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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 929, de 23/10/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 929
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 57
celebrada el martes, 23 de octubre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. (Número de expediente 121/000134.)... (Página 2)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. (Número de expediente 121/000134.)... (Página 2)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (Número de expediente 121/000134.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en esta ocasión con el orden del día en su poder, para ratificar la ponencia designada para informar del proyecto de Ley de
medidas de impulso de la sociedad de la información. ¿Lo ratifican? (Asentimiento.)
Queda ratificada.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (Número de expediente 121/000134.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate del proyecto de ley. Vamos a organizarlo de menor a mayor. Saben SS.SS. que tienen un tiempo de aproximadamente diez minutos, aunque no vamos a considerarlo así, vamos a dar tiempo para que
defiendan sus enmiendas, pero tengan a la vista su reloj a fin de que no nos excedamos demasiado del doble de ese tiempo. La votación en cualquier caso no será antes de la una.
En primer lugar las enmiendas del señor Labordeta.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Las da por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Las damos por defendidas porque no está presente.
A continuación, el señor Rodríguez Sánchez, por el Grupo Mixto, tiene la palabra para defender sus enmiendas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Comenzaré por decir que, después de todo el trabajo realizado por el Grupo Parlamentario Socialista y la contribución del resto de los grupos parlamentarios, esta ley va a quedar sensiblemente mejorada y mucho
más precisa; una ley que tiene una serie de aspectos problemáticos desde el punto de vista de la libertad de expresión y del pluralismo político e interesantes desde el punto de vista del avance tecnológico de la sociedad en el Estado español.
Dicho esto, queremos afirmar, en primer lugar, que dentro de las mejoras que la ley ha recibido están las transaccionales que se han ofrecido a algunas enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, en particular a las enmiendas 129, 130 y 134, si bien
quiero hacer alguna consideración.
En relación con la enmienda 129, se trataba de garantizar la posibilidad de utilizar las diferentes lenguas del Estado en todo lo referido a la factura electrónica, es decir, garantizar que las innovaciones tecnológicas no dejan al margen el
carácter oficial de las lenguas que son cooficiales en el Estado español. Por tanto, pensamos que con esta primera transaccional se trata de dar una cobertura de cooficialidad a una novedad tecnológica que, si no se tuviera en cuenta, ahondaría aún
más las diferencias entre estas lenguas y el castellano. En segundo lugar, está el problemático, difícil y espinoso tema de quiénes son los órganos competentes para restringir publicaciones, textos, imágenes, grabaciones audiovisuales o cualquier
otro medio de información o comunicación electrónica, que es un aspecto importante porque afecta a la libertad de expresión, al pluralismo ideológico y al objetivo de difundir las ideas y los análisis sin cortapisas de ningún tipo. Nosotros éramos
favorables a que fueran exclusivamente los juzgados y los tribunales para que quedase claro que nos ateníamos a la legislación estatal existente ya en este aspecto. Es cierto que la transaccional que se hace con otros grupos parlamentarios, aparte
de con el Bloque Nacionalista Galego, no consigue satisfacer totalmente nuestras aspiraciones, pero sin duda se ha hecho un trabajo bastante ímprobo, y pensamos que es perfectamente aceptable, a pesar de que queden algunos ribetes que puedan dar pie
a algún tipo de alarma o preocupación. Por último, con relación a la enmienda 134, que afecta a la disposición adicional segunda, se trata de que no solamente haya una esperanzadora declaración de intenciones sobre la necesidad de establecer con
garantía de servicio universal lo que sería la banda ancha para todos los ciudadanos al margen del territorio donde vivan. Sin duda alguna la disposición adicional segunda queda mucho mejor después de esta transaccional y es un avance para el
proyecto de ley.
No se han aceptado, sin embargo, tres enmiendas del Bloque Nacionalista Galego que para nosotros tienen importancia, en concreto la 131 al artículo 4, punto diez. Nosotros pretendíamos una adición con el siguiente texto: La lengua o
lenguas en que podrá formalizarse el contrato, que deberá incluir al menos una versión en la lengua propia del territorio en que tenga efecto la prestación de estos servicios. Esto iba destinado a garantizar la posibilidad de utilizar las
diferentes lenguas del Estado en todo lo referido a la contratación de servicios de la sociedad de la información. Esto garantizaría muchísimo más el derecho de cooficialidad.
La enmienda 132 trata de poner la base para que las entidades públicas, especialmente los municipios y las organizaciones sin ánimo de lucro -las ONG por ejemplo-, puedan poner redes wifi y wimax en las bandas libres sin dificultades
burocráticas derivadas de las limitaciones que hay dentro del proyecto de ley.
La enmienda 133, que tampoco ha sido aceptada y que era una adicción que modificaría la Ley General de Telecomunicaciones, tenía como objetivo garantizar el acceso a Internet como servicio universal mediante una concesión de banda ancha
adecuada. Siguen siendo las deficiencias de la ley las que están vinculadas a esta garantía de acceso a Internet como servicio universal, el problema de la libertad de expresión y del pluralismo ideológico, el impedimento a lo que se pudieran
considerar atentados graves contra la dignidad personal y algunos límites al abuso de lenguas que, a pesar de que mejoran sensiblemente el proyecto de ley, no es plenamente garantista.
Vamos a apoyar el proyecto de ley en su conjunto porque hay otras muchas enmiendas que lo han mejorado sensiblemente. Queremos expresar solamente una preocupación en relación con el artículo que hace referencia al Cenatic. El Cenatic no
puede ser el único que pueda gestionar el software liberado para todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas. Sería una invasión y una ocupación en toda regla y, por tanto, habría que tener más en cuenta las competencias
autonómicas y en particular las de los centros autonómicos equivalentes al Cenatic.
Esperemos que las enmiendas que hay en relación con esta cuestión den como resultado, por lo menos, una mejora sensible del texto original.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para defender sus enmiendas, la señora Navarro por el grupo Parlamentario de Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Entre nuestras demandas principales se encuentra la petición de que la libertad de expresión de información, de cátedra, de opinión y de creación artística, científica y tecnológica estén tuteladas por los
juzgados y tribunales siempre que se realicen por medios telemáticos. Es decir, que un secuestro o restricción de un servicio telemático solo pueda ser realizado por un juez. Así se recoge en nuestra enmienda número 49, porque consideramos que son
los organismos adecuados a tal efecto. Se ha redactado una transaccional entre todos los grupos que mejora el texto del proyecto del Gobierno, sin llegar a alcanzar exactamente nuestra reivindicación pero sí que significa un avance en este sentido.
Respecto a las siguientes enmiendas, consideramos que la número 52 es de gran relevancia al tratar de poner las bases para que las ONG y las entidades públicas puedan poner en marcha redes wifi sin dificultades burocráticas, dado que hoy en
día son absolutamente abusivas las dificultades con las que se encuentran las entidades públicas que quieren establecer redes wifi para que la ciudadanía pueda acceder de manera gratuita al servicio de Internet. No se trata de poner redes wifi en
toda España, que sería un locura absoluta, sino que allá donde se quiera implantar este sistema para facilitar el acceso de los ciudadanos a esta posibilidad pueda hacerse sin tantos obstáculos burocráticos. Hoy en día están funcionando en barrios
como Chueca sin ningún problema pero, como digo, para alcanzarlo se enfrentan a serias dificultades.
La enmienda número 53 trata también de procurar un cambio de política en lo relativo al acceso a Internet: pasar de un servicio negocio a un derecho ciudadano. Es algo que se debe abordar por esta ley y que, mediante las enmiendas
transaccionales acordadas, es un camino en el que se avanza sustancialmente. El acceso a Internet como servicio universal se debe garantizar a las personas que carezcan de medios propios o conocimientos suficientes. Como digo, se han pactado una
serie de transaccionales respecto a las siguientes enmiendas que varían sustancialmente la política llevada hasta ahora en este sentido, para establecer valores concretos que aseguren un servicio universal digno, el acceso a Internet como servicio
universal y que la conexión también sea de calidad. Por eso es importante que se hable de banda ancha en las transaccionales que hemos acordado y la obligación para impulsar las garantías de acceso a Internet. De hecho nuestra reivindicación de
que el acceso a la banda ancha sea un servicio universal y constituya un derecho ciudadano está en todas nuestras enmiendas y, como digo, las transaccionales acordadas significan un avance sustancial en este sentido y no la prerrogativa de las
compañías de telecomunicaciones a su estrategia comercial. Por eso es fundamental consolidar el objetivo político de Internet como un derecho. Es importante que se fijen fechas concretas -diciembre de 2008- y compromisos claros con los que la
banda ancha se convierta en una realidad como servicio universal, independientemente de la tecnología utilizada y la localización geográfica del ciudadano. Eso está en las transaccionales pactadas.
Hay que tener en cuenta también que la normativa europea establece una serie de mínimos y la Ley General de Telecomunicaciones mecanismos para compensar el posible dolo que la obligatoriedad de atender este servicio universal de banda ancha
pueda causar a las compañías. Por lo tanto, existiendo esta compensación no debe darse ninguna interferencia para que el acceso de los ciudadanos a Internet sea una realidad.
El otro gran objetivo político es que se transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a la sociedad. En este sentido, consideramos un principio básico en un Estado de derecho que los ciudadanos dispongan, en su máximo
amplitud posible, de bienes, servicios, derechos y espacios públicos. Son las administraciones públicas las que tienen la función de gestionarlos, conservarlos y protegerlos para procurarlo y por ello son titulares de los derechos sobre ese
conjunto de lo público. En el caso de la propiedad intelectual, se trata de bienes y derechos que no se gastan con el uso y son replicables sin coste y como se da la circunstancia de que las entidades públicas son titulares de ciertos derechos de
propiedad intelectual, son realmente los ciudadanos
los verdaderos y legítimos dueños de la misma, ya que cada uno de ellos ha sufragado con sus impuestos la creación de dichos contenidos y de dicho conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. El hecho de poner la propiedad intelectual
de titularidad pública a disposición de la sociedad con total libertad para que sea aprovechada por cualquier ciudadano es un acto de completa justicia y la fórmula del copyileft es la más adecuada para distribuir el conocimiento público porque ese
conocimiento está de esa manera disponible para que los ciudadanos lo puedan usar con cualquier propósito: copiarlo, redistribuirlo, con o sin cambios, siempre que la obra derivada se licencie en los mismos términos y se cite al autor original.
Por ello consideramos muy relevante el acuerdo transaccional alcanzado, con las limitaciones y restricciones contenidas en el mismo al no hablar de modificación en sus términos, que consideramos que sí debería estar porque autorizar la modificación
del conocimiento por parte de los ciudadanos no quiere decir que se pierda la atribución, la firma de la entidad pública que elaboró el original. Por lo tanto, entendemos que sí que debería introducirse este término. Sin embargo, la transaccional
que se ha acordado es un avance sustancial a este respecto. El hecho de distribuir el conocimiento de titularidad pública como copyleft fomenta la creatividad e innovación al poner gran cantidad de material didáctico, científico y de innovación a
disposición de pensadores, investigadores y, en general, de cualquier persona, dado que todos somos capaces de procesar el conocimiento adquirido. En definitiva, es un excelente mecanismo de extensión de nuestra cultura y para ponerla a disposición
de todos los ciudadanos. Nosotros consideramos que debemos hacer una apuesta decidida por una sociedad del conocimiento de todos y para todos, en la que todos los ciudadanos sean protagonistas y no se relegue a algunos a ser meros espectadores.
