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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 35, de 29/09/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 35
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 31
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 1495)
Preguntas ... (Página 1495)
Interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen. (Número de expediente 172/000040.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la escalada de precios del petróleo.
(Número de expediente
172/000041.) ... (Página 1529)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 1495)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué compromisos ha adoptado su Gobierno, en relación con la
Cumbre contra el Hambre celebrada en Nueva York? (Número de expediente 180/000265.) ... (Página 1495)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué otras supuestas propuestas de regeneración democrática como la que afecta al Consejo General del Poder
Judicial va a presentar el Gobierno? (Número de expediente 180/000268.) ... (Página 1496)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa la Vicepresidenta atender las peticiones que le
han realizado siete Comunidades Autónomas en relación con la financiación sanitaria, inmigración e investigación biomédica? (Número de expediente 180/000269.) ... (Página 1498)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que el Gobierno está
generando confianza? (Número de expediente 180/000270.) ... (Página 1499)
Del Diputado don Agustí Cerdá i Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Considera el Ministerio de Exteriores que el valenciano y la lengua
catalana son la misma lengua? (Número de expediente 180/000242.) ... (Página 1500)
Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿En qué ciudad española se va a celebrar la Cumbre Iberoamericana de 2005? (Número
de expediente 180/000272) ... (Página 1501)
Del Diputado don Jorge Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Es cierto que el Gobierno de España pretende relajar las medidas aprobadas por la
Unión Europea en junio de 2003 en defensa de los derechos humanos de la disidencia y los presos de conciencia en Cuba? (Número de expediente 180/000273.) ... (Página 1502)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cuáles son, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las
razones que aconsejan una 'Alianza de civilizaciones' como estrategia en la lucha contra el terrorismo internacional? (Número de expediente 180/000279.) ... (Página 1503)
Del Diputado don Francesc Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Piensa el Gobierno impulsar el traspaso a la Generalitat de Catalunya de funciones y
servicios en materia de becas y ayudas al estudio, dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de septiembre de 2001? (Número de expediente 180/000267) ... (Página 1504)
Del Diputado don Jordi Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué calendario se ha propuesto el Gobierno para avanzar hacia la gratuidad de los
libros de texto? (Número de expediente 180/000277.) ... (Página 1505)
De la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuáles son las líneas generales del Proyecto de Presupuesto del Ministerio de Educación
y Ciencia para el año 2005? (Número de expediente 180/000284.) ... (Página 1506)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuáles son las líneas generales del Proyecto de Presupuesto del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio para el año 2005? (Número de expediente 180/000282.) ... (Página 1507)
Del Diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué aspectos del actual régimen de la tasa láctea tiene previsto revisar el
Gobierno? (Número de expediente 180/000280.) ... (Página 1508)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son los criterios que sigue el Ministerio de Medio Ambiente para autorizar eventos musicales en
zonas de playas? (Número de expediente 180/000263.) ... (Página 1509)
Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son los problemas y el horizonte temporal de la ejecución de las obras, ya iniciadas, para que Ferrol
cuente con estación depuradora de aguas residuales (EDAR)? (Número de expediente 180/000264.) ... (Página 1510)
De la Diputada doña M.ª Angels Ramón-llin Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son los motivos por los que se ha producido el cese de distintos altos cargos en
el Ministerio de Medio Ambiente? (Número de expediente 180/000276.) ... (Página 1512)
De la Diputada doña Montserrat Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son las líneas generales del Proyecto de Presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente para el año 2005? (Número de expediente 180/000281.) ... (Página 1513)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cuándo y en qué términos piensa cumplir el Gobierno el mandato consignado por la Disposición
Transitoria V del Estatuto de Autonomía de Gernika, transfiriendo la gestión del régimen económico de la Seguridad Social mediante la suscripción del correspondiente Convenio? (Número de expediente 180/000266.) ... (Página
1514)
De la Diputada doña M.ª Ángeles Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Puede el Ministro precisar los requisitos necesarios para acogerse al proceso de
regularización transitorio que ha anunciado el Gobierno? (Número de expediente 180/000274.) ... (Página 1515)
De la Diputada doña Soraya Sáez de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cómo valora el Gobierno el 'efecto llamada' que ha generado su anuncio de
regularización de inmigrantes? (Número de expediente 180/000275.) ... (Página 1516)
De la Diputada doña Margarita Pin Arboledas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Puede explicar el Gobierno cuál será el incremento de las pensiones en el año 2005?
(Número de expediente 180/000285) ... (Página 1517)
De la Diputada doña M.ª Josefa Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué aumento de pensiones tendrán el año 2005 las personas con discapacidad? (Número
de expediente 180/000286.) ... (Página 1518)
De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cuáles son las diferencias entre la revalorización de pensiones para 2005 y las de
ejercicios anteriores? (Número de expediente 180/000287.) ... (Página 1519)
Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuáles son las líneas generales del Proyecto de Presupuesto del Ministerio de Justicia para el año
2005? (Número de expediente 180/000283.) ...
(Página 1520)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué avances se han producido en las
negociaciones que el Gobierno, tanto en España como en Bruselas, está manteniendo en relación con el futuro de los astilleros públicos españoles? (Número de expediente 180/000271.) ... (Página 1521)
Interpelaciones urgentes ... (Página 1523)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen ... (Página 1523)
La señora Lasagabaster Olazábal presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, y manifiesta que, aunque en realidad debería haber sido contestada por el ministro del Interior, se alegra de que lo haga el ministro
de Justicia, porque su grupo siempre ha mantenido que Instituciones Penitenciarias debería estar en Justicia. Es consciente de que no va a obtener un voto afirmativo en la subsiguiente moción, pero también es consciente de que debe hacerse esta
reflexión en esta nueva legislatura, porque el objetivo en sí mismo es muy importante, es el centro neurálgico de la obligación de todo poder de reeducar y reinsertar socialmente a cualquier persona privada de libertad y, en menor medida, pero
también importante, por la propia y posible conveniencia política para el conflicto que tenemos. Afirma que Eusko Alkartasuna siempre se opuso a la política de alejamiento y dispersión y siempre persiguió el objetivo de la reeducación y la
reinserción social en toda política penitenciaria y piden en su interpelación que los presos cumplan su condena cerca del entorno social y familiar, que es lo que dice toda la doctrina penitenciaria europea más moderna y progresista.
Contesta el señor ministro de Justicia (López Aguilar), en nombre del Gobierno, y dice que no es la primera vez que se trae a la Cámara un debate sobre la cuestión de fondo que subyace legítimamente en la interpelación, que es una
preocupación en torno a los fundamentos y a los rendimientos de la política que ha venido siendo aplicada en un aspecto muy delicado de la política antiterrorista por los sucesivos gobiernos de nuestra democracia constitucional a lo largo de los
últimos 15 años, que es la dispersión de los presos de ETA, lo que se traduce en un debate en torno a la compatibilidad con respecto a los mandatos constitucionales del artículo 25 que
orientan las penas privativas de libertad a la consecución de la reeducación y de la reinserción de los penados. El Gobierno comparte las preocupaciones de la interpelante, pero llega a conclusiones distintas que pasa a explicar.
Replica la señora Lasagabaster Olazábal, y duplica el señor ministro de Justicia.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la escalada de precios del petróleo ...
El señor Arias Cañete defiende la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y explica la incidencia que tuvo sobre la economía española el shock petrolífero acaecido hace cuatro años, que afectó
duramente sobre todo a los sectores agrario, pesquero y de transporte. A continuación hace algunas reflexiones sobre la estructura de los precios del petróleo y muestra su preocupación ante la postura del Gobierno que ha presentado un escenario
idílico situando el barril en 33,5 dólares, como uno de los ejes fundamentales de la fiabilidad de su cuadro macroeconómico. Considera, por el contrario, que se está ante una situación similar a la del año 2000, que incide muy negativamente en la
agricultura, la pesca y el transporte, porque estos sectores no tienen capacidad de trasladar sus costes a los precios que reciben, e insta al Gobierno a sentarse en una mesa de negociación con ellos para llegar a acuerdos. Finalmente pregunta por
las actuaciones urgentes que va a adoptar el Gobierno, así como por las actuaciones que a medio y largo plazo está dispuesto a poner en marcha para disminuir la incidencia de la subida petrolífera en los sectores antes mencionados.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno. Considera necesario para entrar en el debate de la interpelación ponerse de acuerdo en cuanto al problema y a las
cifras. Está de acuerdo en las comparaciones efectuadas por el interpelante entre el año 2003 y el actual y también sobre el 2000 y la situación actual. Explica que en dólares nominales es verdad que el incremento ha sido de un 50 por ciento en lo
que va de año y hemos superado el máximo histórico del año 1991, pero si se analiza el tema en términos reales la situación es muy distinta. De hecho los precios en términos reales están por debajo claramente del precio medio alcanzado en el año
1980 durante la segunda crisis energética, por lo tanto, añade, hay que analizar estos temas sin alarmismo. Termina afirmando que el Gobierno está estudiando el impacto real, está viendo cuáles son las medidas posibles y, evidentemente, si es
necesario, tomará las medidas necesarias si considera que esa decisión está justificada en función de la situación.
Replica el señor Arias Cañete, y duplica el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Antes de empezar la sesión de control al Gobierno, quisiera introducir una modificación del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del
orden del día de la presente sesión del punto número 37, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para paliar, a corto y
medio plazo, el déficit de infraestructuras que padece Catalunya, mediante la presentación de un 'Plan Catalunya de Infraestructuras'. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del
punto de referencia.
PREGUNTAS.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ COMPROMISOS HA ADOPTADO SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA
CUMBRE CONTRA EL HAMBRE CELEBRADA EN NUEVA YORK? (Número de expediente 180/000265.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar, las dirigidas al señor
presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Gaspar Llamazares Trigo. (Rumores.)
Por favor, guarden silencio.
Señor diputado.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente del Gobierno, ha estado usted recientemente en la cumbre contra el Hambre, un gesto importante. Nos gustaría conocer qué compromisos adquiere el Gobierno en relación con la lucha contra el
hambre, en concreto, en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Llamazares. Tal y como me había comprometido con la ciudadanía, España pasó a formar parte del quinteto conocido como Alianza contra el Hambre, junto con Chile, Francia, Brasil y Naciones Unidas.
Recientemente, como usted
recordaba, se celebró en Naciones Unidas una importante reunión que concluyó con un manifiesto político suscrito por más de 113 países que ha de representar un importante elemento de movilización en el mundo ante lo que representa una situación
lamentable que, desde luego, no permitirá cumplir los objetivos marcados por la cumbre del Milenio de, en el año 2015, reducir a la mitad las personas que sufren la pobreza. El compromiso singular que el Gobierno tiene en referencia a lo que usted
pregunta es muy claro: llegar en los próximos cuatro años, en esta legislatura, al 0,5 por ciento del PIB, y estoy seguro de que este objetivo es compartido por la inmensa mayoría de la Cámara. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, estamos en tiempos de gestos -nosotros los valoramos, no menospreciamos los gestos-, pero estamos sobre todo en tiempo de presupuestos y, por tanto, lo importante en estos momentos es cumplir los
compromisos adquiridos. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario ve en los presupuestos para el próximo año demasiada continuidad y un tímido cambio; demasiada continuidad de las políticas económicas, fiscales y laborales -políticas que no nos
gustan- y un tímido cambio en las políticas sociales y de solidaridad. Y digo tímido, señor presidente, porque frente a la cumbre de Monterrey, donde la propuesta era llegar al 0,5 por ciento pero ya en el año 2006 alcanzar el 0,33 por ciento del
producto interior bruto, sin embargo, en el proyecto de presupuestos para el próximo año todavía estamos lejos de ese objetivo. Nosotros creemos que es necesario adelantar los cambios en las políticas y que es necesario, además, intensificar los
giros sociales y solidarios en la política presupuestaria para el próximo año. En ese sentido, nos da la impresión de que en el próximo presupuesto debería ser más incisiva la política presupuestaria para que al menos llegásemos al 0,3 por ciento
del producto interior bruto, en 2005, dedicado a cooperación al desarrollo; que se revisen los créditos FAD, que son créditos que más que a los intereses de los países en desarrollo a veces responden a los intereses de los países donantes; y, por
otra parte, que se aborde de forma decidida la condonación de la deuda externa a los países subdesarrollados o a los países que sufren el hambre y la pobreza, y que se condene a cambio de inversiones en los servicios públicos, en la educación, en la
sanidad. Estas son las propuestas de nuestro grupo parlamentario y nos da la impresión de que todavía el proyecto de presupuestos se queda en una posición a medio camino entre el cambio necesario y la continuidad de políticas ya caducas.
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Llamazares. Ya sabe que me gustan los cambios tranquilos, también en lo que afecta a la política presupuestaria, y he de reiterarle cuál es el compromiso de nuestro Gobierno. Tengo el convencimiento y la voluntad política de
que el presupuesto que va a debatir y a aprobar esta Cámara va a representar un importante aumento en la ayuda a la cooperación al desarrollo, y sé que para esta tarea -estoy convencido- vamos a contar con el apoyo de su grupo. Además, quiero
decirle que estamos decididamente implicados en realizar operaciones de canje de deuda por iniciativas de desarrollo social, especialmente en educación primaria; que España va a propiciar, tanto en Naciones Unidas como en el Banco Mundial y en el
Fondo Monetario Internacional, una política de supresión concertada de deuda, y que estamos integrados en el grupo técnico del quinteto contra el hambre para propiciar nuevos instrumentos.
Créame, señoría, que el compromiso de este Gobierno es
firme de contribuir decididamente a la cooperación y a la victoria, frente a la pobreza y ante el hambre. Aunque a algunos les parezca ingenuo, no es el caso de S.S. y se lo agradezco. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ OTRAS SUPUESTAS PROPUESTAS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
COMO LA QUE AFECTA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL VA A PRESENTAR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000268.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, usted se comprometió -usted- en su programa electoral, entre otras muchas propuestas, a elegir al director general de Radiotelevisión Española y al presidente de la Agencia Efe por una mayoría cualificada de dos
tercios del Congreso, a renunciar al monopolio del Gobierno -leo su programa- en el nombramiento de sus miembros directivos de los organismos reguladores, y cita la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. Señor presidente, usted mintió. (Rumores y protestas.) De todo esto no cumplió nada, hizo exactamente lo contrario de lo que dice su programa electoral.
Y sin embargo, ni en su programa electoral ni en su discurso de
investidura figuraba propuesta alguna de reforma en relación con el sistema de elección de las vacantes judiciales por el Consejo General del Poder Judicial. También aquí mintió, usted ocultó la verdad. Y esto no es un cambio tranquilo, como usted
acaba de decir. Usted rompió las normas de juego que regían desde que existe el Consejo General del Poder Judicial, lo hizo por puros intereses partidistas (Rumores.) y nos engañó a todos. Yo le pregunto, señor presidente: ¿Para qué sirve su
programa y para qué sirve su palabra? Respóndame. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Me gusta el cambio tranquilo, el Gobierno tranquilo y, por experiencia, también le puedo decir que es bueno una oposición tranquila.
(Risas.-Aplausos.)
En relación con la pregunta le diré, señor Rajoy, que el proyecto de ley que el Gobierno va a remitir a esta Cámara responde a un conjunto de iniciativas para revitalizar la democracia. Algunas ya se han producido como, por ejemplo, que el
envío de tropas sea votado por el Parlamento (Rumores.), que es lo que tenía que haber hecho antes; por ejemplo, que ahora el Parlamento no tenga que verse en la situación de debatir una ley de acompañamiento de los presupuestos que se convirtió en
el mecanismo de falta de transparencia; o, por ejemplo, el hecho de que el Grupo Socialista haya renunciado a hacer preguntas al presidente del Gobierno en este trámite. Hay nuevas iniciativas en marcha. En este periodo de sesiones vamos a
remitir una ley para la reforma de la normativa de altos cargos -para mayor transparencia-, una ley de publicidad institucional para acabar con la propaganda y garantizar la objetividad y, a principios de año, la reforma de los medios públicos de
comunicación que, como sabe su señoría, está pendiente del informe del consejo que está realizando esta tarea. Por tanto, sí, en efecto, esta es una medida más de revitalización de la democracia, señor Rajoy. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Yo también estoy a favor de una oposición tranquila, pero, señor presidente, darle una patada al tablero, a las reglas de juego, es una posición antidemocrática y cualquier cosa menos tranquila (Rumores.), y eso lo ha hecho usted, señor
presidente del Gobierno. (Un señor diputado: ¡Mentira!) Después de la respuesta que me ha dado, no me queda otra cosa que reafirmarme en las palabras que dije antes. De momento su palabra no vale nada. (Rumores.) Usted mintió en todo, usted no
dijo la verdad, pero le podemos dar una oportunidad. ¿Por qué el señor vicepresidente segundo del Gobierno ha anunciado que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores será el señor Conte? Hemos presentado una proposición no de
ley de acuerdo con su programa electoral para que sea nombrado por la Cámara. ¿Acepta usted que se nombre de esa forma al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o no lo acepta? Señor presidente, esas son las cosas a las que
tiene que responder y no hablarme de la propaganda, en lo cual posiblemente no usted, sino sus asesores, es en lo único que han dado una cierta lección desgraciadamente muy triste al conjunto de la ciudadanía. Pero un presidente del Gobierno no se
debe quedar ni en la palabra ni en la propaganda. Su programa electoral no lo está cumpliendo, está haciendo cosas que no figuran en su programa electoral y, por razones puramente partidistas, está cometiendo usted... (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, lo lamento, su tiempo ha terminado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, le recuerdo que todos los grupos, todos menos el suyo, han apoyado esta reforma. Una mayoría agravada para la elección de magistrados del Supremo y de presidentes de tribunales superiores de Justicia de las comunidades
autónomas es reforzar la legitimidad y la independencia (Un señor diputado:
¡Es mentira!); tres quintos para los magistrados del Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Seguridad Nuclear y dos tercios para los consejos de Radio y Televisión Española. Señor Rajoy, sinceramente estoy deseando que
pueda usted incorporarse y darle la bienvenida a la tarea colectiva de revitalizar la democracia. (Risas.) Y para ello muy sinceramente le tengo que decir que espero que le vaya muy bien este fin de semana.
Gracias. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA LA VICEPRESIDENTA ATENDER LAS PETICIONES QUE LE HAN
REALIZADO SIETE COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA FINANCIACIÓN SANITARIA, INMIGRACIÓN E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA? (Número de expediente 180/000269.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno del diputado don Ángel Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ¿piensa atender la petición que le han realizado siete comunidades autónomas en relación con la financiación sanitaria, la inmigración y la investigación sanitaria? (Un señor diputado: ¿Por qué no lo hicisteis
vosotros? Lo pedirán por eso.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Señoría, este Gobierno se ocupa de los problemas de los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, y lo hace a través de las instituciones.
(Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor ACEBES PANIAGUA: Como siempre, usted no me ha contestado a lo que yo le he preguntado. (Rumores.) En fin, seguiremos así.
Si hay un tema que preocupa a todos los ciudadanos, al menos en eso estaremos de acuerdo, es la salud. Dado el modelo de descentralización de competencias, es absolutamente indispensable el diálogo y la colaboración entre el Gobierno de la
nación y las comunidades autónomas, más aun cuando hay problemas serios que resolver (Un señor diputado: ¡Si no van a las reuniones!), como es la financiación suficiente, la atención sanitaria a los inmigrantes o la investigación médica que, como
usted bien sabe, no son cuestiones menores. Sin embargo, el Gobierno de la nación ni los está abordando ni ofrece soluciones desde el diálogo entre las administraciones y el sector sanitario. Es por eso por lo que siete comunidades autónomas se
han dirigido a la vicepresidenta denunciando la grave situación que está provocando esa falta de diálogo por parte del Gobierno y sus negativas repercusiones. Ayer el señor Maragall les pedía algo parecido. Le acusan de que en las reuniones no
abordan los temas prioritarios y de interés para los ciudadanos y sólo se ocupan de banalidades, ni siquiera cumplen los acuerdos sobre el orden del día que tienen acordados por unanimidad. Es duro. Les acusan de vulneración de los principios de
mutua confianza y de lealtad institucional. Les dicen, con acierto, que el Gobierno sólo pretende escenificar un diálogo irreal y ficticio y que los ciudadanos merecen algo más que simple palabrería sin contenido y sin soluciones alternativas. Y
esto es tremendo para el Gobierno del talante.
Dada su acreditada eficacia y la del presidente del Gobierno para descoordinar al Gobierno -eso sí, con una gran precisión- y dado que hablamos de sanidad con amplio espectro porque están descoordinados todos los miembros del Gobierno, le
pregunto si tiene intención de proporcionar esta entrevista para que al menos los presidentes de comunidades autónomas intenten coordinarles a ustedes, o si el talante y el diálogo sólo incluía el derecho a la foto y ningún contenido. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Lamento tener que insistir, señor Acebes, pero veo que usted está cada día más perdido. (Risas.) No asistir al Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud no es la mejor forma de ocuparse de los problemas sanitarios de los ciudadanos.
Abandonar las instituciones es una irresponsabilidad, sobre todo cuando se gobierna, señor Acebes. Más aún, aducir para ello que asuntos como el síndrome agudo respiratorio o la política farmacéutica no son lo bastante importantes para que asistan
sus consejeros es grave. Y más aún,
que asuntos tan relevantes para la salud de los ciudadanos como estos que acabo de mencionar sean una banalidad, como han dicho sus consejeros (por cierto, señorías, banalidad con uve), (Risas.) Todo esto no sólo es una irresponsabilidad
sino, además, una frivolidad, y eso que el señor Rajoy dice que lo que más les importa es que la gente piense que ustedes son serios. En este caso, ni lo han parecido ni lo han sido. Usted y sus consejeros deberían saber muy bien que los problemas
de financiación sanitaria del modelo que ustedes impusieron han de resolverse en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dejen de utilizar e instrumentalizar las instituciones con fines partidarios, señor Acebes, y más donde
gobiernan, que tienen que gobernar para los ciudadanos. Las comunidades autónomas, señor Acebes, no son lanzaderas desde donde atacar al Gobierno. Usted siempre tan belicoso. (Rumores.) Sean más serios y más responsables. No estaría mal, señor
Acebes, que usted y sus consejeros -que forman parte de gobiernos al parecer responsables- dediquen un poquito, sólo un poquito de tiempo a resolver los problemas de los ciudadanos. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA
QUE EL GOBIERNO ESTÁ GENERANDO CONFIANZA? (Número de expediente 180/000270.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta del diputado don Eduardo Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Doy por reproducida la formulación de la pregunta. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Para que lo sepan SS.SS, efectivamente, los ciudadanos confían -por cierto, cada vez más- en un Gobierno que
cumple sus compromisos, resuelve sus problemas y no engaña. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor diputado.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, la confianza es muy difícil de conseguir, pero es muy fácil de perder. (Risas.) Cierto es, señora vicepresidenta, que ustedes no llegaron precisamente por la confianza que generaban a la responsabilidad de gobierno y,
en este sentido, es verdad que no pueden perder lo que no tenían entonces, pero no por ello es menos grave el deterioro de la confianza que se está produciendo en nuestro país. Para empezar, no tienen confianza ni en ustedes mismos. Usted se ha
convertido o ha pasado a ser la portavoz de aclaraciones y rectificaciones del Gobierno. Fíjese, señoría, que no sabemos cuál es su modelo de Estado, pero sí sabemos que lo quieren cambiar. El señor Maragall dice que quiere codecidir y nadie,
absolutamente nadie del Gobierno, le dice que la soberanía nacional no es divisible.
