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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 921, de 03/10/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 921
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Sesión núm. 47
celebrada el miércoles, 3 de octubre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores (León Gross) para informar de la posición del Gobierno sobre la situación de las pesquerías españolas de túnidos en aguas del océano Índico. A petición del Gobierno.
(Número de expediente 212/001626.)... (Página 3)
Debate sobre:
- Solicitud al Pleno de la Cámara de una prórroga para la finalización de los trabajos de la Subcomisión sobre la reforma del servicio exterior, de conformidad con el artículo 3.º de la resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de
junio de 1996. (Número de expediente 154/000004.)...
(Página 15)
Proposiciones no de ley:
- Sobre el proyecto de ley del Gobierno polaco contra la libertad de expresión y los derechos humanos de gays, lesbianas y bisexuales.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de
expediente 161/002196.)... (Página 15)
- Sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002250.)...
- Para recuperar una política de apoyo a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002267.)...
- Sobre el visado de pasaportes colectivos de niños saharauis enfermos procedentes de Argelia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002356.)... (Página 27)
- Sobre la defensa de los derechos sexuales y de identidad de género a nivel internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002384.)... (Página 30)
- Sobre el respeto a la libertad de expresión en la República Bolivariana de Venezuela. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002405.)... (Página 34)
Dictamen sobre:
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2000 y canje de notas. (Número de
expediente 110/000241.)... (Página 39)
- Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006. (Número de expediente 110/000242.)...
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho 'ad referendum' en Argel el 13 de marzo de 2007.
(Número de expediente
110/000243.)... (Página 39)
- Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la remodelación y renovación de la Sala de conferencias XX en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2007.
(Número de expediente
110/000244.)... (Página 39)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Nicosia el 30 de abril de 2007. (Número de expediente 110/000245.)... (Página 39)
- Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Kiev el 1 de diciembre de 2005. (Número de expediente
110/000246.)... (Página 39)
- Actas aprobadas por el XXIII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Bucarest el 5 de octubre de 2004 y declaración que España formuló en el momento de su firma. (Número de expediente 110/000247.)...
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007. (Número de expediente 110/000248.)... (Página 40)
- Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Sofía el 27 de febrero de 2001.
(Número de expediente 110/000249.)... (Página 40)
Canje de notas, hecho los días 7 de octubre, 29 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2005, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establecen las modificaciones al reglamento de caza en las
aguas y márgenes del tramo internacional del río Miño. (Número de expediente 110/000250.)... (Página 40)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de San Marino al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(Número de expediente
110/000251.)... (Página 40)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas
consulares, hecho en Madrid el 21 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000252.)... (Página 40)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 12 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000253.)... (Página 40)
- Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000254.)...
- Enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Almaty (Kazajstán), el 27 de mayo de 2005.
(Número de expediente
110/000255.)... (Página 40)
- Convenio entre el Reino de España y la República del Senegal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta, hecho en Dakar, el 5 de diciembre de 2006. (Número de expediente
110/000256.)... (Página 40)
- Acuerdo general de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2007. (Número de expediente 110/000257.)... (Página 40)
- Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.
(Número de expediente 110/000259.)... (Página 40)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (LEÓN GROSS), PARA INFORMAR DE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PESQUERÍAS ESPAÑOLAS DE TÚNIDOS EN AGUAS DEL OCÉANO ÍNDICO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO (Número
de expediente 212/001626.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Debido a que el orden del día es intenso y hoy, como es lógico, compaginamos nuestro trabajo con el de otras comisiones, les ruego que sean lo
más prudentes posible en el respeto a los tiempos. En todo caso, la Mesa estima que las votaciones no serán antes de la una; lo digo a los efectos de que puedan comunicárselo a los respectivos miembros de cada grupo parlamentario de la Comisión.
Comenzamos con la comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, para informar de la posición del Gobierno sobre la situación de las pesquerías españolas de túnidos en aguas del océano Índico. Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (León Gross): Señorías, señor presidente, es como siempre un motivo de satisfacción comparecer ante esta Comisión de Asuntos Exteriores para informar en este caso de las gestiones que se
han llevado a cabo desde el Gobierno y concretamente desde los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en relación con los actos de piratería contra la flota atunera española en el océano Índico, fundamentalmente frente a las costas de Somalia, desde finales del año 2005.
Como conocen SS.SS., los incidentes más graves tuvieron lugar el pasado 3 de noviembre de 2005 y el 16 de abril de 2006, cuando los buques Playa de Aritzatxu y Albacora IV fueron objeto de frustrados intentos de secuestro. A finales del año
2005, buques de otras banderas, como el crucero Seaburn Spirit y una serie de buques que prestaban servicio al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también fueron víctimas de ataques, lo que llevó a la Organización Marítima Internacional
a advertir a sus Estados miembros, entre los que está España, como saben SS.SS., del riesgo que se corría en aquellas aguas.
Los primeros contactos de la Administración con las asociaciones españolas de atuneros cerqueros congeladores Anabac y Opagac fueron los mantenidos con el director general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura. En dichas
reuniones se estudiaron posibles soluciones, entre ellas la de enviar una unidad de la Armada o entrar en contacto con países aliados de España que estuvieran en condiciones de colaborar en la protección de los buques pesqueros de bandera española.
El 24 de mayo y el 20 de junio del pasado año, tuvieron lugar dos reuniones en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en las que participaron, junto a los representantes del sector, altos funcionarios de los ministerios de Defensa, de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Fomento. Días antes de celebrarse la primera de las dos reuniones a las que acabo de referirme, el presidente del comité, constituido conforme a la resolución 1751 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, se dirigió por carta al presidente del Consejo, haciéndole llegar el informe del Grupo de supervisión para Somalia, establecido en virtud de la resolución 1630. En este informe se detallaba cómo caudillos y dirigentes somalíes señores de la
guerra vendían supuestos derechos de acceso y de explotación pesquera en aguas somalíes sin ningún criterio responsable.
En virtud del hecho de que las aguas somalíes se encontraban desprotegidas y con alto riesgo de actos de piratería, consentidos
o incluso promovidos por estos señores de la guerra, con el control sobre parte del territorio somalí, el presidente de dicho comité recomendaba en su comunicación al presidente del Consejo de Seguridad que se prohibiera a los barcos extranjeros la
pesca en aguas somalíes. En virtud de lo que acabo de explicar, el director general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicó a las asociaciones Anabac y Opagac su decisión de prohibir a partir del 1 de
junio de 2006 toda actividad pesquera en el interior de la denominada zona económica exclusiva de Somalia.
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, por carta de 12 de julio de 2006, comunicó la decisión del Gobierno español a los gobiernos de Francia y Seychelles, ya que buques con banderas de estos países operaban también en la zona.
Estos dos gobiernos han recomendado a los buques de su nacionalidad que no pesquen en aguas somalíes. Según la información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la asociación Anabac, además de insistir en la solicitud
de protección para la flota, mantuvo contactos con el Gobierno federal de transición de Somalia para la concesión de licencias de pesca. Por su parte, la asociación Opagac consideró que la negociación de acuerdos con dicho Gobierno federal de
transición carecía de sentido, ya que no se daban las condiciones de seguridad jurídica necesarias, y pidió a la Administración del Estado que se prohibiera faenar en dicho caladero. Con fecha 26 de julio de 2006, Anabac interpuso recurso de alzada
contra la decisión de la Dirección General de Recursos Pesqueros de prohibir la actividad pesquera a partir del 1 de julio de ese mismo año.
Señor presidente, señorías, quiero detenerme un momento en la situación que atraviesa Somalia desde hace tiempo y pasar revista de forma rápida a los acontecimientos más recientes en ese país. Somalia se convirtió, a raíz del final de la
dictadura del general Barre en 1991, en un Estado en descomposición, caracterizado por la ausencia de estructuras institucionales, las luchas internas, la aparición de grupos armados liderados por señores de la guerra y las declaraciones de
autodeterminación de algunas zonas del país, Somaliland y, en menor medida, Puntland, como saben sus señorías. Más recientemente, en 2004, concluyó una Conferencia Nacional de Reconciliación, que llevó a la creación de autoridades federales de
transición, incluyendo un Gobierno federal de transición, que fue reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional, la Unión Africana y la Unión Europea. Hay que recordar que en junio de 2006, es
decir pocos días antes de que el Gobierno español adoptara la decisión de prohibir la pesca, se produjo una intervención militar etíope que expulsó de Mogadiscio a la Unión de Tribunales Islámicos, facción que había derrocado a las autoridades
federales de transición, a las que me referí anteriormente, que fueron posteriormente repuestas, sin que ello haya supuesto que controlen la totalidad del territorio ni que cuenten con el apoyo de toda la población. Distintos señores de la guerra
siguen controlando zonas importantes de Somalia y han vuelto a dividir su territorio y aguas territoriales en cuadrículas. Cabe señalar, por otra parte, que el Consejo de Seguridad autorizó, a través de la resolución 1725, de 6 de diciembre de
2006, que la organización regional del Cuerno de África y GAD y la Unión Africana establecieran una misión de protección y capacitación en Somalia (Amison). Componen esta misión, a la que la Unión Europea ha comprometido un apoyo de 15 millones de
euros, tropas ugandesas. En las recientes reuniones, mantenidas en Yeda bajo el patrocinio del rey Abdalá, se ha debatido el posible despliegue de una fuerza militar mixta árabo-africana, con mandato de
Naciones Unidas, lo que permitiría la retirada de las fuerzas etíopes.
Señorías, como es sabido, tanto en las reuniones de los representantes de las asociaciones de Anabac y Opagac con la Administración como más recientemente en sede parlamentaria, se ha planteado la posibilidad de establecer un sistema de
protección a los pesqueros españoles mediante el despliegue de una fragata o patrullera de la Armada. A este respecto quiero trasladarles, en primer lugar, el contenido del informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre esta cuestión. En
este informe, el Ministerio de Defensa afirma que las características del apoyo solicitado hacen que la misión solo pudiera ser llevada a cabo por una fragata, tipo de buque que no presenta las condiciones de autonomía ideales, por lo que sería
necesario contar con varias unidades. La distancia a la zona desde España implica aproximadamente que para los tránsitos de ida y vuelta se necesitaría un mes, y la difícil situación de los países ribereños, como el ya citado caso de Somalia o el
de Yemen, no ofrece garantías en cuanto a posibles necesidades de aprovisionamiento, mantenimiento o reparación.
Puertos como Djibuti, Mascat o Port Victoria necesitan varios días de tránsito, disminuyendo por tanto el periodo de permanencia del
buque en patrulla. No se puede garantizar así un tiempo útil de operación en zona más allá del 50 por ciento del total y eso disminuye notablemente el grado de eficacia del despliegue. Finalmente, concluye el informe elaborado por el Ministerio de
Defensa, el proceso de relevo de las fragatas FFG, en sus obras de modernización, y las actividades comprometidas por la OTAN en estas fechas, obligarían a asignar a la misión fragatas de la clase F-100. Además de la desproporción que supondría
enviar estos buques con sistema Aegis para este cometido, el coste sería muy elevado, evaluándose en unos 60.000 euros diarios, por lo que un despliegue de tres meses en la zona, más uno de tránsito, representaría un coste total de 7 millones de
euros para una única fragata. Señor presidente, señorías, la evaluación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa que acabo de resumir ha llevado al Gobierno a concluir que es en foros multilaterales o intergubernamentales donde han de continuar
las gestiones, trasladando la preocupación por este fenómeno y promoviendo decisiones que incrementen el grado de seguridad en la zona.
Es importante señalar que el proceso de sensibilización en el seno de determinadas organizaciones internacionales ha dado ya algún resultado.
Así, en el marco de la OTAN cabe mencionar la presencia en estos días de una agrupación que ha
llevado a cabo en la zona que nos ocupa diversos ejercicios, así como ha colaborado en tareas de seguridad entre las que está la disuasión contra la piratería. La OTAN está altamente sensibilizada con los actos de piratería que se están
desarrollando en las costas de Somalia. Como SS.SS. pueden imaginar, dicha sensibilización está directamente relacionada con las gestiones que ha llevado a cabo este Gobierno. Por otra parte, el Ministerio de Defensa cuenta con un oficial de
enlace con base en Bahrein, que tiene instrucciones de gestionar las llamadas de alerta de los capitanes de los buques pesqueros españoles que disponen de sus coordenadas.
Señor presidente, señorías, el Gobierno español ha trasladado a sus socios en la Unión Europea, en la OTAN y en gestiones bilaterales con países con efectivos militares en la zona, como es el caso de Francia, su preocupación por el fenómeno
que es objeto de esta comparecencia. Es importante señalar que, además de buques pesqueros de bandera española, francesa y de Seychelles, operan en esta región pesqueros con bandera china, japonesa y coreana. Ninguno de estos países ha optado por
la adopción de medidas de protección militar a los pesqueros de su bandera.
Este es un dato particularmente significativo si pensamos que nos estamos refiriendo a Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con armadas que están dentro
de las cinco más importantes del mundo, caso de Francia y China, o de una gran potencia económica, como el caso de Japón.
Es conocida también la pregunta parlamentaria formulada el pasado 6 de septiembre por la diputada del Parlamento Europeo doña Rosa Miguélez, por la que se plantea al Consejo la conveniencia de organizar, en colaboración con la Comisión y los
Estados miembros interesados, un sistema capaz de responder a la legítima preocupación de los pescadores comunitarios, promoviendo alguna fórmula o mecanismo de ayuda mutua para que cualquier buque de guerra de un Estado miembro que se encuentre en
la zona apoye a los buques pesqueros con bandera de otros Estados miembros.
Nuestra representación permanente en Bruselas está trabajando activamente con el fin de explorar, con nuestros socios europeos, esas posibles fórmulas de cooperación. Es
en este sentido en el que el Gobierno seguirá trabajando, buscando la movilización de efectivos de organizaciones internacionales y apoyando la búsqueda de una solución satisfactoria que permita la superación de la crisis en que se encuentra sumida
Somalia desde hace años. Es importante el anuncio del presidente Sarkozy del pasado 25 de septiembre en el curso de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la disposición de Francia a asegurar por medios militares navales, y durante
dos meses a partir de noviembre, el abastecimiento de ayuda alimentaria a Somalia. Medidas como esta seguirán contribuyendo, sin duda, al aumento de las condiciones de seguridad en la zona, objetivo que, como he señalado, está dentro de la política
del Gobierno.
En conclusión, señorías, en primer lugar, vamos a seguir trabajando con nuestros socios y en instancias multilaterales a favor de la paz y la estabilidad de Somalia así como de garantizar la seguridad en sus aguas.
En segundo lugar, como
indicó el ministro Moratinos, el Gobierno ha estudiado detenidamente la posibilidad de enviar una fragata a la zona y la ha descartado, por su inviabilidad práctica y la ausencia de condiciones adecuadas. En tercer lugar, mientras no
mejoren las condiciones de seguridad, se mantendrá la prohibición actual de pescar en la denominada zona económica exclusiva de Somalia. En cuarto lugar, seguiremos fomentando las mejores relaciones de cooperación con otros países ribereños
de la zona en la que opera la flota española como Seychelles, Tanzania, Kenia o Mozambique. En quinto lugar, mantendremos un seguimiento de la situación política en Somalia y muy en concreto del diálogo en el seno del Gobierno federal de transición
y en el del grupo de Asmara, que reúne a todos los sectores de oposición. Se ha solicitado al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, el señor Solana, que este seguimiento se realice también desde la
Unión Europea. Es grato anunciar a SS.SS. que en la reciente reunión de Yeda, a la que me referí anteriormente, la Unión Europea contó con un enviado del alto representante, el señor Belliard.
Por último, España ha propuesto a China, Japón, Corea
y Francia, el establecimiento de un mecanismo de consulta y coordinación. Este grupo de países se encuentra en la actualidad, junto a España, a la espera de la posible evolución de los diálogos políticos y proceso de reconciliación en Somalia, de
una parte, y del posible despliegue en este país de una fuerza internacional, de otra, y en las próximas semanas continuarán las consultas para evaluar la situación y estudiar las posibles actuaciones desde la comunidad internacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor secretario de Estado.
¿Grupos que quieren intervenir? Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor secretario de Estado, quiero comenzar mi intervención agradeciéndole su comparecencia de hoy y también la información que nos ha suministrado, que es exhaustiva y completa, en torno a las gestiones que
hasta la fecha el Gobierno ha llevado a cabo en el problema que nos ocupa.
Si no me equivoco, es la primera vez en la que el Gobierno fija públicamente una posición en relación con el gravísimo problema de seguridad que los piratas somalíes que operan en los mares del Cuerno de África plantean a la flota atunera
congeladora. Me parece que es la primera ocasión, insisto, en la que esto ocurre y obviamente no tengo más que felicitarme por el hecho de que haya sido mi grupo parlamentario el que haya incorporado a la agenda del Parlamento -ya veo que no a la
del Gobierno- este importante tema. Es una incorporación que, por supuesto, desde mi grupo parlamentario siempre se ha hecho con afán constructivo, sin ninguna pretensión de dar a este asunto una dimensión estridente centrada en los titulares
alarmantes de los medios de comunicación, sino con el empeño en la búsqueda de una solución efectiva que dé respuesta a este grave problema de seguridad que inquieta a mucha gente y pone en peligro intereses económicos notables e incluso la vida y
la seguridad de muchas personas que integran las tripulaciones de estas embarcaciones, que suman 26, bajo pabellón español, que operan en esta zona.
El problema de seguridad que padecen las embarcaciones de la flota cerco-atunera de pabellón español que faena en esta zona, en el océano Índico, podría haber sido abordado, puede ser abordado por el Gobierno de muy diferentes maneras.
Clasificando estas maneras en orden decreciente de intensidad de implicación del Gobierno, a mí se me ocurren hasta cuatro. La fórmula de abordar este problema, que denotaría una mayor implicación del Gobierno, sería la que el Parlamento hizo suya
en la resolución que aprobamos en el mes de julio en el Congreso de los Diputados en la que se instaba literalmente al Gobierno a desplegar una patrullera o fragata con apoyo de un helicóptero -leo literalmente- en el borde de las 200 millas de
Somalia, para la protección de sus aguas exteriores durante los meses de agosto, septiembre y octubre, coincidentes con la presencia de la flota cerco atunera española en aquella zona.
Nos ha dicho que el máximo nivel de implicación del Gobierno en la resolución de este problema de seguridad es imposible o, cuando menos, es desaconsejable. Nos ha hablado de unos informes emitidos en el seno del Ministerio de Defensa que
desaconsejan recurrir a esta fórmula, por razones técnicas, por razones económicas y por razones también de eficacia, porque las diferentes fórmulas que podrían arbitrarse o exceden de lo proporcionado desde el punto de vista económico o no
garantizarían la eficacia de la prestación de seguridad de la que se trata. El segundo nivel de implicación del Gobierno podría ser entablar relaciones bilaterales con otros Estados que tienen desplegados en la zona efectivos navales, para, a
través de mecanismos de transacción, que supongo existirán en los protocolos de los diferentes ministerios de Defensa de países amigos y aliados, alcanzar un punto de encuentro en virtud del cual la defensa de la seguridad de estas embarcaciones
pueda ser asumida directamente por flotas de otros Estados miembros, a cambio de las contraprestaciones que pudieran establecerse al respecto, porque esta es una misión que no es indelegable, es decir, no es una misión que tenga que ser desempeñada
necesariamente por la Armada española, no es una misión que tenga una relación directa con funciones estrechamente asociadas a la soberanía, o no hay otro motivo que justifique la asunción de modo indelegable de estas funciones por parte de la
Armada española.
Esta es una opción que, por lo que he visto, usted prácticamente ni la ha considerado. Ha hablado de contactos, de relaciones mantenidas con socios y amigos en diferentes foros multilaterales, pero no ha articulado un modo de
cobertura de estas embarcaciones a través de las relaciones bilaterales, que por ejemplo podrían concertarse con Francia, que todo el mundo sabe que tiene desplegados efectivos
navales en aquella zona. Como se sabe, Francia, como último resquicio probablemente del imperio colonial del que dispuso, todavía ejerce soberanía sobre algunos islotes situados en aquella zona y su presencia naval es real y efectiva
prácticamente a lo largo de todo el año en dicha zona.
Un tercer nivel de implicación del Gobierno podría ser el de transmitir a los foros internacionales o multilaterales esta preocupación, para incluir en su agenda este punto e invitarles a tomar cartas en el asunto.
Uno de los foros puede
ser el de la OTAN, evidentemente, y otros; usted ha citado las gestiones que se han llevado a cabo en el seno de la Unión Europea. Finalmente, el menor nivel de implicación del Gobierno en la resolución de este problema podría articularse a través
de foros multinacionales, pero en los que el Gobierno no actuaría como tal, sino a través de otras vías, de otros cauces; por ejemplo, a través de los grupos parlamentarios que tenemos en el Parlamento Europeo. Usted ha hablado de unas preguntas
que recientemente se han formulado tanto al Consejo como a la Comisión, en relación con este asunto, suscritas, efectivamente, como usted decía, por Rosa Míguelez, pero también por Josu Ortuondo, que es el europarlamentario del Partido Nacionalista
Vasco en el Parlamento Europeo. Estas preguntas no han tenido todavía respuesta, si no me equivoco; ni la Comisión ni el Consejo han dado una mínima contestación. Siendo una iniciativa del Gobierno, la manera más efectiva de actuar en un foro
multilateral como el de la Unión Europea sería implicarse como tal ejecutivo y, como miembro que es del Consejo Europeo, presentarse allí con estas propuestas, pero como tal ejecutivo de un Estado miembro que tiene un peso relevante y una capacidad
de influir, de condicionar y de concienciar a la Unión Europea infinitamente mayor que la que pueda articularse a través de una pregunta parlamentaria, que es un método que puede acabar siendo efectivo, pero que, desde el punto de vista de la
presión que ejerce sobre los órganos comunitarios a efectos de que asuman conciencia de este problema y empiecen a tomar cartas en el asunto, podría ser notablemente más eficaz.
De entre estos cuatro posibles modos de actuación, el Gobierno se sitúa entre el tercero y el cuarto: operar en los foros multilaterales y hacerlo bien como Ejecutivo o bien a través de los recursos parlamentarios de los que podamos
disponer, no ya como Ejecutivo, no ya como institución, sino como partidos políticos en esos foros multilaterales. Es posible que no haya otra solución, es posible que los niveles de implicación tengan que ser los menores. No voy a cuestionar los
informes del Ministerio de Defensa, que plantean dificultades probablemente insalvables, para que el Gobierno se implicara al máximo nivel en este asunto y enviara al océano Índico un buque de la Armada, pero me da la impresión de que las opciones
que ha elegido el Gobierno es posible que no sean las más efectivas. Al menos a corto plazo es muy difícil que vayan a asegurar un resultado efectivo desde el punto de vista de lo que se pretende, que es garantizar la seguridad a estas
embarcaciones y permitir que unos ciudadanos que cumplen sus obligaciones con respecto al Estado y que además emprenden una iniciativa económica que produce riqueza y genera puestos de trabajo cuenten con la cobertura máxima del Estado, y no
limitarse, como originariamente se limitó, a prohibirles entrar en determinada zona a pescar, que es la resolución inicial que adoptó el Ministerio de Defensa.
