CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 958

EDUCACIÓN Y CIENCIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN

Sesión núm. 67

celebrada el martes, 11 de diciembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo) para informar sobre:


- La política universitaria y de investigación. A petición propia. (Número de expediente 214/000189.) .... (Página 2)


- El criterio y propósito del Gobierno en relación con la adaptación al espacio europeo de la enseñanza superior de los estudios de ingeniería. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/000947.)... (Página 2)


- El próximo real decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. A solicitud del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 212/001620.)...
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Las propuestas de ayudas económicas para la realización de masters. A solicitud del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 212/001619.)... (Página 2)


Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión número 67 de la Comisión de Educación y Ciencia. Tengo que decir a SS.SS. que esta Comisión ha batido un récord en el funcionamiento de las comisiones ordinarias de este Congreso de los Diputados,
porque es la que más se ha reunido, a diferencia de otras comisiones.



Esta Comisión, que da la bienvenida a la ministra de Educación y Ciencia -ella tiene bastante que ver con el número de comisiones que ha habido-, se reúne hoy para dar cuenta de este orden del día: La comparecencia de la ministra de
Educación y Ciencia, a iniciativa propia, para informar sobre la política universitaria y de investigación del Gobierno y otras tres comparecencias que tienen que ver con el tema y que fueron subsumidas en este orden del día. Una es a solicitud del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para informar sobre la adaptación del espacio europeo de la Enseñanza Superior de los estudios de ingeniería y las otras dos a petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que intervendrá en el
momento procesal en que pueda participar la portavoz, que me ha hecho llegar la información de que está interviniendo en otras comisiones, dado que en esta mañana se reúnen casi todas las comisiones.



Antes de dar la palabra a la ministra para fijar la posición del Gobierno, quiero recordar a los señores y señoras miembros de la Comisión de Educación y Ciencia que al término de la misma nos reuniremos amigablemente en la sala de Gobierno,
en la planta primera de este mismo edificio, para comer, dado que terminaremos tarde, y tener un intercambio de otra forma con el Gobierno y con los miembros de esta Comisión, más allá de la distancia de una mesa presidencial y de los asientos que
ocupan sus señorías.



Sin más preámbulos, tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Señor presidente, pienso que sí tengo algo que ver con la asiduidad en las reuniones de esta Comisión y creo que es un buen balance. Es para mí una satisfacción estar hoy
aquí y tener la ocasión de explicar y defender en esta Comisión de Educación y Ciencia del Congreso el trabajo desarrollado en los últimos meses por el ministerio que dirijo, en relación con las cuestiones planteadas en las peticiones de
comparecencia. Tras la aprobación de la ley orgánica, que modifica la Ley Orgánica de Universidades, hemos venido desarrollando en política universitaria y de investigación un trabajo, cuyo objetivo no es otro que proporcionar a nuestras
universidades y a nuestro sistema de investigación y desarrollo el marco legal adecuado y los instrumentos necesarios para impulsar un auténtico proceso de modernización, gracias al cual podrán responder a las demandas que hoy requiere nuestra
sociedad. Durante estos últimos cuatros años el Gobierno ha decidido aumentar de un modo constante la inversión en educación e investigación, porque está absolutamente convencido de que ambos factores son esenciales para el desarrollo de una
economía competitiva y dinámica para la formación de capital humano, un elemento clave para seguir incrementando el crecimiento sostenido de la productividad, pero también porque el Gobierno está convencido de que la educación es la vía principal
para fortalecer la convivencia democrática y garantizar el respeto a las libertades individuales y también la solidaridad ciudadana y la cohesión social.



Voy a empezar hablando de política universitaria. Ya he dicho muchas veces que tenemos una universidad suficiente, pero que aún no es la mejor de las posibles. Queremos una universidad excelente y para conseguirlo el Gobierno ha puesto en
marcha un amplio abanico de medidas orientadas a la mejora de nuestro sistema universitario, medidas que hacen de la calidad y de la excelencia el eje transversal de nuestra política. La más importante de estas medidas es la ley orgánica, que
modifica la Ley Orgánica de Universidades, aprobada por las Cortes el pasado 12 de abril, que corrige algunos desajustes de nuestro sistema universitario y le confiere un nuevo sesgo para reforzar la autonomía de las universidades en aspectos
fundamentales de su constitución. En correlato con esta mayor autonomía, como no podía ser de otra manera, la ley incide en el refuerzo de los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación de la calidad.
La ley, como saben muy bien todos
ustedes, fue aprobada por una amplia mayoría de grupos parlamentarios y además es el resultado de un diálogo fructífero, tanto con la comunidad universitaria como con las organizaciones sociales, profesionales, sindicatos, empresarios y otros
colectivos. Esta ley proporciona un marco legal idóneo para tener las universidades propias de este siglo XXI, universidades más abiertas, universidades más plurales, capaces de elegir de acuerdo con sus intereses y características el camino más
adecuado hacia su crecimiento y modernización definitiva. Pero también la ley instaura -y esto supone


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un gran avance- un marco normativo claro para que nuestras universidades puedan cumplir con los compromisos que España ha adquirido en la construcción del espacio europeo de Educación Superior. En la Conferencia de Ministros de Educación,
celebrada en Londres el pasado mes de mayo, pudimos todos comprobar el excelente estado de salud del que goza el espacio europeo de Educación Superior, un gran proyecto para la creación de un gran espacio para la comunidad universitaria europea. El
proceso de construcción de este espacio europeo establece unos objetivos específicos que deben cumplir todos los socios en el año 2010, compromisos que España ha cumplido en una parte importante y que va a estar en condiciones de cumplir plenamente
cuando llegue la fecha. Sin embargo, la construcción de este espacio común no acabará entonces, no acabará en 2010, porque no estamos hablando de un proceso que tenga una fecha final sino que estamos hablando de un gran acuerdo para que las
universidades europeas compartan estrategias y aborden de modo coordinado los retos que plantean la globalización y la sociedad del conocimiento. En definitiva, cuando hablamos de espacio europeo de Educación Superior estamos hablando de algo vivo,
de algo en continua construcción. Y por eso no debemos dejar de mirar hacia el futuro y tenemos que seguir avanzando, apoyándonos en los principios sobre los que estamos construyendo ese espacio común, principios que son la mutua confianza que
necesariamente ha de estar basada en la calidad y el respeto a la diversidad, dentro de la coordinación de las políticas globales y el cumplimiento de un número limitado de compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos básicos en la construcción del
espacio europeo de Educación Superior? ¿Cuáles son los compromisos que nos van a permitir construir un sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones? Les recuerdo -aunque probablemente todos ustedes lo conozcan- que esos acuerdos
son: en primer lugar, la adopción del crédito ECTS, del crédito europeo que es una medida, y como tal debemos entenderla, unificada para el cómputo de los estudios para permitir su reconocimiento y su transferencia; en segundo lugar, la
organización de las enseñanzas universitarias en tres ciclos, grado, master y doctorado, que deben cualificar para la inserción en el mercado laboral; y, en tercer lugar, la adopción del suplemento europeo al título. Pues bien, la ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica de Universidades incorpora todos estos compromisos al texto de la ley; algunos estaban regulados de forma dispersa, y ahora están todos integrados de forma armónica en ese único marco jurídico con rango de ley
orgánica. La ley y los decretos que la desarrollan establecen -y quiero insistir en ello- por primera vez un sistema coherente para encauzar la participación española en el espacio europeo de Educación Superior.
Garantizar la calidad de la
educación superior estableciendo criterios y metodologías comparables que permitan evaluar los niveles de calidad de nuestras universidades es otro de los compromisos adquiridos: la garantía de la calidad. También es compromiso adquirido el
fomento de la movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades, estableciendo las fórmulas necesarias y adecuadas que garanticen el principio de igualdad de oportunidades, y también es un compromiso la organización
de las enseñanzas universitarias de forma que se favorezca el aprendizaje a lo largo de toda la vida.



Hasta aquí los compromisos adquiridos, pero decía también hace un momento que el espacio europeo de Educación Superior es un marco para compartir estrategias y para abordar de modo coordinado la solución de problemas globales. Es decir, más
allá de los compromisos concretos y específicos adquiridos estamos hablando de un marco para compartir estrategias y abordar de manera coordinada la solución de problemas, una sintonía que permite que la política universitaria de todos los países
que integran este proyecto comparta una serie de tendencias comunes, sintonía en la que participamos todos y que contiene tendencias compartidas. Por ejemplo y como puntos esenciales, la concesión de mayor autonomía para las universidades, de mayor
libertad en el diseño de los planes de estudio, la diversificación de las fuentes de financiación universitaria, la conformación de equipos universitarios de gobierno con más liderazgo y más representación de la sociedad. Estas tendencias, que
forman parte de esa sintonía entre los países participantes en la construcción del espacio europeo de Educación Superior, las comparte indudablemente el Gobierno español. La autonomía universitaria, de hecho, es el eje central de la ley que
modifica la Ley Orgánica de Universidades. Esta modificación de la ley ha eliminado aquellos aspectos excesivamente reglamentistas o restrictivos que limitaban la actividad de nuestras universidades y les ha otorgado un amplio margen de confianza
para que establezcan su propio modelo de organización, para que diseñen los títulos que deseen impartir o para que contraten, en un proceso abierto que respeta los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, a los profesores que
hayan cumplido los requisitos previos de acreditación y que mejor se adapten a sus necesidades, un marco de actuación, repito, con el que sintonizan todos los países que se incorporan al espacio europeo de Educación Superior, y eso nos va a permitir
a todos, y también a España, tener universidades más fuertes, pero también más ágiles y más capaces de afrontar los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento.



Una pieza esencial de este nuevo impulso a la autonomía universitaria es el establecimiento de un sistema de títulos universitarios más flexible, que permite a cada universidad elegir qué enseñanzas quiere impartir y cuál debe ser el diseño
de sus contenidos. De este modo, ahora las universidades disponen de más oportunidades para afianzar su propia identidad, y eso aumentará la diversificación del sistema universitario.
Asimismo tienen más facilidad para ofrecer aquellas enseñanzas
que demanda la sociedad. El Real Decreto de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, instaura un nuevo modelo radicalmente


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distinto al existente para la elaboración de las titulaciones universitarias y para el diseño de los planes de estudios, y por primera vez en la historia confiere a las universidades españolas la iniciativa para elaborar y proponer títulos
universitarios oficiales en todos los niveles, es decir, para hacer aquello que muchas universidades europeas llevan haciendo mucho tiempo. El Real Decreto de 29 de octubre de este año asume las propuestas que realizó este Ministerio de Educación y
Ciencia en diferentes documentos y además muchas de las sugerencias recibidas de la comunidad universitaria y de las comunidades autónomas, especialmente a través del Consejo de Coordinación Universitaria, donde estaban representadas las
universidades y comunidades autónomas. Quiero insistir en esto: se trata de un texto que ha sido debatido en todos los ámbitos, con la comunidad universitaria y con todos aquellos interesados e implicados en este proceso de transformación
-representantes de organizaciones profesionales, administraciones públicas competentes-, es decir, es un decreto fruto del diálogo y de la colaboración entre el ministerio y los diferentes interlocutores sociales y políticos. El borrador de este
decreto de octubre del año 2007 fue respaldado por el Consejo de Universidades celebrado el pasado 18 de julio de 2007 y por la Conferencia General de Política Universitaria, en la que están representadas las comunidades autónomas. Este real
decreto sobre titulaciones permite de una vez por todas que los compromisos adquiridos por España y por las universidades españolas en la construcción de este espacio europeo puedan trasladarse de forma completa a la configuración de nuestras
enseñanzas universitarias y establece también los mecanismos adecuados para garantizar la calidad de la educación superior, asentando criterios y metodologías comparables que nos van a permitir evaluar los niveles de calidad de todas las
titulaciones e informar de ello a la sociedad, porque estos planes de estudios presentados por las universidades van a tener que superar un exigente proceso de verificación antes de su inclusión en el registro de universidades, centros y títulos y,
además de superar ese proceso de verificación, los títulos registrados serán evaluados periódicamente para garantizar el mantenimiento de un alto nivel de calidad.



Esta nueva organización de las enseñanzas universitarias que define este real decreto del pasado mes de octubre responde no solo a un cambio de estructura de estas enseñanzas, sino también a un cambio en las metodologías docentes, que se van
a centrar en el proceso de aprendizaje del estudiante. Creemos, y así lo expresa este real decreto, que un plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial debe entenderse como un acuerdo entre la universidad que lo propone y la
sociedad, un acuerdo que siente las bases para la confianza que cualquier estudiante deposita en la universidad y en el programa de enseñanza-aprendizaje en el que ingresa, y esta confianza que el estudiante deposita en la universidad debe
concretarse en aspectos tales como la calidad del plan de estudios, la solvencia formativa de los docentes, la adecuación de los servicios generales o la suficiencia de las instalaciones, entre otras cosas. Por eso exigimos que en el diseño de esos
títulos universitarios se incluyan más elementos que la mera descripción de los contenidos formativos. El decreto se configura, pues, como una guía que permite diseñar nuevas titulaciones universitarias flexibles, diferenciadas e innovadoras,
titulaciones que la mayor parte de nuestros estudiantes deberían además poder cursar con éxito sin una duración adicional.



