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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 13, de 01/06/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 13
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 13
celebrada el martes, 1 de junio de 2004
ORDEN DEL DÍA: Modificación del orden del día ... (Página 451)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- Del Parlamento de Cataluña, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 1-1, de 16 de abril de 2004. (Número de expediente 125/000001.)
... (Página 452)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre política económica.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 24, de 28 de mayo de 2004. (Número de expediente 162/000073.) ... (Página 467)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil, del franquismo y de quienes defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades durante la transición. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 24, de 28 de mayo de 2004. (Número de expediente 162/000080.) ... (Página 477)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre reconocimiento y ayudas a las víctimas del franquismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 6, de 26 de abril de 2004. (Número de expediente 162/000024.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a la reparación moral a todas las personas que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, y al reconocimiento de la importante contribución de quienes
participaron en la lucha y resistencia antifranquista para la instauración de un régimen democrático en el Estado español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 8, de 30 de abril de 2004. (Número de expediente 162/000041.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas vascas. (Número de expediente 173/000006.) ... (Página 493)
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar. (Número de expediente 173/000007.) ... (Página 500)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la consecución de un pacto estable para la educación.
(Número de expediente 173/000008.) ... (Página 506)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para la pequeña y mediana empresa (PYME) y los trabajadores
autónomos. (Número de expediente 173/000009.) ... (Página 510)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 451)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana sobre criterios del Gobierno en relación con la constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 452)
Del Parlamento de Cataluña, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 452)
Presentan la proposición de ley, en nombre del Parlamento de Cataluña, las señoras Cuenca i Valero y Santos i Arnau y el señor Ridao i Martin, todos ellos representantes del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Pedret Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, del Parlamento de Cataluña, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se aprueba por 174 votos a favor y 130 en contra.
Proposiciones no de Ley ... (Página 467)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre política económica ... (Página 467)
Presenta la proposición no de ley el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Considera llegado el momento de que el Gobierno actual se tome la economía en serio y deje de dar mensajes
contradictorios. Dice que el potencial de crecimiento no está agotado y se puede seguir creciendo, como se hizo en los años del Partidos Popular, y que los cinco ejes de la proposición no de ley: estabilidad, reformas, bajadas de impuestos,
reforma del mercado laboral e impulso a la cualificación de la oferta, pueden servir como base de futuro.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Martínez-Pujalte López.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil, del franquismo y de quienes defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades durante la transición ...
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre reconocimiento y ayudas a las víctimas del franquismo ... (Página 477)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la reparación moral a todas las personas que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, y al reconocimiento de la importante contribución de quienes
participaron en la lucha y resistencia antifranquista para la instauración de un régimen democrático en el Estado español ... (Página 477)
Presentan las tres proposiciones no de ley, que se debaten conjuntamente, según acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, por tratar básicamente del mismo objeto, los señores Erkoreka Gervasio, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que manifiesta que se trata de reconocer y compensar a las víctimas del tardo franquismo, aquellas que padecieron los efectos del franquismo cuando este ya había desaparecido formalmente; la señora Lasagabaster Olazábal, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, para quien la iniciativa no tiene otro objetivo que el de hacer justicia; y el señor Rodríguez Sánchez, también del Grupo Parlamentario Mixto, quien considera imprescindible la reparación moral a todas las personas que
fueron exiliadas, encarceladas, huidas, asesinadas, desterradas, depuradas y torturadas durante la dictadura franquista.
En defensa de las enmiendas presentadas a estas proposiciones no de ley intervienen el señor Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Intervienen de nuevo los señores Atencia Robledo y Jáuregui Atondo y las señoras Lasagabaster Olazábal y Uría Etxebarría.
Sometida a votación en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre política económica, se rechaza por 129 votos a favor, 163 en contra y nueve abstenciones.
Sometidas a votación conjuntamente las tres proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Mixto (señora Lasagabaster) y Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), en los términos de la enmienda de sustitución del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 174 votos a favor, seis en contra y 121 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 493)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas vascas ... (Página 493)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la moción consecuencia de interpelación urgente como una pretensión que considera lógica y amparada en derecho y que sólo pretende responder al concepto de identidad
transmitido a través de distintas manifestaciones, ya sea de cultura, de lengua o, en este caso, del deporte, y pide que se reconozcan las selecciones deportivas vascas, catalanas y gallegas, porque así se ha pedido en reiteradas ocasiones en la
legislatura pasada.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet
Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y González Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar ... (Página 500)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Pérez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se refiere a las motivaciones presentadas la semana
pasada en la interpelación y explica las tres líneas de actuación que propone su grupo: un compromiso de solución negociado con los sindicatos y con las comunidades autónomas afectadas, mantener los mayores niveles de empleo y la capacidad
productiva y una posición firme ante la Unión Europea por considerar que Izar es víctima de una situación que no respeta las reglas de la competencia en los mercados internacionales.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC);
Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Pérez Martínez.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la consecución de un pacto estable para la educación ... (Página 506)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Pigem i Palmés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Muestra su convencimiento de que todos los grupos coincidirán en la singular importancia que
tiene la educación tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y explica que la finalidad de la moción que presentan va dirigida a adoptar políticas adecuadas y la asignación de recursos suficientes, a dotar de estabilidad el marco legal del
sistema educativo y a hacerlo desde el debate y el consenso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Canet Coma, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC); la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para la pequeña y mediana empresa (PYME) y los trabajadores
autónomos ... (Página 510)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se trata, dice, de impulsar en esta legislatura un conjunto de iniciativas para mejorar el marco
fiscal, administrativo, laboral, financiero y social de las pymes y de los trabajadores autónomos desde la convicción de que no se puede detener la intensa creación de empleo y de crecimiento económico de los últimos ocho años.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Delgado Arce.
Antes de proceder a las votaciones de las mociones, la señora Lasagabaster Olazábal da lectura a una enmienda transaccional que propone su grupo a las enmiendas presentadas a la moción sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas
vascas.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre reconocimiento de las selecciones deportivas vascas, en los estrictos términos de la enmienda transaccional
presentada, se aprueba por 157 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.
Antes de proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar, y en aras a conseguir una votación lo
más mayoritaria posible, el señor Pérez Martínez presenta una enmienda transaccional que trata de recoger lo que los grupos han planteado en el debate.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar, en los términos de la transaccional a las enmiendas de
los grupos Socialista y Vasco a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se aprueba por 281 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la consecución de un pacto estable para la educación, en los términos de la
enmienda transaccional presentada por el propio grupo proponente, se aprueba por 165 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y
financiero para la pequeña y mediana empresa y los trabajadores autónomos, en sus propios términos, se rechaza por 119 votos a favor, 153 en contra y 12 abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de entrar en el orden del día de la sesión número 13, quisiera someter al Pleno la siguiente cuestión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del
orden del día de la presente sesión del punto 35 correspondiente a la interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre criterios del Gobierno en relación con la constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y
la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia queda
aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
Respecto a la ordenación de los debates, les dije la semana pasada que la Mesa estaba experimentando cuál es la mejor manera de organizar las votaciones. Así pues, oída la Junta de Portavoces les proponemos, para que ustedes tomen sus
decisiones, que la primera votación relativa a una proposición de ley de comunidades autónomas del Parlamento de Cataluña no se realizará antes de las cinco de la tarde. A continuación se van a acumular las votaciones de las proposiciones no de
ley, por lo que este epígrafe no se votará en cualquier caso antes de las seis y media de la tarde. Y finalmente, respecto a las mociones consecuencia de interpelaciones, la votación no tendrá lugar en cualquier caso antes de las ocho y media de la
tarde. Así pues, primera votación, cinco de la tarde; segunda votación, seis y media y última votación, en torno a las ocho y media de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 125/000001.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el orden del día con la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas: la del Parlamento de Cataluña, orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. En representación del Parlament de Catalunya, tiene la palabra la honorable señora Cuenca i Valero, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Cuenca i Valero): Señor presidente, señorías, es un honor para mí... (Continúa su intervención en catalán.-Rumores.)
Señores diputados, dispongo del texto en castellano, que si lo estiman conveniente daré al presidente para su comprensión. En todo caso, solamente eran unas frases al comenzar la exposición y enseguida pasaré a exponerla en lengua
castellana para que lo entiendan sus señorías. (La señora diputada entrega a la Presidencia el texto en castellano, que dice lo siguiente: 'Es para mí un honor -habiendo sido diputada de esta Cámara durante dos legislaturas- presentar y defender
en nombre del Parlamento de Cataluña una proposición de ley que pretende modificar -si merece el voto favorable de SS.SS- la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, con la finalidad de garantizar y proteger los derechos lingüísticos de los
ciudadanos que accedan a la Justicia, derechos estos vinculados...' La señora diputada continúa su intervención en castellano.)... vinculados al derecho a la tutela efectiva consagrada por la Constitución española en el artículo 24 y, por otra
parte, a la adecuación del Poder Judicial o Administración de Justicia al Estado de las autonomías. El Pleno del Parlamento de Cataluña, en sesión de 24 de marzo, aprobó también la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
19/2003, sobre diversos artículos (en realidad muchos artículos, una cuarentena) por considerar que son inconstitucionales, evidentemente, prima facie. En la votación sobre la interposición del recurso de inconstitucionalidad fue aprobada por todos
los grupos parlamentarios de la Cámara excepto el Grupo Parlamentario Popular, y ocurrió lo mismo en la votación con motivo de esta proposición que hoy tengo el honor de presentarles.
Un aspecto de extraordinaria importancia contenido en esta proposición de ley es el tema de la lengua, que vinculamos no a la distribución territorial del poder del Estado sino al ejercicio de un derecho legítimo de los ciudadanos de
Cataluña; derecho lingüístico que, por otra parte, ha sido eficaz en el ámbito de las diferentes administraciones públicas, pero no así en el ámbito de la justicia, que ha sido impermeable. El conocimiento de la lengua propia del territorio, en
este caso de Cataluña, por parte de los funcionarios que acceden a una plaza en una comunidad autónoma con lengua propia es exigible -y esto es lo que pretendemos con esta proposición- por cuanto la lengua en ese territorio es lengua oficial; pero
no sólo por esto sino también por un principio de eficacia y celeridad en la Administración de Justicia.
Otro aspecto -les decía al principio en catalán y como lo repito en castellano yo creo que nadie podrá objetar desconocimiento- es la adecuación del Poder Judicial al Estado autonómico. Saben SS.SS. que el Poder Judicial es el único poder
del Estado que no está territorializado.
Hablamos con frecuencia de justicia de proximidad, de la conveniencia por tanto de aproximar la justicia a los administrados, pero la Constitución española atribuye al Estado competencia exclusiva en materia
de administración de justicia y, a la vez, establece el principio de unidad jurisdiccional consagrado en el artículo 117.5 de la Constitución española. En base a esto, señorías, ¿no es posible entonces ninguna participación de las comunidades
autónomas en la cuestión de la administración de justicia? Tengo que decirles que sí, y por la propia Constitución española que en el artículo 152.1 prevé esta participación, evidentemente, si los estatutos de autonomía de las correspondientes
comunidades autónomas así lo prevén. Es cierto que el deslinde competencial no se estableció en los estatutos de autonomía puesto que era un Estado autonómico incipiente y no estaba prevista esta distribución de competencias. En todo caso, la
Constitución española lo prevé y de esta manera el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Cataluña contiene una cláusula
subrogatoria que sitúa al Gobierno autonómico en la misma posición que estaría el Gobierno del Estado en cuanto a competencias en aquellas materias -me refiero a medios personales y materiales- que no son elementos esenciales en la función
jurisdiccional ni tampoco del autogobierno del Poder Judicial, y no por ello se rompe la unidad jurisdiccional, como a veces se ha oído decir. Lo reconocen explícitamente y con una doctrina interesante las sentencias -que creo que conocen SS.
SS.-52 y 60 de 1990. Nos estamos refiriendo a lo que en estas sentencias también se deslinda y se refiere a la administración de la Administración de Justicia, diferente de la función jurisdiccional o la Administración de Justicia stricto sensu.
A defender este deslinde entre lo que es la Administración de Justicia y la administración de la Administración de Justicia van destinados varios artículos de la proposición que hoy estoy presentando a SS. SS. Dentro de este apartado de la
distribución competencial merece atención especial, puesto que no puedo comentar todos los aspectos por el escaso tiempo asignado, lo relativo a los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia. Saben SS. SS. que hay dos tipos
de funcionarios, los que llevan a cabo una función jurisdiccional, es decir, los magistrados, jueces y también secretarios de gobierno, que en este caso sería parajurisdiccional, y otro tipo de funcionarios que son el personal al servicio de la
Administración de Justicia. Me refiero a estos puesto que sobre los primeros, los magistrados, jueces y secretarios, el Estado tiene competencia exclusiva en su regulación. Me refiero a estos segundos que son cuerpos nacionales única y
exclusivamente porque la ley orgánica así los define, y no solamente esto sino que les ha dotado de una naturaleza orgánica. Al conceptuar estos cuerpos de personal al servicio de la Administración de Justicia como nacionales, cuando es una materia
conexa que no tiene que ver con la justicia, se vacían de contenido las competencias de las comunidades autónomas; competencias que por otra parte les otorgan los estatutos de autonomía y la Constitución.
Por esto, señorías, es por lo que
pretendemos modificar esta ley, para que sea respetada tanto la Constitución como los estatutos de autonomía correspondientes, porque creemos que la Ley Orgánica 19/2003, del Poder Judicial, no respeta en este aspecto competencial el apartado 22 del
Pacto por la justicia que suscribieron todos los grupos parlamentarios, pacto que señalaba que había que redistribuir las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, siempre que estas competencias fueran asumidas en sus propios
estatutos. También los libros blancos de la justicia proponían con esta finalidad, para dotarnos de una justicia más eficaz -decía-, reducir las competencias del Ministerio de Justicia sobre...
El señor PRESIDENTE: Señora Cuenca, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
La señora CUENCA I VALERO: ... sobre este personal al servicio de la Administración de justicia; pero la ley orgánica la refuerza. Y entonces pregunto a SS. SS., ¿qué adaptación opera del Poder Judicial al Estado de las autonomías si las
comunidades autónomas no pueden materializar ni siquiera sobre este personal ni competencias de ejecución?
Señorías -voy acabando-, el Pacto por la justicia, como decía, fue suscrito por todos los grupos parlamentarios porque todos compartían la necesidad de reformar en profundidad la justicia, su organización, sus métodos, la distribución
territorial, pero la ley que había de plasmar el Pacto de la justicia, es decir esta ley orgánica, tuvo un débil grado de concertación no sólo política, con todo y ser muy importante, sino también profesional y socialmente. Tampoco fue avalada esta
ley orgánica por las comunidades autónomas, en concreto Cataluña y el País Vasco, y creemos que una reforma de tanto calado, de tanta profundidad, debería haber concitado algo más que la mayoría absoluta cuando ésta únicamente derivaba de un solo
grupo de esta Cámara, el Grupo Popular.
Nos encontramos hoy, señorías -acabo, señor presidente-, seis meses después de la aprobación de esta ley, proponiendo una reforma porque consideramos que no protege el derecho lingüístico de los administrados en su relación con la justicia,
porque la justicia en este sentido no es eficaz y porque se conculcan las competencias de las comunidades autónomas que, como Cataluña, las han previsto en sus propios estatutos.
Señorías, no debería ser difícil -es opinión de esta diputada del
Parlamento de Cataluña- la toma en consideración de esta proposición de ley, por cuanto los mismos grupos políticos que han apoyado en el Parlamento de Cataluña esta proposición conforman una más que suficiente mayoría parlamentaria en esta Cámara
y, por otra parte, dan también su apoyo al Gobierno socialista. Señoras y señores diputados, espero que esta proposición del Parlamento de Cataluña obtenga los suficientes votos para poder ser tramitada como proyecto de ley. Muchas gracias, señor
presidente, señoras y señores diputados, por su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El turno es para la ilustre señora Santos i Arnau, del Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi. Tiene la palabra.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Santos i Arnau): Señor presidente, señorías, tengo el honor de trasladar y defender en esta Cámara la Resolución 1670/6, del Parlamento de Cataluña, por la que se acordó presentar la
proposición de ley para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985. La proposición que defiendo y que cuenta con el apoyo de una amplísima
mayoría del Parlamento de Cataluña se contrae a tres aspectos básicos: el necesario conocimiento de la lengua propia y oficial de la comunidad autónoma por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia que desempeñan sus
funciones en ella, la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar de manera más eficiente el personal no judicial de la Administración de Justicia, y la reorganización de la oficina judicial y el papel de los secretarios judiciales. En
definitiva, se contrae a la necesaria y pendiente adaptación de la Administración de Justicia a la configuración autonómica del Estado. No es momento ahora de entrar en los múltiples aspectos técnicos de la proposición; tiempo habrá si -como
espero- se aprueba su toma en consideración. Baste decir por ahora que nada, ni técnica ni constitucionalmente, impide dichas reformas. Antes bien, se estarían dando los pasos para dar cumplimiento a algunos de los derechos fundamentales, a
adecuar también la Administración de Justicia al Estado de las autonomías y mejorar sensiblemente la eficacia del servicio público de la justicia, que en definitiva es de lo que se trata.
En relación con el requisito de conocimiento de la lengua propia y oficial, la proposición plantea efectivamente la necesidad de su conocimiento, y lo hace con escrupulosa prudencia y mesura para los funcionarios, porque lo que se propone no
está afectando a los derechos de cuerpo de estos funcionarios, ni a su acceso ni a su asignación ni a su movilidad. Lo que en realidad está afectado por la actual regulación es el ejercicio de derechos lingüísticos de los ciudadanos, el ejercicio
de derechos lingüísticos del justiciable, y por tanto se vincula a la tutela judicial efectiva. Sólo un 6 por ciento de los procedimientos y de las sentencias de las casi dos millones de actuaciones judiciales anuales en Cataluña se dictan en
catalán, y aún gracias a planes piloto de fomento. En otros ámbitos de las administraciones públicas y con relación al uso y conocimiento de las lenguas se ha sabido encontrar solución y acomodo para los distintos derechos e intereses en presencia
-véase lo arbitrado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre-, pero inexplicablemente y pese a mayor razón para aplicarlo la Administración de Justicia ha quedado hasta ahora al margen. Por lo que respecta a la posibilidad de gestionar el personal no
judicial por parte de las comunidades autónomas tiene en estos momentos, si cabe, mayor sentido. La nueva regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley 19/2003, lo dificulta de tal manera que incluso priva de virtualidad
a los artículos 150 de la Constitución y 18 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Quizá se trate de un problema de enfoque, de dónde poner el énfasis: la justicia como poder o la justicia como servicio público. Nosotros, reconociendo sin ningún
género de duda la primera, entendemos que es perentorio poner todos los medios que garanticen la calidad y la eficacia del servicio público de la justicia, y eso pasa por la inmediación también en la gestión. Cuando proponemos la supresión del
modelo de los cuerpos nacionales no ponemos en cuestión la competencia exclusiva del Estado que figura en el artículo 149.1.5 de la Constitución, pero sí afirmamos junto al Tribunal Constitucional en sus sentencias 56 y 62 de 1990 que no es el único
modelo admisible constitucionalmente y que un modelo distinto permitiría al Estado y a las comunidades autónomas aplicar la cláusula subrogatoria y en su virtud, sin perjuicio de su estatuto jurídico básico, poder desarrollar una política de
personal más acorde a las necesidades y realidades de la comunidad.
He intentado sintetizar -y creo que lo he conseguido- en el escaso tiempo de que dispongo las razones que justifican esta proposición. Para acabar, porque es justo, conveniente, necesario y razonable, sobre todo muy razonable, solicito de
SS.SS. un voto favorable a su toma en consideración.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Santos.
La palabra es para el ilustre señor Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ridao i Martin): (Comienza su intervención en catalán.-Rumores.)
Ciertamente, no puede desconocerse que la Constitución consagra o diseña al mismo tiempo que un poder judicial claramente independiente, y por tanto protegido de las vicisitudes políticas más inmediatas, un poder judicial único; un poder
judicial único además que es el principal exponente de -diríase- la extrema debilidad del principio federal en la Constitución de 1978; una Constitución que con unas bases fuertemente centralizadas y centralistas consagra el principio de la unidad
jurisdiccional, hace una remisión del Poder Judicial a una ley orgánica, integra en un único cuerpo estatal a los jueces, magistrados, secretarios, fiscales, y a partir también de la configuración de una competencia claramente exclusiva del Estado
en la Administración de Justicia y en la legislación procesal. Pero ello no quiere decir, como han dicho también las señorías que me han precedido en el uso de la palabra, que las comunidades autónomas, pongamos por caso la Generalitat de
Catalunya, no puedan asumir más competencias, o bien que los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial o las distintas funciones jurisdiccionales no puedan adaptarse a las estructuras de nuestro Estado de las autonomías, que es un Estado
compuesto en el marco de la Constitución, aunque lo deseable sería que en el marco de una eventual reforma de la Carta Magna este tema pudiera solucionarse. Así lo tiene dicho, por cierto, el Tribunal Constitucional cuando admite la existencia
de otras opciones constitucionalmente posibles. De ahí que lo que se pretenda con esta proposición de ley sea, en primer lugar, reforzar las competencias autonómicas conferidas ya por los respectivos estatutos, atendiendo a que el propio
Tribunal Constitucional tiene dicho reiteradamente que la administración de la Administración de Justicia no forma parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva del Estado.
En segundo lugar, se pretende interiorizar o, si ustedes lo
prefieren, territorializar también todo el personal al servicio de la Administración de Justicia incorporándolo a la función pública autonómica, por tanto contra la opción de mantener los actuales cuerpos nacionales, una solución desde luego, al
menos desde nuestro punto de vista, totalmente incompatible con las competencias autonómicas y que hoy en día abraza aspectos tan prosaicos como la convocatoria de las distintas vacantes, la selección y formación del personal, la provisión de
destinos, el horario, la jornada, el régimen disciplinario, lo que, dicho sea de paso -como reconocía el propio Libro Blanco de la Justicia-, añade una excepcional complejidad al sistema de reparto de funciones o de competencias en esta materia
entre el Estado y las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, con esta proposición de ley se propone introducir el requisito del conocimiento tanto de la lengua como del derecho propio de las comunidades autónomas
de que disponen para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, y en el caso de jueces y magistrados, sobre los que esta proposición de ley pone especialmente el acento, la introducción del catalán como requisito para cualquier
concurso de traslado, la introducción también de programas de formación intensivos y la garantía total para el justiciable de la utilización de la lengua oficial que designen las partes en el procedimiento y, en caso de discrepancia, la lengua
propia de la comunidad. Ello es así para poder, en primer lugar, equiparar jurídicamente el trato de las distintas lenguas diferentes del castellano, ni más ni menos el trato que hoy en día las distintas administraciones públicas ya garantizan; en
segundo lugar, proteger debidamente los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, de todos los usuarios, de todos los justiciables, porque el derecho del justiciable a escoger libremente la lengua con la que quiere relacionarse con la
Administración de Justicia es un derecho fundamental y un derecho que hoy, señorías, no está suficientemente garantizado porque, por ejemplo, los jueces y magistrados no tienen el deber de conocer el catalán, el euskera o el gallego, lo que sin duda
explica, por cierto, que en Cataluña el uso del catalán no se corresponda con la realidad sociolingüística del país. Un país donde el 99 por ciento de la población entiende el catalán evidentemente no se compadece, en absoluto, no es posible que se
compadezca con la disponibilidad lingüística de la mayoría de oficinas judiciales donde el catalán está bajo mínimos, o que el total de las actuaciones escritas y orales en la Administración de Justicia no llegue al 25 por ciento. Tales objetivos,
por tanto, como los diez mandamientos, se encierran básicamente en dos: el primero es mejorar la eficiencia de un servicio público esencial, un servicio público básico en un Estado de derecho para dar también respuesta diligentemente a las
exigencias y necesidades de los ciudadanos; en segundo lugar, contribuir modestamente, si ustedes quieren, a fulminar la idea centralista de que la justicia tiene poco o nada que ver con las comunidades autónomas. No en vano hace muy pocos días en
esta misma Cámara, en la Comisión de Justicia, el ministro señor López Aguilar anunció su compromiso, en primer lugar, de dar más competencias a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, una cuestión largamente
reivindicada, como ustedes saben, pero al mismo tiempo expresó también su claro deseo de que las distintas lenguas oficiales sean utilizadas, afirmando que en este ámbito hay que ser valientes. Pues bien, lo que no conocemos todavía del señor
ministro y de su Gobierno, de la mayoría que le da apoyo, son exactamente los términos de ese coraje, de esa valentía que él exhibía. Por ello, los diputados que hemos presentado esta iniciativa en nombre del Parlamento de Cataluña esperamos que
hoy se concrete ese primer paso, que dicho primer paso sea un paso firme y determinado en favor de una justicia más próxima y en favor del respeto y de la igualdad de todas las lenguas oficiales. (Termina su intervención en catalán.) (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tienen la palabra la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Antes de nada, quiero dar la bienvenida a los miembros del Parlament de Catalunya, a los que tenemos que agradecer que hayan traído esta iniciativa porque desde luego se corresponde con el contenido de lo que nosotros, como Eusko
Alkartasuna, hemos defendido siempre en los debates sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y en todas y cualesquiera de las iniciativas que se han planteado en esta Cámara relativas a la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en
relación con la Administración de Justicia. Por eso la proposición que hoy nos presentan contará con nuestro voto favorable. Y ello es así porque entendemos que el contenido de la misma recoge una buena regulación con respecto al uso de las
lenguas en la Administración de Justicia, un tema que hay que regular de forma correcta, acorde con los derechos lingüísticos que los ciudadanos se merecen. También estamos
de acuerdo con la regulación que perfila el Parlament de Catalunya en relación con el personal al servicio de la Administración de Justicia y con el modelo de oficina judicial que apuntan en esta iniciativa. En cuanto a los derechos
lingüísticos, es evidente que hablan ustedes de los derechos que los ciudadanos y ciudadanas tienen en relación con la Administración de Justicia, como cualquier Administración que tiene que dar un servicio público al ciudadano, pero también hacen
referencia al derecho que tienen de defensa, al igual que hablan del principio de una Administración eficaz en relación con esta cuestión. Ya es hora de que se lleve a cabo una regulación acorde con la función que tienen que desarrollar los agentes
y operadores que intervienen en el proceso judicial, puesto que ha pasado ya mucho tiempo sin que esto se haga realidad.
Habría que citar aquí el contenido del propio ordenamiento jurídico y no solamente el de los estatutos de autonomía, el de la propia Constitución.
Hay que recordar al Gobierno del Estado que tiene que cumplir con los compromisos jurídicos
asumidos, con la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias, y que tiene que hacer suya una política de defensa e implantación de estos en todos los ámbitos del poder del Estado. Nosotros
hemos defendido siempre esto y así lo hicimos también en el debate de totalidad en relación con la ley que hoy pretendemos modificar, la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
En cuanto a la segunda cuestión, relativa al personal al servicio de la Administración de Justicia, Eusko Alkartasuna defendió en esa tramitación la eliminación del concepto cuerpos nacionales, un concepto totalmente arcaico que no responde
a la modernidad de la Administración. Esta fue una de las razones fundamentales en las que basamos nuestra enmienda a la totalidad con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente en los títulos V y VI. El modelo que se plantea en
esta proposición tiene nuestra total conformidad, dado que pone de relieve algo que nunca debió obviarse: las competencias de los estatutos de autonomía, en nuestro caso del Estatuto de Gernika, sobre todo por lo que se refiere a la cláusula
subrogatoria que atribuye a las comunidades autónomas, aquellas que tienen competencia, las mismas facultades que se reserva el Gobierno o, en su caso, el Ministerio de Justicia. También nos parece un avance las previsiones que hacen referencia a
que los secretarios tengan la consideración de personal al servicio de la Administración de Justicia y a que hay que acotar más adecuadamente sus funciones.
Ustedes nos proponen más cuestiones en las que no vamos a detenernos hoy, en la creencia y en la esperanza de que esta toma en consideración pasará este trámite y podremos, sin lugar a dudas, hacer nuestras aportaciones a una ley con la que
no estuvimos de acuerdo en su contenido y no respondía ni responde a los retos que tiene planteados la Administración de Justicia con relación a cómo organizar la oficina, a cómo debe ser la defensa de los derechos lingüísticos de todos los
ciudadanos y ciudadanas, sin perjuicio de la lengua en la que se quieran dirigir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Es siempre una satisfacción para el Bloque Nacionalista Galego contar con la presencia de los dignos representantes del Parlamento de Cataluña que, además, vienen siempre a este Congreso de los Diputados con iniciativas de su Parlamento que
inciden en el problema del respeto por los derechos humanos -lo digo así- y respeto por la diversidad cultural y lingüística en el Estado español. Es, señora y señores diputados, la tercera vez que se va a debatir en este Congreso, por lo menos
desde 1996, una iniciativa que intenta modificar la Ley Orgánica de 1985, del Poder Judicial, precisamente para que todos los ciudadanos del Estado español, sea cualquiera la lengua que tenga como usual, pueda ejercer en esta lengua sus actividades
frente a la Administración de Justicia, sin desamparo, sin coerción y sin ningún tipo de represión. Digo que es la tercera vez porque ya en 1997, precisamente a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, se debatió una proposición que intentaba
modificar la Ley Orgánica en el siguiente sentido. Decía: Para la provisión de las plazas de presidentes de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias, en aquellas comunidades autónomas que gocen de derecho civil especial o foral
así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial exigirá como requisito la especialización en estos derechos, civil, especial o foral, y de conocimiento del idioma propio de la comunidad autónoma. Y añadía:
Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración del conocimiento del idioma propio y del derecho civil, especial o foral, de las referidas comunidades autónomas a los efectos de determinar si se cumplen los requisitos referidos en el
artículo anterior para poder concursar a los órganos jurisdiccionales. Y acababa diciendo. En los concursos para la provisión de plazas en el territorio de aquellas comunidades autónomas que tengan lengua propia, se exigirá como requisito para
poder acceder al concurso el conocimiento de ésta en los términos que se establezcan reglamentariamente. No prosperó esta iniciativa, como no prosperó otra nueva -también del Parlamento de Cataluña- en esta dirección en la legislatura anterior.
Esperemos que esta vez tengamos éxito, porque es uno de los puntos más sangrantes y una de las deficiencias mayores desde el punto de vista democrático que se está dando en el
Estado español. Que la Administración de Justicia, que es la que debe velar por el amparo y respeto de los derechos de todos los ciudadanos, no esté sometida a ese derecho que obliga a respetar la diferencia lingüística es increíble y
conculca no solamente los derechos humanos elementales, sino el principio de cooficialidad y también ciertos textos de carácter internacional que el Gobierno español ha firmado, como la denominada Carta europea de lenguas minoritarias.
Concluyo, señorías. Una de las grandes novelas de la literatura gallega del siglo XX es precisamente el interrogatorio de un juez a un acusado de asesinato que pertenece a las clases populares, una novela que fue llevada al cine, no muy
afortunadamente, por Gonzalo Suárez y que en español se llamaba algo así como: La diversión o La juerga; en gallego: A Esmorga. Pues bien, nuestro escritor tuvo que recurrir a poner las palabras del magistrado simplemente con un guión y en
blanco, solamente para que pudiera ver las respuestas de un hombre de las clases populares que no sabía hablar más que gallego. Así podíamos comprender hasta qué extremo no había diálogo, hasta qué extremo había sordera e indiferencia.
Aspiramos a
que en el futuro no solamente el juez o el magistrado, sino todas las partes afectadas, al unísono, puedan utilizar la lengua de su parecer con un criterio que se emplea incluso para respetar a los ciudadanos extranjeros en el Estado español. Y,
por supuesto, que toda la estructura de la justicia deje de justificar su total falta de interrelación con los gobiernos y las administraciones autonómicas en nombre de que son cuerpos nacionales, algo así como si fueran militares no se sabe al
servicio de qué. Son funcionarios al servicio de la sociedad y si algún día llegamos a tener una estructura judicial en el Estado español donde la cúspide, la pirámide sea el Tribunal Superior de Justicia de cada una de las comunidades autónomas,
lo lógico es aceptar las propuestas que se hacen de forma mesurada y comedida en esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo quiere que nuestras primeras palabras sean de saludo, acogida y bienvenida a los tres representantes del Parlamento de Cataluña que nos traen esta iniciativa cuya toma en consideración mi grupo va a votar favorablemente.
Estamos en esa línea de favor por los siguientes principios. Primero, el principio de solidaridad de comunidad autónoma con comunidad autónoma, con partidos nacionalistas y con los que sienten que el título VIII de la Constitución española
cubre perfectamente el principio de constitucionalidad con que llega aquí la iniciativa del Parlamento de Cataluña. Por tanto, por nuestra parte no hay ninguna duda sobre estos derechos que se reconocen a los pueblos, a las nacionalidades del
Estado español, sobre estos ajustes en una legalidad del día a día y en lo que demanda la sociedad, basados en los principios constitucionales. Segundo, el principio que ya se empleó en la transición para hacer posible la convivencia a la salida de
la dictadura de que había que hacer normal en el ámbito de Gobierno y, por tanto, de la Administración, lo que es normal a nivel de calle, y en la normalidad de las calles de Cataluña, en la lengua conjunta o como se quiera decir, está el catalán en
todos sus derechos y principios. Por tanto, nos parece del mejor sentido común y de la mayor naturalidad llevar a esta área de lo que viene reglamentado -en muchos aspectos ya casi se nos ha quedado anticuada la Ley del Poder Judicial de 1985- esta
modificación que se pretende. ¿Qué más lógico para esta normalización que el vínculo intermedio, las estructuras del aparato judicial en cualquiera de sus niveles, de magistrado, de jueces, de secretarios de justicia, de personal, tengan la
obligación y el derecho de conocer precisamente una lengua vernácula como el catalán para la Administración de Justicia? Es una forma; lo importante para todo ciudadano sería que tengamos una buena justicia, una justicia al servicio del pueblo en
todos sus aspectos, de los principios de fondo y de los principios de forma. Por todas esas razones, mi grupo, cómodamente, votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa del Parlamento de Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posición del señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, quiero agradecer su presencia, grácias als grups que representen la nostra voluntad, la voluntad també d'ICV, y darles la bienvenida porque nuestro grupo parlamentario es el cuarto grupo que dio
apoyo a esta iniciativa, a esta proposición de ley.
Creemos que es importante y muy positiva la noticia de que la primera proposición de ley viene del Parlament de Catalunya y procede de una iniciativa que se ha repetido en esta Cámara en diferentes ocasiones y que, a diferencia de las otras
veces, esta vez sea previsible el voto favorable de la Cámara. De hecho, esta proposición de ley trata algo que no está bien resuelto, la relación entre la Administración de Justicia y las comunidades autónomas. Trata y afecta a derechos básicos,
a derechos lingüísticos no reconocidos en la Administración de Justicia, en Cataluña en concreto, y al conocimiento del derecho propio. Además, lo hace en circunstancias muy distintas. En la anterior legislatura, en el Parlament de Catalunya la
señora Nadal,
hoy aquí presente, discutía con Rafael Ribó, diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds en el Parlament de Catalunya, sobre la oportunidad de que prosperase esta proposición de ley y el señor Ribó anunciaba que difícilmente saldría adelante
debido a la mayoría existente en el Congreso de los Diputados. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo parlamentario que es el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, valoramos muy
positivamente el cambio de circunstancias que hará que una iniciativa discutida de forma diferente, pero de forma reiterada en esta Cámara, sea aprobada de forma definitiva. ¿Con qué objeto? Con el objeto de garantizar el derecho lingüístico de
ciudadanas y ciudadanos que utilizan el servicio de la Administración de Justicia. Se trata del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. De hecho, la fórmula seguramente no es la más exigente, pero
supone y expresa un paso adelante importante. Exige el conocimiento del derecho propio, el conocimiento de la lengua en el caso concreto del concurso de traslado. Y esto para nosotros es un paso adelante que equipara jurídicamente las distintas
lenguas y que equipara los derechos de los ciudadanos en la elección de las mismas. El segundo objeto es que cabe de forma definitiva la intervención de comunidades autónomas, de acuerdo con el Real Decreto 246/1996, el reglamento orgánico de
cuerpos oficiales, auxiliares y de agentes al servicio de la Administración de Justicia. La proposición plantea el control por parte de la oficina judicial de la Generalitat de lo que tiene que ser la Administración de Justicia. De hecho, la
política de personal más acorde a las necesidades de la Administración de Justicia necesita de la participación activa, activísima, de la Administración autonómica y, en el caso concreto de Cataluña, de la Generalitat. Esta asunción de competencias
por parte de las comunidades autónomas supone que acabemos de una forma definitiva con una situación de anormalidad en Cataluña. La normalización del catalán, dada en la mayoría de la sociedad, tiene un vacío muy claro. Todos aquellos que hemos
participado en la Administración de Justicia lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Aquí ya no basta con las políticas realizadas hasta el momento, no basta con la subvención, no basta con destinar más recursos a esta normalización del catalán. Todo
esto ya se ha hecho. Lo que necesitamos, en definitiva, es la adecuación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el estatuto jurídico básico del personal de justicia, de acuerdo con los artículos 150.1 y 122 de la Constitución. Se trata de
adecuar este estatuto jurídico básico del personal de justicia a una administración como la de la Generalitat, a una administración donde ha habido un proceso de descentralización y un proceso de asunción de competencias, donde comunidades autónomas
tengan capacidad de incidir.
Por todo eso, nuestro grupo va a apoyar la propuesta. Entendemos que esta propuesta es aquello que significa empezar a dar cuerpo al compromiso político del ministro de Justicia, un compromiso político que de lo que
hablaba era de la asunción del carácter plurilingüe, también en la Administración de Justicia. Por tanto, creemos muy positivo que hoy la que empieza a marcar los tiempos, la que empieza a dar contenido, la que empieza a definir este carácter
plurilingüe también de la Administración de Justicia, la que da contenido al artículo 24 de la Constitución, consagrando el derecho a la tutela judicial efectiva, sea esta proposición de ley. Es por ello que nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds dará apoyo a esta proposición de ley asumiendo el compromiso que adquirimos en el Parlament de Catalunya, anunciando la buena nueva que es que este Parlamento va a apoyar esta iniciativa y
evidenciando que las condiciones en que se dio el debate entre la señora Nadal, el señor Ribó, el señor Ridao, el señor Vallés y tantos otros han cambiado y, afortunadamente, una iniciativa reiterada en el Congreso de los Diputados con formas
distintas, seguramente con matices también distintos, por primera vez va a prosperar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo quiere comenzar dando la bienvenida a los representantes del Parlament de Cataluña, considerando que vemos con extraordinaria simpatía la iniciativa que hoy nos traen, primero, por el tipo de la misma, es decir, que
propone introducir la voluntad de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en el Congreso de los Diputados, y, en segundo lugar, por su contenido, al que también me referiré.
