CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 943

MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA BONÀS PAHISA

Sesión núm. 48

celebrada el martes, 20 de noviembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) para informar sobre:


- Los principales logros de la política medioambiental en España en esta legislatura. A petición propia. (Número de expediente 214/000190.)...
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- Los principales logros de la política medioambiental en España en esta legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/001084.)... (Página 2)


- La política hídrica desarrollada por el Gobierno. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001061.)... (Página 28)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (NARBONA RUIZ) PARA INFORMAR SOBRE:


- LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA EN ESTA LEGISLATURA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000190.)


-LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA EN ESTA LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 213/001084.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión número 48 de esta legislatura con el siguiente orden del día. Celebramos la comparecencia, a petición propia, de la ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, para
informar de los principales logros de la política medioambiental en España en esta legislatura. Este punto se tramitará conjuntamente con el segundo punto, a petición del Grupo Socialista, también para recibir información de los principales logros
de la política medioambiental de España en esta legislatura. Se tramitarán conjuntamente. Primero damos la palabra a la señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoras diputadas, señores diputados, nos acercamos al final de la legislatura, quedan pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones generales y creo que es un momento adecuado
para hacer un análisis del conjunto de las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de esta legislatura.
Intentaré no extenderme en demasía sobre algunos puntos para dar pie también a las intervenciones posteriores. Sí quiero decir
que, en la medida en que hay pedida una comparecencia por parte del Grupo Popular sobre política del agua que viene a continuación, el análisis que haré de la tarea llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente desde el mes de abril del año
2004 se referirá al resto de cuestiones. Dejaré fuera expresamente la política del agua para volver sobre ella en la segunda comparecencia.



Quiero iniciar esta intervención señalando que he vuelto a leer mi propia intervención ante esta Comisión en mayo de 2004 para poder apreciar lo que se había cumplido de aquellos propósitos que planteé al inicio de la legislatura. Como
podrán ver a continuación, la mayoría de los propósitos y de los objetivos que planteé ante esta Comisión se han podido cumplir.
Eso no significa, ni mucho menos, que no sea necesario un esfuerzo extraordinariamente mayor del conjunto del Gobierno
de España y de todas las administraciones, autonómicas y locales, para que este país se sitúe efectivamente en la senda del auténtico progreso, incorporando la sostenibilidad ambiental como una condición imprescindible para un correcto desarrollo
social y económico. Y para que eso sea así es totalmente necesaria la implicación y la complicidad de todos los ciudadanos de nuestro país. Por eso, señorías, si me lo permiten, quiero iniciar esta intervención señalando dos leyes aprobadas en
esta legislatura que creo que van a ser una herramienta potente para fortalecer nuestra democracia en el sentido de hacer cumplir el artículo 45 de la Constitución española, el artículo que establece el derecho de todos los ciudadanos a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo.
Además, establece dónde se ubican las responsabilidades para que ese derecho pueda ser efectivo. Sin ninguna duda, para que podamos avanzar en esa dirección, los ciudadanos tienen que recibir la mejor
información posible sobre la dimensión ambiental de los distintos procesos de toma de decisión y, además, tienen que poder formar parte de esas decisiones. Por eso, señorías, sin ningún género de dudas, la norma de la que me siento más satisfecha
de las diez aprobadas en esta legislatura es la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se trata de la plena trasposición a nuestro
ordenamiento jurídico del Convenio de Aarhus. Fue una norma apoyada por todas las fuerzas políticas en el Parlamento e incluye los tres grandes pilares de Aarhus. En primer lugar, el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de las
autoridades públicas, pero también el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa. En segundo lugar, la ley
establece el derecho a la participación del público en el proceso de toma de decisiones en tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones de
carácter general. En tercer lugar, el acceso a la justicia garantiza el derecho de los ciudadanos a acudir a los tribunales para revisar las decisiones que hayan podido violar los derechos de información y de participación y también legitima a las
organizaciones no lucrativas que actúan en el ámbito del medio ambiente para entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar cualquier acción u omisión imputable a una autoridad pública que constituya una vulneración de la
legislación ambiental. Como dijo en su momento el propio secretario general de Naciones Unidas, este Convenio de Aarhus -y esta ley ya en vigor en España- es la más poderosa herramienta al servicio de una mejora de la calidad de nuestra democracia,
en lo que podríamos calificar como la necesaria democracia ambiental. Todas las administraciones tienen ahora que desarrollar su tarea conforme a las obligaciones que marca esta ley.



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Asimismo, en esta legislatura se ha aprobado otra norma reclamada desde hacía mucho tiempo, concretamente desde la gravísima catástrofe de Aznalcóllar, con la rotura de la balsa de Boliden, y que se ha incorporado a nuestro ordenamiento
jurídico siguiendo los contenidos esenciales de una directiva europea. Me refiero, señorías, a la Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental, que da cabal cumplimiento al mandato constitucional de reparar el daño ambiental causado, porque la
gran novedad en esta norma es que, más allá del principio en vigor de quien contamina paga, se instaura plenamente el principio de quien contamina repara, y para ello, señorías, hemos planteado a las Cortes una norma que establece un régimen de
responsabilidad de carácter objetivo que impone obligaciones a los operadores, con independencia de que hayan cometido infracción alguna; es ilimitado, obliga a devolver los recursos naturales dañados al estado original, cualquiera que sea la
cuantía económica a la que obliga esa reparación; es material, impone la obligación de reparar materialmente el daño causado, no puede por tanto sustituirse por una mera compensación económica, y un régimen público, porque corresponde a la
Administración velar para que los operadores cumplan con sus obligaciones, tanto en términos de prevención como de reparación. Esta ley, señorías, también obliga a constituir en determinados supuestos una garantía financiera. En esto hemos ido más
allá del contenido de la propia directiva, en el sentido de dar una concreción a lo que la directiva pide que hagan los gobiernos de la Unión Europea. La directiva dice que se adopten las medidas para que, efectivamente, los operadores puedan hacer
frente a estas obligaciones de reparación del daño ambiental y la forma de hacer frente, a nuestro juicio, es que se establezca una garantía financiera obligatoria cuando se superen determinados umbrales de daño ambiental potencial o bien cuando las
empresas no estén sometidas a un régimen reglado de cogestión y de ecoauditoría. Por lo tanto, es una obligación que tiene elementos de flexibilidad precisamente para evitar gastos innecesarios a determinadas empresas que podrían verse afectadas
por esta exigencia de garantía obligatoria. La exigencia de estas garantías empezará a aplicarse el año 2010, teniendo en cuenta una metodología común para la evaluación económica de la reparación del daño ambiental, una metodología, señorías, que
se encuentra ya muy avanzada y que está beneficiándose de todo el análisis existente en estos momentos en los países industrializados para preparar el mejor sistema de pólizas ambientales dentro de nuestro sistema de aseguramiento. Señorías, esas
dos normas estaban previstas en mi intervención ante esta Comisión en mayo del año 2004 y quiero agradecer en este momento, como en el resto de las normas que comentaré, la tarea llevada a cabo, tanto en el Congreso como en el Senado, para
perfeccionar las propuestas remitidas por el Ejecutivo, pero son normas que no tuvieron ninguna enmienda a la totalidad y en las que creo que se alcanzó un muy alto consenso, como me parece lógico por la importancia que tienen de transformación en
términos democráticos de la efectividad de derechos y de la atribución de responsabilidades, tanto de las autoridades públicas como de los poderes económicos, frente al cumplimiento de las normas ambientales.



Señorías, en mi primera intervención en la legislatura, en mayo de 2004, recordé las palabras del presidente del Gobierno en su discurso de investidura donde se señalaban dos objetivos prioritarios para estos años en relación con los
desafíos ambientales. El primero de ellos, comenzar a combatir con energía el cambio climático en nuestro país y, el segundo, una profunda reorientación de la política del agua en España -por cierto, ambas prioridades habían sido puestas de
manifiesto como carencias del desarrollo reciente de España en el informe del año 2003 realizado por la OCDE-.



Como hablaré después en la segunda comparecencia de la política del agua, me centro ahora en una rápida consideración del esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de otros ministerios y de otras
administraciones, a lo largo de esta legislatura para recuperar demasiado tiempo perdido en la lucha contra el cambio climático en España. Solo quiero recordar que desde el año 1992, desde la cumbre de Río, España formaba parte como país europeo
del grupo de países que se comprometían a tener en cuenta el cambio climático, avanzar hacia la estabilización primero y la reducción después de las emisiones de gases de efecto invernadero y, posteriormente, a partir del año 1997, quedábamos
obligados al desarrollo en el ámbito europeo del Protocolo de Kioto. Sin embargo, al inicio de la legislatura ni se había aprobado la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea sobre derechos de emisión que tenía como
fecha límite de aprobación el 31 de diciembre del año 2003 ni se había remitido tampoco a la Comisión Europea el primer Plan nacional de asignación de derechos de emisión que debería haberse encontrado en poder de la Comisión Europea antes del 31 de
marzo de 2004. Eso hacía en aquel momento de inicio de la legislatura que fuésemos, junto con Grecia, el único país de los quince países núcleo de la Unión Europea que carecía de ese escenario de Plan nacional de asignación de derechos de emisión.
Por tanto, señorías, las primeras tareas del Ministerio de Medio Ambiente fueron poner en marcha tanto la norma como el Plan nacional de asignación de derechos de emisión para el periodo 2005-2007 y pudimos, efectivamente, a lo largo del año 2004,
trabajar de forma concertada con empresarios, sindicatos y también con todas las comunidades autónomas desde un grupo interministerial de políticas de cambio climático que se creó por parte del Gobierno de forma inmediata, en cuanto comenzó la
legislatura, directamente vinculado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidido por el Ministerio de Economía y Hacienda, con el Ministerio de Medio Ambiente actuando como secretariado del grupo interministerial y con la participación


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activa en el mismo de los ministerios de Industria, Fomento, Agricultura, Vivienda, Asuntos Exteriores y Trabajo. Fue ese grupo interministerial el que comenzó a definir el avance para llevar a cabo el Plan nacional de asignación de
derechos de emisión para el periodo 2005-2007 que pudo entrar en vigor, igual que la ley que incorporaba el régimen europeo de derechos de emisión, en tiempo y forma, para no crear, entre otras cosas, en nuestro país ninguna inseguridad jurídica de
nuestros propios operadores. A partir de ahí, señorías, hemos desarrollado tanto el registro de derechos de emisión como el sistema de verificación de emisiones, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de desarrollo limpio y, por supuesto,
hemos llegado también a la aprobación por parte de la Comisión Europea del segundo Plan nacional de asignación de derechos de emisión, el que cubre el periodo 2008-2012 y en todos esos pasos, hemos contado con la aceptación por parte de la Comisión
Europea del planteamiento que el Gobierno de España está haciendo para reconducir el proceso de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país y poder llegar en el año 2012 a cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto. En ese
sentido, señorías, les recuerdo que el Plan nacional de asignación de derechos de emisión establece que con las medidas que se plantean en el mismo, tanto en lo que se refiere a los sectores industrial y energético como en lo que se refiere a los
sectores que se denominan difusos, se podrá llegar en el año 2012 a una situación de las emisiones de España de gases de efecto invernadero con un nivel superior en un 37 por ciento al nivel existente en el año 1990. Por tanto, para cumplir el
Protocolo de Kioto será necesario actuar de manera complementaria, en primer lugar, garantizando un 2 por ciento de reducción de esas emisiones a través de los sumideros de carbono, de la política forestal y de la expansión de nuestra masa forestal
y, en segundo lugar, haciendo uso de los mecanismos de desarrollo limpios. Ese es el esquema que hemos planteado a la Comisión Europea y que ha sido reiteradamente aprobado y avalado por la propia Comisión Europea.



Señorías, el Gobierno vino adoptando medidas puntuales y concretas desde el primer momento de la legislatura, con dos paquetes de medidas, el último el pasado mes de julio, para, en primer lugar, apoyar con más intensidad el ahorro y la
eficiencia energética en todos los sectores productivos, pero también para mejorar el fomento de determinadas energías renovables. Quiero señalar en este punto el decreto del Ministerio de Industria que fomenta el uso de la biomasa y de los
biocombustibles, que se habían quedado atrás respecto a las medidas de incentivación de otras fuentes de energías renovables en nuestro país.
Junto con esas medidas, quiero destacar también la importancia del código técnico de la edificación que,
si hubiera podido aprobarse en nuestro país hace solo algunos años, hubiera significado la incorporación de energía solar a centenares de miles de viviendas. Es una lástima que el código técnico de la edificación no haya sido aprobado hasta esta
legislatura y, por lo tanto, no haya podido empezar a desplegar sus efectos hasta el propio año 2007. Ahora su cumplimiento adecuado depende mucho de los ayuntamientos, puesto que se trata de comprobar que toda nueva vivienda que se construya en
nuestro país incorpore exigencias de ahorro y eficiencia energética, y también exigencias en lo que se refiere a la incorporación de energía solar.



Señorías, a lo largo de estos años hemos trabajado con todas las comunidades autónomas en la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático y también con la Federación Española de Municipios y Provincias, con quien impulsamos
desde el año 2004 la denominada Red española de ciudades por el clima. Por tanto, con el conjunto de las administraciones hemos avanzado para implicarlas al máximo, cada una de ellas en el ámbito de sus propias competencias, y fortalecer así la
respuesta del Gobierno de España y de la sociedad española ante el cambio climático. En fecha reciente se ha aprobado definitivamente la estrategia española de cambio climático y energía limpia, una aprobación, en primer lugar, del Consejo Nacional
del Clima, donde no hubo ni un solo voto en contra de esta estrategia. Todas las comunidades autónomas se mostraron favorables a la aplicación de ese marco general en el cual tienen también cabida, como actuaciones complementarias, las propias
actuaciones de las comunidades autónomas y, por supuesto, de los ayuntamientos. Señorías, esa estrategia de cambio climático y energía limpia responde en buena medida al documento estratégico que, aunque no fue aprobado por el Gobierno de España en
la anterior legislatura, sí lo fue por el Consejo Nacional del Clima poco tiempo antes de las anteriores elecciones generales. Por tanto, señorías, lo que incluye esa estrategia son escenarios en gran medida conocidos desde la anterior legislatura,
que en esta legislatura se están concretando en distintos paquetes de medidas, como el de medidas urgentes que se aprobó el pasado mes de julio, que supone un compromiso de 2.400 millones de euros para el período comprendido hasta el año 2012 y que
incorpora un nuevo paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética y también otra serie de iniciativas por parte del Gobierno. Señalaría como una iniciativa importante no solo por su incidencia directa, sino por lo que supone de cambio de
enfoque de la fiscalidad en nuestro país, la modificación del impuesto de matriculación. Con esta modificación, que ha quedado aprobada dentro de la Ley de Calidad del Aire, ya en vigor, por primera vez en España se vincula un impuesto a la emisión
de CO2 y, por lo tanto, se incentiva la aplicación de tecnologías menos contaminantes en un sector absolutamente determinante, sobre todo desde el punto de vista de la utilización del vehículo, en lo que supone las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Además de esa modificación del impuesto de matriculación, en el paquete de medidas que se aprobó en el mes de julio por parte del Gobierno había otras medidas, algunas de las cuales se


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corresponden con lo ya previsto en los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente para el próximo ejercicio, tanto en la Oficina de Cambio Climático como en la Dirección General de Calidad Ambiental. Me refiero, señorías, a programas a
concertar con las comunidades autónomas para el tratamiento del metano procedente de vertederos, la obtención de biogás y el tratamiento anaerobio de los purines. Estas son dos líneas de trabajo en las que, en el caso de los purines, de manera
concertada también con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente aporta una parte de sus recursos presupuestarios.



Señorías, de acuerdo con los datos provisionales del Woolworths Institute, el año 2006 fue el primer año en el que en España se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero en un 4 por ciento como resultado, entre otras cosas, de
un dato que es oficial y conocido, la disminución en el consumo de energía total en nuestro país, en presencia además de un crecimiento del PIB del orden del 3,9 por ciento. Este es un hecho que también vale la pena destacar, en primer lugar,
porque es la primera vez que se dan esas tres circunstancias: crecimiento económico elevado -más elevado que en nuestro entorno europeo y occidental-, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y reducción también del consumo de energía.
Pero el camino hacia el cumplimiento del Protocolo de Kioto requiere mucho más esfuerzo del que hasta ahora hemos podido poner en marcha en nuestro país. La presentación del cuarto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio
climático en Valencia hace unos días y las propias palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, sobre la extraordinaria urgencia de la respuesta política deben movernos a todos a dejar de lado definitivamente cualquier
escepticismo o posición banal en torno al cambio climático y trabajar juntos, más allá de cualquier diferencia política, cara al futuro. Digo esto porque es fundamental que todas las administraciones públicas en España consideren en este momento el
reto del cambio climático como un desafío que no solamente debe cumplirse dentro de España, sino que además debemos tener en cuenta, como hemos comenzado a hacer en los últimos años, en nuestras relaciones con terceros países. En ese sentido quiero
señalar, porque es importante, que dentro de la evolución global de la ayuda al desarrollo en esta legislatura -una evolución que ha marcado un importante hito tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, habiéndose más que duplicado
en la legislatura la ayuda a los países en desarrollo-, se han destinado ya unos 300 millones de ayuda al desarrollo a proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático en terceros países. Para ello resulta fundamental la existencia de
una red iberoamérica de oficinas de cambio climático, que desde el año 2004 nos está permitiendo trabajar con todos los países de la región, incluso habiendo puesto en marcha el primer programa de adaptación al cambio climático de dimensión
supranacional en el marco de la comunidad internacional.



Señorías, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos la responsabilidad de adaptarnos adecuadamente a los efectos del cambio climático; efectos que van desde el aumento de la temperatura al aumento del nivel del
mar, a los cambios en la calidad de nuestros suelos, a la reducción en las precipitaciones medias. Para ello el Gobierno aprobó el año pasado el Plan nacional de adaptación al cambio climático, con el compromiso y el consenso de todas las
comunidades autónomas con las que estamos trabajando en las distintas tareas de ese plan, que no se agota en un ámbito o en un tiempo concreto, sino que pretende ser una puesta al día permanente del conocimiento científico y técnico para que todos
los responsables públicos y privados puedan adaptarse mejor en su toma de decisiones a los efectos del cambio climático. Eso significa, que ahí hay una información muy valiosa, por ejemplo, para quienes tienen responsabilidades de ordenación del
territorio o el urbanismo. Estoy pensando en el escenario probable, de acuerdo con el informe presentado en Valencia, de que nuestras playas retrocedan como media 15 metros en el horizonte del año 2050 y en algunos casos puntuales un retroceso
significativamente mayor. Eso debería ayudarnos a plantear de manera serena, de manera rigurosa cómo debemos ordenar el uso del suelo en la inmediatez de la primera línea de playa, pero también tiene que ver con decisiones respecto del turismo
ligado a la práctica del esquí, puesto que hay previsiones de reducción de las precipitaciones de nieve en continuidad con lo que ya se está apreciando dentro y fuera de España, por supuesto, con el ámbito específico de la política del agua, a la
que después dedicaré mi segunda intervención, puesto que, sin ninguna duda, tenemos que arbitrar una política del agua que confíe cada vez menos en la existencia de cantidades de caudales en nuestros ríos. La información de la que ya disponemos nos
indica que los caudales de nuestros ríos están disminuyendo y la información científica, que ponemos a disposición de todos los responsables políticos y de la sociedad española, es que esa reducción seguirá acentuándose en los próximos años. Todo
ello en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático y, más allá de las precisiones que quieran solicitar en el turno de intervenciones, pasaría a mencionar algunas normas y programas aprobados en esta legislatura.



Señorías, desde el año 1972 estaba en vigor en España la Ley de protección de la atmósfera; 1972. Ningún Gobierno había considerado necesario abordar un cambio en la legislación básica, a pesar de la importancia de la contaminación
atmosférica para nuestra salud, para la salud de los ecosistemas e incluso para la salud de nuestro patrimonio histórico cultural. En el marco de la estrategia española de calidad del aire, que aprobó el Gobierno en febrero de 2007, sin ninguna
duda, la norma más esperada es la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, ya aprobada, que sustituye a la muy


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obsoleta ley de 1972. Esta norma permite que el Gobierno fije los objetivos de calidad del aire, los valores límites de emisión para contaminantes y actividades concretas, la relación de contaminantes, conforme, en todo caso, a las normas
europeas, y son las comunidades autónomas y los municipios, de acuerdo con una determinada graduación de responsabilidades, quienes deben, en primer lugar, evaluar la calidad del aire, en segundo lugar, zonificar su territorio según los niveles de
contaminación y, en tercer lugar, y lo más importante, adoptar las acciones pertinentes para cumplir con los objetivos de calidad del aire e intervenir cuando se produzcan niveles de contaminación superiores a tales estándares de calidad, informando
adecuadamente a la población y estableciendo aquellas medidas de carácter urgente y coyuntural que sean necesarias. La ley establece también un sistema nacional de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica, coordinado por
el Ministerio de Medio Ambiente, para permitir el intercambio de información entre las distintas administraciones públicas y garantizar la mejor información a todos los ciudadanos.



Otra cuestión de extraordinaria importancia en nuestro país es la degradación del suelo. El suelo es un recurso natural, un recurso que es básico para todas las formas de vida que en él se asientan, pero que ha tenido a lo largo de la
historia en nuestro país un sesgo excesivamente económico en el enfoque de su tratamiento. Se ha visto el suelo casi exclusivamente como soporte de la actividad de la construcción, de la transformación de nuestras ciudades. Esto, sin ninguna duda,
tiene mucho que ver con los datos que tenemos en estos momentos de la ocupación excesiva del suelo en áreas especialmente valiosas, habiéndose incluso ocupado áreas con valores ecológicos elevados, y en el caso del litoral de manera muy destacada,
pero también tiene que ver con la interrupción del ciclo del agua, con la pérdida de humedales, con la pérdida de masa forestal que ha acompañado a este proceso en nuestro país.



En la reforma de la Ley de Montes, aprobada el año 2006, destacan algunas novedades que tienen que ver, por un lado, con la protección de los suelos que tienen sobre sí mismos espacios forestales, masa forestal y, también, con la propia
prevención y lucha contra los incendios forestales que contribuyen, sin ninguna duda, a la degradación de los ecosistemas y al empobrecimiento y avance de la erosión y la desertificación en nuestros suelos. Tal como tuve ocasión de anunciar en mi
comparecencia de mayo de 2004, la primera reunión que mantuve con las comunidades autónomas, pocos días después de aquella comparecencia, fue precisamente para hablar de incendios forestales y de la oportunidad de modificar la Ley de Montes para
introducir algunos elementos ulteriores de protección de nuestros espacios forestales. En ese sentido, en la reforma de la Ley de Montes se produce la extensión de la protección otorgada por el catálogo de montes de utilidad pública a toda la masa
forestal, añadiendo a la ley un nuevo capítulo sobre figuras de montes protectores y otras figuras de especial protección. En la ley se establece también la certificación forestal como un compromiso para las administraciones públicas que deben
promover un consumo responsable de los productos forestales, sobre todo, a través de los procedimientos de contratación pública. En tercer lugar, en esta ley se establece la prohibición de cambio de uso durante al menos treinta años de los espacios
forestales que han resultado incendiados. Con ello se atiende a un elemento que estaba previsto en la Ley de Montes hasta ese momento vigente, pero donde no se había establecido un periodo mínimo de duración de esa prohibición para el conjunto de
nuestro país. Ese lapso de tiempo, treinta años, es el que se aplica en determinadas sentencias anteriores incluso a la reforma de la ley y permite la regeneración de nuestros bosques. Por tanto, señorías, una reforma más que incluía, por cierto,
una de las medidas a mi juicio más importantes de toda la legislatura: la creación de la Fiscalía de Sala, la que coordina todas las fiscalías especializadas en medio ambiente y urbanismo de nuestro país y que a tenor del informe que la Fiscalía
General presentó sobre el año 2006 -el primer año en el que ha actuado esta fiscalía- es una herramienta que ha comenzado a funcionar de manera muy activa, poniendo en marcha una verdadera tarea tanto de prevención de delitos urbanísticos
ambientales, incendios forestales, etcétera, como desde el punto de vista de la penalización de esos delitos que en España, lamentablemente, gozan todavía hoy de demasiada impunidad. Por consiguiente, aprovechamos aquella reforma de la Ley de
Montes para llevar a cabo una modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal y poner en marcha el desarrollo en red de las fiscalías y de las secciones de medio ambiente específicamente encargadas de esta tarea.



Señorías, aunque no sea una ley impulsada directamente por el Ministerio de Medio Ambiente, solo quiero recordar que la nueva legislación sobre el suelo incorpora de manera concreta exigencias de sostenibilidad en el desarrollo del suelo;
una norma que se vio claramente enriquecida en su paso por los trámites de Congreso y de Senado y que llevó a establecer el carácter determinante de señalados informes preceptivos, por ejemplo, sobre la disponibilidad de recursos hídricos previa a
cualquier nuevo desarrollo urbanístico. Señorías, si hablamos de suelo tenemos que hablar en España de las zonas costeras. Y como asumí en mi primera comparecencia ante esta Comisión, el empeño durante toda la legislatura por parte del ministerio
ha sido el de fortalecer la capacidad de exigir el cumplimiento adecuado de la Ley de Costas en nuestro litoral. Fortalecer la capacidad de cumplir con la Ley de Costas significa agilizar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Quiero
recordar que al inicio de esta legislatura había provincias del litoral que no tenían todavía ni siquiera el 50 por ciento delimitado, y esa ausencia de deslinde tiene mucho que ver con los desmanes urbanísticos y las agresiones al litoral que se
han consolidado


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durante los últimos años. Hemos hecho un esfuerzo muy notable de aceleración de la tarea de deslinde, que ha llevado a multiplicar por dos los kilómetros de deslinde efectuados en esta legislatura respecto de la anterior. Por ello en estos
momento podemos afirmar que tenemos el 80 por ciento del deslinde ya efectuado y el 20 por ciento en un grado de tramitación que permitirá culminar, antes de finalizar el año 2008, esta relimitación prevista por la ley, que tiene una enorme
importancia desde el punto de vista de la seguridad jurídica de bienes y personas, en la inmediatez de nuestra costa, pero también la seguridad frente, por ejemplo, a la elevación del nivel del mar. Hemos actuado desde el principio de la
legislatura eliminando inmuebles que ocupaban indebidamente el dominio público marítimo-terrestre, más de mil demoliciones desde el principio de la legislatura, todas ellas llevadas a cabo con estricta atención no solo al Estado de derecho, la
legislación vigente, sino, más allá de eso, buscando soluciones adecuadas para situaciones sociales especialmente delicadas. Por ello, cuando hablamos de demoliciones hay que partir de la experiencia de esta legislatura, donde ninguna de ellas ha
causado ningún problema real desde el punto de vista social. Hemos intentado avanzar en la defensa de nuestro litoral con las herramientas que tenemos y con alguna más, por ejemplo, la relativa a la adquisición de fincas en el litoral para ampliar
el dominio público marítimo-terrestre, para ampliar el espacio, que es de todos, y que además debe preservarse por sus valores ambientales. Señorías, en esa tarea hemos adquirido ya prácticamente 14 millones de metros cuadrados de fincas en el
litoral, y seguiremos haciéndolo los próximos años de acuerdo con un análisis y una tasación de fincas de probable compra o expropiación, cartera que ya tenemos en estos momentos y que nos permite mirar hacia delante siguiendo en la misma dirección.