Solo me cabe de cara al futuro instar al Gobierno a que continúe responsabilizándose del asunto, que no descanse exclusivamente en lo que pueda dar de sí la iniciativa parlamentaria planteada en la Cámara europea, que, como Gobierno que
tiene una presencia efectiva en foros multilaterales, actúe lo más eficazmente posible, ejerciendo la presión que como Gobierno de un Estado miembro de estos foros puede ejercer, de manera que estas instituciones, estos organismos, estos foros
multilaterales tomen de verdad cartas en el asunto. Yo, como parlamentario, seguiré vigilando la actuación del Gobierno, pero insisto en que no descanse exclusivamente en el resultado que puedan ejercer las actuaciones parlamentarias. Usted es
miembro de un Gobierno, un Gobierno que puede ejercer más presión, que puede influir más decisivamente sobre estos organismos multilaterales. Y tampoco desdeñe las relaciones bilaterales que puedan ser efectivas en este caso. Antes he citado la
relación francoalemana, que a este respecto puede ser muy fructífera y producir resultados enormemente eficaces.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor secretario de Estado, como siempre, quiero agradecer en primer lugar su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado sobre un tema importante en cuanto afecta a la seguridad de las personas, a la
seguridad de ciudadanos españoles que están desarrollando un trabajo muy lejos de nuestro país y también, en consecuencia, con afectación a lo que es una actividad económica sólida, como son los buques-factoría o los buques-congeladores que operan
en el océano Índico. Se trata de una cuestión muy puntual que, a nuestro entender, deja bastante en evidencia su capacidad, la voluntad del Gobierno para solucionarla. Sus explicaciones han sido más bien deseos, voluntades de futuro, poca
concreción. Lo único que sabemos es que no van a realizar aquello que les ha sido solicitado de forma reiterada y directa, como es el envío de una fragata, pero a ello me referiré más tarde.
Ahora quiero hacer una reflexión a raíz del profundo interés -no se lo podemos negar- que ha tenido el secretario de Estado en comparecer para explicarnos este tema, la problemática que afecta a los pesqueros españoles en el océano Índico,
que no deja de ser una cuestión que obedece más a la cotidianidad en la gestión de los temas que competen al Ministerio de Asuntos Exteriores que a lo que habitualmente viene debatiéndose en
esta Comisión, aquellos temas de calado político en el ámbito del panorama internacional, en relación con los cuales, lógicamente, conocer y debatir el posicionamiento, las políticas del Gobierno es algo del todo imprescindible. Nos produce
cierta perplejidad el interés y las ganas con las que usted ha comparecido para explicarnos estas cuestiones si constatamos que la situación en el panorama político internacional es realmente convulsa a los problemas de largo recorrido, Oriente
Medio, Sáhara, a los problemas de terrorismo en Afganistán, en Irak, al desafío nuclear iraní, a la amenaza de guerra civil en Líbano, a lo que está sucediendo actualmente en Myanmar y a su última decisión de incrementar el nivel de diálogo con
Cuba. Todo ello describe un panorama que podría priorizar muchas cuestiones sobre las que usted podría comparecer en esta Comisión por encima de esta que acaba de desarrollar y que con tanto interés ha venido a contarnos. Pero esto no lo podemos
valorar así aisladamente, porque por otro lado estamos certificando que prácticamente a finales de la legislatura usted solo ha comparecido en esta Comisión (independientemente de aquellos temas de trámite o formales como la valoración de los
Presupuestos Generales del Estado o la presencia del Gobierno en las cumbres internacionales) cuatro veces para hablar de Oriente Medio, tres veces para hablar del Sáhara y dos veces para hablar de temas vinculados con Iberoamérica; nada más. Si
por un lado tenemos una situación internacional compleja y complicada y, por otro, usted ha venido a hablar de ella solamente en nueve ocasiones prácticamente en cuatro años de legislatura, permítame que al parecer de nuestro grupo su comparecencia
de hoy, sin quitarle interés en el tema, que lo tiene, responde a una actitud algo frívola por su parte y, por otro lado, certifica la relativa consideración que usted tiene a la Comisión. En fin, el tema no es la importancia de debatir o no los
problema de nuestras pesquerías en aguas internacionales, que evidentemente cabe, sobre todo si hay interés, como así lo ha venido demostrando un grupo parlamentario, en este caso el Grupo Vasco, sino la predisposición que usted no manifiesta en
comparecer en esta Comisión por otros temas que sí tienen calado y trascendencia política.
Me sitúo ya en el aspecto que venimos debatiendo, básicamente en las amenazas, en el peligro que representa, para los pesqueros españoles que operan en el océano Índico todas las actividades de piratería que vienen desarrollándose
prácticamente en la zona próxima a la costa somalí, amenaza que está siendo generalizada a todo tipo de buques -cargueros, cruceros y pesqueros- y dentro de ella a los 26 barcos de esta actividad que empresas españolas desplazan a la zona; riesgo
que es precisamente en estas fechas, en septiembre y octubre, cuando más se acrecienta, dado que estos barcos tienden a seguir las rutas migratorias de este tipo de pescados y es en estas fechas cuando se desplazan hacia hacia el Cuerno de África y,
por tanto, hacia la zona en conflicto. Estos piratas, lógicamente, son señores de la guerra. En parte importante de su motivación se constata la situación interna que vive Somalia, situación de la que se aprovechan también mercenarios occidentales
que colaboran con estos señores de la guerra, pero situación que en el mes de octubre de 2007 no es nueva. Hay que recordar que el primer ataque a un barco español sucedió hace cuatro años, concretamente al Albacora IV, con base en Vigo; asalto
que acabó con el pago de un rescate importante. A partir del año 2003 se han venido sucediendo y hay cifras que hablan, por ejemplo, de que solo en el año 2005 fueron 300 los ataques que sufrieron diversas embarcaciones en la zona. Ello describe
una situación de riesgo real, un peligro que no era flor de verano, que no fue una aventura aislada, sino que obedece a una estrategia de subsistencia o de enriquecimiento de estos piratas del siglo XXI; ataques también que se han ido reproduciendo
a barcos españoles. Usted los ha citado; el último frustrado, gracias a Dios, por una avería que tuvo una de las barcas que acosaban, fue el Playa de Aritzatxu. Aquí lo importante es la diagnosis del problema y la capacidad de reacción que el
Gobierno ha mantenido sobre este problema. Con las cifras y con el hecho de que barcos españoles hayan sufrido en sus propias carnes este ataque la diagnosis es clara, y coincidimos -y así se ha expresado por el Gobierno y por el grupo que ha
intervenido anteriormente- en que es una situación problemática que hay que tener en cuenta. Por tanto, estamos de acuerdo que el problema existe y hay que afrontarlo.
Me pregunto por qué hasta ahora no se ha empezado a trabajar en ello; por qué hasta ahora no se le ha dado la importancia que provocara la reacción del Gobierno; por qué han tenido que pasar todos estos años desde el primer ataque; por
qué hemos tenido que leer en la prensa la crueldad de estos ataques producidos afortunadamente en otros barcos que no son españoles pero que estaban operando en la zona. De la misma manera cabría preguntarse por qué el ministro no ha cumplido su
palabra; la palabra que dejó escrita en el 'Diario de Sesiones' del Senado, en el mes de mayo de 2006, en que hablaba de la posibilidad de desplegar esta fragata, en que hablaba de buscar acuerdos con otros países, lo mismo que usted nos ha
repetido pero que no nos ha concretado más allá de quitarse las pulgas de encima diciéndonos que de lo de la fragata con helicóptero nos olvidemos, cuando precisamente la flota que envía la OTAN incluye cuatro fragatas, con lo cual, sin entrar a
cuestionar -Dios me libre- los informes del Ministerio de Defensa, lo cierto es que la OTAN -que algo tiene que ver con la defensa- de los seis buques que desplaza a la zona, cuatro son fragatas y también por qué se incumple la voluntad del
Parlamento. El señor Erkoreka ha hecho referencia a la propuesta de resolución del último debate sobre el estado de la Nación, en la que se ponía en solfa la necesidad de acción del Gobierno y se recomendaba la solución de enviar la fragata. Esa
propuesta no contó con los votos del Grupo Socialista pero fue aprobada por mayoría; por tanto, entendemos que el
respeto a las decisiones parlamentarias siempre ha de ser tenido en cuenta.
En definitiva, su comparecencia hoy aquí responde a la gravedad del problema, pero usted ha venido a justificar un poco al Gobierno por la presión parlamentaria que ha tenido en los últimos tiempos -hay que reconocerlo- del Grupo
Parlamentario Vasco, pero más allá de la justificación sus palabras no aportan soluciones. Sabemos que no tenemos fragatas. Respecto a trabajar en organismos multilaterales, obviamente, si se hubiera trabajado tiempo atrás, estaríamos en
condiciones de aportar resultados sobre estos trabajos. En cuanto a mantener la prohibición, si no se puede pescar allí, esa zona ya queda excluida de riesgos. Nos parece una solución provisional que en ningún caso puede ser el horizonte final de
trabajo. Respecto a la colaboración con otros países que pescan en la zona, le digo lo mismo que le he comentado cuando hablaba de la colaboración con organismos multilaterales. Han reaccionado tarde, el tiempo ha pasado; tiempo pasado es tiempo
perdido, y tiempo perdido cuando estamos hablando de seguridad de personas de actividades económicas tiene un factor de gravedad importante. En consecuencia, le agradeceríamos que nos respondiera a estos interrogantes: por qué hasta ahora, por qué
el ministro no ha cumplido su palabra y por qué se ha incumplido la voluntad del Parlamento. A la espera de si en su respuesta nos puede dar mayores concreciones, mantenemos nuestro disgusto doble en su comparecencia, primero por la oquedad en las
explicaciones que ha dado y, segundo, por una cuestión de forma que le he comentado al principio de mi intervención sobre la velocidad y la celeridad que tiene para comparecer por cuestiones de estas. Como balance -creo que ya podemos empezar a
hacer balance, a falta de tres meses para que disuelvan el Parlamento-, mencionaré la poca motivación que tiene usted para hablar en la Comisión de Asuntos Exteriores de los temas importantes, de calado, que afectan al panorama político
internacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Señor secretario de Estado, muchas gracias por la comparecencia, por expresar aquí su preocupación y el esfuerzo de todo el Gobierno para buscar la seguridad de los españoles. Permítanme, en primer lugar, que
exprese mi perplejidad porque el principal partido de la oposición en su intervención pretenda que sus nueve comparecencias son escasamente importantes por la complejidad internacional y que, sin embargo, su grupo parlamentario las reduzca siempre,
o prácticamente durante de todo el periodo legislativo, solamente a dos: el tema de Cuba y el de Venezuela, que es lo que ha venido planteando continuamente el partido de la oposición; y perplejidad porque caiga en la contradicción que hizo ayer
su portavoz al considerar esta comparecencia como una ridiculez por el tema y, sin embargo, considerarla una gravedad. Nosotros consideramos que la tiene porque se refiere a la seguridad de los españoles. Es evidente que la seguridad de los
españoles es muy importante para este Gobierno y, desde luego, no es ninguna ridiculez para el secretario de Estado ni para nadie del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista, y merece que se den todas las explicaciones encaminadas a asegurar
este fin y a respetar el trabajo de otro grupo parlamentario que cumple absolutamente con su obligación.
Repasando lo que nos ha venido diciendo, creo que el Gobierno ha cumplido bien el trabajo de protección de la seguridad de los españoles. Ha venido haciendo un trabajo de prevención, como normalmente se hace, con un seguimiento de las zonas
de inseguridad de todo el mundo, como hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, para advertir a los españoles de manera oportuna de los riesgos que puedan concurrir en ellos. Eso es lo que hizo el Gobierno al transmitir la advertencia a las
organizaciones de armadores Anabac y Opaqac, según el grupo de supervisión para Somalia en el que el presidente del Comité recomendaba en su comunicación al presidente del Consejo de Seguridad que se prohibiera a los barcos extranjeros la pesca en
aguas somalíes. Es evidente que esas aguas somalíes, la zona de exclusión -que también es cierto que Somalia nunca la ha reclamado porque es un Estado fallido- es la zona de mayor riesgo y de mayor peligro y, de hecho, se justifica perfectamente
esa prohibición, y por eso se hizo así a partir del 1 de junio de 2006, con la prohibición de la actividad en la zona económica exclusiva de Somalia. Las reacciones de las organizaciones pesqueras, como saben, fueron diferentes, si bien la
organización Anabac, que se puso en contacto conmigo, me explicó que su rechazo, la interposición de su recurso se refería solamente a la forma pero no al fondo. Por consiguiente, respetaban por supuesto la recomendación del Gobierno. Además de
eso, el Gobierno actúa en general protegiendo la seguridad de los españoles mediante la actividad de sus embajadas y de sus consulados. En eso ha conseguido un avance muy importante en esta legislatura; nunca se había conseguido un avance tan
espectacular, aunque somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer, porque partíamos de unas bases muy bajas.
Refiriéndonos al informe de Defensa, quiero subrayar algunas cosas. En primer lugar, cuando se trata del despliegue de buques de guerra para la prevención de un delito -porque no se puede atacar a un buque hasta que no se sepa si realmente
va a cometer un delito- es algo complicado, y además es complicado en nuestra jurisprudencia. Es fácil de imaginar porque ahora los piratas del mar actúan de forma muy distinta a como lo hacían en anteriores periodos de la Historia. Normalmente se
trata de barcas planeadoras muy rápidas y muy potentes. Pero ¿cómo se hace la prevención de este ataque? ¿Atacando primero? Eso no lo permite nuestra Constitución. Además, si no tuviera esa prevención de atacar primero pondría en riesgo a
nuestra marinería. No quiero hacer
ningún discurso demagógico, pero quiero poner de relieve la dificultad que implica la defensa directamente con buques de guerra. Es evidente que se puede tener solamente una presencia física disuasoria, pero aún así correría un riesgo muy
importante nuestra marinería si no ataca primero.
En caso de apresamiento de estas personas sería bastante complicado establecer ante qué justicia comparecen y qué justicia se les aplica. Con esto solo quiero ejemplificar la dificultad de la
actuación de una armada de guerra frente a un delito de piratería.Además, la protección ante un Estado fallido como el somalí es prácticamente imposible, aunque es evidente que hay empresas que trabajan en zonas incluso más difíciles, por ejemplo en
la zona de los Grandes Lagos, con la complejidad de delitos y de corrupción que conllevan las actividades de este tipo y en las que no creemos que deba caer nunca una empresa española, lo que no ha ocurrido nunca. Contemplando la posibilidad del
aprovisionamiento de las fragatas, otra opción sería -no sé si lo ha dicho ya el secretario de Estado- realizar el aprovisionamiento en la flota de Libertad Duradera.
Dudo mucho de que la ciudadanía española pudiera comprender eso. Desde luego, lo
que es bastante claro es el costo, 7 millones de mantenimiento en la operación total de la fragata, multiplicado por dos si se quiere cubrir durante todo el tiempo la protección de esos barcos, que están dispersos, y por tanto sería un poco dudosa
porque puede suponer una subvención a la pesca del atún con dinero público que podría considerarse no viable por la ciudadanía española.
Como ha señalado el señor Erkoreka, pasando de una medida a otra, lo que se puede hacer es actuar en política exterior para conseguir asegurar la zona lo más posible y recabar la ayuda multilateral o bilateral. Me gustaría decir al señor
Erkoreka que este último caso es bastante más útil porque era más largo en el tiempo conseguir que la Unión Europea diera una solución a este tema. Esperábamos ciertamente que la hubiera dado ya, y es cierto que la pregunta se está retrasando, pero
se espera para pronto, porque las relaciones bilaterales son necesariamente variables en el tiempo y, en cambio, una solución de la Unión Europea sería algo de bastante mayor importancia, contundencia y de mayor duración en el tiempo. Por tanto, es
evidente y ha quedado constatado el esfuerzo de este Gobierno por conseguir esa seguridad para las personas españolas, como se hace habitualmente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (León Gross): En primer lugar, agradezco a SS.SS. todas las intervenciones, todas ellas en mayor o menor medida constructivas y útiles para ese enfoque de política exterior que hace este
Gobierno, que se debe desarrollar en plena cooperación y coordinación con este Parlamento.
Apreciamos, desde luego, el interés que en este caso el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha mostrado en todo momento; lo hemos sentido como un apoyo y como una llamada a la coordinación. Desde luego, tanto las solicitudes que se han
hecho de comparecencias públicas o preguntas parlamentarias como los contactos que se han dado en privado han sido siempre útiles e importantes en ese enfoque de política exterior. La cuestión de la piratería en aguas frente a las costas somalíes
está en la agenda del Gobierno yo diría que desde los primeros meses en que empezó a trabajar. En este sentido, quisiera recordar a SS.SS. que a los pocos meses de mi toma de posesión como secretario de Estado de Asuntos Exteriores ya suscité esta
cuestión en mis contactos con mis homólogos de la zona, en concreto con Etiopía, que es uno de los países que, como SS.SS. saben, tiene una mayor capacidad de observación y también de presencia en Somalia. Su señoría ha mencionado cuatro posibles
grados de implicación del Gobierno español: Uno es el despliegue de la fragata o del helicóptero que como ya he explicado a SS.SS. no iba a producir ese resultado que se esperaba por las razones técnicas que he alegado y que nos han sido
proporcionadas por el Ministerio de Defensa.
La segunda posibilidad era la relación bilateral con otros Estados con efectivos navales. En ese sentido quisiera tranquilizar a su señoría. El Gobierno español ya ha solicitado esta cuestión con
Francia, que tiene dos patrulleras con base en Yibuti asignadas a una operación internacional y a las que, según nos dice Francia, no se les va a asignar tareas de protección en el ámbito de esta piratería naval. Como he mencionado, ha incluido
también la posibilidad de desplegar un buque de protección para los transportes de ayuda alimentaria a Somalia a partir del mes de noviembre, pero tampoco ese barco va a tener asignadas misiones de protección frente a la piratería. Por tanto, esas
gestiones con Francia sí se han hecho. Francia mantiene exactamente la misma posición que el Gobierno español. Por tanto, debo mostrar también mi desacuerdo con que el Gobierno se sitúe entre la tercera y la cuarta de las posibilidades que S.S.
mencionaba. Si acaso podríamos decir que estamos entre la primera y la segunda. La primera ha sido estudiada y descartada porque no va a proporcionar lo que el Parlamento solicitaba, que era la protección efectiva de la flota pesquera allí. Hay
que entender que el Ministerio de Defensa es el más competente para valorar la capacidad de llevar a cabo esa misión de manera adecuada. Desde luego, el segundo grado de implicación que mencionaba S.S. ya se ha cumplido, ya se ha hablado con
Francia, que es el país que tiene pesqueros y alguna presencia naval en la zona, y los otros tres países, Corea, Japón y China, que pescan en aquellas aguas, como hacen los pesqueros españoles, no tienen buques en esas aguas. Su señoría decía que
en todo caso hay que proteger a los buques que cumplen. Me gustaría insistir en que por el momento, respecto a ese grado de cumplimiento, la posición que mantiene España, que es similar a la de Francia, es la de
acatar esa recomendación del Consejo de Seguridad de que se prohíba la emisión de licencias para pescar en aquellas aguas. Esa es la posición, que -insisto- no es española o de este Gobierno, sino una posición consolidada en las relaciones
internacionales entre grandes potencias internacionales. Su señoría terminaba solicitando que se mantenga esa labor de estudio de posibles acciones, esa labor de presión en los organismos internacionales multilaterales. Tenga la seguridad de que
el Gobierno seguirá haciéndolo con el apoyo y la coordinación de los partidos en este Parlamento, que atribuyen una gran importancia a esta cuestión, como también se la atribuye el propio Gobierno, como no puede ser de otra manera.
El señor Ricomá ha comenzado su intervención mostrando su perplejidad por el interés, las ganas y la actitud frívola con que este secretario de Estado ha respondido a esta cuestión. Señor Ricomá, pensaba que en política las ganas y la
actitud frívola son cuestiones puramente especulativas. Me pregunto cómo habrá podido encontrar un sistema para medir las ganas o la frivolidad con las que este secretario de Estado responde a unas cuestiones y no a otras. Me ha resultado muy
interesante su planteamiento desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista de la política, un Gobierno con una política exterior seria tiene que ser capaz de responder a las grandes cuestiones internacionales pero también a las
pequeñas. Seguro que su señoría no habría expresado esas dudas si estuviésemos hablando, por ejemplo, de la protección de una ciudadana española que se encontrase en una prisión de Estados Unidos, tema que fue suscitado por el ministro de Asuntos
Exteriores en su conversación con la Secretaria de Estado Rice cuando estuvo aquí, y por el cual mantenemos un diálogo con el Partido Popular y he recibido llamadas de personalidades de muy alto nivel de ese partido y de la Generalitat valenciana,
ya que es una ciudadana de origen valenciano. La política exterior amplia y seria tiene que ser macro y micro, y la protección consular ha sido siempre una faceta más de la política exterior con capacidad de acción. El Gobierno la toma, por tanto,
con el máximo interés, como no puede ser de otra manera. Eso sí que es una categoría política de esa cuestión. Su señoría considera que hacer una comparecencia sobre ello revela una visión determinada de la política exterior. He dedicado cuatro
comparecencias al proceso de paz de Oriente Medio, tres al Sáhara y dos a Iberoamérica. Por cierto, S.S. ha olvidado otras dos comparecencias, una sobre la Presidencia de la OSCE, que es una organización internacional de una cierta importancia, y
otra sobre el Plan Asia. Además de esas once comparecencias dedicadas a cuestiones de interés general muy amplias y muy importantes en la política exterior española, se ha dedicado una a la protección consular, que es enormemente importante.
Sinceramente me parece desproporcionada su consideración.
Toda esa lista de ejemplos que mencionaba S.S. está incluida de una forma u otra en las once comparecencias a las que me acabo de referir. En fin, ustedes tienen que hacer la oposición y
algo tienen que decir, y yo comprendo que su labor no es fácil.
Respecto a la cuestión que nos ocupa, dice que los ataques se producen en 2004 y que no le ha parecido que el Gobierno haya reaccionado. Los primeros ataques son de 2003. Espero que S.S. tenga un balance de todas esas grandes decisiones
que con toda celeridad tomó el Gobierno en aquel momento para compararlas con las que está tomando el Gobierno actual. Mi impresión es que -no sé si tenemos mucho o poco que ofrecer como balance de Gobierno- desde luego no será muy diferente al
enfoque que hizo el Gobierno entonces, que fue analizar las posibles respuestas que se pueden dar desde la comunidad internacional y proceder a ello, señoría, porque -insisto- nadie está mejor situado que el Ministerio de Defensa para poder valorar
la eficacia de la medida que se había propuesto desde el Parlamento y que con todo interés -estoy convencido de ello- ha valorado.
Su señoría señala que se ha producido un incumplimiento de la palabra del ministro de Asuntos Exteriores. Tengo aquí los diarios de sesiones del Senado en que el ministro de Asuntos Exteriores dice literalmente: El Gobierno está estudiando
el envío de una fragata y de un helicóptero.
Aquí están los diarios de sesiones del Senado, si lo desea se los puedo hacer llegar. Por tanto, no sé a qué palabra se refiere. Es posible que se me haya escapado algún elemento o que S.S. y yo
tengamos una idea diferente de lo que significa dar la palabra alguien. Entiendo que lo que el ministro está diciendo es que además de las gestiones que están realizando los organismos internacionales, el Gobierno está estudiando el envío de una
fragata española y de un helicóptero. Desde luego el Gobierno estaba haciendo ese estudio, desde luego que ese estudio se ha llevado a cabo, y desde luego que existe un informe muy amplio y detallado del posible envío de esa fragata con el posible
refuerzo de un helicóptero a aguas somalíes. Por tanto, el ministro sí ha cumplido su palabra en el sentido de que el Gobierno ha estudiado detenidamente la cuestión que nos ocupa. Por otra parte, tampoco puedo aceptar que se señale que se ha
reaccionado tardíamente, porque esos contactos a los que me he referido con las dos patronales, entre las que se encuentran incluidas todas las empresas o los buques que pescan en aguas frente a las costas somalíes, desde hace muchos meses revelan
que desde el momento en que los problemas empiezan a agudizarse, sobre todo a partir del 2005, se produce una reacción por parte del Gobierno que ha llevado a los contactos con la OTAN, con la Unión Europea, a los que me he referido -quiero
subrayarlo- como Gobierno. Anteriormente en la intervención del señor Erkoreka se ha señalado que apoyándonos en el Parlamento. No. Son labores que obviamente refuerzan la labor del Gobierno, pero es el Gobierno como tal el que está realizando
esa acción; es el Gobierno el que habla con el alto representante de la Unión Europea para la política exterior; es el Gobierno el que habla con la OTAN. La Alianza Atlántica estos mismos
días ha realizado maniobras navales en esas aguas que obviamente tienen un efecto disuasorio muy importante puesto que revelan la presencia de la comunidad internacional. El señor Erkoreka decía -creo que con muy buen criterio- que no se
trata tanto de que sea un buque con bandera española el que realice la protección, sino que esa protección se realice por la comunidad internacional, y eso es precisamente lo que la OTAN ha estado haciendo en aquellas aguas. Por otra parte, es lo
que la Unión Europea está haciendo en su seguimiento político y con su presencia política, como señalaba anteriormente, en esa reunión que ha concluido hace pocos días en Yeda entre los distintos sectores que se agrupan alrededor del Gobierno
federal de transición, en que se contó precisamente con la presencia de un representante del señor Solana, por lo que algo tendrá que ver esa cuestión con el el interés español en el tema de Somalia.