Con respecto al Cenatic, un organismo sobre el que también se ha transaccionado nuestra enmienda, consideramos que va a servir de organismo canalizador de la transferencia tecnológica de las entidades públicas hacia la sociedad. Por tanto,
es un hecho significativo que aglutinará y coordinará las acciones que ya se están realizando en materia de software libre y de fuentes abiertas en la Administración General del Estado y en las administraciones públicas. La enmienda número 57
recoge la prescripción de que se estén exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones de uso especial de dominio público radioeléctrico, además de los que han cumplido 65 años, los que presenten un grado de minusvalía igual o superior
al 45 por ciento. Esta enmienda ha sido transaccionada por el Grupo Socialista, siendo mejorada sustancialmente al fijar en el 33 por ciento el grado de minusvalía, es decir, se ha ampliado el número de personas que pueden acceder a esta exención
de la antigua tasa de reserva de uso especial del espectro.
Ahora me referiré de las famosas enmiendas números 64 y 65. La enmienda número 64 trata de la televisión de proximidad sin ánimo de lucro, pretendiendo la planificación de frecuencias para la gestión indirecta del servicio de televisión
local de proximidad por parte de entidades sin ánimo de lucro que se encuentren emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 1995. Serían televisiones de proximidad aquellas sin finalidad comercial que, utilizando frecuencias que en razón de su uso
por servicios próximos no estén disponibles para servicios de difusión de televisión comercialmente viables, estén dirigidas a comunidades en razón de un interés cultural, educativo, étnico o social común. Será el Gobierno el que establecerá el
procedimiento para la planificación de frecuencias y la adjudicación por las comunidades autónomas. Las emisoras de televisión local de proximidad afectadas podrían seguir emitiendo, utilizando para ello tecnológica analógica, hasta la fecha de
finalización de las emisiones de televisión local mediante tecnología analógica. Consideramos fundamental que se regule la televisión de proximidad gestionada por entidades sin ánimo de lucro para dar solución a un modelo de comunicación que el
Partido Socialista siempre ha apoyado según se recoge en su programa electoral. Estas eran no solo las propuestas de Izquierda Unida, sino también las del Partido Socialista cuando se presentó ante los ciudadanos. Incluso algunos de sus candidatos
han recogido premios por este tipo de propuestas. La enmienda, tal y como está redactada, recoge las sugerencias que hicieron miembros del Gobierno. Afecta a un máximo de 18 emisoras en toda España, que es el número de emisoras que reúnen las
características que se definen en su texto, funcionan desde antes del 1 de enero de 1995, no han obtenido licencia en ninguna demarcación en TDT y su titularidad recae en una entidad sin ánimo de lucro. Además, se reserva para la Administración del
Estado la planificación de frecuencias según su disponibilidad. En resumen, se pide una parte minúscula del espectro radioeléctrico para que la televisión de proximidad y comunitaria no esté avocada al cierre de forma obligatoria o por inanición
como consecuencia del apagón analógico.
En la actual legislatura, el Gobierno socialista ha modificado el estatus de Sogecable para que pueda emitir en abierto, se ha dado una nueva licencia de televisión privada para emitir en analógico en plena
transición a la TDT, se ha habilitado a Vocento para hacer compatibles sus participaciones en Telecinco y en Net TV entre otras. Se ha sido muy flexible con los poderosos y muy intransigente -porque se ha anunciado que se va a votar en contra de
estas enmiendas- con los débiles, aun a sabiendas de que se acarrearían unas consecuencias terribles si se vota en contra de estas enmiendas, dado que no ha habido desarrollo de la legislación -porque no ha querido el Grupo Socialista- para estas
televisiones sin ánimo de lucro que con el objetivo de potenciar el interés cultural, educativo, étnico o social han estado trabajando con un gran esfuerzo por parte de sus protagonistas desde hace
muchos años. Resulta absolutamente vergonzoso que un Gobierno socialista que se ha comprometido con esta gente impida la aprobación de estas propuestas que significan una ampliación de las televisiones a las que pueden acceder los
ciudadanos y que dan cumplimiento al derecho a la información que se recoge como derecho fundamental en la Constitución española. La enmienda número 65 se refiere al fomento de la participación ciudadana en la sociedad de la información, con el
objeto de fomentar la presencia de la ciudadanía y de las entidades privadas sin ánimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la sociedad de la información. Pretende realizar una reserva de
espectro radioeléctrico para garantizar el acceso de entidades privadas sin ánimo de lucro a las tecnologías de la información y a los servicios de difusión a través de ondas y planificar frecuencias de gestión indirecta para la prestación de
servicios de radio y televisión sin ánimo de lucro en todos los municipios donde exista esa demanda.
Parece algo lógico y razonable para remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de los derechos a la libertad y a la igualdad del
individuo y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Estamos hablando de mandatos constitucionales que solo podrán hacerse efectivos en este ámbito de la sociedad de la información si se
votan favorablemente nuestras enmiendas.
Consideramos que es necesario establecer medidas que garanticen la presencia y el acceso de la ciudadanía de forma individual y colectiva a la sociedad de la información. Hay que promover servicios de
difusión y medios de comunicación -y, para eso, es necesario votar favorablemente nuestras enmiendas- ya que muchas entidades sin ánimo de lucro, que prestan servicios de difusión, como radios, televisiones, servicios de web o telemáticos, reclaman
medidas que garantizan la existencia de servicios y medios no comerciales. Por tanto, estamos hablando también de las radios libres que han sufrido las mismas restricciones que la televisión, a la que hemos hecho referencia, que se encuentran en la
misma situación y que no están amparadas por un Gobierno que llegan progresista que, cuando llegan las elecciones, promete muchas cosas a los ciudadanos y después, cuando las gana, no las cumple; sencillamente, no las cumple.
Respecto a las enmiendas 99 y siguientes, la número 99 se refiere a los contenidos digitales libres para la comunidad educativa y científica. Los contenidos digitales, el software educativo y las herramientas digitales, que son
recopilaciones sufragados con fondos públicos, se han de poner a disposición del público de forma telemática sin restricciones tecnológicas. Esto significa avanzar en la sociedad de la información para que se transforme en sociedad del conocimiento
y lograr, por tanto, que en el periodo durante el que nuestros jóvenes se educan, forman y capacitan cuenten con conocimientos a su libre disposición sin trabas legales o tecnológicas y herramientas que ellos mismos puedan adaptar para transformar y
generar ese nuevo conocimiento, esa sociedad del conocimiento. En el mismo sentido se habla de la puesta a disposición de la sociedad del patrimonio cultural español, dado que la tecnología digital nos da la maravillosa posibilidad de crear un
número ilimitado de copias idénticas, de la máxima calidad y a un precio ridículo. Todo esto debe ser utilizado. También se pide la puesta a disposición de la sociedad del fondo bibliográfico español mediante el uso de estándares abiertos. En el
mismo sentido se ha redactado la enmienda número 102 respecto a la cesión de contenidos para la puesta a disposición de la sociedad. Todas estas enmiendas tratan de fomentar la utilización que hoy en día nos brinda la tecnología y así avanzar hacía
la sociedad del conocimiento.
Para avanzar y para que haya mandatos expresos en las leyes -que para eso se aprueban y no para que estén llenas de buenos propósitos, sino de obligaciones legales- es por lo que hemos presentado estas enmiendas, que esperamos tengan el voto
favorable de los grupos que todavía no se han manifestado sobre ello.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Beloki para defender sus enmiendas.
El señor BELOKI GUERRA: Desearía arrancar diciendo que mi grupo es un firme partidario de la sociedad de la información y un firme convencido de que, en efecto, se debe impulsar la sociedad de la información. Dicho esto, también me
gustaría afirmar de inmediato que la validez y la eficacia de una ley para el impulso de la sociedad de la información es un tema bastante más relativo a juicio de nuestro grupo. Es decir, que lo que pueda plantearse de impulso de la sociedad de la
información se haga primordialmente a través de una ley, sea ésta o sea otra, es algo que a mi grupo le parece mucho más relativo. En cualquier caso, cuando a través de una ley se plantea el impulso de una sociedad de la información ocurre lo que
estamos viendo en esta ley, que voy a intentar resumir para fijar la posición de mi grupo. En primer lugar, que se puede entrar en todos los campos de la vida social, administrativa y política, porque la sociedad de la información abarca todos los
campos de la vida social y, por lo mismo, si uno desea impulsar genéricamente la sociedad de la información, tiene el riesgo y la posibilidad al mismo tiempo de empezar a legislar, entre comillas, en todos los campos que le parezca. Esto, insisto,
es una posibilidad pero es también un riesgo porque, al entrar en todos los campos, puede pasar que en algunos se entre de forma no muy ortodoxa e inmediatamente, como es lógico, se planteen temas competenciales; porque se establece como principio
máximo de la ley una especie de transversalidad con el ánimo y el propósito de impulsar la sociedad de la información y, por lo mismo, se puede entrar en todos los campos que estime el legislador que debe entrar. De ahí que mi grupo entienda que el
ámbito competencial,
el análisis competencial de la ley es algo necesario porque no sea que por esta vía colateral entremos a desordenar lo que estaba más o menos ordenado.
Mi grupo ha presentado algunas enmiendas y, aunque después señalaré con claridad el esfuerzo que ha hecho el Grupo Socialista para llegar a un acuerdo en las mismas, todavía mantenemos alguna que otra discrepancia, por lo que mantenemos
también alguna que otra enmienda, en concreto dos: la número 97 sobre la que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda transaccional de la que estamos hablando -en principio mantendríamos la número 97 por el momento- y la número 98 que versa
sobre un tema a nuestro juicio importante en el sentido de que, por la materia de la que trata la disposición adicional séptima, que viene a regular un ámbito competencial exclusivo de las comunidades autónomas, recién aprobada la Ley del Suelo no
sería adecuado utilizar el instrumento de los acuerdos de colaboración interadministrativa en este caso para introducir contenidos a una ley autonómica, máxime si se tiene en cuenta que con ello puede dañarse la autonomía del legislador autonómico
en su función legislativa. Reitero que mantenemos la enmienda 98. Insisto en que uno de los riesgos de una ley tan abierta es justamente el entrar en campos en los que los títulos competenciales sean diversos y, por lo mismo, que con riesgo se
vaya en contra de las reglas competenciales establecidas actualmente. Otro de los riesgos -se ha visto con claridad con esta ley y con las distintas enmiendas presentadas por los distintos grupos- es que cualquier grupo lícitamente quiera
introducir todos los temas que le parezca que pueden impulsar en efecto la sociedad de la información, de forma que llegue aquí un texto legal en unos determinados términos pero los grupos parlamentarios entiendan que bien podrían abordarse otros
temas absolutamente distintos de los que figuran en el proyecto de ley y que, en principio, tampoco podría decirse que no sean para el impulso de esa cosa tan genérica como es la sociedad de la información. Desde el comienzo, mi grupo, a la hora de
presentar las enmiendas, quiso ser más estricto. Aun entendiendo que podía haber abierto campos de maniobra distintos para el impulso de la sociedad de la información, prefirió no hacerlo y mantenerse más o menos en las líneas en las que vino el
proyecto de ley del Gobierno. Entendíamos que con esta forma de actuar corríamos el riesgo de hacer una especie de leyes ómnibus en las que puede entrar todo lo que a uno le parece que debe entrar porque por aquí pasaba este tren.
