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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 944, de 20/11/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 944
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 53
celebrada el martes, 20 de noviembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre aplicación de programas de mediación cultural para extranjeros en centros penitenciarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002083.)... (Página 4)
- Sobre ejecución del plan de amortización y creación de centros penitenciarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002084.)... (Página 5)
- Relativa a la ubicación de la nueva oficina de extranjería en Almería.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001986.)... (Página 8)
Sobre despenalización del consumo de drogas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/002131.)... (Página 10)
Preguntas:
De la señora Sánchez-Camacho Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
- Contenido del zulo de Amorebieta descubierto por la Ertzaintza, días antes del atentado de Barajas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/123940). (Número de expediente 181/003513.)...
- Medidas para afrontar el problema de la masificación del centro penitenciario de Córdoba y evitar nuevos motines (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/123935). (Número de expediente
181/003514.)... (Página 15)
- Medidas para paliar la inseguridad del gremio de joyeros, plateros y relojeros (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/123925). (Número de expediente 181/003515.)...
- Actuaciones que está desarrollando el Gobierno en relación con la proliferación de bandas callejeras como los 'ñetas' o los 'latin kings' (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/123797).
(Número de expediente 181/003516.)... (Página 15)
- Medidas previstas por el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana en Extremadura (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/123796). (Número de expediente 181/003517.)...
(Página 15)
- Problemas que están surgiendo en la gestión de permisos de residencia en el proceso de regularización (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/123785). (Número de expediente 181/003518.)...
- Tasa de criminalidad en cada una de las provincias españolas en el año 2006 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/118571). (Número de expediente 181/003519.)...
- Número de infracciones penales en cada una de las provincias españolas durante el primer trimestre del año 2007 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/118570). (Número de expediente
181/003520.)... (Página 15)
- Funciones establecidas en el contrato que deben desempeñan los traductores de árabe de Instituciones Penitenciarias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/112801). (Número de expediente
181/003521.)... (Página 15)
- Tasa de criminalidad de las provincias españolas en los años 1995 a 2006 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/112783). (Número de expediente 181/003522.)... (Página
15)
- Previsiones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, acerca de la contrata de limpieza del centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/108051). (Número de expediente 181/003523.)...
(Página 15)
- Situación actual del despliegue de los mossos d'esquadra en Cataluña (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/082771). (Número de expediente 181/003524.)... (Página
15)
- Incremento de la policía especializada en bandas juveniles que se ha producido en los últimos doce meses (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/034609). (Número de expediente 181/003525.)...
(Página 16)
Del señor Bardisa Jodá (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre número de policías nacionales, que prestaban sus servicios en la comunidad de Madrid en el año 2006, destinados a otras comunidades autónomas (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/108087). (Número de expediente 181/003530.)...
(Página 16)
De la señora Sánchez-Camacho Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y otro, sobre:
- Número de faltas conocidas, en cada provincia española, durante el año 2006 y comparación respecto al año anterior (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/109397). (Número de expediente
181/003595.)... (Página 16)
- Convenios firmados entre el Ministerio del Interior y los municipios desde el año 2002 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/037576). (Número de expediente 181/003596.)...
De la señora Vázquez Blanco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y otros, sobre:
- Cambios experimentados en la situación administrativa del comisario jefe de la comisaría de Ourense, don Avelino de Francisco, dentro del Ministerio del Interior, en el año 2007, así como motivos de los mismos (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/127025). (Número de expediente 181/003599.)... (Página 16)
- Cambios experimentados en la situación administrativa del comisario jefe de la comisaría de Ourense, don Avelino de Francisco, dentro del Ministerio del Interior, en el año 2007, así como fechas en las que se han producido (procedente de
la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/127024). (Número de expediente 181/003600.)... (Página 16)
- Situación administrativa del comisario jefe de la comisaría de Ourense, don Avelino de Francisco, a fecha anterior al 09/05/2007, dentro del Ministerio del Interior (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/127023). (Número de expediente 181/003601.)... (Página 16)
- Situación administrativa del comisario jefe de la comisaría de Ourense, don Avelino de Francisco, a fecha posterior al 11/05/2007, dentro del Ministerio del Interior (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/127022). (Número de expediente 181/003602.)... (Página 16)
- Situación administrativa del comisario jefe de la comisaría de Ourense, don Avelino de Francisco, a fecha posterior al 27/05/2007, dentro del Ministerio del Interior (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/127021). (Número de expediente 181/003603.)... (Página 16)
- Situación administrativa del comisario jefe de la comisaría de Ourense, don Avelino de Francisco, dentro del Ministerio del Interior, a mes de julio de 2007 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/127020). (Número de expediente 181/003604.)... (Página 16)
Proposiciones no de ley (continuación):
- Relativa a la construcción de una comisaría de policía en Puerto Real (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000651.)... (Página 17)
- Relativa a la revisión del catálogo de puestos de trabajo de las comisarías de policía y plantilla de la Guardia Civil de la provincia de Cádiz para adecuarlo a las necesidades actuales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001988.)... (Página 17)
- Relativa a la creación de una unidad de Policía Nacional en la comarca del Aljarafe sevillano. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002129.)... (Página 21)
- Por la que se insta al Gobierno a establecer los requisitos para reformar las disposiciones legales por las que se limita el proceso de habilitación del personal de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001702.)...
(Página 22)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MEDIACIÓN CULTURAL PARA EXTRANJEROS EN CENTROS PENITENCIARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002083.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Vamos a empezar la Comisión. Se propone una modificación del orden del día, que supone una alteración del orden del debate, teniendo en cuenta la participación de los ponentes en otras comisiones.
Si SS.SS. así lo estiman, el orden del día quedaría de la siguiente manera: la primera y la segunda proposición no de ley seguirían en su orden; la quinta pasaría a ser la tercera; la octava pasaría a ser la cuarta; la tercera y la cuarta, que
se van a sustanciar conjuntamente, estarían en quinto lugar, y la sexta y la séptima quedarían como figuran en el orden del día. (Pausa.) También les anuncio, señorías, que la votación no se producirá antes de las doce y media del mediodía.
Comenzamos la sesión con la primera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de programas de mediación cultural para extranjeros en centros penitenciarios. Tiene la palabra la señora Niño para su defensa
por el grupo proponente.
La señora NIÑO RICO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender una proposición no de ley dirigida al Gobierno con el objetivo de promover una mayor aplicación de la mediación cultural en los centros
penitenciarios españoles y, más concretamente, programas dirigidos al colectivo de reclusos y reclusas inmigrantes. El fenómeno de la inmigración está transformando nuestro país en un país multicultural donde viven juntas personas de lengua,
religión y cultura diferentes.
Conocer al otro, su realidad histórica, cultural y religiosa es, seguramente, uno de los aspectos fundamentales para la realización de una convivencia pacífica y para una buena gestión del fenómeno de la inmigración.
El desafío de las políticas de integración debe conocer, respetar y valorar las diversidades superando las recíprocas desconfianzas, miedos y prejuicios con el objetivo de prevenir comportamientos discriminatorios xenófobos y para conseguir una
convivencia democrática. Nuestra propuesta quiere ahondar en el trabajo que se viene realizando en políticas de integración y, más concretamente, en la realidad de nuestros centros penitenciarios. Recordemos que en los Presupuestos Generales del
Estado de los últimos años tanto el Ministerio del Interior como el de Trabajo y Asuntos Sociales o el de Administraciones Públicas han contado con partidas específicas para el trabajo en integración y en este caso concreto para una realidad
específica dentro de los centros penitenciarios. Ha sido por primera vez en esta legislatura cuando se han puesto en marcha programas de mediación cultural en los distintos centros.
Señorías, para conseguir este objetivo traemos a colación qué significa el concepto mediación, definido como una alternativa pacífica para resolver conflictos y como un proceso que puede contribuir a un mayor entendimiento y tolerancia entre
culturas. Cuando hablamos de emitir mensajes entre personas de distintas culturas, es prácticamente seguro que los problemas de entendimiento y de interpretación van a aumentar.
¿Por qué? Porque no utilizamos un mismo lenguaje ni verbal ni no
verbal para expresar incluso conceptos similares. Lo que hacemos es emitir nuestro mensaje según nuestro marco de referencia, es decir partiendo de nuestras ideas, de nuestras creencias y de nuestra ideología. Para que el esquema anterior pueda
llegar a un proceso de entendimiento es necesaria la existencia de una misma estructura semántica, estructura que evidentemente no se da en la comunicación intercultural. Ello propicia un aislamiento y provoca que el inmigrante de nacionalidad por
ejemplo marroquí, prefiera compartir su día a día en España más con los marroquíes que con los propios españoles. Esta realidad es trasladable a la vida en los centros penitenciarios, donde la población de origen inmigrante comporta un porcentaje
significativamente importante del total de esta población reclusa, en torno a un 33 por ciento.
Para paliar las dificultades de convivencia y entendimiento entre culturas la mediación es un proceso que facilita esta comunicación entre personas, es un medio útil para canalizar la información y mejorar los posibles conflictos que van
surgiendo. Ya desde principios de los noventa encontramos iniciativas importantes sobre experiencias de mediación cultural promovidas principalmente por ayuntamientos, diputaciones provinciales, asociaciones y voluntariado social. Gracias a este
esfuerzo, la mediación está presente en nuestras escuelas, centros de trabajo, programaciones culturales y, cómo no, también en nuestras cárceles. Por el Gobierno se ha realizado una gran apuesta por la mejora de infraestructuras penitenciarias en
los distintos presupuestos del Estado; se aportan más de 18.000 nuevas plazas al sistema penitenciario español, y estos nuevos centros, ante el incremento de la población reclusa, conjugan la dimensión retributiva de las penas con la reinserción de
los reclusos. Además de este esfuerzo en el marco de la vida de la población reclusa, entendemos que se hace necesaria una mayor actuación sobre el fondo, una mayor actuación sobre el trabajo con las personas y sus posibilidades de desarrollarse
como tales. Señorías, nuestra propuesta no pretende en ningún caso inculcar unos valores culturales en detrimento de otros ni imponer posturas ideológicas, no solo porque no resulta ético, sino también porque no es efectivo. Nuestro mundo es
una suma de culturas, y los valores que se consideren correctos para un grupo pueden no serlo para otro, pero entendemos que, no obstante, ha de defenderse la existencia de valores universales que todos los individuos deberíamos asumir, como
el respeto por las ideas y los sentimientos de los demás. Tener en cuenta al otro y respetar su punto de vista es necesario para vivir sin conflictos.
Señoras y señores diputados, durante esta legislatura se han implantado estos programas de mediación cultural en la práctica mayoría de nuestras cárceles. En esa línea hemos recibido una enmienda del Grupo Popular que pide que incidiendo en
la realidad de que en la práctica totalidad de nuestras cárceles se implanta esta programación, se ahonde en motivar a los reclusos para acceder a este tipo de cursos y además que se haga en la generalidad de los centros penitenciarios de nuestro
país. Por tanto, en la línea de aplicar la recomendación 1284 del Consejo del Europa, pedimos el apoyo de los distintos grupos para que se apruebe esta moción y desde aquí anunciamos la aceptación de la enmienda del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Garre López por el Grupo Popular.
El señor GARRE LÓPEZ: Hacemos nuestros todos y cada uno de los conceptos que en torno a generar esas herramientas de motivación para que los reclusos se beneficien de los programas de mediación cultural ha señalado la ponente del Grupo
Parlamentario Socialista. No obstante, queríamos decir que esta proposición no de ley es del día 12 de febrero del año 2007, día de Santa Eulalia -luego me referiré a esta patrona, porque tiene mucho que ver quizá con esta iniciativa-, hace por
tanto nueve meses de esta iniciativa, indicativo de la preocupación lógica que tiene el Grupo Parlamentario Socialista por estos asuntos, por acometerlos con prontitud. Sin embargo, no es la primera vez que se ha tratado este asunto en la Comisión
últimamente. Ha hablado la ponente del Grupo Parlamentario Socialista de que ya estaban los programas implantados. Una cosa es que estén proyectados y otra cosa es que estén implantados. Se dice que hay implantación cuando se ha vencido la
voluntad del recluso y éste se ha acogido a las herramientas que para estos programas de mediación cultural se le presentan en los centros penitenciarios. Pues bien, ni se ha producido la voluntad del recluso ni, por tanto, esos programas de
mediación cultural se han implantado en los centros penitenciarios y por eso, a pesar de que estaban ya recogidos en el programa electoral y en el discurso que pronunciase la directora de Instituciones Penitenciarias al inicio de la legislatura, no
ha tenido ningún tipo de resultado. Tan es así que al tratar este asunto en el debate presupuestario en esta misma Comisión, que tuvo lugar con fecha 10 de octubre del presente año, la señora directora general de Instituciones Penitenciarias
aseguró, y así figura en la página 30 del 'Diario de Sesiones' 915, que ya se habían iniciado esos programas. Si la señora Gallizo ya había iniciado o impulsado esos programas, ¿para qué la iniciativa de impulso que ahora nosotros estamos
debatiendo? O fue un farol de la señora Gallizo o esta iniciativa llega tarde. Nosotros entendemos que, efectivamente, nunca es tarde si la dicha es buena y por eso precisamente, aunque sea tardía la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
hemos presentado una enmienda para mejorarla. ¿Por qué? Porque, con todo, nosotros no vamos a ser quienes nos opongamos a esta iniciativa dirigida a más de 20.000 extranjeros que siguen y siguen incrementando el número de reclusos en nuestros
centros penitenciarios.
No nos vamos a oponer. Sí pretendemos, sin embargo, que quien corresponda, a partir de marzo del próximo año 2008, implante, como decía S.S., ahora sí de verdad, programas de mediación cultural para todos los extranjeros y
no solo para aquellos centros donde haya un número de extranjeros significativo, porque eso de significativo casi casi se parece mucho al dicho murciano de una cosa que esté bien, y una cosa que esté bien no sabemos si es un extranjero o son cien
mil extranjeros que estén en esa situación. Así como bien recoge el último inciso del párrafo segundo del cuerpo de la iniciativa que uno de los valores irrenunciables de un Estado de derecho es la igualdad, no podemos trasladar a los centros
penitenciarios y a los extranjeros penados la desigualdad, así que estos programas tienen que ir dirigidos absolutamente a todos. De ahí la enmienda que hemos presentado en el sentido de que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a generar
herramientas de motivación para que la población penitenciaria susceptible de beneficiarse de programas de mediación cultural sienta interés por ellos de tal forma que no queden vacantes en los cursos que actualmente se están impartiendo en las
prisiones españolas, que es lo que está ocurriendo. Así que agradezco en todo caso y a pesar de la tardanza la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y agradezco asimismo que se haya admitido y se vaya a votar favorablemente la enmienda que
hemos presentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para aceptación o no de la enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Niño.
