Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 922, de 25/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 922
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN
Sesión núm. 64
celebrada el martes, 25 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la eliminación de barreras para la práctica federada de deportes por parte de ciudadanos inmigrados residentes en España.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/001618.)... (Página 2)... (Página )
- Para la retirada de los recursos presentados a los estatutos de 22 federaciones deportivas vascas por la Administración del Estado.
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002392.)...
- Para el reconocimiento de la Copa de la España Libre o Copa de la República como legal y oficial a todos los efectos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente
161/000588.)... (Página 9)
- Por la que se regula la jubilación de los funcionarios docentes.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002331.)... (Página 12)
- Sobre medidas de apoyo y colaboración destinadas a favorecer el aprendizaje de la lengua española en la República Federativa de Brasil.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002143.)...
(Página 14)
- Relativa a la creación de un diccionario de términos científicos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002316.)... (Página 18)
- Relativa a la integración del sistema de formación profesional español en el ámbito de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002308.)... (Página
21)
- Sobre la mejora de las condiciones laborales del personal investigador en fase inicial y experimentado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002387.)...
Se abre la sesión a las diez y media de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Educación y Ciencia para sustanciar a lo largo de esta mañana el orden del día que se compone de ocho proposiciones no de ley presentadas por casi todos los grupos parlamentarios de
la Comisión. De acuerdo con los portavoces, y de cara a buscar la máxima facilidad en la tramitación de las mismas, vamos a alterar el orden de las proposiciones no de ley. Empezaremos por la que en el orden del día es la número seis, a
continuación veríamos la número siete, la número ocho, la número tres, la número uno, la número dos, la número cuatro y la número cinco. Comunico también a los señores portavoces que las votaciones de las proposiciones no de ley no se producirán
antes de la una del mediodía.
Sin más dilación vamos a pasar a sustanciar el orden del día, pero déjenme transmitir a efectos del 'Diario de Sesiones' la condolencia en nombre de toda la Comisión por el fallecimiento de dos soldados del Ejército español ayer en
Afganistán. Como representantes del pueblo español, en esta Comisión debíamos hacerlo.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA LA PRÁCTICA FEDERADA DE DEPORTES POR PARTE DE CIUDADANOS INMIGRADOS RESIDENTES EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001618.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar por la proposición no de ley relativa a la eliminación de barreras para la práctica federada de deportes por parte de ciudadanos inmigrados residentes en España, presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió a la que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. En primer lugar tendrá la palabra el señor Maldonado, posteriormente el representante del Grupo Parlamentario Popular y luego fijarán posiciones el
resto de los grupos que deseen hacerlo.
El señor MALDONADO I GILI: Nos adherimos al sentido pésame al que ha hecho mención el presidente. Comparezco como portavoz de Convergència i Unió en esta Comisión para defender una proposición no de ley que es cierto que está dirigida al
ámbito deportivo pero que yo creo que tiene una vertiente mucho más allá de este aspecto. Esta es una iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió relativa a la eliminación de barreras para la práctica federada de deportes por parte de
ciudadanos inmigrados residentes en España. Es una iniciativa dirigida a la práctica deportiva, dirigida a las federaciones deportivas para que eliminen las barreras existentes en muchas de ellas. Es cierto que mencionamos en nuestro escrito
aquellas federaciones que tienen más número de practicantes, como es el fútbol,
baloncesto, balonmano, etcétera, pero va dirigida a todas y cada una de las federaciones deportivas. También es cierto que es una iniciativa que en algún ámbito o en algún espacio territorial español ya está solucionado, por ejemplo, en
Cataluña se eliminó esta barrera en su día; este portavoz, como responsable del deporte en Cataluña, tuvo el honor de aprobar unas normas que, junto con la Federación Catalana de Fútbol, fue pionera en todo el Estado. La nueva junta directiva de
esta Federación, encabezada por Jordi Roche, siguió en esta línea e incluso creó una fundación dedicada a apoyar la práctica deportiva en el mundo de los inmigrados, pero es verdad que excepto Cataluña y creo que el País Vasco y algún otro ámbito
más reducido, en la mayor parte del Estado español estas barreras existen. El fenómeno de la inmigración se ha incrementado de una forma exponencial muy alta lo que nos ha conducido a una situación en la que tanto Gobierno como sociedad civil y los
propios inmigrados tienen que hacer un esfuerzo para minimizar estos efectos negativos y a veces discriminatorios que la inmigración tiene sobre la sociedad. Por esto, creemos que la práctica del deporte nos puede ayudar mucho a eliminar estos
efectos negativos y a veces discriminatorios.
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento señor Maldonado. Por respeto al interviniente les rogaría que las transacciones y conversaciones de los grupos parlamentarios las hagan en tono más bajo o en el fondo de la sala.
El señor MALDONADO I GILI: Esta es una iniciativa dirigida a eliminar barreras que favorezcan la práctica federada del deporte. Diría más. Es una iniciativa dirigida sobre todo al deporte base, a los miles de niños y niñas inmigrados que
hoy, por falta de un papel o de una regularización, no pueden participar en competiciones federadas, no pueden formar parte de escuelas de fútbol base y no pueden practicar igual que otros niños de su barrio, de su pueblo o de su ciudad.
Me decían en su día los dirigentes del Turó de la Peira, un club de fútbol existente en un barrio con una gran implantación inmigrada en Barcelona, que muchos niños al inicio de la temporada futbolística se encuentran en la valla, sacando
sus cabecitas, viendo cómo juegan al fútbol otros niños; ellos no pueden participar por la existencia de esta barrera. Con el paso de los meses, el número de niños que están observando estos partidos de fútbol va reduciéndose y al final son muy
pocos. Y, curiosamente, ven a muchos de estos niños en los barrios incorporados en bandas o pandillas urbanas e incluso incorporados en el mundo de la delincuencia o de la drogadicción. Por esto vemos que el deporte, que es un elemento de
integración, tiene unas barreras que no permite a veces que los dirigentes de los clubes utilicen el instrumento del deporte para incorporar los valores del deporte en estos niños y niñas inmigrados.
Por tanto, esta es una iniciativa deportiva, pero sobre todo es una iniciativa social, de integración, que quiere que una realidad existente como la que hay ahora en el Estado español como es la del aumento demográfico de inmigrados, no les
excluya de la práctica deportiva y, como muy bien decimos en nuestra iniciativa, en la práctica deportiva amateur. Esto no va ni mucho menos dirigido al deporte profesional o de élite, no queremos que éste sea un resquicio legal para que vengan
deportistas en periodo de práctica deportiva y puedan conseguir permisos de residencia. Ésta es solo una iniciativa de cara a ayudar a que los niños y niñas, los jóvenes, puedan saltar estas barreras existentes.
Por tanto, la iniciativa pide que se inste a las federaciones deportivas a modificar aquellos artículos de sus reglamentos que no permiten o dificultan la práctica federada del deporte aficionado a los deportistas extranjeros inmigrantes
residentes en nuestro país. También pedimos que se efectúe un seguimiento y un análisis de la aplicación general del protocolo contra el racismo en el ámbito deportivo, y en particular de la medida específica de eliminar barreras para la práctica
federada de deportes con carácter de aficionado por parte de ciudadanos inmigrados.
Hemos creado un protocolo contra el racismo pero no sabemos qué seguimiento hay ni qué actuaciones se están llevando a cabo.
Nada más. Esperamos el apoyo de los grupos para que esta sea una iniciativa que se apruebe porque sobre todo desde el Estado español, que a diferencia de Cataluña y Euskadi, las federaciones tienen una dependencia orgánica del Gobierno, y
así el Gobierno puede tener una incidencia más importante en las federaciones para que esta resolución elimine barreras que perjudican la práctica por parte de los jóvenes y niños emigrados del Estado.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor De la Rosa, al que doy la bienvenida en esta Comisión.
El señor DE LA ROSA MARTÍN: Ante todo, como comenta el compañero, quiero dar el pésame por el atentado sufrido.
Queremos decir que el Partido Popular está de acuerdo porque el deporte es una iniciativa social que sirve de integración. Nosotros, con esta propuesta de enmienda queremos añadir en el segundo párrafo, cuando habla de 'efectúe un
seguimiento y análisis de la aplicación general del protocolo contra el racismo en el ámbito deportivo y en particular de la medida específica de eliminar barreras para la práctica federada de deportes con carácter de aficionado por parte de
ciudadanos inmigrantes', el Partido Popular entiende que habría que añadir que se encuentran legalmente en España. ¿Por qué? Porque aunque en la legislación vigente y en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia ya está bien dicho, creemos que no estaría de más incidir en añadir en el segundo epígrafe 'ciudadanos inmigrantes que se encuentren legalmente en España'.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? Señor Esteban, no es obligatorio. Por el Partido Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señalar nuestro apoyo al texto de la proposición no de ley presentada por el grupo de Convergència i Unió. No sé si al final va a haber un acuerdo con respecto a la enmienda, pero a nosotros nos parece que el
derecho a la salud, a la educación y al deporte de todas las personas, más allá de que su residencia sea legal o no legal en el Estado, y más si estamos hablando del caso de los jóvenes, debería ser reconocida, por lo que nos gustaría que esto se
facilitara en aquellos ámbitos territoriales en los que todavía no es posible. Así, nuestra posición favorable a la propuesta de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Una introducción para indicar que seguramente es conocida la sensibilidad que desde el Grupo Socialista y desde el Gobierno se está teniendo hacia la inmigración y más concretamente hacia la integración del inmigrante
en nuestro país, poniendo medios propios e incluso instando a medios europeos para resolver un fenómeno que no queremos que se convierta en problema. Por supuesto, dentro de esa integración está la integración educativa. La propia Ley Orgánica de
Educación así lo indica para que haya incluso una reserva de plazas escolares en los centros educativos, y cómo no, la práctica deportiva.
Precisamente, para salir al paso de la posible discriminación que hubiera en este aspecto, con otros grupos
de esta Cámara se elaboró y se aprobó una ley para evitar esa posible discriminación o xenofobia a los inmigrantes. En esa ley se incluía lo que se ha llamado el protocolo en contra de la xenofobia. Nos parece que tanto en la propuesta que hace
Convergència i Unió como en la enmienda que hace el Partido Popular se hace excesivo hincapié en el protocolo que en la ley, cuando nos parece que es la ley la que recoge el protocolo y, desde luego, tiene carácter normativo, por lo que no debería
quedar el protocolo por encima de la ley.
Por otra parte, la propia ley, tanto en el artículo 16.1 g), en el que se dice explícitamente que se procurará la eliminación de obstáculos y barreras que impidan la igualdad de trato y la incorporación sin discriminación alguna de los
inmigrantes que realicen actividades deportivas, como explícitamente en la disposición adicional segunda, en la que habla de un plazo de seis meses para que las entidades deportivas acomoden y adecuen sus estatutos, dice que las citadas entidades
deberán modificar en ese plazo la normativa para eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación en actividades deportivas no profesionales de los extranjeros que se encuentren legalmente en España. Por tanto, esa
petición por parte del Partido Popular sobre la necesidad de que sean residentes legales, ya está incluida en la ley. Nos parece además que la ley, haciendo una buena identificación de las competencias, se refiere a las administraciones que tienen
competencias deportivas, no sólo al Estado. Por tanto, está incluido en la ley buena parte de lo que se pide, tanto en la propuesta como en la enmienda.
Porque hay administraciones competentes, no solo el Estado, nosotros vamos a procurar elaborar una transacción conjuntamente con los otros grupos con relación tanto a la propuesta de CiU como a la enmienda del Partido Popular. Vamos a
procurar hacerla llevar a la mesa inmediatamente y si es aceptada nosotros votaríamos a favor siempre que se incluyeran estos aspectos que estoy indicando.
El señor PRESIDENTE: Oído al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista iba a preguntar al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió si aceptaba la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular pero voy a esperar, dado
que las votaciones se producirán al final, para si las palabras del señor Benzal producen el acuerdo o alternativa transaccional. Si no, en el momento procesal oportuno preguntaría al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán si acepta la enmienda
transaccional de Grupo Parlamentario Popular para su posterior votación.
El señor ESTEBAN BRAVO: Una pequeña cuestión para ahorrarnos trámites innecesarios. Si la transacción que anuncia el Partido Socialista va en la línea de profundizar lo que ya pide el Partido Popular creo que nos podemos ahorrar trabajo,
me puedo definir ahora.
El señor PRESIDENTE: Me gustaría que no habláramos sólo de palabra en un tema que vamos a votar posteriormente sobre un posible texto o un posible redactado, no sé si complementario o alternativo; así que encarecería al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista para que a la menor brevedad posible establezca las relaciones que desee oportunas para ver si hay una propuesta de acercamiento porque si no votaríamos la proposición no de ley en los términos con la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
- PARA LA RETIRADA DE LOS RECURSOS PRESENTADOS A LOS ESTATUTOS DE 22 FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002392.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición número dos del orden del día, del Partido Nacionalista
Vasco, a cerca de la retirada de los recursos presentados a los estatutos de 22 federaciones deportivas vascas por la Administración del Estado.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Recientemente y de manera sorpresiva este verano la Administración del Estado, a través del delegado del Gobierno en el País Vasco, ha procedido a recurrir sistemáticamente diversos estatutos de federaciones
deportivas vascas. Hasta el momento nos consta que han sido 22 las recurridas, en ámbitos deportivos muy diferentes pero la argumentación es única en el caso de todos ellos; se refiere a la posibilidad o no de representación o participación en
competiciones internacionales tanto de ámbito entre naciones, regiones o partes de un Estado. Sorpresivamente, los argumentos que el Estado utiliza en la presentación de este recurso para decir que el ordenamiento jurídico está subvertido por parte
de esos estatutos de federaciones, no mencionan en absoluto la Ley del Deporte española. A nosotros no nos extraña, hemos defendido siempre que con el texto actual, con la Constitución en la mano y con la Ley del Deporte en la mano, es posible la
representación internacional de federaciones deportivas que no sean de ámbito estatal.
Los argumentos que utiliza la Administración del Estado se concentran en un viejo decreto del año 1982 -muy anterior a la ley de deporte actual- que imponía a
las federaciones autonómicas el deber de contar con la autorización de la Federación Española para participar en una competición internacional y en la existencia de dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la Ley de Deporte vasca y otro
contra la Ley de Deporte catalana, que en ningún caso están resueltos todavía, sino que después de nueve años siguen pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional. No se menciona la Ley del Deporte salida de estas Cortes y se habla
de un daño genérico a la imagen internacional del Estado.
Mirando el texto me gustaría recordar varias cosas, curiosamente se mantiene en plena vigencia el Decreto 16/2006, de las federaciones deportivas del País Vasco, en cuyo artículo 10.1 habla
de que las federaciones vascas ostentan la representación del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional, y que es copia literal del Decreto 265/1990. Estos decretos no se han recurrido nunca, ni ahora ni antes, por lo tanto la
legalidad en el ámbito de la comunidad autónoma vasca hablaba del ámbito estatal internacional y no ha sido contestada por parte del Estado en diecisiete años. En el mismo decreto el artículo 13.1 habla como función de las federaciones deportivas
vascas la de ostentar la representación de la modalidad deportiva en el ámbito estatal e internacional. Tampoco esta disposición ha sido recurrida nunca en todos estos años. Sin embargo, al copiar ahora las federaciones vascas estos textos en su
literalidad son recurridas. Es algo que no se entiende, todavía menos si tenemos en cuenta que los estatutos de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas del año 2003, hablan de la participación de las selecciones vascas en las competiciones
estatales e internacionales y tampoco se han recurrido, ni la promoción de organismos internacionales que posibiliten la competición de las selecciones deportivas vascas con las selecciones de otros países, naciones o regiones. Nos encontramos con
otra parte, parece ser que la Administración del Estado procede a recurrir cosas con respecto a la comunidad autónoma vasca cuando no lo hace ante textos en vigor que existen en otras comunidades autónomas, y no me estoy refiriendo a Cataluña, me
estoy refiriendo a Andalucía y Aragón. En la Comunidad Autónoma de Andalucía esta vigente el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de entidades deportivas andaluzas, que dice literalmente que las federaciones deportivas andaluzas ostentarán la
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter estatal o internacional celebradas dentro y fuera del territorio español. Estatal o internacional, insisto, Andalucía. No se
acaba ahí la cosa, tenemos el Decreto 181/1994, de las federaciones deportivas aragonesas que dice que éstas ostentarán la representación de la Comunidad Autónoma de Aragón en las actividades y competiciones deportivas de carácter nacional o
internacional celebradas dentro y fuera del territorio español. Parece que estas disposiciones de ámbito autonómico no incurren en ninguna fricción competencial y menos suponen un deterioro grave a la imagen exterior de España que justifique su
impugnación o suspensión, mientras que las vascas, que vienen a decir exactamente lo mismo, sí son objeto de recursos. Pero hay más, porque en la ley vasca de deporte ante el Tribunal Constitucional solo fue objeto de recurso el primer párrafo del
artículo 16.6 en base al término 'única', que las federaciones vascas eran la única representación estatal internacional. Eso es lo que fue recurrido, el término 'única', pero no otros términos ni otros puntos de la ley, y lo único que hay
suspendido en estos momentos es ese término, que no se recoge en absoluto en los textos estatutarios de las federaciones que ahora sí han sido recurridas.
