CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 936

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 53

celebrada el miércoles, 7 de noviembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del fiscal general del Estado (Conde-Pumpido Tourón) para presentar y explicar la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente
212/001657.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



El objeto de la sesión es la celebración de la comparecencia del fiscal general del Estado para presentar y explicar la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006, comparecencia de la que es solicitante y autor el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.



Vamos a alterar el orden de intervenciones a petición de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco que será la primera en intervenir, una vez finalizada la intervención del fiscal general del Estado, y luego seguiremos con el orden habitual
en este tipo de sesiones, de menor a mayor, de los distintos grupos parlamentarios.



Sin más rodeos quiero dar la bienvenida y agradecer al fiscal general del Estado su presencia en la mañana de hoy, así como la realización de esta comparecencia que, sin duda alguna, por los temas de actualidad y por su importancia tiene el
máximo interés para esta Comisión y para toda la Cámara. Dándole una vez más la bienvenida y las gracias, cedo la palabra a don Cándido Conde-Pumpido


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Cuando en junio del año 2004 tomé la palabra por primera vez ante esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados era consciente de que estaba haciendo frente a una de las
etapas más comprometidas y posiblemente más difíciles de mi ya larga carrera profesional. Aquella impresión se ha visto plenamente confirmada, minuto a minuto, a lo largo de estos tres años y medio; pero con la misma sinceridad puedo asegurarles
que esa intensa experiencia cristaliza a estas alturas no solo para quien les habla sino, lo que es mucho más importante, para la institución que dirijo, en la enorme satisfacción de haber cumplido muchos y muy importantes objetivos. Por eso, en
este instante en que tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar a SS.SS. la última memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a la presente legislatura, no puedo evitar añadir al obligado informe anual una mirada de
conjunto a todo un periodo, comprometido y difícil, en efecto como yo suponía, pero productivo e innovador para la institución que dirijo.



Desde 1883, con el único y trágico paréntesis del periodo comprendido entre 1936 y 1940, el fiscal general del Estado ha traído a las Cortes, como la ley exige, la crónica anual del ministerio público, acompañada de un análisis de la
evolución de la criminalidad y de aquellas propuestas que estime oportunas para la mejora de la justicia. Pues bien, tengo el orgullo de poder afirmar, sin temor a equivocarme, que pocos de mis predecesores han podido rendir cuentas ante esta
Cámara de un cambio tan profundo y tan trascendental del ministerio fiscal español en su aspecto institucional, funcional y organizativo, como el que yo he tenido el privilegio de ir avanzando en cada una de las comparecencias anteriores, y que hoy
tengo la satisfacción de confirmar. Un orgullo que, insisto, no es en absoluto, personal, sino colectivo, como ha sido colectivo el esfuerzo desplegado en estos 43 meses. El esfuerzo sin precedentes de los 2.000 fiscales a los que represento, pero
también del Gobierno de la nación, que ha apostado por un proceso decidido de modernización y, cómo no, de este mismo Parlamento que hace pocas semanas consolidaba, con su voto favorable a la Ley 24/2007 de reforma del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal, esa transformación, a nuestro entender, histórica. De ella hablaré, si me lo permiten, más tarde. Antes voy a cumplir con la concreta obligación que me trae ante SS.SS., comenzando, como es deber legal y tradición, por el
estudio y evolución de la criminalidad en cuanto afecta al trabajo del ministerio fiscal. En este punto señalaré una novedad en la que, sin duda, ya habrán reparado. Este año la memoria de la Fiscalía General del Estado se compone, por primera
vez, de dos tomos, el segundo de los cuales se dedica íntegramente a este análisis estadístico y, además, se acompaña de un DVD que recoge su contenido.
Incluye, además, apartados más completos de los que antes incluía: una referencia específica a
cada uno de los órganos que integran la fiscalía general, desde la labor del Consejo Fiscal, de la Junta de fiscales de sala, de la inspección, de la unidad de apoyo, de la secretaría técnica en materia de formación, en materia de cooperación
judicial internacional y también en las memorias de cada una de las nuevas delegaciones que se han ido creando en materia de medio ambiente, siniestralidad laboral, violencia contra la mujer, etcétera.



En años anteriores me quejé ante esta Comisión de las enormes dificultades que comporta el cumplimiento de la función de recopilar y analizar datos sobre la incidencia del delito que la ley atribuye al ministerio público, habida cuenta de la
secular falta de medios, de formación y de procedimientos fiables para la obtención y tratamiento de la información.
No hemos llegado todavía al grado de exactitud que esperamos y, de hecho, aún estamos poniendo en marcha el sistema de información
del ministerio público que previó la Ley orgánica 19/2003; pero el hecho de que este año podamos ofrecer algo parecido a un compendio estadístico detallado, con una presentación más accesible y en un soporte moderno, ya constituye un avance que
espero que los ciudadanos y quienes lo representan puedan apreciar. El esfuerzo ha sido grande y, como digo, el resultado, sin duda, es mejorable, puesto que aún permanecen las imprecisiones y algunas incongruencias en las cifras que manejamos,
pero me parece que se hace perceptible un avance evidente.



Una vez más advertiré -sobre todo de cara a la opinión pública, puesto que SS.SS. conocen sobradamente ese matiz- que las cifras que ofrecemos en la memoria, de las que aquí solo mencionaré los pormenores más relevantes, no se refieren
exactamente a delitos cometidos, ni siquiera a delitos denunciados o conocidos por las autoridades competentes, sino a procedimientos penales incoados, a procedimientos judiciales, y más


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precisamente a las diligencias previas incoadas por delito. Pues bien, esos procesos judiciales, si nos atenemos a los registros cuantitativos de las fiscalías, crecieron en el año 2006 en relación con el año anterior, alrededor de un 4 por
ciento, lo que se traduce en 4.395.244 diligencias previas en las cuales ha intervenido el ministerio fiscal.
Sin embargo, como ya adelanté con ocasión del acto solemne de apertura del Año Judicial, el análisis cuantitativo de ese dato conduce a
conclusiones que me atrevería a calificar de llamativas e incluso de reveladoras de significativos cambios sociales que se manifiestan como una tendencia clara en los últimos años.



En primer lugar, se detecta un retroceso notable del número de causas por delitos violentos, tanto asesinatos, homicidios o lesiones como delitos patrimoniales en los que interviene la violencia o la intimidación. La cifras son en algún
caso reveladoras. Así, por ejemplo, se observa un descenso del número de diligencias registradas por homicidios, que pasan de 1.294 en 2005 a 948 en 2006, lo que supondría más de un 25 por ciento, sin que ese recorte se pueda atribuir, al menos en
una proporción importante, a una desviación estadística puesto que la incoación de procedimientos de jurado y sumarios ordinarios -que son los cauces alternativos para las muertes violentas- también desciende levemente.
Algo similar ocurre con las
lesiones, que pasan de 574.995 a 525.419, es decir, casi 50.000 procedimientos incoados menos o, lo que es lo mismo, una reducción de casi el 10 por ciento, sin que se aprecie un aumento correlativo de los denominados juicios rápidos, que sería la
posible vía de recogida estadística, por así decirlo, de ese descenso. El mismo fenómeno en los mismos términos comparativos se da con el número de diligencias incoadas por delito de robo con violencia o intimidación, que pasan de 87.621 a 76.997,
lo que supone un descenso cercano al 13 por ciento. Estamos, pues, ante una reducción neta bastante significativa de las conductas violentas que dan lugar a procesos penales por delito. Se mantiene, sin embargo, en otro orden de cosas, la tónica
ya tradicional de que los delitos contra la propiedad ocupen en torno al 50 por ciento del trabajo que realiza la jurisdicción penal, pero las modalidades que podríamos denominar clásicas, como las correspondientes, por ejemplo, a los delitos de
hurto, a los robos con fuerza, a los robos en casa habitada, también han descendido en relación con el año anterior.



Los datos numéricos nos ofrecen, así pues, la confirmación de un fenómeno que ya apunté el año pasado: un suave pero sostenido desplazamiento de la actividad de la justicia penal y, desde luego, de la actuación del fiscal, como luego
señalaré al hablar de las diligencias de investigación. Un desplazamiento, digo, que parece tener mucho que ver con profundos cambios sociales no solo en el número y en la forma de las conductas delictivas, sino muy principalmente en su valoración
social -lo que los juristas llamamos la conciencia de antijuricidad-, de algunos comportamientos que antes quedaban fuera no de la teoría penal, no del código, no de la legislación que redactan SS.SS., pero sí de la esfera de aplicación práctica de
las normas penales.



Esos cambios explican, por ejemplo, el impacto de la violencia de género en la actividad cotidiana de los órganos judiciales desde que entró en vigor la ley integral aprobada por esta Cámara. No podemos aportar cifras comparativas con el
año anterior porque la Ley integral entró en vigor a mediados de 2005, lo que hace técnicamente imposible el cotejo interanual completo entre 2006 y 2005, pero sí queda constancia del esfuerzo de jueces y fiscales en la tarea de dar respuesta a un
fenómeno que, oculto anteriormente bajo el velo de la intimidad familiar, se mantuvo desde tiempo inmemorial en situación de invisibilidad, que no debemos confundir con su inexistencia. Ahora, una vez alzado ese velo, se ha producido una entrada
intensiva del derecho penal en esa zona oscura y eso arroja cifras que en una primera lectura pueden resultar impactantes, nada menos que 160.000 procedimientos penales en el año 2006, y más de 36.000 solicitudes de orden de protección tramitadas
por los juzgados. Una reacción jurídica colosal asentada en una nueva conciencia social del problema, cuya efectividad no es posible evaluar en el corto plazo, máxime cuando es obvio que se ha producido, en este primer tramo de aplicación de la
ley, un cierto efecto de espiral seguramente originado por el propio amparo jurídico y social otorgado a las víctimas de toda condición social o económica, que han perdido el miedo a esa apertura en cierto modo catártica de una realidad que hasta
ahora estaba cuidadosamente oculta.



En este, como en otros campos, quienes nos dedicamos al derecho penal sabemos que en el derecho penal no está la solución, pero que su fuerza de contención de las conductas más gravemente atentatorias contra los bienes jurídicos sí puede
constituir un factor complementario muy eficaz cuando las normas represivas se acompañan de medidas educativas y de incentivos dirigidos al fortalecimiento de los valores democráticos de la convivencia pacífica, de la tolerancia y del respeto al
otro. En este sentido, la línea trazada, por citar un ejemplo, por la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres puede constituir en el medio y largo plazo la mejor base para el progresivo decrecimiento de este tipo de
conductas criminales. Entretanto, los jueces y los fiscales seguiremos trabajando en la utilización plena de los recursos de los que disponemos, incluso en este ámbito punitivo.



En el mismo intento de buscar explicación a ese aparentemente paradójico contraste entre un aumento global del número de procesos penales y un descenso de las causas que se siguen por delitos considerados como comunes o más tradicionales, el
mismo fenómeno que acabo de apuntar respecto de la violencia sexista se produce en materias como la preservación del medio ambiente o la siniestralidad laboral. En el año 2006 los procedimientos incoados por delitos medioambientales en sus diversas
variantes crecieron un 3,5 por ciento en


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relación con el ejercicio anterior, pero si nos concentramos dentro de esa categoría general en los denominados delitos urbanísticos o contra la ordenación del territorio, nos encontramos con que el aumento se eleva hasta el 11 por ciento
neto. Y de la misma manera, por tercer año consecutivo, sin una variante sustancial en el número de accidentes mortales, por citar un dato, hemos conocido un aumento espectacular de la cifra de procedimientos judiciales que se sigue por homicidio
imprudente laboral, es decir, por el fallecimiento de un trabajador a causa de la falta de medidas de seguridad legalmente exigibles. Repito que el número de diligencias incoadas por este tipo de delitos -sin que se haya incrementado, al contrario,
se ha reducido el número de víctimas-, que en 2006 ha llegado a 511, prácticamente triplica las que se incoaron en el año 2003 sin una sustancial variación del número de fallecimientos ocurridos en el lugar de trabajo, a lo que se suma un incremento
notable del número de procedimientos por delito de mero riesgo, es decir, aquellos delitos sin lesión efectiva que, de no existir prácticamente en la estadística penal, han pasado a lo largo de estos tres últimos años a alcanzar la cifra de 282
procedimientos por delito de riesgo en el ámbito laboral registrados en el año 2007; un 280 por ciento de incremento en tres años que, lejos de constituir un motivo de preocupación, es, a juicio de este fiscal general, una fuente de satisfacción al
comprobar que la maquinaria del ministerio fiscal está funcionando como esperábamos cuando en la Fiscalía General del Estado decidimos que era inaplazable ponerla en marcha en este terreno. Si, en efecto, desde el origen de mi mandato señalé el
problema de la seguridad laboral como una de las prioridades del mismo, creo poder afirmar que en este caso el incremento estadístico no solo nos ofrece un dato positivo, un saldo favorable, sino que sobre todo refleja también un progresivo fenómeno
de sensibilización de jueces y magistrados -no se olvide que estoy hablando de procedimientos judiciales no de meras diligencias de investigación del ministerio fiscal- y, por supuesto, una sensibilización de los propios ciudadanos afectados, de
cuya colaboración depende directamente la incoación y la tramitación de estos procesos. No hay que olvidar en este apartado a las administraciones, tanto a Administración central como a un número importante de comunidades autónomas, que, a través
de diversos convenios con la fiscalía general, han permitido, primero, mejorar la formación y la dotación de los fiscales especialistas en la materia y luego establecer protocolos de actuación que aúnan el esfuerzo de todos los órganos e
instituciones implicados. Cabe destacar, por su fecha reciente, el acuerdo firmado el pasado mes por los ministerios de Interior y de Trabajo junto con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.



En suma, y no seguiré poniendo ejemplos para no cansar a SS.SS., las cifras parecen confirmar que nos hallamos en un auténtico proceso de cambio social que cabría resumir en la idea de que el derecho penal comienza a servir de escudo
protector a nuevos valores distintos de los que tradicionalmente constituían su objeto; valores que una sociedad democrática avanzada va añadiendo al elenco tradicional de aplicación de las normas sancionadoras y que por tanto redundan en esa
sensible evolución de las cifras de actuación de los juzgados y tribunales y, por supuesto, de la fiscalía. No quiero olvidar tampoco el problema de la siniestralidad vial, que sé que preocupa a ilustres miembros de esta Cámara, en relación con el
cual se ha producido también un incremento relevante de la intervención del ministerio público. Ahora bien, ni ese impulso innovador ni ninguna otra circunstancia o coyuntura han desviado en ningún momento la atención y el esfuerzo de la
institución que represento cuando se trata de hacer frente a las grandes amenazas que, desgraciadamente, sí tienen mayor arraigo en nuestra práctica jurídico-penal. La primera de ellas, indudablemente, es la del terrorismo.



Déjenme en este punto empezar recordando que este fiscal general del Estado se comprometió públicamente, incluso aquí, en este Parlamento, a hacer todo lo que dependiera del ministerio fiscal para conseguir que la atrocidad con la que
concluyó la anterior legislatura, el terrible atentado del 11 de marzo de 2004, fuese objeto de enjuiciamiento y sentencia antes de que los imputados agotasen el plazo de prisión provisional. Hoy tengo la emocionante satisfacción de dar cuenta a
esta Cámara de un logro colectivo: el logro de un tribunal jurídicamente riguroso y técnicamente solvente, sin perjuicio de las discrepancias interpretativas puntuales que en el aspecto técnico a cada quien pueda ofrecerle su criterio en un asunto
tan extremadamente complejo; el logro de una Fiscalía de la Audiencia Nacional volcada en un esfuerzo con escasos precedentes, algunos de cuyos miembros se han visto sometidos en algún momento, permítanme decir que de una manera absolutamente
injusta, a una presión también desconocida hasta ahora; pero sobre todo el meritorio logro de unas víctimas que han sabido esperar digna y serenamente, con la convicción admirable de la ciudadanía, la palabra del derecho, que en democracia es el
único cauce legítimo del ideal humano de justicia. Pocos países han hecho frente con éxito a un desafío semejante, con la eficacia, con la precisión y con el coraje con los que el sistema jurídico español ha podido mostrar al mundo que era capaz de
enfrentarse a la barbarie solo con la ley en la mano. Los acusados han tenido un juicio justo y pagarán su crimen con el cumplimiento de las correspondientes penas, como corresponde en democracia. Aparte de esto, a nosotros, a los fiscales, y al
resto de los ciudadanos de bien, a los que SS.SS. representan, nos queda velar por que, en ejecución de esta misma sentencia, las víctimas obtengan una reparación real y efectiva de su pérdida inconmensurable, en la medida, seguramente
insuficiente, que el sistema jurídico alcance a poder ofrecerles.



Por lo demás, debo dejar constancia de cómo el Estado de derecho avanza imparablemente hacia posiciones de avanzada, de manera que ya no es preciso que


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la tragedia tenga lugar para que la norma penal pueda contribuir a evitarla. En el año 2006 el ministerio fiscal dirigió la acusación contra 64 personas por actos relacionados con el terrorismo islamista internacional, que, en la mayoría de
los casos, no habían llegado a concretar ningún atentado. En la medida en que ese logro es posible sin recortes indiscriminados de las libertades, sin quebrar el equilibrio entre libertad y seguridad, sino aplicando sencillamente las normas
penales, con arreglo al clásico parámetro de legalidad, lege scripta, praevia, certa et stricta, en un marco de garantías procesales irreprochables, como es el marco del sistema jurídico español, creo que nos encontramos ante un avance importante
para garantizar nuestra seguridad; intervenir antes avanzando las barreras de protección penal precisamente para evitar que el atentado pueda llegar a producirse.



Y si el terrorismo islamista ha encontrado en nuestra ley una respuesta sólida y efectiva, el absurdamente persistente terrorismo etarra no ha dejado de chocar con esa misma barrera ni aun en los momentos en que la posibilidad de una salida
final generó esperanzas en muchos españoles; esperanzas que la irracionalidad asesina segó de raíz una y otra vez, en cada ocasión en que esa esperanza se abrió. La última con el atentado de Barajas del pasado mes de enero. No voy a insistir en
algo que he dicho una y otra vez, aquí y fuera de aquí, y que ahora tengo cuando menos la satisfacción moral de poder demostrar con cifras incontestables. Con alto el fuego y sin alto el fuego, la acción de la fiscalía contra la actividad
terrorista de ETA y de su entorno ha sido en la presente legislatura implacable. Tanto que en el ejercicio anual que analizamos, esto es, en el año 2006, coincidente con el alto el fuego decidido por la banda armada, las cifras de detenciones, de
acusaciones, de juicios y de condenas -sobre todo quiero insistir en la cifra de acusaciones formuladas porque eso depende exclusivamente del ministerio fiscal- multiplicó las cifras de periodos anteriores. Son 102 los escritos de acusación
formulados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delitos relacionados con la actividad etarra, 102 acusaciones que incrementan en un 161 por ciento la cifra del año 2005. Se presentaron en 2006, durante este periodo por tanto coincidente con
el alto el fuego, muchas más acusaciones del ritmo al que se venían formulando en los años anteriores, más del 27 por ciento del total de las acusaciones formuladas en el año 2004, incluyendo cualquier acto de terrorismo o relacionado con el
terrorismo no solo de ETA, sino de todas las manifestaciones domésticas o internacionales de este tipo de conducta criminal. No quiero hacer la comparación en este momento con los actos o con las acusaciones que se formularon precisamente durante
el periodo de la tregua anterior, pero figuran en la memoria y son sin duda infinitamente superiores. En el año 2006 celebramos 80 juicios orales contra integrantes o colaboradores de la banda etarra y se dictaron 79 sentencias, un 58 por ciento
más que en el año anterior, es decir, que durante el año del alto el fuego permanente no solamente no se ralentizó la actividad enjuiciadora con respecto a los acusados por hechos delictivos, por hechos de sangre o por otros hechos delictivos de
ETA, sino que se dictó un 58 por ciento más de sentencias que en el año anterior y en esas sentencias resultaron condenadas nada menos que 115 personas. Con alto el fuego entonces y sin alto el fuego ahora, con ETA intentando hacer tanto daño como
pueda cada vez que tenga ocasión, pero dando señales también de una evidente debilidad, a 1 de septiembre de este año 2007, con 175 detenidos entre Francia y España, la fiscalía ya había dirigido 42 acusaciones contra 79 sujetos y se habían dictado
36 sentencias condenando a 65 individuos.
Ese, el de los datos, es el testimonio del trabajo que ha hecho el fiscal. Las valoraciones y las opiniones son, en democracia, libres, pero también es importante en democracia que el trabajo de las
instituciones se valore con arreglo a la realidad de los hechos y no mediante meros juicios de intenciones, opiniones sin documentar o conjeturas interesadas. Por eso, no dejaré de repetir ante la representación soberana del pueblo español, ahora
con las cifras en la mano, que en la lucha contra el terrorismo de ETA el ministerio fiscal ha hecho, en todo momento, lo que tenía que hacer, lo que la Constitución y la ley le encargan hacer. Eso sí, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo
con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, fruto del trabajo y del debate en el seno de nuestra institución y del estudio de la ley y de la jurisprudencia, no al paso que nos marque -con todos los respetos- ninguna fuerza política ni ningún
grupo mediático. Sabemos cuál es el coste de esa actitud y tenemos perfectamente asumido dicho coste.



Debo decir, por cierto, que esa larga trayectoria de confrontación jurídica con el terrorismo fue la primera escuela del ministerio fiscal español a la hora de valorar la importancia de un trabajo especializado.
Como saben SS.SS., la
Fiscalía de la Audiencia Nacional, especializada precisamente en ese trabajo de lucha contra el terrorismo, es modélica en el ámbito del derecho comparado, precisamente por su condición de especialización y de conocimiento de las materias del
terrorismo interno e internacional; y ese criterio de especialización en los últimos años ha pasado a integrarse de manera nuclear en la organización del trabajo dentro del ministerio fiscal, conformando un modelo innovador que la reciente reforma
estatutaria ha consagrado a nivel legislativo; algo que tiene mucho que ver con la evolución singular de las cifras de intervención de la justicia penal en los nuevos terrenos a los que me refería al comienzo de mi intervención.



También en el ámbito judicial se observa una progresiva y lógica tendencia a la especialización. La constatación de los beneficios que de ello derivan me ha llevado, como fiscal general del Estado, a proponer públicamente y, por supuesto, a
reiterar en esta sede -a proponer en el acto de apertura de tribunales en el Tribunal Supremo y a reiterar hoy en esta sede-, que es especialmente idónea para ello, las reformas pertinentes


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para introducir ese criterio de especialización en la Audiencia Nacional, de manera que materias tan distintas como el terrorismo, las operaciones de narcotráfico, los grandes delitos económicos o el ejercicio de la jurisdicción
extraterritorial, puedan ser objeto de una dedicación más concentrada y, por tanto más eficaz, por juzgados y por salas especializadas en cada materia. Esta es una medida que, entre otros aspectos, evitaría someter a los jueces y magistrados de la
Audiencia Nacional al cada vez más difícil ejercicio de atender cuestiones tan diferentes y de enorme complejidad todas ellas, tanto en el aspecto fáctico como en el aspecto jurídico, pasando de una a otra, de los grandes delitos financieros al
terrorismo islamista, sin solución de continuidad, prácticamente en la misma mañana, en la misma guardia o en el mismo período de señalamiento. Las ventajas que podrían producirse con ese cambio, en términos de rentabilización de ese enorme
esfuerzo judicial y, por tanto, de la eficacia y la calidad del trabajo, serían, a juicio del ministerio fiscal, absolutamente indiscutibles. Y no lo decimos a título de mera hipótesis sino a partir de una experiencia contrastada en nuestra propia
institución; una institución que lleva años actuando en la Audiencia Nacional a través de tres fiscalías distintas: la Fiscalía Antidroga, que lleva las grandes cuestiones de narcotráfico y blanqueo de dinero en la propia Audiencia Nacional; la
Fiscalía Anticorrupción, que lleva los grandes asuntos financieros en la propia Audiencia Nacional; y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lleva las demás cuestiones. El que trabajen tres fiscalías especializadas ha dado resultados ventajosos
que los propios jueces y magistrados sin duda pueden confirmar.



