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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 34, de 28/09/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 34
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 30
celebrada el martes, 28 de septiembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, para ampliar y universalizar las deducciones por
maternidad y por cuidado de ascendientes y personas discapacitadas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 81-1, de 4 de junio de 2004. (Número de expediente 122/000065.) ... (Página 1432)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la disposición derogatoria única a) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
37-1, de 23 de abril de 2004. (Corrección de error en BOCG, serie B-37-2, de 18 de junio de 2004.) (Número de expediente 122/000023.) ... (Página 1441)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 48-1, de 23 de abril de
2004. (Número de expediente 122/000037.) ...
(Página 1441)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), Orgánica sobre interrupción voluntaria del embarazo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 53-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000042.)
... (Página 1441)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la anulación del Consejo de Guerra sumarísimo a que fue sometido el Presidente de Cataluña Lluís Companys. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 24, de 28 de
mayo de 2004. (Número de expediente 162/000071.) ... (Página 1451)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la regulación de recurso de casación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 29, de 4 de junio de 2004. (Número de expediente 162/000091.) ... (Página
1463)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. (Número de expediente 173/000024.) ... (Página 1471)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia. (Número de expediente 173/000025.) ... (Página
1477)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la responsabilidad ambiental en la acción de gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro, a la altura del pantano de Flix. (Número de expediente
173/000026.) ... (Página 1483)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 1432)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, para ampliar y universalizar las deducciones por
maternidad y por cuidado de ascendientes y personas discapacitadas ... (Página 1432)
La señora Pigem i Palmés defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la toma en consideración de una proposición de ley cuyo objetivo es la universalización de la prestación de 100 euros por hijo menor de tres
años a las madres con empleo, adoptada en la legislatura pasada, a todos los menores de tres años con independencia de cuál sea la situación laboral de sus progenitores, y se propone también la extensión del derecho a percibir dicha prestación a las
familias que tengan conviviendo con ellos y a su cargo ascendientes con limitación de ingresos o personas con discapacidadon Explica que es una iniciativa de indudable contenido social y un compromiso electoral de Convergència i Unió, que hace de la
protección de las familias una prioridad política.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, de Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); y las señoras Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la disposición derogatoria única a) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica.) ... (Página 1441)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica.) ... (Página 1441)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), Orgánica sobre interrupción voluntaria del embarazo ... (Página 1441)
Las tres iniciativas relativas a la interrupción voluntaria del embarazo se debaten conjuntamente, por tener idéntico contenido. En primer lugar interviene en la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la disposición derogatoria única a) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica), el señor Cerdà Argent. En segundo lugar la señora García Suárez, en nombre
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, defiende la toma en consideración de la propuesta de su grupo, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo; y finalmente lo hace la señora
Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, con la tercera de las proposiciones de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés y el señor Duran i LLeida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras
Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y otras normas tributarias, para ampliar y universalizar las deducciones por maternidad y por cuidado de ascendientes y personas discapacitadas, se rechaza por 165 votos a favor, 166 en contra y una abstención.
Sometida a votación en segundo lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), de modificación de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del
Código Penal, se rechaza por 21 votos a favor, 302 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación en tercer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, se
rechaza por 20 votos a favor, 297 en contra y 15 abstenciones.
Sometida finalmente a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre interrupción voluntaria del embarazo, se rechaza por 21 votos a favor, 299 en contra y 14 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 1451)
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), relativa a la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el presidente de Cataluña Lluís Companys ... (Página 1451)
Presenta la proposición no de ley el señor Tardá i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) Pide a la Cámara que no considere esta proposición no de ley como un asunto de trámite sino como una reparación histórica
que todo el pueblo de Cataluña está esperando en la figura del que fue su presidente Lluís Companys, fusilado por haber sido ministro de la República española. Manifiesta que esta proposición no de ley plantea asimismo la impunidad de los crímenes
contra la humanidad cometidos por el Estado español bajo la dictadura del general Franco y critica la Ley de amnistía del 15 de octubre de 1977, que considera una ley de punto final, que estableció la impunidad de los crímenes contra la humanidad,
impunidad que, añade, contradice toda la legislación internacional de respeto y protección de los derechos humanos que las Naciones Unidas han establecido desde el triunfo de la democracia hasta el fascismo y el nacismo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal y los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
El señor Tardá i Coma hace saber a la Mesa que no acepta ninguna de las enmiendas.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la regulación del recurso de casación ... (Página 1463)
Presenta la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Considera que la proposición no de ley que presenta su grupo es de naturaleza técnicojurídica, fácil de asumir y de consensuar,
razonable en su configuración material y razonable desde la perspectiva de una mayor eficiencia del servicio público de la justicia. Explica que se trata sobre todo de configurar razonablemente el denominado procesalmente recurso de casación en sus
distintas vertientes para poder hacer frente al problema actual de falta de eficiencia en el funcionamiento del Tribunal Supremo, que está afectado en este momento por una gran carga de trabajo. Tras razonar jurídicamente su propuesta, propone en
definitiva que el recurso de casación ordinario quede radicado totalmente en las salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aclarar si se aceptan o rechazan las enmiendas intervienen los señores Olabarría Muñoz, Astarloa Huarte-Mendicoa y Rascón Ortega.
Sometidos a votación en primer lugar los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) relativa a la anulación del consejo de guerra sumarísimo al que fue sometido el presidente de Cataluña Lluís
Companys, se aprueba por 185 votos a favor, siete en contra y 127 abstenciones.
A continuación se somete a votación el punto 3 de la proposición no de ley, que se rechaza por 34 votos a favor, 284 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación finalmente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), con la incorporación de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 184 votos a favor, cuatro en
contra y 134 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 1471)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia ... (Página 1471)
Presenta la interpelación el señor Ayala Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Considera inaceptable en primer lugar el desprecio que demuestra la señora ministra de Fomento por las regiones afectadas por el
tren de alta velocidad de Levante al haber perdido más del 50 por ciento de su tiempo en la interpelación urgente del pasado miércoles hablando del AVE a Sevilla y del AVE a Barcelona y no haberse presentado hoy a escuchar la moción como diputada
del Grupo Socialista. Critica duramente la intervención de la señora ministra en el debate de la interpelación y pasa a explicar el contenido de su moción en la que piden, porque es imprescindible, que el Congreso se pronuncie sobre el cumplimiento
de los compromisos adquiridos, no solamente para el ejercicio 2005, sino también para poder acudir a las ayudas europeas que han de estar vinculadas antes del año 2007. Añade que no tienen más interés que mantener los actuales compromisos de
acepción de fondos comunitarios, que deben estar hechos antes del año 2007, y piden al PSOE que trate al Levante español, desde Cataluña hasta Andalucía, como lo estaba
tratando el Partido Popular y está demostrado en los presupuestos del año 2004 en las provisiones de los años anteriores y, además, con todas las garantías parlamentarias.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, y Saura García del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno por alusiones, el señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pide que sea retirada del 'Diario de Sesiones' una alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid que considera injuriosa, petición que es
denegada por la Presidencia.
Continuando con el turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Ayala Sánchez.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia ... (Página 1477)
La señora García Suárez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la regulación de la disponibilidad de la propia vida
realizada la semana pasada. El objetivo de la interpelación urgente y de la moción, dice, no es otro que abrir el debate y el diálogo sobre un tema tan sensible e importante como es la regulación de la eutanasia que lleva años esperando un
diagnóstico y una regulación adecuada a las necesidades de la sociedadon Insiste en que se debe desarrollar la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y en que si bien la prestación de cuidados paliativos era de vital importancia, no era
necesario mezclarlo con la petición y el derecho a la disponibilidad de la propia vida, si bien para su grupo ésta no será la razón que dificulte el crear el marco necesario para el debate. Por eso anuncia una transaccional a la enmienda del Grupo
Socialista que consiste en añadir a continuación del punto 2 de su enmienda de sustitución el punto siguiente: 'Con esta finalidad, a mitad de legislatura se constituirá una comisión no permanente de estudio sobre la disponibilidad de la propia
vida'. Afirma que a su entender la enmienda transaccional ha sido el fruto del consenso y del diálogo para acercar posiciones y para buscar vías de abordaje de esta realidad social.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Pozuelo Meño, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
La señora García Suárez, a instancias de la Presidencia, manifiesta su aceptación de la enmienda de sustitución más la enmienda transaccional.
La Presidencia, tras preguntar a la Cámara si se opone algún grupo, anuncia que la votación se hará en los términos propuestos por el grupo que tuvo la iniciativa.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la responsabilidad ambiental en la acción de Gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro, a la altura del pantano de Flix ...
El señor Puigcercós i Boixassa presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), una moción en defensa de los intereses de las comarcas del Ebro, también llamadas en Cataluña las terras de l'Ebre, y en especial de la
comarca de la Ribera del Ebro. Denuncia el hecho de que 200.000 toneladas de residuos tóxicos están depositados en el lecho del pantano de Flix, lo que al parecer era un secreto a voces y era conocido por los anteriores gobiernos, el catalán y el
español, y por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. Por suerte, dice, la alta densidad de los contaminantes hace que estos permanezcan en el lodo y permiten que el agua no se contamine, pero se corre el riesgo
de que la reducción del caudal por razones climatológicas o los posibles movimientos sísmicos provoquen su desplazamiento hacia el Delta. Piensa que en este momento existe sensibilización y legislación ambiental para reconducir estos
problemas, pero hace falta voluntad política y pasa a explicar las siete medidas que propone Esquerra Republicana para implementar esa voluntad política.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Guinart Solà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y la señora Lizarraga Gisbert, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, en sus propios términos, el párrafo primero de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia, se rechaza por 129 votos a favor, 158 en contra y 16 abstenciones.
Sometido a votación el segundo párrafo de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 284 votos a favor, seis en contra y 16 abstenciones.
Tras un incidente con la enmienda transaccional presentada a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia, a la que
en este momento se opone el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Llamazares Trigo retira la moción consecuencia de interpelación urgente de su grupo.
Sometida a votación finalmente la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la responsabilidad ambiental y la acción de gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en
el río Ebro a la altura del pantano de Flix, en los términos señalados por el grupo proponente, se aprueba por 174 votos a favor, 132 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las once y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 40/1998, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS, PARA AMPLIAR Y UNIVERSALIZAR LAS DEDUCCIONES POR
MATERNIDAD Y POR CUIDADADO DE ASCENDIENTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS. (Número de expediente 122/000065.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Iniciamos nuestro trabajo de la semana y el debate del orden del día, que comienza con la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, de modificación de la Ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias, para ampliar y universalizar las deducciones por maternidad y por cuidado de ascendientes y personas discapacitadas.
Por parte del grupo proponente tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. La pasada legislatura el anterior Gobierno adoptó una medida, la prestación de 100 euros mensuales por hijo o hija menor de tres años, que fue muy bien acogida por la ciudadanía aunque tuvo un pero, que era su
limitación. Esta limitación consistía en que únicamente podían acogerse a dicha prestación las madres con empleo, quedando excluidas todas las demás, que, precisamente por carecer de él, eran quizá -o al menos así se decía- las que más lo podían
necesitar.
Pues bien, hoy el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió trae al Pleno, para su toma en consideración, una proposición de ley cuyo objetivo es la universalización de dicha prestación de 100 euros a todos los y las menores de tres
años, con independencia de cuál sea la situación laboral de sus progenitores, y que propone también la extensión del derecho a percibir dicha prestación a las familias que tengan conviviendo con ellos y a su cargo ascendientes con limitación de
ingresos o personas con discapacidad. Es una iniciativa de indudable contenido social, un compromiso electoral de Convergència i Unió que hace de la protección de las familias una prioridad política y que, de tomarse en consideración, será un paso
significativo en el objetivo fundamental de dar un impulso a nuestro Estado del bienestar con la mejora de las políticas de apoyo a las familias. Es una iniciativa que se inscribe claramente en el mandato constitucional a los poderes públicos para
que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia; mandato constitucional, señorías, que es innecesario justificar porque es evidente que las
familias son el primer y principal núcleo de solidaridad, de seguridad y de confianza. Son el marco natural en el que sus miembros, especialmente los más pequeños, se benefician del afecto y de la ayuda material indispensable para su
crecimiento físico y emocional. Las familias son la garantía del bienestar de las personas y de su desarrollo integral al tiempo que son también un elemento clave de cohesión social, y por esto la vida de un país difícilmente puede entenderse sin
el sólido tejido que representan las familias; unas familias que además en España son las que de manera absolutamente desmesurada, desproporcionada, en relación con los países de nuestro entorno, proveen los cuidados a los hijos, a los mayores
cuando no pueden valerse y a los familiares con discapacidad.
Digo las familias y debiera decir que son las mujeres de las familias las que se hacen cargo de todo ello. Por esto, el impulso del Estado del bienestar que reclamamos con la toma en
consideración de estas políticas de apoyo a las familias redundará también en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un objetivo que, como bien sabemos, está todavía alejado de ser una realidad y cuyos obstáculos estamos también
obligados a remover los poderes públicos a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de nuestra Carta Magna. Hablo, señorías, de familias en plural, porque la realidad familiar en una sociedad moderna como la nuestra es plural, es diversa. Hoy no
estamos hablando sólo de familias compuestas por padre, madre, hijos e hijas, aunque no por ello podemos olvidar que más de la mitad de las familias las constituyen núcleos familiares tradicionales como el que acabo de describir, sino que estamos
hablando también de familias monoparentales, de familias en situación de riesgo social, de familias con personas mayores dependientes o con hijos con discapacidad, de parejas de hecho, es decir, estamos hablando de diferentes fórmulas de convivencia
todas ellas amparadas en el mandato constitucional, y a todas ellas deben llegar las medidas de apoyo y de protección social. Estamos hablando de una política familiar moderna que debe plasmarse, en definitiva, en un conjunto de intervenciones
públicas que respondan a esa diversidad, pluralidad de medidas para familias también plurales no sólo en su composición sino también en su organización; una política familiar que debe dar respuesta a los retos actuales avanzando simultáneamente en
varios objetivos, avanzando sin duda en el objetivo de la igualdad de oportunidades, facilitando la vuelta a la vida profesional de las mujeres que han sido madres, también planteando fórmulas sugerentes sobre los horarios, incorporando una red
potente de servicios de ayuda, especialmente guarderías y servicios de proximidad, potenciando los servicios de atención a las personas dependientes y también mejorando el apoyo a las familias a través de la política fiscal, que es donde debe
enmarcarse concretamente la medida propugnada en la iniciativa que estamos viendo.
De todos los objetivos indicados, cuyo costo aconseja abordarlos de manera paulatina, hoy proponemos avanzar en una medida concreta, una medida que ya está implantada puesto que de la misma se están beneficiando actualmente cerca de medio
millón de madres de hijos menores de tres años, pero que incorpora como novedad la universalización, que llegue a todas las familias y no, como hasta ahora, únicamente a las madres que tienen un empleo remunerado. Señorías, la universalización de
determinados recursos a las familias, a pesar de que ha sido puesta en duda desde posiciones neoliberales, es una de las características de la política familiar más generalizadas en la Unión Europea, donde la tendencia dominante es que los recursos
tengan carácter universal y se paguen a todas las familias independientemente de su nivel de renta. La razón de esta universalización, una razón que compartimos desde Convergència i Unió, sería que los impuestos se pagan en función de los ingresos
y que los apoyos familiares se perciben con carácter universal porque su justificación no es tanto el fomento de la ocupación ni tan sólo la conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares, sino que es principalmente la socialización
máxima de los costos del trabajo de reproducción de las familias con la finalidad de no agotar los recursos económicos de sus miembros. Las prestaciones monetarias, la política fiscal en definitiva es -y en un monto nunca suficiente- el
reconocimiento por parte de la sociedad de la necesidad de alivio de la indudable carga financiera que representa mantener una familia y que conocemos muy bien todos los que tenemos hijos.
Evidentemente, señorías, universalizar la prestación de 100 euros a todos los niños y niñas menores de tres años, así como a las familias con mayores dependientes o con hijos con discapacidad a cargo tiene indudablemente un costo económico
que no podemos pasar por alto, un costo que, a nuestro entender, tendría que computar más como una inversión que como un gasto, porque tendríamos que empezar a pensar que las políticas familiares no son tan caras si consideramos que generan
bienestar y calidad de vida a la mayor parte de la ciudadanía. Es más, cuando analizamos el peso que tienen actualmente las políticas del bienestar en España dentro del conjunto de la acción pública y, más específicamente, las políticas familiares,
de ninguna manera nos podemos sentir satisfechos. En España las políticas dirigidas específicamente a la familia no llegan al 0,5 por ciento del producto interior bruto, mientras que la media de la Unión Europea está en el 2,2 por ciento. Es
evidente que tenemos un déficit de acción pública concretamente en esta materia y que es necesario, por ello, dar un nuevo impulso al Estado del bienestar.
Y si nos fijamos en las prestaciones por mes e hijo, que es concretamente de lo que estamos
hablando, las diferencias, señorías, aún van más allá.
En la mayoría de los países de nuestro entorno de la Unión Europea las prestaciones de un importe parecido al que estamos hablando llegan hasta los 16 años -no hasta los tres, sino hasta los 16
años- y en Francia, que es un país que tantas veces se ha puesto como referencia en esta materia, estas prestaciones llegan hasta los 25 años.
Señorías, se acaban de presentar los presupuestos. No sé si con optimismo o con realismo, estos presupuestos proponen un ligero superávit, pero, en todo caso, ayer mismo el presidente del Gobierno hacía unas declaraciones en las que decía
que no había que ser dogmático con el déficit cero. De cualquier manera, estimamos que una economía competitiva y el objetivo de la estabilidad, que compartimos, no tienen por qué ser incompatibles con una inversión bien administrada en bienestar,
y sobre todo los ajustes no tendrían que ocurrírsenos siempre cuando hablamos
del apoyo a las familias. Ciertamente no ha transcurrido mucho tiempo todavía desde que el Partido Socialista gobierna, pero sí el suficiente para que haya puesto encima de la mesa sus prioridades en materia de familia, que se han traducido
sobre todo en propuestas legales de avance en el reconocimiento de derechos civiles -matrimonio de homosexuales y modificación en materia de divorcio, modificaciones que muchos de nosotros compartimos-, pero hoy, señorías, sometemos a su
consideración una propuesta sobre la que el ministro Caldera se pronunció favorablemente en declaraciones hechas el pasado 27 de abril -prácticamente recién ganadas las elecciones- y que, de aprobarse, redundará sin duda en un aumento del bienestar
de lo que es el grueso de la realidad familiar en nuestra sociedad, es decir, las familias con hijos menores, con personas con discapacidad o con mayores dependientes.
Por todo ello, señorías, solicitamos y esperamos su voto favorable.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
¿Algún turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Como acaba de exponer la señora diputada, la presente proposición de ley se enmarca dentro del grupo de las políticas de protección a las familias. Cierto es que estamos necesitados de mejoras sustanciales en este capítulo de la política
social que engloba todas las medidas de apoyo a las familias, pues, como han puesto de relieve diversos informes y estudios, el Estado español es el que tiene el gasto social en protección a la familia más bajo de la Unión Europea -la Unión Europea
de los Quince-. Ese gasto representa el 0,5 por ciento del producto interior bruto, frente al 2,1 por ciento del promedio europeo. Además, nuestro país presenta el gasto por habitante en protección a la familia más bajo de la Unión Europea,
aproximadamente unas cinco veces inferior. Las ayudas por habitante y año se traducen en 97,7 unidades del poder de compra, mientras que en la Unión Europea alcanzan las 484,8, según un estudio recientemente divulgado por la Universidad Pompeu i
Fabra. Por tanto, nos encontramos en realidad ante unas ayudas de apoyo y protección a la familia muy escasas, y en este sentido compartimos la necesidad de adoptar medidas concretas que se traduzcan en reforzar las políticas públicas de protección
socio-familiar. Por lo tanto, anunciamos nuestra posición a favor de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
A continuación, para fijar su posición, por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de la iniciativa que ha tenido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de traer esta proposición de ley para su toma en consideración. Por tanto, y con los argumentos que voy a razonar ahora, vamos a
votar favorablemente su toma en consideración para que pudiera pasar los trámites con las correspondientes enmiendas perfeccionadoras en ponencia y en Comisión hasta ser ratificado por el Pleno de esta Cámara.
Decimos esto porque se está produciendo ya desde hace varios años una constante de apoyo a lo que son ayudas a la familia de tipo directo, subvencionable, o bien de tipo fiscal o de cualquier otra medida que, al amparo de leyes generales
universales en todo el territorio del Estado, puedan mantener un apoyo tanto social como jurídico, económico y asistencial a la familia. Ahora nos llega esta iniciativa del Grupo Catalán de Convergència i Unió, y mi grupo quiere hacer suyas total y
absolutamente las palabras con las que ha razonado sus argumentos la señora Pigem en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Las hacemos nuestras en toda su extensión, forma y fondo. Decimos esto también porque la Ley 40/1998, que reguló
precisamente el impuesto sobre las renta de las personas físicas y la normativa fiscal correspondiente, puso una limitación a estas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por esta asistencia bien a la maternidad, bien a
las personas que en un mismo ambiente familiar prestan una asistencia a los mayores discapacitados o por edad y a los disminuidos físicos que estuvieran también en ese ambiente familiar. Esta es una política de medidas de seguridad social y de
protección a la familia que los países nórdicos, concretamente Suecia, vienen ya prestando, con lo cual, sobre todo en la asistencia a personas mayores del ámbito familiar, se permite una retribución interna por esa vía o unas deducciones fiscales,
lo que produce un ahorro al no llevar a esa persona que, por edad o por condiciones físicas, tendría que ir a una residencia o a una institución, estatal o no, con un gravamen mucho mayor que el que se trata de hacer aquí por la vía que propone la
iniciativa de Convergència i Unió. Por tanto, nosotros entendemos que se puede modificar en el aspecto que aquí se está planteando la Ley 40 de 1998. Hace casi seis años, en noviembre o diciembre, que la estuvimos discutiendo en el Pleno del
Congreso de los Diputados, y ya hubo intervenciones que apuntaban precisamente en la dirección de apoyo a la familia, lo que ahora se puede conseguir.
Entendemos que el coste está en este momento plenamente justificado por el interés social y el
beneficio que se pueda derivar, que no es ningún gravamen para los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado por la proporción entre el bien que se trata de proteger con esta medida y lo que se puede sacar de una simple política
economicista, aritmética, de recaudación fiscal.
Por las razones expuestas, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra, para fijar la posición de Izquierda Unida-Izquierda Verde, el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ya se ha dicho desde esta tribuna, en España existen graves déficit en el desarrollo de las políticas sociales de apoyo a la familia.
Es una de las limitaciones de nuestro Estado de bienestar social que nos mantienen alejados
de la media de la Unión Europea. Nos parece que esta es una cuestión más relevante que una corrección del sistema de apoyo fiscal vigente.
Los planes de apoyo a las familias de los sucesivos Gobiernos del Partido Popular no se pueden calificar con rigor y seriedad como una política integral de apoyo a las familias, sino que, en todo caso, se ha tratado de un conjunto de medidas
que tienen a la familia como marco de referencia y como objetivo central la recuperación de la tasa de natalidad. No hay que olvidar a este respecto que en los presupuestos de la Secretaría General de Asuntos Sociales de los últimos años la mayor
parte de los planes o programas quedaron congelados en términos reales y tenían los incrementos más bajos de los últimos años.
Se hace absolutamente imprescindible un plan de apoyo a la familia con amplia participación social de los grupos parlamentarios, de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, además de los agentes sociales y organizaciones no
gubernamentales, que aborde el conjunto de demandas y necesidades que tienen las familias españolas. El objetivo de los esfuerzos legislativos debiera ser alcanzar la media comunitaria de políticas y gasto público en protección a la familia,
siempre teniendo en cuenta que el apoyo a las familias no puede limitarse a la presentación de un conjunto de medidas genéricas, con las que se puede estar en mayor o menor medida de acuerdo, sino que debe contener la adecuada plasmación
presupuestaria con objetivos, indicadores, plazos y seguimientos concretos.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la atención a las personas dependientes es uno de los retos más importantes del sistema de protección social español y que afecta de manera muy directa a las políticas de apoyo a las familias, es
urgente la regulación de la protección social y sociosanitaria a las personas dependientes como un derecho reconocido por el Estado, de carácter universal, financiado por los impuestos generales y gestionado por las comunidades autónomas. En este
contexto sigue siendo imprescindible el incremento de plazas residenciales públicas para estas personas, para las personas asistidas, el aumento de la cobertura de asistencia a domicilio, de teleasistencia, de las viviendas tuteladas y de los
programas de acogimiento familiar, así como el desarrollo de programas de información, asesoramiento y apoyo psicológico a las familias cuidadoras de personas mayores y de personas con discapacidad.
La política española de apoyo a la familia y a las personas dependientes ha caminado hasta hoy por senderos distintos. Efectivamente, nos hemos encontrado que, en lugar de reconocerse derechos, se han anunciado medidas graciables,
privatización en lugar de intervención pública y deducciones fiscales en vez de aportaciones generales. Hemos defendido siempre que la conexión entre fiscalidad y la protección a la familia se reconduzca, que las deducciones fiscales se
reconviertan hacia prestaciones directas a través de la Seguridad Social. Este criterio afecta evidentemente al campo que nos ocupa. Por otra parte, un mínimo criterio de justicia tributaria nos lleva a defender que las adaptaciones del impuesto
sobre la renta a las circunstancias personales se produzcan en la cuota y no en la base del impuesto. No es cierto que las deducciones fiscales sean más solidarias que las intervenciones públicas o las prestaciones directas para la atención a hijos
o personas dependientes. Efectivamente, la deducción actual, como señala la proposición, no abarca a madres amas de casa, pero sobre todo -y esto no lo resuelve la proposición- no abarca a las mujeres trabajadoras sin ingresos suficientes para
realizar la declaración del IRPF y además este sistema de deducciones oculta lo evidente: la ausencia de una política pública de apoyo a la familia. Nuestra posición siempre ha sido la de establecer un sistema de prestaciones de la Seguridad
Social de corte europeo, que no son una ayuda asistencial o una deducción fiscal, sino una compensación, un reconocimiento y, por tanto, un derecho de todas las familias, independientemente de sus ingresos. En definitiva, esta propuesta corrige
algunos de los defectos en el sistema de la deducción fiscal, pero no constituye una auténtica política de apoyo a la familia o a las responsabilidades de padres y madres al cuidado de las personas dependientes.
Por todo lo anterior, el Gobierno debe comprometer el reiterado Plan Integral de Apoyo a la Familia y poner fin a una secuela de medidas inconexas, a veces discriminatorias y siempre elusivas de las obligaciones que el Estado social debe
contraer con las personas dependientes, con las familias y, en definitiva, con el bienestar social.
Dependiendo de ese grado de compromiso habrá que entender también nuestro voto en la tarde de hoy en torno a esta proposición que nos hace el Grupo
de Convergència i Unió.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
El turno del Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar nuestro apoyo entusiasta, señor presidente - permítame esta efusión, que ya sé que no es propia del nomenclator y del lenguaje parlamentario-, a esta iniciativa que vuelve a acreditar el espíritu solidario del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en relación con la problemática familiar en su dimensión más amplia y más global del término.
Nosotros discrepamos de algunas de las opiniones que se han manifestado, particularmente por la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, porque, señor presidente, voy a reproducir un eslogan electoral de cierto partido que reza
lo siguiente, y reproduzco su tenor literal: Todo lo que se haga para apoyar a la familia en su dimensión de cuidadora de los niños, de los ancianos y de los discapacitados es poco. Este es el programa electoral que en las últimas elecciones
autonómicas presentó Ezker Batua, Izquierda Unida, en Euskadi, y que en este momento ha provocado medidas de protección y apoyo a la familia de distinta naturaleza, más intensas incluso que las que propugna el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y que acreditan cuál es la posición ideológica de Ezker Batua, y me imagino que de Izquierda Unida en el
conjunto del Estado, en relación con el apoyo a la familia, a la promoción de la familia, que hace remover nuestra opinión, la opinión o el resabio que a las políticas familiaristas se les atribuye normalmente en el inconsciente colectivo,
en las opiniones políticas de ciertos partidos políticos, de ser políticas conservadoras vinculadas a ideologías conservadoras. Porque si Izquierda Unida, o Ezker Batua en Euskadi, manifiesta esto, para no ser conservador en el ámbito de la
promoción de la política habrá que afiliarse a discursos políticos de corte anarcosindicalista o de corte trostkista, en el mejor de los casos. Desde una perspectiva ideológica resultan contradictorias algunas posiciones que se manifiestan en esta
tribuna.
Señor presidente, acabamos de conocer esta mañana el último informe Rasdam, que indica problemas verdaderamente preocupantes. En este momento el Estado español ocupa, con Grecia, la última posición en las medidas de apoyo a la conciliación
de la familia con el trabajo, en relación sobre todo con las mujeres. Es una disfunción que está provocando una quiebra en el trabajo de la mujer que pertenece a una unidad familiar del 33 por ciento en relación con los varones de esa misma unidad
familiar que están empleados. Es un problema que nos debe llevar a la reflexión. Pero sobre todo -y nosotros lo hemos reiterado en virtud de las diversas iniciativas de Convergencia i Unió, cuya persistencia nunca debe ser objeto de suficiente
encomio, de suficiente énfasis- estamos proclamando permanentemente, en todos los plenos en los que se presentan iniciativas de naturaleza familiarista o de promoción a la familia, diversas funciones que cumple la familia porque los poderes públicos
del Estado no las cubren suficientemente, incumpliendo requerimientos constitucionales: cuidado de ancianos, educación de los hijos, cuidado de discapacitados, cuidado de mayores, cuidado incluso de funciones que les asigna la Administración de
justicia en materia de situaciones de guarda como la tutela y la curatela, que obliga a terribles gravámenes familiares que no son compensados de ninguna manera. Luego yo digo lo que dice Ezker Batua en Euskadi: Todo lo que se haga en pro de la
familia es poco, señor presidente, porque hasta ahora no se ha hecho nada. Diferir el debate a una pretendida ley integral, que no sabemos en qué momento temporal se va a presentar, qué características tiene, qué fundamentos ontológicos, qué
esencias tiene, es hacer reflexiones elusivas de un compromiso que debemos asumir en cada una de las iniciativas, todas ellas pertinentes, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Parlamentario Mixto y nosotros mismos estamos presentando. Señor presidente, esto no admite ninguna demora. La conciliación de la vida laboral y familiar es una asignatura pendiente de forma secular en el Estado español. Somos los últimos en la
Unión Europea en este ámbito y esta vergüenza no la debemos tolerar. Desde esta perspectiva, nos parece indiscutible que una proposición de estas características debe ser por lo menos tomada en consideración.
Nosotros añadiríamos algunas cosas, incrementaríamos la edad de los niños que deben ser objeto de los beneficios. En Euskadi, por ejemplo, Esker Batua, que es quien gestiona este departamento de las ayudas familiares, ha elevado hasta cinco
años la edad de los niños que son beneficiarios de estas ayudas, que se concretan en forma de subvenciones directas a las familias que tienen hijos hasta de menos de cinco años. Pero, en definitiva, cualquiera que sea la articulación de las
medidas, ya sean de naturaleza tributaria o de subvenciones directas, tenemos que afrontar una problemática en la cual la dejación de los poderes públicos y el incumplimiento de dos mandatos constitucionales específicos, el del artículo 39 de la
Constitución, con relación a una política integral respecto a la familia o para la familia, a la que se mandata a los poderes públicos a configurarla, mandato incumplido desde el año 1978 y el relativo a los ancianos incapacitados, artículo 50 y
otros preceptos de la Constitución, nos obligan a cumplir un requerimiento de naturaleza constitucional y desde esa perspectiva nosotros, con este entusiasmo que antes le manifestaba, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de
ley, indicándole a la portavoz de Convergència i Unió que algunas aportaciones, si es objeto de toma en consideración, haríamos, sobre todo la eterna ausencia, con relación a este tipo de proposiciones, de las situaciones de guarda, de las de
tutela, curatela, etcétera, que son gravámenes que la Administración de justicia impone a las familias y que no son objeto de ninguna composición cuando suponen un gran quebranto familiar, tanto patrimonial como de responsabilidades, que debe ser
objeto de algún tipo de compensación.
En definitiva, es lo de siempre, señor presidente, la familia figura en el frontispicio de los programas electorales de todos los partidos, pero no figura en las inquietudes, en las consignaciones presupuestarias, en las políticas concretas
y materiales que se aprueban en esta Cámara y en el ámbito gubernamental. Contra esta especie de esquizofrenia política nosotros vamos a seguir luchando, apoyando cualquier iniciativa de esta naturaleza que se presente.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Turno de Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados... (El señor diputado comienza su discurso en catalán, continuando en castellano.) De nuevo les emplazamos a superar, solidariamente, la injusticia que padecemos los ciudadanos y ciudadanas de los països
catalans, catalanohablantes, al no ser respetados nuestros derechos lingüísticos en esta Cámara.
Esquerra Republicana cree necesario, en primer lugar, hacer un poco de historia del origen de las deducciones de las que ahora propone su revisión el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El artículo 83 del actual Real Decreto
3/2004 tiene su origen en la Ley 46/2002 y concretamente en aquella medida populista que el anterior Gobierno introdujo en beneficio, según el espíritu plasmado en la exposición de motivos de la misma, de incentivar económicamente a la mujer
trabajadora, y quizá debamos hacer hincapié en mujer y en trabajadora. La publicitada subvención populista de 1.200 euros anuales en forma de espectacular deducción de percepción anticipada de 100 euros mensuales, dicho sea de paso, jamás vista en
el sistema tributario español, no se configuró como una deducción
familiar en sí misma, abstracta como otras existentes, en el referido impuesto mediante el establecimiento de los correspondientes mínimos familiares y personales, sino que pretendía ser una medida aislada en el contexto generalizado de
necesidades urgentes en el marco de la conciliación de la vida familiar y laboral. Se trató, pues, de una medida eminentemente subjetiva, destinada a un colectivo muy delimitado, a diferencia de la proposición objetiva ahora presentada por
Convergència i Unió. Se pretendía con ello incentivar positivamente a la mujer trabajadora con una ayuda extraordinaria. Se postulaba en esos momentos que el hecho de conjugar sexo femenino, trabajo y maternidad significaba una mayor onerosidad
tributaria de ayudas públicas niveladoras. Si bien contrastamos que es una ayuda que actualmente percibe un gran número de mujeres y que difícilmente podríamos decirles a las beneficiarias que carecen de utilidad, no podemos obviar que determinados
tipos de políticas de carácter paternalista incentivan a la vez la perpetuación de determinadas desigualdades. En algunos foros se debate desde hace algún tiempo sobre la necesidad de eliminar determinados reconocimientos a la desigualdad, como
mecanismo de verdadera proyección hacia el horizonte futuro de la desaparición de cualquier tipo de desigualdad por razón de género.
Así pues, debemos concretar que estamos ante una medida en el contexto de la conciliación de la vida familiar y laboral, por cuanto se habla de familia y trabajo. No estamos ante una medida de soporte de la familia en el sentido general,
sino de una parcela básica, como por otro lado Esquerra Republicana se ha encargado de reiterar, pero que como tal la hemos contextualizado en estos primeros meses de debates para la agenda de los próximos períodos de sesiones.
Valoramos de una forma positiva la proposición presentada, especialmente en aspectos que vamos a postular como imprescindibles en la formulación de la futura ley de conciliación de la vida familiar y laboral que nos hemos comprometido a
elaborar. La futura ley de conciliación de la vida familiar y laboral debe reconocer la necesaria equiparación de hombre y mujer en derechos laborales y obligaciones familiares, como medida de equiparación de responsabilidades y garantías para su
desarrollo, razón por la que valoramos positivamente que se recoja en la proposición la necesaria ampliación de las ayudas a los hombres, especialmente en casos de sentido común, como los casos de familias monoparentales en las que el progenitor es
hombre. Así, la mención que se hace exenta de género referida a contribuyente nos parece una propuesta interesante. Quizá sea necesario reformular las ayudas otorgándolas y ajustándolas a colectivos en los que se constate la necesidad de conciliar
o a los que se deba resarcir, en un intento de conciliar vida familiar y laboral.
Valoramos positivamente la propuesta de supresión de los límites de las ayudas en relación con el importe ingresado en concepto de cuotas a la Seguridad Social. Las reformas que se plantean deben suprimirlos. La distinción que se pretende
establecer en el actual sistema para otorgar ayudas completas o proporcionales en relación con la cotización ingresada no responde a las necesidades reales y puede resultar discriminatorio para aquellas personas con cotizaciones de escasa entidad
por tener salarios bajos, pero además las cargas familiares y la necesidad de conciliación se manifiesta con diferente intensidad, tanto si el trabajo es completo como si es a tiempo parcial, razón por la que creemos acertada la observación que en
relación con este punto se hace en la proposición. También es acertada la propuesta de mejora del 50 por ciento para los casos de ingresos escasos.
Valoramos otro aspecto de la proposición de ley, que es la necesaria protección a la dependencia desde la proximidad familiar. Uno de los mayores retos de futuro de todos los sistemas de protección y del Estado del bienestar será la
atención a la dependencia. Incentivar la atención a la dependencia en el seno de la familia también debería ser uno de los objetivos de la futura ley de conciliación. Si bien ya se ha reconocido en determinados derechos laborales y también en la
determinación de los mínimos familiares en el impuesto, no se ha reconocido como una de las variables posibles el hecho de la atención a la dependencia y trabajo.
Ahora bien, debemos decir que faltaríamos a nuestro sentido de la responsabilidad si
no pusiéramos de manifiesto que nosotros postulamos las ayudas a la dependencia y no a la convivencia, como parece desprenderse de la proposición de ley. El requisito de edad por sí mismo, aún cuando se conjugue con ingresos escasos, no puede ser
determinante de un estado de necesidad de atención, como sí lo es en la discapacidad y por ende que tenga relación con la necesidad de conciliar trabajo y atención para el obrero con el que resida. En ese punto creemos que se pone de manifiesto un
error en la concepción de la proposición.
Nuestro voto no puede ser favorable a la proposición, por cuanto entendemos que las ayudas de las que ahora se pretende su reforma se configuraron como un parche en la conciliación de la vida familiar y laboral, como una medida inconexa que
pretendía ser un oasis en el árido desierto del retroceso en la construcción del Estado del bienestar que imperaba. No podemos construir, sin unos buenos cimientos, el Estado de justicia social y protección de las necesidades de los más
desfavorecidos, que las izquierdas, ahora mayoritarias, tenemos proyectado. El éxito de la construcción no está en la premura sino en su adecuada cimentación.
Hemos reiterado en anteriores intervenciones de mi compañero Joan Tardá que para nuestro grupo parlamentario es prioritario el desarrollo de un nuevo marco legislativo de conciliación de la vida familiar y laboral, que dé solución a las
demandas sociales de las clases populares y trabajadoras, y convinimos anteriormente en retirar las propuestas que en dicho sentido habíamos planteado, a petición de los sindicatos obreros, ante la necesidad de proceder por la vía del diálogo
social. En ese momento así lo vimos y en consecuencia actuamos. En ese contexto y en aras también al compromiso adquirido por el Gobierno para el próximo periodo de sesiones, no sin dejar constancia de cuáles son las líneas que van a marcar
nuestro discurso y los puntos de acuerdo que hemos expuesto con la proposición de ley debatida, debemos mantener el criterio de esperar el resultado del diálogo social y la condición de una voluntad coincidente en objetivos. Por eso esperamos el
calendario, el compromiso del Gobierno y del Partido
Socialista de traer a esta Cámara esta ley de conciliación familiar y laboral, razón por la que debemos considerar ahora descontextualizada y parcial la proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Turno del Grupo Parlamentario Popular, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, señorías, intervengo en esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición respecto de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán sobre la toma en
consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para ampliar y universalizar las deducciones por maternidad y por cuidado de ascendientes y personas discapacitadas.