El artículo 16.6 de la propia ley habla de que las federaciones vascas deberán fomentar e
instrumentar la participación de sus selecciones deportivas en actividades y competiciones deportivas estatales e internacionales, y no fue recurrido, está en vigor. Y el artículo 25.1 de la misma ley, que dice que las federaciones vascas y
delegaciones territoriales ejercerán las siguientes funciones: ordenación de representación de deportes vascos en las competiciones estatales internacionales, tampoco ha sido recurrido. El artículo 37.1 habla de la unión de federaciones deportivas
vascas y habla sobre que dará apoyo y cobertura a éstas para que puedan promover e impulsar la participación de las selecciones en las competiciones estatales e internacionales, y tampoco fue recurrido. Nueve años después lo único
que se recurrió fue el artículo 16.6, en su primer inciso, y todavía está pendiente de resolución, no sabemos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero además, lo que está recurrido no se recoge en los estatutos de las actuales
federaciones.
Uno no comprende que se pueda alegar que la imagen de España pueda ser dañada a nivel internacional cuando han pasado tantos años sin que al Estado se le haya ocurrido que esto pueda ser así, cuando existen estados en el ámbito europeo en el
que en algunos deportes las representaciones internacionales están fraccionadas y no entiende que puede haber un daño a la imagen del Estado en el caso de la comunidad autónoma vasca y no en el caso de la andaluza o de la aragonesa. No hay
exclusividad, no se habla de ninguna exclusividad en la representación internacional de las federaciones vascas por lo tanto entendemos que no existe ningún argumento jurídico si no es más allá de la voluntad de enredar y de poner patas arriba la
estructura federativa vasca y el trabajo que ha supuesto llegar a la estabilidad a la que se ha llegado de la mano de la Dirección de Deportes del Gobierno vasco. No es comprensible que el gobierno socialista vaya más allá en sus recursos en su
intromisión en el deporte vasco que lo que fue el propio gobierno del Partido Popular del presidente Aznar. Y eso es lo que está sucediendo de manera objetiva y literal.
Por último, el argumento de que la función de representación de las federaciones vascas imposibilita o amenaza la función de las federaciones deportivas españolas, consistentes en representar al deporte federado español -por entender que la
federación española correspondiente solo podría representar a una parte del Estado en ese caso- no admite tampoco una mínima defensa porque si se admite ese argumento sería inconstitucional la legislación deportiva -y abundante- de las comunidades
autónomas que permite a las federaciones autonómicas no afiliarse a las federaciones deportivas españolas. En aquellos supuestos en los que federaciones deportivas españolas no estén integradas por todas las federaciones autonómicas, que puede
darse con la legislación vigente, tampoco estaría representado todo el deporte federado.
En consecuencia, creo que hay argumentos jurídicos más que suficientes para que no tengan ningún sentido esos recursos y lo lógico y adecuado, aunque sé que no va a ser así, desde un punto de vista objetivo estrictamente jurídico sería que
así sucediera. Si no lo es, es por el interés político existente en seguir enredando todo este asunto y en intentar destrozar toda la estructura federativa vasca.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no ha habido enmiendas de los grupos parlamentarios así que pasamos a la fijación de posiciones.
Grupo catalán, popular y socialista. En primer lugar, por el Grupo Catalán Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Tan solo para fijar posición, que no puede ser otra que la de dar apoyo entusiasta y total a esta petición de retirada de estos recursos. Digo entusiasta porque los catalanes y los vascos estamos en el mismo
barco, a la deriva, de la práctica de las federaciones deportivas en su intento de poder tener una personalidad propia como naciones que somos. Digo apoyo entusiasta porque, señor Esteban, esto forma parte de la avalancha jurídico-deportiva de la
clase política española. Usted ha visto hace pocos días que a Cataluña no nos dejan jugar un amistoso, que no nos dejan tener selección nacional deportiva reconocida para poder competir, que a Euskadi y a Galicia les pasa lo mismo, y esto forma
parte de un posicionamiento monolítico desde el punto de vista español. A usted le sorprendía que hubiera una avalancha de recursos incluso superior a la época de Aznar, y yo lo decía el otro día, en este tema 'tanto monta, monta tanto, Isabel como
Fernando' en esto sí están de acuerdo, no lo están en el 99,9 por ciento de los temas que afectan al Estado, pero en un 0,1 por ciento sí, y es en los temas de presencia de las comunidades autónomas, más allá del deporte, en instituciones europeas,
etcétera. Aquí hay una unidad. Usted hacía referencia a un término que pasará a la historia, la elasticidad del hormigón, pero es que el hormigón no es elástico, no deja pasar el sonido ni la luz; por lo tanto ni habrá elasticidad a la hora de
tener una actuación política respecto a una voluntad de mucha gente que vive en estos ámbitos territoriales, no se escucha el sonido de la gente porque el hormigón no deja pasar el sonido, y no encontrará la luz porque el hormigón no permite su
paso.
Por tanto, nosotros creemos que solo nos queda el derecho al pataleo. Esta es una iniciativa, como la que presentamos nosotros la semana pasada y las que hemos presentado reiteradamente los grupos nacionalistas y que seguiremos presentando,
está basada en el derecho al pataleo, a nada más, porque por mucho que usted diga que los mismos estatutos de Andalucía y Aragón no son recurridos es igual, si el Estatuto de Andalucía está bastante copiado y plagiado del catalán y no ha sido
recurrido por el Defensor del Pueblo ni ha tenido este recurso del Partido Popular. No es un problema jurídico, es un problema jurídico-deportivo-político y por tanto creemos que poco hay que hacer excepto el derecho y la libertad que tenemos de
denunciar públicamente esta permanente avalancha en contra de un derecho que tenemos Cataluña, Euskadi y Galicia.
Quiero reiterar que daremos nuestro apoyo y dejar patente la situación de deriva permanente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: No hace falta que diga nada referente al BBVA porque soy otro Francisco González.
Este tipo de iniciativas en esta Cámara es absolutamente recurrente, bienvenidas sean, yo siempre he dicho que el hecho de debatir no es malo sino todo lo contrario, creo que abunda en quien tiene o no tiene razón y en este caso en que
democráticamente se pronuncien los grupos políticos que tienen algo que decir con respecto a este tema. Si al final la democracia sirve para acatar los resultados, estaremos realmente en el punto donde todos queremos estar, que es en una democracia
aceptando resultados aun cuando éstos no sean los que uno pretende o los que a uno le gustaría.
Volvemos un poco al Pleno de la semana pasada en donde hubo dos proposiciones de ley para modificar la Ley del Deporte que hacía de alguna manera referencia al tema que aquí estamos tocando, la representación internacional de las
federaciones deportivas autonómicas en este caso. Fue rechazado en ese Pleno y, por lo menos en lo que a mi grupo respecta en esta Comisión, va a ser rechazada esta propuesta por parte del PNV por los mismos motivos que podíamos haber alegado el
día del Pleno, pero yo creo que aquí hay que profundizar un poco más. Tanto la Ley del Deporte vasca como la catalana fueron recurridas precisamente porque se habla de la oficialidad de esa representación internacional de las federaciones
deportivas o de las selecciones deportivas en este caso y de la forma que se plantea. Cuando no se hace este tipo de referencia podría quedar en el pensamiento de todos que lo que se pretende es una representación -en un partido de la especialidad
deportiva que sea- de carácter amistoso, con lo que ninguno de los aquí presentes estamos en desacuerdo, todo lo contrario, a mí me parece muy bien que esa expresión deportiva de las comunidades autónomas se lleve a cabo no solamente en el ámbito
del Estado español sino que se lleve a cabo en el ámbito internacional, pero siempre con el carácter de amistoso y nunca como oficial. Yo creo que eso es de lo que estamos debatiendo en el fondo, de la atribución que tienen las federaciones
deportivas autonómicas y de la atribución que tienen las federaciones deportivas españolas, o mejor dicho, de las atribuciones que tienen las comunidades autónomas en el desarrollo legal de sus estatutos y las atribuciones deportivas que tiene el
Estado y de la delegación que hace éste en el ámbito exterior de su representación. Yo creo sinceramente que vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo este debate porque entiendo que desde el ámbito nacionalista lo que se pretenda es tener esa
representación internacional, que sería un paso más hacia el objetivo nacionalista final que es el que todos conocemos, por mucho que se niegue o se oculte durante los debates políticos; que, insisto, siempre y cuando se haga de la forma que se
hace, trayéndolo a un parlamento y debatiéndolo de una forma democrática, no tengo nada que objetar. Pero, si tan absolutamente impecables son los argumentos jurídicos que se emplean en esta Comisión por parte del portavoz del PNV, me imagino que
tendrán unos oídos impecables en el momento que se debata en el Tribunal Constitucional la parte jurídica de la que estamos hablando. Con lo cual, no anticipemos resultados a la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional, y no seamos
nosotros los que con esos argumentos jurídicos lo utilicemos para retirar recursos de inconstitucionalidad; dejemos que sea el tribunal correspondiente el que se pronuncie y vamos a ver si los argumentos de unos y otros son los que convencen a los
jueces, que al fin y al cabo son los que tienen en sus manos en estos momentos el tema en cuestión.
De todas formas, hasta ahora y en muchos aspectos con respecto a las comunidades autónomas se ha oído aquí el derecho al pataleo, yo creo que no es eso, yo muchas veces he perdido votaciones en esta legislatura y no considero que esté
ejerciendo el derecho al pataleo, estoy ejerciendo el derecho democrático a que se oiga lo que yo pienso e intento de alguna manera -democráticamente- convencer a mis adversarios políticos de que lo que yo propongo es lo adecuado. A veces la
flexibilidad del hormigón es exactamente igual a la rigidez del látex, y lo digo porque en muchas ocasiones la rigidez del látex de los partidos nacionales ha sido la que ha llevado en muchas situaciones a las modificaciones legales que hoy estamos
viendo en las comunidades autónomas. No nos quejemos de lo ajeno cuando a veces en lo propio tenemos lo mismo.
Para finalizar quiero decir que los estatutos no son iguales ni se han copiado ni se han plagiado. El Estatuto de Andalucía -y lo vuelvo a repetir una vez más, como ya lo repitieron mis compañeros en Andalucía- sufrió una modificación nada
más y nada menos que de 150 artículos para que no fuera igual que el Estatuto de Cataluña, que les diferencia no solamente la estructura jurídica del propio estatuto sino la propia estructura social de la composición de las sociedades tanto catalana
como andaluza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Efectivamente, el delegado del Gobierno en el País Vasco procedió a impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco los estatutos de 22 federaciones deportivas por considerar que alguna de sus
disposiciones vulneran el ordenamiento jurídico vigente.
Señorías, lo decía en el Pleno de la semana pasada, el sistema jurídico existente en España en materia deportiva, que está constituido por la Ley del Deporte, por el real decreto de
federaciones deportivas españolas y por el real decreto sobre actividades y representaciones deportivas internacionales, parte de ciertas premisas fundamentales y con argumentos. Según establece la Ley del Deporte, al igual que el real decreto
sobre federaciones deportivas -leo textualmente- las federaciones deportivas españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de
carácter internacional celebradas fuera y dentro del territorio español.
Además, para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones oficiales de
ámbito autonómico deberán integrarse, y leo textualmente, en las federaciones deportivas españolas correspondientes.
En la misma línea, el artículo 4 del Real Decreto sobre actividades deportivas internacionales declara taxativamente que no se
autorizarán en ningún caso competiciones internacionales con selecciones nacionales de otros países si la representación española no se estableciese igualmente con categoría de selección nacional.
Por tanto, es claro que no se posibilita en dicho marco la intervención o participación de las federaciones deportivas de ámbito autonómico en competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, sino que esta condición se reconoce
exclusivamente a las federaciones deportivas españolas.
Con respecto a las consideraciones que el Grupo Parlamentario Vasco hace en la exposición de motivos, el Grupo Parlamentario Socialista considera que la Administración General del Estado no hace negación de su responsabilidad de tutelar la
vigencia del ordenamiento jurídico vigente cuando éste no ha sido cumplido por entidades deportivas, como es el caso de algunas federaciones vascas. Por ello, y siguiendo la estrategia procesal que considera más adecuada, ha decidido recurrir estos
estatutos, reservando hacer las alegaciones que considere oportunas en procedimiento judicial a cerca del contenido, la interpretación y la aplicación de la normativa autonómica que regula esta materia.
En cuanto a la elaboración de los estatutos o normativa de otras comunidades autónomas que vulneren o puedan vulnerar el ordenamiento jurídico vigente, la Administración General del Estado actuará en cada caso siguiendo la aplicación
estricta de las leyes de acuerdo con los criterios de estrategia procesal que estime más oportunos para el logro del restablecimiento más apropiado de la legalidad.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó el 5 de junio del año 2004, a raíz de una moción aprobada en el Pleno del Congreso, que por cierto todavía no se ha debatido en esta Comisión de Educación y Ciencia, una proposición donde se recogía
la doble dimensión del deporte que ha puesto de manifiesto el progresivo desarrollo del Estado de las autonomías. De una parte, la ligada a la propia actividad deportiva, y de otra, la relacionada con el fortalecimiento del estado autonómico, en el
que tanto la Administración del Estado como las administraciones autonómicas tienen su propio e importante ámbito de actuación. Ante la controversia que ha surgido a cerca del alcance de la participación deportiva de las selecciones autonómicas,
dicha proposición -que espero debatamos en esta Comisión- señalaba que es necesario clarificar que según la legislación vigente las federación y selecciones deportivas españolas son las que representan a España en las competiciones oficiales con
carácter internacional.
De acuerdo con todo ello, proponíamos tres puntos:
Primero. Las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia deportiva se deben regir por los principios de colaboración, cooperación y diálogo constructivo para el interés general de deporte y de acuerdo con lo previsto
en la Constitución y los estatutos de autonomía, interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Segundo. Reconocemos la necesidad de potenciar y promocionar las selecciones deportivas autonómicas como desarrollo del Estado de las autonomías y para el fomento de la práctica del deporte en cada una de ellas. Así mismo, recomendamos a
las administraciones competentes que les presten todo el apoyo necesario y promuevan su presencia en competiciones, acontecimientos y encuentros deportivos.
Tercero. Que la acción de los poderes públicos respetará la legislación vigente y en particular la Ley del Deporte, según la cual las federaciones y las selecciones deportivas españolas representan a Espala en las actividades y
competiciones oficiales de carácter internacional.
Por todo ello, señor presidente, estimamos que no procede la aprobación de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, por un turno de rectificación o de fijación de posición y réplica tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Básicamente en el ámbito jurídico, porque de los argumentos que yo he presentado ninguno de ellos ha sido contestado. Por parte de la representación del Partido Popular se dice que lo que se recurrió ante Tribunal
Constitucional fue la representación oficial de selecciones autonómicas. Eso no fue así. Lo que se recurre es la posibilidad de que sea la única representación internacional, eso es lo que está recurrido, el primer párrafo del artículo 16.1. Y si
se dice que dejemos al Tribunal Constitucional pronunciarse porqué se cogen por parte de la Administración del Estado los argumentos propios de ese recurso como algo ya aprobado por el Tribunal Constitucional y se recurren los estatutos de las
federaciones. Por otra parte, y respecto al Partido Socialista, se me han citado tres normas, la Ley del Deporte, el Real Decreto de federaciones deportivas españolas y el Real Decreto de actividades y representaciones deportivas internacionales.
Ninguno de ellos está mencionado en el recurso que hace el Estado. Además, me cita usted normativa que no es básica. Por otra parte, que las federaciones deportivas españolas tengan representación internacional no tienen porqué impedir la
presencia de las selecciones autonómicas, no tiene porqué impedir que selecciones deportivas españolas
sigan representando internacionalmente a España, ni mucho menos. Pero no me cite además normativa que ni siquiera se ha atrevido a citar el delegado del Gobierno.
Por otra parte, me dice que la Administración General del Estado no hace dejación de su responsabilidad cuando algunos incumplen el ordenamiento jurídico, en referencia a las federaciones deportivas vascas que han aprobado sus estatutos.
