CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 908

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 52

celebrada el miércoles, 10 de octubre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. (Número de expediente 121/000149.)... href='#(Página2)'>(Página 2)


- Del señor secretario de Estado de Justicia (Pérez Hernández). A solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso (números de expediente 212/001686 y 212/001688) y Socialista del Congreso (número de expediente 212/001806)...
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- De la señora subsecretaria de Justicia (Peri Gómez). A solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/001687) y Socialista del Congreso (número de expediente 212/001807)... href='#(Página16)'>(Página 16)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008. (Número de expediente 121/000149.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (PÉREZ HERNÁNDEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (números de expediente 212/001686 y 212/001688) Y SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001806).



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



Señorías, el orden del día de la sesión consta de dos comparecencias.
Primero, la del secretario de Estado de Justicia, a petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista del Congreso, y posteriormente la de la
subsecretaria de Justicia, si lo estiman conveniente, a petición de ambos grupos parlamentarios.



Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida al secretario de Estado. Es la primera vez que está entre nosotros en esta Comisión y, en representación de la Comisión, teniendo en cuenta el trabajo que venimos realizando, quiero
decirle que nos es muy grato y es una gran satisfacción contar con su presencia.



Sin más rodeos, voy a ceder el uso de la palabra a los grupos solicitantes de la comparecencia y, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Santaella Porras.



El señor SANTAELLA PORRAS: Quiero empezar mi intervención agradeciendo su presencia al secretario de Estado no solo por el trámite de la comparecencia, sino porque es la primera vez que interviene desde que tiene sus nuevas
responsabilidades.



Señor secretario de Estado, este es el cuarto presupuesto del Grupo Socialesta que analizamos en la legislatura y para nosotros el cuarto que incumple las promesas electorales; siempre he dicho que recordaría al grupo mayoritario por el
programa electoral con el cual se presentó en las últimas elecciones. Me estoy refiriendo de nuevo a los famosos 180 millones que había que adicionar a los presupuestos de Justicia que presentaba el Grupo Popular. Aunque ahora se dice que no y
siempre se dice que no, a nuestro modo de ver sirvió de justificación -así se dijo en su día- para romper el famoso Pacto de Estado por la justicia, que tanto bien hizo. El gasto directo del área de Justicia del Gobierno aumentará de modo inmediato
no menos de 180 millones de euros anuales. En los cuatro ejercicios que hemos visto de la legislatura, los 180 millones adicionales no se han visto por ninguna parte. También había otra promesa, que a nosotros nos llama más la atención: que
proseguirían de modo sostenido con la mirada puesta en conseguir que a medio plazo se destinase el 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para el área de Justicia. Y este cuarto año, a nuestro modo de ver, se ha batido el récord. Si
nosotros decíamos que el incumplimiento continuo no hacía salir del 0,7 por ciento de los presupuestos que se arrastraban con el Gobierno del Partido Popular y en los tres primeros años de esta legislatura no salía del 0,7 por ciento, usted, señor
secretario de Estado, ha llegado al récord, porque el peso relativo de los presupuestos de Justicia ha bajado al 0,5 por ciento. Estos años ha habido bastantes debates sobre el peso relativo de la justicia en los presupuestos generales, pero nunca
podíamos llegar a pensar que, para los presupuestos generales de un Gobierno socialista, llegara al 0,5 por ciento del total.



Con este preámbulo, si tenemos que calificar los presupuestos que se presentan en la Cámara, tendríamos que decir, no solo respecto a los del año pasado, que siguen siendo malos por insuficientes e incongruentes con los objetivos y las
premisas que se marcan en el libro amarillo para las políticas de justicia, que los consideramos faltos de imaginación, porque no hay políticas nuevas ni acciones nuevas en la materia. El año pasado pensábamos que el señor López Aguilar dejaba al
sustituto o al equipo que le sustituía un caramelo envenenado, porque creíamos que los presupuestos eran de trámite, que solo eran para terminar la legislatura y que el Ministerio de Justicia no se orientaba hacia nuevas políticas, pero comprobamos
que el caramelo envenenado les ha gustado; se han quedado sin el caramelo, pero sí con el veneno. Estos presupuestos incluso suben menos con respecto al año pasado que los del año pasado con respecto al anterior. El año pasado los presupuestos
subían el 8,9 por ciento y estos presupuestos suponen solo una subida del 7,8 por ciento. Esto se contradice con lo que manifiestan en el libro amarillo, que vienen haciéndolo demagógicamente, porque dicen que la política presupuestaria del
Gobierno califica como prioritarias las actuaciones derivadas del desarrollo de la política de justicia.



La verdad es que no vemos por ningún lado la prioridad. Le voy a dar dos datos. Primero. El peso específico de la política del gasto proyectado en justicia para el 2008 es el más bajo, dentro de lo que se consideran servicios públicos del
Estado, en los que incluimos la seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, la defensa y la política exterior. La justicia, como le he dicho, es un peso relativo del 0,5 por ciento, mientras que defensa es el 2,6; seguridad ciudadana e
instituciones penitenciarias, el 2,8 y la política exterior, el 0,8. En los servicios básicos del Estado, en los Presupuestos Generales del Estado, la media de la subida es el 12,6 por ciento. Sin embargo, justicia se queda en el 7,8. Por eso le
decía al principio que no vemos en ningún lado la prioridad para el gasto directo de la justicia. Los recursos económicos asignados a la política de justicia ascienden a 1.564 millones, 1.491 millones para el ministerio y 72


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para el Consejo General del Poder Judicial. Siguen en la misma tónica de subir más en el ministerio que en el Consejo General del Poder Judicial.
El total de la subida de los presupuestos es de 112,55 millones. El año pasado ya decíamos
que la subida era 118. Es decir, se incrementaba más el año pasado para la materia de justicia que lo que ustedes están presentando hoy con estos 112 millones.



Estas cifras son preocupantes, pero nos preocupa más lo que se atisba cuando se estudia el peso relativo de los programas dentro de la justicia, porque ahí es donde se ve qué es lo que están priorizando más y qué es lo que están priorizando
menos. Lo más importante para desarrollar la justicia -coincidirá usted conmigo- es el programa 112.A, que se lleva la mayor parte del presupuesto, programa destinado a tribunales de Justicia y al ministerio fiscal, y la formación del personal.
Pues son los dos programas que adquieren menos peso relativo con respecto a otros años. En los presupuestos de 2007 el programa 112.A suponía, de todo el gasto para la justicia, el 89,2 por ciento y en este presupuesto bajamos al 88,2 por ciento.
Y el programa 111.Q, que es el de la formación del personal, suponía un peso relativo del 2,6, pero ya empieza a declinar hacia la baja con el 2,5 por ciento. Se mantiene el peso relativo de la dirección y los servicios generales, la selección y
formación de jueces, la documentación y publicaciones, subiendo solo en estos presupuestos el peso relativo a los registros vinculados con la fe pública, por lo que después le diré. Esto indica, como le he dicho, las prioridades que vemos en estos
presupuestos.



Vamos a hacer un análisis de la clasificación económica de los presupuestos, que viene a decirnos en qué se gasta los recursos el ministerio, porque, si analizamos los programas, lo que nos dirá es para qué se gasta. Habría que hacer una
radiografía global del capítulo I, gastos de personal, gastos corrientes, transferencias corrientes, transferencias de capital y las inversiones. En los gastos de personal es en lo que más gasta el Ministerio de Justicia, como no podía ser de otra
forma; es nada más y nada menos que el 78,48 por ciento del volumen, cuando el año pasado ya era el 80 por ciento. También lo estamos desviando. Es un total de 1.195 millones, frente a los 1.225 millones del pasado año. Los gastos de personal
solo han subido -pese a que todo el conjunto sube el 7,8- el 6,19 por ciento, con un volumen acumulado de 69,7 millones de euros. Los gastos corrientes, como se viene viendo en esta legislatura, siempre suben más que los gastos de personal, porque
saben ustedes gastar más en lo que es el gasto corriente -más teléfono, más telegramas-. Sube esa partida en gastos corrientes el 9,01, 12 millones. Las inversiones suben un 24 por ciento, pero no se escandalice porque las inversiones no van por
donde nosotros creíamos que deberían ir. Además, esta subida del 24 por ciento es muy relativa en el conjunto total de los recursos asignados al Ministerio de Justicia.



En definitiva, la subida de los 69 millones para personal, los 12 millones para gastos corrientes y los 21 millones para inversiones, vienen a ser, en una radiografía, como le decía al principio, la subida famosa de los 112 millones que se
lleva el ministerio. Aquí surge la primera duda para mi grupo: ¿Estos 112 millones que sube el ministerio realmente son para mejorar la justicia? Nos estamos encontrando, cuando analizamos el capítulo 1, con que, a los 69 millones que suben los
gastos de personal, habría que hacerles algunas detracciones. Le voy a decir unas cuantas: las actualizaciones monetarias de las retribuciones son 23,34 millones; las mejoras retributivas en pagas extraordinarias del personal de tribunales de
Justicia son 9,39 millones; los trienios del personal suponen 2,16 millones y el nuevo Registro central de fundaciones y los acuerdos del personal de la Administración de Justicia en registros civiles suponen 1,43 millones. A mi modo de ver, a los
69 millones tendríamos que detraerles 36 millones, porque se trata de una actualización vegetativa o de acuerdos anteriores en el ministerio que no suponen nada para crecer en la nueva política de justicia. Si nosotros detrajéramos estos 36
millones a los 69 que destinan a personal, la subida del presupuesto, en su conjunto, se quedaría escasamente en el 5 por ciento, sin quitar las actualizaciones del IPC, etcétera. Por eso le decía que era la primera cuestión y la primera duda que
mi grupo se planteaba.



Y a mí me gustaría preguntarle ya algunas cuestiones concretas. Dígame cuánto queda de novedoso para la creación de nuevos órganos judiciales.
Dígame con cuánto contamos para seguir avanzando en materia de justicia, porque, de los treinta
y pico millones que nos quedaban, en los presupuestos queda muy claro que 32,46 son para la consolidación de órganos judiciales en 2007. Y dice: y nuevos de 2008. Me gustaría saber cuánto de esos 32 millones son para consolidar los puestos
creados en 2007 y cuántos piensan crear en 2008, porque, según dicen el presupuesto y el famoso libro amarillo, van a crear 150 plazas de jueces y magistrados y cien plazas de fiscal. Señor secretario de Estado, con lo que les queda, no me salen
las cuentas, salvo que, eso sí, tengan el acuerdo del Consejo de Ministros, no se hayan creado las órdenes ministeriales y se creen el día 31 de diciembre, con lo cual han creado pero no han consumido. Ese es el único milagro presupuestario que yo
veo posible. Además, con la escasez de los recursos que destinan al capítulo I, dicen que si ustedes sitúan el aumento del índice de litigiosidad en el 21,52 por ciento en el periodo 2002-2006, se han limitado, con la creación de 2007 y 2008,
prácticamente a cubrir el índice de litigiosidad.