La señora NIÑO RICO: Señora presidenta, estamos de acuerdo con la enmienda y además nos congratulamos de que el Grupo Popular quiera ahora mucho más en mediación cultural que hace muchos años.
- SOBRE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AMORTIZACIÓN Y CREACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002084.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, número de
expediente 2084, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ejecución del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, para cuya defensa tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: En diciembre de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, que aportará 18.000 nuevas plazas al sistema penitenciario español; en total serán 55 nuevas
infraestructuras, centros penitenciarios, centros de inserción social, unidades de madres y varias unidades de custodia hospitalaria repartidas por todo el territorio español, todo ello para dar respuesta a la necesidad de celdas en el sistema
penitenciario debido al incremento de la población reclusa. De hecho, nuestro país tiene una de las más altas tasas entre los países de nuestro entorno, aunque esto no se corresponde con los delitos que se cometen; de hecho, la criminalidad en
España está 20 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Tenemos un sistema que usa de manera especial las penas privativas de libertad y que mantiene mucho tiempo a las personas reclusas en el interior de los centros
penitenciarios. El incremento viene reflejado en la siguiente cifra: de 1996 a 2004 el incremento fue del 33,4 por ciento. De 2000 a 2004, en esa legislatura, fue del 29,58 por ciento y de 2004 hasta ahora, hasta 2007, el incremento de la
población reclusa es del 17,59 por ciento. En el periodo 1996-2004, ese gran incremento de población reclusa no vino acompañado de las inversiones necesarias y sobre todo de la construcción de nuevos centros.
El Partido Popular no hizo todos los
deberes; de hecho, cuando llegamos al Gobierno no había ninguna obra en construcción, no había ningún centro penitenciario en marcha. En este momento me gustaría aclarar que en relación con la inversión en seguridad el incremento en esta
legislatura ha sido del 55 por ciento y en Instituciones Penitenciarias el incremento desde 2004 hasta los presupuestos de 2008 llega al 45,64 por ciento. Para 2008, como ustedes saben -se han celebrado recientemente las comparecencias de
presupuestos-, lo previsto es un incremento del 8,3 por ciento. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios también ha tenido un incremento presupuestario espectacular para acometer la realización de los centros contenidos en el
plan, que ha empezado en el año 2005 y que tiene vigencia hasta finales de 2012. El plan se aprobó inicialmente con 1.647 millones de euros, a los que se suman 1.504 millones que se habían aprobado anteriormente. El despliegue del plan va a
permitir la construcción de 18 centros penitenciarios, 32 centros de inserción social y 5 unidades de madres, y estará finalizado, como les he dicho, en 2012. Hasta ahora el plan ha venido dando su fruto, porque se han puesto en funcionamiento 9
centros de inserción social y un centro penitenciario, como ustedes saben el conocido como Puerto III. Antes de que acabe la legislatura, entrarán en funcionamiento 3 centros penitenciarios más, Castellón II, Madrid VII y Morón, 4 centros de
inserción social y las obras de reforma de algunos otros centros, en concreto el del Dueso. La previsión sería Sevilla, Palma de Mallorca, Coruña, Huelva -estoy hablando de centros de inserción social, los cuales están todos muy avanzados y es muy
posible que se acaben a lo largo del año 2008-, Granada, Algeciras y Santander. Además, según nos informó en la comparecencia de presupuestos la directora general, antes de que acabe la legislatura todas las infraestructuras contempladas en el plan
tendrán programación presupuestaria y estarán en diferentes fases de gestión. Por tanto, cuando llegue el nuevo Gobierno se encontrará el plan perfectamente planificado y se podrán seguir las obras que tanta falta hacen.
Hemos dicho muchas veces en esta Comisión que las políticas de seguridad son políticas de Estado, por ello es necesario el consenso para seguir trabajando y muy especialmente en relación con la política penitenciaria.
Todos conocemos la
dificultad y la complejidad que lleva aparejada la construcción de los centros y por eso es necesario que todas las administraciones y toda la sociedad se comprometan. Por esta razón nos alegramos mucho y admitimos la enmienda que el Grupo Popular
nos acaba de plantear para que las administraciones implicadas colaboren con el Ministerio del Interior, con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios para la
construcción de los centros previstos en el plan.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Garre López.
El señor GARRE LÓPEZ: Nosotros también nos alegramos de que sea admitida la enmienda para que el Gobierno de la nación colabore con las comunidades autónomas y con los municipios, cosa que quizás hasta este momento no ha sabido acometer
debidamente, y finalmente la política penitenciaria con la construcción de centros penitenciarios pueda llevarse a cabo, que es lo que no se ha hecho durante los últimos cuatro años, porque si bien es verdad que estamos 20 puntos por debajo de la
media europea en el índice de delincuencia, no es menos cierto que en los últimos cuatro años hay 15 puntos por encima de la tasa que había en el año 2004. (La señora Escudero Sánchez: ¿Y el incremento de la población?) El Gobierno del Partido
Popular durante su etapa, entre 1996 y 2004, inauguró 14 centros penitenciarios y no uno, Puerto III, como lleva el Gobierno socialista, y además al 50 por ciento de su capacidad, que es lo que ahora mismo tiene. Autovía por medio, hay otro centro
que está absolutamente colapsado, sobrepasado en más de un 25 o un 30 por ciento.
Así lo describe la memoria de la Fiscalía General del Estado.
En fin, siguiendo con la línea argumental de las proposiciones no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, todas ellas el día 12 de febrero -12 de febrero, día de Santa Eulalia, patrona de Barcelona, la cual murió con 13 años
después de ser expuesta desnuda en repetidas ocasiones en las calles de Barcelona y solamente se cubría su cuerpo cuando nevaba-, esta hemorragia de iniciativas de impulso parlamentario a los centros penitenciarios, a todo lo que tiene que ver con
Instituciones Penitenciarias viene -y por eso digo que viene al caso- a poner al descubierto la desnudez en la ejecución de todos y cada uno de los programas y edificaciones que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha hecho durante
la presente legislatura, esto es, se ha iniciado el último año de la legislatura y lo que ustedes hacen es advertir que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias había fracasado en todos y cada uno de los compromisos programáticos (El
señor González Serna: ¡Impresionante!) y en el propio discurso que ante esta Comisión pronunciase la señora Gallizo. Hoy, cuando ya está avanzado noviembre, nueve meses después, y cuando está a punto de concluir el mandato soberano del actual
Gobierno, se insta otra vez a los miembros de esta Comisión a que impulsen a un gobierno, que está casi tan agotado como la propia legislatura, a que remueva los obstáculos que durante cuatro años no supo, no pudo o no quiso sortear para construir
nuevas infraestructuras y equipamientos penitenciarios. Esto es algo a lo que no deberíamos acostumbrarnos ningún grupo parlamentario, ni desde el Gobierno ni desde la oposición: un gobierno fracasado en el espacio y un parlamento que anda
absolutamente extraviado en el tiempo porque no tenemos tiempo de impulsar nada. La propia directora general reconoció el 10 de octubre ante esta Comisión en el debate presupuestario, con motivo de la presentación de su presupuesto, que había
fracasado en esta materia. Está en la página 28 del 'Diario de Sesiones' de la Comisión.
Decía ella el 10 de octubre, igual que ustedes nueve meses antes, el día 12 de febrero, por escrito, y hoy verbalmente, que todo es debido al incremento de la
población reclusa y es verdad, no les falta razón. Su compromiso electoral ante el Parlamento fue de un interno por celda y los centros penitenciarios tipo tienen capacidad para 1.008 reclusos. Pues bien, esos centros tipo albergan en la
actualidad entre 1.600 y 1.800 reclusos y esto no lo dicen ustedes ni lo digo yo, ni siquiera la señora Gallizo. Lo dicen las páginas 576 y siguientes de la memoria del fiscal general del Estado del año 2006, especialmente la 584, cuya lectura
recomiendo, donde se adelanta que durante el primer trimestre del presente año 2007 los reclusos aumentaron a razón de 500 por trimestre y sin embargo los funcionarios de prisiones van a aumentar en 500, con lo cual fíjese el problema con el que nos
podemos encontrar, un gobierno u otro, el que la soberanía popular decida, a partir de marzo del próximo año: con que los centros puedan estar construidos y no haya quien los atienda por falta de funcionarios. Ese también es un tema que deberíamos
abordar.
No es que esta iniciativa nazca muerta, sino que lo único que hace es reavivar una dirección general que está vagando como un auténtico zombi entre los muros del Ministerio del Interior. Si cierta es la situación y si todos lo hemos
reconocido, desde luego no vamos a ser nosotros quienes nos opongamos a un nuevo impulso, aunque sea muy tardíamente, a esta iniciativa, que vuelvo a decir que creo que es acertada, aunque esté extralimitada en el tiempo. Por eso solicitamos de la
Comisión -lo agradecemos de antemano- que definitivamente la resolución que se apruebe sea la de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a remover todos los obstáculos que impiden o dificultan la ejecución en los plazos previstos de los
centros penitenciarios y de reinserción social autorizados en el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos implicados, que no son los responsables de que esto no se haya
llevado a cabo. Hace falta un poco más de dosis de talante para, a través del diálogo, de la negociación y finalmente de los convenios, poder acometer debidamente con las comunidades y los ayuntamientos implicados la ubicación de esos centros
penitenciarios tan necesitados para la población reclusa de nuestra nación.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): ¿Quiere intervenir el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegación.) Para la aceptación o no de la enmienda tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Quisiera hacer algún comentario, porque, en fin, desilusiona mucho -lo siento, pero es que así-, porque la vocación de consenso se rompe inmediatamente que el Partido Popular pretende utilizar cualquier cosa para
desgastar al Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA: (Rivero Alcover): Señora Escudero, yo le ruego...
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Tengo que hacer una aclaración porque ha habido inexactitudes en las observaciones que ha hecho el parlamentario del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Dos segundos, señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Dos segundos.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para la aceptación o no de la enmienda.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Sí, aceptaremos la enmienda, pero tendré que hacerlo con un comentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para la aceptación o no de la enmienda, pero sin reabrir el debate si es posible.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: No, no voy a reabrir el debate, pero me parece que lo que ha quedado sobre la mesa y sobre la intervención del diputado Garre verdaderamente es alarmante, es que no puede ser. Si el sistema penitenciario español
estuviera como él dice, cuando está siendo un modelo europeo de buen hacer y de cambio en el modelo de intervención penitenciario, necesariamente lo tengo que decir. No se puede utilizar todo para intentar desgastar al Gobierno y menos con la
política penitenciaria, que es una política de Estado y que tenemos que preservar y cuidar todos, también el Partido Popular, aunque estemos en precampaña.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Nos aclara si acepta o no la enmienda.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Sí, está aceptada la enmienda, pero me gustaría que se correspondiera con la manera de hacer. (El señor Garre López pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Tiene dos segundos, señor Garre.
El señor GARRE LÓPEZ: Intervengo para ratificarme en todo lo dicho, porque si no fuese así, a estas alturas no estaríamos impulsando al Gobierno, así de claro. (La señora Escudero Sánchez: No estamos impulsando nada.
Estamos
acompañando.) Muchas gracias, señora presidenta.
- RELATIVA A LA UBICACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE EXTRANJERÍA EN ALMERÍA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001986.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que figura en el orden del día como punto 5.º, que es la PNL número de expediente 1986, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la ubicación de la
nueva Oficina de Extranjería en Almería, para cuya defensa tiene la palabra el señor Robles.
El señor HERNANDO FRAILE: Hernando, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): ¿Hernando es su primer apellido? ¿Hernando Robles?
El señor HERNANDO FRAILE: No, Hernando Fraile. El señor Robles es otro compañero de mi partido al cual tuve la ocasión de suceder en lides políticas cuando era jovencillo, pero todavía hay una diferencia de edad.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Perdone, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Como todo el mundo en esta Comisión sabe, Almería, por su configuración económica y laboral y por su posición geográfica, es un lugar de llegada, paso y circulación masiva de inmigrantes. Eso ha provocado que en
los últimos años este paso y llegada, incluso de personas que se han quedado y han encontrado una opción de vida en nuestra provincia, hayan provocado un cambio en la estructura de la población de nuestra provincia. Hoy en día, el 15 por ciento de
la población de Almería es inmigrante, extranjero, superando notablemente la media nacional, y en algunos municipios hay hasta 107 nacionalidades de personas que viven en nuestra provincia. Por tanto, la Oficina de Extranjería, que es el caso que
nos lleva a este planteamiento y a nuestra proposición no de ley, es un lugar enormemente frecuentado por numerosas personas de forma habitual que vienen a resolver sus problemas, sus conflictos, sus papeles, la renovación de permisos. Eso lo que
ha provocado en los últimos años es enormes colas en el lugar donde la misma oficina se ubicaba, que era en la subdelegación del Gobierno, sin mencionar que ha habido ocasiones en que falsos rumores sobre la regularización o entrega de papeles ha
ocasionado, tanto en el año 2000 como en el año 2005, una llegada tan espectacular de inmigrantes a esa oficina que ha llegado a provocar incluso situaciones enormemente conflictivas. Quiero recordar que en el año 2000 hasta el presidente de la
Junta de Andalucía, el señor Chaves, llegó a pedir que a la vista de los miles de inmigrantes que habían llegado a nuestra provincia, se creara en el campo militar de Viator una especie de campo, no sé si de concentración o de acogida, para que las
personas pudieran estar allí mientras resolvían sus papeles. Con esto lo que quiero señalar es que evidentemente la ubicación de una oficina de este tipo tiene que tener unas condiciones especiales. No es una oficina administrativa cualquiera.
Es
una oficina, por lo tanto, que tendría que contar con una ubicación accesible fácilmente, con zonas de aparcamiento, próxima a los centros administrativos y sin duda alguna no en el lugar que en estos momentos tenía ni en el que la subdelegación del
Gobierno ha decidido instalarla.
