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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 37, de 05/10/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 37
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 33
celebrada el martes, 5 de octubre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- De las Cortes de Aragón, sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3-1, de 16 de abril
de 2004. (Número de expediente 125/000003.) ... (Página 1582)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no voluntarios de las personas con trastornos psíquicos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 101-1, de 19 de julio de 2004. (Número de expediente 122/000085.) ... (Página 1593)
Modificación del orden del día ... (Página 1602)
Declaración institucional ... (Página 1602)
- Tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidas en las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. ('BOE' núm. 226, de 18 de septiembre de 2004.) (Corrección de error en 'BOE' núm. 230, de 23 de septiembre de 2004.) (Número de expediente 130/000006.) (Votación.)
... (Página 1603)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre pluralismo lingüístico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 15, de 14 de mayo de 2004. (Número de expediente 162/000055.)
... (Página 1603)
- Del Grupo Mixto (Sra. Lasagabaster), para la derogación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 65, de 10 de septiembre de 2004.
(Número de expediente
162/000130.) ... (Página 1614)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen. (Número de expediente 173/000027.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la escalada de precios del petróleo.
(Número de expediente
173/000028.) ... (Página 1634)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 1582)
De las Cortes de Aragón, sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial ... (Página 1582)
Presentan la proposición de ley para su toma en consideración, en representación de las Cortes de Aragón, los señores Allué Sus, Yuste Cabello y Piazuelo Plou.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Erías Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 1593)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no voluntarios de las personas con trastornos psíquicos ... (Página 1593)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Considera que su grupo presenta una proposición de ley importante por su trascendencia práctica e
importante porque afecta a miles de personas que actualmente
padecen enfermedades mentales. Adelanta a la Cámara que es una proposición de ley remitida por la Confederación Española de Agrupaciones Familiares y Enfermos Mentales y muestra su agradecimiento a todas las asociaciones que trabajan en el
ámbito de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y, en concreto, al movimiento asociativo de familiares de enfermos mentales. Explica a continuación la situación actual de los enfermos mentales que no desean voluntariamente recibir el
tratamiento médico que precisan y que no reciben el tratamiento necesario para ayudarles a tener una calidad de vida mejor. Actualmente, dice, existen dos alternativas ante esta situación, que son o bien el internamiento o bien la incapacitación de
ese enfermo mental. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone una tercera vía que hoy en día no puede realizarse porque la Ley de Enjuiciamiento Civil no trata de forma expresa la posibilidad de que un tribunal autorice un
tratamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico o un período de observación para diagnóstico. Por eso piden la introducción en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de un nuevo apartado 5 que contemple esta solución viable,
que puede mejorar en muchas ocasiones el tratamiento médico de estas personas enfermas mentales.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); González Segura, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 1602)
Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 31, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para paliar a corto y medio plazo el déficit de infraestructura que padece Catalunya mediante la
presentación de un Plan Catalunya de Infraestructuras, pase a debatirse tras el punto 33, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas y plazos que piensa adoptar el Gobierno en relación
con la homologación de las retribuciones del profesorado universitario, al amparo del artículo 69.1 de la Ley Orgánica de Universidades, lo que se acuerda por asentimiento.
Declaración institucional ... (Página 1602)
Atendiendo al requerimiento de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional la señora secretaria primera (Sainz García) procede a la lectura de una declaración institucional en la que se afirma el respeto por el derecho a la vida y el rechazo
total de la pena de muerte en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
(Votación.) ... (Página 1602)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, se
aprueba por 325 votos a favor y nueve abstenciones.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 1603)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no voluntarios de las personas con
trastornos psíquicos, se aprueba por 334 votos a favor.
Tramitación como Proyecto de Ley del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidas en las comunidades autónomas de Aragón,
Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. (Votación.) ... (Página 1603)
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley
6/2004, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad
Valenciana, convalidado en la sesión plenaria del pasado jueves, 30 de septiembre, se aprueba la tramitación como proyecto de ley por 180 votos a favor y 154 en contra.
Proposiciones no de Ley ... (Página 1603)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre pluralismo lingüístico ... (Página 1603)
Presenta la proposición no de ley el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Asegura que se está en un momento en que la Unión Europea da privilegio a las
identidades representadas por los Estados nación, a las identidades políticas, a las culturales y, por supuesto, a las lingüísticas y, en cambio, realidades mucho más potentes que las de muchos Estados miembros de la Unión Europea no tienen cabida
hoy en el ordenamiento jurídico. Y se pude dar la paradoja, añade, de que de aceptarse la petición española, presentada por el señor Moratinos, se reconociera en la Unión Europea aquello que no se reconoce para el Estado español, porque a estas
alturas el avance en el Estado español en materia de plurilingüismo se puede considerar anecdótico. A continuación explica el marco constitucional en el que se podría avanzar en este sentido, como los artículos 3, 9.2 o 20.3, y el marco
internacional, como la Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias y las obligaciones derivadas de disposiciones de las Naciones Unidas. Entiende que su proposición es clara y diáfana y pretende que se dé un salto adelante que tenga
traslación presupuestaria en estos mismos presupuestos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardá i Coma, de Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto, y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Herrera Torres.
Al finalizar el debate de la proposición no de ley, el señor presidente quiere dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' que en el Congreso de los Diputados ni se discrimina ni se oprime a ningún diputado, porque los derechos individuales
y colectivos de los diputados están protegidos por la Constitución, por el Reglamento y por el presidente.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), para la derogación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos ...
(Página 1614)
Presenta la proposición no de ley la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto. Interviene en nombre de Eusko Alkartasuna para defender esta iniciativa que no tiene otro objeto que el de solicitar la derogación de la
llamada Ley Orgánica de Partidos Políticos porque considera que es una ley insostenible desde el punto de vista jurídico e inoportuna e inconveniente desde el punto de vista político. A continuación recuerda, en primer lugar, cuál fue la posición
de su grupo a la hora de elaborar y aprobar esta ley; en segundo lugar, analiza lo ocurrido con la aplicación de la ley a lo largo de estos dos años, y en tercer lugar realiza una serie de conclusiones y reflexiones en relación con esta cuestión.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Huertas Vicente, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Ante la solicitud de aclaración de la señora Lasagabaster en relación con la no admisión de una enmienda transaccional, el señor presidente expone que una enmienda transaccional es una propuesta de aproximación entre una enmienda existente y
un texto que se está debatiendo. Al ser un texto que no tiene enmiendas no cabe la posibilidad de enmienda
transaccional ni de enmienda in voce al tratarse de una proposición no de ley.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre pluralismo lingüístico, con la incorporación de las enmiendas aceptadas, se aprueba por 172 votos a
favor y 135 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), para la derogación de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, se rechaza por 30 votos a favor y 281 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 1626)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen ... (Página 1626)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda que cada uno es libre de presentar las iniciativas que considere oportunas, que se pueden evaluar, analizar y
aprobar o rechazar por la Cámara, pero sin deslegitimar las razones por las que se han presentado. Manifiesta, por otra parte, que el objetivo de una verdadera política penitenciaria debe ser la reeducación y la reinserción en la sociedad, según lo
establecen las normas internacionales, la Constitución española y la Ley Orgánica General Penitenciaria, y esto es lo que piden en su moción: la implantación de estos dos elementos básicos sobre los que debe girar toda política penitenciaria, con
el acercamiento al entorno social y familiar de las personas privadas de libertad.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría
Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la escalada de los precios del petróleo ...
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene el señor García Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para el Grupo Parlamentario Popular fue decepcionante la respuesta dada por el Gobierno
en el debate de dicha interpelación y por ello mantienen su preocupación por las graves consecuencias que se derivarán, de no adoptarse algún tipo de medidas, para los sectores agrario, pesquero y del transporte. Recuerda las medidas que se
adoptaron en el año 2000, con ocasión de una situación similar, aunque no tan grave como la actual, y explica que en aquella ocasión el Gobierno dialogó con las organizaciones representativas de los sectores afectados y alcanzó acuerdos tales como
el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, donde se recogieron medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte. Por el contrario el Gobierno actual contesta que hay que ser cautos, que no se trata de un problema
estructural sino más bien coyuntural y que habrá que estudiar la posibilidad de adoptar algunas medidas en el caso de que esta situación persista. A continuación anuncia una enmienda transaccional en la que se recoge la mayoría de las demandas
formuladas por los grupos enmendantes.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Alonso Núñez, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ramón Torres,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro
penitenciario más cercano a su lugar de origen, se rechaza por 30 votos a favor y 277 en contra.
Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto en las economías de los sectores
profesionales afectados por la escalada de precios del petróleo, en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas de los grupos parlamentarios Catalán y Mixto, se rechaza por 135 votos a
favor, 161 en contra y nueve abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, SOBRE SOLIDARIDAD Y MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. (Número de expediente 125/000003.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.
El primer punto del orden del día es la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas, en el día de hoy de las Cortes de Aragón sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre,
reguladora de los fondos de compensación interterritorial. Las Cortes de Aragón se hacen presentes en el debate a través de tres representantes que son: el ilustrísimo señor don Javier Allué Sus, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, a
quien saludamos, el ilustrísimo señor don Chesús Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de la Chunta Aragonesista, a quien saludamos, y el ilustrísimo señor don Antonio Piazuelo Plou, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)
Por favor, guarden silencio.
El formato del debate será, en primer término, el turno de la delegación de las Cortes de Aragón, que presentará y defenderá su punto de vista sobre esta proposición de ley. En primer lugar tiene la palabra don Javier Allué, del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Allué Sus): Gracias, señor presidente.
Comenzaré por reconocer que es un honor para mí intervenir desde esta tribuna en representación de las Cortes de Aragón y en representación también del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Señorías, la proposición de ley que se somete a la consideración de esta Cámara se basa en varias ideas fundamentales: la realidad demográfica de la Comunidad Autónoma de Aragón, la previsión de la Constitución para corregir desequilibrios
económicos interterritoriales a través del principio de solidaridad, la legislación de desarrollo de la Constitución que ni en fondos del Estado ni en fondos europeos atiende al principio básico sino a la renta per cápita, lo cual es perjudicial
para nuestra comunidad autónoma, y por supuesto la propuesta de modificación de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial que tiene como consecuencia fundamental que nuestra comunidad autónoma, Aragón, participe en dicho fondo de
compensación. Partimos de la realidad demográfica actual de Aragón donde existe una densidad muy inferior a la media, 730 municipios para 47.000 kilómetros cuadrados, población envejecida con más de 400 municipios en fase terminal, es decir, el 50
por ciento de sus habitantes con más de 65 años. Son datos que se derivan de la comunicación del Gobierno de Aragón en política demográfica o del propio informe del Justicia de Aragón sobre despoblación. Ahora bien, existe un índice desde Aragón
que es superior a la media nacional, concretamente el PIB per cápita. Al ser tan pocos, los aragoneses tocamos a más en el reparto de la riqueza monetaria, creando un auténtico espejismo desde el punto de vista económico y financiero, es decir, lo
que venimos a llamar la injusticia, la maldición estadística.
Señorías, desde el Partido Aragonés consideramos que en el actual Estado del bienestar un territorio no debería valorarse exclusivamente por la cuantía de los ingresos monetarios individuales que en él pudieran obtenerse, sino además y
fundamentalmente por la dotación de equipamientos y servicios colectivos o, por ejemplo, por la existencia de infraestructuras viarias que faciliten las comunicaciones. Desde nuestro punto de vista existen razones suficientes para que la Comunidad
Autónoma de Aragón goce de los fondos de solidaridad financiera y en este sentido se orienta la exposición de motivos de esta iniciativa. La Constitución española proclama en sus primeros artículos la solidaridad de las nacionalidades y regiones,
quizá desde un punto de vista teórico, como principio fundamental de la estructuración de la convivencia, pero la propia Constitución atiende al principio de solidaridad desde un aspecto muchísimo más pragmático con la finalidad de corregir
desequilibrios económicos interterritoriales en su artículo 158.2. Por tanto, existe un soporte constitucional en esta iniciativa a la vista de los índices que hemos relatado y que se reflejan en la misma. Por otro lado, la legislación de
desarrollo de la Constitución en ningún caso debería enmascarar la realidad socioeconómica
de Aragón sobrevalorando uno de los indicadores del desarrollo socioeconómico como es la renta individual. Señorías, la realidad es la que es y en el momento actual Aragón ni se beneficia del Fondo de Compensación Interterritorial ni ha
tenido acceso al Objetivo 1 de los fondos estructurales europeos. No hemos podido conseguir financiación adicional sustitutoria ni tampoco podemos decir que tengamos consignaciones importantes en los Presupuestos Generales del Estado; y para
muestra un botón, porque los últimos Presupuestos Generales del Estado demuestran cómo se han reducido en un 25 por ciento las partidas presupuestarias en relación con la inversión, si lo relacionamos con los Presupuestos Generales del Estado
presentados para el ejercicio anterior.
Señorías, las Cortes de Aragón han manifestado reiteradamente su preocupación por la financiación de la Comunidad Autónoma aragonesa.
Hemos solicitado un fondo de compensación para la España interior, hemos advertido que las reglas
generales de financiación básica, fundadas en población y renta per cápita, son desfavorables para nuestra comunidad autónoma y hemos constatado que la participación de Aragón en los fondos europeos ofrece unos resultados muy inferiores a los de
otras comunidades autónomas beneficiarias del Objetivo 1. Hasta la fecha no ha servido para nada. El propio Estatuto de Autonomía de Aragón, después de su modificación en 1996, prevé un acuerdo bilateral de financiación entre la Administración
General del Estado y la comunidad autónoma que atenderá tanto a los criterios de corresponsabilidad fiscal como de solidaridad interterritorial, sin que hasta la fecha se hayan iniciado conversaciones para su cumplimiento por parte del Gobierno
central a pesar de los requerimientos del Gobierno de Aragón. Señorías, no queremos situaciones de privilegio pero entendemos que la Comunidad Autónoma de Aragón no debe percibir menos fondos de solidaridad que los obtenidos por otras comunidades
autónomas. Basándonos en estos argumentos presentamos esta proposición de ley, en relación con la vigente Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, para la modificación de su exposición de motivos porque consideramos que debe hacerse
referencia a que la Comunidad Autónoma de Aragón presenta en su conjunto notorios desequilibrios interterritoriales y el reconocimiento de que debemos ser merecedores de mecanismos compensatorios. Asimismo, se incorpora el artículo segundo de
modificación de la disposición adicional única de la ley para que sea beneficiaria de los fondos, además de las que aparecen normalmente en los Presupuestos Generales del Estado por el criterio de la renta per cápita, la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Señorías, esta iniciativa junto con otra más que pronto vendremos a defender aquí sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas son, sin duda, herramientas parlamentarias que tenemos que
idear desde las Cortes de Aragón ante los reiterados incumplimientos de nuestras disposiciones estatutarias, sobre todo en relación con nuestro artículo 48 ó a nuestra disposición adicional segunda. Creemos que es una proposición de ley justa, que
analiza con rigor la realidad socioeconómica aragonesa. Seguro que no es una proposición de ley perfecta y, por ello, solicitamos encarecidamente que apoyen su toma en consideración para que puedan modificarla o mejorarla en el trámite de
enmiendas. Con esta iniciativa estamos llevando la voz de buena parte del Parlamento autonómico a las Cortes Generales, poniendo de manifiesto la justicia de la reclamación, la justicia de la reivindicación de nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
En segundo lugar, tiene la palabra don Chesús Yuste, de la Chunta Aragonesista.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Yuste Cabello): Señor presidente, señoras y señores diputados, los aragoneses siempre hemos sentido como una injusticia la exclusión de nuestra comunidad autónoma del Objetivo 1 de los fondos
europeos y del Fondo de Compensación Interterritorial; lo hemos sentido así no sólo los votantes de Chunta Aragonesista sino el conjunto de la sociedad aragonesa. Estoy seguro de que los diputados aragoneses de los grupos mayoritarios también lo
han sentido así, independientemente de lo que en cada momento hayan podido hacer políticamente a lo largo de estos años.
El diputado que me ha precedido en el uso de la palabra ha expuesto claramente la realidad territorial y demográfica aragonesa, tan singular que necesita una respuesta política y financiera también singular. La pujanza de una ciudad como
Zaragoza, donde se concentra más de la mitad de la población aragonesa, no debe ocultar la realidad de un territorio despoblado, envejecido, desvertebrado, que viene arrastrando durante décadas un déficit de infraestructuras de comunicación e
incluso de infraestructuras sociales o culturales. A nadie se le oculta que la baja densidad demográfica y la dispersión encarecen los servicios públicos que las administraciones deben prestar a sus ciudadanos; que cuesta lo mismo un kilómetro de
carretera entre las grandes capitales que un kilómetro entre dos municipios de 4.000 habitantes y ambos son absolutamente imprescindibles para articular ejes de comunicación que vertebren verdaderamente nuestro territorio, independientemente del
número de vehículos en circulación en cada caso. A estas alturas nadie ignora que el criterio de PIB por habitante no puede ser el único factor que identifique realidades deprimidas que merezcan
ser objeto de solidaridad. En Europa se está abriendo paso la idea de que también deben ser tenidos en cuenta factores de carácter territorial y demográfico a la hora de evaluar las necesidades de un territorio. Aragón presenta un problema
de desequilibrio interno y precisamente es ese desequilibrio, esa baja densidad demográfica la que pervierte los resultados estadísticos y excluye a nuestra comunidad de los fondos compensatorios. Se da la paradoja de que a Aragón, precisamente por
su desequilibrio interno, se le niegan los instrumentos creados para corregir los desequilibrios internos. Esa es la situación injusta que las Cortes de Aragón pretenden corregir.
El legislador que elaboró en 1990 la Ley Reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial consideró excepcional la situación aragonesa, tanto que la citó expresamente en su preámbulo. Sin embargo, el único fruto de esa mención fue la
creación de un pequeño fondo de carácter especial para la provincia de Teruel, que inicialmente alcanzaba poco más del 5 por ciento de lo que le hubiera correspondido a la Comunidad Autónoma de Aragón si hubiera podido acceder como tal al Fondo de
Compensación Interterritorial. Las necesidades turolenses son tan de sobra conocidas que el pasado domingo volvieron a resonar, esta vez en las calles de Zaragoza, en manifestación convocada por el movimiento ciudadano Teruel Existe; pero seríamos
injustos si olvidáramos la situación que atraviesa la provincia de Huesca, el Alto Aragón, con una densidad de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, o las comarcas de la provincia de Zaragoza que, excluida la capital, presentan una densidad de 14
habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué tratamiento le damos a esos territorios? ¿Creamos otros fondos especiales? ¿Por qué no abrimos el Fondo de Compensación Interterritorial para atender a estas realidades? ¿Por qué no lo hacemos? Ahora nos
encontramos ante una oportunidad histórica. Hay un nuevo Gobierno, hay una nueva mayoría parlamentaria y hay también una nueva realidad europea que afecta al Objetivo 1 con la salida de varias comunidades autónomas y que debería afectar también al
Fondo de Compensación Territorial con la introducción de nuevos criterios. Esta proposición de ley pretende garantizar la inclusión de Aragón en el citado fondo fundamentada en razones de carácter demográfico y territorial y nosotros proponemos que
se haga directamente; implícitamente estamos ampliando los criterios que regulan el acceso a estos fondos para que no sólo se tenga en cuenta el PIB por habitante sino también la densidad demográfica. Conviene que se tenga en cuenta que las
comunidades autónomas que presentan una densidad inferior a la aragonesa, caso de Castilla-La Mancha con 21 habitantes por kilómetro cuadrado, y las que tienen una densidad ligeramente superior a la aragonesa, como Extremadura con 25 y Castilla y
León con 26, sí participan en el Fondo de Compensación Interterritorial y, por supuesto, también en el Objetivo 1. Aragón es la única comunidad despoblada que ha sido excluida de esos fondos. Por eso solicitamos al Congreso de los Diputados el
voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa. Y lo pedimos incluso a quienes puedan no estar de acuerdo con el cien por cien de la literalidad del texto que presentamos hoy. Si SS.SS. consideran que hay que dar una
respuesta positiva a la singularidad territorial y demográfica aragonesa, en Aragón entendemos que su voto debe ser positivo porque, una vez abierta la tramitación parlamentaria, ustedes pueden presentar las enmiendas que corrijan aquellos aspectos
con los que quizá puedan encontrarse menos cómodos. Por ejemplo, ¿sería mejor citar explícitamente el criterio de baja densidad para acceder al fondo? Tal vez. Adelanto que el diputado de Chunta Aragonesista va a presentar algunas enmiendas en
esta dirección, pero para ello primero hay que aprobar la toma en consideración de esta proposición. En Chunta Aragonesista esperamos que las Cortes Generales no den la espalda al pueblo aragonés.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Por último, en representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Antonio Piazuelo.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Piazuelo Plou): Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón para defender y solicitar su apoyo a la proposición de ley aprobada
en las Cortes de Aragón el 13 de marzo del año 2003. Este acto que hoy, 5 de octubre de 2004, celebramos es la finalización de un proceso reglado que tiene una duración en el tiempo y, si en política una manera de equivocarse es acertar demasiado
pronto, permítanme mantener, señorías, que la postura de los socialistas de Aragón es exactamente igual, a pesar de que las circunstancias políticas han cambiado. Ha cambiado el Gobierno de España, ha cambiado el Gobierno de la Unión Europea, ha
cambiado el número de países que la conforman, pero no ha cambiado la situación de una parte importante del territorio de Aragón.
Nuestra comunidad autónoma, señorías, presenta una marcada dualidad rural-urbana que ha venido jugando a favor del desequilibrio territorial.
La Comunidad Autónoma de Aragón puede ser descrita de forma simplificada como un reducido espacio
central -el 5 por ciento del territorio- densamente poblado, de carácter metropolitano y con un cierto potencial de desarrollo ligado sobre todo al corredor del Ebro, rodeado de una extensa periferia -el 95 por ciento del territorio- de marcado
carácter rural y atenazado por el despoblamiento y por la escasez de alternativas a las ocupaciones y actividades económicas tradicionales. El medio rural aragonés, señorías, presenta unas características económicas y sociales que permiten
calificar su
situación como de atraso económico o, cuando menos, de serias dificultades para el desarrollo. Se habla con frecuencia de las circunstancias que atraviesa la provincia de Teruel sin reparar en que la realidad de la provincia de Zaragoza,
excluida la capital, es muy similar. La renta per cápita no constituye un buen indicador del problema de Aragón, especialmente del Aragón rural. Incluso en las comarcas de Teruel, este indicador no es revelador de la situación de atraso económico
en la que se encuentran. En cambio, la densidad de población, el saldo migratorio o el peso de la población mayor de 65 años sí reflejan una situación de grave atraso económico en la mayoría de las comarcas del Aragón rural.
Especialmente
significativo es, a mi juicio, el porcentaje de población mayor de 65 años, lo que refleja la ausencia de un potencial endógeno de crecimiento económico y de revitalización, por lo que se hace imprescindible la actuación de los poderes públicos
dotando de capital económico, humano y social a estas zonas. Si su situación en este punto concreto de reparto de los fondos de compensación interterritorial no ha cambiado, los socialistas de Aragón tampoco hemos cambiado ni nuestro apoyo ni
nuestros análisis. El tiempo en política es importante, como he expresado anteriormente, y permítanme decirles, señorías, que tengo dudas razonables de que sea hoy el momento más oportuno para discutir esta ley.
Este debate coincide con la nueva discusión sobre el reparto de fondos y con el análisis del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Item más, en este mismo momento don Eduardo Bandrés, consejero de Economía del Gobierno
de Aragón, se encuentra en Madrid discutiendo sobre esta financiación y presentando de manera firme y dialogante la propuesta de los socialistas de Aragón. Entendemos que la oportunidad de esta propuesta no es la mejor, por expresarlo suavemente,
sin embargo, los principios son los mismos y los socialistas de Aragón creemos que es bueno para Aragón seguir apoyando esta iniciativa. Y algo mucho más importante que nos permite esta iniciativa es que independientemente del resultado de la
votación, que es la forma, nos interesa más el fondo de lo que hoy debatimos, y los socialistas de Aragón pretendemos hoy, con nuestra propuesta, una llamada de solidaridad al resto de las comunidades autónomas al Estado. Todos los parámetros
económicos que ustedes utilicen, todas las variables, todos los in-puts dicen y expresan con tozudez y claridad que existe un agravio serio en las leyes de compensación y reparto de fondos con gran parte de Aragón, donde se encuentra incluida la
provincia de Teruel. Y lo que es todavía más importante, así lo entiende el sentido común y el sentido político. Si a todo esto, señorías, añaden el concepto de solidaridad no como una palabra vacía sino con contenidos concretos, no tengo ninguna
duda de que a corto plazo esta Cámara, depositaria de la soberanía popular de los españoles, corregirá los errores producidos en un pequeño y modesto territorio español en cuyo nombre he tenido el honor de exponer mis argumentos ante ustedes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Concluida la presentación de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, ¿algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos, pues, al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS:: Muchas gracias, señor presidente.
A iniciativa de las Cortes de Aragón debatimos hoy una proposición de ley que pretende corregir una injusticia histórica que se ha cometido con esta tierra: fruto de la perversidad estadística, Aragón fue excluida del Objetivo I de los
fondos europeos. Y hablo de perversidad estadística porque ya se sabe que en el mundo hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. La muy baja densidad demográfica convierte a Aragón, paradójicamente, en un país rico cuando hablamos del PIB por
habitante.
Esos fríos datos estadísticos nos excluyeron del Objetivo I, pero la injusticia se agravó cuando se creó el Fondo de Compensación Interterritorial y su lista de beneficiarios se redujo a los que ya recibían a su vez el Objetivo I. Los
aragoneses nos sentimos, pues, doblemente excluidos. Permítanme que aporte unos datos sobre mi tierra que ilustrarán el debate.
Aragón está entre las regiones europeas menos pobladas, con menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. De las 33 comarcas aragonesas 15 presentan una densidad inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, como en las zonas más al
norte de Escandinavia; de los 730 municipios aragoneses 620 tienen menos de 1.000 habitantes; 737 municipios aragoneses presentan una tipología de municipios terminales porque cuentan con más de un 40 por ciento de población mayor de 65 años.
Todos los informes coinciden en señalar una realidad territorial singular que merece la atención del Gobierno y de las Cortes Generales. Ahora, con la ampliación de la Unión Europea, muchas comunidades españolas van a salir del Objetivo I, pero eso
no va a suponer que se nos excluya del Fondo de Compensación Interterritorial. Por tanto, la causa que excluyó a Aragón de este fondo, de hecho, se ha abandonado. Parece razonable aprovechar ahora esta oportunidad para corregir la situación
anómala que se dio en Aragón al dejarla fuera del Fondo de Compensación Interterritorial. La singularidad territorial y demográfica aragonesa exige a los poderes públicos del Estado que le demos una solución. El año pasado, una encuesta del CIS
revelaba que los aragoneses eran, con diferencia, el pueblo que más sentía el desequilibrio territorial. A la pregunta de piensa que en la actualidad existen muchas, bastantes, pocas o muy pocas diferencias
de prosperidad o riqueza entre las distintas comunidades autónomas, el 92 por ciento de los aragoneses respondió que muchas o bastantes. En ninguna otra comunidad se alcanzó ese porcentaje; por algo será. Superamos en un punto a los
extremeños y los demás quedaron a gran distancia. Esa percepción colectiva de desequilibrio territorial que tiene el pueblo aragonés se fundamenta en las décadas de retraso que arrastran las inversiones públicas, que son imprescindibles para
vertebrar nuestro territorio. También se fundamenta en la exclusión de los fondos compensatorios, tanto el europeo como el estatal, que deberían ayudarnos a reequilibrar Aragón. Del déficit de inversiones ya hablaremos cuando debatamos sobre los
Presupuestos Generales del Estado, pero el asunto de los fondos podemos empezar a resolverlo hoy aprobando la toma en consideración de esta proposición de ley, porque es de justicia para el pueblo aragonés.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, deseamos saludar de forma afectuosa a los representantes de las Cortes de Aragón y hacer una pequeña justificación de por qué nos vamos a abstener ante esta proposición de ley.
Efectivamente, en la Constitución española está plasmado el principio de que la igualdad y la solidaridad deben incidir en la cohesión territorial, de tal manera que las naciones y regiones menos desarrolladas del Estado puedan ir superando
las diferencias de renta, empleo y bienestar. Uno de los instrumentos utilizados es el Fondo de Compensación Interterritorial, que va destinado a corregir desequilibrios y a hacer efectivo el principio de solidaridad, tal como se expresa en el
artículo 158.2 de la Constitución española. Todos sabemos que a través del artículo 16 de la LOFCA, de 22 de septiembre de 1980, se establecieron los principios generales que iban a regir este fondo y se dejó a una ley ordinaria posterior
establecer los criterios de distribución. Desde el año 2001, las comunidades autónomas que son receptoras del Fondo de Compensación Interterritorial, que coinciden con las del Objetivo 1, pueden emplear esos fondos en compensación, es decir en
inversiones, en una especie de fondo complementario para que pudieran funcionar estas infraestructuras o servicios durante dos años. Pero el problema -y aquí es donde viene la gran diferencia que tenemos respecto del Fondo de Compensación
Interterritorial- es que aunque en este momento Aragón entrase a formar parte del Fondo de Compensación Interterritorial, el escasísimo alcance cuantitativo que tiene éste no solamente no resolvería el problema de Aragón sino que las migajas que hoy
se reparten entre aquellas regiones que son Objetivo 1 serían todavía más migajas, de tal manera que la función de cumplir la encomienda constitucional no es que estuviera lejana sino que sería prácticamente inútil.
El Fondo de Compensación Interterritorial experimentó una evolución nominal y real muy inferior a la de otros indicadores relacionados con el desarrollo territorial. Entre 1983 y 2002 fue pésima su evolución, hasta el extremo de que hoy
solamente representa el 0,13 del PIB del Estado español. Ya me dirán ustedes qué política de solidaridad se puede hacer con esto. Ninguna. De hecho, los resultados están a la vista: las diferencias entre las naciones y regiones subdesarrolladas
es cada vez mayor en el Estado español. Por tanto, lo que se necesita es un nuevo marco para el funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial, y esto es lo que no plantea la proposición de ley de las Cortes de Aragón. Lo que hay que
hacer es compensar el futuro previsible de disminución o desaparición de fondos estructurales y paliar el problema de los efectos que provoca el principio de estabilidad presupuestaria.
Por tanto, nosotros defendemos que haya un nuevo marco que se
debata en el Consejo de Política Fiscal y que en ese nuevo marco se establezcan nuevos criterios para el reparto y si hay que incluir a Aragón, perfecto, y si eso es correcto, perfecto también. Pero este es un debate general y deberíamos ponernos
primero de acuerdo en que para cumplir el papel constitucional hay que aumentar considerablemente el fondo y no dejar que sea exclusivamente el 0,13 por ciento. Habría que estudiar de nuevo los criterios y que puedan valer para corregir los
desequilibrios económicos territoriales y para hacer efectivo el principio de solidaridad. Por supuesto, sería muy importante que en el nuevo marco se tuviese en cuenta que va a haber una restricción clara de todo lo que es...
El señor PRESIDENTE: Es inútil que el presidente les recuerde que está prohibido utilizar el móvil en el hemiciclo porque veo que no se suelen respetar las instrucciones del presidente. El problema que tenemos es muy simple: el tendido
interno del audio de la Cámara, que va por debajo de los pupitres, no permite que se utilicen los móviles porque se producen acoplamientos, lo que probablemente habrá creado problemas en el control.
Les ruego que los apaguen, por favor. (Pausa.)
Gracias.
Señor Rodríguez, adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señor presidente, sólo me falta una cuestión.
Efectivamente, el problema grave que tendremos en el futuro, es la restricción derivada de la nueva política regional comunitaria y también la aplicación de la política de estabilidad. El Fondo de Compensación Interterritorial habría que
reformularlo para adaptarlo a esos criterios y ese es el debate general al que nosotros aspiramos.
No vamos a votar en contra porque consideramos que la aspiración tiene su lógica. Nos abstendremos a la espera de un debate general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras son de bienvenida y salutación a los tres parlamentarios de las Cortes de Aragón, que han venido hoy a defender aquí en nuestro hemiciclo esta toma en consideración de proposición de ley. El Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria va a votar favorablemente esta propuesta, en primer lugar, porque lo hacemos dentro de un principio de respeto y de solidaridad con los parlamentos autonómicos, en este caso con las Cortes de Aragón. Entendemos que un principio de
solidaridad dentro del marco de la Constitución española, de su título VIII, consolida esta propia declaración de intenciones de un principio de solidaridad y es bueno porque genera unas corrientes de entendimiento entre las distintas comunidades
autónomas que, como en este caso, pueden estar muy distantes y con una topografía y con unas necesidades distintas como pueden ser Aragón y Canarias, aunque precisamente haya un nexo en esta cuestión del principio de solidaridad.
En segundo lugar,
porque habiendo leído las razones de la exposición de motivos nos damos cuenta de que la utilización del Fondo de Compensación Interterritorial es necesaria para una comunidad autónoma como la aragonesa donde el mapa demográfico, la distribución de
la población, es totalmente asimétrica. La concentración urbana de la capital, en Zaragoza, es distinta comparada con la de las otras provincias de la comunidad autónoma, como Teruel y la parte norte de Huesca, y precisamente por la propia demanda
que se puede hacer, el Fondo de Compensación Interterritorial tendrá que tener efectos beneficiosos en su aplicación.
En este trámite parlamentario se trata de votar la toma en consideración, con todos los perfeccionamientos que se quiera y respetando las competencias -que nadie va a negar- del Consejo de Política Interterritorial. Sin embargo, es
necesario que Aragón se siente en esa mesa, que tenga acceso y el derecho a estar contemplada en el Fondo de Compensación Interterritorial; que después las cantidades financieras asignadas, sean A, o B, o C, es la segunda parte, que ya se
discutirá.
Precisamente aquí se trata de reconocer el derecho a poder sentarse a la mesa con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que se puedan hacer los ajustes y adjudicaciones pertinentes y pueda ser partícipe del Fondo de
Compensación Interterritorial.
Coalición Canaria suscribe esta línea que se contempla en la propia exposición de motivos y que han defendido los tres parlamentarios de las Cortes de Aragón. El sentido del voto desde Coalición Canaria será de apoyo porque es un principio
constitucional, de justicia social y presupuestaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Anunciamos el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley que viene avalada por un clamor popular en torno a Teruel también existe. Provincia que, por cierto, como el resto de Aragón se ha visto perjudicada en este
último presupuesto aprobado con un descenso importante. La propuesta que se plantea es unilateral y técnicamente muy mejorable, pero para ello estamos ante una toma en consideración y existen los posteriores trámites parlamentarios durante los que
podremos mejorar esta propuesta.
Lo cierto es que el actual Fondo de Compensación Interterritorial no sirve al objetivo por el que nació, porque la realidad cambia y junto a los criterios de renta per capita, existen otros como la dispersión geográfica, el envejecimiento
poblacional o el aislamiento especial, que han de ser también tenidos en cuenta. Además de ello, y es fundamental, hemos de cambiar el criterio por el que se fija la cuantía de este fondo.
Se fija con un porcentaje de la inversión nueva del Estado
y así ha estado congelado durante años. Nuestro grupo, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, lleva años proponiendo fijar un porcentaje del PIB destinado a corregir los desequilibrios territoriales existentes,
estableciendo un porcentaje como esfuerzo de todos los españoles para cumplir con el mandato constitucional de la solidaridad.
Nosotros proponemos un Estado federal y solidario.
Volviendo a la concreta propuesta, hay que reconocer que el texto es desacertado porque se limita a introducir a la Comunidad Autónoma de Aragón en el Fondo de Compensación Interterritorial. Entendemos, asimismo, que es necesario mencionar
el esfuerzo interno que la propia comunidad hace para corregir los desequilibrios intercomarcales e interprovinciales que padece. Señorías, recordemos que todos tenemos un compromiso con el aislamiento histórico de Teruel y que estamos hablando de
una comunidad que sufre una distorsión derivada de la baja demografía, que ha conllevado la exclusión, como ya se ha dicho aquí, de los fondos estructurales del Objetivo 1 y, por tanto, de los fondos de compensación interterritorial. En definitiva,
los fondos de compensación interterritorial deben regirse por otros criterios y Aragón, por supuesto, debe estar presente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Antes que nada quiero saludar a los representantes de las Cortes de Aragón hoy presentes aquí.
Nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por las Cortes de Aragón, y lo va a hacer no porque considere que algunos de los argumentos esgrimidos para plantear la
modificación no sean importantes. La situación demográfica, la dimensión territorial, etcétera, son variables económicas que es posible considerar a la hora de repartir el Fondo de Compensación Interterritorial. Creemos que los indicadores
económicos y los criterios de reparto del fondo de compensación son cuestionables y replanteables, pero en otro foro, cual es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se deben llevar acuerdos al respecto. El Fondo de
Compensación Interterritorial es un juego, como ustedes bien saben, de suma cero, por lo que más recursos para Aragón supone merma de recursos para otras comunidades autónomas, por lo que deben ser todas las comunidades afectadas las que deben
discutir y establecer, si procede, los nuevos criterios. Estoy de acuerdo, como se señala en la proposición, con que el PIB por habitante no debe ser el único criterio, si bien dicho indicador es relevante para señalarnos la situación económica del
territorio. Podemos discutir ampliamente sobre esta cuestión.
Aunque esto no sea objeto de la proposición, desde el Grupo Vasco tenemos que señalar que no compartimos en absoluto, por simple y por falsa, la apreciación que se hace en la proposición en relación con el Concierto Económico del País Vasco
y con el Convenio navarro. Mucho podríamos hablar sobre lo que se denomina en la proposición potencialidad financiera indiscutible del régimen de cupo de concierto o de convenio, pero éste no es el momento idóneo para ello. Tampoco entendemos lo
que se quiere decir cuando se señala que algunas comunidades autónomas complementan con el régimen especial de convenio o concierto su financiación básica. Creemos sinceramente que sobre el sistema de concierto económico no se debe hablar de oído,
sin rigor y utilizando tópicos fáciles.
Como se señala en la proposición, las inversiones en Aragón no son sólo las que pudieran derivarse del Fondo de Compensación Interterritorial. A través de los Presupuestos Generales del Estado y ajenas al fondo de compensación, se acometen
inversiones en diferentes territorios del Estado; inversiones más relevantes y cuantiosas que las del propio fondo.
Creemos que es legítimo que desde las Cortes de Aragón se plantee la modificación de criterios para el reparto del fondo de compensación. Sin embargo, al ser el fondo de compensación un juego de suma cero, en el que las alteraciones de una
o más comunidades autónomas afectan al resto, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera el órgano que en primera instancia debe llegar a un acuerdo al respecto y tramitarlo, posteriormente, como proyecto de ley. De ahí nuestra abstención a esta
proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Quiero saludar a los representantes de las Cortes de Aragón, concretamente del Partido Aragonés, del Partido Socialista y muy especialmente de la Chunta Aragonesista.
Señoras diputadas, señores diputados, señor presidente, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana votará favorablemente esta toma en consideración de las Cortes de Aragón porque consideramos que este es un debate que hay que reabrir,
que no sólo afecta a Aragón, creemos que también afecta a otras comunidades, porque aquí el parámetro de población dispersa, el parámetro de la baja intensidad, no fue tenido en cuenta cuando se calcularon en su momento en la Ley de 1984 los fondos
de compensación interterritorial, ni tampoco el Estado tuvo en cuenta el mismo factor para los fondos estructurales, como sí lo tuvieron en cuenta, según reza muy bien la exposición de motivos, algunos países que forman parte hoy de la Unión
Europea, como es el caso de los escandinavos o del Reino Unido.
Consideramos, pues, que la inclusión en el debate del parámetro de población dispersa, de baja intensidad, la yuxtaposición entre territorio y demografía, es un elemento a tener en cuenta y que abrirá un debate posible y necesario en esta
Cámara de prosperar la proposición de ley de las Cortes de Aragón. Si prospera, tendremos ocasión de realizar el debate en esta Cámara y de introducir diferencias y modificaciones en los mecanismos de los fondos de compensación interterritorial,
porque por lo que han expuesto hoy aquí los representantes de las Cortes de Aragón queda muy claro que existen dos modelos de Aragón, existen dos realidades en la misma comunidad: una realidad de poca inversión histórica, de un déficit de inversión
que se acarrea durante muchos años, de zonas despobladas, sin posibilidad de remontarse económicamente y de mantener la población, y que afecta gravemente al equilibrio territorial. Por otra parte conviven con esta realidad zonas como la capital,
Zaragoza, con una capacidad importante de industria y servicios, bien comunicada y que ejerce un efecto magnético sobre el resto de la población de Aragón.
Estas son las dos realidades que conviven en la misma comunidad, y la perversión matemática
da una media superior que incide
sobre la realidad aragonesa y le impide formar parte de los objetivos de fondos de compensación interterritorial o del Objetivo 1 de los fondos estructurales.
Esta es, pues, una razón clara que, repito, como he dicho al principio, no sólo afecta a Aragón. Podríamos poner el ejemplo también de Cataluña, y por eso decimos que por coherencia. En Cataluña tenemos comarcas, algunas curiosamente
fronterizas con Aragón, como es el caso de la Terra Alta o la Alta Ribagorza, que están muy por debajo de los porcentajes de población por kilómetro cuadrado. Se habla en la exposición de motivos de que hay comarcas de Aragón que están rozando al
alza los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues bien, comarcas como la Terra Alta, frontera con la Matarraña, están hoy con 16,41 habitantes por kilómetro cuadrado; comarcas como la Alta Ribagorza, haciendo frontera con el Pirineo aragonés,
están en 8,16 habitantes por kilómetro cuadrado, o el Pallars Jussà, con la capital, Tremp, con 8,97 habitantes por kilómetro cuadrado.
Esta es una realidad que se pervierte. A nadie se le escapa que en el caso catalán la fuerza de la conurbación
de Barcelona, y en todo caso las de Tarragona, Lleida y Girona, ejerce también un efecto de dispersión matemática que obliga a que la media siempre quede muy por encima de la media de los fondos estructurales europeos o en este caso los fondos de
compensación interterritorial.
Estas son las reflexiones que justifican nuestro voto favorable, pero también hay más razones para votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. A nadie se le escapa que nosotros hemos defendido como partido el
eje del Ebro. Hoy en día el eje del Ebro Aragón-Cataluña es una realidad económica y productiva que ha tenido poca inversión por parte del Estado, y es evidente que si somos capaces de modificarlo en el debate posterior, si prospera hoy esta
proposición de ley, podremos crear mejores condiciones de competitividad de la economía de Aragón y de Cataluña. Por estas razones, porque entendemos que es bueno para Cataluña también, para todo el Estado, pero es bueno que Aragón tenga un régimen
de oportunidades, vamos a votar favorablemente esta proposición de las Cortes de Aragón.
Queremos matizar también, como ha hecho el Grupo Vasco anteriormente, que algunos aspectos de la exposición de motivos no los podemos compartir. No podemos compartir que se diga quealgunas comunidades, que no formamos parte ni del Objetivo
1 de los fondos estructurales ni del paquete importante de inversión del Fondo de equilibrio territorial, disponemos de recursos endógenos. Este es un debate que en el Consejo Fiscal de Política Financiera hemos expresado los que pertenecemos al
régimen común. En el crecimiento económico, por ejemplo, de Cataluña, de las Islas Baleares, que está muy por encima de la media, hay que explicar siempre que aquí hay un debate pendiente, no en vano la semana pasada estábamos discutiendo sobre la
creación de las balanzas fiscales, sobre cuáles son los flujos o el desequilibrio fiscal que hoy padecen Cataluña, Aragón o las Islas Baleares. Con lo cual nosotros queríamos matizar. No podemos estar de acuerdo con aquel aspecto de la exposición
de motivos donde se nos dice que algunas comunidades que estén por encima de la media no tienen problemas o tienen recursos endógenos. No estamos de acuerdo, pero sí creemos que es buena esta propuesta, que la votaremos favorablemente, que
abriremos un debate necesario en esta Cámara para que la yuxtaposición entre población y territorio tenga representatividad, tanto en los fondos de compensación interterritorial como en los fondos europeos.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los excelentísimos diputados y representantes de las Cortes de Aragón que nos han planteado esta proposición de ley de las Cortes de Aragón sobre la solidaridad
financiera y la modificación de la Ley 22/2001, referente al 27 de diciembre, en la cual se regulan los fondos de compensación interterritorial.
La posición de nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser la de votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, básicamente porque hay bastantes motivos en los que existe plena coincidencia
con posiciones que desde Convergència i Unió hemos venido manteniendo a lo largo de estas legislaturas en estos últimos años.
En primer lugar, la toma en consideración de esta proposición de ley que estamos debatiendo hoy pone de relieve un problema en el cual estamos totalmente de acuerdo. En todas las comunidades autónomas existen determinadas zonas en las
cuales el desequilibrio económico respecto al resto del territorio autonómico es más que notorio. Ustedes han puesto de manifiesto el ejemplo de Teruel y también aquí podríamos detallar que en muchas comunidades autónomas que existen en el Estado
español hay diferencias entre territorios de la misma comunidad autónoma.
En segundo lugar, también estamos de acuerdo en otro aspecto que pone de manifiesto la toma en consideración de dicha proposición de ley, que nosotros hemos venido reiterando a lo largo de estas últimas legislaturas y también hemos resaltado
al inicio de esta legislatura, como es el de la insuficiencia del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Como bien saben ustedes, a pesar de que la proposición de ley tacha a Cataluña como una comunidad con un gran poder político, económico y turístico, en este aspecto, desde un punto de vista absoluto, en cuanto
estas manifestaciones no estamos de acuerdo justamente en la dirección que ustedes plantean estas afirmaciones. Nosotros entendemos que el sistema de financiación de Cataluña tampoco se basa en los principios de responsabilidad fiscal
plena, de financiación global, de plena capacidad de la gestión tributaria, reconocimiento de la adecuada capacidad normativa, solidaridad interterritorial suficiente de los entes locales y transparencia. Estos son los principios que nosotros
también reclamamos para Cataluña. Por tanto, pensamos que es bueno admitir a trámite esta toma en consideración porque es en este trámite parlamentario, en Comisión y en el Pleno, donde pensamos que podríamos incorporar, consensuar algunas
enmiendas y posiciones políticas que permitieran corregir estas afirmaciones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo.
Hay otro aspecto relevante a nuestro entender en la proposición de ley que ustedes plantean hoy en las Cortes Generales con el que también mantenemos coincidencias, como es la similitud de los criterios de distribución de los fondos de
compensación estatales con los fondos estructurales europeos. Solamente se consideran como comunidades autónomas beneficiadas a efectos de los fondos estructurales europeos las consideradas como Objetivo 1. Esta posición nos permite afirmar que
España en estos momentos no dispone de una política propia de solidaridad territorial y esta deficiencia se pondrá más de manifiesto cuando dejemos de percibir en un futuro desgraciadamente muy próximo los fondos estructurales de la Unión Europea.
En este contexto Convergència i Unió ya ha presentado una iniciativa parlamentaria en forma de proposición no de ley con la cual sería posible corregir estas diferencias de criterios económicos que pueden incidir negativamente en algunos territorios
de una misma comunidad autónoma y plantear una opción política potente y solvente. En ella instamos al Gobierno actual, aunque todavía no hemos tenido la oportunidad de debatir en esta Cámara, a que en las negociaciones sobre la reforma de la
política estructural y de cohesión social de la Unión Europea, además de dar una prioridad a la política regional orientada a las regiones menos desarrolladas y calificadas como Objetivo 1 y a las ultraperiféricas, pudiéramos defender dos cuestiones
que consideramos muy importantes para el fin que hoy estamos debatiendo en esta Cámara. En primer lugar, sería interesante defender ante la Unión Europea un período transitorio a partir del 2006 con una programación específica de fondos
estructurales para las regiones consideradas Objetivo 2. Entre ellas están Aragón, las Illes Balears, Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco, las cuales hoy perciben recursos FEDER y del Fondo Social Europeo. Esta
negociación la llevaríamos a efecto básicamente con el fin de consolidar los procesos de corrección de desequilibrios económicos y sociales que estas comunidades están alcanzando. Por tanto, se trata de defender ante la Unión Europea un período
transitorio para estas comunidades consideradas actualmente como Objetivo 2. También consideramos muy importante que al mismo tiempo incorporemos en esta negociación otro período transitorio a partir también del año 2006 para la recepción del Fondo
de Cohesión por parte de los Estados que actualmente los están percibiendo, a efectos de que puedan consolidar todos aquellos logros que se están alcanzando, así como todas aquellas posiciones de desarrollo y capacidad de competir a medio plazo.
Este período es especialmente necesario en un contexto en el que Europa debe reforzar su mercado interior en los países miembros del sur y mediterráneos.
Todos estos planteamientos, coincidentes la mayoría de ellos con los de la proposición de ley, como son la reforma del sistema de asignación y el reparto de los fondos de compensación interterritorial, a nuestro entender deberían incluirse
también en el proceso de debate general del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, un sistema que, como reclama Aragón, respete los principios de solidaridad territorial.
Esta es, señorías, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que va a votar, repito, favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley para que podamos incorporar todas estas sensibilidades que, a
nuestro entender, reforzarían la posición que hoy han defendido los excelentísimos diputados de las Cortes de Aragón.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Erías.
El señor ERÍAS REY: En primer lugar, quiero saludar de forma afectuosa y dar la bienvenida a los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón, hoy ponentes en esta proposición de ley.
Señor presidente, señorías, intervengo en esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Popular para valorar la toma en consideración de la proposición de ley presentada por las Cortes de Aragón sobre solidaridad financiera y modificación de
la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial. Como no podía ser de otra manera, el Grupo Popular comparte en este caso con los proponentes las razones que sirven para argumentar la necesidad de que
ante los persistentes e importantes desequilibrios que Aragón manifiesta, especialmente de naturaleza económica y demográfica y de asentamiento y localización productiva, se desarrollen medidas por parte de la comunidad autónoma y del Gobierno
central para mitigar los efectos tan preocupantes que especialmente se dejan sentir en Teruel y Huesca. Ciertamente no negamos, como acabo de decir, que en esas
provincias se producen situaciones de despoblación, de población envejecida o de polarización de las actividades productivas que pudieran ser el resultado de la falta de políticas públicas, dotadas de suficientes recursos que contribuyeran a
ayudar y a mejorar los resultados obtenidos por las mismas. Sin embargo, también es cierto que cuando determinadas acciones de política regional no producen los resultados esperados o, más bien, cuando cristalizan y persisten temporalmente
aquellos, es muy necesario plantearse cómo salir de esta situación, tanto desde un punto de vista ético, como desde uno de naturaleza político-económica. Está claro, pues, que estamos ante una cuestión de enorme trascendencia que, a nuestro juicio,
no puede dirimirse con una simple acción puntual, pues si bien es cierto que la renta per capita en Aragón es enormemente dispar en todo su territorio, también en términos de inversión per capita observamos el mismo hecho.
Ello puede tener que ver,
entre otras cosas, con que la mayor concentración de renta y población se sitúan en el entorno de Zaragoza.
Por estas cuestiones que señalo, entre otras, comparto los principios que deben de guiar la búsqueda de la solidaridad inter e intrarregional.
Aquélla se buscará alcanzarla con unas políticas de inversiones públicas que, fomentando el
desarrollo endógeno de las comarcas y territorios afectados, lleve aparejado también una sobreprovisión de servicios públicos. Está claro también que uno de los valores éticos que compartimos con los grupos proponentes es su preocupación por la
pobreza como fenómeno individual. Nadie discute que la solidaridad con los necesitados es la base primaria de justificación de toda política redistributiva, pero ¿se puede trasladar esto que acabo de señalar al ámbito territorial? Creemos como
respuesta a esta cuestión que será trasladable ese principio anterior sólo cuando el hecho de residir en una región o dentro de ella, en un lugar u otro, sea el factor causante de la desigualdad interpersonal de renta. En ese caso es cuando debemos
ponernos de acuerdo en cómo actuar para que la localización de las actividades económicas y el asentamiento de los individuos en el territorio incida lo menos posible en su nivel de renta y bienestar. La cuestión a dilucidar ahora tiene que ver con
el análisis de si es prioritaria o no esta actuación. Justificar esta cuestión exige a mi entender determinar que si bien los niveles de pobreza de Aragón en cuanto a comunidad autónoma no son graves por los indicadores en términos relativos, sin
embargo, nos parecen inaceptables éticamente, pues es muy probable, además, que padezcan los niveles medios de bienestar, que es algo que nos ilustra de muy poco. De todos modos, hemos de ser prudentes por lograr un consenso sobre el sistema de
financiación autonómica, no vaya a ser que caigamos en la tentación de modificar aquello que sin satisfacer plenamente a todos, cuando menos sí funciona razonablemente para los objetivos encomendados. Por lo tanto, reparemos en aquello que ya
apuntaba Benjamin Constant, en 1797, cuando indicaba, a propósito de la revolución francesa: No sea que las reacciones contra los excesos de los jacobinos puedan engendrar excesos mucho peores.
En cualquier caso, de lo que no nos cabe duda alguna es que desde el nacimiento del Fondo de Compensación Interterritorial éste actuó más como un mecanismo compensatorio que como un elemento proporcionador de mayor solidaridad interregional.
La solidaridad, de los estudios y la evidencia disponible, parece más adecuado buscarla con una política de infraestructuras del Gobierno central y de la propia comunidad autónoma, que facilitando más recursos potencie convenientemente el territorio
y su desarrollo, que hacerlo a través de un mecanismo compensatorio con unos criterios de reparto muy definidos y con un consenso muy importante entre las distintas comunidades autónomas sobre sus fines y su cuantía. Es más, se puede romper un
acuerdo básico existente y los pactos desarrollados dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En definitiva, llegados a este punto, el problema básico tiene que ver, a nuestro juicio, no solamente con la percepción o no de FCI por parte de Aragón, aunque también esto influye, como es obvio, sino más bien con el papel que sobre el
territorio aragonés han tenido, tienen y deben de tener las políticas públicas inversoras para fomentar el potencial endógeno, del que ya hablé, buscando siempre, con la estricta colaboración de las administraciones central, autonómica y local,
conseguir ese mejor bienestar y esa mayor riqueza. Es más, si ahora lo que persigue el FCI es la suficiencia, no podemos o no debemos sobreobjetivarlo reclamándole que actúe al mismo tiempo y simultáneamente en el ámbito de la solidaridad. En el
caso de Aragón con la percepción del FCI en un primer momento, como en todas las comunidades autónomas, tal y como se hizo en el Estado español y posteriormente desde el año 1992 con la firma del convenio entre la Administración Central y la
comunidad autónoma al dejar de ser, según esos criterios estadísticos, la región de Aragón Objetivo número 1, se perseguía subsanar algunas de las deficiencias estructurales de la provincia turolense, compartiendo ambas administraciones, la central
y la autonómica, el empeño de mejorar el punto de partida. Además, esta iniciativa, como potenciadora de ese desarrollo endógeno, no ha dado malos efectos, aunque ha sido de reducida importancia, al garantizar para Teruel con ese fondo que hasta el
año 2006 se percibiesen por esta provincia, por este territorio o lo que la comunidad autónoma decidiera localizar dentro de la misma, más de 30 millones de euros.
Estamos, de esta forma, ante una cuestión de enorme trascendencia para Aragón y para toda España. De ahí que consideremos que no puede dirimirse simplemente este asunto con un simple acuerdo de principios y con una acción puntual que
garantice a Aragón la percepción
de manera indefinida del Fondo de Compensación Interritorial. A nuestro juicio está claro que con la proposición de ley se abre de nuevo un importante debate sobre cuál debe de ser el papel en la inversión pública y qué puede desarrollar y
además a qué nivel ha de instrumentarse para que se minoren las desigualdades de renta inter e intrarregional. Está claro, señorías, que en este caso no debe prevalecer la discordia en nombre del posible conflicto de intereses, sino que apostamos,
desde el grupo del Partido Popular, por que renazca la cooperación en la búsqueda de aquellos intereses que son mutuos y que en el caso que nos concierne afectan muy especialmente a Aragón.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erías.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, señores y señoras diputados, mi grupo, ante la proposición de ley sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial, anuncia que
va a apoyar la propuesta traída a esta Cámara por las Cortes de Aragón.
Saludando, como no puede ser de otra manera, a los representantes, paso a dar la argumentación que nos lleva a apoyar esta proposición y a la vez señalar algunas de las cuestiones que nos preocupan y que nos gustaría que fueran mejoradas en
el trámite parlamentario. Quisiera recordar que el Grupo Socialista se posicionó claramente en el debate de la vigente Ley 22/2001, reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial.
Manifestamos literalmente que para nosotros era importante
corregir la situación que Aragón tenía porque su índice de renta no le permitía participar ni del objetivo 1 ni, por supuesto, de este fondo. Está claro que se creó un fondo especial, el denominado Fondo Teruel, cuyo actual convenio finaliza en
2006, con una dotación de 15 millones de euros anuales, que en estos momentos son claramente insuficientes. Nuestras enmiendas en este sentido fueron rechazadas y el Partido Popular se opuso en ese momento a ese trato especial que necesitaba Aragón
de corregir este índice de renta que tanto le perjudicaba. Literalmente se dijo en esta Cámara: no es necesario reiterar un compromiso ya cumplido. Se referían al convenio de 1992 entre la Administración General del Estado y la Diputación General
de Aragón sobre Teruel. El Grupo Socialista, por tanto, mantiene la posición del debate de la Ley 22/2001 y, sin embargo, para mejorar la propuesta que se trae a esta Cámara formula algunas observaciones, observaciones en cuanto a la técnica
jurídica, ya que en la redacción de la exposición de motivos que se presenta -la proposición que se nos trae tiene dos bloques, la exposición de motivos y la disposición adicional- se solicita la incorporación de un mecanismo compensatorio de
solidaridad. Claramente este mecanismo debería haberse llevado a la parte dispositiva si queremos que tenga valor normativo.
Tampoco resulta posible evaluarlo en cuanto a su alcance y términos y mucho menos poder concretarlo en este acto. Por
tanto, este mecanismo compensatorio debe de regularse en la parte normativa y no en la exposición de motivos. Sobre la modificación de la disposición adicional única, la propuesta que se trae a esta Cámara consiste en incorporar en el primer
párrafo, donde se cita: las comunidades autónomas beneficiarias del fondo, una frase que diga: entre las que se incluirá la Comunidad Autónoma de Aragón. En el aspecto formal parecería que una norma de rango general no debería de contener una
cita concreta a la Comunidad de Aragón, sino establecer los criterios que permitan que la Comunidad de Aragón esté dentro de ese fondo. En técnica legislativa la norma general debe tener siempre un supuesto general; las normas tienen siempre
vocación general. En todo caso, hay un problema porque nada se dice del párrafo segundo de la vigente disposición adicional única y, según los términos estrictos del texto de su propuesta, habrá que pensar que se propugna su eliminación. En ese
sentido, desaparecería la explicación de cómo se determina el porcentaje representado por los fondos de compensación interterritorial con relación a la inversión pública, así como las remisiones también al cálculo de la cuantía del fondo. Por
tanto, hay muchas cuestiones que mejorar para que sea posible que el fondo que todos compartimos resulte claro y no suscite ninguna duda a la hora de aplicarse por parte de las comunidades autónomas.
Por último, respecto a los criterios de distribución del fondo, me gustaría señalar lo siguiente. Si tan sólo se corrigen las fórmulas para que Aragón esté incluida y no se corrigen los criterios de distribución del fondo, de acuerdo a los
cálculos que este diputado tiene o que le han hecho llegar, la Comunidad de Aragón no tendría un resultado positivo suficiente como SS.SS. pretenden. Es más, según los cálculos que este diputado ha visto, descontando el Fondo especial de Teruel,
arrojan una cantidad exigua, por lo que es necesario corregir también los criterios de distribución del fondo en el que no pondere tanto el criterio poblacional. Nuestra propuesta, por lo tanto, es que es un tema que requiere estudio y una
definición clara por parte de todas las fuerzas políticas y de los expertos, que pensamos debe hacerse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que pueda definirse claramente, no solamente que Aragón está en los fondos, sino que
Aragón obtiene algo por estar en los fondos. De ahí nuestra sugerencia de que se debata y se estudie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por último, quiero recordar la situación en que nos encontramos, con un cambio en los criterios de distribución de los fondos europeos que nos va a afectar de lleno. Los fondos europeos van a minorar claramente la parte que pondera hacia
las infraestructuras para ponderar otras cuestiones importantes como I+D y otras
cuestiones relacionadas con el desarrollo económico que va a hacer necesaria una reflexión -sobre todo en los términos que traen aquí las Cortes de Aragón- y una reformulación de los criterios generales del fondo, porque va a haber bastante
menos recursos para infraestructuras, que es a lo que SS.SS. se refieren. Estamos en un momento de tránsito y, por lo tanto, la reformulación también debe tener en cuenta esta modificación de los fondos estructurales europeos.
Por todo ello, señorías, nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley, porque no podemos dejar de reconocer una situación de injusticia histórica, pero tenemos muchísimas observaciones y en trámite parlamentario queremos modificarla y
mejorarla. Estamos tocando elementos esenciales del sistema de financiación. No podemos generar ningún tipo de discriminación respecto a otras comunidades que tienen problemas similares y tienen el mismo reconocimiento y respeto que el Grupo
Socialista profesa en estos momentos a las Cortes y a la Comunidad de Aragón. Por tanto, con todo cuidado, nosotros vamos a seguir el trámite de esta proposición de ley, vamos a mejorarla, apoyamos la inclusión de Aragón en este Fondo de
Compensación Interterritorial y le pedimos su comprensión para que el estudio sea un estudio de carácter general que tenga en cuenta otras situaciones similares y para que solucionemos otros desequilibrios que después de tantos años de aplicación de
los fondos estructurales de objetivo 1 y de este fondo, desgraciadamente, no se han corregido. Creo que en este momento es voluntad de este Gobierno y de este grupo parlamentario colaborar para que en el futuro al menos vayamos hacia una cohesión
territorial, que es el mandato constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
Gracias a la delegación de las Cortes de Aragón. La votación se va a producir conjuntamente con la siguiente proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL PARA REGULAR LOS TRATAMIENTOS NO VOLUNTARIOS DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS PSÍQUICOS. (Número de expediente 122/000085.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no voluntarios de las personas con trastornos psíquicos.
Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados una importante proposición de ley; importante por su trascendencia práctica e importante porque afecta a miles de
personas que actualmente padecen enfermedades mentales y no reciben el tratamiento necesario. Podría parecer, leyendo el enunciado de esta proposición de ley, que estamos ante una propuesta técnica, fría, alejada del día a día de nuestra sociedad,
y no es así. Me corresponde a mí, en este caso, en nombre de mi grupo defender el contenido de esta propuesta, propuesta eminentemente social. Adelanto a la Cámara que es una proposición de ley que nos ha remitido la Confederación Española de
Agrupaciones Familiares y Enfermos Mentales (Feafes), que forma parte del CERMI. Quiero mostrar mi agradecimiento aquí a todas las asociaciones que trabajan en el ámbito de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y hoy, concretamente, a
todo el movimiento asociativo de familiares de enfermos mentales que saben directamente el problema jurídico que en estos momentos se plantea cuando quiere decidirse una medida terapéutica alternativa a lo que pueda ser un internamiento o una
incapacidad. Por tanto, es un tema importante que tiene también una elevada repercusión en lo que puede ser el día a día de miles de familias que padecen la situación de tener entre ellos a un enfermo mental.
¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. Hay enfermos mentales que no desean voluntariamente recibir el tratamiento médico que precisan, enfermos mentales que no reciben el tratamiento necesario para ayudarles a tener una
calidad de vida mejor; repito, esta es la situación que se da porque en muchas ocasiones el enfermo mental no reconoce su enfermedad como propia. En otras, lo que existe es una fuerte estigmatización social de las enfermedades mentales. Por este
motivo, sucede que, al final, los enfermos crónicos gravemente afectados ni reciben la medicación oportuna ni llevan el tratamiento médico que precisan. Estamos ante una situación de abandono que afecta directamente a su calidad de vida.
Evidentemente existen situaciones límite que se dan especialmente cuando perdura la situación de dejadez, de abandono de cualquier tratamiento, de abandono de cualquier medicación. Cuando se llega a esa situación extrema, se interna a ese enfermo
mental como una medida absolutamente urgente para paliar el fuerte déficit vital que él mismo está manifestando. ¿Qué pasa con ese internamiento que no ha ido previamente acompañado del tratamiento médico necesario? Estos ingresos se conocen
normalmente como de puerta giratoria: el enfermo mental ingresa de urgencias en un hospital, permanece unos pocos días, sale, deja de medicarse y, a los dos o tres meses, vuelve a ingresar. Al final, al enfermo mental cuya única alternativa
final es el ingreso periódico, señorías, se le impide tener una vida digna, se le impide tener incluso un trabajo o una realización social si tuviera día a día una asistencia correcta desde el punto de vista sociosanitario, pero no la tienen
porque ellos se niegan voluntariamente a tenerla. Por lo tanto, existe esa falta de voluntad y esa falta de alternativas.
¿Qué hacemos? Señor presidente, señorías, el CERMI, la Confederación de Familiares de Enfermos Mentales (Feafes), nos plantea crudamente la alternativa: bien el internamiento, bien la incapacitación de ese enfermo mental. Mi grupo plantea
hoy una tercera vía, una posible solución que hoy no puede realizarse porque existe una laguna jurídica, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil no trata de forma expresa la posibilidad de que un tribunal autorice un tratamiento no voluntario por
razón de trastorno psíquico o un período de observación para diagnóstico. Este aspecto no está contemplado. O realizamos el internamiento o realizamos la incapacitación, pero quizá pudiéramos acordarlo con las debidas garantías y con el necesario
respeto a los derechos fundamentales, facilitando jurídicamente una solución para esos casos que no tienen por qué redundar directamente en un internamiento. Todos sabemos que un internamiento tiene esos riesgos, ese efecto de puerta giratoria, ese
efecto de entrar y salir y de condenar a una persona a no llevar una vida con el mínimo de calidad que todo el mundo desea. Por lo tanto, estamos ante enfermedades crónicas, en muchas ocasiones incurables o de muy difícil curación, pero
enfermedades que, desde un punto de vista médico, se ha demostrado que pueden tener tratamientos paliativos. De ahí que mi grupo parlamentario plantee hoy la necesidad de introducir en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente dentro del
artículo 763, un nuevo apartado 5 que contemple esta solución viable que puede mejorar en muchas ocasiones el tratamiento médico de estas personas enfermas mentales. Esta es la propuesta que hace hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). Se trata de una propuesta que no es nueva; de hecho, se contempla en el convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina. Es un convenio
realizado en Oviedo en el año 1997 y ratificado por España en el año 1999. En el artículo 7 de ese convenio, en la protección de las personas que sufren trastornos mentales, se contempla expresamente la intervención y no necesariamente el
internamiento. De todas formas, este convenio no se aplica en el día a día de nuestra práctica judicial. Hay fiscales que han intentado aplicar este convenio e, incluso, buscar medidas para encontrar la solución dentro de nuestro actual marco
jurídico, buscando paralelismos y la aplicación del artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé medidas cautelares, que pueden ser patrimoniales o personales, de protección de los derechos e intereses de los presuntos incapaces. Estas
medidas siempre se aplican como paso previo a un procedimiento de incapacitación judicial. También es cierto que el propio Código Civil, en su artículo 158, prevé medidas de protección de los menores, que en ocasiones se pueden asimilar a las
personas que se han declarado incapaces. Mi grupo se resiste a que una de las soluciones deba ser siempre la declaración de incapacidad, porque aun cuando ésta se realiza, en muchas ocasiones es difícil realizar ese tratamiento alternativo si no
existe la voluntad del enfermo. Por tanto, nosotros hoy hacemos esta propuesta, una propuesta estudiada por un comité técnico. Una vez más, quiero hacer llegar el agradecimiento del Parlamento a todas las asociaciones y a todos los profesionales
que se implican en el día a día para realizar propuestas que vengan a mejorar aspectos como el que hoy tratamos, aspectos que quizá mañana no van a tener un reflejo en los medios de comunicación, pero que, cuando se acuerden por esta Cámara,
mejorarán ese día a día y esa calidad de vida de nuestros enfermos mentales. Quiero hacer llegar nuestro agradecimiento al grupo de expertos que se constituyó dentro del ámbito jurídico, formado por abogados, fiscales, jueces; quiero también hacer
llegar nuestro agradecimiento a las distintas administraciones públicas presentes en ese grupo de trabajo, así como la intervención de los propios profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque han puesto encima de la mesa que existe una laguna, que
existe un aspecto no previsto y que es un aspecto que, finalmente, debe tener una solución, y de ahí que mi grupo pida hoy el voto favorable para esta proposición de ley.
No nos engañemos, señor presidente, señorías. A pesar de que hoy se tome en consideración y finalmente se apruebe esta proposición de ley (y mi grupo ya anuncia que deberíamos estar abiertos a enmiendas puntuales que puedan mejorar su
texto, como, por ejemplo, todos los aspectos de audiencia a la familia del afectado en el proceso expreso que se lleve a cabo), a pesar de que acordemos esta medida, con esta medida sola no basta. Deberemos proporcionar a los especialistas médicos
este instrumento, que será un instrumento más de protección y de atención sociosanitaria o terapéutica para esas personas que presentan algún tipo de trastorno mental o de dependencia y que no lo quieren asumir de forma voluntaria; que será una
medida no generalista, puesto que deberá ser de aplicación en casos individuales que prescriban los propios médicos especialistas, pero evidentemente deberemos acompañar esta medida del necesario control judicial, de la necesaria intervención del
ministerio fiscal, de la necesaria audiencia del directamente afectado y, si se adopta esta medida, también deberemos tener previstos en nuestro sistema sanitario los servicios necesarios para realizar esos tratamientos. Por tanto, aquí también
hago una apelación al Gobierno si llega a tomarse en consideración, como espera mi grupo parlamentario, esta proposición de ley, la apelación a que dotemos de los
medios sociosanitarios necesarios para llevarla a cabo, para garantizar una buena aplicación de la misma.
Por último, no podría ser de otra manera, si esta proposición de ley se toma en consideración hoy, si es enriquecida con las aportaciones de los diversos grupos parlamentarios en forma de enmiendas, si finalmente se publica en el Boletín
Oficial del Estado como una ley importante porque abre esa nueva vía no prevista hoy de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico, mi grupo pide que su aplicación sea siempre respetuosa, al máximo, con los derechos fundamentales de toda persona
y con la persona que sufre una enfermedad mental y, por tanto, que desde el Parlamento hagamos una llamamiento a esa aplicación serena y responsable de la normativa, pero, lamentablemente, una normativa que es necesaria; nos lo piden hoy las
familias que padecen esta situación, que están al lado de un enfermo mental y que quieren una alternativa que no sea directamente el internamiento o la declaración de incapacidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Queremos posicionarnos respecto a esta proposición de ley. Entendemos que es una propuesta oportuna, puesto que aborda un problema que reviste singular actualidad, como es el tratamiento involuntario, sobre todo ambulatorio, de las personas
con trastornos psíquicos. La proposición recoge en su resolución final, tal como cita la exposición de motivos, la solución que propugna la Confederación española de agrupaciones de familiares y enfermos mentales, en la que participaron
instituciones autonómicas y juristas. La Organización Mundial de la Salud destaca que es problema común que muchas personas que podrían beneficiarse de los servicios psiquiátricos disponibles no los aprovechen. Es decir, que muchas personas
podrían aprovechar esos servicios si existieran las medidas que recoge la citada proposición de ley. Incluso en los países con servicios bien establecidos, menos de la mitad de los individuos que necesitan atención recurren a ellos. Esto guarda
relación tanto con el estigma asociado a las personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento como con las deficiencias de los servicios que se prestan.
El artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la obligación de las autoridades y funcionarios públicos, que por razón de su cargo conozcan la existencia de posibles causas de incapacitación de una persona, de ponerlas en
conocimiento del ministerio fiscal. La comunicación referida a la deficiencia psíquica y a la demencia senil ha sido bastante fluida. Sobre la psicosis y su tratamiento aparece un amplio campo de indefinición debido a múltiples factores. Entre
ellos, hay que resaltar el carácter poco flexible de la Administración de Justicia al adoptar medidas; la contradicción existente entre el proceso de rehabilitación psicosocial y la declaración judicial de incapacidad.
Para superar estos escollos
y con objeto de lograr una respuesta pública adecuada al problema, esta iniciativa permite que exista un procedimiento específico, teniendo en cuenta que si el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite autorizar un internamiento -es
decir, la privación total de libertad del enfermo-, debe ser posible autorizar una medida que restrinja en menor medida los derechos del enfermo. Por otra parte, está constatada la existencia en el territorio del Estado de experiencias de
tratamiento obligatorio en la comunidad, basadas en la analogía con el procedimiento de incapacidad, con éxito probado y apoyadas por los afectados.