No quiero alargarme mucho más. Tan solo me gustaría añadir, en esta mi última comparecencia de la legislatura, un mensaje de reconocimiento y de satisfacción que, en lo sustancial, creo compartir con la inmensa mayoría de los fiscales a los
que orgullosamente represento. El mes pasado presencié, confieso que con cierta emoción, y por invitación expresa del señor presidente de esta Cámara, el debate final previo a la aprobación de la Ley de reforma del Estatuto orgánico del ministerio
fiscal; una reforma que había tenido su origen en una propuesta de la propia Fiscalía General del Estado. La propia Fiscalía General del Estado, con la representación de los máximos representantes de la institución, pudo acudir precisamente al
debate final de la aprobación de esta reforma. No voy, lógicamente, a explicar en esta Comisión de Justicia el contenido de una norma que SS.SS. han elaborado, pero sí quiero destacar que en ella se recogen, de entrada, viejas reivindicaciones de
todo el conjunto del ministerio público, centradas en la idea de autonomía del ministerio fiscal, que el propio Congreso de los Diputados había catalogado, en una moción aprobada en 1997, y que al no haberse incluido en ninguna de las importantes
reformas del estatuto orgánico que tuvieron lugar en la anterior legislatura, se reiteraban en otro acuerdo que siguió al debate sobre el estado de la Nación del pasado año.



Puede que en algunos aspectos hubiese sido posible ir todavía más allá, toda obra legislativa es perfectible, pero medidas como la temporalidad del mandato del fiscal general del Estado, la limitación de las causas de cese, sujetas a control
jurisdiccional, evitarán seguramente situaciones que hemos conocido en el pasado, difícilmente compatibles con la idea de autonomía funcional y orgánica que la Constitución proclama. Es la Constitución la que proclama esa autonomía, reforzada en el
propio Estatuto del ministerio fiscal; del mismo modo, la intervención del Parlamento en la designación del fiscal general, que obviamente no podía configurarse con carácter decisorio sin mudar el sentido de las previsiones constitucionales,
indudablemente será una intervención que tendrá un peso notable en la propuesta que el Gobierno pueda realizar. La agregación a esas decisiones de una tarea pendiente desde hace decenas de años, como es la de modernizar la estructura orgánica y,
sobre todo, la configuración territorial del ministerio público, constituye también un aporte al ideal de la autonomía y de la imparcialidad. Cuanto más se perfile una estructura orgánica fuerte, donde cada quien ejerza de manera efectiva y con
soporte normativo suficiente sus propias responsabilidades, en el marco del principio de unidad de actuación, más difícil será que la interferencia política o el interés extrajurídico penetren en el trabajo cotidiano de los fiscales. Podemos
sentirnos insatisfechos, pero tenemos uno de los modelos institucionales del ministerio fiscal más avanzados del mundo y, desde luego, de Europa, y lo digo como mérito, obviamente, de la Cámara que ha aprobado las normas legales que lo regulan. De
alguno de ellos solo nos diferencia, tal vez, el conocimiento y la percepción ciudadana del trabajo de la institución.
Creo que la reforma legal que SS.SS. han aprobado, en la que se cruzan la especialización del trabajo y la aproximación, incluso
física, al lugar donde se plantean los problemas, cualquiera que sea su situación geográfica, puede contribuir de una manera decisiva a que el fiscal se haga más presente en los conflictos sociales y su intervención más decisiva y más útil en el
cumplimiento de la misión constitucional que el ministerio público tiene encomendada.



Todas esas novedades, como ya he dicho en esta Cámara, requieren para su eficacia de un valor añadido. La Ley 24/2007 -fíjense que me alegra poder decir Ley 24/2007, porque incluso en su numeración este 24 encaja con el artículo 124 de la
Constitución, que es precisamente la norma básica, la magna norma del ministerio fiscal- nos dota de instrumentos nuevos para fortalecer la autonomía del ministerio público y nos dota de un esquema organizativo que puede colocarnos en el siglo XXI.
El que se cumplan esos fines o no, no depende solo de la letra ni del espíritu de la ley; depende, sobre todo, de que en su aplicación todos asumamos la responsabilidad de preservar -criticándolas y mejorándolas en lo que sea menester pero
respetándolas- la dignidad


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y la capacidad de actuación de las instituciones, sin presiones, sin servidumbres y sin imposiciones de intereses ajenos a la función que las instituciones del Estado deben cumplir y cumplen efectivamente.



En mi primera comparecencia ante SS.SS. dije textualmente que no aspiraba a generar la coincidencia en torno a mis propuestas, pero sí podía dar garantías, naturalmente en la medida que permite la imperfección humana, de la corrección
técnica de todas ellas. Añadí que la discrepancia forma parte esencial de cualquier proceso de toma de decisiones en el ámbito jurídico y que me gustaría que todas las críticas, incluso las más incisivas, estuviesen siempre apoyadas en argumentos
jurídicos sostenibles, y que en cualquier caso siempre sería respetuoso con quienes hagan de la crítica al fiscal general del Estado un ejercicio político de obligada discrepancia.



He procurado siempre cumplir esos objetivos y, de hecho, el ministerio fiscal ha visto una y otra vez cómo la polémica política o mediática -a veces feroz- en torno a su actuación, concluía casi siempre en el mismo punto: cuando los
tribunales nos acababan dando la razón. Por eso he procurado que la batalla política y mediática, si lamentablemente había de centrarse en el ministerio público, lo hiciera precisamente en mi persona como máximo representante y responsable, y no
actuando o criticando a los profesionales de cuyo trabajo cotidiano depende realmente la credibilidad de nuestra institución y dependen también los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que la ley pone en nuestras manos. Todos sabemos
que a veces es tan difícil encontrar una solución jurídica a un problema como es fácil descalificar esa misma solución jurídica contaminándola con argumentos políticos. El botín político o electoral puede ser sustancioso, pero el daño que a largo
plazo sufren las instituciones es irreparable. Por eso precisamente, como máximo responsable de un órgano al que la Constitución encarga velar por los derechos de los ciudadanos y por la independencia de los tribunales, me siento obligado en este
punto final de la legislatura a trasladar a SS.SS. una honda preocupación por el evidente deterioro institucional que generan, con consecuencias directas en la relación de confianza que sustenta la misma idea de la justicia, situaciones como las
que se viven en este instante en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Situaciones que, como fiscal general del Estado, no sería honesto con mi actuación no poner de relieve, y que no son demasiado lejanas por
desgracia a las que durante décadas ha arrastrado el propio ministerio público, ahora ya calificado por la ley como un órgano de relevancia constitucional pero que ha sido convertido, con indeseable frecuencia, en presa política, en herramienta o en
juguete de contiendas electorales o de campañas partidarias.



Quiero terminar rogando a SS.SS., y permítanme que lo haga a todas y cada una de SS.SS. aunque esa igualación no se corresponda en términos de estricta justicia con sus respectivas actitudes individuales o de grupo, que al margen y sin
perjuicio de la legítima confrontación política y de la diversidad ideológica, esenciales para la democracia, busquen una zona de intersección en donde sea posible en la vida pública de nuestro país hacer efectivo el respeto. Un respeto
imprescindible para que las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho puedan cumplir su función con la eficacia y la credibilidad que deberían merecer el rigor jurídico y el nivel profesional de los que, salvo escasas excepciones,
hacen gala. Que el legislador sea el primer defensor de los órganos que garanticen la aplicación imparcial de la ley y de la Constitución, es algo que entra dentro de una elemental lógica ética y democrática. Una lógica que me autoriza y me
impulsa al atrevimiento de poner fin a mi intervención elevando al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a quienes manejan los resortes del poder, de cualquiera de los poderes, instituidos o no, esa petición de respeto y de cuidado. Si lo hago
aprovechando mi última comparecencia anual ante esta Cámara -mi última comparecencia en esta legislatura ante una Cámara que pronto agotará una etapa más del camino de libertades que los españoles nos dimos en 1978- es precisamente porque lo hago
mirando al futuro.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Como habíamos anunciado, vamos a abrir el turno de grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la señora Uría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente, y también a mis compañeros que han permitido la alteración del orden normal. Para que conste en el 'Diario de Sesiones', quiero manifestar que pertenezco al tribunal que está juzgando a
los opositores al cuerpo de letrados de esta Cámara y debo continuar oyendo la lectura que de sus ejercicios hacen los examinados.



Vaya por delante, señor fiscal general del Estado, lo que le he dicho al comienzo de mi intervención, la cordial bienvenida que a usted y al equipo que le acompaña hago en mi nombre y en el del grupo parlamentario al que represento. Viene
usted a presentarnos lo que en la introducción y también en el discurso de apertura del Año Judicial manifestó, que es la aportación del ministerio fiscal al diseño de una política criminal acorde con las necesidades y exigencias de la sociedad en
la que vivimos y a la que servimos. Se refería, y también lo ha hecho hoy en su exposición, a que se producía el 25º aniversario del estatuto orgánico por el que se rige el ministerio fiscal y a la modificación normativa que respecto de él se ha
hecho. No insistiré en la postura sostenida por mi grupo, que ha estado sustancialmente de acuerdo con el contenido de la norma aprobada. No es la norma que nosotros hubiésemos aprobado, pero me remitiré a lo que consta en relación con el
contenido de la ley y al objeto de aprobación que con nuestros votos hicimos del contenido de esta norma. Le alabo que en la


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introducción se citasen sectores a los que ha ido especialmente dirigida la actuación del ministerio fiscal en este año, como en otros precedentes, cuando se habla de la protección de los menores de edad y de aquellos que no son capaces de
gobernarse por sí mismos así como a los que sufren los efectos de los delitos, es decir a las víctimas con consideración específica -que también a mi grupo y a mí misma merecen-, las víctimas del terrorismo. El rigor y la eficacia en la
investigación de las actividades terroristas -también alabo que se haya incluido esta manifestación en la introducción- y el castigo de sus culpables solo es tal desde el respeto absoluto a las garantías y derechos de quienes sean imputados o
condenados por esos horribles y deplorables crímenes. Cito esta frase por alguna observación que le haré más adelante.



Se menciona también en la introducción a la fiscalía de la Audiencia Nacional, tan en boga hoy día por sus actuaciones. Basta asomarse a los medios de comunicación para comprobar que hay una interesante entrevista al fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, con cuyo contenido coincido sustancialmente; no tanto con el artículo publicado en prensa por la fiscal que ha intervenido en el llamado sumario del 11-M, no porque no considere acertado su contenido sino porque me parece poco
apropiado por parte de una funcionaria. Lo entiendo perfectamente, es entendible desde el punto de vista humano y coincido con el contenido que en él se manifiesta, pero quizá sea poco apropiado que haya sido publicado por la propia funcionaria
pública.



Me uno también a las felicitaciones que se hacen dentro de la introducción de la memoria al trabajo que ha realizado la Secretaría Técnica y la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado, así como al papel que el Centro de Estudios
Jurídicos efectúa en relación con la formación continuada de los miembros de la carrera fiscal. Me permitirá el señor fiscal general del Estado que me parezca -me lo pareció ya cuando presentó la memoria- un poco pelota la afirmación que se hace de
agradecimiento al presidente del Gobierno por la partida presupuestaria destinada específicamente a la formación continuada de los integrantes del ministerio público. Los Presupuestos Generales del Estado son ley que se aprueba en esta Cámara y por
tanto a todos cuantos los votamos favorablemente en el año 2006 se nos debe reconocer el agradecimiento.



Le manifesté ya en el año anterior y lo vuelvo a hacer, que no entiendo bien o no considero justificado el vaciado que de la agenda del fiscal general del Estado se hace en el capítulo I, cuando se habla de las actividades que se han llevado
a cabo. Desde mi grupo damos por supuesto que realiza cuantas visitas, viajes o contactos considera necesarios para cumplir con su función y no tenemos ningún reproche que hacer al respecto. Eso sí, de vez en cuando sirve para detectar cosas; hay
un trato diferente a los distintos grupos parlamentarios. Cuando se habla y se pormenoriza a quién se ha entregado personalmente la Memoria de la Fiscalía General del Estado, además de por supuesto al Rey y al Príncipe de Asturias, a los
presidentes de ambas Cámaras y a los vicepresidentes, se menciona seguido a don Mariano Rajoy en su calidad de presidente del Grupo Parlamentario Popular. A los demás, se nos manda por correo. Para que no se diga que no hay estatuto especial de la
oposición, de la que siempre se queja el Grupo Popular. Al menos a este respecto, sí hay distingos.



En cuanto a incidencias personales, me quiero referir a dos, por el especial afecto que tengo a quienes son destinatarios de ellas. Se menciona a quienes han accedido al Tribunal Supremo, y quiero hacer especial referencia al fiscal Alfonso
Aya Onsalo, que ha cumplido un cometido importantísimo al frente de la fiscalía de Álava y con quien me une una extraordinaria amistad. Y lamento que por jubilación haya causado baja el que fuera jefe de la fiscalía de Barcelona, don José María
Mena, de cuya amistad me jacto. Lamento profundamente su desaparición del cometido de fiscal.



Evolución de la delincuencia. Estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha manifestado el señor fiscal general del Estado y que consta en la memoria, pero quería referirme a algo que me parece significativo: el aumento de las diligencias
de investigación. Así se señala también en la memoria, cuando se dice que hay un incremento del 56,71 por ciento. El origen más frecuente de estas diligencias de investigación preprocesales es el de la denuncia formulada directamente ante el
ministerio fiscal -se dice- por distintos órganos de la Administración Pública. Que gran parte de ellas se refieran a hechos relacionados con la corrupción urbanística nos parece un dato que está bien señalado en la memoria, que es relevante y del
que me quería hacer eco. Al hablar de delincuencia en particular es inevitable que se hable de terrorismo. Respecto del terrible atentado perpetrado el 11 de marzo del año 2004, al que ya ha hecho referencia en cuanto a las actuaciones de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional, coincido con la exposición efectuada por el señor fiscal general del Estado, así como con el contenido de la entrevista del propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, incluso con la intervención que ayer hacía mi
compañero Emilio Olabarría, cuando se producía la comparecencia del ministro del Interior en esta Cámara para responder de los contenidos de la sentencia.



En relación con el terrorismo de ETA, en la memoria, la Fiscalía General del Estado se duele de la crítica permanente a la actuación de los órganos judiciales y del ministerio fiscal en la lucha contra el terrorismo, con acusaciones
infundadas de cesión, pasividad y/o inactividad, que ha contribuido a crear un clima de crispación social y de desconfianza en el normal funcionamiento de las instituciones. La propia memoria acredita que esto no es cierto y que la crítica no es
justa. Sin embargo, yo quisiera hacerle algún reproche en cuanto al cierto tono de espectáculo que se está dando en determinados momentos porque políticamente conviene a determinadas actuaciones, sobre todo cuando se producen


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detenciones. Me parece sorprendente que a altas horas de la madrugada se vaya con las cámaras de televisión de todos los medios -no digo que sea la fiscalía quien les llama-, porque yo creía que continuaba vigente el artículo 520 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, que habla de que las circunstancias de la detención afecten lo menos posible a las condiciones personales o a la intimidad de los detenidos, a quienes ampara la presunción de inocencia mientras no sean juzgados. Durante
el fin de semana pasado salieron una y otra vez -le pongo ya el ejemplo concreto- las siete detenciones que se practicaron en mi pueblo, Algorta. Salieron constantemente las personas detenidas, con la lógica afectación para ellos mismos y para sus
familiares. Estaban todos los medios de comunicación en los distintos domicilios cuando se producía la detención, a las tres de la mañana. Al ministerio fiscal le corresponde velar por los derechos de los ciudadanos y de determinadas actuaciones.
Ya sé que los medios de comunicación lo cubren todo y que el derecho a la información existe, pero debieran cuidarse determinadas circunstancias.
Me parece que ha sido lógica y correcta la actuación del ministerio fiscal en la persecución de los
hechos vinculados a ETA y a su entorno, pero le quiero mencionar alguno de los supuestos, puesto que el pormenor de la memoria es grande. Quisiera recordarle que existe otro supuesto, basado en una detención, que también fue espectáculo, de un
conocido miembro de mi propio partido. Gorka Agirre, burukide de mi partido, es objeto de unas diligencias penales que le suponen ir todos los lunes a firmar al Tribunal Superior en Bilbao, sin que se sepa que haya avances significativos en las
averiguaciones de esas diligencias. Si no hay materia, conclúyase con ellas cuanto antes; si las hay, ábrase el juicio y que sepan de una vez sus propios abogados a qué se está. Existe la sensación por parte de quienes llevan la defensa de que
son unas diligencias abiertas a mayor gloria de unas actuaciones vinculadas a lo político en un momento determinado y que después no están dando los frutos necesarios. Ni su nombre, ni su trayectoria, ni su militancia política, puesto que pertenece
a mi propio grupo, merecen el trato de permanente sospecha a que está siendo sometido. Respecto de otros procedimientos que se mencionan, como el macroproceso 18/98, llamado caso Ekin, u otros que no se mencionan pero que yo traigo colación puesto
que también siguen abiertos, como el referido al diario Egunkaria o al propio cierre del diario Egin, le hago observaciones parecidas a las que le hice con ocasión de la presentación de la memoria del año pasado. En el caso de Egin y de Egunkaria
se han adoptado medidas cautelares gravísimas, que han supuesto ya el cierre definitivo de ambos medios, sin que todavía se haya producido ninguna condena respecto de persona alguna, y ya resulta irreversible el daño padecido. Por cierto, en la
memoria se cita el número de acusados en el 18/98 con distintas cifras. En unos casos son 51 y en otro 55. Inicialmente, eran 65 acusados y yo creo que quedan 55, pero en otro lugar se menciona distinta cifra. En todo caso, es un macroproceso
poco adecuado, como ya le dije el año pasado, para hacer justicia individual e imputar hechos concretos a personas concretas.



Pasando ya a lo que consta respecto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, me parece muy interesante una reflexión que se hace por parte de la fiscalía en Álava vinculada al tipo de delincuencia de acoso laboral y escolar. Dice
que la experiencia de la fiscalía ha puesto de relieve que en muchos casos la solución no la ofrece la vía judicial, sino la aplicación de mecanismos de mediación o reparación de otro tipo.
Dice que la conclusión a la que se llegó con ocasión de un
expediente de reforma, que fue muy notorio y causó gran crispación social en Vitoria-Gasteiz, fue que la situación de conflicto social, lejos de poder solucionarse mediante la imposición de las sanciones, debía ser tratada con mediación de los
servicios sociales para la restauración de la paz social y de la tranquilidad de los afectados. Me parece una reflexión interesante y, como tal, la quiero señalar en esta comparecencia. También considero interesante la mención que se hace en
cuanto a otra fuente de incremento de la delincuencia y que yo creo que desgraciadamente no ha hecho más que empezar, que son las posturas teóricamente políticas, pero que son más que políticas, contrarias a la construcción del tren de alta
velocidad, denominada popularmente como la Y vasca. Ya ha dado lugar a actuaciones delictivas y creo, por lo que se anuncia, que dará lugar a más en el futuro. La fiscalía de Álava lo menciona y me parece justo alabar que así se haga. En cuanto
al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se habla del notable descenso, del que me congratulo, en todas las principales categorías de delitos. Me sorprende que no se mencione el pleito más original que tenemos en este momento, denominado de
alguna manera, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es el que se sigue contra el lehendakari y dos altos dirigentes del Partido Socialista de Euskadi. Se ha dicho hasta la saciedad, pero mientras el Gobierno reconocía que
estaba hablando con ETA, sin embargo es causa de apertura de unas diligencias penales que el lehendakari, el responsable político de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y dos destacados dirigentes del Partido Socialista tengan a bien hablar con
responsables de lo que se denomina izquierda abertzale. Eso sí, respecto de este caso debo manifestarle que considero impecable la postura que está sosteniendo una y otra vez la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.



Por compromiso personal asumido al hacer una pregunta en la Cámara el 20 de junio de este mismo año al ministro de Justicia, traigo a colación una cuestión que siempre me sorprende que no se cite expresamente en la memoria. Sí figura en el
anexo estadístico, pero luego nunca es objeto de especial literatura ni en la memoria ni en la exposición que por el fiscal general del Estado se hace ahora o en tiempos pasados. Me refería yo entonces a que entraba en vigor el protocolo
facultativo


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de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y le preguntaba al señor ministro qué se había hecho para poner en marcha los mecanismos nacionales independientes, y al efectuar la respuesta le
comentaba que en la memoria de la fiscalía general del Estado siempre hay -número que no me parece despreciable en ese año- 35 procedimientos abiertos por torturas que teniendo en cuenta que es una delincuencia que se comete desde los aparatos del
poder o desde quien tiene encomendado el monopolio de la represión de los delitos me parece significativo; me gustaría que fuesen especialmente comentados o que se conociese la especial actividad de la fiscalía para la represión de este tipo de
conductas que, desde nuestra perspectiva, resulta singularmente grave.



Finalmente, entre las reformas de propuestas legislativas que se han hecho por parte de la fiscalía, me parece interesante la preocupación social y la sensibilidad que denotan algunas de ellas. Las hay en materia de violencia doméstica y
las hay también referidas, al revisar la respuesta penal, a la proliferación de supuestos de ofertas falsas de trabajo para conseguir la expedición de trabajo y residencia, que vinculado al fenómeno de la inmigración tiene especial importancia, como
las sugerencias que se hacían de modificaciones normativas en lo relativo al impago de las pensiones. No les hemos hecho excesivo caso, debo manifestar, puesto que como bien conoce el fiscal general del Estado la única modificación normativa en
materia penal que se ha efectuado es la que todavía está en tramitación en el Senado y que no ha sido especialmente del agrado de mi grupo parlamentario. Nos parece excesiva la respuesta penal que se pretende respecto de las materias de tráfico y
seguridad vial y con enormes incorrecciones. Respecto del artículo 382, en la modificación que se propone no llegamos a comprender por qué la aplicación de lo que en realidad es un concurso de leyes a resolver por el principio de la alternatividad
haya de conllevar una agravación de la pena poniendo la aplicación de la misma en su mitad superior; la agravación podría tener sentido si se tratase de un concurso de delitos, nunca cuando se trata de un concurso de leyes. Explicado esto desde la
tribuna por mí misma, se me dijo por un ilustre miembro de la fiscalía que esto se podía arreglar luego con una circular o con una instrucción.
La verdad es que a la hora de elaborar tipos penales se debería ser especialmente cuidadoso y no cifrar
la aplicación práctica o la corrección del tipo a posteriores circulares e instrucciones, por buenas y meritorias que sean -saben que siempre se las alabo- las que proceden de la Fiscalía General del Estado. Tampoco entiendo por qué se insistió
tanto en la necesidad de represión y las medidas de privación de libertad en relación con ese tipo de delito cuando ahora, lo último que he leído y oído en entrevistas que se hacen en los medios de comunicación a los responsables de haber puesto en
marcha esta reforma, lo que se pretende es sustituirlos por trabajos en beneficio de la comunidad o por actuaciones que tengan que ver con la especial sensibilidad en relación con este tema, bien sean visitas a centros de tetrapléjicos o
parapléjicos o cuestiones de esta índole. Si no se pretendía privar de libertad, debería haberse establecido entonces que la respuesta punitiva o sancionadora fueran medidas de este estilo y no amenazar con la privación de libertad, que luego,
según se manifiesta, no se va a utilizar. No nos parece que sea la forma más correcta de modificar los tipos penales. En las reformas procesales penales -no puedo estar más de acuerdo con la necesidad de reformar la Ley del Jurado, que todos los
años ustedes nos solicitan- tengo que manifestarle que, como siempre, hecho en falta algunas otras propuestas de modificación por parte de la fiscalía. Ya lo dije cuando el 13 de septiembre de 2007 se produjo el debate de totalidad en la Cámara de
la supuesta reforma, que no va a ser ya tal porque se sabe que está absolutamente aparcado el proyecto de Código Penal que se había presentado.