Pero, si el ordenamiento jurídico vigente, que no ha sido recurrido por el Estado, dice literalmente lo mismo que se dice en los estatutos aprobados, que lo único que han hecho ha sido copiar el ordenamiento jurídico vigente. Me habla de la
Administración General del Estado en el País Vasco como algo independiente, ¿es algo autónomo?, ¿no tiene ninguna conexión con el Gobierno del Estado?, ¿ha sido el propio Gobierno del Estado quien ha impulsado al delegado del Gobierno a presentar
esos recursos? Me gustaría sabe
Por último, aquí lo único que está claro es que hablando de proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista, que el Grupo Socialista de nuevo va a incumplir aquella PNL que se aprobó en el año 2004 en el Pleno que decía que se
debía facilitar la participación de las selecciones autonómicas en las competiciones internacionales. El segundo punto de esa PNL, que fue transaccionado y votado por todo el Grupo Socialista, y que una vez más va a ser no solo incumplido sino
atacado.
Muchas gracias por su generosidad, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Quizá excesiva generosidad porque he abierto un turno que no suele estar previsto en las proposiciones no de ley.
El señor JIMENEZ PÉREZ: Creo que ha quedado clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a la firmeza de los argumentos jurídicos. Respecto a la última parte que planteaba el señor Esteban, decirle que yo he mencionado la
proposición que en un principio era de ley y después pasó a ser proposición no de ley como consecuencia del debate que tuvimos respecto a la moción que usted ha mencionado, y para calificar la posición del Grupo Parlamentario Socialista presentamos
esa proposición de ley.
- PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COPA DE LA ESPAÑA LIBRE O COPA DE LA REPÚBLICA COMO LEGAL Y OFICIAL A TODOS LOS EFECTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente
161/000588)
El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día. Proposición no de ley para el reconocimiento de la Copa de la España Libre o Copa de la República como legal y oficial a todos los efectos. Está presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señorías, el 18 de julio de 1937 un equipo, el Levante, ganó su única copa bajo la música del himno oficial legítimo y republicano 'Himno de Riego'. El recuerdo de este acontecimiento forma parte de la historia
del club pero sus aficionados no se conforman con saber que ocurrió así, que fueron los vencedores, reclaman lo que es suyo, el derecho a disfrutar de la memoria colectiva y el público y oficial reconocimiento de aquella victoria. La victoria llegó
en medio de una guerra desencadenada por la sublevación contra un gobierno legítimo sustentado en un ordenamiento jurídico constitucional y democrático como reconoció Naciones Unidas en su sesión plenaria del 12 de diciembre de 1946. Perdió la
libertad, venció el totalitarismo, pero hasta que ese momento llegó la España legítima, la España democrática, tuvo sus propios protagonistas incluso en el fútbol, y así debe ser reconocido oficialmente y así debe ser recogido, forma parte de la
historia de esos clubes deportivos.
La Federación Española de Fútbol ha argumentado en las pocas manifestaciones que ha hecho directa o indirectamente a este respecto que no había reconocido el trofeo por los siguientes motivos: porque jugaron pocos equipos, porque no jugaron
representantes de todo el Estado y porque no existía el acta. Me dispongo a contestar a estos argumentos. En primer lugar, respecto a que jugaron pocos equipos, hay que hacer constar que los equipos que jugaron eran una selección de los mejores
clasificados de la liga mediterránea; es decir, que como en otros años, los equipos que disputaban el trofeo no eran todos los federados. Así, por ejemplo, en los años 1925, 1926 y 1928 también jugaron la Copa nada más que los primeros
clasificados de las ligas territoriales, y en otros años que han sido reconocidos, en 1902 jugaron 5 equipos, en 1903 lo hicieron 3 y así sucesivamente. Respecto a que no jugaron representantes de todo el Estado, efectivamente fue así, pero de la
misma que en 1939 no jugó ningún equipo ni de Murcia, ni del País Valenciano, ni de Cataluña, ni de les Illes Balears, y sin embargo sí que han sido reconocidos esos trofeos. Respecto a que no existe acta, efectivamente, hasta ahora, con poca ayuda
no hemos podido encontrar el acta de un partido jugado al poco de iniciarse la guerra, pero ¿existen actas en la Federación de las finales de los años 1902, 1903, 1904, 1905 y así un largo etcétera? Efectivamente, tampoco. La constancia, al igual
que la del trofeo que reivindicamos del año 1937 es la propia existencia física de esa copa, que también aquí nos consta, además de las noticias y las fotos de prensa. Les enseño una fotografía de la Copa de la República que se le otorgó al Levante
y así mismo tenemos innumerables noticias de la prensa de la época, periódicos como La
Vanguardia, el Pueblo, o el Mercantil valenciano, donde se comenta el resultado de esta Copa y donde se reconoce una y otra vez que fue el Levante quien ganó la Copa de 1937. El trofeo, con la denominación exacta de Copa de la España Libre,
es una de las más denominaciones que ha tenido la actual Copa del Rey. Así se han reconocido denominaciones como Concurso Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Copa Alfonso XIII, Copa Presidente de la República, Copa Generalísimo Franco y Copa del
Rey en la actualidad. Hay que hacer mención, como se puede observar en la prensa de la época, que las mayorías de las referencias al campeonato de 1937 se hacen a la Copa Presidente de la República, denominación del campeonato en los años previos
que tal vez por la exaltación de la situación que se estaba viviendo se transformó a la hora de hacer la leyenda en la Copa de la España Libre, a todos los efectos era reconocida como el mismo campeonato o galardón.
También hay que hacer mención a la calidad de los equipos participantes.
En aquella época el Gerona, Levante, Español y Valencia, los primeros clasificados, junto al Barcelona, de la Liga Mediterránea, eran un referente, y así, en el
campeonato de Copa del año anterior se observa que el mismo Levante llegó a semifinales después de haber eliminado al Valencia y al Barcelona en octavos y cuartos de final respectivamente.
Por último, y no menos importante, hemos de mencionar el trasfondo político por el cual hoy todavía no se ha reconocido como oficial este trofeo. La historia normalmente está escrita por los vencedores y éstos negaron el reconocimiento a un
trofeo conseguido durante un gobierno no reconocido por ellos. Hubiera sido tal vez excesivo retirar la oficialidad a los títulos de 1935 y 1936, pero les debió parecer que no costaba nada esconder en el baúl del olvido el de 1937, jugado por
equipos de la denominada zona roja, denominada así pero que no dejaba de ser la zona en manos del gobierno legítimo salido de las urnas y la zona donde todavía quedaban equipos que con cierta normalidad podían ejercer su función.
Señorías, 75 años después del alzamiento militar que pretendió el exterminio institucionalizado del adversario político debemos poder mirar hacia atrás y, por encima de las pretensiones del franquismo, recuperar la realidad de nuestra
historia desde el prisma que nos da el reconocimiento y unanimidad que representa la democracia y la libertad.
Hoy aquí vamos a instar a la reparación de un agravio deportivo, social y humano. Deportivo por reconocer aquello que se ganó; social
por equipara la validez y reconocimiento de los trofeos del año 1937 con aquellos que posteriormente sí que han sido reconocidos jugados en circunstancias similares, con la única diferencia del color del gobierno del Estado en un caso impuesto; y
humano por devolver la dignidad a aquellos deportistas que en una época difícil consiguieron trasladar cierta sensación de normalidad a una sociedad quebrada y que días después de la final jugada en Barcelona algunos pasaron de llevar enfundada la
elástica deportiva a enfundarse el uniforme militar para intentar defender la legalidad vigente, defender la democracia y la libertad. Fueron derrotados por la fuerza de las armas en un golpe de Estado pero no dejemos que lo sean también por el
olvido oficial; 70 años después ya es hora de reconocer el derecho al título deportivo que obtuvieron. Si la dictadura fue un oscuro paréntesis no cabe otorgarle mayor oficialidad a los títulos obtenidos bajo su existencia que la que le
corresponde al fútbol que se jugó al amparo del gobierno legal, legítimo y democrático en el que el Levante ganó su Copa, la Copa de la España Libre, la Copa de la República.
Esperemos que la Federación Española de Fútbol oiga la voluntad de esta Comisión, que por medio de sus integrantes representa a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este Estado. Dejemos hoy claro con nuestro voto que gana la
democracia, que gana la libertad. Y así hoy, que el Levante vuelva a ser como cada día el equipo del pueblo.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Gómez.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señorías, leyendo la exposición de motivos de la proposición no de ley me van a permitir hacer una primera reflexión, en el sentido de reconocer el gran esfuerzo de muchas personas, hombres y mujeres que vivieron
el estallido y conflicto de nuestra guerra civil, para mantener en esas condiciones las tradiciones culturales y deportivas. Los datos que nos aporta en la exposición de motivos son ciertamente contrastables en hemerotecas y dan lugar a una
injusticia. El conflicto en sí provocó muchas injusticias, situaciones complicadas y difíciles que hoy, desde la serenidad y la lejanía en el tiempo -y digo lejanía en el tiempo porque no en el olvido- nos puede permitir abordarlas, y al menos esto
es lo que desea mi grupo parlamentario, y corregirlas.
Para negarse a esta petición no son posibles ya argumentos del tipo como el que fuera una competición parcial o incompleta porque en ninguna de las dos competiciones, la reconocida y la que no lo está, participaron todos los equipos como
consecuencia de la fractura que provoca la guerra, ni tampoco vale el que no existen documentos oficiales, porque de esa época han desaparecido cantidad de ellos. Mi grupo parlamentario no ve ningún problema en que se inste al reconocimiento pero
aclarando quien tiene las competencias para ello. Entendemos que quien tiene la competencia plena para proponer las copas y otros trofeos deportivos, y por lo tanto también para reconocerlos, son las federaciones. En todas las modalidades
deportivas sucede esto, no sólo en el caso que nos ocupa con la Federación Española de Fútbol. Por tanto, ése es el cauce apropiado para plantear
la cuestión de reconocimiento que hoy se nos presenta aquí y de otras posibles situaciones similares que puedan producirse en otros deportes y que creemos que deben tener en caso un tratamiento diferenciado, caso por caso, si es que se
llegan a producir. Si la competencia es de la Federación a quien tenemos que instar es, por lo tanto, a la Federación, porque de lo contrario estaríamos vulnerando la competencia federativa.
Está establecida esta competencia en el artículo 33 a)
de la Ley del Deporte de 1990, donde habla claramente de la competencia de las federaciones para calificar y organizar en su caso las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, dejando para el Consejo Superior de Deportes
una labor meramente de coordinación y tutela. También el artículo 8 de la misma ley, en las competencias del Consejo Superior de Deportes, no aparece en ningún momento que este órgano tenga reconocida la competencia para otorgar copas ni títulos.
Además, en cuanto a la disputa de lo que sería la actual Copa del Rey, tenemos ejemplos muy recientes; creo que la última modificación que se produjo en la temporada 2005-2006 en cuanto al sistema de disputa, quien lo ha hecho ha sido la Federación
porque es quien tiene las atribuciones plenas en sus competencias, reconocidas además en los estatutos de la propia Federación Española de Fútbol.
Por este motivo mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda en este sentido, en el de instar a la Federación Española de Fútbol a este reconocimiento. Parece ser que vamos a llegar a un acuerdo a modo de transacción para que realmente
sea así, que sea la Federación quien reconozca oficialmente la celebración del campeonato y por tanto el título de campeón, que le corresponde al Levante Unión Deportiva en la actualidad y Levante Club de Fútbol en 1937.
El señor PRESIDENTE: Como bien ha recordado en su intervención, se ha presentado una enmienda transaccional que está siendo distribuida a los grupos parlamentarios para su conocimiento. En el caso que fuera aceptada por la proponente de la
proposición no de ley sería el texto que someteríamos a votación. Para fijar posición en la proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Indudablemente la Guerra Civil, como tragedia que fue, produjo una gran fractura social y el hecho mismo de que existieran competiciones deportivas en ambos bandos así lo indica.
La posición que vamos a adoptar hoy aquí quiere contribuir a cerrar esa fractura y no a recordarla o a agudizarla. Como ha dicho la portavoz de grupo proponente, los aficionados del Levante entienden que son los campeones de la Copa del año
1937. Sin ir más lejos, en esta casa, un compañero de nuestro grupo como es Vicente Martínez Pujalte, que ha sido vicepresidente del club y al que ha dedicado importantes esfuerzos, se siente ganador de la Copa de 1937 y por lo tanto ha sido uno
dentro de nuestro grupo de los que más nos ha pedido que esto saliese adelante.
Ahora bien, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -con la que en parte hemos de coincidir- la proposición no de ley tenía ciertos defectos, cuanto
menos de construcción técnica y también quizás con una trastienda ideológica porque que el Gobierno inste a la Secretaría de Estado de Deporte junto a la Real Federación Española de Fútbol cuando la Federación Española de Fútbol, como dispone la Ley
del Deporte, es una entidad privada con una personalidad jurídica propia, es casi un afán intervencionista muy propio del grupo proponente y que nosotros no compartimos. Por lo tanto, esto exigía una corrección que entendemos se logra con la
enmienda transaccional que se presenta.
Por otra parte, nos parecería discutible, si se invoca la presente Ley del Deporte para dar una salida a esta iniciativa, que no interviniera el Consejo Superior de Deportes, que es quien tiene la potestad de calificar las competiciones de
carácter estatal, aunque sólo cuando están en el ámbito profesional y habría que ver si en el año 1937 ese ámbito profesional existía o no.
En cualquier caso, si queremos que se reconozca de una manera oficial la victoria del Levante en esta competición de 1937, que no discuten sus aficionados y que, como se ha dicho, recoge la prensa, nos parece correcta la transacción a la que
ha llegado el grupo proponente con el Grupo Socialista y vamos a votar afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Discúlpeme señora Pigem, he mirado los grupos parlamentarios pero no he visto que quería intervenir. Tiene la palabra Convergència i Unió la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Sólo para fijar la posición de Convergència i Unió que va a ser de apoyar esta iniciativa expresamente después de la enmienda transaccional a la que se ha llegado. Y vamos a hacerlo porque esto es un hecho
deportivo, porque tuvo lugar en la ciudad de Barcelona y porque realmente las razones que se han esgrimido aquí en su defensa nos parecen justas, razonables y defendibles. Ahora bien, queremos dejar constancia de que no somos muy partidarios de
mirar tanto hacia el pasado porque tendríamos que recuperar este evento, muchos otros eventos deportivos y también no deportivos parecidos, con lo que haciendo justicia a unos quizá estamos haciendo injusticia a otros. Con esta consideración
finalizo expresando nuestra posición de apoyo.
- POR LA QUE SE REGULA LA JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002331.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que en el orden del día inicial
aparece como número tres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se regula la jubilación de los funcionarios docentes. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Este tema es francamente importante. ¿Por qué planteamos esta proposición no de ley solamente para los funcionarios docentes? Porque es la Comisión de Educación nacional y porque realmente hay unas diferencias
ya que se puede dar el caso de que un funcionario docente cumpla sus 65 ó 70 años en mitad de curso y no al final, cosa que le diferencia completamente de otros funcionarios. El artículo 67.3 de la Ley 7/2007, el Estatuto Básico del Empleado
Público, va a regular la jubilación forzosa de los funcionarios con carácter general y, tras establecer la posibilidad de la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años, afirma que de lo dispuesto en los dos párrafos
anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. Éste es el caso que nos ocupa.
Indudablemente, desde abril de 2007 habría cierta urgencia para que se desarrollara la norma, quizás no como
ponemos en la redacción, de modificación de la ley del Estatuto Público sino un desarrollo como prevé la misma en el que se tenga en cuenta la jubilación de los funcionarios docentes. Se nos puede decir que no ha habido problemas porque desde
entonces hasta ahora no solamente se ha prolongado a los 70 años sino que además al final de curso tanto para docentes universitarios como de enseñanzas secundarias. Pero tengo que decir que ha habido una circular de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación a los rectores de las universidades especialmente afectados por esta disposición adjuntándoles otra de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de las Administraciones Públicas que realmente sonroja desde
el punto de vista jurídico. El Gobierno tiene que afrontar cuanto antes, y a nuestro juicio antes de que termine esta legislatura, el desarrollo de la normativa correspondiente y no con circulares de la Secretaría de Estado. Hay muchos
funcionarios docentes con los que hemos hablado que están muy preocupados porque no saben si se va a desarrollar la normativa y temen que no se haga antes de que finalice la presente legislatura. Pónganse ustedes en el caso de un funcionario
docente que tenga que estar esperando cada curso la circular correspondiente, y reitero que jurídicamente no tiene base. Yo no conozco quiénes son los asesores del Abogado del Estado Jefe de Educación, pero me gustaría sentarme con él y preguntarle
si han informado en contra de esta circular porque es una chapuza. Reitero mucho el tema de la circular porque es ahí donde nos basamos principalmente.
Por lo tanto yo espero que esto, que no es más que una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno que proceda a la modificación de la Ley 7/2007, aunque ya digo que nuestro petitum es que no debería haber puesto modificación de la
ley sino desarrollo de la normativa vigente conforme a la Ley 7/2007. Y que se declare para los funcionarios públicos docentes de oficio al cumplir los 65 años y puedan optar por obtener la jubilación en la terminación del curso académico y
prolongar voluntariamente su permanencia en el servicio activo hasta como máximo los 70 años.