Vamos a mantener como posición general un voto contrario a todos los nuevos ámbitos que los distintos grupos parlamentarios han pretendido introducir en esta ley. Nos hemos autolimitado a la hora de presentar las enmiendas y nos parece que
esa lógica debe imperar también a la hora de votar las enmiendas de otros grupos. En esta misma línea de riesgo el texto legal, tal cual ha entrado a este Parlamento, aborda ámbitos que constituyen un exceso. Quiero llamar la atención de los
distintos grupos sobre nuestra enmienda número 68. Según esa enmienda, proponíamos la supresión del número 2 del artículo 3. ¿Qué dice el número 2 del artículo 3? Algo que para nosotros no tiene mucho sentido. El artículo 3, como saben SS.SS.,
se refiere a las ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas privadas. El número 1 dice: 'A los efectos de este precepto, se entiende por oferta pública de contratación electrónica entre empresas aquel proceso enteramente
electrónico, abierto y limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar o vender un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que la contratación final se adjudique a la propuesta mejor valorada'. Esto
es algo así como una definición genérica de lo que sería una oferta pública de contratación electrónica entre empresas. Pero el número 2, que es el que mi grupo solicita que se suprima, pasa a regular las ofertas públicas de contratación
electrónica entre empresas con un detalle que a mi juicio no tiene sentido. ¿Por qué razón de ser, por qué título legal ahora podemos entrar en el ámbito de contratación entre empresas, que es un ámbito privado, estableciendo un reglamento
absolutamente detallado de cómo tienen que hacerlo en caso de que lo hagan por la vía electrónica? ¿Que se haga por la vía electrónica significa que deja de ser una contratación entre empresas privadas, que es en definitiva lo que viene a hacerse a
través de esta ley? Nosotros entendemos que la contratación pública de la Administración debe estar perfectamente regulada, y debe ser enormemente garantista, pero no atisbamos razones suficientes para que el legislador se ponga ahora a regular una
contratación privada entre empresas y que por el hecho de ser realizado a través de los sistemas electrónicos deba ser regulado hasta los detalles que figuran en las letras a), b), c), d) y e). Nos parece una intromisión a la que no vemos sentido
alguno, y como tal se nos ha manifestado en opinión de determinadas empresas.
Queremos, pues, someter a la consideración de los distintos grupos parlamentarios una de las enmiendas que mantenemos, la número 68, porque nos parece que nos estamos sobrepasando y entrando en un ámbito de legislación en el que estoy seguro
de que ningún grupo lo haría si no se tratara de un medio electrónico, y los medios, medios son. ¿Por qué lo que se hace a través de un medio electrónico puede ser regulado hasta ese detalle y no tiene que serlo si se realiza a través de otro
medio? Repito que mi grupo no lo entiende y por ello mantiene la enmienda número 68.
Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: el Grupo Socialista ha hecho un amplio y gran esfuerzo para acordar con mi grupo las distintas enmiendas que habíamos presentado. Por ese esfuerzo realizado no voy a detallar cuántas de nuestras enmiendas
han merecido una transacción o cuántas de nuestras enmiendas han merecido también una aceptación, pues lo manifestará en su caso la representante del Grupo Socialista. Por ese esfuerzo que también ha hecho mi grupo, vamos a retirar todas aquellas
enmiendas que no sean la número 68, a la que acabo
de aludir; la número 97, sobre la que seguimos trabajando en la transaccional, y la número 98, a la que he aludido y que es la competencial. Deseamos y esperamos -estamos casi seguros- que finalmente podamos llegar a un acuerdo pleno con
el Grupo Socialista.
Llamo la atención -y con esto termino- sobre que mi grupo tenía también enmiendas al artículo 8; en concreto, las números 75 y 77. Pretendía establecer lo que otros muchos grupos han intentado introducir con las enmiendas 28, 49, 104, 130
y 144. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda transaccional a las citadas enmiendas, pero no sabemos por qué no ha incluido en el listado a las que podía presentar la transacción nuestras enmiendas números 75 y 77, que pretendían lo mismo.
Viendo que efectivamente existe un acuerdo entre los distintos grupos y el Grupo Socialista en estos temas, mi grupo retira también las enmiendas números 75 y 77.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Quería iniciar también mi intervención agradeciendo al Grupo Socialista esa negociación que ha hecho que se incorporaran algunas de las enmiendas que nuestro grupo parlamentario había presentado. Quizá la demora en
la tramitación parlamentaria de esta ley viene dada por esa buena intención de negociación de parte de las enmiendas que los grupos presentaban. Haciendo una evaluación general no solo de las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, que han
sido bastantes, sino también de la transacción de algunas enmiendas de otros grupos, nuestro grupo entiende que el texto que se ha remitido vía informe de la ponencia es mucho mejor que el proyecto de ley inicial. En ese sentido, nuestro grupo está
bastante satisfecho.
Gran parte de las enmiendas que nuestro grupo había presentado -y me referiré en primer lugar a ellas- eran de carácter competencial. Es costumbre, no solo en este proyecto de ley sino en todos los proyectos de ley que se presentan en esta
Cámara, que el Grupo de Esquerra Republicana presente gran parte de sus enmiendas para salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas. Este no ha sido un proyecto de ley diferente a los demás y por eso nuestro grupo parlamentario
presentó varias enmiendas para modificar aquellas invasiones competenciales en las que el proyecto de ley incurría. Parte de ellas se han aprobado y nuestro grupo entiende que este texto es menos invasor competencialmente de lo que lo era al
principio. Me referiré específicamente a algunas.
En primer lugar, pedimos la modificación del número 1 del artículo 1 porque las comunidades autónomas son las que deben promover, en el ámbito de sus competencias y según sus criterios, la incorporación de la factura electrónica en las
diferentes actuaciones públicas distintas de la contratación y, en particular, en materias como las justificaciones de las ayudas o subvenciones que estas comunidades autónomas pudieran haber dado. Nos congratulamos de que se apruebe esta enmienda
que nuestro grupo ha presentado porque sobre esas materias sí era necesario que fueran las mismas comunidades autónomas las que promovieran la incorporación de esa factura electrónica. También estamos satisfechos de que se apruebe nuestra enmienda
número 24 en la que suprimíamos el número 5 del artículo 1. Es una enmienda importante porque en el citado número resultan excesivas las facultades que se reconocen al ministerio. El artículo 1.5 regula la extensión y el uso generalizado de los
medios electrónicos en otras fases de los procesos de contratación, materia propia de leyes de contratación administrativa y en ningún caso de esta ley, por lo que era necesaria su retirada. Repito que nos congratulamos por su aprobación.
A nivel competencial, pedíamos la modificación del número 3 del artículo 2, porque las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en la materia objeto de la obligación de comunicación telemática podrán modificar el ámbito y la
intensidad de aplicación del número 1 de este artículo. Desde nuestro punto de vista era una reclamación que tenía que ser tomada en consideración y, por eso, presentamos esta enmienda. Hemos intentado la modificación del número 2 del artículo 4
porque, a nuestro juicio, la directiva europea mandataba que en los Estados miembros se tuvieran en cuenta aquellas disposiciones nacionales de aplicación en cada Estado. La disposición nacional más aplicable, la Constitución española, en su
artículo 20 ya hace referencia a lo que pedíamos en esta enmienda. También presentamos una modificación del número 4 del artículo 4, sobre el registro. Es la enmienda número 29, que intenta salvaguardar las competencias exclusivas que corresponden
a las comunidades autónomas y, en particular a la Generalitat de Catalunya, en las materias que se mencionan sobre el registro. Nos satisface que el Grupo Parlamentario Socialista la haya admitido. En este mismo artículo, en el número 4, que habla
de las promociones, entendemos que la Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas en esta materia. Por eso presentamos esta enmienda y agradecemos también al Grupo Parlamentario Socialista que la haya aceptado. Asimismo, presentamos la
enmienda 33, que se ha admitido, y que se refiere a la exención de tasas. Se trata de una enmienda de carácter eminentemente técnico-jurídico que tiene por finalidad que la redacción de la exención de esta tasa no ofrezca dudas de interpretación al
operador jurídico. La voluntad es que queden exentas de pago todas aquellas tasas que tengan por objeto servicios de interés general y que no tengan ningún tipo de contrapartida económica. Presentamos esta enmienda para aclarar que solo exista la
exención en aquellos servicios de interés general y en aquellos en los que pueda haber una contrapartida económica.
Hay que hacer referencia, a nivel competencial, a las dos últimas enmiendas que mi grupo había presentado, números 47 y 48, que se refieren a la disposición final primera -básicamente, la número 48-, que marcan claramente qué artículos de
esta ley acabarán siendo de carácter básico.
Se trata de una enmienda importante porque algunos de los apartados de estos artículos que esta ley marcaba como de carácter básico no podían serlo porque invadían competencias de las comunidades
autónomas. Al haberse retirado el apartado 5 del artículo 1, una parte de esa invasión de competencias queda salvaguardada. Y es cierto que con las enmiendas de Esquerra Republicana que se han incorporado mejoramos esa salvaguarda competencial,
pero quedan los números 2 y 3, a los que me gustaría referirme. Se ha ofrecido una transaccional a nuestras enmiendas números 47 y 48, relacionada con una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, a la que voy a hacer referencia en el mismo sentido
que su portavoz. Nos gustaría que el primer punto de esta enmienda transaccional quedase claro que se respetarán las competencias de las comunidades autónomas. La redacción que propone el Grupo Parlamentario Vasco nos satisface y despeja las dudas
que mi grupo tiene con respecto a la disposición final primera, por lo que nos gustaría que se tuviera en consideración. En general, estamos satisfechos con las enmiendas que buscan la salvaguarda competencial y que se han aprobado, pero, como he
manifestado, nos gustaría que se mejorase esta disposición final, manifestando mi grupo su satisfacción por la voluntad de llevar a cabo esa mejora competencial.
Por lo que se refiere al resto de las enmiendas, a mi grupo le satisface las que se han aprobado. Voy a mencionar las que creemos más importantes, así como aquellas a las que no hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista, pero que
mejorarían el texto final. En primer lugar, la número 20 -se ha aprobado y se incorporará- incluye un fondo económico para sacar adelante esta ley. Para mi grupo es un punto satisfactorio pues consideramos a esta enmienda prioritaria en la
negociación con el Grupo Socialista y creemos necesaria la formalización de este fondo.
Hemos presentado dos enmiendas, las números 22 y 44, que se refieren al respeto de las diferentes lenguas cooficiales del Estado. Queremos que se garantice el
derecho de los ciudadanos a la utilización de la lengua que consideren oportuna y por eso intentamos defender las lenguas cooficiales en esta ley. Asimismo, quiero hacer referencia a una enmienda con la que mi grupo ha estado negociando hasta
última hora y en relación con la cual, desafortunadamente, no hemos llegado a un acuerdo, aunque esperamos hacerlo en el trámite del Pleno. Se refiere a la disposición adicional quinta y a las canalizaciones que puedan llevar a cabo las diferentes
instituciones del Estado: Administración de carreteras o líneas de ferrocarril de competencia estatal o de las sociedades estatales.
Pensamos que puede ser factible encomendar la explotación de esas canalizaciones para las redes de
telecomunicación a las comunidades autónomas. Hemos intentado buscar un texto más suave, en el sentido de alcanzar una gestión compartida entre las comunidades autónomas y el Estado, para que la Generalitat de Catalunya, o el Gobierno de las
diferentes comunidades autónomas, pudiera tener también parte en la gestión de esas canalizaciones. Hay algunos ejemplos en otras gestiones compartidas que se están llevando a cabo, como puede ser el traspaso de cercanías de Renfe a la Generalitat
de Catalunya y entendíamos que se podían trasladar a esta. En definitiva, desde el Govern de la Generalitat y, sobre todo, desde la Dirección General de Telecomunicaciones, se veía conveniente el traspaso de gestión de esas canalizaciones y no
entendemos aún por qué el Estado, el ministerio, no atiende a esta reclamación, más si cabe, como decía, cuando hemos rebajado nuestras pretensiones y hemos buscado una gestión compartida. Intentaremos negociar esa demanda de nuestro grupo y
esperamos que antes de llevar esta ley a Pleno podamos llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y que esa reclamación se pueda incorporar. Hemos presentado también, como ya ha comentado otro grupo, algunas enmiendas relativas a la
mejora de la accesibilidad al servicio de información. Hay una transaccional que satisface a nuestro grupo, estamos de acuerdo con ella y vamos a aprobarla. Asimismo, hemos presentado varias enmiendas que mejoran el texto.