La subdelegación del Gobierno, ante la incomodidad que evidentemente le producía en su actividad esta afluencia masiva de inmigrantes extranjeros para resolver sus problemas, decidió buscar una nueva ubicación, hecho que nosotros apoyamos y
defendemos. Sin embargo, creemos que el lugar en el que se ha pretendido o en el que se pretende instalar la misma de forma definitiva
no es el más adecuado. En ese sentido se han producido manifestaciones de los vecinos en contra de la ubicación, en el barrio de San Luis, de estas oficinas. Se han producido también protestas por parte del propio ayuntamiento. En el
ayuntamiento de la capital se han resuelto mociones solicitando a la subdelegación del Gobierno que ubicara estas oficinas en otro lugar, incluso señalando la posibilidad de que las mismas se instalaran en el puerto de Almería. ¿Por qué en el
puerto de Almería? Evidentemente, porque el puerto de Almería reúne precisamente todas las características que hacen posible el normal funcionamiento de una oficina a la que muchas personas llegan, como les decía antes, de forma masiva y en
ocasiones de forma incluso muy numerosa. Tiene zonas de aparcamientos, tiene acceso por autovía, lo que favorecería la llegada de personas procedentes de otros lugares de la provincia que pretenden resolver sus papeles. Es una zona que tiene
también la ventaja de la proximidad de la estación de autobuses de la capital, que tiene también cercana la estación de tren de la capital y que por tanto reúne, como decía antes, todas las características necesarias. Sin embargo, la subdelegación
de Gobierno y a pesar de que el anterior presidente del puerto era partidario de la ubicación en el mismo, ha mantenido que es mejor la actual ubicación, una ubicación que está justo al lado contrario de la ciudad de donde está la subdelegación de
Gobierno. Parecería que el subdelegado del Gobierno con esta medida hubiera querido quitarse de su vista este tipo de personas y hubiera intentado alejarla lo máximo posible.
Nosotros creemos que esta medida no es la más adecuada y que al igual que la subdelegación del Gobierno ha decidido, en un momento dado, instalar en el puerto el Centro de acogida de menores, un centro que se ha instalado de forma rápida,
con un sistema de módulos, que no ha entrado, por cierto, todavía en funcionamiento, podría también ubicar en esas instalaciones, zonas nuevas que se están creando en el puerto, precisamente esta Oficina de Extranjería. Serviría para resolver de
forma inmediata los papeles de las personas que llegan a nuestro país por barco, como le decía antes, también de las que llegan a nuestra provincia o son de otras partes de la provincia y llegan por autobús o que incluso utilizan el ferrocarril,
también las que llegan en vehículos privados, porque el lugar tiene accesibilidad y ahora la va a tener aún más a través de la autovía. Por tanto, reúne todas las condiciones. Incluso también permitiría atender a esas personas que desgraciadamente
son objeto del tráfico de seres humanos y llegan a nuestra provincia en pateras. Por cierto que ayer conocimos que de los seiscientos inmigrantes argelinos llegados en pateras, quinientos de ellos van a tener que quedarse en nuestra provincia
porque la subdelegación del Gobierno y el Ministerio del Interior han sido incapaces de determinar la procedencia de los mismos y, a pesar de los compromisos de la señora Rumí en Almería, estas personas van a quedarse permanentemente en nuestra
provincia. Con este planteamiento no busco la confrontación, creo que con nuestro planteamiento se da una solución a las protestas vecinales, de los ciudadanos que viven en el barrio de San Luis, que no entienden que se haya decidido por parte de
la subdelegación de Gobierno, sin ninguna consulta previa a las asociaciones vecinales ni de ningún tipo, instalar unilateralmente esta Oficina de Extranjería allí. Desde luego que por nuestra parte no hay la más mínima pretensión xenófoba, como
algunas personas han mantenido; argumento este que siempre es utilizado cuando no se tienen más argumentos. Lo que buscamos es dar una solución que pretende ubicar esta Oficina de Extranjería dando el mejor servicio posible a los extranjeros, que
van a ser los usuarios, y también dando las mayores posibilidades de acceso de los mismos a esta oficina para resolver sus problemas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): No habiendo enmiendas a esta PNL para fijar posiciones tiene la palabra el señor López, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LÓPEZ VILLENA: Señorías, lo primero que el Grupo Socialista en el Congreso y el PSOE de Almería desea manifestar es nuestra felicitación a los vecinos y asociaciones vecinales del barrio de San Luis en Almería por su comportamiento
cívico, pacífico y democrático en todo el proceso que se ha seguido para la puesta en marcha de la Oficina de Extranjería en el barrio de San Luis. Se hicieron algunos vaticinios de incremento de inseguridad ciudadana, de devaluación de los
inmuebles en el citado barrio. Afortunadamente, los vecinos han comprobado que esto no ha sucedido, que ha sucedido todo lo contrario. Han visto cómo se están revalorizando los citados inmuebles en la zona y cómo se está revitalizando la vida
económica y social del barrio con el buen funcionamiento de la citada Oficina de Extranjería y, además, saben que cuentan con la accesibilidad, como han venido contando en todo este proceso, y con la interlocución con la Subdelegación del Gobierno
de Almería. Tenemos que rechazar el fondo de esta proposición no de ley y criticar la inoportunidad de su presentación por los argumentos que expondré a continuación y por considerar que solo intenta arañar algún voto en las próximas elecciones,
como ya se intentó en las pasadas municipales, aunque infructuosamente, debido al buen criterio y a la actitud cívica de los vecinos de este barrio, en el que actualmente funciona con total normalidad la Oficina de Extranjería.
Con carácter previo, quiero decir que según el artículo 159 del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, es decir, aprobada durante los gobiernos del Partido Popular, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, las oficinas de extranjeros son las unidades que integran los diferentes servicios de la Administración General del Estado competentes en materia de extranjería e
inmigración en el ámbito provincial. Por otra parte, el artículo 160
de la misma norma determina que las oficinas de extranjeros dependen orgánicamente de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La no idoneidad de los inmuebles en los que se situaban la citada oficina, en la calle Hermanos Machado 4
y 23 de la ciudad de Almería y en dependencias de la propia sede de la Subdelegación del Gobierno de Almería, hizo que dicho centro directivo determinara el inicio de los trámites conducentes al alquiler de un nuevo inmueble. La falta de idoneidad
se centraba en la escasez de espacio existente en los citados inmuebles de la calle Hermanos Machado y sede de la subdelegación, tanto para los administrados, que se veían obligados a realizar esperas en el exterior del edificio, con el consiguiente
entorpecimiento del tránsito en la vía pública y mala imagen de funcionamiento de este órgano administrativo, como para el propio personal al servicio de la Oficina de extranjeros. El expediente administrativo de contratación del alquiler de la
nueva sede para la Oficina de extranjeros en Almería finalizó por orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 18 de julio de 2006, por la que se autorizaba la contratación en arrendamiento por gestión directa de un inmueble situado en la calle
Marruecos, en el barrio de San Luis de la capital de la provincia de Almería; todo ello tras el correspondiente informe favorable de la Junta Coordinadora de Edificación Administrativa, donde se analizaron, entre otros aspectos, la renta mensual
por metros cuadrados homogeneizados -renta inferior a la de la zona, según informa la Gerencia Territorial del Catastro-, el periodo de vigencia del contrato de alquiler y la idoneidad de los locales para sus fines. El nuevo inmueble tiene 2.100
metros cuadrados de superficie, cuenta con zonas propias de aparcamiento y acceso para personas con discapacidad.
Está igualmente dotado de salas de espera con capacidad para 300 personas sentadas, así como espacio para la instalación de un número
de puestos de atención al público adecuados a la carga de la gestión de esta oficina, en orden a alcanzar un mayor nivel de agilidad y eficiencia en sus tareas.
Por no extenderme demasiado, quiero decir que finalmente, respecto a la propuesta de ubicación de la nueva sede de la Oficina de extranjeros en el puerto de la ciudad, debemos señalar que la actividad administrativa realizada en la Oficina
de extranjeros carece de conexión alguna con la desarrollada en el puerto. Quiero indicar al respecto que la gestión realizada afecta prioritariamente a empleadores que desean contratar a un trabajador extranjero, a ciudadanos comunitarios
residentes en España, así como a extranjeros no comunitarios residentes o en situación de estancia en territorio español. Establecida la no existencia de circunstancias específicas que determinen la mayor adecuación de la zona portuaria a la
finalidad de prestar un mejor servicio a los administrados, destinatarios de la gestión llevada a cabo en esta oficina, debe señalarse por otro lado que dicha ubicación habría de ser analizada necesariamente a la luz de lo dispuesto en la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante, que en su artículo 55 dispone que en la zona de servicio de los puertos solo podrán llevarse a cabo las actividades, instalaciones o construcciones que sean acordes con los
usos portuarios y con los fines propios de las autoridades portuarias. Dicho análisis habrá de realizarse igualmente en relación con las posibles dificultades de acceso a la zona portuaria derivadas del necesario cumplimiento de la normativa
comunitaria al respecto. En este mismo sentido, se pronuncia la Ley 48/2003, de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general, ley promovida también por el Gobierno del Partido Popular.
Por todo lo que antecede, votaremos en contra de la citada proposición no de ley y pediríamos al Grupo Popular su retirada sobre la base de los argumentos esgrimidos. En caso contrario, pedimos al resto de los grupos su voto en contra, por
los argumentos anteriormente expuestos.
- SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/002131.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Pasamos al punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley 2131, que figura en el número 8.º, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre despenalización
del consumo de drogas. Para su defensa tiene la palabra, por el grupo proponente, la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Aunque el uso del cannabis no está penalizado en la actualidad, sí entra en la órbita del derecho administrativo, toda vez que el artículo 25 de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana sanciona el
consumo o la tenencia de cannabis en la vía pública o en lugares públicos. Es la llamada Ley Corcuera, en honor a su promotor. En virtud de que las autoridades policiales sospechen de que alguna persona es usuaria de cannabis, la someten a un
registro aleatorio, violando derechos constitucionales básicos, además de la presunción de inocencia. Nos solemos encontrar con un trato inhumano y degradante, con registros y cacheos desproporcionados y vejatorios, con el objetivo únicamente de
descubrir si una persona tiene en su bolsillo cannabis y derivados del mismo, cuando en su domicilio no existe ninguna ilegalidad en relación con el derecho administrativo respecto a su consumo. Si ponemos en una balanza la actuación policial, la
persecución de estas personas y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, nos encontramos con que con esta ley y con la actuación que están llevando a cabo las Fuerzas de seguridad se da poco peso a los derechos fundamentales de
la persona, se da poco peso a la garantía de libertad del individuo de consumir en su casa lo que le apetezca.
Tampoco tiene mucho sentido hablar en esta ley de protección de la seguridad ciudadana, ni de la salud pública, porque la salud pública es bien distinta de la decisión individual de fumar en los lugares que uno decida lo que le apetezca, y
en ningún caso se perjudica a la seguridad de todos los ciudadanos por llevar en el bolsillo ni cannabis ni sus derivados. Esta medida coercitiva hoy en día afecta a millones de ciudadanos. Según los datos, la población española que ha consumido
alguna vez cannabis asciende a más del 29 por ciento, lo que demuestra la absoluta inutilidad de estas multas y que la política represiva y coercitiva que se mantiene a través de esta norma de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana
-como digo, en ningún caso la seguridad ciudadana se ve afectada- es de una inutilidad absoluta. Es más, se da una imagen a los ciudadanos de que lo que se persigue es un objetivo recaudatorio a través de las multas, porque de nada sirve en cuanto
a una política pública global. Es más, lo que hace la ilegalidad es que el consumo sea más atractivo. Esto se conoce como el efecto fruto prohibido. Cuando se ha preguntado a las personas encuestadas respecto a los motivos por los cuales
consumen, todas han hablado del gusto por hacer lo prohibido. Más de un 20 por ciento de los españoles mayores de edad consumen cannabis con mayor o menor regularidad. Es más, seguramente, entre los parlamentarios que forman parte de esta Comisión
hay muchos que en alguna ocasión en su vida han probado el cannabis y, en coherencia con ello, quizás deberían plantearse el voto de esta proposición no de ley, porque habrán comprobado que en ningún caso se trata de algo que tenga por qué ser
perseguido por una ley orgánica de seguridad ciudadana, porque al fumarse un porro en ningún caso han perjudicado la seguridad de todos los ciudadanos, sino que han tomado una decisión individual. De hecho, en Italia se hizo una prueba y pudimos
ver que según un test realizado bajo engaño por un programa a 50 diputados italianos revela que un tercio había consumido cánnabis y cocaína, acuérdense SS.SS. En Holanda, que tienen otro tipo de política, lo que se ha demostrado es que al tratarse
de lugares donde no pueden acceder los menores y que están anunciados perfectamente, lo que ha ocurrido es que ha habido una disminución en el acceso por parte de los menores a estas sustancias. Hay un control en cuanto a la venta, hay una
regularización que permite que los jóvenes no accedan a las sustancias y, por tanto, se reduzca el consumo en aquellos sectores que son los que nos deben preocupar, los menores de edad. Es decir, la política de un país que ha optado por otro
sistema que no es el represivo sino la regularización ha significado que el consumo de cannabis ha perdido atractivo porque ya no es algo trasgresor y, por el contrario, se normaliza una situación y se regula, dando pie a una creencia mayor en las
políticas del Estado que se adaptan a la realidad de la sociedad y no, como ocurre en este país, que se basan en una absoluta hipocresía. En el Parlamento Europeo se aprobó una recomendación en el año 2005 que reconoce el fracaso de la prohibición,
el fracaso de las políticas represivas, y pone sobre la mesa la necesidad de una nueva política de drogas donde la represión sea sustituida por el respeto a los derechos de los usuarios y la protección de su salud. Por ello propone medios
totalmente distintos a los indicados para conseguir el objetivo general del proyecto de la estrategia antidroga de la Unión, dando prioridad a la protección de la vida y de la salud de los consumidores de sustancias ilícitas, a la mejora de su
bienestar y protección, con un planteamiento equilibrado e integrado del problema, ya que las propuestas son adecuadas. Es decir, el Parlamento Europeo ya ha dicho que la política represiva es inadecuada. El informe aconseja incidir mucho más en
los aspectos de la reducción de los daños, la información, la prevención y el cuidado y atención a la protección de la vida y de la salud de las personas con problemas derivados del consumo de sustancias ilícitas y definir medidas para evitar la
marginación de las personas afectadas, en lugar de aplicar estrategias represivas al límite de la vulneración de los derechos humanos fundamentales y que con frecuencia sí se han visto vulnerados, y con frecuencia en España se ven vulnerados. Por
su parte, el Partido Socialista criticó en su programa electoral al Partido Popular por centrarse en el aspecto punitivo y represivo, olvidando las medidas sociosanitarias. Decía: Es un modelo político basado en un plan de lucha contra las drogas
y no en un plan de lucha contra las drogodependencias. A cambio, el Partido Socialista proponía un modelo en que toda intervención que se realice esté dirigida a la obtención de la libertad individual y colectiva a través de las políticas de
información, educación ciudadana y eliminación en lo posible de las condiciones y situaciones de vulnerabilidad. Es más, en coherencia con esta política que planteaba el Partido Socialista en su programa electoral, en el año 1999 votaron a favor de
una proposición de ley que pedía exactamente lo que se pide en esta iniciativa. Se trataba en 1999, y se vuelve a tratar ahora, de reformar el artículo 25 de la Ley de 1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, que, como digo, en la práctica
y por los años de vigencia se ha demostrado absolutamente inútil. La inutilidad e ineficacia de las sanciones en el tema de las drogas es un hecho que no solo señalan Izquierda Unida y las federaciones de consumo de cánnabis, sino que todos los
expertos, los juristas también, así lo denuncian. Es más, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el ex ministro de Interior, José Antonio Alonso, actual ministro de Defensa, en el 17.º aniversario del manifiesto de Málaga pedían la
despenalización del cánnabis, en coherencia, seguramente, con las votaciones a favor de estas iniciativas planteadas por Izquierda Unida del Partido Socialista. Por el contrario, en la práctica nos encontramos con que bajo el Gobierno del Partido
Socialista se han incrementado las denuncias por tenencia de drogas en más de un 15,25 por ciento respecto al año anterior, prueba de la incoherencia entre lo que se vota en el Parlamento y las políticas que se llevan a cabo cuando uno está en el
Gobierno. En cualquier caso, volvemos a apelar a la coherencia y pedimos que se atienda y se vote favorablemente esta iniciativa, con lo que el Partido Socialista ha votado en 1999, con lo que se ha dicho públicamente y con lo que la vida
seguramente a muchos de los diputados les ha demostrado.