Creo que esto no hace daño, reitero que no hemos planteado aquí para la generalidad de los funcionarios dado que estamos en la Comisión de Educación y que existen unas características especiales ya que la jubilación puede producirse a mitad
de curso, etcétera. Esto hay que resolverlo no mediante circulares sino desarrollando la normativa vigente. Por todo ello espero la unanimidad de los grupos presentes en esta Comisión para que instemos al Gobierno para que antes de que termine la
legislatura se desarrolle la normativa correspondiente y dejemos tranquilamente a los funcionarios, llevemos la tranquilidad a los funcionarios docentes de la universidad y de la enseñanza secundaria fundamentalmente.
Por todo ello, reitero, agradecería que no se me dijera porqué hemos traído esto solo para funcionarios docentes, porque realmente, es la Comisión de Educación y, quizás, cuando en alguna otra ocasión, en otra comisión, hemos hecho una
proposición al respecto, se nos decía que porqué insistíamos tanto en los docentes; bueno, insistimos tanto en los docentes por las razones anteriormente expuestas.
Por todo ello, señor Presidente, el Grupo Popular rogaría a los demás grupos que, no habiendo ninguna enmienda al respecto, aprueben esta proposición no de ley que aliente al Gobierno y le sirva para que antes del mes de diciembre de
finalización de esta legislatura, se desarrolle la correspondiente normativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Guerra. ¿Grupos que deseen intervenir?
En primer lugar, por el grupo catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Intervengo para expresar que Convergència i Unió va apoyar esta iniciativa por la coincidencia con lo expuesto magníficamente por el proponente y también por lo que aparece en el texto de la propia exposición de
motivos de la iniciativa, en el sentido de que de acuerdo con las peculiaridades que concurren en la función pública, en este caso, pues estamos en ésta comisión, la función pública docente, el régimen específico de su jubilación, que se contempló
en la Ley 30/1984, mantiene toda su razón de ser, aunque, como bien se ha explicado, no su vigencia, porque la disposición derogatoria contemplada en la reciente Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Funcionario Público, ha dejado la misma sin
contenido. Por lo tanto, nos parece justo atender al vacío legal que se ha producido. Es cierto que este vacío legal
se ha llenado con una normativa administrativa, pero también es cierto que una norma con rango de ley produce una seguridad jurídica completamente distinta a una resolución puramente administrativa. Por lo tanto nos parece lógico y justo
llenar este vacío legal, y, de alguna manera, restituir la tranquilidad y paliar los perjuicios que se puedan derivar a los funcionarios afectados, y todo ello a través de una norma con rango de ley. Por ello, y como he dicho al principio, vamos a
apoyar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Soy consciente de que en los debates parlamentarios es difícil hacer cambiar el criterio de voto de los grupos políticos. Cuando llegamos a las comisiones, al Pleno, normalmente tenemos ya todos muy fijado el
criterio de votación. Aunque en este tema, por aquello de que creo que en parte es una cuestión estrictamente jurídica, aunque en la PNL del Partido Popular hay un segundo apartado que tiene una cuestión política, el apartado primero, que es lo que
han mencionado el señor Guerra Zunzunegui y la señora Pigem, es una cuestión de interpretación jurídica. Como es así me gustaría ver la posibilidad de que en esta ocasión, sin que sirva de precedente, si los argumentos son suficientemente válidos
podamos llegar al acuerdo parlamentario necesario.
Creo que la PNL plantea dos cuestiones, el primer apartado plantea una cuestión jurídica de interpretación sobre la disposición derogatoria de el Estatuto Básico del Empleado Público; y el segundo apartado de la PNL plantea una cuestión de,
digamos, oportunidad política, donde el Partido Popular, ahí ya si que fija digamos un criterio sobre cómo debe fijarse la obligatoriedad de la jubilación de los profesores.
Voy por partes, la cuestión jurídica que es el apartado primero. Se ha dicho, y la señora Pigem también lo ha dicho aquí, que hay un problema que genera el Estatuto Básico del Empleado Público cuando en el artículo 67.3 lo que establece es
una derogación de todas aquellas normas que hablan sobre la jubilación de los funcionarios y en particular, en este caso, los funcionarios docentes, que tienen una regulación específica.
Dicha regulación específica estaba en la Ley de Medidas de
1984, que establecía la posibilidad de que, voluntariamente, los funcionarios docentes universitarios pudiesen ampliar la jubilación voluntariamente de los 65 a los 70 años. Porque la ley, lo que estableció entonces y sigue estableciendo ahora, es
que la jubilación se declara oficialmente a los 65 años y voluntariamente el profesor universitario puede mantenerlo hasta los 70 años. Aquí se plantea un problema de interpretación jurídica sobre si efectivamente el Estatuto ha declarado derogada
esta norma, que es el artículo 33 de la ley del 1984, y la disposición adicional decimoquinta.
La señora Pigem lo ha dicho aquí, hay una instrucción del ministerio donde se expresa -sin establecerse por una norma de carácter reglamentario una cuestión reservada a ley- una interpretación que es, desde mi punto de vista y el del Grupo
Parlamentario Socialista, suficiente para que se entienda que no ha quedado derogado en la regulación y que establece la jubilación voluntaria de los profesores universitarios a los 70 años.
Es cierto que la disposición derogatoria única del Estatuto del Empleado Público deroga la adicional decimoquinta de la Ley de Medidas de 1984, pero también es cierto que la disposición final cuarta de este Estatuto básico establece que la
entrada en vigor y la derogación de las normas del mismo no son genéricas. En cuanto a la entrada en vigor, no lo hace todo el Estatuto, sino que entra en vigor en función de la aprobación de las leyes de desarrollo y por lo tanto lo que sucede es
que la disposición final cuarta en el apartado tercero lo que establece es que no se puede derogar la norma de 1984 y la disposición del Estatuto básico establece que la entrada en vigor y la derogación de las normas del estatuto no es genérico. No
está en vigor todo el estatuto, sino que entra en función de la aprobación de las leyes de desarrollo de la ley básica. Por lo tanto lo que sucede aquí es que la disposición final cuarta en el aparatado tercero lo que establece es que no se puede
quedar derogada la norma del 84 y la disposición decimoquinta que amplia la posibilidad de jubilación a los 70 años porque eso necesita una ley de desarrollo específica, en este caso para la función pública.
La LOU, Ley Orgánica de Universidades, establece en la disposición adicional sexta que el Estatuto del personal investigador y docente se ha de desarrollar mediante el citado estatuto en un plazo de un año, Por lo tanto cuando el señor
Guerra Zunzunegui decía que tenemos que instar al Gobierno a que regule esta materia en un determinado plazo, la propia ley establece un plazo de un año. Por lo tanto, es el propio legislador el que ha establecido un mandato al Gobierno para que
regule esta materia, por lo que para mí eso ya está hecho.
La conclusión de este primer apartado es que no hay problema, primero, porque cabe una interpretación que mantiene en vigor la normativa referida a los funcionarios docentes, que es lo que hace la mencionada instrucción, y segundo, el
mandato al legislador pedido por el Partido Popular ya está en una ley, en la Ley de Universidades, que establece un plazo de un año, por lo tanto si no lo cumplimos habrá un incumplimiento, pero ya está establecido un mandato para eso.
No quería pasar sin hacer una referencia a la cuestión política que es el apartado dos de la PNL, en el que se dice que se declare la obligatoriedad forzosa de la jubilación a los 70 años y voluntariamente a los 65
años; es decir, se invierte el sistema actual, en el que se declara obligatoriamente la jubilación forzosa a los 65 años y, voluntariamente, el funcionario puede pedir mantenerse hasta los 70. El Partido Popular pide que sea al contrario,
que la jubilación se declare a los 70 años.
Ésta es una cuestión política que se está discutiendo en el ámbito de la aprobación del Estatuto de personal docente y de investigación universitario, y creo que ahí es donde tenemos que discutir esta
cuestión.
Nosotros avanzamos que esta es una cuestión que, sin duda alguna, plantea una ampliación de la jubilación con carácter obligatorio a los 70 años.
Esto no lo ha señalado el señor Guerra Zunzunegui, pero sin duda alguna habrá algunos sectores
del ámbito universitario que puedan estar de acuerdo, pero también habrá otros muchos que no lo estarán. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que en el ámbito universitario hay una figura contractual, la de profesor emérito, que da la oportunidad
de que esos profesores también puedan desarrollar una actividad. Ésta es una cuestión que no se ha planteado aquí por el proponente de la iniciativa, pero que también tiene interés. Nosotros sobre esta cuestión lo llevamos al Estatuto, y ahí se
discutirá donde se debe discutir.
Evidentemente, se deduce de mis palabras que vamos a votar en contra porque no tiene sentido la PNL.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, excepcionalmente he abierto un turno anteriormente como contradicción, y se lo voy dar de nuevo pero por un tiempo máximo de dos minutos.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Tres, señor presidente, gracias.
El señor PRESIDENTE: Dos y medio. (Risas).
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En la página web del Ministerio de Administraciones Públicas dice claramente que está derogada explícitamente esa disposición adicional y el propio Ministerio de Administraciones Públicas, públicamente reconoce
lo que no podía dejar de reconocer, que eso está derogado. Y luego la interpretación, y eso lo sabe el portavoz socialista, la interpretación de una ley, única y exclusivamente la pueden hacer los tribunales, no mediante una circular de la
Secretaría de Estado, y eso es de Derecho administrativo de tercer curso que es el derecho administrativo I, es decir, cómo se puede mediante una circular.
Termino señor presidente, nosotros creíamos que el Partido Socialista iba a votar favorablemente. Queremos reiterar que, además, la fecha que dice de mayo, si las legislativas son en marzo, esto no se va a hacer y en cambio se podría hacer
antes del mes de diciembre. Pero en fin, ustedes votan en contra, tendremos que decir a los funcionarios docentes que esto no ha salido adelante porque el único partido que ha votado en contra ha sido el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Brevemente, señalar que los funcionarios docentes no tienen ningún problema con la jubilación a los 70 como la Ley de Medidas de 1984 establece, porque cabe una interpretación del Estatuto del empleado que así lo
mantiene. Por lo tanto esto no es un problema, es un problema de cómo se ha de interpretar la disposición derogatoria, pero los ciudadanos afectados no tienen ningún problema porque pueden seguir jubilándose a los 70 años como hasta ahora,
voluntariamente, primera cuestión. Y, segunda cuestión, debo recordar, y sé que esto es un poco árido porque es muy técnico, que estamos hablando de una ley básica que necesita de desarrollo legislativo, y por eso precisamente la derogación, igual
que la entrada en vigor, no es con carácter general sino con carácter particular; y en este caso, mientras no haya leyes de desarrollo de la legislación básica, no puede quedar un vacío legal, el legislador, por sentido común, no puede generar un
vacío legal como se está señalando.
- SOBRE MEDIDAS DE APOYO Y COLABORACIÓN DESTINADAS A FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002143.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley, quinta que en el orden del día inicial era la número 1, del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas de apoyo y colaboración destinadas a favorecer el aprendizaje de la lengua
española en la República Federativa de Brasil.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Quiero empezar haciendo constar que la autora de esta proposición no de ley que ahora defiendo es la diputada Marisol Herrero, la que era diputada por Guadalajara hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales
y que en estos momentos tiene la responsabilidad de la Conserjería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Hemos perdido una buena parlamentaria, pero los ciudadanos castellano manchegos han ganado una gran gestora de sus
intereses culturales como demostró, por ejemplo, con la aprobación de la última proposición no de ley que defendió en la Comisión de Cultura sobre la restauración de la Biblioteca de Sarajevo y sobre todo, hay que decirlo, el seguimiento y la
tenacidad con que recordó al ministerio su cumplimiento.
Resumiré, por ello, a SS.SS. las razones aducidas por la señora Herrero en la exposición de motivos por la que nuestro grupo pide apoyo para aprobar la elaboración de un programa sobre formación del profesorado, materiales curriculares,
aulas virtuales e intercambio de experiencias, entre alumnos a través de las TIC con instituciones públicas y privadas para favorecer el aprendizaje del español en la República Federativa de Brasil.
El motivo de esta proposición -y esto es importante, por lo que después diré a los efectos de una enmienda presentada por uno de los grupos parlamentarios- se fundamenta en la aprobación por el Parlamento brasileño el 7 de julio de 2005, de
una ley que, coloquialmente, en Brasil es conocida como la 'ley del español' y que obliga a todos los centros de secundaria del país a ofertar lengua española a sus alumnos como materia optativa. Es verdad que hasta finales de los años 80 la
enseñanza del español en Brasil era muy escasa y reducida al ámbito universitario. Hay dos poderosas razones económicas que provocan el cambio y que incrementan el interés de los brasileños, del gobierno brasileño, por el español. La primera está
relacionada con la creación de Mercosur en 1991, donde Brasil se integra junto Argentina, Uruguay y Paraguay y, posteriormente, Venezuela. Desde ese momento se va a producir un cambio de perspectiva de su status quo internacional que se va a
reorientar en función de sus vecinos sudamericanos, todos ellos países de idioma español. La segunda razón obedece al importante empuje inversor y de expansión de las empresas españolas en la región desde la década de los 90. En un primer momento
en los sectores denominados de servicios públicos, telecomunicaciones, gas, etcétera, sometidos a proceso de privatización; más tarde mediante alianzas estratégicas, y en la actualidad a través de operaciones de fusiones y adquisiciones. Baste
recordar, señorías, que España fue el primer inversor en Brasil entre 1998 2000 y que del total de las inversiones españolas en el exterior entre 1993 y 2005, en todo el continente americano, Hispanoamérica recibe el 24 por ciento, Estados Unidos el
5 y, solo Brasil el 11 por ciento.
Aunque es difícil conocer con fiabilidad el número de docentes y alumnos de español en la actualidad, las autoridades brasileñas han detectado un creciente interés por su aprendizaje, paralelo al citado proceso de conexión económica al área
lingüística del español.
En Brasil, sitúense señorías, un país 17 veces la extensión de España, el quinto en el mundo en superficie, con 190 millones de habitantes, de los cuales 60 son jóvenes, hasta hace dos décadas solo se impartía español con carácter general en
los centros privados, que representaban más o menos el 10 por ciento. Era una oferta diferenciada de calidad, pero solo en centros privados. Desde entonces es verdad que se ha producido un cambio muy importante, de modo que en el momento de
aprobarse la llamada Ley del español, la mayoría ya de los estudiantes brasileños optaban por nuestro idioma en la prueba de lengua extranjera en el acceso a la universidad. Las cifras actuales que maneja la Consejería de Educación de Brasil, el
equivalente a nuestro ministerio, estiman para la red no universitaria la existencia de unos 6.600 profesores de español, 4.600 en la pública y 2.000 en la privada, para algo más de un millón de alumnos.
Frente a estos datos los cálculos de las
autoridades públicas brasileñas estiman que la ley acabará afectando en los próximos años a 11 millones de alumnos y serán necesarios en torno a 23.000 nuevos profesores para atender la implantación del español. Pero, es más, la prospectiva a 10
años es que un total de 30 millones de brasileños hablaran español. Para que esto se haga realidad el sistema educativo brasileño deberá hacer un gran esfuerzo en la formación de profesorado, y esta apuesta se presenta como una de las debilidades
internas del proceso.
En las reuniones que tuvieron lugar con motivo de la celebración del primer Acta internacional de la lengua española en San Millán de la Cogolla, en octubre pasado, varios ponentes tuvimos ocasión de manifestar la importancia del efecto
multiplicador que la formación del profesorado tiene para nuestra lengua. Este diputado puso de manifiesto en concreto la necesidad de una definición didáctica del español, la generalización de una certificación de aprendizaje del español, como la
tiene el inglés, o la necesidad de un trabajo en equipo con el conjunto de países para alcanzar todos estos objetivos. Esto evitaría una pérdida de liderazgo en formación del profesorado ante países no hispanos pero de gran crecimiento del español,
como pueden ser los Estados Unidos, que incorporan, por cierto, soluciones muy competitivas.
Afortunadamente se han ido dando importantes pasos para favorecer esta enseñanza de nuestro idioma en Brasil. Por citar solamente algunos, por parte del Ministerio de Educación se llevan a cabo numerosas actividades de promoción del español
en colaboración con instituciones brasileñas, entre las que puede señalarse la creación de centros docentes de titularidad mixta, programas de centros de convenio, centros de recursos didácticos, formación continua de profesores, por ejemplo en los
últimos años se han formado a 6.500 profesores en 20 de los 27 Estados brasileños, becas del MEC, etcétera.