Nuevamente debatimos aquí un tema de tremenda actualidad debido a la revolución social que ha supuesto la incorporación de la mujer al mundo laboral, con lo que ello ha planteado sobre la necesidad de cambiar esquemas de organización de la
familia tradicional, donde el peso de las tareas domésticas y de atención a los hijos y personas mayores recaía casi de forma exclusiva en las mujeres. En primer lugar, me gustaría recordar nuevamente a esta Cámara que para el Partido Popular el
bienestar de la familia ha estado siempre en el centro de nuestras preocupaciones y, en consecuencia, cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar, la convertimos en uno de los ejes fundamentales de nuestras reformas económicas y sociales. Porque
señorías, para el Partido Popular la familia es la institución fundamental de nuestra sociedad y no nos cansaremos de repetirlo, es un apoyo básico para garantizar la protección de los más débiles, desarrollando, generación tras generación, una
función social de primera magnitud en el cuidado de los hijos, en la atención a los mayores y en el cuidado de las personas discapacitadas o enfermas. Pero nadie en esta Cámara podrá negar que durante generaciones la sociedad descargó prácticamente
todas las responsabilidades familiares y domésticas sobre las mujeres, y esto es algo que necesariamente debemos cambiar. La incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo nos plantea a todos, más allá de los diferentes posicionamientos
políticos, nuevos retos que permitan a las mujeres, y por supuesto también a los hombres, conciliar su vida familiar y laboral. Las responsabilidades familiares pueden y deben compartirse, porque lo contrario es condenar a las mujeres a jornadas de
trabajo interminables que nos abocarían a situaciones imposibles de soportar física y psicológicamente.
Señorías, es nuestra obligación dar respuesta a este cambio que demanda la sociedad y que está afectando al funcionamiento de muchas familias españolas, sin que este cambio se produzca sólo a costa de la renuncia de las mujeres a tener los
hijos que desee en detrimento de su propio tiempo libre y de su desarrollo pleno como persona en su ámbito profesional y también como madre. Partiendo de este planteamiento y conscientes de que aún nos queda un largo camino por recorrer, mi grupo
se siente orgulloso de poder decir alto y claro que en esta materia hemos sido pioneros a la hora de adoptar medidas legislativas de enorme trascendencia para avanzar en la protección y bienestar de las familias y en la igualdad de oportunidades
para la mujer. Eso sí, han sido reformas realistas y pragmáticas, sin hacer grandes alardes de engañosas paridades que, desde mi punto de vista, suponen un reconocimiento expreso de la desigualdad por razón de sexo. Porque, señorías, para mi grupo
lo que cuenta son las personas, aquellas que sean más valiosas para ocupar un determinado puesto de trabajo y no nos parece adecuada la igualdad impuesta por decreto sobre la base de cuotas o fotografiada a bombo y platillo en un ejercicio de
frivolidad que a nuestro entender contribuye a perpetuar los estereotipos tradicionalmente femeninos, máxime tratándose de algo tan serio e importante como es lo que hoy debatimos aquí. Señorías, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno no se
habían adoptado prácticamente medidas de apoyo a las familias y de conciliación de la vida laboral y familiar. Por eso en este terreno no nos parece procedente que se nos intenten dar lecciones de progresismo por parte de nadie. Y hoy podemos
decir con orgullo que durante los últimos ocho años se ha conseguido la creación de más de dos millones de puestos de trabajo a los que se han incorporado mujeres. Pero, eso sí, somos conscientes de que es un ámbito complejo que abarca múltiples
facetas y que, por tanto, debemos seguir avanzando en este terreno pero con propuestas realistas y al mismo tiempo ambiciosas.
Entro ya en el tema que hoy debatimos. Es necesario recordar aquí que uno de los objetivos fundamentales de las dos reformas del impuesto sobre la renta llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular respondía a determinadas demandas
sociales que considerábamos prioritarias, como es el apoyo a las familias y especialmente a aquellas con mayores cargas familiares. Las reformas llevadas a cabo han supuesto una reducción de impuestos para todas las familias españolas y
especialmente las de rentas más bajas. En los cuatro años que lleva en vigor la primera reforma los españoles se han ahorrado más de 20.000 millones de euros, además de los 3.600 millones de euros que ha supuesto de ahorro para las familias durante
el año 2003 la aplicación de la segunda reforma del impuesto sobre la renta. Como ustedes conocen, con la segunda reforma del impuesto sobre la renta se han elevado un 33 por ciento las reducciones para las personas mayores de 65 años, creando al
mismo tiempo una nueva reducción por asistencia de 1.000 euros para aquellas familias con miembros mayores de 75 años. Dentro de esta reforma fiscal se establecieron además mayores reducciones por hijo, sobre todo a partir del segundo, y se
multiplicó por cuatro la reducción establecida por el cuidado de hijos menores de tres años, independientemente de que la madre trabajase o no fuera de casa. Las modificaciones del impuesto han supuesto un estímulo a la iniciativa privada y han
permitido a las familias tener una mayor renta disponible para ahorrar más, invertir más o consumir más. Ello ha permitido impulsar nuestro crecimiento económico en los últimos ocho años.
En definitiva, la reforma fiscal acometida por el Gobierno del Partido Popular ha profundizado claramente en el bienestar y protección de la familia, pero sobre todo me interesa destacar de esta reforma que por primera vez se recoge y se
estimula fiscalmente el trabajo remunerado de
las mujeres. Por primera vez en la historia se crea una deducción por maternidad que supone que todas las madres trabajadoras con hijos menores de tres años reciban una paga mensual de 100 euros al mes. Se intentó por primera vez en la
historia -y esto lo quiero resaltar- apoyar desde el Estado la conciliación de la vida familiar y laboral, con objeto de conseguir una vida familiar equilibrada en la que el padre y la madre compartan responsabilidades, contribuyendo, por otro lado,
a atenuar el descenso de la natalidad en nuestro país y el peligro consiguiente de envejecimiento de nuestra población.
Señorías, me gustaría dejar claro a esta Cámara que mi grupo, no obstante, es consciente de que las medidas para alcanzar la conciliación de la vida laboral y familiar no pasan sólo por el ámbito fiscal, y lo demuestra el hecho de las
numerosas iniciativas que se impulsaron desde el Gobierno del Partido Popular en materia de empleo para facilitar la incorporación de la mujer al mundo laboral, desde el coste cero de la Seguridad Social para los contratos de sustitución durante la
baja maternal, hasta la implantación de un plan de lucha contra la discriminación laboral y salarial, pasando por la aprobación de la primera Ley de conciliación de vida laboral y familiar; logros todos ellos que ningún grupo de esta Cámara me
podrá negar que son atribuibles al Partido Popular. En el Partido Popular podemos presumir de ser pioneros en esta materia y a la vista están, insisto, los resultados de empleo femenino de los últimos ocho años. Pero, al mismo tiempo, se sigue
constatando que hombres y mujeres no disfrutan todavía de las mismas oportunidades y seguiremos planteando en esta Cámara todas las iniciativas necesarias para avanzar en todos los ámbitos y lograr la equiparación de salarios y el reparto de las
responsabilidades familiares.
En esta línea quiero recordarles que mi grupo presentó una proposición no de ley el pasado 29 de junio que, aunque contó con el apoyo de algunos grupos, al final fue rechazada por esta Cámara. Intentaba dar un paso más en materia de
conciliación, aumentando las reducciones por hijo, aumentando la reducción por maternidad o paga de 100 euros de forma muy significativa, y en el ámbito del impuesto sobre sociedades tratábamos de incentivar la creación de guarderías por parte de
las empresas para los hijos de sus empleadas. Por tanto, en la misma línea de la iniciativa que hoy CiU nos presenta en esta Cámara.
En cuanto a la propuesta que debatimos presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, entendemos que profundiza aún más en la reforma fiscal llevada a cabo por el Partido Popular, ampliando y universalizando las deducciones por maternidad y
por cuidado de ascendientes y personas discapacitadas. Se nos propone, por un lado, universalizar la paga de 100 euros, de manera que puedan percibirla todos los contribuyentes, trabajen o no fuera de casa, con hijos menores de tres años. Por
cierto, en esto parecen coincidir con el anuncio efectuado por el señor Caldera en este mismo sentido que, posteriormente, quedó en una nueva declaración de intenciones, como tantas otras anunciadas por el Gobierno socialista. La iniciativa
contempla también la ampliación de la paga de los 100 euros a las familias que tienen ascendientes o personas discapacitadas a su cargo y, por último, se nos propone incrementar la cuantía de los 100 euros en un 50 por ciento para las familias con
ingresos más bajos.
Señorías, el Partido Popular está totalmente en sintonía con este tipo de políticas de protección a las familias. De hecho, planteaba en su programa electoral numerosas iniciativas en este sentido, iniciativas que suponían en materia fiscal
importantes aumentos de las reducciones por hijo, así como un incremento considerable de la paga de 100 euros, llegando a duplicarse a los 200 euros para aquellas familias con tres ó más hijos. Por otro lado, se contemplaban también aumentos
significativos de las reducciones para familias con ascendientes o discapacitados a su cargo. Parte de estas propuestas fueron trasladadas a esta Cámara por mi grupo en la proposición de ley antes mencionada. Por ello, en cierto modo, la
iniciativa planteada hoy por Convergència i Unió no resulta para el Partido Popular novedosa, sino que supone un impulso a nuestra apuesta decidida por la familia que ya hizo en su momento el Gobierno del Partido Popular. Lo que sorprende es que el
Grupo Socialista no comparta esta visión, como se refleja en los últimos Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en los que se deflacta la tarifa pero no se contempla ningún tipo de actualización para las deducciones familiares por hijos
ascendientes discapacitados.
Por último, quiero decirles que mi grupo, no lo duden, seguirá trabajando en la línea apuntada, en la que el objetivo compartido por hombres y mujeres en igualdad de oportunidades sea trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Seguiremos
defendiendo la necesidad de contemplar este problema en todas sus dimensiones, con medidas laborales, medidas que incidan en la necesidad de conciliar familia y trabajo, horarios más flexibles, fomento de los contratos a tiempo parcial, mayor número
de guarderías disponibles, horarios escolares adaptados a nuestras necesidades laborales, todas ellas medidas que ya incluíamos en nuestro programa electoral. Por tanto, nuestro grupo, sin perjuicio de hacer las aportaciones que estimemos
pertinentes en su tramitación posterior, no se va a oponer a su toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Turno de fijación de posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Castillejo.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, la proposición de ley del Grupo Catalán nos ofrece hoy la oportunidad de abordar un importante e interesante debate, un debate que sin duda ocupará buena parte de nuestra labor
como Parlamento y de la labor del propio Gobierno en materia de política social a lo largo de la presente legislatura.
Vivimos, ya se ha dicho, en una sociedad con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo y en donde, sin embargo, una de cada cuatro mujeres reconoce que tiene menos hijos de los que desearía. Nos encontramos con un país que en los
últimos años se ha situado en los vagones de cola de la Unión Europea, tanto en gasto social como en la parte de éste que se destina a las familias; una sociedad en la que todavía predomina el modelo patriarcal de relaciones y en donde la mujer es
la que mayoritariamente
afronta la atención de las cargas familiares. Por otra parte, la radiografía de nuestra sociedad presenta nuevos modelos de relaciones familiares y todos ellos requieren de idéntica protección y de idéntico reconocimiento por parte de las
instituciones. Todos estos factores nos conducen a la necesidad de abordar un debate social amplio -se ha dicho ya por parte de varios portavoces-, en el que todos los agentes implicados avancemos qué modelo de políticas de atención a las familias
queremos y qué medidas e instrumentos pueden resultar más eficaces para resolver esas situaciones que a todos nos preocupan. Desde ese diálogo, desde ese debate y desde una perspectiva global debemos abordar los retos de la sociedad española
aportando nuevas actuaciones. Fruto de esa inquietud, el pasado jueves se aprobó la creación de una subcomisión que analizará diversos aspectos sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Por tanto, nos surge aquí la primera duda sobre la
oportunidad o no, sobre si es este el momento de abordar una propuesta como la que hoy se nos presenta, una medida que tiene un carácter parcial, puesto que no agota todas las posibilidades y que se adelanta a ese debate sereno que debe realizarse
al respecto, como al parecer fue la intención de todos los grupos al crear dicha subcomisión.
Respecto a la cuestión concreta que nos ocupa, quiero recordar que en el debate de la reforma del IRPF que tuvo lugar en el año 2002, reforma en la que se introdujo esta medida de la deducción de 100 euros por maternidad, deducción y no
paga, denunciamos que dicha medida no podía ser en ningún caso un sustituto de una política social y laboral activa porque esto, señores del PP, sí es una frivolidad y los datos lo corroboran. Según el Instituto de Estudios Fiscales, la
implantación de esta ayuda ha elevado en un exiguo 1 por ciento la participación laboral de la mujer con hijos menores de tres años a su cargo, cuando éste era el principal objetivo de la medida. Bien es cierto que la medida demostró su eficacia, y
con creces, como instrumento propagandístico del Partido Popular, al menos durante algún tiempo. Es lo único que el Partido Popular puede decir alto y claro. En aquel debate de 2002 estimamos que la medida en sí misma es discriminatoria, puesto
que esta deducción excluye a múltiples sectores de la población que la necesitarían en mayor medida, como ya se ha dicho, y por otra parte supone el empleo de recursos públicos a través de incentivos fiscales que resultan poco eficaces, puesto que
pueden acogerse a dicho beneficio mujeres con rentas altas en las que su decisión de ser o no ser madres no va a variar en función de esta ayuda. Lo mismo indicamos sobre las distintas reducciones por discapacidad que se establecieron. En ningún
caso estas medidas han debido ocultar una falta de política de ayudas y una falta de políticas activas de atención a la dependencia en los últimos años.
Con respecto a la proposición de CiU, que pretende mejorar esta situación universalizando y ampliando la deducción a nuevos supuestos, a nuestro juicio sigue siendo una medida parcial que no resuelve los fines perseguidos. Son varios los
motivos que nos llevan a dudar de su eficacia y no tenemos ninguna duda de que no es una política progresista. En primer lugar, esta medida sigue excluyendo a un amplio número de ciudadanas que teniendo hijos menores de tres años no están sometidas
al impuesto. Por tanto, cambiar el concepto de mujer trabajadora por el de contribuyente para determinar la condición del sujeto beneficiario no supone una auténtica universalización y deja fuera precisamente, como ocurría con la reforma del PP, a
quien más necesita este tipo de ayudas.
En segundo lugar, la deducción deja de ser una medida de acción positiva a favor de las mujeres. Se han aportado varios datos, pero yo quiero resaltar uno. España tiene el dudoso honor de presentar dentro de la Unión Europea la mayor
diferencia en cuanto a tasa de desempleo entre hombres y mujeres. Mientras nuestra realidad sea esta, mientras en nuestra sociedad no exista una igualdad real, seguirán siendo necesarias medidas de acción positiva a favor de la mujer, bien para
ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar bien para su incorporación al mercado laboral. Cualquier medida en este sentido, cualquier empleo de recursos públicos, debe ir enfocada y orientada a los colectivos en los que interesa
provocar los efectos deseados.
En tercer lugar, creemos que esta proposición puede provocar el efecto de primar un determinado modelo o concepto de familia. Hay muchos ejemplos de los efectos que supongo no son deseados por el grupo proponente, pero no los expondré por
no extenderme.
En cuarto lugar, y sin duda nuestra objeción más importante a la propuesta de CiU, creemos firmemente que todas estas actuaciones encaminadas al apoyo a las familias, al fomento de la natalidad, a la atención a personas dependientes, deben
ser tratadas de una manera más eficaz desde el sistema público de protección social y a través de políticas activas.
Esta es para nosotros una razón ideológica de fondo.
Sin duda, nos queda mucho camino hasta alcanzar los niveles de los países más avanzados que ofrecen servicios para las familias dentro de sistemas integrados de protección; sistemas que promueven que las familias puedan escoger, puedan
optar por las fórmulas más adecuadas para compaginar la vida laboral y familiar y para que las cargas no recaigan siempre en las mujeres. Me refiero, como es evidente, a medidas como los permisos de paternidad, a la suspensión del contrato laboral
con reserva de puesto de trabajo o a redes de educación de cero a tres años; sistemas que presten atención a la dependencia y que garanticen los servicios sociales y las medidas necesarias, con un carácter universal, integral y suficiente. No por
ello debemos excluir medidas fiscales, como apoyo a las familias, pero como saben SS.SS. el Gobierno ha anunciado una reforma fiscal a lo largo de esta legislatura partiendo del análisis de los resultados de la anterior reforma y, como dijo el
propio vicepresidente la pasada semana en esta Cámara, el Gobierno pretende diseñar un impuesto que sea más fácil, más ágil, más simple y por supuesto más equitativo. No nos parece conveniente, por tanto, realizar reformas puntuales y aisladas en
un modelo de IRPF cuyo diseño, si así lo quieren las Cortes, va a ser totalmente distinto.
Para concluir, diré que hay alternativas sobre la mesa, en terminología que utilizaba la portavoz de CiU. El Gobierno ya ha dado a conocer públicamente, y también lo ha hecho en esta Cámara, cuáles son sus compromisos y cuáles son los
plazos que se ha marcado. El compromiso de
apoyo a todas -y digo a todas- las madres, cuestión esta que tendría difícil encaje si se realiza a través de medidas fiscales; el compromiso de la elaboración de un nuevo plan integral de apoyo a las familias a lo largo del próximo año, y
una ley de protección integral a las mismas que atienda a las nuevas formas de convivencia y que establezca nuevas prestaciones y mecanismos de conciliación; el establecimiento, en colaboración con las comunidades autónomas, de una red de atención
educativa de los niños y niñas de cero a tres años, para lo cual ya se han incrementado las partidas presupuestarias destinadas a tal fin; por último, el compromiso de la creación de un sistema nacional de atención a la dependencia y una ley básica
de protección de la dependencia, que entrará en esta Cámara el próximo periodo de sesiones y que, junto a la Ley de Servicios Sociales, constituyan el núcleo del cuarto pilar del Estado del bienestar. Para ello se está elaborando en estos momentos
un libro blanco sobre la dependencia, cuyos trabajos finalizarán a últimos de este mismo año. Señorías, existe voluntad, existe sensibilidad social y existe una apuesta por las políticas sociales, como ya refleja el proyecto de presupuestos para el
año 2005, en el que más del 50 por ciento del presupuesto está destinado a política social.
Por todo lo expuesto, votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castillejo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA A) DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000023.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE REGULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000037.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), ORGÁNICA, SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 122/000042.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder al debate sobre los puntos 2, 3 y 4, que van a tratarse acumuladamente. Me refiero a la proposición de ley de Esquerra Republicana, de modificación de la disposición derogatoria única
del Código Penal; a la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, y del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica, sobre la interrupción voluntaria
del embarazo.
El debate se realizará acumuladamente y, para que no se vuelvan a producir confusiones ni malentendidos en el hemiciclo, las votaciones se harán de forma independiente y sucesivamente, es decir, una detrás de otra. Espero que esta vez no
haya ninguna dificultad en la comprensión del mecanismo de votación.
En primer lugar, para la defensa de la propuesta de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, la proposición de ley de modificación de la disposición derogatoria única a) de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, es simplemente una proposición de ley que presenta Esquerra
Republicana de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Según el Código Penal español, la práctica de este método se puede realizar en tres casos determinados: por un delito de violación, por riesgo de la vida de la madre y que
se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas.
El aborto es un método simple que termina con el embarazo. A través de la historia, alrededor del mundo y en muchas religiones, las mujeres han utilizado el aborto como parte del cuidado de su salud. No todas las mujeres creen que está
bien abortar, pero toda mujer tiene el derecho de tomar su propia decisión. Escritos griegos y romanos describen con toda clase de detalles instrumentos que servían para dilatar el cuello del útero o la matriz, así como infinidad de plantas
utilizadas como brebajes o ungüentos abortivos. Con la llegada del cristianismo, no mejoró la consideración hacia la mujer, pero en cambio empeoró bastante la postura frente al aborto al introducir el derecho de protección del no nacido.
Desde sus
comienzos, la Iglesia consideró el aborto como un homicidio, condenándolo muy severamente.
La primera ley de despenalización parcial del aborto en España fue aprobada por las Cortes en julio de 1985. Esta ley, siguiendo el sistema de indicaciones restringidas, preveía la despenalización del aborto siempre que se practicara por un
médico y con el consentimiento de la mujer embarazada en alguna de las circunstancias que he expuesto. Esta ley data de la época de Napoleón y lo único que se hizo fue añadir un artículo, el 417 bis, que trata de la acreditación de los centros
sanitarios para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
Queremos poner de manifiesto el rechazo de las mujeres al papel tradicional que la sociedad les ha asignado a través de los siglos y reclamamos la maternidad libre y responsable. Una ley progresista no obliga a las mujeres a abortar, sino
que debe proteger a las que lo hacen, garantizándoles la seguridad médica y psicológica a la que tienen derecho. La disposición derogatoria del Código Penal de 1995, en su apartado a), deroga el anterior texto refundido del Código Penal, pero
exceptúa la derogación del artículo 417 bis del anterior Código Penal, precisamente aquel artículo que se introdujo el año 1985 y que describía los casos en los que se podía practicar el aborto, despenalizando este en tres casos muy limitados y
extremos. La modificación del Código Penal de 1995 optó por dejar las cosas de la misma manera, es decir, con la regulación prevista en el artículo 417 bis del Código Penal anterior y en la legislación
administrativa complementaria. Una regulación legal inútil que plantea algunas disfunciones que son resueltas habitualmente a través de los indultos.
Por ello nos encontramos ante la situación de que hoy, mañana, cada día, en cualquier momento, cualquier mujer o profesional pueden ser sujetos de condena, pueden ser condenadas por el simple hecho de abortar fuera de los supuestos que se
contemplan en la legislación actual. Es decir, que las mujeres no pueden decidir aún en nuestro país libremente si quieren o no quieren ser madres. Así, con la perspectiva de avanzar en el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, hoy
volvemos a pedir a esta Cámara que apruebe esta proposición de ley; una proposición de ley para despenalizar el aborto, siempre que se realice con el consentimiento de la mujer implicada y por supuesto en condiciones sanitarias adecuadas.
Las
mujeres siguen bajo la espada de Damocles, pensando que la justicia puede caer en cualquier momento sobre ellas, es decir, si las mujeres deciden no ser madres y practicarse un aborto pueden ser condenadas entre 6 y 24 meses de prisión.
En el año 2001, datos que ya he expuesto, en Cataluña se practicaron unos 10.000 abortos al año, la mayoría en centros privados. En las 13 clínicas autorizadas en el País Valenciano para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, se
realizaron 6.819 abortos en el último año estudiado por la Generalitat, en 2001; más de la mitad de los abortos en el País Valenciano los protagonizaron mujeres entre 20 y 29 años. Incluso en el País Valenciano, donde gobierna el Partido Popular,
hay cierta paz social sobre el aborto, una especie de pacto civil que es real; parece ser que desde el año 1997 no ha habido ningún juicio que haya implicado a mujeres o profesionales por llevar a cabo interrupciones del embarazo.
Por tanto, el
hecho de aprobar hoy esta proposición de ley de despenalización del aborto permitiría que la legalidad vigente en el Estado español se pusiera más o menos al día. También permitiría un reconocimiento de la realidad social y un avance para las
mujeres, un avance para nuestras compañeras, esposas, amigas, hijas, un avance para las mujeres que simplemente piden el derecho a decidir libremente si, por la causa que sea, quieren interrumpir o no su embarazo, sin que la ley pueda coartarlas en
su decisión.
Con la presente proposición de ley pretendemos poner fin al problema social y político que representa el aborto y que deberíamos reconocer que está actuando al margen de la ley de manera simplemente pacífica. El derecho al aborto como un
derecho de las mujeres todavía no está reconocido como tal, es decir, el Estado español continúa siendo propietario de una parte de las decisiones que pueden tomar las mujeres, una parte importantísima que es el derecho a disponer de su propio
cuerpo. Es cierto que la actual ley de supuestos ha mejorado, y mucho, las condiciones de las mujeres a la hora de llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo respecto a la mortalidad de las mujeres por prácticas abortivas inadecuadas,
pero la actual punidad del aborto es una amenaza constante sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. De hecho, cualquiera de ustedes puede imaginar que las mujeres no abortan por placer. Hay muchos, demasiados aún, embarazos no deseados y
las mujeres han de tener derecho a decidir responsablemente y con total libertad lo que determinen sus propias circunstancias o deseos. Las circunstancias personales y deseos de las mujeres respecto a su embarazo deben determinarse por ellas mismas
y no ser dictadas por jueces, fiscales o médicos forenses. La Ley de despenalización parcial del aborto es una ley ya desfasada. Durante la vigencia de esta ley se ha juzgado y condenado a varias mujeres. Nosotras y nosotros nos preguntamos qué
es lo que han aportado estas condenas a nuestra sociedad y qué han aportado estos juicios y condenas a una sociedad más justa en la cual las mujeres pueden tener derecho de la igualdad de oportunidades. Francamente, nosotros no sabemos ver qué es
lo que han aportado, creemos que no han aportado, en definitiva, nada. Creemos que estos enjuiciamientos y condenas produjeron más que nada crispación y fractura social, aportaron sufrimiento a muchas mujeres y profesionales sanitarios;
profesionales a los cuales se acabó indultando después de un largo vía crucis. Para Esquerra Republicana no tiene ningún sentido mantener la penalización del aborto.
Como la mayoría de las veces, la sociedad ha avanzado al Poder Legislativo, de forma serena, en la normalización de un hecho como es el de decidir si se quiere ser o no se quiere ser madre; en el caso en que una mujer, por circunstancias
personales, valore que no quiere ser madre, que esta decisión no tenga ninguna repercusión legal o social sobre ella.
Eso es lo que pedimos. Se trata, pues, de adecuar la legalidad a la práctica social y en este sentido, como un primer paso, es
necesaria la despenalización y la desaparición actual de esta tipología penal. En esta proposición de ley planteamos que el derecho penal únicamente contemple el aborto realizado sin consentimiento o con un consentimiento viciado de la mujer, la
impericia médica o el practicado por personas que no tengan la titulación necesaria. El resto de los casos debe despenalizarse, por tanto eliminarse del Código Penal.
Seguramente, es mucho más fructífero para la sociedad profundizar en la mejora de la educación sexual y en la planificación familiar. Es necesario que ustedes dejen a un lado los prejuicios, es necesario que dejen de practicar la doble
moral, es necesario que se deje de culpabilizar a las mujeres, que se deje de hacerlas huir de su entorno para llevar a cabo un aborto, que se deje de traumatizar personalmente a las mujeres por una decisión que no siempre es fácil; no es fácil
tomar la decisión de abortar. Esta decisión viene dictada, evidentemente, por el deseo o no de ser madre, pero también por las circunstancias y condiciones que hacen que sea favorable ser madre, y en muchos casos efectivamente no lo son.
Proponemos, pues, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sin demoras. Asegurar un trato digno y el respeto debido a la libertad de la mujer de decidir sobre una cuestión que sólo le concierne a ella es tan sencillo
como eliminar del Código Penal la referencia a un artículo en una disposición derogatoria, tal y como proponemos que ustedes aprueben.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Turno a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Verde.
Señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. La proposición de ley que hoy traemos para su toma en consideración coincide con las de otros grupos de la Cámara, No es por supuesto la primera vez que se discute en el Congreso de los Diputados y me temo, por
desgracia, que no va a ser la última.
Nuestra propuesta, en concreto, quiere regular cuatro aspectos fundamentales que quisiera resaltar. En primer lugar, quiere que se apliquen las orientaciones del Parlamento Europeo; en segundo lugar, que nuestro país esté a la altura de
derechos y protección hacia las mujeres en materia de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, como lo está la mayoría de países europeos; en tercer lugar, que se realicen políticas de información, prevención y atención a la mujer
para hacer efectivo el derecho a la procreación consciente y responsable, y en cuarto lugar, que se derogue la Ley 9/1985, de 5 de julio, en la que sigue penalizándose la interrupción del embarazo.
Señorías, el 2 de octubre hará precisamente tres años que cinco grupos parlamentarios trajeron a esta Cámara sus respectivas proposiciones de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Entre ellos estábamos los grupos que hoy la
traemos de nuevo y también el Grupo Parlamentario Socialista. Hagamos un pequeño repaso de la situación y de qué motiva esta iniciativa parlamentaria que hoy volvemos a traer.
La Ley 9/1985, de 5 de julio, sobre despenalización de determinados supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, fue una ley que ya en sus inicios supuso una clara insuficiencia en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, en el
derecho al ejercicio libre y responsable de la maternidad por parte de las mujeres de nuestro país, cuando en todos los países de nuestro entorno civilizados y demócratas, como Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña, así lo tienen
contemplado. En segundo lugar, la ley actual comentada es retrógrada, restrictiva y criminaliza a la mujer, despenalizándola solamente en tres supuestos o casos extremos, que ha conseguido de esta manera que un tema tan importante y que debería ser
tratado con extrema sensibilidad acabe siendo en estos momentos una absoluta hipocresía política. En tercer lugar, una vez más por no asumir los riesgos de una decisión necesaria, como lo era en su momento en 1985 la regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo, al no hacerse de manera profunda como correspondía en aquel momento social, nos encontramos con que se ha perdido la oportunidad no solamente de dar a la mujer la dignidad y el derecho a decidir libremente su maternidad
responsable, sino que además -y esto es doblemente grave- no se ha realizado ninguna política seria y profunda en el ámbito preventivo ni de educación.
En nuestra propuesta queda expresado que, para hacer efectivo el derecho a la protección consciente y responsable, las autoridades sanitarias competentes tomarán las medidas necesarias para que la información y la práctica de la
contracepción estén realmente al alcance de las mujeres y hombres y sea una prestación normalizada en la red sanitaria pública.
¿Cuál es por tanto, señorías, la realidad? Que una vez más se ha hecho la política del avestruz y se ha dejado que las
cosas funcionen solas. Como eso nunca es verdad, ya que las cosas nunca funcionan solas, pasa que quien las hace funcionar en este caso ha sido, una vez más, el sector privado. El Estado en este tema ha hecho dejación de su responsabilidad y los
datos oficiales del Ministerio de Sanidad que les voy a dar así lo corroboran.
En el año 2002 se practicaron en nuestro país 8.453 interrupciones del embarazo en hospitales, de los cuales en la sanidad pública solamente se practicaron 1.612 y en centros privados 6.841. Por otro lado, de forma extrahospitalaria en la
sanidad pública se hicieron 293 interrupciones y en la privada 6.379. En total, señorías, y sólo con los datos oficiales, en nuestro país en 2002 se practicaron 15.125 interrupciones, de las cuales 13.210 se practicaron en la sanidad privada. Nos
preguntamos: ¿No es esto, señorías, una verdadera hipocresía? ¿Cuál es verdadero problema? ¿El verdadero problema es regular la interrupción del embarazo o bien es un problema económico y es preferible que la mujer que tiene esta dificultad la
solvente por la vía privada, por tanto costeándose la intervención? ¿De qué estamos hablando? El anterior Gobierno del PP, señorías, que tanto se opuso a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo debería dar explicaciones de
estos datos en este momento.
Señorías, me gustaría poner el acento en las consecuencias que tiene esta doble moral, consecuencias que nuestro grupo entiende que el Gobierno actual debe abordar de manera valiente y responsable. La primera consecuencia es que el doble
mensaje está presente en muchos ámbitos de la sociedad y en concreto en éste. Mientras se está haciendo un discurso feminista y de defensa de los derechos y la igualdad en todos los campos para la mujer, por otro lado, la mujer en nuestro país
sigue criminalizada en el Código Penal por ejercer el derecho más básico, la capacidad de elegir cuándo y cómo quiere ser madre, un derecho que no obliga a ninguna mujer a hacer uso del mismo, pero sí permite a todas las mujeres poder ejercerlo si
lo necesitan o si lo consideran imprescindible para el desarrollo de su vida y del futuro hijo o hija. La segunda consecuencia mencionada anteriormente es la falta de control por el sistema sanitario público. Como muy bien explican los
profesionales sanitarios de ginecología, el hecho de que la mayoría de las interrupciones del embarazo no pase por los servicios públicos hace que no puedan intervenir desde un enfoque preventivo, educativo y, por tanto, sanitario. Esta falta de
ejercicio de las competencias del Estado hace que en estos momentos no se pueda realizar un análisis riguroso y exhaustivo de este derecho que tienen las mujeres, pues en realidad incluso los datos existentes son dudosos, como mínimo en cuanto a si
están recogidas todas las interrupciones que se han llevado a cabo en nuestro país.
Por todo lo expuesto, señorías, nuestro grupo parlamentario considera que no se trata simplemente de derogar la Ley de 1985 sobre determinados supuestos de interrupción del embarazo. No es tan solo, aun siendo importantísimo, el problema de
que el Código Penal deje de criminalizar a la mujer. Eso ya tenía que estar superado, ni siquiera tendría que ser debate, es bastante vergonzoso que estemos debatiéndolo. El debate es ir más allá. Por eso no es excusa decir que se regulará en el
Código Penal cuando toque. El
debate, el que realmente es debate, en mayúsculas, es el que el Parlamento Europeo aprobó con una resolución sobre salud sexual y reproductiva en el año 2002 y que, de hecho, inspira en gran parte esta proposición que hoy traemos. El
Parlamento Europeo recomienda a los gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos que se esfuercen en aplicar una política sanitaria y social que proteja la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, que permita el aborto
legal, seguro y accesible a todas las mujeres, y eso sólo puede asegurarlo el sistema público de salud.
Quisiera acabar mi intervención con una lectura, señorías, que esta diputada escuchó atentamente, y con el respeto que siempre me merecen las declaraciones de todos los diputados y diputadas, y lo entenderán más aún si son del presidente del
Gobierno el día del debate de investidura. Las mujeres son perfectamente responsables y capaces de decidir sobre su maternidad y sobre su sexualidad, todas deben tener acceso al sistema anticonceptivo de su libre elección y derecho a decidir
libremente sobre la interrupción del embarazo.
Nuestra propuesta es, por tanto, consecuente con una deuda histórica con la mujer en nuestro país, con la necesidad de abordar seriamente este problema y desarrollar una política de información y preventiva, pues supongo que todos y todas
sabemos que ninguna mujer quisiera tener que abortar. Por último, fue también un compromiso del propio presidente del Gobierno. Si ahora no se aprueba, señorías, las razones son difíciles de argumentar, a no ser que, por más oportuna que sea una
propuesta, no sea válida si llega de la mano de los grupos minoritarios. Esperemos que no sea así.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Para defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, defendemos aquí esta proposición de ley partiendo del principio de que el derecho positivo tiene que estar al servicio de las personas y no contra ellas y porque entendemos que en la legislación actual existe un
gran desajuste, en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, entre lo legislado y la realidad social.
Después de la aprobación de la Ley Orgánica 10/1995, el actual Código Penal reafirma y consolida la interrupción del embarazo de acuerdo a la Ley Orgánica 9/1985, despenalizándolo sólo en tres casos extremos, adoptando de este modo una
legalidad restrictiva, apartándose así de la discriminalización absoluta del aborto practicado durante las primeras semanas. Así, pues, no se garantiza en ningún supuesto el derecho de las mujeres a poder decidir libre y voluntariamente el embarazo
y su continuidad, interrumpiéndolo de no ser deseado por ellas, ya que los supuestos despenalizados no respetan con claridad ese derecho, sino que desplaza la decisión a agentes externos a la propia mujer -jueces, médicos, etcétera- y con un margen
de discrecionalidad y ambigüedad que convierte su aplicación en gravemente discriminatoria para la afectada.
Como se señala en una de las conclusiones de las discutidas Jornadas sobre el aborto en la salud reproductiva, celebradas en el año 2000, resulta sumamente criticable la tendencia de los tribunales ordinarios a rechazar todo dictamen
relativo al peligro para la salud psíquica donde no conste una patología presente ya en el momento de su emisión. Si el padecimiento de una alteración psíquica actual no es imprescindible para justificar el aborto, nos preguntamos: ¿por qué ha de
referirse a ello un informe destinado únicamente a corroborar la presencia de los requisitos necesarios para aquella justificación? Entendemos que lo esencial sería el pronóstico. Al admitirse la objeción de conciencia para los médicos que
trabajan en los servicios públicos de salud, sin verse esta acompañada de una completa regulación sobre las incompatibilidades para ejercer esta misma actividad en centros primarios, el aborto se convierte en una actividad vedada a aquellas mujeres
que no disponen de medios económicos para poder asistir a clínicas privadas, no garantizándose además una completa e inequívoca asistencia sanitaria a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública. La realidad social en lo que respecta
a la objeción de conciencia de las y de los facultativos en esta materia demuestra, una vez más, la doble moral y la hipocresía con que se actúa a la hora de considerar el derecho de las mujeres a decidir no continuar con un embarazo. La hipocresía
y la doble moral se pone de manifiesto en la realidad en que los mismos profesionales que se acogen a la objeción de conciencia en la red sanitaria son después, en la gran mayoría, los mismos que actúan en las clínicas privadas. Anteriormente
alguna otra diputada habló de esto también. Entendemos que no intentar avanzar en la despenalización del aborto es tanto como estar defendiendo la privatización de la interrupción del embarazo, porque no se dan garantías en la red pública y se está
orientado absolutamente todo a la red privada, aunque esta sea concertada, lo que agrava muchísimo más la predisposición del Estado a defender lo privado sobre lo público en un asunto tan vital como el de la salud.
Así, y respecto de lo que estábamos explicando de las interrupciones, las IVE, en los centros privados porque no existen estas posibilidades en la red pública, nos encontramos con que el 97,53 por ciento se realizan en centros privados. Es
un dato que entendemos relevante por lo que representa de responsabilización del sistema sanitario público respecto a esta prestación y la constatación de que no es una prestación sanitaria normalizada. Hay que tener en cuenta, además, que el 89,23
por ciento de las IVE son de menos de 12 semanas, lo que significa que la mayoría podría realizarse en centros públicos extrahospitalarios. Por otro lado, no existe en la red pública sociosanitaria la correcta educación e información sexual ni
centros que actúen en materia de prevención del embarazo; unas medidas que nos parecen fundamentales porque, aun defendiendo el derecho de las mujeres a abortar cuando así lo decidan, no dejamos de considerar lo que esto significa de agresión al
cuerpo y a la salud de la mujer, razón por la que entendemos que es necesario poner a disposición de las mujeres, sobre todo de las jóvenes y adolescentes -hay
que recordar que el 14 por ciento de las IVE en el año 2002 fueron de menores de 19 años y el 41,12 por ciento en ese mismo año de menores de 24-, esas medidas informativas y preventivas que permitan reducir las IVE. El 59 por ciento de las
mujeres que abortaron en el año 2002 no habían pasado previamente por ningún servicio de planificación familiar.
Por tanto, no contaban con información en materia de prevención.
Por lo mismo, señorías, entendemos que el aborto sigue siendo una carga penosa y su criminalización o la despenalización hipócrita y restrictiva un problema para muchas mujeres. La decisión de la maternidad es un derecho personal e íntimo
de toda mujer, con independencia de su edad, estado civil o nacionalidad. En la misma medida debería serlo la interrupción del embarazo libre y voluntariamente decidida, puesto que en definitiva estamos ante un problema específicamente moral sobre
el que, aun siendo posible y legítimo mantener divergencias y posicionamientos distintos en un Estado plural y democrático, nada se le ha perdido al derecho penal en este asunto.