El endurecimiento de las penas, el endurecimiento de las condiciones procesales que se produjeron singularmente en la segunda legislatura -las del Partido Popular-, no ha tenido ni una sola línea a favor ni del endurecimiento de las penas ni
del cumplimiento íntegro ni de que la prisión provisional o el aislamiento de los presos pueda durar hasta trece años conforme alguna de las modificaciones. Para el Grupo Vasco, al que represento, la cuestión no consiste en dejar impunes conductas
tipificadas pero nos parece que sí debiera hacerse algún gesto en una más adecuada tipificación de las conductas que bajo el epígrafe de terrorismo se contienen en el Código Penal para que el agravamiento punitivo de dichas conductas por razón de
las finalidades perseguidas por sus autores no resulte tan dañino en alguno de los tipos delictivos que se contemplan. Una y otra vez hemos insistido en esta cuestión, pero ni por parte del Gobierno ni por parte de la fiscalía hemos tenido eco y
nos gustaría que hubiera alguna reconsideración al respecto. Repito que no se trata de que los tipos delictivos graves queden impunes, sino de revisar algunos excesos en la aplicación de las penas que llevan también a jurisprudencias sorprendentes
en algunos momentos.



Pido perdón porque deberé ausentarme para cumplir el cometido que tengo al ser miembro del tribunal de quienes se están jugando su futuro en esta oposición.



El señor PRESIDENTE: Que acierte en su cometido, señora Uría, por el bien de la institución.



Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Quiero que mis primeras palabras sean de salutación y bienvenida al fiscal general del Estado, señor Conde-Pumpido, por su comparecencia en la mañana de hoy en esta Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados y por la información que nos ha dado al respecto; información que se encuentra empaquetada en el resumen del amplio informe bibliográfico de que disponemos, la


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memoria del ministerio fiscal relativa al pasado ejercicio de 2006.



En Coalición Canaria venimos siguiendo con mucha atención las actividades del ministerio fiscal en aquellas situaciones o peculiaridades que en el archipiélago canario merecen dar todo el apoyo al ministerio fiscal e incitar el celo de todos
sus representantes dentro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de las audiencias provinciales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas. A este respecto le quiero hacer las siguientes reflexiones y preguntas al señor fiscal general del
Estado relativas a las fiscalías especiales de Anticorrupción y de Antidroga. En la Fiscalía Anticorrupción ya en su día se hizo la provisión de la creación de dos plazas, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas, de fiscales de lucha
contra la corrupción. Se han destapado en Canarias actos presuntamente delictivos en representaciones administrativas, normalmente a nivel de ayuntamientos, en los que viene actuando el ministerio fiscal.
Nosotros quisiéramos que hiciera una
valoración de cómo ve tanto al señor fiscal como a la señora fiscal que hay en Santa Cruz de Tenerife en algunos casos que han trascendido los meros trámites judiciales, que han saltado al escándalo de la opinión pública y que están de primera
actualidad. Nosotros pediríamos el máximo celo del ministerio fiscal en la lucha contra la corrupción porque es el enemigo de base del sistema democrático.



La otra cuestión, señor fiscal general del Estado, es la inmigración en cuanto a la Fiscalía especial Antidroga. Debemos felicitarnos de que por fin se haya pronunciado el Pleno de este Congreso de los Diputados la pasada semana sobre una
reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Código Penal para que los patronos de las pateras y cayucos que sean capturados en aguas internacionales, puedan ser juzgados por los tribunales españoles. Esto que sí ocurría con la droga
-cualquier embarcación con un alijo de droga capturada por una patrullera de la Armada, de la Guardia Civil o de la Agencia Tributaria en aguas internacionales, el capitán o patrono de esa embarcación es juzgable por la jurisdicción española de los
tribunales correspondientes-, en el caso de las pateras, la Audiencia Provincial de Las Palmas, creo que a instancias del ministerio fiscal, había venido denunciando que los patronos que eran capturados en estas aguas internacionales no podían ser
enjuiciados por los órganos de justicia españoles. Afortunadamente interpretando y trayendo a la legislación española una resolución del año 2000 de la Asamblea de Naciones Unidas va a permitir que sea figura tipificada en un tipo delictivo el ser
patrono de las embarcaciones que se dedican al tráfico inhumano de estos esclavos del siglo XXI, que vienen sobre todo de África. En las aguas canarias estaba ocurriendo este fenómeno de que los patronos capturados en aguas internacionales con
inmigrantes subsaharianos con destino a Canarias, los tribunales españoles no podían actuar. Tenemos un buen instrumento para que, una vez que esté aprobado definitivamente este proyecto de ley que tiene que modificar el Consejo General del Poder
Judicial y al mismo tiempo el Código Penal, aparezca ahí el tipo delictivo de patrono de embarcaciones de inmigrantes clandestinos, no solo en la lucha contra la represión sino contra las mafias. El ciudadano no entiende que se esté continuamente
hablando de mafias de la inmigración existentes en África, en Mauritania, en Senegal, en Guinea Cronaky, etcétera, que mandan a esos patronos, y después las autoridades españolas judiciales no puedan enjuiciarlos. Aquí debería haber el máximo celo
de todos los órganos de justicia, así como de los servicios de seguridad del Estado, Guardia Civil, Armada, etcétera, que estuvieran por ahí.



Otra cuestión que quería plantearle, señor fiscal general del Estado, porque viene actuando con bastante eficacia, se refiere a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Como usted sabe, el Tribunal de Cuentas, junto al Defensor del Pueblo, son
los dos instrumentos institucionales que tienen las Cortes Generales para responder de sus competencias, pero son comisionados de este Congreso de los Diputados. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas -viene en parte recogido en parte en la memoria
que nos ha presentado- debería detectar con el máximo celo y hacer un seguimiento de lo que vienen evidenciando las propias auditorías del Tribunal de Cuentas. Recientemente ha saltado un escándalo de una mutua en Barcelona, donde ha tenido que
actuar no solamente la autoridad de la Seguridad Social sino también la autoridad judicial. En las auditorias del Tribunal de Cuentas hay suficiente materia para que la fiscalía pueda actuar en la represión de una serie de figuras delictivas que
están más en el orden económico, de auténticas estafas o auténticas malversaciones de fondos públicos, como es el caso de algunas mutuas, al existir ya una legislación inteligente firmemente impulsada en estos tres últimos años por el Ministerio de
Trabajo y por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para separar la actuación de las mutuas de prevención de accidentes laborales de los servicios de prevención ajenos que están en la órbita privada y que se venían encontrando con una
competencia desleal, a lo cual el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha presentado un frente de batalla. Nosotros creemos que el ministerio fiscal tiene aquí una importante cantera de trabajo para poder incoar o iniciar todas las actividades
dentro de su competencia.



Quisiera destacar una cosa muy positiva que he visto en la memoria que usted nos ha presentado, señor fiscal general, algo que no venía antes, y es la aparición, dentro del ministerio fiscal, de actividades de la Junta de Fiscales de Sala.
Creo que es muy oportuno y que contribuye a dar una fuente informativa de una serie de temas que se desarrollan dentro de la parte institucional del ministerio público. Hay dos figuras fundamentales, el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de
Sala. Creo que esto supone diversificar una serie de terrenos de competencia muy importante y le quiero felicitar porque se haya incluido por primera vez en la memoria. ¿Por qué?


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Porque se está haciendo intramuros, valga la expresión, de los profesionales del ministerio fiscal. Sabe usted que la conflictiva reforma de la magnífica ley de 1981, de los tiempos de UCD, del Estatuto básico del ministerio fiscal, ha
provocado una confrontación que ha llevado a presentar una enmienda en el Senado sobre nombramientos que deben o no derivarse de la competencia del Consejo Fiscal. No quiero hacer más comentarios a este respecto, pero se ve que hay una dinámica
interna del estatuto profesional y esto es perfectamente legítimo y comprensible, lo tienen todas las profesiones. No se trata de ninguna extralimitación de funciones profesionales, sino de que en la vida interna de ese órgano, no hacia fuera sino
hacia dentro, estén desactivadas todas las cuestiones que pudieran menoscabar tanto líneas informativas como líneas de representación profesional respecto a quién nombra a los fiscales de sala y si se debe hacer así. Resolvamos eso con el mejor
sentido común y de inteligencia, pero hoy quería destacar la aparición de la información en la memoria de la Junta de Fiscales de Sala.



En cuanto a las estadísticas que viene dando el ministerio fiscal a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, a veces se observan disparidades con las cifras de delitos que emite la Delegación del Gobierno a través de los sistemas sobre
los que tiene directo control, como es la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Señor fiscal general del Estado, ¿cabría perfeccionar algo que armonice para que cuando el ministerio fiscal dé cifras o estadísticas de delincuencia tengan la
misma correlación? Porque cuando uno va a las fuentes informativas se pregunta: si los delitos que se han cometido son estos, cómo es que el ministerio fiscal da unas cifras y la Guardia Civil, la Policía Nacional o la información conjunta que da
la Delegación del Gobierno a veces deja que desear en cuanto a la similitud de las mismas.



Por lo demás, creemos que se viene haciendo una magnífica labor por parte de todos los fiscales en la estructura de la justicia en el Estado español. Creo que es una de las instituciones que tenemos que cuidar con la máxima atención
democrática y profesional, y espero que la carrera de fiscal no tenga en el organigrama funcional muchos huecos de vacantes. No sé en este momento cómo puede estar de atractivo el ministerio fiscal para no tener vacantes. En la organización de
justicia no debe haber ni vacantes de jueces ni vacantes de fiscales en cualesquiera que sean sus niveles orgánicos internos dentro del ministerio público. Mi felicitación a todo ese colectivo y satisfecho también por la estructura expositiva de la
memoria correspondiente al año pasado, ya que con ello se avanza en la radiografía de toda la problemática.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) agradezco la comparecencia hoy aquí, la última en esta legislatura, del fiscal general del Estado para
presentar lo que es un acto debido a este Parlamento y a esta Comisión de Justicia, que es rendir cuentas y hacerlo de manera ordenada a través de la presentación de una memoria anual. Esta comparecencia es cumplimiento de la ley, pero el Grupo de
Convergència i Unió, más allá de esta formalidad legal, quiere felicitar a la fiscalía por la elaboración de la memoria, por la calidad de la misma, por el número de datos que en la misma se expresan, este año con el añadido de este segundo tomo,
cuya elaboración y presentación requiere un esfuerzo seguro por parte de la fiscalía, incluso con el DVD anexo que debe facilitar la búsqueda de datos concretos. Desde Convergència i Unió, quiero felicitarle por este esfuerzo, a usted y a su
equipo. Sin duda, han traído al Parlamento lo que es un acto parlamentario debido, pero -repito-, aunque debido, creo que se ha hecho desde una óptica de calidad y de modernización que es bueno para la fiscalía y es bueno también para el
reconocimiento que realiza la carrera fiscal en su conjunto. Por tanto, sean estas mis primeras palabras.



Señor presidente, señorías, yo quería repasar algunos aspectos de la memoria que, en el caso de nuestros grupos, se nos ha remitido y no entregado personalmente, pero al recibirla también hemos tenido ocasión de repasar aquellos aspectos que
puedan ser de más interés. Hay que destacar algunos datos. En primer lugar, los procedimientos judiciales por pornografía infantil crecen un 48 por ciento -ese crecimiento de un 48 por ciento de procedimientos en pornografía infantil es un dato
muy relevante-, hay también un aumento espectacular de todos los tipos penales relacionados con violencia intrafamiliar -el propio fiscal general ha hecho referencia a ello-, aunque tampoco podemos comparar el año 2005 con el año 2006 dado que la
nueva Ley de violencia doméstica entró en vigor a mediados de 2005 y se ha comentado de qué manera esa actuación legislativa puede haber ocasionado también ese incremento.
Vemos con cierta sorpresa, señor fiscal general, que las cifras arrojan una
reducción en los delitos de robo cometidos con violencia e intimidación en las personas y quizá esa cifra estadística que arroja la memoria no se corresponde con la opinión ciudadana. Si se preguntara a los ciudadanos a través de encuestas veríamos
que tienen una creciente sensación de inseguridad, en cambio, las cifras objetivas arrojarían una disminución de ese tipo delictivo del robo con violencia. No sabemos si las cifras finales no reflejan la evolución más reciente, porque evidentemente
son cifras cerradas al año 2006, pero creemos que aquí puede haber algún tipo de desajuste en la presentación final de los datos y se lo queremos trasladar tal y como lo piensa Convergència i Unió.
Querríamos saber si los datos que se reflejan en
la memoria, es decir, la fluidez de los datos entre los distintos cuerpos policiales, las denuncias, son realmente


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aquellos que reflejarían lo que está pasando en la sociedad ante un tipo delictivo tan importante.



La Fiscalía provincial de Girona muestra -y en la memoria se refleja- la preocupación por el incremento de los robos con violencia y por la actuación de grupos organizados. Convergència y Unió entiende que esos grupos organizados, muchas
veces integrados -en Girona de manera muy clara y así se manifiesta- por individuos de nacionalidad extranjera, muchos de ellos de países del este de Europa, no están teniendo el tratamiento necesario en el Código Penal. Nosotros veíamos bien la
reforma del Código Penal en los nuevos delitos para tipificar la actuación de ciertas bandas organizadas que permitía incluso llegar a una mejor tipificación de la tentativa de esos delitos, a veces de robo con violencia, pero que no llegaban a
consumarse; entendíamos que esa nueva regulación del proyecto de Ley del Código Penal era acertada. Lamentamos desde Convergència i Unió que no se haya podido tramitar esa parte específica relativa a las bandas organizadas. Creemos que con esto
hubiéramos dado una buena respuesta a la inquietud que se refleja en la memoria en lo relativo a la Fiscalía provincial de Girona. También la Fiscalía de Girona, junto con la de Barcelona y Canarias, reflejan un incremento en el número de delitos
relativos a la prostitución que, junto con ese aumento del 48 por ciento en los delitos de pornografía infantil, me lleva a preguntarle si es que han dado alguna instrucción específica al ministerio fiscal, a los miembros de la carrera fiscal para
profundizar en la investigación sobre ese tipo de actuaciones, tanto de pornografía infantil como, en este caso, de prostitución.



Otro aspecto que queda claramente reflejado en la memoria es un elevado incremento en el no cumplimiento de medidas cautelares impuestas, tanto en el ámbito de la violencia intrafamiliar, como en una pena muy clara y alarmante como es el
incumplimiento de la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores. Se refleja que actualmente cuando se impone esa medida cautelar es alarmante el número de quebrantamientos de esa condena. De ahí que le preguntemos
si considera adecuada la actual regulación de ese quebrantamiento de condena y si cree que tenemos los medios legislativos necesarios para reforzar, en este caso, un mejor cumplimiento de la misma. No se le escapa -y entro ahora en el capítulo de
seguridad vial- que hoy mismo en el Senado se está aprobando, con una amplísima mayoría de grupos parlamentarios, una reforma del Código Penal relativa a seguridad vial. Entre los aspectos que contempla esa reforma hay uno que ha conseguido la
unanimidad de todos los grupos, sin ningún voto en contra, que es el hecho de tipificar expresamente a quien conduce quebrantando la condena que le retiraba el permiso, o bien habiendo perdido todos sus puntos, o bien, y esto es especialmente grave,
sin haber tenido nunca un permiso que le habilitara.
Por ello le quería preguntar: Cómo valora ese nuevo tipo delictivo que se va a introducir por unanimidad en el nuevo Código Penal, en esa tramitación independiente que se ha hecho de los delitos
de seguridad vial; si cree que esto va a comportar o no un aumento de recursos extraordinarios de trabajo para la fiscalía; si piensan hacer frente a esa tipificación, que no ha sido conflictiva, sino unánime de todos los grupos, en lo relativo a
conducir sin permiso; y cómo se está actuando para prevenir el impacto de una nueva figura delictiva consensuada por todos, que debe tener su plasmación en una actuación de la fiscalía.
Quería saber cómo lo habían previsto.



Entrando en el ámbito de la seguridad vial, quiero agradecer al fiscal general del Estado en esta su última comparecencia, el esfuerzo que se ha hecho en esta legislatura en esta cuestión, que sabe que le preocupa a nuestro grupo
parlamentario y a este portavoz que tiene el honor de presidir la Comisión de Seguridad Vial de esta Cámara. Sabe el fiscal general que en su primera comparecencia en esta legislatura fue este grupo el que le instó a crear un fiscal de Sala
coordinador de seguridad vial, lo que se ha hecho, además, en la figura muy activa y muy comprometida de don Bartolomé Vargas, a quien yo quiero expresar mi reconocimiento por la labor que está realizando en este ámbito y que se ve reflejada en la
memoria de este año en lo relativo a esta cuestión. No se refiere a ella, si me lo permite el fiscal general, con una mera aportación de datos, sino que la memoria hace un relato comprometido en el ámbito de la seguridad vial; relato que, además,
refleja propuestas de futuro y recomendaciones, algunas de las cuales nuestro grupo suscribiría al cien por cien. En la página 514, del tomo I, porque este año la memoria tiene dos tomos, se pide que todo ello cristalice en un pacto de Estado para
la seguridad vial que cuente con apoyo institucional, se dice que incluso sería bueno que se creara una secretaría de Estado de seguridad vial que coordinara las diversas competencias. Esto tiene el reconocimiento de mi grupo parlamentario, que le
agradece de manera expresa ese esfuerzo que se ha plasmado a lo largo de esta legislatura, sobre todo en un ámbito tan concreto como es el de apoyo a las víctimas, que tienen un capítulo específico y que deben ser el referente de todos, no
únicamente en el ámbito de la violencia vial, sino en tantos otros a los que la propia memoria se refiere. Quiero recordar que en la aprobación de esa Ley 24/2007 se han tenido en cuenta aspectos relativos a las víctimas y a su protección que han
sido propuestos por Convergència i Unió y entendemos que deben dar un fruto importante en este ámbito.



Por lo que se refiere al tema de extranjería, el fiscal de Sala coordinador de extranjería expresa una cierta imposibilidad o dificultad para conocer la eficacia exacta de algunas medidas legales que se aprobaron y que mi grupo apoyó en su
día, como la necesidad de sustituir penas y procesos por lo que puede ser una medida de expulsión. El propio fiscal de Sala coordinador dice que no tiene datos suficientes para conocer exactamente el alcance y la eficacia de esas medida o, por
ejemplo, de las medidas cautelares administrativas de internamiento


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en centros de extranjeros. Creemos que aquí queda mucho camino por recorrer. La memoria expresa una cierta dificultad para conocer el funcionamiento de esos centros de extranjeros, por lo que quería saber cuál es su valoración y qué
podemos hacer para impulsar medidas de futuro en este ámbito.



Quería dejar para el final un aspecto que para nosotros es muy importante y trascendente que quería poner de relieve y darle el trato que debería merecer en la presentación de esta memoria. El fiscal general se ha referido a la Ley 24/2007,
en la que se da un paso en el intento de adaptación del ministerio fiscal a lo que algunos estatutos de autonomía ya aprobados, como el de Andalucía o el de Cataluña, prevén respecto a esa nueva figura del fiscal superior de comunidad autónoma. Hoy
va a ser la última comparecencia del fiscal general en esta legislatura y la última que se produce aislada desde el ministerio fiscal hacia un parlamento. A partir de la próxima legislatura, los fiscales superiores de las comunidades autónomas van
a ser los que comparezcan para presentar la memoria de la Fiscalía superior de esas comunidades autónomas ante sus respectivos parlamentos, ante sus respectivas asambleas legislativas; asambleas legislativas que, además, habrán conocido el
nombramiento de ese fiscal superior antes de que se produzca de manera definitiva. Igual que se producirá la comparecencia previa del candidato propuesto a fiscal general del Estado para evaluar sus méritos y su capacidad ante esta Comisión de
Justicia, compuesta por los miembros que estén en la próxima legislatura, también se producirá una comparecencia en paralelo de los fiscales superiores de comunidad autónoma en sus respectivos parlamentos.
Por tanto, es su última comparecencia en
esta legislatura, pero su última comparecencia aislada en cuanto que era la única hasta el momento del ministerio fiscal ante las Cámaras pero repito, a partir de ahora se va a producir también la comparecencia de los fiscales superiores. Hay un
plazo establecido de un año; por tanto, a partir del 11 de octubre del año 2008 deberán ponerse en funcionamiento esas fiscalías superiores.



También le quería preguntar qué medios hay previstos para el cumplimiento de lo que ya es ley, y de la misma forma lamentar, al igual que el fiscal general, que en estos momentos se dé una situación de cierta crisis institucional por la no
renovación del Consejo General del Poder Judicial o la situación que se está viviendo en el Tribunal Constitucional. Mi grupo también lo lamenta, así como que en esta Cámara -y el señor presidente sabe perfectamente de qué estamos hablando- haya un
proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que lleve dos años atascado, que entre otras medidas debería favorecer que existieran ya los consejos del Poder Judicial en cada comunidad autónoma, tal y como están previstos en los
estatutos, tal como están previstos en el proyecto de ley cuyo plazo de enmiendas se sigue prorrogando semana tras semana por la Mesa de la Cámara. Esta reforma está bloqueada cuando el estatuto orgánico que hemos aprobado ya alude en diversos
artículos a la intervención de esos consejos autonómicos del Poder Judicial; por ejemplo, deben hacer un informe previo ante la propuesta que haga el fiscal general del Estado de nombramiento de fiscal superior de la comunidad autónoma. ¿Cómo lo
vamos a hacer si no regulamos esos consejos del Poder Judicial de ámbito autonómico tal y como prevén los estatutos de autonomía y tal como prevé este Estatuto orgánico del ministerio fiscal? Ese bloqueo debe superarse porque, repito, tiene ya un
imperativo legal, un procedimiento a cumplir que por parte de las comunidades autónomas no se podrá realizar de una manera adecuada si no se ha dado el marco jurídico necesario, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, para crear esos consejos.
Repito, lamentablemente es una asignatura pendiente.



También me gustaría conocer un importante artículo de este Estatuto orgánico del ministerio fiscal relativo al tratamiento de la lengua propia de la comunidad autónoma que, junto con la lengua castellana es cooficial en las comunidades
autónomas que tienen lengua oficial propia.
El nuevo Estatuto orgánico establece que la valoración del conocimiento de esa lengua va a ser un mérito determinante, y ya sabe el alcance que se le ha dado a las palabras mérito determinante: que si en
un concurso alguien tuviera ese mérito y nadie más lo tuviera, al ser determinante, se le adjudicaría la plaza. Evidentemente, lo deseable sería que el mayor número de personas que concursaran tuvieran ese mérito y que se tuvieran en cuenta el
conjunto de méritos de cada uno de los candidatos, pero, repito, en caso de que no hubiera más, se daría esa situación determinante, que es la que quiso el legislador y que se ha aprobado de manera literal en el nuevo Estatuto orgánico del
ministerio fiscal. Por tanto, me gustaría conocer qué previsiones tiene la Fiscalía General del Estado para cumplir esa nueva reforma del Estatuto orgánico en ese aspecto del mérito determinante.



Quiero hacer referencia a una reflexión que las máximas instancias de la Fiscalía en Cataluña también le pueden trasladar, que mi grupo incluso propuso en una enmienda, tanto en el Congreso como en el Senado, y que lamentablemente no pudo
ser aprobada, y es la necesidad de aproximar las pruebas selectivas al territorio para aumentar el número de posibles candidatos, dada su escasez en determinados territorios, a opositar para acceder a la carrera fiscal. Creo que es una asignatura
pendiente, que se podrían hacer tribunales descentralizados, como proponía nuestro grupo parlamentario, que acercaran la oposición a los distintos territorios.
Quizá esto contribuiría a aumentar el número de personas que tienen esa vocación.