Como decía, juristas y profesionales cualificados han señalado que es un grave error que en el Estado español se sancione la tenencia o el consumo de pequeñas cantidades en ámbitos públicos o privados. La represión no es el método a
utilizar cuando la sociedad convive con otras sustancias que pueden provocar adicción y que, sin embargo, se encuentran dentro de la legalidad. La única manera de atajar esta situación es la información, la educación y la propia responsabilidad de
las personas, alejándonos en este caso de un modelo paternalista que decide lo que es correcto e incorrecto, basado siempre en la moral que debe ser una cuestión totalmente individual. En ningún caso se debe trasladar a la ley y a la persecución de
lo que hacen las personas cuando son decisiones individuales y que afectan a la libertad de cada uno. Lo peor que se puede hacer respecto a los consumidores es perseguirlos, penalizarlos y tratarlos como delincuentes, en lugar de realizar una
prevención para que las personas sean responsables de los límites de determinadas sustancias y que puedan utilizarlas en determinados momentos, tomando decisiones bajo su responsabilidad, cuando estamos hablando de personas mayores de edad. Lo que
se ha hecho con esta política no es solucionar nada sino más bien incrementar los problemas. La legislación prohibicionista y represora con las drogas es ineficaz y es hipócrita. Por eso perseguimos la reforma del artículo 25. Entendemos que la
seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. La seguridad ciudadana debe ser protección y garantía del libre ejercicio ciudadano de los derechos y libertades y no todo lo contrario, la persecución de personas adultas porque ejercen
esa libertad, que se les cachee y se les trate como delincuentes.
Apoyando esta iniciativa, hemos presentado miles de firmas que han sido coordinadas por la federación de asociaciones cannábicas y han sido presentadas esta mañana en el Registro.
Quiero que sea de conocimiento de los miembros de esta Comisión para que atiendan una demanda ciudadana ya histórica que se plantea desde el año 1992, que se atienda la reforma de un artículo que se ha demostrado absolutamente inútil en la práctica,
que en ningún caso ha reducido el consumo y que la única lógica que mantiene es la de la política recaudatoria, es decir, recaudar dinero con las multas. Es absolutamente vergonzoso que se mantenga por parte de la política de Estado y más si se
trata de un gobierno socialista, cuando su partido ha votado lo contrario en esta casa en dos ocasiones, y cuando personas ilustres como un ministro han dicho que se debe hacer lo contrario. Pedimos coherencia con los derechos y libertades de los
ciudadanos y con la Constitución española. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición de los grupos en esta proposición no de ley, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez, porque no sé si el señor Olabarría quiere intervenir por el Grupo Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No me parece prudente, señora presidenta, porque no he oído la exposición de la señora Navarro y no tengo ilustración en este momento para pronunciarme sobre tan delicada cuestión. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Me parece un acierto no pronunciarse antes de conocer de qué se está hablando. Tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo en esta Comisión como portavoz también de la Comisión Mixta sobre Drogas. Agradezco a mi grupo que me dé la posibilidad de intervenir en este tema, por conocer un poco más la materia que el señor
Olabarría. (La señora Navarro Casillas: O no. No se sabe)
Me hubiese gustado que la señora portavoz de Izquierda Unida frecuentara la Comisión Mixta de Drogas, en la que venimos trabajando durante estos años trabajando conjuntamente todos los grupos, porque tanto el Partido Socialista, como el
Partido Popular y otros partidos que asisten a esa Comisión casi siempre tenemos un voto similar en materia de drogas.
Señora Navarro, usted sabe que en esa Comisión Mixta de Drogas se hizo una ponencia sobre los efectos nocivos de las drogas en
los jóvenes de nuestro país. De las comparecencias de los más de 30 expertos que hubo en esa Comisión, usted asistió solo a una, cuando compareció la Asociación pro cannabis, y todos nosotros estuvimos dispuestos a escuchar las propuestas que allí
nos hacían. Me hubiese gustado, señora Navarro, que hubiera asistido al resto de las comparecencias porque usted ha dado aquí por sentados una serie de argumentos que si usted hubiese asistido a esas comparecencias hoy no daría por sentados. Y la
verdad que me produce tristeza porque viendo el sacrificio que están haciendo muchas asociaciones, muchas ONG e incluso el Ministerio de Sanidad en estos momentos, que se brindó a remitir esa ponencia a todas las familias, a todos los colegios.
Usted habla de científicos a los que no pone nombre, pero a esa Comisión vinieron muchos científicos y muchos expertos, a los que sí se les pone nombre, estaban totalmente en contra de despenalizar el consumo de drogas en nuestro país y explicaban
de forma muy clara y concisa los efectos nocivos de todas estas sustancias en la salud de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad.
Ayer mismo, en Ourense, el presidente de la Federación nacional de asociaciones de ayuda al drogodependiente denunciaba el relajamiento de la sociedad y la necesidad de no bajar la guardia frente a este problema.
Hoy, con estos discursos,
usted da por sentado que todos los diputados se han podido fumar un porro
alguna vez en su vida y le tengo que decir que no (La señora Navarro Casillas: Todos no, algunos.) y que me gustaría que después rectificara esas palabras porque será un mal ejemplo hacia la sociedad que hoy se traslade la opinión de que
estamos dando como cotidiana unas situaciones que son raras, no son la generalidad y nosotros, como legisladores, no podemos transmitir esa opinión a la sociedad. Si frecuentara más la Comisión Mixta de Drogas sabría que la ONU en estos momentos
sitúa a España a la cabeza del mundo en el consumo de cocaína, sabría que España es la segunda en el mundo en el consumo de cannabis, sabría que en España cada vez se consumen más drogas y a edades más tempranas y sabría que uno de cada cinco
consumidores en Europa es español. Teniendo estos datos...
(La señora Navarro Casillas pronuncia palabras que no se perciben.) Permítame acabar de hablar. Por favor, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Por favor, señora Navarro y señora Vázquez, ya saben cómo se hacen los debates en la Comisión y en cualquier ámbito parlamentario, se hacen a través de la Presidencia, y por tanto de la Mesa. Por favor, no mantengan
un diálogo que, además, interrumpe a las personas que están en el uso de la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta, por su amabilidad.
En este debate se percibe la ausencia de la opinión de los científicos especializados en el tratamiento y rehabilitación de las adicciones, intervención esta que enriquecería notablemente el conocimiento general sobre el tema. Desde el
Partido Popular entendemos que una amplia disponibilidad de drogas generaría un mayor consumo de las mismas, con una escalada proporcional en la capacidad de generar daño, enfermedad o muerte asociada a su consumo. El límite en el consumo es el que
debemos establecer, dificultando su accesibilidad y por tanto evitando la masificación del consumo. Es un deber del Estado cuidar del más débil, en este caso del adicto, del que carece de posibilidad de salir solo de su dependencia ante la presión
de los proveedores interesados en que se mantenga consumiendo. Despenalizar las drogas no traería beneficio alguno a los adolescentes, ni a sus padres, ni a la sociedad. La despenalización solo servirá para que los vendedores minoristas hagan su
negocio a la vista de toda la sociedad española, sin que la ciudadanía pueda poner fin a este comercio. Los beneficiarios no son los adictos, señores diputados, sino los que ganan dinero con esto, aunque algunos intenten mostrar la etapa feliz de
los primeros tiempos de consumo.
Señoría, usted hablaba de algunos informes de la Unión Europea, y yo le remito a otro de la ONU en el que todos los países están claramente en contra de la despenalización. Usted decía que en Holanda esta disminuyendo el acceso a las
sustancias. ¿Por qué no habla de un informe del Ministerio de Justicia holandés que dice que, desde que se ha despenalizado este consumo, los narcotraficantes son los que ahora de forma legal están vendiendo estas sustancias en Holanda y no saben
cómo hacer frente a este problema? Y no doy por sentado lo que usted decía de trato denigrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los cacheos. Si usted tiene algún ejemplo de eso, no haga generalidades, denúncielo ante los
tribunales, pero no venga aquí a dejar también por sentada una generalidad que no se corresponde con la realidad.
Por último, lo que tenemos que hacer, en estos momentos en los que este país está sufriendo un gran consumo de sustancias, es estar todos juntos en la lucha contra las drogas y en ayudar a esas familias, a esos adolescentes y a esa gente que
tanto lo necesita con la prevención, con la educación, con la formación, con los tratamientos y con una gran coordinación de familias, de escuelas. Todo eso que a lo largo de estos años estuvimos hablando en la Comisión Mixta para el problema de
las drogas y que nos han recomendado expertos, juristas, ONG y asociaciones.
Lo que el Partido Socialista diga hoy o haya dicho en el año 1999 no me importa, lo que me importa es qué vamos a hacer a partir de hoy, porque usted ha intentado dar por
sentado un discurso que a los únicos que ayuda en estos momentos es a los narcotraficantes.
Finalizo con una frase. Hoy, señores diputados, despenalizar la tenencia y el consumo de drogas en España sería un genocidio.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señorías, con muchos menos conocimientos que la señora Vázquez pero creo que también con razones de peso por parte de mi grupo, vamos a oponernos a esta proposición no de ley, en una intervención que quiere ser una
especie de anticlimax respecto a la de la portavoz de Izquierda Unida.
Se ha partido de algunas premisas que me parecen inexactas. Cada uno tiene que ser coherente con su historia, pero sobre todo tiene que ser fiel a la realidad de esa historia. Se ha dicho, por ejemplo, que en 1999 votamos a favor. No
votamos a favor. En 1999, en una proposición no de ley que no tenía nada que ver con esta, porque lo que esta pretende es la legalización del consumo, se votó a favor de una reforma de un epígrafe del artículo 25.1, y se votó con muchas cautelas;
aquí tengo la intervención de nuestro portavoz. Yo creo que todos somos coherentes en nuestro programa electoral en 2004 e Izquierda Unida también es coherente en esta proposición no de ley respecto a lo que dijo en el año 2004.
Decía don Pablo
Castellano, en aquella ocasión portavoz de Izquierda Unida: En los sucesivos acuerdos de nuestra organización nos hemos pronunciado, y lo ratificamos aquí, sobre nuestra voluntad de que algún día se trate de forma seria lo que significa la
legalización de las drogas.
Lo pedían en 1999 y lo vuelven a pedir ahora. Yo creo que hay coherencia, pero también hay coherencia en nuestra posición respecto a esto.
En cuanto al programa electoral con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones de 2004, yo no he encontrado eso que usted ha dicho. Tengo aquí el programa electoral y de lo que hablamos es de una política global contra el
fenómeno de la droga dirigida a cuatro grandes objetivos: garantizar la salud de las víctimas del consumo, garantizar que los bienes decomisados del tráfico se deriven a incrementar los recursos, luchar eficazmente contra el tráfico de drogas para
reducir su oferta y potenciar los servicios policiales y del ministerio fiscal.
Señoría, esto es lo que decíamos en nuestro programa electoral y yo creo que hemos sido absolutamente coherentes en la política de estos cuatro años en relación con
estos compromisos con los ciudadanos.
Por otra parte, creo que en su proposición no de ley parte de unas premisas que me parecen inexactas. Alude a que juristas, profesionales cualificados, señalan que es un grave error la sanción de la tenencia o del consumo de pequeñas
cantidades. Como dice la señora Vázquez, hay muchísimos más juristas y profesionales cualificados que dicen que esto no es así, que no es un grave error. Del mismo modo, cuando se refiere al efecto del fruto prohibido, a que los jóvenes, que son
los protagonistas de estas prácticas, entienden mayoritariamente que el consumo no tendría por qué estar castigado, yo entiendo también que hay muchos más jóvenes, muchas más personas que sí entienden que el consumo tendría que estar penalizado, que
la tenencia tenía que estar penalizada y que sí ven en ello un hecho susceptible de que sea penalizado administrativa o penalmente, en algunos casos.
Por último, me parece no ya inexacto sino atrevido decir que los parlamentarios consumen o han podido consumir, no es una presunción iuris tantum que admita prueba en contrario. Cuando se dicen esas cosas alguien se puede sentir infamado.
Se lo digo sinceramente, me parece un exceso por su parte, pero no quiero entrar en ese tema.
El consumo de drogas en España sigue siendo un problema de salud pública.
En la Estrategia nacional sobre drogas para el periodo 2000-2008, elaborado por el Plan nacional, cuando don Gonzalo Robles era delegado del Plan nacional -haciendo
un trabajo que creo que fue muy meritorio por su parte- se decía respecto a la percepción social del fenómeno: Si bien aproximadamente la mitad de los ciudadanos españoles consideran que el consumo de drogas ilícitas es un problema importante, ha
descendido la sensación de alarma que se asociaba a esta conducta. Evidentemente, esta conducta, y sobre todo lo que es el tráfico de drogas y el consumo, ya no está entre los principales problemas que los ciudadanos perciben. Ya no son los años
ochenta o noventa, pero sigue siendo un problema, y creo que desde el Plan nacional y desde la Comisión mixta así se valora. En los diversos informes anuales sobre la situación de las drogodependencias en España, en las encuestas domiciliarias de
la Delegación del Gobierno para el año 2005-2006 se reconoce que la proporción de personas que experimentan con el cannabis o lo consumen esporádicamente se ha estabilizado pero sigue aumentando el consumidor ocasional. Se dice también que el
aumento progresivo del consumo de cocaína en forma de clorohidrato y vía esnifada es una realidad que hemos de abordar, aglutinando todos los esfuerzos y sinergias nacionales y supranacionales.