Otro paso importante, muy reciente, ha sido el acuerdo de creación del Sistema Hispánico de Certificación del Español como lengua extranjera, como saben ustedes preparado por el Instituto Cervantes, similar al que existe para el inglés, y
que los miembros de esta Comisión tuvieron la oportunidad de conocer de boca del propio director del Cervantes, hoy ministro de Cultura. También el Instituto Cervantes, como saben ustedes ha hecho un gran esfuerzo, son ya seis los centros del
Instituto Cervantes en Brasil y se apunta hacia nueve, se han firmado varios convenios entre centros culturales de Brasil y España.
En definitiva, el español, señorías es la tercera lengua más hablada del mundo, con 450 millones de personas,
la segunda más estudiada, con 14 millones de alumnos y es también la segunda lengua como instrumento de comunicación e intercambio internacional. Pero, como decía Mario Merlino -al que ustedes recordarán porque acudió como experto en las
comparecencias de la Ley del Libro- en estas de jornadas de San Millán de la Cogolla, la lengua no solo es comunicación, sino también construcción paulatina de nuestro puesto en el mundo. Más gráfico todavía era Rafael Escuredo, el presidente de la
Fundación BLU y promotor de este encuentro, que decía que el español es nuestro petróleo, y en efecto es así, y sin duda, señorías, los dos pozos más ricos se encuentran en Estados Unidos y en Brasil. Ahora bien, esta realidad no es suficiente, hay
que incrementar, por seguir el símil, nuestra capacidad de refinado, para sacar el máximo partido a los recursos existente. Este refinado, que en términos de mejora, significa potenciar aún más las medidas de apoyo para favorecer el aprendizaje del
español en Brasil, es lo que se pretende con esta proposición no de ley, para la que pedimos el respaldo del resto de los grupos.
Si me permite, señor presidente, quería, muy rápidamente, a las dos enmiendas que se han presentado por parte del Partido Popular y por parte del Grupo Catalán, decir que a la primera del Grupo Popular no vamos a poder apoyarla, porque
entendemos que va implícito en el texto, en la parte dispositiva la dotación económica correspondiente, que es lo que se nos pide, al igual que se está haciendo en otras intervenciones del ministerio, que va implícita la partida económica, creemos
que va de suyo. Y respecto de la enmienda presentada por Convergència i Unió, entendemos que el motivo de partida, y así lo he insistido, de esta proposición no de ley se encuentra en la ley del gobierno brasileño, es la Ley del español la que nos
hace tomar posiciones e instar al Gobierno para que haga todo esto que estamos pidiendo, es decir el fomento de otras lenguas, catalán, euskera y gallego, es lo que se nos pide en esa proposición no de ley, entendemos que ya está aprobado en otra
proposición de octubre de 2004. De todas maneras hemos pasado a la portavoz una enmienda transacional por si fuera de su interés apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: A la vista de la lectura del titular de esta iniciativa parlamentaria, de esta proposición no de ley, pudiera hacerse una valoración equivocada, es decir, que se tratara de un brindis al sol, de un canto de
sirena, que al final no se valoren sus resultados, por su carácter podría determinarse filosófico. Pero adentrándose en el núcleo temático, en la sustancia, en la esencia de esta proposición no de ley, tiene una enorme repercusión sociopolítica,
eso es evidente. Hoy somos cerca de 500 millones de hispanoparlantes en el mundo, que mayoritariamente estamos distribuidos en Latinoamérica, amén de España y Andorra en Europa, en 135 naciones, territorios y zonas geográficas del mundo se habla
español, y en 21 naciones la lengua española es la oficial. En Estados Unidos, nuestra es el idioma extranjero más estudiado por cerca de 7 millones de estudiantes, y señalo estas obviedades, que SS.SS. conocen, para hacer una rápida reflexión de
la importancia que atesora el hecho de que nuestra lengua sea el principal vehículo de esos casi 500 millones de personas en el mundo.
Y ahora, con esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en proposición no de ley, creemos que se da un paso cualitativo muy importante. Adentrándonos en el tema nuclear de la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, en Brasil, donde prácticamente la población es de habla portuguesa, hoy, en el siglo XXI, el idioma español goza de prestigio, de auge y de aceptación curricular en la vida y programaciones educativas brasileñas.
A
esto va unido que sus vecinos, con los que mantiene todo tipo de relación económica y cultural, tienen también como lengua vehicular el idioma español, y por consecuencia nuestra lengua da un paso de gigante en América del Sur, y corroboro también
con las afirmaciones que el portavoz socialista acaba de enumerar hace unos momentos.
Por ello cabe preguntarse, por qué en este siglo XXI Brasil necesita de la lengua española cuando se ha estado durante décadas potenciando el inglés y el alemán en ese país. La respuesta, sencilla y compleja a la vez, la ha desarrollado el
portavoz socialista. Por un lado la cultura hispánica, la música, la literatura, merced al empuje de hombres y mujeres de las letras, de las ciencias y de la cultura hispana, está tomando peso en el panorama internacional, y Brasil también lo
reconoce. Por otro lado singulares empresas españolas han desembarcado en Brasil apoyadas en la calidad de sus productos, y su creciente nivel en alta tecnología y han arraigado fuertemente en el tejido industrial brasileño, afianzando con sus
inversiones el desarrollo de ese país. Las naciones sudamericanas de mayor potencial, al ejemplo europeo, tratan de unificar criterios macroeconómicos, compartiendo iniciativas legislativas, desarrollo territorial, servicios sociales, aduanas,
etcétera. Y en todos estos deseos internacionales de estos países, también con Brasil por supuesto, la palabra clave es la unión, y una unión que necesita un vehiculo canalizador capaz de transmitir deseos, proyectos e intereses, y la lengua es uno
de esos vehículos importantes, porque nada mejor que la lengua como medio de entendimiento y de relación, español-portugués, portugués-español en América del Sur. España, desde hace escasamente una docena de años ha entendido esta situación, los
gobiernos españoles de Felipe González, Aznar, de Zapatero, han apoyado en este sentido, culminándose con la firma -ustedes lo saben- de memorando de entendimiento en materia educativa en enero del año 2005, tal como refleja la exposición de motivos
de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La aprobación, también es importante señalarlo y reiterarlo, el 7 de julio de 2005 en la Cámara Federal de Brasil de la Ley para la enseñanza del español en el sistema educativo brasileño ha supuesto que esta medida adquiera dimensiones y
repercusiones que superan el aspecto educativo.
Hasta ahora España, y sus diversos gobiernos, han manifestado su inequívoca voluntad de favorecer la implantación de la lengua española en Brasil, todos los gobiernos. Pero el esfuerzo tiene,
indudablemente, unos costos que no debemos escatimar, nadie piense solo en costos económicos, sino costos de todo tipo, de esfuerzo, intelectual y también económicos.
Costos económicos que sustentan un plan de formación del profesorado de alto
nivel pedagógico que facilite el aprendizaje del español en los niveles de educación secundaria obligatoria brasileña, pero que lo facilite con auténtica garantía pedagógica. No se trataría de enviar material de apoyo lingüístico o material
informático, infográfico o de audio, es algo más que eso, es esencial, prioritario, un plan de formación del profesorado que garantice, y lo digo con mayúsculas, la calidad de la enseñanza del español en Brasil, amén de la colaboración social
española, especialmente del Instituto Cervantes y del sector económico, y colaborando, evidentemente, con las autoridades brasileñas en el desarrollo de toda esta programación, que aprovecho para señalar in voce una enmienda en que se señale la
colaboración con las autoridades brasileñas en la elaboración de la programación para conseguir esta finalidad. Y esto, además, necesita un soporte económico que, evidentemente, espero que el Grupo Socialista siendo el partido en el Gobierno, lo
contemple en la partida presupuestaria en los próximos presupuestos.
Si hoy se percibe en Brasil una inequívoca inclinación hacia lo español, hacia lo hispano, la mejor manera de potenciarlo es a través del conocimiento de la lengua que lo hace más y mejor comprendido y al final amado. Y como la decisión de
Brasil, en la persona del presidente Lula ha sido legislar la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua española en la educación secundaria, España debe colaborar generosamente, y el Grupo Parlamentario Popular, siendo coherente en esta materia de
cooperación, desde siempre, votara a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley del grupo catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió valoramos también muy positivamente, sobre todo por lo que supone de cara a la vitalidad y a la expansión de la lengua española, la decisión, una decisión en forma de ley, aprobada por el
Parlamento de Brasil, por la que se establece que los centros educativos públicos y privados deben ofrecer de forma obligatoria el aprendizaje de la lengua española como disciplina optativa para el alumnado de educación secundaria, y en algunos
estados debe ser ofertada, incluso, en la educación primaria. Esta decisión del Parlamento brasileño significará, tal como se señala en el texto de la iniciativa, la continuación de la incesante expansión de la lengua española, una lengua fuerte,
potente y que en este momento es ya la tercera lengua más hablada del mundo, todo lo cual desde Convergència i Unió valoramos muy positivamente.
Es lógico por tanto que desde España se coopere para hacer posible la formación de profesorado especialista, para poder atender debidamente la propuesta legislativa que, indudablemente, significará un esfuerzo muy importante en todo el
sistema educativo brasileño y que se haga esta cooperación a través de todos los mecanismos posibles, programas de formación, aulas virtuales, etcétera; y desde este punto de vista, insisto que valoramos de manera positiva el texto que se nos
propone votar.
Ahora bien, este texto no habla solo de la formación del profesorado especialista en castellano, el texto de la iniciativa, y también en su brillante exposición el señor Bedera, nos ha reseñado que, en general, se va a impulsar el
aprendizaje del español en la República brasileña, no referido únicamente al sistema educativo no universitario, y al enumerar todas estas acciones se nos han dicho las numerosas actuaciones ya lideradas por el Gobierno español dirigidas a favorecer
la enseñanza del español, no en el sistema no universitario, sino en general, tales como el aumento de siete centros más del Instituto Cervantes, la adscripción al mismo de seis centros culturales de la AECI en Brasil, el convenio firmado por el
Instituto Cervantes, el Banco de Santander y Universia para fomentar el aprendizaje del español y de la cultura hispánica. Y por ello, como para nosotros también nuestra lengua es nuestro petróleo y también nos gusta cuanto más refinado mejor, por
ello hemos presentado una enmienda que, respetando el punto primero del texto que se nos propone, hemos adicionado un punto segundo para que esta Comisión inste al Gobierno a favorecer, dentro de este sistema no referido solo al sistema no
universitario, también el aprendizaje de las lenguas cooficiales del Estado y no solo del castellano, en este caso favorecerlo en Brasil.
El gobierno español suscribió la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales, suscribiéndola se comprometió a promover, promocionar y financiar el uso de las lenguas del Estado español, y esto le obliga a hacerlo no solo a través de
las actividades que al respecto hacen y financian las comunidades autónomas con lengua propia, que es lo que se suele recoger en los informes que sobre el cumplimiento de la Carta realiza periódicamente el Gobierno español, que dice que hemos
cumplido a través de lo que ya hacen las comunidades autónomas. No, la Carta obliga al gobierno a hacer la promoción y a financiarla también directamente, y creemos que, puesto que hay esta vía abierta tan importante con Brasil, ésta es una buena
oportunidad para que el Estado lo haga allí.
Evidentemente
no los alumnos de secundaria, el señor Bedera ha dicho muy bien que esto es algo que ha pedido Brasil, no, esto es algo que pedimos nosotros, ¿cómo? a través de las universidades, en la cátedras de filología románica, como ya se hace en
muchos países, en Estados Unidos por ejemplo, en Yale, en Harvard hay cátedras de filología catalana, también en Inglaterra o en Alemania. Hacerlo, impulsarlo a través de cátedras de filología románica, con la especialidad del catalán, y hacerlo a
través del Instituto Cervantes y a los centros que con el mismo han suscrito convenios.
Se nos propone que nos remitamos a lo que se aprobó aquí en una PNL, propuesta por el Bloque Nacionalista Galego, el 20 de octubre de 2004, que hablaba en relación con la enseñanza del catalán, gallego y euskera en el exterior. El texto de
esa PNL no es contradictorio con lo que estamos demandando, pero no es lo mismo. El texto decía que se aprobaba la opción educativa de exterior especialmente para alumnos procedentes de las comunidades autónomas que tuvieran dos lenguas oficiales,
esto es lo que se aprobó en esa PNL. Aquí estamos pidiendo otra cosa, estamos diciendo que aprovechando que hay esta relación con Brasil, aprovechando que vamos a hacer programas para hacer algo, con lo que ya he dicho que estoy de acuerdo,
aprovechemos para fomentar, de acuerdo con la obligación que tiene el Gobierno al suscribir la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales, que haya un estudio también de las lenguas cooficiales del Estado en cátedras y en los institutos
Cervantes, y en los centros asociados.
Por eso la enmienda no es que sea contradictoria con lo que ustedes me proponen, es que no es lo mismo, y por eso mantenemos nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista, señor Bedera, ¿acepta la enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor BEDERA BRAVO: Sí señor presidente, nos parece que mejora el texto de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Votaremos entonces no siendo posible la votación por la aceptación por el Grupo Socialista de las enmiendas transacionales, la proposición no de ley en los términos presentados con la adición al comienzo del mismo con
la enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN DICCIONARIO DE TÉRMINOS CIENTÍFICOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002316.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto punto del orden del día, que es el punto 2 antiguo, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la creación de un diccionario de términos científicos. Para la
defensa de la misma tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Como ya dijimos en otras oportunidades la ciencia es una aventura intelectual que lleva implícitas las ideas de creatividad y la apuesta por el progreso, generando una auténtica revolución en la manera de concebir el
mundo, el propio ser humano y las relaciones sociales y su incardinación en los complejos procesos del medio natural sus profundas interacciones. La ciencia tiene como misión principal la construcción del conocimiento, el afianzamiento de la verdad
objetiva y la consolidación de los criterios que permite verificar la certidumbre de los procesos y confirmar así la hipótesis del funcionamiento, evolución e importancia de cualquier fenómeno, elemento o proceso natural. La transmisión de este
conocimiento y la difusión de estas ideas en la sociedad no solo ayuda a tener explicaciones sobre el origen o el funcionamiento de las cosas, sino que incrementa la sensación de libertad, reduce las dependencias y garantiza la transformación de la
propia sociedad de una manera continuada, generando confianza y abriendo nuevos cauces, que darán solución a los problemas que se nos plantean en la vida cotidiana, gracias a una perfecta simbiosis entre ciencia y técnica, que se dinamizan
mutuamente. La comunicación y el interés por lo científico precisa de la interrelación de todos los agentes que participan en la sociedad, tanto de los poderes públicos como de los propios científicos, y tanto desde la escuela y los programas
formativos, como desde fuera de los cauces reglados de la enseñanza. Que el investigador tenga que jugar también un papel de divulgador, está hoy fuera de toda duda, pero también lo está el papel que los medios de comunicación y las propias
administraciones deben jugar para que la sociedad española establezca una relación de complicidad y comprensión con el mundo de la ciencia, con los procesos científicos, la investigación y los investigadores, y perciban claramente la importante
función social que estos desarrollan en los más diversos campos. Este desconocimiento que se produce entre ciencia y sociedad da lugar a la falta de comprensión y al surgimiento de debates sobre determinadas materias y objetos de investigación,
causados sobre todo por la falta de información, y con el añadido de posibles manipulaciones interesadas que dan como consecuencia el deterioro de la confianza en lo científico. A pesar de todos los esfuerzos que se realizan tanto en los programas
de I+D+i, como en las inversiones en parques tecnológicos o en museos de la ciencia u otras actuaciones, la distancia entre la ciencia y la sociedad no se ha reducido de forma significativa. Es preciso introducir otras variables que ayuden a
asentar la ciencia entre la sociedad. El año 2007 ha sido designado como Año de la Ciencia, lo que conlleva que durante este año se pondrán en marcha las más diversas iniciativas para
difundir y acercar la ciencia a los ciudadanos, para presentar la ciencia y la tecnología como elementos fundamentales en el proceso de avance y desarrollo de nuestra sociedad del conocimiento y como motor de nuestra economía. Los medios de
comunicación tienen que ocupar un papel de formadores, un papel educativo que permita difundir y asentar los grandes avances que la ciencia ha conseguido, y cómo eso ha modificado nuestra manera de vivir y de relacionarnos, así como el importante
potencial de desarrollo y de los grandes retos que tiene por delante. Los medios de comunicación son los únicos enlaces entre las informaciones de avances científicos y los ciudadanos una vez superadas las etapas educativas y además los medios son
los introductores de la terminología científica en la sociedad. Una terminología que es compleja para la mayoría, y que constantemente está siendo incrementada, innovada y variada, lo que afecta a una gran diversidad de áreas, lo que origina que no
sean correctamente asimiladas, interiorizadas y entendidas por llevar asociadas explicaciones complejas al hacer referencia, en muchos casos, a investigaciones de fenómenos complejos y que la mayoría de la sociedad desconoce y no encuentra
explicaciones asequibles, realizadas en lenguajes y conceptos simples para su comprensión.