Por todo ello, apoyaremos esta iniciativa. No podemos permanecer al margen de un problema tan importante como el que se nos plantea, que no es otro que el de facilitar los tratamientos alternativos para los enfermos psíquicos, sin tener que
recurrir a la declaración de incapacidad, que es más traumática.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Recuerdo que, cuando debatíamos en esta Cámara la reforma y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil -la Ley 1/2000-, al llegar al título correspondiente a los procesos sobre capacidad de las personas -al hablar del libro IV y de los
procesos especiales, y llegar al capítulo II-, encontramos que faltaba algo; que faltaba alguna pieza de encaje para las situaciones en que había que recurrir a la definición del bien jurídico protegido, en este caso la libertad de la persona de
desear lo que tenga por conveniente. Al mismo tiempo, nos encontrábamos con las limitaciones de ese derecho si había enajenación mental transitoria o permanente; si había una enfermedad psíquica para la que la persona se negaba a aceptar una
recomendación médica de tratamiento, bien internado o no. Y fue en la parte correspondiente a los no internados donde no tuvimos capacidad para reflejarlo en el Código Civil, por una serie de razones. Se ha venido produciendo en la protección de
un bien como es el de la salud de la persona que no tiene capacidad psíquica para aceptar o recibir
un tratamiento determinado, sea en régimen de internamiento, sea en régimen exterior. En el artículo 763, relativo al internamiento no voluntario por razones de trastorno psíquico, quedaba suficientemente garantizado porque la tutela
judicial efectiva extendida aquí -fue un cuerpo de doctrina importante- venía a coincidir con el bien jurídico a proteger; era la persona la que, a través de los dictámenes facultativos y del pronunciamiento del auto judicial, era internada en un
psiquiátrico, en un manicomio o en cualquier entidad para esta clase de enfermos, pero se producían una serie de situaciones de enajenaciones mentales con tratamiento farmacológico adecuado que ese enfermo se negaba a recibir. Es lo que algunos
tratadistas han llamado el síndrome del testigo de Jehová, es decir, una persona que llega a un quirófano y cuando necesita una transfusión sanguínea para salvar su vida se niega a ello si tiene conciencia porque no es un enfermo psíquico ya que
tiene plena conciencia de lo que dice, y, si no, sus familiares que dicen que no aceptan la transfusión y eso le lleva a la muerte. Es una situación con la que se encuentran los médicos de urgencia en los quirófanos. Se optó por dejar transcurrir
esta situación, en una especie de nebulosa, en cuanto a ese otro enfermo que sin necesidad de internamiento en centro psiquiátrico alguno puede necesitar una medicación que, en un acto de supuesta voluntad cognoscitiva, se niega a aceptar y son sus
familiares los que tienen que tomar la determinación pertinente. Me parece muy oportuno que la iniciativa que trae el Grupo Catalán (Convergència i Unió) haya remitido a las confederaciones de familiares de enfermos psíquicos una personalización y
una legitimación para solucionar este problema.
Por todas estas razones, mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergencia i Unió) porque, a través de la reglamentación correspondiente del Código Civil, tenemos que afrontar esta
situación ya que es necesario dar una respuesta sin perder la tutela judicial efectiva, sin perder el criterio de fondo del bien jurídico a proteger, que es la salud y la curación posible por las vías farmacológicas y médicas del trastorno psíquico
permanente o transitorio que tenga esa persona. Por ello, debemos correr el riesgo de tener que aceptar un debate y profundizar en esta situación que ya ha sido denunciada en el simposium de Oviedo de 1999, al que ha hecho también referencia el
señor Jané, para que el Código Civil pueda recoger todas estas situaciones, incluso de tratamiento domiciliario o periódico en centros psiquiátricos, no con internamiento permanente, como señala el artículo 763 a que he hecho referencia, sino
desarrollar con mayor concreción y seguridad jurídica el artículo 762 de nuestro vigente Código Civil. Nosotros nos inclinamos por abrir este debate con la toma en consideración de esta iniciativa y por eso la votaremos favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo de Izquierda Verde, señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, voy a pasar a detallar nuestra opinión en relación con la proposición de ley que estamos debatiendo a propuesta del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en concreto, el apartado 5 del
artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero.
En primer lugar, quiero manifestar que nuestro voto será favorable a la toma en consideración de la propuesta, pero quiero añadir que si hubiera sido una proposición no de ley y hubiéramos podido presentar enmiendas en este Pleno, nuestro
grupo -y seguramente otros grupos también- estaría defendiendo ahora esas enmiendas. Al no ser así, nos vamos a limitar a votar la toma en consideración y avanzamos que en su trámite parlamentario presentaremos enmiendas que consideramos profundas
y necesarias.
Esta diputada no quiere desaprovechar la ocasión para dejar constancia política -con la mayor brevedad posible- de cuáles son a nuestro entender las razones fundamentales -no las únicas, ni las exclusivas, pero sí las fundamentales- por las
que tenemos en nuestro país estas condiciones en el sector de la salud mental. Creemos que es consecuencia de un sistema sociosanitario deficitario en su conjunto y, de manera especial, en lo que respecta a la salud mental. Cuando la Confederación
española de agrupaciones de familiares y enfermos mentales, el CERMI y todos aquellos grupos de ayuda mutua y asociaciones de ámbito autonómico manifiestan de manera reiterada su preocupación por el sector de población que sufre una falta de
cobertura a nivel asistencial, terapéutico, sanitario y psiquiátrico, están acertando de lleno en el diagnóstico. Me atrevo a decir, por la experiencia profesional vivida, que la salud mental ha sido la gran olvidada del sistema sanitario. Como es
lógico, conozco más de cerca la realidad de Cataluña y sé que esa realidad no es mejor en el resto del Estado, sino que en algunas comunidades empeora de manera significativa. Un enfermo mental es hoy por hoy un problema casi exclusivo de las
familias. Tenemos vacíos de gran importancia, tanto a nivel jurídico, como de centros de día, de atención sociosanitaria, de centros especializados, de pisos protegidos, de talleres de inserción laboral y de todo tipo. Los enfermos no tienen la
atención sociosanitaria adecuada y las familias no tienen ni el soporte, ni la información adecuados para entender y atender un problema de esta complejidad. En la mayoría de los casos, sobre todo en los sectores con menos recursos económicos, se
sienten solos e impotentes ante una situación que se les escapa, que no pueden controlar, que les genera un conflicto interno y, como es natural, un conflicto con el enfermo. Es un círculo de dolor y de sensación de fracaso.
Señorías, no nos engañemos, no es que las familias estén pidiendo solamente que sus enfermos, sus familiares tengan el tratamiento farmacológico adecuado, están pidiendo muchísimo más que esto desde hace muchísimos años. Este es el mínimo
necesario, pero no es la solución al problema de salud mental que tenemos. Es necesario poner en la agenda de prioridades la revisión y actualización del sistema sociosanitario existente y de la Ley General de Sanidad en cuanto a las
responsabilidades, competencias y actuaciones que nuestro Estado de derecho ha de impulsar en materia de salud mental. También creemos que posiblemente es hora de plantearnos una ley básica de salud mental.
Señores de Convergència i Unió, vamos a votar a favor de esta proposición de ley, pero les decimos, tal y como nos caracteriza y tal y como se dice en catalán: Una flor no hace verano. Ustedes saben muy bien -pues gobernaron en Cataluña 23
años- que tenemos mucho trabajo por hacer en estos momentos, mucho trabajo atrasado que debemos poner al día. Una reforma coercitiva nunca puede ser por sí sola la alternativa que cubra la insuficiencia o ausencia de profesionales sociosanitarios
que puedan dar respuesta integral a un problema que, a pesar de ser sanitario, debido a sus características y consecuencias familiares y sociales, merece ser atendido y valorado desde un punto de vista interdisciplinar.
Aunque su propuesta tiene
aspectos de interés como es el impedir posibles causas de incapacidad civil no necesarias, también es cierto que planteada como propuesta aislada de otras modificaciones sustanciales y de reformas importantes, se nos antoja muy deficitaria. Puede
comportar serias dudas en cómo se resolverán, por ejemplo, los incumplimientos del tratamiento que potenciará exclusivamente el aspecto farmacológico del tratamiento y, por otra parte, deja de lado la relación terapéutica o, por ejemplo, que se
asocie exclusivamente el problema con la peligrosidad y no con la prevención.
Muchas dudas, como pueden ver y muchas propuestas, que no puedo hoy relatar. Sin embargo, anunciamos que estamos ya trabajando para llegado el momento del trámite parlamentario presentar todas aquellas enmiendas que a nuestro entender son
necesarias para retomar de manera más profunda el problema de la salud mental. No puede continuar la situación en la que viven tantas familias con familiares con problemas de trastornos psíquicos porque sólo tienen dos vías de protección legal: el
internamiento o la incapacitación. Si bien es cierto que no hay ninguna norma jurídica que ampare otras soluciones cuando el enfermo no es consentidor de un tratamiento y que debemos dar cobertura a esta necesidad, no es menos cierto que con un
verdadero impulso de la atención primaria sociosanitaria coordinada con unos mejores y más amplios servicios de salud mental cercanos, accesibles, ligados al territorio y con programas de diversa índole, pues diversos son los diagnósticos y las
patologías, el tratamiento sería otra cosa muy diferente del que es en estos momentos. No se puede pretender hacer seguimientos a enfermos psiquiátricos desde la distancia y trimestralmente, con algo de suerte, porque en ocasiones es
semestralmente. El resultado no puede ser otro que el que tenemos, señorías. Tampoco se puede poner en la mochila del personal sanitario y psiquiátrico la responsabilidad tan compleja del problema de la salud mental.
Reiteramos nuestro voto favorable a la toma en consideración y adelantamos que en su momento presentaremos las iniciativas pertinentes para mejorar esta propuesta sustancialmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae una iniciativa absolutamente interesante que es traslación literal del acuerdo que la Confederación española de agrupaciones de familiares de enfermos mentales hizo a
distintas instancias en relación con el tratamiento ambulatorio involuntario, es decir, con aquellos enfermos psiquiátricos que se resisten a ser objeto de un determinado tratamiento, ante la negativa de los enfermos a asumir un tratamiento. Se
trata de dotar a los médicos de otro instrumento legal que posibilite el tratamiento, según su propio criterio de prescripción. Puesto que la normativa actual no lo contempla, es preciso alguna previsión a este respecto. No se puede seguir
confundiendo la falta de voluntariedad con el abandono sociosanitario de estas personas con enfermedad mental, que corresponderá en todo caso a los médicos valorar, pero que deberá tener algún otro control público, tal como trataremos de manifestar
más adelante.
Resulta interesante la exposición de motivos que en la presentación de la iniciativa hace el Grupo Catalán. Se hace referencia al artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé medidas cautelares, pero estas medidas lo son
respecto de aquellas personas para las cuales se va a solicitar la incapacidad. Igualmente se hace referencia al Código Civil que en el artículo 158 plantea medidas respecto de la protección de los menores que se podrían asimilar a los incapaces,
pero ninguna de ellas es exactamente de aplicación al supuesto que pretende albergar esta propuesta de norma. Finalmente, se hace referencia al Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, aprobado en Oviedo en
1997 y, sin embargo, a esta diputada le sorprende que no haya mención alguna a cómo se fraguó el artículo 763 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley 1/2000, que es el que ahora se pretende modificar. Es lo cierto que mientras esta ley se tramitaba, existían distintas enmiendas presentadas del tenor literal de lo que el Gobierno pretendía, pero su
dicción definitiva es fruto de lo aportado al debate por mi propio grupo parlamentario. Permítanme que así lo recuerde.
En el debate habido en Comisión el 28 de julio de 1999 fui yo misma, en representación de mi formación política, la que aporté una sentencia del Tribunal Constitucional, de 1 de junio de 1999, que resolvía una cuestión de
inconstitucionalidad, procedente de un juzgado de Orihuela, en la que se trataba del ajuste constitucional o no del entonces vigente artículo 211 de la Ley 1/1999, que hacía referencia a la existencia de trastorno psíquico y que había modificado el
vigente Código Civil. Nos parecía entonces que era importantísimo cohonestar el tenor literal de lo manifestado por el Tribunal Constitucional con lo que pretendíamos establecer en lo que era el artículo 765 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
acabó siendo, por el ajuste de los textos legales con posterioridad, el artículo 763, y había que tener muy en cuenta qué es lo que debería entenderse por trastorno psíquico, quiénes habían de ser los sujetos legitimados para instar el
internamiento, este tratamiento con carácter involuntario que ahora se pretende y, en el punto tercero, la efectiva posibilidad de oposición por parte del sujeto afectado, que también debe ser oído, y así se establece en la previsión que hoy se trae
ante esta Cámara. Nos parecía fundamental plantear, por tanto, la audiencia del interesado, de las terceras personas legitimadas, y finalmente el texto quedó con el tenor que ahora se nos propone. Nos parece bien, nos parece magnífico, conocemos
la existencia del grupo de trabajo al que se ha referido el proponente de la iniciativa, pero hemos de hacer algunas matizaciones.
He dicho al comienzo que lo que se trae como iniciativa es el tenor literal de lo que fue definitivamente acordado por ese grupo de trabajo en el que participaron muy distintos profesionales del derecho, e incluso de instituciones que tienen
encomendada la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, entre ellos el Ararteko, figurando entre los intervinientes en la iniciativa la que es asesora jurídica de la oficina del Ararteko en el País Vasco, Miren Ortubay. En efecto, la
medida que traslada literalmente esta iniciativa nos parece correcta, sin embargo, tiene los mismos inconvenientes, de cara a la traslación a la práctica, que el otro día le manifestaba yo, en la Comisión Mixta para Asuntos relacionados con la
Droga, a la señora ministra de Sanidad. Era un asunto no igual que éste, pero sí en cierto modo paralelo. Yo le trasladaba que en el ámbito del País Vasco, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se está sustituyendo el cumplimiento de las penas, en
relación con delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas, por tratamientos que ya se efectúan en libertad. Le trasladaba la queja que hacen los psiquiatras, los médicos de estas áreas, en relación con que se les convierte a ellos mismos,
que son médicos, en agentes de la libertad vigilada de estas determinadas personas. No tienen encomendada ninguna función de tutela más allá de la meramente médica o sanitaria, no de vigilancia o de control personal de estas personas, y además se
encuentran con que, en ocasiones, por el tipo de enfermedad de la que se trata, son auténticamente violentos, habiéndose creado un contexto en el que resulta difícil considerar la posibilidad, por parte de profesionales de la medicina, del
seguimiento de estas medidas. Nos parece que en este caso también, por lo que pretende la iniciativa, ha de tomarse en consideración. Pero luego, en cuanto a que engancha con obligaciones que deben corresponder a los poderes públicos, ¿quién va a
ser el que las controle? No han de ser los profesionales de la medicina. ¿Quién lo garantiza? ¿Este abandono sociosanitario al que hace referencia la iniciativa tiene que residenciarse en la medicina? A nosotros nos parece que no. Tomada en
consideración la iniciativa, habremos de establecer, entre los distintos grupos parlamentarios que la avalemos, quién decide cómo se sigue este tratamiento, qué ocurre ante un cambio de criterio del propio paciente o de quienes le han ayudado a
solicitar estas medidas, qué pasa si la opinión del enfermo llega a ser tan abiertamente adversa.
Nos parece que está bien en cuanto a lo que se pretende, pero la iniciativa que hoy se trae a esta Cámara no tiene en consideración en qué poderes públicos, en dónde se residencia este seguimiento ulterior, que, insistimos, debiera
corresponden a instancias distintas de las familiares, de los profesionales de la sanidad, pero tampoco acertamos en este momento a adelantar a la Cámara cuál ha de ser el criterio adecuado.
Bien está la solución que se arbitra. Cuando se hizo la
Ley de Enjuiciamiento Civil no es que no se nos ocurriese, no es que se nos olvidase, no encontramos criterio adecuado concreto para saber dónde residenciar esa obligación social, esa obligación pública que se quiere traer hoy a la Cámara
relacionada con estas personas. Nuestra formación política votará a favor de la toma en consideración de la iniciativa, pero tendremos que pensar entre todos dónde es adecuado residenciar este control del seguimiento de estas medidas, puesto que
excede de lo médico para tener connotaciones que ni siquiera nos parecen judiciales, en ocasiones son de asistencia social, no previstas, no establecidas, no contempladas como tales en nuestro sistema y respecto de las que deberíamos hacer el
esfuerzo para contemplarlo así. Tómese en consideración la iniciativa con el voto de nuestra formación política, pero hagamos el esfuerzo de pensar en el paso ulterior para el control de lo que estableceremos en la norma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo de Esquerra, señora Bonás, su turno, por favor.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas, creemos necesaria la toma en consideración de esta proposición de ley y aprovechamos la ocasión para manifestar que la salud mental necesita una especial atención en legislación y en recursos. El
cuidado del enfermo mental recae principalmente en los familiares. Las distintas administraciones deberán emprender una reforma de largo alcance para solucionar estos problemas, si cabe, en esta legislatura.
Coincidimos en el espíritu de la propuesta y velaremos para que durante el desarrollo del articulado se tenga en consideración el respeto a los derechos del paciente y se establezcan las medidas de control necesarias para que en ningún caso
pueda ser objeto de mal uso por terceros.
Esquerra Republicana votará a favor de esta toma en consideración y por medio de enmiendas intentaremos mejorar, si cabe, el texto de esta ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Grupo Popular, señora González.
La señora GONZÁLEZ SEGURA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, al que en estos momentos represento, ha demostrado a lo largo de todas las legislaturas su preocupación y sensibilidad por los problemas relacionados con la salud de las personas y, como no podía ser
de otro modo, con especial atención en lo que se refiere a la salud mental de éstas. Nuestro país padece una realidad social preocupante si hacemos referencia a esas personas que sufren trastornos psíquicos. Nuestra sociedad vive el problema
acuciante que crea, por una parte, el crecimiento exponencial de esas patologías y, por otra, lo que me atrevería a calificar de indefensión de los enfermos y de sus familias ante problemas muy graves que no tienen una respuesta jurídica eficaz que
sirva para paliar de alguna manera el sufrimiento de los enfermos y de sus allegados.
Hace ya algún tiempo el Gobierno socialista, con la falta de acierto que le caracteriza en la toma de decisiones que son de suma importancia, entendió que poner en manos de sus familias a los enfermos mentales resultaba una acción paliativa.
Defendía que la inserción del enfermo en la sociedad resultaría facilitada por la convivencia con su familia y que el contacto con su entorno más inmediato contribuiría a mejorar sus padecimientos. Sin embargo -hoy todos lo sabemos-, el resultado
es claro: tratar a los desiguales como iguales siempre genera tremendos problemas.
Así como se sabía cuáles eran los enfermos que podían dejar de estar internados porque su estado o la patología que sufrían lo aconsejaba, se ignoraba quiénes
tenían familiares que estuvieran en disposición de hacerse cargo de ellos y prestarles los cuidados que seguían necesitando.
Si a eso sumamos la pobreza en las medidas de acompañamiento, internamientos breves en unidades de agudos, centros de día
para atenderlos, etcétera, el problema resulta muy fácil de percibir.
Sabemos que existen muchos enfermos mentales sufriendo patologías crónicas cuya calidad de vida, si se medicaran correctamente, resultaría aceptable, pero también sabemos que bien por ser uno de los síntomas de su enfermedad, por falta de
atención próxima o por otros motivos, multitud de personas que sufren trastornos psíquicos no se medican, con el peligro que ello conlleva para su salud, que, al verse quebrantada, empobrece inexorablemente su calidad de vida y la de su entorno más
cercano. Desgraciadamente nuestra prensa, y no quiero ser alarmista, refleja con asiduidad los casos de enfermos que atentan contra su vida o contra la vida de los familiares, inmersos en el delirio que les produce la patología que padecen y
también la falta de medicación.
Sabemos que nuestra legislación contempla las posibilidades de incapacitación o de internamiento no voluntario para personas que sufran una enfermedad mental que las convierta en un peligro para sí mismas, para sus familias o también para la
sociedad en la que viven, pero, como es lógico, nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil prevé esas medidas para casos extremos, puesto que el internamiento de una persona contra su voluntad en un centro de salud mental supone una restricción al derecho
fundamental a la libertad, reconocido expresamente en el artículo 17.1 de nuestra Constitución. Es por tanto absolutamente necesario utilizarlo con la prudencia, la cautela y las garantías adecuadas. No podemos olvidar que a esos casos extremos
que nuestra legislación contempla, como ya he dicho, se unen los de muchos enfermos y su familia que sin que necesiten la aplicación de medidas tan extremadamente rigurosas, sí se encuentran con el mismo problema, es decir, la imposibilidad de que
los enfermos mejoren o, al menos, sufran menos sus patologías, pues las mismas en muchos casos les impelen a no medicarse. Es precisamente aquí donde surge el problema y también donde surge la pregunta: ¿cómo se puede obligar a un adulto que no
esté incapacitado legalmente a aceptar un tratamiento que en principio rechaza? Resulta meridianamente claro que nuestra legislación adolece de una falta de medidas intermedias que permitan resolver esos problemas que pesan gravemente sobre nuestra
sociedad; unas medidas que se puedan aplicar de una manera eficiente y con las debidas garantías para los sujetos pasivos a los que se les impongan. Claro está que el legislador siempre va detrás de la realidad social. La ley se crea para hacer
frente a sucesos o conductas que no estaban previstas y este es precisamente el trabajo que nos corresponde realizar: analizar la realidad social de nuestro país, detectar las nuevas situaciones y legislar para corregir problemas en justicia que
van naciendo junto con el desarrollo de nuestra sociedad.
Como ya expuso el portavoz del grupo proponente, el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, que fue ratificado por España en el año 1999,
en su artículo 7 recoge textualmente: La persona que sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser sometida sin su consentimiento a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno cuando la ausencia de ese tratamiento conlleve el
riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley que comprendan los procedimientos de supervisión, control, así como los de recurso. Entiende mi grupo parlamentario que ese es
precisamente el camino a seguir, que el ya citado convenio nos abre la posibilidad de crear un instrumento ágil, eficaz y fiable que puesto en manos de nuestros jueces corrija la disfunción social que hasta ahora he descrito.
Para tratar al
enajenado, según la doctrina consolidada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe establecerse judicialmente que el afectado padece una perturbación mental real, comprobada médicamente de forma objetiva y que esa perturbación presenta un
carácter o magnitud que justifique ese tratamiento.
La administración de un tratamiento sin el consentimiento del afectado sólo sería acorde con el derecho fundamental a la libertad bajo las siguientes condiciones: En primer lugar, haberse probado de forma convincente la enajenación mental
del interesado, es decir, haberse demostrado ante la autoridad competente, por medio de un dictamen pericial médico objetivo, la existencia de una perturbación mental real.
En definitiva, el tratamiento sólo se podría realizar previa autorización
judicial. En segunda instancia, que la perturbación revista un carácter o magnitud que legitime ese tratamiento. Como tercera condición debe controlarse la persistencia de la perturbación, ya que el tratamiento sólo podría prolongarse en tanto en
cuanto siga subsistiendo el trastorno. Por último y en cualquier caso, el tratamiento habrá de adoptarse en un procedimiento judicial contradictorio en el que exista posibilidad de defensa y oposición de la persona afectada, dándose con ello
estricto cumplimiento a los derechos a ser oído y de defensa, reconocidos ambos en nuestra Constitución en los artículos 24.1 y 24.2.
En definitiva, el tratamiento se podría anudar a alguna deficiencia psíquica de carácter permanente e
irreversible, pero también se podría solicitar ante determinadas situaciones por las que atraviesa una persona afectada por un trastorno no necesariamente incapacitante, pero que en determinadas fases agudas o de brote hace necesaria dicha medida
para la salud personal del afectado y protección de terceros. Así pues, resulta no sólo necesaria, como señalaba, sino prudente la modificación de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil y, por ello, mi grupo parlamentario va a apoyar la adición de un
nuevo apartado al artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, tal y como pretende la proposición de ley que presenta para su toma en consideración el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, si bien desde este momento queremos dejar constancia
de que este no es un apoyo sin reservas, sino que, por el contrario, deberá ir aparejado de importantes modificaciones que instaremos vía enmiendas en la fase oportuna y que sin duda contribuirán a incrementar la seguridad de los enfermos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene por objeto una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuya virtud se adicionaría un nuevo apartado con el número 5 en
el artículo 763 de dicha ley para permitir que un tribunal pueda autorizar tratamiento no voluntario por razón de un trastorno psíquico o un período de observación para diagnóstico cuando así lo requiera la salud del enfermo psíquico, previa
propuesta razonada del facultativo, informe del médico forense, del ministerio fiscal y audiencia al propio interesado. La resolución judicial debería establecer el plan de tratamiento, los mecanismos de control y el dispositivo sanitario
responsable del mismo, que deberá informar al juez al menos cada tres meses de su evolución y seguimiento, así como sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar dicho tratamiento.
En su exposición de motivos el grupo proponente explica que uno de los aspectos que más preocupan a los familiares de las personas que padecen una enfermedad mental es la negativa de estos pacientes a asumir el tratamiento médico, bien sea
por la falta de reconocimiento de la propia enfermedad, bien por la estigmatización social de las enfermedades mentales que todavía existe o, lo que también suele ser frecuente, por evitar los efectos secundarios de la medicación prescrita.
Cualquiera de estas razones de negación a seguir el tratamiento les conduce a ingresarlos cuando existe pérdida de su calidad de vida y/o se produce una situación de riesgo para su propia vida o para las personas de su entorno. Estas situaciones,
señorías, son una realidad a la que cada día se enfrentan muchas familias de nuestro país, y mi grupo comparte la preocupación por los problemas que con la presentación de esta iniciativa se pretende solventar.
La proposición de ley se fundamenta en la insuficiencia de mecanismos legales cuando la persona que padece un trastorno psíquico deja de tomar la medicación de forma voluntaria y en uso de sus facultades. En estos casos actualmente sólo
caben dos caminos: el del internamiento o el de la incapacitación, al no estar prevista
en nuestra legislación vigente una medida de intervención directa cuando el enfermo no presta su consentimiento para seguir un tratamiento prescrito. Muchas familias ven en la declaración legal de incapacitación la única vía para solicitar
posteriormente que su familiar enfermo se someta al tratamiento. La posibilidad de intervención, y no sólo de ingreso, está reconocida en el artículo 7 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con
respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, realizado en Oviedo, en 1997, por los Estados miembros del Consejo de Europa y ratificado por el Estado español en 1999, sin que haya tenido hasta el momento ningún reflejo ni desarrollo
legislativo.
Nos encontramos ante una disyuntiva para enfocar la solución a este problema, hoy todavía no resuelto. Podemos entender la cuestión planteada desde dos puntos de vista opuestos, por un lado, aquel que prima la libertad individual como valor
superior a la protección o a la asistencia y, por otro, aquel en que la protección de la comunidad se antepone a la libertad individual. ¿Podríamos estar, señorías, concentrados como estamos en establecer un mayor garantismo respecto a las
intervenciones en la salud de un paciente al exigir autorización judicial para someterle contra su voluntad a un tratamiento, aun garantizando su derecho de audiencia, podríamos, repito, inconscientemente, estar aniquilando la autonomía del
paciente, paciente que, por cierto, libremente se niega a recibir su tratamiento? Deberíamos, con esta iniciativa y su desarrollo posterior, ser capaces de conjugar la libertad individual con la protección al enfermo, a la familia de éste y a la
sociedad en general.
Examinemos las posibilidades que tenemos en la actual legislación española para su solucionar estos supuestos. El Código Civil regula en el título IX, artículo 200, la incapacitación, que sólo puede ser declarada por sentencia judicial y
que procede cuando se padecen enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Por su parte, la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, regula el internamiento no voluntario por
razón de trastorno psíquico en su artículo 763, para el caso en que la persona no esté en condiciones de decidirlo por sí, que requerirá autorización judicial previa, salvo casos urgentes -y estos que nos ocupan no lo son-, para lo que se oirá a la
persona afectada por la decisión, al ministerio fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia se juzgue conveniente o haya sido solicitada por el afectado, con obligación de los facultativos de informar periódicamente, al menos cada seis
meses, al tribunal. Debemos de reparar en que el internamiento no voluntario por trastorno psíquico que regula el citado artículo 763 no se refiere al incapaz o al presunto incapaz, sino a la persona que padece un trastorno psíquico y que, por
tanto, no está en condiciones de decidir por sí mismo. Además, la regulación de los internamientos no voluntarios no requiere urgencia en la adopción de la medida, pues el internamiento urgente es una medida prevista en el párrafo segundo y tercero
del artículo 763.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hablemos también del consentimiento de los pacientes para recibir tratamientos. Si nos referimos al consentimiento en los supuestos de intervención a favor de la salud de un paciente cuando
exista riesgo para la salud pública o si existiera para esa persona riesgo inmediato grave, los facultativos podrán llevar a cabo las actuaciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente, consultando, si es posible, a sus allegados y
sin necesidad de contar con el consentimiento expreso del interesado. Cuando el paciente está legalmente incapacitado el consentimiento lo otorga el representante legal. Por último, si el paciente a criterio médico no fuera capaz de tomar
decisiones o su estado físico o psíquico no le permitiera hacerse cargo de su situación y además careciera de representante legal, el consentimiento lo prestarían las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Todos estos supuestos
ya están regulados en el artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Por cierto, este artículo regulador de la
exigencia del consentimiento del paciente y de supuestos de excepción de dicha exigencia fue objeto de 16 enmiendas en el trámite parlamentario y del subsiguiente debate, sin que en aquellas o en este se abordase el tema ahora planteado en la
iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Me gustaría recordar también que en la pasada legislatura, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, se aprobó por unanimidad, aunque con modificaciones, la proposición no de
ley sobre la elaboración de un plan nacional de salud mental, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar, en el desarrollo de la Ley de cohesión y calidad,
la implantación de un plan integral de salud mental que contemple aspectos preventivos terapéuticos y rehabilitadores, con la participación de las comunidades autónomas y en el seno del consejo interterritorial. Al hablar de ineficacia, le
recuerdo, señora González, que fue el Grupo Socialista fue quien propuso eso y ustedes gobernaban en aquel momento y lo estuvieron haciendo durante ocho años. ¿Qué hizo el Partido Popular y su Gobierno por el plan de salud mental y los enfermos
mentales de nuestro país? (Aplausos.)
Menos de un año después, en la comparecencia celebrada en la Comisión del Senado para informar de las líneas generales de la política de su departamento, en el pasado mes de junio, la ministra de Sanidad y Consumo asumió el compromiso de
centrar la atención en las enfermedades mentales, con el impulso de una estrategia de atención a las personas que padecen problemas
mentales graves o crónicos. A la vista del contenido de la iniciativa, cabría adelantar que, siendo loable el objetivo perseguido, se plantean ciertas cuestiones no explicitadas en la misma que harían aconsejable llevar a cabo un estudio en
profundidad de las consecuencias que acarrearía la adopción de una medida semejante. Por ejemplo, la iniciativa no concreta el lugar o lugares para efectuarse tales actuaciones, si sería en centros de salud, en ambulatorios o en hospitales, ni el
régimen de las mismas, en internamiento o no, ni, en directa conexión con ello, el dispositivo médico y sanitario necesario para atender a estas situaciones y garantizar su correcto cumplimiento.
Regular nuevas intervenciones en relación con las
personas que padecen trastornos psíquicos debería hacerse en el marco -o bien conjugándolo- de una reforma sobre las prestaciones de servicios sanitarios psiquiátricos.
La Ley General de Sanidad, cuando se refiere a la asistencia de enfermos
mentales, se pronuncia a favor de recursos comunitarios que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización.
En conclusión -voy terminando, señor presidente- el tema de fondo que la proposición plantea no es otro que el adecuado tratamiento de los enfermos psíquicos y si debe de ser abordado en profundidad. Nuestro grupo parlamentario va a votar
sí a la toma en consideración para poder hacer esto posible, pero creemos, señorías, que además debemos abordar un conjunto de previsiones que permitan el tratamiento integral de dicho colectivo, con medidas más amplias y profundas que las que la
proposición de ley plantea. Por ello les anuncio que presentaremos enmiendas en el trámite parlamentario. Asimismo, favoreceremos la apertura de consultas con expertos y familias e incluso con enfermos afectados por este tipo de patologías, con la
intención de generar un consenso parlamentario acerca de la actuación legislativa a asumir para hacer frente a la integridad de sus problemas. Vamos a apoyar la iniciativa porque estamos convencidos de que es absolutamente necesario adoptar
soluciones para los enfermos psíquicos, pero siempre desde la perspectiva de su tratamiento integral, con las suficientes garantías para preservar la libertad individual.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 31,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para paliar, a corto y medio plazo, el déficit de infraestructura que padece
Cataluña mediante la presentación de un plan Cataluña de infraestructuras, pase a debatirse tras el punto 33, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas y plazos que piensa adoptar el Gobierno
en relación con la homologación de las retribuciones del profesorado universitario, al amparo del artículo 69.1 de la Ley Orgánica de Universidades. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del
orden del día.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
El señor PRESIDENTE: Atendiendo al requerimiento de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, la señora secretaria primera procederá a la lectura de una declaración institucional acerca de la pena de muerte.
La señora SECRETARIA (Sainz García): El Congreso de los Diputados, en el Día Internacional contra la Pena de Muerte, manifiesta:
Uno. Su absoluto respeto por el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y recogido en el artículo 15 de la Constitución española.
Dos. Su firme rechazo a la pena de muerte en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, por ser una forma de castigo discriminatoria, inhumana e irrevocable.
Tres. Su exigencia de que se conmute la pena de muerte a los españoles condenados en el mundo y de que las ejecuciones cesen de inmediato en todos los países.
Cuatro. Su plena creencia en que la abolición de la pena capital será una realidad en este siglo XXI que contribuirá a la creación de un orden internacional más humano y más digno.
Cinco. Su interés en que la Asamblea General de Naciones Unidas apruebe una resolución pro moratoria de las ejecuciones capitales con miras a la abolición definitiva de la pena de muerte.
El señor PRESIDENTE: ¿Aprueban SS.SS. la declaración? (Asentimiento.-Aplausos.)
La declaración queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a las votaciones, que serán tres. La primera de ellas es la votación de la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, sobre solidaridad financiera y
modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 325; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Segunda votación, relativa a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no
voluntarios de las personas con trastornos psíquicos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 334.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
- TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY DEL REAL DECRETO-LEY 6/2004, DE 17 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS E INUNDACIONES ACAECIDOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ARAGÓN,
CATALUÑA, ANDALUCÍA, LA RIOJA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 130/000006.) (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se somete a votación el acuerdo relativo a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 6/2004, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana, convalidado en la sesión plenaria del pasado jueves, 30 de septiembre.
Recuerdo a SS.SS.
que de conformidad con lo manifestado al finalizar dicha sesión plenaria, esta será la tercera votación relativa a la citada cuestión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 180; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, el real decreto-ley será tramitado como proyecto de ley. (Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE PLURALISMO LINGÜÍSTICO. (Número de expediente 162/000055.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto III del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre pluralismo lingüístico. (Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio. (Continúan los rumores.-Pausa.)
Señorías, por favor, quienes hayan tomado la decisión de abandonar el hemiciclo háganlo rápidamente y, en la medida de lo posible, en silencio.
(Continúan los rumores.)
Por favor, guarden silencio.
Adelante, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Diputados, diputadas, estamos en un momento en que la Unión Europea da privilegio a las identidades representadas por los Estados nación, a las identidades políticas, a la culturales y, por supuesto, a las lingüísticas y, en cambio,
realidades mucho más potentes que las de muchos Estados miembros de la Unión Europea hoy no tienen cabida en el ordenamiento jurídico. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera no se preocupe, mejor no empiece hasta que no se guarde silencio.
Señorías, ¿tendrían la amabilidad de guardar silencio? (Pausa.)