Y se dice también que el consumo de anfetaminas,
éxtasis y alucinógenos se encuentra en la actualidad estabilizado o en descenso. Los datos ofrecidos en todos estos estudios señalan la importancia que el consumo de drogas en España adquiere desde la dimensión de la salud pública, que es la
dimensión desde la que nosotros hemos querido abordar en primera instancia este tema. Las drogas, las sustancias estupefacientes y también otro tipo de adictivos siguen causando mortalidad en España. En el año 2002 el tabaco explicaría el 16,8 por
ciento de la mortalidad, el alcohol el 3 por ciento y las drogas ilegales el 0,6 por ciento. Por lo tanto, a lo largo de estos años el Plan de acción sobre las drogas ha puesto énfasis en las políticas de prevención y la política del Gobierno se ha
orientado a fomentar medidas tendentes a la prevención en todos sus ámbitos.
Estas estrategias de salud pública no resultarían completas si no contemplaran medidas legislativas tendentes a disminuir la accesibilidad y la disponibilidad y establecer un control sobre la oferta, como admiten generalmente los expertos
europeos y españoles. Este tipo de medidas restrictivas, como es la del artículo 25.1, lo que hacen es coadyuvar en este Plan de acción y sobre todo en las medidas de prevención. Y el Gobierno ha sido muy coherente en este sentido, no solamente en
relación con estas sustancias estupefacientes, sino también, por ejemplo, en relación con el tabaco o el alcohol, con la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta. El interés general nos recomienda votar en
contra de la legalización de las drogas, en contra del consumo y, por lo tanto, también en contra de esta proposición no de ley.
En cuanto a algunas manifestaciones que ha hecho sobre la constitucionalidad de la ley, ha sido el Tribunal Constitucional el que en algunas sentencias se ha mostrado favorable, concretamente en la sentencia 341/93, se ha mostrado favorable
a la constitucionalidad del apartado 25.1. Luego ha nombrado determinadas convenciones e instrumentos internacionales. La Convención única de 1961, la Convención sobre sustancias psicotrópicas de 1971, la Convención de Naciones Unidas de Viena de
1988 también nos aconsejan que se limite la accesibilidad.
Igualmente, en 1998 la Asamblea General de Naciones Unidas pide a los gobiernos del mundo que elaboren una estrategia mundial de fiscalización, comprometiéndose a trabajar conjuntamente
para elaborar estrategias coherentes y reforzar las actividades prácticas encaminadas a limitar tanto la producción
como el consumo de drogas, con inclusión de campañas para reducir la demanda de drogas y programas para limitar la disponibilidad de estas sustancias. Creo que por esta senda es por la que tenemos que seguir caminando, velando por ese
interés general que nos pide que intentemos al máximo impedir la accesibilidad a este tipo de sustancias y, sobre todo, que sigamos en una estrategia preventiva muy activa, que creo que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años.
La señora PRESIDENTA: Hemos terminado el debate de la proposición no de ley.DE LA SEÑORA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
- CONTENIDO DEL ZULO DE AMOREBIETA DESCUBIERTO POR LA ERTZAINTZA, DÍAS ANTES DEL ATENTADO DE BARAJAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/123940). (Número de expediente 181/003513.)
- MEDIDAS PARA AFRONTAR EL PROBLEMA DE LA MASIFICACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA Y EVITAR NUEVOS MOTINES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/123935). (Número de expediente
181/003514.)
- MEDIDAS PARA PALIAR LA INSEGURIDAD DEL GREMIO DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/123925). (Número de expediente 181/003515.)
- ACTUACIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROLIFERACIÓN DE BANDAS CALLEJERAS COMO LOS 'ÑETAS' O LOS 'LATIN KINGS' (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/123797).
(Número de expediente 181/003516.)
- MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ATAJAR EL CRECIMIENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EXTREMADURA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/123796). (Número de expediente 181/003517.)
- PROBLEMAS QUE ESTÁN SURGIENDO EN LA GESTIÓN DE PERMISOS DE RESIDENCIA EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/123785). (Número de expediente 181/003518.)
- TASA DE CRIMINALIDAD EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN EL AÑO 2006 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/118571). (Número de expediente 181/003519.)
- NÚMERO DE INFRACCIONES PENALES EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2007 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/118570). (Número de expediente
181/003520.)
- FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE DEBEN DESEMPEÑAN LOS TRADUCTORES DE ÁRABE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/112801). (Número de expediente
181/003521.)
- TASA DE CRIMINALIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN LOS AÑOS 1995 A 2006 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/112783). (Número de expediente 181/003522.)
- PREVISIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, ACERCA DE LA CONTRATA DE LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ZUERA (ZARAGOZA) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/108051). (Número de expediente 181/003523.)
SITUACIÓN ACTUAL DEL DESPLIEGUE DE LOS MOSSOS D'ESQUADRA EN CATALUÑA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/82771). (Número de expediente 181/003524.)
INCREMENTO DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA EN BANDAS JUVENILES QUE SE HA PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/34609). (Número de expediente 181/003525.)
DEL SEÑOR BARDISA JODÁ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE NÚMERO DE POLICÍAS NACIONALES, QUE PRESTABAN SUS SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL AÑO 2006, DESTINADOS A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/108087). (Número de expediente 181/003530.)
DE LA SEÑORA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) Y OTRO, SOBRE:
- NÚMERO DE FALTAS CONOCIDAS, EN CADA PROVINCIA ESPAÑOLA, DURANTE EL AÑO 2006 Y COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/109397). (Número de expediente
181/003595.)
- CONVENIOS FIRMADOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LOS MUNICIPIOS DESDE EL AÑO 2002 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/37576). (Número de expediente 181/003596.)
DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) Y OTROS, SOBRE:
- CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARÍA DE OURENSE, DON AVELINO DE FRANCISCO, DENTRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EL AÑO 2007, ASÍ COMO MOTIVOS DE LOS MISMOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/127025). (Número de expediente 181/003599.)
- CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARÍA DE OURENSE, DON AVELINO DE FRANCISCO, DENTRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EL AÑO 2007, ASÍ COMO FECHAS EN LAS QUE SE HAN PRODUCIDO (PROCEDENTE DE
LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/127024). (Número de expediente 181/003600.)
- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARÍA DE OURENSE, DON AVELINO DE FRANCISCO, A FECHA ANTERIOR AL 09/05/2007, DENTRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/127023) (Número de expediente 181/003601.)
- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARÍA DE OURENSE, DON AVELINO DE FRANCISCO,A FECHA POSTERIOR AL 11/05/2007, DENTRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/127022). (Número de expediente 181/003602.)
- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARÍA DE OURENSE, DON AVELINO DE FRANCISCO,A FECHA POSTERIOR AL 27/05/2007, DENTRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/127021). (Número de expediente 181/003603.)
- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMISARIO JEFE DE LA COMISARÍA DE OURENSE, DON AVELINO DE FRANCISCO, DENTRO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, A MES DE JULIO DE 2007 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/127020). (Número de expediente 181/003604.)
La señora SÁNCHEZ-CÁMACHO PÉREZ: Señora presidenta, intervengo por una cuestión de orden. Solamente quiero anunciar que las preguntas que están previstas para la segunda parte del orden del día de esta Comisión van a ser retiradas por
parte del Grupo Parlamentario Popular. Lo digo a efectos de conocimiento de todos los miembros de esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Entendemos que todas.
La señora SÁNCHEZ-CÁMACHO PÉREZ: Todas.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, le doy la palabra por un tiempo corto porque no hay enmiendas a esta proposición no de ley.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quería decirle al portavoz del Grupo Socialista que no sé si se ha confundido de proposición no de ley porque esta habla de la reforma del artículo 25.1 de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
Se trata de impulsar la reforma legislativa para derogar el artículo 25.1 sobre protección de la seguridad ciudadana, en relación con la tenencia y consumo de drogas. Es esta proposición no de ley, es decir, la misma que en el año 1999 votaron
favorablemente.
También quiero decirle a la portavoz del Grupo Popular que me he leído todas las comparecencias de esa Comisión, que somos cinco parlamentarios, que estamos donde podemos, que trabajamos muy duro y que seguro que no me gana en número de
intervenciones en esta Casa ni en número de iniciativas presentadas. Me parece vergonzoso que se apele a esas cuestiones desde un grupo parlamentario con más de 140 diputados frente a uno con cinco parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: No vamos a reabrir el debate. Vamos a dejarlo así porque no tiene mucho sentido. Ya sé que ha habido una alusión, pero vamos a interpretarlo como gajes del debate y del diálogo parlamentario.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMISARÍA DE POLICÍA EN PUERTO REAL (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000651.)
- RELATIVA A LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE LAS COMISARÍAS DE POLICÍA Y PLANTILLA DE LA GUARDIA CIVIL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ PARA ADECUARLO A LAS NECESIDADES ACTUALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001988.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la siguiente proposición no de ley.
Se tramitarán de forma agrupada, como se acordó en la reunión de la Mesa y portavoces, la proposición no de ley relativa a la construcción de una comisaría de
Policía en Puerto Real en Cádiz y la proposición no de ley relativa a la revisión del catálogo de puestos de trabajo de las comisarías de Policía y plantilla de Guardia Civil de la provincia de Cádiz para adecuarlo a las necesidades actuales. Para
su defensa tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Efectivamente, lo haremos conjuntamente pero me referiré por separado a cada una de ellas.
No parece lógico que una comisaría como la del Puerto de Santa María, que tiene a su cargo una población de 87.000 habitantes -que se duplica en verano- o como la de Puerto Real, con 39.000 habitantes -que también se incrementa bastante-
tengan el módulo penitenciario del Hospital Clínico de Puerto Real y los centros penitenciarios Puerto I, Puerto II y Puerto III, cuya población reclusa supera los 2.000. Además, ambas poblaciones tienen una superficie muy importante, con lo cual
la labor de los policías es muy complicada para atender esa dispersión de responsabilidades. Tampoco es lógico que falten policías para cumplir el catálogo de puestos de trabajo, precisamente por las circunstancias que se dan en esta comisaría,
donde además faltan vehículos y medios materiales, así como espacio y servicios. No lo digo yo; lo dice un informe del SUP que habla en ese sentido.
Ante esta situación, parece urgente constituir y construir una nueva comisaría exclusivamente para la ciudad de Puerto Real e independiente de la del Puerto de Santa María, que es lo que se solicita en esta proposición no de ley. No pedimos
que haya voluntad de hacerlo, de votar sí y ya hemos cumplido. Ya sabemos que esa voluntad existe. Lo que pedimos es un compromiso para que realmente esto se lleve a cabo y además lo ha prometido el ministro del Interior en una reciente visita a
Cádiz.
Tengo aquí un titular de prensa que dice que Interior construirá seis nuevas comisarías en la provincia y reformará otras ocho. A mí esto me parece muy bien porque ocho y seis son catorce, pero resulta que en la provincia de Cádiz solamente
hay nueve comisarías. Parece que con el ánimo de inflar o de sobrevalorar las inversiones que su ministerio va a hacer en la provincia, se ha pasado unos cuantos pueblos, concretamente cinco pueblos, que no existen. Lo que queremos es que el
compromiso que hoy toma esta Cámara -al menos así lo ha anunciado el Grupo Socialista- sea una realidad. Las dificultades que encontramos es que en los Presupuestos Generales del Estado solamente figuran 2,2 millones de euros para inversiones en
comisarías en nuestra provincia y el ministro ha dicho que son ocho. Con esa cuantía económica no hay para ninguna, máxime encontrándonos con una situación en la que hay un compromiso en San Fernando, ciudad muy próxima a las que estamos hablando,
que arrancará en diciembre tras más de dos años de retraso. El anuncio se produce una semana después de que el Sindicato Unificado de Policía diera un ultimátum para volver a llevar a cabo medidas de presión. Es decir, si ese va a ser el sistema o
la fórmula para que se construyan las comisarías, no nos parece lógico, oportuno ni acertado. Me puedo creer que el ministro tiene un verdadero compromiso en construir siete comisarías en la provincia de Cádiz, pero lo que está claro es que no lo
puede hacer con 2,2 millones de euros porque con eso no hay ni para una comisaría; para
esta de San Fernando de la que hablan, precisamente son 3 millones de euros. Además, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Puerto Real ha ofrecido los terrenos y el edificio para que se ubique la comisaría, o sea que solamente
hace falta un proyecto de remodelación y, lógicamente, el acondicionamiento. No es mucho lo que falta para que esta comisaría tan necesaria sea una realidad y es lo que realmente pedimos, que el voto no sea decir sí porque sí, sino que haya un
verdadero compromiso.
Con esto, señora presidenta, paso a la siguiente proposición no de ley, que es la relativa al incremento de los catálogos de los puestos de trabajo de la Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia de Cádiz.
En los informes anuales,
tanto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como los datos de incautación de droga dados por el Ministerio del Interior y otras estadísticas oficiales, se resalta el incremento del narcotráfico y la inseguridad en la
provincia de Cádiz.
Sabemos que es puerta de entrada a Europa, no solamente a España, desde el continente africano. Pues bien, los catálogos actuales de policía hay que revisarlos lógicamente y adaptarlos a las nuevas modalidades de delincuencia
organizada, al incremento de la población, a los métodos sofisticados que se utilizan y al incremento de la sensación de inseguridad de los gaditanos ante la constatación de la carencia de efectivos humanos de estos cuerpos. Tengo aquí un informe
también del Sindicato Unificado de Policía en el que se dice que es importante la falta de personal en las comisarías provinciales de Cádiz y en las locales de Puerto de Santamaría, Algeciras y La Línea, así como la carencia de medios materiales en
todas. Se ratifica lo que todos sabemos y estamos aquí tratando de resolver. En Cádiz hay más policía que antes -han venido más-, pero siguen faltando para cubrir el catálogo de puestos de trabajo. No es verdad ese dicho de que gracias al
Gobierno socialista se ha incrementado considerablemente el número de policías en nuestra provincia y en España. Les digo que no por los siguientes motivos: en los tres primeros años de Gobierno socialista las plazas para todos los policías que se
han incorporado fueron convocadas por el Partido Popular.