Tras la aprobación de este real decreto en octubre hemos seguido trabajando en una serie de medidas complementarias que permiten su desarrollo. El pasado 27 de noviembre el Consejo de Universidades informó favorablemente el real decreto por
el que se regula el registro de universidades, centros y títulos, así como los protocolos que ha de seguir la Aneca para verificar las propuestas de títulos universitarios que han de realizar las universidades, protocolos que van a garantizar la
calidad de las mismas. Por otra parte, el Consejo de Universidades también informó favorablemente las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habilitan para el ejercicio de varias
profesiones reguladas, en concreto informó favorablemente de las correspondientes a los títulos de arquitecto técnico, arquitecto, maestro de educación infantil, maestro de educación primaria, profesor de enseñanza secundaria, médico y veterinario.
Estos siete documentos que irán al Consejo de Ministros el próximo viernes han sido también sometidos a un amplio debate, por ejemplo, en el Consejo Escolar del Estado en lo que se refiere a los títulos relativos a la Educación o en la Comisión
Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad en los títulos que competen a esa comisión, en la que están representadas todas las comunidades autónomas.
Y han sido, por supuesto, debatidos con las universidades y las organizaciones
profesionales buscando siempre el máximo grado de consenso. En la actualidad, el ministerio está trabajando para presentar a los próximos consejos de universidades las condiciones a las que deberán adecuarse otros planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos que habilitan para el ejercicio de otras profesiones reguladas.



El impulso a la autonomía universitaria, al que me estoy refiriendo, se completa con los reales decretos de 5 de octubre de este mismo año por los que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios
y por el que se regula el régimen de concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Ambos decretos, como saben todos ustedes -no me voy a extender en esto-, establecen un nuevo sistema de selección del profesorado que se estructura en dos
fases. En la primera los candidatos habrán de superar un proceso de acreditación nacional público y transparente inspirado en las mejores tradiciones académicas de evaluación y selección por sus pares. Gracias a este sistema, todo el que desee
acceder a los cuerpos de funcionariado universitario que la ley, como saben, reduce a dos únicos cuerpos de catedráticos y titulares de universidad,


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habrá debido acreditar previamente su calidad como docente e investigador.
La Aneca participará activamente en todo este proceso velando por la transparencia y la objetividad del mismo. En un segundo paso, con igual respeto a los criterios
de publicidad, transparencia y objetividad, las universidades seleccionarán aquellos profesores ya acreditados que necesiten para diseñar con total autonomía el perfil de sus plantillas.
En su reunión del pasado 27 de noviembre, el Consejo de
Universidades aprobó los criterios de selección de los miembros de las comisiones de acreditación nacional. De este modo, el proceso de acreditación puede comenzar a funcionar ya con toda normalidad.



El espacio europeo de Educación Superior asigna a los estudiantes una posición central en el sistema universitario. La renovación de las metodologías docentes que, como he dicho, acompaña a esta reforma implica situar al estudiante en el
centro del sistema de enseñanza. Esto supone conseguir que el estudiante pase de ser un agente pasivo -como lamentablemente ocurre en demasiadas ocasiones, un estudiante que se limita a recibir lecciones-, a convertirse en un agente activo que
participe en el proceso de aprendizaje, leyendo más, trabajando en equipo, participando en seminarios y aprendiendo a exponer en público los resultados de su trabajo. Situar al estudiante en el centro del sistema de enseñanza exige también que la
voz de los estudiantes sea oída en la adopción de decisiones que afecten a la política universitaria. Este es otro de los objetivos señalados por el espacio europeo de Educación Superior. De hecho, en el baremo que cada dos años mide los
resultados sobre el cumplimiento que cada Estado miembro hace de los compromisos adquiridos en la construcción de ese espacio europeo figura -entre esos resultados que se miden- el grado de participación de los estudiantes, por ejemplo, en las
agencias de evaluación universitaria. Esta es una filosofía que comparte el Gobierno español y por este motivo los estudiantes ya están integrados en la Aneca y participarán en los procesos de evaluación de la calidad de las universidades.
Asimismo, para reforzar el peso institucional de los estudiantes en el sistema universitario, la ley que modifica la Ley Orgánica de Universidades dispone la creación de un consejo del estudiante y la redacción de un estatuto del estudiante
universitario. Situar al estudiante en el centro del sistema significa trabajar para ofrecerle la mejor formación, conseguir que esta formación ofrezca las mejores oportunidades para encontrar los mejores empleos e impulsar la formación permanente
para que pueda regresar al sistema educativo en cualquier momento de su carrera profesional para perfeccionar y actualizar sus conocimientos. Quiero recordar aquí que otra de las ideas que han contribuido a sostener vivo el espacio europeo de
Educación Superior ha sido su dimensión social. Por eso, la Conferencia de Ministros de Educación que se celebró en Bergen en 2005 instó a los países miembros a impulsar una mayor igualdad en el acceso, acogida y atención de los estudiantes así
como más recursos financieros para las becas y ayudas al estudio. La Conferencia de Londres del pasado mes de mayo, a la que ya me he referido, insistió en la necesidad de promover la equidad en el acceso y participación a la educación
universitaria. El Gobierno español comparte plenamente estos objetivos. La equidad en el acceso a la educación es una prioridad. Por esta razón hemos hecho un esfuerzo presupuestario sin precedentes en la partida de becas y ayudas al estudio que,
como saben muy bien todos ustedes, supera ya los 1.245 millones de euros de los cuales en torno al 70 por ciento van destinados a becas y ayudas universitarias. Y a esa cifra, como ya he repetido en muchas ocasiones, habría que añadir otros 85
millones para el programa de aprendizaje del inglés, un instrumento imprescindible para la construcción de este espacio común, y los 150 millones de euros que vamos a dedicar en el próximo ejercicio a estudios de máster oficiales. Todas esas
partidas suman 1.480 millones de euros.



Y si la equidad es un principio esencial, la movilidad también lo es y por eso el Gobierno ha reforzado también la dotación presupuestaria complementaria de las becas Erasmus que ha pasado de 4,6 millones de euros en el ejercicio 2004 a 60
millones de euros en 2008. También, por este mismo motivo, tanto por la equidad como por la necesidad de favorecer la movilidad, hemos creado el programa de préstamos Renta Universidad, préstamos sin interés que permiten a los jóvenes menores de 35
años financiar sus estudios de máster en cualquier universidad española o europea sin depender de las rentas familiares. Un tipo de préstamos, recuerdo, que tiene una arraigada tradición en muchos países europeos y que estamos poniendo en marcha en
nuestro país. Movilidad en el espacio europeo de Educación Superior no es solamente movilidad, por importante que sea, de estudiantes sino también movilidad de todos los que conforman la comunidad universitaria. Entre los años 2007 y 2009 hemos
destinado 15,6 millones de euros a financiar estancias de profesores españoles en el extranjero, de los cuales seis millones financian a jóvenes doctores. Además la convocatoria de movilidad en programas de doctorado que han obtenido la mención de
calidad tiene un gasto previsto para el curso 2007-2008 de 8,2 millones de euros, de los cuales prácticamente dos son para estudiantes. Y en el ejercicio 2007 hemos puesto en marcha también un nuevo programa, el programa José Castillejo, cuyo fin
es favorecer e incentivar la movilidad de jóvenes doctores que se han incorporado recientemente a los cuerpos docentes universitarios. La financiación prevista para este programa ha sido de 8,4 millones de euros para un número de ayudas estimado en
torno a 350 estancias de una media de duración de cinco meses.



En el seno del espacio europeo de Educación Superior la equidad, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades tiene otra dimensión que nos parece muy importante: la incorporación plena de las personas con discapacidad al sistema
universitario. Por primera vez nuestra legislación universitaria recoge los principios de diseño para todos y de accesibilidad universal que tendrán que


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orientar toda la actividad de las universidades, incluida la elaboración de los planes de estudio.



Paso con esto a la última parte de mi intervención que tiene que ver con la investigación universitaria. El impulso a la investigación, como sabemos todos también -digo que sabemos todos aunque no siempre lo tengamos tan en cuenta-,
constituye una parte esencial de la política universitaria de los Estados miembros de la Unión Europea y del espacio europeo de Educación Superior. De hecho, los objetivos que la Unión Europea fijó en el Consejo de Lisboa, en el año 2000, conforman
una ambiciosa estrategia cuyo fin es conseguir que la economía europea sea la más dinámica y competitiva del mundo, que genere empleo de calidad y permita un alto grado de cohesión social. Se trata de conseguir una sociedad desarrollada social,
cultural y económicamente y todo esto requiere una mejora notable cuantitativa y cualitativa en la formación de capital humano así como en el crecimiento de la inversión en investigación y el fomento de la acumulación de capital tecnológico. La
investigación, por lo tanto, está en el centro de la estrategia de Lisboa y de la ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Universidades, una ley que facilita y promueve la cooperación entre la universidad y el sector productivo al permitir la
movilidad del personal docente investigador hacia otros ámbitos, reforzando además los lazos con el entorno productivo del sistema de ciencia y tecnología mediante la creación de institutos mixtos de investigación.



Además, para reforzar los nexos entre la actividad investigadora de las universidades y la sociedad, la ley sostiene entre sus principios fundamentales que la universidad debe transferir a la sociedad el conocimiento y la tecnología
generados y estipula que la transferencia de conocimientos será un mérito evaluable para los investigadores universitarios. No voy a recordarles los datos y las cifras que expresan con contundencia la apuesta por la investigación de este Gobierno
desde el principio de la legislatura. Los créditos destinados a la política de investigación, desarrollo e innovación gestionados por el Ministerio de Educación y Ciencia ascienden a 3.694 millones de euros en los presupuestos de 2008, lo que
representa un crecimiento del 17,6 por ciento respecto al ejercicio anterior y supone el 47 por ciento de la política de I+D+i de la Administración General del Estado. Las universidades, que generan más del 60 por ciento de la investigación
científica de nuestro país, se han beneficiado de este incremento presupuestario y van a seguir haciéndolo en el futuro gracias al Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011 aprobado ya por el Consejo de Ministros. Este es un plan que
articula la política española de ciencia y tecnología y establece los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación a medio plazo. Las universidades -que, como he dicho, generan el mayor porcentaje de
investigación en España- se sitúan por derecho propio en el centro de este Plan Nacional de I+D+i; un plan, 2008-2011, que responde a tres principios básicos.
Primero, poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un
desarrollo sostenible con plena e igual incorporación de la mujer. Segundo principio básico, hacer de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial. Tercer objetivo básico, reconocer y promover la I+D+i como un elemento esencial
para la generación de nuevos conocimientos. Este Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 es el resultado de intensos trabajos en los que han participado activamente miles de personas vinculadas a centros de investigación, empresas, sindicatos y
administraciones públicas. Por tanto, se trata de un plan que nace de la voluntad de construir consenso y que ha sido objeto de un debate intenso y abierto en el que han participado por primera vez de manera activa las comunidades autónomas. Este
nuevo plan nacional nace, además, de un diagnóstico de la situación de nuestro sistema de ciencia y tecnología; un diagnóstico que debemos en parte a planes nacionales anteriores y que señala las debilidades que debe reforzar tanto la iniciativa
pública como la iniciativa privada.