Adelante.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, como decía, de aceptarse la petición española que ha expresado el ministro Moratinos, se reconocería en la Unión Europea aquello que no se reconoce para el Estado español. De hecho, a estas
alturas el avance en el Estado español en materia de plurilingüismo es anecdótico. La única institución a la que se puede dirigir un ciudadano que utilice, por ejemplo, el catalán de forma habitual es al Senado y en el momento en que el Senado
recibe la petición la traslada al Parlament de Catalunya, éste la traduce y lo que hace el Senado es contestar al ciudadano, eso sí, en castellano, como no podía ser de otra manera. Lo cierto es que tenemos un marco constitucional que nos
permitiría hacer avances
que en los últimos años no se han producido. El artículo 3, sin ir más lejos, habla de que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección; el
artículo 9.2 habla de que los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y en el artículo 20.3 se dice que se
garantizará el acceso a dichos medios -sin duda, se refiere a medios de comunicación social estatales- de grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas del Estado. Pero no sólo obliga
el marco constitucional, sino también el marco internacional y, de hecho, hay obligaciones que se han asumido internacionalmente por el Estado, por la aprobación de la Carta europea sobre las lenguas regionales o minoritarias, y obligaciones también
derivadas de disposiciones de Naciones Unidas. De hecho, la Carta europea citada habla de la discriminación positiva que tiene que realizarse hacia lenguas como el catalán, como el euskera, como el gallego. Lo cierto es que el informe que envió el
anterior Gobierno al Consejo de Europa fue severamente criticado por incumplir lo que el mismo Gobierno había firmado ante el Consejo de Europa. Ante esta situación de clara discriminación de un derecho no sólo individual sino colectivo, nuestro
grupo plantea que necesitamos un espíritu activo que se traduzca, sin duda, en voluntad política. La mejor demostración de que hasta el momento no se ha dado nunca el espíritu activo por parte del Gobierno es que este Pleno ya discutió y aprobó el
16 de diciembre de 1997 una moción consecuencia de interpelación urgente sobre política del Gobierno en materia de desarrollo de la realidad plurilingüe del Estado. La moción era de Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya-Verds, y se aprobó, pero
la realidad es que no cumplieron, porque, al cabo de poco tiempo, lo único que había cambiado era el logotipo de Correos que había pasado a ser exclusivamente monolingüe. Poco antes, en el año 1996, la Comisión de Cultura instaba al Gobierno a la
adhesión de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, promocionada por parte de la sociedad civil, por instituciones como Ciemen, Centre UNESCO, apoyados por la Plataforma per la Llengua, Omnium Cultural que han tenido la espalda girada
por parte del Gobierno.
Es opinión de grupos y entidades que hoy se ha hecho muy poco para que lenguas del Estado que no fuesen la castellana fueran realmente lenguas reconocidas, lenguas que formasen parte de la riqueza de este país. Hoy hay que abandonar la
falsa excusa de que la protección de estas lenguas pertenece a la competencia, a la voluntad política de las comunidades autónomas. Este es un patrimonio común y, en cambio, no se ha avanzado en su protección. Hoy muchos ciudadanos deberían tener
el derecho a dirigirse a las diferentes administraciones en su propia lengua; yo debería poder utilizar mi lengua materna en este hemiciclo porque no es lógico que lo que es un derecho individual y colectivo hoy no se pueda ejercer. Esto
significa, hablando en plata, que es simplemente una cuestión de discriminación lingüística. Nuestra propuesta es que se dé un paso adelante que signifique la puesta en marcha de aquello que recogía la Constitución y que no se ha desarrollado en
tantos años de democracia.
Se trata, por tanto, sólo de incorporar algo que ya incorporan las democracias plurilingües, como Bélgica, Suiza, Canadá; se trata de adaptar una fórmula que ya no sirve, la de centro monolingüe y la de las regiones
bilingües. El pluralismo lingüístico, de hecho, podría empezar de forma inmediata por lo simbólico. Se trata, por tanto, de conseguir que el mismo Estado tenga una mención plurilingüe, plurilingüismo que se debería trasladar a los símbolos del
Estado, a la moneda, a los sellos, al carné de conducir. No es tan difícil. Este es un ejemplo de un pasaporte con una expresión plurilingüe -en catalán, en castellano, en euskera, en gallego-; no es tan difícil que tenga una expresión inmediata
en documentos que reconocen la denominación del Estado, con lo que, por supuesto, la ciudadanía se sentiría identificada.
Es necesario que avancemos más en el derecho de petición, un derecho que debería recogerse en el ordenamiento jurídico y que hoy no se recoge, pese a que pretendamos que se recoja en la Unión Europea. Todo ello, además, debería darse en un
sistema parlamentario que se adecue a esta realidad. De hecho, no existen sistemas bicamerales donde sólo una de las cámaras exprese el pluralismo lingüístico y la otra no lo haga. Por lo tanto, el objetivo de nuestro grupo es que esto acabe,
independientemente de lo que se discuta en una reunión sobre la reforma del Reglamento, con una reforma estructural de todas las instituciones, también del Congreso y del Senado. Estamos convencidos de que se conseguirá, pese a tropiezos como el de
ayer, por el simple hecho de que esta es la consecuencia lógica de lo que muchos denominan la España plural. Por lo tanto, nuestro objetivo es claro: nos gustaría acabar aceptando la cuádruple oficialidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente proposición no de ley al Congreso de los Diputados, una proposición no de ley que nuestro grupo quiere que revise la legislación vigente, porque lo cierto es que hoy, por ejemplo, en el real decreto
sobre la señalización en materia de carreteras, en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en la publicación de la Real Federación Española de Fútbol, por poner diferentes ejemplos, no se recoge esta realidad plurilingüe. De hecho, no se respeta la
igualdad de trato en los tribunales y otros órganos jurisdiccionales. Nosotros vamos a desarrollar una proposición no de ley que realmente pormenorice y detalle cuales son las concreciones de lo que vamos a aprobar hoy. Por ello quiero
trasladarles nuestra voluntad de presentar en el registro hoy mismo una proposición no de ley que entre
en detalle en cada una de las propuestas que hoy aprobamos. Por lo tanto, respecto a lo planteado por el Partido Popular en este sentido, queremos que esto se discuta en el marco de la Comisión de Cultura, en la que, en definitiva, nosotros
queremos que se entre en detalle, proponiendo medidas políticas y legales del plurilingüismo como el fomento del conocimiento general de esta realidad pluricultural y plurilingüe, con programas de radio y televisión, con influencia en la
programación de Radiotelevisión Española, con el ofrecimiento, a través de los diseños curriculares de la enseñanza secundaria obligatoria, de un conocimiento suficiente de la realidad social, cultural y lingüística de todas y cada una de las
comunidades autónomas, promoviendo un conocimiento básico de las diferentes lenguas del Estado, con garantías presupuestarias que ofrezcan al Consejo de Universidades, por ejemplo, la posibilidad de promover las acciones oportunas para que se puedan
impartir licenciaturas de filología catalana, vasca o gallega -hoy se imparte más filología catalana en las universidades del extranjero que en las universidades del Estado español-, para que se pueda establecer la posibilidad de escoger créditos
optativos de todas las lenguas en el ámbito de la enseñanza no universitaria, que garantice, por ejemplo, la posibilidad de estudiar todas esas lenguas en las principales escuelas oficiales de idiomas. En el punto c, cuando hablamos de garantizar
el respeto efectivo a la realidad plurilingüe, tiene constataciones como el avance en la señalización, como mínimo bilingües, en todas las dependencias de la Administración General del Estado o en impulsar el favorecimiento del uso de todas las
lenguas del Estado en programas informáticos, que no se ha producido en los últimos años. Garantizar la presencia de la realidad plurilingüe en las instituciones supone el reconocimiento y la utilización de todas las lenguas en las instituciones
del Estado y la equiparación absoluta de las mismas en la Administración General del Estado.
No me voy a extender. Nuestro grupo entiende que esta proposición es clara y diáfana, que esta proposición compromete. Esperemos que no pase como nos pasó a Iniciativa per Catalunya Verds cuando compartimos moción con Izquierda Unida en el
año 1997: una moción que se aprueba y un Gobierno que no oye la voluntad de la Cámara. En definitiva, pretendemos que se dé un salto adelante que tenga traslación presupuestaria en estos mismos presupuestos. Las lenguas son hoy una riqueza y no
un problema, pese a que se haya querido que así fuese. El artículo 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea habla del respeto a la diversidad lingüística y cultural de todos los ciudadanos europeos. Quizá cuando se respete este
derecho a la diversidad lingüística y cultural de los ciudadanos y de los pueblos podamos decir que en el día de hoy no sólo aprobamos una proposición no de ley para el pluralismo lingüístico, sino que aprobamos una proposición no de ley polo
pluralismo lingüístico, una proposición no de ley... (El señor diputado termina su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones' dice lo siguiente: ... iskuncha anis-tasunarén aldeko, una proposició no de
llei pel pluralismo lingüístic.)
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Tardá, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor TARDÁ I COMA: (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Desitgem deixar dit que els nostres drets lingüístics no estan reconeguts en aquesta cambra.
Tant de bó amb l´aprovació d´aquesta proposició no de llei, com ara la que avui es presenta, poguem deixar enrera aquesta injustícia.-El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
Deseamos dejar dicho que nuestros derechos lingüísticos no están reconocidos en esta Cámara. Ojalá con la aprobación de esta proposición no de ley del compañero Joan Herrera podamos dejar atrás esta injusticia.
El independentismo catalán entiende que el Estado plurilingüe es un objetivo que no puede, en la coyuntura actual, aplazarse. Es más, forma parte de la estrategia inmediata de nuestro grupo parlamentario y entendemos que en esta legislatura
se debería, de una vez por todas, hacer la mayor parte del recorrido. Los grupos parlamentarios españoles mayoritarios deben dar este paso tan trascendente si no quieren quedarse fuera de la historia manteniéndose instalados en el fundamentalismo
castellanista. Atendiendo a la socialización de la información que permiten las nuevas tecnologías tan presentes en nuestra sociedad, a los avances de los valores democráticos entre la ciudadanía del Estado español y al nivel cultural de las nuevas
generaciones españolas, se desprende que el perfeccionamiento de la democracia española se convierte en un imperativo histórico. En este marco adquieren relevancia elementos tan importantes como la transparencia en la representación democrática o
el fomento de la participación en los procesos decisionales, porque nuestro grupo parlamentario parte de la convicción de que una sociedad plurilingüe, cosmopolita y suficientemente abierta de miras como para valorar su propio patrimonio cultural y
lingüístico será también mucho más exigente respecto a la calidad de la democracia.
Por otro lado, conviene no olvidar el principio de la calidad en la gestión pública, especialmente en lo que respecta a la atención al ciudadano, principio que también es de aplicación con respecto al idioma utilizado por el administrado en
sus relaciones con los poderes públicos.
Por supuesto, no debería hacer falta recordarles
la obligación de salvaguardar las lenguas minoritarias del Estado prestigiándolas en las instituciones comunes al conjunto de los ciudadanos del Estado, así como asegurar una mejor representación política y un acercamiento de la
Administración central al conjunto de la ciudadanía. Nuestro grupo parlamentario tiene presentada una batería de proposiciones no de ley referentes a la concreción del avance del plurilingüísmo en el Estado. No están todas las que deberían,
evidentemente, pero son un buen número para poder ir avanzando. Todas ellas se refieren a ámbitos distintos y, en concreto, a: redactar los pasaportes en todas las lenguas; administrar justicia en las lenguas del administrado; dotar de
funcionarios competentes lingüísticamente las embajadas; traducir las páginas web de los ministerios; fomentar la enseñanza de las lenguas desde Televisión Española; incorporar la enseñanza de las lenguas en la ESO en el conjunto del Estado;
atender a los ciudadanos en todas las lenguas del Estado, empezando por el Ministerio de Cultura para dar ejemplo; rotular y editar los materiales didácticos de los grandes museos e instalaciones culturales del Estado de manera plurilingüe;
incorporar el catalán en las escuelas militares y en las de los cuerpos de seguridad del Estado; garantizar la atención plurilingüe en las comisarías de la Policía española y en los cuarteles de la Guardia Civil; potenciar los trabajos de
investigación y aplicación tecnológica en el campo de la ingeniería lingüística. Debo decirles que hubiera sido deseable, para nuestro grupo parlamentario, que el Gobierno iniciara el proceso de forma determinante y decisiva, con lo cual algunas de
estas iniciativas parlamentarias dejarían de ser necesarias.
Entendemos que todas ellas son asumibles por el Gobierno; pero no ha sido así, desgraciadamente.
La proposición de los compañeros del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds llega en un buen momento. Sin duda, en el marco de su aprobación, las iniciativas de los grupos parlamentarios -y, en
este caso, las presentadas por Esquerra Republicana- encontrarán una buena plataforma y refugio político. Debo decirles que hemos presentado dos enmiendas, que han sido aceptadas por el grupo proponente. Una hace referencia a acotar lo demandado
en la legislatura actual y la otra a la necesaria complementación de la protección de las lenguas en el acceso a las nuevas tecnologías.
En resumen, es evidente que el catalán, el gallego y el euskara tienen que dejar de ser invisibles en España. Hay que superar la perversión de considerar que la defensa de nuestras lenguas es una tarea exclusiva de las instituciones de las
naciones con lengua propia distinta del castellano, y que el Estado español debe limitarse sólo a la despenalización de dichas lenguas, después de siglos de persecución; esto es erróneo. Es más, en el caso del Estado español, se desaprovecha una
oportunidad. El Estado español podría servir de referencia para otros Estados multilingües en su largo proceso de superación del monolingüismo de Estado. Sin ir más lejos, podría ser ejemplo para otros Estados miembros de la Unión Europea que
dicen hacer de la apuesta por la diversidad cultural y lingüística una de sus principales divisas. Hay que empezar a andar el camino con decisión. Cumplan con determinación el artículo de su Constitución que afirma que la riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Cumplan la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, ratificada por el Estado español.
Asuman esta proposición no de ley y
todas las siguientes destinadas a avanzar hacia el mismo objetivo. Respeten los derechos lingüísticos de los diputados y diputadas de esta Cámara que, al parecer, socialistas y populares pretenden obviar. Por cierto, sepan que para nosotros son
irrenunciables, y que lo vamos a conseguir, sin duda. Incluyan en los Presupuestos Generales del Estado partidas económicas para la salvaguarda de las lenguas minoritarias y minorizadas, y a favor de la articulación multilingüe del Estado.
Respondan con interés a la convocatoria del Gobierno catalán, dirigida a los gobiernos autonómicos con lengua propia distinta del castellano y al Gobierno español, a la reunión que se celebrará dentro de varias semanas, para analizar la conveniencia
de una posible ley de lenguas que, de una vez por todas, garantice la igualdad jurídica, y por ende de uso, de las lenguas del Estado español.
El camino está trazado, sin duda. Repetimos: la invisibilidad de las lenguas catalana, gallega y euskara, y el statu quo lingüístico consolidado después de 25 años de preeminencia de la lengua castellana -tal como se desprende de la
Constitución española, que ni tan solo las menciona-, además de supeditarlas jurídicamente a esta última, las pone en peligro de extinción. Extinción. ¿Saben lo que significa, ustedes que son hablantes de una lengua compartida por 400 millones de
habitantes? Sinceramente, creo que, por desgracia, muchos de ustedes ni lo saben ni -lo que es más preocupante- les importa demasiado saberlo. Dejar, pues, de ser invisibles en España; dejar de ser invisibles en Europa, es nuestro objetivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor Herrera, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por supuesto apoyará esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, que está absolutamente en la línea de otras proposiciones no de ley presentadas en esta Cámara en legislaturas anteriores por el mismo grupo y también de un conjunto de proposiciones no de ley presentadas en esta Cámara
en otras legislaturas y en esta misma por un conjunto de grupos de esta Cámara. Pero tiene sentido volver a este tema en estos momentos. Hay una razón que lo es de siempre, y es que al 40 por ciento de la población española le afecta esta
proposición no de ley porque un 40 por ciento de españoles están viviendo en territorios bilingües, pero hay más razones que ha apuntado el señor Herrera y el señor Tardá que me gustaría también recalcar.
El 14 de marzo, el pueblo español puso en esta Cámara un nuevo gobierno, un nuevo gobierno donde su presidente, en la sesión de investidura, marcó como un elemento determinante el carácter plural del Estado español, y esa pluralidad estaba
marcada por su carácter plurilingüístico, pluricultural y nosotros, el Grupo de Convergència i Unió, le añadimos también el carácter plurinacional del Estado español, como define su Constitución en todos estos aspectos y también cuando trata al
conjunto del territorio español como nacionalidades y regiones. Estamos ante una ocasión histórica porque el nuevo Tratado de la Unión Europea -lo comentaba antes el señor Herrera- nos plantea una nueva situación con una nueva Europa con 25
Estados, con 21 lenguas entre las cuales el catalán, por ejemplo, se sitúa como la décima lengua de esa nueva Unión Europea y además es lengua oficial en un Estado independiente como Andorra, por tanto, es lengua oficial en Naciones Unidas. Esto ha
hecho que en estos momentos distintas comunidades y distintos grupos parlamentarios de este Congreso se estén planteando la necesidad de que se reconozca la oficialidad del catalán conjuntamente con el gallego y el vasco en este nuevo tratado; por
tanto, estamos en un momento en el que es conveniente tratar este tema. También, en una coyuntura más cercana -el señor presidente lo está viviendo en toda su intensidad- estamos tratando el nuevo Reglamento y ayer todos los grupos no mayoritarios
de la Cámara propusieron que de alguna forma este Reglamento plantee el uso de las lenguas plurales del Estado español en esta Cámara, y sabemos que el Senado está trabajando en la misma línea. Pero hay más razones. Creo que es fundamental que el
Estado asuma como propias todas las lenguas del Estado español porque lo marca la Constitución y también porque la coyuntura le es favorable.
La lengua oficial del Estado es el español. El español es una lengua que crece, es una lengua de una gran potencia lingüística y cultural, está creciendo en todo el mundo -más de 400 millones de ciudadanos del mundo utilizan como lengua
propia el español- y creo que un Estado de estas características, que cuenta con una lengua de esta fuerza, que la ha dado al mundo -hace unos días el señor Bono, en Afganistán, les decía a las tropas que España ha conseguido colocar una lengua en
el mundo que hablan 400 millones, y es cierto-, ha de asumir que aún es capaz de acoger, de potenciar y de dinamizar el conjunto de lenguas del Estado español.
Porque la lengua no es solamente un instrumento de comunicación, la lengua es todo un
mundo. Detrás de una lengua hay una cultura, es una herramienta de creación y es bueno que el Estado asuma y por tanto actúe en consecuencia en lo que marca el artículo 3.2 de la Constitución: que la diversidad lingüística del Estado español es
una riqueza que hay que proteger, hay que respetar, y yo le añadiría que hay que potenciar. En este aspecto de plantearnos la lengua no solamente como un instrumento de comunicación sino también como un instrumento de cultura, quiero dar unos datos
a los señores diputados y señoras diputadas. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) En Cataluña, por hablar de un país que conozco profundamente, tenemos 3.500 escritores que cada año editan más de 7.000 títulos y esto
da lugar a más de 20 millones de libros editados en lengua catalana. Podríamos hablar también de la música, del cine, del teatro, etcétera. Todo esto hace que sea fundamental lo que plantea esta proposición no de ley. Hemos de promover el
conocimiento básico de las lenguas del Estado español en todas las comunidades y, otro factor determinante, hemos de permitir a los ciudadanos que se puedan dirigir al Estado, a la Administración central, en la lengua que ellos quieran elegir del
conjunto de lenguas oficiales del Estado español.
La proposición no de ley marca también un terreno de una gran importancia: las lenguas necesitan ser usadas y necesitan difusión. En este sentido, la responsabilidad de los medios públicos, radio y televisión, estatales y autonómicos, es
fundamental. Una de nuestras enmiendas se dirige a un aspecto que nos parece muy importante. Los políticos que hacemos política en Cataluña nos encontramos en más de una ocasión que después de hacer unas declaraciones en nuestra lengua propia, en
catalán, siempre hay un medio o dos que nos dicen: Por favor, repítalas ahora en castellano porque yo tengo que emitir en la cadena estatal. Esto no tiene sentido y, además, no es razonable. Es decir, los políticos catalanes somos educados y lo
hacemos, pero sería razonable y sería una forma de difundir este aspecto del carácter plurilingüístico que esto no hiciera falta y que esa intervención en vasco, en gallego o en catalán fuera subtitulada, lo mismo que hacemos con absoluta normalidad
cuando en estas televisiones habla un inglés, un francés o un alemán, al que no se le dice nunca: Por favor, haga usted las declaraciones en castellano, porque si no tendré que traducirle; ni nos lo planteamos.
También me gustaría recalcar otro aspecto. En la programación de los medios públicos tendría que aparecer no solamente la lengua, sino también esta cultura.
En las televisiones públicas escuchamos música en inglés -cosa que me parece magnífica- y en francés, pero escuchamos muy poca música en gallego, casi nada de música vasca y poquísima música -con excepciones que tienen nombre y apellido- en
catalán. Lo mismo diría respecto a la literatura. Por ejemplo, en Cataluña tenemos grandes escritores -estoy seguro de que esto también ocurrirá en el País Vasco y en Galicia- que son más conocidos en Italia que en España. Esto no tiene sentido,
pero ocurre. Hay escritores que están traducidos al castellano, pero tienen más difusión, más venta y son más conocidos en Italia o en Alemania que en España. Esto no tiene sentido. Cuando hablamos de la presencia en los medios públicos, algún
diputado o diputada me puede decir que ya existen desconexiones. No se trata de desconectar. Nos parecen muy bien las desconexiones, pero no es esto lo que planteamos. Entendemos que defender el carácter plurilingüístico del Estado español pasa
por que en estas televisiones, en las emisiones estatales salgan la música, la cultura, el teatro y el cine que se produce en lenguas oficiales, en gallego, en vasco o en catalán.
Otro aspecto que se plantea en la proposición no de ley, que creo que es importante, es el fomento de su conocimiento. Me gustaría resaltar un punto que me parece muy significativo respecto al catalán, y repito que hablo del catalán porque
es la lengua que más conozco, pero estoy seguro de que ocurre igual con el vasco y con el gallego. Es posible estudiar filología catalana en 90 universidades de cinco continentes, pero es curioso que sea más fácil estudiar filología en Estados
Unidos, en Alemania, en Francia o en Italia -es decir, hay más universidades en las que es posible estudiar filología catalana- que en España. Esta situación debe cambiar radicalmente.
Para acabar, el señor Tardá se refería a las nuevas tecnologías y yo creo que es un tema importante. Una lengua es potente y es fuerte cuando es útil a todos los ciudadanos para todo y hoy todos tenemos un reto que son las nuevas
tecnologías. El catalán es la decimonovena lengua en internet.
Debemos ir mucho más lejos. En este sentido, una de nuestras enmiendas va en la línea de solicitar una cosa que algunos ministerios ya hacen, y es que las lenguas oficiales del Estado
español estén presentes en las web de la Administración y de las empresas e instituciones dependientes de ella, pues la tecnología actual lo permite con una gran facilidad. Si conseguimos todo esto, que -repito- es un mandato constitucional y,
además, una voluntad clara de una amplísima mayoría de grupos de este Parlamento -esta proposición no de ley ha generado algunas enmiendas, pero entiendo que todos estamos de acuerdo-, estaremos aprovechando una oportunidad única de cumplir con un
mandato que -como decía el señor Tardá- tenemos desde hace 25 años, pero que no hemos acabado de llevar adelante. Estoy seguro de que con este esfuerzo que vamos a hacer todos y que ha de hacer sobre todo el Gobierno la pluralidad se va a demostrar
que es un enriquecimiento de un Estado fuerte que, además, tiene un gran nivel cultural, un gran nivel creativo. Pasemos de una situación que a veces se ve como problemática a verlo como un factor positivo, un factor enriquecedor para la
convivencia y el diálogo en el conjunto de este país que es España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Vilajoana.
A continuación, también en turno de defensa de enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el tema que estamos tratando aunque fuese repetitivo nunca estaría sobrado, y especialmente no está sobrado cuando quien les habla pertenece a una comunidad lingüística que está inmersa aún hoy en una
total anormalidad. Quería utilizar una película que seguramente todos han visto, no porque tenga interés para ustedes desde el punto de vista lingüístico sino porque tiene interés, aparte de toda la propaganda oficial que ha recibido, por el caso
de eutanasia del señor Sampedro. Sin embargo, esa película es llamativa e incluso indicativa en relación con la conducta lingüística. Es verdad que no es cierto empíricamente que una mujer como la que aparece en ese film, una madre de familia, la
mujer del hermano del señor Sampedro, hablase exclusivamente en español. Eso es una falsificación empírica. Es cierto que resulta casi imposible observar que un abuelo, un hombre entrado en edad, no hablase más que exclusivamente en gallego, y no
-como aparece en la película- muchas veces con un comportamiento lingüístico. Y no es creíble que el personaje de una mujer que trabajó en una empresa de conservas, que además tenía una cierta preparación sindical, no emplease nunca nuestro idioma.
Esas falsificaciones de carácter empírico no eluden la verdad fundamental de la tendencia, y la tendencia es que efectivamente existe un retroceso generacional alarmante en el uso de nuestro idioma. La película, igual que otras cuestiones, de forma
implícita evidencia que en Galicia hay un deterioro social, un deterioro económico, un deterioro cultural y un deterioro lingüístico. El contraste del comportamiento entre los progres modernos que hablan catalán y los gallegos que aparecen en la
película es evidente. Solamente en una sociedad donde lo natural es lo más anormal se puede considerar lógica esta conducta.
Digo esto porque realmente en el Estado español, especialmente en Galicia, estamos muy distantes de vivir en unas condiciones de mínima normalidad lingüística; una normalidad que consistiría en que los padres transmitiesen a sus hijos la
lengua propia, que
en las escuelas esa lengua estuviese por lo menos privilegiada en el propio territorio, que los medios de comunicación actuasen favorablemente a ella. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por eso, señor Herrera, cuando tengo que
hablar aquí de estos temas, estas proposiciones no de ley interesantísimas y que refuerzan la posición favorable a la normalización lingüística, en el caso del gallego me recuerdan siempre a la asignatura pendiente interna, terrible, que tenemos
después de 20 años de marco autonómico, donde no solamente no valió para favorecer el gallego sino para que retrocediese alarmantemente pues no hubo ni una sola política lingüística favorable. Agradezco en especial que ustedes hayan situado ahí un
tema crucial, aunque sea mínimo, que es respetar y utilizar los topónimos oficiales. Si en Galicia hoy la inmensa mayoría, el 99 por ciento, utiliza de forma administrativa, oficial y legal los topónimos que ya desde 1983 se declararon legales y
oficiales por el Parlamento de Galicia, por unanimidad, no es porque hubiese ninguna política coercitiva sino porque la gente poco a poco lo fue asumiendo, porque si es por el poder político estaríamos a estas alturas con Puentecesures,
Puentearenas, y de ahí para arriba. Es más, estos días ustedes pudieron comprobar, cuando se hace la propaganda mediática del puerto exterior de A Coruña, que nada menos que su alcalde se atreve a publicar en todos los medios de comunicación de
España el nombre no oficial de la ciudad, con sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en contra, con sentencia del Tribunal Supremo en contra y con el desamparo del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes piensan que se puede vivir
en un país donde se viole de forma tan flagrante, tan prepotente, la legalidad? Imagínense cómo funciona la maquinaria de este ayuntamiento. Esto es un rosario para quien quiera simplemente ser respetado y que los recibos se le entreguen en la
lengua que usa; pasa eso los paga. Señorías, puede ser un problema general, pero en el caso de Galicia esto es macabro y no puedo decir más que si yo violase la ley estaría en este momento encarcelado o, cuando menos, sometido a no sé cuántos
procesos judiciales. Hay otros que se pueden permitir el lujo de hacer esto y mucho más, chulearse, y que en todas las dependencias de la Administración local se actúe ya no utilizando el gallego -¡por Dios! Eso es una cosa de pobres y de
miserables-, vayamos al español y al inglés a través de Miami. Esta es la política que se practica en mi país.
Una vez dicho esto, por lo demás, nuestras aspiraciones, las demandas urgentes de la política lingüística -con este nuevo Gobierno que dice y parece ser mucho más respetuoso en esta materia que el anterior- consisten en que habría que
impulsar en la Administración central un mayor respeto por el uso de las lenguas que no son el castellano; igualmente en los medios de comunicación y ustedes contemplan esta problemática que nosotros tenemos reflejada a través de una serie de
proposiciones no de ley registradas. El cambio de legalidad de derecho público y privado es especialmente urgente. Igual que ya se inició en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial, habría que vigilar los registros civiles y su
comportamiento y también los registros dependientes de la justicia, en concreto el de propiedad y el mercantil, para que los asientos se redacten e inscriban en el idioma original en el que se presentan los documentos, las páginas web, y así
sucesivamente. En todo caso, al hilo de esta proposición no de ley, modestamente -porque ya le digo que la asignatura pendiente está dentro-, podría haber dos añadidos interesantes. El primero de ellos, que afecta a gallegos pobres, a gallegos en
la diáspora, a gallegos emigrantes, sería que en la acción educativa española en el exterior, la enseñanza de la lengua y la cultura catalana, gallega y vasca se contemple, de acuerdo con las comunidades autónomas implicadas, de forma prioritaria en
el caso de alumnado de nacionalidad española que pertenezca a familias procedentes de esas áreas lingüístico-culturales. En Andorra, muchos emigrantes gallegos hacen esta petición y se encuentran una barrera sistemática por parte del Ministerio de
Educación. Sería muy importante en todos los países de Latinoamérica, empezando por Brasil y pasando por Venezuela, México o Cuba, y así sucesivamente. El otro añadido es respecto a garantizar la promoción y difusión de todas las lenguas españolas
en el ámbito internacional, especialmente en el territorio de la Unión Europea. Pensamos que ya que hay una institución que funciona con el cometido de divulgar la lengua y la cultura española, no estaría de más que se adaptase la organización y el
funcionamiento del Instituto Cervantes a la realidad plurilingüe del Estado español y que se difundiese la lengua y la cultura vasca, catalana y gallega en pie de igualdad con lo que muchas veces se llama cultura castellana y que realmente en gran
parte es una cultura prioritaria o simbólicamente española. Otra cosa es el debate al que nos podría llevar este tipo de terminología.
Acabo ya, señor presidente, diciendo que vamos a apoyar esta proposición no de ley. No va a ser la última; estaremos toda la legislatura con este tema. Yo espero que en mi país haya también unos cambios de condiciones políticas que
posibiliten que por lo menos llegue algo de agua, de salud, para un idioma que está hoy prácticamente derrotado, escarnecido y subordinado como en los peores tiempos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley que nos somete Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la utilización de las diversas lenguas. Me parece importante, en primer
lugar, explicar el porqué de nuestra enmienda -sigo pensando que podría ser admitida y que sería positivo- y, en segundo lugar, intentaré describir cuáles son los ejes básicos de nuestro grupo en esta materia; puesto que es casi el primer debate
general que tenemos, es importante que marquemos también cada uno nuestro territorio.
Me hubiera gustado, pero es evidente que no tengo tiempo, contestar a alguno de los intervinientes. Prefiero no hacerlo y sencillamente decir que cuando se parte del postulado -como ha dicho un grupo- de nuestra postura independentista, es
evidente que no es el nuestro. En el particular contencioso del señor Rodríguez con Amenábar tampoco creo que podamos entrar ni extrapolarlo con carácter general. Sí me parece importante decir al señor Vilajoana, sin embargo, que así como ha dicho
que esto afecta al 40 por ciento de la población, yo creo que no, que afecta también al 60 por ciento que no tenemos -yo no tengo- una lengua propia además del castellano. Creo que no estamos legislando o hablando para el 40 por ciento de la
población sino para el conjunto de la población.
Nuestra enmienda -voy a ser muy breve, insisto en que me parecería conveniente que se nos aceptara- es la siguiente. Todas estas medidas que se exponen en la proposición no de ley realmente sólo se exponen y al Gobierno se le piden cosas
vagas, que garantice, que refuerce, que avance, pero no se pide algo concreto. Ha dicho el proponente, es verdad, que las va a plasmar en forma de proposiciones no de ley y, por tanto, podremos debatir de una en una cada una de las once medidas,
quince si se aceptan las enmiendas de los demás grupos. En cualquier caso, lo que el encabezamiento de esta proposición no de ley hace es pedir al Gobierno recomendaciones, que el Gobierno emita recomendaciones; ese es exactamente el término. Se
trata al Gobierno como si fuera un órgano consultivo y es evidente que no lo es. Por tanto, nuestra enmienda, que es muy pequeña, no modifica nada más, y aceptamos las enmiendas de los demás pero decimos que estas recomendaciones se plasmen en un
documento que se envíe a esta Cámara al amparo del artículo 196 del Reglamento para que se puedan debatir y estudiar. Es decir, queremos transformar una cosa vaga, como son las recomendaciones, en algo más transparente, más riguroso y vinculante.
Eso es todo lo que nuestra enmienda propone y lamentamos que no se nos pueda aceptar o que no se desee aceptarla.
Paso a decirles cuáles son los ejes de la política de nuestro grupo en esta materia. Yo creo que es mucho más simple si me permiten ustedes leer lo que dice la Constitución, que ha sido mencionada aquí por uno y otro grupo, nada menos que
en su artículo 3.º, en el verdadero comienzo de la Constitución, y al hilo de eso decimos cuál es nuestra política. Nuestra política es el marco constitucional, que además ha sido muy desarrollado en el Tribunal Constitucional. Este no es un foro
lingüístico, no es tampoco el Tribunal Constitucional, por tanto creo que sencillamente puedo marcar los tres ejes de nuestra política en esta materia. El artículo 3.º en su punto 1 dice: 'El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.' Esto quiere decir, por tanto, que todos tenemos una lengua común, esa lengua oficial del Estado que es el castellano. Otros países, como bien se ha dicho aquí, no la tienen
-Bélgica, Finlandia o Suiza-, sus diversas lenguas son todas ellas oficiales y no tienen una común. Nosotros tenemos una común y eso es una riqueza y además -permítame que diga- una cosa útil. Artículo 3.2: 'Las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.' Esto deriva luego, con el desarrollo de los estatutos, en que seis comunidades autónomas tienen además de la lengua oficial lengua propia y cuatro lenguas
propias en seis de las comunidades, con todo lo que conlleva el término de igualdad de dos lenguas cooficiales. Pero no acaba aquí el artículo de la Constitución, y por eso yo decía que nos hace referencia a todos, puesto que el punto 3 de este
artículo 3 dice: 'La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.' Por tanto, ya salimos del propio territorio donde hay esta lengua para ser algo que nos
afecta a los demás. Tenemos una obligación hacia estas lenguas; tenemos una obligación hacia la riqueza que supone el uso, conocimiento, difusión, garantía de respeto de estas cuatro lenguas de seis comunidades autónomas. Por tanto, para nosotros
el marco constitucional no puede estar más claro y es ahí donde nos queremos mover.
Hablaba el portavoz de que en 1997 aquí se hizo un acuerdo. Yo fui precisamente la ponente en esa moción con el señor Saura; él se acordará bien y yo también porque fue difícil llegar a acordar casi 30 medidas que este Parlamento adoptó
por unanimidad. El proponente dice que no se han llevado a cabo. Esa es la manera de verlo de cada uno y ahí no puedo entrar, pero quiero recordar cosas como el carné de identidad, como la declaración de Hacienda, las relaciones con Hacienda, el
carné de conducir, la capacidad de relación con la Administración periférica en las dos lenguas oficiales en cada comunidad. Todo esto era utópico. Era impensable hace nada, por ejemplo, que en determinadas zonas de León estuvieran impartiendo
enseñanzas en gallego y que en determinadas zonas de Aragón se estén recibiendo enseñanzas en catalán. Es una necesidad de la población. Quiero decir con esto que ha habido no sólo un avance impensable en 1997, sino que además ha habido una
flexibilidad en la interpretación.
Este es nuestro eje. Tenemos una lengua común y la interpretamos como una riqueza; tenemos unas lenguas oficiales, cooficiales en seis comunidades autónomas, y esa de nuevo es una riqueza y tenemos que avanzar. ¡Claro que tenemos que
avanzar! ¿En qué terreno de la vida no hay que avanzar? Otra cosa es a lo que cada uno llame avanzar, pero es un hecho que tenemos que avanzar. Por último, tenemos que difundir esas lenguas -tenemos una obligación constitucional de hacerlo- y
garantizarlas en todo el territorio y fuera de nuestras fronteras. Creo que con eso tenemos tres ejes. Este es el marco en el que nos movemos, que es el constitucional. Además, me gustaría hacer dos consideraciones añadidas.
