CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 942

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA DELIA BLANCO TERÁN

Sesión núm. 37

celebrada el lunes, 19 de noviembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del secretario de Estado de Turismo y Comercio (Mejía Gómez) para informar sobre:


- La reforma de los créditos FAD. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001544.)... (Página 2)


- El proceso que se está llevando a cabo y la situación actual de la elaboración el proyecto de ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y del proyecto de ley que reformule la regulación de los créditos CESCE, tal y como se
especifica en las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa. A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/001548.)... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.



Por acuerdo de la Mesa y oídos los portavoces en la reunión del pasado día 25 de septiembre, las iniciativas se tramitarán de manera acumulada siendo ambas sustanciadas por el secretario de Estado de Turismo y Comercio. La primera es la
comparecencia de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional para informar sobre la reforma de los créditos FAD, a petición del Grupo Parlamentario Popular, y la segunda es la comparecencia del secretario de Estado de Turismo y Comercio
para explicar el proceso que se está llevando a cabo y la situación actual de la elaboración del proyecto de ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo y del proyecto de ley que reformule la regulación de los créditos Cesce, tal y como se
especifica en la disposición transitoria primera y tercera de la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa.
Esta comparecencia es a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Bienvenido a esta Comisión, señor secretario de Estado, que es la suya también, aunque entiendo que está más acostumbrado a estar en la Comisión de Industria y Comercio. Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Turismo y Comercio.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (Mejía Gómez): Es un placer para mi comparecer ante esta Comisión para trasladar a la misma cuanta información pueda resultar de especial interés relativa a las competencias de esta
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y, en particular, en lo relativo al pasado, presente y futuro del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Además de hablar del FAD, quisiera aprovechar la oportunidad para exponer ante SS.SS. otros dos temas de
actualidad que creo que son de interés para esta Comisión. Son las negociaciones comerciales que se llevan a cabo a escala multilateral, la ronda Doha, y la situación actual de las negociaciones entre la Unión Europea y varios grupos de países en
desarrollo para la firma de los acuerdos de partenariado económico.



En una primera instancia mi deseo es discurrir por la vida del Fondo de Ayuda al Desarrollo haciendo especial hincapié en los principales hitos que a lo largo de la misma han ido conformando el carácter del instrumento hasta llegar a su
reforma, reforma que deriva de la disposición transitoria primera de la Ley 38/2006, de 6 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, y del convencimiento de la necesidad de especialización de los instrumentos de cooperación y de
internacionalización en la consecución de sus propios fines. El objetivo es adaptarnos a las necesidades de nuestra política de cooperación en consonancia con la decidida apuesta del Gobierno por convertir a nuestro país en uno de los principales
países donantes, lo que conlleva una mayor responsabilidad, y, por otra parte, la continua necesidad de apoyar cada vez mejor a nuestras empresas en un contexto caracterizado por mercados cada vez más competitivos y globalizados. En nuestra
opinión, la reforma del FAD también debe venir acompañada de nuevos instrumentos que permitan responder a las nuevas demandas de apoyo financiero a la internacionalización de nuestras empresas. A este respecto y desde un primer momento quiero
manifestarles que la secretaría de Estado ha trabajado decididamente en dicha reforma. Como les informaré hoy, la reforma del FAD ya se está produciendo de facto. Una reforma como la que estamos realizando es de gran complejidad y requiere, además
de tiempo, un importante esfuerzo por parte de todos los implicados y, por tanto, no es algo que pueda ni deba improvisarse. Lamentablemente, si bien hemos trabajado y hemos avanzado mucho hasta hoy, no hemos podido en el momento actual presentar a
esta Cámara un texto concreto, como hubiera sido nuestro deseo, pero sí puedo informarles sobre las líneas, orientaciones, principios y objetivos contenidos en los trabajos concluidos a la fecha de hoy por el Gobierno en lo relativo a la
formalización de la reforma del instrumento. Estamos, pues, ante un momento especialmente relevante, puesto que después de más de tres décadas asistimos a un cambio sustancial del que ha sido uno de los principales instrumentos de nuestra política
en relación con el exterior.



A continuación paso a enfocar cada uno de los tres aspectos sobre los que quiero centrar mi exposición hablando, en primer lugar, sobre el FAD.
Como saben, el fondo nace en 1976, donde la especialmente complicada coyuntura económica de
España a finales de los setenta y principios de los ochenta marca los primeros años del instrumento, apostando por el mismo como claro mecanismo de reactivación e impulso de la actividad exportadora. El FAD surge precisamente en el momento en el
que se concluían las negociaciones en el seno de la OCDE sobre directrices en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial -el llamado consenso de la OCDE-, por lo que se optó por diseñar un instrumento consecuente con dicho acuerdo. Por
ello, la actividad básica del mismo desde un principio pasa a ser la financiación reembolsable, en condiciones blandas para la época, de proyectos de exportación de empresas españolas, créditos ligados a países en desarrollo. Las características de
los proyectos financiados por el fondo, casi siempre consistentes en el suministro de bienes de equipo, muchas veces parte de proyectos de ingeniería civil de promoción pública, así como las características especiales de los países beneficiarios de
los fondos FAD -en su gran mayoría países latinoamericanos en desarrollo-, confieren al fondo un papel destacado en la incipiente política de cooperación al desarrollo de España. Así pues, el fondo evoluciona hacia un doble fin, el apoyo a la
internacionalización de nuestras empresas y la cooperación al desarrollo. En la década de los noventa sin embargo se van a producir diversos


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acontecimientos que marcan la evolución del fondo y voy a citar aquellos que son más relevantes.



A nivel bilateral, la superación de la crisis de la deuda de los ochenta y el establecimiento de bases más sólidas para el crecimiento económico de los países considerados prioritarios por España en sus relaciones bilaterales supuso un
importante impulso y desarrollo a finales de los ochenta y principios de los noventa de importantes proyectos con cargo al FAD, principalmente en países iberoamericanos. Es importante recordar que el FAD era parte integrante y básica de los
tratados generales de cooperación y amistad que se firmaron con muchos países latinoamericanos con el fin de reforzar nuestros vínculos en los años siguientes a nuestra entrada en la entonces Comunidad Económica Europea y, sin duda alguna, se
convirtió en la base para la importante presencia actual de empresas españolas en muchos países de América Latina como Argentina, México, Colombia y Perú entre otros.



A nivel multilateral es preciso hacer mención de la aprobación en 1992 del paquete Helsinki en el marco del consenso, puesto que el mismo pasa a introducir importantes restricciones a los países miembros en la utilización de la ayuda ligada
a la exportación. Uno de los primeros resultados es la derivación -unos años más tarde es cuando el paquete empieza a funcionar efectivamente- geográfica del instrumento y se produce una especialización geográfica en países menos desarrollados como
China, Marruecos, países de Centroamérica y África y otros más pobres en el caso de América Latina. Por último, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo, traspuso las directrices que, en materia de ayuda,
emanaban del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. De esta forma, se optó por otorgar a un instrumento como el FAD, que había nacido veinte años antes, la ejecución de una parte de la política de cooperación española, exigiendo que este
respetase las restricciones y recomendaciones que surgían del CAD.



¿Qué hemos hecho y qué ha ocurrido con el FAD en la presente legislatura? Saben ustedes que el aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo y la adecuación de los instrumentos existentes han sido dos objetivos del Gobierno. En relación con el
segundo de estos objetivos, si bien se trata de un proceso lento y complejo y que debe hacerse con el máximo consenso, durante los tres años y medio de legislatura se han introducido numerosas mejoras en la gestión del instrumento y se ha iniciado
la reforma del mismo, incluso vía disposiciones legislativas, con lo que desde un punto de vista práctico también se ha avanzado mucho en la consecución del segundo objetivo.



A continuación paso a referirme a los cambios introducidos para conseguir una creciente especialización del fondo en la consecución de los nuevos objetivos de la cooperación y las necesidades de apoyo a la internacionalización, siempre bajo
el principio de coherencia de políticas tratando de dar respuesta a los interrogantes abiertos ya desde hace años y a los que hemos hecho referencia. La Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año
2005, incluyó por vez primera en el artículo relativo al FAD -el artículo 55 de la ley- de forma explícita que al menos 125 millones de euros de la dotación del FAD fueran destinados por el Consejo de Ministros a proyectos de desarrollo humano
sostenible en la forma de créditos, líneas de financiación y donaciones, tanto de forma bilateral como canalizados a través de instituciones financieras de desarrollo, pudiéndose adjudicar a empresas de cualquier país incluyendo empresas locales y
de otros países en desarrollo. Esta redacción suponía la explicitación del compromiso del FAD con los objetivos de desarrollo del Milenio. En segundo lugar, una apuesta clara del Gobierno ha sido avanzar en la especialización del instrumento en
sus distintas vertientes adecuándolo por tramos de financiación a sus distintos objetivos. Esta idea se ha ido reflejando claramente en las siguientes leyes presupuestarias. Así, ya en la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2006, se inició una nueva etapa para el Fondo de Ayuda al Desarrollo al incluirse por primera vez en su historia la posibilidad de que con cargo al mismo el Consejo de Ministros pudiese aprobar hasta un máximo de 330 millones
de euros para programas de desarrollo y fondos fiduciarios internacionales. Este importe fue posteriormente ampliado en 528 millones de euros adicionales mediante la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa, al objeto de financiar la
contribución de España al fondo del PNUD para los objetivos de desarrollo del Milenio. De este modo se daba cumplimiento al compromiso político de este Gobierno de adecuar el peso de la economía española a nivel mundial con su peso en las
instituciones de desarrollo. Este compromiso también se ha mantenido en la Ley de Presupuestos para el año 2007 y en el anteproyecto que ahora mismo se está tramitando, correspondiente al año 2008. De hecho, la cantidad que el Consejo de Ministros
ha podido aprobar para este tipo de iniciativas ha ido aumentando con los años, pasando de 330 millones en el presupuesto para el año 2006 -ampliados luego en otros 528- a 774,89 en 2007 y a 1.572,14 millones de euros previstos en el anteproyecto
para 2008. Como consecuencia de estos cambios y en aras de una mayor claridad, en el año 2007 se optó por quebrar un principio que hasta entonces había guiado la gestión del instrumento, que es el de unicidad en la dotación. Mediante esta división
presupuestaria el fondo mantiene su carácter único, pero pasa a nutrirse de tres aplicaciones presupuestarias distintas, vinculadas cada una de ellas a un fin distinto y consignadas en el presupuesto de los tres ministerios con iniciativa en la
aprobación de operaciones para cada fin con cargo al FAD. Este importante cambio se concreta en que el ministerio competente en la coordinación de la política de cooperación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a partir de enero
de 2007 tiene la posibilidad de


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proponer a la comisión interministerial del fondo, para su posterior elevación al Consejo de Ministros, propuestas con cargo al FAD hasta un determinado límite cuantitativo con el único propósito de responder de forma específica a los
intereses y objetivos de nuestra cooperación al desarrollo. A su vez, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene igualmente fijado un límite anual de aprobaciones con cargo al FAD a propuesta de dicho departamento para cubrir las contribuciones y
cuotas a instituciones financieras multilaterales, así como a fondos fiduciarios constituidos en las mismas. Por último, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantiene su iniciativa para elevar las propuestas a la Cifad apostando por
operaciones fundamentalmente de préstamos concesionales para la financiación de proyectos de infraestructura contratados con empresas españolas. Asimismo tengo que referirme de nuevo a la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa, puesto que
está en el espíritu de la misma la inconveniencia de financiar de forma reembolsable a aquellos países sobreendeudados. Esta circunstancia ha tenido en materia del FAD como principal consecuencia la aplicación de fuertes restricciones a la asunción
de compromisos de financiación reembolsable con los países HIPC. Sí se han respetado, con la aprobación del Consejo de Ministros, los compromisos de financiación asumidos con anterioridad a la aprobación de la ley, siempre con la ratificación del
beneficiario y dentro de los márgenes y en las condiciones fijadas por las instituciones multilaterales. Por su parte y de cara a atender las nuevas exigencias y necesidades en materia de apoyo financiero oficial a la internacionalización de las
empresas, destaca la redefinición dada al instrumento en el año 2005, año en el que se aprobó la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad. Dicha norma introduce la posibilidad de ampliar el principio de
garantía soberana de la financiación reembolsable pudiéndose realizar a partir de este momento hasta ciertos límites operaciones sin garantía soberana.
Estas limitaciones son las siguientes. En primer lugar, deben ser operaciones de préstamo a
administraciones subnacionales o empresas públicas ciñéndose siempre a los límites y criterios que establezca la Cifad y, en segundo lugar, no se podrá superar anualmente un techo del 5 por ciento del importe máximo de aprobaciones por Consejo de
Ministros previsto en los presupuestos para el fondo.



A continuación, quisiera hacer un breve balance de las cifras más relevantes de la legislatura. Respecto a la distribución geográfica hay que destacar la mayor concentración del instrumento en el continente africano -más de un tercio
durante la presente legislatura- respondiendo así al compromiso del Gobierno de dar prioridad a la región. Las contribuciones a África subsahariana han perdido peso en el conjunto de la financiación reembolsable pasando de representar el 11,27 por
ciento en el conjunto del periodo 1976-2007 a ser el 7,8 por ciento en el periodo 2004-2007, pero la financiación otorgada es más acorde con sus necesidades. De los datos de la legislatura destaca una clara reducción del peso de Latinoamérica, que
ha pasado de suponer el 35 por ciento de la cartera bilateral global a ser tan solo un 10 por ciento durante la legislatura.