Por ello consideramos que sería de gran interés planificar y desarrollar un sistema de diccionario simple, sencillo y con un lenguaje asequible, apoyado en imágenes, dibujos y gráficos que facilite su comprensión con el objetivo de facilitar
la difusión del conocimiento científico, teorías y definiciones entre una mayoría de ciudadanos que tienen más dificultades para este conocimiento. Y hacerlo en colaboración con los medios de comunicación escritos, para conseguir llegar aun mayor
número de lugares, territorios y ciudadanos.
Habría que hacer un análisis del estado de la situación y tener en cuenta los distintos vocabularios y diccionarios científicos existentes, especialmente aquellos editados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Igualmente, y dada la amplitud del ámbito, ciencia y tecnología en general, sería preciso hacer una cuidada selección de los términos que se incorporen a dicho diccionario, haciendo un estudio de la aparición de los términos científicos en prensa.
Y sería deseable contar con el apoyo de distintas instituciones, especialmente la Real Academia Española y las reales academias de ciencias físicas, exactas y naturales, entre otros organismos.
Dada la importancia de este tema se presentan dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo de Convergència i Unió que proponen determinadas incorporaciones a la proposición. Nosotros consideramos que las aportaciones
que se realizan enriquecen y completan la PNL que presentamos y vamos a aceptar, y se pasará así a la Mesa, una transaccional entre el Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió y el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Tabuyo, dicha enmienda transaccional ya está en posesión de los miembros de la Comisión, lo que no osta para que los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a esta proposición no de ley
puedan defender la misma y fijar su posición respecto a la enmienda transaccional.
Por el Grupo Parlamentario catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos todos los motivos que ha dado el señor Tabuyo en su magnífica exposición para concretar esta iniciativa que hoy nos trae el Grupo Socialista. Muchas veces se ha hablado en
esta Comisión de la necesidad de acercar la ciencia a la ciudadanía, de facilitar su comprensión para que todos pudiéramos apreciar en qué gran medida influye directamente la ciencia en la calidad de nuestra vida cotidiana. Hemos dicho también
muchas veces en esta Comisión que este año 2007, Año de la Ciencia, era una magnífica oportunidad para hacer pedagogía al respecto porque frecuentemente en la ciencia, y en especial su lenguaje, aparecen como algo críptico, alejado y de difícil
comprensión.
Por ello, y como he dicho al inicio, valoramos muy positivamente la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Socialista de realizar un diccionario de términos científicos con un lenguaje simple y asequible.
Un diccionario que no se menciona en
la iniciativa en qué lengua debe hacerse pero -y por ello hemos presentado una enmienda- entendemos que de acuerdo con la pluralidad lingüística del Estado en las comunidades autónomas en las cuales coexistan dos lenguas oficiales el diccionario
debe realizarse en las dos lenguas.
El señor Tabuyo, con su amabilidad y buen trabajo que le caracteriza, ha iniciado aproximaciones a la enmienda que ha presentado el grupo de Convergència i Unió y creo que finalmente hemos llegado a una solución satisfactoria que, respetando
en lo básico la literalidad de la enmienda que habíamos presentado, se ha encontrado una redacción en la que también se respetan las competencias de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales en esta materia. Por lo tanto, se ha fijado un
término para realizar el diccionario y que se coordinará con las comunidades autónomas. Ya se fijará con ellas los términos y el alcance de dicha formulación.
Por lo tanto, nosotros vemos bien esta enmienda transaccional, agradecemos el esfuerzo por llegar a esta síntesis que ha hecho el señor Tabuyo y si se mantiene en estos términos apoyaremos esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señorías, el erróneo adanismo del señor Rodríguez Zapatero parece que al final de la legislatura se le ha contagiado también a los representantes del Partido Socialista en el legislativo y una prueba evidente es lo
que acaba de afirmar, se encuentra entre otras acciones llevadas a cabo en otras comisiones y en el Pleno de este Congreso en esta proposición no de ley. Sin duda la exposición de motivos así como la petición al ejecutivo, que supongo que sea al
ejecutivo puesto que por más que leo la proposición no de ley no sé a quién va dirigida la misma, dice cosas normales, sensatas incluso, pero desde luego nada novedosas como parece desprenderse tanto de su lectura como de las palabras mucho mejor
expuestas de su portavoz sobretodo como acción importante en el declarado Año de la Ciencia 2007. Señorías, hay muchos ejemplos de diccionarios y programas para una más fácil comprensión de los términos científicos. Existen páginas web y
diccionarios en química, medio ambiente, tecnología, geografía, etcétera que exponen y describen los términos científicos de cada área del saber. Pero si esto puede considerarse, tal vez, para especialistas, también se confeccionan y se han
confeccionado diccionarios científicos con el objetivo de hacer los términos científicos más asequibles al gran público. ¿Por qué? Porque transgénico, resonancia magnética, clonación, etcétera, es decir, el 90 por ciento de las innovaciones
lingüísticas en español proceden de la ciencia, la medicina y la tecnología, las cuales, como se dice en la proposición no de ley, se incorporan cada vez más en la sociedad. Un estudio de expertos sanitarios españoles sobre la comprensión del
lenguaje médico utilizado en los documentos de altas hospitalarias revela que gran parte de los pacientes no entienden sus informes clínicos porque emplean palabras blindadas de la jerga científico-técnica y porque su nivel medio de legibilidad
sobrepasa la alfabetización en salud de la población. También se presentó hace unos meses a esta Cámara otra proposición no de ley socialista sobre la alfabetización científica y yo mismo afirmé en aquella ocasión que era preferible primero la
alfabetización general y básica para pasar después a otros niveles intelectuales; y hoy lo reafirmo teniendo en cuenta el puesto 26 de 30 que el último informe de la OCDE le da a la educación en España. Con cifras además alarmantes en referencia a
mi comunidad, Andalucía, con 25 años de gobierno socialista. Uno de cada tres repetidores españoles de primero de bachillerato es andaluz, según el Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2005-2006 y uno de cada cuatro estudiantes de
bachillerato andaluz repite curso, estando Andalucía ocho puntos por encima de la media nacional en repetidores de bachillerato. En conjunto, los alumnos andaluces repetidores representaron casi el 30 por ciento del total nacional.
No obstante, y centrándonos en lo que hoy nos ocupa en esta proposición no de ley, la dificultad de comprensión del lenguaje científico para la mayoría de la población ha preocupado, como ya se ha dicho anteriormente, a la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -Racefyn- desde hace tiempo, como lo demuestra la cuarta edición de su vocabulario científico y técnico. Como vemos, este debate no ha surgido en esta legislatura y menos los diccionarios científicos para
acercar la ciencia a la sociedad. Señorías, aparte del citado diccionario de la Racefyn, en 1981 se publicó el Diccionario de términos científicos y técnicos de Daniel Lapedes. En 1994 Herman y Leo Schneider publicaron el Diccionario de la ciencia
para todos: términos científicos explicados de manera inteligente, en donde el lector puede encontrar más de mil términos científicos explicados de manera realmente inteligible pertenecientes a las más diversas ramas de la ciencia: astronomía,
física, bioquímica, biología molecular, ecología, etcétera. Sus autores han sabido encontrar un camino por el que guiar al lector a través del laberinto de la ciencia actual sobrepasando las barreras de la terminología especializada.
También Jean
Noel Von der Weid publicó Guía sobre las técnicas y las ciencias, definiciones de los términos científicos y técnicos de uso más común, donde en la mayoría de los términos no solo se encuentra la definición de éstos sino que el autor nos hace un
amplio desarrollo figurando términos supuestamente conocidos como acústico, código de barras, términos médicos, así como las técnicas punteras: química de átomos calientes, contadores de centelleo, etcétera, especialmente ilustrativo para los
estudiantes de bachillerato. Siguiendo con ejemplos de lo que hay y de la poca originalidad de la proposición no de ley la edición electrónica del conocido diccionario de María Moliner, actualizado con 7.700 entradas y 25.000 acepciones nuevas,
tiene añadido un apéndice con términos científicos. Eduteca, de la colombiana Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, tiene un programa sobre temas de ciencias consistente en ayudar a los estudiantes a expandir su vocabulario científico mediante el uso
de enciclopedias electrónicas o en línea, las cuales son muy rápidas de consultas. Además, las palabras están enlazadas con gráficos e información adicional asociada al término buscado, algo que solicita la proposición no de ley como si no
estuviera ya inventado.
Es evidente que de esta manera se motiva más al alumno promoviendo además el conocimiento de palabras nuevas en otras áreas técnicas. Así, los estudiantes son responsables de construir su propio vocabulario científico al
mismo tiempo que se les ayuda a convertirse en investigadores más independientes y se fomentan sus habilidades para resolver sus problemas.
Sin embargo, lo más sorprendente por su silencio en la proposición no de ley, no en las palabras del portavoz socialista en esta ocasión, es lo correspondiente a la Real Academia Española -RAE- ya que comenzó en diciembre de 2003 la
elaboración de un diccionario de términos científicos de todas las ramas de la ciencia, desde las matemáticas, física y química, botánica, hasta la geología o la medicina, respondiendo al objetivo de su director, el doctor Víctor García de la
Concha, de fomentar el uso de los términos científicos en la Academia
e impulsar la utilización de conceptos en las diferentes disciplinas de investigación.
Por todo ello, señor presidente, señorías, el Grupo Popular no puede rechazar el contenido de esta proposición no de ley pero tampoco lo puede aceptar al cien por cien, dado que después de lo que he comentado, la veo muy floja. No sé lo que
ocurre en otras actividades para la conmemoración del Año de la Ciencia, pero yo les aconsejo que se fijen en lo que hacen algunas comunidades autónomas españolas. Valencia, por ejemplo, citando el mismo informe de la OCDE se valora muy
positivamente su actividad científica universitaria. Yo considero que deben imitar ese modelo, lo considero muy positivo.
Por otra parte, en caso de que este diccionario vea la letra impresa, la colaboración expresada con los medios de comunicación para su difusión, con la que está cayendo entre editoriales y miembros del Partido Socialista Obrero Español...
Desde luego aceptamos la colaboración, pero siempre como tal, controlada por el Gobierno, y como mejor lo considere el ministerio -y así aparece en la enmienda transaccional- para evitar cualquier posible anomalía.
Después de todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular ha presentado unas enmiendas que conocen el resto de los grupos y con las que hemos llegado a una transacción que se ha presentado a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su erudita información, doctor González.
En los términos que SS.SS. conocen que es la transacción a los grupos parlamentarios procederemos en su momento a la votación de la proposición no de ley.
- RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002308.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la séptima proposición no de ley, que es la que hace referencia al número 4 del orden del día, del Grupo Parlamentario Popular relativa a la integración del sistema de formación profesional español en el
ámbito de la Unión Europea. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Me parece que a lo largo de esta legislatura hemos hablado muy poco de la formación profesional y, desde luego, mucho menos de lo que se merece. He hecho un repaso de nuestras sesiones, tanto en la Comisión de
Educación como en el Pleno de los Diputados y me parece que el balance de la atención debida a la formación profesional es pobre.
En la sociedad española resulta vital para el incremento de nuestra productividad, y por lo tanto para el futuro de la
economía española, una formación profesional potente, bien vertebrada, que cumpla además el papel de ofrecer oportunidades a los jóvenes para su inserción en el mercado del empleo. En un documento reciente de gran interés el Círculo de Empresarios
afirmaba que la formación profesional es un instrumento clave para conseguir un mayor nivel de cualificación y sobre todo una mayor adaptabilidad a los veloces cambios tecnológicos a los que estamos expuestos. Todos los expertos coinciden que
nuestra sociedad y economía necesitan apostar decididamente por la formación profesional; y lo necesitan también con una perspectiva europea, que es lo que pretende abordar la proposición no de ley que mi grupo presenta en esta Comisión para su
debate.
Seamos claros, la realidad no es nada satisfactoria en el ámbito de la formación profesional. No podemos estar complacientes con la situación en la que se encuentra ni con el papel que le debería corresponder. Además, el Gobierno no ha
hecho prácticamente nada en estos años para impulsar realmente la formación profesional en España. Ha sido la pariente pobre de la política educativa del Gobierno y ésta ha sido una legislatura estéril para la formación profesional; e incluso con
medidas contraproducentes a las que me voy a referir a continuación. Una de las observaciones más interesantes del último informe de la OCDE, y a la que curiosamente no se ha prestado la suficiente atención, por lo menos en los comentarios que he
visto en la prensa, es que una de las causas principales del mal lugar en que España está situada respecto a las tasas de graduación en educación secundaria superior, o lo que llamamos abandono escolar prematuro, consiste -dice textualmente el
informe- en el número relativamente modesto de alumnos que se gradúan en España en ciclos formativos de grado medio. En efecto, en España el 36 por ciento de los jóvenes se gradúan en formación profesional mientras que la media de los países de la
OCDE es del 48 por ciento y en la Unión Europea se asciende al 54 por ciento, casi a veinte puntos de distancia. Por el contrario, la tasa de los matriculados en estos momentos en España en bachillerato es superior al 60 por ciento de los
escolarizados tras la conclusión de los estudios de la educación secundaria obligatoria. Yo creo que esta brecha que nos separa de Europa no es buena para España.
Los datos no son nada buenos para la formación profesional. La formación profesional se encuentra estancada, hace diez años cursaban las distintas etapas de la formación profesional, incluidos los programas de garantía social, 660.000
alumnos. En este curso escolar, según los datos del Ministerio de Educación van a ser 500.000, 160.000 menos que hace diez años. Este dato es muy malo y tendríamos que hacer los mayores esfuerzos para corregirlo, porque en estos momentos es una
formación necesaria para nuestra economía y ofrece muchas oportunidades a los jóvenes, como lo demuestra el hecho interesante y positivo de
que los inmigrantes están optando por la formación profesional, de nuevo creciente, y los últimos datos nos revelan que la opción mayoritaria de los alumnos inmigrantes que acaban sus estudios de educación básica es la formación profesional
frente al bachillerato.
¿Por qué ha sido esta legislatura estéril? Por muchas razones, pero voy a apuntar esquemáticamente algunas. La primera arranca del comienzo de la legislatura, el Gobierno cometió la gran irresponsabilidad de paralizar los programas de
iniciación profesional previstos en la Ley de Calidad, LOCE. Esta decisión nos ha hecho perder en este campo al menos cuatro años; ahora podríamos estar debatiendo cómo habrían funcionado los programas de iniciación profesional, qué efectos
podrían haber tenido, qué tipo de alumnado habría acudido a ellos, y no hemos hecho nada en estos cuatro años, una legislatura perdida. Y esta era y es una oferta imprescindible y urgente para ofrecer oportunidades reales de inserción laboral y de
formación a muchos jóvenes en edad temprana, y de proporcionar una cualificación profesional correspondiente al nivel 1 de la Clasificación de Cualificaciones de la Unión Europea. Por el sectarismo del Partido Socialista hemos perdido cuatro años.
La segunda que no se ha impulsado como debería, el Sistema Nacional de Cualificaciones, conforme a la ley del año 2002. La ley está al ralentí, debería haber al menos en estos momentos 703 cualificaciones profesionales publicadas de acuerdo
con el Consejo General de la Formación Profesional, estando publicadas algo más de 200, según mis datos. El retraso es impresionante. Como saben SS.SS. del Grupo Socialista he formulado bastantes preguntas al respecto, algunas de ellas todavía
sin respuesta y ha pasado ya el plazo de contestación y en otras las respuestas son decepcionantes. El decreto sobre certificados de profesionalidad no está hecho y éste es un instrumento indispensable para la aplicación del Sistema Europeo de
Cualificaciones Profesionales, como lo señalan los artículos 1 y 11 de la directiva europea del 2005. Es esencial disponer de un marco de regulación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. En la respuesta
que me ha suministrado el Gobierno se limita a decir que se ha constituido un grupo de trabajo. Hay numerosas familias profesionales en las que la regulación de las cualificaciones va con enorme retraso.
A este estancamiento de la formación profesional, que es una dramática pero palpable realidad, también está contribuyendo el escandaloso fracaso de la política de becas del gobierno del Partido Socialista y su incapacidad de cumplir sus
compromisos electorales en esta materia. El Partido Socialista se comprometió en su programa electoral a alcanzar un 50 por ciento de alumnos becarios en las etapas postobligatorias de la educación secundaria. Es decir, los beneficiarios serían
básicamente la formación profesional además de los alumnos de bachillerato. Lo único que sabemos hasta ahora es que en los dos primeros años de gobierno socialista el número de becarios en esta etapa ha descendido, son en estos momentos 157.000,
según los datos del ministerios, cuando el número de estudiantes de esa etapa asciende a 920.000, es decir, el 17 por ciento de becarios. Para cumplir la promesa se necesitarían 300.000 becarios más. Éste ha sido el engaño del señor Rodríguez
Zapatero.