Por un lado, no
hagamos de esta materia un arma arrojadiza (conseguimos no hacerlo entonces, cuando estuvimos hablando de ello en 1997 y creo que podemos hacerlo bien) y, por otro lado, cumplamos la legislación vigente mientras no esté modificada. Creo que ese es
también un punto muy importante.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Jaun-Andreok, erromak bere izakera lazioan amditzen ez dana onartzean, daukaguzan hainbat
arazo bukatuko lirateke horregaz batera.-El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
Algunos dirán o pensarán que en estos momentos estoy empezando a hablar en cristiano, o sea en castellano, en una expresión muy castiza y bastante habitual y también de connotaciones muy medievales. No crean que voy a empezar a remontarme
al siglo VIII o a Tariq, aunque ahora esté muy de moda, ni a ningún tipo de literatura de los TBO del Capitán Trueno, sino que voy a intentar reflejar lo que me parece que es una realidad en el ámbito lingüístico tanto en las comunidades autónomas
que tienen una lengua propia como también en el resto del Estado y las sensaciones que hay con respecto a ello, y en ningún momento en un plano beligerante porque creo que la riqueza del conocimiento lingüístico y la no confrontación entre las
lenguas es precisamente lo que garantiza la existencia de todas ellas.
Yo quisiera subrayar en ese sentido, en primer lugar, tal y como lo ha hecho el proponente, el artículo 3.3 de la Constitución española, que dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección. Un patrimonio cultural que podría ser calificado incluso de valor constitucional. De hecho existe una cooficialidad de las lenguas, pero muchas veces nos olvidamos de que no sólo obliga a las instituciones
de la comunidad autónoma sino también a las instituciones del Estado. Y ya no me estoy refiriendo a fuera del territorio de la comunidad autónoma, que también en algunos aspectos debería afectar, y creo que en ese sentido va la propuesta realizada,
sino que incluso dentro del territorio de la comunidad autónoma con idioma propio para el Estado parece en la mayoría de las ocasiones que no existe esta cooficialidad, porque en las dependencias de la Administración del Estado en la Comunidad
Autónoma vasca el número de funcionarios del Estado que desconocen el euskera es amplísimo, enorme, la inmensa mayoría, y desde luego no es un idioma utilizado por la Administración del Estado ni siquiera en el territorio de la comunidad autónoma.
Qué vamos a decir de otros ámbitos en los que cabría esperar un impulso por parte del Estado, como es el judicial, un impulso renqueante, equívoco y muy moderado. Si se ha dado algún paso en ese sentido ha sido a impulso de los gobiernos autónomos,
nunca de la Administración del Estado.
La realidad es que todavía hoy se debería aceptar, porque no está aceptado, que el Estado es plurinacional -quiéranlo o no- y plurilingüe; que hay ciudadanos que sienten como su propia lengua el euskera, el catalán, el gallego, y desean ser
tratados como tales ciudadanos, incluidos sus derechos lingüísticos, por todas las administraciones, las de todos los niveles. No se trata de patois, ni de dialectos sin ningún tipo de valor, porque todos los idiomas y todas las formas de expresión
deberían tener la misma importancia y validez; son idiomas sentidos -y eso es muy importante-, utilizados y tan capaces como cualquier otro para poder desenvolverse en cualquier ámbito de la vida ciudadana. Pero esos ciudadanos que tienen esos
idiomas propios saben que cuando acuden a determinados ámbitos su idioma, el idioma de su nacionalidad, es completamente extraño a esos ámbitos y saben que sería imposible porque no se han puesto los medios para ello, aunque la ley en algunos casos
ya lo habilita así, para que puedan utilizar ante esas instancias su idioma.
El problema de fondo es que muchos en el Estado piensan y difunden la idea de que lo que representa lo genuinamente español es el castellano; el resto son estorbos para
la imagen de la unidad nacional. Muchos quisieran que esos idiomas marginales se pudieran tolerar sin más mientras esté reducido su uso al ámbito familiar, al ámbito rural, incluso hasta escolar, pero siempre que sean un segundo idioma, un idioma
de segunda categoría, porque ya tenemos otro común que nos da mucha más visión, hablado por 400 millones de personas y que nos va a ayudar.
¡Pobrecitos! ¿Dónde iríamos sólo con el euskera? ¿Qué más quieren estos vascos, qué más quieren estos
catalanes, qué más quieren estos gallegos? ¡Ya es suficiente con lo que tienen! Lo que intenta esta oportuna proposición no de ley es que por
parte del Estado se muestre la voluntad de sentir como propia la riqueza lingüística existente y que además se impulse entre la ciudadanía del Estado en general este mismo sentimiento, el de que es riqueza, forman parte del Estado todos los
idiomas, todas las formas de expresión que se utilizan. Es hora -entiendo yo- de que cambiemos el chip de la frase de a Roma fas com fams els romans, que algunos ya conocemos y hemos oído, porque esa Roma es Madrid y esa Roma son las instituciones
del Estado. El catalán, el gallego, el euskera no forman parte de Roma que, al parecer, está reservada a la lengua de Cervantes. Los idiomas bárbaros están bien para que sean reconocidos en Europa y en otras instancias, pero ante el Estado y en el
Estado la lengua culta, la lengua que da nivel, que da prestigio, es únicamente el castellano. Y Roma ha pasado siglos -permítame que me sienta por un momento como Asterix y parodie a Agostini- intentando romanizarnos, pero resulta que las tres
pequeñas aldeas, esta vez no galas sino basconas, galaicas y catalanas, siguen resistiendo una y mil veces a las legiones romanas del emperador de turno. Muchisimas gracias por intentar convertirnos a la fe verdadera e integrarnos en la vía del
progreso del imperio. El euskera para qué sirve, dónde vas a ir fuera de Euskadi y, aun así, en todo Euskadi igual tampoco te serviría; lo mejor que os podría pasar seguramente es lo que se intentó durante tantos años en la escuela, desterrar
nuestro idioma y castigar a los niños que hablaban en ese idioma en muchas ocasiones intentando evitar el castigo, pero no lo podían evitar porque no conocían otra lengua. Nos han intentado ayudar -muchas gracias- y hemos desaprovechado la
oportunidad como malos alumnos de Nebrija. Pero ¿qué quieren? Estamos contentos con nuestra alma bárbara. Reconozca Roma, si quiere, que los idiomas diferentes al castellano forman parte de ella, ayudando a completar a esa propia Roma. La
Constitución española no impide que eso sea así; la Constitución española no impide que el Estado impulse y desarrolle el uso de estos idiomas. Lo que hace falta es voluntad política en dos ámbitos. Uno, aprobando aquí la proposición no de ley
(eso espero y confío, y parece que va a ocurrir) y también voluntad política no sólo de aprobarlo, sino de que a renglón seguido lo que se dice en la proposición no de ley se lleve a cabo. En ese aspecto, créanme que sí tengo bastantes dudas y
quizá no soy tan optimista como el proponente, aunque el que quede escrito es un buen paso. Créanme que actuaciones en el sentido que propone la iniciativa presentada ayudarán a que el imaginado y muchas veces provocado conflicto de idiomas entre
los ciudadanos del Estado no sea tal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.
Señorías, me dirijo a esta Cámara de representación, en nombre del Grupo Socialista, para abordar, una vez más, uno de los principios reconocidos en nuestra Constitución: la pluralidad de España. Concretamente hoy nos atañe abordar la
cuestión del pluralismo lingüístico existente en esta realidad diversa, rica y compleja que tenemos la fortuna de vivir. Eso es un motivo de orgullo para todos los españoles. No es, evidentemente, como han dicho anteriores oradores que me han
precedido en el uso de la palabra, un problema.
No quiero caer en frases hechas ni en reclamos recurrentes, pero lo que es cierto es que los que creemos de verdad en esta realidad no podemos dejar de insistir en ello. Somos de los pocos países que tenemos este patrimonio, que, por tanto,
podemos exhibirlo y no nos podemos permitir el lujo de dejar de hacerlo. Por eso el traslado de esa sensibilidad a todos los pueblos de España es una labor ineludible de las instituciones del Estado. Estas, en su quehacer, deben velar para que la
existencia de esta diversidad no se transforme en un punto de desencuentro, sino, por el contrario, en factor de cohesión y de unión en la diferencia.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en una declaración sobre diversidad lingüística, destacaba especialmente que -y leo-, frente a las influencias que la mundialización ejerce sobre las culturas y los intercambios culturales, los
Estados democráticos modernos se enfrentan a un nuevo reto: diseñar políticas destinadas a asegurar el reconocimiento y la expresión de las diferentes formas de diversidad cultural que coexisten en su territorio.
Con relación al contenido estricto de la proposición no de ley debo anunciar, desde ya, que el Grupo Socialista comparte plenamente su espíritu. Es por ello que votaremos a favor de la proposición de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.
Asimismo, quiero avanzar también, después de las intervenciones de los otros ponentes, la valoración positiva de las enmiendas presentadas por algunos de los otros grupos parlamentarios. De acuerdo con el texto de referencia, se insta al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para concretar y hacer efectiva la realidad plurilingüe el Estado en sus actuaciones. Lo primero que queremos poner de manifiesto es que en mi grupo compartimos esta opinión respecto A que la legítima
pluralidad lingüística en España debe tener su reflejo en las instituciones y debe ser respetada, por tanto, y protegida como patrimonio cultural. En las comunidades autónomas en las que rige un régimen de cooficialidad lingüística los ciudadanos
tienen derecho a usar, de acuerdo con su libre elección y con plena validez jurídica, cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos y tipo de relación y, por lo mismo, en sus relaciones con cualquier poder público radicado en el
correspondiente territorio. Este derecho, por tanto,
es tanto activo, es decir derecho a usar la lengua elegida, como pasivo, es decir, derecho a que se le dirijan en esta lengua escogida.
A su vez, es importante que nos conozcamos más y mejor. Entrecruzar distintas culturas nos llevará más de una vez a ver las similitudes, los puntos que tenemos en común entre todos los pueblos de España. Pienso ahora en un ejemplo muy
completo, si quieren muy colateral pero significativo, equivalente, quizás, al ejemplo que nos ponía el portavoz, señor Rodríguez, del Grupo Mixto. Existe un grupo de poetas en lengua castellana, jóvenes, por tanto nuevos, que se autodenominan Los
Feroces, cuyo ideario, el motor vital que los conduce a hacer el tipo de arte que hacen es prácticamente el mismo que el grupo de poetas catalanes llamados Els Imperables, los imparables. ¿Cómo puede ser que no se conozcan entre ellos? ¿Cómo puede
ser que no haya una comunicación entre ellos? Creemos que facilitar la interconexión y el flujo cultural dentro de España está en nuestras manos, concretamente en manos de esta Cámara.
El Grupo Socialista tiene la voluntad de hacer un tratamiento adecuado y riguroso de estos temas. No se trata de conseguir la normalidad del pluralismo lingüístico únicamente a través de proposiciones no de ley, sino que se trata de
estudiar seriamente todos los aspectos y ámbitos donde hay que ver reflejado el plurilingüismo e, incluso más allá, la pluriculturalidad del Estado. Así es como construiremos camino. Los socialistas tendemos, pues, la mano a todos los grupos con
esa sensibilidad, para hacer un trabajo sistemático, que nos permita avanzar con racionalidad en este tema. No se trata, a mi modo de ver, de salir muchas veces a esta tribuna, sino de que podamos percibir que la realidad cambia de verdad. Vayamos
por partes; aunque sin la exhaustividad que el tema merece, dada la limitación temporal del tempo parlamentario, sí querría hacer alusión a algunos aspectos concretos.
En el desarrollo de la democracia española ha habido avances importantes en el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español. Por eso hay que ir con cuidado con determinadas iniciativas parlamentarias.
Es cierto que en
algunos ámbitos queda camino por recorrer y es allí donde hay que poner empeño y energías, pero sin ignorar los avances que ya se han conseguido. La propia Constitución tiene numerosos preceptos que hacen referencia a esta diversidad lingüística.
No sólo los artículos citados ya en la proposición no de ley que nos ocupa, el artículo 3 ó el 20.3, sino también otros, como el 149.2 ó la propia disposición final, cuando prevé la traducción de la Constitución a las otras lenguas de España.
También es importante prestar atención al propio preámbulo de la Carta Magna, donde se proclama la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones. A su vez, los distintos estatutos de autonomía de aquellas comunidades con lengua propia también reconocen y garantizan el uso normal y oficial de los dos idiomas.
Por hacer referencia sólo a algunos de los aspectos que se han abordado recientemente, me permitiré destacar los siguientes. En el ámbito de la justicia el Gobierno ha informado favorablemente del contenido de una proposición de ley para
favorecer el uso de la lengua autóctona por parte del personal de la Administración de Justicia, exigiendo su conocimiento en la provisión de plazas de los distintos territorios en que así se necesita. Asimismo, el Ministerio de Justicia se ha
comprometido a estudiar una modificación de la legislación registral para que los asientos pudieran redactarse, además de en castellano, en la lengua oficial propia de cada comunidad autónoma, previendo un ulterior desarrollo reglamentario que
atienda al conjunto de cuestiones que dicha reforma suscite, esto es, libros registrales, informatización o dotación presupuestaria. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y con relación a la literalidad de la proposición no de ley,
ya presentó en la reunión de la Conferencia Intergubernamental de 4 de mayo una propuesta con dos objetivos: por un lado, conseguir que se realicen traducciones oficiales del Tratado constitucional a las lenguas que sean oficiales en parte del
territorio de los Estados miembros que lo soliciten, lo que ya ha sido acordado, como bien saben sus señorías; por otro, intentar que los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones y órganos comunitarios en dichas lenguas, así como recibir una
respuesta en la lengua empleada. En estos momentos ya existe un convenio firmado entre el Gobierno de Cataluña, L'Institut Ramon Llull y el Instituto Cervantes, que permite la proyección de la cultura catalana y mayor presencia en el exterior de
ésta. En general, la actitud del nuevo director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, ha sido desde el principio la de reconocer que el instituto no será excluyente, sino por el contrario incluyente, y que enseñará todas las lenguas
oficiales del Estado. A su vez, el Ministerio de Cultura plasma el respeto y protección de las distintas lenguas del territorio español en todas las actividades que desarrolla: las convocatorias y ayuda para el fomento de la edición de libros en
cualquiera de las lenguas oficiales, el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales, ayudas a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas culturales o el otorgar premios nacionales a obras y autores en cualquiera
de las lenguas españolas; Unai Elorriaga, Miquel Desclot, Jaume Vallcorba, Suso de Toro sirvan como ejemplos.
Para ir concluyendo diré que el Grupo Socialista no va a caer en una competición absurda por demostrar quién es el paladín de la defensa de la pluralidad, porque en ambición por reconocer, proteger e impulsar la riqueza de nuestro país, así
como en tenacidad para conseguir que estas realidades se conozcan y se amen
entre ellas, difícilmente alguien nos superará. Somos un grupo parlamentario que refleja la realidad plurilingüe y diversa del Estado español. Somos, a modo de ejemplo, 10 gallegos, 14 valencianos, siete vascos, cuatro de las Islas
Baleares o 21 catalanes socialistas, entre otros -disculpad aquellos a quienes no he citado- que ocupamos escaños en este hemiciclo con la intención de avanzar y mejorar esa convivencia.
(Aplausos.) Estamos aquí con la voluntad de hacer en
mayúsculas, de llevar a cabo todo aquello que se apruebe en este Parlamento porque no creemos en el hacer ver, porque no queremos que lo que se apruebe se agote entre estas cuatro paredes sino que se concrete y repercuta en las acciones cotidianas
de los ciudadanos. Tenemos una legislatura por delante con un programa y un horizonte claros y no vamos a dejar de trabajar con rigor y sensatez, pero también con pasión y sensibilidad por todos y cada uno de estos objetivos. El tratamiento de la
realidad plurilingüe es también el tratamiento de la convivencia. Desde una óptica federalista la política lingüística es pedagogía de la pluralidad. Ahora es importante decir que se acabó el mito de las nacionalidades históricas derrotadas por el
Estado español, se acabó el monoteísmo nacionalista de unos y otros porque el sentimiento real que nos impregna y que todos nosotros respiramos es la convivencia más fecunda del progreso de la civilización humana; aquella que se nutre de la
diferencia y de la diversidad de puntos de vista.
Déjenme acabar con una cita de un poeta de todos, de Antonio Machado, que ilustra a mi modo de ver lo que realmente necesitamos, lo que realmente exige el momento. Reflexionemos, pues, sobre esta cita y tengámosla en cuenta: Sin un cambio
de dioses todo continúa como estaba.
Eskerrik asko, moltes gràcies, moitas gracias, muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Batet.
Señor Herrera, le corresponde a usted determinar si acepta o rechaza enmiendas.
El señor HERRERA TORRES: Aceptamos la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana, así como la enmienda del Grupo Mixto y no aceptamos la del Grupo Popular por los motivos antes expuestos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Señorías, el artículo 32 del Reglamento atribuye al presidente del Congreso la representación de la Cámara y, estrictamente a este título, además de obligarme a desempeñar todas las demás funciones que le confieren la Constitución, las leyes
y el presente Reglamento, quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones', respetando todo lo que he oído como presidente, que en este hemiciclo, en este Congreso, en las Cortes Generales ni se discrimina ni se oprime a ningún diputado. Los
derechos individuales y colectivos de los diputados están protegidos por la Constitución, por este Reglamento y por este presidente. Eso es todo.
- DEL GRUPO MIXTO (SRA. LASAGABASTER), PARA LA DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 162/000130.)
El señor PRESIDENTE: Continúa el orden del día con la proposición no de ley del Grupo Mixto, para la derogación de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.
Señora Lasagabaster, tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para defender esta iniciativa que no tiene otro objeto que el de solicitar la derogación de la llamada Ley Orgánica de Partidos Políticos. ¿Por qué? Porque, desde nuestra perspectiva, es
una ley insostenible desde el punto de vista jurídico e inoportuna e inconveniente desde el punto de vista político.
Dividiré esta breve intervención -breve intervención de 10 minutos- en tres apartados. Primero, recordaré cuál fue nuestra
posición a la hora de elaborar y aprobar esta ley; segundo, analizaré lo ocurrido con la aplicación de ley a lo largo de estos dos años y tercero, me atreveré a realizar unas conclusiones y reflexiones en relación con esta cuestión.
¿Por qué nos opusimos a la ley? No voy a citar todos los argumentos, pero me parece interesante, ahora que tenemos otra legislatura y también otra mayoría, por qué no -y por eso traemos aquí a la Cámara esta iniciativa-, referirme a ellos.
Primero porque no era una ley necesaria, ya existía acuerdo doctrinal y jurisprudencial para el objeto para el que se preveía y se prevé, según el cual los partidos políticos regulados -artículo 6 de la Constitución- son una especie dentro del
género de las asociaciones, cuya disolución, por tanto, sólo puede operarse mediante resolución judicial motivada y cuya única causa de ilegalidad sólo puede ser perseguir fines o utilizar medios tipificados como delito; es decir que ya había una
vía jurídica, una vía evidentemente política y constitucional para llevar a cabo la disolución de aquel partido que se hubiere considerado objeto de una posible ilegalización según las causas previstas; o sea, regulación ya existente, guste más o
guste menos -artículo 109 del Código Penal- y la disolución a través de los artículos 520 del Código Penal y 515 y sucesivos. Por tanto, nos opusimos porque no era necesaria esa segunda vía jurídica, legal, política, constitucional y, además,
porque no era una buena ley. No es una buena ley, y no lo es porque, evidentemente,
pretendía -¡claro que lo sabemos!-buscar una vía mucho más fácil, una huida del llamado derecho penal, que, como todos sabemos, normalmente requiere, establece una serie de formalidades, de exigencias, de requisitos garantistas, que recoge
normalmente -o debiera hacerlo así- contenidos vinculantes respecto de la legalidad estricta, tipificidad, taxatividad, lesividad, proporcionalidad, culpabilidad y seguridad jurídica. Evidentemente todas las leyes, pero mucho más en materia de
orden penal.
¿Qué es lo que se hacía con la segunda vía -no nos olvidemos, segunda vía-? Huir del derecho penal para buscar una vía llamada político constitucional -como si la vía penal no fuera constitucional- que pretendía obviar todos los principios
que se requieren o se debieran requerir en materia de derecho penal. ¿Qué hacía? Acudir a artículos que no tenían la proporcionalidad ni la seguridad ni la taxatividad ni el concepto de garantías suficientes y que contenían y contienen expresiones
vagas, ambigüas; en definitiva, incertidumbre, inseguridad jurídica que puede dar lugar a gran arbitrariedad. Esto es lo que se pretendía y es lo que se ha hecho. De lo que se trataba no era de analizar un hecho delictivo concreto o un autor de
un delito concreto, sino de establecer determinadas conductas que pudieran regular, pudieran ilegalizar y pudieran disolver partidos de determinados pensamientos o determinados grupos sociales; en definitiva, no lo que se refiere a la vía penal que
es la vía del Código Penal, sino a otra que jurídicamente es menos segura y tiene menos certidumbres y menos garantías. Esto es lo que se pretendía y es evidentemente que nosotros no admitíamos este tema. Se podía ver claramente, por ejemplo, en
todo el artículo 9, cuya redacción algunos intentaron mejorar, especialmente el apartado 3 que nos trajo el proyecto de ley, que era espeluznante, y se hicieron mejoras técnicas pero que no cambiaban los contenidos reales de la incertidumbre y de la
inseguridad.
Leer el artículo 9.3 al día de hoy da un cierto reparo, por no decir miedo, porque evidentemente la arbitrariedad de la interpretación bien pudiera dar lugar a la disolución o la ilegalización de muchas conductas.
No estábamos tampoco
de acuerdo con la sala que se encargaba de la instrucción, del conocimiento y competencia de esta materia -evidentemente, una sala especial ad hoc para que respondiera ágilmente a los requisitos y a las voluntades políticas de quienes aprobaban o
quienes tenían la iniciativa del proyecto de ley-. Tampoco estábamos de acuerdo, como no lo estamos, con el tema de los recursos, sin una verdadera segunda instancia, ni tampoco estamos de acuerdo en la legitimación activa -la mezcla del Ejecutivo
y el Legislativo- ni tampoco en lo que se refiere al concepto de inhabilitación del artículo 2 que nos parecía sacado de los anales y baúles de la historia.
Todo eso nos llevaba a que no era una buena ley, a que no podíamos aprobarla y que no entendíamos el porqué de la misma más allá de lo que he dicho antes. Esta ley tenía un propósito muy claro. No se nos escapa que esta ley ad hoc,
dirigida contra un grupo concreto, e inserta en el ordenamiento jurídico, también es una ley de aplicación general y, probablemente, según los albures de las circunstancias, pudiera ser de aplicación a cualquiera de ustedes o a cualquiera de los que
no estuvieren aquí. Esta fue nuestra posición y lo recordamos porque, a la vista de lo ocurrido, creemos que no íbamos desencaminados.
¿Qué ha pasado en estos dos años? Es difícil hacer un recorrido del seguimiento de todos los vaivenes jurídicos y políticos que ha habido.
Como diría el catedrático Javier Pérez Royo, ha habido un embrollo jurídico y político de tal
calibre que nos ha llevado a un callejón sin salida. Podríamos hablar de una sentencia del 27 de marzo de 2003, ya dirigida contra tres partidos, algunos de los cuales no existen ya y, por lo tanto, con aplicaciones retroactivas de la propia ley.
En este caso tiene lugar un procedimiento con inusitada rapidez, que no suele darse en el ámbito de la justicia en general, y en cambio en éste sí en particular. Hay que recordar que cuando hay fases de instrucción que duran más de cinco años, aquí
no, aquí todo fue muy rápido. No entraré en la valoración del procedimiento judicial porque no nos corresponde, pero sí resaltaré, por ejemplo, determinadas recusaciones a magistrados de la sala que conocía, la aplicación de una ley que acababa de
someterse al control del Tribunal Constitucional, la recusación del ponente y del presidente del Tribunal Constitucional que salió indemne exclusivamente por un voto, no lo olvidemos, y así sucesivamente. También, por ejemplo, la existencia de un
procedimiento judicial, a través de la vía penal, que quedó en un día de suspensión de la actividad de un partido político, en el cierre de todas las oficinas de un partido político y en la detención de múltiples personas y, después, la nada, fase
de instrucción sin nada más. ¿Ustedes consideran que puede ser admitido en un Estado de derecho, en un Estado jurídico que se precie o, al menos, mínimamente jurídico, el que una fase de instrucción sumarial, unas medidas cautelares terminen en
nada y se conviertan en definitivas desvirtuando la presunción de inocencia? ¿Es eso normal? Si es normal, no hace falta que tengamos más conocimiento de la instrucción, nos quedamos en la instrucción y se acaba el asunto.
Ha habido otras consideraciones que han afectado de manera mucho más directa a ciertos derechos, además de al derecho de asociación, como es el derecho de participación política, recogido en el artículo 23, que, según nos decían, no estaba
afectado. Por ejemplo, en todo lo que se refiere a la ejecución de las sentencias -lo dijimos el 30 de mayo de 2002 y no lo voy a leer, pero les ruego que lo lean si tienen interés-, no nos parecía que hubiese un procedimiento contradictorio o
garantista.
¿En qué informes se basaban para determinar en el mínimo tiempo que una agrupación de lectores
era la continuación de un partido político? ¿En los informes de la policía, en los informes de los nombres de las personas que lo llevaban, basándose en qué? No lo hemos sabido todavía. Lo cierto y verdad es que las agrupaciones de
electores han sido disueltas y anuladas con unos procedimientos que no se pueden llamar contradictorios ni garantistas. No les leeré tampoco la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de mayo de 2003, cuyos fundamentos jurídicos, especialmente
el fundamento 24, es digno de leerse, porque dice claramente que es de difícil constitucionalidad que una agrupación de electores pueda equivaler a un partido político y hace una alusión a la jurisprudencia constitucional diciendo que es realmente
difícil. ¿Qué pasa? Que en el fundamento 25, y en apenas un párrafo, tiene que dar una pirueta mortal, y la pirueta mortal no es otra que decir que hay agrupaciones de electores que son mucho más que agrupaciones de electores -no sabemos cuál es
el mucho más que agrupaciones de electores- y entonces ahí sí equivale a un partido político. Desde luego es una sentencia que no pasará a la historia como la mejor sentencia del Tribunal Constitucional. Si quieren les puedo recordar cómo ha
ocurrido en algún caso práctico. A mí me llamaron de una agrupación de electores de personas simpatizantes de Eusko Alkartasuna en Navarra, en la que tuvimos cuatro horas para hacer un recurso que no se sabía por qué se había anulado, en el que no
se sabía la fundamentación, que no se alegaba ningún motivo y que tenía que recurrirse en un día de fiesta ante el Tribunal Constitucional en Madrid, donde no había posibilidades de encontrar ni abogado ni procurador y, sin más, tuvimos seis horas
para hacer un procedimiento contradictorio y garantista. Eso no me parece normal y se lo digo porque lo he vivido.
Hay una cuestión todavía más grave, que ha terminado en un embrollo jurídico y político terrible. Ha sido la vulneración total y absoluta de las competencias del Poder Legislativo, porque aquí se han afectado competencias del Poder
Legislativo y en especial del Parlamento vasco. Ya dijimos que confundir partidos políticos y grupos parlamentarios no parecía muy razonable y, desde luego, no lo es, pero parece que en la sentencia se puede aludir a los análisis y hasta poner
cosas y conceptos que son totalmente distintos. Se han vulnerado los derechos, las competencias del Parlamento vasco y ha sido de manera políticamente -entiéndanme- grosera, que incluso ha llevado a una querella a su presidente, a miembros de la
Mesa y a portavoces de ese Parlamento.
Inadmisible.
Termino, señor presidente, con unas conclusiones y reflexiones. Sé que me arriesgo, pero no me importa excesivamente porque creo que algún día habrá que entrar en este asunto. Diremos lo siguiente: lo tenemos muy claro, muy claro.
Evidentemente, no admitiremos jamás ni hemos admitido jamás el uso de la violencia en la defensa de ninguna idea y es evidente también que nos alegramos cuando los responsables políticos a quien corresponda prevengan la realización de actos que
vulneren los derechos humanos mediante la incautación de armas y la detención de las personas que detentan esas armas. Eso es importante y positivo, pero no queremos tener una tercera generación de comandos de ETA y eso nos lleva a tener que
resolver también, por muy condenable que sea la violencia que se utiliza, lo que subyace, el conflicto político, y cuando se le dice al mundo de Batasuna que tiene que utilizar solamente las vías políticas lo que no se puede hacer es cerrar la
puerta de las vías políticas. A Batasuna, sí, sólo las vías políticas, pero a ustedes que permitan las vías políticas.
No voy a hacer comparaciones, entiéndanme bien, pero voy a hacer reflexiones. No comparaciones; sí reflexiones. ¿Qué consecuencias electorales hubiera debido tener la negativa de un partido a condenar la dictadura franquista? Díganme
ustedes qué consecuencias electorales hubiera debido tener. ¿Qué consecuencias electorales -termino, señor presidente- hubiera debido tener un partido que tiene como presidente honorario un miembro de la anterior dictadura franquista? Y, díganme
ustedes, ¿qué consecuencias electorales hubiera tenido el incluir en unas listas electorales a personas que han sido condenadas, pero en aquel momento estaban imputadas, por graves delitos de lucha contra el terrorismo? Díganlo ustedes.
Reflexionen y deroguen la ley. (El señor Ballestero De Diego: Muy bien, vaya... ¡Qué vergüenza!-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para respaldar la iniciativa presentada por Eusko Alkartasuna; no podría ser de
otra manera porque nosotros, en su momento, estuvimos en desacuerdo y rechazamos la denominada Ley de partidos.
Yo esperaba que este debate -creo que a grandes rasgos ha sido así- se iniciase y terminase de forma novedosa, es decir, sin insultos, sin broncas, sin criminalización de aquel que discrepa. En todos los escaños no ocurre eso; veo, para mi
mal, para el mal de esta Cámara, que no en todos los escaños ocurre eso, no ha habido un cambio de talante que, en mi opinión, hubiera sido más que conveniente en estas materias. En todo caso, hoy quiero resaltar la posibilidad de debatir sin que
aquellos que hemos pensado y seguimos pensando que esta ley era una equivocación seamos abochornados, vituperados en esta Cámara y, al mismo tiempo, que los que así pensamos podamos constatar con alegría quizá la mayor debilidad de ETA de su
historia y,
por otra parte, felicitar a nuestras fuerzas de seguridad y a las fuerzas de seguridad francesas por el reciente éxito en la lucha antiterrorista y en el arresto de la cúpula de la organización terrorista ETA. Creo que eso se puede hacer
hoy aquí; quizás hace unos meses no se hubiera podido hacer sin algunos abucheos, que creo que condicionaban negativamente el debate en esta Cámara.
Pues bien, señorías, nosotros rechazábamos y rechazamos una ley que, en definitiva, fue un error en su momento y cuyas consecuencias tampoco nos han hecho avanzar en la lucha contra el terrorismo. Los verdaderos avances en la lucha contra
el terrorismo devienen, por una parte, de los éxitos policiales y judiciales, de los éxitos de la lucha antiterrorista.
Por otro lado, y de manera determinante, devienen del aislamiento de la organización terrorista, de su ferocidad -de la
ferocidad de sus actos- y de su total aislamiento social, que, en nuestra opinión, es un factor a tener en cuenta para la situación actual; situación actual de extrema debilidad de la organización terrorista ETA, de la cual nos alegramos.
La ley de partidos, en ese sentido, no ha aportado ni un solo grano de arena a la debilidad actual de ETA. Hay que recordar que, en aquellos tiempos en que debatíamos en esta Cámara sobre la modificación de la Ley de partidos, el Código
Penal preveía ya la posibilidad de disolución de una fuerza política por su implicación en el terrorismo, y el juez Garzón -un juez concreto- iniciaba el procedimiento de ilegalización de esa fuerza política. En esta Cámara nos vimos ante una
carrera contrarreloj entre la iniciativa judicial, de acuerdo con el Código Penal que teníamos en aquel momento, y la iniciativa política para intentar obtener un resultado político de la modificación de la Ley de partidos. Es decir que el mismo
objetivo, el del debilitamiento de la organización terrorista ETA y de aquellos que conniventes con la organización hubieran cometido delito, se hubiera conseguido por medio del mecanismo judicial previsto en el Código Penal. Sin embargo, nos vimos
ante el forzamiento de la modificación de la Ley de partidos que, en nuestra opinión, ha tenido efectos negativos.
¿Por qué ha tenido efectos negativos, al margen de que hubiera otro mecanismo tan eficaz, o más, en el ámbito penal, que había iniciado el juez Garzón? En primer lugar, porque la Ley de partidos formaba parte del bloque de
constitucionalidad en este país. Yo nunca he compartido la opinión del Partido Popular de que fuera una ley preconstitucional; no es verdad. Los constitucionalistas y la gente que estuvo en la negociación de la Constitución, todos ellos han
reconocido en sus escritos que negociaron paralelamente la Constitución española y la Ley de partidos; y que la Ley de partidos era como era por la voluntad de una Constitución de integración.
La Ley de partidos española, pues, la originaria, era una ley integradora, que no pretendía el control material de los partidos, sino que pretendía el control formal de estos. Ahora nos encontramos con una ley que rompe ese consenso sobre
el control formal de los partidos, y transforma la Ley de partidos en una ley de control material que, además, pide a los partidos lo que nunca había existido en nuestro país: no solamente fidelidad democrática, sino también fidelidad a
determinados principios constitucionales que no forman parte de la tradición constitucional de nuestro país; pueden formar parte de la tradición alemana, pero no forman parte de la tradición constitucional de nuestro país. En nuestra opinión, es
una ley que reduce el ámbito de integración política y, al mismo tiempo, respecto a las fuerzas políticas que avalaron la Constitución, separa a éstas del respaldo a una parte del bloque de constitucionalidad.
Por otra parte, es una ley ad hoc y,
como toda ley ad hoc, una ley que envejece día a día. Hoy podemos decir que, se apruebe o no esta iniciativa, nos encontramos probablemente ante la necesidad de tener una verdadera ley de partidos en este país, una ley de partidos moderna y una ley
de partidos adecuada al siglo XXI, igual que algunos nos planteamos la reforma en aspectos importantes de la actual Constitución española. En todo caso, nos encontramos ante una iniciativa que nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente
por las razones que he aducido con anterioridad.
Terminaría diciendo algo que a nosotros nos parece importante. No solamente será necesario en el futuro recuperar el consenso en torno al bloque de constitucionalidad y en concreto el consenso en torno a la regulación de los partidos. Es
una anormalidad democrática que parte de las fuerzas políticas no se sientan representadas en la ley que regula su propia organización, es una anormalidad democrática y alguna vez, más temprano que tarde, habrá que cambiar esa Ley de partidos.
Además, estamos convencidos que en estos momentos, en relación con esta materia y en relación con la política antiterrorista, no se trata de mantener los clichés del pasado, se trata de buscar nuevos acuerdos, de buscar nuevos consensos en ambas
materias, tanto en lo relativo al bloque de constitucionalidad y a la Ley de Partidos como en relación con la política antiterrorista, porque ahí siempre hemos coincidido en lo fundamental. Ha sido una distorsión, una distorsión política y
mediática intentar trasladar la imagen a los ciudadanos de que los partidos políticos en nuestro país hemos estado en desacuerdo en lo fundamental de nuestros valores y en lo fundamental de nuestra convicción en materia de lucha antiterrorista. Es
un saldo muy negativo del último periodo.