No voy a entrar en los detalles del plan pero sí me gustaría -abusando de la paciencia porque ya llevo un rato muy largo hablando- resaltar algunas de las principales novedades de este plan. En primer lugar, se ha producido un cambio
importante en la estructura del plan; un cambio que refleja una transformación en la forma de concebir las políticas de I+D+i. En planes nacionales anteriores el criterio básico de organización era el criterio temático; el nuevo plan nacional se
estructura de acuerdo con la naturaleza y los objetivos de los instrumentos que pone en marcha.
El plan no es una lista de campos de investigación o de sectores empresariales susceptibles de recibir ayudas públicas, sino que trata de definir unos
objetivos y de poner en marcha los instrumentos específicamente diseñados para conseguir esos objetivos. De acuerdo con este principio básico -principio novedoso de este plan nacional-, el plan se organiza en cuatro grandes áreas directamente
relacionadas con los objetivos generales. La primera de ellas, que se denomina de generación de conocimientos y capacidades, incluye los programas de fomento de la investigación básica, formación de recursos humanos y potenciación de
infraestructuras científicas y tecnológicas. La segunda, denominada fomento de la cooperación en I+D, tiene como objetivo solventar uno de los principales déficits detectados en nuestro sistema de ciencia y tecnología, que era la falta de
cooperación entre los agentes del sistema, muy en particular entre las empresas y los centros públicos de investigación, así como el limitado grado de cooperación en los marcos regional e internacional. Por tanto, en esta segunda área, objetivo
principal, fomento de la cooperación en I+D. La tercera área, denominada desarrollo e innovación tecnológica sectorial, tiene como objetivo la mejora de la competitividad empresarial de nuestro país mediante programas de estímulo a la I+D+i
empresarial en diversos sectores de la industria y de los servicios. Por último, la cuarta área, nueva, es un área de acciones estratégicas que define un conjunto de tecnologías de carácter transversal y multidisciplinar con un impacto económico
amplio en torno a cinco acciones estratégicas incluidas en


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el plan, que son la salud; la biotecnología; el cambio climático y la energía; telecomunicaciones y sociedad de la información y comunicación y nanociencia y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos industriales, en definitiva,
cuatro grandes áreas que responden a cuatro grandes objetivos como son generar conocimiento y capacidades; fomentar la cooperación para que ese conocimiento se difunda y se aproveche; potenciar la competitividad de las empresas en su dimensión
tecnológica e impulsar una serie de acciones estratégicas en campos con gran potencial científico, tecnológico y económico. Junto a esta novedad en la reestructuración del plan, otra de las novedades de este Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 es que
por primera vez se hacen explícitos objetivos plurianuales de gasto por parte de las administraciones. En concreto, el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 prevé un incremento anual de un 16 por ciento, lo que supone que este plan contará con una
financiación de casi 48.000 millones de euros para el periodo 2008-2011, el doble que el plan nacional anterior.



En cuanto a los programas concretos, me voy a limitar a algunas de las novedades que incluye el plan, por ejemplo, la creación de una línea instrumental de fortalecimiento institucional. Creo que tiene una gran importancia en relación con
la primera parte de mi intervención, con las universidades. Esta línea instrumental de fortalecimiento institucional va a permitir poner en marcha nuevas líneas de financiación para potenciar la competitividad de los centros de I+D que acrediten su
excelencia complementando así las ayudas tradicionales que como saben todos ustedes iban dirigidas más bien a investigadores individuales o a grupos de investigación. Aquí tratamos de fortalecer instituciones de investigación.



En materia de recursos humanos reforzaremos los programas ya existentes que están ofreciendo resultados positivos, como el programa Torres Quevedo o el programa I.3 y se introduce como elemento nuevo una actuación de apoyo a la contratación
estable de investigadores distinguidos en universidades, organismos públicos de investigación, hospitales y otras entidades de I+D. Este programa nuevo denominado Severo Ochoa va a permitir la contratación de investigadores de alto nivel científico,
españoles o extranjeros, que se van a destinar fundamentalmente a la creación de nuevas líneas de investigación.



Por último, en el ámbito de la I+D+i empresarial el plan nacional incluye aportaciones de gran interés como por ejemplo la creación de una línea especial de cooperación público-privada diseñada para adecuarse mejor a las características de
las pymes, que como saben todos ustedes constituyen el grueso de nuestro tejido empresarial, así como la elaboración del estatuto de la joven empresa innovadora y la puesta en marcha de un programa de proyectos de innovación.



No quisiera extenderme demasiado. Me gustaría insistir en algo que ya he mencionado dentro del nuevo plan, que es el avance hacia una mayor coherencia entre los ámbitos regional, estatal e internacional en las políticas de apoyo a la I+D+i.
No solamente las comunidades autónomas han participado en el diseño del nuevo plan nacional, sino que en ese plan nacional se introduce una nueva fórmula de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas mediante
la apertura de los programas del plan a la participación de las comunidades autónomas que así lo deseen. Mediante este mecanismo, la Administración General del Estado va a cofinanciar actuaciones convocadas conjuntamente por comunidades autónomas y
Administración General del Estado después de formalizarse los acuerdos específicos.



En lo que respecta a las novedades del plan, me gustaría insistir también en el esfuerzo por la simplificación y la mejora de la gestión; simplificación en el número de instrumentos, simplificación y reducción en el número de convocatorias,
puesta en marcha de una ventanilla única mediante la creación de un canal único para la tramitación de solicitudes y la normalización de los procesos y formularios. Obviamente, todas estas mejoras suponen un esfuerzo de coordinación de primera
magnitud, evidentemente no todas se van a poner en marcha de manera inmediata, pero sí hay un compromiso explícito en el plan nacional de cumplir con todas ellas, y algunos de los avances que acabo de mencionar son visibles ya en las primeras
convocatorias, algunas de las cuales por cierto ya han sido publicadas.



Termino pidiéndoles excusas por lo prolongado de la intervención. Eran muchos temas que responden a un trabajo intenso por parte del Ministerio de Educación y Ciencia en los últimos meses a raíz de la aprobación de la Ley que modifica la
Ley Orgánica de Universidades y también a un trabajo intenso por parte del ministerio, junto con el resto de ministerios implicados y de otras administraciones públicas y los apoyos que ya he mencionado en la elaboración y puesta en marcha del nuevo
Plan Nacional de I+D+i. Muchísimas gracias por su atención. Me gustaría terminar no despidiéndome por aquello de que estamos llegando al final de la legislatura, espero que esto no sea una despedida, pero me gustaría agradecer a esta Comisión de
Educación y Ciencia el trabajo realizado a lo largo de toda la legislatura y las ocasiones que me ha brindado de poder explicar cuál es la política que hemos desarrollado en el ministerio.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora ministra por sus palabras.



Voy a dar paso a los grupos parlamentarios conforme suele ser habitual, en primer lugar, los grupos que han solicitado la comparecencia del Gobierno y después los grupos parlamentarios que no la han solicitado, de menor a mayor, con la
particularidad de que si se incorpora algún grupo parlamentario que ha solicitado la comparecencia, le daría la palabra en ese momento procesal. En primer lugar y por ese tiempo prudencial que está recogido en el Reglamento, tiene la palabra el
señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: También doy la bienvenida en nombre de mi grupo y en el mío propio a la ministra en esta su última comparecencia, presumiblemente,


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en esta legislatura en esta Comisión, que efectivamente ha tenido un intenso trabajo. Usted ha sido durante un periodo la presidenta de la misma y quiero reconocer públicamente su labor; después, ya en su condición de ministra, le hemos
tenido aquí muchas veces y las discrepancias de fondo las conocen y han sido notorias. Tempus fugit señora ministra, lamentablemente todo va concluyendo. En todo caso, en estos momentos previos a la Navidad, quiero felicitarla y desearle paz,
felicidad, así como a todos los miembros de esta Comisión con los que hemos compartido este periodo.



Son muchos, señor presidente, los puntos que querría abordar en el extenso informe de la ministra, pero no quiero abusar de su benevolencia en la concesión de los tiempos de mi intervención, por lo tanto, me voy a centrar básicamente en
aquellos que hacen referencia al objeto de la comparecencia solicitada por mi grupo, que tienen como percha fundamental en estos momentos el Real Decreto de 29 de octubre al que ha hecho referencia la señora ministra, que será un poco la base de mi
intervención.



Quería empezar diciendo que resulta insólito que el mismo Gobierno, en la misma legislatura y en el plazo de dos años, haya elaborado dos decretos diametralmente opuestos sobre un elemento fundamental para la aplicación del proceso de
Bolonia y esto demuestra que la legislatura, creo que en general en materia educativa pero especialmente en el ámbito de la construcción del espacio europeo de Educación Superior, ha sido la legislatura del tejer y destejer, de la confusión por la
ausencia de ideas claras y de una línea coherente por parte del Gobierno. Desde luego el modelo Cabrera-Quintanilla, llamémoslo así, tiene muy poco que ver con el modelo Sansegundo-Ordóñez, que pasó también fugazmente por esta Comisión. Es una
rectificación en toda regla y estos vaivenes han tenido efectos perversos, han generado un clima, que yo percibo, de desánimo, de desconfianza y de perplejidad en el mundo universitario. El último paso de esto, el colofón de esta legislatura es el
Real Decreto de 29 de octubre. Es un decreto, permítanme que lo diga con esta claridad, que se caracteriza por sus elementos confusos, por las incertidumbres que va a crear en el ámbito universitario, por los problemas graves que va a plantear su
aplicación y por las cuestiones esenciales que deja sin resolver. El dictamen del Consejo de Estado -que yo obviamente he leído- es un varapalo, díganlo o no, señora ministra; contiene observaciones críticas extraordinariamente severas. Por
cierto, algunas de sus observaciones de gran calado no han sido recogidas en el texto definitivo y, sin embargo, afirman en el texto del preámbulo del decreto la fórmula: de acuerdo con el Consejo de Estado, de la que están ustedes abusando
extraordinariamente, porque en estos casos, cuando no se recogen las observaciones al texto del proyecto emitido por el Gobierno, debería hacerse con la fórmula: oído el Consejo de Estado. A algunas de estas observaciones -a mi juicio de enorme
calado- que ustedes no han recogido me referiré a continuación.



¿Cuál es la acogida de las universidades a este decreto? No se pueden calificar como movidas por el entusiasmo. He percibido en ámbitos universitarios serias preocupaciones y la señal más evidente de ello es que la inmensa mayoría de las
universidades han decidido en todo caso aplazar hasta el curso 2009-2010 la implantación de los nuevos títulos.
Por las averiguaciones que he hecho, señora ministra -igual usted me contradice o me lo desmiente-, mi pronóstico es que no llegarán al
uno por ciento los títulos que se implanten en el curso 2008-2009. ¿Por qué esta cautela que no solo supone un retraso de un año? ¿Por qué esta cautela, esta decisión de aplazar lo que se pueda la implantación del nuevo sistema? Hay razones
fundadas por parte de los órganos universitarios. La primera de ellas -usted se ha referido a ello y ya va a ser un elemento central de mi intervención- se relaciona con los títulos que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas, que es, de alguna manera, la madre del cordero. Como debe hacerse, he leído el texto del real decreto empezando por las disposiciones transitorias, que son las que explican después el sentido de todo. Hay una disposición transitoria, la
cuarta, dedicada a los títulos universitarios vinculados con actividades profesionales reguladas en la que dice: A efectos de lo dispuesto en los artículos 12.9 y 14.4 del presente real decreto, serán de aplicación las actuales directrices
generales propias de los títulos correspondientes en lo que se refiere a su denominación, materias y contenido de las mismas, en tanto no se produzca la aprobación por el Gobierno de las condiciones que las sustituyan. Por tanto, está claro que
esto es un elemento de tranquilidad; todo sigue igual en relación con estos títulos vinculados con actividades profesionales reguladas, hasta que no se produzca la aprobación por el Gobierno de esas condiciones. Pero permítame que le diga que aquí
aparecen dos problemas. Primero -y le formulo la pregunta por enésima vez, no me la han contestado hasta ahora y no tengo ninguna confianza en que lo hagan en este momento, la hago con escepticismo- cuáles son los títulos que habilitan para el
ejercicio de actividades profesionales reguladas. Es muy importante saberlo y se lo hemos pedido, como he dicho antes, reiteradamente. Los rectores tienen que saberlo, la comunidad universitaria tiene que saberlo y la sociedad española tiene que
saberlo. Si ustedes no son capaces de hacer esa lista que produce certidumbre y certeza, encárguenlo a un órgano -por ejemplo, el Consejo de Estado- y que responda a esta cuestión. En segundo lugar, ¿cómo van a ser y se van a producir las normas
que establezcan las condiciones a las que deberán adecuarse estos títulos en relación con las actividades profesionales? Entiendo que deben incluir -y querría conocer la respuesta de la ministra- las directrices propias de cada carrera, porque sin
directrices propias de cada carrera nos ponemos en una situación de enorme incertidumbre en relación con títulos que dan lugar a competencias profesionales. Además, se ha de hacer de tal modo que no se deben rebajar las exigencias formativas de los
títulos correspondientes y se tiene que explicar, por ejemplo,


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cómo un título que en estos momentos se imparte con 300 créditos va a tener las mismas exigencias formativas si se produce una sustancial reducción de los créditos. Hay otro aspecto en esta materia al cual el Consejo de Estado ha hecho una
observación que no ha sido atendida por el texto del decreto y que se refiere a la preceptiva consulta a los colegios profesionales. Esto lo dice muy claramente el Consejo de Estado: Resulta pertinente modificar los artículos 12, etcétera, para
incluir en el procedimiento de elaboración, aprobación y verificación de los planes de estudios -se refiere a estos que habilitan para actividades profesionales- la preceptiva consulta a las organizaciones profesionales que en cada caso
correspondan. ¿Va a incumplir el Gobierno la Ley de Colegios Profesionales, que dispone que los consejos generales informarán preceptivamente los proyectos de ley o disposiciones de cualquier rango que se refieran a los títulos oficiales
requeridos? Todo queda en el aire y lleno de confusión, señora ministra. Hay otro aspecto al que también hace referencia al Consejo de Estado y es el asunto de la aprobación del plan de estudios por el Gobierno, en todo caso en relación con las
condiciones y especialmente con los títulos que habilitan profesionalmente, en el que el Consejo de Estado -a mi juicio, con enorme lógica jurídica- dice que debe hacerse con una norma de rango igual o superior a las normas que se deroguen o se
modifiquen. ¿Por qué razón ustedes no han aceptado esta tan sencilla observación del Consejo de Estado y adoptan la fórmula del acuerdo del Consejo de Ministros? ¿Quieren rebajar las facultades del Gobierno? No entiendo por qué se ha producido
esto.



