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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 20, de 23/06/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 20
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 19
celebrada el miércoles, 23 de junio de 2004
ORDEN DEL DÍA: ...
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento: ...
- Comparecencia, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre el Consejo Europeo celebrado los días 17 y 18 de junio en Bruselas. (Número de expediente 210/000005.) ...
Preguntas ... (Página 834)
Interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre valoración del funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto, a la luz del siniestro de 'O Bahía'. (Número de expediente 172/000023.) ...
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de Consejos Autonómicos del Poder Judicial. (Número de expediente 172/000024.) ...
(Página 864)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento ... (Página 796)
Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre el Consejo Europeo celebrado los días 17 y 18 de junio en Bruselas ... (Página 796)
El señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) comparece ante el Pleno de la Cámara con el fin de proporcionar información sobre el Consejo europeo celebrado en Bruselas los pasados días 17 y 18, rendir cuentas de las negociaciones
llevadas a cabo y de los resultados obtenidos en relación con los asuntos que componían la agenda del Consejo, y someterse al debate y control de los distintos grupos parlamentarios.
Tras felicitar a todos los ciudadanos, españoles y europeos, por el gran paso que Europa acaba de dar al otorgarse su propia Constitución, afirma que la historia de la Europa del último medio siglo es la historia de un brillante éxito
político, primero, por haber asegurado la paz en el continente -aunque es cierto que se han vivido conflictos bélicos en su territorio en la última década- y, segundo, por haber contribuido a expandir la democracia, asegurándola en el amplio marco
de la Unión.
Explica las diversas fases por las que ha pasado la construcción del proyecto europeo y afirma que Europa es, hoy, no sólo un continente pacificado y un amplio espacio político democrático, sino un espacio político unido.
Aparte del debate sobre la organización del poder que se ha estado discutiendo durante estos últimos meses en lo que era una propuesta de Constitución, subraya el gran valor de lo que constituye la parte dogmática de la nueva Constitución
europea y es que todos los ciudadanos europeos, a partir de la Constitución, tienen los mismos derechos y obligaciones, y es precisamente eso, la ciudadanía constitucional, lo que les convierte en ciudadanos europeos. Afirma que esta Constitución
es nuestra alma europea y ese es su alcance y su valor y considera que han de ser capaces de aplicarla y de explicarla para lograr que el debate sobre la Constitución interese a los ciudadanos. Desea que del debate de hoy puedan extraerse bases
suficientes para recomponer una política de Estado, que se encuentra profundamente dañada, en un tema de tanta importancia para España como es la Unión Europea. Añade que el acuerdo sobre la Constitución no solamente supone un hito en el proceso de
paz, libertad, progreso y bienestar, en cuya implantación y desarrollo están comprometidos los europeos desde hace medio siglo, sino que será el elemento más sólido de futuro entre los Estados miembros de la Unión, y es alrededor de ese proyecto
donde se deben aunar todas las fuerzas políticas de España. El día 18 de junio de 2004 será un día histórico en los anales de la vida del continente europeo, porque se logró una gran Constitución para todos los europeos, y porque considera que lo
que es un excelente Tratado para Europa, es también un excelente Tratado para España.
A continuación pasa a explicar los tres grandes vectores sobre los que se articula el proyecto de Tratado (eficacia, democracia y solidaridad), y los derechos sociales a los que pueden acceder todos los ciudadanos europeos. También explica
que, de acuerdo con la nueva cláusula de solidaridad, la Unión y los Estados miembros actuarán conjuntamente en un espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o es víctima de una catástrofe natural. Destaca otras
cuestiones más específicas en las que España ha dejado su huella, de lo que se siente satisfecho, como la violencia de género, la realización de traducciones oficiales del Tratado constitucional a las lenguas cooficiales, la mejora del régimen de
las regiones ultraperiféricas o la declaración sobre Gibraltar. A continuación pasa a analizar las conclusiones del Consejo Europeo sobre otros temas de sumo interés para España y para el futuro de la propia Unión europea, centrándose en los
aspectos más relevantes. Considera que ahora se inicia un proceso destinado a confirmar que los Estados y los ciudadanos de la Unión ratifican y hacen suyo lo acordado por sus Jefes de Estado y de Gobierno y anuncia su intención de proceder, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución española, a la celebración de un referéndum para aprobar la Constitución europea en el plazo más breve posible.
Intervienen en el debate los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
(ERC); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rodríguez
Sánchez, Labordeta Subías, las señoras Lasagabaster Olazábal y Barkos Berruezo, del Grupo
Parlamentario Mixto, y el señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) para responder a los diferentes grupos parlamentarios.
En turno de réplica intervienen los señores Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Durán i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana (ERC); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, y Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor presidente del Gobierno para responder de nuevo a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.
En el turno de dúplica interviene el señor Rajoy Brey.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.
Preguntas ... (Página 834)
Del Diputado don José Ramón Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Podría el Gobierno explicitar y concretar, más allá de lo que se establece en el Real Decreto 744/2004, de 23
de abril, por el que se crea el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, los criterios por los que ha seleccionado a las personas que componen dicho Consejo? (Número de expediente 180/000155.) ...
Del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las razones del Gobierno para no recuperar el marco de
diálogo y consenso de la Ley de Extranjería 4/2000? (Número de expediente 180/000158.) ... (Página 836)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cree el Presidente del Gobierno que la estabilidad presupuestaria es un principio negociable sometido a la
aritmética parlamentaria? (Número de expediente 180/000159.) ... (Página 837)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno que sus múltiples contradiciones no
tienen coste alguno para los ciudadanos? (Número de expediente 180/000160.) ... (Página 837)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que el Gobierno está
defendiendo el interés general de los españoles? (Número de expediente 180/000161.) ... (Página 838)
De la Diputada doña Pilar Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿En qué situación se encuentra el acceso de Canarias a los Fondos Estructurales y las ayudas de
Estado a la luz de las conclusiones del último Consejo Europeo? (Número de expediente 180/000170.) ...
(Página 839)
Del Diputado don Juan Antonio Barrio de Penagos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Está satisfecho el Gobierno con los avances realizados en el último Consejo Europeo para
una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000171.) ... (Página 840)
Del Diputado don Àlex Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno para el tratamiento de las lenguas cooficiales en el nuevo marco
institucional de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000172.) ... (Página 841)
Del Diputado don Daniel Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Qué planteamiento tiene el Gobierno respecto al presente y futuro del Castillo de Montjuïc? (Número de
expediente 180/000173.). ... (Página 842)
De la Diputada doña Lucila Corral Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Defensa sobre la utilización del Hospital Militar Central Gómez Ulla
de Madrid? (Número de expediente 180/000174.) ...
(Página 843)
De la Diputada doña María Gracia Muñoz Salvà, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para acometer el reconocimiento legal de la lengua de
signos? (Número de expediente 180/000176.) ... (Página 843)
Del Diputado don Jordi Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Tiene previsto el Gobierno español desarrollar el Real Decreto 436/2004, de 24 de
marzo, por el que se establece la metodología para la actuación y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, y concretamente la corrección de los valores provisionales de
la remuneración para las instalaciones del grupo d1, previstas en su artículo 39 de forma que se modifiquen los valores de la tarifa 70 por ciento,
prima 20 por ciento e incentivo 10% (6,05 cEUR/ kWh), a unos niveles que permitan la viabilidad de las instalaciones y la regularización de los requisitos y condiciones particulares en el tratamiento de los purines excedentarios previsto en
la disposición Adicional primera del citado Real Decreto? (Número de expediente 180/000157.) ... (Página 844)
De la Diputada doña María Antonia de Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para luchar contra la 'ceratitis capitata' o 'mosca de la fruta' especialmente en la Comunidad Valenciana? (Número de expediente 180/000177.) ... (Página 845)
De la Diputada doña María José Porteiro García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para apoyar el colectivo de
pescadores con embarcaciones de arqueo inferior a 2,5 toneladas de registro bruto? (Número de expediente 180/000178.) ...
(Página 846)
Del Diputado don Gabriel Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué competencias exclusivas del Estado considera el Gobierno que pueden ser transferidas
a las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000163.) ... (Página 847)
De la Diputada doña María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿En qué casos no se van a transferir competencias exclusivas del Estado a las Comunidades
Autónomas que lo soliciten? (Número de expediente 180/000164.) ... (Página 848)
Del Diputado don Antón Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Qué iniciativas concretas considera el Gobierno que se deben desarrollar en relación con el teatro en el
seno del INAEM? (Número de expediente 180/000175.) ...
(Página 849)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿Cómo piensa la Sra. Ministra articular una política de vivienda diferenciada para Canarias, a la que se
comprometió el Sr. Presidente del Gobierno en el debate de investidura? (Número de expediente 180/000153.) ... (Página 850)
Del Diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Mantiene el Gobierno la previsión que el trazado de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Lleida-Barcelona-Frontera Francesa a su paso por la ciudad de Girona sea subterráneo? (Número de expediente 180/000156.) ...
(Página 851)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué opinión le merece al Gobierno los informes y recomendaciones de Amnistía Internacional en relación con la
situación de los derechos humanos, en particular con la existencia de casos de torturas en el Estado español? (Número de expediente 180/000154.) ... (Página 852)
Del Diputado don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuáles son los criterios del Gobierno para los nuevos nombramientos propuestos en la carrera
fiscal? (Número de expediente 180/000162.) ... (Página 853)
De la Diputada doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Piensa el Gobierno atender las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial en
relación con el Anteproyecto de Ley Integral Contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres? (Número de expediente 180/000165.) ... (Página 854)
De la Diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Considera el Gobierno positivo que el Anteproyecto de Ley Integral Contra la Violencia
Ejercida sobre las Mujeres no proteja a los hijos de las maltratadas? (Número de expediente 180/000166.) ... (Página 855)
Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Comparte el Gobierno las declaraciones del Secretario de Estado de la Seguridad
Social acerca de la necesidad de revisar las cotizaciones de los trabajadores autónomos? (Número de expediente 180/000167.) ... (Página 856)
La Presidencia solicita el acuerdo de la Cámara para posponer la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al miércoles de la semana que viene, lo que se aprueba por asentimiento.
Interpelaciones urgentes ... (Página 857)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre valoración del funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto, a la luz del siniestro de 'O Bahía' ... (Página 857)
Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza recordando a los marineros desaparecidos en el siniestro de 'O Bahía' y recordando que en los
tres últimos años hubo 94 naufragios en las costas de Galicia, y no sólo por las fuerzas del destino sino también por las deficiencias en el funcionamiento del salvamento marítimo. Expone a continuación las deficiencias que tuvieron lugar
en el siniestro de 'O Bahía' y la falta de competencias en la materia de la administración autonómica.
Contesta la señora ministra de Fomento (Álvarez Arza), en nombre del Gobierno. Muestra en primer lugar su solidaridad con las familias de los fallecidos en el hundimiento del pesquero 'O Bahía' y su pesar por no haber podido llevar a cabo
con resultado positivo el rescate de todos los cadáveres. A continuación pasa a valorar el funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto a la luz del siniestro del 'O Bahía'.
Replica el señor Rodríguez Sánchez, y duplica la señora ministra de Fomento.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial ... (Página 864)
Presenta la interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Con esta interpelación se intentan resolver dos problemas históricos que están pendientes y que hacen referencia a la propia
estructura constitucional del Estado español. Se trata de dos problemas que hacen referencia al desajuste de los órganos de Gobierno de la Administración de Justicia en un Estado que ya no es unitario, sino que por la propia Constitución española
se ha convertido en un Estado autonómico o plurinacional. Los poderes Legislativo y Ejecutivo se han descentralizado, dice, pero el Poder Judicial, particularmente el gobierno del Poder Judicial, está configurado por unos criterios de rígida
centralización, y su interpelación persigue solucionar este problema basándose en los criterios para la reforma de la Justicia del Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial.
Contesta el señor ministro de Justicia (López Aguilar), en nombre del Gobierno. Sin necesidad de remontarse a 100 ni a 200 años atrás el señor ministro certifica que efectivamente es un hecho que la Constitución española de 1978 mandataba
de forma muy predecible una reconcepción del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la construcción del Estado autonómico, pero de forma mucho más incierta y más dificultosa, como se ha comprobado en el curso de estos 25 años, su afectación al
Poder Judicial. Manifiesta que la posición del Gobierno no es favorable a la generalización de los consejos autonómicos del Poder Judicial como órganos que incorporen competencias de gobierno del Poder Judicial en los ámbitos territoriales de las
comunidades autónomas, pero sí está dispuesto a potenciar el diálogo institucional constructivo y cooperativo del Gobierno de España, también en el ámbito de la justicia, con las comunidades autónomas.
Replica el señor Olabarría Muñoz, y duplica el señor ministro de Justicia.
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO:
- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA INFORMAR SOBRE EL CONSEJO EUROPEO CELEBRADO LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO EN BRUSELAS. (Número de expediente 210/000005.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el punto V del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento.
En nuestra reunión de Junta de Portavoces, atendiendo a las posibilidades que ofrece el Reglamento a la Presidencia de la Cámara y considerando que este es un debate que tiene su trascendencia y que responde a las posibilidades que abre el
propio Reglamento, presenté una ordenación de los debates, que fue aprobada por unanimidad en la Junta de Portavoces, que sugiere un modelo de debate distinto, diferente y que se aplicará por primera vez en el caso de la información del Gobierno
sobre un Consejo europeo. Para facilitar la comprensión de la ordenación del debate, he dado instrucciones a los servicios de la Cámara para que se distribuyan a SS.SS. tanto el formato del debate como los tiempos atribuidos. Ustedes podrán
constatar que se mejora notablemente este tipo de debates y además se permitirá sin duda que puedan explicarse todos los grupos parlamentarios con un tiempo suficiente. (El señor Herrera Torres pide la palabra.)
Dicho esto, se reanuda la sesión.
Dígame, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, en relación con lo acordado, nuestro grupo entendió que
había una distribución de tiempo ajustada a criterios de proporcionalidad.
Nuestro grupo tiene cinco diputados y representa a 1.300.000 votos. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esta distribución del tiempo, especialmente en el
turno de réplica, cuando además se especificó que se haría en estos términos.
El señor PRESIDENTE: Haga constar en acta su disconformidad, pero son los criterios de la Presidencia.
Tengo que señalarle que no me gustaría que nuestro Parlamento se reduzca sistemáticamente a cuestiones de orden, porque creo que no es bueno, cuando hay temas de fondo. Piense una cosa. He intentado aplicar por primera vez criterios de
representatividad y proporcionalidad que son, como todos, discutibles. Fíjese que estoy atribuyendo a los grupos parlamentarios que tienen 162 escaños y 148 escaños, ocho minutos; ustedes tienen cinco escaños y les estoy atribuyendo tres minutos.
Haga una simple ecuación para saber que en este tipo de debates las minorías están más que protegidas.
Señor presidente, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco ante SS.SS. con el objeto de proporcionarles información sobre el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los pasados días 17 y 18, rendir cuentas de las negociaciones llevadas a cabo y de los
resultados obtenidos en relación con los asuntos que componían la agenda del Consejo y someterme al debate y control de los distintos grupos parlamentarios. Empezaré por felicitar a todas SS.SS. y a todos los ciudadanos, como españoles y como
europeos. Tenemos que felicitarnos conjuntamente por el gran paso que acabamos de dar, por el gran paso que Europa ha sido capaz de dar al otorgarse su propia Constitución.
Con la ampliación concluida el pasado mes de mayo y con la aprobación ahora del marco de unidad política para los 25 países que hoy conforman la Unión, Europa ha cubierto prácticamente todo el proceso de su integración iniciado hace medio
siglo. La historia de la Europa del último medio siglo es la historia de un brillante éxito político.
Seguramente nuestros padres fundadores no hubieran imaginado que tantos llegaríamos tan lejos al iniciarse el siglo XXI. Un brillante éxito
político es haber asegurado la paz en el continente. Desde 1870 hasta 1945, Europa se destruyó a sí misma tres veces y algunos de sus países -el más emblemático, por desgracia, fue el nuestro- se desangraron internamente en crueles guerras civiles.
En pocos meses se conmemorará el 60 aniversario de la conclusión de la última gran conflagración entre naciones que hoy son socios leales y comparten proyecto y horizonte político. La Unión se origina en el compromiso de traer la paz y ese es un
anhelo plenamente conseguido. Para evitar las guerras hay que desterrarlas en primer lugar de la mente y de los corazones de las personas, y la guerra no figura hoy ni en la mente ni en el corazón de los europeos. Que Europa sea un continente en
paz es también un factor de estabilidad global. Cierto que Europa ha vivido conflictos bélicos en su territorio en la última década, pero la lección que debemos extraer es que para evitarlas hay que ser actores globales más fuertes, impulsando las
políticas que hacen más Unión y no menos.
Un brillante éxito político es también haber contribuido a expandir la democracia, asegurándola en el amplio marco de la Unión. Kelsen, el gran jurista y teórico de la democracia, afirmó que ésta fue la consigna que durante los siglos XIX y
XX dominó casi totalmente sobre los espíritus.
Pero en la realidad esa democracia fue sucesivamente contestada por los autoritarismos de signo distinto en el periodo de entreguerras, por la pervivencia de diversas dictaduras en el sur de Europa
tras la Segunda Guerra Mundial y por la existencia de todo el bloque de países que eufesmísticamente pasaron a conocerse como la Europa del Este.
La primera fase de la construcción del proyecto europeo dio por concluida la deriva autoritaria de algunos de los países fundadores. La existencia misma del proyecto constituyó igualmente un poderoso incentivo para los procesos de
transición que se vivieron en los años setenta en distintos países, entre ellos el nuestro, y la consiguiente incorporación de España, Grecia y Portugal concluyó con la anomalía que constituyó durante décadas una parte sustantiva del sur de Europa.
En fin, la última ampliación ha incorporado a quienes también durante décadas pertenecieron a un bloque políticamente alternativo y que empezaron a democratizarse con la caída del muro de Berlín en 1989. Europa es hoy el continente de la
democracia, y para darnos cuenta del éxito que ello supone sólo hay que preguntarse si lo hubiéramos imaginado así hace 15 años tan solo.
Europa es hoy no sólo un continente pacificado y un amplio espacio político democrático, sino un espacio
político unido. Ni existen políticamente los Pirineos, ni tampoco hay ninguna línea, ningún muro o resto del mismo que separe políticamente la Europa del Este y la del Oeste. Somos ya una Unión.
Señor presidente, señorías, lo que en el Consejo Europeo de la semana pasada hemos aprobado es una Constitución para esa Unión, una Constitución para el futuro. En estas últimas semanas, en estos últimos meses, el debate sobre lo que era
una propuesta de Constitución se ha centrado comúnmente en lo que, asumiendo los términos clásicos, se suele llamar la parte orgánica de la Constitución; esto eso, la estructura institucional de la organización del poder. De ello hablaremos, sin
duda.
Pero permítanme también que subraye el gran valor de lo que en los mismo términos clásicos constituye la parte dogmática de la nueva Constitución europea. A partir de la Constitución, todos los ciudadanos europeos tienen los mismo derechos y
obligaciones, y es precisamente eso, la ciudadanía constitucional, lo que les convierte en ciudadanos europeos.
Todos los europeos, así, compartimos, de una vez y al completo, la misma carta de naturaleza. En una de esas fases recurrentes de
euroescepticismo, el gran presidente de la Comisión Europea que fue Delors afirmó que el problema futuro de Europa no sería otro que el que llegara a carecer de alma, el que llegara a conformarse con ser un mercado de intercambio, un
espacio de libertad, pero sin un proyecto político, ciudadano, social, común y compartido. Esta Constitución es nuestra alma europea. Esa es su virtud, ese es su alcance, ese es su valor. Hemos de ser capaces de aplicarla y de explicarla.
Y a este fin querría que contribuyese mi propia intervención y el conjunto de las intervenciones de sus señorías.
Porque deberíamos lograr que el debate de la Constitución sea interesante, que interese a los ciudadanos, que trate de sus intereses,
si se me permite le juego de palabras. La construcción europea no puede proseguir sin los ciudadanos y estos no se sentirán partícipes ni atraídos si quienes tenemos la responsabilidad de contribuir a conformar la opinión pública seguimos
discutiendo sobre un árbol más o menos porque no somos capaces de percibir el bosque.
En esta idea me atrevería incluso a desear que del debate de hoy puedan extraerse bases suficientes para recomponer una política de Estado que se encuentra hoy profundamente dañada en un tema de tanta importancia para España como es la Unión
Europea. Es hora de recuperar un consenso que nunca debió romperse y en el cual debe quedar claro nuestro decidido compromiso europeísta; el compromiso de todos nosotros. El acuerdo sobre la Constitución no solamente supone un hito en el proceso
de paz, libertad, progreso y bienestar en cuya implantación y desarrollo estamos comprometidos los europeos desde hace medio siglo, sino que será el elemento más sólido de futuro entre los Estados miembros de la Unión. Y alrededor de este proyecto
quisiera aunar hoy a todas las fuerzas políticas de España.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el día 18 de junio de 2004 figurará de ahora en adelante como un día histórico en los anales de la vida del continente europeo. Los Estados de la Unión hemos alcanzado un difícil acuerdo sobre
nuestro futuro común. Ha sido una negociación ardua, ha sido una negociación dura a veces y también tensa, pero hemos logrado una gran Constitución para todos los europeos, porque considero que es un excelente Tratado para Europa y, por serlo así,
es un excelente Tratado para España. Y además estoy firmemente convencido de que en términos objetivos es un excelente Tratado para la defensa y salvaguarda de nuestros intereses nacionales. La Unión, largo tiempo asociada al mercado interior o a
la unión económica y monetaria, proclama ahora su clara ambición como comunidad política democrática, basada en valores comunes y en el concepto de ciudadanía europea. El proyecto de Tratado articula esta ambición sobre tres grandes vectores:
eficacia, democracia y solidaridad. Desde el punto de vista de la eficacia, pueden citarse sin ánimo exhaustivo el nuevo sistema de voto en el Consejo, que favorece notablemente la toma de decisiones; la generalización del sistema de voto por
mayoría cualificada, pasando a convertirse en el método ordinario de toma de decisiones; la introducción de las figuras del presidente del Consejo Europeo y del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión; la facilitación del recurso a las
cooperaciones reforzadas y, finalmente, el establecimiento de los mismos instrumentos de actuación para las diferentes políticas comunes: leyes, leyes marco, reglamentos, decisiones, dictámenes y recomendaciones.
En lo que concierne a la democracia, el nuevo Tratado conlleva importantes principios y afirmaciones. Así consagra una doble legitimidad al inspirarse la Unión en la voluntad de los Estados y de los ciudadanos de Europa de construir su
futuro en común. Supone, igualmente, la afirmación de los valores característicos de la Unión: la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Reconoce también el respeto de la identidad nacional
de los Estados miembros, así como su integridad territorial inherente a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales, incluyendo la autonomía local y regional y la diversidad de los pueblos que las integran. Consagra por vez primera
en la Unión una Declaración de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Reconoce el derecho de iniciativa legislativa popular, haciendo efectivo el principio de democracia participativa. Establece, en fin, el control efectivo del
principio de subsidiariedad por los parlamentos nacionales, con el fin de que las decisiones que se tomen sean lo más próximas al ciudadano afectado.
Significativa es también la importancia que el Tratado otorga al valor de la solidaridad. En este ámbito el Tratado reconoce entre sus objetivos la promoción de la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados
miembros y, como objetivo de su acción exterior, el compromiso de la Unión en contribuir al desarrollo sostenible, a la solidaridad, al respeto mutuo entre los pueblos, al comercio libre y equitativo y a la eliminación de la pobreza.
Por otra parte, el Tratado reconoce una serie de derechos sociales: derecho a la información y a la consulta de los trabajadores, derecho a la negociación colectiva, derecho de acceso a los servicios de empleo y a condiciones de trabajo
justas, prohibición del trabajo infantil, protección de la vida familiar y profesional, derecho de acceso a las prestaciones de Seguridad Social y a los servicios sociales de interés económico general, protección del medio ambiente y protección de
los consumidores.
Por último, y de acuerdo con la nueva cláusula de solidaridad, la Unión y los Estados miembros actuarán conjuntamente en un espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o es víctima de una catástrofe
natural. Hasta aquí lo que se refiere a la parte de la nueva Constitución referida a los derechos que nos reconoce a todos los europeos.
Señor presidente, señoras y señores diputados, en la negociación y discusión sobre el capítulo institucional, una de las cuestiones más difíciles y más prolongadas de las que se han discutido en el Consejo Europeo fue, como SS.SS. saben, el
sistema de voto en el Consejo. Creo que hemos llegado a una fórmula plenamente satisfactoria. España ve mejorada sustancialmente su posición respecto a la propuesta de la Convención. Durante toda nuestra historia en la Unión, España ha mantenido
la aspiración de verse reconocida la capacidad de influencia de los países grandes. Lo hemos logrado porque hoy, a partir de la Constitución, España, con Francia e Italia, más Portugal o Grecia, tiene la facultad de intervención
o de bloquear cualquier decisión en salvaguarda de las políticas que como país mediterráneo más nos interesen. Y también puede España, con Francia y Alemania, más cualquier otro país, bloquear cualquier decisión en salvaguarda de las
políticas que como país perteneciente al corazón de Europa nos interesen.
En relación con la composición de la Comisión, la propuesta finalmente aprobada supone que la primera Comisión elegida tras la entrada en vigor del texto constitucional esté compuesta por un miembro por Estado y que la siguiente conste de un
número de comisarios equivalente a dos tercios de los Estados, elegidos mediante un sistema de rotación igualitaria.
Siempre dentro del ámbito institucional, he de señalar que España, tras las enmiendas introducidas en el proyecto a instancias del
Gobierno, podrá, antes de 2009, cuando el Parlamento presente su nueva propuesta de distribución de escaños, legítimamente obtener al menos cuatro diputados más que los que ahora le reconocen los tratados vigentes.
El nuevo Tratado contiene, ya al margen de las cuestiones institucionales, importantes novedades que reflejan bien determinadas prioridades e intereses españoles. Este es el caso en particular del área de seguridad, libertad y justicia,
donde la generalización del uso de la mayoría cualificada y del procedimiento de codecisión con el Parlamento llevan a presumir que, en un futuro próximo, este ámbito conocerá un importante desarrollo. El espacio de libertad, seguridad y justicia,
hasta ahora dividido entre los tratados de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, se unifica y pasa a estar sometido a los mismos instrumentos y procedimientos que el resto de las políticas comunes. La Unión se dota así de mecanismos más
eficaces para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado, la inmigración ilegal y para mejor proteger las libertades de todos los europeos. Los responsables políticos debemos ser conscientes de la enorme relevancia que estas cuestiones
tienen para los ciudadanos y actuar en consecuencia. También en el área de la política exterior se producen avances, progresos que, una vez más, tratan de aportar respuesta a las expectativas de los ciudadanos. Junto al diseño de un enfoque que
permitirá dotar de coherencia al conjunto de la acción exterior de la Unión, lo más relevante es la creación de la figura del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y su doble anclaje en la Comisión y en el Consejo.
Hay otras cuestiones más específicas que también merecen ser subrayadas. A instancias de España, la Conferencia ha adoptado una declaración en la que resalta que la Unión tratará en sus distintas políticas de combatir la violencia de género
y que los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar estos actos delictivos, prestando especial apoyo y protección a las víctimas.
Con relación a la cuestión del estatuto a reconocer en la Unión a las lenguas que sean oficiales en parte o en todo el territorio de un Estado miembro -cuestión esta a la que este Gobierno ha querido prestar particular atención-, ha habido
acuerdo sobre la realización de traducciones oficiales del Tratado constitucional a tales lenguas. Junto a ello, y en esto quiero poner especial énfasis, se ha acordado una importante declaración en la que se deja constancia de que con estas
traducciones oficiales se contribuye al respeto de la riqueza de la diversidad cultural y lingüística, que se convierte así en objetivo de la Unión, al tiempo que se reafirma el compromiso de la Unión con dicha diversidad y la especial atención que
se continuará prestando a estas lenguas. Debo decir que este resultado supone, por vez primera, el reconocimiento explícito a este nivel en el marco de la Unión del valor de todas las lenguas de España.
En lo que concierne a las islas Canarias, se ha mejorado el régimen de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, ya que se ha logrado resaltar que este régimen tiene una naturaleza horizontal y se aplica, por tanto, al conjunto de
las políticas de la Unión. Además, se han incluido las islas Canarias entre aquellas regiones que, dada su situación socio-económica, pueden recibir ayudas públicas destinadas a favorecer su desarrollo económico, que se consideran compatibles con
el mercado interior. Estoy seguro que este resultado asegura el futuro de las necesidades de Canarias en el marco de la Unión Europea.
Finalmente, en lo que se refiere a Gibraltar, se ha adoptado una declaración que, tras destacar que el Tratado se aplicará a Gibraltar como territorio europeo cuyas relaciones exteriores son responsabilidad de un Estado miembro, que es el
Reino Unido, señala claramente que ello no supone modificación alguna de las respectivas posiciones de España y del Reino Unido en esta materia.
Por último, quiero afirmar ante SS.SS. que me siento particularmente satisfecho de que España haya dejado su huella en la Constitución europea a través de la adopción de iniciativas propias. Y ese es otro motivo de felicitación colectiva.
Señor presidente, señoras y señores diputados, junto a la aprobación de la Constitución, el Consejo Europeo de Bruselas de la semana pasada ha abordado otros temas de sumo interés para España y para el futuro de la propia Unión Europea.
Permítame, pues, que analice sus conclusiones. En estas se han cumplido las expectativas que ya les anuncié en mi comparecencia de la semana pasada, por lo que me centraré en los aspectos más relevantes. En materia de justicia e interior, el
Consejo ha acogido favorablemente el informe de la Comisión sobre los avances realizados para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, conocido, como SS.SS. saben, como el proceso de Tampere. Por consiguiente, y a la vista de
los resultados obtenidos, hemos decidido lanzar la siguiente fase del proceso, lo que redundará, sin duda, en que los europeos se impliquen más en el proyecto de construcción de nuestra identidad común. En particular, hemos abordado con especial
interés diversos aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea. La Declaración sobre la lucha contra el terrorismo, aprobada por el Consejo Europeo el pasado 25 de marzo, tras los atentados del 11 de marzo en Madrid,
enunciaba una serie de líneas de actuación y medidas con el propósito de corregir los déficit más palmarios en el funcionamiento de la Unión y de los Estados miembros. El Consejo ha analizado la
puesta en práctica de estas medidas, a lo que ha coadyuvado la nueva figura del coordinador contra el terrorismo en el seno de la Unión.
Por otra parte, el Consejo ha saludado los avances realizados en relación con la ampliación a Bulgaria y Rumanía y, en particular, el cierre provisional de los capítulos pendientes con Bulgaria y los progresos realizados en la negociación
con Rumanía, todo ello con el objetivo de que la adhesión pueda producirse de forma efectiva en el año 2007, objetivo que España apoya. Con relación a Turquía, hemos acogido con satisfacción los significativos avances en el proceso de reformas y
los esfuerzos del Gobierno turco por cumplir los criterios políticos de Copenhague. Así hemos dado un paso más en la preparación de la decisión que deberá tomar el Consejo Europeo de diciembre sobre el inicio de negociaciones de adhesión de
Turquía. En lo que a Croacia se refiere, una vez conocido el informe favorable de la Comisión sobre el inicio de negociaciones de adhesión, el Consejo ha considerado finalmente a este país candidato, ofreciéndole que a comienzos de 2005 puedan
empezar las negociaciones. Por último, el Consejo ha animado a los demás países de los Balcanes occidentales a continuar sus reformas.
En relación con las perspectivas financieras, el Consejo Europeo ha valorado el informe elaborado por la Presidencia irlandesa como una contribución útil para conocer la posición de partida de los Estados miembros y para complementar el
informe previo elaborado por la Comisión el pasado mes de febrero. Aunque no se ha concretado un calendario cerrado de negociación de las perspectivas financieras, el Consejo ha hecho una mención explícita a la idoneidad de seguir el programa
estratégico plurianual, que sitúa el cierre de estas negociaciones en junio de 2005. Este es un horizonte que nos parece razonable y que debe ser suficiente para llegar a un buen acuerdo para España.
Respecto a las cuestiones económicas y empleo, el Consejo ha recibido con satisfacción los avances experimentados en diferentes áreas de la Agenda de Lisboa. Me gustaría subrayar la inclusión por el Consejo de una referencia específica, a
instancias de España, para examinar con celeridad la propuesta de la Comisión sobre la estrategia para las regiones ultraperiféricas. Por último, el Consejo Europeo, también a instancias de España y haciéndose eco de los objetivos de igualdad del
programa de Lisboa, ha invitado a la Comisión a presentar una propuesta concreta de creación de un instituto europeo de género.
En materias de relaciones exteriores -la política exterior y de seguridad común y la política de defensa-, las conclusiones del Consejo son sustantivas y satisfacen las aspiraciones de España. Quiero destacar tres capítulos. En primer
lugar, lo que el texto denomina asociación estratégica con el Mediterráneo. Para España, la Unión Europea debe implicarse de forma decidida en el desarrollo económico y social de la ribera sur del Mediterráneo. Debe hacerlo, primero, en el interés
de los ciudadanos de estos países, pero también en el nuestro y en aras de una estabilidad política que nos favorece a todos. En segundo lugar y por lo que afecta a Oriente Medio, España ha tratado de incorporar el mensaje de que la Unión tiene
ahora una oportunidad de implicarse más directamente en favor de la paz. La eventual retirada israelí de Gaza puede abrir nuevas expectativas para el proceso de paz. En el marco del cuarteto, creemos que la Unión puede desarrollar una labor
importante. La declaración incluye referencias concretas a la necesidad de dar pasos prácticos en esa dirección, tanto en lo referente a trabajar con Israel para realizar una retirada completa de Gaza, como en lo referente a apoyar a la Autoridad
Nacional Palestina para que pueda garantizar las necesarias condiciones de seguridad. También se incluyen referencias a una colaboración estrecha con Egipto, que está desempeñando un papel muy activo en todo este proceso, y al alto representante, a
quien se le encarga que mantenga contactos con las partes y haga propuestas concretas.
Por último y en lo que se refiere a Irak, la aprobación de la Resolución 1546 abre nuevas posibilidades de cooperar con la reconstrucción política y económica de Irak, y así lo reconoce la Unión en estas conclusiones. El objetivo es claro:
un Irak reconstruido, soberano y dueño de su destino cuanto antes. Ese es el socio que España y la Unión Europea quieren en esa región y trabajaremos para conseguirlo.
Los nombramientos del presidente de la Comisión, del secretario general, alto representante para la política exterior y de seguridad común, así como del secretario general adjunto del Consejo, han quedado pendientes para un nuevo encuentro
en fechas próximas. Pese a la intensa negociación, que se prolongó hasta la noche del viernes, no emergió un candidato que aunara el consenso suficiente para ejercer la importante responsabilidad que supone la Presidencia de la Comisión Europea.
Ello trajo consigo el aplazamiento de las discusiones sobre los otros dos nombramientos. La Presidencia irlandesa sigue trabajando. Su intención es encontrar una solución antes del final de su mandato, lo que, de hecho, supondría el broche de oro
de una presidencia ya muy rica al haber sido capaz de acordar el Tratado constitucional. Confiemos en que el buen hacer y los buenos oficios, ya demostrados, de la Presidencia irlandesa nos permitan nombrar a un candidato a finales de este mes,
para que pueda ser confirmado en julio por el Parlamento Europeo.
Señor presidente, señoras y señores diputados, este es, brevemente expuesto, el resultado del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los pasados días 17 y 18 de junio. Ahora, comienza un periodo de trabajo distinto, pero tan importante como
el anterior y aún más apasionante, porque lo que ahora se inicia es el proceso destinado a confirmar que los Estados y los ciudadanos de la Unión ratifican y hacen suyo lo acordado por sus jefes de Estado y de Gobierno. El nuevo Tratado, la
Constitución europea, debe ser ratificada por los Estados miembros de la Unión. Como ya se ha anunciado por los responsables políticos de distintos países, el procedimiento no será homogéneo ni tampoco simultáneo. Cada país acordará el sistema más
vinculado a sus tradiciones, a sus aspiraciones o a sus intereses. Todos dispondremos de dos años largos para hacerlo, hasta el 1 de noviembre de 2006.
Mi propósito, como ya figuraba en el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las pasadas elecciones generales, es convocar un referéndum para que sea el conjunto de los ciudadanos el que se exprese sobre el nuevo
texto constitucional. Me parece que, en nuestra concepción nacional, es un requisito de participación inexcusable cuando se trata de aceptar las bases sobre las que se asientan las reglas de la convivencia colectiva de los europeos y el
reconocimiento de nuestros derechos y libertades fundamentales. El Gobierno entiende que a España le conviene estar entre los primeros países que ratifiquen el nuevo Tratado de la Unión; queremos estar entre los primeros protagonistas de esta fase
crucial de la integración europea; queremos combatir con nuestro ejemplo cualquier tentación de escepticismo o de retroceso. Por ello, el Gobierno anuncia hoy a la Cámara su intención de proceder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la
Constitución española, a la celebración de un referéndum para aprobar la Constitución europea en el plazo más breve posible de tiempo. A estos efectos, también anuncio nuestro propósito de abrir un periodo de consultas con las restantes fuerzas
políticas para, en el espíritu de consenso de la Constitución, buscar el acuerdo sobre la fecha más conveniente y sobre el texto de la pregunta que se someterá a la consideración de los ciudadanos y, también, sobre el modo de implicarnos todos para
lograr la participación más numerosa posible de los españoles en este referéndum.
Habrá quien piense que es innecesario acudir a un referéndum; habrá quien sostenga que es un derroche; habrá quien opine que es una temeridad a la vista de la participación alcanzada en las últimas elecciones. Creo que no debemos
desconfiar de nuestro pueblo; creo que nuestra obligación es contar con él, contar con los ciudadanos. Como decía Tocqueville, lo que hay que temer para las generaciones futuras no son las revoluciones, sino la apatía. Si los ciudadanos continúan
encerrándose cada vez más estrechamente en el círculo de los intereses domésticos, se puede temer que acaben por hacerse inaccesibles a esas grandes y poderosas emociones públicas, que perturban a los pueblos pero que los desarrollan y renuevan.
Creo que los españoles hemos dado pruebas suficientes en estos últimos 25 años de nuestro compromiso y nuestra pasión por nuestra historia colectiva en el seno de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir al representante del Partido Popular, don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, señoras y señores diputados, después de escuchar atentamente al señor Rodríguez Zapatero, me viene al recuerdo el caso de aquel general que era más famoso por sus memorias que por sus hazañas. Usted
no ha hecho gran cosa en Europa, pero hay que ver que bien lo cuenta. (Risas.)
Señor presidente del Gobierno, si no queremos acabar como ustedes, convirtiendo lo insustancial en admirable, lo mejor será que pongamos las cosas en sus justos términos. Pues bien, señor Rodríguez Zapatero, si dejamos la grandilocuencia y
vamos a los hechos, hay cuatro realidades objetivas que interesan a los ciudadanos y que no admiten discusión.
Primer hecho, usted aceptó la regla de la doble mayoría a cambio de nada.
Segundo hecho, se ha consagrado un retroceso objetivo,
cuantificable, de la posición española en la Unión Europea. Tercer hecho, su aportación a la Constitución ha sido irrelevante. Cuarto hecho evidente, está usted muy satisfecho, muy contento; nos lo ha dicho.
El primer hecho objetivo es que usted, sin más razón que llevar la contraria al Partido Popular, aceptó gratis la regla de la doble mayoría, incluso presume de ello. Fíjese que pongo el énfasis en dos palabras: aceptó y gratis. Si usted
hubiera aceptado la doble mayoría a cambio de una posición equivalente para España, yo no tendría nada que reprocharle; critico que la aceptara gratuitamente. El caso es que con aquella desventurada decisión se puso usted la soga al cuello y
canceló toda posibilidad de mejorar la posición española. Fue usted quien despilfarró nuestra capacidad de negociar. Antes del Consejo Europeo, ya había tirado la toalla.
Como consecuencia de lo anterior, y lo vista como lo vista, el segundo hecho objetivo es que en Bruselas se ha producido un retroceso indiscutible de la posición española en relación, no con el proyecto de la Convención, que era un proyecto,
un borrador temporal, sino con el Tratado de Niza, que está aprobado por unanimidad, que estará en vigor los próximos 5 años, por lo menos, y que es lo que la Convención trataba de modificar. La realidad en la que nos movemos, la regla con la que
nos vamos a administrar hasta el año 2009 es el Tratado de Niza y lo que pretende cambiar la Conferencia es el Tratado de Niza. Por tanto, la comparación honrada debe hacerse con el Tratado de Niza, es decir, cómo vamos a estar con Niza hasta el
año 2009 y cómo vamos a estar después.
Usted plantea una disyuntiva falsa, compara una propuesta de la Convención con otra de la Convención, y eso es completamente falaz. Si usted tiene un sueldo de mil y se lo rebajan a setecientos, le dolerá sin
duda y no se consolará porque se lo eleven a setecientos cincuenta. Dirá que los setecientos cincuenta no le compensan de los mil que ha perdido; comparará los setecientos cincuenta de ahora con los mil de antes. Esa es la comparación que tenemos
que hacer en Europa. (Aplausos.)
La posición sólida para España es la que le reconoce Niza y, si había que cambiar de procedimiento, lo menos que podíamos reclamar es que se hicieran las cosas de modo que España siguiera en la división de honor, que es lo que le corresponde
mientras esté en vigor el Tratado de Niza.
Usted abandonó Niza y claudicó ante el sistema de la Convención. Con ello, renunció a la posibilidad de escoger entre un bien y un mal, se resignó a escoger entre dos males y se ha quedado con el mal
menor, que -se ponga usted como se ponga- sigue siendo un mal. Ha conseguido usted que, dentro de cinco años, cuando pasemos del Tratado de Niza a la Constitución, España vaya a peor. ¿Cuánto a peor? Pues muy sencillo: de estar en el grupo de
los grandes, pasaremos a estar con los de segundo orden -es así, sí-, con menos
voz, menos influencia y, en algunos casos, con ninguna; pasaremos de representar casi lo mismo que los grandes a pesar la mitad que Alemania y un 50 por ciento menos que Francia, Italia o el Reino Unido. El caso es, señor presidente, que
se trae usted una fórmula que defiende desorbitadamente los intereses de los grandes porque incrementa el peso de la población; además -y esto es muy importante- mejora también la posición de los pequeños porque incrementa el peso de los Estados, y
deja en medio tres claros perdedores: Polonia, España y usted. Así son las cosas. (Aplausos.)
Además, no hemos avanzado en claridad, que es un tema muy importante, sino en confusión. Con la nueva fórmula de reparto de poder no hay ni más claridad ni más transparencia que en Niza. Fíjense ustedes, señores diputados, con Niza,
bastaba sustancialmente con reunir una mayoría de Estados y de votos. Con el nuevo sistema, que es sin duda muy claro y entendible, se precisará 55 por ciento de Estados, mínimo de 15 Estados, 65 por ciento de población, verificar que no se
requiere el umbral del 72 por ciento de los Estados, y todo ello -como muy bien sabe el señor Moratinos- sujeto a la comprobación de que un número de miembros que represente los tres cuartos de los Estados o de la población necesarios para
constituir una minoría de bloqueo no invoque la necesidad de seguir negociando. Todo un galimatías, señor presidente. ¿Puede usted explicarme dónde están los avances? Honradamente, ¿es esto más claro y más comprensible que el sistema de Niza?
Pues bien, de momento, el Consejo funcionará de acuerdo con el Tratado de Niza. Notaremos el cambio dentro de cinco años, cuando tengamos que resignarnos al nuevo sistema. Claro que, a usted, esto no le concierne, porque a saber dónde estará usted
dentro de cinco años. (Aplausos.-Risas.-Rumores.-Un señor diputado: ¿Dónde estarás tú?)
El tercer hecho constatable es que su aportación a la Constitución ha sido irrelevante. Dijo usted que volvería con un acuerdo mucho mejor que el que había de la Convención y con una mejora en el Parlamento Europeo. La mejora de la
Convención ha quedado por debajo de sus propias expectativas. Ustedes se habían fijado el objetivo del 66,6 por ciento de la población, pero ni eso se ha conseguido, y de los diputados que pretendía traer, lo único que sabemos es que se hablará de
ello antes de las elecciones de 2009 y que no hay ningún compromiso específico con España. Usted nos habla de pájaros volando, y ya veremos en qué se queda.
Aquí ha hablado de que posiblemente cuatro, pero es que se trata de 20 diputados a
repartir entre 25 países.
Otro de los asuntos a los que se ha referido es que quiere usted promocionar nuestras lenguas en Europa. Mire usted, hay que ser serio, hay que decir las cosas importantes cuando son importantes y, cuando no lo son, hay que decir la verdad.
Lo que se ha traído usted es un permiso para que traduzcamos la Constitución en España. Yo tengo aquí, en catalán, el Tratado de la Unión Europea, y no fue necesario que usted trajera ese permiso. Usted habló de reconocimiento del catalán, del
gallego y de se respondiera en los mismos; habló de la posibilidad de traducirlo al derecho primario. Pues bien, lo único que ha conseguido es que se traduzca el derecho primario, que es la Constitución, lo cual a mí me parece muy bien, pero,
señor Rodríguez Zapatero, no es para que lo destaque aquí como un hecho de una enorme importancia para España.
Otro caso de humo, con perdón, son sus declaraciones en relación con el estatuto de las regiones ultraperiféricas. Usted ha mencionado - y se ha referido a ello, como un gran logro para la consolidación del estatuto de las regiones
ultraperiféricas- la compatibilidad de determinadas ayudas de Estado con el mercado interior; se trata de la parte III, artículo 56.3 de la Constitución. Esto seguramente les gusta mucho a los miembros del Grupo de Coalición Canaria y también a
los diputados socialistas y del Partido Popular de Canarias, pero voy a decirle una cosa, y apelo a su reconocido talante para que diga usted ante esta Cámara la verdad, y la verdad es que tal propuesta se incorporó a la Conferencia
Intergubernamental mucho antes de que usted y su Gobierno se incorporaran a ella, es decir, que el logro es muy positivo, y yo me alegro por Canarias, pero usted no ha tenido nada que ver con ello. (Aplausos.)
Señor presidente, viene usted igual que se fue. Ha pasado por el Consejo y por la Conferencia Intergubernamental sin romperlos ni mancharlos.
Supimos que Francia vetaba algo; Gran Bretaña, también; los países pequeños estuvieron muy
activos; Holanda, también; de usted, lo único que nos ha llegado ha sido su reconocida complacencia. Se lo digo con toda cordialidad: ha sido usted meticulosamente prescindible. Lo que ha hecho usted en Bruselas podía haberlo realizado por
teléfono y los resultados hubieran sido exactamente los mismos. (Aplausos.) ¿Dónde radica, pues, su éxito? Le han puesto delante un papel y lo ha firmado sin rechistar.
Admita, señoría, que hemos representado en Bruselas el papel de comparsas
contentos. Ni siquiera tenía un candidato para la presidencia de la Comisión, no lo tenía, carecía usted de un criterio conocido. Tal vez su oceánico afán de consenso le aconsejó no crispar el ambiente con una propuesta española, pero esto resulta
sorprendente, señor presidente.
Pese a sus indudables esfuerzos, algún fracaso hubo en Bruselas. No se pudo elegir el presidente de la Comisión. Algunos dirán: es un fracaso positivo porque el bloqueo no lo provocó el señor Aznar, lo provocaron el señor Chirac y algún
otro, que tienen derecho reconocido a bloquear, a vetar e incluso a dejar la silla vacía sin que nadie se lo reproche, el mismo derecho que usted, con la diferencia de que usted no lo ejerce.
Yo reconozco que la cosa no era fácil, señor presidente, ninguna cumbre europea lo es. Como ha podido usted comprobar, en Bruselas no impresionan a nadie las frases huecas, ni el gesto enfático, ni las sonrisas; aquella es una pugna dura y
difícil. A veces se organizan follones muy considerables, como usted ha sido testigo, y nadie, salvo usted, regala nada; todo el mundo, salvo usted, defiende sus posiciones al milímetro.
Nosotros ya lo sabíamos, pero nuestra experiencia a usted
le sirve de
poco porque todo el programa político de S.S. se resume en la simpleza de llevar la contraria al Partido Popular. (Rumores.-Aplausos.)
El cuarto y último hecho objetivo es que, incomprensiblemente, está usted muy satisfecho, incluso hace ostentación de su contento. Ha jugado a perder, pero está muy contento porque piensa que ha perdido un poquito menos; ya ve usted qué
buen conformar tiene. Yo puedo entender muchas cosas, puedo entender que era su primera cumbre y que hemos pagado el precio de su ingenuidad, podría entender que usted viniera a decirnos hoy aquí que ha hecho todo lo posible, pero que
desgraciadamente no ha podido conseguir más; lo que no entiendo, y no entenderé jamás, es que venga usted contento y nos lo presente como un avance hacia la retaguardia, como si hubiera puesto una pica en Flandes. Lo que menos me gusta es que,
encima, rebaje los méritos de España. Con perdón, afirmar como hace el señor Moratinos, que España tiene el peso que le corresponde es tanto como decir que han hecho muy bien en bajarnos los humos, y no, señoría. A España le corresponde un puesto
bastante mejor que el que usted se ha traído. No tenemos el puesto que a España le corresponde sino el que nos han dejado los demás y que a usted le pone muy contento. Señor presidente, reconozco con toda humildad que cuando se trata de España soy
mucho más ambicioso que usted. (Aplausos.)