En definitiva, solo estamos satisfechos en parte por el gran número de enmiendas que nos han aceptado. Nos preocupa la enmienda transaccional a la disposición final y esperamos que vaya en la buena dirección. En cuanto a las enmiendas en
las que no hemos llegado a ningún acuerdo, como les decía, no estamos satisfechos. Por último, olvidaba que una de las enmiendas en la que no hemos llegado a acuerdo es la número 43 -algún portavoz también ha la ha comentado-, que hace referencia a
la disposición adicional séptima. Compartimos el espíritu de esta disposición. Tenemos que aprovechar al máximo todas las actuaciones urbanísticas que se puedan hacer para incorporar las infraestructuras de telecomunicaciones. Compartimos esta
demanda, pero es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La competencia urbanística es exclusiva de las comunidades autónomas y no podemos aceptar que se regule por una ley estatal y más de carácter básico. Repito que compartimos
el espíritu de esta disposición, pero presentamos una enmienda de supresión.
Esquerra Republicana instará al Departament de Política Territorial i Obres Públiques para que actúe en ese sentido, porque es el competente en Cataluña. Entendemos que
se pueda avanzar en esta materia, pero que lo haga la Administración competente. Por eso, pedimos la supresión de esta disposición adicional séptima.
Acabo, señor presidente. Esperamos llegar a un acuerdo en esas enmiendas que quedan aún por negociar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Mis primeras palabras son para repetir lo que ya se ha comentado. Entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un esfuerzo importante para llegar a acuerdos. A nosotros también nos ha favorecido el
hecho de que un conjunto de enmiendas que habíamos planteado hayan sido asumidas mediante enmiendas transaccionales que recogían el espíritu de las nuestras. En ese sentido, nos sentimos satisfechos en una ley que queríamos apoyar, pero también
mejorar. Tanto desde el punto de vista competencial como de la mejora del texto y recogiendo aspectos que no estaban en la ley, se ha incluido un amplio espectro de enmiendas de nuestro grupo, que en estos momentos forman parte de este proyecto de
ley.
Dicho esto, quedan pendientes algunas enmiendas, sobre las que todavía estamos a tiempo de seguir negociando y de llegar a un acuerdo antes del Pleno. Hay un paquete de cuatro enmiendas, que son las números 193, 195, 197 y 199, que hemos
negociado con la portavoz del Grupo Socialista, que sabemos que comparte el espíritu de estas enmiendas, y también hemos hablado con otros grupos que también comparten dicho espíritu. Estaríamos dispuestos a buscar una fórmula transaccional,
fundamentalmente, para dar seguridad a los usuarios de este mundo que queremos impulsar, que es el de la sociedad de la información, donde hay unos técnicos, que son los ingenieros informáticos, que han de dar seguridad, garantizar la calidad,
respuesta y sobre todo han de tener una responsabilidad ante los usuarios, que de alguna forma avalarían el producto de los servicios que ofrece la sociedad de la información. Esta era la filosofía de esta enmienda y de la misma forma que en otros
sectores -estamos hablando del mundo de la arquitectura o de los ingenieros de infraestructuras- no discutimos que un técnico aparezca, esta es una infraestructura de una gran importancia. En estos momentos el mundo de la información es un elemento
clave en la sociedad que estamos desarrollando y la aportación profesional de estos técnicos debe formar parte de esta ley; por tanto, pedimos al Grupo Socialista y al Gobierno que hagan un esfuerzo para que estas inquietudes se vean reflejadas en
la ley.
Quisiera poner especial énfasis en las enmiendas 209, 210 y 211. Es muy importante aprovechar todos los proyectos de infraestructuras de comunicaciones -carreteras, ferrocarril, etcétera- cuya ejecución comporte canalizaciones que deberán
ponerse a disposición de los operadores de telecomunicaciones en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes. La Administración pública no debe conseguir beneficios con esta operación, sino que ha de hacer su
aportación a la sociedad de la información con el hecho de que en toda obra de infraestructura la sociedad de la información esté incorporada. Me gustaría aclarar para que no haya invasión competencial y se respeten las competencias de las
comunidades autónomas, que se trata de que en cualquier obra de urbanización nueva, sean viviendas o de tipo industrial, ha de haber un proyecto que permita que la sociedad de la información sea un elemento útil para estos nuevos planes urbanísticos
y además forme parte de estos proyectos de expansión de la sociedad de la información. En esta línea estaban nuestras enmiendas números 214 y 215, que proponían prever en estos planes urbanísticos la facilidad para que los operadores puedan actuar
con comodidad en estos nuevos espacios habitacionales o de tipo industrial.
Hay una serie de enmiendas puntuales que me gustaría detallar. La número 204 tiene como objetivo facilitar los trámites burocráticos que actualmente deben realizar las entidades públicas y las entidades sin ánimo de lucro que quieran poner
en funcionamiento redes wifi. Es necesario incorporar a las entidades públicas y a las ONG como prestadoras de servicios de red, ya que Internet no solo es un espacio comercial, sino que también lo es social, político y cultural. Esto es lo que
proponía la enmienda 204, que vamos a seguir defendiendo.
Nos gustaría comentar la enmienda 216. De la misma forma que apoyamos claramente -nos parecía una buena decisión que no se debe modificar- que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se situara en Barcelona, nos gustaría también
prever la ubicación y la necesaria coordinación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones con esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. No tendría sentido que tuviéramos la CMT en Barcelona y que la futura y necesaria Agencia de
Radiocomunicaciones estuviera ubicada en otra ciudad. Por tanto, solicitamos que se ubique esta Agencia Estatal de Radiocomunicaciones en la ciudad de Barcelona, coordinándose con la CMT.
La enmienda 221 prevé la adecuada financiación del servicio universal, incluyendo la posibilidad de que la financiación también pueda ser con cargo a fondos públicos a través del Fondo de compensación del Servicio Universal de
Telecomunicaciones. La enmienda 227 contiene una solicitud razonable. Dice así 'El indicador de referencia para tener la condición de beneficiario del abono social definido por el Real Decreto 424/2005 pasa a ser la percepción de unos ingresos
anuales inferiores a 1,5 veces el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples). Los Presupuestos Generales del Estado preveían anualmente la compensación a las operadoras del servicio en concepto de abono social. Pretendemos adecuar el
indicador de referencia para el abono social en el servicio de telefonía fijo.
La enmienda 228 propone sistematizar la presentación de balances sobre la evolución de la implantación de la sociedad de la información en nuestro país respecto a la evolución que sigue en los demás países de la Unión Europea. Una forma de
mejorar es saber dónde estamos en comparación con los países con los que competimos o convivimos. Este efecto sería importante para saber
exactamente -repito- dónde estamos, dónde queremos llegar y dónde están nuestros posibles competidores.
Finalmente, la enmienda 226 es de referencia. Actualmente los ciudadanos españoles pueden acceder a una amplia oferta de servicios de juego y apuestas por medios electrónicos, especialmente a través de Internet, que son operados por
empresas autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Dichos servicios, a pesar de contar con una amplísima aceptación e implantación -hay equipos de fútbol que llevan su publicidad en las camisetas de una forma habitual-, en el
mercado español se encuentran sometidos a una normativa estatal claramente inadecuada que no ofrece un régimen satisfactorio ni para los consumidores, ni para la Hacienda pública, ni para los propios operadores de dichas actividades.
Antes decía un
diputado compañero de esta Comisión que no querían incorporar elementos nuevos en esta ley. En cualquier caso, defendemos esta enmienda porque un tema que hemos de afrontar con la máxima rapidez.
En este momento estamos perdiendo oportunidades, no
hay el control adecuado y la Hacienda pública no se beneficia de los ingresos de estas compañías. Repito que es un tema que tiene suficiente importancia para que lo consideremos en el menor tiempo posible.
Estas son las enmiendas que queríamos defender y damos por defendidas, en los términos que han sido presentadas, las números 182, 184, 189, 191, 194, 198, 200, 217, 218, 219 y 225.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Echániz, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, antes de empezar mi intervención, quiero que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de un hecho que no quisiéramos dejar pasar desapercibido. Entre la documentación que ha acompañado el proyecto de
ley que estamos viendo en la mañana de hoy y que resulta preceptiva, aparece un certificado, con fecha de 15 de enero de este año, del que entonces era secretario de la comisión permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones de España y de
la Sociedad de la Información, don José Antonio Muñoz Ruiz, por el que se hace constar que dicho órgano conoció e informó este anteproyecto en los primeros momentos de su tramitación. Pues bien, en esta fase final de la tramitación de la ley,
queremos hacer desde el Grupo Parlamentario Popular, y solicitamos que se haga de la misma manera desde el resto de los grupos parlamentarios y por tanto desde todo el Legislativo, un pequeño pero sentido homenaje a don José Antonio Muñoz Ruiz, que
falleció inesperadamente este año y que durante mucho tiempo, durante muchos años, desempeñó de una forma absolutamente ejemplar las funciones de subdirector general de Ordenación de las Telecomunicaciones, habiendo contribuido, sin lugar a dudas,
en gran medida a la elaboración tanto de las normas que en este momento están vigentes en nuestro país en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información como de la que estamos debatiendo en la mañana de hoy.
Señorías, abordamos hoy esta nueva fase del debate de la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, una ley que modifica parcialmente la Ley de la sociedad de la información y del comercio electrónico, la Ley de Firma
Electrónica, la Ley General de Telecomunicaciones o la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Es una ley que incorpora determinadas medidas que desde nuestro punto de vista son escasas e insuficientes, una ley que, tras muchos borradores, fue
aprobada por el Consejo de Ministros del 13 de abril de este ejercicio -por tanto hace más de seis meses-, que ha acumulado un importante retraso y que pretende ser aprobada a dos meses de este final de legislatura. Ha sido una ley que ha tenido
muchas vicisitudes, tras la retirada ostentosa de un artículo del borrador de la ley, concretamente el 17 bis, con el que el Gobierno y el Partido Socialista pretendían hacer un favor a la SGAE, recuperar la censura de otros tiempos y limitar, desde
nuestro punto de vista, la libertad de expresión. Solo el lío que provocaron y la gravedad de la medida les hizo retirarla, eso sí, durante la fase anterior.