Todos ustedes conocen -ahora que estamos hablando de posibles modificaciones en el texto constitucional o en el Reglamento de esta Cámara- que fue absolutamente novedoso reconocer en el texto constitucional la iniciativa legislativa de las
asambleas de las comunidades autónomas. En la regulación constitucional de esta figura late inicialmente una cierta paradoja: si de una parte la potestad de remitir proposiciones de ley, que se reconoce a las asambleas autonómicas, constituye por
sí misma una manifestación específica del principio de cooperación, a todos nos parecía que la relación órganos de las comunidades autónomas con los órganos del Estado estaba más bien inspirada en el principio de competencia. Este reconocimiento
constitucional se hace en el artículo 87.2 del Reglamento de la Cámara, Reglamento que ahora también
estamos hablando de modificar; también se había dado cabida a esta iniciativa. Es interesante ver el fruto que han dado a lo largo de los últimos tiempos estas iniciativas para ver si ahora que hablamos de modificaciones debe o no
mantenerse esta posibilidad de ejercicio de la potestad. También hubo divergencias en cuanto al criterio de qué materias podían o no ser objeto de iniciativa legislativa por parte de los órganos de las comunidades autónomas y por fin se decidió que
cualquier materia podía ser objeto de iniciativas de esta índole, es decir, también cuando se proponían modificaciones de leyes orgánicas, como es el caso. Ocurre que ésta fue presentada en la legislatura anterior, y también respecto de si
sobrevivían de una a otra legislatura ha habido divergencias a lo largo de la historia parlamentaria de esta Cámara. En la I y en la II Legislatura se consideraba caducadas estas iniciativas, sin embargo, con posterioridad, se entendió que no hacía
falta que fuesen ratificadas por las correspondientes asambleas de las comunidades autónomas y se permite su pervivencia, una vez vueltas a calificar por el órgano correspondiente cuando comienza la nueva legislatura.
A lo que iba, señorías, ¿qué pasa habitualmente con las iniciativas propuestas a esta Cámara por las asambleas de las comunidades autónomas? En la VII legislatura se presentaron un total de 42, de las que 14 no se tramitaron y han sido
trasladadas al próximo Congreso, como dice la base de datos, para ser tramitadas en esta legislatura, puesto que sólo habían sido calificadas; sólo tres de las 42 fueron tomadas en consideración -pero sólo tomadas en consideración, jamás avanzaron
más- y éstas sí han caducado al terminar la legislatura; han tenido sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y han terminado decayendo. Finalmente sólo una, del Parlamento gallego, por la que se declara el Parque nacional
marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, llegó a buen puerto, llegó a ser ley en el Boletín Oficial. Es también curioso que fuese una iniciativa del Parlamento gallego, del mismo color político que el que sustentaba la mayoría
parlamentaria en esta Cámara.
Hago esta reflexión, señorías, para que valoremos si el sentido inicial que tenía la inclusión en la Constitución y la inclusión en el Reglamento de esta Cámara de la iniciativa de los parlamentos de las comunidades autónomas tiene hoy igual
alcance. Parecería como que se intenta que puedan llegar a ser normas lo que se propone desde instancias autonómicas, y vemos que esto, porque la estadística nos lo acredita, no es así. Cierto es que hay que acreditar que también existe -el paso
del tiempo lo ha evidenciado- un importantísimo interés político. Puede ocurrir que la postura sostenida por unas formaciones políticas en el Parlamento autonómico no vaya a ser idéntica a la sostenida en este Parlamento, en estas Cortes Generales,
y por tanto también existe un interés político de evidenciar que lo que voto allí no soy capaz de sostenerlo luego en el Congreso de los Diputados. Interés político indudable, pero distinto del de la institución inicialmente prevista en el
Reglamento de estas Cortes Generales y en la Constitución, que era el de poner en marcha la maquinaria parlamentaria, que, como he acreditado con los resultados reales, no ocurre en la práctica. Buen tema para que podamos reflexionarlo. He
indicado que mi formación política veía con extraordinario interés el contenido de la iniciativa, puesto que se trata de hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la Administración de Justicia, y para ello es preciso dar nueva
redacción a preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en lo que hace referencia a dos aspectos importantes; primero, la utilización de la lengua dentro del propio proceso, y segundo, la valoración que de la lengua se
hace en la selección y provisión. Cierto es que las referencias que hay en la iniciativa a la Ley Orgánica del Poder Judicial son a la dicción de esta ley, anterior a la última modificación que sufrió por la Ley 19/2003, no en el artículo 231,
cuando se habla del uso de las lenguas en los procesos, pero sí en lo que hace referencia a selección y provisión. En lo que ha quedado establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial hoy vigente, para el acceso y la provisión, la lengua se
interpreta simplemente como requisito, si bien para el acceso en algunos casos y en función de la valoración de los puestos de trabajo que se pueda hacer puede convertirse en requisito; en la proposición siempre es requisito tanto para el acceso
como para la provisión, postura que a la formación política a la que represento le parece bien. Nos parece que la dicción de la iniciativa tiene problemas, es de difícil plasmación y puede tener dificultades en aquellos casos en los que en la
circunscripción haya un único juez conocedor de la lengua en lo que hace referencia a la predeterminación del juez puesto que, por hablar del caso vasco, puede darse el supuesto que haya uno solo euskaldun, pero también están en juego otros derechos
fundamentales como la inmediatez, por ejemplo, si va a existir traducción o también el valor que de cara al derecho de defensa tiene la viva voz del acusado a la que ha dado validez la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que hace
referencia a la propia utilización por el interesado de su derecho de defensa en el idioma en el que se sienta más cómodo, sin interferencia de traducciones. Propone la iniciativa consecuencias muy extensas que hay que pensar bien, pero en este
trámite únicamente estamos hablando de que tenga entrada en la Cámara y que luego pueda ser debatido, analizado y sometido a todos los juicios que nos parezcan oportunos, tanto de constitucionalidad como de valoración en relación con las concretas
circunstancias o los mapas sociolingüísticos de cada una de las comunidades. Quizá haya que valorar también que sería preciso residenciar en las propias comunidades autónomas, mucho más cercanas y titulares
del derecho de la normalización lingüística, la regulación del uso de lenguas distintas del castellano también en los procedimientos judiciales, si como es nuestra querencia, por ejemplo, no existiesen los cuerpos nacionales, fuesen cuerpos
propios de la comunidad autónoma y fuese posible establecer los perfiles lingüísticos adecuados a cada una de las plazas. A este respecto quiero manifestar que me sorprendió enormemente que, en su primera comparecencia, el señor ministro de
Justicia hiciese referencia a la utilización de lenguas distintas del castellano, pero no se refiriese para nada a su uso en los procedimientos judiciales; solamente habló de la legislación registral. A los procedimientos judiciales, insisto, no
hubo referencia alguna. Sorprende todavía más cuando en fecha muy reciente, creo que el jueves pasado, se produjo en esta Cámara la dación de cuentas de quienes son miembros por parte del Estado español en la Oficina Europea que vela por que se
cumpla la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias -por cierto, reunión a la que no asistió ningún representante del Partido Socialista-, en la que tuvieron a bien dar cuenta de cómo se va valorando la aplicación del cumplimiento de
esa Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias en España en aquellos lugares donde hay lenguas distintas del castellano. Pues bien, la valoración que se hace respecto del euskera en los procedimientos judiciales indica dudas respecto de
la propia regulación en este momento, pero sobre todo marca un cierto retroceso en relación con momentos anteriores. Nos sorprende, por tanto, que las autoridades que en este momento velan por el cumplimiento de estas normativas no hayan tenido un
mayor cuidado, una mayor diligencia o siquiera una mayor predisposición a contemplar el asunto cuando se hizo gala de su exposición en la primera comparecencia ante el Congreso.
En los dos aspectos de iniciativa legislativa traída a la Cámara por un parlamento de una comunidad autónoma y en la vertiente del contenido concreto de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a expresarse también en los procedimientos
judiciales en lengua distinta del castellano, la iniciativa traída por el Parlament de Catalunya es vista, insisto, con extraordinaria simpatía por el Grupo Vasco y, como ya he anunciado desde el principio, va a tener nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: President, señorías, els recorde que en aquesta intervenció hauré de parlar-los en castellá, perquè els drets lingüístics dels catalano-parlants, del país valenciá no ens són reconeguts en aquesta Cámara. Estem
convençuts que ben aviat posaru fí a aquesta injustícia.
Señorías, la Administración de justicia es un servicio público esencial y el objetivo de esta proposición de ley es precisamente mejorar la eficiencia de este importante servicio. La reforma afecta a aspectos de gran importancia social y
política en aquellos territorios del Estado que tienen reconocida lengua oficial distinta del castellano, así como en aquellos territorios que tengan reconocida la cláusula subrogatoria referente a la gestión de la Administración de justicia, donde
al día de hoy consideramos que el servicio público de la justicia puede calificarse de deficiente.
La reforma propuesta abarca tres aspectos importantes que pueden contribuir a hacer efectivos y a garantizar los derechos y libertades de los justiciables, y en nuestra opinión a mejorar la eficiencia de la Administración de justicia. En
primer lugar, nos referiremos al requisito de conocimiento de la lengua y del derecho propio de la comunidad autónoma que ha de tener el personal al servicio de la Administración de justicia. Poco a poco las normas relativas a la Función pública
estatal y autonómicas han ido incorporando regulaciones en este sentido, estableciendo que a la hora de la selección del personal se ha de prevenir, entre otros aspectos, la capacidad del personal para cubrir puestos de trabajo en los territorios
con dos lenguas oficiales, es decir una determinada competencia lingüística en las dos lenguas oficiales.
También la jurisprudencia, que especialmente durante la última década ha admitido esta exigencia de conocimientos lingüísticos, no ya como
mérito sino como requisito; siendo de otra manera, es decir si los funcionarios públicos de la Administración de justicia no tienen conocimiento de las lenguas oficiales, nos encontramos ante la paradoja que la propia Administración de justicia no
puede garantizar los derechos lingüísticos de su ciudadanía ni tampoco el propio sistema de doble oficialidad. Es así como ha funcionado la Administración de justicia en el aspecto del conocimiento de la lengua que ha de tener el personal al
servicio de esa Administración de justicia. No se han tomado las medidas oportunas ni se ha reformado la legislación pertinente para garantizar que en los procesos penales, civiles, administrativas, laborales o sociales, a petición de una de las
partes los órganos jurisdiccionales tramiten todo el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias. En concreto no se ha hecho nada para alterar las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que son objeto de esta proposición,
que en la cuestión lingüística ha quedado legitimada por la sentencia del Tribunal Constitucional 105/2000, incumpliendo el apartado i) del artículo 9.1 a), b) y c) de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, siendo más flagrante
el incumplimiento en los territorios con lenguas regionales o minoritarias que no son oficiales. Por esta causa, y tal como hacía referencia la
exposición de motivos de la proposición de ley objeto de este punto del orden del día, presentada por el Parlamento de Cataluña, desde Esquerra Republicana, grupo que promovió esta misma proposición en el Parlamento de Cataluña, creemos
indispensable dar nueva redacción a los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1.º de julio, del Poder Judicial, que hace referencia al conocimiento y uso de las lenguas oficiales por parte de los jueces, magistrados, secretarios judiciales y el
conjunto del personal al servicio de la Administración de justicia destinado en las comunidades autónomas con lengua oficial propia, con especial incidencia en los artículos 231 y 341. Se trata de un paliativo a la situación actual, dado que lo
procedente sería una territorialización de los procesos selectivos, pero con una primera garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía nos parece muy adecuado el hecho de que para la previsión de que en una asignación forzosa te destinen a
una comunidad con lengua propia, la proposición establezca que el conocimiento de la lengua propia se considere como mérito, mientras que si se trata de una solicitud de destino voluntario, los conocimientos de la lengua propia sean considerados
como requisito de capacidad. Todo ello no puede desligarse de la necesaria promoción e inversión en la adecuada formación y capacidad lingüística del personal al servicio de la Administración de justicia. Por lo que se refiere a este primer punto
que abarca la proposición, promoveremos desde estos escaños todas aquellas propuestas que garanticen el derecho lingüístico de la ciudadanía como derecho vinculado a la tutela judicial efectiva como principio fundamental que ha de regir en la
Administración de justicia.
En segundo lugar, la proposición apunta una serie de propuestas referidas a la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar de forma más eficiente el personal no judicial de la Administración de justicia. Este personal es una pieza
clave en el funcionamiento de servicio, pero la actual situación estatutaria que se encuentra en los cuerpos estatales dificulta frecuentemente una gestión adecuada de sus capacidades y disponibilidad.
Estamos dispuestos también a promover una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suprima el carácter estatal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, atribuyendo de esta forma la posibilidad a
las comunidades autónomas que hayan adoptado las denominadas cláusulas subrogatorias en materia de gestión y administración de la justicia, las facultades que se atribuyan al Gobierno.
Apoyamos también una ampliación de competencias que supondría una asunción de competencias legislativas respecto del personal al servicio de la Administración de justicia en las comunidades autónomas con la denominada cláusula subrogatoria
en materia de justicia, para que puedan asumir con garantía de éxito más rendimiento y mayor eficacia en el trato con el personal no judicial de la Administración de justicia, y en consecuencia una nueva redacción de los artículos afectados en los
títulos I, III y IV del libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge la proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña.
En tercer lugar, también creemos oportuna una nueva organización de la oficina judicial y una redefinición de las funciones de la figura del secretario judicial, dado que la organización y la gestión de la oficina judicial ha de quedar,
también desde nuestro punto de vista, en otras manos.
En los tres casos a los que hemos hecho referencia las reformas hacen una apuesta por una mayor eficacia del sistema de la Administración de justicia. Por todo ello respaldamos y votamos a favor de la proposición de ley presentada por el
Parlamento de Cataluña. Creemos necesario, tal como recoge la proposición objeto de debate, que esta Cámara inste al Gobierno para que presente un proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se dé nueva
redacción a todo el libro VI de la citada Ley, con la finalidad de regular el estatuto básico del personal al servicio de la Administración de justicia en los términos y principios apuntados en la proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la ilustre diputada María Eugenia Cuenca, a la ilustre diputada Lidia Santos, y al ilustre diputado Joan Ridao, dignos representantes del Parlament de nuestro país, del Parlament de Catalunya, i
que han vingut avui a presentar la proposició de lley sobre reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En nomt Convergència i Unió sigueu benvingut al Congres dels Diputats.
Señorías, éste no es el primer debate que se produce en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en los aspectos que hoy nos plantean los diputados del Parlament de Catalunya.
Es un debate que ha sido ya recurrente en esta Cámara, lo ha sido a iniciativa de otros grupos parlamentarios y muy específicamente a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hemos traído reiteradas veces a este hemiciclo
lo que plantea esta proposición de ley en su primer aspecto. En su primer aspecto impulsa los derechos lingüísticos de los ciudadanos con una lengua oficial propia distinta a la lengua castellana. En Cataluña tenemos una lengua oficial propia, el
catalán, hablada
por millones de ciudadanos para quienes es su lengua oficial propia, y ese traslado de la lengua oficial propia se ha producido en otros ámbitos de la Administración pública y en cambio no se ha producido de manera adecuada en el ámbito de
la Administración de justicia, en el ámbito del Poder Judicial. Es, señorías, una asignatura pendiente. La normalización lingüística, el ser en definitiva un país normal en el ámbito de la Administración de justicia, es una asignatura pendiente en
lo que respecta a los derechos lingüísticos de los ciudadanos que acuden a un servicio público como la justicia y quieren hacerlo utilizando su lengua oficial propia. De ahí que debamos modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debemos exigir
como requisito por parte del personal al servicio de la Administración de justicia -por parte de los jueces, magistrados, fiscales y médicos forenses- que piden su destino en una comunidad autónoma con lengua oficial, que tengan conocimiento de esa
lengua oficial. Hacerlo, señorías, no es más que reconocer el ejercicio de un derecho fundamental. Estamos hablando de un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución que reconoce de forma solemne el derecho a la tutela
judicial efectiva, la posibilidad de acudir ante la Administración de justicia en amparo de nuestros derechos.
El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho que tiene cualquier ciudadano, sea cual sea la lengua oficial propia de ese
ciudadano. Por tanto, también debemos amparar a los ciudadanos que acuden a la Administración de justicia con su lengua oficial propia -en el caso de Cataluña, si acuden expresándose en catalán- para que puedan seguir todo el proceso en lengua
catalana. Por tanto, esta reforma en cuanto al ámbito lingüístico era necesaria y tiene el apoyo absoluto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como lo ha tenido siempre que se ha planteado aquí, porque -repito- es un debate
recurrente que hemos tenido ocasión de celebrar en otras legislaturas.
El segundo aspecto de la propuesta que hoy defiende el Parlament de Catalunya ante el Congreso de los Diputados viene referido a la propia organización de la oficina judicial. Alguien podría decir -y se ha afirmado ya por parte de otros
portavoces- que razones de eficacia y razones de mayor agilidad en el funcionamiento de la oficina harían aconsejable el hecho de suprimir el carácter nacional del personal al servicio de la Administración de justicia. Es cierto. Incluso el Libro
Blanco de la justicia, que se elaboró desde el Consejo General del Poder Judicial hace ya dos legislaturas, decía que era un elemento de mayor agilidad, pero no nos engañemos, no hablamos simplemente de una Administración de justicia más ágil y que
cumpla mejor sus objetivos; hablamos también del cumplimiento de las previsiones estatutarias. En muchos estatutos existe lo que se llama la cláusula subrogatoria, cláusula que ampara al Gobierno autonómico para que en el ejercicio de su ámbito
territorial pueda tener aquellas competencias que tiene el Ministerio de Justicia en las comunidades autónomas donde no existe esa cláusula subrogatoria. Por tanto estamos -si me permiten decirlo así-, ante un imperativo estatutario. Debemos dar
plena potencialidad a las cláusulas subrogatorias. Por eso no sólo razones de eficiencia sino también de mayor autogobierno aconsejan que las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de personal al servicio de la
Administración de justicia, tengan la posibilidad de arbitrar sus propios cuerpos de personal al servicio de la Administración de justicia para lograr una mayor eficiencia del sistema, pero también un mayor autogobierno de esas comunidades
autónomas. Por tanto, el segundo aspecto tiene también claramente la aprobación por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como la tiene un tercer aspecto de la proposición de ley: dar unas potestades distintas a los
secretarios judiciales, unas potestades de impulso del proceso. Esto es importante para el mejor ejercicio de su función y por la propia calidad de lo que representan los secretarios judiciales. Desde esta Cámara tenemos que trasladar un mensaje a
un personal, los secretarios judiciales, que forman parte del Poder Judicial y que están altamente cualificados en sus funciones. Debemos impulsar esas funciones dándoles ese carácter más jurídico a su realización profesional. En esta línea va
también la proposición de ley que hoy plantea el Parlament de Catalunya. Por tanto, sí desde Convergència i Unió a todos los aspectos de la misma. También quiero hacer una petición a la Cámara. Hoy esperamos que esa amplia mayoría que votó a
favor de la proposición de ley en el Parlament de Catalunya durante su tramitación en el año 2003, se traslade al Pleno del Congreso de los Diputados; esperamos hoy que los votos a favor sirvan para algo esencial, para que no entre esta proposición
en la lista de proposiciones rechazadas y que obtenga el voto favorable a su toma en consideración. Somos conscientes que una vez tomada en consideración se abrirá un plazo de enmiendas, porque no podemos negar en absoluto la capacidad de enmienda
que tienen el Congreso de los Diputados y el Senado. Desde Convergència i Unió, y sin negar esa posibilidad de enmienda, hacemos un ruego a los grupos parlamentarios que hoy van a dar su voto favorable a la toma en consideración: que a través de
las enmiendas no se diluya el contenido básico de la propuesta que hoy nos presenta el Parlament de Catalunya. Si hoy nos atrevemos a aceptar con un sí la toma en consideración de esta proposición de ley, pedimos evidentemente que no se renuncie a
la capacidad de enmienda, que no pongamos después agua al vino a lo que es el texto esencial y nuclear de esta proposición de ley. Esperamos que se pueda tener un debate en esta Cámara con las enmiendas que presenten los distintos grupos, enmiendas
que respeten la esencia del propio texto que hoy nos presenta el Parlament
de Catalunya. Este es el ánimo que guiará también la propia actuación parlamentaria de Convergència i Unió.
Solicitamos una reflexión, que también hacía la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría, para que esto no quede en una vía muerta. Existe una tendencia. De momento hoy salvamos el debate, de momento hoy la
tomamos en consideración, pero después queda en esa vía muerta, van pasando los meses y la Comisión de Justicia no agiliza la tramitación de esta proposición de ley. Pedimos que esto no ocurra, que se abra un plazo de enmiendas, que podamos tener
un debate sereno y sosegado, pero que no situemos esta proposición de ley en una vía muerta que al final no llegue nunca a verse publicada como ley orgánica definitiva en el Boletín Oficial del Estado. Pedimos enmiendas constructivas que no diluyan
el sentido del texto y pedimos también que esta proposición de ley no caiga en esa vía muerta.
Termino ya con una última reflexión, que la realizaba también la portavoz del Grupo Vasco, doña Margarita Uría. Es cierto que las proposiciones de ley de las comunidades autónomas que no han sido debatidas aún no decaen cuando se disuelven
las Cámaras, y en la siguiente legislatura vuelven a estar en calendario, tal como le ha ocurrido a la que hoy tramitamos. Sin embargo, el Reglamento penaliza aquellas que sí son tomadas en consideración y curiosamente si una proposición es tomada
en consideración y no llega a ser aprobada de forma definitiva, cuando se disuelvan las Cortes Generales de aquí a cuatro años caduca totalmente esa iniciativa. Esta es una anomalía reglamentaria que esperamos superar en los trabajos de reforma del
Reglamento del Congreso. Estamos convencidos que esto no ocurrirá en la proposición de ley que hoy se ha presentado de forma tan positiva por los diputados al Parlament de Catalunya.
Muchas gracias a todos. Moltes gràcies. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, no por reiterada es menos sincera la bienvenida del Grupo Parlamentario Popular a los representantes del Parlament de Cataluña, a la honorable señora Cuenca, al ilustre diputado señor Ridao y a la ilustre
diputada señora Santos, que representan esta tarde en esta Cámara a la primera institución de Cataluña, al Parlament.
Creo conveniente constatar, como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, que estamos ante una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin duda ante una reforma de gran calado, ante una reforma
importante, porque en definitiva es una reforma que afecta a preceptos fundamentales para el buen funcionamiento de la Administración de justicia. Esta valoración, que se ha hecho por parte de todos los intervinientes, me permite iniciar una
reflexión que sin duda habrá de extenderse a otras materias, porque la realidad ha dejado en evidencia el engaño, repito, señorías, el engaño del Partido Socialista cuando nos habla de su voluntad de dialogar, y esto es especialmente grave en el
ámbito de la justicia.
Señoras y señores diputados, la justicia, la solución a los problemas de la justicia no puede limitarse a las actuaciones de un Gobierno ni a los pactos que legítimamente se pueden establecer para tener Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, ni pueden responder a parches, a reformas fragmentadas, a improvisaciones imprudentes, como hemos visto hacer por parte del ministro de Justicia, que lamento por cierto que esta tarde no nos acompañe en una sesión realmente importante,
porque se debate una reforma importante para el mundo de la justicia. La reforma de la justicia requiere alcanzar un acuerdo sobre el diseño de un modelo de conjunto, de globalidad, porque precisamente eso es lo que puede dar coherencia a las
reformas. Por tanto, señorías, lo importante, con serlo y mucho, no es tanto la votación de hoy sino la constatación de que el Partido Socialista no tiene un modelo para hacer de la justicia un verdadero servicio público de calidad. Estamos
hablando de un poder del Estado y de un servicio básico, que en definitiva lo que hace es tutelar, afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos.
¿No creen ustedes, señorías, que antes de plantear alegremente la disolución de los cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, debería abordarse en el marco de una reforma global o de las reformas
anunciadas también por el señor Zapatero, por el presidente del Gobierno respecto al modelo territorial de plasmación del Estado de las autonomías en el servicio público de la justicia? ¿No creen ustedes que sería mucho más razonable abordar una
reflexión respecto a cuál es el modelo, antes de decidir como digo de forma improvisada, con una improvisación completamente imprudente, la desaparición de los cuerpos nacionales?
El señor ministro de Justicia nos ha obsequiado ya con alguna actuación de estas características. El ministro de Justicia no ha sido ajeno al frenesí mediático que ha embargado al Gobierno Zapatero. El ministro de Justicia comparece y
presenta la reforma López Aguilar, una reforma que, por cierto -llamo su atención-, deja en manos del Gobierno la libertad de los ciudadanos cuando sustituye al juez por el fiscal en la instrucción; en definitiva improvisación, falta de modelo.
Por tanto, es el momento de pedirles solemnemente,
como hicimos en la Comisión de Justicia, que demuestren ustedes su voluntad de dialogar, su voluntad de llegar a acuerdos, su voluntad de integrar un modelo que permita realmente alcanzar un servicio público de calidad.
Esta propuesta de diálogo, de consenso, la hacemos hoy solemnemente desde esta tribuna. Lamento que no esté el ministro de Justicia, hay un miembro del Gobierno y espero que lo traslade al responsable, no es una propuesta utópica, es una
propuesta factible porque ustedes saben perfectamente que para el Partido Popular la justicia es una cuestión de Estado -lo demostramos la pasada legislatura- y les garantizo que si ustedes desde el Gobierno abordan la justicia precisamente desde
esta perspectiva, podrán contar con el apoyo sin fisuras del Partido Popular. Esta propuesta debería ser para ustedes también una cuestión de Estado, porque en definitiva para que el país funcione razonablemente, para que se cumplan los postulados
constitucionales de igualdad y de seguridad, la Administración de justicia debe ser un servicio público de calidad, un servicio público ágil y eficaz en la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ustedes han confundido
reiteradamente en las intervenciones que se han producido aquí el concepto de tutela judicial efectiva con el concepto de derechos lingüísticos de los ciudadanos. Ha habido una confusión entre estos dos conceptos. ¿Por qué? Creo sinceramente que
porque hay responsabilidades de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es quien ha mandado esta iniciativa, que no han sido asumidas y a las que luego me referiré. Estamos, como decía, ante una reforma parcial que no responde a ningún modelo, que
responde a la improvisación constante y permanente del Gobierno. Se pretende suprimir el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia y atribuir correlativamente a las comunidades autónomas la
posibilidad de crear esos cuerpos propios. Eso afecta al estatuto y régimen jurídico de los funcionarios, afecta a todo; afecta a la selección, la formación, la provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, afecta a horarios y
jornada laboral y régimen disciplinario. Les pondré un ejemplo, el Tribunal Constitucional está en Madrid, ¿qué les parecería a ustedes si desde la Comunidad Autónoma de Madrid se fijaran los horarios del Tribunal Constitucional? Es exactamente el
mismo planteamiento que se está haciendo en esta propuesta.
No quiero dejar de referirme a una sentencia, porque compartimos con todos los proponentes que para hablar de los cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, y es una sentencia importante; es una
sentencia a mi juicio capital, es la sentencia 56/1990. Se ha repetido. Es la sentencia según la cual el Tribunal Constitucional nos dice: el legislador eligió un modelo de cuerpos nacionales, pero el legislador podía haber elegido otro modelo.
Y es cierto. La sentencia 56/1990 dice exactamente esto. No obstante, quiero llamar su atención sobre que esa sentencia importante y capital no dice exclusivamente eso, dice mucho más. Les recomiendo leer el fundamento jurídico décimo en su
totalidad, porque sigue diciendo que la decisión tomada por el legislador viene fundamentada, viene justificada por cuanto tales cuerpos, aunque no forman estrictamente parte de la Administración de justicia, como se ha dicho en el sentido del
artículo 149.1.5.ª de la Constitución, su actuación es imprescindible para la actividad de aquella Administración y para el cumplimiento de sus funciones. Es por tanto su consideración como cuerpos nacionales, insiste el Tribunal Constitucional,
(no es una reflexión del Grupo Popular, insiste en esa sentencia que se invoca, pero que se invoca parcialmente), que el establecimiento de ese régimen común responde precisamente a la garantía de homogeneidad en todas las comunidades autónomas
respecto a algo muy importante en nuestro sistema, señorías, que son los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de justicia cualquiera que sea el territorio en que esas relaciones tengan lugar. Este es precisamente el
sentido que el Partido Popular ha manifestado reiteradamente en esta cuestión. Consideramos que si la función judicial a la que sirven estos funcionarios se caracteriza precisamente por la unidad jurisdiccional, es conveniente también que su
estatuto profesional se estructure con este criterio, porque ello es sin duda la mejor garantía para conseguirlo. La mejor garantía es que los cuerpos nacionales se mantengan como tales, por el siguiente razonamiento: porque la unidad
jurisdiccional no es sólo la unidad de los diversos órdenes en que se estructura la justicia, sino que también es unidad jurisdiccional territorial, orgánica y funcional y eso es perfectamente compatible con el Estado autonómico. Esto es así porque
está basado en que la igualdad no es un principio etéreo, utópico o ideal, la igualdad es un principio básico material en el acceso de los ciudadanos a la justicia con independencia del territorio en el que se encuentren.
La otra propuesta destacada que han defendido SS.SS. es el conocimiento de la lengua y del derecho propios de las comunidades autónomas que dispongan de ellos y que deje de ser mérito -mérito preferente, por cierto, que no se ha mencionado-
para pasar a ser un requisito preceptivo. Ustedes saben que el Grupo Popular ha manifestado reiteradamente su preocupación por el hecho de que sea precisamente la Administración de Justicia uno de los ámbitos más impermeables a la cooficialidad de
las lenguas, a eso que llamamos la realidad sociolingüística de España. Es indudable esa falta de equilibrio en la utilización de las lenguas. Se han dado datos y son ciertos. Sólo un 6 por ciento de las actuaciones que se realizan en Cataluña
usan la lengua catalana, y ese déficit sin duda pasa por un conocimiento de las lenguas propias, de
las lenguas cooficiales. Hay actuaciones de fomento, de promoción, de impulso de las lenguas, que son responsabilidades propias de las comunidades autónomas, y en este caso propias de la comunidad autónoma proponente de la reforma, de la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Les voy a dar datos. Si hay un elemento importante para promover el uso de la lengua en el ámbito de la Justicia en Cataluña son las becas para formación de jueces y fiscales. En el año 1990 se dieron 60 becas, 60
becas se dieron también en el año 2003 y 30 becas son las que ha dado el Gobierno de Cataluña para mejorar la cooficialidad de las lenguas en el ámbito de la justicia. Realmente hemos pasado de la nada a la miseria y hemos vuelto de la miseria a la
nada en las políticas de promoción del uso del catalán en la Justicia por parte del Gobierno tripartito. Por tanto, señorías, como coartada intentar esconder la falta de políticas activas por parte del Gobierno de la Generalitat en la promoción de
la lengua en el ámbito judicial está bien, pero en definitiva compartimos el análisis de lo que creemos...
El señor PRESIDENTE: Señoría, fíjese que ha excedido su tiempo ya.
La señora NADAL I AYMERICH: Termino ya.
En cualquier caso no se orienta, como digo, en la dirección adecuada.
Termino, señor presidente, señoras y señores diputados, como he empezado.
Demuestren ustedes que la Justicia no está entre los damnificados de la falta de diálogo y de la improvisación imprudente del Gobierno socialista. Además les
garantizo que eso tiene otra ventaja: van a poder ustedes demostrar que tienen un talante de lo mejorcito si así lo hacen.
Se lo digo porque hay reformas de gran envergadura, tanto desde la dimensión jurisdiccional como desde la dimensión
administrativa, que deben ser abordadas por todos, también por el Grupo Popular. Rectifiquen y dialoguen; dialoguen con todos, no lleven ustedes la demagogia, esa obsesión compulsiva de apartar al Grupo Popular hasta la frontera del puro
disparate.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Gracias por su benevolencia, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ilustres diputados del Parlamento de Cataluña, sirvan estas mis primeras palabras en la presente legislatura para seguir el rito habitual de dar la bienvenida a los
representantes del Parlamento de Cataluña a esta Cámara. Sin duda, alguna de SS.SS. comprenderá que la intención del saludo sea en esta ocasión especialmente cálida y efusiva, pero no desde luego cualitativamente distinta a la que he dado siempre
que en representación de mi grupo he tenido la ocasión de hablar desde esta tribuna a favor de la toma en consideración de las propuestas del Parlamento de Cataluña y de los otros parlamentos autónomos, por cuanto nuestro grupo tiene como conducta
habitual votar favorablemente la toma en consideración de estas propuestas, incluso a veces con independencia de su contenido. ¿Por qué? Porque consideramos que esta vía de iniciativa legislativa es de enorme importancia no sólo por el contenido,
sino simbólica de lo que es la realidad de la España autonómica, de la España políticamente plural, con distintas instituciones, con distintas posibilidades de iniciativa parlamentaria, que es nuestro modelo actual.
Por ello, señorías, en la
inmensa mayoría de ocasiones el Grupo Socialista ha votado favorablemente la toma en consideración de las propuestas autonómicas, como así haremos en esta ocasión.
Quisiera volver al debate sobre la proposición de ley aprobada en la anterior legislatura por el Parlamento de Cataluña; y digo volver al debate porque lo cierto es que se trata de una proposición de ley del Parlamento de Cataluña, cosa que
parecía no tener muy clara la anterior interviniente en una mezcla absolutamente propia de otras culturas y de otros ámbitos, no del democrático, en la mezcla entre los partidos que puedan tener una mayoría u otra, las instituciones, etcétera.
Estamos aquí debatiendo algo enormemente serio, algo enormemente importante: la aportación a la voluntad legislativa del conjunto del país de las decisiones de un parlamento autónomo. Ello es de una importancia transcendental y no puede en
absoluto confundirse porque engañamos o intentamos engañar al pueblo con proposiciones de un grupo parlamentario de este Congreso o con propuestas del Gobierno del Estado. En ello vamos a centrar nuestra intervención.
Señorías, el contenido esencial de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña coincide de una forma absoluta con la voluntad de nuestro grupo parlamentario, con la voluntad de mi partido, con la voluntad expresada también en nuestros
programas electorales y con la voluntad del Gobierno, al cual apoyamos, puesta claramente de manifiesto en la comparecencia del martes pasado, 26 de mayo, recién cumplida la semana, por el ministro de Justicia en la Comisión de Justicia de esta
Cámara. Allí Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, dijo exactamente que había que abordar el tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la Administración de Justicia con coraje; con coraje, señorías, vamos a abordarlo.
Por ello, teniendo en cuenta que no se trata sólo de una manifestación simplemente expositiva del artículo 3 de la Constitución, sino que este artículo 3 de la Constitución debe interpretarse necesariamente a tenor de
lo que establece el artículo 10 de la propia Carta Magna, de acuerdo con el contenido de los convenios y tratados internacionales de los que España es parte, debemos tener en cuenta la aplicación al caso de la Carta europea de las
denominadas lenguas regionales y minoritarias, posiblemente la mayoría de ellas lenguas minorizadas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, lo lamento. Señorías, tomen asiento, por favor, y en la medida de lo posible guarden silencio.
Continúe, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Decía que la Carta europea aprobada por el Consejo de Europa en noviembre de 1992, de las denominadas lenguas regionales y minoritarias, -en su mayor parte no minoritarias sino minorizadas-, que fue ratificada por España el 9 de abril de
2001, por tanto, es un texto internacional que obliga al Estado español, establece una serie de obligaciones en los procesos civiles, penales y contencioso administrativos -hay que decir que la Carta no habla de los procesos sociales porque no es un
instrumento técnico muy extendido en Europa, es más bien peculiar español-, así como de obligaciones lingüísticas que realmente no han quedado cubiertas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de diciembre de 2003. Además de esta Carta
europea existe también, señorías, y les consta, porque en este Pleno se trató su contenido y hubo la decisión de adherirse, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, hecha en Barcelona en junio de 1996, que también establece derechos de los
ciudadanos en la Administración de Justicia. Por tanto, la aportación del Parlamento de Cataluña, a la que votaremos favorablemente, como lo hicimos a las aportaciones del Parlamento balear y del Parlamento de Cataluña en ocasiones anteriores, nos
da la posibilidad de establecer de una vez un paso adelante importante en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Abre posibilidades fundamentales, porque no sólo hay que tener en cuenta el artículo 10 de la Constitución,
señorías, sino también el artículo 9.2, que establece la obligación de todos los poderes públicos de remover los obstáculos que existan a la igualdad de las personas, los individuos y los grupos. Existe un obstáculo a la igualdad de los ciudadanos
ante la Administración de Justicia, que es la posibilidad de dirigirse en su lengua propia a los órganos de esta Administración, de este servicio público, y este obstáculo le corresponde al legislador estatal removerlo, modificando la ley para
hacerlo posible.
Existe también otra posible desigualdad: el derecho de los funcionarios de la Administración de Justicia, de cualquiera de sus cuerpos, a ocupar un puesto determinado. La posible desigualdad que aquí existiera debe removerse conjuntamente
por el Estado y por las administraciones autónomas, estableciendo las condiciones necesarias y precisas de tiempo, cursos, medios técnicos, becas, fomento de la población opositora para determinadas plazas que hagan posible que los funcionarios
puedan también competir en igualdad de condiciones bajo el principio del mérito y capacidad para ocupar estas plazas. Todo ello, que está apuntado en la proposición, proposición sensata, yo diría incluso que modesta. Yo reclamaba ya la sensatez
sobre este tema en 1998 discutiendo una proposición del Parlamento balear, y quiero poner de manifiesto que el Parlamento de Cataluña fija, como no se había hecho antes, el grado de conocimiento de las lenguas que son precisas para decir que es
necesario el conocimiento suficiente para poder ser útil en el empleo jurisdiccional, para entender y ser entendido por los justiciables; ello nos permite, decía, abrir una tramitación que pueda completar realmente el tema. Hay otros aspectos del
contenido de la proposición que pretende modificar la Ley 6/1985, que ya está a modificada y que, por tanto, han resultado obsoletos. La Ley Orgánica 19/2003, del Poder Judicial, de 23 de diciembre, recoge varias de las proposiciones del Parlamento
de Cataluña en un sentido similar o coincidente, aunque no exactamente igual. Por ello vamos a tener que examinarlas con más cuidado para ver cuáles quedan vigentes y cuáles ya están subsumidas en el contenido de la Ley Orgánica 19/2003. Hay un
aspecto que no quiero pasar por alto, que es el de los institutos de medicina legal y toxicología, en los cuales pueden hacerse mejoras técnicas en la proposición, y que vamos a proponer en la tramitación.