Un tercer problema, señora ministra, es que hay otro aspecto que creo que es esencial para conocer la configuración del nuevo sistema y que además afecta a muchísimas personas, a muchísimos profesionales y a los estudiantes que están en
estos momentos haciendo sus carreras universitarias, que es la necesidad de prever la homologación, convalidación y adaptación de los títulos anteriores. Parece que a ustedes no les preocupa esta cuestión. También el Consejo de Estado, como usted
conoce perfectamente, plantea observaciones de enorme importancia al asunto, pero pasan de ellas como ascuas, porque la disposición adicional cuarta resuelve el asunto diciendo que los vigentes títulos, sus efectos académicos y, en su caso,
profesionales. Yo le preguntaría qué quiere decir eso de que van a mantener todos sus efectos académicos, cuando en el futuro se exija la condición de máster o la condición de grado para determinados efectos académicos Es imprescindible, como
señala por otra parte con absoluta lógica el Consejo de Estado, que haya una homologación, convalidación o adaptación de los títulos anteriores. Esto afecta especialmente a los estudiantes que en estos momentos están cursando las carreras
universitarias, porque no es posible un sistema en el que los actuales títulos permanezcan algo así como en el limbo sin saber qué estancia les va a corresponder. Por tanto, estamos de nuevo en el terreno de las incertidumbres, de no saber a qué
atenerse y consecuencia de ello es la disposición adicional cuarta que se refiere al sistema enormemente confuso de acceso de los que ya tengan los títulos vigentes a los nuevos de grado o máster, lo cual necesita una aclaración que yo le requiero,
señora ministra.



Hay otro aspecto que usted ha tocado más o menos de pasada y que tengo que subrayar aquí y que queda absolutamente pendiente para la próxima legislatura. Todos sabemos que la financiación del nuevo modelo no está resuelta. Aquí, en esta
misma Comisión de Educación, se expuso lo que podríamos denominar la doctrina Quintanilla y es que este nuevo modelo no produce ningún gasto adicional; es decir que las carreras -en concreto se le preguntó y así lo dijo- que hoy necesitan 180
créditos y que van a pasar a 240 créditos no van a suponer incremento de gasto. Usted mantiene esta teoría, esta doctrina, de que esta adaptación no supone ningún tipo de gastos adicionales y parece ser que las nuevas metodologías de los estudios
tampoco. Ustedes -se lo he dicho, pero se lo reitero- han incumplido su promesa electoral de elevar el gasto público universitario al 1,5 por ciento. La tenían clarísima en su programa. Este año les faltaban 3.000 millones de euros para cumplir
ese compromiso y este año han dedicado una décima parte de esos 3.000 millones que les faltan. Por lo tanto, esta es un tarea, una asignatura pendiente.



Finalizo ya, señor presidente. Las conclusiones que se deducen del real decreto es que ustedes nos tienen que aclarar cuanto antes los asuntos -y algunos más- que les he señalado y que generan enorme incertidumbre. Nos tenemos que
plantear, cosa que admite que no está resuelta ni por el modelo que ustedes han adoptado ni por las condiciones o reglamentaciones del real decreto, cómo se va a hacer la adaptación de los nuevos estudios sin merma de la calidad de las carreras.
Este es un tema decisivo, señora ministra, y espero que comprenda que yo insista en ello -veo que no le gusta que se le planteen así las cosas-. Tenemos unos estudios universitarios, por ejemplo en medicina, que tienen un enorme reconocimiento de
la alta formación; en arquitectura, lo mismo. Las ingenierías españolas están enormemente prestigiadas en el ámbito europeo e internacional y surge, por lo tanto, la preocupación de si en el nuevo modelo se va a asegurar que no haya una merma en
la calidad de la formación. Nos jugamos mucho en la vida no solo académica sino social y económica española. Simplemente le voy a leer unas líneas de un reciente artículo de un prestigioso profesor e ingeniero, don Enrique Gutiérrez Bueno, al que
probablemente usted haya tratado y conocerá, que dice así: ¿Puede aceptarse que nuestro país no necesite ingenieros con la misma exigencia de conocimiento que médicos, arquitectos o abogados? ¿Se puede asumir que quienes han de responsabilizarse
del correcto funcionamiento técnico de nuestra sociedad y de sus infraestructuras solo estudien tres años más uno? ¿De verdad nos podemos creer que sobran los actuales ingenieros, esos que han hecho posible el impresionante avance tecnológico
experimentado por nuestra sociedad en los últimos años? Este es el sentir de una buena parte


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de la ingeniería. Ustedes dejan, señora ministra, pendientes cuestiones relevantes y decisivas sin resolver. Así, en este grado de incertidumbre no se puede aplicar el real decreto. Quien la suceda, señora ministra, tendrá muchas patatas
calientes.



Por mi parte, en nombre del Grupo Popular -y con esto termino, señor presidente-, quiero anunciar que, con sentido de la responsabilidad y en permanente diálogo con las universidades y con los colegios profesionales, teniendo en cuenta las
diversas soluciones de otros países en esta materia, vamos a revisar el modelo que de manera tan confusa y tan irresponsable está incoado en el real decreto, teniendo en cuenta las necesidades formativas de cada carrera, dotando al modelo de mayor
flexibilidad y acabando con el uniformismo, que no es el mejor criterio.
Esta es una tarea a mi juicio indispensable para la sociedad española que ustedes no han sido capaces de abordar ni resolver, y en este sentido en la construcción del espacio
de educación superior esta es una legislatura desperdiciada.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Cañigueral como solicitante de la comparecencia del Gobierno.



La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: En mi intervención voy a centrarme en dos temas. El primero, y haciendo ya referencia a un punto que debatimos en el marco de una interpelación el miércoles de hace dos semanas, con relación a las becas de
máster. Sabemos que el Gobierno ha lanzado este año una nueva propuesta de créditos renda dirigidos a la financiación de los másteres oficiales. También sabemos que al regular los másteres y pasarlos a oficiales el precio público...



El señor PRESIDENTE: Discúlpeme un segundo, señora Cañigueral. Rogaría a los miembros de la Comisión que bajaran el nivel de sus conversaciones, dado que esta sala tiene algunos problemas de defectos acústicos, aunque sea muy bonita, y nos
cuesta entender a la interviniente.



La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Como decía, los precios públicos también bajarán el coste de los másteres, pero aún así sigue habiendo muchas personas y muchas familias que no pueden costearse un máster. Por este motivo, queremos saber qué
previsiones hace el Gobierno en el incremento presupuestario dirigido ya no solo a becas de grado sino a becas de másteres, porque, como señalan las reivindicaciones de los estudiantes, hay un pequeño temor de que se acentúe la necesidad de cursar
este máster de especialización y que en cierta manera se genere un filtro entre las personas que pueden cursar el grado y las personas que pueden disfrutar de un máster. Por esta razón, pensamos que es importante que el Gobierno especifique cuáles
son estos mecanismos para asegurar el pleno derecho de igualdades, el derecho al acceso a la educación de todas las personas ya no solo a grados sino a másteres, porque es igual de importante acceder a un grado que a la posterior especialización.



Por lo que se refiere al nuevo Real Decreto de Ordenamiento de las Enseñanzas Oficiales, como bien conocen desde el ministerio, la Generalitat de Catalunya ha presentado un requerimiento de incompetencia frente a este real decreto porque a
su juicio se vulneran varias competencias que tienen designadas las comunidades autónomas en materia de universidades. No voy a entrar a leerle el requerimiento de incompetencia -estoy segura de que lo están estudiando-, pero sí que me gustaría que
hiciera una valoración sobre si piensan modificar este real decreto o qué mecanismos utilizarán para asegurar que se respeten las competencias de la comunidades autónomas en cuestiones tan importantes como la verificación y acreditación de los
planes de estudios, en la evaluación y acreditación en materia de garantía de calidad de la enseñanza, en los protocolos de verificación y acreditación, incluso también en la evaluación de las modificaciones de los planes de estudios.
Todas estas
cuestiones, tanto las competencias que se señalan en el Estatuto de Cataluña como -y más importante, porque se debatió en esta Cámara- la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que aprobamos el pasado mes de abril, definen a las agencias de
las comunidades autónomas como actores clave en todos estos procesos. Queremos que el Gobierno nos asegure que estas agencias, especialmente la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, la Agencia Catalana de Evaluación, puedan ejercer el
papel que les corresponde y se merecen, que además está definido por el Estatuto de Catalunya, en todos los procesos que hemos definido. Por último, quiero señalar, como se dice en el requerimiento, que también se vulneran competencias en el anexo
U de este real decreto en relación con la verificación de un título oficial a partir de la memoria que se presenta.



Me gustaría conocer su opinión sobre cada una de las cuestiones que le he planteado y que me diga qué mecanismos está desarrollando el Gobierno para solucionar este problema. Sabemos que mañana se celebra la Conferencia General de Política
Universitaria y me gustaría saber si van a abordar este tema y cómo lo va a plantear el Gobierno en el seno de dicha conferencia. Es importante y además justamente esta tarde vamos a debatir una moción que hace referencia a la implementación del
espacio europeo de Educación Superior. Cuando discutimos sobre la inversión que debe hacer el Estado en materia de universidades, la excusa que da el Gobierno es que las competencias en materia de universidades ya están traspasadas a las
comunidades autónomas, por lo que son las comunidades autónomas quienes tienen que solucionar los problemas de financiación. Lo que no logramos entender es que cuando se habla de financiación es competencia de las comunidades autónomas y en cambio
cada real decreto, uno tras otro, que elabora el Ministerio de Educación para desarrollar leyes que hemos aprobado en esta Cámara vulnera competencias


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de las comunidades autónomas. Por favor, les pedimos que tengan un poco de respeto a lo que establece no solo el Estatuto de Cataluña, sino la propia Constitución y las leyes que hemos aprobado en esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señora ministra, le doy la bienvenida a la Comisión en nombre de mi grupo parlamentario y por supuesto en el mío propio y le agradezco toda la información, ciertamente extensa, que nos ha dado en su comparecencia,
que, como usted ha dicho, seguramente va a ser la última de la legislatura.



Por lo que se refiere a la política universitaria, usted ha subrayado especialmente los aspectos positivos y ha hecho bien, naturalmente. Esa es la ejecución de cuanto se hace en el ministerio que usted dirige.
Convergència i Unió comparte
en términos generales que lo que se ha hecho está bien y por eso hemos apoyado las propuestas del ministerio en relación con muchas de las cuestiones a las que se ha aludido. No obstante, ya que yo no deseo subrayar solo los aspectos positivos,
permítame que le traslade algunas preocupaciones. La primera es la situación del sistema universitario español en el contexto mundial. Es indudable que España es un país que intenta estar bien situado en la sociedad del conocimiento y en este
sentido, como ya he dicho, se han hecho y se están haciendo cambios en la política universitaria y en la de investigación para corregir los aspectos que impedían que esto fuera así -usted los ha pormenorizado extensamente-; sin embargo, si
observamos la realidad, vemos que los ránquines dicen que España no cuenta con ninguna universidad situada entre las cien primeras del mundo y que solamente una, la de Barcelona, está entre las doscientas primeras, al final, concretamente la número
194. Yo creo que en esto no hay que buscar culpables, pero hay que analizar el porqué para intentar encontrar soluciones. Es conocido que los ránquines, tanto el Thats como el de Shanghai, clasifican a las universidades según unos indicadores, que
no voy a pormenorizar, pero por ejemplo está la opinión de los académicos consultados, la excelencia en investigación calculada a partir del número de citas que han recibido las publicaciones hechas por los miembros de la universidad dividida por el
número de profesores a tiempo completo, el número de artículos publicados en Natural Science, etcétera. Ciertamente, he de reconocer que en algunos de los indicadores algunas universidades españolas están bien situadas, pero el problema aparece
cuando se observan los indicadores sobre los que la universidad tiene poco control.
¿Cuáles son estos indicadores? Pues por ejemplo las universidades españolas se hunden en el indicador que mide el personal docente investigador en función del
número de estudiantes y también se hunden en el indicador que mide la atracción que cada universidad tiene para el personal académico de los otros Estados. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno para remediar esta situación? Pues, naturalmente, yo
creo que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la financiación de la investigación, se puede incrementar para aumentar en consecuencia la ratio de investigadores por el número de alumnos y también se puede continuar en el proceso de
eliminación del sistema de contratación rígido y conceder una auténtica autonomía a la universidad para contratar personal, porque ¿qué profesor de prestigio querrá venir a España con las condiciones de contratación que tiene la universidad
española? Estas condiciones están pensadas para un mundo cerrado, circunscrito al Estado español y, si no nos abrimos más que el paso que reconozco que se ha dado en esta legislatura, en la cual Convergència i Unió ha planteado múltiples
iniciativas para flexibilizar esta contratación, nos constará entrar en los ránquines del mundo.