Quiero referirme ahora al tremendo esfuerzo presupuestario realizado durante la presente legislatura para incrementar notablemente el componente de cooperación básica del fondo en concepto de contribuciones a organismos multilaterales,
esfuerzo que no es sino una nueva muestra del compromiso de este Gobierno con los países en desarrollo y que ha convertido a nuestro país en el octavo donante a nivel mundial; esfuerzo que, por otro lado, ya está siendo reconocido
internacionalmente, tal y como quedó de manifiesto en el último examen del Comité de Ayuda al Desarrollo que tuvo lugar la semana pasada en París, cuyo informe se presentará a principios del próximo mes en nuestro país. Respecto a la evolución del
peso del FAD gestionado por la Secretaría de Estado, Turismo y Comercio dentro del cómputo de la AOD, podemos decir que los años precedentes ha disminuido considerablemente. El peso de la AOD derivada del FAD sobre el total de la AOD ha pasado de
suponer un 12,65 por ciento en el año 2003 a un 2,46 en el año 2004 y un 2,11 en el año 2005. El FAD especialmente durante los últimos años ha ido asumiendo un mayor compromiso con la cooperación, y la tendencia se refleja claramente en el proyecto
de Ley de Presupuestos para el año 2008, en la que se dobla la dotación presupuestaria de las partidas destinadas a este fin; de hecho, la dotación del fondo ha pasado de 1.200 a 2.342 millones de euros. En la presente legislatura se ha buscado la
forma de atender a las nuevas exigencias de nuestra cooperación y también de nuestras empresas bajo el marco legal vigente optando, en consecuencia, por una especialización por tramos presupuestarios en uno u otro fin, es decir, hemos hecho un
esfuerzo coordinado por ajustar el marco legal vigente a los nuevos condicionamientos y exigencias de ambas políticas, la de cooperación y la de internacionalización. De facto, podemos decir que ya no solamente hemos comenzado la reforma sino que
la misma esta muy avanzada. Tan solo nos resta concluirla y ver su reflejo formal a través de una ley. Sin duda, y en esto estoy seguro que todos estamos de acuerdo, creo que esa voluntad de mejorar es la que ha propiciado la germinación de un
amplio consenso respecto a las necesidades de la reforma del instrumento.



Teniendo en cuenta lo anterior, permitan que les adelante algunos de los principios sobre los cuales hemos venido trabajando y que en opinión de nuestro departamento deben guiar la futura reforma del instrumento. En primer lugar, detraer la
dimensión o finalidad de tipo comercial; en segundo lugar, desvincular la ayuda con cargo al FAD en atención a las recomendaciones, declaraciones e indicaciones dadas por los organismos internacionales vinculados a la cooperación al desarrollo, con
excepción de aquellas iniciativas de ayuda humanitaria o de emergencia cuya urgente ejecución aconseje la vinculación de la ayuda a la exportación de bienes o


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servicios españoles o a la ejecución de los programas por parte de entidades españolas de reconocida eficacia. Debe centrarse de manera exclusiva en la ayuda no reembolsable de las iniciativas con cargo a dicho fondo y debe formalizar la
plena integración del FAD en nuestra cooperación en los lineamientos del Plan Director de Cooperación, en los planes anuales de cooperación internacional, así como en el resto de documentos indicativos de nuestra cooperación.



Una vez descrita la reforma del FAD, voy a referirme ahora al cumplimiento de la disposición transitoria tercera de la Ley 38/2006, reguladora de la gestión de la deuda externa, relativa a la reformulación de los seguros de crédito por
cuenta del Estado y gestionados por Cesce de cara a minimizar su impacto en la generación de la deuda. A través del seguro de crédito por cuenta del Estado suministrado por Cesce se articula uno de los principales instrumentos de apoyo financiero
oficial a la internacionalización en términos comerciales. Este apoyo permite estructurar ofertas financieras con las que nuestros exportadores puedan competir en los mercados internacionales en condiciones semejantes a las de sus competidores. A
través de él, el Estado facilita la entrada de empresas españolas en operaciones de exportación facilitando la cobertura de los riesgos políticos y comerciales asociados a las mismas. El seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado se
administra por Cesce, empresa con mayoría de capital público y de derecho privado. Entre los productos de seguro de crédito a la exportación gestionados por esa compañía cabe destacar en especial, por sus implicaciones en materia de deuda, la
póliza de crédito comprador a medio y largo plazo. Esta póliza está pensada para aquellas operaciones en las que una entidad financiera otorga a un comprador extranjero, público o privado, un crédito para la adquisición de bienes y servicios
españoles. Mediante la misma se garantiza a la entidad financiera el reembolso del crédito cubriendo tanto el riesgo comercial como los riesgos políticos y extraordinarios hasta un porcentaje máximo de cobertura del 99 por ciento. Como resultas de
esta póliza, en caso de impago del servicio de la deuda por parte del deudor y por cualquiera de las contingencias cubiertas, Cesce indemniza al banco financiador y asegurado pasando el Estado a subrogarse la deuda impagada. Evidentemente, cuando
el deudor es un Estado extranjero sus impagos generan una deuda con España, es decir España pasa a tener la titularidad de la deuda. Lo mismo ocurre cuando siendo el deudor privado este no puede atender sus obligaciones de pago debido a alguna
decisión del Gobierno del país suyo de residencia. Este mecanismo y tipo de póliza es utilizado por todos los países de la OCDE, quienes están obligados a cumplir las normas y procedimientos regulados previstos en el consenso.
En el espíritu de la
Ley reguladora de gestión de la deuda externa se apuesta por evitar todas aquellas situaciones que puedan provocar el sobreendeudamiento de los países y la disposición emplaza a presentar el proyecto de ley que reformule la regulación de los
créditos que asegura Cesce para minimizar su impacto en la generación de deuda. Para dar respuesta a esa obligación, de nuevo también aquí tengo que señalar que si bien no disponemos todavía del texto que pueda ser presentado a la Cámara, el
Gobierno ha trabajado mucho en el mismo y de nuevo aquí se han producido importantes avances. El objetivo de la reforma en la que hemos venido trabajando no es otro que el de establecer un mecanismo que garantice que la actividad de la compañía sea
coherente con el principio citado. En este sentido, la reforma del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado debe estar basada en los siguientes principios: que en la aprobación de cada cobertura y con el fin de minimizar el impacto
en la generación de deuda de los países de destino de los proyectos de exportación que reciben apoyo oficial a través de dicho seguro gestionado por Cesce, se analice cada operación con relación al nivel de endeudamiento del país de acuerdo con las
directrices y recomendaciones de los organismos multilaterales; en el caso de países pobres altamente endeudados -HIPC-, establecer un mecanismo de aprobación especial que refleje y contemple las circunstancias que hacen necesaria la cobertura. Al
mismo tiempo, y en paralelo a la reforma de ambos, FAD y seguro de riesgo por cuenta del Estado, debemos trabajar en la definición de nuevas formas de apoyo que permitan a nuestra economía profundizar en su creciente internacionalización. El
desarrollo del sector privado, la inversión directa extranjera y la transferencia de tecnología deben jugar un papel muy relevante en el proceso de desarrollo.



La referencia al papel del sector privado a través del comercio y de la inversión me permite enlazar con el segundo de los temas que deseo tratar durante la presente intervención, a saber, la situación actual en la negociación de acuerdos de
partenariado económico con los países de África, Caribe y Pacífico, conocidos como los países ACP, así como la iniciativa de ayuda al comercio. Por último, quisiera finalizar comentándoles cual es la situación actual de las negociaciones de la
ronda Doha. En este sentido, dentro del amplio conjunto de iniciativas, tanto de ámbito multilateral como bilateral, actualmente en marcha, quiero destacar la negociación de los acuerdos de partenariado económico con los países ACP. Estas
negociaciones se iniciaron por la necesidad de ajustar el marco de relaciones de la UE con los países en desarrollo a dos requisitos: la adaptación del régimen comercial preferencial de la UE con los países ACP para cumplir con la legalidad
internacional, ya que el actual marco del convenio de Cotonou no es conforme con las normas de la Organización Mundial del Comercio, y, en segundo lugar, la necesidad de generar un nuevo marco de relaciones que supere la dinámica actual a través de
unos acuerdos que actúen como verdaderos instrumentos de desarrollo mediante la promoción de la integración regional de estos países, el estímulo a los flujos de comercio-inversión, la consiguiente creación de mercados más amplios y la integración
de estos países en la


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economía mundial. Como saben, décadas de preferencias comerciales de carácter unilateral acompañadas de ayuda financiera no han servido para aliviar la pobreza y sentar las bases para el desarrollo de muchos de los países ACP. Después de
32 años de funcionamiento de este marco de relación, creo que el balance es muy pobre. Si en 1976 casi un 7 por ciento del total de las importaciones comunitarias provenía del área ACP, en la actualidad este porcentaje ha caído a menos del 3 por
ciento. Es importante subrayar, por otra parte, que dos tercios de los productos que la UE compra a los países ACP son materias primas, es decir productos de bajo valor añadido y cuyos precios se ven sometidos a grandes fluctuaciones en los
mercados internacionales, lo cual genera una gran inestabilidad en los ingresos por exportación de estos países. Por el contrario, y de acuerdo con el Banco Mundial, muchos países en desarrollo de Asia y América han pasado a ser participantes en
los mercados globales de mercancías y servicios, lo cual ha revertido en una reducción sustancial de la pobreza. Los países de África subsahariana recibieron en 2006 menos del 2 por ciento de la inversión extranjera directa total frente a un 18 por
ciento que tuvo como destino a los países del sudeste asiático. En ausencia de unos flujos abundantes y reguladores de inversión no pensamos que será posible generar una dinámica de crecimiento suficiente que permita alcanzar los objetivos del
Milenio de reducción de la pobreza en un 50 por ciento antes de 2015. Los datos señalan, por tanto, que los países ACP, y de una forma destacada de la región de África subsahariana, no están recibiendo todos los efectos positivos que se derivan del
comercio. En este sentido, el marco de jurídico de la Organización Mundial del Comercio se apoya en los principios de la teoría del comercio internacional, si bien contiene una serie de excepciones y cautelas para amparar sensibilidades
específicas, como es el caso de los países en desarrollo y menos adelantados. No cabe duda de que el ámbito y el ritmo de la liberalización comercial norte-norte presentan rasgos diferenciales respecto a la norte-sur e incluso la sur-sur. Por
ello, la consideración de un margen más amplio para excluir productos o sectores de la liberalización comercial, así como la previsión de plazos de desmantelamiento de aranceles más amplios deben permitir acompasar el proceso a las necesidades de
cada país con el fin de evitar los shocks de ajuste. La Comisión Económica para África, de las Naciones Unidas, en su informe económico sobre África 2007, subraya la profunda necesidad de diversificación productiva y de inversión, que depende
crucialmente de una serie de factores, tanto de índole interna -el buen gobierno, el entorno regulatorio, la productividad de las ventajas comparativas- como externa -el acceso efectivo a los mercados, la integración regional o los acuerdos
comerciales negociados-. La existencia de importantes restricciones por el lado de la oferta impiden a estos países aprovechar el impacto positivo que en su desarrollo pueden ejercer las condiciones preferenciales de acceso a los mercados europeos.

La reforma de las políticas comerciales es complementaria de otros aspectos de la política de desarrollo como medidas internas de políticas de infraestructuras o programas sociales, políticas y programas en cuya implementación la AOD debe jugar su
papel. Para establecer condiciones de progreso real habría que convenir un marco a largo plazo suficientemente lejano -se contemplan periodos que podrían llegar a los veinte años- para la eliminación de las barreras al comercio de mercancías y la
liberalización del comercio de servicios. Sin embargo, la sola reducción o eliminación de aranceles y otras barreras al comercio es una condición necesaria pero no suficiente para que los países en desarrollo vean mejorar sus resultados en materia
económica. La apertura ha de ir acompañada de reformas profundas en políticas macro y sectoriales, así como en su marco legislativo con el fin de crear un cuadro estable y predecible de seguridad jurídica que contribuya a la eliminación de las
prácticas de corrupción, favorezca la atracción de la inversión extranjera y permita la generalización de los beneficios derivados del comercio a capas más amplias de la población, aspectos estos que trata de abordar la iniciativa de ayuda al
comercio a la que más tarde me referiré.



Este conjunto de consideraciones son las que han inspirado la propuesta de la Comisión Europea, que responde al mandato de la negociación que le dieron los Estados miembros y que fue aprobada por el Consejo de Asuntos Generales el pasado 15
de mayo. A continuación, extraigo de ella los dos principales elementos.