Por tanto, la propuesta que hacemos va dirigida, como así se constata en el artículo 1, a la despenalización del aborto y en el mismo también se desarrollan las condiciones que tienen que concurrir para que este se pueda llevar a la
práctica. En el artículo 2 de esta propuesta se expresa específicamente lo que nosotros entendemos que es fundamental, y es que desde la red de sanidad pública se esté cubriendo el servicio sanitario que se necesita tanto en materia preventiva como
en la intervención propiamente dicha, así como en otras actuaciones post aborto que en estos momentos la red sanitaria pública se está negando a llevar a cabo. En el artículo 6, y de acuerdo con lo que explicábamos hasta este momento, entendemos
que desde los poderes públicos se debe disponer de centros y servicios dedicados a la asistencia y asesoramiento relativos a la interrupción voluntaria del embarazo, así como de asesoramiento en centros relativos a la prevención del embarazo, por
tanto, a la educación sexual y a las posibilidades de conocimiento y acceso de las mujeres y de los hombres a medidas preventivas, anticonceptivas, etcétera, para que no existan esas posibilidades de embarazos no deseados. Y por eso tenemos que
entender que las mujeres tienen razón y la misma debe darles derecho legitimado por ley a poder interrumpirlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
¿Algún grupo desea ejercer un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quizá sorprenda a algunas formaciones políticas que vaya a intervenir en este trámite, puesto que lo habitual es que el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco al que pertenezco, tenga libertad de voto, también en este caso lo
tiene, y que por tanto no solamos hacer intervenciones, respetándose luego las decisiones de cada uno. Sin embargo, en esta circunstancia concreta y ante el anuncio de posponer a una más pausada regulación la materia que nos ocupa por parte del
partido que apoya al Gobierno y del Gobierno mismo, nos ha parecido que quizá podían hacerse algunas consideraciones que estaría bien que quedasen en poder de la Cámara, porque creemos que la materia lo requiere.
Si analizamos las tres iniciativas que se nos presentan, las tres tienen una amplia literatura en la exposición de motivos; una de ellas es derogatoria de las disposiciones que hoy mantienen vigente el 417 del antiguo Código Penal, y dos
contienen una regulación penal y sanitaria más completa, pero también, si me permiten decirlo así, y alabo a las formaciones políticas que las traen hoy a la Cámara por haber tenido la valentía de someter a la consideración del Pleno un tema de este
estilo, contienen afirmaciones excesivamente rotundas que quizá en la realidad no son tan evidentes o no llevan a tan claras conclusiones.
Dado que el aborto puede ser espontáneo y que el término en sí mismo suscita una serie de fantasmas, frecuentemente aumentados, distorsionados o agitados intencionadamente por quienes se oponen al mismo, conviene utilizar, y a mi formación
política así le gusta hacerlo, el término de interrupción voluntaria del embarazo, más apropiado, por otra parte, para designar a lo que se pretende abordar. De entrada, es evidente que la interrupción voluntaria del embarazo es una situación a la
que nadie desea llegar. Por eso rechazamos la utilización demagógica del calificativo de abortistas, ya que no creo que nadie en su sano juicio lo pueda ser. Insisto en que en paralelo con la regulación a la que se llegue hay que hacer además un
gran esfuerzo, tanto en la prevención (educación sexual, accesibilidad a contraconceptivos), como en la oferta de alternativas que garanticen y faciliten el adecuado cuidado de los niños (guarderías, horarios laborales, acogimiento o adopción). No
se trata, por tanto, de fomentar la interrupción voluntaria del embarazo, sino de permitir que quien haya decidido hacerla, en cuyo caso va a acabar haciéndola digamos lo que digamos los demás, la acometa con la mayor seguridad y con el mínimo
engorro posible. Debe dejarse de lado que en este caso no se ponen en tela de juicio las creencias y/o convicciones de cada cual -en mi grupo político son plurales-, algo que por supuesto hay que respetar. En este sentido, es obvio decirlo, a
nadie se le obliga a hacer una interrupción voluntaria del embarazo, pero, por otro lado, tampoco se puede pretender imponer el criterio religioso y/o moral de unos, por muy respetable que éste sea. Estamos hablando, pues, de tolerancia, de respeto
a las creencias de cada cual, no sólo a las de unos pocos, y de la no prevalencia de criterios religiosos, del color que estos sean, sobre los criterios políticos.
Decía yo antes que la literatura que se plasma en la exposición de motivos no es quizá tan clara o tan evidente. Me quiero referir a algunos de los hitos que en la historia reciente han llevado a la regulación de la interrupción voluntaria
del embarazo. Basta examinar, en primer lugar, la propia tramitación del artículo 15 de la Constitución española. En ella se evidencian criterios contrapuestos que llevaron a la plasmación de un texto con el contenido concreto, pero con una
riqueza argumental por parte de quienes esgrimían posturas en uno o en otro sentido sobre cuál
era el contenido real de lo esgrimido en este artículo. Se me dirá que de aquello han pasado 26 años, y así es evidentemente. Pero en fecha más reciente nos encontramos con que al despenalizarse determinadas indicaciones de aborto se dictó
la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de mayo de 1985, que lo es a un recurso previo de inconstitucionalidad que entonces existía, y que quizá sea de las sentencias más traumáticas que haya dictado nunca el Tribunal Constitucional español.
A su propio presidente, García Pelayo, le supuso un disgusto que nunca ocultó, y se salvó el criterio del Tribunal por el voto dirimente de este mismo presidente, con importantisimos votos particulares, que hoy me parece interesante traer a
colación. Fueron autores de votos particulares don Jerónimo Arozamena, don Luis Díez-Picazo -lo digo porque todos ellos son juristas de reconocidísimo prestigio-, don Francisco Tomás y Valiente, doña Ángela Torres Segura, don Luis Díez de Velasco y
Vallejo y, finalmente, quien hoy es presidente del Consejo de Estado, don Francisco Rubio Llorente, que en un excelente voto particular reprocha al Tribunal Constitucional que ha suplido la voluntad del legislativo y se ha convertido en auténtico
legislador. Nos parece que el planteamiento de esta sentencia debiera tenerse en cuenta en cualquier regulación que se pretendiera hacer con carácter posterior.
Otro hito traumático de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo es la propia elaboración del Código Penal de 1995. Se pretendía un texto completo, íntegro en sí mismo. Sin embargo, el legislador de entonces no fue capaz de
abordar esta regulación, y en el único caso de todo el contenido del texto se mantiene la vigencia del artículo 417, estableciéndose, eso sí, los artículos 144 a 147. Pero en lo que son los supuestos en los que está despenalizado el aborto, el
legislador de 1995 huye de tocar los preceptos ya existentes por si acaso, y se mantiene el tenor literal de lo hasta entonces manifestado. Hay, además, otras dos resoluciones del Tribunal Constitucional importantisimas en esta materia o que, por
lo menos desde nuestra perspectiva, debieran ser tenidas en cuenta. Es la de 22 de enero de 1997, de la que es ponente el profesor Pedro Cruz Villalón, en la que se hace referencia a la Ley 42/1988, que se refiere a los supuestos de donación y
utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, en la que hay otra interesante doctrina que debiera ser tenida en cuenta si se pretende abordar una regulación de esta materia. Finalmente, la de 8 de julio de 1999, en
la que el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre la Ley 35/1988, de fertilización asistida, modificada en los últimos momentos de la anterior legislatura.
¿Por qué traigo a colación todas estas cuestiones? Porque en las tres iniciativas que se nos presentan se evita un debate que, desde nuestra perspectiva, es importante. Creemos que la jurisprudencia constitucional española, el sistema
español que deriva del artículo 15 es el sistema continental. Los conflictos que se plantean lo son entre el derecho a la vida de la madre y los derechos del nasciturus que, como se ha establecido, sí tiene derechos. De ello deriva el que el
sistema que se estima correcto y el sistema que salva el Tribunal Constitucional es el de indicaciones. Precisamente para evitar la inseguridad jurídica, se pretende que estas indicaciones sean lo más precisas, y otros pretenderíamos que también
sean lo más garantistas posibles, desde el punto de vista médico. Los plazos que se pretenden introducir en algunas de las modificaciones que hoy se traen a esta Cámara como proposiciones de ley nos parece que están enquistadas del derecho
anglosajón, en el que la base de la regulación no es la contraposición entre el derecho de la madre y los derechos del nasciturus, sino el derecho de la madre a su propia intimidad, lo cual deriva de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados
Unidos, allá por los años setenta, pero que es algo ajeno al sistema que está vigente en España. ¿Se puede mezclar? He leído artículos de distintos autores que dicen que aquí no serían constitucionales los plazos. Estamos abocados a unas
indicaciones quizá, pero mejor reguladas.
Insisto, mi formación política va a seguir manteniendo la libertad de voto de sus diputados, pero puesto que desde el Gobierno y desde el partido mayoritario se ha indicado que se pretende posponer la regulación de la que ahora se trata a
una regulación íntegra del Código Penal, esperamos que también completa con una ley de salud sexual que ha anunciado la señora ministra de Sanidad, nos parece que hay que aprovechar este tiempo para la reflexión social y para la posible realización,
con el debate y la conjunción de todos, de un buen texto, en el que mi formación política seguirá manteniendo la libertad de voto de sus diputados. Hoy por hoy, y a la vista de que los contenidos de estas tres iniciativas nos parecen precipitados a
la luz de lo que hoy tenemos y a la luz de la propia demanda social, creo que lo correcto es que mi formación política manifieste que se abstendrá en la votación de las tres.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por Convergència i Unió, señora Pigem, es su turno.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo con brevedad para manifestar que los diputados de Convergència Democrática de Catalunya, del Grupo Parlamentario Catalán, vamos a tener libertad de voto en la toma en consideración de las iniciativas que estamos viendo;
libertad de voto que en modo alguno debe entenderse como falta de criterio, sino como la expresión de que el criterio de Convergència Democrática de Catalunya es la tolerancia y el respeto a la posición que cada uno de nosotros tenga respecto a un
tema como el de la interrupción voluntaria del embarazo que, depasando posiciones estrictamente políticas, se adentra en convicciones personales, merecedoras todas ellas, a nuestro juicio, de un respeto por igual.
Escucharemos, sin duda, a lo largo del debate razones para poder emitir un voto negativo. Quisiera por ello añadir algunas consideraciones en las que se pueden sustentar las posiciones de distinto signo; consideraciones que versan, en
primer lugar, acerca de lo que creemos que no es novedad en este debate. Entendemos que este no es un debate sobre el aborto en general y entendemos también que contemplar la despenalización de los supuestos de aborto dentro de unos determinados
plazos no es tampoco
nuevo, ya que los plazos, si bien unidos a otras condiciones, están contemplados ya en la actual regulación.
Decimos que no es ni puede ser un debate genérico sobre el aborto, porque este debate ya hace mucho tiempo que tuvo lugar. La consideración jerárquica de los bienes jurídicos en conflicto y la polémica estructural sobre la interrupción
voluntaria del embarazo fueron abordadas hace ya más de veinte años y son pacíficamente aceptadas no sólo por la generalidad de la ciudadanía, sino también por todas las formaciones políticas con representación en esta Cámara que no sólo han
mantenido la despenalización del aborto en determinados plazos y supuestos, sino que han aprobado con posterioridad la comercialización de la píldora abortiva RU-486, que no está sujeta a supuesto alguno.
Así la situación, al anunciarse hace tiempo por el Partido Socialista una modificación en la regulación actual de la interrupción voluntaria del embarazo, según llevaba en su programa electoral, como ante la presentación y el debate de las
iniciativas que estamos viendo, se ha podido escuchar la opinión de que este no es un tema prioritario para la sociedad y que no hay, por tanto, ninguna urgencia en el mismo. Creemos que esta opinión tiene, indudablemente, su fundamento, puesto que
hay que reconocer -y así lo hace expresamente la motivación de la iniciativa de uno de los grupos proponentes, concretamente el de Esquerra Republicana- que la problemática social que puede presentar hoy el aborto se está resolviendo al margen de la
ley de manera generalmente pacífica, salvo algunas excepciones en las que se condena y sistemáticamente se aplica un indulto, eso sí, después de sufrir los graves inconvenientes de las denuncias y de un proceso penal, que no son cuestiones menores
ni para ser despreciadas.
Ahora bien, a pesar de esta consideración de que no hay una necesidad ni una urgencia, los grupos proponentes han optado por poner a nuestra consideración las iniciativas que estamos viendo. Consideramos que si se lleva a cabo esta
modificación ésta debería consistir en una adaptación de la actual reglamentación a la situación real que hay en nuestra sociedad con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y que esta adaptación debería tener en cuenta los siguientes
extremos. En primer lugar, debería avanzar en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, un objetivo que además de ser genéricamente aceptado en nuestra sociedad se ajusta a lo propuesto en la IV Conferencia sobre la Mujer,
celebrada en Pekín en 1995, que aprobó textualmente que debía revisarse cualquier legislación punitiva con el aborto.
Señorías, no creemos que haya nadie que desee que una mujer aborte, no hay nadie, por otra parte, que aborte por gusto o que pudiendo no hacerlo quiera abortar. Cuando se toma una decisión tan compleja y tan dolorosa como esta es que
existen razones muy serias para ello. Pero una cosa es el aborto y otra cosa es el tratamiento penal del aborto. El desear, como deseamos, que no haya abortos no debe ser incompatible con el que las mujeres que pese a todo deciden abortar puedan
ser condenadas por ello a penas que, aunque no se cumplan, son de cárcel. Las opiniones sobre el aborto son dispares, responden a diferentes convicciones ideológicas y todas ellas son susceptibles de ser respetadas, pero el hecho de tratar como
delincuente y poder llevar a la cárcel a la mujer que aborta ante una situación de conflicto personal, familiar o social, creemos que no es admisible y que desde hace ya tiempo es rechazado de manera generalizada por nuestra sociedad.
La reglamentación también debiera pasar del sistema actual, en el que la decisión de la indicación del aborto se desplaza a agentes externos -estoy hablando concretamente de los médicos-, a un sistema en el que la decisión, naturalmente
dentro de unos plazos, se tomara por la mujer. A nuestro entender, esto estaría más acorde con el respeto que se debe tener por la madurez de la decisión de la mujer, por supuesto debidamente asesorada, y es hacia donde ha ido evolucionando la
reglamentación en la mayor parte de los países de nuestro entorno como Gran Bretaña, Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, Noruega, Islandia o Finlandia.
Finalmente, y como tema prioritario, entendemos que una nueva reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una buena oportunidad para lanzar un mensaje adecuado; y un mensaje adecuado sería, a nuestro entender, aquel
que sentara claramente que ni el aborto ni la píldora del día después son métodos anticonceptivos. Señorías, entendemos que hay que afrontar con decisión la necesidad de hablar sobre este tema, de hablar de sexualidad, de hacer llegar a los jóvenes
la información suficiente para que puedan utilizar métodos anticonceptivos adecuados, hablar de métodos preventivos y también de alternativas. Es evidente que tendríamos que ser capaces de transformar estas propuestas en una herramienta útil para
evitar embarazos no deseados, sobre todo en las adolescentes, embarazos que hipotecan su vida y las enfrentan a situaciones que tienen en cualquier caso repercusiones negativas y que claramente les depasan.
Con estas consideraciones termino mi intervención, reiterando que los diputados de Convergència vamos a tener libertad de voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) había pedido compartir su tiempo de palabra.
Señor Duran, adelante.
El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, es conocido por esta Cámara que ante estas cuestiones hay posiciones distintas entre los dos partidos que integran este grupo parlamentario. Por las razones exhibidas brillantemente, de las cuales
ha hecho buen acopio la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, entendemos que por cuestiones formales no podemos aceptar estas iniciativas. Creemos que esta es una cuestión tan seria y profunda que debe tratarse con todos los respetos, también de
manera más exhaustiva y no a través de un debate precipitado, y creo que al Gobierno le asiste la razón en cuanto al argumento que exhibe para rechazar esta iniciativa.
Pero más allá de estas cuestiones formales, y también a partir de la libertad de voto que tiene siempre nuestro partido -desde que uno se hace militante de Unió sabe en cualquier caso qué cuerpo ideológico suscribe-, anunciamos
que tampoco aceptamos esta propuesta, no sólo por cuestiones de forma sino también de contenido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en su turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en presencia de tres proposiciones de ley que han sido ya debatidas en otras legislaturas en esta Cámara en términos casi idénticos. Por tanto, teniendo en cuenta que no se han producido circunstancias ni cambios sociales
profundos, permitirán que yo sea reiterativa en la defensa de la posición de mi grupo en algunas ocasiones. No existe hoy ni un clamor social ni una demanda real de la sociedad española ni un claro movimiento reivindicativo. No hay, por tanto, una
acuciante necesidad de abordar de nuevo un debate que rompe el equilibrio jurídico constitucional existente entre los derechos de la mujer y los derechos del nasciturus. Estas proposiciones de ley persiguen que los derechos de la mujer prevalezcan
sin sujeción a condicionantes objetivos que traduzcan una imprescindible jerarquía de valores en el orden que la sociedad española ha decidido darse a sí misma y que además supondría la ruptura de un cierto consenso existente a partir de las tesis
mantenidas por el Tribunal Constitucional con su sentencia 53/1985, a la que más tarde me referiré, y que ha quedado también reforzada por otras dos sentencias de diciembre de 1996 y julio de 1999. Las proposiciones de ley de Izquierda Unida y del
Grupo Mixto se fundan en un sistema de plazos que supone la impunidad general del aborto practicado a solicitud de la mujer dentro de un periodo determinado de la gestación.
En esta cuestión Izquierda Unida, que siempre había defendido en otras
iniciativas en esta Cámara que ese límite estuviese situado en las 16 semanas, ahora lo ha restringido a 14 y, curiosamente, el Grupo Mixto hace justamente lo contrario, defendiendo antes 14 semanas y ahora ampliándolo a 16. Todo ello, señorías,
sin explicar los motivos que les hacen realizar estos cambios, lo cual me hace sospechar que son fruto del oportunismo político o, lo que es peor, quizá del capricho o la frivolidad. Ninguno de los dos grupos contempla la edad de la mujer,
excluyendo por tanto la intervención de padres o tutores en la manifestación de voluntad, si es una menor, lo cual resulta incongruente e inaceptable con el ordenamiento jurídico español, en el que una menor no puede contratar, no puede viajar al
extranjero y, lo que es más importante, no puede someterse a una intervención quirúrgica sin la autorización o el consentimiento de padres o tutores legalmente establecidos.
En las dos iniciativas de Izquierda Unida y Grupo Mixto con texto articulado, en la referencia a la objeción de conciencia del personal sanitario nos encontramos con que los posibles objetores son tratados no como personas que ejercen un
derecho, sino como sujetos sospechosos sometidos a un control que no existe en el resto de objeciones de conciencia, extendiendo además la sospecha de que los médicos que objetan en la sanidad pública realizan interrupciones en la privada. Sin
embargo, señorías, ningún médico en estas circunstancias ha sido procesado en nuestro país por realizar estas prácticas. Tampoco prevén ningún mecanismo positivo para evitar el resultado de aborto, como puede ser el asesoramiento o la prevención.
La proposición de ley de Esquerra pretende la reforma de la disposición derogatoria única del Código Penal, proponiendo la supresión del artículo 417 bis, lo que supondría que la misión punitiva únicamente se ejercería cuando el aborto se realizase
sin consentimiento de la mujer o este estuviese viciado o bien cuando tuviese lugar la impericia médica o cuando fuese practicado por personas sin titulación necesaria. La introducción del artículo 417 bis en el Código Penal delimitó el ámbito de
protección penal del nasciturus, que antes quedaba excluido en los casos contemplados en aquel precepto en razón de la protección de derechos constitucionales de la mujer y de las circunstancias concurrentes en determinadas situaciones. Señorías,
permítanme que les diga que su propuesta es una auténtica chapuza jurídica que ni siquiera a un alumno de primero de Derecho se le ocurriría plantear, porque hacen que una norma de 10 años derogue lo que hace 10 años no derogó.
He realizado un somero repaso de las tres iniciativas que hoy debatimos, sin profundizar como me hubiese gustado en el examen pormenorizado de cada una de ellas, porque, por razones del tiempo que tengo asignado para mi intervención, ello me
obligaría a renunciar a exponer de forma clara la postura de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, que responde a planteamientos coherentes que venimos defendiendo como exige el correcto ejercicio de la política. Ahora quisiera manifestar la
preocupación con la que esperamos el posicionamiento del Grupo Socialista. A pocas fechas del 14 de marzo, doña Micaela Navarro, destacada militante socialista, con cargos de gran responsabilidad y que fue portavoz en esta tribuna en otras
ocasiones en debates sobre la misma materia, hizo unas declaraciones a los medios de comunicación y dijo que la ampliación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo se haría de forma inmediata.
Poco después, el señor ministro de Justicia
anunció que no era un tema prioritario y que se pospondría. Hoy sabemos que el voto socialista a las tres proposiciones de ley será negativo y que el debate de su proyecto se llevará a cabo junto con la reforma del Código Penal que quieren abordar.
Señorías del Grupo Socialista, ya les vamos conociendo. Ustedes tienen una doble vara de medir. Cuando estuvieron en el Gobierno y hubo iniciativas de este tenor en esta Cámara no ampliaron la ley. En la oposición apostaron varias veces
por la despenalización y, como no pensaban gobernar, llevaban la ampliación en el programa electoral. Ahora, que están de nuevo en el Gobierno y se han aliado con quienes abanderan el aborto libre y gratuito para todas, incluso para las menores,
¿qué es lo que van a hacer? Yo les pediría, en nombre de mi grupo y en el de un amplísimo sector de la sociedad española, que hagan un ejercicio de responsabilidad y sensatez ante un tema de tanta sensibilidad y sobre todo que sean claros en el
debate ante la sociedad. Por favor, no creen más confusión ante un asunto que tanto preocupa. Señorías, el artículo 15 de la Constitución protege con su redacción la vida del nasciturus. Esto es un hecho irrefutable, que viene refrendado por
la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. El alto Tribunal ha determinado qué supuestos, y no otros, deben quedar fuera del ámbito penal y son precisamente los que han quedado recogidos en la Ley de 1985, entendiendo que la vida
humana en formación, considerada como un bien jurídico, debe tener una cierta protección, aunque no absoluta, por los casos en que entre en conflicto con los derechos de la mujer.
A nuestro entender, las proposiciones de ley que hoy debatimos van más allá de los principios que consagra la Constitución y un sistema que excluya como última garantía la ley penal y que además se olvide de que aquí están en pugna los
derechos de la mujer y los de la nueva vida en formación, cuando ambos son bienes jurídicos, es un sistema que deja de lado y que se olvida de los valores presentes en la mayoría de los españoles y que están protegidos y amparados por la
Constitución. Es muy plausible hacer mención al derecho comparado, como se hace en tantos y tantos debates, pero no nos olvidemos de que en la Unión Europea las cuestiones relacionadas con el aborto son de exclusiva competencia interna de cada
Estado. Procuremos superar a los países miembros de la Unión Europea en empleo, en crecimiento económico y en progreso social y no nos acomplejemos por tener una mayor protección de la vida en formación. Para nosotros, el Grupo Popular, lo
esencial es tener presente el mandato constitucional, que ha logrado un aceptable consenso y un equilibrio en la sociedad española.
Por mucho que se empeñen, señorías, no es democrático que algunos pretendan alegar razones de diversa índole para degradar principios y valores o razones morales y éticas que otros tenemos y que -insisto- protege la Carta Magna, porque,
entre otras cosas -y este sería un largo debate en el que no podemos entrar-, coartarían la libertad de un importante sector de la sociedad española, bajo el pretexto de la defensa de los derechos de las mujeres, otorgándoles una primacía absoluta
sobre el nasciturus, que quedaría sin la protección que la Constitución le otorga. Si estas iniciativas progresasen, esto sucedería. El derecho a la vida no es gradual, se tiene o no se tiene. El nasciturus es un individuo genéticamente definido
con capacidad para autodesarrollarse, dependiente pero al mismo tiempo autónomo de la madre. Este es un debate basado en los derechos individuales y las consideraciones igualitaristas alegadas por algunos no tienen aquí cabida. El Partido
Socialista ha anunciado que, junto a las reformas que presentarán, elaborarán un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados. No conocemos su contenido y por tanto no podemos hoy pronunciarnos, pero sólo con
esta ley de salud sexual y reproductiva me temo que no se van a solucionar los problemas.
Es preciso hacer mención a la necesidad de seguir incrementando políticas de acción positiva basadas en medidas de protección a los hijos, ayudas a las familias, especialmente a las numerosas, y ayudas también específicas a las madres
solteras y políticas, que profundicen en las que inició el Partido Popular para que las mujeres puedan realmente conciliar la vida laboral y familiar. Precisamente acaba de haber un debate en el que yo espero y confío que el Grupo Socialista
apruebe con su voto afirmativo las ayudas a la maternidad que propone Convergència i Unió. Ese es el camino que debemos emprender. Propuestas poco rigurosas que cambian plazos que ellos mismos establecen en función de no se sabe qué intereses,
debates confusos y mensajes contradictorios nunca son buenos y mucho menos si son consecuencia de intereses electorales o de posibles pactos o alianzas, cuando de lo que estamos hablando -y por tanto no debe haber cabida para la duda y mucho menos
para la arbitrariedad- es de la vida.
Señorías, las sociedades progresan gracias a los avances de la ciencia, la medicina y las nuevas tecnologías, entre otras muchas cosas. Hoy disfrutamos de adelantos que nos facilitan y ayudan en el desarrollo y que hace décadas no podíamos
ni siquiera soñar. Sin embargo, la evolución y el desarrollo no deben imponerse a los valores y a los principios ni deben entrar en conflicto con ellos, porque lo que es adecuado es que se complementen. Y están obligados a coexistir. Si esto no
sucede así, el resultado de la pugna entre unos y otros supondría un retroceso en la libertad de los individuos. Una sociedad libre, señorías, que aspire a regirse por principios de justicia objetivos e inmutables, debe alejarse cuanto pueda de la
arbitrariedad. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha defendido, defiende y defenderá que la vida humana en formación siga siendo valorada y amparada, como lo mandata la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castro.
En su turno de fijación de posiciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Presidente, señorías, desde 1983 han tenido lugar en esta Cámara debates sucesivos sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para
fijar posición con respecto a las tres proposiciones de ley presentadas. En primer lugar, y haciendo las consideraciones técnicas a las tres proposiciones, quisiera señalar la presentada por Esquerra Republicana. Su finalidad es -con perdón-
incomprensible, si se considera que lo único que propone es la derogación de la disposición del Código Penal de 1995, que dejó en vigor y que prevé la exención de la pena para los supuestos de aborto que se realicen al amparo de algunas de las
indicaciones que se recogen en los plazos y en los términos previstos. Con esta proposición se derogarían los tres supuestos que recoge el artículo 417 bis del Código Penal, con las indicaciones ética, terapéutica y eugenésica. La mera derogación
de este artículo sin la paralela del artículo 145 llevaría a la incongruente situación de que el aborto consentido por la mujer, que en principio se pretende despenalizar, seguiría siendo delito si se produce al margen de unos supuestos legales que
habrían dejado de existir.
En cuanto a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, el parecer del Grupo Parlamentario Socialista al respecto es desfavorable a la toma en consideración, por los motivos que a continuación quiero enumerar. Se
trata de una modificación del artículo 145 del Código Penal, sin que se aluda a la inclusión de este en ningún texto legal. El texto de la proposición de ley afecta al servicio público sanitario y a las obligaciones exigibles
por médicos y facultativos del mismo. Señorías, la regulación conjunta de estas materias a través de una ley orgánica no resulta a nuestro juicio muy adecuada desde una perspectiva técnica legislativa, ya que, si bien la despenalización del
aborto hay que regularla en el Código Penal, es una materia reservada a la ley orgánica, mientras que la regulación de todas las materias que afectan a los centros sanitarios y a las prestaciones de asistencia médica sería propia de una ley
ordinaria. Por lo que se refiere a los aspectos directamente relacionados con la asistencia sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, se señala que ya existe una normativa específica sobre dicha regulación, que es el Real decreto
2409/1986, de 21 de noviembre. El conjunto de la proposición de ley, con perdón de la Cámara, supone una mezcla de diversas materias que requieren un tratamiento cuidadoso y diferenciado y por ello el Grupo Parlamentario Socialista va a desestimar
dicha proposición.
Por último, la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Su texto afecta a la prestación del servicio público sanitario y a las obligaciones exigibles a médicos y
facultativos. No parece recomendable, como señalaba en la proposición anterior, realizar una regulación conjunta de una misma norma. Resulta desaconsejable abordar de modo conjunto la despenalización de determinados supuestos de aborto con el
establecimiento del régimen de los médicos y facultativos que aleguen motivos de conciencia, ya que el régimen de obligaciones del personal sanitario señalaba dónde están recogidas en la proposición anterior. Las acciones previstas en dicha
proposición pueden suponer también una colisión en la distribución del sistema competencial, porque no nos olvidemos que se ha llevado a cabo la mayoría de las transferencias a las distintas comunidades autónomas. Lo expuesto lleva a concluir que,
compartiendo esencialmente el fondo de la propuesta presentada por Izquierda Verde, vamos a desestimar tal proposición.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que los supuestos no delictivos de la interrupción voluntaria del embarazo necesitan un marco más amplio que el Código Penal. Se trata de una materia que no debe quedar enmarcada en el cuerpo
estrictamente punitivo, sino que tiene que ser contemplada también desde aspectos de orientación sanitaria, de orientación social y fundamentalmente de asesoramiento. La regulación actual es insuficiente, estamos de acuerdo, a la vez que existen
situaciones en las que un embarazo supone inconvenientes tan grandes para la mujer que exigirle que los lleve adelante por medio de la amenaza penal es impropio de un orden jurídico democrático. Existen razones jurídicas, derechos fundamentales de
las mujeres, seguridad jurídica e igualdad, pero existen sobre todo razones de justicia social. Se criminalizan conductas de mujeres abocadas al aborto por causas fundamentalmente económicas. Hay que dar un paso adelante para que se revisen las
legislaciones penalizadoras o recriminadoras de la interrupción voluntaria del embarazo al igual que han hecho la mayor parte de los países que forman parte de la Unión Europea.
He de concluir diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista apoya toda iniciativa que garantice el derecho de las mujeres a su propia opción con respecto a su salud reproductiva, porque por encima de todas las posturas está la libertad de
elegir de todas en un Estado democrático de derecho, donde las decisiones se deben tomar en función de los derechos de la ciudadanía, es decir, en función de la defensa de la libertad y de la igualdad. Las políticas dirigidas a desarrollar estos
derechos están recogidas en el programa del Partido Socialista Obrero Español con el que concurrió a las pasadas elecciones. No negamos la existencia real de un conflicto, a diferencia del Partido Popular, ante un problema que afecta a la esfera
íntima y a los derechos de la mujer y frente al que ningún grupo político o social está legitimado por la vía del derecho penal a imponer sus propias convicciones, sino que debe ser abordado de forma reflexiva y serena en el marco de un respeto
escrupuloso, tanto a quienes nunca interrumpirían su embarazo como a quienes toman la decisión de interrumpirlo y precisan del establecimiento de garantías jurídicas, sociales, económicas y sanitarias. El problema esencial consiste, señorías del
PP, en el incremento progresivo del número de abortos que se practica anualmente, incremento que se viene sucediendo desde 1996 hasta hoy por la falta absoluta de atención a este problema que han dispensado los Gobiernos del Partido Popular. Aún
hoy en día existe un manto de silencio en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular.
No ha existido política preventiva alguna en materia de aborto, especialmente dirigida a los colectivos más vulnerables, como son las
adolescentes, las mujeres inmigrantes y las prostitutas. La educación sexual ha estado en los papeles, pero no en la realidad de las escuelas.
Se ha abandonado este tipo de formación y este retroceso ha contribuido al número de abortos. Nosotros
pretendemos establecer cambios dentro de un debate social, sereno y político que se podría plantear acompañado de una ley que garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva y que sirva para mejorar la prevención de los embarazos no deseados.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora López, un momento. Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.)
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Espere, espere, señora López. Guarden silencio, señorías. No se pueden imaginar el ruido que se percibe desde la Presidencia y por quien está hablando. (Rumores.-Pausa.) Por favor, ocupen sus escaños. Les ruego que
guarden silencio. (Continúan los rumores.-Pausa.) Señorías, guarden silencio, por favor, todavía no ha concluido el turno de fijación de posiciones. (Pausa.)
Concluya, señora López.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Concluyo, señor presidente.
Decía que se podría plantear acompañado de una ley que garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva y que sirva para mejorar la prevención de los embarazos no
deseados. Es urgente normalizar estos servicios y hacerlos accesibles a la juventud y, más allá de la información a veces sesgada, darles una formación contundente. Abordaremos una regulación completa y exhaustiva, que contemple y refleje
la jerarquía de valores de nuestra sociedad y exprese las distintas sensibilidades, porque este país y esta sociedad son plurales y diversos. Configuraremos un ordenamiento jurídico penal y moderno adaptado a la realidad, pero respondiendo también
a las demandas y exigencias sociales de contemplar todas las situaciones de conflicto con las que se puede encontrar la mujer a causa de un embarazo no deseado.
Señorías, en esta Cámara, en la sociedad, se debe abrir un debate en profundidad sobre la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres reclamamos el derecho a decidir y a elegir en libertad, derecho que forma
parte de la esencia de cualquier Estado democrático. Compartiendo en esencia el fondo de las proposiciones presentadas, nos comprometemos a un cambio tranquilo, basado en el consenso y en el diálogo, sin improvisaciones legislativas. No vamos a
hacer como el Gobierno del Partido Popular -me alegra que estén aquí todas SS.SS.-, que el pasado año en menos de diez meses publicó hasta cinco modificaciones del Código Penal. Buscaremos en esta Cámara ampliar los espacios de libertad y de
igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales para todas las personas.
Señorías, nuestro es el compromiso, de todas y todos los que estamos en esta Cámara, y las reformas serán expresión de los valores que llevamos en nuestro programa electoral y de los que profesa el Gobierno socialista de protección de la
dignidad de la persona, la libertad personal y seguridad jurídica, que están en nuestra Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López.
Vamos a proceder a la votación de las diferentes proposiciones de ley contenidas en el punto primero del orden del día.
Votamos en primer lugar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 4/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias, para
ampliar y universalizar las deducciones por maternidad y por cuidado de ascendientes y personas discapacitadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 165; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley. (Rumores.)
Por favor, guarden silencio.
Segunda votación, relativa a tres proposiciones de ley que han sido debatidas acumuladamente, pero que serán votadas por separado, una detrás de otra. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, de
modificación de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 21; en contra, 302; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
A continuación votamos la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 20; en contra, 297; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente sometemos a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre interrupción voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 21; en contra, 299; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), RELATIVA A LA ANULACIÓN DEL CONSEJO DE GUERRA SUMARÍSIMO A QUE FUE SOMETIDO EL PRESIDENTE DE CATALUÑA LLUÍS COMPANYS. (Número de expediente 162/000071.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto II del orden del día: proposiciones no de ley. (Rumores.)
Señorías, esto parece la huida de Egipto. (Pausa.) ¡Qué barbaridad! Les rogaría, señorías, que abandonen el hemiciclo, los que quieran hacerlo, rápidamente y en silencio. (Continúan los rumores.-Pausa.) ¡Señorías, por favor, guarden
silencio, guarden silencio! No voy a dar la palabra a ningún parlamentario hasta que no haya un mínimo de decoro y de silencio en la Cámara. Y no se quejen si terminamos a la una o a las dos de la mañana. En las entradas y salidas del hemiciclo se
pierden a veces hasta 10 y 15 minutos de tiempo. Les interesa un cierto orden, va en beneficio de todos, porque alguna vez les tocará intervenir el primero o el último, alguna vez les tocará a ustedes hacerlo. (Pausa.)
Continuamos con el orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya, relativa a la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el presidente de Cataluña Lluís Companys.
Tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías... (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Per respecte a una persona, Lluís Companys, afusellada per
servir els seus idelas de llibertat i de justicia, els prego que no considerin aquesta moció un assumpte de tràmit; per respecte a Lluís Companys, afusellat per haver estat ministre de la República espanyola, els prego que valorin la transcesdència
històrica del que plantegem; per respecte al president Companys, afusellat per haver estat president de Catalunya, els prego que tinguin present que tot un poble, tota una nació, la catalana, està esperant la reparació històrica que aquesta
proposició no de llei proposa.) Traduzco: Por respeto a una persona fusilada por servir a sus ideales de libertad y justicia, Lluís Companys, les ruego que no consideren esta moción un asunto de trámite; por respeto a Lluís Companys, fusilado por
haber sido ministro de la República española, les ruego que valoren la trascendencia histórica de esta proposición; por respeto al president Companys, fusilado por haber sido presidente de Cataluña, les ruego que tengan presente que todo un pueblo,
toda una nación, la catalana, está esperando la reparación histórica que esta proposición no de ley propone.
La reparación histórica que pedimos no es un acto extemporáneo, es una asignatura pendiente de la transición, como muy bien ha quedado de manifiesto a través de los centenares de ayuntamientos catalanes que han proclamado ya a través de la
Asociació pro memoria als inmmolats de Catalunya la anulación de todas las causas sumarísimas; pero por encima de todo la proposición de Esquerra Republicana plantea la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado español
bajo la dictadura del general Franco. Una casualidad de la historia quiso que el 15 de octubre de 1977, en el mismo día en que se celebraba el 33 aniversario del fusilamiento del president Companys, se publicara una ley de amnistía que en realidad
era una ley de punto final; una ley que establecía la impunidad de todos los sufrimientos causados a centenares de miles de personas (torturadas, maltratadas, desnutridas) que habían pasado por las cárceles franquistas; la impunidad de las
vejaciones, discriminaciones y humillaciones que habían padecido a lo largo de 40 años millones de familias republicanas; la impunidad de los autores de más de 200.000 fusilamientos; la impunidad del intento de genocidio de Cataluña, de la
disolución de sus instituciones nacionales y de la persecución, hasta casi la desaparición, de su lengua. La impunidad de los crímenes contra la humanidad convierte al Estado español en una excepción europea. Sólo en la excepción española los
nombres de las calles ensalzan a los aliados de Hitler y Musolini; sólo en la excepción española grandes personajes históricos como el reverenciado Manuel Azaña son excluidos del nomenclator de calles y no tienen ningún monumento dedicado a su
persona en la capital de su Estado; sólo en la excepción española continúa el culto al fascismo, el culto al ideólogo de la Falange Española, del partido fascista español, José Antonio Primo de Rivera; sólo en la excepción española se rinde culto
al desalmado que firmó 200.000 penas de muerte, el general Franco; sólo en la excepción antidemocrática española se mantiene abierta una obra faraónica que costó la vida y la cárcel a miles de presos republicanos, el Valle de los Caídos, la
vergüenza de la Europa democrática. Esa impunidad contradice toda la legislación internacional de respeto y protección de los derechos humanos que las Naciones Unidas han establecido desde el triunfo de la democracia sobre el fascismo y el nazismo.
El horror, en forma de guerras, genocidio, asesinatos en masa, campos de concentración, torturas, tratos inhumanos, destierros, represión, que las ideologías fascista y nacionalsocialista esparció por todos los rincones de Europa, desde su
nacimiento hasta su derrota en 1945, provocó la firme decisión de todos los demócratas del mundo de que todos estos hechos no deberían repetirse jamás. Para conseguir este objetivo se instituyó un sistema legal internacional para perseguir todos
los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Los juicios de Nuremberg representaron la primera aplicación de la legalidad internacional democrática que declaró imprescriptibles los actos criminales contra la paz y los derechos
humanos. El paso del tiempo nos impide cumplir la legislación internacional sobre derechos humanos y juzgar los crímenes del franquismo, pero estamos a tiempo de cumplir la otra vertiente de la justicia democrática: la reparación de las víctimas,
la reparación solemne y oficial de la memoria de las víctimas, porque no eran militares rebeldes, sino defensores de la legalidad republicana; porque no eran criminales, sino defensores de la libertad y de los más notables ideales; porque no eran
bandoleros, sino representantes antifascistas, muchos de ellos ciudadanos elegidos democráticamente; porque nada debilita más nuestra sociedad que la desmemoria, la manipulación de la historia y la falta de conciencia de la barbarie totalitaria.