Señorías, a lo largo de la legislatura en diversos momentos hemos planteado a las comunidades autónomas la necesidad imperiosa de que se impliquen, desde el punto de vista de sus competencias, en ordenación del territorio y en urbanismo para
preservar mejor nuestro litoral. Hemos conseguido firmar convenios de gestión integrada del litoral con varias comunidades autónomas. Esa es una herramienta que desearíamos extender a todas las comunidades autónomas del litoral en el proceso de
desarrollo de una auténtica estrategia para la sostenibilidad de la costa; estrategia para la que hoy disponemos de un diagnóstico exhaustivo, kilómetro a kilómetro, para todo el litoral mediterráneo, el litoral andaluz atlántico y los dos
archipiélagos, y estamos terminando lo que nos resta, es decir, el litoral cantábrico y el atlántico de nuestro país. En ese sentido todos los consejeros de Medio Ambiente de las respectivas comunidades autónomas conocen la información existente
sobre ocupación en algunos casos indebida, desde el punto de vista legal, de la aplicación de la Ley de Costas, tanto en lo que se refiere a la protección del dominio público marítimo-terrestre como la ocupación de la zona de servidumbre, de la zona
de protección, como también, en algunos casos situaciones que son anteriores a la vigente Ley de Costas de 1988 y que, por tanto, deben tener un tratamiento acorde con esa ley, y en particular con la existencia de concesiones de uso del dominio
público marítimo-terrestre con determinados horizontes temporales. A lo largo de esta legislatura hemos trabajado en algunos casos para acordar con los propietarios de inmuebles que habiendo obtenido esa concesión antes de la vigente Ley de Costas
han aceptado, a través de las oportunas compensaciones económicas, reducir el tiempo de vigencia de esas concesiones en dominio público para retirar ordenadamente las edificaciones que conllevan un riesgo en nuestro litoral; un riesgo, señorías,
que está reconocido por el sector hotelero. Me remito a los informes de la Asociación Exceltur, que reúne a las empresas más avanzadas de nuestro sector hotelero, que desde hace tiempo denuncia la excesiva ocupación del litoral español como una
gravísima amenaza para la calidad de la oferta turística de nuestro país. En el mismo sentido se ha pronunciado el conjunto de las administraciones, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, sobre el Plan Español de Turismo, que aprobó
recientemente el Gobierno tras un periodo dilatado de consulta con administraciones y con agentes sociales y económicos. Este es un reto que tenemos cara a los próximos años en el que el ministerio ha comenzado a actuar desde el primer momento de
la legislatura.



Dejando ahora la política de aguas, señorías, paso -y voy terminando- a hablar de biodiversidad. En lo que se refiere a la biodiversidad en nuestro país, quiero recordar que la vigente Ley 4/1989 había sido objeto de denuncias de la
Comisión Europea, todas ellas recogidas recientemente en un dictamen motivado del año 2002, por incumplimiento de las directivas europeas en lo que se refería a la legislación española de conservación y protección de la biodiversidad hasta ahora
vigente. Por tanto, una de las razones de haber remitido a esta Cámara el proyecto de Ley de patrimonio natural y biodiversidad es corregir aquellos elementos que habían sido detectados por la Comisión Europea como insuficiente trasposición de las
directivas correspondientes a hábitats y aves.
Creemos que el texto que está en estos momentos en tramitación, y que se someterá a su última votación el próximo jueves, responde adecuadamente a las exigencias de la Comisión Europea. Es un texto
que incorpora, de acuerdo precisamente con esas exigencias europeas, por primera vez en una ley básica en nuestro país la Red Natura 2000 como espacios protegidos conforme a las directivas europeas, como espacios protegidos que se regularán de
acuerdo con lo que establezcan las comunidades autónomas, responsables de la gestión de los mismos. Quiero señalar también, señorías, que a la Red Natura 2000 se dedica una orientación concreta y relevante de la Ley para el desarrollo rural
sostenible, que asimismo está en estos momentos en su última fase de tramitación. Quiero señalarlo porque


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precisamente en la Ley de desarrollo rural sostenible se considera a todas las áreas de la Red Natura 2000 como prioritarias para la canalización de los recursos económicos, de las ayudas, de las iniciativas que plantea dicha ley para
mejorar la creación de empleo y el bienestar en el medio rural en nuestro país. Por tanto, en contra de quienes plantean que la protección establecida no por la norma española, sino por la Unión Europea, a la Red Natura 2000 es una protección que
significa menores posibilidades de crecimiento económico, de creación de empleo y de bienestar, solo quiero trasladar la información de que la Ley de desarrollo rural sostenible considera precisamente esas áreas entre las zonas prioritarias para
todos los programas de aplicación de los fondos europeos de desarrollo rural y para todo un conjunto de iniciativas de la práctica totalidad de los ministerios del Gobierno de España para mejorar la capacidad de crear empleo, actividad económica,
riqueza y bienestar en el medio rural. Por consiguiente, en absoluto cabe hacer afirmaciones como las que se han oído en algunos momentos de que el Gobierno de España, a través de la Ley de patrimonio natural y biodiversidad, está condicionando
negativamente la Red Natura 2000. Hay que recordar que todos los espacios de la Red Natura 2000 se han declarado ante la Unión Europea por iniciativa de las comunidades autónomas; también que algunas comunidades autónomas están haciendo su tarea
de manera muy notable no solo en la protección sino en el impulso al desarrollo sostenible en esas zonas y, por supuesto, podemos contar con el apoyo de la Unión Europea para que ese proceso se acelere en los próximos años.



Señorías, en esta ley destaca la incorporación específica de las áreas marinas protegidas, la creación de una red de áreas marinas protegidas y la posibilidad de crear espacios naturales protegidos de carácter transfronterizo. En la ley se
establece el fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad partiendo de la figura ya creada con motivo de la reforma de la Ley de Montes, ampliando las funciones de ese fondo, por ejemplo, para que cofinancie con las comunidades autónomas los
planes e instrumentos de gestión de la biodiversidad que plantea esta norma y que lamentablemente todavía en muchos de nuestros espacios protegidos no han sido desarrollado; pero también para que existan fondos para la concesión de ayudas a
asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de custodia del territorio y, con carácter general, para todo aquello que permita mejorar nuestra biodiversidad. De esta ley en su momento se separó la normativa correspondiente a
parques nacionales dado que, en virtud de sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, a partir de ahora en España quienes gestionan los parques nacionales son las comunidades autónomas. Entendimos -y así lo entendió también el Parlamento de
España- que era oportuna una ley de la red de parques nacionales que fijara las exigencias comunes y absolutamente imprescindibles de protección para que estos sigan siendo los espacios más valiosos desde el punto de vista ambiental en nuestro país;
por cierto, con exigencias que ya se contemplaban en el Plan director de la red de parques nacionales del año 1999.



Señorías, por lo que se refiere a las normas y los programas elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, he hecho un rápido resumen y solo quiero terminar señalando que a lo largo de la legislatura, tal como me comprometí ante esta
Comisión, el Ministerio de Medio Ambiente ha intensificado la tarea de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. En lo que llevamos de legislatura esa conferencia sectorial se ha reunido en 14 ocasiones. Si miramos hacia atrás, significa un
aumento considerable en la frecuencia de las reuniones, que antes habían alcanzado la cifra de 17 en ocho años y 14 en menos de cuatro años en este periodo. Además, en esta legislatura se ha dado la capacidad de participar activamente a las
comunidades autónomas en los consejos de ministros de la Unión Europea de Medio Ambiente. Estoy segura de que esa participación nos ayuda al conjunto de las administraciones públicas a ser más activos en el marco europeo, pero también a prepararnos
mejor para el cumplimiento de las normas europeas. Por último, el Ministerio de Medio Ambiente decidió reactivar el casi eliminado Consejo Asesor de Medio Ambiente, creado el año 1994, que había tenido una existencia de muy bajo perfil, por decirlo
de una manera suave, durante los años anteriores; un consejo asesor de medio ambiente cuyas funciones han quedado reguladas por ley. En la ley que regula el acceso de los ciudadanos a la información, a la participación y a la justicia se ha dado
cobertura legal a la existencia y a las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que hoy representa el modelo de referencia que querríamos ir introduciendo en todos los consejos asesores; es decir, mínima presencia de la Administración
pública, máxima presencia de quienes representan la preocupación y el compromiso ambiental. El Consejo Asesor de Medio Ambiente se ha reunido en diez ocasiones durante esta legislatura y también, como la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
tendrá todavía ocasión de reunirse antes del día 9 de marzo.



Muchas gracias, señorías por su atención.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, segñora ministra.



Como ya he anunciado al principio de la sesión, se tramitará este punto conjuntamente con el punto número 2, que también es una solicitud de comparecencia de la señora ministra presentada por el Grupo Socialista.
Por tanto, tiene la palabra
la portavoz del Grupo Socialista, la diputada señora Colldeforns.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Señora ministra, nuestro grupo había pedido esta comparecencia por dos razones. La primera, porque nos parecía casi de sentido común que si empezábamos la legislatura con una comparecencia de la ministra
explicando cuál iba a ser su programa político la termináramos con otra comparecencia


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en la que explicara todo lo realizado. Debo decir que lo realizado supera casi todas las expectativas. Y esta es la segunda razón por la que habíamos pedido esta comparecencia, porque estábamos convencidos de que la sucinta exposición que
aún debe complementarse con todo el cambio que ha habido en la política de agua -y que veremos a continuación-, la explicación del conjunto de actividad en esta legislatura sobre política ambiental iba a confirmar lo que ya sabíamos: que ha sido
una legislatura excepcional en este sentido.



Antes de comentar algunos temas concretos y pedirle que amplíe un poco la información, mi particular balance del funcionamiento de esta Comisión -creo que también vale la pena que lo digamos- es que se ha trabajado mucho y bien en parte por
culpa del Gobierno, porque hemos debatido -no lo ha dicho la ministra- diez leyes de suma importancia para la política ambiental de este país además de reales decretos-leyes que también se han aprobado en el Pleno; también hemos trabajado porque la
ministra ha comparecido muchas veces, unas a iniciativa propia y otra porque los grupos lo han pedido. En todo caso, no es solo una percepción de esta portavoz sino que en todos los informes del funcionamiento de las comisiones, que elabora la
Secretaría de Comisiones del Congreso, la Comisión de Medio Ambiente está siempre en la gama de muy alta actividad y solamente en uno de los períodos en la gama de actividad alta. Además, en esta Comisión desde el Grupo Socialista hemos buscado el
consenso, hemos buscado activamente acuerdos, sin renunciar por ello al último objetivo, el que anunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, que era situar a España en la senda del crecimiento sostenible.
Señorías, esto que puede parecer una frase que suscita algún que otro interrogante, en este caso no ha sido así, porque esto significa crecer, mantener el empleo, crear y redistribuir riqueza a la vez que nos preocupamos de los más débiles y evitar
crecer a costa del uso de los recursos naturales, de su contaminación y su agotamiento. Para ello hay que aplicar políticas concretas con objetivos ambiciosos, hay que crear instrumentos, y esto es lo que hoy hemos visto gracias a la explicación de
la señora ministra. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.)


Precisamente es en la creación de los instrumentos y en las políticas que se impulsan donde seguramente surgen las diferencias de enfoque y la postura de los distintos grupos parlamentarios. Voy a poner un ejemplo.
Estaba repasando una de
las primeras comparecencias de la señora ministra, una comparecencia extraordinaria, en julio de 2004, para explicar la necesaria promulgación de un real decreto-ley porque el Gobierno del Partido Popular no había hecho los deberes en cuanto a la
creación del mercado de derechos de emisión y el plan nacional de asignaciones. Examinando la posición de los distintos grupos en esa comparecencia de julio de 2004, la portavoz del Grupo Popular justificaba el gran incremento en las emisiones y en
el consumo de energía que se había dado en ese período, hasta el año 2003, en que también había habido un gran crecimiento económico. Señorías, para mí esto es un ejemplo clarísimo del modelo de desarrollo que no queremos. La conjunción de los
tres fenómenos que ha mencionado la ministra, el crecimiento económico por encima de la Comunidad Europea, de disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y la mejora de la eficiencia en la utilización de energía, significa un cambio en
el paradigma y para mí es un ejemplo muy claro de un modelo defendido por el Gobierno del Partido Popular y el cambio de rumbo, el cambio de modelo defendido por el Grupo Socialista.



Otro ejemplo que me gustaría poner de relieve sobre la diferente manera en la que vemos lo que significa el crecimiento sostenible y los instrumentos concretos que deben desarrollarse es la política, que ya ha mencionado la ministra, del uso
de la costa. No solo se trata de hacer cumplir la Ley de costas, se trata, por ejemplo, de que todos los españoles tengamos acceso a todo el litoral. Esto es algo que no se da y que el Gobierno del Partido Popular había dejado de hacer. También
se puede hacer política por dejar de hacer cosas, y una de las cosas que se había dejado de hacer era trabajar firmemente en el deslinde de la zona de dominio público marítimo-terrestre, de modo que se hubiera podido dar garantía jurídica al
desarrollo posterior que hubiera habido. Prefirieron mirar a otra parte, prefirieron poner el núcleo de nuestro crecimiento en la construcción y en el uso desordenado del territorio.



Otro ejemplo de un enfoque completamente distinto es la política de cambio climático. Debo decir que esta política no existía, pero no porque no se supiera, porque desde el año 1992, como ha dicho la ministra, estábamos comprometidos en la
Convención marco de Naciones Unidas. Creo que en esta legislatura uno de los grandes logros ha sido poner la política de cambio climático como una política de Estado, lo que quiero significar que es una política transversal con otras políticas del
Gobierno de España, y nos ha explicado los temas del suelo, de la vivienda y de la construcción. Una política de Estado también es una política consciente de que debe incorporar a todas las administraciones públicas, a la central, a la autonómica y
a la local, y a partir de la acción conjunta de las tres administraciones incorporar la de todos los ciudadanos y organizaciones. Una política de Estado exige también un posicionamiento internacional de liderazgo que nuestro país ha cumplido. Pero
es que, además, no es solamente una política de Estado, es una política prioritaria. No hace mucho, cuando el presidente de España decía en el Pleno del Congreso que la lucha contra el cambio climático iba a ser prioritaria, los diputados del Grupo
Popular se reían en sus escaños, lo encontraban gracioso -espero que ahora ya no lo hagan-, y de esto no hace muchos meses. Por tanto, el cambio que pedimos al Partido Popular es que nos apoye en esta prioridad, en la política de cambio climático,
en


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este rango de política de Estado que ha adquirido a lo largo de estos años.



Señora ministra, creo que no tengo mucho tiempo -no tengo aquí el reloj, señora presidenta-, pero como va a haber una segunda ronda de intervenciones quisiera que usted mencionara y ampliara alguno de los aspectos que en opinión de mi grupo
parlamentario son interesantes. Esto no quiere decir que no considere que los que ha mencionado son básicos.
Un aspecto que ya he mencionado es el posicionamiento internacional. Una de las cosas que podemos deducir de cuál ha sido la actividad
internacional de España en temas ambientales es que la opinión de España es ahora más oída, más escuchada, más respetada y más tenida en cuenta.
Recuerdo que no hace mucho había comentarios de que en la Unión Europea la posición de países como
España no era muy tenida en cuenta y que las directivas europeas eran más bien de los países del norte que no tenían en cuenta los problemas de los países del sur. Me consta el compromiso de este Gobierno en temas de cambio climático, pero también
ha actuado activamente para conseguir el convencimiento de la Unión Europea de que hay que trabajar en cuanto a sequía y desertización. Creo que a lo largo de estos cuatro años el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho que la posición de España en
los foros internacionales sea notable y relevante.
Usted ha mencionado políticas de cambio climático, pero me gustaría que lo ampliara a otras políticas, no solo en el ámbito de la Unión Europea sino también de Naciones Unidas.



Hay un segundo aspecto que para nosotros es muy importante y no ha sido mencionado, que es el del impacto social de la política ambiental. Debo comentar -tengo permiso de la portavoz del Grupo Popular para explicar esta anécdota y hay
testimonios- que ante su petición de venir a explicar a esta Cámara el impacto social de la política ambiental dijo literalmente que este era un tema que no interesaba a nadie. Yo le puedo asegurar que a los diputados del Grupo Socialista nos
interesa mucho, y me gustaría que en la medida que pueda nos ampliara un poco este aspecto.



Querría resaltar un tema que ha mencionado y que me parece significativo, y es que no solo ha conseguido durante estos años la implicación y la complicidad de todos los ciudadanos, sino la de casi todas las administraciones, tanto de las
comunidades autónomas como de los ayuntamientos, que se concreta no solo en el número de veces que se han reunido, que me parece muy significativo, sino también en los resultados y en los trabajos de estas reuniones que son un conjunto no solo de
leyes, que es lo que hemos visto en este Parlamento, sino también de reales decretos, todos con gran consenso en temas de residuos, suelos, envases, estrategias de conservación de la biodiversidad de especies concretas y en el acuerdo para la lucha
contra los incendios. No hace mucho recordaba yo en el Pleno que una ministra del Partido Popular dijo que el Gobierno de la nación no tenía que hacer nada porque esto era competencia de las comunidades autónomas, olvidando un papel de
coordinación, impulso y ayuda que creo que su ministerio ha ejercido con gran fuerza y responsabilidad, doblando los recursos dedicados a ello y actuando en coordinación y con eficiencia con todas las comunidades autónomas.



Vuelvo a agradecer la exposición que nos ha hecho. Estoy segura de que si tuviéramos dos horas más podríamos seguir hablando de la gran cantidad de instrumentos y políticas que ha impulsado. Como resumen -que luego lo veremos un poco más
detallado- yo diría que este Gobierno ha cumplido con creces todos los compromisos adquiridos en la primera comparecencia, en la que nos explicaba cuáles iban a ser sus políticas.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Hay un acuerdo de la Mesa de diez minutos con cinco más de flexibilidad, luego disponen todos ustedes de quince minutos. Su señoría no ha llegado a completarlos. Lo digo para el
conocimiento del resto de los portavoces que tienen que intervenir.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Entonces entiendo que puedo volver a hacer uso de la palabra más adelante.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Le quedan 70 segundos para terminar los quince minutos. (Risas.)


La señora COLLDEFORNS I SOL: Serán suficientes.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Vamos a continuar con la sesión. Le corresponde hacer uso de la palabra al señor Labordeta, representante de la Chunta Aragonesista.



El señor LABORDETA SUBÍAS: En los ochos años que llevo en estas Cortes me han tocado tres ministros de Medio Ambiente. El señor Matas nos instaló en el trasvase, luego se marchó de presidente a la Comunidad Autónoma de Baleares y nos
abandonó. A Elvira Rodríguez, con su capacidad intelectual y matemática -creo que es una de las cabezas privilegiadas de este país-, le costó mucho entrar en el lío del medio ambiente, y recuerdo que la primera vez que nos encontramos confundía los
ríos de la derecha del Ebro con los de la izquierda, lo que es normal porque ahora no se estudian los ríos como antes, pero era una mujer absolutamente abierta aunque le tocó un tema que a lo mejor no dominaba. Por fin tenemos una ministra que sabe
de qué va. El pasado 20 de mayo de 2004 en esta misma Comisión la ministra planteó dos ámbitos prioritarios de actuación en los que el Ministerio de Medio Ambiente tenía que cumplir lo prometido en el discurso de investidura del señor presidente
Rodríguez Zapatero. El primero era la reorientación de la política del agua y el


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segundo el protocolo de Kioto y el cambio climático. En cuanto a la primera cuestión, hay que reconocer que la ministra no ha podido dar más pasos hacia la nueva cultura del agua porque se ha encontrado primero con las reticencias del
Partido Popular y después de sus compañeros del Partido Socialista Obrero Español en Aragón, que es el caso que mejor conozco por ser mi tierra. Las peticiones de dimisión del consejero del Gobierno aragonés en las Cortes Aragonesas por mostrar...



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señor Labordeta, no le quiero interrumpir, pero dispone usted de un turno en la segunda comparecencia, si así lo estima oportuno, para hablar específicamente de los temas del agua.
Estamos en la política ambiental y el cambio climático.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Luego hablaré del cambio climático. He dicho el Protocolo de Kioto y el cambio climático; hablo de las dos cosas. Como somos pocos, como somos uno...



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Lo decía porque dispone usted de otro turno en la segunda comparecencia para los temas específicos de agua. Lamento interrumpirle.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Yo iba a hablar de las dos cosas seguidas, que me parece que era lo que tenía que hacer, pero si hay que hablar del Protocolo de Kioto...



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): No, en absoluto hay ningún inconveniente por parte de la Mesa. Lo que pretendía aclararle es que, si usted lo estimaba oportuno, como hay una segunda comparecencia sobre el agua, tendría
la oportunidad de hablar de ello, pero usted ordena su intervención.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Usted sabe, señora presidenta, que nosotros estamos siempre cogiendo un tranvía y bajando en la siguiente parada. Si yo ahora espero al segundo turno, a lo mejor estoy en otro sitio y no aquí, luego aprovecho
esta circunstancia para decir todo lo que quería a la ministra. Hablo del agua, pido perdón por ello...



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Le he comprendido inmediatamente.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Decía que no ha llevado más adelante la orientación de la política del agua precisamente porque ha tenido problemas con sus compañeros del Gobierno de Aragón y de su partido en Aragón, fundamentalmente la del
pantano de Yesa y la reorientación del pantano de Biscarrués. El tiempo le irá dando razones, pasó con el trasvase del Ebro y pasará con la nueva cultura del agua. Todos se apuntarán el tanto dentro de unos años, pero solo unos cuantos fueron los
valientes que se atrevieron a ponerlo en marcha. Ahí estará usted y contará con nuestro apoyo.



En el segundo aspecto no podemos estar muy satisfechos. Imagino que no lo estará la ministra, que además tiene una responsabilidad compartida con otras carteras del Gobierno como Industria, por ejemplo. Estamos lejos de los objetivos de
Kioto y la propia Unión Europea nos lo ha recordado. Las emisiones en España serán en 2010 un 51 por ciento más que las registradas en 1990. De todos los Estados de la Unión España es la más alejada de los citados objetivos, según dicho informe.
Este domingo podíamos leer el llamamiento del secretario general de la ONU advirtiendo que teníamos solo ocho años para poder actuar decididamente e intentar frenar los efectos del cambio climático. Es un tema prioritario y es nuestra labor hacer
pedagogía al respecto, lanzar mensajes claros a la ciudadanía porque solo tenemos un planeta donde vivir nosotros y también nuestros hijos y nietos. Hemos asistido en esta legislatura a momentos de alegría como, por ejemplo, que pasen a la memoria
Jánova y Santaliestra, pero tenemos problemas que nos causan mucha preocupación, como es la extensión del mejillón cebra en toda la cuenca del Ebro, y más allá, como la estancada reforma de las confederaciones hidrográficas o el bajo nivel de
inversión de sociedades creadas para acelerar la inversión como Aguas de la Cuenca del Ebro. Señora ministra, ACESA, desde su nacimiento en 1998, los niveles de ejecución presupuestaria en Aragón oscilan entre el 12 y el 22 por ciento todos los
años. No es de recibo que esta situación se prolongue tanto tiempo; estamos hablando de algunas obras demandadas de manera unánime en Aragón. En esta lista de deberes y haberes nos felicitamos por la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente en
Aragón, tal y como prometió la ministra y ha cumplido, pero nos preocupa la situación de las restituciones territoriales en comarcas afectadas por la construcción de pantanos como Montearagón, Lechago, etcétera, sin olvidar también la cuestión de
Jánovas, otro debe muy importante que no ha sido resuelto en estos cuatro años para el abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno. Otro tema que nos planteaba la ministra en mayo de 2007 era el impulso, la concentración y coordinación entre el
ministerio y las comunidades autónomas. En Aragón todavía estamos pendientes de un compromiso firme para la depuración de las aguas residuales urbanas en zonas sensibles o del propio Plan de Calidad de las Aguas 2007-2013, que nos permita salir de
la actual situación de carencias y falta de inversión. En estos presupuestos, gracias al acuerdo con el Gobierno hemos aumentado sustancialmente esta partida, pero habría que cerrar el tema pendiente desde hace tiempo; igual que nos gustaría, si
es posible, que nos pudiera aclarar en qué consiste el proyecto de instituto internacional de investigación sobre el cambio climático, a crear en el futuro espacio post-


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Expo de Zaragoza. Lo anunció la vicepresidenta hace unas fechas y hasta ahora no hemos sabido nada más. Finalmente, quiero agradecer la demostración que ha ofrecido de hacer del Congreso y de esta Comisión un lugar de participación, debate
e impulso en temas medioambientales.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Por Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, yo, como quien me ha precedido en el uso de la palabra, quiero reconocerle su interés y su conocimiento sobre la materia, y sabe que siempre lo hemos hecho. Pese a ello, quería empezar mi
intervención, antes de hacer un balance global, entrando en unos temas muy concretos. En primer lugar, mostraré mi preocupación por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, por las enmiendas incorporadas en el Senado. Son enmiendas que no nos
gustaría que finalmente prosperasen, y para las que esperamos un voto corresponsable del Grupo Socialista cuando esta ley se vea el próximo jueves en el Congreso. Si no es así, nuestro grupo parlamentario entendería que, siendo una buena ley,
podría pasar a ser una mala ley, lo mismo que opinarían -así me consta- multitud de organizaciones ecologistas que han trabajado sobre la materia. Por tanto, quería en primer lugar trasladarle esa reflexión en torno a esta ley. Segunda petición.
Nosotros hicimos una pregunta sobre el Real Decreto de Protección de las aves en tendidos eléctricos, que ustedes se comprometieron -según respuesta escrita al diputado que le habla- a aprobar antes de que acabase la legislatura. ¿En qué fecha se
va a aprobar ese real decreto? Dicho esto, querría hacer un balance de lo que han sido las leyes.