El segundo tema es el de Bolonia. Reconocemos que el proceso de Bolonia, al que han aludido los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ha sido un gran objetivo universitario durante bastantes años que ha levantado unas
enormes expectativas entre los rectorados, el profesorado y el alumnado. Sin embargo, esto, que era un gran proyecto europeo, se ha convertido en una reforma del Estado español muy cuestionada. Seguro que llegaremos, como usted ha dicho, pero me
preocupa pensar que lleguemos tarde y que no lo hagamos excesivamente bien.



¿Qué temas nos preocupan especialmente? Pues especialmente nos preocupan tres. En primer lugar, el grado de movilización que está habiendo entre el estudiantado. Es un grado de movilización que yo creo que en buena parte responde a un
grado importante de desinformación, es decir, este proceso está generando inquietud y alarma en el propio estudiantado.
Realmente, a nosotros nos parece que en este aspecto las administraciones educativas no están siendo demasiado educativas o
demasiado pedagógicas.
Quizá habría que celebrar más sesiones de información o hacer llegar la información adecuada por los canales que se consideren oportunos. Los estudiantes tienen algunas preocupaciones que deben atenderse. Por ejemplo, es
absolutamente necesario tener una política de becas suficiente -no me voy a alargar, me sumo a las palabras de la portavoz de Esquerra Republicana- y también debe tener la universidad una bolsa de empleo en la que medie la propia universidad. Estos
son estímulos y recursos que existen en las mejores universidades extranjeras a las que justamente tratamos de poder compararnos.



Otro problema es la financiación del proceso, ha aludido a ello el portavoz del Grupo Popular y nos sumamos también a su preocupación. Hay una falta de recursos económicos. Creo que no se puede decir, como se hace en la memoria económica
del Decreto de ordenación, que la implantación no implica coste económico alguno porque es evidente que alguien tendrá que costear la adecuada formación y mayor dedicación del profesorado, que va a suponer todo el modelo de cambio pedagógico, que se
va a tener que financiar con recursos públicos la parte pública del precio de los másteres, que


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se va a tener que sufragar la habilitación y adquisición de nuevas infraestructuras para adaptarse a la nueva concepción pedagógica y que se va a tener que costear el que los grados pasen de tres a cuatro años. Por tanto, este es un
problema que nos preocupa y hay que clarificar algunas cuestiones al respecto.



Por último -y me sumo también a las palabras de la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana-, nos preocupa la invasión competencial que se ha realizado en el real decreto del pasado mes de octubre, al que usted ha aludido. El artículo 172
del Estatut de Catalunya dice que corresponde a la Generalitat la competencia compartida en la evaluación y en la garantía de la calidad y la excelencia de la enseñanza universitaria y también del personal docente investigador. Entendemos que
algunos artículos de este real decreto, al otorgar competencias exclusivas a la Aneca, están vulnerando estas competencias. Por otra parte, es un real decreto que se hace al amparo de los dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades y yo le puedo
asegurar que cuando votamos y negociamos este artículo en ningún momento pensamos que esto se fuera hacer así. Se puede hacer así, pero también se puede hacer de otra manera, es decir, con respeto competencial. Me gustaría que nos aclarara la
posición del ministerio al respecto.



Otro tema se refiere a la política de investigación. En primer lugar, quiero señalar que hay aspectos muy positivos en la política de investigación. Por una parte, los recursos destinados a I+D en las convocatorias de procesos competitivos
y en otras inversiones realmente han crecido. Otro aspecto positivo es que el nuevo Plan nacional de I+D+i 2008-2011 permitirá racionalizar las convocatorias anuales de la Administración General del Estado y se introducirá un sistema unificado de
información y gestión con ventanilla única telemática. Todo esto son pasos que reconocemos que significan ir hacia delante, pero hay pasos también que nos parece que no se han acabado de dar. Por ejemplo, no nos gusta que no se haya creado todavía
la Agencia estatal de evaluación, financiación y prospectiva de la investigación científica y técnica y desde Convergència i Unió lo lamentamos especialmente porque apoyamos en esta cuestión al Gobierno, para que en la tramitación de la Ley de
Agencias se incluyera esta agencia en el último momento entre las que se podían crear sin necesidad de una ley específica. Como usted puede comprender a nosotros nos hubiera gustado más que se hubiera creado por una ley específica, aunque solo
fuera por la posibilidad de intervenir los grupos parlamentarios a través de enmiendas, pero entendimos y valoramos la urgencia de crearlo y por eso lo apoyamos. Por tanto, valoramos negativamente que todavía no se haya creado. Le pregunto la
razón por la que todavía no se ha creado y cuándo se va a hacer.



Otro ejemplo que no nos parece positivo, quizás en otro tono o en otro escalón, pero también importante, es que una vez más se ha publicado la convocatoria de solicitud de ayudas para proyectos de investigación a final de año, concretamente
el 30 de noviembre, y con unos plazos para la mayoría de los grupos que van del 10 de diciembre al 10 de enero, y que encaja concretamente con el periodo vacacional de navidades. La verdad es que quiero trasladarle que no parece razonable que algo
que se realiza cada año y que, por tanto, no es ninguna sorpresa se publique con estos plazos, porque realmente coge a todo el mundo en un periodo en que les es muy complicado trabajar. Otro tema que quizás no afecte directamente a su ministerio
pero que es importante, porque va relacionado y sí afecta a la investigación y al desarrollo, es que resulta imprescindible potenciar las relaciones entre los sectores productivos y los grupos de investigación. Para ello es imprescindible también
mantener las deducciones y subvenciones por I+D+i empresariales. La reforma de la LIS recientemente aprobada no abunda en esto, sino que va en contra y quiero recordarle aquí que España está demasiado retrasada como para eliminar estos tipos de
apoyo.



Ya sé que hoy, como diría un insigne político de mi partido, no toca, pero como es la última sesión en este periodo parlamentario, porque acabamos con él y también con la legislatura, si el presidente me lo permite y solamente en un minuto,
me gustaría trasladarle la inquietud que me produce los resultados del informe PISA. Ha habido respuestas por parte del ministerio, pero a mí me gustaría que las respuestas fueran más contundentes. Señora ministra, creo que es muy importante
reconocer que tenemos un problema grave. Hay medios de comunicación que han titulado con grandes letras: Los estudiantes de 15 años no entienden lo que leen.
Esto es simplificar el tema, lo sé, pero realmente es ilustrativo de una situación muy
preocupante. La comprensión lectora en tres años ha bajado veinte puntos e insisto en que desde el ministerio se tendría que dar más importancia a este tema. Para ello es importante averiguar las causas de por qué pasa esto. Para mí no es
suficiente decir que hemos socializado la educación y hemos llegado tarde, porque también llegamos tarde a la socialización de la salud y de las pensiones y lo hemos hecho bien, muy bien me atrevería a decir. Aquí pasa algo concreto en este tercer
pilar del Estado del bienestar. Tampoco creo que tenga relación con el tema socioeconómico de los padres y concretamente de las madres, ya que las madres de mi generación, nuestras madres, casi ninguna tenía estudios universitarios. Si no le
ponemos remedio estamos yendo hacia una situación en que, por primera vez en la historia, habrá una generación que globalmente tendrá peor formación que la de sus padres. Esto es muy dramático. ¿Qué se puede hacer? Hay que reconocer que toda la
comunidad estamos implicados, la tribu, como decían, es necesaria para educar a una persona: las administraciones, la central pero también las autonómicas, las familias, los profesores y los propios alumnos. Únicamente quiero trasladarle -con esto
acabo mi intervención- antes de que se acabe la legislatura que esta Comisión ha tenido una presidenta y un presidente que lo han hecho francamente muy bien y que su intervención ha sido imprescindible para que en la


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Comisión hayamos podido tener un extenso y muy buen trabajo, llegando a acuerdos cada vez que se ha terciado y también que el ministerio está teniendo una muy buena ministra, desde la discrepancia en muchas ocasiones, desde el acuerdo en
otras muchas. Quiero agradecerle en nombre de mi grupo parlamentario que siempre y en todo momento usted haya tenido una disposición al diálogo y a llegar a acuerdo, al menos con el grupo parlamentario al que tengo el honor de representar. A todos
los demás les deseo muy feliz Navidad.



El señor PRESIDENTE: Para concluir este turno de intervenciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Palma.



La señora PALMA MUÑOZ: Señora ministra, evidentemente quiero sumarme a los agradecimientos por la información extensa y precisa que como siempre nos ha ofrecido en esta Comisión en una sesión que tiene un tono de balance, puesto que estamos
al final de la legislatura. Me atrevería a calificar que el balance que nos ha dado usted aquí como un balance riguroso, objetivo, sereno, yo diría que reflexivo pero proyectado hacia el futuro, lo cual le agradecemos muy especialmente personas que
compartimos con usted la preocupación por le futuro de nuestro sistema educativo y científico en la línea que decía la señora Pigem, pero con un matiz. Es verdad que el proverbio africano dice que para curar a un enfermo es necesario un médico y
que para educar a un niño es necesaria toda la tribu, pero esto de educar es muy complejo y tiene que ver con muchos factores diversos que no tienen una relación lineal entre ellos, sino que tienen lo que en tono posmoderno se llama relación
poliédrica. Por tanto, intervenir en estas cuestiones no es fácil -esto no es ninguna excusa-, pero el hecho de que sea difícil no nos exime de ninguna responsabilidad, sino que nos hace ser exigentes. Le agradezco que el tono de su intervención
no haya sido para nada autocomplaciente y que haya sido muy rigurosa en ofrecer con datos y de una forma objetiva los avances en materia de política universitaria y de política científica en los últimos años. Yo lo resumiría diciendo que nos hemos
puesto en la onda, es decir, desde el punto de vista internacional, que es desde el que se baraja y se maneja cuál es la situación del sistema universitario, de la educación universitaria y de la producción científica -no podemos hacerlo sólo en
clave de nuestro país, sino que debemos hacerlo en el entorno internacional-, yo diría que en los últimos años hemos conseguido colocarnos en lo que podríamos definir como una posición en el corazón de Europa, que es donde deben estar nuestras
universidades. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, desde el Grupo Socialista, con el planteamiento que ha hecho usted en su intervención, destacando sobre todo algunos ejes: Europa; compromiso en la inversión; mejora de la gestión;
insistir en la cooperación -cooperación entre agentes públicos y agentes privados, con la suma de esfuerzos-, y sobre todo la internacionalización. Hoy hemos hablado aquí básicamente de dos cuestiones: política universitaria y política científica.
En materia de universidades, de dos grandes temas: la reforma legislativa y la construcción del espacio europeo de Educación Superior. En materia de política científica, del aumento de los recursos.
Este Gobierno ha más que duplicado los recursos
destinados a I+D+i en una legislatura. El presidente Rodríguez Zapatero se comprometió a hacerlo en el momento de la campaña electoral y ha cumplido con creces este objetivo, porque es un objetivo que estaba cumplido a los tres años de legislatura.
En las dos cuestiones el tema importante es la internacionalización, la competitividad. ¿Por qué? Porque la universidad, no desde ahora sino desde siempre, ha sido fuente de riqueza y de bienestar para la sociedad, la universidad y la educación en
general.
Respecto a las referencias de la señora Pigem al informe PISA, aunque, como decía ella, parezca que hoy no toca, si entendemos la educación a lo largo de toda la vida, evidentemente, cuando hablamos de política universitaria también deben
preocuparnos los resultados en educación no universitaria en nuestro país.



La universidad es fuente de riqueza y de bienestar; nadie lo pone en duda, y la Unión Europea lleva trabajando intensamente en los últimos años para situar la educación en general y la educación superior en particular en los primeros
lugares de la agenda política, insistiendo a sus Estados miembros en que inviertan más en educación y en investigación y en que incrementen los niveles de calidad. La primera función de la universidad y la que dio lugar a su origen fue la formación
de los ciudadanos.
Pretendíamos tener buenos profesionales, buenos especialistas en determinadas materias y además que fueran influyentes: los abogados, los médicos, los ingenieros; para más tarde extender esta necesidad a la generación y
transmisión de conocimiento, que es su principal misión: la docencia y la investigación. Pero las universidades modernas, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, asumen la tercera misión en términos de responsabilidad social tal como fue
definida por Ortega y Gasset, entendiendo que tienen una influencia directa e indirecta sobre su entorno social, cultural y económico. Los efectos económicos y sociales de esta contribución son incuestionables, por lo que si pretendemos un
desarrollo social y económico mejor deberemos también mejorar el nivel de educación.