Sin embargo, nuestra proposición no de ley insta a la reparación de una sola víctima, Lluís Companys, uno solo entre los 200.000 fusilados. La razón es que se trata de una víctima condenada no por lo que había hecho, sino por lo que representaba.
Representaba la lucha por la justicia social, que como abogado laboralista postuló en la defensa del ejercicio del derecho de huelga cuando ésta era juzgada como delito de rebelión militar; representaba a los centenares de miles de luchadores por
la libertad que defendían la República como la forma más perfecta de la democracia, y fue fusilado por haber formado parte del Gobierno de la República española; representaba, por encima de todo, como presidente de Catalunya al pueblo catalán. Por
ello fue reclamado a la Gestapo por el general Franco, trasladado a Madrid, torturado...
El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, me dicen que teniendo los micrófonos tan bajos no se le oye bien. Levántelos, por favor.
No se preocupe que recupera su tiempo.
El señor TARDÁ I COMA: Muchas gracias.
Decía que fue torturado y fusilado en Montjuïc, fortaleza históricamente ligada a la opresión militar de la capital
catalana. Por esta representación el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana insta a la reparación de esta única víctima, porque es el fusilado de mayor rango institucional elegido democráticamente y porque representa a todos los
fusilados por la dictadura, porque simboliza al pueblo catalán y sintetiza la opresión que ha sufrido en nuestro pueblo en los últimos siglos. Nuestra proposición insta a la anulación del consejo de guerra que lo condenó, a la rehabilitación
pública de su honor y, sobre todo, requiere a las instituciones del Estado español a que pidan públicamente perdón a sus descendientes y familiares y al pueblo de Catalunya representado por sus instituciones democráticas nacionales.
Esta demanda de
perdón público no es gratuita, responde a la lógica de la muerte y del dolor, la lógica que ha llevado a las Naciones Unidas a negar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, la muerte y el dolor, que de no repararse se enquista en
resentimiento y odio. Porque ha aprendido esta lección de dolor y de muerte de la historia, la República Federal Alemana fue capaz de asumir los errores del nazismo en las formas más generosas de perdón para con sus conciudadanos inmolados y para
los pueblos de las naciones ocupadas. Sin ningún reparo el Estado alemán pidió perdón al pueblo de Guernica, porque sus dirigentes eran conscientes de que para reforzar la amistad entre los pueblos vasco y alemán tal actitud era esencial. El
Estado español no ha querido pedir nunca perdón por todo el mal infligido al pueblo vasco. Quizás por aquella falta de remordimiento público el cuadro de Guernica se ha convertido en uno de los símbolos de los vascos, de su dolor histórico.
Pues
bien, el fusilamiento del president Companys se ha convertido en el Guernica de los catalanes, se ha convertido en el símbolo de que fuimos un pueblo vencido por el fascismo y el ejército anticonstitucional; el fusilamiento del president Companys
continuará siendo símbolo de la derrota de Cataluña hasta que no se haya reparado su condena por un consejo de guerra; el fusilamiento del president Companys será el símbolo del dolor incurable de los catalanes hasta que un solemne acto de
desagravio en el castillo de Montjuïc, con la presencia de las instituciones representativas del Estado y del pueblo de Cataluña, no selle la reconciliación, sin vencedores ni vencidos, entre nuestros respectivos pueblos; el fusilamiento del
president Companys será el símbolo de que el Estado español continua creyendo que tiene el derecho de conquista sobre Cataluña hasta que sus instituciones más representativas no pidan perdón por su muerte.
Seiscientos mil electores catalanes han querido que en el Congreso de los Diputados vuelva a haber un grupo parlamentario republicano, un grupo parlamentario que tiene una memoria histórica estrechamente ligada a los dolores comunes de todos
los republicanos de las naciones ibéricas, el dolor de las mismas balas fascistas, de las mismas torturas, de las mismas cárceles, de las mismas humillaciones. Estos lazos históricos de dolor compartido fundamentan el objetivo de convertir la
anulación de la causa sumarísima de Lluís Companys en la primera de las miles y miles que deben sucederse de los ciudadanos y ciudadanas víctimas de todos los pueblos y naciones del Estado español. (El señor Padilla Carballada pronuncia palabras
que no se perciben.) También del PP.
La legislatura comenzó con la lectura de una de las palabras más dignas que se ha oído en esta Cámara, unas palabras que corresponden al testamento de otro fusilado, de un jefe militar fusilado por sus compañeros insurrectos, abuelo del
actual presidente del Gobierno español. En su testamento dejó escrito un pensamiento común a tantos otros textos escritos por personas condenadas a muerte: que cuando sea oportuno se vindique también mi nombre. Pues bien, han transcurrido 25 años
desde la aprobación de la Constitución que instituyó una nueva legalidad y que permitió la reintegración del Estado español en la Europa democrática. Lo que en aquellos años no fue posible hoy día se ha convertido en una urgencia.
Compartimos con el pueblo vasco el anhelo común de reparar el honor de sus víctimas por la libertad, por ello agradecemos la solidaridad de los diputados nacionalistas vascos; compartimos con Acción Gallega el anhelo común de reparar el
honor de sus víctimas por la libertad, por ello agradecemos la solidaridad de los diputados nacionalistas gallegos; y por supuesto enaltecemos públicamente el apoyo de Convergència i Unió y de Iniciativa per Catalunya, que, como no podía ser de
otra manera, dada su condición de coalición nacionalista catalana los primeros y de formación nacional catalana los segundos, darán su voto favorable a nuestra proposición; y, porque sentimos como nuestro el dolor de centenares de miles de
demócratas españoles y sabemos que comparten nuestra voluntad de que todo lo que contiene nuestra proposición persigue el mismo objetivo para con sus conciudadanos víctimas del fascismo, agradecemos la solidaridad de Izquierda Unida. Por la
trascendencia histórica que para nosotros adquieren nuestras demandas, consideramos que no debemos aceptar ninguna enmienda, las unas, aunque compartiéndolas parcialmente, por considerar que restarían singularización a la personalidad de Lluís
Companys, las otras, las del Grupo Socialista, porque creemos que desnaturalizan nuestras reivindicaciones. Pedimos, no obstante, al Grupo Socialista -y acabo- consecuencia y valentía para encabezar la reparación demandada. Ustedes, el Grupo
Socialista, deben de iniciar el camino recorrido por las democracias europeas que también padecieron el infortunio de un pasado totalitario, y que sin titubeos han pedido perdón a sus conciudadanos víctimas del Estado fascista o nacional socialista.
Ustedes deberían encabezar de una vez por todas la superación del franquismo, aquella etapa histórica que la derecha aquí representada por un partido político que tiene como presidente fundador a un ex ministro del genocida Franco se resiste a dejar
atrás. Déjenme que les recuerde las últimas palabras pronunciadas por nuestro presidente instantes antes de caer abatido: Mateu un home honrat! Per Catalunya! (Aplausos.-El señor Padilla Carballada: ¿Quién defendió la República? -El señor Tardá
i Coma: Uno.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà. Por favor, no establezcan coloquios entre ustedes.
Entramos en el turno de defensa de las enmiendas; en primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Diputados, diputadas, nuestro grupo ha presentado enmienda porque comparte con el de Esquerra la necesidad de recuperar la memoria histórica, y es sin duda la memoria histórica -y más aún en una sociedad marcada por más de 40 años de
dictadura del franquismo- el mejor de los antídotos contra cualquier tentación de autoritarismo. De hecho, recientemente el Parlament de Cataluña instaba al Govern de la Generalitat a trasladar al Gobierno español la necesidad de conservar los
expedientes incluidos contra los represaliados en la guerra y la posguerra consiguiente. Hemos aprobado en este pleno un texto relativo al reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo y, de hecho, se ha creado una comisión
interministerial para la recuperación de la memoria histórica. La proposición del Grupo de Esquerra nos lleva a discutir sobre el juicio y el fusilamiento del president Companys, el president de la Generalitat, dicho sea aparte, y sin quitarle
ningún mérito, president no electo pero con toda la legitimidad del mundo. Este sin duda fue un ejemplo más en el que no el Estado español sino los golpistas aniquilaron a instituciones democráticas y a sus representantes. En este sentido nuestro
punto de vista es que la principal cuenta pendiente es una condena sin paliativos al golpe de Estado del 18 de julio, que es de donde sale, de donde deriva, de donde en definitiva nacen todas las muertes y asesinatos de un régimen ilegítimo y
golpista. Es a partir de aquí que creemos que el Estado siempre es responsable de lo que se ha hecho con anterioridad, pero creemos que la responsabilidad en cualquier caso es jurídica y no política.
A nosotros nos corresponde hacer justicia, pero creemos que lo que hay que asumir no es precisamente los crímenes de un régimen totalitario, sino hacer justicia y sin duda condenarlo. Para nosotros lo más grave de la muerte de Companys es
que singulariza en ella lo que significó un intento de genocidio por parte del régimen franquista de lo que fue la cultura y las instituciones catalanas. Hay otros ejemplos, el de Grimau, sin ir más lejos, que es uno de los ejemplos que singulariza
el asesinato de lo que fue un dirigente, un militante del Partido Comunista, como asesinaron a tantos y tantos comunistas; o el ejemplo de Delgado y de Granado que ha salido recientemente en los medios de comunicación como una sentencia que no se
puede revisar; como el asesinato y la expresión de los que fueren militantes anarquistas, que también el régimen dictatorial de Francisco Franco acabó fusilando y asesinando. Companys sin duda es un caso más que personaliza la aniquilación, el
intento de genocidio de la cultura catalana y de sus instituciones. Es por todo ello que queremos justicia con Companys, pero sobre todo deseamos que se haga justicia con lo que fue al fin y al cabo el intento de genocidio hacia demócratas y hacia
determinadas culturas. En este caso nosotros creemos que la mejor forma -lo sabe el amigo Tardá porque además lo hemos podido discutir en múltiples ocasiones y también hoy viniendo en el avión- no es el perdón; para nosotros la mejor forma es la
condena. Queremos un reconocimiento, por tanto, de la recuperación de la memoria histórica; en segundo lugar, justicia, y justicia para nosotros es que haya una asunción de las tropelías del régimen legítimo de Franco desde un punto de vista
jurídico, desde un punto de vista económico, con un resarcimiento moral y económico. Creemos que no es cuestión nuestra el hecho de pedir perdón desde un Estado que en ningún caso puede asumir que haya continuidad histórica entre el franquismo y la
nueva etapa. En tercer lugar, para nosotros es fundamental una cuestión: la construcción de una política de gestión de la memoria, una política que permita el desarrollo de una democracia con pilares mucho más sólidos, con un fondo para la
recuperación de la memoria histórica que tenga traslación presupuestaria.
Lo cierto y lo anómalo es que en nuestra sociedad continuamos viendo estatuas de Franco y calles que no se deberían llamar como se llaman.
Para ello es necesario que este
fondo de recuperación de la memoria histórica, que esta gestión de la memoria sea una realidad de forma inmediata.
Es por todo ello que nuestro grupo ha trasladado las siguientes enmiendas que para nosotros son fundamentales, y se las trasladábamos también al señor Tardá en el día de hoy. En primer lugar, de acuerdo con los dos puntos primeros que
apoyamos de la proposición no de ley de Esquerra Republicana, deseamos que haya una condena pública por el fusilamiento de Companys y por la persecución de las instituciones y la cultura catalana; en segundo lugar -aquí modificaría la enmienda que
hemos planteado, porque creo que ha habido un error al transcribirlo-, que se modifiquen los trámites necesarios no tanto para la revisión como para la nulidad de las sentencias de los juicios políticos, no reconociendo legitimidad a los mismos.
Para nosotros eso significa hacer justicia: que haya un proceso de nulidad por parte del Gobierno español de todos aquellos juicios de carácter político que se vieron. El ejemplo lo tenemos en Alemania sin ir más lejos, donde ha habido un proceso
de nulidad de las sentencias del Tercer Reich, especialmente en materias políticas. Para la revisión de las sentencias y la anulación de los consejos de guerra hay margen y tiene que haber voluntad política, y nuestras enmiendas van en este
sentido. Las comparaciones tampoco valen en todos los casos. Cuando hablamos de la Alemania nazi y del perdón asumido por Schroeder estamos hablando de una Alemania que en su día asumió como propio lo que fueron unos disparates absolutos, y
creemos que ese perdón era necesario y merecido. La verdad es que nosotros estamos por la condena más clara y más explícita. Queremos que se haga justicia, con resarcimiento moral y económico. Demandamos al Gobierno para que haga gestos que
supongan la puesta en práctica de una recuperación de la memoria histórica que signifique, en definitiva, avances sustanciales y una democracia mucho más sólida. No asumimos que haya continuidad histórica, y es por ello por lo que le hemos
planteado al Grupo de Esquerra Republicana una serie de enmiendas que lo que hacen es mejorar la proposición, que significan un compromiso con la memoria de Companys, un compromiso con lo que mostró Companys como un ejemplo clarísimo de intento de
aniquilación de las instituciones y de la cultura catalana y, por supuesto, instrumentos para construir una memoria histórica que haga de nuestra democracia una democracia más sólida que la que hoy tenemos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Para la defensa de su enmienda, Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, con todo respeto les diré, señores Tardá y Herrera, que me ha entristecido profundamente escucharles. Con todo respeto, con el espíritu con el que ustedes se han pronunciado hoy desde la tribuna no se hubiera aprobado la
Constitución de 1978, porque en esa Constitución, que como toda obra humana es perfectible -faltaría más-, ante todo y sobre todo una generación de españoles decidió contener el dolor, contener legítimas reivindicaciones y dar rienda suelta a la
magnanimidad y al perdón, precisamente porque queríamos desterrar de nuestra historia colectiva la tragedia de lo que ha sido el siglo XIX y una parte muy sustancial del XX, que tiene como paradigma de lo que estoy diciendo la tragedia de la guerra
civil de 1936-1939. Les voy a decir una cosa: es mucho más fácil dar rienda suelta al rencor que hacer fluir la generosidad y el perdón, ténganlo muy presente, por eso no me extraña -y lo constato con dolor- que Esquerra Republicana no votara la
Constitución de 1978 y que 26 años después siga estando contra ella. Esa Constitución, señorías, llamada por todos con indudable acierto la Constitución de la concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre
los españoles: guerras civiles, pronunciamientos, dictaduras; en suma, regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de Gobierno habían sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría
del pueblo español, como si nuestro sino histórico fuera el del fracaso colectivo. Por fortuna en 1978 una generación de españoles, recordando el lamento de Manuel Azaña, cuando abrumado por la tragedia de la guerra civil pronunció aquellas
dramáticas palabras (desgraciadamente por parte de algunos como hemos visto hace muy poco caídas en el olvido): paz, piedad y perdón, decidieron no volver a cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar con un generoso impulso de
reconciliación por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas. Los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las Cortes Constituyentes testimonios concluyentes de este espíritu
de concordia nacional, que no es ocioso recordar en este momento. Señorías, lo que les acabo de decir no es mío, aunque lo hago mío y en mi persona mi grupo parlamentario. Les tengo que decir que reflejan en su literalidad el comienzo de la
proposición no de ley que el 20 de noviembre del año 2002 la Comisión Constitucional de esta Cámara aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. En ella todos los grupos parlamentarios decidieron, entre otras cosas, aprobar a
continuación lo siguiente en el segundo de sus tres apartados en la parte dispositiva de la misma: El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de
reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Asimismo en su apartado tercero la citada proposición no de ley, unánimemente votada por todos los grupos de
la Cámara, instaba a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados por la Guerra Civil y sus secuelas y la posguerra y la represión correspondiente que pudiera llevarse a cabo en este sentido, sobre todo en el ámbito local,
reciba el apoyo de las instituciones, pero evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. Insisto, señorías, que estoy citando lo que todos los grupos de la Cámara aprobamos en la
pasada legislatura. La mayoría de los diputados aquí presentes estaremos de acuerdo en que la intervención de SS.SS. nada tiene que ver, ni en el espíritu ni en la letra, con lo que hace escasamente año y medio todos los grupos de esta Cámara
firmábamos. Esa fecha, 20 de noviembre, no es ociosa. En este Congreso, el Grupo Parlamentario Popular tenía mayoría absoluta; teníamos 183 diputados. Frente a determinadas afirmaciones y juicios de intenciones la fuerza de los hechos se impone;
en aras del consenso, en aras de la concordia, en aras de nuestra convivencia democrática no usamos de nuestra mayoría absoluta en aquel momento para torpedear lo que de legítimo, positivo y razonable pudieran tener las propuestas de diversos grupos
parlamentarios, para que en aquella sesión, que muchos han calificado después de histórica, se sacara del debate político la guerra civil y sus secuelas con ese espíritu con el que ustedes han venido hoy aquí, para así, todos juntos, encontrarnos
nuevamente en lo mejor del espíritu constitucional. Aquí muertos y heridos de la guerra civil y dramas personales los tenemos todos, y decidimos en el año 1978 dejarlo aparte, renunciando todos a dolores, heridas muy legítimas y muy profundas. No
estamos dispuestos muchos a que 26 años después vengan ustedes aquí a enarbolar incluso nobles banderas de una manera tan lamentable.
Qué duda cabe que esa resolución no pretendía ni es una renuncia a ningún legítimo derecho invocado o reclamado, como se dice en la citada resolución, por las familias de los afectados, por las dramáticas consecuencias de nuestra trágica
guerra civil. Digo yo aquí y ahora que esa resolución no es punto final de nada, salvo de una cosa que dice la misma resolución; es punto final para remover la herida de la confrontación civil. Eso lo dice la resolución que firmamos todos hace
menos de dos años en esta Cámara. Así las cosas, no les sorprenderá a SS.SS. que nuestro grupo parlamentario, que firmó aquella resolución y que quiere cumplirla, lo que haga es pedir a SS.SS. que sean coherentes con lo que firmaron hace menos de
dos años y que actuemos en consecuencia hoy aquí; no lo digo a título de inventario. En un debate conexo con este que se celebró en esta Cámara hace menos de tres meses, el día 1 de junio, consta en el 'Diario de Sesiones' lo siguiente, que dijo
uno de los intervinientes en nombre de su grupo parlamentario, y cito literalmente: Señorías, ha llegado el momento del cambio. La derecha reaccionaria que nos ha gobernado ya no tiene potestad para frenar este tipo de iniciativas. Hoy hemos de
volver a demostrar que la mayoría parlamentaria ha cambiado, como lo hacemos prácticamente cada semana.
Esto lo decía un portavoz de un grupo parlamentario de esta
Cámara desde esta tribuna el día 1 de junio en un debate que tiene una conexión muy directa con lo que nos trae hoy aquí. ¿Este es el concepto del honor a la palabra dada y a los pactos y acuerdos parlamentarios con los que hemos de
acercarnos todos a estas cuestiones? Convendremos, señorías, que la confianza mutua, la lealtad recíproca, el honor a la palabra dada es fundamental para que desde la discrepancia nos respetemos, por lo menos lo suficiente para poder seguir
pactando y mirándonos a los ojos en el futuro. Y digo yo: ¿es coherente con esa resolución unánime de la Comisión Constitucional la iniciativa de Esquerra Republicana que estamos debatiendo? Iba a citar algunos puntos que contiene la exposición
de motivos, pero con todos los respetos creo que lo que se ha dicho desde esta tribuna me ahorra comentarlo.
Simplemente tengo que decir que nuestro grupo no está dispuesto a apoyar una injusticia histórica como la que significa que se diga en la
exposición de motivos que la mayoría de los dirigentes de la transición política en España no mantuvieron una actitud fundamentada en la justicia y el derecho sobre crímenes contra la humanidad. Señores de Esquerra, que ustedes no votaran la
Constitución no les legitima para lanzar ese insulto sobre la mayoría de dirigentes que protagonizaron la transición política en nuestro país y que dio como fruto la Constitución vigente. En definitiva, la diferencia entre la iniciativa de Esquerra
y la resolución unánime de la Comisión Constitucional de esta Cámara es la existente entre quienes quieren mirar hacia lo peor de nuestro pasado colectivo para hurgar en la herida, y quien tiene la voluntad de, sin negar la existencia de esa herida,
ayudar a que cicatrice.
Señorías, señor presidente, mi grupo parlamentario, en coherencia con lo que he afirmado hasta aquí, ha presentado una enmienda que pretende reconducir la iniciativa presentada al espíritu y la letra de la resolución que reiteradamente vengo
citando en mi intervención. Tenemos también que considerar a esos efectos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado en los últimos años diversas iniciativas con la finalidad de rehabilitar la figura y el mensaje del presidente Lluís Companys,
incluso declarando el día 15 de octubre, fecha de su fusilamiento, cada año como el día del president Companys. Por ello, y teniendo en cuenta además que el Castillo de Montjuic, al que se alude en esa iniciativa, ya fue cedido a la ciudad por Ley
de 1960 -que quede eso muy claro, cuando ahora se ha prometido la cesión del Castillo de Montjuic a la ciudad de Barcelona-, proponemos que el Gobierno, más que ocupar el castillo, siquiera sea temporalmente, se sume al homenaje que, en su caso y
con ocasión de esa festividad instaurada por el Parlamento de Cataluña, puedan organizar la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Por último, respecto a la anulación del consejo de guerra a que fue sometido Lluís Companys, hago mías literalmente las palabras del portavoz socialista, señor Jáuregui, según constan en el 'Diario de Sesiones' de 1 de junio pasado,
correspondiente a ese debate conexo con el actual al que me referí con anterioridad. Decía el señor Jáuregui: La imposibilidad jurídica de establecer una revisión de los actos jurídicos del pasado es una realidad. Sencillamente, la Ley de
Amnistía de 1977 no permite que revisemos las sentencias del franquismo. Lo ha dicho el Tribunal Supremo reiteradas veces y lo ha dicho recientemente el Tribunal Constitucional.
La amnistía justamente implica la imposibilidad de una reversión
jurídica de todo el conjunto de actos jurídicos y resoluciones judiciales que se pudieran adoptar durante la dictadura. Esa es la esencia de aquel acuerdo de concordia y de transición, que no es de olvido pero sí de perdón.
Antes de concluir, termino como empecé, señores Tardá y Herrera, que intervinieron antes que yo desde esta tribuna: reflexionen acerca del camino equivocado que, a nuestro juicio, ustedes pretenden que andemos los demás. Desde las bancadas
del Grupo Popular antes se citó al general Batet. Una guerra civil da lugar a muchísimas contradicciones. Ustedes saben que el general Batet fue fusilado por Franco, y era capitán general de Cataluña el 6 de octubre de 1934. Defendió la legalidad
republicana contra el president Companys, que la había alterado y violado claramente.
Por tanto, vamos a tratar estos temas con mucha prudencia y sobre todo con mucha generosidad.
Concluyo, señorías, con palabras del diputado de nuestro grupo señor Atencia, portavoz nuestro en el debate del año 2000 y en los que con posterioridad se han ido produciendo. Nosotros, el Grupo Popular, queremos cerrar y culminar estos
debates en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas, de los familiares, pero en beneficio sobre todo de las próximas generaciones. No queremos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos el odio que llevaría a una nueva confrontación civil,
y eso exige, como he dicho, algo más difícil que recordar el rencor e inclusive legítimas reivindicaciones, que es la capacidad del perdón y la capacidad del olvido también. Estamos dispuestos a reconocer que debe rehabilitarse la figura del
presidente Companys, pero todo ello no para remover viejas heridas sino en beneficio de una convivencia pacífica de las futuras generaciones de españoles, desde el espíritu de integración de nuestra Constitución y de nuestra democracia, que ustedes
no votaron y siguen sin votar en este año.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Díaz.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Fernández por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, cada 15 de octubre los catalanes tenemos una cita individual y colectiva con uno de los momentos más dolorosos de nuestro pasado: la cita con el recuerdo del fusilamiento del presidente Lluís Companys.
Ciertamente, la
restauración de la Generalitat y el retorno del president Tarradellas supusieron un acto de reparación histórica que ha tenido continuidad con la progresiva recuperación de la normalidad del autogobierno en el marco del desarrollo del Estado de las
autonomías.
Pero no podemos dejar de reconocer que la normalidad de hoy tiene una deuda con el sacrificio de Companys y con el testimonio vital que nos ofreció con su muerte.
Honrar a Companys, señorías, ha de comenzar por comprender su dimensión de hombre comprometido con el
tiempo que le tocó vivir, el de las esperanzas, pasiones y odios que caracterizaron Cataluña, España y Europa durante el siglo XX. En Cataluña, señorías, se honra a Companys por su fidelidad al país, pero también se le honra por su calidad
humana, llevada al límite cuando se despreocupó de su seguridad en el París ocupado por los nazis para proteger a su hijo enfermo, hasta que fue detenido por la Gestapo y entregado a los franquistas como consecuencia de las gestiones del Conde de
Mayalde. La vida de Companys atraviesa buena parte de la historia de Cataluña y España durante la primera mitad del siglo pasado. Es el Companys abogado, periodista y político, el amigo de Salvador Seguí y de Francesc Lairet, el de la Unió de
Rebassaires, el del Partit Republicà Català, el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, el de Esquerra Republicana, el diputado a Cortes, el ministro de la República, el president de la Generalitat, el del Visca Espanya a Madrid, el que intenta
salvar institución y personas en medio del drama de la guerra civil, hasta llegar al Companys que con su muerte se convierte en símbolo de la Cataluña vencida, de la República española derrotada, de la Europa amenazada por el auge de los
totalitarismos.
La democracia española, desde su nacimiento hasta el año 1993 -la fecha no parece casual-, ha ido desplegando un abanico de leyes, decretos y asignaciones presupuestarias dirigidas a reparar, en la medida de lo posible, la dignidad de los
hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil o que padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Sin embargo, de unos años a esta parte es cuando de las propias entrañas de la sociedad española ha surgido con fuerza y
determinación la necesidad de afrontar una recuperación de la memoria histórica de quienes sufrieron primero la derrota, después la represión y, por último, el olvido. Todas las sociedades, tarde o temprano, señorías, tienen que enfrentarse con su
pasado; suelen hacerlo a la segunda o tercera generación, cuando ese diálogo cara a cara con el pasado no supone peligro para la estabilidad y la convivencia. La transición española no fue capaz de hacer llegar la luz a algunas de las zonas más
oscuras y dolorosas de nuestro pasado; pero la transición no puede ser entendida ni como una obra virtuosa y perfecta, susceptible de ser exportada por todo el orbe -en algún momento se ha caído en esta tentación-, ni, en el extremo opuesto, como
un simple ejercicio acomodaticio de amnesia colectiva. La transición ha sido un éxito para una sociedad como la nuestra, que parecía condenada a no conocer una convivencia en paz, libertad y progreso. Pero ciertamente también nos dejó asignaturas
pendientes que afrontar. Los socialistas reivindicamos una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica. El nuestro no es un deseo de venganza sino una voluntad de restablecer el equilibrio en la memoria histórica que deshaga la
injusticia que supone el reconocimiento de las víctimas que lucharon en el bando sublevado frente al silencio que rodea a las que lucharon al lado de la legalidad constitucional de la Segunda República. Y lo hacemos desde el convencimiento de que
la recuperación de la memoria histórica de la guerra civil y la dictadura tiene que ser un fructífero instrumento que fortalezca el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978, desde el
convencimiento -si me permiten- de que la recuperación de dicha memoria forma parte de la pedagogía democrática que hemos de cultivar en nuestro país.
En ese sentido, el Grupo Socialista da especial relevancia a la resolución aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 2002 en la Comisión Constitucional de esta Cámara en la que se condena el totalitarismo, la represión franquista y se
aboga por la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos como única forma civilizada de convivencia. Esta declaración institucional, que condena la lucha fratricida durante la guerra civil y el régimen dictatorial que la siguió, ni
podía ni puede ser interpretada, a juicio del Grupo Socialista, como un punto y final sobre aquellos hechos. Así, el Pleno de esta Cámara aprobó el pasado 1 de junio, con el apoyo de todos los grupos a excepción del Popular, que se abstuvo, una
resolución en la que, tras reiterar la anterior de la Comisión Constitucional, instaba al Gobierno -en síntesis- a realizar un estudio de carácter general que sistematice los derechos reconocidos por la legislación estatal y autonómica a las
víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista y a elaborar un informe sobre el estado de la cuestión en torno a las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a las personas con
motivo de la guerra civil, de la represión efectuada por el régimen franquista y también de los acaecidos durante la transición. Asimismo, se instó al Gobierno a remitir a esta Cámara un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron
daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades políticas durante la transición.
Para dar cumplimiento a los contenidos de la citada proposición no de ley, el Gobierno, a través del Real Decreto 1891/2004, del 10 de septiembre, creó la Comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra
y del franquismo. Es en este contexto, señorías, el de una comisión interministerial de alto nivel que tiene unos objetivos precisos fijados por esta Cámara, en el que cabe analizar la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de
Cataluña que nos ocupa en esta sesión; una iniciativa, vaya por delante, a la que los socialistas nos hemos acercado desde la proximidad a un Lluís Companys con el que el conjunto de las izquierdas españolas de su tiempo compartieron esperanzas y
decepciones, alegrías y sufrimientos que la muerte, en muchos casos, trasladó a sus hijos, familiares y amigos.
Precisamente es esta proximidad, esta cercanía que nace no sólo de la razón sino también del corazón, la que explica que la enmienda que
el Grupo Socialista ha realizado comience afirmando la voluntad del Congreso de los Diputados de reconocer públicamente la honorable y respetable figura humana, política e institucional de Lluís Companys, que fue presidente de la Generalitat de
Cataluña durante la Segunda República, fusilado por la dictadura franquista en el castillo de Montjuich el 15 de octubre de 1940. Es el reconocimiento que merece, señorías, quien murió dignamente representando a su pueblo y al frente de una
institución republicana. Nuestra enmienda incorpora la realización de un solemne acto de homenaje y desagravio por parte del Estado a través de la colaboración del Gobierno
con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, y concibe este acto como una actuación específica de la comisión interministerial que he citado anteriormente. Al hacerlo así, incardinamos coherentemente esta iniciativa en el
actual estadio de desarrollo institucional de la recuperación de la memoria histórica en nuestro país y conseguimos el necesario equilibrio entre el reconocimiento de la singularidad de la figura de Lluís Companys y la de todos aquellos que
compartieron unos mismos ideales y un mismo destino. Este acto ha de simbolizar, a nuestro juicio, además la voluntad de la sociedad catalana y española de mirar hacia atrás sin ira y hacia adelante con ilusión y esperanza, porque, a nuestro
juicio, plantear en el marco del objetivo compartido la recuperación de la memoria histórica y la demanda de perdón por parte de las instituciones del Estado es un camino que no nos lleva a ninguna parte. En primer lugar, porque instituciones del
Estado lo son todas, desde esta Cámara hasta un ayuntamiento, pasando por el Gobierno o por la propia Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, porque a nuestro juicio la democracia española ha asumido, y todavía lo va a hacer más en el futuro, el
reconocimiento de los daños morales y materiales que se ocasionaron a las víctimas de la guerra y la posterior represión del bando vencedor. Pero de ahí a inferir que la democracia española es culpable, pues sin culpa no hay petición de perdón, de
las suciedades del franquismo hay una distancia que los socialistas no vamos a recorrer. La democracia española ni es ni puede sentirse heredera del Estado surgido de la guerra civil y consagrado en las leyes fundamentales. El franquismo en
España, señorías, no consolidó su hegemonía gracias a una amplia mayoría social y a un sólido respaldo electoral; para vencer en España necesitó el apoyo decisivo del nazismo y del fascismo, la debilidad de las propias democracias europeas, tres
años de guerra y cuarenta de represión. Los socialistas somos herederos de la Constitución de Cádiz, de La Gloriosa, de la Segunda República y del primero de mayo. A lo largo de nuestra dilatada historia hemos cometido aciertos y errores, pero el
papel que asumimos durante la guerra civil y la posterior dictadura fue el de víctimas, señor Tardá, no el de culpables.
Finalmente, nuestra enmienda insta al Gobierno a que el informe sobre los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista que ha de realizar la comisión interministerial
incluya un estudio jurídico sobre la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la legislación franquista. Somos conscientes de las dificultades inherentes a la revisión de sentencias firmes, en tanto
en cuanto constituye una derogación del principio de cosa juzgada que es una exigencia del principio constitucional de la seguridad jurídica. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de explorar todas las posibilidades que en esta dirección
nos ofrece el actual marco constitucional, en coherencia además con la proposición no de ley relativa a la anulación de juicios sumarísimos de la dictadura franquista que el Grupo Socialista presentó durante la anterior legislatura y que fue
rechazada por este Pleno en su sesión de 10 de septiembre de 2003.
Afrontar este tema de forma global es, sin duda alguna, la mejor manera de afrontar la anulación del consejo sumarísimo al que fue sometido Lluís Companys. En este sentido -y este
es el contenido de nuestra enmienda- la hemos presentado y la defiendo ante ustedes desde la convicción de que es una aportación constructiva orientada a unir y no a dividir. El Grupo Socialista ha trabajado y va a seguir trabajando en esta
dirección, señorías, pero permítanme anunciarles que en el caso de que nuestras aportaciones sean rechazadas -tal como apuntaba la intervención del representante de Esquerra Republicana de Catalunya-, las presentaremos inmediatamente en el Registro
de la Cámara en forma de proposición no de ley. Porque la memoria de Companys y su manera de entender el compromiso político se merece más capacidad de diálogo y acuerdo por parte de todos nosotros. Señorías, el régimen franquista asesinó al
presidente legítimo de la Generalitat de Catalunya única y exclusivamente por el hecho de serlo. La actitud de Companys ante el pelotón de fusilamiento cuando les pidió que dispararan sin rencor y murió al grito de: Per Catalunya, nos señaló a
todos el camino para superar el espíritu de la guerra y preparar el de la reconciliación; el mismo camino que nos apuntó un socialista vasco, periodista, director de El socialista, diputado y ministro de la República, Julián Zugazagoitia, cuando
afirmó: Preferir pasar por cobarde, ser tenido por renegado, escéptico, traidor, egoísta, todo me parecerá soportable antes de envenenar con un legado de odio la conciencia virgen de las nuevas generaciones españolas. Julián Zugazagoitia fue
ejecutado junto con Francisco Cruz Salido contra las tapias del cementerio del Este de Madrid el 9 de noviembre de 1940.
Companys, Zugazagoitia, Cruz Salido y hasta una docena más de republicanos y demócratas españoles que habían sido reclamados
por la policía franquista y entregados a las fuerzas de ocupación alemanas en Francia, compartieron los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol durante el mes de septiembre de 1940. Compartieron hermanados con dignidad y
entereza aquellos trágicos momentos, de la misma manera que habían compartido ilusionados la esperanza de un futuro mejor en aquel ya lejano 14 de abril. Companys, señorías, convirtió en testimonio vital la conmovedora petición hecha por Azaña en
un discurso en el Consell de Cent del Ayuntament de Barcelona el 18 de julio de 1938: la petición de paz, piedad y perdón. Por eso el Grupo Socialista, al honrar hoy su memoria a través de nuestra aportación a este debate parlamentario, quiere
honrar a todos aquellos que, víctimas del fascismo, han sido también después víctimas del olvido.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Consumidos los turnos de defensa de enmiendas, procedemos al turno de fijación de posiciones.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Nos sumamos, como no podía ser de otra manera, a la proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya, a lo que entendemos un intento pero también deseo
de que la restitución de la figura del president Companys sea además, por qué no, el inicio de un camino de restitución de la figura de todas y cada una de las personas que sufrieron y que hoy siguen sufriendo -y a quienes no se les puede
pedir, y menos desde esta Cámara, el olvido- el peso del golpe de Estado de 1936, de la posterior guerra y de la dictadura franquista. Por supuesto, votaremos a favor.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
A continuación, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, en nombre de Eusko Alkartasuna, y como no podía ser de otra manera, quiero decir que vamos a votar a favor de esta proposición, que nos parece muy razonable, muy en el momento. Ya va
siendo hora de que iniciemos este tipo de actuaciones claras y contundentes para evitar lo que ha sido un olvido de demasiados años. Creemos que debe ser anulado ese juicio sumarísimo, y lo hacemos por respeto al president Companys y por respeto
también a Cataluña.
Estuve en el debate de la transaccional que señalaba el 20 de noviembre de 2002, como muchos de los portavoces de esta Cámara, y desde luego no comparto en ningún caso la interpretación que hace el portavoz del Grupo Popular sobre lo que fue
aquella transaccional. En ningún caso esa transaccional impide sino que, al revés, lo que hacía era animar al reconocimiento social, moral y económico de las personas que demasiado tiempo habían estado en el olvido y sobre todo de una persona que
en aquel momento representaba a todo el pueblo de Cataluña. Por tanto, en ningún caso comparto esa interpretación y, muy al contrario, creo que estas son las iniciativas que inspiraban aquella resolución.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Su turno, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Naturalmente, vamos a apoyar también la proposición no de ley de Esquerra Republicana relativa a la reivindicación de la persona de Lluís Companys, porque pensamos que sirve para reivindicar a todas aquellas personas que fueron fusiladas o
asesinadas posteriormente a la guerra civil. El portavoz del Grupo Popular ha pensado que deberíamos olvidar la guerra civil. Yo creo que la guerra civil es un acto para olvidar porque efectivamente en ese momento todos los españoles hicieron
verdaderas barbaridades por un odio de siglos acumulados. Pero lo más terrible de esta guerra civil no fue la guerra en sí, sino los 40 años de represión en los que se asesinaba con una impunidad terrible. El caso del señor Companys es
fundamental, pero tenemos el caso de Granados y de Joaquín Delgado, que fueron fusilados también en juicio sumarísimo, cuando después han aparecido las dos personas que habían atentado -no había ninguna prueba contra ellos, pero se hizo y se
fusiló-, o el caso último de Puig Antich en Barcelona en 1975. El franquismo llegó matando y se marchó matando, y eso es lo que no debemos olvidar los españoles. Estamos de acuerdo en olvidar la guerra civil, pero no olvidar la impunidad de un
franquismo que llegó matando y se marchó matando, y muchos de los nombres de aquellas personas que estaban produciendo esos juicios sumarísimos están todavía en las calles de las ciudades y de los pueblos españoles.