Voy terminando. Gracias a la colosal generosidad del señor presidente del Gobierno de España, se ha cerrado el único artículo polémico de la Constitución europea para nuestro país. Nos habría gustado que este artículo 24 tuviera otra
redacción, pero estamos ya ante un hecho consumado. No quisiera yo que mi crítica al Gobierno sobre su manera de llevar la negociación se entendiera como un reparo a la nueva Constitución. (Rumores.) No nos gusta el artículo 24 y no nos gusta que
se haya renunciado a negociarlo. No nos gustará nunca, pero ya no se puede cambiar, el plazo de la protesta y de la negociación ha caducado, señor presidente, y ahora se trata de mirar al futuro y encarar la Constitución en su conjunto, es decir,
tal y como la hemos recibido.
Europa necesita dar pasos adelante que consoliden su proyecto unitario, y sin duda la Constitución es un elemento de cohesión fundamental que viene a sumarse a otras señas de identidad ya consolidadas. Hemos llegado
al final de un proceso iniciado bajo Presidencia española el 28 de febrero de 2002, con la apertura de los trabajos de la Convención europea. Aquel día, en Bruselas, los cuatro intervinientes en la solemne sesión de apertura -Cox, por el
Parlamento; Prodi, por la Comisión; Giscard, en nombre de la Convención y, por cierto, Aznar, en nombre del Consejo (Rumores.)- defendieron, todos y sin ambages, la redacción de una Constitución para Europa. Hoy, la Constitución es ya una
realidad y nosotros, que nos sentimos comprometidos con ella desde su origen, la vamos a defender.
Durante el debate en esta Cámara el pasado 15 de junio, adelanté las razones por las cuales mi grupo estaba básicamente de acuerdo con el texto propuesto de la Convención. Expuse entonces la coincidencia entre la visión que mi grupo tiene
de la Unión Europea y las disposiciones de la Constitución. Me referí asimismo a nuestro compromiso con el modelo político, económico y social que la Constitución desarrolla...
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, es usted consciente de que debe ir terminando. Muchas gracias.
El señor RAJOY BREY: Voy terminando, señor presidente.
Aludí a las numerosas propuestas españolas contenidas en su articulado. Un minuto, señor presidente. Quiero citar especialmente la unidad política, la ciudadanía europea, la consagración del espacio de libertad, seguridad y justicia, la
cláusula de solidaridad ante catástrofes naturales o ataques terroristas y el respeto a la identidad nacional de los Estados miembros. Esto es muy importante porque yo creo que esto va a clausurar algunas ensoñaciones separatistas y estamos todos
muy contentos.
El señor presidente ha dicho hoy aquí que va a someter la Constitución a referéndum. Me parece bien. Era la posición de mi grupo y me parece bien que quiera usted hablar con todos los grupos para ver cuál es la fecha y cuál es el
procedimiento para que una mayoría de ciudadanos españoles la refrende.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Para su intervención, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Duran i Lleida. (Rumores.) El señor Duran me reclama que tengan ustedes la amabilidad de guardar silencio.
(Pausa.) Por favor,
guarden silencio. Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias.
Si me lo permiten, señorías, intervengo para expresar nuestra posición en el debate y quiero empezar por agradecer la felicitación del presidente del Gobierno. Le devuelvo la felicitación, no le aplaudo, después vendrán los matices, pero en
cualquier caso sí es cierto que es un hecho importante para Europa. Algunos de los aspectos del debate me han hecho recordar aquella cita de Margaret Albright que decía que para entender a Europa había que ser francés o genial. Como no somos
franceses, y admitiendo la complejidad de Europa, estoy convencido de que todos somos geniales para entender algunas de las complejidades introducidas en este acuerdo de Bruselas de este fin de semana.
Yo voy a dedicar mi tiempo básicamente a comentar el contenido de la Conferencia Intergubernamental más que los otros aspectos del Consejo Europeo, debido a la importancia precisamente de la aprobación de la Constitución o de su proyecto.
En nuestro grupo parlamentario sentimos un cierto sabor agridulce y lo sentimos en una triple condición: de formación política nacionalista catalana; de portavoz de un grupo parlamentario en una institución
de ámbito estatal, como es el caso del Congreso de los Diputados; y de personas con una profunda vocación europeísta. En función de cuál sea el aspecto que resalte, siento más la parte agria o la parte más dulce de ese sabor. Como
nacionalista catalán, quisiera decir tres o cuatro cuestiones al respecto. Esta no es la Constitución que hubiéramos deseado. Es una Constitución que sigue hablando de la Europa de los Estados, no de aquella Europa de los pueblos de la que hablaba
Schuman.
Incluso el texto final de la Constitución habla de ciudadanos y de Estados, suprimiendo la expresión o referencia a los pueblos. Un periódico decía: En contra de lo que deseaban los federalistas -y añadiría yo los nacionalistas- se ha
suprimido esa referencia a los pueblos. Es una Europa que siguen haciendo los Estados -y entiendo que ese es un proceso que va a durar mucho tiempo-, pero es una Europa que sigue dando demasiado la espalda a aquellas entidades que no son Estados.
Respecto al reconocimiento de la lengua, yo agradezco los pasos que se ha intentado dar. No comparto unas declaraciones que hacía -y lo siento, porque no está en la Cámara en estos instantes- el ministro Moratinos, que decía que hasta ahora
nadie se había movido para el reconocimiento del catalán en Europa. Quiero recordarle que en Europa el catalán -se ha dado prueba de ello antes- tiene un cierto reconocimiento y ello ha sido gracias a un esfuerzo unitario de todas las fuerzas
políticas catalanas con representación parlamentaria. Incluso, en su día -después cambió-, del diputado del Partido Popular catalán en el Parlamento Europeo. Pero al final, sucede, señor presidente, aquello que dije ya en el debate de investidura
cuando se suscitó el tema del catalán: Vamos a acabar con una simple traducción de la Constitución a la lengua catalana. Y ese es el resultado final, que, por supuesto, no nos puede satisfacer de ninguna de las maneras. Yo le dije, señor
presidente, en su comparecencia previa, que sería bueno que el Gobierno español en una declaración anexa dejara clara su voluntad de ese reconocimiento, una declaración propia del Gobierno español. Han optado por una declaración conjunta de todos
los países miembros, que introduce ese reconocimiento que usted recordaba a la diversidad. Pero, señor presidente, ese reconocimiento ya lo hace el artículo 22 de la Carta Europea de Derechos y esa carta, como usted bien sabe, ya está incorporada
al texto constitucional. Por tanto, sobra la mención a algo que ya, antes de sus gestiones, está perfectamente incorporado en el texto constitucional. No obstante -y para acabar esta cuestión-, yo sigo insistiendo en lo que le dije también en la
última intervención: Acuérdense ustedes de que pronto va a tener que reformarse el reglamento del régimen lingüístico y cuanto antes incidan ustedes en la voluntad del Gobierno español en que se haga el reconocimiento, en ese régimen lingüístico,
de las lenguas oficiales que son distintas al castellano en el conjunto del territorio del Estado español.
Sobre el reconocimiento institucional de realidades como Cataluña, o de las comunidades autónomas o, por utilizar un lenguaje europeo, regiones con capacidad legislativa, esta es una Constitución que tampoco puede de ninguna de las maneras
agradarnos, que no nos satisface y que por tanto, en ese sentido, no sería nuestra Constitución. No hay ningún reconocimiento a las regiones con capacidad normativa, no se les permite, como pretendía Bélgica; y me gustaría saber cuál fue la
posición del presidente del Gobierno español frente a esa actitud que defendía Bélgica en la cumbre de este fin de semana sobre el reconocimiento de la capacidad de dirigirse directamente las regiones con capacidad legislativa y presentar sus
recursos al Tribunal de Justicia europeo. En cualquiera de los casos, se habla del Comité de las Regiones y se dice, en contra de lo que también oí en el último debate a algún portavoz, que en Cataluña se había apostado por el Comité de las
Regiones. Jamás el Gobierno de Convergència i Unió, jamás el Gobierno de la Generalitat hizo una apuesta por el Comité de las Regiones; al revés, siempre lo criticó, porque al introducir los municipios juntamente con las regiones había una clara y
explícita voluntad de rebajar la pretensión que tenían las regiones en el seno europeo. La apuesta del Consejo de Municipios y Regiones ha sido siempre la del actual presidente de la Generalitat, en tanto que permite la presencia, como acabo de
apuntar, de las regiones.
A partir de estas consideraciones, quisiera hablarle ahora como portavoz de un grupo parlamentario en una Cámara que es una institución del Estado español y por tanto una institución española. Sinceramente, creo -acudo otra vez a la cita de
Margaret Albright- que el actual sistema de decisión es mejor que el anterior. Aquí no estamos discutiendo Niza. Niza está enterrada antes de que usted fuera presidente del Gobierno, señor presidente. Antes de que el actual Gobierno tomara
posesión, Niza se enterró en Bruselas, por lo que estamos discutiendo acerca de las propuestas que sobre el texto constitucional se hicieron en la Convención. Permítame que haga un paréntesis y retroceda al pasado más reciente, haciendo referencia
a la lengua catalana. Ya hubo posibilidad de defender esta lengua en la convención, pero ni los representantes del PP ni los del PSOE defendieron en su día los trabajos de la convención previos al material que ustedes han tenido que discutir. Ni
unos ni otros defendieron en ningún momento la presencia de la lengua catalana en el futuro texto constitucional. Cierro el paréntesis. Decía que nosotros estamos de acuerdo con el sistema de votación, incluso creo que aporta más posibilidades,
sinceramente, en función del lenguaje de mayoría de bloqueo o en función del lenguaje que a nosotros nos gustaría de formar alternativas, de tener iniciativas políticas. Esa es nuestra posición y así la compartimos en este momento.
Le recordé en la última intervención que sería negativo que sucediera aquello que sucedió en la época de Felipe González y que llevaba el nombre del compromiso de Ioanina. Algo de esto ha sucedido también, porque saben ustedes que han
acordado que, cuando falte un 25 por ciento para lo que es la suma de votos en función de la población de los Estados, se guarde un tiempo en el congelador, se bloquee, a ver si el Consejo en un futuro próximo lo encuentra. Por tanto, hay un
pequeño reproche
de la fórmula que ustedes han acordado respecto de las decisiones del Congreso. Es cierto que ha habido un cambio de las formas del discurso de España, lo admito, e insisto en que se habla más de liderar iniciativas que de bloqueo, lo cual
a mí me parece positivo. Recuerdo a Cambó, que decía que, en la política, la habilidad, la amabilidad y la seducción a menudo eran mucho más efectivas que la audacia y la elocuencia. No basta sólo con un buen talante, con una sonrisa, que decía el
secretario de Estado para Europa en una entrevista hoy en el periódico catalán, no basta simplemente con el buen talante, porque en Europa, como antes ya se decía, nadie regala nada y uno no puede ir allí con la ingenuidad de que tan sólo con la
sonrisa va a defender sus intereses.
España renueva la alianza con París y Berlín, se está en la cocina europea. Nosotros participamos de esa alianza. Europa no ha dado un paso sin que el peso de esa alianza haya sido significativo, vital. Desde 1951, la primera piedra de la
edificación europea fue siempre la paz y no la que usted decía el otro día, la económica. La CECA, evitar que el carbón y el acero, materiales para hacer la guerra, estuvieran a disposición de Alemania, aunque el carbón y el acero son elementos de
la economía. Fue la paz y hay que recordárselo a las generaciones que no saben cuáles fueron los cimientos iniciales de la Unión Europea. Ahí ya fueron Alemania y Francia. Y cuando el sistema monetario europeo volvieron a encontrarse Helmut
Schmidt y Giscard y más tarde para Maastricht se encontraron Miterrand y Helmut Kohl. Ha sido bueno para España y para Europa, ya que España forma parte de Europa, que ese eje haya sido el impulsor. Cuanto más cerca estemos desde la defensa de
nuestras propias posiciones, que no vayamos a remolque de sus planteamientos, mejor para Europa y consecuentemente mejor para nosotros.
Por tanto, estoy de acuerdo en que España esté próxima a esa alianza París-Berlín, sabiendo, insisto, que nunca
le van a regalar nada, señor presidente, y que hay que estar ahí con sus propias posiciones. Y sabiendo que ni Chirac ni Schröder, lamentablemente, son Kohl o Mitterrand y que son liderazgos muy distintos.
No termino de compartir la posición respecto a la Comisión. Me gustaría saber cual ha sido la posición española, por ejemplo, respecto a que la Comisión tenga más competencias para controlar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Usted
sabe los esfuerzos que hizo el señor Solbes, en su época de comisario, frente a Alemania y Francia y me temo que son Francia y Alemania las que han impuesto la tesis de no dar mayores competencias a la Comisión para tratar a aquellos países que no
cumplen. Me gustaría saber cuál ha sido la posición del Gobierno español, porque ahí no hay que estar necesariamente con Francia y Alemania, que hoy son países incumplidores y España no es un país incumplidor. Somos partidarios de una Comisión
fuerte y reducida. Por tanto, no nos gusta que se haya alargado hasta el año 2014 que cada país tenga un comisario en ese órgano. No nos gusta, por otra parte, que la presidencia de la Comisión no se haya resuelto y querría saber cuál es el
candidato español para esa presidencia. Conocemos el candidato de Gran Bretaña, conocemos el candidato francés, el candidato alemán, pero yo al menos no conozco el candidato español a la presidencia de la Comisión. Me gustaría saber su posición
sobre el primer ministro de Luxemburgo, porque a partir de la mayoría que hay en el Parlamento Europeo y sabiendo que el Parlamento Europeo tiene que elegir al presidente de la Comisión, a uno le cabe pensar que posiblemente venga de una formación
política que no sea la suya. Creo que hay una persona a la que me parece que España, el Gobierno socialista, podría dar su apoyo; es el primer ministro de Luxemburgo, Juncker. Y no se crea que no va a estar tan de acuerdo con el resto de la
Cámara que con usted, va a estar más de acuerdo con sus tesis europeístas y con las mías que con otra parte de la Cámara, a pesar de compartir, teóricamente, familia política. Me gustaría saber, por tanto, cuál es la posición de ustedes y cuál ha
sido el candidato que usted ha defendido en este contexto.
No nos gusta, finalmente, el diseño de la presidencia de la Unión Europea, en tanto que abre una cohabitación con el presidente de la Comisión que puede comportar dificultades. Entenderíamos que el papel de ese hombre, con nombre y
apellidos, que fuera mister Europa, hubiese sido el presidente de la Comisión. Ministro de Exteriores, presidente de la Comisión y presidente de la Unión Europea cada dos años y medio; insisto en que esa cohabitación puede comportar problemas.
Estoy de acuerdo con lo que se dijo antes de que donde no trae usted un buen resultado es en el ámbito de los parlamentarios europeos. Porque si bien es cierto que la nueva fórmula puede permitirnos recuperar cuatro o cinco, a lo sumo sería
quedarnos como estamos, en la medida en que primero había una rebaja de diez diputados y después de cuatro más. Leí un titular simpático en el periódico El País, que decía: Tres eurodiputados por un jamón, refiriéndose a que usted va a enviar uno
al señor canciller de la República Federal de Alemania, siguiendo un poco la costumbre de Felipe González con Helmut Kohl. Pero no olvide que Schröder no es Helmut Kohl y yo no entro en comparaciones entre el señor Zapatero y el señor don Felipe
González. No olvide al menos que Kohl no es Schröder.
Paso hacer mis últimas consideraciones como europeísta. No me interesa tanto si España ha perdido, ha reforzado o no ha reforzado. Lo que me interesa es saber si Europa sale o no sale reforzada de esta cumbre. Si sale reforzada Europa,
sale reforzada España. Esa es la cuestión que a mí me importa saber y de la que quiero saber su juicio. No si España sale o no sale reforzada, sino si sale o no sale reforzada Europa. En ese sentido, algunos aspectos no nos agradan. Cuando uno
oye a Tony Blair decir: No es la Europa federal que algunos deseaban y yo he impuesto el bloqueo en lo que es defensa, Seguridad Social y política exterior, sabe que nos está diciendo que esa no es la Europa que al menos nosotros deseamos. Pero
reconozco que es un gran paso histórico y reconozco, como ya nos advirtió Schuman, que Europa se haría paso a paso. Pese al desencanto de las elecciones, Europa ha sido capaz de desbrozar el camino hacia la gran consolidación del proyecto europeo.
Usted habla, y acabo, señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Señor Duran, usted es capaz de terminar inmediatamente.
El señor DURAN I LLEIDA: Acabo, señor presidente. Habla usted de compartir con la ciudadanía la decisión sobre Europa y habla de referéndum. Desde Convergència i Unió compartimos la necesidad de un referéndum.
Convergència i Unió no
tiene una posición adoptada todavía. Como formación política democrática tiene que hacer su debate interno a partir de unos contenidos que ya le señalé no nos agradan en absoluto. Sí le digo mi compromiso personal, que en cualquier caso no puede
comprometer a mi grupo parlamentario: Voy a esforzarme tanto como pueda para obtener una posición positiva de nuestra formación política, de nuestro grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque por ser catalán soy europeísta y consecuentemente me
interesa que Europa avance y si no se aprueba la constitución no significará simplemente abortar un gran paso hacia adelante, sino dejar a Europa en caída libre. Y yo no puedo compartir, como catalanista y europeísta, dejar a Europa en caída libre.
Europa es una necesidad que tiene para sí misma y que tiene el mundo de esta Europa fuerte y unida.
Señor Rodríguez Zapatero, señor Rajoy, voy a invertir una frase que citó el señor Rajoy: Yo reconozco que, cuando se trata de Europa, tengo más ambición que ustedes y ustedes.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Su turno, representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor presidente del Gobierno, señoras ministras y señores ministros, la pregunta que cabría hacernos después de la reunión de los días 17 y 18 de junio es si será el 18 de junio de 2004 en Bruselas una
fecha histórica. La lógica así tendría que implicarlo. En primer lugar, ha habido aspectos positivos. La Unión Europea tiene finalmente un texto, un tratado para desarrollar una Unión más democrática, más eficaz, más transparente. Es lo que en
teoría tendría que ser el punto de partida hacia una Europa federal. En segundo lugar, también la reunión de Bruselas ha significado el reforzamiento del Parlamento Europeo, no lo que consideraría suficiente el Grupo de Esquerra Republicana, abrir
la posibilidad de la iniciativa legislativa popular, el nacimiento de la ciudadanía europea y el carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales. Podría ser que el 18 de junio de 2004 fuera una cita histórica, podría ser un hito histórico
y podría ser también, desde la otra perspectiva, que el 18 de junio cayera en el hondo baúl de las buenas intenciones.
¿Por qué? Primero, porque creo que parte de los problemas que desde Esquerra Republicana consideramos que hay en esta cumbre y en el Tratado constitucional nacen del mismo preámbulo, donde no se cita el modelo de Europa federal, ni de forma
explícita de los pueblos que la componen, a diferencia de la mismísima Convención europea, donde sí que se citaba explícitamente el concepto de los pueblos, más allá de los Estados y los ciudadanos; nos alejamos, pues, del modelo de la Europa que
supere fronteras y divisiones históricas. De ahí que en este preámbulo esté concentrado buena parte de los problemas o de las insuficiencias de los acuerdos de la cumbre del 18 de junio. Situaciones como las del reconocimiento de las regiones con
capacidad legislativa propia. Es verdad que por primera vez en este Tratado se las cita explícitamente y es verdad que el Comité de las Regiones podrá acudir al Tribunal de Luxemburgo; también es verdad que esto se ve reforzado por el
reconocimiento del principio de subsidiariedad. Pero la sensación es de frenazo y de marcha atrás, si atendemos a referentes en textos que hacían referencia a esta situación de las regiones en la arquitectura constitucional europea. En el informe
napolitano de 2002, o el Lamassoure, también del mismo año, se reconocía el derecho a consulta de las regiones, el derecho al recurso al Tribunal de Luxemburgo. En este caso son dos hechos que parecía que en este Tratado podrían conseguirse.
Hay
avances, pero mínimos. Ya sabemos que Europa es lenta, es casi un desplazamiento magmático, pero en esa sensación parecía que estos dos informes que en su momento se habían librado en el Parlamento Europeo podían significar más reconocimiento y más
avance.
Segundo, de la carencia de la definición de los pueblos en el preámbulo de la Constitución europea también se ha notado la dificultad para que la lengua catalana forme parte del Tratado constitucional. Era evidente que existían
dificultades, éramos conscientes de ello; éramos conscientes de que era difícil reabrir este debate y más porque el texto estaba prácticamente cerrado cuando llegó su Ejecutivo. Era más difícil cuando ese ámbito no se planteó ni en el Tratado de
Amsterdam, de 1997, ni en el de Niza, de 2001. Había otras mayorías absolutas en esta Cámara o incluso otras geometrías parlamentarias en 1997. De la petición que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana le hizo desde esta tribuna en el
debate de investidura a lo que se ha conseguido hay mucho trecho, pero al revés. Nosotros consideramos que no es esto lo que nosotros requeríamos y pedíamos. Pero no vamos a deslizarnos por la senda de la insatisfacción.
A los diez millones de
personas que hablamos en catalán siempre nos quedará la duda de que se podía haber hecho más, si fue un objetivo de primera línea. Aceptamos, pues, el avance mínimo y le emplazamos a que desde hoy mismo genere las condiciones para que en el año
2007, con la posible ampliación de Bulgaria y Rumanía, demos un paso definitivo.
Señor presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y también el Gobierno de Cataluña presentarán propuestas constructivas para hacer posible que en el año 2007 haya un asentamiento
definitivo de la lengua catalana en Europa.
Vamos a hacer lo posible, haremos propuestas constructivas para el reconocimiento de la lengua y la cultura catalanas en Europa. Esperamos el
apoyo de su Gobierno para el fomento internacional de la lengua y la cultura catalanas, pero también -una cosa que se nos requería muchas veces en los debates europeos- para la plena oficialidad de las diferentes lenguas del Estado en el
mismísimo Estado. Estos son los dos objetivos de aquí al año 2007 y le emplazamos, a usted y a su Gobierno, a ser coherentes en esta línea y a poner las condiciones para que en dicho año definitivamente podamos entrar. Si es cierto que se ha
abierto el debate, si es cierto que se ha puesto encima de la mesa un tema que en los diferentes tratados no se había planteado, también lo es que ahora tenemos tres años para poder trabajar y ya no podremos buscar excusas de tiempo, de diferentes
condiciones, de diferentes gobiernos; hay tres años para poder trabajar en esta línea.
Es evidente asimismo que para muchos ciudadanos -y es el caso de nuestro grupo parlamentario y de nuestro partido- no se ha solucionado el grave déficit democrático y social que achacan los ciudadanos a Europa. El caso de que el sistema
intergubernamental aún se imponga al comunitario es una cierta regresión. En política exterior, en seguridad, en política fiscal y social, sin más Comisión, sin más Parlamento Europeo, los ciudadanos perciben la sensación de déficit democrático y
de déficit social; las líneas rojas que aquellos euroescépticos, como es el caso del Reino Unido, han mantenido son una prueba de ello. Europa tendrá que funcionar a dos velocidades. Una, a partir del concepto de cooperación reforzada.
Se ha
llegado al acuerdo de una tercera parte de los Estados, que sea abierta la participación abierta de todos los Estados y que tenga el acuerdo el Consejo de Ministros. Aceptemos las dos velocidades, aceptemos la cooperación reforzada, para poder
seguir avanzando en el proceso de integración y en esta Europa federal que defendemos. Es también evidente que Europa cuenta hoy con un grave déficit social. Es evidente que la mayoría de los 25 Estados que conforman la Unión Europea tienen un
problema presupuestario, un problema de redimensión del Estado del bienestar. Este problema preocupa a los ciudadanos y tiene mucho que ver con el debate sobre la estabilidad presupuestaria. Si Europa no es la fórmula que permita un futuro de este
Estado del bienestar, seguramente redimensionado, concebido con otros componentes, pero que sea el refugio y la seguridad para millones de europeos, Europa no será vista como la salida natural de muchos ciudadanos. Esto tiene mucho que ver con la
grave abstención que ha habido en toda Europa. La Unión Europea, la Comisión, las diferentes conferencias intergubernamentales, el mismísimo Parlamento, no son concebidos por una parte importante de la ciudadanía como ese refugio social de
garantías del modelo continental europeo, en cuanto a sanidad, en cuanto a pensiones, en cuanto a educación; en definitiva, el modelo de igualdad y de redistribución equitativa de los recursos. No se vislumbra en este sentido. Y si además el
déficit democrático implica más poder intergubernamental y menos para el Parlamento y menos para la Comisión, seguramente tenemos un cóctel difícil de digerir ante un referéndum.
Como europeístas, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana celebramos el hecho de que se produzca un referéndum para la aprobación del Tratado constitucional. Estamos totalmente de acuerdo. Pero la preocupación como europeístas
también está aquí, al ver la abstención galopante que se produjo no sólo en el Estado español. Fíjese usted que dos territorios, Cataluña y Baleares, con una tradición europeísta grande, fueron la segunda y la tercera comunidad autónoma en
abstención en este proceso europeo. Sin tres elementos clave como la diversidad cultural y lingüística en Europa, la cohesión social o este refugio social que tiene que plantear la Unión Europea y una política de proyección exterior común, de
intervención en los conflictos y un punto de vista europeo común ante los conflictos internacionales, sin esos tres elementos es difícil que los ciudadanos vayan a votar, no digo ya favorablemente, sino que vayan a votar y participen de la consulta.
Tienen un difícil reto los diferentes Estados, no sólo el Estado español.
Ya les avanzamos que desde Esquerra Republicana de Catalunya vemos difícil un voto afirmativo a un tratado constitucional que de momento no plantea estos tres aspectos con
claridad: ni diversidad cultural ni lingüística, que no está garantizada, ha habido mínimos avances; ni una Europa social, un modelo de cohesión, el modelo continental; ni una política unida sin déficit democrático que plantee también una
política exterior común.
En lo político y en lo sociológico, la integración europea retrocede. Hoy Alain Touraine lo decía en un periódico de Madrid: en lo político y en lo sociológico la integración europea retrocede. Depende de usted y de 24 presidentes más que
este mosaico de diversidad cultural y proyecto de cohesión social cristalice. Si no es así, difícilmente podremos plantear, señor Rodríguez Zapatero, una futura Europa unida, una Europa federal, que respete definitivamente a los pueblos, a los
Estados y a los ciudadanos. Desde Esquerra Republicana vemos, repito, un avance mínimo en lo conseguido. Creemos que es perfectible, que puede haber un esfuerzo mayor de su gabinete y de su presencia europea en estos años. Este es un tema
preocupante por el que su Gobierno debe interesarse y hacer una acción positiva para convencer a una parte importante de ciudadanos de que participen en este referéndum; tienen trabajo, tenemos trabajo todos.
Este Tratado de Amsterdam representa
un mínimo avance que no podemos dejar de lado, porque es necesario una Europa diferente, una Europa, repito, de la diversidad cultural, del proyecto social europeo y sin déficit democrático.
Muchas gracias, señor presidente y señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, el debate político y mediático sobre los resultados del Consejo
Europeo del pasado día 18 me ha traído a la memoria una divertida anécdota que el escritor Juan Benet relata en una de sus novelas. Dice el autor catalán que allá en su lejana mocedad, cuando cumplía el servicio militar, había en el cuartel
un sargento que estaba obsesionado con enseñar a los reclutas lo que era aquello del patriotismo. ¿Sabéis lo que es el patriotismo? Les decía una y otra vez. Mirad, ¿ a que cuando vais por la calle y os cruzáis con un francés sentís unas
irresistibles ganas de pegarle un puñetazo en la mandíbula? Pues eso es el patriotismo. Como el sargento de la anécdota de Benet, que identificaba curiosamente el patriotismo con las ganas de hostigar o de molestar al vecino, hoy da la impresión
de que asistimos también a una carrera de patriotas, en la que todo el mundo compite por demostrar que está más comprometido que los demás en la defensa de España en Europa -y ya no se sabe si en Europa, frente a Europa o contra Europa- y que es
incluso más capaz que los demás de dislocar la mandíbula de los vecinos franceses o incluso de cualquiera de los grandes, porque ya no hay grandes aquí, somos tan grandes como los alemanes.
En el debate previo al Consejo ya le anticipé, señor presidente, que esta Constitución europea no es ni de lejos la que a mi grupo le hubiese gustado. A nuestro juicio, su redacción acusa excesivamente la influencia de quienes se
obsesionaron con la idea de alcanzar un texto que podría tener otras virtudes, pero que ante todo y sobre todo no nos gustase a nosotros. El texto acusa el influjo de aquellos que vieron en grupos como el mío, como el Grupo Parlamentario Vasco, una
auténtica línea roja que no se podía superar de ninguna manera. Poco importa que paradójicamente, como hemos visto hoy, el resultado final del texto tampoco les guste a ellos, pero el entuerto que provocaron ya es irreversible y probablemente el
mal hecho, hecho está. Nosotros -ya se lo dije en la comparecencia previa al Consejo- éramos partidarios de una solución mucho más ambiciosa desde el punto de vista de la integración, que fuera mucho más allá en la construcción de una Europa sin
los déficit democráticos que tiene la presente; una Europa más comprometida en los social, que avanzara más en la construcción efectiva de un entramado social protector de los ciudadanos y, por supuesto, más abierta -esto se lo dije con bastante
claridad- a la participación de las regiones, que son también marcos públicos de encuadramiento social que en muchos casos -nosotros lo vemos así- suscitan una adhesión más intensa de los ciudadanos que los propios Estados. Desde este punto de
vista, señor presidente, probablemente los resultados del Consejo de Bruselas sean más bien negativos, porque no puede decirse realmente que desde esa perspectiva el Consejo haya supuesto ningún paso adelante. La unanimidad entre otras cosas
requerida, por ejemplo, para los acuerdos del Consejo relativos a la fiscalidad, a la política exterior y a la política social -que son tres baluartes fundamentales de lo que llamamos la Europa social- refuerza indudablemente la
intergubernamentalidad y constituye un serio obstáculo, un obstáculo muy difícil de superar para la construcción de una Europa social.
El balance final no es negativo o, cuando menos, no lo es netamente.
Ningún europeísta convencido podría evaluar de este modo el texto aprobado; un texto que, pese a su enorme extensión y su enorme complejidad y pese a los recelos que
destila, permite dar -esto es innegable- un paso histórico y cualitativo evidente en la construcción europea; un paso, es cierto, que no resulta posible saber a ciencia cierta en qué dirección apunta, pero que en cualquier caso dota de personalidad
jurídica a la Unión Europea y que incluye elementos tan positivos como una Carta de derechos fundamentales -a nuestro juicio ciertamente amplia, avanzada y progresista- e inaugura un régimen de funcionamiento institucional algo menos
intergubernamental y algo más parlamentarizado. La construcción de Europa es y seguirá siendo un proceso lento y complejo que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, perspectiva. Todavía acusa demasiado el lastre de los nacionalismos de Estado,
pero no dudamos de que antes o después logrará desembarazarse de esta rémora histórica que es y sigue siendo todavía el gran obstáculo para la construcción europea. Por ello, contrariamente a lo que algún otro ha afirmado, nosotros esperamos que
esta Constitución europea no sea para nuestros hijos lo que la Constitución española de 1978 es para nosotros, porque confiamos de verdad en que nadie sienta la tentación de asignar a esta Constitución europea el triste papel de muro, de trinchera e
incluso de ariete que en algunas ocasiones se ha asignado a la Constitución española precisamente para ser utilizada contra nosotros.
(La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Por lo que se refiere a la pretensión relacionada con las lenguas autonómicas cooficiales supongo que reconocerá el señor presidente que el resultado obtenido es muy modesto. Que una copia certificada de la traducción de la Constitución
europea a cada una de estas lenguas cooficiales se deposite en los archivos del Consejo ciertamente no es mucho, porque traducciones de los textos consolidados de los tratados europeos al euskera, al catalán y al gallego existían ya y existen y la
certificación no añade nada relevante a esas traducciones si no lleva consigo la posibilidad de que el texto resultante de la traducción oficializada pueda ser válidamente utilizada dentro de las instituciones europeas o en las relaciones que se
entablen entre los ciudadanos y las instituciones europeas. El Grupo Vasco, señor presidente, nunca ha planteado la reivindicación de las lenguas como identitaria, de raíz cultural o etnicista; todo lo contrario. Fíjese, nuestra reivindicación de
las lenguas ha sido cívica, una reclamación estrictamente vinculada al estatus de ciudadanía. Cuando desde esta tribuna yo reclamo la posibilidad también de relacionarme con las instituciones europeas en euskera, que es mi lengua, que es la lengua
que he elegido para ejercer mis derechos de ciudadanía, no hago una reivindicación territorial ni mucho menos localista, aunque a muchos pueda parecérselo; estoy haciendo un planteamiento universal, fíjese, porque
reivindico el derecho de todos los ciudadanos europeos a relacionarse con las instituciones europeas también en la lengua que cada uno de ellos considere suya. Estoy seguro, además, que, con un símil muy gráfico, señor presidente, me
entenderá perfectamente lo que le quiero decir. En un pasaje de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, el personaje de Miguel de Cervantes, en cuya peripecia vital ve usted reflejada, probablemente de modo adecuado, la dimensión universal
del ser humano, se hace una interesante reflexión sobre el uso de las lenguas. Dice un pasaje: Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio escribió en griego porque él era latino. Todos los poetas antiguos escribieron en la lengua
que mamaron en la leche y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos, y, siendo esto así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su
lengua ni al castellano ni aun al vizcaino que escribe en la suya. Aunque no se trate de escribir poesía en este caso, sino de algo bastante más prosaico -la elaboración de rutinarios escritos administrativos que nos vinculen y nos relacionen con
las instituciones europeas-, lo cierto es que con el texto acordado en el Tratado constitucional será imposible seguir la recomendación de Cervantes, porque el ciudadano alemán ciertamente se relacionará en alemán y el castellanoparlante lo podrá
hacer en la suya, pero ¡ay! el ciudadano vizcaino seguramente, si la lengua por la que ha optado para ejercer su ciudadanía es la lengua vasca, no podrá hacerlo; el vizcaino que tenga como propia la lengua vasca no podrá hacer lo mismo.
La Unión Europea será, como asegura el artículo I del proyecto de Constitución europea, una unión de ciudadanos y de Estados, pero la omnipresencia de los Estados, la fuerza condicionante de los Estados dentro de la estructura institucional
de la Constitución es tal que al final nos encontramos construyendo una Unión Europea con dos categorías de ciudadanos: con ciudadanos de primera y con ciudadanos de segunda; con ciudadanos de primera, que tienen reconocido el derecho de entablar
sus relaciones con los poderes públicos en la lengua que en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos han elegido como suya, y con ciudadanos de segunda, a los que se niega este derecho. La ciudadanía europea nace, pues, desde este punto de
vista coja, asimétrica, desigual. No sé si esto viene exigido por el interés general de España -parece que algunos lo interpretan así-, pero lo cierto es que, sea o no el interés general de España, es así: una ciudadanía coja, alicorta,
condicionada por la omnipresencia de los Estados. El respaldo oficial de la traducción de un texto legal sólo tiene valor y sentido si ese texto puede ser utilizado en y entre los poderes públicos y entre éstos y los ciudadanos con plena validez y
efectos jurídicos, y esto hoy por hoy no es posible en Europa ni con el catalán ni con el gallego ni con el euskera. Cierto es que el texto aprobado en el Consejo hace una declaración a favor del respeto a la diversidad cultural y lingüística de
Europea, pero no es menos cierto que es una declaración sin valor jurídico alguno.
Lamentamos, pasando ya a otro orden de cuestiones, que no se haya podido concretar el número de europarlamentarios que en el futuro se reservarán al Estado. Recordará usted, señor presidente, que en la comparecencia previa puse especial
énfasis en este punto. Ya le dije entonces y hoy le reputo que somos partidarios de recuperar la mayor parte de los escaños irresponsablemente cedidos en Niza. Trabaje por tanto, haga lo que pueda para que no bajemos de los 54. No voy a dedicar
excesiva atención a considerar si el texto aprobado en Bruselas supone o no una pérdida de peso del Estado español en relación con lo acordado en Niza. Es un debate que no nos interesa demasiado porque consideramos que arranca de unas premisas
falsas, falsas por lo siguiente: ¿para qué se quiere más peso en Europa, para defender los intereses de los españoles? Muy bien. ¿Y cuáles son esos intereses en un Estado en el que los hay tan diversos e incluso tan contradictorios desde el punto
de vista social, político, económico y hasta territorial? ¿Quién defiende los intereses de quienes piensan y piden más Europa y menos Estados y cómo se defienden? Desde la perspectiva de la construcción europea el sistema de doble mayoría para los
supuestos de mayoría cualificada es positivo y los porcentajes acordados son razonables, son ponderados y no particularmente perniciosos, aunque la fórmula finalmente acordada es tan enrevesadamente compleja, tan sobrecargada de matices y de
cautelas que ciertamente no entusiasma demasiado en un texto que sobre todo estaba llamado a ser sencillo, asequible y comprensible para los ciudadanos. Saludamos los avances modestos, pero reales, que el Consejo ha comportado en el ámbito de la
política exterior y de defensa común. No nos gusta el derecho de veto impuesto a la política exterior, pero confiamos en que este derecho de veto no impida que Europa pueda actuar con voz propia ante los conflictos del mundo. Desde este punto de
vista la apuesta por el multilateralismo eficaz nos parece una apuesta situada en el buen camino.
Señor presidente, el Grupo Vasco es partidario de que el proyecto del Tratado constitucional aprobado en Bruselas se someta a referéndum -por tanto, saludamos su compromiso en ese sentido-, como lo fueron también la Constitución de 1978 y
los estatutos de autonomía. Las normas que modifican o reforman los marcos de convivencia -usted lo ha señalado con claridad- han de ser sometidas a consulta popular, y francamente no comprendemos las cautelas y los temores con los que algunos se
enfrentan a los veredictos del pueblo. ¿Quién teme a la opinión del pueblo en una democracia? ¿Quién teme al veredicto del pueblo resultante de un referéndum?
Última cuestión, señor presidente. El principio de subsidiariedad ofrece tal y como aparece recogido en el texto constitucional un margen suficiente para que en los Estados de estructura descentralizada, como es el Estado español, se pueda
intensificar la participación de los entes subestatales en la construcción europea y en la participación en las decisiones europeas. Ya lo hice en la comparecencia previa, pero le emplazo nuevamente para que haga posible ese juego en el plano
interno, adoptando
las medidas que resulten necesarias para que también las comunidades autónomas puedan, bien a través del Senado o a través del mecanismo que pueda arbitrarse, acceder indirectamente al tribunal de justicia o participar en las consultas
previstas en la Constitución que se habrán de llevar a cabo por la Comisión cuando se trate de actos legislativos que afectan al principio de subsidiariedad. Hay mecanismos en el texto constitucional que contemplan posibles participaciones de los
entes subestatales, en este caso de las comunidades autónomas, que en un Estado descentralizado como el español no deberían pasar desapercibidos y habrían de constituir todo un compromiso y programa de actuación para el Gobierno. Nosotros le
invitamos a que lo haga. Esperamos que cumpla este cometido, en el que nosotros estaremos dispuestos a acompañarle y a apoyarle.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Erkoreka.
A continuación, por parte del el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde esperaba otro resultado de esta cumbre europea y, para ser sinceros, esperábamos otra intervención del presidente del Gobierno. Da la
impresión de que los jefes de Estado de la Unión Europea sufren una especie de jet lag, están desorientados por los viajes y no se han dado cuenta de lo que ha ocurrido recientemente en estas elecciones europeas. Sufrimos una especie de autismo
político por el cual, frente a la deslegitimación de una abstención muy importante en las últimas elecciones europeas, la alternativa de los gobiernos europeos no es pararse y pensar, sino cerrar precipitadamente en falso el debate constitucional,
pretendiendo que el cierre del proceso constitucional signifique el cierre de la herida entre la Unión Europea y la ciudadanía.
Nosotros pensamos que es un cierre en falso, que inmediatamente la herida se volverá a abrir, porque sigue existiendo
una fisura entre la ciudadanía europea, su sensibilidad social y política y lo que está significando un modelo de construcción europea, que es un modelo fundamentalmente económico, y no un modelo político. En este sentido nosotros no entendemos muy
bien este debate que se está produciendo en esta Cámara de nostalgia épica de Niza, que defiende el Grupo Parlamentario Popular. Niza lugar, no sé qué significado histórico puede tener para el Grupo Popular, pero es conocido por sus casinos, por lo
tanto, no me extraña que para el Grupo Popular en estos momentos el debate sea cuánto nos llevamos en Niza y cuánto nos vamos a llevar en esta cumbre europea; es decir, que el Partido Popular cuando debate en Europa echa mano a la cartera, en este
caso echa mano a la calculadora y nos dice cómo hemos quedado todos en Niza. Toda una muestra de lo que es la posición europeísta del Partido Popular. También nos preocupa esa especie de Camelot en que se ha convertido Dublín, una especie de
Camelot que prácticamente es el mundo feliz, señor presidente. Lo que ha ocurrido en Dublín no es el mundo feliz; desearíamos que fuera así, pero no es así. No es así porque Europa tenía que dar respuesta a cosas muy importantes que se han
producido en la vida política europea y en la vida política internacional en los últimos meses y en los últimos años.
Algunos dicen que el mito del rapto de Europa tiene su origen en el Líbano. Es quizás una buena referencia. El mito del rapto de
Europa para nosotros tiene una referencia geográfica distinta, pero que podríamos situar en Irak, en lo ocurrido en la guerra de Irak. Las preguntas son cómo responde Europa y cómo ha respondido la cumbre europea a la división política de Europa en
materia de política exterior en la guerra de Irak; cómo responde Europa a la deslegitimación de los ciudadanos y a la sensación de los ciudadanos de que la precarización laboral, el desempleo y el debilitamiento del Estado del bienestar afectan a
su idea de Europa; cómo responden los gobiernos europeos ante esa realidad; cómo responden los gobiernos europeos, en definitiva, ante los grandes problemas de la ciudadanía europea. Nos da la impresión de que no se ha respondido bien.
Fíjense ustedes, ante la crítica implícita en la abstención política en estas elecciones europeas, la solución de los gobiernos europeos es la preocupación -leído en las actas de la cumbre- y más tarde la voluntad de informar a los
ciudadanos europeos, es decir, en el mejor estilo de lo que podríamos denominar el despotismo ilustrado. El problema de los ciudadanos europeos es que no entienden, por tanto, hay que informarles de lo que significa en realidad la Constitución
europea. Ese modelo de despotismo debe dejar paso a un modelo de participación democrática. Por tanto, el problema con los ciudadanos es la información, pero es también la participación democrática de los ciudadanos en la construcción europea.
Hay que reconocer que ni en la Convención, ni finalmente en esta cumbre que significa una revisión a la baja de la Convención, ha habido una participación suficiente de la ciudadanía europea en el futuro de Europa. Ahí tenemos un grave problema de
deslegitimación de la construcción política de la Unión Europea. Ese aspecto al menos debería ser tenido en cuenta en este debate. Además, peleados como estamos, debatiendo el poder y la fuerza de España en Europa, la fuerza de España en Europa
que se transmite a los ciudadanos como el 65/55 o como el 62 y pico, es ininteligible para los ciudadanos. Si ese es el mensaje final de la cumbre europea y de este debate en la Cámara, no habremos conseguido la finalidad de empezar un proceso de
información y de participación de los ciudadanos con relación a Europa. Por lo tanto, nosotros queremos pasar tanto de la épica como de la retórica.
Nos parece muy peligrosa la deriva que defiende el Grupo Popular de que lo que se consigue en Europa es prácticamente como el Cid Campeador después de muerto, lo que ha conseguido el señor Aznar en la cumbre de Niza.
También nos parece
peligroso situarse frente a la épica con la retórica o con la lírica, en este caso situarse frente a la épica del Grupo Popular haciendo un
cántico de lo que nosotros creemos que no es tan bueno con relación a la Constitución europea. Hablaba del método de elaboración de la Constitución y de la sensación de los ciudadanos de estar al margen de la construcción política de Europa
y de la Constitución europea. Tampoco el contenido, al que el presidente se ha referido únicamente de manera elogiosa, satisface las posiciones de la izquierda, y en ese sentido quiero reivindicar para Europa no un consenso, como ha planteado el
presidente del Gobierno, sino otra cosa. En Europa ya no estamos ante una política exterior que haya que concertar entre todos los partidos políticos, sino ante una política interna, en la que deben aparecen las diferencias en torno a qué Europa
queremos. Ya no es la época de decir más Europa, porque eso está encima de la mesa, sino qué Europa queremos.
En ese sentido nos da la impresión de que la izquierda no estamos saliendo bien parados del debate de la construcción europea. Se da una
circunstancia, que los temas económicos, particularmente los de la apertura económica de los mercados europeos, pasan sin pena ni gloria, sin contradicción, sin embargo, la dificultad para que pasen los temas políticos, democráticos y ecológicos se
ve cada día más importante. Esto lo podemos ver tanto en el debate de la Convención como en el debate de la cumbre, con las famosas líneas rojas del señor Blair, que no sé por qué se llaman líneas rojas, porque podían llamarse de cualquier otro
color, que significan las dificultades de una parte de Europa para sumarse a una Europa social y democrática como la que queremos la mayor parte de los europeos.
Mi grupo parlamentario quisiera destacar junto a las luces que ha señalado el presidente del Gobierno las sombras que se producen en la elaboración de la Constitución europea, porque, repito, ha sido un cierre en falso, y todos los cierres
en falso corren el peligro de volver a abrirse al cabo de muy poco tiempo, sobre todo cuando hay una cuestión de legitimidad planteada por los ciudadanos. En el contenido constitucional las líneas rojas han dejado el modelo social y el modelo
democrático europeo hecho unos zorros. Cuando llegamos a la elaboración de la Constitución europea era porque pensábamos que la ampliación sin Constitución hacía no democrática y no gobernable la Unión Europea. Pues bien, nos encontramos ante una
ampliación con una Constitución que tiene prácticamente los mismos déficit que teníamos en la Comisión Santer o en la Comisión Prodi.
Volvemos a tener encima de la mesa los mismos problemas, volvemos otra vez a tenerlos todos: dificultades de
gobernabilidad muy importantes con procedimientos de decisión cada vez más alejados del entendimiento de los ciudadanos; dificultades también muy importantes para responder a la nueva situación internacional, porque ¿en qué medida esta Constitución
europea supone un avance para enfrentar situaciones internacionales como la que hemos vivido en Europa? Creemos que no significa un avance porque, en definitiva, esta Constitución europea apuesta por una especie de competencia interregional en
torno al modelo militar, y eso no nos facilita lo que debería ser una participación internacional según el derecho internacional y al multilateralismo, que en nuestra opinión no está en la Constitución europea. Lo mismo ocurre con uno de los
problemas fundamentales de los ciudadanos: cómo queda la situación social y la situación de empleo de los europeos. No se da una alternativa, no se da una solución en la Constitución europea. Hoy pueden decir que la Constitución es un marco
general y que, por tanto, no entran esas materias. ¿Cómo que no entran? En el Título III entran en todas las materias económicas habidas y por haber, pero en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y con los derechos sociales europeos
las líneas rojas prácticamente son generalizadas.
Tenemos una gran apertura de mercados, una liberalización y privatización de los sectores económicos europeos, pero no tenemos una carta de derechos fundamentales con carácter imperativo, con carácter vinculante en la Unión Europea, entre
otras cosas porque no estaba en el documento de la Convención, pero además porque Tony Blair se ha encargado con la ayuda de otros Estados miembros de poner la línea roja en la aplicación de esa materia, por ejemplo, en relación con los propios
sindicatos, en una cláusula que permanece secreta y que los sindicatos han pedido que ustedes aclaren, la cláusula secreta que excepciona los derechos y libertades de los sindicatos en el marco de la Unión Europea. Ese planteamiento aparece en los
comunicados de los sindicatos, solamente me refiero a ellos, pero en general afecta a los derechos fundamentales en el marco de la Unión Europea. Lo mismo podemos encontrar en torno a la política fiscal y a las políticas sociales en el marco de la
Unión Europea; políticas sociales que quedan subordinadas al máximo grado de competitividad -aparece así en la Constitución europea- y políticas fiscales que también quedan excepcionadas en la cumbre mediante otra línea roja de Tony Blair. Por
tanto, señor presidente, es el momento de hablar en relación con la Unión Europea no solamente de la Europa que todos desearíamos, sino de la Europa que realmente se está construyendo y cómo se está construyendo.
Nosotros somos críticos con respecto al modelo de construcción europea -en estos momentos los ciudadanos nos están lanzando un mensaje que no estamos escuchando- y, por otra parte, somos críticos también con el contenido de la Constitución
europea. Se avanza hacia un modelo liberal y en paralelo no es el mismo carácter liberal en términos democráticos, en términos políticos y en términos sociales; eso no es así. No hablo ya de los temas ecológicos o federalistas, cuyos resultados
en esta cumbre son bastante escasos. Las cuestiones federalistas en relación con la Europa de los pueblos prácticamente no existen. La respuesta que nos da el presidente del Gobierno sobre la lengua es totalmente insatisfactoria, porque esa
pluriculturalidad o plurilingüismo de la Unión Europea no aparece en el conjunto del texto constitucional. Por eso, señorías, queríamos trasladar una visión crítica de esta materia, porque en buena parte nos podemos encontrar con que no debatimos
en términos políticos sobre algo que no nos va bien, que es una determinada orientación de la construcción europea, pero
luego vienen los elementos posteriores. Cuando queremos debatir aspectos que todavía tienen una importante impronta estatal nos encontramos con que están vetados o condicionados por la política europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Llamazares, por favor, le ruego que termine.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino.