Por último, para no hurtar nada en este debate, he de referirme a la cuestión referente al carácter nacional o no de los cuerpos de la Administración de Justicia. Este tema, señorías, fue largamente discutido con motivo de la modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tuvo como final la repetida Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Se trató de una negociación y discusión larga, laboriosa, prolija, que llegó a unos equilibrios que están aún por desarrollar en la
práctica. En aquel momento mantuvimos como consecuencia de esta complicada serie de negociación prelegislativa el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos. En este momento, con la Ley Orgánica del Poder Judicial recién aprobada, sin
tiempo para haber probado su funcionamiento en la práctica, sin tiempo para ver cuáles pueden ser las disfunciones entre la dirección que compete a las comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia y con el carácter nacional de
determinados cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, no vamos a modificar el criterio. Por tanto, advierto, aviso a la Cámara que en el transcurso de la tramitación legislativa de la proposición que hoy vemos vamos a presentar
enmiendas en el sentido que acabo de decir. Consideramos
que no es el momento adecuado para esa modificación. Cualquier posibilidad es legítima, es constitucional -lo ha dicho el Tribunal Constitucional-, es una opción del legislador estatal; sobre esta opción discutiremos, pero quiero poner de
manifiesto, para evitar cualquier tipo de equívoco, cuál es nuestra postura al respecto.
Concluyo, señorías. Vamos, como he anunciado reiteradamente, a votar a favor de la toma en consideración. Con ello vamos a romper una larga y nefasta tradición de esta Cámara. En la legislatura anterior el grupo mayoritario votó a favor
de la toma en consideración de las dignas proposiciones de los parlamentos autónomos y sólo votó en contra en una ocasión de las 11 en que discutimos, en la última, en aquella en que tenía el pleno convencimiento de que la disolución de las cámaras
iba a hacer absolutamente imposible la tramitación de la proposición. Nosotros, en el momento liminar de esta legislatura, en la primera proposición que se plantea por un Parlamento autónomo, en la número 125.1 de esta legislatura, vamos a votar a
favor. Vamos, por tanto, a permitir con nuestro voto decisivo en esta Cámara que el conjunto de los diputados del Congreso pueda discutir sobre estos aspectos, y lo vamos a hacer desde ya. Vamos a abrir el período de presentación de enmiendas,
como corresponde reglamentariamente, y vamos a dar cumplimiento -me alegro de ello- a esa esperanza manifestada por muchos de los intervinientes de que esta proposición se tome en consideración.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, concluya.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Vamos a hacerlo -tranquilícese, señor Jané- porque el ministro de Justicia también anunció el 26 de mayo en su comparecencia que íbamos a tratar la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta legislatura, algo que vamos a llevar a cabo con el
máximo consenso posible, como pretendemos siempre.
Por ello, señorías, con el convencimiento de que vamos a dar un paso enorme, decisivo, en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en este aspecto, para que puedan expresarse en su
propia lengua ante la Administración de Justicia, vamos a dar y pedimos el voto favorable a esta proposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación sobre la toma o no en consideración de la proposición de ley de las comunidades autónomas del Parlamento de Cataluña, orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica de 1 de
julio de 1985, del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 174; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: La Cámara toma en consideración la proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA.
(Número de expediente 162/000073.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el segundo punto del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar se debatirá la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre política económica.
Para la defensa de la proposición no de ley, en un turno de diez minutos, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy un medio de comunicación titulaba en su editorial que se acabó el recreo. Honestamente en política económica tendrían que aplicarse, de verdad, la sugerencia que hoy les hacen: se acabó el recreo. Ese medio de comunicación
-que no se puede decir que no sea afecto al Gobierno actual- dice que los mensajes contradictorios se están repitiendo incesantemente y que no se puede seguir así; y les aconsejan de verdad -no es un consejo mío, sino de un medio de comunicación-
que se tomen las cosas en serio. Señorías, yo les aconsejo de verdad que empiecen a tomarse la economía en serio. España puede crecer y crear empleo. Tenemos en la actual coyuntura económica todas las potencialidades para crecer y crear mucho
empleo. Nuestro potencial de crecimiento no está agotado, podemos seguir creciendo. Así lo manifiestan todos los organismos internacionales y todos los analistas económico (la OCDE, la Unión Europea en el último informe aprobado por el señor
Solbes): tenemos capacidad para seguir creciendo. Las previsiones son positivas. Este año estamos creciendo en el entorno del 3 por ciento, estamos creando empleo de manera importante. Así lo han reconocido los ministros actuales tras conocer
los últimos resultados del crecimiento del primer trimestre, de la creación de empleo de los últimos meses. Esa es la mejor herencia que ustedes han recibido: una economía creciendo, con creación de empleo y con potencial suficiente para seguir
creciendo y creando empleo. Tenemos todas las condiciones para dar continuidad a nuestro crecimiento y a la creación de empleo. Tenemos todas las condiciones para que el ciclo, ya de muchos años de crecimiento
por encima de la Unión Europea, con creación de casi cinco millones de empleos en los últimos ocho años, se siga prolongando en el tiempo.
El Grupo Parlamentario Popular no va a emplear la técnica de otras legislaturas; queremos contribuir a que se siga creciendo y creando empleo. No vamos a utilizar el cuanto peor, mejor; no vamos a intentar que las cosas vayan mal creyendo
que así nos irán bien a nosotros.
Queremos que les vayan bien a los españoles. Nosotros no vamos a decir cuando sube el precio del petróleo: bajen ustedes los impuestos especiales, haciendo demagogia. Eso no lo vamos a decir; no vamos a hacer
como hizo el hoy ministro de Administraciones Públicas, señor Sevilla.
Nos parece bien lo que ha dicho el señor Solbes de que no van a bajar los impuestos especiales; nos parece bien que el señor Solbes corrija lo que ha sido la política económica
del Partido Socialista; nos parece bien que el señor Solbes diga que lo que han hecho anteriormente no estaba bien; creemos que ese es un buen camino. Señorías -y en eso comparto lo que dice el editorial de ese periódico-: se ha acabado el
recreo. En economía si no se avanza, se retrocede; si no se pedalea, la bicicleta no avanza, y hay que seguir tomando medidas para el futuro. No se puede analizar la economía con una especie de conformismo con lo hecho.
Yo agradezco que el señor Solbes diga en sede parlamentaria y en las entrevistas que ha ido concediendo a los diversos medios de comunicación que la política económica que había era buena, que había que hacer algún retoque -algo tiene que
decir-. Le agradezco al señor Solbes que reconozca que la política económica era buena; me parece bien -no me podía parecer de otra manera si alaba la gestión económica de los últimos años-, pero señalo que hay que seguir avanzando, que hay que
seguir mirando al futuro, que en política económica no vale decir: Oiga, yo voy a que no se estropeen las cosas, voy a intentar que el coche no se vaya por el terraplén, voy a hacer que nada se mueva. No; en política económica hay que seguir
tomando medidas, hay que seguir haciendo políticas de futuro. La coyuntura económica de hoy, del año 2004, no es la misma que en 1996. Estamos en otras condiciones totalmente distintas.
Hoy no hay déficit público, entonces lo había; hoy la tasa
de paro es similar a la del resto de los países europeos, entonces teníamos el 25 por ciento de paro; hoy estamos dentro de un entorno con moneda única, entonces todavía no se había conformado; y hoy hay que pensar la política económica para los
próximos años y no decir: Yo no voy a hacer nada, voy a intentar que esto no se estropee. No se puede estar hoy, como estamos todos en esta Cámara, sin saber si la Ley de Estabilidad se va a aplicar o no, si es bueno que los presupuestos se
presenten en equilibrio o no.
No puede ser que no sepamos si va a haber bajadas de impuestos o no. No puede ser que no se sepa si va a haber reformas, como predica el señor Solbes, o contrarreformas, como las que propone el señor Montilla. No
puede ser que no sepamos si va a haber ayudas a los autónomos, como dice el señor Caldera, o ataques a los autónomos, como dice el secretario de Estado de Seguridad Social. Señorías, no se puede caer en tanta contradicción en política económica.
No se puede tener un vicepresidente económico al que el IVA se lo reforma la ministra de Cultura, la ministra de Vivienda, el ministro que le viene bien hablar ese día de un tema sectorial, o que las reformas o contrarreformas se las hace el
Ministerio de Industria, o que la política económica se la hace otro ministerio. No puede ser, señorías, que no nos tomemos en serio la política económica de este país.
Por ello mi grupo parlamentario presenta una proposición no de ley con ánimo constructivo, diciendo: esta es la política económica que nosotros creemos que es buena para el futuro de nuestro país. Si se siguen estas líneas directrices
vamos a dar continuidad al ciclo económico, vamos a seguir creciendo más que la media europea, vamos a seguir creando empleo, vamos a seguir transformando el crecimiento en bienestar de los ciudadanos. Proponemos, en primer lugar, mantener el
equilibrio presupuestario. Nos parece una opción de futuro de enorme importancia sobre la que asentar el crecimiento. El Grupo Socialista presenta una enmienda, y dice: mantener la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Yo le
preguntaría, cuando suba a la tribuna, ¿qué es el ciclo? Porque lo que yo he visto es que el ciclo es gobierno socialista, déficit público, para que venga el gobierno popular a arreglar las cuentas. ¿Qué es el ciclo? ¿En qué fase del ciclo
estamos? Porque, señor Torres, si es usted el que sube a la tribuna, para los economistas no es fácil que lo adivinemos. ¿En qué fase del ciclo estamos? ¿Van a seguir muchos años de crecimiento al tres? ¿Cómo se determina, cuando traigan el
presupuesto a esta Cámara?
Es necesario que el Gobierno haga un esfuerzo de equilibrio cuando presenta el presupuesto público porque eso es bueno para el futuro. Igual que nos parece importante seguir con el proceso de reformas estructurales. A mí me parece muy
bien, señor Torres, señorías, hacer cánticos a la libertad económica. Seguro que ustedes lo hacen muy bien.
¿Pero no cambiarán los nombramientos para poner gente con carnet? Porque lo que se está deslizando hoy en algunos medios de comunicación
son insinuaciones de que quieren intervenir en el sector privado. Lo que se está deslizando es que ustedes quieren introducirse en el tejido productivo y en las empresas con intervenciones directas. ¿No será eso lo que entendemos por libertad
económica, señor Torres? Cuando usted dice, o el señor Solbes hace cánticos de alabanza a la libertad, ¿no será para poner a gente con carnet? Es una pregunta que hoy está en duda. Nosotros queremos que siga el proceso de
reformas en serio. Y cuando vemos que un ministro contradice al vicepresidente económico y luego (iba a decir un órgano oficial del partido, pero me quedo en un medio de comunicación) interviene y dice que la razón la tiene el
vicepresidente, yo pregunto ¿cuáles son las reformas? ¿Reformas o contrarreformas?
En tercer lugar, es necesario seguir bajando impuestos. Señorías, es sorprendente la enmienda del PSOE. Es un escrito que es una obra maestra.
¿Se acuerdan del tipo único, de las bajadas de impuestos del PSOE? Pues miren en qué se ha
quedado toda la reforma fiscal del PSOE: en mejorar la gestión tributaria y la lucha contra el fraude. Y nada más. Esa es toda la reforma fiscal. Espero que esto de mejorar la gestión tributaria y luchar contra el fraude no será, señor Torres,
recuperar a los amigos del señor Borrell. Me imagino que no recuperaremos a los amigos del señor Borrell para luchar contra el fraude, señor Torres. Me imagino que no irán en esa dirección, porque dice luego que van a mejorar los métodos...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que concluya lo antes posible.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Dicen que van a mejorar los métodos y procedimientos de control impulsando una inspección selectiva. Señor Torres, ¿no será que van a hacer inspecciones subjetivas, que en paz descanse, Lola Flores, verdad, señor Torres? ¿Esa no es la
política fiscal del Partido Socialista?
Señorías, hay que bajar impuestos y no tiene sentido que hoy ustedes no se comprometan de verdad a mantener la deducción por vivienda, porque eso perjudica a millones de españoles que han planificado la compra de su vivienda; no tiene
sentido que ustedes no se comprometan a mantener las deducciones a las empresas que hacen I+D, o innovación, o hacen inversiones en técnicas medioambientales. No tiene sentido que no lo hagan. Como no tiene sentido que ustedes no se comprometan de
verdad y en serio a hacer una política de cualificación de nuestra oferta. Esta proposición no de ley, que tiene cinco ejes claros: estabilidad, reformas, bajadas de impuestos, reforma del mercado laboral e impulso a la cualificación de nuestra
oferta, indica un camino de futuro. Señorías, harían muy mal si quisieran practicar la política de no hacer nada, de no tocar nada, porque en economía hay que seguir avanzando. De verdad, con ánimo constructivo, digo, esta es una proposición no de
ley que ustedes podrían admitir y que puede servir de base...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, mire el reloj y verá usted el tiempo que lleva consumido. Creo que debe concluir.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acabo, señor presidente.
Es una proposición no de ley que puede servir de base para el futuro.
Señorías, no miren ustedes al pasado; no miren ustedes a antes del año 1996, miren al futuro porque España tiene todas las posibilidades de seguir creciendo y creando empleo y este es el camino adecuado.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, en un turno de diez minutos, tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, compartimos a grandes rasgos los ejes planteados por el Grupo Parlamentario Popular y también por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la política económica. Sin embargo, más allá de los principios, es necesario precisar sus
concreciones, ya que es en los temas específicos donde la política económica tendrá o no una dirección acertada.
Con relación a las propuestas que incorpora el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la proposición no de ley del Grupo Popular, quisiera destacar cinco puntos muy concretos. En primer lugar, compartimos con el Grupo Popular y
con el Grupo Socialista el criterio de mantener la estabilidad presupuestaria, pero divergimos con ambos en que dicha estabilidad no puede ser un fin único. La estabilidad debe ser compatible con la prioridad por mejorar la competitividad de
nuestra economía. La economía española requiere de un esfuerzo especial por la inversión, la pública y la privada, un esfuerzo superior al que pueden requerir economías más desarrolladas que la nuestra, como son la alemana o la francesa. Con el
marco fijado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las administraciones públicas españolas, empezando por el Estado, pero especialmente las comunidades autónomas y las corporaciones locales, se encuentran fuertemente encorsetadas a la hora de
invertir. De otra parte, sin aumentos muy sustanciales en la inversión a corto y medio plazo, nuestra capacidad de competir con los países más desarrollados de Europa y con los países menos desarrollados, como son los 10 nuevos Estados miembros de
la Unión Europea, puede verse seriamente condicionada nuestra capacidad de crecimiento a medio plazo. Muchas de las medidas que en el futuro deberán evitar la deslocalización las tenemos en la forma de aplicar la política económica de estabilidad.
Nuestro grupo parlamentario considera que es necesario flexibilizar los criterios de estabilidad presupuestaria para que las administraciones públicas puedan efectuar aquellas inversiones que tengan un periodo de
amortización a largo plazo, como carreteras, ferrocarriles o telecomunicaciones, con una carga financiera aceptable en relación con su presupuesto ordinario. Estamos absolutamente de acuerdo con una ley de estabilidad presupuestaria que
evite incrementos del gasto corriente que generen déficit pero, al mismo tiempo, debemos ser capaces de destinar a la inversión pública aquellos recursos que nos permitan mantener un proceso de crecimiento sostenible, basado en continuas mejoras de
nuestra productividad interna y de nuestra competitividad internacional. Este planteamiento lo defendemos para España y lo defendemos ante la Unión Europea como vía más idónea para superar la crisis derivada del incumplimiento generalizado del
Pacto de Estabilidad.
En segundo lugar, compartimos la necesidad de impulsar reformas estructurales destinadas a favorecer la competencia, la transparencia y la eficiencia en los mercados de productos y servicios, y en este contexto reiteramos la absoluta
necesidad de garantizar la independencia de los organismos reguladores y de avanzar en la descentralización de la ubicación territorial de dichos organismos.
En tercer lugar, la fiscalidad debe ser eficiente y, por tanto, debe ser sometida a una gestión eficaz. Asimismo, debe permitir el estímulo para las mejoras de la productividad y la creación de empleo de nuestra economía. Por este motivo,
de nuevo insistimos en nuestra enmienda en la prioridad por la inversión pública y la inversión privada para mejorar la productividad de la economía española, la cual, en caso de pequeñas y medianas empresas y en el caso de trabajadores autónomos,
debe ser también estimulada a través de la fiscalidad.
En cuarto lugar, entendemos que el objetivo es reducir la temporalidad del mercado de trabajo y mejorar la calidad del empleo. Son diversas las actuaciones que deberán acometerse para dar cumplimiento a este eje fundamental de la política
económica, pero hemos querido destacar una de las medidas que lleva además aparejada una sentencia del Tribunal Constitucional y un intenso debate en las comunidades autónomas. Se trata de la transferencia de los recursos del Forcem a las
comunidades autónomas, que esperamos pueda ser efectuada con urgencia por el nuevo Gobierno socialista.
En el quinto punto proponemos el apoyo a las pymes y los trabajadores autónomos, política que Convergència i Unió ha venido apoyando repetidamente, al igual que diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara, pero aquí lo que se requiere no
son principios ni afirmaciones sino realidades. En la anterior legislatura se creó la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y el emprendedor; fueron 18 meses de trabajos que finalizaron con unas
conclusiones que el Gobierno debería asumir y proceder a incorporar a la política económica española. Por tanto, en este tema recabamos del Gobierno el cumplimiento de las conclusiones de la subcomisión.
Nuestra propuesta está clara y entendemos que ésta debe ser la línea que debe marcar la política económica del Gobierno, basada en los puntos apuntados que, repito, en muchos aspectos coinciden con planteamientos del Partido Socialista, pero
en otros aspectos entendemos que hay elementos en donde se debe profundizar.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, señorías, lamento que mi estreno en esta tribuna sea en una discusión de un patio de recreo, porque las afirmaciones que el portavoz del Grupo Popular ha hecho realmente no se corresponden con un
análisis serio ni de la situación ni mucho menos de las propuestas del Grupo Socialista. No sé cuál ha sido la intención de esta proposición. En su introducción habla de que los elementos de incertidumbre internacional les mueve a presentar esta
proposición, para a continuación proponer una bajada de todos los impuestos. No sé si esto es lógico. Yo creo que el Grupo Popular tiene otras intenciones. Realmente, en los últimos tiempos hemos asistido a declaraciones en las que fijan en la
boca de los socialistas unas intenciones y unas propuestas que no son las nuestras sino las que ellos quisieran que nosotros tuviésemos. Por ejemplo, estamos lanzando mensajes catastrofistas -afirma el portavoz- porque queremos gastar en el futuro
sin disciplinar. ¿Cuál es la intención? Fijar la idea de que los socialistas cuando entramos en el Gobierno somos unos malgastadores y además echarnos encima la responsabilidad del déficit público que este año se va a generar. No estamos, señor
Martínez-Pujalte, en una situación de superávit. Usted sabe perfectamente que el Estado está en un déficit presupuestado por ustedes de un 0,3, que al acumular el superávit de la Seguridad Social del 0,4, da un superávit del 0,1. Por tanto, la
situación actual ya es de déficit público. Pero además, usted conoce perfectamente su imprevisión, porque sabían perfectamente a cuánto ascendía la deuda de Andalucía, sabían perfectamente que íbamos a celebrar elecciones europeas, sabían
perfectamente que a lo largo del año aparecen contingencias, y ustedes no presupuestaron en el fondo de contingencia nada más que 2.345 millones de euros. Ahí le recuerdo que tiene que ir la anualidad de Televisión Española, le recuerdo que en la
sección 31 tan solo hay 400 millones de euros y le recuerdo que la deuda de Andalucía ya rebasa este capítulo. Por tanto, elecciones europeas, la compensación de comunidades
autónomas y ayuntamientos que va contra esa partida, las desgraciadas indemnizaciones que tendremos que pagar por el 11M y seguiría, todas estas cuestiones elevan el déficit público no sabemos a cuánto, pero seguramente por encima del 0,8.
Tampoco es cierto, como dicen ustedes, que la recaudación de impuestos vaya por encima de lo presupuestado. Eso no es cierto. A fecha de abril la recaudación era del 99,5 por ciento; estábamos por debajo de la previsión. Por tanto, no
digan que tenemos recursos de sobra para financiar estas imprevisiones que ustedes han dejado en el presupuesto, no es cierto. Dígame si no las fuentes. Porque si no lo que hacen son insinuaciones maliciosas que lo que pretenden es que los
socialistas fijemos una idea que no es la que se corresponde con la realidad. Le voy a decir más. Los ministros han comparecido y han dicho claramente cuál es su posición. Usted tiene las comparecencias. Y tampoco es cierto que el secretario de
Estado le haya echado agua fría a los autónomos. Dice una cosa muy sencilla, malinterpretada por usted, que si un autónomo tiene un rendimiento superior de media, debe cotizar de acuerdo a su rendimiento, una teoría generalmente aceptada. Eso es
lo que dice, no dice que va a pagar más un autónomo. Todos sabemos que el sistema de autónomos es excedentario, lejos de nuestra intención está cargar más sobre los autónomos. Si cotizan más, recibirán más. Le recuerdo que en la última reforma
que hicieron ustedes, cuando propusieron que en el inicio de la actividad el autónomo pudiera tener una base de cotización inferior, también recibían prestaciones inferiores. Las propuestas que nosotros hacemos respecto a los autónomos es bonificar
en los primeros años de actividad, recibirán el cien por cien de las prestaciones, lejos, por tanto, de perjudicar a los autónomos por parte del actual Gobierno.
Compartimos que el actual modelo de la economía española tiene aspectos positivos, crecimiento, creación de empleo, pero tiene también elementos sumamente preocupantes. Le puedo dar varias fuentes fidedignas para que lo pueda comprobar. El
problema de la productividad que tenemos en este momento puede afectar a largo plazo al crecimiento y a la creación de empleo. Hay que dar un golpe en el timón, un cambio en el modelo, lo quieran o no reconocer. Quiero repasar rápidamente el
objeto de su proposición.
Equilibrio presupuestario. Se manifestó claramente en la comparecencia del ministro Solbes. Estamos por la estabilidad macroeconómica. La estabilidad monetaria ya está asegurada por el Banco Central Europeo. Nos vamos a centrar, por
tanto, en cumplir el pacto de estabilidad y crecimiento, tal y como tenemos comprometido con nuestros socios comunitarios. Sabemos que las finanzas públicas saneadas son la única manera, primero, de asegurar los gastos futuros que nos vienen por el
envejecimiento de la población, para conseguir la estabilidad de precios y para tener un crecimiento fuerte y sostenible. En los próximos presupuestos del Estado del año 2005 tendrán las medidas que vamos a tomar.
En cualquier caso, la burla que ha hecho usted del fraude fiscal debería haberlo pensado mejor, porque todo el mundo sabe que no han hecho lo suficiente y que hay inmensas bolsas de fraude evaluadas por la propia asociación de inspectores
financieros y tributarios. No debería tomarse a guasa un abandono que han hecho ustedes de sus obligaciones.
Respecto de las reformas estructurales, ya nos hemos posicionado y en concreto hemos anunciado reformas en el mercado de servicios financieros, en materia de seguros y fondos de pensiones, en el mercado de trabajo, al que me referiré más
tarde. Hemos anunciado potenciar la Comisión Nacional de la Energía, modificar su régimen jurídico para reforzar su independencia. Respecto de las telecomunicaciones, claramente hay que aprovechar la ley general para evitar contradicciones. Por
tanto, respecto a la libertad económica, no sólo neutralidad sino una política activa, algo que no ocurrió en su época.
No me resisto a citar que, según el Foro Económico Mundial, las trabas que pone España en todo el tema de la libertad económica y la construcción de empresas nos lleva al puesto 31 mundial, detrás de países como Uruguay y algún país
africano.
Respecto a los impuestos, quiero decirle que ustedes de 1996 a 2002 subieron la presión fiscal en casi tres puntos -fuente OCDE y, por supuesto, la Intervención General de la Administración del Estado-, del 32,5 al 35,5 por ciento. Subieron
impuestos como el IVA, butano, gasolina, tasas, etcétera. El vicepresidente ya ha anunciado que no va a haber grandes cambios. Nuestro compromiso electoral es reformar el IRPF para hacerlo más equitativo, no puede ser que las rentas salariales
soporten el 83 por ciento de la recaudación.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, tampoco es cierto que hayamos dicho que vamos a eliminar las deducciones de investigación y desarrollo.
Ustedes, durante muchos años, no han conseguido aclarar esa norma y ha sido inaplicable para las
sociedades. Lo que ocurre, y así lo ha anunciado el ministro, es que vamos a revisar ese sistema, porque es muy probable que solamente las grandes compañías se hayan podido aprovechar de las inversiones medioambientales y de investigación y
desarrollo que hayan hecho. De lo que se trata, señor Martínez-Pujalte, es de aplicar a todo el mundo, también a las pymes, las deducciones que desde la Administración tributaria se generen. Porque al final el tipo nominal y el tipo efectivo
tienen un juego perverso. Las grandes compañías tienen un tipo nominal más alto, pero su tipo efectivo es mucho más reducido y lo que queremos es que fundamentalmente las pymes, las que soportan la creación de empleo, las
que tienen la carga de llevar adelante este país, tengan el mismo disfrute que las grandes compañías.
Respecto al mercado de trabajo, como pilar fundamental que es del modelo económico que proponemos basado en el conocimiento, ya se ha anunciado por parte del ministro que vamos a abordar la temporalidad propia del que ha sido el llamado
modelo de flexibilidad español y que está causando a las empresas unos costes tremendos no internalizados porque los trabajadores en sus condiciones de trabajo han perdido en formación y han aumentado en siniestralidad. Por lo tanto, ya se ha
anunciado una reforma muy importante que afectará a las actividades estacionales, a la subcontratación y a los periodos de prueba. No puede decirse que no estemos haciendo nada cuando tenemos una batería de propuestas importantísimas. Vamos a
avanzar y no vamos a consentir que sea más favorable mantener una plantilla precaria y en malas condiciones que una plantilla estable. En eso vamos a avanzar porque sabemos que es el principal problema reconocido por todos los españoles. El
principal problema de este país es la precariedad y la temporalidad en el empleo.
Voy a terminar diciendo que, respecto a pymes y autónomos, ustedes han venido negando sistemáticamente algunas de las medidas que ahora proponen. Y nos alegramos de que sea así, pero no puede imputarnos a nosotros (que hemos venido
trabajando en el seno de la subcomisión, y que hemos hecho una serie de propuestas, como ocurrió el otro día con el ministro de Industria o con el propio ministro de Trabajo) que no estemos trabajando para que el trabajador autónomo y las pymes -le
recuerdo que durante su gobierno se sufrió un retroceso notable; 120.000 autónomos menos, según fuentes oficiales- sean el centro de atención de este Parlamento. Después debatiremos, din duda, las medidas que vamos a proponer, pero, sobre todo, lo
que no vamos a consentir es que ustedes pongan en nuestra boca aquellos temas que quieran explotar mediáticamente. Decimos en sede parlamentaria lo que decimos; lo que dicen plumillas y gente interesada no lo asume el Partido Socialista, aunque
veo que a ustedes les viene muy bien.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el turno de fijación de posiciones. En turno de 10 minutos, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, creo que el Gobierno socialista, recientemente constituido, ha expresado con claridad muchos de sus compromisos para esta legislatura. Quizás donde menos claridad manifiesta es precisamente
en la política económica, donde los primeros atisbos parecen apuntar a un serio continuismo en la política económica.
Yo auguro que los compromisos del conjunto del programa del Partido Socialista, unos compromisos de claro giro social en la
política del Gobierno, van a precisar revisar la política económica de los últimos años, especialmente en este momento de coyuntura económica internacional.
Va a ser muy difícil que el compromiso de giro social que ustedes han planteado en el
programa, que les ha permitido ganar las elecciones y tener un presidente de su opción política, se pueda mantener sólo con ese enunciado de racionalización del gasto y de persecución del fraude. Ambas cuestiones son necesarias, pero también creo
que insuficientes, para conseguir los recursos disponibles para, de verdad, ir hacia la convergencia social con los países de la Unión Europea. Mucho me temo que a lo largo de los próximos meses, durante la elaboración del presupuesto para el
próximo año 2005, se verán las verdaderas contradicciones entre las pretensiones programáticas y la realidad de la política económica.
Esta proposición no de ley del Grupo Popular es una magnífica oportunidad, ya que apunta algunas reflexiones que tendremos oportunidad de concretar en el debate de la ley de presupuestos del próximo año. Adelanto que votaremos
favorablemente la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque consideramos que recoge para esta coyuntura apuestas claramente favorables a la necesidad de retocar la política económica que hagan frente a los
compromisos del propio programa del Partido Socialista, de manera fundamental -y este es un cambio de posición de mi grupo- la necesidad de revisar y de flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aun reconociendo que este es un criterio a
mantener para el conjunto del ciclo económico. Sin embargo, insisto en va a ser bastante difícil -y tendrán el reconocimiento de esta Cámara- que no se revise el corsé que en estos momentos supone para las administraciones públicas una ley
enormemente restrictiva en cuanto al gasto público. Es necesaria una revisión flexible al menos para facilitar la inversión productiva del sector público en los próximos años en una coyuntura económica claramente discutible o por lo menos con
serias incertidumbres. Por cierto, no se ha hecho referencia aquí a un hecho incontestable y desgraciado como es la evolución de los precios del crudo que van a condicionar, van a obligar a revisar a la baja, las previsiones de crecimiento de los
países occidentales, desde luego de la Unión Europea y del Estado español. Por lo tanto, en este contexto me parece que incentivar la inversión pública y privada puede ser un elemento clave en la política anticíclica.
Desgraciadamente creemos que
va a existir un retroceso en las previsiones de crecimiento por la consolidación de altos precios en el crudo, aunque puede estabilizarse, dada la situación de desastre absoluto en las zonas productoras del mundo, en Oriente Medio, ya que en
estos momentos existe una auténtica inestabilidad geopolítica que hace bastante inestable el futuro próximo.
Es necesaria una revisión moderada y flexible de la Ley de estabilidad para permitir más inversión pública. También nos sumamos a las otras reformas estructurales para mejorar la simplificación y la transparencia de los mercados; a la
necesidad de combatir la escasa calidad de los puestos de trabajo, especialmente los problemas de alta temporalidad; a la apuesta por las pymes y por los autónomos. Asimismo, nos parece importante todo lo referente a la persecución, como no puede
ser de otra manera, del fraude y a la racionalización del gasto.
Señorías, mi grupo apoya la propuesta de Convergència i Unió porque entiende que por ahí irán las líneas de la política económica que este país va a necesitar los próximos años para afrontar las necesidades de mayor competitividad, de mayor
crecimiento, de mayor productividad y para afrontar la inestabilidad que supone la consolidación de unos precios del crudo muy por encima de las previsiones hasta hace escasos meses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, supongo que no causará ninguna sorpresa si les digo al comienzo de mi intervención que votaremos en contra de esta proposición no de ley del Grupo Popular. Vamos a votar en contra porque, tal y como la proposición y la exposición
explica, es un texto que nosotros creemos que deriva de una pertinaz autocomplacencia en el discurso del España va bien. Nosotros no decimos que España vaya mal, sino que esto de que España va bien, por lo menos al conjunto de la ciudadanía, de
españoles y de españolas, no nos consta a todos por igual. Quizás en eso pudiéramos estar de acuerdo. Hay muchos millones de españoles y de españolas que les afecta más la temporalidad, el desempleo, la precariedad, que la subida de la Bolsa. Por
lo tanto, a la hora de decir que España va bien hay que tener un cierto grado de cautela.
Es cierto que la economía ha crecido, principalmente entre los años 1997 y 2000, pero también lo es que desde el año 2000 hasta aquí, y con la misma política, la política que aplicó el Gobierno del Partido Popular, no se creció. Por lo
tanto, nosotros creemos que el motivo del crecimiento hasta el año 2000 no son precisamente las políticas aplicadas por el Partido Popular y que hay que buscar ese motivo en el ciclo expansivo de la economía internacional fundamentalmente, eso de
una parte, sin olvidar unas ayudas comunitarias de más de 8.000 millones de euros al año, que suponen el 1 por ciento del PIB aproximadamente, y que se han producido unos ingresos importantes vía privatizaciones y la Seguridad Social, que gracias a
la ingeniería financiera de la filosofía del déficit cero se han desviado a las rentas más elevadas. En cambio su proposición no de ley insiste en su política y de lo que nosotros dudamos es de que su política sirva para esta nueva etapa en la que
España tiene que estar en una Unión Europea ampliada a diez países más y, por lo tanto, en una situación económica muy diferente.
Lo que dicen los datos de la contabilidad nacional del primer trimestre es que hay desequilibrios en el patrón de crecimiento de la economía española; que la economía española basa su crecimiento en el consumo, en la construcción y en las
importaciones, y que muestra signos de debilidad precisamente en las exportaciones, en la industria y en las inversiones en bienes de equipo. Ante esa realidad, la conclusión no debería ser otra que modernizar el aparato productivo para que podamos
tener una industria y un modelo productivo realmente competitivo en el nuevo escenario europeo. Eso significa esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación; significa buscar el camino del empleo estable, de la formación, de mayor dotación
tecnológica y de infraestructuras sostenibles. En cambio ustedes insisten en sus recetas y en sus logros, pero en los logros tampoco estamos de acuerdo porque, cuando ustedes hablan de cuatro millones de empleos, nosotros les debemos decir que
tenemos una concepción del empleo diferente a la de ustedes.
Para nosotros, una ocupación que no permite la autonomía económica del trabajador; que no permite la más mínima planificación de la vida personal o de la vida familiar; que no permite un nivel de consumo racional, estándar; que no
permite, por lo tanto, la integración en el modelo laboral y en las relaciones sociales, no es empleo, es una ocupación de subsistencia. Por lo tanto, para nosotros, no se han generado cuatro millones de empleos, se han generado muchos contratos
que han permitido subsistir a muchos jóvenes, a muchos trabajadores, en condiciones precarias, en condiciones de temporalidad, en un mercado laboral que no es, desde luego, el que hace falta para competir desde la calidad en el modelo productivo,
desde la calidad en el empleo. Lo que ustedes han hecho ha sido competir a la baja en el mercado de lo precario, en el mercado de lo barato y ese mercado hoy en Europa es más amplio y desde luego en ese tenemos todas las de perder. Por lo tanto,
no son sus recetas económicas las que hacen falta para esta nueva etapa económica y política.
En lo que se refiere a sus reformas fiscales, son las ya conocidas: el descenso de impuestos directos, el incremento de los impuestos indirectos, es decir, fiscalidad regresiva. Beneficios para las grandes rentas, para las grandes
fortunas; beneficios para las grandes empresas, para la banca, para el capital especulativo;
menos tributación de las plusvalías, hasta un 15 por ciento, es decir, como el tipo mínimo del IRPF. Baste decir que en la última reforma de las tres realizadas por el Gobierno popular, el 1 por ciento de los contribuyentes concentra el 20
por ciento de las rebajas fiscales. Esa es la realidad de la política fiscal del Partido Popular, de forma que rentas del orden de 100.000 euros/año pueden ahorrar más de 3.700 euros, mientras que un asalariado medio con un hijo no llegaría a los
500 euros de beneficio. Desde otra óptica, el gasto social ha descendido un 4,8 por ciento del PIB desde 1993 a 2002, es decir, con una amplia etapa de gobiernos del Partido Popular, y en gasto social ocupamos el penúltimo lugar de la Unión
Europea.
No crean que tenemos una posición dogmática porque sí contra el déficit cero; es más, nosotros hasta podríamos estar de acuerdo con el déficit cero. El déficit cero no debería ser incompatible con el aumento del gasto, siempre que haya
aumento de ingresos. El problema es quién paga la política del déficit cero. Si lo paga la fiscalidad de las grandes fortunas, la gran banca, la fiscalidad del beneficio especulativo, si se paga a través del recorte del gasto militar, a través de
combatir el fraude fiscal, pues, señorías, nosotros más ingresos para el Estado, más alegría y todos más contentos, no tendríamos ningún problema con el déficit cero. El problema es que el déficit cero en las políticas aplicadas hasta ahora en
nuestro país lo han pagado las políticas públicas, es decir, lo ha pagado el deterioro de la educación pública, lo ha pagado la inexistencia de las políticas públicas de vivienda, lo ha pagado la privatización encubierta de la sanidad o lo ha pagado
el abandono de las políticas sociales, de los servicios sociales y, por tanto, lo han pagado también los segmentos más débiles de nuestra sociedad, lo han pagado nuestros mayores, lo han pagado los niños que no tienen plazas en las escuelas
infantiles, lo han pagado las familias monoparentales, fundamentalmente mujeres que tienen responsabilidades familiares y viven solas, lo han pagado los parados de larga duración, lo han pagado los inmigrantes hacia los que no se han hecho las
políticas de integración que se deberían haber hecho y, en definitiva, lo han pagado los segmentos más débiles. No obstante, los factores que hicieron posible esa política de déficit cero y esa políticas que han pagado todos estos segmentos más
débiles ya no son posibles, entre otras cosas, porque son más que previsibles los cambios en lo que se refiere a las ayudas de la Unión Europea, porque son más que previsibles los cambios en los tipos de interés y porque es también más que
previsible que las privatizaciones o no se den en esa cantidad o no se den o se den de otra forma. Por tanto, sus recetas económicas, su discurso económico no sirve ya para la nueva realidad. Es un discurso que se queda anticuado, y este país,
España, o compite en innovación y en la calidad productiva o compite en precariedad. Hablar de modernidad, hablar de España, hablar del siglo XXI significa hablar de competir en la calidad productiva. Por eso los sectores económicos de la derecha
ya presionan para conservar sus beneficios en un escenario económico que prevén más desfavorable y esa es la razón por la que el Grupo Popular, que no deja de ser la expresión política de esos sectores económicos, presenta esta proposición no de
ley, que no es otra cosa que la expresión del discurso del Partido Popular que representa a esos sectores económicos de la derecha de nuestro país. Pues bien, o los nuevos objetivos y la nueva política son el incremento de las políticas sociales,
la reducción de la precariedad laboral, la búsqueda del empleo estable y de calidad y con derechos, la construcción de la vivienda pública, es decir, la economía entendida al servicio de la gente o seguiremos teniendo una política económica similar
a la del Partido Popular y entonces no sería cierto aquello de que otro Gobierno hace otra política sencillamente porque sea un Gobierno diferente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, seré muy breve para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre política económica y defendida por don Vicente Martínez-Pujalte. No creo que sorprenda a nadie en
esta Cámara que nuestro grupo muestre su disconformidad en relación con los contenidos de dicha proposición y que manifieste su voluntad de votar en contra de la misma. Aunque sea de manera esquemática quisiera expresarles algunas de las razones de
fondo de nuestra discrepancia.
