe perfectamente que el bilingüismo se vive no sólo con naturalidad sino, con toda seguridad, en detrimento del
catalán y no del castellano. Queda claramente constatado en el último informe del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, donde se dice que en materia de normalización lingüística las quejas que se han presentado son mayoritariamente por
falta de respeto de los derechos lingüísticos respecto al catalán y sólo minoritariamente respecto al castellano. No tratemos, no traten pues de crear un problema donde ciertamente no lo hay.
Seguramente en Cataluña, al finalizar la educación obligatoria, el nivel de conocimiento de la lengua castellana es bajo, pero es igual de bajo en todo el Estado y esto no puede aprovecharse para crear un clima de opinión contrario a las
lenguas propias de las comunidades bilingües, que es lo que a nuestro modo de ver se está haciendo con iniciativas como la que estamos viendo. Y me refiero a Cataluña porque, si bien la moción es general para todas las comunidades bilingües -lo ha
señalado ya el portavoz de Esquerra Republicana-, la preocupación del Grupo Popular parece centrarse especialmente en Cataluña, tal como se desprende de las propias argumentaciones que dieron en la interpelación; argumentaciones por otra parte
tópicas que, como he dicho, no responden en absoluto a la realidad pero que le permiten sustentar la necesidad de oposición al desarrollo de normativa básica hecho por el Gobierno de Cataluña porque la misma no sigue en sus términos literales la
previsión de cuatro horas semanales de castellano; una oposición que se vehiculó a través de un recurso contencioso-administrativo que, tal como se ha dicho, sigue vivo, y aprovecho para solicitar una vez más al Gobierno la necesidad de su
desestimiento si es verdad, tal como dice, que no comparte en este punto la rigidez de los planteamientos hechos en la LOCE por el anterior Gobierno. Una rigidez, por cierto, la de la necesidad inflexible de cuatro horas de lengua castellana, que
no es lo que se concluyó en el informe sobre la enseñanza de humanidades que se aprobó en esta Cámara en 1998 y que es el documento en el que el Grupo Popular dice basarse para realizar sus propuestas. Una rigidez que conculca además claramente las
competencias autonómicas porque impide que los gobiernos competentes adapten y programen a las necesidades específicas de su territorio la consecución del objeto del pleno dominio del uso hablado y escrito de las lenguas al final de la educación
básica obligatoria.
Señorías, el recurrido decreto de la Generalitat de Cataluña lo que hace es, de manera muy sensata, tratar de armonizar la necesidad de fomentar el que los alumnos se expresen en dos lenguas extranjeras además de la propia, el catalán, y la
cooficial, el castellano, y tratar de armonizarlo además con la necesidad de aprendizaje del resto de materias, porque una aplicación rígida y estricta de horarios lineales en lenguas llevaría a la situación de que la enseñanza en lenguas ocupara
más de la mitad del horario escolar. El que esta propuesta fuera razonable fue recogido, por otra parte, por el propio Gobierno del Partido Popular en respuesta a una pregunta escrita a la entonces diputada del Grupo Socialista doña Amparo
Valcarce, una respuesta que ya fue mencionada por la ministra de Educación en la interpelación y que consistió en que se decía que los horarios fijados por las comunidades autónomas eran respetuosos con los mínimos. Todo ello, señorías, nos lleva a
concluir que esta no es una iniciativa en reclamación de una medida técnico-pedagógica, sino que es una defensas innecesaria del castellano y es la creación de un clima de opinión que, tergiversando y forzando el análisis de la realidad catalana,
seguramente piensan que les da votos en España pero
que desde Convergència i Unió, como no podía ser de otra manera, rotundamente rechazamos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, lamento no poder aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo Mixto porque se basan en sustituir el elemento clave o el pilar de la moción del Grupo Popular, que es el concepto de comunidad
lingüística. En relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco puede aceptarla mi grupo porque su contenido es tanto como no decir prácticamente nada.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación y les ruego atención, particularmente en la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa
adoptar el Gobierno para paliar, a corto y medio plazo, el déficit de infraestructuras que padece Cataluña, mediante la presentación de un plan Catalunya de infraestructuras. Los grupos parlamentarios me han solicitado votación separada, cosa que
es absolutamente reglamentaria, pero, eso sí, tendrán que tener paciencia porque esto nos va a llevar a diez votaciones.
Votamos el punto 1 más 1.1 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 32; en contra, 144; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 1.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 168; en contra, cuatro; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tercera votación, punto 1.3 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 140; en contra, 155; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto 1.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 298; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto 1.5 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 296; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos en bloque los puntos 1.6, 1.7 y 1.12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
A continuación votamos el punto 1.8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 31; en contra, 145; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto 1.10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 160; en contra, 14; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Ahora votamos en su totalidad el punto 2 de la moción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 20; en contra, 150; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: El punto número 2 de la moción ha sido rechazado.
Finalmente vamos a votar en su conjunto el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 175; en contra, dos; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: El resto de la moción queda pues aprobado.
A continuación vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas y plazos que piensa adoptar el Gobierno en relación con la homologación de las retribuciones del profesorado
universitario al amparo del artículo 69.1 de la Ley Orgánica de Universidades. ¿Tienen todos los grupos parlamentarios la enmienda transaccional? En consecuencia, si nadie se opone, se votará con la enmienda transaccional aceptada por todos los
grupos de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 170; en contra, cuatro; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
En tercer lugar, moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones,
con las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 174; en contra, 126; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Ha sido aprobada la moción.
En último lugar, la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aplicación de la normativa básica relativa a la enseñanza de la lengua castellana en la educación primaria y secundaria. Habiendo rechazado el grupo
proponente todas las enmiendas, se vota en sus términos iniciales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 126; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la moción ha sido rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las once y cincuenta y cinco minutos de la noche.