A partir de ahora no sería bueno que ningún miembro del Gobierno utilizase la Constitución europea y la cumbre europea para limitar aspiraciones de los ciudadanos españoles, me refiero por ejemplo a la política fiscal.
Que no se nos diga
ahora que la política fiscal no puede modificarse porque, si no, en el marco de la Unión Europea se va a producir una competencia con otros países europeos. Lo mismo vamos a decir con las políticas de bienestar o con las políticas sociales. Cada
vez es más necesario que respecto a Europa dejemos de hablar de épica, según palabras de la intervención del Grupo Parlamentario Popular, y dejemos de hablar también de la lírica y hablemos cada vez más de lo que está entre la épica y la lírica y de
lo que está también entre las matemáticas y la retórica, que es la política y las distintas posiciones que tenemos los grupos parlamentarios, la izquierda europea sobre la construcción política de Europa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señoras y señoras diputados, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria valora positivamente el trabajo llevado a cabo por la Presidencia irlandesa a lo largo de
estos últimos meses, que ha propiciado un acuerdo en el Consejo celebrado el pasado fin de semana. Probablemente esa visión desde la periferia, una visión distinta y equilibradora de consenso, es la que ha propiciado el acercamiento entre las
distintas posiciones en un asunto de tanta transcendencia para el presente y el futuro de Europa. En apenas un mes y medio se han producido dos hechos históricos -siempre hablamos de hechos históricos o hitos importantes- que han sucedido en dos
fechas clave para la historia de Europa. Una es la del 1 de mayo, con la incorporación de 10 nuevos países al seno de la Unión Europea. Es un hecho histórico porque ciudadanos de unos países con las libertades recortadas y situaciones complicadas
se integran plena y libremente en la democracia y, en situación de prosperidad, en la Europa moderna. Por otra parte, está el acuerdo alcanzado el pasado 18 de junio en el Consejo Europeo, que conlleva la aprobación de unas reglas o normas
generales, de una Constitución para toda Europa. Son dos hitos que permiten avanzar en la democracia, en la libertad, en la paz y en la prosperidad a un espacio donde viven más de 450 millones de personas. Si además de esos acuerdos tenemos en
cuenta que se ha profundizado en el estatuto de vecindad, es decir, que el espacio europeo se alarga y ensancha para propiciar más democracia, más libertad y más progreso hacia el este y el sur de Europa, así como hacia el norte de África, y si
tenemos en cuenta que del Consejo sale reforzado el papel que quiere jugar Europa en el mundo en cuanto a política internacional, estaremos hablando de que la decisión del pasado fin de semana va a ayudar a avanzar en cuanto a las dos principales
preocupaciones de los ciudadanos de hoy: la lucha contra el terrorismo y la paz en el mundo. Avanzar en ese nuevo espacio del este y del norte de África por medio de los acuerdos de vecindad debe propiciar políticas de mayor seguridad, libertad y
justicia en el entorno europeo. El papel que puede jugar Europa con una política exterior común debe servir para una acción multilateral en el mundo, para una política de equilibrios y, por tanto, para trabajar por la paz.
Señor presidente, la Constitución europea, el Tratado europeo aprobado el pasado fin de semana no tiene el reconocimiento del cien por cien de ningún Estado; no es lo que le gustaría a todo el mundo en cada uno de los Estados. Hemos oído y
leemos en los medios de comunicación que hay controversia en Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en Polonia, en Italia, etcétera. Además, esas controversias coinciden en quienes están en la oposición, en la opción política que está en la
oposición. No se trata del Partido Popular Europeo o del Partido Socialista Europeo; se trata, en función de la posición política en cada uno de los Estados, de que el acuerdo sea sometido a más o menos crítica. Ahora bien, la importancia que
tiene el hecho de la consolidación de Europa desde el punto de vista político, social, económico, de defensa común, de derechos de los ciudadanos y de paz y seguridad, requería de mucha generosidad.
Por la necesidad que tenía Europa, reconocemos la
generosidad que se ha tenido para buscar un punto de encuentro, la valoramos y la apoyamos.
Apoyamos decididamente el acuerdo del pasado fin de semana, entre otras cosas porque nuestra visión desde la ultraperiferia -desde Canarias- nos lleva a una
apuesta clara y decidida por Europa, como siempre hemos tenido. A lo largo de diez años hemos llevado a cabo un trabajo ingente para concienciar de la necesidad de políticas específicas para los territorios alejados, para la insularidad alejada:
al Estado español, generando conciencia en esta Cámara de la necesidad de políticas diferenciadas, tanto legislativas como económicas, para un territorio singular; y en el seno de la Unión Europea, para afianzar de igual manera la necesidad que
tiene un territorio diferente.
No vamos a entrar en paternidades, en si el Gobierno anterior -del Partido Popular- o este -del Partido Socialista- tienden a apuntarse el éxito de que Canarias tenga reconocimiento como región ultraperiférica por el artículo 56 o por el
artículo 330 de la Constitución. El trabajo ha sido, en primer lugar, de las instituciones canarias, que han bregado durante estos diez años fundamentalmente para generar un espacio de conciencia en Europa. Lo hemos logrado y además hemos contado
-como no podía ser de otra manera, y lo valoramos
positivamente- con la colaboración del Gobierno del Partido Popular durante las dos legislaturas pasadas y con la del Gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero que, en esta legislatura, ha puesto el broche de oro a esta negociación.
Para Canarias ha sido un gran avance y tenemos el anclaje, como bien señalaba el presidente en su intervención, para, en el futuro, poder defender esas necesidades diferenciadas que tiene el archipiélago canario. Pero no podemos bajar la guardia en
Europa. Tenemos el reconocimiento en ese Tratado constitucional, pero vendrán nuevos retos y habrá que afrontar nuevas negociaciones, porque eso es simplemente el anclaje, el marco en el que están garantizadas las ayudas de Estado al máximo nivel y
donde se modularán todas las políticas acordes con las necesidades que tienen las regiones ultraperiféricas.
Habrá que estar muy atentos a las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea que se van a negociar a partir de 2007 hasta el año
2013.
Habrá que estar muy atentos al futuro de la política regional. Habrá que estar muy atentos a las negociaciones que de forma inmediata se van a iniciar con la Organización Mundial de Comercio con respecto a la OCM del plátano. Tendrá que
haber una postura común del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado para defender la estrategia de desarrollo de las ultraperiféricas, de la que el Consejo hacía un apunte interesante a propuesta de la Comisión el pasado fin de semana. Habrá
que estar también muy atentos al papel que quiere Europa, al papel que quiere el Gobierno de España que juegue Canarias como frontera exterior de la Unión Europea, como plataforma hacia África y hacia América Central y América Latina.
Creo que el
papel que puede jugar el archipiélago canario es un papel fundamental, es un papel importante y es necesario que el Gobierno de España, en el seno de la Unión Europea, defienda, desde el punto de vista de la situación geoestratégica que tiene
Canarias, la relación que puede jugar con estos dos continentes. Para ello es necesario, señor presidente del Gobierno, que se profundice en esa colaboración que se ha llevado a cabo, fruto de la cual son los éxitos que estamos consiguiendo.
De forma oficiosa nos consta que tanto el Gobierno anterior como el Gobierno actual están contando con la representación del Gobierno de Canarias en el seno de la delegación española cuando se tratan asuntos específicos de esa comunidad. Es
necesario que se oficialice algo que recoge únicamente nuestro estatuto de autonomía y que no fue una cuestión gratuita, porque si estamos hablando de esa propuesta que hacía hace unos días el ministro de Administraciones Públicas y que nos parece
importante para el resto de las comunidades autónomas de nombrar un representante para que defienda los intereses de las comunidades en el seno de la delegación española cuando se traten asuntos de su interés, en el caso de Canarias es diferente.
Canarias tiene al menos diez singularidades reconocidas en el seno de la Unión Europea. Los asuntos de Canarias tienen el suficiente interés y el suficiente peso para que permanentemente esté un representante del Gobierno de Canarias en el seno de
esa delegación española porque entendemos que eso es bueno para los intereses generales de España, eso genera confianza y eso genera transparencia. Por eso, señor presidente, estamos muy atentos a que pueda desarrollarse a lo largo de los próximos
meses lo que dice nuestro estatuto de autonomía.
Hacía referencia el presidente a plantear la ratificación de la Constitución aprobada el pasado fin de semana en un referéndum. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en su día presentó una propuesta de resolución como consecuencia del
debate sobre el estado de la nación que fue aprobada prácticamente por unanimidad. Nosotros apostamos claramente por que se celebre un referéndum. Un referéndum puede servir para concienciar a los ciudadanos acerca de esta nueva herramienta de que
nos dotamos en el seno de la Unión Europea. No solamente vamos a apoyar esa iniciativa, sino que desde ahora anunciamos nuestra implicación en propiciar la participación y el respaldo de los ciudadanos al mismo.
Señor presidente, señora presidenta, señoras y señores diputados, quienes hemos apostado claramente por más Europa, por una Europa más avanzada y más cohesionada sentimos una cierta frustración al ver que todavía, a lo largo de los acuerdos
que se han ido alcanzando, existe el derecho al veto, existen determinadas políticas sectoriales donde se requiere de la unanimidad; hay otros, los euroescépticos, los que no creen en Europa, que sienten un cierto temor ante la cesión de soberanía
que están haciendo los Estados a favor del proyecto europeo. El punto donde estamos creo que está justamente en medio, avanzando con paso firme, poco a poco.
Lo cierto es que, entre los que sienten un cierto grado de frustración y los
euroescépticos, en este momento estamos en un espacio en Europa que es un espacio sin fronteras; que tiene una moneda propia; que tiene leyes europeas que, desarrolladas a través de los respectivos parlamentos nacionales, son hoy el marco de
referencia en Europa; que tiene una política exterior común; que tiene una política de libertad, de justicia y de seguridad común; que tiene una Carta de Derechos Fundamentales para 450 millones de personas. Quiere decir esto que avanzamos,
avanzamos en Europa, y nosotros, señor presidente, señoras y señores diputados, nos congratulamos de los pasos que se van dando.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rivero.
Tiene a continuación la palabra el Grupo Parlamentario Mixto: el señor Rodríguez, el señor Labordeta, la señora Lasagabaster y la señora Barkos, por el tiempo acordado. En primer lugar, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El señor presidente del Gobierno anunció, en coherencia con el programa electoral de su partido, que va a convocar un referéndum en relación con la Constitución europea. Por lo tanto es una gran oportunidad para hacer explícito el
pronunciamiento del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta Constitución, que debe
tenerse en cuenta que no significa más que la simplificación de los tratados anteriores, en concreto del Tratado de Roma, del Acta Única, de Maastricht, de Amsterdam y de Niza. Decimos esto porque es necesario saber que se acaba de hacer
una síntesis simplificadora, sin duda relevante en este sentido, pero que es continuista en cuanto a los objetivos perseguidos desde el punto de vista económico, político, social y cultural.
El señor presidente del Gobierno sabe que en nuestras intervenciones siempre hacemos mucho hincapié en que estamos ante un espacio transnacionalizado, que significa el desarrollo y el desenvolvimiento del capital transnacionalizado de base
europea -no otra cosa quiere decir mercado común y moneda única- y aunque nosotros en aquel momento no estábamos en este Congreso de los Diputados, cuando fue aprobado el Tratado de Maastricht mantuvimos una posición radicalmente crítica con el
tratado en la medida en que obligaba a un ajuste estructural profundo si uno se quería introducir en la Europa de la moneda única, en la Europa en definitiva regida por el Banco Central Europeo, que es una institución independiente en el ejercicio
de sus competencias y en la gestión de sus finanzas, es decir, al margen del control político de los parlamentos.
Por eso, con el Tratado de Maastricht, advertimos que el papel que cumplían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en
relación con los países del Tercer Mundo lo iba a cumplir sin duda el ajuste estructural de la Europa de Maastricht respecto de un espacio muy desarrollado del mundo. Así, efectivamente, se produjeron privatizaciones de sectores fundamentales en la
economía, muy rentables, que estaban en manos del Estado, siendo sustituidos por oligopolios de carácter privado lo que eran antes monopolios de carácter estatal. Se eliminaron muchas empresas con el pretexto real o ficticio de que no eran
rentables. Las conquistas de carácter social y una cierta precarización sin duda se establecieron en el seno de la Unión Europea, en contraste con los años anteriores. Sin duda también -y Galicia es especialmente conocedora de este proceso- se
aplicaron cuotas máximas de producción en sectores de la economía, no solamente industriales sino también agrarios y pesqueros, a cambio de subvenciones para el desmantelamiento. Este es un primer aspecto que sigue indemne e intacto en la que es la
Europa del futuro.
El segundo aspecto es que se trata de una Europa de los Estados, ahora convertidos formal e institucionalmente en agentes políticos reconocidos de la Unión. Está claro que ellos actualizan los tratados, pero no cambian sus contenidos, y la
voluntad explícita, voluntad más o menos democrática, es la representada por estos Estados y los ciudadanos que los conforman. No otra cosa se dice en la Constitución cuando se habla de que la Unión Europea es una coordinación de los Estados que
transfieren competencias a la Unión y que en todo caso ellos y la Unión garantizan su integridad territorial haciendo una identificación a nuestro modo de ver bastante poco acertada entre lo que es identidad nacional y Estados, que sin duda tiene
una legitimidad y hay que respetar, pero no hasta el extremo de hacer esta confusión interesada. Asimismo se establecen competencias exclusivas de la Unión Europea sintomáticas: política monetaria, comercial, aduanera, conservación de recursos
biológicos marinos dentro de la política pesquera común. Todo lo demás se establece a través del principio de atribución, que es simplemente que la Unión Europea tendrá las competencias que le atribuyan los Estados. Por último, queda claro que son
lenguas oficiales de la Unión las de los Estados miembros. Recordemos que figura el irlandés como lengua de un Estado miembro, porque en la integración en la Comunidad Económica Europea y en la Europa posterior a Maastricht el Estado irlandés
figuró con esas lenguas de carácter oficial, cosa que sin duda no hizo el Estado español.
Hay un tercer aspecto que es el de los ciudadanos, ciudadanos que están representados a través del Parlamento Europeo, que felizmente -esto es verdad- ahora va a tener una cierta capacidad de codecisión conjuntamente con el Consejo en 80
ámbitos, excluidos la ciudadanía, la fiscalidad, la política social y medioambiental. Hay que tener en cuenta que como nosotros pertenecemos a esos Estados que no reconocen en concreto las circunscripciones electorales de las naciones, la
representación en ese Parlamento es en cuanto ciudadanos del Estado, pero no en cuanto pueblos que formamos parte del Estado, en este caso, español. Por eso no es baladí que el número de diputados, señor presidente, pueda aumentar, como no es
baladí que el Estado español reconozca internamente otro tipo de circunscripciones electorales, porque en definitiva esta es la base de legitimidad que dan los ciudadanos que siempre pertenecen a determinados pueblos. En este aspecto es curioso que
se ignore a los parlamentos autonómicos a la hora de consultas de la Comisión o propuestas legislativas, cuando sí se hace en nombre del principio de subsidiariedad con el Parlamento de los Estados.
Hay un aspecto formalmente positivo, que es la Carta de los Derechos Fundamentales, pero debemos decir que tiene deficiencias gravísimas y algún tipo de expresión sintomática. Es curioso que hable del derecho a buscar trabajo, pero no del
derecho al trabajo, que es algo fundamental en cualquier democracia que se precie, o que hable de la diversidad cultural y lingüística, pero no del derecho de todos los ciudadanos, como ya fue expresado y remarcado, a emplear su lengua y, por tanto,
a que su lengua tenga los mismos derechos que el resto de las europeas, y no voy a hablar de otros derechos fundamentales que debían ser respetados como el derecho de autodeterminación o, simplemente, de por qué no se homologan los derechos sociales
y el bienestar en toda Europa, por qué no se habla de los servicios públicos sustituyéndolos por los intereses generales o, en definitiva, por qué no se reconoce -y esto sería clave- que todos los pueblos, todos los territorios tendrán que tener una
base material y productiva propia mínima para que puedan garantizar el derecho a vivir en el propio país. Creo que si esto se garantizase, el juego de intereses no sería tan importante.
Celebramos que la Comisión tenga representación de todos los Estados, pero efectivamente si es la Europa de los Estados y de los ciudadanos, la toma de decisiones que se hace por doble mayoría es correcta y no nos puede llamar la atención:
Estados y población. Ahora bien, es discutible que esa sea la garantía para que puedan defender, en concreto el Estado español, nuestros derechos o nuestros intereses, porque ya sabemos que efectivamente los intereses, por ejemplo, de la economía
gallega están en contradicción, si hay que ir a Europa, con que otros intereses se puedan defender a la hora de hacer un intercambio. Por tanto sería más importante el diseño general que realmente cómo se toman las decisiones, y es cierto -vuelvo a
repetir- que este modelo es correcto y coherente desde el punto de vista de la Europa que se está edificando. En todo caso lo importante sería que en ese juego de intereses la Unión Europea reconociese que los presupuestos comunitarios tendrían que
aumentar por encima del 1 por ciento, que hay derecho y por tanto deber de respetar la convivencia de intereses multilaterales y que, en definitiva, en la política internacional la Unión Europea debe ser un elemento autónomo, cosa que no queda clara
en absoluto en el proyecto constitucional.
Acabo ya, señora presidenta, diciendo que efectivamente esta es una Constitución que dota de cierta legitimidad a la Unión Europea, y nosotros no lo vamos a negar, de una cierta democracia desde el punto de vista de la legitimidad de los
Estados y de los derechos de los ciudadanos como individuos abstractos que aparentemente son iguales en toda la Unión Europea, pero creo que es un proceso que se hace demasiado al margen de los pueblos, demasiado al margen de las instituciones
legalizadas que representan a muchas comunidades, a muchos pueblos hoy integrados en Estados que se reconocen desde el punto de vista institucional. Pensamos que falta esta incrustación en la estructura de la Unión Europea con todas las
consecuencias. Por tanto, en la medida en que sacraliza un statu quo, en que no reconoce siquiera el que tenemos dentro del Estado español, debemos discutir no solamente el proceso sino el resultado. No podemos ser entusiastas y desde luego no le
vamos a dar nuestro parabién a este texto, sino que nos comportaremos consecuentemente de forma democrática, tanto en el debate social como en el respectivo referéndum, de una forma crítica, ya que pensamos que es el mejor favor que podemos hacer a
un contexto democrático plural.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor presidente, señorías, en principio gracias por su exposición, la cual ha sido muy clara para muchos de los que estamos aquí, aunque parece que hay momentos confusos dentro de la
Constitución. En primer lugar, tenemos que felicitarnos por haber conseguido un acuerdo para la Constitución europea, un hito histórico que va a marcar sin duda un paso decisivo para una auténtica unión del Viejo Continente, en un momento en que
estuvimos a punto de un desorden y un desencanto por culpa del Gobierno anterior. El acuerdo para el mismo es sólo un punto de partida y no una estación de llegada, como algún otro partido quisiera verlo. Nos felicitamos por comenzar el viaje,
pero no es el acuerdo que más nos gustaría, puesto que sigue teniendo graves carencias: déficit en cuanto al ámbito social, económico, democrático y de representatividad de la pluralidad territorial europea.
El futuro tiene que pasar por el
Parlamento y no por equilibrios de poder entre diversas instituciones y en este engranaje creemos que tendría cabida la segunda Cámara, donde estén representados los territorios. De hecho, observamos cómo se mantiene el carácter liberal de las
políticas de la Unión Europea. Reino Unido ha conseguido, y se ha aceptado por todos, salir adelante con su política de aumentar la toma de decisiones políticas por unanimidad. Es un retroceso porque parece ser que se había conseguido limitar
bastante dicha unanimidad. Nos podemos encontrar en situaciones de bloqueo peligrosas para afrontar el futuro, para poder tener una voz en el mundo con ideas propias y sobre todo que lo haga de manera inmediata. En un mundo vertiginosamente
cambiante hay que adoptar decisiones rápidas que beneficien al conjunto. A procesos como estos con unanimidades siempre llegaremos con las mangas verdes, tarde y mal. Y es que además la Constitución europea se deberá reformar también por
unanimidad de los Estados, lo que nos lleva a que se convierta en una Constitución difícil de modificar y de adaptar a los tiempos que puedan venir de ahora en adelante. Una cuestión que como pacifistas nos preocupa es que se prevé un fuerte
aumento del gasto militar. No creemos que sea el camino y queremos que no sea la postura que lleve en sucesivas convocatorias el Estado español a esta cumbre. Una Europa con 2.000.000 de soldados y más de 150.000 millones de euros de gasto militar
anual significa cifras enormes para proseguir en esta línea y contradice la visión y el discurso pacifista que usted nos ha solicitado al principio.
Siguen siendo los Estados miembros los que tienen la llave para que las regiones subestatales o regiones constitucionales puedan implicarse en el procedimiento de la toma de decisiones de la Unión Europea, por lo que nos podemos ver
sometidos a un impedimento, al albur del criterio, alianza o acuerdo de los gobiernos de turno. Creemos desde Chunta Aragonesista que es un derecho y vamos a seguir reclamándolo. Tampoco existe implicación directa en el mecanismo de subsidiariedad
por parte de los parlamentos autonómicos o regiones, ni acceso directo de las regiones al Tribunal de Justicia. Sólo se prevé tal cosa para el agente global, que es el Comité de las Regiones, que tampoco sale reforzado.
En lo referido a otras cuestiones que nos preocupan, creemos que no se ha profundizado lo suficiente en la baja participación en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. Retrasar esta cuestión hasta la próxima reunión creemos dilata la
solución de un problema que necesita medidas urgentes y un plan de trabajo intenso. Nos congratulamos con las negociaciones con Bulgaria,
Rumania y Croacia para lograr una ampliación y pedimos que para Turquía existan y se exijan todas las garantías democráticas.
Querríamos hacer referencia a los programas de reforma de Lisboa, donde se destacan los avances en materia de propiedad intelectual, protección de medio ambiente o desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, querríamos que se tomaran
iniciativas contundentes para actuar en los casos de deslocalización que se van a plantear y se están planteando en la propia Europa con los nuevos países europeos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Para finalizar y en lo que se refiere a las líneas de transporte y redes transeuropeas, reiteramos, a pesar de que usted asegura que los Pirineos ya no existen, la necesidad de apoyar, y queremos que se lleve a la prometida cumbre
hispano-francesa en Zaragoza, las comunicaciones pirenaicas ferroviarias por Aragón, tanto por el paso de Canfranc como por el centro de la cordillera.
Queremos felicitarle de verdad, porque esta es nuestra posición, por su decisión de hacer un referéndum sobre la Constitución. Creo que será la manera de que los españoles se enteren perfectamente de qué Constitución tenemos y de qué
Constitución queremos. El problema es, si pierde usted el referéndum, señor presidente, ¿qué va hacer?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para su turno a la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, iniciaré esta brevísima intervención empezando por el procedimiento de ratificación, el referéndum, y aludiré a una cita que, según parece, en las reuniones del Consejo Europeo fue realizada por el primer ministro de Luxemburgo,
Jean-Claude Juncker: Yo no soy capaz de llevar esto a un referéndum. Le deseo mucha suerte al que tenga que hacerlo. No sé si lo dijo o no, pero aparece recogido así. Nosotros sí somos partidarios de un referéndum, dada la gran trascendencia de
esta cuestión, pero creo, señor presidente, que habrá que remangarse mucho para empezar a explicar exactamente sobre qué se deben posicionar los ciudadanos. Lo digo porque creo que la reflexión del primer ministro de Luxemburgo es buena. Por
cierto, es la persona no candidato que tiene más apoyos, pero que no quiere ser presidente de la Comisión. Claro, también habrá que preguntarse el porqué. Él se acoge a sus promesas electorales, absolutamente legítimas. También podríamos pensar
que al estar emparedado entre el presidente del Consejo y el ministro de Asuntos Exteriores, ¿qué papel le va a quedar al presidente de la Comisión? Pregunta importante para explicar, porque, a partir de ahí, dónde queda el papel de la Comisión y
de su presidente, que ya no sabemos si es guardián de algo o simplemente propositor de algo, porque tampoco en todo puede proponer.
Primera reflexión que habría que citar. No sé si el señor Juncker es además más listo de lo que nosotros creemos
que ya es. Por tanto reflexión sobre la marcha.
Segunda reflexión. Realmente sorprende que varias reuniones de un Consejo Europeo den a luz una supuesta Constitución sin que sepamos exactamente cuáles han sido las negociaciones, el toma y daca, el do ut des, con lo cual habrá que
preguntarse, aunque cambia en la propia Constitución el proceso legislativo cuando el Consejo legisla, si esto también se puede explicar a los ciudadanos.
Tercera reflexión. Cómo vamos a explicar a los ciudadanos -creo que es importante la Carta de Derechos Fundamentales- ese carácter vinculante: hasta dónde llega su alcance, si lo pueden utilizar dentro de los Estados, que evidentemente
dependerá del ordenamiento jurídico, esas notas a pie de página de unos y otros Estados miembro para intentar reducir o recortar las interpretaciones. Habrá que explicar a cada ciudadano qué derechos tienen, si es que los tienen en mayor medida,
que creo que sí, y a dónde pueden llegar a acogerse con esos derechos. Es mucho el trabajo que creo que hay que hacer.
No voy a hablar del Consejo de Ministros. La fórmula no creo que sea mala, pero nos gustaría saber si realmente responde a nuestros intereses, por ejemplo, a los de Euskadi, porque si no sabemos qué intereses van a representarnos o si no
hemos tenido posibilidad de decir qué queremos que se diga en el Consejo de Ministros, casi nos da igual la fórmula, porque ni sabremos ni tendremos garantizado que se represente lo que diga la mayoría del Parlamento vasco. Problema. En todo caso,
eso es en lo que se refiere al referéndum y en cuanto a la explicación, porque explicar que si no hay propuesta de la Comisión tiene que ser el 72 por ciento, con una mayoría cualificada que represente a un 65 por ciento también es complicado, todo
hay que decirlo.
El contenido, desde nuestra perspectiva, es una cuestión de avances sin contenido pero retrocesos en principios. ¿Por qué digo retrocesos en los principios? Porque evidentemente de unión de pueblos de Europa a unión de ciudadanos y Estados
es evidente que hay un retroceso en los principios, lo que para nosotros es muy negativo, y no nos sentimos amparados; y los principios en la vida son muy importantes, incluso aunque haya avance en el contenido, los principios son muy importantes.
Yo les voy a poner un ejemplo -no es un símil, porque nunca puede serlo-. Imagínense que este párrafo dijera que la Unión Europea es la unión de ciudadanos y todos aquellos Estados salvo el que tenga como lengua oficial el castellano. Se sentirían
mal y me parecería lógico. Por tanto, creo que hay un problema de principios. ¿Podemos sentirnos, como pueblos, como naciones que no tienen Estado, insertos en esta declaración de la Unión Europea? Desde nuestra perspectiva realmente tenemos un
no como respuesta. Y eso creo que es duro, sobre todo porque en el origen de la Unión Europea no era así.
En segundo lugar, el tema de las lenguas. No lo diré. Algunos quieren ver la botella medio llena, medio vacía, la diversidad cultural, la diversidad regional, el protocolo de proporcionalidad y subsidiariedad, la autonomía regional y
local, pero realmente el problema es que un ciudadano tiene que ser capaz de poder dirigirse a las instituciones y administraciones que le administran en la lengua que le es propia. Eso no está recogido.
Termino, señor presidente. Tendría muchísimas cosas más que decir, pero, en definitiva -me apena decirlo-, nuestra posición es terriblemente crítica y realmente para nosotros es duro, porque desde luego si algo fuimos los nacionalistas
vascos a lo largo de la historia fue precursores, promotores, a pesar de todo, de un proyecto de construcción europea. Pensaremos definitivamente el sentido de nuestro voto, pero creo que o cambian muchas cosas o nos representan o nos dejan que
estemos mejor de lo que estamos ahora.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra, en representación de Nafarroa Bai, la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, la cumbre de Bruselas ha finalizado con el anuncio de que los mandatarios de los 25 Estados -y ese es el proyecto que hoy nos trae aquí- de la Unión han alcanzado el acuerdo, un consenso en torno a lo que muchos han
dado en llamar ya la Constitución europea, pero en la cual muchos ciudadanos no nos sentimos representados, y recordaré que somos ciudadanos que también debemos ratificarla. No nos sentimos representados -y esta es la línea argumental- por cinco
cuestiones. Primero, por el método. Si miramos al proceso histórico de generación de las constituciones, nos encontramos con el devenir social y político que esta vez no se ha producido, en absoluto, más bien tenemos que hablar de ausencia total
de proceso constituyente. Esto se ha dejado notar hasta tal punto -se ha citado en esta Cámara a lo largo de la tarde- en el seno de la sociedad europea, que tan solo unas semanas antes a este encuentro fundamental se ha producido un fracaso
notable, hay quien dice incluso que estrepitoso, en términos de participación en las urnas en las elecciones al Parlamento Europeo, y esto, como digo, en fecha tan emblemática como una semana anterior.
En segundo lugar, no nos sentimos representados muchos ciudadanos que nos encontramos con una Constitución que sólo habla en clave de Estado, olvidando la realidad de los pueblos pero también de los ciudadanos de Europa; es más, la palabra
pueblos no se menciona en el proyecto de texto constitucional y la palabra ciudadano sí, pero básicamente como contingente, como número, contingente de veto para un mero juego de mayorías y minorías. A mí me gustaría pensar que no es así. En
cualquier caso, esta es su configuración y su redacción y debo entender, por tanto, que este es su espíritu, una carta pensada para una realidad de Estados.
Así nos encontramos, en tercer lugar, con que la Constitución europea consagra las lenguas no minorizadas de los Estados, pero no consagra las minorizadas. En esta misma Cámara asumió usted como candidato a la Presidencia del Gobierno la
defensa del euskera, del catalán y del gallego como lenguas cooficiales en la Constitución. Finalmente no ha podido ser, porque hoy con este proyecto hay -y vamos a hacer números- diez millones de ciudadanos españoles que si así lo quisieran no
tendrían derecho a dirigirse a sus instituciones europeas en sus otras lenguas oficiales, diez millones de ciudadanos. Además de los gestos, como puede ser la traducción del texto constitucional, que nos parece un gesto importante y hemos tenido un
avance que agradezco de verdad, la realidad de las lenguas minorizadas requería de un reconocimiento expreso de medidas de apoyo, no de filosofía, que garanticen su supervivencia y su desarrollo, y se lo dice especialmente una representante de
Navarra, que se encuentra con que su Administración local es una de las que menos hace por sus lenguas en el seno de Europa. Así que confiábamos enormemente en su representación en Bruselas. En cualquier caso, la Constitución europea que ustedes,
los 25 miembros de los Estados, nos proponen no contempla, en lo que al Estado español corresponde, las lenguas que la Constitución de 1978 sí consagra como cooficiales.
Esto me lleva al cuarto punto, no sé si de desencuentro, pero sí de cuestionamiento, de pregunta. Nos falta información, no está habiendo debate alguno sobre el traslado que la Carta Magna europea tendrá sobre las normas estatales y además,
en el caso del Estado español, sobre las normas autonómicas. En este sentido debo preguntarle: ¿en qué capítulo se va a ver afectada la Constitución española? Debo suponer que los servicios jurídicos del Estado habrán realizado el dictamen
correspondiente, no sé si con su Administración o con la anterior, pero entiendo que algún documento tiene. Por tanto, ¿puede asegurar, señor Rodríguez Zapatero, que la aprobación de la Constitución europea no va a afectar, por ejemplo, a la
disposición adicional primera? En definitiva, ¿está en disposición de afirmar que el Estado español seguirá siendo garante de los derechos históricos de los territorios forales? En cualquier caso, además de los derechos forales, que nos preocupan
evidentemente, nos preocupan también -y mucho además- los derechos universales y generales.
En este punto voy a esa quinta cuestión por la que muchos ciudadanos no nos sentimos identificados con el texto que ustedes nos proponen. Los derechos contenidos -lo voy a hacer con un ejemplo-, por ejemplo, en la Ley de asilo y refugio de
1951, que ha sido una norma tradicionalmente utilizada por la vieja Europa, quedan absolutamente olvidados en esta Carta Magna a favor de una cada vez más clara, si me permite la expresión, apuesta Schengen como modelo de fortificación. Por el
contrario, no queda nada clara -y esta es una de las preguntas que quería plantearle- una de las grandes incógnitas con que han dado ustedes por finalizado el debate en torno a la Constitución europea, esas líneas rojas que aquí se han citado sobre
las que nadie le preguntaba y lo hago en estos momentos; líneas rojas en materias de tanta trascendencia y que quedan todavía por definir, y con esto nos plantean el referéndum.
En lo que a política social se refiere, y voy finalizando, la indefinición es básica. Nos encontramos con un amplio pero en definitiva mero repertorio de derechos
sin procedimientos que garanticen su ejercicio. En definitiva, esto acaba dibujando una Constitución liberal que olvida los aspectos sociales. Todo esto, ni más ni menos, es lo que nos propone usted, lo que nos proponen los 25 mandatarios
de los Estados que componen la Unión, a referéndum.
Hoy sí ha dicho que lo va a someter a referéndum de los ciudadanos, pero lógicamente quiero preguntarle cómo se va a articular ese referéndum, si hoy podemos tener ya un avance. Ha anunciado -ya
lo sé- que habrá un periodo de consultas para articular fechas y, en concreto, el texto de la pregunta, pero me gustaría conocer si tiene ya el presidente del Gobierno alguna propuesta que avanzarnos esta misma tarde. Quiero dejar bien claro que el
sí a Europa no significa necesariamente, señorías, el sí a esta Constitución de la Europa de los Estados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señoras y señores diputados, quisiera que mis primeras palabras fueran para reflejar la satisfacción que siente mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, por la aprobación de la Constitución
europea que tuvo lugar en la Conferencia Intergubernamental celebrada la semana pasada. Se trata, sin duda -se ha dicho desde esta tribuna-, de un hecho histórico que supone el salto político y democrático más importante que ha dado la Unión desde
que comenzó su andadura hace 54 años o algo más. A partir de su aprobación, en la Unión regirán los valores recogidos en el artículo 2.º de esta Constitución, cuando se apruebe (valores de respeto a la dignidad humana, de libertad y democracia, de
igualdad, también de igualdad entre hombres y mujeres, inciso que se ha añadido este fin de semana y al que luego volveré); valores enormemente importantes para mi grupo y que hemos defendido desde hace muchos años desde el Partido Socialista.
Es verdad que hay dudas sobre sus procesos de ratificación, aunque creo que no deben desmerecer el optimismo que sentimos quienes, viendo las cosas en perspectiva, imaginamos lo que pensaron quienes hace 54 años, como decía antes, crearon la
cumbre del carbón y del acero y ven cómo han evolucionado las cosas. Me felicito, pues, en nombre de mi grupo parlamentario y felicito al Gobierno de España por la defensa que ha hecho de los intereses de España y de Europa en esta Conferencia
Intergubernamental.
La aprobación de la Constitución ha traído para este Parlamento dos novedades: la primera, que por primera vez pudimos discutir antes de la Conferencia Intergubernamental la posición que el Gobierno español llevaba a esta Conferencia y la
segunda, que ha sido la primera Conferencia Intergubernamental en la que el Gobierno de España ha ido sin el apoyo expreso, explícito, claro, rotundo, contundente del primer partido de la oposición. La primera de las cuestiones que he mencionado
-la discusión en el Parlamento con carácter previo- sin duda refleja la convicción política del Gobierno y de su presidente de convertir a esta Cámara en el centro de la vida política; la segunda, la peculiar convicción o idea que tiene el Partido
Popular de lo que son los intereses de España, idea según la cual básicamente los intereses de España son los del Partido Popular. Si el Partido Popular está en el Gobierno, lo que los intereses de España aconsejan es defender al Gobierno, pero si
está en la oposición, no dudan en criticar al Gobierno porque los intereses de España son los que defiende el Partido Popular.
(Aplausos.) Si coinciden los intereses de España con los del Partido Popular, bien y, si no, ya se sabe, primero los del
Partido Popular. Esa es la convicción que uno saca escuchando el debate que ha habido aquí esta semana.
Señores del Partido Popular, ustedes saben mejor que nadie que Niza murió en la convención. Lo saben ustedes. Una convención que duró año y medio; una convención durante la cual ustedes tuvieron dos miembros en el presidium, entre ellos
la ministra de Asuntos Exteriores. Y la pregunta es la siguiente. Un gobierno como el suyo, señores del Partido Popular, tan preocupado por los intereses de España, seguro que pataleó y peleó duramente para evitar que la convención consagrara el
principio de la doble decisión. La respuesta no es esa. No hicieron nada. Al final, sí; al final, se opusieron, cuando ya no había nada que hacer. Durante año y medio no dijeron ni Pamplona, que se dice en mi tierra, en relación con algo
(Aplausos.) -es verdad- que se supone que afectaba -si uno escucha aquí al señor Rajoy- extraordinariamente a los intereses de España, una convención, por último, presidida por el señor Giscard d´Estaing que, si no me equivoco, es correligionario
suyo. Niza murió en la convención y lo saben ustedes mejor que nadie. Por eso me sorprendió mucho el ejercicio político que hizo aquí el líder de la oposición, el señor Rajoy, ausente hoy como suele acontecer en mis discursos. El líder político,
la semana pasada, hizo esta cosa de poner deberes al presidente del Gobierno. Fue un ejercicio bien peculiar, consiste en lo siguiente. Pongo un listón infranqueable -que sé que no se va a poder saltar- y ya voy preparando la vuelta, en este caso
de la Conferencia Intergubernamental; ya sé que no lo va saltar, ya tengo el discurso preparado y cuando venga voy y le digo: no ha saltado usted el listón infranqueable que yo le he puesto.
Curioso ejercicio. (El señor Arias Cañete pronuncia
palabras que no se perciben.) Sí es así, señor Arias Cañete, curioso ejercicio. Porque ustedes sabían que Niza estaba muerto y por eso sorprende que hoy venga aquí el señor Rajoy a hacer unos ejercicios sobre si mil pesetas, setecientas pesetas,
por utilizar su ejemplo; mil pesetas, setecientas, setecientas cincuenta, ¿se acuerdan ustedes, señores del PP, que han aplaudido tanto? Pues bien, el Gobierno socialista se encontró setecientas pesetas y, además, no había Constitución.
(Aplausos.) Porque no existía, eso es, ni Niza ni Constitución. Eso es lo que se encontró el señor Rodríguez Zapatero y el Gobierno socialista que fue a Bruselas.
Este ejercicio, insisto, que yo llamaría de parlamentarismo preventivo, expresión
que les gusta mucho a ustedes. (Aplausos.) Parlamentarismo preventivo que conducía a un discurso
como el que hoy hemos oído que estoy seguro que en parte tenía preparado el señor Rajoy la semana pasada porque -repito- puso unos deberes que eran sencillamente imposibles de cumplir y ustedes sabían mejor que nadie que Niza estaba muerto y
enterrado después de una convención que se celebró durante año y medio mientras, por cierto, ustedes eran el Gobierno de España. Esa es la situación. El otro día dije al presidente del Gobierno que lo tenía difícil porque es verdad que iba a
desbloquear una situación muy tensa y por esa razón nosotros hoy nos felicitamos.
Ustedes, señores del Partido Popular, perdieron la ocasión de apoyar aquí al Gobierno de España la semana pasada y prefirieron hacer partidismo y hoy han vuelto a
hacer un ejercicio de partidismo en este Parlamento.
Nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha defendido el Gobierno de España, con lo que ha conseguido el Gobierno de España y creemos que es una buena solución. Lo es, en primer lugar, porque recupera nuestra posición en Europa. Se
ha dicho aquí también por quienes me han precedido en el uso de la palabra que recupera un espacio que hemos ocupado desde que ingresamos en Europa con los países que han construido Europa, un espacio central. Eso es bueno para los intereses de
España, también para los intereses de Europa. También estamos de acuerdo con el mecanismo de la doble decisión, que nos ha permitido recuperar peso político. Es verdad. Incluso, para eso que tanto les gusta a ustedes que es para bloquear
decisiones que no sean buenas para nuestro país. Incluso para eso tenemos un peso que no teníamos antes de esa convención. Y finalmente, porque la doble decisión refleja como nada el nuevo espíritu de la Unión: Estados y ciudadanos. Estados y
ciudadanos se reflejan en la forma de decidir en el Consejo en la doble decisión. Por tanto, estamos muy satisfechos de haber recuperado peso, de haber recuperado el puesto que nunca debimos perder; estamos muy satisfechos de lo que ha sucedido en
relación con este tema en la Conferencia.
No es la única razón, hay más razones para felicitar al Gobierno, por ejemplo, el tema de las lenguas. Sobre este tema me voy a extender dos segundos nada más porque es un tema muy importante. El señor Rajoy ha hecho aquí un ejercicio, ha
minimizado. Ha dicho que, sobre esto de las lenguas, no había nada prácticamente. La verdad es que me llama la atención que se diga eso por alguien que seguramente tiene la Constitución en la cabeza como nadie; la menciona continuamente. Porque,
fíjense, señores diputados, nuestra Constitución en su disposición final dice literalmente que la Constitución española se publicará también en las demás lenguas de España. Supongo que esta mención no le parecerá irrelevante al señor Rajoy. A mí
no me parece irrelevante. (Aplausos.) Pues bien, esto que a él le parece irrelevante es lo que ha conseguido el Gobierno de España en relación con la Constitución española y nuestras lenguas cooficiales. Desde luego, para irrelevante lo que hizo
el Partido Popular, que es nada; no mencionar nunca este tema en la convención. Eso sí que es irrelevante. Y les diré más, no es cierto que no hizo nada, porque yo recuerdo bien unas declaraciones del señor Mayor Oreja en una conferencia en el
Siglo XXI en la última campaña electoral donde dijo que, de aprobarse la cooficialidad de nuestras lenguas -porque son nuestras también- que el Gobierno socialista estaba defendiendo en Europa, aquello sería la torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes?
No es que no hicieran nada, es que ustedes están en contra de esa mención en la Constitución de la que nosotros nos sentimos particularmente orgullosos porque creemos en el carácter plurilingüe de nuestro país que consagra nuestra Constitución y que
recoge como nadie la disposición final que acabo de leer. (Aplausos.)
Señor presidente del Gobierno, estamos satisfechos de que se haya resuelto favorablemente la mención a Gibraltar en esta Constitución europea y de que se haya introducido también la unanimidad para los presupuestos y las perspectivas
financieras, lo que nos dará una posibilidad real de defender los fondos de cohesión. Estamos satisfechos de que se haya introducido, porque así lo sugirió y lo pidió el Gobierno de España, una mención a la igualdad entre hombres y mujeres, que
espero que no le parezca también baladí al Partido Popular. Estamos muy satisfechos de que se haya aprobado una resolución donde se expresa la convicción firme de todos los países de la Unión Europea para luchar contra la violencia que sufren las
mujeres. Estamos muy satisfechos, finalmente, de que se haya recogido adecuadamente la situación de Canarias y su carácter de región ultraperiférica y su compatibilidad con las ayudas de Estado. Por cierto, en esta cuestión el señor Rajoy también
ha dicho que el Gobierno no ha hecho nada y que de qué presumía el señor Rodríguez Zapatero. Le quiero recordar al señor Rajoy que la mención a las islas Canarias en la Constitución europea aparece de la mano de una enmienda firmada en la
convención por socialistas franceses, socialistas portugueses y socialistas españoles. (Aplausos.) Ningún popular, de ningún país.
Portugueses, franceses y españoles. Por tanto, sí tenemos motivos para sentirnos orgullosos de la mención que
aparece recogida en la Constitución porque, en parte -sólo en parte-, es una sugerencia nuestra.
Ya termino. Lo más importante con todo es lo que decía el señor Duran i Lleida, que la pregunta relevante que hay que hacerse es si esta Constitución hace avanzar a Europa o no. Es verdad, señor Duran. Estoy de acuerdo con ese
planteamiento y coincido también con la respuesta que usted ha dado. Nosotros estamos particularmente satisfechos no porque los intereses de España estén bien recogidos en la Constitución, sino porque esta Constitución hace avanzar el proyecto
europeo en muchas cosas que aquí se han mencionado y que no voy a repetir. Por eso estamos especialmente satisfechos hoy. Y entendemos también la tristeza del Partido Popular. Fíjense, hay una cosa que sí ha cambiado de la Conferencia de
diciembre a la de ahora. Ha cambiado esa cosa que tanto le gusta mencionar en tono irónico al señor Rajoy y que a mí me parece tan importante: el talante. Es verdad, frente a la confrontación ha aparecido el diálogo,
frente al enfrentamiento -valga la redundancia- ha aparecido el consenso.
Por eso ahora tenemos Constitución y en diciembre no. ¿Se han planteado, señoras y señores diputados, que entre los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron en
diciembre a la Conferencia y los que han asistido ahora prácticamente sólo ha habido un cambio? Ha cambiado el señor Aznar por el señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos.) Esa es la realidad y probablemente esa es la razón de fondo por la que hemos
escuchado hoy aquí un discurso ácido, un discurso en el que sólo se ha hablado de quién gana y quién pierde, de quién sube y quién baja, incluso con ejemplos numéricos; un discurso de mercadería, en lugar de aprovechar la circunstancia para sumarse
al discurso de la mayoría de los grupos de la Cámara saludando una Constitución europea que es un paso histórico gigantesco para quienes siempre hemos creído en una Europa unida. Hay algunos grupos de la Cámara que todavía siguen pensando que los
intereses de España y los de Europa pueden llegar a ser antagónicos. Nosotros, no. Nosotros siempre hemos pensado que son coincidentes, que, como decía el señor Duran -y es la segunda vez que le menciono esta tarde-, cuando Europa avanza, España
avanza -aquí le he cambiado un poquito la frase-. Hasta ahora esto era una convicción. A partir de la Constitución europea será una realidad irreversible y por eso hoy los socialistas de esta Cámara estamos plenamente satisfechos y felicitamos al
Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rubalcaba.
Habiendo concluido esta primera intervención de los portavoces, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, para responder a los diferentes grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el tono de las intervenciones y el debate, que en algunos aspectos ha presentado un contenido más bien crítico, con algún fondo de escepticismo sobre lo que representa la Constitución que acabamos
de aprobar para la Unión Europea y, desde luego, para nuestro país. Evidentemente, esa posición de fondo, de críticas y de cierto escepticismo, estaba influenciada en buena medida por la abstención de las elecciones europeas y por la reflexión que
ya hicimos aquí el pasado día 15, en torno a la necesidad de una vinculación mucho más poderosa entre lo que representa el proyecto europeo y la sensibilidad de la ciudadanía, entre lo que exige una ciudadanía, que es un acercamiento a las
instituciones europeas, al debate político europeo, a sentirse vinculados a un proyecto común y a una clarificación de lo que afecta a la vida de cada uno de los ciudadanos europeos este texto constitucional, el proyecto europeo y el avance que, en
mi opinión, representa. No creo que sea un inconveniente el que exista ese tono de crítica de una manera más marcada en algunas intervenciones, a veces en forma de interrogante y, también, en buena medida, de escepticismo.
Creo que es imprescindible que todas las fuerzas políticas redoblemos los esfuerzos, como va a hacer el Gobierno, para la tarea de la explicación, de la implicación y de la aplicación de la Constitución que acabamos de aprobar, que se
encuentra pendiente de ratificación por el conjunto de los países de la Unión Europea. El Gobierno no quiere hacerlo solo. El Gobierno entiende que no es una tarea exclusiva del Ejecutivo. Estamos ante fundamentos de la convivencia, ante aspectos
esenciales para lo que significa el desarrollo de nuestro país, de su vocación e integración en un proyecto tan ambicioso y tan trascendente, cada vez más, como es la Unión Europea. Por ello, quiero informar y anunciar a la Cámara que el Gobierno
se propone poner en marcha un amplio debate en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, compareciendo, explicando cuál es la opinión sobre la campaña informativa, de amplio debate ciudadano, de amplia comunicación social en torno a la
Constitución europea, seguir profundizando en el debate que hoy se ha iniciado en esta Cámara, e incorporar las ideas que puedan existir del conjunto de las fuerzas políticas para afrontar lo que, en mi opinión, es un gran reto, que supone hacer que
la Constitución llegue al sentimiento, a la opinión de una mayoría de ciudadanos de nuestro país.
Agradezco también la posición favorable que ha habido a la iniciativa de convocar el referéndum como método de ratificación. Sin duda alguna, más allá de lo que representa como compromiso político del partido que ganó las elecciones, y que
otras fuerzas políticas han reiterado hoy aquí, supone un intento de acercamiento a esa necesidad que la sociedad ha expresado con contundencia en las elecciones europeas. Por ello no queremos decidir solos al respecto sino compartiendo con las
fuerzas políticas lo que representa la pregunta y el momento del referéndum, aunque reitero que al Gobierno le parece conveniente que ese referéndum lo celebremos en el menor tiempo posible, siempre que el debate y la información que
fundamentalmente han de surgir de esta Cámara con la iniciativa del Gobierno, que ha de llegar a comunidades autónomas, que ha de llegar a interlocutores sociales, que ha de llegar a representantes municipales, a organizaciones no gubernamentales,
en definitiva, al conjunto de la sociedad, comporte un tiempo necesario e imprescindible.