No quiero dejar de mencionar que las comparecencias de este secretario de Estado superan en más de un 50 por ciento a las de mis predecesores en gobiernos del Partido Popular. Por tanto, no voy a entrar a discutir la posibilidad de que este
secretario de Estado no haya atendido a esta Comisión de Asuntos Exteriores con el interés que merece. Repito, más de un 50 por ciento de comparecencias que mis predecesores, y a los datos me remito. Datos son los que hay que utilizar y manejar en
política, no especulaciones sobre si hay más o menos ganas o si hay más o menos frivolidad.
Hay que ser serios y tomar con rigor las cuestiones sobre la que trabajamos. Cuando dos países como Francia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen dos de las cinco armadas más importantes del mundo, cuando
un país como Japón con la potencia económica y la presencia internacional que representa, cuando países como Corea de una dimensión igualmente importante en las relaciones internacionales están actuando de la misma manera que el Gobierno español,
algún aval cabe reconocer, salvo que su señoría quiera no solo señalar esa reiterada cantinela de que la política exterior de este Gobierno es como es, sino que además las políticas exteriores de los cuatro países a los que me acabo de referir están
en esa misma línea.
Cuando cinco países muy importantes y de mucho peso en la comunidad internacional están actuando de la misma manera, algo debe querer decir.
Por último, quiero agradecer la intervención de la diputada Aburto, representante del Grupo Parlamentario Socialista, cuyas observaciones me parecen muy atinadas, muy oportunas y las tenemos muy en cuenta. El Gobierno se está tomando con un
enorme interés ese trabajo de protección y de prevención al que se refería S.S. Nuestros contactos permanentes con Anabac y con otros representantes de las flotas a las que nos estamos refiriendo revelan que no hay discusión sobre la posición de
fondo.
Entienden que eso es lo que hay que hacer y que se está haciendo correctamente. La vía multilateral, sobre todo la vía de trabajo con la Unión Europea, se nos presenta en este momento como la más eficaz para seguir trabajando en este
ámbito. La vía para seguir trabajando sobre esta cuestión está en la Unión Europea y la OTAN, junto al trabajo y la coordinación que el Gobierno español mantiene con los otros cuatro grandes países que tienen flotas en esas aguas. Ese es nuestro
convencimiento, y eso es lo que pretendemos seguir haciendo en las próximas semanas.
El señor PRESIDENTE: Para réplica por parte del Grupo Vasco, en un turno breve de tres minutos tiene la palabra señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor secretario de Estado, quisiera hacer una reflexión que sirviera de corolario para su comparecencia de hoy, a efectos de que las derivaciones colaterales que tiene el asunto -múltiples por lo que hemos
podido ver a través de las intervenciones de los diferentes portavoces que han tomado la palabra hoy- no desenfoquen el problema y nos permitan identificarlo en sus justos términos.
El asunto sobre el que versa su comparecencia de hoy, señor secretario de Estado, nos remite a un problema de seguridad que afecta a unas embarcaciones y a unos tripulantes que están empeñados en llevar a cabo una actividad económica en
condiciones difíciles y hostiles en un mar lejano, y que precisan del amparo y la protección del Estado del que forman parte. Es un problema de seguridad que tiene una triple dimensión que hoy se ha puesto de manifiesto aquí, económica, política y
humana, porque también está en juego la seguridad de seres humanos. Es un problema de seguridad sobre el que corresponde al Gobierno responder. El Gobierno es el principal responsable de velar por la seguridad de estas embarcaciones y de sus
tripulantes, y por la integridad física de las personas que se juegan la vida allí, pero también por la integridad del interés económico de los armadores que han hecho inversiones y que están poniendo todo su empeño para producir riqueza, generar
beneficios y crear puestos de trabajo. Esta seguridad, de la que el principal responsable es el Gobierno, hoy por hoy pasa inexorablemente por garantizar la presencia en el océano Indico, en la zona en la que fundamentalmente operan estas
embarcaciones, de unos buques de guerra que prevengan los ataques de los piratas y, si se producen que sirvan para repelerlos. Cualquier otra fórmula no sirve. Ayudar o impulsar el trabajo de las instituciones transitorias que se encargan del
Gobierno en Somalia es un cauce insuficiente, porque ni por medios ni por recursos ni por estabilidad estas instituciones son capaces de garantizar un resultado efectivo desde el punto de vista de la seguridad. Lo decía muy claramente y en términos
contundentes la Comisión, cuando en respuesta a una pregunta de un europarlamentario decía literalmente: Es evidente que Somalia no puede controlar las costas a causa de la fragilidad del Gobierno transitorio y de la falta de recursos. Este es un
hecho que creo que compartimos todos los que hemos participado en esta comparecencia. Este problema de seguridad, que solo se
resuelve con la presencia de una o varias embarcaciones de buques de guerra que velan por impedir que se produzcan los ataques de los piratas, pasa por que los buques de guerra allí presentes reciban un mandato claro e inequívoco, cuenten
con un listado exhaustivo de las embarcaciones de pabellón español que se encuentran allí y cuenten también con el mandato claro de que ante cualquier alarma, ante cualquier emisión de SOS procedente de estas embarcaciones, el buque de guerra, el
que se trate, reaccionará de inmediato para ofrecer la seguridad que demandan. Otra solución no hay, esta es la única solución. Hoy por hoy la flota de la OTAN, que efectivamente ha hecho unas maniobras por aquella zona, no ofrece de modo
permanente esta seguridad. Es cierto que es una flota potente, una flota consensuada en el seno de la Alianza Atlántica, pero su presencia en estas aguas en la zona conflictiva se ha reducido prácticamente a dos semanas. En el contexto de una
campaña pesquera que dura aproximadamente dos o tres meses, lógicamente es insuficiente. Por otra parte, el protocolo de relación con estas embarcaciones hasta el momento presente es muy complicado, es decir, no es misión de estas embarcaciones
atender a la seguridad de las embarcaciones pesqueras. Su misión se circunscribía, en principio, a garantizar la seguridad de las embarcaciones que estaban en misiones de la ONU, del programa mundial de alimentos y, por tanto, no tenían un mandato
claro y explícito de atender a la seguridad de estas embarcaciones.
Concluyo ya, señor presidente, haciendo referencia a un comentario que ha hecho la portavoz socialista a este respecto. Comparto con ella la necesidad de encontrar soluciones que garanticen una respuesta permanente a este problema, mejor
que soluciones rápidas y urgentes, pero que pueden plantear problemas de permanencia en el tiempo. La búsqueda de soluciones permanentes no puede ir en detrimento de la eficacia y de la necesidad insoslayable de atender ya el problema que en este
mismo momento se plantea sobre la seguridad de estas embarcaciones y sus tripulantes.
Porque si hoy se produjera -Dios no lo quiera- un ataque a estas embarcaciones, a nosotros como responsables públicos no nos eximiría de responsabilidad el hecho
de haber estado trabajando en foros multilaterales a favor de soluciones duraderas en el tiempo. Ahora seríamos los responsables indirectos, pero responsables de alguna manera de no haber garantizado la seguridad de esas embarcaciones y de sus
tripulantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor secretario de Estado, usted se tiene bien aprendido el manual de estilo de estrategia de Gobierno y lo ha aplicado en esta ocasión defendiéndose a base de atacar, pretendiendo diluir un pobre bagaje de
su presencia en esta Comisión mediante la acusación al Grupo Parlamentario Popular de que no le da importancia a temas menores, o que minimiza la repercusión que este tipo de temas tienen que tener en esta Comisión. Usted ha hecho gala de dotes de
psicólogo también, o al menos algo en sus palabras he querido interpretar en esta línea.
Vaya por delante dos cosas. Primero, que en ningún momento el Grupo Parlamentario Popular ha restado importancia a este tema y en el 'Diario de Sesiones' quedará constancia de la palabra ridiculizar, tal como ha expresado la señora Aburto.
Todo lo contrario, hemos dicho que era un tema importante porque afectaba a la seguridad de personas y de actividades económicas. Que quede perfectamente claro. Segundo, en paralelo hemos afirmado que, teniendo cabida estas cuestiones en la
Comisión, obviamente hay que potenciar la reflexión, el análisis y el debate de los temas de calado político. Luego he sentenciado no que esta comparencia era frívola, sino que su actitud a lo largo de la legislatura ha sido frívola. He hecho una
reflexión sobre su recorrido por esta Comisión. No era frívola su comparecencia de hoy, sino que su actitud a lo largo de la legislatura nos ha parecido frívola y mucho más después de escuchar su réplica. ¿Por qué? Porque usted se siente
orgulloso o realizado después de justificar once comparecencias en casi cuatro años, se siente más realizado o orgulloso si las compara con las comparecencias, de las que no tengo el dato, que se produjeron en legislaturas anteriores, buscando el
salvavidas siempre seguro de lo que yo no hago, pero los demás tampoco han hecho.
Señor secretario de Estado, hablar de los túnidos y de las pesquerías españolas está muy bien, pero ¿por qué no habla de otros temas de actualidad que tienen una afectación importante en España como Argelia, la pérdida de los contratos del
gas o el diálogo que existe entre Sáhara y Marruecos? ¿Por qué no hay interés en discutir estos asuntos e informarnos a fondo de cuáles son los posicionamientos del Gobierno? Señor secretario de Estado, no cubra esta carencia, esta falta de
activos ante uno de los papeles importantes que tiene el Gobierno su presencia en la Comisión de Exteriores, con supuestas intenciones del Grupo Parlamentario Popular de dar mayor o menor importancia a los temas o creer que determinados asuntos no
son motivo de debate en esta Comisión.
Yo le he formulado tres preguntas relacionadas con el tema. ¿Por qué hasta ahora no nos empezamos a mover? Usted rápidamente ha recurrido al salvavidas diciendo que el primer ataque fue en el año 2003 y
estaba el Gobierno del Partido Popular. Señor secretario de Estado, estamos en el año 2007. El Gobierno del Partido Popular en este tema ha tenido unos meses de recorrido, usted va a tener casi cuatro años de recorrido.
Vuelvo a repetirle la
pregunta: ¿Por qué hasta ahora?
Cuando me he referido a incumplimientos, el señor ministro afirmó que haría un estudio sobre la fragata. Yo me pregunto cuál es el grado de involucración del Gobierno después de que el ministro hiciera estas afirmaciones cuando, por ejemplo
-y se lo vuelvo a repetir-, de las cuatro fragatas que se desplazan a la
zona de la OTAN no hay ninguna española, cuando además salen y van a regresar a Rota. Interpreto e intuyo que no hubiera sido nada difícil, dado el peso que tiene nuestra flota pesquera que opera allí, el liderar u ofrecer que dentro de esa
escuadra hubiera un barco español.
Lógicamente siempre vamos a estar con el Gobierno en todo aquello que contribuya a solucionar los problemas. Lo único que le pedimos es que cuando vuelva a comparecer aquí para tratar este tema, que insisto
siempre consideraremos motivo de debate en esta Comisión, no nos venga a decir que es que estamos negociando, estamos hablando, estamos tratando el tema con otros países afectados, pero sin llegar a mayores concreciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Cuando se pone en cuestión que se traten temas de calado político, quiero señalar que este Gobierno se ha dedicado con enorme eficacia e interés a solucionar conflictos mediante el diálogo, con bastante más
efectividad que el anterior Gobierno. Desde luego queda muy claro que este Gobierno no ha producido desastres, por ejemplo, en Oriente Medio.
Señor Erkoreka, le agradezco su intervención aunque no me corresponde a mí. Estoy totalmente segura de que este Gobierno pone muy por encima y le interesa muchísimo la seguridad no solamente de los españoles, sino también de sus empresarios
tanto a corto como a largo plazo, como ya ha expresado el secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado para dar respuesta y cerrar el debate.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (León Gross): En primer lugar, coincido con el señor Erkoreka en que hay una dimensión de seguridad enormemente importante en la cuestión que nos ocupa, con su dimensión económica,
política y humana. Estamos todos de acuerdo y eso explica la presencia estos días de esa fuerza de la OTAN que ha estado realizando maniobras. Esa seguridad es la principal preocupación del Gobierno español. Sin embargo, no puedo aceptar tampoco
como ha afirmado S.S. que el Gobierno español sea el principal responsable de la seguridad de quienes están allí. Es su principal preocupación pero no es responsable de la seguridad de las aguas que se encuentran frente a las costas de Somalia.
Repito, el Gobierno español no es el principal responsable de la seguridad en esas aguas. Es algo fácil de entender. Se escapa no ya de las posibilidades del Gobierno español, sino de las de dos países con las flotas militares más importantes del
mundo, como son Francia y China que, como he subrayado anteriormente, mantienen una posición similar a la del Gobierno español. En todo caso, el contacto que se ha establecido con el representante de la Armada española en Bahrein -que mantiene un
contacto fijando coordenadas e intercambiando información con esta flota- y las gestiones que se han realizado en el seno de la Alianza Atlántica, nos hacen pensar en este momento -porque la cuestión no es tanto si el mandato de esas fuerzas que han
estado dos semanas era uno u otro- que se ha enviado un mensaje claro a esos piratas que se encuentran operando en la zona. Es cierto que las instituciones somalíes, sumamente debilitadas y divididas, no pueden garantizar esa seguridad, aunque
también se han producido en los últimos días noticias que nos hacen pensar que puede haber cambios significativos en esta cuestión. Hay un mayor consenso en el seno del Gobierno federal de transición. Parece que en el llamado grupo de Asmara, en
todo ese conjunto de fuerzas de oposición, han sido las voces más moderadas las que en las reuniones que han tenido en Nairobi, hace apenas diez días, han llevado a decisiones que quizás puedan facilitar un mayor consenso y acercamiento entre esos
dos grupos de los que depende el futuro político del país y asimismo permitir un acuerdo internacional sobre el despliegue de una fuerza internacional que sustituya a las fuerzas etíopes que se encuentran ahora en Somalia. Esa sí podría ser una
fórmula importante y viable. Desde luego, tendría como misión fundamental terminar con la anarquía y con el poder actual de los señores de la guerra que son quienes están detrás de esos ataques de piratería que se están realizando. Vuelvo a
insistir en que estamos manteniendo un contacto con los otros cuatro grandes países cuyas flotas pesqueras operan en la zona; que existe un amplio consenso internacional sobre la vía a seguir y que España, por sí sola, no puede realizar la misión
por las razones que he señalado. Por tanto, debe ser esa vía de coordinación multilateral la que nos permita seguir trabajando en el futuro. Ojalá que ese mensaje claro que ha lanzado la Alianza Atlántica estos días sirva como disuasión -que es lo
que pretende- para la acción de esos piratas del mar.
Señor Ricomá, no sé si ha sido escasa mi presencia en esta Comisión. Si así ha sido, una de las razones por las que voy a terminar lamentando no haber venido es por esos retratos psicológicos tan llenos de interés.
Ahora añade que me
siento realizado. Realmente estoy aprendiendo cosas sobre mí que desconocía hasta ahora y se lo agradezco. Tomaré buena nota y reflexionaré porque uno no tiene tiempo de hacer terapia. Venir aquí a una comparecencia y, al tiempo, hacer un poco de
terapia puede ser útil.
El interés sobre los temas, reitero, queda claramente respondido cuando se dice que todos los temas tienen que formar parte de una política exterior con solidez -los grandes y los pequeños- y a todos ellos hay que prestarles la atención que
merecen y saber, en cada momento, qué resortes hay que hacer saltar y qué medidas hay que tomar para ocuparse de unos y otros. Me alegro de que coincidamos en otorgar importancia a
esta cuestión. En cambio, no puedo coincidir con S.S. cuando dice que he tenido una actitud frívola a lo largo de la legislatura pues está interpretando que he dado importancia a temas menores y no se la he dado a temas mayores. Le
recuerdo: cuatro intervenciones sobre el proceso de paz de Oriente Próximo, tres sobre el Sáhara y dos sobre Iberoamérica. Si no son cuestiones importantes, lo dejo a la valoración de quienes me están escuchando. Cuando hablamos de proceso de
paz; de Iberoamérica; del Sáhara; de la presidencia de la OSCE, con su dimensión de terrorismo internacional, de seguridad en el continente europeo y medioambiental, estamos hablando de cuestiones enormemente importantes. Cuando hablamos del
Plan Asia, de ese cuarto eje que es absolutamente imprescindible añadir a la política exterior española, estamos hablando de cuestiones enormemente importantes. Y no son cuestiones menores o frívolas, a mi modesto entender.
Tomo buena nota de lo que S.S. señala. Ha mencionado dos cuestiones: Sáhara y Argelia, en las que este secretario de Estado está trabajando muy activamente. En los últimos meses he viajado tres veces a Argelia, he mantenido dos
encuentros con el ministro de Energía argelino en España.
Lo han hecho también los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria; acabamos de tener una reunión la pasada semana en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores argelino. El
interés con que el Gobierno español está reaccionando ante esta cuestión es obvio. Seguimos trabajando muy activamente. Estoy absolutamente dispuesto -y así lo solicitaremos- a informar sobre esta cuestión en esta Comisión porque este secretario
de Estado -a pesar de lo que señalaba S.S.-nunca ha demostrado poco interés por responder a las solicitudes de comparecencia realizadas por los distintos grupos. En relación con el Sáhara, hemos mantenido un contacto permanente con saharauis y
marroquíes. SS.SS.
conocen la presencia en las últimas semanas tanto del representante internacional del Frente Polisario -Ould Salek- como del ministro y del viceministro de Asuntos Exteriores marroquíes con los que hemos trabajado sobre esta
cuestión. España es el único país no miembro de ese debate, de esas dos rondas que se han mantenido en Manhasset, que ha contado con un representante que ha seguido directamente el desarrollo de las negociaciones. También hemos mantenido un
contacto muy cercano y una gran coordinación con el representante personal del secretario general. Por tanto, el interés está ahí. Tendré mucho gusto en explicar a SS.SS. el importante despliegue y la incesante acción de este Gobierno en el
seguimiento de estas dos cuestiones como en todas las que responden al interés de la opinión pública española y de sus fuerzas políticas.
El señor PRESIDENTE: Interrumpimos la Comisión medio minuto a los efectos de despedir al secretario de Estado. (Pausa.)
DEBATE SOBRE:
- SOLICITUD AL PLENO DE LA CÁMARA DE UNA PRÓRROGA PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA REFORMA DEL SERVICIO EXTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3.º DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE 26 DE JUNIO
DE 1996. (Número de expediente 154/000004.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Solicitud al Pleno de la Cámara de una prórroga -que, por supuesto, sería hasta la finalización del periodo de sesiones- para la finalización de los trabajos de la subcomisión sobre
la reforma del servicio exterior, de conformidad con el artículo 3.º de la resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996. Solicito a los grupos parlamentarios el asentimiento para aprobar esta petición de prórroga entendida,
reitero, hasta la finalización del actual periodo de sesiones. (Asentimiento.) Queda acordada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO POLACO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS DE GAYS, LESBIANAS Y BISEXUALES. (Número de expediente 161/002196.)
El señor PRESIDENTE: Punto 3.º del orden del día: debate y votación de una proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proyecto de Ley del Gobierno polaco contra
la libertad de expresión y los derechos humanos de gays, lesbianas y bisexuales. Tiene la palabra para su defensa doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, en su discurso en la 62.ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU recordó que el próximo año celebraremos el 60º aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; y Moratinos, el ministro de Exteriores, recordó que la promoción y protección de los derechos humanos es un pilar fundamental de la política exterior española. En esa línea se presenta esta proposición no de ley, para que
actúe en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.
Recientemente, las decisiones y anuncios del Gobierno de Polonia han provocado inquietud en la Unión Europea y, desde luego, gran inquietud en mi grupo parlamentario. Se creó el Instituto de la Memoria Nacional, con la misión de expulsar de
la Administración pública a cualquier persona que hubiese formado parte del régimen anterior. Esta medida afecta a miles de personas en el ámbito de la política y de la magistratura y
si la llamada Ley de Ilustración se aplica de forma generalizada, implicará que cientos de miles de personas puedan perder su empleo. Se trata de una purga política que alcanza al grado de una verdadera caza de brujas. Por otra parte, el
Gobierno de los hermanos Kaczynski ha puesto en marcha medidas para eliminar de la historia del país el recuerdo de los brigadistas polacos que combatieron en defensa de la República Española, a los que calificó de traidores y criminales. Aquellos
que vinieron a defender la democracia, aquellos que vinieron a defender el Gobierno elegido por la mayoría del pueblo español. A todo esto hay que añadir las declaraciones del presidente Lech Kaczynski, pronunciadas el 28 de julio de 2006, en las
que abogó por la reinstauración de la pena de muerte en Polonia. Esta medida supondría la ruptura con el Protocolo número 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos y con el requisito de abolición de la pena de muerte para que un Estado sea miembro
de la Unión Europea. En este sentido, el pasado 17 de abril, la Comisión de Exteriores y Cooperación del Senado aprobó, precisamente por unanimidad, una moción en la que se insta al Gobierno a mostrar su solidaridad con los miembros de las Brigadas
Internacionales polacos, manifestar su rechazo ante cualquier medida discriminatoria contra los supervivientes polacos de las Brigadas Internacionales y a actuar, a instruir a los servicios diplomáticos y consulares de España en Polonia para que
presten toda la ayuda necesaria a los brigadistas polacos. También, a instar a los órganos correspondientes de la Unión Europea a vigilar y denunciar cualquier medida discriminatoria contra estos supervivientes.
La Comisión Europea ha censurado la última declaración del viceministro de Educación, que anunció el 13 de enero de 2007 que los profesores que reconozcan su homosexualidad o la propaguen en los establecimientos educativos perderán su empleo
y no podrán ejercer su profesión. Esta amenaza tiene visos de realidad por cuanto el presidente del Gobierno, cuando era alcalde de Varsovia, prohibió la celebración del Día del Orgullo Gay en esa capital. El mismo viceministro ha anunciado como
falsa la teoría de Darwin sobre la evolución, y algunos textos escolares han sido purificados de evocaciones al pacifismo, considerados contrarios a los valores de Polonia. Recientemente se ha promulgado una ley que prohíbe la publicidad de los
preservativos en televisión antes de las 23 horas, pese a la incidencia del sida en este país y al elevado número de abortos que se producen. Este conjunto de medidas supone una vulneración de las libertades y derechos fundamentales sobre la clara
base contraria a la discriminación ideológica. Todo ello es absolutamente inadmisible en la Europa democrática. Este viaje lúgubre emprendido por el actual Ejecutivo polaco en el túnel del tiempo, se completa con los planes gubernamentales de
introducir en el Código Penal un mayor endurecimiento de los delitos por aborto, y la iniciativa presentada en diciembre pasado por 50 diputados de nombrar a Jesucristo rey de Polonia.
La Unión Europea ha expresado en múltiples ocasiones su compromiso con la defensa y la promoción de la democracia en el seno de la Unión. Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ampara las libertades y derechos
fundamentales de las personas, incluida la libertad individual, por supuesto; y fomenta la igualdad de derechos frente a la discriminación por razones sexuales. El artículo 7 del Tratado de la Unión, en relación con el artículo 6, prevé que en el
supuesto de que el Consejo Europeo constate una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de derecho, los
jefes de Estado y de Gobierno podrán adoptar sanciones contra el Estado infractor. Por otra parte, en el marco de la OSCE, a petición de un Estado miembro, se podrían poner en marcha los mecanismos de Viena previstos para plantear las
preocupaciones que puedan suscitarse sobre el cumplimiento de los compromisos relativos a la dimensión humana por parte de un Estado miembro, y que incluyen el envío de una misión de investigación de la OSCE seguido posteriormente, según sus
resultados, de una respuesta por parte del Consejo Permanente.