Señor presidente, he tenido otra vez que solicitar el amparo a la Presidencia de la Cámara porque el ministerio todavía no ha contestado -y ya ha cumplido su plazo- a mis preguntas sobre la ejecución de las becas en el pasado curso.
Por último, entre otras de las causas perniciosas para favorecer la formación profesional no puedo dejar de decir, aunque sea de pasada, que en lugar de combatir eficazmente el abandono escolar temprano con medidas sociales y económicas y
atracción a los programas de formación profesional, se le ocurre al Gobierno degradar al bachillerato con el señuelo de poder pasar curso con cuatro asignaturas suspensas. Sé que eso es harina de otro costal pero lo menciono aquí porque esta
descabellada propuesta va en dirección contraria a lo que necesita nuestro sistema de formación para acercarse a Europa y, por lo tanto, para traer alumnos en edades tempranas y va a provocar daños colaterales a la formación profesional.
Señor presidente, en este panorama que a mí me parece grave, preocupante y desolador para la formación profesional, nuestra proposición no de ley tiene una intención política muy clara y es que lo que hay que hacer a partir de ahora tiene
que hacerse con la perspectiva europea y que éste sea un hilo conductor de las acciones, porque en el marco de la Unión Europea, sobre todo a partir de la Declaración de Copenhague se está realizando un proceso semejante al Proceso de Bolonia en el
ámbito de la formación profesional y que yo diría que es más necesario incluso porque de lo que se trata es de desarrollar un mercado de trabajo europeo, abierto, transparente y accesible a los ciudadanos de la Unión Europea.
El contenido de la proposición tiene cuatro puntos muy concretos: la adaptación de los ocho niveles de cualificaciones fijados por la Unión Europea; incorporar el sistema europeo de créditos para la formación, y tengo que decir que de
acuerdo con los criterios de la Declaración de Copenhague es una decisión que corresponde a cada Estado y por lo tanto tiene que haber una decisión política de si estamos dispuestos a incorporar este sistema europeo de créditos y dar los pasos
necesarios; un programa nacional de formación del profesorados; y la incorporación de nuestros centros a la Red Europea de Calidad.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda transaccional que convierte este sentido del impulso del político, es decir, que nos tenemos que poner en serio para adaptar los niveles de cualificación a la Unión Europea, para tomar la
decisión política de si vamos a adoptar el sistema europeo de créditos -que no está tomada- y los programas correspondientes, a
que quede reducida a continuar participando y aportando ideas y criterios desde las distintas administraciones competentes con respecto al marco europeo de cualificación. Como no es de recibo esta propuesta de enmienda transaccional del
Partido Socialista, lo lamento mucho pero no podemos aceptarla.
El señor PRESIDENTE: Era una enmienda de sustitución, no era transaccional. Para la defensa de la misma tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Benito.
El señor BENITO SERRA: De alguna manera, desde la perspectiva personal de treinta años dedicados a la docencia y específicamente en el mundo de la formación profesional y concretando algunos temas que ha planteado el ponente del Partido
Popular -señor Nasarre- respecto a esa visión global de la situación de la formación profesional, quisiera, para no dispersar el contenido global de la proposición no de ley, precisar algún tipo de concreciones.
Respecto al diagnóstico, es cierto que el diagnóstico en el mundo de la formación profesional no es para estar contentos, pero es cierto que la situación en la cual se produce este diagnóstico viene de muchos atrás y que si ha habido una
situación de estancamiento, incluso en algunos casos de freno a esta situación, podríamos irlos a buscar en los ocho años de gobierno del Partido Popular. Obviamente que ni el Gobierno ni el Ministerio de Educación son complacientes con la
situación de la formación profesional, es cierto que los índices porcentuales de graduados en ciclos medios y superiores de formación profesional deben aumentar, pero de esto a plantear que el gran desastre puede ser provocado por la no inclusión
del PIF en el sistema de formación profesional.
Respecto la no respuesta de algunas de las preguntas que el portavoz dice que han planteado, tengo que decirle que llegaban casi a las 450 y obviamente el índice de preguntas no contestadas supondría un porcentaje más que satisfactorio.
Quisiera concretar y centrarme en lo que dice la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que hace referencia a la presencia y actuación de la Administración educativa en los organismos comunitarios en los que se debate la
política de la Unión Europea en materia de educación profesional. Obviamente, si nosotros hemos planteado una enmienda de sustitución es porque creemos que esta proposición no de ley, por una parte pide algo que el Gobierno está ya realizando y por
otra demanda una solución a situaciones que la propia Comisión Europea no se ha pronunciado y que estamos a la espera de que la Comisión se pronuncie.
De hecho, el Ministerio de Educación y Ciencia se encuentra perfectamente integrado en los
organismos y los foros comunitarios en los que se debate la política de la Unión Europea en materia de educación y de formación profesional y, como no puede ser de otra manera, colabora activamente en el proceso de concreción de las medidas que se
conocen como Proceso de Brujas-Copenhague. Medidas que hagan posible la transparencia de las acreditaciones en la cualificación profesional, el reconocimiento de las mismas y la ordenación de los sistemas de educación y formación profesional. Se
ha participado en el grupo de trabajo sobre el marco europeo de las cualificaciones y en el de transferencia de créditos, así como en numerosos grupos de expertos para el reconocimiento de competencias, elemento fundamental en el mundo de la
formación profesional, la orientación, la calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Ciertamente se han producido progresos en ambos campos y la posición de la mayoría de los países que integran la Unión Europea insisten en apostar por
alcanzar un consenso en la adopción de estas medidas y sobre todo en su aplicación nacional como señala el comunicado de Helsinki de 2006. No obstante, también es cierto que a día de hoy la Comisión Europea todavía no se ha pronunciado sobre el
estudio de la consulta realizada a los diversos países europeos en vistas a determinar la concreción de las medidas que hagan posible alcanzar estos valores. El análisis y el estudio de la consulta realizada es la que producirá un conjunto de
normas y pautas de actuación, y probablemente también un calendario de aplicación para que cada país miembro efectúe la traslación de su sistema de educación y formación profesional a las escalas comunitarias de modo que se permita la transparencia
y la interpretación de su estructura, de sus contenidos y de sus acreditaciones. De hecho, en nuestro país la Ley Orgánica de 2002, de 19 de junio, de cualificaciones y la LOE establecen la estructura de las acreditaciones del sistema educativo y
de la formación profesional, incorporando además al currículo de la formación profesional las llamadas áreas prioritarias, que impulsan la política comunitaria en esta materia y prevén los instrumentos y dispositivos necesarios para que su sistema
de acreditaciones sea transparente y su currículo transferible y adaptable. También el Real Decreto 1538/2006 establece la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo y el Real Decreto 395/2007 establece y regula el
subsistema de formación profesional para el empleo. Ambos establecen la estructura de las acreditaciones en materia de formación profesional en referencia al catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Así, entendemos que los títulos de
técnico y técnico superior a que dan lugar los ciclos de grado medio y superior del sistema educativo respectivamente y también los certificados de profesionalidad, que dan lugar a los dispositivos formativos de la formación para el empleo, son los
que permitirán de manera razonable la transparencia de las acreditaciones de la cualifiación profesional y la estructura de su currículo basado explícitamente en logros de aprendizaje, y esto obviamente permitirá la transferencia de créditos.
Vista cuál es la actuación y vistos cuáles son los planteamientos que se exponen en esta proposición no de ley entendemos que por una parte nuestro país se encuentra perfectamente incorporado a los organismos de la Unión
Europea, que concretan las medidas de aplicación para impulsar la integración de todos los sistemas de educación y formación profesional en el Espacio Europeo de Educación. Por tanto, y una vez que la Comisión concrete estas medidas, se
procederá por parte del Ministerio a su aplicación, no solo al sistema de cualificaciones profesionales sino a toda la estructura de acreditaciones del sistema educativo y de la formación profesional. Como se ha señalado la concreción de las
medidas a aplicar para incorporar a la ECVT se encuentra en fase de análisis y estudio de los materiales aportados por la consulta realizada recientemente a todos los países de la Unión Europea. Por tanto, se está a la espera de estos resultados y
de las concreciones y a ellos deberemos ceñirnos pero cuando sea el momento.
Respecto al profesorado, conviene señalar que la Ley Orgánica de Educación dedica el título tercero al profesorado, a sus funciones, a las normas de acceso y docencia y a su formación permanente, entendiendo que se trata especialmente en ese
último aspecto de un colectivo de importancia capital a la hora de desarrollar y aplicar las innovaciones en las aulas y talleres y a tal efecto se destaca el interés en fomentar aquellos programas de investigación e innovación así como los
programas de formación permanente. Y los centros de referencia nacionales de formación profesional, establecidos en la ley del 2002 de las cualificaciones y de la formación profesional, son los que han de contribuir en ese caso a alcanzar esos
objetivos.
Por otra parte, nuestro país participa activamente en la Red Europea de Garantía de Calidad y se encuentra constituyendo una red nacional de calidad en la formación profesional que afecta a los centros y a las administraciones educativas y
laborales competentes. En definitiva, también consideramos que la percepción que se tiene de las relaciones entre las administraciones educativas y laborales y el Consejo General de Formación Profesional son más que aceptables y, de alguna manera,
éste último, como órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno, está participando ordinariamente en el impulso de todas las medidas e iniciativas en esta materia.
En este sentido, y a través de esta argumentación ceñida al contenido propio de la proposición no de ley, nosotros hemos presentado un texto de sustitución en la medida en que de alguna manera se insta al Gobierno a continuar participando y
aportando ideas y criterios desde las distintas administraciones al marco europeo de cualificaciones y al sistema europeo de créditos y a que, cuando la Comisión Europea se pronuncie sobre la consulta realizada a los distintos países sobre esto,
nuestro subsistema de formación profesional obre en consecuencia y se adapten por tanto a los requerimientos de la Comisión Europea.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posiciones? Por Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió coincidimos con el Grupo Popular en la necesidad que hay de hablar de formación profesional.
El señor Nasarre, al presentar la iniciativa, ha dado datos y cifras abundantes que se
refieren al último informe de la OCDE al respecto. Yo no voy a reiterarlos pero sí quiero señalar que este último informe de la OCDE claramente expresa la mala situación de la FP en España, que dice registra una alarmante tasa de fracaso escolar y
cuya reforma ha sido aplazada en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, coincidimos con el grupo proponente en la necesidad de hablar de FP.
Coincidimos también en la necesidad de que España adopte todas las medidas tendentes a la consecución de los objetivos europeos en materia de FP, en especial de todas aquellas medidas que favorezcan la movilidad profesional.
Dicho esto, creemos que el texto de la iniciativa se ajustaría más a la regulación actual expresada en la LOE, a la que por cierto la iniciativa del Grupo Popular, a pesar de estar presentada en mayo de 2007, no hace ninguna referencia y en
la LOE se regula la formación profesional, y por otra parte, se ajustaría más al sistema de división competencial del Estado español con respecto a las competencias que tiene en formación profesional la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista. Es decir, por una parte tenemos una regulación en la LOE, por otra parte, la Comisión Europea no se ha pronunciado al respecto, por lo que lo que hay que hacer es ir dando datos conforme las distintas comunidades autónomas y el propio
Gobierno los vayan elaborando. En tercer lugar, cuando se pronuncie la Comisión, son las comunidades autónomas que tienen competencias por ejemplo en centros, en formación del profesorado, etcétera, las que tienen que adaptarse a las directrices de
la Comisión Europea.
Por estos motivos competenciales nosotros no vamos a poder apoyar el texto en su expresión literal, aunque sí podríamos apoyar la enmienda de sustitución porque se ajusta más al sistema competencial del Estado que tenemos.
- SOBRE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FASE INICIAL Y EXPERIMENTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002387.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, sobre la mejora de las condiciones laborales del personal investigador en fase inicial y experimentado. Para su defensa tiene la palabra la señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: El Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 fijó para la Comunidad
Europea el objetivo de convertirse antes de 2010 en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. En esta Comisión no hace falta que recuerde la importancia de la investigación y la innovación en el nuevo
contexto económico internacional, pero lamentablemente la economía del Estado español se ha basado durante mucho tiempo en la construcción y en ofrecer salarios bajos a empresas internacionales que veían aumentar sus beneficios si se situaban en
este estado. Esta situación ha cambiado radicalmente ya que la construcción está mostrando ya los primeros signos de agotamiento y nuestros salarios son superiores a la mayoría de los países que se han incorporado en los últimos años a la Unión
Europea, con las consecuentes deslocalizaciones que esto ha comportado. Por esta razón, entendemos que ahora es el momento de hacer una apuesta seria para la investigación y la innovación y para el cumplimiento de este objetivo es imprescindible la
disposición de recursos humanos suficientes y bien desarrollados. Por este motivo vemos necesario que se aplique en el Estado español la recomendación que realizó la Comisión Europea en el año 2005, concretamente el 11 de marzo, relativa a la Carta
Europea del Investigador y al código de conducta para la contratación de investigadores. Lamentablemente. Y si presentamos esta proposición no de ley lo hacemos conjuntamente con varias de las asociaciones de jóvenes investigadores que están
intentando trabajar lo mejor posible en este país pero que están denunciando repetidamente la precaria situación laboral en la que se encuentran ya que el Estado español continúa de momento sin cumplir las recomendaciones a pesar de que existe una
creciente preocupación en la Unión Europea en relación al impacto que este incumplimiento pueda tener en el logro de los objetivos marcados en Lisboa y en Barcelona. Actualmente en el Estado español una parte importante del desarrollo científico
del Estado está en manos de personal investigador en fase inicial y experimentado que, a pesar de contribuir de forma relevante a la producción científica y ser uno de los colectivos más activos sobre el que se apoya el sistema de I+D+i, sufre un
alto grado de precariedad laboral y profesional. A pesar del reciente cambio normativo en forma del Real Decreto 63/2006, que establece mejoras sustanciales respecto a la situación anterior, la legislación vigente en el Estado español continúa sin
cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea del 2005. A pesar de estas mejoras que se han introducido en este último real decreto existen aún convocatorias de ayuda para la investigación en las que los investigadores -becados- no cotizan
en la Seguridad Social y por lo tanto no se les aplican garantías tan importantes como las que gozan el resto de trabajadores y trabajadoras como es el que quedan fuera del sistema de sanidad pública, no pueden acceder a prestaciones de desempleo
una vez finalizada su labor, no computan a efectos de una futura pensión de jubilación o posible pensión de invalidez, no tienen la posibilidad de acceder a una incapacidad temporal por enfermedad o accidente, no tienen derecho a vacaciones
reguladas y pocas veces están regulados los permisos de maternidad y paternidad. Por eso pensamos que es imprescindible que se reconozca la consideración del carácter laboral del trabajo realizado por este personal investigador y que se avance en
la creación de una regulación laboral que les sea digna.
Por este motivo desde Esquerra proponemos: impulsar las actuaciones y regulaciones necesarias desde el Gobierno español para asegurar la aplicación de estas recomendaciones de la Comisión Europea, incluyendo impulsar las actuaciones
necesarias para el reconocimiento de la profesión de investigador considerándola una carrera investigadora y no fases puntuales sin conexión alguna; asegurar la estabilidad y la permanencia en el empleo del personal investigador; impulsar las
medidas necesarias para que el personal investigador goce en todas las etapas de su carrera de las condiciones de financiación y salariales justas y atractivas, con disposiciones de Seguridad Social adecuadas y equitativas incluyendo prestaciones
por enfermedad y paternidad, derechos de pensión y subsidio de desempleo, no como sucede ahora, que hay pocos jóvenes y los que se dedican a la investigación los podemos casi considerar héroes porque la perspectiva de futuro y de vida que tienes si
decides dedicarte al ámbito de la investigación es poco seguro; y por último promover que todo el personal investigador esté representado y participe en órganos de información, consulta y toma de decisiones de los organismos e instituciones que los
están empleando o financiando para que puedan contribuir con su experiencia.
Pensamos que para aplicar todas estas recomendaciones y mejoras hay que impulsar la regulación del Estatuto del personal docente e investigador universitario. En este punto, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que aceptaríamos
desde Esquerra siempre y cuando aceptaran la transaccional donde nosotros añadiríamos que para hacer esta regulación, a parte de respetar las competencias de las comunidades autónomas, se promoverá el diálogo con los agentes sociales del ámbito de
la investigación y terminaríamos la enmienda con 'y garantizando la inclusión del contenido de los puntos anteriores'.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda de modificación que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que después de la intervención puede dar lugar -o no- a una transaccional con el Grupo de Esquerra Republicana, tiene
la palabra la señora Palma.