En segundo lugar quería hacer una reflexión que quizá nos ponga algo en perspectiva de lo que ha pasado los días 17 y 18 junio en Bruselas y que explica por qué he hablado de un día sin duda histórico para el continente. Voy a trasladarles
una reflexión que yo me hacía en la celebración del Consejo de la Unión Europea. Allí estábamos gobiernos de 25 países expresándonos en 20 lenguas distintas. Había países que se acercan a los 90 millones de habitantes y otros que no llegan al
medio millón; países con un crecimiento y una riqueza desde el punto de vista económico de los más avanzados del mundo y países que están muy lejos de tener unas condiciones
que se acerquen a la media de la renta per cápita europea; países con una profunda tradición democrática, países que prácticamente han vivido durante el último siglo en democracia y países que acaban de nacer a la democracia, que en estos
momentos están incorporando a su forma de vida los valores de la democracia, los comportamientos de un Estado de derecho, el horizonte de lo que representa un modelo de vida y una identidad europea. Veinticinco países que sabían y estaban
convocando a más países: a Rumania y a Bulgaria, que pronto estarán dentro de la Unión; 25 países que debatían sobre la integración de Turquía, con lo que ello representa desde el punto de vista de amplitud de horizontes civilizatorios para la
propia Unión Europea, o de Croacia; un proyecto que sin duda refleja una enorme ambición histórica. Esta reflexión debería tenerla presente esta Cámara, como debería tener presente también que, en efecto, en ese contexto de 25 países, tan
distintos -y algunos tan distantes geográficamente-, con historias muy diversas, con culturas y pueblos muy heterogéneos, con lenguas distintas -no sólo las 20 que están allí sino otras más que espero que cada día ganen reconocimiento; creo que
hemos abierto la vía-, este es el proyecto de organización política más ambicioso y apasionante que ha conocido la civilización.
Alguien puede decir que la Unión Europea se mueve como un trasatlántico, y es cierto, pero es que es del tamaño de un
trasatlántico; alguien puede decir que un trasatlántico no está capacitado para hacer regatas, y es verdad, pero sin duda tiene y da una fortaleza al proyecto y una seguridad realmente impresionantes. Desde el punto de vista de los intereses de
España -no de los intereses de España como Estado, en este caso, sino desde el punto de vista de nuestra evolución social-, ¿alguien puede poner en duda que los 18 años que llevamos de integración en el proyecto europeo, en una fase en aquel
entonces más incipiente, son los 18 mejores años de nuestra historia como proyecto colectivo común? (Aplausos.) Son los mejores desde el punto de vista de las libertades democráticas, del avance económico, de la consolidación de un modelo de
cohesión social en el que a todos nos gustaría avanzar, desde el reconocimiento de la diversidad y la identidad de los pueblos que integran este Estado, de su fortaleza, de su vocación, en todos los ámbitos, identidad política, identidad y vocación
de reconocimiento de la diversidad lingüística. Sinceramente creo que esa reflexión no puede estar escindida de lo que representa el proyecto de la Unión Europea.
¿Ahora qué tenemos? Un texto constitucional que para el Gobierno no es la meta, no
es una meta -y he querido informar a la Cámara en un tono moderadamente optimista, aun reconociendo que era un día histórico-, para el Gobierno es el principio de una nueva etapa de la Unión Europea. El principio de una nueva etapa que sin duda
alguna ha dejado plasmados, en la expresión de lo que representa el Tratado constitucional, cuáles van a ser los rumbos determinantes. Los rumbos determinantes de esa nueva etapa son: más unión política, más Unión Europea y más representación
democrática, porque hay más poderes en el Parlamento, porque hay menos decisiones intergubernamentales, porque hay más mayorías cualificadas y menos unanimidad en la toma de decisiones, porque hay una apertura -insisto- que representa el inicio de
una nueva etapa. Una apertura a lo que representa compartir derechos de ciudadanía para toda la Unión Europea. Seguramente para un país como el nuestro, en el que tenemos consagrados muchos derechos constitucionales en todos los ámbitos, tanto en
el ámbito de los derechos fundamentales de la persona como en el ámbito de los derechos políticos esenciales, y tenemos mecanismos de garantía y de reacción ante los tribunales en defensa de esos derechos, quizá no sea una gran novedad, pero para
países que han vivido en regímenes dictatoriales, desconociendo cartas de derechos, sin garantías y sin capacidad de defensa, saber que se van a sentir en un gran proyecto de la fortaleza de la Unión Europea, con sus instancias jurisdiccionales que
garanticen lo que representa ese conjunto de derechos es algo que créanme que a mí me produce gran satisfacción. Países que durante decenas de años -nosotros también lo tuvimos- vivieron la dictadura, la falta de libertades y el atraso económico,
ahora, sin duda alguna gracias a la Unión Europea, van a vivir un proceso de consolidación democrática, de respeto a la diversidad, de avance económico y de ayuda desde el punto de vista de su desarrollo y de su bienestar. Por ello creo que tenemos
que sentirnos motivados e ilusionados, sobre todo por lo que he dicho, porque buena parte de las cosas que seguramente no están recogidas plenamente en el Tratado constitucional van a depender de la vida constitucional, del desarrollo del Tratado
constitucional, de la capacidad que tengamos unos y otros Estados, pueblos y ciudadanos, creyendo en el proyecto, animándolo y, desde luego, dándole cada día mucho más contenido y mucha más fuerza. Me parece que no debería haber ni el más mínimo
intento de minusvalorar lo que representa esta Constitución. Seguramente la ciudadanía la ve lejos. Seguramente la ciudadanía la ve compleja en su dicción literal. Habrá que hacer un gran esfuerzo. Se ha simplificado mucho lo que representaban
habitualmente el lenguaje europeo y los textos jurídicos y habrá que hacer un gran esfuerzo. Los ciudadanos pueden tener derecho a un cierto escepticismo por esa distancia, pero desde luego nosotros no tenemos derecho al escepticismo. Tenemos la
obligación de explicar a la ciudadanía que esto es bueno para España y para Europa y tenemos la obligación de llevar hasta el último rincón de nuestro territorio, de nuestro país, lo que representa la Constitución europea, que es un avance, una gran
conquista y que cada vez que la Unión Europea ha sido más fuerte y ha estado más unida, le ha ido mejor a España, y eso es lo que va a pasar con la Constitución que acabamos de aprobar.
(Aplausos.)
Quiero ir más allá de estas consideraciones generales, con las que, insisto, intento que pongamos las luces largas sobre el debate que tenemos hoy, y no las luces cortas que he percibido en alguna intervención. Es verdad, señor Rajoy, que
ha dedicado bastante tiempo a glosar mi personalidad, mi talante y mi actitud de complacencia
-ha dedicado a ello el 60 o el 70 por ciento de su intervención-, pero no le he oído ninguna reflexión sobre lo que representa la Constitución ni en términos históricos ni en términos políticos ni sobre si comparte los pronunciamientos en
torno a la cohesión social, a la solidaridad o a los derechos fundamentales. En fin, no le hemos oído casi nada más que discutir o criticar al Gobierno. Ha dicho alguna cosa que pretendía que tuviera un contenido humorístico, que me parece bien
porque relaja el debate. Al final entraré a la parte de crítica fundamental de su intervención, pero me ha parecido entender que decía, señor Rajoy, más o menos: no sabemos dónde estará el señor Zapatero dentro de cinco años, y por eso no le
importará mucho lo que pueda pasar una vez que entre en vigor. Es verdad que nadie tiene la capacidad de saber dónde van a estar el señor Rajoy o el señor Zapatero dentro de cinco años; lo único que sabemos de cierto es dónde estamos ahora: usted
en la oposición y nosotros en el Gobierno; y yo no le cambio el lugar, se lo puedo asegurar, no le cambio el sitio bajo ningún concepto. (Aplausos.) Dentro de cinco años, si tenemos la oportunidad -yo le deseo que siga teniendo la oportunidad-,
estaremos hablando de dónde estamos cada uno, porque me parece que es lo correcto.
Se han planteado algunas cuestiones concretas y que afectan de una u otra manera a lo que representan las inquietudes más importantes. Hay una inquietud desde el punto de vista de la naturaleza del avance en derechos sociales. Quiero
tranquilizar al representante de Izquierda Unida, señor Llamazares, porque el avance en la Carta de derechos sociales es sustancial, las garantías de su vinculación son evidentes y no hay ninguna cláusula que ponga en cuestión. Permítame que le
diga que en este terreno -en este, no en el de la fiscalidad- no ha habido ninguna victoria de las llamadas líneas rojas, que estoy de acuerdo con usted en no saber por qué se las llama así. Las líneas han sido bastante débiles, y la voluntad de
consagración de derechos sociales en el Tratado constitucional ha sido ampliamente mayoritaria en el Consejo.
Al hilo de la intervención del señor Llamazares, me gustaría hacer una reflexión sobre cohesión social y Estado del bienestar. La pregunta que honestamente nos tenemos que hacer es: ¿Hay algún modelo en el mundo, en alguna región del
mundo, en algún continente, en algún gran país, que tenga una situación de cohesión social y de bienestar social igual a la que representa la mayoría del modelo -subrayo, la mayoría del modelo- de los países que integran la Unión Europea? Creo que
la respuesta viene por sí sola: no, la Unión Europea representa el modelo de mayor cohesión social de los hasta ahora conocidos y de los existentes en las asociaciones, regiones o uniones de países. El capítulo del Tratado constitucional dedicado
a la solidaridad se extiende a todos los ámbitos, y muy especialmente a uno al que creo que debemos ser muy sensibles: el de la solidaridad territorial con aquellas regiones y países que tienen problemas serios de desarrollo y un retraso muy
evidente. Creo que es la máxima expresión de solidaridad. ¿Hay algún modelo político al que se le pueda reputar de poco solidario o de no avanzar en la línea de la cohesión que haya sido capaz de organizar que los Estado más ricos pongan recursos
de sus presupuestos -por tanto, de sus ciudadanos y de sus impuestos- para que otros países tengan desarrollo, infraestructuras, política social y ayuda para su agricultura? ¿Hay algún modelo que se conozca que pueda ser de más cohesión? Estoy de
acuerdo en que el presupuesto de la Unión debería estar por encima del 1 por ciento del PIB europeo porque estoy de acuerdo en que tiene que mantenerse el principio de cohesión. Por cierto, al hilo de los intereses nacionales, quiero recordar que
las perspectivas financieras se tienen que decidir por unanimidad; por tanto, tenemos una buena cláusula de salvaguardia desde ese punto de vista en concreto.
Señor Llamazares, el europeo es un modelo de cohesión social y de cohesión territorial. Podemos compartir que hay que avanzar en la cohesión, pero el tratado no lo impide, al revés, más bien permite avanzar en políticas de más cohesión
social porque al garantizar derechos sociales, inevitablemente se abre la puerta a la exigencia de hacer nuevas políticas de cohesión social, y en esto incluyo lo que son políticas no sólo de cohesión social -entre comillas- pasiva sino también,
obviamente, políticas de cohesión social que tiendan a mejorar la productividad, la educación, el empleo, la investigación y la innovación. Va a ser sin duda en perspectivas financieras un debate intenso lo que representa el presupuesto de la Unión
Europea, pero no existe de verdad un límite.
Por último, en relación con las inquietudes que planteaba el señor Llamazares, respecto a la política exterior, la cuestión ha sido acogida favorablemente, y con ello entro en el tema de la Presidencia de la Comisión de manera colateral.
Ciertamente estamos ante un escenario hace muy pocos años inédito. El avance en lo que representa este tratado para una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, para una voz cada día más fuerte y unida de la Unión Europea ante
los grandes problemas del orden internacional, ante los valores que por supuesto en el seno de la Unión este Gobierno va a defender de multilateralismo, de defensa de Naciones Unidas, de representación en las mayores instancias posibles de la Unión
Europea con una sola voz, la puerta que se abre es enormemente importante, como estoy seguro que comparte, mucho más si, como espero, el futuro ministro de Asuntos Exteriores, que obviamente sólo lo podrá ser a raíz de la ratificación de la
Constitución, es un español, en este caso Javier Solana, que previsiblemente seguirá en esta fase como alto representante de la Unión y secretario general del Consejo. Quiero decir algo al señor Rajoy sobre la Presidencia de la Comisión y creo que
al menos en este caso me va a comprender. Hasta ahora -y le puedo asegurar que he estado en varias reuniones y en muchas conversaciones bilaterales y de todo tipo- hemos oído un número más elevado de candidatos que de países a la Presidencia de la
Comisión y he visto cómo progresivamente cada uno de esos candidatos no lograba reunir el consenso necesario. El Gobierno español está actuando con prudencia, a tenor de cómo barruntábamos la situación y lo difícil que
iba a ser. Solamente quiero hacer un matiz: sí había un candidato a la Comisión que tenía una mayoría, pero no fue bloqueado por Alemania y por Francia sino más bien por otros países. Hoy mismo hay y seguro que mañana habrá intensas
reuniones y conversaciones para ver si hay un candidato a la Presidencia de la Comisión. Le puedo decir cuáles son los criterios que, desde el punto de vista del Gobierno español, debe reunir ese presidente. Debe ser de un país zona euro, debe ser
un candidato europeísta, no debe ser un candidato de un país que tenga una actitud de freno a la construcción de la Unión Europea y, por supuesto, preferiblemente un candidato con el que España pueda tener una buena relación. Pero la prudencia es
lo aconsejado a tenor de lo que se ha producido.
Quiero entrar en otro de los aspectos concretos que han planteado diversos grupos parlamentarios, que es lo relativo a las lenguas oficiales. No voy a insistir en el momento en el que el Gobierno abordó la situación con la petición que
escuché en el debate de investidura. Hemos tenido un tiempo relativamente breve desde que el Gobierno tomó posesión, se constituyó y empezó todo el proceso de negociación en torno a la Constitución de la Unión Europea, con un deseo claro, no sólo
porque había sido una petición de un grupo parlamentario sino también por convencimiento propio, que creo que es lo que más debe importar en este caso al portavoz de Esquerra Republicana, señor Puigcercós, y a algunos otros, porque es un
convencimiento propio, del máximo reconocimiento de las lenguas oficiales de nuestro país en la Unión Europea. Lo digo con toda contundencia. Pero creo sinceramente que el texto que se ha aprobado y especialmente la declaración, señor Duran, que
ha sido suscrita por todos los países, tienen un valor político importante y tienen además en muchas ocasiones un valor como fuente interpretativa de los propios tratados. Esa declaración permite abrir una vía de iniciativa, de trabajo, que tendrá
que ser creativa e insistente, pero quiero subrayar que la declaración establece de una manera clara el compromiso de apoyo a las lenguas oficiales de los Estados de la Unión Europea, de apoyo y protección. A los que, como el señor Duran, tienen
cierta experiencia -por lo que le he escuchado en estos dos debates- de cómo se construye la Unión Europea, cómo se van abriendo los caminos y cómo se van estableciendo determinadas posibilidades, les puedo asegurar que esta declaración que se ha
producido en el Tratado constitucional, a propuesta de España pero aprobada por unanimidad, por todos los países, es una vía enormemente útil para que no sólo, como se ha hecho, reconozcamos la traducción oficial a las lenguas en nuestro país, sino
que además podamos tener otras iniciativas que, por supuesto, el Gobierno va a poner en marcha, que quiere compartir con la Cámara, que quiere compartir con las comunidades autónomas, y que el espacio de trabajo sigue siendo un espacio importante.
Sin esta declaración sería muy difícil poder abrir ese camino, pero aquí hay una declaración del Consejo, anexa al Tratado constitucional, que dice que hay que apoyar y proteger a las lenguas oficiales de cada uno de los Estados que se traduzcan,
que es obviamente lo que vamos a hacer en este momento. Quería insistir en ello. En todo caso, el debate nos ha hecho descubrir algo positivo, y es que al Grupo Parlamentario Popular, a pesar de que había tenido ante este tema indiferencia o
distancia, también le ha parecido poco esto. Bienvenido a la defensa de las lenguas oficiales de nuestro país en la Unión Europea, señor Rajoy. (Aplausos.) Creo que eso al menos tiene una parte positiva.
No va a ser este Gobierno el que dispute con nadie lo que supone la consagración de la contradicción de las regiones ultraperiféricas y su compatibilidad en cuanto a las ayudas posibles con el mercado interior.
Simplemente me he limitado a
decir que esto era enormemente positivo para Canarias y que me siento muy satisfecho porque este era un compromiso por el que habíamos trabajado. No voy a negar el mérito a quien lo tenga, que se ponga la medalla quien se la quiera poner.
(Rumores.-Aplausos.) Lo importante es que Canarias, como comunidad autónoma y como región ultraperiférica, haya tenido la consagración de su régimen singular.
Desde esa perspectiva, quiero decir que el mérito seguramente es del conjunto de la
sociedad canaria, que ha sido siempre enormemente sensible respecto a lo que representa el proyecto de la Unión Europea. En su momento, en la Comisión Mixta para el Unión Europea habrá espacio para ver cuál ha sido el iter de esa consagración y en
qué momento, bajo qué Presidencia, en qué mes y en qué día aparece esa compatibilidad, pero hoy ante el Pleno lo que tenemos que hacer es felicitarnos por que esa realidad esté así establecida.
Otra de las cuestiones que se ha planteado de manera insistente es lo que podríamos llamar el reconocimiento y la participación de la diversidad de pueblos, de gobiernos con competencias legislativas, comunidades con competencias
legislativas, parlamentos con competencias legislativas en el proyecto de la Unión Europea. Se han reconocido de manera expresa por el portavoz de Esquerra Republicana ciertos avances -Comité de Regiones, Tribunal Superior de Justicia, un
reforzamiento del principio de subsidiariedad, etcétera-, pero insisto en que aquí tenemos dos planos.
Hay un plano estrictamente interno en el que el Gobierno ya ha comprometido un espacio nuevo en lo que afecta al proceso de construcción de la
Unión Europea y la participación de las comunidades autónomas. Eso tendrá que ver mucho con la representación en los consejos de las comunidades autónomas en los temas que afecten -ya me referí a ello hace unos días- y va a tener mucho que ver
también con la reforma del Senado y la participación de comunidades autónomas a través de la Cámara de representación territorial en el proceso de construcción de la Unión Europea, pero desde luego estoy firmemente convencido de que la mayoría de
los grupos que han planteado esa inquietud no dudan de cuál es la voluntad del Gobierno, y la voluntad del Gobierno es que en el espacio que afecta a nuestra potestad como Estado mi compromiso es que las comunidades autónomas tengan la mayor
participación posible en todo el proceso de construcción de la Unión Europea. Va a ser objeto también de debate en la
Comisión Mixta para la Unión Europea y en el debate que podrá dar lugar a la explicación en el referéndum, pero no puedo asumir que este Tratado constitucional suponga un paso atrás en relación con el reconocimiento de la diversidad, con el
principio de la subsidiariedad y con lo que pueda representar la participación y el reconocimiento de culturas y lenguas del conjunto de la Unión, aunque todos somos conscientes de que ahora estamos a veinticinco en un universo enormemente
importante. Pero para el Gobierno de España esta es una cuestión fundamental. Se ha utilizado, y con razón, en muchas ocasiones el argumento de los millones de personas que hablan catalán, de muchas personas que hablan gallego, que hablan euskera,
que hablan cualquier lengua oficial de nuestro país que tiene que tener protección, reconocimiento y una interlocución con la Unión Europea. Hemos empezado el trabajo y les animo a que sigamos trabajando juntos para que podamos avanzar mucho más
rápidamente. Lo hago extensivo también al representante del Partido Nacionalista Vasco. Por supuesto que me ha congratulado la referencia al Quijote, la comparto, obviamente.
Creo que hago un esfuerzo permanente por compartir lo que representa la
comprensión y la riqueza de la diversidad lingüística. Simplemente le reitero la reflexión. Créame que se ha abierto un camino, y es la primera vez que se abre un camino de esta envergadura, para el reconocimiento de las lenguas oficiales de
nuestro país en la Unión Europea. Simplemente para la reflexión, porque el proceso de construcción europea se ha hecho así, esta tarea la ha hecho el Estado -no voy a hacer ninguna otra consideración-, y sería muy positivo que hubiera una
valoración algo más estimulante de lo que significa la Constitución desde el grupo que representa, también desde Eusko Alkartasuna y desde el de la señora Barkos, sobre las expectativas en el referéndum que vamos a celebrar. Ya sé que con los
textos constitucionales siempre hay algunos grupos que necesitan un proceso de debate y de maduración. Yo creo que merece la pena que la máxima sensibilidad sea expresada a la hora de dar el respaldo a la Constitución europea, a este Tratado
constitucional. No va a restar espacios a las comunidades autónomas, los va a ampliar; no resta espacios a la diversidad cultural y lingüística, los va a ampliar; no resta espacios a lo que puede ser una arquitectura de Gobierno en todos los
niveles de mayor cooperación para lo que representa abordar los problemas de una sociedad moderna. Créame, tengo ese convencimiento y tengo también claro el afán, el deseo de que esto pueda ser compartido, como me gustaría que asimismo pudieran ser
compartidos los muchos valores positivos que tiene la Constitución de 1978, aunque no colme todo lo que pueda representar un proyecto histórico, una ambición de futuro. Por ello, el Gobierno está convencido de que la Constitución de la Unión
Europea, el Tratado constitucional, va a representar sin duda un impacto en el texto constitucional español. Por eso, en la propuesta de reforma constitucional uno de los elementos que el Gobierno va a encargar a la reflexión y al estudio del
Consejo de Estado, como órgano consultivo del Gobierno, es la implicación de este texto constitucional en nuestra Constitución y sin duda alguna habrá una necesidad de que la Constitución incorpore lo que representa el Tratado constitucional de la
Unión Europea. No creo que eso suponga afectación a otras cuestiones que han sido mencionadas aquí relativas a determinadas disposiciones, en concreto a una disposición adicional en singular, pero reitero que el impacto de lo que representa la
Constitución de la Unión Europea en nuestra Constitución será la tarea que en breve plazo el Gobierno va a encargar al Consejo de Estado en ese proyecto de reforma de la Constitución española.
Creo sinceramente que el equilibrio que se ha conseguido en el reparto institucional de poderes es un equilibrio razonable. Seguramente el Gobierno de España hubiera deseado ver una Comisión más reducida y en menos tiempo, puesto que eso
facilitaría la eficacia del Gobierno de la Unión Europea, pero también tenemos que tener sensibilidad hacia aquellos países que acaban de entrar, ya que la Comisión para ellos es sin duda alguna el elemento central para el proceso de su integración
y para el proceso de participación en la Unión Europea. Sencillamente, señor Rajoy, quiero decir que donde los países más pequeños tenían realmente centrado su objetivo era en la Comisión. Y el segundo objetivo en relación con lo que representa el
voto en el Consejo desde luego estaba muy lejos de lo que España planteó y ha conseguido que, como he dicho anteriormente, es una posición razonable y satisfactoria de nuestra fuerza y de nuestra influencia, de lo que representa España en la Unión
Europea.
Señor Rajoy, durante estos días le he oído decir que España había perdido peso, que habíamos pasado a la segunda división, que el Gobierno había llevado a cabo una negociación débil, que habíamos sido -lo ha repetido hace un rato-
complacientes, pero yo le voy a decir la realidad de lo que ha sucedido. El Gobierno de España ha conseguido en esta negociación lo que anteriormente el Gobierno del Partido Popular no consiguió y Europa no le dio. (Aplausos.) Lo reitero por si no
ha quedado claro. El Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de España en estos momentos ha conseguido lo que el Gobierno del Partido Popular quería y no le dio en diciembre el Consejo Europeo durante la Presidencia italiana.
Evidentemente,
usted dirá que esto no es cierto y ante esto sólo tenemos una opción: preguntarle al señor Aznar. Pero el señor Aznar no está aquí.
El señor Aznar sabe, y conoce muy bien, cómo se vivió el proceso en diciembre y en los meses inmediatamente
posteriores a que este Gobierno tomara posesión. El señor Aznar no está aquí, pero me dio un amplio dossier de documentación el 25 de marzo, el día antes de que empezara el Consejo de la Unión, que fue un Consejo prácticamente de trámite. Es
verdad que en el traspaso de poderes fue el dossier más amplio que me dio, y se lo agradezco al señor Aznar. Dentro de los múltiples documentos que este dossier contiene, le voy hacer referencia a un documento en concreto que es muy clarificador, y
que seguramente va a tener bastante interés para la Cámara y para
la opinión pública. Es un documento de la secretaría de la Conferencia Intergubernamental Europea. Reitero, me lo dio el señor Aznar directamente. Lleva por título: Doble mayoría. Insisto, un documento de la secretaría de la Conferencia
Intergubernamental. Propone la solución que finalmente se adoptó el viernes: mayoría de Estados del 55 por ciento y mayoría de la población del 65 por ciento. Y señala más abajo: Epígrafe. Ventajas: umbral de población 65 por ciento, fijado al
menos al nivel deseado por España y Polonia, a fin de aumentar en cierta medida su capacidad relativa de bloqueo. Y ahora le ruego que preste atención a lo que dice el texto: España ha dejado entender de modo oficioso que aceptaría un umbral de
este orden: 65 ó 66 por ciento. Como ven, señorías, en este documento, insisto, entregado por el señor Aznar, se sugiere... (Aplausos.) En este documento, señor Rajoy, se sugiere una cosa clara, que España deseaba el 65 por ciento de población
como criterio y que España no lo consiguió en aquel entonces.
(Aplausos.-Rumores.) Veo, señor Rajoy, que este documento le pilla seguramente por sorpresa. (Rumores.) Le diré que saco una conclusión del mismo: el señor Aznar hizo mejor el traspaso
de poderes conmigo que con usted, señor Rajoy. (Aplausos.) O, pensándolo bien, quizá, señor Rajoy, el problema es que el señor Aznar todavía no ha hecho el traspaso de poderes con usted. (Aplausos.)
Esta es la situación real. El Gobierno del Partido Popular deseaba llegar a ese umbral de la mayoría, y ni en el Consejo de diciembre con Presidencia italiana, ni posteriormente, se había ofrecido. Y, ahora, la reflexión es muy sencilla.
¿Sabe, señor Rajoy, por qué no se le ofreció al Gobierno anterior y sí se le ofreció, después de mucho diálogo, a este Gobierno? Porque este Gobierno realiza la tarea del diálogo y la negociación política con un talante abierto
(Risas.-Rumores.-Aplausos.), con una actitud que dista mucho de ir a los sitios a querer sacar a este país del rincón de la historia. Esa es la diferencia. (Aplausos.) Este Gobierno trabaja por construir razonablemente la Unión Europea, por
defender razonablemente los intereses de España, que son los intereses del conjunto de la Unión Europea. Señor Rajoy, la historia de nuestro país demuestra que aquellos que presumen de ser los que más ambición tienen en defender a España o los
intereses de España, normalmente han prestado muy pocos buenos servicios a este país. (Aplausos.)
Como español que siento la ciudadanía europea, la ciudadanía española, fundamentalmente como un proyecto de convivencia a compartir, donde todos somos iguales y nadie representa mejor los intereses que otro, aspiro a que en esta Cámara todos
sus diputados, todos sus responsables políticos sepamos defender y reconocer el principio esencial que nos ha traído aquí: el principio de la igualdad y el principio de hacer una Europa cada día más unida, más libre y más solidaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluida la respuesta del presidente, entramos en el turno de réplica.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Terminaba el presidente del Gobierno con una frase de gran contenido político: Todos somos iguales -decía-, salvo en el caso que aquí nos ocupa, porque no somos iguales -lo éramos- que Alemania, que Francia, que Italia y que el Reino Unido.
(Rumores.) Hemos perdido el peso que teníamos en relación con esos países. (Aplausos.)
Señor presidente, quizá lo más importante -fíjense, señores diputados- y lo más ajustado a la verdad que ha dicho el presidente del Gobierno en esta su segunda aportación ha sido que él está en el Gobierno y yo en la oposición. Ha hecho una
colosal aportación a la ciencia política. Y eso es lo que usted ha hecho en este debate que se ha producido en el Consejo Europeo, señor Rodríguez Zapatero. Usted solemniza lo obvio, que es lo que le he dicho hoy aquí. Usted vende humo y lo hemos
visto en el tema de las lenguas, donde, como ha quedado acreditado, a pesar de sus esfuerzos para intentar demostrar lo contrario, no ha demostrado ni ha aportado nada; lo hemos visto en el tema de Canarias, donde ahora dice que se apunten las
medallas otros. ¡Pero es que lleva usted apuntándoselas durante mucho tiempo! Lo que yo quise decirle es que no se apunte usted las medallas, porque, efectivamente, las medallas no tiene que apuntárselas nadie. (Varios señores diputados: ¡Bono!)
Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Ahora nos ha hablado de que las perspectivas financieras se aprueban por unanimidad. Supongo que no se apuntará eso también o que no saldrá ahora a decir aquí que no se las apunte nadie. Lo mismo ocurre
con el tema de la violencia doméstica.
Siendo yo presidente del JAI y ministro del Interior cuando España presidía la Unión Europea, entre otras cosas, convocamos una conferencia interministerial en todos los países de la Unión Europea sobre el
tema de la violencia doméstica, con conclusiones muy importantes que ya están incorporadas a la normativa europea.
Usted lo que hace es decir obviedades. Por eso he dicho que su papel ha sido absolutamente irrelevante. Yo solamente le critiqué por dos cosas, señor presidente del Gobierno: una, porque España había perdido peso, lo cual es un hecho
objetivo y, otra, porque es mucho menos claro, mucho menos comprensible y mucho menos eficaz el sistema que hemos aprobado ahora que el que había en Niza, y he dado datos concretos y determinados.
Y ahora usted me saca un documento donde dice que
España y otro país han dejado entender de manera oficiosa que podríamos aceptar el nivel del 65 por ciento. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a aceptar el 65 por ciento si nosotros tenemos Niza? ¿Pero por quién nos toma usted a nosotros? Si tenemos
Niza, que es mucho mejor, ¿cómo vamos aceptar el 65 por ciento? El 65 por ciento lo ha aceptado usted, porque usted hizo el eje de su batalla política el discurso de: volvamos a Europa, como si los demás no estuviéramos en Europa. Pues sí, señor
presidente, sí estábamos en Europa, entre otras cosas, consiguiendo un acuerdo como el de Niza, del que usted como presidente del Gobierno se va a
beneficiar a lo largo de los próximos cincos años, porque durante los próximos cinco años Niza va a estar en vigor. Este es el tema, señor presidente del Gobierno. Tanto hablar de la obcecación de Aznar para ahora sacar un papel diciendo
que alguien dijo, que de manera oficiosa dio a entender que podríamos aceptar. Usted lo que tiene que explicarle a la Cámara, o por lo menos manifestar su acuerdo, porque yo creo que es un hecho absolutamente obvio, es que con Niza, que era lo que
estaba en vigor y lo va a seguir estando durante cinco años, vamos a tener un determinado peso, y que por su negociación lo hemos perdido. Si es un hecho objetivo, si además no pasa nada, si además tampoco tiene que preocuparle el que le
critiquemos, si nosotros vamos a darle el apoyo para que haga un referéndum y vamos a votar a favor de la Constitución. Y vamos a votar a favor de la Constitución demostrando, entre otras cosas, lo poco serio que ha sido su actitud política a lo
largo de los últimos meses con aquello de: el Partido Popular está fuera de Europa y ahora nosotros volvemos a Europa. Pues, mire usted, no. El Partido Popular llegó al Gobierno y España entró en el euro. Fue el máximo impulsor de la creación
del espacio de seguridad, libertad y justicia. Impulsó firmemente la cohesión económica y social, y en el Consejo Europeo de Berlín, España se convirtió en el máximo perceptor europeo de fondos estructurales y de cohesión. Por cierto, a ver qué
hace usted. España fue el promotor de la Agenda de Lisboa, respaldó el proceso de adhesión, convirtió el serio desafío de la inmigración en objeto de atención prioritaria de la Unión Europea e impulsamos activamente el proceso de elaboración de la
Constitución. Cuando empezó la Convención, Aznar era el presidente de turno de la Unión Europea y había varios miembros de mi partido político en el presidium, y ahora dice que volvemos a Europa.
Usted de momento ha vuelto a Europa y su único
logro es que España pierda peso en Europa. Es el único. Ese es un hecho objetivo y por tanto indiscutible. (Aplausos.) Antes de Niza teníamos el 80 por ciento del peso de los grandes, con Niza el 93 y ahora tenemos el 55 por ciento del peso de
Alemania, y encima dice usted que nosotros propusimos eso. No, nosotros propusimos y conseguimos Niza, y usted no sé lo que propuso, lo que consiguió es lo que hemos visto en el día de hoy aquí y lo siento mucho.
Le voy a dar otro dato: ¿Sabe usted que nosotros teníamos más peso que Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta juntos? Pues ahora tenemos una tercera parte. ¿Y sabe usted que Londres consiguió todas sus líneas rojas en el
debate de la Convención que se ha producido en estos días? Y los pequeños pasaron del 50 al 55 y Polonia consiguió los tres cuartos de la minoría de bloqueo. Si es que usted no consiguió nada, y luego dice o deja traslucir, a ver si alguien
interpreta algo, que tenían una gran idea y que fueron muy prudentes para el nombramiento del presidente de la Comisión Europea. ¿Eso qué quiere decir? ¿Usted tenía algún candidato? ¿Dio algún nombre? ¿Que sea europeísta? ¿Pero qué es eso?
(Risas.) ¿Puede explicar qué es eso? ¿Hay alguno de los que hayan salido que no haya sido europeísta? Usted lo que no tenía es criterio y yo quiero que el presidente de Gobierno de mi país tenga un criterio porque a mí no me es igual que sea una
persona que otra el presidente de la Comisión. Porque algunos de los nombres que se barajaron eran muy negativos para los españoles, pero no para usted ni para el Grupo Popular ni para este Parlamento, para el conjunto de los españoles, por su
forma de pensar, por su forma de actuar, y ello independientemente de la ideología. No se crea usted, puede haber, y los hay, personas que son mejores para España con una ideología distinta de la suya o distinta de la mía. El señor Moratinos se
ríe. Sin duda alguna fue el que le asesoró para que dijera que no presentara ningún candidato, porque si no, no tiene otra explicación. Se reirá de sí mismo, no se me ocurre otra cosa.
(Aplausos.) A mí no me hace ninguna gracia el resultado de
las negociaciones que hemos tenido en Europa los últimos días. Yo no sé si a usted le hace gracia. Yo le he dicho antes que a ustedes les veo muy contentos, pero yo no lo estoy, sinceramente no lo estoy. (Rumores.)
Dicho esto, señor presidente, le reitero lo que le señalaba en mi primera intervención. Mire usted, hay responsables políticos en países de la Unión Europea, como el señor Fabius, socialista y correligionario suyo, que hoy se ha posicionado
en contra de la Constitución europea, y otros muchos dirigentes en otros países. Este partido va a votar a favor de la Constitución europea y tiene derecho a reprocharle y a exigirle a usted responsabilidad por su pésima negociación en lo que se
refiere al peso de Europa. (Aplausos.) Tenemos la obligación de hacerlo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En su turno de réplica, el Grupo de Convergència i Unió, señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Voy a hacer referencia a su segunda intervención diciendo que coincido básicamente con la primera parte de sus reflexiones en torno a lo que afecta y lo que significa este proyecto de Constitución, ratificando
algunas de las ideas que a lo largo de su exposición y de otras exposiciones se han puesto de relieve acerca de la importancia y de lo difícil que será obtener un apoyo al referéndum. Yo soy de los que siempre exhibe como prueba del algodón de la
importancia de formar parte de esta Unión Europea el hecho de que los que no están llaman a la puerta para entrar. Me parece que es el mejor indicativo de lo que significa el proyecto de democracia, de libertad y de bienestar que supone la Unión
Europea. Pero permítame, señor presidente, que le recrimine con buen talante y con simpatía que cuando deja de contestarle al Partido Popular y de darle alguna respuesta más enfatizada a Izquierda Unida, a los demás nos remite simplemente a tratar
cuestiones de lengua y de reconocimiento regional. Aparte de la defensa que continuamos haciendo, y que le explicaré, del reconocimiento de la lengua -yo he dedicado apenas una cuarta parte de mi intervención a hablar de la lengua o del
reconocimiento regional-, he dedicado las otras tres partes de mi intervención a hacerle preguntas a
las que usted no ha dado respuesta. Le he preguntado de qué manera se ha posicionado el Gobierno español, y por tanto usted, en relación con el planteamiento de dar más poder a la Comisión para que esta pueda lograr que aquellos países que
no cumplen las condiciones del Pacto de Estabilidad obedezcan y cumplan sus instrucciones; sobre la referencia al compromiso de Ioanina respecto a lo que se renueva en este consejo o cumbre; sobre el candidato a la Presidencia de la Comisión,
porque a mí y a mi grupo también nos importa saber qué piensa el Gobierno español sobre posibles candidatos y los demás países lo han dicho públicamente -yo le cité un nombre en particular-, y sobre otras cuestiones que le planteé en torno al
edificio europeo y a las que usted tampoco ha dado respuesta.
Así pues, tanto por esta razón como porque estamos alargando el debate y todavía queda todo el orden del día del Pleno, yo desisto a hacer uso de la palabra después.
Quería acabar mi intervención diciéndole que yo no dejo de valorar lo que ustedes han hecho en torno a la lengua, pero considero que es insuficiente y que lo que se ha añadido como declaración concreta -que, por supuesto, tiene su
importancia por ser suscrita por todos los países- es nada más y nada menos que lo que ya establece el artículo 22 de la Carta de Derechos, incorporado a la propia Constitución europea. Le recuerdo que yo le manifesté el deseo de que, al margen de
esa declaración concreta suscrita por todos los Estados miembros, hubiera una declaración propia del Gobierno español y que buscaran amparo y apoyo en otros países. No me contestó si lo había hecho o no. Antes, cuando nosotros planteábamos este
problema de las lenguas, nos decían: ustedes deben resolver eso en Madrid. Yo no desearía que a partir de ahora se nos dé por respuesta: eso ya lo ha resuelto el Consejo. Por tanto, más allá de gestiones que ustedes puedan hacer -me hago pesado,
pero insisto en ello- en la reforma del Reglamento de régimen lingüístico que deberán llevar a cabo en el seno de la Unión Europea, no espere a la incorporación de Bulgaria y Rumanía. Ahí tiene la reforma del Reglamento de régimen lingüístico.
Cuanto antes mejor. Espero que no quede -hoy dicho mejor que nunca, vigilia de San Juan- en fuegos artificiales lo que son declaraciones de futuro respecto a la lengua. Yo, sinceramente, no reconozco como avance lo del Comité de las Regiones. No
creemos en el Comité de las Regiones. Respeto que otros crean pero nosotros no creemos en él. Por tanto, a nuestro juicio, la respuesta que da la Unión Europea al reconocimiento regional sigue siendo muy pobre y no digamos respecto a lo que
significa el principio de subsidiariedad. ¿Por qué no se compromete el señor presidente a algo a lo que ya le emplazó el portavoz del Partido Nacionalista Vasco? ¿Por qué cuando se inicia un proceso de elaboración de una normativa en la Comisión
de la Unión Europea, se requiere la posición y opinión del Parlamento del Estado y no se añade, de acuerdo con la aplicación del principio de subsidiariedad prescrito en el nuevo Tratado constitucional, el Parlamento de la correspondiente comunidad
autónoma, en singular o en plural, que tenga competencias al respecto?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor presidente del Gobierno, yo creo que el representante de Convergència i Unió ha dado en el clavo. La Constitución europea puede ser entendida como un marco de convivencia, como un paso adelante,
como un aspecto positivo, o puede ser utilizada como la ley de punto final; esta es la divergencia. Usted nos ha diseñado en su intervención y en la réplica el marco de cohabitación, de convivencia. Se han abierto diferentes vías: la vía para el
reconocimiento de la pluralidad, la vía para el reconocimiento de un modelo social que se puede consolidar, con lagunas, con dudas, con países que no participan de este proyecto, como puede ser el Reino Unido, pero es evidente que hay una
disyuntiva, disyuntiva que van a jugar los gobiernos estatales y cuya línea van a marcar. Usted tiene en estos momentos, bajo su Presidencia, la responsabilidad de marcar el camino a seguir. Podemos seguir la ley del punto final, que ya la
conocemos, porque curiosamente para el anterior Gobierno español, que ha presumido de su europeísmo, todo era siempre instrumental: La Ley de Estabilidad Presupuestaria era instrumental -lo decíamos hace pocos días aquí- porque el único objetivo no
era la contención del gasto público, sino el control de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos; y la Ley de subvenciones era instrumental ya que no mejoraba ni clarificaba ni ponía orden, sino básicamente controlaba comunidades autónomas.
El modelo europeo que construyó el Partido Popular iba en esta línea: si no hay papel relevante de las regiones es por la ardua tarea, hay que reconocerlo, del Partido Popular. Usted tiene la responsabilidad de virar el margen del proceso de
construcción europea, que pasa por solucionar los problemas internos. ¿Por qué en la República Federal Alemana o en Bélgica no plantearon un gran debate respecto al modelo regional? Porque el problema en Bélgica y en la República Federal Alemana
está solucionado internamente, tienen sus mecanismos de participación en el Senado alemán, con los länders lo tienen resuelto, y Bélgica tiene una fórmula parecida de resolución. Ustedes tienen la responsabilidad de garantizar la participación de
forma clara en los tres años que nos quedan para mejorar el posible Tratado constitucional. No nos va a convencer si entramos en fórmulas complejas de café para todos. Café cargado, copa y puro, que decían en mi pueblo, para quien quiera,
abstemios y no fumadores también se aceptan. Por esta razón tienen la oportunidad de demostrarnos en estos tres años la posibilidad de que se puede participar no sólo de la voluntad del Estado, sino también de forma directa en los consejos
europeos, en aquellos temas que atañen a aspectos fundamentales de algunas comunidades: turismo, agricultura y políticas ambientales.
En segundo lugar, es evidente que ustedes tienen la responsabilidad de demostrarnos en estos tres años que por parte del Estado hay voluntad de pluralidad lingüística. Si ustedes garantizan la pluralidad en el Estado, seguramente lo tendrán
más fácil para explicarlo en Europa. Y no dude en ningún momento del europeísmo de Esquerra Republicana. Aquí no hay quien pueda volver atrás o pueda soñar con modelos fuera de Europa. No lo dude, nosotros no somos euroescépticos, creemos
seriamente que Europa es el único marco posible, donde las reglas del juego no se mueven, no se cambian, donde no hay caprichos por parte de quien gobierna, todo lo contrario, forma parte de un consenso muy amplio, y ahí estamos. Pero queremos
dejar muy claro que con ese Tratado constitucional, tal como se ha diseñado, con márgenes escasos para la pervivencia de naciones como la catalana, hay pesimismo, no euroescepticismo. Le he hablado de la dificultad que van a tener ustedes como
Gobierno para fomentar la participación en el referéndum. Tienen un problema, lo tenemos todos. En primer lugar, la participación. porque el referente inmediato que tenemos son las elecciones europeas; en segundo lugar, es evidente que, como he
dicho antes, las islas Baleares y Cataluña han tenido siempre una abstención que ha ido en aumento porque no hay una socialización de los valores que puede representar en este sentido la Unión Europea.
Ahondando en lo que decía el presidente del Gobierno español respecto a garantizar la fórmula de participación de las comunidades autónomas, dos preguntas. Un ejemplo. ¿La policía de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, podrá participar
directamente de este espacio de seguridad común europeo o tendremos que pasar por el filtro de Madrid? Esto es garantizar la participación de las comunidades autónomas. Otro ejemplo que podemos entender. ¿Cómo va a articular la voluntad de las
comunidades autónomas con lengua propia, en este caso la lengua catalana, en los programas culturales de la Unión Europea? Se entiende que la concesión que han podido arrancar sirve para participar de los diferentes programas culturales europeos.
Estos son dos ejemplos de las preguntas que podemos plantear en estos tres años. Hay que buscar la fórmula para que las competencias exclusivas que tenemos puedan tener un reflejo directo en la Unión Europea o que las fórmulas de la diversidad
lingüística puedan expresarse en los programas europeos. Si esto no se puede garantizar en tres años, vemos muy difícil articular esta socialización de los valores de la Unión Europea.
En Esquerra Republicana consideramos que ha habido un esfuerzo de su presidencia y de su Gobierno respecto de la Convención. No estamos satisfechos pero, como he dicho en mi primera intervención, no nos vamos a deslizar por el camino de la
insatisfacción. Cataluña lleva desde 1714 lamentándose y en la senda de la insatisfacción. No vamos a entrar en esta senda. Nosotros consideramos que aquí se ha abierto un camino, que ha habido pasos tímidos...
El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós, vaya acabando, porque me temo que vamos a terminar muy tarde.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Sí señor, vamos a celebrar la verbena aquí mismo. Gracias, señor presidente.
Le decía que ha habido avances mínimos y que hay cierto pesimismo con contención. Depende de ustedes y de su voluntad que en estos próximos tres años podamos mejorar y ahondar en esta senda.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
Adelante.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en la temprana postguerra, dos ilustres vascos, Areilza y Castiella, por encargo del régimen, en aquella época escribieron un libro que se titulaba Reivindicaciones de España. Otro vasco, también ilustre, el
falangista Valdés Larrañaga, afirmó muy gráficamente en relación con aquel libro que era el Mein Kampf de la política española. El libro partía del presupuesto de que, durante décadas, en España prácticamente no había habido política internacional
y que, de alguna manera, la España triunfante e imperial que había ganado la guerra civil iba, por fin, a retomar las riendas de la acción exterior del Estado, situando al Estado a la altura que le correspondía, a la altura de los grandes. Entonces
se pensaba situarlo a la altura, por lo menos, de Gran Bretaña y de Francia, y, por supuesto a la altura de Alemania, que era el país que entonces estaba de moda. No se imagina -y sabe que no me refiero exactamente a usted- hasta qué punto el
debate, tal y como se está produciendo, en torno a los resultados del Consejo de Bruselas me recuerda a la tesis básica que rezuma este libro. Parece que todavía hay gente que está recordando las Reivindicaciones de España y está pretendiendo
instalar a España entre los grandes de verdad, que entonces ya eran Francia, Inglaterra y Alemania, sobre todo Alemania, que era la obsesión entonces y que parece sigue siéndolo ahora.
Nos ha ilustrado el señor presidente, y muy bien, sobre la dificultad que entraña alcanzar puntos de encuentro y concertar acuerdos en el seno de un colectivo tan grande y tan heterogéneo, desde todos los puntos de vista -de la dimensión, de
la economía, de las lenguas, de las culturas-, como los que conforman la Europa de los Veinticinco. Precisamente por eso, nos ha emplazado a hacer una valoración más positiva. Nos ha invitado a que no seamos tan escépticos, nos ha pedido
motivación y optimismo. Probablemente tiene razón porque seguramente no tenemos derecho a ser escépticos ni mucho menos a ser pesimistas, pero creo haber dejado claro en mi intervención que el balance que hago
del resultado del proceso de elaboración del texto constitucional no es netamente negativo, tengo mis reservas, evidentemente, pero no es negativo. No le digo que no se hayan producido avances en dos de los puntos que han centrado mi
intervención, en el ámbito de las lenguas autonómicas cooficiales y en el terreno del papel de las regiones con competencias legislativas, pero existen en el texto constitucional vigente cláusulas que encierran un fuerte potencial de desarrollo de
cara al futuro, un potencial de desarrollo que emplaza, sobre todo, a las instituciones internas. Yo he hecho referencia a algunas, pero he visto que algún otro portavoz hacía referencia a otras. Esto, de cara al interior, plantea un reto
importante que emplaza a usted y a su Gobierno a tomar las riendas del asunto y a dotar de contenido real a todo ese contenido potencial de articulación de mecanismos de participación de los entes subestatales -en este caso de las comunidades
autónomas- en los procesos de funcionamiento interno de la arquitectura institucional comunitaria. Es cierto que estos focos potenciales son menores en el ámbito de lo lingüístico porque el artículo 10, párrafo segundo y la declaración
complementaria a la que usted se ha referido, que habla del reconocimiento de la diversidad cultural lingüística, dan poco margen a este respecto; abren un camino, pero es un camino prácticamente yermo, que da poco de sí, y algo más en el ámbito de
las regiones.
Yo recojo su oferta y, una vez más, le emplazo a explorar las posibilidades que abre el texto constitucional a efectos de dotar de verdad de un contenido efectivo la estructura compuesta del Estado español, también en lo que se refiere a la
inserción del Estado en la estructura institucional europea, y facilitar esa corresponsabilización de todos los entes públicos que conforman el Estado en el funcionamiento del marco institucional europeo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: El señor presidente del Gobierno ha descendido desde el jet lag, al que me refería en mi intervención inicial, al trasatlántico, y vamos a hablar del trasatlántico.
En primer lugar, al igual que en otros medios de comunicación, estar en el puente de mando da cierta impresión. Yo he visto en la intervención del presidente del Gobierno una cierta tentación de estadista con relación a la cumbre de la
Unión Europea. Con relación al trasatlántico, señor presidente, el problema que nosotros tenemos es que hemos ampliado de forma sustancial el trasatlántico y no sabemos muy bien si podemos mantener la estabilidad del trasatlántico en el mar, no en
condiciones turbulentas, pero en el mar. Por otra parte, no sabemos muy bien cómo están los que de alguna manera viajan en el trasatlántico. Mi grupo parlamentario tiene la impresión, por una parte, de que la estabilidad no está garantizada con la
Constitución europea, ni la estabilidad institucional ni la estabilidad democrática. Por otro lado, respecto a los que viajan en el trasatlántico, nos da la impresión de que no es lo mismo lo que sienten los que están en las bodegas que los que
están en los camarotes. En general, las políticas más importantes en un sentido de izquierdas no han salido bien paradas en la elaboración de la Constitución europea.