En primer lugar, esta proposición pretende abrir un debate de calado sobre política económica en el que nuestro grupo parlamentario quisiera de verdad participar activamente, cuyo formato más adecuado es quizá cuando se debatan las enmiendas
de totalidad de los presupuestos del Estado y no en esta proposición no de ley. Los ejes de la política económica que plantea el Partido Popular son a mi juicio excesivamente simplistas y no responden a una auténtica reflexión en profundidad, que
insisto habrá que hacer con la mayor brevedad posible, en cuanto el Gobierno nos concrete las líneas básicas de la política económica. En segundo lugar, los cinco ejes fundamentales que se plantean en la proposición suponen más de lo mismo, señor
Martínez-Pujalte, forman parte del discurso reiterativo que ha utilizado el Partido Popular durante la pasada legislatura y con el que desde el Grupo Vasco hemos discrepado profundamente. Hay cuestiones obviamente con las que estamos de acuerdo.
Es preciso continuar
y abordar nuevas reformas estructurales en el sector energético, en el de telecomunicaciones, al igual que es preciso reformar el mercado de trabajo promoviendo la formación continua y la contratación estable.
Creemos que es también
positivo facilitar el marco de actuación de las pymes, y podemos estar incluso de acuerdo en otro montón de medidas que se pudieran plantear. Sin embargo, como bien sabe, desde el Grupo Vasco no estamos de acuerdo y rechazamos de plano la política
de rebaja continua y generalizada de impuestos que plantea el Grupo Popular. Ello no significa que estemos en contra de las reducciones de impuestos, pero estas reducciones han de venir tras una evaluación de las reformas que están ahora en marcha,
no se debe, a nuestro juicio, reformar sobre lo reformado sin analizar previamente los efectos generados por la reforma inicial; también tras un debate sobre las prioridades de gasto público y sobre los déficit en materias económicas y sobre las
distancias con Europa en materia social; tras un establecimiento de sendas de déficit, etcétera. En definitiva, los ingresos tributarios han de servir para financiar las necesidades económicas y sociales y, por tanto, su reducción permanente y
generalizada no puede constituir un objetivo en sí mismo. La política tributaria ha de ser una política instrumental.
En el primer punto de la proposición no de ley el Grupo Popular plantea mantener el equilibrio presupuestario. Me temo que su intención sea, señor Martínez-Pujalte -y, si no, espero que me responda que no y me diga lo contrario-, mantener
en vigor tal y como están redactadas en la actualidad las leyes de estabilidad presupuestaria. Nuestra oposición a las leyes, como saben SS.SS., ha sido frontal, no al concepto macroeconómico de estabilidad, sino a las leyes de estabilidad. No voy
a reiterar los argumentos que el Grupo Vasco ha utilizado al respecto en múltiples ocasiones. Saben señores del Grupo Popular que, más allá de las falsas justificaciones economicistas, lo que ustedes pretendieron en su día con estas leyes era dar
marcha atrás al proceso de desarrollo autonómico. No solamente el Grupo Vasco, sino también otros grupos, incluido el Socialista, hoy en el Gobierno, eran de la misma opinión.
Falta igualmente en esta proposición referencia a la reforma del gasto público, al desarrollo competencial mutilado y aún pendiente, a un proceso de transferencias congelado, etcétera. No creo que estos motivos sean menores para rechazar
esta proposición no de ley del Grupo Popular, pero desde el Grupo Vasco queremos participar activamente, junto al Grupo Popular y al resto de grupos de la Cámara, en un auténtico y profundo debate sobre política económica que creemos urgente e
imprescindible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, els tornem a fer avinent que com a valencianoparlants o catalanoparlants no tenim respectacs els nostres drets linguïstics en aquesta Camara. Els instem a adquirir el compromís solidari de superar aquesta
injusticia. De nuevo les emplazamos a superar solidariamente la injusticia que padecemos los valencianohablantes o catalanohablantes al no tener respetados nuestros derechos lingüísticos en esta Cámara.
Esta tarde tendría que decir al señor Martínez-Pujalte, al que he tenido el gusto de conocer a lo largo de estas últimas semanas por sus intervenciones, que me han parecido divertidas e interesantes. Nos habla de que al Partido Socialista
se le ha terminado el recreo. Menos mal que al Partido Popular le ha empezado el recreo y que sus clases de economía ya no son obligatorias para los ciudadanos del Estado español. Cualquier otra política económica sin lugar a dudas será mucho
mejor que la política económica del Partido Popular en beneficio de unos pocos y en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado español.
La proposición no de ley del Grupo Popular nos habla de mantener el equilibrio presupuestario, por el que su política económica nos ha llevado a recortes sociales en el Estado español que nos han puesto a la cola de los países de la Unión
Europea, equilibrio presupuestario a cuenta también del déficit fiscal de algunas comunidades autónomas como la nuestra. Esta política de recortes sociales nos ha puesto, según las estadísticas antes de la ampliación de la Unión Europea, a la cola
de los recortes sociales. Somos el penúltimo país de la Unión Europea en gastos de salud por habitante, penúltimo país de la Unión Europea en gastos sociales según el Consejo Económico y Social, último país de la Unión Europea en ayudas a familias
según Eurostat, últimos en tasas de ocupación, según Eurostat, últimos en ocupación de discapacitados según la Fundación La Caixa, penúltimos en salario mínimo, penúltimo lugar en la Unión Europea en gasto de I+D, antepenúltimo de la Unión Europea
en el índice de desenvolupamiento humano, y así podíamos seguir uno detrás de otro en la cola de las ayudas en los temas sociales
La proposición no de ley del Grupo Popular nos habla de reformas estructurales que favorecen la competencia, la transparencia y la eficiencia en los mercados de productos y servicios, nos habla del sector ferroviario, de la energía y de las
telecomunicaciones. Su receta durante estos últimos ocho años ha sido todo lo contrario, ha liberalizado el monopolio estatal y ha
puesto el monopolio en manos de unos cuantos amigos. Nos habla de bajar los impuestos, bajar los impuestos para unos pocos, no para la mayoría de los ciudadanos que han terminado pagando más en sus impuestos. Nos habla también de la
reforma del mercado de trabajo para flexibilizar las relaciones laborales. Nosotros pedimos desde Esquerra Republicana actitudes para un trabajo estable, regular el trabajo estable para los ciudadanos de este Estado es la mejor garantía de una
política económica válida. Nos habla de eliminar las trabas al espíritu emprendedor, a la iniciativa privada para las pymes y los trabajadores autónomos, cuando su política económica de estos últimos años ha sido todo lo contrario. Desde el Grupo
de Esquerra Republicana de Cataluña decimos basta ya de esta política económica, de esta estabilidad presupuestaria a costa de los recortes sociales y a costa de aumentar el déficit fiscal de algunas comunidades autónomas en beneficio de un
centralismo muy mal entendido.
Por eso desde el Grupo de Esquerra Republicana votaremos en contra de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en política económica.
En cuanto a la enmienda de sustitución que presenta el Grupo de Convergència i Unió, faltaría en algún punto alguna contundencia, aunque en líneas generales estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en exigir la transferencia del Forcem a las
comunidades autónomas. Cuanto más próximas sean las políticas económicas a los ciudadanos y que estas políticas económicas puedan ejercerse desde la propia comunidad, en este caso desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, ahí nos
encontrarán al Grupo de Esquerra Republicana. Lógicamente estamos a favor de facilitar al tejido productivo, a los trabajadores autónomos y a los emprendedores, todas las ayudas para fortalecer este medio económico, que son la pequeña y mediana
empresa.
En cuanto a la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista estamos en líneas generales de acuerdo con ella. Hay que destacar el tema de la estabilidad presupuestaria para racionalizar, para asegurar que el gasto social y la
inversión pública sean sostenibles, pero también para adelantar en este pelotón de la cola de la Unión Europea y llegar a ser uno de los países que más invirtamos en gasto social y en el que las inversiones públicas sean para todo el Estado.
En cuanto a garantizar desde los poderes públicos la libertad y la transparencia económica, ahí nos encontrará al Grupo de Esquerra Republicana para aumentar la autoridad de la defensa de la competencia, la liberalización de los mercados
energéticos, pero una verdadera liberalización de los mercados energéticos y de las telecomunicaciones, para que esta libertad de mercado favorezca a los ciudadanos del Estado español y no como hasta ahora a sólo unos pocos. En cuanto a la mejora
de la gestión y la eficiencia del sistema tributario, queremos agradecer la aportación que hace el Grupo Socialista cuando se refiere a simplificar los tributos para hacer cada vez más sencillo a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales. En ese sentido, qué mejor forma, para que sea más sencillo a los ciudadanos, que la aplicación del programa del tripartito con la agencia tributaria propia, en este caso que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya pueda ejercer las
competencias fiscales de recaudación de impuestos lo más cerca del ciudadano. Por eso nos alegramos de esta aportación que hace el Grupo Socialista, en el beneplácito de entender que una agencia tributaria propia es una aportación que mejora la
financiación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, apuesta en la cual encontrará al Grupo de Esquerra Republicana y para la que daremos pleno soporte al Grupo del Partido Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Se han presentado dos enmiendas. La primera es del Grupo Socialista. Como he indicado desde la tribuna mi grupo no va a aceptarla, porque nosotros creemos en la estabilidad presupuestaria; ustedes anuncian ya un déficit, el camino que ya
siguieron en los años de Gobierno. Creemos que hay que seguir bajando impuestos; ustedes anuncian que no, y le digo que se pueden bajar impuestos y mejorar la recaudación, señor Torres. Creemos que hay que seguir con la reforma, y ustedes parece
que no, que quieren dejar todo igual. Por eso no podemos aceptar su enmienda.
Señor Torres, de verdad tienen un reto. Nos van a encontrar siempre que el reto sea crecer y crear empleo, pero hay que tomar medidas, si no el diferencial de crecimiento no lo van a conseguir y seguir con la creación de cinco millones de
empleos en ocho años tampoco. Tienen ese reto. Van a encontrarnos para conseguirlo. Por eso le aconsejo a usted que vote mi proposición. (La señora Pozuelo Meño: Eso es una intervención.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, seguro que tiene preparado un brillante final.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Hay una segunda enmienda del Grupo Catalán, (Convergència i Unió), que tampoco podemos aceptar, porque no se ajusta a lo que, junto con ese grupo, hemos hecho en estos ocho años y ha dado tan buenos
resultados para España. Yo les aconsejo que sigan en la línea del crecimiento del empleo. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, alivie sus necesidades dialécticas.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Teniendo en cuenta este intercambio de opiniones, demos por zanjado este punto del orden del día.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL, DEL FRANQUISMO Y DE QUIENES DEFENDIERON LA DEMOCRACIA Y LUCHARON POR EL RESTABLECIMIENTO DE LAS LIBERTADES DURANTE LA TRANSICIÓN. (Número
de expediente 162/000080.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE RECONOCIMIENTO Y AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. (Número de expediente 162/000024.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA REPARACIÓN MORAL A TODAS LAS PERSONAS QUE FUERON REPRESALIADAS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA, Y AL RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN DE QUIENES
PARTICIPARON EN LA LUCHA Y RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA PARA LA INSTAURACIÓN DE UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000041.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en los puntos 3, 4 y 5, que se van a debatir de una forma acumulada. Son tres proposiciones de ley que la Mesa y la Junta de Portavoces estuvieron de acuerdo en acumular, porque trataban básicamente del mismo
objeto: la del Grupo Vasco relativa al reconocimiento de las víctimas de la guerra civil, del franquismo y de quienes defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades durante la transición; la del Grupo Parlamentario
Mixto, señora Lasagabaster, sobre reconocimiento y ayudas a las víctimas del franquismo; y la del Grupo Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, relativa a la reparación moral a todas las personas que fueron represaliadas durante la dictadura
franquista, y al reconocimiento de la importante contribución de quienes participaron en la lucha y resistencia antifranquista para la instauración de un régimen democrático en el Estado español.
Para la defensa de su proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka. Sabe que el turno es de diez minutos.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, como decía hace años un filósofo francés, la identidad humana radica en la memoria. Sin recuerdos, los seres humanos son como los restos de un naufragio que flotan a la deriva desparramados y sin rumbo.
(La señora vicepresidenta,
Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La amnesia, tanto la individual como la colectiva, o es una patología, un desarreglo de la personalidad, o algo mucho peor, es un pretexto, es una coartada para no reconocer ni corregir los errores en los que eventualmente hubiera podido
incurrirse en el pasado. En el Estado español, como se sabe, la transición política a la democracia se cimentó en la desmemoria, se asentó en el olvido y fue sin duda la prudencia la que aconsejó que esto fuera así, una prudencia condicionada en
parte por el temor al sable, pero animada al mismo tiempo por la firme determinación de no poner en el camino hacia la libertad más obstáculos que aquellos que fueran imprescindibles. Pero hoy, medio siglo después, podemos decir que carecen de
sentido las cautelas que entonces impusieron una actitud tan precavida. La sociedad lo percibe -nosotros lo creemos así- con claridad y probablemente por ello durante los últimos años estamos asistiendo a un saludable despertar del interés por
recuperar la memoria colectiva. Los ciudadanos no dejan de explorar nuevas fórmulas para dirigir una mirada crítica al pasado, no con un afán meramente especulativo ni con ánimo de revancha, sino con la firme determinación de hacer justicia, de
hacer justicia, primero, con las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista, cuyas vidas fueron truncadas, cuyo recuerdo fue cruelmente prohibido y cuyo honor quiso ser mancillado, a veces incluso con éxito, y segundo, en la
construcción del futuro colectivo, en la búsqueda de un nuevo orden en el que un cabal conocimiento de los excesos, de las demasías, de las brutalidades cometidas en el pasado permitan fijar con nitidez la línea que en ningún momento podrá volver a
franquearse en la convivencia futura.
Durante la VII Legislatura se presentaron muchas iniciativas tendentes a recuperar la memoria histórica, iniciativas que perseguían evaluar críticamente el pasado político reciente y reparar moral y económicamente a las víctimas de la guerra
civil y a todos aquellos que durante los 40 años subsiguientes padecieron la represión del franquismo. Muchas de ellas sucumbieron, como es sabido, a la negativa rotunda que el Grupo Popular impuso absolutamente a lo largo de la pasada legislatura,
pero finalmente, el 26 de noviembre del año 2002, la Comisión Constitucional consiguió
aprobar por unanimidad una resolución que afirmaba un reconocimiento moral claro a todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como a cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista.
Pues bien, la proposición no de ley que tengo el honor de defender aspira a entroncar con esta resolución de la Comisión Constitucional. No se sitúa al margen de la misma ni pretende desconocerla ni ignorarla, sino que sólo aspira a
impulsar desde el Congreso de los Diputados una serie de medidas que contribuirán a dar relieve a esta resolución, a darle entidad y auténtico sentido. Quieren dotar a esta resolución de un contenido real y efectivo, más allá de las proclamaciones
de principios que contiene la misma. Hubo entre nosotros, entre los diputados quiero decir, quien consideró que aquella resolución ponía definitivamente fin a todo lo que tenía que ver con la recuperación de la memoria histórica y la reparación
moral y económica de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Hubo, insisto, quien defendió que con aquella resolución se liquidaba definitivamente este debate, pero no es así. La Resolución de 26 de noviembre del año 2002 ponía fin a una
etapa, es cierto, pero al mismo tiempo abría una nueva, inauguraba un nuevo período en el que todas las instituciones públicas quedaban emplazadas por parte del Congreso de los Diputados a apoyar todas aquellas iniciativas que se formulasen por los
interesados o por sus familiares en relación con las materias a las que se refería la misma. Su texto es inequívoco cuando afirma literalmente: Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleven a cabo en
tal sentido reciban el apoyo de las instituciones. No hay, pues, señorías, duda alguna a este respecto. Y los afectados y sus familias no dejan de presentar iniciativas y de formular reclamaciones a los poderes públicos en reivindicación de su
pleno reconocimiento y de medidas simbólicas y económicas que les hagan justicia. El tiempo, ellos lo saben, sobre todo los directamente afectados, corre inexorablemente y su avanzada edad les hace ser conscientes de que sólo actuando con rapidez
lograrán en vida que la democracia salde de una vez la deuda de gratitud que tiene contraída con ellos.
Pues bien, de la intensa labor que vienen llevando a cabo los afectados y sus familiares, dan cuenta también los trabajos del Defensor del Pueblo.
Durante los últimos años el Alto Comisionado parlamentario acostumbra a incluir en su informe
anual un apartado específico en el que, bajo un epígrafe que siempre se titula: Prestaciones derivadas de la guerra civil, se registran resumidamente las miles de quejas, individuales unas y colectivas otras, que gentes de los más diversos
colectivos de víctimas de la guerra civil y del franquismo vienen formulando para la mejora de las prestaciones públicas de las que ya disfrutan o para, en su caso, el establecimiento de otras nuevas. El Defensor del Pueblo viene haciendo
llamamientos reiterados a los poderes públicos para que no den por finalizado el esfuerzo desarrollado para compensar a los que resultaron más perjudicados por la guerra civil y por la ausencia de libertades en las décadas posteriores. Incluso ha
llegado a formular alguna recomendación a este respecto. Quisiera destacar, por ejemplo, una que planteó el año 2001, dirigida al Ministerio de Hacienda, en la que requería al Gobierno para que llevara a cabo una revisión general de la legislación
vigente en este tema, revisando sistemáticamente todas las prestaciones que están aprobadas o, en su caso, proponiendo la creación de otras alternativas para cubrir situaciones que no estuvieran adecuadamente cubiertas. La recomendación, como se
sabe, fue rechazada por el Ministerio de Hacienda en aquel momento, por considerar que las prestaciones a las que se refería la recomendación del Defensor del Pueblo estaban suficientemente cubiertas.
Hoy, señorías, nos encontramos ante un Gobierno diferente. Un Gobierno sustentado por un grupo parlamentario que en la legislatura precedente apoyó sin reservas todas las iniciativas que se presentaron en esta Cámara en relación con estas
materias. Un Gobierno que ha de ser -al menos así creemos nosotros- más sensible a las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo, a las que acabo de referirme. Por ello el punto primero de nuestra proposición no de ley pretende instar
al Gobierno a que lleve a cabo esta revisión general de la legislación de amnistía a la que se negó rotundamente el Ejecutivo anterior. No es -así lo creemos- una reclamación desmesurada o fuera de lugar; es lo mínimo que cabe exigir a este
Gobierno, si quiere -y creemos que es así- desmarcarse de la actitud cerrada e incluso hostil que el Partido Popular ha mantenido en estos temas durante la legislatura precedente. Pedimos, por tanto, un estudio de la situación que permita
identificar las lagunas e insuficiencias de las que sin duda adolece la conocida como legislación de amnistía y un compromiso firme de establecer, antes de que sea demasiado tarde -para muchos que han ido quedando en el camino ya lo es-, un marco de
prestaciones y compensaciones acorde con la dignidad que se ha de reconocer a quienes mantuvieron viva durante el franquismo la llama de la libertad y contribuyeron decisivamente a la restauración democrática. Es mucho lo que la democracia les debe
y sin su satisfacción nunca se harán plenamente efectivos los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
El segundo punto de la proposición trae causa también de la resolución de la Comisión Constitucional de 26 de noviembre del año 2002. Una de las principales tareas a las que se han entregado los afectados y sus familias durante los últimos
años es la de la recuperación de la verdad, una verdad que durante décadas ha permanecido soterrada o bien oculta por el miedo o
por un manto institucional que la negaba, cuando no la perseguía con saña.
Pero la recuperación de la verdad, señor presidente, exige gozar de un mínimo de libertad para acceder a las fuentes en las que se contiene y hoy todavía existen
resabios del pasado que miran con prevención e incluso con hostilidad este tipo de investigaciones como si fueran iniciativas impulsadas por organizaciones clandestinas y no lo que son: un intento de recuperar la verdad avalado por la más alta
instancia política del Estado, por este mismo Congreso de los Diputados.
Hace unos meses yo mismo tuve ocasión de denunciar en esta tribuna los obstáculos con los que algunos investigadores se enfrentaban, en aquel momento, a la hora de consultar los fondos documentales de algunos establecimientos penitenciarios.
Hoy, afortunadamente, aquellos obstáculos han sido removidos, ha costado pero se ha conseguido, aunque lamentablemente haya tenido que ser como consecuencia de la denuncia que aquí presentamos. Pero todavía existen baluartes inaccesibles. Algunos
jueces, muy celosos de su autoridad jurisdiccional, se siguen resistiendo a permitir el acceso de los investigadores al Registro Civil. Tengo en mi poder copia de un escrito que un juez de Vizcaya remite a la sección correspondiente de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi negando por enésima vez el acceso al Registro Civil para llevar a cabo este tipo de investigaciones, diciendo literalmente: Los datos existentes en el Registro no son públicos y no se les va a facilitar ni el acceso ni
información alguna. Así reza literalmente el oficio que ha recibido la Sociedad de Ciencias Aranzadi del juez en cuestión. Esperamos que, aprobada esta proposición no de ley -confiamos en que lo sea-, este tipo de situaciones desaparezca
definitivamente.
Finalmente, el texto de la proposición no de ley exige en su punto tercero rendir tributo de justicia y reconocimiento a quienes durante la transición murieron o sufrieron daños físicos o psicofísicos con ocasión del ejercicio de algún
derecho fundamental o en reclamación de su reconocimiento. Es una reivindicación histórica de este grupo que hasta la fecha no ha encontrado satisfacción, aunque en la pasada legislatura ha gozado de la comprensión del grupo parlamentario que ahora
sostiene al Gobierno; es una causa justa que el Grupo Socialista ha compartido, nos consta que también comparte durante esta legislatura y que esperamos que lo siga haciendo en los próximos tiempos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Erkoreka, concluya, por favor.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo, señora presidenta.
Se trata de reconocer y compensar a las víctimas del tardofranquismo, aquellas que padecieron los efectos del franquismo cuando este ya había desaparecido formalmente, aunque sus pautas de actuación seguían inspirando la actuación de no
pocas unidades de los aparatos del Estado.
Existe una enmienda transaccional del Grupo Socialista que se ha convertido, por razones obvias, en referencia en la tramitación de esta proposición no de ley. Esta enmienda hace suyos los postulados de esta proposición no de ley que acabo
de defender y propone una redacción alternativa que, a nuestro juicio, mejora técnicamente los contenidos de la misma. Por tanto, anuncio la aceptación de esta enmienda transaccional, que, insisto, consideramos que mejora técnicamente la propuesta,
sin alterar sus contenidos; al contrario, profundiza en los planteamientos que nosotros defendemos. Es una enmienda que aceptaremos y no hago referencia a las demás porque, por razones que todos comprendemos, es la enmienda que se convierte en
referencia en esta tramitación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Erkoreka.
A continuación, para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra, la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene cinco minutos la señora Lasagabaster y luego tendrá cinco minutos el señor Rodríguez, también del
Grupo Parlamentario Mixto, por este orden.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, presento ante esta Cámara una iniciativa cuyo objetivo no es otro que conseguir hacer justicia. Este ha sido el leitmotiv, el objetivo central de todas las intervenciones e iniciativas que he presentado en esta Cámara en los
últimos tiempos y de todas las intervenciones que he realizado respecto de otras iniciativas. Así lo decía también en el último debate de la moción que presenté el pasado 14 de octubre de 2003.
Decía claramente: Si hoy no sale, seguiremos. Y
aquí estamos. Estamos aquí para hacer justicia respecto de muchísimas personas que durante años y años vieron vulnerados sus más elementales derechos y libertades fundamentales. Lo he dicho siempre, esta no es una iniciativa de partido ni
partidista, ni tampoco es una iniciativa contra ningún partido, es una iniciativa de justicia. Queremos devolver la dignidad a las víctimas y sobre todo -desgraciadamente ellos ya no están- a sus familiares, a los familiares de las víctimas de la
guerra civil y de la represión franquista. Queremos su reconocimiento moral, social y económico, y queremos recuperar la memoria histórica individual y colectiva de lo que pasó. Hay muchas actuaciones que hay que realizar y probablemente el
listado no pueda ser ni tan siquiera exhaustivo hoy. Hemos hablado muchas veces de la importancia de los datos, del acceso a la documentación. Aquí se han señalado las dificultades
que hemos tenido que sobrellevar, sobre todo los familiares y organizaciones, para acceder a documentación, a los archivos públicos y privados de fundaciones como la Fundación Franco, que no permitía ni tan siquiera el acceso y están
subvencionadas. Queremos un plan de ayudas económicas, mas allá del que ya han realizado las administraciones autonómicas. Queremos que los familiares puedan recuperar, y para eso hay que obtener información y hay que dotar de ayuda, los restos
mortales de sus seres más queridos, de los desaparecidos, de los fusilados, de los ejecutados durante la guerra civil y el franquismo. Queremos devolver la dignidad con mejora de pensiones asistenciales y asistencia sanitaria a tantas y tantas
personas que hoy no es que vivan, hoy malviven. Hablamos de los niños de la guerra u otra serie de personas que tienen una mala situación económica y para las cuales la urgencia es imperativa hoy.
Hablamos de suprimir subvenciones a fundaciones
que se emparentan mucho más con dictadores y nada con la democracia, y todos saben a quién me refiero. Hablamos también de la apertura de esa ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, para que ampare a las víctimas de la represión
policial. Hablamos también de revisiones de juicios sumarios y causas judiciales sumarísimas, para llevar a su anulación. Y todo esto ni siquiera es exhaustivo. Hay muchas más cosas para hacer. Nuestra filosofía ha sido siempre la de actuar en
concreto, con urgencia y rápido. Esto fue lo que nos llevó a admitir la transacción, sobre la base de las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo de Izquierda Unida y la de Eusko Alkartasuna el 20 de noviembre de 2002, actuando
paso a paso. Y hoy lo vamos hacer otra vez. Pero, ojo, en ningún caso ponemos punto final a nada. Con estas iniciativas y la que hoy aprobemos como enmienda transaccional, seguiremos haciendo muchas cosas que quedarán pendientes.
¿Qué presentamos entre todos, después de conversaciones a las que espero todo el mundo se una con su voto? Iniciativas que permitan este reconocimiento moral, social y económico. Que sepamos cuál es la situación de todas estas personas, de
sus familiares, qué es lo que las distintas administraciones han hecho a lo largo de este tiempo y qué tenemos que hacer. Es evidente que el tiempo apremia. Cualquier tiempo que sea más allá de lo que se establece como finales de año, sería un
error, por no decir una injusticia. Pero también queremos, como decía antes, que en esa transacción se ampare esta amplitud de esa ley a esas víctimas del exceso de represión policial en lo que se llamaba tardofranquismo. Hablamos de los cinco
obreros asesinados en las puertas de la iglesia de Gazteiz. Hablamos de otras víctimas de manifestaciones.
Hablamos de todas estas personas a las cuales hay que hacer justicia. Lo mismo que el acceso a los documentos de las personas que quieren
saber más de ellos y más de sus familias. El acceso a las fundaciones, a los ficheros públicos y privados, lo reitero para que no quede ninguna duda.
Y también la dotación de medios materiales y humanos para que esto pueda ser posible.
Nos quedan más cosas. Pero, como les decía antes, seguiremos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía Castelao, que fue precisamente diputado en este Congreso en la primera legislatura republicana y también en la de 1936, cuando ya desde el exilio en Buenos Aires contemplaba lo que pasaba en el Estado español, en concreto en 1943, lo
siguiente: Moito máis que nos, os que vivimos en América, están sofrindo a xente de Hespaña, que non ten pan, nen roupa, nen sosego, nen liberdade. Calquera dos que viven en cadeas ou dos que agonían perseguidos, teríase por moi feliz o día que
poidese traspasar a fronteira hespañola.
Un exiliado, por tanto, estaba evocando los sufrimientos de todos aquellos que habían quedado dentro de la cadena y de la cárcel del Estado español franquista. Da igual que se trate, aunque sea con más intensidad, del periodo 1936-1939, que
del periodo 1939-1977. Las características son comunes: exiliados, encarcelados, huidos, asesinados, desterrados, depurados y torturados. Pero tenemos que hacer especial mención en estos momentos a aquellos asesinados y desaparecidos o bien en
juicios que fueron una auténtica farsa, o incluso paseados en las cunetas. En muchos cementerios de Galicia duermen los últimos mártires de la libertad en número incontable, decía Castelao, y entre ellos en concreto una de las personas que había
elaborado el estatuto de autonomía que fue plebiscitado el 28 de junio de 1936, en concreto Alexandre Bóveda, al que aún hoy la mayoría de las instituciones niegan la rehabilitación de su memoria en Galicia, y en particular incluso el Parlamento de
nuestro país. Un hombre pacífico, dialogante, de confesionalidad católica, que fue asesinado solamente por el delito de ser adicto al régimen republicano, que era exclusivamente el régimen constitucional y legal establecido.
Señorías, pensamos que hay tantas familias, asociaciones e incluso la última generación que puede informar directamente de lo que pasó, que desde el punto de vista político institucional es el momento de que ayudemos precisamente a acabar
con una situación que se basaba en la vergüenza, en el silencio y en el miedo. Por tanto, pensamos que la iniciativa que hoy se va a aprobar es oportuna y por fin va a llegar a buen término desde el punto de vista práctico. La represión no fue
solamente en la etapa a que nos referimos de la
guerra civil y los momentos inmediatamente posteriores, pero esta represión no impidió que se restaurase la oposición al régimen franquista y para nosotros hay fechas especialmente importantes, una simbólica fundamental: los sucesos, clave
desde el punto de vista democrático, que indujeron a la ruptura, a la transición de la actual democracia, que fue la movilización obrera de 1972 en Ferrol. Un 10 de marzo, en que precisamente por movilizarse en defensa de los derechos de
manifestación, de las libertades de información y de las libertades sindicales, fueron asesinados dos obreros, Amador y Daniel, en el Puente Das Pías, con una serie de heridos, más de veinte, con la aplicación de un estado de excepción en la ciudad
durante más de diez días, que incluso llevaron a Santiago Carrillo a reconocer que había sido uno de los elementos fulcrales y fundamentales de oposición al régimen en aquel momento histórico. Digo esto porque es inevitable que recuperemos también
el pasado inmediato y me gustaría leerles rápidamente la homilía que en aquel momento, con permiso del Obispo de Ferrol, el señor Araujo, se leyó en todas las iglesias: Creemos que despedir a los representantes de los obreros precisamente por el
capital y en plenas deliberaciones es algo tan injusto en sí mismo que no se puede admitir ni debe repetirse más.
Ante la muerte de nuestros hermanos sólo oímos la voz del Sinaí: no matarás. Deseamos y pedimos con toda la fuerza de nuestra
palabra y de nuestra vida que esas muertes sean las últimas, que los responsables del poder político y económico creen los cauces adecuados de diálogo y participación que hasta ahora no se ha hecho, busquen otros medios de custodia del orden
público, eliminen el miedo de la gente con la restauración plena de la confianza y la tranquilidad de la conciencia.
Los enterrados, todos los mártires enterrados en este momento, lo fueron en unas condiciones de excepcionalidad e incluso el propio
párroco que fue encargado de decir la homilía fue multado por la autoridad política con 250.000 pesetas, como lo fueron cantidad de personas civiles y eclesiásticas de toda la comarca en aquel momento histórico, llegando el señor López Bravo a
denunciar al obispo de Mondoñedo-Ferrol ante la Santa Sede.
Decimos todo esto, señorías, porque es importante que se den cuenta hasta qué extremo la contribución para que hubiese democracia en el Estado español fue múltiple, plural e inestimable y no puede ser en absoluto olvidada. Lo decimos desde
nuestra convicción de que hay que restaurar la verdad y de que es hora de que el régimen democrático no solamente sea democrático formalmente sino que asuma esa parte del pasado como algo consustancial a su estructura y a su idiosincrasia, para que
no se pueda pensar que lo único que se hizo fue un maquillaje democrático pero a través de las personas que controlaron, usurparon y decidieron los momentos más negros de la historia de España en aquellos años, desde el año 1936 hasta el año 1977.
Acabo, señora presidenta, diciendo que nuestra iniciativa fue sensiblemente mejorada con la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y en especial queremos hacer hincapié en ese proyecto de ley de solidaridad con las
víctimas que sufrieron daños personales para que este proyecto establezca ayudas económicas, aunque se perciban de una sola vez, y que afecte a todas aquellas causas que ocurrieron entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Y también en
especial a que, desde el punto de vista público y privado, se tenga la mejor disponibilidad para buscar cuantos documentos sean necesarios para encontrar, entre otras muchas, las fosas de todos esos asesinados.
Acabo con un dato, señora presidenta, para que se den cuenta de la gravedad del problema. En un lugar como Ferrol y la comarca fueron asesinados entre 1936 y 1940, 715 personas. Creo que sus familias, aún hoy vivas, y muchas de las
personas que comprobaron este tipo de terror tienen derecho a buscar a sus familiares donde puedan estar anónimamente sepultados y en otros casos restaurar la dignidad de su memoria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas a estas proposiciones no de ley. En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías.
Una vegada més, els recordo que en aquesta petita intervenció hauré de parlar-los en llengua espanyola, perquè els drets lingüístics dels catalanoparlants no ens són reconeguts en aquesta càmara. Estem convençuts que els membres d´aquesta
càmara, en nom de la llibertats i els drets democràtics, posaran fi, ben aviat, a aquesta injusticia que, com a demòcrates, a les primeries del segle XXI, hauria d´avergonyir-nos.
Hace tan sólo unos días, en el paraninfo de la Universidad de Barcelona, en la apertura de un homenaje tardío a los supervivientes catalanes del campo de exterminio de Mauthausen, el intelectual y ex ministro de Cultura socialista del
Gobierno español, antiguo deportado en un campo nazi, Jorge Semprún, manifestó con dolor hasta qué punto durante la transición se cayó en el error de confundir amnistía con amnesia y perdón con olvido. Ciertamente, los dirigentes de los pueblos del
Estado español, tanto los que habían formado parte del franquismo como los que habían participado en la lucha contra la dictadura, optaron por el olvido. En nombre de la estabilidad política obviaron los derechos humanos proclamados por Naciones
Unidas, que establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y no pueden quedar impunes. En nombre de cerrar heridas históricas permitieron que
centenares de miles de familias republicanas continuaran padeciendo injusticias y el terror interiorizado y silenciado durante décadas -terror, repito, creado en centenares de miles de familias, especialmente en las mujeres, madres, esposas
e hijas de vencidos- hizo que una gran parte de estas familias no se atreviesen ni a hablar de su tragedia a sus hijos y nietos.
El comportamiento de la mayoría de dirigentes de la transición, con todo respeto, en este aspecto ha sido frustrante. No han tenido una actitud fundamentada en la justicia y el derecho sobre crímenes contra la humanidad sino que han ido
dando una respuesta aislada ante cada una de las peticiones de los pocos sectores organizados que han reclamado justicia. Por ejemplo, se aceptaron las reivindicaciones de los derechos pasivos de ex militares y ex funcionarios de la República, se
compensó primero el patrimonio inmobiliario expropiado a los sindicatos y mucho más tarde el patrimonio incautado a los partidos políticos, pero queda mucho y de forma urgente por hacer.
Las nuevas generaciones del Estado español, cultas y educadas en los valores democráticos, se han convertido en la voz que ha ido supliendo la cada vez más debilitada, por razones de número, salud de los supervivientes republicanos y los
demócratas que padecieron tortura, cárcel o muerte por parte de la dictadura. Corresponderá, pues, a la historia juzgar los comportamientos de unos y otros, pero por lo que respecta a la problemática que suscita esa intervención, les recuerdo que
el 20 de noviembre del 2002 el Congreso de los Diputados aprobó una resolución en la que, además de condenar el golpe militar del año 1936, se declara el reconocimiento moral hacia todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil
española, etcétera. No obstante, como señalaba el Defensor del Pueblo en su informe anual, a finales del 2003, esta histórica resolución no ha tenido la repercusión que precisa su observancia, particularmente en lo que concierne a la revisión de
los juicios sumarios realizados durante la dictadura, puesto que el Tribunal Supremo ha seguido rechazando las peticiones que se le han presentado en ese sentido. El 10 de septiembre del año 2003, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ante el
Congreso una proposición no de ley relativa a la anulación de los juicios sumarísimos militares que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista. Dicha propuesta, defendida por la señora Valcarce García, fue rechazada por el Partido Popular.
Porque algo habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta cuando miles de ciudadanos antifascistas, muchos de ellos al final de sus vidas, todavía no han sido reparados ni moral ni económicamente, o se ven inmersos en
laberínticos procesos administrativos y burocráticos para acceder a ellos y les provoca desazón y desengaño, como es el caso de aquellos ciudadanos a los cuales no se les da credibilidad por la falta de documentación. Porque algo habrá dejado de
hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta cuando en la España del siglo XXI un monumento que ensalza la figura de un genocida y el ideario fascista construido con el dolor y la muerte de los legítimos defensores de la Constitución
republicana, como es el Valle de los Caídos, se ha convertido en lugar de peregrinación de los totalitarios y escarnio de la cultura de la paz y la convivencia. Porque algo no se habrá hecho bien o habrá dejado de hacerse cuando un ministro como el
señor Caldera toma posesión de un ministerio aquí y ahora, en el año 2004, sin hacer desmontar la estatua ecuestre del dictador que preside la entrada de su ministerio. ¿Sería posible este hecho en la Alemania actual respecto al genocida Adolf
Hitler? Porque algo no se habrá hecho correctamente o habrá dejado de hacerse cuando hoy día todavía los familiares de las personas asesinadas por la dictadura no pueden acceder a las causas judiciales con la finalidad de poder pleitear en favor
del honor de sus seres queridos a los cuales se les atribuye a veces la condición de bandidos. Porque algo habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta si por parte del Estado todavía no se ha pedido perdón por las decenas de
miles de luchadores por la libertad que sufrieron torturas en las comisarías, presidio en las cárceles franquistas o fueron asesinados por el ejército español, como el presidente de nuestro país Lluis Companys, o el asesinato de sindicalistas como
Joan Peiró, de ideólogos como Pesset, de luchadores como Julián Grimau, Francisco Granado, Joaquín Delgado, Salvador Puig Antich o el siempre recordado Juan Paredes Manot, fusilado en nuestra Cataluña por la Guardia Civil. En este sentido, déjenme
que les informe de hasta qué punto estamos ante una reivindicación que se ajusta al sentir más profundo del pueblo de Cataluña que la Associació pro memoria d'inmolats per la llibertat de Catalunya, a favor de la reclamación ante el Gobierno español
para que se promulgue una ley a fin de que sean anulados los juicios sumarísimos militares que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista, no una amnistia, ya que ello sería reconocer la popularidad y sería imperdonable, ha recogido la
adhesión de cien ayuntamientos de Cataluña, los más poblados, entre los cuales se encuentra nuestra capital, Barcelona, y las cuatro diputaciones. Cien ciudades de Cataluña, repito, las más pobladas, piden que se revisen las causas sumarias y
sumarísimas que condujeron a la muerte a tantos luchadores antifascistas.