Permítanme que ponga de manifiesto que en el Grupo Parlamentario Popular creemos que para que se produzca un verdadero impulso a la sociedad de la información en nuestro país han de proclamarse como mínimo las cuatro libertades de Internet y
el acceso por banda ancha como un servicio universal: en primer lugar, acceder, usar, enviar y recibir los contenidos legales de su elección; en segundo lugar, ejecutar las aplicaciones y programas y usar los servicios que estimen convenientes,
siempre que no sean contrarios a las leyes; en tercer lugar, conectar y utilizar cualesquiera dispositivos siempre que su uso sea conforme a las leyes y no pongan en peligro la integridad de las redes de comunicaciones electrónicas ni el acceso de
otros usuarios a los servicios de la sociedad de la información, y en cuarto lugar, disponer de información veraz acerca de la naturaleza y capacidades de su modalidad de acceso a los servicios de la sociedad de la información y de Internet. Todo
ello sin perjuicio, eso sí, de la facultad de los operadores de comunicaciones electrónicas y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información de comercializar ofertas con distintos niveles de prestaciones, prioridades en el acceso,
aplicaciones, contenidos, etcétera, como consta en la enmienda 143 de mi grupo.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta iniciativa legislativa 41 enmiendas, que han intentado mejorar durante el curso de su tramitación el texto que hoy llega a esta Comisión. Entendemos sinceramente que el
desarrollo de la sociedad de la información no puede hacerse en detrimento de otros derechos fundamentales y, de una forma muy especial, del derecho a la privacidad y a la propia imagen, por lo que hemos presentado dos enmiendas, desde nuestro punto
de vista muy importantes. Una, en contra de lo que entendemos
que es la inaceptable intromisión que supone el spam telefónico en nuestros domicilios. Sus señorías tendrán probablemente noticias todos los días de cómo algunas compañías, utilizando las guías telefónicas, ofrecen sus servicios entrando
en nuestros domicilios, robando nuestro tiempo e incluso despertando a nuestros familiares. Esto nos parece absolutamente inaceptable y creemos que es el momento de ponerle coto en este texto legislativo. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado la enmienda 166, que nos parece de absoluta utilidad civil y ciudadana. La otra enmienda va en contra de la captación de imágenes de los ciudadanos sin autorización, lo que se ha venido a llamar el voyeurismo digital. A lo largo de
estos últimos veranos hemos visto aparecer a lo largo y a lo ancho de la red de Internet fotografías de personas tomadas en las playas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, un segundo. Aunque se le oye perfectamente, el murmullo impide que los servicios taquigráfícos puedan tomar correctamente sus palabras. Les ruego que si tienen que hablar lo hagan lo suficientemente
bajo para no interferir.
Continúe, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que a lo largo de estos últimos veranos hemos tenido la oportunidad de percibir cómo se publicaban en la red fotografías de personas concretas, con nombres y apellidos, que circulaban sin su autorización de una forma absolutamente
improcedente, por lo que hemos presentado la enmienda 165 precisamente para evitar esa captación de la imagen de los ciudadanos sin su autorización, el voyeurismo digital y su publicación en la red. Asimismo hemos presentado una propuesta de
regulación de las apuestas y del juego on line ante la importancia que está adoptando este tema en nuestro país así como el desfase que desde nuestro punto de vista existe entre la regulación actual, pensada únicamente para el entorno físico, y ante
la situación de alegalidad que existe en estos momentos respecto a lo que significa la no tributación o la competencia desleal con relación a los mecanismos establecidos.
Este es un texto que desde el punto de vista general nos parece un poco chapucero. Se aprovecha un proyecto de ley que supuestamente es de impulso de la sociedad de la información para modificar materias y leyes que por otra parte nada
tienen que ver con las sociedades de responsabilidad limitada, como ocurre con la disposición adicional novena, o con las sociedades anónimas, en la disposición adicional décima, a no ser, eso sí, que el Gobierno considere que la sociedad de la
información es o debe ser una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima y con este proyecto quiera impulsarla en este sentido, garantizando el anonimato y limitando la responsabilidad de los usuarios a los prestadores de servicios
de la sociedad de la información. Por tanto, en nuestra opinión no solo es un texto un poco chapucero, sino un parche. En esencia, el proyecto de ley no es más que un puro y sencillo parcheo de muchas leyes, esencialmente entre los artículos 4 y
8, capítulo II, modificaciones legislativas para el impulso de la sociedad de la información y de las comunicaciones electrónicas. También las disposiciones adicionales, que se presentan como un impulso pero que en realidad son pequeños retoques,
que no constituyen en sí mismos ninguna medida valiente ni estratégica para un verdadero impulso de la sociedad de la información que le permita salir de una vez de los puestos de cola de la Unión Europea a los que la falta de competencia de este
Gobierno -y el plan no avanza- le ha condenado a lo largo de los últimos años y que entiendo que nos merecemos los españoles.
Es una ley asimismo que apuesta por la injerencia. En el contenido propio del proyecto de ley, los tres artículos del capítulo I pretenden imponer obligaciones al sector privado que sin embargo las administraciones públicas no se
autoimponen, como ya quedó plasmado en la reciente Ley de Administración Electrónica, que debatimos en esta Cámara en el seno de la Comisión de Administraciones Públicas, y en la que la disponibilidad de medios electrónicos de interlocución quedaba
diferida al año 2010 y supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria, lo cual sin duda a SS.SS. debe parecerles un impulso muy importante de la sociedad de la información. Lo mismo podríamos decir respecto de los plazos, los
incentivos o las sanciones, en lo que se refiere a las relaciones de las empresas con la Administración, en las que, estas sí, pueden proveer el uso tanto de la factura electrónica como de los medios de interlocución electrónicos. El proyecto de
ley tiene únicamente declaraciones bienintencionadas, pero desde luego no recoge ni plazos, ni incentivos, ni sanciones concretas si se dejara de cumplir, dejándolo todo para futuras normativas, por lo que desde nuestro punto de vista carece de un
contenido realmente coactivo, pareciéndose más a una proposición de ley que a un proyecto de ley. Quizá esto es fruto de las prisas con las que el Gobierno ha elaborado y tramitado esta ley, y desde luego el momento de la legislatura en que nos
encontramos no es el más oportuno para debatir estas cuestiones con profundidad.
Lo más grave es que en el texto no se produce -veremos cómo quedan las transaccionales a lo largo de la mañana de hoy- el impulso a la banda ancha. En esa timorata disposición adicional segunda, extensión de servicios de acceso a banda
ancha, en la que el Grupo Socialista y el Gobierno, en lugar de hacer una apuesta de carácter decidido por el acceso a Internet como servicio universal -que era lo que todo el mundo, y de forma muy especial los usuarios, esperaban encontrar en una
ley autodenominada pomposamente de impulso a la sociedad de la información-, únicamente se hace una tímida declaración de intenciones con un plazo ridículo de imposible cumplimiento y sin fijarse ninguna meta
concreta. Ese texto de que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha para conseguir la máxima cobertura posible, de entrada, nos parece muy deficitario.
Además de estas carencias, no solo no existen mejoras respecto a la situación anterior, sino que hay algunas peoras. Ya dice la sabiduría popular que no hay situación, por mala que sea, que no sea susceptible de empeorar, y las enmiendas
introducidas por el Gobierno a través del Grupo Socialista desde nuestro punto de vista no son mejoras, son peoras de un ya malo proyecto de ley, que ahora pasa de ser malo a malvado, merced a dos enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista de
tapadillo y que afectan al sector audiovisual. Yo no sé si han sido introducidas de mala fe o por la puerta de atrás, pero sí sé que se han saltado el procedimiento, los trámites y los informes preceptivos de todo proyecto de ley, bien
independiente, bien dentro del tan cacareado por el Gobierno, pero nunca remitido a las Cortes, proyecto de ley audiovisual.
Son dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, una para hacer favores a los amigos, la número 176, relativa a la
televisión en movilidad, que pretende regular los servicios de radio por satélite, de televisión en movilidad por satélite y de televisión digital terrestre en movilidad. Sin duda, son importantes servicios, importantes negocios audiovisuales
emergentes, por lo que en principio no deberíamos estar en contra de crear un marco legislativo para que se desarrollen, pero lo que es difícil de aceptar es que se haga de este modo, al final de la legislatura, saltándose el procedimiento y cuando
ya está preparado el real decreto de desarrollo y el concurso para adjudicar las licencias antes de final de año. La pregunta que nos viene a la cabeza es la lógica: ¿Por qué estas prisas en este momento, por qué quieren dejarlo todo atado y bien
atado antes de irse? La legislatura comenzó con dos cacicadas en el terreno audiovisual, el paso de Canal Plus a televisión en abierto y la concesión de otra licencia en abierto a La Sexta, y da la sensación de que quieren terminar la legislatura
con otra, que es la concesión de la licencia de televisión en movilidad a algún otro amigo mientras lo siga siendo, porque también es cierto que últimamente el Gobierno se pelea hasta con sus amigos, ofreciendo un espectáculo bastante bochornoso a
los ciudadanos que son víctimas no solo del Gobierno sino de ese llamado fuego amigo.
La segunda enmienda es la relativa a los centros radiofónicos y televisivos de carácter analógico -nos parece todavía más grave que la anterior-, por la cual el Gobierno pretende cerrar cualquier emisora de radio o de televisión que emita
sin licencia o sin título habilitante en esta situación de alegalidad; además quiere imponer a sus propietarios una sanción de hasta un millón de euros, lo que, dado el actual mapa de emisoras de frecuencia modulada y de televisión local, muchas de
las cuales están todavía en una situación de alegalidad, repito, si se aprueba la enmienda y se adoptan estas medidas, puede suponer un auténtico terremoto en el panorama audiovisual. Lo curioso de esta medida tan drástica, señorías, es que se
introduzca también de tapadillo, a final de la legislatura y cuando ya nos encontramos de facto en la precampaña electoral, por lo que ya no solo es legítimo sino casi obligado preguntarse contra quién va esta medida y a quién va a cerrar las
emisoras de radio y de televisión el Gobierno.
Otra de las enmiendas sobre las que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una transacción es la relativa a los jueces y a la libertad de expresión. Nosotros hemos trabajado en la redacción de esa enmienda transaccional y en
principio estaríamos en condiciones de retirar las enmiendas 144 y 145 para alcanzar un acuerdo respecto a esa transaccional. Quedaría pendiente encauzar la lucha antipiratería y de la copia privada, distinguiendo claramente una de otra, hacia la
posibilidad de algunos acuerdos sectoriales o hacia una agencia de propiedad intelectual de nueva creación, que nosotros también hemos incorporado a través de la enmienda 168, del Grupo Parlamentario Popular; pero, repito, lo más grave de la
situación es que en esta ley, que es de impulso a la sociedad de la información, tampoco se ha encauzado de una forma eficaz la lucha antipiratería en nuestro país, sobre todo después de las cifras alarmantes que hemos conocido en las últimas
semanas relativas a cómo es la situación en nuestro país respecto a otros países de la Unión Europea.
La enmienda transaccional de la que hablamos tiene en realidad dos partes, la primera se refiere a las restricciones de los servicios de la
sociedad de la información, son prestadores que provienen de nuestro país, y la segunda se refiere al procedimiento de cooperación intracomunitaria, en lo que significa la adopción de restricciones a la prestación de servicios provenientes de
prestadores establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea o del espacio económico europeo distinto a España. Por eso, en principio nos parece correcta la precisión que se ha hecho en el título de la nueva versión de esta enmienda, en el
cual se recogen ambos temas, así como la distinción de ambas cuestiones en apartados distintos, dejando el primero para las restricciones y los apartados 2, 3 y 4 para el procedimiento intracomunitario, puesto que el apartado 5 es común. Sin
embargo, nos parecería todavía mucho más correcta la distinción de estos dos temas en dos artículos independientes, y no entendemos muy bien por qué no se ha hecho de forma que se pudiese reservar el artículo 8 de la ley para las restricciones de
servicios, como está ahora, y que se crease un nuevo artículo 8 bis, o utilizando el antiguo artículo 9, que va a quedar vacío de contenido, para la regulación del procedimiento intracomunitario.