Señor presidente del Gobierno, decía usted algunas cosas que me gustaría aclarar. Con relación a la Carta de Derechos, a la que usted hacía un cántico por su carácter vinculante, decía que era poco menos que una bendición para los países
que no habían contado con esos derechos durante muchos años. Yo le recuerdo, señor presidente, que esa Carta de Derechos solamente es efectiva para las leyes comunitarias en esa materia y que no es vinculante para las leyes propias de los Estados
nacionales, con lo cual no puede ejercer de carta de mínimos para los Estados que tienen escasos derechos ni tampoco de carta de máximos para otros Estados. Esto me parece importante, es una de las líneas rojas que hacen que se haya diluido la
Carta de Derechos Fundamentales.
En relación con el Estado del bienestar, le tomo la palabra en cuanto a su defensa pero, señor presidente, si no tenemos capacidad de intervenir en la política fiscal, si el presupuesto europeo sigue siendo un presupuesto prácticamente
estancado y si, por otra parte, en el Título III se consagran las leyes de estabilidad presupuestaria, mucho me temo que la competencia a la baja entre los Estados miembros de la Unión Europea va a provocar déficit en materia social, es decir,
recortes en el Estado del bienestar, como está ocurriendo ahora en la propia Alemania, y mucho me temo que va a ocurrir lo mismo en relación con los derechos laborales y la deslocalización en el conjunto de la Unión Europea. En esa materia, el
hecho de no tener una política fiscal común y el hecho de no tener un presupuesto sustancial afectan de forma determinante a la estabilidad del barco y también al viaje de ese trasatlántico.
Termino, señor presidente, refiriéndome a una cuestión que ya he mencionado en la primera intervención, y que no me resisto a repetir ahora. Reconozcamos de una vez que la Unión Europea es un ámbito específico -llámele como quiera; en
varias ocasiones le he oído decir un ámbito específico que no se puede atrapar mediante una concepción federal o confederal- donde ya hay madurez suficiente para la intervención política, por tanto donde la intervención política puede significar que
nosotros, desde la izquierda, nos hagamos ciertos interrogantes en torno a cómo está evolucionando la Unión Europea. No me parece conveniente hacer siempre manifestaciones con respecto a la Unión Europea como si estuviéramos ante algo sacralizado o
ante una institución inmadura. Es una institución madura, nosotros somos europeístas, pero en la izquierda tenemos posiciones diferenciadas con respecto al resultado de la construcción de la Unión Europea. En este sentido, y termino, nosotros
somos críticos con respecto al resultado de esta cumbre y con respecto al resultado de la Constitución europea en términos de participación democrática y
en términos de contenido social, ambiental y de derechos fundamentales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Un par de apuntes. En primer lugar, compartimos el criterio propuesto por el presidente del Gobierno para apoyar a un candidato a la Presidencia de la Comisión. Nos parece que criterio razonable es que sea alguien con quien se pueda
entender el Gobierno español, que sea de la zona euro y que sea un europeísta convencido. En esa línea contará con nuestro apoyo.
En segundo lugar y aprovechando el clima favorable de reparto de medallas en la Cámara en relación con Canarias,
quiero decirles que traeremos medallas para todos si seguimos concienciando a la Cámara de la necesidad de atender un territorio especifico, singular, que por un tema de Estado, por solidaridad, por cohesión territorial, se tiene que distinguir con
medidas diferenciadas desde el punto de vista legislativo y el económico.
Canarias no quiere privilegios, sino estar exactamente en las mismas condiciones que los ciudadanos que viven en el continente.
Aprovechando ese clima de conciencia favorable hacia los temas de Canarias, quiero aclarar dos cuestiones que en este momento preocupan en Canarias. Preocupa, en primer lugar, el fenómeno de la inmigración irregular y en el seno de la Unión
Europea -voy a ligarlo con el debate que estamos teniendo esta tarde-, aprovechando ese estatuto de vecindad, esos compromisos con los países más cercanos del norte de África, creemos que puede ser una buena vía de colaboración, de contribución para
una mayor implicación de esos países en el control en frontera de la inmigración irregular. Es una buena oportunidad para atacar a las mafias que trafican con las personas y nos parece que, independientemente del esfuerzo que hace el Gobierno
español, es en el seno de la Unión Europea donde podemos avanzar en esta materia.
Quiero dejar de nuevo un apunte sobre un problema importante que tiene el archipiélago canario. Sé que cuando se plantea este asunto del control de la población en Canarias surgen muchas dudas de la constitucionalidad o del encaje dentro de
las normas de la propia Constitución europea. Quiero simplemente -lo dije en el debate de investidura, señor presidente- que trabajemos, que profundicemos, que intercambiemos información para llegar a la radiografía del problema. Es verdad que el
equilibrio territorial, el equilibrio territorio-población, se está rompiendo en Canarias, pero en estos momentos hay ejemplos en la Unión Europea donde, por necesidad de preservar ese equilibrio, se han arbitrado medidas razonables y racionales
para el control del crecimiento poblacional. Una vez que se ha reconocido en el seno de la Unión Europea esa singularidad canaria, quiero subrayar aquí que otra singularidad canaria también es la escasez del territorio, la superpoblación y la
necesidad de preservar ese equilibrio entre población y territorio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar por agradecer al presidente del Gobierno la mención que ha hecho en su réplica explícitamente a los temas de la cohesión social.
La Constitución europea establece que Europa es una economía social y de mercado, las dos
cosas. Creo que más importante aún que la mención que ha hecho el presidente del Gobierno a la situación actual es el compromiso que el Gobierno ha establecido en esta Cámara para impulsar los contenidos sociales de la Constitución que se recogen
en la Carta de Derechos de los Ciudadanos.
En segundo término, quisiera decir que el discurso del líder de la oposición me ha sorprendido, ha pasado de la ironía directamente al enfado. Entiendo que se enfade porque es la segunda vez que en esta Cámara le pasa lo mismo, es la
segunda vez que va por lana y sale trasquilado, es la segunda vez que saca un tema y se encuentra con que hay un documento, que no conocía, que desmiente justamente las acusaciones que está haciendo, la segunda vez. Entiendo que esté irritado, lo
único que le pido es que no se irrite con esta parte de la Cámara, que coja el teléfono y llame al señor Aznar y le pregunte: ¿Por qué no dice lo que hiciste? ¿Por qué no me cuentas todo lo que le diste al líder de la oposición? (Aplausos.) La
segunda vez.
Ha vuelto a reiterar algunos temas en su discurso que -lamento contradecirle- están profundamente equivocados. Ha hecho un canto del europeísmo del Gobierno del señor Aznar y ha hecho una mención explícita a los temas de violencia
doméstica. Es verdad que probablemente hubo esa cumbre a la que se refiere el señor Rajoy, seguro. Lo que pasa es que se les olvidó aplicar los resultados de la cumbre en España. Nosotros tenemos que decir aquí, en nombre del Grupo Socialista,
que estamos muy orgullosos de que haya sido este Gobierno el que haya introducido en el artículo 2 de la Constitución europea una mención expresa a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Estamos muy orgullosos y lo decimos, y consideramos que
es un mérito de este Gobierno, como lo es que vaya a haber una ley de violencia integral. Lamentamos que no se le hubiera ocurrido al Partido Popular. Lo que no veo es por qué vienen aquí a decir que no tiene mérito. No es un problema de mérito o
no, es un problema de la importancia política que se le da a los temas. Cuando uno no tiene los temas en la cabeza, cuando no le preocupan, no hay ley integral y no hay mención en la Constitución europea. A nosotros nos preocupa porque creemos que
preocupa a muchas personas en España.
Esa sensibilidad social es la que el Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer hoy al presidente del
Gobierno, que lo ha propuesto y lo ha introducido en la Constitución. Como sucede con el marco financiero. No es verdad lo que el señor Rajoy ha dicho en esta tribuna, es que es cierto que ha cambiado el artículo de la Constitución
europea, se introduce el término unanimidad. Todo el mundo sabe lo que quiere decir, que se pasa de una aprobación del marco financiero por mayoría a una aprobación por unanimidad. En resumen, que España tiene la posibilidad de intervenir y
eventualmente, con el sistema de decisión que se ha adoptado, tiene la posibilidad de vetar -es verdad- una proposición financiera que no nos guste. Esto está así. Lo hemos dicho el presidente del Gobierno y yo mismo en mi intervención. El señor
Rajoy ha dicho que no ha cambiado eso, pero sí ha cambiado, se ha introducido una palabra nueva que cambia sustancialmente el futuro de la aprobación del marco financiero, algo que a España le importa extraordinariamente.
Finalmente, señor presidente, el señor Rajoy ha hecho una afirmación que yo ya había hecho en mi intervención. Es verdad que en el presidium de la Convención había dos dirigentes del Partido Popular, es cierto, entre ellos la ministra de
Asuntos Exteriores. Fue el presidium de la Convención el que presidió durante año y medio los trabajos de elaboración de la Constitución europea en los que se consagraba, por consenso, la doble mayoría. Fue ahí -fue ahí- donde Niza desaparece, fue
ahí. (Rumores.-Protestas.-Varios señores diputados: ¡No, no!). Luego, después de año y medio sin decir ni Pamplona, se protesta (Rumores.), pero el consenso estaba logrado; en año y medio no se dijo nada y Niza estaba definitivamente
desaparecida del consenso europeo.
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡No, no!) Sí.
Hoy nos hemos enterado de algo nuevo. Es verdad que yo dije en mi intervención que el señor Rajoy había venido a pedir algo que él sabía que no se podía alcanzar, porque él sabe, como saben todos los parlamentarios de esta Cámara, que Niza
estaba definitivamente arrumbado porque había un consenso sobre la doble mayoría. Hoy nos hemos enterado de algo nuevo, y es que el señor Rajoy no sólo le había pedido al líder del Gobierno español que defendiera algo que él sabía que no se podía
alcanzar, sino que también le pidió que defendiera algo que el señor Aznar ya había dejado caer, le pidió que defendiera algo a lo que el señor Aznar ya había renunciado, porque es verdad que los documentos que se han leído en esta Cámara significan
-y todos ustedes lo saben- que el señor Aznar había cedido, entre otras cosas, para salir de una soledad que lo único que consiguió fue bloquear la Constitución europea -bloquearla, en diciembre-; algo que España no podía ni debía permitir.
Hoy sabemos que es cierto que el señor Zapatero consiguió aquello que al señor Aznar ni siquiera le dejaron plantear en Europa, entre otras cosas, porque optó por la soledad en los momentos más importantes que la Unión Europea ha conocido,
empezando por el de la guerra de Irak, de donde arranca todo. De eso se ha olvidado de hablar hoy el señor Rajoy cuando ha hecho una mención a la carrera europeísta desenfrenada del Gobierno del Señor Aznar; se le ha olvidado hablar de algo tan
importante, tan serio, como la guerra de Irak, donde el señor Aznar optó por otra cosa distinta de su pasión europeísta, optó por mirar justamente al otro lado, a donde nunca tenía que haber mirado.
Termino ya, ahora sí, señor presidente. Primero, quiero agradecer al presidente del Gobierno -no lo dije antes- el anuncio de que se va a plantear un referéndum. Desde luego, el Grupo Socialista colaborará activamente en la explicación de
la Constitución, en la petición del sí al referéndum. Es positivo que el Grupo Parlamentario Popular haya anunciado también su apoyo al referéndum. Sólo lamento que esta tarde -lo dije antes y lo vuelvo a repetir- el Grupo Parlamentario Popular
haya optado por hacer aquí, en esta Cámara, lo mismo que hizo en Bruselas en diciembre del año pasado: elegir la soledad. Todos los grupos de la Cámara han discutido de la Constitución europea, todos; con sus matices, con sus intereses o con sus
problemas concretos, todos han discutido. El único grupo de la Cámara que se ha limitado a hablar reiterada y machaconamente del artículo 24 -y sólo del 24-, en defintiva, a tratar de reeditar un pasado que hoy sabemos que nunca existió, ha sido el
Grupo Popular. Eso, señoras y señores diputados, para un día en el que discutimos algo tan serio como la Constitución europea, permítanme que les diga que es de vuelo gallináceo, de vuelo rasante. Me preocupa que un partido que se llena la boca
diciendo que defiende los intereses de España llegue aquí a hablar de la Constitución europea y se limite a hablarnos de aquello que el señor Aznar quiso y no pudo conseguir por su empecinamiento en estar solo en Europa.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluida la réplica de los grupos, corresponde ahora responder al presidente del Gobierno.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente. Intervendré con brevedad, para comentar algunas de las cuestiones que se han planteado y que vienen a establecer como definitivas algunas conclusiones
de los grupos.
Tengo que reconocerle al señor Durán, que en estos momentos no está pero se lo podrá transmitir su grupo, que ha habido alguna cosa concreta que no le he contestado; no ha sido por falta de interés, sino porque se me ha pasado en el
contexto de una intervención larga en la que hay que responder a muchas cuestiones. Entendí, de la intervención que tuvo el pasado 15 de junio, que era más partidario de una declaración conjunta de los Estados, en relación con el avance en materia
de reconocimiento de las lenguas oficiales, que de una declaración unilateral. No habría costado mucho esfuerzo hacer una declaración unilateral, pero creo que tiene mucho más valor una declaración conjunta de todos los representantes de los
Estados, que una declaración anexa.
En relación con el Pacto de Estabilidad, otra de las cuestiones concretas que ha planteado, es conocido que el Gobierno defiende el principio de estabilidad presupuestaria. Lo defiende a lo largo del ciclo, lo defiende con la misma
coherencia con que lo está defendiendo en el ámbito del debate nacional. Es conocido que, en el seno del Consejo, este fue uno de los temas en el que hubo más dificultades para llegar a un acuerdo. El acuerdo a que se llegó finalmente, impulsado
por la Presidencia irlandesa, fue razonable, un acuerdo que España valora positivamente.
Para contestar de una manera directa al señor Durán, he de decir que el Gobierno de España siempre ha estado en la banda de los países que defienden el
principio de estabilidad. Sería difícil entenderlo de otra manera después de la trayectoria del comisario de Economía, hoy vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, señor Solbes, que ha tenido eso como un claro referente. Tendremos
oportunidad de hablar sobre esta cuestión en el transcurso de este Pleno.
Señor Puigcercós, esta Europa alumbra el tratado constitucional, y, como he dicho, siempre que se aprueba una Constitución queda por delante casi lo más apasionante y lo más atractivo, que es darle vida, lo digo porque es notorio que ésta no
ha producido una especial excitación al conjunto de los grupos parlamentarios ni a la ciudadanía. Esta Europa que alumbra el Tratado constitucional es una Europa algo más federal que la que teníamos antes del Tratado, es una Europa que reconoce
algo más la diversidad. Yo le puedo decir que quizá sea esta la materia en la que se ha avanzado menos, no tengo inconveniente en reconocerlo. Mi explicación sencilla es que se produce en el momento de la ampliación a 25 países, donde existe un
amplísimo abanico de diversidades, de pueblos, de culturas y de lenguas. Ninguna diversidad, sin duda alguna, tiene un reconocimiento tan poderoso y tan ambicioso de futuro como la que pueda tener este Gobierno para este país. Créame. Los
síntomas que en estos menos de tres meses hemos dado para trabajar en ese objetivo se van a colmar -creo que con un grado razonable de satisfacción- en los tres años que tenemos por delante, donde fijaba el reto, tanto en la Unión Europea como, por
supuesto, en el ámbito interno, en el ámbito institucional que afecta a la construcción de la Unión Europea, que afecta al nuevo Senado, que afecta a un nuevo clima, a un nuevo modo de entender el Gobierno de este país, con la realidad de
nacionalidades y regiones que anuncié en mi discurso de investidura y que estamos intentando poner en marcha. No sé si tiene algún valor simbólico el que hoy la Constitución haya estado aquí en la Cámara en las distintas lenguas oficiales; no sé
si ha pasado alguna otra vez que, al mismo tiempo que la hemos traído en la lengua oficial de nuestro país, la hayamos traído ya en las lenguas oficiales.
Ha querido ser la expresión de una voluntad del Gobierno, que ha tenido que hacer ese
esfuerzo y sobre todo estar en esa sensibilidad que sin duda alguna vamos a mantener.
Señor Llamazares, no me vea ni en el puente de mando ni en alguna cosa de ésas porque, de verdad, me asusta de manera espantosa -no se puede imaginar hasta qué punto-, sobre recordando épocas pasadas no muy recientes. Por un momento, me han
producido una gran preocupación sus palabras, que sé que emanan de la sinceridad más absoluta. Yo entiendo que haya una actitud crítica hacia determinados avances limitados en materia social y en materia de desarrollo político y de ciudadanía de la
Unión Europea, lo entiendo perfectamente; es más, me parece positivo que eso forme parte del debate ante el referéndum, se mantenga la postura que se mantenga ante ese referéndum. Simplemente me atrevería a hacerle una reflexión y es que, más allá
de otras cuestiones, si uno analiza el abanico ideológico político de una parte de la Unión Europea, la reticencia más fuerte a este Tratado con singularidades, que las hay (en Francia las hay evidentemente, y aquí se ha citado desde otra
perspectiva), es de sectores muy conservadores y muy poco europeístas, es decir, que la perspectiva puede ser muy diferente según se adopte. A mí me parece importante -sabe el señor Llamazares que se lo digo con absoluta sinceridad- que Izquierda
Unida, aun con una actitud crítica, que siempre será positiva en el estímulo de la consecución de avances sociales y de cohesión, participe activamente en este debate y que lo que representa esta Constitución pueda ser apoyado, ya no voy a decir que
con entusiasmo, pero al menos entendiendo y comprendiendo que, con esta Constitución europea, un proyecto progresista para Europa es perfectamente factible; que, con esta Constitución europea, un proyecto progresista para nuestro país, por
supuesto, es perfectamente posible llevarlo a la práctica. Y un proyecto de concepción del orden internacional que se sienta cercano a las tesis más sensibles que defiende su grupo sin duda alguna está mucho más cerca de poder conquistar espacios
nuevos con el reforzamiento de lo que es una política exterior común europea, donde vamos a ver, en pocos años además, avances que van a tener un valor simbólico de una gran importancia. Por tanto, simplemente les invito al debate, crítico, pero
también a la reflexión de que quizá éste es un proyecto que merece la pena, a pesar de todo y a pesar de que es bueno que se escuchen esas voces.
El representante de Coalición Canaria ha establecido con buen criterio que no se trata de atribuirse méritos. Yo no le he negado al Gobierno del señor Aznar que estuviera trabajando y defendiendo la posibilidad de que Canarias apareciera
con esa compatibilidad de ayudas públicas del Estado con el mercado interior. Sin duda alguna, es un gran balón de oxígeno que eso además quede consagrado en el Tratado, porque hasta que este Tratado se modifique pasarán muchos años,
afortunadamente en este caso para Canarias. Yo le voy a confesar una cosa. Quizá, de todo el debate que tuvimos en el seno del Consejo, cuando los compañeros del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores nos confirmaron que la Presidencia
iba a llevar definitivamente ese tema en relación con el régimen de las regiones ultraperiféricas fue la mayor satisfacción que tuve, porque conozco lo que esto representaba para Canarias. Siempre que hemos estado allí hemos podido comprobar que
los compañeros
y toda la sociedad canaria tiene muy en carne viva lo que supone que las regiones ultraperiféricas, que Canarias -en este caso para nosotros- sea entendida, apoyada y comprendida en la Unión Europea. Le puedo decir que fue una satisfacción
especial. Sabe que lo primero que hizo el ministro de Asuntos Exteriores fue llamar al presidente del Gobierno de Canarias para comunicárselo; posteriormente también llamamos al ministro de Justicia, por entender que le iba a producir bastante
satisfacción.
Ha planteado un último tema. Sabe que es una cuestión delicada. El Gobierno está dispuesto al diálogo. Ya se lo transmití al presidente de Canarias en la reunión positiva que tuvimos y desde luego estoy en disposición de hablar, aunque ya
le anticipo que es un tema que hay que abordar con mucha prudencia, dentro del conjunto de los que tenemos por delante para Canarias, que son importantes, porque vamos a tener que hablar de perspectivas financieras, de la OCM del plátano y de
algunos temas cruciales que van a depender mucho de la Unión Europea.
En definitiva, señorías y señor Rajoy, creo haber establecido algún criterio claro de cómo estaban las cosas. El pasado día 15, cuando tuvimos el primer debate, se lo explicité de alguna manera cuando le dije que hay cosas que son...
Utilicé unas palabras que no le gustaron, y lo entiendo. Lo de la desfachatez, lo de la hipocresía, se lo dije porque yo sabía. Puede usted entender que es normal que, siendo presidente del Gobierno, tuviera acceso a esa información y sabía muy
bien cuáles habían sido las posiciones del Gobierno de España, lo que me había contado la Presidencia irlandesa, las delegaciones que tenemos en la Unión, y que España estaba intentando llegar al 65 ó 66 en un proceso de negociación después del
fracaso de la cumbre de diciembre. Porque la realidad de lo que sucedió en esa cumbre es que hubo varios países que dijeron: No nos movemos del 50-60, es decir, del proyecto de la Convención. Por eso no pude entender ni aceptar las críticas del
día 15. Y las de hoy, tampoco, sencillamente, señor Rajoy, porque son injustas. Yo no le voy a pedir que usted apoye ni por supuesto que felicite la tarea que ha hecho el Gobierno, no se lo voy a pedir -yo lo hice más de una vez; cuando era
justo, felicité al Gobierno por Niza, a pesar de los muchos parlamentarios que se habían perdido-. Simplemente le digo que tenga una actitud de discreción. No le voy a pedir ni que apoye ni que felicite, sino que tenga una actitud de discreción,
porque los antecedentes que obran en la causa -créame- son los que le he dicho y no tendría ningún interés en que fuera la situación de otra manera.
Dicho esto, le diré: Reflexione un poco más sobre la posición de minoría de bloqueo que tenemos con el 65 por ciento, porque responde a lo que ha sido históricamente el objetivo de España y lo que se entiende por un país que está en el
terreno de los países grandes: tener la posibilidad de bloquear con dos grandes y uno pequeño o mediano. Le reitero que tenemos esa posibilidad con el 65 por ciento. Seguramente por eso el Gobierno anterior estaba dispuesto a aceptar esa
propuesta, si se la hacían. Le voy a decir más, creo que antes o después, aunque no hubiera cambiado el color político, esa propuesta se la habrían hecho al Gobierno de nuestro país -estoy convencido de ello- y que en diciembre no se le hizo por
circunstancias políticas de otra naturaleza.
Por favor, seamos rigurosos en lo que ha pasado y en el iter de los acontecimientos. Este Gobierno se encontró con una Conferencia Intergubernamental que dirige la Presidencia del Consejo, en este caso la irlandesa, y la Presidencia llevaba
una propuesta. La propuesta era reiterar la propuesta de la Presidencia italiana, que era la propuesta de la Convención que se discutió durante un año y medio. Y la propuesta que este Gobierno se encontró en su primer diálogo con la Presidencia
irlandesa era 50-60, sistema de doble mayoría. A partir de ahí, el Gobierno español pidió que se llegara al 55-65 y, afortunadamente, la Presidencia irlandesa hizo esa propuesta, no querida por todos los países, desde luego no por los pequeños.
Los pequeños, que también tienen su interés, ya le dije, señor Rajoy, que tenían centrado su objetivo en la Comisión, en la presencia en el mayor tiempo posible del principio de: un país, un comisario, y luego dos tercios. Y donde fueron
permanentemente críticos -e hicieron muchas propuestas a lo largo del Consejo- era con el aumento del porcentaje de población, si no aumentaba más el porcentaje de los países. Lo que querían, en definitiva, era reducir a menos de diez la diferencia
entre el número de países y porcentaje de población, 55-65. Ellos hubieran optado, lógicamente, por un 58 ó 59-65. Eso era por lo que trabajaron y lucharon los pequeños, que es bastante comprensible. A medida que la población como criterio cuenta
más para tener más fuerza en la decisión de bloquear los países con más población, y España está dentro del grupo de los más poblados, ganan fuerza y la pierden los más pequeños. Eso no quiere decir que el más poblado, que es Alemania, gane,
evidentemente, más fuerza.
En definitiva, señorías, agradezco la voluntad y el respaldo que se ha dado a la idea del referéndum. También se lo agradezco de manera especial al señor Rajoy y al Partido Popular, que ya se había expresado en esa dirección. Creo que será
positivo que haya un amplio debate social, parlamentario, ciudadano, sobre el futuro de la Constitución europea.
Este país ha demostrado y sus fuerzas políticas de manera mayoritaria una voluntad indeclinable, permanente, de ser impulsores de la
Unión Europea.
Ello ha contribuido al grado de desarrollo de libertad de nuestro país y tengo la confianza de que esa Constitución, que une más a Europa, va a unir también más a esta Cámara en lo que representa la política exterior, que ha de ser
una política exterior con el máximo grado de consenso posible y por supuesto en la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el último tramo y les rogaría que lo hicieran desde el escaño, si es posible, puesto que es el turno de dúplica final. Brevemente. Antes de que finalice este debate, recuerden que
quedan las preguntas y las interpelaciones, con lo cual les invito a la brevedad.
Adelante, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente del Congreso. Seré breve y en realidad no haré otra cosa que reiterar algunas de las que ya he dicho a lo largo de esta tarde, aunque sí quisiera precisar una. Este Gobierno se
encontró con Niza, señor presidente del Gobierno -se lo he dicho y se lo reitero ahora- (Rumores.), la convención no era más que un proyecto y, si no se hubiera aprobado en este momento la Constitución europea, se seguiría debatiendo, porque no va a
entrar en vigor hasta dentro de cinco años. Pero es más, igual que no hemos aprobado la composición del Parlamento y el número de escaños que corresponden a cada país, de la misma forma podía no haberse aprobado el número de votos que corresponden
a cada país, que por cierto no entrará en vigor hasta el año 2009, es decir, hasta dentro de cinco años. Por tanto, me ratifico en lo que he dicho, señor presidente.
Usted ha negociado mal y usted tiene que cuidar un poco sus palabras, cómo se expresa, porque hay que ver las cosas que dice. Acaba de decir aquí que históricamente el objetivo de España era el 65 por ciento. ¿Pero cómo dice usted eso? El
objetivo de España a lo largo de 50 años de la Unión Europea era aproximarse lo más posible al peso de los grandes. Antes de Niza teníamos ocho votos frente a los 10 de los cuatro grandes por población y con Niza teníamos 27 frente a los otro
cuatro, que tenían 29.
Tiene que darse usted cuenta de lo que dice y de que sus palabras las oye la gente. Por lo menos yo, cuando usted habla, le escucho muy atentamente. Y, señor presidente, quiero decirle una cosa. Cuando se lee un documento,
se lee en su totalidad y se lee con claridad. Que no nos vuelva a pasar aquí lo que ya me pasó a mí en una ocasión en esta Cámara.
Este documento no es del señor Aznar, es de la Secretaría de la Conferencia Intergubernamental. Y fíjese usted lo
que dice: España, en efecto, ha dejado de entender oficiosamente que aceptaría un umbral de este orden. Y cita 65 y cita también 66. Señor presidente, le ruego que cuando lea un documento lo lea en su totalidad, para que no tengamos luego
problemas. (Protestas.-Aplausos)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Como algunos portavoces han renunciado a hacer uso de la palabra, va corriendo el turno.
Señor presidente del Gobierno, le corresponde a usted el turno final.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero transmitir al señor Rajoy tranquilidad. He leído literalmente el texto, y por supuesto está a su disposición. Maticé al principio que era un texto de la Secretaría General de la Conferencia Intergubernamental que me
había dado a mí el señor Aznar y lo he reiterado en un amplio dossier. En todo caso, a pesar de haber invocado tantas veces Niza, conviene que quede claro en la Cámara y ante la ciudadanía que estábamos en un proceso, desde hace año y medio, de
reforma de los tratados, proceso que abocó a una Constitución. Y, dentro de la reforma de los tratados, la parte relativa a la arquitectura institucional había tenido un debate en la convención durante mucho tiempo, debate que había llevado a una
propuesta que hizo suya la convención -método que nunca ha existido a la hora de reformar tratados en la Unión-, que hizo suya la Presidencia italiana y con la que este Gobierno se encontró, que era la propuesta ya de la Presidencia irlandesa. Esa
propuesta dio lugar al fracaso del Consejo de diciembre.
Y he dicho que, razonablemente, el Gobierno anterior intentaba mejorar el 50-60 como criterio Estados-población y llegar a una fórmula que le mantuviera en lo que es más importante y que no ha podido refutar aquí nadie hoy en la Cámara.
¿Qué es lo importante? España tiene una posición similar a la hora de su capacidad de bloqueo y por tanto de influencia con los países grandes. (Varios señores diputados: ¡No, no!) Sí. Ese principio...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Ese principio, señorías, históricamente ha respondido a la siguiente idea: que España, con dos países grandes y uno pequeño o mediano, pueda bloquear. Eso pasaba en Niza y eso pasa
también con la fórmula que hemos aprobado. Por tanto, España sigue siendo de los países grandes en su influencia con esta Constitución. Es así, señorías. (Aplausos.)
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN BELOKI GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PODRÍA EL GOBIERNO EXPLICITAR Y CONCRETAR, MÁS ALLÁ DE LO QUE SE ESTABLECE EN EL REAL DECRETO 744/2004, DE 23 DE
ABRIL, POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO PARA LA REFORMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD DEL ESTADO, LOS CRITERIOS POR LOS QUE HA SELECCIONADO A LAS PERSONAS QUE COMPONEN DICHO CONSEJO? (Número de expediente 180/000155.)
El señor PRESIDENTE: Me habían pedido un pequeño receso, pero es muy tarde. Vamos a continuar con las preguntas e interpelaciones. Lo lamento.
Así que no se ausenten.
Preguntas de control al Gobierno, punto numero VI del orden del día. Al señor presidente del Gobierno, del diputado don José Ramón Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Este grupo no duda en absoluto de la necesidad de una profunda transformación necesaria en Radiotelevisión Española. Este grupo tampoco tiene ninguna duda de que el Gobierno, con este objetivo u otro, está en su perfecto derecho de crear un
grupo de trabajo, el que a él le parezca bien, con los hombres y mujeres que estime más adecuados, que le elaboren el informe que desee. Que, a continuación, elaborado y entregado al Gobierno ese informe, éste decida recoger los principios y normas
básicas de dicho informe y transplantarlos, según expresión de la vicepresidenta, a un proyecto de ley que sirva a los objetivos anunciados, está también en la mano del Gobierno. Que para todo esto el Gobierno les conceda o reconozca la auctoritas
que le parezca a esos hombres y a esas mujeres no tiene nada que discutir tampoco. Otra cosa es que así, sin más, el Gobierno pretenda que todo el mundo reconozca esa auctoritas a esas personas a las que él reconoce.
De ahí nuestra pregunta: ¿De qué auctoritas estamos hablando? ¿De una supuesta auctoritas política que debiera llevarnos a todos a eso que, según manifestaba la directora general de Radiotelevisión Española en la Comisión, citando, por
cierto, al propio presidente, le va a llevar al Gobierno a asumir sus propuestas plenamente y en su integridad a la hora de su tramitación como futura ley? ¿Se trata de una auctoritas reconocida u otorgada por quien además no ha sido preguntado
nunca, como es el caso de esta fuerza política? ¿O se trata de una auctoritas que no sé si llamarla cultural o profesional, que lleve, no ya a los políticos, sino también al conjunto de los profesionales y a la sociedad en general a ver, por una
vez, con claridad y unanimidad, dónde está la solución de los numerosos y graves problemas que tiene Radiotelevisión Española? Además, el Gobierno, al parecer, no se conforma con esto. Como dijo la propia vicepresidenta en su día, es voluntad del
Gobierno, y así lo ha expresado el presidente, decía, en varias ocasiones, que la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal sirva además como espejo, donde puedan mirarse el resto de los medios públicos, tanto autonómicos como
municipales. Hasta ahí llega la auctoritas de los hombres y mujeres.
En definitiva, y esta es la pregunta: ¿Podría el Gobierno explicarnos y concretar en la medida que es posible cuál es esa auctoritas de los hombres y mujeres con los que él ha creado el Consejo para la reforma de los medios de comunicación
de titularidad del Estado?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias por la pregunta, señor Beloki Guerra. Le quiero decir que, como usted bien conoce, el Consejo de reforma de los medios de titularidad pública fue un compromiso electoral establecido por el Partido Socialista, para abordar uno
de los ámbitos de lo público que necesita una reforma más evidente, ante el cual podríamos decir que existe un malestar de la ciudadanía notable. Malestar desde el punto de vista democrático y malestar desde el punto de vista de su gestión pública
y de lo que representa para el conjunto del gasto de las administraciones del Estado. El criterio de ese Consejo de reforma independiente, como un método para significar que no quería ser el Gobierno el que decidiera una reforma, sino que lo quería
a través de un debate abierto a la sociedad, no ha sido otro que el de la relevancia, el prestigio profesional de las personas que el Gobierno ha nombrado y lo que consideramos idóneo para la función que les está encomendada y se especifica en el
propio decreto.
El señor PRESIDENTE: Señor Beloki, le queda un segundo.
El señor BELOKI GUERRA: Debo decirle que no es cuestión de este grupo cuestionar -valga la redundancia- a esta o a aquella persona, pero como a todas las personas, por sus frutos los conoceremos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ha hablado diez segundos. Por diez segundos no se deja de pasar o de entrar en la historia de España. Seamos un poquito flexibles entre nosotros.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
No quisiera que por el poco tiempo que le quedó en la última fase de la pregunta dejara de concretar alguna cosa que sí me interesa resaltar.
Quiero reiterar los nombres y lo que representan. Emilio Lledó, que preside el Consejo, es
catedrático de universidad, miembro de la Academia Española de la Lengua desde hace una década y miembro vitalicio del Instituto para Estudios Avanzados de Berlín. Enrique Bustamente es catedrático de comunicación audiovisual y publicidad, director
del Centro de Estudios de Comunicación y titular de la cátedra UNESCO de comunicación internacional. Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña y presidió en el Senado la
Comisión para la reforma. Fernando González Urbaneja es presidente de la Asociación de Prensa de Madrid y Fernando Savater es catedrático de universidad y ha publicado numerosos estudios relacionados con la ética y la educación, analizando el papel
de los medios de comunicación.
Creo, señoría, que el elenco de personas que integran este Consejo es poco discutible. Habrá otras muchas personas que pudieran tener tanta representatividad y ser tan idóneos, pero desde luego estos, en mi opinión, lo son claramente.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA NO RECUPERAR EL MARCO DE
DIÁLOGO Y CONSENSO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA 4/2000? (Número de expediente 180/000158.)
El señor PRESIDENTE: Segunda pregunta, del diputado Joan Herrera Torres.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, ¿cuáles son las razones del Gobierno para no recuperar el marco de diálogo y consenso de la Ley de Extranjería 4/2000?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.
Señor Herrera, el Gobierno mantiene el compromiso de la investidura y tiene plena voluntad para que lo que representa la legislación y la aplicación de la política en materia de inmigración sea una política fruto del consenso. Hay un
compromiso de investidura que es llegar a un gran pacto en lo que afecta a la inmigración y por supuesto el Gobierno mantiene ese principio.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, la realidad de hoy es que tenemos un marco legal que sitúa a la persona inmigrada en un estatus de inferioridad jurídica flagrante. De hecho, son las leyes injustas las que hacen que del fenómeno
de la inmigración hayamos pasado seguramente al fenómeno de la explotación. Y lo cierto es que tenemos una quiebra del valor democrático de la igualdad. La situación es de colapso y algunas de las cosas que se han apuntado creemos que van en la
buena línea: la posibilidad de establecer formas estables de regularización de los sin papeles sobre la base del arraigo laboral o, por supuesto, multiplicar los recursos personales en las diferentes administraciones, para dar salida a esta
situación de colapso tan indigna.
Nuestra pregunta es si es suficiente un reglamento que pone parches pero que no solventa, desde nuestro punto de vista, la pésima ley que hoy está en vigor. A nosotros no nos basta y creemos que las leyes injustas hay que modificarlas en
aquellos apartados que son injustos de la forma más rápida posible. El actual marco legal no permite el derecho de asilo, no lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional. No nos basta porque los inmigrantes llamados irregulares siguen
careciendo de derechos cívicos fundamentales, el de reunión, el de manifestación, el de asociación. ¿Por qué esperar a la sentencia del Constitucional en torno a los recursos interpuestos? ¿No merecen los inmigrantes una iniciativa para la
recuperación de su condición de ciudadanía? No es suficiente, además, el reglamento, porque el control policial sobre el padrón municipal acaba disuadiendo a las personas que viven entre nosotros de empadronarse y esto lo que supone es que a miles
de personas se les prive de derechos sociales básicos como el de educación, sanidad o el acceso a la vivienda.
No se puede hacer una política distinta en materia de inmigración sin leyes distintas y lo que le proponemos es volver a un consenso, al consenso de la Ley 4/2000. Le pedimos que en este tema no miren por el retrovisor al Partido Popular,
que creen el marco necesario para una sociedad con igualdad de derechos y con marcos estables de regularización; que se haga de la inmigración no un problema, sino una oportunidad.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Como usted bien sabe, el Grupo Socialista en su momento recurrió al Tribunal Constitucional la reforma legislativa que puso en marcha la anterior mayoría existente en esta Cámara y fundamentalmente ese recurso de
inconstitucionalidad se centró en la privación de derechos a nuestro entender esenciales también para los inmigrantes. Es verdad que tenemos un marco legal que no es satisfactorio, desde el punto de vista del Gobierno. No es menos cierto que
tenemos un horizonte de traslación, de trasposición de directivas muy importantes de la Unión Europea en materia de inmigración, que se producirá en el próximo año 2005, seguramente en el segundo semestre del año. Ese será el momento de abordar,
conforme a lo que representa la trasposición de esas directivas, una reforma de la legislación en materia de extranjería.
Mientras tanto, estamos a punto de aprobar, en una fase de consultas prácticamente con todos los grupos, comunidades autónomas, organizaciones, el reglamento que desarrolla la ley y espero que también sea fruto de un amplio consenso. Igual
proclamo desde aquí que, en la reforma de la Ley de Extranjería, cuando se tengan que trasponer las directivas de la Unión Europea, el criterio del Gobierno es que tenemos que llegar a un gran consenso para tener una legislación estable ante el
fenómeno de la inmigración, en materia de extranjería, por supuesto de asilo, y tengo el convencimiento de que en su mayoría ese acuerdo será posible. Mientras tanto, no podemos estar parados, hay que abordar los problemas serios de saturación para
la administración y la gestión de la inmigración con los criterios que ha expuesto el Gobierno, que ya conoce, y desde luego con una perspectiva de garantía de derechos para los inmigrantes, también de deberes...(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, el tiempo concluyó.
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA ES UN PRINCIPIO NEGOCIABLE
SOMETIDO A LA ARITMÉTICA PARLAMENTARIA? (Número de expediente 180/000159.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del diputado don Mariano Rajoy, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
¿Cree el presidente del Gobierno que la estabilidad presupuestaria es un principio negociable sometido a la aritmética parlamentaria?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, el Gobierno defiende el principio de estabilidad presupuestaria y el Gobierno es coherente con las posiciones que ha venido manteniendo en torno a la estabilidad presupuestaria en los últimos cuatro años.
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente, el equilibrio y la estabilidad presupuestaria no son dogmas de fe, pero efectivamente son unos buenos fundamentos para que la economía crezca. Lo hemos visto en los últimos años y además usted y su
ministro de Economía así lo han ratificado. Por tanto, desde el punto de vista puramente teórico estamos de acuerdo. Pero lo que ocurre es que luego, en la práctica, las cosas son distintas. Yo le dije en el debate de investidura que usted no
venía con un programa de Gobierno ni venía con 176 votos y que por tanto usted iba a tener muchos problemas; le dije que eso no era bueno para diversas cuestiones, entre ellas el aspecto económico. Ahora hemos visto que para que le aprueben el
techo de gasto ha tenido que hacer cesiones ante Esquerra Republicana de Catalunya, después ante Convergència i Unió en el Senado y no sabemos si también ante el Partido Nacionalista Vasco. Todo ello, después de que el 20 de mayo sus ministros de
Economía, señor Solbes, y de Administraciones Públicas, señor Sevilla, votaran a favor del déficit cero de las autonomías en los años 2005, 2006 y 2007, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Unos días después, como
consecuencia de una presión en las Cortes, ha pasado lo que ha pasado.
Todo eso está muy bien, pero creo que el principio de estabilidad presupuestaria hay que preservarlo, sobre todo si se cree en él, frente a algunos grupos y también frente a algunas comunidades autónomas que pueden tener criterios distintos,
sean del partido que sean, porque eso genera credibilidad y genera confianza. En eso estoy dispuesto a ayudarle, como le hubiéramos ayudado si el techo de gasto que ustedes presentaron en esta Cámara no fuera el 6,2 por encima del PIB nominal, sino
que estuviera por debajo del PIB nominal, como estuvo en los últimos años.
Yo le ruego que defienda el principio de estabilidad presupuestaria y que actúe en consecuencia. Y desde luego sepa usted que desde este grupo estamos dispuestos a ayudarle para que no haga usted las cesiones que tiene que hacer a otros
grupos que no contribuyen a generar credibilidad y confianza a la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, lo que ha defendido el Gobierno, como le decía en la contestación inicial, es lo que hemos venido defendiendo cuando nos opusimos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recordará que la recurrimos ante el Tribunal
Constitucional, igual que la recurrieron muchos gobiernos de comunidades autónomas gobernadas por socialistas.
Defendemos el principio de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Tenemos otra concepción de cómo articular el principio de
estabilidad presupuestaria en la relación con las comunidades autónomas, lo dijimos en el debate de su Ley de Estabilidad Presupuestaria, y lo que vamos a hacer ahora es plasmar aquellos criterios con el apoyo de una mayoría parlamentaria; ahora se
llama aritmética parlamentaria, pero en otros momentos se llamó mayoría parlamentaria, mayoría estable, mayoría suficiente, de muchas maneras (Aplausos.); ahora es aritmética. Es legítimo que un Gobierno aspire a tener respaldo de los
presupuestos. En todo caso con la máxima sinceridad del mundo le agradezco mucho la ayuda que en ese terreno está dando al Gobierno, en coherencia con su defensa de la estabilidad presupuestaria. Hablando de cesiones, señor Rajoy, queda mucho
tiempo -a lo mejor no lo oímos nunca- para que se oiga lo que oímos durante mucho tiempo en España, aquellas famosas palabras del señor Arzalluz, que dijo que había conseguido en catorce días más del Gobierno de Aznar que en catorce años del
Gobierno de Felipe González. Eso sí fueron cesiones. Aquí hay un proyecto que se comparte, que se dialoga y que se negocia. (Aplausos.)
Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE SUS
MÚLTIPLES CONTRADICIONES NO TIENEN COSTE ALGUNO PARA LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000160.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del diputado Ángel Jesús Acebes, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señor presidente, señorías, ¿piensa el Gobierno que sus múltiples contradicciones no tienen coste alguno para los intereses de los ciudadanos?
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias.
Señor Acebes, le niego la mayor y además le ruego explique a la Cámara a qué coste se refiere. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Sí, señora vicepresidenta. En sólo dos meses hemos asistido a un repertorio de contradicciones y rectificaciones sin precedentes en ningún Gobierno y además en todas las variables: vicepresidente segundo
contradice a ministro, vicepresidenta rectifica a vicepresidente, ministro rectifica a ministro y los ministros que se contradicen a sí mismos, que es el más difícil todavía; es decir, un auténtico despropósito que hoy ya nadie duda. Al presidente
del Gobierno sólo se le ocurre decir que es fruto de la libertad de expresión, y en eso tiene razón. Claro, la libertad de expresión incluye expresarse mal cuando no se tiene ningún criterio. (Rumores.) Me pide usted ejemplos, pues mire, no faltan
cada día. Esta pregunta, como usted sabe, y todas, la formulamos la semana pasada. Ahora le voy a poner los ejemplos después de haber formulado la pregunta, es decir, los de hoy y los de ayer.
(Continúan los rumores.) La de ayer: la ministra de
Medio Ambiente anuncia subida de la electricidad. Sin duda habrá un aumento, dice. Al día siguiente el ministro de Industria la corrige, y dice: No, todavía eso es prematuro. Es que no hay una sola propuesta que le salga a usted limpita a la
primera. (Rumores.) La de hoy: hay miles de familias esperando conocer cuántas viviendas baratas piensan ustedes construir este año de las 180.000 que les prometieron. Ya les quedan dos meses menos para construirlas, y encima anuncian otro
aplazamiento del plan de choque, que ya más que un plan de choque es un plan de retirada porque no saben qué medidas van a tomar. Miren, hay cinco millones de contribuyentes que desean saber si el próximo año van a tener desgravaciones de la
vivienda o no. Han generado un gran desconcierto en todo el sector que sólo es equiparable al gran desconcierto que existe dentro del Gobierno. El asesor económico del presidente dice que no a las desgravaciones y el vicepresidente le corrige. La
ministra de la Vivienda anuncia ayudas directas a los propietarios que alquilen pisos y le contradice su propio ministerio por la tarde; esto ocurrió ayer diciendo que eran simples deseos. Esto parece una broma, pero es que es verdad, es que ha
pasado en su Gobierno. (Aplausos.) Todo esto genera inseguridad e inestabilidad, pero lo que más nos preocupa es que ponen...(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Acebes, lo lamento.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Acebes, le voy a decir dos cosas. (Rumores.) En primer lugar, usted y todos los ciudadanos de este país saben que este Gobierno toma sus decisiones por unanimidad en todos los Consejos de Ministros que se han venido celebrando desde
el 19 de abril, en donde se han adoptado acuerdos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Rumores.) En segundo lugar, quiero decirle que los españoles decidieron de forma libre y responsable un cambio de Gobierno porque querían otra
forma de gobernar; una forma de gobernar que nos pedían a través del diálogo, del consenso y de la persuasión. (Varios diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Eso es lo que está ocurriendo, señor Acebes, que hoy aquí hay un cambio; hay
un Gobierno distinto que gobierna -aunque a ustedes les cueste mucho reconocerlo- con la persuasión, con el diálogo, con el consenso y con el respeto. (Rumores.)
De todas formas, señor Acebes, si quiere hablar de costes, que es a lo que se refería su pregunta, yo no tengo ningún inconveniente en debatir con usted los costes que las decisiones de su Gobierno están teniendo para los ciudadanos y que
este Gobierno va a arreglar. Coste para los ciudadanos es vivir en un país que ha quedado a la cola del gasto social en la Unión Europea; coste para los ciudadanos es que la vivienda haya subido seis veces más que los salarios; coste para los
ciudadanos es que sus demandas sean ignoradas, que no sean escuchados; y coste para los ciudadanos, señor Acebes, es que las deudas públicas se escondan bajo la alfombra del déficit cero. (Aplausos.) Eso es, señor Acebes, sólo un pequeñito balance
del coste que para los ciudadanos han tenido sus ocho años de Gobierno. Lo que importa ahora de verdad es que los ciudadanos de este país saben que para este Gobierno el ciudadano ha pasado a ser el centro de sus decisiones. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Para ustedes el ciudadano había dejado de ser el centro de sus decisiones y eso sí que ha tenido coste para este país, señor Acebes. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA
QUE EL GOBIERNO ESTÁ DEFENDIENDO EL INTERÉS GENERAL DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000161.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del diputado don Eduardo Zaplana, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ¿considera que el Gobierno está defendiendo con sus decisiones el interés general de los españoles? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Absolutamente, señoría. Estamos gobernando para la mayoría de los españoles y para el interés general. Lo que
empiezo a dudar es que desde la oposición ustedes también estén haciéndolo para el interés general. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señoría, sinceramente yo creo que las decisiones que están tomando no nos llevan a pensar que les anima trabajar por el interés de todos. Es más, su debilidad les lleva continuamente a someterse al criterio de otras administraciones y de
grupos políticos minoritarios que les están condicionando claramente. Cuando hablan de traspasar competencias a comunidades autónomas nos dicen que será difícil darles a todas las mismas competencias. Cuando hablamos de repartir los objetivos del
déficit nos anuncian que eso se hará de forma simétrica. Si me lo permite, lo del viernes pasado es la prueba del nueve, es de antología; eso sí que es una buena prueba de persuasión. Parar el Plan Hidrológico Nacional es, señoría, una
irresponsabilidad y sobre todo una gran demostración de su concepto de la solidaridad, de la cohesión y de su incapacidad para defender el interés de todos. El Plan Hidrológico Nacional responde a un proceso muy largo de consenso y de diálogo.