En materia de justicia, el señor presidente del Gobierno no le ha podido contestar hace un momento al señor Rajoy porque lo único que han pretendido e intentan conseguir es manipular y someter a la justicia.
(Protestas.) Los españoles, en
estos momentos, están contemplando atónitos cómo después de treinta años de sufrimiento terrorista la solución está en la igualdad de sexos, y en el debate presupuestario que nos acompaña el propio presidente del Gobierno ha dicho en esta Cámara que
no se podrá cumplir el escenario de crecimiento, aunque luego haya sido corregido por su ministro de Economía, después de que distinguidos dirigentes del grupo parlamentario hablaran de un inexorable empobrecimiento de la economía española sin que
hayan sido desautorizados. Esto es todos los días, señoría; esto es un lío permanente y, además, en estos momentos mienten y faltan a la verdad diciendo que están, a través de los presupuestos, subiendo la partida de gasto social. No es verdad y
saben que no están diciendo la verdad a los españoles. (Rumores.)
Hasta ahora, señoría, hemos pensado que el Gobierno no tenía programa; hasta ahora hemos pensado que ustedes tenían contradicciones internas.
Estoy empezando a pensar que sí saben lo que quieren hacer, que sí tienen programa, el de un
gobierno radical basado en el sectarismo por encima de todo. (Aplausos.-Grandes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Para lío, señor Zaplana, mire usted a Galicia.
El apoyo amplio y creciente de los ciudadanos a las políticas del Gobierno no tiene nada que ver con la percepción que tiene usted de la realidad, es evidente, pero es lo que les viene pasando a ustedes desde hace bastante tiempo y ¿saben
por qué? Porque no saben escuchar a la gente. No se enteran ni parecen querer enterarse y esa falta de sintonía les ha llevado a perder la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. ¿Saben por qué los ciudadanos confían en este Gobierno?
Porque cumplimos nuestros compromisos (Risas.-Aplausos.), porque trabajamos para solucionar los problemas vitales de su vida y porque no mentimos, no engañamos, señor Zaplana. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. Se pueden hacer exclamaciones, pero no tan fuertes. Guarden silencio. (Pausa.)
No se preocupe, señora vicepresidenta, que usted va a recuperar el tiempo.
(Rumores.)
Por favor, modérense.
Continúe, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
Y además, señoría, porque confiamos en ellos, les escuchamos y les respetamos. La confianza y el respeto usted sabe, señor Zaplana, que deben ser mutuos y este Gobierno pone en práctica ambas cosas cada día.
Es evidente que ustedes y nosotros somos distintos. (Rumores.) Nosotros nunca vamos a hacer lo que ustedes hicieron, nunca vamos a decir que existían armas de destrucción masiva donde no las había, nunca vamos a decir que había hilillos
donde había una catástrofe ecológica sin precedentes. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Continúe, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.
La diferencia es evidente, está clara, señor Zaplana, y el resultado también. Ese resultado, señor Zaplana, ¿sabe cuál es? Pues que los ciudadanos en estos momentos a usted no le comprarían ni un coche de segunda mano.
(Risas.-Aplausos.-Rumores.)
- DEL DIPUTADO DON AGUSTÍ CERDÁ I ARGENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN: ¿CONSIDERA EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES QUE EL VALENCIANO Y LA LENGUA
CATALANA SON LA MISMA LENGUA? (Número de expediente 180/000242.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores del diputado don Agustí Cerdá.
Señor diputado, su turno.
El señor CERDÁ I ARGENT: (El señor diputado formula la pregunta en catalán.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, el espacio lingüístico al que se refiere S.S. comparte, como sabe, normas sintácticas comunes: las normas de Castelló, de 1932. A partir de esa afirmación, lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación hizo ante la
Unión Europea fue simplemente trasladar el contenido de los estatutos de autonomía de las comunidades de Cataluña, Valencia e Islas Baleares.
El señor PRESIDENTE: Señor Cerdá.
El señor CERDÁ I ARGENT: Señor ministro, no sabe cómo me alegra el reconocimiento que ha hecho usted en esta Cámara de la unidad de la lengua catalana. Es una obviedad para la mayoría, menos para unos cuantos que tienen intereses políticos
en reconocer lo contrario; y al mismo tiempo es una obviedad, igual que la tierra es redonda o que da vueltas alrededor del sol. Este no es el problema, como usted y yo sabemos; si no, estaría haciéndole la pregunta a la ministra de Cultura. El
problema es que para definir una lengua en un texto jurídico internacional se usa una doble denominación: catalán/valenciano, y no existe precedente.
Sabemos que hay lenguas que se denominan de manera diferente; por ejemplo, neerlandés, holandés
y flamenco son tres denominaciones para una única lengua. Sin embargo, cuando se escribe en un texto jurídico sólo una definición es la que consta. En nuestro caso, la única denominación que tiene reconocimiento internacional es la de catalán o
lengua catalana. Eso es lo que pedimos, ni más ni menos. Ustedes no aceptarían de ninguna manera que en un texto jurídico de carácter internacional, como ese del que estamos hablando, hubiera una denominación que dijera castellano/español. No nos
pidan a nosotros que aceptemos lo que ustedes jamás aceptarían. Esa misma denominación podría ser una buena solución, por ejemplo, para reformar el Estatuto de Autonomía del País Valenciano: valenciano/catalán, o al revés; igualmente, Comunidad
Valenciana/País Valenciano. De esta manera, terminaríamos con un conflicto histórico e histérico, que ya dura demasiado tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente; gracias, señoría.
Como saben, el objetivo de este Gobierno, tras el discurso de investidura del presidente del Gobierno y recogiendo incluso una propuesta de su grupo, fue hacer todo lo posible para extender el máximo reconocimiento en la Unión Europea de las
lenguas cooficiales españolas. De esa manera, se consiguió por primera vez romper un tabú e incluir un artículo en el futuro tratado de la Unión Europea en el que se abre la posibilidad de ampliar el reconocimiento de las lenguas cooficiales del
Estado español.
Con ese espíritu, el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores están trabajando para alcanzar ese objetivo. Le puedo decir que la voluntad de este Gobierno y de este ministerio es la de conseguir el mayor consenso posible. No
puede usted ignorar que cuanto más unidos vayamos a Europa y a Bruselas mejores resultados tendremos. El objetivo de este Gobierno es precisamente la reforma del Reglamento lingüístico de 1958. Por tanto, aumentará proporcionalmente nuestra
capacidad de influencia en Bruselas si logramos establecer unas reglas y una actitud comunes. Sabemos que quedan por resolver dos temas fundamentales: el estándar de la interpretación, en lo que el ministerio no es el más adecuado para entrar en
ello y en lo que lingüistas y otras personalidades, como usted ha referido -academias o institutos-, pueden ayudar al Gobierno a encontrar la fórmula adecuada, y el elemento de la traducción, que no plantea excesivos problemas. A partir de ahí, yo
pediría a esta Cámara, a los grupos y a los portavoces políticos, el apoyo y sostén del ejercicio que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores quieren llevar a cabo.
Queremos...
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, lo lamento.
- DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿EN QUÉ CIUDAD ESPAÑOLA SE VA A CELEBRAR LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE 2005?
(Número de expediente 180/000272.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores del diputado don Gonzalo Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿en qué ciudad española se va a celebrar la cumbre Iberoamericana de 2005?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Como sabe S.S., la cumbre de San José, que se celebrará del 19 al 20 de noviembre, decidirá el lugar y la fecha de la 15.ª cumbre, que se celebrará en España. Por el momento no hay una ciudad decidida por parte del Gobierno español. En el
momento oportuno se anunciará cuál será la ciudad española que acogerá esa cumbre.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el día 6 de septiembre, en la reunión que mantuvo usted con los embajadores, en la tercera cumbre de embajadores, dijo literalmente: Con el horizonte puesto en la cumbre Iberoamericana 2005 de Sevilla, etcétera. No
solamente usted lo citó y se lo comunicó a los embajadores sino que además el Ministerio de Asuntos Exteriores lo ha colgado de su página web y uno puede leer en el discurso oficial que el ministro pronunció exactamente la confirmación de que será
en la ciudad de Sevilla.
Estará usted conmigo, señor ministro, en que hasta ahora, cuando se escucha a un ministro de un Gobierno no en un sitio informal sino formalmente en una reunión de embajadores y además uno puede ir a la página web del ministerio y ver que
dice la ciudad de Sevilla, lo normal era entender eso como una decisión del Gobierno y una forma de comunicarlo por parte de cualquier Gobierno democrático. Bien es cierto, señor ministro, que últimamente no sabemos si lo que tenemos es un Gobierno
o un grupo de reflexión, y parece ser que, de nuevo, lo que ha dicho el señor ministro no es una decisión del Gobierno sino una reflexión en voz alta nada más y nada menos que ante los embajadores de España y en la página web del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Señor ministro, normalmente no se toman reflexiones sobre las acciones del Gobierno sino que se toman decisiones. Eso fue exactamente lo que hizo el anterior Gobierno. Como usted bien sabe, en la cumbre de
Santa Cruz de la Sierra, el presidente del Gobierno, en nombre de Su Majestad el Rey, solicitó la cumbre para nuestro país, que fue concedida porque en ese momento se celebrará el trigésimo aniversario de la proclamación de Su Majestad el
Rey. Nada más llegar a España, el alcalde de Salamanca se puso en marcha y solicitó que fuera en la ciudad de Salamanca. El presidente del Gobierno encargó una serie de informes y se comunicó no solamente por parte de la Secretaría de Estado sino
también por el propio presidente del Gobierno. Eso es una acción de Gobierno que ustedes van a cambiar. Están en su derecho a hacerlo, pero explíquennos por qué van a cambiar esa decisión. Señor ministro, no hagan un agravio más a la ciudad y a
la provincia de Salamanca porque ustedes saben que en este momento están preparando algo que es profundamente ofensivo y agraviante para Salamanca cuando tanto la ciudad como la provincia reúnen todas las condiciones para que se celebre allí la
cumbre Iberoamericana.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, como antes he señalado, la decisión no está tomada precisamente respetando lo que son las cumbres y las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno. Como usted bien ha indicado, en la última cumbre en Santa Cruz, Bolivia, el
presidente del Gobierno y sobre todo Su Majestad el Rey de España señaló que dado que el próximo año 2005 se cumplirá el trigésimo aniversario de su proclamación deseaba contar con la celebración de la cumbre iberoamericana en España. A partir de
ahí, deje que Su Majestad el Rey anuncie -y lo anunciará en la próxima cumbre de San José- en qué lugar se celebrará la futura cumbre Iberoamericana en España.
Le diré que todas las opciones están abiertas. Es cierto que en mi intervención ante los embajadores estaba valorando las capacidades de las distintas ciudades españolas y una posibilidad era la ciudad de Sevilla, pero la ciudad de
Salamanca reúne todas las condiciones y todas las capacidades, como usted ha subrayado en su intervención, para celebrar la cumbre. Lo importante es que todas las ciudades españolas del territorio nacional -y Salamanca también- reciban el mismo
apoyo y tengan las mismas posibilidades. Ese es el empeño del Gobierno de España y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que todas las ciudades en las distintas cumbres sean capaces de recibir y de acoger citas importantes históricas como será, sin
duda alguna, la próxima cumbre Iberoamericana.
Gracias.
- DEL DIPUTADO DON JORGE MORAGAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿ES CIERTO QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE RELAJAR LAS MEDIDAS APROBADAS POR LA UNIÓN EUROPEA
EN JUNIO DE 2003 EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA DISIDENCIA Y LOS PRESOS DE CONCIENCIA EN CUBA? (Número de expediente 180/000273.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Asuntos Exteriores del diputado don Jorge Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, hace un año el régimen dictatorial de Fidel Castro procedió a detener arbitrariamente, como no podía ser de otro modo, a 75 disidentes cubanos entre los cuales se encontraban políticos del proyecto
Varela -que apoya mi partido y hasta ahora pensaba que también lo apoyaba el Partido Socialista-, periodistas, poetas...En definitiva, 75 seres humanos fueron detenidos de forma arbitraria y sometidos a juicio sumarísimo y a penas de más de 20 años
de cárcel. La reacción de la comunidad internacional fue firme y rápida. En concreto, la Unión Europea adoptó una serie de medidas en junio de 2003 sobre las cuales me gustaría destacar una, aquella que hace referencia a la obligación de las
embajadas comunitarias de invitar a los disidentes internos a las fiestas nacionales de los respectivos países y les recuerdo que el 12 de octubre, fiesta nacional de España, se encuentra a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, y después de sus
declaraciones en Nueva York tras entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores cubano, al que espero que haya exigido la inmediata liberación de todos los presos de conciencia en Cuba, me permito preguntarle, con todos los respetos hacia su
escalafón, experiencia y talante, si es cierto que el Gobierno de España pretende relajar las medidas adoptadas por la Unión Europea en junio de 2003 en defensa de los derechos humanos, de la disidencia y de los presos de conciencia en Cuba.
Gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno quiere hacer una defensa eficaz, eficaz, de los derechos humanos en un marco de normalización de las relaciones con Cuba, cosa que desgraciadamente el Gobierno del Partido Popular no hizo porque su resultado, su balance,
después de casi
llegar a la ruptura entre Cuba y España, no modificó ni mejoró la situación de los presos y de los disidentes en Cuba.
El señor PRESIDENTE: Señor Moragas, adelante.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, lamento profundamente que no esté diciendo la verdad porque en un tema de derechos humanos que, como sabe usted, es derecho erga omnes, hay que contestar a las preguntas y esa respuesta elude la
verdad. Le consta a nuestro partido -que sigue teniendo amigos en Europa, tanto en el corazón como en la cabeza de Europa- que la posición del Gobierno de España está enfrentándose a la posición y al compromiso firme de países como Alemania, Reino
Unido, Francia, República Checa y otros, que se oponen a sus pretensiones de relajar esas medidas y ese compromiso europeo en defensa de los derechos humanos. Por tanto, le pido, con todos los respetos, que el Gobierno de España, y en su nombre el
ministro de Asuntos Exteriores, no se quede solo en este tema ante la Unión Europea y no sacrifique la agenda latinoamericana europea en donde España siempre ha tenido la voz con más crédito. No traicione el compromiso español y el
compromiso...(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado, su tiempo concluyó.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señoría, ponía énfasis en la eficacia y desde luego la medida que se adoptó, es verdad, a iniciativa del Gobierno español en el año 2003, de invitar a los disidentes a las fiestas nacionales se ha revelado como el peor instrumento para
mejorar su situación y la de los presos de conciencia. Eso lo dicen los propios disidentes y los propios presos de conciencia. Me remito a las cifras. ¿Cuántas liberaciones se han producido en este período? Las últimas liberaciones tuvieron
lugar precisamente después de la llegada del Gobierno socialista y después de iniciarse un proceso de normalización exigente con el Gobierno y las autoridades cubanas. Es verdad, estamos elevando una reflexión a nivel europeo porque todo el mundo
se da cuenta de que esa medida irracional no va a ningún sitio, porque si ustedes quieren penalizar al régimen de Cuba lo que hacen es traer a los embajadores, pero no se puede tener a los embajadores congelados. El embajador es un instrumento de
diálogo, de cooperación, de exigencia y, por tanto, de reclamación de derechos. Por consiguiente, nosotros vamos a seguir exigiendo, pero vamos a intentar hacerlo dentro de un marco de diálogo con las autoridades cubanas, y para ello vamos a
reflexionar y obtener, en consenso con la Unión Europea, una posición común. En definitiva, lo que está en juego es el proceso de normalidad con Cuba, pero sobre todo la democratización y la mejora de los presos de conciencia en Cuba.
Yo sí he pedido a mi colega cubano la liberación de todos los presos de conciencia porque tenemos la misma preocupación o más que todos ustedes por la democratización y los derechos humanos. La diferencia es que nosotros lo vamos a
conseguir y ustedes no. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿CUÁLES SON, A JUICIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, LAS RAZONES QUE
ACONSEJAN UNA 'ALIANZA DE CIVILIZACIONES' COMO ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/000279.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Rafael Estrella al señor ministro de Asuntos Exteriores. Señor diputado, tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor ministro, nuestro grupo no se resigna a que venza el discurso del miedo o el discurso del odio, a que nuestro futuro lo definan los extremistas, sean moros o cristianos, prediquen desde las mezquitas o
prediquen desde las universidades. Eso es lo que hace para nosotros relevante la intervención del presidente del Gobierno el otro día en la Asamblea de Naciones Unidas, la idea de una alianza de civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo
árabe y musulmán para atacar en común el odio y las raíces de que se alimentan, para evitar que se sigan levantando nuevos muros de odio e incomprensión que no combaten el terrorismo eficazmente y que, al contrario, lo alimentan, y uno se pregunta
legítimamente: ¿Y encima se piden medallas por eso?
No es sólo un soplo de aire fresco, es una alternativa comprometida, una propuesta de acciones específicas y estratégicas que yo espero encuentren eco el fin de semana que viene en el congreso del Partido Popular. Es una alternativa que
sólo deja fuera a quienes predican la guerra usurpando valores, a quienes predican la violencia, a quienes están usurpando culturas, ideas y valores en nombre de todos nosotros, a quienes se ufanan de ganar la guerra y luego, cuando pierden la paz,
desbarran y dicen tonterías, dicen cosas que no tienen ni siquiera el menor rigor intelectual, por no hablar de
la menor credibilidad política. La alianza de civilizaciones, para mi grupo, señor ministro, es todo lo contrario a la yihad contra el infiel o a la cruzada, de la que se hablaba en Washington al mismo tiempo que en Nueva York se estaba
hablando de este encuentro de civilizaciones, esa yihad o esa cruzada contra el moro que van en contra de los intereses de España.
Por eso la pregunta sobre las razones que aconsejan poner en marcha este impulso, esa nueva estrategia de alianza de civilizaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Señor presidente, señoría, le agradezco infinitamente esta pregunta, porque el debate sobre la intervención del presidente del Gobierno en Nueva York, que ha
suscitado una enorme polémica, exigiría de una manera específica dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores una reflexión conjunta.
La intervención y la propuesta del presidente del Gobierno van más allá de una simple fórmula coyuntural en un foro tan importante y esencial como es Naciones Unidas. Le puedo señalar, señoría, que inmediatamente después de hacer la
propuesta tanto la Secretaría General y el propio secretario general de Naciones Unidas como la gran mayoría de los asistentes a la Asamblea General de Naciones Unidas mostraron su enorme interés y su gran satisfacción por la propuesta llevada a
cabo por el presidente del Gobierno. Coincido con S.S. en señalar que, después del 11 de septiembre, hemos asistido a una deriva grave y perniciosa, hemos asistido a esa profecía que nos llevaba a considerar que sólo el conflicto de civilizaciones
podría ser la realidad del futuro y, sin embargo, yo creo que todo gobierno responsable y todo gobierno occidental responsable tiene que enfrentarse con nuevas medidas, nuevas propuestas, para hacer frente a este conflicto de civilizaciones. De ahí
que el presidente del Gobierno, el Gobierno de España está dispuesto a proponer, ya lo ha hecho en la Secretaría General en Naciones Unidas, la creación de un grupo de alto nivel para incorporar, dentro de lo que va a ser el discurso y los objetivos
del milenio, el aspecto y la dimensión cultural del diálogo entre civilizaciones. Además, nuestro Gobierno llevará a la Unión Europea y a otros ámbitos esta propuesta. Más que para tertulias y discusiones de café, la propuesta exige reflexión
seria porque el futuro, el gran desafío que tiene España, que tiene occidente es una nueva relación, una relación estratégica con el mundo árabe e islámico.
Gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON FRANCESC CANET COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO IMPULSAR EL TRASPASO A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE BECAS Y
AYUDAS AL ESTUDIO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001?(Número de expediente 180/000267.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora ministra de Educación y Ciencia. Del diputado don Francesc Canet, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Señor diputado.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente. (El señor diputado formula su pregunta en catalán.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
El Gobierno está trabajando en la elaboración de una propuesta que dé cumplimiento a la sentencia de 20 de septiembre de 2001. Como parte de esa propuesta deberá analizarse en los próximos meses un borrador de nuevo real decreto de becas en
la Comisión General de Educación de la Conferencia sectorial. Este real decreto debe recoger el reparto de competencias en esta materia que sea conforme con la citada sentencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señora ministra.
Aceptamos su explicación pero debo recordarle que el problema viene de muy lejos y la solución no puede demorarse demasiados meses. La Generalitat de Catalunya recurrió ante el Tribunal Constitucional en defensa de sus competencias contra
las órdenes del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994 y de 30 de junio de 1997, de convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general para los cursos 1994-1995 y 1997-1998 respectivamente. En los conflictos la
Generalitat reclamaba que se le reconocieran competencias en los ámbitos de la ordenación y gestión de las becas, pero también que se territorializaran los créditos presupuestarios correspondientes. El 23 de septiembre de 1998 la Comisión Mixta
Estado-Generalitat aprobó un acuerdo de bases para efectuar el traspaso en materia de becas y ayudas al exterior de tipo universitario.
El apartado 2 supeditaba la fecha
de la efectividad del traspaso a la entrada en vigor de reales decretos que debían modificar la normativa vigente. En el año 2003 la Generalitat presentó al Ministerio de Educación y Ciencia una propuesta de acuerdo en el que se
especificaban las funciones y servicios que quedarían traspasados a la Generalitat, las que se reservaría el Estado y finalmente las funciones en las cuales deberían concurrir las dos administraciones. Si bien las dos administraciones llegaron a
intercambiarse diversas propuestas de real decreto, lo cierto es que nunca se llegó a aprobar ninguno. Hemos de recordar, pues, como usted ha dicho, que el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 20 de septiembre de 2001, aceptó buena parte
de las reivindicaciones de la Generalitat, pero todavía seguimos sin que se hayan hecho efectivas. Por tanto, señora ministra, era pertinente la pregunta con el nuevo Gobierno para saber si había la intención de hacerla efectiva con rapidez.
También debemos ir un poco más allá y plantear el segundo desacuerdo que antes le he comentado y sea ello hecho sin la más mínima acritud. Según datos del propio Ministerio de Educación y Ciencia el porcentaje de becas universitarias que
recibe Cataluña de la Administración del Estado ha ido disminuyendo en los últimos años de manera alarmante. Así, en el curso 1995-1996, el gasto del Estado en becas en Cataluña representaba el 10 por ciento del total. En el curso 2002-2003, esta
cifra se situaba ya en torno solamente al 8,64 por ciento. Si tenemos en cuenta que también, según datos del propio Ministerio de Educación y Ciencia, la población universitaria en Cataluña, el curso 2002-2003, representaba más del 14 por ciento
del total estatal, se comprenderá que no podamos dejar de manifestar nuestro desacuerdo y que pidamos una solución que territorialice en algún grado al menos...