Por todo ello, nuestro grupo entiende que el Gobierno ha de ser coherente con sus principios, con los que reivindica en el seno de Naciones Unidas y con los que reivindicó en su discurso de investidura el presidente del Gobierno el inicio de
la legislatura. Por tanto se deben realizar gestiones diplomáticas urgentes en las que España muestre al Gobierno de Polonia su contrariedad ante los proyectos y medidas restrictivas de las libertades y de los derechos fundamentales. Nuestro país
debería concertar con otros jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y del Consejo de Europa un proceso de respuesta multilateral frente a las medidas adoptadas por el Gobierno de Polonia que contravengan los tratados y convenios de
organizaciones regionales y otros acuerdos multilaterales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
Si aprueba estas medidas Polonia se situaría al margen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del ámbito de
Naciones Unidas, que ratificó hace ahora 30 años.
Asimismo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales y la solemnemente aprobada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que suponen una obligación, además de jurídica, sobre todo cívica de convivencia.
Como europeos, nos hemos comprometido a un proyecto común de libertad, de igualdad, de respeto mutuo del que da muestra la reciente creación de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión y del que Polonia es parte. Entendemos que se debe
actuar y en ese sentido se presenta la proposición no de ley, que esperamos sea aprobada por unanimidad, tal y como fue aprobada la correspondiente a los brigadistas en el Senado.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas: una, del Grupo Popular y otra de Convergència i Unió. Para la defensa de la presentada por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Vaya por delante que nuestro voto va a ser afirmativo a esta proposición no de ley. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en este terreno de las libertades sexuales y de la persecución por razones
de sexo en Polonia precisamente porque es un país europeo. Si no lo fuera, también, y posiblemente estaríamos contemplando una proposición no de ley en estos términos. Siendo un país miembro de la Unión Europea, vulnera todo el espíritu de la
Unión Europea, incluso normativas muy concretas.
Nuestra enmienda a esta proposición no de ley destaca (no es que sea una cuestión básica, pero convendría tenerlo presente) que desde el 13 de marzo, día en que tenemos noticia de esta persecución en las escuelas por cualquier muestra de
homosexualidad, hasta aquí en Polonia se ha roto un Gobierno que existía, se ha dividido y va a haber elecciones generales.
Con nuestra enmienda pretendemos -quizá habría que tenerlo en consideración, aunque efectivamente el petitum de esta
iniciativa tiene validez de cualquier forma- que se considere que en breve va a haber un nuevo Gobierno y que puede darse un cambio radical no solo en estas libertades sexuales que la portavoz de Izquierda Unida ha dicho, sino también en
determinadas cuestiones como la pena de muerte y otras que preocupan especialmente.
Pedimos que se considere si no hay que matizar en algo la iniciativa. Ya sé que no se vota la exposición de motivos sino solo el petitum, pero tiene algo de absurdo que en la víspera casi de unas nuevas elecciones mantengamos un texto que
en el mes de marzo no se planteaba con un Gobierno con la máxima estabilidad. Ahora lo que tendríamos que mostrar, entre otras cosas, es nuestro deseo de que el próximo Gobierno actúe de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo brevemente para expresar de entrada la coincidencia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con el petitum de esta proposición no de ley que expresa la preocupación por este eventual proyecto
de ley, en la línea con lo expuesto por la ponente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quien ha invocado pactos internacionales de los cuales España también es partícipe.
Dos consideraciones. La primera, en línea con lo planteado por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto al contexto y al momento en el que se presenta esta iniciativa. (El señor vicepresidente, Benegas Haddad, ocupa la
Presidencia.) Ciertamente hay elecciones convocadas en Polonia para el día 21 de octubre. El viceprimer ministro impulsor del proyecto de ley en este momento ya no es miembro del gabinete porque ha sido expulsado de él. Estamos ante tal
expectativa con el deseo -y creo que podemos expresarlo- de que la nueva mayoría política que se conforme democráticamente en Polonia tenga una actitud de cumplimiento de los principios de nuestra comunidad de valores, que es la Unión Europea, la
Carta Fundamental de la Unión Europea y el tratado non nato que se está reformulando en estos momentos. Esta es una consideración respecto al contexto que estamos discutiendo, que no quita ni un ápice de razón al elemento de fondo.
Segunda consideración, si estamos hablando de persecución por orientación sexual y libertad de homosexuales, lesbianas y bisexuales, es oportuno recordar que es preocupante la situación en Polonia en tanto en cuanto es miembro de la Unión
Europea y los proyectos del Gobierno en funciones.
Quiero recordar ante esta Comisión de Asuntos Exteriores que no estamos ante un caso único, sino que, según el último informe anual de Amnistía Internacional respecto a la persecución de gays,
lesbianas y bisexuales, hay más de 80 países en el mundo, en los cuales estas personas están perseguidas por su orientación sexual.
Nuestra enmienda de adición quiere recordar, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, este grave y reprobable hecho en otras partes del mundo. Señorías, por cuestión de tiempo no les voy a leer este listado de 80 países, aunque
está a disposición de todos ustedes el informe citado de Amnistía Internacional. Existe un país en Medio Oriente donde los hombres son ejecutados con pena de muerte, donde los menores reciben 74 latigazos y donde las mujeres reciben cien latigazos
y un país del África subsahariana donde se ejecuta la pena de muerte por derrumbamiento de un muro sobre el reo. Si hablamos de la persecución de gays, lesbianas y bisexuales, es oportuno recordar que el mapa de Amnistía Internacional
desgraciadamente se extiende por 80 países del mundo, por algunos de los que consideramos mundo occidental, estoy hablando de algunos países centroamericanos como Cuba -ya lo saben ustedes-, Nicaragua y Honduras, más una gran mayoría de países del
ámbito musulmán. Esta enmienda simplemente quiere hacer un recordatorio. La ponente del Grupo de Izquierda Unida me decía que quizá esto podría ser objeto de otra iniciativa. Nos quedan dos meses y medio de legislatura y es apropiado recoger en
esta iniciativa la condenable persecución a gays, lesbianas y bisexuales en toda su magnitud.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Intervengo en nombre de mi grupo en relación con esta proposición no de ley que, como todos los portavoces han constatado, nos remite a un proceso de legislación interna de un Estado
miembro de la Unión Europea, que, como todos sabemos, es un espacio económico, jurídico y político porque en él se integran ámbitos de soberanía de los Estados que lo conforman y porque en él se comparten derechos y deberes adquiridos en el
momento de la adquisición de la ciudadanía de cualquiera de los 25 Estados miembros que en la actualidad conforman el club comunitario.
Es cierto que el Grupo Socialista ha seguido siempre desde hace tiempo, con preocupación los diversos intentos que se han producido y se siguen produciendo todavía de tratar de desactivar una idea de la que particularmente nos sentimos
orgullosos, que es el concepto de ciudadanía europea, que dibuja un marco de derechos y deberes comunes a todos los ciudadanos que residen de forma legal en cualquiera de los 25 Estados miembros de la Unión Europea, que facilita vínculos de
pertenencia con la propia idea de Europa y que sirve para superar las fronteras de los Estados a la hora de sentirnos parte de algo que trasciende al territorio nacional de nuestro Estado.
En ese ámbito de derechos y deberes en los espacios de la ciudadanía europea, los más de 400 millones de personas que vivimos dentro de los límites de la Unión nos igualamos, entre otras cosas, en la inviolabilidad de una tabla de derechos
que están en la base misma de lo que somos, de los valores que concluyeron los procesos históricos que están detrás de la posibilidad de unidad europea, que son la piedra angular del proceso de construcción y que constituyen el mejor acervo
comunitario de estos 50 años de proceso de integración. Así, la no discriminación por sexo, raza, religión, orientación ideológica y opción sexual son fundamentos centrales del modelo de ciudadanía por el que se ha apostado en Europa y por el que
el partido al que mi grupo pertenece ha desarrollado iniciativas políticas de todo tipo desde sus orígenes en los años ochenta. Desde esta perspectiva, a mi grupo no le extraña nada que existan grupos de extrema derecha, tanto en Polonia como en
otros países miembros de la Unión Europea, que no estén de acuerdo con nada de todo esto. No nos sorprende que haya quienes cuestionen los derechos de las personas, en principio, sobre variables ideológicas de carácter extremista a la hora del
color de la piel o de la procedencia, a la hora del género, o de la orientación sexual, porque pensamos que en Europa hay sitio incluso para quienes cuestionan la propia idea de Europa y sus fundamentos. No nos preocupa porque pertenecer a la Unión
Europea produce también obligaciones, es decir, uno puede estar en contra y a favor de lo que le dé la gana, pero a la hora de la práctica tiene que aceptar las reglas del juego de las que se ha dotado la propia Unión Europea, y el Gobierno polaco
tiene ahora la oportunidad de demostrar que sabe ser miembro de la Unión Europea y que está en la línea de las opiniones de la propia sociedad polaca, que en innumerables ocasiones se ha mostrado mayoritariamente definida a sí misma como
profundamente europeísta.
Desde esta perspectiva, nos extraña que el Gobierno de Polonia esté a tanta distancia de las ansias de la sociedad polaca de ser Europa en todo su sentido, pero, más allá de los ámbitos internos de relación sociedad-gobierno de algunos de
los Estados miembros, lo que nos extrañaría mucho, señor presidente, es que Polonia terminara por legislar un marco legal claramente discriminatorio con ciudadanos europeos polacos de origen y residencia por razones en este caso de orientación
sexual.
Nos extrañaría porque, de ser así, estaría incumpliendo la Directiva sobre discriminación, pudiendo ser por tanto denunciable ese comportamiento legislativo ante el Tribunal de Justicia europeo, ya que nos encontramos ante una legislación,
la que hoy nos ocupa en este debate, que no solo atenta contra los derechos humanos, sino que afecta de forma directa al ámbito del acceso al trabajo. Sencillamente, no se puede discriminar el acceso de personas a la docencia por razones de
orientación sexual, pues, como decía al principio de mi intervención, todos somos sujetos de derechos y deberes, independientemente de nuestra orientación sexual, cultura, religión o procedencia. Ese es uno de los grandes valores que subyacen en lo
que somos y que el Gobierno de España seguirá defendiendo como lo ha hecho siempre. Si finalmente esta legislación sobre la que hoy debatimos es corregida o retirada, esta vez con razón-, podemos ir a Bruselas a dar las gracias al Gobierno de
Polonia, entre otras cosas, por comprender lo que significa ser Europa, que no es solo ser receptora de fondos de cohesión o trabajar en el ámbito de la ponderación de votos en el Consejo, sino comprender y defender los derechos que fundamentan lo
que somos, ciudadanos libres e iguales protegidos en el ámbito de la Unión Europea por el derecho.
Mi grupo, para el que son aceptables las enmiendas presentadas por Convergència i Unió y por el Grupo Popular, al no ser propietario de la proposición no de ley, votará afirmativamente esta iniciativa, independientemente de lo que haga el
grupo proponente.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Quería preguntar a la señora Navarro si aceptaba la enmienda, pero lo veremos en el momento de la votación, ya que no se encuentra presente.
- SOBRE EL APOYO DEL GOBIERNO A LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA, DE LA LIBERTAD Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002250.)
- PARA RECUPERAR UNA POLÍTICA DE APOYO A LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA, DE LA LIBERTAD Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002267.)
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Pasamos a los puntos cuarto y quinto del orden del día:
Proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista, sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba; y proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, para recuperar una política de apoyo a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba.
Para la defensa de su posición tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Querría empezar mi intervención intentando explicar por qué el Grupo Socialista ha presentado esta iniciativa sobre Cuba, un tema que ha salido reiteradamente en esta legislatura. Se ha hablado de ello en esta
Comisión de Asuntos Exteriores con motivo de la comparecencia del secretario de Estado y seguramente demasiadas veces hemos debatido sobre este tema en esta Comisión y también en el Pleno del Congreso de los Diputados. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Pues bien, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista tiene como objetivo establecer una posición clara, compiladora de alguna manera de todas aquellas que se han visto, incluso recuperando aquel consenso inicial que
hubo al principio de la legislatura en esta Comisión de Asuntos Exteriores, y expresar la posición de consenso de todos los grupos de esta Cámara en relación con estas otras redacciones que ya se han aprobado, estableciendo una posición común que en
esencia existe sobre esta materia. Luego cada cual podrá enfatizar, pero está claro que todos queremos para los cubanos la democracia, el respeto de los derechos humanos, la garantía de las libertades, su desarrollo económico, su mejora de la
calidad de vida, etcétera. Estoy reiterando lo que he dicho en otras intervenciones sobre esta materia, pero este es el propósito básico de nuestra iniciativa parlamentaria.
Junto con esta proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre la que volveré en breve, estamos tratando también hoy otra proposición no de ley presentada por el Grupo Popular con posterioridad a la nuestra. Lo que el Grupo Popular hace
es copiar básicamente nuestra iniciativa, por lo que está de acuerdo con el texto que proponemos, pero después añade los elementos de conflicto, que, desde mi punto de vista, tienen como único objetivo distorsionar o destruir el posible y potencial
acuerdo al que podríamos llegar, aún sabiendo que en lo esencial existe este acuerdo.
Tengo la sensación de que es un poco la división por la división, por tanto, además de artificial, me parece algo estéril. Se proponen medidas que ya hemos
debatido en esta Comisión, como la conocida medida del cóctel, que consiste en invitar a los disidentes cubanos a las fiestas que se celebran en la embajada. Se demostró que esto fue un fracaso, que no ayudó absolutamente en nada, una medida
fallida -reconocido incluso por la Unión Europea-, por lo que para mi grupo volver a reiterar la propuesta de esta medida no aporta gran cosa. Quiero manifestar, pues, una cierta decepción por el poco ánimo constructivo que hay por parte del
principal partido de la oposición, cosa que no me parece justificada y menos en una materia como esta, en la que estamos hablando de valores tan importantes como los derechos humanos, que en ningún caso se tendrían que utilizar de manera partidista.
Pasemos a hablar de la iniciativa que presentamos hoy aquí. El Grupo Socialista quiere poner de manifiesto con esta proposición no de ley que, cuando hablamos y pensamos en Cuba, lo que básicamente tenemos en la cabeza son las personas, los
cubanos, la gente que vive allí. No hablamos de una relación en abstracto, sino de personas concretas, y nuestro objetivo principal es pensar qué acciones se pueden desarrollar, qué política podemos llevar a cabo en relación con Cuba para mejorar
la vida de los cubanos. En este sentido, tenemos tres ejes básicos en cuanto a la cooperación, en cuanto a nuestra relación con otros pueblos. En primer lugar, no importa dónde viva la gente ni qué gobiernos tenga para ejercer la cooperación. Da
igual que Cuba sea una dictadura, eso no impide que nos sintamos comprometidos con la vida de los cubanos. En segundo lugar, tampoco importa su ideología, por lo que hay que evitar el partidismo cuando hablamos de valores esenciales, como he dicho
antes. Y en tercer lugar, nos parece una cuestión de solidaridad, igual que las comunidades autónomas o los ayuntamientos españoles hacen con respecto a Cuba y a otros países. En este sentido, ¿qué medidas planteamos a este Congreso que creemos
deberíamos aprobar sobre nuestra relación con Cuba? En primer lugar, potenciar la cooperación al desarrollo por solidaridad con el pueblo cubano, por nuestros vínculos culturales e históricos y por nuestras especialísimas relaciones económicas con
ese país. Eso no significa apoyo o connivencia con el régimen, porque, como decía antes, también hay comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen esa relación de ayuda a la cooperación al desarrollo con este país, incluso produciéndose visitas
al mismo por parte de líderes de todas las fuerzas políticas, también del Partido Popular, y en ningún caso eso significa -lo quiero dejar muy claro- que implique un apoyo al régimen de Castro.
En segundo lugar, mantener un diálogo constructivo con
las autoridades cubanas, crítico, pero permanente, para poder hacer hincapié en la necesidad del respeto a los derechos humanos y a la liberación de presos políticos. Si no se mantiene ese diálogo, es imposible pedir a las autoridades cubanas que
avancen en esta materia y que se comprometan a cumplir estos estándares internacionales. En tercer lugar, proponemos un diálogo permanente con los disidentes o con los grupos de la oposición para que mantengan su lucha interna y propicien así el
cambio, la transición conducida por los propios cubanos, que todos anhelamos. En cuarto lugar, en nuestra proposición no de ley destacamos que es importante la implicación a fondo de la Unión Europea, porque consideramos que la unión de la
comunidad internacional, especialmente la unión de todos los países miembros de la Unión Europea, siempre tendrá un impacto más positivo y más fructífero que la actuación de un solo país.
Acabo, señor presidente, pidiendo el voto favorable para la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista, con la clara intención de trabajar juntos y en consenso en lo que se refiere a Cuba y a los cubanos, así como también
pedir la aceptación de la enmienda que presenta mi grupo a la proposición no de ley del Grupo Popular.
Respecto a la enmienda que Convergència i Unió ha presentado tanto a un grupo como al otro, le tengo que decir, señor Xuclà, que, en esencia, es evidente que estamos de acuerdo. De hecho, la redacción que nosotros proponemos incluye
absolutamente todos los puntos que usted nos propone en su redacción alternativa, excepto citar a un grupo de disidentes concretos. Pensamos que como representantes de otro país no podemos apoyar a un grupo de disidentes excluyendo, por tanto, a
otros, porque no nos corresponde a nosotros dar peso o mayor protagonismo a unos u otros.
Es un proceso que ellos tienen que hacer internamente y nosotros simplemente tenemos que dar apoyo a los disidentes en general y no a grupos concretos de esta
disidencia. Como en esencia el contenido de nuestra proposición no de ley es el mismo que usted propone, espero que vote a favor nuestra propuesta.
El señor PRESIDENTE: Hay una serie de enmiendas presentadas por el Grupo Popular, que, por otra parte, es quien sostiene la segunda de las iniciativas respecto a Cuba, y a esos efectos doy la palabra a don Jorge Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Nos encontramos ante un debate en el que debemos abordar dos textos que aparentemente tienen muchas similitudes. Eso no obedece más que al espíritu constructivo del Grupo Popular a la hora de presentar esta
proposición no de ley. Con ese ánimo, hemos intentado respetar al máximo el texto del Grupo Socialista, enriquecerlo con algunos elementos que consideramos prioritarios en este momento y sostenerlo en esta Cámara con el ánimo de intentar reconducir
la política del Gobierno socialista respecto a Cuba, que entendemos que ha sido, en líneas generales, errónea. Precisamente porque seguimos pensando que en el Partido Socialista hay personas que están de acuerdo con nuestros planteamientos, en el
ejercicio de nuestra labor de oposición, apelamos a esa sensibilidad democrática, que creemos que se ha olvidado en algunos puntos.
La portavoz del Grupo Socialista, señora Batet, ha dicho que son demasiadas veces -y cito textualmente- las que se ha debatido sobre esta cuestión. Para nosotros -y me remito a los argumentos abordados por el secretario de Estado de
Política Exterior- no son demasiadas veces las que esta Cámara puede debatir acerca del final de una dictadura y el paso a una transición democrática y pacífica en Cuba. Señora Batet, no son demasiadas veces, no podemos rebajar la importancia de la
encrucijada en la que se encuentra un pueblo amigo del pueblo español como es el pueblo cubano.
Yo no dudo del espíritu personal de la señora Batet a la hora de abordar esta cuestión porque, efectivamente, con ella conseguimos llegar al principio de la legislatura a un principio de acuerdo, de consenso sobre unos mínimos que después
otros portavoces del Grupo Socialista se han ocupado de ir desmontando. En su intervención ha dicho que la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular tiene como único ánimo dividir.
Tengo que contradecirla. Como he dicho antes, nuestro
ánimo desde el principio siempre ha sido ofrecer respaldo y oxigeno a la oposición democrática en Cuba y, en todo caso, construir un consenso lo más amplio posible para que el mensaje que salga de esta Cámara al pueblo cubano sea claro, nítido y lo
más amplio posible. Sinceramente, el ejercicio de la división, si hay que atribuírselo a alguien, debe ser al Partido Socialista, y sobre todo al Gobierno, que lo que ha pretendido es dividir precisamente a la oposición cubana con sus actitudes. Y
no soy yo quien lo dice, sino los propios miembros de esa disidencia cubana afiliados a la Internacional Socialista, a la que pertenece el Partido Socialista.
Quiero hacer referencia a la mención que ha hecho sobre la iniciativa fallida -así la ha calificado- de las invitaciones de las embajadas europeas a la disidencia en sus fiestas nacionales. Quiero recordarle que en la última fiesta nacional
que celebró Alemania, el embajador alemán no dudó en invitar a esa fiesta a los disidentes cubanos, algo que no hizo -y así lo criticamos- el embajador de España. No se trata simplemente de la invitación a un cóctel, es un contacto político. Si
quiere rebajar la importancia y ubicarla únicamente en el apartado social, esa es su responsabilidad. En esa invitación del embajador alemán, además, la legación diplomática alemana en La Habana se permitió proyectar para los disidentes cubanos la
película Good bye, Lenin!, lo cual demuestra que embajadas importantes de la Unión Europea tienen una sensibilidad claramente distinta a la que ha demostrado nuestro embajador en La Habana.
Entrando ya en la redacción de las dos proposiciones no de ley que aquí debatimos, sin renunciar a la idea de que existe una importante similitud -mérito del Grupo Popular, que ha intentado mantener la redacción del Grupo Socialista pudiendo
haber ido a una redacción más maximalista, pero como prueba de ese ánimo constructivo y de la búsqueda de consenso hemos mantenido esa redacción-, vamos a ir punto por punto.
En el primer punto de la proposición socialista se omite, a diferencia de nuestra redacción, la invitación a los disidentes. Para nosotros eso es algo fundamental, que ya he argumentado. Esta misma tarde volveré a trasladar al ministro de
Asuntos Exteriores, en la sesión de control al Gobierno, nuestra solicitud de que el próximo 12 de octubre, fiesta nacional y Día de la Hispanidad, la embajada de España tenga a bien invitar, además de a las autoridades cubanas, a los disidentes
cubanos a esa fiesta nacional en los jardines de la Embajada
de España. Creo que es un error no hacerlo, y así se lo explicaré hoy al ministro.
Mantenemos nuestra crítica a la redacción del segundo punto de la proposición socialista porque se mantiene el statu quo. Quiero recordar el gran error que cometió este Gobierno cuando en el último viaje del ministro de Asuntos Exteriores a
Cuba, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores cubano, se le preguntó a este último acerca de los presos políticos. Esa rueda de prensa era conjunta porque dos países habían suscrito un acuerdo. El ministro de Asuntos
Exteriores cubano se erigió en exégeta, en intérprete de ese acuerdo y contestó a la opinión pública internacional que en Cuba no había presos políticos. A mí no me sorprendió esa respuesta, lo que me sorprendió fue el silencio otorgante del
ministro de Asuntos Exteriores español, que en este caso humilló a la disidencia. Y no lo digo yo, sino que distintos representantes y voceros de la disidencia democrática cubana lo calificaron con estos mismos términos. Al mismo tiempo, en el
segundo punto se omite la referencia a la condena de la pena de muerte que pervive en el sistema legal cubano y que ha sido aplicada, mediante la ejecución de distintos reos por razones políticas, en la isla. A mí me sorprende que al Grupo
Socialista le incomode que el Congreso de los Diputados pida la abolición de la pena de muerte en Cuba. Creo que lo que se está haciendo es un ejercicio de contorsionismo político insostenible.