Termino ya. Sabe que hay algún aspecto de este Estatuto orgánico del ministerio fiscal que mi grupo no ha apoyado, pero hay uno que sí apoyó mi grupo y además propuso como enmienda y al final tuvo un reflejo que no es exactamente el que
hubiéramos querido, y es una mayor dotación presupuestaria para el ministerio fiscal, tener de alguna manera una cierta independencia, que la


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carrera fiscal tenga un tratamiento presupuestario más autónomo. Hemos podido experimentar cómo a partir de la misma oposición uno es juez o fiscal y después el tratamiento presupuestario es muy distinto en un caso que en otro. Por tanto,
para afianzar la función es necesario un mejor presupuesto y una mejor dotación de medios. En eso también ha trabajado Convergència i Unió; propusimos una enmienda, se llegó a una transaccional que quizá no sea todo lo satisfactoria que nos
hubiera gustado, pero está ahí, está en la ley y también pedimos que tenga su necesario reflejo ahora que se están aprobando los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en la Comisión de Presupuestos. Nos gustaría conocer hasta qué punto
esa mayor autonomía presupuestaria puede verse reflejada.



Deseo éxitos al fiscal general en su labor de defensa de ese cometido que el artículo 124 de la Constitución atribuye al ministerio fiscal, y quiero mostrar una vez más la colaboración de Convergència i Unió en ese ámbito institucional como
siempre lo ha tenido a lo largo de esta legislatura y que siempre ha tenido la fiscalía en las distintas legislaturas en esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor fiscal general, yo también le saludo y le agradezco su presencia una vez más en esta Comisión y ese buen ánimo que trae S.S. para recibir eso que llamó críticas incisivas argumentadas, que
argumentadas serán desde luego las que yo le dirigiré, porque, con la debida cordialidad, como usted sabe muy bien, seré muy claro, como siempre, aparte de no compartir con S.S. sus hondas preocupaciones; mejor dicho, comparto alguna de sus hondas
preocupaciones pero permítame que añada a las suyas la nuestra y bien grave sobre lo que es en este momento la Fiscalía General del Estado que usted ostenta y representa.



Ha situado muy bien la cuestión, también se lo agradezco. Valoramos hoy su última memoria y con ella los casi cuatro años que lleva al frente de la fiscalía general, y usted sabe que en el Grupo Popular pensamos, se lo he dicho muchas veces
y hoy se lo voy a repetir, como es natural, que usted se ha ganado un puesto en la historia del ministerio fiscal; que usted ha sido un fiscal irrepetible y que ha batido, según lo vemos nosotros, todos los récords imaginables en la historia del
ministerio público. Sabe que frente a lo que ha dicho -y lo sabe bien- ha sido el fiscal general más descalificado por los órganos jurisdiccionales; desde las elecciones al Consejo Fiscal hasta las cuestiones de ETA no ha parado de ir de revolcón
en revolcón, señor fiscal general. Sabe, porque se lo hemos dicho muchas veces, que ha sido el fiscal general que ha puesto al órgano constitucional que dirige al servicio de la política del Gobierno y, como le he dicho alguna vez, hasta de la
conveniencia política personalísima del presidente del Gobierno. Y sabe que desde nuestra perspectiva usted debería haber abandonado hace ya mucho tiempo la jefatura del ministerio público, y, como le he dicho muchas veces, no solo con ello habría
salido ganando la institución, sino también habría salido ganando usted, porque era difícil imaginar la vertiginosa pérdida de credibilidad y de prestigio jurídico que además, señor Conde-Pumpido, va a ser muy difícil de recuperar. Por hacer un
repaso de las cosas de este año, a partir de ahora cualquiera se va a preguntar cosas como las siguientes: Si es usted el magistrado, el fiscal general que impartía instrucciones para modificar las conclusiones provisionales antes de que se
practicasen las pruebas del juicio oral; o si es este el magistrado que creó el delito de actitud vociferante; o si es este el magistrado al que Otegi invocaba cuando un fiscal de la Audiencia Nacional tenía la osadía de pedir la prisión
preventiva para él; o si es este el magistrado que ordenaba a sus fiscales practicar interrogatorios más propios de la defensa que del acusador público y a uno de ellos le acaba de nombrar usted teniente fiscal de la Audiencia Nacional; o si es
este el magistrado al que el Tribunal Supremo tenía que recordarle que el carácter incompleto de la demanda del fiscal impedía la ilegalización de todas las candidaturas de ANV. Sé que no le ayuda tampoco el regalo que en este último año le ha
hecho el señor Zapatero, al frente del Ministerio de Justicia. Usted y el señor Bermejo forman un tándem único en la historia de la Administración de Justicia. Si me lo permite, entre otros defectos, ustedes comparten un defecto común, que es
invocar con altanería su condición de juristas para justificar muy numerosos desaguisados. Cuando escucho a cualquiera de ustedes dos decir que el Partido Popular, por ejemplo, legalizó el Partido Comunista de las Tierras Vascas, siempre me
pregunto: ¿Sabrán ustedes dos, estos dos eminentes juristas, la diferencia entre inscripción y legalización? ¿Sabrán que en España ninguna autoridad administrativa puede legalizar a un partido político? Cuando les escucho invocar la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la ilegalización de ANV como respaldo a la tesis del Gobierno -por cierto, la que usted mismo calificó como Guantánamo electoral, que ya tiene mérito la cosa-, también me pregunto: ¿Estos dos ilustres cargos públicos
habrán leído la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Habrán leído lo que dijo la Sala del 61 sobre la necesidad de guardar congruencia con la raquítica demanda del Gobierno y de la fiscalía?


Señor fiscal general, su memoria provoca la impresión de que todo lo que usted toca porque va mal y hay que arreglarlo se convierte irremisiblemente en peor y es que yo creo que lo que a usted le ocupa y le preocupa no son los problemas que
afronta, sino los efectos políticos de esas cuestiones, el tratamiento propagandístico de sus decisiones e ir sembrando la cúpula del ministerio fiscal, por supuesto, de fiscales afines a sus tesis, en estrecha sintonía con su declarado propósito de
reequilibrar ideológicamente la carrera fiscal. Por ejemplo, tenemos un problema serio con la violencia doméstica. Usted toma la decisión de crear la figura del fiscal delegado para la


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lucha contra la violencia sobre la mujer y a partir de entonces las cifras de violencia -usted lo sabe- han alcanzado cotas históricas impensables hace solo unos años. ¿Cree usted de verdad -dígalo aquí- que un fiscal de Sala y otra fiscal
adscrita a esa oficina pueden hacer algo frente al problema tan grave que tenemos? ¿Qué medios les ha proporcionado usted para que puedan actuar con eficacia? Y no me responda, por favor, señor Conde-Pumpido, diciendo que se han creado muchas
plazas de fiscal porque lo que yo le estoy preguntando es muy sencillo: ¿Con cuántos fiscales cuenta la Fiscalía Delegada para la Violencia Doméstica? Son solo dos.
Tampoco me diga, señor Conde-Pumpido, que hay una red de fiscales especializados
en violencia doméstica en toda España porque usted sabe el primero de todos que esa red ya existía antes de 2004, creada por su predecesor en el cargo.



Tenemos en España un problema medioambiental serio. Incendios forestales e inundaciones favorecidas por desechos y vertidos incontrolados implican un problema de primera magnitud y usted repite procedimiento. Para luchar contra estos
delitos, la fiscalía delegada, con un fiscal de Sala y un fiscal adscrito, y las cifras de siniestralidad se disparan de manera espectacular. Y si me lo permite, ¿qué hace el fiscal delegado medioambiental? Pues salir en los medios de comunicación
diciendo que va a repartir cuestionarios entre los pirómanos para conocer su perfil psicológico. Estamos hablando en serio.



Sigo. Tenemos gravísimos problemas con las cifras de accidentes mortales en circulación rodada -lo recordaba ahora el señor Jané- o en materia de siniestralidad laboral. Idéntico procedimiento: Buscamos a un fiscal, despacho, rueda de
prensa y el problema es que desde entonces los peores augurios se están haciendo realidad. Y la pregunta, que no es la primera vez que se la hago -usted lo sabe-, es cuántos fiscales delegados más nos va a costar su reequilibrio ideológico. Esa es
la pregunta. Y le hago otra: ¿Dónde ha quedado, señor fiscal general del Estado, su espectacular campaña de persecución de supuestos delitos urbanísticos, estratégicamente desarrollada antes de las elecciones municipales? Siempre, naturalmente,
en la misma dirección.



En cuanto a la delincuencia, aparte de hacer mías todas las consideraciones que ha hecho el señor Jané, le diré que del incremento de la delincuencia que usted refleja ya hablaremos en esta casa con el ministro del Interior, pero queda claro
que desde que gobierna el señor Rodríguez Zapatero la delincuencia se ha incrementado la friolera de veinte puntos, casi cinco, según usted, en el último año.



En estos años, señor Conde-Pumpido, usted ha hecho además algo impensable a mi juicio y especialmente grave: Abandonar el principio de legalidad y subordinar la actuación de los fiscales al principio de pura oportunidad política. Usted ha
convertido la institución que preside en un instrumento más al servicio de lo que se llamó el proceso de paz, a pesar de reconocer ahora, don Cándido, que ETA nunca ha cesado en su actividad criminal. Usted ha llegado a justificar esta
subordinación de la ley a las circunstancias políticas recurriendo a metáforas incluso simplonas, como la de las togas y el barro del camino. El problema, señor fiscal, es que hay manchas del camino que ya no salen ni con el mejor de los
detergentes y, cuando los tiempos políticos cambian, usted no puede ocultar, por más que lo intente, esos restos de barro que ensucian su toga. Eso es lo que precisamente está pasando. ¿A quién cree usted que puede convencer de su renovado
entusiasmo en la persecución de quienes antes eran hombres de paz? ¿A quién? Usted persiste además a día de hoy en el daño a la ley. Usted ha hecho posible la presencia de ETA en el Parlamento vasco y en los ayuntamientos vascos y ahora mantiene
su inactividad frente al PCTV y a ANV, supongo que compartiendo una vez más la opinión del Gobierno sobre la inoportunidad política de la, entre comillas, jugada que dijo su ministro. Por cierto, señor fiscal, a ver si de una vez por todas deja de
apoyarse para salvar la cara en una estadística llena de trampas. Usted ya no engaña a nadie cuando para disimular trae a colación en su memoria el número de acusaciones formuladas o el número de sentencias condenatorias dictadas por la Audiencia
Nacional. Usted sabe perfectamente y lo sabe todo el mundo que esas cifras no son expresivas de la firmeza de la fiscalía general en materia de terrorismo. Los procedimientos penales contra etarras, sobre todo aquellos que están fugados y llegan a
ser capturados por las fuerzas del orden muchos años después, se han iniciado varios años atrás. Usted se está apuntando números que corresponden a procedimientos iniciados en etapas anteriores en las que el principio de legalidad todavía regía en
el ministerio fiscal.



Dígame, por favor, cuántas querellas ha formulado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delitos relacionados, por ejemplo, con las manifestaciones de proetarras. Dígame
cuántas diligencias de investigación se han abierto en esas fiscalías -la una y la otra- para esclarecer actuaciones que implican enaltecimiento del terrorismo u ofensas a las víctimas. Diga aquí qué evolución ha tenido el número de diligencias
previas incoadas por la Audiencia Nacional o el número de sumarios tramitados por ese mismo órgano jurisdiccional. Esa es la verdadera estadística que usted debe ofrecer y la que calla. Si atendemos -fíjese- al número de procedimientos iniciados
en el año 2006 en la Audiencia Nacional, las cifras hablan por sí solas. Les voy a transcribir un párrafo de la memoria, página 308. Se ha reducido en todos los juzgados centrales de Instrucción -dice usted- la cifra total de diligencias previas,
descenso que se aproxima a un 20 por ciento, tanto en la cifra total como en las que son competencia de esta fiscalía, en las relativas a terrorismo; el descenso representa un 36 por ciento. En cuanto al número de sumarios que han sido incoados,
la propia memoria también es reveladora. También se ha producido un


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descenso -cito entre comillas- de la cifra total de sumarios, un 13 por ciento menos que el año anterior, y de los que son competencia de esta fiscalía, antiterrorismo, en un 16 por ciento. Página 309.



En cuanto a las diligencias de investigación incoadas de oficio por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que permiten conocer las verdaderas iniciativas institucionales ante altercados de orden público provocados por
los terroristas o ante las manifestaciones de apoyo a los terroristas, ¿cuántas diligencias de investigación han sido incoadas de oficio en el año 2006 por la Fiscalía del País Vasco, señor Conde-Pumpido? Bien sencillo. Ha incoado de oficio cuatro
diligencias de investigación y no ha formulado una sola querella, cero querellas. Además, ha archivado 66 de las diligencias incoadas con anterioridad. Página 1685 del tomo II. Pero todavía hay un dato más espectacular, por si todos los que les
he contado a SS.SS. no les pareciesen de escalofrío. ¿Saben ustedes, señorías, cuántas diligencias de investigación por terrorismo etarra ha abierto la Fiscalía de la Audiencia Nacional a lo largo de todo el año 2006? Usted claro que lo sabe,
aunque lo oculte en sus numerosas comparecencias. Una cada seis meses. En el año 2006 la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto dos diligencias de investigación referidas a ETA y -no se lo pierda- solo una de ellas fue judicializada. Página
311, epígrafe 1.7, tomo I de su memoria. Ese es el balance.



La firmeza contra el terrorismo, señor Conde-Pumpido, no se demuestra ordenando retiradas de acusaciones o archivos de largos procesos como el de Egunkaria, mandando a De Juana a casa, colando, en su terminología -ha colado, dijo usted-,
partidos medio legales y medio ilegales, oponiéndose al cierre de las herriko tabernas o mandando a casa a fiscales como Fungairiño. El compromiso en la lucha contra quienes vulneran los valores constitucionales no es compatible con las rebajas de
penas, censuradas hasta por el tribunal que ha de dictar sentencias. Ese es su balance en la lucha contra ETA.



Mencionó usted el proceso contra el 11 M. La fiscalía pidió lo que pidió, la sentencia dice lo que dice, desestimando una de las tesis centrales de la fiscalía; porque eso no les satisface, ustedes han decidido recurrirla. A partir de ahí
yo le pido esta mañana solamente una cosa: que me confirme si ese recurso, que entiendo que ha anunciado usted en la puerta de esta Comisión, se limita no a insistir en que tres acusados para los que ustedes pedían más de 30.000 años deban ser
condenados, no van a insistir en eso, sino solo para la condena por pertenencia a banda armada de uno de ellos, el llamado el Egipcio, simultánea a la que se ha producido en Italia.



En fin, señor presidente, termino. Por si fuera poco, señor Conde-Pumpido, usted va a ser efectivamente recordado como el fiscal general que alentó una reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que ha acabado con el modelo
constitucional del ministerio fiscal. Usted se ha apuntado a las reformas del Gobierno que han hecho posible un ministerio fiscal atomizado -se lo acaba de describir muy bien el señor Jané-, de corte federal, que se aparta de su referencia
constitucional. Los principios que históricamente han dado vida a la institución que usted dirige forman ya parte del pasado. Los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica han dado paso a una pléyade de fiscales autonómicos,
controlados políticamente, a los que usted tendrá que pedir opinión cada vez que quiera promover a un fiscal en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma. A usted y a su ministro les estorbaba el Consejo Fiscal y no han dudado un momento en
solucionar el problema: Liquidamos al Consejo Fiscal, lo silenciamos para siempre. Así, de paso, señor Conde-Pumpido, rehabilitamos algunos nombramientos de quienes integraban lo que los fiscales conocían -y usted sabe muy bien de qué hablo- como
el club de los ceros y todos los nombramientos de cuatro años al servicio de su famoso reequilibrio ideológico. El problema, señor Conde-Pumpido, es que mientras usted y su ministro piensan en clave política una joven ecuatoriana, por ejemplo, es
pateada impunemente en un metro de Barcelona por un racista, que en su impunidad se atreve a convocar una rueda de prensa, y el fiscal no está; mientras ustedes se ocupan de instrumentalizar al ministerio fiscal, la fiscalía hace dejación de sus
funciones y se refuerza la sensación colectiva de impunidad frente a actos delictivos e intolerables. Es evidente, y termina efectivamente la legislatura, que la apatía o el hartazgo de algunos fiscales tiene mucho que ver con las decisiones de sus
jefes y con la intensa politización a la que usted ha sometido a la carrera fiscal. Ese es su triste bagaje y ese es su legado. Con ese lastre abrumador va usted a dejar la fiscalía.
Es imposible, señor Conde-Pumpido, presentar un peor balance y
un mayor descrédito. Lo de usted no tiene arreglo, lo de la fiscalía sí, y no dude de que otros procurarán arreglar lo que usted ha destrozado.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor fiscal general del Estado por su comparecencia, última de esta legislatura, en relación con la presentación de la memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al año 2006. Nuestro grupo
quiere dar también la bienvenida a los miembros de la Fiscalía General del Estado que hoy nos acompañan en esta comparecencia en la Comisión de Justicia.



En primer lugar quisiera agradecerle la amplia y detallada información que nos ha ofrecido en su intervención en relación con la memoria del año 2006 de la Fiscalía General del Estado que, como también ha dicho, recoge un nuevo formato que
nos parece muy acertado en cuanto a su plasmación y mucho más fácil en su manejo. Esa memoria no viene sino a trasladar aquello que en su caso


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establece nuestra Constitución, cual son las obligaciones definidas para el ministerio fiscal, la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley;
dentro el ministerio fiscal de un Poder Judicial dotado de órganos propios y con autonomía funcional respecto al mismo.
Nuestro grupo ya le adelanta que para nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, el grupo que sostiene la acción del Gobierno
de España, la acción que se está llevando a cabo por el ministerio fiscal y especialmente por el fiscal general del Estado es fiel reflejo de aquello que establece nuestra Constitución.



Antes de entrar en el análisis de la memoria, permítame que me refiera a la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que se ha producido con la aprobación definitiva por estas Cámaras de la Ley 24/2007. A nuestro grupo le parece
que esta reforma legislativa de calado fue aprobada con un amplio consenso, con el de aquellos grupos que han querido concurrir a él porque, si bien es cierto que todos fueron convocados, uno de ellos, cómo no, el Grupo Parlamentario Popular, no
quiso participar, fue la excepción a esa política de conversaciones y de encuentros en el objetivo lógico de mejorar el texto que remitió el Gobierno, y buscó como siempre las excusas que encontró a mano para ir en contra de ese consenso, porque no
se trataba de ir en contra de ese proyecto; se trataba, una vez más -y así lo ha explicado en muchas ocasiones el portavoz de Justicia a quien hemos escuchado anteriormente-, de actuar en consecuencia. Ya advirtió el señor Astarloa que no iba a
haber ningún consenso en materia de justicia durante esta legislatura y bien que ha cumplido esa amenaza que lanzó en términos políticos. Pero no se quedó solamente en esa amenaza sino que, aparte de no estar convocado a ese consenso, lo que ha
pretendido siempre el señor Astarloa desde el área de Justicia en este Parlamento es buscar un preciso plan de demolición de las instituciones judiciales, al que luego me referiré.



Felizmente usted ha aguantado con fuerza el envite de la oposición, de una oposición desaforada que al fiscal que más ha comparecido en este Parlamento y especialmente en esta Cámara le ha sometido a unas sesiones de control que no era la
función que tenía y venía encomendada por la ley que regulaba el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Frente a otras instituciones o al presidente de otra institución también de contenido y de relevancia constitucional que se negó a venir a una
comparecencia en las Cámaras, usted nunca ha rehuido venir a estas Cámaras a atender al requerimiento de los representantes de los ciudadanos, que no otra cosa sino eso somos los parlamentarios de este Congreso. Señor fiscal general del Estado, le
agradecemos que en ese proyecto al que me estoy refiriendo, ahora ya ley, haya participado en la primera fase la Fiscalía General del Estado con los informes que ha aportado, tan útiles y necesarios para todos aquellos que hemos trabajado en la
conformación final del proyecto. Una ley que refuerza la autonomía del ministerio fiscal, que establece un régimen de nombramiento y cese del fiscal general del Estado que es perfectamente respetuoso con la Constitución, que cifra las causas
objetivas del cese para evitar lo que en otros tiempos se produjo, que fija además un tiempo de mandato limitado para la figura del fiscal general del Estado, y que envuelve las relaciones entre el fiscal y el Gobierno que en su caso le nombra con
las garantías que da pasar todo el campo de sus relaciones a la intervención de la Junta de fiscales, como así lo hace también en relación con el régimen de la abstención del fiscal general del Estado en causas que tengan que ver con el Gobierno.
Modernización de la estructura, desarrollo territorial por tanto y especialización, esas son las claves de una reforma de la cual nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, se siente especialmente orgulloso, que además anticipan. Aquí se ha
actuado, desde este punto de vista, con un criterio lógico. Lo primero que se ha hecho creo que era lo correcto, modificar el funcionamiento y la estructura del ministerio fiscal, para poder producir en una segunda etapa la modificación, también
necesaria, en relación con el enjuiciamiento civil y la atribución del mismo, con un papel más preponderante del ministerio fiscal en la forma en que así entiendan en su caso las Cortes y, por tanto, los legisladores.



No nos ha causado ninguna sorpresa, y estaba dentro de lo esperable, la intervención del señor Astarloa. El señor Astarloa, que viene aquí a pedirle a usted cuentas de la actuación del fiscal en casos como la agresión -repito, la agresión,
el intento de agresión- al ministro Bono.
Yo creo que lo que debería haber hecho el Partido Popular -y todavía estaría a tiempo en el segundo turno, que espero ejerza, de réplica, el señor Astarloa- es pedir disculpas a la fiscalía por los graves
improperios de que fue usted destinatario en esa actuación. Por encima de las disculpas que le debe a usted, que debe también a esta Cámara por los exabruptos que se produjeron en las diversas intervenciones parlamentarias, estaría al menos bien
que pidiera disculpas a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que fueron vilipendiados, que vaya calvario tuvieron que soportar con las barbaridades que se dijeron por parte del Grupo Parlamentario Popular. No podemos hacer otra cosa sino
esperar pacientemente a que esto ocurra, que la cordura vuelva a imperar dentro del Grupo Parlamentario Popular, algo que por otra parte entendemos que es una misión difícil.



Hablar de nombramientos durante su etapa como fiscal general del Estado y de varapalo creo que es un flaco favor que le ha hecho el subconsciente al señor Astarloa. Se debería estar refiriendo a cómo fueron tumbados muchos de los
nombramientos en la etapa en que ellos nombraron fiscal general del Estado por la Sala tercera, especialmente los referidos a los nombramientos que se hicieron en relación con algún organismo tan importante para la vida y el devenir del ministerio
fiscal. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Elige.)


Señor fiscal general del Estado, entrando en un estudio breve, que ha de serlo por el tiempo y la limitación que hay en cuanto a esta intervención sobre la memoria,


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reitero aquello que ya han dicho algunos intervinientes anteriores. Nos parece muy interesante la forma que se ha elegido, el formato que se ha dado a la memoria, incluso con esa adaptación a las nuevas tecnologías.
Creemos que es
importante que haya sido así. Y nos parece que en el ámbito de la transparencia que debe regir una actuación como es el ministerio público, es importante -lo ha dicho el representante de Coalición Canaria- que se hayan incluido este año en la
memoria por primera vez las actividades de las Juntas de Fiscales de Sala, que es un órgano para usted tan relevante. Junto a esto, es necesario destacar ese apartado específico de la actividad de la secretaría técnica de la Fiscalía General del
Estado. De esta forma actuaciones que antes aparecían diseminadas en la memoria, ahora aparecen compendiadas en una parte única de la misma y vienen a reflejar aquello que ya sabíamos: el importante, constante y buen trabajo que desde esa
secretaría técnica se viene desarrollando en la Fiscalía General del Estado.