La Unión Europea ofrece libre acceso de aranceles y cuotas para todos los productos de los países ACP de forma inmediata tras la entrada en vigor del acuerdo, es decir desde el 1 de enero de 2008. Hasta ahora, tan solo los países menos
adelantados, que son 41 de los 77 ACP, disfrutaban de este trato que ahora se hace extensivo también a los países calificados como en desarrollo, los 36 restantes. Tan solo se prevén excepciones temporales al libre acceso para el azúcar y el arroz,
además de algún tipo de consideración particular a las especificidades del sector del plátano, especialmente sensible en las regiones ultraperiféricas de la Unión. Por otra parte, la UE simplificará sus reglas de origen con estas regiones para
mejorar adicionalmente las condiciones de acceso a nuestros mercados y estimular el comercio intrarregional; igualmente, la UE realizará concesiones en materia de comercio de servicios. En segundo lugar, la Unión Europea solicita de los países ACP
en sus seis formaciones regionales -África del oeste, central, comunidad de desarrollo del África austral, región del este y del sur de África, Caribe y Pacífico- abrir sus mercados a las exportaciones comunitarias, si bien de forma gradual en el
tiempo. Concretamente, la oferta de los países ACP ha de presentar las siguientes características: en cuanto al comercio de mercancías, liberalizar sustancialmente todo el comercio a lo largo de los plazos, que pueden llegar a alcanzar veinte
años, para ciertos productos y con la posibilidad de dejar fuera del acuerdo,


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es decir de seguir protegiendo, productos cuyo valor total represente hasta un 20 por ciento de las importaciones totales de la UE; apertura del comercio de servicios en los diferentes modos de prestación; realizar una oferta de apertura
de inversiones, si bien de carácter limitado, comenzando por la definición de un marco predecible de respeto a ciertos principios básicos como la transparencia, no discriminación, trato nacional, disposiciones contra prácticas anticompetitivas,
etcétera. Los acuerdos, finalmente, han de incluir disciplina sobre transparencia en compras públicas, facilitación del comercio, normas sociales de competencia y medioambientales. De esta forma, la propuesta europea recoge tres elementos clave:
la reciprocidad, pero muy de carácter asimétrico, es decir concesiones mutuas que garanticen la compatibilidad con las normas de la OMC y la promoción de la eficiencia y la competitividad, la gradualidad como vía para minimizar los costes de ajuste
de la transición, y la amplitud, es decir la superación del enfoque estrecho de la mera supresión de barreras al comercio de mercancías para crear condiciones necesarias y suficientes de cara al desarrollo. Creo que todos conocemos que no existe
consenso entre las diferentes regiones y países ACP respecto a los acuerdos. Si bien algunas regiones como el Caribe o África central estarían en disposición de concluir acuerdos bastante aproximados al contenido propuesto por la Comisión, otros,
como África del oeste, han expresado su desacuerdo en esta línea y sin duda este será un tema clave en la próxima cumbre Unión Europea-África en Lisboa. A partir del 1 de enero, dada la expiración legal del régimen de preferencias de Cotonou, la
única opción jurídicamente viable para aquellos países y regiones que no concluyan un acuerdo de partenariado económico es el denominado SPG, que es el concedido con carácter general a todos los países en desarrollo y que supone de hecho un
empeoramiento de sus condiciones de acceso a nuestros mercados. Hay que matizar, no obstante, que los 44 países que son PMA mantendrían su actual estatus de preferencia completa bajo el régimen de EBA. Todo menos armas. En estos momentos se están
debatiendo en Bruselas todo tipo de fórmulas que ayuden a solventar este complejo problema.



En resumen, debemos decir que España dentro de la UE apoya firmemente la conclusión satisfactoria de unos acuerdos de partenariado económico lo más amplios posible antes de fin de año por considerar que contribuirán a crear condiciones
adecuadas para el desarrollo de los países y el alivio de la pobreza, así como a transformar una relación económica basada en la dependencia en otra basada en la diversificación económica y el crecimiento. Este esfuerzo de apertura y liberalización
por parte de países tradicionalmente al margen del proceso de desarrollo derivado del comercio y la inversión precisará de medidas de acompañamiento, lo cual me permite enlazar con el siguiente tema que les había propuesto exponer y al que antes me
he referido, que es el de la iniciativa de la ayuda al comercio. En la Declaración ministerial de Doha que se adoptó en noviembre de 2001 se reconoce que la mayoría de los miembros de la OMC son países en desarrollo y que sus necesidades e
intereses deben guiar el programa de trabajo de la ronda. En diciembre de 2005, la VI Conferencia ministerial de Hong Kong incide en un elemento esencial de la dimensión de desarrollo como es el de la asistencia técnica relacionada con el comercio
y la creación de capacidad. En concreto, el párrafo 57 de la declaración señala que la ayuda para el comercio debe tener el objetivo de ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los PMA, a crear capacidad de oferta e infraestructura
relacionada con el comercio que necesitan para poder aplicar los acuerdos y beneficiarse de ellos y, más en general, para aumentar su comercio. La ayuda para el comercio, continúa la declaración, no puede sustituir los beneficios para el desarrollo
que resultarán de una conclusión fructífera del programa de desarrollo especialmente en materia de acceso a mercados, pero sí es un valioso complemento. Los miembros reunidos en Hong Kong reconocimos que si bien el volumen de la ayuda destinada a
la asistencia técnica y a la creación de capacidad relacionada con el comercio ha aumentado de manera sostenida desde el inicio de la ronda, existe la necesidad de una mayor asistencia y así, tras la celebración de la conferencia, se designó un
equipo de trabajo para elaborar recomendaciones sobre la forma de hacer operativa lo antes posible la ayuda para el comercio sin condicionarla al éxito de la ronda Doha. La Unión Europea, por su parte, reconoció igualmente en Hong Kong la necesidad
de una mayor asistencia y se comprometió a que en 2010 se estarán dedicando 2.000 millones de euros anuales en asistencia técnica relacionada con el comercio en las categorías antes mencionadas, 1.000 millones por parte de la comunidad y 1.000
millones por los Estados miembros. La estrategia de la Unión Europea se ha aprobado en el Cagre del pasado 15 de octubre de forma que llegue a tiempo, como era el objetivo, para ser presentada en la revisión global de la ayuda para el comercio que
se realizará a partir de mañana en la OMC. En la estrategia se recoge el compromiso cuantitativo realizado por la UE en la Conferencia de Hong Kong de dedicar 2.000 millones de euros en 2010 a las dos primeras categorías de la ayuda para el
comercio, apoyo a la política de regulación comercial y apoyo al desarrollo comercial. En referencia a esta ayuda, quisiera señalar que desde un principio España ha concedido una especial importancia a la iniciativa de la ayuda para el comercio y,
además de participar activamente en el diseño y aprobación de la estrategia comunitaria, ha trabajado sobre las posibilidades de aumentar la AOD en este concepto. En este sentido, España ha venido aumentando -y lo va a seguir haciendo- la ayuda que
canaliza a través de proyectos bilaterales y a través de fondos fiduciarios gestionados por los organismos multilaterales.
Bilateralmente, en el año 2006 el importe de los proyectos financiados por España asciende a cerca de 60 millones de euros,
cifra muy superior a la contabilizada en años anteriores. En cuanto a las contribuciones multilaterales,


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España destina recursos crecientes a los fondos de ayuda para el comercio gestionados por la OMC y por la Unctad y destaca su reciente incorporación al marco integrado reforzado, que es el instrumento multilateral que canaliza la asistencia
técnica a los PMA, donde ha comprometido 5 millones de euros a ser desembolsados en los próximos años.



Para finalizar mi intervención y como he mencionado antes, quisiera informar a SS.SS. de la situación de la ronda Doha que se lanzó en 2001, en la IV Conferencia ministerial de la OMC y que se ha dado en llamar la ronda del desarrollo
porque prometió un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y atender en particular a la especial vulnerabilidad de los países menos adelantados y sus dificultades estructurales. Permítanme resumir brevemente el trato recibido
por los países en vías de desarrollo en las relaciones internacionales y, más concretamente, dentro del marco de la GATT y de la OMC. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, tradicionalmente la reciprocidad ha sido un elemento
básico de los derechos y obligaciones entre Estados.
Sin embargo, para que la reciprocidad sea un principio que rija las relaciones entre países resulta necesaria una cierta asimetría entre las partes. Desde 1947, el principio fundamental del GATT
es la no discriminación; no obstante, una concreción práctica evidente del abandono de la reciprocidad en las relaciones comerciales entre países desarrollados y en vías de desarrollo fue la inclusión de la parte IV en el GATT, en el año 1964, que
prevé la aplicación de no reciprocidad en las relaciones comerciales entre Estados de distinto nivel de desarrollo, y la decisión de 1979 sobre trato diferenciado y más favorable, lo que se denomina la cláusula de habilitación, que permite a los
miembros desarrollados conceder un trato arancelario preferencial a los en vías de desarrollo. Los acuerdos de la OMC contienen disposiciones que confieren a los países en desarrollo derechos especiales que son disposiciones en materia de trato
especial y diferenciado, pero, además, hay otra serie de disposiciones especiales, como flexibilidades en los compromisos, medidas y utilización de los instrumentos de política, periodos de transición más largos, asistencias técnicas o disposiciones
relativas a los PMA. En cuanto a la evolución de las negociaciones de la ronda, los miembros de la OMC hemos colocado las cuestiones relacionadas con el desarrollo y los intereses de los países en desarrollo en el centro de la negociación.
Pero
sería una visión simplista considerar la existencia sólo de dos grandes bloques de países: desarrollados y en desarrollo, ricos o pobres, con intereses contrapuestos. Hay que subrayar que la realidad es mucho más rica, diferente y compleja; de
hecho, la propia OMC tiene identificados hasta trece grupos de países que se han formado atendiendo a los más variados intereses que circunstancialmente los unen en ciertos capítulos de la negociación y en otros los enfrentan. Convienen recordar
que el 70 por ciento de los aranceles que pagan los países en vías de desarrollo se los pagan a otros países en vías de desarrollo, de ahí la responsabilidad creciente de economías emergentes como Brasil, India, China o Sudáfrica en el desarrollo
del comercio sur-sur. Existen varios tipos de agrupaciones de países en desarrollo, agrupaciones que son de carácter regional como el grupo africano, los países del grupo África, Caribe, Pacífico, los países Asean, la comunidad del Caribe o el foro
de las islas del Pacífico. Existen, asimismo, grupos de países de características comunes, como los países menos adelantados, los en desarrollo sin acceso al mar, las economías pequeñas y vulnerables, el G-90; los países recientemente adheridos a
la OMC o coaligados por tener temas de negociación, como los grupos denominados el G-20, el Cotton 4, el G-33, el NAMA 11, los países del párrafo 6 de NAMA, el Core Group on Trade Facilitation o el Grupo Cairns, el G-10, el G-4, el G-6, etcétera.

En definitiva, hay 67 países que son miembros de una o más coaliciones por temas de negociación, 61 que forman parte de grupos regionales y 51 que son miembros de coaliciones de países de características comunes.
Cabe resaltar que una media de 33
países participan en uno o más grupos de dos de las tres categorías mencionadas y que diecinueve países en vías de desarrollo participan en grupos de las tres categorías. A su vez, dentro de los países en vías de desarrollo encontramos grandes
contrastes, ya que hay países pequeños, por citar un ejemplo hemos escogido Tanzania, que forma parte de diversos grupos como el G-20, el 33, el ACP, el africano, el 90, el CGTF, pero que tienen una limitada influencia, y otras economías emergentes
como Brasil, que lidera el G-20 o el NAMA 11 y es uno de los principales actores de la negociación junto con India.



En cuanto a la negociación de los diferentes capítulos, cabría mencionar que en el capítulo de la agricultura, el de mayor interés para los países en vías de desarrollo, el G-20 desea que se eliminen las subvenciones a la exportación y la
ayuda interna distorsionante del comercio, y que los países desarrollados abran sus mercados al tiempo que el G-33 reclama flexibilidad para proteger su agricultura doméstica o el grupo ACP solicita un tratamiento especial por la erosión de sus
preferencias. Por lo que respecta al apoyo a la exportación, la UE se comprometió en la conferencia de Hong Kong a suprimir las subvenciones a la exportación; sin embargo, los créditos a la exportación y la falsa ayuda alimentaria que otorga
Estados Unidos están pendientes de disciplinar al igual que las empresas comerciales del Estado, que son utilizadas por Australia, Nueva Zelanda o Canadá.



En lo que se refiere al apoyo interno, hay que subrayar que las cifras de reducción propuestas por el presidente del grupo de negociación, el neozelandés Crawford Falconer, para la ayuda global distorsionante van más allá de lo solicitado
por los países en vías de desarrollo. La Unión Europea, que reformó la PAC en el 2003, podrá hacer frente a las reducciones previsibles en el entorno del 75 al 85 por ciento, mientras que Estados Unidos


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tendrá más dificultades para llegar a las reducciones que se le solicitan en el entorno del 65 al 75 por ciento. Por otra parte, en relación al acceso al mercado agrario, los intereses de los PVD están siendo tenidos en cuenta debidamente.
De hecho, el texto de trabajo del presidente Falconer ha propuesto aplicar rebajas arancelarias a partir de las bandas definidas por el G-20, con porcentajes de reducción aún mayores que los solicitados por los PVD, en especial para las frutas y
hortalizas, que son de especial sensibilidad para España. Los países en vías de desarrollo solo aplicarían dos tercios de la reducción arancelaria acordada, aplicada a su vez a bandas mucho más amplias. Asimismo, los países en desarrollo podrán
designar una lista de productos especiales por razones de seguridad alimentaria mayor que los productos sensibles de los países desarrollados. El G-33 reclama no hacer rebaja alguna en más del 8 por ciento de los productos, y adicionalmente hacer
una rebaja menor en otros en virtud de ciertos indicadores por definir. Además, dispondrán de un mecanismo especial de salvaguardia que el G-33 reclama así aplicable a todos los productos agrarios y de más fácil aplicación que la eventual
salvaguardia especial para un limitado número de productos agrarios.