Ha llegado, pues, el momento definitivo de revisar los juicios sumarios y sumarísimos, de la identificación y entierro de todos los cadáveres encontrados en las fosas de la vergüenza, del reconocimiento de las guerrillas antifranquistas, de
la multiplicación de los actos de catarsis reconciliadora en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos, en los órganos del Estado central, en las Fuerzas Armadas, entre la jerarquía de la Iglesia y la masonería, en la Administración
de Justicia. Ha llegado también el momento de la reparación económica, de la reconciliación del Estado central con las nacionalidades, del reconocimiento del intento de genocidio, de la recuperación y conservación de los penales y campos de
concentración, de la revisión de los conceptos históricos en los planes de estudio, en las programaciones de las escuelas militares, de la revisión de los callejeros de ciudades y pueblos con una norma general de prohibición de ensalzamiento del
franquismo, la normalización de la memoria republicana, etcétera. Han pasado 25 años desde la aprobación de la Constitución del año 1978 que instituyó una nueva legalidad y que permitió la reintegración del Estado español en la Europa democrática.
Ha llegado el momento, pues, de que España abandone la cultura del olvido y deje de ser la excepción en la cultura europea de la memoria histórica que tiene el objetivo de grabar, en la conciencia de las sucesivas nuevas generaciones, el nunca más
ante la barbarie de los crímenes contra la humanidad.
Esquerra Republicana ha presentado dos enmiendas, una de las cuales dice: Proceder a la revisión de las causas judiciales sumarias y sumarísimas instruidas sin ningún tipo de garantía democrática bajo la dictadura, con la finalidad de ser
anuladas y así restaurar la dignidad y el honor de los ciudadanos que padecieron tortura, privación de libertad o muerte por luchar por las libertades democráticas. La otra enmienda dice: Proceder al estudio de modificación de la ley que otorga la
nacionalidad española a aquellas personas nacidas en otros Estados como consecuencia del exilio de sus padres que así lo desearan.
La enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista debe contextualizarse en el análisis que hemos realizado. Por ello, nos parece demasiado generalista, poco ambiciosa e injusta respecto a la no admisión de las necesidades de
proceder a la revisión de las causas judiciales.
Aun así, votaremos a favor, pero ya anunciamos que esperamos discutir pronto la propuesta de Esquerra Republicana de proceder a la anulación del juicio que llevó al asesinato de nuestro presidente
Lluis Companys.
El mismo señor Bono nos sorprendió manifestando su posición favorable, resolución que debe abrir la puerta a la posterior revisión de todas las causas de los ciudadanos inmolados por la libertad. En Cataluña nunca aceptaremos la no
revisión y la no posterior anulación de los sumarios que condenaron a nuestros padres a la miseria.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muchas gracias.
Nos encontramos ante tres proposiciones no de ley que plantean cuestiones similares, con matices propios, pero todas ellas oportunas y complementarias. La verdad es que después de las intervenciones que se han sucedido poco queda por decir,
pero algo tendremos que manifestar para exigir ese reconocimiento y apoyo a los represaliados, a los encarcelados, a los asesinados, a los desaparecidos y también, por supuesto, a aquellos que sufrieron el exilio y el extrañamiento; en definitiva,
el justo reconocimiento que todos aquellos que defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades merecen.
Mediante las iniciativas presentadas se pretende saldar, por fin, una deuda histórica con los máximos valedores de la democracia. El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds se suma, como es
natural, a ello; eso sí, a pesar de que dicho reconocimiento no se hizo coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de nuestra Constitución española. Debería haberse hecho incluso antes, pero recordemos que en esa celebración no formó parte
de los actos oficiales de conmemoración el homenaje a los luchadores por las libertades promovido por todas las fuerzas políticas excepto el Partido Popular, sin que ni siquiera se permitiera a los homenajeados estar en este hemiciclo en los escaños
donde nosotros nos sentamos. Bien, más vale tarde que nunca, señorías. Hoy nos sentimos optimistas esperando que por fin se empiece a trabajar, de verdad, por esa recuperación moral y económica de las víctimas de la dictadura franquista. Y digo
trabajar de verdad porque esa resolución, que tanto se cita y que efectivamente se aprobó por unanimidad, no ha implicado una verdadera acción ni ha implicado un trabajo por parte del Gobierno, y eso hay que denunciarlo.
Pero no lo digo yo sino el
informe anual del Defensor del Pueblo de finales de 2003, que dice: Esta histórica resolución parlamentaria no ha tenido la repercusión que precisa su observancia de parte de las instituciones del Estado. Repito que el Defensor del Pueblo es quien
lo dice, señorías. Lo cierto es que el retraso, al que hacía mención, en abordar la reparación ha llevado al desamparo a las familias de las víctimas que no pueden recuperar los restos de sus familiares de forma legítima y con los honores que
correspondería; al desamparo de los denominados niños de la guerra, que ya no son tan niños; a la falta de acción en cuanto a la recuperación de las fosas de enterramiento. En fin, son acciones que muchos ya no podrán ver, pero -vuelvo a decirlo-
más vale tarde que nunca y desde ahora tenemos que trabajar por el desagravio hacia todas las víctimas. Hay mucho, mucho trabajo por hacer y este Parlamento debe dar hoy ese primer paso de compromiso firme de trabajo por ello y por ellos. Hemos de
adoptar las medidas necesarias para devolver al pueblo su historia
y reconocer la contribución de aquellos que lucharon por el régimen democrático y de derechos que hoy, más o menos, disfrutamos. Lucharon por acabar con la dictadura franquista llevando a cabo una resistencia heroica que les condujo a la
muerte y al exilio. Como muchos de nosotros sabemos, conocer bien nuestro pasado es un requisito para consolidar la democracia; es un paso que ningún Gobierno ha abordado de forma decidida hasta la fecha, constituyendo así el llamado modelo
español de impunidad, basado en la desmemoria, en la dejación y en la impunidad.
Señorías, ha llegado el momento del cambio. La derecha reaccionaria que nos ha gobernado ya no tiene potestad para frenar este tipo de iniciativas ni -y esto es lo fundamental- el trabajo de reconocimiento y acción que ha de cumplir el
Gobierno para recuperar nuestra memoria.
Destaco el término acción porque, como ya he comentado, es muy fácil aprobar iniciativas pero lo importante es llevarlas a cabo después, que el Gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para dar
cumplimiento a los mandatos parlamentarios, lo cual, según el Defensor del Pueblo y todas las asociaciones que se han constituido en defensa de la memoria histórica, está claro que no se ha hecho. Hoy hemos de volver a demostrar que la mayoría
parlamentaria ha cambiado, como lo hacemos ya prácticamente cada semana, y por ello no vamos a tolerar que el dinero de los impuestos de los ciudadanos se destine ni a la Fundación Francisco Franco ni a la Fundación División Azul, como hacía el
Gobierno anterior, ambas muy lejos de cualquier contenido democrático. En este camino de recuperación de la memoria histórica que empezamos a andar se encuentra también la iniciativa presentada por el Grupo de Izquierda Verde, por el Grupo de
Esquerra Republicana y por el Grupo Mixto de creación de un libro blanco en el seno de una comisión no permanente para la recuperación de la memoria histórica. En esta línea de trabajo y propuestas, Izquierda Verde apoya, por supuesto, esta
iniciativa y además aporta las dos enmiendas de adición cuyo contenido pretende destacar el reconocimiento a un colectivo olvidado y sin ningún derecho hasta la fecha; es decir, las decenas de miles de presos que durante la dictadura franquista
fueron explotados laboralmente, sometidos a trabajos forzados, cuyo más triste símbolo es el famoso Valle de los Caídos, aunque por desgracia hay cientos de valles de los caídos a lo largo de toda España.
En definitiva, compartimos la idea de que
ha llegado el momento del cambio y de la cohesión política, pero cohesión desde la pluralidad y con respeto a nuestra memoria, como se hace en toda Europa.
Para finalizar, no quiero abandonar la tribuna sin decir que, por supuesto, no pretendemos abrir viejas heridas sino cerrarlas, es decir, hacer la casa más habitable. Recordemos que un pueblo que no conoce su pasado puede repetir los mismos
errores en el futuro. Recuperemos nuestra memoria y reconozcamos a los luchadores y defensores de la democracia su papel fundamental.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas con el mismo tenor a cada una de las tres iniciativas que de forma agrupada se debaten esta tarde en esta sesión
plenaria. El Grupo Parlamentario Popular afronta el debate que hoy nos ocupa con el mismo espíritu con que los españoles y las fuerzas democráticas afrontaron en su momento el pacto constitucional y el conjunto de decisiones que desde la
recuperación de las libertades democráticas se han tomado por los distintos gobiernos y por distintas mayorías parlamentarias en nuestro país; y con el mismo espíritu de las dos pasadas legislaturas de mayoría del Partido Popular afrontamos los
debates que sobre las víctimas de la guerra civil y del franquismo se han celebrado en esta Cámara: con espíritu constructivo, responsable y coherente y con voluntad de consenso y con voluntad de concordia; con el mismo consenso que impregnó la
Constitución y las decisiones que en esta materia se han tomado entre todos en las Cortes Generales de nuestra democracia, y con la voluntad de consenso y de concordia que animó a los constituyentes y que todos reiteramos en aquella sesión,
calificada por muchos de histórica, de la Comisión Constitucional de esta Cámara el 20 de noviembre de 2002. Señorías, como ustedes saben el pacto constitucional representó reconocer e igualar derechos, restañar situaciones injustas, compensar
daños, cerrar heridas y mirar hacia adelante para seguir juntos todos los españoles en libertad y en democracia nuestro camino como pueblo.
Supongo que todos estaremos de acuerdo en que la sociedad española mira al futuro, y lo hace gracias al gran cambio que se ha producido en nuestro país en los últimos 25 años, lo cual ha sido posible, sin duda, gracias a la Constitución de
1978, la Constitución de la concordia, y gracias a la democracia española que han permitido el libre juego político, la alternancia, la estabilidad democrática y el progreso de los españoles.
Señorías, hace 25 años decidimos integrar en nuestra
Constitución y en nuestra democracia a todos los españoles que habían sido víctimas de la guerra civil, del exilio o de la represión del régimen franquista. Así, las disposiciones legales y normativas que tras la recuperación de las libertades se
dictaron en la que yo calificaría -y creo que estaríamos todos de acuerdo- ejemplar transición democrática, con distintos gobiernos y mayorías, bien de la Unión del Centro Democrático
o del Partido Socialista, estaban animadas por estos espíritus de concordia y de reconciliación y tenían por objetivo, por finalidad, paliar las consecuencias de la guerra civil y de las situaciones discriminatorias e injustas producidas con
posterioridad a la misma, integrando en nuestra Constitución y en nuestra democracia a todos. Se empezó, como ustedes recordarán, por la amnistía de octubre de 1977, donde se puso de manifiesto la voluntad de entendimiento basada en el perdón y en
el olvido. Es muy ilustrativo, señorías, la lectura de los debates parlamentarios de esta ley que yo he hecho recientemente y animo a quienes no lo hayan hecho a que lo hagan. Desde esta Ley de Amnistía, que es la piedra angular de toda la
legislación que se fue aprobando en los años posteriores, hasta la disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos de 1990 se dictaron un conjunto variado de disposiciones que posteriormente fueron interpretadas, completadas y ampliadas
por los tribunales de justicia en distintas resoluciones e incluso por el Tribunal Constitucional. Por otra parte, las Cortes Generales, en especial en las dos últimas legislaturas con mayoría -insisto- del Partido Popular, han realizado numerosos
pronunciamientos públicos de reconocimiento y de rehabilitación política y, entre ellos, el último fue el que se produjo en esa sesión del 20 de noviembre de 2002 de la Comisión Constitucional de esta Cámara.
En la pasada legislatura algunos grupos parlamentarios plantearon diversas iniciativas, un número importante de iniciativas que estaban pendientes de debatir y que tenían que ver con momentos y circunstancias tan dolorosas de nuestra
historia como la guerra civil y sus secuelas. Y por consenso, recordando, recuperando y revitalizando el espíritu que animó a nuestros constituyentes, alcanzamos un gran acuerdo político que representó un cierre político a todas estas cuestiones,
como quedó constancia por lo que manifestamos en aquella sesión los portavoces de los principales grupos parlamentarios y como quedó constancia por parte de uno de sus impulsores, con otros relevantes miembros de mi grupo parlamentario, que no fue
un mero testigo sino garante de ese acuerdo y que es don Alfonso Guerra, diputado constituyente y presidente de la Comisión Constitucional. Como garante de ese acuerdo está la palabra, en la que creemos, del señor Guerra. Creemos en el valor de la
palabra dada, señor Guerra, no permita que nadie la dilapide porque forma parte de su propio patrimonio, que nosotros respetamos profundamente. Con aquella resolución histórica de esta Cámara, a la que contribuyeron muchos de sus ilustres miembros,
además de hacer condena expresa de la violencia para imponer ideas y de reiterar la conveniencia de mantener el espíritu de reconciliación y de concordia que presidió la elaboración de la Constitución y que facilitó el tránsito pacífico de la
dictadura a la democracia, se reafirmó el reconocimiento moral de cuantos hombres y mujeres fueron víctimas de la guerra civil y de cuantos sufrieron la represión franquista y el exilio. Además, señorías, en el punto tercero de esa resolución
expresamente se hace una reafirmación de todas las víctimas de la guerra civil, de la represión franquista, y también, señor Erkoreka, en esa resolución se pide expresamente la implicación de las instituciones, pero evitando en todo caso que sirva
para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. Por tanto estamos absolutamente de acuerdo. Pero estos reconocimientos se hicieron, como saben SS.SS., desde la integración, desde el consenso, desde la normalidad de
una democracia consolidada en España y de nuestros 25 años de Constitución. No era un reconocimiento desde la confrontación sino desde la integración, y así lo convinimos y así lo quiere la sociedad española que mira al futuro y no quiere volver a
repetir ninguno de los errores del pasado. Aquella resolución fue un punto de encuentro de todas las fuerzas políticas de esta Cámara de aquel día y para siempre.
Acordamos sacar del debate político la guerra civil y sus secuelas, con el espíritu,
insisto, de consenso, de reconciliación y de concordia con que se abordó la elaboración de la Constitución. Creo sinceramente, señorías, que todos hicimos un buen servicio a la sociedad española con nuestra decisión, con nuestro acuerdo y con
nuestra resolución, que significaba poner fin al debate político sobre estas cuestiones, cerrarlo y culminarlo, como manifestaron junto a este diputado los portavoces de los grupos de la Cámara y de forma especial los señores López Garrido y López
de Lerma, éste último hoy no nos acompaña. Se produjo un cierre político y este grupo lo mantiene. Pero, señorías, al margen del cierre político que se produjo aquel día, hay cuestiones de aquella resolución que están resueltas, pero otras
requerirán completar su desarrollo o requerirán alguna decisión o estudio o impulso por parte del Gobierno.
Por ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado enmiendas a estas iniciativas en ese sentido. En primer lugar, para reafirmar el
espíritu y la letra, en su integridad, de aquella resolución de 20 de noviembre de 2002 y el pleno reconocimiento moral a todos los hombres y mujeres víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Además, ratificando dicha resolución se
hacen dos mandatos al Gobierno: Uno, que en el plazo de seis meses adopte cuantas medidas sean necesarias para completar ese desarrollo y culminación de los mandatos que estaban en aquella resolución; y otro, que en el plazo de seis meses revise
con carácter general los derechos reconocidos en la legislación vigente y los casos pendientes de reparación moral para tomar las medidas, en ese periodo, que estime oportunas. Entendemos que es un mandato amplio en el que cabe todo tipo de
decisiones, que está apoyado en la propia decisión del 20 de noviembre del 2002. Por último, añadimos otro conjunto de iniciativas que se refieren a facilitar lo que ya la ley permite, autoriza y garantiza, que
es el acceso a todo tipo de archivos, documentos, etcétera; pero si hubiese algún obstáculo que remover se hace un mandato expreso al Gobierno, tanto en lo que se refiere a archivos públicos como el acceso a archivos de fundaciones privadas
con las que hay convenios de la Administración General del Estado. Esta iniciativa es plenamente coherente con lo que acordamos, es coherente con el cierre político que acordamos en el año 2002 y además está a la altura de las necesidades y
circunstancias de la sociedad española.
Señorías, intervengo en un momento del debate defendiendo una enmienda y no he tenido la oportunidad de fijar mi posición sobre la enmienda que aún no ha sido presentada por parte del Grupo Socialista y que ya han anunciado algunos grupos
que van a aceptar. No han dicho las razones por las que rechazan la nuestra y quisiera hacer algún comentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muy brevemente, por favor, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con toda brevedad, señora presidenta, pero hay tres iniciativas acumuladas y tengo que fijar posición sobre una enmienda que aún no se ha defendido. Encuentro cierta indefensión pero trato de salvarla. Parece que
se va a someter a votación una iniciativa del Grupo Socialista y mi grupo parlamentario insiste en la voluntad de que esta cuestión se trate con consenso, con acuerdo y con transacción. Parar alcanzar acuerdo, consenso y transacción es preciso
casar las iniciativas de cada uno. En cualquier caso, quisiera hacer algunos comentarios sobre la iniciativa del Grupo Socialista en la que podemos coincidir. Muchas de las cosas que plantea el Grupo Socialista son obvias porque están implícitas
en la resolución del año 2002. La referencia puntual a un aspecto concreto de esa resolución no está mal, pero creo que la misma, con su exposición de motivos y con cada uno de sus puntos, forma parte de un instrumento fundamental para aplicar en
lo que nos movemos, y pienso que no hay que hacer nuevas interpretaciones sobre algo que está suficientemente resuelto en un documento consensuado. Señorías, al Grupo Popular no le parece que tal y como se dice en el punto segundo de la iniciativa
del Grupo Socialista haya víctimas de la represión de la transición política. No sé si es un error de redacción que se introduce en el propio texto de la iniciativa, como se da a entender en ese apartado. Señorías, la dictadura termina cuando
termina y el camino a la democracia empieza cuando empieza. No reabramos debates cerrados y bien cerrados. No sabemos qué se quiere poner en cuestión. Si es un error de redacción subsánese; si se quiere plantear otra cosa que se diga
abiertamente, pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos debatido hasta ahora. La verdad es que la resolución del Grupo Socialista podía hacer referencia directamente a la aprobada en la Comisión Constitucional, que faculta perfectamente al
Gobierno para adoptar las medidas de desarrollo de aquella resolución política. Y no hace falta ni tan siquiera instar al Gobierno a elaborar tal o cual ley, tiene facultad para hacerlo y si el Grupo Socialista lo propone no tenemos nada en contra.
No somos partidarios, en ningún caso, de interpretar nuevamente lo que está acordado y bien acordado con amplio consenso, por unanimidad, en el año 2002, y se hizo de forma solemne y de forma, insisto, unánime.
En nuestra enmienda damos un mandato
al Gobierno para que desarrolle o complemente lo que está realizado. El Grupo Socialista encorseta más. En cualquier caso, no entendemos que sea necesario que venga nada a esta Cámara cuando el propio Gobierno podría hacerlo y hay un Gobierno
legítimamente establecido que debe actuar en función de esos parámetros.
Esperamos la respuesta del Grupo Socialista, y con esto termino, señora presidenta, agradeciendo su benevolencia. En el Grupo Popular queremos una resolución por consenso,
resolución que reitere solemnemente desde el Pleno de este Congreso de los Diputados lo que aprobamos hace casi dos años en la Comisión Constitucional y que representaba una culminación, un cierre con credibilidad del debate parlamentario sobre
cuestiones tristes de nuestra historia común, sacando del debate político la guerra civil y todas sus secuelas. Y queremos cerrar y culminar el debate de nuevo, como manifesté en aquella ocasión, en noviembre de 2002, en beneficio de todos, en
beneficio de las víctimas, en beneficio de las futuras generaciones y todo ello desde el espíritu de integración de nuestra Constitución y de nuestra democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Atencia.
Finalmente, para la defensa de la última enmienda presentada, tiene la palabra el señor Jáuregui por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, abordamos nuevamente un debate esencial, diría yo, en la política española, que es el debate de nuestra guerra civil, la represión del régimen franquista, las compensaciones a las
víctimas de la guerra y de la transición.
Quiero empezar diciendo que nuestro grupo comparte el espíritu que late en las tres proposiciones no de ley que dan origen a este debate, un espíritu que quiere rescatar la historia silenciada, un espíritu reivindicativo de nuestra memoria
histórica, porque somos conscientes de que no es posible construir el futuro sobre el olvido, porque ningún pueblo puede proyectar el futuro borrando artificiosa y yo diría que además inútilmente su pasado.
Nuestro grupo acepta, y cabe inclusive una referencia autocrítica a nuestros años anteriores, que en general
el tratamiento que hemos ido dando en la política española -y el protagonismo que nuestro partido ha tenido ha sido mayor que el de otros- a estos trágicos hechos ha estado impregnado de una prudencia y de una discreción quizás excesiva.
Conscientes de las particularísimas circunstancias en que hicimos la transición a la democracia, durante muchos años hemos corrido un tupido velo sobre el pasado. A pesar de que, como nos decía Alfonso Guerra -a quien yo sí voy a citar con
autoridad- en una intervención el famoso 20 de noviembre que luego recordaremos, no había ningún pacto de silencio que comprometiera a los constituyentes, sin embargo ha habido una parte de historia silenciada; a pesar de que no había ningún
compromiso en la transición democrática, es verdad que ha habido zonas opacas y oscuras de nuestro pasado.
Hemos sido generosos con la responsabilidad del pasado franquista, pero a veces lo hemos hecho ocultando o atenuando las enormes injusticias que produjo. Muchas veces hemos confundido, como decía Semprún, perdón con olvido, y sin embargo,
junto a nosotros, en nuestras mismas casas, había muestras vivas de lo cruel y de lo brutal que fue la guerra y testimonios directos de los sufrimientos producidos por la represión posterior del régimen franquista.
Son muchas las voces que se elevan desde hace tiempo en el pensamiento y en la historia en España reclamando esa superación casi de amnesia colectiva de nuestro pasado, voces que exigen una mirada franca y autocrítica a nuestra historia, no
sólo para reivindicar la verdad, no sólo para compensar a los que la sufrieron, sino para proyectarla en positivo sobre nuestra realidad social y cultural enriqueciendo nuestro acervo y nuestros fundamentos de la convivencia democrática.
Yo creo que, como diría Gabriel Celaya, ya es hora de pasearnos a cuerpo.
Han pasado casi setenta años desde aquel desastre, casi treinta desde que murió Franco, y es hora de mirar al pasado de frente y de desnudarlo y obtener para el
futuro todas las enseñanzas y todas las consecuencias que tenemos que extraer de él. Es hora de que nos paseemos a cuerpo y que miremos nuestra realidad sin excepciones, sin zonas opacas y oscuras, sin temores, sin amenazas, pero también, señorías,
sin odios, sin pretensiones vengativas, sin actitudes sectarias, sin trasladar a esta Cámara, por ejemplo, o a nuestro presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy no admitiría por maniqueas, también quizás por falsas.
Nuestro grupo reivindica así una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica, como lo han hecho -y se ha citado aquí- otros países en circunstancia semejantes. Recordar Mainhausen y el genocidio nazi no abre heridas en el pueblo
alemán, lo hace más sabio, lo hace más consciente de sus riesgos, lo hace más fuerte, lo hace más firme en sus convicciones democráticas. Pues de la misma manera, señorías, honrar y reconocer a quienes fueron fusilados o encarcelados después de la
guerra del 36 no divide ya a los españoles; recordar que el Valle de los Caídos, como decía la representante de Izquierda Unida, lo hicieron republicanos condenados a trabajos forzosos no ofende a nadie, hace grande una verdad oculta; reclamar el
derecho a la verdad, recordar el exilio no hacen ya sangrar la vieja herida española. Las heridas cicatrizan con el aire de la verdad, con el oxígeno del reconocimiento histórico y social, las heridas curan con la justicia y con la compensación, no
con el olvido y con la ocultación. Recordar todo esto vertebra en torno a esos hechos una memoria que hace a los españoles de hoy más tolerantes y más civilizados que los de ayer. Es esa recuperación consensuada de la memoria lo que inspira la
propuesta socialista que -como se ha dicho- pretende equilibrar las proposiciones no de ley y que inicia precisamente en el frontispicio de su planteamiento la reivindicación de un gran acuerdo, de un consenso unánime -muy importante, es verdad-
alcanzado en la Comisión Constitucional el 20 de noviembre por todos los grupos políticos de la Cámara y que hoy no puede ser sino ratificado y solemnizado en esta Cámara. Esa es la intención del Grupo Socialista, porque queremos un acuerdo unánime
del Pleno esta tarde y se inicia precisamente reafirmando aquel acuerdo y solenmnizándolo en la Cámara que simboliza -si ustedes quieren- el espíritu de concordia de nuestra Constitución y el espíritu de reconocimiento, de tolerancia, de aceptación
del diferente, de reconocimiento de la otredad, que mejor que yo expresaron aquellos versos de Machado cuando decía aquello de: El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Esa expresión de la alteridad, del otro, ese
reconocimiento de que frente a nosotros hay otro que piensa diferente, tan importante en la historia de España, preside también en nuestra proposición no de ley el comienzo de una resolución que queremos unánime y que incorpora además tres grandes
ideas, porque hay que actualizar aquel acuerdo, señor Atencia, y hay que dar respuesta a nuevas demandas que están ahí, que se expresan con presencias que yo saludo aquí hoy de tantos y tantos viejos republicanos y de tantas organizaciones que
quieren conocer la verdad, que quieren reclamar el honor que se les negó tanto tiempo. Esa aceptación reclama aceptar tres grandes ideas que, lo quiero señalar, configuran nuestra alternativa.
En primer lugar, un compromiso para que el Gobierno sistematice, aclare todas las disposiciones legales que reconocen derechos de las víctimas y que han ido configurando un régimen de compensación a los perjudicados, a las víctimas de la
guerra y de la dictadura franquista. Queremos que el Gobierno determine qué es lo que falta o qué es lo que hay que mejorar.
Pero, por favor, señorías, no crean ustedes que de pronto nos colocamos ex novo para atender a las víctimas del
franquismo. Es una idea falsa.
Desde el año 1978, comenzando
por la Ley de Amnistía, hasta el año 1993 -repito, hasta el año 1993, por algo lo digo- los gobiernos de España han ido estableciendo diferentes leyes y decretos e implementaciones presupuestarias para compensar y establecer, por ejemplo, el
reconocimiento de la graduación militar de los republicanos, pensiones y asistencia social y sanitaria a viudas y huérfanos de la Guerra Civil, pensiones a ex combatientes de la República, pensiones a mutilados civiles de la guerra, indemnización a
quienes sufrieron tres años de cárcel o más, pensiones a emigrantes y exiliados, e inclusive más normas de las comunidades autónomas. Esto no se hace hoy, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, señorías. Sólo hay que ordenarlo, hay que ver qué
falta y qué más podemos hacer y cómo mejoramos esas prestaciones. Ese compromiso lo asume el Grupo Socialista y mandata al Gobierno para que elabore un informe que desbroce esta fronda normativa y lo comunique a la Cámara, y en un debate posterior,
al que yo les emplazo a todos ustedes, elevemos a Pleno propuestas de mejora, propuestas que se añadan al conjunto de prestaciones que hemos venido haciendo en esta materia.
Segundo, en esta cuestión el Partido Socialista propone de una manera formal y solemne reconocer lo que no se hizo en la legislatura anterior, que es la necesidad de elaborar una ley que compense a aquellas personas que, en el ejercicio de
derechos y libertades públicas prohibidas por el franquismo y luego reconocidas por la Constitución, sufrieron daño personal o muerte, para que haya una compensación, un reconocimiento y un honor que merecen. Es un clamor unánime en la opinión
pública española y lo era en esta Cámara, excepto para el Partido Popular, la necesidad de regular, puesto que la Ley de Víctimas del Terrorismo estableció una indemnización para las personas que sufrieron daño o muerte por el terrorismo, que por
circunstancias semejantes también compensáramos a las víctimas de la dictadura en la transición que habían sufrido daño en el ejercicio de derechos que después nuestra Constitución reconoció. Son efectivamente, como se ha dicho, seis los muertos en
Vitoria, dos en Ferrol, en Granada obreros de la construcción, estudiantes en Madrid, en Elda, en Tarragona, muchos, no sé si centenares, pero seguramente casi centenares de víctimas mortales y desde luego miles de otro tipo de víctimas que han
sufrido represión, y porque hay una deuda de justicia para con ellos, por su contribución a la lucha contra la libertad, reclaman una compensación de la democracia española, y la vamos a hacer.
El Partido Socialista se compromete a que el Gobierno
elabore una ley en ese sentido.
Por último, la enmienda del Partido Socialista propone, señorías, que facilitemos el acceso a los datos históricos. Hay miles de personas que están todavía reclamando documentos certificativos de su prisión; hay montones de personas que
están reclamando expedientes que no obtienen de su historia, de sus juicios, de sus sentencias. Hay un derecho a la verdad que esas personas reclaman y que tenemos que materializar. Hay que rememorar y proyectar en positivo, como decíamos al
principio, a la cultura social de nuestro país lo ocurrido en la guerra y en la represión franquista; hacer transversal esa enseñanza; enriquecer nuestro acervo cultural e histórico con esos hechos, porque nos hará precisamente más fuertes
democráticamente frente a lo que sucedió en aquella horrible guerra.
Éste es, señoras y señores diputados, y con esto acabo, nuestro punto de equilibrio, yo diría un punto de equilibrio de justicia y de mesura, que sabe lo que es posible y lo que no. Permítanme que les diga, por ejemplo, la dificultad, por
no decir la imposibilidad jurídica, de establecer una revisión de los actos jurídicos del pasado. Sencillamente, señorías, la Ley de Amnistía no permite que revisemos las sentencias del franquismo.
Lo ha dicho el Tribunal Supremo reiteradas veces,
lo acaba de decir el Constitucional. La amnistía justamente implica la imposibilidad de una reversión jurídica de todo el conjunto de actos jurídicos y resoluciones judiciales que se pudieron adoptar durante la dictadura. Esa es la esencia de
aquel acuerdo de concordia y de transición, de perdón pero no de olvido. Cuidado, señor Atencia, ahí nos equivocamos, y déjeme que le diga por eso que la palabra del señor Guerra en estas cosas está en esta propuesta de resolución, no en el uso que
usted ha hecho de su figura en su intervención que, en mi opinión, ha sido un uso indebido de su persona.
Termino, señorías, pidiéndoles un esfuerzo de consenso para que hoy la propuesta de enmienda que presentamos reciba el apoyo unánime de la Cámara. Les quiero decir, señores del PP, que esta es una propuesta que se ha hecho con la intención
de que ustedes la suscriban. Es verdad que yo la he negociado, lógicamente, con los grupos proponentes y también con usted, señor Atencia, y tengo que decirles que no sería entendible que en el desarrollo de una resolución unánime como la que
adoptamos el 20 de noviembre hoy no brille también la unanimidad. Nadie puede entender que el Partido Popular quede fuera de esta reivindicación, tiene que estar junto a nosotros, la Cámara tiene que estar unida. El texto que hemos presentado es
la consecuencia lógica de esa propuesta que he dicho antes y es la que equilibra justicia con la mejora del tratamiento de las víctimas, con la rememoración y la reivindicación de ese pasado en libertad, con esa mirada libre y fresca que
reivindicamos a nuestra guerra y a la represión franquista y también con el deseo de mantener el consenso, pero de hacer justicia con los que todavía en algunos aspectos no se ha hecho.
Yo les pido a todos, señoras y señores, un esfuerzo de voluntad política por conseguir este consenso, porque sinceramente esta es una cuestión que responde al espíritu de concordia de nuestra Constitución. Adenauer,
aquel viejo político alemán, solía decir que todos vivimos bajo el mismo cielo aunque todos tenemos horizontes diferentes. Es verdad, son legítimas las posiciones políticas de matiz, pero el cielo protector, el consenso básico de esta
reivindicación es de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Jáuregui.
Para finalizar, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señorías, poco se puede añadir a este debate, un debate que ha sido explícito y constructivo. Tan sólo voy a hacer una referencia al valor que tiene para los ciudadanos comunes, no solamente para las víctimas
y para sus familias, la recuperación de la historia, de esa parte negra de nuestro país. No sólo es un derecho de las víctimas y de sus familias, sino también de las nuevas generaciones conocer con precisión esa etapa de nuestra historia y por ello
creo que es perfectamente compatible con el espíritu que ha conformado el Estado democrático actual esta enmienda transaccional, la cual recoge en esencia las reclamaciones de los sectores afectados y reconcilia a la sociedad española consigo misma.
También quiero manifestar que sería una mala tarde, a pesar de los argumentos que se han expuesto, si no saliéramos de aquí con una propuesta aprobada por unanimidad. Sinceramente, las diferencias que existen en estos momentos son de matiz, por lo
que hago un llamamiento al Grupo Popular para que se sume a esta enmienda transaccional que recoge lo esencial de la posición que él mismo manifestó en esa Comisión Constitucional del año 2002 y que lo que hace es complementarla, mejorarla y, en
definitiva, completarla. Sería un éxito para la democracia española, para la memoria histórica de nuestro país que esta proposición no de ley se aprobase hoy por unanimidad en esta Cámara, puesto que ello contribuiría a consolidar la unidad y el
respeto a la diversidad de opiniones que esta tarde se han dado aquí. Así pues, anuncio que mi grupo va a votar a favor de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Finalmente, también para fijar posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición ante estas tres iniciativas, ante las enmiendas presentadas y ante una incipiente posibilidad de consenso en torno a las mismas. Han
pasado muchos años, muchos lustros, muchos decenios desde la guerra civil española y han pasado también muchos años, muchos lustros y muchos decenios desde los episodios de represión de los 40 años de la dictadura franquista, incluso han pasado
decenios desde los acontecimientos represivos y sanguinarios que salpicaron a una transición que no fue tan pacífica e incruenta como a veces nos hemos repetido todos. Durante 25 años de democracia todos nos hemos repetido una verdad pactada más
que una verdad exacta, una verdad consecuencia de una amnesia selectiva, una verdad que no es completa, una verdad con silencios. De hecho, esta fue una de las decisiones tácitas de la transición, pero hoy, tras el cuarto de siglo que ha
transcurrido desde entonces, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que ya es hora de, con exactitud y asepsia, sin ánimo de resentimiento ni afán de venganza, incluso con motivación pedagógica, calibrar los hechos de la guerra
civil, de la represión franquista y de los gobiernos preconstitucionales de la transición.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha sido protagonista en la anterior y en la actual legislatura de varias iniciativas en el mismo sentido de las que esta tarde son objeto de discusión. Todas ellas no son suficientes para
cerrar la historia y la búsqueda de la verdad. En este sentido permítanme hacer una breve referencia al amplio nivel de consenso con el que se trataron estos temas en la anterior legislatura, así como expresar una cierta sorpresa sobre algunas
iniciativas. No me refiero a estas tres proposiciones no de ley, sino a algunas iniciativas de carácter político anunciadas la semana pasada sin el mismo nivel de consenso.
Anuncio el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la enmienda transaccional del Grupo Socialista y, si es posible, con la incorporación de las aportaciones del Partido Popular. Nuestro voto será favorable a
lo que la diputada Lasagabaster denominaba aportaciones paso a paso y en este tema siempre hay nuevas aportaciones que hacer.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere poner sobre la mesa del debate de esta tarde tres temas más que serán objeto de iniciativa en el futuro. La enmienda del Grupo Socialista a la proposición no de ley hace referencia
a la necesidad de elaborar un informe sobre los derechos de los represaliados. Señorías, no estamos ante una cuestión de forma, también estamos ante una cuestión de fondo.
Proponemos hoy y propondremos en el futuro un informe no sobre los derechos
de los represaliados, sino sobre los hechos acaecidos durante y después de la guerra civil en relación con las víctimas y los desaparecidos en dicho período. Alguien podrá preguntar si estoy planteando una comisión de la verdad. Pues, en cierta
medida, sí; estoy planteando la necesidad de
que historiadores, juristas, personas independientes, con capacidad y calidad, aporten nueva verdad a los largos silencios de estos últimos 25 años, sin revanchismos, con asepsia, sin tener que incomodar absolutamente a nadie. Es más, sólo
se puede interpretar como algún tipo de prejuicio que a alguien, después de 25 años de democracia, le pudiera incomodar esta búsqueda de la verdad. De hecho, de forma fragmentada, esta búsqueda de la verdad, esta revisión, este ajuste, este
calibrar la verdad sobre los acontecimientos de hace 70 años o 30 años se está produciendo; se está produciendo en el mundo de la universidad y se está produciendo con muchas iniciativas de carácter local. Estamos ante un proceso que yo diría
imparable y ante el que tendríamos que coadyuvar desde el Congreso de los Diputados con un planteamiento de revisión y ajuste del conjunto de la historia de España. Josep Benet, historiador, en el prólogo de su último libro Domènec Latorre,
assesinat per catalanista, que fue candidato del PSUC, el referente del Partido Comunista en Cataluña en las elecciones autonómicas del año 1980, pero que también es un católico practicante, nos invita en este prólogo a revisarlo todo. Por utilizar
una expresión nueva en el ámbito de la historiografía, nos invita a revisitarlo todo; a revisitar las 35.000 personas que unos dicen que están en fosas comunes o las 100.000 personas que dicen otros; revisitarlo todo en nombre de la verdad y de la
luz.
La segunda iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pretende afrontar las sentencias durante y después de la guerra civil mediante procedimientos de anulación, tanto de oficio como a instancia de parte, de
todas las sentencias o resoluciones dictadas durante y después de la guerra civil en juicios sumarios por juzgados, tribunales u otros órganos, fundadas en motivos políticos, sociales o ideológicos, con vulneración de derechos fundamentales y
libertades públicas. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Un momento, señor Xuclà.
Por favor señorías, un poco de respeto por la persona que está interviniendo en último lugar por cuanto ustedes han sido respetados en el turno de cada uno de sus grupos parlamentarios. Estamos a punto de acabar y un poco de respeto me
parece lo mínimo.