De las diez leyes que se han tramitado en esta Comisión en materia medioambiental nosotros hacemos un balance globalmente positivo, pero de haber habido voluntad podríamos haberlas dotado de mayor ambición, teniendo presente además que la
mitad de las mismas son trasposiciones de directivas y que en poquísimos casos hemos ido más allá de la estricta trasposición de las directivas. Yo pongo un ejemplo que para mí es paradigmático, que es la Ley de Responsabilidad Ambiental. Saben
que aquí, en el Congreso, conseguimos que esa responsabilidad ambiental de las empresas que operaban en el extranjero fuese superior; finalmente eso se modificó en el Senado y aprobamos una buena ley de responsabilidad ambiental, no lo dudo, pero
no íbamos más allá de lo que estrictamente marcaba la directiva en este aspecto. El debate de fondo en materia de legislación medioambiental está en qué tipo de leyes hacemos y si desde España nos limitamos estrictamente a hacer una trasposición de
la directiva, situándonos en la banda baja de exigencia medioambiental, o algún día en un país tan ineficiente desde el punto de vista ambiental, con esa huella ecológica tan profunda que tiene nuestro modelo de crecimiento, nos dedicamos a hacer
leyes que realmente sean exigentes.
Para mí este ha sido uno de los debates de fondo, que hemos solventado a medias, mucho mejor que lo habíamos solucionado hasta el momento, por supuesto que sí. Hasta ahora ni trasponíamos, y cuando lo hacíamos
incluso no llegábamos ni a los mínimos de las directivas, pero no de acuerdo con la mayoría parlamentaria, que podría haber hecho que tuviésemos una legislación mucho más exigente. Segundo ejemplo, calidad del aire. En calidad del aire nosotros
planteábamos medidas en materia de movilidad; sabe que nuestro grupo ha entregado una proposición de ley trabajada con diferentes organizaciones ecologistas: (Greenpeace, Ecologistas en Acción, Adena, Comisiones Istas). Una ley de movilidad que
permita abordar políticas en materia de accesibilidad y movilidad desde un punto de vista de sostenibilidad (La señora vicepresidenta, Bonàs Pahisa, ocupa la Presidencia.), haciendo que por ejemplo el Ministerio de Fomento pase de la lógica del
hormigón a la de la gestión de la movilidad. Esa es una asignatura pendiente, señora ministra, y la podríamos haber solventado parcialmente mejor en la Ley de Calidad del Aire. Podría hablar de leyes como la de ahorro y eficiencia o la de
renovables, que podríamos haber abordado. Para mí ese es un balance agridulce, por así decirlo, de lo que ha sido la legislatura.



Me sitúo en los dos retos que usted fijaba al principio de la legislatura: cambio climático y materia de aguas, del que si me da tiempo daré un apunte ahora, y, si no lo haré a posteriori. En materia de cambio climático si algo ha fallado
es la política de Estado; la política de Estado en materia de cambio climático. Se lo he dicho cariñosamente en más de una ocasión, y lo sabe. El Gobierno de Zapatero y el Ministerio de Medio Ambiente en materia de cambio climático ha sido como
el mito de Penélope: mientras la ministra Narbona tejía, ministerios como el de Fomento, el de Industria o el de Economía lo que hacían es destejer.
Estoy por proponer el cambio del mito, el mito de Cristina Narbona.
Mientras Cristina Narbona
teje, otros lo que hacen es destejer continuamente; ha sido así. ¿Política de Estado qué es? Política de Estado es la de alguien que para mí no es ningún referente, el señor Sarkozy. Él hace cuatro días presentó una propuesta -la tengo aquí- con
mucho más compromiso medioambiental que los de Rodríguez Zapatero; y no es mi modelo. ¿Sabe qué dice? Que se limitará a la construcción de nuevas infraestructura viarias y autovías para la resolución de casos de seguridad y de congestión o de
interés local, pero limitando la política en esta materia. Habla de mil nuevos kilómetros de tranvías y autobuses.
Cuando aquí se habla de que la ministra de Fomento es aquí la ministra del AVE y de las autovías, allí hablan de tranvías y de
autobuses. Hablan de reducción de consumos unitarios y de ruido de aviones, hablan de fiscalidad, hablan de todas aquellas propuestas que en esta legislatura no hemos sido capaces de hacer. Ustedes lo saben mejor que yo; los buenos datos en
materia de cambio climático, según Worldwatch y Comisiones


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Obreras, por los informes que se han presentado, cuando los ha habido, se deben a la bonanza del clima: inviernos cálidos y veranos no tan tórridos. Lo cierto es que desde el momento en que no hacemos pagar los derechos de emisión a la
industria que genera electricidad por carbón -damos gratuidad de derechos, por tanto- y no establecemos instrumentos de planificación en el sector eléctrico -Ley del Sector Eléctrico, política de Estado, se pactó con el Partido Popular y con
Convergéncia i Unió, legítimamente, pero se renunció a cualquier instrumento de planificación, de intervención, de intentar que las empresas que producen por carbón no tiren tanto de él y que se tire más de las de ciclo combinado; se renunció a
todo ello- provoca otra vez un repunte de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es verdad que haya habido una política de Estado, todo lo contrario. Si algo ha caracterizado a este Gobierno es que el Ministerio de Industria, el
Ministerio de Economía y el Ministerio de Fomento han hecho una política que nos permitiese continuar estando a la cabeza en el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Puedo poner multitud de ejemplos. Iré caso por caso. El Ministerio de Fomento
aprueba un Plan estratégico de infraestructuras y transporte que le sitúa a la cabeza de Europa en kilómetros de autovía por habitante, y si se planifica y se hace todo lo que se va a hacer vamos a ser los campeones por kilómetro cuadrado no de
Europa, del mundo.
En Europa solo nos superan Luxemburgo y Chipre, países algo más densos que nosotros. Hoy todas las organizaciones ecologistas dicen: El PEIT va en contra de ese criterio; en cambio el Ministerio de Fomento se ha negado por
activa, por pasiva y por perifrástica a la trasposición de la euroviñeta.



En materia de transporte de mercancías por ferrocarril hemos bajado porcentajes y el Ministerio de Fomento, como bien decía Zapatero, ha sobresalido por tener una ministra que destaca por kilómetros de AVE y de autovía, pero que no ha puesto
una nueva traviesa en Cercanías, y es que el caos de Barcelona es paradigmático.



Segundo ejemplo, Ministerio de Industria. En el Ministerio de Industria se vetó que en los planes para cumplir con Kioto hubiese un objetivo efectivo de ahorro del uno por ciento; es así. Se nos dijo después: ahorro energético en función
del tendencial, cuando hoy en Europa existen experiencias de crecimiento de PIB y de disminución del consumo energético. Sé que el señor Clinton apareció ayer por Moncloa y tiene que decir lo que dice, pero es cierto que la experiencia exitosa no
es la española, porque la experiencia española precisamente en materia de intensidad energética no es positiva. ¿Se ha mejorado? Claro que sí, pero no es positiva, continúa sin serlo. Se hacen un flaco favor cuando en determinadas intervenciones
ustedes mismos se dicen: lo estamos haciendo muy bien. Si continúan diciendo lo estamos haciendo muy bien, seguirán teniendo una acción de Gobierno totalmente indisciplinada en materia de cambio climático: dando gratuidad en derechos de emisión,
que ha supuesto precisamente ese incumplimiento por el repunte del carbón; y no estableciendo instrumentos de planificación alguna en un sector eléctrico totalmente desregulado que, eso sí, da beneficios de más del 40 por ciento a entidades
empresariales como Endesa. Esa es la realidad que hemos tenido en el Ministerio de Industria: la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Sector Eléctrico con toda la legitimidad del mundo, pactada con PP y con Convergència i Unió. Lo que se dice de la
nueva cultura de la energía está abandonado y aparcado; una nueva cultura de la energía que introduce instrumentos de gestión de la demanda, igual que planteamos en materia de agua. Ante eso no sabe, no contesta o sabe y contesta en una
determinada línea muy clara.



Tercer ejemplo: materia de fiscalidad. ¿Es razonable que el país más ineficiente desde el punto de vista ambiental de Europa aborde una reforma fiscal que supone unos ingresos de menos de 8.000 millones de euros y no haya abordado la
reforma fiscal verde? Porque la reforma del impuesto de matriculación es limitadísima y además, señora Narbona, es escasa por los tramos. Veremos de aquí a unos meses si eso supone precisamente mayor o menor compra de vehículos. Cuando todos los
tramos disminuyen excepto uno, a nosotros, que hemos sido promotores de la propuesta, y usted lo sabe, nos han levantado la camisa; esa es la impresión que nos da. Los datos lo dirán, a lo mejor me equivoco, no digo que no, aunque creo que no me
voy a equivocar. El problema de fondo está en que la reforma del impuesto de circulación no ha llegado, las reformas del impuesto sobre los carburantes no han llegado, las reformas del IVA en función de los temas ambientales no han llegado, la
reforma del IBI en función de la certificación energética no ha llegado, y podría continuar y continuar. ¿Las propuestas estaban encima de la mesa? ¡Claro que sí! Pero ha habido un ministerio que no ha querido abordarlas, el Ministerio de Economía
y Hacienda. El problema es que nuestra estrategia en materia de cambio climático se basa, se fundamenta en mecanismos de desarrollo limpio, en secuestro de emisiones y en compra de derechos, y no hay una política de Estado coherente como la que
hacen otros Estados. Sarkozy hace políticas de Estado, con críticas y con elementos que podemos discutir. (Rumores.) Sí, sí lamentablemente porque lo cierto es que no ha habido una acción coordinada en esta materia, y el resto de los ministerios
ha avanzado en una línea opuesta. Por eso ahí ha habido elementos que han fallado.



Quería añadir -la presidenta decía antes que teníamos cinco minutos extras- un par de aspectos. Acerca de la Ley del Suelo, usted sabe que nosotros la valoramos muy positivamente, y además esos elementos de exigencia ambiental -lo hablamos-
fueron introducidos por nuestro grupo parlamentario. Hemos valorado favorablemente la Ley del Suelo. En materia de suelo son fundamentales unas políticas coherentes sobre la materia. En cuanto a la Ley del Mercado Hipotecario, que era fundamental
para garantizar que no hubiese un mayor endeudamiento de las familias, nosotros


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planteamos propuestas como la Ley Neiertz, la ley francesa que plantea un límite al endeudamiento; sé que también sabe de esto y es experta sobre la materia. No fueron incorporadas ninguna de estas propuestas, señora Narbona. En materia
de suelo coherente, Ley de Suelo es necesaria una política -pactada con nosotros-, y una política fiscal -pactada con PP y con Convergència i Unió-, pero una política fiscal que no permita transferencias de capital del Estado al promotor, y sabe de
lo que le hablo; no había manera. Además, necesitamos sumar a estos asuntos en materia de suelo una correcta financiación de los entes locales porque usted sabe que son unos actores fundamentales precisamente para garantizar que no se produzca esa
política de suelo que ha existido; y eso es lo que ha fallado. Por eso le digo que precisamente esa legislatura ha sido con pactos bilaterales más o menos positivos en aspectos parciales, pero ni mucho menos ha habido una política coherente.



Por último, la gran asignatura pendiente -después intentaré referirme a la materia de aguas-: la ley de envases y residuos. Usted sabe, señora ministra, que precisamente esta era una de las asignaturas pendientes, junto con la ley de
aguas, que tampoco ha sido aprobada, y con la política en materia de cambio climático de esta legislatura; no se va a aprobar.



La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto.



El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta.



En Cataluña cada semana -digo Cataluña, pero podría poner ejemplos del conjunto del Estado, aunque me sé la cifra catalana- se consumen entre 9 y 10 millones de bolsas de plástico. Hay una propuesta muy sencilla y que se practica en toda
Europa, que una bolsa de plástico cueste un valor mínimo, pero hay unos señores que se dedican a producir envases que no la quieren. La pregunta es: ¿Nosotros qué queremos: un Gobierno que se planta ante los todopoderosos y protege el medio
ambiente o un Gobierno que hace demasiado caso a estos señores que producen bolsas de plástico y que no permiten que haya ley de envases? Nosotros creemos que se ha fallado porque no ha habido ley de envases.



Acabo ya, señora presidenta, ciñéndome al tiempo. Nosotros hacemos la valoración de que el ministerio ha tenido buena voluntad, aunque ha fallado algo el equipo, señora ministra -lo digo para la legislatura que viene, esperando que en
definitiva pueda revalidar como ministra-, ha faltado más fuerza política, y este Gobierno lo que necesita no son discursos complacientes diciendo que todo va bien -acabo ya, señora presidenta-, sino exigencia. Podríamos entrar también en el debate
nuclear, que es un ejemplo paradigmático, pero como no tengo tiempo no entraré en él. Este Gobierno no necesita discursos complacientes; necesita exigencia medioambiental para hacer políticas efectivas en la lucha contra el cambio climático, en
materia de aguas...



La señora PRESIDENTA: Señor Herrera, tendrá un turno de réplica después.



El señor HERRERA TORRES: ...caminando hacia una nueva cultura de aguas o en materia de residuos.



La señora PRESIDENTA: Señor Herrera, si queda alguna cosa podrá añadirla después en turno de réplica.



Turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora ministra, por su comparecencia, por sus explicaciones, por este repaso o reválida que ha superado del curso de esta legislatura. Nos situamos ya hacia sus postrimerías y es lógico e interesante además
conocer una valoración global y una visión en perspectiva de la tarea desarrollada y también, como no, introduciendo elementos de proyección hacia el futuro. Además le agradecemos especialmente su esfuerzo, dada la precaria situación de su voz,
pues a medida que iba avanzando su comparecencia se notaba que estaba un poco deteriorada, con lo cual el esfuerzo ha sido superior y se agradece. La portavoz del Grupo Socialista lo ha situado en una especie de despedida de la Comisión; no sé si
será así, pero realmente nos quedan pocas sesiones.



Usted ha hecho un repaso de la tarea legislativa, de esas diez normas, leyes que se han presentado y se han tramitado completamente por las Cámaras. Ha destacado un par de ellas, de alguna ya casi no nos acordábamos, como el derecho de
acceso a la información, a la participación, a los derechos de los ciudadanos en relación con el medio ambiente, a la información y a poder interactuar para su mejora. También usted destacaba la responsabilidad medioambiental, y además lo ha hecho
recientemente en varios foros públicos. Nos gustaría añadir otras que también nos han parecido trascendentes, ya que modifican normativas ya muy obsoletas y algunas que se sitúan en una posición de modernidad o de actualidad en su formulación. Con
la Ley de Calidad del Aire, que usted también comentaba, especialmente por algunos aspectos novedosos como la introducción de algunos elementos de esta llamada fiscalidad verde -aunque por el gusto de algunos grupos no con toda su intensidad-, ya
empieza a verse esta plasmación legislativa de lo que es una preocupación social: el tema medioambiental, y en este caso también el uso de un instrumento como el fiscal para poder influir en conductas de interés medioambiental. También la Ley de
Biodiversidad, que el próximo veremos con las enmiendas vivas del Senado, a pesar de todo, acabará significando una modificación de esta normativa.



Hablaba usted como elemento primero -no sé si principal- de la gestión del Gobierno socialista del


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cumplimiento, de la recuperación del tiempo perdido, en relación con el Protocolo de Kioto. Este fue un tema de debate más intenso a principio de legislatura, y nuestro grupo siempre se posicionó a favor del mismo, pero también teniendo en
cuenta que cualquier medida de tipo medioambiental en este ámbito, si no se implementaba con la suficiente sensibilidad ante otros sectores sociales -especialmente las industrias afectadas-, podría presentar efectos negativos en cuestiones como la
competitividad o el empleo. No obstante, por las medidas del Gobierno, por su ritmo de implementación y por el incremento de la sensibilidad de la sociedad y de las empresas en que irremediablemente hay que avanzar en este ámbito, no se ha
producido ningún tipo de quiebra excesiva o que tengamos que lamentar respecto a su aplicación. Si bien es cierto que también hay cuestiones coyunturales que nos han ayudado, especialmente en el año 2006 por la climatología favorable en invierno y
en verano, esto ahora despierta interrogantes en relación con el año 2007 y el siguiente. Usted misma reconocía que en 2007, hasta el mes de octubre, las emisiones han crecido en España un uno por ciento, frente al 4 por ciento de disminución del
año 2006 que citaba en su intervención. En el año 2007 las cifras son más negativas, aunque efectivamente quedan 45 días para acabar el año -quedaban cuando usted hacía esta declaración el 15 de noviembre- y todavía puede modificarse, pero los
indicadores no son tan favorables como el año anterior. Por eso, me gustaría que comentara también cómo ve la proyección o qué es lo que dicen los estudios sobre cómo vamos a cerrar el año en cuanto a los derechos de emisión y su disminución,
indicador que ha aparecido entre los indicadores importantes de la vida social -igual que puede ser el paro o la inflación-, dado además que estamos todavía muy desfasados con el cumplimiento del Protocolo de Kioto.



Usted ha hablado también de otras medidas para coadyuvar a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Hablaba especialmente de apoyar el ahorro y la eficiencia energética como elemento estructural -por decirlo así- y de
largo alcance para intentar evitar la emisión de gases de efecto invernadero. También ha hablado de esa asignatura pendiente, que siempre vamos arrastrando de curso en curso y espero que algún día terminemos por aprobarla, que es el tema de las
emisiones difusas, las del tráfico rodado, las domésticas, las de cremación de residuos, etcétera, y, frente a ellas, del fomento de las energías renovables, que no tienen efectos de emisión de gases, como la eólica y la fotovoltaica. Ahí siempre
queda el interrogante, que tampoco acaba de abordarse nunca, acerca del efecto mínimo del CO2, como puede ser el uso o la recuperación con nuevas tecnologías más seguras y -habiendo resuelto el tema de los residuos- de la energía nuclear, que usted
no ha citado en ningún momento en su intervención; no estaría de más conocer su opinión al respecto, que puede ser en parte cambiante ya que también están variando las tecnologías o incluso los posicionamientos de la Unión Europea respecto a esta
cuestión.



Comentaba usted la existencia del Código Técnico de Edificación y lamentaba que no se hubiera implementado en años anteriores, con lo cual habríamos ganado terreno en este sentido. En este ámbito quiero hablar de la necesidad de que en las
comunidades autónomas haya una aplicación, un seguimiento muy riguroso y exigente de los ayuntamientos, porque son los que están en primera línea. Deben estar convencidos, por una cierta pedagogía, de la necesidad de la aplicación de este Código
técnico y al mismo tiempo de otras medidas que todavía allí no están recogidas pero que también pueden ayudar en el ámbito local a conseguir esos objetivos respecto a las emisiones, y especialmente en el tema del agua, en tanto en cuanto los
ayuntamientos son los responsables y pueden conseguir resultados en la utilización de aguas recicladas para varios usos. Ha mencionado usted su satisfacción por la implementación del impuesto de matriculación. Por nuestra parte, aunque no fuimos
promotores de la iniciativa, fue positiva, y por eso la apoyamos, pero seguimos insistiendo -algún otro grupo también lo hace- en la necesidad de implementar otras medidas -ya sé que no es cuestión del Ministerio de Medio Ambiente- para los
automóviles o vehículos, como un nuevo Plan Prever que permita renovar el parque automovilístico, y de esta forma coadyuvar a la reducción de emisiones de CO2. Otro tema que ha tratado en profundidad ha sido el del litoral y las actuaciones
urbanísticas en la costa. En este aspecto nos gustaría comentar -usted lo remarca en sus diversas intervenciones al respecto-, la necesidad de coordinarse con las autonomías para llevar a cabo los planes de recuperación de las zonas litorales, y
quiero añadir la necesidad de hacerlo también con los ayuntamientos y plantear con ellos convenios de mantenimiento -especialmente de las zonas que el ministerio adquiera-, y además que se haga a través de las autonomías y no de forma autónoma por
los ayuntamientos.



Aunque tengo algún tema más para desarrollar, me están llamando para ir a la Comisión de Interior, donde tengo que defender una PNL. Lo dejo aquí y después en la réplica intentaré seguir con alguna cuestión más.



La señora PRESIDENTA: Señor Guinart, le guardo su tiempo para la réplica.



Damos ahora la palabra al Grupo Parlamentario Popular, a la diputada doña Teresa de Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora ministra, por su explicación; explicación que obviamente usted ha centrado en las leyes que ha considerado más importantes. Hoy podemos decir que hemos tenido el honor de que usted nos explicase
las leyes que hemos tramitado en este Congreso. Le agradecemos mucho que nos haya explicado de nuevo lo que nosotros hemos tramitado aquí.



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Decía usted que no se iba a centrar en política de aguas porque se iba a dedicar a ello en la siguiente comparecencia, pero yo me voy a centrar en ello. Yo, como la señora ministra, me he leído su primera comparecencia en esta Comisión,
donde nos explicaba sus objetivos, y voy a comentarla porque la siguiente comparecencia, que es a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, vamos a centrarla en los logros obtenidos con la política del ministerio en determinadas regiones españolas;
solamente en esto. Decía la ministra en su comparecencia ante esta Cámara, y lo repitió el otro día en la Comisión de Presupuestos, que el trasvase del Ebro, el tan nominado trasvase del Ebro, se había derogado porque no tenía financiación
comunitaria, porque la Unión Europea nos había denegado la financiación. Como ya llevamos cuatro años de legislatura y la ministra no deja de repetir lo que ella sabe que no es cierto, porque la Unión Europea no negó la financiación del trasvase
del Ebro, sino que fue el Gobierno de España el que fue a renunciar a esta financiación, yo agradeceré que se reparta este escrito entre los miembros de la Mesa y entre los portavoces de los grupos parlamentarios para que dejemos este asunto zanjado
de una vez por todas y dejemos de decir lo que no es. Voy a leer, como es muy breve y para que conste en el 'Diario de Sesiones', la respuesta que el señor Barrot da, en nombre de la Comisión Europea, al diputado José García-Margallo del Partido
Popular Europeo y de nuestro grupo parlamentario. La respuesta, muy breve, dice: A finales de diciembre de 2003 y principios de enero de 2004 las autoridades españolas presentaron cuatro proyectos relativos al trasvase del Ebro para ser
financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. La Comisión inició las evaluaciones de estos proyectos con arreglo a los procedimientos establecidos. A la vista de los resultados de las elecciones generales de marzo
de 2004 en España y sobre la base de las declaraciones del nuevo Gobierno acerca de su intención de retirar los proyectos presentados relativos al trasvase del Ebro, la Comisión interrumpió su evaluación de los proyectos hasta que se recibieran
nuevas aclaraciones sobre la posición de la nueva Administración. El 30 de junio de 2004 la Comisión recibió una solicitud oficial de la representación permanente de España por la que se retiraba la solicitud de financiación comunitaria para los
proyectos de trasvase del Ebro. En consecuencia, la Comisión ha anulado el procedimiento en relación con este expediente.
Señorías, todos ustedes tienen la respuesta de la Comisión Europea y, por consiguiente, vamos a zanjar de una vez por todas
el tema y no vamos a repetir, señora ministra, que nos negaron financiación europea, porque usted sabe que no es cierto.



En la comparecencia de la ministra ella hablaba del famoso programa AGUA, que nos traería más agua, más barata y en menos tiempo a todas las zonas, pero especialmente a las deficitarias. En la siguiente comparecencia mis compañeros de la
Comunidad Valenciana, de Murcia, de Aragón y de Almería harán un balance y les presentarán cuáles han sido las actuaciones y la cantidad de agua que tienen en sus comunidades autónomas. Usted, señora ministra, modificó muy hábilmente un dato en su
comparecencia; se lo recuerdo. En el Plan Hidrológico de 2001 se consideraba que el déficit del arco mediterráneo eran 2.250 hectómetros cúbicos. Después de una serie de actuaciones de modernización de regadíos, de reutilización, de desalación
para abastecimiento de zonas costeras, etcétera, que no repito porque ya se ha dicho muchas veces, se conseguía un aporte de 1.100 hectómetros cúbicos y, por consiguiente, quedaban 1.150 hectómetros cúbicos, que es lo que se proponía para el
trasvase del Ebro y cubrir este déficit. Cuando la ministra nos anunció su programa AGUA nos anunciaba 1.000 hectómetros cúbicos, es decir de pronto desaparecían 1.100 hectómetros cúbicos, porque dentro del programa AGUA hay actuaciones de
reutilización, de desalación, de modernización de regadíos; por consiguiente, hay 1.000 hectómetros cúbicos que han desaparecido, y así está el arco mediterráneo. También hablaba de nuevas desaladoras -en la comparecencia siguiente mis compañeros
se las explicaban a ustedes-, pero lo cierto es, señora ministra, que aunque no ha acompañado el tiempo meteorológico y que al principio hubo una sequía -ahora hay menos, pero todavía la hay- el resultado es que no se han resuelto los problemas del
agua en España. Usted, señora ministra, el otro día en la comparecencia de presupuestos seguía diciendo que habrá unas aportaciones al final de la legislatura, dentro de dos meses, en la Comunidad de Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Almería.
Ya veremos cuáles son estas aportaciones. Señora ministra, usted ha insistido también recientemente -parece que si las cosas se van repitiendo, aunque no sean ciertas, llega un momento en que el ciudadano se las cree; en muchos casos efectivamente
es así y por eso quiero hoy aclararlo- en que las desaladoras que usted ha prometido -se refiere a las nuevas desaladoras no incluidas en el Plan Hidrológico del año 2001- consumen menos energía que el trasvase del Ebro. Señora ministra, para
desalar un litro de agua hacen faltan 3,5 vatios y para desalar 1.000 hectómetros cúbicos de agua hacen falta 3.500 megavatios, equivalente a tres centrales nucleares y media. Señora ministra, ¿cuál es el consumo energético, por ejemplo, del
trasvase Negratín-Almanzora que tenemos actualmente? A ver si usted nos puede dar este dato.



Decía la señora ministra en su primera comparecencia que los objetivos al inicio de la legislatura en el tema del agua eran reformar las confederaciones hidrográficas, crear por ley los bancos públicos de agua y aplicar el principio de
recuperación de costes, principio al que tiene más cariño la señora ministra. Todos estos intentos han sido fallidos y la ministra ha tenido que retirar el anteproyecto de modificación de la Ley de Aguas, porque no ha conseguido consenso con todas
las entidades y con todas las asociaciones implicadas. También prometía la ministra estudiar en mayo de 2005 en conferencia


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sectorial posibles actuaciones que comportasen nuevos aportes de agua en las cuencas deficitarias. Nosotros queríamos saber, señora ministra, cuál ha sido esta reunión y qué aportaciones extras de aguas han sido consideradas en esta
conferencia sectorial para las cuencas deficitarias.
También hablaba usted de la desalación con energías renovables.
Desearíamos que nos explicase usted cuál ha sido el resultado, cuántas desaladoras tenemos en la actualidad que estén funcionando
con energías renovables. Desearíamos conocer también si se fija en los convenios que hace Acuamed con los regantes el precio del agua desalada y, si no, por qué no se fija, así como el precio del agua desalada no a pie de desaladora sino una vez el
agua desalada llega a los regadíos. Señora ministra, usted también anunciaba a bombo y platillo en junio de 2007 el Plan de Calidad de las Aguas. Usted lo anunció en junio de 2007 y lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, pero no tiene reflejo
presupuestario. Desearíamos conocer cuál es la causa. Hablaba usted también de que en estos cuatro años se conocería la plena actualización de los registros de agua. Le querríamos preguntar al respecto qué es lo que hay sobre ello. Hablaba usted
de los deslindes en la costa y decía que habían trabajado mucho; no dudo que el trabajo haya sido intenso, pero fíjese en los datos del Ministerio de Medio Ambiente: en 2004 estaba deslindado el 65 por ciento de los kilómetros de costa -son datos
suyos, señora ministra-, en 2005 el 67 por ciento, en 2006 el 77 y a finales de 2007, en el mes de diciembre, el 80 por ciento. Por consiguiente, ustedes no han finalizado los deslindes. Han hecho lo que han podido, como hizo lo que podía el
Gobierno del Partido Popular. También quisiera comentar sus últimas declaraciones, la apuesta que usted hace por la reutilización, la desalación y los trasvases para resolver el déficit del arco mediterráneo. Señora ministra, quisiera que dijese
en esta Comisión, que es el sitio idóneo -posiblemente será su última comparecencia en esta Comisión en esta legislatura-, cuáles son los trasvases que se contemplan para solucionar el déficit del arco mediterráneo, los nuevos trasvases que están
contemplándose en la renovación de los planes de cuenca.