El tema de las restricciones, que sin duda es el más polémico, tiene a su vez dos partes: la primera es establecer que los jueces y los tribunales son los únicos órganos competentes para retirar contenidos que afecten a la libertad de
expresión, tal y como reza el artículo 20 de nuestra Constitución, y la segunda es la de los casos y los principios para cuya protección pueden las autoridades administrativas adoptar restricciones a la libre
prestación de servicios, de conformidad con el artículo 3 de la directiva europea. Empezando por esto último, el tema de los principios tiene que ver con nuestra enmienda 145, que se recupera e incorpora los cuatro principios del actual
artículo 8 de la Ley de Sociedades de la Información, que proviene de la directiva europea y con la que estamos completamente de acuerdo. Respecto al tema de los jueces, la nueva versión del grupo proponente se aparta de la enmienda transaccional
prepactada en la ponencia y hace una extraña fusión entre el párrafo tercero y el apartado uno del actual artículo 8 de la LSSI y la parte final de nuestra enmienda 144; no lo entendemos muy bien y creemos que en el futuro puede dar problemas. En
el tema del procedimiento intracomunitario, en la adopción de restricciones en la prestación de servicios que proceden de prestadores establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea o en el espacio económico europeo distinto a España,
insistimos en que debía estar en un artículo independiente, que podría ser el 8 bis o el nuevo artículo 9, pero no creemos que deba hacerse casus belli de ello. Repito que, a pesar de que es manifiestamente mejorable, estaríamos en condiciones de
aceptar la última transaccional que se nos ha hecho llegar y en ese caso retiraríamos las enmiendas 144 y 145.
Los temas relacionados con la banda ancha son extraordinariamente importantes para el Grupo Parlamentario Popular. No puede haber un real impulso a la sociedad de la información, a las tecnologías de la información y de la comunicación, un
real impulso a Internet, si no existe disponibilidad amplia de la banda ancha en todos los lugares de la geografía nacional. En el año 2004 estábamos en condiciones de liderar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en
nuestro país, y hemos pasado, en solo cuatro años, del puesto 13 al puesto 22; es decir, hemos retrocedido. En el año 2003, España era el país europeo con mayor porcentaje de hogares que tenían banda ancha y hoy no podemos decir lo mismo. Hoy
tenemos una banda ancha que es más lenta y más cara que la mayor parte de los países europeos y que por tanto está influyendo directamente en la disminución de la competitividad de nuestra sociedad. Se ha producido un retroceso y lo que nosotros
hemos pedido, a través de nuestras enmiendas, es que la banda ancha se convierta en un servicio universal; para ello hemos dicho cómo queremos que se financie.
Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho una larga cambiada,
intentando incorporar los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal, sabiendo que en la normativa comunitaria no está previsto incluir la banda ancha como servicio universal. No dice nada, a pesar del
intento del Grupo Socialista de introducir en ponencia una enmienda que vinculaba a lo que se estaba haciendo en Europa, cuando en Europa no hay nada dicho respecto a este asunto. Al contrario, una comunicación de la Comisión, de abril de 2006,
sobre revisiones del alcance del servicio universal, afirma textualmente que no se cumplen las condiciones necesarias para incluir los servicios de banda ancha en la aplicación del servicio universal.
Pues bien, nosotros queremos que exista
servicio universal de banda ancha en España. Por tanto, el Partido Socialista tiene que dejar de defender un corolario que es falso, porque una cosa es que el concepto de banda ancha se armonice a nivel europeo con un mínimo obligatorio para todos
los Estados miembros, que es muy loable en cuanto a lo que es calidad o lo que es velocidad determinada, y otra cosa bien distinta es que cada Estado miembro es absolutamente libre de fijar un servicio universal que incluya el acceso a Internet por
banda ancha, con una calidad y una velocidad que estén por encima de ese mínimo europeo armonizado, porque actualmente está armonizada una velocidad de banda estrecha y por tanto una velocidad baja. Debe suprimirse cualquier referencia a la
directiva europea, que aún no se ha dictado, porque parece un poco tomadura de pelo echar balones fuera en este momento sobre un tema que es tan importante y que es el leitmotiv de una ley de impulso a la sociedad de la información; que los
ciudadanos puedan tener acceso a la sociedad de la información que se hace a través de un tubo nos parece absolutamente esencial.
Nos parece que se ha dejado de hacer algo importante con la no inclusión de la retención de datos de los prestadores a la sociedad de la información. En los últimos tres meses se ha producido una gran paradoja en nuestro país. Mientras que
según la Ley de conservación de datos de las comunicaciones electrónicas, aprobada hace escasas semanas en la Comisión de Interior y en el Pleno de esta Cámara, las operadoras españolas tienen la obligación de guardar los datos de llamadas, de
mensajes, incluso en las tarjetas prepago, en el acceso a Internet, en los correos electrónicos y en la telefonía por IP, este mismo tratamiento no se ha producido, respecto a los prestadores de la sociedad de la información, a los que no son
operadores. Esto es un agujero negro de nuestra legislación en materia de seguridad, porque donde más impunidad existe en este momento y donde actuaciones más graves se están produciendo en la utilización perversa de la red está siendo en estos
ámbitos, en los chats y en los foros que están sirviendo de impunidad para el terrorismo o para la pederastia. No entendemos por qué el ministro del Interior, en el debate de la Ley de conservación de datos de las comunicaciones electrónicas, nos
dijo que el lugar donde había que incluir a los prestadores de servicios era en esta ley, y ahora, que hemos traído a esta ley enmiendas que permiten cerrar ese hueco, ese agujero en nuestra seguridad en la red para que exista Estado de derecho
también en la sociedad de la información, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno nos dice que no, que aquí tampoco es. Por tanto, ahora no sabemos dónde tiene que ser. Ni en un sitio ni en el otro. Han intentado marear la perdiz, pero lo
cierto es que los españoles en este momento no tienen la posibilidad de ver aseguradas
determinadas cuestiones muy graves en el ámbito de la sociedad de la información.
Termino, señorías, diciendo que a esta ley todavía le queda trámite y es que espero que a lo largo de esa tramitación en el Pleno y en el Senado seamos capaces de mejorarla todavía más. Incorpora medidas que son escasas y desde mi punto de
vista muy poco eficientes respecto de lo que ya teníamos. Por lo tanto, poco oportuna por los plazos, poco oportuna por la lentitud, poco oportuna por los tiempos, y con una situación no muy clara por su parte en la medida en que hemos revisado a
lo largo de las últimas semanas más de 300 borradores de enmiendas transaccionales.
La ponencia se ha visto incluso bloqueada durante mucho tiempo. Hemos tenido hasta la posibilidad de ver la barbaridad de la presentación del artículo 17.b) en el
texto inicial. Repito, no afronta una modernización profunda de nuestro país a través de las nuevas tecnologías, fruto probablemente de que este grupo parlamentario está más ocupado del pasado que del futuro, y así nos va. El Grupo Parlamentario
Popular hace una apuesta clarísima por lo que significan las nuevas tecnologías y la sociedad de la información en el futuro, y para eso es necesario que en cualquier legislación como la que estamos debatiendo hoy se incluya la posibilidad de que
todos los ciudadanos tengan las mayores facilidades de acceso a todas las tecnologías que en este momento están a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Muñoz
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Tratamos hoy la ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, que pretende fundamentalmente impulsar la actividad económica, y ese era su origen, en Internet, proporcionando medidas como la factura
electrónica, la ordenación del mercado minorista, y obligando a las empresas a ofrecer servicios básicos por Internet, por tanto, generando también el derecho en los ciudadanos a poder realizar estas gestiones por Internet. También tiene otra serie
de medidas que generan más seguridad; el desarrollo de la sociedad de la información necesita más seguridad y que genere seguridad a la ciudadanía en las operaciones o en las actividades que hacen a través de Internet. Además, durante este trámite
hemos debatido muchas más cosas por petición de los demás grupos y porque estamos convencidos de que es clave en el conjunto de la ley saber qué modelo de sociedad de conocimiento queremos, qué reglas establecemos en Internet; también es clave para
que hoy las personas tengan más oportunidades. Por eso es importante hablar y afrontar la brecha digital o qué modelo queremos, entre las personas que están conectadas, de desarrollo de la sociedad del conocimiento. Tenemos que aprovechar las
posibilidades que da una red como Internet para que podamos promover a través de ella el acceso de todas las personas al conocimiento y debemos recordar siempre que esta red lo permite y que puede generar más oportunidades para todas las personas.
Quiero hacer referencia a la serie de acuerdos y avances que hemos realizado en los contenidos de la ley. Como ha citado la mayoría de los grupos, en ponencia incluimos doce enmiendas transaccionales, con un acuerdo prácticamente unánime,
que suponían algunos avances, como, por ejemplo, respetar competencias autonómicas; garantizar estándares de interoperatibilidad para las facturas electrónicas y que permitan el uso de todas las lenguas del Estado; la obligación, como novedad, de
que el Gobierno impulse un plan de seguridad y de confianza de las personas en Internet para todos aquellos temas a los que se han referido algunos grupos sobre datos, sobre spam, etcétera; es clave, repito, generar seguridad en Internet para que
la gente utilice más este medio para diferentes actividades. Quiero destacar una enmienda aprobada por unanimidad -pudimos llegar a un acuerdo todos los grupos-, según la cual el Gobierno debe impulsar medidas para garantizar la accesibilidad de
las personas con discapacidad a los diferentes elementos de la sociedad de la información.
Me voy a referir a dos grandes temas que quiero separar del resto del debate. Una serie de colectivos hizo llegar propuestas a muchos grupos y se presentaron varias enmiendas con el fin de considerar el acceso a banda ancha como servicio
universal y sobre cómo regulamos la retirada de contenidos en Internet. Son dos temas clave en los que, en uno, hemos llegado a un consenso y, en otro, a un cierto grado de acuerdo. Me referiré primero a la restricción de servicios en Internet;
era importante llegar a un acuerdo en este tema, y lo hemos conseguido: la restricción de webs, de contenidos puestos en Internet por personas o por empresas, que hizo correr ríos de tinta en la Ley de 2002 y ahora podríamos decir incluso que se
han desgastado los teclados hablando de ello, de las posibles polémicas que generaba la ley. Lo que todos los grupos teníamos claro era el contenido y lo que hemos intentado es hacer una redacción en la que no hubiera ninguna duda en este tema,
porque podíamos acordar el contenido, pero podían quedar dudas sobre su alcance.
La propuesta actual de transacción, acordada por unanimidad entre todos los grupos, deja claro que los únicos órganos que pueden restringir contenidos cuando afecta a
la libertad de información y expresión son los juzgados y tribunales y otros órganos competentes solo podrán retirar contenidos para la protección de derechos fundamentales, como estamos haciendo ahora con los anuncios de televisión o con la radio
convencional. Está enumerado de forma clara en qué temas se puede actuar o no, que son el orden público y la seguridad, la protección a la salud pública, la protección de los consumidores, la dignidad de la persona, la protección de la juventud y
la infancia. Esta redacción garantiza que, si afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, solo pueden actuar órganos jurisdiccionales, a la vez que,
como todos creíamos, pueden actuar otros órganos competentes, como ya lo están haciendo. Porque de hecho, un primer acuerdo podía dejar fuera algunos órganos como el CAC, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, que creemos que está haciendo
una buena labor, y este no es el tema, o cómo el ministerio actúa ante temas concretos, por ejemplo, en anuncios de televisión, o cómo retiramos desde Consumo algunas ofertas de productos fraudulentos. Ese era el consenso y sobre eso sí se puede
actuar, pero todos estamos de acuerdo en que la censura o la posible vía de censura no entraba en esta ley. Todos los grupos nos debemos felicitar por haber llegado a un acuerdo en una redacción tan sensible y por dar un mensaje claro a la sociedad
sobre cuáles son los límites en la restricción de contenidos.