En relación con los datos estadísticos, aunque el representante del Grupo Parlamentario Popular ha querido mezclar aquí algunas cuestiones y hay otros grupos que también han hablado de ello, yo siempre pondré la prevención que la propia
memoria -y usted lo ha dicho hoy aquí en esta comparecencia- establece cuando en la página 127 dice: No obstante las elementales exigencias del rigor ligadas a la correcta interpretación del contenido del presente capítulo obligan, como en años
anteriores, a precisar que los datos estadísticos que van a ser objeto de análisis -no cuantifican no pretenden hacerlo- los delitos cometidos en España en el año 2006. Por tanto, es una memoria que se basa en la aportación que hacen las diversas
fiscalías en aquello en que son competentes. Eso ya lo explicó usted, señor fiscal general del Estado, en el discurso de la apertura del Año Judicial ante Su Majestad. Hay algunas otras cuestiones que son significativas. Por ejemplo, estamos
viendo -lo ha dicho usted también- cómo el grueso, casi el 50 por ciento de los delitos que tienen que ver contra la propiedad y contra el orden económico, siendo los más numerosos de aquellos que se producen en España, sin embargo han disminuido,
como ha disminuido el número de homicidios y como han disminuido también todos los delitos de carácter violento. Si aumenta el reflejo estadístico que aparece en esta memoria, llegamos a una precisión, que ha enunciado S.S.: tiene también que ver
con aquel relevante aumento e importancia social que se empieza a dar a conductas que no es que antes no existieran, sino que a lo mejor no se perseguían en la forma en que deberían de perseguirse -y a ello me referiré cuando hable de esas fiscalías
especializadas- conductas que no tienen nada que ver con el reequilibrio, sino que tienen que ver con detectar los problemas sociales que hay y por dónde tiene que ir esa función social que tiene que tener la fiscalía de vanguardia en relación con
el interés social tutelado por la ley, como dice nuestra Constitución. Por ello esos aumentos tan importantes en materias como la siniestralidad laboral porque, no aumentando los accidentes, si aumenta el número de causas por esta materia es porque
ahora sí hay una sensibilidad mucho más importante en la fiscalía y a ello tiene ver mucho la creación del fiscal especial coordinador en relación con la siniestralidad laboral, con la seguridad vial, como no, con las víctimas de violencia de género
y por supuesto en algunos otros ámbitos de esa fiscalidad especial.



El Partido Popular no puede venir a esta Cámara a dar lecciones a los socialistas de cómo se puede frenar el aumento en la delincuencia, porque todos tenemos muy clara aquella frases del Partido Popular, aquel delegado del Gobierno en Madrid
que decía: El que quiera seguridad, que se la pague; que vaya a la seguridad privada. No. Lo que había era una disminución de los efectivos, como ya pusimos en evidencia en la comparecencia del año pasado, en relación con los gobiernos del
Partido Popular. Entre los años 1996 y 2004, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vieron minorados considerablemente sus efectivos. Para paliar ese déficit, el actual Gobierno socialista fijó como uno de sus objetivos fundamentales la
progresiva cobertura de las vacantes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque con el Gobierno del Partido Popular ni siquiera se cubrían las bajas vegetativas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahí
está la oferta de empleo público, que en la presente legislatura ha sido de 18.808 plazas para la Guardia Civil y 21.800 para el Cuerpo Nacional de Policía. Eso ha traído un resultado del que la sociedad se felicita. Entre enero de 2004 y agosto
del presente año, los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han pasado de 119.245 a 136.309, incrementándose, por tanto, en la etapa del Gobierno socialista, sin que haya terminado la misma, en 17.064 los miembros de dicho
periodo. Esa es la respuesta que hay que dar en relación con algo tan importante como el concepto de seguridad. Es el análisis que, de forma somera, tenemos que hacer en relación con los datos estadísticos que contiene la memoria.



La memoria también contiene la culminación sobre la estructura de la fiscalía y del ministerio fiscal. Coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la Ley 24/2007, se ha terminado con ese diseño que usted afrontó con valentía y con
decisión en relación con la especialización.
Así, quedan completadas las figuras de los fiscales de Sala coordinadores de medio ambiente y urbanismo, de siniestralidad laboral, de extranjería, de inmigración y de seguridad vial. Nos parece
importante destacar la unidad de apoyo, ahora ya bien diseñada por la Ley 24/2007, que ha convertido a esa unidad en un motor de la actuación, tanto en la reorganización administrativa como en la gestión de régimen interior de los recursos humanos.
Es importante destacar, además, que en ella se implementan los medios necesarios para fijar la atención a los ciudadanos, que era un déficit pendiente en la relación con los ciudadanos del ministerio fiscal. Como ha dicho nuestro compañero señor
Jané


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en esta Comisión, ha habido iniciativas -se lo reconocemos- de Convergència i Unió que han ido especialmente dedicadas a la atención al ciudadano en esta Ley 24/2007. El apoyo a la formación es fundamental para tener unos fiscales que estén
perfectamente preparados para luchar contra las mafias, contra la delincuencia y perseguir el delito. Por tanto, era necesario incrementar los medios en la formación. Esa especial mención al incremento de los medios en la formación, que nosotros
le agradecemos, la hace en su intervención en la apertura del Año Judicial ante Su Majestad el Rey, con esa aportación extraordinaria que usted reconoce de dos millones de euros, que es un incremento ni más ni menos que del 300 por ciento con
relación a las actividades formativas ejecutadas en años anteriores. Esa labor continúa. En el año 2008, la previsión es de un incremento del 7 por ciento en relación, por ejemplo, con el presupuesto de formación del Centro de Estudios Judiciales.
Es también compromiso del Gobierno el aumento de las plazas de fiscales, 466, que junto que con el resto de las previstas, superan incluso el compromiso de las mil plazas de fiscales, magistrados y jueces que hizo el Gobierno, porque vamos a
superar, afortunadamente, este año ya el cumplimiento en la previsión presupuestaria del año 2008.



Queremos resaltar, no en términos críticos, como ha hecho nuestra antecesora en el uso de la palabra, la señora Uría, la actividad de la fiscalía. Nos parece bien que aparezca reflejada esa actividad de la fiscalía y queremos decir aquí que
le agradecemos que nos dé una información cumplida sobre la actuación del fiscal general del Estado, porque ahí hay un principio de transparencia. Dentro de esas actividades que se están realizando en la fiscalía, queremos resaltar que nos ha
parecido muy apropiada la visita que se hizo por primera vez por parte de Sus Majestades los Reyes a la sede de la Fiscalía General del Estado, así como la visita que ha hecho por primera vez en este año el presidente del Gobierno a la sede de la
Fiscalía General del Estado. No sé si antes el presidente del Gobierno despachaba los temas de la fiscalía por otras vías o conductos. Nos parece que hay una relación fluida en su actuación como fiscal general del Estado con las Cortes Generales,
con el Senado y con este Congreso de los Diputados. Nos parece importante que se dé cuenta en la memoria de los veintidós convenios firmados con diversas instituciones, donde se ve especialmente la sensibilidad que tiene el ministerio fiscal, con
usted a su cabeza, por las preocupaciones de la sociedad; convenios sobre la siniestralidad laboral, la violencia sobre la mujer y el terrorismo. Algunas de las circulares, de las consultas y de las instrucciones que aparecen transcritas en la
memoria nos parecen especialmente oportunas. Lo son en relación, por ejemplo, con la consulta 1/2006, sobre la calificación jurídico penal de la conducción de vehículos a motor a velocidad extremadamente elevada, o la instrucción 3/2006. Nos
parecen que son anticipatorias del trabajo que luego ha venido desarrollando este Parlamento en virtud de una proposición de ley que, como ha dicho el señor Jané, está próxima a su aprobación definitiva por estas Cortes. Destacamos también la
circular 3/2006, sobre esos delitos especialmente repugnantes, como son los relacionados con la pornografía infantil.



Permítame que me detenga ahora en algunos asuntos enumerados por el portavoz del Partido Popular. Me estoy refiriendo a los temas de terrorismo etarra e islamista radical. Comenzaré por el primero.
Entendemos que la actuación de la
fiscalía hay que enmarcarla desde el respeto y el Grupo Parlamentario Popular no lo ha tenido. Lo dice la memoria en la página 161: La crítica permanente a la actuación de los órganos judiciales y del ministerio fiscal en la lucha contra el
terrorismo, con acusaciones infundadas de cesión, pasividad y/o inactividad, ha contribuido a crear un clima de crispación social y de desconfianza en el normal funcionamiento de las instituciones, que entraña el riesgo de dañar la unidad y el
diálogo entre los partidos y los grupos sociales democráticos como principios rectores de la política antiterrorista que a lo largo de nuestra historia sí han funcionado en otras épocas especialmente cuando el Partido Socialista ha estado en la
oposición y ha apoyado de forma férrea la actuación de quien tiene encomendada la dirección de la lucha antiterrorista, que es el Gobierno de la nación, que no se ha visto correspondido actualmente con la actuación del Grupo Parlamentario Popular.
Esgrimir como dato que se han reducido las actuaciones que se han producido en la Audiencia Nacional en materia antiterrorista es de sentido común, porque afortunadamente en estos años hemos vivido la etapa de menor actividad terrorista. Eso que
tenía que congraciarnos a todos y ser puesto en valor por todos resulta que es denostado por el principal partido de la oposición, al que parece que le preocupa que haya poca actividad en la Audiencia Nacional. En esta materia nos gustaría que no
hubiera ninguna actividad en la Audiencia Nacional. Pero, aun así, le tenemos que recordar los datos, de los que se deriva la menor actividad a la que se ha referido el señor Astarloa: dieciocho atentados terroristas en 2006 y 145 actos de kale
borroka. Al señor Astarloa le duelen especialmente los datos de actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque soportan poca comparación con el año 1999, con la tregua anterior.
Usted ha sido muy
prudente cuando ha dicho que no quería referirse a datos del año 1999. Nosotros no podemos pararnos en esa prudencia sino que tenemos que decirle a la opinión pública lo que pasó en ese año.
Durante el año 2006 se han formulado 102 escritos de
acusación respecto de 227 individuos, una cifra realmente importante sobre todo si la comparamos con la del año 1999, año de la anterior tregua en el que se formularon 37 escritos. En 2006, 102 escritos; en 1999, 37 escritos. Se presentó
acusación contra 118 personas; en 2006, contra 227 personas. Esa es la realidad. En términos comparativos, cabe afirmar que en el año 2006


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casi se han triplicado los escritos de acusación, incremento que se sitúa aproximadamente en un 175 por ciento y se ha duplicado la cifra de acusados, lo que supone un aumento del 93 por ciento frente a la actuación que tuvo la Fiscalía de
la Audiencia Nacional en la anterior tregua del año 1999. Esas son las cifras. Sé que no son las que le gustan oír al señor Astarloa, pero esas son las cifras.



Reconozco que me ha causado sorpresa oírle hablar al señor Astarloa del terrorismo islámico radical porque el señor Astarloa formaba parte de un Gobierno que hizo de la mentira y del intento de la manipulación a los ciudadanos un objetivo de
lucha electoral. Después del mayor atentado que ha tenido ningún país de origen islámico radical en cuanto a su concepción, nos parece grave que frente a una sentencia que tenía que ser el punto final y de encuentro de todos los demócratas, sobre
todo para reconfortar a las víctimas, hacer las apreciaciones técnicas que se tengan que hacer y formular los recursos, adherirse u oponerse a ellos, se venga aquí hablando del 11-M y mucho menos por una de aquellas personas con la responsabilidad
que tenía en ese momento como secretario de Estado de seguridad ciudadana y que formó parte de esa que algún medio denominó la fábrica de la mentira; eso que es lo que fue el Ministerio del Interior durante aquellos días: la fábrica de la mentira.
(La señora Torme Pardo: Eso sí que es mentira.)


Nosotros queremos comenzar haciendo un reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un reconocimiento a las instituciones del Estado, un reconocimiento a la Audiencia Nacional y a la labor del tribunal, un reconocimiento
al juez instructor tan denostado y vilipendiado injustamente, un reconocimiento a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, especialmente a la fiscal doña Olga Sánchez y a los otros dos compañeros que la acompañaron en el sostenimiento de la acusación
durante la etapa del juicio. Desde ese terrorismo de trincheras que se practica a veces, nos parece tremendamente injusto que se estén produciendo descalificaciones como se están produciendo. Aquellos que tenían que callar en relación con esos
hechos tan lamentables son aquellos que con más desparpajo hablan.



La memoria de la fiscalía dice en relación con el apartado de la Audiencia Nacional, en la página 166, estamos hablando de la memoria de 2006 nada sospechosa, no podía ser anticipatoria de lo que luego ha dicho la sentencia, que las acciones
criminales en materia de terrorismo yihadista son ejecutadas por grupos terroristas locales con autonomía suficiente para decidir la forma y modo de concretar los actos, pero siguiendo los decretos de un líder espiritual, inspirándose
ideológicamente en los principios del fundamentalismo islámico radical. Cuando ahora se viene hablando de autoría intelectual, les recuerdo que en la página 167 de la memoria de la fiscalía del año 2006 se dice: Adoctrinados por el mencionado Abu
Dahdah -está hablando del proceso de Abu Dahdah-, varios de sus seguidores, entre los que destaca el cerebro del atentado de Casablanca y el Tunecino, a quien se imputa ser el cerebro de los terribles acontecimientos del 11 de marzo, comenzaron a
reunirse con el objeto de preparar la comisión de atentados. Por tanto, ya la fiscalía avanzaba lo que hoy es verdad que dice el fiscal jefe de la Audiencia Nacional en una entrevista en un medio de comunicación. Ya se estaba diciendo por dónde
iba lo que entendíamos era el mayor atentado. Se ponen en cuestión algunas de las afirmaciones que se hace en la sentencia, pero la sentencia, que nos parece ejemplar en este aspecto, recoge en la página 215 la relación de alguno de los condenados,
no ya procesados, con la red de Al Qaeda, para la cual ha realizado labores de proselitismo y justificación de los actos terroristas contra los infieles. Por tanto, estamos en condiciones de cerrar un capítulo para la historia de España y
felicitarnos de cómo ha podido actuarse desde el respeto a la legalidad en la lucha contra un terrorismo que ha causado el mayor de los dolores en cuanto a un atentado, no ya así en cuanto a la generación de varios atentados, puesto que ahí tiene el
dudoso honor de disputarse con el terrorismo etarra. Sin embargo, estamos viendo cómo el Partido Popular vuelve a incidir en esto cuando lo que tenía que hacer era pedir disculpas a los ciudadanos por la manipulación que intentó trasladarnos.
El
propio secretario de Estado y portavoz de Justicia en esta Comisión encargó la redacción de algún informe para ver cuáles eran las relaciones con el terrorismo etarra. A nosotros nos parece que eso debería ser aclarado porque eso sí que a lo mejor
les interesaba a los ciudadanos.



Ahora me referiré a la actuación de alguna de las fiscalías que han sido puestas en cuestión por el principal partido de la oposición porque creemos que están desarrollando una importante labor, como la Fiscalía Especial contra la
Corrupción. Recordamos aquello que decía un antecesor suyo en el cargo: que sobraba la Fiscalía Anticorrupción y que había que suprimirla, ¡Qué buen ojo tenía aquel fiscal! Asimismo nos referimos a la Fiscalía delegada contra la violencia sobre la
mujer. Venir a esta Comisión a decir que la Fiscalía delegada contra la violencia sobre la mujer tiene dos fiscales es desconocer simplemente lo que dice la memoria. Por tomar algún dato, diré que en la página 347, con datos relacionados a 2006,
se dice: Fiscales de la Sala delegada y coordinadores para materias específicas. Punto primero. Fiscalía de la Sala delegada contra la violencia sobre la mujer. 1.1. Conclusiones del seminario fiscal celebrado en Oviedo los días 16 y 17 de
noviembre de 2006. Se celebró en Oviedo el segundo seminario, encuentro de los cincuenta fiscales delegados -no dos fiscales, señor Astarloa, sino cincuenta- contra la violencia sobre la mujer bajo la dirección de la fiscal delegada de a mujer.
Venir aquí con datos erróneos no produce sino que puedan ser contrarrestados con la lectura simple de los datos de la memoria.



Nos ha parecido muy importante la intervención que ha hecho sobre la actuación de las fiscalías delegadas,


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así como la de otros grupos. En este sentido, el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) se ha referido a la protección de las víctimas. Para eso está la Fiscalía de Sala delegada para la protección de las víctimas en el proceso
penal. Asimismo nos parece importante la actuación que se está llevando a cabo en los delitos económicos, el medio ambiente y el urbanismo, contra la siniestralidad laboral y contra la seguridad vial. Esa es una labor importante que se está
haciendo por parte del ministerio fiscal. Quiero referirme también a la puesta en cuestión de su actuación que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, así como de la del ministerio público en relación con la política del Gobierno. El Gobierno se
dedica a la función ejecutiva y la fiscalía tiene otra función diferente. A veces es verdad que pueden operar de forma conjunta porque así lo quiere el legislador, por ejemplo, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Partidos Políticos se dio la
posibilidad de que hubiera vías que pudieran llevar a los mismos efectos. Entendemos que su actuación en la ilegalización de partidos políticos, con la posibilidad de que se presentaran a las elecciones determinados partidos políticos en el País
Vasco, fue ejemplar. La actuación de la fiscalía en este sentido, tanto la suya como la de la Sala tercera del Tribunal Supremo, nos parece ejemplar. Cuando se dice que estamos en el desconocimiento absoluto y, mucho más, de aquellos que se llaman
juristas; cuando se dice que el Partido Popular no legalizó el Partido Comunista de la Tierras Vascas, lo que no se dice es que el Partido Popular no impugnó la inscripción del Partido Comunista de las Tierras Vascas, como por cierto sí hizo el
Gobierno socialista cuando se pretendió la inscripción de ASB. Esta reflexión que ya hemos hecho en muchas ocasiones está perfectamente refrendada en las sentencias que ha ido produciendo tanto el Tribunal Supremo, la Sala del 61, como el Tribunal
Constitucional en esta materia.
Tampoco al Partido Popular le importa en esto ninguna otra cuestión, lo único que le importa es poner en solfa la política antiterrorista porque entiende que de ella puede sacar utilidad electoral. Lo lleva haciendo
durante toda esta legislatura y por ello no va a dejar de hacerlo. A nosotros nos gustaría que se nos explicara por qué ANV recibió fondos.
Hoy hemos leído en la prensa cómo con la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos existe la posibilidad de
que aquellos partidos políticos que tienen una trayectoria impecable como incluso el nuestro en materia de lucha por las libertades ahora pueden volver a tener la capacidad de que se les devuelva alguno de los bienes que en su momento se les
incautaron.
Lo que tiene que decirse en esta Cámara es que cuando el Partido Popular elaboró una ley en relación con estos aspectos, permitió que ANV recibiera financiación del Estado y nosotros no lo criticamos. Como dije en la tribuna con motivo
de una proposición no de ley, el acuerdo del Consejo de Ministros que permitió que ANV tuviera cerca de un millón de euros es un acuerdo que tomó un Consejo de Ministros del Partido Popular en aplicación de una ley aprobada por este Parlamento. Lo
que no se puede afirmar es que se está permitiendo que ANV tenga medios sin decir que eso ocurrió en virtud de un acuerdo que tomó en su momento un Consejo de Ministros en el que se sentaban el señor Acebes o el señor Rajoy. Lo que tendríamos que
estudiar en algún momento es por qué ese acuerdo del Consejo de Ministros se tomó más o menos un mes después de que se disolviera Herri Batasuna y se fundara Batasuna en donde ya no se incorporó Acción Nacionalista Vasca. A lo mejor ahí sí habría
estado permitido -porque cuando el Partido Popular todo estaba permitido en estos aspectos- que se pudiera buscar una solución para que esa formación política hiciera política, y a lo mejor esa no inclusión -es una suposición, es simplemente un
juicio de valor- en Batasuna sí que pudo llevar a que quien sí estuvo en Herri Batasuna, como fue Acción Nacionalista Vasca, fuera receptor de aquel acuerdo del Consejo de Ministros del Partido Popular.



Termino, señor presidente, con una última reflexión, con la cual también empecé. Señor Astarloa, a nosotros nos parece que su intervención durante esta legislatura es profundamente desafortunada. He dicho antes que un periódico hablaba de
usted como uno de los integrantes de la fábrica de la mentira que fue el Ministerio del Interior (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!), y también le tengo que decir, señor Astarloa, que en esta legislatura usted se ha empleado a fondo
en intentar destruir órganos constitucionales que tienen que ver con la Justicia. Ya nos lo anunció usted, ya subió usted a la tribuna con el mayor de los desparpajos y anunció el bloqueo de todo aquello que tuviera que ver con el Consejo General
del Poder Judicial, con motivo de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ese desprestigio que usted anunció es el que se está produciendo por la acción que usted anunció, por la consumación de la amenaza, en términos políticos, que
profirió desde esa tribuna. Lo hizo usted y lo ha advertido también en relación con el Tribunal Constitucional. Cuando se debatió la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la Comisión y en el Pleno, usted dijo que esto traería
consecuencias, hemos visto pronto cuáles son las consecuencias: la introducción en los recursos, y ustedes siendo parte recurrente en ellos, de determinadas normas aprobadas por este Parlamento, donde por primera vez han metido ustedes la
institución de la recusación en el Tribunal Constitucional, sabiendo que con ello dinamitaban el funcionamiento del Tribunal Constitucional. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Qué cara más dura!) Porque hacer una traslación mimética de las
causas de recusación, que lo son de abstención, que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial para los juzgados y tribunales, y hacer esa traslación mimética sin la necesaria corrección que hay que hacer en relación con un tribunal que tiene su
designación formulada entre sus miembros en la propia Constitución, y que además son miembros que no pueden sustituirse, sabían ustedes cuando empezaron por ese camino que


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conllevaría, y eso es lo que querían, el bloqueo del Tribunal Constitucional.



Señor Conde-Pumpido, usted, como fiscal general del Estado, ha aguantado el envite del Partido Popular. Yo sé que eso ha sido a riesgo y también con el sufrimiento incluso de la gente cercana a usted, pero sí le tenemos que decir que
nosotros, como Grupo Socialista, le felicitamos por haber aguantado ese envite en esa labor, como he dicho al principio, de destrucción de instituciones en la que se ha empleado a fondo el Partido Popular durante esta legislatura, y cuyo último
episodio -tomemos este incluso como falta de respeto- tuvo lugar cuando usted fue invitado por el presidente del Congreso a presenciar el trámite final de la aprobación de la Ley 24/2007, de reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Estando usted como invitado en la tribuna de honor, como digo a instancia del presidente del Congreso, se profirieron contra usted graves acusaciones, sabiendo como sabía quien las estaban profiriendo que usted, desde esa tribuna, no podía
contestarlas. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la reunión durante cinco minutos.
(Pausa.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.



Señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, el señor portavoz del Grupo Socialista ha estado el tiempo del fiscal y el mío sumados para hacer una intervención manifiestamente destinada a hablar de forma exclusiva del Grupo Popular
y de este portavoz, y le pedía la palabra para poder responder.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Ha dicho muchas cosas el señor portavoz del Grupo Socialista. Algunas verdaderamente insólitas, como, por ejemplo, que cuando en la memoria de la Fiscalía General del Estado se reconoce lo que, por otra
parte, es un hecho, y es que está incrementándose la delincuencia y que tenemos que preocuparnos muy seriamente por eso, resulta que el Grupo Popular no puede hablar de esto ni con el fiscal general del Estado, ni con nadie, por no sé qué cosas de
la seguridad privada y el desmantelamiento de la seguridad pública. Mire, señor portavoz del Grupo Socialista, déjeme que le recuerde las palabras de la consejera de Interior, que entonces lo era de la Generalidad de Cataluña, señora Tura. Ante la
impotencia de poder solucionar lo que se estaba planteando en España cuando ella era consejera, que no ha hecho más que incrementarse como confirma la memoria del fiscal general del Estado, es decir, el incremento gravísimo de la delincuencia, la
señora Tura dijo que recomendaba a los ciudadanos que, ante la imposibilidad de resolver con los medios públicos policiales las cuestiones de seguridad, recurriesen a la seguridad privada. Ese es el doble lenguaje de los socialistas de este país,
que acusan a los demás exactamente de hacer lo que ellos preconizan que se haga.