Señora ministra, ha fracasado con su política de agua. Su política de agua ha desencadenado una guerra sin precedentes y una insolidaridad territorial que actualmente está llegando al límite y que se plasma en los recursos de
inconstitucionalidad presentados por las diferentes comunidades autónomas, unas contra otras, en la revisión de los estatutos de autonomía. Este es el resultado de su política de agua. Le quería hacer una pregunta. Usted decía en su comparecencia
que era prioritario el saneamiento de la Costa del Sol, y curiosamente tampoco viene en los presupuestos de este año. Usted hablaba también de plataformas eólicas marinas. Queríamos preguntarle qué hay sobre ello y si están de acuerdo las
comunidades autónomas en las que se piensan ubicar estas plataformas eólicas marinas. Señora ministra, dado que una de las medidas del ministerio es el ahorro de agua, que me consta y con la que estamos completamente de acuerdo, por qué ustedes no
quieren contribuir a la modernización de las redes de abastecimiento, que suponen una pérdida cercana al 22 por ciento de media. Nosotros estamos de acuerdo con la modernización de regadíos, que supone un ahorro de agua, pero es que también hay
pérdidas en las redes de abastecimiento. Las entidades locales no pueden asumir esta modernización. ¿Por qué han votado siempre en contra cuando hemos propuesto contribuir a esta modernización de las redes de abastecimiento? Queríamos
preguntarle, señora ministra, por qué solamente se ha incrementado el personal en las comisarías de agua del Júcar, Segura y Ebro para controlar, según dijo usted el otro día en la comparecencia, y perseguir los comportamientos irregulares. ¿No
existen comportamientos irregulares en otras confederaciones? Aquí tengo la memoria del fiscal general del Estado del año 2006, en la que habla de enormes irregularidades en la cuenca del Guadiana, en el acuífero 23. Por cierto, usted no lo ha
nombrado, ni ha nombrado la memoria de la fiscalía ni el hecho de lo que se denuncia aquí. Cuando se trata de incrementar el personal, usted lo aumenta en el Júcar, en el Segura y en el Ebro, pero no dice nada del Guadiana. ¿A qué se ha debido la
selección de estas tres cuencas y la exclusión de las demás?


Queríamos saber, señora ministra, lo que se ha hecho con los parques nacionales, porque realmente con ellos no se ha hecho nada. Ya conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional, la nueva Ley de Parques Nacionales y que la gestión
tiene que pasar a las comunidades autónomas; sin embargo, la gestión no ha pasado, solamente ha pasado la de los parques andaluces y la del parque de Ordesa. No es que no se haya transferido la gestión, es que ni siquiera se ha iniciado el nuevo
plan director que expiraba en el año 2006. Queríamos una explicación, señora ministra. En su comparecencia ni siquiera ha mencionado la política forestal. Sí hablaba de modificar la Ley de Montes y nos ha explicado las modificaciones, que por
cierto hicimos en esta Cámara y que usted nos ha explicado de nuevo; sin embargo, de política forestal nada, ni se menciona en su comparecencia, señora ministra; no la menciona ni en un solo punto. La política forestal ha sido la gran olvidada
del Gobierno socialista. Ustedes diluyen la política forestal en la política de conservación, en la cual se contempla el aspecto ambiental de la política forestal, pero no se contempla la gestión sostenible. Señorías, esto es de una importancia
extrema y ustedes ni le han hecho caso. Qué decir del programa de acción nacional contra la desertificación, que ustedes han presentado en conferencia sectorial tres años y medio después de que el Partido Popular dejara también otro borrador, que
posiblemente no les gustaría y al que le han cambiado la metodología. Curiosamente, ustedes presentan el nuevo plan a las comunidades autónomas justo coincidiendo con la celebración en Madrid de la conferencia el pasado septiembre, en la que tuvo
usted un gran protagonismo,


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señora ministra. Qué casualidad: tres años y medio para revisar un plan y, curiosamente, ahora se acuerdan que es necesario aprobarlo y lo presentan a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.



Ley de Calidad del Aire. El Grupo Popular aprobó la Ley de Calidad del Aire, introdujo unas enmiendas y hubo bastante consenso. Nosotros no creemos que la modificación del impuesto de matriculación que han hecho ustedes, primero con una
enmienda a la Ley de Calidad del Aire y luego introduciéndola en el Senado, vaya a reducir las emisiones, señora ministra. Como decía el portavoz de Izquierda Unida, en los tres tramos pagan menos por el impuesto de circulación, y los coches más
emisores, los más potentes, pagan el 2,75 por ciento más. ¿Pero usted cree realmente que el que quiere un coche grande o potente va a echarse para atrás porque paga el 2,75 más en el impuesto de circulación? Sinceramente, nosotros tampoco lo
creemos, y menos todavía porque esta modificación del impuesto de circulación es a cambio de eliminar el Plan Prever, que sí apartaba de la circulación los vehículos con más años de antigüedad, que son los que más contaminan. Nosotros creemos que
el Plan Prever es mucho más eficaz y siempre decimos que incentivar es mucho mejor que penalizar.



Ley de patrimonio y biodiversidad. No voy a decir nada de ella porque ya hemos demostrado nuestro desacuerdo en Comisión y en el Pleno. Así como el portavoz de Izquierda Unida decía que esperaba que las enmiendas que se han introducido a
esta ley en el Senado no prosperen, yo espero, por los dos millones de cazadores que hay en España, que sí prosperen las enmiendas que se han aprobado en el Senado; yo sí lo espero. El jueves lo veremos, señor portavoz.



Cambio climático. El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado casi todas las propuestas que se han hecho sobre el cambio climático. Digo casi todas por no decir todas, indudablemente. Hoy la ministra ha venido aquí y nos ha hablado de lo
que ha hecho el Gobierno en materia de cambio climático, pero este no es el tema, señora ministra. Hoy viene usted aquí a hacer un balance de la legislatura en su materia, y resulta que su materia, señora ministra, no es hablarnos del Plan de
Energías Renovables, porque es competencia del Ministerio de Industria, ni del Plan de ahorro y eficiencia energética, que nos parece muy bien, ni de la energía solar, ni del Código técnico de la edificación. De lo que tiene que hablar aquí, señora
ministra, al menos desde nuestro punto de vista, es de las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros estamos de acuerdo con casi todo lo que se ha hecho desde la Secretaría General...



La señora PRESIDENTA: Termine, señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: Voy terminando, señora presidenta.



Como decía, estamos de acuerdo con casi todo lo que se ha hecho desde la Secretaría General para la Contaminación y el Cambio Climático. Estamos de acuerdo y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero en cuanto a las medidas que ustedes
han tomado para combatir el cambio climático no estamos de acuerdo, señora ministra, y se lo comento brevemente.



La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, ya ha agotado los quince minutos.
Déjelo para la segunda intervención.



La señora DE LARA CARBÓ: Sí, lo que ocurre es que si luego hablamos de agua y yo hablo de cambio climático habrá un desfase, ¿no?


La señora PRESIDENTA: Es que usted ha hablado de agua cuando no hablábamos de agua, por lo que es su problema. Tenía quince minutos y los ha agotado. En la réplica podrá intervenir.



La señora DE LARA CARBÓ: ¿Un minuto y termino, señora presidenta?


La señora PRESIDENTA: No, señora De Lara, no. Déjelo para la réplica.



La señora DE LARA CARBÓ: ¿No?


La señora PRESIDENTA: Comprenda que si todos piden aumentar sus tiempos, con los que ya hemos sido generosos, nunca terminaríamos.



Vamos a dar ahora la palabra a la señora ministra para responder a sus observaciones.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): En primer lugar, respondiendo a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre cuestiones específicas en las que no me había detenido en exceso en mi intervención, por lo que se
refiere a la actuación internacional del Ministerio de Medio Ambiente, señoría, efectivamente, hemos intentado en esta legislatura que el Ministerio de Medio Ambiente de España deje de ser un freno en la mesa del Consejo de Ministros de la Unión
Europea. Así pude apreciarlo desde la primera reunión a la que asistí en mi condición de ministra de Medio Ambiente y, tras haber expuesto en aquella reunión cuáles eran los ejes que el nuevo Gobierno planteaba en el ámbito de la Unión Europea y de
las responsabilidades sobre las distintas cuestiones ambientales, tuve la satisfacción de escuchar a varios ministros y a miembros de la Comisión recibir con una felicitación el cambio de rumbo de España. Eso pertenece a las actas de los Consejos
de Ministros, como también pertenece, supongo, a la hemeroteca de la Comisión Europea la rueda de prensa conjunta que ofrecimos la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, y yo misma tras trasladarle a la comisaria las líneas principales de
compromiso del Gobierno de España en esta nueva legislatura y de anunciarle que mantendríamos


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una posición en relación con el trasvase del Ebro que ya le había hecho saber algunos años antes con motivo de la presentación en esta Cámara de la alternativa socialista al Plan Hidrológico Nacional, y en aquel momento, delante de la prensa
convocada, la comisaria de Medio Ambiente dio la enhorabuena al Ministerio de Medio Ambiente por el nuevo enfoque de la política del agua.



Señoría, hemos intentado incorporar en el debate europeo cuestiones que interesan mucho en España y que no estaban en la primera línea de la agenda del debate europeo, y me refiero concretamente a la biodiversidad, a la desertificación y a
la sequía. Como ustedes saben, en el debate europeo ha sido prioritario el cambio climático, y entendemos que, por supuesto, España debe hacer el gran esfuerzo de reconducción que apenas ha comenzado. En ese sentido, entendemos también que la
Unión Europea debe adquirir en biodiversidad y en desertificación el mismo liderazgo que tiene en materia de cambio climático. De ahí las sucesivas iniciativas que he mantenido en el seno de la Unión Europea y el trabajo que se ha hecho en
biodiversidad, concretamente para la cumbre de Curitiba en la que España se ha comprometido a fondo -antes y después de la cumbre- a trabajar por un régimen legal vinculante a escala internacional en relación con el acceso equitativo a los recursos
genéticos, una cuestión que no es, ni mucho menos, pacífica dentro de la Unión Europea y en la que España trabaja con una visión crítica en el sentido de las posiciones hasta ahora mantenidas mayoritariamente en la Unión Europea con países que
tienen una gran riqueza de biodiversidad y que por ello son países víctimas de la expoliación de su propio patrimonio genético.



Por lo que se refiere a la desertificación, esta es una cuestión que en muchos gobiernos europeos se residencia no en el Ministerio de Medio Ambiente sino en el ministerio que lleva la cooperación al desarrollo.
Por lo tanto, no se habían
producido debates sobre desertificación en Consejos de Ministros de la Unión Europea porque era una cuestión que quedaba fuera del debate ambiental. Hemos introducido este tema también en la agenda de la Unión Europea, como hemos introducido el
tema de la sequía y la escasez de agua, de tal forma que tenemos ya un primer documento, una primera comunicación, de la Comisión Europea sobre sequía y escasez de agua, que creo que sería bueno que conocieran todos los portavoces parlamentarios
porque es una afirmación contundente de cómo hay que abordar las sequías y la escasez de agua, dando absoluta prioridad a principios como el de recuperación de costes, que ya está inscrito en la Directiva-marco del Agua. Después de esa comunicación
de la Comisión tuvimos un debate en el consejo informal en Lisboa, al principio de la Presidencia portuguesa, donde también extrajimos determinadas conclusiones sobre la necesidad de avanzar hacia una estrategia europea en materia de sequía, igual
que en su momento España apoyó una estrategia europea sobre inundaciones y después hemos apoyado, en esta legislatura, una directiva europea sobre inundaciones. Creemos que es muy oportuno que la Comisión Europea haya empezado a trabajar con el
impulso de España, acompañada en este terreno por varios países, sobre todo mediterráneos, para que la Unión Europea trabaje también en esta materia. Celebramos en Madrid la VIII Conferencia de las partes de Desertificación con resultados muy
importantes que, por desgracia, quedaron bloqueados en lo que se refiere a su aplicación en los próximos años por la negativa de Japón a aceptar el consenso que se había logrado en aquella reunión sobre el presupuesto del próximo bienio de la
Convención de desertificación. Por cierto, se celebrará en principio el próximo lunes en Nueva York una reunión extraordinaria de la cumbre de Desertificación, en la que confiamos que Japón cambie de actitud, y para ello hemos venido trabajando en
apoyo al Secretariado de la Convención de desertificación. Entendemos que la desertificación debe dejar de ser un ámbito de menor relieve en el debate internacional sobre los desafíos ambientales porque en el fondo no es más que una dimensión
diferente del propio cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Para acentuar nuestro trabajo en el exterior, hemos creado recientemente tres plazas de consejeros de Medio Ambiente en las embajadas españolas: ante el Pnuma en Nairobi;
ante la OCDE en París y ante Naciones Unidas en Nueva York. De esta manera se trata de fortalecer la capacidad de negociación y de presencia de España en los grandes ámbitos de la negociación internacional en materia de medio ambiente.



Quiero señalar, por último, en esta cuestión, señoría, que trabajamos intensamente con todos los países de la región iberoamericana para que se pudiera firmar el año pasado en México el acuerdo político entre la Comisión Europea y todos los
países iberoamericanos que plasma la iniciativa europea sobre el agua para América Latina que había prometido Romano Prodi, presidente de la Comisión, el año 2002 y que no se había traducido hasta el año pasado en un acuerdo político que ahora
podemos desarrollar. Y para hacerlo de manera eficiente y con contenido, entre otras cosas, se ha creado en la cumbre Iberoamericana recientemente celebrada en Santiago de Chile el Fondo para el Acceso al Agua Potable, en el que España aportará
1.500 millones de dólares y que responde, entre otras cosas, a la labor realizada por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Red iberoamericana de responsables de política del agua que, igual que la Red iberoamericana de oficinas de cambio
climático, está desarrollando una tarea de identificación de problemas y de impulso de soluciones en la región iberoamericana.



Su señoría me preguntaba también por la dimensión social de la política ambiental. Yo creo que es preciso que todo el mundo entienda de una vez que el deterioro ambiental es una de las principales amenazas a escala planetaria respecto a la
pobreza, el hambre, las desigualdades y los problemas de salud, es decir, todos los importantes problemas sociales que existen en el planeta. Mientras el conjunto de la comunidad internacional no


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se tome en serio la política ambiental como una política no solo de preservación del medio ambiente sino que también garantice en todo el planeta, a todos los ciudadanos, los que viven hoy y los que vivan mañana, el ejercicio de sus derechos
a un aire no contaminado, a un agua potable suficiente para su vida y para su desarrollo, el derecho de todos los ciudadanos al mantenimiento y mejora del patrimonio natural de nuestro planeta y tantos otros derechos ambientales que tienen que ver
con derechos reconocidos, derechos fundamentales como el derecho a la salud, seguiremos teniendo una visión corta y torpe de la política ambiental. Porque se trata precisamente de eso, de avanzar hacia una globalización de los derechos al medio
ambiente como parte de una comunidad internacional que garantice la vida y la dignidad de todos los ciudadanos del planeta. Eso traducido también en nuestro país significa que en todo lo que avancemos en reducir la contaminación, creando al mismo
tiempo empleo y actividad económica, hacemos frente a problemas sociales como el desempleo, la salud y la incidencia en términos de muertes prematuras derivadas de la contaminación. Quiero recordar que se estima que 16.000 personas mueren
prematuramente todos los años en nuestro país por la mala calidad del aire, y ciertamente no debía haber preocupado mucho este tema cuando había una ley de 1972. Se trata de que seamos capaces de trasladar a los ciudadanos que deben ser
especialmente exigentes hacia los poderes públicos para que se preserven su salud y su derecho al medio ambiente. Creo que eso podría ser una síntesis de algunas de las normas que el Gobierno ha trasladado a esta Cámara para su aprobación a lo
largo de esta legislatura. Pero quiero también decirle, señoría, que en materia de cambio climático, por ejemplo, estamos protagonizando una iniciativa que es casi inédita a escala internacional.
Hay una mesa de diálogo social sobre las políticas
de cambio climático tanto a nivel confederal como por sectores productivos, y eso es un avance, a mi juicio, extraordinario de la concertación social con empresarios y con sindicatos. Estoy segura de que de ahí no solo sale una evaluación -que
algún diputado ya ha comentado, el señor Guinart por ejemplo- de que la lucha por el cambio climático y los primeros pasos dados, que se decía en la anterior legislatura que iban a ser nada menos que la tumba de las empresas españolas, para nada han
significado esa tumba de nuestras empresas. Creo que con esas mesas de diálogo social podemos también identificar bien cómo desarrollar algunas de las muchas medidas pendientes en el ámbito de los sectores difusos.



Por último, señoría, por supuesto que me siento especialmente satisfecha de la evolución de la política de prevención y lucha contra los incendios forestales, no solo de la desarrollada por el Gobierno de España en esta legislatura sino
también de la desarrollada por las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia pero con las que hemos trabajado desde el inicio de la legislatura a partir de un acuerdo alcanzado en conferencia sectorial en enero de 2005 que
marcaba una serie de líneas de actuación que todas ellas, señoría, se están cumpliendo. Se están cumpliendo, desde luego, en lo que se refiere al propio presupuesto visible del Ministerio de Medio Ambiente, que se ha multiplicado por dos en esta
legislatura en lo que se refiere a prevención y lucha contra los incendios forestales, pero también se refiere a haber puesto de manifiesto ante la sociedad española de una manera nítida que los incendios forestales no dependen de las temperaturas y
que, por lo tanto, lo que hay que atacar son las causas efectivas; causas que van ligadas a negligencias y a actos intencionados, causas que desaparecen cuando las comunidades autónomas establecen de una manera mucho más rigurosa -como ha sucedido
a partir del decreto ley del año 2005- prohibiciones y limitaciones de uso del fuego que han comportando, entre otras cosas, una tendencia decreciente del número de incendios forestales; tendencia que en el año 2007 aparece nítida, siendo el año
con menos incendios forestales de toda la década. El número de incendios forestales no lo marcan las temperaturas. Depende exclusivamente de quien produce los incendios. Las temperaturas inciden, como SS.SS. saben perfectamente, en la gravedad y
la extensión en número de hectáreas de tales incendios forestales. Por lo tanto, señoría, partiendo de un esfuerzo de concertación que identificó líneas de trabajo, que hizo compartir a los responsables de Medio Ambiente la urgente necesidad de
implicar a otros ministerios y dentro de cada comunidad autónoma a otros departamentos en la prevención y lucha contra los incendios forestales, tenemos un balance de legislatura que sin ninguna duda es positivo. Tampoco esto significa que no haya
que seguir mejorando las herramientas que tenemos, y, por supuesto, a partir de la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo creo que esos datos seguirán siendo cada vez más positivos.



Por lo que se refiere a la intervención del señor Labordeta, lamento que no pueda estar aquí para escucharme, pero agradezco, en todo caso, el tono de la misma. En cuanto a algunas de las cuestiones que me ha planteado, tengo previsto
exponerlas con todo detalle en una fecha muy próxima en Zaragoza, puesto que he pedido comparecer ante la Comisión de las Cortes de Aragón para informar sobre la situación de todas y cada una de las obras pendientes del Pacto del Agua, y también,
efectivamente, para poder culminar lo que será el convenio especial con el Gobierno de Aragón, que incluye tanto el Plan nacional de calidad de las aguas para esa comunidad autónoma como acuerdos bilaterales con el Gobierno de Aragón para incorporar
de una manera mucho más expresa al mismo en la tarea de la gestión del agua, obviamente dentro de nuestro ordenamiento constitucional, que ninguno de los estatutos aprobados hasta la fecha ha alterado en absoluto.



Por lo que se refiere a la intervención del señor Herrera, en relación con las enmiendas que se incorporaron en el Senado a la Ley del patrimonio natural y la


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biodiversidad, como señalaba en mi intervención, uno de los propósitos de esta nueva ley era hacer frente al dictamen motivado de la Comisión Europea de fecha 2002 que tiene que ver con la inadecuada trasposición de la Directiva Hábitats y
la Directiva Aves. Por ejemplo, en ese dictamen motivado se dice que España está incumpliendo la legislación europea porque en la Ley 4/1989 no se deja suficientemente claro que la caza de la perdiz con reclamo no se puede hacer durante
determinadas épocas. Por eso, señorías, lamento que se esté haciendo sobre este tema una enorme demagogia, que se esté diciendo que la Comisión Europea acepta la caza con reclamo por ser una tradición. No se trata de tradiciones sino de directivas
europeas que hay que saber desarrollar en nuestro país con las excepciones que esas mismas directivas pueden establecer, pero con ninguna otra. Por lo tanto, espero que todos los diputados entiendan adecuadamente que votar a favor de una enmienda
que llega del Senado, que lo único que ha hecho ha sido volver al texto de la Ley 4/1989, significa incurrir en un incumplimiento de la norma europea que está escrito negro sobre blanco en el dictamen motivado del año 2002. Por supuesto, también
considero increíble la demagogia que se ha hecho sobre la cuestión relativa al uso del plomo en las municiones para la caza. Cuando gobernaba el Partido Popular se aprobó un decreto para prohibir el uso del plomo en los humedales Ramsar, y lo único
que dice la ley en el texto que llegó al Senado es que además de los humedales Ramsar hay algunos humedales en Red Natura 2000. (La señora De Lara Carbó: No dice eso.) ¿Saben cuánto representan adicionalmente esos humedales a los humedales ya
catalogados como Ramsar, la mayoría de los cuales están en Red Natura 2000? Ni una décima del territorio nacional: 0,1 del territorio nacional.
Pues se ha trasladado a la opinión pública, con la inestimable ayuda del Partido Popular, que este
Gobierno quiere la ruina de los cazadores, cuando hay ya varios países europeos donde está prohibido el uso del plomo en todos los humedales y hay otros países donde está prohibido el uso del plomo en todas partes, pero se ha trasladado a la opinión
pública que aquí hay una ministra que la tiene tomada con la caza. Es sorprendente, porque la propia Federación Española de Caza llegó, como miembro de la Federación Europea de Caza, a firmar con las instituciones europeas un compromiso de
reducción hasta la eliminación total del uso del plomo en la munición. Me parece francamente lamentable que hoy, pocas horas antes del debate en el Pleno, medios de comunicación serios se hagan eco de que este Gobierno quiere acabar con la caza,
cuando eso no corresponde en absoluto a la realidad. Desde luego, si la votación del próximo Pleno en el Congreso ratifica el texto, que ha vuelto a ser el de la Ley 4/1989, tendremos que asumir que el Reino de España vuelve a incumplir lo que ya
la Comisión Europea nos dijo por escrito, señorías, el año 2002 en dictamen motivado. Espero del rigor y de la seriedad de los parlamentarios de todos los grupos de la Cámara que no acepten votar a favor de esas enmiendas. (La señora De Lara
Carbó: ¡Pero bueno, me parece increíble esto!)


Por lo que se refiere a algunos de los comentarios que se han hecho, quiero volver a insistir en que por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente tiene una doble responsabilidad dentro del Gobierno: una responsabilidad de lo que hace
directamente, y parece que esa es la única que reconoce el Partido Popular -todo lo que hacen otros ministerios, cuando es positivo, por lo visto no depende de que haya un ministro de Medio Ambiente, siendo agente activo dentro de un Consejo de
Ministros-, pero es verdad que hay otra labor, que es la indirecta y que yo espero que se fortalezca en el futuro, porque no se puede garantizar un desarrollo sostenible si las exigencias ambientales no adquieren la misma importancia que las
exigencias de rigor presupuestario en un gobierno.
Creo que es en esa dirección en la que hay que ir, en la de tomarse en serio de una vez por todas las exigencias de sostenibilidad, porque al final condicionan nuestro presente, nuestro futuro,
incluso el presente y el futuro de otros pueblos del planeta, y por lo tanto tienen que tener el peso político que deben tener. En mi intervención, señor Herrera, no me habrá oído decir que lo hemos hecho todo bien, sino que queda mucho por hacer.
Es evidente que yo he puesto también sobre la mesa la información acerca de aquellas cuestiones en las que se han producido avances, y también quiero decir que cuando se han producido son avances del conjunto del Gobierno y de otros ministerios.
Obviamente, no es el Ministerio de Medio Ambiente el que ha elevado el Código técnico de la edificación o el que ha aprobado un decreto para mejorar los incentivos a la biomasa o a los biocombustibles, pero el Ministerio de Medio Ambiente por
supuesto tiene la responsabilidad de ser beligerante activo constante en esta dirección, y eso, señoría, hemos intentado hacerlo a lo largo de toda la legislatura.



Quiero entrar en un tema que también me planteaba el representante de Convergència i Unió respecto a los datos de 2007, que efectivamente aparecieron en los medios de comunicación, y esta Comisión es un buen lugar para recoger la situación
ahora mismo de los datos disponibles por parte del Gobierno. Por lo que se refiere a datos de consumo de energía final, de energía primaria, consumo de carbón y consumo de gas natural, tenemos datos de los dos primeros trimestres, es decir, del
primer semestre. Son los datos que tiene el Gobierno. En esos datos, por ejemplo, el consumo de energía final creció el 3 por ciento, que es un crecimiento inferior al del producto interior bruto en ese mismo semestre respecto al periodo de
referencia. El consumo de energía primaria creció un 0,3 por ciento, por supuesto significativamente por debajo del crecimiento del producto interior bruto. El consumo de carbón para generación eléctrica creció el primer semestre un 5 por ciento
medido en toneladas equivalentes de petróleo, pero descendió un 1,3 por ciento en toneladas físicas; la razón de esa diferencia es que progresivamente aumenta la proporción de carbones


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importados de alto contenido energético; por lo tanto, es un dato hasta el primer semestre. Por lo que se refiere a un dato más reciente, que ese sí es claramente positivo, según Unesa, las emisiones de CO2 acumuladas hasta octubre en las
instalaciones del régimen ordinario del sistema eléctrico, que son la parte predominante, se redujeron en un 2,8 por ciento respecto al año anterior. Estos datos todavía son incompletos, pero parecen indicar que se sigue en la senda de reducir la
intensidad energética, pues hasta 2005 en España, en lugar de aumentarse la eficiencia energética, presentábamos datos cada vez de mayor ineficiencia, y desde finales de 2005 esa tendencia ha mejorado. Nos faltan datos importantes del segundo
semestre para medir el resultado final del año, y ahora mismo parece difícil que nos aventuremos a dar un dato provisional. Cuando el Worldwatch Institute da sus datos es cuando ha terminado el año en curso y se dispone de la gran mayoría de los
datos. De hecho, el Worldwatch Institute suele anticipar un dato que muy parecido se confirma algunos meses después en la evaluación oficial. Pero en estos momentos, como digo, con datos solo del primer semestre y que no había contemplado la
estimación que se avanzaba en los medios, correspondientes a las emisiones del sector eléctrico, no estamos en condiciones de saber cuál es el resultado final.