Nosotros esperamos que ese saldo negativo sepamos sanarlo entre todos en el próximo periodo, no solamente en relación con la Ley de partidos
sino básicamente en la unidad de las fuerzas democráticas frente a la violencia y frente al terrorismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: El Grupo Vasco va a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Mixto en cuanto a la derogación de la Ley de partidos en vigor, como no podía ser de otro modo, porque así lo hemos manifestado en la Cámara. Se trata
de una legislación de excepción, una legislación de excepción que supuso un retroceso en las garantías previstas en el ordenamiento jurídico penal para la ilegalización de un partido político. En su momento, nuestro grupo presentó 56 enmiendas,
nada menos, y digo nada menos porque el texto consta de muy pocos artículos, y ninguna de ellas fue aprobada. Aunque en el texto se introdujeron algunos escasísimos matices que nosotros habíamos apuntado, fue a instancias de enmiendas de otro grupo
y la valoración genérica de la ley se mantuvo desde el principio del debate de la misma en la Cámara hasta el final. En aquel momento manifestamos discrepancias en una serie de puntos que genéricamente me gustaría volver a enumerar. Por una parte,
no nos gustaba el punto que hablaba de la capacidad para crear partidos políticos, aunque éste ha sido luego un tema no muy polémico por parte de los grupos de la Cámara, pero nos parecía y nos sigue pareciendo un contrasentido que los derechos
activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas luego no se viera reflejado en la capacidad de las personas que los tenían para constituir un partido político, aunque sea junto con otras personas, ya que los partidos son el instrumento
fundamental de participación política. No nos gustaba tampoco la función del registro de partidos políticos (la Constitución española, en su artículo 22.3, fija para las asociaciones como función del registro la mera publicidad) porque al fin y al
cabo los partidos políticos son asociaciones, pero con una protección reforzada, por tanto, debería ser simplemente un control formal, externo, reglado y en ningún caso material. Tampoco no gustaba la adscripción al Ministerio del Interior del
Registro de Partidos, ni el tratamiento del principio de proporcionalidad que se hacía a lo largo de los artículos de la ley, por los efectos que este producía. Tampoco estábamos de acuerdo, y seguimos sin estarlo, en que se pueda ilegalizar un
partido político, pues a pesar de que la ley era ad hoc y tenía un objetivo determinado, es una ley que está en vigor y -como algún portavoz ha señalado anteriormente- puede aplicarse a cualquiera como uno de los motivos de disolución no respetar en
sus actividades los principios democráticos -hasta ahí, bien- y los valores constitucionales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. En una Constitución como la española en la que todos sus artículos son reformables, parece fuera de contexto
y un auténtico exceso que se exija esa lealtad a los valores constitucionales por parte de los partidos políticos, teniendo en cuenta que los fines de los partidos políticos podrían ser perfectamente la modificación o la derogación de la propia
Constitución. Nos parece que la ley constituyó un fraude a las garantías del derecho punitivo y que no es admisible el cauce extrapenal que se abrió para la disolución de los partidos políticos. No estábamos de acuerdo con la legitimación para
instar la ilegalización, que, entre otras cosas, deja en manos de uno de los partidos políticos mayoritarios el inicio del procedimiento, ni tampoco estamos de acuerdo con la competencia de la sala especial prevista en el artículo 61 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, siendo esta como es una sala concebida para tratar asuntos que tengan su origen en el propio Tribunal Supremo y que por su naturaleza no puedan ni deban ser conocidos por una sala en concreto. Además, creemos que
constituye una predeterminación legal arbitraria del juez ordinario y nos parece que en el procedimiento establecido existe una clara vulneración del principio de segunda instancia, sobre todo en un asunto en el que está en juego, sin lugar a dudas,
la tutela de los derechos fundamentales. No vale que exista la capacidad de amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que es ampliamente conocido que este recurso no tiene en ningún caso carácter de segunda instancia. (La señora
vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
También estábamos y estamos en desacuerdo con la eficacia retroactiva de la ley, habiendo manifestado el Tribunal Constitucional repetidamente y también la propia Constitución la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables y restrictivas de derechos fundamentales que protegen la conducta de los ciudadanos, basada en la seguridad jurídica frente a cambios normativos no previsibles. La seguridad jurídica consiste en la expectativa razonablemente fundada de
cuál será la actuación del poder en la aplicación del derecho, y la eficacia irretroactiva de la ley eliminaba esa seguridad jurídica, a todas luces necesaria.
Por otra parte, la modificación en algunos de sus puntos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha dado lugar en la práctica a situaciones kafkianas en Euskadi. La disposición adicional segunda de la ley que modificaba la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General decía: No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que de hecho vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido. Las
razones, tan vagas como subjetivas, de ponderar para negar el derecho a la presentación de candidaturas eran, nada más y nada menos, que tener en cuenta la similitud sustancial de ambos proyectos políticos -ya me dirán ustedes dónde está la
objetividad-, similitud de estructura, organización, funcionamiento, de las personas que componen, rigen, representan
o administran las candidaturas, procedencia de los medios de financiación o materiales o de cualesquiera otras circunstancias que permitan considerar dicha continuidad o sucesión. Un auténtico saco sin fondo, donde la subjetividad reinaba
completamente. Se ha dado el caso de que se han suspendido candidaturas municipales por el hecho de que una persona se presentara en listas de la izquierda abertzale hacía más de veinte años, una persona que no había estado incursa en ningún delito
relacionado con el terrorismo y la única razón que se esgrimía era que hace años, muchos años, en alguna ocasión esa persona estuvo engrosando una candidatura de la izquierda abertzale. El problema real es que hay 150.000 ciudadanos, grosso modo,
privados de facto de su derecho al voto y todos sabemos que esos 150.000 no son todos terroristas, ni muchísimo menos. De hecho, la mayoría de las investigaciones y de los estudios realizados demuestran que la inmensa mayoría de los votantes de la
izquierda abertzale no apoya el terrorismo. Se podrá no sé si vencer, desde luego obligar, en determinadas situaciones a no ejercer los derechos políticos que todo ciudadano debería tener porque se eliminen determinadas candidaturas. La clave de
todo esto es que hay que convencer a esos ciudadanos de que no apoyen esas opciones políticas y eso sólo se hace, se debe hacer, desde la confrontación política y la expresión de las urnas. Lo cierto es que la ley en Euskadi (esta es, desde luego,
una ley ad hoc que lo que buscaba era la ilegalización de Batasuna, hecha a toda prisa, en los pasillos, en un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, incluso con críticas de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial y del
Consejo de Estado), lo cierto, decía, es que la ley en Euskadi provoca situaciones de anormalidad en la representación política de la ciudadanía, que no se adecua a la realidad.
Quizás desde la lejanía, desde Madrid, no se contemple la realidad de
esa situación y parezca que todo transcurre por unos cauces normalizados, pero tanto en pequeños pueblos como en pueblos medianos y en las grandes ciudades existe una falta de representación de importantes sectores de la ciudadanía. Curiosamente
quienes han tenido que apechugar con el cumplimiento de la ley y resistir presiones han sido los partidos vascos que se opusieron a la aprobación de la ley, precisamente por ser quienes tienen un mayor número de concejales y que tienen una mayor
representación en las instituciones vascas. Precisamente les ha tocado, por tanto, a estos partidos que con razonamientos jurídicos y democráticos profundos se oponían y se oponen a esta ley gestionar una situación compleja, en ocasiones
auténticamente kafkiana, en la que hay una mayoría en algunas localidades, por ejemplo, de votos nulos emitidos y en los que una mayoría popular se opone a la presencia en las instituciones municipales de los representantes que, a tenor de la ley,
han resultado elegidos. Es curioso también que como consecuencia de la ley se encargara a la Ertzaintza cerrar las sedes de las opciones políticas ilegalizadas, cuando otras veces se les suele negar la condición de policía judicial y policía
integral y se envía a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Esta era una ley ad hoc y con un único objeto, aprobada mientras la mayoría del país al que se dirigía -se dirigía a Euskadi, aunque luego los efectos posteriores pueden acabar
rebotando en cualquier otro lugar-, representado por sus partidos políticos, estaba mayoritariamente en contra de su aprobación.
He oído esta mañana en unas declaraciones al presidente Rodríguez Zapatero, con motivo de la detención de Miguel Albizu, Antza, de la cúpula etarra y de los arsenales importantes de ETA -acción de la cual nos congratulamos porque contribuirá
decisivamente a debilitar a ETA y es una satisfacción para todas las personas y para todos los grupos democráticos que se haya producido-, decía el presidente Zapatero: Vayamos juntos, a partir de ahora, hacia el final del terror. Yo no sé si el
presidente peca de optimismo, no lo sé, ojalá tuviera razón y esto fuera el comienzo del final del terror, pero lo que sí es cierto es que es una frase bonita y acertada. Para ir juntos hacia ese final del terror, lo que debería producirse es un
acercamiento en estas materias al resto del arco parlamentario y ello pasa por una modificación del Acuerdo antiterrorista, delimitado hasta el momento a dos partidos y con un preámbulo que desde luego no pueden aceptar, de ninguna manera, ni mi
partido ni otros partidos nacionalistas. Ese vayamos juntos para buscar un punto de encuentro iría encaminado también a la derogación de esta ley para hacer otra que correspondiera precisamente a lo que exigiría un país que pone ante todo los
valores democráticos, la propia democracia y la representación política de los partidos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, en la pasada legislatura, durante el debate sobre la Ley de partidos que propuso el anterior Gobierno del Partido Popular, ya manifestamos nuestra oposición a esta ley. Hoy, desde
Esquerra Republicana, continuamos estando en contra de la Ley de partidos por las mismas razones que expuso nuestro diputado Joan Puigcercós en el Pleno del 23 de mayo de 2002. En aquel momento, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del
Partido Socialista, aprobó una ley en la línea de la Ley Orgánica de Universidades, de la Ley de Calidad de la Enseñanza, de la Ley de Extranjería, con la única finalidad de la propaganda política partidista, añadiendo más problemas, más conflictos
y, en el caso de Euskal Herria, más gasolina al fuego. El
Gobierno del Partido Popular pretendió amparar con esta ley una forma de violencia, la violencia que supuso que el partido gobernante en el Estado español, el Gobierno del Partido Popular, pretendiera eliminar permanentemente la pluralidad
cultural, lingüística y nacional de los diferentes pueblos que conforman el Estado español, asumiendo ideas, esquemas y actuaciones de una dictadura de corte fascista como fue el franquismo.
En la proposición no de ley sobre la ilegalización de Batasuna ya expusimos también las tres principales razones para oponernos a la ilegalización. En primer lugar, la naturaleza política del conflicto existente en Euskal Herria. No son
suficientes las medidas judiciales y policiales para acabar con este conflicto, hacen falta también, les guste o no, medidas políticas. Les instamos de nuevo, señoras y señores del Partido Popular y del Partido Socialista, a tomar nota de cómo el
Gobierno británico ha encauzado políticamente el conflicto de Irlanda del Norte. Tomen nota también de la marcha atrás del Gobierno del Estado francés en la ilegalización del movimiento nacionalista corso. Les dará mucha luz, una luz con la cual
salir de un callejón sin salida que, sin ninguna duda, es de carácter y de naturaleza política. En segundo lugar, la no condena por parte de Batasuna de los atentados y asesinatos de ETA.
El silencio es una inmoralidad, pero no mata, no es ilegal.
El silencio es una práctica habitual, desgraciadamente, cuando se trata de condenar actitudes, exaltaciones, justificaciones o regímenes autocráticos que llevan a su espalda numerosas muertes y agresiones. En tercer lugar, no se puede tener en
cuenta únicamente la aritmética de los partidos estatales, la aritmética del Partido Popular y del Partido Socialista.
Una ley que se aplica a un pueblo, a una nación, la nación de Euskal Herria, donde la mayoría de la población es contraria a la
ilegalización de los partidos, no se puede éticamente imponer. No se puede imponer una ley a una nación en contra de su legítimo Gobierno, no se puede condenar a más de 200.000 ciudadanos y ciudadanas a la clandestinidad y a la ilegalidad.
La Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, es una ley que refleja una clara concepción reaccionaria de la política. El Partido Socialista Obrero Español ha estado y continúa estando cautivo del Partido Popular en esta materia. El
Gobierno del Partido Socialista, manteniendo en vigencia esta ley, mantiene un esquema político poco democrático, un esquema que cambia seguridad por libertad y por los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. Se ha de perseguir el
terrorismo como delito que es, sin lugar a dudas, pero la persecución del terrorismo como delito no puede servir de excusa para perseguir las ideas, no puede servir de excusa para criminalizar las opciones políticas diferentes a las ópticas de los
partidos estatales. Se puede enjuiciar a personas concretas si éstas han incumplido la ley, pero en una sociedad democrática no se pueden condenar las ideas. Si encuentran motivos judiciales para condenar a los y las militantes de la izquierda
abertzale, denunciémoslos, juzguémoslos y condenémoslos por sus actos, no por sus ideas, pero no se puede generalizar en estos actos a todo un partido y mucho menos ilegalizarlo, ilegalizar las ideas que representan un alto porcentaje de la sociedad
vasca, porque si se niega el derecho de sus representantes a defender sus ideas mediante la palabra no les dejamos muchos más caminos.
La Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, es una ley, en definitiva, que establece una censura política e ideológica que pretende excluir y poner al límite también a todos aquellos que siempre hemos condenado la violencia viniera de
donde viniera y que hemos optado por el diálogo como el método más eficaz para la resolución de los conflictos políticos. No obstante, y después de oír las declaraciones del presidente fundador del Partido Popular este fin de semana, no podemos más
que entender que la Ley de Partidos Políticos pende como una espada de Damocles sobre los partidos no estatales, cerniéndose una amenaza de ilegalización de todas aquellas opciones que entendemos que el marco político y de convivencia dentro de la
Unión Europea podría ser diferente. Condena, pues, la diferencia y la hace ley. Esta ley es depositaria de una carga ideológica inaceptable, desde nuestro punto de vista, que tilda de terroristas a todas aquellas opciones que defendemos
pacíficamente el derecho de la libre determinación de los pueblos
Por todo lo expuesto, Esquerra Republicana votará favorablemente la proposición presentada por la diputada Lasagabaster.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Mixto, y concretamente la diputada Lasagabaster, trae a discusión en este Congreso de los Diputados un debate que presidió buena parte de la anterior legislatura y que no es otro que el de la existencia de
una Ley de Partidos Políticos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) manifestó en la VII Legislatura, como manifiesta hoy, que en una sociedad democrática es bueno que exista una ley de partidos que organice los aspectos básicos de
su existencia, estructura interna, funcionamiento democrático y financiación. Así sucede en la mayoría de sistemas políticos europeos y así debería existir en España a la luz del artículo 6.º de la Constitución española, uno de los más avanzados en
derecho comparado
en cuanto al reconocimiento y a la función de los partidos políticos como agentes privilegiados, que no únicos, a la hora de conformar la voluntad colectiva. Es con este espíritu como participamos en los trabajos parlamentarios de la Ley
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, llamada de Partidos Políticos.
Era evidente en aquel momento y es evidente hoy que el fondo de la Ley de Partidos Políticos está dominado por el debate alrededor de aquellas asociaciones políticas que tienen por objeto la asociación ilícita, que viene recogida en el
artículo 515 del Código Penal, artículo del Código Penal que para nosotros define perfectamente el contorno, el perímetro del objeto punible, y artículo que a su vez es tributario del artículo 22.2 de la Constitución española, artículos que hacen
referencia a aquellas asociaciones políticas que tienen por finalidad la destrucción del propio sistema democrático. En aquel momento y hoy se viene discutiendo sobre el derecho de asociación y participación política de aquellas formaciones que se
abstienen de formular una condena sin fisura a los actos terroristas.
Señorías, con la autoridad moral de quienes desde el primer momento hemos apoyado incondicionalmente -y sin hacer de ello arma de desgaste político- la lucha antiterrorista de los sucesivos gobiernos, con la legitimidad de haber participado
siempre en lo que fue el Pacto antiterrorista de Madrid, hoy absurdamente dilapidado en todo su alto significado de unidad democrática, desde esta posición, ya en su momento manifestamos que una ley de partidos políticos, pieza clave de un sistema
democrático, no puede quedar reducida a lo que constitucionalmente no es posible: una ley de caso único. Hacemos la evaluación de la Ley orgánica 6/2002, dos años después de su entrada en vigor, contemplando con preocupación las situaciones de
conflicto entre órganos constitucionales.
El conflicto que enfrenta al Tribunal Supremo con el Parlamento vasco o la forma forzada, cómo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no actúan como órganos jurisdiccionales, sino como última
ratio de decisiones metajurídicas de difícil fundamentación jurídica. Señorías, durante estos dos años de aplicación de la ley se han venido confundiendo dos derechos constitucionales, cada uno de los cuales debe tener cauces distintos de expresión
y niveles diferentes de limitación. Me refiero al derecho de asociación y al derecho de participación. Dos derechos, los derechos reconocidos en los artículos 22 y 23 de la Constitución española, que se han confundido durante estos dos años en el
desarrollo y aplicación de la referida ley. El ordenamiento jurídico únicamente contempla la privación del ejercicio del derecho de participación de manera individualizada y mediante sentencia judicial firme. Pero todo esto ha quedado superado por
una interpretación extensiva de las previsiones de la Ley 6/2002. Si a esto se le viene a sumar nuestra objeción, en el momento de su aprobación en 2002, a la previsión por la cual el Poder Legislativo puede instar la ilegalización de un partido
político ejerciendo la función básica del Poder Judicial, o bien la interpretación que se ha venido dando al artículo 9 con una redacción de textura jurídica muy abierta, todo ello nos lleva a plantear la necesidad de avanzar hacia una nueva y
completa ley de partidos políticos, una ley que nunca puede decir que es ad hoc o de caso único, una ley que desarrolle de forma absolutamente integral el artículo 6 de la Constitución española; una ley de partidos políticos puesta al día que, por
ejemplo, recoja una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, como es el diseño de un sistema apropiado de financiación de los partidos políticos. Por cierto, en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior el ministro de
Interior hablaba de la necesidad de innovar en la Ley de Partidos Políticos para ampliarla, haciendo frente a esta gran asignatura pendiente que es la financiación de partidos políticos. En definitiva una ley hecha, como debería ser siempre, desde
la unidad de todas las fuerzas democráticas.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ante la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, presenta una enmienda in voce de adición en los siguientes términos. Al texto que dice: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a la derogación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, proponemos la siguiente adición: y la elaboración de una nueva ley de partidos políticos que, desde el respeto a los derechos fundamentales de asociación,
participación política y pluralismo, regule los aspectos básicos de su existencia, estructura interna, funcionamiento democrático y financiación. Señorías, saben perfectamente que les acabo de leer la parte nuclear del artículo 6 de la Constitución
española. Esta es la ley completa a la cual se hacía referencia hace un momento que debería mejorar la Ley de Partidos Políticos. Esta ley se debería elaborar y mejorar recomponiendo el consenso necesario. Vayamos juntos hacia un nuevo objetivo,
se decía hace un momento citando al presidente del Gobierno. Pues bien, este nuevo momento requiere de nuevos planteamientos.
Deseamos que nuestra propuesta de adición pueda ser aceptada por el grupo proponente. Deseamos que esta propuesta singular del Grupo de Convergència i Unió pueda ser votada sin que ningún grupo parlamentario se oponga a este ejercicio
básico del parlamentarismo, que es la transacción y llegar a acuerdos. Deseamos todo esto pero, si ello no fuera posible, quede claro que nuestro voto será la expresión del sentido de nuestra enmienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón Piqueras): Gracias, señor Xuclà. Espero que traslade a la Presidencia por escrito la enmienda transaccional, que entiendo es de adición a la proposición presentada por el Grupo Mixto.
Señor Astarloa, su turno, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señora presidenta, señorías, la señora Lasagabaster trae a debate esta tarde una iniciativa que consideramos, de entrada -y ahora explicaré por qué-, extraordinariamente desafortunada y, además, muy
triste. Desafortunada porque yo no dudo en afirmar -se lo digo como lo pienso- que la Ley de Partidos Políticos es una de las más importantes y más eficaces de entre las leyes que han aprobado las Cortes Generales desde la aprobación de la
Constitución española. Y triste porque, en medio de apelaciones a puntos de encuentro, a la búsqueda del consenso, del encuentro de un nuevo bloque constitucional, lo cierto y verdad es que ustedes no corrigen su rumbo, nunca; no sólo no apoyan,
sino que cuestionan y deslegitiman siempre, no ésta sino las muy numerosas iniciativas que esta Cámara, que las Cortes Generales, han ido adoptando para avanzar en algo que yo jamás he puesto en duda que ustedes quieran también, que es terminar con
el terror. Y siguen sin venir al consenso, al consenso de la mayoría de la gente, de la mayoría de ahí (señalando los escaños del Grupo Popular), de la mayoría de la izquierda, de la mayoría de los ciudadanos españoles y concretamente de los
ciudadanos vascos; arrojan el diálogo y el consenso, pero jamás están en el diálogo de los otros. Ese es un hecho y los ciudadanos lo saben.
A nosotros nos parece que en esta iniciativa está todo equivocado: lo que piden, cómo lo fundamentan y qué persiguen. Lean literalmente lo que piden: instan al Gobierno a que derogue la Ley de partidos. Es un lapsus que probablemente
refleja una manera de pensar. Instan al Gobierno de la nación a que derogue una ley aprobada por la mayoría abrumadora de esta Cámara con el apoyo abrumador de todos los españoles. Yo sé que el Gobierno está como está, que ustedes tienen alguna
esperanza en este tiempo de que todo es posible, pero me temo, de verdad, que lo que le piden no sólo es demasiado, es imposible. Ya dirá el portavoz socialista lo que tenga que decir. Entre otras cosas, porque ustedes no se lo ponen fácil. Para
hacer un debate honesto sobre cuestiones tan importantes como estas hay que traer razones sólidas y razones sinceras.
No me voy a entretener porque me volveré alargar y tendré que apelar a la benevolencia de la presidencia, como tantas veces. No me voy alargar en repetir el debate que ya se hizo en esta Cámara, que ustedes, de forma más o menos resumida,
han traído hoy otra vez a la tribuna, de por qué se opusieron, como es sabido; por qué en esta Cámara no consiguieron convencer a la abrumadora mayoría; y por qué después el Tribunal Supremo de forma unánime, el Tribunal Constitucional de forma
unánime, han dicho que era una ley absolutamente correcta desde el punto de vista constitucional, como efectivamente lo era después del trabajo preparlamentario y parlamentario que se hizo. Respecto a los argumentos de entonces -insisto en que no
voy a volver otra vez al debate-, hubo extraordinarios portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista que dejaron muy claro que no eran argumentos sólidos de verdad. Ustedes han añadido -valga la palabra- alguna
resta y alguna suma en la argumentación. En las restas no me voy a detener. No eran verdad algunas de esas enormidades que algunos dijeron en el momento de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. El tiempo ha demostrado que no eran verdad:
se iba a producir una catástrofe, una ruptura civil, iba a ser el País Vasco la revolución final. No. La ley trajo justamente todo lo contrario de lo que los malos agoreros decían, y lo disfrutamos usted y todos los vascos a día de hoy. Lo
disfrutamos y es una bendición.
Yo creí, no obstante, que les iba a dar pudor repetir, incluso hoy, alguno de los argumentos de esos días. A algunos les dio pudor. Se hablaba entonces de: Vienen a por nosotros; en realidad, es a por los
nacionalistas en su conjunto a por los que viene esta ley, decían. Se habló poco menos que de golpe de Estado, de Estado de excepción. Todo eso se dijo. Esta ahí escrito para quien lo quiera leer. Algunas de esas cosas ya no están en el
discurso, gracias a Dios. Pero algunas siguen en el discurso. Y hay una que me parece -y la han repetido varios oradores- extremadamente deshonesta por falsa. Esta es una ley que tiene que desaparecer -dicen- de nuestro ordenamiento porque
ilegaliza ideas, porque ilegaliza la forma de pensar. Es deshonesto decir eso porque es rigurosamente falso.
La señora diputada hace preguntillas trampa: ¿Permitiría usted un partido político que no condenase la dictadura? Está permitido en nuestro ordenamiento como cualquier otra ideología. Y le diré más. Yo no estoy de acuerdo con esa parte
de la ley. Algún día este país estará suficientemente maduro, como lo están otros países europeos, para decir que determinadas cosas que se puedan defender no deberían defenderse en democracia. Un partido político que diga que lo que hay que hacer
es maltratar a las mujeres, no debería ser un partido político en nuestro ordenamiento. La Ley de Partidos Políticos no prohíbe ninguna idea. Lo que prohíbe -seamos honestos- es que exista un partido o varios partidos, los que sean, que están en
connivencia con gente que pega tiros a los demás, que pone bombas a los demás porque no piensan como ellos.
Eso es lo que ilegaliza la Ley de Partidos Políticos exactamente.
(Aplausos.) Seamos honestos. Y a partir de ser honestos, podemos hacer
el debate si es oportuna, inoportuna, buena o mala.
Hay otro argumento que ha utilizado también más de un orador. Hay otra vía. ¿Para qué era necesario crear otra vía? Se debatió largamente. Les digo: sean honestos también en esto. No digan: hay otra vía, por qué no la siguieron,
cuando sistemáticamente si se sigue la
otra vía, una de cada dos veces alguien de ustedes llama prevaricador al juez que adopta una decisión penal en esa dirección. No nos pongan esa trampa: no vale la vía jurídico-constitucional porque está la penal y en la penal hay que ver
qué persecución penal y criminal está habiendo por las ideas. Seamos serios, seamos honestos. Decía el señor Llamazares -y quiero aclararlo por la modulación de su discurso, que he apreciado- que no ha producido ningún efecto la Ley de partidos,
porque se hubiese producido lo mismo porque el juez Garzón...No es verdad, no es jurídicamente así. Se habría producido una suspensión que no habría permitido la aplicación de una cláusula fundamental, que es la continuación en el tiempo de la
ilegalización por la evitación del fraude y eso sólo lo ha traído la Ley de Partidos Políticos. No hubiese sido posible -se lo digo más claro- evitar que la Batasuna ilegalizada por el Tribunal Supremo se presentase a las tres elecciones que desde
su ilegalización se han producido. No hubiese sido posible. Reflexione sobre eso.
Las sumas. Dice la exposición de motivos una cosa un poco estremecedora para una jurista. Dice literalmente: Una nueva ilicitud que, si bien no ha sido considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional sí puede calificarse de
políticamente inoportuna. Si confundimos el plano de que no es bueno jurídicamente porque es políticamente inoportuna, estamos metidos en un lío. Todos saben, la mayoría, incluso los que no lo reconocen -por eso digo todos- que en la salud
democrática de este país en la lucha por la libertad en el País Vasco y en la lucha para acabar democráticamente con el terror hay un antes y un después de la Ley de Partidos Políticos. Todos saben que la Ley de partidos, con el resto del conjunto
de las medidas que se han adoptado por esta Cámara, está consiguiendo -ustedes lo saben y lo disfrutan, como los demás- que esté profundamente afectado el famoso entramado de ETA; que los matones ya no sean los dueños incontestados de la calle;
que el terrorismo urbano haya dejado de ser una pesadilla en el día a día de todos nosotros; que las celebraciones y el enaltecimiento no sean la regla general por parte de los señores que están violando la ley en exaltación del terrorismo; que
aunque no ha desaparecido ni la intimidación, ni la vejación, ni la exclusión, ni el miedo de las calles, hoy empezamos a respirar distinto, hoy existen menos instrumentos para que se multiplique el miedo en los cientos de personas que llevan años
viviendo bajo el miedo y la sensación de que lo pueden matar mañana. Han desaparecido las papeletas manchadas de sangre. Fíjense si es importante para una democracia eso. Ha desaparecido que los ciudadanos estén financiando el terrorismo a través
de instituciones democráticas. Ha desaparecido que desde las instituciones se estén subvencionando las actividades de grupos ligados al terrorismo. Ha desaparecido, incluso -y parecía que no podríamos-, la sensación de que, hagamos lo que hagamos
los demócratas, siempre encuentran un motivo para hacer el fraude. Se jactaban de eso diciendo: nos ilegalizarán, pero al día siguiente nos presentaremos otra vez que es, en el fondo, lo que S.S. ha estado defendiendo aquí, que se presenten otra
vez.
Yo le digo -esto es importante y voy a ir terminando- que, en todo caso, cuando usted reflexione sobre las dificultades que hay en cada momento concreto para aplicar la Ley de partidos -y usted decía plazos de veinticuatro horas, dificultad
de argumentar, que es verdad- tiene que pensar que los responsables de que eso sea así, los responsables de que elección tras elección el Estado, todo el Estado, ustedes también en la comunidad autónoma, tenga que hacer un sobreesfuerzo
extraordinario para evitar que haya fraude son los que persiguen el fraude. Son los que elección tras elección se cambian el nombre, se cambian todo lo que quieren cambiar para decir: ustedes son tontos; hagan lo que hagan yo voy a presentarme a
las elecciones. El Estado de derecho y democrático español y la democracia vasca no es tonta. Ha conseguido que alguien que está calificado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como el brazo político de una organización terrorista no pueda
concurrir a las elecciones y no pueda concurrir, engañando a todo el mundo, a las elecciones siguientes. A ustedes eso les parece poco éxito democrático. A nosotros nos parece uno de los éxitos más grandes de la historia moderna de la democracia
española. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Vaya concluyendo, señor Astarloa, por favor.
EL señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Una idea y termino, señora presidenta.
A pesar de los calificativos -ya ven que en la tribuna, menos de los calificativos, intento argumentar sobre todo lo demás- vamos a seguir haciendo lo que sabemos, ahora en la oposición, que es todo para que las personas en el País Vasco y
en España vivan en igualdad la libertad y la seguridad. Eso tan sencillo es lo que vamos a seguir haciendo. Espero de verdad que nadie sensato en este país les acompañe en el propósito de revocar esta ley. Y digo más, espero que ahora que
caminamos en la dirección correcta para ver algún día -y sé que lo veremos- el final del terror, ahora que caminamos en esa dirección correcta, más que nunca, volvamos todos, juntos si fuese posible, la vista a los principios, seamos muy conscientes
y no tiremos por la borda todo lo que hemos aprendido por el camino.
Señora Lasagabaster, permítame una reflexión final; me la ha oído alguna vez, pero la voy a repetir desde esta tribuna. Nos gustaría mucho que ustedes, ya que no han estado hasta ahora, desde ahora estén con nosotros en esto. Nos gustaría
mucho que viniesen al bloque constitucional que decía el señor Llamazares. Pero no al bloque constitucional de aceptar que existe un partido político que puede pegar tiros a los demás porque
no gana las elecciones; al bloque constitucional de que quien está pegando tiros deje de pegar tiros para poderse presentar a las elecciones. Ese es el bloque constitucional. Y digo más: Llegará el día -estoy seguro- de que cientos y
cientos de personas le reprocharán que no hayan estado con nosotros en la lucha que va a permitir a la democracia española terminar con ETA.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Astarloa.
A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Huertas.
Mientras, señor Xuclà, si me permite un momento. Consultados por la Presidencia los servicios de la Cámara y, asimismo, éstos los precedentes, no va a poder ser aceptada por parte de la Mesa esta enmienda como transaccional, por cuanto una
enmienda transaccional es una enmienda de aproximación a una enmienda ya presentada respecto de un texto que se está debatiendo. Aquí no tenemos ninguna enmienda presentada y es simplemente una adición al texto original. Por tanto, no cabría la
aceptación como enmienda transaccional. Gracias.
Adelante, señor Huertas.
El señor HUERTAS VICENTE: Señora presidenta, señorías, señora Lasagabaster, sorprende y es difícil de entender desde nuestro punto de vista que dos años más tarde de aprobada al Ley Orgánica de Partidos Políticos, con la legitimidad de una
abrumadora mayoría parlamentaria, vuelva usted a sacar un debate que debería, desde nuestro punto de vista, estar ya zanjado. Trescientas tres razones hubo a favor de la ley y diecisiete en contra, según reza el 'Diario de Sesiones'. Pero la
sorpresa aumenta cuando S.S. vuelve a la carga una vez que recurrida la Ley Orgánica de Partidos Políticos por el Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional, éste dicta sentencia unánime en contra de los argumentos que hoy usted aquí ha vuelto
a repetir. Me refiero a la sentencia, cuya lectura le recomiendo, 48/2003, de 14 de marzo. Pero no termina aquí la cosa. Aplicada la Ley por el Tribunal Supremo, con el resultado de la ilegalización de la hoy ex Batasuna, el Gobierno vasco vuelve
a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional y éste se manifiesta contrario al recurso en su sentencia 5/2004, de 12 de febrero.
Admito, señora Lasagabaster, que la ley pudo tener -y digo pudo, en pasado- aspectos controvertidos, tanto desde la doctrina jurídica como en la praxis política. Pero, una vez recurrida y sentenciada por el Tribunal Constitucional, ¿qué más
podemos decir de ello? ¿Qué podemos añadir a lo que el Tribunal Constitucional constata? Uno se pregunta: ¿Por qué se presenta una iniciativa de estas características con estos precedentes legales a los que usted hace alusión fundamentalmente en
su exposición de motivos? No será basándose en razones jurídicas; yo creo que es una cuestión de oportunidad política o, más bien, de oportunismo político ante un horizonte electoral en el País Vasco. Presos y Ley de partidos son temas
recurrentes para los nacionalistas vascos, y no sólo recurrentes sino además concurrentes hoy aquí, puesto que el punto siguiente va a tratar sobre los presos. En este caso la finalidad que tiene es captar simpatías de ese mundo que no quiere
renunciar a la violencia, acercarse a ellos, comprender su situación. Ellos no quieren -como decía- renunciar a la violencia para conseguir objetivos políticos, que es lo único que impide su participación y concurrencia en los procesos electorales.
Señora Lasagabaster, quiero ser cordial y respetuoso con usted, por eso no quiero adjetivar estas iniciativas, estas formas encubiertas de actuar cuando viene usted como de campeona de la democracia. Pero no puedo dejar de decir con pena
que hay algunos que hacen muy poco por terminar con ETA. A nadie se le escapa que son ustedes, los nacionalistas vascos, quienes se benefician electoralmente de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Miren los resultados electorales de los dos
últimos comicios: las municipales y forales, dos mayorías absolutas tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, y las generales. Pero ¿qué han hecho en las municipales desde el punto de vista práctico? Usted dice que la Ley Orgánica de Partidos Políticos
es un mal instrumento, no sólo jurídico sino también político, porque atenta contra la pluralidad política. Usted se ha referido a que la opción de votar a una formación es un aspecto de esa pluralidad. Pues bien, debería contrastar esta
afirmación con el alcalde de Hernani -de su formación política- sobre el antes y el después de estar Batasuna en el ayuntamiento -y también obtuvo mayoría de votos en las últimas elecciones municipales-, sobre si esta ley ha contribuido a normalizar
la vida institucional, sobre si hay más o menos libertad de expresión en el ayuntamiento y fuera de él y sobre si, en definitiva, en el pueblo se vive mejor o peor desde el punto de vista democrático. Y si no es suficiente se lo pregunta también a
los alcaldes de Lezo o de Oyarzun o de Mondragón o de Tolosa.
Señoría, el pluralismo ideológico no reside en la concurrencia entre quienes defienden la violencia para obtener objetivos políticos y quienes rechazan la violencia en la vida democrática. Eso no es ideología; esas son conductas y
actitudes. La ley no va contra las ideologías, sino contra las conductas y actitudes violentas en la política. El ejemplo lo tiene en usted misma. Usted ideológicamente se ha declarado en numerosas ocasiones independentista y está aquí. Si otros
no lo están pudiendo estarlo, será porque consideran la violencia un instrumento válido al servicio de sus intereses políticos. ¿No es más fácil pedirles a ellos, como reza el propio artículo 9 -tan denostado por usted y algunos otros- de la ley a
la que nos estamos refiriendo,
en su apartado 2, que no promuevan, justifiquen ni exculpen los atentados contra la vida, la integridad de las personas por razones ideológicas, etcétera? Repito, ¿no es más fácil que venir aquí a estas alturas y en las actuales
circunstancias con sus planteamientos? Bastaría una declaración de este carácter para que ellos pudieran presentarse a las elecciones.
Hemos oído en múltiples ocasiones llamamientos desde el mundo nacionalista vasco a Batasuna pidiéndoles que se desvinculen de ETA. Si esto se pide, será porque se considera que están vinculados. Y ahora yo pregunto: ¿ustedes creen que en
democracia pueden participar en la vida política partidos vinculados a una organización terrorista? ¿Lo creen de verdad? Contéstenme, por favor. ¿Creen que en democracia la pluralidad política sólo puede estar garantizada teniendo las
organizaciones que apoyan al terrorismo los mismos derechos que las fuerzas políticas democráticas? ¿Veinticinco años de constitucionalismo han servido a HB, a Euskal Herritarrok o a Batasuna para desvincularse de ETA? Antes no lo necesitaban.
Hay que dar respuesta a estas preguntas, señora Lasagabaster, pero no voy a dejar sin respuesta otros aspectos de su argumentación, aunque yo creo que están suficientemente tratados con la sentencia del Tribunal Constitucional. No obstante,
usted plantea la necesidad o conveniencia de una ley de partidos políticos. Le diré al respecto que los partidos políticos no son órganos constitucionales, sino asociaciones de base privada que, sin embargo, por su finalidad de interés público,
están sometidos a un régimen jurídico especial dentro del derecho de asociación -sentencia del Tribunal Constitucional 3/1981, de 2 de febrero-. También añado que esto explica que tanto los requisitos para su constitución como para su suspensión y
disolución sigan reglas especiales que contemplan básicamente el artículo 6 de la Constitución española y la propia Ley Orgánica de Partidos Políticos, como antes lo hacía la Ley de Partidos 54/1978.