Habla usted del señor Bono y del señor presidente del Gobierno, es verdad que no mezclados. Déjeme que yo los mezcle, para resumir, de verdad, lo que ha sido la relación entre el presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado en
esta legislatura, por lo menos en la versión del señor Bono. Fue el señor Bono quien declaró a un medio nacional, no hace mucho tiempo, que cuando conoció lo que los proetarras preparaban a la señora doña Regina Otaola, una de las personas más
valientes de este país, alcaldesa de Lizarza, cogió el teléfono y le llamó al presidente del Gobierno. Probablemente usted recuerda, aunque no quiera recordar, lo que le contestó el presidente del Gobierno, según el señor Bono: Ya he llamado al
fiscal general del Estado y le he dado instrucciones para que recurra las manifestaciones que se van a convocar contra la señora Otaola, y así se hará. Bueno, pues es una perfecta metáfora de lo que ha sido esta legislatura en la relación entre el
presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado.



Los dos temas centrales que usted ha planteado se refieren al 11-M y a la demolición de las instituciones. Yo quiero ser muy claro con usted y con todas SS.SS. en relación con las dos cuestiones. Tengo que decirle, y se lo digo muy
sinceramente, que me ha sorprendido, y mucho, que usted haya aprovechado la comparecencia del fiscal general del Estado para arremeter salvajemente contra el Partido Popular en relación con el 11-M, desentonando de una manera clamorosa respecto a lo
que ha sido el conjunto de las intervenciones sobre esta cuestión esta mañana, y desde luego de la mía, que me he limitado a hacer una pregunta al señor fiscal general del Estado sobre qué era exactamente el contenido de lo que había declarado a los
periodistas para que lo repitiese en esta sesión en relación con el contenido del recurso que va a presentar sobre la sentencia del 11 de marzo. Tengo que decir, por cierto, que en el entretanto he recibido un teletipo de lo que S.S. había dicho
al entrar y ya sé cuál es la respuesta, pero en todo caso, si S.S. me la quiere proporcionar para que figure en el 'Diario de Sesiones', yo se lo agradeceré. Usted traía un papelito preparado, que no tenía nade que ver con lo que hemos dicho en
esta sesión para, insisto, hacer un ataque salvaje, que no entiendo ni a qué viene, ni por qué ha elegido este momento.



Su señoría ha dicho, para empezar, una mentira -habrá que sumarla al conjunto de las mentiras que desde el Partido Socialista se prodigan sobre esta cuestión que ya son innumerables-, que es que aquí se ha puesto en cuestión la sentencia
sobre el 11-M. Mire, desde el Grupo Popular le digo con toda claridad lo mismo que hemos dicho durante todos estos días: nuestra satisfacción por la sentencia del 11-M y en particular nuestra


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satisfacción por que la sentencia del 11-M haya confirmado que el Partido Popular en el Gobierno en una situación dificilísima, en funciones, fue el que detuvo a la generalidad de los señores que ahora han sido condenados como autores de la
masacre del 11-M. Espero que por mucho que ustedes repitan esta mentira, los ciudadanos escuchen la verdad.



Su señoría ha empezado esa larga relación de ataques, y no me voy a detener en los que personalmente me ha dedicado, entre otras muchas cosas porque yo ya comparecí, como era mi obligación, ante una comisión en esta Cámara durante siete
largas horas y, como quizá usted recuerde, el portavoz del Grupo Socialista que entonces representó a su grupo tuvo a bien, yo se lo agradecí y se lo vuelvo a agradecer mucho en el día de hoy, reconocer el servicio que personalmente había prestado
en mi actuación y en mi comparecencia en la Comisión de Investigación. Si usted quiere ahora reescribir la historia y reescribir aquella Comisión de investigación, en la que, entre otras cosas, estaba presente el señor presidente de la Comisión,
que no me dejará por mentiroso, reescriba lo que quiera con tal de hacer toda la clase de ataques que traía preparados, insisto, pero no por eso S.S. tiene razón. Sin embargo, no me preocupan las referencias personales, me preocupan y mucho las
referencias que S.S. ha hecho a mi partido y a mi grupo parlamentario.



Mire, señoría, mentir es llamar a los periódicos como hizo el señor Rodríguez Zapatero para decir que había terroristas suicidas. Mentir son los sms, mentir es relacionar esto con Irak, mentir son las acusaciones falsas que se hicieron al
Partido Popular o mentir es decir que se van a suspender las elecciones porque el Partido Popular lo que quiere es presentar un decreto a la firma del Rey para la suspensión de las elecciones. Debería tener usted una gran prudencia, una inmensa
prudencia a la hora de acusar a los demás, entre otras cosas, señoría, porque si de verdad quiere que relacionemos mentira con terrorismo tengo que decirle con toda claridad que en eso son ustedes unos grandes especialistas. Lo fueron en tiempos
que prefiero no recordar, lo han sido en relación con el 11-M y lo han sido -eso quizá lo deberíamos estar analizando ahora en vez de otras cosas- durante toda una legislatura en la que ustedes han negado que negociaban con la ETA mientras
negociaban con la ETA, han afirmado que verificaban que la ETA había cesado su actividad y se ponían a dialogar cuando no habían verificado nada, y han seguido negociando con la ETA hasta días antes de que se hayan celebrado las elecciones. Así que
por favor, señor portavoz, primero, explique usted por qué viene aquí a aprovechar la comparecencia del señor fiscal general del Estado para hacer un ataque que se trae escrito y que no responde al desarrollo de la sesión y, si quiere, explique las
mentiras de quien realmente mintió en aquellas fechas con las consecuencias conocidas, especialmente una de la que entiendo que ustedes deberían sentir una inmensa vergüenza, que es que por primera vez en la historia de este país, y espero que sea
la última, un grupo parlamentario, un partido político, hizo responsable a un gobierno de los atentados de los terroristas. Hasta a eso, señoría, llegaron ustedes.



En cuanto a la destrucción de las instituciones, dice una cosa verdaderamente asombrosa que coincide con el pie que le dio el señor fiscal general del Estado, que es que aquí los que destruyen las instituciones son los demás. Quiero
recordarle alguna cosa, señor Muñoz, la primera: los que están gobernando en este momento son ustedes y el proceso de deterioro institucional se está produciendo en tiempos de un gobierno socialista y bajo la responsabilidad de un gobierno
socialista que no está gestionando las relaciones institucionales como es debido a un gobierno. Son ustedes, señor Muñoz, los que han traído aquí al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a darle de bofetadas en
una sesión parlamentaria. Y son ustedes los que han llamado mentiroso al presidente del Tribunal Supremo por la boca de su secretario de organización. Y son ustedes los que, por primera vez en la historia de la democracia española, han presentado
dos recusaciones de magistrados del Tribunal Constitucional. Y viene ahora aquí con la milonga de decir: Ustedes por primera vez presentan recusaciones... No, perdone, ha sido el Gobierno de España el que por primera vez ha querido quitar de en
medio a dos magistrados del Tribunal Constitucional.



Dice usted, mintiendo nuevamente: Usted ya amenazó con que aquí no dejaría que funcionasen las instituciones. Mire, señor Muñoz, esa tontería no la he hecho nunca, entre otras muchas cosas, porque después de una biografía como la mía tengo
más que acreditado que he dedicado mucho más de la mitad de mi vida a hacer que las instituciones funcionen, empezando por esta casa. Lo que yo les dije hace cuatro años y repito hoy con todas las letras, señor Muñoz, es que no se puede firmar un
pacto de Estado como hizo el señor Zapatero con el señor Aznar en la pasada legislatura para la modernización y la reforma de la justicia y que cuando a continuación uno gana las elecciones y llega al Gobierno, lo primero que hace el mismo que ha
firmado es clavarle un puñal por la espalda al otro firmante del pacto de Estado; se lo dije y se lo vuelvo a decir.



Le dije y le vuelvo a decir que cuando ustedes trajeron a esta Cámara para su aprobación y aprobaron en horas, violando todos los procedimientos parlamentarios habidos y por haber; tan violaron que como no vinieron a votar, tuvieron que
hacer un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar otra vez el proyecto de ley y volverlo a mandar aquí para volverlo a aprobar en horas, rompiendo el acuerdo al que habían llegado con nosotros para el funcionamiento del Consejo General del
Poder Judicial, ustedes estaban rompiendo las reglas de juego durante el desarrollo del partido, y lo estaban haciendo por puro interés político partidista, porque, como usted recordará muy bien, esto nació de donde nació: de que ustedes llegaron
al Gobierno, hubo unos


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nombramientos del Consejo General del Poder Judicial que a ustedes no les gustaron y su secretario de Estado y su ministro de Justicia tuvieron la extraordinaria osadía de decir que había que hacer ingeniería jurídica y sentarle la mano al
órgano que no estaba haciendo lo que el poder socialista quería, y trajeron la ley y la aprobaron en horas. Les dije entonces y les digo hoy: si se creen que van a contar con el Partido Popular para manipular con libertad el Consejo General del
Poder Judicial haciendo con él un órgano de seguidismo del poder político socialista, están muy equivocados. Les dije entonces y les digo hoy: llegará el día en que haya que renovar el Consejo General del Poder Judicial y ese día o ustedes
respetan la proporción que corresponde a la representación profesional de la carrera o no contarán con el Partido Popular (La señora García-Alcañiz Calvo: Muy bien.) Y exactamente eso es lo que están intentando violentar a día de hoy haciendo
reuniones de vodevil como esta mañana; de vodevil, señor Muñoz.



El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, le ruego concluya.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, señor presidente.



Le digo con toda claridad que no van a conseguir, mientras el Partido Popular esté sentado en estos bancos, y me parece que va a estar sentado mucho tiempo y en otros bancos también a partir del mes de marzo, no van a conseguir su propósito
de hacer de la justicia de este país un poder al servicio de lo que los socialistas quieren ni con el Consejo General del Poder Judicial ni con el Tribunal Constitucional ni con nada. Eso es lo que ustedes llevan haciendo no solo durante estos
cuatro años, sino desde hace treinta, desde que aprobaron en 1985 lo que aprobaron, el propósito que tiene la izquierda española. Además, le voy a explicar por qué.
Porque llevan ustedes treinta años pensando que el Poder Judicial es el único de
los poderes sociales de este país que no se somete de forma directa a los dictados de los socialistas (La señora García-Alcañiz Calvo: Como en Cuba.), porque la Constitución dice que el Poder Judicial es independiente.



Termino, señor presidente, con el último recordatorio sobre esta cuestión porque es muy significativo. Repase usted los diarios de sesiones de aquella época y se encontrará con que el ministro de entonces, el señor López Aguilar, empleaba
un argumento delicioso para recordarlo en esta hora. Decía: No sé de qué se quejan ustedes con esta reforma, señores del Partido Popular, si ahora va a venir la próxima renovación del consejo y a ustedes les beneficia -decía entonces el ministro-
esta reforma, porque igual que nosotros ahora estamos estableciendo la minoría de bloqueo, que nos beneficia a nosotros, entonces les beneficiará a ustedes. O sea, que éramos los campeones de la democracia haciendo esta reforma y el problema es
que, tres años después, esta reforma de los campeones de la democracia resulta que ya no vale, y lo que ustedes quieren hacer es un Consejo General del Poder Judicial que, olvidándose de lo que aprobaron -¡ya es caradura!- hace tres años,
sencillamente esté dirigido, como quería el ministro y el secretario de Estado, por la ingeniería jurídica del Gobierno y del Partido Socialista. A eso es a lo que yo llamo destruir los órganos constitucionales y las instituciones. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente, por este turno. Me veo en la obligación de intervenir para precisar algunas de las alusiones que ha hecho el señor Astarloa, a quien comenzaré diciéndole que quizá debería haber utilizado
otros datos y no los relativos a Cataluña, pues, si se refiere a los datos de Cataluña, para que vea hasta qué punto se están haciendo esfuerzos por el Gobierno de Cataluña y por el Gobierno del Estado, le daré las cifras de las infracciones penales
cometidas entre enero y agosto de los años 2006 y 2007, conocidas en el total de la comunidad. En 2006, 78.285 -fíjese en la bajada por la acción de la policía- y 51.335 en el año 2007. Y si voy a las detenciones, de 11.851 por la acción de la
policía en el esclarecimiento de estos hechos hemos pasado a 8.217. Quizá debería de haber estado usted más fino escogiendo otra comunidad autónoma, a lo mejor gobernada por su partido, en vez de Cataluña en relación con los datos sobre
delincuencia.



Talante en relación con el 11 de marzo. Hemos empezado por decir que lamentamos la actuación del Partido Popular, pues, frente a una sentencia que tenía que unir a todos en el consuelo hacia las víctimas y en el reconocimiento de las
instituciones del Estado, se han visto desautorizaciones y afirmaciones que no han sido desmentidas por parte de su presidente de honor y todos los españoles estamos esperando a que el actual líder de su partido las desmienta porque son
profundamente graves.



Hablando de mentiras, voy a hacer referencia solo a dos en el ámbito exterior. Mentir es trasladar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a los embajadores que a su vez trasladaran a los gobiernos que fue ETA. Y mentir es hacer desde
nuestra representación diplomática, obligada por el Gobierno, un pronunciamiento ni más ni menos -qué falta de respeto y cómo queda el nombre de España empañado- que de los órganos de Naciones Unidas condenando un atentado de ETA, que se sabía
cuando se hizo aquello que ni tan siquiera era de ETA. Ya entonces se sabía. Esto en relación con las mentiras, donde he prefiero utilizar, quizá por distender, dos ámbitos fuera de España para no dedicarme a lo que hicieron ustedes en nuestro
territorio.



Contactos con ETA. Le voy a relatar la secuencia, que es clara. Primero, resolución del Congreso por primera vez y luego contactos, no lo que ocurría anteriormente.



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Repase usted el 'Diario de Sesiones' y verá cómo hubo contactos y negociaciones en la época de la anterior tregua durante el Gobierno al cual usted perteneció con algún cargo. Repase, por ejemplo, la contestación a la pregunta que le hizo
en su momento la diputada doña Begoña Lasagabaster o repase el 'Diario de Sesiones' del debate sobre el estado de la Nación de aquel año y verá lo que dijo el presidente Aznar.
Sería muy interesante que diese usted un repaso a los diarios de
sesiones.



Mi grupo nunca ha responsabilizado a nadie del atentado y nunca lo hará.
La última vez que yo he visto a un responsable político responsabilizar de un atentado a alguien ha sido con motivo del desgraciado atentado del militante del Partido
Popular y escolta del Partido Socialista en el País Vasco. Un cargo representativo de los ciudadanos de un municipio del sur de Madrid responsabilizó directamente del atentado al Gobierno socialista.



Instituciones. Comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Claro, comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial para hablar de temas jurisdiccionales, y si le proponen hablar de otra cuestión
que no sea jurisdiccional, no tiene por qué hablar, aunque le diré que otros presidentes del Consejo General del Poder Judicial lo hicieron en otro momento en relación con temas que tenían que ver con ámbitos que no eran puramente jurisdiccionales.
Le recuerdo la comparecencia que su grupo pidió en su momento del entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Pascual Sala. Y en relación con el ínterin de la frustrada comparecencia del presidente actual del Consejo General del
Poder Judicial, con que simplemente repase usted la correspondencia que obrará en la Presidencia de la Comisión de Justicia verá cómo el problema es que hubo una actuación y una actitud deliberadas.



Recusaciones. La primera se produce por parte del Partido Popular en el recurso interpuesto en relación con el Estatuto de Cataluña hacia la figura y la persona de la presidenta del Tribunal y del señor Pérez Tremps. Por tanto, la primera
recusación es suya, los que ponen en marcha ese mecanismo, que, como digo, tiene efectos perversos porque estamos hablando de un tribunal que no tiene capacidad de ser sustituido porque sus miembros están tasados por mandato y por la propia
definición constitucional.



Ruptura del pacto de Estado. Es previa a las elecciones, no intente mezclar las cosas. No llega el Gobierno y rompe el pacto, sino que el pacto se rompe antes por el incumplimiento del pacto que ustedes hacen.
Ahí está la falta de
compromiso presupuestario o la figura del entonces fiscal general del Estado como elementos de perturbación de aquel pacto.



Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el nombramiento de presidentes del Tribunal Superior de Justicia y de magistrados del Tribunal Supremo. ¿Por qué es constitucional la reforma que ustedes hicieron, que
fijaba esa misma mayoría para nombrar a los dos miembros del Poder Judicial a quienes se les encomendaba el control de las acciones del Centro Nacional de Inteligencia? Es la misma mayoría que ustedes fijaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial;
sin embargo, la que establece luego otro Parlamento para órganos que deberían tener tanta relevancia como las misiones que reconocemos a los dos magistrados en relación con el Centro Nacional de Inteligencia no lo es. En fin, esperemos que el
Tribunal Constitucional, si algún día se desatasca por sus actuaciones, pueda darnos la solución a ese sofisma, que a nosotros nos parece que está definido en términos interesantes.



Acabo diciéndole que usted subió a la tribuna en aquel debate y que no empleó unas horas -también el ministro- sino muchas; sin embargo, allí no dijo usted aquella última parte. Que yo recuerde, no oí lo de que el respeto a la
proporcionalidad tenía que estar en el nuevo consejo. Lo que se dijo allí es que, cuando se renovara el consejo, nos encontraríamos, y eso para nosotros, en términos políticos, es una amenaza. Lo que sí le digo es que el sistema no se pervierte en
el año 1985, sino que en dicho año se fija un sistema que a nosotros nos parece el más acertado, pues está dentro de los márgenes de la Constitución y así lo aprobó el Tribunal Constitucional en la sentencia que ustedes interpusieron sobre aquella
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el fiscal general del Estado.



El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Muchas gracias a las señoras y señores diputados, especialmente a la señora Uría, del Grupo Parlamentario Vasco; al señor Mardones, del Grupo Parlamentario Mixto; al señor Jané,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); al señor Astarloa, del Grupo Parlamentario Popular, y al señor Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, por sus intervenciones, por la atención que han prestado al ministerio fiscal y por
haber analizado de manera exhaustiva la memoria, mostrando un conocimiento de nuestra actividad que nosotros agradecemos en todo caso. Además, reiteramos la satisfacción que significa, desde el punto de vista personal, pero sobre todo desde el
punto institucional, en nombre y representación de los 2.000 fiscales que integran el ministerio público por la atención de los que representan a los ciudadanos y ejercen la soberanía de la nación española.



Comenzando por responder a los diversos grupos y tratando de ser lo más breve pero, al mismo tiempo, lo más exhaustivo posible en las cuestiones que nos han planteado, le diría a la señora Uría -aunque no pueda estar presente, pero para
constancia y conocimiento del resto de la Comisión- que agradezco que haya puesto su atención en el importante incremento de diligencias de investigación que se han realizado por los jefes del ministerio público. Ese importante incremento del 50


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por ciento responde, efectivamente, al interés que están poniendo los fiscales en ir desarrollando sus facultades de investigación para obtener en un futuro, en la próxima reforma legislativa -que confiamos que se realice-, el mayor
protagonismo investigador que les corresponde en un sistema procesal moderno. Pero aún cuando esa reforma no se haya realizado, el fiscal, sobre todo en materias especialmente complejas -anticorrupción, materias económicas como el blanqueo de
dinero, por ejemplo, en materia de drogas o en materias urbanísticas-, está realizando ya investigaciones que permiten o bien archivar los asuntos, y con ello descargar a los órganos jurisdiccionales, o bien presentar a los órganos jurisdiccionales
una investigación ya prácticamente acabada.



Agradezco también su reconocimiento al buen trabajo que está realizando la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es una fiscalía compleja, es una fiscalía difícil y me gustaría aprovechar esta comparecencia para hacer
un homenaje a todos los fiscales que trabajan allí, en esa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con riesgo de sus vidas, con amenazas para su libertad y su vida diaria y que, sin embargo, están realizando un trabajo de enorme
rigor técnico, de enorme capacitación y, además, de enorme imparcialidad. Señalaba concretamente la posición del ministerio público, mantenida de manera coherente en aquella fiscalía, en contra de las denuncias formuladas que pretenden crear lo que
nosotros consideramos un banquillo inédito, desconocido en el ámbito del derecho comparado, en el que al mismo tiempo se siente para ser juzgado el máximo responsable del Poder Ejecutivo de una comunidad autónoma, el presidente, con el máximo
responsable del partido de la oposición y, al mismo tiempo, con representantes de grupos ilegalizados. Entendemos que el ius puniendi del Estado, ejercitado por el ministerio público, no ha apreciado desde el principio la responsabilidad penal y
confiamos -estamos prácticamente seguros- que la decisión final sea favorable al criterio de la fiscalía. Pero mientras tanto la fiscal tiene que llevar este asunto soportando críticas o descalificaciones, por lo que cuenta con todo el apoyo del
fiscal general del Estado.



Me satisface también poder responder al problema que ha planteado sobre la espectacularidad de determinadas detenciones, realizadas, sobre todo, en horas nocturnas. Es cierto, y lo comparto perfectamente con ella, que la ley, tratando de
respetar el principio de presunción de inocencia, procura que las detenciones se realicen de la forma que menos daño cause a la dignidad y al prestigio de los ciudadanos afectados. Puedo garantizarle que no es responsabilidad del ministerio público
que se produzca sino más bien habilidad o capacidad de los propios medios de comunicación, que saben estar o consiguen siempre estar allí donde les parece que está la noticia. En cualquier caso, haremos un esfuerzo, en lo que al ministerio fiscal
corresponde, para tratar que estas actuaciones se produzcan con mayor respeto a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.



Esto enlaza con los problemas que ha planteado en relación con determinadas actuaciones, en las cuales debo insistir que el ministerio fiscal no determina o predetermina lo que puede hacer el juez de instrucción competente. En ocasiones, el
impulso acusatorio no es ejercitado por el ministerio fiscal sino por particulares. En el proceso anterior, recuerdo perfectamente que la denuncia presentada contra el líder del Partido Socialista del País Vasco había sido presentada inicialmente
por el Partido Popular. Hoy ya no está ni forma parte de ese procedimiento, pero es indudable que en algunas ocasiones hay alguna intervención que desde la fiscalía preferiría que se mantuviese en el ámbito estricto de la justicia y que no se
extendiese al ámbito de la política y no se llevase la política al proceso penal.



Finalmente, plantea la conveniencia de que los asuntos relacionados con la tortura, y para cumplir la Convención contra la tortura, se detallen o se analicen de manera más detallada en la memoria de la fiscalía. En lo que de mí pueda
depender o en el ámbito en que duren todavía mis funciones al frente del ministerio fiscal, procuraré que en la próxima memoria se cumpla esta petición, porque cualquier petición razonada hecha por representantes de los ciudadanos en esta Cámara
debe ser atendida por el ministerio fiscal. Procuraremos, por tanto, como en su día hicimos con la petición del señor Jané en materia de seguridad vial, que esto se refleje en la próxima memoria.



Al señor Mardones le agradezco igualmente la atención prestada a la memoria, el apoyo que viene dando al ministerio fiscal en su difícil tarea y los temas que ha suscitado. Sobre la actuación de los delegados de la Fiscalía Anticorrupción
en Canarias, creo que están realizando un buen trabajo; los asuntos son complejos, pero están llevándolos adelante.
Debo decirle que, indudablemente, ese buen trabajo se pone de manifiesto precisamente en cómo surgen asuntos y cómo estos asuntos
avanzan y, además, aún cuando la Fiscalía Anticorrupción tenga allí un representante, un delegado, toda la Fiscalía Anticorrupción, con sede en Madrid y con todas las unidades de apoyo que tiene en Madrid, está a disposición de los fiscales
delegados para cualquier investigación, para cualquier trabajo. No se piense con ello que el escaso número de fiscales delegados significa un obstáculo, porque en realidad con ello se ha triplicado el número de fiscales anticorrupción,
incrementando la plantilla en la sede central de la Fiscalía en Madrid y creando, además, delegaciones, como usted sabe, en casi todas las provincias del arco mediterráneo y en las islas Baleares y Canarias. Creo que se está realizando un buen
trabajo.