Sabemos que un policía tarda tres años en formarse y lógicamente se han ido formando durante los años 2004, 2005 y 2006 y ahora en 2007 se ha incorporado la primera promoción de policías
convocada por el Gobierno socialista. Hablando de Cádiz, en el año 2004 faltaban para cubrir el catálogo de puestos de trabajo 318 policías; en 2005, 333; en 2006, 295; en junio de 2007 -último dato que tengo cerrado, ahora se han incorporado
más pero no los tengo cuantificados-, 163. Es decir, en tres años y medio hemos reducido de los 318 a los 163, es decir 155. Esta es una cantidad muy pequeña y a esa diferencia, esas 163 plazas que faltan por cubrir, habría que añadir una revisión
que ha iniciado el Ministerio del Interior y de la que posteriormente hemos tenido conocimiento, por la que se amplía el catálogo actual, que está en 1.774 plazas, a 2.261, es decir, que faltaría cubrir 487 plazas. Señora presidenta, a esas 487
plazas tendríamos que sumarles las 163 que faltan por cubrir del catálogo antiguo, o sea que ciframos en 675 nuevos policías los necesarios para cubrir en la provincia de Cádiz el catálogo de puestos de trabajo. Con la Guardia Civil pasa
absolutamente lo mismo, hay 2070. Pero es curioso, tengo aquí una respuesta parlamentaria dada al diputado socialista por la provincia de Cádiz, señor De la Encina, en la que el Gobierno -entonces del Partido Popular- le respondía que a 31 de
diciembre de 2002 el total de guardias civiles en la provincia de Cádiz era de 2022. De los 2022 a los 2070 que hay hoy, son solamente 48 guardias civiles los que se han incorporado en los tres años y medio de Gobierno socialista. Digo también que
es verdad, que había policías -y he justificado las razones-, pero también digo que no ha habido voluntad política de cubrir las vacantes que había en Andalucía y les voy a poner un ejemplo. En octubre de 2006, también en respuesta parlamentaria a
este diputado, tanto Madrid como Andalucía tenían la misma carencia de policías, en torno a 1.600. Para solucionar el problema, el Gobierno envió 900 a Madrid y 234 a Andalucía.
Entonces, no se entiende muy bien que teniendo carencia en la misma
cuantía haya un trato distinto. Voluntad política, de acuerdo, pero no deja de discriminar, a la baja, a Andalucía. Lo que quiero con esta proposición no de ley es que seamos conscientes de que se debe hacer un esfuerzo importante porque tenemos
que incrementar no solamente el aumento de plazas del nuevo catálogo, sino también las del anterior, que están por cubrir. Es un esfuerzo doble y espero que el Gobierno asuma esta proposición no de ley que hemos presentado.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Fuentes.
La señora FUENTES GONZÁLEZ: Señorías, me parecen buenas y razonables las proposiciones no de ley que traen ustedes hoy a la Comisión de Interior; me parecen buenas y razonables porque dudo que ninguna señoría de las aquí presentes pueda
negarse a que en la provincia de Cádiz tengamos más seguridad, es más, creo que ninguna señoría de las aquí presentes podría negarse a que tuviésemos más seguridad en cualquier provincia de nuestro país, España. También me parece muy bueno que
estas proposiciones las haya presentado su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular.
Verán ustedes, señorías, en opinión de esta diputada que les habla, una buena oposición -ustedes son oposición porque están en la oposición- no solo
tiene que serlo sino además tiene que parecerlo, y esta afirmación en su caso tiene una doble importancia. Se preguntarán por qué y yo les voy a contestar, se lo voy a explicar. Ustedes hoy son oposición y a saber durante cuántas legislaturas más
tendrán que serlo -no importa, las que haga falta-, pero en algún momento de la historia de la democracia
de nuestro país, de España, por hache o por be, ustedes fueron Gobierno -digo hache o be porque es lo que se dice cuando hay una incógnita- y el hecho de que ustedes en algún momento fueran Gobierno de nuestro país les hace tener una doble
responsabilidad ahora que están en la oposición. Se seguirán preguntando, porque ustedes son personas inquietas, por qué, porque deben ser coherentes, señorías, entre las proposiciones e iniciativas que plantean hoy, que están en la oposición, y
cómo actuaron en el pasado cuando eran Gobierno. Espero que esta acumulación de razonamientos no les esté perturbando. En cualquier caso, señorías, tranquilidad, estoy totalmente segura de que existe esa coherencia entre su pasado y su presente y,
por ello, porque ustedes siempre me han parecido un grupo coherente y serio y porque sus proposiciones son razonables, me gustaría, si me lo permiten SS.SS., razonar sus proposiciones. ¿Qué les parece si hacemos una comparación entre lo que hizo el
Gobierno del Partido Popular en esta materia y lo que ha hecho el Gobierno socialista del señor Zapatero?, ¿a que les parece bien? Empezamos. Empecemos por el número de policías y guardias civiles que nuestro país tenía cuando gobernaba el
Partido Popular, ¿de acuerdo? Este dato es muy importante, porque demostrará la importancia que tenía para el Partido Popular la seguridad ciudadana. Pues bien, cuando gobernaba el Partido Popular teníamos 119.000 efectivos; no está mal el dato,
119.000 efectivos en ocho años de Gobierno del Partido Popular. ¿A ver qué es lo que ha hecho el Gobierno de Zapatero en algo más de tres años? 219.000 efectivos. Parece que el Gobierno de Zapatero ha hecho más en tres años que el Gobierno del
Partido Popular en ocho: 119.000 efectivos en ocho años de Gobierno del Partido Popular; 219.000 efectivos en tres años de Gobierno socialista; esto es mucho más sencillo de razonar que una simple regla de tres. Además, desde el año 1996 al año
2004 -esos años de incógnita-, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía disminuyeron en 5.200 y los de la Guardia Civil en 3.250. ¿Qué le parece, señoría? Busquemos más datos para razonar positivamente su proposición. El presupuesto, ¿de
acuerdo? En ocho años de Gobierno del Partido Popular el presupuesto destinado a seguridad pública se vio incrementado en un 39 por ciento. Está bien el dato, ¿verdad? Aumentaron ustedes bastante el presupuesto, pero ¿a ver qué ha hecho el
Gobierno socialista en tres años? Se ha incrementado el presupuesto en tres años hasta alcanzar el 52,7 por ciento. Si los cálculos no me fallan, 52,7 por ciento en tres años de Gobierno socialista es más que 39 por ciento en ocho años de Gobierno
popular. Hablemos entonces del presupuesto que el Ministerio del Interior destina a gastos de personal. El Partido Popular incrementó en un 15,89 por ciento el gasto destinado a personal. Está bien. ¿Qué ha hecho el Gobierno socialista? Durante
los años 2005, 2006 y 2007, los miembros de la Guardia Civil y los del Cuerpo Nacional de Policía han visto incrementadas en un 2, en un 3,26 y en un 3,16 por ciento adicional a la subida percibida por el resto de funcionarios públicos, por lo que
la subida en tres años se ha situado en un 30,20 por ciento, y además se ha creado el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de reforzar los mecanismos de coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y
la Guardia Civil. Voy a decirle una cosa, señorías, sus actuaciones mientras fueron Gobierno no les están ayudado nada, pero podemos seguir.
Busquemos más datos o más actuaciones que puedan apoyar su proposición.
Déjeme pensar, señoría... Por ejemplo, ¿le parece bien los Greco? Me refiero al Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado. Señoría, ¿cuántos funcionarios
tenían los Greco en Cádiz cuando gobernaba el Partido Popular? ¿Le doy tiempo para pensarlo? Ya. Voy a ahorrarle el sufrimiento, señoría, porque los Greco no existían en Cádiz cuando gobernaba el Partido Popular, porque se crearon en abril de
2006. Lo recuerdo porque estuvo el ministro Rubalcaba en Cádiz para darlo a conocer y porque fue todo un éxito. Este grupo cuenta con diecinueve funcionarios. Señoría, pasar de la nada a diecinueve funcionarios, sin comentarios. Además -usted ha
dicho que había datos actualizados, pero que no los tenía, yo sí y se los voy a decir-, el día 19 de febrero de este año se resolvió el concurso de vacantes para policías de nuevo ingreso, habiéndose convocado para Algeciras 54 vacantes y 21 para la
Línea de la Concepción, lo que ha supuesto un importante incremento de los recursos humanos en ambas localidades. Continúo. El 12 de noviembre se incorporaron a las plantillas de Cádiz, como consecuencia del concurso de méritos publicado en la
Orden general de 1 de octubre de 2007, para policías de nuevo ingreso, los siguientes nuevos efectivo -apunte, señoría, que estos son los datos que le faltaban-: 51 en Algeciras, 78 en la Línea de la Concepción, 60 en el Puerto de Santa María y 12
en el Puerto de Tarifa. Los datos que hemos repasado hasta el momento no le son muy favorables. No sé que más podríamos decir, porque usted ha comentado, señoría, la situación geográfica de nuestra provincia. Todas las señorías aquí presentes
saben perfectamente dónde está situada geográficamente la provincia de Cádiz que, por si acaso, y como dato adicional, diré que está situada en el sur de la península Ibérica. Es una provincia fabulosa; tenemos un clima magnífico, un verano que
dura casi cuatro meses, y en Cádiz se puede asistir a una de las puestas de sol más hermosas de todo el mundo, en concreto, si uno se sitúa en el Cabo Trafalgar. ¿Sabe qué contrasta con esta idílica estampa que le acabo de describir? Que en frente
tenemos las costas marroquíes, que están tan cerca, y usted lo sabe, que en un día con poca bruma se puede ver perfectamente la costa africana. Pues bien, hace cuatro, hace ocho, hace doce años, y prácticamente desde que Pangea se separó, Cádiz
siempre ha estado ahí, no la ha situado geográficamente ahí el Partido Socialista.
Sin embargo, ¿sabe lo que sí ha cambiado desde hace tres años? Que han dejado de venir de forma masiva pateras con cientos de inmigrantes
jugándose la vida. ¿Sabe por qué? Porque hoy el sistema de vigilancia SIVE está realizando un trabajo importante, con medios y con recursos, porque los medios y los recursos son importantes para poder tener una seguridad real y efectiva.
Eso lo saben los profesionales, lo saben los ciudadanos, lo sabe este Gobierno y, al parecer, los únicos que no lo sabían eran ustedes, que no destinaban presupuesto.
Señoría, quizá me haya precipitado un poco pensando que su grupo era coherente, pero por cómo han actuado ustedes mientras fueron Gobierno me parece, señoría, que son oposición, pero que aún no están preparados para parecer una buena
oposición. Quizás les hace falta, señorías, un poco más de tiempo en la oposición, para que sigan perfeccionando la técnica, fundamentalmente, en cuyo caso estoy segura de que los ciudadanos no van a dudar en darles el tiempo que les haga falta.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora diputada, pero hablando de tiempo, puede ir concluyendo porque, aunque no lo tengo muy cronometrado, ha consumido bastante más tiempo del que le correspondía. Vaya terminando.
La señora FUENTES GONZÁLEZ: Sí, enseguida. Gracias.
Deberían ser coherentes, como lo está siendo el Gobierno socialista, y le daré el mejor ejemplo de ello. En la legislatura pasada, cuando ustedes eran Gobierno -¿se acuerda? Porque se han hecho muchas cosas en esta legislatura y parece que
hace más tiempo-, la diputada Sánchez, hasta en cuatro ocasiones, por activa y por pasiva, preguntó a su Gobierno por la Comisaría de Policía de Puerto Real, a la que, entre otras, ustedes le negaban el pan y la sal. Le comentaré alguna de las
respuestas del señor Díaz de Mera, que además tiene mucho que ver con lo que usted ha dicho anteriormente -después también se la daré, por si quiere enmarcarla-: ...
existiendo una carencia de efectivos en la mayoría de las plantillas para la
provincia, por lo que para un aprovechamiento racional de los mismos es preciso que en las localidades con características semejantes a las de Puerto Real, limítrofes con otras que disponen de comisaría -por ejemplo, el Puerto de Santa María,
señoría-, serán atendidas desde esta a través de una descentralización de sus efectivos y no mediante la creación de nuevas comisarías, que exigirían un mayor número de recursos humanos y medios técnicos. ¡Cómo contrasta lo que usted ha dicho con
lo que dijo el señor Díaz de Mera! Este Grupo Parlamentario Socialista pidió la comisaría por activa y por pasiva; ustedes estaban gobernando y no lo veían necesario; ahora que el Gobierno es socialista poco menos que se les va la vida en ello.
El Grupo Parlamentario Socialista, al que tengo el honor de representar en este momento, es coherente y mantiene sus compromisos con los ciudadanos.
Para concluir, le diré dos cosas, señoría. Una, sería mejor para el funcionamiento de esta Comisión que usted aportara datos fiables, datos reales en el tiempo, y no los datos que a usted le gustaría que fueran.
Para obtener datos reales,
solo hay que dirigirse al Ministerio del Interior, que como es un ministerio transparente, no tendrá ningún problema en proporcionarle los datos. Si no utiliza datos reales, señoría, y utiliza los datos imaginarios que a usted le vienen bien, lo
que está haciendo con su intervención se llama fascículo coleccionable de cuentos. Por último, nuestro voto para ambas proposiciones será favorable. En ambos casos el Gobierno socialista no solo parece un buen Gobierno, sino que además lo es; la
seriedad, la coherencia y la justicia son los ejes fundamentales de nuestros principios. (El señor Sánchez Ramos pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: No tenemos enmiendas y hemos terminado el debate, pero le daré un turno muy breve, señor Sánchez, eso sí, sin abrir un nuevo debate.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: No voy a abrir un nuevo debate, simplemente quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo de las puestas de sol que hay en nuestra provincia (Risas.), pero que no estoy de acuerdo con los datos que nos ha
facilitado la diputada, y lo digo porque puede inducir a error a esta Cámara y por eso he pedido la palabra. Usted ha dicho que cuando terminó el Gobierno popular había 119.000 efectivos y que actualmente hay 219.000. Entonces, tengo que
interpretar que se han creado 100.000 nuevos puestos de Policía y Guardia Civil. Eso es imposible, ese dato no puede ser real, porque en las convocatorias que han ido saliendo -se lo he explicado, lo que pasa es que la portavoz no me ha escuchado,
porque estaría leyendo sus datos-, en los tres primeros años de Gobierno socialista las plazas convocadas fueron 4.250 de Policía, que multiplicadas por tres, son 12.750, y más las 5.500 que hicieron ellos cuando llegaron al Gobierno, suponen un
aumento sobre lo anterior, pero suman 18.250 de Policía y son aún menos de guardias civiles, pero nunca ascenderían a las 100.000 que ha dicho en esta Comisión que existen. Ese es un dato que tendrá que revisar, porque no es exacto. También quiero
decirle que en la comparecencia de ayer en esta misma sala, en la Comisión de Drogas, ya tuvimos que decirle al secretario de Estado del Interior que no nos suministraban datos. Debe ser que sí se los dan a los diputados socialistas, pero no a los
del Grupo Popular. Por eso, los datos que yo he traído a esta Comisión, señora presidenta, son de septiembre de este año - no son tan antiguos-, que son a los que he tenido acceso, porque entré en la página web del ministerio a ver si me podía
informar de los datos actualizados a día de hoy, y no hay forma humana de conseguirlos. Aparte de instrucciones, de no dar información, no hay información oficial accesible a este diputado.