En cuanto al capítulo II, ya les decía que es lo que ustedes saben hacer bien, gastar más. De ahí que, frente a los gastos de personal que, como le decía, solo suben el 6 por ciento, los gastos corrientes suben el 9.
En total, 12 millones
de euros, de los cuales van 4,5 millones a telecomunicaciones, 3,8 a arrendamientos, 1,9 para la consolidación de nuevos órganos judiciales, 1,4 para gastos postales y 1,7 para reparaciones. No voy a hacer ningún comentario al respecto puesto que
lo único que me llama la atención es cómo se van disparando los gastos corrientes del ministerio, pero, en el conjunto de


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mi crítica, los gastos corrientes dicen poco. Sí tienen mayor peso las transferencias corrientes. Aquí hay una serie de cuestiones que nos preocupan y este es el segundo punto que quiero abordar.



Tienen una variación negativa, que es debida, a mi modo de ver, a la supresión del crédito de 5 millones que venía en los presupuestos anteriores relativo a programas de reforma de la Administración de Justicia destinados a comunidades
autónomas. Pregunta: ¿Se olvidan de las comunidades autónomas o les han dado recursos por otro sitio? Porque nos llama mucho la atención que de buenas a primeras desaparezca esa partida de los 5 millones relativos a comunidades autónomas. En
transferencias corrientes sí hay 54 millones de euros; 31,30 que van para los colegios de abogados, 2,42 para procuradores, 10,70 para el Centro de Estudios Jurídicos, y la famosa fundación que a mí tanto me gusta y que siempre saco a relucir,
Pluralismo y Convivencia, se lleva 5 millones, nada más y nada menos que lo que había previsto para las comunidades autónomas y además el doble de lo que ustedes destinan a la puesta en marcha de la oficina judicial, respecto de la cual al final le
haré alguna sugerencia.
Repito que la fundación recibe el doble de lo que se está destinando a la implantación de la oficina judicial.



Luego sí hay subidas espectaculares en las transferencias de capital, pero observamos que, salvo los 8 millones, que son los acuerdos de traspaso por Asturias y Cantabria, el resto es todo para Cataluña. Me llama la atención que aparezcan 3
millones para la Comunidad de Madrid, que me gustaría saber si es que van a ayudar a las nuevas instalaciones de la justicia en Madrid o simplemente responden a una compra de edificios que se hizo en su día. En cuanto a las inversiones ya le he
dicho que suben 21 millones, pero 15 son para el Plan de digitalización de los registros civiles; van 6,7 para infraestructuras de tribunales de Justicia y 4,7, para la modernización tecnológica. Bajan considerablemente las inversiones de
reposición asociadas al funcionamiento de los servicios.
Si tenían 23,4, las bajan a 19 y los subproyectos, de 4,8, los bajan a 3, porque, en definitiva, inversiones nuevas que se inician con los presupuestos de 2008, solo vemos Almagro, Lorca,
Molina de Segura, Badajoz, Lerma y Segovia, pero con unas cantidades que apuntan a que serán para estudio.



Señor secretario de Estado, estamos totalmente de acuerdo con los principios básicos que el ministerio recoge entre sus objetivos: hacer de la justicia un servicio público de calidad, acercar la justicia a los ciudadanos, agilizar sus
procedimientos y conseguir que sea valorada positivamente. También estamos de acuerdo con el objetivo de garantizar la independencia que constitucionalmente le corresponde al Poder Judicial al servicio de la imparcialidad de los jueces,
indispensable, dicen, para el logro de la máxima eficacia en su trabajo, y fortalecer la autonomía del ministerio fiscal como garantía de la prevalencia de la ley en la persecución de los delitos. Totalmente de acuerdo. Y también lo estamos en
desarrollar medidas legislativas y de gestión que repercutan en la mejora de la justicia y profundización del marco de ejercicio de los derechos y seguridad de los ciudadanos. Tres objetivos que incluyen en el libro amarillo con los que estamos
totalmente de acuerdo. Pero permítame que le diga una cosa: una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, eso es lo que se dice, por lo menos en mi tierra. Las luchas constantes que en esta legislatura hemos visto con el Consejo General del
Poder Judicial, el intento de someterlo al Poder político, dice poco de la garantía de su independencia y menos dice sobre fortalecer la autonomía del ministerio fiscal el recién aprobado, por la gatera, Estatuto para la fiscalía.



Sobre el desarrollo de medidas legislativas, ya me dirá usted cuáles son los avances alcanzados en esta legislatura, porque en esta comparecencia no es el momento, pero habría que decir los avances que, en materia de Justicia y en materia
legislativa, se han conseguido en estos cuatro años. Y qué me van a decir sobre las medidas de gestión. Una de ellas, ejemplo claro de las medidas de gestión, son los presentes presupuestos.
Pero le voy a dar un último dato, le voy a poner por
delante la oficina judicial, a la que dotan con 2,2 millones. El Ministerio de Justicia, señor secretario de Estado -no sé si lo sabe y por eso se lo digo yo-, el 13 de mayo de 2005 presentó un plan y un calendario de implantación del nuevo diseño
de la oficina judicial. Se aprobó en el Consejo de Ministros y se publicitó en los medios de más alcance por toda España. Según el mismo, en octubre de 2006, en once provincias españolas estaría funcionando la oficina judicial y en 2007
continuaría con otras, hasta llegar a 2008 -que serían estos presupuestos- con el trabajo realizado y todas las oficinas judiciales en funcionamiento. Ya en julio de 2006, en Santander, don Ricardo Bodas, que era director general, manifestó que el
Gobierno retrasaba este plan de las once provincias al primer trimestre de 2007. Como el tiempo ha corrido, como la oficina judicial no llegaba a ningún sitio, el ministerio aseguraba que, en vez de once, primero serían siete, luego manifestó que
serían cinco y después manifestó que serían tres. La realidad es que hoy vuelven a presentar una partida de 2,2, para la implantación de la oficina judicial, y hoy no hay ninguna oficina judicial. A nosotros esto nos demuestra una ausencia de
voluntad real del Gobierno en relación con la implantación de la nueva oficina judicial.



Para terminar, señor secretario de Estado, le voy a preguntar cuál es el nuevo plan de implantación de las oficinas judiciales. Llevan cuatro años hablando de las mismas herramientas -Lexnet, Infored- como proyectos punteros de este
Gobierno y, sin embargo, desde el año 2003, en el que el Partido Popular lo puso en marcha no se ha hecho absolutamente nada y sigue totalmente paralizado.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz González.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Sean las primeras palabras de nuestro grupo de bienvenida al señor secretario de Estado de Justicia, que comparece hoy por primera


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vez en una sesión de la Comisión de Justicia de este Congreso de los Diputados. Lo primero que tendría que decirle es que no se alarmara mucho por la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha hablado de caramelos
envenenados. En verdad, lo único que ha intentado es intoxicarnos con datos falsos que en ningún sitio del proyecto de presupuestos aparecen, salvo en la imaginación de los miembros del Grupo Parlamentario Popular, que de forma reiterada vienen
diciéndonos lo mismo en todas y cada una de las comparecencias que hasta ahora hemos tenido en esta legislatura en materia de presupuestos.



Usted podrá defender el proyecto de presupuestos, porque tiene todos los argumentos para defender un buen proyecto de presupuestos para la sección 13, Ministerio de Justicia. Nosotros -usted nos lo concretará- tenemos la sensación de que
hoy viene usted como miembro de un Gobierno que ha cumplido con los deberes con los ciudadanos en materia de justicia, que ha profundizado en la reforma del campo de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, que ha hecho una verdadera
revolución legislativa en este sentido y que, además, ha mejorado el funcionamiento de la justicia en el camino de transformarla en un verdadero servicio público. Esos son los ejes de la acción del Gobierno socialista. Todo lo contrario a la
situación que nos encontramos cuando el Partido Popular dejó el poder, una situación que -y se ha reiterado ya en esta Comisión- lleva al Partido Popular a exigirnos responsabilidad por la ruptura del Pacto de Estado por la justicia, cuando es muy
simple. El Pacto de Estado por la justicia se rompe porque el Partido Popular no lo cumple, tan simple como eso, y utiliza algunos datos de los argumentos relacionados con esa ruptura, como la implementación de medios económicos en el ámbito de la
justicia, que, como detallaré, se están cumpliendo, intentan mezclar otros y no menciona algunos que fueron definitivos en relación con aquella ruptura, por ejemplo, el clima insoportable en que se desenvolvía la actuación del ministerio fiscal, con
un fiscal que, más que dar instrucciones desde la calle Fortuny, las recibía desde la calle Génova. A nosotros nos parece que había motivos más que suficientes para romper aquel pacto, porque se estaba incumpliendo por el Partido Popular.
Por
tanto, estos son unos buenos presupuestos que, lejos de la demagogia a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, ponen en valor el servicio público de la justicia, avanzan en el reconocimiento de los derechos y tienen la virtud de que
aquellas reformas legislativas, a las que me referiré de forma somera luego, van teniendo una traslación en el contenido presupuestario, que es como deben hacerse las cosas.



El Partido Popular carece de legitimación en esta legislatura y por supuesto en casi todo, pero especialmente en materia de justicia, porque su portavoz titular subió a la tribuna y nos dijo al principio de esta legislatura: Señores del
Partido Socialista, con ustedes no voy a llegar a ningún acuerdo en materia de justicia. Y lo fue reiterando. Antes de que llegara a su despacho el actual ministro, después de haber tomado posesión ante el Rey, ya dijo en la Comisión
Constitucional algo tremendo: Una vez que se ha nombrado como ministro a Fernández Bermejo no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Yo estaba en aquella Comisión Constitucional y sé perfectamente cuál fue la secuencia. Dio entonces por rotas no ya
las negociaciones -decía- en relación con la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino que extendió esa ruptura a unas negociaciones y conversaciones que nosotros veníamos manteniendo con el Grupo Parlamentario Popular para
poder sacar adelante el trabajo que sí ha hecho el Gobierno en cuanto al proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus dos vertientes, tanto en consejos y justicia de proximidad como en la implantación de la segunda
instancia penal y la reforma del recurso de casación.



Estuvimos conversando durante todo el mes de enero sobre esas materias y el señor Santaello es testigo. El acuerdo era muy alto con el Partido Popular, pero, por virtud de la falta de espíritu de concretar el acuerdo y por el cumplimiento
de lo que en materia de justicia le he dicho antes, el Partido Popular decidió que no habría esa reforma y desde ese momento la tiene bloqueada en este Parlamento. La responsabilidad en cuanto a la no puesta en funcionamiento y la aprobación última
corresponden a un partido que, en una materia tan importante, no ejerció su deber como sí lo hizo el Partido Socialista, cuando en el año 2003 secundó, en la parte que creía que tenía que secundar y no en la parte que creía que no tenía que
respaldar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A nosotros nos parece que se tiene que venir a la Comisión a hablar con propiedad y no simplemente a contar la parte que nos interesa, que en el fondo no es más que una falsedad de los
datos.