Sin embargo, muchas de aquellas
otras personas que defendieron la libertad y la democracia y que murieron en el exilio, en la impunidad y en la vergüenza, como el general Rojo, por ejemplo, que vino a España y fue machacado en sus últimos años, no tiene ni una calle ni media en
esta España democrática. Es ahí donde tenemos que incidir, no en el odio ni en el olvido, sino en reivindicar a todas aquellas personas que estuvieron luchando por defender la democracia, que perdieron la vida por defenderla, y no en la guerra
civil, sino en los años posteriores, que es lo peor que tuvo el franquismo, que fue una dictadura de 40 años que nos sometió a muchos a una situación bastante triste.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Su turno, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Para un nacionalista gallego es un motivo de especial orgullo y de especial juicio sobre nuestra historia dar un apoyo entusiasta a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. A pesar de que podamos tener muchísimos
matices interpretativos respecto a su contenido en cuanto a algunos juicios de valor, coincidimos en algo que para nosotros es fundamental, y es la recuperación de la historia, pero de la historia en sus términos reales y no solamente una especie de
piadosa reintegración con el pasado, olvidando cuáles fueron las dialécticas políticas reales. En este aspecto, Companys fue un elemento fundamental para que Cataluña -exactamente igual que en el caso de Euskadi- no cayese en manos de los alzados
militarmente. Es curioso -y voy a recurrir a las palabras de un nacionalista gallego, Castelao, en su Sempre en Galiza- que cuando el gobierno republicano estaba ya en Valencia en retirada dice: (Continúa su intervención en gallego, cuyo texto,
que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'Ninguén se lembraba de que Cataluña se salvara do pronunciamento militar porque as forzas de Orden Público dependían da Generalitat (...) E cando surdeu o 'puch' de maio en
Barcelona -reprimido exclusivamente polas forzas da Generalitat- decían os bravos homes da retagarda política: ¡Hay que fuxilar a Companys! ¡Hay que anular os estatutos! A xenreira contra Cataluña i Euzkadi rillábase no ambente cortesán de
Valencia'. El señor diputado continúa su intervención en castellano.) Si repito estas palabras de nuestro compatriota desde el exilio, que no fue asesinado porque estaba en Madrid en el momento del alzamiento -aunque sí fue asesinado su compañero,
Alexandro Bóveda, del cual estamos aún esperando la recuperación de su memoria histórica, cuando menos el reconocimiento a su familia de cómo fue ese juicio sumarísimo-, esto indica que en el Estado español hay algo muy claro, que es que la
democracia se asienta siempre en la diferencia, en el pluralismo y en un
descarnado espíritu de respeto por el carácter plurinacional del Estado. Y volviendo al bando republicano, en el año 1938, cuando Castelao escribía aquellas palabras, Negrín, sin embargo, a pesar de todo, decía: No estoy haciendo la guerra
contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación, España. Creo, señorías, que va siendo
hora de que asumamos todos que España es plural desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista cultural y lingüístico y que Companys representa simbólicamente uno de los pueblos que constituyen el Estado español. Por lo tanto, que se
haga un esfuerzo no solamente por la recuperación de su memoria histórica, sino también por darle toda la dignidad simbólica que merece yo creo que es algo mínimo en un contexto democrático. Y lo digo desde la perspectiva de quienes no tuvimos
precisamente políticos nacionalistas que llegasen a gobernar, pero, a pesar de todo, aun sin gobernar, solamente por hacer el Estatuto de Galicia, solamente por estudiar la balanza fiscal de Galicia con el Estado, a pesar de su catolicismo,
solamente por acompañar a los nacionalistas en la campaña de concienciación del pueblo gallego, fueron también fusilados. Esto hay que decírselo a la sociedad del Estado español. No es revancha, no es tener falta de piedad sino poner las cosas en
su sitio y va siendo hora de que todos las pongamos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Lenehengo ta behin, ERC'K aurkezten dauan Companys lehendakariari buruzko salo honetan euzko
alderdi jeltzalearen izenen eskuhartzea niretzat benetan ohorea dala adierazo gura dot. El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
En primer lugar me gustaría reseñar que es un honor para mí tomar la palabra en nombre del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, con motivo de la proposición que presenta Esquerra Republicana de Catalunya para hablar de una gran
personalidad para Cataluña pero una persona muy importante también para los vascos, para los vascos en general y para el Partido Nacionalista Vasco en particular, porque al presidente Companys le unía una amistad profunda, sobre todo en los últimos
años, con el lehendakari Aguirre, con el presidente Aguirre. Cuando se produce la derrota del ejército republicano y el Gobierno catalán y el presidente Companys tienen que cruzar la frontera e ir al exilio, el presidente Aguirre acude a
acompañarle. Esa unión y ese trato con Cataluña había comenzado antes, cuando, una vez ocupada Euskadi por las tropas franquistas, el Gobierno vasco crea una delegación en Barcelona y es acogido maravillosamente por los catalanes y por el Gobierno
de la Generalitat. Era una amistad cuyos orígenes no provenían de afinidades nacionalistas, porque Companys es quizá una de las muchas personas a las que, a base de represión y de palos de sus adversarios políticos, les hicieron descubrir poco a
poco y cada vez más su nacionalidad, su nacionalismo. Fundó Unión de Rabassaires; fundó el Partido Republicano Catalán, en el que su centro de afanes políticos era básicamente la izquierda y el pensamiento de izquierdas. En marzo de 1931 es el
representante en la conferencia de Esquerra, de la que salió ERC. Él representaba a los sectores que hacían más hincapié en el mensaje de izquierdas. Poco esperaba Aguirre, tampoco Companys, que poco después de cruzar aquella frontera el
presidente catalán sería capturado. Mientras Aguirre tiene un periplo europeo que le acaba llevando a Estados Unidos y que queda relatado en un libro que se titula De Gernika a Nueva York, pasando por Berlín, el president Companys fue capturado
aprovechando una circunstancia personal. Fue detenido a traición aprovechando que su hijo, enfermo, se encontraba en la Francia ocupada por Alemania y aprovechando también que la connivencia entre el régimen franquista y el régimen nazi era
absoluta. Poco esperaban Aguirre y Companys que fuera capturado a impulsos de Lequerica, una persona que en ese momento era embajador en París y había sido alcalde franquista en Bilbao. Fue su obsesión y su empeño el que llevó a esa detención.
Poco esperaban que con el pase de la frontera la entrega sería en territorio vasco, en Hendaya-Irún, las dos localidades vascas a ambos lados de la frontera, y que el 15 de octubre, a las seis de la mañana, en el foso de Santa Eulalia, un día
nublado, el president Companys, que iba fumando, acompañado por un piquete de ejecución, y llegando al lugar en que iba a ser fusilado, con tranquilidad, preguntó dónde debía colocarse. Negó con un gesto la posibilidad de que le vendaran los ojos,
miró al pelotón de fusilamiento, con traje blanco, con un pañuelo blanco en la chaqueta, con zapatillas, porque no podía llevar zapatos después de las torturas a las que había sido sometido en Madrid, tras ser capturado. En ese momento se descalzó
y gritando: per Catalunya, fue fusilado. Es curioso que el teniente que mandaba aquel pelotón, instintivamente cogiera el pañuelo de Companys y lo intentara guardar, porque la actitud de aquel hombre le había impresionado. Desgraciadamente para
él, un capitán de la Guardia Civil se dio cuenta y fue enviado a un tribunal de honor, siendo expulsado del Ejército. Companys tenía 59 años y era la persona número 2.761 fusilada en Cataluña después del final de la guerra.
Companys fue un ejemplo para su pueblo y una persona importante, porque el 14 abril proclama la República catalana y es un líder en el cambio en las instituciones, hasta entonces de la Monarquía y a partir de entonces de la República en
Cataluña; una persona de carácter no violento y afable.
Hay una anécdota. Precisamente después de proclamar la República, va desde el edificio del Ayuntamiento al de la Generalitat, que está enfrente, para requerir al presidente de la Diputación
de Barcelona que dejara su cargo. En un acto quijotesco muy de la época, el presidente de la Diputación le dice que sin violencia no se va a ir de allí. Companys le pone la mano en el hombro y le dice: ¿Vale con esta violencia? Sí.
Pues
adelante. Digo esto porque fue una persona que incluso en el alzamiento del 34 hizo proclamas y llamamientos por la radio instando al no derramamiento de sangre y a deponer las armas en el
momento en que se vio que aquello no iba a ninguna parte. Una persona que ya antes había dado muestras de humanidad. El propio general Queipo de Llano, en una charla, señaló: Companys ha dejado salir de Barcelona a más de 5.000 hombres de
derechas, lo cual ha de aminorar sin duda la responsabilidad que pesa sobre él. Esa responsabilidad no fue disminuida, porque se le condena a muerte, después de ser capturado a traición, en un consejo de guerra del que ahora hemos sabido más
detalles gracias a la aparición hace poco tiempo de su abogado defensor, un abogado defensor de oficio, un capitán de artillería, Colubí, una persona a la que le conmutan la pena por haberse alzado en armas y es entregado en un canje al ejército
franquista. Él combate en la batalla del Ebro y después entra con Franco en Barcelona y le toca defender a Companys; en 1947 se exila a Venezuela. Él dice: A mí me tocaba cubrir las apariencias para que el proceso de Companys pareciera legal,
cuando todos sabíamos que aquello respondía a una orden concreta de Franco para que fuera fusilado. En unas pocas horas tuve que redactar el escrito de defensa. Fui a ver a Companys: Usted me conmutó la pena, haré todo lo que pueda para salvarle
la vida. Alegó esos gestos de Companys en su momento, pero no sirvieron de nada. Tampoco ese relato de Queipo de Llano que he mencionado antes.
Fue condenado curiosamente por adhesión a rebelión militar. Es curioso que precisamente en el proceso
del general Batet que les he mencionado antes, que fue el que reprimió el levantamiento de 1934, muchos defensores no querían aceptar a personas que querían designarles, pero hubo un coronel mallorquín, miembro de la Real Academia de la Historia,
que aceptó y citó el Código de Justicia Militar vigente, que decía literalmente: Incurren en delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la República. Companys, por lo que fue detenido, por lo que fue condenado, por lo que fue
asesinado, porque esa es la palabra, no fue por alzarse en armas contra la República. Tampoco fue posible la conmutación de la pena, porque ya en enero del año 1940 la Presidencia del Gobierno franquista mandó una circular señalando que había
ciertas responsabilidades en las que no procedía elevar conmutación de penas: grandes delitos y jefes de gobierno -jefes de gobierno de la República de Euskadi y Cataluña, que eran los únicos a los que se les podía aplicar-.
No hubo mucha
humanidad en ese acto.
Por todo lo anterior, creemos que es justa y lógica la pretensión de la proposición hecha por Esquerra Republicana en este día: anulación del consejo. Por muchas dificultades jurídicas que haya, se han realizado cosas más difíciles. Por
no entrar en vericuetos más delicados, afirmaría que tenemos leyes, como la que regula las distintas modalidades de referéndum o la orgánica del Tribunal Constitucional, que han modificado de facto lo que dice la Constitución. Estoy seguro de que,
si se quisiera, se podría buscar el camino para la anulación de ese consejo de guerra. El solemne acto en el castillo de Montjuic me parece algo de lo más apropiado, y la solicitud de perdón, también. Es cierto que el Gobierno fascista rompió con
la legalidad republicana anterior, pero que todos sepamos -y se repite una y otra vez- lo que hubo aquí posteriormente fue un proceso de reforma del Estado en el que de esa manera se dotó de un continuo jurídico con los gobiernos posteriores. De
hecho, se heredó todo: la legislación anterior, las estructuras anteriores, judiciales, policiales, etcétera. Por tanto, de acuerdo, no tiene nada que ver con el régimen franquista anterior, pero sí hay un continuo jurídico entre unos y otros,
incluida la sucesión de la Jefatura del Estado, que por cierto se produjo antes de que finalizara el régimen franquista y el advenimiento de la democracia.
No nos vale tampoco esa consideración -enseguida acabo, señor presidente- de que en la Constitución de 1978 una generación decidió el perdón, que hubo generosidad y perdón. En la realización de la Constitución española no hubo una libertad
total para llegar al punto en que se llegó. Con un ejército golpista, que lo demostró al poco tiempo; con unas estructuras del Estado que ya sabían que no cabían en Europa, pero que no estaban dispuestas a desmantelarse sin violencia;
generosidad, si la hubo, y la hubo, fue de la parte que estuvo con la República; de los otros, nada, porque siguieron en el sillón, siguieron en los mismos lugares que ocupaban y, encima, legitimados por el nuevo ordenamiento. Fue una especie de
blanqueo legal de moneda falsa a través del cambio de régimen con continuo en el anterior. Por tanto, de lo que supuso la Constitución y de los acuerdos a los que se llegó habría que hablar muy largo y muy tendido, porque no todos estaban en
situación de igualdad.
Por último, me gustaría finalizar leyendo unas palabras del diario del conde de Güell, alcalde de Barcelona, monárquico, durante la Monarquía refiriéndose a Companys que dice: Companys presidió y gobernó Cataluña en las horas más tristes y
amargas de su historia. Dios y la historia juzgarán su vida. Nosotros, catalanes -y yo añado: nosotros, vascos también- y vascos jamás olvidaremos su muerte. Votaremos a favor, por supuesto que sí. Estaremos en Montjuic cuando se haga el
homenaje porque tarde o temprano, no sé si dentro de pocos meses o dentro de unos años, se hará ese homenaje y estaremos allí presentes. Honor al president Companys per Cataluña. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, difícilmente para un nacionalista catalán, como es el caso del diputado que les habla, puede existir una intervención más llena de sentimiento patriótico que el tema que hoy nos ocupa, por muchas razones, pero sobre todo por lo que
significa de recuperación histórica de la dignidad de un pueblo.
La proposición no de ley que hoy debatimos no es una reparación sólo a la familia de Lluís Companys, que sí lo es, ni es una reparación al Gobierno de Cataluña, que sí lo es, sino que es una reparación al honor de todo el pueblo catalán que
vio como su presidente, el president de la Generalitat de Catalunya, era sometido a un humillante proceso que se inicia con la detención el 13 de agosto de 1939 por parte de la Gestapo. A partir de aquí cárcel en Francia, cárcel en España,
torturas, consejo de guerra sumarísimo y finalmente fusilamiento en el castillo de Monjuic, por cierto, edificio que sigue sin ser devuelto a la
ciudad de Barcelona a pesar de las muchas promesas, y según ha dicho el portavoz del Partido Popular desde el año 1960. Pues lejos me lo pone, don Mendo. Decía que no es una reparación sólo a la familia, ni es una reparación al Gobierno de
Cataluña que sí lo es, sino que es una reparación al honor del pueblo catalán. Es una reparación a una persona, a la imagen, a la figura, que fue ejecutada tan solo por ser presidente de Cataluña, sólo por ser presidente de los catalanes, tan solo
por haber luchado desde su responsabilidad contra el ejército franquista, del general Franco, que se había levantado contra el poder legalmente establecido de la República. Desde aquellos hechos acontecidos, desde aquella guerra civil y fratricida
ha pasado mucho tiempo. España ha recuperado la democracia. España ha recuperado las instituciones democráticas. Hemos tenido diversos gobiernos democráticos, de todos los colores, de centro, UCD; de izquierda, PSOE; de derechas, Partido
Popular, pero ninguno ha hecho nada motu proprio. Y así, casi 30 años después de la muerte del dictador, el consejo de guerra sumarísimo contra Lluís Companys sigue vigente. Nadie ha podido, ni nadie ha querido, desde el Estado cicatrizar unas
heridas que duelen profundamente al pueblo catalán. Hoy debatimos una proposición no de ley que tan sólo pide pasar hoja en un tema que se debería haber hecho hace muchos años. Esta petición llega tarde, muy tarde y llega desde Cataluña, cuando
debería haber sido antes y desde España.
Hechos como los que ha provocado esta proposición no de ley nos hace preguntarnos muchas veces a los catalanes por qué nos cuesta tanto recuperar aquello que históricamente nos han usurpado, a veces por las armas, a veces utilizando tan sólo
artilugios jurídicos. Recordemos, por ejemplo, lo que tuvo que luchar Cataluña, en este caso todos los partidos democráticos, para tener el Estatut de Cataluña. Veremos ahora lo que costará poder tener un nuevo estatut. También es fácil
acordarnos de la lucha permanente de la Generalitat de Cataluña para recuperar las competencias de nuestro país o la lengua catalana, que ha sido reconocida después de una lucha permanente -aún ahora, en este hemiciclo, se nos niega la posibilidad
de hablar en catalán-, o los papeles de Salamanca, botín requisado durante la Guerra Civil, que siguen sin ser devueltos a Cataluña. Y podríamos seguir con un largo etcétera de temas que demuestran la permanente lucha de Cataluña para recuperar su
identidad y sus derechos históricos.
Yo pregunto: ¿Por qué nos duelen prendas en un tema como éste? Otros países y otras instituciones de otros países ya han pedido perdón por atrocidades cometidas antaño. Alemania pidió perdón por los crímenes nazis, por el holocausto;
Estados Unidos pidió perdón por la bomba de Hiroshima; la Iglesia también ha pedido perdón por errores cometidos en su momento. ¿Por qué no en la muerte de Lluís Companys? ¿Qué impide pedir perdón por la muerte del presidente de Cataluña? España
tiene la oportunidad histórica no sólo de anular el consejo sumarísimo de Lluís Companys, puede también pedir perdón, perdón por lo que hicieron aquéllos que no creían ni en la libertad ni en la democracia. Sería un paso importante en este Estado
en el cual, poco a poco, hemos ido dando muestras de memoria histórica. Sería un paso positivo. Aquí mismo, en este hemiciclo, no hace mucho, se aprobó una iniciativa parlamentaria que reconocía los derechos de los que habían luchado en el bando
perdedor, los soldados republicanos. Ahora, podemos reconocer públicamente el grave error cometido en un demócrata que amaba Cataluña y que amaba la libertad, y que también fue perdedor.
El portavoz del Partido Nacionalista Vasco decía que Lluís Companys, antes de ser ejecutado, se descalzó. Es cierto. Y no lo hizo porque sí, no lo hizo instintivamente. Un hombre, que iba a morir segundos después, quería morir tocando su
tierra con los pies. Era un hombre que amaba profundamente a Cataluña y quería morir tocando la tierra catalana. Era un hombre que amaba Cataluña y la libertad.
Ahora tenemos una gran oportunidad, desde este hemiciclo que representa a todos los españoles, que es la de limpiar unánimemente el nombre y la figura manchada de Lluís Companys, un hombre que dio lo más preciado para cualquier persona como
es su vida. Yo he venido aquí con un discurso preparado, pero después de leer la proposición no de ley desafortunadamente he tenido que ir enmendando mi escrito. Sabía lo que votaría el Partido Popular, lógicamente, no me extrañaba; me ha
entristecido oír al portavoz socialista, porque la verdad es que puedo ver en el horizonte que esta proposición no de ley tiene un futuro complicado. Yo decía en mi escrito: Hoy, la familia de Lluís Companys sabrá que se restituye el honor a quien
nunca se le debería haber quitado. He tenido que enmendar la plana y decir: Hoy, la familia de Lluís Companys puede ver cómo se restituye el honor, veremos. Yo decía: Hoy, el Gobierno de Cataluña verá cómo uno de sus presidentes, condenado y
fusilado, recupera la dignidad institucional que le fue usurpada. He tenido que tachar verá y he puesto puede ver. Lo veremos. Yo decía: Hoy, todos los catalanes sentirán con emoción cómo se anula un consejo de guerra sumarísimo a un hombre que
representaba a todos los catalanes. He tachado sentirán y he puesto pueden sentir, veremos. Y decía: Y esto será posible con el voto afirmativo de todas sus señorías. He tachado y he puesto: Sólo será posible con el voto de sus señorías.
Como no podía ser de otra forma, anuncio el voto afirmativo y entusiasta de Convergència i Unió. Estoy preocupado después de oír al portavoz socialista, preocupado porque hace pocas semanas yo hablaba de selecciones nacionales deportivas y
decía que PSOE y PP eran el mismo equipo con diferentes camisetas, pero aquello era jugar, era hacer deporte. Desafortunadamente intuyo que en el tema de Lluís Companys será el mismo equipo con diferentes camisetas. Esto no es jugar, esto es para
llorar, esto es para entristecernos. Al menos en Catalunya hoy habrá mucha gente triste. Por tanto, señorías, esperamos in extremis, una expresión deportiva, poder ganar este partido, que es el de la libertad y el de la dignidad. Sin duda votar
afirmativamente esta proposición no de ley no es un acto de dignidad ni tan sólo un acto democrático, es un acto de justicia digna y democrática.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, si he entendido bien, mantiene la posición que dijo aquí sobre la tribuna, ¿no? (Asentimiento.) El grupo proponente no acepta ninguna de las enmiendas. (El señor Fernández Díaz pide la
palabra.)
Dígame, señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: He entendido que el señor Tardá desde la tribuna decía que no a la enmienda socialista, pero no he escuchado nada en relación con nuestra enmienda. Una mínima cortesía parlamentaria, señor Tardá, obliga a que diga
algo. Y conste que la misma es enormemente respetuosa y considerada con la figura del presidente Companys y no merecía el trato que usted le ha dado y ni siquiera...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, por favor, no. El señor Tardá ha dicho que no aceptaba ninguna de las enmiendas. Yo lo he entendido así.
Incluso para que no haya malos entendidos entre nosotros le he preguntado si mantenía la
posición que dijo aquí en el pupitre y él me la confirmó con un gesto. Así pues, se votará en su integralidad la propuesta de Esquerra Republicana.
Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA REGULACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. (Número de expediente 162/000091.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día. Ahora vamos a debatir la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco sobre la regulación del recurso de casación.
Para su defensa, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Eskerrik asko presidente jauna. Gurtatuko zitzaizan euskeraz zuei mintzatzea. Baina ez ni
eta zuetako ere ez prest hortarako. El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
Hablaremos en castellano, señor presidente, para comentar que esta proposición no de ley que presenta mi grupo parlamentario tiene menos nervio ideológico, es menos esencialista que la que hemos debatido hasta ahora y, por tanto, le voy a
imprimir un tono menos solemne también. Es una PNL, usando la nomenclatura parlamentaria de naturaleza fundamentalmente tecnicojurídica, yo creo que fácil de asumir, fácil de consensuar, razonable en su configuración material, en su contenido
material y razonable desde la perspectiva de lo que todos debemos intentar en esta Cámara, que es buscar una mayor eficiencia del servicio público de la justicia. ¿Qué es lo que pretende mi grupo parlamentario? Pretende, sobre todo, configurar
razonablemente el denominado procesalmente recurso de casación en sus distintas vertientes, en sus distintas subespecies.
En este momento nos encontramos con un problema, problema que hace referencia a la eficiencia del funcionamiento de la Administración de justicia, del Poder Judicial, en su órgano jerárquicamente superior, el Tribunal Supremo, que está
afectado en este momento por una gran carga de trabajo -una gran pendencia, usando la terminología judicial-, por una gran acumulación de asuntos en las distintas salas, sobre todo en las cuatro que tienen naturaleza esencialmente jurisdiccional
-con relación a la quinta dudamos incluso de su naturaleza jurisdiccional-, en las que se está demorando mucho la resolución de los asuntos, excesivamente, hasta el punto de que en algunas salas, como la tercera, la Sala de lo Contencioso
Administrativo, o en la primera, la Sala de lo civil, estamos incluso en la tesitura de poder dudar que se esté cumpliendo el requerimiento o el mandato constitucional relativo a la tutela judicial efectiva. (El señor vicepresidente, Vilajoana
Rovira, ocupa la Presidencia.) Al fin y al cabo, la demora excesiva en la impartición de justicia o en la resolución de los autos judiciales equivale exactamente a la denegación de justicia, o sea, se está incumpliendo un mandato judicial atinente a
la tutela judicial efectiva por parte de los jueces y por los órganos judiciales y tribunales. Desde esa perspectiva el Consejo General del Poder Judicial en sus dos libros blancos, reiteradamente citados por este portavoz en esta tribuna, un
subgrupo de trabajo, que en este momento ha sido constituido por el Consejo General del Poder Judicial, dirigido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el señor Guillén Vidal, en distintos informes de juristas y en el
ámbito académico, fundamentalmente en el universitario, se empieza a sedimentar la idea de que al Tribunal Supremo se le debe reservar, y nada obsta en los preceptos constitucionales, fundamentalmente en los requerimientos del artículo 123 de la
Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto en su artículo 53, un recurso de casación extraordinario, que es el recurso de casación para la unificación de doctrina, cuya naturaleza casacional incluso doctrinalmente es
discutible, de forma y manera que el recurso denominado también ordinario de casación debería residenciarse -y esto parece que es un mandato de la Constitución consignado por el artículo 152 del texto constitucional- en los tribunales superiores de
Justicia de las comunidades autónomas y, particularmente, en las salas de lo civil y penal de dichos tribunales u órganos judiciales. En definitiva, ¿de qué se trataría? Los dos recursos de casación a los que nos estamos refiriendo se basan en
fundamentos ontólogicos esencialmente diferentes. El recurso para la unificación de doctrina pretende preservar lo que técnicamente se denomina ius constitucionis, en definitiva, pretende preservar o evitar una perversión posible, que es que una
jurisprudencia dispersa a la que provean los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, que son múltiples, como todo el mundo sabe, desagregue, mediante una interpretación jurisprudencial diferente, el ordenamiento estatal; es
una perversión a través de la cual, y mediante la reserva del ius constitucionis, el Tribunal Supremo podría evitar el peligro de desestructuración del ordenamiento estatal, al que eventualmente podrían proveer interpretaciones jurisprudenciales
diversas, contradictorias, divergentes de los
tribunales superiores de Justicia autonómicos en una interpretación jurisprudencial que legítimamente puede ser perfectamente diferente porque las leyes son interpretables y la hermenéutica provea soluciones jurisprudenciales diferentes. Es
un peligro real y no negamos que ese ius constitucionis quede radicado a través de un recurso de casación extraordinario -el recurso de casación para reunificación de doctrina- en el Tribunal Supremo. Sin embargo, el recurso de casación ordinario,
el que pretende resolver lo que técnicamente se denomina también ius litigatoris, el derecho a los litigantes a una última instancia procesal, la casacional, ése debería quedar radicado, y nada obsta a ello en el bloque de constitucionalidad (en el
artículo 123 de la Constitución y en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). De alguna forma parece conducir a esto una interpretación espiritualista -extensiva, si se quiere- del artículo 152 de la Constitución. Debería quedar
radicado absolutamente, en nuestra opinión, en las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
Esta es nuestra pretensión, que está avalada no sólo por los dos libros blancos para la reforma de la Justicia elaborados por el Consejo General del Poder Judicial, un órgano poco sospechoso de intentar desde la perspectiva política,
ideológica, desestructurar la función jurisdiccional, trocearla, parcelarla, que es quizá la interpretación eventual perversa y desnaturalizada de algún grupo en esta Cámara. Nada obsta a esta articulación, porque es el propio Consejo General del
Poder Judicial, pero no sólo el propio Consejo General del Poder Judicial sino el propio Consejo General del Poder Judicial a instancias de las salas del Tribunal Supremo que antes hemos citado, las que le instan a que por decoro, por la dimensión
institucional que corresponde como órgano jurisdiccional al Tribunal Supremo y por poder atender eficazmente con sus medios materiales y personales la carga de trabajo que en este momento es muy voluminosa y tiene asumida, necesita de alguna forma
una reducción que razonablemente puede ser la atribución de lo que, por decoro y solemnidad y por responsabilidad y misión institucional le debe de corresponder en derecho, que es la unificación de doctrina, el recurso de casación para la
unificación de doctrina.
En definitiva, y con esto termino mis palabras, señor presidente, parafraseando a Lucrecio, se puede decir que en materia judicial, en materia jurídica, en el ámbito del ordenamiento jurídico, no hay un orden natural preestablecido que
necesariamente el ordenamiento jurídico debe absorber. Esta mañana lo hemos discutido con prolijidad el señor Padilla y yo en la Comisión de Administraciones Públicas. Nada está en la naturaleza de las cosas, como bien decía Lucrecio, salvo que
recurramos a la teología o a conceptos jurídicos o teorías intangibles absolutamente.
Nada está en la naturaleza de las cosas y menos está en la naturaleza de las cosas aquello atinente a la estructura de la Administración de Justicia o la
composición de las instancias jurisdiccionales en el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional, para empezar porque nada dice la Constitución. No es que no esté en la naturaleza de las cosas, es que no está ni en el derecho positivo, ni en
el derecho positivizado en el Estado español en el orden constitucional. Esto es lo razonable, lo que nosotros proponemos.
En definitiva, y es la última cita que utilizo, señor presidente, Karl Poper afirmaba, y creo que es una de las afirmaciones más lúcidas que he oído en mi vida, que no hay ninguna democracia perfecta. Todas son perfectibles, todas deben
avanzar, todas deben progresar para llegar a algo que se parezca a un ámbito de democracia próximo a la utopía. Es una reflexión poperiana con relación a la esencia del derecho, a la esencia autológica de derecho y esto también hace referencia a la
Administración de Justicia y a la función jurisdiccional. También deben avanzar en este ámbito en algo que se parezca siquiera utópicamente o de forma aproximada al ideal de justicia, justicia en este momento desde la perspectiva más material y más
positiva del término, la Administración de Justicia, la función jurisdiccional. Avanzar supone también atender a los requerimientos constitucionales en relación con la estructura territorial del Estado español. El Estado español no es un Estado
unitario, es un Estado compuesto. Este carácter compuesto del Estado español, que se reconoce en todos los ámbitos, es decir, en el Legislativo y en el Ejecutivo, no ha sido todavía incorporado al Poder Judicial, a la Administración de Justicia, ni
tampoco a la función jurisdiccional, función esencial que constituye un poder del Estado. También a la función jurisdiccional se tienen que introducir o inocular los requerimientos del Estado compuesto inevitablemente, si no, estamos incumpliendo
la Constitución, estamos incumpliendo la Constitución absolutamente. Desde esta perspectiva nosotros entendemos que, de la misma manera que cabe hablar de órganos de administración de la Administración de Justicia de carácter autonómico, en el
ámbito de la función jurisdiccional cabe hablar de un ejercicio de la función jurisdiccional que acoja los requerimientos de un Estado que no es unitario, que es compuesto.
Nosotros no queremos un Poder Judicial y una función jurisdiccional que se
parezca a la del Estado francés, sino una función jurisdiccional que se parezca a la de los Estados compuestos y a los modelos que conocemos ya y están perfectamente calibrados y experimentados en el derecho comparado. Queremos un Poder Judicial
que se parezca al Poder Judicial de Bélgica, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá porque la estructura del Estado español pretendidamente, a tenor de los requerimientos constitucionales, es compuesta, y mantener un poder en el seno de la
estructura institucional compuesta del Estado unitario es una disfunción, una atrofia democrática que con esta proposición de ley nosotros pretendemos remover.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, interviene, en un turno de diez minutos, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la diputada señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Estamos radicalmente de acuerdo con esta iniciativa, de hecho se recoge así en nuestro programa electoral. Hay que dar cumplimiento
y desarrollo al artículo 152 de la Constitución española. Se trata de una reforma que consideramos necesaria y oportuna de las muchas que se han de acometer en el ámbito de la Justicia, pero para que se lleven a cabo todos los objetivos que
el proponente ha enumerado y por los que se presenta esta iniciativa, habrá de ir acompañada de una reforma del recurso de casación en unificación de doctrina; de ahí nuestra enmienda.
En caso contrario, nos encontraríamos con que se restringe más
el acceso al Tribunal Supremo basándose en un procedimiento que es excesivamente formalista y muy anticuado. Por tanto, este acceso restringido debe ser reformado para que sea mucho más efectivo y acometer una reforma que es absolutamente necesaria
en su integridad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Para defender su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el diputado señor Rascón.
El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista respecto a la proposición no de ley del Grupo Vasco, con la que fundamentalmente está de acuerdo -lo sabe el señor Olabarría-, ofrece una enmienda aclaratoria, simplificatoria, a través de la cual se insta
al Gobierno para que se acometan las reformas legales pertinentes tendentes a convertir de verdad el recurso de casación en un recurso extraordinario para la unificación de la doctrina.
Compartimos el fundamento de la proposición, pero queremos
explicar de manera suficientemente explícita cuáles son nuestros argumentos.
Nuestros argumentos son dobles. De un lado, el requerimiento constitucional a que ha aludido el señor Olabarría, contemplado de manera complementaria en los artículos 123 y 152 de nuestra Constitución -ese sería por sí suficiente- y de
otro, el actual estado de la casación en nuestro país, que por sí solo también justifica la racionalización organizativa y funcional del mismo. Digo que sería por sí solo suficiente ese requerimiento, esa demanda constitucional porque si por algo
se caracteriza el Estado español es porque ha escogido como fórmula jurídica el denominado por todos Estado autonómico o Estado de las autonomías, y eso significa distribución territorial del poder. Es innegable, pero no olvidemos que el Poder
Judicial es único y, lo más importante, difuso, radica en todos y cada uno de los jueces y tribunales y se sirve de un soporte organizativo en donde sin ningún género de duda se ha de producir esa adecuación de la fórmula territorial que se ha
escogido por el constituyente en 1978. Por consiguiente, efectivamente la Administración de Justicia tiene que ser sensible al hecho territorial. Por tanto, demanda de carácter constitucional, y el propio apunte organizativo lo da la Constitución.
El artículo 123 hace ver que el Tribunal Supremo será el encargado de decir la última palabra -eso es dignidad institucional, como bien ha dicho el señor Olabarría- para todo pleito y ante toda decisión previa de cualquier tribunal, pero
inmediatamente después el artículo 152 reconoce que la culminación en materia de organización judicial en una comunidad autónoma la tiene el Tribunal Superior de Justicia. Eso, lejos de confrontarse, tiene que ser complementario, ha de serlo porque
el Tribunal Supremo es el tribunal máximo, supremo, de todos los españoles; los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas son aquellos que, en el seno territorial de la comunidad autónoma -sabemos que el Poder Judicial no es un
poder de la comunidad autónoma-, tienen que resolver los pleitos en última instancia. Eso es perfectamente compatible. Para hacer realidad hoy esa demanda constitucional es necesario, ineludible, afrontar la reforma del instrumento procesal que se
denomina recurso de casación. Sin ningún genero de duda ha de producirse esa reconversión, ese rediseño del recurso de casación, para que sirva para esa unificación doctrinal, que es cometido esencial, único y exclusivo del Tribunal Supremo. Por
tanto, sólo por el requerimiento constitucional -tiene razón- merece la pena acometer esas reformas legales que lleven a la unificación doctrinal de la mano del Tribunal Supremo.
Por otra parte, lamentablemente, la realidad de nuestra organización judicial de manera añadida también exige acometer esas reformas legales.
La realidad es bastante cruda. Se la voy a describir con datos que se tienen en el Consejo
General del Poder Judicial y en otras instituciones.
El Tribunal Supremo actualmente está dedicado a la casación para la unificación de doctrina y también para conocer otras causas relevantes, según determinados criterios. ¿Saben cuál es la
consecuencia de esa atribución competencial que actualmente tiene el Tribunal Supremo? Colapso total y absoluto de las distintas salas. Se cuentan por decenas de miles los asuntos que están pendientes en las salas primera, segunda, tercera,
etcétera, del Tribunal Supremo. Eso, no porque los magistrados no dicten resoluciones; la media que sale, por ejemplo, en la Sala primera es de 534 sentencias por año. Junto a eso, nos encontramos con tribunales superiores de justicia
infradimensionados. Un dato apabullante: en algunos tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas se han dictado por tres magistrados diez sentencias en todo el año, una media de 3,3 sentencias al año. Fíjense qué terrible contraste.
Esa realidad tan cruel para la Justicia española no queda ahí.
Actualmente contamos con 50 jurisprudencias menores para casos de poca monta, entre comillas, las resoluciones que se dictan por las audiencias provinciales. ¿Qué ocurre con esas
causas que en algunos casos merecen alguna decisión para unificación, para que no haya 50 opiniones distintas respecto de un mismo tema? Sencillamente, que no llegan al Tribunal Supremo. A la contra, si se optara por la alternativa, no tendríamos
50, sino que tendríamos 17 jurisprudencias, las de los respectivos tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas.
Ahí no queda la cosa. No cumplimos los convenios internacionales que hemos suscrito, por ejemplo, en materia de derecho a la tutela judicial efectiva a través de la segunda instancia penal. Por eso, por incumplir el convenio europeo, hemos
sido condenados y ya hemos sido apercibidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. No cumplimos, por tanto, la legalidad internacional.
¿Merece la pena reformar el recurso de casación? Ustedes lo podrán contestar. Lo cierto es que tenemos desviación
constitucional porque el artículo 152, complementario del 123, no se hace materialmente realidad; tenemos dispersión interpretativa -esos 50 criterios pueden ser perfectamente distintos-; tenemos una severa desorganización funcional y,
finalmente, tenemos incumplimiento de la legalidad internacional. Precisamente por eso casi hay unanimidad para afrontar la reforma del recurso de casación. Voces doctrinales, voces jurisprudenciales, asociaciones judiciales, los presidentes de
tribunales superiores de justicia, el pacto de Estado que se firmó por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por el Gobierno de la Nación, la opinión incluso de los propios partidos políticos, todos estamos de acuerdo en que hay que
reformar la casación para conseguir eso que nosotros proponemos como enmienda aclaratoria, para conseguir que el Tribunal Supremo cumpla efectivamente con el cometido constitucional asignado de unificar la doctrina y para conseguir que haya mayor
funcionalidad organizativa en el seno de la Administración de Justicia.
Nosotros, de paso, cumplimos con un compromiso electoral que tenemos escrito. Otros partidos también lo tienen, por ejemplo el Partido Popular.
Nos alegra y mucho -y acabo ya, señor presidente- que este tipo de iniciativas venga de un grupo como el Grupo Vasco, al que alentamos a que demandas constitucionales iguales o parecidas a estas sean atendidas con la misma intensidad, con el
mismo fervor y con la misma convicción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Ahora, en turno de fijación de posiciones, intervienen, por un tiempo de diez minutos cada uno, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto.
(Pausa.)
Pasamos al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de esta iniciativa que nos trae hoy aquí el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y que el señor Olabarría ha defendido aquí con su habilidad dialéctica, muy procedimental, que elogio y reconozco.
Mi grupo está
plenamente de acuerdo con lo que plantea el fondo de esta proposición no de ley, porque no en vano, y como también ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ya hay más que una especie de predoctrina de ambiente: asociaciones
profesionales, pronunciamiento de las fuerzas políticas. Llevamos años aquí, incluso antes del Pacto de Estado por la Justicia, con iniciativas que habían emanado tanto del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), como del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y el que fue diputado -no lo es hoy, pero ha dejado una buena impronta en esta materia- por Convergència i Unió, señor Silva, siempre había mantenido ese principio de buscar una fórmula según la cual el recurso de casación
pudiera estar residenciado en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.
Efectivamente, cuando vemos en los últimos años la memoria que presenta preceptivamente el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ante la Comisión de Justicia de este Congreso de los Diputados, advertimos lo
que estaba ocurriendo en las distintas salas del Tribunal Supremo, una verdadera avalancha de recursos de casación en trámite ordinario, preceptivo según la ley actual. Esto había llevado a la saturación y, como bien han anunciado también los
portavoces de los grupos parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), ha llevado prácticamente al colapso. Igual que en la memoria, que el próximo jueves debatiremos aquí, del Defensor del Pueblo se hace una llamada de atención a que todo retraso
en una administración de justicia es un hecho injusto que transforma muchas veces un derecho constitucional teóricamente real en un puro derecho formal pues no se puede realizar a favor del justiciable por ese atasco que se produce en el Tribunal
Supremo.
Tendríamos que preguntarnos: ¿Para qué queremos la larga docena y media o los diecisiete tribunales superiores de justicia en todo el Estado español? Vamos a residenciar en ellos la posibilidad del recurso de casación y llegar a una
fórmula que permita al Tribunal Supremo solamente actuar como un órgano superior en esa cúpula de lo que es una unificación de doctrina, para que esa armonía de la aplicación de las leyes, a las que constitucionalmente todo ciudadano del Estado
español -el justiciable-, tiene derecho, se pueda ejercer sin producir esa afluencia de diecisiete caudales sobre el Tribunal Supremo en la capital del Reino y se produzca esta situación. Esto nos tiene que llevar a una situación de reconocer, como
se especifica en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, el carácter de un recurso extraordinario; creo que esa es la definición más acertada y correcta.
Por eso pido y espero que el señor Olabarría y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) acepten la enmienda que a nosotros nos gustaría votar porque recoge todo el fondo problemático que el señor Olabarría ha expuesto acertadamente de una
manera concreta sin tener que hacer ninguna diferencia entre el principio constitucional o el principio procesal que tuviera instancias distintas, que se lleve a efecto por esta vía de unificación de doctrina, con el recurso de carácter
extraordinario que se plantea aquí y para que no se deriven otras cuestiones que se pudieran interpretar como que el propio Consejo General del Poder Judicial va a generar su propia normativa; no, la normativa se hace bien a propuesta de un
proyecto de ley del Gobierno modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, bien a través de una iniciativa parlamentaria. En cualquier caso pasa por esta Cámara, que es la que tendrá que aprobar en el momento oportuno la modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial para que se instaure en nuestro ordenamiento jurídico, recogiendo lo que cada vez se demanda más en la sociedad -ya lo habíamos visto en las reuniones mantenidas en la pasada legislatura del Pacto de Estado por la
Justicia-, modificación imprescindible en este momento para una calidad de la justicia administrativa.