El señor PRESIDENTE: Termino su tiempo, señor diputado. Lo siento.
Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Su señoría nos ha recordado cuál es la historia de este asunto pendiente del traspaso de competencias en materia de becas. Por supuesto este Gobierno no puede arreglar el pasado y sí trabajar para intentar resolverlo en el futuro.
Todavía en 2004 permanece vigente el Real Decreto de 1983, por el que se regula el sistema de becas y ayudas al estudio de carácter personalizado.
Este reglamento ha dado cobertura a todas las órdenes aprobadas por el ministerio desde el
curso de 1984. La adecuación a la sentencia que usted menciona exigiría la modificación inexcusable de una serie de artículos del reglamento. Si a ello sumamos las necesarias adaptaciones de un texto que tiene ya 21 años de antigüedad parece
conveniente, más que la modificación, la aprobación de un nuevo real decreto. En estas décadas ha evolucionado el sistema educativo, el número y la diversidad de los alumnos, pero España no ha modificado la política de becas que debe atender a las
necesidades de esos estudiantes. Por tanto, en los próximos meses debemos plantear un nuevo real decreto que necesita contar con el máximo consenso posible por parte de las comunidades autónomas.
El objetivo compartido por todas las administraciones es garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Para ello se busca remover los obstáculos de orden socioeconómico que en cualquier lugar impidan o dificulten el acceso
o la continuidad de los estudios. En consecuencia, el ministerio está trabajando para poder presentar una propuesta en la conferencia sectorial en los próximos meses, como le he dicho. El objetivo es alcanzar un acuerdo que afectaría a las
convocatorias de becas y ayudas para el curso 2005-2006.
Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JORDI VILAJOANA ROVIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ CALENDARIO SE HA PROPUESTO EL GOBIERNO PARA AVANZAR HACIA LA GRATUIDAD DE LOS
LIBROS DE TEXTO? (Número de expediente 180/000277.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación, de don Jordi Vilajoana, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, hace unas semanas surgieron dos noticias, en una primera, no sé si de su ministerio o del ministerio de Cultura, salía la idea de que iban a eliminar los descuentos en los libros de texto; al día siguiente hubo una
rectificación diciendo que no lo eliminaban pero que entraban en un proceso de gratuidad de los mismos. Nos llenó de satisfacción esta voluntad, pero nos preocupó que en este curso los descuentos siguieran vigentes, cuando es una cosa a la que
ustedes se opusieron y nosotros también.
Lo que me gustaría preguntarle, señora ministra, es qué calendario se ha propuesto el Gobierno para avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto.
El señor PRESIDENTE: La señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Con mucho gusto reitero a S.S. el compromiso adquirido por el Gobierno para alcanzar antes de terminar esta legislatura un acuerdo con las comunidades autónomas sobre el modelo de gratuidad a aplicar, por ejemplo el de préstamo de libros,
como ocurre ya en algunas comunidades autónomas, la financiación de dicho modelo y su implantación progresiva en todo el territorio.
Muchas gracias.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora ministra, me preocupa un hecho, que mantengamos el descuento en los libros de texto en esta legislatura ya que, repito, cuando el Partido Popular en junio de 2002, basado en un decreto-ley sobre
liberalización del comercio, lanzó esta teórica ventaja de los descuentos en los libros de texto, ustedes, la señora vicepresidenta, señora Chacón, hizo una defensa denunciando el error de este hecho, defensa que yo reafirmo plenamente y en la que
me pongo a su lado. ¿Por qué? En primer lugar, porque a largo plazo usted sabe muy bien que las grandes superficies utilizan el libro de texto en el mes de septiembre como reclamo para colocar otros productos y en el conjunto, bajo la apariencia
de grandes descuentos, están mejorando de una forma muy clara sus ventas; en segundo lugar, porque -además se ha visto en otros países- esto provoca problemas en un sector muy importante para la cultura, que es el de las librerías y también las
pequeñas editoras.
Adelante con la gratuidad pero, señora ministra, hemos de avanzar en este proceso, y en este sentido yo le sugiero que, de acuerdo con las comunidades autónomas, nos planteemos a corto plazo ir hacia esta gratuidad mediante un mecanismo que
se ha aplicado en otros países y que funciona muy bien, que respeta los derechos de los padres, de las familias, y también de las librerías, que es el cheque ayuda de texto.
¿Por qué no empezamos a avanzar? Incluso nos gustaría que en este
presupuesto hubiera algo en esta línea de forma que los padres tuvieran una ayuda clara en esta línea debido al coste muy alto del libro de texto; que pudiéramos también resolver un problema serio, importante, que puede acabar con una red de
librerías en España que en muchas poblaciones es la infraestructura cultural más importante que tenemos; además, acabemos también con una cierta falacia porque resulta que bajo el teórico descuento del libro de texto estamos potenciando un tipo de
comercio que está cubriendo objetivos absolutamente ajenos a lo que sería la cultura y la educación.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Su señoría y yo estaremos de acuerdo en que el objetivo prioritario para las familias y para el sistema educativo estaba recogido en el enunciado de su pregunta. Lo que de verdad preocupa a las familias es que hablemos acerca del compromiso
para alcanzar la gratuidad de los libros de texto.
Su señoría sabe que la política de becas y ayudas es una prioridad de este Gobierno, como ha puesto de manifiesto en los últimos meses, especialmente con la decisión tomada por el Consejo de
Ministros del 14 de mayo de 2004. En materia de becas y ayudas, el Gobierno ha marcado una clara senda de expansión en todos los programas, eso sí, concediendo prioridad a las ayudas dirigidas a las familias de menor renta. Creo que estaremos de
acuerdo en que esta decisión era la más urgente por su importancia social y educativa. Una vez abordado ese objetivo prioritario, hemos iniciado conversaciones y estudios de otras reformas que sin duda será necesario abordar en los próximos meses y
años.
En relación con su pregunta acerca del presupuesto dedicado a este tema, le informo que el Gobierno ha elevado el gasto destinado a ayudas para libros en los niveles obligatorios en un 15,23 por ciento para el curso 2004-2005. En total se
van a dedicar casi 65 millones de euros a este fin, unos 1.050 millones de pesetas. Algunas comunidades autónomas, no todas, en uso de sus competencias, aportan otras ayudas que en conjunto alcanzan un volumen similar al que acabo de mencionar.
Hay que destacar que en los últimos años algunas comunidades autónomas, siguiendo modelos de otros países que S.S. ha mencionado, como es el caso alemán, han realizado un esfuerzo notable para alcanzar distintos modelos de gratuidad de libros de
texto. Destaca en este sentido, en primer lugar, Castilla-La Mancha con un modelo de préstamo y se está incorporando gradualmente a la gratuidad también la Comunidad Autónoma de Aragón.
Otras comunidades ofrecen ayudas complementarias a las del
ministerio con otras modalidades. Debemos, pues, poner sobre la mesa los esfuerzos de las distintas comunidades autónomas, respetar las competencias respectivas y acordar entre todos el calendario, el modelo y la financiación...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra, su tiempo concluyó.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MONTSERRAT PALMA I MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA EL AÑO 2005? (Número de expediente 180/000284.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia de la diputada doña Montserrat Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, después de conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2005, por fin podremos ver cómo la necesaria prioridad que en nuestra sociedad hay que dar a la educación, a la investigación, al desarrollo
tecnológico y a la innovación pasará a ser un hecho. Para los socialistas, en la sociedad del conocimiento, en un contexto social cambiante que requiere renovados y mejorados planteamientos para la generación y transmisión del conocimiento, la
educación es el primer factor de desarrollo individual, de progreso colectivo y de bienestar social. Para ello es necesario -y lo ha dicho usted en sede parlamentaria muchas veces- extenderla a todos los ciudadanos en condiciones de calidad y de
equidad, especialmente de calidad con equidad.
En nuestro país durante los últimos años el gasto público en educación y en investigación ha sido desgraciadamente insuficiente, irrelevante y no prioritario. Ello nos ha alejado de los países de nuestro entorno. Hay que recordar que el
gasto público en educación ha descendido en los últimos años cerca de 3.000 millones de euros, y no lo dice el Grupo Socialista, lo dice un informe del Consejo Escolar del Estado. El gasto público en educación se ha estancado en el 4,5 por ciento
del PIB desde 1998 y, recientemente, datos de la OCDE nos demuestran cómo estamos muy por debajo de la media, una media que se sitúa en gasto total en el 6,2, siendo la de España el 4,9 por ciento. En educación superior no estamos mejor, destinamos
el 0,9 por ciento del PIB frente a la media de la Unión Europea del 1,4 por ciento. Las becas disminuyeron progresivamente. La cuantía de las becas Erasmus estaba congelada desde el año 2002, al igual que las becas Séneca de movilidad entre
universidades españolas. Y si en la Unión Europea la media de becarios en los estudiantes universitarios es del 40 por ciento, en España no alcanza el 15 por ciento. En investigación tampoco estamos mejor. Por ello, ante la intención del Gobierno
de corregir progresivamente esta situación y ante el primer proyecto de presupuestos, le preguntamos cuáles son las líneas generales del proyecto de presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia para el año 2005.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
El Gobierno apuesta decididamente por la educación y la investigación como motores de nuestro desarrollo económico y social. Para ello, en el proyecto de ley de presupuestos la cuantía asignada al Ministerio de Educación y Ciencia actual
crece un 7,9 por ciento para aumentar la cohesión social e impulsar la mejora de la productividad. Este crecimiento global es el resultado de los aumentos que se producen en algunos programas que hemos considerado prioritarios. Voy a destacar
algún ejemplo.
Su señoría conoce muy bien la importancia que la política de becas tiene para el Gobierno. En el esfuerzo por profundizar en la consecución de la igualdad de oportunidades entre los estudiantes en todos los niveles educativos, el
presupuesto inicial de 2005 en materia de becas y ayudas crece un 10,5 por ciento respecto al año 2004, un aumento de 86 millones hasta llegar a un gasto total de 903 millones de euros, es decir, 150.000 millones de pesetas. Dentro de este mismo
capítulo, la partida que más aumenta es la dedicada a becas y a ayudas de carácter general, que crece un 14,88 por ciento. Este aumento cubrirá el importante crecimiento del número de becarios, así como la mejora de la cuantía de las ayudas para
libros, residencia, transporte, ayuda compensatoria y necesidades educativas especiales. La decisión del Consejo de Ministros de 14 de mayo, que aprobó un crédito extraordinario para becas, también corresponde a una subida del número y cuantía de
las ayudas para adquisición de libros de texto para las familias de menor renta. El crecimiento del gasto en este programa alcanza un 15,2 por ciento, superando ya los 1.050 millones de pesetas dedicados a este fin. En universidades, cabe destacar
el crecimiento de dos programas de movilidad de estudiantes. El programa Erasmus crece un 10 por ciento y el programa Séneca un 28,5 por ciento, dando respuesta a la creciente demanda de movilidad de nuestros estudiantes. Por su parte, el
presupuesto de formación de personal investigador crece un 13,3 por ciento para contribuir a la definición de una carrera investigadora atractiva desde sus primeras fases.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, de verdad que lo siento, pero su tiempo concluyó.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO PARA EL AÑO 2005? (Número de expediente 180/000282.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio de doña Arantza Mendizábal.
Señora diputada.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Esta semana se ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Conocemos por tanto cuáles son las líneas generales, cuáles son sus objetivos, el incremento de productividad mediante una mejora en la
competencia y una mejora en la regulación, conocemos el compromiso con la estabilidad presupuestaria y también el compromiso con la transparencia, pero en esta legislatura tenemos una novedad y es que ha vuelto a resurgir algo que nunca tenía que
haber desaparecido, que es el Ministerio de Industria. Además, vemos que las prioridades dentro de estos presupuestos generales son precisamente la recuperación del sector industrial y la innovación y el desarrollo. Por tanto, para que esta Cámara
tuviera más información y dado que nos hemos quedado en las líneas generales, señor ministro, nos gustaría conocer cuáles son esas líneas generales del proyecto de presupuestos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el año 2005.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el año 2005, según el proyecto de ley que el Consejo de Ministros ha remitido al Parlamento para su tramitación, da la mayor importancia, y por tanto mayor
dotación, a las políticas de investigación, desarrollo e innovación industrial, que absorben el 43,4 por ciento del presupuesto consolidado para 2005. Con esto, señorías, estamos dando cumplimiento a uno de nuestros grandes compromisos con el
electorado y con el Parlamento y que es bien conocido por todos ustedes: incrementar de manera considerable la inversión que el Gobierno español realiza en I+D+I.
Señoría, crecen sustancialmente las transferencias de capital del programa de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, también se incrementan las del programa de innovación tecnológica de las telecomunicaciones y las del
programa de investigación y desarrollo tecnológico e industrial. Las aportaciones reembolsables a empresas, dentro de este programa, que figuran en el capítulo 8, ascienden para 2005 a más de 307 millones de euros, un 37,2 por ciento más de lo
presupuestado en 2004, clara demostración del objetivo del Gobierno de facilitar la financiación de los proyectos de inversión promovidos fundamentalmente por las pequeñas y medianas empresas. Además, se incrementará la aportación al CDTI para el
apoyo a proyectos de I+D+I, dentro del capítulo 8, lo que también permitirá al centro reforzar la financiación de proyectos, así como su actividad de creación de empresas de base tecnológica. En el marco de las políticas de desarrollo de la
sociedad de la información, señoría, son destacables incrementos considerables en los programas como Artepyme, el desarrollo de la administración electrónica, en el marco del programa de ciudades digitales, el programa de alfabetización digital, que
como S.S. sabe se enmarca en nuestro objetivo de lucha contra la brecha digital o el incremento de las partidas en la estrategia de banda ancha.
La segunda gran política, por su peso dentro del ministerio, es la de industria y energía, que representa el 26,8 por ciento del presupuesto para 2005. Cabe destacar incrementos importantes de determinados programas, como el de desarrollo
industrial o el de reconversión y reindustrialización. En el programa de desarrollo industrial, señoría, se recoge por primera vez una partida dedicada al análisis y seguimiento de sectores industriales tradicionales, como el textil, el químico, el
de automoción o el de componentes del automóvil, el de bienes de equipo y el de material eléctrico y electrónico, sectores elegidos por sus problemas de empleo o por su repercusión en el PIB. En materia energética, el presupuesto es una muestra de
la voluntad del Gobierno de atender determinados compromisos que vienen de antiguo, pero que asumimos como propios.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, se acabó su tiempo. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ ASPECTOS DEL ACTUAL RÉGIMEN DE LA TASA LÁCTEA TIENE PREVISTO REVISAR EL
GOBIERNO? (Número de expediente 180/000280.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación del diputado don Alejandro Alonso.
Señor diputado tiene la palabra.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, una de las últimas decisiones que tomó el anterior Gobierno del Partido Popular fue la aprobación del decreto por el que se regulaba la tasa láctea en España, una norma necesaria para regular el mercado lechero en nuestro
país. El decreto fue entonces la respuesta a una serie de movilizaciones habidas por la bajada de los precios, originadas fundamentalmente por la poca transparencia del mercado lechero. No me duelen prendas en reconocer que el decreto ha permitido
eliminar la figura del intermediario comprador de leche, que a juicio prácticamente de todo el mundo era el origen de la mayor parte del fraude detectado en el sector lácteo. El decreto también introdujo algunos aspectos positivos en relación con
el control de ganaderos, industriales, compradores, etcétera, pero no cabe duda de que es un decreto que tiene importantes carencias y, por tanto, a juicio de la mayoría de los responsables del sector, es necesaria una actualización y, en algunos
casos, su revisión.
Las carencias, que han sido señaladas por comunidades autónomas y por el sector, se fijan básicamente, en primer lugar, en que el Gobierno anterior, en su afán de quitar competencias a las comunidades autónomas, atribuyó todas -las de
gestión, control, liquidación y recaudación- al Fondo español de garantía agraria, olvidándose de que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería. De ahí que haya dos conflictos de competencias
planteados en el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, el decreto establece una carga burocrática que pesa de forma excesiva sobre los ganaderos y, específicamente, sobre las pequeñas explotaciones, y tampoco es correcto el sistema de
compensación sobre las cantidades de cuota no utilizadas.
Por tanto, creemos que el sistema necesita revisarse de forma que no beneficie como ahora a las grandes explotaciones y perjudique a las pequeñas. Asimismo, el Grupo Socialista considera
que habría que introducir algunas mejoras técnicas en este decreto, para evitar que la norma suponga un freno al desarrollo de este sector. Por esto le preguntamos, señora ministra, qué aspectos del actual régimen de tasa láctea tiene previsto
revisar el Gobierno en próximas fechas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, ciertamente es necesario corregir varios aspectos del actual régimen de la tasa láctea para mejorar su funcionamiento, mejoras que no suponen bajo ningún concepto alejarnos del objetivo principal de este régimen, que es velar
por el cumplimiento del sistema. Se van a realizar cambios que se refieren a los aspectos de gestión que usted ha mencionado, con un plan de actuaciones que paso a detallar.
Queremos solucionar algunos problemas surgidos en las relaciones entre este ministerio y las comunidades autónomas provocados por la actual normativa. Con anterioridad, no se había abordado el problema del reparto constitucional de
competencias, generándose un conflicto que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y que dificulta la aplicación del régimen. La intención es que sean las comunidades autónomas las que asuman las competencias de gestión, control y recaudación
de la tasa láctea, por ser las que más eficazmente pueden desarrollar estas tareas.
Así se liberan recursos del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de mejorar la coordinación del sistema, competencia que desarrollará el Fondo español de
garantía agrícola. En julio se inició el proceso. El propósito es concluirlo con un nuevo texto consensuado. Se está trabajando en un primer borrador del nuevo real decreto, que será facilitado a las comunidades y organizaciones representativas
para que hagan las aportaciones que consideren oportunas. Se pretende tener el texto preparado para finales de año, con vistas a su publicación y entrada en vigor el 1 de abril de 2005, coincidiendo con el fin del periodo de la tasa 2004-2005.
Para evitar disfunciones se prevén periodos transitorios que permitan a las comunidades autónomas adaptarse y dotarse de la organización necesaria para asumir sus nuevas competencias.
Asimismo, durante este periodo, el FEGA se adaptará a su nuevo
papel de organismo coordinador de esta materia. Por último, señorías, quiero remarcar que esta reforma del real decreto no afecta al rigor en el control del sistema de cuotas sino que lo refuerza. En definitiva, vamos a velar por el cumplimiento
del régimen de cuotas, que -como SS.SS.
saben- es un sistema apoyado por este Gobierno y por el conjunto del sector.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE SIGUE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA AUTORIZAR EVENTOS MUSICALES
EN ZONAS DE PLAYAS? (Número de expediente 180/000263.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente, que formula don Paulino Rivero.
Señor diputado.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en la playa de las Vistas, en la isla de Tenerife, en el archipiélago canario, se celebró durante seis años consecutivos uno de los eventos músico-culturales más importantes de Europa, con trascendencia en el mundo, que
congregaba a más de 250.00 personas cada año, el llamado Festival Son Latino. Este año tuvo que ser suspendido por un informe negativo de la demarcación territorial de Costas. ¿Qué criterio sigue el Ministerio de Medio Ambiente para autorizar
eventos de estas características en las playas artificiales del Estado español?
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente autoriza solamente aquellas actividades sobre la playa y sobre dominio público hidráulico que sea imprescindible celebrar en esos ámbitos y que en ningún caso causen efectos devastadores, como los que
han causado festivales como los que usted recuerda en su pregunta, pues usted mismo señalaba que se congregaban más de 200.000 personas sobre esa playa. Por tanto, el criterio del ministerio es evitar un daño en el dominio público hidráulico y una
situación de degradación ulterior de nuestras playas.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor RIVERO BAUTE: Señora ministra, Canarias vive fundamentalmente del turismo y se intenta en estos territorios turísticos reforzar las buenas condiciones climáticas de paisajes con eventos de naturaleza cultural, deportiva y musical
que tengan trascendencia en el mundo. Son Latino reunía esas condiciones. Compartimos el criterio de la ministra en el sentido de prohibir todos los eventos en las playas. Podríamos también compartir -y de hecho compartimos- la exigencia de que
determinados eventos tengan las garantías suficientes de respeto al medio ambiente y de respeto a la seguridad y conservación de nuestras costas. Ahora bien, señora ministra, las instituciones canarias no van a permitir más que se tenga dos varas
de medir por parte de los representantes territoriales de Costas. En este caso no se ha actuado con Canarias con objetividad y con equidad. Al tiempo que se prohibía la celebración de este evento en esta playa artificial -por cierto, hay informes
de los servicios del Cabildo de Tenerife y hay informes de la Abogacía del Estado en el sentido de no solamente poder celebrar esos eventos, sino de las garantías del cumplimiento estricto a la normativa en las celebraciones anteriores-, tenemos
ejemplos a lo largo de este último año donde el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido autorizaciones para otros eventos similares en distintas playas de la Península. Queremos objetividad, queremos equidad y desde luego estamos en contra del
sectarismo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en los cinco meses en los que el actual equipo del Ministerio de Medio Ambiente ha estado trabajando no ha habido ninguna doble vara de medir. No puedo valorar, señoría, etapas anteriores obviamente. Sin embargo, quiero decirle
que he comprobado a través de los medios de comunicación que ha habido sin ninguna duda un malentendido, puesto que algunas actuaciones a las que usted puede hacer referencia de conciertos no han recibido autorización de la Dirección General de
Costas simplemente porque no la requerían, ya que para que sea necesaria la autorización de la Dirección General de Costas tiene que haber elementos, la tarima, el escenario, etcétera, dentro de la propia playa. Eso no sucede en alguno de los
eventos a los que quizás usted hacía referencia y, en ese sentido, no han requerido ninguna autorización. Insisto, en el caso concreto que usted me plantea de ese concierto que durante muchos años ha tenido lugar, lo cierto es que sí tenemos
suficiente información sobre el daño que ello ha causado sobre la playa. Señoría, nosotros no queremos tener el menor sectarismo. El criterio es ese. Le insisto que cuando no hay tarimas, ni elementos que se coloquen en la propia playa
simplemente no hay que solicitar la autorización de Costas porque el evento no se realiza, en sus elementos movibles, sobre la playa. Otra tema es que celebrándose el concierto fuera de la playa pueda bajar gente a la misma, pero desde el punto de
vista del proceso de autorización le aseguro que no hemos cometido ningún sectarismo, y si no es así, me agradaría muchísimo que usted me lo explicara.
Gracias.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS Y EL HORIZONTE TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, YA INICIADAS, PARA QUE FERROL
CUENTE CON ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)? (Número de expediente 180/000264.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente del diputado don Francisco Rodríguez.