En cuanto al presupuesto del Ministerio de Justicia, no ya solo se cumple aquello que se dice como cantinela por parte del Partido Popular de la implementación de 180 millones en todos los años, sino que no hay más que ir a la ejecución
presupuestaria. Por cierto, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Justicia es de las más altas, se acerca casi al cien por cien, y por ello le felicitamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque, junto con la dotación inicial
presupuestaria a la que vamos -y se tiene que aumentar aquello que se va consignando a lo largo del desarrollo presupuestario-, se supera con creces el compromiso que el Partido Socialista indicó en materia de justicia.



Hablaba al principio de datos falsos que tienden a intoxicar a los ciudadanos por parte del Partido Popular. No sé si el proyecto de presupuestos que tengo yo es un proyecto de presupuestos distinto al que tiene el Partido Popular, pero las
cifras que me salen de una simple suma suponen que estamos subiendo 137,61 millones más que el año anterior, muy lejos por tanto de la cifra de 112 millones a la que se ha referido el responsable en esta Comisión del Grupo Popular. A nosotros nos
parece que es un dato por supuesto falso. Se dice que el programa 112, que tiene que ver con el funcionamiento, es el fundamental, como bien ha dicho el representante del Partido Popular, en materia de justicia. Lo que no se puede decir es que
este año baja, porque este año sube


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en su participación. El peso relativo este año es del 85,34 por ciento y el año pasado era del 84,32. Por tanto, lo que hay es una subida y no un decrecimiento, como se ha manifestado por parte del responsable del Grupo Popular.



Ahora que estamos al final del cumplimiento, y me referiré también a ello, hemos visto que este Gobierno ha hecho algo que, por cierto, es insólito, ha ido más allá del compromiso que adquirió con los ciudadanos. Me refiero a la
implantación del aumento de mil plazas de jueces, magistrados y fiscales. Si los datos son correctos, nos vamos a situar en un incremento del 109 por cien con relación a nuestra propuesta, un 9 por ciento más. No sé si esto es lo que le molesta al
Partido Popular, si le molesta que no solo hayamos cumplido sino que vamos a crear más plazas de fiscales, de jueces y de magistrados que aquellas que comprometimos con los ciudadanos. Si es así, que lo explique el Partido Popular. Nosotros
estamos orgullosos de que nuestro Gobierno, el Gobierno al cual usted pertenece como secretario de Estado, haya cumplido con ese compromiso con los ciudadanos. Por cierto, el Partido Popular en esto tenía que tener un cierto pudor. No voy a ser
muy cruel y voy a utilizar solo los datos de los últimos años del Partido Popular, pero se los voy a recordar. En cuanto al incremento de jueces, el Partido Popular en el año 2001, incrementó 105; en el año 2002, 105; en el 2003, 31 y en el 2004,
50. En cuanto al incremento de fiscales en el 2001, incrementó 129; en el 2002, 49; en el 2003, 23 y en el 2004, 20. La comparación parece que resiste poco con el esfuerzo para un incremento que se está haciendo por el Gobierno socialista y que
tiene su culminación y su corolario este año en las 150 plazas de jueces y magistrados y las 100 de fiscales que figuran en el presupuesto de 2008. El Partido Popular dice que no le salen las cuentas, pero lo que no dice es que no tiene más que
recorrer la planta judicial española y las dependencias de la fiscalía para ver cómo están implementadas en ellas las plazas de fiscales, de magistrados y de jueces. Si no le salen las cuentas al Partido Popular es que ellos nunca serían capaces de
hacer cuentas de esta magnitud y por ello difícilmente alcancen a saber cómo se hacen las cuentas. Se hace desde el rigor presupuestario, que es una de las normas definitivas que se imponen en toda la política presupuestaria del Partido Socialista.



La segunda de las cantinelas del Partido Popular en relación con el proyecto de presupuestos un año sí y otro también tiene que ver con los aumentos -dicen ellos- en eso que definen como los gastos corrientes. Y hoy ha llegado al máximo que
podíamos esperar. Nos ha dicho que es que se aumenta mucho porque se tienen que pagar los trienios a los funcionarios.
No sé si lo que quiere decir el Partido Popular es que no paguemos los trienios a los funcionarios, lo cual me parecería un poco
tremendo, o que no tenemos que dotar presupuestariamente aquello que se va consolidando dentro de la carrera funcionarial de cada una de las personas que están sirviendo a la Administración de Justicia y cuya competencia en el pago le corresponde al
Ministerio de Justicia. Nos ha dejado sorprendidos esa afirmación. Cuando se dice que se están utilizando muchos recursos para los gastos de funcionamiento nos parece que es el correlato lógico y normal con aquello que hemos dicho antes: si se
están incrementando las plazas de magistrados, jueces y fiscales, lógicamente, esas plazas tienen un desarrollo, no tanto en la propia plaza que se crea sino en la infraestructura que lleva consigo. Cuando en un partido judicial hay dos juzgados y
se crea un tercero, no solo hay que aumentar en relación con la dotación presupuestaria del titular del órgano que se crea, sino que hay que aumentarlo también en relación con el personal de la Administración de Justicia que presta los servicios en
ese órgano.



Vuelve a hablarnos de lo que él califica -y creo que es una obsesión del Partido Popular- la crítica a la Fundación Pluralismo y Convivencia. A mí me gustaría que el representante del Partido Popular nos dijera cuál de las dos palabras no
le gustan: si no le gusta el pluralismo, si no le gusta la convivencia o si no le gustan ninguna de las dos palabras.
Porque ambas son palabras que dan sustancia a nuestro funcionamiento en un Estado democrático como es el nuestro. Además, está
perfectamente reconocido en el artículo 16.3 de nuestra Constitución que tenemos que colaborar, no ya solo en qué se hace con la Iglesia católica, sino también con las demás confesiones religiosas. A nosotros nos parece que ahí lo que se está
haciendo es lo que hay que hacer: ir aumentando progresivamente la capacidad de que todas las confesiones tengan el reconocimiento que tienen que tener, porque eso es avanzar en los derechos, y hacer que nuestra sociedad sea cada día más plural y
cada día más democrática. Le diré otra cosa, señor secretario de Estado, está usted acertando, si no le gusta al Partido Popular, porque eso es una forma de darnos cuenta de que esa política integrista que tienen en relación con enfrentarse con
hechos tan importantes como son las consideraciones religiosas de las personas nos parece que tiene que ver mucho más con el respeto a cada una de ellas, que se viene llevando a cabo con una política como la del Gobierno socialista, que con la
condena al ostracismo, como en otros momentos venía haciendo el Partido Popular.
Por tanto, le animamos a que sigan en ese camino, que es un buen camino y es un camino responsable en relación con algo que a nosotros nos parece tremendamente
importante, como es el respeto de las creencia religiosas, o las no creencias, que también tienen que ser respetadas.



El responsable del Grupo Popular critica el Estatuto orgánico del ministerio fiscal recientemente aprobado en una reforma sustancial del actualmente vigente. Nosotros creemos que ese estatuto no solo no se ha aprobado por la gatera, término
que él ha empleado, sino que ese estatuto ha salido perfectamente aprobado y camino del Boletín Oficial del Estado y publicado ya por la acción de la mayoría de los grupos parlamentarios, e incluso, aunque parece que no quiera reconocerlo, por la
acción del Grupo Parlamentario Popular, que en el trámite en el Congreso, aprobó la mayoría de esas enmiendas, junto con nosotros, y no otras, con contenido, según dicen ellos político, pero las sustancias


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de las enmiendas fueron aprobadas por el Partido Popular. Nos parece mal que ahora eso no se quiera reconocer. Quiero decirle que nosotros estamos orgullosos de que desde el Gobierno se haya impulsado y que las Cortes Españolas hayan
aprobado un Estatuto orgánico del ministerio fiscal que, ese sí, proclama esa autonomía, que no independencia, del ministerio fiscal que tiene y que aparece reconocida en la situación en que tiene que estar reconocida. Porque ya resultaba
extravagante lo que he dicho antes del Grupo Popular en relación con los fiscales generales del Estado, pero este estatuto va a valer para que, por ejemplo, no vuelva a haber actuaciones como la que tuvo el fiscal Cardenal en relación con el asunto
Ercros. Con este estatuto esas cosas no se podrán hacer porque, cuando se dirija la acción, tendrá la salvaguardia el propio fiscal de que no será él quien tenga que actuar, sino que tendrá que hacerlo a través de una situación que permita
garantizar la independencia y que los ciudadanos se reconozcan en relación con esa autonomía que tiene que tener el ministerio fiscal, lejos de actuaciones sectarias, como se llevaron a cabo en gobiernos del Partido Popular. Por tanto, es una buena
labor en el campo de la extensión de los derechos, en el campo de la implementación presupuestaria, y una buena ejecución presupuestaria.



Por no ser mucho más extenso en esta intervención, quisiera pedirle algunas aclaraciones y concreciones en relación con este proyecto de presupuesto. En primer término, nos interesa conocer una partida que creemos que tiene importancia y
enjundia, está en el programa 111, relativo a la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia, y tiene su concreción en las becas para la preparación de las oposiciones a las carreras judicial y fiscal. Creemos que eso es
sustancial, es un cambio radical, es la posibilidad de que el Estado reconozca que todos los ciudadanos no ya tienen derecho a la educación sino que tienen derecho también a acceder a algo tan importante cual es la carrera fiscal y la carrera
judicial, que tienen la oposición unificada, porque eso es fundamental. No puede darse la situación de que algunas personas, en función de la situación económica de su familia, no puedan atender a la posibilidad de dedicar unos años de su vida para
poder estudiar una oposición que les va a encomendar, tanto el ejercicio de la acción del Estado, que se reconoce al ministerio fiscal, como la posibilidad de ejercer la función jurisdiccional que corresponde a los jueces y magistrados. Por tanto,
nos parece que ahí deberíamos hacer una valoración, si hay incremento en esa partida, de qué objetivo tiene y cómo se valora. A nosotros nos parece que eso no es más que una traslación clara y que viene a poner en valor lo que nuestro artículo 9.3
de la Constitución reconoce y es que los poderes públicos tienen que remover los obstáculos para la igualdad efectiva entre los ciudadanos.
Nos parece que se tiene que describir un programa de ese tipo.



Una cosa muy reciente, pero que nos parece muy importante, es que, dentro de esos planes del Gobierno que vienen a resolver o a intentar paliar ese problema que dejó el Partido Popular, problema que empezó con aquel decreto-ley, que fue la
primera medida que tomó el ministro Rato, liberalizar el suelo, y que tuvo como consecuencia una subida y la proclamación de la especulación urbanística que estamos sufriendo los ciudadanos, en el conjunto de medidas que se están tomando por el
Gobierno Socialista en materia de acceso a la vivienda, un derecho constitucional como es el acceso a una vivienda digna, el Ministerio de Justicia tiene mucho que decir en cuanto a la agilización de los procedimientos y a la implementación de
planes piloto en relación con los procedimientos de desahucio. Queremos saber si hay alguna actuación prevista por parte del Ministerio de Justicia en este presupuesto.