Como parlamentario de Coalición Canaria, representando a un territorio tan distante kilométrica y tarifariamente , me pregunto por qué no se pueden resolver los recursos de
casación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque actores de todo este proceso están obligados a un desplazamiento a la capital del Estado, como sede del Tribunal Supremo, para presentar esos recursos
de casación, que en una economía procesal y de lógica procedimental se tendrían que sustanciar y ver en el territorio jurisdiccional de los tribunales superiores de justicia, en este caso de la comunidad autónoma ultraperiférica, como la denomina
del derecho comunitario.
Coincidiendo plenamente con que hay que resolver el fondo de este problema, vamos a votar en el sentido de las enmiendas transaccionales que puedan ser aceptadas, pero quiero destacar el apoyo al fondo de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), expuesta espléndidamente por el señor Olabarría, y muy bien ratificada por la intervención del portavoz Grupo Parlamentario Socialista en los razonamientos objetivos para alcanzar esta continuidad. Nosotros votaremos
favorablemente esa propuesta que nos llega.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar su posición, por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra el señor Cerdá.
El señor CERDÀ ARGENT: Señorías, brevemente.
A nuestro entender la Justicia debe adecuarse a la existencia de nacionalidades, de naciones y regiones, que es la estructura del Estado, y así además lo recomiendan los libros blancos para la Justicia. Es, pues, una cuestión de coherencia,
de economía y de agilidad. Coherencia con la organización territorial del Estado, tal y como afirma la proposición no de ley presentada por el señor Olabarría.
Es un perjuicio para la ciudadanía, una traba, un agravante económico tener que desplazar sus asuntos jurídicos en última instancia a un órgano ubicado en Madrid; es un perjuicio para la ciudadanía la lentitud en la resolución de recursos
casacionales ante el Tribunal Supremo por la gran cantidad de asuntos de todo el Estado que se acumulan ante este Tribunal.
Tenemos derecho a que los recursos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional y materia, exceptuando la unificación de
doctrina, si se quiere, sean casacionados en nuestro ámbito territorial, es decir, en los tribunales superiores de Justicia del País Valenciano, de Cataluña y de las Islas Baleares y demás tribunales superiores de Justicia del Estado español, de
forma más cercana, más ágil y más coherente con la estructura territorial del Estado, con las nacionalidades y regiones que lo integran. Esto implicará un mejor acceso de la ciudadanía, de todos nosotros y nosotras, a la Justicia; una Justicia más
próxima, una Justicia también más económica, evitando a priori gastos innecesarios en procuradores de Madrid y desplazamientos a la capital del Reino durante el procedimiento del recurso de casación ordinario; una Justicia en la que los recursos de
casación ordinarios pueden realizarse en los tribunales competentes ubicados en el propio territorio, los tribunales superiores de Justicia, y por tanto que también se pueden expresar en la propia lengua. Debemos debatir ya la naturaleza y
características del recurso de casación y su adecuación a la estructura territorial del Estado. Una Justicia, pues, más respetuosa con el derecho colectivo de las nacionalidades y regiones del Estado; una Justicia más ágil que, como se expone en
la proposición no de ley que debatimos, reconozca el alcance institucional que corresponde al Tribunal Supremo, reservando sus competencias en materia de unificación de doctrina y atribuyendo la casación ordinaria a los tribunales superiores de
Justicia. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Desde Esquerra Republicana creemos que esta medida es imprescindible en pro de la cercanía, de los derechos lingüísticos, de la economía, del respeto y la coherencia con la organización territorial del Estado, de la agilidad. Por todo ello
votaremos a favor, más aún cuando las enmiendas presentadas han sido aceptadas por el grupo proponente y a nuestro entender mejoran lo que ya era bueno en la propuesta inicial.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la regulación de recursos de
casación. Nuestro grupo va a apoyar entusiásticamente esta PNL -como decía el señor Olabarría, que es la nomenclatura jurídico-parlamentaria- del Grupo Vasco por la sencilla razón de que se ajusta absolutamente a la filosofía, contenido y casi a la
literalidad de nuestro propio programa electoral con que concurrimos a las últimas elecciones y también se ajusta a nuestras bases para un nuevo estatuto de Cataluña que ya presentamos en abril del año 2003, y que ha inspirado ya otras posiciones y
actuaciones en esta sede parlamentaria, sin ir más lejos, la pasada semana también se aprobó una PNL del Grupo Socialista, en este caso relativa a la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración de Justicia y en la que se
pactó una enmienda de nuestro grupo que acabó redactada del siguiente tenor: Impulse -se entiende que el Gobierno- una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incrementar las competencias de los tribunales superiores de Justicia de las
comunidades autónomas. Además, hay otras manifestaciones también en este sentido de otros colectivos del mundo de la Justicia, como el Consejo General de la Abogacía en Cataluña.
También el señor Mardones comentaba las diversas intervenciones en
defensa de este tema del diputado Manuel Silva en la anterior legislatura.
En esta línea, la proposición del Grupo Vasco nos parece absolutamente oportuna porque encaja en la pretensión legítima de las comunidades autónomas en este dinámico, aunque lento y cansino, proceso de construcción del Estado autonómico -ese
Estado compuesto que comentaba el señor Olabarría-, de seguir avanzando hacia un mayor grado de soberanía.
Es del todo coherente que a los paulatinos
logros alcanzados en los ámbitos del Poder Legislativo y del Ejecutivo, se le incorpore también avances en el terreno del Poder Judicial, como sin duda es el contenido de esta iniciativa vasca. Esperamos que este concepto de inocular la
bacteria de la descentralización en las instituciones del Estado se convierta en una epidemia de descentralización de los poderes del Estado central hacia las comunidades autónomas.
Creemos que el grupo mayoritario de esta Cámara va a aceptar esta iniciativa porque su enmienda de sustitución tiene un carácter básicamente técnico. Sin duda estamos todos de acuerdo en la reserva para el Tribunal Supremo de los recursos
de casación por unificación de doctrina, o lo que es lo mismo, considerar a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas las últimas instancias procesales de todas las jurisdicciones, tanto de las actuales como de las que
pudieran todavía crearse en el futuro; dicho de otra manera, que sean los tribunales superiores de Justicia autonómicos los competentes en los recursos de casación ordinarios por infracción de ley y, como se ha dicho, reservar para el Tribunal
Supremo los recursos extraordinarios de unificación de doctrina, especialmente cuando la de los distintos TSJ sean diferentes entre sí y lógicamente refiriéndose siempre al derecho estatal, dejando de lado la aplicación de los derechos forales donde
los hubiera.
Confirmamos nuestro voto favorable a esta proposición, sea cual fuere la formulación final que acepte el grupo proponente en la línea comentada, al tiempo que le felicitamos por la iniciativa y nos congratulamos de este nuevo paso adicional,
pequeño pero significativo, en el camino de una mayor descentralización de los poderes del Estado y consecuentemente de un mayor autogobierno para nuestras respectivas comunidades nacionales.
Gracias, señora presidenta, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Guinart.
Finalmente, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señora presidenta, señorías, hoy en día en nuestro panorama jurídico hay dos planteamientos sólo parcialmente coincidentes en lo que se refiere a la reforma del recurso de casación, que es lo que plantea
la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo. Ambos coinciden en la conveniencia de acometer debates sobre la reforma del recurso de casación por una serie de razones como la acumulación de asuntos que se ha citado aquí con buen juicio,
especialmente en la Sala primera del Tribunal Supremo donde ingresa un volumen inabarcable de recursos de casación, lo que genera tiempos medios de respuesta tremendos, y eso es un hecho y en eso coincidimos. También hoy el recurso de casación vive
un margen de confusión en la medida en que hay una diferencia entre los distintos procedimientos -SS.SS. lo saben bien-, acentuada tras la Ley de Enjuiciamiento Civil con sus novedades sobre el recurso extraordinario sobre infracción procesal y su
propio régimen transitorio sobre la competencia del Tribunal Supremo para la resolución de estos recursos. Incluso creo que se puede hablar de coincidencia entre esos dos planteamientos en lo que se refiere a la posibilidad de acometer más
eficientemente una distribución de los medios del sistema aprovechando mejor las infrautilizadas salas de lo civil y de lo penal de los tribunales superiores de Justicia, como también se ha comentado anteriormente. Nosotros incluso intuimos que
además ello debe ligarse a la necesidad de ampliar la doble instancia en el ámbito penal.
Y más aún, esta reflexión se produce en un momento en el que, a nuestro juicio, deberían culminarse cuanto antes los trabajos para la reforma del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional en congruencia con las reformas más en general sobre la protección de derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, explorándose la vía que abrió la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su caso, u otras
alternativas sobre las que ya trabajó la comisión de expertos que, presidida por el profesor García de Enterría, trabajó sobre ello en la pasada legislatura, tratando además de dar un cauce de solución a algunas cuestiones graves sobre las
relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que también conocen muy bien.
Dichas las coincidencias, inmediatamente hay que añadir que esos dos planteamientos responden a una fundamentación distinta y llegan, en consecuencia, a propuestas bien diferentes -y añado incluso que radicalmente opuestas- para afrontar las
reformas en la configuración de nuestro modelo judicial. Uno de los planteamientos se inscribe en la comprensión unitaria del Poder Judicial -es verdad que en un Estado compuesto- y busca soluciones técnicas para acometer todas estas cuestiones que
acabo de comentar. Persigue, en consecuencia, hacer más ágil y más eficaz el funcionamiento del Tribunal Supremo actuando sobre el recurso de casación, pero no cuestiona por ello el trazado del Poder Judicial como poder único, con estructura única
y vertebrada, sustituyendo el Tribunal Supremo por los tribunales superiores de Justicia que culminan la organización judicial en las comunidades autónomas. En el otro planteamiento se pone el acento en la necesidad de acometer la reforma de la
casación por exigencia de nuestro modelo territorial que para algunos aconseja acomodar de un modo nuevo el Poder Judicial al Estado de las autonomías y para otros forma incluso parte de un paquete completo y legítimo que incluye un consejo del
poder judicial propio, una ley propia del ministerio fiscal, un fiscal autonómico jefe nombrado por el propio consejo judicial autonómico, una competencia completa de las comunidades autónomas sobre la administración de Justicia, etcétera. En
definitiva, una resolución de los asuntos agotada en el propio ámbito territorial; en definitiva, un Poder Judicial propio basado en un planteamiento político. En este último marco se inscribía la primera propuesta que el Grupo Parlamentario Vasco
nos hizo en materia de justicia el pasado periodo de sesiones sobre el consejo del poder judicial vasco y en este marco se inscribe la proposición no de ley de hoy, que no sé si decir -podíamos discutir, señor Olabarría, al margen de la sesión- que
va incluso más allá que las propuestas ya contenidas en otros documentos bien conocidos del grupo proponente.
En todo caso, no estamos de acuerdo -no le sorprenderá que les diga que no estamos de acuerdo- no sólo con el
marco que acabo de describir, sino con el contenido de esta proposición no de ley. De hecho, de las muchas soluciones que se han barajado para afrontar la cuestión de la casación, incluso hablando de una posible distribución entre el
Tribunal Supremo y tribunales superiores de Justicia, esta nos parece particularmente poco afortunada o, si lo prefieren, demasiado evidente sobre su propósito último y principal.
Hacen ustedes una doble partición que no compartimos, la defensa del
ius constitucionis -dicen- sería para unificación de doctrina y correspondería al Tribunal Supremo y el ius litigatoris -dicen- se definiría como casación ordinaria y sería competencia de los tribunales superiores de Justicia. Desligar ambas cosas,
a nuestro juicio, es terminar con el Tribunal Supremo como verdadero tribunal de Justicia y transformarlo en un órgano meramente doctrinal cuyas decisiones carezcan de relevancia real y práctica para los ciudadanos. De hecho -fíjese, señor
Olabarría- no existe un solo modelo que desapodere al Tribunal Supremo del ius litigatoris, ni uno solo. Ni siquiera en los sistemas federales se deja en pura definición del ordenamiento jurídico, sino que tienen por función velar por la aplicación
y efectividad del derecho federal y la igualdad sustancial de los derechos fundamentales para toda la federación. El Tribunal Supremo como órgano superior en todos los órdenes, que es lo que dice la Constitución, ostenta y tiene que ostentar
jurisdicción, es decir, capacidad para resolver conflictos y con proyección sobre los interesados. Decir el derecho para un caso concreto y producir efecto para un caso concreto, no una pura función creadora de derecho a través de la jurisprudencia
y por ocasión de pronunciamientos contradictorios.
Por otro lado, nos parece que diferenciar entre casación para unificación de doctrina y casación -que usted llamó- ordinaria es provocar una extensión suplementaria de la casación y avanzar en la dirección contraria, por lo menos, tal y como
nos lo ha explicado el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No queremos esa extensión, al contrario, nos parece obvio que hay que reducir a sus límites razonables el recurso de casación, pero menos aún queremos que se desapodere al
Tribunal Supremo de la casación y que se prive al sistema de un único intérprete superior que garantice una interpretación igual del ordenamiento en toda España y asegure, asimismo, la igualdad de derechos de todos los españoles. No sólo es que no
seamos partidarios, es que consideramos que ataca el contenido esencial del artículo...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Disculpe, por favor, señor Astarloa.
Señorías, es en beneficio de todos y de todas ustedes que tratamos de hacer más rápidas las votaciones llamándoles a votar antes de que acabe el interviniente, pero para ello es necesario que ustedes se incorporen a sus escaños en el
hemiciclo con el mayor silencio posible, y me parece que no es ese el caso, porque es imposible escuchar al diputado que está tratando de hacer uso de la palabra. Así que les pediría, por favor, que se incorporaran a sus escaños en silencio. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, como ha ocurrido con el punto anterior del orden del día, comprendan que el diputado o la diputada que está en el uso de la palabra difícilmente puede hacerse oír, no ya entender, con la situación de ruido que
se produce dentro de la Cámara. En consecuencia, no va a continuar hasta que por parte del hemiciclo no se tenga una respuesta correcta respecto de quien está en el uso de la palabra. Les recuerdo, como les he dicho anteriormente, que estamos
intentando mejorar el sistema de voto. El cálculo que ha hecho la Mesa de lo que significa salir y volver a entrar supone perder aproximadamente entre 10 minutos y un cuarto de hora por cada votación, lo que en consecuencia alarga inevitablemente
los debates y los plenos de los martes.
Por favor, silencio.
Continúe, señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que esa ruptura del recurso de casación que se plantea con la proposición no de ley no sólo la consideramos contraria al contenido esencial del artículo 123 y en general al diseño de nuestro Poder Judicial contenido en la Constitución,
sino que consideramos que de verdad no hay razón alguna para instaurar un sistema que carece de parangón en el derecho comparado, incluidos, como les decía, los sistemas de mayor tradición federal o aquellos en que los entes federados alcanzan el
ámbito civil, procesal o penal. En fin, consideramos esencial que por razón de pretensiones políticas legítimas, que no discuto, eso no lleve a confundir los planos de eficacia del sistema y el plano estrictamente constitucional, es decir, la forma
en que debe vertebrarse una organización judicial nacional en la que quede garantizado algo muy sencillo, que unas mismas leyes tengan una misma interpretación o puedan llegar a tenerla en caso de desviación. A nuestro juicio, las soluciones para
mejorar el sistema de recursos y potenciar y agilizar, que es lo que hay que hacer, nuestro Tribunal Supremo no pasan inevitablemente por la transferencia de la casación a los tribunales superiores de Justicia, sino al contrario. Si se divide
nuestra justicia en parcelas y no se mantiene una instancia superior y común, se desmantela el modelo constitucional y habrá desaparecido la unidad del Poder Judicial, la jurisdicción de alcance nacional y la propia unidad del ordenamiento; se
desvirtuará incluso la creación del derecho común allí donde el Estado, y concretamente esta Cámara, tiene capacidad para dictarlo y se fraccionará su aplicación, acabando con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley y en todo el
territorio nacional. Así pues, hay que buscar soluciones, pero estas pasan por una compleja serie de medidas que deben atenderse y examinarse conjuntamente, como son el incremento de medios del Tribunal Supremo, la fuerza vinculante real de sus
decisiones y la mejora de las previsiones legales y también materiales para redimensionar la casación y establecer un nuevo control de admisión de los recursos de casación sin privar de su conocimiento al Tribunal Supremo. No le voy a leer, señor
Olabarría, lo que dicen los libros blancos del Consejo General del Poder Judicial porque usted los conoce muy bien, pero no dicen lo que S.S. dice que dicen. Lo que dicen los libros blancos del Consejo General del Poder Judicial es que la casación
en el ámbito autonómico debe ceñirse en todo caso al examen del derecho autonómico propio.
Y termino, señor presidente. Se han presentado dos enmiendas.
Concretamente me refiero a la presentada por el Grupo Socialista. Empiezo por agradecer la deferencia de su portavoz de hoy al adelantarme, con posibilidad de reflexionar sobre
ella, el texto de su enmienda frente a otros precedentes muy recientes y muy desafortunados de su grupo parlamentario. Tengo que reconocer que elimina algunas aristas de la proposición que he intentado comentar en el tiempo del que he dispuesto,
como evitar la alusión a la distinción entre el ius litigatoris y el ius constitucionis, pero no nos acaba de dejar nada tranquilos. Lo digo por el texto y por el contexto. Por el texto, porque al traer causa de la proposición no de ley que
estamos debatiendo no me deja nada tranquilo que hayan entendido los restantes portavoces que la enmienda viene a confirmar las buenas intenciones contenidas en la proposición no de ley presentada por el señor Olabarría. Y por el contexto, porque
usted sabe que tanto del programa del Partido Socialista como de la presentación en materia de justicia que hizo el señor ministro de Justicia mantenemos la prevención de que ustedes vayan a caminar finalmente por el camino de la sustitución del
Tribunal Supremo por los tribunales superiores de Justicia. En todo caso, como sí coincidimos en lo que coincidimos, con independencia de que el Grupo Parlamentario Vasco acepte o no su enmienda, que parece que la va a aceptar, sí digo por parte
del Grupo Popular lo siguiente: que trabajaremos para que tengamos una nueva casación, que lo haremos en el contexto amplio de las reformas que hay que estudiar, sin parches, observando en conjunto el sistema de recursos, desde el amparo a la doble
instancia penal, pero siempre para potenciar la unificación de doctrina y la igualdad de derechos en todo el territorio nacional y para propiciar que nuestro Tribunal Supremo, como en cualquier país sensato, cumpla la alta función que le
corresponde...
El señor PRESIDENTE: Señor Astorla, vaya concluyendo, por favor.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA:... en términos de mayor eficiencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, pero previamente el señor Olabarría señalará a la Mesa si acepta o rechaza las enmiendas propuestas.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, aceptamos las dos enmiendas presentadas en sus propios términos, que entendemos que mejoran y aportan consistencia jurídica normativa a la proposición que hemos presentado y agradecemos al Grupo
Popular la presunción de buenas intenciones que nos atribuye, presunción en todo caso que intuyo será iuris tantum.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, usted que es un fino jurista sabe la dificultad que supone para la Mesa intentar resolver el que usted acepte, por un lado, una enmienda de sustitución, que en el supuesto de ser aprobada sustituiría a
su texto, e inmediatamente que yo someta a votación una enmienda de adición de algo que ya no existe porque ha sido sustituido. ¿Me he explicado bien? Esto tiene una notable dificultad para organizar la votación o, al menos, yo lo quiero advertir.
Si la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista fuera aprobada por la Cámara, querría decir que su texto decae. En esas condiciones la someto a votación, porque no quiero que luego se generen malos entendidos con las enmiendas
presentadas.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, aunque la enmienda está calificada como de sustitución, es una enmienda que complementa el contenido de la nuestra y podría ser perfectamente una enmienda de adición. Pediría al grupo proponente
de la enmienda que nove la naturaleza jurídica de la misma y la convierta en enmienda de adición.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Eso conlleva -veo que usted es consciente del problema- una situación particular. En primer lugar, el grupo autor de la enmienda de sustitución debería aceptar cambiarla, y en el supuesto de que la aceptara, debería
requerirse la unanimidad de la Cámara. Quiero hacer este ejercicio, exagerando un poco el nivel de pedagogía, para que tengan ustedes en cuenta que no es fácil si previamente no se trabaja para intentar hacer pactos que luego se puedan sostener.
(El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pide la palabra.)
Señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, nuestra unanimidad la tiene si la necesita, pero no quiero plantear esa cuestión.
O es adición o es sustitución. Si es adición, nos parece bien; si es sustitución, también nos parece bien, pero el sentido del voto de este grupo parlamentario no va a ser el mismo si es adición o si es sustitución. Luego es decisivo que
se decida si es adición o es sustitución. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Esto es lo que ha dicho el presidente hace cinco minutos.
En consecuencia, señor Olabarría, habiéndole explicado cuál es la situación, le ruego, como propietario de la iniciativa, que me diga si la acepta o la rechaza.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, a veces el rigorismo con el que hay que interpretar el Reglamento -al que usted está obligado, y yo lo comprendo- nos coloca en situaciones casi kafkianas como esta. La enmienda es una
transacción de facto, aunque formalmente no se planteara así. A mí me gustaría escuchar al proponente, si me dejan las personas del Grupo Popular que están reinterpretando mis palabras. (Rumores.) Me gustaría que el proponente del Grupo Socialista
identificase exactamente la naturaleza de su enmienda. En todo caso, la enmienda dice exactamente lo mismo, incluso la votaríamos en su concepción de enmienda de sustitución, porque no hay diferencias sustantivas entre una enmienda y la otra. Por
tanto, la naturaleza tendría que ser en el ámbito de la calificación de una enmienda transaccional. Me gustaría escuchar al proponente de la enmienda, al margen de discrepantes poco afortunados que estoy escuchando por aquí.
El señor PRESIDENTE: Vamos a intentar resolver esta cuestión. Usted tiene perfecto derecho a solicitar del grupo proponente que cambie su enmienda.
El grupo proponente tiene que decidir si la cambia o no. En el supuesto que la cambie, el
criterio expresado por el señor Astarloa es correcto.
Tengo que pedir la unanimidad. Estas son las reglas del juego.
En consecuencia, usted solicita al Grupo Socialista que cambie el contenido de la enmienda. ¿El Grupo Socialista lo acepta? Díganme sí o no.
El señor RASCÓN ORTEGA: Señor presidente, el Grupo Socialista no acepta la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Es suficiente.
Así pues, las cosas están claras. (Rumores.)
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Aceptamos la enmienda de sustitución.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En consecuencia, respecto a esta proposición no de ley sobre el recurso de casación, se someterá a votación en primer lugar la enmienda de sustitución, y si esta fuera aceptada, la moción. (Rumores.)
Señor Olabarría, para evitar los malos entendidos -tendremos todos que ser muy flexibles a partir de ahora, por lo que se produjo la semana pasada- pondremos a votación la moción tal y como usted la presentó, en el entendido que usted
incorpora la enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Si esta fuera aceptada, al ser la más alejada, sustituye definitivamente a su texto. No hay malentendido, pues. Vamos a votar.
En primer lugar, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a... (El señor Fernández González pide la palabra.)
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, el Grupo Socialista quiere dar sus votos y su apoyo a la rehabilitación pública del honor del presidente Lluís Companys. Por tanto, pedimos votación separada de los puntos 1 y 2.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, el grupo proponente desea que la votación sea en bloque. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, me señalan los servicios de la Cámara -y ya sabe la atención que yo presto a los servicios de la Cámara- que en este tipo de votaciones el derecho a solicitar o no una votación separada no es tanto del
grupo proponente como del grupo que quiere apoyar una parte sólo de su propuesta. En consecuencia, la petición la tengo que aceptar y ese es un criterio que deberíamos consolidar en este Parlamento.
Vamos a proceder a la votación advirtiendo que la proposición tiene tres puntos. ¿Usted solicita votación separada del primer punto?
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Desearíamos votar conjuntamente los puntos 1 y 2.
El señor PRESIDENTE: Ahora está más claro. Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley de Esquerra Republicana, relativa a la anulación del consejo de guerra sumarísimo al que fue sometido el presidente de Cataluña Lluís Companys. En primer lugar, votaremos los puntos
1 y 2 de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 185; en contra, siete; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (Aplausos.)
A continuación procedemos a la votación del punto número 3 de la citada proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 34; en contra, 284; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
En segundo lugar, votación relativa a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, sobre la regulación del recurso de casación, en los términos que hemos establecido en sesión plenaria, es decir, incorporando la enmienda de
sustitución del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 184; en contra, cuatro; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Se considera aprobada la proposición no de ley en los términos establecidos en la votación.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CORREDOR DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTILLA-LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 173/000024.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Punto III: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Para su defensa, señor Ayala. (Rumores.-Pausa.)
Señorías, vamos a empezar la defensa de la moción y les ruego, por favor, que guarden silencio.
Adelante, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado miércoles asistimos en el Pleno de la Cámara a un espectáculo bochornoso de la ministra de Fomento. Interpelada por el AVE a Levante perdió más del 50 por ciento de su tiempo hablándonos del AVE a Sevilla y a Barcelona,
lo cual demuestra el evidente desprecio a las regiones afectadas por este tren de alta velocidad. Hoy ni siquiera viene a mostrar su interés, como diputada que es del Grupo Socialista -y lamento que no esté porque no me gusta hablar de nadie,
referirme a nadie en su ausencia-, pero ella es la que no ha querido venir, demostrando su desinterés por lo que opina no ya el Grupo Popular, sino el resto de grupos parlamentarios que están sosteniendo al Gobierno del Partido Socialista. Aunque
sea sólo por estética, hay que venir al Congreso. En fin, el Partido Socialista y el señor Zapatero sabrán si esta es la cuota femenina que deben llevar las infraestructuras en España. Allá ellos, ellos lo sabrán. (Rumores.)
Se permitió la señora ministra el lujo de decir que en cuatro meses había hecho el doble que el Partido Popular en ocho años. Eso sí, no dio ni un solo plazo ni comprometió un solo euro. Señores diputados, nos parece una osadía
irresponsable y un atrevimiento vergonzoso venir a presumir del AVE de Sevilla cuando nadie había hecho referencia a él y ni siquiera venía a cuento. Fue además una provocación en la que no quisimos caer, por no adoptar su mismo estilo, pues si de
algo puede presumir el AVE de Sevilla es de cosas distintas al costo por kilómetro, a la velocidad conseguida ni al récord de la puesta en funcionamiento. Si quieren ustedes, les digo de qué puede presumir el AVE de Sevilla, pero no me fuercen a
que se lo diga porque no quiero caer en esa provocación. Sólo les recuerdo que la estación de Córdoba era inexistente cuando se puso en funcionamiento. Además, es bochornoso que la ministra venga al Congreso y trate literalmente de tomarnos el
pelo diciendo que del corredor sólo se ha hecho un 1,56 por ciento, porque dispone de los proyectos. Como si pudiera ocultarnos que cuando un ministerio encarga un proyecto, aunque se gaste sólo el dinero del proyecto técnico, tiene que tener
consignación presupuestaria para la totalidad del proyecto, porque si no la Intervención General del Estado no le permite encargarlo y mucho menos licitar la obra.
La señora Álvarez, por tanto, se ha encontrado los proyectos hechos, es decir, con existencia de consignación presupuestaria para hacer toda la obra. Si no, no podían haberlas licitado. Si no existe el dinero comprometido no se puede
licitar, como estaba hecho. Y no solamente el dinero de ese ejercicio, sino que además tienen que estar aprobados en Consejo de Ministros los gastos plurianuales de los ejercicios siguientes comprometidos. Y la señora ministra, con un rigor que
espanta, preguntó que por qué no habíamos hecho nosotros las adjudicaciones. Sencillamente, porque los plazos estaban corriendo y se cumplieron los de presentación de ofertas después del 19 de abril, con lo cual necesariamente no se podían haber
adjudicado y dejarlos para un momento posterior. Es bochornoso que la señora ministra de Fomento tenga que recurrir a estos argumentos para defenderse. Y no sólo es bochornoso, sino que son argumentos impropios de una ministra y más propios de ser
dichos en una taberna. (Rumores y protestas.-Una señora diputada: ¡Qué fuerte!)
Es muy preocupante que una señora que tiene a su cargo cumplir unos presupuestos tan importantes como los de Fomento no tenga otra cosa que decir que en cuatro meses ha hecho más que el Partido Popular en ocho años. Tal despropósito, además
de ser falso, la descalifica, pues lo exagerado y los excesos se convierten en esperpento. Y un esperpento fue lo que hizo la señora ministra el miércoles pasado aquí viniendo a contarnos lo que nos contó. (Protestas.-Aplausos.) Además, se cree
que no tenemos memoria. Ella no tendrá memoria, pues es capaz de decir una cosa y su contraria a los cinco minutos, pero a nosotros no se nos ha olvidado que la primera crítica que hizo a la gestión del Partido Popular fue que se le había dejado
comprometido el 98 por ciento del presupuesto de 2004.
Ahora ella dice que con el 2 por ciento que le quedaba ha hecho más que el Partido Popular en ocho años. Pura contradicción, fantasía y arrogancia, señores diputados; arrogancia. Pero no
quiero recordarles que todos los argumentos son de ida y vuelta, y nos volveremos a ver en situaciones parecidas andando la legislatura. Yo invito a todos los grupos parlamentarios, pero especialmente al Grupo Socialista, a que no pierdan la
oportunidad de que las infraestructuras no empiecen a ser ya el fracaso del Gobierno del Partido Socialista, al menos en lo que se refiere a Levante, desde Cataluña hasta Andalucía.
Nosotros nos hemos visto obligados a presentar la moción ya que la ministra no se comprometió a nada. A pesar de haber paralizado las contrataciones durante cuatro meses, todavía estamos en fase de poder cumplir los compromisos de los Quick
Start y ese es el compromiso que aquí pedimos, porque es imprescindible que el Congreso se pronuncie sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos, no solamente para el ejercicio 2005, sino también para poder acudir a las ayudas europeas, que,
como ustedes saben, han de estar vinculadas antes del año 2007.
Nosotros no tenemos más interés que mantener los actuales compromisos de acepción de fondos comunitarios, que deben estar hechos antes del año 2007. Aunque las obras no estén
terminadas, los fondos tienen que estar afectados a dichas obras antes del año 2007, porque si no se perderían, y no es previsible que España vuelva a disponer de los mismos fondos comunitarios, ni siquiera si se resolviera el efecto estadístico,
eso sí, a no ser que volvamos a ser Objetivo 1, que vamos camino de serlo.
También será responsabilidad de toda la Cámara, no sólo del Partido Socialista, que no logremos la conexión con Levante desde Andalucía y Cataluña. Por eso hago un
llamamiento a todos los grupos políticos.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución. Señores del PSOE, yo la retiraría. ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a ofrecer una enmienda de sustitución ofreciendo -leo- que en el presupuesto del año 2005 y en el
marco del PEIT se priorice la adecuación y modernización de las líneas convencionales actualmente existentes, incluida la legislación de la variante de Camariñas, si resulta que a la misma hora en que estaban presentando los presupuestos del Estado
para el año 2005 presentan esa enmienda y de los presupuestos del Estado ha desaparecido la partida presupuestaria que tenía dotación para el año 2004, 2005, 2006 y 2007 -con carácter estimativo estos tres últimos años-, partida del presupuesto del
año 2004 de la que ustedes no han manifestado voluntad alguna de gastarse ni un solo duro? ¿Cómo se atreven ahora a presentar esa enmienda? Ahora no vengan a decir que esa enmienda de sustitución es una enmienda a los presupuestos. No, porque ya
sabemos por qué la ministra de Fomento el pasado miércoles ni siquiera mencionó la variante de Camariñas, porque ella ya sabía que desaparecía de los presupuestos.
(Una señora diputada: ¡Tiempo!) Ni abrió la boca, ni la mencionó a pesar de ser
requerida dos veces para ello; nos ocultó la información porque ella sabía que nos estaba perjudicando a ciencia y conciencia. Y ahora no se puede decir que es un olvido involuntario -voy acabando, acabo inmediatamente, señor presidente- porque si
estaba la partida y la previsión de años futuros, si se quita del presupuesto, es un acto consciente y responsable. La ministra de Fomento ha quitado la variante de Camariñas y ahora no vengan ustedes a decir que su enmienda de sustitución enmienda
los presupuestos que esta misma mañana ustedes han presentado.
Yo quería recordarles -no lo voy a hacer, habida cuenta de la indicación del señor presidente- los mismos datos que la señora ministra nos refirió el otro día, en los cuales se demuestra que ni siquiera sabe cuáles son los tramos que tiene
esta línea de alta velocidad, que son 71 en lugar de 62; no se lo voy a explicar. Quiero simplemente señalarles que no quisiera, y por eso solicito el apoyo de la Cámara, que, con estos presupuestos, el PSOE llevara el estigma de haber dejado a
Levante sin AVE, al igual que ya lleva el estigma de haberlo dejado sin agua. Sólo pedimos que traten al Levante español desde Cataluña hasta Andalucía como lo estaba tratando el Partido Popular, y está demostrado en los presupuestos del año 2004,
en las provisiones de los años posteriores, y, además, con toda las garantías parlamentarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala
Iniciamos el turno de defensa de enmiendas. En primer lugar, la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Yo venía a hacer una enmienda para pedir el AVE por Teruel, pero he escuchado cosas aquí muy curiosas. En principio que soy de los partidos que sostienen al PSOE. Yo le pediría al señor diputado que mire las votaciones y vea la cantidad de
veces que hemos votado en contra del Partido Socialista Obrero Español. Que no estamos aquí para sostener a nadie, ni estamos viviendo del pesebre, como nos ha dicho un diputado de ustedes.Yo también me quedo alucinado cuando ustedes hablan del
AVE. Y un ejemplo del AVE es el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona; en este momento no pasa de Lleida todavía, ahí está, lleva años. Por eso me parece absolutamente increíble este ataque brutal. Otra cosa también importante es que cuando yo he
presentado mociones consecuencia de interpelaciones nunca ha venido ningún ministro. Nunca ha venido el señor Alvarez-Cascos a escuchar las mociones. Venía a las interpelaciones. Lo haría con ustedes. Conmigo, vino en las interpelaciones; en
las mociones, no. Ahí estará el 'Diario de Sesiones' y se pueden revisar.
Aparte de eso, lo que quiero decir es que el Ministerio de Fomento está impulsando la conexión ferroviaria a alta velocidad en el cuadrante centro-este del Estado de Madrid al Mediterráneo. Uno de los objetivos de este corredor ferroviario,
AVE, es la ordenación territorial de este cuadrante así como la articulación del sistema de ciudades integrado en el mismo. Con la planificación actual, este principal objetivo no se cumple al no integrar este corredor a todas las capitales de
provincia de dicho ámbito territorial, ya que el vigente Plan estatal de Infraestructuras 2000-2007, diseñado por el anterior Gobierno del Partido Popular, no contemplaba el paso y parada del AVE Madrid-Valencia por Teruel, como tampoco incluía la
mejora y modernización de la línea férrea entre Valencia y Teruel. Ambas infraestructuras, el AVE Madrid-Valencia por Teruel y el corredor Mediterráneo-Cantábrico han sido y siguen siendo reclamadas por la ciudadanía turolense con especial énfasis,
al tratarse de dos corredores necesarios para el desarrollo de esta provincia y por tanto complementarios, compatibles y no excluyentes.
Tanto el reciente anunciado eje ferroviario de alta velocidad norte-sur, que comunica el Mediterráneo con el Cantábrico, y los futuros pasos transpirenaicos, como el AVE, que permitiría la comunicación directa de Teruel con Madrid, harían de
esta ciudad y provincia un importante nudo de comunicaciones y permitirían su despegue económico, social y demográfico. Se trata de actuaciones reiteradamente reclamadas, no sólo por la ciudadanía y los agentes sociales, sino también por diferentes
partidos políticos en acuerdos institucionales, movilizaciones populares y programas electorales. Precisamente el día 3 hay en Zaragoza una manifestación para pedir el AVE por Teruel. Nuestra enmienda no va en contra de nadie, sino en beneficio de
todos. El nuevo trazado no perjudica a otras zonas y beneficia a Teruel, territorio con un déficit crónico de infraestructuras. Por eso pedimos al Grupo Popular que acepte nuestra enmienda de adición y a la Cámara que la apoye y decimos que
hacemos esta enmienda por considerar que esta opción puede beneficiar a un territorio como el turolense, con un déficit crónico de infraestructuras, sin perjudicar a ninguna otra zona.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Defensa de enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, señor Ayala, parece que no quedó contento en el debate de la semana pasada y hoy tiene que rematar porque no pudo hacerlo la semana pasada. A mí me gusta, señor Ayala, hablar más de evidencias y de
realidades y no de descalificaciones. Se han dado prisa, mucha prisa, en realizar la interpelación y una moción sobre el ferrocarril en el corredor mediterráneo. Lástima que no tuvieran la misma prisa en invertir en dicha línea, dejándonos un
ferrocarril tercermundista y abandonado. Porque para el PP una cosa es presupuestar y otra cosa bien distinta es ejecutar. En las comunidades autónomas afectadas por este corredor la inversión ejecutada es la mitad de la presupuestada desde que
comenzó este siglo.
Señorías, me gustaría hacer alguna reflexión sobre el texto de la moción.
En primer lugar, como ha quedado ya patente de forma reiterada, no se puede hablar del Plan de Infraestructuras de Transportes 2000-2007, porque no es un plan
debidamente aprobado, como, insisto, ha quedado demostrado. No se aprobó en el Consejo de Ministros, no se debatió en el Congreso, y además no tiene la financiación adecuada. Por tanto, virtual.
Por tanto, media verdad. Por tanto, mentira, una
mentira más del Partido Popular. En segundo lugar, el acuerdo de los presidentes de comunidades autónomas de enero de 2001 no establece ningún horizonte temporal. En tercer lugar, el señor Cascos dijo públicamente que el corredor estaría listo en
el año 2010, yo les ofrezco un debate entre ustedes para que se aclaren con relación a cuándo tendría que terminar esta línea. En cuarto lugar, otra evidencia, la inversión total es de 10.000 millones de euros, de los que solamente se ha ejecutado
el 1,56; esta es otra realidad. En quinto lugar, señor Ayala, en cuanto a la variante de Camariñas, tardaron, no un año, no dos, ni tres, sino cinco en aprobar la declaración de impacto medioambiental. A ese ritmo, ¿cuándo se habría terminado la
variante de Camariñas? ¿Cuándo se aprobó la declaración de impacto medioambiental? Una semana antes de las elecciones generales, qué casualidad, como consecuencia de que el Partido Socialista en la región de Murcia apretó, presionó, para que se
aprobara una semana antes, porque la candidata número uno del Partido Popular era la ministra en aquel momento de Medio Ambiente.
Nosotros hemos presentado una enmienda (Rumores.) -tranquilidad, señor Ayala- que trata de dejar claras algunas cosas. En primer lugar, que se va a cumplir el acuerdo de 8 de enero de 2001 con relación a la línea de alta velocidad
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, que debe incluir también Almería. En segundo lugar, se van a incluir en el presupuesto de 2005 las cantidades necesarias para ello.
Por cierto, las empresas públicas dependientes
-eso no se lo ha leído, señor Ayala, no le ha dado tiempo- del grupo Fomento en las comunidades autónomas afectadas crecen a una tasa de dos dígitos, uno no, dos; que se van -dice nuestra enmienda- a priorizar y realizar la modernización de las
líneas convencionales y hay recursos destinados en el presupuesto para el año 2005; que se va a realizar la licitación inmediata de la variante de Camariñas y no vamos a tardar cinco años, como ustedes, en hacer una declaración de impacto
medioambiental. Asimismo anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una enmienda al proyecto de presupuestos para 2005 para acometer la licitación de la variante de Camarillas. Más compromisos: la señora ministra ha hablado aquí
de que cuando concluya el año 2004 estarán licitados prácticamente todos los proyectos del tramo comprendido entre Madrid, Cuenca y Albacete.