Mucho más importante que todo lo indicado es que hoy ninguna fuerza política en este país se atreve a decir que lo del cambio climático es la tumba de las empresas españolas o una broma de los ecologistas. Eso sí es importante, porque a mi
juicio será muy difícil que en el futuro ninguna Administración en este país, gobierne quien gobierne, vuelva a plantear con desidia o banalizando el tema la cuestión del cambio climático. Por eso estamos en un momento en el que me cabe la
satisfacción de que todas las comunidades autónomas hayan apoyado la estrategia española de cambio climático y todas, en un nivel más o menos avanzado -algunas, como la Comunidad Autónoma de Andalucía, con estrategias aprobadas desde el año 2002 en
materia de cambio climático; otras que lo están haciendo ahora-, sienten ya esa exigencia ciudadana que se apoya en un conocimiento científico, y al haber traído a España la reunión del IPCC creo que también hemos intentado que de estas cosas se
hable con rigor y sin hacer comentarios bastante poco presentables como los que ha habido no hace demasiado tiempo.



Por lo que se refiere a cuestiones de otros ministerios, obviamente no voy a entrar en ellas aquí porque creo que cada ministerio debe rendir cuenta en su momento ante las cuestiones que se plantean. En todo caso, creo que hay una
coincidencia, señor Herrera, sobre el trabajo legislativo y de actuación del Ministerio de Medio Ambiente, en el que su grupo, como otros grupos de esta Cámara, ha colaborado a mejorar proyectos de ley que han venido a estas Cámaras, y quiero
agradecerlo, igual que al resto de los portavoces. También al señor Guinart en la misma línea, pues creo que no ha habido una sola enmienda de totalidad de su grupo a ninguna de las diez leyes que ha planteado el Ministerio de Medio Ambiente, y eso
es indicativo de que el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado con atención escrupulosa a la cuestión competencial. Sabemos que hoy España es un país descentralizado en el que todas las administraciones tenemos responsabilidades que hemos de ser
capaces de articular, pero partiendo de la base de que hay una indicación desde la Constitución de que las leyes básicas deben garantizar a todos los ciudadanos de España unos ciertos umbrales de calidad, en este caso de calidad ambiental.



Le he contestado al interrogante de 2007. Yo no llegué a afirmar ninguna estimación, intenté explicar muy sintéticamente lo que ahora les he dado con mayor detalle en esta Comisión. Como usted muy bien señala, señor Guinart, necesitamos y
mucho a los ayuntamientos en todos los temas ambientales. Por eso se creó la Red española de ciudades por el clima, que este año ya ha hecho una primera evaluación de cuántos de los 130 ayuntamientos que están dentro de la red han aprobado
ordenanzas sobre alumbrado público eficiente, sobre uso de la energía solar, planes de movilidad sostenibles, etcétera, todo un paquete que tiene mucho que ver, por ejemplo, con las emisiones difusas respecto al cambio climático, pero también con
las prácticas que están en el ámbito de las competencias locales. Es verdad, como decía el señor Herrera, que una asignatura pendiente de esta legislatura ha sido la adecuada financiación a los ayuntamientos, y yo estoy convencida de que el
siguiente Gobierno tendrá que articular adecuadamente lo que suponen los nuevos estatutos de autonomía en términos de financiación a las comunidades autónomas con las carencias que existen en España en cuanto a la financiación local. Sobre esto hay
muchas propuestas sobre la mesa, pero ya no parece que en esta legislatura vayamos a avanzar más. Por eso es tanto más valioso el compromiso de muchos ayuntamientos en España que no solo han firmado la Carta de Aalborg, que no solo se han adherido
verbal y retóricamente a determinadas cuestiones, sino que han tomado decisiones de reducción en el uso de la energía en el alumbrado que depende del propio ayuntamiento, decisiones en cuanto a la provisión de bicicletas para los ciudadanos,
etcétera. También hemos puesto en marcha otra red con la FEMP que es la relativa a ciudades por la biodiversidad, ciudades comprometidas a frenar el declive de la biodiversidad. Está previsto que haya pronto un certamen en el que el ministerio
premie las mejores prácticas de ayuntamientos comprometidos contra el declive de la biodiversidad.



Es verdad que no hay a partir del próximo año ayudas para el achatarramiento, pero también es verdad que todas las propuestas que han acompañado el cálculo sobre la recaudación del impuesto de matriculación han incorporado por parte de
Hacienda, descontándolo de la recaudación ya, las ayudas Prever. Es decir, con el régimen futuro, para quienes compren el año que viene un coche nuevo está establecido un impuesto de matriculación


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sobre las cantidades reducidas del hasta ahora vigente Plan Prever. No hay, en cambio, a partir del 1 de enero, ayudas para el achatarramiento de vehículos usados, que por supuesto son tan importantes o más que otras ayudas porque se trata
de que esos vehículos antiguos no sigan en circulación. Yo creo que ahí caben propuestas e iniciativas y estoy convencida de que ayudar a la renovación del parque es muy importante, pero también agradezco su apoyo a que esa renovación se haga de
manera que incentive los coches menos contaminantes.



Respecto a la energía nuclear, usted ha podido escuchar al presidente del Gobierno a lo largo de esta legislatura confirmar el compromiso de los socialistas recogido en su día en el programa electoral, un compromiso de reducción gradual de
la energía nuclear en nuestro país que, a pesar de las apariencias, no es una posición tan aislada hoy día dentro de la Unión Europea. Hay una serie de países que nunca han tenido en su territorio centrales nucleares y siguen sin querer tenerlas.
Es el caso de Austria, de Italia o de Irlanda, países que consideran que se puede cumplir con la reducción de emisiones sin por eso recurrir a la energía nuclear. Pero es el caso también de Alemania, donde hoy, con un gobierno de coalición, se
sigue manteniendo el escenario de gradual desmantelamiento de la energía nuclear al tiempo que cumple con los objetivos del Protocolo de Kioto. Esta es una cuestión que se ha abordado esta legislatura a través de una mesa de diálogo que abrió el
Ministerio de Industria, en la que creo que hubo una participación muy amplia de representantes sociales, políticos y empresariales, y que entre otras cosas determinó la necesidad de que España se dotara de una prospectiva energética a más largo
plazo, como es la de un documento en el que se está todavía trabajando y no está culminado y en el que aparecen estimaciones hasta el año 2030. Es en ese marco donde entiendo que también corresponde al propio presidente del Gobierno liderar esta
cuestión, que no es una competencia del Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, señorías, es preciso que en materia de costas avancemos con la máxima coordinación con comunidades autónomas y con ayuntamientos; así estamos intentando hacerlo.
Señoría, sabe seguramente que con el Ayuntamiento de Barcelona hemos establecido ya un convenio muy importante para la gestión del frente litoral de las playas de Barcelona, con la participación también en ese acuerdo de la Generalitat, y lo que
tenemos previsto es establecer un convenio de gestión integrada del litoral, una vez que concluya el desarrollo estatutario de Cataluña, precisamente en la parte que atañe a determinadas funciones que hoy desarrollan las demarcaciones de costas y
que serán transferidas a la Generalitat de acuerdo con el Estatuto catalán. Una vez que haya ese reparto completo de transferencias, me consta la voluntad de los consejeros, tanto de Obras Públicas y Política Territorial como de Medio Ambiente, de
avanzar en un convenio de gestión integrada de litoral, como tenemos ya con otras comunidades autónomas.



Señora De Lara, ha comenzado usted diciendo que le sorprendía que yo hablara de leyes que ha aprobado el Parlamento, en las que obviamente han trabajado los grupos políticos. Señoría, son leyes que anticipé en mi intervención en mayo de
2004. Son leyes que eran necesarias y, además, he agradecido en mi intervención el trabajo que han hecho los grupos parlamentarios. Por lo tanto, es evidente que el Ministerio de Medio Ambiente es responsable de los proyectos de ley, proyectos de
ley que aprueba el Gobierno y que en la Cámara pueden, efectivamente, modificarse y que yo espero, señoría, que no se modifiquen en el caso de la Ley de Biodiversidad en el sentido que ya he comentado, es decir, en el sentido de volver a situar a
España enfrentada con la Comisión Europea en lo que se refiere a la caza con reclamo. Yo espero que quien quiera profundizar en este tema tenga acceso a ese dictamen motivado que, por supuesto, enviaremos esta tarde a todos los portavoces de los
grupos parlamentarios para orientar su labor. Los grupos parlamentarios tomarán las decisiones que corresponda pero, por lo menos, que las tomen sabiendo que mantener el texto de la Ley 4/1989 en esta materia, que es lo que ha sucedido en el
Senado, que lo que en la Ley 4/1989 era una disposición adicional se ha incorporado en el artículo 62, ni más ni menos, es exactamente lo que, de acuerdo con la Comisión Europea, no procedía en absoluto.



Por lo que se refiere, señoría, al tema de si el trasvase del Ebro tenía o no tenía garantizada la financiación de la Comisión Europea, la Comisión Europea, señoría, se fue pronunciando a través de informes de sus direcciones generales. Son
conocidos los informes de varias direcciones generales que subrayaban la insostenibilidad del trasvase del Ebro por numerosas razones en las que no voy a entrar, porque, señoría, usted evidentemente, hace uso -y es un uso totalmente legítimo, como
lo podemos hacer nosotros-, de otras cartas que envía la Comisión pero que, por ejemplo, a la Generalitat valenciana la dejan fría, de que no se había culminado el proceso. Usted sabe muy bien que la Comisión Europea difícilmente llega a decir que
no a la financiación de obras en las que los Gobiernos presentan un gran interés, pero lo que sí es verdad es que esta obra nunca obtuvo financiación y, en cambio, todas las obras del Programa AGUA en las cuencas mediterráneas han recibido
financiación europea. Esa es la realidad, les moleste o no, como son una realidad los informes -en cuyo contenido no voy a entrar-, muy negativos de direcciones generales de la Comisión Europea que llevaban, poco tiempo antes del cambio de
Gobierno, a pedir la suspensión del trámite del aquel expediente. En esos términos están los informes, que son accesibles a cualquier persona.



Señoría, cuando señala las carencias en cuanto al desarrollo completo de los compromisos que adquirí en esta Cámara en relación con la política del agua, quiero remitirla a una reciente comparecencia que tuve también


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ante ustedes precisamente para explicar este mismo tema, es decir, por qué algunas cuestiones previstas como iniciativa legislativa del Ministerio de Medio Ambiente no habían llegado a su culminación. Usted hablaba de ese principio tan
querido por la ministra de recuperación de costes. Yo creo que es toda una señal de la labor que ha llevado a cabo el Partido Popular para convencer a parte de la ciudadanía de que la recuperación de costes no era un principio europeo sino un
capricho de la ministra de Medio Ambiente. Creo sinceramente, señoría, que con ello han hecho un flaco favor a la necesidad de racionalidad económica en la obra hidráulica y en la gestión del agua en este país, pero, gobierne quien gobierne,
después del próximo día 9 de marzo quedará todavía menos tiempo para el año 2010 y, como he repetido en numerosas ocasiones, el Gobierno trabaja con la idea de defender ante Bruselas todas aquellas excepciones que sean justificadas en cuanto al
principio de recuperación de costes, en particular en la agricultura, pero el principio, señoría, no es algo querido por la ministra - según sus palabras, muy querido por la ministra-, sino que está en la directiva europea. Si no se hubiera hecho
tanta demagogia y se hubiera hecho igual que se hace ahora con los cazadores, si no se hubiera intentado trasladar a la opinión pública que el Ministerio de Medio Ambiente quería acabar con la agricultura en España, como se ha llegado a decir, a lo
mejor habríamos podido recorrer un poquito más de ese camino que, en todo caso, ahora habrá que recorrer con menos tiempo cara al horizonte del año 2010. Así que, señorías, cada uno tiene su responsabilidad. Yo he podido traer a esta Cámara muchas
leyes, he traído modificaciones de la Ley de Aguas que, por supuesto, ustedes no han votado, y hemos desarrollado también decretos y órdenes ministeriales que configuran un avance muy importante en la política del agua, acorde con la Unión Europea.
Por cierto, señoría, repase usted lo que ha dicho antes respecto del consumo energético de nuevas desaladoras.
Evidentemente, señoría, si lo que pretendiéramos fuera obtener 1000 hectómetros cúbicos con desalación, nos encontraríamos que el balance
energético sería muy parecido, pero es que jamás hemos dicho que fuéramos a obtener 1000 hectómetros cúbicos, es decir, el equivalente total del trasvase, con cargo a la desalación, sino que se complementa la desalación con otras medidas. Por
tanto, señorías, el balance en cuanto a consumo energético es que un trasvase de más de 1000 hectómetros cúbicos desde la desembocadura del Ebro hasta Almería, 900 kilómetros, con un tubo que en algunos casos está hasta 1000 metros por encima del
nivel del mar, por mucho que quieran ustedes ocultarlo genera un enorme consumo energético en su funcionamiento, sin entrar en el consumo energético ligado a la construcción de la propia conducción. En esto también lamento que se quiera hacer pasar
a las desaladoras por el gran problema de la destrucción de los fondos marinos, que hoy día, desgraciadamente, lo que nos queda nos queda a pesar no de la desalación, sino de muchas otras cosas que se han hecho en el litoral a lo largo de los años,
como todos los científicos conocen; a pesar de que hoy se puede controlar el impacto del vertido de la salmuera con las técnicas que existen y que está desarrollando el ministerio y a pesar, señoría, de que efectivamente tenemos en marcha un
programa de incremento de las energías renovables para que cuando todas las plantas desaladoras del Programa AGUA en las cuencas mediterráneas estén funcionando el ministerio haya impulsado una cuantía de energías renovables superior al consumo de
energía de todas ellas. Y aunque ya lo he explicado en esta Cámara, lo vuelvo a explicar con mucho gusto: el ministerio tiene en marcha un programa de incremento del uso hidroeléctrico, por ejemplo, de embalses que hasta la fecha no han tenido esa
utilización. Ese incremento de uso hidroeléctrico nos va a dar energía renovable no prevista en ningún plan. Ese incremento de energía hidroeléctrica obviamente se pactará y se concertará con la iniciativa privada, y nos permitirá tener más usos
hidroeléctricos en nuestro país sin necesidad de hacer más embalses, igual que se han puesto en marcha líneas de investigación financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente para asociar otras energías renovables y limpias a la producción de agua
desalada o se ha puesto también en marcha un programa para elevar ulteriormente la eficiencia energética del consumo de energía de las plantas desalinizadoras. Por lo tanto, señoría, no sufra por las emisiones de CO2 porque si se hubiera hecho el
trasvase del Ebro, no sé si hubieran adoptado ustedes, en ese supuesto bastante improbable, un programa especial de energías renovables para cubrir el consumo energético, que por lo visto era insignificante si uno atiende a las explicaciones que
ahora ustedes mismos dan.



Por lo que se refiere a que no se ha hecho nada en parques nacionales, señoría, aparte de haber hecho el Ministerio de Medio Ambiente -para hablar con toda precisión- un proyecto de ley que ha venido a esta Cámara -la ley es el fruto de la
tramitación parlamentaria-, además de haber llevado en una norma básica las exigencias de protección de estos espacios para que el cambio de gestión no suponga ningún cambio en los niveles de protección, como usted muy bien sabe también hay un nuevo
parque nacional, el Parque Nacional de Monfragüe, y, como ustedes saben también, ese parque nacional ha arrancado con apoyo expreso presupuestario del Ministerio de Medio Ambiente, porque, en contra de una falacia que he oído mentar a algunos
responsables del Partido Popular, el Ministerio de Medio Ambiente plantea el futuro de los parques nacionales de manera que no haya parques nacionales de primera y de segunda sino que haya financiación estatal para que todos los parques se doten de
unos niveles suficientes de atención a los visitantes y también para que se siga investigando y obteniendo la mejor información sobre ese tesoro que son los parques nacionales.



Señoría, en otras ocasiones ha insistido en que la política forestal no ha sido en absoluto una prioridad del


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ministerio. Me sorprende porque uno de los primeros proyectos de ley que trajimos a esta Cámara fue precisamente la reforma de la Ley de Montes, que, que yo sepa, es una ley precisamente para garantizar mejor la gestión sostenible de
nuestros montes. Señoría, no sé si usted comparte esa idea de que los agentes forestales, a los que la Ley de Montes da carácter de autoridad, no deben cumplir su tarea, por ejemplo, en los espacios forestales como ha determinado una ley de la
Comunidad de Madrid recurrida en estos momentos ante el Constitucional, porque también fue esa reforma de la Ley de Montes la que incorporó ese reforzamiento de la vigilancia, de la prevención en la tarea de la política forestal. Por otro lado,
señoría, lo que estamos haciendo en nuestro trabajo concertado con las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia, es ni más ni menos que seguir desarrollando la estrategia forestal que adoptó el Gobierno del Partido Popular, el
plan forestal que adoptó el Gobierno del Partido Popular, que se traduce en una serie de aportaciones del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente a las comunidades autónomas para llevar a cabo tareas, por ejemplo, de silvicultura de carácter
preventivo. En todo caso, señoría, puedo decirle que quienes han aumentado de manera espectacular su inversión en política forestal han sido las confederaciones hidrográficas en los terrenos propiedad de las confederaciones hidrográficas, es decir,
allí donde podemos plantar árboles directamente, porque en el resto del territorio esa es una política que está transferida a las comunidades autónomas y lo que cabe hacer, y hacemos, es transferir recursos de nuestro presupuesto. (El señor
vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la Presidencia.)


Señoría, el programa nacional de desertificación que hemos llevado a la conferencia sectorial no es exactamente el mismo que existía sin ser aprobado por el Gobierno al principio de la legislatura, contiene, entre otras cosas, compromisos
presupuestarios y contiene toda una serie de iniciativas al margen efectivamente, como usted misma ha señalado, de que hay un cambio de metodología en la que se ha venido trabajando estos años. El Consejo de Ministros aprobará muy pronto el
programa nacional de lucha contra la desertificación una vez que haya sido concertado con las comunidades autónomas y que haya pasado también por el Consejo Asesor de Medio ambiente.



Por lo que se refiere a si es mejor incentivar o penalizar, usted sabe que la fiscalidad supone las dos cosas al mismo tiempo, y con la modificación del impuesto de matriculación habrá determinados coches que serán más baratos y, por lo
tanto, lo que se hace es incentivar la compra de esos coches, algo que han entendido perfectamente las casas comerciales. Me alegro de que por fin en España el CO2 aparezca en la publicidad de los coches, porque esta era una cuestión llamativa
frente a otros países europeos, porque en nuestro país se han estado valorando hasta ahora en los coches una serie de cuestiones sin duda importantes pero el CO2 ha aparecido gracias a esta modificación del impuesto de matriculación.



En relación con lo que dice la portavoz del Partido Popular de que considera que he fracasado con la política del agua, creo que lo que ha sucedido a lo largo de esta legislatura será recordado en los años sucesivos por lo paradójico que
resulta que aquellos gobiernos de comunidades autónomas con más necesidad de agua frenen nuestro trabajo de manera injustificada, injustificada no de acuerdo con esta ministra, sino de acuerdo con la Comisión Europea -si quiere le saco alguna carta-
y con el propio Tribunal Constitucional; comunidades autónomas de regiones a las que en los ocho años anteriores se les habían prometido muchas cosas, pero ejecución poquita, eso sí es un fracaso de las instituciones democráticas, que quien
representa a los ciudadanos les engañe y actúe en contra del interés general, eso sí es un fracaso. Y desde luego es importante haber recibido hasta ahora el aval de la Comisión Europea en cuanto a la financiación del programa AGUA. Si usted
valora esta carta que me ha traído de la Comisión, supongo que valorará -espero que usted sí- el aval que supone esa financiación por parte de la Comisión Europea.



Señoría, cuando hace algunos días en Murcia hablé de que este Gobierno contempla en su actuación no solo las plantas de desalinización, que es de lo que acabamos hablando siempre, sino también la modernización de nuestros regadíos, que está
considerada una prioridad tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Medio Ambiente, la optimización de infraestructuras ya existentes o la reutilización de las aguas depuradas o los trasvases, es porque este Gobierno está ejecutando
un trasvase que estaba comenzado al inicio de la legislatura, el trasvase Júcar-Vinalopó, y está gestionando y utilizando un trasvase, señoría, el trasvase Tajo-Segura, que, como usted sabe muy bien, en Castilla-La Mancha rechazan sus compañeros de
partido. Por tanto, señoría, claro que este Gobierno utiliza todas las opciones posibles, todas, pero el trasvase del Ebro fue un trasvase que no obtuvo financiación de la Unión Europea; no la obtuvo, si no, enséñeme la carta donde se dice que han
obtenido ustedes 1.200 millones, no la hay, porque no la obtuvo desde el año 2001 en que ustedes hicieron todo lo posible por convencer a las autoridades europeas.



Voy terminando. Cuando hablan del plan de choque de las Confederaciones del Júcar, del Segura y del Ebro, efectivamente son las confederaciones donde la descapitalización de recursos humanos dedicados a las comisarías de agua había sido más
intensa en las anteriores legislaturas. Por eso se ha tenido que dar prioridad a fortalecer tareas imprescindibles, por ejemplo, tareas de control de los vertidos, señoría. Ya lo planteaba en mi primera intervención y puedo decirles casi cuatro
años más tarde que hemos podido revisar prácticamente el 90 por ciento de todos los vertidos autorizados. Creo que es indicativo de la prioridad que ahora damos a determinadas cuestiones. Asimismo, señoría, si usted repasa mi intervención del otro
día en la presentación de presupuestos,


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comprobará que además de los puestos de trabajo para esas tres confederaciones, aparecen otros 54 puestos de trabajo para el resto de confederaciones, porque la necesidad era generalizada, y no es lo único que hemos hecho a lo largo de esta
legislatura para fortalecer, tanto en costas como en aguas, la gestión de los dominios públicos.



En cuanto a la energía eólica marina, por la que usted se interesa, señoría, ya tiene un decreto y, por lo tanto, a partir del mismo el Gobierno analizará los proyectos que existen.



El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Vamos a dar ahora un turno corto, de no más de cuatro o cinco minutos, para aquellos grupos que quieran intervenir. No es obligatorio utilizarlo. Tengan en cuenta que si queremos terminar a una
hora prudencial, en los turnos siguientes vamos a tener que abreviar más todavía. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Mi intervención va a ser muy corta, me voy a atener al tiempo. En primer lugar, me ha sorprendido sobremanera el discurso de la portavoz del Partido Popular, porque para mí es un ejemplo, desde el punto de
vista político, diría que casi patético, de una actitud que pasará a los anales de la historia y que estoy segura de que será estudiada en las facultades de Políticas (La señora De Lara Carbó: Qué bien.) como una actitud de sostenella y no
enmendalla, y más con argumentos contrarios a la propia razón y facilitando documentos que contradicen lo que manifestaba la propia portavoz, porque todo el mundo sabe que el inicio de la evaluación de un proyecto de financiación, en este caso del
trasvase del Ebro, en ningún caso puede ser entendido como la finalización de este proceso acompañado de la concesión de los fondos.
Por tanto, para mí quedará cerrado el tema, de acuerdo con lo que dice el Partido Popular, el día que la portavoz
del Partido Popular sea capaz de enseñar el documento en el que se concedían los 1.200 millones de euros solicitados. Aparte también debo decir que me parece impensable, sobre todo teniendo en cuenta la profunda soledad parlamentaria en la que cada
vez que se ha hablado del tema ha quedado el Partido Popular, y habiendo puesto también de manifiesto bastantes partidos que habían, en el pasado, en la anterior legislatura, apoyado el trasvase que les habían engañado.
Quisiera dejar muy claro que
me sorprende este empecinamiento en defender lo indefendible, en defender una política del siglo XIX, que es en lo que están anclados.



No voy a hablar más del agua, puesto que ahora tendremos ocasión de hacerlo y mi compañera ya expondrá la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a ese tema. Simplemente quisiera expresar y reiterar el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista a esta política que supone un cambio de rumbo radical y claro en la política ambiental en España: en el agua, en las costas, en la biodiversidad, en el inicio -y me reitero en la expresión que he utilizado antes, porque era
inexistente- de política de lucha contra el cambio climático, en la política de prevención de la contaminación, en la garantía de nuevos derechos a los ciudadanos y sobre todo en el cumplimiento de lo prometido al principio de la legislatura.

Estamos satisfechos de apoyar un Gobierno responsable, que hace su tarea con transparencia, con especial cuidado de la participación ciudadana y de todas las entidades, y sobre todo reconociendo que aún queda mucha tarea por hacer. Es aquí donde
quiero expresarle, señora ministra, que coincido con el portavoz de Izquierda Unida en que deseo que usted continúe siendo la ministra de Medio Ambiente en la próxima legislatura, porque esto significará que el proyecto socialista es el que convence
a la mayoría de los españoles.



El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señor portavoz de Convergència i Unió.



El señor GUINART SOLÁ: Intervengo brevísimamente para pedir disculpas por mi precipitación en la anterior intervención, pero es que me reclamaban en la Comisión de Interior. Con su permiso, me reservo una intervención final, después de la
de la señora ministra, sobre el tema hídrico, porque, si no, mezclaríamos temas, y creo que con una sola intervención será suficiente.



El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: He escuchado a la portavoz del PSOE y creí que no entendía bien, pero sí. Quiero que quede constancia, y así ha quedado, por más que la portavoz del PSOE quiera liar el tema y que la ministra siga diciendo que no
recibimos financiación, de dos cosas. Efectivamente, el proyecto de trasvase del Ebro no recibió financiación orque la representación permanente de España retiró la solicitud el 30 de junio de 2004. Esto, señora ministra, es ineludible. Usted me
dice que el programa AGUA ha obtenido financiación. Pues me alegro muchísimo, pero ¿sabe qué ocurre? Que el programa AGUA usted no lo ha realizado y en la siguiente comparecencia mis compañeros le demostrarán que usted no ha efectuado las
desaladoras del programa AGUA. Por consiguiente, ha recibido financiación, pero usted no ha cumplido con su compromiso de quitar el déficit del arco mediterráneo.



En segundo lugar, dice que yo estoy obsesionada con el principio de recuperación de costes. Yo, obsesión, ninguna. Yo creo que obsesionada está usted, pero, vuelvo a repetírselo, es un principio. Es un principio dentro de una ley; el
principio contempla excepciones y, por primera vez, usted ha dicho aquí que va a luchar por que estas excepciones se puedan adaptar a determinadas zonas y a determinados productos agrícolas. Me parece muy bien, siga manteniendo esta postura, pero
¿sabe cuál es la postura del Partido Popular? La nuestra es la solidaridad interterritorial, algo que se ha perdido; se ha


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llegado a una guerra del agua sin precedentes gracias a su política, señora ministra.



Nos ha dicho una frase que me gustaría que aclarara, señora ministra, Ha dicho que los caudales de los ríos están disminuyendo. Si no le importa, dígame sobre qué base ha dicho usted esto, qué caudal y de qué río. Por ejemplo, hablemos del
río Ebro, explíquenos cómo ha disminuido el caudal del río Ebro. Mis datos no coinciden, pero tal vez yo los tenga mal.