Un reportaje del New York Times, en el año 2004, hacía una afirmación que me parece especialmente interesante. Decía que desde cualquier punto de vista la educación superior en Estados Unidos -se refería a entonces- es uno de los mayores
éxitos de la historia de la humanidad. Esta sentencia, la tenemos claramente asumida a nivel europeo, y lo que nos preocupa en este momento no es solo -aunque también- una relación de competitividad con otras zonas del mundo, como pueden ser el
sudeste asiático o Estados Unidos, sino que lo que nos preocupa especialmente es contribuir a este desarrollo, a este éxito de la historia de la humanidad. A veces, al escuchar algunas intervenciones sobre según qué visiones catastrofistas y
reduccionistas de los


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cambios que estamos experimentando en este momento en nuestro país, una se preguntaría en qué país o en qué entorno vive quien las hace. Cuando echamos la vista atrás sobre el proceso de Bolonia vemos que en 1998 lo que animó a cuatro
ministros europeos para firmar la declaración de la Sorbona -antes de la de Bolonia, en 1998-, los de Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania, fue sobre todo trasladar al ámbito de la educación superior el tema de la convicción europeísta y de la
construcción europea. Pero a lo largo de los años los propios participantes en este proceso nos hemos dado cuenta -digo nos hemos porque somos participantes activos de este proceso de Bolonia- de que Bolonia va más allá del ámbito europeo y se ha
convertido en una revisión profunda, a nivel mundial, de las tres misiones de la universidad a las que aludía antes: la docencia, la investigación, pero también la transferencia de conocimiento, la relación con el entorno social.



Hay muchas instituciones que se están preocupando por este tema en los últimos años. Está la Unesco, que va más allá del entorno europeo y a la que le preocupa el papel de la educación superior en continentes como África, Asia y América del
Sur; está la OCDE, a la que le preocupa la relación de los niveles de formación superior con la economía; y está, evidentemente, la Unión Europea, la Comisión Europea, que, más allá del modelo de formación, relaciona también estas cuestiones con
el marco de calificaciones profesionales. Estoy intentando resumir en muy poco tiempo -porque el señor presidente me va a reñir si no lo hago en un tiempo prudente- que estamos embarcados en un proceso que tiene unos objetivos que van mucho más
allá de lo que a veces podemos vivir en nuestro entorno más inmediato. Es evidente que nos tenemos que preocupar, como decía el señor Nasarre, de que el desarrollo de los decretos de la modificación de la Ley de Universidades se hagan en plenas
condiciones, pero no es menos cierto que este desarrollo se ha hecho, como ha dicho la señora ministra, como no se había hecho nunca, con todas las garantías de diálogo, de contraste, de comparación y de participación de todos los agentes implicados
en el tema que nos ocupa.



El informe del New York Times que se publicaba en el año 2004 decía que sería un gran éxito que consiguiéramos un gran nivel de educación, y podemos asumirlo perfectamente. En clave europea hay que recordar que la Agenda de Lisboa establece
como objetivo para 2010 convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva a nivel mundial, y para eso es imprescindible que los sistemas de educación y de formación también se conviertan en referentes de calidad a escala
mundial. Pero el impacto de nuestras universidades en la formación de las nuevas generaciones todavía no ha podido ser medido de una forma suficientemente objetiva y adecuada. Es evidente que una gran parte de los cambios que ha experimentado
nuestro país en las últimas dos o tres décadas, dejando atrás cuarenta años de dictadura, tienen mucho que ver con la expansión de la educación universitaria. No debemos olvidar que entre el año 1995 y el año 2003 -fíjense que me refiero a un
periodo en el que, por su singularidad, mi valoración no es nada sospechosa de desviación política- pasamos del 27 por ciento de titulados universitarios en la población entre 25 y 34 años al 38 por ciento. Este es un esfuerzo muy importante que
han hecho las universidades españolas en los últimos años. El incremento en la producción científica todavía es insuficiente, pero ha sido también muy considerable y en gran parte gracias a las universidades. Parecería, si nos atenemos a los
ránquines que conocemos públicamente, que en Estados Unidos las cosas funcionan mejor.
Seguramente algunas sí, pero otras no tanto; y esto me han oído decirlo en esta Comisión más de una vez. Probablemente, lo que sí funciona mejor en Estados
Unidos -y me parece un tema importante a tener en cuenta respecto al futuro- es que están más claros la percepción, la implicación y el sentimiento de orgullo y satisfacción que tienen los ciudadanos estadounidenses, y la sociedad en general, en
relación con su sistema universitario. Por eso quiero relacionar esto con el tono de su balance y destacar especialmente el carácter reflexivo que la señora ministra nos ha ofrecido hoy aquí, porque podemos estar satisfechos y orgullosos del
esfuerzo que nuestro sistema de educación superior ha hecho en los últimos años. Podemos estar, y estamos desde el Grupo Socialista, especialmente satisfechos del balance de resultados de los cuatro años de esta legislatura, pero sabemos
perfectamente que no todo el trabajo está realizado y que son muchas las cosas que nos quedan por resolver.



Respecto a la política científica hay que decir que las universidades son las mayores y mejores máquinas de producción del conocimiento científico en nuestro sistema; no lo digo yo, lo dice el director general de la Fundación Cotec, Joan
Mulet, nada sospechoso tampoco de tener una querencia especial respecto a las universidades puesto que representa sobre todo el interés del sector empresarial en los temas en de I+D+i.
Las universidades agrupan a la mayor parte de nuestros
investigadores, representan en el ámbito español el 3 por ciento de la producción mundial de artículos de revistas científicas y de prestigio mundial, pero evidentemente carecen todavía de suficiente personal auxiliar de investigación, de
tecnólogos, y hace relativamente poco tiempo -como he dicho antes- que se ha intensificado el esfuerzo en incrementar los recursos públicos y privados. Por cierto, los públicos se han duplicado en esta legislatura y los privados todavía están por
debajo de lo que sería deseable. Estamos todavía lejos de aquel objetivo deseable de un euro público por cada 2 euros privados. Creemos que la inversión pública debe tener un efecto palanca sobre los recursos que se invierten desde la empresa y
desde la industria, y estamos convencidos de que con las nuevas propuestas que ha puesto encima de la mesa el Plan Nacional de I+D+i para 2008-2011 -al que la señora ministra se ha referido- se contribuirá, sin duda, a estas mejoras.



Señorías, el balance es positivo. Aquí no hay nada de tejer y destejer.
Ojalá en etapas anteriores hubiéramos


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tenido la misma celeridad, convicción, compromiso y eficacia que hemos tenido en estos últimos tiempos en los cambios que desde este Gobierno se han impulsado para el sistema público universitario y para el sistema de I+D+i. Con todo esto
nos hemos situado en el lugar del que no teníamos que haber salido nunca, que es el corazón de Europa. Ayer mismo, un ilustre profesor -porque cita a prestigiosos e ilustres profesores universitarios- que dirige una institución prestigiosa a nivel
internacional, el catedrático Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, empezaba un artículo con una alusión a Antonio Machado diciendo: se hace camino al andar.
Y eso es lo que ha hecho este Gobierno en materia de política universitaria y de política científica: hacer camino al andar, aunque el andar -como bien decía la señora ministra respecto al proceso de Bolonia- no acaba nunca. En cualquier caso, los
pasos que hemos dado nos sitúan siempre en mejor posición que la que teníamos anteriormente. Termino también con una alusión a la educación en general. Decía el profesor Michavila en su artículo que en 1996 Jacques Delors coordinó un delicioso
libro que llevaba por título La educación encierra un tesoro y decía: Algo más de diez años después, pocos dudan de que las universidades encierran el mayor tesoro de Europa. Venía a emplazarnos a cuidarlo abiertamente.



Permítanme que termine diciendo que hay también un libro muy interesante, que ha sido publicado hace poco, respecto a los temas de política científica. Aunque he intentado vincular, como no puede ser de otra manera, la política
universitaria con la científica, quiero insistir en que acabamos el Año de la Ciencia 2007 dentro de pocas semanas. Hemos contribuido con esta celebración a que los ciudadanos asuman la importancia de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico para el bienestar y la calidad de vida. Decía que me llamó la atención hace unos meses un bonito libro de Claude Allègre, ex ministro de Educación, Investigación y Tecnología, titulado La sociedad vulnerable.
Doce retos de política
científica, en el que establece un discurso muy interesante entre ciencia y política y que a los que tomamos decisiones respecto a los temas públicos nos tiene que hacer reflexionar y pensar.
Ni miedo ante la ciencia, ni satisfacción, ni falta de
orgullo sobre nuestro sistema educativo en general y, en particular, sobre nuestro sistema universitario, en ningún caso autocomplacencia pero satisfacción por el trabajo hecho. Quiero felicitarla, señora ministra, por su aportación a este camino
que nuestro país recorre en compañía de muchos partners europeos e internacionales y darle ánimo y nuestro apoyo para acabar con éxito esta legislatura. Espero que continuemos gozando de su serena reflexión sobre los temas de educación, de
universidad y de política científica de la misma forma que al inicio de esta legislatura los que estamos aquí pudimos disfrutar de sus aportaciones como presidenta de esta Comisión y como compañera diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y
estamos muy satisfechos de haber podido contribuir desde nuestra humilde posición, desde el Parlamento y desde el Grupo Parlamentario Socialista.



El señor PRESIDENTE: Creo que lo ha hecho a propósito para emplear el mismo tiempo que el señor Nasarre. Pensaba: a ver si se me queda en segunda posición, pero ha utilizado exactamente el mismo.



Señora ministra, tiene la palabra para contestar a los diferentes grupos parlamentarios.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Estoy más tranquila porque el vicepresidente me ha dicho que no ha estado en el ascensor todo el tiempo.



El señor PRESIDENTE: Entonces me ha engañado. (Un señor diputado: En parte.)


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchísimas gracias a todos los grupos por sus intervenciones. De verdad, ha sido un placer estar en esta Comisión como presidenta y como ministra las veces que he
comparecido. Ha sido siempre un placer escuchar las intervenciones porque siempre he dicho en público -y creo que estamos todos de acuerdo- que en el fondo a todos nos mueve, aunque discrepemos en cosas sustanciales, el mismo objetivo, que es
nuestro interés por el funcionamiento del sistema educativo a todos sus niveles y por nuestro sistema de ciencia y tecnología. Creo que coincidimos en eso, lo que nos permite hablar y discutir en unos términos que a lo mejor en otras cuestiones
serían más complicados. No voy a hacer una intervención larga porque es tarde. Por lo tanto, voy a hacer una intervención quizá demasiado contundente en algunos momentos, y me perdonarán que no matice.



No estamos tejiendo y destejiendo. Estamos en un proceso vivo, como he dicho, el proceso de construcción del espacio europeo de Educación Superior y la transformación de nuestro sistema universitario junto con la transformación del resto de
los sistemas universitarios europeos, porque no estamos solos. Es un proceso que tiene compromisos puntuales, como he señalado en mi intervención; compromisos puntuales, por cierto, que los consejos de ministros tienen perfecta capacidad para
revisar. Hay muchos países que han tejido y destejido al hilo de las reuniones que se celebran cada dos años, porque estamos en un proceso vivo que no termina en el año 2010 sino que, como he intentado explicar, tiene como fundamental y básico la
existencia de un espíritu común en la construcción de unas mejores universidades en toda Europa. En este sentido, no solamente no hay incertidumbre ni se ha desperdiciendo una legislatura, señor Nasarre, sino que creo que precisamente en esta
legislatura, y más específicamente en los últimos meses -se lo puedo asegurar y creo que cualquiera que lo vea con imparcialidad llegará a la misma conclusión-,


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hemos trabajado mucho. Además creo que hemos trabajado en una dirección que, si me lo permite -y creo que no me va a convencer de lo contrario-, es la correcta, la dirección de crear un marco normativo que permita funciones a las
universidades. En toda su intervención, señor Nasarre, me ha pedido que intervengamos. La filosofía del proceso de reforma no solamente en España sino en toda Europa es justamente la contraria. Las universidades tienen que tener más autonomía y
lo que tenemos que hacer es exigirles resultados. Ese es el espíritu que impregna la reforma de la Ley de Universidades, el Real Decreto de 29 de octubre, de Titulaciones, y todo el trabajo que hemos puesto en marcha.