Todos esos compromisos, señorías, a pesar de la deuda de Renfe, que asciende a 7.300 millones de euros, a pesar de que el PP no priorizó las inversiones de la línea del Mediterráneo, y todo ello a pesar de que se apostó por el AVE y se
arrinconó la línea convencional. Esa es la realidad, señor Ayala, ustedes firmaron una cosa para arrinconar y ahora se acuerdan de la línea convencional, ahora cuando están en la oposición.
Señor Ayala, le ofrezco que se sume a nuestra enmienda
que mejora la moción que ha presentado, puesto que es más concreta, es más beneficiosa para las comunidades autónomas afectadas. No se quede nuevamente atrás en materia de ferrocarril, señor Ayala. Siempre se quedan atrás. Nuestra enmienda es más
concreta, lleva más compromiso con todas las comunidades afectadas por el corredor del Mediterráneo.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. Señorías, desde aquí anuncio el voto en contra del grupo al que represento, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en primer lugar, por coherencia con nuestras
reivindicaciones, que más adelante relataré y que son bien conocidas. Además, tengo que decir que el PP, especialmente en el caso del País Valenciano -yo soy valenciana, como ustedes saben-, nos tiene agotados con el AVE virtual. Agotados. Son
ocho años de mandato anunciando una construcción a diestro y siniestro. Hemos visto a Aznar poner la primera piedra del AVE en un campo de naranjos elegido al azar.
El cartel de las elecciones autonómicas del actual presidente de las Cortes
Valencianas, Francisco Camps, tenía un AVE gigante detrás. El AVE virtual. Y así, mientras se han dedicado a distraer a la población con el lema: Por dónde viene el AVE, con las primeras traviesas y convirtiendo a las ciudades en ciudades de
primera y segunda categoría, mientras entretenían a todas las ciudades y a los ciudadanos con este debate, se han olvidado de la red convencional, se han olvidado de la alianza entre viajeros y mercancías, se han olvidado de la modernización de la
red convencional, para dotarla de seguridad, reducir los tiempos de trayectos y aumentar las frecuencias.
Ustedes apostaron por grandes negocios y especulación, como siempre, en los territorios afectados y los desarrollos urbanísticos anexos. Si no, que le pregunten a Esperanza Aguirre. Mientras, la línea ferroviaria Alcoy-Xativa sufre un
histórico abandono; innumerables pasos a nivel sin soterrar, con los accidentes que ello acarrea; el acceso
ferroviario a Teruel abandonado, me refiero al tramo Sagunto-Teruel que ha de completarse con la Línea Teruel-Zaragoza-Canfranc. Y así sucesivamente. De esta manera, llegamos a esta iniciativa en la que, junto a la propuesta sobre el AVE,
se incluye la construcción de la variante de Camariñas. Nosotros compartimos esa inquietud, que forma parte de la red convencional a modernizar. Tampoco nos oponemos a un estudio sobre la viabilidad del AVE por Teruel, como se pide en la enmienda
de la Chunta. Recordemos que el presidente actual hizo esta promesa cuando visitó Teruel, en plena campaña electoral.
No podemos votar a favor de asumir los compromisos del Plan de Infraestructuras 2000-2007, como ustedes pretenden, porque, entre otros motivos, no queremos formar parte del AVE virtual. Lo cierto es que no podrán financiar un AVE para cada
capital de provincia ni manteniendo el nivel de inversión en los próximos 50 años. Esta inviabilidad es tal que algunos dirigentes provinciales del Partido Popular ya han optado por la demanda de: tu llama al tren de mi ciudad AVE y luego que
venga a la velocidad que venga. La pregunta es: ¿Por qué no optar por lo viable, por un ferrocarril de velocidad alta a 200-220 kilómetros hora? ¿Por qué no desdoblar y electrificar la línea Alicante-Murcia-Cartagena-Almería para que el Euromed
que hoy termina en Alicante amplíe el corredor mediterráneo según, además, está comprometido? ¿Cuando se habla del AVE Novelda-Murcia-Almería se refieren en realidad al Euromed? Para nosotros es más urgente recuperar, por ejemplo, la línea
Granada-Almendricos, cerrada en 1985, para recuperar el corredor mediterráneo a viajeros y mercancías, uniendo la comarca oriental de Andalucía con este arco mediterráneo. La realidad es que los Presupuestos Generales del Estado de 2004 se
olvidaron del ferrocarril convencional. Por tanto, lo que hace falta no es esta iniciativa, es un cambio de la política ferroviaria del Estado. Es necesario acometer un plan serio de seguridad para eliminar por fin los pasos a nivel y al menos que
se cumplan los compromisos efectuados entre el ministerio, las comunidades autónomas y los municipios.
El Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds mantiene que las líneas de actuación general de inversiones del ministerio deberían ser: apostar por la vertebración del territorio y su protección medioambiental;
actuar donde el ferrocarril convencional juega un papel fundamental en esa red de conectividad gestionada como servicio público; invertir en los corredores transversales de gran capacidad, como la Ruta de la Plata, el Cantábrico para acceder a
Asturias y al País Vasco -la denominada U vasca-, o la conexión del corredor mediterráneo, con inversiones nuevas de infraestructuras. Todo esto siempre haciendo apuestas respetuosas con el medio ambiente, como el plan de supresión de los pasos a
nivel; el aumento de la seguridad y la renovación de las vías; la ejecución de variantes que conecten el territorio, por supuesto incluyendo especialmente la variante desdoblada de Camarillas, que como es bien sabido ya tiene elaborado el proyecto
y la evaluación de impacto medioambiental por lo que se trataría de licitar, adjudicar e iniciar las obras; la modernización de la red convencional Barcelona-Puigcerdá, Alcoy-Xátiva, Sagunto-Teruel; el aumento de la oferta de cercanías; acometer
los soterramientos necesarios; la reapertura de líneas como Baza-Almendricos, que conectan la comarca oriental de Andalucía con el Mediterráneo por Murcia-Alicante-Valencia. Estas son las cosas que entendemos deben ser acometidas por este plan.
Señorías, en definitiva, apostemos por un tren para la gente y no por un tren elitista y depredador del medio ambiente. Mejoremos nuestra red y hagamos que la vida cotidiana de los ciudadanos, a los que desde aquí representamos, sea más
fácil.
Gracias. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor Fernández Díaz, dígame.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, por alusiones al grupo. La diputada interviniente ha hecho referencia a las especulaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que es evidente que no puede defenderse,
por lo que tengo la obligación, en su nombre y en el de mi grupo, de solicitar que la diputada retire esa referencia injuriosa del 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Con todos mis respetos si yo hubiera sentido, de verdad, que...
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La mención a la presidenta de la Comunidad de Madrid es injuriosa. Si no, le pido a usted, como presidente, que arbitre retirándola del 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Tengo la impresión de que es un comentario, si usted quiere, hecho desde una perspectiva política, duro, pero no... (Varios señores diputados: ¡No, no!)
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, con todos los respetos, acusar de especulación a una presidenta de una comunidad autónoma...
El señor PRESIDENTE: Perdóneme usted, no considero que eso sea un elemento que lleve a la presidencia a considerar que se ha injuriado a una persona, que tiene todo mi respeto, como la presidenta de la Comunidad de Madrid...
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Pero es acusada de especular.
El señor PRESIDENTE: El punto de vista expresado por un grupo parlamentario es que la presidenta especula, como otro señor diputado dice que la ministra no dice la verdad o expresiones más categóricas.
(Rumores.) Vamos a dejarlo.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La presidenta de la Comunidad de Madrid no puede defenderse en este caso.
El señor PRESIDENTE: Continúa el debate. Créanme ustedes que, si hubiera habido algo sustancial, perfectamente lo hubiera parado.
Continúa el debate. Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki, adelante.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Intervendré de forma breve. Este grupo no desearía, en absoluto, ser obstáculo, ni siquiera el más mínimo, en el desarrollo no ya del corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, sino en el
conjunto de las líneas de alta velocidad de todo el Estado español; no lo desearía, pero tampoco ve luz en el horizonte.
Incluso intentaría hacerlo con la máxima efectividad, si en su mano estuviera, pero nos resultan difícilmente comprensibles e
incluso denunciables hechos de tal trascendencia que requieren para empezar de ideas claras, de planes establecidos, precisos, de esfuerzos sostenidos más allá de las legislaturas, que requieren todo menos improvisación. La impresión que nosotros
tenemos de lo que viene ocurriendo en esta interpelación urgente es que nos encontramos en una situación en la que parece no haber luz, en la que todo parece poder inventarse en cada segundo, en la que el cambio ministerial significa que nadie sabe
si había o dejaba de haber compromisos; en definitiva, que por muchos planes que haya, incluso en un horizonte temporal más allá de las legislaturas, más allá incluso de que todo el mundo se remita a acuerdos interinstitucionales que estarían
firmados y que todo el mundo dice que deben cumplirse, más allá incluso de que todos muestran una firme voluntad de actuar en estos campos -recordamos que la ministra decía la pasada semana: Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos, y le decía
al portavoz del Grupo Popular: Incluso los suyos-, después de todo eso sólo hay incertidumbres, sólo hay informaciones contrapuestas, incumplimientos, falta de fechas, de presupuestos, etcétera. Al menos esa es la sensación que recoge este grupo.
Por todo ello, el voto de este grupo no puede ser sino la abstención activa, que significa que no entendemos lo que ocurre, que no entendemos que un cambio ministerial se dé en estos términos, que no lo entendemos, y que lo denunciamos. A eso viene
nuestra abstención activa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señorías, después del debate que se dio el pasado jueves día 22 entre el señor portavoz del Grupo Popular y la señora ministra de Fomento nadie dudaba de que hoy, en la presente moción consecuencia
de interpelación, retrocederíamos a la semana pasada. Las afirmaciones del señor Ayala sobre las tristezas del período socialista anterior y de la señora ministra sobre el período negro del Partido Popular en referencia al tren de alta velocidad,
en definitiva, son las dos caras de una misma moneda en tres conceptos básicos. Permítame, señor Ayala, que le hable exactamente sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, no sobre el
Levante, porque igual podría decir yo que hablamos del sur de mi país. Ustedes comparten una concepción centralista y radial a partir del kilómetro cero de la Puerta del Sol con el ideario de vertebración de España, sin tener en cuenta que el tren
de alta velocidad representa la conexión y la apuesta europea. La ausencia de referencia a la línea Valencia-Castellón de la Plana por parte de la señora ministra y del portavoz del Grupo Popular, trazado que está incluido en el proyecto, corrobora
la afirmación anterior. Cito textualmente del 'Diario de Sesiones': El AVE Madrid-Valencia-Alicante-Murcia-Almería -lo digo porque si me dejo algo ustedes me gritarán desde sus escaños-... Esto lo dijo la señora ministra y obvió en todo momento
Castellón de la Plana, el corredor mediterráneo.
La señora ministra se dejó Castellón y nuestro grupo no gritó desde el escaño, pero sí lo recordamos en la primera ocasión que tenemos. No olviden que el corredor del arco mediterráneo tiene el
flujo de personas y mercancías más importante de la Península. No solamente se olvidó en ese debate, sino también se ha olvidado en los presupuestos del 2005. La falta en los presupuestos del 2005 del tramo de gran velocidad Valencia-Castellón y
de alta velocidad Vandellòs-Estació del Camp de Tarragona, parte de un verdadero cuello de botella de este eje mediterráneo sin doble vía, confirma nuestros argumentos.
La negativa de apoyar la rápida realización de la Y vasca por parte del Grupo Socialista hace escasos días en esta Cámara es otra consecuencia de esta españolísima concepción de la gran velocidad ferroviaria alejada o de espaldas a la
realidad europea, y en este tema ya hemos insistido en otras ocasiones. La mayoría de europeos lo denominamos tren de gran velocidad, los partidos mayoritarios de esta Cámara dicen alta velocidad española, pero en el debate del miércoles pasado la
señora ministra dijo textualmente: Tenemos el referente de la alta velocidad socialista. Esto sí que ya es surrealismo; Nunca hubiéramos pensado que entre los quehaceres de los partidos políticos estuviera el desarrollar los principios
universales de la física o demostrar que el único centro de gravedad del universo es la Puerta del Sol. Entre el gris y el negro a que hacían referencia, oídos los reproches, suponemos que incluían ciertos episodios que mejor no mencionar en el
corredor Madrid-Sevilla.
Por otra parte creíamos entender que se referían a la incomprensible adjudicación de los trenes y del sistema de señalización en el año 2001 de la línea Madrid-Barcelona; incomprensible adjudicación en contra de los
criterios técnicos de Renfe y el GIF y que tan nefastas consecuencias nos están reportando.
Por último, en el nuevo Gobierno faltan más de la mitad de los proyectos en el trazado del corredor Madrid-Castilla- La Mancha-Comunidad Valenciana-Murcía. Tendría que haber una inflexión en el respeto al medioambiente en el diálogo con los
ayuntamientos que no estuvo en el periodo anterior. Los ejemplos de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que han protestado por el actual trazado se tendrían que evitar en un futuro. Votaremos no a la moción del Grupo Popular, pero también si
se hubiera aceptado o transacionado la enmienda del Grupo Socialista votaríamos que no, porque ustedes comparten una concepción radial y centralista y no comparten nuestro ideario de que el tren de gran velocidad es el que nos tiene que hermanar con
Europa.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por último el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en esta moción del Grupo Popular recordando que nuestro grupo ya presentó el 22 de junio una moción consecuencia de interpelación que fue votada en esta Cámara sobre la línea
Madrid-Lleida-Tarragona-Barcelona-Figueras-frontera francesa.
Nuestra moción debatida constaba de tres puntos que fueron acordados con el equipo de Gobierno y con la participación de esta Cámara. Les recuerdo esto porque el primer punto era
solicitar un informe sobre la situación y las alternativas posibles de solución. El segundo era obtener del Gobierno unos determinados compromisos acerca de la llegada del AVE a Tarragona en el año 2006, a Barcelona en 2007 y a la frontera francesa
en 2009. Nosotros, por el bien de la transacción y por el bien del entendimiento, aceptamos eliminar un tercer punto que era la fijación de los términos para un corredor mediterráneo entre la frontera francesa y Barcelona, continuando por Tarragona
hasta el sur, hasta Almería, en alta velocidad como elemento complementario de esta voluntad europea que tiene que tener el AVE como elemento de conexión entre todos los Estados europeos. En la moción que se ha debatido hoy el estilo ha sido
diferente, diferente también del que se mantuvo con la Y vasca cuando el Grupo Parlamentario Vasco reclamó a esta Cámara -y lo ganó- el mantenimiento del corredor vasco tanto para Bilbao como para San Sebastián, que era un proyecto que articulaba el
país de una forma coherente; repito, aquí tuvo el apoyo necesario.
Hoy hemos tratado el corredor Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Murcia con un tono diferente. Realmente creemos que este corredor es necesario; hay que actuar sobre él y tomar posición.
Esperamos que todos los grupos que
pedimos esta cohesión territorial y que el tren de alta velocidad sea un elemento de unión y de comunicación entre estos territorios expresen pronunciamientos positivos para obtener plazos, compromisos e inversiones en su momento. Hoy no se aclara
este tema. La interpelación de la semana pasada fue un reproche mutuo entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista en cuanto a entendimiento o al menos a comprensión de puntos diferentes sobre unas ejecuciones, sobre unos proyectos y sobre unas
disposiciones presupuestarias que no nos han permitido definir una posición coherente por nuestro grupo. Por lo tanto, como lo que esta moción trata en el fondo es de reivindicar unas conexiones y unas inversiones para un territorio, nuestro grupo
no votará en contra de esta moción. Nos abstendremos porque nos hubiera gustado que, en la línea de lo que nosotros propusimos en nuestra interpelación y en nuestra moción, se hubiera hablado con profundidad y con mayor enjundia de la necesidad de
establecer este corredor mediterráneo para unir el sur de España por el levante español -un territorio que sin duda será beneficiado por el corredor mediterráneo- con Europa. Por esta razón nuestro grupo no toma posición contraria a esta demanda
del Grupo Popular y no participa de las respuestas del Grupo Socialista. Es un territorio que necesita esta inversión y una programación de las inversiones en alta velocidad. Por ello, una propuesta coherente y, en definitiva, votada y
transaccionada entre todos los grupos tendrá nuestro apoyo; lo que no lo tendrá será una situación como la de hoy, en la que hay un desencuentro entre los dos grandes partidos del Estado español que no suman una voluntad a favor de determinados
ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de fijación de posiciones, corresponde al Grupo Parlamentario Popular señalar a la Mesa la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, habida cuenta que hemos visto que el debate de los presupuestos empieza con una autoenmienda del Grupo Socialista, pensamos que eso se debe debatir en la Comisión de Presupuestos y no como
consecuencia de esta moción. Por tanto, no vamos a admitir las enmiendas presentadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.
Así pues, esta moción se votará en sus términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO EN LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. (Número de expediente 173/000025.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto número 8: Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia.
Tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde trae a consideración una moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la regulación de la disponibilidad de la propia vida realizada la semana pasada. En primer lugar, quisiera
remarcar que el objetivo de nuestra interpelación y de nuestra moción no es otro que traer el debate y el diálogo sobre un tema tan sensible e importante como éste, el cual hace años que espera un diagnóstico y una regulación adecuada a las
necesidades de nuestra sociedad. Insistíamos en su momento en que no era un debate cerrado y solucionado, sino que era y es una preocupación y un tema no resuelto.
Insistíamos también en que se debía desarrollar la Ley 41/2002, del 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. También hemos dicho que, si bien la prestación de cuidados paliativos era de vital importancia y que teníamos que asegurar su correcta administración y su desarrollo, no era necesario
mezclarlo con la petición y el derecho a la disponibilidad de la propia vida, aunque para nuestro grupo esta no será la razón que dificulte crear el marco necesario para el debate.
Por este motivo anunciamos una transaccional a la enmienda del Grupo Socialista que consiste en añadir a continuación del punto 2 de su enmienda de sustitución el punto siguiente: Con esta finalidad a mitad de legislatura se constituirá una
comisión no permanente de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida.
La enmienda transaccional, que ha sido entregada al presidente de la Mesa del Congreso y a los portavoces de los grupos parlamentarios, ha sido a nuestro entender el fruto del consenso y del diálogo para acercar posiciones y para buscar vías
de abordaje de esta realidad social y va a permitir combinar el trabajo del Gobierno con la acción parlamentaria, combinación que nos parece imprescindible para un mejor ejercicio de la política que acerque más el Parlamento a la sociedad.
Agradecemos también el interés del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo de Esquerra Republicana y las aportaciones con enmiendas que han realizado; desearíamos que se sumaran a este consenso y que hicieran posible la aprobación de esta moción
tal y como queda finalmente recogida. Queremos mencionar al completo como quedaría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desarrolle el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y, en consecuencia, establezca el registro nacional de instrucciones previas en un plazo no superior a seis meses; en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud evalúe la situación de la prestación de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud e impulse una acción con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para el refuerzo y extensión de los mismos,
fomentando su desarrollo, así como la prestación de la adecuada información a usuarios y familiares. Un punto segundo diría: El Congreso de los Diputados, a la vista de las actuaciones del Gobierno, transcurrida la mitad de la legislatura,
evaluará el desarrollo y cumplimiento de las anteriores medidas a través de los órganos y mecanismos previstos reglamentariamente, formulando entonces las recomendaciones consecuentes.
Con esta finalidad a mitad de la legislatura se constituirá una
comisión no permanente de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida.
Deseamos que este sea el inicio para que pueda ser una realidad que durante esta legislatura quede regulada y reglamentada la mejor ley para poder ejercer el derecho personal a la disponibilidad de la propia vida, una ley que esperamos y
deseamos llegue algún día a este hemiciclo para poderla votar y que sea fruto del consenso y del diálogo de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez, por haber explicado tan correctamente lo que vamos a votar. Si todos los portavoces hicieran como usted, la Mesa se ahorraría dificultades.
A continuación vamos a debatir las enmiendas presentadas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, para el Partido Popular la persona es lo más importante; la persona es el eje central de nuestra acción política y el respeto a su dignidad es un imperativo de primer orden, lo mismo que promover a favor de los ciudadanos la mayor
calidad de vida y de manera especial en el ámbito de la salud. Señorías, para nosotros la dignidad de la persona no acaba porque se termine su salud, porque tenga una discapacidad o porque en las condiciones más difíciles se acerque con certeza a
la muerte. La dignidad es esencial a la persona, y hay algo que quisiera destacar: son personas y no enfermedades; repito, son personas. Ejemplos recientes de esa dignidad de personas con discapacidad los hemos tenido hace pocos días con
nuestros atletas discapacitados en los Juegos Paralímpicos de Atenas. Ellos también son dignos.
El día 15 de junio de 2004 debatíamos aquí una proposición de ley de Esquerra Republicana de modificación del Código Penal y de la Ley General de Sanidad con respecto a la despenalización de la eutanasia. Nosotros argumentábamos, haciendo
referencia al derecho comparado, que en los países de nuestro entorno solamente dos tenían despenalizada la eutanasia; por lo tanto, una posición minoritaria. También decíamos que teniendo en cuenta el indiscutible valor del bien jurídico
protegido, la vida de un tercero, sólo podíamos concluir que el ordenamiento jurídico tiene que dispensar a dicho bien la protección máxima posible, es decir, la penal. Señorías, para nosotros constituye un objetivo prioritario la asistencia
sanitaria y la labor de los profesionales, que se traduzca siempre en procurar cuantas medidas estén al alcance para proteger la salud, si es posible curar y en todo caso aliviar y cuidar a los enfermos por muy difíciles que sean las condiciones y
la situación en la que se encuentren. Por otro lado, el principio de autonomía del paciente, tal y como señalan las voces más autorizadas del mundo de la medicina, debería traducirse en no prolongar la vida con tratamientos en contra de la voluntad
del enfermo, además de respetar lo que él mismo haya determinado a través de las instrucciones previas que han sido reguladas recientemente en España mediante acuerdo unánime de todos los grupos políticos. Por último, quisiera señalar que la semana
pasada la Organización Europea de Colegios Médicos Profesionales, a la que se ha sumado la Organización Médica Colegial Española, también ha rechazado la eutanasia. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la
Salud, con referencia al tema de la eutanasia, lo que pide es que se aumenten los cuidados paliativos, que se resuelvan los problemas de equidad para facilitar un acceso en igualdad a todos a estos servicios y que se tome conciencia del
envejecimiento de la población, del cambio de patrón demográfico y de morbilidad que está acaeciendo en el siglo XXI, para tomar las medidas necesarias para afrontar este problema. Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular la atención a los
cuidados paliativos es una seña de calidad y de humanidad en el sistema de salud y es el progreso de la sociedad.
Respecto a la moción presentada por Izquierda Verde-Izquierda Unida, nuestra posición no puede ser otra que la de rechazo. Nosotros atendíamos hace unos días a la argumentación de la señora ministra de Sanidad -y es una
pena que no esté hoy aquí- y estábamos de acuerdo con ella porque la ministra de Sanidad decía que había que estar a favor de la vida y no de la muerte, que había que fomentar y potenciar los cuidados paliativos -que es lo que recogemos en
nuestra enmienda-, que había que formar a los profesionales para que puedan prestarlos, que había que tomar esos cuidados paliativos desde el punto de vista integral y multidisciplinar atendiendo a la parte física, a la parte psicológica, a la parte
social y a la parte espiritual en las personas que están al final de su vida. Todo esto decía la señora ministra, y me alegro de que por una vez tenga un criterio en materia sanitaria, que por fin sepa lo que es el ensañamiento terapéutico, que el
código de buena práctica clínica impide el ensañamiento terapéutico y que no está a favor del mantenimiento artificial de la vida de los enfermos en fase terminal. Lamento que hoy no esté aquí ya que pensaba decirle que esperaba que no cambiara de
criterio porque algún miembro del Gobierno saliera a contradecirla. Pero ya he visto por qué no ha venido. No ha venido porque su propio grupo parlamentario, el grupo parlamentario que da soporte a este Gobierno, se va a contradecir respecto a lo
que dijo aquí la ministra hace unos días.
Únicamente van a dilatar en el tiempo lo que está proponiendo Izquierda Unida-Izquierda Verde, que es demorar este debate a dentro de dos años para crear mientras tanto en la opinión pública el clima
favorable y después abordarlo. Por lo tanto, entiendo que hoy no esté aquí la señora ministra.
Nuestra posición sigue siendo la de siempre: defender la dignidad de las personas, aquella que es inherente a las personas, y estamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Médica Colegial a nivel europeo y
con todas las personas sensatas, que lo que quieren es garantizar una asistencia de calidad al final de la vida.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Roldós.
Grupo de Esquerra, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, Esquerra Republicana entiende que es un deber del Estado garantizar el derecho de las personas enfermas que así lo deseen a tener, sin sufrimiento, una muerte digna.
Por ello estamos de
acuerdo con una de las vías para garantizar este derecho, que puede iniciarse con la constitución de una Comisión no permanente para el estudio de la eutanasia, particularmente la activa, con la finalidad de abrir un cauce de diálogo en el ámbito
parlamentario para debatir lo que pueda ser su futura reglamentación. Es, pues, un primer avance en pro del derecho a una muerte digna, que a nuestro entender ya debería estar garantizado en estos momentos.
El fin de la agonía y el respeto a la voluntad del enfermo requieren, por desgracia, en muchos casos la colaboración de personas que le rodean, porque el enfermo en ocasiones por sí solo no lo puede hacer, y la persona que le auxilia, como
un acto de solidaridad, como un acto incluso de amor, como un deber, es duramente castigada. Esto se debe resolver inmediatamente. Si la solución pasa por la constitución de una Comisión no permanente para el estudio de la eutanasia, pedimos que
se especifique la referencia a la eutanasia activa, tal y como proponemos en la primera enmienda que hemos presentado. El enfermo o la enferma que padece una enfermedad grave, que conduce necesariamente a la muerte o que le causa padecimientos
permanentes y difíciles de soportar, es quien puede tomar la decisión de poner fin a su vida de manera apacible y digna sobre la base del derecho a la dignidad de la persona, que protege el artículo 10.1 de la Constitución española. La proposición
no de ley establece una participación transversal de todos los sectores que puedan aportar aspectos determinantes para profundizar en el debate sobre la eutanasia.
Desde Esquerra Republicana proponemos que en el seno de esta Comisión se estudien
detalladamente las formas de testamento vital o declaración de voluntades anticipadas donde conste la decisión de la persona respecto a la aplicación de la eutanasia, dada su importancia, del mismo modo que han legislado ya algunas comunidades
autónomas. Consideramos que la intervención médica que pueda proporcionar una muerte rápida, eficaz e indolora carecería de legitimidad si no se puede verificar la existencia de la voluntad libre de la persona enferma para poner fin a su vida.
Esta Cámara debe ser un reflejo de la sociedad, y la sociedad de hoy es madura para reconocer que debemos proporcionar los medios necesarios para garantizar el derecho a la dignidad de la persona y para evitar el dolor y el sufrimiento
innecesario a personas que no desean sufrir.Por ello, consideramos que uno de los medios para avanzar en la garantía de una muerte digna puede ser la creación de la Comisión no permanente en el plazo de unos meses. Esta Comisión, precisamente por
su condición de no permanente, no puede prolongar sus trabajos mientras sea preciso.
Entendemos que en el plazo de un año se deben debatir extensamente y aportar suficientes aspectos como para estudiar la eutanasia y en particular la eutanasia
activa, entre otros motivos, porque este derecho está ya muy debatido. Tengamos en cuenta que mientras debatimos y estudiamos la eutanasia durante el plazo de un año, estamos dejando desprotegidas a las personas enfermas que quieren ejercer su
derecho a una muerte digna, estamos prolongando su dolor y siendo cómplices de un sufrimiento innecesario. No podemos vulnerar el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a una muerte digna, mientras sea preciso. Un año nos parece
suficiente, incluso demasiado.
Por último, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana considera que en el seno del Congreso español el derecho a una muerte digna debe abordarse siempre desde un planteamiento jurídico. Un debate en el Pleno del Congreso español, en
una Comisión parlamentaria, no puede hacerse desde planteamientos religiosos o morales. Se supone que el Estado español es aconfesional. Estamos hablando de derechos fundamentales y no de moral. Ha de regularse el derecho de las personas a
decidir. Toda la ciudadanía ha de tener el derecho a optar a tener una muerte digna, si así lo quiere y lo manifiesta. El derecho a una muerte digna ha de estudiarse, debatirse y regularse en el ámbito del derecho positivo, en el ámbito de la
moral, que es un ámbito personal de cada ciudadano y ciudadana, no
del Estado. El Estado español ha de plantearse las cuestiones desde un punto de vista exclusivamente jurídico, tal y como proponemos -para terminar- en la enmienda número 4 de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, señorías, la propuesta de moción que presentaba la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos parece totalmente insuficiente porque ya
existen mecanismos para proponer la creación de comisiones de este cariz por otro procedimiento reglamentario. Lo realmente interesante es centrarse en el análisis de las propuestas concretas que pueden ponerse en marcha y que este Parlamento puede
solicitar al Gobierno, al objeto de avanzar en todas aquellas cuestiones que tienen un amplio respaldo social y que van encaminadas a mejorar las condiciones de los pacientes en la última etapa de su vida en el tránsito hacia la muerte, a proteger
su seguridad y su dignidad, a establecer garantías y seguridad de los pacientes y también de los profesionales del sistema sanitario, a propiciar la transparencia y la información de las historias clínicas, de los tratamientos terapéuticos, de las
pruebas diagnósticas, etcétera, a ofrecer, en definitiva, al ciudadano el ejercicio del derecho a expresar su voluntad y a dar las instrucciones previas que desee ante determinadas situaciones de su enfermedad con la mayor libertad y
confidencialidad.
Señorías, ya es tiempo de hablar de estas cosas, de cómo podemos avanzar entre todos en aquellas acciones, que hoy la sociedad española entera respalda, que mejoran la situación de los pacientes y de sus familias en los momentos de mayor
soledad y desamparo y que garantizan el ejercicio del derecho de cada ciudadano a decidir cómo quiere disponer de su propia vida. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución que mejora sensiblemente el texto de la moción. No queremos
quedarnos solamente en que se reproduzcan los debates que ya tuvieron lugar en el Senado. La ponencia que allí se constituyó no llegó siquiera a presentar conclusiones. Los debates están ahí y seguirán en la calle, entre la ciudadanía, entre las
asociaciones de pacientes, de profesionales, en los centros hospitalarios, entre los juristas, etcétera. Desde nuestro punto de vista, la mejor manera de que el debate no sea estéril y que no se radicalicen las posiciones basándose en
planteamientos ideológicos inútiles es actuar y avanzar dentro del marco que nos permite la legislación actual, que, como usted misma planteaba el miércoles pasado a la ministra de Sanidad, está pendiente de desarrollar y dentro del ámbito que ya
tiene un amplio consenso social.
Desde nuestro punto de vista, los aspectos en los que el Gobierno puede tomar decisiones son, en primer lugar, favorecer que cualquier ciudadano que lo desee realice su testamento vital de la manera más fácil, transparente y segura, con el
asesoramiento que precise para establecer las instrucciones que deben seguirse ante las diversas situaciones de su enfermedad en los momentos finales de su vida. Mediante esta declaración previa, un ciudadano puede elegir en pleno uso de sus
facultades los tratamientos médicos o la asistencia sanitaria que desea o no recibir en caso de llegar a padecer una situación grave o irreversible que le impida expresar su voluntad por sí mismo, y los facultativos que le atiendan estarán obligados
a cumplir esas instrucciones, siempre que no contravengan el ordenamiento jurídico vigente. Con esa voluntad anticipada primará la voluntad del enfermo sobre la de sus familiares o la de los profesionales sanitarios que le asisten. Se trata de
reconocer la autodeterminación de los pacientes y favorecer su capacidad de decisión hasta donde permite el respeto a las leyes del Estado. Se trata de reconocer un nuevo derecho que viene a sumarse al amplio conjunto de derechos que la sanidad y
los poderes públicos deben impulsar, pero también se trata de una gran ayuda para los profesionales sanitarios y para los propios familiares del enfermo, que en muchas ocasiones se encuentran en situaciones muy difíciles y tienen que tomar
decisiones muy duras sobre la vida de un paciente o de un familiar. Por eso pedimos que se establezca un registro nacional de instrucciones previas en un plazo no superior a seis meses, en cumplimiento y desarrollo de la Ley básica reguladora de la
autonomía del paciente. Este registro podrá ser consultado en cualquier centro sanitario de nuestro país, de manera que toda persona tenga la garantía de que su voluntad es conocida y será respeta con independencia del lugar en que sufra la
enfermedad o el accidente. Es fundamental para la seguridad y el respeto de los derechos de los pacientes y de los profesionales del sistema. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ya tiene presentada una iniciativa pidiendo al
Gobierno su puesta en marcha. En segundo lugar, generalizar y mejorar los cuidados paliativos, que son hoy claramente insuficientes. El Consejo Interterritorial de Salud debe evaluar la situación actual e impulsar acciones con las comunidades
autónomas y los profesionales sanitarios para el refuerzo y extensión de los mismos, fomentando su desarrollo, así como la prestación de la adecuada información a usuarios y familiares. El sistema sanitario debe hacer un mayor esfuerzo en mejorar
la atención a los pacientes y a sus familias en los momentos en los que la soledad, el desamparo, el miedo y la inseguridad se adueñan de ellos y lo dominan todo. Nadie quiere el sufrimiento, nadie quiere prolongar artificialmente la vida. Hay que
mitigar y reducir el dolor todo lo posible porque el sufrimiento siempre es inútil.
Señor presidente, señorías, espero que esta enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista pueda ser aceptada por el grupo proponente de la moción, como ha expresado la portavoz, y por el conjunto de los grupos de esta Cámara, ya
que, como les decía al principio de mi intervención, lo que pretendemos es avanzar en el espacio común de acuerdo y de consenso social, sin ninguna contradicción con lo que planteaba la ministra en la interpelación del miércoles pasado.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pozuelo.
A continuación, Grupo Parlamentario Mixto. Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, brevísimamente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción, incluso tal como está transaccionada, porque somos conscientes de que, de forma imparable, hemos de llegar a la despenalización de la eutanasia activa, por lo menos para los casos
diagnosticados como enfermedades terminales o irreversibles. Y es indudable que, desde el punto de vista de la justicia social y de un Estado laico, el tratamiento de la eutanasia activa debe contemplarse dentro del sistema público de salud. Como
somos totalmente conscientes de que este es un objetivo ineludible y además lo hemos defendido así también en la campaña electoral, vamos a apoyar esta moción.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
A continuación, Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo, a la vista de la propuesta inicial que había hecho Izquierda Verde-Izquierda Unida, había mantenido unas reservas por alguna inconcreción fundamental de todo el texto, pero al aceptar su portavoz la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, con un añadido, nosotros la vamos a votar favorablemente en su totalidad.
Decimos esto porque en la calle está este debate. El Parlamento no puede vivir ajeno a un pronunciamiento para preparar en su día un cauce legal a lo que podríamos llamar penúltimas voluntades, porque actualmente en nuestro ordenamiento
jurídico civil está perfectamente recogido el registro de últimas voluntades en el departamento de Justicia. Nos encontramos con que una persona, conscientemente, quiere o puede tomar una decisión extrema respecto al principio de la dignidad
humana. Si este debate sobre la eutanasia está hoy abierto en la calle, con película o sin película -las medidas paliativas, dónde empiezan, dónde terminan, dónde está el sentido de la dignidad humana, del respeto a una voluntad personal-, nosotros
creemos que debemos hacerle frente.
La propuesta de enmienda que ha traído el Partido Socialista nos parece muy digna de ser valorada porque sobre la propuesta inicial está basada en un ordenamiento jurídico prudente y sensato para que le dé tiempo a la Cámara, a mitad de su
legislatura, de tener evacuado un dictamen, contando con la comparecencia de expertos en la materia, sean del campo médico, del campo ético o del campo de la opinión pública, de lo que está hoy en el debate social. No podemos quedarnos cruzados de
brazos en el Parlamento cuando en medios de comunicación social, en medios periodísticos, en programas de televisión y de radio, en sus argumentaciones y en sus índices están aceptando los debates sobre esta materia. Tiene la Administración pública
española un gran instrumento para sondear a la opinión pública de una manera científica, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Que el CIS entre a realizar encuestas entre la población española sobre el grado de rechazo o de receptividad
que tiene sobre esta materia. Agradezco, como ha hecho el señor presidente, a la portavoz proponente su claridad al aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en la que se invoca el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 41 del año 2002
que debatimos aquí, para tener en cuenta este derecho de la persona, cuando se invoca además la posibilidad de tener un escenario en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde está la materia de los cuidados paliativos, para
que este órgano profesional y administrativo se pronuncie al respecto, lo que produce garantías para que podamos pronunciarnos favorablemente en esta materia. Si además se crea con el añadido final que se ha señalado aquí por la proponente inicial
de la creación a mitad de legislatura de una comisión no permanente que pueda evacuar todas estas consultas, oyendo a todas las personas expertas y cualificadas en la materia, eso supone un trabajo razonable, objetivo y sensato y, por tanto,
responde a esa opinión que se va formando entre los ciudadanos, que en un momento determinado pueden mirar hacia los legisladores y decirnos: ¿y ustedes qué hacen? No vamos a quedarnos quietos como una estatua de sal. Vamos a dar un paso adelante
y mi grupo votará favorablemente, señor presidente, tal como queda la enmienda transaccional aceptada en el texto del Grupo Socialista y el añadido final que se ha sustentado aquí.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Turno para el Grupo Parlamentario Vasco. Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando el pasado 15 de junio se produjo el debate de una iniciativa sobre esta misma materia, traída a la Cámara por Esquerra Republicana, mi formación política fue crítica respecto a ella puesto que en los aspectos penales no quedaba claro
si hablábamos de eutanasia o de ayuda al suicidio y en los aspectos sanitarios tampoco era extraordinariamente correcta la plasmación que de ello se hacía. Eso sí, manifestábamos nuestra convicción de que es necesario abordar alguna regulación en
esta materia, pero reconociendo que se trata de un problema lleno de tensiones emocionales y de presupuestos ideológicos que deben ser sometidos a una crítica que supere los contrastes originarios y que a la par abra vías para una intelección de la
cuestión de la eutanasia que permita obtener un balance final equilibrado. Por eso, desde esta perspectiva, nos han sorprendido extraordinariamente algunos de los planteamientos, el planteamiento concreto manifestado por una de las portavoces,
llenos de dogmatismo que la verdad es que en asunto como el que hoy nos trae nos han parecido extraños. Muy otro ha sido el lenguaje utilizado por la proponente de la iniciativa que el pasado miércoles formuló la interpelación que debatió con la
señora ministra y de la que trae causa la moción que hoy vamos a ver. En el tono que le es propio siempre y en el carácter modélico de los contenidos, creo que pudo llegar a un acuerdo o a un entendimiento, sobre todo por el llamamiento que hacía a
conseguir un consenso de la Cámara para que fuese posible
avanzar en los términos que mi propia formación política ha manifestado en relación con esta cuestión. La señora ministra de Sanidad se mostró a favor de que se abra un sereno debate en la sociedad en torno a la capacidad de decisión de las
personas sobre la última etapa de su vida y que no tiene ninguna intención, manifestaba el Gobierno, de bloquear las iniciativas que el Parlamento pueda adoptar en esta materia. Se manifestaba partidaria de dos cuestiones en concreto: el Gobierno
creía que es preciso que todo ciudadano tenga la posibilidad de expresar claramente su voluntad ante determinadas situaciones clínicas y que pueda dejar establecido qué es lo que desea en relación con ellas. Y en relación con el segundo bloque de
cuestiones era partidaria de que se abra un consenso social sobre la necesidad de avanzar en la generalización de los cuidados paliativos, aspecto éste en el que también coincidía alguna portavoz de quienes hoy han intervenido. Se manifestaba la
señora ministra partidaria de la supresión de la prolongación artificial de la vida, la mitigación de los sufrimientos y el dolor, con un tratamiento que es algo que mayoritariamente creo que aceptamos y deseamos muchos en esta sociedad. Avanzar en
protocolos que den seguridad a enfermos y a profesionales sanitarios en estos y en otros aspectos son cuestiones en las que entendemos, decía ella y manifestamos también nosotros, que deberemos contar con el respaldo social de todos. Si una moción,
conforme se define en la dogmática jurídica, debe ser síntesis de lo debatido en una interpelación y de lo contestado por el Gobierno, nos parece que la que hoy llega a ser sometida a votación en esta Cámara, fruto de lo presentado por el Grupo
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds y de la enmienda que a la misma ha presentado el Grupo Socialista, que finalmente será sometida a votación, recoge plenamente lo manifestado tanto por la señora ministra como por el
grupo proponente. Existe la previsión de que se desarrolle el artículo 11 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, estableciéndose el Registro Nacional de Instrucciones Previas, que ni siquiera a una diputada de
adscripción nacionalista como yo nos parece mal porque es evidente que en esta materia, al igual que con el Registro de Ultimas Voluntades, debe existir la certeza de dónde encontrar, dónde buscar, dónde indagar cuáles hayan sido las voluntades
manifestadas por la persona concreta en este momento tan crítico que pueda ser el final de una vida. Igualmente nos parece loable que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se preste especial atención a los cuidados
paliativos dentro del Sistema Nacional de Salud.