Parques nacionales. Usted ha dicho que ha traído una ley, efectivamente, una ley que hemos debatido y aprobado, en la cual se decía que la gestión debía ser de las comunidades autónomas, y usted estaba muy contenta de que la gestión fuera
de estas, o al menos esto declaró usted, porque decía que en nuestra ley anterior hablábamos de cogestión y que este era un mal procedimiento. No debe ser tan mal procedimiento cuando las comunidades autónomas no están pidiendo las competencias en
parques nacionales. ¿Qué es de su competencia? El nuevo plan director es competencia del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ha iniciado su elaboración, señora ministra? No, no la ha iniciado. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo,
ocupa la Presidencia.)


Política forestal. Dice que le da mucha importancia, pero que no es su competencia. Es que Medio Ambiente casi no tiene competencias, señora ministra, todo lo gestionan las comunidades autónomas, pero usted tiene que impulsar, coordinar y
ayudar económicamente. Claro que sí, ya sabemos que no tiene competencias directas en la política forestal de las comunidades autónomas, pero debería creer en la importancia del sector forestal como efecto sumidero de nuestros montes, y usted lo ha
despreciado, señora ministra.



Ha dicho que yo he hecho una crítica de su gestión. Efectivamente, he criticado su gestión, he dicho que hemos compartido muchos de los temas de cambio climático, generalmente la mayoría. No estamos de acuerdo con las medidas que toman, ni
con su apuesta por las desaladoras ni con el cierre de las nucleares -hemos estado de acuerdo en otras cosas-, pero el que parece que no está de acuerdo con su actuación es el presidente del Gobierno, que se ha buscado nada menos que dos asesores de
talla mundial para hacer el programa electoral de Medio Ambiente. Fíjese, se ha buscado al señor Clinton y al señor Al Gore, ninguno de los cuales quiso ratificar el Protocolo de Kioto. Será que el señor Zapatero no está de acuerdo con usted. (El
señor Hernando Fraile: Muy bien ahí.)


Señora ministra, me gustaría hacerle una pregunta que no he podido hacerle antes. Querríamos que nos explicara por qué ha comprado la película de Al Gore -que contiene varios errores y ahora le diré algunos, según lo que dijo en la reunión
del IPCC en Valencia-; usted ha comprado 30.000 ejemplares a 580.000 euros. Si hacemos la división, salen a 19,33 euros.
Usted ha pagado 19,33 euros por un documental, cuando sabe que con una revista se pagan 4 euros por el vídeo y que en unos
almacenes se pagan 11 euros. Explíquenos por qué considera usted que merece la pena pagar este sobrecoste que ha pagado y si considera que esta película es para que la vean los alumnos sin alguien que les explique en qué consiste el tema y cuáles
son los errores de bulto. Señora ministra, cito el último que ha aparecido. Según el IPCC en su último informe, en el escenario más pesimista, el incremento del nivel del mar en el año 2100 será de 59 centímetros; según la película del señor Al
Gore, será de 3 a 6 metros.
¿Usted cree que puede promocionar inexactitudes entre los estudiantes?


No me ha contestado usted qué recursos adicionales ha contemplado el Ministerio de Medio Ambiente en la Conferencia sectorial que prometió celebrar para la cuenca del Segura.



Finalmente, quiero decir que desde el Partido Popular apoyamos y apoyaremos las actuaciones racionales para combatir el cambio climático.
Por mucho que usted se esfuerce en decir que este es un tema exclusivo de los partidos de izquierda,
no es así, señora Narbona, porque fue el Partido Popular quien ratificó el protocolo, quien lo trajo a esta Cámara y -por mucho que le pese- quien tomó las primeras medidas. Creo que no es un tema para que nos enfrentemos, sino para que
colaboremos. En este tema hemos colaborado y seguiremos colaborando si el sectarismo de la ministra no se mantiene.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Intervendré muy brevemente. Solo ha habido en realidad algunas cuestiones que planteaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular a las que voy a intentar contestar. En primer lugar,
señora De Lara, no es en absoluto la primera vez que cuando se habla de la aplicación del principio de costes afirmo lo mismo en lugares muy diferentes, lugares a partir de los que después se da traslado a la opinión pública. Usted, a quien le
gusta buscar en el hemeroteca, puede ver cuántas veces a lo largo de esta legislatura he planteado que el principio de recuperación de costes en España se va a hacer cuenca a cuenca, estableciendo de acuerdo con el Ministerio de Agricultura -como
así lo acordamos hace bastante tiempo- las excepciones que estén justificadas para defenderlas ante Bruselas. Creo de verdad, señoría, que esto no vale la pena discutirlo más, porque usted está de acuerdo con que hay que aplicar el principio de
recuperación de costes.
Le rogaría que eso se notara un poco más y no se hiciera demagogia por parte del Partido Popular cada vez que se habla del precio del agua -insisto- haciendo creer que esta ministra se quiere cargar a los agricultores y que
efectivamente trabajemos juntos, como no puede ser de otra manera, en cada uno de los planes de cuenca, que ya han comenzado su elaboración en el horizonte de cumplimiento de la directiva marco, porque es en esos planes de cuenca donde van a
intervenir agricultores, empresarios, organizaciones


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sociales y también gobiernos de todo signo y condición. Por eso, es muy importante que no hagamos demagogia. Este país necesita mucha más racionalidad económica en torno al agua. Venimos de donde venimos, de que el agua se consideraba
poco menos que un recurso ilimitado y gratuito. Se ha hecho demasiada demagogia sobre esas dos cuestiones, que obviamente no son ciertas, y ahora tenemos que reconducir el análisis social sereno para que todos compartamos lo que yo he dicho y que
veo también que usted comparte.



Señoría, en cuanto a la solidaridad interterritorial, si eso va a ser lo que ustedes van a poner en su programa electoral para reivindicar los trasvases, este Gobierno, como le he dicho antes, gestiona el trasvase del Negratín-Almanzora, el
trasvase del Tajo-Segura y construye el trasvase Júcar-Vinalopó. Por tanto, señoría, como usted comprenderá, si la única seña de solidaridad es un trasvase que no recibió financiación porque no la obtuvo antes de las elecciones... (La señora De
Lara Carbó: Pero, bueno, es increíble.) La hubiera podido obtener, el caso es que no la obtuvo, señoría, o sea que no le demos más vueltas; no obtuvo financiación. En cambio, el programa AGUA de las cuencas mediterráneas ha obtenido esos 1.200
millones de euros. No hay en estos momentos informes de las direcciones generales diciendo que esas inversiones no procede financiarlas, como los hubo en el caso del trasvase del Ebro.



En lo que se refiere, señoría, a la disminución de los caudales de los ríos, puedo darle una información muy detallada. Ahora mismo estaba recordando, por ejemplo, la importante tendencia a la baja precisamente del caudal del Júcar.
Fíjese, cuando comenzamos la legislatura se pensaba que se podía obtener nada menos que 80 hectómetros cúbicos del Júcar tomando el agua a mitad de camino y, a poco que se vieron los datos -no de hace cincuenta años, sino de lo que estaba pasando en
las dos últimas décadas-, quedó de manifiesto que ese no era un cálculo correcto. Por eso, la Comisión Europea, entre otras cosas, ha avalado el cambio de toma, porque se produce al final y permite utilizar el agua del Júcar para los usos que tiene
ahora mismo.



Señoría, por lo que se refiere al cambio climático, por supuesto no voy a discutir. Una vez que ustedes han cambiado de idea, bienvenido sea.
Estaré encantada de que colaboremos, como ya lo hace el ministerio con comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular en esta materia.
El debate parlamentario se puede enriquecer a partir de ese cambio de actitud que han tenido ustedes como grupo parlamentario desde la anterior legislatura a esta. Por tanto, no hay ninguna
discusión al respecto.
Cuando hablamos de gente valiosa que puede aportar su propia opinión a los programas electorales, le tengo que decir señoría, que no he sido yo la que ha concedido el premio Nobel de la Paz al señor Al Gore. Si a usted le
resulta sorprendente que una película que tiene una enorme fuerza en términos de comunicación y que es precisamente una de las actuaciones del señor Al Gore que ha sido valorada -nada menos- que para concederle el premio Nobel de la Paz, si usted no
comparte al parecer el valor de esa película, poco podemos hablar. Lo que sí le quiero aclarar, porque es una buena ocasión para hacerlo, es que el coste de comprar esta película para su reparto en los colegios incorpora, señoría, el derecho a que
la retransmisión de esa película sea en público. Cuando uno compra una película de vídeo en la tienda obviamente cuesta menos, pero recuerde, señoría, que cuando uno compra los vídeos para llevárselos a su casa en la primera imagen dicen que está
prohibida su reproducción en público. Exactamente la diferencia entre los 12 ó 13 euros (La señora De Lara Carbó: 4 euros.), lo que cueste en la tienda, y lo que se ha pagado por parte de la Fundación Biodiversidad cubre ese derecho de emisión en
público y la propia distribución, de la que se encarga la empresa que gestiona este video. Esa es la única diferencia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Si usted me dice que ahí hay errores, porque Al Gore cuando hizo la película
todavía se estaba ajustando al anterior informe del IPCC, evidentemente el IPCC es un panel intergubernamental que lleva nada menos que veinte años, veinte años trabajando en esta materia -afortunadamente por fin este cuarto informe se escucha con
más seriedad- y es verdad también que los propios científicos trabajan con escenarios donde unos metros o incluso unos centímetros pueden ser mucho.
La información que recoge Al Gore es la que él tendría disponible cuando hizo la película. No
comprendo esta agitación hacia una persona que ha recibido nada menos que el premio Nobel de la Paz y, por tanto, no tengo mucho más que decir.



La señora PRESIDENTA: Damos por terminada esta comparecencia. Antes de pasar a la segunda quiero comentarles dos temas. El primero es que mañana el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático encontró
un hueco en su agenda y, a petición de SS.SS., tendremos una reunión de seminario para informar sobre las características del mercado de emisiones. (Varios señores diputados: ¿Cuándo? ¿El miércoles?) No, perdón, el miércoles 28, la próxima
semana; voy avanzada.



El segundo es que en la próxima comparecencia les ruego que sean lo más concisos posible. Ya sé que pedirle a un parlamentario español que sea conciso es complicado, pero les ruego que hagan un esfuerzo para lograrlo. Si la señora ministra
quiere que hagamos un receso de unos minutos... (Pausa.) Hacemos una pausa de cinco minutos.



- LA POLÍTICA HÍDRICA DESARROLLADA POR EL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/001061.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto 3.º del orden del día, que es la comparecencia de


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la ministra de Medio Ambiente para explicar la política hídrica desarrollada por el Gobierno. Esta comparecencia ha sido pedida por el Grupo Parlamentario Popular. Seguidamente damos la palabra a la señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Efectivamente, el Grupo Popular había pedido mi comparecencia para hablar de la política del agua en esta legislatura. Voy a intentar ser muy sintética en mi exposición, porque al
preguntar por la política del agua en España, evidentemente, a lo largo de estos cuatro años hay mucha información bajo esa denominación y, por tanto, en mi intervención tengo que referirme a aspectos de carácter muy general.



Por lo que se refiere a la política del agua, señorías, tal como anunció el presidente del Gobierno en el discurso de investidura, se propuso desde ese momento un cambio profundo en la orientación de la política del agua en España, por
cierto, el cambio reclamado, por ejemplo, por la OCDE en su informe del año 2003, un cambio que permitiera cumplir con la legislación europea, en particular en lo que se refiere a incorporar de una manera efectiva las cuestiones ambientales en la
política del agua.
Venimos de una política del agua que durante demasiado tiempo ha sido una política de oferta, basada prácticamente solo en las obras hidráulicas y en la que se había concedido escasa atención a la gestión de los recursos
hídricos. Por eso, señorías, en esta legislatura hemos hecho un esfuerzo muy especial para poder avanzar en la buena gestión del recurso partiendo, por supuesto, de algunos cambios normativos, pero también dotando de mayores medios técnicos y
humanos a las confederaciones hidrográficas, por ejemplo, para poder culminar el trabajo iniciado en la anterior legislatura, el proyecto Alberca, para que se conozcan adecuadamente las concesiones en nuestro país y el contenido de los derechos del
agua. Tendré próximamente una comparecencia pública para poner en marcha el primer registro informático del Estado, que será precisamente el registro de aguas. Ese registro se va a poder alimentar de la tarea que se ha desarrollado dentro del
llamado proyecto Alberca y que en estos momentos significa que todas las confederaciones tienen resuelto ya prácticamente el 70 por ciento de los expedientes que permiten conocer el contenido de los derechos del agua y también todas las incidencias
que sobre una determinada concesión permiten su seguimiento. Este es un tema del máximo relieve. Es una cuestión que fue detectada correctamente por la ministra doña Isabel Tocino el año 1998, con motivo de la publicación del Libro Blanco del
agua, donde se señalaba que apenas se conocía en España el 25 por ciento de los contenidos de las concesiones al derecho privativo del agua. Por tanto, señorías, creo que en esta legislatura se ha dado un fuerte impulso en esta materia, como se ha
dado también en lo que se refiere al control de los vertidos con un plan de choque que denominamos Tolerancia cero, que ha conseguido que en estos momentos tengamos ya revisado el 90 por ciento de los vertidos autorizados para adecuarlos a las
actuales exigencias y superar, por lo tanto, un cierto caos en esta materia que se producía al principio de la legislatura, después de haberse reducido a lo largo de los años anteriores las personas adscritas, por ejemplo, a las comisarías de aguas;
cuestión que he tenido ya ocasión de comentar. Por lo que se refiere al marco normativo, durante esta legislatura hemos planteado el proyecto de ley, inicialmente un decreto ley que luego se convirtió en ley e incorporó muchos más elementos;
decreto ley que partía de la sustitución del trasvase del Ebro por otras actuaciones en las cuencas mediterráneas y que incorporó cambios importantes respecto a la Ley de Aguas, como la demanialización total de las aguas desaladas y de las aguas
reutilizadas; la exigencia de informes de viabilidad previos para la ejecución de obras de interés general, tanto las que ya están declaradas como tal como antes de que se produzcan nuevas declaraciones de obras de interés general, para que se
puedan incorporar adecuadamente análisis relativos al coste económico y a la incidencia ambiental de esas obras; exigencia también de informes preceptivos en cuanto a la disponibilidad de las aguas y a la inundabilidad de los terrenos, es decir,
elementos fundamentales a tener en cuenta en la ordenación del territorio y el urbanismo; determinación obligatoria de reservas naturales fluviales en los planes hidrológicos de cuenca; exigencia de mediciones precisas de los caudales consumidos;
refuerzo de la Policía de aguas; mejor garantía de la calidad del abastecimiento a las poblaciones; responsabilidad del concesionario para mantener estándares de calidad de las aguas reutilizadas, etcétera. Estas son cuestiones que formaban parte
de la Ley 11/2005. No entraré en detalle de todo el resto de normas que hemos aprobado en esta legislatura y que tienen que ver con la política del agua, porque a ello dediqué una anterior comparecencia. Solo quiero recordar a SS.SS. que se ha
aprobado el decreto que regula la nueva planificación hidrológica, así como el decreto correspondiente a las demarcaciones hidrográficas. En estos momentos tenemos dos decretos en avanzado estado de tramitación: uno que se refiere a la utilización
de aguas depuradas, la reutilización de aguas residuales; y otro que se refiere al dominio público hidráulico para incrementar la seguridad en la gestión de las zonas inundables y de presas y embalses. En ambos casos se trata de cuestiones que ya
fueron presentadas en el Consejo Nacional del Agua y que, por tanto, aprobaremos antes de que termine la legislatura para completar un cambio normativo bastante potente. Yo misma he explicado las razones por las cuales otras cuestiones,
concretamente la reforma de las confederaciones hidrográficas y la incorporación de una política de precios del agua acorde con el principio europeo de recuperación de costes, han quedado para la siguiente legislatura. En lo que se refiere a la
reforma de las confederaciones hidrográficas, aunque no haya habido una reforma formal, están trabajando en estos momentos con


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instrucciones y orientaciones bastante diferentes para cumplir precisamente con lo que los ciudadanos esperan de ellas, y sobre todo para poder cumplir las exigencias europeas en materia de política del agua. Pero es necesario que culmine
el debate de los estatutos autonómicos que se han aprobado en esta legislatura y que están ya en algún caso desarrollándose, como es el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con la parte de funciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
que pasará a la Junta de Andalucía, lo cual significa un proceso que no ha culminado y que culminará sin duda en la siguiente legislatura.



Señorías, además de ello, el Gobierno aprobó el Plan nacional de calidad de las aguas para el periodo 2007-2015, en el que se incorporan determinadas actuaciones complementarias a la pura y simple culminación por parte del Gobierno de España
de obras declaradas de interés general del Estado en materia de depuración de aguas residuales, para que podamos llegar en el año 2015 a un adecuado tratamiento y calidad de nuestras aguas. El Plan nacional de calidad de las aguas está pendiente,
en estos momentos, de las distintas negociaciones que están teniendo lugar con las comunidades autónomas para poder proceder a la firma de los convenios bilaterales, en los que, por cierto, una vez más hay que hablar de recuperación de costes y de
instrumentos propios de las comunidades autónomas en esta materia que ya deberían haberse puesto en marcha en toda España. En buena parte de España existen las tasas y otras figuras que permiten el mantenimiento de las plantas depuradoras, no en
todas las comunidades autónomas, y el Plan nacional de calidad de las aguas quiere ser de nuevo un acicate para que no se dé la paradoja de tener plantas depuradoras construidas que después nadie quiere gestionar porque no existen los instrumentos
económicos adecuados para su mantenimiento.



Señorías, por lo que se refiere a la delimitación del dominio público hidráulico, se han terminado trámites de delimitación en 1.800 kilómetros y se están ultimando en otros 1.500 kilómetros de cauce. Además, la utilización de la
teledetección nos va a poner a disposición, en breve plazo, una cartografía muy precisa de áreas inundables que se trasladará a las administraciones territoriales para que puedan ejercer, en las mejores condiciones, su labor de gestión del
territorio teniendo en cuenta la inundabilidad de las distintas áreas.



Señorías, por lo que se refiere a los regadíos, en combinación con la actuación del Ministerio de Agricultura está en marcha un potente plan de choque de modernización de regadíos que va a permitir ahorrar 1.200 hectómetros cúbicos al año,
lo que unido al resto de las actuaciones que ya estaban programadas puede permitir para finales del próximo año 2008 un ahorro en la agricultura de hasta 3.000 hectómetros cúbicos de agua.
Esa reducción del consumo del agua en la agricultura es uno
de los elementos que hay que seguir priorizando en la próxima legislatura porque, como saben, el agua donde más se consume es en la agricultura y hasta el año 2006 no hemos alcanzado en España una situación global en la que las hectáreas regadas por
inundación, es decir, con el método más ineficiente, no sea algo menor en su cuantía que las hectáreas regadas con riegos más eficientes. En ese esfuerzo deben estar, por supuesto, los responsables autonómicos y los ministerios implicados del
Gobierno de la nación.



Señorías, por lo que se refiere a la inversión llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente puedo decirles que desde 2004 se han ejecutado 6.254 millones de euros; esto significa 2.500 millones de euros más que la inversión ejecutada
en política de agua en el periodo 2001-2003. En este periodo, al finalizar la anterior legislatura, apenas se había ejecutado un 15 por ciento de las actuaciones del Plan Hidrológico Nacional. En algunas comunidades autónomas como Aragón, Valencia
y Murcia, el porcentaje de ejecución era mucho más bajo que ese valor medio, por debajo del 10 por ciento. Por tanto, durante esta legislatura hemos intentado acelerar la inversión pública en política del agua, tanto en actuaciones que ya estaban
previstas pero no desarrolladas o en un estadio muy inicial de su ejecución, como en nuevas actuaciones planteadas desde el actual Gobierno. Por supuesto, en todo caso hemos intentado que esa inversión responda a exigencias de la legislación
europea que evite la pérdida, por incumplimiento de sus directivas, de fondos europeos, circunstancia que se ha dado en el pasado, por ejemplo, en las obras que denominándose de restauración hidrológico-forestal en realidad eran obras de carácter
urbanístico. Hay, por una parte, una exigencia cada vez mayor de la Unión Europea y, por otra, una conciencia clara de que si pedimos dinero a los fondos europeos lo mínimo que debemos hacer es cumplir con sus exigencias.



Señorías, le ha tocado abordar a este Gobierno una época de sequía, el periodo 2004-2005, que supuso los menores datos en cuanto a la precipitación en nuestro país de todas las series históricas disponibles.
Se truncó un año, el 2004, cuyo
otoño fue lluvioso, y en los siguientes meses hubo que tomar medidas que al inicio fueron recibidas con la calificación de catastrofistas -no se decía electoralistas porque quedaba todavía tiempo para las elecciones-, pero en todo caso las primeras
obras de emergencia por la situación incipiente de sequía fueron aprobadas por el Gobierno en febrero del año 2005. Eso ha permitido, por ejemplo, que gracias a la declaración de obra de emergencia de la segunda planta desalinizadora de San Pedro
del Pinatar se haya construido en poco más de un año, es decir, en bastante menos tiempo que la planta que también se puso en funcionamiento y se terminó en esta legislatura, la primera planta de San Pedro del Pinatar, que había sido licitada nada
menos que en el año 1996. El Gobierno ha actuado con contundencia ante la sequía, acelerando la aprobación de planes de gestión de sequía que estaban previstos en el artículo 27 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, donde se decía que antes de
julio del año 2003 esos planes tenían que aprobarse. Se han aprobado esos


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planes en esta legislatura y, antes de su aprobación, hemos aplicado protocolos lo más completos posible para tener en cuenta situaciones de alerta y medidas correspondientes a la propia evolución de la sequía.
Hemos financiado actuaciones
a lo largo de la legislatura para obras de urgencia y de emergencia por un importe total de 652 millones de euros, obviamente muy concentrados en las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Andalucía, es decir, allí donde de haberse ejecutado
algunas actuaciones con más celeridad dentro del Plan Hidrológico Nacional hubieran podido disponer de más garantía de agua al inicio de esta legislatura, pero la sequía comenzó en ese momento inicial de la legislatura y se ha mantenido un diálogo
muy estrecho con los más afectados por ella, que han sido los agricultores.



Durante esta sequía se ha evitado que faltara el abastecimiento a las ciudades, abastecimiento que en cambio falló hace tan solo 14 años, en la anterior sequía, cuando hasta 12 millones de españoles sufrieron cortes en el suministro de agua
de hasta 12 horas, pero incluso más recientemente, en el año 2003, cuando 250.000 habitantes de la cuenca del Segura sufrieron hasta 12 horas de corte en el suministro de agua. Por tanto, en lo que se refiere al abastecimiento a las ciudades, la
actuación del Gobierno ha permitido, obviamente junto con las decisiones adoptadas por comunidades autónomas y por ayuntamientos y con la colaboración de los ciudadanos, que esta vez la sequía no interrumpa el abastecimiento del agua potable, y con
ello hemos preservado, por ejemplo, la importantísima actividad turística en el litoral mediterráneo. Eso ha tenido que ver, por supuesto, con algunas de las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la desalación de agua de mar.
En estos momentos, de todas las plantas proyectadas al inicio de la legislatura tenemos el 90 por ciento en volumen de agua que están ya funcionando, están ya en construcción o están ya adjudicadas. De las que están en construcción, la planta de
Valdelentisco ha comenzado su funcionamiento en prueba -son 50 hectómetros cúbicos-, y en la segunda planta de Alicante podrá estar concluida la obra civil previsiblemente a principios del próximo año.
Todo ello significa que terminaremos la
legislatura con más agua disponible en territorios donde no estaba garantizada al inicio de la legislatura, en territorios -en particular en la Comunidad Autónoma de Valencia y en la Comunidad Autónoma de Murcia- donde no solamente se han puesto en
funcionamiento plantas de desalación sino que se han llevado a cabo actuaciones que permiten, por ejemplo, almacenar más agua en el embalse de Arenós, nada menos que 45 hectómetros cúbicos más que al inicio de la legislatura, gracias a la inversión
del Ministerio de Medio Ambiente, y con ello garantizar una disponibilidad de agua que no se tenía al inicio de la legislatura. Además de ello, han contribuido a esa mayor disponibilidad de agua en la Comunidad Valenciana, en Murcia o en Andalucía
actuaciones del Plan de choque de modernización de regadíos, actuaciones relativas a depuración que permite a su vez que haya reutilización, y actuaciones ligadas también a la utilización de aguas subterráneas. Todo ello, señorías, nos permite
abordar este año hidrológico que empieza ahora, y que al menos en su inicio ha mostrado algunos datos que pueden ser preocupantes en cuanto a la escasez de lluvias en algunos territorios de nuestro país; nos permite abordar este año si hay de nuevo
una prolongación de la sequía, que no había desaparecido del todo en la cuenca del Júcar ni en la cuenca del Segura ni en la cuenca del Guadalquivir, ni tampoco en algunas cuencas internas que hoy son competencia de las comunidades autónomas, como
son las cuencas internas de Cataluña o las cuencas andaluzas. Por tanto, con el esfuerzo realizado y el que se está realizando en este momento podemos seguir abordando no solo el eventual episodio de prolongación de la sequía en este nuevo año
hidrológico, sino también -algo más importante- un escenario marcado por el cambio climático donde los episodios de sequía pueden ser más frecuentes y más recurrentes.



Señorías, salvo en lo que se refiere a completar la reforma legislativa en los términos que pude anunciar en esta Cámara en mayo de 2004, el resto de los elementos de la política del agua se ha venido desarrollando conforme a la orientación
imprimida desde el principio de la legislatura y, como señalaba en una intervención anterior, contando con un respaldo muy importante para nosotros de las instituciones europeas y contando también con la aceptación por parte de muchos usuarios del
agua de soluciones que son novedosas, como es la utilización del agua desalada por los agricultores. Cuando los agricultores comprenden que esa agua desalada puede estar a su disposición, en su parcela, a 0,39 céntimos de euros por metro cúbico,
que es incluso un precio mejor que el que se anunciaba hace algunos años para la futura planta de Valdelentisco, y cuando hay la evidencia de que si se trata adecuadamente el agua desalada esta no tiene por qué comportar problemas para la
agricultura, que en cambio sí los está sufriendo por la creciente salinización de los acuíferos que se utiliza, vamos avanzando, como lo estamos haciendo, tanto en Alicante como en Murcia y Almería en convenios con agricultores para la utilización
del agua desalinizada.



En definitiva, señorías, queda mucha tarea para profundizar en el cambio de política de agua en este país, para desterrar algunas falacias, para eliminar por completo la demagogia y para establecer también aquí un diálogo con todas las
fuerzas políticas que incluya al principal partido de la oposición, que a lo largo de esta legislatura ha mantenido en este terreno una actitud que no comparte ninguna de las otras fuerzas parlamentarias.



La señora PRESIDENTA: Seguidamente tiene la palabra por el grupo solicitante, el Grupo Popular, la señora De Lara.



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La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, en mi grupo van a compartir el tiempo los tres portavoces.



La señora PRESIDENTA: Siempre que se adapten al tiempo adjudicado. Pedimos concisión, pues son ya los dos y media. Tiene su señoría diez minutos.



El señor PINTADO BARBANOJ: Señora presidenta, procuraré ser lo más rápido posible en mi intervención.