El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha indicado que hay un aumento -ha dicho que luego nos lo iba a explicar pero no lo ha explicado; voy a intentar hacerlo yo- en el capítulo relativo a la Dirección General de los Registros y del
Notariado y esto, para nosotros tiene su traslación en la digitalización tan necesaria de ese instrumento tan útil para los ciudadanos y que cada vez tiene una mayor carga de trabajo en relación con las políticas de nacionalidad y con otras muchas
políticas relacionadas con el incremento del número de inmigrantes que vienen a España a trabajar y a integrarse en nuestra sociedad. Todo esto lo soporta de forma sustancial esa dirección general, por lo que es muy importante que se lleve a cabo
la digitalización de los registros. Nos parece importante que nos traslade qué acciones hay y qué incrementos presupuestarios hay, si lo considera oportuno. En todo caso, es usted quien tiene que explicarlo, porque lo puede hacer perfectamente y
porque puede estar orgulloso de presentar en esta Cámara el presupuesto del Estado del Ministerio de Justicia, sección número 13, que cumple con los objetivos de una mejora en la política de justicia. Todo puede ser susceptible de ser mejorado
-para eso está el trámite parlamentario- pero este es un buen punto de partida como colofón de una buena legislatura en materia de justicia que ha roto con esa inercia a la que nos tenía sometido el Partido Popular de entreguismo y de pensar que las
cosas no tienen solución. Sin embargo, con la actuación del Gobierno socialista estamos mejorando la ampliación de derechos y la mejora sustancial del servicio público de la justicia.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Julio Pérez Hernández, secretario de Estado de Justicia.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Pérez Hernández): Con la venia, señor presidente.



Señorías, muchas gracias por su solicitud de comparecencia que nos permite presentar nuestro proyecto con la modestia que corresponde a una acción de Gobierno siempre perfectible, pero también con la satisfacción de que avanzamos en la
mejora de un servicio tan sensible y tan delicado como es el servicio público de justicia. Les doy las gracias especialmente por su bienvenida porque efectivamente esta es mi primera comparecencia ante esta Comisión, lo cual es un motivo de
especial


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satisfacción y orgullo, si me permiten decirlo. He tenido la oportunidad de comparecer en el Senado pero todavía no lo había hecho ante el Congreso. Siendo mi primera comparecencia, les ruego -lo digo anticipadamente- que me excusen por si
en algún momento mi inexperiencia traiciona mi deseo de corresponder a su amabilidad y a sus atentas solicitudes.



Voy a tratar de contestar en detalle pero considero que es conveniente y preciso -y además he observado que corresponde con la mecánica parlamentaria de comparecencias anteriores- hacer una exposición general, dentro de la cual trataré,
insisto, de dar respuesta a sus consideradas peticiones. Si SS.SS. me permiten hacer una pequeña broma que contesta a la advertencia inicial del señor Muñoz, acerca de que no me asuste por lo que dice el Grupo Popular, no quiero dejar de decir que
no me asusta, me parece que hace su trabajo, pero sí me ha producido una cierta perplejidad su afirmación inicial, que le agradezco mucho, reclamándonos que cumplamos nuestro programa. Me parece bien que la oposición reclame al Gobierno que haga lo
que prometió. No sé si el señor Santaella está pensando en votarnos en las próximas elecciones porque le gustan nuestros objetivos de justicia, pero créame que es agradable escuchar que lo que uno tiene que hacer es justamente aquello que prometió
y no lo que prometían otros partidos, singularmente el suyo. Dicho esto, con la mayor consideración y respeto, le agradezco de nuevo que haya comenzado su intervención reclamando el cumplimiento del programa. Nosotros también queremos iniciarla de
esa manera, haciendo un análisis del presupuesto en relación con las políticas que permite hacer, porque al fin y al cabo el presupuesto es un instrumento y lo que queremos saber -como usted y el señor Muñoz han dicho muy bien- es qué mejoras van a
notar los ciudadanos en el servicio público judicial, además de las que ya hayan notado. Para contestar a estas preguntas quizás no hagan falta muchos datos numéricos.
Para dibujar un marco y unas coordenadas dentro de las cuales luego podamos ir
desarrollando las inquietudes que ustedes han manifestado, a lo mejor bastan unos pocos datos que permitan establecer una comparación.
Porque en realidad -quizás digo cosas que ustedes saben sin duda mejor que yo- no es el propio dato bruto, el que
puede resultar ilustrativo, sino la comparación, la evolución histórica es la que permite tener una opinión fundada sobre la bondad que ustedes reclaman y la capacidad de transformación de la sociedad. Esta evolución histórica es la que podrá
juzgar o no si nosotros cumplimos nuestro programa y si hacemos bien el trabajo que los ciudadanos nos han encomendado.



Quizás los datos brutos nos digan poco, pero me gustaría señalarlos para ver, entre otras cosas, si podemos ponernos de acuerdo acerca de cuáles son exactamente y cuál es el crecimiento. A la política de justicia -cuyo único ejecutor no es
el Ministerio de Justicia, ya que también es, como ha recordado el señor Santaella, el Consejo General del Poder Judicial- le corresponde una previsión presupuestaria de 1.564 millones de euros, que significan 139 millones más que el año anterior.
Quizás el señor Santaella parte de la página de los presupuestos donde no se consideran los créditos y los presupuestos homogeneizados, es decir, descontando aquellas competencias que ya no tenemos, los territorios que ya no gestionamos. En la
página 101 -que es la que citaba-, el incremento es del 7,8 por ciento, pero en la página 102, la siguiente, el redactor del libro amarillo, el técnico del Ministerio de Hacienda, advierte que el incremento es del 10 por ciento y no del 7,8, si se
descuentan los territorios que ya no gobernamos, en los que el ministerio no tiene competencia y que, por cierto, la tienen gobiernos en algunos de los cuales participa el Partido Popular. Al Ministerio de Justicia, como digo, que no ejecuta la
totalidad de la política de justicia ni solo ejecuta políticas de justicia, porque también ejecuta políticas de sanidad, políticas de pensiones, de formación, de servicios generales, de defensa jurídica del Estado, políticas de protección de datos,
de seguridad ciudadana, el presupuesto le asigna una capacidad de gasto inicial de 1.636 millones, por lo cual esto es -para poder hablar luego de los 180 millones por los que usted se interesaba- un aumento inicial de 144 millones de euros.
Insisto en que no es el puro dato bruto el que importa, sino su análisis histórico y su comparación con el conjunto del gasto público, como han hecho los señores portavoces, y con lo gastado en años anteriores.



No sé si es prudente que ponga de relieve que para el Gobierno -me parece que los portavoces también lo han querido decir así- esta comparación es especialmente relevante, porque si cada año, como recordaban los portavoces, se comparece aquí
para pasar este examen parlamentario al que tenemos el honor de someternos, este año ese examen es un examen de reválida, que nos permite juzgar no solo este año, este curso en el que estamos sino el conjunto entero de la legislatura, los cuatro
años durante los cuales el Gobierno ha tenido la oportunidad y el honor de gestionar la administración de los servicios judiciales registrales -quisiera insistir en estos servicios- y los demás que le competen y de mejorarlos. En este punto de
formulación de un examen de conciencia y una valoración conjunta de los cuatro años de una legislatura que toca a su fin, no será inmodesto decir que la valoración que hace el Gobierno de sí mismo es no solo satisfactoria, sino muy satisfactoria,
tanto por lo que se refiere al año 2008 como por el conjunto de la legislatura, porque precisamente por los datos que ahora diré -si el señor Santaella me lo permite y créame que no es una ironía- nos parece que lo que hemos hecho justamente es
cumplir nuestros compromisos electorales hasta donde la realidad lo ha permitido. El crecimiento de la política de justicia es el segundo de los crecimientos de los servicios públicos básicos, solo por detrás de la política exterior y de Ayuda
Oficial al Desarrollo, que, por cierto, tiene un incremento de casi el 50 por ciento; es una calificación que, en una competición deportiva, los jueces eliminarían, porque crece casi un 50 por ciento. Si se elimina la Ayuda Oficial al Desarrollo
somos los que más crecemos; crecemos un 10 por ciento. Es un dato oficial, no es cosmética ni es propaganda; lo tiene usted en la página siguiente a la que ha


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manejado. Es dos puntos y medio porcentuales más que lo que sube la media del presupuesto de gastos no financieros del Estado; sube un 7,5 por ciento, nosotros subimos un 10 por ciento. Además, si acumulamos, señor Muñoz, señor Santaella,
ese crecimiento del 10 por ciento -esta es una reflexión que les invito a compartir y a discrepar en su caso o a ayudarnos a analizarla de otra manera- del ejercicio de 2008 al que se ha producido durante toda la legislatura, resulta que el
crecimiento del gasto en justicia -estoy hablando del presupuesto inicial, luego me referiré al presupuesto liquidado- durante esta legislatura es de casi un 50 por ciento, un 48,4 por ciento. Me permitiré hacer uso de la invitación que su colega
el señor Muñoz ha hecho de compararlo con la legislatura inmediatamente anterior, en la que gobernaba el Partido Popular. En ese periodo el gasto era casi del 33 por ciento, el 32,5 por ciento. En otras palabras, en este periodo de cuatro años el
gasto del Estado en justicia ha pasado de estar en torno a los 1.000 millones de euros anuales -en 2004 fue de 1.048 millones- a los 1.500-1.600 millones de euros anuales, exactamente 1.564. Este es un dato objetivo, quizás insuficiente; quizás
falten pequeñas asignaciones, es posible que pueda crecerse más pero, en cualquier caso, es un incremento del gasto en Justicia como no se conocía en España -permítame que use unas palabras grandilocuentes- como no se conocía históricamente. No
había crecido nunca en España -lo dicen los libros de historia económica- tanto el gasto en Justicia como en los últimos cuatro años, no solo comparados con los cuatro anteriores -que la comparación es más sencilla y, a lo mejor, injusta, porque es
un periodo que tiene su peculiaridad-, sino en términos históricos. Por tanto, este presupuesto, el que ahora -si ustedes lo estiman oportuno-, se aprobará, ha permitido hacer realidad los principales objetivos políticos que el Gobierno se impuso
al comienzo de la legislatura -y usted ha terminado su intervención recordándolo,y yo se lo agradezco-, sin otro propósito que el meramente recordatorio, vale repetir ahora, porque son también los objetivos por los que ustedes preguntaban, a qué
objetivo sirve, qué se pretende hacer en el ejercicio del 2008: aumentar, de modo significativo, la planta judicial y los efectivos del ministerio fiscal al menos en 1.000 plazas más. No se ha referido a esto el señor Santaella, sí lo ha hecho el
señor Múñoz. Al acabar la legislatura se habrán creado en realidad no 1.090, como decía el señor Múñoz, sino 1.090 más 10, que son estos diez, por los que usted ha preguntado señor Múñoz, los mal llamados juzgados de desahucio, que es una
denominación periodística que quizá no sea afortunada y que técnicamente es incorrecta. Serán 1.100, por tanto, las unidades judiciales que se crean. Luego le diré, señor Santaella, en que lugar de los presupuestos está prevista la consignación
presupuestaria.
Profundizar en los derechos y libertades de los ciudadanos y, en especial, de los más desfavorecidos; me referiré después al incremento en las partidas para asistencia jurídica gratuita y a las víctimas de violencia de género.
Mejorar la justicia como servicio público, mediante la aplicación de nuevos sistemas y métodos de trabajo que garanticen la eficiencia y la eficacia de la oficina judicial. Me alegra mucho, señor Santaella, saber que están ustedes interesados en la
plena implantación de la nueva oficina judicial (El señor Santaella Porras: Eso es del 2003, del Gobierno del PP.) No sabe cuánta ilusión me hace. Yo creí que la ley no se aprobaba porque el Grupo Popular no prestaba su apoyo. El Gobierno, como
decía el señor Muñoz, la trajo aquí cuando hizo el anuncio en el año 2005, y después me parece que corresponde al Parlamento la aprobación. No significa esto que no se hayan ido desarrollando elementos de la oficina judicial que no requieren la
modificación de la ley orgánica. Otro objetivo -y continuo, con su permiso, desgranando estos propósitos a los que sirven los presupuestos- es la modernización tecnológica de la propia oficina judicial, y también me interesa insistir en ello,
porque se ha referido usted a una pérdida de peso de los programas específicamente judiciales; pequeñísima, un punto porcentual, insignificante. Piense que, en cambio, la Dirección General de los Registros duplica casi su presupuesto. Por eso
digo que un objetivo es la modernización no solo de la propia oficina judicial sino, si cabe, con mayor premura, con mayor insistencia e intensidad, de los registros dependientes del Ministerio de Justicia.