Adelante, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Soy conocedor de las sentencias del Tribunal Supremo y de la sentencia del Tribunal Constitucional a la que hacía referencia el señor Jáuregui, que consolida una doctrina de lo jurídicamente firme, de las sentencias firmes. Como se dice en
estos casos, respetamos las sentencias, pero no las compartimos; no las podemos compartir desde un punto de vista jurídico. En los fundamentos de derecho apreciamos más buena intención política, más la intención de zanjar un aspecto político que
argumentos jurídicos concluyentes. Estas sentencias nos dicen que estamos ante cosa juzgada. Yo creo que el Tribunal Constitucional nos invita a pasar página, pero ¿se pueden dar por buenas las sentencias de juicios sumarísimos sin garantías y por
motivos políticos? ¿Se puede dar por pacífica, buena y ajustada a derecho la sentencia de muerte del presidente de Cataluña Lluís Companys? Para hacer un paralelismo y para invitar a la reflexión a SS.SS., ¿se podría dar por buena una sentencia
que condena a muerte al presidente democráticamente elegido de la República española, condenado y sentenciado con la colaboración de los nazis? ¿Se puede dar por bueno esto sin una revisión, sin afrontar jurídica y también políticamente este tema?
Muchos ayuntamientos catalanes, las cuatro diputaciones, están insistiendo en esa línea y también será objeto de trabajo por parte del Grupo Parlamentario Catalán.
Finalmente, la tercera y última aportación a este debate y a esta línea de trabajo para el futuro es la exención definitiva del IRPF de las ayudas a los ex presos políticos del franquismo que conceden gobiernos autonómicos y concretamente el
Gobierno de la Generalitat. En estos momentos están exentas del IRPF las ayudas concedidas por el Gobierno central, pero no lo están las concedidas por los ejecutivos autonómicos. Es evidente que estamos ante una falta de sensibilidad hacia las
víctimas de la represión del franquismo. Hemos presentado una proposición no de ley ante la Comisión de Economía y Hacienda y espero que la podamos debatir y acordar en las próximas semanas.
Termino, señora presidenta. Señorías, al ser el último portavoz que interviene, y ante la inminente votación, quiero apelar al consenso que se produjo el 20 de noviembre del año 2002. Quiero subrayar que hoy, mediante el texto
transaccionado, incluso mediante las aportaciones del Grupo Popular, lo único que hacemos es elevar al Pleno una declaración de alto calado político. Quiero apelar, en nombre de todos los grupos parlamentarios que hemos anunciado nuestro voto
afirmativo, a la sensibilidad, a la necesidad de que dentro de pocos minutos se apruebe por unanimidad una resolución sobre un tema tan importante y tan sensible. Señor Atencia, señorías del grupo del Partido Popular, es muy importante que dentro
de pocos minutos, en un mensaje de futuro y de reconciliación, absolutamente todos los votos del tablero sean votos afirmativos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Xuclà.
Para el turno de aceptación o rechazo de enmiendas entiendo que, de conformidad con lo expresado en el debate, los grupos proponentes, tanto el Grupo Vasco
como el Grupo Parlamentario Mixto, han aceptado una única enmienda y, por tanto, que en los puntos 3, 4 y 5 vamos a votar únicamente la enmienda presentada por Grupo Parlamentario Socialista, en este caso enmienda de sustitución. Por tanto,
este será el único texto que votemos. ¿Es así? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías. (El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
¿Señor Atencia?
El señor ATENCIA ROBLEDO: Para una aclaración previa a la votación, y una cuestión de orden.
El señor Jáuregui me había planteado una cuestión, y simplemente quisiera decir que no creo que en el acuerdo del año 2002 se pretendiese hacer una equiparación, ni un proceso revisorio de la transición política a la democracia.
Precisamente por eso, señora presidenta, es la única razón por la que he hecho referencia a la posición de garante del señor Guerra.
En segundo lugar, señoras presidenta, el Grupo Parlamentario Popular, salvo que oyéramos algo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que no es autor de una enmienda transaccional sino de una simple enmienda -aquí no ha habido
transacción sobre enmienda- salvo que tengan algo que decir, quisiera guardarme para un momento posterior la posibilidad de plantear una cuestión de orden en cuanto al sistema de votación, pero no sé si el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir
la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, no sé si entiendo bien al señor Atencia, pero interpreto que la referencia a una frase que hay en el punto 2 de nuestra enmienda, que a él le parece que no concuerda, creo haber entendido que
esta era su aportación con el espíritu y con el contenido de la resolución adoptada el 20 de noviembre, y es la que se refiere a los hechos que también se produjeron durante la transición a la democracia. Es esta la frase que a él le parece que no
procede incluir en este apartado 2, y quiero decirle simplemente que la única interpretación posible de esa frase es la que viene a continuación en el apartado 3, porque en el apartado 3 de la propuesta que presentamos como enmienda se establece
cuál es la intención de la compensación a lo que llamamos lo que se hubiera podido producir durante la transición a la democracia, que es el período circunscrito desde el 1.º de enero de 1968 hasta la fecha de la amnistía en 1977, con objeto de
regular un proyecto de ley compensatorio de esas personas que hubieran sufrido daños personales por defender derechos que luego fueron reconocidos. Esta es la idea. Querría pedirle al señor Atencia que interpretara la clarificación que le hago en
torno a esta frase que es limitativa de ese contenido, y una vez clarificado en estos términos, que pudiéramos votar todos el conjunto de la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras):Muchas gracias, señor Jáuregui.
(El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
Señor Atencia, hemos abierto este turno para ver si somos capaces de votar finalmente todos de forma conjunta este texto. Estamos simplemente en el rechazo o aceptación de enmiendas. Si es esa la voluntad de su intervención, le daría otro
mínimo turno, pero como usted sabe estamos ya fuera.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señora presidenta, por su benevolencia, pero se trata de ver si podemos aclarar la votación en el debate, que creo es importante.
Señor Jáuregui, lo mejor sería retirar de ahí ese apartado, porque esto no está en relación con el apartado 3. Se habla expresamente de la represión en la transición a la democracia, y ahí es donde está el fallo. Se habla de represión en
el franquismo y se equipara esa situación, creo que por una mala redacción, con el mayor respeto. Por tanto, si S.S. lo retira, estaríamos todos de acuerdo. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Atencia, creo que están claras las posiciones. Me pide uno de los proponentes la palabra.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señora presidenta.
No sé si he entendido mal el desarrollo parlamentario en la tramitación de este tipo de iniciativas, pero a mi entender corresponde a los autores de la iniciativa determinar si aceptan o no la enmienda. Me parece estupendamente ilustrativo
cuál es el contenido del debate y no tengo ningún inconveniente en que cada uno de los grupos parlamentarios sigan explicando qué entienden por la enmienda. En todo caso me atrevo a decir que los distintos grupos parlamentarios que han presentado
esas iniciativas son los que tienen que decidir si aceptan o no en su literalidad el contenido de la enmienda que se nos ha presentado. Más allá de ello, con todo respeto, abrimos todos los debates que ustedes quieran, pero algo tendremos que
decir.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora Lasagabaster, lleva usted toda la razón. He cedido el turno pensando que íbamos a acabar en un texto conjunto, y me ha parecido que todos ustedes estarían de acuerdo en ese siguiente turno
que daba. Por supuesto son ustedes, los grupos que han hecho la propuesta, los únicos que tienen que aceptar o rechazar
enmiendas. (La señora Uría Etxebarría pide la palabra.)
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, la lealtad a los términos del debate existe como valor parlamentario. Creo que de la intervención del representante de mi grupo, el señor Erkoreka, ha quedado claro que nuestra iniciativa la
considerábamos negociada con el Grupo Socialista, y me permitirá el señor Atencia le diga que las transacciones no siempre se hacen en el mismo momento de la intervención en el Pleno, sino que algunas llevan días, y este ha sido el caso. Ha habido
una negociación de días y mi formación política acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, que ha sido efectivamente negociada entre las dos formaciones políticas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, me parece que están claras las cosas. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)
Señor Jáuregui, por favor para cerrar ya esta cuestión.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, sólo quiero confirmar que la enmienda que hemos presentado lo es a las tres proposiciones no de ley, pero quiero decir bien claro que responde sustancialmente al conjunto de las peticiones que
había expresado la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco y en tanto tal la he negociado efectivamente con el resto de las proposiciones y tampoco soy dueño ahora como para modificar su contenido. Señor Atencia, le repito: la
delimitación del contenido de esa expresión que preocupa a su grupo y que no quiero que le preocupe, es la que procede en el número 3 de la proposición no de ley, con lo cual no debiera haber ningún tipo de disonancia ni de preocupación política por
su parte.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Jáuregui.
Creo que las cosas están claras. Los dos grupos proponentes han aceptado una única enmienda, que ha sido la del Grupo Parlamentario Socialista, y por tanto si les parece procederemos conjuntamente a la votación de esa enmienda en los puntos
3, 4 y 5. (El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
Dígame, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señora presidenta, una cuestión de orden, para plantear que la votación se produzca de forma separada, por una parte los puntos 1, 3 y 4 y separadamente el 2. (Rumores.) Eso es lo que nuestro grupo solicita, de
acuerdo con la costumbre parlamentaria y en aras al buen talante en esta Cámara. (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Atencia, si me permite le recordaré que cuando se acepta una enmienda, en este caso de sustitución, no se puede votar separadamente. Lo único que preguntaba es si querían ustedes que
votáramos separadamente las tres proposiciones no de ley con la misma enmienda de sustitución. Si los grupos proponentes deciden que no es necesario, señorías, procederíamos inmediatamente a realizar dos votaciones, la del punto 2, una proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y seguidamente una enmienda de sustitución a los puntos 3, 4 y 5, que respondían a las tres proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Mixto. Si están de acuerdo, señorías,
procedemos a la votación.
Empezamos, señorías, con la votación del punto 2.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, creo que existe una concepción absolutamente integrada del texto. El texto es un conjunto de proposiciones que forman un bloque.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Jáuregui, es justo lo que he dicho.
Estamos, por tanto, señorías, en la fase de votación de las proposiciones no de ley. Votamos, en primer lugar, el punto 2 del orden del día, que corresponde a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre
política económica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 129; en contra, 163; abstenciones, nueve.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda rechazada la proposición no de ley.
Seguidamente, señorías, pasamos a la votación de los puntos 3, 4 y 5, y como les decía corresponderá votar en este caso la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 174; en contra, seis; abstenciones, 121.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS VASCAS. (Número de expediente 173/000006.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos al punto III del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre el reconocimiento de las
selecciones deportivas vascas. (Rumores.)
Señorías, si quieren abandonar el hemiciclo háganlo por favor en silencio, para que podamos continuar el debate. (Pausa.)
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Presentamos y queremos defender la moción que como consecuencia de la interpelación que realizamos la semana pasada al Gobierno, pretende que se reconozcan las selecciones deportivas... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Disculpe, señora Lasagabaster.
En un ataque de optimismo he pensado que sería posible continuar. Por favor, señoras y señores diputados, si pueden abandonen el hemiciclo en silencio, porque hay una persona en la tribuna. (Pausa.)
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Decía que presentamos esta moción como consecuencia de la interpelación que realizamos al Gobierno la semana pasada, con una pretensión que entendemos lógica, que entendemos amparada en derecho y que en definitiva sólo pretende responder al
concepto de identidad transmitido a través de distintas manifestaciones, ya sea de cultura, ya sea de lengua, o en este caso del deporte. Queremos que se reconozcan las selecciones deportivas vascas, catalanas y gallegas, y decimos estas
selecciones porque en el registro del Congreso de los Diputados hemos observado que han sido realmente las peticiones que se han realizado en ésta y en anteriores legislaturas, y por tanto así lo hemos querido recoger.
Reconocíamos que no había problemas jurídicos. Siempre se ha dicho que hay un problema en la Constitución que impide ese reconocimiento, y efectuábamos un análisis de lo que era y lo que es el artículo 149, donde por cierto no aparece
ninguna mención en las competencias del Gobierno del Estado sobre materia deportiva, y curiosamente en los distintos estatutos de autonomía sí se recoge la competencia del deporte. Esto es importante porque esas competencias de los distintos
estatutos de autonomía (me centraré en el artículo 10 del propio Estatuto de Gernika) aparece recogida la competencia del deporte en su vertiente de potestad normativa y en su vertiente de desarrollo y ejecución. Por tanto, primera consideración,
la competencia corresponde a las comunidades autónomas y no al Gobierno del Estado.
Se ha querido decir también que una vez que el establecimiento o el desarrollo de esa manifestación deportiva sobrepasa el límite de la comunidad autónoma, inmediatamente correspondería al Gobierno del Estado llevar a cabo esta actuación de
gestión y de potestad normativa, y esto no es así. Las propias sentencias del Tribunal Constitucional -lo citábamos la semana anterior- recogen que con este tipo de interpretación sería muy fácil recuperar, recoger, volver a obtener las
competencias de una comunidad autónoma con esta interpretación simple, sencilla, pero desde luego no atinada en derecho en lo que se refiere al respeto de las comunidades autónomas.
Se nos dice también, se nos ha dicho constantemente, que la consideración de la competencia del artículo 149.1.3.ª relativa a las relaciones internacionales, significa que la comunidad autónoma no puede sobrepasar ese ámbito, y que por tanto
no habría posibilidad de desarrollo de incentivación de manifestaciones deportivas más allá del propio límite de las fronteras del Estado español. Esto no es así, porque como bien saben ustedes esa competencia sólo hace referencia a las relaciones
que existen entre entes públicos, entre gobiernos, en la firma de tratados, en la contracción de obligaciones públicas, pero en ningún caso afectaría ni afecta a lo que son entidades privadas, lo que son las federaciones y asociaciones deportivas.
Este es el quid de la cuestión jurídica. Cuando hablamos de federaciones deportivas no estamos hablando de entidades públicas, hablamos de asociaciones privadas a las que voluntariamente se asocian, se adhieren las personas que entienden necesario
proceder al desarrollo de un determinado tipo de deporte. Por tanto, primera conclusión: no hay problemas jurídicos. Se nos habla de la famosa Ley de 1990, tan traída y tan llevada durante tanto tiempo. Curiosamente la Ley del Deporte del año
1990, hay que decirlo, no forma parte del bloque de constitucionalidad, no es una ley orgánica y no es una ley de bases, y muy curiosamente se pretende articular todo el entramado jurídico sobre esa ley que, entre comillas, no es orgánica, no es de
bases, y por tanto debiera estar supeditada a leyes orgánicas, como son los estatutos de autonomía. Conclusión clarísima, desde el punto de vista jurídico: no hay problemas jurídicos.
A partir de ahí hay que entrever en no sé qué sentencia del Tribunal Constitucional al amparo de la Ley
de 1990, la posibilidad de que esto no sea así; pero realmente, desde el punto de vista de la literalidad de la Constitución, de la literalidad de los estatutos de autonomía, no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Pues es el de
siempre, y lamento decirlo de esta forma. La manifestación de la ministra de Educación y la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista, aparte del correspondiente diálogo y talante que nos ofrece, el contenido real de lo que nos ofrece no se
aparta un milímetro de lo que hasta ahora nos decía el Partido Popular, y mire usted, señora presidenta y señorías, que lo lamentamos, pero es así. Nos piden que no haya posibilidad de defender una identidad dentro de la vertiente de manifestación
deportiva. No hay voluntad política. No voy a reproducir aquí el debate de la semana pasada donde simplemente señalábamos que existe un miedo reverencial a que pueda haber una competición, ya sea en el ámbito internacional o ya sea en le ámbito
estatal, imaginémonos de una selección vasca y una selección española, o una selección vasca y una selección catalana. Creemos que esto no es un problema. Esta es una cuestión que se deriva de una propia manifestación deportiva, que se deriva de
una propia identidad y hay que respetar.
Señalábamos igualmente que el deporte es una manifestación de la cultura, que las culturas no tienen jerarquías y que las culturas en un Estado que pretende ser pluricultural, plurinacional y plurilingüe no puede tener como objetivo la no
defensa. Por tanto, señorías, voy a limitarme a esta consideración: primero, no hay problema jurídico. Segundo, hay problema de falta de voluntad política. Y tercero, rogaríamos al Grupo Socialista que en interpretación de su propia enmienda,
cuando dice que permita que las comunidades autónomas promuevan sus propias selecciones, debería inmediatamente retirar los dos recursos que existen planteados contra dos leyes, una del Parlamento vasco y otra del Parlamento catalán.
Soy consciente de que hoy no llegaremos a buen término esta iniciativa y esta pretensión, pero también soy consciente, como decía antes, de que el que la sigue la consigue, y un objetivo de muchísima gente que es poder participar desde su
propia vertiente e identidad es un objetivo cada vez más cuantitativo y es un objetivo tan legítimo como cualquier otro, creemos que al final lo conseguiremos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, y por cinco minutos, tiene la palabra el señor Jiménez Pérez.
El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna, que significa un breve resumen de la posición que mantenemos.
Nuestro objetivo es establecer un marco de diálogo en materia deportiva, que permita desarrollar el papel de las selecciones autonómicas, así como que se cumpla la legislación actual donde se contempla que la representación internacional en
competiciones oficiales corresponde a las selecciones españolas en cada modalidad deportiva. Por esta razón presentamos esta enmienda, con ánimo de establecer el diálogo necesario para buscar espacios comunes, espacios compartidos con las
comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera.
Señorías, si bien es cierto que el artículo 146 de la Constitución reconoce a las comunidades autónomas la competencia de promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio, diversas sentencias del Tribunal Constitucional afirman
que la existencia de una determinada competencia autonómica exclusiva sobre cierta materia no descarta la posibilidad de que en virtud de otros títulos competenciales se produzca una legítima intervención del Estado. Por tanto, y de acuerdo con esa
doctrina jurisprudencial, el ámbito deportivo queda sujeto a la confluyente acción del Estado y de las comunidades autónomas, cuyas competencias son en esta materia concurrentes, de forma que de un lado quedará reservada al Estado la ordenación del
deporte nacional e internacional, y de otra parte las potestades de las comunidades autónomas deberán entenderse referidas a la ordenación del deporte en su territorio.
El conjunto de la moción presentada pretende el reconocimiento internacional de las selecciones autonómicas mediante su integración en los organismos internacionales, posibilitando la participación de dichas selecciones en las competiciones
oficiales que consideren oportunas. Para ello plantean la modificación de la Ley del Deporte. La primera consideración que se puede realizar es que a fecha de hoy la ley está vigente. La segunda consideración es que resulta actualmente
incompatible la participación simultánea en competiciones oficiales externas de equipos representativos de España y de sus distintas comunidades autónomas.
El Grupo Parlamentario Socialista está a favor del desarrollo de las federaciones autonómicas, pero también está favor de defender las normas jurídicas en lo que hace referencia a la representación internacional. Si hablamos de aspectos
exclusivamente jurídicos aclaremos lo que haya que aclarar, pero todos sabemos que detrás de ello hay un planteamiento político, y si hacemos un debate en términos políticos la situación es que la representación internacional del Estado español la
ha de tener la selección española, como dice la Ley del Deporte o las normas del Comité Olímpico Internacional que hablan de Estados soberanos reconocidos por ONU para participar en el ámbito de sus competiciones, así como la de muchas federaciones
internacionales. Una parte del Estado, tal y como está constituido, no puede representar al Estado español. La parte no puede representar al todo y no es lógico el enfrentamiento del todo con una parte. Creemos que es necesario un diálogo
constructivo, suficiente y adecuado para llevar a cabo la política deportiva en general. Respecto a las selecciones autonómicas, lo defenderemos hasta donde sea posible, promoviendo incluso la presencia internacional, dentro del marco jurídico y la
normativa legalmente establecida.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Jiménez, tiene usted que ir acabando, por favor.
El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Termino, presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a buscar puntos de encuentro. Pensamos que es muy razonable la combinación del diálogo para potenciar toda la proyección posible del deporte autonómica con la combinación de la representación
del deporte español en las competiciones internacionales oficiales por parte de la selección nacional en cada modalidad deportiva. De esta manera el ámbito deportivo queda sujeto a la confluyente acción del Estado y de las comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Jiménez.
Pasamos al turno de fijación de posición. Entiendo que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no desea fijar posición. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no puede más que aplaudir la moción que hoy nos ha presentado la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster. Lo queremos hacer y lo
hacemos por dos motivos al menos, por la premura de tiempo. Por un lado, un motivo de tipo jurídico, como es el hecho de que en el marco competencial exclusivo en materia deportiva queda definido a través de dos sentencias, la 69/1982 y la 86/1989,
cuando concreta la competencia en materia deportiva para las comunidades autónomas. Por tanto, señorías, esta noche, a través de la propuesta que se nos ha hecho llegar, se está pidiendo que se respete la jurisprudencia. Por otro lado, estamos
ante una representatividad de federaciones, no de Estado, y a nuestro grupo le parece que en este extremo hay una confusión importante. Es una adscripción de creación y afiliación de naturaleza voluntaria, y por tanto desde nuestro punto de vista
las competiciones no se pueden entender de ninguna manera como relaciones entre Estados, regidas por el derecho internacional, o lo que es lo mismo, las selecciones deportivas representan no a un Estado sino a sus respectivas federaciones. Por eso
se ha de recordar que en el Estado español hay federaciones deportivas catalanas de adscripción voluntaria.
Por otra parte, no podemos olvidar ni omitir un sentimiento, y el deporte es sobre todo, entre otras cosas, sentimiento. Esa legítima aspiración ha llevado, por ejemplo, a que al Parlamento catalán llegara una iniciativa popular legislativa
firmada por más de 500.000 personas, que han solicitado la creación de selecciones deportivas propias con derecho a competir a nivel internacional y que tuvo su inicio, el primer embrión, en el Comité Olímpico Catalán aproximadamente en el año 1913,
si no recuerdo mal. Señorías, tenemos la obligación en esta Cámara de saber separar la representatividad política de la representatividad fruto de la libre asociación y de naturaleza privada, que es el caso de la creación y adhesión de las
federaciones. Nuestra responsabilidad como representantes políticos es evitar al máximo la politización de un tema como el deporte.
Es necesario acabar con las injerencias políticas en cuestiones de carácter deportivo que entre otras cuestiones
lleva a su radicalización.
El deporte profesional es una realidad incuestionable y autónoma de los poderes públicos que requiere una regulación suficiente y eficaz que garantice su incardinación en el sistema deportivo del Estado plurinacional.
Estamos hablando de sentimientos y de símbolos; aunque para muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos incluso podría contarme yo, no sea así, para muchos otros miles y miles de ciudadanos y ciudadanas el deporte es un aspecto simbólico y
cultural. Vivimos en un Estado plurinacional y pluricultural, por tanto, con una gran diversidad; la diversidad requiere para gestionarla un alto grado de respeto y de aceptación de una realidad también plurinacional y pluricultural, y si esto no
es así no será verdad que nos creemos lo que predicamos. En este sentido, no estaríamos de acuerdo con la intervención hace un momento del Grupo Socialista.
Para concluir, la propuesta que hoy nos presenta a consideración en este Pleno Eusko Alkartasuna responde a una demanda legítima y que un día u otro tenía que llegar, pues este es el resultado de la realidad plural de nuestro Estado
democrático. Esta demanda está realizada por ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, el País Vasco y Galicia, y además en nuestro caso está avalada por los acuerdos adoptados en el Parlamento de Cataluña con un acuerdo del Gobierno de la Generalitat
para promover la presencia internacional de las selecciones deportivas de Cataluña. Por todo esto, sin entretenerme más porque justo son los 10 minutos, nuestro voto va a ser favorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora García Suárez.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Mahaiburuorde andrea. Jaun-andreok: gai hau zalantza barik gure herriarentzat ezinbesteko eskaera dogu. Lehenago edo geroago euskal gizartearen gehiengoak aldarrikatzen dauan helburua, nazioarteko kiroletan
ordezkaritza eukitea, lortuko dana ziur nago ta.
El tema de la moción que se ha presentado no es un tema nuevo en esta Cámara. Evidentemente se ha discutido en diversas ocasiones, pero lo que se ha evidenciado en todas estas discusiones es que la negativa por parte de la Administración a
posibilitar las selecciones nacionales vascas, gallegas o catalanas no se sostiene en el plano jurídico. En estos debates han quedado de manifiesto una serie de cuestiones de las que sí creo, a pesar de que la proponente de la moción ha resumido
bastante bien la intervención de nuestro portavoz el pasado 16 de septiembre de 2003, que merece la pena dejar constancia. Lo que es evidente es que el bloque de constitucionalidad tal y como existe en estos momentos no impide la pretensión
contenido de la moción. El artículo 149 no cita como competencia del Estado al deporte, y de hecho las ministras tanto en esta legislatura como en la anterior han reconocido que no existe un título competencial directo en materia de deporte; sin
embargo, los estatutos de autonomía manifiestan claramente la competencia exclusiva en esta materia. De hecho, el Tribunal Constitucional la ha calificado de competencia autonómica exclusiva en sentido estricto.
¿En qué se basa el Estado para poder regular esta materia? En principio nosotros entendemos que en nada, pero se argumentan básicamente dos cuestiones: una, la competencia supracomunitaria. Desde luego, cuando la Constitución quiere
reservar la competencia supracomunitaria al Estado lo dice expresamente, y hay muchos ejemplos de ello en el artículo 149.
Además el Tribunal Constitucional tiene fijada una doctrina muy restringida sobre la dimensión supracomunitaria (son éstas,
me imagino, porque no hay otras, las sentencias a las que se refería el portavoz socialista), y según él cuando el objeto de una competencia inequívocamente autonómica presenta un alcance superior al territorio de una comunidad autónoma la comunidad
autónoma no la pierde, sigue poseyéndola -y leo literalmente-, salvo que la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aun en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de
cooperación y coordinación. Es evidente que las comunidades autónomas podrían llevarlo adelante a través de estos mecanismos. Por lo tanto, a tenor de esta jurisprudencia, es también competencia autonómica exclusiva en sentido estricto. La otra
razón podría ser la competencia en materia de relaciones internacionales. El Tribunal Constitucional en la sentencia de 26 de mayo de 1994 lista cuáles son los casos en los que existe como materia exclusiva para el Estado las relaciones
internacionales, y son: relaciones entre Estados soberanos, relaciones entre sujetos internacionales sometidos al derecho internacional y relaciones que deben producir una serie de efectos en el ámbito de responsabilidad internacional o de la
política exterior del Estado. Pues bien, en una competición deportiva de índole internacional los sujetos no son Estados soberanos ni sujetos internacionales sometidos al derecho internacional, los sujetos son entes asociativos de naturaleza
estrictamente privada. La selección deportiva no representa estrictamente al Estado sino a la federación, un ente privado, y evidentemente estas relaciones entre entes privados no pueden producir efectos en el ámbito de la responsabilidad
internacional o de la política exterior del Estado. Por lo tanto, el bloque constitucional no impide la pretensión de la moción. Es evidente que el problema no es jurídico, sino que es una cuestión de mera voluntad política.
Es una materia delicada porque el deporte y los colores de cada cual despiertan pasiones y nos llega muy adentro, muchas veces más que otras cosas que quizá sean más importantes. Este asunto no se plantea en todas las comunidades autónomas.
Es evidente que por algo hay grupos nacionalistas representados en este Parlamento, porque verdaderamente es en las nacionalidades históricas donde hay unas profundas raíces que hacen que la reivindicación de expresión nacional se pida también para
el ámbito deportivo. Se ha manifestado esa voluntad por parte de la ciudadanía a través de asociaciones de defensa de las selecciones, en fiestas, en actos, en concentraciones, pero también se ha manifestado por parte de los deportistas en estas
tres nacionalidades históricas. Hablaba de sentimientos y es evidente que nadie quiere herir a nadie, por lo menos este portavoz y creo que tampoco la diputada que ha presentado la moción ni los grupos que han presentado mociones de este tenor en
ocasiones anteriores, pero lo que no puede pretender el resto de los grupos que no dan vía libre a esta pretensión es que los demás vibremos, sintamos como propias a las selecciones españolas. La Eurocopa puede ser una materia muy interesante en el
ámbito deportivo para muchos ciudadanos vascos y para mí mismo, pero sinceramente en el ámbito de los sentimientos no me llama en absoluto la atención. Nadie puede obligar a otro a sentir de una determinada manera, y como he dicho antes este es un
ámbito del sentimiento.
¿Qué daño se hace a las selecciones españolas y a sus seguidores por reivindicar nuestras propias selecciones? Yo creo que absolutamente ninguno. Desde luego por este hecho no vamos a dejar de ser parte del Estado; una cosa no trae la
otra. Se nos dice que la
parte no puede representar al todo; no queremos representar a España, queremos representar a nuestras propias naciones. El problema puede ser la competición, pongamos por caso, entre una selección española y una selección vasca, por
ejemplo. ¿Ahí habría un problema? Desde luego la actitud de la Administración ha demostrado que ese no es el problema. Es el caso concreto del surf, una federación internacional en la que no existe o no existía una federación española, sí una
vasca. Se participa, se intenta participar, pero ¿cuál es la actitud por parte de la Administración española, dado que no hay una selección española específica? La oposición directa y total, poner todas las trabas posibles y la creación
artificial, porque fue a toda prisa, de una federación española en esta materia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Esteban, se excede ya en dos minutos. Por favor, concluya.
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, acabo.
Este tema volverá y espero que sea en una moción, en una proposición conjunta de muchos grupos de esta Cámara. Tengo curiosidad en saber el resultado de la votación, a ver qué va a hacer el Grupo Socialista pasando de una abstención en la
legislatura anterior a este momento; la curiosidad es aún mayor por saber qué van a hacer los miembros del Partido Socialista de Cataluña que tienen también un deseo, así lo han manifestado, de formar un grupo parlamentario propio, y de esta manera
podremos testar cómo va el avance de ese nuevo estatuto catalán porque parecía que esta materia, al menos de las manifestaciones del president, iba hacia adelante. Tengo curiosidad por ello. No espero muchas cosas en cambio de los socialistas
vascos.
Vamos a votar a favor, bien entendido que la diputada del Grupo Mixto que ha presentado la moción no va a admitir la enmienda que propone el Grupo Socialista porque devalúa la propuesta.
Nada más y muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Esteban.
Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.
Esquerra Republicana va a votar favorablemente la moción presentada por la diputada del Grupo Mixto, señora Lasagabaster, por múltiples razones, entre las que cuentan y mucho las de cercanía, de cercanía nacional. En Catalunya, y es muy
sabido, se vive con especial sensibilidad el asunto de las llamadas selecciones deportivas y no desde ahora, hace ya mucho, más de un siglo, porque estoy hablando del año 1900 en que un equipo de remeros catalanes participó de manera semioficial en
los Juegos Olímpicos de París. Nadie en la Cámara ignora que en el momento presente hay una tenaz actividad de lo que se denomina sociedad civil catalana a favor del reconocimiento de las selecciones deportivas y también el Parlament se ha
pronunciado, e incluso los partidos firmantes del actual pacto de Gobierno se han comprometido a impulsar la participación internacional de las selecciones catalanas. Se arguye a veces a favor de las selecciones aludiendo a la ausencia del deporte
en la lista de competencias exclusivas que quedan reservadas al Estado. También lógicamente se aducen argumentos jurídicos desde posiciones absolutamente contrarias, y lo vemos en la enmienda que presenta el Grupo Socialista, casi siempre apelando
a la Ley del Deporte y a la propia Constitución. En concreto la Ley del Deporte establece que las federaciones españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional.
No voy a entrar en debates jurídicos, pero quiero recordar que las selecciones deportivas representan, como se ha dicho ya de manera repetida, a sus federaciones. Añadiría más, lo que podríamos llamar el sistema internacional del deporte es
mayoritariamente privado, no público o político. De hecho actualmente en Europa occidental sólo España e Italia consideran a las federaciones deportivas como organismos públicos.
Es más, se da el caso de selecciones que ni tan siquiera lucen
distintivos nacionales, sino escudos de federaciones, es el caso de Dinamarca. De ahí que el reconocimiento provisional a la Federación Catalana de Patinaje por parte de la FIRS no se debiera como se dijo en su momento a un vacío legal. Lo que
ocurrió es que los criterios de admisión de nuevos miembros de la FIRS se rigen por normas de ámbito privado. Son estatutos que no imponen limitaciones de tipo geográfico o político; es decir, se entiende que las federaciones representan a los
federados, no más, por aquello que antes dije. El sistema deportivo internacional no funciona siempre con criterios de representación política. Si se ha producido, que está por ver, la intervención del Consejo Superior de Deportes presionando
políticamente para impedir la confirmación de una decisión de ámbito privado, nos parecería una interferencia poco justificable. Nosotros no pedimos que nadie abjure de sus planteamientos, simplemente pedimos juego limpio, un juego limpio que
esperamos del partido mayoritario, aceptando lógicamente sus discrepancias de planteamiento que ya nos han explicado.
No puedo dejar de recordar, cuando alguien pone el grito en el cielo ante un hipotético enfrentamiento deportivo, oficial o no, entre España y una federación que se corresponde con una comunidad autónoma, que hay precedentes, alguno no
oficial, pero ilustrativo. En tiempos de Franco, concretamente en el año 1947, Cataluña y España se enfrentaron en el estadio de Montjüic en un partido de fútbol. El resultado es lo de
menos: tres a uno para los locales. También hay ejemplos oficiales, uno de ellos muy cercano en el tiempo y sorprendente. Hablando de patinaje diré que en la última Copa del Mundo de carreras Navarra se enfrentó a España.
Resulta que los
mejores patinadores son navarros y el vicepresidente de la española consideró adecuado formar dos equipos, y no pasó nada que se sepa.
Resumiendo y desdramatizando, admitir que unas federaciones puedan ser admitidas en federaciones internacionales como miembros de pleno derecho no menoscaba en absoluto la esencia del Estado, sino que acentúa su pluralidad. Déjenme acabar
con una cita de Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno y tan invocado cuando conviene; dijo en 1916: La geografía deportiva no coincide con la geografía política. Nosotros lo creemos, sabemos ser perseverantes porque estamos convencidos
que al final del camino el reconocimiento acabará llegando, y esperemos que sea bien recibido.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señora presidenta.
Voldria saludar breument a uns catalans que estan avui al Congrés i que comparteixen el desig de tenir seleccions catalanes. Benvinguts.
Intervengo en nombre de mi Grupo, Convergència i Unió, para fijar posición y para anunciar el sentido de nuestro voto, que no puede ser otro que positivo. Una vez más se debate en este hemiciclo el reconocimiento de las selecciones
deportivas vasca, catalana, gallega. En honor a la verdad, si no fuera porque este es un elemento importantísimo para nuestras naciones, seguro que ya habríamos cejado en nuestra insistencia ante los oídos sordos permanentes, pero las naciones sin
Estado están condenadas por ahora a perseverar en sus derechos para avanzar en su autogobierno.
Durante mis palabras me referiré a Cataluña, si bien saben los representantes vascos y gallegos que tienen nuestra solidaridad para sus mismas reivindicaciones. Acometo mi intervención con la misma ilusión de siempre, con la misma voluntad
de conseguir este reconocimiento, pero con la tristeza por la intervención de la señora ministra en el último Pleno de la semana pasada a resultas de una pregunta de quien les habla sobre este mismo tema, también aumentado por las palabras del
portavoz socialista de hoy. Señor portavoz socialista, no pedimos por ahora hablar de entrar a formar parte del Comité Olímpico Internacional, hablamos meramente de poder participar en campeonatos internacionales de Europa, del mundo, etcétera. No
pretendemos suplantar ni representar a España, tan sólo queremos representar a nuestras naciones, en mi caso Cataluña.
Es cierto que ya en su discurso de investidura el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, dio a entender una actitud
en este tema similar a la de los gobiernos del señor Aznar y de don Felipe González, de negación total, pero ya les avanzo, señores del Gobierno, que nosotros, la inmensa mayoría de los catalanes, no cejaremos tampoco en nuestro empeño. ¿Por qué no
cejaremos? Pues por muchas razones, pero por falta de tiempo sólo expondré algunas de ellas: en primer lugar, porque tenemos derecho; en segundo lugar, por la voluntad popular; en tercer lugar, por antecedentes.
Tenemos derecho como nación que somos. Ya sé que ustedes se escudan en las leyes; pues, ni en esto tienen razón. Ustedes, señores del Gobierno, se escudaron el otro día en la ley del deporte español del año 1990 -se ha hecho mención
antes-; pues bien, esta no es una ley de bases ni orgánica y, por tanto, no entra en el bloque constitucional, y a la vez los estatutos de autonomía son jerárquicamente superiores. Vamos, por ejemplo, a Cataluña. La Lley de l'esport català 1/2000
ya habla de promover y difundir el deporte catalán en ámbitos supraautonómicos.
También recoge esta ley el reconocimiento de las selecciones deportivas y su derecho a competir internacionalmente. Siguiendo por este camino, ustedes saben que las
federaciones deportivas autonómicas, estatales e internacionales son entes privados, también se ha dicho, por tanto, no dependen de los ministerios. Pregunto: ¿Por qué el Gobierno español interfiere en entidades privadas? No se preocupen, como no
me responderá nadie del Gobierno, ya lo hago yo: Para controlar políticamente todo desde el Estado, para seguir con el lema de antaño: una, grande, pero a la vez poco libre. Señores del Gobierno Socialista, no politicen el deporte, sean
demócratas, apliquen también el tan cacareado talante en el deporte. Este Estado es también desde el punto de vista del deporte plurinacional. Segundo aspecto, por la voluntad popular. En un Estado de derecho la democracia se sustenta siempre en
la voluntad del pueblo, y el pueblo catalán quiere federaciones deportivas reconocidas y compitiendo internacionalmente. Una encuesta reciente nos dice que el 98,2 por ciento de los catalanes y catalanas así lo quieren. Sepan -también se ha dicho-
que el Parlamento de Cataluña en su día recibió más de 500.000 firmas apoyando las selecciones catalanas mediante la Plataforma pro selecciones catalanas. ¿No es suficiente aquest clam? (¿No es suficiente este clamor?) Señores del Gobierno,
rectifiquen, no hagan como hizo el PP, que hacía oídos sordos a todo. Tercer aspecto, por antecedentes. Cataluña ya formó parte de federaciones internacionales antes de la dictadura, incluso ahora tenemos tres federaciones reconocidas
internacionalmente, la de Korbal, la Federació d'entitats excursionistes, equivalente a la Federación española de montaña y
escalada, con un campeón y una campeona del mundo, Agustí Roc y Teresa Forn, que en los últimos campeonatos del mundo de carreras de alta montaña en Malasia compitieron con países como Japón, Estados Unidos, Italia, etcétera; y ahora hace
pocos meses la FIRS ha reconocido la Federación Catalana de Patinaje.