Nos planteaba también la cuestión importante -muy importante- de la competencia para el enjuiciamiento de los, digamos, conductores de las pateras, de los jefes de las mafias de la inmigración que están incorporando personas ilegalmente para
el terreno laboral, a veces


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incluso sexual, para su abuso, pero sus actuaciones son intervenidas fuera de las aguas jurisdiccionales. La fiscalía, con independencia de la reforma legislativa, que creemos muy conveniente porque siempre aclarará la cuestión, ya en el
año 2006, al que se refiere esta memoria, en su circular 2/2006, de 27 de julio, decía de manera expresa que nosotros entendíamos, y así se lo hacíamos llegar a los fiscales, que, en contra de algún criterio aislado de alguna audiencia de las islas
Canarias, el fiscal debería seguir sosteniendo ante los tribunales la competencia de los tribunales españoles para el enjuiciamiento de estos líderes mafiosos, porque creemos que existe fundamentación jurídica suficiente para entender que aunque
estén fuera de las aguas jurisdiccionales españolas hay competencia para ello. En definitiva, el asunto se ha planteado ante el Tribunal Supremo, cuyo criterio creo que ha sido favorable a esta posición de la fiscalía y con carácter legislativo se
aclarará de manera definitiva. Pero la fiscalía fue atenta a ese problema, que muy bien ha señalado el señor diputado, y en una circular de julio de 2006 ya indicamos a los fiscales que debían trabajar en el sentido de afirmar la competencia de la
jurisdicción española.



En materia de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, le agradezco muy especialmente al señor Mardones que destaque esta fiscalía que normalmente es olvidada. El ministerio fiscal en España, a diferencia de otros países, está presente no solo
en el ámbito estricto de los órganos jurisdiccionales, propio del Poder Judicial, sino también en la jurisdicción militar a través de la Fiscalía Militar, en la jurisdicción constitucional a través de una fiscalía y está presente en el Tribunal de
Cuentas a través de una fiscalía que estamos reforzando y que tiene en este momento al frente a un fiscal, anteriormente fiscal del Tribunal Constitucional, que tiene una gran preparación y acabamos de designar teniente en esa fiscalía a un experto
en temas de anticorrupción, el señor Rueda, porque había estado antes en la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente en la Fiscalía General del Estado, que además está realizando una labor de conexión con las OCEX, es decir con los órganos de
control externo, que nos va a permitir no solo que la fiscalía trabaje en el propio Tribunal de Cuentas, sino también en aquellas cuestiones en las que los órganos de control de las comunidades autónomas no tienen competencia específica, que son las
cuestiones de enjuiciamiento, para que haya una colaboración entre la fiscalía y el órgano de control para que el enjuiciamiento se pueda llevar por la fiscalía pero contando con la opinión y con el criterio del órgano de control que no tiene
sección de enjuiciamiento. Es un trabajo verdaderamente importante y le agradezco al señor Mardones que lo haya reconocido porque ordinariamente es un trabajo que pasa desapercibido.



La Junta de Fiscales de Sala es el máximo órgano técnico del ministerio fiscal y la memoria ha querido dedicarle un apartado con una extensión adecuada. Hubo cinco reuniones de la Junta de Fiscales de Sala el pasado año y creo que han sido
reuniones muy importantes. En alguna de ellas nos tuvimos que pronunciar precisamente sobre un tema que había creado una gran desestabilización en el ámbito del Tribunal Constitucional, que fue resucitar el recurso previo de inconstitucionalidad a
través de un recurso de amparo contra el Estatuto de Cataluña, que se presentaba contra la decisión de la Mesa de esta Cámara, que lo había admitido a trámite. Hubo un debate importante en la Junta de Fiscales de Sala, un debate creo que de gran
altura jurídica, y por una mayoría muy considerable la Junta de Fiscales de Sala se estimó -yo me había comprometido a asumir el criterio de la junta- que la posición de ese recurso no debía ser admitido a trámite, así lo postuló la Fiscalía del
Tribunal Constitucional y así lo acordó el Tribunal Constitucional.
Cuando digo que normalmente las cuestiones controvertidas suelen darnos finalmente la razón en los tribunales, les podría citar infinidad de ejemplos en que cuestiones muy
discutidas en cuanto al posicionamiento del ministerio fiscal finalmente acaban dándonos la razón. Por eso hemos querido que ese trabajo de la Fiscalía de Sala esté también a disposición de los miembros de esta Cámara, de los ciudadanos, de los
españoles que quieran comprobar el trabajo que está realizando este máximo órgano técnico del ministerio fiscal.



Planteaba también el señor Mardones el problema de la congruencia de las cifras. Es un tema que nos preocupa y me alegro que lo señale porque así puedo dar una mayor explicación. Las cifras de hechos delictivos procedentes de la Policía y
las cifras de procedimientos penales que da la Fiscalía General del Estado o el propio Consejo General del Poder Judicial realmente no podrán coincidir nunca en su totalidad porque hay procedimientos penales que abarcan varios delitos por conexidad
en un solo proceso penal que figura como un solo proceso y sin embargo se enjuician varios delitos diferentes, y al revés, hay hechos delictivos que dan lugar a varios procedimientos penales, por ejemplo, en un accidente grave de tráfico en el que
hay varios lesionados, y cabe la posibilidad de que los partes médicos den lugar a varios procedimientos que luego se acumulan. Por tanto, nunca habrá una congruencia total.
Nosotros lo que estamos tratando es de afinar las cifras para que haya
por lo menos un examen de las tendencias, porque en el plano micro indudablemente no habrá una coincidencia total, pero en el plano macro siempre habrá una tendencia similar; si se incrementan determinados hechos delictivos indudablemente se
incrementarán los procedimientos penales. Reitero mi agradecimiento y espero que las palabras que haya podido decirle puedan ser de su satisfacción en cuanto a la explicación realizada.



Respecto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané sabe que cuenta con mi reconocimiento, con mi amistad y con mi respeto desde siempre, precisamente por su preocupación por todas las cuestiones que afectan a la
justicia y especialmente a la fiscalía, y además siempre suscita cuestiones de interés. Me parece de mucho interés que haya puesto énfasis precisamente en el incremento del 48 por ciento


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en los delitos de pornografía infantil. Esa es una materia que a todos los españoles nos preocupa, que a todos los ciudadanos de bien nos preocupa, y que me permite dar una doble respuesta a la cuestión que se suscita. El incremento
detectado en esta materia no procede necesariamente -a nuestro entender- de que se haya incrementado el número de hechos delictivos sino al contrario, a que se ha incrementado la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta
materia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente la Guardia Civil, que tiene un equipo excelente desde el punto de vista profesional en este tema, ha diseñado un instrumento informático que le permite detectar las descargas y
la introducción en el ámbito informático de videos, fotografías, etcétera, en materia de pornografía infantil, y gracias a esa labor de la Guardia Civil que yo desde aquí, en este momento, ensalzo, alabo y muestro mi máximo respeto al trabajo
realizado, es por lo que se ha incrementado el número de procedimientos. Hemos disminuido la cifra negra pero seguimos en más gracias, como digo, a la Policía. En cualquier caso, el tema le preocupa a la fiscalía hasta el punto de que haciendo uso
de ese mecanismo que utilizamos para tratar de hacer frente a aquellas cuestiones que nos preocupan de manera especial y que al señor Astarloa al parecer no le gusta, hemos designado a un fiscal de Sala, el señor Herrero Tejedor, que está destinado
en la Fiscalía Jurídico-Militar y que no tiene una carga de trabajo suave precisamente para la puesta en marcha de un servicio de criminalidad informática que está llevando a cabo y realizando con gran eficacia, con gran esfuerzo y además con una
magnífica coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ya se han puesto en marcha, no de manera generalizada porque no puede serlo, pero determinados fiscales especialistas ya están trabajando en diferentes provincias coordinados
por el señor Herrero Tejedor, que ha sido designado, además de tener sus funciones ordinarias, como coordinador de este servicio. Por tanto a la fiscalía le preocupa y la fiscalía trata de hacer algo en relación con esa preocupación.



Nos hablaba del problema de la inseguridad y de que a veces no coincide la percepción subjetiva de inseguridad con el hecho de que a lo mejor determinados delitos disminuyen. La percepción subjetiva de inseguridad puede estar relacionada
con muchos factores y muchas veces la propia repercusión mediática de determinados hechos especialmente graves o especialmente sangrantes hace que se incremente. Nosotros creemos que debemos luchar de manera muy importante frente a la inseguridad y
a mí como fiscal general lo que me preocupa, no diré lo que más, pero sí lo que fundamentalmente me preocupa, es la muerte de un taxista, la muerte de un joyero, la muerte de unos señores que estaban en su casa y han sido asaltados en el momento en
que penetra una banda organizada y les agrade.
Todas estas situaciones de inseguridad, que afectan a 45 millones de españoles y que normalmente no están en el debate político mediático sobre la fiscalía porque a veces ese debate aparece
absolutamente monopolizado por la reiteración continua y permanente de determinados asuntos o determinados lugares, es algo que como fiscal me preocupa de manera importante; me ha preocupado siempre, también como magistrado, pero ahora de manera
importante. Creo que la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana son dos valores por los cuales el ministerio fiscal debe luchar permanentemente, aunque a lo mejor la labor que esté realizando en esa materia tenga menor visibilidad o no sea tan
atenta.
Por eso la fiscalía, señor Jané, a través del representante que formaba parte de la comisión redactora de la reforma del Código Penal, propuso una fórmula específica precisamente para agravar los comportamientos realizados por las mafias y
por los grupos organizados. La señora Uría, que no se encuentra aquí en este momento, a veces nos manifiesta que no le gusta que se vierta la agenda del fiscal general del Estado en la memoria, pero yo quería poner de relieve la cantidad de
reuniones, de viajes y de esfuerzos que se han realizado, en muchas ocasiones en el plano internacional, para luchar contra la criminalidad organizada y sobre todo contra la criminalidad organizada transfronteriza, que es uno de los principales
problemas que tenemos en este momento que atender. Y para luchar contra esa criminalidad organizada hay que realizar una labor que, afortunadamente, llevan a cabo los órganos técnicos de la fiscalía, los servicios de la secretaría técnica de la
fiscalía, dentro de la cual precisamente hemos creado una sección de cooperación jurídica internacional, con una gran dedicación y esfuerzo. El año pasado la señora Uría nos dijo que no le gustaba que apareciesen reflejadas nominalmente en la
memoria las relaciones directas que había tenido el fiscal general del Estado con algunos miembros de la Comisión, incluso con ella misma, y este año no aparecen. Aparece la visita del señor Rajoy, que es una muestra de respeto institucional por
parte de la Fiscalía General del Estado al grupo mayoritario de la institución. Que pueda ser correspondido o que tenga reciprocidad, es otro problema, pero es una muestra de ese respeto. En cualquier caso, la referencia a esas actividades está
muy en relación con el hecho de que a nosotros nos preocupa la lucha contra la criminalidad organizada de carácter internacional. Y creo que nos debería preocupar a todos, porque muchos de esos problemas son más graves que algunos de los que copan
nuestra atención o nuestro debate. Lo único que puedo expresar es mi sentimiento porque, por las razones que fuesen, no se haya podido obtener el consenso necesario para aprobar en esta legislatura el Código Penal y reitero que el criterio de
establecer una agravación y un mejor tratamiento de la criminalidad organizada es urgente. No depende del consenso sino esencialmente de la necesidad de una lucha más eficaz contra la criminalidad organizada, y eso requiere instrumentos nuevos en
materia de Código Penal.



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En materia de seguridad vial, le agradezco que haya ensalzado el trabajo realizado también por el fiscal competente, el señor Vargas. Lo ha asumido con una gran dedicación y está colaborando y atendiendo a las víctimas. Nosotros nos
preocupamos por las víctimas de los diversos ámbitos: víctimas de la violencia de género, víctimas de la seguridad vial, víctimas de la seguridad laboral, etcétera. Hay víctimas en muchos ámbitos y hay que preocuparse por cada una de ellas. La
fiscalía en el año 2006 -tengo que hacer referencia a ello porque es el año en el que se encuentra la memoria- dictó dos instrumentos relevantes para reforzar e incrementar la lucha contra esta inseguridad desde el punto vista penal.
Uno de ellos
es la consulta 1/2006, sobre calificación jurídico penal de la conducción de vehículos de motor a velocidad extremadamente elevada, en la que ya llamábamos a los fiscales a que, por las vías que en ese momento existían dentro del Código Penal -hoy
con la reforma del Código serán mejoradas-, actuasen en aquellos supuestos de velocidad extremadamente elevada con causación de un peligro, como exigía el tipo.
Indudablemente, se han incrementado el número de procedimientos. No hemos llegado a
una solución satisfactoria en todos ellos, pero a veces el que sale más mediáticamente reflejado es aquél que, obteniendo una sentencia condenatoria, obtiene una segunda sentencia que no va en el mismo sentido. Pero nos ayudará mucho la reforma del
Código Penal que en este momento se está haciendo. En segundo lugar, dictamos la instrucción 13/2006, de 3 de julio, sobre criterios de actuación del ministerio fiscal para una especifica y efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados
con la circulación de vehículos de motor, en la que se llamaba a los fiscales para que determinados asuntos para nosotros de gravedad, que se habían remitido tradicionalmente a la consideración de faltas, se tratasen como delitos. Quien esté atento
a la realidad verá que, aun antes de la reforma del código, determinadas conductas que al principio de mi mandato no eran tratadas de manera que hubiese una reacción penal contundente, porque prácticamente en materia de tráfico nunca, por muy grave
que fuera el hecho, se acudía a la prisión provisional, hoy en día se está acudiendo ya, por lo menos en supuestos de resultados graves y con personas que actúen bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Por tanto, esa instrucción ha incrementado el
esfuerzo de los fiscales para trabajar en esa materia. En relación con la reforma del Código Penal, estamos a la espera de lo que decida el Parlamento. Si ha decidido algo por unanimidad, naturalmente tendremos que ponerlo en práctica. En este
momento las previsiones que teníamos eran en función del proyecto inicial, que era el que había informado la fiscalía. La fiscalía no ha querido entrometerse en la labor legislativa y, por tanto, no hemos hecho ninguna manifestación en relación con
los cambios que se han producido en el ámbito interno del Congreso. Si se han decidido por unanimidad, mucho mejor.



En cuanto a los fiscales superiores, los tenemos convocados ya en la primera junta prevista por el estatuto. Aún no se han constituido propiamente las fiscalías superiores, porque el legislador ha determinado el plazo de un año, pero
estamos haciendo un esfuerzo, en colaboración con el Ministerio de Justicia, para anticipar, si es posible, ese plazo de un año y que las fiscalías superiores se pudieran constituir en el plazo de seis meses. Para ello estamos realizando todo lo
que depende de la fiscalía general. Hemos enviado propuestas, hemos oído a los fiscales provinciales, a los fiscales superiores, a las asociaciones y al consejo y tenemos previsto un Consejo Fiscal el día 4 y otro el 18 de diciembre para evacuar
todos los informes necesarios y, si es posible, ponerlas en marcha en el plazo de seis meses. Pero ya hemos convocado a una primera reunión a los fiscales superiores para el día 20 de este mes, en la que cada fiscalía superior tiene ya encomendadas
determinadas funciones: la excelentísima señora fiscal superior de Cataluña tiene encomendado un informe en relación con las relaciones entre la fiscalía superior y los órganos de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto por el estatuto;
la Fiscalía de Valencia, sobre las nuevas funciones inspectoras; la Fiscalía de Madrid, sobre las fiscalías de área. Es decir, vamos a realizar un trabajo para poner en marcha el estatuto. En relación con el idioma, en el momento en que se vayan
planteando las cuestiones se irán resolviendo. Hemos hecho un esfuerzo en el nombramiento de fiscales superiores para tomar en consideración nombramientos de personas que tuviesen un dominio de la lengua cooficial de la comunidad. Así se ha hecho
con el nombramiento de la fiscal superior de Cataluña, con el nombramiento del fiscal superior de Valencia, con el nombramiento del fiscal superior de Baleares, con el nombramiento del fiscal superior de La Coruña y con el nombramiento del fiscal
jefe de la Audiencia Provincial de Álava, que es el que ha correspondido en ese territorio, todos los cuales dominan las dos lenguas cooficiales en la comunidad.



Paso a responder al Grupo Parlamentario Popular, al señor Astarloa.
Independientemente de agradecerle su colaboración crítica, tengo que decirle que, como se trata de reiterar una serie de descalificaciones e improperios que están en el
guión, sobre los que el fiscal general del Estado ya ha hablado reiteradamente, no voy a responder a aquellas cosas que ya han sido tratadas de manera abundante y reiterada, porque no se trata de cansar a los señores y señoras diputadas, porque si
hay algo que no se puede ser en esta vida es pesado. Es verdad que el señor Astarloa, y lo digo en su reconocimiento, es inasequible al desaliento y continúa planteando de manera reiterada las mismas cuestiones. Ayer hice una búsqueda prospectiva
en Internet, situando en Google las palabras Astarloa, Conde-Pumpido, cese y dimisión, y me salieron 1.470 entradas de casos en los que el señor Astarloa ha pedido la dimisión o el cese del fiscal general del Estado. Puse también cese fulminante y
son setecientos ceses fulminantes los que ha pedido el señor


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Astarloa del fiscal general del Estado. Por tanto, animo al señor Astarloa, si así lo tiene a bien, que continúe con esto. Hoy también ha dicho que el fiscal general del Estado debía haber dejado su cargo hace tiempo. Por tanto, que siga
insistiendo en esta misma línea, con el mismo éxito que ha tenido hasta ahora.



No voy a entrar en todas las cuestiones planteadas, pero sí en aquellas que se refieren a los fiscales de la fiscalía general porque, como ya le dije, señor Astarloa, como fiscal general del Estado estoy dispuesto a asumir cualquier crítica
por desabrida o por injusta que sea, pero cuando se trata de los profesionales que trabajan en la fiscalía general prefiero asumir la crítica de manera personal y defender su trabajo profesional. En la defensa de ese trabajo profesional me gustaría
referirme a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a la Fiscalía de Barcelona, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la Fiscalía contra la Violencia sobre la
Mujer, por mencionar algunas a las que usted ha hecho referencia.



En relación con la supuesta desautorización de las decisiones de la Fiscalía General del Estado, mencionó un tema que a mí me ha preocupado durante mucho tiempo y que ha sido protagonista de una serie de comparecencias que aquí tuvimos. Me
estoy refiriendo a la acusación presentada por el Partido Popular de Madrid contra unos miembros del Cuerpo Nacional de Policía que, en el ejercicio de sus funciones, habían realizado la investigación de lo que aparente e inicialmente aparecía como
un hecho delictivo, el supuesto atentado o desacato que se podía haber cometido contra un ministro del Gobierno español. La fiscalía además de pedir el sobreseimiento de las diligencias contra las personas que en su día habían sido imputadas,
entendía que eso no significaba que los policías que habían actuado hubiesen cometido delito alguno. Por tanto, la Fiscalía de Madrid, en una intervención muy técnica, muy jurídica y muy bien elaborada, defendió que estos probos funcionarios no
habían cometido delito alguno y en el mismo criterio se manifestó el fiscal general del Estado. Pues bien, me acuerdo que en alguna de mis comparecencias yo le manifesté al señor Astarloa que se vería qué sucede al final de todo esto. Estamos en
el final de todo esto y quien debe pronunciarse, que es el máximo órgano jurisdiccional de acuerdo con la Constitución en materia de competencia penal, ha dicho que el señor fiscal de Madrid y los señores profesionales que calificaron los hechos y
que acudieron al juicio tenían absolutamente toda la razón y que, por tanto, no había delito alguno. Hay que poner de relieve el buen trabajo que realizó la Fiscalía de Madrid en ese caso. Me gustaría que en algún momento las críticas, no las que
se dirigen a mi persona a las que, como le digo, ya estoy acostumbrado y forma parte del guión del señor Astarloa, sino las que se dirigen a los compañeros de la Fiscalía de Madrid, se retirasen y se les diese alguna satisfacción porque en un asunto
muy enconado, muy complejo, muy difícil y muy debatido supieron mantener la postura de acuerdo con el derecho y esa postura fue finalmente, como sucede habitualmente, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de España.



En relación con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya he manifestado con anterioridad el hecho de que realizan un trabajo duro, difícil, arriesgado y complejo con absoluta autonomía, con absoluta dedicación y con
absoluto acierto. Hubo otro asunto que también nos llevó a debatir sobre esta cuestión, en el cual la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con pleno acierto jurídico a mi entender, estimó que el auto se sobreseimiento dictado
por el magistrado juez instructor que había sobreseído las diligencias penales contra el presidente del Parlamento vasco, señor Atutxa, era un auto perfectamente fundado que no había que recurrir. Lo recurrió una asociación de las que nosotros
consideramos como fiscalías paralelas o espontáneas. Efectivamente, tuvo una primera resolución favorable, pero ya entonces dijimos que había que esperar a ver qué decía el tribunal sentencionador. El tribunal sentenciador dictó sentencia
absolutoria, que fue recurrida y que dio lugar a una sentencia del Supremo que anuló esa sentencia por razones puramente formales, y un segundo tribunal sentenciador volvió a dictar otra sentencia absolutoria, y a lo mejor todavía tenemos recorrido
en esa materia. Cuando la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los fiscales que allí trabajan formularon ese escrito estimando que ahí no había delito, tenían jurídicamente toda la razón y las críticas que se han hecho han sido, a mi
entender, injustas.
Digo esto aquí no en función del fiscal general del Estado, que para eso está, tal como usted me dijo, señor Astarloa, en un almuerzo que tuvimos con la finalidad precisamente de tratar de recuperar el respeto institucional.
Usted me contestaba que el fiscal general del Estado está para recibir absolutamente todas las críticas y diatribas que en realidad se dirigen al señor presidente del Gobierno. No es nada personal -como me dijo usted-, pero váyase usted haciendo a
la idea de que va a estar así hasta el final de la legislatura. Bien, ya me he hecho a esa idea, pero, en cualquier caso, le digo que en cuanto a los fiscales del País Vasco su trabajo es excepcional y profesional.