La señora PALMA MUÑOZ: Efectivamente, prevemos que dará lugar a una transacción en los términos que apuntaba la señora Cañigueral, que supondrían matizar el redactado de la enmienda del Grupo Socialista añadiendo esta alusión al diálogo con
los agentes
sociales, concretamente en el último párrafo. Señor presidente, le pasaremos inmediatamente una corrección a mano sobre la propia enmienda del Grupo Socialista que seguramente es lo más fácil para que la Mesa disponga de ella.
Desde el Grupo Socialista hemos saludado con gran satisfacción la presentación de esta iniciativa por parte de Esquerra Republicana porque, de alguna forma, también nos recuerda en legislaturas anteriores cómo desde la oposición el propio
Grupo Parlamentario Socialista presentaba iniciativas relacionadas con la mejora de las condiciones del personal investigador, especialmente en fase inicial, en términos diferentes a cómo lo hace hoy el Grupo de Esquerra Republicana porque
desgraciadamente estábamos mucho más atrás de lo que estamos hoy. Hoy, el Grupo de Esquerra Republicana nos presenta una iniciativa que se basa totalmente en la aplicación de una recomendación de la Comisión Europea en forma de Carta Europea del
Investigador y código de conducta para la contratación de investigadores. Este documento apareció a principios de 2005, cuando en España estábamos avanzado ya mucho en el tema de mejorar las condiciones de los investigadores, y todas SS.SS. saben
perfectamente que entre finales de 2004 y a lo largo de 2005 el Gobierno impulsó una serie de medidas para incorporar a la Seguridad Social los llamados becarios de investigación de primer y de segundo año e impulsó aquello que había defendido desde
la oposición y en su programa electoral de transformar en contratos lo que eran las becas predoctorales de tercer y cuarto año y las becas postdoctorales. Por lo tanto, en enero de 2006, con la aprobación del real decreto del Estatuto del personal
investigador en formación, antes llamado Estatuto del Becario, esto queda en poco más de año y medio en unas condiciones muy distintas a una época anterior en la que el gobierno del Partido Popular había elaborado un estatuto del becario -creo
recordar que fue a principios de 2004- pero no articuló ningún mecanismo ni administrativo ni presupuestario para que los miles y miles de becarios de investigación de nuestro país pudieran tener mejores condiciones en la línea que marcaba la señora
Cañigueral.
A día de hoy nos encontramos en una situación que compartimos con los socios y compañeros europeos, en un Espacio Europeo de Investigación Superior, con un reto importante como es la Agenda de Lisboa 2010, y nuestros investigadores deben
mejorar en cantidad y en calidad para lo que es fundamental que sus condiciones de trabajo y de ejercicio de su actividad en las diferentes fases de su carrera profesional puedan realizarse en condiciones optimas. Quiero recordar que la aprobación
de la modificación de la Ley Orgánica de Universidades ha representado también, y por esto el motivo de nuestra enmienda, compromiso por parte del Gobierno de elaborar un Estatuto del personal docente e investigador en el ámbito universitario, está
previsto en la ley que así se haga, y también existe un compromiso por parte del Gobierno de elaborar un real decreto sobre la carrera profesional en el ámbito de los organismos públicos de investigación, además de promover en una próxima
legislatura una nueva Ley de la Ciencia, que es el espacio adecuado para extender a todos aquellos investigadores que no quedan al amparo de la Ley de Universidades unas condiciones parecidas. Quiero recordarles que, por ejemplo, los profesores
ayudantes no doctores y doctores han visto como en la modificación de la Ley de Universidades se reconocían una serie de derechos vinculados a prestaciones sociales como los que citaba la señora Cañigueral por cuestiones de maternidad, acogida,
invalidez, etcétera.
Por lo tanto, en muy poco tiempo hemos hecho mucho camino.
Quiero decir que no podemos más que estar de acuerdo en que se reconozca el carácter profesional de los investigadores y el reconocimiento de la profesión de investigador ya que coincidimos con lo que promulga la carta Europa de que todos
los investigadores que siguen una carrera de investigación deben ser reconocidos como profesionales en todos los niveles, independientemente de su clasificación a nivel nacional, que puede ser distinta en función de los países, pero que incluiría
las categorías de empleado, estudiante de postgrado, doctorando, becario de postgrado o funcionario público, con tratamientos administrativos muy diversos en función de la normativa de cada país. No podemos más que estar de acuerdo en que hay que
hay que exigir a los empleadores y/o financiadores que velen por las correctas condiciones laborales de los investigadores, que tienen que proporcionarles la flexibilidad necesaria para garantizar el rendimiento de la investigación de conformidad
con cada legislación nacional, que esto debe permitir combinar la vida familiar y el trabajo. Debe existir también la flexibilidad necesaria con tratamientos de flexibilidad de horarios de trabajos a tiempo parcial, que el rendimiento de los
investigadores no puede verse socavado como se ve en tantas ocasiones por problemas de inestabilidad, pero que esto tiene que ser compatible con la necesaria movilidad -de la que tanto hemos hablado en esta Comisión- de nuestros investigadores y
también con la necesaria evaluación de la calidad de la investigación que se realiza y del rendimiento de sus tareas.
Señorías, nosotros aceptamos prácticamente todo el espíritu y los contenidos de la proposición no de ley de Esquerra Republicana, limitándonos a enmendar un tema de plazos, nos ha parecido que a la altura que estamos de legislatura poner un
plazo de seis meses no ha lugar, sino que nos acogemos al desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Universidades que ya establece plazos para el Estatuto del personal investigador y del profesorado y además matizamos que el desarrollo correcto
normativo y regulador de estos temas pasa por los decretos que he citado y, evidentemente, espero que en un futuro próximo, y espero que con los mismos objetivos, en la misma línea y con los mismos resultados que hemos tenido durante esta
legislatura
por una modificación de la Ley de la Ciencia, que es la que tiene que acabar situando los recursos humanos del sistema español de ciencia y tecnología en el lugar que les corresponde, que no es otro que el del Espacio Europeo de
Investigación a nivel internacional.
El señor PRESIDENTE: Les rogaría que antes de concluir este debate, nos hagan llegar a la mesa esta modificación del último párrafo de la proposición no de ley de Esquerra Republicana, habiendo aceptado en principio la portavoz que la
primera parte de su enmienda que es la supresión en el primer párrafo '... en el plazo de seis meses' es aceptada. Les rogaría, en definitiva, que nos hicieran saber cómo queda el último párrafo de la proposición no de ley.
¿Grupos que deseen fijar posición? Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muy brevemente, porque todos estamos esperando la anunciada votación de todas las proposición no de ley.
Una de las cuestiones que se comentan en la iniciativa es la de la cotización a la Seguridad Social gracias a la reforma que se está tramitando de la legislación a este respecto que ha sido recientemente aprobada en Pleno, trasladada al
Senado y que tendrá que venir de vuelta, gracias a una enmienda de mi grupo parlamentario se va a proceder en tres meses al estudio de la situación en la que se encuentra el personal investigador para ampliar su cobertura en la prestación de las
cotizaciones a la Seguridad Social, dado que la legislación hasta la actualidad lo único que recoge es cierta protección para aquellos que son calificados como personal investigador que están obteniendo el doctorado.
Eso ha significado que en
ámbito privado ya no haya becas de investigación con el fin de obtener el doctorado sino que se han generalizado para evitar la aplicación de esa protección de la Seguridad Social. Ocurre lo mismo cuando nuestro personal investigador se encuentra
en el extranjero, cuando las entidades -públicas o privadas- en las que se está investigando no tienen previsto esta cotización, el personal investigador en el extranjero no tiene absolutamente ninguna cobertura, sea o no el objetivo de su
investigación obtener el doctorado. Por lo tanto, la reforma operada por el Grupo Socialista alcanzó al menos a una tercera parte del personal investigador, y esa carencia intentamos resolverla a través de la enmienda de Izquierda Unida en la
reforma de la Ley de Seguridad Social y esperamos que en breve sea solucionada porque ése es el mandato que ahora mismo esta ley en tramitación recoge.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió hemos comentado muchas veces en esta Comisión la necesidad del reconocimiento de la profesión de investigador, de que los investigadores e investigadoras que realizan este trabajo en
España tengan unas condiciones de contratación que les permitan realizar su trabajo de manera clara y digna en cuanto a seguridad, remuneración, prestaciones de la Seguridad Social y sobre todo, que se supere la actual precariedad y que se reconozca
una auténtica carrera investigadora para que no suceda lo que ahora, que hay muchos investigadores e investigadoras que llegan a los 30 ó 40 años después de sucesivos contratos y que no tienen un currículo de investigadores. Ciertamente el Decreto
63/2006, tal como ha señalado la señora Cañigueral y especialmente la señora Palma, mejoró sustancialmente la situación anterior pero no a satisfacción de todo el colectivo porque quedaron muchas situaciones por resolver: la de cotización, a la que
se ha referido la señora Navarro y que quizá ahora se va a poder resolver; la baja por maternidad o paternidad, a la que ha aludido la señora Cañigueral y que crea muchos problemas puesto que te hace perder la beca o que no la puedas utilizar; la
enfermedad; el accidente; las vacaciones, etcétera.
Nosotros felicitamos hoy a la señora Cañigueral por esta iniciativa que en nombre de Esquerra Republicana nos propone porque entendemos que va por el camino adecuado de cara a poder concretar una auténtica profesión investigadora que es lo
que se necesita. Nosotros vamos a apoyar este texto en los términos en los que la propia señora Cañigueral -que es la proponente- acepte de la enmienda que le ha planteado el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández-Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: La presente proposición no de ley habla de impulsar las actuaciones para asegurar la recomendación 2005/251 de la Unión Europea, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y el
código de conducta para la contratación de investigadores en el plazo de seis meses, que, como vemos, va a ser modificado gracias a una enmienda del Partido Socialista.
No hablaré de los objetivos de Lisboa, de los que según la Unión Europea nos alejamos cada vez más y a los que esta proposición no de ley hace referencia como mejora. Indudablemente cualquier mejora en la situación de los investigadores
mejorará también alguno de los pequeños objetivos que podamos tocar de Lisboa. Ahora el partido del Gobierno, con esta enmienda, reclama un año para impulsar la regulación del Estatuto del personal docente e investigador, previsto en la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y también de los investigadores en el ámbito de los (¿¿??).
La verdad es que si para tener un sistema adecuado de investigación de ciencia y tecnología hace
falta una política de recursos humanos junto con otras consideraciones fiscales y financieras y un escenario jurídico y político y social, vemos que esta regulación del personal investigador, que es uno de los pilares básicos en los que se
ha de asentar un sistema de ciencia y tecnología, todavía es muy deficiente, y no hablaré de aspectos como el jurídico, fiscal, financiero y social. Yo esperaba que en este momento de la tómbola del Gobierno en el 'siempre toca' a los
investigadores también les tocara algo, pero se ha alargado otro año -a 2008- y así desde 2004, cuando se aprobó el Estatuto del Personal Investigador 2007-2009. Es la técnica del puntapié a la pelota, la pelota va rodando pero no llega a ningún
sitito. El problema sin resolver.
Esquerra ha aceptado esta enmienda y nosotros apoyaremos naturalmente estas cuestiones. Pero quiero dejar claro, porque aquí se ha hecho mucho hincapié por parte de la señora Palma, quien habla de esta iniciativa y de estas inquietudes
desde la oposición que todos compartimos.
El señor PRESIDENTE: Un segundo señora Fernández-Capel, rogaría a los miembros de la Comisión que bajaran un poco su rumor. Estamos terminando.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Quiero recordar que hace un año estas propuestas que el Partido Socialista desde la oposición había impulsado con tanto ardor, concretamente en la Junta de Andalucía, esta Comisión el 21 de junio de 2006
vivió cómo una propuesta presentada por el Parlamento andaluz ante la Cámara, con una serie de medidas, de las que hoy estamos recogiendo algunas de ellas, que mejoraban las condiciones del personal investigador y que fueron aprobadas por el
Parlamento andaluz promovidas y propuestas por el Partido Socialista, al llegar al Congreso fueron retiradas por la Mesa del Parlamento andaluz de forma cuasi con nocturnidad y alevosía, porque se reunió sin respetar el reglamento, porque había que
pasar de las musas al teatro en el gobierno actual.
Estas reformas no fueron admitidas el 21 de junio de 2006, así que todo no ha sido empuje y loores a la situación de los investigadores, pero cualquier medida, por pequeña que sea, la apoyaremos.
Nosotros apoyaremos, como no podía ser de otra manera, cualquier medida que redunde en beneficio de los investigadores. Lo he dicho muchas veces, todo apoyo es poco porque nuestros investigadores no es que vayan a acabar, señora Pigem, con
un mal currículo, tienen un magnífico currículo, lo que tienen es una inseguridad laboral que, desde luego, repercute en su ánimo. Lo que tienen es una inseguridad que todos tenemos que mejorar. No se puede hacer una política de I+D, aunque se
diga que se apoya si de verdad no se mejora su situación. ¿Para cuándo? Ya sabemos que para 2009. Las normas permiten que muchas comunidades autónomas hayan tenido una solución que ya han adelantado como pasa por ejemplo, entre otras comunidades
autónomas, en la Comunidad de Madrid, donde se han arbitrado soluciones para resolver este problema y medidas laborales y de contratación que aseguran la situación del personal investigador. Pero estas medidas de las comunidades autónomas fueron
muy criticadas en esta misma Comisión el 14 de junio de 2006 por el señor secretario de Estado en una entrevista. Sirva también este momento para recalcar una vez más la falta de datos claros y actualizados sobre la situación del personal
investigador por parte del ministerio porque muchas veces tenemos que recurrir al INEM.
Nosotros, por no alargar la situación, apoyaremos cualquier medida que vaya en beneficio del personal investigador, pero los plazos los tiene que marcar el Gobierno y ya vemos que en este caso lo fía muy largo.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de todas las proposición no de ley les recuerdo a SS.SS. los términos en que vamos a proceder a las diferentes votaciones. Las votaremos en el primitivo orden del día, no en el que hemos discutido.
La proposición no de ley número 1, respecto al aprendizaje de la lengua española en la República de Brasil, si SS.SS. me dejan continuar se lo explicaré. Se votará en los términos de la proposición no de ley con la inclusión de la enmienda
in voce al comienzo del texto de 'a colaborar con las autoridades brasileñas en la elaboración de un programa sobre...' y el resto de la proposición en sus mismos términos tal y como ha sido planteada por el Grupo Parlamentario Popular y aceptada
por el socialista.
La proposición no de ley relativa a la creación de un diccionario de términos científicos en los términos de la enmienda transaccional de todos los grupos parlamentarios y que SS.SS. conocen porque ha sido distribuida.
La proposición no de ley número 3, por la que se regula la jubilación de los funcionarios docentes, en los mismos términos que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La proposición no de ley número 4, que hacía referencia a la formación profesional, en los mismos términos del Grupo Parlamentario Popular.
La proposición no de ley número 5, sobre la mejora de las condiciones laborales del personal investigador, en los términos que ha sido aceptada como transaccional por el Grupo de Esquerra Republicana. Es decir, en el primer párrafo de la
proposición no de ley desaparecería '... en el plazo de seis meses' y en el último párrafo de la proposición no de ley, después de '... comunidades autónomas' se incluiría '... el diálogo con los agentes sociales del ámbito de la investigación
científica.
La proposición no de ley número 6, del Grupo Parlamentario Catalán, respecto a las barreras en la práctica federada, en los términos en que ha sido presentada
porque las enmiendas transaccionales que han presentado los grupos parlamentarios no han sido aceptadas por el grupo catalán.
La proposición no de ley número 7, del Grupo Parlamentario Vasco, en los términos que ha sido presentada.
Por último, la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en los términos de la transacción resultante que SS.SS.
conocen porque el texto a que ha dado lugar ha sido distribuido.
En esos términos vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley numero 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley número 2 en los términos de la transacción presentada por todos los grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se regula la jubilación de los funcionarios docentes.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, una
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la integración del sistema de formación profesional español en el ámbito de la Unión Europea del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley de Esquerra Republicana sobre la mejora de las condiciones laborales del personal investigador en fase inicial y experimentado en los términos de la transacción resultante.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió relativa a la eliminación de barreras para la práctica federada de departes por parte de ciudadanos inmigrados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco que hace referencia a la retirada de los recursos presentados a los estatutos de 22 federaciones deportivas vascas por la Administración General del Estado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos en los términos resultantes de la transacción presentada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para el reconocimiento de la Copa de la España Libre o Copa de la República
como legal y oficialmente a todos los efectos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
El Unión Deportiva Levante ha ganado la Copa de la República en el año 1937.
Se levanta la sesión.
Nota.-Texto procedente de la grabación correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el miércoles, 26 de septiembre, ante la ausencia de personal de la Redacción del 'Diario de Sesiones', debido a su presencia en otras comisiones
de la Cámara.