Señores del Gobierno, ¿por qué tres federaciones sí y sesenta y cuatro no? Cataluña es también un país desde el punto de vista deportivo; es un país deportivo porque el 10 por ciento de sus ciudadanos, más de 600.000 hombres y mujeres, son
deportistas federados, hacen deporte de competición; más de 180.000 niños y niñas hacen deporte escolar; tenemos 64 federaciones deportivas alrededor de la UFEC; el 68 por ciento de los catalanes practica alguna modalidad deportiva; tenemos
campeones olímpicos, del mundo, de Europa, etcétera. De ahí la importancia que da Cataluña al deporte. No busquen otros motivos, no los hay; no se hace en contra de nadie. Sólo es un sueño que queremos que se haga realidad.
¿Hemos de ir poco a
poco y por detrás? ¿No sería mejor un pacto político? Cambien las leyes si hace falta, aunque con las actuales podemos hacerlo; cambien de actitud política, no sean centralistas y antidemócratas; hagan realidad el sueño del pueblo catalán.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Maldonado, debe ir acabando.
El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando.
Me dirijo a las diputadas y diputados catalanes de los dos grupos mayoritarios para que, llamando a su conciencia patriótica, más allá de la disciplina de partido, den respuesta positiva a la voluntad de la inmensa mayoría de los catalanes y
voten afirmativamente esta moción.
Hagan realidad el sueño del pueblo catalán, porque como dijo en su día el presidente de Cataluña, Lluís Companys: Tornarem a lluitar, tornarem a vencer; y en el tema de las selecciones deportivas desde Cataluña
seguiremos luchando hasta vencer.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Maldonado.
Finalmente, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, no voy a entrar, porque además ya se ha hecho aquí, en el ámbito jurídico jurisdiccional sobre el tema de las selecciones deportivas internacionales. Solamente voy a hacer una lectura de una sentencia del
Tribunal Constitucional, ya que se ha hecho referencia reiteradamente a la Ley del año 1990, del Deporte. La sentencia del Tribunal Constitucional 165/1994, de 26 de mayo, es taxativa cuando establece la pretendida asunción de la exclusiva e
incondicionada representación internacional del deporte de las comunidades autónomas. No es una simple medida dotada de cierta incidencia exterior, utilizando la expresión de la sentencia del Tribunal Constitucional 1975/1995, de 5 de diciembre,
sino que supone la alteración competencial estatal en materia de relaciones internacionales de dirección de la política exterior en relación con la cultura y del ámbito físico de actuación de aquellas que, en suma, supondría una actuación ultra
vires de la competencia autonómica sobre el deporte, pues la representación internacional del deporte español en su conjunto corresponde al Estado a través de las federaciones deportivas españolas de las que forman parte las federaciones
autonómicas.
Nosotros sí tenemos lealtad constitucional. Lo que es una auténtica paradoja es que los proponentes nos pidan a nosotros lealtad constitucional. Nadie es perfecto. Nosotros lo que sí podemos decir es que tenemos la voluntad y la meta de
respetar y cumplir la Constitución.
Lo que me parece una postura de cinismo inaudito y sin límites es que un partido que ha manifestado su intención expresa de vulnerarla y de no acogerse a las reglas del juego que todos nos hemos dado pida lealtad
constitucional. Su partido, Eusko Alkartasuna, participa de un Gobierno que ha propuesto un plan de dudosa constitucionalidad con intenciones reales no confesadas. Han admitido que no tienen más remedio que someterlo a la votación de las Cortes,
pero al mismo tiempo han anunciado que, independientemente de lo que decidan las Cortes, lo van a someter a una consulta de modo que, en contra de lo que dictan las leyes y también la Constitución, ustedes sólo van a hacer caso a lo que ustedes
quieren que salga adelante. Hoy está sucediendo exactamente igual. No se trata de que se venga aquí y se nos diga que si no hacemos lo que ustedes quieren automáticamente somos intransigentes. No, estamos respetando la legalidad establecida. Se
trata precisamente de acordar algo y de respetarlo, y de respetarlo como se viene respetando hasta ahora, y además de respetar precisamente lo que dice la mayoría. Debemos creer en la democracia.
Estamos en una democracia parlamentaria, por tanto,
mayorías, minorías.
Además, en el caso de que llegáramos a aceptar esas tesis, ellas serían de entrada excluyentes. Menos mal que aquí se ha dicho que se hace referencia a Cataluña, País Vasco y Galicia porque son los que han presentado esas
propuestas. De todas formas en el último punto de la moción me deja sorprendido que pidan la retirada de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno actual. Si están tan seguros de que su postura se ajusta a la legalidad, no entiendo cómo
piden que se retiren los recursos de inconstitucionalidad, a menos que ustedes no crean en la pulcritud del Tribunal Constitucional y, por tanto,
consideren que el mismo manipule o prevarique en sus resoluciones.
Sinceramente no podemos apoyar esta moción. Estaríamos absolutamente dispuestos y sin ambages a apoyar la enmienda que presenta el Grupo Socialista, pero también he de decirle algo relativo al Grupo Socialista.
En menos de año y medio han
llegado a esta Cámara tres propuestas del mismo tenor. Las dos veces anteriores el Grupo Socialista se ha abstenido; ocho meses después, hoy, el Grupo Socialista parece que va a cambiar su voto. Bienvenido sea de donde no tuvieron nunca que irse.
Les voy a decir una cosa para finalizar. Señores del Grupo Socialista, ustedes en este punto juegan con mucha ventaja, la misma ventaja que nosotros no tuvimos. A diferencia de ustedes, en los temas que afecten a la esencia del Estado y a su
representatividad nos tendrán siempre a su lado, sin ambigüedades, sin abstenciones o partidismos. En ningún caso renunciaremos a estos principios por hacer oposición.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón Piqueras): Muchísimas gracias, señor González Pérez.
Entiendo que el Grupo Parlamentario Mixto no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, votaremos al final de las mociones la moción consecuencia de interpelación tal como la había presentado el Grupo Parlamentario
Mixto.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA SITUACIÓN DE IZAR. (Número de expediente 173/000007.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón Piqueras): Señorías, pasamos al punto séptimo.
Para debatir la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Intervendré con brevedad, porque si además de ser pocos nos cebamos con nosotros mismos...
La semana pasada en la tramitación de la interpelación ya manifestamos las motivaciones de esta moción. Por tanto, no vamos a insistir en el contenido de las argumentaciones. Somos conscientes de que hay una situación compleja, delicada,
en la que la responsabilidad fundamentalmente la han puesto los trabajadores: 18 meses para negociar un convenio colectivo, maltratados, reprimidos por una política injusta, por una dirección de la empresa y de la propia SEPI, actuando en la vía de
la pérdida de capacidad de los astilleros y poniendo en peligro el empleo y el futuro de la industria naval de nuestro país. A esa difícil situación se han sumado las decisiones de la Comisión Europea, que establecen el riesgo de cierre real del
centro de producción.
Lo que nosotros proponemos en este momento son las tres líneas de actuación que señalábamos la pasada semana: un compromiso de solución negociado con los sindicatos y con las comunidades autónomas afectadas, mantener los mayores niveles de
empleo y la capacidad productiva y una posición firme ante la Unión Europea por considerar que Izar es víctima de una situación que no respeta las reglas de la competencia en los mercados internacionales. Queremos con está moción -así lo han
entendido los demás grupos parlamentarios- lanzar un mensaje a los trabajadores de los astilleros, en el sentido de que la política puede ser un instrumento útil que además les afecte de manera positiva en sus reivindicaciones.
Esa es la intención
política y esos son los objetivos. Se trata, pues, por nuestra parte de entablar un proceso de diálogo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas sin definir ni cerrar el contenido de los acuerdos que son posibles y deseables.
Por supuesto que en este proceso hemos conocido una enmienda de sustitución que al parecer cuenta con el apoyo suficiente del resto de los grupos parlamentarios como para convertirse en mayoritaria. Dicha enmienda coincide plenamente con el
sentido de nuestra moción, hasta el punto incluso de no explicarnos bien por qué se ha hecho. Quizá haya sido para diluir algún criterio general e incorporar ciertos condicionamientos de la negociación que nosotros dejábamos abierta. En cualquier
caso, señora presidenta, si esa es la moción que apoya la mayoría y eso es lo que hace que los trabajadores de Izar tengan la seguridad de que este Parlamento insta a la solución de su problema, del problema de la naval española, el problema que hoy
estamos aquí tratando de resolver, que sea esa la moción que se apruebe. Desde luego no seremos nosotros quienes impidamos que se den pasos de solución por el simple hecho de firmar la obra. Nosotros somos una de esas fuerzas políticas a la que le
importa más el arte que el simple coleccionismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Como representante del Bloque Nacionalista Galego, debería empezar por advertir que nos hallamos en un contexto en el que inexorablemente se nos quiere llevar a un proceso de reestructuración del sector
naval. Esto es así porque todos los datos lo indican. Desde hace dos años en el seno de la OCDE, en concreto en el grupo de trabajo número seis, construcción naval, se están llevando a cabo negociaciones para ver de qué manera se puede
redimensionar la construcción naval mundial civil y cómo se puede repartir la carga de trabajo correspondiente entre los distintos Estados del mundo, cuestión difícil de resolver políticamente, existiendo el compromiso de llegar a una solución a
mediados de este año.
Además, sabemos también que los cinco grandes de la construcción naval, Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, Estados Unidos y China, han decidido en la última reunión celebrada en el mes de diciembre llegar a un acuerdo
este año en el ámbito de la adecuación y del reparto de las cargas de trabajo. Incluso la propia Unión Europea ha elaborado recientemente un documento en el que participó la entonces gerente de Izar, que define el futuro de la industria de la
construcción naval europea contemplando la necesidad de reestructurar esta industria y solamente habrá ayudas a cambio de la reestructuración. Por tanto, si observamos lo que está pasando con el Estado español, nos daremos cuenta de que primero
tiene lugar una política de vaciado de gradas, una característica de estos procesos, después se implantan los expedientes de regulación y finalmente se justifica la necesidad de una nueva reducción de la capacidad productiva y del empleo.
Nosotros hemos presentado a la moción de Izquierda Unida, respetando al máximo dicha moción, una serie de enmiendas de adición cuya necesidad voy a justificar. En primer lugar, una enmienda que pretende, en cuanto a las responsabilidades
internas, intensificar la actividad comercial para conseguir contratos que doten a los astilleros de carga de trabajo.
Porque hay un dato elocuente. En el año 2003 se contrataron a nivel mundial nada menos que 42 millones de TBC y las gradas del
Estado español vacías. Pero es más, en el año 2000 fueron 32 millones y la Unión Europea acaparó el 32 por ciento de esa demanda mundial. Por tanto, no todos los Estados de la Unión Europea tienen el mismo problema. Es cierto que en el año 2003
solamente el 4 por ciento fue para la Unión Europea, pero hay que tener en cuenta que la cartera de pedidos es por tres o cuatro años, lo cual justifica estas diferencias porcentuales. Para nosotros es muy importante aplicar una política agresiva
en el mercado internacional y modificar la estructura organizativa de Izar de forma que se puedan conformar complejos integrales de construcción naval, civil y militar a escala territorial y no como hasta ahora que se estuvieron moviendo los bloques
por todo el Océano Atlántico en una posición que no es precisamente la más competitiva ni la más racional. Pero hay tres cuestiones más. Debido a que la capacidad de producción asignada al Estado español es excesivamente baja -191.500 TBC- en
relación con 32.000 ó 42.000 millones, no podemos pasar por la reducción de la cuota de la capacidad asignada hasta ahora, porque eso significaría la eliminación del Estado español como productor en ese sector estratégico tan importante. Lo mismo
ocurre con la reducción de los puestos de trabajo, que es reducir lo inexistente. Porque cuando había carga de trabajo había que contratar a muchas compañías auxiliares, a miles de trabajadores. Por tanto, el mantenimiento de todos y cada uno de
los centros y el mantenimiento del empleo es sustancial.
Les diré que el Plan Galicia, que solamente era virtual y que ahora además de virtual es inexistente, prometía nada menos que Izar-Fene, que no recibió ninguna ayuda de las ahora declaradas ilegales, por lo que no pudo construir barcos desde
el año 1966. En esta reestructuración a escala territorial debería contemplarse que pudiese, por lo menos, ir al mercado de la construcción naval convencional. Si estas modificaciones no se aceptan, desde una óptica de respeto por las decisiones
de los demás no podemos aceptar la enmienda transaccional. Por lo tanto, nos abstendremos, en primer lugar, porque pensamos que en la Comisión Delegada no están presentes las comunidades autónomas; en segundo lugar, porque que el plan estratégico
se debía hacer teniendo en cuenta, no los parámetros de rentabilidad, que siempre son subjetivos y están sometidos a la espada de Damocles de la destrucción de empleo y de nuestra capacidad de producción e incluso del cierre de centros; en tercer
lugar, porque impedir la creación de complejos integrales (no de la integración productiva a la que se refiere la enmienda, que puede suponer la eliminación en la práctica de muchos centros y la no opción a la construcción naval civil que es lo que
estamos discutiendo, así como la falta de un espíritu más agresivo desde el punto de vista de la defensa de ayudas mientras duren las condiciones internacionales de ausencia de un mercado libre) nos lleva, respetando la posición de los demás, a no
poder aceptar esta enmienda transaccional y mantener una posición de abstención, puesto que otra posición consistiría en avalar posturas de reconversión que, desde nuestra óptica, no podemos hacerlo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta el tema de Izar, el de los astilleros públicos está tristemente de nuevo en el candelero. La amenaza de quiebra y reconversión se cierne de nuevo sobre un sector que hace dos décadas sufrió en
sus propias carnes las consecuencias de una drástica crisis económica internacional. Sabemos que no es tarea fácil, pero también
sabemos que es una tarea y responsabilidad del Gobierno del Estado.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la moción que debatimos en el sentido de incorporar activamente a las comunidades autónomas en el grupo de trabajo interministerial que, al parecer, está funcionando ya. A nuestro
juicio las comunidades autónomas deben participar activamente en el análisis, evaluación y propuestas de resolución del futuro de los astilleros. La Comunidad Autónoma de Euskadi no quiere ser ajena al proceso de decisiones de un convidado de
piedra sin capacidad de maniobra. Queremos aportar y participar de la solución definitiva, de ahí el sentido de nuestra enmienda. Creemos que parte importante de la solución al problema pasa por una fuerte negociación con la Unión Europea. El
Gobierno español tiene la responsabilidad política de afrontar la cuestión.
El señor Solbes, responsable de Sepi, debe darse cuenta de que ya no es comisario europeo, sino vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda y le compete defender con todas sus energías el futuro de los astilleros públicos ante
la Unión Europea. Otros países y Estados como Alemania y Francia lo hacen sin reparo. Los países asiáticos utilizan el dumping social y todos conocemos las medidas proteccionistas existentes al respecto en Estados Unidos. Si me permiten la
expresión, da la impresión de que Europa, y en nuestro caso el Estado español quisiera ser más papista que el Papa. El Gobierno deberá negociar con la Comisión Europea las demoras, aplazamientos o descuentos en las devoluciones de las ayudas que
sean necesarias para garantizar el futuro del sector, con recortes mínimos de actividad y empleo. Si desde el punto de vista diplomático se está abandonando Estados Unidos y la foto de las Azores y se está volviendo al redil del consenso europeo,
el factor tiempo no debe ser un problema irresoluble, no debe haber urgencia ni precipitación en el asunto.
Como representante del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, quiero manifestar nuestra opinión en relación a los astilleros de La Naval de Sestao. Fue compromiso electoral firme del Partido Nacionalista Vasco, y lo vamos a intentar
cumplir con todo nuestro empeño, la defensa de La Naval de Sestao. Nos oponemos frontalmente, en línea con lo defendido por el Gobierno vasco, al cierre de La Naval, y lo hacemos por múltiples motivos: económicos, sociales, sectoriales y locales.
En aproximadamente 15 años el área de Bilbao ha sufrido el cierre traumático de tres centros, con una reducción drástica de la actividad y de la plantilla; de más de 6.000 trabajadores directos en el sector quedan tan sólo 1.200, un 20 por ciento.
Además, la margen izquierda especialmente ha soportado estas y otras consecuencias de manera intensa; la margen izquierda se ha ido desertizando industrialmente y se han agudizado los problemas de desempleo. Junto a La Naval, Altos Hornos de
Vizcaya -hoy Acería Compacta de Bizkaia- y Babcock Wilcox son ejemplos emblemáticos de lo sufrido por localidades como Baracaldo, Sestao, Portugalete, Trápaga, etcétera.
Creemos firmemente en las potencialidades de Sestao y en el futuro de la
actividad del astillero.
La situación geográfica de Sestao es estratégica en el ámbito de la Unión Europea. La tecnología de la planta, la formación de sus trabajadores, la experiencia adquirida en proyectos de alto valor añadido en el sector no pueden echarse por
la borda de la noche a la mañana y menos por la incapacidad de los gobernantes para buscar una solución razonable a lo que es realmente razonable. La Naval de Sestao ha sabido hacer proyectos complejos y singulares en los últimos años, como FSVLNG,
dragas, etcétera; ha adquirido conocimientos específicos importantes en gas licuado y otros ámbitos tecnológicamente avanzados; su know how es hoy día indiscutible en el sector; sus instalaciones son modernas y disponen de un centro de formación
que da servicio incluso a la industria auxiliar colaboradora; tiene capacidad de generar más empleo y actividad en el entorno que en el propio astillero y está invirtiendo en proyectos medioambientales, y hoy en día ya es capaz de construir lo que
va a ser una demanda importante y creciente en el futuro. La Naval de Sestao ha apostado por las propulsiones limpias, por la distribución de LNG de cabotaje, la distribución de gas a presión, las autopistas del mar, los buques con planta
desalinizadora. Este futuro, estas perspectivas no se pueden echar por la borda.
El Partido Nacionalista Vasco espera que tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Socialista Obrero Español y el resto de partidos y grupos de esta Cámara sean sensibles a la realidad que he tratado de transmitirles. Espero
que el compromiso al respecto del presidente Rodríguez-Zapatero no sea un tic electoral y quede en meras palabras. Si, tal y como es previsible, el grupo proponente no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco y, por el contrario, acepta la
planteada por el Grupo Socialista, el Grupo Vasco se va a abstener en la votación de esta moción y lo va a hacer fundamentalmente porque creemos que en los apartados c) y e) del punto segundo de la enmienda del Grupo Socialista se puede esconder un
proceso de reconversión cuyo alcance hoy desconocemos y que puede ser planteado a las comunidades autónomas una vez ya decidido y sin que éstas hayan participado, tal y como lo plantea nuestro grupo parlamentario en su enmienda. Sin embargo,
nuestra disposición para evitar el conflicto y buscar una solución satisfactoria al problema es total. Esperamos y deseamos colaborar en ello.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Azpiazu.
Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Entendemos la valentía de Izquierda Unida al presentar esta moción y el tema de Izar en el Congreso. Entendemos también que la enmienda que presentará el Grupo Parlamentario Socialista busque un marco de diálogo entre sindicatos y
comunidades autónomas, ya que son los sindicatos los que primero están sufriendo este problema. Sí entendemos, tal y como pide el Grupo Parlamentario Vasco, que sean las comunidades autónomas quienes rijan este tema o, como ha comentado el Bloque
Nacionalista Galego, que se tiene que ir o ser más valiente a la hora de buscar temas comerciales para que sea mucho más beneficioso para los trabajadores. En esta posición, si no se aceptan las dos enmiendas que ha presentado el Bloque
Nacionalista Galego y el PNV, también nos abstendremos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Ramón.
Quedan todavía dos grupos parlamentarios por defender sus enmiendas. El siguiente es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene para ello la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds porque coincidimos prácticamente en los puntos de la exposición
de motivos y en los puntos en los que se recoge definitivamente la moción que presenta aquí el día de hoy. Como podemos coincidir exactamente igual con lo que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego, con lo que ha presentado el PNV, incluso con
lo que ha presentado el Grupo Socialista. Sin embargo, coincidiendo todos en aspectos muy importantes de esta moción, no podemos admitir, ni muchísimo menos creo que este Parlamento puede admitir, el apartado de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en la que pretende que este Congreso de los Diputados reconozca que el Gobierno español ha cometido irregularidades o que ha dado ayudas irregulares a los astilleros españoles. Es tanto como que nosotros mismos nos
carguemos nuestros propios astilleros.
Nosotros hemos propuesto una enmienda en el día de hoy en la que, además de incidir en el mantenimiento del empleo, además de incidir en lo que es el mantenimiento de las instalaciones, solicitamos que se recurran ante la Unión Europea esos
expedientes que se han abierto, pero solicitamos también, como aquí ha quedado claro por parte del Bloque Nacionalista Galego y del PNV, que se abra una comisión de investigación de una vez por todas para ver qué es lo que está haciendo Francia.
Una comisión de investigación para ver qué es lo que está haciendo Alemania y una comisión de investigación para ver qué es lo que está haciendo Italia.
Porque, como dice el representante del Bloque Nacionalista Galego, todo el mundo se está
repartiendo algún trozo de esa tarta menos España, con los gobiernos del Partido Popular y con los gobiernos del Partido Socialista también. Alguien tendrá que explicarnos qué está haciendo la DCN francesa y Fincatieri. Alguien tendrá que
explicarnos qué es lo que están haciendo los astilleros del Báltico Rostok-Alemania. Y alguien tendrá que explicarnos por qué en Italia se pueden hacer con Fincatieri las mismas operaciones que ha realizado en España. Y quiero dejar una cosa bien
clara, el Partido Popular asume totalmente lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular entre 1996 y 2004. Y lo asume porque lo que nos pregunta el señor ministro de Industria o lo que nos pregunta el responsable de la Sepi, o lo que nos
inquiere, es que deberíamos de haber tomado decisiones en estos últimos ocho años. ¿Cuáles? ¿Cerrar? ¿Regular? ¿Despedir? Desde luego, no lo hemos hecho y no vamos a aprobar que nadie lo haga. Sin embargo, señorías, hay una cosa que es
realmente lamentable.
Mientras que aquí estamos discutiendo, en el día de hoy la Sepi ha propuesto a los trabajadores la regulación de 2.422 personas de aquí a fin de año en los centros de Sestao, Gijón, Fene y Puerto Real, ampliables a Sevilla y a
Cádiz. ¿Ese es el diálogo de estas Cortes? ¿Eso es lo que aquí vamos a debatir para que el Gobierno tenga que cumplir lo que democráticamente, con todo el talante que ustedes quieran y todo el diálogo que ustedes quieran, vayamos a aprobar aquí
nosotros? Esto me parece una burla absoluta a lo que estamos debatiendo aquí esta tarde.
Por eso, señorías, nosotros aprobamos y apoyamos los puntos de la moción de Izquierda Unida. Queremos que se mantenga el empleo, queremos que se mantengan las instalaciones, queremos que se recurra ante la Unión Europea, queremos que se
cuente con las comunidades autónomas, queremos también que se cuente con las empresas auxiliares, porque hay que tener en cuenta que cada puesto de trabajo de un astillero representa cuatro o cinco puestos de trabajo indirectos, y queremos que de
una vez por todas se investigue en la Unión Europea a ver por qué esos ahora alineados en el eje Francia y Alemania nos han denunciado y a requerimiento de esas denuncias contra España estamos sometidos a estos procedimientos de investigación. Que
se aclaren de una vez por todas.
Señorías, nosotros estamos dispuestos a apoyar la moción de Izquierda Unida; entendemos la propuesta que se hace desde el Bloque Nacionalista Galego, la que hace el PNV, pero no estamos dispuestos a que en
el mayor acto de quijotismo de esta Cámara seamos nosotros mismos los que reconozcamos que ha habido ayudas ilegales y, lo que es más grave, nos carguemos el futuro definitivamente de los astilleros y de sus trabajadores
Esta es la postura del Grupo Parlamentario Popular y si el grupo proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, acepta lo que es la propuesta que se ha realizado como enmienda por parte del BNG, del PNV, del Partido Popular, incluso
del Partido Socialista, a excepción del reconocimiento expreso en esta Cámara de que aquí se ha cometido ilegalidad alguna, el Grupo Parlamentario Popular apoyará la moción presentada hoy.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Para la defensa de la última enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es voluntad del Grupo Socialista alcanzar un compromiso claro del Pleno de la Cámara que inste al Gobierno a emplear toda su capacidad en la resolución de la delicada situación que atraviesan los astilleros
públicos de Izar. Permítanme, además, señores diputados y diputadas, confesarles que es para mí un motivo de orgullo especial que en mi primera intervención en el debate de una moción en Pleno me corresponda abordar esta cuestión, que afecta al
futuro de 11.000 compañeros y compañeras de la empresa en la que trabajo desde que tenía dieciséis años.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda, pues, con el ánimo, como decía, de alcanzar un amplio consenso, al tiempo que orientar al Gobierno en la dirección adecuada para la solución del problema.
En la argumentación de la moción se hace referencia a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Es necesario, en primer lugar, tener en cuenta que se trata de una decisión de la Comisión, que considera que las ayudas estatales
concedidas por España a los astilleros públicos son incompatibles con el mercado común; unas ayudas que responden a una acción de gobierno absolutamente irresponsable por parte del anterior Ejecutivo, que conociendo la ilegalidad de las mismas, en
vez de plantear el problema ante la Unión Europea con el objetivo de alcanzar una solución razonable y sostenible, y sobre todo en vez de buscar carga de trabajo para los astilleros, lo que ha hecho es diseñar una estrategia de engaños contables y
societarios para burlar la legalidad comunitaria.
Se ha argumentado que esta es una actitud más valiente ante Europa.
Simplemente cabe afirmar que no es admisible justificar la comisión de ilegalidades desde la acción de gobierno y parece que tampoco desde la acción de una oposición
responsable. En definitiva, es necesario, tal y como se recoge en nuestra enmienda, hablar de la decisión de la Comisión o de la exigencia de devolución de ayudas.
A su vez, en la moción de Izquierda Unida se enuncian tres objetivos que compartimos. El primero, buscar una solución negociada con los sindicatos y las comunidades autónomas afectadas. Como consta en el 'Diario de Sesiones', el propio
presidente del Gobierno, en contestación a una pregunta del Grupo Mixto, reconoció la necesidad de contar con los sindicatos y las comunidades autónomas. Además, desde el Grupo Socialista, porque somos sensibles, por ejemplo, a la enmienda del PNV,
creemos que es necesario singularizar cada uno de estos ámbitos. Por ello, en nuestra enmienda se recogen dos apartados distintos: uno, para la negociación con los sindicatos, y otro, para la participación de las comunidades autónomas afectadas en
el proceso.
El segundo objetivo de la moción es intentar mantener el empleo y la producción, y cito el texto de la exposición de motivos. Entendemos que lo correcto sería el mantenimiento del empleo y de la producción en parámetros de viabilidad. De
lo contrario -hablo como trabajador de Izar- estaríamos haciendo un flaco favor a la continuidad de la producción y de los puestos de trabajo.
El tercer objetivo es tener una posición firme ante la Unión Europea. En este apartado se abordan dos aspectos: de un lado, aportar iniciativas negociadas sobre el tránsito de aplicación de la decisión de la Comisión.
En el texto de la
moción no se cita expresamente la decisión de la Comisión, por lo cual resulta de difícil comprensión y por ello proponemos la inclusión de este término, tal como consta en nuestra enmienda. De otro lado, demandar de la Unión Europea una adaptación
de las normas de libre competencia a la situación del mercado internacional.
Pues bien, señores diputados y señoras diputadas, frente a lo que se viene diciendo en los últimos días, e incluso algunas cosas que se han dicho aquí hoy, lo cierto es que la Unión Europea está trabajando en esta dirección desde el año
2000. El Consejo solicitó a la Comisión que iniciara negociaciones con Corea para resolver la competencia desleal derivada de las ayudas públicas a sus astilleros. Estas negociaciones culminaron con un acta aprobada el 19 de junio de 2000, y ese
mismo año, ante los incumplimientos de Corea -véase la celeridad de la Comisión- el Consejo solicitó de nuevo a la Comisión que pusiera en marcha todas las medidas necesarias para resolver la situación. A partir de este momento, las actuaciones de
la Comisión han seguido dos caminos. De un lado, establecer
lo que se llama un mecanismo defensivo temporal en virtud del cual se autorizan ayudas a los astilleros europeos y no, como se dijo antes, sólo para la reducción de capacidad, sino también para la construcción, la reparación o la
transformación de buques, tal como consta en el reglamento citado. De otro lado, la Comisión ha emprendido acciones legales contra Corea; concretamente, ante la OMC, que se encuentran actualmente en curso. Recientemente, la OMC ha establecido un
grupo especial para examinar la denuncia de la Unión Europea, después de trámites anteriores, con el objeto de formular conclusiones y dictar resoluciones definitivas. Por ello, tal como recoge nuestra enmienda, tendríamos que hablar de apoyar y
reforzar las iniciativas de la Unión Europea en esta materia porque, como decía anteriormente, ya hay iniciativas en marcha. Por todo ello, el Grupo Socialista presenta esta enmienda, que pretende expresar la posición clara y firme del Parlamento a
favor de una solución satisfactoria para los astilleros del grupo Izar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Carro.
El último turno para fijación de posición es para el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señora presidenta, señorías, no nos cabe ninguna duda de que la evolución empresarial y posible crisis del grupo Izar ha suscitado el máximo interés de esta Cámara a pesar de ser un tema sectorial y circunscrito a
ciertos territorios, a tenor de las diversas intervenciones que ha generado en la legislatura anterior, tanto en Pleno como en Comisión, y de forma muy especial en esta legislatura, en donde ya ha suscitado en muy poco tiempo no pocas referencias en
preguntas e interpelaciones. No nos sorprende porque está en juego sobre todo una importante cifra de puestos de trabajo que, de perderse, ocasionarían muchas situaciones personales comprometidas, entre otros factores de carácter general.
Comprobamos que absolutamente todos los grupos parlamentarios demuestran esta preocupación por el complejo de astilleros públicos Izar, especialmente sensibilizados por las personas y las comunidades locales afectadas. Bienvenida sea la concreción
final de esa preocupación, alarmante dicen ya algunos, en forma de moción, para precisar de manera más exacta cuál es el mandato del Congreso al Gobierno en esta cuestión; moción que ha recibido un número considerable de enmiendas que, a nuestro
juicio, a pesar de no haberse podido conciliar, no se contraponen sustancialmente al sentido y voluntad de la moción propuesta, y que entendemos que permitirá en el fondo una resolución final satisfactoria para la amplia mayoría de esta Cámara,
aunque sea con la abstención de algunos grupos.
Entendemos imprescindible lo que debería ser una declaración contundente de esta Cámara, no sólo instando al Gobierno a actuar en la línea de la resolución inteligente y ágil de esta problemática, sino sobre todo por lo que significa de
imagen, de apoyo del Congreso frente a la Comisión Europea y a los propios agentes sociales y comunidades locales, de preocupación y de prioridad de este tema. Esta actitud debe ser un elemento trascendente, junto con otros, que ha de servir para
buscar y encontrar las soluciones de esta problemática, que sin duda pasa por un planteamiento estratégico a medio y largo plazo que asegure la viabilidad del grupo, sin olvidar acciones a corto plazo, sobre todo las de negociación inmediata ante la
Comisión Europea con un planteamiento más activo y beligerante en defensa de los intereses españoles en un contexto ya no europeo, sino especialmente internacional, que es donde emerge la competencia desleal que tanto afecta negativamente a ese
sector industrial. Claro está, y seguro que todos lo compartimos, que habrá que inspirar las decisiones futuras en el principio de preservación del empleo como objetivo prioritario y que para conseguir resultados positivos y también duraderos en la
resolución de este conflicto deberá considerarse especialmente el diálogo con los sindicatos y la participación activa y comprometida de las comunidades autónomas y municipalidades donde están implantadas las empresas de Izar. Confiamos, pues, en
que esa actitud mayoritaria, que debe seguir buscando el máximo consenso de todos los grupos a favor de la desactivación de la amenaza que acecha a las empresas astilleras públicas del grupo Izar, sea una baza determinante de supervivencia y
consolidación; que especialmente se preserven los puestos de trabajo directos, indirectos y derivados, como también afirmamos que creemos que fue ésta, la inquietud por el empleo, la motivación básica de la actuación, acertada o no, del Gobierno
anterior. Cuenten con nuestro voto favorable y con nuestra actitud dispuesta a trabajar conjuntamente en la búsqueda de la solución definitiva a esta cuestión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Guinart.
Simplemente para que nos aclare el rechazo o la aceptación de algunas de las cuatro enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
En la primera intervención he planteado que podría asumir una enmienda transaccional que creía que tenía el apoyo del resto de los grupos. De las distintas intervenciones evidentemente lo que se deduce es que tal apoyo no existe. Por
tanto, Izquierda Unida va a mantener
su propia moción aceptando las enmiendas del Grupo Vasco y del Grupo Mixto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Por tanto, rechazan dos enmiendas, la del Grupo Popular y la del Grupo Socialista, y acepta las enmiendas transaccionales del Grupo Mixto y del Grupo Vasco. Así votaremos el texto al final de las
mociones, señor Pérez.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA CONSECUCIÓN DE UN PACTO ESTABLE PARA LA EDUCACIÓN.(Número de expediente 173/000008.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos al punto 8, la siguiente moción consecuencia de interpelación, en este caso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la consecución de un
pacto estable para la educación.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Pigem del Grupo Parlamentario Catalán.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán trae hoy al Pleno una moción que ha presentado como consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles formuló en la persona de su portavoz el señor Duran i Lleida a la ministra de Educación.
En dicha interpelación coincidíamos con la señora ministra, y seguramente podemos coincidir con todos los grupos de la Cámara, en la singular importancia que tiene la educación tanto a nivel individual, ya que el progreso y bienestar de las personas
y las oportunidades que van a tener van a depender en buena media de su nivel educativo, como también a nivel colectivo, porque sólo un sistema educativo que sea riguroso, exigente, dinámico y que tenga una óptima calidad va a permitir crear una
sociedad más justa, más cohesionada y más solidaria.
El sistema educativo, decíamos el miércoles pasado y también lo manifestaba la señora ministra, es una herramienta determinante no sólo para garantizar este modelo de sociedad al que nos hemos referido, una sociedad del conocimiento, culta,
competitiva y cohesionada social y territorialmente, sino también es un instrumento fundamental para poder afrontar y cumplir los retos y los objetivos que la integración en una Europa unida y ampliada nos exige. Dar respuesta a los objetivos
europeos en esta materia que se definieron en Lisboa y que propugnan que en el año 2010 el 85 por ciento de los jóvenes hayan completado el bachillerato o la formación profesional, objetivo del que aún estamos lejos, o afrontar adecuadamente el
problema que se está planteando de la deslocalización de algunas empresas afrontándolo con formación y con inversión en I+D, exige y obliga a adoptar políticas educativas ambiciosas, encaminadas a que nuestras generaciones jóvenes puedan insertarse
en el mercado europeo con oportunidades de promoción.
Desde Convergència i Unió consideramos que para la consecución de todos estos objetivos, para abordar adecuadamente los grandes retos que tenemos en el tema de la educación es necesario, además de la adopción de políticas adecuadas y la
asignación de recursos suficientes, dotar de estabilidad el marco legal del sistema educativo y hacerlo desde el debate y el consenso. A la consecución de esta finalidad va dirigida la moción que estamos defendiendo, una moción que tiene como
objetivo primordial que a través del debate y del consenso podamos articular unas bases que den esta estabilidad al sistema educativo.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el decreto de paralización de la entrada en vigor de determinados aspectos de la LOCE.
Esta decisión, con la que Convergència i Unió está de acuerdo, tal como tuvimos ocasión de manifestar la
pasada semana con ocasión de una iniciativa que presentó el Grupo Socialista -opinión que volvemos ahora a ratificar-, pone de relieve algo que ya hemos comentado con anterioridad y es la evidencia de que cada vez que se da una alternancia en el
Gobierno se produce un cambio en el sistema educativo, que cada vez que cambia el Gobierno se acomete una reforma del sistema de enseñanza. Lo hizo la UCD, que aprobó la Ley orgánica del estatuto de centros docentes, lo hizo también el Partido
Socialista con su mayoría en el año 1982, aprobando primero la LODE y más tarde la LOGSE, y también lo ha hecho el Partido Popular con la aprobación de la LOCE, una ley, como ya hemos repetido, impuesta sin el necesario consenso y con clara
conculcación de las competencias autonómicas, por lo que no es de extrañar que una de las primeras medidas del actual Gobierno socialista haya sido la de paralizar los aspectos más polémicos de esta ley.
Siempre que se produce este vaivén, y ha acaecido cada vez que ha cambiado el Gobierno, hay unos grandes desorientados que son los propios alumnos, las familias, los docentes y los centros que andan expectantes a la espera de lo que se
decida tras cada cambio de Gobierno. Es evidente que la educación tiene un componente ideológico que sería absurdo negar y es evidente que es perfectamente legítimo que el partido que gobierna trate de impregnar el sistema educativo de los valores
que a su juicio éste debe reflejar, tratándose, como se trata, de uno de los pilares de la cohesión social, del progreso y de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, es también evidente que hay un
tronco constitucional común que debería permitirnos un gran acuerdo en torno a los ejes fundamentales que dotase de mayor estabilidad al marco legal del sistema educativo, un acuerdo que permitiera garantizar unas bases, un armazón del
sistema educativo para dar continuidad y estabilidad a la educación, más allá de una ley concreta, de una legislatura y del cambio de color de Gobierno, una estabilidad capaz de asegurar la perseverancia en las orientaciones y el logro de un modelo
que proporcione una educación de la máxima calidad. A estos objetivos, a la consecución de este acuerdo obedece el primer párrafo de la moción que estamos debatiendo y para conseguirlo -y a ello responde el segundo párrafo de la moción- proponemos
el debate. Un debate y un diálogo que deben ser sosegados, con todos cuantos tengan algo que decir en este tema: las familias, los alumnos, los docentes, los centros y también, naturalmente, el Gobierno y las administraciones implicadas, porque
las propuestas a las que se llegue deben ser acordes a nuestra realidad política y no sólo deben contemplar la pluralidad nacional, cultural y lingüística que existe en España, sino que es imprescindible que las comunidades autónomas -todas ellas
tienen competencias en la materia- no sean relegadas como hasta ahora a la condición de protagonistas secundarios. Ese debate ha de tener lugar en el marco de la propia Comisión de Educación y Ciencia y, a similitud de lo que supuso el Pacto de
Toledo, ha de conducir a la adopción de unas recomendaciones que nazcan, como digo, con vocación de permanencia y sobre las que se pueda edificar la arquitectura del sistema educativo. El acuerdo, evidentemente, no puede ser de máximos porque cada
Gobierno y cada Administración competente ha de poderlo desarrollar de conformidad con su programa político y con sus competencias, pero, a similitud de lo que hicieron en la década de los años sesenta algunos países europeos que ahora son pioneros
en la consecución de los objetivos comunes de la Unión, ha de permitir sacar las bases y los ejes de la educación de la confrontación partidista y dotar al sistema educativo de la estabilidad que necesita. Estos son, señorías, los objetivos que
persigue la moción que estamos defendiendo.