Otro objetivo, al que no puedo dejar de referirme, es la extensión y, si es posible, la generalización de la comunicación electrónica y de Internet. No me parece correcto, quizá este equivocado, señor Santaella, le ruego que me rectifique,
afirmar que los programas Lexnet o Infored iniciaron su implantación, es posible que se programaran, en la legislatura anterior. Creo que se han puesto en marcha en esta legislatura, donde han empezado a implantarse. También es un objetivo, y se
ha referido a ello el señor Muñoz, y yo haré mías sus palabras, quizá con menor habilidad y con menor atractivo que lo que el lo ha dicho en términos parlamentarios, el mantenimiento del la política de garantía de la libertad religiosa o la
pluralidad confesional. Es verdad que yo no percibí muy bien por qué le incomodaba que se financiara la Fundación Pluralismo y Convivencia. No he tenido oportunidad de conocer -lo lamento- sus intervenciones anteriores; procuraré hacerlo porque
se refiere usted a ellas, y no se por qué le incomoda que exista esta fundación y que se financie. Créame que tiene una aceptación entre las comunidades religiosas minoritarias verdaderamente admirable. Nos interesa también la mejora de la planta
física de los inmuebles, sedes de los servicios judiciales y registrales. No es verdad que no hay previsiones para iniciar obras en esta legislatura.Usted mismo ha hecho un relato de las actuaciones que se inician; en algunas de ellas, las
rotaciones dan para mucho más que para hacer el proyecto y en otras, empezamos por hacer el proyecto. No está mal; presupuestar el proyecto es lo que podemos presupuestar. Es también importantísimo, y no creo que deba devaluarse no digo que usted
lo haya hecho, pero en todo caso me parece que lo ha minimizado, señor Santaella. El señor Muñoz ha hecho alguna referencia -y a mi me importa mucho señalarlo y ponerlo en primer plano-, el impulso al


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proceso de transferencia a las comunidades autónomas con competencia. La partida prevista para esas transferencias de 8 millones no es únicamente para la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos ya cerrados con algunas comunidades
autónomas en este momento, sino los que puedan culminarse antes de que se acabe la legislatura. Esa es una cantidad que permite afrontar holgadamente los posibles suplementos que, por encima de los créditos derivados de la financiación ordinaria de
los servicios, se requieran cuando culminemos los procesos de traspaso, algunos de los cuales, como le digo, se encuentran en fase muy avanzada de negociación.



Otra línea política que creemos que es prioritaria y a la que también me interesa referirme, al menos en esta primera intervención, si es posible luego le dedicaremos algún tiempo, es posibilitar la continuación de la financiación de los
planes de refuerzo, de sustituciones o de las necesidades extraordinarias de la Administración de Justicia. Tiende a pensarse y de su intervención se deduce al referirse a los datos de litigiosidad, que me parece, señor Santaella, que no coinciden
con los del consejo. En el incremento de la litigiosidad, los datos que yo manejo no son exactamente los que usted dice. El año pasado la litigiosidad ha aumentado un 2 por ciento. No sé si podré durante alguna intervención mirar los de los
cuatro años anteriores, lo que quería decirle es que tiende uno a pensar o creerse que las necesidades del servicio judicial se caracterizan por una especie de estabilidad; que siempre hacen falta los mismos jueces y fiscales para una población
determinada. La experiencia demuestra cada vez más que esto no es así. Hay grandes procesos judiciales, inesperados, extraordinarios, imprevistos -acabamos de celebrar, yo creo que para satisfacción del conjunto del pueblo español, de modo
ejemplar, el desarrollo del juicio del 11-M; otros grandes procesos judiciales están celebrándose también- y es preciso que se disponga de mecanismos presupuestarios para atender esas necesidades digamos contingentes de financiación. Las
previsiones para planes de refuerzo, planes de sustituciones y actuaciones excepcionales son suficientes y forman parte de una línea política prioritaria en el ministerio, que lo seguirá haciendo en el ejercicio 2008. También es una prioridad la
efectiva puesta en práctica de las medidas legislativas adoptadas por el Parlamento o el Gobierno. El Estatuto del ministerio fiscal -luego le diré, con su permiso, algo sobre sus comentarios acerca del estatuto- tiene una previsión específica, una
dotación que, en efecto, responde a un calendario de implantación porque no estará toda la planta que se deriva del Estatuto del ministerio fiscal el día 2 de enero, pero hay una previsión -luego me referiré a ella- de 3 millones de euros para la
implantación del nuevo estatuto que garantiza -3 millones de euros son unos 500 millones de las antiguas pesetas- que pueda abordarse con holgura y con tranquilidad el nuevo despliegue del ministerio fiscal. Lo mismo cabe decir del redespliege que
estamos culminando de la Abogacía General del Estado, de la puesta en marcha de nuevos registros, algunos ya funcionan, el Registro de Pólizas y Seguros de Vida, el Resevi, que se ha puesto en marcha en el ejercicio de 2007, por cierto, con éxito de
público, con una gran capacidad de atención a miles de usuarios, que ha permitido la inscripción de 50 millones de pólizas de seguros de vida; el nuevo Registro Central de Fundaciones, que significará un cambio importantísimos en la gestión de las
competencias públicas en materia de fundaciones, porque se centralizarán en un único registro las modificaciones registrales, cambios legislativos que se han operado en las legislaciones registrales sobre cambio de nombre, sobre nacionalidad.



Otra línea que nos parece esencial -el señor Múñoz se ha referido a ella, y desde ahora le contesto a su pregunta- es que se mantienen exactamente las asignaciones, creo que son casi 600.000 euros los que están previstos, para mejorar las
posibilidades de acceso a la preparación de las oposiciones a juez y fiscal por aspirantes necesitados de un suplemento. Esto es una línea política financiada hasta ahora holgadamente, porque no tenemos quejas, no tenemos noticias de que se hayan
quedado peticionarios fuera de las líneas de subvención prevista, que ha permitido que a personas de clases económicas poco pudientes la superación de la larga etapa de preparación del acceso a las oposiciones haya sido complementada con una ayuda
pública. El mantenimiento del nivel de cantidad y calidad en las prestaciones del mutualismo judicial, con una asignación prevista en torno a 100 millones de euros para la Mutualidad General Judicial, que también funciona sin quejas y a
satisfacción de los mutualistas. Y, en último lugar, pero no menos importante, el mantenimiento y la mejora de los medios puestos al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos para el cumplimiento, en términos de autonomía e
independencia, de su finalidad.



Antes de exponerles algunos datos numéricos generales y de los particulares que yo pueda ir diciendo en contestación a sus preguntas, si me permiten, señor presidente, señorías, quisiera invitarles a compartir dos reflexiones finales en este
punto histórico, con la perspectiva que da el transcurso de casi cuatro años de ejercicio de responsabilidades.
Una -yo creo que ha hecho una observación el señor Muñoz, que le agradezco no tanto en nombre del equipo político del ministerio, sino
sobre todo de los técnicos y de los funcionarios- se refiere al grado de ejecución de los presupuestos. Un incremento tan grande y tan sostenido -recordemos que estamos hablando de pasar de unos 1.000 millones a 1.600 millones en cuatro años-
obliga a interrogarse acerca de la capacidad de ejecución de ese presupuesto, porque a veces la capacidad de gestión pudiera no haber estado a la altura de la confianza que el Parlamento ha depositado en el ministerio con el dinero de los
contribuyentes. No ha sido así. No sé si esto se puede decir aquí, porque parece un poco inmodesto, pero el Ministerio de Justicia ha sido en los últimos años el primero en el ranking de los departamentos ministeriales en la ejecución
presupuestaria. Prácticamente el cien por cien de lo que ustedes han tenido a bien consignar para el Ministerio de Justicia se ha gastado; se ha gastado más realmente. Por cierto, señor Santaella, con ese más es


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como hemos llegado a los 180 millones de euros a los que usted refería.
Hemos llegado incluso en algún ejercicio a los 200 millones de euros con los créditos que se añaden a los créditos iniciales y los créditos que se derivan de las
cuentas de depósito y consignación. Más tarde podría darle el detalle concreto o hacérselo llegar, con mucho gusto. En este año 2007, por los datos que tenemos hasta este momento, los nuestros y los de la Intervención General, también alcanzaremos
un porcentaje superior al 99 por ciento y próximo al cien por cien.