En productos industriales NAMA, el grupo denominado NAMA-11 reclama reciprocidad menor a la plena, que supone que los países desarrollados reduzcan sus aranceles proporcionalmente más que los países en vías de desarrollo, al tiempo que estos
gozan de flexibilidades para proteger sus industrias y sin necesidad de consolidar todos sus aranceles. Es a lo que se refieren los países del párrafo 6 de la declaración de 2004. El hecho de intentar cumplir el mandato y tener en cuenta las
necesidades de los países y de los distintos subgrupos de países en vías de desarrollo y los PMA, las economías pequeñas y vulnerables, ha llevado al presidente, que es el canadiense Don Stephenson, a elaborar uno de los conjuntos de modalidades más
complejos, y se calcula que la fórmula suiza con flexibilidades será aplicable solo a 27 países en desarrollo. En servicios, los países en vías de desarrollo no deberán comprometer un nivel de apertura comparable con el de los países desarrollados
y se atenderán sus demandas, en particular en el modo 4 de prestación de servicios. Asimismo, recibirán un trato especial en la aplicación de las normas reguladoras del comercio de servicios. Por todo lo que acabo de exponer, España considera
importante para dar satisfacción a la mayor parte posible de los miembros mantener la ambición y la globalidad de la negociación. Respecto al calendario de negociación, ya para finalizar esta presentación, puedo decir que parece muy probable que no
se celebre una reunión ministerial antes de fin de año. Los textos revisados de Falconer y Stephenson están sufriendo retrasos; estaban inicialmente previstos para el mes de octubre, posteriormente para mediados de noviembre, y se habla ahora de
finales de enero o de principios de febrero. Con este resumen de la situación actual de las negociaciones multilaterales concluyo esta presentación inicial y quedo a disposición de SS.SS. para responder las preguntas que ustedes quieran formular.



La señora PRESIDENTA: A continuación, voy a dar la palabra por orden a los portavoces de los grupos parlamentarios autores de las iniciativas.
Tienen un tiempo de unos diez minutos, aunque seamos flexibles. En primer lugar, tiene la
palabra por el Grupo Popular el señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Señor secretario de Estado, agradezco su presencia y su comparecencia.



He de decirle que el Grupo Popular había solicitado en principio la comparecencia de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, puesto que esta es la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y porque además hay una
filosofía que inspira esta Comisión, que usted conoce, en cuanto a la gestión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha sido uno de los objetivos de este Gobierno, y por tanto ese era el objetivo: conocer a través de la Secretaría de
Estado de Cooperación cuál era la marcha de las gestiones. No obstante, por el acuerdo entre los grupos y para facilitar los trámites y puesto que parecía que la secretaria de Estado de Cooperación no estaba en condiciones de poder comparecer para
explicar esta situación, accedimos con agrado a que usted nos contara realmente la reforma de los créditos FAD. Hago este preámbulo, que parecería innecesario, precisamente para tratar de centrar la cuestión. Es decir, hemos solicitado su
comparecencia para que nos explique la reforma de los créditos FAD. Yo le agradezco el resto de información que usted nos ha facilitado pero, no quiero ser descortés, no es el motivo de esta comparecencia, por lo tanto, creo que nos deberíamos
centrar en el motivo de la misma, puesto que además precisamente para los temas de los que usted nos ha informado hubo otros trámites parlamentarios en los que ya nos hubiera gustado que el Gobierno hubiera informado con detalle e incluso hubiéramos
sabido con tiempo cuál era la opinión del Gobierno sobre esos temas tan importantes como las rondas comerciales. Aquí hemos tenido comparecencias precisamente de la sociedad civil en las que se mostró que sus opiniones no dejaban en buen lugar al
Gobierno en esa situación.



Como hoy no es motivo hablar de esos temas, porque además estaríamos francamente en inferioridad de condiciones, señor secretario de Estado, al no ser el motivo de esta comparecencia, me voy a centrar en lo que sí lo es. Hemos citado al
Gobierno con bastante tiempo para que nos hablara de esta cuestión y hoy ya tenemos una noticia que usted nos ha dado, y yo le agradezco la claridad, y es que no va a haber reforma de los FAD en esta legislatura. Es decir, usted ha dicho con
claridad que no hay texto del FAD. En esta Comisión hemos aprobado una PNL al Gobierno para que presente esa reforma; en este Parlamento se ha aprobado una ley de deuda que obliga al Gobierno a presentar una reforma, pero además,


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y podría hacer una lectura detallada, si quieren la hago leyendo literalmente las palabras tanto del ministro como del secretario de Estado de Economía y de la secretaria de Estado de Cooperación, los tres, ministro, secretario de Estado de
Economía y secretaria de Estado de Cooperación, se han comprometido literalmente en esta Comisión a que en esta legislatura habría una reforma de los créditos FAD. Es más, al principio de la legislatura, la secretaria de Estado de Cooperación y
especialmente el ministro fueron muy contundentes y muy críticos con esa situación y la calificaron de cuestión prioritaria y urgente. Han pasado cuatro años y la cuestión prioritaria y urgente no se ha hecho. Es más, usted ya nos anuncia que no
se va a hacer. Además, y voy a intentar evitar la lectura, en la última comparecencia del ministro en esta Comisión, el día 22 de marzo de 2007, le hice una serie de consideraciones y el ministro contestó: en segundo lugar, están los calendarios
concretos en relación con la reforma de los FAD y del Cesce.
Le voy a dar alguna noticia al respecto, ya que el portavoz del Grupo Popular, señor Robles, decía que no le daba noticia sobre este tema, voy a darles más noticias. La reforma se hará
antes de finalizar esta legislatura. Lo más probable es que en el segundo periodo de sesiones, a partir de septiembre tengan ustedes la propuesta de la reforma FAD y Cesce. Existe un compromiso porque la aprobación de la Ley de deuda externa nos
obliga a cambiar los FAD y a revisar el Cesce. Por tanto, mismo compromiso y misma voluntad. Son palabras del ministro el día 22 de marzo en esta misma Comisión. Señor secretario de Estado, es obvio que desde el punto de vista de lo que es el
objetivo de esta comparecencia la noticia es efectivamente que no hay texto, palabras literales suyas, y que por tanto no hay reforma de los créditos FAD. Porque usted y, por cierto, algunos otros miembros del Gobierno han acuñado una filosofía un
tanto curiosa y peligrosa, yo diría, que es hablar de las políticas de facto. Usted lo que nos ha dicho es que no hay reforma de los créditos FAD, pero de facto hemos venido realizando esa reforma. En un Estado democrático y de derecho hacer las
cosas de facto no es lo más apropiado.
Eso se suele hacer y con esa terminología, por cierto, en otro tipo de países que en estos días están muy de moda y que no deberían de ser el espejo en el que recoger nuestra forma de trabajar. Estamos en una
democracia y en democracia las cuestiones se basan precisamente en el apoyo legislativo y en la labor del Parlamento de la nación. Con esto no creo inventarme ninguna teoría sobre la democracia. Por otra parte, no hace más que entroncar con sus
propios objetivos. Fue el propio Gobierno el que se puso ese objetivo y ha sido esta misma Cámara la que ha aprobado una ley que fija esos objetivos. Por tanto, sinceramente, es muy peculiar decir que no se hace una ley, pero que de facto se ha
hecho la ley. Porque como sigamos aplicando esa teoría a cada una de las esferas políticas de los diferentes ministerios, sobra esta Parlamento, el Gobierno actuaría y cuando ustedes hayan aprobado la reforma entonces dicen ustedes que una vez que
ha funcionado traerán la ley después de ver la experiencia. Sinceramente, es una teoría políticamente bastante curiosa en democracia. Normalmente no se suele hacer así, lo normal es que se traiga una ley al Parlamento, se debata en el Parlamento y
después se apliquen las cosas. Por tanto, hacer la reforma de facto y después decir que se nos va a traer la ley, sinceramente, insisto, cuando menos lo calificaremos de curioso y de peculiar a la hora de hacer una actividad política. Por tanto,
la noticia es la que usted nos ha dado hoy, que no hay un texto y que no hay una reforma de los créditos FAD.



Además hay otra serie de compromisos, como usted recordará, que se han adquirido a lo largo de la legislatura en diferentes comparecencias y peticiones que se han cursado al Gobierno. Era importante tener un documento de evaluación profunda
de los FAD que tampoco hemos tenido la ocasión de debatir en esta Comisión por parte del Gobierno. Lo que nos hubiera gustado conocer primero hoy es el texto de esa ley, porque se trata de una ley de reforma de los FAD, o al menos la orientación de
la ley, el articulado en el que se va a basar, pero no ha sido así. Hemos visto una serie de hechos de facto, como usted dice, respecto a los FAD, y ahora ya respecto a la política y cooperación, no tanto a la política que a usted le compete, que
es la política comercial, que abren también interrogantes. Qué duda cabe que hay hechos muy positivos sobre cuestiones que se han gestionado, pero hay cuestiones que abren interrogantes. Aparte de lo que significa una estrategia presupuestaria de
poner a través del FAD cantidades importantes de ayudas al desarrollo, lo que permite al Gobierno es superar el techo de gasto presupuestario.
Es una técnica que evidentemente el Gobierno utiliza, pero no es del todo lo ortodoxa que deberíamos
buscar y es una técnica para superar esa limitación del gasto de techo presupuestario. Aparte, este modelo -insisto, ya no es cuestión de su departamento, pero, como usted comparece en nombre del Gobierno- por el cual el aumento importante de la
AOD se basa precisamente en un aumento muy importante del crédito FAD y de las aportaciones a través de créditos FAD, es cuando menos preocupante, preocupante por una razón, porque usted bien sabe que esas dotaciones que han crecido de forma muy
importante tienen una base en el recobro de los instrumentos financieros. En la medida en que eso es una política que puede ser coyuntural, como usted supongo que puede compartir, y que el crecimiento de la AOD está basado precisamente en gran
medida en el recobro de los instrumentos financieros, es débil ese aumento de la AOD. Por tanto, tenemos que mostrar nuestra inquietud de cara al futuro, a lo que pueda suponer este aumento de la AOD, que es un aumento muy coyuntural si no se
pueden mantener los mismos instrumentos que en este momento se están usando. Por tanto, la sostenibilidad de ese aumento de AOD es, cuando menos, inquietante.



También existe una preocupación constante de esta Comisión, de todos los organismos internacionales, de la Declaración de París, sobre la eficacia en la ayuda y


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sobre la coherencia de políticas. Este Gobierno ha hecho mucho esfuerzo en explicar determinadas cuestiones sobre la importancia de la cancelación de deuda en los FAD, pero a la hora de la verdad ha cojeado un poco en coherencia en estas
cuestiones. Tenemos ya algunos datos muy concretos de cómo se ha hecho al mismo tiempo la política de cancelación de deuda y la política FAD y seguimos teniendo países cuyo saldo de ayuda es negativo.
Por ejemplo, tenemos países como Angola, que
han realizado un reembolso de créditos FAD de 65,9 millones de euros y al que se le ha concedido 12 millones de ayuda bilateral. Es decir, tiene un saldo negativo de 53 millones. Lo mismo es el caso de la República del Congo, que tiene un saldo
negativo de 1,5 millones o de Camerún, con 500.000 o de Gabón, con 88.000. Además, se han hecho políticas de cancelación de deuda con algunos países y, al mismo tiempo, contrario a lo que son las indicaciones de esta Comisión y de los organismos
del CAD, se han seguido otorgando créditos que generan nueva deuda a países altamente endeudados o a países HIPC. Es el caso, por ejemplo, de Senegal, de Honduras, de Nicaragua o de Mozambique, que han recibido de nuevo apoyo a través del FAD
cuando precisamente se está incurriendo en esa contradicción de condonar por una parte y generar nueva deuda por otra. Por tanto, esa coherencia que todos buscamos, también aquí flojea. Pero es todavía mucho más inquietante, y tuvimos ocasión de
tener un debate en esta Comisión sobre ese tema, la utilización de la cooperación al desarrollo para otros fines como son, por ejemplo, el control de fronteras. Es el caso de Senegal, al que se le otorgaron hasta 20 millones de euros para, nada más
y nada menos, que 115 pequeños proyectos, justamente en el momento y en el contexto, como ustedes bien recordarán, de la famosa avalancha de los cayucos y todo lo que se refiere al fenómeno de los flujos migratorios.
Por tanto, se han utilizado
claramente de nuevo los créditos FAD en este caso para algo que tiene que ver más con el control de las fronteras que con el desarrollo y la cooperación al desarrollo. Sinceramente, hay cuestiones que son claramente mejorables en lo que se refiere
a la coherencia.



Termino, porque ya el tiempo se ha acabado y porque realmente la comparecencia, señor secretario de Estado, estaba centrada en estas cuestiones. La cuestión era saber si iba a haber o no iba a haber ley de FAD, cuándo íbamos a conocer esa
ley de FAD y a estas alturas está claro que no la vamos a tener, porque el Gobierno incumple no solamente la PNL y los mandatos, sino sus propios compromisos de esta legislatura.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Muñoz.