A esta moción se han presentado unas enmiendas por diversos grupos, que en buena medida hemos recogido precisamente en aras de este consenso. Hemos redactado una enmienda transaccional cuyo texto he entregado con anterioridad a todos los
grupos y que paso ahora a la Mesa. Es el texto que vamos a someter a votación y para el que les solicito su voto afirmativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.
En cualquier caso y para la defensa de las enmiendas que han sido presentadas, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Lasagabaster, por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Ciertamente hemos presentado una enmienda que viene a recoger -y somos conscientes de que el propio grupo parlamentario autor de la iniciativa y doña Mercè Pigem lo han admitido en la enmienda transaccional- una cuestión muy básica, como es
el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y que se tengan en cuenta las diferentes realidades que existen. La situación educativa es diferente en las diversas comunidades autónomas y creemos que hay que tenerlo en cuenta.
Nuestro segundo objetivo, que como sabrán las señoras y señores diputados es constante en esta materia, es hacer referencia a visualizar cuáles son los grandes planteamientos en relación con la educación en la Unión Europea. Creemos que la
mira de nuestros objetivos en materia educativa debe ser acercarnos al horizonte de la Unión Europea. Esos dos temas están recogidos en la enmienda transaccional. Lo agradecemos y esa es nuestra aportación a esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo acogió con favor y con interés la iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió que se materializó en la interpelación urgente que el señor Duran i Lleida planteó a la ministra de Educación sobre un pacto estable para la
educación. Nos pareció una iniciativa constructiva, interesante, oportuna y apreciamos -yo seguí, como es natural, el debate del miércoles pasado- los argumentos expuestos por el señor Duran i Lleida en defensa de su iniciativa. Hemos recibido la
moción que CiU ha presentado como consecuencia de la interpelación y tengo que confesar que la moción originaria era congruente con el sentido y con la finalidad de la iniciativa y era perfectamente aceptable para nuestro grupo. Es más, nuestro
grupo considera que en estos momentos es oportuno hacer el mayor esfuerzo posible para conseguir un pacto estable en materia educativa.
Los fundamentos de ese pacto tienen que ser, efectivamente, que la educación se convierta en un pilar
fundamental para la construcción del futuro de nuestra sociedad, en cuanto a progreso, igualdad de oportunidades y cohesión social. En este sentido y para defender y apoyar aún más la moción, presentamos una enmienda de adición cuyo texto pretendía
manifestar que el pacto estable para la
educación ha de tener como fundamento la conjugación armónica de los derechos, libertades y demás preceptos contenidos en el artículo 27 de la Constitución. Esta referencia explícita al artículo 27 de la Constitución no nos parecía algo
ocioso o algo baladí, era más que una obviedad. Es el reconocimiento de que entonces se hizo un esfuerzo, desde unas posiciones políticas que todos recordamos en los momentos constituyentes muy alejadas, que dieron lugar casi, incluso, a la ruptura
del consenso constitucional. Al final, gracias a una voluntad y a un esfuerzo políticos, se logró este texto complejo del artículo 27 de la Constitución, que ha sido un acuerdo fecundo y que se ha ajustado al marco en el que nosotros nos hemos
movido a lo largo de estos 25 años.
Hubo entonces un compromiso y ahora deberíamos esforzarnos en reflejar la voluntad del compromiso. Evidentemente las vicisitudes de estos años han impedido -tenemos que reconocer las distancias de las posiciones
políticas de los distintos partidos en materia educativa- que ese pacto se haya podido desarrollar en aspectos más concretos, pero siempre hay que intentarlo. Por lo tanto, nosotros decimos sí claramente al pacto estable para la educación.
La enmienda transaccional que amablemente la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) me ha facilitado, a mi juicio desvirtúa completamente el sentido y el espíritu constructivo de la iniciativa del señor Durán i Lleida
y lamento que hayan aceptado sus términos otros grupos parlamentarios. La enmienda no es tal, señores de Convergència i Unió, sino que se convierte en una moción de adhesión a la proposición no de ley que se votó el miércoles pasado en esta Cámara
de respaldo a la primera medida que ha adoptado el Gobierno socialista de paralización de la LOCE, que a nuestro juicio es una medida -lo hemos expresado reiteradamente- nociva, que lesiona intereses y que va a tener efectos perjudiciales, y que
lejos de facilitar un pacto escolar lo dificulta, sobre todo, si se convierte en una especie de preámbulo de ese pacto escolar.
Concluyo ya, señora presidenta. Esta paralización que se invoca al comienzo de la moción nada tiene que ver con la iniciativa que inicialmente planteó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En estas condiciones nosotros no
podemos votar a favor de la moción, aunque decimos sí a la moción originaria de Convergència i Unió, sí a su espíritu, sí a un pacto escolar. Nosotros contribuiremos con nuestro esfuerzo a un espíritu de aproximación de posiciones, pero votaremos
negativamente a este texto transaccional que -repito- desvirtúa completamente la moción originaria de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Nasarre.
A continuación, para la defensa de la enmienda conjunta de los grupos parlamentarios Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Socialista en el Congreso, en primer lugar, tiene la palabra por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.
Desde Esquerra Republicana valoramos como positiva la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), veíamos el loable objetivo de provocar -permítame la expresión- un consenso, un pacto estable a todas las bandas sin que
nadie quedara fuera. Es muy loable pero por eso mismo, por su excesiva generalización, creíamos que corría el riesgo de quedar en un brindis al sol y porque partíamos de una evidente dificultad los tres grupos presentamos conjuntamente una enmienda
de adición. El compromiso de diálogo que anuncia el Ejecutivo es difícil que desemboque en un consenso, en un acuerdo general, ya que se palpa que hay planteamientos muy alejados entre los grupos parlamentarios en cuestiones básicas, sobre todo
relativas a la LOCE. Por eso, para delimitar un marco previo, Esquerra Republicana propuso añadir una redacción que definiera tomas de posición que sirvieran de mínimo común denominador. Proponíamos reiterar la valoración positiva de la moratoria
en la aplicación de la LOCE y aportar otros puntos que han explicado ya los grupos que han intervenido antes y porque creíamos que la moción quedaba mucho más completa. En aras del consenso que se ha conseguido, al menos mayoritario, con la
transacción damos apoyo al texto que ha presentado finalmente Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta. Seré muy, muy breve.
Nuestro grupo parlamentario votará a favor de la moción resultante del acuerdo entre los diferentes grupos parlamentario, es decir, de la propuesta transaccional, por considerar que la voluntad y la filosofía que recoge dicha moción está en
total sintonía con lo que ha sido una petición y una insistencia, tanto para Iniciativa per Catalunya como para Izquierda Unida.
Nuestros programas electorales recogían la importancia de definir un pacto estable para la educación o, lo que sería similar y que nuestro grupo parlamentario ha trasladado hoy a la ministra de Educación durante su comparecencia, la
necesidad urgente de promover un debate social amplio en el que comunidad educativa, comunidades autónomas, ayuntamientos y la sociedad
en general participen activamente opinando y valorando desde diferentes disciplinas, implicaciones y realidades territoriales y sociales. Sólo así será posible, entendemos, realizar un diagnóstico realista y veraz de la situación en que se
encuentra nuestro sistema educativo. Este debate será para nuestro grupo parlamentario un inicio de ese pacto de Estado estable para la educación, sobre el que sustentar el futuro de los alumnos y alumnas que ahora se están formando o que iniciarán
en breve su formación no sólo cultural sino personal, de forma que estas estadísticas que sitúan a los actuales estudiantes del Estado español entre los que menos niveles de conocimientos tienen de la Comunidad Europea puedan remontar y que nuestros
estudiantes se sitúen en la cabecera.
No quiero cansarles más, tras un debate tan largo y una noche tan larga, sobre todo porque hemos tenido también ocasión de debatir durante más de cuatro horas, en la comparecencia de la ministra de Educación, todos estos temas y con
muchísima profundidad. Por tanto, sólo me queda recordar que nuestro voto será favorable.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora García Suárez.
Finalmente, el señor Benzal, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señora presidenta, y con la promesa de que mi intervención desde la tribuna no va a suponer, espero, una prolongación innecesaria de un debate largo, pero también muy interesante.
Debatimos una moción consecuencia de una interpelación en la que el señor Duran i Lleida dejó muy claro que era muy importante considerar la relevancia política para un acuerdo educativo estable, como lo ha hecho también la señora Pigem en
la defensa de la moción. Nosotros compartimos también el texto de la moción inicial porque es coherente con lo que desde los gobiernos socialistas se ha venido haciendo, consiguiendo amplios consensos sobre las leyes educativas que en su momento
elaboraron, y también porque seguimos aceptando ese método del acuerdo como importante para proporcionar estabilidad al sistema educativo.
Últimamente compartimos con otros grupos la necesidad de un cambio educativo en el sistema, por lo que
presentamos un texto alternativo acompañado de una enmienda a la totalidad sobre la LOCE que elaboró el Partido Popular, ley que, por otra parte, ni tuvo acuerdo ni consiguió estabilidad para el sistema educativo. No se logró porque no se buscó y
no se buscó porque probablemente no interesó. Nosotros creemos que la distancia más corta hacia el acuerdo es el consenso y hay que intentarlo siempre. Se prefirió primar la legítima mayoría absoluta, como no nos cansaremos de decir desde aquí,
sobre la deseable mayoría parlamentaria.
Se elevó la aritmética a la categoría de dogma ortodoxo y se condenó la riqueza de la pluralidad política a la heterodoxia, que en cambio sí que contempla la moción del Grupo Catalán porque pide un acuerdo
político, educativo y autonómico, tanto como objetivo como a través del método mediante la correspondiente Comisión parlamentaria. No obstante, nosotros, con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana de Cataluña, hemos presentado una enmienda de
adición porque considerábamos que se podía completar y complementar ese texto inicial con el que también estábamos de acuerdo.
Si me permiten, voy a argumentar muy brevemente el porqué de ese complemento con la metodología de una terminología que se ha consolidado en el ámbito educativo y que la propia educación ha exportado hacia otros ámbitos, otros sectores y
otros procedimientos, y es el de preguntarse continuamente el qué, para qué y por qué de las cosas. El qué sería el acuerdo político y es consecuente con una situación preexistente, situación que tiene unos antecedentes que tanto el señor Duran i
Lleida el otro día como la señora Pigem hoy han indicado y son algunos elementos transversales al sistema educativo, pilares del sistema educativo a los que nosotros con nuestra enmienda hemos pretendido acompañar de una serie de elementos más que
transversales estructurales, como son los que voy a citar brevísima e inmediatamente. El porqué de ese acuerdo, porque el sistema ha sido contestado. En eso hemos coincidido, que es un sistema contestado en la mayoría de sus presupuestos y, por
tanto, se necesita llegar a un acuerdo, en este caso llegar al acuerdo y hacerlo además de una forma distinta y para consecuencias distintas. En cuanto al para qué, hay que añadir a esa forma del acuerdo un fondo, un fondo que son esos elementos
estructurales que creemos importantes. A eso no teníamos más remedio, especialmente habiendo ocurrido después de la moción de Convergència una serie de acontecimientos a los que creíamos que había que responder. Se ha producido el aumento de la
legitimidad en el retraso del calendario que aquí compartimos la semana pasada la mayoría de los grupos, mediante la aprobación por el Consejo de Ministros, con el respaldo adicional jurídico, que sin ser vinculante sí es importante, del Consejo de
Estado. A eso en cambio hemos recibido, sí que diría que en este caso y no con la interpretación que le daba el señor Nasarre, la agresión de algunos componentes del Partido Popular, representantes importantes del Partido Popular, incluso
presidentes de comunidades autónomas, la agresión de no sólo la legítima intención de recurrirlo, sino llegando incluso a una insumisión que en absoluto está justificada hacia el Gobierno y también haciendo dejación de responsabilidades hacia unos
centros a los que se les dice que hagan lo que quieran.
Ante eso teníamos que reforzar esa posición proponiendo en la enmienda alternativa que se volviera a reafirmar este Parlamento en la legitimidad y la conveniencia de ese retraso del calendario que preside el texto transaccionado. Por tanto,
y concluyo, mediante esa transacción se reconoce en ese inicio ese retraso del calendario que era necesario reivindicar de nuevo, reivindicar como positivo, se recogen las instituciones y organizaciones que en su día deberán participar en el ámbito
político, educativo y autonómico en ese consenso y algunos de los métodos y marcos posibles como es la Comisión correspondiente de este Parlamento.
Apoyamos el esfuerzo de síntesis que también ha hecho el Grupo Catalán de Convergència i Unió, porque así se avanza con una actitud positiva, propositiva, en la que desde luego siempre van a encontrar al Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias señor Benzal.
Para el turno de fijación de posición, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta y voy a tomar la palabra con brevedad.
A mi grupo los argumentos le parecen suficientemente objetivos y razonables, tal como los ha expuesto la proponente por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señora Pigem, y va a votar favorablemente con esta enmienda
transaccional la iniciativa que ha tenido el referenciado grupo.
En este momento hay que buscar un escenario de sosiego y racionalidad que alcance un acuerdo, un pacto, como se le quiera llamar, estable para el sistema educativo racional. El sistema educativo, tanto vaya a ser impartido por los colegios
públicos como por los colegios de la enseñanza privada, necesita un marco de estabilidad. Hay que proporcionar en la educación, en garantía de los principios que señala la Constitución española y las leyes básicas y orgánicas que la desarrollan, un
sistema de seguridad que establezca planes de estudio con duración suficiente en el tiempo para que los escolares lo comprendan de un extremo a otro, lo puedan recibir y sedimenten cómo tiene la adecuación. Hay un compromiso para buscar esta
estabilidad de un marco legal que tenemos que adquirir las fuerzas políticas y las administraciones bien sean la Administración General del Estado o bien las comunidades autónomas. Hay que buscar unos lugares de encuentro en los que el sector de
los representantes de la comunidad educativa también se sienten y opinen. Si en el marco de la Comisión legislativa correspondiente, como se señala en esta enmienda transaccional, encontramos ese escenario en el que contrastar las opiniones
adecuadamente y el consenso posterior, nos sumamos en esa línea positiva y, por tanto, votaremos favorablemente la iniciativa señalada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Brevemente voy a señalar nuestra posición. Tomamos esta moción de Convergència i Unió como una especie de corolario del espíritu que llevó a esta Cámara la semana pasada a votar a favor de la proposición no de ley
del Partido Socialista para el retraso del calendario de aplicación de la LOCE. Se insistió mucho entonces, y es el espíritu de la moción presentada ahora por Convergència i Unió, en la necesidad del consenso, en la necesidad del diálogo entre
todos los actores sociales y políticos.
A nuestro grupo le gusta más el texto de la enmienda transaccional que el inicial. Entendíamos que el anterior era un poco genérico, sus límites no estaban completamente definidos y quizás pudiera haber una tentación de invasión de
competencias en el desarrollo de ese mandato de la moción, pero yo creo que el trabajo hecho por el grupo proponente en la elaboración de la enmienda transaccional es excelente y estamos de acuerdo con el texto, sobre todo con el párrafo que habla
del respeto a las competencias de las comunidades autónomas y a la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado, y en consecuencia votaremos a favor.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Esteban.
Entiendo que todos los grupos, como comentaba la señora Pigem, del grupo proponente, conocen el texto de la moción transaccional. Por tanto, es la que procederemos a votar al final del debate de las mociones.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE DEBERÁ ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL MARCO FISCAL, ADMINISTRATIVO, SOCIAL Y FINANCIERO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) Y LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000009.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos al debate de la última moción, en este caso la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el
Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para la pequeña y mediana empresa (PYME) y los trabajadores autónomos.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, en primer lugar, por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, presento en estos momentos la moción del Grupo Parlamentario Popular subsiguiente a la interpelación que le formulábamos el otro día al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. Se
trata de impulsar en el comienzo de la legislatura, de situar en el centro del debate político parlamentario, un conjunto de iniciativas para mejorar el marco fiscal, administrativo, laboral, financiero y social de las pymes y de los trabajadores
autónomos, y lo hacemos desde la convicción de que no podemos detenernos en este ámbito porque estos últimos ocho años han sido de intensa creación de empleo, de intenso crecimiento económico, y si estas medidas se aplican en el conjunto de la
legislatura -porque no queremos en modo alguno que se deduzca que hay que implementar esto al día siguiente de empezarla, pero sí en el marco de esta legislatura- sin duda avanzaremos mucho.
Las medidas en el ámbito fiscal se basan fundamentalmente en mejorar el tratamiento de pymes y autónomos en el impuesto sobre sociedades.
Señorías, en estas dos últimas legislaturas hemos avanzado en la reducción del tipo de gravamen del 35
al 30 por ciento para los primeros 90.151 euros de beneficio de las empresas con volúmenes de negocio de 1.500.000 euros para después ir avanzando a tres, a cinco y en la actualidad a seis millones de euros. Creemos que podemos avanzar
razonablemente en la elevación del nivel y en este sentido proponemos la extensión del tipo reducido del 30 por ciento a las empresas que facturen menos de ocho millones de euros para los primeros 150.000 euros de beneficio. También creemos que
podemos implementar en esta legislatura un tipo superreducido del 20 por ciento, que se aplicaría al volumen de facturación inferior a un millón de euros para los 30.000 primeros euros de beneficio.
También pedimos en esta moción una mejora del tratamiento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para pymes y para autónomos, con ampliación del cálculo del límite de la deducción por maternidad para aquellas trabajadoras por
cuenta propia que opten por la mutualidad voluntaria computando las cantidades abonadas a seguros sanitarios y también por el mantenimiento del régimen de estimación objetiva, acercando los módulos a la realidad productiva de los autónomos.
En materia de simplificación administrativa, a la que también concedemos una extraordinaria importancia, entendemos que es posible en esta legislatura abordar lo que nosotros denominamos estatuto general de la PYME, que es algo más amplio
que un estatuto del trabajador autónomo, porque englobaría las dos naturalezas, pymes y autónomos, buscaría la finalidad de favorecer la creación, el desarrollo y el dinamismo en la generación de empleo, y vendría a suponer un marco administrativo
fiscal, laboral y financiero propio. Tenemos que desarrollar en esta legislatura la Ley de la sociedad de nueva empresa. En esta norma aprobada en el año 2003 se establecían tres grandes cuestiones: el régimen jurídico de la nueva empresa, una
contabilidad simplificada y la creación del centro de información y red de creación de empresas, la red CIRCE, que se fundamenta en la puesta en marcha de los puntos de asesoramiento e inicio de la tramitación, los llamados PAIT. La implementación
de estos PAIT exige la suscripción de convenios que se han venido materializando desde que entró en vigor la ley con comunidades autónomas y con otras entidades. Tenemos que hacer, señorías, un gran esfuerzo. No tenemos que inventar una nueva red.
Esta red, que es una red eficaz, tenemos que ponerla en pleno desarrollo y pedimos que lo hagan en esta legislatura con convicción. La Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, inserta hoy en la Secretaria General de Industria,
ha de ser el instrumento ejecutor de estas políticas que son globales y horizontales y que tienen mucha importancia.
También en el ámbito social queremos impulsar medidas para los trabajadores autónomos. Antes escuchaba al señor portavoz del Grupo Socialista en la primera de las proposiciones no de ley decir que en España se había reducido el número de
trabajadores autónomos. Señor Torres, creo que debe haber algún error, porque en el año 1995 había 2.277.600 afiliados al régimen de trabajadores autónomos y en diciembre de 2003 tenemos 2.732.000, es decir, 455.000 autónomos más, sin querer abrir
ninguna polémica en relación con este tema. Queremos impulsar el ámbito social de los autónomos, queremos asegurar la representación de este colectivo en el Consejo Económico y Social, que es un órgano importante en el que se deciden cuestiones que
les afectan. Queremos seguir favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar de las trabajadoras autónomas y extenderles los beneficios que ya tienen las trabajadoras del régimen general. Queremos que se traiga a esta Cámara un estudio
sobre los trabajadores autónomos dependientes para valorar la viabilidad del establecimiento de un fondo de garantía que cubra el cese por causas objetivas de este tipo de trabajadores, y queremos solventar también los problemas de afiliación al
régimen general de los familiares del trabajador autónomo hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha estudiado las dos enmiendas presentadas, tanto la del Grupo de Convergència i Unió como la del Grupo Parlamentario Socialista. Respecto de la presentada por el
Grupo de Convergència i Unió, con el que coincidimos en buena parte de estos planteamientos en la pasada legislatura, debo decir que en esta ocasión la consideramos insuficiente, porque no aborda algunas cuestiones como nosotros juzgamos que
deben abordarse y en las que coincidimos lo hace con una cierta superficialidad. En esta ocasión no podemos concordar con ellos. Respecto de la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista -he estado hablando antes con el señor Torres-,
debo decirle que, coincidiendo en algunos de los planteamientos, nosotros queremos más ambición en ellos, especialmente en el ámbito fiscal. No podemos estar satisfechos con una referencia genérica a que hay que cambiar y revisar el marco fiscal,
no podemos aceptar simplemente una eliminación de deducciones en el impuesto sobre sociedades sin hacer una concreción de lo que queremos. Queremos seguir dando pasos efectivos en beneficio de este colectivo y, honestamente, ofrecemos este catálogo
de propuestas para que en el plano constructivo y positivo mejoremos la situación de los trabajadores autónomos y de las pequeñas y medianas empresas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Delgado.
Se han presentado dos enmiendas. Para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señorías, tanto los compromisos planteados por el Grupo Popular en su moción como los que ha planteado el Grupo Socialista en la enmienda a la misma están en línea con las medidas de apoyo que
necesita la PYME y el trabajador autónomo.
Sin embargo, son demasiados los años transcurridos en los que estos mismos planteamientos se vienen repitiendo en esta Cámara buscando el momento de su concreción. Por este motivo nuestro grupo
parlamentario ha planteado la enmienda a la moción, con la voluntad de instar al Gobierno a presentar en esta Cámara, en el plazo de dos meses, un calendario de actuaciones a emprender en relación a las pequeñas y medianas empresas y en relación a
los trabajadores autónomos. Sabemos que toda disposición requiere su tiempo, estudio y preparación, pero pedimos un calendario concreto de actuaciones que pueda garantizarnos que a finales de la presente legislatura vamos a disponer de un marco
fiscal, administrativo, social y financiero para la PYME más favorable que el que tenemos en estos momentos, cumpliendo con esto las conclusiones de la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del
emprendedor, celebrada la anterior legislatura.
A su vez queremos que el calendario se concrete en especial para los trabajadores autónomos, a los cuales repetidamente se les han efectuado promesas que después no se cumplen o tardan en cumplirse. Los trabajadores autónomos necesitan que
el Gobierno se comprometa en un conjunto de medidas específicas que hoy les discriminan. Concretamente: equiparación plena de la acción protectora del régimen especial de los trabajadores autónomos a la correspondiente al régimen general; derecho
a la protección contra el desempleo para aquellos trabajadores que por causas objetivas quedan sin empleo, por lo que deberá crearse un fondo de garantía para cubrir estas prestaciones; resolver el sinsentido de que los trabajadores autónomos no
puedan contratar familiares próximos e inscribirlos al régimen general de la Seguridad Social; regular el trabajo autónomo a tiempo parcial; permitir la jubilación anticipada de trabajadores autónomos mediante la celebración de convenios
especiales con la Seguridad Social en condiciones equiparables a las del régimen general; facilitar la capitalización del seguro de desempleo para aquellos trabajadores en paro que quieran autoemplearse como trabajadores autónomos con el cien por
cien de la prestación; presentación de un proyecto de ley para la regulación de los derechos y deberes de los trabajadores autónomos dependientes, que son aquellos que formalmente mantienen un estatus de trabajador autónomo pero que su actividad
profesional depende básicamente de una sola o de unas pocas empresas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Seguimos con la defensa de enmiendas, en este caso la del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señora presidenta, señoras y señores diputados, me complace que las enmiendas que hemos presentado se aproximen en gran medida a las propuestas del Partido Popular, pero no deja de sorprenderme que no estén
evaluados los impactos de las propuestas en el ámbito fiscal. Precisamente los ministros de Industria, de Trabajo, y de Economía y Hacienda, en las comparecencias para dar cuenta de los distintos ámbitos, se han comprometido a evaluar el impacto de
las medidas que ya han anunciado y por tanto dentro de esta legislatura se van a desarrollar. ¿Por qué apoyamos las pymes, a los autónomos? Porque son el motor de la creación de empleo. Allá donde la tasa de emprendedores es alta se genera más
empleo que en el resto de países o de regiones donde no hay emprendedores. ¿Cómo ha ido en estos últimos años? El entorno no ha sido todo lo atractivo que hubiésemos deseado.
Señor Delgado, los datos son de la EPA y habla de autónomos y de asalariados. Hay una disminución de 120.000 autónomos entre 1996 y 2003.
La EPA es
la fuente que he tomado de referencia. No podemos olvidar que todavía somos el país en el que montar una empresa es más caro y más lento. Es verdad que se ha avanzado mucho y que las reglas establecidas en esta última legislatura favorecen
la creación de empresas, pero no es suficiente. Tenemos múltiples indicadores respecto a la Unión Europea que nos sitúan en la franja inferior del ranking en cuanto a tamaño, financiación, formación e inversión en I+D. Estamos a la cola en la
franja inferior y ello requiere un gran esfuerzo. Por eso el Gobierno en sus comparecencias se ha tomado este asunto como si fuera un asunto de primera magnitud. Voy a dar un último dato y es que en España tan sólo hay un 29 por ciento de pymes
innovadoras frente al 59 por ciento de empresas innovadoras en la Unión Europea. Por tanto, hay mucho que hacer y todos nos vamos a aplicar en este trabajo.
Voy a repasar brevemente las medidas que se han ido desgranando para el autoempleo y que se enumeran en la enmienda. Por lo que respecta al ámbito fiscal, ya hemos hablado de la revisión de las deducciones para hacerlas efectivas. En
cuanto al ámbito administrativo, está el estatuto del trabajador autónomo, una propuesta que hizo el Grupo Socialista en noviembre de 2002, el observatorio de pymes, la simplificación administrativa, la participación en las compras públicas de las
pymes y un proyecto contra la morosidad. En relación con el ámbito social, tenemos la regulación del autónomo dependiente, rechazada -se lo recuerdo, señor Delgado- por el PP en mayo de 2003, la contratación de familiares de autónomos, propuesta
hecha en noviembre de 2002 por el Grupo Socialista, la capitalización del desempleo para poder generar nuevas empresas con unos recursos mínimos y en definitiva todo el apoyo al ámbito de la economía social, fundamentalmente en los temas de
educación y servicios sociales. Por lo que respecta al ámbito financiero, existe una batería de propuestas que pasan por fomentar la inversión productiva y el capital tecnológico. Estamos totalmente de acuerdo con que hay que dar un nuevo
protagonismo a las entidades públicas, fundamentalmente al CDTI y a ENISA, en cuanto a créditos de capital-riesgo y créditos participativos. Por último, estamos totalmente de acuerdo -y nosotros aquí vamos a poner una especial atención- con que se
fomente el espíritu emprendedor. Los empresarios tienen que tener un marco y sentirse acogidos por el conjunto de normas que les regulan, puesto que ahí nos jugamos mucho. Solamente quiero recordar que si no tenemos capacidad para sembrar, no
crecerá el tronco de la empresa, que es el que en definitiva genera empleo y riqueza para el país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señorías, la moción que hoy presenta el Grupo Popular constituye a nuestro entender un intento más de demostrar las ganas que tiene de seguir liderando la acción de gobierno, incluso ahora desde la oposición. Es
algo a lo que nos viene acostumbrando semana tras semana con interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley, etcétera, que sinceramente no entendemos desde otra lectura mejor que la de querer marcar la pauta y la acción de gobierno. Cualquier
tema y cualquier ocasión parece valerle, bien se trate de política económica, de alquiler de viviendas o, como hoy, de las pymes. Mi grupo, tal y como ha manifestado en alguna otra ocasión, no va a entrar en este juego, puesto que desde luego no
está en su interés político y tampoco constituye su forma habitual de proceder cuando, como es el caso, nos encontramos ante un nuevo Gobierno al que en principio, salvo razones mayores, se le deben otorgar los llamados cien días de cortesía
parlamentaria. Es más, nos parece que en determinados casos se hace muy flaco favor a ciertos temas en relación con los cuales sin embargo es lícito e incluso es obligado estar preocupados e interesados en responder adecuadamente, como es el caso
que nos ocupa. Mi grupo cree que muy importantes razones debe tener alguien para someter un tema como el de las pymes a un debate, a un rifirrafe político al servicio de un objetivo político coyuntural, cualquiera que sea este y por muy legítimo
que sea. De la necesidad de seguir abordando el afianzamiento, la consolidación, la renovación, la innovación tecnológica, la internacionalización de las pymes, etcétera, nadie tiene la menor duda. En todo ello somos más partidarios de actuar sin
pausa que con prisa y estamos plenamente convencidos de esa necesidad. Pero si de algo, además de eso, estamos convencidos es de la necesidad de abordar estos problemas con la mínima tensión política y desde la máxima colaboración política.
El arranque de una nueva legislatura constituye, desde la perspectiva política, un momento para tomar decisiones y es al Gobierno a quien compete tomarlas o proponerlas. Como ya le adelantamos al ministro con motivo de su comparecencia en
la Comisión de Industria, nada oponíamos ni oponemos a la música que nos hizo llegar de por dónde se proponía enfocar sus medidas en relación con la industria, con el comercio y con el turismo, y dentro de este conjunto de forma especial en relación
con las pymes. Pero le dijimos entonces y repetimos hoy que nos gustaría estar a la espera de las letras siguientes. En primer lugar, de la letra presupuestaria, que será la que de verdad le dé o no contenido real a muchas decisiones, a muchas
propuestas
y a muchas intenciones. En segundo lugar, la letra de la priorización, porque cuando leemos que se impulsan medidas en el ámbito fiscal, administrativo, social, financiero, en el espíritu emprendedor de innovación, nos suena a proponer de
todo, que es la mejor forma de no proponer nada. Nosotros somos partidarios de la priorización. Una tercera letra, clave para nosotros, es la traducción de estas prioridades al mundo de las pequeñas y medianas empresas. Al respecto constituye un
tema de máxima importancia la organización que impulse el ministerio para el conjunto de sus políticas, de forma que sean efectivas y lo más provechosas posible para el mundo de las pequeñas y medianas empresas.
En ninguna de las mociones presentadas hoy se responde a las preocupaciones reales de este grupo, por tanto nos vamos a abstener en la votación de las tres mociones presentadas por los diversos grupos.
Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Beloki.
(Rumores.)
Queda una intervención. Por favor, señorías, les ruego que guarden silencio. Finalmente, para fijar posición en nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Continuando con lo que comentaba el portavoz del PNV, nos sorprende la actitud que está tomando el Partido Popular en estas iniciativas de esta legislatura. Si quieren ayudar a las pymes, no estén a favor, por ejemplo, de la liberalización
de horarios, porque perjudica a las pymes en relación con los grandes comercios. (Rumores.) Pero esto no es lo que más nos preocupa del cambio de posición de la política económica del Partido Popular sino que en la moción que nos presenta hoy el
Grupo Popular se podrían afectar las competencias que tienen las comunidades autónomas en según qué ámbitos. (Rumores.) En los puntos d) y e) de la moción que presenta el Grupo Popular se puede llegar a afectar las competencias que tienen las
comunidades autónomas. En el punto e) el Grupo Popular insta al Gobierno...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Disculpe un momento, señor Ramón. Señorías, hay un diputado interviniendo en estos momentos, les rogaría que tomaran asiento en silencio y respetando el turno de palabra del resto de grupos.
Adelante, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Les comentaba, señora presidenta y señores diputados, que nos preocupa que, mediante dos de los puntos que el Grupo Popular presenta en su moción, se puedan invadir competencias de las comunidades autónomas.
(Rumores.) Son dos puntos. (Rumores.) ¿Espero, señora presidenta?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Un momento.
Señorías, por favor, hay un diputado interviniendo en este momento, por lo que les ruego silencio.
Adelante de nuevo, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias. Seré breve, señora presidenta.
Comentaba que en el punto d) el Grupo Popular insta al Gobierno a impulsar el ámbito financiero, mejorando la capacidad de actuación de las sociedades de garantías recíprocas y fomentando la inversión de las sociedades de capital riesgo.
Nuestro grupo cree que el ámbito de actuación de estas dos sociedades es un ámbito autonómico y que deberían ser las comunidades autónomas las que impulsen este tipo de programas.
En el punto e) el Grupo Popular insta a impulsar en el ámbito del espíritu emprendedor e innovador, fijándose en los temas de educación e I+D. Tengo que decir que en educación las comunidades autónomas ya tienen competencia plena y en I+D
son las comunidades autónomas quienes más conocen a las pequeñas y medianas empresas de su territorio y quienes deberían impulsar estos programas. Por eso, tendríamos que pedir al Gobierno que gestionara ayudas económicas para que sean las mismas
comunidades autónomas las que impulsen estos tipos de programas, no el Gobierno. Ya es sabido que nuestro grupo quiere que cada vez haya más competencias traspasadas y no que las competencias que tenemos o que podemos asumir sean regidas por el
mismo Gobierno. Si en estos dos puntos se hubiera instado al Gobierno a ayudar financieramente a las comunidades autónomas para que impulsaran estas ayudas, hubiéramos estado de acuerdo, pero de la manera en que está redactado no podemos estar de
acuerdo y ya les avanzamos que nuestro grupo votará en contra.
Gracias, señora presidenta, por su amabilidad, cosa que no puedo decir de algunos diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Ramón.
En el turno de aceptación o rechazo, señor Delgado, entiendo que rechaza usted las enmiendas y que, por tanto, votamos la moción tal como originariamente se presentó.
El señor DELGADO ARCE: Así es, señora presidenta. No vamos a aceptar las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos entonces a la votación de las cuatro enmiendas, las números 6, 7, 8 y 9. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
En primer lugar, para la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, ¿quiere la palabra la señora proponente?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
A lo largo del debate hemos intentado llegar a una enmienda transaccional, que me gustaría leer a la Cámara para que puedan conocerla y, en su caso, opinar sobre la misma.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Adelante, léala.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: La enmienda transaccional dice lo siguiente. Primero, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener la lealtad constitucional con el sistema de distribución competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas, respetado las competencias que el bloque de constitucionalidad atribuye a las comunidades autónomas en toda su extensión. Segundo, los poderes públicos promoverán las presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo
soliciten en las competiciones internacionales.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Es el grupo proponente el que ofrece esta enmienda transaccional. ¿Nos la pasa, por favor, a la Mesa, señora Lasagabaster, para que tengamos constancia de la misma?
Les recuerdo que estamos en el punto número 6 del punto III del orden del día, la moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas vascas y me veo en la obligación de preguntar si la Cámara se siente
debidamente informada de cuál es la enmienda transaccional o esperamos a que todos los grupos parlamentarios puedan disponer del texto. (Pausa.) Muy bien, esperamos. (Pausa.)
Señora Lasagabaster, se está procediendo a repartir a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios su enmienda, pero dado que la redacción y su lectura parece un poco complicada le agradeceríamos que la volviera a leer tal como
queda.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí, señora presidenta.
Enmienda transaccional: 1.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener la lealtad constitucional con el sistema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando las competencias que el
bloque de constitucionalidad atribuye a las comunidades autónomas en toda su extensión. 2.º Los poderes públicos promoverán la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en las competiciones internacionales. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): ¿Se dan todos los grupos por enterados respecto de cuál es la enmienda transaccional que sometemos en este momento a votación? (Asentimiento.) No indicándome nadie lo contrario, pasamos a la
votación, insisto, del número 6 del punto III del orden del día, la moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre reconocimiento de las selecciones deportivas vascas, en los estrictos términos en los que acaba de hacer lectura de la misma la señora
Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 157; en contra, 119; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda aprobada la moción consecuencia de interpelación. (Aplausos.)
Pasamos al número 7 del punto III del orden del día, en este caso la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la situación de Izar. Me pide la palabra el grupo proponente y la
tiene el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Creemos que este tema es lo suficientemente importante como para conseguir una votación lo más mayoritaria posible en esta Cámara. En ese intento y en el de sumar a los grupos mayoritarios, este grupo presenta una enmienda transaccional
tratando de recoger parte de lo que los grupos en el debate han planteado. La enmienda sería del siguiente tenor. En el apartado 1 epígrafe a), una nueva redacción que dijera: La concreción de un plan estratégico de futuro del conjunto del grupo
para dar viabilidad económica a Izar, desde una perspectiva de integración productiva. Se hace, evidentemente, sobre la base del texto inicial del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En el apartado 1
epígrafe b), sobre el mismo texto, una nueva redacción que dijera: Mantenimiento del empleo y de la producción en parámetros de viabilidad. El epígrafe c), recogiendo el texto del Grupo Vasco, con la siguiente modificación: Participación activa
de las comunidades autónomas afectadas en la evaluación de la situación y, en su caso, en la propuesta de un plan estratégico de actuación de cara a solucionar el problema planteado en Izar. Y en cuanto al apartado 2 epígrafe b), una redacción que
dijera: Apoyar y reforzar las acciones emprendidas por la Comisión Europea en relación a la competencia desleal y a los sistemas de ayudas públicas a los astilleros en países como Corea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
Me dicen los servicios de la Cámara que todos los portavoces de los grupos parlamentarios tienen constancia de la enmienda y, por tanto, esta es la enmienda que en el número 7 del punto III del orden del día sometemos a votación, que es una
transaccional a las enmiendas del Grupo Socialista y del PNV de la que era la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la situación de Izar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 281; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda aprobada esta moción consecuencia de interpelación sobre la situación de Izar. (Aplausos.)
A continuación pasamos al número 8 de este punto III del orden del día.
Tenemos una enmienda transaccional que conocen todos los grupos, a propuesta del propio grupo proponente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
posición del Gobierno ante la consecución de un pacto estable para la educación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 165; en contra, 115; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda aprobada esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y su transaccional.
Pasamos al número 9 del punto III del orden del día, moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que no ha aceptado enmiendas, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el Gobierno para
mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para la pequeña y mediana empresa y los trabajadores autónomos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 119; en contra, 153; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda rechazada dicha moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las once y quince minutos de la noche.