(Protestas.) Pretende llevar agua de donde sobra a donde falta sin dañar a nadie. (Rumores.) Ustedes están dejando sin posibilidad de agua y de progreso a miles de personas, entre ellas a sus votantes. Se lo han cargado, señoría, por imposición de
otros, ofreciendo a cambio un proyecto virtual que nadie se puede creer. Frente a un proyecto en marcha, elaborado con rigor, ustedes proponen un simulacro de alternativa que consiste en decirnos que lo lógico es verter agua dulce sobrante al mar y
luego sacarla del mar y desalarla. Lo único que es verdad, señoría, es que ustedes se están olvidando del interés general, de muchas personas que aunque no sean nacionalistas y no les necesiten para votar también son españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Zaplana, todas las semanas ustedes me preguntan lo mismo con distintas fórmulas. Esta semana va de interés general. Usted se refiere al interés general pero, fíjese, ironías de la vida, esa expresión no me impide evocar aquí
determinadas actuaciones que ustedes protagonizaron al calor de esa expresión interés general. Hace tiempo para ustedes el interés general era retransmitir partidos de fútbol, y con ese fundamento, más bien sin ese fundamento, ustedes metieron a la
sociedad española dentro de un estado de crispación política y mediática inusitado en una guerra, la llamada guerra digital, su primera guerra; guerra que por cierto tuvo un coste para los ciudadanos españoles, en aras siempre del interés general,
señor Zaplana, de 28 millones de euros -es decir, 4.400 millones de pesetas-, repito, siempre en aras de su interés general. Vamos a hablar del interés general, que es el que está ejerciendo este Gobierno.
Señor Zaplana, en sólo dos meses de Gobierno, este Gobierno ha tomado decisiones y ha permitido que haya, en aras del interés general, 45.000 becarios más que contarán con ayudas para estudiar, casi 500.000 niños que no se verán segregados
de sus compañeros a los 14 años el curso que viene (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), 6.262 investigadores que mejorarán sus condiciones económicas (El señor Martínez-Pujalte López: El Plan Hidrológico Nacional.),
1.310 familias que ya no tienen a sus hijos o a sus parejas en una guerra ilegal, 600.000 trabajadores que ven cómo aumentan sus ingresos por la subida del salario y 42 millones de españoles que tendrán una constitución que les une más a Europa
(Protestas.), que estarán más seguros gracias a un centro nacional de coordinación antiterrorista, que cuentan con 3.700 millones de euros más en el fondo de reserva para las pensiones del futuro o que ven en sus gobiernos autónomos que ya no están
permanentemente peleándose con su Gobierno central. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Así que, señor Zaplana, estoy absolutamente encantada y feliz de recordar aquí a los ciudadanos cómo está este Gobierno
gobernando por el interés general, y le voy a contestar cuantas veces usted quiera, pero en su boca hablar de interés general es identificar intereses particulares, señor Zaplana, y no los intereses de la mayoría, que es para quien toma las
decisiones este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR GRANDE PESQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL ACCESO DE CANARIAS A
LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y LAS AYUDAS DE ESTADO A LA LUZ DE LAS CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO CONSEJO EUROPEO? (Número de expediente 180/000170).)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el turno de control al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Pregunta de la diputada doña Pilar Grande, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora GRANDE PESQUERO: Muchas gracias, señor presidente.
Como todos conocemos, en el curso de los últimos años la posición diferencial canaria en la Unión Europea no ha hecho más que debilitarse.
Baste recordar la cumbre de Berlín del año 1999, donde Canarias perdió, quizás porque el Gobierno del
Partido Popular no se percató, ser región Objetivo 1 con carácter permanente, pudiendo haber sido incluida en una propuesta de la Comisión para que, a pesar de perder la condición de Objetivo 1, hubiera mantenido los fondos, cosa que, sin embargo,
consiguieron las regiones árticas de Suecia y Finlandia, independientemente de su nivel de renta per cápita. Esta pérdida traía consigo para las islas no poder acceder a los fondos FEDER. Asimismo, el informe Barnier, que apoyaba una dotación
económica para las regiones ultraperiféricas que en el periodo 2007-2013 hubiera beneficiado considerablemente a las islas Canarias, fue bloqueado, lo cual produjo una gran inquietud en las islas al vislumbrarse la posibilidad de perder estos fondos
estructurales. En cuanto a las ayudas de Estado, a las que no podrán tener derecho según el Tratado de Niza -que tanto les ha gustado recordarnos esta tarde al Grupo Popular-, las regiones que pierdan la condición de Objetivo 1, como hemos reseñado
con anterioridad, que es el caso concreto de Canarias, hasta el último Consejo quedaban excluidas de la posibilidad de recibir las máximas ayudas. Por todo ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿En qué situación se encuentra el
acceso de Canarias a los fondos estructurales y las ayudas de Estado a la luz de las conclusiones del último Consejo Europeo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Señor presidente, señora diputada, muchas gracias por la pregunta.
Ya se ha debatido largamente esta tarde lo conseguido en el Consejo Europeo de Bruselas y lo que ha conseguido el Tratado constitucional europeo. En primer lugar, el resultado para Canarias es extremadamente favorable, tanto que el propio
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria lo ha reconocido, porque se constitucionaliza el artículo 299.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que ahora pasa a convertirse en el artículo III-330 del nuevo Tratado constitucional, por el
que se reconoce el estatuto de región ultraperiférica para Canarias y se decide cómo adoptar las medidas necesarias para beneficiar los intereses de las regiones ultraperiféricas. En segundo lugar, el Gobierno también ha conseguido que las ayudas
públicas concedidas a las regiones ultraperiféricas obtengan el mejor tratamiento posible, esto es, que puedan ser compatibles con el mercado interior. En efecto, la modificación del artículo III-56 permite que puedan considerarse compatibles con
el mercado interior las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones contempladas en el artículo III-330.
Por último, en el Consejo Europeo se consiguió introducir un reconocimiento y una mención al último informe
presentado por la Comisión Europea, precisamente en desarrollo de la estrategia de Lisboa, lo que nos va a permitir exigir a la Comisión presentar medidas y propuestas específicas que van a beneficiar a todo el conjunto de Canarias.
Por último, contestando específicamente a su pregunta, el Gobierno de España va a defender, en relación con los fondos estructurales y dentro de la negociación de las perspectivas financieras, que tengamos claro un objetivo, junto a Francia
y a Portugal, que somos los 3 países que defendemos el carácter de singularidad de los territorios ultraperiféricos, intentando que Canarias consiga mantener su condición de Objetivo 1. Por lo tanto, en general, yo creo que los canarios...
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su tiempo concluyó.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO BARRIO DE PENAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿ESTÁ SATISFECHO EL GOBIERNO CON LOS AVANCES REALIZADOS EN EL ÚLTIMO
CONSEJO EUROPEO PARA UNA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000171.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada al señor ministro de Asuntos Exteriores de don Juan Antonio Barrio de Penagos, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BARRIO DE PENAGOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, hace largo tiempo que la política exterior es un pilar fundamental, junto con la seguridad y la cooperación. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Es un triple eje para que Europa pese
en el mundo y module la globalización. Entre otras cosas esto debe servir para la defensa de la paz, muy especialmente para potenciar la Hoja de Ruta, que puede significar una relación más moderna, justa y serena para el mundo islámico, como usted
bien dice, y también para la cooperación, especialmente con la ribera sur del Mediterráneo y Latinoamérica,
además de para una definición progresiva de la defensa común y, en último lugar, pero no por ello menos importante, para la prevención del terrorismo. Es por ello que le formulo la siguiente pregunta: ¿Está satisfecho el Gobierno con los
avances realizados en el último Consejo Europeo para una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Barrio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno está satisfecho en su doble dimensión, en relación con el texto constitucional de la Unión Europea, tal y como se ha debatido esta tarde, y, como el señor presidente de Gobierno ha manifestado, en cuanto a los
avances sustanciales en la nueva política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. El nombramiento, por lo tanto, la nueva figura de un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, que tendrá a su vez el cargo de vicepresidente de la
Comisión, va a permitir que la Unión hable con una sola voz y que se vaya construyendo esta política exterior y de seguridad común, tan necesaria para defender los intereses de Europa, para que Europa sea un actor global que participe en este mundo
globalizado.
Además, durante el Consejo Europeo se abordaron de manera positiva distintas acciones por parte de la Unión Europea y de la política exterior y seguridad común. Se aprobó la estrategia de seguridad de la Unión Europea, poniendo énfasis en
áreas vitales para los intereses europeos y españoles (Oriente Medio, el Mediterráneo, Los Balcanes y Europa). En Europa la nueva política exterior de seguridad y defensa va a asumir a partir de este año la responsabilidad de la transferencia de la
OTAN al cuerpo de Eufor. Por lo tanto, vamos a desempeñar un papel mucho más activo y mucho más dinámico en la estabilización de los Balcanes. Lo mismo ocurre con Irak, con los nuevos avances en política de seguridad y defensa. La decisión del
establecimiento de una agencia europea de defensa y de una nueva célula militar demuestran estos avances claros y esta voluntad política de ir construyendo paso a paso esta política exterior y de seguridad común. Por lo tanto, el resultado final
del Consejo Europeo es positivo, tanto en su aspecto de la Constitución europea como en las decisiones que se adoptaron en el curso del Consejo Europeo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁLEX SÁEZ JUBERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ GESTIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS
COOFICIALES EN EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000172.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos a la pregunta siguiente, que realiza el diputado don Álex Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Señor diputado.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.
Nos consta que este Gobierno en reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de España y con el explícito apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, expresado también en forma de moción el pasado 18 de mayo,
ha venido realizando esfuerzos negociadores para obtener de la Unión Europea un reconocimiento jurídico adecuado de las lenguas que, junto al castellano, son cooficiales en el territorio de algunas comunidades autónomas. Hemos debatido en la Cámara
sobre esta necesidad, alcanzando un amplio soporte parlamentario, y el propio presidente del Gobierno en su comparecencia previa al Consejo Europeo explicó detenidamente los objetivos que perseguía en las negociaciones del Tratado constitucional
europeo. El acuerdo de los gobiernos europeos para la traducción de la Constitución de la Unión Europea a las lenguas cooficiales y su compromiso a favor de la diversidad lingüística debe ser un primer paso. Aun así, no podemos renunciar a que en
un horizonte próximo los ciudadanos de las comunidades autónomas que compartimos lenguas cooficiales podamos dirigirnos en catalán, euskera o gallego a las instituciones de la Unión. Se trata, además de un hecho de identidad, de un estricto derecho
individual de ciudadanía. Somos conscientes de las dificultades que han existido en el proceso negociador ante la nueva posición española sobre este tema. Sin duda la premura de tiempo, las situaciones de bloqueo en el Consejo Europeo y
específicamente la escasa sensibilidad de algunos Estados miembros por la protección de la diversidad lingüística han impedido obtener todos los objetivos deseados.
Los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en la comparecencia de
esta tarde nos permitirán continuar avanzando, pero conviene ahora evaluar en detalle qué se ha podido conseguir y qué se puede continuar negociando para que todos los ciudadanos españoles, en la pluralidad lingüística que disfrutan en sus
comunidades autónomas, puedan ver recogidos sus derechos en la Unión Europea. Por todo lo expuesto, señora presidenta, formulo en nombre del Grupo Socialista la siguiente pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos: ¿Qué gestiones
ha realizado el Gobierno para el tratamiento de las lenguas cooficiales en el nuevo marco institucional de la Unión Europea?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Sáez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Señora presidenta, señor diputado, como la Cámara conoce, cuando el Gobierno asumió las responsabilidades e inició la negociación para alcanzar un tratado de la
Unión Europea nos encontramos con que la cuestión del reconocimiento de las lenguas cooficiales del Estado español no existía. Por lo tanto, el compromiso del Gobierno fue iniciar un proceso de negociación para alcanzar un máximo reconocimiento de
esta diversidad cultural y lingüística en Europa y que se diese reconocimiento a las lenguas oficiales del Estado español. No fue una tarea sencilla. En primer lugar, nos encontramos con un rechazo incluso del servicio jurídico de la Secretaría
del Consejo, que creía que al iniciar esta nueva negociación se podría reabrir un tema de enorme calado político e histórico en los distintos Estados miembros. No obstante, después de una ardua negociación con la Presidencia y con distintos países
miembros que eran reacios a aceptar esta negociación se consiguió que en una primera etapa la Presidencia aceptase la traducción del Tratado constitucional a las lenguas oficiales del Estado español. Como enel Gobierno español no nos dimos por
satisfechos, decidimos iniciar un nuevo esfuerzo para obtener un mayor reconocimiento, de ahí que surgiese la disyuntiva entre una declaración de todos los Estados miembros o una declaración unilateral del Gobierno español. Optamos por alcanzar un
mayor apoyo de los Estados miembros y por eso se propuso la declaración que ha sido finalmente adoptada en el último Consejo Europeo. Incluso durante esas dos largas jornadas de negociación estuvimos luchando hasta el último momento y conseguimos
incluir una referencia específica a las lenguas para que se abra el camino, un camino que deseamos que se inicie con la ayuda de los grupos parlamentarios y próximamente podamos darles una mayor satisfacción en cuanto al reconocimiento de las
lenguas oficiales del Estado español. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUÉ PLANTEAMIENTO TIENE EL GOBIERNO RESPECTO AL PRESENTE Y FUTURO DEL CASTILLO DE MONTJUÏC? (Número
de expediente 180/000173.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, pasamos a las preguntas que se realizan al señor ministro de Defensa.
En primer lugar, la pregunta del diputado don Daniel Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Adelante, señor diputado.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
De entre los éxitos de la democracia española la superación de la dicotomía entre lo civil y lo militar en sin duda alguna uno de los más significativos. Como todos los logros históricamente relevantes, la comunión entre el pueblo, el poder
civil que de él emana y las fuerzas armadas, que obedeciendo a éste sirven a aquél, no ha sido obra meramente gubernamental o partidaria, sino empeño colectivo de la sociedad española. También en este terreno perviven temas no resueltos, y algunos
con una especial carga simbólica, este es el caso del castillo de Montjuïc, convertido especialmente a lo largo de los siglos XIX y XX en instrumento de trágica dominación sobre los barceloneses. En 1842 por orden de Espartero y un año después por
orden de Prim los cañones de Montjuïc bombardearon una ciudad que los había aclamado y encumbrado.
Allí tuvo lugar en 1897 el conocido internacionalmente como proceso de Montjuïc, en el que 87 inocentes fueron torturados y cinco de ellos fueron
además ejecutados. El castillo fue en 1919 la prisión en la que se amontonaron los 3.000 trabajadores detenidos durante la huelga de la Canadiense. Desde el siglo XIX sus fosas y patios fueron lugares habituales de fusilamientos. Allí fueron
pasados por las armas, entre otros, el pedagogo Francesc Ferrer i Guardia, allí fue fusilado el president de la Generalitat de Catalunya Lluis Companys. La recuperación plena del castillo de Montjuïc para la ciudad de Barcelona ha sido y es un
objetivo ampliamente compartido y tenazmente perseguido por la sociedad barcelonesa y por el conjunto de la sociedad catalana. Hace dos años el ayuntamiento de Barcelona la volvió a solicitar al anterior Gobierno, sin obtener ningún tipo de
respuesta; obviamente eran otros tiempos. El Gobierno actual ha optado también en este tema por la vía del respeto, del diálogo y de la colaboración institucional. Dicha colaboración, puesta en práctica directamente por el ministro de Defensa y
el alcalde de Barcelona, ha permitido avanzar hacia una solución definitiva que contempla la cesión plena del castillo a la ciudad, tal y como ha señalado el propio presidente del Gobierno. En este contexto, señor ministro, el Grupo Socialista
considera oportuno conocer en sede parlamentaria el planteamiento del Gobierno sobre el presente y futuro del castillo de Montjuïc.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno debe informarle de que va a cumplir exactamente con la palabra dada por el señor presidente del Gobierno, y el castillo de Montjuïc será un monumento a la paz, un museo. Para ello vamos a tomar una primera
medida: proponer la derogación de la ley firmada por el general Franco, en cuyo preámbulo se establecía y se hablaba de las gloriosas gestas, por
supuesto en un sentido excluyente y nada que tuviera que ver con la integridad nacional. En esa ley queremos enaltecer a todo un pueblo, el de Cataluña. Queremos honrar la memoria de los que representaron a ese pueblo, como el presidente
Companys, y no queremos herir la susceptibilidad ni la memoria ni el recuerdo de los que allí también murieron, cualquiera que fuese su significación, y hubo diversas significaciones. Señor diputado, Montjuïc tiene que ser símbolo de respeto y de
concordia. Montjuïc tiene que ser el lugar donde se concilien y reconcilien tantas emociones como evoca una sociedad tan rica como la catalana, a nivel histórico, a nivel político y a nivel militar.
Por último, tengo que decirle que con ese
esfuerzo del que S.S. hablaba, lo ha hecho el Gobierno, lo ha hecho la sociedad de Cataluña y permítame que le diga que no hay una corporación en España que haya hecho más esfuerzo que las Fuerzas Armadas por acomodarse a la libertad y a la
Constitución que nos hemos dado los españoles. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LUCILA CORRAL RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL GÓMEZ
ULLA DE MADRID? (Número de expediente 180/000174.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación la pregunta de la señora diputada doña Lucila Corral Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señora diputada.
La señora CORRAL RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Defensa, señoras y señores diputados, los distritos de Madrid, Carabanchel y Latina, que tienen más de medio millón de habitantes, aunque cueste creerlo, señorías, no cuentan con ningún equipamiento hospitalario público en
su territorio, con el agravante de que son dos de los distritos con población más envejecida, con más inmigración y con la demanda hospitalaria más alta de la región. Las vecinas y los vecinos de estos distritos se ven obligados a largos y, muchas
veces, angustiosos desplazamientos para ser atendidos en sus hospitales de referencia: Hospital Doce de Octubre y Hospital Clínico, que a su vez están totalmente desbordados y saturados por las demandas de sus áreas sanitarias. Podemos hablar de
su centro de especialidades, que es conocido en el Estado español por las largas listas de espera, porque es uno de los que tiene más demora de todo el Estado. Recogiendo el malestar de los barrios, las asociaciones de vecinos y las asociaciones de
mujeres, conjuntamente con los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida, llevan muchos años, señoría, muchos años, manifestándose, reivindicando y luchando por algo que parece la solución lógica, que es que el infrautilizado Hospital Militar Gómez
Ulla, con 1.200 camas y con una dotación tecnológica de alto nivel, que precisamente está situado en el corazón de estos distritos, pueda ser utilizado por la población civil de Carabanchel y de Latina como hospital público de referencia. Durante
los últimos ocho años de Gobierno del Partido Popular, el Partido Popular en esta cuestión, igual que en otras, tampoco ha escuchado a las vecinas y a los vecinos que solicitaban su derecho a una atención hospitalaria digna. Este Grupo
Parlamentario Socialista tiene conocimiento de que el señor ministro de Defensa sí es sensible a la dramática situación descrita. Por ello, le preguntamos: ¿qué previsiones tiene el señor ministro...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora diputada, se acabó su tiempo. (Aplausos.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, faltan camas en el distrito de Latina y Carabanchel, así lo dice S.S. y así me lo han dicho también las asociaciones de vecinos.
Sin embargo, en el Hospital Militar Gómez Ulla hay exactamente 1.100 camas, de las que se
usan 450 y más de 600 están sin ocupación y sin servicio. Un servicio público adecuado, sea militar o civil, tiene que tener en cuenta esa necesidad, y la hemos tenido, porque la sanidad militar tiene básicamente una función: los sanitarios
militares han de estar preparados para acompañar a las tropas en las misiones que tienen que llevar a cabo, pero la sanidad militar no está pensada ni concebida ahora para atender sanitariamente en tiempos de paz a los familiares o a los militares.
Por esa razón, donde faltan camas sobrando servicios, en este caso hospitalarios, hemos ofrecido a la Comunidad Autónoma de Madrid el Hospital Gómez Ulla, para que pueda tener, si quiere a partir del mes de julio, 500 camas libres para poder
ofertarlas a la ciudadanía madrileña. Pero no sólo a la Comunidad Autónoma de Madrid; los hospitales militares serán ofrecidos en toda España a las comunidades autónomas para que se pueda mejorar la prestación del servicio a los ciudadanos y los
sanitarios militares tengan también la posibilidad de ejercitarse en enfermedades y atenciones que no siempre tendríamos si cerrásemos las puertas y nos circunscribiéramos al ámbito exclusivamente militar. Luego, si me permite la comparación de
Duns Escoto -pudo, convino, luego lo hizo-, podemos hacerlo, conviene hacerlo y, si la Comunidad Autónoma de Madrid quiere, lo vamos a hacer, porque se lo hemos ofrecido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI RAMÓN TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ESPAÑOL DESARROLLAR EL REAL DECRETO 436/2004, DE 24 DE
MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ACTUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL, Y CONCRETAMENTE LA CORRECCIÓN DE LOS VALORES PROVISIONALES DE
LA REMUNERACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO D1, PREVISTAS EN SU ARTÍCULO 39, DE FORMA QUE SE MODIFIQUEN LOS VALORES DE LA TARIFA, 70 POR CIENTO, PRIMA 20 POR CIENTO E INCENTIVO 10 POR CIENTO (6,5 CEUR/KW/H), A UNOS NIVELES QUE PERMITAN LA
VIABILIDAD DE LAS INSTALACIONES, Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARTICULARES EN EL TRATAMIENTO DE LOS PURINES EXCEDENTARIOS PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL CITADO REAL DECRETO? (Número de expediente
180/000157.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Seguimos con las preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, la pregunta del diputado don Jordi Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana. Adelante, señor diputado.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta. (Pronuncia palabras en catalán.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor ministro, tiene usted la potestad de contestar a la pregunta que le ha hecho el señor diputado o no hacerlo, por cuanto yo le he entendido, probablemente usted también, pero no estamos
garantizando así el derecho de todos a comprenderla. Por tanto tiene usted la potestad, señor ministro, de contestarla o no.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ramón Torres, el Gobierno ha expresado ya su preocupación por la situación en la que se encuentra la viabilidad de las instalaciones dedicadas al tratamiento de purines excedentarios, que están recogidas en el Real Decreto 436/2004, de
24 de marzo, que S.S. señalaba, un real decreto con cuyo objetivo estamos de acuerdo: dar estabilidad al sistema retributivo del régimen especial promoviendo así las inversiones en energías renovables y cogeneración. Sin embargo, es un real
decreto que entendemos asimismo que fue aprobado con cierta improvisación y que estamos analizando, en primer lugar para saber si con él se podrán alcanzar los objetivos del plan de fomento de energías renovables y, en segundo lugar, para valorar si
las nuevas primas que se establecen reflejan tasas de retribución razonable. De este análisis surgirá una propuesta de modificación que además de definir un sistema retributivo estable, incluirá también las plantas de tratamiento de purines
excedentarios que, como S.S. sabe, permanecen sujetos a la normativa anterior.
Es nuestra intención que la modificación del real decreto esté consensuada con las asociaciones relacionadas con las energías renovables y de cogeneración y con las comunidades autónomas. La propuesta de modificación del real decreto del
Gobierno se realizará antes del próximo período de sesiones, de tal forma que la nueva normativa pueda entrar en vigor antes de que finalice el año.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, esta es una decisión importantísima para la viabilidad de las plantas de tratamiento con producción de biogás. Ha quedado demostrado ya que estas plantas de momento son la mejor solución para el problema que se plantea en el
sector ganadero catalán con la gestión de los excedentes de purines. El sector es consciente de que la utilización natural de los purines es su aplicación como abono orgánico en la agricultura, pero hay zonas de Cataluña donde la concentración
ganadera es muy elevada y donde se genera gran parte de estos excedentes, lo que los convierte en un grave problema para el sector en estas zonas.
El proyecto de construcción e instalación de diferentes plantas en todo el territorio catalán hay que hacerlo con la colaboración de todos en un proyecto común que solucione el problema de los excedentes. De acuerdo con la legislación
actual europea, los ganaderos de diferentes comarcas catalanas han realizado planes de gestión de los abonos orgánicos. Estos planes también se verían perjudicados con la reducción de esta prima. Las asociaciones ganaderas asumen un gran esfuerzo
económico y personal con estos proyectos, que además de racionalizar el uso de los purines y contribuir a la creación de puestos de trabajo, aseguran la actividad ganadera, verdadero motor de la economía catalana. Es un sector de una importancia
estratégica para Cataluña, ya que lo que no se produce en Cataluña se desplaza a otras zonas del Estado y de Europa. Esto arrastraría, por consiguiente, a la industria agroalimentaria, la industria más importante de las terras de Lleida, como usted
sabe.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor diputado.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANTONIA DE ARMENGOL CRIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA CERATITIS CAPITATA O MOSCA DE LA FRUTA, ESPECIALMENTE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA? (Número de expediente 180/000177.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, pasamos a las preguntas que se realizan a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar, la pregunta que dirige la señora diputada doña María Antonia de
Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
La señora DE ARMENGOL CRIADO: Muchas gracias, señora presidenta.
La Comunidad Valenciana, debido a su clima favorable, es productora de gran variedad de frutas, pero, eso sí, muy concentrada en una amplia variedad de cítricos, puesto que su producción representa el 56 por ciento de la producción total
vegetal en la comunidad y el 70 por ciento de la producción total de cítricos en España. Prácticamente, todas las frutas que producimos (estoy hablando de cítricos, nísperos, albaricoques, melocotones y ciruelas), por su color, son de un gran
atractivo para la ceratitis capitata o mosca de la fruta, que tiene especial predilección por el color amarillo y naranja. La presencia de esta plaga ocasiona pérdidas económicas importantes, ya que produce daños en los frutos al provocar su caída
prematura del árbol y porque la plaga puede durar de abril a noviembre. La posible presencia de huevos larvas okupas en envíos comerciales de fruta son causa de severas restricciones o prohibiciones a las exportaciones a países terceros en los que
la plaga no está presente.
El ministerio aprobó el Real Decreto 461/2004, por el que se establece el programa nacional de control de la mosca mediterránea de la fruta con dotación presupuestaria. De acuerdo con este real decreto, los fondos de esta dotación se deben
de territorializar por las comunidades autónomas que hayan declarado la existencia de la plaga, estableciéndose las medidas obligatorias correspondientes para desarrollar lo dispuesto en el real decreto. En la Comunidad Valenciana, el IVIA ha sido
pionero en las investigaciones para el control de este tipo de plaga, sobre todo en el establecimiento de métodos de lucha alternativos a los tradicionales, mucho más respetuosos con el medio ambiente, pero el recorte presupuestario de este
organismo y la desidia y nula capacidad de la consellería para una planificación sistemática a la hora de afrontar la plaga hace que hoy sea importante contar con más ayudas y medidas para hacer efectiva con eficacia real la lucha contra esta plaga
que anualmente nos aqueja en la comunidad. Por todo ello, señora ministra, le rogaría que me comunicara las medidas y los fondos que tiene previsto destinar para la lucha de la plaga de la mosca mediterránea para ayudar a la agricultura y a los
agricultores de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora De Armengol.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, coincido con usted en la preocupación por el riesgo que constituye para las cosechas de los cultivos de cítricos y otros frutales huéspedes la mosca mediterránea, denominada técnicamente ceratitis capitata. La presencia de
esta plaga ocasiona pérdidas económicas importantes debido a las causas que S.S. ha planteado. Comparto con usted que es necesario reforzar el control e inspección fitosanitaria en las inspecciones de frutas procedentes de terceros países. Por
ello el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha considerado necesario adoptar un programa nacional de control de las poblaciones de la mosca mediterránea de la fruta, clasificándose de utilidad pública la prevención y lucha contra esta
plaga. En este programa se contempla un conjunto de medidas fitosanitarias que individualmente y en su conjunto constituyen actualmente una alternativa eficaz a los tratamientos con insecticidas convencionales. La dotación prevista para el año
2004 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para este tema en concreto es de 7,6 millones de euros, que se dedicarán a financiar el 50 por ciento de los gastos efectuados por las comunidades autónomas afectadas. Esta cantidad es
importante, sobre todo teniendo en cuenta que se dedicará a financiar medios de lucha alternativos más respetuosos con el medio ambiente, excluyendo especialmente los tratamientos químicos convencionales.
La territorialización de estos fondos previstos en el presupuesto de 2004 por la aplicación del decreto a que usted ha hecho referencia se está efectuando siguiendo los procedimientos previstos en la citada norma. En estos momentos está
finalizando el plazo dado por el departamento a las comunidades autónomas para el envío de información y documentación que lo complete, por lo que es previsible que a finales del mes de julio o incluso antes se esté en disposición de llevar a cabo
la primera conferencia sectorial para la propuesta de la territorialización de estas ayudas. Teniendo en cuenta la importancia de los cultivos, la Comunidad Autónoma Valenciana será una de las que se lleven un porcentaje mayor y también hay que
tener en cuenta no solamente los cultivos, sino que es una comunidad que desde hace años viene luchando y aplicando tratamientos alternativos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora ministra, se ha acabado su tiempo. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ PORTEIRO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GO-BIERNO PARA APOYAR AL COLECTIVO DE
PESCADORES CON EMBARCACIONES DE ARQUEO INFERIOR A 2,5 TONELADAS DE REGISTRO BRUTO? (Número de expediente 180/000178.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pregunta de la diputada doña María José Porteiro García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Adelante.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, comparto con usted ser gallega y sentir muy de cerca el drama del hundimiento del pesquero O Bahía hace menos de un mes, que ha reabierto el debate sobre la necesidad de mejorar e incrementar las condiciones de seguridad de
nuestras embarcaciones. O Bahía era un pesquero gallego de la flota de cerco, con diez tripulantes a bordo, que estuvo faenando en la costa lucense de Burela durante la campaña de la anchoa. A las 8,15 de la tarde del 2 de junio, de camino a su
base en Vigo y cuando se encontraba a la altura de las islas Sisargas, la radiobaliza de aquel barco, nuevo y acorde con la normativa vigente, emitió un mensaje de auxilio. La vida de aquellos diez pescadores -mariñeiros que diríamos nos- terminó
en un desastre del que sólo quedaron, flotando e inútiles, chalecos salvavidas, bombonas, cajas vacías y la desesperación añadida de cinco familias que aún no han podido recuperar los cuerpos de sus familiares. Sin duda la cuestión de la seguridad
es un tema candente para el sector pesquero y para la sociedad en su conjunto porque remite a dramas humanos que desde los poderes públicos tenemos la obligación de prevenir o remediar.
Señora ministra, en sus comparecencias usted ha anunciado la renovación de la flota artesanal y la garantía de la mejora de la seguridad a bordo, dos objetivos que me parecen fundamentales y que han sido muy bien recibidos en el sector.
Ahora, comprobada desgraciadamente una vez más la urgente necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de nuestras embarcaciones y sobre todo a fin de prevenir futuras tragedias, deben tenerse en cuenta especialmente aquellas modalidades que,
bien por sus características o bien por su antigüedad, concitan mayores riesgos de accidente. Estimo pertinente por lo tanto plantear ante esta Cámara la preocupación del Grupo Socialista respecto a las embarcaciones muy reducidas, de menos de 2,5
toneladas de registro bruto, que tienen un elevado grado de envejecimiento, y por lo tanto mayor riesgo, y cuyo modelo de explotación suele ser eminentemente familiar. Por cierto, la última vicisitud normativa sufrida por este tipo de barcos fue el
Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se impide su renovación.
Por todo ello, señora Espinosa, le pregunto: ¿qué piensa hacer ese ministerio para propiciar la renovación de las embarcaciones citadas, a fin de prevenir y mejorar su
seguridad y para ayudar a mantener el empleo que generan?
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Porteiro.
Tiene la palabra la señora ministra. Adelante.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, como usted ha mencionado, el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, vino a derogar el Real Decreto 139/1990, sobre construcción y modernización de buques pesqueros de esloras entre perpendiculares inferiores a seis metros.
La situación que se ha creado es que estas embarcaciones, que tienen una clara vocación artesanal y de bajura, se caracterizan por un alto grado de envejecimiento, como usted ya ha señalado, lo que supone un grave riesgo en materia de seguridad y de
navegación. Le diré, señora diputada, que si la media de la edad de los buques de flota española se sitúa en torno a los 27 años, ello está motivado en gran medida por el alto grado de envejecimiento de esta flota de bajura, que tiene un componente
de explotación claramente familiar.
Desde el año 1979, con la publicación de la Orden de 20 de noviembre por la que se establecía la norma reguladora sobre construcción, reparación e instalación de motores y cambio de listas de embarcaciones de menos de 20 toneladas de
registro bruto, con artes dedicadas a la pesca de artes menores y no sujeta a reglamentación específica, se estableció una excepción de carácter singular. A través de ella se exoneraba la obligación de aportar bajas a las nuevas construcciones a
aquellos pescadores profesionales que acreditando una experiencia continuada superior a cinco años quisieran construir embarcaciones de 2,5 toneladas de registro bruto en unas condiciones establecidas en la referida orden.
Posteriormente, esta
orden fue subsumida por el mencionado Real Decreto 139/1990. Como ya he comentado anteriormente, el Real Decreto del año 2003 cortó de raíz esta posibilidad de renovación de embarcaciones que tienen un claro carácter familiar y cuya transferencia
solamente se puede hacer en traspaso de padres a hijos y no pueden ser vendidas ni dedicadas a otras funciones. Teniendo en cuenta la absoluta necesidad de mejorar al máximo las condiciones de seguridad y navegación de estas unidades, resulta
necesario articular un mecanismo que permita la renovación de estas embarcaciones, para lo cual en estos momentos se está elaborando un borrador de real decreto, cumpliendo así nuestro compromiso por mejorar la seguridad de estas embarcaciones y que
pronto conocerán ustedes.
Quiero dejar claro que este Gobierno hará todo lo posible para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los marineros y del sector del mar preferentemente en los que...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora ministra, acabó su tiempo.
Gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL ELORRIAGA PISARIK, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO CONSIDERA EL GOBIERNO QUE PUEDEN SER
TRANSFERIDAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000163.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, venían las preguntas dirigidas al ministro de Administraciones Públicas.
Como conocen los diputados preguntantes, las preguntas las contestará el señor ministro de
Justicia. En primer lugar, la pregunta del diputado don Gabriel Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Adelante.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidenta.
En los últimos días, tanto en sede parlamentaria como en los medios de comunicación, se han hecho declaraciones por miembros del Gobierno sobre la disposición a estudiar y en su caso impulsar la utilización del artículo 150.2 para la
transferencia o delegación de competencias exclusivas a determinadas comunidades autónomas. ¿Podría explicarnos el Gobierno qué competencias son esas que está dispuesto a transferir a las comunidades autónomas?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Elorriaga.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.
Señoría, por ausencia justificada del ministro de Administraciones Públicas, con mucho gusto le respondo a una cuestión que tiene interés por su naturaleza constitucional y de cuestión de Estado. Con la Constitución en la mano le respondo.
Dice el artículo 150.2 que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas aquellas competencias que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, y nos recuerda también que el instrumento para hacerlo es
una ley orgánica. Por tanto no decide el Gobierno; deciden estas Cortes Generales en representación de la soberanía popular y por una mayoría cualificada a través de un instrumento constitucionalmente idóneo, que por cierto se ha utilizado varias
veces positivamente, y lo celebramos, en el curso de los 25 años de experiencia constitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias.
En realidad están ustedes tratando de ocultar su debilidad política en el manto de la opacidad. Están ustedes utilizando un argumento completamente contradictorio. Por un lado, ponen en marcha una reforma constitucional, declaran
públicamente que esa reforma constitucional no requiere la alteración de la atribución de competencias del título VIII. Hasta este punto parecería que su partido y el mío coinciden en esta visión, en que no consideramos que haya que tocar la tabla
mínima de competencias establecida en el artículo 149 de la Constitución, tabla mínima que hasta hora veníamos coincidiendo que determina el elenco de responsabilidades que el Estado necesita para garantizar la unidad de la soberanía de la nación
española, la igualdad básica entre todos los ciudadanos y la igualdad de derechos y obligaciones. Pero resulta que no es así. Después de decirnos que no hay que alterar las competencias en el 149, nos dicen que hay que utilizar la vía de
delegación de competencias exclusivas, un no pero sí, un sí pero no. La diferencia entre las vías es perfectamente clara, y usted la conoce sobradamente, aparte de por su experiencia política, por su profesión. Desde mi punto de vista, de no
considerar necesario alterar el estado de distribución de competencias, tiene alguna ventaja el 150.2, si me permite la ironía. Permitiría revocar la delegación cuando se alterase la mayoría esta Cámara y permite establecer mecanismos de control
que no podrían fijarse de otra manera. Pero, sinceramente, no veo qué ventajas le ve el Gobierno desde su posición.
Salvo eludir las mayorías parlamentarias exigidas para la reforma constitucional o para las reformas estatutarias, su vía tan sólo
tiene debilidades. Por tanto es razonable que todos pensemos que lo que están ustedes tratando es de atender las exigencias del señor Maragall. Él sí nos ha dado la tabla de competencias exclusivas cuya gestión pretende: inmigración, agencia
tributaria, catastro, estadística, convocatoria de referéndum, cuencas hidrográficas, sanidad exterior y fondo de garantía estatal. Le hago la pregunta de otra manera, ¿nos puede explicar por qué el Gobierno prefiere utilizar la vía excepcional del
artículo 150.2 y no aprovechar el proceso de reforma constitucional y estatutaria que tiene en marcha impulsado por su propio partido? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Elorriaga.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta, señorías.
Ojalá coincidiésemos más, señor diputado, en materias constitucionales.
Sucede sin embargo que la experiencia
prueba que el Partido Popular y el Partido Socialista venimos a coincidir en materias constitucionales en algún punto de encuentro en el que, curiosamente, los socialistas llegamos siempre 25 años antes que el Partido Popular, y así ha sido
el curso en los últimos 25 años.
Bienvenidos de nuevo a refrescarles la memoria, porque el artículo 150.2 es un instrumento legítimo y se ha utilizado y se ha practicado estando en responsabilidades de Gobierno tanto el Partido Socialista como el
Partido Popular. La razón es muy buena, porque es un instrumento constitucionalmente útil para revisar el orden competencial, que es la distribución legítima de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Para hacer eso no hace falta
tocar la Constitución. Y es cierto que hemos asumido la iniciativa y la responsabilidad de proponer una modificación discreta de la Constitución que no toca el orden competencial y que incorpora a las comunidades autónomas a la Constitución a la
que pertenecen, incorpora a Europa, actualiza la Constitución, la sucesión en la jefatura del Estado y también, por supuesto, toca el Senado, que es el que tiene que jugar el papel de Cámara de interacción territorial, en donde las comunidades
autónomas puedan participar en la formación de la voluntad del Estado, pero las comunidades autónomas tienen legítimo derecho a proponer modificaciones de sus respectivas atribuciones competenciales y por tanto instar del Estado la utilización del
artículo 150.2 de la Constitución. Ustedes lo han hecho porque -le refresco la memoria- el señor Rajoy en 1996 propuso aquí incorporar los puertos...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor ministro, acabó su tiempo. Les recuerdo que tienen dos minutos y medio para contestar a las preguntas. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SALOM COLL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿EN QUÉ CASOS NO SE VAN A TRANSFERIR COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS QUE LO SOLICITEN? (Número de expediente 180/000164.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, pregunta de la señora diputada doña María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Adelante, señora diputada.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿en qué casos no van a transferir competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas que sí lo han solicitado?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Salom.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Me alegro de la continuidad entre la pregunta y la repregunta, ya que me permite completar la respuesta, y la respuesta una vez más la ofrece la Constitución: aquellas que por su naturaleza no
sean susceptibles de transferencia o delegación.
Estaba recordando a los diputados del Partido Popular que José María Aznar y Mariano Rajoy han expresado aquí en la Cámara su disposición a transferir competencias a las comunidades autónomas por la
técnica del 150.2: puertos de interés general, políticas de empleo, intermediación en el mercado de trabajo. Mariano Rajoy, 11 de junio de 1996. Sería estupendo que ustedes tuvieran la coherencia de sostener los mismos criterios en materia
constitucional cuando se está en el Gobierno y cuando se está en la oposición. Permítanme que les recuerde también la doctrina de su presidente fundador, don Manuel Fraga, que viene sosteniendo desde hace años de manera invariable la utilización no
discreta sino masiva del artículo 150.2 al servicio de lo que él ha denominado su proyecto de Administración única para transferir competencias a la Xunta de Galicia en materia de sanidad exterior, inspección y vigilancia pesquera, inspección en
materia de seguridad, seguridad marítima, meteorología y arbitraje de consumo, en definitiva, competencias que son perfectamente vindicables por las comunidades autónomas y que tendrán que ser susceptibles de debate si así lo quiere este Parlamento
que representa a la soberanía popular. A esos criterios constitucionales se atiene y además a otros que hemos hecho expresos en nuestro compromiso de investidura: primero, adecuación en el fondo y en la forma a la Constitución en las reglas del
juego; segundo, consenso democrático y esto significa para empezar el recordatorio de que hacen faltas mayorías cualificadas en los parlamentos de origen y mayoría cualificada en este Parlamento, que sólo puede aprobar modificaciones estatutarias y
también leyes orgánicas de transferencia por mayoría absoluta; y tercero, que la autonomía sea autogobierno próximo a la ciudadanía y que por tanto la autonomía resuelva problemas de la ciudadanía, preste servicios públicos en un orden de
interacción y de cohesión que llamamos aquí Estado autonómico. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
Adelante, señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señor ministro, en los últimos 25 años tanto el Partido Socialista como el Partido Popular cuando han tenido responsabilidades de Gobierno siempre han hecho pactos con el partido mayoritario en la oposición para ir
equiparando el nivel competencial entre las distintas comunidades autónomas. Ahora ustedes, el señor Zapatero, quieren romper eso. El ministro de Administraciones Públicas dijo en su momento que las transferencias a las comunidades autónomas iban
a ser asimétricas y eso tiene un claro tufillo al federalismo asimétrico del señor Maragall. El señor ministro de Administraciones Públicas dijo que podrán
tener ventajas unas comunidades autónomas frente a otras, siempre que estén justificadas, y que podrán existir discriminaciones entre comunidades si son aceptables. Justificadas y aceptables, ¿en base a qué? ¿En base a la necesidad de unos
votos en esta Cámara de determinadas formaciones políticas? Reconozcan ustedes, señor ministro, que están hipotecados, que están atados de pies y manos por unas minorías, por unos grupos minoritarios. Como dice un destacado socialista, secuestrar
la voluntad del cuerpo social entero y embarcarnos a todos en los ensoñados designios colectivos de una minoría de vanguardia no ha dejado de ser nunca un latente delirio totalitario. Estas son palabras suyas, señor ministro, esto lo ha dicho
usted. Nosotros nos preguntamos por qué hacer diferencias entre los españoles. Por qué discriminar a comunidades autónomas. Por qué Cataluña, por ejemplo, puede aspirar a tener más competencias que Madrid o que Baleares. Baleares fue reino,
Cataluña no.
Si siguen por este camino, ustedes serán los responsables de que existan ciudadanos de primera y de segunda, según en la comunidad autónoma en que vivan. Nosotros desde la oposición trabajaremos para que todos los españoles tengan las
mismas oportunidades. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Salom.
Señor ministro, sé que usted es muy capaz de concentrar muchas palabras en poco tiempo, pero le quedan apenas 27 segundos. Adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Sean ustedes bienvenidos al consenso constitucional, al disfrute del principio dispositivo, que eso significa también la autonomía. Pero, lamentablemente, no vendrán al consenso constitucional
en la modificación de los estatutos de autonomía.
Estarán en la crispación, que es donde se sienten a gusto. Aunque les ha dado muy mal resultado en Cataluña, en el País Vasco y en el conjunto de España. El 14 de marzo les enseñó esa lección y
debieran haberla aprendido. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTÓN LOURO GOYANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ INICIATIVAS CONCRETAS CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SE DEBEN DESARROLLAR EN RELACIÓN CON EL TEATRO EN EL
SENO DEL INAEM? (Número de expediente 180/000175.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, las preguntas dirigidas a la señora ministra de Cultura. En este caso la pregunta que le dirige el señor diputado don Antón Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista en el
congreso.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el espacio cultural español ha fructificado uno de los más ricos patrimonios literarios dramáticos de Europa. Autores como Miguel de Cervantes, Fernando de Rojas, Lope de Vega, Calderón, Valle Inclán o mismamente
Federico García Lorca, forman parte de una gran tradición cultural que nos hace posible hoy hacer importantes escenificaciones. Esta riqueza, señora ministra, se incrementó en la segunda mitad del siglo XX con aportaciones de nuevas generaciones de
autores dramáticos. No debemos olvidar en esta tradición las aportaciones de los nuevos valores que surgen en España a mediados de los años ochenta, años que fueron muy fructíferos en el espacio cultural español.
Tampoco debemos olvidarnos de las
importantes aportaciones que nos vienen de otras dramaturgias, como la catalana, la vasca o la gallega. Estas tres dramaturgias representan la expresión de la pluralidad cultural y lingüística de España. Sin duda, señora ministra, esto es una gran
riqueza que debemos proyectar y poner en valor en los distintos y múltiples espacios y países. En este sentido, este diputado le formula la siguiente pregunta: ¿Qué iniciativas contempla el ministerio que usted dirige para promover e impulsar a
través del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Louro.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, como ya indiqué en la comparecencia correspondiente en la Comisión de Cultura, se van a producir cambios importantes en los contenidos, en los autores y, en definitiva, en las producciones públicas dependientes del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. En materia de teatro, fundamentalmente en estas tres direcciones.
Tendremos en un relativo corto plazo de tiempo una remodelada y espléndida sala Olimpia, que nos va a permitir hacer lo que
consideremos que ha de hacerse con el dinero público en materia de impulso a la creación actual de presente y como respaldo, en este caso, a quienes verdaderamente arriesgan creando. En definitiva, hemos de apoyar a los nuevos escritores en todas
las lenguas cooficiales del Estado. Hemos de buscar las líneas más atrevidas e innovadoras de las artes escénicas en este momento, que nos permitan consolidar un espacio que apueste en el presente, pero sobre todo en el futuro, y que nos permitan
captar públicos nuevos para el teatro. Públicos nuevos, públicos jóvenes y trasladar la necesidad del teatro como hecho artístico de primera magnitud en la vida cotidiana, fundamentalmente de la gente más joven.
Eso requiere correr riesgos con
quienes los van a correr creando, transgredir territorios en las nuevas dramaturgias y no apostar en el orden establecido, por lo que sabemos que siempre puede ser un
éxito garantizado, y completar o rectificar al mercado cuando sabemos que muchas apuestas en el mercado también están absolutamente garantizadas.
En orden al teatro clásico, la transformación que se va a producir va a ser también notable. Nuestro centro de teatro clásico no puede ser una repetición mimética de los clásicos tal cual año tras año, tiene que ser un laboratorio de
investigación sobre los clásicos, al modo de la comedy; tiene que ser un lugar donde se hagan las revisiones respetuosas, pero al presente, de los textos clásicos y de los clásicos españoles, de tal manera que podamos sostener, en términos de
oferta actual, interesante, fortalecedora de los públicos del teatro, y en este caso además hacerlo, como decía, con la solidaridad y el atrevimiento que corresponde al dinero público y a una política cultural hecha desde lo público que rectifique,
mejore, garantice y...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora ministra, lo siento, se acabó su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿CÓMO PIENSA LA SEÑORA MINISTRA ARTICULAR UNA POLÍTICA DE VIVIENDA DIFERENCIADA PARA CANARIAS, A LA QUE SE
COMPROMETIÓ EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL DEBATE DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000153.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, preguntas dirigidas a la ministra de Vivienda, la del diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Adelante, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿cómo piensa articular una política diferenciada de viviendas para el archipiélago canario, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno en el discurso de investidura?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rivero.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Señora presidenta, gracias.
Señor diputado, la política de vivienda necesariamente debe contemplar la diversidad y la pluralidad del territorio español. Esto quiere decir que no sólo debe limitarse a contemplar los diferentes territorios, las diferentes comunidades
autónomas, sino que hay que ir un poco más allá y a veces hay que contemplar también la municipalidad y la insularidad y en el caso de Canarias, como no podía ser de otra forma, hay que contemplar esa peculiaridad del hecho insular. Comparto con
S.S. que la realidad de la vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias es distinta a la Península y que ello, aunque no sea en exclusiva, se debe básicamente a sus niveles de renta y también a los costes específicos adicionales en la
construcción.
Desde el primer momento he manifestado que los planes de vivienda tienen que realizarse de forma concertada con las comunidades autónomas y, además, tienen que contemplarse los objetivos de acuerdo con las necesidades de las comunidades
autónomas. No lo he dicho en balde, porque el Gobierno socialista en su último plan de vivienda, el Plan 1992-1995, ya contemplaba en las políticas de vivienda el carácter ultraperiférico de la Comunidad Autónoma de Canarias, atribuyéndole un peso
adicional en la distribución de los recursos estatales asignados. Ahora estamos tramitando la prórroga de dos convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias, que también firmamos los socialistas en 1992. Es decir, que para este Gobierno
socialista el carácter ultraperiférico y el hecho insular canario ya se ha reflejado en los planes de vivienda y en los convenios que actualmente tenemos en vigor, y en los futuros planes de vivienda de este Gobierno también se va a reflejar ese
hecho de insularidad.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.
Adelante, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, reconocemos el esfuerzo que han hecho los distintos gobiernos de España a favor de una política adicional de viviendas para Canarias, pero lo que le planteamos -y es el compromiso del presidente en el discurso de
investidura- es que Canarias necesita algo más. Y no necesita algo más de forma gratuita, necesita algo más referido a la escasez del suelo y, por tanto, a la carestía del suelo y con respecto a lo que es el precio básico del metro de la vivienda
protegida. La distancia a la que está Canarias hace, efectivamente, que el costo de los materiales sea superior a los de la Península, los costos de las viviendas sean, por tanto, no atractivos para los constructores y se construye en estos
momentos menos número de viviendas protegidas que en la Península en función de las necesidades que tiene Canarias. Es necesaria una política de ayuda al suelo en Canarias, porque es un archipiélago, una isla, un territorio limitado, donde el suelo
es el petróleo, es la riqueza más importante que tiene Canarias y, por tanto, es muy caro.