Una reflexión general, señora ministra. Usted termina su intervención, como ha hecho en reiteradas ocasiones, con el tema de la necesidad de consensos con el principal partido de la oposición en materia de agua.
Obras son amores y no
buenas razones. Nosotros entendemos que durante esta legislatura hemos hecho bastantes esfuerzos, no solo con el Ministerio sino con el Grupo Parlamentario Socialista, para tratar de llegar a acuerdos en materia de agua. No le voy a quitar
legitimidad al Gobierno en cuanto al cambio de posición, diametralmente opuesto con lo que se venía haciendo anteriormente, pero no con lo que venía haciendo el Partido Popular sino con lo que hizo el Gobierno socialista en 1985 con la aprobación de
la Ley de Aguas, donde se impartía el principio de planificación hidráulica, y a partir de ahí todo el desarrollo de los planes de cuenca y el desarrollo final del Plan Hidrológico Nacional.
Sabe bien que en la Ley de los planes de cuenca se
establecía el proceso de revisión, que está ya comenzado y que tiene que terminar entre 2008 y 2009, que podía haber sido un buen elemento de negociación a la hora de incorporar nuevos criterios en función de la planificación hidrológica, el uso
racional del agua, el cumplimiento de los objetivos a que los usuarios, los españoles, tienen derecho.



Dicho esto, en su ministerio ha habido un enfrentamiento de dos ideas, no digo de personas. Usted ha adoptado la posición de fiscalizadora desde el punto de vista medioambiental, y la parte inversora del Ministerio de Medio Ambiente ha
utilizado en materia de aguas sobre todo, por muchos datos que usted nos quiera poner encima de la mesa -luego me referiré rápidamente a alguna de las cuestiones que afectan a la cuenca del Ebro, especialmente en Aragón-, ha utilizado claramente una
política de ralentización, en definitiva, de enviar proyectos hacia el futuro; proyectos que en algunos casos estoy convencido de que si no hay un acuerdo real entre los dos principales partidos en el ámbito parlamentario será muy difícil que se
lleven adelante. En este sentido, señora ministra, usted misma ha reconocido implícitamente en la anterior comparecencia, a preguntas del responsable de Iniciativa per Catalunya, que las inversiones que se han llevado a efecto por parte de
distintos ministerios con carácter inversor, como el Ministerio de Fomento o el Ministerio de Industria, a lo mejor no han tenido ese criterio de fiscalización medioambiental que usted ha aplicado en su partida, lo cual es un elemento para
reflexionar de cara al futuro si realmente las inversiones de agua tienen que estar dentro de un ministerio que tiene un carácter más fiscalizador que inversor.



Me referiré rápidamente a varios aspectos relacionados con Aragón. Usted llegó a Aragón y ofreció consenso, pero siempre y cuando se variaran las pautas que se habían acordado desde 1992 y en las que se había trabajado para poner en marcha.
En cuatro años, y con las responsabilidades que tuvo anteriormente en el Gobierno, debe ser consciente de que en materia de política hidráulica los proyectos son muy costosos de llevar adelante, especialmente los proyectos de nuevos embalses y
nuevos regadíos. No sabemos si por negligencia o por esta voluntad política de terminar con algún tipo de obras hidráulicas, lo que ha conseguido ha sido desestimar varias obras: el Centro de interpretación del agua, al que luego me referiré
sucintamente, el embalse de Susía, el embalse de Santaliestra, paralización por modificación del embalse de Yesa o de Biscarrués, de los que hoy no se sabe absolutamente nada, salvo en el caso de Biscarrués, un proyecto aprobado por 192 hectómetros
cúbicos, que ustedes consiguieron la paralización de esta obra que estaba ya en prelicitación, apareció el tema de los movimientos de la cola del embalse en cuanto a posibles corrimientos de una zona determinada y luego se vio claramente que no
había ninguna afección, y en estos momentos parece ser que la Confederación Hidrográfica del Ebro está redactando un nuevo proyecto para 35 hectómetros cúbicos. Es decir, de 192 bajamos a 35 hectómetros cúbicos, pero no sabemos cuándo se podrá
ejecutar. En el embalse de Yesa, de lo que había planteado y licitado por 1.500 hectómetros cúbicos de capacidad se llegó a un acuerdo para rebajarlo a 1.000 hectómetros cúbicos. Señora ministra, usted se comprometió en Zaragoza a que no se
paralizarían las obras y que no sería necesario un nuevo redactado. Han pasado dos años y todavía estamos en la situación de la aprobación del modificado del proyecto. Esto le ha costado varios disgustos, algo a lo que anteriormente se refería el
señor Labordeta. El consejero de Agricultura del Gobierno aragonés, de su propio partido, pidió su dimisión; también el presidente de la Diputación de Zaragoza, de su mismo partido; el alcalde de Egea de los Caballeros, zona especialmente
afectada por la regulación del embalse de Yesa, así como los usuarios de la zona y distintos colectivos. Tendrá que reconocer que algo no ha hecho bien en relación con este tipo de embalses cuando desde su propio partido, en una comunidad autónoma
como Aragón, se le ha pedido su renuncia para seguir ejerciendo esta responsabilidad. No descartamos que tiene mucha importancia el agua para los territorios.



La señora PRESIDENTA: Lleva más de cinco minutos, señor Pintado.



El señor PINTADO BARBANOJ: Termino enseguida. Solo hago una referencia, señora ministra, para


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decirle que usted debe conocer dos cuestiones. Una está relacionada con la depuración de aguas en las cabeceras de los ríos pirenaicos, sobre la que usted parece que ha firmado un convenio. En la información que remitió su ministerio a
esta Comisión sobre los presupuestos, en el Plan de calidad de las aguas para Aragón dice: En cuanto al desglose del Plan de calidad de aguas 2008-2015, lamentamos no poder facilitar el desglose pues es una partido que se nos dio instrucción de
incluir a última hora y de la que desconocemos prácticamente todo. Esta es una de las cuestiones en cuanto a temas que no afectan a obras hidráulicas sino a calidad del agua de los ríos. Por otro lado, el Centro de interpretación del agua de
Huesca, en el que parece que nos hemos empeñado, un centro de interpretación que plantea el Gobierno anterior, con el sistema de riegos del Alto Aragón que tiene el objetivo de formar y promulgar aspectos relacionados con el agua desde el punto de
vista del respeto medioambiental para los ciudadanos, especialmente para la gente joven, que se implica dentro del proyecto de Expo Zaragoza 2008, llegan ustedes al Gobierno y por razones políticas desaparece. En definitiva, su relación en cuanto a
inversión en materia de agua en Aragón deja mucho que desear y el cambio de política va a suponer que vamos a estar bastantes años sin poder aplicar lo que estaba previsto.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Garre López.



El señor GARRE LÓPEZ: En cuanto a las aseveraciones que ha hecho la ministra en torno al balance de la política de aguas del Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana, la desaladora de Torrevieja está en marcha pero ha tenido
muchísimos retrasos y no tiene resuelta la eliminación de la salmuera, como conoce la ministra. La desaladora de Denia está paralizada y la obra sin iniciar, y el Gobierno adjudicó la obra sin tener en cuenta para nada la ubicación, como también
conoce la ministra. La ampliación de Xábia se retrasa y se presupuesta ahora nuevamente para los presupuestos de 2008. Por tanto, cero hectómetros cúbicos en relación con las desaladoras. Es verdad que se han reabierto pozos construidos desde el
año 1990, pero esa no es una cuestión que pueda apuntarse la señora ministra aunque dé 98 hectómetros cúbicos de agua de las bolsas que se necesitan luego en otro tiempo. El ahorro en regadíos, a que ha hecho referencia la ministra, son actuaciones
impulsadas desde hace más de diez años por la Generalidad de Valencia; ya estaba modernizado, como conoce perfectamente la señora ministra, el 66 por ciento de la superficie regable. En cuanto al embalse de Arenós, al que también se ha referido,
es un antiguo embalse de regulación cuya obra de adecuación no está realizada ni se va a permitir embalsar la cantidad estimada. Todo ello lo conoce la señora ministra de Medio Ambiente. En cuanto al trasvase Júcar-Vinalopó, lo que ha hecho ha
sido terminar los tramos que el Gobierno del Partido Popular tenía ya en ejecución; han sufrido, eso sí, una modificación del trazado y existen retrasos en la obra, no se están cumpliendo para nada los plazos; se aumentan en 28 kilómetros esas
obras y va a disminuir la calidad del agua y a aumentar el coste real del agua trasvasada.



En igual sentido se encuentra el balance de las políticas en desaladoras en la región de Murcia. San Pedro del Pinatar I, construida durante el Gobierno del Partido Popular, está produciendo 24 hectómetros cúbicos y solo faltaba de toda la
ejecución de la obra ese emisario de cuatro kilómetros, que es lo único que ha hecho su Gobierno. San Pedro del Pinatar II, hecho por el procedimiento de urgencia, está produciendo 24 hectómetros cúbicos. Alicante I, también construido durante el
Gobierno del Partido Popular, como sabe la señora ministra, da 18 hectómetros y su ampliación da seis hectómetros. Por tanto, ustedes solo se pueden adjudicar como algo novedoso que hayan podido hacer 30 hectómetros cúbicos. Una cosa es la
aportación de la sobreexplotación de los acuíferos, que usted sabe perfectamente que se está produciendo, y otra cosa es la modernización de regadíos, que estaba ya al 85 por ciento de la zona regable en toda la cuenca del Segura en el momento en
que ustedes empezaron a gobernar. En cuanto a las actuaciones para la gestión y utilización de aguas, han acometido 69, según la contestación que nos han dado desde su ministerio; de las 69 solo han terminado seis. De los 1.338 millones de euros
que tienen presupuestado ejecutar solo han terminado 108, ni el 10 por ciento, el porcentaje al que hacía referencia cuando hablaba de la ejecución del Plan Hidrológico Nacional. Por cierto, el día 25 del mes pasado usted decía que el Gobierno del
Partido Popular había ejecutado el 15 por ciento de aquel PHN y hoy ya dice que es el 10 por ciento; espero que el mes que viene no nos diga que es el 5 por ciento o que no ejecutó absolutamente nada.



Todo es poco creíble. Usted ya no es una ministra poco creíble, es absolutamente increíble y le digo por qué, porque es una conversa hidráulica, se lo he dicho muchas veces. En el ministerio, que entonces dirigía el señor Borrell, usted
impulsó 2.000 hectómetros cúbicos de agua desde el Ebro hasta las cuencas mediterráneas, y no lo digiere. Por eso digo que es increíble. Esta mañana se ha estado hablando de quién era el causante o cómo se había producido la derogación del
trasvase del Ebro.
Ha explicado muy bien doña María Teresa de Lara, por los documentos que nos remitían desde Bruselas, a qué era debido: a que ustedes renunciaron al mismo. Pero hay otra causa que usted conoce, o que debería conocer, y si no se
la puede explicar la señora presidenta de la Comisión, que está a su lado. Repase el 'Diario de Sesiones' del miércoles 6 de abril de 2005 de la Comisión de Medio Ambiente y mire lo que dijo la señora Bonàs.



La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que termine, ha concluido su tiempo.



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El señor GARRE LÓPEZ: Ya termino, señora presidenta.



El objeto de tramitar este real decreto como decreto-ley fue, según las palabras de la ministra, mejorar la redacción de la ley y adaptarla a la cultura del agua. En realidad, lo que se pretendía era derogar el trasvase del Ebro. El
objetivo primordial de Esquerra Republicana era derogar el trasvase del Ebro. Nos alegramos mucho de haberlo conseguido.
Fue un compromiso del presidente Rodríguez Zapatero en su investidura, el compromiso de derogar el trasvase del Ebro. A eso
obedece, nada más, señora ministra -no le dé usted más vueltas-, a la aritmética parlamentaria impuesta desde Esquerra Republicana de Catalunya a un gobierno débil parlamentariamente que necesitaba de esos votos para la investidura del presidente
Zapatero. Para eso se saltó usted el principio de solidaridad interterritorial constitucional, se saltó el artículo 2 de la Ley de Aguas y el artículo 45 de la Constitución española. Todo por la investidura del presidente Zapatero.



La señora PRESIDENTA: Han agotado su tiempo. Si quiere intervenir, señor Hernando, lo puede hacer a condición de que no haya réplica. Si quiere consumir ahora el tiempo de réplica... Ustedes deciden.



El señor HERNANDO FRAILE: Si nos deja sin réplica, señora Bonàs, nos dejará sin réplica.



La señora PRESIDENTA: El tiempo es el tiempo.



El señor HERNANDO FRAILE: Eso dependerá, señora Bonàs, evidentemente, del transcurso del debate y de que la señora ministra no reabra un turno, con lo que se incumpliría el Reglamento. Por tanto, le pido que antes de anunciarnos que no va
a cumplir el Reglamento en el caso de producirse controversia, me deje exponer mis argumentos.



La señora PRESIDENTA: La legislatura no ha terminado. Ustedes han elegido muchos temas para una comparecencia. Podían haber dejado alguno para otra comparencia porque aún no ha terminado la legislatura y tenemos tiempo.



La señora ministra termina. Si usted quiere intervenir ahora puede hacerlo, pero luego no habrá réplica.



El señor HERNANDO FRAILE: Decía la portavoz del Partido Socialista que esta ha sido una legislatura excepcional en materia de agua y lleva razón, ha sido excepcional por lo desastrosa. Cuando a la señora ministra le impusieron desde
Esquerra Republicana de Catalunya la anulación del trasvase del Ebro, se fue a Almería y presentó un famoso Plan del agua improvisado. Aquel Plan del agua contemplaba cinco desaladoras, 165 hectómetros cúbicos y su garantía de que esas desaladoras
estarían acabadas en 2007. Usted dijo en aquel momento: Almería va a tener más agua, más barata y en menos tiempo.



Ahora lo que cabe es que examinemos cuál ha sido y cuál es la situación de estas cinco desaladoras. La desaladora de Níjar y la segunda fase de Carboneras ha desaparecido directamente de la presupuestación de su Gobierno; la desaladora del
Campo de Dalías y del poniente almeriense no se han empezado. Lo único que hay hecho, según dice el Partido Socialista de Almería, es el 35 por ciento de la desaladora del bajo Almanzora. Ese es su balance en Almería en cuanto a desalación, las
cinco desaladoras que ustedes iban a construir. Pero es que ustedes han contado con 225 millones de euros a lo largo de estos cuatro años para que Acuamed gestione todas estas obras. De esos 225 millones de euros, ustedes no han sido capaces de
ejecutar más que 16,8 millones de euros en obras en la provincia; el 6 por ciento de la desalación, del conjunto de los proyectos de Acuamed.



Quiero decirles a ustedes que no solo es que se haya producido ese fraude presupuestario sino que, además, ustedes han sido tan incompetentes que a la hora de establecer los costes totales de las distintas obras varían según les viene en
gana, de tal forma que en los documentos que ustedes entregaron al Parlamento para los presupuestos de 2007 y en los documentos que han entregado para 2008 hay diferencias en el coste total de las obras absolutamente brutales e injustificados. Así,
mientras que en el presupuesto de 2007 la desaladora del Campo de Dalías iba a costar 47 millones de euros, ahora va a costar 94 millones de euros; mientras que la desaladora de Níjar iba a costar 21 millones de euros, ahora ni tan siquiera aparece
para el presupuesto de 2008; hay obras tan importantes como la reutilización de residuales en Campo de Dalías que de costar 17 millones de euros el año pasado, ahora se nos dice que va a costar 107 millones de euros; la conducción Venta del
Pobre-Campo de Tabernas, que iba a costar 26 millones, ahora va a costar 56. Quien ha planificado esto presupuestariamente y lo presenta al Parlamento de esta forma es un incompetente, un insolvente, por no decir otras cosas peores, y a usted, que
tan dada ha sido en el pasado a abrir auditorías de gestión, le diría que es conveniente que audite la gestión de Acuamed, porque es absolutamente impresentable el gasto de ejecución y es absolutamente impresentable que esta Cámara apruebe unos
presupuestos en cuya ejecución no han sido capaces de llegar ni tan siquiera al 8 por ciento en nuestra provincia. Desde luego, ustedes pueden gastarse todo el dinero que quieran en propaganda y publicidad, pero los hechos son tozudos. Desde que
ustedes gobiernan, en mi provincia no hay ni un metro cúbico más de agua. Usted sabe que las cinco desaladoras suponían, tanto en producción energética como en impulsión, 950 megavatios de gasto energético y usted sabe que eso, con el Protocolo de
Kioto, nuestro país no se lo puede permitir. Por eso no las han hecho ustedes ni la mayoría de ellas se van a poder hacer nunca.



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Un último dato. Usted dice que entre Tortosa y Almería -y se lo he oído varias veces- hay 900 kilómetros de distancia. Por favor, yo le ruego a usted que, aunque no sea de la Logse, aprenda un poquito de geografía, le vendría bien a usted
para ser ministra de Medio Ambiente porque, si hay que evaluarla por esto, hay que suspenderla. Entre Castellón y Tortosa hay 100 kilómetros, entre Castellón y Alicante, 231 y entre Alicante y Almería, 294. En total, 615 kilómetros de distancia,
no los 900 que usted siempre dice. En cuanto al trasvase Tajo-Segura, le diré que desde la cabecera del Tajo-Segura hasta la parte norte de la provincia de Almería, que es hasta donde ahora llega, hay 400 kilómetros. Usted, cuando ha evaluado el
coste energético del traslado de esa agua, jamás ha sido capaz de comprobarlo o equipararlo con otros trasvases de agua porque está instalada en la propaganda, en la mentira y en la falsedad, pero al final, después de cuatro años, la realidad es
tozuda y concluyente. Su gestión ha sido un fracaso, su alternativa ha sido un fracaso y no va a salir adelante, y aunque algunas de SS.SS., por la parte de mi derecha, se empeñan en que usted siga siendo ministra de Medio Ambiente, le garantizo
que en las elecciones generales nos vamos a ocupar de que no lo sea.



La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Señora ministra, haré una intervención breve dado lo avanzado de la hora.



Le agradecemos una vez más la información que nos ha proporcionado la señora ministra en relación con la política hídrica del Gobierno socialista. La posición de Convergència i Unió ha estado siempre en sintonía, en un grado elevado, con
las iniciativas y las políticas que se han ido implementando, especialmente la derogación del trasvase del Ebro -no del Plan hidrológico, sino de este aspecto-, que no tiene nada que ver con el voto de investidura del presidente, porque no se lo
dimos.
Nuestro grupo se abstuvo, pero a pesar de eso apoyamos la derogación del trasvase, y lo seguimos haciendo. Como he dicho hoy y en más de una ocasión, a pesar de haberlo apoyado en un principio, en la tramitación parlamentaria y en el Senado
nos sentimos engañados porque las condiciones que nuestro grupo exigió al Grupo Popular para apoyar en un principio ese trasvase fueron desvirtuadas. Entendíamos que incumplía requerimientos medioambientales, lo cual no estuvimos dispuestos a
mantener, y de ahí nuestra posición contraria al trasvase del Ebro.
Nuestro grupo ha mantenido una posición positiva ante las diversas iniciativas del ministerio en relación con el tema del agua en lo que se refiere a la gestión de la demanda,
tanto por la concienciación creciente de la población de que el agua tiene un valor, un coste, que es un bien escaso y precioso y que hay que hacer un uso racional e inteligente de la misma en diversas actuaciones tecnológicas, como por la actuación
individual y personal de cada ciudadano en cuanto a su mal uso; también en lo que se refiere al tema agrícola que, como usted comentaba, es el que se lleva la parte más importante del consumo de agua, y la implementación cada vez más de regadíos
que no utilizan el riego a manta, que produce un consumo de agua excesivo y no eficaz; o en lo que se refiere a políticas o planteamientos sobre el precio, la fiscalidad del agua y la incorporación de costes como principio o regla -en definitiva,
es lo mismo-, teniendo en cuenta que el agua tiene un coste y que, bien por normativa europea o por pura racionalidad y lógica, es importante que se pague cuando se consume por su coste de obtención, de reutilización o depuraciones de utilización,
incorporando como coste el ciclo completo del agua, como se viene haciendo hace ya innumerables años, decenios, en el resto de Europa, a pesar de que es la Europa húmeda, con una cantidad importante de disponibilidad de agua; tiene un coste más
elevado aquí, en España, precisamente por el hecho de incorporar los costes con una visión más a largo plazo de lo que es una gestión racional de este recurso escaso, incluso en la Europa verde.



Por otro lado, hemos convenido en gran parte de las políticas en relación con la oferta de agua, con la disposición del agua, derogando el trasvase del Ebro, pero también apostando, aunque con precaución, prevención o prudencia, por las
desaladoras como medio alternativo para obtener agua, si bien nos cuestionamos el efecto que puede tener la salmuera en su eliminación en tanto en cuanto no es sal de uso doméstico sino sal tratada, con los demás componentes químicos que luego
pueden producir efectos perjudiciales en el medio ambiente si no se eliminan de forma inteligente, de forma técnicamente coherente. La desalación también tiene un gran consumo de energía y conlleva la necesidad de transportar esta agua desalada
hacia zonas donde hace falta el consumo de la misma, lo que con otras fórmulas -por ejemplo, trasvases- no se produciría. El coste del transporte del agua pendiente hacia arriba para llevarlo a zonas donde es necesaria, no solo a zonas turísticas
del litoral, también tiene que tenerse en cuenta a la hora de evaluar los beneficios de la desalación de aguas. También hemos ido siguiendo la implementación, lenta a nuestro juicio, pero ese tipo de obras no es simple, fácil, sino que suele
generar dificultades en su gestión, complejidades en su ejecución.
Echamos en falta una política más decidida en relación, a pesar de que así se anuncia, con los usos secundarios de aguas recicladas a partir del tratamiento con terciarios en las
propias depuradoras. Este es un elemento clave para poder utilizar esta agua para otros usos, sobre todo el agrícola o para la recarga de acuíferos, con lo cual se dispondría de agua de mayor calidad para uso de boca, y el agua que tiene otros
orígenes para usos secundarios, como limpieza o según qué agricultura, lógicamente siempre y cuando se estudien sus componentes y no perjudique ni mucho menos la


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salud ni los productos agrícolas que se obtengan a partir de estos riegos.



En relación con el tema de los trasvases, de la obtención o de la puesta a disposición del agua vía trasvases, nos pareció apreciar en la última intervención de la señora ministra en el debate de presupuestos una actitud abierta en cuanto al
estudio de los trasvases en general, no una negativa absoluta a cualquier tipo de trasvase, como defiende algún grupo. Nos pareció interesante y en parte, aunque no de forma precisa o expresa, abre la posibilidad de que en un futuro, y si las
condiciones económicas, sociales lo recomiendan, se pudiera plantear algún tipo de trasvase de gran envergadura, especialmente para el caso de Cataluña, como el del Ródano, que más de una vez hemos reclamado, al menos en su aspecto primario,
principal, que sería el estudio de la viabilidad económica, social y ecológica por descontado y en primer lugar, de un trasvase de este tipo.



Ha sido noticia en los últimos días la preocupación del consejero de Medio Ambiente, señor Baltasar, en Cataluña por la situación de sequía en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra nación, en tanto en cuanto se prevé
que, en el caso de que antes del mes de mayo no haya precipitaciones consistentes en Cataluña, podría plantearse una situación de mucha dificultad y la necesidad de llevar a cabo restricciones de agua. Si esa situación acabara perdurando hasta el
verano, hasta julio y agosto, podría ser dramático para nuestro país.
Esto, unido al hecho de que -y no solo por el cambio climático, como usted decía, y por la reducción de caudales de algunos ríos- el río Ter, que es el que suministra en gran
parte a Barcelona, cada vez tiene menos caudal y empieza a rozar el peligro de la no existencia de un caudal ecológico, haría aún más necesario plantearse una aportación de agua a Cataluña y a la zona del este español o el Levante -por lo visto a
alguien no le gusta que se le llama el Levante español-, la costa mediterránea, para poder solventar, en este caso sí, la necesidad de agua con la aportación de un río que es altamente excedentario y que, viniendo de toda la Europa verde,
especialmente de los Alpes, tiene una cantidad de agua que sobra y se arroja al mar sin ningún tipo de aprovechamiento, siempre y cuando se respeten condicionamientos ecológicos y si fuera viable económica y socialmente. Nos gustaría que esto se
volviera a poner sobre la mesa, y así lo haremos en el futuro, pensando que se podría aportar una solución no solo para Cataluña, viendo estas perspectivas a corto y medio plazo, y también a largo plazo, sino para el resto de las cuencas
mediterráneas.



Otro aspecto que nos gustaría resaltar en el tema de la gestión del agua sería que debería plantearse, a nuestro juicio, una acción más decidida con relación a la investigación y desarrollo en cuanto a la obtención de agua potable, no solo
con el estudio para hacer más eficientes las mismas desaladoras, intentando rebajar su consumo energético y en definitiva el coste del agua obtenida, que seguramente una mayor inversión en investigación en este aspecto sería interesante, sino
también planteando otros métodos de obtención de agua desalada, de consumo humano o agrícola indirectamente o de boca, a través de otras tecnologías. Algunas se nos han comentado, como la desalación por separación sónica, que parece ser que podría
dar un agua de gran calidad sin el defecto de la producción de salmuera y a un coste muy bajo. En esto parece que está avanzando la comunidad científica. Nos gustaría que hubiera una actitud proactiva del ministerio para avanzar en el conocimiento
de nuevas tecnologías de obtención de agua, no tanto en la línea de su movimiento, aparte de lo que he comentado del tema del Ródano y su transporte, y si pudiéramos obtener agua potable del mar, pero no con la tecnología de las desaladoras, o con
esa metodología pero más avanzada en cuanto a sus efectos negativos, que seguramente sería la solución definitiva no solo para España, sino para otros países con problemas de suministro de agua.
Nuestro grupo ha colaborado con el Gobierno en
aquellas iniciativas en las que nos ha parecido que se avanzaba significativamente en la gestión del agua y en otros aspectos medioambientales en relación con el Estado.
Agradecemos -antes no lo he podido decir- la sensibilidad autonomista en
relación con las competencias de las autonomías que ha mantenido el Gobierno en cada una de las iniciativas legislativas . Al menos eso nos ha parecido, no solo de entrada sino incluso después, negociando y aceptando algunas enmiendas que en este
sentido ha presentado nuestro grupo en diversas iniciativas. También queremos agradecer -ya que esto parece ser un final de curso- la actitud y la competencia de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, especialmente los del Grupo Socialista,
con el que hemos tenido más relación y con el que nos hemos sentido muy a gusto, siempre colaborando.



Acabaré con la afirmación reiterativa de que queda mucho por hacer. La cita de Miquel Martí i Pol de que tot està per fer i tot és possible parece ser que en esta casa ya es bastante común. Yo la matizaría: casi todo está por hacer porque
alguna cosa se ha hecho, y todo es posible hacerlo, siempre que exista voluntad de hacerlo juntos, cosa que, lamentablemente, no siempre se aprecia en esta Cámara.



La señora PRESIDENTA: Señorías, nadie ha decidido que esta sea la última sesión de la Comisión.



Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serna.
Les advierto que no habrá réplica. Por lo tanto, pueden alargar un poco más su tiempo. Tiene diez minutos, más la réplica.