Señor diputado.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la obra del sistema general de saneamiento de la ría de Ferrol es fundamental para la riqueza pesquera, marisquera y para la salubridad en un ecosistema privilegiado. El Bloque Nacionalista Galego desde que está presente en
este Congreso de los Diputados ha trabajado insistentemente para que se asumiese su construcción de una vez por todas, sobre todo teniendo en cuenta que somos una comarca de más de 100.000 habitantes que vierte todas sus aguas residuales al mar, y
tratándose de una obra de interés general, que sabe usted que tenía que estar acabada entre los años 2000-2002, el horizonte temporal se sitúa en el año 2008. Este sistema general de saneamiento tiene cuatro proyectos: la EDAR propiamente dicha,
el cruce e impulsión de A Cabana, el emisario submarino entre A Malata y Prioriño y el emisario marino, con horizontes temporales en 2006 y en 2008. Nos gustaría que hoy nos pudiese usted decir cuáles son los problemas, si existe alguno, y el
horizonte temporal de la ejecución de las obras ya iniciadas para que Ferrol cuente con estación depuradora de aguas residuales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, efectivamente, la obra a la que usted se refiere formaba parte del Plan nacional de depuración y saneamiento firmado con las comunidades autónomas el año 1995. Hace mucho tiempo que esta obra fue declarada de interés general del
Estado por lo tanto, pero las diferentes partes de la misma, como usted muy bien ha señalado, están en distintos momentos de tramitación. Puedo decirle que en estos momentos nos hemos concentrado en hacer avanzar rápidamente la estación depuradora
de aguas residuales de cabo Prioriño, porque ésa era una actuación que estaba pendiente de declaración de impacto ambiental para iniciar todos los trámites posteriores. En estos momentos ya se ha solicitado la concesión de los recursos del Fondo de
Cohesión, que no pueden solicitarse a Bruselas hasta que no hay una declaración de impacto ambiental. Está pendiente la firma del convenio específico previsto para la ejecución de las obras y, ciertamente, haremos todo lo que esté en nuestras manos
para agilizar los trámites que se van a desarrollar durante el primer semestre del año 2004, pero podemos esperar y confiar en que, a partir de ahí, el plazo de ejecución sea de dos años, señoría.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, sería muy importante llevar a su ánimo que se cumpliesen los plazos y que todo el conjunto del saneamiento estuviera en funcionamiento en el año 2008, es decir, que no hubiese retrasos, porque la situación, como usted ya ha
indicado, es alarmante desde ese punto de vista. En todo caso, nos gustaría que tuviese en cuenta que entre la situación de la estación de impulso de A Cabana y el lugar de cabo Prioriño hay una distancia suficientemente grande como para que todo
el emisario que hay que construir se haga con unas condiciones de seguridad y teniendo en cuenta a todos los afectados, para que no se vuelva a producir otra vez una situación igual que la de A Cabana con la estación de impulso. Por eso, para
nosotros es muy importante que se cumplan los plazos, que se sepa cuándo se van a licitar las obras y que el conjunto empiece a funcionar, si no antes, por lo menos en el año 2008.
Por último, quiero hacerle un ruego porque sé que voy a contar con usted.
En todos los documentos del ministerio, no hay manera de que el nombre de la ciudad figure con corrección. El nombre de la ciudad es Ferrol y vemos que, a pesar de
los múltiples intentos que hacemos para que se corrija, continuamente está resurgiendo el nombre no originario ni legal, ni administrativa ni socialmente. Por lo tanto, recurro también a su ayuda en este aspecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, tomo buena nota de los problemas que me plantea y de las solicitudes, en particular la que tiene que ver con la seguridad de las obras del emisario terrestre entre A Malata y la EDAR de cabo Prioriño.
Conozco la situación que se ha
dado en momentos anteriores. Como usted sabe, esta obra está en ejecución desde septiembre de 2003 y debe finalizar en junio de 2006. Estos son los plazos con los que nos hemos encontrado. Como le decía antes, sabemos que es una obra de
extraordinaria importancia para esa zona, donde se siguen vertiendo aguas residuales no tratadas. También quiero decirle que es en el caso del emisario submarino donde nos hemos encontrado al principio de esta legislatura con una situación más
atrasada. En estos momentos se está terminando el anteproyecto, que es la primera fase de la tramitación para la ejecución de la obra posteriormente. Por lo tanto, además de lo que ya le he comentado para el resto de las obras, en este caso
intentaremos, como usted señala, que todo el conjunto de la actuación pueda terminarse como máximo en el año 2008. Estamos totalmente fuera del cumplimiento de las directivas europeas en materia de tratamiento
de las aguas residuales, que nos hubieran llevado a cumplir los plazos previstos en el Plan nacional de saneamiento para el año 2005, pero en cualquier caso haremos lo posible para agilizarlo. Como verá a continuación, en el proyecto de
presupuestos del ministerio hay un incremento de recursos para la depuración, con carácter general, porque lo consideramos una cuestión prioritaria, señoría.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANGELS RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE HA PRODUCIDO EL CESE DE DISTINTOS ALTOS
CARGOS EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE? (Número de expediente 180/000276.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente de la diputada María Angels Ramón-Llin.
Señora diputada.
La señora RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
La doy por reproducida en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, la legislación vigente, en particular la Lofage y la Ley de incompatibilidades, es la que fija los criterios para el nombramiento y cese de todo alto cargo, para este Gobierno y para cualquier gobierno de España.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
La señora RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ: Gracias.
Señora ministra, su entrada en el ministerio en este sentido ha sido, como vulgarmente se dice, como la de un elefante en una cacharrería, pero, eso sí, con mucho talante, como todo el Gobierno, y, si no, que se lo digan a muchos altos
cargos y fundamentalmente, en muchos casos, a altos funcionarios que ocupaban desde siempre puestos por su valía profesional y sus conocimientos técnicos y no por el color político, que de la noche a la mañana han visto cómo eran cesados, sin
preocuparse por su destino y sin tener un sustituto, que creo que es lo más grave. En el bloque de damnificados por esa política sectaria, dictatorial y antidemocrática estarían los delegados de Costas, sobre todo en la cuenca Mediterránea, que se
encuentran cesados -aunque me dirá que no lo han publicado- sin saber dónde ir y, lo que más nos preocupa, sin tener sustituto. Queremos saber qué se ha conseguido cesando a esos jefes de Costas porque, mientras tanto, ustedes lo que están haciendo
es, más que buscar delegados, buscar vendedores de su producto, de ese producto AGUA en el que nadie cree, y, precisamente, allanando el camino a la hora de llenarnos de desaladoras ese litoral mediterráneo, si es que no ha modificado a día de hoy
el proyecto, y de frenar ese desarrollo turístico de la zona mediterránea. Todo esto, señora ministra, diga lo que diga, supone ese ejercicio de sectarismo que todos estamos viendo, es fruto además de la más absoluta improvisación y demuestra esas
ganas que existen en este momento de destruir más que de construir. Creemos que todo lo que huele a agua de verdad para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería lo eliminan y les da cierta alergia.
Señora ministra, nos parece gravísimo que aunque tengan esa potestad efectivamente, no tengan sustitutos y se dediquen al cese como fórmula de trabajo, y, realmente, señora ministra, conocíamos sus aficiones, conocíamos su afición a posar
sobre pieles de animales, conocíamos su afición por festejar la derogación del trasvase del Ebro, conocemos su afición a engañar respecto al agua y ahora podemos añadir que conocemos también su afición o casi mejor su desdén hacia todo lo que se
encuentra en la Comunidad Valenciana, en el área mediterránea, que suponga su desarrollo y la falta de respeto a los técnicos que siempre han dirigido, gobernara quien gobernara, esas áreas. Su talante en este sentido, señora ministra, y así lo
piensan muchos ciudadanos, es muy reprochable y, sobre todo, constituye usted la ministra de la confusión, que esperemos que no constituya el eje de su acción política.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como le he dicho antes, los nombramientos y ceses de personal de libre designación, como son los jefes de los servicios provinciales de Costas -que no son altos cargos, se lo recuerdo, son personal de libre designación que
mantienen, evidentemente, al ser funcionarios, todo lo que implica su condición- se corresponden con motivos de confianza y con motivos de adecuación a lo que tiene que ser en cada momento la política que se lleva a cabo desde el equipo de dirección
del ministerio. Usted decía antes que los técnicos han hecho la política de Costas. Pues a lo mejor por eso tenemos en estos momentos las costas como las tenemos, señoría. Ciertamente, no solamente hemos cesado al jefe de Costas de Murcia, de
Castellón y de Valencia
-el de Alicante se ha jubilado por su edad-, sino que hemos cesado al jefe de Costas de Baleares y al jefe de Costas de Las Palmas de Gran Canaria, que, como bien saben, están muy acostumbrados a que la desalación no sea esa especie de
monstruo de siete cabezas que ustedes quieren dibujar, cosa que tiene indignados, entre otros, a todos los empresarios del sector de las tecnologías del agua en este país, que no entienden que cuando ustedes gobernaban las desaladoras eran algo
fantástico desde el punto de vista de sus condiciones técnicas y que de repente se hayan convertido en una cosa muy diferente.
Señoría, ya sabemos que ustedes quieren generar confusión en los ciudadanos -lo han hecho a lo largo de los ocho años que han gobernado y creo que la ciudadanía ya les ha contestado en las urnas-, pero nosotros tenemos ahora la
responsabilidad efectivamente de que haya agua en Valencia y en Murcia, la que no hubo con el Gobierno del Partido Popular, que se dedicó exclusivamente a prometer actuaciones que luego no llevó a cabo. Por lo tanto, estamos aquí para resolver
problemas y lo haremos con los mejores de nuestros funcionarios, no le quepa la menor duda, porque son puestos que sólo se cubren con funcionarios, señoría. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MONSERRAT COLLDEFORNS I SOL, DE GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE PARA EL AÑO 2005? (Número de expediente 180/000281.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente de la diputada Monserrat Colldeforns.
Señora diputada.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en su primera comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, usted nos informó de cuáles iban a ser las políticas medioambientales que iba a impulsar a lo largo de esta legislatura.
Alguna de ellas suponía relanzar el
gasto inversor, por ejemplo, las actuaciones relacionadas en el programa agua, dirigidas a solucionar de modo duradero los problemas de déficit hídrico de nuestras cuencas.
Otras, tan importantes como las primeras, quizá no necesitan mucho gasto,
por ejemplo, la reorganización de las administraciones de cuenca o las directrices dadas a los propios trabajadores del ministerio.
Por otro lado, sabemos que el marco de estabilidad aprobado en esta Cámara establece unos límites a las posibilidades de gasto y también sabemos que una de las principales prioridades del actual Gobierno socialista es recuperar los niveles
de protección social que el Gobierno del Partido Popular había reducido considerablemente en el pasado. Todo ello, dibuja un marco estable o, por lo menos, no expansivo en lo que respecta a la política ambiental. Por todo ello, y teniendo en
cuenta este marco, le pregunto: ¿cuáles son las líneas generales del proyecto de presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2005?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.
Ante todo, quiero aclarar que el gasto del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2005 crece realmente un 2,7 por ciento, y no como ha aparecido hoy en algunos cuadros, con un 1,1 de decrecimiento, a los que les falta el pie de página con
la explicación del Ministerio de Economía.
Hay que comparar magnitudes homogéneas. Teniendo en cuenta que la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía se va a producir el 1 de enero del año que viene, hay que
comparar porque en los dos casos sigue el gasto correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Sur. De lo contrario, aparece un decrecimiento que no es tal, pues muchos medios han omitido la parte del cuadro donde se explica que, en realidad,
el ministerio crece un 2,7.
Efectivamente, no es un crecimiento notable porque hemos querido contribuir así a ese incremento del gasto social y en investigación y desarrollo que este Gobierno va a acometer el próximo año, entre otras cosas, porque
el gasto en investigación y desarrollo, que va a estar a cargo de los ministerios de Educación y Ciencia y de Industria, es un gasto dirigido en gran medida a potenciar tecnologías menos contaminantes y energías renovables.
Entrando en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, quiero informar que dentro del capítulo de inversiones del ministerio, tanto del propio ministerio como de organismos autónomos, hay un aumento del gasto para depuración. Las
políticas de calidad del agua crecen en el conjunto del ministerio. En cambio, decrece en infraestructuras de obra hidráulica que, en el caso del programa agua para las cuencas mediterráneas, queda compensado por las partidas existentes en la
sociedad estatal Acuamed. En el resto de partidas del propio ministerio va a haber menos gasto de obra hidráulica convencional respecto al año pasado, respondiendo al objetivo de mayor racionalidad económica y mayor sostenibilidad ambiental que
queremos incluir.
Crecen también las partidas correspondientes al control y prevención del cambio climático y a los capítulos de defensa y conservación de la biodiversidad y de los parques nacionales. Por último, crece la renovación tecnológica en el
Instituto Nacional de Meteorología.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO: ¿CUÁNDO Y EN QUÉ TÉRMINOS PIENSA CUMPLIR EL GOBIERNO EL MANDATO CONSIGNADO POR LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA V DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GERNIKA, TRANSFIRIENDO LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONVENIO? (Número de expediente 180/000266.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del diputado don Emilio Olabarría.
Señor diputado, su turno.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuándo y en qué términos piensa el Gobierno cumplir el mandato consignado en la disposición transitoria V del Estatuto de Autonomía de Gernika en relación con la transferencia al Gobierno vasco de la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, como usted sabe, la Constitución española afirma con claridad que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus
servicios por las comunidades autónomas. De acuerdo con este mandato, el Tribunal Constitucional ha establecido que sólo puede corresponder a las administraciones territoriales el desarrollo de la legislación de Seguridad Social y la ejecución de
servicios de ésta siempre que se respeten los principios básicos en que se asienta el sistema español de Seguridad Social, no se comprometa su unidad económico-patrimonial, permita la aplicación íntegra de la solidaridad financiera del sistema y se
articule sobre la base del principio de igualdad de acceso a las prestaciones. Tengo que decirle, señoría, que, en opinión del Gobierno, el carácter unitario y solidario de nuestro sistema supone no sólo el reconocimiento de la unidad
presupuestaria del sistema -unidad de caja-, sino también el mantenimiento del carácter unitario de los procesos que garantizan esta unidad, procedimientos unitarios de afiliación y alta, pago de cotizaciones, reconocimiento de prestaciones y abono
de prestaciones, que se instrumentan a través de procesos no fragmentables. Por ello, creemos imprescindible que la Seguridad Social mantenga su unidad presupuestaria y el carácter unitario de los procedimientos que la sirven, sin que, en nuestra
opinión, quepan traspasos -se lo digo respetuosamente, pero no caben-, que implicarían el control por parte de una comunidad autónoma de procesos que, entendemos, son indisociables del carácter unitario y solidario del sistema de Seguridad Social y
que transcurren por ámbitos más amplios que cualquier territorio.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco su respuesta, señor ministro, una respuesta provista de una facundia digna de resaltar, pero que en absoluto resulta novedosa como discurso político ni ajustada a los requerimientos constitucionales.
Lo que usted está diciendo, señor ministro, es políticamente muy grave; ustedes están incumpliendo un mandato constitucional desde 1979. Le voy a reproducir el tenor literal de la disposición transitoria V del Estatuto de Autonomía de Gernika: Se
traspasará a la Comunidad Autónoma del País Vasco la gestión económica del régimen financiero de la Seguridad Social.
Nada de lo que usted ha dicho es incompatible con este requerimiento, que es un requerimiento de inconstitucionalidad, y no necesito decirle, porque usted es una persona suficientemente avezada en estas materias, que los preceptos, mandatos
o requerimientos constitucionales no son discriminables, no se pueden aceptar unos y rechazar otros, todos son igualmente imperativos y todos deben ser objeto de atendimiento en sus propios términos imperativos por parte del Gobierno, y todas estas
reflexiones perifrásticas, basadas en una jurisprudencia constitucional, por cierto bastante deletérea y curvilínea, en absoluto empecen el problema fundamental, el problema troncal: que ustedes están incumpliendo un mandato constitucional, mandato
constitucional que exige transferir a la Comunidad Autónoma del País Vasco la gestión económica del régimen financiero de la Seguridad Social en régimen de convenio; es decir, a través del convenio económico, que, en una interpretación auténtica, a
tenor de lo que se puede deducir del 'Diario de Sesiones' del debate parlamentario del estatuto de autonomía, significa algo similar, afín al Concierto Económico para Euskadi. ¿Qué supone eso? Que en régimen de convenio ustedes
deberían transferir la gestión, al margen de lo que usted ha dicho, nada menos que de las entidades gestoras de la Seguridad Social no transferidas. Por ejemplo, la gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la gestión de la
Tesorería General, la gestión de la Dirección de Recaudación e Intervención del sistema público de Seguridad Social y las...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento, pero el tiempo concluyó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, con todos mis respetos, tenemos una diferencia de apreciación. Para nosotros, como le he dicho, el mantenimiento del carácter unitario de los procesos exige que también haya procesos unitarios de afiliación y alta, pago de
cotizaciones, reconocimiento de prestaciones y abono de las prestaciones. Estos procesos no son fragmentables, y además tengo que decir una cosa, hoy esto se hace directamente por las empresas con la Seguridad Social y, por cierto, la gestión es
muy positiva, alabada en todos los organismos internacionales y en la Unión Europea.
Por otra parte, hemos pretendido cumplir ese precepto, pero ustedes se han negado a recibir las políticas activas de empleo, los programas de fomento del empleo, la asistencia social del Instituto de la Marina; es decir, que tienen un
concepto que desborda el que el Gobierno considera que es razonable. Por tanto, la unidad de caja incluye la unidad de los procedimientos y creemos que no son transferibles si queremos garantizar la solidaridad entre todos los españoles.
(Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ÁNGELES MUÑOZ URIOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿PUEDE EL MINISTRO PRECISAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ACOGERSE AL PROCESO DE
REGULARIZACIÓN TRANSITORIO QUE HA ANUNCIADO EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000274.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo de la diputada doña María Ángeles Muñoz.
Señora diputada.
La señora MUÑOZ URIOL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a estas alturas, hablar con usted de inmigración supone un riesgo. Vamos a ver qué es lo que nos contesta hoy. Espero que no sea diferente de lo que contestó el presidente del Gobierno la semana pasada o de lo que dijo su
secretaria de Estado hace dos. A estas alturas, es exponerse a que usted haga lo que han venido haciendo durante las últimas semanas. De todas formas, el tema que nos ocupa es tan importante y requiere tanta atención que nos vamos a arriesgar. A
ver lo que nos contesta hoy y qué criterios va a tener esta semana en política de inmigración.
Mire, señor ministro, han dicho ustedes que van a hacer un proceso de regularización generosa. Han empleado otros calificativos, pero, en fin, nos vamos a quedar con el de generosa. Han dicho, además, que lo van a hacer con esta medida
transitoria. Esta es la disposición transitoria que está colgada en su página web; solamente esto, para dar salida a esas decenas de miles de personas que su presidente del Gobierno -el nuestro- cifró en 800.000, y cuyo número espero que nos
aclare usted en esta sesión.
No dice cómo; eso es lo grave. Simplemente hace este anuncio: para dar salida a la situación de irregularidad de cientos de miles de personas; no dice cómo. Eso, sí: hablan de diálogo. La verdad es que lo están desvirtuando tanto, que
difícilmente podremos después utilizarlo con normalidad; porque, practicarlo, lo practican poco; al menos, con nuestro grupo. Dicen el mecanismo: por medio de la denuncia. Dicen qué consecuencias va a tener: una multa. Pero no hablan de una
cosa ni de la otra; ni lo explican ni lo especifican. Y otra cosa que nos parece grave: ni siquiera abren el proceso al que deben someterse esas personas. Hablan de duración limitada; no, muy limitada. ¿Me quiere usted decir, señor ministro,
qué criterios van a seguir en política de inmigración?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.
No, el riesgo son ustedes, que dejaron a cerca de un millón de trabajadores sin derechos en España. Ustedes; cerca de un millón, señoría, fueron ustedes. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Como sabe, según todos los testimonios de la Unión Europea, del Consejo Económico y Social y de cualquier persona que tenga sentido común, en España hay cientos de miles de personas trabajando sin protección alguna.
¿Sabe por qué? Porque
la norma no facilitaba su incorporación a la legalidad. Le voy a decir lo que quiere hacer este Gobierno; por cierto, como la inmensa mayoría de los españoles, señora Muñoz. ¿Sabe lo que queremos? A lo que usted tiene que responder es a esto,
nada más: dígame, por favor, si una persona está
trabajando, ¿le vamos a dar el permiso de residencia y de trabajo? Eso es lo que quiere este Gobierno y lo que quieren la mayoría de los españoles.
Si ustedes se oponen, por algo será. Díganos por qué. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señoría.
La señora MUÑOZ URIOL: Ya ha cambiado otra vez su criterio. Señor Caldera, no es serio; no es serio que no estén aplicando criterios para ese proceso de regulación. ¿Que va a dar un permiso de trabajo a todos aquellos que estén en
nuestro país? ¿A los 800.000 que decían, y que usted ha puesto en un millón? ¿A esas personas les va a dar un permiso de trabajo y residencia? ¿Vamos a incrementar más la inmigración irregular? ¿Vamos a preparar el caldo de cultivo para las
mafias?
Señor Caldera, sea serio y riguroso. (Rumores.) Aquí no se puede decir que la inmigración irregular va a ser cero, porque es mentira. Sólo le digo una cosa: han dicho que en tres semanas van a aplicar el reglamento; esperemos que sea
verdad y que en eso tengan criterio y rigor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señoría, por favor, creo haberla entendido mal; supongo que se habrá expresado mal. ¿Pretende usted que quien esté trabajando no tenga derechos? No, no tiene
ninguno. ¿Pretende usted decir -lo ha dicho- que si vamos a normalizar, a legalizar, la situación de los cientos de miles de personas que están trabajando? Sí, vamos a hacer una propuesta para la normalización de aquellos seres humanos que están
trabajando y que carecen de derechos. (Rumores.)
Le voy a decir en lo que creo, señoría, porque es una propuesta abierta para el debate. Hagan ustedes sugerencias, que no las hacen. Ya verá usted cómo los sindicatos, los empresarios y el resto de las fuerzas políticas acuerdan con este
Gobierno la solución para el drama que vivimos hoy. Le voy a decir en qué estoy de acuerdo. Mire, estoy de acuerdo en estas palabras: hagamos posible el nacimiento y desarrollo de una cultura madura de acogida, que posibilite procesos de
auténtica integración de los inmigrados. La sociedad está llamada a contribuir a garantizar a los trabajadores inmigrantes la equiparación en derechos y en deberes. Por eso -dice esta persona, señoría- me congratulo de que con las normas
administrativas previstas gran parte de los inmigrantes que se encuentran en situación de irregularidad puedan acceder a la legalidad.
¿Sabe quién lo ha dicho? El señor Rouco Varela. Creí que lo había escuchado usted el domingo en misa.
(Aplausos y Rumores.-Un señor diputado: Eso sobraba.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA SORAYA SÁEZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL 'EFECTO LLAMADA' QUE HA GENERADO SU ANUNCIO DE
REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES? (Número de expediente 180/000275.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo de la diputada doña Soraya Sáez de Santamaría. (Rumores.)
La señora SÁEZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Un momento. Silencio, por favor.
Adelante, señoría.