No creo que el Grupo Socialista pueda declarar
públicamente que está en contra de la proposición no de ley del Grupo Popular porque nosotros pedimos que no se aplique la pena de muerte en Cuba. Pero ellos han decidido actuar de esta forma y allá ellos con su conciencia. Además, hay que decir
que si hay un concepto político que una a todas las fuerzas políticas en esta Cámara es el rechazo a la pena de muerte. Por tanto, no creo que esto sea dividir ni plantear posiciones maximalistas, más bien al contrario, es buscar puntos de
encuentro, pero el Grupo Socialista no quiere condenar la pena de muerte. Repito, no creo que nosotros estemos planteando ninguna posición maximalista ni radical al respecto.
En el tercer punto, la proposición del Grupo Socialista habla de continuar el diálogo con los disidentes a través de los mismos canales. Ahí no podemos estar de acuerdo porque ya lo hemos anunciado públicamente, y no sólo nosotros sino
también la propia disidencia. Nosotros no discutimos los canales con el Gobierno y respetamos el diálogo crítico con las autoridades cubanas, como también nosotros lo intentamos mantener durante la época de Gobierno en la que teníamos esa
responsabilidad, lo que sí criticamos -por eso no lo podemos aceptar- es que, cuando autoridades del Gobierno español se desplazan a la isla y se reúnen con representantes de la dictadura, no tengan a bien atender personalmente y de forma pública y
visible a los disidentes. De hecho, eso es una exigencia de la Unión Europea, y España se está distanciando y está rompiendo esa posición que quedó confirmada en el último Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, en donde textualmente se
insta a los gobiernos a mantener reuniones públicas y visibles con los disidentes. No lo hizo el ministro Moratinos, provocando la crisis que todos recordamos, y no lo hizo la semana pasada la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, doña
Leire Pajín, que también renunció a reunirse con los disidentes. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo. Lo único que pedimos es que las autoridades españolas se reúnan con las autoridades cubanas, pero que no marginen a los disidentes que
están defendiendo unos principios y valores que creemos que comparte la mayoría de la sociedad española.
En el cuarto punto podemos estar de acuerdo con la redacción -por eso la hemos mantenido en nuestro texto-, pero lo único que pedimos es que el Gobierno cumpla ese compromiso. Nosotros somos críticos porque no lo estamos escuchando. Como
he relatado anteriormente, en la conferencia de prensa con el señor Pérez Roque, el señor Moratinos eludió esa responsabilidad, a la que le había instado el Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, hay un incumplimiento de aquello que decide por
mayoría este Congreso de los Diputados y por eso nosotros no podemos más que ser críticos con la actitud del Gobierno en ese aspecto.
En el quinto punto se habla de recuperar el diálogo y la cooperación, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la propia secretaria de Estado de Cooperación Internacional, la máxima responsable de llevar a cabo esa función en el caso
de Cuba, dijo públicamente antes de viajar a la isla que no había que vincular -usted misma lo ha repetido- esa cooperación con la situación de los derechos humanos, lo cual a nosotros nos parece sencillamente aberrante y además profundamente
antieuropeo. Ustedes, con esa posición que está sosteniendo ya no solamente el Gobierno sino también el Partido Socialista, están reventando el principio de la cláusula democrática, que es un principio acuñado por el Unión Europea.
Por lo tanto,
no me queda más que criticarles por su actitud antieuropea e insolidaria al renunciar a la cláusula democrática que, como usted bien sabe, es exigir a las autoridades que son receptoras de los fondos, en este caso de los Presupuestos Generales del
Estado y por tanto de todos los españoles, que respeten los derechos humanos.
Nosotros estamos de acuerdo en que se active la cooperación con Cuba porque entendemos que el pueblo cubano tiene derecho a recibir directamente fondos del presupuesto español, pero nuestra filosofía con respecto a la cooperación se basa en
el principio de que no se puede activar esa cooperación si antes -en este caso la dictadura cubana- no inicia pasos tangibles hacia esa reforma que les conduzca a un sistema democrático. Creo que este también es un planteamiento muy razonable y no
entendemos cómo el Partido Socialista no lo comparte. De hecho, cuando nosotros ejercíamos responsabilidades de Gobierno, así se lo planteamos al régimen cubano y le ofrecimos incluso entrar en el sistema de acuerdo ACP de la Unión Europea,
regulado a
través del Convenio de Cotonú. Cuando lo planteamos -así lo plantea la Unión Europea y no nos queda más remedio que aceptar el código democrático de la Unión Europea-, el régimen cubano decidió renunciar a esa ayuda amparada por la Unión
Europea y a través del Convenio de Cotonú, declarando que se sentía humillado por esa condicionalidad democrática que exigía la Unión Europea y por lo tanto España.
Hablando de cooperación, hemos visto que el acuerdo que se suscribió la semana pasada en La Habana hacía referencia a sectores tales como el turismo y la educación. Quiero aprovechar esta oportunidad porque creo que el pueblo cubano se
merece que alguien defienda o explique cuál es la realidad cubana. El sistema de cooperación que el Gobierno español ha suscrito con el Gobierno cubano en materia de turismo es profundamente injusto con el pueblo cubano porque, quiero recordarle a
la señora Batet, los cubanos en Cuba no tienen derecho al turismo; tienen prohibida la entrada en los hoteles, que son reservados para turistas en su mayoría occidentales; tienen prohibida la entrada en determinadas playas de la isla, que están
reservadas para turistas occidentales. En definitiva, un régimen de apartheid absoluto entre turistas occidentales y el pueblo cubano. Que el Gobierno español se dedique a financiar con el presupuesto de todos los españoles ese sistema de
apartheid me parece, desde el punto de vista moral y político, aberrante y, por tanto, también queremos manifestar esa crítica.
¡Y qué decir sobre el sistema de cooperación que se establece en el ámbito de la educación! No sé qué libros ni qué material educativo va a financiar la Agencia Española de Cooperación Internacional, pero les recuerdo que existe una ley en
Cuba, la Ley 88, que establece la prohibición de determinados libros; no puede haber un libro en Cuba que no haya sido supervisado por el régimen comunista y, en ese sentido, creo que cooperar en materia de educación con las autoridades cubanas es
otra gran irresponsabilidad.
Finalmente, el punto que parece molestar más al Grupo Socialista de nuestra proposición y también de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es aquel que hace referencia a que se inste al Gobierno a
apoyar y difundir el acuerdo Unidos por la Libertad. No dice la verdad la señora Batet cuando afirma que ese es un grupo excluyente y único de los disidentes. Precisamente el valor de ese acuerdo suscrito hace unos meses por distintos grupos de la
disidencia cubana es la unidad; es un gran esfuerzo que han hecho todas las corrientes ideológicas que, con serias dificultades, se manejan en la defensa de los principios y derechos fundamentales en la isla. Me refiero a grupos tan distintos
ideológicamente como el Movimiento Cristino de Liberación -que podríamos catalogar como cristiano demócrata-, el Grupo Liberal o el Partido Socialdemócrata, representado por Vladimiro Roca, que a su vez está afiliado a la Internacional Socialista.
Por tanto, estamos hablando de una plataforma que agrupa a las distintas sensibilidades ideológicas que en un futuro democrático de Cuba podrían tener el verdadero protagonismo y la verdadera representatividad en el caso de que la democracia triunfe
en Cuba. Me extraña que el Partido Socialista en este caso renuncie a cualquier tipo de memoria histórica relativa a la transición española, donde plataformas como la Platajunta Democrática agrupaban este tipo de sensibilidades. Nosotros creemos
que el Gobierno español tiene el deber moral, sobre todo si no renuncia a ser heredero de esa oposición democrática al régimen franquista, de esa experiencia, de poner todo su énfasis en apoyar estos esfuerzos conjuntos de distintas organizaciones
disidentes, pacíficas y democráticas que hicieron el esfuerzo de suscribir ese acuerdo Unidos por la Libertad.
Ahí tenemos los puntos de disenso, los argumentos que justifican que nosotros hayamos presentado esta proposición no de ley con ánimo constructivo, apelando a la sensibilidad democrática que pueda haber en el Partido Socialista y en sus
representantes. Yo entiendo que exista una dependencia directa con respecto a la política errónea del Gobierno, pero no renuncio a que en el Partido Socialista haya alguien con coraje suficiente como para facilitar ese consenso y corregir al
Gobierno.
En relación con la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió, si bien no se atiene a todo el redactado que nosotros planteábamos en nuestra proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a renunciar a su
texto y apoyar y votar la enmienda presentada por Convergència i Unió. ¿Por qué? Porque recoge ese objetivo fundamental de dar a conocer y difundir el acuerdo Unidos por la Libertad, que recuerdo que es respaldado cada vez más por organizaciones
políticas españolas. Recientemente, la organización conocida como Galeusca también mostró su apoyo a ese contenido. Por tanto, el Partido Popular se muestra en este caso muy satisfecho de que haya partidos políticos como Convergència i Unió,
Partido Nacionalista Vasco, e incluso el BNG -aunque en él vemos una distorsión interna importante- que respalden esa cuestión. Invitamos al Partido Socialista a renunciar a esa posición, que solamente sostiene Izquierda Unida, y a unirse a esta
nueva mayoría que apuesta por la libertad y la democracia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Xuclà para defender la enmienda de Convergència i Unió.
El señor XUCLÀ I COSTA: Antes de entrar en el fondo de la defensa de la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), permítanme que muy brevemente ponga en contexto el debate que estamos teniendo hoy en la
Comisión de Asuntos Exteriores, que trae causa de un debate previo que se sustanció en el Pleno del Congreso de los Diputados en el mes de junio de este mismo año a partir de una moción presentada por el Grupo Popular, que traía
causa de una interpelación, y sobre la cual estuvimos muy cerca de forjar un consenso entre el grupo proponente y el Grupo Socialista a partir de la modesta contribución de un texto de Convergència i Unió, que también nos sirve hoy como
enmienda de sustitución tanto a la proposición no de ley del Grupo Socialista como a la proposición no de ley del Grupo Popular. Aquella fue una solución poco afortunada en tanto en cuanto rompía una posición de consenso en torno a la evolución
política de Cuba, al respeto a los derechos humanos y al deseo desde el respeto a que los cubanos decidan libremente su futuro y a que Cuba avance hacia un marco de libertades y democracia. Posición de consenso que al inicio de esta legislatura fue
posible, como ha recordado el señor Moragas, a través de una enmienda pactada precisamente en esta Comisión de Asuntos Exteriores y en la cual participamos en su redacción la señora Batet, el señor Moragas y quien les habla. Aquello que fue posible
a principios de legislatura, desgraciadamente se ha convertido en elemento de confrontación y, en algunos momentos e intervenciones -no las de hoy-, de puro desgaste de la dialéctica política interna entre el partido del Gobierno y el primer partido
de la oposición. Nosotros valoramos negativamente que se envíe este mensaje desde el Congreso de los Diputados en cuanto a política exterior y en relación con un tema que siempre había suscitado el consenso por parte de los distintos grupos
parlamentarios.
Con este ánimo, en el mes de junio del año 2007 y a ahora, a principios de octubre del año 2007, presentamos esta enmienda de sustitución para dos proposiciones no de ley. En la descripción de las respectivas propuestas de un grupo y de
otro es absolutamente objetivo y descriptible que el Grupo Parlamentario Popular ha recogido la literalidad de la enmienda del mes de junio presentada por Convergència i Unió y la ha convertido en proposición no de ley, con algunos añadidos o
elementos que no ayudan al consenso, sino que lo distancian respecto a la posible incorporación del Grupo Socialista. En todo caso, por coherencia con nuestro texto y con las partes de este texto que se ha incorporado a la iniciativa del Grupo
Popular -y más allá de los elementos de crítica que ha formulado el señor Moragas hacia el Grupo Socialista, más con el ánimo de oposición frontal que de buscar el consenso-, tengo que decir que en muchas partes de su intervención nos reconocemos,
en tanto en cuanto ha recogido, como decía, parte de nuestra iniciativa del mes de junio y de estos momentos.
En cuanto a la iniciativa del Grupo Socialista -porque en este turno estamos sustantivando ya las dos iniciativas y fijando la posición sobre ellas-, es claramente de apoyo a la política que está desarrollando el Gobierno y la mayoría
socialista. Una opción de diálogo crítico, que es respetable y que en el momento en que el ministro de Asuntos Exteriores inició este proceso expresamos el deseo de que tuviera sus resultados; un diálogo crítico que -ayer lo recordaba en la
Comisión de Asuntos Exteriores- tenía algunos puntos de debilidad. Tenía el punto de debilidad, que recordaba el señor Moragas, de que en el momento más formal del inicio de este proceso estructural de diálogo, en la rueda de prensa conjunta entre
los ministros de Asuntos Exteriores de España y de Cuba, el ministro cubano negó la existencia de presos políticos en la isla ante el silencio del ministro español. Este es un elemento importante desde un punto de vista de corrección diplomática.
Igualmente, estamos a favor de la cooperación, pero orientada al respeto de los derechos humanos y de la evolución hacia sistemas democráticos, de acuerdo con la Ley de Cooperación que impulsó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
que se ha aprobado durante esta legislatura.
Para la defensa del texto, señorías, más allá de poner en contexto esta enmienda de sustitución a la proposición del Grupo Socialista y a la del Grupo Popular, lo mejor es que lea los cuatro puntos de la enmienda de sustitución, porque este
es un texto ponderado, en el cual no es necesario subrayar más los esfuerzos hechos por Convergència i Unió, y porque no es caprichoso, sino que está en sintonía con los planteamientos de los homólogos del Partido Socialista y del Partido Popular y
también de otras sensibilidades políticas dentro de la isla. El primer punto manifiesta su apoyo a la consecución de los siguientes objetivos para Cuba: El respeto de todos los derechos humanos, la democracia, la reconciliación, la justicia
social, la libertad y la soberanía para el pueblo cubano, tal y como se expresa en la reciente declaración Unidos por la Libertad. Segundo punto: El Congreso de los Diputados apoya promover el diálogo entre todos los cubanos para que decidan libre
y democráticamente su futuro desde la solidaridad humana, la cooperación y el respeto a la diversidad de iniciativas, posiciones y proyectos. Tercer punto: El Congreso de los Diputados manifiesta que corresponde al pueblo cubano lograr los cambios
en su sociedad, definir y decidir libre y democráticamente su futuro como país independiente y soberano sin intervenciones de terceros países. Cuarto y último punto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir las gestiones que
considere más adecuadas para conseguir la liberación de todos los presos políticos y de conciencia que no hayan cometido delitos contra personas o bienes.
Insisto, señorías, en que este no es un texto caprichoso sino milimétricamente ponderado con
el deseo de que pueda ser asumido por otros grupos políticos.
Para finalizar, señora Batet, usted ha hecho referencia al manifiesto Unidos por la Libertad y ha hecho una consideración sobre la representatividad de esta plataforma que agrupa con un esfuerzo de consenso muy importante sensibilidades
políticas muy diversas. Voy a recordar hoy lo que no recordamos en el mes de junio, y es que este es un texto que representa muchas sensibilidades políticas distintas, pero su lectura y comunicación pública fue realizada por el líder del Partido
Socialdemócrata cubano, en la oposición democrática cubana, Vladimiro Roca, miembro de la Internacional Socialista, con lo cual esta apreciación sobre la representatividad de la
plataforma Unidos por la Libertad quiero someterla también a la consideración de este hecho, que es relevante.
Ofrecemos este texto como texto de consenso. Lamentamos estos episodios, aunque quizás hoy no se han producido, de convertir a Cuba y a la evolución libre y democrática de sus ciudadanos en un elemento de confrontación interna entre el
partido del Gobierno y el primer partido de la oposición. Es importante que el Congreso de los Diputados fije una posición respetuosa pero con unos principios claros, los que manifiesta el punto uno de nuestra enmienda de sustitución, y deseamos
que este pueda ser un puente de consenso entre un grupo y otro. Si no fuera así, mi grupo parlamentario expresaría su decepción sobre la no consecución de aquello que fue posible al inicio de esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que la enmienda presentada por el Grupo Socialista a la proposición no de ley del Grupo Popular está ya defendida en el turno del que hizo uso la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Si puedo intervenir, intervengo.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto.
La señora BATET LAMAÑA: Efectivamente, presentamos esta enmienda a la proposición no de ley del Partido Popular, como he dicho en mi primera intervención, con el objetivo de intentar llegar al consenso que logramos al inicio de esta
legislatura. En ella queremos poner énfasis a la cooperación y me extraña que el señor Moragas ponga en cuestión ese tema.
En esta casa se ha aprobado un Plan director de cooperación, y el Partido Popular no votó en contra, en el que se incluía a
Cuba. Ese a lo mejor hubiese sido un buen momento para poner en cuestión nuestra cooperación con relación a Cuba. Este plan director, además, se hizo con el consenso tanto del consejo interterritorial, en el que participan todas las comunidades
autónomas y donde no se produjo tampoco ningún voto particular por parte de ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, como del Consejo de Cooperación. La ayuda al desarrollo, con respecto a Cuba, nunca se ha frenado en todos
estos años. Por tanto, no es que se retome la cooperación con Cuba, es que no ha desaparecido nunca esa cooperación con Cuba.
Quiero decir también que Cuba no es el único país sin democracia que recibe ayuda al desarrollo; no es el único y la ayuda al desarrollo no se desliga de los derechos humanos; evidentamente son conceptos que van ligados. Y, cuando se
ejerce esa cooperación al desarrollo, se pide a las autoridades del país correspondiente que camine, que dé pasos claros hacia el respeto de los derechos humanos, pero no se renuncia a mantener esa cooperación. Y eso no solo pasa con Cuba, pasa con
muchísimos otros países del mundo; y no lo hace solo el Gobierno español, sino que lo hacen muchísimos otros gobiernos europeos. ¿Por qué la Comunidad Autónoma de Valencia o el alcalde de Toledo mantienen esta cooperación con Cuba? ¿Por qué
visitan también a las autoridades cubanas? Porque hay unos lazos económicos, culturales y de tradiciones muy especiales con ese país. Por ello, tanto el Gobierno de España como otros gobiernos territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos,
mantienen esa cooperación. No podemos poner en duda la cooperación.
Yo no he dicho que el grupo de disidentes, que se destaca tanto en la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular como en la enmienda que presenta Convergència i Unió, sea un grupo excluyente, ni que sea un grupo no representativo de
la disidencia, pero está claro que no incluye a toda la disidencia y por tanto no representa a toda la disidencia en su totalidad. ¿Por qué no podemos prestar un apoyo genérico a todos los disidentes? Los valores que estamos defendiendo son
exactamente los mismos. ¿Por qué tenemos que citar a un grupo de disidentes, aunque sean mayoritarios? Da igual, aunque haya un miembro de la Internacional Socialista. Es que no estamos haciendo política partidista en estos temas. Lo que está
claro es que no incluye a toda la disidencia y eso es lo que crea precisamente una distorsión.
Señor Moragas, poner en duda que estamos en contra de la pena de muerte es rizar el rizo. Evidentemente, no estamos a favor de la pena de muerte y no tiene sentido que usted destaque en este debate esta cuestión. Con las cuatrocientas
ejecuciones del Estado de Texas también estamos en desacuerdo. Cuando quiera hacemos referencia a la pena de muerte; presentamos una iniciativa, si quiere conjunta, a favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y nos ponemos de
acuerdo con esta cuestión. Me parece que este no es el tema de debate en este punto, a no ser que se quiera provocar una distorsión innecesaria sobre aquellos valores que compartimos en esencia, como he dicho antes, que es la libertad para Cuba y
la democracia en Cuba. (El señor Moragas Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el señor Moragas quiere defender la enmienda presentada a esta iniciativa. Me parece muy bien. Aunque antes di tiempo acumulando las dos cosas, le cedo la palabra con mucho gusto.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Se lo agradezco, presidente.
Muy rápidamente. Señora Batet, el tema de la pena de muerte es una cuestión que yo desarrollo en el punto dos para mejorar su texto. Voy a decir literalmente, para que conste en el 'Diario de Sesiones', a lo que nos referimos nosotros y lo
que ustedes parece que no consideran oportuno respaldar. Decimos: mantener un diálogo permanente, fluido, constructivo y exigente en materia de derechos humanos. Esto es lo mismo que ustedes están diciendo, pero añadimos: En este sentido,
recordamosr que Cuba es un país que mantiene la pena
de muerte y que recientemente la ha utilizado, y que el Congreso de los Diputados en reiteradas ocasiones ha rechazado dicho instrumento represivo. Asimismo recordar... etcétera, etcétera. Esa es la referencia que nosotros hacemos. ¿Por
qué? Porque creemos que, si el Congreso de los Diputados se manifiesta sobre Cuba en contra de la pena de muerte en estos momentos, podemos contribuir a ejercer una presión sobre el Gobierno cubano que impida que apliquen esa pena en algún caso
concreto en un futuro, que esperemos que nunca se materialice, pero esa es la labor política, intentar que no se aplique la pena de muerte. En este caso estamos debatiendo sobre Cuba. Si usted quiere que debatamos sobre Estados Unidos, presente
una propuesta y verá cómo nuestra posición será en contra de la pena de muerte. No tenemos ningún miedo en eso. En cambio, ustedes parece que tienen miedo de decirle al Gobierno cubano que están en contra de la pena de muerte. Eso puede
contribuir a que no ejecuten a nadie en Cuba por intentar salir de la isla y ganar la libertad. Eso es lo que ustedes están criticando.
En segundo lugar, yo no pongo en duda la cooperación. Se lo he dicho literalmente, que nosotros propusimos el Acuerdo de Cotonú para Cuba cuando estábamos en el Gobierno. Fue el Gobierno cubano el que renunció a ello, porque consideraba
que la cláusula democrática era humillante. Son ustedes los que están renunciando al acervo comunitario en materia de cooperación internacional al asumir la secretaria de Estado de Cooperación Internacional públicamente, hace una semana y media,
que no había que vincular la cooperación a los derechos humanos. No lo digo yo, lo dice la máxima responsable. Seguramente ha cometido un error, dialéctico. Pues ese error dialéctico ha provocado una vez más el enfado de toda la disidencia
cubana. Yo creo que ustedes tienen cierta autonomía con respecto al Gobierno, o deberían tenerla, para empujarles a corregir aquellos errores que se han cometido, porque lo que está en juego aquí ya es el buen nombre del Partido Socialista. Es la
máxima responsable de Cooperación Internacional la que ha desvinculado, ha generado la desconexión entre cooperación y derechos humanos; no he sido yo, ha sido ella. Usted tiene la oportunidad de corregirla, no tenga miedo, no le van a castigar.
Además, le diré que la mayoría de la carrera diplomática le va a reconocer ese mérito a usted. Además, usted, que es una diputada del Grupo Socialista independiente, tiene una maravillosa oportunidad para manifestar ese criterio con el que en el
fondo espero creer que coinciden muchos socialistas.
Finalmente, en relación con Unidos por la libertad, que es el punto de discusión más profundo que tenemos en estos momentos -y todavía tenemos la oportunidad de alcanzar un acuerdo; yo le insto a que haga esa reflexión y a que actúe de
acuerdo con sus principios-, es un documento abierto, no es un documento excluyente, es un documento abierto, en el que se invita a que sea suscrito por todos. Le voy a reconocer una cosa: mi primera intención en mi proposición no de ley era más
ambiciosa. Yo instaba al Gobierno a que apoyase públicamente y difundiese públicamente en todos los foros internacionales ese acuerdo. Usted dirá: Es que al Gobierno eso le puede incomodar mucho. Soy consciente de eso y, como muestra de mi
espíritu constructivo, me voy a la propuesta de Convergència i Unió. ¿Qué es lo que dice la propuesta de Convergència i Unió? Estoy desbrozando el camino para que se vea que su argumento de que esto va a incomodar al Gobierno y va a excluir a
otras fuerzas políticas no es cierto. Convergència i Unió dice: Manifiesta su apoyo a la consecución de los siguientes objetivos para Cuba. Dígame en cuál no está de acuerdo: respeto a todos los derechos humanos, la democracia, la
reconciliación, la justicia social, la libertad y la soberanía para el pueblo cubano, tal y como expresa la reciente declaración Unidos por la libertad. Es un planteamiento mucho más laxo, mucho más suave, que simplemente recoge unos principios que
están recogidos en una declaración suscrita y difundida por el representante cubano en la Internacional Socialista, y además por el representante cubano en la Internacional Demócrata de centro, y además por el representante cubano en la
Internacional Liberal. Es que están representados todos los grupos europeos. ¿Qué incomodidad les genera esta redacción del Grupo de Convergència i Unió? Yo he renunciado a mis posiciones maximalistas y lo he demostrado comparando los dos textos.