La señora MUÑOZ DE DIEGO: En primer lugar, nuestro grupo parlamentario también quiere agradecer la presencia del secretario de Estado y lo prolijo de su intervención. En todo caso, nos vamos a centrar en lo que era la petición de
comparecencia por parte de nuestro grupo parlamentario, que era básicamente saber la situación actual de la elaboración del proyecto de Ley que regula los Fondos de Ayuda al Desarrollo, FAD, y el proyecto de Ley que reformula la regulación de los
créditos Cesce. Lo pedíamos porque este era un compromiso, y así se aprobó cuando se tramitó la Ley reguladora de gestión de la deuda externa, que se adquirió con diferentes grupos políticos y que además considerábamos imprescindible que se llevara
a efecto. En el debate de aquella ley también se habló de este asunto y muchos grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, aceptaron que se necesitaba una reforma más sosegada y que, por lo tanto, el plazo de un año que se daba para que se
pudieran reformular los créditos FAD y traer esa reforma era adecuado. Lamentamos, como ha dicho el anterior portavoz, que pasado ese plazo, a fecha de hoy y en esta comparecencia se nos diga lo que ya nos imaginábamos, porque teniendo en cuenta
cómo va el período de sesiones y que no ha llegado el proyecto a la Cámara parecía que esta reforma, que estaba comprometida, que tenía un plazo y que era también un acuerdo de muchos grupos políticos, desgraciadamente no se va a tramitar. Además,
pensamos que ha habido oportunidades y posibilidades. Nuestro grupo parlamentario tiene presentada a estos efectos una proposición de ley que podía haber servido de base para empezar a discutir este asunto y que, sin embargo, tampoco se ha tomado
en consideración para abordar un debate que no solo preocupa a los miembros de esta Comisión, sino al conjunto de la sociedad civil que trabaja en temas de cooperación. Preocupa básicamente porque la reforma de los FAD permitiría incorporar un
elemento de transparencia y de utilización de esos créditos, de tal modo que no hubiera duda sobre qué parte tiene que ver con la política comercial del Gobierno o del Estado, qué parte tiene que ver con la cooperación al desarrollo en los términos
de la Secretaría de Cooperación y, en consecuencia, también se pudiera tener una visión más global de esas actuaciones. Lo digo porque los créditos FAD tradicionalmente han sido uno de esos temas de conflicto en los que se podía dar cifras
extraordinarias de cooperación al desarrollo, que finalmente estaban basados en créditos FAD que a lo que contribuían era a aumentar la deuda externa de los países más empobrecidos. Ese es un debate que ha existido tradicionalmente en el mundo de
la cooperación al desarrollo y que se podía clarificar con esta reforma, que desgraciadamente, como usted ha anticipado, no parece que vaya a ver la luz en esta legislatura.



No obstante, nuestro grupo parlamentario va a reconocer lo que creemos que es obvio y justo, y es que esta legislatura ha supuesto un cambio sustancial en la cooperación al desarrollo, y desde luego un cambio sustancial respecto a lo que
había anteriormente. En ese sentido, pensábamos y pensamos que es una lástima que no se haya aprovechado para finalizar lo que debía ser el cauce de reformas legislativas para ayudar a que la cooperación al desarrollo fuera más transparente, más
eficaz y que


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sirviera a los fines que debería servir. El año 2006 fue un año muy importante en materia de ayuda al desarrollo. Es muy importante también que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado -lo ha dicho el secretario de Estado- ya se
estableciera una disposición adicional por la cual los fondos de ayuda al desarrollo, los FAD, se distribuían en tres materias diferentes: FAD en materia de cooperación, que se gestionaban directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, por la Secretaría de Estado; los FAD que iban dirigidos a instituciones financieras internacionales para gestión de la deuda externa; los FAD para internacionalización de la economía o, en este caso, de las empresas españolas que
pueden contribuir, contribuyen o intervienen en países en vías de desarrollo. No obstante, hemos podido comprobar que es verdad que los últimos datos sobre Ayuda Oficial al Desarrollo y los últimos importes se han visto notablemente incrementados
también en parte por estos FAD, que tienen que ver no solamente con lo que aporta el Estado español a cooperación o a esos proyectos de ayuda a países en desarrollo, sino que ha tenido también que ver con los reembolsos de esos países. Los datos
que manejaba el portavoz del Grupo Popular nosotros también los conocemos y nos preocupa que se haya dado un sistema de ayuda al desarrollo, unos fondos de ayuda al desarrollo, y que países, por ejemplo, como Angola, en la balanza hayan embolsado
más al Estado español que lo que hemos invertido nosotros en cooperación. Esta no parece que sea la política que debería guiar este modelo de ayuda a los países en desarrollo.



Asimismo, hemos podido comprobar que los créditos FAD se concentran en unos pocos países, que son también los beneficiarios en años anteriores, y que en el año 2006 fueron: Turquía, China, Argelia, Egipto, Túnez, Honduras y Bosnia. Lo que
hemos conseguido es que se haya favorecido el contenido comercial de esa cooperación. Al final, esos créditos FAD se han puesto más al servicio de las relaciones comerciales del Estado español que lo que es la ayuda o el apoyo al desarrollo de esos
países.
Que se hayan utilizado créditos ligados con países pobres o altamente endeudados -también lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular- incumple lo que se había acordado por parte del plan director, lo que era un compromiso expreso del
Gobierno y que, sin embargo, se ha incumplido de un modo notable. Los casos de Angola, República del Congo y Camerún son ilustrativos de lo que ha venido ocurriendo. Por eso, pensamos que persiste el mal uso de los créditos FAD, que se conceden a
países que están accediendo ya a mercados de capitales internacionales y, al tiempo, se otorgan créditos que generan nueva deuda a países muy empobrecidos o sobreendeudados. Desde nuestro punto de vista, España sigue incurriendo en la contradicción
de, por un lado, condonar deuda externa, mientras que, por otro, contribuye a generar nueva deuda. Ese era uno de los objetivos que se pretendía evitar también con la nueva regulación de Cesce y de los créditos FAD y que lamentablemente, como hemos
podido comprobar hoy, no va a ver la luz en esta legislatura.



También queremos señalar que nos preocupa que, en los créditos FAD, en algunos casos ha habido una evidente falta de transparencia y en otros una orientación más que dudosa respecto a lo que supone el destino de los fondos de cooperación.
En 2006, con cargo a los créditos FAD, se produjeron inversiones sustanciales en sectores que no se refieren muy claramente al desarrollo social y humano de las poblaciones más pobres.
En ese sentido, creemos que se estaban incumpliendo también
compromisos que nosotros pensábamos que este Gobierno iba a llevar adelante con mayor rigor. A pesar de todos estos problemas y de los problemas que el instrumento conlleva, y que lógicamente deberían conducir a limitar el recurso a esta partida
presupuestaria, las previsiones que se hicieron para el año 2007 nos hicieron comprobar que también se incorporaban grandes cantidades en créditos FAD a la ayuda o cooperación al desarrollo y alguna de esa ayuda, a nuestro juicio, no se debería
incluir en los términos que se ha hecho. Como se ha anticipado, nosotros también pensamos que el crédito FAD se ha utilizado con fines no solo de promoción económica -en algunos casos se ha hecho-, sino que se ha llevado a cabo para incorporar
otros intereses. El caso de Senegal nos parece también un caso que se debería analizar con bastante cuidado, porque lo que se ha transmitido es que puede haber una ayuda al desarrollo por parte de nuestro país a cambio de que determinados países
acuerden o se les imponga una política en materia de flujos migratorios, que no nos parece que deba ser el objeto de esos créditos FAD y que en ningún caso debería serlo. Nos preocupa que se haya dicho que se vincula la cooperación al desarrollo
con políticas de inmigración; esto no es lo que se debe realizar. Otra cosa es que la ayuda al desarrollo pueda contribuir a que haya menos inmigración, pero ligar esas dos políticas nos parece equivocado y supone poner a países en condiciones muy
débiles en una mayor debilidad frente a los países receptores de esa inmigración; al fin y al cabo, lo que supone es una evidente perversión del sistema de Ayuda Oficial al Desarrollo, que tengo que decirle que a nuestro grupo parlamentario
obviamente no le gusta.



Tampoco nos gusta que los crédito FAD ahora mismo estén gestionándose desde un punto de vista más dirigido a la internacionalización de la empresa española que a otros fines. Además, nos sorprende que estos créditos vayan a apoyar la
internacionalización de empresas que, francamente, necesitan escaso apoyo en ese fin, empresas como Patentes Talgo, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Obrascón Huarte Laín (OHL) o Dragados, sin ir más lejos; no pensamos que sean empresas
que necesiten de un enorme apoyo del Estado español para poder competir internacionalmente en su incorporación al desarrollo o a la actividad económica de otros países. En ese sentido, es muy poco creíble que lo que se esté haciendo al final sea
ese apoyo a la internacionalización,


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sino que probablemente se esté haciendo política económica desde otro ámbito que, a nuestro juicio, se tendría que discutir también en otro ámbito. Por eso, pensamos que era imprescindible esa reforma de los créditos FAD para clarificar sus
usos, para saber a qué fines van dirigidos y para que nadie nos engañemos sobre qué es cooperación al desarrollo, qué es política comercial del Estado, qué va a un fin y qué va a otro, sin perjuicio de las sinergias que en unos y otros casos
pudieran existir. Desgraciadamente -usted lo ha dicho-, eso no se va producir y en ese sentido mostramos nuestra preocupación y algo más que preocupación, pues creíamos que iban a traer esa ley. Sinceramente, creíamos que la iban a traer, puesto
que fue un compromiso cuando se aprobó la Ley de deuda externa, por lo que queremos transmitir nuestra frustración por el hecho de que se haya incumplido un compromiso que podía haberse llevado a cabo y que por razones diversas no han querido traer
aquí. Y también quiero poner encima de la mesa antes de hacer una serie de preguntas al Secretario de Estado que, además de preocuparnos los fines a los que se destinan los créditos FAD, nos preocupa otra cosa, la falta de transparencia y de
evaluación sobre la eficacia de esos créditos. Es importante que en cualquier reforma se incorpore la necesidad de evaluación y transparencia de los mismos, pues si no estaríamos intentando hacer un trabajo que somos incapaces de saber cómo ha
influido en el desarrollo de los países si realmente tiene ese fin.



Desde nuestro punto de vista, una reforma eficaz del instrumento FAD debería separar las herramientas de internacionalización de las empresas españolas con el crédito al servicio del desarrollo. Pensamos que el acceso a la financiación bajo
la forma de crédito podría tener un papel en cooperación al desarrollo, pero en ningún caso debería concederse en forma de crédito a países altamente endeudados o especialmente empobrecidos. Cualquier instrumento que forme parte de la cooperación
española debe intentar perseguir básicamente el objetivo de reducir la pobreza y, en consecuencia, marcar las prioridades que vienen establecidas en la planificación; asimismo debe abandonarse la práctica de ligar la ayuda a la compra de bienes y
servicios españoles. En consecuencia, si esa reforma FAD no se lleva a cabo ya en esta legislatura, creemos que al menos no deberían dejar de hacer los deberes y presentar una propuesta que pueda ser debatida.



Termino haciéndole una serie de preguntas.



La señora PRESIDENTA: Señoría, le pido que concluya porque se ha pasado ya el tiempo.



La señora MUÑOZ DE DIEGO: En dos minutos finalizo.



La señora PRESIDENTA: Tiene luego otro turno, señoría.



La señora MUÑOZ DE DIEGO: Solamente le voy a hacer unas preguntas y termino.



En primer lugar, me gustaría saber cómo van a orientar la reforma de los FAD, en qué ministerio va a descansar la responsabilidad de su gestión, cómo van a articular la participación de la sociedad civil en esta reforma, cómo van a recoger
los compromisos internacionales de eliminación de la ayuda ligada y qué mecanismos prevén incorporar para asegurar la coherencia política que tiene que establecerse con las actuaciones de Cesce. Y con respecto a Cesce, me gustaría plantearle cómo
van a evitar la generación de nueva deuda y qué tipo de mecanismos van a establecer para asegurar la transparencia en su actividad. Igualmente, quisiera saber si se prevé la privatización de la misma.



La señora PRESIDENTA: Vamos a intentar ceñirnos al tiempo, así que ruego a S.S., que se ha pasado bastante del tiempo, que en el segundo turno se ciña a él.



Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también al secretario de Estado su información, que ha sido extremadamente densa, en la medida en que ha abordado una amplitud muy importante de cuestiones, lo que quizá no nos permite
profundizar en el objeto específico de esta comparecencia, que es el cumplimiento de la Ley de gestión de deuda externa.



Yo me voy a centrar y voy a hacer algunas consideraciones en relación con la posición del Gobierno en materia de comercio en el marco de la Unión Europea. De su comparecencia se deduce que el Gobierno no va a cumplir con el mandato legal
que contiene la Ley de deuda externa y que esta legislatura va a terminar sin que el Gobierno presente un proyecto de Ley de FAD y un proyecto de Ley de Cesce. Al menos, nosotros de su intervención, a 19 de noviembre, lo interpretamos de esa
manera, y es grave que el Gobierno no cumpla con la legalidad. Va más allá de un compromiso político, pues se trata del cumplimiento de una ley que es muy clara y específica desde ese punto de vista. Cuando se aprobó la Ley de deuda externa, mi
grupo era consciente de que el mandato legal que establecía la misma no iba a permitir que en esta legislatura se aprobase un proyecto de ley y tuviésemos una nueva ley que regulase el FAD y una nueva ley que regulase el Cesce, pero nos parecía
posible, si existía voluntad política del Gobierno, que esos proyectos de ley entrasen en el registro de la Cámara. Deduzco de su intervención -si no es así, me puede corregir- que no se va a producir en Consejo de Ministros la aprobación de un
proyecto de ley que se remita a la Cámara y eso nos aboca, señor secretario del Estado, a que el debate sobre el FAD quede pendiente para la siguiente legislatura.