La señora SERNA MASIÁ: Señora ministra, el Grupo Socialista le agradece que haya venido a explicar, como es su obligación, la política hídrica que ha desarrollado el Gobierno durante estos años, pero también agradezco al Grupo Popular que
hayan sido ellos quienes hayan hecho esta petición, en cuanto que eso nos permite, como cada vez que lo han pedido, comparar dos


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modelos hídricos o dos modelos de política de agua: uno, el que podríamos llamar nueva política del agua y dos, el que representa el Partido Popular, que es la vieja política del agua, como hemos debatido en numerosas ocasiones.



Señora ministra, quisiera destacar que el Grupo Socialista está básicamente de acuerdo con lo que usted nos ha explicado, pero hay tres cuestiones fundamentales que nos ha gustado que se hayan producido en este nuevo modelo de política de
agua que no se atiene tanto a las obras faraónicas, como ocurría con el Plan Hidrológico Nacional de 2001, sino fundamentalmente a la gestión de los recursos hídricos. Este nuevo modelo del Gobierno socialista está plenamente ajustado a las
exigencias medioambientales del momento, a los requisitos de racionalidad económica, a la normativa europea. Por fin se está haciendo una trasposición adecuada, y se están teniendo en cuenta totalmente las consecuencias del cambio climático. Por
lo tanto, con la política del agua también se inicia una lucha contra las consecuencias del cambio climático.



Por otro lado, en estos años hemos visto que ha habido un fortísimo incremento presupuestario para las políticas del agua, 2.500 millones de euros más que en la anterior legislatura en su ministerio, pero si sumamos las políticas del agua
del Ministerio de Agricultura nos encontramos con un incremento de 4.000 millones de euros en tres años. No tengo en cuenta todavía lo que habrá que sumar en los Presupuestos Generales del Estado de 2008. Eso significa que ha habido un incremento
presupuestario del 40 por ciento, lo que supone un incremento altísimo.
El programa AGUA, que es la alternativa al derogado trasvase del Ebro -no es la alternativa al Tajo-Segura, como a menudo veo que dice el Partido Popular en la prensa
murciana-, ha tenido fundamentalmente tres grandes beneficios. En primer lugar, todo lo que ha presentado usted, señora ministra, a la Comisión Europea ha sido financiado. En estos momentos los famosos 1.200 millones de euros que se pedían para el
trasvase del Ebro se los ha llevado el programa AGUA y uno a uno, a pesar de las prisas que iban metiendo respecto a por qué no contestaba la Comisión Europea, han sido financiados por esta Comisión. En relación con el trasvase del Ebro, del que
después hablaremos, nos encontramos con que no solamente al final ha habido cero euros de financiación para el trasvase del Ebro porque lo paraliza el Gobierno socialista, sino que se pidió la financiación en junio de 2001 y en junio de 2004 no
solamente no había recibido cero euros sino que había motivado tres informes totalmente negativos en relación con los requisitos medioambientales y los requisitos de racionalidad económica.



Por otro lado, este programa, que está teniendo excelentes resultados, nos ha traído más agua, antes y agua para siempre. No acabo de entender las intervenciones de los colegas del Partido Popular ya que sí que hay, por ejemplo en Alicante
-que lo conozco-, recursos nuevos que proceden de la desalación, 40 hectómetros cúbicos. Tanto a Murcia como a la Comunidad Valenciana han llegado, de una u otra manera, nuevos recursos, cifrados a día de hoy en 335 hectómetros cúbicos para la
Comunidad Valenciana y 150 para Murcia. Otra cosa que mi grupo quería subrayar es que el programa AGUA va asociado a planes y programas muy importantes. Por ejemplo, el Plan nacional de calidad de las aguas significa que para el año 2015 los
niveles de calidad que exigía la Unión Europea por fin habrán llegado a las aguas españolas; el Plan de choque de modernización de regadíos hará que haya nada menos que un ahorro de 3.000 hectómetros cúbicos en las aguas dedicadas a la agricultura,
a los regadíos, o el programa de Energías Renovables que va asociado al programa AGUA, significa que para el año 2010 se producirá más cantidad de energías renovables que la que necesitan todas las desaladoras del programa AGUA. Por eso a menudo le
decimos, señora De Lara y demás portavoces que la acompañan, que las desaladoras tienen cero emisiones de CO2, aunque estén todo el día hablando de ello. Las desaladoras, aunque les parezca una imagen chusca, no tienen chimeneas, no producen humo;
cero coste de emisión. (Risas.) Es que ustedes lo dicen continuamente. Sí, usted ríase pero no sabe las barbaridades que dicen sus compañeros de Valencia. Aquí se las repito para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones'. Además, que las
energías sean renovables significa que habrá un coste cero de contaminación energética. Por tanto, las desaladoras son lo mejor que podíamos hacer y la mejor solución tanto para el coste energético como para la contaminación, es decir, para la
lucha contra el cambio climático.



La segunda cuestión que yo quería plantear es que en la política de agua llevamos tres años sin conseguir ni un solo acuerdo, solo hemos conseguido un martilleo constante. Quería decirle fundamentalmente a la señora De Lara, portavoz del
Grupo Popular en estas cuestiones, que, en primer lugar, el plan que ustedes traen -ya se lo ha dicho la Unión Europea pero se lo decimos de nuevo nosotros- es caduco y trasnochado, y le voy a dar las razones. Lo que le dijo la Comisión Europea es
que ni se atenía a las exigencias medio ambientales necesarias en este momento ni se atenía a los requisitos de racionalidad económica. Lea los informes previos porque usted solamente lee lo último. En relación con los requisitos ambientales, son
totalmente contrarios a las actuaciones que ahora hay que llevar a cabo para luchar contra el cambio climático. Pero más grave es que -no sé cómo usted lo defiende- para las cuencas mediterráneas el trasvase del Ebro no soluciona los problemas que
debería solucionar, es decir, en épocas de sequía -que ahora cada vez serán más recurrentes porque debido al cambio climático las tendremos más tiempo y más largas- resulta que no puede haber ni una gota del trasvase. Por tanto, sería un trasvase
absolutamente ineficiente e inútil. Ustedes no resolverían ningún problema. Ahora, con el programa AGUA, en tres años vamos a tener mucha más cantidad de agua que con el


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famoso trasvase que ustedes harían. Pero es que además trae otra cuestión que querría plantear y que ha sido la broma -si ustedes quieren- en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Aragón por el lío que ustedes han montado. Me refiero a
que con el trasvase del Ebro ustedes han creado graves problemas sociales de enfrentamiento. Quien crea la guerra del agua en este país es el Partido Popular con el trasvase del Ebro; primero la crean entre las comunidades autónomas y ahora esa
guerra la trasladan a su propio partido. Le leo una noticia de hace cuatro días: Camps insiste en el trasvase del Ebro pese a la creciente división que genera en el Partido Popular. Dos días más tarde: Camps y Valcarce insisten en Murcia en el
trasvase, pese al rechazo de Aragón. Dos días más tarde: Guerra del agua en el seno del PP. Rajoy al final tiene que decir que el trasvase es bueno. Si sobra un poco de agua, irá a las exigencias del PP levantino. Eso es, señor Pintado, en el
Heraldo de Aragón. ¿Por qué se monta todo este pollo? Porque ustedes, sin contar entre sí con sus propios compañeros, presentan nada menos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2008, diciendo que tiene que haber 600 millones de
euros para el trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y del Segura, tramo Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos días va el señor Rajoy a Valencia a decir: Aquí vengo yo con mi trasvase del Ebro a traer agua a Valencia. Pero
se tuvo que parar en seco, como se paró en seco el portavoz del PP de Aragón cuando se enteró de que existía esta enmienda. Como amenazó con que no se encontraría con el señor Rajoy, con su gran líder, este tuvo que callar aquello; y no solamente
eso -para que usted se alegre, señor Pintado-, sino que tanto el señor Martínez-Pujalte como el señor Zaplana tuvieron que decir que era un error, que no venía a eso. Titular: El PP reitera que no hay voluntad política, que es un error y que
retiran la enmienda. Entonces cometen -por eso se llama la enmienda disparate- la barbaridad de decir: No queríamos decir eso -está escrito-, queríamos decir trasvase Júcar-Vinalopó. ¿Qué ocurre? Que han acabado ustedes pidiendo un trasvase que
cuesta 300 millones; ustedes ahora dicen que se multiplique por dos y que cueste 600. Desde luego la política del agua que tiene el Partido Popular es obsoleta, caduca y totalmente disparatada, tal y como estamos viendo. Además ustedes durante
tres años no invirtieron en absoluto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, y nos encontramos -voy acabando, señora presidenta- con que en Murcia -ya que tanto dice su portavoz- estaba en el 6 por ciento, y en este momento usted sabe la cantidad
de dinero que se ha invertido en su región, que ha sido de toda España donde más se ha invertido en política de agua, y actualmente ustedes están bebiendo agua desalada, y si nos dejasen podríamos tener ya casi acabada la desaladora de Torrevieja.
A la desaladora de Torrevieja no solamente ustedes le han puesto obstáculos continuamente ante los tribunales españoles, ante la Comisión Europea, e incluso el Tribunal Constitucional se ha tenido que pronunciar al respecto y decir al Gobierno que
continué con la obra, sino que ahora nos hemos encontrado con algo sorprendente; se lo digo al diputado por Murcia, porque a lo mejor no se ha enterado, igual que los aragoneses no se enteraban de esto, pero se lo digo yo que soy de otro partido.
Para la desaladora que iba a garantizar nada menos que 80 hectómetros cúbicos, de ellos a 65.000 regantes de Alicante y de Murcia, esa desaladora del trasvase Tajo-Segura de la que usted dice que a ver cuando la terminan, ustedes han presentado una
enmienda para que se retire de los presupuestos. No sé si lo sabe usted, supongo que sí, señora De Lara.
Realmente es caduco, es un disparate lo que están haciendo, es un modelo trasnochado. Le voy a decir una cosa, porque durante tres años le he
preguntado casi todos los miércoles. Yo estoy asombrada, sorprendida e indignada por la profunda deslealtad institucional que ha aparecido en nuestras tierras a lo largo de todo este tiempo. Están poniendo todas las pegas que pueden al trasvase
Júcar-Vinalopó y a la desaladora de Torrevieja, y los titulares son continuos. El titular de ayer: Acuamed denuncia que lleva ocho meses esperando respuesta de la alcaldesa de Valencia para proceder a las obras de mejora del abastecimiento. Por
cierto, eso es una cosa de la señora alcaldesa. Lo paga el Gobierno de España y ella ni siquiera da los permisos. Desde luego, lo de ustedes es de una profundísima deslealtad institucional. A ustedes la política del agua les importa un comino, y
quienes la sufren somos los ciudadanos. Por tanto, a ver si se aclaran un poco entre ustedes mismos, presentan una política seria y, teniendo en cuenta que según los informes de la Comisión Europea el programa AGUA es la panacea para resolver los
problemas aquí, somos capaces de tener sensatez, de tener altura de miras y de poder llegar a acuerdos para que por fin los ciudadanos estén tranquilos de que el agua llegará como está llegando, más pronto, para siempre y, por cierto, de mejor
calidad que la que ustedes querían traer con el trasvase del Ebro, que era un desastre.



La señora PRESIDENTA: Siguiendo estrictamente el Reglamento en su artículo 203, la señora ministra va a cerrar el debate y no va a haber turno de réplica. (La señora De Lara Carbó: Depende de lo que diga.)


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): En primer lugar, quería señalar que la comparecencia se había pedido para hablar de la política del agua, que sigue siendo denominada política hídrica por el Grupo Popular; eso implicaba
una presentación y un debate sobre cuestiones de contenido general de toda la legislatura. Por tanto, en mi respuesta voy a entrar sobre todo en cuestiones generales que han sido objeto de comentarios de los portavoces. Lo haré así porque
cuestiones que son de detalle territorial o presupuestario han tenido otros cauces, sobre todo en lo que se refiere al debate sobre los presupuestos, que me imagino que, como siempre, habrá dado lugar a toda una serie de


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cuestiones que se estarán contestando por escrito por los altos cargos, pero si no es así y hay preguntas que quedan pendientes de algunas de las cuestiones que han formulado SS.SS. por supuesto pediré que se contesten.



Me gustaría hacer una intervención breve y de carácter general. Comenzamos esta legislatura con un tremendo enfrentamiento por la derogación del trasvase del Ebro. Lamento profundamente que al cabo de cuatro años al Partido Popular no le
interese en absoluto, al parecer, que se haya mejorado el conocimiento de las concesiones existentes en España para el agua, que haya mejorado sustancialmente la lucha contra los vertidos contaminantes, que se hayan modificado normas que permiten
que desarrollemos la política del agua dentro de la planificación de acuerdo con las normas europeas del año 2000; todo el debate una vez más en torno al trasvase del Ebro. Señorías, quiero darles alguna información que en algún momento he
ofrecido pero de la que, al parecer, ustedes no quieren enterarse. En primer lugar, el diputado por Murcia decía que todo lo que aquí sucede es que la ministra es una conversa hidráulica y que todo lo hemos hecho exclusivamente por obtener el voto
de Esquerra Republicana en el debate de investidura. Por una parte quiero recordarle, porque parece que no lo sabe, que la responsabilidad que yo tuve en el Ministerio de Medio Ambiente no tuvo nada que ver con la planificación hidrológica porque
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que me correspondió ocupar entre 1993 y 1996 no tenía ninguna competencia sobre planificación hidrológica, que era competencia de la otra Secretaría de Estado. Es posible que esto no les importe en absoluto
pero, por supuesto, no encontrarán ustedes ninguna defensa a ultranza de los trasvases por mi parte porque entonces pensaba prácticamente lo mismo que ahora. Por cierto, les invito a que lean el documento de la Comisión Europea sobre gestión de la
sequía y de la escasez, donde dice claramente que los trasvases y las grandes obras hidráulicas deben ser la última opción, señorías; la última opción, no que no se hagan nunca. Vean ustedes esa comunicación, sitúense en el año 2007 y dejen de
mirar hacia atrás porque, por supuesto, somos herederos de nuestra historia. En este país a nadie le preocupaba el cambio climático hace muy poco tiempo; en este país socialistas, populares y todas las fuerzas políticas pensaban que bastaba con
hacer obras hidráulicas. Esa es nuestra historia, pero evidentemente formamos parte del espacio europeo y lo lógico es que vayamos avanzando en un concepto muy diferente. En el año 2000, cuando me incorporé a la Ejecutiva Federal del Partido
Socialista en la responsabilidad de medio ambiente, precisamente mi primera tarea fue intentar con el ministro Matas, con el ministro de Medio Ambiente, un acuerdo político con el agua, porque en ese momento el Partido Socialista desde la oposición
planteaba una política de búsqueda de consensos.
Planteamos -lo recordarán bien- un pacto contra el terrorismo y por las libertades (El señor Hernando Fraile: Que han incumplido.), que al señor Rajoy le pareció de entrada un conejo sacado de la
chistera. También nos atrevimos a plantear un diálogo y un pacto posible con el ministro Matas.
Con él nos encontramos con que lo único que le interesaba era el trasvase del Ebro. Era lo único que le interesaba; el resto de la política del agua,
que estaba bien reflejada en sus carencias en el Libro Blanco del Agua del año 98, no le importaba en absoluto. Lo único que quería saber es prácticamente lo mismo que al cabo de todos estos años ustedes suscitan aquí: el trasvase del Ebro, el
único que por lo visto tiene que ver con la solidaridad interterritorial. En fin, con la presencia del diputado por Aragón entiendo que tengan ustedes incomodidades, pero parece que siguen queriendo llevar este tema a lo mismo una vez más después
del esperpento que ha habido con la enmienda que ya ha comentado suficientemente la diputada socialista. En el año 2000 propusimos al ministro Matas una política del agua diferente de la que los socialistas habíamos planteado, y aunque yo no fuera
la ministra en ese momento ni fuera el secretario de Estado el que llevaba la planificación hay un cambio de orientación y el año 2000 el Partido Socialista proyecta una política del agua diferente y la plasma el año 2001 en una iniciativa
legislativa. Señorías, el año 2001 nos quedamos solos ofreciendo esa alternativa. Algunos, como el Grupo de Convergència i Unió, ya han tenido ocasión de explicar por qué votaron a favor entonces y después no votaron a favor del trasvase del Ebro;
en todo caso lo cierto es que procede del año 2001 un cambio no verbal, un cambio por escrito, un cambio que tiene que ver con la proposición de ley del Grupo Socialista alternativa al Plan Hidrológico Nacional, por lo tanto mucho antes de que
hubiera un acuerdo, una coincidencia y un apoyo de los grupos de la Cámara. También lo incluimos en nuestro programa electoral, pero habiéndolo propuesto el año 2001 yo comprendo que esto no les interesa escucharlo, porque parece ser que prefieren
seguir diciendo una y otra vez que si derogamos el trasvase del Ebro fue por una cuestión coyuntural del año 2004, cuando el año 2001 habíamos presentado una iniciativa legislativa.



De todas maneras, señorías, el problema es efectivamente cómo se estaba suscitando el trasvase del Ebro y por qué tenía informes contrarios de la Comisión Europea. Solo les diré dos cosas: se planeaba la obra sin que se hubiera aprobado
por el Gobierno el decreto que la propia Ley del Plan Hidrológico Nacional establecía para asignar concesiones de agua precisas a usuarios concretos. Algunas veces cuando la gente dice: Nos iban a traer el agua del Ebro, yo les contesto: ¿Me
enseñas en qué papel dice que tu comunidad de regantes iba a recibir esa agua? Porque no se desarrolló la Ley del Plan Hidrológico Nacional en un aspecto que hubiera dado al menos una credibilidad diferente al trasvase. Además de eso la propia
ministra Elvira Rodríguez dijo públicamente que las tarifas se conocerían cuando se terminara la obra. He comentado estas dos cuestiones porque si ustedes leen con seriedad, y no aduciendo que todo lo que dice la


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Unión Europea que no les gusta no lo tienen en cuenta, como hacen a veces; repito, si ustedes leen los informes de las direcciones generales de la Comisión, verán estas cuestiones de planteamiento de para quién era esa agua de verdad, no
agregadamente, no los 1.050 hectómetros cúbicos agregadamente, no, para quién, porque lo decía la Ley del Plan Hidrológico, pero nunca hubo ese decreto, nunca hubo concesión a nadie de un solo hectómetro cúbico del Ebro, nunca, y además tampoco
nunca nadie supo lo que iba a tener que pagar por el agua del Ebro. Señoría, a partir de ahí ustedes cuestionan lo que estamos haciendo. Si las cosas tienen un ritmo más lento del que por supuesto también a nosotros nos gustaría, eso tiene que ver
en primer lugar con hacer las cosas de otra forma, con saber, primero, a quién va destinada el agua y establecer convenios. Por cierto, todos ustedes saben que hay convenios firmados con compromisos y con tarifas establecidas con usuarios tanto de
ayuntamientos como con usuarios agrícolas. Así es como hemos avanzado, viendo quién iba a recibir el agua y estableciendo unas condiciones económicas conocidas por quienes van a recibir el agua. Esa es una de las razones por las cuales la Comisión
Europea está financiando el programa AGUA de las cuencas mediterráneas, porque la viabilidad económica es fundamental y también, obviamente, porque en el trasvase del Ebro no se habían tenido en cuenta de manera suficiente impactos sobre el Delta
del Ebro. Todo eso está en los informes de la Comisión Europea. Ustedes, al cabo de cuatro años, vuelven a plantear este debate añadiendo este tipo de descalificaciones como que el Gobierno no está haciendo nada.



Yo quiero decirles lo que este Gobierno ha hecho con cifras contrastables.
Licitaciones. Licitación de obras de política del agua: del año 2000 al 2003, 6.353 millones de euros y del año 2004 al año 2007, 8.517 millones de euros.
Adjudicaciones: del año 2000 al 2003, 5.028 millones de euros y del año 2004 al 2007, 7.591 millones de euros. Inversión ejecutada: del año 2000 al 2003, 5.698 millones de euros y del año 2004 al 2007, 7.344 millones de euros. (La señora De Lara
Carbó: Pero¿dónde están si no hay agua?) ¿Y saben ustedes en qué comunidades autónomas ha aumentado más la ejecución de las inversiones de política de agua de todo el conjunto del territorio español? Pues fíjense, en Valencia, Murcia, Castilla-La
Mancha y Madrid. (La señora De Lara Carbó: ¿Madrid?) Son las comunidades autónomas donde el resultado de ejecución de presupuestos en esta legislatura ha sido mucho más importante de lo que fue la ejecución de la inversión en la política del agua
en la anterior legislatura. Esos son datos contrastables, señorías.



Por supuesto el señor Pintado, como es lógico y es su obligación, plantea los temas relativos a Aragón. Señor Pintado, nosotros estamos abordando obras diferentes de como estaban concebidas no solo ya en el año 1992 con el pacto del agua.
Usted sabe muy bien que algunas de esas obras tienen muchos años atrás en su historia y en su concepción, pero no se han hecho. No las hemos hecho todavía y estamos modificándolas para que se puedan hacer, no las hicieron ustedes en la anterior
legislatura y no las hizo el Gobierno socialista después del año 1992. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas de esas obras están planteadas con criterios que hoy no se ajustan ni al conocimiento científico, ni a las exigencias ambientales, ni a
las exigencias de consenso social. Por eso, señoría, mi compromiso es y sigue siendo atender a lo que las instituciones aragonesas han conseguido promover en esta legislatura, que es una modificación de algunas obras del pacto del agua, obras sin
duda de mucha envergadura que tenemos que hacer de otra forma. Por tanto, no es que la ministra haya cambiado las obras; no. La ministra de Medio Ambiente está atenta a los consensos que se alcanzan, que en algunas ocasiones son más unánimes y en
otras algo menos. Todos sabemos que el recrecimiento de Yesa no goza de un consenso unánime. Si estuviera aquí el señor Labordeta explicaría por qué. En todo caso, lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que surge de las instituciones
aragonesas, en las que el Partido Popular ha participado. Estoy convencida, señorías, de que todo lo que estamos haciendo cara al futuro acabará encontrando una convergencia con los responsables políticos del Partido Popular, porque no puede ser de
otra forma, porque hoy no se puede exponer en este país la política del agua como hace diez, veinte o treinta años; eso es completamente imposible. Yo comprendo que reajustar el planteamiento cuesta un tiempo y un esfuerzo, pero es verdad también
que en esta legislatura han sido ustedes la única fuerza política que se ha quedado agarrada al pasado; eso es lo que tiene que cambiar. Yo estoy completamente segura de que en muchas cuencas hidrográficas, que no tienen esta especie de presión
permanente del recuerdo del mito del Ebro, vamos a tener acuerdos muy notables en la planificación hidrológica que ya ha comenzado.
Evidentemente, en las cuencas mediterráneas lo que ustedes quieren es trasladar a los ciudadanos que no se está
haciendo nada, (La señora De Lara Carbó: Lo que quieren es agua.) cuando se está haciendo, cuando hay, como se ha señalado, muchos más hectómetros cúbicos disponibles hoy en Valencia y en Murcia que los que había al inicio de la legislatura y
cuando en Almería se ha puesto en funcionamiento la planta de Carboneras.
Comprendo que les resulte incómodo tener que reconocer que la planta de Carboneras estaba en el estado en que se encontraba cuando comenzó la legislatura y que ha sido ahora
cuando ha entrado en funcionamiento y se ha seguido avanzando en el diseño del resto de las plantas. Igual que ustedes no quieren reconocer la desaladora de Marbella como algo que este Gobierno ha financiado para que funcione, porque estaba
construida, pero no funcionaba. (El señor Hernando Fraile: La había paralizado la Junta de Andalucía.) Si ustedes quieren entrar en un debate obra a obra y explicación a explicación les invito a que todas aquellas


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preguntas que no hayan tenido un cauce en el debate presupuestario vuelvan a formularlas.



Sinceramente, me parece increíble que al cabo de cuatro años, hoy, al final de la legislatura, no les interese a ustedes nada más que intentar demostrar que haber sustituido el trasvase del Ebro fue una decisión ligada exclusivamente a
conseguir la investidura. (El señor Garre López: Dígaselo a ella, a mí no.) Eso demuestra que ustedes o no quieren tener memoria o no estudian, señorías. En el año 2001 ¿dónde estaba usted, señoría? ¿No sabe que hubo una proposición de ley del
Grupo Socialista sustituyendo el trasvase del Ebro por otras actuaciones? Pero siguen instalados erre que erre en decir, como manifiesta algún responsable político de la Comunidad Valenciana, que las centrales de desalación son centrales nucleares
(Rumores.) Con ese tipo de argumentos, señoría, no se pueden hacer debates con ninguna seriedad. Lo lamento y, por supuesto, estoy a disposición para contestar por escrito cualquier curiosidad que tengan respecto a la ejecución de los presupuestos,
respecto a obras concretas. No tengo ningún problema, pero lamento profundamente que se hayan quedado tan atrás en el tiempo.



Señor Guinart, le agradezco su intervención. En el ámbito de los planes de cuenca por supuesto que todas las opciones pueden ser consideradas. Si no se han estimado hasta la fecha, también es verdad que en el caso que usted suscita
reiteradamente del trasvase del Ródano, como alguna vez le he explicado, la Generalitat de Catalunya ha planteado para el medio y largo plazo una política del agua que afirma no necesitar aportaciones externas. Por tanto, también tenemos que partir
de cuál es ahora mismo la situación, las perspectivas, pero -insisto- el ministerio no está cerrado a ninguna opción. Simplemente quiero recordar, y ahí está el documento de la Comisión Europea que habla de trasvases y de obras hidráulicas, por
detrás por cierto de la política de tarificación del agua, de una política de gestión eficiente del agua, en particular en la agricultura.
Eso es lo que toca en estos momentos y estaremos abiertos a cualquier análisis que queramos hacer a la hora
de la planificación hidrológica que afecta a Cataluña, en colaboración con las instituciones autonómicas.
Hemos empezado ya a subvencionar, a través de las líneas de I+D del ministerio, la reducción del consumo de energía en las plantas desaladoras
y la incorporación de energías renovables asociadas a la desalación.



Es verdad que el gasto que se hace en I+D tarda un tiempo en dar resultados satisfactorios, pero se puede hacer mucho, como estamos haciendo, señoría, con la colaboración de expertos, por ejemplo, de la Universidad de Alicante, para evitar
cualquier impacto negativo de la salmuera en los fondos marinos. Estamos abiertos a ese cambio tecnológico, que sé que ustedes apoyan, igual que han respaldado con carácter general -también lo agradezco- la política del agua que hemos orientado
desde el Ministerio de Medio Ambiente. Habrá que seguir avanzando -no hemos hecho más que empezar en muchas cosas- también en esa necesaria reorientación de la política del agua, que se llame a las cosas por su nombre y que cuando se plantee una
gran obra hidráulica no se pretenda construir sin que se sepa la tarifa ni para quién va a ser el agua, porque eso es algo que pertenece al pasado. Nunca más podrá haber una obra hidráulica en este país que se plantee en esas condiciones.



Muchas gracias, señora Serna, por su intervención y por su apoyo.



La señora PRESIDENTA: No habiendo más puntos en el orden del día, damos por finalizada esta sesión.



Se levanta la sesión.



Eran las tres y treinta minutos de la tarde.