En segundo lugar, les haré una reflexión más política, más propia del Parlamento y quizá más propia de ustedes que de nosotros. Después de ver este incremento, y sin renunciar a la aspiración de mantener un incremento cuantitativo del gasto
en la política de justicia y del gasto en el Ministerio de Justicia, pensamos que tal vez ha llegado el momento en que lo que proceda sea una mejora cualitativa, en la que con gastos relativamente escasos en cada programa -por ejemplo, sobre los
juicios de desahucio, más tarde le contestaré, señor Muñoz- se produzcan avances proporcionalmente espectaculares en la calidad de la gestión del servicio público judicial registral o administrativo. Yo había anotado algunos ejemplos para acompañar
esta reflexión que les invito a compartir o a discrepar de ella. El Registro General de Fundaciones, que probablemente será un instrumento de modernización espectacular en la gestión de las competencias públicas en esta materia, tiene una previsión
relativamente modesta, 1.200.000 euros. El Centro de Atención al Usuario, que el Ministerio de Justicia proyecta establecer con un sistema de acceso telefónico y un sistema de Internet para el conocimiento de todos los expedientes de nuestra
competencia, tiene una previsión presupuestaria en torno a los 500.000 euros, que también es una cantidad modesta, pero produce un grado de satisfacción en el usuario porque tiene la ventaja de saber cómo está su expediente. Si tienen interés, les
invito a que accedan a las páginas web de los grupos de emigrantes para que vean cómo han recibido una modestísima modificación, barata, del acceso a la tramitación de los expedientes de nacionalidad, porque ahora ya no hay que llamar por teléfono
ni ir a nuestros registros, con la sobrecarga de tiempo y de gestión que esto significaba, sino que es posible, como las cartas en correos, con el carné de identidad y el número de referencia, que el solicitante de un expediente de nacionalidad sepa
en cada momento en qué situación se encuentra el mismo. Esto ha ocurrido hace diez días o una semana y para satisfacción sobre todo de los funcionarios y no tanto del equipo político, la satisfacción de los grupos de aspirantes a nacionalidad ha
sido espectacular y basta con entrar en las páginas web de estas organizaciones para percibirlo. Por eso digo que después de haber elevado el gasto en Justicia de unos 1.000 millones a 1.600, después de que se haya producido un incremento del 48
por ciento en cuatro años, quizá sea el momento de hacer todos un ajuste fino y empezar a reclamar de los servicios judiciales y registrales mejoras que produzcan una mayor cercanía, una menor aspereza, una mayor proximidad y que permitan que el
ciudadano perciba el funcionamiento de los servicios judiciales y registrales -estoy seguro de que ustedes comparten este objetivo- de un modo más favorable y que mejore la valoración de estos servicios.



Paso ahora a intentar contestarles, por lo menos en términos generales -si alguna de sus preguntas no obtiene contestación, les ruego que me lo hagan saber para intentar hacerlo en una segunda intervención, que creo que me está permitida-, y
a señalarles los grandes números que marcan los principales objetivos presupuestarios. En el ejercicio de 2008 está previsto crecer en 150 unidades judiciales y en 100 plazas del ministerio fiscal. Me pregunta el señor Santaella qué previsión hay
para este incremento. Son 42 millones de euros adicionales. Es verdad que la previsión de crecimiento está escalonada. No se van a crear los 250, no es físicamente posible; además, las comunidades autónomas no pueden generar los juzgados, no
están disponibles los funcionarios, no es posible crearlas todas el 2 de enero -ni posible ni conveniente-, hay que distribuirlas por todo el país, de acuerdo con la conferencia sectorial, hay que ver cuáles de esas plazas pueden corresponden a
juzgados de violencia; por tanto, hay una previsión escalonada, pero se contiene en los capítulos 1 y 2 de los presupuestos, especialmente en el 1, las previsiones presupuestarias, que importan -si mis números no están equivocados, que espero que
no lo estén y, si lo están, les ruego que me lo digan- 42 millones de euros adicionales con respecto al presupuesto del año anterior, que financian la consolidación, como bien dice, de órganos judiciales, pero también -dice la partida- nueva planta
judicial.
Para la mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia y el proyecto de nueva oficina judicial, cuya plena implantación dependerá de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tienen ustedes
pendiente de tramitar, está previsto un gasto de 12 millones de euros dirigidos a los medios e instrumentos de trabajo al servicio de la oficina judicial y 27 millones de euros de inversión en tecnologías de la información y de comunicación, de los
cuales 2 millones van específicamente a mejoras de información y comunicación en el ministerio fiscal. Señor Santaella, no le entiendo bien. No sé por qué devalúa las pagas extras, los trienios... (El señor Santaella Porras: No devalúo.) Quiero
decir que por qué le parece que esto no contribuye a la mejora. Funcionan mejor los juzgados y los tribunales si a los funcionarios les pagamos más. La línea de paga extra, por ejemplo, es nueva, responde, además, en la medida en que es posible y
lo permite el bolsillo de los contribuyentes, a una aspiración muy sentida de las asociaciones judiciales, el que las pagas extras se equiparen. Los magistrados de algunas categorías, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo ven también
incrementados sus haberes. Yo no creo que este crecimiento debamos calificarlo de vegetativo en su conjunto, porque no lo es. El hecho de que se cobre más es en sí mismo una mejora del servicio.



Otra de las líneas prioritarias -también lo recordaba el señor Santaella y el señor Muñoz, y además el señor


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Santaella concluía su intervención diciendo que compartía este objetivo- es mejorar y profundizar el marco de ejercicio de los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Me interesa resaltar en este ámbito -me parece que me ha preguntado
por ella alguno de los portavoces- la partida referida a asistencia jurídica gratuita. Son 34 millones de euros, con un incremento cercano al 9 por ciento con respecto al ejercicio de 2007. Por hablar de ciudadanos necesitados de una especial
protección, si agrupamos las partidas relativas a la lucha contra la violencia de la mujer, el conjunto de dotaciones presupuestarias que tienen que ver con este gran objetivo político, que no es del Partido Socialista ni del Gobierno, sino de toda
la sociedad, supera los 31 millones de euros. Hay que hacer una referencia especial, al hablar de la mejora de los servicios públicos, a la atención que prestan los presupuestos y que prestarán el ministerio y el Gobierno al funcionamiento de los
registros públicos y a los trámites administrativos -el señor Muñoz se ha referido a ello- de especial impacto social que están ligados a la gestión de esos registros. Se suele decir que el Registro Civil para una persona diré que de mi edad, por
no hacer otra referencia, es un lugar al que se acudía muy pocas veces a lo largo de la vida hasta hace muy poco, al nacer, al casarse, al tener hijos y al fallecer. Hoy se acude al Registro Civil en innumerables ocasiones a lo largo de la vida,
pues la gente se separa, se divorcia, adopta, cambia de nacionalidad, de apellido, de nombre, habiéndose convertido en un servicio público de utilización absolutamente intensa.
La Dirección General de los Registros y del Notariado tiene prevista
una asignación de 3 millones de euros para mejorar los recursos humanos y materiales y otra asignación específica para la puesta en marcha del registro de fundaciones. Luego me referiré, al hablar de infraestructuras, en particular a la
informática.



Otro de los aspectos destacados del presupuesto -el señor Muñoz se ha referido a él y el señor Santaella lo ha censurado- es el que se refiere a las inversiones y, dentro de las inversiones, me parece especialmente importante destacar las
relativas a tecnologías de la información.
Justamente en el Registro Civil la digitalización de los libros registrales tiene una previsión presupuestaria de 15 millones de euros, cantidad de ninguna manera minimizable, 15 millones de euros para
digitalizar los asientos de los registros civiles, que hemos iniciado este año y que esperamos culminarlo dentro de varios, pues hacerlo no resulta sencillo. Hay 8.000 registros civiles en toda España y pretendemos digitalizar los asientos
producidos desde el año 1950. El incremento de esta partida es de un 270 por ciento con respecto a 2007.
Por eso hacía esta reflexión e insisto en que no se trata de pensar en grandes aumentos presupuestarios. Quizá, frente a 1.600 millones de
euros, 15 pueden parecer escasos, pero 15 millones de euros dedicados solo a digitalizar los registros puede significar una transformación de la manera de acceder a los registros por los españoles verdaderamente espectacular. La previsión total de
las obras físicas, en edificios, es de unos 40 millones de euros, de los cuales 28 se destinan a obras que se inician este año y 12 a rehabilitación.



El Estatuto orgánico del ministerio fiscal tiene una previsión presupuestaria de 3 millones de euros, partida que nos parece especialmente destacable, pues expresa la voluntad del Gobierno de hacer frente de modo efectivo al despliegue y a
la modernización que esa ley, la Ley del estatuto orgánico, que ustedes han aprobado, significa en el servicio judicial español. Hay que referirse -lo ha hecho el señor Muñoz, que también ha preguntado por ella- a la Fundación Pluralismo y
Convivencia. Será el señor Santaella el que, si quiere, diga lo que no le gusta. Yo he percibido que no le gusta, pero no sé si es la propia existencia de la fundación o el hecho de que facilite y promueva la defensa de la pluralidad confesional y
la libertad religiosa. El presupuesto de la fundación se incrementa un 11,1 por ciento y alcanza 5 millones de euros. Podría decirle, hablando de memoria, que el año pasado se atendieron aproximadamente por encima de 500 solicitudes de comunidades
religiosas, con una subvención media inferior a 6.000 euros.



Por último -me he referido antes a esta partida, pero no quiero dejar de hacerlo ahora-, voy a hacer referencia a la dotación de 8 millones de euros prevista para las comunidades autónomas que recientemente han cerrado acuerdos de traspaso o
están a punto de cerrarlos. Me ha preguntado por Cataluña y por Madrid y le voy a contestar específicamente. En el caso de Madrid, el acuerdo del traspaso de competencias preveía desde que se hizo la financiación de ciertas obras, contra la
justificación documental, que me parece que no se ha producido, de la ejecución de esas obras, que el ministerio debería librar la partida prevista en los presupuestos. Hablándole de memoria -pero le prometo que le contestaré enseguida, si puedo
hoy mismo a la salida y si no mañana-, creo que el año pasado también estaba previsto, pero por alguna razón la Comunidad de Madrid no nos mandó los papeles o no justificó -perdón por esta expresión- la ejecución de las obras y por eso volvemos a
consignar la previsión presupuestaria. Es una consecuencia del acuerdo de traspaso porque así se negoció. Del mismo modo se negoció con la Comunidad Autónoma de Cataluña un sistema de financiación en el que cada año es preciso hacer unas
consignaciones presupuestarias. No se hizo así con Valencia, ni con Canarias, ni con Asturias, donde existe una financiación complementaria, ni con Cantabria, donde hay una cantidad única, ni con Aragón, que estamos cerrándolo, ni previsiblemente
con Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y, si la Región de Murcia quiere hacerlo, con Murcia también. Con Cataluña se eligió un sistema de financiación en el que cada año hay que hacer una aportación. Es una particularidad por la que usted me
ha preguntado -no digo que me lo pregunte porque sí-, pero probablemente tenga usted más antecedentes que yo.