Tras su intervención de esta mañana, simplemente voy a hacerle cinco consideraciones para aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, ¿está el Gobierno por


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separar los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa española de los instrumentos de cooperación al desarrollo? Algunos países del entorno más inmediato de España, como el Reino Unido, Irlanda y Noruega, han prescindido
de sus créditos a la exportación como Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿Es esa la posición del Gobierno? En segundo lugar, en el supuesto de que el Gobierno entendiese que el crédito continúa siendo un instrumento de cooperación al desarrollo,
¿contempla el Gobierno en esa reforma que los países HIPC y los países PMA puedan recibir créditos, siendo un instrumento parecido al del FAD, o se puede financiar con créditos FAD, un instrumento de crédito, servicios sociales básicos? En tercer
lugar, ¿va a mantener el Gobierno la práctica de ligar ayuda a la compra de bienes y servicios de España en el contexto de esa reforma? En cuarto lugar -se lo planteaba la portavoz de Izquierda Unida-, ¿qué mecanismos de diálogo ha abierto el
Gobierno con los sectores económicos y sociales implicados en esta materia? ¿Se ha planteado en el seno del Consejo de Cooperación la reflexión del Gobierno sobre la reforma del FAD? ¿Se ha planteado en el seno de los organismos que agrupan a los
sectores empresariales correspondientes? ¿Estamos simplemente hablando de trabajos del Gobierno entre los propios ministerios, entre los propios los funcionarios que llevan estos dosieres, o se ha empezado ya un proceso de discusión con los
diversos sectores sociales? Y, finalmente, quisiera saber si en esa perspectiva de reforma del FAD se va a mantener esta orientación producida en esta legislatura de créditos y aportaciones a organismos internacionales financieros y a organismos
internacionales no financieros. De su respuesta he deducido que la política ha sido esa, pero no me ha quedado claro si esa va a ser la política de futuro.



En relación con las cuestiones de comercio, sin poder entrar a fondo en la discusión, coincidirá conmigo en que amplios sectores de la opinión pública española ni mucho menos han tenido la misma percepción que ustedes en cuanto a la posición
que España ha mantenido en el seno de la Unión Europea con respecto a las negociaciones con los países ACP. Usted sabe que en el seno de la Unión Europea se filtró a los medios de comunicación un documento del Gobierno, que al parecer era
confidencial, relacionado con las discusiones de los acuerdos de partenariado económico, donde España se posicionaba en el seno de la Unión con los países menos comprensivos con las necesidades de los países del sur.
España planteó una batalla a
fondo para mantener la excepción sobre el plátano, perjudicando a corto y a medio plazo a países como Camerún y Costa de Marfil. España también se posicionó de manera negativa sobre la protección de los países del sur respecto a sus productos más
sensibles en periodos que fuesen más allá de los veinte años. España estaba en contra de que se produjesen protecciones más allá de los veinte años y, por lo que conocemos, Estados Unidos ha establecido excepciones para la protección de productos
sensibles en los países centroamericanos de hasta treinta años. Insisto en que, por la informaciones que tenemos y por la percepción de sectores de la opinión pública española, España en materia de comercio no ha estado en el frente de los países
europeos más abiertos a entender las necesidades de los países del sur, sino que se ha posicionado en aquellas direcciones, por un lado, más proteccionistas de sectores concretos de la economía española como el plátano, y, por otro, más partidarias
de la penetración de fondo de nuestras empresas sin tener en cuenta las necesidades de los países del sur. Por tanto, quizá valdría la pena -no sé si podremos en el mes y medio que nos queda de legislatura- tener una discusión a fondo sobre la
política de España en relación con estos acuerdos de partenariado. Lo que es evidente es que, por la retórica y por la práctica concreta del Gobierno, mi grupo va a terminar la legislatura con la sensación de que aún nos queda mucho camino por
recorrer en el seno de la Unión Europea para considerar de verdad el comercio como un factor de desarrollo de los países del sur.
Todos estamos de acuerdo en esa consideración del comercio como factor de desarrollo de los países del sur, pero es
una cuestión que exige también asumir nuestras responsabilidades en materias como la defensa del plátano en las islas Canarias o reconocer la necesidad de que la apertura de los países del sur va a exigir tiempos y ritmos que no destrocen las
economías locales de muchos de ellos. Esa es al menos la percepción que Convergència i Unió le quiere trasladar esta mañana.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Madina.



El señor MADINA MUÑOZ: Señor Mejía, en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, quiero darle la bienvenida a esta Comisión que, como decía la presidenta en la presentación, es también su Comisión en la medida en que algunas de
las decisiones que se toman en el ámbito de su competencia influyen directamente en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que esta Comisión se dedica a controlar y que tiene hoy la buena suerte de recibirle hoy de nuevo, tal como lo hizo -creo
recordar- en el primer periodo de sesiones; vuelve usted en el último y para mi grupo eso es, sin ninguna duda, una buena noticia.



Ya ven que, entre aquel verano-otoño del año 2004 y este otoño del año 2007, la velocidad de crucero de las reformas logradas en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo han generado interesantes fuerzas centrífugas y
movimientos de posición política, y también en el ámbito de la sociedad civil, que sigue los trabajos de la cooperación internacional porque tienen un alto interés desde el punto de vista de la movilidad y el dinamismo al calor del proceso de
reformas que se han vivido en esta legislatura, interesante a todas luces respecto a la cooperación internacional en todas sus dimensiones. La primera de esas fuerzas centrífugas,


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llenas de curiosidad, es que ya nadie pone en cuestión -como ve, señor Mejía- la limitación de la ayuda reembolsable en el ámbito de nuestros Presupuestos Generales del Estado. En la actualidad se encuentra por debajo del 5 por ciento del
total de una AOD prevista en los PGE del año 2008, alrededor de 5.500 millones de euros, y ya nadie cuestiona esa forma de división de la ayuda. Ya no hay prácticamente nadie tampoco, señor Mejía, que cuestione los modelos de donación a organismos
multilaterales a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo. No lo hay incluso entre quienes no practicaron nada de esto mientras gobernaban y, sin embargo, ahora indica -como hemos oído esta mañana- que su principal preocupación es la sostenibilidad
de esas contribuciones a organismos multilaterales en la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Es para nosotros una noticia interesante. No haré como mi amigo el señor Robles; no me meteré a periodista buscando la noticia del día, pero
desde el punto de vista de este portavoz es una noticia interesante que exista preocupación por la sostenibilidad de los crecimientos, muy considerables desde mi punto de vista, que se han vivido en esta legislatura en las aportaciones que España
hace a los programas multilaterales de lucha contra el hambre y de desarrollo en el mundo. Por otro lado, ya nadie cuestiona la reforma del fondo FAD, y en eso existe total unanimidad entre las diferentes fuerzas políticas de esta Cámara, pero ya
ve que en algunos casos no sabemos muy bien hacia dónde se quiere orientar esa reforma. El señor Robles no ha dado ni una sola idea sobre las orientaciones, siquiera generales, de la misma. Sabemos que quieren reforma, no sabemos para qué, pero
sabemos que la quieren, y ese es un ámbito de coincidencia que mi grupo celebra. Existe consenso en la necesidad de reformar un instrumento, probablemente al calor de una necesidad en el diagnóstico -por lo menos- de reforma y de modernización de
instrumentos que surgieron en una época distinta de cooperación internacional de España, de proyección distinta de España en el exterior en todos los ámbitos: en la política exterior, en la política de cooperación, también en las políticas
comerciales, en las políticas de internacionalización de nuestra empresa y de la mejora de su competitividad en el cambiante y complejo mercado global, y la actualidad, donde todo eso está en notable proceso de cambio, en parte importante gracias a
la gestión de su Gobierno, que es el que ha desarrollado una serie de políticas que generan la necesidad -donde todos los partidos coincidimos- de adecuar los instrumentos surgidos en el pasado al tiempo actual que estamos viviendo.



Desde esa perspectiva, usted sabe bien, señor secretario de Estado, que mi grupo se ha mantenido desde el principio de la legislatura proclive a esa modernización de instrumentos, a esa adecuación al tiempo que estamos viviendo del conjunto
de instrumentos con los que cuenta nuestra cooperación internacional para el desarrollo. Por eso, al ser el Fondo de Ayuda al Desarrollo un instrumento cuyos recursos atribuidos computan como Ayuda Oficial del Desarrollo, como el marco de
financiación con el que España financia la lucha contra la pobreza que lleva a cabo en los países en los que la cooperación española está presente, sabe que la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cooperación ha sido desde
el primer momento proclive a su reforma. Así lo hicimos ver en distintas intervenciones en esta Cámara a lo largo de la legislatura y, como usted ha señalado y todos los portavoces lo han hecho también, en la votación de la Ley reguladora de la
gestión de la deuda externa, en cuyo redactado iba incluido también un mandato legal para la reforma del instrumento.



Mi grupo es plenamente consciente de la complejidad de esta reforma. No pensamos que sea una reforma simple ni sencilla y lo que mi grupo le pide, más que velocidad, es consenso, solidez y profundidad en la misma.
Recuerdo que en el debate
de aquella ley el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a través de mi buen amigo Joan Herrera, solicitaba que el Gobierno enviara a la Cámara un proyecto de ley de reforma del FAD que fuese aprobado en esta
legislatura. Y el debate, durante algún periodo de aquella tramitación legislativa, consistía en señalarle a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que el Gobierno no podía enviar a la Cámara un proyecto que fuese aprobado; como mucho
podía enviar un proyecto y la cuestión de su aprobación o no correspondería a estos grupos parlamentarios que coincidimos en la necesidad de reforma, pero en nada más. No tenemos coincidencias de orientación de esa reforma, no hemos generado un
caldo de cultivo entre todos los grupos parlamentarios de este Congreso de los Diputados, de estas Cortes Generales, que oriente la reforma en una dirección o en otra para que el Gobierno envíe un proyecto que regule legislativamente el instrumento
FAD. Sin embargo, mi grupo, como sabe, señor Mejía, ha apoyado la utilización del fondo como un vehículo de financiación de un modelo de donación o contribución a organismos multilaterales a través de sus programas de desarrollo en las
instituciones multilaterales: 330 millones en 2006 incluía el presupuesto que votó el Grupo Parlamentario Socialista a favor, 734 en 2007 y más de 1.500 millones de euros en la previsión de los Presupuestos Generales del Estado para 2008. Desde la
perspectiva de la sostenibilidad, mi pregunta es: Si en marzo de 2008 el Partido Popular gana las elecciones generales y el señor Rajoy es presidente del Gobierno, ¿se mantendrá este mínimo de 1.500 millones de euros a programas multilaterales de
desarrollo en Naciones Unidas? Si al señor Robles le preocupa la sostenibilidad, a mí también, y me pregunto: ¿Será sostenible este crecimiento de ayudas y de financiación de los programas multilaterales de desarrollo si el señor Rajoy gana las
elecciones? Por otro lado, sabe, señor Mejía, que mi grupo ha apoyado también la subdivisión presupuestaria del instrumento en tres líneas de financiación en las que tienen capacidad de orientación de gasto los tres ministerios competentes:
Exteriores y Cooperación; Industria,


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Turismo y Comercio y Economía y Hacienda. Sabe que apoyamos también -lo hemos dicho en numerosas ocasiones- que la Ayuda Oficial al Desarrollo que tiene carácter reembolsable no pase ni pese en el total de la Ayuda Oficial al Desarrollo de
ese límite del 5 por ciento que ocupa desde el año 2006 cuando, como sabemos, alcanzó el porcentaje del 21,55 por ciento en los presupuestos de 2003. Me pregunto: Si el señor Rajoy gana en marzo las elecciones generales, y es presidente del
Gobierno, ¿el Partido Popular volverá a colocar los niveles de Ayuda Oficial al Desarrollo en el 21 por ciento? Esa es mi preocupación, que comparto con el señor Robles en materia de sostenibilidad de la ayuda.



En cualquier caso, sabe, señor Mejía, que apoyamos de forma decidida los aumentos que el instrumento ha recibido para su carácter de donación a iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriores, pasando de los 624 millones en el año 2007 a la
previsión de más de 1.570 millones de euros en este año en que los presupuestos están todavía tramitándose en estas Cortes Generales. Con todo, tiene razón, señor secretario de Estado, en que ya hay una reforma de facto en el Fondo de Ayuda al
Desarrollo en la presente legislatura; es cierto que no del marco legislativo, pero sí del marco de utilización del instrumento, que no tiene nada que ver con el marco de utilización del instrumento antes de que el Partido Socialista ganara las
elecciones y llegara al Gobierno en el año 2004. Es un modelo de gestión que se ha concretado en los proyectos de ley de presupuestos generales que reforman el instrumento y que han sido enviados a la Cámara en cada uno de los ejercicios
presupuestarios. Por eso, mi grupo coincide en que la reforma del instrumento tiene que priorizar algunos elementos clave en materia de orientaciones generales del instrumento. En primer lugar, que el instrumento, el FAD, esté orientado a la lucha
contra la pobreza para poder computar como Ayuda Oficial al Desarrollo. Ese es un modelo con el que mi grupo parlamentario se siente cómodo. En segundo lugar, que genere desarrollo sin generar deuda en países en vías de desarrollo y, no todos,
pero normalmente, con problemas de sobreendeudamiento en la gestión de sus cuentas públicas. En tercer lugar, que la financiación de desarrollo que el instrumento provoque esté desvinculado de intereses españoles. Como hemos dicho en más de una
ocasión aquí, cooperamos al desarrollo por los problemas o los intereses de los países donde cooperamos no por los problemas y los intereses de los países que cooperan. En ese análisis, creo que España debe sentirse cómoda, y mi grupo, desde luego,
así se siente. En cuarto lugar, que se regulación sea clara, así como su competencia, su transparencia y sus mecanismos de control parlamentario, y que para todo ello, señor Mejía, se busque el consenso político y social en la regulación
legislativa de un instrumento que sea de cooperación al desarrollo propiamente dicho, diferenciado en sus líneas centrales y en sus líneas de legislación de los instrumentos o de los recursos de los que España se dote para la internacionalización de
la empresa española en el exterior, para la mejora de su competitividad y para las prácticas de buena presencia en terceros países mediante las políticas de responsabilidad social corporativa u otros modelos que estas lleven a cabo en los países en
los que estén presentes.