Tienen ustedes una oportunidad de lanzar un mensaje, me atrevería a decir que histórico. Histórico estoy convencido de que los socialistas, viejos y nuevos, muchos están de acuerdo con este planteamiento. Por tanto, yo apelo de verdad, con el
mejor de mis sentimientos y voluntad, a esa sensibilidad democrática, porque realmente los demócratas cubanos lo agradecerán.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No nos cansaremos de repetir en nombre del Bloque Nacionalista Galego que tenemos claro que no estamos en el mejor de los mundos posibles e incluso que estamos en un mundo poco armónico.
Por eso cuando hay una
situación tan conflictiva y tan preocupante como la que existe a nivel internacional, lo máximo o lo mejor que se puede hacer es mantener posiciones claras y al mismo tiempo ponderadas en las relaciones internacionales, sobre todo si esas relaciones
internacionales, como es lógico, las llevan adelante los respectivos gobiernos y no se limitan a un estado de opinión subjetivo o a un estado de opinión ultrapartidista de cualquiera facción de una sociedad, que aun, encima, no es aquella sobre la
que estamos hablando. Digo esto porque francamente el debate sobre Cuba es repetido en este Congreso de los Diputados, hastía ya y sin duda entra dentro de lo que es un cambio fundamental en la política internacional del Estado español, un cambio
que, como reconoció el propio interesado,
el señor Aznar estuvo muy interesado en ejecutar desde que gobernó este país. Estamos cambiando efectivamente doscientos años de diplomacia española, creo que menos, 150 o ciento y pico, si nos atenemos, por ejemplo, a lo que fue la
independencia de Cuba. Es un dato muy importante, porque el cambio sociológico a que obligó el aznarismo, que conllevó también un cambio ideológico, uno de los pilares fundamentales fue en efecto alinearse decididamente con la política
norteamericana a nivel internacional. No se pueden entender estos debates si no hay una presión detrás por parte de Estados Unidos, porque no es inteligible en un Gobierno mínimamente ecuánime que además tuvo relaciones primero con Cuba cuando fue
colonia del Estado español y ahora con unas relaciones prácticamente ininterrumpidas desde que fue independiente esta colonia y, sin embargo, en este momento se está metiendo continuamente el dedo en la llaga con argumentos que son de parte y de
parte excesivamente hipócrita y cínica.
Les voy a dar cuatro elementos de juicio. Si hablamos de dictaduras, habría que distinguir incluso desde el punto de vista de la realidad, qué tipo de dictaduras. Porqué está claro que uno puede hacer los juicios de valor que se quiera
sobre Fidel Castro, pero no es ni imitable ni comparable a lo que significó, por ejemplo, el caso del dictador Pinochet o del dictador Franco. Primera confusión que solamente desde un punto de vista obtuso se puede llegar a asumir desde un punto de
vista del análisis de la realidad. Segundo, cuando se habla de que es necesario que el régimen evolucione hacia la libertad y la democracia, lo que se está diciendo es que se quiere que se evolucione cara a un sistema capitalista, claramente
capitalista, un sistema donde haya partidos políticos a imagen y semejanza restrictiva, en este caso de los Estados Unidos; es el bipartidismo lo que interesa. En tercer lugar, se habla lógicamente de que no haya soberanía nacional, que es el
modelo que a Estados Unidos le gusta. La prueba está en que entra en contradicción con todos los países que tienen soberanía nacional en el Tercer Mundo. Y, en cuarto lugar, se habla de un modelo social que no se base en la igualdad.
Me parece un
criterio, pero no es un criterio que tengamos que compartir todos y mucho menos el criterio que confesionalmente exponga cualquier Gobierno, sea socialista, sea capitalista, sea democrático, no lo sea, en sus relaciones con otro pueblo o con otro
régimen político. Por lo demás, hay un dato clave en Cuba, para cualquiera que conozca ese país.
Efectivamente, hay una contradicción entre el nivel de cultura, el nivel de formación y el nivel de bienestar social. Y la mayoría de los cubanos lo
que están deseando es que se resuelva ese problema, que sí es un problema grave: una sociedad que sabe leer, una sociedad que tiene títulos universitarios, una sociedad que es capaz y una sociedad que vive no suficientemente bien o que vive
relativamente mal. Ese es el grave problema y lo que las mayorías sociales de Cuba están esperando superar.
Yo espero que lo superen. Que después eso desemboca en un régimen democrático formal, con justicia social, para mí, maravilloso, si eso es posible. Que eso desemboca en un régimen capitalista, modelo Estados Unidos, en una ex colonia y un
país del Tercer Mundo, para mí fatal, porque sé que se perderán los avances de carácter social, los avances de carácter cultural, los avances de carácter educativo, seguirá habiendo la misma distorsión, más miseria, y seguirá habiendo unas
contradicciones que no dejarán satisfechos a nadie. Por lo tanto, no vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Popular, porque hay que tener valor para andar hablando de la pena de muerte. Y vale eso de: sí, sí, ustedes presenten una
sobre Estados Unidos, pero aquí nadie la presenta, sobre todo los que tienen capacidad para hacerlo y para llevarla adelante.
Niños discapacitados, gente joven, hispanos, negros y así sucesivamente, y aquí nadie abre la boca. Y se preocupan de
aplicar la pena capital a tres o cuatro personas a las que no se les debe aplicar pero resulta que tenían connotaciones de terrorismo, connotaciones de vinculación al narcotráfico, y así sucesivamente. Señores, ¿pero en qué clase de debates
parlamentarios estamos? Un mínimo de decencia, de ética, en el sistema de discusión, un mínimo de ética, porque desde mi punto de vista esto es realmente vomitivo, lo tengo que decir así de claro.Vomitivo. Creo que sería mejor que en todo caso
estuviésemos preocupados de que le levantasen el bloqueo a Cuba, para que el régimen no tuviera ningún pretexto en relación con la mejora del bienestar material del pueblo cubano, que yo claramente asumo que es inmensamente mejorable y que es la
crítica más profunda que se le puede hacer al régimen. Espero que ese régimen evolucione en la solución de ese conflicto. Dejémosle evolucionar sin intromisiones descaradas, porque esto de andar diciendo que al mismo tiempo que vamos a visitar a
las autoridades cubanas a Cuba se reciba en el mismo nivel a los disidentes... no se vio en ningún Estado del mundo semejante tipo de perturbación diplomática, a no ser que se esté dispuesto a arrodillar a la gente, a destruir el régimen con
consecuencias. Y ya vemos lo que está pasando en el mundo, empecemos por Irak. (El señor Moragas Sánchez: Birmania hace dos días.)
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya acabando, porque estamos agotando el tiempo.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señor presidente.
Que se quiera el actual Irak frente al anterior me parece una opción legítima; yo no lo quiero, así de clarito. Vuelvo a decir que esta es la opinión del Bloque Nacionalista Galego. Allá la opinión del Grupo Catalán o del Grupo Vasco. No
confundamos las posiciones. El BNG no es confesional del régimen cubano pero tiene una cosa clara: Cuba debe de ser libre, independiente y soberana. Y ese es un valor que hoy debe cotizar para cualquier demócrata y para cualquier persona que
quiera
un mundo mínimamente armónico, no el desastre vergonzoso al que estamos asistiendo.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos parlamentarios quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Llamazares por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario no va a votar a favor de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, va a rotar en contra, por razones de texto y de contexto. No compartimos lo que plantea el Grupo Parlamentario
Popular, pero mucho menos compartimos el contexto en el que esto se propone a esta Comisión. Recientemente se ha producido un acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno cubano en relación con la cooperación. Este acuerdo forma parte de una
nueva política para Cuba, que, en nuestra opinión, es una política mucho más adecuada, que tiene mucho más que ver con nuestra historia y que también tiene mucho más que ver con lo que compartimos con el pueblo cubano que la política que, en el
trasfondo del texto del Grupo Popular, se nos propone. Porque el Partido Popular añora la confrontación con Cuba, el Partido Popular añora la política que ellos impusieron de posición común de la Unión Europea para Cuba. Añora todo eso. (El señor
De Arístegui y San Román: ¡Qué barbaridad!) Y nos propone en el texto y en el contexto volver atrás.
Nosotros no queremos volver atrás; nosotros queremos que mejoren las relaciones entre España y Cuba, no solamente porque tiene que ver con
nuestra propia historia, sino porque es una política más eficaz que la política de la confrontación, que la política de la imposición y que la política de ignorar la soberanía del pueblo cubano y de las instituciones cubanas, que es lo que pretende
el Partido Popular. Por esta razón, porque no queremos que se pare esa nueva política, porque no queremos volver atrás y porque queremos que nuestra política sea nuestra política autónoma y no la política de los Estados Unidos y del señor Bush -en
este caso concreto la política para Cuba era la política del Partido Popular-, no vamos a votar esta iniciativa por enésima vez; porque es la enésima vez que se nos propone esta iniciativa intentando, mediante medidas llamémoslas de acercamiento en
materia de enmiendas, que se ignore no solo el texto, sino el contexto. Esta es una impugnación, una enmienda de totalidad a la política exterior del Gobierno español para Cuba. (El señor De Arístegui y San Román: Pues sí.) Quien quiera
entenderlo que lo entienda.
El señor PRESIDENTE: Señora Bonàs, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
La señora BONÀS PAHISA: No quería intervenir, pero he visto que es necesario posicionarnos en este punto.
Da la impresión de que el Partido Popular lo único que está persiguiendo con sus iniciativas acerca de Cuba es hacer puntos en la Administración Bush, que está ya, creemos, en su final. Les ha resultado productivo hasta ahora -han recibido
algunos altos cargos, por ejemplo, en el Banco Mundial- pero aquí estamos hablando de un país en el que la política europea acerca de Cuba está progresando. Estamos por fin en un camino más positivo que el que había hasta ahora. Se han equivocado
todas las políticas de Estados Unidos respecto a Cuba. El bloqueo no ha hecho avanzar los derechos humanos en Cuba. El único camino es el que el Gobierno español ha empezado en esta legislatura, un camino de entendimiento y de diálogo. Esta es la
pauta seguir. Por tanto, todas las enmiendas del Grupo Popular van en una línea que no es la de este Gobierno y no son las que Esquerra Republicana apoyará.
El señor PRESIDENTE: A efectos de admisión de las enmiendas presentadas, tiene la palabra la señora Batet por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora BATET LAMAÑA: Señor presidente, reitero que nosotros no aceptaremos ninguna de las dos enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: Señor Moragas, a efectos también de aceptación o no de las enmiendas presentadas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Nosotros aceptamos la enmienda de sustitución presentada por el Grupo de Convergència i Unió y la votaremos a favor.
- SOBRE EL VISADO DE PASAPORTES COLECTIVOS DE NIÑOS SAHARAUIS ENFERMOS PROCEDENTES DE ARGELIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002356.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley sobre el visado de pasaportes colectivos de niños saharauis enfermos procedentes de Argelia del Grupo Parlamentario Popular. Cedo la palabra al
señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: El hecho de presentar esta proposición no de ley es para, en primer lugar, denunciar el incumplimiento del Gobierno español del acuerdo que hace ya año y medio esta Comisión adoptó unánimemente y que decía
básicamente dos cosas: que hay una comisión médica evaluadora mixta, formada por médicos españoles y saharauis que selecciona a los niños saharauis que están en peor situación, que están más enfermos. Hasta el año 2004 llegaban con normalidad a
España, visándose los pasaportes colectivos que las autoridades argelinas expedían. Desde hace tres años y
medio se han encontrado con crecientes dificultades que llevaron a esta Comisión a aprobar unánimemente aquel texto, enmendado y mejorado por el Grupo Socialista y apoyado por el resto de formaciones políticas. Sin embargo, desde hace
dieciocho meses, desde el 5 de abril de 2006, viene siendo manifiestamente incumplido. Ningún pasaporte colectivo de niños y niñas saharauis enfermos ha sido visado por las autoridades españolas en Argelia. Por tanto, la situación es de absoluto
desconcierto para los saharauis desplazados por Marruecos al sur de Argelia, a los campos de refugiados de Tindúf.
Ayer compareció el señor ministro, forzado por el Reglamento, porque habían incumplido sus plazos para responderme en tiempo a las preguntas orales y, evidentemente, no llegó a decir ninguna de las fechas de visado de ningún pasaporte
colectivo porque, según dicen los propios saharauis, no lo ha habido; dieciocho meses en los cuales ningún pasaporte colectivo ha sido visado; hasta el punto de que actualmente, no sirviendo para nada un pasaporte colectivo, se ven sometidos a la
cola de los pasaportes individuales que el Gobierno argelino expide con la misma rapidez o con la misma lentitud que para cualquier ciudadano argelino. Los tienen en la misma consideración que a los ciudadanos propios, a pesar de que son exiliados
saharauis. Y el plazo llega a ser de hasta un año. Un año, para un niño o una niña gravemente enfermos, aquejados de enfermedades en algunos casos casi terminales -casos de vida o muerte-, es someterlos injustamente a un aplazamiento de su
intervención quirúrgica en España.
Esto es gratis. Simplemente pedimos que el mismo cuño que se ponía en etapas anteriores se siga poniendo ahora. Es gratis, no le cuesta nada.
Es colocar un cuño sobre el pasaporte argelino que exhiben los niños
y niñas, o sus representantes saharauis, porque tienen hasta catorce años como máximo.
Ayer, la intervención del ministro Moratinos me dejó todavía más preocupado, porque asumió un paternalismo que no le corresponde, especialmente por su comportamiento tacaño, jugando con la salud de niñas y niños saharauis. Llegó a decir que
no había ningún problema, pero que había que ir educando a los saharauis a que fuesen pidiendo pasaportes individuales. ¿Qué quiere decir educando? Quiere decir condenar a niños gravemente enfermos a, en lugar de venir inmediatamente a España,
estar en la cola de los pasaportes individuales durante un año. Eso quiere decir la expresión ir educando que dijo ayer el ministro Moratinos. Me parece un paternalismo autoritario, impropio de la condición del señor Moratinos y del actual
Gobierno de España, de un Gobierno democrático y presuntamente comprometido con lo que debiera ser la ayuda humanitaria.
Ya no estoy a favor de que el Gobierno de España quiera ir educando a aquellos saharauis que no tienen un país; que no tienen
un Estado; que están exiliados en campos de refugiados y que el coste de ese ir educándolos sea simplemente negar el visado de los pasaportes colectivos y forzarles a un año de demora, que es el tiempo que se tarda en expedir los pasaportes
individuales el Gobierno argelino, mientras que los colectivos los hace de forma inmediata. Volvemos a plantear lo mismo; y mi problema y el problema de los saharauis es que posiblemente esta Comisión apruebe lo mismo y el Gobierno de España
vuelva a hacer lo mismo, que es desacatar ese acuerdo parlamentario, como lo ha venido haciendo durante dieciocho meses.
Me gustaría hacer una precisión. Ayer se dijo algo que era una pura invención. Se llegó a argüir, para escaparse de por qué no se visan pasaportes colectivos de niños enfermos y se hacen 545 visados de pasaportes colectivos para pasar las
vacaciones en paz -que nos parece muy bien, y lo aplaudimos, se hacía en la etapa anterior y se hace ahora, nos parece formidable-, pero ¿cómo es posible que sí pongan 545 cuños, que se visen 545 pasaportes colectivos, según me responde el propio
Gobierno, para pasar vacaciones en paz y no se quieran visar los de los niños enfermos? Como no había ninguna explicación, ayer el ministro Moratinos llegó a decir que el Frente Polisario, que los saharauis y los argelinos no se aclaraban mucho con
el tema. Cuando anoche conté a Mohamed Muluda, secretario de Estado de Juventud, la situación, si no fuese algo que es jugar con la vida de niños y niñas enfermos, se hubiese reído. Todo el mundo, salvo el Gobierno socialista, está de acuerdo en
que se visen los pasaportes colectivos, como se hizo con doscientos niños enfermos en los años 2002 y 2003; el Gobierno argelino, que además los expide de forma inmediata; las autoridades saharauis, que no disponen de suficientes funcionarios o
trabajadores para hacer un acompañamiento individualizado de cada uno de los niños enfermos, que tendrían que venir con pasaportes individuales. Las casas de acogida españolas están también de acuerdo; son ellas las principales impulsoras de que
siga habiendo pasaportes colectivos; y todos los que apoyan las casas de acogida, es decir ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, asociaciones, sindicato... todo el mundo apoya que se visen los pasaportes colectivos con la excepción
del Gobierno socialista de España. No tiene ninguna justificación. Sobre todo no tiene ninguna justificación después de que ellos mismos aprobasen el texto, que decía dos cosas: primero, que se faciliten los visados de pasaportes colectivos; y
segundo, y aportación suya, que los individuales sean visados en 72 horas, también incumplido: no se visan en 72 horas; se visan, según el Gobierno, en diez días y, según los saharauis, entre quince y treinta días. Pero eso no es lo más grave.
Lo grave no son los individuales, por eso nuestra proposición no de ley va dirigida fundamentalmente a los colectivos. Lo más grave es que en dieciocho meses no se ha visado un solo pasaporte colectivo y, de hecho, los saharauis ya lo consideran un
procedimiento inútil y están pidiendo individuales, condenando a los niños y niñas a venir a España con un formidable retraso. Y digo que al Gobierno no le cuesta nada porque la atención sanitaria no la costean ellos, son las asociaciones,
las comunidades del PSOE, del PP, la vasca, todas, quienes lo costean; y son las entidades, los municipios y las diputaciones quienes sufragan el mantenimiento de las casas de acogida. El Gobierno de España, sus representantes en el
consulado o en la Embajada argelina, solo tienen que seguir poniendo el mismo cuño que ponían unos años atrás y que ahora, por los motivos que sean, han dejado de poner. Mi única ambición es llegar a un acuerdo con todos y que el Gobierno de España
haga la llamada que están esperando los funcionarios españoles en Argelia, para poder seguir poniendo el cuño que ahora el Gobierno español, el Ministerio de Exteriores instruye que no pongan.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO REY: Señor Barrachina, le escucho y estoy convencida de que la preocupación que usted manifiesta en este tema es sincera. Todos estamos preocupados por la situación de las personas que siguen como refugiados en el
desierto argelino, sufriendo los rigores del desierto, y ya hemos dicho que se trata de una cuestión de derecho humanitario. Este derecho lo deben percibir especialmente las personas que se encuentran enfermas porque han de tener prioridad en el
tratamiento de sus necesidades, que evidentemente son aún mayores.
Sabemos que el Gobierno argelino ha hecho grandes esfuerzos, no solo por mantener a estas personas en estas tierras, sino también por atender a las personas que están en situación de enfermedad. Pero sabemos además que hay casos extremos en
los que se necesita una atención más exclusiva y hay que pedir ayuda a España, porque en muchas ocasiones no se tienen los aparatos o la disposición para poder atenderlos. Desde la aprobación de la proposición no de ley a la que S.S. hace
referencia, en abril -el señor Moratinos lo apuntó ayer, no sé si usted lo anotó- se tramitaron cuarenta visados sobre pasaporte individual para estos casos. Sabemos que no son solamente estos casos de enfermedad los que llegan a España, y usted
también lo sabe, señor Barrachina. En el tiempo de Vacaciones en paz vienen aquí 10.000 niños, y entre esos 10.000 niños la prioridad son los niños enfermos, usted lo sabe porque lo priorizan las autoridades del Frente Polisario, y llegan a nuestro
país muchísimos niños que son acogidos en esas casas, en Alicante y otros lugares, donde a veces no solamente pasan esos dos meses, que es el tiempo que dura Vacaciones en paz, sino el tiempo que sea necesario para atenderlos quirúrgicamente, para
atenderlos médicamente en sus necesidades. Sabemos que muchas veces surgen, entre un período y otro de Vacaciones en paz, casos urgentes; estamos hablando de cuarenta casos que se han atendido con el pasaporte individual, por eso me extraña que
usted tache al señor Moratinos de tacaño o arbitrario cuando, desde luego, se están tratando estas cuestiones con la celeridad que necesitan.
Usted habla de que ha tenido una conversación con el secretario de Estado de Juventud; yo he tenido mis conversaciones con el embajador saharaui en Argel y, sin embargo, me comenta que no ha habido problemas y que cuando ha habido un caso
urgente se ha solucionado; quizás nuestras fuentes difieren, pero creo que el embajador de Argel tiene muchísima información de lo que los ciudadanos saharauis en este caso están recibiendo del Gobierno español. Más allá de eso, en este Gobierno
también se ha hecho una apuesta por este tema que ha preocupado especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores y lo ha puesto como una prioridad; no en balde se ha multiplicado por cuatro la ayuda que se está enviando a los campamentos
saharauis; aún no es suficiente, pero se ha hecho un esfuerzo muchísimo mayor que el que se hacía en tiempos del Gobierno del Partido Popular. Además, señor Barrachina, la proposición que usted nos presenta hoy es un tanto tramposa, porque nos
presenta una proposición para que cumplamos una proposición no de ley aprobada en esta Comisión con el apoyo del resto de grupos parlamentarios y, sin embargo, usted modifica el texto. Nosotros hemos hecho una enmienda a su proposición, en la vía
de que si queremos dar cumplimiento a esa proposición no de ley sigamos manteniendo ese consenso que se consiguió en aquella ocasión. Por lo tanto, creo que podemos aprobarla, creo que se puede seguir agilizando, se pueden abreviar los plazos, pero
yo me remito a esa proposición no de ley que en gran medida -y soy consciente de ello- se ha tenido bastante en cuenta a la hora de agilizar los trámites, para que estos niños reciban la atención médico-quirúrgica que sea necesaria en cada caso.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente. Mi grupo parlamentario va a reiterar la posición que ya adoptó en su momento respecto a esta materia; por lo tanto, apoyaremos que el Gobierno siga haciendo gestiones para que se
agilicen, mediante pasaportes individuales o colectivos, estas entradas en nuestro país, que van fundamentalmente con el objetivo de mejorar la salud de los niños saharauis; es una cuestión humanitaria. Nuestro grupo parlamentario no se puede
creer en estos momentos que haya barreras burocráticas a la salud de estos niños y, por lo tanto, preferimos pensar que lo que hay es un debate en torno a pasaportes individuales y colectivos con el Gobierno argelino, o quien sea, y que se trata de
aclarar ese debate, pero no creemos que ese debate esté comprometiendo la salud de los niños saharauis. En todo caso, votaremos la iniciativa para que se superen todo tipo de barreras, las barreras que existan, que se aclaren, y que los niños
saharauis sigan viniendo a nuestro país a ser tratados en caso de necesidad en hospitales españoles. Esa es la posición de mi grupo y es lo que defenderemos y votaremos en esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Tomo la palabra para anunciar el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la iniciativa del Grupo Popular. El señor Barrachina ayer tuvo la amabilidad de hacer una referencia explícita
a la posición de este grupo parlamentario en el debate que tuvimos el día 5 de abril del año 2006, y creo que por pura cortesía teníamos que reiterar nuestro voto favorable a esta iniciativa, que trae causa de lo que el Grupo Popular plantea como un
cumplimiento restrictivo, un cumplimiento insuficiente del número de visados, de estos cuatro visados, y de la réplica que ha tenido por parte del Grupo Socialista respecto a la buena voluntad de incrementar el número de visados.