Hay que hacer una política de ayuda al suelo y una política de incremento de ese precio básico de la vivienda que tiene que llevar aparejado un incremento de la ayuda al adquirente de la vivienda. Hay que tener en cuenta que esta necesidad
de Canarias no sólo se basa en esa escasez de suelo, en esa distancia, en esa fragmentación del territorio, en esa doble insularidad -el costo superior incluso en las islas periféricas-, sino que además
hay que tener en cuenta también un hecho singular en el Estado español, que es el crecimiento espectacular de la población en Canarias. A lo largo de estos últimos ocho años la población en Canarias se ha multiplicado de una forma
importante, ha crecido un 13 por ciento, con una llegada masiva de inmigrantes retornados en situaciones sociales precarias que necesitan una vivienda. Por eso entendemos que debe haber una política singularizada para el Archipiélago.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rivero.
Señora ministra, le informo de que le quedan 36 se-gundos.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
A lo que ya he añadido le puedo concretar algo más. En el próximo plan de choque, así como también en el próximo Plan de vivienda 2005-2008 se van a contemplar las peculiaridades de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el plan de choque
si hay necesidades de ampliación de objetivos se pueden ver satisfechas y creo que Canarias estará en esa posición si esa es su necesidad.
En cuanto al precio del módulo de la vivienda, la subida de los precios máximos de venta tendrán su reflejo en la Comunidad Autónoma de Canarias en tanto... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Acabó su tiempo, señora ministra. Lo siento.
- DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÀ COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿MANTIENE EL GOBIERNO LA PREVISIÓN DE QUE EL TRAZADO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD
MADRID-LLEIDA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA A SU PASO POR LA CIUDAD DE GIRONA SEA SUBTERRÁNEO? (Número de expediente 180/000156.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento. En primer lugar, del diputado don Jordi Xuclà Costa, del Grupo Parlamentario Catalán.
Adelante, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en la anterior legislatura el ministro de Fomento anunció que la línea de alta velocidad a su paso por la ciudad de Girona transcurriría por vía subterránea. Al final de la anterior legislatura no se conocía el proyecto
constructivo ni el coste de la obra, solamente un anteproyecto, yo diría que un muy leve anteproyecto, algunas maquetas y silencio sobre el coste de la obra. Este es el tramo más retrasado del conjunto de la línea Madrid-Barcelona-frontera
francesa. Creo que hay algunos interrogantes para despejar y es por ello por lo que creo que el nuevo Ejecutivo razonablemente debería fijar su posición sobre las previsiones de soterrar la alta velocidad a su paso por la ciudad de Girona.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Xuclà.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente el Gobierno mantiene la previsión de que el trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Lleida-Barcelona-frontera francesa a su paso por Girona sea subterráneo. Como usted ha dicho, está muy atrasado todo el
procedimiento. Todavía no existe declaración de impacto medioambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero le informo que es improbable que sea negativo en cuanto a ese paso subterráneo, puesto que es la propuesta que mejor encaja
desde el punto de vista medioambiental.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.
Adelante, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ COSTA: Gracias, señora presidenta.
Celebro la respuesta. A veces se formulan preguntas que requieren simplemente un sí o un no. La verdad es que en la ciudad de Girona y en el conjunto de la demarcación, y creo que en general en Cataluña, había dudas muy razonables sobre
este proyecto y sobre este calendario que la señora ministra apuntaba que está muy retrasado. En todo caso, me gustaría hacerle algunas preguntas secundarias vinculadas con la primera pregunta.
Las preguntas están referidas al coste de la obra, al coste del trazado subterráneo de la alta velocidad a su paso por la ciudad de Girona; a las previsiones sobre si los convoyes con mercancías peligrosas circularán por esta línea
subterránea y urbana; si se integrará la línea convencional con la línea de alta velocidad, todas ellas a través de esta línea subterránea; si habrá parada de la línea de alta velocidad en la eventual estación del aeropuerto Girona-Costa Brava,
que como bien saben la señora ministra y SS.SS. ha experimentado un extraordinario crecimiento durante estos últimos años gracias al fenómeno de los vuelos a bajo precio; finalmente, si se pueden cumplir las previsiones de llegada de la alta
velocidad a la frontera francesa en el año 2009, teniendo en cuenta este tramo tan retrasado en su paso por la ciudad de Girona.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Xuclà.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.
Señoría, le agradecería que la próxima vez me haga todas las preguntas que usted quiera y yo se las contesto, pero aprovechar la pregunta para hacerme otra, supondría un desarrollo muy largo y, por tanto, sólo le voy a contestar a algunos de
los planteamientos que usted ha hecho.
El trazado propuesto supone el soterramiento no sólo de la nueva línea de alta velocidad, sino también de la línea de ancho ibérico existente, con una estación de viajeros soterrada para los dos anchos de vías y la eliminación del viaducto
por el que discurre actualmente el ferrocarril.
El soterramiento implica la construcción de dos túneles, uno de 4,36 kilómetros para la línea de alta velocidad y otro de 5 kilómetros para la línea de ancho ibérico. El coste del trazado de la línea
a su paso por Girona es aproximadamente de 355 millones de euros, y el nivel de ejecución, como le he dicho, es nulo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN AL GOBIERNO LOS INFORMES Y RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN RELACIÓN CON LA
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PARTICULAR CON LA EXISTENCIA DE CASOS DE TORUTRAS EN EL ESTADO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000154.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, seguimos con las preguntas dirigidas de nuevo al ministro de Justicia. En primer lugar, la pregunta que le dirige la señora diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Quería saber la opinión del Gobierno en relación a los informes y recomendaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en España y más en particular sobre la existencia de casos de tortura también en el Estado
español.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora diputada.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora diputada, con todo el respeto le contesto que no es responsabilidad del Gobierno emitir opiniones ni sobre los informes o recomendaciones ni sobre la actividad general de las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, pero sí recibirlas cuando solicitan una entrevista. Lo he hecho. He tenido el honor de recibir a la señora Irene Khan en el Ministerio de Justicia y oír su
testimonio con respecto de la actividad de Amnistía Internacional, y le he garantizado que, con el mayor respeto e interés, asumo las consideraciones en lo que puedan reportar de utilidad al trabajo del Ministerio de Justicia en su promoción
legislativa y, por supuesto, el compromiso de los poderes públicos en España en el rechazo, la condena y la persecución penal de la tortura, que es un delito gravemente castigado en España.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
La secretaria de Amnistía Internacional, Irene Khan, en su reciente visita a España, como dice usted, ha señalado claramente que la tortura -y cito literal- en España no es sistemática, pero creemos que hay denuncias serias. El Comité para
la prevención de la tortura, dependiente del Consejo de Europa, ha recriminado reiteradamente a España porque no cumple las recomendaciones para adoptar medidas efectivas de control para evitar torturas, señalando que existen supuestos de las
mismas. El relator especial para la tortura del Comité de derechos humanos de la ONU, Teo van Boven, este año manifestaba que el sistema legal en España permite en la práctica la existencia de torturas o malos tratos, y el presidente de ese comité
de la ONU afirmaba recientemente en un medio de comunicación literalmente que no hay la menor duda de que hay casos de tortura en España. Le podría dar más informes, le voy a dar un dato más.
El año 2001 el Gobierno del Partido Popular indultó a catorce personas condenadas por sentencia firme por delitos de torturas o malos tratos.
Señor ministro, yo soy muy consciente de que no es muy popular hablar de este tema, pero también
lo soy de que es importantísimo hacerlo, porque no hay una práctica sistemática, pero es verdad que hay casos, y esos casos son vulneración grave de derechos humanos. Si hay algún caso hay que perseguirlo, y eso es lo que nosotros vamos a hacer y
hemos hecho hasta ahora. Hay muchas recomendaciones y no les voy a decir la que yo les puedo dar, que las he citado aquí muchas veces. Amnistía Internacional y estos prestigiosos comités y organismos dicen algunas recomendaciones. Primero,
suprimir el régimen de incomunicación. Creo que el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, usted mismo lo comentaba, no es admisible, trece días de incomunicación. Como tampoco lo es el 520 bis y 527 de la misma Ley rituaria. Eso sería
importantísimo, o mejorar los sistemas para evitar la incomunicación. Acaba de llegar al Gobierno, señor
ministro, no permita que se practique tortura, no la ampare, si lo hace tendrá graves responsabilidades.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora diputada, reitero que comparto su sensibilidad y su rechazo a la tortura y así se lo expresé a la secretaria general de Amnistía Internacional. Le expresé que en España la tortura es un
delito grave y perseguido y que allí donde se han individualizado responsabilidades por torturas, se han depurado las responsabilidades penales también con dureza. Pero le afirmé igualmente que en España los derechos fundamentales están muy
garantizados, que tenemos un ordenamiento que resiste la comparación con los más exigentes de las sociedades más avanzadas y también le reiteré que en España existe desde hace demasiado tiempo una forma masiva de violación de derechos fundamentales
que importa muchísimo al sistema constitucional y que obedece a la persistencia insufrible de una amenaza y de una violencia terrorista que la sociedad española no merece y debe ser combatida.
También expresé a la señora Khan que el compromiso esencial del Ministerio de Justicia tiene que ser garantizar el derecho a la seguridad, respetuoso con las garantías y con las libertades, pero lanzando un mensaje de confianza y de apoyo a
las fuerzas de seguridad que libran una batalla incesante e impresionante por la garantía de la seguridad de los españoles y que se ven sometidas, como sabemos, en muchas ocasiones a denuncias falsas por torturas que incrementan la penuria del
trabajo frente al terrorismo. Por tanto, rechazo a la tortura, sin duda, con la mayor energía; persecución penal, ningún compromiso con la tortura, pero respaldo también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a las denuncias
falsas, que trabajan sacrificando muchísimo por preservar los derechos fundamentales que son tan preciosos para nuestro sistema constitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS PROPUESTOS EN LA CARRERA
FISCAL? (Número de expediente 180/000162.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación la pregunta que le dirige el señor diputado don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, ¿cuáles son los criterios del Gobierno para los nuevos nombramientos propuestos en la carrera fiscal?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Astarloa.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): El Gobierno del que soy miembro sólo ha procedido a un número de nombramientos en el ministerio fiscal con un criterio: la propuesta elevaba bajo su autoridad y responsabilidad por el fiscal
general del Estado, quien ha actuado ateniéndose de manera estricta a la legalidad. Yo lo sé, usted lo sabe y yo sé que usted lo sabe porque le he oído afirmar los mismos criterios en esta Cámara, aunque seguramente con distintas motivaciones de
las que va a exhibir esta tarde en el Congreso de los Diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
Señor Astarloa, adelante.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Gracias, señora presidenta. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor ministro de Justicia, no sé qué nos preocupa más, si lo que han hecho o cómo lo explican. Usted insinúa, como decía la señora Cunillera, lo de pongan el retrovisor. De lo que estamos hablando con toda claridad es de un pasado
inmediato que usted conoce -y hoy nos ha llamado varias veces a la vuelta al pacto y a la vuelta al consenso-, es un pasado que, entre otras cosas, se traduce en que, desde que usted negoció y firmó un pacto de Estado y se hizo una reforma del
Estatuto del ministerio fiscal, los criterios no han sido sólo de legalidad, sino de ajustarse a la opinión del Consejo Fiscal en el nombramiento de todos los fiscales. Yo sé muy bien cuáles son las reglas de legalidad en este asunto y es obvio que
legalmente puede nombrar fiscales sin seguir el criterio del Consejo Fiscal, pero no lo es menos que ustedes han hecho un primer desembarco completo contra el criterio de casi todos los demás, incluida, por supuesto, la carrera fiscal y su consejo.
Han marcado territorio, señor ministro. Han marcado una nueva dinámica, y han dejado muy claro que no los van a nombrar por ser objetivos, independientes y profesionales, sino por adeptos y por militantes a la causa gubernamental, y eso es muy
grave y muy serio para la justicia. Pero es peor.
Hace pocas fechas, señor ministro, usted me decía que interpretásemos bienintencionadamente su propuesta de ir a una modificación del sistema de instrucción. Y empiezan por nombrar los fiscales que van a actuar en beneficio de un lado de
esta Cámara y en perjuicio de los demás. Cuando la señora vicepresidenta del Gobierno explicó el nombramiento del fiscal general del Estado no dijo que iba a ser el fiscal general del partido.
No explicó eso. ¿Qué otra interpretación quieren
ustedes que demos
-y lo hablaremos pronto en Comisión- a un nombramiento como el del señor Fernández Bermejo?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor Astarloa, se acabó su tiempo. Disculpe.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor Astarloa, seguramente no discutiremos entonces en términos de legalidad sino sobre datos objetivos, y dato objetivo es que el Consejo Fiscal es un órgano de asesoramiento, no vinculante y
usted lo sabe. Quien decide es el fiscal general del Estado proponiendo al Gobierno. Lo sabe tan bien que el Gobierno del que usted formaba parte propuso y nombró a un fiscal que no había obtenido ni un solo respaldo en el Consejo Fiscal, el señor
Fungairiño. (Aplausos.) Y lo propuso y lo dictó el señor Aznar después de tres ocasiones sucesivas en las que el señor Fungairiño había obtenido cero votos. Usted lo sabe y estaba en su derecho.
Si quiere hablar de politización, vayamos también a los datos objetivos.
En ocho años de Gobierno del Partido Popular no hubo un solo nombramiento de un fiscal progresista. Ocho años después, el número de fiscales adscritos a una
asociación conservadora multiplica por cinco el de fiscales adscritos a una opción progresista, y en esta última tanda de nombramientos se produce un solo nombramiento más progresista, pero cuatro procedentes de la asociación conservadora. No es
politización del ministerio fiscal, sino el criterio que sostiene el fiscal general del Estado y que se asume, salvo que usted quiera que subtitulemos y leamos lo que realmente puede estar queriendo decir, que cuando gobierna el Gobierno
conservador, el Gobierno de la derecha, se nombran fiscales de derecha, pero cuando gobierna el Gobierno progresista no puede nombrar un solo fiscal progresista, como si fuera la fiscalía de su propiedad, como si fuera el Poder Judicial de su
propiedad, como si el Gobierno les perteneciera y fuera de su propiedad. Sencillamente, es un criterio que no podemos aceptar porque, por el contrario, creemos que ni la fiscalía ni el Poder Judicial ni el Gobierno pertenecen ni a ustedes ni a
nosotros, sino a los ciudadanos a los que representamos por sus votos. Es una elección de nuevo que ha enseñado rotundamente el 14 de marzo, que ustedes debieran haberla aprendido. Si no lo han aprendido todavía, no desesperen, tienen cuatro años
por delante, bastante tiempo para que la aprendan de una vez por todas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro. (La señora Cunillera i Mestre: Yo creo que se ha entendido, ¿no?)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿PIENSA EL GOBIERNO ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN
RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES? (Número de expediente 180/000165.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, las preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la de la diputada doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿piensa el Gobierno atender las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial en relación con el anteproyecto de ley integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Torme.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.
Señoría, como sabe, todavía no hay informe porque hasta mañana no se discute en el plenario del Consejo. Una vez que se discuta, como es lógico, este Gobierno estará en disposición de incorporar cuantas medidas mejoren el texto de la ley,
pero le diré algo: todas aquellas que debiliten la acción positiva a favor de la mujer no serán aceptadas por este Gobierno. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
Adelante, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor Caldera, esperaba que me dijera esto o algo parecido. El problema es que ustedes dicen una cosa y luego hacen la contraria. (Rumores.) Habla de diálogo y, hasta que no se ha visto en el centro de la polémica,
no ha hablado con nadie ni ha escuchado a nadie.
Nos encontramos otra vez ante un nuevo episodio de improvisación y de contradicciones del Gobierno socialista. Respecto a la improvisación, no hace falta que le diga mucho porque ya se lo ha dicho
media España. Ante el incumplimiento del compromiso electoral que adquirieron ustedes, les han entrado las prisas y, con precipitación e improvisación, han elaborado un texto que ha sido calificado de auténtica chapuza jurídica.
En cuanto a las contradicciones, estamos en lo de siempre: ante la valoración muy crítica que ha hecho el Comité de Estudios del Consejo General del Poder Judicial, vemos distintas declaraciones, todas ellas contradictorias, y así, el
ministro de Justicia, por ejemplo, preocupado lógicamente por las graves deficiencias jurídicas que se han detectado en el texto que su ministerio ha elaborado, ¿qué hace? Le enmienda a usted y pide
que se sigan y que se atiendan las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, en declaraciones en esta Cámara, dijo justo lo contrario, que se seguiría adelante con el texto
del anteproyecto en los propios términos, con independencia de lo que dijera el Consejo General del Poder Judicial.
(Rumores.) Es una clara muestra de lo que ustedes entienden por diálogo y por talante. Para dar más claridad a estas
contradicciones, tenemos las palabras del señor Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, que dijo textualmente: No caeré en el error de proponer, en aras de la seguridad, restricciones en nuestro sistema de libertades, como tampoco
ampararé iniciativas que violen nuestra propia legalidad. Pues bien, señor Caldera, no haga que el presidente caiga en el error y que ampare iniciativas que puedan vulnerar nuestra legalidad constitucional.
En el Grupo Popular tenemos una gran preocupación por la violencia doméstica. Por eso, como ya hizo el Gobierno del Partido Popular aprobando un amplio conjunto de medidas, eso sí, con diálogo, con consenso, sin improvisaciones (Rumores.),
nosotros seguiremos apoyando cualquier medida que nos permita avanzar, también una ley integral, si el camino es el elegido, pero, por favor, que sea una buena ley. Reiteramos nuestro firme compromiso con todas las víctimas de violencia doméstica.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora Torme, acabó su tiempo.
Señorías, contengan sus pasiones, por favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias.
Señoría, estoy convencido que es un buen anteproyecto, que será un buen proyecto de ley y será una magnífica ley cuando salga de este Parlamento.
Aquí lo que se discute es si se necesita o no una ley. Ustedes tuvieron la oportunidad de
enviarla al Parlamento en varias ocasiones y no lo hicieron. Señoría, el bien jurídico a proteger no sólo es la vida y la seguridad de la mujer, que también, por supuesto que sí. ¿Sabe cuál es también? La situación de desigualdad. Por tanto,
este anteproyecto no es neutro. Este Gobierno, siguiendo el mandato de los ciudadanos y siguiendo un especial sentimiento de sensibilidad que hay en la sociedad española, quiere poner todos los medios a su disposición para corregir esta situación
de desigualdad. Surge, por tanto, con una intencionalidad clara. No es un texto neutro, no es aséptico, pretende remover los obstáculos que impiden hacer definitivo el principio de igualdad. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que discutir, con
todas las mejoras que después podamos desarrollar en este Parlamento. Le diré qué es lo que no vamos a aceptar, señoría, y sobre lo que usted tiene que pronunciarse: no vamos a aceptar lo que plantea el ponente señor Requero, vocal conservador,
connotado miembro del Opus Dei (Rumores.), afirmando que la mujer no necesita una protección especial. Sí la necesita, señorías, sí la necesita. Ustedes tienen que ver si eligen las posiciones conservadoras que atraviesan ese informe que se va a
presentar mañana a debate en el plenario del consejo. ¿Sabe usted que es lo que quieren esas posiciones conservadoras? Que se avale una ley integral de violencia sobre la mujer sin distinguir entre sexos. Eso es imposible, señoría.
Ustedes
tendrán que elegir: o con el señor Requero, conservador, miembro del Opus Dei, o con las mujeres españolas, que necesitan una ley para proteger sus derechos. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO POSITIVO QUE EL ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA LA
VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES NO PROTEJA A LOS HIJOS DE LAS MALTRATADAS? (Número de expediente 180/000166.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, la pregunta de la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señora diputada.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hemos escuchado que en los últimos días el Gobierno ha cambiado de criterio, pero me gustaría que el ministro nos contestase en sede parlamentaria si considera el Gobierno positivo que el anteproyecto de ley integral contra
la violencia ejercida sobre las mujeres no proteja a los hijos de las maltratadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora diputada.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias señora presidenta. Gracias, señora diputada.
Señoría, el Gobierno, sencillamente, no puede pronunciarse sobre una falsedad. ¿Sabe por qué? Porque este anteproyecto claro que protege a los hijos de las mujeres maltratadas. En su caso, ¿sabe quién no les protegió? Su anterior
Gobierno, el del Partido Popular, que no trajo la ley a este Parlamento. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
Señora Camarero, adelante.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor Caldera, usted ha hecho un anteproyecto de ley que es flojo, que es vacío, que es insuficiente, que es precipitado y técnicamente
desastroso. No quisiéramos, señor ministro, pensar que lo han hecho con una finalidad exclusivamente propagandística. Es un proyecto flojo e insuficiente principalmente por sus llamativas lagunas. Ustedes han abogado en esta ley por la
discriminación a favor de la mujer, y si bien es cierto que cuantitativamente son más las mujeres que padecen este tipo de violencia, no es menos cierto que el 80 por ciento de las mujeres agredidas tienen hijos y que normalmente la agresión se
produce en el hogar y en presencia de estos niños, que no siempre son maltratados directamente y por eso no figuran en las estadísticas, pero que sufren en primera persona, como testigos presenciales, el daño que reciben sus madres. Estos niños
padecen unas consecuencias que este Gobierno tiene que valorar y a las que tiene que dar respuesta, que no aparece en este anteproyecto de ley. Porque, señor Caldera, ¿cree usted que a una madre que está siendo maltratada le puede parecer bien una
ley que olvida y no protege a sus hijos? ¿Cree usted que la protección de las madres se debe hacer a cambio de la protección de los hijos? Este proyecto, señor Caldera, es malo por lo que excluye, y esta omisión no sólo se la reprochamos nosotros
sino también el Consejo General del Poder Judicial -ese al que usted ha despreciado hoy-, el Consejo Económico y Social y la mayoría de las comunidades autónomas la semana pasada en la conferencia sectorial que usted presidió. A pesar de ello,
señor ministro, como este es un tema de Estado tan importante, nosotros vamos a colaborar con usted. Vamos a colaborar para que esta ley integral sea de verdad útil y eficaz, que es de lo que verdaderamente se trata. (Rumores.) Pero insistimos en
que este proyecto tiene importantes lagunas, ya que se excluye a los mayores, a los dependientes y a los hombres o a las mujeres que son agredidas por otras mujeres. Señor Caldera, le animamos a que empiece a rectificar ese proyecto de ley. Usted
lo ha anunciado a los medios de comunicación, cumpla con la palabra dada y rectifique el proyecto de ley. Para esta rectificación tiene hasta el viernes, cuando lo aprobarán en Consejo de Ministros, y cuando este proyecto llegue al Parlamento
nosotros haremos... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora diputada, acabó su tiempo.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señoría, le agradezco el apoyo y le rogaría que comenzara leyendo correctamente el anteproyecto de ley. Este anteproyecto no sólo protege a las madres, también
protege a los hijos, a los menores. Sí, señoría, se lo voy a demostrar. ¿Sabe por qué? Porque la no protección de los hijos agravaría el sufrimiento de la madre. ¿Cómo no van a estar protegidos? Hay medidas generales de sensibilización e
intervención en el campo educativo que, por supuesto, van dirigidas a los menores, cómo no; medidas directas de protección de los hijos en cuanto víctimas indirectas del maltrato. Hay medidas penales, respecto a los gritos de amenazas o coacciones
-fíjese lo que dice el anteproyecto-, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimientos hasta cinco años.(Rumores.)
¿No es una medida de protección para los menores? Son competencias, señoría, de los juzgados de violencia sobre mujer todos los asuntos que versen sobre relaciones paterno-filiales, guarda y custodia de hijas e hijos menores o alimentos, adopción,
resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Asimismo -fíjese, señoría, qué importancia tiene-, se legitima en la ley a los hijos e hijas para solicitar del juez la adopción de medidas judiciales de protección y seguridad de
las víctimas, entre ellas los propios menores o alguien en su nombre, y la protección de datos y limitaciones a la publicidad en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia sobre la mujer; también protegerá la intimidad de sus
descendientes. Y lo más importante, señoría, debe el juez valorar si suspende la patria potestad o la guardia y custodia de los hijos, así como el régimen de visitas al agresor. ¿Eso no es un sistema de protección de los menores? (Rumores y
protestas.) En todo caso, le anuncio que en el campo de los servicios sociales el viernes incorporaremos también que los menores sujetos a patria potestad por custodia de las víctimas de los delitos puedan utilizar toda clase de servicios sociales,
todos los sistemas de prevención y ayuda, incluso psicológica, porque es el único punto que falta... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor ministro, acabó su tiempo. Gracias.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL ACERCA DE LA NECESIDAD DE REVISAR LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS? (Número de expediente 180/000167.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Finalmente, la pregunta del diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿comparte el Gobierno las declaraciones del secretario de Estado de la Seguridad Social acerca de la necesidad de revisar las cotizaciones de los trabajadores autónomos?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor diputado.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, comparto las declaraciones que hizo, no las que se le atribuyen, porque el Gobierno en ningún momento tiene prevista la revisión genérica de las cotizaciones de los autónomos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR. Gracias, señora presidenta.
Parece que hay unánime conspiración en los medios de información pública, porque en esta ocasión todos se han puesto de acuerdo a la hora de decir que los autónomos no tendrán garantizada una pensión con sólo 15 años cotizados, Ideal de
Granada; el Gobierno quiere endurecer el acceso de los autónomos a una pensión, el Sur; Granado dice que los autónomos deberían cotizar más al sistema, La Gaceta de los negocios; Trabajo estudia elevar las cotizaciones de los autónomos, El
Periódico; Trabajo hace mención a una entrevista previa que han publicado en este medio, que es Cinco Días, y confirma a los autónomos que deberán cotizar más de 15 años. De manera que harán bien, señor ministro, en aclarar el alcance de algo que
ha provocado una enorme alarma y preocupación en un colectivo tan importante como los casi tres millones de autónomos en España que, por cierto, es un tejido tan creador de riqueza y de empleo que habitualmente todos lo glosamos pero parece ser que
no siempre lo defendemos. Y aquí están las asociaciones más representativas, como ATA, haciendo una contundente condena, también la OPA y otras asociaciones de menor representatividad han ido en la misma línea. Por lo tanto, parece ser que algo
dijo el secretario de Estado de Seguridad Social, y yo le agradecería sinceramente, así como esos tres millones de afectados, que aclarara usted el alcance de sus palabras y desmintiera tajantemente estas si no lo son. Desde luego, nosotros
consideramos que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, que no se puede discriminar, que no cabe establecer un sistema en el cual con 15 años unos sí tienen derecho a una pensión y otros no, que se han hecho alegaciones de que un 30 por
ciento de los autónomos con 15 años están comprando pensiones. Nosotros no admitimos compra de pensiones ni hablar, como se habla, de pícaros. El Gobierno del Partido Popular apoyó a los autónomos, aproximó los regímenes, suprimió el IAE y mejoró
sus condiciones. Nosotros les decimos a ustedes que tengan mejor talante, que no asusten a la gente y que continúen con lo que hizo el Partido Popular. Los autónomos se lo agradecerán y el empleo, la riqueza y la sociedad también. (Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Azpiroz.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor Azpiroz, pierda cuidado y no tenga temores porque el Gobierno defiende la equiparación progresiva de las prestaciones y, por supuesto, el esfuerzo
contributivo a realizar por los autónomos, que, por cierto, es lo que recomienda el Pacto de Toledo, y cualquier medida se adoptará en el seno del mismo.
Usted sabe que tradicionalmente se ha tendido a incrementar las cotizaciones de todos los autónomos para compensar el menor esfuerzo que realizan algunos en dicho régimen; es decir, pagar justos por pecadores.
Esto ha significado un trato
injusto con los autónomos. A partir de ahora la política del Gobierno irá dirigida a demandar una mayor proporcionalidad a los afiliados por cuenta propia que cotizan durante menos tiempo y por unas bases de cotización de importe más reducido; es
decir, no subir las cotizaciones a todos para pagar la parte de algunos.
Cada cual recibirá del sistema y tendrá los derechos correspondientes al tiempo y cantidad que haya cotizado. Por cierto, esta orientación de no incrementar
indiscriminadamente el esfuerzo contributivo de los autónomos ha propiciado que, como consecuencia de la elevación del salario mínimo interprofesional, no esté prevista ninguna subida generalizada de las bases de cotización de los autónomos; no la
vamos a aplicar. La propia organización donde se produjeron estas declaraciones afirmó el pasado día 15 en un comunicado que no se podía deducir, en modo alguno, de las afirmaciones del secretario de Estado que el Gobierno prevea una subida de las
bases o de los tipos de cotización de los autónomos en el sistema de la Seguridad Social. Es una opinión de los propios interesados.
Espero, por tanto, que podamos acabar con esta polémica porque el Gobierno, en esta legislatura, dará a los autónomos -no lo dude, y espero que así se haga en el marco del Pacto de Toledo con su apoyo- mejor trato en el empleo, mejores
prestaciones, más protección y mayor presencia institucional. Quizá sea esto lo que moleste no digo a usted sino a algunos otros, pero vamos a mejorar la situación de los autónomos y su consideración social. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y EL REPARTO COMPETENCIAL AL RESPECTO, A LA LUZ DEL SINIESTRO DE O BAHÍA. (Número de expediente 172/000023.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación pasamos al último punto del orden del día, interpelaciones urgentes, pero antes quisiera el acuerdo de los portavoces para que la interpelación que iba a ser dirigida al ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales por parte del señor Barrio, una interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre discapacidad, sea pospuesta al miércoles de la semana que viene. ¿Tenemos el apoyo de todos los grupos parlamentarios para
ello? (Asentimiento.)
Seguimos con la interpelación urgente a la señora ministra de Fomento del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración del funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto a la luz del siniestro de
O Bahía.
Para formular la interpelación tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Empezaré por evocar a los cuatro marineros desaparecidos en el siniestro de O Bahía, a los cinco marineros que aparecieron en las inmediaciones del cabo Roncudo y al marinero que apareció en el interior del barco hundido, todos ellos
marineros cualificados y comprometidos en la batalla contra las consecuencias de la catástrofe del Prestige y ahora víctimas en una tragedia frecuente en las costas de Galicia.
Empezaré por decirle, señora ministra, que debe tener en cuenta que en los tres últimos años hubo 94 naufragios en las costas de Galicia, con la pérdida de 141 vidas humanas; que el 80 por ciento de los marineros que pierden la vida en
naufragios son gallegos; que de 42 fallecidos de media anual, 32 son gallegos y que el índice de siniestralidad mortal en estos casos es del 76 por ciento. No es la fuerza del destino, también es producto de deficiencias y de una falta de
preocupación real, en definitiva, de una concepción y un funcionamiento de salvamento marítimo que deja mucho que desear, como le intentaré demostrar, y espero que usted tome buena nota de esto.
El buque O Bahía, construido en 1999, dedicado a la pesca de cerco, con una eslora de 18 metros, con una tripulación de 10 hombres, con todas las inspecciones pasadas, evidencia deficiencias y un mal funcionamiento que paso a enumerar.
Primero, el día 2, a las 9,34, se hundió El Bahia.
Segundo, la radiobaliza activada es detectada por la Estación Espacial de Maspalomas, en Las Palmas de Gran Canaria. A las 20,08 se conocían las coordenadas de la radiobaliza activada pero no el
indicativo de llamada.
El código no figuraba en el Sistema Mundial de Socorro. A las 20,20 se da instrucción al helicóptero Helimer Galicia, en Alvedro, sobre la activación de la radiobaliza. A las 20,30 se facilitan unas coordenadas: 43 grados
22 minutos 3 segundos Norte y 8 grados 54 minutos 9 segundos Oeste en el área de las islas Sisargas. A las 20,45 despega de Alvedro el helicóptero Helimer de Sasemar. A las 21,00 horas el Helimer llega a las Sisargas y rastrea la zona, encontrando
chalecos salvavidas y bombonas de butano sobre el mar. Su sistema detector de infrarrojos no encontró ni cadáveres ni ningún superviviente. A las 21,07 salvamento instruye a Finisterra Radio para que emita un mensaje sobre la activación de la
radiobaliza, sin saberse a qué barco pertenece. A las 21,36 se considera la activación una alerta real. A las 22,15 sale el remolcador Ibaizabal del puerto de A Coruña y llega a Sisargas a las 00,15 y a las 22,35 el Helimer es relevado por el
Pesca II de la Xunta de Galicia.
Algunas conclusiones, señora ministra, son evidentes. La primera es que una radiobaliza siempre es una señal de socorro. Si no está identificada hay que usar el canal 16, la frecuencia 2182 de kiloherzios, y si no contesta, hay que salir a
la búsqueda y rescate y transmitir los mensajes oportunos. Sin embargo, el helicóptero Helimer sale a las 20,45 en misión de reconocimiento, no de búsqueda y rescate. Es decir que desde las 20,08 hasta las 21,36 la gestión que se dio al siniestro
fue de falsa alarma, con los siguientes atrasos. Los mensajes de Finisterra Radio, 20,08, confirmación de las coordenadas. Sin embargo, la instrucción se da a las 21,07. Diferencia: 1 hora. Alerta real: Instrucción del Helimer, 20,20; alerta
real, 21,36. Diferencia: 1 hora y 16 minutos. Confirmación de coordenadas en Maspalomas: confirmación a las 20,09; alerta real a las 21,36. Diferencia: 1 hora y 28 minutos. Llegada de las unidades marítimas y aéreas una vez considerada la
alerta real: helicóptero Pesca II, 22,35.
Un retraso desde las 20,08 a las 22,35. Diferencia: 2 horas y 27 minutos.
Llegada del remolcador Ibaizabal I a las Sisargas a las 00,15. Diferencia entre las 20,08 y las 00,15: 4 horas y 7 minutos.
Realmente se trata de un fracaso estrepitoso de la gestión del Sistema Mundial de Socorro por la Dirección General de la Marina Mercante y de Sasemar. Realmente son deficiencias e irregularidades, señora ministra, que no explican la muerte de los
marineros pero sí que arrojan muchas dudas sobre la eficacia de los medios de salvamento. En todo caso, habría que poner medidas correctoras urgentes para acabar con posibles muertes y accidentes marítimos, dándose unas horas de diferencia tan
grandes entre el momento en que se activa la radiobaliza y cuando se empieza a actuar al ver que es excesivamente alarmante. Preguntamos además si la radiobaliza estaba legalizada en el área de radiocomunicación de la Dirección General de la Marina
Mercante, pero no estaba a lo mejor en la base de datos del Sistema Mundial de Socorro que gestionan las radiocosteras de Telefónica. En el período 1999-2001 se gastaron 14.000 millones de pesetas en salidas por falsas alarmas. Por lo tanto,
pensamos que es fundamental que se haga un buen uso de las radiocomunicaciones.
Esto es fundamental precisamente para llegar a tiempo para salvar las vidas humanas.
Por otra parte, señora ministra, debe saber que los pilotos de los helicópteros -en concreto, el Helimar Galicia, que depende de Sasemar- desde las 5 de la tarde están en sus domicilios porque no hay suficientes pilotos y para descansar van
a sus domicilios. Por lo tanto, si hay una alarma, no llegan en diez minutos a montarse en
el helicóptero sino que tardan en cubrir la distancia desde su domicilio hasta el aeropuerto para introducirse en sus respectivos aparatos.
También debería tener usted en cuenta el resultado de las autopsias, que serán esclarecedores. En concreto, los cadáveres hallados en el Roncudo, cerca de Corme, doce horas más tarde del naufragio, ¿a qué hora fallecieron? ¿Fue su
fallecimiento por hipotermia? Y esto nos lleva a un segundo elemento básico, que es la falta de medios. Usted, seguramente con buena voluntad, dijo el día 8: La operación no se hará en tiempo récord; es larga, arriesgada y peligrosa, pero no
escatimaremos esfuerzos ni medios para que todo salga bien. Era el día 8 y el siniestro fue el día 2. Pues bien, los responsables de la Marina Mercante y de Sasemar contrataron a una empresa de buzos de Alicante que no podía actuar en aquel medio
y a aquella profundidad. No se entiende bien por qué se van a buscar buzos a Alicante, que si se conoce el problema se sabe que no van a poder actuar, como no pudieron actuar, para rescatar los cadáveres ni introducirse debidamente en aquellas
profundidades. Por cierto, los robots submarinos para sacar videos vinieron de Santander y el operativo que se utilizó inicialmente nada menos que como buque-nodriza fue un buque mejillonero, el Latero, de Rianxo. No se contrató con otras
administraciones, en concreto, con la militar, que ustedes debían saber que posee un barco, el Neptuno, con capacidad para hacer sin dificultades técnicas la inmersión de los buzos e incluso el reflote del barco. El Neptuno está especializado en
inmersiones de gran calado y rescató, en concreto en 1998, a un piloto a casi 80 metros de profundidad. Además conocía perfectamente el área que había que rastrear porque actuó con la catástrofe del Prestige. Es increíble que no haya sinergia
entre dos administraciones públicas, sabiendo que existen estos medios. Sin embargo, recurrieron ustedes a contratar un buque a una compañía italiana en Rotterdam, buque que tardó prácticamente 12 días en llegar al lugar desde que se inició el
siniestro. Por lo tanto, el Bar Protector, camino de Galicia, llegó prácticamente 12 días después. Además es importante que usted conozca que en esa área de Fisterre el funcionamiento del radar de Monte Enxa tiene zonas sombreadas de todo el
corredor de Fisterre, es decir que no es capaz siquiera de detectar el seguimiento de los barcos.
Sería interesante saber si el radar hizo el seguimiento del buque O Bahia. Es necesario que haya un control de la zona por medio de un sistema de
satélite Ergos, como el que hay en Canarias. En definitiva, también deberían mirar los partes meteorológicos, porque tenemos claro que entre las siete y las ocho de la tarde las olas tenían, según los partes meteorológicos oficiales, entre dos y
tres metros, lo cual hace más difícil de creer que el siniestro fuese debido al mal tiempo.
También desconocemos en este momento si el aviso a navegantes por maniobras de carácter militar en concreto en esa zona, las islas Sisargas, como zona de exclusión aérea, se comunicó a todas las embarcaciones que estaban en dicha zona para
que no cruzasen en ese momento por aquel espacio. Por otra parte, la opinión pública y los expertos están deseando saber por qué razón no reflotaron ustedes el barco. Ya le dije que era técnicamente factible, lo sabe cualquier ingeniero técnico
naval. Además, el Estado español tenía medios para hacerlo. Este reflote es todavía hoy básico para estudiar las causas del siniestro y averiguar por qué no se soltó el contenedor, la bolsa salvavidas, y también cuál es el motivo de que las
personas fallecidas no llevasen chalecos salvavidas.
Por último, señora ministra, quiero decirle que usted visitó aquello y vio el panorama, y no es de acreditar que una Administración pública como la autonómica, que tiene medios y gasta dinero, no tenga competencia ninguna en salvamento
marítimo. Una Administración pública a la que no le sobran los cuartos está manteniendo nada menos que dos helicópteros, varias lanchas y un remolcador, mientras que desde el punto de vista competencial es una nulidad a todos los efectos. Es más,
justifica que todo está muy bien en nombre de que la rentabilidad obliga a que no tengamos todos los medios a disposición inmediata. ¿Es que las vidas humanas no son más importantes que la rentabilidad? Un caso específico como este, que afecta
fundamentalmente a nuestro país, ¿no hay que atenderlo con los medios adecuados? Son excesivas repeticiones de siniestros con pérdida de vidas humanas. No podemos devolver la vida a nuestros compatriotas y no decimos que la causa de su muerte haya
sido la actuación de la Administración, pero sin duda aquí hay unas deficiencias que ustedes tendrán que explicar, igual que deben decir de una vez por todas si, conforme al convenio SOLAS, van a darnos el dictamen que debió haber emitido el comité
permanente de investigación que, según este convenio, hay que activar de forma automática cuando se produce un siniestro. Esperamos sus contestaciones aclaratorias al respecto.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señora ministra, es su turno de réplica.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero ante todo mostrar mi solidaridad con las familias de los fallecidos en el hundimiento del pesquero O Bahía, a las que traslado el pesar del Gobierno y el mío, por supuesto, por tan desgraciado accidente.
Hemos pasado dos
semanas intensas con la esperanza de dar el único consuelo posible a las familias afectadas por esta tragedia y sentimos que a pesar de los trabajos de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos no se hayan producido los resultados positivos que
hubiéramos deseado y para los que tantos medios hemos empleado. Quiero agradecer en mi nombre y en el del Gobierno a todos los que han intervenido en esta operación por su esfuerzo y su entrega. Tengo el convencimiento de que se ha hecho todo
cuanto ha sido posible por recuperar los cuerpos de los marineros desaparecidos.
Paso, como S.S. me ha pedido, a valorar el funcionamiento de los medios de salvamento marítimo y el reparto competencial al respecto a la luz del siniestro del O Bahía, dando así respuesta a la interpelación planteada por el Bloque
Nacionalista Galego. Las operaciones de localización del barco O Bahía y el rescate de los cuerpos de sus tripulantes han contado, repito, con los medios más adecuados para los objetivos pretendidos, puestos a disposición en plazo récord, señoría,
por las distintas administraciones e instituciones, en un esfuerzo encomiable de gestión y de coordinación entre las mismas. En el intenso dispositivo de búsqueda han participado unidades marítimas de la Sociedad de Salvamento Marítimo (Sasemar),
unidades marítimas de la Xunta de Galicia, de la Armada Española, del servicio marítimo de la Guardia Civil, del Servicio de Vigilancia Aduanera, de Cruz Roja y los pesqueros de la zona. Asimismo han participado unidades aéreas de Sasemar y del
Servicio de Vigilancia Aduanera, helicópteros de la Xunta de Galicia y un avión del servicio aéreo de rescate (SAR) del Ejército del Aire. Estos medios se vieron además reforzados cuando así se estimó necesario. Usted ha dicho que no había un
ingeniero naval que apoyara la postura, pero todos aquellos expertos en la materia, que seguramente sabrán menos que usted, a nuestro entender y el de todos los que estaban participando en la operación eran personas profesionalmente preparadas para
llevar a cabo todas aquellas cuestiones que iban surgiendo según la información que se iba obteniendo.
Por lo tanto, íbamos tomando decisiones de acuerdo con aquello que íbamos conociendo sobre la marcha. Concretamente, no supimos la situación del
O Bahía hasta que no bajamos los robots y vimos que estaba enredado en sus propias redes; no se supo hasta que no fue localizado y pudimos bajar con el robot a grabar esas imágenes y por tanto a tomar las decisiones, que siempre se han adoptado con
la participación de los que estaban llevando a cabo esta labor de rescate. Este fue el caso de la embarcación de apoyo Latero, que a usted no le ha parecido bien, desde la que se iniciaron las operaciones de búsqueda submarina en el interior del
pecio, y del buque italiano Bar Protector, que se encontraba efectivamente en Rotterdam pero era la cámara de saturación disponible más cercana al lugar de los hechos. Por cierto, le tengo que decir que los buzos españoles, que usted ha dicho que
no servían para rescatar los cuerpos, han sido los que rescataron el único cuerpo que se ha rescatado. Después no se pudieron rescatar más cuerpos porque no estaban dentro del barco. Lo digo por reconocer lo que hicieron los buzos españoles, que
disponían solamente de 15 minutos para hacer la inmersión. Por lo tanto, yo creo que hicieron un magnífico trabajo con los medios de que disponían. La contratación de ese buque en el extranjero se debió a que la cámara de saturación de la Armada
de España, señoría, estaba en periodo de mantenimiento y la cámara de saturación más próxima estaba en Rotterdam. Los retrasos en bajar las cámaras de saturación se debieron al mal tiempo. No se podía seguir arriesgando vidas humanas cuando ya se
sabía que solamente íbamos a rescatar, en el mejor de los casos, cadáveres. No íbamos a bajar con mal tiempo, poniendo en peligro a los buzos que tenían que bajar incluso con la cámara de saturación. Por lo tanto, el tiempo que permanecieron en
los barcos fue como consecuencia de la espera a que mejoraran las condiciones climatológicas en la zona.
El Ministerio de Fomento, no obstante, señoría, se está planteando coordinar con la Armada la conveniencia de disponer de otra cámara de saturación, es decir, adquirir una más para que siempre tengamos la seguridad de que haya una operativa,
aunque esa seguridad, señoría, nunca se tiene, igual que nunca vamos a poder impedir que se produzcan accidentes. Podremos reducir su número y mejorar las condiciones, pero no impedirlos, aunque pongamos todos los medios a nuestro alcance. Por
cierto, yo no le puedo decir por qué no llevaban chalecos salvavidas los marineros, casi le puedo asegurar que no se lo voy a poder decir nunca, por mucha responsabilidad que usted quiera trasladarle al Ministerio de Fomento en tener la información
de todo lo que ocurrió en el barco.
La relación cronológica que usted ha hecho no es la misma que la que yo tengo. Aunque estoy segura de que usted ha dado datos reales, yo también le voy a decir los datos con los que cuento para que podamos valorar entre ambas partes, entre
toda la Cámara, si se hicieron todos los esfuerzos por recuperar los cuerpos o no. Lamentablemente, el barco estaba prácticamente hundido cuando se tuvo conocimiento de que había habido un naufragio. Pero no es solamente un problema de salvamento
marítimo, señoría, habrá que conocer las circunstancias, que se están investigando, de cómo se produjeron los hechos para saber si se podía haber hecho algo más o no. De antemano, yo no tengo la certeza, como la tiene usted, de que se hubiera
podido impedir ese naufragio, como estoy segura de que no se van a poder impedir otros, y en otros casos se podrá ayudar a las personas que se encuentren en los barcos. La relación cronológica de las labores de localización del buque hundido y de
rescate de los marineros desaparecidos muestra que el funcionamiento, a nuestro entender, fue satisfactorio por los medios utilizados. El miércoles 2 de junio, a las 19,38 horas, cuando el Centro nacional de coordinación de salvamento marítimo
recibió del Centro de seguimiento aeroespacial de Maspalomas una alerta de radiobaliza con número de identificación español, lo que significa en términos marinos la necesidad inmediata de auxilio (no se creyó que era algo sin importancia, como usted
parece que ha dado a entender, o por lo menos yo he creído entenderlo así), en ese momento se puso en marcha el dispositivo de salvamento marítimo.
Inmediatamente se consultó la base de datos de la Dirección General de la Marina Mercante y se
conoció que la señal identificativa correspondía al buque pesquero O Bahía. Transferida la información al Centro zonal de coordinación de salvamento de Finesterre, se iniciaron de forma inmediata las oportunas averiguaciones con el fin de conocer
la posición y el estado de seguridad del pesquero.
A las 20 horas, desde el Centro de salvamento marítimo en Finisterre se emitieron llamadas en radiotelefonía VHF al pesquero O Bahía, sin obtener respuesta alguna. Contestó a la llamada el pesquero O Cangrejo, dando noticias del O Bahía,
localizado una hora antes en las islas Sisargas, cuando todavía estaba en superficie. Inmediatamente después, a las 22,10, el Centro zonal de coordinación de salvamento de Finisterre movilizó la embarcación de salvamento Salvamar Altair con base en
Camariñas, con el fin de localizar la situación de la radiobaliza por medio de un radiogoniómetro. A las 20,12 se recibió una nueva alerta de radiobaliza en el Centro nacional de coordinación de salvamento, señalando con un 92 por ciento de
probabilidades la situación de la radiobaliza a 1,2 millas náuticas de las islas Sisargas. Una vez recibida esta primera información, a las 20,18 el Centro zonal de coordinación de salvamento de Finisterre activó el helicóptero de salvamento al que
usted ha hecho referencia, el Helimer Galicia, el cual avistó los restos del naufragio en la zona marítima próxima a las islas Sisargas a las 21,15. A continuación del avistamiento de los restos del naufragio, se fueron movilizando sucesivamente
los primeros medios de salvamento: el buque de salvamento Ibaizabal I y la embarcación de salvamento Salvamar Dubhe, de Sasemar; la embarcación Payo Gómez Chariño, de la Xunta de Galicia, relevada posteriormente por la embarcación Punta Fetiñanzo;
el helicóptero de salvamento Pesca II, de la Xunta de Galicia, y la embarcación GCM10, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Todas ellas se pusieron a disposición para colaborar en el naufragio.
A las 20,04, la embarcación salvamento Salvamar Altair comunicó el hallazgo de un chaleco salvavidas perteneciente al buque O Bahía. A lo largo de la noche, las unidades rastrearon la zona de activación de las radiobalizas sin éxito. Se
localizaron sucesivamente diversos restos y, posteriormente, un aparejo. A las primeras horas de la mañana del día 3 de junio, el helicoptero Pesca I, de la Xunta de Galicia, avistó un cadáver y restos de la caja y enseres. A las 7,43, Salvamento
Marítimo localizó un primer cuerpo a 10 millas al suroeste de la posición marcada por la radiobaliza y, posteriormente, se fueron localizando y recuperando cuatro cuerpos más sin vida de los tripulantes del pesquero siniestrado, mientras se
continuaba con las operaciones de rastreo para la recuperación del resto de los ocupantes. Desde un primer momento, cuando se constató el hundimiento del O Bahía, Sasemar movilizó todos sus medios para la localización del buque pesquero hundido.
Unidades marítimas y aéreas tanto de Salvamento Marítimo como de la Xunta rastrearon 4.800 kilómetros cuadrados de mar, desde el noroeste de las islas Sisargas y el oeste de Finisterre. Asimismo unidades de Salvamento Marítimo trabajaron
intensamente en la localización en el fondo marino del buque hundido a partir de los datos suministrados por el ecosonar de barrido lateral, instrumental ubicado al borde de la embarcación Salvamar Altair, de Sasemar. A última hora del día 4 de
junio se produce la localización mediante sonar del pecio, tras lo que se decide la iniciación de las labores de búsqueda submarina en el interior del pecio para proceder, en su caso, a la localización y posterior recuperación de los cuerpos del
resto de los tripulantes.