Usted cuestiona la suspensión o disolución de los partidos políticos. He de decirle al respecto que existen en nuestro ordenamiento jurídico dos formas de ilegalizar partidos políticos que son -y así figura no sólo en la propia exposición
de motivos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos sino sobre todo la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la constitucionalidad de esta norma- respetuosas con las exigencias que contiene la Constitución española en materia de
asociaciones en general, de los partidos políticos en particular: de un lado, la necesidad de que la suspensión y disolución de los mismos se lleve a cabo por resolución judicial motivada -artículo 22.4- y, de otro, que la ilegalización de
asociaciones sólo puede llevarse a cabo cuando estas persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos. También ha sido tratada en esta tribuna la cuestión de la sucesión en la actividad de partidos políticos ilegalizados. En fin, creo que
lo que la norma impide es precisamente que se haga fraude de ley. En cualquier caso, la decisión última corresponde siempre a la autoridad judicial que disolvió previamente al partido político. Esto debería recordarlo. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
Por todo lo expuesto, cabe concluir que, dados los efectos positivos de la ley -nosotros hacemos una balance positivo de la misma: hoy los ayuntamientos son gobernables y la gente goza de más libertad para expresar sus ideas-; dadas las
sentencias del Tribunal Constitucional, que la avalan; dado el cambio social experimentado en España, y también en Euskadi, que considera incompatibles la violencia terrorista y el sistema democrático, más aún después del 11-M, o que la violencia
sea un factor determinante del juego político y lo sea además de forma impune, en nombre de mi grupo rechazamos la proposición no de ley por no existir razones para derogar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y volver a someter a las formaciones
políticas al mismo régimen jurídico que el resto de las asociaciones. Esta ley -y termino- no persigue las ideas: las defiende.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Simplemente, me gustaría solicitar una aclaración de la Presidencia. No he llegado a entender la razón por la cual no podíamos intentar una enmienda transaccional, salvo que fuera porque algún grupo se opusiera a ello. En los ocho años y
un poco más que llevo como diputada -y probablemente muchos de los diputados y diputadas llevarán más tiempo- esta ha sido una cuestión frecuente y constante en la que no ha habido ningún problema, porque la idea era intentar llegar a los acuerdos
más amplios posibles.
Si ahora ha habido un cambio de precedentes, nos gustaría que nos lo advirtiera. Simplemente, solicito una aclaración. Esto se ha hecho en múltiples ocasiones durante todo el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, le leo literalmente el uso, costumbre o precedente en este tipo de situaciones, para que no haya malentendidos entre nosotros. Una enmienda transaccional es una propuesta de aproximación entre una
enmienda existente y un texto que se está debatiendo. En este caso, no habiendo ninguna enmienda existente, no cabe la posibilidad de una enmienda transaccional. A usted no le conviene, pero ese es el uso y costumbre de esta Cámara. Lo lamento
mucho.
Gracias. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra.)
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, si el problema consiste en que el carácter de la enmienda es transaccional, ¿podría ser aceptada como enmienda in voce de sustitución del texto originario?
El señor PRESIDENTE: Termino leyéndoselo literalmente. El Reglamento no contempla la posibilidad de enmienda in voce en el debate de las mociones.
Así pues, aclarados estos extremos, vamos a proceder a la votación. Se trata de dos votaciones. La primera, de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Iquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre
pluralismo lingüístico, que se votará con las enmiendas que han sido incorporadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 172; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, para la derogación de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 30; en contra, 281.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE EL ACERCAMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD AL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU LUGAR DE ORIGEN. (Número de expediente 173/000027.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al
centro penitenciario más cercano a su lugar de origen. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los rumores.-Pausa.)
Señorías, guarden silencio, por favor, que vamos a continuar.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Parece que hay que dar alguna explicación en esta Cámara cuando a una le coinciden las iniciativas en el mismo momento. Tranquilos, señorías, que yo no tengo tanto poder como para intentar que las dos
iniciativas que presente vengan el mismo día. Es pura coincidencia y punto final, así que estén tranquilos, que no soy campeona de nada. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señora Lasagabaster.
En estas condiciones es imposible que un diputado en el uso de la palabra pueda exponer con la tranquilidad con la que se supone que tiene derecho a hacerlo. Salgan rápido y, por favor, mantengan silencio.
No se preocupe, señora Lasagabaster, que va a recuperar el tiempo.
Por favor, salgan y mantengan silencio. (Pausa.)
Ahora, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Decía antes que ha sido una coincidencia y que no se preocupen porque no tengo tanto poder en esta casa como para intentar que las iniciativas vayan todas en el mismo momento, buscando una oportunidad u oportunismo; desde luego, no tengo
ese poder ni esa competencia. En todo caso, sí me gustaría señalar que cada uno es dueño de las iniciativas que considera oportunas y ustedes presentan iniciativas, como por ejemplo la Ley de Partidos en la anterior legislatura u otras leyes, y lo
que yo puedo hacer es evaluar, analizar, aprobar o no aprobar, pero no justifico o no trato de desvirtuar por qué las han presentado. Por tanto, ustedes son dueños de sus iniciativas, como yo soy dueña de las mías. ¿Qué significa eso? Significa,
señorías, que, por mucho que no tenga clac y por mucho que tenga críticas, no voy a dejar de hacer la labor que tengo como parlamentaria, tenga 8.000 votos en contra o los tenga a favor, y no cambio mi posición ni cambio lo que digo, ni en esta
tribuna, ni en la del Parlamento vasco, en la que no estoy -pero, si estuviera, diría lo mismo en ella-, ni en el frontón de mi pueblo. A eso se le llama coherencia. Si no les gusta, lo siento; pero lo que dije en campaña electoral que iba a
hacer es lo que estoy haciendo, y estoy legitimada para presentar estas iniciativas aunque no les gusten. Lo siento mucho; tengo el derecho a hacerlo, voy a hacerlo, es lo que opinan mis electores, es lo que diría en cualquier frontón o en
cualquier mitin y es lo que voy a decir en esta tribuna. Voten ustedes en contra, pero no deslegitimen las iniciativas que cada grupo tenga a bien presentar. Punto final.
Siguiendo ahora con el tema que nos ocupa, porque parece que hay que dar aquí explicaciones de por qué presenta uno unas iniciativas y no otras -¡madre del amor hermoso!-, primera consideración, política penitenciaria. ¿Cuál es el objetivo
de una verdadera política penitenciaria? El verdadero objetivo de una
política penitenciaria es la reeducación y la reinserción en la sociedad.
Esto no lo dicen sólo las normas internacionales -y no voy a hacer ahora acopio de lo que dije el otro día-, que, desde las de Naciones Unidas hasta las
recomendaciones del Consejo de Europa o desde los informes del Parlamento Europeo hasta otra serie de doctrinas modernas y progresistas en materia de política penitenciaria, señalan todas lo mismo; también dice lo mismo el artículo 25 de la
Constitución: reeducación y reinserción social, y esto es lo que creemos nosotros que hay que hacer.
Por su parte, la Ley Orgánica General Penitenciaria dice otra cosa además: tratamiento individualizado de las penas, de cada persona, intentar
conseguir lo mejor posible para que se produzca la reinserción.
Estos son, pues, los dos elementos básicos sobre los que debe girar toda política penitenciaria y esto es lo único que estamos pidiendo. Por cierto, no pedimos nada distinto a lo que
ustedes han hecho recientemente, por ejemplo, con el señor Rodríguez Galindo, condenado a más de 75 años de cárcel y que por razones médicas se encuentra en su casa. Ustedes han aplicado el principio de individualización de la pena.
Pedimos
exactamente lo mismo. Ustedes consideran -que ya lo veremos en Comisión- que por razones médicas tiene que estar en su casa, y así lo han hecho. Lo que no parece razonable, sin embargo, es que el principio de individualización de la pena sólo se
aplique a determinadas personas con nombre y dos apellidos; esto no es razonable. Hoy es el señor Rodríguez Galindo, anteriormente fue el señor Barrionuevo o el señor Vera. Esto nos parece una política de doble vara de medir, que no es admisible.
¿Qué pedimos para la reeducación y la reinserción social? Creemos, como dice también la moderna doctrina penitenciaria, que el acercamiento al entorno social y familiar es importante. A lo largo del tiempo que ha durado la política de
alejamiento, hemos visto que esta no era eficaz; que no sólo hace que no se desvinculen de su propio colectivo -llámenlo como quieran, organización o colectivo- sino que, por el contrario, supone, además de una pena añadida para las familias, la
dependencia de ésta y del entorno social al colectivo. Esto ocurre por las dificultades económicas, por las dificultades que presenta el alejamiento a la hora de ejercer el derecho de defensa o por otras cuestiones que hacen que, al final, se tenga
que depender de una organización o de un colectivo. Por tanto, no creemos que esta política haya sido eficaz. Creemos, pues, que es hora ya de que lo que se ha entendido siempre como bueno y que se aplica a casi todas las personas privadas de
libertad -salvo en el caso de los presos de Canarias, por un problema real de inexistencia de centros penitenciarios, o de 17 personas que no están condenadas todavía por sentencia firme, pero a las que se les sigue un procedimiento por delitos de
terrorismo- se aplique también a las personas que conforman el llamado colectivo de presos de ETA; queremos y creemos que se les debe aplicar el mismo principio, junto con el principio de individualización de la pena. No pedimos ni más ni menos.
Pedimos que cumplan su pena, pero que la cumplan de manera que podamos permitir la reinserción, la no dependencia del colectivo y la no pena a las familias.
Quiero terminar -dejaré un par de minutos a mi compañera Uxue Barkos- diciendo lo siguiente. Recordaba el ministro que lo que tiene que hacer ETA es desaparecer. Lo comparto al cien por cien. No hay ningún problema.
Lo que tiene que
hacer ETA es desaparecer. Voy a hacer una profesión de fe porque parece que hay que hacerla. Segunda consideración. El tema de las familias de las víctimas y de las víctimas, que han sufrido mucho, ciertamente, y recordaré que en esta Cámara las
dos iniciativas que se presentaron tanto en la legislatura pasada como en esta para la creación de la subcomisión de víctimas del terrorismo no eran ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. En esta legislatura y en la legislatura pasada
fuimos precisamente esos tan malvados nacionalistas vascos, a los que se ha unido otra serie de grupos, los que las presentamos para que hubiera una subcomisión de víctimas. Entonces, por favor, tengamos cierta honestidad, como se pedía antes, con
lo que hay. Y no hemos tenido ningún reparo en esta legislatura, y aquí están los portavoces de Interior para decirlo, en no hacer ninguna causa de quién presentó esa iniciativa o quién no la presentó. Hemos tenido la suficiente generosidad
política, la suficiente honestidad política y el suficiente sentido común para intentar que fuera una iniciativa unánime.
Por tanto, no se nos reproche algo que es falso. Si ha habido iniciativas sobre reconocimiento social, económico y moral de
las víctimas, en esta legislatura al menos, las iniciativas no han sido ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, pero generosamente hemos querido hacerlo por unanimidad. El hecho de estar en contra de ETA, el hecho de pedir que desaparezca
ETA y el hecho de hacer el reconocimiento de las víctimas no impide que en política penitenciaria esta deba ser justa y orientada a la reeducación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias, señor presidente, muy brevemente.
Me gustaría insistir en algunos de los términos de la moción presentada por Eusko Alkartasuna y que lógicamente Nafarroa Bai va a votar a favor.
Hablamos, señorías, de acercamiento y no de reagrupación de presos. Lo digo porque es norma
habitual responder a iniciativas de estas características o a propuestas en torno al acercamiento con los argumentos que llevaron en su día a la aprobación de la ley de dispersión. Si esta ley al cabo de los años ha sido más o menos efectiva en sus
objetivos declarados al menos, sería cuestión de otro
debate, pero no del que hoy nos ocupa. Sí que cabe apuntar hoy que en estos mismos años podemos constatar que la dispersión de presos se ha visto entorpecida claramente por otra estrategia no recogida en normativa alguna y de evidentes
consecuencias políticas, como ha sido el alejamiento de los presos; de hecho, esta política ha llevado al reagrupamiento de presos en diferentes cárceles del Estado. Pero sin entrar ni en este ni en otros posibles argumentos estratégicos, sí
queremos insistir en la importancia vital del cumplimiento de la ley en todos sus términos, incluidos muy especialmente todos aquellos que preservan el derecho de los familiares de los presos a no verse involucrados en la condena, tal y como está
ocurriendo con el alejamiento en estos mismos momentos. No ocurra, señorías, en este como en otros casos bien recientes, que el cumplimiento exquisito de la legalidad vigente se reserva para personas -tengo que insistir hoy también en el caso-,
como José Luis Rodríguez Galindo, mientras que otras en fase terminal de su enfermedad, como Bautista Barandaia, se encuentran con que el requisito, no exigido por ley, de una pulsera electrónica es esgrimido como excusa para mantenerlo en prisión
en la recta final de sus días.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
A continuación, turno de fijación de posiciones. Señora Navarro, de Izquierda Verde.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Es sorprendente que estemos hoy aquí reclamando en pleno Poder Legislativo la aplicación de la normativa en vigor tanto nacional como internacional.
Todos los gobiernos desvían el debate de forma siempre artificiosa para evadir el
cumplimiento de lo que es una obligación legal. El debate no debe conducirse en exclusiva a los presos de ETA. El alcance de la iniciativa no se circunscribe a un colectivo determinado de presos. Se pretende el reconocimiento de un derecho
establecido en el ordenamiento jurídico a todos los presos sin exclusión. Por cierto, las organizaciones en defensa de los derechos humanos han demandado de forma reiterada el cumplimiento de las penas en los centros penitenciarios más próximos a
su lugar de origen. Para nuestro grupo, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta medida es una más de las necesarias para que se cumpla con los derechos de los presos en toda su amplitud. Necesitamos, pedimos y exigimos
una modificación de la política penitenciaria que permita un desarrollo efectivo del artículo 25 de la Constitución española, esto es, la reeducación y reinserción como fines exclusivos de las penas privativas de libertad. Igualmente, el artículo
12.Uno de la Ley General Penitenciaria establece que cada área territorial contará con un número suficiente de centros penitenciarios para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados. Distintas
recomendaciones de la Unión Europea se pronuncian en el mismo sentido. Lo cierto es que de todo ello se hace caso omiso, lo que nos trae hoy a esta moción que nos ocupa y conduce a que Parlamentos autonómicos aprueben iniciativas del mismo
contenido. Es más, el traslado se utiliza por autoridades penitenciarias como un castigo añadido cuando quieren, castigo no previsto ni en la ley ni por supuesto en las sentencias. La realidad de alejamiento que se sufre afecta de lleno a la vida
de los presos y sus familias: no pueden relacionarse con sus familias, se dificulta la reinserción y se condena a las familias, que no pueden acceder a los presos. Supone un incremento de los desembolsos económicos para los familiares que deciden
visitar a los presos, cuando además suelen pertenecer a los sectores sociales más desfavorecidos; no pueden acceder al tercer grado porque se requiere tener un domicilio de acogida en donde esté la prisión; lo mismo ocurre con la libertad
condicional, pues tienen que comparecer en el juzgado. En definitiva, este grupo va a votar a favor para cumplir con lo dicho por la directora general de Instituciones Penitenciarias: aplicar la Constitución, nuestra Constitución en su artículo
25.2. Pues bien, votemos por ello, por la reinserción y la reeducación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, hay un partido político importante en el Estado español que ha celebrado este fin de semana su congreso nacional bajo el eslogan: España, la ilusión que nos une. Nosotros vamos a
parafrasear ese eslogan y vamos a transformarlo en que España es la ilusión que une al Partido Popular y al Partido Socialista, por lo menos en materia de política penitenciaria. No tenemos ninguna duda, sobre todo observando lo que está ocurriendo
en este ámbito de la actuación sectorial del Gobierno del Estado español, que es un Gobierno socialista en estos momentos.
Quiero decir a la señora Lasagabaster que vamos a apoyar en sus propios términos su moción consecuencia de interpelación. Evidentemente, la dispersión penitenciaria contradice la legislación internacional más importante, la de más relieve,
la de las Naciones Unidas, el artículo 87 de su Carta fundacional. Contradice tratados internacionales de derechos humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos, y la propia Constitución española, en su artículo 25.2, que establece la esencia
ontológica de las penas de privación de libertad destinadas a la reeducación y resocialización de los delincuentes y su desarrollo por las leyes penitenciarias.
Contradice también la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece en su artículo 12. Uno que la proximidad al domicilio de los penados es un instrumento de reinserción y resocialización, y diversos pronunciamientos del Consejo de
Europa y del Parlamento Europeo. Sería muy prolija la definición de la normativa que en este momento invalida la dispersión como instrumento de política penitenciaria. Por eso, nosotros, sin ambages, decimos que España es la ilusión que les une a
dos partidos políticos en este momento, pero de forma absolutamente antijurídica e ilegítima.
De todas formas queremos hacer una reflexión colateral, señor presidente, que es la siguiente: Nosotros vamos a relativizar esta expresión ante la brutal vulneración de la legislación penitenciaria que ha supuesto la excarcelación de ex
general Rodríguez Galindo. En este momento nos encontramos con una preterición de todos los preceptos legales, pero en sentido contrario, el de una amnistía encubierta -y utilizo conscientemente no la expresión indulto, sino amnistía- en relación
con el ex general Rodríguez Galindo, que ha sido la última persona de una estructura organizada desde el Estado de crímenes terroristas, de crímenes de Estado, que permanecía en prisión. Esto sí que vulnera la legislación penitenciaria, toda la que
hemos citado y fundamentalmente la prevista en el artículo 92 del Código Penal, que señala que sólo se pueden establecer excarcelaciones sin la progresión de grado correspondiente cuando se produzcan situaciones de enfermedad irreversible e
incurable. Nos da la impresión de que no es esta la situación que se ha utilizado para la excarcelación de este preso en concreto, sino que son otras razones las utilizadas, son hipotecas políticas del pasado del Partido Socialista, sobre las
cuales tampoco estamos particularmente interesados en profundizar, pero nos preocupan desde la perspectiva de la identidad democrática del partido que en este momento gobierna el Estado español y nos preocupa profundamente. Aquí estamos preteriendo
el principio de legalidad. Estamos preteriendo y negando lo que se denomina en derecho anglosajón el rule of law, el principio de legalidad, la supremacía del derecho sobre la fuerza. Cuando se acomete una operación de esta naturaleza, cuando se
impone la razón de Estado contra la razón democrática, la supremacía del derecho contra la fuerza, el Gobierno que acomete este tipo de operaciones carece de legitimación democrática para seguir actuando por lo menos en este ámbito sectorial.
Desde esa perspectiva estamos ante una situación particularmente preocupante. Nos preocupa la dispersión penitenciaria, el gravamen que supone para los familiares, para los propios presos que tienen un derecho constitucionalmente consagrado
a cumplir sus penas de privación de libertad en centros próximos al lugar de su entorno familiar, o al lugar de la comisión de delitos alternativamente, según la jurisprudencia constitucional y las normas internacionales que hemos citado. Sin
embargo, sobre todo nos preocupa la relativización absolutamente democrática, la negación absolutamente democrática que de este acontecimiento que estamos comentando, la excarcelación del ex general Rodríguez Galindo, se ha cometido porque esto
priva de legitimidad y convierte en un patético sarcasmo todas las declaraciones hechas por el ministro del Interior en sus comparecencias en la Comisión de Interior y de la directora general de Instituciones Penitenciarias alegando u apelando nada
menos que a Concepción Arenal, a Victoria Kent y a otras personas que han configurado políticas penitenciarias progresistas. Con esta acción gubernamental carecen absolutamente de credibilidad y esta falta de credibilidad provoca una falta de
credibilidad en la gestión del Partido Socialista en materia penitenciaria. El Gobierno vasco ha pronunciado solemnemente que hasta que no se aclaren fehacientemente las circunstancias de la excarcelación del ex general Rodríguez Galindo va a
romper todo tipo de relación institucional con el Gobierno español.
Nosotros reproducimos este pronunciamiento en clave parlamentaria.
Nuestro grupo parlamentario, en materia penitenciaria, va a romper todos sus vínculos de control parlamentario,
o de regulación, o de actuación parlamentaria con el Gobierno español hasta que esta circunstancia se aclare.
Por lo demás, señora Lasagabaster, sabe que sus argumentaciones jurídicas son impecables; sus argumentaciones sociales, morales y éticas son absolutamente impecables también. Este es un problema que está gravitando sencillamente para
mantener una situación de violencia que algunos especulan que puede ser -no quiero llegar a perversiones de esta naturaleza, no las quiero ni presumir- hasta toleradas o auspiciadas porque son políticamente convenientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Instamos al Gobierno a realizar las gestiones oportunas ante la Administración penitenciaria dependiente del Gobierno del Estado para conseguir el traslado de los presos residentes en Cataluña que cumplan condena en el resto del Estado, si
lo solicitan y acreditan de manera efectiva la residencia y la vinculación familiar en Cataluña.
Esto que les acabo de leer es una proposición no de ley que fue aprobada en el Parlamento de Cataluña, incluido el Grupo Popular, en febrero de 1999, y proviene de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en
el Parlamento de Cataluña, que decía lo siguiente: El Parlament de Cataluña insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas ante el Gobierno central para que facilite el traslado
de los presos residentes en Cataluña que cumplan condena en el resto del Estado español. Esta proposición no de ley, repito, fue presentada por el Grupo Socialista en el Parlament de Cataluña y firmada por destacados dirigentes del Partido
Socialista de Cataluña, entre ellos Marina Geli, actual consejera de Sanidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Celestino Corbacho, presidente de la Diputación de Barcelona, y Manuela de Madre, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista
en el Parlament de Cataluña. Seguramente, a ojos del Partido Popular y de otros, podrían ser considerados peligrosos abertzales.
Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana vemos positiva la moción que presenta la diputada de Eusko Alkartasuna, que va en el mismo sentido que la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista de Cataluña y que fue
aprobada con el voto favorable del Grupo Popular en el Parlament de Cataluña. No tengo ninguna duda de la aprobación de esta moción, vista la coherencia de la propuesta y que en otras ocasiones ya tuvo el consenso mayoritario. Basta ya de dobles
lenguajes porque, en definitiva, estamos hablando de respeto a la Constitución y a su artículo 25.2: 'Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social...' Y se lo decimos los
independentistas, que muchas veces somos criminalizados por defender los más elementales derechos humanos.
Por todo ello, no podemos admitir que la política de dispersión de presos forme parte de un Estado democrático, porque estamos trasladando la pena al entorno de las familias. Qué sentido tiene que acaben pagando los hijos, padres, madres,
compañeros, compañeras, en definitiva todo un entorno que no tiene que sufrir una condena sin juicio y sin garantías.
Desde el Grupo de Esquerra Republicana mostramos nuestro apoyo a la moción de Eusko Alkartasuna y nos solidarizamos con sus
demandas, las entendemos justas y ajustadas a un Estado democrático. Hace pocos días, la directora de Instituciones Penitenciarias, en su comparecencia ante la Comisión de Interior, expresó en varias ocasiones la necesidad del respeto a la
Constitución, evocó el famoso telegrama de Victoria Kent, habló de las problemáticas de los presos de otros lugares del Estado y reconoció la injusticia de que estuviesen en prisiones de la Península.
Por lo tanto, si estamos de acuerdo en algunos
casos, ¿por qué no en otros? No podemos permitirnos discriminar en función de las personas, según lo que piensen o según los orígenes. No podemos permitirnos que, por un lado, se excarcele al ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez
Galindo, condenado a 75 años de prisión por el asesinato de Lasa y Zabala y, por otro, no se aplique en otros casos la misma excarcelación, incluso en casos de enfermedad terminal, como reconoció la propia directora.
Asimismo, queremos manifestar que hemos registrado una proposición no de ley en referencia a 17 presos preventivos catalanes, acusados de actos de terrorismo y que cumplen sus penas en prisiones del resto del Estado, en la que pedimos su
traslado a Cataluña. Y lo hacemos por entender que es un derecho y una necesidad para avanzar. Si en su momento las personas de diferente pensamiento no hubiesen sido valientes, hoy en Cataluña estaríamos hablando aún de Terra Lliure. Por suerte,
la valentía de algunos permitió avanzar en busca de la paz y se logró el abandono de las armas por parte de Terra Lliure. Los que rompieron tabúes y pasaron de las críticas sin sentido hicieron posible la solución seguramente de un pequeño
conflicto, pero un conflicto. Y lo hemos hecho con el sentido de la máxima solidaridad. Hay un problema y queremos que se solucione, en Canarias, en Cataluña, en Euskadi y en el resto del Estado español.
Nuestro grupo parlamentario no puede ser
partícipe de un castigo no previsto en la Constitución, no previsto en las instancias internacionales, que penaliza y altera el sentido de las penas, que provoca situaciones difíciles de ser sostenidas.
Voy abreviando para terminar. Tengan por seguro que no perdemos la esperanza. Estamos seguros de que, más tarde o más pronto, romperemos con el inmovilismo que aún hoy domina en buena parte de la clase política del Estado español. Estamos
seguros de que se terminará moviendo ficha, que la fuerza de la razón y de los hechos les permitirá cambiar, abrir la esperanza. Y me dirijo a los diputados del Partido Socialista de Cataluña, que vuelvan a lo que ellos aprobaron en el Parlamento
de Cataluña, la proposición no de ley. Queremos los presos en casa, que cumplan las penas de prisión cercanas a sus lugares de residencia. Es un derecho irrenunciable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro penitenciario más
cercano a su lugar de origen. Este no es un debate novedoso en esta sede ni en otras sedes parlamentarias ni, como se dijo en la interpelación, en contenciosos judiciales ante tribunales superiores de justicia o ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, y la reiteración de su discusión revela precisamente la dificultad de acertar en el punto de equilibrio necesario entre los dos bienes jurídicos protegidos y deseables, como son, por un lado, el principio constitucional tan repetido del
artículo 25.2, que pregona la orientación reeducadora y resocializadora de las penas privativas de libertad y, por otro lado, las medidas
que se han demostrado relativamente eficaces en la lucha contra el terrorismo si se mide en términos estadísticos, como ha sido la dispersión de los internos pertenecientes a colectivos delincuenciales organizados.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por boca de su anterior portavoz en este tema, el diputado don Manel Silva, ya manifestó su opinión en su día a favor de una iniciativa en términos parecidos a la que ahora discutimos, y
hoy lógicamente nuestro grupo se manifiesta en el mismo sentido. Entendemos que en este binomio de intereses en contraposición, resocialización sobre la base del acercamiento o lucha contra el terrorismo vía dispersión y alejamiento, debe primar el
principio constitucional del objetivo recuperador, reeducador y reintegrador social de la pena, por encima de la estrategia pura y llana de la dispersión, que bien puede ser útil coyunturalmente a corto plazo y variar su eficacia en el tiempo, como
por ejemplo la actual situación en que la evolución de la lucha contra el terrorismo de ETA bien puede variar a partir de las últimas e importantes detenciones del pasado fin de semana, por las cuales aprovechamos para felicitar a los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Creemos sinceramente que puede haber puntos de equilibrio, de encuentro, de convergencia entre estos dos extremos, aplicando el principio de la dinámica del acercamiento de los internos, ya sea en prisión provisional o cumpliendo condena,
sobre la base de la voluntad cierta y sincera de los responsables de la política penitenciaria aplicada individualizadamente, caso a caso, tal como indica la norma, en un proceso de aproximación, probablemente en algunos casos escalonado, que evite
que los familiares y el entorno de los internos sufran también indirectamente parte de la pena impuesta al infractor, por lo que representa el alejamiento y la dificultad de relación habitual y sin que ello represente necesariamente un
reagrupamiento de los miembros de bandas delictivas organizadas que ciertamente dificultaría ciertas medidas para desactivarlas y hacerlas desaparecer. En otras palabras, la taxatividad del acercamiento al centro penitenciario más cercano debería
interpretarse en la práctica por un acercamiento paulatino y programado que permitiera, en la medida de lo posible y simultáneamente, el objetivo de la reeducación y la resocialización de los internos, y esta misma acción, el convencimiento de
abandonar su actitud delictiva, significará un avance irreversible en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Nuestro grupo cree, pues, que la única medida de dispersión no es suficiente, como se ha demostrado, aunque en algunos
casos pueda ser necesaria, y que para luchar eficazmente contra aquella lacra social hay que combinar inteligentemente diversas medidas de política penitenciaria, entre ellas y sin duda las que permitan ser implementadas también a partir de la
proximidad de los internos a su lugar de origen y que deben ser estudiadas con preferencia sobre otras dada su etiología constitucional.
En consecuencia, pues, y hechas las anteriores consideraciones, nuestro voto va a ser favorable a la moción del Grupo Mixto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para posicionarme en representación del Grupo Parlamentario Popular en relación a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster.
Vaya por adelantado, señora diputada, que nosotros entendemos absolutamente legítima su iniciativa, como cualquier otra de las presentadas en esta Cámara.
Afirmaba S.S. en su intervención que la obligación de todo poder público es reeducar y reinsertar socialmente a cualquier persona privada de libertad, siendo éste un mandato constitucional recogido en el artículo 25 y en la Ley Orgánica
General Penitenciaria. Esto sabemos que es de sobrada sensibilidad que ocupa y preocupa a la diputada interpelante, como también al grupo parlamentario que represento. Pero además, nosotros, cumpliendo el imperativo legal, como Gobierno del
Partido Popular y ahora como grupo parlamentario en la oposición, hemos dirigido, y seguiremos haciéndolo, toda la política penitenciaria en virtud de la reinserción y de la reeducación de cualquier persona privada de libertad.
Por eso también hay
muchas medidas para conseguir esa reinserción y reeducación. Ejemplos significativos son el número de centros penitenciarios o el número de plazas creadas que bajo el Gobierno del Partido Popular se hicieron en centros penitenciarios -usted lo
conoce muy bien, más de 14.000 plazas-, o un ejemplo, sin duda ilustrativo y muy ejemplarizante en la reinserción que es el trabajo; el incremento del trabajo productivo que pasó del año 1996 con unos 2.900 reclusos a más de 11.000 personas
privadas de libertad que estaban realizando ese trabajo productivo, con los correspondientes beneficios que eso supone para la reinserción social y laboral que S.S. conoce. Nosotros hemos entendido la gestión política gubernamental, y la
entenderemos desde la oposición, vertebrada en esos dos principios, recuérdelo señoría, y recuérdenlo todos ustedes.
Usted volvió a afirmar en otro párrafo de su intervención que el objetivo que debe tener toda política penitenciaria, cito textualmente y vuelvo a reiterar, es la reeducación y la reinserción social. Hasta aquí, como bien le he dicho,
compartimos su preocupación y sensibilidad.
Pero, además, usted añade: este es el núcleo general de nuestra demanda, de su interpelación. Nuestro grupo no lo ha entendido así, señoría. No hemos interpretado que su interpelación se refiera estrictamente a esos principios, sino que
su interpelación iba dirigida al acercamiento de las personas privadas de libertad al centro penitenciario, como muy bien dice más próximo a su lugar de origen y, además, señoría, se refiere a un colectivo muy concreto, a un colectivo que a usted
especialmente preocupa legítimamente que es el de las 551 personas detenidas de la banda terrorista ETA, de las cuales 11 cumplen condena en el País Vasco.
Por lo que respecta a los presos de Canarias usted misma ha dicho muy bien que por ausencia de infraestructuras deben estar cumpliendo condenas fuera del territorio insular, usted lo conoce muy bien. Por lo que respecta a los presos
catalanes, nos sorprende el desconocimiento de algún diputado catalán de esta Cámara respecto a que el principio general de acercamiento de los presos, y más en una comunidad autónoma como Cataluña con competencias transferidas, es así, y de hecho
por eso se votaron y aprobaron, tanto por el Grupo Socialista, como por el Grupo Popular esas iniciativas, y se seguirían haciendo, porque estamos hablando del principio general de acercamiento, no de presos etarras.
Esas 17 personas catalanas son
reclusos preventivos acusados de terrorismo a los que como ustedes saben muy bien se les está aplicando correctamente la normativa legal. Estamos hablando, señorías de otra cosa. Estamos hablando de ETA. Estamos hablando de la política de
dispersión de los presos etarras cuyo origen se inició a finales de los ochenta en el marco de un gobierno socialista con la asunción de un partido nacionalista, el Partido Nacionalista Vasco, y que entendemos desde nuestro grupo parlamentario que
ha tenido demostrada y sobrada eficacia y utilidad y que ha demostrado, señoría, resultados extraordinariamente positivos porque ha debilitado más a la banda terrorista ETA y eso, como le he oído a usted y a muchos de los diputados de esta Cámara, a
la totalidad de ellos, es el objetivo común de todos.
Además, usted sabe muy bien que la política de dispersión permite a los etarras que dada su peligrosidad -muchos de ellos se encuentran en grado uno- no puedan someter, condicionar, extorsionar,
someter a chantaje a otros presos etarras y que con ello la política de dispersión posibilita medidas individualizadoras. Sí, señora Lasagabaster, usted sabe muy bien de presos etarras que han tenido actitudes tendentes al arrepentimiento, a la
condena de la misma, incluso a la colaboración con la justicia, y son casos sobradamente conocidos -recordaría el caso de Gamboa o algún otro-, que han permitido la detención con su colaboración de importantes miembros de la banda terrorista ETA.
Además, como le hemos dicho, señoría, esta es una política eficaz y positiva, y usted sabe que desde el año 1998 ningún preso de ETA está en el territorio insular, ni en Ceuta ni en Melilla, sino que todos están en el territorio peninsular.
Entendemos, a diferencia de usted, señoría, que esa es la política que debe seguirse, y como muy bien dijo el ministro de Justicia es compatible con el respeto al mandato constitucional del artículo 25 y de la Ley General Penitenciaria. Así lo han
corroborado resoluciones judiciales, como usted muy bien conoce. Es por ello que usted comprenderá que nuestro grupo va a votar contrariamente a esa moción.
Señoría, querría referirme a dos reflexiones que usted realizó en el segundo turno de intervención y que nuestro grupo entiende de notoria gravedad. Decía usted, refiriéndose al PP y al PSOE, que en esta materia, y cito textualmente
entrecomilladas, algún día tendrían que dejar de darse la mano y actuar con los propios pensamientos ideológicos porque si no deducía usted que no son los mismos, y que por ello usted deducía que todos nosotros, Partido Socialista y Partido Popular,
teníamos un problema. Esas eran sus palabras. Pues bien, señoría, ¿sabe el problema que tenemos nosotros, y también ustedes? El único que está por encima de cualquier debate, de cualquier contienda política o electoral, ese problema se llama ETA,
y ese problema nos une al Partido Socialista y al Partido Popular, y así lo hicimos en un pacto por las libertades y contra el terrorismo que, no lo olvide usted, señoría, representa a millones y millones y millones de personas de este país que
creen en ese pacto y creen con él en la democracia y en la paz, y en el que nos hubiera gustado que ustedes hubieran estado representados, como muchas otras fuerzas políticas, pero que fue su opción, entendemos que equivocada, ya que ustedes no
quisieron sumarse a ese pacto. Ese pacto ha demostrado la vigencia en todas las políticas que desarrolla: penal, criminal, policial, de colaboración, y todas ellas están permitiendo debilitar in extremis a ETA.
El Partido Popular siempre ha defendido la firmeza en el marco del Estado de derecho y la lucha contra el terrorismo. Usted conoce muy bien, señoría, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desde el año 1996 han
desarticulado más de 49 comandos de la banda terrorista y han podido hacer que 300 terroristas...
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, presidente. Voy acabando.
...estén en prisión. A esto debemos unir las felicitaciones a la operación policial que estos días se ha llevado a cabo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ministerio del Interior con la detención de Mikel Antza y de
Iparragirre. Esa eficacia judicial y policial, la colaboración internacional, así como la adopción de la orden europea, el endurecimiento de las penas y también la Ley de Partidos Políticos que hoy hemos debatido aquí, que ha supuesto un antes y un
después, han conseguido debilitar y aislar a la banda terrorista ETA. Eso es lo que todos nosotros queremos.