Hablaré ahora de la banda ancha. El segundo gran tema de debate es el acceso a Internet en banda ancha como servicio universal, y lo hemos abordado. Además, las transaccionales que proponemos garantizan la cobertura del servicio universal
por conexión a banda ancha en los términos definidos en la normativa comunitaria; cómo no, si la normativa y la directiva europea nos obligan. Si no incluimos estas palabras, el día que salga una directiva europea igualmente tendremos que
cumplirla, porque son de obligado cumplimiento. ¿Qué incorporamos en el servicio universal? Modificamos la Ley de Telecomunicaciones donde hace referencia a la definición del servicio universal e incluimos, en el artículo 22.1, dos cuestiones:
una, la cobertura de equipos terminales de acceso a Internet en todo el territorio, como hasta ahora existía la obligación de cobertura de cabinas telefónicas, y dos, que todos los usuarios, a través de su conexión telefónica a la red, puedan enviar
o recibir datos en banda ancha. También, la tercera transaccional obliga al Gobierno a impulsar la extensión de banda ancha con tal de conseguir una cobertura total en el Estado español el 31 de diciembre de 2008, quedando independiente del tipo de
tecnología y de la ubicación geográfica. Esto es un gran avance; la banda ancha no es simplemente un producto al cual puedas acceder y consumir o no, sino que, como mínimo, hay un derecho de tener cobertura y que por tanto puedas acceder a la
compra de este servicio que genera tantas oportunidades. Yo también me alegro de que haya un acuerdo tan mayoritario entre los grupos en este sentido.
Hemos ajustado más asimismo la redacción en los términos que hacían referencia a la directiva europea en estas tres transaccionales y lo hemos hecho de la siguiente manera. En la transaccional que obliga al Gobierno a extender la banda
ancha, simplemente hemos quitado la referencia a normativa europea, porque el Gobierno puede estar obligado a extender esa cobertura a todo el territorio. En las otras dos, lo mantenemos pero, en vez de poner: definidas por la normativa
comunitaria -como nos indicaron algunos grupos y nos dimos cuenta nosotros-, hemos puesto que se definan en una normativa comunitaria, porque se podía interpretar que, como no está definido en la normativa comunitaria, la intención es que no
estuvieran incluidas. Por tanto, hemos aclarado que se definan en el futuro para que no existan dudas. Como saben, el servicio universal es un concepto armonizado. En este año estaba en revisión el artículo 15 de la directiva, incluir o no
servicio universal de banda ancha. Es verdad que este año no se ha incluido, pero quiero leerles el último informe que ha hecho la Unión Europea al respecto. En un párrafo sobre la situación de la banda ancha en Europa, dice textualmente: Es
preciso hacer más por fomentar la inversión para que el crecimiento sea más igualitario en toda la Unión Europea. Por ello, una competencia efectiva de los mercados de banda ancha para hacer realidad la banda ancha para todos es una prioridad para
la Comisión que se incluirá en la normativa en materia de telecomunicaciones de la Comisión el mes que viene. Este es un documento del 15 de octubre de 2007. En todo caso, estamos dispuestos -y me refiero al Grupo Parlamentario Popular- a seguir
intentando encontrar de aquí al Pleno una redacción que pueda satisfacer a todos los grupos, porque, como estuvimos en tiempos, podemos estar de acuerdo en el contenido y en la restricción de servicios a través de jueces o no e intentar llegar a un
consenso en este tema entre todos los grupos.
No me ha gustado escuchar que existe -porque no lo creo correcto ni ajustado a la realidad- falta de voluntad del Gobierno, porque si alguien ha impulsado un plan, como no lo había hecho ningún Gobierno, de extensión de la banda ancha ha
sido este Gobierno; empezó un plan en 2005, que se ha acabado de renovar porque se han cubierto los objetivos y que llevará la banda ancha a 25.000 poblaciones y a 8,5 millones de ciudadanos más. Por tanto, el Gobierno ya está extendiendo la banda
ancha. Por esa razón introducimos una obligación de extensión de toda la cobertura a finales de 2008, porque la vamos a hacer efectiva, porque ya lo estamos haciendo.
Quería comentar otras transaccionales que tienen un importante contenido social, de derechos y de impulso de la sociedad del conocimiento. Algunas de ellas, en concreto tres, han sido acordadas con Izquierda Unida, referidas a la propiedad
intelectual. Damos con la ley un importante avance, porque con la transaccional 26 damos una mayor cobertura y protección a las personas que quieran distribuir sus obras y textos bajo la denominada licencia copyleft y, por tanto, que otras personas
la puedan usar, modificar y redistribuir, si así lo quieren. Pero si es cierto que la licencia copyleft ya está incluida en la Ley de Propiedad Intelectual, el avance que supone esta enmienda, referido evidentemente a los contenidos digitales y a
los contenidos a través de la sociedad de la información, es que permite que estos derechos se cedan a la sociedad, que sean públicos y por tanto que sean protegibles por el Estado. La segunda transaccional es la número 24, por la que la
titularidad y propiedad intelectual de las obras y los contenidos digitalizados y digitales, que son propiedad del Estado, se pondrán a
disposición de la sociedad, permitiendo por tanto el estudio, la copia y la redistribución de todos estos contenidos, evidentemente citando al autor y con una distribución en los mismos términos, para que esta redistribución sirva para que
otros ciudadanos puedan acceder a ellos.
Hace pocas semanas hemos visto que la Biblioteca Nacional ha digitalizado y ha dado acceso público a todas las obras de su propiedad. Esto va en la misma dirección, es decir, debemos permitir que la gente
las consulte pero también que puedan hacer uso y redistribución de las mismas, contribuyendo a una sociedad que permita a todas las personas el acceso al conocimiento. Una tercera enmienda transaccional que ha comentado la señora Navarro y que
hemos incluido en el acuerdo es la exención de pago de tasas radioeléctricas, no solo a las personas de más de 65 años, sino también a aquellas que tienen una minusvalía mayor del 33 por ciento.
Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, quiero anunciar, aunque ya se lo hemos comunicado a muchos grupos evidentemente, la retirada de las enmiendas números 176, 177 y 178, referidas tanto a la regulación de la radio por satélite o
televisión en movilidad como al régimen sancionador de las televisiones sin título habilitante. Nosotros hemos preferido, una vez hecho el debate, dejar todos estos temas referidos a la próxima ley de lo audiovisual, que tiene que hacerse, porque
creemos que es mucho más coherente y que se ha de abordar de una manera global. No hay mala intención y creo que han sobrado algunos calificativos que ha realizado el Grupo Popular, como el de cacicada. Ni mucho menos, no hay ninguna cuestión
oculta en estas enmiendas; simplemente hay una intención de poder regular un tipo de televisión o agilizar la acción del Gobierno con algunas televisiones que emiten ilegalmente. Después de hablar con todos los grupos, hemos creído que era mejor
retirarlas en este momento e incluirlas cuando se haga la ley de lo audiovisual. Otras enmiendas que hace el Grupo Socialista son las números 180 y 181 relativas a la inscripción de las sociedades a través de Internet, se ponen menos requisitos y
se hacen más ágiles. Y la enmienda 179 -creemos que tenemos el apoyo de la mayoría de los grupos- propone que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones esté, por ley, en Barcelona. La pregunta que algunos nos han hecho -se puede estar de
acuerdo o no y algún grupo se ha manifestado sobre ello- es por qué ha de estar en Barcelona la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Simplemente para consolidar una decisión del Gobierno por ley. (El señor Echániz Salgado pronuncia palabras
que no se perciben.) El Gobierno ha trasladado la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona porque creemos en una España plural, en red y en que los centros de decisión gubernamentales no han de estar todos en Madrid; pueden estar
redistribuidos en diferentes puntos del Estado. Yo también me pregunto por qué se hace esta pregunta.
Seguramente si en esta ley, como en otras, cuando se crea un organismo, se pusiera la coletilla de que la sede del mismo estará en Madrid, ni
siquiera nos preguntaríamos por qué. Pues con la misma normalidad hemos de incluir la apuesta de que los centros de decisión puedan estar en Madrid o en otros puntos del Estado español, porque todos son España, creo yo, y por tanto en todos los
lugares puede y debe haber centros de decisión. Quiero también comentar -posiblemente numérica o cuantitativamente- que ha habido una voluntad del Grupo Socialista de acuerdo, de diálogo continuo durante varias semanas con todos los grupos -quiero
decir todos los grupos y me refiero a todos los que están en la sala- para incluir mejoras de acuerdo en esta ley. Y voy a repasar por qué presentamos ahora veinticinco enmiendas transaccionales, que es un número importante, y que responden a
recoger tres enmiendas del BNG, once del CHA, dieciséis de Convergència i Unió, once de Esquerra Republicana, doce de Izquierda Unida, nueve del PNV y catorce del PP. Por tanto, los grupos hemos intentado incorporar las aportaciones que hemos
creído que son una mejora sustancial de la ley a través de diferentes transaccionales. Además, vamos a aceptar en su totalidad las enmiendas de Convergència i Unió números 190, 192, 207, 209, 213 y 223, sobre todo referidas a la factura electrónica
y a algún tema de competencias. Las de Esquerra Republicana números 23, 25, 27, 29, 31, 40, 42, 44 y 45, nueve enmiendas también en esta dirección, y las números 87, 91, 94 y 96 del PNV. Creo que con las enmiendas de estos tres grupos queda
absolutamente claro en la ley el respeto a las competencias autonómicas y la participación de las mismas en el impulso que tenga que dar no solo el Gobierno central sino las administraciones públicas en el desarrollo de la sociedad de la
información.
Para acabar, quería responder a tres cuestiones que han planteado diversos grupos en algunas de sus enmiendas, a las que por diferentes razones el Grupo Socialista no va a dar su apoyo. Hay una serie de enmiendas de Convergència i Unió que
se refieren a los ingenieros informáticos. Desde luego, compartimos la primera parte de su reflexión en cuanto a que los ingenieros informáticos pueden padecer una situación que podemos denominar injusta o una situación a corregir, esta es la
voluntad del grupo y del Gobierno y lo vamos a hacer, pero quizá lo que no compartimos es la solución a esta situación, es decir, si la solución es incluir una serie de enmiendas que dan atribuciones en este momento a través de la Ley de la sociedad
de la información. En nuestro país ha habido algunas profesiones que han ido cogiendo espacios a base de colegios profesionales, de algunas atribuciones exclusivas, y en este momento es verdad que la situación hace que las ingenierías informáticas
queden fuera porque no han ido cogiendo esas competencias, pero, sin duda, lo que hemos de hacer, como ya es un compromiso público del Gobierno, es una nueva ley de atribuciones de ingenierías que incluya a todas las ingenierías y por tanto
discutamos qué competencias son de cada una de ellas para conseguir en este tema un reequilibrio. Por tanto, la cuestión no es ahora hacer un parche y dar unas atribuciones concretas a un
grupo sino, primero, contar con todas las ingenierías en este debate y afrontar una nueva ley de ingenierías.
Respecto al Grupo Popular, además de los comentarios que he hecho a algunas de las enmiendas, a las cuales se ha referido con unos calificativos que yo no creo ni adecuados ni que deban darse en el Parlamento, no puedo aceptar como grupo
mayoritario, pero no solo por ser del Grupo Socialista, sino por convicción, que se diga que este partido, que este grupo político y que este Gobierno no ha apostado por la sociedad del conocimiento y por su desarrollo, porque ahí están los hechos,
una prioridad del Gobierno en estos temas de innovación, de investigación y desarrollo de la sociedad del conocimiento; ahí está el Plan Avanza, porque además del acuerdo y la movilización de presupuesto que se ha hecho con operadores privados,
públicos y acuerdos con todas las comunidades autónomas, ha habido una dotación presupuestaria y una apuesta presupuestaria indudable, de hecho hemos multiplicado por 2,5 el presupuesto que había en la anterior legislatura en solo cuatro años; por
tanto, los números están ahí y las secciones están ahí; y la acción para desarrollar que la sociedad del conocimiento llegue a todos los ciudadanos.