El Ministerio de Fomento llegó a un acuerdo con Repsol para utilizar el potencial, los técnicos y los medios utilizados en el Prestige, si fuese necesario. Esto fue un sábado, en el que el presidente de Repsol -tengo que decirlo
públicamente- colaboró y no puso ningún tipo de pega, sino todo lo contrario, aportó todo tipo de colaboración para que también los medios que teníamos en el Prestige se trasladaran para ayudar, si hacía falta, a la recuperación de los cuerpos.
Las operaciones de búsqueda submarina se iniciaron desde la embarcación de apoyo Latero, los buceadores identificaron el 6 de junio al O Bahía en la zona previamente determinada por el sonar. Una vez localizado el O Bahía, se hizo descender
desde el buque Alonso de Chaves, de Sasemar, un robot puesto a disposición del dispositivo de rescate por el Ministerio de Agricultura y Pesca, teledirigido desde la superficie, que dispone de focos y cámaras de filmación, con el que se localizó y
fotografió el pecio con tomas de gran calidad, que todos ustedes han tenido ocasión de ver por los medios de comunicación y que sirvieron de gran ayuda para la localización de operaciones posteriores.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora ministra, le ruego, por favor, que vaya finalizando.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señorías, como me pide la señora presidenta que termine, no les voy a poder comentar la relación detallada que traía, posteriormente en la réplica continuaré con ese detalle. Efectivamente, yo
estuve en la reunión en la que se decidió lo que se iba a hacer a la vista de todos los informes técnicos. Después hubo una reunión en Madrid con los especialistas a nivel internacional, con los técnicos de Repsol, con los técnicos del ministerio,
con todos aquellos que estaban colaborando. Había dos opciones: o entrar en el barco o subirlo a superficie. Todos aquellos que estaban participando, todos los profesionales de prestigio que colaboraron en la operación recomendaron que no se
subiera el barco porque se corría el peligro de que no soportara la presión y no se pudieran rescatar los cuerpos. Y como los buceadores que teníamos en España con los medios de que disponían corrían el riesgo, por la situación de las redes, de no
poder entrar, aguantar esos 15 minutos y recuperar los cadáveres, tomamos la decisión de contratar medios adicionales. Quiero decir que todo el mundo ha puesto no sólo su mejor voluntad, sino que ha aportado sus mejores conocimientos relacionados
con sus aspectos profesionales y ha prestado su colaboración. Quiero reconocer aquí que la Xunta de Galicia ha colaborado y que la marina mercante ha prestado su colaboración a través de Sasemar para coordinarse con Agricultura y Pesca, con
aviación y con todos aquellos medios que se ponían a disposición del rescate de unos cadáveres. Por eso insisto, señorías, en que no se salió a
la mar el sábado, en que ya estaba aparejado el barco que venía de Rotterdam, ni el domingo porque hacía mal tiempo y poníamos en riesgo la vida de las personas que iban a rescatar los cadávares. Así pues, a la vista de que además no
estaban los cadávares dentro del barco, fue una magnífica decisión, ya que ahora nos estaríamos todos lamentando si se hubiese producido cualquier otra muerte como consecuencia de ese salvamento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora ministra.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez de nuevo.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, empezaré por decirle que desde luego yo no tengo la certeza de que se pudiese haber impedido el naufragio actuando de otra manera. En ningún momento he dicho eso, sino que el naufragio y la forma de proceder en concreto de
Sasemar y de la Dirección General de la Marina Mercante evidencian graves deficiencias, que además no es la primera vez que se producen. En ese sentido, les ruego encarecidamente que hagan un análisis profundo del funcionamiento del sistema mundial
de socorro en el caso del Estado español. Yo no soy un experto en la materia, pero le puedo asegurar que desde el año 1996, en que el Bloque Nacionalista Galego tiene presencia en esta Cámara, hemos estado continuamente proporcionando datos a la
Dirección General de la Marina Mercante relativos a este sistema, no porque sea malo, que es bueno, sino por la manera en que se está aplicando en el Estado español, teniendo múltiples deficiencias que habría que corregir. Todos los datos que les
di relativos a las horas están sacados de una información oficial que naturalmente no voy a revelar, pero se trata de datos de la propia Administración. Y el dato cualitativo más relevante, dato que es importante que usted tenga en cuenta, es que
hay una diferencia entre que una radiobaliza esté activada hasta el momento en que se empieza a dar una alerta de carácter real. Hubo muchas horas en las que se estuvo actuando de una forma que no conllevó una alerta de carácter real y la prueba la
tiene usted. Si sus datos son ciertos, que por lo demás divergen en unos cuantos minutos -siete, 34, 30 minutos-, se dará cuenta de que, cuando despega de Alvedro el Helimer, son las 20,45 horas.
¡Menudo sistema de funcionamiento de socorro
urgente a unas personas que han sufrido un accidente grave en el mar! Un helicóptero que, le vuelvo a repetir, tarda muy poco en llegar al lugar del siniestro, en particular en esa zona, desde A Coruña a las Sisargas.
Por tanto, lo que le quiero decir es que hay un primer dato de funcionamiento del sistema que es llamativo y que indica que esta radiobaliza, que le vuelvo a repetir que es una señal de socorro, si no se identifica -le repito que, según los
datos que yo tengo, no fue identificada y no digo que fuera por irresponsabilidad de la Administración, sino que a lo mejor el barco tenía el código de identificación, pero no el sistema- es imposible detectarla. Por eso digamos que se estuvo
actuando a ciegas. Estas situaciones obligan, como dije antes, a utilizar el canal 16 y la frecuencia 2.182 kilohercios y, si no se contesta, hay que salir inmediatamente a realizar la búsqueda, a proceder al rescate y a transmitir mensajes a los
barcos que pasan por allí para que se acerquen al lugar del siniestro. Pues bien, nos gustaría saber si todo esto se hizo. Yo le digo que hay muchas deficiencias en esta cuestión, porque, si a las 20,45 se sale en misión de reconocimiento y no de
búsqueda y de rescate, está claro que esto se gestionó de tal manera que fue una falsa alarma, que por otra parte se producen continuamente con la utilización del sistema tal y como se está haciendo en el Estado español.
Segunda cuestión, me tendrá que reconocer que habiendo esos medios materiales entre los que están en mantenimiento y los que hay que buscar a kilómetros de distancia, no es mucho pedir una observancia y un análisis pormenorizado. Si una
zona tan sensible como esa, con tantas tragedias continuas, solamente para hombres del mar, no me estoy refiriendo a las embarcaciones mercantes de gran tonelaje que pasan por allí, no tendríamos que tenerla con una cualificación mayor y con unos
medios mayores, incluidos, vuelvo a repetir, el del radar, que le aseguro que no funciona, que tiene zonas sombreadas. No es normal ir a buscar todos los medios algo cualificados a Santander o a Rotterdam. Los que hay en el Estado español ni
siquiera los ponen en disposición. No me ha contestado por qué no se hicieron las gestiones con la Armada para el Neptuno, que, le vuelvo a repetir, todo el mundo sabe que es un barco perfectamente cualificado para inmersiones. Yo no le dije que
los buzos de Alicante fueran ineptos. Le dije que no podían trabajar en las condiciones en que ese barco estaba, a la profundidad en que estaba, que no tenían los medios adecuados. Eso es así de real. Usted sabe que los medios adecuados sí los
tenía el barco que contrataron en Rotterdam.
Otra cuestión fundamental, desde nuestro punto de vista. Creo que las fotos son elocuentes. No dudo de la buena voluntad. Ya ve usted cómo todos las fuerzas políticas, incluídos nosotros, estuvimos callados durante todo el proceso. No se
nos ocurrió hacer ningún tipo de comentario al respecto, ninguna crítica a la Administración ni nada. Pero estamos un poco cansados de que cuando ocurren este tipo de sucesos, aparecen todas las administraciones, incluídas las ONG que no son
administraciones sino entidades privadas, y se crea una sensación donde hay más preocupación en tierra que capacidades para actuar en el medio donde se está produciendo la desgracia. Es una imagen, señora ministra, que tendremos que empezar a
rectificar. Está muy bien la preocupación emotiva, real y administrativa en tierra, pero eso tiene que corresponderse con unos medios que no existen.
Otra cuestión. ¿Han activado el comité de investigación a que obliga el convenio SOLAS? ¿Van a dar una información a que obliga cuando hay cualquier tipo de siniestro? ¿Van a dar la información del resultado de ese
comité de investigación respecto de este siniestro? Imagino que se harían las autopsias de los marineros encontrados cerca de Corme. ¿Se sabe en el momento que murieron y las causas? Eso sí podría arrojar luz sobre si hubo celeridad y la
urgencia debida para poderlos rescatar, si es que esa fuera una posibilidad, aunque fuese remota. Le insisto, lo del sistema de socorro no se lo saco aquí como una boutade para criticar. Llevo exactamente diez años con este tema y le puedo
asegurar que existe un problema real.
Por último, le leo algunas preguntas de los expertos. Dicen: La comunidad marítima pide a la comisión de investigación -piensan que hay una comisión de investigación, no sé si es por el convenio internacional- del accidente que se averigüe
por qué no se soltó la balsa salvavidas; si estaba trincada correctamente; si los tripulantes llevaban chalecos salvavidas o por qué no se reflotó el barco para analizar las causas del hundimiento. Preguntan, además, por qué se contrataron a los
buzos alicantinos si se conocía la profundidad a la que estaba hundido el cerquero. Y con los medios que tenían los buzos alicantinos no lo podían hacer...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Rodríguez, ahora sí, le ruego por favor, que termine.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: ...a la profundidad que puede operar ese equipo. Le repito que esto lo hacemos con la mejor voluntad de rectificar algo que para nosotros no es una novedad. Yo sé que en el organigrama del Estado español,
debido a cómo está montado, todo lo que tiene que ver con la marina mercante y la pesca ocupa un papel residual, sobre todo en este aspecto. Esto hay que rectificarlo con voluntad de servicio público porque es fundamental.
La señora VICEPRESIDENTA(Chacón Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Señora ministra, su turno de réplica.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señora presidenta, señorías, creo que es importante reconocer el trabajo de unos y de otros, la preparación y la dedicación profesional y los éxitos también, entre comillas, si se puede llamar
éxito a conseguir el objetivo que se tiene planteado.
Los buzos que vinieron de Alicante y los buzos españoles en general han hecho un trabajo magnífico. Han colaborado a que se pueda entrar en las mejores condiciones en el barco y a que la cámara de saturación haya estado dos días en lugar de
haber tenido que estar seguramente cinco o seis o diez, cualquiera sabe, porque el barco se encontraba en unas condiciones muy difíciles para entrar porque estaba rodeado de sus propias redes. Y no es una cosa estática, señorías, las redes no se
quedaron conforme el barco bajó sin moverse, sino que con la corriente no se sabe nunca dónde está la red y por tanto era peligrosísima y complejísima la operación. Los buzos españoles no es que hicieran un trabajo sin importancia, sino que
hicieron la parte del trabajo que podían hacer y fueron complementados por aquellos que podían mantenerse más tiempo en esa profundidad.
Esto lo digo independientemente de que creo que tiene usted toda la razón en pedir que se profundice y se analicen las causas, que se mejoren las condiciones y la organización, aunque, por supuesto, le digo que no me coinciden los datos que
usted ha dado con los que tengo y cogeré la transcripción de esta interpelación, la llevaré para que me hagan un informe cumplido de si usted con esos datos que le han dado los mismos que me los han dado a mí, por lo visto, tiene razón o la tengo
yo. A mí no me cabe la menor duda de que a usted le han podido dar esos datos y yo desde luego tengo otros, pero los voy a cotejar y me voy a enterar realmente de si ha pasado lo que usted ha dicho y si efectivamente hubo un tiempo que no es
admisible, que es todo lo contrario de lo que me han informado, para ir al rescate o si el tiempo es admisible y el que está equivocado es usted. Pero no le quepa la menor duda de que voy a hacer un análisis profundo de la situación de salvamento
marítimo y además voy a tener en cuenta todas las cuestiones que usted ha planteado.
Lo que sí es verdad, señoría, es que usted tendrá una información, incluso una orientación profesional de aquellos que creían que era mejor subir el barco, como usted ha dicho, y yo tengo la de otros muchos que decían que era todo lo
contrario y que entre las dos opciones la más segura era esta. De hecho se ha visto que es la más segura, porque ahora la única duda que usted plantea es cuáles fueron los motivos del naufragio, que efectivamente los está investigando una comisión.
Cuando tenga la información, si llega a conclusiones, tendré muchísimo gusto en trasladárselas, porque no tengo ningún inconveniente en darles la información a los ciudadanos de por qué se hundió el O Bahía. Le tengo que decir, señoría, que la
comisión no está haciendo una investigación, sino un informe que analiza cuáles han sido las causas del naufragio, y que cuando esté finalizado, estaré encantada de dárselo.
Los resultados de la autopsia no, porque eso corresponde a la autoridad judicial; se los tiene que pedir usted a otra instancia. Yo no sé cuál es el resultado de la autopsia, no soy responsable de la misma y no tengo nada que ver con ese
ámbito. Se lo digo para que pida usted la información en otro sitio porque yo difícilmente se la voy a poder dar.
También voy a investigar -y le agradezco mucho la información- si es verdad que el radar no funciona, y si es así, por supuesto que se tomarán las medidas oportunas para disminuir al máximo los accidentes, reducirlos al mínimo posible.
Comprenderá usted que, a la vista de todos los medios que hemos dedicado para rescatar los cadáveres, no vamos a reducir gastos en reparar un radar que supondría mucho desde la perspectiva del salvamento marítimo. Por tanto, no es cuestión de
ahorrar en gastos, que no lo hemos hecho, sino todo lo contrario. Usted sí nos puede criticar que, a lo mejor, bajando un cuarto de hora al día los buzos, al cabo del tiempo hubieran llegado a la misma conclusión, pero hubieran sido muchos más
días. Es verdad que no hemos escatimado medios.
Usted podría, de alguna manera, recriminarme que no hayamos escatimado medios para llegar a la conclusión de qué estaba sucediendo, pero no lo hemos hecho por la situación en que se encontraban las familias de los pescadores. Por ello,
estábamos dispuestos a emplear todos los medios a nuestro alcance para salir de esa incertidumbre, para que salieran las familias de la incertidumbre en el periodo de tiempo más corto posible.
Termino dándole las gracias por su intervención. Estoy segura de que usted quiere colaborar en que funcione mucho mejor Salvamento Marítimo, lo que redundaría en la calidad de vida de los gallegos y de todos los españoles, porque afecta a
todos los españoles. Todas las sugerencias que usted me haga intentaremos analizarlas y las llevaremos a la práctica si son eficaces. También puede ocurrir que se las estén dando a usted profesionales expertos ajenos a los que toman las decisiones
y que después, a la hora de aplicarlas son difíciles de llevarlas a cabo, como es el caso de haber subido el barco a la superficie, que tenía más riesgo de que no hubiéramos encontrado los cadáveres de haber estado dentro, que bajar con una cámara
de saturación, aunque suponía traer medios de otros países para conseguirlo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CREACIÓN DE CONSEJOS AUTONÓMICOS DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 172/000024.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos a la última interpelación, que se realiza al ministro de Justicia, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial.
Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, le iba a dar las gracias por su presencia pero no se las doy porque es una obligación reglamentaria, como es la mía, estar aquí a estas alturas de la noche, prácticamente de la madrugada. Sí quiero dar las gracias a las
personas que se mantienen estoicamente en sus escaños, porque no sé hasta qué punto en este ambiente familiar y hogareño en el que nos encontramos es congruente la defensa de una interpelación como la que voy a defender, señora presidenta, con la
Convención de Ginebra contra la tortura. Por tanto, para no contribuir a incurrir en una perversión de esta naturaleza, en primer lugar, voy a intentar ser breve y, en segundo lugar, voy a intentar desproveer -no puedo garantizar el resultado- del
componente farragoso que por su propia naturaleza conllevan siempre estos asuntos vinculados al Poder Judicial.
Señor ministro, con esta interpelación intentamos resolver un problema histórico o quizá podríamos decir que intentamos resolver dos problemas históricos que están pendientes de resolver y que hacen referencia, como usted antes bien
comentaba, a la propia estructura constitucional, al propio reparto de poder, de autogobierno, que también afecta al Poder Judicial, a la Administración de Justicia, en definitiva, a la estructura constitucional del Estado español. Dos problemas
que hacen referencia al todavía desajuste de la administración de la Administración de Justicia -parafraseando la nomenclatura que utiliza el Tribunal Constitucional en la sentencia 46/90, que usted conoce perfectamente, es decir, a los órganos de
gobierno de la Administración de Justicia-, a los requerimientos no ya de un Estado unitario sino de un Estado que la Constitución española convierte en un Estado compuesto, en un Estado autonómico o en un Estado plurinacional, o como se le quiera
calificar.
El Poder Legislativo se ha ajustado a estos requerimientos constitucionales, se ha descentralizado, ha cogido los requerimientos vinculados o regulados por el artículo 2 y el título VIII, el Poder Ejecutivo también, existen gobiernos
autonómicos, existen parlamentos autonómicos que ejercen competencias exclusivas, que son un verdadero ejercicio de auténtica cosoberanía en cuanto que legislan exclusivamente sobre determinadas materias, pero todavía observamos que el Poder
Judicial, particularmente la administración o el gobierno del Poder Judicial, está configurado por unos criterios de rígida centralización, de rígida verticalización y de rígido centralismo. Y no son palabras mías, sino que son palabras
pronunciadas por el en este momento ilustre alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, no cuando fue ministro de Justicia, primero, y luego ministro de Interior y Justicia, ni como alcalde de Zaragoza, sino en un momento en el que en mi opinión sus
reflexiones eran más lúcidas, que fue cuando tomó posesión de su condición de presidente de la Asociación Profesional de Jueces para la Democracia.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la resolución de un problema pendiente todavía. No voy a pronunciar aquí palabras solemnes ni hablar de estas cosas, que en mi opinión son técnica e intelectualmente sumamente discutibles, de
segundas transiciones a las que tan proclives son algunos portavoces en esta Cámara, ni de resolución de problemas complejos irresolubles históricos, sino que me voy a referir a un problema relativamente fácil de solucionar, porque verá usted qué
libro es el que aporto yo como instrumento de autoridad. Si mira, señor ministro, verá que es el Libro Blanco para la reforma de la Justicia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial; libro que tuve el honor de contribuir a su propia
confección. Aquí no vengo ni con La causa del pueblo vasco, de Sabino Arana, ni con la obra de Vizcaya por sus fueros, ni con las obras del lehendakari Aguirre, vengo con un libro poco sospechoso de mantener posiciones doctrinales abertzales,
sedicentemente abertzales o peligrosas. Es el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial en relación con los criterios para la reforma de la Justicia.
Este es el libro que voy a usar como elemento de autoridad.
Como le decía, esto admite una doble perspectiva analítica. La justicia es un derecho histórico. La justicia no no fue un poder del Estado español hasta el año 1837 en que el reglamento aprobado por la reina gobernadora disolvió las
diputaciones forales e introdujo en aquellos lugares donde había una justicia propia -me estoy refiriendo a Aragón, a Cataluña, a la Comunidad Foral Navarra, a la Comunidad Autónoma del País Vasco- los llamados juzgados de primera instancia y la
incorporación de las últimas instancias, todavía no llamadas casacionales hasta el Tribunal Supremo.
¿Hasta entonces qué existía? Hasta entonces existían sistemas de justicia absolutamente independientes en estos lugares que les estoy comentando;
lugares que están constitucionalizados porque la disposición adicional primera de la Constitución constitucionaliza los derechos históricos, y estamos hablando de derechos históricos, como lo hace la disposición adicional única del Estatuto de
Autonomía de Gernika y como lo hace la disposición derogatoria segunda número dos de la Constitución, que establece que las leyes abolitorias de los fueros quedan derogadas en tanto en cuento mantuvieran vigencia en alguno de sus aspectos. Pues
bien, el Poder Judicial en determinadas comunidades autónomas actuales, territorios forales a la sazón entonces, era un poder absolutamente independiente.
Yo recuerdo el discurso atribuido a Martín Argüelles, porque su autoría no consta, cuando se constituyó la Comisión de elaboración de la Constitución de Cádiz, la Pepa, donde comentaba, no críticamente sino apologéticamente, que en Navarra,
por ejemplo, los recursos acababan en el Consejo Navarro y no acudían a los tribunales supremos de la corte. No le parecía mal a Martín Argüelles, le parecía bien esa estructura del Poder Judicial. Recuerdo también, en ese mismo discurso de Martín
Argüelles de creación de la Comisión de la Constitución de Cádiz, reflexiones apologéticas en relación al mantenimiento de una estructura judicial en el País Vasco basada en las merindades, en las chancillerías, los jueces corregidores, los alcaldes
de las merindades en cuanto a la primera instancia, los alcaldes de las hermandades y, en la segunda instancia, al mayor de la chancillería, a los tribunales corregidores y a las demás estructuras que configuraban la segunda y última instancia
procesal, aplicando leyes procesales que databan del año 1524. Nosotros no vamos a defender esta estructura de Poder Judicial hoy. También somos tributarios, receptores y hasta respetuosos con el orden revolucionario francés, con la codificación y
con las garantías incorporadas por otras escuelas y doctrinas a nuestro sistema actual no sólo procesal, sino jurisdiccional, aunque no en todo ha sido mejorado, desgraciadamente, respecto al previgente, a la Revolución Francesa o al orden
revolucionario francés.
Dicho esto, voy a parafrasear al señor don Juan Alberto Beloch, alcalde de Zaragoza que, cuando advino a la presidencia de la Asociación Jueces para la Democracia dijo unas palabras lúcidas, las más lúcidas que yo le he escuchado en su largo
periplo político, que venían a decir algo así como -y creo que las reproduzco textualmente- que el Poder Judicial en este momento sigue siendo un poder rígidamente centralizado. Así como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han acogido los
requerimientos constitucionales en materia de descentralización y han acogido los requerimientos autonómicos previstos en la Constitución española, existe un problema con el Poder Judicial que sigue siendo un poder verticalizado, unitario,
rígidamente centralizado, con sospechas orgánicas en cuanto derivadas de su propia estructura orgánica en relación a su independencia, hermético, solemne. Todos estos calificativos o epítetos, que eran muy pertinentes y siguen siendo todavía hoy
muy pertinentes, provocaban un desafecto por parte de los ciudadanos al Poder Judicial y un problema de legitimidad incluso para el Poder Judicial. Estas reflexiones de don Juan Alberto Beloch -que yo dudo que las mantenga hoy, pero yo sí las
mantengo- me parecen terriblemente pertinentes y nos obligan a un esfuerzo de reflexión a todos los que somos colegisladores sobre cuál es la estructura del Poder Judicial con la que seguimos conviviendo.
La estructura del Poder Judicial que sugieren el Consejo de la Abogacía catalán, el Consejo vasco de la Abogacía, el Consejo español de la Abogacía, el Consejo español de los colegios de procuradores, distintos colegios profesionales,
personas del mundo académico y universitario notabilísimas y el Libro Blando del Poder Judicial, que no es sospechoso precisamente de ser un libro que utilice la izquierda abertzale o ninguna organización de esta naturaleza como elemento de
ilustración de esos militantes, dice lo siguiente. Es muy pertinente en estos momentos y muy adecuado -y es un consejo que dirige a los poderes públicos y particularmente al Poder Legislativo- la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial
-y el numen iuris es lo de menos, se les podría llamar de cualquier otra manera- que incorporen, mediante la correspondiente delegación de transferencias del Consejo General del Poder Judicial, competencias en materias como las siguientes:
formación continuada de jueces y magistrados, escuela judicial, inspección de juzgados y tribunales, estadística judicial, tramitación de las quejas de los ciudadanos, regímenes y procedimientos disciplinarios para jueces y magistrados,
procedimientos de incapacitación de jueces y magistrados, módulos de productividad, retribuciones e incentivos, configuración de la oficina judicial, informática judicial y personal al servicio de la justicia, que tiene ya otra dimensión porque
usted sabe que el personal al servicio de la justicia ha sido transferido no a consejos autonómicos del poder judicial, sino a administraciones autonómicas que en este momento, tras la reforma de 1994 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ostentan
competencias en esta materia muy limitadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mediante la concepción de cuerpos nacionales de todos los cuerpos constituidos por los auxiliares, oficiales, agentes, médicos forenses, sobre todo
secretarios, etcétera. Desde esa perspectiva y apelando a la autoridad que el Consejo
General del Poder Judicial ostenta y de cuyas reflexiones apologéticas por un lado y por otro hemos tenido la oportunidad de oír, con intenciones perversas seguramente, sobre la gran capacidad de este Consejo para articular mecanismos de
estructura de la Administración de Justicia, sobre todo en ámbitos más inocuos -ya hablaremos de la casación, de otras cuestiones y de cómo interpretar el artículo 152 de la Constitución porque tenemos otras interpelaciones preparadas- como son los
órganos de gobierno, la administración de la Administración de Justicia, algo tan inocuo como quien ejerce competencias sólo gubernativas y administrativas del poder judicial, no sería malo que atendiéramos también a los requerimientos
constitucionales porque vivimos en un Estado compuesto, señor ministro, y nuestro Poder Judicial se parece más al Poder Judicial del Estado francés que al Poder Judicial de cualquier Estado compuesto como pueden ser el belga, el canadiense, el de
Estados Unidos, el de Alemania o cualquier otro Estado compuesto, del derecho comparado que usted me quiera citar o que yo le cito. Desde esa perspectiva, nos parece pertinente esta interpelación en estos términos y con esta rapidez, señora
presidenta, la defiendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Tiene la palabra el señor ministro para contestar a la interpelación.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora presidenta, señorías, cumplo efectivamente mi deber como parlamentario y como miembro de un Gobierno parlamentario respondiendo, y lo hago muy gustoso, a la interpelación que me formula
el señor diputado. Si me permite la broma respecto de lo avanzado de la hora, me encantaría que este silencio respetuoso que en estos momentos exhibe la Cámara y con el que nos escuchamos fuera la tónica habitual y tuviese poco que ver con que
estamos al filo de la medianoche. Ojalá a las cuatro de la tarde o a las ocho pudiésemos escucharnos de esta forma respetuosa con que ahora nos escuchamos y no tuviese nada que ver con el cansancio ni con el agotamiento. En atención a esta
circunstancia, voy a intentar apremiarme en el tiempo y darle respuesta.
No es la primera vez que le veo exhibir sus reconocimientos históricos; le recuerdo como un parlamentario veterano, ha tenido un tránsito de entrada y salida de este Congreso de los Diputados y recuerdo sus excursos históricos siempre muy
documentados. Yo no me remontaré tan lejos, ni a 100 años ni a 200 años atrás, simplemente a la Constitución española de 1978, para certificar efectivamente que es un hecho que la Constitución mandataba de forma muy predecible una reconcepción del
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la construcción del Estado autonómico, pero de forma mucho más incierta y más dificultosa, como se ha comprobado en el curso de estos 25 años, su afectación al Poder Judicial. Efectivamente es un hecho y
compartiré los fundamentos del diagnóstico.
Hemos visto cómo en estos 25 años, de forma bastante rotunda, emergieron 17 parlamentos autonómicos a principios de los años ochenta, 17 gobiernos autonómicos legitimados ante esos parlamentos autonómicos. Sin embargo, de forma mucho más
trabajosa, y también desde el punto de vista de su concepción, se ha ido produciendo la afectación del Poder Judicial respecto de la construcción del Estado autonómico. Usted sabe muy bien cuál es la explicación, tiene mucho que ver con una apuesta
constitucional por el principio de unidad de jurisdicción y de unidad del Poder Judicial, y también de la encomienda, de la garantía, de la función de gobierno del Poder Judicial a un órgano constitucional del Estado extrañado de la distribución
competencial. Estamos hablando, por tanto, de un Poder Judicial unitario que se hace compatible con la descentralización en el ámbito legislativo y en las funciones de gobierno en cuanto a los respectivos órdenes competenciales; estamos hablando
de un Poder Judicial en el que la unidad de jurisdicción está garantizada en todos los órdenes de jurisdicción por un Tribunal Supremo, cuya competencia se proyecta sobre el conjunto y la totalidad del territorio nacional, y estamos hablando también
de una función de gobierno que ha sido sustraída al Gobierno de la nación, por tanto al Ministerio de Justicia, que históricamente ostentó durante tanto tiempo la competencia de gobernar el Poder Judicial y de ejercer funciones ejecutivas en el
ámbito del Poder Judicial, a un órgano constitucional que está también sustraído a la distribución competencial, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quiere eso decir que el Poder Judicial haya permanecido insensible a la estructuración
territorial del Estado y del poder? Evidentemente, no, usted lo sabe también. Es evidente que en el curso de estos años hemos vivido una secuencia, por la cual, en primer lugar, los estatutos de autonomía atribuyen a los gobiernos autonómicos
competencias en materia de justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial ofreció una reconcepción de la distribución, más o menos fragmentaria y heterogénea, de competencias en materia de justicia, que en 1985 vino a establecer una importante
afectación del sistema judicial respecto del Estado autonómico al hacer de las comunidades autónomas demarcaciones territoriales y, sobre todo y muy importante, al generalizar -no lo había hecho la totalidad de los Estatutos de autonomía en su
primera versión- los tribunales superiores de Justicia como culminación de la organización judicial en el territorio de la comunidad autónoma. Esto ha significado un paso importantísimo, que en la práctica ha hecho que la España autonómica sea
también geográficamente el escenario del trabajo del Poder Judicial y que haya tantos tribunales superiores de Justicia como comunidades autónomas que culminan sus respectivas organizaciones judiciales. Es cierto que esta secuencia tampoco fue
pacífica desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución de que responde el Tribunal Constitucional, y ahí están las sentencias, que usted recordaba, 56/1990 y 62/1990, que vinieron a releer las disposiciones estatutarias en esa
primera versión y a intentar ordenar
la afectación de la estructura autonómica del Estado respecto del Poder Judicial.
Yo diría que estos 25 años han dado de sí y efectivamente el Estado autonómico está ahí para quedarse. Afecta también al modo en que el Poder Judicial se organiza, a la geografía de la organización judicial, y debe afectar al Poder Judicial
y a la Administración de Justicia en una serie de planos, pero no perderé de vista en ningún caso que siguen estando vigentes el artículo 217 que asegura el principio de unidad jurisdiccional, el artículo 123 cuando señala que el Tribunal Supremo
asegura la uniformidad de la interpretación de la ley en todo el territorio nacional y el artículo 122 que señala que el Consejo General del Poder Judicial cumple funciones de gobierno de todo el poder judicial, que es unitario, del Estado, que
comprende por lo menos lo respectivo a nombramientos, ascensos, promoción -por tanto, escalafonamiento de los miembros del Poder Judicial-, inspección y régimen disciplinario.
Es cierto que la propia función de gobierno ha ido afectándose por la construcción del Estado de las autonomías. Un eslabón importante de esta secuencia ha sido la colaboración, en funciones de gobierno del Poder Judicial, que prestan las
salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia. También es cierto que esta afectación puede acentuarse en el futuro en una serie de planos. Hoy no estamos hablando de algunos que han estado en esta Cámara en tiempo reciente, que tienen
que ver con el conocimiento de los sistemas de derecho foral civil o especial y de las lenguas autonómicas, estamos hablando de las funciones de gobierno y en ellas centraré mi respuesta a su interpelación.
Déjeme decirle que es un objetivo del Gobierno del que formo parte el afrontar los temas autonómicos sin crispación y sin descalificación de las propuestas que legítimamente surgen de la diversidad que expresa la realidad constitucional de
España como país plural. Por tanto, estamos dispuestos a dialogar en el curso de la legislatura con respecto de los asuntos que se vayan planteando, pero manteniendo nuestras posiciones, que son legítimas y que han recibido un aval que nos ha
situado en la responsabilidad del Gobierno de España, que son nuestro punto de partida.
Nuestro punto de partida a este respecto es que ni en nuestro programa ni en la investidura está la intención de desconcentrar, descentralizar o compartir la
función de gobierno del Poder Judicial a través de la emergencia de consejos autonómicos del Poder Judicial, no lo está. Por lo tanto, nuestra posición no es favorable a la generalización de estas figuras como órganos que incorporen competencias de
gobierno del Poder Judicial en los ámbitos territoriales de las comunidades autónomas. Sí está, sin embargo, potenciar el diálogo institucional, constructivo y cooperativo del Gobierno de España, también en el ámbito de justicia, con las
comunidades autónomas, todas las cuales, a estas alturas, tienen asumidas en sus estatutos de autonomía importantes competencias en materia de justicia, en lo relativo al personal no judicial, en lo relativo a los medios materiales y,
consiguientemente, en lo relativo a la dotación logística e infraestructural, todo el apoyo que necesitan jueces y magistrados, por un lado, y el resto de los funcionarios de la Administración de Justicia, para que la justicia funcione como servicio
público.
A ese respecto, desde el primer momento en mi responsabilidad de Gobierno, apenas hace 60 días, he intentado dar señales de que esa será nuestra política, esa será nuestra actitud permanentemente, no sólo en la casilla de salida, sino en
todo el recorrido. En estos 60 días he recibido a todos los consejeros de las comunidades autónomas, con competencias asumidas o sin ellas, porque todas tienen títulos competenciales importantes en sus estatutos de autonomía, y a todos esos
gobiernos autonómicos los reconozco como legítimos propietarios de competencias cuyo ejercicio está todavía pendiente de una negociación, que deberá, en su caso, traducirse en el perfeccionamiento del traspaso, en la transferencia. Desde luego, esa
interlocución tendrá que ser especialmente intensa en aquellas comunidades autónomas que han asumido esas competencias por traspasos que ya son efectivos y que desde hace tiempo ejercen importantes funciones en sus ámbitos territoriales. Desde ese
punto de vista, nos hemos comprometido a convocar en el mes de julio una conferencia sectorial, bastante inmediata a la apertura de la legislatura, para intentar ordenar la agenda autonómica en matera de justicia. Primer paso, vamos a intentar
impulsar la generalización de la asunción de competencias, porque están en los estatutos de autonomía, y la política del Gobierno socialista es que lo que esté en los estatutos de autonomía conviene creérselo. Eso es también derecho constitucional,
es bloque de la constitucionalidad, es derecho vigente y nos vincula. Por tanto, vamos a intentar que, a través del diálogo y del impulso político las comunidades autónomas asuman las competencias de las que ya son legítimas propietarias y las
ejerzan de manera efectiva. Esta asunción efectiva de competencias será buena para la política constitucional que queremos impulsar y será buena para los ciudadanos, que verán así una distribución más razonable, más manejable y más susceptible de
políticas generales que tengan sentido, no fragmentarias, territorialmente discontinuas y, consiguientemente -me van a perdonar los señores del Partido Popular que utilice esta palabra tabú-, asimétricas. Si las comunidades autónomas no acaban de
asumir las competencias de las que son ya propietarias porque están en sus títulos competenciales, vamos a tener problemas para hacer una política que tenga alcance general. Esta es una condición de buena política judicial que está muy subrayada en
el Libro Blanco que varias veces ha sacado a colación el diputado Olabarría. El Libro Blanco efectivamente apuesta por el impulso a la política autonómica en materia de justicia como condición de racionalización, de eficiencia y, consiguientemente,
de mejora del servicio público judicial.
Al mismo tiempo, sí está en nuestro programa impulsar las funciones colaboradoras del gobierno del Poder Judicial que pueden y deben desempeñar, a nuestro juicio de manera más potente y más eficaz, las salas de
gobierno de los tribunales superiores de Justicia. Eso sí está. Creemos que esto es funcional, es bueno. Es un hecho -usted lo sabe porque ha tenido experiencia como vocal del Consejo General del Poder Judicial- que demasiado a menudo va
al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano constitucional que entiende del gobierno del Poder Judicial, mucha materia que, afectando a situaciones profesionales o estatutarias de los miembros de la carrera judicial, podría haber tenido
lugar perfectamente en otra instancia, descongestionando así la agenda de trabajo del Consejo General del Poder Judicial, especialmente en la función disciplinaria.
Usted sabe que es perfectamente posible que en el Consejo General del Poder
Judicial se entienda de un expediente disciplinario que concierne a un juez que haya adoptado una medida con respecto de la utilización correcta o no de la tarjeta de aparcamiento en dependencias de la Administración de Justicia en su respectiva
jurisdicción. Parece que es razonable que esto...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor ministro, no sé si rogarle directamente compasión o que termine en breve.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Esto podría solventarse en otro nivel. Por tanto, compartir mejor funciones reforzadas de las salas de gobierno colaboradoras de la función de gobierno del Consejo General del Poder Judicial
seguramente ayudaría positivamente a una mejor distribución de competencias en este terreno. Sin perjuicio de ello, no vemos ninguna razón, ni constitucional ni conceptual ni tampoco semántica, para que consejos de colaboración interinstitucional
-ya están siendo establecidas las experiencias autonómicas de que tenemos conocimiento- en los que se dan cita de manera regular, pero todavía hoy de manera informal y no reconocida legalmente, la justicia, la comunidad autónoma y los profesionales
del derecho, cumplan también funciones de asesoramiento, de seguimiento de la buena política que en materias relevantes para la Administración de Justicia puedan tener lugar en los ámbitos autonómicos. Esto ya es un hecho, está teniendo lugar en
Cataluña, está teniendo lugar en el País Vasco, tendrá lugar en Navarra ya de forma inminente, una comunidad no gobernada, por cierto, ni por el Partido Socialista ni por la izquierda abertzale, pero está teniendo lugar y esta realidad busca
reconocimiento. Esas funciones de asesoramiento -el nombre es lo de menos- están viniendo integradas en algo que se parece a un consejo asesor en materia de justicia, un consejo asesor de justicia de carácter autonómico, pero no es un Consejo del
Poder Judicial, por tanto, no desestructura la función que la Constitución reserva de manera exclusiva y excluyente a ese órgano constitucional que es el competente para el gobierno del Poder Judicial sustraído a la distribución competencial.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor ministro, concluya, por favor.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Concluyo.
Estamos dispuestos a dialogar sobre estas materias en el curso de la legislatura, a dar un impulso a la colaboración interinstitucional entre Gobierno de la nación y gobiernos de las comunidades autónomas, sobre todo en el reconocimiento de
las competencias que ya ejercen en materia de justicia, y asistir, sin estridencia y sin crispación, a la colaboración que puedan prestar esos consejos que están buscando reconocimiento legal y que no tienen, porque pensamos que pueden ser
funcionales para que el Estado autonómico funcione en su conjunto mejor y la Administración de Justicia en particular, también.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Olabarría, su turno de réplica.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, no es cuestión de ponerse a discutir a estas horas. Además, sus palabras, en general, han sido pertinentes. Es usted un hombre reflexivo, que tiene buen discurso, gran conocedor del derecho, pero
tengo que reconocerle cierta capacidad para discernir si al final me ha dado la razón o no en mi argumentario, pero ya tendremos ocasión en la moción posterior de saber discriminar hasta qué punto usted comparte, no mis opiniones, las opiniones del
Consejo General del Poder Judicial, donde cuando yo era vocal, entre los vocales no había demasiados militantes de Batasuna ni de Herritarren Zerrenda, ni de ningún partido de esta naturaleza; desde luego, no abundaban.
¿Qué quiere que le diga respecto a estas cuestiones, señor ministro? Usted ha entrado en unos parámetros que yo ni siquiera he mencionado, es el principio de unidad jurisdiccional; no seré yo quien lo refute a estas horas y en esta Cámara.
El principio de unidad jurisdiccional está constitucionalizado y está previsto con perfecta y meridiana claridad en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la jurisdicción es única y se aplicará a todas las personas y en todo el
territorio del Estado español. No es esa la cuestión, estamos hablando del gobierno de la Administración de Justicia, no de la función jurisdiccional ni de la estructura territorial o geográfica, como usted decía, de la función jurisdiccional, que
es la que es, se ejerce por los jueces y tribunales de forma independiente y desde una perspectiva de unidad jurisdiccional, que consiste en que las estructuras o los trámites, las sucesivas instancias procesales, acaban en un órgano que se llama
Tribunal Supremo.
No estamos hablando de eso, aunque hablaremos porque tenemos alguna iniciativa con relación a esta cuestión, pues nos da la impresión de que tampoco se interpretan bien los requerimientos del artículo 152.2 de la Constitución en
materia de casación autonómica, pero tiempo tendremos de hablar de eso. Ahora estamos hablando de la administración de la Administración de Justicia, expresión consagrada por la Sentencia 56/90 del Tribunal Constitucional, como usted ha dicho.
Aquí podríamos parafrasear tranquilamente ya no a Martín Argüelles sino a Lucrecio. Sobre estas cosas nada está escrito, nada deriva de la naturaleza de las cosas en estas materias, cualquier opción de política legislativa es razonable, y
no le voy a decir que sea razonable lo que pueda proponer mi partido político o cualquiera de los partidos políticos de esta Cámara porque, en mi opinión, es una materia susceptible de un consenso político amplio sin grandes dificultades. Aquí
muchas veces nos dan miedo las palabras, el nomen iuris utilizado: vocales o consejos autonómicos del Poder Judicial. En el inconsciente colectivo de algunos se revuelven sabe Dios qué demonios institucionales, estructurales, territoriales y
parece que estamos hablando ya de la segregación y la desestructuración de España. Hay que librarse de esos miedos casi telúricos, de esos miedos que a ustedes les han hecho muchas veces rehenes de otro partido político diferente al suyo.
Libérense, estamos hablando de una cosa muy normal. Además,¿me va a decir que el Consejo General del Poder Judicial es sospechoso de querer romper la unidad de España en el ámbito del gobierno de la Administración de Justicia cuando pide que se
creen órganos, vinculados a las salas de gobierno o desvinculados a las salas de gobierno? No me venga usted con el problema de las transferencias a las comunidades autónomas porque es un problema diferente. Lo que corresponde, porque tiene título
competencial en sus estatutos de autonomía para ello, ya ha sido transferido o se transferirá a las comunidades autónomas; estamos hablando de algo que solicita el Poder Judicial: ajustarse a los requerimientos de un Estado que no es unitario, que
es compuesto -esa es la cuestión-, mediante el fortalecimiento de las competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, que son marginales, que son prácticamente inexistentes, que son nulas y dependientes del Consejo
General del Poder Judicial, o creando órganos de composición nueva porque la Administración de Justicia no está constituida, como usted sabe perfectamente, sólo por jueces y magistrados, secretarios y oficiales, sino también por los llamados
operadores jurídicos; los abogados, los notarios y los registradores son tan Administración de Justicia como los jueces y magistrados, y hay que buscar órganos de integración que configuren una Administración de Justicia en el sentido lato, en el
sentido más aceptable y más moderno del término, y que hagan recuperar la credibilidad perdida hace tiempo por nuestra Administración de Justicia, y la legitimación ciudadana, y la eficiencia, el gran reto. Tenemos la justicia más ineficiente en
materia de pendencia de toda Europa y esta es una vía para lograr eso: el acercamiento a los lugares, la desconcentración, el acercamiento a los ciudadanos de las competencias, a los órganos más próximos geográficamente. Lo dice el Consejo General
del Poder Judicial, no lo dice Sabino Arana en su obra constituyente de Vizcaya por sus fueros. Ni lo dice ningún personaje peligroso. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial, aprobado por unanimidad y con particular entusiasmo por los
vocales de Jueces para la Democracia, que tengo la impresión de que son con los que ustedes sintonizarían ideológicamente con más facilidad en materia de política judicial. ¿Qué problema hay en atribuir competencias en materia de formación al
ámbito autonómico, a los órganos que se quiera, o en materia de escuela judicial, o en materia de inspección?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Olabarría, le ruego que concluya, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya está dicho lo que quería decir.
Yo le pediría, señor ministro, una mínima flexibilidad, sensibilidad y una cierta coherencia con lo que ha constituido la filosofía tradicional de su grupo parlamentario, aunque no esté en su programa electoral. Con esto acabo, señora
presidenta, porque me ha preocupado una cosa que ha dicho.
Ha dicho que no está en su programa electoral. Esto me hace recordar con cierta preocupación y con cierta inquietud, hasta me produce una cierta sudoración nerviosa, lo que decía aquél:
Lo que no está en los reglamentos no existe. Que no esté en su programa electoral no quiere decir que ustedes no puedan acometer una reforma de estas características. Sólo le pido flexibilidad intelectual, señor ministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor Olabarría, le he escuchado con respeto, sin prejuicios y sin ninguna sudoración, aunque quizá esto tuviera que ver con la defectuosa ventilación del Congreso de los Diputados. Lo que le
he escuchado me parece razonable y digno de ser discutido. Lo que le he escuchado, precisamente porque digo que le he escuchado sin prejuicios. No estoy leyendo a Sabino Arana a través de usted ni estoy leyendo por tanto propuestas de máximos que
no han estado en su discurso. Efectivamente, esas propuestas que adelantó en su momento el Libro Blanco de la Justicia eran propuesta razonables y que venían además avaladas por el órgano que legítimamente ostenta la función constitucional de
gobierno del Poder Judicial. Pero resulta que para poder articularse necesitan reformas legislativas que en su caso deberían encajar imprescindiblemente nada menos que en una ley orgánica, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto requiere, en
la comprensión de este Gobierno, que sean traídas a un debate oportuno, que no sea un debate santuario ni sincopado con respecto a las grandes líneas estratégicas de política judicial. Por eso, lógicamente he aducido nuestros compromisos como un
condicionamiento de nuestra visión estratégica de cuáles son las reformas que necesita la Administración de Justicia, el compromiso programático del partido que ha obtenido la mayoría parlamentaria y la confianza de esta Cámara para gobernar y
lógicamente también el compromiso del presidente en su investidura, que se traduce en el análisis pormenorizado de esos compromisos de reforma que he
explicado ante el Congreso de los Diputados en mi comparecencia como ministro de Justicia.
Esto no quiere decir, es verdad, que en el curso de la legislatura los grupos parlamentarios no podamos debatir acerca del encaje que puedan tener esas fórmulas a las que usted ha hecho referencia, porque están surgiendo ya. Lo he dicho yo
mismo. Están surgiendo ya consejos asesores de la Administración de Justicia, que integran no solamente a los representantes de la Administración de Justicia en el territorio autonómico, en especial a los magistrados de los tribunales superiores de
justicia, sino también del Gobierno autonómico en las competencias que ejerce en el ámbito judicial, en el ámbito de materias de administración de justicia o de administración de la Administración de Justicia y a los profesionales del derecho.
Estos consejos pueden cumplir una función de seguimiento, de asesoramiento, de análisis, de aportación de líneas que puedan ser aprovechadas por las comunidades autónomas en sus funciones. Pero permítame que me haya preocupado en subrayar
que estamos hablando de competencias que no pueden perjudicar aquéllas que la Constitución reserva, en gobierno del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial. En la medida en que puedan recibir encaje en una ley orgánica deberán ser
debatidas con la suficiente parsimonia, detenimiento y encaje, en una estrategia que tenga sentido y en la que buscaríamos, como en todo en materia de Justicia, los consensos más amplios posibles.
Intentaríamos que esas reformas fuesen compartibles
por el conjunto de las fuerzas parlamentarias que en esta Cámara creen en el Estado de las autonomías.
Quiero decirle que, tal y como usted lo ha expuesto y en los términos a los que se hacía referencia a esta cuestión en el Libro Blanco del Poder Judicial, la cuestión puede ser discutida en el curso de la legislatura.
Teniendo en cuenta que
lo que yo digo consta en el 'Diario de Sesiones', debo añadir que me preocuparé de que ni la unidad de la jurisdicción, ni la unidad del Poder Judicial, ni la unidad de la función de gobierno que la Constitución atribuye al Consejo General del Poder
Judicial resulten perjudicadas y de que las reformas que podamos discutir, y en su caso tomar en consideración para incorporarlas a una eventual modificación del statu quo actual, no tengan defectos de sentido y sean suficientemente compartidas en
la Cámara, mostrando un estadio más de evolución, que se consolida, de la construcción autonómica de la España plural.
Este es el sentido con el que quería mostrarle la consideración del Gobierno sobre nuestro compromiso de impulsar una política judicial sensible con la España autonómica, que no desestructure, sin embargo, la unidad de la jurisdicción ni la
unidad del gobierno del Poder Judicial, que la Constitución atribuye al Consejo General del Poder Judicial.
Estaremos muy atentos al modo en que usted articule la moción que será consecuencia de esta interpelación y ojalá seamos capaces de llegar a
un entendimiento del que puedan participar todas las fuerzas de la Cámara, que, en la medida en que están vinculadas -como el Grupo Parlamentario Socialista- por los estatutos de autonomía, podrán pensar que esta solución puede contribuir a la
mejora de la justicia y del servicio público que rinde a los derechos fundamentales; en especial, a la demanda de tutela judicial efectiva.
Concluyo haciendo notar que, como han pasado cinco minutos de la media noche, ha querido la fuerza del destino que la onomástica de los muchos juanes que pueblan este país coincida con el momento en que hago uso de la palabra. Como yo mismo
me llamo Juan, felicito a los juanes presentes y les agradezco su resistencia.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
Gracias a los trabajadores y trabajadoras de la casa. Gracias, señorías.
Buenas noches.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos de la noche.