Lamento que mis datos tengan un mes y medio de retraso,
pero esto no es para descalificar mi intervención ni los datos que he dado.
RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE POLICÍA NACIONAL EN LA COMARCA DEL ALJARAFE SEVILLANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002129.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que tiene el número 6 en el orden del día, que es la relativa a la creación de una unidad de Policía Nacional en la comarca del Aljarafe sevillano.
Para su defensa tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Como todos ustedes saben, el Aljarafe sevillano es una mancomunidad compuesta por 31 municipios, con una población en torno a los 400.000 habitantes, que ha experimentado un crecimiento de población en los últimos
cinco años en torno al 60 por ciento. Las perspectivas de crecimiento de la población siguen siendo exponenciales, habida cuenta que se advierte un incesante crecimiento de las promociones inmobiliarias. Uno de los aspectos no acorde con ese
crecimiento, aparte de las infraestructuras de comunicaciones, es el relacionado con los efectivos de seguridad ciudadana. Por todo ello, parece lógico que se cree una unidad operativa de la Policía Nacional con responsabilidad en el radio de
acción de la mancomunidad del Aljarafe.
Dado que el centro geográfico de la citada comarca es el municipio de Tomares, sería lógico que dicha unidad tuviera su sede operativa en el citado municipio, y no solamente por la centralidad, sino porque en población es la tercera del
Aljarafe y es la única que no tiene ni cuartel de la Guardia Civil ni comisaría de Policía. Es el municipio con mayor crecimiento demográfico de España en los últimos diez años y es el municipio con mayor renta per cápita de Andalucía, después de
Marbella.
Por otro lado, todavía no hace ni un mes, el 26 de octubre, el Ayuntamiento de Tomares aprobó, con el voto a favor de los concejales del Partido Socialista, del Partido Popular y del Partido Andalucista, una moción en idéntico sentido que
la proposición no de ley que nos ocupa.
Por ello, espero que la coherencia presida el voto del Grupo Parlamentario Socialista en esta ocasión.
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Millán.
El señor MILLÁN CARRASCOSA: Señora presidenta, señorías, antes de iniciar mi intervención quisiera hacer una aclaración al señor Albendea. El Aljarafe no es una mancomunidad, el Aljarafe es una comarca de comarcas.
No hay solo un
Aljarafe, está la primera cornisa del Aljarafe, a la que pertenece Castilleja, Tomares, Bormujos, Camas, y hay un segundo Aljarafe, al que pertenecen Bollullos de la Mitación, Olivares, Espartinas; es decir, el Aljarafe es una comarca de comarcas.
A partir de esa aclaración, debatimos en esta Comisión una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en relación a la creación de una unidad operativa de la Policía Nacional en esta comarca del Aljarafe sevillano, más concretamente en el
municipio de Tomares.
La distribución competencial existente en la Policía Nacional y la Guardia Civil, por lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comarca sevillana del Aljarafe, se materializa
de la siguiente forma. El Cuerpo Nacional de Policía tiene implantación en los municipios de San Juan de Aznalfarache y Camas, mientras que la Guardia Civil -y le corrijo, señor Albendea- tiene residencia en los municipios de Tomares, Mairena del
Aljarafe y Bormujos. Por tanto, en esta distribución se observa que todos los municipios de la primera corona del Aljarafe sevillano se encuentran con cobertura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin olvidar la cercanía existente en
estas poblaciones a Sevilla capital o incluso a la característica de estos municipios, que se encuentran prácticamente unidos, como son el caso de San Juan, Mairena y Tomares. En el ámbito territorial del Cuerpo Nacional de Policía podemos señalar
que existe una comisaría en cada una de las poblaciones anteriormente citadas. En San Juan de Aznalfarache hay una dotación de 60 puestos de trabajo, con un índice de ocupación del 80 por ciento, existiendo previsiones a lo largo del presente año
de incrementar tanto la dotación como la ocupación de esta comisaría. Es interesante señalar que en su localización se ha producido una disminución de medio punto en las infracciones cometidas comparando el período de enero a septiembre del año
2006 y el mismo período del año 2007. De igual forma, la Comisaría de Camas tiene 50 puestos de trabajo, con un índice de ocupación del 76 por ciento y en su localización se observa cómo el número de infracciones es sensiblemente inferior a la tasa
nacional. Concretamente, durante el mismo período referido anteriormente -de enero a septiembre de 2007- ha sido de cuatro puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional.
En definitiva, es cierto que siempre hay que mejorar, pero es necesario atender a las necesidades siguiendo unos criterios objetivos de población e infracciones. En el caso de la primera corona del Aljarafe, formada por los municipios de
San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Tomares, Bormujos y Camas, la cobertura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado existe en todos los casos. Si atendemos al criterio de población, y siguiendo lo establecido en el censo del
Instituto Nacional de Estadística para el año 2001, que entendemos que habrá aumentado, la población del municipio de Tomares es de 18.315 habitantes, mientras que la de Mairena del Aljarafe, por ejemplo, es de 35.833 habitantes, lo que supone casi
el doble, sin atender a la población flotante, que, como todos sabemos, se da en ambos municipios. En este sentido -para que usted lo tenga claro, señor Albendea-, cabe señalar que la previsión
de incremento poblacional para el municipio de Tomares es bastante reducida, según lo establecido en el Plan general de ordenación urbanística del municipio de Tomares actualmente en vigor, del que este diputado tuvo la suerte de ser su
asesor jurídico en su redacción en su calidad de director de área de urbanismo del Ayuntamiento de Tomares.
Todo ello si el nuevo Gobierno del Partido Popular en el municipio no tiene otra brillante idea como la del teleférico que una Sevilla con
Tomares. He de señalar la necesidad de mejora en infraestructuras y equipamientos policiales, pero siguiendo criterios sólidos, objetivos y no meramente partidarios. Tras observar estos datos, podemos entender que desde el Partido Popular se
atiende más a criterios puramente electorales, ya que Tomares es de los pocos municipios, por no decir el único, de la primera corona del área metropolitana donde gobierna el Partido Popular. Para ello utilizan un criterio muy recurrido por
ustedes, pero muy pobre, el del centro, en este caso geográfico. Y como no tienen claro qué es el centro ni de qué centro estamos hablando, pues siempre la propuesta es baladí. Aun siendo esta propuesta anterior a las elecciones municipales de
mayo de 2007, cabe decir que este municipio ha sido, elecciones generales a elecciones generales, uno de los municipios con mayor intención de voto hacia el Partido Popular en la provincia de Sevilla. Analizando las inversiones efectuadas por el
Ministerio del Interior en construcción de nuevas comisarías de la provincia de Sevilla durante el Gobierno del Partido Popular, podemos observar que durante la legislatura 2000-2004, con Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, no se
construyó ni una sola comisaría de la Policía Nacional en la provincia de Sevilla. Repito, ni una. Es más, ni siquiera se presupuestó más allá de lo establecido para los estudios técnicos de la construcción de la Comisaría de la Alameda de
Hércules, cuya financiación se efectuó por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que señalar el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Sevilla -el Ministerio del Interior del Gobierno Zapatero; el
Ayuntamiento de Sevilla, presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín-, ambos gobernados por el Partido Socialista en el año 2005, mediante el cual desde este ministerio se pondrán en funcionamiento seis nuevas comisarías en Sevilla capital como eje
central del área metropolitana, algunas de las cuales ya están hoy licitadas, como es el caso de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Sevilla-Este. De igual forma, hay que destacar la construcción de la Comisaría de la Policía Nacional en
el municipio de Coria del Río, perteneciente al Aljarafe sevillano, si bien en su localización oeste y que cuenta con una población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística referentes a 2001, de más de 24.000 habitantes, encontrándose
esta obra ya adjudicada. Asimismo, para el año 2008 se pondrá en funcionamiento la nueva Comisaría de la Policía Nacional en el municipio de Alcalá de Guadaira, que se encuentra ya en ejecución.
Concluyendo, señorías, desde el Grupo Socialista somos conscientes de la necesidad de efectuar mejoras en equipamientos policiales en la provincia de Sevilla, con el objeto de paliar las deficiencias que durante el periodo de gobierno del
Partido Popular se produjeron en nuestra provincia desde el punto de vista de equipamientos, así como del incremento de efectivos policiales en los mismos, pero siguiendo criterios demográficos y de necesidad y no por impulsos electoralistas.
(El
señor Albendea Pabón pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Tampoco tenemos enmiendas en esta proposición no de ley, señor Albendea, pero tiene la palabra brevemente.
El señor ALBENDEA PABÓN: Simplemente quisiera corregir al ponente del Grupo Parlamentario Socialista. El municipio de Tomares tenía, al final del año 2006, 20.705 habitantes; era la tercera población del Aljarafe en importancia. Él lo ha
dicho, como gobierna el Partido Popular allí porque ha ganado las elecciones, van a votar que no a esta proposición no de ley, pero quiero recordarle -y también lo ha dicho- que la proposición no de ley está formulada el 20 de febrero de 2007,
cuando gobernaban ustedes, es decir, mucho antes de las elecciones municipales. Por tanto, está clara la incoherencia de su grupo, puesto que -como he dicho- el Grupo municipal Socialista votó el otro día, en el Ayuntamiento de Tomares, a favor de
una moción, y ustedes votan en contra; esa incoherencia habrá que ponerla de relieve a los ciudadanos de Tomares para que lo sepan.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA REFORMAR LAS DISPOSICIONES LEGALES POR LAS QUE SE LIMITA EL PROCESO DE HABILITACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA A LOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA O DE UN ESTADO PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001702.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que figura como número 7 en el orden del día, por la que se insta al Gobierno a establecer los requisitos para reformar las disposiciones legales por las que se limita el proceso de
habilitación del personal de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán.
Tiene la palabra, para su defensa, el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Muy brevemente, porque es un tema bastante recurrente en esta Cámara; se ha
hablado del mismo en la propia Comisión de Interior y recientemente, en el Pleno, cuando se convalidó un real decreto-ley por el que se trasponía o se incorporaba a la normativa positiva española una sentencia del Tribunal Europeo en
relación a la seguridad privada. La pretensión de esta proposición no de ley que se presentó hace ya más de dos años es, simplemente, dar respuesta a una necesidad que el sector de seguridad privada presenta, en tanto en cuanto es un sector en un
crecimiento ya consolidado y constante, con una proyección de crecimiento en el futuro todavía mayor, no solo en el Estado español sino también en el resto de nuestro mundo occidental, en donde la seguridad privada tiene unas cifras de crecimiento
realmente importantes, y no hay, por situaciones positivamente valoradas de un cierto nivel de empleo elevado, demasiadas personas candidatas a ocupar esos puestos de seguridad privada. La sentencia que antes citaba establece -y así se ha
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico- la posibilidad de contratar a personas de la Unión Europea -incluso de los recientes Estados incorporados-, a veces con dificultades importantes a nivel de idioma, y a partir de cualquier tipo de
titulación que pueda ser reconocida por nuestro Estado, pero en cambio otras personas con un nivel de coincidencia cultural a nivel de lengua y de tradición histórica, como es todo el colectivo iberoamericano, no tiene esa posibilidad de
incorporarse como miembros de la seguridad privada, con lo cual esto es un déficit en este sector que los propios operadores en este ámbito, sobre todo las empresas, están reivindicando y que, además, resolvería problemas precarios que se presentan
en el mismo, como es el intrusismo o el utilizar eufemismos como auxiliares de seguridad, que sí desarrollan ese tipo de personas porque no requieren la habilitación del Ministerio del Interior, que solo puede entregarse o emitirse a favor de las
personas de la Unión Europea o del Tratado de Schengen, como decía el enunciado de la proposición no de ley.