La señora SÁEZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Ahora sí que me inquieta realmente más mi pregunta, porque ¿sabe cuál es el único criterio que hasta ahora yo le he entendido? Lo que está diciendo a todos los inmigrantes no sólo de los países de
inmigración sino al resto de inmigrantes que están en situación irregular en toda Europa: entren, entren como quieran en España, trabajen como puedan que ya les daremos papeles. (Rumores.)
Señor Caldera ¿cómo valora el Gobierno el efecto llamada que ha generado su anuncio de regularización de inmigrantes?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): No, si ya han entrado en España, señoría, si ya han entrado.
No hay ningún efecto llamada apreciable, salvo el que suponía la existencia de trabajadores irregulares que pueden ser explotados. Ese sí es un efecto llamada y la irresponsabilidad del primer partido de la oposición, que no hace más que
decir falsedades en un tema tan importante como éste. Ya han entrado, y le voy a decir por qué, señoría, le voy a decir por qué. En el año 1996, según los padrones municipales, en España había 260.000 inmigrantes irregulares. ¿Sabe cuántos había
en el año 2003? Cerca de un millón cien mil. ¿Sabe quién gobernaba en ese periodo de tiempo? Ustedes, señoría. (Rumores.) Ese fue el verdadero efecto llamada: la ausencia de una política que permitiera que la
inmigración siguiera cauces regulares y que a quien está trabajando y aportando a la riqueza nacional se le reconocieran los derechos; los que ustedes les negaron, y parece que están muy satisfechos de ello.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora diputada.
La señora SÁEZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor Caldera, discúlpeme, pero a estas alturas de la película yo no me creo sus cifras, ni las que dio el presidente del Gobierno la semana pasada, ni las que está dando ahora porque en esta Cámara
conocemos bastante bien su habilidad para apañar cifras y documentos. (Rumores.)
Señor Caldera, España es, ha sido y deberá seguir siendo un país de acogida, pero para que pueda seguir siéndolo tenemos que fomentar la inmigración legal, integrar y hacer que se integren los inmigrantes, y sobre todo luchar contra la
inmigración ilegal. Hace unos días el presidente del Gobierno dijo en esta Cámara, a preguntas del presidente de mi grupo, que iba a terminar con la inmigración irregular y con el trabajo irregular en España. Perdóneme, pero yo, a estas alturas,
ya no me creo ninguna promesa del presidente del Gobierno y mucho menos ésta.
¿Por qué? Porque están haciendo exactamente la política contraria que quieren lograr. Tener la osadía de hacer un anuncio de regularización en pleno verano, sin dar
fechas de entrada (le recuerdo que el secretario de Estado dijo: regularizaremos no los que entraron ayer, ni anteayer, ni pasado mañana), sin establecer criterios, presentando un reglamento que antes y después de su presentación han rectificado un
sinfín de veces es no tener ni criterios ni seriedad. Usted dice que no hay efecto llamada.
No le voy a recordar las colas de las delegaciones del Gobierno pidiendo los impresos para regularizarse. Los que fueron entraron como salieron.
No me
extraña porque yo voy a salir de esta Cámara, después de hacer la pregunta, con los mismos criterios que me he encontrado cuando entré. Yo no le voy a pedir criterio, ya sé que no lo tiene, sólo le pido prudencia, responsabilidad y sensatez. Todo
lo que no ha tenido hasta ahora.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Lamento realmente la posición del Partido Popular, que debería aportar soluciones al borrador de reglamento que les hemos entregado y que es la primera vez que se hace. Su Gobierno no entregaba los reglamentos previamente, los aprobaba, y
así hemos tenido la situación que hemos tenido.
Según Eurostat, señoría, en el año 2003 entraron 600.000 ciudadanos extranjeros en España, ¿y sabe usted cuál era el cupo de ciudadanos autorizados a entrar? 30.000. ¿Cómo lo llama a eso? ¿Situación ordenada? Claro que queremos regular
la inmigración desde el punto de vista de la contratación en origen y la contratación regular, claro que sí, pero den una solución, señorías, al cerca de millón de personas que están trabajando en España sin documentación, den una solución.
¿Expulsarlos? ¿O es que ustedes están muy a gusto con la posibilidad de que esas personas sean explotadas y carezcan de derechos? (Rumores.) Más bien tiendo a pensar que esa es la situación que a ustedes les satisface. Pues a nosotros no, ni a
los sindicatos ni a los empresarios ni al resto de las fuerzas políticas de esta Cámara que vamos a conectar mercado laboral con los permisos, mientras dure el trabajo, para estar en plena legalidad. Señoría, le voy a pedir algo: dejen ustedes de
estar en el problema y súmense a la solución, aunque ya sé que no lo van a hacer.
(Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA PIN ARBOLEDAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO CUÁL SERÁ EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES EN EL AÑO
2005? (Número de expediente 180/000285.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo de la diputada doña Margarita Pin.
Adelante, señora diputada.
La señora PIN ARBOLEDAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, mientras muchos países de Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, a través de gobiernos socialistas y democristianos ponían en marcha el Estado del bienestar, España estaba hundida en la miseria de la dictadura franquista.
Eso supuso muchas cosas negativas, un atraso importante en las políticas de mejoras sociales, sobre todo en los campos en los que la igualdad de oportunidades se hace patente, como es el caso de la educación, la sanidad, los servicios sociales y las
pensiones. Hubo que esperar al año 1982, con la llegada del primer Gobierno socialista, para empezar a poner en marcha ese duro, difícil camino hacia la puesta en marcha de un Estado del bienestar; complicado y difícil por el profundo cambio que
ha experimentado el capitalismo globalmente y por el ascenso de una sociedad neoconservadora que vive obsesionada por el beneficio económico de las minorías dirigentes. Gracias a los distintos gobiernos socialistas, hasta el año 1996 muchas cosas
mejoran sustancialmente. Pero no podemos olvidar que la derecha española recuperó
el gobierno durante estos últimos ocho años y los resultados en estos campos de mejora de igualdades sociales y de cantidad y calidad de los servicios públicos han sido desalentadores. Si nos ceñimos al campo de las pensiones, las más
pequeñas se han empobrecido al no tener nada más que la subida del IPC y, a pesar de la puesta en marcha del Pacto de Toledo, los resultados aún dejan mucho que desear. Los datos son bien elocuentes: casi 4 millones de pensionistas, en torno al 60
por ciento, cobran una pensión inferior a los 600 euros y, de ellos, 3 millones cobran menos de 450 euros, por no hablar de las pensiones de viudedad. El Partido Socialista tiene compromisos electorales y un nuevo equipo de Gobierno dispuesto a
ponerlos en práctica, como es la inclusión en la ley de presupuestos de una previsión adecuada de financiación para las pensiones; como es una reflexión en profundidad sobre la práctica de las prejubilaciones; como es la reforma legislativa
necesaria para que las comunidades autónomas puedan complementar las pensiones no contributivas; como es mejorar las pensiones mínimas con subidas superiores al IPC.
Nuestra sociedad va a ver que el cambio es efectivamente posible y que los
criterios de bienestar no son únicamente el consumo y el beneficio económico para unos pocos. Por eso le pregunto, señor ministro: ¿Puede explicar el Gobierno cuál será realmente el incremento de las pensiones para el año 2005? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Señora Pin Arboledas, el compromiso del Gobierno consiste en que los pensionistas, con carácter general, se beneficien de la mejora de la situación económica y de la creación de riqueza del país. Por eso, en el marco del diálogo social,
hemos convenido una revalorización de pensiones para el próximo año basada en tres criterios: primero, mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones, con lo cual todas crecerán un 2 por ciento, según la inflación prevista, y además
incorporarán la revalorización de la desviación de inflación del año 2004, si se produce en el mes de noviembre. Segundo, cumplimiento de los compromisos que asumimos con los españoles en la mejora adicional de las pensiones de cuantía más
reducida. En este sentido, vamos a conseguir importantes incrementos mínimos de las pensiones más bajas, de tal forma que las pensiones mínimas con cónyuge a cargo tendrán una revalorización del 6,5 por ciento, a la que se unirá la desviación de
inflación del año 2004; las pensiones mínimas sin cónyuge a cargo se revalorizarán en un 5 por ciento, más la desviación de inflación del 2004; las pensiones no concurrentes del SOVI tendrán una revalorización del 3 por ciento -en este año, en
2004, fue del 2 por ciento-; las pensiones no contributivas igualmente tendrán una revalorización del 3 por ciento y las asignaciones familiares por hijo a cargo de 18 años y con un grado de minusvalía superior al 65 por ciento tendrán una
revalorización del 5 por ciento.
Todos los porcentajes anteriores son de crecimiento efectivo, como le he dicho, sin perjuicio de la desviación del IPC. Se prevé igualmente el establecimiento de un nuevo importe de pensión mínima a favor de los
pensionistas con incapacidad permanente total con edades comprendidas entre 60 y 64 años que no realizan trabajo lucrativo. Por último, el tercer principio es el del mantenimiento de la suficiencia financiera de la modalidad contributiva y el
aseguramiento de su equilibrio. Para ello la revalorización de las prestaciones no contributivas se financia con cargo a la imposición general, la pensión no contributiva y las prestaciones familiares, y la mejora adicional de las pensiones
contributivas, las mínimas y el SOVI no concurrente, se financia con el incremento que hará el Estado de la aportación a complemento a mínimos al presupuesto de la Seguridad Social, es decir, será la subida más importante de pensiones en los últimos
quince años para quienes más lo necesitan, tres millones de pensionistas, pensiones mínimas que se verán incrementadas de forma muy importante.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSEFA SÁNCHEZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ AUMENTO DE PENSIONES TENDRÁN EL AÑO 2005 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
(Número de expediente 180/000286.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la diputada doña María Josefa Sánchez Rubio.
Adelante, señora diputada.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como usted bien sabe, en torno al 9 por ciento de la población son personas que tienen algún tipo de discapacidad, unos tres millones y medio aproximadamente. Si tenemos en cuenta a sus familias, estaríamos hablando de unos
nueve millones de personas que se ven afectadas por una mejor o peor atención hacia este colectivo. En estos últimos años hemos venido apreciando en las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del Partido Popular respecto a estas personas una
actitud de retroceso y a veces de incoherencia. Destaca como significativa la gran distancia entre el discurso político del Partido Popular y su acción política en materia de derechos sociales, de participación, de
accesibilidad, de empleo y de pensiones relativos a estas personas.
Resultó especialmente evidente esta actitud en la modificación que introducen en la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, en el artículo 189, en el que se señala la
incompatibilidad para percibir la pensión de orfandad y la prestación por hijo a cargo que reciben las personas con discapacidad de más de 18 años. Imaginamos que sería un regalo para cerrar el año 2003, Año europeo de las personas con
discapacidad.
Señor ministro, le hemos oído en esta Cámara el compromiso del Gobierno con las políticas integrales de atención a las personas con discapacidad, en particular lo que tiene que ver con la integración laboral.
Sinceramente creo que ahí está
la clave de la verdadera solución. No obstante, siempre existirá un colectivo de personas que precisarán percibir prestaciones económicas, o porque su situación de dependencia les impide la incorporación laboral o porque no se han adoptado las
medidas oportunas para que esta integración se produzca. Me refiero a esas personas, señor ministro, a las que los gobiernos del Partido Popular en estos ocho años han incrementado sus pensiones sólo lo correspondiente a las previsiones del
incremento del IPC. Señor ministro, ¿qué aumento tendrán en el año 2005 las pensiones de las personas con discapacidad?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente. Gracias, señora Sánchez Rubio.
Efectivamente, como usted indicaba, las prestaciones que perciben las familias que más apoyo merecen, aquellas que cuidan de hijos mayores de 18 años con un grado de minusvalía superior al 65 por ciento, prestaciones familiares por hijo a
cargo, van a tener un incremento del 5 por ciento el próximo año. En estos últimos cuatro años sólo subieron el 2 por ciento. Tiene esta subida adicional por objetivo que en dos ejercicios estas prestaciones recuperen la equivalencia de las
cuantías de las pensiones no contributivas, equivalencia perdida en los últimos ejercicios. Este incremento afecta a casi 122.000 beneficiarios. Además, en las pensiones mínimas motivadas por la incapacidad permanente del beneficiario, muchas
veces relacionada con situaciones de incapacidad, gran invalidez absoluta o total, los cuales han llegado a esta situación por un proceso que se asocia con problemas de salud o de discapacidad, si tienen cónyuge a cargo la revalorización será de un
6,5, y sin cónyuge de un 5 por ciento. Esto afectará a 335.000 beneficiarios. Asimismo el Gobierno va a establecer un nuevo importe de pensión mínima para los pensionistas con incapacidad permanente total que tengan entre 60 y 64 años y que no
realicen un trabajo lucrativo. El importe de esta nueva pensión mínima será el equivalente al establecido para las pensiones mínimas de jubilación con beneficiarios menores de 65 años, es decir, con cónyuge a cargo un 6,5 por ciento y sin cónyuge a
cargo un 5 por ciento.
Esta situación afectará a 43.000 beneficiarios. Las no contributivas de invalidez se incrementarán en un 3 por ciento, superior a la inflación prevista, y afectarán a 206.000 personas, y las pensiones de invalidez del
extinguido seguro de vejez e invalidez, SOVI, también crecerán un 3 por ciento, afectando a cerca de 30.000 personas. Es decir, señoría, que casi 750.000 beneficiarios -738.000 para ser exactos- de la Seguridad Social, personas con discapacidad,
verán revalorizadas las prestaciones que perciben con incrementos en algunos casos muy superiores a la inflación prevista, lo que viene a poner de manifiesto la preocupación preferente de este Gobierno por los problemas de discapacidad. Hay que
señalar que el incremento de las pensiones mínimas va a beneficiar especialmente al colectivo de mayores de 80 años, que son los perceptores de estas pensiones, grupo de edad en el que se concentran dentro de los jubilados los principales problemas
de dependencia y discapacidad. Un compromiso más de este Gobierno con los discapacitados y con los dependientes. Lo que prometemos, señoría, lo cumplimos. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LA REVALORIZACIÓN DE PENSIONES PARA 2005 Y LAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES? (Número de expediente 180/000287.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de la diputada doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, durante los ocho años del Gobierno del PP está claro que el crecimiento económico no se ha trasladado a los más desfavorecidos.
Hemos visto en los últimos años cómo el señor Zaplana se gastaba más dinero en propaganda para
explicar lo que subía, que en la verdad de lo que subían las pensiones. Se dedicaban a buscar colectivos para decir que habían subido las pensiones como, por ejemplo, para las viudas con cargas familiares, y luego hacían la propaganda: Hemos
subido las pensiones de las viudas. Era un colectivo de 11.000 entre dos millones. O, cómo no, lo que tuvieron que padecer diciendo que pasaban del 45 al 52 por ciento y luego absorbían el complemento a mínimos. Esa era la utilización que se
hacía de la subida de las pensiones.
Señor ministro, yo quiero felicitarle porque haya decidido no gastarse un duro en hacer propaganda en la televisión y en los medios de comunicación para explicar la subida y que lo dedique a subir las pensiones más bajas.
Al hablar de subir
pensiones más bajas estamos hablando de calidad de vida de los más necesitados de este país y creo, señorías, que a eso es a lo que se tiene que dedicar el dinero. Espero que el PP tarde mucho en volver al Gobierno porque está visto que han vuelto
a la posición de hace ocho años: sólo saben hacer bronca en la oposición y en el Gobierno propaganda. Esperemos que esté muchos años haciendo bronca en la oposición.
Cuando hablamos de subida de pensiones hablamos de mejorar la calidad de vida a las personas, hablamos de cumplimiento estricto de nuestro programa electoral, pero también hablamos de mandarles un mensaje de ilusión a estos pensionistas que
no van a ver solucionados sus problemas.
Es un mensaje de esperanza y de que estamos en el cumplimiento de nuestros compromisos electorales. (Aplausos.)
Señor El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Lleva S.S. razón. En términos generales, la revalorización de las pensiones para el año 2005 comporta unos incrementos que, por su propia cuantía y en razón de las personas afectadas, no tienen parangón en los últimos años. Es la mayor
subida desde el año 1987. Si descontamos el efecto de la desviación de inflación y exceptuando las subidas del año 2000 para pensionistas de viudedad con edad inferior a 60 años -47.000 personas sólo-, ni en la pasada legislatura ni en la anterior
se produjeron revalorizaciones como las previstas para el 2005. Tengo que admitir que solamente en dos años, 2000 y 2004, hubo porcentajes que se aproximan, sin alcanzarlos, a las revalorizaciones previstas para el 2005, pero esos mayores
porcentajes de revalorización no llegaron a afectar a más de 200.000 personas. Eran porcentajes importantes pero sólo afectaban, como digo, a 200.000 personas. Ahora afectarán a más de tres millones de personas y serán superiores. Supongo que no
se le ha escapado a S.S. lo que ocurría en los años 2000 y 2004: el PP subía un poquito las pensiones para unos pocos cuando había elecciones generales. Ahora se van a subir las pensiones todos los años de acuerdo con los compromisos asumidos y,
por supuesto, no va a haber propaganda.
La mejora adicional de la revalorización para el año 2005, acordada con los interlocutores del Pacto de Toledo, significa una revalorización total entre un 5 y un 6,5 por ciento; afectará al 40 por ciento de las pensiones en vigor, las
cuales corresponden a los colectivos más desfavorecidos, y dentro de ellos aquellos beneficiarios que tienen cónyuge a cargo serán los que tendrán una revalorización mayor por entender que las rentas de estas familias son menores y se debe realizar
un mayor esfuerzo redistributivo para mejorar su calidad de vida. Se distribuye la subida por el número de beneficiarios y clases de pensión de la siguiente forma: dos millones 231.000 beneficiarios en pensiones mínimas; 310.000 en pensiones no
concurrentes del extinguido SOVI; 488.000 en pensiones no contributivas de Seguridad Social; y 121.872 asignaciones familiares periódicas por hijo a cargo con 18 años y un grado de minusvalía igual al 65 por ciento.
En resumen, más de tres millones de personas se verán directamente beneficiadas de la mejora adicional de pensiones. Las revalorizaciones anteriores sin duda mejoraron a colectivos concretos de pensionistas.
Concentrándose en los
colectivos más reducidos, en nuestra opinión desatendieron a los grupos mayores de pensionistas que tienen más necesidades. Eso es lo que quiere resolver este Gobierno y lo irá haciendo a lo largo de los próximos años, eso sí, sin gastar un solo
euro en propaganda sino en realizaciones concretas con la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la mano. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL AÑO 2005?
(Número de expediente 180/000283.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia, del diputado don Julio Villarrubia.
Señor diputado.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Señor ministro, los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 representan un importante giro social y una apuesta decidida por la potenciación de los servicios públicos. Es una realidad que el servicio público de la justicia está
mayoritariamente mal valorado por el conjunto de los ciudadanos. Sigue siendo también una realidad que nuestra justicia es lenta, cara y, por tanto, poco eficaz. Para mejorar esta situación es preciso priorizar la atención de la justicia en España
desde diferentes puntos de vista, uno de los cuales es la mejora en la dotación de recursos personales y materiales, es decir, de presupuesto. El Grupo Parlamentario Socialista considera que la justicia debe ser una de las materias prioritarias en
el tratamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 durante unos cuantos ejercicios, con el fin de alcanzar dos objetivos fundamentales,
que son: conseguir un servicio público de calidad y el desarrollo de los derechos de los ciudadanos.
El Gobierno ha prometido la creación de mil plazas de jueces y de fiscales a lo largo de esta legislatura y nos gustaría conocer si en el ejercicio del 2005 se recoge la parte alícuota del cumplimiento de este compromiso.
El pasado martes,
21 de septiembre, el Pleno de este Congreso aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a adoptar urgentemente -así se decía de forma expresa- una serie de medidas tendentes a mejorar el servicio público de la justicia, y el Consejo de
Ministros del día 24 de septiembre, cumpliendo el mandato de esta Cámara -insisto, cumpliendo el mandato de esta Cámara- desarrolló algunos aspectos de la proposición no de ley. Este es un acto de normalidad democrática que curiosamente ha
provocado una serie de reacciones extrañas y bochornosas del Partido Popular.
Nos gustaría saber si los presupuestos generales del 2005 tendrán en cuenta lo solicitado en la proposición no de ley aprobada. Creo que será difícil mejorar los presupuestos de justicia del Partido Popular, porque los ocho que realizaron
fueron históricos, inigualables, inmejorables...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Villarrubia, se excedió de su tiempo.
Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, compartimos la preocupación por las necesidades de la Administración de Justicia, que está generalizada en la ciudadanía. El presupuesto del Estado para el próximo ejercicio 2005 es un primer mensaje de compromiso que tiene
el Gobierno para con la extensión del derecho de ciudadanía y, sobre todo, para la extensión de los niveles de libertad e igualdad con que esos derechos se ejercen. Para ello es imprescindible un servicio público judicial a la altura de la demanda.
Estamos en disposición de afirmar que para el próximo año 2005 vamos a hacer una apuesta por la justicia. En primer lugar, desde el punto de vista cuantitativo, que se traduce en las cifras. Va a crecer el presupuesto de la justicia de una
manera significativa en un 8,5 por ciento. Es el incremento más significativo de los últimos años, lo que significa en términos cuantitativos que se va a pasar de lo presupuestado para el 2004 a aproximadamente 1.150 millones de euros, todo ello
sin contar con el mecanismo de la generación de crédito que en el curso de la anualidad presupuestaria podrá tener lugar hasta el punto de poder incrementarse en otros 40 millones de euros más, hasta alcanzar 1.190 millones de euros. Pero sobre
todo se va a hacer una apuesta desde el punto de vista cualitativo para mejorar la capacidad de la respuesta y la calidad del servicio público judicial, apostando por el crecimiento de la planta. Se elevan a 150 las nuevas plazas de fiscal, a 150
las nuevas plazas de jueces y a 100 las de fiscales y pueden crecer, de acuerdo con la proposición no de ley adoptada la semana pasada por esta misma Cámara, por el Congreso de los Diputados, hasta 250 nuevas plazas de jueces y 135 de fiscales, lo
que va a permitir la realización de algunos programas muy selectivos para mejorar la calidad del servicio público judicial.
Modernización, informatización, implantación del nuevo modelo de oficina judicial que vamos a desarrollar por reglamento,
además de apostar por la mejora de la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita y de las subvenciones a los colegios de abogados y procuradores y, por supuesto, la implantación del plan de transparencia judicial obligado por los trabajos
de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
En conclusión, estamos en disposición de afirmar que va a mejorar el servicio público judicial, que se van a garantizar mejor los derechos de ciudadanía y el nivel de calidad con que esos derechos de ciudadanía son respondidos por el Poder
Judicial de este país. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ AVANCES SE HAN PRODUCIDO EN LAS
NEGOCIACIONES QUE EL GOBIERNO, TANTO EN ESPAÑA COMO EN BRUSELAS, ESTÁ MANTENIENDO EN RELACIÓN CON EL FUTURO DE LOS ASTILLEROS PÚBLICOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000271.)
El señor PRESIDENTE: La última pregunta de control va dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno, que formula el diputado don Arsenio Fernández de Mesa.