No sé muy bien cuáles serán sus noticias, no las pongo en duda, seguro que las tiene, sobre lo que está pasando en las universidades. Nuestra percepción no es subjetiva. He aludido en mi intervención a distintas reuniones del Consejo de
Universidades y de la Conferencia general de política universitaria y a un intenso trabajo de reuniones y de preparación de cada una de nuestras medidas, y en ninguna de esas situaciones el espíritu y el estado de ánimo que nosotros percibimos es el
que usted dice, sino más bien el contrario. Las universidades han vivido durante bastantes años en una situación de incertidumbre y ahora tienen unas referencias claras. De hecho, las universidades nos han comunicado de manera sistemática a lo
largo de estos últimos años la necesidad de fijar un marco que es el que hemos fijado y que tiene como línea fundamental el respeto y la confianza en la autonomía de unas universidades que, como ha dicho la señora Palma, han demostrado durante
bastante tiempo en las últimas décadas una capacidad de adaptación y de acompañar al país en un proceso de modernización que nadie podría negar.
Por tanto, confiamos plenamente en su capacidad para poner en marcha las respuestas a estos nuevos
retos que, insisto, no solo tienen las universidades españolas sino también las europeas. En las reuniones internacionales donde se habla de estas cuestiones hay coincidencia plena respecto a las reformas que hay que poner en marcha. Incluso en
aquellos países que tienen tradiciones de sistemas universitarios muy centralizados, muy regulados y muy intervenidos, como es el caso francés, la reforma puesta en marcha va en la misma dirección que las reformas que hemos puesto en marcha en
España. ¿Con todas las cautelas? Dice usted que hay un acuerdo en las universidades españolas para no poner en marcha nuevas titulaciones en el curso 2008-2009. No son mis noticias, pero si las universidades deciden que quieren esperar a
2009-2010, están en su perfecto derecho. No me preocupa, no me inquieta ni lo entiendo como un rechazo al proceso de reforma puesto en marcha, sino a un ejercicio de responsabilidad de las universidades, que quieren llegar al comienzo de este
proceso de construcción de las nuevas titulaciones con mucha mayor seguridad. No es incertidumbre, no es legislatura desperdiciada, no son dudas. Señor Nasarre, yo he aludido en mi intervención a las últimas decisiones informadas en el Consejo de
Universidades en relación, por ejemplo, con algo que ha mencionado usted, que son los títulos que habilitan para profesiones reguladas. Usted me dice que no hemos sido capaces de hacer nada, y al Consejo de Ministros de este viernes van las
primeras y estamos trabajando en las siguientes. Lo he dicho en mi intervención. Esas titulaciones, lo que informó el Consejo de Universidades y lo que va a conocer el Consejo de Ministros, son resultado de un proceso de debate en el que han
participado, entre otros, los colegios profesionales. Respecto a los títulos que todavía se están discutiendo, que son los que yo sé que a usted le preocupan especialmente, que son las titulaciones en ingeniería, sepa que en las reuniones que se
están celebrando desde hace meses, y la última ha sido esta mañana, están participando las escuelas de ingeniería y los colegios profesionales, aparte de todos los implicados en la transformación de esas titulaciones, junto con el Ministerio de
Educación.



Por otro lado, por supuesto que no va a haber rebaja en la calidad de la formación de nuestros estudiantes universitarios, sino todo lo contrario.
Por eso, en el decreto de titulaciones se establecen los mecanismos de verificación y
acreditación de las titulaciones y además los mecanismos de evaluación sistemática del funcionamiento de esas titulaciones, porque lo que nos interesa fundamentalmente es la calidad. No solamente no va a haber rebaja sino que probablemente -y a eso
aspiramos todos- vamos a aumentar el nivel de exigencia en nuestras universidades. Ese es nuestro objetivo porque, como he dicho al principio de mi intervención, tenemos universidades suficientes, a las que tenemos que agradecer mucho en las
últimas décadas, pero queremos universidades excelentes. De ahí la reforma que hemos puesto en marcha y que, como digo, descansa fundamentalmente en el principio de confianza en las universidades y en su autonomía. ¿Podemos equivocarnos? Es
probable, pero hemos introducido los mecanismos de vigilancia suficientes como para que las equivocaciones se rectifiquen, lo que me temo que no ocurría cuando la intervención se producía a priori, es decir, con todas las cautelas sobre los inicios
de los procesos, y no sobre las evaluaciones de resultados en el funcionamiento. No hay ningún problema, ninguna preocupación para quienes ya están titulados ni para quienes están cursando estudios. Creo que cualquier comentario en esta dirección
introduce un clima de incertidumbre sin fundamento alguno y, por desgracia, muy perjudicial para el mundo universitario, porque no va a haber ningún problema. Va a haber todas las garantías de reconocimiento de los títulos existentes y, por
supuesto, para aquellos estudiantes que actualmente están cursando estudios. No entiendo de dónde pueden salir estas afirmaciones que no tienen fundamento de ningún tipo. No va a haber rebaja de calidad, se lo aseguro. Como he dicho, uno de
nuestros objetivos es la evaluación sistemática de la calidad de nuestras universidades. El principio de transparencia y de acuerdo, de contrato entre las universidades y la sociedad es lo que preside todas las medidas puestas en marcha. No vamos
a introducir ninguna rebaja, no vamos a introducir tampoco apresuramientos innecesarios, porque creemos


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que no tiene ningún sentido. Insisto en que estamos en un proceso vivo, que tiene una fecha, que es 2010, que es una fecha -si me permiten decirlo- convencional que los países participantes en el espacio europeo de Educación Superior nos
hemos puesto para marcarnos objetivos a corto y medio plazo, pero que en la última reunión celebrada en Londres ya trascendió en sus objetivos porque se fijaron objetivos más allá de 2010.
Por tanto, ninguna preocupación, pero tampoco ninguna
obsesión con la aceleración en el proceso.



En este proceso -y sobre esto han intervenido otros grupos parlamentarios- de definición y de construcción de las universidades que queremos por supuesto que nos vamos a sentar a discutir cómo se va a financiar ese modelo de universidad.
Será un debate sobre financiación de las universidades paralelo al proceso de construcción de ese modelo de universidad. Mientras no nos sentemos y asumamos al mismo tiempo las responsabilidades que nos tocan a cada uno -la Administración General
del Estado, las comunidades autónomas y las propias universidades-, pongamos al día nuestras cuentas y definamos cuáles son nuestros objetivos, difícilmente vamos a poder hablar de manera ajustada sobre la financiación que necesita la universidad.
No podemos caer en la trampa de ponernos a hablar de financiación antes de saber qué es lo que queremos poner en marcha. Hasta ahora hemos definido el marco, ahora llega el momento de sentarnos a discutir sobre esto. Ese es el sentido que tiene la
afirmación que han citado varios de ustedes en la memoria económica del real decreto respecto a que este real decreto no necesita financiación económica. El real decreto no, la universidad que queremos construir, por supuesto que sí. En mi
opinión, ya hay compromisos muy asumidos pero hay que ponerlos al día por parte de todos los implicados.
El Ministerio de Educación y Ciencia está contribuyendo a la financiación universitaria de una manera clara y evidente en aquello que le
compete directamente -y me he referido a ello en mi intervención-, como es la política de becas y la política de investigación. Los compromisos presupuestarios de esta dirección son en la última legislatura absolutamente incuestionables; son
nuestras dos grandes vías de intervención en la financiación de las universidades. ¿Que del resultado de lo que tenemos que discutir asumimos otros compromisos? Los veremos, pero hasta ahora estamos cumpliendo rigurosamente con una financiación de
las universidades a través de la política de becas y de la política de investigación que a la vista de los datos presupuestarios difícilmente creo que se puedan poner en duda. Muchas comunidades autónomas están poniendo ya en marcha
programas-contrato con sus universidades que responden en gran medida a ese modelo de universidad al que queremos ir.
Tenemos que conocer qué comunidades autónomas lo están haciendo, cuáles son sus datos, ponerlos en común y ver de qué manera las
comunidades autónomas tienen que seguir en la misma línea o tienen también que introducir cambios en sus compromisos con las universidades, y las universidades tienen un enorme reto por delante que algunas ya están cumpliendo. El gran reto de las
universidades es gestionar de manera eficaz los recursos públicos que tienen y rendir cuentas de la gestión de esos recursos públicos.



Todos esos compromisos forman parte de un compromiso por la financiación de las universidades, de esas universidades a las que vamos, no de las que tenemos, que ya están financiadas, aunque sea de manera deficiente -podríamos considerar que
están financiadas de manera deficiente-, y lo que tenemos que discutir es cómo queremos que se financien esas universidades a las que vamos. Por eso no hay memoria económica; por eso va a haber un debate sobre financiación de esas universidades a
las que vamos, en el que vamos a asumir todos los compromisos que queremos. Es verdad, señora Pigem, que estamos discutiendo en qué espacio a nivel internacional están las universidades españolas. Todos sabemos cómo se hacen los ránquines de casi
todo y, por tanto, tenemos la información suficiente como para saber calibrar qué indicadores son más indicativos que otros. ¿Por qué no hay universidades españolas en esos ránquines internacionales? Probablemente si sometemos esto a debate -no
sería mal debate- encontraremos contestaciones muy dispares. Todas ellas nos van a ayudar a situar nuestras universidades en ese ranquin, aunque no me gustaría llamarlo ranquin porque no creo que sea cuestión de ponerlas en línea; no creo que sea
bueno convertir un ranquin en lo que no debería ser. Los ránquines o los informes internacionales son buenos en la medida en que brindan información; no son tan buenos en la medida en que se utilizan de manera un tanto perversa para castigar unos
países o unos ejemplos frente a otros. Los ránquines internacionales en universidades -y al final me voy a referir, aunque efectivamente no toca, al informe PISA- se hacen como se hacen, y aquí pasa como pasa en otros aspectos en el sistema
educativo, que hay universidades que ponen en marcha políticas exclusivamente dirigidas a estar en los ránquines internacionales. Es una opción de las universidades, y es verdad que eso es más fácil para universidades más pequeñas o para
universidades con una seña de identidad muy clara y que, por tanto, están volcando todo su esfuerzo en una determinada dirección, que para universidades -como muchas universidades españolas- muy grandes y por tanto muy desiguales internamente, con
lo cual la media de esa universidad castiga las instituciones de mayor calidad porque rebaja el nivel medio de las universidades. Es decir, la elaboración de los ránquines de universidades es compleja. Insisto, es muy útil la información que
brindan y además la provocación que suponen porque, evidentemente, queremos estar en esos ránquines y creemos además que podemos estar. No solamente eso, sino que estamos en la línea correcta para estar en esos ránquines de las mejores
universidades internacionales, y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Ya saben que soy optimista por naturaleza, antropológicamente optimista, pero creo además que en este caso tenemos razones para serlo y me remito a lo que las
universidades han hecho en el pasado. Si han sido capaces de hacer lo que han hecho, como he dicho al


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principio, serán capaces de asumir los retos que tienen por delante. Desde luego, como evidentemente no se le escapa a nadie porque es de una lógica aplastante, el mayor interés de un ministro o una ministra de Educación es que ocurra eso.
No entendería yo a un ministro o ministra de Educación cuyo empeño fundamental fuera rebajar el nivel de exigencia de las universidades. No me cabe en la cabeza y desde luego no es eso lo que estamos haciendo sino todo lo contrario.



Es muy probable, señora Pigem, que la información sobre el espacio europeo de Educación Superior no esté llegando a los estudiantes como nos gustaría. Estamos tratando de conseguirlo. No es fácil y a poco que recordemos nuestras épocas
universitarias -evidentemente, los jóvenes han cambiado pero a lo mejor no tanto- nos damos cuenta de qué informaciones nos llegaban y por qué vía. Podemos colgar en la página web del ministerio toda la información sobre el espacio europeo de
Educación Superior o tratar de organizar reuniones para explicarlo a los estudiantes, pero tenemos que darle vueltas para ver cómo lo conseguimos, porque es verdad que la movilización de los estudiantes -que yo pondría en sus justos términos- que se
pueda producir se va a deber en gran medida a desinformación, porque los estudiantes son uno de los centros clarísimos del proceso de transformación de ese espacio europeo de Educación Superior.



Me he referido ya a la financiación que ha mencionado también la señora Pigem. Insisto, el modelo de financiación que tenemos que discutir es el modelo de financiación de esa universidad que queremos construir y estoy segura que ahí vamos a
estar todos. Han comentado las señoras Pigem y Cañigueral el requerimiento de la Generalitat. Es un tema que ya habíamos discutido y que conocemos. Estamos estudiando el requerimiento y puedo asegurar de antemano que nuestro objetivo es tener
agencias de evaluación, tanto la Aneca como las agencias de evaluación que puedan existir en las comunidades autónomas, reconocidas internacionalmente y por lo tanto equiparables y en muchos procesos indistinguibles. Este es un objetivo de nuestra
política universitaria y en este sentido considero que son muchas las posibilidades de resolver este tipo de conflictos.



Hemos trabajado en la Agencia de Financiación, Evaluación y Prospectiva y, de hecho, ahora mismo el borrador del texto de esa agencia está en el MAP, en el Ministerio de Administraciones Públicas. Creemos que hay que tener esa agencia y
cuando se discutió la Ley de Agencias nos empeñamos en que entrara en la lista de agencias que no necesitan una ley. Será una realidad. No me atrevo a ponerle fecha, pero le puedo asegurar que ha habido muchos miembros de la comunidad científica
implicados en el diseño del borrador de esa agencia y ahora mismo, como le he dicho, está en el Ministerio de Administraciones Públicas.