Una última reflexión. Usted en el texto planteaba visados colectivos y se plantea una enmienda para que texto sea literalmente el de abril del año 2006 sobre visados colectivos e individuales. Estoy convencido de que la proposición del
Grupo Popular está guiada por motivos humanitarios, absolutamente presididos por motivos de buena fe. Debemos también poner en el debido contexto esta iniciativa, en una situación en la cual se han de extremar las medidas de seguridad en la
relación con terceros países y especialmente con países de la ribera sur del Mediterráneo, con lo cual, seguramente, en el futuro se darán más instrumentos de cooperación y de ayuda a estos niños que a veces no son niños, sino también adolescentes,
los visados individuales y los visados colectivos. He expresado con suficiente claridad también esta consideración de los nuevos contextos de seguridad en los cuales nos estamos moviendo.
El señor PRESIDENTE: A efectos de admisión o no de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, el señor Barrachina tiene la palabra.
El señor BARRACHINA ROS: Mi afán no es ganar ninguna votación, sino que la situación se arregle, y aunque quizá no aceptando la enmienda yo pudiera ganar la votación, la vamos a aceptar. Solo pido que el texto que ha sido manifiestamente
incumplido durante dieciocho meses, ahora sea cumplido y que cuando hablemos de fuentes, hablemos de las mismas. Doy nombres y apellidos: Brahim Gali, el representante del Frente Polisario en España, Mohamed Mulud, el secretario de Estado de
Juventud.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, simplemente a efectos de admisión o no de la enmienda.
El señor BARRACHINA ROS: Todo el mundo denuncia esta situación. Es imposible que haya un saharaui que deje de denunciarla. Por tanto, lo que digo es que voy a aceptar esa enmienda para evitar que esto se fracture y ustedes cúmplanla.
- SOBRE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y DE IDENTIDAD DE GÉNERO A NIVEL INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002384.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día. Proposición no de ley sobre la defensa de los derechos sexuales y de identidad de género a nivel internacional. El grupo autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra para su defensa la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Señorías, el presidente de Irán recientemente en el curso de una conferencia en Estados Unidos negó la existencia en su país del fenómeno de la homosexualidad, tal como él lo definió. En Irán, en julio de 2005, dos
adolescentes fueron ejecutados públicamente por ser homosexuales. Puede ser que esta sea la causa por la que Ahmadineyad dice que en su país ya no existen homosexuales.
Señorías, señor presidente, según Amnistía Internacional, setenta países persiguen la homosexualidad y ocho la castigan con pena de muerte.
Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y algunos Estados del norte de
Nigeria; todas son regiones de religión musulmana, y algunas de interpretación rigurosa, y ocupan la cabeza en la discriminación de la homosexualidad con legislaciones que incluyen la pena de muerte. En Nigeria, concretamente, un proyecto de ley
aprobado el pasado año penaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo, la participación en dichos matrimonios y las violaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En Arabia Saudí, según los datos de Amnistía Internacional, hasta veinte
hombres fueron detenidos en el año 2006 en una reunión social privada únicamente por su orientación sexual. En Europa ya no se penaliza la homosexualidad, pero tenemos algunos problemas. Uno, el problema de Polonia, donde la homofobia, como
ustedes saben, es institucional. Dos, la discriminación por motivos de orientación sexual sigue existiendo en Europa en algunos países, como Austria y Reino Unido, que han sido condenados recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tres, en ciudades europeas como Belgrado, Moscú y Varsovia se han prohibido recientemente desfiles del orgullo gay. Cuatro, en la Directiva del Consejo de la Unión Europea, que regula el derecho de asilo, se recoge la persecución por motivos de
orientación sexual de la ciudadanía extranjera. A pesar de ello, el Estado español hasta 2004 solo reconoció este derecho a una persona.
Preguntamos a los señores y señoras socialistas, porque no lo sabemos, cuántos derechos de asilo se han
reconocido durante su
Gobierno por este motivo. Lo que sí sabemos es que de las solicitudes aceptadas, por derecho de asilo solo lo han sido un 7,8 por ciento. Es un porcentaje muy bajo y deberían comparar con los países del entorno. De hecho, una moción
presentada por Esquerra Republicana en esta Cámara en la que pedíamos reconocer este derecho a las personas transexuales no fue aprobada ni por el grupo mayoritario ni por la Cámara claro.
En la misma moción se solicitaba, por cierto, que se impulsara en el marco de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, un estudio sobre la transfobia a nivel internacional y la adopción de medidas para combatirla. (El señor
vicepresidente, Benegas Haddad, ocupa la Presidencia.) Volvemos a insistir en ello hoy, señorías, pero incluyendo la discriminación hacia los gays, lesbianas y bisexuales, y haciendo una propuesta más ambiciosa.
Señorías, el Estado español se ha colocado en la vanguardia mundial en el reconocimiento de los derechos a personas homosexuales y transexuales. En la presente legislatura, en esta Cámara, se han promulgado dos leyes muy avanzadas en el
reconocimiento de los derechos de identidad sexual. Por ello, ante la constante y flagrante violación de los derechos humanos por motivos de orientación sexual o identidad de género, reclamamos que el Estado español lidere un proceso internacional
de reconocimiento legal de estos derechos, realizando un encuentro tanto de Gobiernos como de sociedad civil para analizar la situación y proponer medidas para su superación. Reclamamos que exista una coherencia del Estado español en su política
internacional, y que sitúe en la agenda política la necesidad de tomar medidas para el reconocimiento y garantías de estos derechos, especialmente para frenar la aplicación de la legislación que castiga su ejercicio con penas de prisión o muerte.
Asimismo, queremos señalar que esta coherencia debe darse también a nivel interno, reconociendo el derecho de asilo a aquellas personas que lo reclamen en virtud de esta persecución, si así lo avalan las organizaciones internacionales de derechos
humanos.
No quisiera acabar sin una buena noticia. Nos hemos enterado de que en el Foro de Mercosur se ha aprobado un documento mediante el cual se hace un llamamiento a los gobiernos a revocar las leyes que discriminan a las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales, y promueve políticas de sensibilización y educación pública. Además, promueve la participación de las minorías sexuales en todos los niveles de la enseñanza pública, a poner fin al acoso y a la persecución policial
y llama a adoptar leyes de protección para parejas del mismo sexo y sus familias, entre otras medidas. Señorías, este gran avance nos debe acicatear para aprobar hoy esta iniciativa.
Hemos recibido dos enmiendas del Partido Popular. En cuanto a la enmienda número 1, en nuestra propuesta se dice: 'liderar un proceso internacional de reconocimiento de los derechos sexuales y de identidad sexual en todos los países del
mundo'. Ellos añaden: 'condicionando la cooperación al desarrollo al compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos'. En la justificación de la enmienda se dice que tiene poco sentido que España firme compromisos de cooperación con
países en los que se persigue a los individuos por sus opciones políticas, ideológicas o sexuales. Aquí entramos en un punto de discusión. Si en un país existe un Gobierno que reprime la cooperación, ¿para quién es el castigo, para el Gobierno o
para los ciudadanos? Entraríamos así en una discusión en la que no conviene entrar ahora, porque -y ya lo hemos dicho en los demás puntos- la cooperación o los intercambios entre gobiernos se deben condicionar a un respeto de los derechos, pero ¿a
quién vamos a castigar, al Gobierno o a los ciudadanos? Hay unas normas internacionales que prohíben el comercio de armas cuando un país no respete los derechos humanos. En este punto no conviene esta frase de 'condiciona la cooperación'. No es
el momento de discutir esto, sino que hemos de hacerlo en otro foro. Por tanto, no estamos de acuerdo con esta enmienda.
En la segunda enmienda se dice: 'condenar al régimen iraní por la persecución y los asesinatos de homosexuales'. Aquí deberíamos añadir la lista de todos los países que deberíamos condenar. Proponemos no introducir esta enmienda, porque
ya en el punto 3 decimos: 'reclamar en todas las instancias internacionales oportunas la necesidad de colocar en la agenda política la preocupación por la violación de los derechos sexuales y de identidad sexual en el mundo y, tomar las medidas
eficaces oportunas para garantizarlos, especialmente con aquellos países en el que el ejercicio de la libertad sexual se castiga con la pena de muerte o con prisión'. Es en este foro donde internacionalmente debe aplicarse una política global sobre
estas legislaciones de pena de muerte, porque no con condenas a solo uno, dos, tres o cuatro países se puede avanzar. Por tanto, no vamos a aceptar esta enmienda.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al punto número 1, nos dicen: 'impulsar un proceso internacional'. Se puede impulsar un proceso cuando ya existe; si no existe un proceso, no se puede impulsar.
Cuando se promulgó la Ley contra la Violencia de Género, España lideró un proceso de reconocimiento de la existencia de la violencia de género y de lucha contra la misma. En este caso, España está en condiciones, porque la sociedad española así lo
admite y así lo ha aprobado, de liderar este proceso de respeto de los derechos por orientación sexual y, por tanto, no creemos que sea conveniente rebajar nuestra propuesta.
Respecto al punto número 2, pedimos que se organice un encuentro internacional, tanto de gobiernos como de sociedad civil, para analizar la situación de los derechos sexuales y de identidad sexual en el mundo, y proponer medidas para su
reconocimiento y garantías. Cuando se aprobó la Ley contra la Violencia de Género, a través de la Fundación Carolina se organizaron reuniones internacionales y vinieron aquí parlamentarias de Iberoamérica; el Gobierno de España fue el que organizó
estos encuentros. Estamos ya al final de la legislatura y, si somos realistas, hay que reconocer que difícilmente se podría organizar ahora un encuentro internacional. Por tanto,
haciendo un ejercicio de pragmatismo, aceptaríamos la enmienda al punto número 2, que dice: 'apoyar las iniciativas de la sociedad civil'. En este caso, esperamos que sea así, porque lo menos que se le puede pedir al Gobierno es que apoye
las iniciativas de la sociedad civil en este aspecto. Señorías, espero que su voto sea favorable a esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Señora Bonàs, me temo que ha manifestado usted lo que va a hacer respecto a las enmiendas antes de que hayan podido ser defendidas por sus proponentes. Por tanto, vamos a recuperar el orden que
sería lógico. Han sido presentadas dos enmiendas, una por el Grupo Popular, y para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señora Bonàs, mi grupo suscribe lo que dice su proposición de ley y lo que usted misma ha expresado y creemos que es urgente tomar medidas ante algo como la persecución por razón de sexo, que no solo no
vemos que disminuya, sino que a veces va en aumento. En este sentido, hemos hablado antes de lo que ha sucedido en Polonia y vamos a aprobar -espero- una proposición de ley específica sobre lo que ha ocurrido en este país. Es un hecho que hay que
acabar con todo tipo de discriminación por razón de sexo -España tiene una legislación que nosotros hemos recurrido, pero no porque creamos que haya que mantener una sola discriminación, sino porque la forma empleada no nos parece la oportuna- y
suscribimos su discurso al cien por cien.
Señora Bonàs, nuestras dos enmiendas tienen mucho sentido. No decimos que haya que romper la cooperación con los países que están llevando a cabo estas discriminaciones brutales contra los derechos humanos. Nosotros decimos también
derechos humanos y especialmente, pues nos parece importante encuadrarlas en los derechos humanos. No es romper una relación, un apoyo, una cooperación; es tenerlo en cuenta como factor importante. Usted sabe que esto importa a la hora de
emprender una relación de cooperación humanitaria del tipo que sea con un país. Se trata de tener en cuenta esto en la cooperación y no de vincularlo de manera total -faltaría más-, pues cortaríamos con multitud de países que lo necesitan. Hay que
saber que la cooperación española necesita tener en cuenta este factor y ponerlo encima de la mesa a la hora de emprender proyectos de cooperación. Por eso le pedimos que en la medida en que pueda hagamos un matiz en los tres puntos de su petitum.
Han sido muchos los países -decíamos ochenta al hablar de Polonia- que han sido oficialmente denunciados por las organizaciones internacionales de derechos humanos, pero usted ha empezado su intervención hablando de Irán. Hemos visto
ejecutar a dos adolescentes en un país en relación con el cual ayer mismo el señor Moratinos -posiblemente tiene que ser así- hizo gala de tener buenas relaciones, no de aprobar un régimen, pero sí de tener unas especiales relaciones. Le recuerdo
que en 2005 fuimos el único país europeo que refrendó una propuesta iraní. No voy a entrar ahora en las relaciones de España con Irán, pero hacemos gala de tener unas relaciones muy especiales -ya digo que no voy a entrar a calificarlas en este
momento-, hasta el punto de haber firmado como único país una cuestión suya relativa al diálogo de civilizaciones; la situación es especialmente grave y usted ha empezado precisamente su intervención mencionando la ejecución terrible de estos dos
adolescentes.
Pongo por delante que tiene usted, desde luego, nuestro voto favorable -faltaría más-, pero le pediríamos que sobre todo la vinculación a la cooperación se pueda tener en cuenta. No digo que haya que suprimir la cooperación con los
países que están en esta lista o en estas situaciones, pero sí considerarlo como un elemento que debe condicionar o que debe pesar a la hora de emprender una cooperación con ellos. En cuanto a Irán, puede ser objeto de otra proposición no de ley
-posiblemente ya no tengamos tiempo para ello- pero no es uno más de estos países; es un país con el que estamos haciendo, entre comillas, un cierto alarde de tener una relación especial.
Por otro lado, no sé porque no está la señora Navarro, cuando hemos visto la proposición no de ley relacionada con esta materia pero referida específicamente a Polonia, había una enmienda de CiU que entendemos que tiene más sitio aquí que en
la proposición no de ley sobre Polonia. Si están los representantes de los dos grupos parlamentarios, tanto la señora Navarro como el señor Xuclà, ya lo veremos dentro de unos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Para la defensa de la enmienda en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Mi grupo parlamentario está completamente de acuerdo con la exposición de motivos de esta proposición no de ley. De hecho, España en esta legislatura ha liderado, como decía la portavoz del Esquerra Republicana, la
señora Bonás, toda una política en materia de ampliación de derechos sexuales y reproductivos y sobre la identidad sexual y las distintas opciones sexuales; política que, por cierto, el Grupo Parlamentario Popular -como ha reconocido su portavoz,
la señora Rodríguez-Salmones- ha recurrido ante altas instancias; he entendido que por la forma, que no por el contenido. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza hace gestos.) Entiendo, entiendo.
De cualquier manera, voy a defender la segunda enmienda, a la que se ha referido la señora Bonás anteriormente, porque la primera la retiramos.
Efectivamente, España está en posición de liderar una situación de defensa de los derechos
sexuales y reproductivos y de identidad sexual.
Pero antes de defender esta enmienda querría hacer dos consideraciones muy cortas. Los derechos sexuales y reproductivos están consagrados en la doctrina de derechos humanos y así han sido
reconocidos primero en El Cairo,
después en Beijing, después en Beijing+10 y están recogidos en la Carta de los Derechos Humanos. Estos afectan fundamentalmente a las mujeres en cuanto a su sexualidad y a su reproducción y, también, en cuanto a sus opciones de contraer
matrimonio o no. Para no mezclar las dos cosas, quería referirme, por un lado, a derechos sexuales y reproductivos que -como digo- afectan fundamentalmente a las mujeres; y, por otro, a los derechos de identidad sexual y de opción sexual, que son
otro tema y que afectan tanto a hombres como a mujeres. Respecto a esta discusión, los menos protegidos dentro de los derechos sexuales y reproductivos son el derecho a optar por contraer o no matrimonio y a planificar o no una familia, derechos
que todavía en muchos países las mujeres no pueden ejercer. En segundo lugar, se encuentra el derecho a tener hijos o no; hay muchos países donde las mujeres no pueden decidir. Es más, se han ligado mucho los derechos humanos a la cooperación y
existe un cierto condicionante o -para no usar mal las palabras- se tiene en cuenta la situación de los derechos humanos a la hora de establecer cooperación con un tercer país. Quiero recordar que hasta 1978, la fecha de la Constitución, en nuestro
país estaba prohibida la anticoncepción, la contracepción, todo tipo de métodos contraceptivos. Los grupos de mujeres estaban en la clandestinidad en ese momento todavía luchando por el reconocimiento del derecho a controlar su maternidad. Hasta
el año 1981 España fue receptor neto de cooperación al desarrollo del resto de los países europeos, sin tener en cuenta y sin ligar la falta de reconocimiento de los derechos humanos en una dictadura como la que vivíamos hasta el año 1975 y dando
cooperación neta y directa. No somos tan mayores como para no recordarlo. Me pregunto qué pensaría la población española de finales de los sesenta y setenta si algún país europeo que donaba cooperación al desarrollo a España para que saliéramos un
poquito adelante y viviéramos un poquito mejor en determinadas regiones de nuestro país, como se llamaban en aquel momento, hubiera dicho que vivíamos bajo un régimen franquista y dictatorial que no respetaba los derechos humanos. Me pregunto qué
dirían nuestros compatriotas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León si no les hubieran llegado aquellos fondos, y ustedes ahora solo veinte años más tarde hacen un uso abusivo de la cooperación ligada. Tengan
memoria. Tal vez ustedes, señores del Partido Popular, no necesitaban la cooperación, pero desde luego mi grupo parlamentario sabe muy bien que había mucha gente y mucha población en este país que sí la necesitaba y dependía de ella.
Respecto a la segunda parte, que son los derechos que se desprenden de la orientación sexual, es verdad que también en esto Naciones Unidas va muy retrasada. (Rumores.) Tal vez los señores del Partido Popular tienen mucho que hablar. Señor
presidente, si me ampara, no estaría mal.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Por favor, les ruego que guarden silencio.
La señora BLANCO TERÁN: Los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género están mucho menos defendidos, incluso en la Carta de Naciones Unidas. Fue en la Conferencia de Yakarta, en Indonesia en 2006,
cuando por primera vez se empiezan a especificar esos derechos. Es verdad que España se había adelantado y los había reconocido; había reconocido el derecho de los homosexuales a casarse y a adoptar. España está en condiciones de liderar y el
Gobierno también, pero quedan muy pocos meses de legislatura -y así se lo he dicho a la señora Bonàs que ha tenido la deferencia de aceptar la enmienda de nuestro grupo parlamentario- y, siendo pragmáticos dudo de que el Gobierno pueda liderar una
conferencia internacional con otros gobiernos.
Sería mejor impulsar las acciones de la sociedad civil y en la próxima legislatura -que seguro que vamos a ganar las elecciones- liderar este proceso.
Me referiré a una cuestión que me importa mucho, que es el refugio y asilo para las personas que por su orientación sexual o por violencia de género, en el caso de las mujeres, tienen o no el derecho a obtener el Estatuto de refugiado. Por
primera vez -y convengo con usted, porque me gustaría que fueran muchas más personas las que lo obtuvieran-, este Gobierno ha abierto la posibilidad a obtener un Estatuto de refugio y asilo, mandatado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados, para las personas, mujeres sobre todo, que sufren violencia de género y para hombres y mujeres que tienen distintas opciones sexuales. Es verdad que se ha dado en muy pocas ocasiones. En cuanto a que haya posibilidades de ampliar
ese número, estoy convencida de que vamos a hacerlo. Mi grupo parlamentario desde luego quiere hacerlo. Es verdad que a veces es muy difícil demostrar, como usted bien sabe, y hay que demostrarlo, la persecución por este tema. Las pruebas son
fundamentales y así lo mandata la Convención de Ginebra, pero no es fácil conseguir esas pruebas. Por eso es enormemente difícil llegar a conseguir el Estatuto del refugiado.
Gracias, señor presidente, por su benevolencia en el tiempo. Gracias, señora Bonàs, por aceptar la segunda enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): En todo caso, siguiendo lo que está establecido en el Reglamento, señora Bonàs, aunque usted ya se ha pronunciado sobre su posición, este es el momento en que tiene que manifestarla en relación con
las enmiendas presentadas.
La señora BONÀS PAHISA: Respecto a la enmienda número 1, del Grupo Popular, estoy dispuesta a conversar para ver si podemos llegar a un acuerdo en este momento, por lo que le pasaré a la Mesa el resultado de la transacción, si es que
existe. La enmienda número 2, del Grupo Socialista, está aceptada. El punto número 3 se queda como estaba. De todas formas, si me permite, señor presidente, vamos a tener un momento para conversar y, si existe una transaccional, le pasaré el
resultado a la Mesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): En el turno de los grupos, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervendré muy brevemente. Por consideración a la oportuna iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, no podía pasar sin fijar la posición de este grupo parlamentario, que será favorable al texto
inicial, o a las sensatas enmiendas que incorporen los grupos.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en una intervención profunda, evocaba la empatía para discutir de estos temas e invocaba la historia reciente de España, la situación reciente de España. Desde esa empatía debemos conocer la
reivindicación de la profundización de los derechos sexuales y de la opción a la orientación sexual de las personas en todos los países en los que no se pueden desarrollar con normalidad.
En ese sentido, retomamos el debate de la primera
proposición no de ley que hemos discutido esta mañana. Cuando hablábamos concretamente de Polonia, hacía referencia al último informe de Amnistía Internacional en el cual nos recordaba, en el mes de junio de este año, que al menos ochenta países
discriminan a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales alrededor del mundo. Les recordaba este mapa -sé que en el 'Diario de Sesiones' no se pueden reproducir mapas que se citan en las intervenciones-, porque es más elocuente que una intervención
larga por mi parte; un mapa con estos ochenta países con distintas situaciones, con muchos países del África subsahariana y con algunos países que profesan un islamismo estricto, pero también, como les decía -y sorprendentemente-, con algunos
países que forman parte de lo que venimos a llamar el mundo occidental o que tienen vocación de participar del mundo occidental y con penas muy distintas. La señora Bonàs hacía referencia a estas penas. En Irán los hombres tienen pena de muerte,
las menores tienen 74 latigazos y las mujeres tienen cien latigazos. La señora Bonàs también hacía referencia a la pena de muerte en Nigeria, que se ejecuta por orientación sexual con el derrumbamiento de un muro sobre el reo.
En definitiva, señorías, es importante que este Congreso de los Diputados y esta Comisión de Asuntos Exteriores haga una apuesta decidida por la defensa de estos derechos civiles, que tienen la dimensión también de derechos humanos.
- SOBRE EL RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002405.)
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Pasamos al punto 8 del orden del día: Proposición no de ley sobre el respeto a la libertad de expresión en la República Bolivariana de Venezuela. Tiene la palabra el señor Xuclà, como grupo
proponente, en nombre de Convergència i Unió para la defensa de su posición. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor XUCLÀ I COSTA: Voy a intervenir brevemente, dada la hora en que discutimos este último punto.
Señorías, el pluralismo de los medios de comunicación y la libertad de expresión son un pilar indispensable de la democracia. Esta afirmación está recogida en una resolución del Parlamento Europeo, del día 24 de mayo del año 2007, referida
precisamente a la situación de derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de expresión y el derecho de prensa también, en estos momentos, en la República Bolivariana de Venezuela. Como muy bien saben SS.SS., el día 27 de mayo del año
2007, el Gobierno de la República de Venezuela procedió a la clausura de Radio Caracas Televisión, de acuerdo con su decisión de no renovar la licencia de difusión de dicho grupo audiovisual, con el agravante de que el propio presidente de la
República ya anunció tal decisión no por vía administrativa o por vía judicial, sino por decisión arbitraria, discrecional y política, el mes de diciembre pasado, justificando la misma en el apoyo de la referida radio al fracasado golpe de Estado
del año 2002. Como decía, señorías, tanto el Parlamento Europeo como, por ejemplo, también una posterior resolución del Senado de la República de Brasil ponen el acento en la importancia de que decisiones de este tipo no se tomen discrecionalmente
y desde instancias políticas, sino que se tomen considerando los procedimientos judiciales ordinarios; situación que se había producido en Venezuela respecto a otros medios de comunicación entre los años 2002 y 2007.
Señorías, he hecho referencia a la resolución del Parlamento Europeo y quiero subrayar en estos momentos que obtuvo un amplio consenso, recibió el apoyo de los grupos más representativos del Parlamento Europeo -el Grupo Popular, el Grupo
Socialista y el Grupo Liberal-; resolución a la cual yo quiero hacer referencia porque sus palabras me sirven de aval para plantear esta proposición no de ley. Dice la resolución del Parlamento Europeo -insisto, apoyada por distintos grupos
parlamentarios, entre los cuales están los tres mencionados-: La libertad de los medios de comunicación es de fundamental importancia para la democracia y el respeto de las libertades fundamentales, teniendo en cuenta su función esencial en la
garantía de la Ley de expresión de opiniones e ideas y su contribución a la participación efectiva de las personas en los procesos democráticos. A la vez se invocan distintos tratados internacionales como el Pacto internacional de derechos civiles
y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y la Convención americana de derechos humanos, acuerdos todos ellos que no han sido respetados en el caso de la decisión que ocupa esta proposición no de ley.