No quiero finalizar mi primera intervención sin hacer un comentario sobre la relación con el Consejo del Poder Judicial. En resumen, el proyecto de presupuesto del Ministerio de Justicia culmina, continúa, corona la senda


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que hemos iniciado en años anteriores, que de ninguna manera es pretender poner a los órganos de gobierno del Poder Judicial al servicio del poder político. No sé si personas más próximas a usted que a mí en lo político podrían darle
explicaciones acerca del deseo de aproximar el poder político al Poder Judicial, pero lo que el Partido Socialista y el Gobierno pretenden en el caso del Poder Judicial es justamente que sea independiente, que ni el Gobierno ni el partido que le
apoya ni ningún partido político tengan la posibilidad de influir en sus decisiones y viceversa, que sus miembros no sean una especie de políticos disfrazados, que, a diferencia de ustedes, que comparecen ante la opinión pública y de vez en cuando
ante los electores, tienen que responder cuando formulan observaciones políticas o defienden posiciones políticas de un modo visible y algunas veces ostentoso. Nuestros propósitos son exactamente los que usted ha formulado para terminar: mejorar
la justicia como servicio público, profundizar en los derechos de los ciudadanos y contribuir a la garantía de independencia de los tribunales y a la autonomía y a la independencia del ministerio fiscal. Con modestia, pero también con satisfacción
y suficiencia, estos presupuestos nos permiten abordarlos con holgura.



Señor presidente, muchas gracias y reitero mis excusas si mi inexperiencia no me ha hecho corresponder como es debido a las exigencias de este trámite parlamentario.



El señor PRESIDENTE: ¿Quiere alguien hacer una intervención adicional? (Pausa.)


Señor Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: Quiero reiterarle el agradecimiento por su comparecencia y manifestarle que la invitación que me ha hecho al voto a su programa y a su partido no la voy a aceptar, igual que renuncio a los requerimientos de cariño
y de amor de su ministro.



Como siempre, en los presupuestos hay versiones y visiones diferentes.
Cuando yo he hablado del peso relativo del 0,5 por ciento, está sacado de los cuadros del libro amarillo, pero usted habla de los presupuestos consolidados, y ahí la
cosa cambia, pues el esfuerzo de las comunidades autónomas, que no las tienen en cuenta, lo asumen como propio. Por eso me gustaría, si lo tiene a bien, que nos contestase en el plazo reglamentario sobre la creación no de plazas, sino de unidades
judiciales por el ministerio fiscal. Díganos cuáles se han creado por el ministerio y cuáles por las respectivas comunidades autónomas.



Señor secretario de Estado, he de manifestar que me ha satisfecho verle explicar los presupuestos, una materia tan árida, con el optimismo que los ha explicado. Figúreses a su antecesor, don Luis López Guerra, con la simpatía que tenía,
cómo explicaba materias tan arduas como son los números y los presupuestos. La verdad es que con su talante y con su optimismo hasta lo ha hecho ameno, pero no me ha dicho -quiero terminar con esto- qué ha pasado con los 5 millones previstos para
las comunidades autónomas. Si las comunidades autónomas están creciendo y tirando del carro -en esos crecimientos que usted nos vende- más que el ministerio, el ministerio lo que tenga previsto mejorar, aparte de Cataluña, al resto de comunidades,
también lo podría hacer. Como buen andaluz, recuerdo que durante los ocho años en los que estuvo gobernando el señor Aznar no había más que reclamaciones por parte de la Junta de Andalucía en materia de justicia, con una deuda que figuraba porque
se habían hecho los traspasos con unas cantidades inferiores, y se le reclamaba al señor Aznar, que se ha quedado en mutis y en silencio en esta legislatura. La señora Hermosín me contestó que había sido saldada la deuda. Pues no sé si la saldaron
a base de abrazos, porque los recursos económicos se han visto poco.



Quisiera terminar diciéndole que la oficina judicial la puso en marcha el Partido Popular, y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. No le voy a narrar de nuevo el íter de mi primera intervención, pero es una realidad que de las
once que anunciaron actualmente no hay nada y que han ido bajando a siete, a cinco y a tres. En segundo lugar, por su optimismo le perdono algunas lagunas que ha tenido, sobre todo en el tema del programa electoral, porque no le veo a usted como
militante de base del Partido Socialista y algunas lagunas debe de tener, pero las promesas sí le deben de sonar. Son promesas incumplidas, porque dígame dónde está el 2 por ciento de los presupuestos. También tiene una laguna respecto a
Lexnet-Infored, en la que también se avanzó bastante en los dos gobiernos del Partido Popular, con una mayoría absoluta y con un pacto de Estado que se hizo con el Partido Socialista cuando estaba en minoría. De acuerdo en nada, como decía don
Pedro Muñoz. Ideológicamente, no me diga que no se rompió el pacto de Estado por adicionar dinero, porque entonces me va a hacer pensar que se rompió porque estaba firmado otro pacto, como era el Pacto del Tinell.



El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, brevemente.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Intentaré ser breve, pero la explicación que ha dado el secretario de Estado hay que ponerla en valor, porque ha sido absolutamente exhaustiva. Ha dejado perfectamente definidos los objetivos de este proyecto de
presupuesto y, además, ha dado cumplida información sobre aquello que ha sido demandado por el Partido Popular. En este turno de precisiones el Partido Popular vuelve a pedir información sobre el capítulo 7 en relación con las transferencias y, por
lo que veo en el presupuesto, lo que él habla de los 5 millones a comunidades autónomas lo veo convertido en 8 en ese capítulo 7 a comunidades autónomas. Lo que no nos ha informado es por qué la Comunidad de Madrid, en relación con la ciudad de la
justicia, no ha justificado los 3,305 millones. Nos podría haber informado, pero no lo ha hecho. Ha dejado usted claro que esa consignación en relación con Cataluña tiene que ver con la forma en que se efectuaron los traspasos, pero la suma, lejos
de aquello que nos dijo en su primera intervención, de


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este capítulo 7 en relación con el año anterior, sube un 111,22 por ciento, si mis cifras no me han salido mal. Por tanto, no entiendo bien dónde está esa situación.



Quisiera hacer dos precisiones más. La primera es para decirle al portavoz del Grupo Popular -ya lo ha dicho usted también- que es preocupante que no coincida con las cifras de nuestro Gobierno, aunque eso sería disculpable ya que está en
la oposición, pero por el afecto que le tengo me preocupa más que no coincida ni con las cifras de la memoria que nos ha remitido el Consejo General del Poder Judicial. Si el portavoz del Grupo Popular no coincide con el actual Consejo General del
Poder Judicial, me arriesgaría a decir que eso sería una cuestión preocupante para su futuro político, dada la relación directa que tiene con quienes están en el actual Consejo General del Poder Judicial. Por último, si en este presupuesto algo ha
quedado claro, es que lo que interesa son los problemas de la justicia, y hasta tal punto eso es así, que donde hay que hacer, hay que hacer por encima de quien gobierne. Como grupo político que sostiene la acción de Gobierno, nos parece que el que
la mayoría de los nuevos edificios judiciales estén en comunidades del Partido Popular o que la parte sustancial de esa nueva inversión le corresponda a la Comunidad de Madrid para la sede de nuevos órganos judiciales, con 6,592 millones, es un
ejemplo de que este Gobierno en ningún caso discrimina, como se dice, a comunidades que no son del Partido Socialista, sino que resuelve los problemas, que, por cierto, esas comunidades no saben resolver, de los ciudadanos a los cuales deberían de
servir.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Hernández, secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Pérez Hernández): Perdónenme que no les haya contestado a algunas de las preguntas. Me va a permitir el señor Santaella que conteste primero a una solicitud del señor Muñoz sobre los juicios mal
llamados de desahucio y que luego les conteste a las observaciones que han hecho. Le agradezco que me permita hacerlo así.



No es buena la denominación con la que la prensa ha designado a esta iniciativa que el Gobierno anunció hace quince días, pero llamémosles juicios de desahucio, entre comillas, para entendernos. La propuesta parte de la constatación de que
sorprendentemente la tramitación de los juicios de desahucio es muy desigual en el conjunto del territorio español. Hay comunidades autónomas, singularmente Madrid, donde los procedimientos de desahucio tienen una extraordinaria lentitud, pero hay
comunidades autónomas, como Cataluña y Valencia, en donde, por la razón que sea, que es lo que estamos averiguando, los procedimientos judiciales de desahucio -hablamos de los desahucios por falta de pago, que son procedimientos judiciales muy
sencillos- tienen una duración muy corta.
Lo que en Barcelona o en Valencia tarda dos meses, en Madrid tarda un año o un año y medio. El Gobierno ha creído que este problema, sobre el que la opinión pública es particularmente sensible, puede
afrontarse con iniciativas de tres tipos distintos. Repetiré ahora lo que en su momento anunciaron los ministros de Vivienda y de Justicia, y estoy dispuesto a facilitarles -no sé si lo permite el trámite, si no lo haré luego- las aclaraciones que
consideren necesarias. Unas pocas medidas legislativas, porque se entiende -lo dicen los expertos, los jueces, los responsables políticos de las comunidades autónomas- que la legislación procesal y la legislación orgánica judicial en este momento
en materia de desahucio es correcta. No hay nada que deba cambiarse de un modo espectacular. Ustedes recordarán que en el año 2000 se modificaron los procedimientos de desahucio y se acabó con aquella expresión que procedía del siglo XIX, según la
cual el lanzamiento debía hacerse -decía la ley- sin prórroga ni consideración de carácter alguna. La ley del año 2000 dice otra cosa menos expeditiva, pero también pretende que se efectúe el lanzamiento con prontitud y, sin embargo, esto no
ocurre. Pero el ministerio no cree que sea porque esté mal regulado, porque sea preciso regresar a ese tipo de frases, a consignar en la ley procedimientos expeditivos para lanzar al inquilino que ha sido desahuciado por orden judicial, sino que
cree que hay unas pocas medidas legislativas, como reducir las posibilidades de enervar la acción de desahucio, acortar algún plazo, facilitar alguna notificación, porque la búsqueda del inquilino que no paga a veces lleva más tiempo que la propia
diligencia de desahucio. Una segunda medida que se ha iniciado precisamente esta semana en la Comunidad Autónoma de Murcia, por cierto, señor Muñoz, por si usted quiere decírselo al señor Santaella en otra ocasión, comunidad que no es del Partido
Socialista pero que nos ha parecido que mantiene una relación de lealtad, y desde el ministerio quiere tenerla con la Comunidad Autónoma de Murcia, por su dimensión y porque existe un equipo humano particularmente dinámico y activo, ha pensado que
podía efectuarse allí lo que llamamos -no sé si es una expresión afortunada- experiencia piloto. Es decir, hay un grupo de funcionarios judiciales, magistrados, jueces y secretarios, que están dispuestos a agilizarlo, con medidas como el refuerzo
de los medios materiales para llevar a cabo materialmente el lanzamiento, que se disponga de vehículos, que las fuerzas policiales estén desde el primer momento. Son pequeñas medidas, que no tienen un gran coste económico, como antes decía y les
invitaba a que reflexionásemos sobre ello conjuntamente, pero que pueden producir una mejora espectacular en la manera de atender el servicio público. Pero en algunas otras localidades, por ejemplo en Madrid, también gobernada por el Partido
Popular, es posible que, de acuerdo con la junta de jueces y con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, convenga destinar algunos juzgados, no a especializarlos en arrendamientos, lo cual no puede hacer el Gobierno, tiene que hacerlo
el consejo, y además debo decir en una opinión personal, pero creo que compartida por profesionales del derecho procesal y del derecho civil arrendaticio, que no es materia que autorice la creación de una jurisdicción especializada o de unos
juzgados especializados, pero sí que por vía de normas de reparto, durante el tiempo en que dure la


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congestión, se dediquen algunos juzgados específicamente a desahucio. Esto no tendría sentido si esos juzgados se detraen de lo que están haciendo ordinariamente. Sería peor el remedio que la enfermedad, porque es posible que los
desahucios funcionaran mejor si el juez decano de Madrid decide que algunos juzgados van a ocuparse solo de los desahucios. Quizá los desahucios vayan mejor, pero la dedicación exclusiva de esos juzgados a los desahucios implicaría probablemente
una sobrecarga de los demás juzgados en las materias generales que están atendiendo. Por eso, el Gobierno ha acordado crear diez juzgados más que, de acuerdo con las comunidades autónomas y las juntas de jueces, se erigirán en las localidades en
donde sea necesario.