Adelante, señor diputado.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿qué avances se han producido en las negociaciones que el Gobierno está manteniendo tanto en España como en Bruselas en relación con el futuro de los astilleros públicos españoles?
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ustedes conocen, hubo una reunión el pasado día 23 con los sindicatos. En esa reunión de la mesa de negociación de Izar se llegaron a una serie de conclusiones que paso a comentarle. En primer lugar, iniciar un proceso
negociador con el objetivo de mantener la actividad militar y la actividad civil. Segundo, que la futura estructura societaria será la acordada por las partes, teniendo en cuenta el marco comunitario, lo cual supone que ambas partes se comprometen
a desarrollar un diseño industrial que no implique una salida individual para cada centro. Tercero, realizar las gestiones oportunas ante la Comisión Europea con el fin de obtener el plazo necesario para comunicar el procedimiento y plazo de
devolución de las ayudas ilegales que se presenta en el desarrollo de la negociación. Y, finalmente, durante este proceso negociador no se adoptarán decisiones unilaterales que impidan la consecución de los objetivos antes expresados. De momento,
a través de los contactos con la Comisión se ha conseguido que no se produzca la comunicación fehaciente a Izar, que podría desencadenar el proceso de quiebra técnica. En segundo lugar, hoy hay nuevas reuniones de los sindicatos con Izar. Y, en
tercer lugar, hay prevista una reunión entre el comisario Monti, el presidente de Izar y los sindicatos que se producirá en los próximos días.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su turno.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno. Nosotros seguimos con preocupación el tema del grupo Izar, independientemente de que cada grupo parlamentario vea mejor o peor la labor que ha desarrollado el Gobierno anterior o el
Gobierno actual. Lo cierto es que en el tema interior, en cuanto a España se refiere, lo único que se produce son diferentes declaraciones de diversos miembros del Gobierno que lo único que hacen es crear un desconcierto, porque nadie sabe qué es
lo que se va a realizar.
Usted ha mencionado aquí el documento firmado la semana pasada entre los miembros de la Sepi y los sindicatos en su negociación. Pero lo cierto es que usted, señor Solbes, sigue manteniendo -y eso le honra, porque es una de las personas que
mantiene por lo menos sus criterios- que el único plan que se puede seguir aplicando es el plan de la Sepi y todos sabemos lo que eso supone. Señor vicepresidente, lo que nos gustaría saber es si se va a aplicar el plan de la Sepi o si están
dispuestos a reconsiderar esa posición, tal y como mandató el Congreso de los Diputados con ocasión de la moción aprobada la pasada semana.
En cuanto a Bruselas, a nosotros nos preocupa que la máxima representación española, el presidente de la Sepi, que se tiene que reunir en Bruselas para negociar la devolución de las ayudas y para recurrir ese expediente, no se haya reunido
con el señor Monti, con el director general, sino con un adjunto. Hay que mantener una posición más fuerte y de más alto nivel.
Quiero recordarle que en los meses de febrero y marzo el señor Ruiz Jarabo, presidente entonces de la Sepi, se reunió
en dos ocasiones con el señor Monti, precisamente antes de que el día 12 de mayo se comunicara esa decisión.
Señor vicepresidente, este fin de semana han tenido lugar manifestaciones en toda España a las que no sólo han acudido los grupos parlamentarios que desde aquí han pedido al Gobierno que retire el plan, sino también diputados del Partido
Socialista, alcaldes del Partido Socialista y cargos del Partido Socialista de toda España, quienes han pedido que ustedes reconsideren su postura. Pues bien, desde esta tribuna y en este momento yo vuelvo a reiterarle, señor Solbes, señor
vicepresidente del Gobierno, que el Gobierno reconsidere su postura y se dé cuenta de que los problemas existentes son estructurales y de competencia y que mientras no los atajemos no habrá nada que hacer por el sector de construcción naval en
España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Podría empezar mi intervención con las palabras con las que usted ha terminado: los problemas son estructurales y de competencia; estoy de acuerdo. El problema es que también son de respeto de las normas comunitarias y eso afecta a
problemas estructurales y de competencia.
Estructurales porque ha habido una serie de ayudas ilegales que hay que devolver. En consecuencia, se nos plantea un problema grave, ya que si no se elabora un plan desde ahora hasta el momento en que se
produzca la comunicación fehaciente entraremos en quiebra técnica. Y de competencia porque usted sabe perfectamente, puesto que conoce el derecho comunitario, que podemos mantener un sistema de ayudas en la construcción naval pero no en la
construcción civil, con lo cual es absolutamente imprescindible que pensemos en fórmulas alternativas para resolver lo que para mi grupo es fundamental, que es el máximo de actividad y el máximo empleo. A partir de ahí estamos negociando.
El presidente de la Sepi se ha reunido con un responsable específico del tema de Izar, con el señor Monti, conmigo en una ocasión, se volverá a reunir con el señor Monti y estamos en permanente contacto con la Comisión Europea. No es
preciso ir a Bruselas y escenificar la presencia, que entiendo es también importante,
para seguir manteniendo estos contactos. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) ¿Existe o no existe un plan de Izar presentado por el Gobierno? Hay una decisión del Consejo de Ministros con la idea de la
escisión. Esa decisión no se ha revocado y es la base de la negociación actual. Hemos dicho, y volvemos a insistir, que esa negociación nos abre otra negociación y es lo que estamos intentando hacer, pero dicha negociación tiene que darnos
resultados compatibles con la legislación comunitaria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER OLAZÁBAL), SOBRE EL ACERCAMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD AL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU LUGAR DE ORIGEN. (Número de expediente 172/000040.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos con el punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes.
Comenzamos con la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, que realiza la señora Lasagabaster, sobre el acercamiento de todas las personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, es una interpelación que tal como está estructurada la responsabilidad de esta materia, hubiera debido contestar el ministro del Interior. Yo sabía que no estaba y agradezco que sea el ministro de Justicia quien la
conteste. Me alegro de que lo haga el ministro de Justicia y no lo digo en demérito del ministro del Interior, sino porque siempre hemos manifestado que Instituciones Penitenciarias debería estar en Justicia. Es una cuestión relativa al
cumplimiento de una pena y es mucho más razonable que no esté bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, sino del de Justicia. Nos sorprendía que lo hubiera hecho el Partido Popular y nos hubiera sorprendido mucho más que el Partido
Socialista hubiera mantenido esta estructura. Dicho esto, es bueno que el ministro de Justicia conteste.
Soy consciente -ya llevo unos años en esta Cámara y no se me escapa que nadie va a modificar de hoy para mañana su posición- de que no va a haber un voto afirmativo a esta interpelación, pero también soy consciente de que es una reflexión
que debe hacerse en esta nueva legislatura, porque es muy importante por el objetivo en sí mismo, que es el centro neurálgico de la obligación de todo poder público de reeducar y reinsertar socialmente a cualquier persona privada de libertad y en
menor medida, pero también lo es por la posible conveniencia política para el conflicto que tenemos. Eusko Alkartasuna se opuso siempre desde los anteriores gobiernos socialistas a una política de alejamiento y dispersión. Entendimos que no iba a
favorecer en nada la situación, y nos opusimos siempre. Esa ha sido nuestra constante. Lo hemos dicho cuando no era cómodo decirlo y lo manifestamos ahora cuando en el ámbito en el que nos movemos, desde luego en el que se mueve esta diputada, en
el ámbito vasco, hay una gran mayoría social a favor de esta consideración. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no ha ayudado en nada y que, por el contrario, ha generado efectos perversos a un grupo social importante que no está condenado, pero
que sufre las consecuencias de esta política.
Presentamos esta misma interpelación en años anteriores. En lo que lleva esta diputada, desde el año 1997, ya presentó una interpelación en esta materia. Si el primer objetivo no es conseguir el voto
mayoritario, queremos que reflexionen pública o privadamente sobre la necesidad de un cambio. Y lo haremos como siempre hemos hecho en estas y en todas las cuestiones: desde el respeto a la discrepancia, a la cordialidad, pero desde la posición
coherente que siempre hemos mantenido. El objetivo que tiene es el que debe tener toda política penitenciaria: la reeducación y la reinserción social. Este es el núcleo central de nuestra demanda.
Hablar de política penitenciaria no es fácil ni
cómodo; no lo es para nadie ni para nada; ni lo es para unos presos condenados por determinado tipo de delitos ni lo es para los responsables políticos.
Decía hace una semana la directora de Instituciones Penitenciarias, recordando a Victoria Kent, que envió un telegrama a Adolfo Suárez diciendo que el mundo de las prisiones es el termómetro por el que se mide el estado social de un país.
Es una obligación hacer frente a esta cuestión. Para las personas privadas provisionalmente de libertad, lo que hay que hacer es tratar de que la justicia sea ágil, de que se instruya rápidamente un sumario y no se les prive de libertad cuando
todavía no tienen una condena. Las personas privadas de libertad con condena son personas que han cometido infracciones más o menos graves, en algún caso muy graves; algunas de las personas a las que nos referimos efectivamente tienen crímenes de
importancia y gravedad extrema, que han producido dolor e indignación en toda la sociedad, y nosotros lo hemos condenado.
Pero
esas personas tienen también el derecho a ser reinsertadas y reeducadas; tienen derechos que no están afectados por su privación de libertad; tienen familias que no han hecho nada y a las cuales se les está penalizando. Esto escapa a la
pena de la condena, lo cual es un problema no solamente grave, sino de perjuicio a las personas individuales y a una sociedad.
Es verdad, y lo podríamos resaltar con más o menos retórica, que el objetivo del artículo 25 es la reeducación y la reinserción social.
Además, hay un tema muy importante, el gran objetivo de la pena y lo es, aunque no tanto, la política
retributiva o vindicativa. Curiosamente ahora se está convirtiendo en más importante la política retributiva de la pena que la política de reinserción y reeducación. Ha sido así en los últimos años con nuevas leyes penales que nos parece que no
son adecuadas. En muchos casos, en un determinado colectivo de presos -luego lo explicaré-, no se está aplicando el principio de individualización de la ejecución de la pena -artículo 52 de la Ley Orgánica General Penitenciaria-, principio que
ustedes sí aplican en otros muchos casos.
Hoy nos hemos enterado de que el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, abandonará hoy la prisión de Ocaña para cumplir la condena que le queda en su propio domicilio de Madrid, y le
quedan 75 años de condena por el asesinato de los presuntos etarras Lasa y Zabala.
Aquí sí que hay una individualización de la pena. Para no meter el dedo en la llaga, no hablaré de dirigentes socialistas que también llegaron, tocaron la pared de
la cárcel y salieron corriendo. Ahí, ¡qué casualidad!, hay individualización de la condena. Ya hablaremos de este tema. Si el principio de la individualización de la condena y la pena es importante, lo es para aplicarlo a todos, y no por
criterios partidistas de uso político. Eso es inadmisible en un responsable político y no es bueno. Podría citarles -lo tengo escrito- un sinfín de reglas que hacen referencia a este objetivo finalista, desde las normas mínimas de Naciones Unidas
hasta las recomendaciones del Consejo de Europa, el informe del Parlamento Europeo o la Ley Orgánica General Penitenciaria; me temo que a estas alturas, 25 años después, no podría ser aprobada una buena ley en esta Cámara por lo progresista que es.
¿Qué estamos pidiendo? No estamos pidiendo que cada uno no cumpla su condena. No se equivoquen, no pedimos eso, pedimos que la cumplan cerca del entorno social y familiar, que es lo que dice toda la doctrina penitenciara europea más
moderna y progresista. Esto ocurre en general, pero no en particular, y no ocurre con algún colectivo que usted conoce bien: los presos de origen canario. Estos presos no pueden cumplir sus penas en Canarias y usted se ha interesado muchas veces
por la pena añadida que esto supone para las familias canarias. Entenderá que nos preocupen determinados colectivos, también nos preocupan los presos de canarias. No ocurre así con 17 personas de origen catalán que están en prisión provisional -no
tienen todavía una condena- acusadas de delitos de terrorismo. Tampoco ocurre así con 551 personas de Euskal Herría, presos del colectivo de ETA, pues sólo 11 cumplen condena allí. ¿Es esto justo? No estamos diciendo que no cumplan su condena.
¿Es justa la pena añadida de alejamiento? ¿Es justo para sus familias? Si a usted no le parecía justo para las familias de los presos canarios, no debería aplicar criterios diferenciados.
Hoy hemos aprendido un principio. La verdad es que últimamente yo disfruto con algunos temas en las comisiones. Hoy hemos hablado con el secretario de Estado de Exteriores sobre la lucha contra el terrorismo a nivel global. El señor
Benegas, hablando -no me interpreten mal- de los principios de lucha antiterrorista a nivel global, decía que hay un principio en toda lucha antiterrorista que es el de precisión, que viene a decir lo siguiente -lo he copiado porque me ha parecido
interesante-: Cualquier acción sólo debe afectar a los terroristas, no a otras víctimas. Yo aplicaría el principio de precisión a no aplicar penas a quien no se le ha impuesto ninguna, es decir, a las familias. Hay que cumplir la ley, es lo único
que les pedimos. Pueden hacerlo; deben hacerlo. Lo deben hacer en aras del cumplimiento del artículo 25 de la Constitución, reeducación y reinserción social. Además ustedes tienen apoyos políticos. Es verdad que no tienen todos, pero también es
verdad que pueden realizar un acto de valentía porque incluso les ampararía esta Cámara. Explico por qué. Tienen una moción de esta Cámara de noviembre de 1988, que, que yo sepa, no ha sido anulada -si me equivoco, la señora presidenta me
corregirá-, que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma
que mejor propicie el fin de la violencia. Es un acuerdo unánime de esta Cámara que sigue vigente. Tienen también muchos apoyos -usted es un hombre respetuoso, espero que sea así- de otros parlamentos: un acuerdo del Parlamento vasco del año
1996, una moción en el Pleno del Parlamento vasco de junio de 2003, un acuerdo de una declaración del Gobierno vasco del 8 de abril de 2003 y múltiples apoyos a través de los sociómetros en Euskadi.
Explíquenos por qué no se puede cumplir la ley.
¿Qué beneficios sacan ustedes de no cumplir la ley? ¿A quién quieren penar? Hay un problema normalmente cuando se habla de terrorismo porque el fenómeno terrorista no es igual siempre. Su naturaleza es distinta y en muchos casos, por muy graves
que sean los actos violentos, que lo son siempre, pueden tener por debajo un conflicto y pueden tener un gran apoyo social. Cuando hablamos de terrorismo internacional global y de principios nos ha gustado que como Gobierno ustedes hayan dicho algo
nuevo: que
hay que ir más allá de la protección y de seguridad, que hay que evitar que los terroristas se hagan porque no nacen, que hay que buscar otras causas y que hay que coadyuvar a resolver problemas y a quitar apoyo social. Esto es lo que
nosotros entendemos como conveniencia política.
Esta es una cuestión que ponemos encima de la mesa. Ustedes tienen la legalidad y el apoyo parlamentario de su parte. Nosotros pedimos el cumplimiento de la ley, lo mismo que se hace en todos los
lugares, porque además hoy puede tener efectos positivos. No creemos que pedimos en demasía. Si no lo quieren hacer ahora reflexionen, nos dará igual cómo, pero háganlo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.
A continuación tiene la palabra para contestar a esta interpelación el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, no es la primera vez que traemos a esta Cámara un debate sobre la cuestión de fondo que subyace legítimamente en su interpelación, una preocupación en torno a los fundamentos y a los rendimientos de la política que ha venido
siendo aplicada en un aspecto muy delicado del frente y de la política antiterrorista por los sucesivos gobiernos de nuestra democracia constitucional a lo largo de los últimos 15 años, una política de, entre comillas, dispersión de presos de ETA
que se traduce lógicamente en un debate en torno a su compatibilidad con respecto de los mandatos constitucionales encerrados en el artículo 25, que orientan las penas privativas de libertad a la consecución de la reeducación y de la reinserción de
los penados y de los mandatos legales que desarrolla el artículo 25, párrafo segundo, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, en particular lo relativo al tratamiento individualizado y a la consecución sobre bases individualizadas, incluso llega a
decir la Ley Orgánica General Penitenciaria de individualización científica en el tratamiento penitenciario de esa resocialización, de esa reinserción en la vida en libertad.
Tengo que decirle que la preocupación que subyace en las manifestaciones que he escuchado en su turno de palabra desde esta tribuna las comparto, pero llego a conclusiones distintas. El Gobierno llega a conclusiones distintas. Para
empezar, en lo que se refiere a la propia compatibilidad de la política de dispersión con respecto de la Constitución y la Ley Orgánica General Penitenciaria estamos plenamente convencidos no sólo de su compatibilidad, sino que además en términos de
política criminal a través de la política penal y de la política penitenciaria la dispersión sirve precisamente al fin de procurar la posibilidad efectiva de la resocialización y de la reeducación de los penados. Estamos plenamente convencidos de
ello y también de que la valoración que merece el rendimiento de esta política en el curso de los años de nuestra experiencia constitucional avala esta convicción con la experiencia, porque esa política ha sido útil para debilitar a ETA como
expresión más señalada de este mal absoluto con el que venimos bregando tanto tiempo en España que es el mal del terrorismo. No necesito recordar aquí, por tanto, que el terrorismo es cuestión principalísima; lo ha sido desde el origen de la
democracia constitucional española. He subido a esta tribuna muchas veces para afirmar que hace 25 años la democracia nacía amenazada por ese mal, lastrada por ese mal, pero con la esperanza de que la realización y el despliegue de la libertad lo
disolvería, lo haría desaparecer, sólo para comprobar en el curso del tiempo que esa esperanza estaba equivocada y que en el curso del tiempo la realización de la libertad no ha servido por sí sola para disolver ni la amenaza ni la presencia del
terrorismo entre nosotros. Por tanto, hacía falta una reflexión en el recorrido que nos dijera que era imprescindible aprender de las malas experiencias para, si era necesario, hasta mediante la prueba y el error, ensayar lo que hiciera falta
dentro del marco del Estado constitucional de derecho y, por supuesto, sobre la base y bajo el límite de la Constitución para combatir mejor ese mal insufrible contra el que la sociedad española ha mostrado determinación y exige respuestas de sus
responsables políticos.
Por eso empezó la política de dispersión, desde la presunción de que la concentración de los presos de ETA en un número muy reducido de establecimientos penitenciarios no estaba contribuyendo a su resocialización ni a su reeducación; por el
contrario, producía reconcentración, recondensación en las peores manifestaciones del sectarismo que conducen a esa forma de criminalidad organizada que tiene componentes de carácter psicótico. Exige también desde ese frente una reflexión en lo que
se refiere al tratamiento individualizado de los condenados por delitos de terrorismo, integración en banda armada o colaboración con banda armada.
La política de dispersión arranca, por tanto, a finales de los años ochenta y se muestra efectiva desde el principio: hace daño, debilita a ETA, debilita al terror, debilita al terrorismo, y desde ese punto de vista no puede sino merecer
una valoración positiva no solamente por parte del ejercicio de responsabilidad del Gobierno que tiene que primar la demanda de seguridad y de respuesta frente al terror de la ciudadanía, sino también de su utilidad en términos de política penal, de
política criminal y de política penitenciaria. Además en el curso del tiempo la política antiterrorista llega a erigirse en eje de una convergencia esencial de las fuerzas políticas con opciones de gobierno en España, y así queda a
cubierto de un Pacto por las libertades y contra el terrorismo que suscriben el Partido Socialista, entonces en la oposición, y el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y que en este punto compromete de manera perdurable al Partido
Socialista y al Partido Popular en tanto no hayamos conseguido derrotar definitivamente a ETA y la desaparición del mal. Reafirmo la vigencia de ese pacto, el compromiso del Gobierno socialista de hacer honor a todos los términos de ese pacto y de
mantener a este respecto la política de dispersión como un elemento que está a cubierto de un entendimiento, que ha sido puesto por escrito, entre el Partido Socialista y el Partido Popular y que sólo puede ser revisado en el marco de ese pacto.
Queda de manifiesto la convicción de que la política de dispersión es constitucional, de que la política de dispersión no tiene ninguna contradicción con la Ley Orgánica General Penitenciaria, de que la política de dispersión es una
manifestación de una política antiterrorista que quiere ser transversal, que quiere ser además una materia sujeta a un gran entendimiento político-parlamentario de amplio espectro, perdurable en el tiempo, resistente como estamos viendo a la
alternancia en el Gobierno y que debe permanecer y debe quedar preservada hasta que hayamos hecho desaparecer el mal, hasta que no podamos tener la seguridad, la garantía y la certidumbre de que la amenaza de ETA ha dejado de pender sobre nuestras
libertades, sobre nuestra seguridad, sobre nuestras vidas y ha desaparecido para siempre. Así lo corrobora la práctica, la experienci que nos está señalando que ETA ha sido más débil en el curso de los años precisamente como consecuencia de la
política de dispersión. Precisamente la política de dispersión ha posibilitado para aquellos presos -de otra forma se hubiesen visto constreñidos por el sectarismo endurecedor que trabaja sobre sí mismo, impidiendo que ninguno de los presos del
denominado colectivo respire por sí mismo, piense por sí mismo o pueda apostar por sí mismo, por las posibilidades de reinserción individualizada que el sistema penitenciario le ofrece- medidas individualizadas de reinserción condicionadas
naturalmente a la consecución del objetivo, que es un compromiso expreso del abandono, de renuncia a la violencia, de condena de la violencia y de condena de ETA y un compromiso expreso a aceptar las condiciones que la ley establece para la
recuperación de la vida en libertad o de la esperanza de la vida en libertad. Además se ha puesto de manifiesto también en el curso de estos años que es conforme con la Constitución, como lo señalan los pronunciamientos de muchos tribunales de
Justicia que naturalmente revisan la acción de la Administración penitenciaria y garantizan la interdicción de su arbitrariedad. Ninguna medida de dispersión está al margen de la ley ni del control jurisdiccional de la legalidad de la actuación de
la Administración penitenciaria, de los poderes públicos, y ha habido revisiones de la actuación de la Administración penitenciaria por parte de los tribunales de Justicia.