Señor secretario de Estado, mi grupo quiere darle las gracias por su valiente comparecencia y por su extensa explicación. Cuente, como sabe bien, con mi grupo como un activo en los procesos de reforma y de optimización y de modernización de
los instrumentos con los que España cuenta para proyectarse de la mejor manera posible en el exterior.



La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para contestar a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (Mejía Gómez): Voy a dar una respuesta, quizá un poquito más global, sobre los temas fundamentales que han sido objeto de comentario por los distintos grupos.
En primer lugar, es
necesario destacar que el representante del Grupo Popular ha ido de un lado a otro porque yo creo que se puede atacar muy poco la política y la gestión que el Gobierno ha llevado en la cooperación al desarrollo. Cuando la semana pasada en París
hemos tenido una presentación ante el CAD, las primeras informaciones que tenemos es el reconocimiento global y extensivo del cambio radical que se ha producido en este tipo de política en un cortísimo espacio de tiempo, con lo cual ha sido
necesario utilizar los mecanismos de que en ese momento la legislación española disponía para gracias a su proceso de modificación poder llevar a cabo el cumplimiento de toda una serie de compromisos. Hemos de manifestar que existe no solamente un
reconocimiento y hasta cierto punto yo me atrevería a decir una sorpresa muy favorable sobre la política que España ha llevado, no solamente desde el punto de vista de los incrementos cuantitativos que se han alcanzado en la Ayuda Oficial al
Desarrollo, sino en algo que en el CAD ha sido siempre considerado como un elemento al menos tan fundamental como los niveles cuantitativos, que es la calidad de la ayuda.



Es evidente que existía un mandato en ese terreno y yo les puedo decir que nuestro departamento y el Gobierno en su conjunto hemos trabajado de una manera muy intensa. Tenemos un instrumento que tiene un periodo de vida del orden de treinta
años, que por las formas en las que se concibió y por las que posteriormente ha sido gestionado lo han hecho dependiente de muchas cosas y complejo en otras y hemos ido tratando de cambiar el ritmo y cambiar la forma a medida que también
establecíamos aquellas orientaciones que deben ser objeto de la reforma que debe ser remitida en forma de proyecto a esta Cámara y, posteriormente, ser debatida, analizada y, en su caso, aprobada por la misma. No creo que sea justo -si me permite
la expresión- decir que un Gobierno como el actual lleve a cabo acciones


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de facto para tratar de evitar una discusión dentro de la Cámara. Le puedo garantizar que la idea del Gobierno a lo largo de todo este periodo ha sido estar en disposición de remitir un texto a medida que simultáneamente entre todos íbamos
conformando la manera en la cual esa reforma debía conducirse e intentar, dentro de la gestión que al mismo tiempo se realizaba, poder llevarla a cabo.



En la exposición anterior -y en ese sentido me permito reiterarlas- están perfectamente claras las orientaciones sobre las que esa reforma debe ser llevada a cabo. Detraer -que significa eliminar- la dimensión o finalidad de tipo comercial
por parte del FAD; desvincular la ayuda con cargo al FAD en atención a las recomendaciones e indicaciones de los organismos financieros internacionales; centrarse de manera exclusiva en lo que es ayuda no reembolsable e integrarlo plenamente en
las líneas del Plan de cooperación internacional y los planes anuales de cooperación internacional. Es decir, la idea que nosotros tenemos es que esto debe pasar a ser un instrumento exclusivo desde el punto de vista de la cooperación internacional
y guiarse por los principios que rigen la cooperación internacional, no sujeto a intereses del país que da la cooperación, sino a las directrices que emanan de los organismos internacionales en esta materia y ser exclusivamente en términos de
donación. ¿Eso qué significa? Por favor, me gustaría que leyéramos las cifras de una manera muy clara, que son las que yo he establecido.
Hablábamos de cómo veníamos hasta el año 2003, de cuál era la contribución de lo que denominamos el FAD
bilateral, porque hay otra serie de compromisos que gestionados por la secretaría de Estado se otorgan a instituciones financieras multilaterales en términos de donación. Estamos de acuerdo con los datos, ahora estamos en el 2,11 y en el 2,46 por
ciento en el año 2006 de lo que llamamos la contribución del FAD en la AOD bilateral; es decir, aquella que está rigiéndose por unos criterios llamémosle de la internacionalización. Cuando comparamos las cifras de las que veníamos, haber producido
este cambio en el periodo de tres años -y esto es un reconocimiento que no lo he oído de ninguno, pero como yo formo parte del Gobierno lo haré yo solo por mí-, es de destacar.
Lo que hemos cambiado son las proporciones, no hemos dejado de
establecer criterios de apoyo a las empresas españolas que podría reconocerse que necesitaban algo. Hemos incrementado la política de cooperación al desarrollo en unas cifras tales que hacen que, sin menoscabo de seguir ocupándonos de aquellos
procesos de internacionalización donde el instrumento todavía resulta útil y en nuestra opinión va a seguir resultándolo en el futuro, sus porcentajes y su contribución estén en unas cifras en el entorno del 2 por ciento. Por tanto, para aquellos
aspectos que están guiados por la internacionalización y para los países que parecería que tienen un encaje menos ajustado dentro de ese temas, estamos hablando del 2,5 por ciento en el conjunto de la cooperación. En consecuencia, respecto a
aquellos aspectos a los cuales se referían, no podemos hablar de que durante este periodo se haya favorecido el componente comercial. El componente comercial se ha reducido a su mínima expresión, pero no por reducir en este terreno las cantidades
dadas, sino porque las cantidades que han ido a fines directamente estrictos de lo que es cooperación al desarrollo se han incrementado de manera tremendamente significativa. El aumento que hay en el año 2008 con respecto al año 2007 es en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el 151,59 por ciento, en el Ministerio de Economía y Hacienda, el 104 por ciento y, en nuestro ministerio, menos el 14 por ciento. Pensamos que con este tipo de cantidades podemos tener capacidad para
desarrollar en ese sentido nuestra función. Se citan algunos casos, como el caso de Angola; creo que Angola no es un país HIPC, Angola es PMA en ese terreno, pero puede ser HIPC, y por diversas circunstancias uno ve las condiciones por las cuales
se está endeudando en la actualidad con acreedores privados. Es nuestra intención que nosotros podamos retomar con Angola un grado de cooperación financiera, que es muy positivo, porque el país lo quiere, porque quiere que exista presencia española
en este terreno, y porque, de una manera u otra, en todos los países y en el África subsahariana -me permitiría que lo tomaran en ese sentido-, hoy en día, de los flujos financieros que están llegando a cada una de las áreas correspondientes en el
mundo en desarrollo han llegado, en el año 2006, 873.000 millones de dólares. En presencia del sector privado, incluso en un área como el África subsahariana, entre acreedores privados, inversión directa e inversiones de cartera, estamos hablando
del 72 por ciento del flujo que ha llegado a África subsahariana en el año 2006. Hablamos de un 18 por ciento de las remesas y solo un 10 por ciento ya es AOD, con lo cual el sector privado, desde el punto de vista de lo que es, no solamente
inversión, sino también deuda, tiene importancia. Cabría preguntarse, si bajo determinadas circunstancias y dependiendo de las condiciones, cuándo debe otorgarse o cuándo no debe otorgarse este tipo de ayuda que siempre será en condiciones
muchísimo más ventajosas que aquellas que puedan ofrecer otro tipo de instituciones financieras.



Yendo desde este punto de vista más concreto, la idea por la cual estamos avanzando es que -creo yo que es una clara pista en ese terreno- debemos ir a una separación de los instrumentos. Cuando España era el país que era, las posibilidades
eran las posibilidades que había, teníamos un instrumento que intentábamos que sirviera para todo. Hoy en día España es un país diferente, el mundo es un mundo absolutamente diferente, y creo que tenemos que tener instrumentos separados. Tiene que
haber un instrumento, que es el que nosotros pensamos que debe ser el FAD, absoluta y totalmente enfocado hacia lo que es cooperación y también que eso pueda ser complementado con algún otro tipo nuevo de instrumento que permita seguir poniendo, al
menos en igual de condiciones, a las empresas españolas en relación con sus competidores internacionales y nos permita


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seguir haciendo otras cosas a las que sí me gustaría referirme, aunque fuera de pasada, porque son las más interesantes. Por ahí es por donde nosotros estamos viendo que debe encaminarse la reforma. ¿Por qué pensamos que debe ir más en ese
campo? Por las razones apuntadas.
Tradicionalmente sobre el FAD, se hablaba siempre de lo que son las exportaciones de bienes y servicios españoles, pero ese es un concepto que en el mundo de hoy está cambiando absolutamente. Un instrumento que
pudiera tener como idea la consecución de -llamémosle- algún tipo de interés español trabaja muchas veces sobre conceptos que, hace cuestión de cinco o diez años ni siquiera nos los hubiéramos planteado, porque a veces no solamente es el apoyo al
comercio, sino que puede ser el apoyo a la inversión, y no solamente puede ser el apoyo a la inversión por parte de empresas españolas, puede en un momento determinado interesarle a España apoyar financieramente a inversores locales en países de
desarrollo por -podemos imaginar- un montón de razones. Aquí algunas de las personas que han intervenido intentan asociar en muchos casos que ya no tenemos interés desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de ligar las
exportaciones, pero no intentemos que se liguen por otro tipo de problemas, como pudiera ser los de la inmigración. El hecho de que nosotros tengamos una serie de países cuyos habitantes emigren mucho a España, en modo alguno les debería condenar
para no recibir cooperación, sin que ello signifique que la cooperación que se haga sea precisamente por algún tipo de estas características. A nosotros creo que nos puede interesar el desarrollo, porque pensamos que el desarrollo del sector
privado es fundamental en los países de África y pensamos que en la medida en que todos los países de África tengan un mejor desarrollo, también en última instancia tendrán problemas menores derivados de lo que es la emigración. Por eso nosotros
estamos apoyando aquellas iniciativas que pueden ser llevadas a cabo por inversores españoles o pueden ser llevadas a cabo por inversores locales, si eso trae como consecuencia una mejora del desarrollo dentro del país. Yo creo que circunscribirnos
a lo que tradicionalmente podríamos hablar en un concepto ligado a la provisión de bienes y servicios españoles, puede que permanezca porque todavía se hagan operaciones de esas características, pero debemos trascender todo ese tipo de conceptos y
tener una visión mucho más general y mucho más amplia. Los países se descentralizan, los gobiernos centrales de los países ya no hacen muchas de las obras, hay una descentralización a nivel mundial en lo que son gobiernos provinciales o estaduales
y en los temas de los ayuntamientos. Estamos empezando ya a pensar en que ese tipo de relación también tiene que tener algún tipo de reflejo.



Sí me gustaría contestar al representante de Izquierda Unida sobre si algunas empresas grandes españolas necesitan de este proyecto.
Precisamente aquellas empresas que usted ha citado son el resultado de licitaciones internacionales donde
nosotros no hemos dado esto para que ellos se lo lleven, hemos hecho igualación de condiciones ofrecidas por otra serie de países. Si tenemos una responsabilidad como Gobierno de cumplir una serie de objetivos que han quedado manifiestamente
expuestos, no solamente desde un punto de vista programático, sino también refrendados por los hechos en las cifras que tenemos, también tenemos unas obligaciones con respecto a que nuestras empresas en el exterior para que no estén en inferioridad
de condiciones con sus competidores.
Estos, de la misma manera que hemos tenido estos proyectos, son claros ejemplos de donde hemos tenido que ir a igualar condiciones, no solamente en cantidades y en condiciones sino incluso en moneda, porque
algunas de las financiaciones a las que se ha referido las tuvimos que hacer en yenes, para hacer igualación de una oferta financiera por parte de otro Gobierno. Nadie podrá recriminar que España o el Gobierno español intervengan ante alguna
situación de estas características. Cuando se trata de proyectos grandes, las empresas son grandes, sean de donde sean, pero también recientemente, a pesar de la ayuda que nosotros habíamos puesto encima de la mesa, hemos perdido dos. Hemos
perdido una operación grande en Egipto, con este tipo de ayuda, porque el Gobierno del otro lado ha dado más de lo que hayamos dado nosotros o lo ha dado diferente o no ha sido suficiente, y hemos perdido otra operación también hace aproximadamente
unos quince días con otro país que iba en igualdad de condiciones. Luego sí pensamos que existe campo para este terreno y que debemos hacerlo desde la perspectiva de un instrumento que claramente tiene definido cuál es su objetivo, que no entra en
contradicción con la política de cooperación internacional. Sobre el tema de la sostenibilidad, estoy absolutamente convencido -y en el fondo creo que usted también- de que cuando el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones en el mes de
marzo, no habrá ningún problema para que los fondos destinados a la cooperación sigan su ritmo. Lo acaba de decir el presidente del Gobierno en la reciente Conferencia sobre cooperación, que se ha celebrado aquí en Madrid hace pocos días, y en una
conferencia que dio en la Cepal, en Santiago de Chile.



Finalmente, voy a contestar a los temas de carácter comercial. Lamento si en ese terreno he dado información más adicional, pero pensaba que podría ser de interés para la Cámara que tuvieran ustedes una información actualizada de cómo se
están desarrollando. Como no podría ser de otra manera, estoy en completo desacuerdo con que la postura que adopta España sea menos comprensiva en este campo y absolutamente proteccionista. No creo que esa sea la situación que tiene España. Es
necesario decir que España no tiene ningún interés ofensivo en este proceso de negociación.
Lo que sí tiene es una concepción y percepción de aquellas cosas que contribuyen al desarrollo y, por eso, a la vista de la experiencia y de la evidencia
empírica que tenemos en el resto de los países, pensamos suscribir unos acuerdos EPA con los países ACP que sean amplios, comprensivos y


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que no solo incluyan temas de carácter comercial, sino que vayan más allá de ese terreno de servicios o de inversiones, lo que va a favorecer su desarrollo, y lo haremos con las sensibilidades, con las cautelas y con los plazos que sean
convenientes.