Contesto ahora a las observaciones que me ha hecho el señor Santaella acerca de la oficina judicial, de los 5 millones -que no le he contestado-, del 1 por ciento y la creación de plazas judiciales. Sobre la creación de plazas judiciales
por comunidades autónomas, ahora, al salir, le daré lo que me pide sobre cómo se han creado por todas las comunidades. No creo que haya diferencias significativas entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular y las que están gobernadas
por otros partidos. Se han ido atendiendo las peticiones que se han formulado en Andalucía, Canarias, Galicia, la Comunidad Autónoma de Valencia, Madrid, etcétera. Pero, como digo, ahora le daré este documento en el que figura la creación de
plazas. Por cierto, figuran también las que se crearon en el periodo anterior, y podemos comparar las 391 de la legislatura anterior frente a 524 en esta. Como le decía, la diferencia es notable. En fin, aquí lo tiene y se lo doy.



Apela usted a mi condición de militante del Partido Socialista. No me debo llamar militante de base, porque he tenido responsabilidades, sigo teniendo responsabilidades orgánicas, pero, si usted cree que es mejor ser militante de base, a mí
me gusta pensar que puedo serlo o que alguna vez volveré a serlo. Lo que no imagino es que deje de ser militante del Partido Socialista, y además me ha gustado oírle decir que usted tampoco dejará de serlo del Partido Popular. Yo no dejaré de
pedirle que vote, porque le he visto tan identificado con nuestros objetivos y reclamándonos tanto el cumplimiento de nuestras promesas, que a ver si podemos llevarle a alguna agrupación y le convencemos.



Nosotros prometimos que el gasto directo del área de justicia aumentaría en no menos de 180 millones de euros anuales. Luego, si quiere, le dejo también esta página. El ejercicio 2005, 181,07 millones de aumento del gasto, gasto inicial
más gasto -además usted antes lo ha preguntado- que se genera durante el presupuesto y rendimiento de las cuentas de consignaciones. El gasto final se incrementó en 2006 con respecto a 2005 en 242 millones de euros. El ejercicio 2007 no lo hemos
cerrado, pero partíamos de 141 millones de euros y estimamos -los funcionarios de las oficinas presupuestarias son muy cuidadosos con esto, no son militantes del partido-, que al menos se generarán 40 millones de más, por lo que estaríamos al menos
en 181 y cumplimos por poquito. En el año 2008, a partir de 147 millones de presupuesto inicial creemos que cumpliremos los 180 millones de gastos. Yo estaré muy satisfecho de oírle a usted el año que viene -si tengo el honor de estar aquí de
nuevo, que no lo sé, las urnas lo dirán, y también el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia- y que me vuelva a reclamar el cumplimiento de los 180 millones de euros.



La promesa electoral de nuestro programa decía que se proseguirá el aumento de forma sostenida con la mira puesta en conseguir a medio plazo un 2 por ciento del total del gasto. En el año 2007, si se toma el total del gasto presupuestado en
Justicia en el conjunto del Estado, incluyendo a las comunidades autónomas, estaríamos en el 1,66 por ciento del gasto.
Cuando lleguemos a los mítines, habrá que interpretar si hemos cumplido o no -no sé si usted estará entre quienes nos lo
demanden- el aumento del 1 por ciento. Creo que estas son cantidades que nos permiten decir que estamos en la senda de cumplir los compromisos electorales.



En cuanto a la asignación de 5 millones de euros, se generó en un ejercicio presupuestario concreto y se calificó, en el ejercicio en que se generó, de asignación excepcional. ¿Por qué? Porque, en realidad, no sé si esto se puede y se debe
decir aquí, trastorna y distorsiona el sistema de financiación de las comunidades autónomas y lo previsto en la Lofca, la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, porque hablamos de comunidades autónomas con competencias
transferidas, que le dicen al ministerio, en un momento determinado, que necesitan más dinero porque los planes de modernización que el Gobierno de la nación está poniendo en marcha reclaman de ellas un mayor esfuerzo. El Ministerio de Justicia y
las comunidades autónomas, en paz y armonía, acuerdan que en aquel ejercicio presupuestario se consignarán 5 millones de euros para ayudarles a implantar todos estos cambios instaurados en estos ejercicios presupuestarios. Consignado una vez, se
solicitó, se demandó, se suplicó, se exigió que se consignara otra, y se consignó; y así hasta tres veces, y se han gastado 15 millones de euros, pero, en un momento determinado, todo el mundo -empezando por los señores de la Intervención General,
que tampoco son del Partido Socialista- dijeron que este no era el sistema, que el sistema sería el de revisión de la Lofca, el de revisión de los mecanismos de financiación, el de llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera las medidas que
sean, pero no se pueden consignar sistemáticamente partidas para financiar servicios transferidos a las comunidades autónomas. Esa, y no otra, es la razón por la que esa partida desapareció, no la voluntad del Ministerio de Justicia de reducir la
financiación. Todo lo contrario, en la última conferencia sectorial, yo creo que por unanimidad, desde luego con el aplauso de todas las comunidades y particularmente del consejero de Valencia, que es persona exigente y activa, y se lo señalo a
usted porque es compañero suyo de partido, se acordó reexaminar el sistema de financiación de la justicia.
¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en que, a pesar de estos espectaculares incrementos, a pesar de pasar de 1.000 a 1.600, la
justicia, en España y en otros países parecidos al nuestro, no se asocia por la opinión pública -señor presidente,


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me permito aprovechar esta oportunidad para invitar a este auditorio a que reflexione sobre ello- a un servicio público caro. Todo el mundo supone que una resonancia magnética cuesta mucho dinero y que un kilómetro de autovía cuesta mucho
dinero, pero nadie sabe que el juicio del 11-M ha costado 3 millones de euros, además de los sueldos y de los trienios, en intérpretes, en programa Lexnet, en comunicaciones electrónicas, en suplementos de asistencia jurídica gratuita, porque no es
posible celebrar un juicio como este sin que cueste dinero. Ha salido muy bien -me refiero al funcionamiento- porque ha costado dinero. Tampoco saben que ha costado 6 millones de euros que el Tribunal Supremo recupere un atraso histórico, ya que
tenía entre siete y ocho años de retraso en la resolución de los recursos de casación y ha pasado a una duración media de casi un año y a conseguir resolverlos en unos pocos meses el año que viene si mantenemos esos planes de refuerzo. Insisto, la
justicia es un servicio público caro, un servicio público que cuesta dinero y que hay que gestionar con eficacia, como intentamos hacer nosotros.



También me ha preguntado por la oficina judicial y vuelvo a decirle lo mismo. Venimos hablando de la oficina judicial desde el año 1993, en que se introducen en la Ley Orgánica del Poder Judicial las previsiones para que cambie la oficina
judicial, para que el juez se concentre en dictar sentencia y para que los secretarios y los funcionarios tengan carácter instrumental al servicio de la decisión jurisdiccional. Desde entonces se han ido estableciendo modificaciones legislativas,
modificaciones reglamentarias, modificaciones organizativas -acabamos de aprobar el reglamento de puestos tipo de algunos de los cuerpos judiciales-, que son medidas que avanzan hacia la consecución de la oficina judicial. La plena implantación,
señor Santaella, depende de ustedes, de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que yo creo que la tiene el señor presidente no sé si por aquí o en algún lado. En cuanto ustedes aprueben esa ley, todo estará hecho. Supongo que no
exactamente todo, porque luego los jueces, los fiscales y los secretarios tendrán que seguir funcionando y nosotros tendremos que gestionar este presupuesto.



Si no he contestado a alguna de sus preguntas, les ruego que no duden en decírmelo para facilitarles la contestación ahora o en cuanto me sea posible.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Veo que los grupos están satisfechos. No hay otros grupos presentes para fijar posición. Por tanto, sin más rodeos, quiero felicitar una vez más, no solamente a los portavoces por el grado de conocimiento y el trabajo en relación al
estudio de los presupuestos, sino también al secretario de Estado, don Julio Pérez Hernández, por una comparecencia que puede sernos muy útil para el trabajo sucesivo de esta Comisión dentro de esta legislatura.



- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (PERI GÓMEZ) A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR (número de expediente 212/001687) Y SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001807).



El señor PRESIDENTE: El señor Santaella veo que me pide la palabra. Señor Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: Para una cuestión de orden. Con respecto a la comparecencia de la subsecretaria, como han sido ampliamente debatidas todas las cuestiones que teníamos pendientes, simplemente queremos dejar una serie de preguntas
para que, en el plazo reglamentario, nos conteste, y dar por retirada la solicitud de comparecencia. (El señor Muñoz González pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: ¿Señor Muñoz?


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: La comparecencia del secretario de Estado ha sido exhaustiva y, por lo tanto, renunciamos a la comparecencia de la señora subsecretaria.



El señor PRESIDENTE: Entonces, me hacen llegar las preguntas y por conducto reglamentario lo remitiremos al Gobierno a los efectos de obtenerlo.



Quiero reiterar nuestro agradecimiento al secretario de Estado de Justicia. Se han retirado las solicitudes de comparecencia de la subsecretaria de Justicia, pero como ella está presente en la sala, a efectos de que conste en el 'Diario de
Sesiones' quiero saludarla y agradecer su disposición con esta Comisión. Por tanto, doña Susana Peri Gómez, quiero transmitirle el agradecimiento de la Comisión de Justicia por su presencia y colaboración.



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.



Era las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.