Finalmente, la enmienda in voce, que creemos ha sido pactada por las formaciones políticas proponente y la mayoritaria que apoya al Gobierno, de que finalmente vaya a existir hacia la mitad de la legislatura una comisión no permanente de
estudios sobre la disponibilidad de la propia vida, quizá no sea lo que mi grupo pretendía en principio, pero por nosotros que no quede. Nos parece que satisface nuestras expectativas en la medida en que nos gustaría profundizar y ser serios sobre
esta cuestión. Hágase, pues, la comisión y participaremos, y en este momento votaremos a favor desde luego de lo que creemos que va a ser el texto definitivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por último, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.
Llevamos una tarde de debate alrededor de lo que en teoría del derecho se vienen a llamar casos difíciles, aquellos que requieren de una ponderación especialmente equilibrada de los elementos que vienen a concurrir en la opción del
legislador. Hemos discutido y votado sobre la despenalización de la interrupción voluntaria de la gestación y ahora discutimos sobre la disponibilidad de la propia vida en la recta final de la misma. Hemos parlamentado y discutido sobre el buen
nacer y sobre el buen morir.
La moción que debatimos es consecuencia de una interpelación en la que se vertieron valoraciones de fondo sobre la oportunidad de la regulación de la eutanasia. El grupo proponente ha optado por presentarnos una moción que no entra en el
fondo de la cuestión, sino que nos propone abrir un debate sobre el particular, así como ordenar este debate en sede parlamentaria a través de la creación de una comisión de estudio. Nos parece una opción sensata. Esta cuestión requiere un debate
social y político para llegar ¿hasta dónde? Esto deberían fijarlo las conclusiones de esta eventual comisión, que con mucha probabilidad se creará a la luz de las intervenciones de los distintos grupos. Pero me atrevo a superar la fase de
ordenación del debate para incidir en el elemento sustancial del mismo.
Quiero señalar la gran coincidencia de los dos puntos de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular si nos atenemos exclusivamente a la literalidad de las propuestas. En este sentido, no
alcanzamos a comprender cómo el Grupo Popular fija una postura en contra del enriquecimiento de la moción inicial presentada por Izquierda Verde. Los dos grupos -el Grupo Socialista y el Grupo Popular- plantean dos puntos que quizá perfilan lo que
pueden ser en las conclusiones el mínimo común denominador, conclusiones a las cuales el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos sumamos y ya expusimos en el debate que tuvimos el 15 de junio de 2004 a raíz de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña sobre el tema de la eutanasia. Creo que todos podemos estar de acuerdo con la creación de un registro de instrucciones previas, que es fiel desarrollo de la Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el llamado testamento vital. Nos sentimos muy cómodos con esta ley, nacida de iniciativa legislativa del Senado, y que es una
ley que no se puede decir trasposición, pero sí inspiración de la ley que
en su momento fue aprobada por unanimidad del Parlament de Cataluña.
Por otra parte, está el otro gran mínimo común denominador: la prestación de cuidados paliativos, el derecho a morir en dignidad, derecho a morir en dignidad que también comporta la prohibición del ensañamiento médico.
Y estos perfiles, el
perfil de la expresión de las últimas voluntades, y el derecho a morir en dignidad y de evitar el dolor innecesario, generan un común denominador de los distintos grupos de la Cámara. Más allá de eso pueden empezar o no las discrepancias. Debemos
discutirlo sosegadamente. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no está a favor de la asistencia al suicidio, no está a favor de fórmulas que se han vertido durante el debate parlamentario de esta legislatura, como aquellas que planteaban
incluso la opción de que el médico pudiera decidir sin la opinión del paciente o de familiares. También deberemos discutir mucho, desde un punto de vista de precisión jurídica, la definición de lo que podría ser la eutanasia activa. En cambio el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está a favor de calibrar los tres derechos que concurren en este debate: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad humana.
Es en estas Cortes Generales donde creemos que se debe plantear el debate.
Y, por cierto, los derechos civiles, los derechos laicos, los derechos constitucionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos también
tienen unos fundamentos éticos y si usted quiere unos fundamentos morales, pero también en un Estado que evidentemente es aconfesional tiene una opción determinada de carácter ético a favor de unos derechos. Es en un Estado de derecho donde todos
los derechos se limitan entre sí, y quizá el que no se debe limitar, sino proteger, es el derecho a la vida, pero consideramos que forma parte del derecho a la vida el derecho al buen morir. ¿Cómo debemos afrontar este derecho al buen morir? Con
los instrumentos legales y técnicos que ya existen, que ya tenemos y quizá con más. Esto es lo que debemos discutir en esta Comisión que se constituirá a la luz de los avances en el campo de la medicina, de las mejoras en el campo de la medicina y
de un sistema legal perfectamente diseñado que tenga un ámbito garantista también bien definido. Este es el ámbito en el cual se debe desarrollar este debate, un debate sensato y maduro. En este sentido anuncio el voto favorable del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió a la moción transaccionada con el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Señora García, le tengo que pedir que me confirme que usted acepta la enmienda de sustitución más la enmienda transaccional.
La señora GARCIA SUÁREZ: Señor presidente, totalmente confirmado. Pensaba que había quedado claro, pero evidentemente ahora lo tenía que volver a confirmar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Sí, porque al haber habido una enmienda transaccional tengo que preguntarle al Pleno si algún grupo se opone.
¿Se opone algún grupo? (Pausa.) Pues la votación se hará en los términos propuestos por el grupo que tuvo la iniciativa.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA ACCIÓN DE GOBIERNO ANTE EL GRAVE EPISODIO DE CONTAMINACIÓN ACAECIDO EN EL RÍO EBRO, A LA ALTURA DEL PANTANO DE FLIX. (Número de expediente
173/000026.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 9, moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la responsabilidad ambiental en la acción del Gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro, a la altura del
pantano de Flix.
Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora ministra, el Grupo de Esquerra Republicana presenta hoy aquí una moción en defensa de los intereses de las comarcas del Ebro, también llamadas en Cataluña las terras de l'Ebre, y en especial de la comarca
de la ribera de l'Ebre, de la comarca de la ribera del Ebro.
Las comarcas del Ebro han sido tradicionalmente víctimas del olvido de las distintas Administraciones, un olvido palpable en las consiguientes migraciones de sus habitantes hacia el norte, concretamente a la conurbación de Barcelona durante
dos siglos enteros. Al olvido secular se les unió la energía nuclear, y no es que este diputado quiera hoy hacer rimas aquí, y diferentes industrias del sector químico que hemos podido comprobar que tienen un precio ecológico, social, y
evidentemente económico, alto.
Si no era suficiente el anterior Gobierno español, el Gobierno del Partido Popular decidió impulsar manu militari el trasvase del río Ebro. La fuerza de los habitantes de aquella parte de Cataluña, la presión de los demás afectados de la
cuenca del Ebro, como fueron las movilizaciones en Aragón y el resto de Cataluña, y el cambio de Gobierno y de mayoría parlamentaria acabaron con aquel monstruoso proyecto que hubiera significado el fin del Delta del Ebro y la zozobra ambiental,
económica y social de aquellas comarcas. Ahora el Gobierno catalán ha hecho público lo que era al parecer un secreto a voces y que los anteriores conocían, tanto el catalán como el español, y la misma Confederación Hidrográfica del Ebro: 200.000
toneladas de lodo, 200.000 toneladas de residuos tóxicos están depositados en el lecho del pantano de Flix. Por suerte, por la alta densidad de los contaminantes, permanecen en el lodo y permiten que el agua no se contamine. Esto ha salvado no
sólo la contaminación del agua, sino un sector económico importante, agrícola, productivo, de las comarcas de las terras de l'Ebre.
Es evidente que la reducción del caudal por razones climatológicas o, menos frecuentes, posibles movimientos sísmicos podrían provocar su desplazamiento hacia el delta, es decir, a la desembocadura. La montaña de lodo es, en definitiva, la
herencia de una forma de desarrollismo que campó a sus anchas durante lustros. Ahora, por suerte, existe sensibilización y legislación ambiental para reconducir estos problemas.
Pero además de sensibilidad y legislación hace falta voluntad
política.
Hoy aquí, en esta moción, subsiguiente a la interpelación que defendió la diputada Rosa Bonás, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana pone a discusión y votación siete medidas para implementar esta voluntad política.
En primer lugar, consideramos necesario abrir el proceso para depurar responsabilidades tanto a entes públicos como privados si las hubiere. No se trata de ensañarse con nadie, ni contra ninguna institución o empresa, pero es evidente que
las denuncias contra la contaminación del Ebro han sido constantes. Además, la omisión de algunas administraciones no puede pasar desapercibida. Entendemos, pues, la necesidad de depurar y elevar la causa a la Administración de justicia para que
depure responsabilidades si las hubiere. En segundo lugar, y con la colaboración de la Agencia Catalana del Agua, se intensifiquen los controles de agua desde Ribarroja hasta la desembocadura y que tengan conocimiento todas las administraciones
afectadas, especialmente los ayuntamientos. Los problemas no empiezan en Flix. Los vertidos incontrolados no son sólo una excepción del término municipal de Flix o el pantano de Flix. Tienen que aumentar el control para detectar y perseguir los
focos contaminantes. La información sobre la calidad de las aguas es un derecho, y consideramos, desde Esquerra Republicana, que es inconcebible que los ayuntamientos afectados no conocieran el estado de salud de sus aguas. Tenemos que acabar con
esta situación y es necesario que la información sea permanente, fluida y clara como la misma agua para los entes locales.
Tercero, la comisión de seguimiento tiene que incorporar diferentes administraciones, especialmente las locales, y también representantes de la comunidad científica. Esta comisión no puede ser un mero instrumento institucional de
seguimiento. Requiere que la comunidad científica y los representantes de las entidades medioambientales, que se han distinguido por su tarea para la salvación del río Ebro, especialmente en estos últimos cuatro años, tengan también un papel
importante en la comisión.
Consideramos que toda la aportación que desde la comunidad científica y ambientalista se ha hecho durante todo el debate para evitar el plan hidrológico del anterior Gobierno, no puede caer en saco roto. Por esta razón,
consideramos que en la comisión de seguimiento, que anunció la ministra en la interpelación, tendrían que incorporarse también representantes de estas dos comunidades, la científica y las entidades ambientalistas. Cuarto, recuperar el río Ebro bajo
los auspicios de la comunidad científica. La recuperación total del río Ebro no empieza en Flix sino en Reinosa. Llega el momento de abordar una intervención integral para recuperar un río que ha sufrido en su momento un proceso de crecimiento
industrial descontrolado y sin ningún tipo de legislación que lo controlara durante muchos años. Por esta razón consideramos que la recuperación y la intervención integral es ya una necesidad. Quinto, que de forma urgente, en los presupuestos para
2005, se concrete una partida para la primera fase de descontaminación. El ya difunto plan hidrológico, que quería imponer el anterior Gobierno, ha dado lugar a un nuevo enfoque, a un nuevo plan que prevé diferentes partidas para la regeneración
del Ebro. Y Flix es hoy una prioridad. Por eso pedimos urgentemente desde Esquerra Republicana que se inste al Gobierno a actuar de forma urgente en la previsión presupuestaria para 2005. Sexto, conjuntamente con el Gobierno catalán, el Ejecutivo
español tiene que impulsar una estrategia de reconversión y desarrollo sostenible de la comarca de la ribera del Ebro. El sector industrial que hoy estamos analizando, ha llevado a cabo diferentes procesos industriales graves, una industria poco
sostenible en la ribera del Ebro. Es necesario que hoy se planteen nuevas perspectivas para una comarca que ha sufrido, como decíamos en el primer punto, el olvido de las administraciones. En Flix se ha permitido la presencia de un sector
industrial que ha demostrado que es incapaz de asumir sus externalidades, ni siquiera los costes exigidos por la normativa vigente. En otras palabras, la viabilidad de este sector ha sido falsamente posible gracias a la ilusión de los necesarios
costes que debieron conciliarla con la salud de la población y el medio ambiente. Esta realidad era conocida por las autoridades supralocales y, sin embargo, han podido pasar años sin una respuesta clara y decidida. La exterioridad económica de la
ribera del Ebro, con el beneplácito de la Administración pública, se ha dejado en manos de empresas de constatadas deficiencias de sostenibilidad. Así pues, cabe entender que existe una importante responsabilidad pública, que en ese sentido también
requiere una intervención paralela a la descontaminación.
Solicitamos un posicionamiento del Congreso con este contenido. Y séptimo, que se exploren los mecanismos para recuperar, al menos parcialmente, los fondos públicos destinados a
descontaminar el pantano de Flix y a mejorar el control de la calidad del agua del Ebro.
Entendemos, tal como expresamos en la interpelación de la semana pasada, que hay que acabar con las concesiones de fondos públicos para reparar daños
ambientales que han generado beneficios privados. Es necesario acabar con dinámicas fraudulentas como las de Aznalcóllar y el Prestige.
Consideramos que estos siete puntos que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana pueden aportar
una solución rápida, urgente e inmediata a una situación que ya hace años teníamos que haber abordado.
Desde el Grupo de Esquerra Republicana consideramos que estos siete puntos son básicos para poner freno a la situación que se ha generado en la comarca de la ribera del Ebro. Pero no queremos ser alarmistas, hemos dicho, en primer lugar,
que la calidad del agua está fuera de peligro.
Esto ha producido que sectores importantes de la economía no puedan ver mermadas sus expectativas de crecimiento económico, desde el punto de vista de la agricultura o incluso de la ganadería. Por
estas razones el Grupo de Esquerra considera que este Congreso, este Parlamento tiene que tomar medidas e instar al Gobierno, y en este caso en coordinación con el Gobierno de Cataluña
y con los ayuntamientos, para buscar las soluciones necesarias y para que la comarca de la ribera del Ebro no sufra más el olvido, la marginación que durante muchos años ha sufrido.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar, Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo coincide con la moción presentada, de hecho es un senador también de Iniciativa quien ha pedido la comparecencia de la propia ministra, al igual que el conseller Milá ha pedido la comparecencia, a petición propia, en el
Parlament de Cataluña, y no queremos, en ningún caso, minimizar la cuestión. De hecho, estas son comarcas olvidadas de Cataluña y del resto del Estado. Tenemos una herencia de una terrible cultura industrial que no asume sus externalidades y la
realidad es que tenemos 200.000 toneladas de lodo de alta densidad; tenemos la suerte que tenemos la presa de Flix y que, por desgracia, tienen efectos sobre la salud de los ríos, sobre la salud también de los trabajadores de la empresa, que es un
tema que no se ha tratado apenas, y podría tener, si no se actuase, efectos sobre la salud de las personas, pero creemos que tampoco hay que magnificar la situación, si bien es grave.
Lo que he dicho el Gobierno catalán lo conocía, el actual y el anterior; el Gobierno español lo conocía, el actual y el anterior. Creo que lo positivo es que en muchos de los puntos de la moción planteada, tanto el Gobierno actual del
Estado como el Gobierno actual de la Generalitat se han puesto en marcha y se han comprometido a llevar muchos de ellos a cabo. El primero de ellos, que la Fiscalía de Medio Ambiente depure las responsabilidades, está muy claro cuando la Fiscalía
de Tarragona ya ha abierto las diligencias previas y cuando además tienen la información que se les ha facilitado por parte del Govern de la Generalitat. El segundo de ellos también cuando la ACA, la Agencia Catalana del Agua, y la Confederación
Hidrográfica del Ebro hacen un protocolo de aviso, con una estación de medición a la salida de Flix y cuando el Consorcio de Aguas de Tarragona lo que hace es multiplicar las analíticas. El tercero de ellos creemos que también se ha puesto en
marcha y valoramos muy positivamente la petición de Esquerra de que incorpore las asociaciones vecinales.
Podríamos decir que sí en los siguientes puntos. De hecho cuando la moción habla de que la comunidad científica tiene que participar, nuestro grupo entiende que uno de los elementos fundamentales es la participación, también en el marco de
la Confederación Hidrográfica del Ebro. El punto sexto es competencia de la Generalitat y de hecho tiene que ser el plan director territorial el que lo ejecute. Por último, el séptimo punto hace referencia a un principio que nuestro grupo, el
Grupo de Izquierda Verde, que Iniciativa per Catalunya Verds comparte absolutamente y es el principio de que quien contamine pague. Creemos que este es un principio fundamental, que las administraciones deben actuar para cumplirlo, para ejecutarlo
y que además es un principio clave en un caso como el que nos ocupa.
Nuestro grupo ha planteado a la moción de Esquerra Republicana -y esperemos que la acepte como propia- una enmienda muy razonable.
Simplemente se trata de que la Confederación Hidrográfica del Ebro mejore su funcionamiento. Hay ejemplos
claros de la necesidad de mejora del funcionamiento en la CHE, en la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque lo cierto es que hoy un mejor funcionamiento de la misma no sé si lo hubiera evitado, pero en cualquier caso habría ayudado. Con esto
no quiero decir que la responsabilidad sea del funcionamiento de la Confederación, pero en cualquier caso la Confederación tiene que mejorar de forma sustancial este funcionamiento. Ejemplos: un convenio de colaboración entre la Confederación y la
Agencia Catalana del Agua sobre la financiación de las funciones y los servicios relacionados con el agua sería un elemento positivo, o la compatibilidad -cuestiones que pasan hoy en día- del canon de control de vertidos que exige la Confederación y
el canon del agua que exige la ACA, la Agencia Catalana del Agua, o que la Agencia Catalana del Agua, por ejemplo, haga tramitación de concesiones de agua. Creemos en el principio de subsidiariedad y creemos que hoy, para una mejor salud del Ebro,
estos convenios y esta mejora del funcionamiento de la Confederación serían un elemento positivo.
Para acabar, nuestro grupo valora positivamente la moción presentada por el Grupo de Esquerra y desde el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds vamos a darle nuestro apoyo. La enmienda que hemos presentado
precisamente es para mejorar la moción.
Nuestro grupo cree que a esta moción tenemos que añadirle la buena actitud que ha habido por parte del Ministerio de Medio Ambiente y por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat. Lo digo,
señor Puigcercós, porque de los puntos que ustedes plantean -con los que estoy de acuerdo- se han puesto ya en marcha todos. Creo que esta es la diferencia de cuando las cosas se sabían pero poco se hacía. Lo cierto es que la grave situación que
atraviesa Flix era conocida, pero en el momento en que ha salido a la luz pública la información sobre lo acontecido, teníamos propuestas alternativas y tendremos, además, compromisos presupuestarios que lo que harán será solventar lo que es un
problema para una de las comarcas de Cataluña -y usted lo sabe tan bien como yo- que ha recibido menor atención por parte de todos los gobiernos, lamentablemente. Creo que estamos en condiciones de afrontar este reto y de hecho la gente de Flix no
entendería que no fuese así.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, intervengo en defensa de la doble enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la moción consecuencia de la interpelación de Esquerra Republicana sobre los residuos
tóxicos hallados en el pantano de Flix, en el río Ebro.
Nuestro grupo está básicamente de acuerdo con el contenido que ha explicado pormenorizadamente el señor Puigcercós, y no podía ser de otra manera, por un lado, dado el constante y permanente interés de nuestra opción política por las
cuestiones medioambientales, interés que desarrollamos intensivamente en nuestra etapa de Gobierno en Cataluña y, por otro lado, porque participamos informalmente también en la redacción definitiva del texto de esta moción desde la fecha de la
presentación de la interpelación por parte de la señora Bonás.
Los vertidos y sedimentos tóxicos o de materias contaminantes en el río Ebro y su acumulación en el pantano de Flix y sus proximidades es un tema ciertamente preocupante, pero no sólo ahora sino que se transporta en el tiempo, años atrás, en
la década de los ochenta, y se ha dicho por parte de los que me han precedido en el uso de la palabra. No es una cuestión novedosa que haya surgido en estas últimas semanas, aunque sí es cierto que ha sido precisamente en estos días cuando ha
trascendido con mayor intensidad a la opinión pública, eso que el señor Puigcercós calificaba de secreto a voces. El Gobierno de la Generalitat, desde el departamento de sanidad ya estudió en su día las condiciones sanitarias de las aguas del río
Ebro para ser utilizadas en el entonces llamado minitrasvase como aguas de consumo público. Y no es baladí recordar a esta Cámara, una vez más, que la calidad ambiental del río Ebro y de sus aguas ha sido siempre y sin solución de continuidad
competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro y, por tanto, del Gobierno del Estado, que desde el año 1982 ha estado alternativamente en manos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular; tal vez así evitemos la consabida dinámica
de acusaciones mutuas y estériles.
La actuación municipal, competente en las distintas actividades clasificadas, ha mantenido una actitud errática, a nuestro juicio, y posibilista con relación a la implementación de controles y cortapisas sugeridas en su día por el Gobierno
de Cataluña a las empresas supuestamente contaminantes, que no censuramos explícitamente, pues entendemos comprensible esa posición desde la perspectiva municipal por razonamientos o argumentos económicos y sociales, sobre todo el mantenimiento de
los empleos. Cuando se hizo el minitrasvase del Ebro la Generalitat obligó a la construcción de un depósito de retención y decantamiento de agua tratada para ser distribuida por la red de aguas potables que permitiera hacer la correspondiente
analítica con tal de que se garantizara que el agua distribuida cumpliera los parámetros sanitarios, entre otros midiendo mercurio, plomo, níquel, cadmio, así como la radioactividad. Confiemos que los residuos depositados, precipitados en el fondo
del cauce del río en el pantano, no sean definitivamente solubles en agua, sino que estén solidificados y, por tanto, que no haya grave peligro de movilización de los contaminantes en el agua.
Queremos insistir en un aspecto del punto cuarto de la moción. Entendemos que es del todo insoslayable que el Gobierno presente en breve y bajo el paraguas de la comunidad científica un proyecto de tratamiento y extracción de contaminantes,
que incluya el tratamiento in situ, la forma de extracción, la forma de transporte hasta la instalación de tratamiento, el lugar donde se tratarán, su metodología, el calendario, así como el programa de vigilancia de la contaminación existente
durante el tratamiento y lógicamente también el presupuesto, que ha de ser a cargo íntegramente del Estado.
En cuanto a las enmiendas, nuestro grupo ha presentado una de adición al punto segundo, in fine, que propone añadir: A los efectos de garantizar su calidad -se refiere al agua- y la no peligrosidad de la zona. La moción plantea
intensificar los controles del agua. Se refiere a la inocuidad, a la neutralidad del territorio ribereño del Ebro. La justificación de esa coletilla se basa en la necesidad de hacer evidente y explícito que las aguas del Ebro, más allá de
desembocar el caudal ecológico suficiente por el delta, es un agua que cuando llega a las postrimerías de su recorrido lo hace con la calidad suficiente para que todos sus usos derivados, ya sean en agricultura, acuicultura, pesca, marisqueo u
otras, no tengan ningún tipo de duda o cuestionamiento en cuanto a su idoneidad. La referencia a la calidad del agua es sin duda una referencia necesaria para mantener el nivel de prestigio de los productos y actividades del entorno de la ribera
del Ebro y del delta, que nuestro grupo entiende pertinente y que creemos será aceptada por el grupo proponente.
Por el contrario, la segunda enmienda de adición que presentamos al punto octavo y que pretendía poner más énfasis en la cuestión de la calidad de las aguas del Ebro y sus aplicaciones en las actividades del entorno, así como la promoción
específica de los productos y dinámicas económicas de la vega del Ebro e implementar medidas compensatorias en el caso de que la situación a medio o largo plazo no progresara adecuadamente, después del oportuno debate y ponderación con el grupo
proponente de Esquerra Republicana y otros que darán apoyo -creemos- a la moción, en aras del consenso y con la voluntad de votar favorablemente la moción, hemos optado por retirarla, valorando que de no poder ser explicado y difundido eficazmente
el sentido de la enmienda, podría dar lugar a interpretaciones sesgadas que entendemos correrían el riesgo de tergiversar los intereses generales y sobre todo económicos de la zona.
Por todo ello, entendiendo que el grupo proponente va a incorporar nuestra enmienda de adición al punto segundo, votaremos favorablemente la moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guinart.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Lizarraga.
La señora LIZARRAGA GISBERT: Gracias, señor presidente por su venia.
A la vista de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, mi grupo no tiene inconveniente en votar favorablemente la moción añadiendo una pequeña enmienda que no cambia en esencia el fondo de la
misma. Votaremos favorablemente porque entendemos que es una moción moderada y nos felicitamos por el hecho de que en sus siete puntos coincide
plenamente tanto con el Gobierno de España, a través de las propuestas formuladas en esta misma Cámara por la señora Narbona, como con la Generalitat de Catalunya, a través de las declaraciones efectuadas por el señor Milà, conseller de
Medio Ambiente.
Señorías, permítanme dirigirme a ustedes como ebrenca, que es lo que soy, gente de las tierras del Ebro, y como tal les haga llegar la preocupación de las gentes del territorio; preocupación tanto por las noticias que estos días aparecen en
los medios de comunicación como por el hecho de que el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, tuviese como fecha el 10 de diciembre de 2003, es decir, fue puesto en conocimiento del anterior Gobierno tres meses y
cuatro días antes de las elecciones generales y no sólo se mantuvo en secreto y se escondió sino que se continuó con el proyecto del trasvase del río Ebro aun cuando los vertidos estaban depositados a 70 kilómetros de donde se había de hacer el
punto para trasladar el agua a la Comunidad Valenciana, un agua que ya no era buena. Se sabía y se escondió. También como ebrenca debo decirles que en el territorio se valora muy positivamente que el Gobierno actual, tanto la señora ministra como
el conseller de Medio Ambiente, tenga total transparencia en las actuaciones que está llevando a cabo y que algunos de los apartados que se contemplan en la moción de Esquerra Republicana ya estén en funcionamiento, como es el caso de la comisión de
seguimiento, que entró en funcionamiento el día 21 de septiembre, o el incremento del control de la calidad del agua, ya que actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro toma muestras de agua cada dos horas y realiza un examen completo dos
veces por semana, o que ya estén destinados 104 millones de euros para la primera fase de descontaminación del embalse de Flix.
Es precisamente por la celeridad con que el Gobierno ha actuado por lo que presentamos una enmienda para cambiar un punto porque queremos darle nuestro apoyo al Gobierno. Cambiaríamos la expresión 'en el plazo máximo de tres meses' por la
expresión 'en el plazo más breve posible'. Estamos convencidos de que nuestra ministra nunca realizará las declaraciones que hizo quien fue director de Ercros y más tarde ministro del Gobierno del Partido Popular, el señor Josep Piqué, quien dijo
que cuando él llegó ya estaban los residuos y que cuando él se fue los residuos continuaban allí. Esperemos que nuestra ministra nunca tenga que decir esto.
(Aplausos.)
Señorías, vamos terminando porque ya es muy tarde y a estas horas una enmienda buena, si breve, dos veces buena. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lizarraga.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Vasco? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ha sido usted capaz de solucionar en dos semanas un problema que tiene cien años de historia. A lo mejor esto serviría para un titular de prensa.
A estas horas de la noche y con el cansancio que ya late en la sala, me voy a ceñir directamente a lo que nosotros entendemos que está ocurriendo con esta problemática del embalse de Flix. Normativa medioambiental de obligado cumplimiento
del año 1988, varias denuncias en la Fiscalía de Medio Ambiente que han sido todas desestimadas, una tras otra, y se aparece aquí hace aproximadamente quince días con un montaje digno de la mejor de las películas en cuanto al grave problema de
contaminación del embalse de Flix. Esta contaminación afecta tanto a la vida de las gentes de las tierras del Ebro que la semana pasada se disputó un campeonato nacional de pesca y el propio alcalde, del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya,
estaba un poco sorprendido por el revuelo que se había armado sobre este asunto.
La Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro recibían diariamente 50 muestras de análisis que se hacían en las embocaduras de donde toman el agua los distintos municipios afectados o derivados del embalse de Flix.
En este sentido, parece un poco llamativo que aquí se haga referencia a la falta de transparencia, a la falta de información, a la falta de conocimiento que en la zona se tenía sobre la calidad y sobre los peligros de esta agua. Todo el mundo está
de acuerdo en dar una solución a un problema como es la contaminación del lecho de un río, en este caso el lecho de un embalse, pero, como muy bien dijo el otro día la señora ministra, son cien años de historia. No solamente las acumulaciones de
los vertidos de la empresa Ercros, sino también el arrastre que ha producido a lo largo del siglo pasado la cuenca minera han ha creado y mantenido un problema. Desde el punto de vista del Partido Popular, hay que tener en cuenta varios objetivos a
la hora de encarar y solucionar ese problema, entre ellos el mantenimiento de la industria Ercros en Flix como medio fundamental de activar la economía de esta zona, la recuperación medioambiental de los sólidos en la medida que sea posible, así
como las políticas que persigan la diversificación económica de la zona. En este caso, señora ministra, señores de Esquerra Republicana de Catalunya, objetivo cumplido. Señor Puigcercós, usted ha dado aquí la prueba del 9 de la presentación de
esta iniciativa y de lo que el otro día le prometía la señora ministra. Esto es un premio a las tierras del Ebro -yo se lo hubiera dado por otros méritos, no por el mérito que usted ha apuntado-, un premio a los méritos de la oposición a ultranza
al Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular. Ciento cuatro millones de euros comprometidos por la ministra el otro día, de los cuales hay ya anunciados 24 millones de euros. Señora ministra, me alegra que esté usted aquí, porque le vamos a
hacer un seguimiento para ver de dónde detrae usted esos 24 millones que el otro día anunció desde esta tribuna. Yo le quiero dar una pista. ¿Será quizá de aquellos convenios que el Ministerio de Medio Ambiente firmó con los ayuntamientos del
Pirineo aragonés para solucionar problemas medioambientales? Las cifras prácticamente coinciden.
El otro día, la señora portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya también se alegraba porque, con la llegada de la ministra, había entrado una bocanada de aire puro dentro del ministerio. Yo quisiera recordar en esta tribuna
quién estaba en el Gobierno el año 1988 en este país, quién estaba en el Gobierno el año 1989, quién estaba en el Gobierno el año 1992 y quién era el responsable medioambiental de este país en los años 1992, 1993, 1994 y 1995. Señora
ministra, desde esta tribuna enhorabuena por haber accedido a la misma responsabilidad que tuvo, aunque con mayor rango: en aquel momento con el rango de secretaria general y en estos momentos de ministra. En definitiva, se ha venido a esta Cámara
a presentar una parodia, una comedia para conseguir un beneficio directo para esta zona; beneficio con el que el Partido Popular estará totalmente de acuerdo; haremos un seguimiento exhaustivo en cuanto a la aplicación de las distintas normas en
esta misma zona.
Dicho esto, en cuanto a la moción, el Grupo Popular muestra su conformidad con los puntos presentados, tanto por el Grupo Socialista como por Convergència i Unió, pero mostramos nuestro total desacuerdo con la iniciativa presentada por
Izquierda Unida en cuanto a esa modificación organizativa y de funcionamiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Señora ministra, aprovechando su presencia hoy en la Cámara, desde el Grupo Popular le invitamos a que haya un debate serio si
usted quiere reformar las confederaciones hidrográficas, pero también le tengo que decir una cosa. Hay mucha obsesión en el ministerio por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nos llegan noticias en cuanto a trocear y a romper el ámbito
competencial que actualmente le confiere la legislación -desde las directivas comunitarias con el principio de unidad de cuenca, hasta la propia normativa de la ley de aguas del régimen normativo nacional- lo que puede dar al traste con lo que ha
sido una institución insigne a lo largo de todo el siglo pasado, modelo hidráulico no solamente en España, sino en el resto de países que han ido copiando este mismo sistema.
Para terminar respecto al ámbito competencial, hay que decirles a los señores de Esquerra Republicana de Catalunya que cuando se trata de hablar de millones, en este caso de euros, el ámbito competencial tiene menor importancia.
Señor presidente, sabemos que el punto octavo es una enmienda de adición.
El Grupo Popular, lógicamente, acatará lo que usted diga, pero proponemos una votación separada. Sabemos que es una enmienda y en ese caso pedimos a la Presidencia
que se pueda votar separadamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia en sus términos iniciales.
Señor Puigcercós, dígame si su grupo acepta o no enmiendas y cuáles.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Aceptamos la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, también la primera enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que hace referencia al punto número 2 de nuestra moción, y la enmienda de sustitución del
Grupo Socialista al párrafo anterior.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Quisiera dirigirme al señor Pintado para decirle que, habiendo aceptado enmiendas el grupo proponente, las mismas se incorporan a la votación y en consecuencia no cabe petición de voto particular. Cosa distinta hubiese sido que el grupo
proponente, como ocurrió en la votación anterior, hubiera rechazado en bloque todas las enmiendas. (Rumores.)
Así pues, procedemos a la votación de la primera moción, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-CastillaLa Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. El Gurpo Popular ha manifestado que
no acepta ningún tipo de enmienda y quiere que la propuesta inicial se vote en sus términos.
Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Solicito la votación separada de los dos puntos que contiene la moción del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedemos, pues, a la votación de la moción del Grupo Popular de manera separada. En primer lugar, el párrafo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 129; en contra, 158; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: El primer párrafo no ha sido aprobado.
Segundo párrafo de la moción presentada por el Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 284; en contra, seis; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: El segundo párrafo ha sido aprobado.
A continuación, moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia en los términos resultantes de la enmienda transaccional.
¿Señor Martínez-Pujalte?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Si hay una enmienda transaccional, mi grupo tiene que aceptar la tramitación de la enmienda transaccional y mi grupo no la acepta.
El señor PRESIDENTE: Lo que ocurre, señor Pujalte, es que he preguntado anteriormente si había algún grupo
que se oponía. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Pujalte, por favor, es muy tarde. (Rumores.) El que usted no estuviera en la Cámara no quiere decir que cuestione que el presidente ha preguntado a la Cámara si algún grupo parlamentario se oponía.
(Aplausos.) Si usted se quiere
oponer ahora me parece muy bien, pero he preguntado a la Cámara si algún grupo parlamentario se oponía a la enmienda transaccional. Es muy tarde. Por favor, cooperemos todos. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Déjelo, señor
Zaplana. Se opone el Grupo Popular y se votará. (Rumores.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, ni el señor Pujalte ni yo como portavoz de este grupo hemos escuchado la solicitud y la pregunta del señor presidente. (Protestas.) El señor presidente debe de formularla, desde mi punto
de vista, en el momento en que se realiza la votación, no en otro momento. (Rumores y aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Correcto, el presidente toma nota porque no se puede estrujar el Reglamento de esta manera, pienso yo. He preguntado a la Cámara abiertamente cuando ha terminado el debate. (Rumores.) Yo tomo nota. Por favor,
tranquilidad. Yo tomo nota de que ustedes solicitan ahora que vuelva a preguntar a la Cámara si algún grupo parlamentario se opone a la enmienda transaccional. Pregunto a la Cámara: ¿Algún grupo parlamentario se opone a la enmienda transaccional?
(Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: Sois unos tramposos. ¡Tramposos!-Continúan los rumores y las protestas.)
Así las cosas, señorías, yo tomo nota de este tipo de circunstancias para el futuro.
Señor Llamazares, si hay un grupo que se opone a que se proceda a la votación de una enmienda transaccional...
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, cuando se presentó la transaccional, usted preguntó a la Cámara y ningún grupo de la Cámara vetó la iniciativa. Eso fue así. No se pueden revisar los actos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: No insistan. Si quieren ustedes, -por favor, son las once y media de la noche-, ahora, cuando termine el Pleno, se explican políticamente en los medios de comunicación, pero en tanto en cuanto no se ha producido una
votación (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: No señor, es trampa.) es criterio de esta Presidencia - oiganme bien- dejar libertad a cualquier grupo parlamentario de reconsiderar su situación. Es su problema particular y tendrá que explicarse
políticamente.
(Aplausos.-El señor Pérez Rubalcaba pide la palabra. )
Señor Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
El único problema es que efectivamente se consultó por la Presidencia al conjunto de la Cámara y el conjunto de la Cámara no se opuso a una transaccional. Ha pasado una hora y es evidente que, si se hubiera formalizado una oposición en ese
momento, los grupos que estamos en la transaccional podríamos haber hablado y ahora ya no se puede hacer nada porque vamos a votar. (Aplausos.) Hemos dado por bueno, señor presidente, lo que la Cámara ha acordado hace una hora. Pido que no se
reconsidere en este momento en el que no podemos hacer nada para evitar la enmienda transaccional. (Rumores.-Protestas.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No hay más debate, señorías. (Continúan las protestas.)
Siéntese, señor Zaplana
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, para una cuestión de orden.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Simplemente, me ha parecido interpretar que el presidente aludía de forma reiterada a que tomaba nota. Confío que la toma de nota por parte de la Presidencia sea sólo a los efectos de cumplir el Reglamento
de ahora en adelante. (Aplausos.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Absolutamente. No solamente hoy, sino en cualquier momento, como suelo hacer. Efectivamente, existiendo una enmienda transaccional, el presidente ha preguntado al final del debate si había un grupo que se oponía o no.
He mirado a toda la Cámara, incluidos los representantes de su grupo, y no he recibido respuesta. Esto es lo que ha pasado.
Dicho esto, en tanto en cuanto no se produzca una votación, cualquier grupo parlamentario tiene derecho -no solamente el Grupo Popular hoy, sino en el futuro cualquier otro grupo- a reconsiderar públicamente su primera decisión. Esto es
estrictamente lo que ha pasado. Cuando he dicho que tomen nota, no me refería solamente a usted, sino que tomen nota para el futuro todos y cada uno de los grupos parlamentarios, porque no se puede estrujar el Reglamento cada semana. En
consecuencia, se va a proceder a la votación.
¿Señor Llamazares?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Concluyo que en este acto se acaban las enmiendas transaccionales en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Evidentemente.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Es la conclusión lógica. Terminamos las enmiendas transaccionales en esta Cámara y, por tanto, la posibilidad de interlocución entre los grupos parlamentarios. Es un absurdo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, esta es una cuestión que ustedes tienen que resolver en el terreno de la política. Insisto, me parece mal que se estruje el Reglamento de esta manera cada semana. En consecuencia, se procede a la
votación de la moción en su estadio inicial.
¿Señor Llamazares?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario retira su propuesta porque no se dan las condiciones para votar esta iniciativa. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Así las cosas y no habiéndose producido la votación, el grupo parlamentario tiene el derecho a retirar la moción. Señorías, reflexionen un poco.
Se levanta la sesión. (Rumores.)
Perdón, discúlpenme. Por último, votación de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la responsabilidad ambiental en la acción de gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro a la altura
del pantano de Flix -de nuevo les pido disculpas- en los términos señalados por el grupo proponente que ha aceptado un grupo de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 174; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las once y veinticinco minutos de la noche.