Señorías, este grupo parlamentario quiere expresar con esta iniciativa la profunda preocupación por la evolución
de la situación política en Venezuela, basándose en una situación concreta que fue el cierre de Radio Caracas Televisión, que no se hizo a través de un procedimiento judicial y de una instancia administrativa sino de una decisión
discrecional de carácter político. Creemos que este tema que hoy discutimos en esta Comisión de Asuntos Exteriores puede ser y es referente de otras situaciones inquietantes en las cuales se desarrolla la vida política en Venezuela; un país con un
sistema democrático, con un dirigente que ha llegado a la máxima instancia a través de elecciones libres y democráticas. Pero, señorías, creo que varios de nosotros podemos compartir que también los sistemas democráticos pueden tener evoluciones de
perfeccionamiento democrático o evoluciones de preocupante degradación democrática. Nosotros así lo apreciamos en Venezuela, pero no lo queremos proclamar de forma genérica sino a través del caso concreto de una decisión no judicial, no respetuosa
y no garantista de cierre de un medio de comunicación que, como les decía, invocando el pronunciamiento del Parlamento Europeo, es un medio básico de conformación de la opinión pública. Esta expresión es literal de una parte de nuestra Constitución
española, que también reconoce los medios sociales de comunicación como elemento básico para la conformación de la opinión pública. En este sentido, señorías, este grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley, que está abierta al
diálogo, al pacto y a la posible transacción para intentar fijar una posición común, y que se expresa a través de varios puntos. El primero se refiere a instar y a recordar -veo que otros grupos parlamentarios también optan por el verbo recordar-
la necesidad de que cualquier Gobierno respete la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa. El segundo pretende insistir en que cualquier modificación en cuanto a las autorizaciones y concesiones de frecuencias de
radio, de televisión o de medios escritos se tiene que hacer a través de un trato jurídico igual para todos, refiriéndose a los medios de comunicación en Venezuela o en cualquier parte del mundo en que haya sociedades democráticas. El tercer y
último punto pretende elevar esta proposición no de ley a los foros internacionales, especialmente los referidos a los foros regionales de América del Sur.
A esta proposición no de ley -y no quiero adelantarme procedimentalmente al debate en Comisión- se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que mi grupo ve como un buen punto de encuentro y como un buen punto para forjar
un consenso entre grupos parlamentarios.
Como digo, no quiero adelantarme procedimentalmente al debate posterior, pero ya que después solo podré intervenir para fijar la aceptación o no de esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista permítanme
unas pequeñas consideraciones. Este Congreso de los Diputados, este Parlamento aún no ha fijado posición sobre el tema que traemos a discusión, y esta es una función del Poder Legislativo. Ciertamente ha habido pronunciamientos; en el mes de
junio hubo pronunciamientos del Poder Ejecutivo, del ministro de Asuntos Exteriores, de la secretaria de Estado para Asuntos Iberoamericanos. Pero yo creo, señorías, con todo respeto y con toda cordialidad, que no se pueden sacar al debate
teletipos o pronunciamientos del Ejecutivo para invalidar un pronunciamiento del Legislativo. Yo pido e invoco genéricamente el respeto a la función del Poder Legislativo, pido e invoco el respeto a nosotros mismos para fijar posición sobre este
particular más allá de las iniciativas, que creo que podemos apoyar todos, que haya podido desarrollar de una forma u otra el Poder Ejecutivo.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: El Grupo Parlamentario Popular desea felicitar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por esta iniciativa que han tenido a bien presentar ante esta Comisión. Nos parece que es especialmente
importante y nosotros anunciamos que, acepten o no nuestra enmienda -nosotros desearíamos que fuera aceptada por el grupo proponente-, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es grave y muy preocupante, como ha dicho ya el señor Xuclà. Se está produciendo una deriva autoritaria y totalitaria cada vez más clara. Para que se dé una verdadera democracia tienen que darse una
serie de requisitos muy claros. Primero, un respeto escrupuloso a los derechos y libertades fundamentales, cosa que en Venezuela no se da. En segundo lugar, un respeto a la libertad básica, que es la libertad de expresión y el derecho a la
información. Eso, obviamente, con las persecuciones que han sufrido los medios de comunicación y periodistas a lo largo de estos últimos años en Venezuela, es algo que brilla inmensamente por su ausencia. Queremos recordar la persecución judicial,
la persecución incluso física, que han sufrido algunos periodistas como, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, que ha sufrido varios atentados en uno de los cuales murió su conductor guardaespaldas. No se respetan en Venezuela los derechos y
libertades fundamentales.
Otro requisito fundamental es que exista una separación real de poderes, cosa que tampoco se produce en Venezuela y que en este caso concreto se ha puesto de manifiesto de manera dramática. Los cinco poderes que dice la Constitución
bolivariana -imagínense ustedes, cinco poderes- que tiene el Estado están concentrados en las mismas manos, es decir, en lo que allí se llama el oficialismo. Además, están creando un partido único y tienen claras intenciones de diabolizar,
perseguir y convertir en terroristas o disidentes a la oposición venezolana. Es cierto que el presidente Hugo Chávez ha sido elegido en elecciones democráticas con algunas graves acusaciones de fraude que no han sido demostradas, todo sea dicho.
Sin embargo, como bien se ha dicho por parte del señor Xuclà, una democracia no solo consiste en votar sino en respetar esos derechos y libertades fundamentales
y que se dé esa separación de poderes. Fíjense ustedes hasta qué punto esto es cierto que el presidente de la república llegó a ordenar a los tribunales de justicia que no admitieran a trámite ningún recurso referente al cierre de Radio
Caracas Televisión. Y les voy a decir una cosa, que es la veterana de las televisiones y de las cadenas de radio en Venezuela y que las acusaciones absolutamente infundadas que se han producido en torno a Radio Caracas Televisión y otras emisoras
de radio y televisión son verdaderamente vergonzosas. Además, queremos subrayar a esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que la situación en Venezuela es muy grave, que el atropello a los derechos es cada vez más flagrante y que los
círculos bolivarianos, el Frente Francisco de Miranda y las nuevas milicias populares van a tener más de dos millones de personas, y convertir la persecución y la delación en una cuestión absolutamente diaria en Venezuela creo que tiene que ser
denunciado con toda contundencia. Nosotros queremos recordar que no hay democracia sin libertad de expresión y no hay democracia sin medios de comunicación.
Radio Caracas Televisión está transmitiendo en este momento por satélite y por cable
porque el Gobierno de Venezuela -podríamos decir casi régimen venezolano- no ha encontrado el medio legal de sus propias leyes, que han ajustado a su imagen y semejanza y no han conseguido bloquear la señal ni cerrar a Radio Caracas Televisión. Esa
deriva totalitaria tiene además un reflejo preocupante en la interferencia y en la injerencia gravísima, constante y continua de Venezuela en los asuntos internos de no pocos países de la región. Se está viendo en Bolivia, Ecuador y lo intentaron
en Perú y en otros países. La verdad es que no lo han conseguido. Vemos cómo la izquierda moderada de América Latina tiene unas relación tensas, críticas y firmes con el régimen venezolano. Queremos felicitar, por ejemplo, a Brasil, a Uruguay o a
Chile, que han manifestado siempre su preocupación por la deriva totalitaria, amén de otros países. Este Gobierno tiene que mantener una actitud muchísimo más firme frente a los atropellos de los derechos y libertades fundamentales que se están
produciendo en Venezuela.
Voy concluyendo, señor presidente. Volvemos a aplaudir esta iniciativa y la vamos a apoyar. Pedimos al señor Xuclà que considere la posibilidad de aceptar nuestra enmienda porque, como sabe muy bien, una de las cuestiones más preocupantes,
aparte de la interferencia que he explicado, es el apoyo incondicional que a las políticas expansivas y agresivas de Irán está haciendo el presidente Hugo Chávez, creando una especie de alianza antioccidental que cada vez se ve más clara. Ellos
están embarcados en una especie de diplomacia antiamericana y antioccidental absolutamente disparatadas, y este es uno de los síntomas más claros.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista, para defensa tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Retiramos la enmienda e intervendremos en el turno de fijación de posiciones.
El señor PRESIDENTE: Vamos, pues, a los turnos de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. El señor Rodríguez, del Grupo Mixto, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Solamente intervendré, señor presidente, para decir que no vamos a votar favorablemente esta iniciativa porque nos preocupa que una medida discutible pero que está basada en la legalidad de la renovación de una
empresa informativa en el espacio radioeléctrico -efectivamente, la decisión de renovar o no una licencia es del Gobierno- se derive hacia unos juicios de valor que no compartimos. No compartimos sobre todo el hecho de que se ponga en duda el
carácter democrático del régimen venezolano, teniendo en cuenta sus orígenes y su forma de funcionamiento hasta ahora; y nos preocupa también porque se traslada una inquietud legítima por parte del grupo proponente nada menos a que se utilice como
agitación en foros internacionales, en concreto América del Sur. Esa es una línea de actuación que como dejamos claro en otras iniciativas no nos parece acertada. En todo caso, puestos a calificar la podríamos catalogar como ubicada en una
estrategia que no compartimos y que enunció muy claramente el señor Bush en su discurso reciente ante la ONU. Por tanto, no la vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En relación con América Latina -lo decía ayer en la intervención del ministro de Exteriores-, a mi grupo parlamentario le está preocupando mucho la deriva prepotente e hipócrita de la política europea y de la
española, en particular. En ella incluyo no solamente a los políticos sino también a los opinadores políticos, que no saben ya cómo van a dar lecciones a las nuevas situaciones políticas que se producen en América Latina, cómo van a caracterizar
como populismo y van a generalizar un prejuicio contra todo cambio en América Latina. Esta iniciativa forma parte desgraciadamente de eso, pero antes de entrar en lo concreto de la iniciativa, quiero recordarles lo que ocurrió el 11 de abril de
2002 en esta Cámara, cuando se produce un golpe cívico-militar contra el presidente legítimo y contra las instituciones democráticas en Venezuela. Respuesta del entonces Gobierno español: El embajador español junto con el embajador norteamericano
pretenden legitimar el golpe en las horas inmediatas al golpe cívico-militar. Y el silencio es clamoroso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Gobierno español hasta que no saben que el golpe ha fracasado definitivamente. Por eso
digo que esta iniciativa
es hipócrita. En aquellos momentos no fuimos capaces de tener una actitud digna a favor de las instituciones democráticas y la legalidad, y ahora resulta que a cada paso que da el Gobierno de Venezuela le ponemos la lupa. ¿Cómo nos van a
creer? ¿Cómo no van a pensar que estamos actuando de parte? Lo hemos hecho en cada una de las elecciones en que la derecha venezolana ha perdido en alguna elección ni siquiera se ha presentado -han perdido sucesivamente más de una decena de
elecciones y, sin embargo, nos hemos permitido poner en duda el resultado electoral. Y ahora, cuando las últimas elecciones han sido también contundentes, resulta que tenemos que abordar el tema de la libertad de prensa en Venezuela. Les doy un
dato: En Venezuela el 78 por ciento de las televisiones por sistema VHF son privadas, situación que se repite en el 82 por ciento de las televisiones UHF, en el 77 por ciento de la radiodifusión de amplitud modulada y en el 68 por ciento de la
radiodifusión en frecuencia modulada. Esa es la realidad. Además, la empresa afectada tiene una red de más de 70 emisoras que funcionan y sigue emitiendo sus contenidos en toda Venezuela. Y resulta que no hay libertad de prensa en Venezuela.
Parece ser que ese es el planteamiento que se nos quiere hacer hoy aquí en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, estamos ante una decisión que, como decía alguien antes, puede ser discutible, pero es una renovación de licencia de una
emisora que tenía dos mil expedientes abiertos por incumplimiento de la Ley de Servicio Público que había permitido la adjudicación de la misma. Pueden discutir el momento y el modo, pero en mi opinión debería haber sido cerrada inmediatamente
después del golpe, porque fue la emisora que se utilizó para el golpe cívico-militar y la que en los momentos posteriores llamaba a las asonadas en la calle y a la utilización de la violencia.
Esa es la realidad. Yo estuve en Venezuela y escuché
la radiotelevisión venezolana, y los términos no tienen nada que ver con los de un país democrático donde hay un cierto respeto institucional. No hay ningún respeto institucional. Hay llamadas a todo tipo de respuestas, incluso claramente
ilegales, al poder civil en esos momentos.
En todo caso, quiero destacar la hipocresía que supone rasgarse hoy las vestiduras cuando el golpe cívico-militar cerró la radiotelevisión pública y nadie dijo nada, cuando el golpe cívico-militar acabó con el Parlamento y las instituciones
mediante un documento y nadie dijo nada, y ahora resulta que a cada momento tenemos que dar lecciones de altura democrática a Venezuela. ¡Menos lobos!
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: El Grupo de Esquerra Republicana no va a apoyar que la Cámara diga al Gobierno de Venezuela que su obligación es respetar y hacer respetar la libertad de expresión, ni va a apoyar que la Cámara pida al Gobierno de
Venezuela que garantice en nombre de la imparcialidad del Estado un trato jurídico igual, ni va a apoyar que la Cámara llame al diálogo al Gobierno y a los medios de comunicación, ni que la Cámara pida al Gobierno que haga un seguimiento. ¿Por qué
la Cámara no pidió a Putin cuando se asesinó a Anna Politkovskaia que hiciera un seguimiento de los hechos? ¿Por qué la Cámara no pidió a Putin que respetara la libertad de expresión? ¿Por qué la Cámara no se dirige al Gobierno de Arabia Saudí?
¿Por qué la Cámara no se dirige al Gobierno de Irán? Es que aquí estamos en el rasero de paternalismo. La Cámara se ve capaz de dirigirse a los gobiernos de Iberoamérica e inmiscuirse en su política. Y no es porque estemos de acuerdo con lo que
está pasando en Venezuela; lo miramos con preocupación y con interés. Iberoamérica está siguiendo un proceso muy interesante. Hasta ahora España no está en condiciones de dar lecciones a ningún país de Iberoamérica, ni de democracia ni de respeto
a la libertad de expresión. Si hablamos de libertad de expresión deberíamos empezar por España, donde quemar o rasgar una foto es un delito, cuando es un ejercicio de libertad de expresión. En Estados Unidos se puede quemar una bandera y nadie va
a la cárcel, y en España se quema un trozo de tela y se puede ir a la cárcel. Por tanto, no estamos en condiciones de dar lecciones a nadie y menos a Iberoamérica, que está en un proceso muy interesante donde quizás al final se reduzcan las
desigualdades sociales, que es lo que esperamos y deseamos. No vamos a apoyar que la Cámara dé lecciones a ningún gobierno y menos a ninguno de Iberoamérica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, para poner en contexto este debate quiero recordar que el Gobierno español, con el apoyo del grupo al que represento, mantiene una política hacia Venezuela constructiva y
crítica, basada en una actitud pragmática que no renuncia sin embargo a los principios. En este contexto hay que tomar en consideración lo ocurrido cuando el pasado mes de mayo -hace ya casi cinco meses- el Gobierno venezolano no renovó la
concesión administrativa de una emisora de televisión, Radio Caracas Televisión. Como decía, el Gobierno español reaccionó críticamente produciéndose una serie de intervenciones y declaraciones que creo importante recordar. El ministro Moratinos,
en rueda de prensa conjunta con la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice, mostró su preocupación en cuanto suponía esta cuestión una limitación de la libertad de expresión en ese país. Lo mismo dijo la vicepresidenta primera del
Gobierno, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y otros importantes altos cargos. Al margen de cuestiones administrativas o reglamentarias donde se produjo esta decisión, deseaba el Gobierno y desea este grupo que en
Venezuela, al igual que en cualquier otro país del mundo, como en el nuestro propio, se garantice la máxima libertad de expresión posible, igual
que aquí, de modo que entendemos que en el momento en el que se produjo esta cuestión fueron más que suficientes las muestras por parte del Gobierno español y de mi partido. Incluso en el marco de la OEA ningún país presentó queja formal,
ni siquiera Estados Unidos, entendiendo que se trataba de una decisión interna conforme a la ley venezolana y de carácter administrativo. Este es el marco en el que queremos que se establezca el debate.
Quiero recordar también las palabras del ministro ayer en esta Comisión de Exteriores cuando nos recordaba cuál ha sido y es el punto de vista del Gobierno sobre la situación en América Latina y el planteamiento del Partido Socialista, al
que represento con total coincidencia de ideas.
Son los ciudadanos latinoamericanos los que son libres de elegir lo que deseen -dijo ayer el ministro- siempre y cuando, por supuesto, se verifiquen las garantías democráticas por las cuales el
Gobierno español siempre velará. También dijo el ministro que es evidente que no coincidimos con todas las reformas que se están llevando a cabo en estos momentos en América Latina, pero tenemos que aceptarlas mientras sean democráticas. Las
respetaremos siempre y diremos lo que pensamos respecto a ellas y en muchos casos las criticaremos, pero siempre lo haremos en un marco de diálogo porque hay intereses españoles, tanto de ciudadanos como de empresas, que tenemos que proteger.
Asimismo dijo bien claro que existen modelos, como el caso de Chile y Brasil, con los que nos identificamos plenamente, y que existen otros países con los que nos identificamos menos. Por último, recordó que fenómenos como la convocatoria en varios
países de elecciones y la existencia de asambleas constituyentes son procesos que hay que ver positivamente, siempre y cuando contribuyan a reforzar la democracia y permitan que ciudadanos antes excluidos participen en el proceso democrático desde
un punto de vista amplio, plural y equitativo.
Sobre esta cuestión tuvimos un debate en el Pleno del Congreso del mes de mayo en el cual intervino mi compañera María José Porteiro. En ese debate se hizo un amplio repaso a la realidad sobre la libertad y pluralidad informativa en
Venezuela. En ese contexto se produjo también la publicación del artículo del vicepresidente de la Comisión señor Benegas sobre el tipo de comentarios, afirmaciones y reportajes que se pueden encontrar en la mayor parte de los medios de
comunicación venezolanos, sin que se pueda deducir de ellos ni mucho menos que sea un país en el que no existe libertad informativa. De modo que estamos ante un ejercicio más del siempre difícil equilibrio entre la libertad informativa y el respeto
de las normas administrativas internas, difícil equilibrio que con cierta frecuencia se reproduce en nuestro país y, como ha dicho otro portavoz anteriormente, también en otros países. Quiero recordar que este partido y este Gobierno no son los más
indicados para ser criticados en esta cuestión, porque, por ejemplo, en esta legislatura se ha aprobado por ley la despolitización absoluta de la televisión pública española, cosa que antes no existía. Quiero recordar también debates parecidos que
se han producido en España en relación con el contenido en materia de pluralidad de algunas televisiones públicas regionales e incluso en relación con la concesión de licencias de televisión digital.
Concluyo reproduciendo las palabras del ministro Moratinos en el Senado, en respuesta a una pregunta formulada por el senador del Grupo Vasco Iñaki Anasagasti sobre la no renovación de la licencia de RCTV. El ministro decía: Nosotros
creemos que a través del diálogo y de la interlocución con las autoridades venezolanas, podemos mejorar y garantizar el respeto a la libre expresión y a todas las garantías democráticas para que estas puedan manifestarse y consolidarse en Venezuela.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene la palabra simplemente a efectos de pronunciarse sobre la admisión de la enmienda del Grupo Popular.
El señor XUCLÀ I COSTA: Este grupo parlamentario democrático, que se representa a sí mismo y a nadie más, a la luz de algunas intervenciones, no acepta la enmienda del Grupo Popular agradeciéndole su voto afirmativo, porque supondría
mezclar el objeto propio de la discusión con otros asuntos que plantea, como es el apoyo de Venezuela al programa nuclear iraní. No me puedo pronunciar sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, entrada con membrete del Grupo
Socialista...
El señor PRESIDENTE: Ya no existe esa enmienda, señor Xuclà.
Izquierda Unida ha presentado y defendido una proposición no de ley sobre el proyecto de ley del Gobierno polaco contra la libertad de expresión y los derechos humanos de gays, lesbianas y bisexuales. No se ha pronunciado sobre la admisión
de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por Convergència i Unió. Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: No admitimos las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones.
El punto 2.º ha sido votado antes por asentimiento. Me refiero a la solicitud de prórroga para la finalización de los trabajos de la subcomisión sobre la reforma del servicio exterior. Por tanto, pasamos a la votación del punto 3.º del
orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el proyecto de ley del Gobierno polaco contra la libertad de expresión y los derechos humanos de gays, lesbianas y bisexuales.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 4.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el apoyo del Gobierno a los defensores
de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba. No se han admitido las enmiendas del Grupo Popular ni de Convergència i Unió y por tanto se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto 5.º del orden del día, también sobre Cuba, en este caso a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, para recuperar una política de apoyo a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Hay una
enmienda, admitida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 6.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Popular sobre el visado de pasaportes. Hay una enmienda del Grupo Socialista, que ha sido admitida por el grupo proponente. Por tanto, votamos el texto con la enmienda del Grupo
Socialista incorporada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a la votación del punto 7.º del orden del día, sobre la defensa de los derechos sexuales y de identidad de género a nivel internacional.
Existe una transacción, creo, presentada ya en la Mesa, entre los grupos de Esquerra Republicana,
Socialista y Popular. ¿Es así? (Asentimiento.) Por tanto, se vota el resultado final transaccionado por los diferentes grupos parlamentarios, proponente y enmendantes.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente votamos el punto 8.º, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la que se ha presentado una enmienda, que no ha sido admitida. Por tanto, se vota el texto en los términos en los que se
proponía por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DICTAMEN SOBRE:
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2000, Y CANJE DE NOTAS. (Número de
expediente 110/000241.)
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000242.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO 'AD REFERENDUM' EN ARGEL EL 13 DE MARZO DE 2007.
(Número de expediente
110/000243.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO A LA REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA SALA DE CONFERENCIAS XX EN LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA, HECHO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 2007.
(Número de expediente
110/000244.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN NICOSIA EL 30 DE ABRIL DE 2007. (Número de expediente 110/000245.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) CIVIL ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN KIEV EL 1 DE DICIEMBRE DE 2005. (Número de expediente
110/000246.)
ACTAS APROBADAS POR EL XXIII CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU), HECHO EN BUCAREST EL 5 DE OCTUBRE DE 2004, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA. (Número de expediente 110/000247.)
ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE MAYO DE 2007. (Número de expediente 110/000248.)
- ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO, HECHO EN SOFÍA EL 27 DE FEBRERO DE 2001.
(Número de expediente 110/000249.)
- CANJE DE NOTAS, HECHO LOS DÍAS 7 DE OCTUBRE, 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y 11 DE ENERO DE 2005, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CAZA EN
LAS AGUAS Y MÁRGENES DEL TRAMO INTERNACIONAL DEL RÍO MIÑO. (Número de expediente 110/000250.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE SAN MARINO AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente
110/000251.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 21 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000252.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LETONIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 12 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000253.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 25 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000254.)
- ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, HECHO EN ALMATY (KAZAJSTÁN), EL 27 DE MAYO DE 2005.
(Número de expediente
110/000255.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL SENEGAL PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, HECHO EN DAKAR, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente
110/000256.)
- ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ, HECHO EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 2007. (Número de expediente 110/000257.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) CIVIL ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006.
(Número de expediente 110/000259.)
El señor PRESIDENTE: Finalmente sometemos a votación los dictámenes, teniendo en cuenta que serían uno por uno y por asentimiento de los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.) Por tanto, se
aprueban por asentimiento todos y cada uno de los dictámenes del orden del día sometidos a votación.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.