Respecto a nuestra situación en relación con el plátano, le tengo que decir que hay dos productos sobre los cuales nosotros no tenemos intereses defensivos, como son el azúcar y el arroz. No tenemos ningún tipo de interés defensivo, tan
solo estamos solicitando la posibilidad de que, respecto a un producto tremendamente sensible por ser de una región española ultraperiférica, pudiera existir la siguiente mención, y es que en el caso de que se produjeran determinados acontecimientos
pudiera hacerse una evaluación sobre cómo está evolucionando la situación. Creo que no es excesivo.



Respecto a los veinte años, creemos que es tiempo más que suficiente.
Llevamos trabajando mucho tiempo con los EPA y debemos tener veinte años.
Estoy convencido de que puede haber flexibilidades en ese terreno, transcurridos unos plazos en
los cuales no pueda ser factible. No creo que en un proceso de desmantelamiento, o como se quiera llamar, veinte años sean un periodo corto. Lo que sí quiero dejarle perfectamente claro es los siguiente. A veces se plantea que España y otros
países de la Unión Europea quieren que los países de EPA abran el comercio de servicios o las inversiones porque hay una avidez por parte del sector empresarial de penetrar, conquistar y controlar ese tipo de mercados.
Nada está más lejos de la
realidad. Nuestro verdadero problema es que las empresas no quieren ir, y eso ha quedado perfectamente claro. Creo que habrá tenido ocasión de leer una carta al comisario Mandelson y al comisario encargado de la cooperación al desarrollo. En el
caso de España está perfectamente claro: las empresas españolas no quieren ir. Qué bueno sería que las empresas españolas quisieran estar mucho más presentes en ese tipo de mercados. Se trata de empresas que son las que han forjado el desarrollo
que hoy en día tenemos en España, son empresas grandes, empresas organizadas, empresas que conocen, comparten y desarrollan el concepto de responsabilidad social corporativa, empresas que tienen compromiso a medio y largo plazo con los países en los
cuales se instalan, empresas que una vez tomada la decisión saben que van a estar por veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años. Por favor, no hace falta más que mirar las situaciones y determinados servicios en América Latina y el grado de
universalidad y el grado de precios que hoy en día tienen. El problema está en que si ese tipo de cosas no se dan o no se generan las condiciones, apenas tendremos empresas y, además, el tipo que tendremos por razón del riesgo, exigirá unas tasas
de retorno excesivamente altas, por lo que su contribución al desarrollo de los países podría ser muy inferior a la que debería ser. Generemos las condiciones. Cuando les comentaba el tema de los flujos financieros a los países, uno ve que en Asia
Oriental y en el Pacífico la inversión directa es el 40 por ciento y que la AOD no representa más del uno por ciento; que la inversión en carteras es del 21 por ciento y que las remesas también juegan un papel importante. El mundo necesita del
sector privado para desarrollarse convenientemente. Tenemos que dar las condiciones necesarias y todo este entramado de aspectos de carácter flexible debe permitirnos que podamos llegar a ellos. Nosotros adoptamos esta postura en el tema de los
EPA porque es bueno para conseguir el desarrollo de los países. Ni España ni las empresas españolas tenemos intereses ofensivos.
No estamos, y nos gustaría estar. Si queremos que las empresas españolas inviertan en países del África subsahariana,
porque es bueno que así lo hagan, será un trabajo muy intenso y le puedo garantizar que no es sencillo.



La señora PRESIDENTA: Grupo Popular.



El señor ROBLES OROZCO: Antes de entrar en la cuestión que hoy nos concentra, que son los créditos FAD, y ya que usted vuelve a introducir el tema, quisiera decirle que si las empresas españolas no van a algunos sitios habrá que analizar
cuáles son las razones, sobre todo porque, hasta este Gobierno, la mayoría de los gobiernos democráticos de este país se habían esforzado en crear las condiciones para que las empresas españolas fueran con tranquilidad y con seguridad. Ese ha sido
el esfuerzo. Los gobiernos y la diplomacia están para crear una imagen de un país fuerte y sólido y para trasladar esa confianza a las empresas. Había sido así en el pasado y, de hecho, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de empresas españolas,
especialmente en Iberoamérica. Señor secretario de Estado, los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos, con declaraciones de importantes responsables políticos, presidentes de repúblicas de países en los que España hace grandes
esfuerzos, no solo a través de sus empresas sino también a través de la ayuda oficial, no crean un clima positivo para que las empresas españolas se animen, no ya en Iberoamérica sino en cualquier otro sitio. Si un presidente se permite amenazar a
las empresas españolas, dice que las va a poner el ojo encima y pregunta qué hacen por aquí, no es precisamente lo más tranquilizador, lo más motivador y lo más idóneo para animar a las empresas españolas a que salgan al exterior. Por tanto, ya que
usted introduce este tema, sería bueno que llevara al seno del Gobierno esta reflexión sobre qué está pasando, qué política exterior está llevando el Gobierno, qué capacidad tiene el Gobierno de hacerse respetar, precisamente para que sean
respetadas nuestras empresas en el exterior. Eso sería bastante prudente. Sobre el tema de Doha, del que usted habla, solamente hay que leerse -insisto- los 'Diario de Sesiones' de esta Comisión. En esta Comisión hemos hablado de estas cuestiones
cuando antes no se hablaba; hemos pedido que el Gobierno informara, y ha informado poco; y hemos escuchado a representantes de la sociedad civil y leído también lo que se dice en otros informes internacionales. Desgraciadamente, hasta ahora el
protagonismo, la claridad


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de posición del Gobierno español no ha sido halagüeño. Es más, en muchas ocasiones nos hemos alineado con países extraordinariamente proteccionistas, en los que no deberíamos reflejarnos en este momento.
Por tanto, sería bueno que el
Gobierno tuviera definitivamente una posición clara y coherente con las políticas de desarrollo y con las políticas que interesan a España, pero ese es otro tema, sobre el que podemos celebrar, si usted quiere, otra Comisión monográfica sobre este
asunto. Usted ha sacado la cuestión de las empresas españolas. No creo que estén muy entusiasmadas con lo que ha sucedido en el ámbito internacional en los últimos tiempos.



Me voy a centrar en el tema de los FAC. Si fuese como usted ha dicho, si todo estuviera tan claro, si el Gobierno tuviera tan claras las ideas, si hubiera procedido con tanta contundencia, con tanta claridad, ¿cuál es la razón, señor
secretario de Estado, por la que no se ha traído una reforma a esta Cámara? Si hubieran tenido una idea clara, conceptual, de lo que querían, han tenido cuatro años para desarrollarla. No es que sean declaraciones del final de la legislatura, es
que ni siquiera lo fueron del principio de la legislatura. No voy a hurgar más en eso que tanto les gusta a ustedes, que es el pasado, pero la actual secretaria de Estado ha dicho extraordinarias perlas en esta Comisión cuando era portavoz del
Grupo Socialista, diciendo lo que tenía que hacerse, urgiendo al Gobierno de entonces, poniendo fechas, diciendo cosas enormemente contundentes sobre lo que había que hacer con los créditos FAD. Al comienzo de la legislatura el ministro, la
secretaria de Estado y el secretario de Estado de Economía se comprometieron e hicieron una crítica contundente de lo anterior. Si se ha tenido tan claro lo que había que hacer y se han tenido cuatro años, ¿cuál es la razón por la que finaliza la
legislatura sin que haya una reforma de los créditos FAD? Ese es el tema. Esa era la razón por la que queríamos que comparecieran. Por cierto, esta comparecencia está pedida para marzo. Desde marzo no ha comparecido el Gobierno y quizá en marzo,
si hubiéramos tenido este debate, hubieran tenido ustedes tiempo de reaccionar y poder presentar esta cuestión. Esto es así. Insisto, la noticia es que ustedes no van a presentar esa reforma y la tendremos que hacer en el futuro.



Simplemente quiero decirle al señor Madina -también mi buen amigo- que el Partido Socialista está muy acostumbrado a hacer esto del adanismo, creer que el mundo empieza consigo mismo. Le invito, supongo que el secretario de Estado tiene
datos, a que vea que no es cierto que no se habían hecho nunca aportaciones a organismos multilaterales. No es cierto y bien lo sabe el secretario de Estado. Eso por una parte. Por otra, también inaugura una nueva forma de hacer política que es
preguntarle a la oposición. Yo creía que en estas comisiones normalmente se preguntaba al Gobierno y este era el que comparecía para responder. Esté absolutamente tranquilo, señor Madina, porque el Partido Popular cumplirán no con los compromisos
sobre los que usted ahora me está preguntando sino con los compromisos que ya asumió cuando era Gobierno. Porque recordará que en la cumbre de Monterrey, en el año 2000, quien presidía el Gobierno de España no era el Partido Socialista sino el
Partido Popular, que ya entonces se comprometió a los objetivos del Milenio y a los temas de financiación, y se han ido dando pasos en cada momento según las circunstancias. ¿Que ustedes quieren en este momento ocultar todo con el tema de las
cantidades económicas? Pues harán un triste favor, porque no todo es la cantidad, que es muy importante -como usted bien sabe, en esta Comisión hemos hecho una gran esfuerzo por buscar puntos de consenso y hemos aplaudido todos aquellos temas-,
sino también la calidad y la coherencia de esas políticas. De eso precisamente es de lo que estamos hablando hoy, de la coherencia de políticas en temas de deuda, de FAD y, sobre todo, de la coherencia de los compromisos no ya solo políticos sino
también legales. Existe una ley que obliga a presentar una reforma de la Ley de FAD que va a ser claramente incumplida.



No voy a alargar más la cuestión, porque veo el tiempo que he empleado y no quisiera que la presidenta me tuviera que llamar al orden.
Curiosamente, señora presidenta, es una pena que no me haya leído este 'Diario de Sesiones' antes, porque
hemos discutido durante cuatro años sobre esta cuestión y hay una anécdota de la Comisión muy simpática en la que actual secretaria de Estado de Cooperación se queja de los tiempos que no le concedía entonces la Presidencia, porque llevaba hablando
en ese momento veinticinco minutos. Es una pena no haberlo leído antes. En todo caso no quiero crear este compromiso de última hora.



La señora PRESIDENTA: Sí, me lo leeré.



Señor Madina, tiene la palabra por el Grupo Socialista.



El señor MADINA MUÑOZ: Voy a intervenir en la línea de lo ya expuesto en mi primera intervención y con algunos elementos nuevos que han entrado en la segunda ronda. El señor Chávez puede decir lo que quiera y sus palabras son
responsabilidad suya. Lo que sí sé es que será no sobre sus palabras sino sobre su obra donde se crearán caldos de cultivo y marcos en los que las empresas trabajen en el futuro. En función de esos marcos, a partir de su obra y no de sus palabras
que se las lleva el viento, las empresas y el Gobierno español tomarán sus decisiones. Estoy convenido de que las intervenciones verbales de un presidente, que las necesita para aparecer en una cumbre de la que se fue sin una sola aportación en
materia de cohesión social, que de eso trataba la reunión de Santiago de Chile -necesitó esos exabruptos para salir en la tele, porque no pudo dar ni una sola idea en materia de cohesión social-, no serán definitivas para un marco regional de
Latinoamérica en el que tenemos un volumen comercial importantísimo y lazos y raíces


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profundas en lo que estamos haciendo allí. En ese sentido, mi grupo no tiene ninguna preocupación, porque de palabras no se construyen obras sino que a partir de la obra se crean marcos para el comercio, para la presencia de empresas
españolas en esos países de Latinoamérica donde tantos lazos tuvimos en el pasado, tenemos en el presente y vamos a tener los mismos por lo menos en el futuro. (El señor vicepresidente, Simón de la Torre, ocupa la Presidencia.)


Para concluir, quiero decirle algo a mi amigo el señor Robles. En esta Comisión las conversaciones fluyen, se controla al Gobierno y se pregunta a los grupos. Tiene razón, ustedes firmaron compromisos en el año 2000 que nosotros
cumpliremos en el año 2012.



El señor VICEPRESIDENTE (Simón de la Torre): Tiene la palabra el secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (Mejía Gómez): Simplemente quiero hacer un comentario. Evidentemente, el Gobierno viene a ser preguntado pero cuanto más diálogo haya entre ustedes nuestra posición es, por lo menos, más
silente en ese terreno.



Señor Robles, simplemente le voy a decir dos cosas. En primer lugar, efectivamente, en el año 2003 se produjo la aprobación de las cifras del Milenio, pero no creo que en los dos años siguientes hubiera un incremento claro desde el punto de
vista de la cooperación al desarrollo.
Dos años después de que accediera al Gobierno -me refiero a la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo-, tuvieron una ocasión magnífica para haber hecho una reforma del FAD en el sentido
en que creo que se está iniciando casi diez años más tarde. La reforma tiene en cuenta los criterios y objetivos que he señalado al principio. Es una reforma que va en la buena dirección y creo, al mismo tiempo, que va a tener el agrado, el
concurso o el beneplácito de casi todos los grupos políticos.



El señor VICEPRESIDENTE (Simón de la Torre): Muchas gracias a todos, al señor secretario de Estado por su comparecencia y a ustedes por su presencia y sus intervenciones. Quería disculpar a los portavoces que se han tenido que ausentar
porque han ido a otras comisiones.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y diez minutos del mediodía.