Muy recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un pronunciamiento explica en su detalle que la política de dispersión es perfectamente conforme con la Constitución y con la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esa sentencia
más reciente es de 27 de junio del año 2000 de la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Igualmente así lo ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el
asunto. Claro que ha habido impugnaciones y alegaciones que tienen que ver con la conformidad al derecho y a la Constitución y al sentido resocializador y reeducador de las penas. Ha venido a afirmar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un
pronunciamiento de 1990 que es perfectamente posible la negativa a trasladar a un recluso al centro penitenciario más próximo a su residencia sobre razones de seguridad nacional, de seguridad pública, de defensa de la prevención del delito, de
protección de la salud y hasta de la moral, que es una cláusula excepcionante del régimen ordinario de disfrute de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de acuerdo con su artículo 8.2. De modo que es perfectamente
posible, funcional y positivo que la política de dispersión pueda ser sostenida siempre y cuando se haga dentro de los parámetros de la legalidad y sujeta al control de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantizan todos
los tribunales de Justicia en nuestro sistema constitucional, como en todos los que participan del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Finalmente quiero decir además que la política de dispersión no se aplica exclusivamente a la banda terrorista ETA. En la medida en que puede cumplir un sentido positivo precisamente a la hora de abrir espacio a la individualización del
tratamiento resocializador y, por tanto, a la liberación de la persona que esté sujeta a la disciplina sectaria, incluso dentro de los centros penitenciarios, es aplicable también a otras formas de criminalidad organizada. Así está siendo aplicada
con la misma verosimilitud y con la misma funcionalidad para combatir el crimen organizado en materia de narcotráfico o hasta con integristas islámicos, que, de otra forma, como digo, en los propios centros penitenciarios podrían perseverar en esas
actitudes endurecidas, que incluso llegan a adquirir rasgos delictivos en el desenvolvimiento de la vida cotidiana en los centros penitenciarios a través de la extorsión, el chantaje, la amenaza, la coacción; en definitiva, es mucho más practicable
cuando un buen alto número de miembros de una organización sectaria, una organización terrorista llega a aprehender la libertad individual, coaccionando severamente la capacidad de cada preso, dejando de
optar por las posibilidades de resocialización individualizada que el sistema le ofrece, hasta el punto de hacerla completamente inviable.
Efectivamente, el problema de la dispersión territorial puede afectar además a otras situaciones completamente distintas que usted misma ha traído a esta tribuna, la que se refiere a la saturación penitenciaria, problema que en efecto nos
preocupa y nos obliga, por la que estando doblada la capacidad de algunos centros penitenciarios el sistema penitenciario tiene que producir la derivación de muchos reclusos para que puedan cumplir penas privativas de libertad en centros que no son
los más próximos a su lugar de origen, a su lugar de residencia habitual.
Este es un problema muy sensible respecto a la población reclusa de origen canario. Las manifestaciones de dificultad para la resocialización, el arraigo y el entorno
familiar adecuado se traducen de manera sensible y dolorosa, y el Gobierno ha expresado su preocupación.
Déjeme que le invite a no mezclar una cosa con la otra, porque el origen de su interpelación, lo sabemos perfectamente, no está en una
valoración de las disfunciones generales del sistema penitenciario -que sé que le preocupan, estoy seguro; que también preocupan al Gobierno-, que deben ser corregidas con el esfuerzo de todos con un trabajo perseverante. Eso nada tiene que ver la
imposibilidad de cumplir penas privativas de libertad en el centro más próximo por la incapacidad física del centro penitenciario más próximo al lugar de residencia con una determinación política que se ha demostrado eficaz y positivamente orientada
a la consecución del objetivo: debilitar a ETA y lanzar un mensaje firme, dentro del marco del Estado constitucional de derecho, con pleno respeto a las garantías que el ordenamiento constitucional establece, con sujeción al control de los
tribunales de la aplicación de la propia política de dispersión. Es una herramienta más que estamos obligados a hacer valer hasta que ETA no haya desaparecido enteramente de la realidad española y deje de pender de manera definitiva, definitiva,
como una amenaza sobre nuestras libertades, sobre nuestra integridad, sobre la libertad, la seguridad y la vida de tantos españoles que llevan tantos años clamando con todo el derecho, toda razón y toda legitimidad el fin exigible a todos los
gobiernos de España: luchar contra el terrorismo con todos los instrumentos a su alcance y garantizar la seguridad en el disfrute de la libertad de todos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Voy a hacer cuatro reflexiones de forma breve. La primera, es la sensación -ya sé que es subjetiva, por lo tanto, tómenlo como un pensamiento propio y personal- de que cada vez que aludimos a un tema tan sensible y de estas características,
que implica la necesidad de tomar determinaciones en momentos políticos claves, ustedes se agarran al Pacto por las libertades con un miedo feroz, diciendo: Estamos con el PP, que nadie nos diga nada y que el PP no diga nada. Bien, es una opción,
pero algún día tendrán que dejar de darse tanto la mano -supuestamente izquierda y derecha- y actuar con los propios pensamientos ideológicos, que deduzco no son los mismos. Si me dicen que son los mismos en esta materia, todos tienen un problema,
ustedes; o están en el mismo partido o tienen un problema de no identificación. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No, ni pobres ni ricos; simplemente es así. En segundo lugar está la cuestión relativa a la dispersión,
acercamiento y alejamiento. Estamos hablando de acercamiento. Yo no estoy hablando de reagrupación. El Parlamento vasco elaboró en el año 1996 un plan en el que cual se permitía el acercamiento del colectivo de presos de ETA sin que hubiera
reagrupamiento. Por lo tanto, vamos a entender de qué estamos hablando. Es más, si me apura, el alejamiento ha llevado en muchos casos al reagrupamiento en lugares alejados; cuestión a examinar para la que no tenemos tiempo. Estamos hablando de
política individualizada en el entorno, en el origen social y familiar. En tercer lugar no confundamos lo que yo estoy pidiendo. Es evidente que no creo que haya esa dependencia del colectivo de las personas privadas de libertad, que lo habrá
estando o no estando alejados. Lo que sí han hecho ustedes es generar una dependencia al colectivo de las familias. Si en esta política ustedes exigen un coste terrible para acudir a muchos kilómetros, si eso supone que no pueden tener defensas
propias, si ustedes dificultan el acceso de personas concretas, de amigos, de familias, de pluralidad de personas han generado dependencia de las familias al colectivo; esto es lo que se ha hecho. Nosotros no hemos hablado aquí sólo de personas
privadas de libertad, sino de la pena que se está imputando a familias y a personas que no han cometido ningún delito. Lo mismo pasa con las familias de los canarios. Son totalmente distintas las circunstancias, por lo que yo no las he querido
mezclar, pero el sufrimiento de alguien que no tiene ninguna condena puede entenderse que tiene un paralelismo.
Por tanto, esa reflexión también la dejo encima de la mesa. Estamos hablando de cómo realizar actuaciones para conseguir hacer entender
a muchísima gente de ese mundo que esto no es admisible. Es decir, no es una cuestión exclusivamente de las personas que ya están en ETA, sino una cuestión relativa a personas que no estando en ETA hoy puede ser que mañana terminen estándolo porque
entienden que hay
determinadas cuestiones injustas que les llevan a ello. Esto es lo que nosotros tratamos de decir, lo que se llama quitar apoyo social a determinados fenómenos terroristas, que son todo lo condenables que queramos, pero a lo mejor hay que
analizar lo que hay debajo. En cuarto lugar yo no le voy a pedir ningún acto de valentía ni nada que se le parezca, le pido una reflexión. Los conflictos nunca son iguales, pero imagínense qué hubiera pasado si el señor Blair o la señora Mo
Mowland hubieran tenido a los presos en cárceles en Irlanda lo mismo que ustedes piden. No sólo no les pidió lo que ustedes piden, sino que se fue a hablar con ellos; allí fue. No tuvo ningún problema; no le importaron nada las críticas de
nadie. Le salió bien, y nos alegramos todos. Podría no haber salido bien, pero fue un acto de intentar algo.
Termino con una reflexión, señora presidenta. Los expertos en procesos de paz, en resolución de conflictos, en evitar problemas -llámenles como quieran, no me importa la denominación que ustedes hagan ni me lleva a escandalizarme; pero en
todo caso si hay conflictos hay que resolverlos- dicen claramente lo siguiente -tomo de Vicenç Fisas, titular de la Cátedra UNESCO-: que deben ser interactivos, que no podemos esperar sentados a que la otra parte, aunque no tenga razón -lo que es
evidente si comete un acto de violencia-, se dé cuenta y haga algo. Algo tendremos que hacer los demás para intentar que ellos, a lo mejor, muevan ficha.
Nosotros estamos pidiendo que, sin salirnos de la legalidad, con el apoyo que pudieran tener
ustedes, que saben que lo van a tener y más de lo que cree usted, pudiéramos intentar llevar el conflicto de forma que la otra parte mueva ficha. Lo que nos están pidiendo en todos los procesos de resolución de conflictos es que las iniciativas
existan por todas las partes; y no estamos justificando nada, no estamos haciendo nada en detrimento de la posición del que no actúa contra la ley. Simplemente les pedimos que reflexionen, que analicen si hay iniciativas que ustedes pudieran
llevar a cabo que ayuden a resolver el conflicto. Por lo menos, dado el momento en el que estamos, el análisis y la reflexión merecen la pena. No generemos más problemas a la sociedad. Hay problemas incluso de tener que ayudar a las familias. Lo
digo aquí porque se ha echado mucho en cara al Gobierno vasco lo que hace, que es -lo dije el otro día- lo que hizo el Ministerio de Justicia: conceder ayudas a las familias que tienen personas privadas de libertad en cárceles alejadas. Eso lo
hizo en el año 1983 el Ministerio de Justicia, porque entendía que era una injusticia y que gravaba a las familias. Lo mismo que se nos critica hoy lo hizo el ministerio en el año 1983, y la mayoría de los beneficiarios que hoy reciben las ayudas
del Gobierno vasco son los mismos que los del año 1983.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Lasagabaster.
El señor ministro de Justicia tiene abierto su turno de réplica.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora Lasagabaster, de nuevo con la mayor cordialidad y con respeto a los puntos que acaba de desgranar en este segundo turno déjeme ofrecerle la siguiente réplica.
Ha hablado usted, en primer lugar, de miedo y de valentía; de miedo, para aludir al Partido Socialista frente al Partido Popular, y quiero tranquilizarla. Si tuviéramos miedo al Partido Popular no estaríamos en el Gobierno de España. Es
precisamente porque no le tenemos miedo ni tenemos ninguna razón para tenerle miedo al Partido Popular por lo que contendemos con él, en todas las áreas en que pensamos que las políticas públicas están sujetas a debate democrático. Por encima del
debate democrático está la democracia misma, por eso déjeme que le diga que la ciudadanía española no podría perdonarle ni al Partido Socialista ni al Partido Popular que le tuvieran miedo a ETA. Nuestra primera obligación es no tenerle ningún
miedo a ETA, ninguno. Nuestra primera obligación es derrochar toda la valentía, incluso en imaginación, en derrotar a ETA.
Esa es nuestra determinación, y así será hasta el último día; es decir, hasta la desaparición absoluta no sólo del mal, de
la violencia y del terror, sino también de su amenaza, de la sola posibilidad de volver a golpearnos nunca. De modo que tengo que lanzar un mensaje de determinación, que no puede sino hacer honor a lo que la ciudadanía tiene derecho a esperar de
nosotros, quienquiera que esté en el Gobierno o quienquiera que suba a la tribuna a contestar a una interpelación: la determinación absoluta de hacer todo cuanto esté en nuestra mano para tomar partido frente a ETA, para derrotarla.
También quiero hablarle de tomar partido. En su segundo turno usted una vez más ha hecho gala de sensibilidad ante el dolor y el malestar de las familias de los condenados por terrorismo, por pertenencia a banda armada o por integración en
banda armada, y que están cumpliendo por ello penas privativas de libertad. Déjeme decirle que el sistema penitenciario español y la legalidad penitenciaria española, de acuerdo con la Constitución, son profundamente humanitarias; profundamente.
Todo el sistema está inspirado -inspirado, repito- en un profundo sentido de humanidad, que hace que la resocialización, la reeducación y el aprendizaje de la vida en libertad sean la orientación de la pena privativa de libertad. Hace igualmente
que la individualización se ponga de manifiesto también con los presos de ETA; también con ellos. Es por ello por lo que, por ejemplo, no hay presos de ETA en Canarias,
mientras que son muchos los canarios que están cumpliendo penas privativas de libertad a miles de kilómetros del lugar donde nacieron. Tampoco los hay en Baleares ni en Ceuta ni Melilla. La primera humanidad y el primer mensaje de valentía
y de compromiso de un Gobierno responsable de hacer frente al azote del terrorismo tienen que dirigirse a las familias de las víctimas, a las familias que sufren y padecen, a las familias que han perdido a sus familiares y no tienen ninguna
oportunidad de volver a recuperarlos por más que recorran kilómetros por carretera, porque no tendrán una segunda oportunidad sobre la Tierra de abrazar a sus seres queridos. Este compromiso lo tiene que tener el Gobierno, cualquier Gobierno,
absolutamente presente porque es prioritario. Hasta que no satisfagamos enteramente el compromiso que tenemos con las víctimas, derrotando a ETA y haciendo desaparecer la amenaza, la política de dispersión seguirá teniendo sentido, señora
Lasagabaster.
Finalmente, también para la desaparición de ETA existe un espacio para la imaginación política, pero la condición previa, inexorable, ineluctable es la desaparición de ETA, y esa es la única forma de paz, en términos de resolución de lo que
usted ha llamado el conflicto, de la que puede dar cuenta un gobierno responsable; un gobierno responsable ante la ciudadanía, por lo mucho que ha sufrido este país por el azote del terror, por el enorme deseo que existe de ver por fin amanecer un
día en que esta amenaza haya desaparecido para siempre. Esa es la única forma de paz de que podemos hablar en esta Cámara. No existe ningún otro conflicto que no sea el impuesto por las armas, por la sinrazón, por la irracionalidad, por el rencor
y por esa dimensión psicótica, incomprensible e inalcanzable para la razón, de la violencia terrorista.
Ninguna otra resolución cabe a eso que usted ha llamado, entre comillas, el conflicto. La única paz imaginable es la desaparición absoluta,
definitiva, total de ETA y de lo que representa. Mientras eso no suceda, el Estado constitucional de derecho seguirá obligado a ensayar, a utilizar, a agotar, a apurar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, entre ellas, la dispersión,
que es la que hace posible que esa población penitenciaria lo tenga más difícil, lo tenga menos fácil para reconcentrarse, lo tenga menos fácil para practicar horizontal, recíproca, mutua y cotidianamente el chantaje de su propia sinrazón; para que
lo tenga más difícil, para esperanzar nada que sea una apuesta en conexión de esa trama delincuencial dentro de los centros penitenciarios con lo que ellos llaman el exterior, con lo que ellos llaman la acción en el exterior, para que vean más claro
todos los días que sólo les queda horizonte penitenciario en tanto en cuanto no decidan que la violencia es un camino inaceptable, un camino sin salida ante el que sólo cabe la renuncia a la violencia y al terror. En definitiva, la aceptación de
que la única forma de resolver los conflictos en democracia es dialogar, es hablar, es votar, es participar; nunca empuñar las armas, nunca amenazar la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física de los demás.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS DE LOS SECTORES PROFESIONALES AFECTADOS POR LA ESCALADA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO.
(Número de expediente
172/000041.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos, señorías, al último punto del orden del día de hoy: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el
impacto en las economías de los sectores profesionales afectados por la escalada de precios del petróleo. Tiene la palabra el señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Señora presidenta, señor vicepresidente, señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta interpelación ante la preocupación por la incidencia de la elevación del coste del petróleo que estamos viviendo en los
últimos meses. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Disculpe, señor Arias Cañete.
Por favor, señorías, como pueden comprender es imposible que el señor diputado pueda ejercer su derecho a tomar la palabra, por lo que les pediría silencio.
Adelante, señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace cuatro años incidió sobre la economía española un shock petrolífero que afectó duramente sobre todo a los sectores agrario, pesquero y de transporte. El petróleo pasó en 1999 de una media de 17,96 dólares el barril de Brent a 28,49
dólares en el año 2000, y simultáneamente la incidencia fue superior porque la cotización del dólar respecto a la peseta pasó de 156 a 180 pesetas, con lo que la factura del petróleo tuvo una elevación notable. Ante aquel impacto y ante la enorme
preocupación que se suscitó en los sectores afectados, el Gobierno dialogó con las asociaciones representativas de dichos sectores y alcanzó acuerdos para adoptar medidas que permitieran garantizar su competitividad. Dichas medidas se plasmaron,
entre otros varios mecanismos,
en el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y de transporte, que estableció una panoplia de medidas, algunas a favor de las cooperativas, aumentando su capacidad de
suministro de combustible; otras a favor de todos los agricultores, modificando el régimen especial de la agricultura y la pesca en el seno del impuesto del valor añadido, elevando la compensación a tanto alzado que recibían los empresarios
incluidos en dicho régimen, tanto del sector agrario o ganadero como del sector pesquero; se establecían bonificaciones en materia de cotización en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar diferenciadas en función de
los distintos segmentos en que estuvieran incluidos y por tanto del volumen de combustible que tenían las flotas afectadas. Había otra panoplia de medidas fiscales de apoyo al sector del transporte que comprendían deducciones por inversiones,
modificaciones del plazo de permanencia de los elementos afectados a dichas deducciones y, en definitiva, exención de las ayudas por abandono de la actividad del transporte. Era una panoplia de medidas que, junto con otros paquetes, trataron de
paliar los efectos de aquel incremento brutal de costes en estos sectores. Quiero recordar que el Grupo Parlamentario Socialista en aquella ocasión votó en contra de la convalidación del citado decreto-ley porque consideraba que eran unas medidas
insuficientes. Lamento que no esté aquí la diputada Cunillera que en aquella ocasión protagonizó aquel debate, pero esencialmente consideraba que era un paquete que, pese a la ambición del mismo, no daba respuesta suficiente. Es decir, el Grupo
Socialista quería más acción por parte del Gobierno en aquel contexto. De nuevo, señorías, el shock petrolífero se instala en la economía mundial, afecta a la economía española y, dentro de ésta, con mucha más intensidad, a los sectores en cuya
estructura de coste tienen mucha incidencia los combustibles y que, además, carecen de capacidad de trasladar los incrementos de coste de producción a su estructura de precios. El Gobierno ha estado lanzando el mensaje de que el incremento de
costos no era similar al del año 2000, que la situación no era importante, que se podía esperar, que era coyuntural.
Yo quisiera, señorías, hacer algunas reflexiones sobre dónde estamos en la estructura de precios. La media de coste del barril Brent en el año 2003 era de 28,26 dólares; en esta semana ya hemos alcanzado los 46,28 dólares. Estamos
hablando de un incremento del 63,76 por ciento y es verdad que la paridad euro-dólar ha mejorado respecto al año 2000. En el año 2003 el dólar cotizaba a 88,58 céntimos de euro y esta semana cotiza a 81,60. Pero si hacemos la conversión y
actualizamos con la nueva cotización, el incremento del coste del barril Brent en euros es nada menos que del 50,85 por ciento. Por tanto, en menos de un año, el petróleo se incrementa un 50,85 por ciento. Por su parte, la cotización internacional
del gasóleo, que tiene características distintas y problemáticas distintas, ha subido en lo que va de año un 55 por ciento, un 5,6 la pasada semana y por primera vez en la historia de España supera los 80 céntimos por litro. Como el sector agrícola
y el sector pesquero tienen fiscalidades diferenciadas, en un caso exención y en el otro caso bonificaciones, hay que analizar también cuál es el incremento real en ambos sectores. El incremento en el sector agrícola: en junio, el litro de gasóleo
se pagaba a 36 céntimos de euro y en septiembre, ayer, se pagaba a 51 céntimos de euro; un incremento de 40,71 por ciento que en pesetas ha superado las 85, cuando en el año 2000 el máximo fue de 83 pesetas/litro. En el sector pesquero, en
términos porcentuales, todavía es más fuerte el incremento. De junio de 2003 a 28 de septiembre de 2004, el precio pasa de 18 céntimos de euro a 31; es decir, un incremento en el sector pesquero nada menos que del 67,58 por ciento que afecta al
costo de producción más importante de este sector. Y entramos en un momento crucial porque, además, a partir de septiembre se producen dos factores: empiezan los acopios de combustible para calefacción que efectúan los consumidores de todo el
mundo cara al invierno -por lo menos de todo el continente europeo- y el comienzo de las tareas de laboreo previas a la siembra que incrementan adicionalmente la demanda y hacen difícil prever reducciones de precio tan a corto plazo como el Gobierno
pretende y parece que el shock petrolífero no es tan coyuntural como los analistas estimaban, sobre todo vista la situación de la demanda mundial y las escasas inversiones en curso en actividades de prospección y de refino.
Nuestro grupo ha presentado, señorías, esta interpelación ante la preocupación que nos ha causado la respuesta que el pasado 15 de septiembre de 2004 dio el Gobierno, en boca de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, a una
interpelación similar en el Senado. La posición del Gobierno era que la prima de riesgo que se paga por el petróleo es efímera, coyuntural, que el Gobierno está permanentemente estudiando para ver si tiene que tomar algunas medidas, pero el
Gobierno lleva muchos meses estudiando y cuando ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado nos ha hecho un escenario idílico con el barril situado a 33,5 dólares, que es uno de los ejes fundamentales de la fiabilidad de su cuadro
macroeconómico, y desde ese cuadro idílico que presenta el Gobierno decide no tomar, al menos en la Ley de presupuestos, ninguna medida de apoyo. Estamos ante una situación que incide muy negativamente en tres sectores básicos de la economía
española, la agricultura, la pesca y el transporte, porque -como manifesté con anterioridad- estos sectores no tienen capacidad de trasladar sus costes a los precios que reciben: los agricultores, en primer lugar, porque son muy dependientes de
unos precios
mundiales que se fijan en grandes mercados ajenos a su capacidad de influencia, además de por la atomización de la oferta frente a la concentración de la demanda; la pesca, por el sistema de subastas a la baja, que es un sistema muy
complejo que hace que el pescador no pueda regular básicamente el precio, que está en manos de intermediarios, asentadores o mayoristas; y el transporte, por su sujeción a sistemas de tarificación. El problema no es baladí, porque se trata de
sectores que no pueden ajustar su consumo como puede ajustarlo un particular; son sectores en que el combustible es un elemento fundamental de funcionamiento: en el sector pesquero, sin combustible, los barcos no salen a la mar; los
transportistas tienen que cubrir los itinerarios y los agricultores tienen que realizar sus labores de laboreo de siempre, y el gasóleo supone una parte muy importante de sus costos. Es muy discutible el consumo de gasóleo agrícola y es muy difícil
de estimar -no sé la cifra que tiene el vicepresidente-, porque las organizaciones agrarias están hablando de 3.500 millones de litros y en función de ese consumo establecen su perjuicio, y los documentos gubernamentales que han hecho aproximaciones
al consumo, sobre todo la estrategia de ahorro y eficiencia energética para el periodo 2004/2012, al abordar el sector agrario y pesquero estimaban que en el agrario, con una media de potencia en los tractores de 58 caballos y un consumo medio
litro/hora de 8,81, incluyendo laboreos, desplazamientos y las cosechadoras, se cifraba el consumo de maquinaria en 2.200 millones de litros de gasoil, a lo cual habría que sumar casi un 25 por ciento más del gasoil utilizado para bombas de
impulsión de los regadíos, es decir, estaríamos hablando de 2.700 millones de litros como mínimo; la flota española, de 15.000 barcos, consume más de 1.300 millones de litros/año, y en el sector del transporte, que no tiene bonificaciones ni
exenciones, el incremento de los combustibles todavía tiene una incidencia mayor.