Con la benevolencia del señor presidente, voy a hacer una última reflexión a la que usted también se ha referido. Permítame, señoría, que con el respeto parlamentario debido considere grave y hasta inaceptable por parte de mi grupo
parlamentario cuando usted aludió a que esa política gubernamental de dispersión está imputando la pena a familias y a personas que no han cometido ningún delito (se refiere a las familias de los terroristas) Debo decirle que los gobiernos del
Partido Popular y del Partido Socialista jamás hemos imputado ninguna pena a ninguna familia de ninguna víctima, y en este caso de ningún terrorista tampoco. Aquí nadie ha impuesto nada y nadie ha imputado nada. Usted debería pensar en que la
verdadera pena es la de las familias de más de 800 víctimas del terrorismo de ETA...
El señor PRESIDENTE: Ahora ya sí, señora diputada, no me diga que va a terminar, termine de verdad, porque lleva usted exceso de tiempo.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Acabo ahora mismo, señor presidente.
...que jamás van a poder recuperarlas y que se lo tuvo que recordar el ministro. Hoy usted lo ha reconocido y se lo agradezco, y además ha reconocido la iniciativa, pero quiero que sepa, señoría, que nuestro trabajo incansable va a ser
siempre la paz de esas víctimas y de esas familias, vamos a trabajar incansablemente en el marco del Estado de derecho para derrotar a ETA, para derrotar al terrorismo y para conseguir la paz de esas familias, de todas las familias y de España.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista, señora Unzalu tiene la palabra.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Señor presidente, señorías, evidentemente mi grupo no comparte muchos de los argumentos que se han dicho esta noche aquí. Pero antes de analizarlos, quiero reiterar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista. Para nosotros todo el sistema penitenciario español, de acuerdo con la Constitución, es profundamente humanitario. La pena privativa de libertad está orientada hacia la resocialización, la reeducación y el aprendizaje de la vida en
libertad. Y desde estos principios, para todos aquellos intervinientes que lo han afirmado, les tengo que decir que la individualización y las razones humanitarias se aplican a todos los presos, incluidos los de ETA.
Su señoría lo sabe. No hay
distintas varas de medir...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, perdón. Por favor, los móviles. Es que ya se los dejan encendidos. Que vaya un ujier y lo recoja, por favor.
Perdone, señora diputada. Continúe.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE : Antes de entrar en el fondo del asunto, quisiera recordar al señor Olabarría que su partido, el Partido Nacionalista Vasco, impulsó, apoyó y firmó los acuerdos que permitieron ejecutar las medidas de
dispersión. Parece que el señor Olabarría tiene frágil memoria.
Centrándome en el núcleo de la moción que S.S. ha presentado, quiero decir que no se refiere fundamentalmente a todos los presos sino particularmente a los presos de ETA, y lo sabemos. He de decirle, en primer lugar, que en su propuesta
ignoran algo tan importante como el tipo de delincuencia al que nos referimos. Porque, señora Lasagabaster, la pregunta es: ¿en política penitenciaria se puede ignorar que el terrorismo constituye una actividad criminal con características propias
y singularmente la de estar dirigido por una organización armada, de la que no hay sólo que querer, sino que poder apartarse para abandonar la violencia? ¿Se puede ignorar esto? Ustedes lo hacen. Ustedes pretenden basar la política penitenciaria
de reinserción en el origen geográfico del preso, olvidándose, como le digo, del tipo de delitos que cometieron.
Porque, si analizamos algo que se ha planteado aquí, ¿en qué consiste la reeducación y la reinserción social de las personas condenadas
por delitos de terrorismo? Porque a esta finalidad tiene que responder el sistema penitenciario.
En contestación a parte de las intervenciones que se han hecho aquí, tengo que decir que esta política no consiste en que nadie abandone sus ideas ni sus reivindicaciones políticas, si algún penado las tiene. Consiste en que abandone la
violencia, en que abandone la actividad terrorista y la disciplina de la organización o banda armada, bajo la cual cometieron los crímenes por los que han sido condenados. Porque sólo si lo hacen, habrá garantías de que cuando alcancen la libertad
no volverán a dedicarse a la misma actividad criminal que les llevó a la cárcel. Esa finalidad es esencial en toda política penitenciaria que quiere plantearse en relación con las personas condenadas por delitos de terrorismo. Porque el abandono
de la violencia por parte de los penados es fundamental para dos objetivos que son irrenunciables en una sociedad democrática: Uno, recuperar individualmente a cada persona, porque a cada persona condenada por estos delitos hay que intentar
recuperarla para la vida democrática.
En eso consiste la reinserción. El segundo objetivo es reducir la influencia de la organización armada, de ETA, para contribuir a otro objetivo irrenunciable que es el logro de una convivencia pacífica entre
ciudadanos demócratas y particularmente entre vascos.
La experiencia, señorías, indica que los delincuentes encuadrados en bandas organizadas y armadas tienen limitada su capacidad de decisión por la actuación precisamente de la organización a la que pertenecen. ¿O no conocemos casos, señora
Lasagabaster, de presos que por razones humanitarias hubieran podido cumplir el resto de sus penas en su casa y la organización no se lo ha permitido?
Decía que estas organizaciones procuran por todos los medios a su alcance impedir decisiones individuales de abandono o de apartamiento de la disciplina de esa organización. Por eso, la mejor alternativa de política penitenciaria ha sido
ordenar el cumplimiento de las penas en diferentes establecimientos, dejando muy clara una cosa: que la dispersión no constituye fin alguno, sino que es un mecanismo para la función rehabilitadora de la pena. Además de eso, es la mejor manera de
proteger los derechos y libertades de los presos, entre ellos el derecho a adoptar con toda libertad sus decisiones y el ejercicio íntegro de todos sus derechos individuales.
También en varias de las intervenciones -y voy a ser suave en la palabra que empleo- se ha sugerido que la actual política penitenciaria no respeta de modo escrupuloso la legalidad y los derechos humanos de los presos. Creo que esta
cuestión está mal planteada. Nunca se ha planteado ni se debe plantear la dicotomía entre política y legalidad; no se puede plantear esta dicotomía. La legalidad se resuelve en los tribunales y la política tiene que optar entre alternativas,
todas ellas, legales.
Ustedes saben que la actual política penitenciaria se ajusta a la ley y es fiscalizada por los tribunales. Someramente -ya se lo han dicho más veces-: sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1991; decisión de
la Comisión Europea de Derechos Humanos del año 1990, o más recientemente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 27 de junio de 2000. No le digo el contenido de ellas porque supongo que
usted las conoce perfectamente.
Por último, quisiera hacer una reflexión. Con su propuesta, señoría, aporta una crítica a la actual política penitenciaria, pero no aporta nada para resolver la cuestión fundamental, que es cómo hacer para propiciar que los condenados por
delitos de terrorismo abandonen la violencia y se aparten de la disciplina de ETA, porque de esta forma, señor Lasagabaster, si conseguimos esto evitaremos los desplazamientos de los familiares, no le quepa la menor duda. Y en esta cuestión con su
moción, desde luego, ustedes no contribuyen a solucionar este problema.
Supongo que no es necesario, después del tono de mi intervención, decir cuál es la posición del Grupo Socialista, que evidentemente va a ser en contra de su propuesta.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Unzalu.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS DE LOS SECTORES PROFESIONALES AFECTADOS POR LA ESCALADA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO.
(Número de expediente
173/000028.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente moción, consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la
escalada de precios del petróleo. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy es mi primera intervención desde esta tribuna y coincide con que el santoral indica que es san Froilán, día 5 de octubre, fiesta en Lugo, circunscripción a la que represento, y aprovecho la ocasión para desearles a todos los
lucenses una felices fiestas, ya que no puedo estar entre ellos, y a invitarles a todos ustedes, señorías, en el sentido figurado de la palabra evidentemente, a acudir a aquellas fiestas que son famosas por tener el mejor pulpo del mundo, que yo les
recomiendo.
Insisto en que les invito figuradamente.
En la pasada sesión del miércoles 29 de septiembre, nuestro grupo interpeló al Gobierno solicitando información sobre las medidas que pensaba adoptar para minimizar el impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la
escalada de los precios del gasóleo. Para nosotros fue decepcionante la respuesta dada por el Gobierno en dicha interpelación y por ello nuestro grupo mantiene la preocupación por las graves consecuencias que se derivarán, de no adoptarse algún
tipo de medidas, para los sectores agrario, pesquero y del transporte. Por ello hemos presentado esta moción.
Señorías, hace cuatro años, concretamente en el año 2000, una situación similar, probablemente no tan grave como la que hoy se padece, incidió sobre la economía española y en especial sobre los sectores ya citados.
En aquella ocasión el
Gobierno dialogó con las asociaciones representativas de los sectores afectados y alcanzó acuerdos que ayudaron a mantener la competitividad de los mismos. De aquellos acuerdos cabe recordar, entre otros, el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de
octubre, en el que se recogen medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte, que yo ahora no voy a recordar por falta de tiempo; pero sí diremos que aquellas medidas surtieron efecto y que fueron bien recibidas por el
sector, no así por el Partido Socialista en aquel momento, hoy en el Gobierno, ya que curiosamente el Grupo Parlamentario Socialista en aquel momento votó en contra de la convalidación del citado real decreto-ley por considerar que esas medidas que
se recogían en el citado decreto eran insuficientes. Un señor diputado formulaba la siguiente pregunta, y leo textualmente del 'Diario de Sesiones': ¿Cuándo piensa el Gobierno reiniciar conversaciones con los representantes del sector pesquero
para encontrar una solución a los efectos negativos del incremento del precio de los carburantes? Y argumentaba: Señor ministro, no puede seguir ignorando la realidad; el
gasóleo por encima de 35 pesetas/litro no es rentable; una parte de la flota de este país con este precio tiene que cerrar; por favor, negocien.
Otro diputado decía: ¿Persiste el Gobierno en no dar solución a la subida de los precios de
los carburantes? Y en su exposición decía: Nos preocupa más la falta de reacción del Gobierno, que sólo lo hace a impulso de las presiones; todos debemos, empezando por el Gobierno, dar solución al problema; por eso le pregunto si persisten
ustedes en no dar ninguna solución a esta problemática. Y esto que leo no es del 'Diario de Sesiones' de esta legislatura, es del año 2000, y el diputado interpelante se llama don Jesús Caldera y el ministro que respondía era el señor Montoro, que
le contestaba de esta manera: El Gobierno está actuando desde el comienzo de este fenómeno de la subida de los precios de los carburantes; como S.S. sabe, está actuando trayendo y aprobando en esta Cámara un decreto-ley que ha promovido la
liberación de la distribución de carburantes en España y, en segundo lugar, negociando con los sectores más afectados, agricultores, pescadores, transportistas.
Evidentemente, cuando se sometió a votación, como decía antes, el Grupo Socialista en
aquel momento consideró insuficientes estas medidas y no las votó a favor.
Desde hace meses el Grupo Popular, preocupado por esta grave situación que la escalada de precios del petróleo genera en los sectores a los que ya he aludido, solicitó información y se dirigió en diferentes ocasiones a los responsables de
las carteras más vinculadas con estos sectores, animándoles a adoptar alguna medida. Me referiré concretamente -y ya han pasado meses- a la comparecencia que la actual ministra de Agricultura realizó ante la Comisión que lleva el mismo nombre y en
la que este portavoz le preguntó: ¿Apoyará la señora ministra la adopción de medidas conducentes a paliar los efectos negativos para el sector pesquero causados por las importantes subidas del gasóleo? La respuesta de la señora ministra era:
Tenemos que ser cautos; hay que esperar, aunque la evolución puede no ser favorable, pero me gustaría que analizaran datos históricos. Pues bien, datos históricos, el titular de prensa de cualquier periódico de hoy dice: El precio del crudo marca
otro máximo histórico y se acerca ya a los 51 euros. Hace cinco meses, por tanto, ya el Gobierno estaba estudiando aplicar medidas; mes de mayo. Ahora, cinco meses después y más de seis meses después de que el Partido Socialista asumiera el
Gobierno de la nación, el pasado miércoles y durante el debate de la interpelación a la que yo me he referido, el señor Solbes manifestó que es discutible que estemos ante un problema estructural y que más bien estamos ante un problema coyuntural;
pero también dijo que están estudiando la posibilidad de adoptar algunas medidas en el caso de que esta situación persista. Estudiar, estudiar, estudiar. Yo creo que estudiar es bueno pero hay que presentarse también a los exámenes, y el Gobierno
está dejando pasar ya muchas convocatorias sin presentarse a los exámenes y corre el riesgo de que cuando ya tenga bien estudiado el problema se le hayan agotado las convocatorias y no haya necesidad de aplicar medidas porque no sirvan de nada a
estos sectores. Por ello hemos presentado esta moción y aprovecho para decir que hemos transaccionado y entregado al presidente de la Cámara el texto de una transaccional en la que hemos recogido la mayoría de las demandas formuladas por los grupos
enmendantes. Bien es cierto que la del Grupo Socialista que coincide con ella en muchos aspectos no ha sido recogida porque comienza con un párrafo que a nosotros nos disgusta profundamente porque abunda en la línea de estudiar y que dice: La
presentación ante las Cortes Generales en el plazo máximo de tres meses de un estudio sobre... Volvemos a posponer la solución al problema hablando de presentar un estudio dentro de tres meses. Por ello no consideramos conveniente incluir esa
parte en el texto de la transaccional.
Voy terminando, señor presidente. Esa moción, con la transaccional, recoge medidas urgentes de tipo fiscal, constitución con carácter urgente también de mesas técnicas sectoriales, paquetes con bonificaciones extraordinarias de carácter
transitorio en la cotización a la Seguridad Social, apertura de líneas de crédito preferente, aprobación inmediata de un plan Renove de maquinaria agrícola, diferenciación de tipo impositivo aplicable al gasóleo de uso profesional, incrementar los
recursos presupuestarios destinados a incentivar el uso de los biocarburantes y adoptar las medidas necesarias para aumentar la competencia en el sector de la distribución final de los hidrocarburos, de forma muy resumida.
Quiero señalar que nuestro grupo no ha pedido nunca, por coherencia, la reducción de los impuestos especiales de los hidrocarburos. Tenemos coherencia política, decimos lo mismo en el Gobierno y en la oposición.
Sin embargo, sí hemos
escuchado en su día al Grupo Socialista decir que exigía que se bajara el impuesto de los hidrocarburos -hoy ya no lo pide al Gobierno- y en este sentido quiero recordar unas palabras del señor Solbes cuando era comisario europeo en las que decía
que bajar los impuestos especiales sería un error y una contradicción. Sin embargo, el entonces diputado, el señor don José Luis Rodríguez Zapatero decía el 4 de octubre de 2000 al señor presidente del Gobierno: Le exijo, le reclamo que baje los
impuestos de los hidrocarburos. Nosotros no tenemos esas contradicciones y por eso mantenemos la misma coherencia desde el Gobierno que en la oposición.
Miremos al futuro, y termino. Hoy tenemos una situación grave que perjudica seriamente a los sectores que ya he mencionado y en algunos casos con imposible repercusión de sus costes en la venta del producto final. Por falta de tiempo no
voy a poder darles datos ni de la pesca ni de la agricultura ni de los transportistas. Solamente les voy a leer una pequeña referencia sobre
lo que la Cooperativa de armadores del puerto de Vigo -una de las más importantes de España, por no decir que la más importante de España- le decía en el mes de agosto a la ministra en una carta: Con estos precios la flota pesquera no puede
seguir faenando; incluso varias empresas armadoras han anunciado su intención de amarrar los barcos. Hay margen, señorías, se pueden tomar medidas urgentes. Así lo ha dicho el portavoz del comisario Fischler el día 1 de octubre: Tienen los
gobiernos flexibilidad para compensar al sector pesquero por el alza del petróleo; no hay razón alguna para inventar un dispositivo excepcional, sólo hay que buscar compatibilidad con el derecho comunitario.
Por todo lo expuesto, señorías, les pido en nombre de mi grupo la mayor sensibilidad posible hacia estos sectores. Esta moción es un primer paso que, de prosperar, ayudará sin duda a paliar la grave situación en la que se encuentra el
sector y a establecer medidas a medio y largo plazo, fruto del consenso que se alcance entre las mesas sectoriales que pretendemos que se creen y la relación de éstas con el Gobierno. Por todo ello les pido el voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Díaz. Le felicito por la festividad de San Froilán. No dudo de que el pulpo lucense es el mejor del mundo. Si se anima en Navidades ya sabe usted lo que tiene que hacer, mándenos algo.
Ahora toca el turno de defensa de las enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la moción consecuencia de interpelación planteada por el Grupo Parlamentario Popular en la dirección de implementar una serie de
medidas que vayan orientadas a rebajar la fiscalidad de los productos petrolíferos que están incidiendo muy negativamente en los sectores del transporte, agrario y pesquero. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el día 14 de junio
del año 2004, previendo que las alzas de los carburantes iban en la dirección de no tener un tope, un techo, presentó una iniciativa en forma de proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno a que planteara una serie de políticas económicas
y energéticas dirigidas a diferentes sectores económicos que se veían muy afectados negativamente por el incremento del precio de los carburantes. Al mismo tiempo planteamos impulsar de manera especial la necesaria reducción de la fiscalidad que
grava los gasóleos para el uso profesional de los sectores del transporte, agrario, ganadero y pesquero. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda en la misma dirección pero con unos plazos más alejados en el tiempo de la que ha presentado
Convergència i Unió.
También es cierto -y va dirigido al diputado del Grupo Parlamentario Popular que me ha precedido en el uso de la palabra- que cuando presentamos estas iniciativas los grupos que estamos en la oposición o que no colaboramos
asiduamente con el Gobierno, aunque sean propuestas lógicas y objetivas, nunca son tenidas en cuenta por el Gobierno en cuestión. Me acuerdo de que en la pasada legislatura el Gobierno, en aquellos momentos del Partido Popular, nunca fue sensible a
rebajar la fiscalidad de los productos petrolíferos a efectos del sector profesional. Esta es una cuestión que planteamos en Comisión, incluso aprobamos alguna enmienda o moción que iba en esta dirección, pero nunca el Partido Popular fue sensible
a satisfacer una demanda que estaba muy planteada por los diferentes agentes económicos. Hoy la situación es la inversa. El Partido Popular plantea una moción que no fue capaz en su momento de satisfacer, la plantea al Partido Socialista que está
en el Gobierno, y en estos momentos el Partido Socialista, como es Gobierno y no es oposición, tampoco quiere dar satisfacción a esta necesidad que afecta a diferentes sectores productivos que están clamando ver realizadas sus peticiones. Es una
lástima que los unos por los otros la casa sin barrer, siendo realmente los más perjudicados porque no se apruebe esta moción, a pesar de que también agradecemos la sensibilidad en este caso del Partido Popular que ha recogido en un 90 por ciento
los planteamientos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); como decía anteriormente, los unos porque están en la oposición, los otros porque están en el Gobierno no han tenido la idea brillante de llevar adelante una iniciativa de
este calado y los más perjudicados van a ser los sectores pesquero, agrario y del transporte. Lo más relevante que hemos planteado -y hemos dado un paso significativo en el sentido de que el Grupo Popular ha aceptado nuestro planteamiento- es
incorporar en la moción -que desgraciadamente no se va a aprobar- un redactado que va en la dirección de diferenciar el tipo impositivo aplicable al gasóleo para el uso profesional, con el fin de situar su fiscalidad en el nivel mínimo autorizado
por la Unión Europea. Esta es una manifestación, es una aclaración, es un planteamiento que está perfectamente recogido por la directiva comunitaria. También es verdad que podemos encontrar manifestaciones a favor de comisarios europeos que
permiten a los diferentes Estados miembros que estamos por encima de la fiscalidad de la media de la Unión Europea rebajar la fiscalidad para todos aquellos gasóleos dirigidos al uso profesional, concretamente para el uso del transporte, para el uso
agrícola y para el uso pesquero.
Como último intento, quisiera reclamar la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, para poder dar un paso hacia delante y dar satisfacción a todos los sectores que están necesitados
y que están gravando el incremento del alza del crudo para que no puedan verse afectadas sus actividades empresariales.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Vamos a explicar las razones por las que presentamos estas dos enmiendas a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en un tema que nos parece muy preocupante en general y de manera especial en los sectores que se mencionan, especialmente
-valga la redundancia- en sectores como el pesquero y agrario, debido a la tendencia alcista que está teniendo el precio de los carburantes; una tendencia que hace posible que en el año 2004 tengamos un 34 por ciento más respecto al precio del año
1999. Por tanto, la primera enmienda que presentamos es la de revisar la imposición especial sobre hidrocarburos, de manera que en lugar de amplificar la variabilidad de precios contribuya a dotar de mayor estabilidad a los precios de los
hidrocarburos y en consecuencia a los costes energéticos.
Si bien es cierto que cuando se habla de la revisión se entiende -y así también lo entendemos nosotros al hacer la enmienda- la rebaja de los impuestos especiales, también entendemos que la
revisión de imposición está relacionada con un sistema que permita estabilizar los precios de hidrocarburos y no como hasta este momento en que, efectivamente, el sistema está provocando esa tendencia alcista que todos conocemos, vivimos y sufrimos.
La segunda enmienda está relacionada con la adopción de medidas necesarias para erradicar las prácticas restrictivas de la competencia en el sector de la distribución final de hidrocarburos. Nosotros entendemos que por mucho que signifique
la libertad de comercio y la libertad de precios, en la práctica esto no ocurre, porque no hay un seguimiento de esta cuestión, de tal manera que no hay diferencia de precios en las estaciones de servicio. Y a pesar de que por activa y por pasiva
se dice que existe esa posibilidad, los precios de los carburantes siempre son iguales en todas las estaciones de servicio. Nosotros entendemos que estas dos medidas son importantes para ese equilibrio del precio de hidrocarburos, sobre todo por el
problema que representa para sectores productivos tan importantes en nuestra economía y que en el caso de la agricultura tiene un especial significado en las pequeñas explotaciones campesinas que hay que recordar que sólo participan en un 26 por
ciento de la media del valor que pagamos los consumidores. Por consiguiente, es un problema que agrava enormemente la situación económica de estas explotaciones campesinas ya de por sí deprimidas. Entendemos que nuestras enmiendas tienden a
equilibrar el precio de los hidrocarburos y consideramos que sería adecuado tenerlas en cuenta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya mi primera intervención dedicada al patrón de Lugo. Tengo la suerte de haber trabajado allí y allí nacieron mis dos únicas hijas, así que en casa también se celebra san Froilán.
Siento que no esté en el hemiciclo el señor Arias Cañete, que fue el promotor de la interpelación, porque voy a tener que hacer alguna mención obligada a su persona.
Señor García Díez, lo primero que le tengo que decir, con todo el respeto del mundo, es que lo que usted ha dicho aquí, en esta tribuna, no tiene nada que ver con lo manifestado por el señor Sánchez i Llibre. Aquí pueden haber ocurrido tres
cosas: que usted no se entera de este asunto, que no se ha querido enterar de en qué consiste la transacción que han hecho con CiU o, lo que sería más grave, que el señor Arias Cañete se ha ido del hemiciclo y le ha hecho a usted comerse este
marrón, porque presentar el Partido Popular una moción con una transaccional que dice claramente que se va a situar la fiscalidad del gasóleo en el nivel mínimo autorizado por la Unión Europea, que es lo que ha propuesto el señor Sánchez i Llibre,
que es persona inteligente y a lo mejor lo ha redactado para que usted no se entere, supone simple y llanamente bajar el impuesto de hidrocarburos, que es lo que él ha dicho en la tribuna.
Eso contradice claramente sus palabras, señor diputado, y
contradice claramente las palabras del flamante portavoz del Partido Popular elegido en la ejecutiva del último congreso. El otro día, el señor Arias Cañete le dijo aquí al señor Solbes: Mi grupo no va a pedir en ningún momento la reducción de los
impuestos especiales de los hidrocarburos que gravan el sector agrícola. Decían, y usted lo ha repetido hoy, señor García Díez, que este es un grupo que tiene coherencia política, que dice lo mismo en la oposición que en el Gobierno. Yo le repito:
les han engañado a ustedes o, simple y llanamente, están mintiendo a esta Cámara aceptando esta transacción.
Quiero defender la posición del Grupo Socialista y sobre todo dejar constancia de las medidas que considera que habría que adoptar ante una situación grave que está suponiendo importantes pérdidas económicas para los sectores agrario,
pesquero y del transporte. Estamos asistiendo a subidas importantes del precio del gasóleo. Desde julio de 2003 hasta agosto de 2004 hemos pasado de pagar 0,36 euros a pagar 0,46; dicho
en pesetas, hemos pasado de 60 a 81 pesetas. El gasóleo ha subido más del 20 por ciento en lo que va de año y la realidad -y esto hay que reconocerlo- es que estos sectores no tienen posibilidad de repercutir las subidas de los precios en
sus productos, pero también es verdad que en este momento los precios del gasóleo no alcanzan los que tuvieron en la crisis de 2000, aunque es verdad que están cerca y es probable que se superen. El Grupo Socialista considera que esta crisis está
afectando negativamente al margen de las explotaciones, ya que la evolución de los precios en origen de los productos agrarios y de la pesca no guarda relación con la evolución de los precios al consumo. Es decir que estas subidas están claramente
contra el beneficio, contra el margen económico de muchos pequeños y medianos negocios. En el caso de la pesca la situación es más evidente: han bajado los precios en origen y han subido los costes de explotación. Por tanto, podemos asegurar que
el mercado no puede, por sí solo, corregir el alza de los costes del gasóleo y otros gastos de producción porque no son capaces de transmitirlo en la cadena comercial. Se está generando un problema -lo reconocemos- las causas no son achacables a la
economía española, asumimos que hay que intervenir pero sabemos que el margen es muy estrecho. El asunto es delicado, hay que actuar con prudencia y, además, hacer análisis serios y rigurosos previamente. Hay mecanismos que no se deberían
utilizar, y les recuerdo que la Comisión Europea a través de portavoces autorizados, algunos del Partido Popular, ha desaconsejado a los Estados miembros el uso de la reducción de impuestos como un arma ante el incremento de los precios del crudo.
Tiene gracia, vuelvo a repetir, que hoy el PP acepte, y quizá vote, una enmienda transaccional que lo que propone directamente es rebajar la fiscalidad del gasóleo.
Está claro que nosotros no podemos aceptar esa posición. Nosotros queremos actuar con rigor, y, por tanto, sin oportunismo político. Además, le recuerdo, señor García Díez -porque ha hecho usted alarde de las medidas que adoptó el Gobierno
del Partido Popular en el año 2000- que esas medidas fueron declaradas ilegales, en algún caso, por la Comisión Europea. Y le voy a dar otros dos datos: a los tres meses de aprobar esas medidas, ustedes mismo introdujeron un nuevo impuesto a los
minoristas de venta de hidrocarburos. Además, para fijar sus prioridades en cuanto al gasóleo, cometieron también una gran injusticia, desde mi punto de vista.
Cuando aprobaron la Ley 14, de medidas fiscales, incluyeron dentro del gasóleo B, el
que comúnmente se llama agrícola, el uso para embarcaciones de recreo. Es decir que, según ustedes, las embarcaciones de recreo -los motores de propulsión de buques y embarcaciones de recreo, utilizando términos literales- deben tener la misma
consideración fiscal que los motores de agricultores y pescadores. No debían de ser tan buenas las medidas, cuando ahora, en una situación parecida, vuelven a proponer medidas adicionales. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que las medidas
no fueron nada exitosas, porque vuelven a pedirse otras nuevas.
Acabo diciéndoles a SS.SS. que el Gobierno va a tomar medidas para ayudar a estos sectores, y que el marco de esas medidas se contiene en la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, la cual incluye un
estudio serio y riguroso, y mandata al Gobierno que aplique una serie de medidas que contengan una modificación del IRPF, del IVA, etcétera. Consideramos que esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista amplía y mejora el régimen de ayudas, y
por eso les hemos propuesto que la consideren como sustitución.
En cualquier caso, no tengan dudas de que los sectores recibirán ayudas; las ayudas que apruebe en su momento el Gobierno socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida no es partidaria en general de las reformas fiscales parciales como forma de resolver problemas derivados de la coyuntura económica, ni tampoco considera que las cotizaciones a la Seguridad Social sean terreno de
compensación para mejorar las cuentas de resultados. Estas son precisamente las cuestiones que constituyen el núcleo de las propuestas que presenta el Grupo Popular en relación con el gasóleo agrario, y, por tanto, difícilmente pueden ser apoyadas
por Izquierda Unida.
Ahora bien, no nos cabe duda de que las dificultades de los agricultores, derivadas del aumento del precio del petróleo, son crecientes, y difícilmente puede considerarse la situación como algo coyuntural. Las últimas subidas del precio del
petróleo hacen necesarias medidas inmediatas para evitar que esta situación eleve los costes de producción de los agricultores y disminuya consiguientemente, de este modo, la renta agraria. En este sentido, impulsar las mesas de diálogo y
seguimiento de los precios del gasóleo B y empezar a reflexionar sobre posibles soluciones de fondo es una necesidad urgente, a nuestro juicio.
El precio ha subido, desde enero de este año, un 22 por ciento, provocando el aumento de costes señalado. Una cantidad que, como puede observarse, no es repercutible en precios, y que se ha venido a sumar a las dificultades del sector
durante los últimos años. Las organizaciones agrarias vienen demandando la rebaja del impuesto de hidrocarburos, y casi una tercera parte del precio del gasóleo puede ser modulado por los impuestos de este tipo. Ahora bien, la modificación de este
impuesto es una medida estructural que debe tomarse con cuidado, con una evaluación seria de la funcionalidad del impuesto, no tanto desde la perspectiva recaudatoria sino más bien desde la perspectiva de la eficiencia energética, un terreno
en el que hemos avanzado poco durante los últimos años. Nuestra opinión es que aunque la moción no contenga las respuestas, tampoco parece prudente dejar las cosas como están. No sólo no parece coyuntural la situación, no sólo hay especulación en
el aumento de precios, dificultades de capacidad instalada y dificultades del entorno político sino que el daño del ejercicio lleva a considerar la situación como muy grave. Un tercio del precio del gasóleo tiene origen fiscal, lo que supone una
presión fiscal bastante difícil de soportar para un sector en crisis. Desde hace años, las organizaciones agrarias vienen señalando que el gasóleo no es un combustible para desplazamiento u ocio sino un gasóleo específico para herramientas. Nos
parece que no debería descartarse de plano una reflexión sobre esta cuestión y mantener con los afectados el diálogo adecuado sobre la utilidad de una exención del impuesto de hidrocarburos o de cambios en el impuesto de minoristas, incluso llegando
a un IVA reducido. También deben procurarse medidas en cuanto a la distribución, como es la venta de gasóleo por los propios agricultores a través de sus cooperativas en el contexto de un análisis riguroso de la eficiencia energética del sector.
El debate sobre la fiscalidad agraria no es baladí. El 34,95 por ciento del precio final del gasóleo agrario corresponde a impuestos, repartidos entre el impuesto especial de hidrocarburos, el impuesto sobre venta a minorista y el IVA. En
ese sentido, abogar por el reconocimiento de un gasóleo agrícola profesional ajeno a cualesquiera factores externos que puedan repercutir en su precio destinado al uso exclusivo agrario y dotado de determinados beneficios fiscales no es una locura
aunque haya que tomarse la medida con cautela. El Ministerio de Hacienda ingresó de agricultores y pescadores un total de 942,14 millones de euros provenientes de estos tres impuestos. La subida de los carburantes está acelerando el proceso de
reconversión que padece el sector productor de alimentos. La subida del gasóleo es uno de los principales factores coadyuvantes en el proceso de retirada de profesionales agrarios, lo cual repercute negativamente en la cantidad y calidad de los
alimentos que se producen y acelera el abandono de la población que habita las zonas rurales.
Han faltado reflejos y capacidad de diálogo con el sector, como revelan algunas de las movilizaciones existentes, pero tampoco hemos visto en el Gobierno la iniciativa necesaria en un asunto de esta importancia. La ministra de Agricultura
se comprometió a la constitución de una mesa interministerial, con la participación de las organizaciones profesionales agrarias, sin embargo, la cuestión se agrava y no se han avanzado compromisos ni respuestas. Por otra parte, desde Economía se
ofrecen falsos argumentos para bloquear cualquier iniciativa que favorezca la aparición de un gasóleo profesional agrario como el que existe en otros Estados de la Unión Europea, porque la Unión Europea da margen para reducir la fiscalidad del
gasóleo agrario en contra de lo declarado por el propio ministro Solbes que, como ustedes saben, fue comisario de Economía hasta hace unos meses. Nos parece bien, por tanto, la intención de la enmienda del Grupo Socialista, aunque sólo sea por el
anuncio de diálogo con los sectores afectados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco se va a abstener en la votación de esta moción del Grupo Popular porque, tradicionalmente, cuando votamos aspectos relativos a la fiscalidad así lo solemos hacer. No obstante, me gustaría señalar algunas cuestiones.
La moción que plantea el Grupo Popular es, en principio, acertada porque el impacto que tiene la subida de los precios del petróleo en los sectores agrario, pesquero y de transporte es realmente importante. En ese sentido, son medidas que
van en una buena dirección, pero que no se han analizado de una forma suficientemente sosegada puesto que el Grupo Popular acepta una enmienda de Convergència i Unió que propone otra serie de medidas que sin mayor cuestionamiento el Grupo Popular
añade. No se trata tanto de añadir medidas y medidas que vayan en una dirección adecuada, que muchas de ellas lo son, como la rebaja de la imposición directa, IRPF, impuesto de sociedades, el Plan Renove o algunas medidas referentes a las
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Pensamos que se debe hacer con cierto análisis y con cierta reflexión, conociendo cuál es el impacto real que la subida de los carburantes ha producido en estos sectores de manera que las medidas
que se implementen para solventar esta cuestión sean mucho más acertadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la moción que hoy nos presenta el Grupo Popular se refiere a los sectores profesionales afectados por la escalada de precios del petróleo, sectores como el agrícola, el ganadero o el pesquero, que en los últimos
meses sufren una crisis de precios y un incremento de los costes de la producción, cosa que está convirtiendo su actividad en insostenible. Estos sectores están sufriendo una competencia desleal
de la producción exportada de otros países y unos márgenes comerciales abusivos, que sumados al aumento del coste de las herramientas básicas para el mantenimiento de su productividad hacen muy difícil la viabilidad de su producción. Esto,
señorías, se agrava en algunos sectores agrarios y ganaderos que venden su producción a unos precios que muchas veces ni tan siquiera cubren los costes de producción. Por eso, en Esquerra Republicana creemos en la necesidad de que exista un gasóleo
profesional, que, como ocurre ya en otros países de la Unión Europea, debería estar exento de los impuestos indirectos especiales a los hidrocarburos y con un IVA reducido del 7 por ciento. En este sentido, ya les avanzo, señoras y señores
diputados, que nuestro grupo presentará una proposición no de ley para la creación de este gasóleo profesional.
Por último, en relación con las enmiendas presentadas...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón, lo siento de verdad, y más a estas horas. (Pausa.)
Por favor, guarden silencio. El señor diputado tiene todavía un tiempo para presentar sus puntos de vista. (Rumores.)
Guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Les decía que nuestro grupo presentará una proposición no de ley para la creación de este gasóleo profesional.
Por lo que se refiere a las enmiendas que se han defendido esta noche aquí, recogemos el compromiso del Grupo Socialista recogido en la enmienda que ha presentado. Nos gustan mucho los dos puntos que han propuesto, en el sentido de buscar
los costes que están repercutiendo en el sector, que sería un dato muy importante a tener en cuenta, y de buscar el diálogo con todos los sectores afectados para encontrar soluciones al problema. Estos dos puntos son importantísimos y deberían
llevarse a cabo lo antes posible.
Como ya les he informado, no vamos a votar a favor de esta moción del Grupo Popular, porque creemos que la solución básica para este problema es presentar de una vez por todas un gasóleo profesional exento de impuestos indirectos y con un
IVA del 7 por ciento.
Gracias, señor presidente por su benevolencia. Espero que en otra ocasión no me toque el último, porque, si no, es imposible hablar en este hemiciclo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: No le falta a usted razón. (Rumores.)
Señorías, ocupen sus escaños.
Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Habrá dos votaciones. En primer lugar, votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, sobre el acercamiento de todas las personas
privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 30; en contra, 277.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno parar minimizar el impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la escalada de precios del
petróleo. Se ha presentado una enmienda transaccional.
¿Algún grupo se opone? (Pausa.)
Si no es así, se procede a la votación en los términos establecidos por la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el texto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 135; en contra, 161; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión hasta mañana a las dieciséis horas, que tengan buena noche.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.