Seguro que me dejo cuestiones por tratar pero, puesto que lo ha mencionado la señora Pigem, aunque efectivamente no toca, me gustaría hacer una última reflexión, sobre el informe PISA. Ya he dicho algo sobre los informes internacionales y
lo aplico al informe PISA, que es un informe muy complejo, con mucha información y que necesita un estudio detenido para convertirse en un instrumento útil y no en un instrumento de comentario crítico sobre el sistema educativo. Decir esto no
significa quitarle importancia a los resultados del informe PISA. No entiendo que pudiera existir un ministro o una ministra de Educación que no atendiera a resultados de informes como el informe PISA; pero resultados que, insisto, hay que medir y
entender en el contexto del informe. Por ejemplo, la señora Pigem ha aludido al índice socioeconómico -y yo en alguna intervención pública he aludido al nivel de formación de los padres- y esto no es echar culpas o repartir responsabilidades. Es
uno de los índices que utiliza el informe PISA para medir los resultados y ponerlos en una determinada relación. Evidentemente, España tiene todavía un déficit acumulado en los niveles de formación de generaciones anteriores. Esto no es
responsabilizar a nadie, es leer el informe PISA y tenerlo en cuenta. Ahora bien, evidentemente nos preocupa el resultado de este informe, nos preocupa esa caída en el índice de comprensión lectora pero también debemos complicarnos un poco la vida.
Esa caída es generalizada. Si miran ustedes los países que están por encima de esa media de 500 verán que son pocos. Esa caída generalizada puede decir muchas cosas. Puede querer decir que técnicamente hay problemas con ese indicador, puede
querer decir que estamos hablando de un indicador que no es el objetivo central del informe PISA de este año y, por lo tanto, un 15 por ciento del informe es lo que se dedica a comprensión lectora y eso puede tener algo que ver con esos resultados
pero, en cualquier caso, aunque haya explicaciones de carácter técnico, por supuesto que nos preocupa pero no nos preocupa ahora, al conocer el informe PISA, nos preocupaba cuando hicimos la Ley Orgánica de Educación. Por eso hay compromisos en
relación con la lectura a lo largo de toda la ley. También nos preocupaba cuando pusimos en marcha el Plan de Bibliotecas Escolares desde el principio de la legislatura. Sabemos -otra cosa sería entrar en el análisis más detallado y más experto
del contenido- que hay un problema de comprensión lectora, pero no solamente en España, insisto, la caída es generalizada aunque sea más pronunciada en unos países que en otros. Este es un tema que tenemos que discutir y lo vamos a hacer. De
hecho, ya hemos puesto en marcha iniciativas y propuestas en esta dirección.



Probablemente me he dejado temas sin contestar pero el presidente, que es muy generoso, seguro que va a abrir un segundo turno.



El señor PRESIDENTE: No es que el presidente sea generoso, es la técnica que se encontró cuando este presidente llegó a esta Comisión, es decir, que normalmente se abría un segundo turno. Es una buena costumbre, por hablar no debe de
quedar, como dicen los castellanos. Pero no necesariamente todos los grupos parlamentarios tienen que solicitar la palabra. Una cosa es que abra un segundo turno muy breve pero, como decía, no es obligatorio


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apuntarse. El señor Nasarre sí que lo va a hacer. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Señor Nasarre, tiene la palabra muy brevemente para fijar alguna apreciación en relación con el orden del día.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Haré cuatro mínimas observaciones a la señora ministra. Primero, el tema de la inquietud en relación con los actuales títulos no es una inquietud mía, señora ministra, es un problema que plantea, con enorme
claridad, el Consejo de Estado en su dictamen que dice que el proyecto de real decreto sometido a consulta no establece los nuevos títulos de grado sino solo la estructura de las enseñanzas. Ello no es contrario a la Ley Orgánica de Universidades
siempre que en la norma proyectada o en otra posterior a la que esta remita se prevea la homologación, convalidación y adaptación de los títulos anteriores. Esto es esencial. Por tanto, aquí hay un horizonte no resuelto, una incertidumbre que se
tiene que desplazar a los estudiantes, a los jóvenes profesionales, que se preguntan: Mi título actual, ¿qué va a suponer en relación con el futuro? Mi título, que he conseguido con 300 créditos, por ejemplo, ¿va a ser igual que el nuevo grado de
240 créditos? ¿Va a valer más? ¿Va a ser equivalente al máster? Eso se están preguntando en estos momentos en todos los pasillos de las aulas universitarias.



Segundo, señora ministra -yo no lo he suscitado pero quería fijar minímamente mi posición en relación con el tema de la Aneca, que han suscitado otros portavoces parlamentarios-, en el modelo que ustedes han diseñado -que he dicho que no
comparto- de elaboración de los títulos me parece que la función de verificación de examen de la Aneca es esencial y que debe estar en manos de la misma agencia, puesto que se trata de títulos con validez en todo el territorio nacional. Por tanto,
la fragmentación en diecisiete agencias a mí me parece, señora ministra, que plantearía enormes problemas, y quiero que usted conozca mi posición.



Tercero. Usted me ha dicho que todas las medidas que yo he propuesto son de mayor intervención. Es de mayor intervención para que haya menos intervención, señora ministra. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en el corsé de que todos los
grados tengan el mismo número de créditos y desde el primer momento he pedido mayor flexibilidad. Qué mayor corsé y qué mayor intervencionismo que fijar el mismo número de créditos para todo el tipo grado, sean cuales sean las exigencias o las
necesidades formativas.
Ponga usted unos mínimos. Los mínimos para eso tienen que ser esos, pero ¿y si alguien quiere o estima pertinente incrementar la calidad de este sistema de formación? O, por ejemplo, puede haber algunas exigencias
formativas que requieran, como está pasando en otros países, el master integrado, grado más master en un mismo proceso formativo. Tampoco ustedes lo admiten. Ustedes han hecho un modelo rígido, uniforme, poco flexible y, por lo tanto,
intervencionista.



Cuarto, y por último, yo no lo había mencionado tampoco en mi primera intervención, pero usted ha dicho unas palabras en torno a este tema que afectan seriamente a la calidad de la educación universitaria, que es el nuevo proceso de
acreditación. Usted ha dicho que ya está en condiciones de ponerse en marcha. Yo le manifiesto mi enorme preocupación por que la acreditación de todos los nuevos catedráticos y titulares de la futura universidad española en todas las áreas de
conocimiento esté en manos de cinco comisiones, formadas por siete miembros, que van a tener la imposible tarea de seleccionar a los mejores en áreas de conocimiento que no conocen. Es decir, que en la comisión de ciencias sociales y jurídicas un
catedrático de sociología o de economía aplicada o de estadística o de comunicación audiovisual sean los que juzguen si está en condiciones de ser acreditado un catedrático o un titular de derecho procesal, a mí me parece que tiene enormes riesgos y
lo tengo que decir. (La señora García-Alcáñiz Calvo: ¡Qué barbaridad!). Señor presidente, me hubiera gustado decir algunas palabras sobre el informe PISA. Por cortesía a la Comisión -no sé si tendremos ocasión de decirlo en alguna sesión de esta
Comisión-, no las voy a decir por no disponer de más tiempo del que me ha dado, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): No sé como decírselo. Sé perfectamente cuál fue el comentario del Consejo de Estado y también nuestro comentario al comentario del Consejo de Estado.
No hay ninguna
incertidumbre y no la va a haber en la homologación. Quien tiene un título lo tiene ahora y lo seguirá teniendo en el futuro.
Estamos diseñando un esquema de ciclos de estudios que no es una mera adaptación de lo existente y, por lo tanto,
tengamos que buscar a qué se parece más un licenciado, si a un graduado o a quien tenga un título de máster. Son cosas distintas. Quien es licenciado ahora lo va a seguir siendo toda la vida y se le va a reconocer ese título exactamente igual que
se le reconoce ahora mismo. Lo que se va a poner en marcha es un sistema de titulaciones distinto, que tardará en implantarse a nivel general, y que introduce unos ciclos en las enseñanzas universitarias que no son traducibles Pero eso no quiere
decir que no se reconozcan los títulos existentes. Por supuesto que sí. Nunca jamás ha habido una reforma universitaria que ponga en cuestión la existencia de titulaciones existentes.



Por supuesto que la Aneca es fundamental, señor Nasarre -y nosotros lo sabemos-, sobre todo en el reconocimiento y verificación de títulos oficiales, pero esto no tiene nada que ver con la existencia de diecisiete sistemas diferentes.
Estamos hablando de autonomía universitaria, de autonomía de las universidades para plantear sus titulaciones y de agencias de calidad que tendrán que ser mutuamente reconocidas. Esto no tiene nada que ver con la existencia de diecisiete sistemas
desiguales. No hay ninguna rigidez en el sistema, señor Nasarre.
No entiendo su afirmación en el sentido de introducir


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240 créditos de más y la compatibilidad de estas afirmaciones con otras que usted hace defendiendo las titulaciones existentes, que sí que son rígidas. Aquí no hay rigidez. Las universidades van a poder proponer las titulaciones que
consideren pertinentes. La rigidez actual -insisto- viene de que los mecanismos de control son mecanismos de control previos, sin ningún control sobre los resultados de lo que existe. Le hemos dado la vuelta. Es la mayor garantía de calidad y de
flexibilidad. Las universidades proponen y nosotros tenemos que controlar la calidad de lo que proponen y que cumplan con lo que anuncian en sus propuestas. Así es como funcionan la inmensa mayoría de los países que tienen sistemas universitarios
a los que queremos parecernos. Esta es la manera. No hay ningún catálogo cerrado de titulaciones, ninguna lista preestablecida.
Hay autonomía de las universidades, señor Nasarre. Y el sistema de acreditación y contratación de profesorado por
parte de las universidades es el sistema que existe en la inmensa mayoría de los sistemas universitarios. Le puedo asegurar que va a tener unas garantías de calidad y de exigencia en la acreditación y en la contratación que nos van a permitir tener
el profesorado que queremos en las universidades.¿Me paso de confiada? Es probable. Pero creo que el mecanismo y los instrumentos para tener universidades excelentes, que es lo que queremos, son los que hemos puesto en marcha y descansan sobre la
autonomía de las universidades y, por tanto, sobre el control a posteriori de lo que hacen. ¿Que tendremos que aprender el camino? Por supuesto, porque tenemos universidades acostumbradas a funcionar bajo otros parámetros.
¿Que el camino será más
o menos complicado? Ya lo iremos viendo. Pero, ¿que el camino es este? A mí no me cabe ninguna duda.



El señor PRESIDENTE: Señores miembros de la Comisión, ya que probablemente esta será la última sesión de la Comisión -eso no depende de mí, sino de las circunstancias, de los portavoces, como decía un amigo mío: al de por si acaso nunca le
pillaron-, permítame que, como presidente de la misma -si lo tengo que reiterar en una próxima sesión lo haré o me referiré a estas palabras-, termine mi trabajo agradeciendo, en primer lugar, a la Mesa la labor que ha desarrollado, junto con esta
Presidencia, en esta Comisión y especialmente a la ministra, que fue mi antecesora y dejó las cosas muy fáciles; en segundo lugar, a los portavoces de los grupos parlamentarios y a los miembros de la Comisión el excelente trabajo y la cortesía
parlamentaria que han desarrollado en todas sus intervenciones parlamentarias. Quiero agradecer también al equipo del Ministerio de Educación y Ciencia haber facilitado siempre el trabajo, la colaboración y el encuentro con esta Comisión y con esta
Mesa, y el envío de la documentación a la que se habían comprometido, excepto alguna pregunta parlamentaria. Quiero agradecer a los servicios de la Cámara, empezando por la letrada, el trabajo realizado, así como a los miembros que trabajan en la
Comisión de Educación y Ciencia; a los servicios del Congreso, al servicio de taquígrafos, ujieres y personal del Congreso, y a los medios de comunicación, que nos han seguido a lo largo de todo este trabajo. Gracias a todos hemos podido colaborar
modestamente en un trabajo que está sirviendo para modernizar el sistema educativo español, al haber abordado los temas que interesan a los ciudadanos y haber hecho especial hincapié en la política científica y en el mundo de la investigación que
son los retos del futuro. También al haber abierto ventanas de colaboración en esta Comisión con el mundo ciudadano, educadores, investigadores, etcétera.



Déjenme expresar, no como presidente sino como Ángel Martínez Sanjuán, mi agradecimiento por haberme acogido a mitad de la legislatura en esta Comisión, en la que me he sentido muy arropado y en la que me encuentro muy feliz de haberles
presidido y sobre todo de haberles conocido. Les deseo lo mejor en lo político y sobre todo en lo personal, no solo en estas fechas, sino siempre. Muchas gracias. (Aplausos.)


Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.