Nuestro grupo formula esta interpelación para conocer qué va a hacer el Gobierno. Nuestro grupo considera que se dan las circunstancias objetivas para que el Gobierno ponga en marcha un paquete de medidas, combinando políticas sociales y
políticas de rentas que puedan paliar esta situación, y creemos que lo debe hacer con urgencia. En el año 2000, la fórmula que se eligió fue que los tres ministros afectados, el de Hacienda en su caso, el de Fomento y el de Agricultura, se sentaron
a la mesa de negociación con los sectores y llegaron a acuerdos, acuerdos que el Partido Socialista consideró insuficientes. Pues ahora que hablan ustedes de talante distinto pueden hacer honor a sus promesas y demostrar que no hacían demagogia
cuando entonces se unían a las peticiones de cualquier índole que se pusieran encima de la mesa. Señor vicepresidente, yo sé que en estos temas nos tenemos que mover en el seno de la Directiva 96/2003 del Consejo, por la que se reestructura el
régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de electricidad que permite establecer un gasóleo profesional en el proceso de armonización fiscal, y los artículos 7.º.2 y 18 de esa directiva, sobre todo este último que establece en
su punto 3 una autorización especial al Reino de España para que tenga primero un periodo transitorio de ajuste, pero en segundo lugar un margen de establecimiento de gasóleo profesional, y en el sector agrario el artículo 8.º permite otras
posibilidades. Nuestro grupo no condiciona la decisión del Gobierno, que tiene la facultad de ver en un debate global, en una situación global, cuáles sean los mejores mecanismos. Nuestro grupo insta al Gobierno a sentarse a la mesa de
negociación, a dar la cara ante los sectores y a llegar a acuerdos.
Nuestro grupo hoy quiere saber qué actuaciones urgentes va a adoptar e Gobierno para resolver este problema, qué actuaciones a medio y largo plazo está dispuesto a poner en marcha
para disminuir la incidencia del shock petrolífero en nuestros sectores y conocer cuál sea la posición del Gobierno sobre el establecimiento del gasóleo profesional. Espero de esta tarde que tenemos la satisfacción de que el vicepresidente
económico que tiene la capacidad de orientar y de concretar las actuaciones de todos los ministerios afectados, coordinándolas, nos diga, en primer lugar, si piensan ustedes hacer algo o con valentía nos diga que no van a hacer nada porque
consideran que su cuadro macroeconómico se va a cumplir a rajatabla y que estamos en una situación coyuntural, o si por el contrario van a hacer honor a la palabra que dieron en este hemiciclo, van a poner ustedes en marcha las medidas que desde
esos bancos reclamaron al Gobierno del Partido Popular al considerar insuficientes las ayudas que se pusieron encima de la mesa. Le agradecería, señor vicepresidente, que nos diga usted con toda franqueza, si van a tomar alguna medida, si van a
abordar el estudio del gasóleo profesional y su implantación en España para el sector del transporte y cuáles van a ser los mecanismos que vayan a poner en marcha en el sector pesquero, que atraviesa una enorme dificultad en este momento -hay una
enorme preocupación en todos los puertos de España por el incremento de costes que puede inviabilizar la actividad pesquera- y en el sector agrario, donde estamos asistiendo a una espiral de costes de combustibles que luego tienen impacto derivado
en todos los fertilizantes y en todos los inputs que el sector agrario debe utilizar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Arias Cañete.
Es el turno para contestar a esta interpelación del vicepresidente segundo, el señor Solbes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.
El primer punto para un debate correcto es ponernos de acuerdo en el problema y en las cifras. Usted ha hecho unas comparaciones, sin duda alguna correctas, entre el año 2003 y la situación actual; posiblemente también se podría hacer la
misma comparación entre el año 2000 y el momento actual y seguramente los resultados a los que llegaríamos serían bastante distintos. En primer lugar, es indudable que los precios han subido en los meses de agosto y septiembre; no cabe la menor
duda. Los precios llegan a alcanzar cifras próximas a los 50 dólares en el West Texas y por encima de los 46 en el Brent. Tenemos un primer debate: usted dice si esto no es coyuntural es estructural. Yo creo que este es un tema discutible. Le
doy un argumento de autoridad: 28 de septiembre, Bruselas, Efe: La vicepresidenta de la Comisión Europea Loyola de Palacio insistió hoy martes en que el alza de los precios se debe a circunstancias coyunturales excepcionales y que la solución pasa
por un aumento de diálogo entre países productores y consumidores. Creo que es un argumento de autoridad respecto a si los precios son excepcionales o no.
Veamos qué es lo que ha sucedido en realidad con los precios del petróleo en Europa. En dólares nominales es verdad que el incremento ha sido de un 50 por ciento en lo que va de año y hemos superado el máximo histórico del año 1991. Sin
embargo, si analizamos el tema en términos reales la situación es muy distinta. De hecho, los precios en términos reales están por debajo claramente del precio medio alcanzado en el año 1980 durante la segunda crisis energética. Por tanto, hay que
analizar estos temas sin alarmismo porque, si por ejemplo vemos la situación actual, a pesar de los últimos repuntes, durante el mes de agosto y partiendo de una situación no coyuntural actual el precio del barril Brent fue de 43,11, mientras que
hasta el momento la media del mes de septiembre es del 43.
Todo parece indicar, como decía antes, la coyunturalidad del pico actual, que tiene mucho que ver con la situación en Rusia con China, con los problemas de Nigeria y con los huracanes en el
Caribe. También existen otros factores que están amortiguando los efectos del aumento de precios, fundamentalmente la evolución paridad dólar/euro. En este sentido, en septiembre del año 2000, por ejemplo, el barril Brent llegó a los 33 dólares,
lo que significaba 37,83 euros; en el momento actual, los 42,93 dólares de media de este mes representan 35,18 euros. Por tanto, la situación en cuanto al barril es menos grave en estos momentos que en el año 2000. Por otra parte, debe destacarse
que el aumento del precio del petróleo no ha sido repercutido en su totalidad a los consumidores españoles. En el caso, por ejemplo, del gasóleo de automoción su precio ha aumentado en el periodo interanual casi la mitad de lo que ha aumentado la
cotización internacional, y lo que se ha producido es una reducción de los márgenes de comercialización. Por tanto, primera reflexión, han aumentado los precios del petróleo sin duda alguna; segunda, ¿es coyuntural o no? En mi opinión una parte
sustancial es coyuntural. ¿Cómo resolvemos el problema? Su señoría plantea que lo adecuado es dotar de medidas de tipo fiscal que permitan reducir el precio especialmente del gasóleo. Sin embargo, yo creo que también hay que ser muy prudente en
este tipo de decisiones. Es verdad que las prácticas que conocemos en el pasado en España y en algunos otros países es que paliar un encarecimiento del crudo con reducciones de impuestos, que puede ser un aparente respiro a corto plazo, sin duda
alguna plantea problemas de ajuste mucho más brusco y difícil posteriormente. Por otra parte, reducir los impuestos indirectos sobre los productos petrolíferos ante las elevaciones de los precios internacionales del crudo y de sus derivados es
verdad que incentiva la transferencia de renta del país consumidor reproductor, con lo cual enviamos un mal mensaje a los países productores y operadores petroleros, y también es una medida insuficiente que se agota en sí misma especialmente si las
subidas del precio del crudo y/o sus derivados continúan. Esa es la razón por la que la Comisión Europea ha desaconsejado a los Estados miembros el uso de la reducción de impuestos como un arma contra el incremento de precios del crudo.
Con ocasión de la elevación de precios del petróleo acaecida en el año 2000, la Comisión Europea publicó su comunicación del suministro de petróleo en la Unión Europea y el precio del petróleo. El responsable de la energía en aquel momento
era exactamente la misma comisaria a la que he hecho referencia anteriormente, y en su documento se decía de forma muy clara, y leo textualmente: Es preciso evitar la tentación de amortizar el incremento en los precios del petróleo mediante una
reducción de la fiscalidad, considerando una medida de este tipo contraria a nuestros objetivos -de la Comisión- pero evidentemente también a los que debe tener nuestro país medioambientales y fundamentalmente los ligados al Protocolo de Kioto.
Sobre las consecuencias de una política de reducción fiscal encontramos un ejemplo de interés precisamente en los sectores objeto de su pregunta, y me refiero a las medidas adoptadas en el año 2000. Las medidas que se incorporaban eran
expresamente, según se dijo entonces, de naturaleza coyuntural, lo que implicaba la necesidad de derogarlas cuando el precio del petróleo descendiera. No obstante, no fue eso lo que ocurrió. Durante el año 2001 el precio medio fue de 24,45 dólares
y en el año 2002 de 25,02, y ello frente al 28,50 del año 2000 que motivaron las medidas. En lo que respecta al gasóleo de automoción su precio descendió desde los 33,50 dólares a los 30,49 en el año 2002. Si se
hubiesen derogado las medidas entonces, tal como se planteaba en las decisiones coyunturales del año 2000, ahora dispondríamos de un margen de maniobra del que en este momento no disponemos.
Entre su análisis y el mío hay dos diferencias importantes. Usted considera que la subida es estructural y yo considero que una parte importante de la subida es coyuntural, excepcional; y usted considera que comparándolo con el año 2003 la
situación ha empeorado y yo le digo que, sin embargo, si lo comparamos con el año 2000 la situación no es peor y lo que sucede es que en el 2003 mejoró la situación claramente respecto al año 2000 y no hubo marcha atrás en las medidas de tipo
coyuntural. No obstante, somos sensibles a las preocupaciones de la opinión pública y es por esa razón por la que la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación está estudiando conjuntamente con nosotros la posibilidad de adoptar algunas medidas
en el caso de que la situación persista. Todo esto dicho sin perder de vista dos objetivos fundamentales, en primer lugar, que la reducción de la fiscalidad en los hidrocarburos es una medida que nos resuelve los problemas a corto, nos ayuda a
paliarlos, pero que nos crea problemas a medio y largo plazo. Si no somos capaces de trasladar a los utilizadores de los recursos los incrementos de los costes de los inputs que están utilizando, sin duda alguna estamos introduciendo distorsiones
en el sistema que plantearán problemas posteriormente. Su señoría dice que son sectores que no tienen margen de maniobra vía precios. Yo creo que esa es una afirmación como mínimo discutible. Por tanto, yo creo que ese es un punto importante.
Veamos su segundo punto. Su señoría dice que además estos sectores necesariamente tienen que seguir consumiendo gasóleo. Sin duda alguna. Pero analicemos qué ha sucedido en este país en los últimos años como consecuencia de no adoptar las medidas
que se tienen que adoptar. En el año 2002 el consumo de petróleo en el mundo fue un 18 por ciento superior al de 1980; en la OCDE ese aumento fue del 12 por ciento, en la Unión Europea fue del 1 por ciento y, sin embargo, en el caso de la economía
española el consumo anual en el año 2002 fue un 40 por ciento mayor que en el año 1980. Su señoría me dirá que evidentemente hay un mayor crecimiento y hay un mayor PIB, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, cuando analizamos la evolución de
gasto energético por unidad de petróleo, S.S. estará de acuerdo conmigo en que este país ha avanzado muy poco en comparación con los países de la Unión Europea.
Ahí es donde tenemos parte del problema. Si hubiéramos sido capaces de avanzar en la
reducción energética, seguramente, una parte del problema que se plantea se vería enormemente paliado. El problema grave de fondo es que, como nuestro modelo se ha basado en unos costes menores de productos petrolíferos en estos años y hemos
incentivado el consumo, la subida de esos precios nos afecta de forma más negativa que a otros países. Por esa razón yo creo que hay algo que se puede poner en marcha inmediatamente. Poner en marcha, como se ha citado ya, un plan Renove para la
agricultura nos parece una excelente medida en la que estamos trabajando, porque nos permitirá mejorar la eficiencia energética del sector agrario, lo mismo se puede decir para el sector pesquero, y al final estaremos ayudando a reducir costes sin
plantear problemas de otro tipo. Por otro lado, es verdad que parte de las medidas que se adoptaron en el año 2000 podían tener sentido en su momento. Se debieron haber suprimido pero siguen en vigor; unas porque no han sido modificadas por la
Unión Europea, y otras porque fueron declaradas ilegales por la Unión Europea y han tenido que ser suprimidas. Por tanto, estamos analizando el impacto real, estamos viendo cuáles son las medidas posibles y, evidentemente, si es necesario el
Gobierno tomará las medidas oportunas, si considera que esa decisión está justificada en función de la situación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente segundo.
Es el turno de réplica, señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Señora presidenta, señorías, no comprendo el interés que tiene el Gobierno en minimizar el problema. Lo analizaremos, lo consideraremos y veremos si procede. Señor Solbes, el gasóleo tiene el precio más alto de la
historia de España, pues pasa de 80 céntimos por litro. Se ha incrementado en los sectores agrario y pesquero brutalmente en un año y usted dice que no pasa nada. Son sectores en los que el señor vicepresidente sabe que el precio lo pueden fijar
los productores, pero dígaselo usted a los pescadores de Barbate o de Algeciras, porque es imposible que lo fije el pescador, ya que el sistema de ventas que existe lo inhabilita, o al productor de trigo, al que, ya puede hacer lo que quiera, los
precios mundiales le están marcados por la cosecha grande o chica en el mundo, en Rusia o en los Estados Unidos. No depende de su voluntad ni de su estructura de costes ni de los sistemas de apoyo. El sistema ideal sería que la Unión Europea fuera
capaz de reaccionar y apoyara el uso petrolífero en sus sectores productivos. Lo hacen muchos Estados, unos abiertamente y otros con fórmulas encubiertas; de hecho ya lo conocimos en el año 2000. La fórmula ideal es pedir una reacción unánime de
la Unión Europea bajo marcos que no alteren la competencia, pero tendremos que competir con muchos Estados que van a apoyar a sus sectores y mientras tanto nuestro Gobierno estudia, piensa, considera y afirma que no podemos hacer nada porque se
tomaron medidas que fueron coyunturales y se convirtieron en estructurales. Las bonificaciones para la
Seguridad Social se concedieron en un trimestre del año 2000, pero no siguieron en 2001, cuando bajaron los precios, y pueden ustedes perfectamente hacer lo mismo en el sector pesquero, bonificar las cotizaciones y pagarlas con cargo al
INEM, que hoy día cuenta con flexibilidad presupuestaria para hacerlo. Lo pueden hacer perfectamente, puesto que no estamos hablando de grandes cantidades, sino de cantidades muy asumibles, señor Solbes. Yo esperaba hoy una sensibilidad con el
sector pesquero y alguna con el sector agrario. ¿Por qué se aumentó la compensación por IVA? Porque había incrementado su estructura de costes.
¿Y por qué se ha mantenido? Porque los precios de los plásticos, de los fertilizantes, de los abonos
y de los fitosanitarios se han encarecido durante todo este período. No había ninguna razón para bajarlos porque la compensación por IVA, cuando se justifica ante la Unión Europea es así, hay que hacerlo con un incremento de costes que ha seguido
durante todo el período. Ahora se produce uno adicional, que puede justificar otro punto de IVA de compensación.
Mi grupo no le ha pedido en ningún momento, señor Solbes, la reducción de los impuestos especiales de los hidrocarburos que gravan el sector agrícola. Este es un grupo que tiene coherencia política, que dice lo mismo en la oposición que en
el Gobierno. Fue su grupo parlamentario el que nos pidió a nosotros que bajáramos los impuestos de los hidrocarburos y que estableciéramos exenciones en el sector agrario y no lo hicimos en aquel momento. Cuando nosotros ostentábamos el Gobierno
afirmamos que reducir la fiscalidad del petróleo y sus derivados era una iniciativa que lo que haría sería frenar la acomodación de nuestro consumo y del uso del petróleo a una circunstancia objetiva, como ha sido la de su encarecimiento, que
enmascararía una realidad ante los sectores productivos, que falsearía esa realidad y que el día de mañana tendríamos que hacer frente a consecuencias peores en términos de aumento de facturas, porque, evidentemente, cuando una economía se enfrenta
simultáneamente a un encarecimiento del petróleo y a una demanda interna que crece a ritmos superiores a los del PIB, lo que hace la rebaja impositiva es aumentar tensiones inflacionistas, además de otros efectos.
Usted mismo, siendo comisario
europeo -me alegro de que hoy haya mantenido la coherencia-, afirmó que bajar los impuestos especiales sería un error y una contradicción. En aquel debate se lo dijimos a la señora Cunillera: póngase usted de acuerdo con el señor Solbes. Dado que
usted cita como autoridad a doña Loyola de Palacio en aquella época, le felicitamos a usted como autoridad. Siempre se puede citar a autoridades de la Comisión Europea. Tampoco pedimos la intervención de precios en el sector petrolífero que llegó
a solicitar su grupo. No estamos tan enloquecidos. Desde la responsabilidad y la coherencia le decimos que tiene usted margen en este momento para otras actuaciones fiscales, como por ejemplo adecuar los módulos en el impuesto sobre la renta en
este ejercicio. Yo no sé si estaremos ante una situación estructural de largo recorrido, ante una coyuntural de larga duración o ante una estructural de corto recorrido. Yo ya no sé dónde estamos en el sector petrolífero, como no lo sabe ningún
analista. Si lo supiera, me haría millonario y ese no es mi objetivo en la vida. No lo sé y probablemente S.S. tampoco lo sepa perfectamente. Estamos en una situación muy compleja. En estos momentos estamos con máximos precios y máxima
producción de la OPEP. Eso me lo tendrá que reconocer su señoría. Nunca se había bombeado tanto y nunca el precio había estado tan alto. Estamos en un momento en que China está importando el 30 por ciento más, y China no es un país pequeño, no es
Liechteinsten, e India un 11 por ciento más. Esos ritmos de importación pueden ser crecientes. Usted me da como argumento que España no puede hacer nada porque el gasóleo se incrementa. ¿Cómo no se va a incrementar el gasóleo si un coche con un
motor diesel cuesta lo mismo que uno con un motor de gasolina y consume un combustible que vale mucho menos? La gente compra coches diesel en España porque tiene un combustible con un precio razonable. Por eso el consumo es muy fuerte y hay
problemas de aprovisionamiento de gasóleo, como sabe perfectamente el señor vicepresidente.
Nosotros lo que le pedimos son dos cosas: sensibilidad urgente con el sector pesquero tomando medidas inmediatas y sensibilidad con el sector agrario. Puede usted modificar los módulos y el IVA. No le hemos pedido que reduzca el impuesto
especial de hidrocarburos. Y desde luego que empecemos a estudiar en serio el gasóleo profesional, porque el año 2007 ya está encima de la mesa. De las cosas que le he preguntado es ¿qué va a hacer con el gasóleo profesional del sector del
transporte? ¿Qué objetivos tiene a corto y medio plazo? Y, sobre todo, ¿qué medidas se pueden adoptar en el sector del transporte con esta coyuntura? El Gobierno lleva mareando la perdiz o practicando la suerte de don Tancredo desde el mes de
mayo. Enfocado el otoño, y en octubre, los estudios están muy bien, pero creo que está en condiciones en este momento, señor vicepresidente, de poner encima de la mesa alguna medida.
El Plan Renove lo teníamos diseñado en el mes de enero y pactado con las asociaciones de fabricantes. Estaba terminado y encima de la mesa. Se puede poner en marcha mañana, porque es un plan del anterior Gobierno.
Tenía un coste bastante
razonable y en términos de eficiencia energética puede ser una ayuda para los agricultores porque los tractores modernos de más potencia consumen menos por hora de laboreo y tienen más condiciones de seguridad. Se cumplen dos factores: más
seguridad en los tractores y más eficiencia energética. Por tanto, en el marco de esa estrategia
de eficiencia energética, que hay que poner en el sector agrario y en el pesquero, un Plan Renove que ya tienen hecho lo pueden aplicar ya, no hace falta estudiar más. La ministra Espinosa no tiene que estudiar nada, estaba terminado y se
lo entregamos totalmente hecho. Por tanto, ese plan se puede poner en marcha mañana. Sin embargo, para las demás medidas fiscales o las de la Seguridad Social es usted el que tiene la última palabra. En este momento hay sectores que trabajan con
márgenes muy ajustados, las ayudas comunitarias están congeladas en términos absolutamente reales y los precios agrarios se mueven muy poco, y ello justifica un apoyo especial por parte del Gobierno. En sus manos está solucionarlo o seguir haciendo
de don Tancredo, pero los dontancredos nunca solucionan los problemas de la economía. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Arias Cañete.
Adelante, señor vicepresidente. Tiene la palabra para contestar.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Hay algunos puntos que puedo compartir claramente con usted. Es cierto que estamos en los precios más altos del gasóleo. La cuestión es si la
solución de un problema temporal, con una medida estructural, tiene sentido o no y cuál es su impacto. Usted pregunta si, con los datos disponibles, considero que el problema es claramente estructural. Yo le he dicho que tengo mis dudas, porque
comparto el segundo punto que usted ha dicho. Y es que usted no sabe si estamos en un momento de subida máxima del petróleo o, en función de la evolución de la oferta y demanda, los precios pueden evolucionar de otra forma. Yo creo -y ahí sí estoy
absolutamente de acuerdo- que el tema es discutible y hay argumentos excelentes en una y otra dirección.
Lo que yo sí he puesto de relieve es que la situación en el momento actual, considerando no la cotización de un día, sino la media del último mes, no es muy distinta de la situación del año 2000, y que en la medida en que las del año 2000
siguen en vigor, parte de los problemas que S.S.
me plantea deben haber sido resueltos con esas medidas del año 2000. ¿Eso quiere decir que no somos sensibles? No, somos sensibles. ¿Eso quiere decir que no vamos a actuar? No, vamos a actuar si
lo consideramos necesario. Y, por supuesto, las fórmulas -y ahí también veo que hay puntos de acuerdo- que podríamos utilizar deberían ser todas aquellas que fueran compatibles con la legislación comunitaria para que no tuviéramos la desagradable
sorpresa, como pasó con algunas de las medidas del año 2000, que al final fueron atacadas y anuladas por la Comisión. Ya sé que se me puede decir con cierto cinismo que esto es lo que hicieron otros también y que al final, después de un cierto
tiempo, cuando se condena por parte de la Comisión este tipo de prácticas, se ha conseguido el objetivo de una mejora temporal de la situación. Sin embargo, se ha perdido un tiempo claro en el sentido de mandar mensajes específicos del impacto que
tiene el consumo energético en el producto. Por tanto, somos sensibles. Si consideramos conveniente actuar, actuaremos. Le he dicho que en estos temas estoy en contacto con la ministra de Agricultura y Pesca y en su momento podremos dar mayores
precisiones.
El problema del gasóleo profesional plantea una alternativa diferente.
Como S.S. sabe, la directiva comunitaria admite la existencia de un gasóleo profesional siempre y cuando al menos se hayan conseguido los mínimos de hidrocarburos que
tienen que incluirse en la fiscalidad nacional. Su señoría sabe que esa no es la situación española. Por tanto, empezar a hablar ahora de descontar algo cuando todavía no hemos llegado a los mínimos no tiene demasiado sentido. Si S.S. quiere que
hablemos sobre lo que puede suceder después del año 2007, cuando hayamos alcanzado esos niveles y sobre cómo se pueden plantear los temas, tenemos tiempo para hacerlo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señorías, levantamos la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.