Respecto a las enmiendas 64 y 65 de Izquierda Unida sobre la televisión en proximidad, quiero decirles, primero, que por coherencia con las otras enmiendas no vamos a votar estas enmiendas de televisión. Nosotros hemos retirado todas
nuestras enmiendas que hacen referencia a televisiones porque creemos que vamos a suscribir esta ley a la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento y no a regular aquí otros temas de televisión o de audiovisual. Por tanto, en
coherencia no vamos a apoyar ni abordar estos temas en esta ley, será en otras en las que se tenga que abordar. Además, hasta que no se produzca el apagón analógico, no habrá espacio ni frecuencias para una redistribución efectiva. La tercera
cuestión clara es que en realidad lo que pretenden estas enmiendas es que no cumplamos otra ley que hemos aprobado en este mismo Parlamento. Entonces, no sé si la manera es hacer, por decirlo de alguna forma, una chapuza o que se salte la ley otra
vez otra enmienda en este Parlamento quizás para solucionar, entre comillas, si puede hablarse de solucionar, la cuestión de algunas televisiones particulares.
Para finalizar, esta es una ley que, como su nombre indica, impulsa la sociedad de la información, que tiene toda una serie de medidas encaminadas a quitar trabas, acelera trámites, genera más seguridades en los ciudadanos y fomenta el uso
comercial y social de la red y de Internet. Además, con ella hemos logrado una serie de avances clave, con los cuales quiero acabar mi intervención, en este Parlamento, y que son: la cobertura de banda ancha en todo el territorio, que garantiza
que solo un juez podrá restringir contenidos en Internet por cuestiones de libertad de expresión y de información y que los contenidos de la Administración pública se podrán reutilizar por la ciudadanía y así garantizar el acceso al conocimiento y
fomentarlo a todas las personas.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea algún grupo un turno breve para manifestar la aceptación o no de las enmiendas? (Pausa.)
Si no es así, hacemos una pausa de cinco minutos, para ordenar las enmiendas. (Pausa.)
Vamos a iniciar la votación. Quiero advertir a SS.SS. que pongan mucha atención, porque va a ser una votación compleja, dado que hay algunos grupos que quieren votación separada de muchísimas enmiendas y teníamos dos opciones: votarlas
una por una, que todavía es peor, o enunciar las que cada grupo quiere que se voten separadamente y si algún grupo considera que, dentro de ese bloque, hay que votar alguna separadamente, que lo diga antes de la votación. Votación de las enmiendas
del proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. Votamos, en primer lugar, un primer bloque de las enmiendas del Grupo Mixto, señor Labordeta, que quedaban vivas y que se han dado por defendidas, que son la 104, 107, 109
y 112.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Tenemos un empate.
Me piden que repita la votación de las enmiendas 104, 107, 109 y 112, del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 108, 110 y 111.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez, de Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la 131 y la 132.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 133, también del señor Rodríguez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco, en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En la relación de enmiendas que han llegado a la mesa de Izquierda Unida no figura la número 66, sino la 65. Creo que esto será un error y será la número
65. La enmiendas que quedan vivas son 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 63, 64...(La señora Muñoz Santamaría: La enmienda 60 está retirada. La hemos transaccionado.) El papel que tengo me lo ha pasado Izquierda Unida y figura la número 63. Aquí no
podemos hacer nada más que cumplir la voluntad de los grupos parlamentarios. (El señor Llamazares Trigo: Perdón, señor presidente, si está transaccionada, lógicamente está retirada. No sé si han pasado el papel correctamente o no.) Entonces
eliminamos la 63. (La señora Muñoz Santamaría: No, la 60.) Nos tenemos que poner de acuerdo en lo que decimos. ¿Es la 60 ó la 63? Repito. Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que quedan vivas son: 50, 51, 52, 53, 56, 58,
59, 63, 64 y 65. ¿De acuerdo? (La señora Muñoz Santamaría: No. Ni la 56, ni la 60.) El portavoz de Izquierda Unida que lo diga, porque esta relación me la ha pasado Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Me hace una pregunta muy difícil, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la 56 es objeto de una transaccional y en el debate se ha dicho que se aceptaba. Por tanto, votamos las enmiendas de Izquierda Unida en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas 50, 52, 60, 63, 64 y
65. (El señor Vilajoana Rovira: Pedimos votación separada de las enmiendas 64 y 65.) De acuerdo. Enmiendas 50, 52, 60 y 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 64 y 65.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Las números 68, 97 y 98. (El señor Corcuera Plaza: Pedimos votación separada para las enmiendas 87, 91, 94 y 96.) ¿Cómo 87? Estoy diciendo que las enmiendas vivas del
PNV son 68, 97 y 98. Le pido al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco que diga cuáles quedan vivas de su grupo.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, las tres que usted ha señalado y la 87, la 91, la 94 y la 96.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. En primer lugar, votamos la enmienda número 68. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Volvemos a tener empate. Por favor, repetimos la votación para hacer el voto ponderado. (Pausa.) Vamos a continuar con la votación y al final de la misma diremos el resultado.
Segundo bloque. Enmiendas 97 y 98. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos en bloque las enmiendas números 87, 91, 94 y 96.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Esquerra Republicana. Quedan vivas las números 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. En primer lugar, votamos la enmienda número 23. (El
señor Corcuera Plaza: Señor presidente, en el segundo de los bloques queríamos votación separada de las enmiendas 27, 40, 42, 44 y 45, y aparte de la enmienda número 23.)
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna petición más de votación separada? (Pausa.) En primer lugar, votamos la enmienda número 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 25.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el siguiente bloque de enmiendas, las números 27, 40, 44 y 45. (El señor Corcuera Plaza: Las enmiendas números 29 y 31 en otro bloque.) Esas son el resto de enmiendas. Había un bloque compuesto por las enmiendas números 27, 34,
38, 39, 40 y 41, y que hemos desgajado en dos: en la 27 y la 40 y en la 44 y la 45. ¿De acuerdo? (El señor Echániz Salgado: Pedimos votación separada de la enmienda número 45.-El señor Corcuera Plaza: ¿La enmienda 42 está en este bloque? La
enmienda 42 está en el bloque que me ha pedido luego. Vamos a ir votando y si se queda alguna atrás antes de votar el resto volvemos a ella. Es un orden lógico, no es a voleo. Se trata de votar de este bloque primero las enmiendas números 27, 40
y 44.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 45.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos seguidamente las enmiendas 34, 38, 39, 41 y 42. (El señor Corcuera Plaza y la señora Muñoz Santamaría: Señor presidente, pedimos votación separada de la enmienda 42.) La 42 separada; la votamos ahora.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación las enmiendas 34, 38, 39 y 41.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de enmiendas. (El señor Ramón Torres: ¿Se ha aprobado la 24?) Sí, claro, obviamente está la 24. (El señor Ramón Torres: Quisiéramos votación separada de la 24.) Señoría, yo no tengo constancia de eso, pero no hay
problema, como estamos antes del resto de enmiendas, votación separada de la enmienda número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas que siguen vivas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las voy a leer tal como me las han facilitado: 193, 195, 197, 199, 182, 184, 191, 198, 200, 210, 211, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 225, 226, 228, 204, 216,
227, 229 y 222. (El señor Vilajoana Rovira: Señor presidente, tendría que añadir que votamos conjuntamente además estas otras enmiendas: 190, 192, 207 y 209.) La 209 y la 194 las ha retirado S.S. hace escasamente diez minutos, no puedo precisar
el tiempo. (El señor Echániz Salgado: Señor presidente, con la 213 y la 223 le sugiero que haga un bloque.) Un bloque de entrada con la 213 y 223. Se entiende -me dirijo al portavoz de Convergència i Unió- que no hay ninguna otra enmienda viva.
Esto es lo que votamos, de acuerdo con el papel que se me ha facilitado relativo al bloque; este es el que vamos a votar de entrada, no se preocupe. Bueno, este bloque ya se vota en once bloques (Risas.). Si le parece, señor Echániz, conforme
vayamos anunciando los bloques de votación, dígame si alguna de esas enmiendas la votamos.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: El primero.
El señor PRESIDENTE: ¡Ah, para el primero! Dígame qué votamos en el primero.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Las enmiendas 190, 207 y 223; 192 por otra parte y después el resto, que son la 209 y 213.
El señor PRESIDENTE: Votamos, por tanto, este primer bloque de entrada, que a su vez se divide en tres votaciones. Primera votación: enmiendas 190, 207 y 223.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación votamos la enmienda número 192.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones ,15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos las enmiendas 209 y 213.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación pasamos a votar otro grupo de enmiendas: 193, 195, 197 y 199.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra 19; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos otro bloque de enmiendas, que son la 182, 184, 191, 198 y 200 (El señor Echániz Salgado: Pido que haya votación separada por un lado de la 191 y de la 200 y luego del resto.) Volvemos a repetir la votación de este
bloque y lo dividimos en dos (El señor Echániz Salgado: En tres partes.) La primera parte sería la 191, la 200 y luego el resto.
Votamos, en primer lugar, la enmienda 191.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda 200.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ruego, por favor, que levanten la mano porque a veces si solo se levanta el lápiz es difícil de entender. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Está graciosillo.) Señoría, es difícil cambiar los bloques, contar... Yo lo que ruego es
colaboración, solamente eso. Si se levanta la mano bien no hay ningún problema para los que estamos en la Mesa. Pido colaboración y hacer esto un poco ágil.
Tercer bloque: 182, 184 y 198.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a otro bloque, que son la 210 y la 211. El señor Echániz pide votación separada de la enmienda 210, que votamos ahora.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 211.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra; 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos otro bloque de enmiendas: 215 y 214.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación hay otro bloque de enmiendas, las números 217, 218 y 219, que votamos conjuntamente. (La señora Muñoz Santamaría: Si no me equivoco, del bloque anterior acaba de caer la enmienda 209, que me parece que no hemos votado.) La
enmienda número 209 la hemos votado con la enmienda número 213.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos otro bloque de enmiendas, las números 221, 225, 226 y 228. (El señor Echániz Salgado: Votación separada de las enmiendas números 221 y 228.-El señor Ramón Torres: Y la enmienda número 226 también.) En primer lugar, votamos un
bloque que es el de las enmiendas números 221 y 228.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda número 225.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 226.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 204.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 216.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 227.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 229.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último votamos la enmienda número 222.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Con esto completamos el bloque de las enmiendas de Convergència i Unió.
Señor Echániz, ruego que me preste atención, porque voy a leer sus enmiendas vivas, por si hay alguna con la que no esté de acuerdo. Las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Popular son...
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor presidente, mejor le digo las que retiramos, porque es más sencillo. Retiramos las enmiendas números 144 y 145.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Todas las demás que figuran son enmiendas vivas, por tanto votamos en un primer bloque la enmienda número 166.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Quedan vivas las números 179, 180 y 181 y las votamos en un solo bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Antes de pasar a votar las transaccionales, vamos a comunicar el resultado de la votación de la enmienda número 68 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Aplicando el voto ponderado a la votación de empate, el resultado es que queda
aprobada por voto ponderado.
Votación de las enmiendas transaccionales. ¿Podemos votarlas conjuntamente? (Pausa.) Pues si no podemos votarlas conjuntamente, ¿es posible que las votemos en un par de bloques? (El señor Echániz Salgado: No. Pedimos votación separada
de las números 1, 2, 3, 4 y 25.) Entonces las votamos separadamente. ¿Nos estamos refiriendo a la numeración de las transaccionales tal como figuran y que tienen todos los grupos? (El señor Echániz Salgado: Sí.) Votamos, pues, un primer bloque.
Enmiendas transaccionales números 1, 2, 3, 4 y 25.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación votamos la enmienda número 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas transaccionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación el informe de la ponencia, con todas las enmiendas que se han aprobado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sin más, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.