Por otro lado, se da la paradoja de que personas iberoamericanas sí pueden incorporarse a las Fuerzas Armadas, al Ejército, con una serie de condiciones, pero no pueden hacerlo a una actividad que tiene ciertos paralelismos, como es la
seguridad privada. Al mismo tiempo, facilitar esta incorporación, poder adquirir esa habilitación y, por lo tanto, actuar en este sector, permitiría dar salida a muchas personas que sí han sido miembros de las Fuerzas Armadas, la mayoría
procedentes de Iberoamérica, y que luego no pueden acceder a la seguridad privada habiendo sido capaces para ser miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual nos parece una incongruencia, ya que, además, sería una salida profesional para estos
colectivos. En este aspecto, entendemos que puede haber una cierta aquiescencia o apoyo por parte de los otros grupos, algunos de ellos ya se han manifestado al respecto en anteriores ocasiones, incluso con iniciativas parecidas a la que hoy
presentamos desde Convergència i Unió. Por otro lado, creemos que este no debería ser el único contenido de una modificación legal, no solo el tema de la habilitación para las personas que puedan ocupar esos empleos, sino que también podría
aprovecharse la modificación legal para incorporar otras mejoras en el sector, tanto las que nos pueden llegar vía sindicatos como vía patronal, que son los que, en definitiva, conocen en profundidad este tema y que conjuntamente con la perspectiva
del ministerio pueden ayudar a confeccionar un marco legislativo idóneo para esta actividad que, como decía, cada vez es más importante en nuestro país. Por ello, esperamos el apoyo de todos los grupos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nosotros estamos de acuerdo con la proposición presentada por el Grupo de Convergència i Unió y con el argumentario que le ha servido para fundamentarla. Hemos presentado iniciativas de este tenor en más de una
ocasión y nos parece de justicia que un sector que tiene dificultades de empleabilidad, que no puede cubrir sus plantillas por falta de gente de nacionalidad española que quiera trabajar en este tipo de actividad -me estoy refiriendo a las empresas
de seguridad privada-, pueda contratar no solo ciudadanos comunitarios, en virtud de los requerimientos de la normativa comunitaria, reinterpretados por la sentencia del Tribunal Europeo recientemente, sino que hemos invocado y preconizado la
posibilidad de que se puedan contratar también personas de países latinoamericanos. El Ejército español lo puede hacer, por razones que son de todos conocidas y que no es necesario glosar en este momento; de hecho, han muerto ciudadanos
latinoamericanos en misiones internacionales de corte humanitario realizadas por tropas españolas, y no tiene sentido limitar la actuación o la posibilidad de empleabilidad o contratación de personas de origen latinoamericanos a esta subespecie que
está prevista de auxiliares de los agentes de seguridad privada. Hemos visto todos en los aeropuertos y en otros ámbitos cómo se pueden hacer trabajos de colaboración bajo la dependencia de agentes de seguridad privada que, a su vez, están bajo la
dependencia de oficiales de la Guardia Civil. Hay demasiada dependencia, es un tracto sucesivo demasiado complejo y -con esto acabo señora presidenta- nosotros queremos invocar que se tome en serio, sobre todo por las necesidades del sector y
porque, por qué no decirlo, es mejor y más fácil que un latinoamericano pueda atender mejor, por razones lingüísticas, los requerimientos de la profesión en el Estado español, que una persona de Bulgaria o de cualquier otro país que acaba de
ingresar en la Unión Europea y que por razones idiomáticas, lingüísticas, iba a tener dificultades para ejercer eficientemente su función. Solo esto justificaría esta razón pero también las demás invocadas tanto por el portavoz de Convergència i
Unió como las que en otras ocasiones nosotros mismos hemos invocado aquí.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Celebro en nombre de mi grupo que sentemos hoy la base para la resolución, en los próximos meses, de una cuestión sobre la que hemos venido insistiendo desde hace tiempo. Haciendo brevemente historia, el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, en fecha 22 de marzo de 2006, publicaba una proposición no de ley presentada por mi grupo, en la que se instaba al Gobierno a que se procediera de forma inmediata al análisis de las necesarias modificaciones
reglamentarias exigibles como consecuencia de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero. Entre los factores que añadíamos para incorporar en esa reforma, precisamente se señalaba la necesidad
de aprovechar la circunstancia para introducir aquellas modificaciones necesarias en la regulación vigente en materia de seguridad privada para poder corregir algunas de las disfuncionalidades que se apreciaban en el sector, por el propio sector, en
función de sus necesidades. Esa proposición no de ley fue debatida y aprobada por unanimidad, con las aportaciones del Grupo Socialista, en sesión de esta misma Comisión de fecha 6 de junio de 2006. Ya tuve ocasión, con motivo de la defensa de
dicho texto, de citar específicamente la necesidad de avanzar en las posibilidades de reformas legales que permitieran el acceso a ciudadanos no comunitarios de forma análoga a lo acontecido con la incorporación de extranjeros a las Fuerzas Armadas.
Este proceso culminó en sesión de Pleno de la Cámara, el pasado 16 de octubre de 2007, con la convalidación del Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modificaban determinados artículos de la Ley de Seguridad Privada.
Sorprendente y lamentablemente no se aprovechó la presentación de ese texto para abordar la reforma directa de la cuestión que veníamos reclamando y, como consecuencia de eso, el 15 de noviembre de 2007 registramos una proposición no de ley que
tiene un petitum absolutamente similar en su fondo al que hoy debatimos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con la mayor brevedad posible promueva la modificación parcial del artículo 10.3.a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y
las consiguientes modificaciones reglamentarias que el interés general hagan aconsejable, de forma que se elimine la restricción del acceso a la habilitación del personal de seguridad privada a los nacionales de la Unión Europea o del espacio
económico europeo. Por eso, nosotros celebramos la oportunidad de que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió haya recuperado esta iniciativa que tenía registrada desde hace tiempo para poder finalmente entre todos -y celebro que haya
un punto de convergencia básico entre las principales fuerzas parlamentarias- abordar definitivamente ya lo que en los próximos meses debe ser la resolución de esta cuestión. Estamos en este momento, señorías, muy por debajo de lo que es la
habilitación de personal de seguridad privada en relación con los países de nuestro entorno. Hay 81.000 vigilantes de seguridad en activo en España, cuando hay 300.000 vigilantes en el Reino Unido, 173.000 en Alemania, 165.000 en Polonia y más de
160.000 en Francia, solo por citar algunas cifras. Las necesidades del sector, pero también de alguna forma las de la seguridad pública, determinan que, al menos, en este momento 21.000 nuevos profesionales podrían incorporarse a estas tareas.
Además, hay un principio elemental de búsqueda de la coherencia interna de nuestro ordenamiento jurídico y, como muy bien señalaban el señor Guinart y el señor Olabarría, no tiene ningún sentido que nuestro ordenamiento jurídico en este
momento permita a nacionales de países de la comunidad iberoamericana realizar una -valga la expresión práctica e incluso jurídica- función superior, es decir, ser miembros profesionales de las Fuerzas Armadas españolas y, sin embargo, no puedan
realizar una función jurídica y conceptualmente inferior a esa, es decir, poder desarrollar tareas de vigilante de seguridad, cuando, además, para suplir esas necesidades se emplean, como señalaba el señor Olabarría, esos eufemismos lingüísticos que
son, en términos prácticos, absolutamente inútiles puesto que no dan cobertura a las necesidades plenas del sector.
Decía, señora presidenta, y voy concluyendo, que la resolución de esta cuestión y, por tanto, la incorporación de personas nacionales de la comunidad iberoamericana fundamentalmente, porque todos estamos pensado en ese origen, al sector de
la seguridad privada también va a beneficiar a la seguridad pública, naturalmente desde el principio de sumisión y de complementariedad de la seguridad privada a los intereses y al control por parte de la seguridad pública. Es obvio que un sector
de la seguridad privada mucho más dinámico, más efectivo, más extensivo y con más posibilidades de cubrir más y mejores servicios y misiones desde ese principio de complementariedad y de subordinación a la seguridad pública, va a estar en mejor
situación para prestar esa función complementaria a los intereses de la seguridad pública.
Hay también una cuestión que no es menos importante, señora presidenta, y a la que beneficia ciertamente a la pretensión que hoy planteamos todos los grupos: una mejor ordenación de la política inmigratoria general, puesto que vamos a poder
abrir una vía de oferta profesional reglada, incluso con contratos en origen, a una serie de personas que deseen venir o a una segunda generación de inmigrantes ya instalados en España, a los que se les va a ofrecer una posibilidad profesional, el
acceso a unas funciones que en este momento tienen vedadas. Va a beneficiar también a los profesionales del sector, a los trabajadores españoles en este momento profesionales del sector, puesto que va a limitar de una manera muy amplia, yo diría
casi definitiva, las posibilidades de intrusismo y va a mejorar las condiciones laborales de ejercicio de jornada profesional y de promoción en las propias empresas. En definitiva, vamos a ganar, como yo señalaba con anterioridad, también en ese
valor importante que es la coherencia interna de nuestro ordenamiento jurídico.
Desde cualquier perspectiva es aconsejable esta reforma y, por tanto, me parece muy importante que todos
los grupos parlamentarios al final de esta legislatura vayamos a apoyar esta cuestión.
Termino con lo que puede ser un desiderátum que trasciende, señora presidenta, el propio contenido de esta iniciativa, pero que viene al pie que ofrece jurídica y políticamente esta iniciativa. Qué bueno sería que en los usos y costumbres
políticos y parlamentarios, señora presidenta, queridos colegas, pudiéramos incorporar en el futuro algo similar a lo que hoy estamos haciendo. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo? Estamos, en el horizonte muy próximo de unas elecciones generales,
sirviendo un punto de consenso en un ámbito importante, fundamental, como es el de la seguridad, para que, sea cual fuere el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales, sepa que puede trabajar ya con el consenso de esta Cámara para
abordar una cuestión fundamental. Si algún día en el devenir de esta Cámara fuéramos todos capaces de dedicar el último periodo de sesiones de una legislatura a abordar en los grandes temas de Estado -economía, política exterior, defensa,
seguridad- medidas de consenso, fuere cual fuere después el tránsito de gobiernos en función de la decisión de las urnas, que permitieran una continuidad de los grandes temas, estaríamos sirviendo muy bien nuestra misión, la propia razón de ser de
la tarea parlamentaria, del debate político y del pluralismo. Por eso, yo hoy celebro esta iniciativa y que finalmente seamos capaces todos juntos de sentar ese principio de consenso para que el futuro Gobierno, sea cual fuere, dé solución a un
problema en beneficio de los intereses de conjunto de la sociedad española, en beneficio también de los intereses de los trabajadores españoles y de otros que puedan incorporarse con esta medida legalmente a nuestro mercado de trabajo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Seré breve porque, como se ha dicho, este es un asunto muy trabajado y la posición del Grupo Parlamentario Socialista ha sido muy conocida, ya que ha sido expuesta en diferentes momentos de la presente legislatura,
tanto en esta Comisión como en el transcurso del debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley 8/2007.
Como se ha dicho, el marco normativo vigente solo permite el acceso a las profesiones reguladas en la Ley de Seguridad Privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que, de facto, representa impedir que ciudadanos
extranjeros no comunitarios puedan incorporarse a prestar sus servicios a este sector. La proposición no de ley presentada por Convergència i Unió plantea instar al Gobierno a reformar los requisitos legales por los que se produce esa limitación y,
por tanto, abrir el paso a los ciudadanos no comunitarios. Sin duda, esta limitación legal a la que estamos haciendo referencia no encaja bien en la realidad del contexto social, económico y jurídico de la España de hoy y no encaja bien, además, en
la situación del sector, un sector pujante, en expansión y que, como se ha dicho por quienes hicieron uso anteriormente de la palabra, demanda mano de obra en importantes cantidades en este momento.
En línea con lo expuesto, la proposición no de ley que impulsa Convergència i Unió supone instar al Gobierno a remover tales obstáculos legales y nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, señor Guinart, estamos de acuerdo en esa necesidad
de abordar la reforma de la ley para posibilitar que el sector se nutra de ciudadanos no comunitarios. Nuestra posición, por tanto, es la misma que manifestamos en el debate sobre la convalidación del real decreto al que hacía referencia
anteriormente y consideramos necesario modificar la vigente Ley de Seguridad Privada para facilitar la incorporación al sector de ciudadanos extracomunitarios.
Pero al mismo tiempo nos encontramos con una buena ley -si se me permite la expresión-
que es preciso adaptar a las transformaciones jurídicas, sociales y económicas que se han experimentado en nuestro país desde su aprobación en 1992, como acertadamente puso de relieve en la tribuna de oradores mi compañera de grupo y presidenta de
esta comisión, doña Carmen Hermosín. Y como también se ha esgrimido que la legislatura está en sus últimos compases, y que es materialmente imposible acometer...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Por favor, ruego a las señoras y señores diputados que bajen el tono de sus conversaciones.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Gracias, señora presidenta.
Como decía, estamos en los últimos compases de esta legislatura y es materialmente imposible acometer tales cambios, como ya lo era cuando se convalidó el real decreto-ley; por tanto, tenemos que entender este debate más que en el contexto
de intentar orientar la labor del Gobierno, en el de fijar la posición de cada grupo de cara a la próxima legislatura. En ese sentido diré que el Grupo Socialista es partidario no solo de modificar la ley para que los ciudadanos no comunitarios
puedan trabajar en el sector sino que también consideramos necesario favorecer una reflexión más amplia, que aborde aspectos importantes sobre la Ley de seguridad privada y en la que tenga cabida el punto de vista del sector que, dicho sea de paso,
mantiene posiciones muy cabales, muy constructivas y que sin duda pueden contribuir al perfeccionamiento de la normativa. Al mismo tiempo, que también tenga cabida, que tenga encaje la voz de los sindicatos, que tienen cuestiones importantes e
interesantes que aportar. Por tanto, el Grupo Socialista va a apoyar la proposición no de ley que estamos debatiendo, si bien evidenciando este enfoque más amplio que expresaba.
Finalizo, señorías, agradeciendo la posición seria, rigurosa y constructiva del conjunto de los grupos parlamentarios en esta materia, especialmente de un diputado que se ha destacado por su interés y por su trabajo en esta
reforma de la Ley de seguridad privada, don Ignacio Gil Lázaro, cuya dedicación a lo largo de esta legislatura ha sido importante y que ha realizado interesantes aportaciones. Pero también quiero aprovechar su última reflexión en torno a la
importancia del consenso para transmitirle otra en relación con esta cuestión. El Grupo Parlamentario Socialista valora de forma muy positiva esa predisposición al consenso que se produce en esta materia y en este momento, pero quiero recordar al
señor Gil Lázaro que el consenso no solo es bueno, no solo es positivo en la recta final de la legislatura sino que es muy positivo durante toda la legislatura y hubiera sido muy positivo que se hubiera extendido a más materias durante la misma.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Está debatido el tema, señor Gil Lázaro. Me están obligando a abrir unos turnos que no están en el Reglamento, porque no tenemos enmiendas.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, es pura cortesía no es abrir el debate. Normalmente, en el turno de alusiones...
La señora PRESIDENTA: No voy a ser más descortés con usted que con los anteriores, pero me están obligando a abrir unos turnos que están totalmente fuera del Reglamento.
El señor GIL LÁZARO: Normalmente en el turno de alusiones se suele criticar, yo simplemente quiero dar la gracias al señor González Serna por su amabilidad y decirle que comparto todas -subrayo todas, y ya me entiende- sus reflexiones.
Gracias por la alusión amable.
La señora PRESIDENTA: Habiendo sido retiradas por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular las preguntas de los puntos 9 a 30, que iban a ser contestadas por el subsecretario del ministerio -que está por aquí-, y viendo que no hay
ninguna postura contraria a dicha retirada, queda modificado el orden del día -reglamentariamente tiene que ser así- y, por tanto, terminado.
Pasamos a votar las proposiciones no de ley y lo haremos en el orden en el que han sido debatidas en la Comisión. Por tanto, la primera votación será la de la proposición no de ley 2083, del Grupo Parlamentario Socialista, que se votará con
el texto de la enmienda de sustitución defendida por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley 2084, también del Grupo Socialista, incorporando igualmente la enmienda del Partido Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley 1986, del Grupo Parlamentario Popular, en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la proposición no de ley 2131, de Izquierda Unida, en sus propios términos al no tener ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley número 651, del Grupo Parlamentario Popular, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley 1988, del Grupo Parlamentario Popular, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley 2129, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, votamos la proposición no de ley 1702, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.