La Fiscalía de Barcelona es también especialmente compleja y delicada aunque está muy bien dirigida y asistida por los fiscales. Me gustaría poder disponer de más fiscales para Barcelona porque es un problema que no conseguimos solucionar
definitivamente. Olvidé decirle antes, señor Jané, que estoy completamente de acuerdo con su propuesta de acercamiento de los tribunales de oposición. Es un tema que hemos intentado tratar y que no hemos conseguido por desacuerdo con el Consejo
General del Poder Judicial. Estamos a la espera de la renovación del consejo, pero al parecer esa renovación se prolonga de manera indefinida. Espero que cuando ser renueve el consejo, podamos llegar a un acuerdo en esa materia. Es necesario que
haya más profesionales


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y la proximidad de los tribunales nos dará más jueces y más fiscales. La Fiscalía de Barcelona también está haciendo un buen trabajo, señor Astarloa; puede que haya asuntos en los que pueda ser criticada, pero a mí me gustaría decirle que
hay que ser coherente. El caso concreto al que usted se refería es un caso nefasto, un caso a mi entender muy criticable por la actuación que se ha realizado allí, y no me estoy refiriendo a la actuación profesional del juez y del fiscal sino del
propio acusado. El fiscal de guardia en Barcelona -tengo aquí todos los informes-, en esos lugares de las afueras, del entorno, atiende guardia de disponibilidad y lleva al mismo tiempo varios juzgados. Por tanto, acude a aquellos asuntos en los
que el juez convoca la comparecencia oportuna. Si el juez no estima necesario convocar la comparecencia, porque cree que no va a dar lugar a una medida privativa de libertad, no convoca al fiscal y el fiscal no acude. Pero en cuanto la Fiscalía de
Barcelona pudo disponer del video correspondiente y pudo dar una calificación distinta de los hechos, que inicialmente venían como lesiones y no se podían agravar porque la víctima no compareció inicialmente, lo calificó como un atentado contra la
integridad moral, es decir, como un delito de trato degradante, y de manera inmediata solicitó la detención, interesó posteriormente la prisión y cuando la prisión no fue concedida, recurrió.
Por tanto, se trata de una actuación perfectamente
conforme a derecho, pero es verdad que necesitaba ser calificada jurídicamente de otra manera. El problema es que no se puede decir aquí que lo grave es que una persona vaya a declarar y luego se le vea tomando unas cervezas, lo cual crea alarma
social. El problema, señor Astarloa, es que la alarma social ya no es causa de privación de libertad y no es causa, creo que acertadamente, por la Ley 242/2003, de 3 de abril, que se aprobó cuando usted precisamente era secretario de Estado de
Seguridad y, si no me equivoco, antes había sido subsecretario de Justicia. En esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal retiraron ustedes la alarma social como causa posible de privación de libertad. No critico la norma, que creo que es
perfectamente coherente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero no se puede hacer alusión a la alarma que pueda causar que el ciudadano salga sin haber sido detenido, para después entender que el juez y los fiscales que aplican la
ley... Les recuerdo que el señor Michavila, ministro de Justicia en aquel momento, decía: Hoy tenemos un concepto que se estableció en 1882, el de la alarma social. La alarma social es el criterio por el que se establece la privación de libertad
de un ciudadano. Resulta paradójico que en el año 2003 la alarma social, un concepto tan arcaico y tan vetusto, de hace 130 años siga todavía vigente. Por eso se suprime este arcaico concepto y se sustituye por la aplicación de la prisión
provisional, que responde a los fines que taxativamente establece nuestro Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo pediría un poco de coherencia y que no se solicite ninguna referencia a la alarma que pueda causar el que la persona haya sido
puesta en libertad, porque la alarma social, por una decisión precisamente adoptada cuando usted era responsable de la seguridad de los españoles, ha desaparecido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente en función de la Ley de 2003. En
ese sentido, me gustaría que respetasen el trabajo realizado por la Fiscalía de Barcelona que, teniendo que prescindir de este concepto, porque no es constitucional y porque se ha retirado de la ley, sin embargo, buscó la fórmula de, a pesar de
todo, solicitar la prisión provisional en función de la gravedad del hecho y de la calificación, en un trabajo jurídico muy bien realizado.



Aprovecho para informarle, porque no sé si hizo antes referencia a ello, que en este caso la decisión y la publicación de la decisión fue de la Fiscalía de Barcelona. Pidió información al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia,
de acuerdo con el Estatuto del ministerio fiscal, en un asunto en el que además había intervenido un ministro de un Estado extranjero, y por lo tanto puede afectar a la política exterior del Estado. El fiscal general del Estado consultó con los
órganos técnicos de la fiscalía, los órganos técnicos hablaron con Barcelona y le pasamos al ministro de Justicia la información de lo que iba a hacer la Fiscalía de Barcelona: Pedir la detención. Efectivamente, la Fiscalía de Barcelona pidió la
detención y así lo anunció esa misma mañana. Yo creo que se ha realizado una actuación correcta, han funcionado los jueces, los fiscales y ha funcionado la ley. Lo que pasa es que todavía no hay en la conciencia social ese concepto, no se ha
interiorizado en el conjunto de los ciudadanos españoles, que son muy conocedores de su tradición jurídica -yo le puedo decir que en 33 años lo que más me ha llamado la atención es cómo los españoles son conocedores de su tradición jurídica-, y
cuando algunas cosas se cambian, en realidad los españoles, de alguna manera, se llevan una cierta sorpresa porque el cambio indudablemente altera lo que se venía haciendo hasta entonces. Los españoles, que siempre han tenido una cierta vinculación
entre prisión provisional y alarma social, y los propios medios de comunicación, no conocedores suficientemente de que la alarma ha desaparecido, piden precisamente la prisión en virtud de la alarma social y eso no se puede hacer. Se puede hacer
por otras razones y así se ha hecho finalmente por la Fiscalía de Barcelona.



Respecto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, si alguien ha realizado un trabajo verdaderamente espectacular es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tanto en la lucha contra el terrorismo islámico como en la lucha contra el terrorismo
etarra. Es verdad que durante la época de alto el fuego, y por su propia definición, el número de procedimientos por atentados nuevos se reduce, pero se incrementa el número de actos de enjuiciamiento, el número de acusaciones y la celebración de
toda una serie de juicios, algunos de los cuales, naturalmente, se han ido tramitando a lo largo del tiempo. Querrá usted perdonarnos, señor Astarloa, pero entre marzo y diciembre del año 2006 no hemos sido capaces


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de abrir ningún nuevo procedimiento por atentado terrorista mortal. Pero es que no los ha habido, señor Astarloa, y como no los ha habido, no hemos podido abrir procedimientos por eso. Es verdad que en esta legislatura el número de
atentados terroristas mortales -no necesita que se lo recuerde a usted, que era secretario de Estado el 11 de marzo de 2004- es muy inferior al que se produjo en la legislatura anterior, pero eso no quiere decir que el trabajo de la fiscalía no se
haya ido incrementando.



En materia de ETA, ¿cuál es en este momento la prioridad del ministerio público? Yo se lo voy a decir con toda claridad: primero, hacer todo lo posible para que no se produzca ningún nuevo atentado; segundo, detener y encarcelar a todos
los miembros de ETA que podamos -y la verdad es que el número de miembros de ETA en activo que han ido cayendo desde el final del alto el fuego es importantísimo-; tercero, detener y encarcelar al mayor número de colaboradores que podamos -y están
cayendo muchos colaboradores-; cuarto, detener y encarcelar al máximo número de responsables de kale borroka -y están cayendo muchos responsables de kale borroka, hoy mismo tenemos una operación sobre ese tema-; y quinto, detener y encarcelar a
todos los miembros conspicuos de Batasuna que manifiesten de una manera pública o a través de unas u otras actuaciones su colaboración efectiva, bien en tareas de infraestructura, bien en tareas de propaganda, y se ha detenido y se ha encarcelado al
señor Olano, al señor Permach, al señor Petrikorena, etcétera, es decir, llevamos una larga lista de personas relevantes que han sido detenidas y encarceladas en ese tiempo. Esa es la prioridad y el trabajo que está haciendo la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, y lo está haciendo muy bien, señor Astarloa.



En materia de terrorismo islamista lo importante en todo hecho es responder a las preguntas que se hacen siempre los buenos periodistas: Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. En materia del 11-M, el qué, un atentado terrorista con 192
muertos y casi 2.000 heridos, o sea, 192 asesinatos y casi 2.000 asesinatos frustrados, lo sabíamos desde el principio; el cuándo, el 11 de marzo de 2004, lo sabíamos desde el principio, el 11 de marzo coincidía en cierta medida con la cifra del 11
de septiembre de Nueva York; y el dónde, cuatro trenes, también como aquellos cuatro aviones, que se dirigían a la estación de Atocha. El cuándo, el qué y el dónde lo sabíamos desde el principio, nos faltaba responder a tres preguntas: Quién,
cómo y por qué. Y la sentencia ha contestado a las tres preguntas: Quién, los 21 condenados y siete terroristas suicidas que estaban en Leganés; cómo, a través de la consecución de explosivos que obtuvieron precisamente financiados con la venta
de droga y que cambiaron con el señor Trashorras, el Chino contactó con Zouhier, Zouhier contactó con Trashorras, Trashorras le proporcionó la dinamita, la dinamita fue trasladada a Madrid, en Madrid se guardó en la casa de Morata de Tajuña, allí se
hicieron las mochilas y se pusieron en los trenes correspondientes; y cómo se hicieron estallar, a través de unos teléfonos que había proporcionado Jamal Zougam, además de unas tarjetas y de unos detonadores concretos y específicos que había
encontrado la Policía, que estaba entonces bajo sus órdenes. La Policía, que estaba bajo sus órdenes y que trabajó muy bien, nos permitió descartar la intervención de ETA -he leído el otro día que usted, en el mes de noviembre del año 2004 y
precisamente en esa comparecencia que estaba referida, decía: Yo todavía no tengo totalmente descartada la participación de ETA-; el juez instructor, que ha trabajado de una manera excelente y que ha sido injustamente descalificado; la fiscal
Olga Sánchez, que ha trabajado de una manera excelente y que también ha sido injustamente descalificada; y el tribunal, que ha trabajado de una manera excelente y que ahora también empieza a ser injustamente descalificado, precisamente porque no ha
dado la sentencia que algunos señores querían, y resulta que ha pasado de llamarse señor Gómez Bermúdez a utilizar un mote porque, aquí, los jueces y los fiscales son todos muy respetables hasta que no hacen lo que determinados comunicadores dicen,
y entonces se convierten en la fiscal ¡vale ya! y en el fiscal no sé qué. Y el juez, señor presidente, al que también quiero desde aquí hacerle un homenaje por el trabajo que ha realizado, y sus compañeros de Sala, porque yo he sido presidente de
Sala mucho tiempo y sé que el trabajo de un tribunal es un trabajo colegiado, son personas que han realizado un trabajo excelente y nos han contestado. ¿Y el porqué? El porqué figura en el primer párrafo de la sentencia, que dice: Estos señores,
más los que murieron en Leganés, forman parte de una célula yihadista que se engarza en el islamismo radical que pretende luchar contra la civilización occidental para hacer triunfar sus tesis más radicales de carácter islamista. Si a cualquier
experto, europeo, norteamericano o de cualquier otro lugar, se le pregunta qué es el terrorismo islamista, sabe perfectamente cuáles son sus objetivos, sus porqués, sus deseos de derribar los gobiernos de las sociedades occidentales; en cualquier
caso, yo no lo vinculo con ningún conflicto concreto. Ahí está el porqué, no necesitamos profundizar más en por qué los islamistas nos atacan, porque cualquier experto sabe -y no hay más que leer la documentación que ellos mismos producen- por qué
los islamistas están atacando a la civilización occidental y España, afortunadamente, está en esa civilización occidental y por eso fue objetivo. Por lo tanto, la sentencia responde.



Dice usted que ha dejado algunos de los elementos cruciales de la fiscalía fuera de juego. No, elementos cruciales de la fiscalía eran: Estos son los acusados, esto ha sido un acto de terrorismo islamista, se realizó así, la dinamita se
obtuvo de Asturias y este fue el procedimiento. Y eso es lo que nos dice la sentencia. ¿Que puede haber algún inductor que no ha sido condenado? Nos hubiese gustado y creemos que teníamos pruebas suficientes para ello, pero es que afortunadamente
vivimos en un sistema tan garantista que se tiene que obtener con pruebas puramente circunstanciales el convencimiento


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de los juzgadores, y el convencimiento de los juzgadores -yo lo sé perfectamente porque he sido juzgador durante mucho tiempo- solo se obtiene cuando las pruebas efectivamente penetran en su ánimo y le llevan a la convicción íntima de
responsabilidad. Si se piden para un señor 40.000 años y el tribunal alberga la más mínima duda en pruebas que son indiciarias, indudablemente debe absolver, como ha hecho con algunas de las personas, y así ha funcionado bien el Estado de derecho.
La fiscalía para responder precisamente respeta esa falta de convicción, ese in dubio pro reo y no impugna ninguna de las absoluciones basadas exclusivamente en la convicción. Sí impugna un tema estrictamente jurídico, porque entendemos que el
principio non bis in ídem, internacional, que en el ámbito de la Comunidad Europea está recogido en el artículo 56 del convenio de aplicación del acervo de Schengen, exige necesariamente la firmeza de la resolución y exige además una valoración del
ídem, que nos ha dado también una amplia jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. No voy a extenderme más.



En cuanto a la fiscal de Violencia de Género, está también realizando una magnífica labor y está haciéndolo a través de una red que se ha creado de fiscales. Y, dado que los hemos nombrado nosotros, oyendo previamente a los fiscales
provinciales que los han propuesto y oyendo también al Consejo Fiscal, comprenderá usted que yo sé que esos cincuenta fiscales se han nombrado precisamente novedosos.



Terminaba usted, señor Astarloa, diciendo: Todo lo que usted toca va mal.
Yo no sé si todo lo que yo toco va mal. Sinceramente, yo le miro a usted y siempre pienso: ¿Se cree de verdad lo que dice? (Risas.) Yo siempre pienso: ¿Pero este
señor se cree de verdad lo que dice? Le veo y digo: ¿Pero tiene un solo gramo de autocrítica en su cuerpo este señor? Porque realmente yo le miro y pienso: Secretario de Seguridad y Justicia. No voy a hablar de Seguridad, porque efectivamente
usted era responsable de la seguridad del Estado en España cuando se produjo el mayor atentado de nuestra historia, pero en materia de Justicia también le tengo que decir, señor Astarloa, que usted ha desarbolado el Tribunal Constitucional (El señor
Astarloa Huarte-Mendicoa: ¿Pero qué me dice?- Risas.), tratando de convertirlo en una tercera Cámara -lo he vivido por dentro- y recusando incluso a su presidenta. Recuerden ustedes que recusaron a su presidenta.
Usted tiene congelado el Consejo
General del Poder Judicial, usted ha bloqueado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y usted tiene efectivamente desertizado el Tribunal Supremo, porque al Tribunal Supremo en este momento le falta la décima parte de sus efectivos,
precisamente porque la situación del consejo no le permite nombrarlos. Es decir: Desarbolado el Constitucional, congelado no sabemos por cuánto tiempo el Consejo General del Poder Judicial, desertizado el Tribunal Supremo, bloqueada la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y yo le entiendo a usted, anímicamente, que vaya contra el fiscal general, porque es la única institución que le queda, es la única institución que se le ha resistido. Y le voy a decir, señor Astarloa, con todo
aprecio, que se le va a seguir resistiendo. En cuanto al resto, usted es un verdadero tsunami para la justicia, señor Astarloa.



Voy a contestar al señor Muñoz. Con todo lo que nos ha dicho, y que le agradecemos, podría en este momento -lo avanzado de la hora seguro que me lo va a dificultar- aprovechar para hacer una larga y extensa disertación sobre lo que a lo
largo de estos 43 meses hemos ido haciendo en el ministerio fiscal, pero esa larga disertación indudablemente coincide con lo que el señor Muñoz en gran medida ha ya destacado, y además esa disertación se encuentra efectivamente aquí recogida. Miro
la hora y yo mismo me asombro de la extensión en la que nos hemos prolongado.
Comprendo las obligaciones de SS.SS. y por tanto, si el señor Muñoz no lo tiene a mal, le agradezco su intervención -y no hago mayores precisiones- y las de todo el
conjunto de los miembros de la Cámara.



El señor PRESIDENTE: Señorías, creo que están los asuntos suficientemente debatidos -me da la impresión-, pero veo proliferación de peticiones de palabra por parte de los tres grupos parlamentarios en este momento presentes. Tres minutos a
cada grupo y ahí ya seremos inflexibles, porque la sesión ha sido suficientemente amplia en todos sus términos.



Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, 11-M. Yo no había hablado del 11-M en mi primera intervención, pero se ha hablado muchísimo -creo que demasiado- del 11-M en esta sesión. Quiero agradecer las palabras del fiscal general
cuando ha resumido la labor que se ha hecho desde el Poder Judicial en el 11-M. Creo que todos debemos hacer ese reconocimiento, nos toca hacer ese reconocimiento a la labor de la justicia de la fiscalía, sabiendo que era un juicio muy difícil, muy
complejo, y que evidentemente en la magnitud del juicio siempre habrá aspectos mejorables -claro que sí-, pero en su conjunto se ha dado una respuesta que debería permitirnos a todos coincidir en algo en lo que estoy convencido que todos
coincidimos, y es que los responsables del 11-M fueron los terroristas que ha identificado el tribunal. Por tanto, pido una vez más, desde Convergència i Unió, que el tema del 11-M deje de ser protagonista de los debates políticos, porque es el
peor servicio que hacemos a las víctimas. Los responsables son los que son, con el trabajo que se ha hecho desde la justicia. Está en su derecho y forma parte de los mecanismos legítimos que tenemos, quien quiera recurrir puede recurrir ante el
Supremo, la sentencia no es definitiva. En este caso el propio señor Astarloa ha mostrado su satisfacción por la sentencia. Por tanto, intentemos acogernos a lo que nos une a todos. Es el mensaje que en el ámbito del 11-M quería decir. Muestro
una vez más mi respeto por todas SS.SS. y por el señor Astarloa, porque si alguien sufrió también las consecuencias de


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ese atentado es quien era secretario de Seguridad. Si algo es seguro es que quien está en el Gobierno en ese momento y en la responsabilidad de Seguridad no quiere que le ocurra algo como fue el 11 de marzo. Por tanto, mi respeto a todos,
pero es necesario no utilizarlo más como un arma arrojadiza de unos contra otros porque estamos dando además un espectáculo a la sociedad...



El señor PRESIDENTE: Ha cumplido su tiempo, señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Entonces nada más. Agradezco al fiscal general sus respuestas. Había algún tema en el que quería profundizar, pero, dado lo avanzado de la hora, muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Telegráficamente. En primer lugar, le agradezco, señor Fiscal General del Estado, que haya empezado por reconocer mi coherencia y mi constancia. Existen las dos: soy coherente y soy constante. A la
recíproca, le reconozco su enorme resistencia para seguir en el cargo a pesar del grado de combustión extraordinario en el que usted se ha tenido que mover muy desde el inicio de la legislatura.



Usted no ha entrado -siempre se lo he reconocido- en el 99,9 por ciento de las cosas que yo no le he dicho. Me ha sacado otras que yo no le he dicho. Me refiero a una que yo sí le he dicho y a otra que no le he dicho y usted me dice. La
que le he dicho: Barcelona. Debatimos sobre si la alarma social la metemos o la quitamos cuando usted quiera, pero aquí nadie ha planteado la cuestión de la alarma social; lo que aquí se ha planteado es el problema de que un fiscal no vaya cuando
tiene que ir y cómo se relaciona eso con el desánimo de la carrera que significa las decisiones que usted ha tomado. Punto. Sobre la cuestión de la Fiscalía de Madrid, usted también me reconocerá a mí que tres magistrados de la Audiencia
Provincial de Madrid y uno del Tribunal Supremo vieron en la actuación de los mandos policiales algo que estaba en contra de la ley y que la propia Fiscalía del Tribunal Supremo estimó que se había cometido un delito de falsedad al manipular el
atestado, hasta el punto de que no formuló, como usted sabe muy bien, recurso de casación por ese motivo, aceptando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.



ETA. No voy a insistir, pero usted mismo se responde. Me dice: No ha habido actuaciones de la fiscalía por atentado mortal porque no ha habido atentado mortal. ¡Bendito sea Dios! Pero usted mismo pone en su memoria: y no ha cesado la
actividad criminal de ETA, con otras manifestaciones diferentes del atentado mortal. Y todas esas, señor fiscal, Durante dos años, usted no ha hecho lo que ha dicho que hay que hacer desde ahora, todo eso que ha enumerado y en lo que yo estoy de
acuerdo. Lo que le reprocho es que no lo haya hecho, porque durante dos años usted no ha estado en la aplicación de la ley a los terroristas, sino en el apoyo a un proceso de negociación con los terroristas. En el tema del 11-M, no le he pedido
que profundice por qué los islamistas nos atacan, podemos hacer un debate cuando usted quiera sobre esa cuestión. Yo le he dicho lo que le he dicho. Si le he planteado lo que le he planteado, que era conocer en qué términos iba el recurso sobre la
base de lo que la fiscalía no había visto confirmado en la sentencia, es porque yo también sé, permítame que lo diga, que en la primera página y el primer párrafo de la sentencia tampoco se dice que esto era Irak y que esto había sido por orden de
tres señores que han sido absueltos por no ser los inductores, como había planteado la fiscalía. Y punto.



Por último, y he sido, señor presidente, muy riguroso con el tiempo, le agradezco que me considere la persona más poderosa de este país, que paraliza instituciones, por arriba, por abajo, y todo lo demás. Ya le he contestado antes al señor
Muñoz sobre esa cuestión. Estamos cargaditos de razones en el Partido Popular para no haber seguido la línea de deterioro institucional -esto no le corresponde a usted- que ha seguido el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Solo le diré que hay
una cosa que sí me ha llamado la atención, y como está aquí el señor Jané permítame que apele a su mayor autoridad, agradeciéndole, además, muy sinceramente las palabras que me ha dedicado, esto de que yo bloqueo la Ley Orgánica del Poder
Judicial... Usted está de broma. Porque es que este señor tiene una proposición de ley, que la mayoría le tomó en consideración, desde hace cuatro años pendiente de tramitación en esta Comisión y se fija todas las sesiones de la Comisión.



El señor PRESIDENTE: Ha excedido su tiempo.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: A partir de ahí, decir que los demás somos los que bloqueamos lo que puede aprobar la mayoría e incluso le tomaron en consideración es un chiste, señor fiscal general del Estado.



El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, ha excedido ya su tiempo.



Señor Muñoz.



Señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, brevemente quiero agradecer sus palabras en relación con los demás portavoces y la referencia que hace, y la acepto porque creo que es así, a la hora tan avanzada en la que estamos. Quiero
trasladarle desde nuestro grupo nuestro ánimo en el desarrollo de su labor como fiscal general del Estado y pedirle que a su vez haga llegar el agradecimiento del Grupo Socialista al resto del ministerio público, por la labor que, de forma
encomiable, viene desarrollando la generalidad de los miembros que integran el ministerio fiscal.



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Una última precisión en relación con ETA. Volvemos a hablar de lo mismo, pero no podemos dejar de hacerlo cuando se hacen insinuaciones de ese tipo. El portavoz en el Senado del Grupo Parlamentario Popular dijo que no se había detenido con
motivo del alto el fuego a ningún terrorista en suelo español durante esa actuación. Pues mire, los datos los da en la página 162 de la memoria: 46 detenidos, 20 en España y 26 en Francia. Se puede venir aquí a decir lo que se quiera, pero la
realidad es tozuda y los hechos también lo son. Y los hechos son los recogidos en la memoria de la fiscalía.



El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general del Estado.



El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Señoras y señores diputados, siendo la intervención de cierre, no quiero hacer ninguna referencia al debate que hemos tenido antes. Solamente deseo agradecer a todos los miembros
de la Comisión de Justicia, de todos los partidos, la atención que han prestado a este debate y decir que cualquiera de las expresiones que se hayan utilizado aquí siempre son de interés y de utilidad para el fiscal general del Estado. Quiero
reconocer expresamente al señor Astarloa, al señor Jané, al señor Muñoz, a todos los intervinientes, la labor que realizan como miembros de esta Cámara y como miembros de la Comisión de Justicia. Con independencia de que pueda haber en un momento
determinado una discrepancia, que es propia naturalmente del sistema, insisto en que reconozco la labor que todos los miembros de la Cámara realizan, cuando la realizan en esta Cámara, cuando la han realizado en el ámbito del Gobierno o cuando la
han realizado en cualquier otro momento. Por tanto, coincido con el señor Jané en que los únicos responsables de los estragos terroristas son siempre los terroristas y que las personas que estamos del lado del Estado de derecho, con independencia
de las diferentes posiciones que podamos mantener, estamos siempre del lado del Estado de derecho, luchando contra el terrorismo y por tanto contribuyendo, cada uno desde su posición, y con esto abarco a todos los intervinientes, a la consolidación
del Estado de derecho.



El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos llegado al final. Agradeciendo al fiscal general del Estado su comparecencia y agradeciendo también la presencia entre nosotros de los miembros de la Fiscalía General del Estado del gabinete técnico, de
los medios de comunicación, de los trabajadores de la Cámara y de todas y todos ustedes, se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.