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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 918, de 25/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 918
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA BONÀS PAHISA
Sesión núm. 44
celebrada el martes, 25 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) para informar sobre:
- La evaluación de los daños producidos con motivo del hundimiento del buque Don Pedro. A petición propia. (Número de expediente 214/000178.)...
(Página 2)
- Los daños causados en Ibiza por el vertido de fuel. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001028.)... (Página 2)
- El proyecto de Ley de aguas y los motivos de la posposición de su aprobación. A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/001057.)... (Página
11)
Los motivos que han llevado a aplazar la reforma anunciada del proyecto de Ley de aguas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/001058.)... (Página 11)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (NARBONA RUIZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- PRESENTAR LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS CON MOTIVO DEL HUNDIMIENTO DEL BUQUE DON PEDRO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000178.)
- LOS DAÑOS CAUSADOS EN IBIZA POR EL VERTIDO DE FUEL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/001028.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión, que es la primera que celebramos en este último período de sesiones de esta legislatura. El orden del día es la celebración de la comparecencia de la señora
ministra. Hay una comparecencia a petición propia de la ministra de Medio Ambiente para presentar la evaluación de los datos producidos con motivo del hundimiento del buque Don Pedro.
Existe también una solicitud del Grupo Popular en el mismo
sentido, pedir a la señora ministra que explique los daños causados en Ibiza por el vertido de fuel. Las dos iniciativas se tramitarán de manera acumulada, según acuerdo de Mesa y portavoces del día 4 de septiembre de 2007.
Sin más preámbulos, vamos a dar la palabra a la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señorías, el pasado miércoles 11 de julio, de madrugada, el buque mercante Don Pedro, de la compañía Iscomar, se hundió cuando salía del puerto de Ibiza con 20 personas a bordo. Era un
buque de 142 metros de eslora, cargado con aproximadamente 150 toneladas de fuel y 50 toneladas de gasóleo, y efectivamente, comparezco para explicar cómo ha reaccionado, cómo ha trabajado el Ministerio de Medio Ambiente frente a este nuevo
incidente en el mar. En cuanto al objeto exacto de la petición de comparecencia, explicar los daños causados por este vertido, obviamente podemos distinguir entre los daños de carácter personal, los daños humanos, que fueron cero porque las 20
personas que se encontraban a bordo fueron rescatadas de manera muy rápida por los servicios de salvamento marítimo y, por lo tanto, no ha habido ningún daño desde el punto de vista humano, y los daños desde el punto de vista de la actividad
turística. Desde el punto de vista de la actividad turística puedo ofrecer a SS.SS. la información de la patronal hotelera de Ibiza, que en su página web nos indica que en el mes de julio, el mes en el que sucedió este accidente, se produjeron
aumentos de ocupación en la zona afectada (playas d'en Bossa, Figueretes, Talamanca). Exactamente, con respecto al año 2006, la primera quincena pasó de una ocupación del 83,4 por ciento al 87,7 por ciento; la segunda quincena, del 86,5 por ciento
al 91,4 por ciento. La segunda quincena, quiero recordar, es precisamente posterior al accidente, que se produjo el día 11 de julio. El mes de agosto se mantuvo en un porcentaje similar al del año pasado. Por lo tanto, el promedio del mes de
julio, que fue el mes de la crisis, pasó del 85 por ciento al 89,7 por ciento. Son datos, como les señalo, ofrecidos en la página web de la patronal hotelera de Ibiza.
Es cierto que hay en estos momentos reclamaciones, reclamaciones absolutamente legítimas, por parte de algunas empresas hoteleras y también, y creo que en este caso con bastante lógica, por supuesto, por parte de los concesionarios de las
playas, a los que sin duda afectó especialmente el cierre provisional de las playas y también los trabajos de limpieza de las mismas.
Por lo que se refiere, señorías, a la afectación sobre la posidonia marina, no podemos hacer una evaluación rigurosa, puesto que, como saben, las tareas de limpieza están todavía llevándose a cabo, aunque ya de una manera muy marginal
respecto a todo lo que se ha extraído. Eso significa que hasta el final del mes de octubre habrá actividad en el buque hundido. A partir de finales de octubre, que es cuando, de acuerdo con el Ministerio de Fomento, Iscomar va a terminar la total
descontaminación del buque, podremos poner en marcha, señorías, la comisión que hemos previsto, con la participación del Instituto Oceanográfico de España, con la participación de las administraciones de las Islas Baleares, del Govern Balear y del
Consell Insular, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Fomento, que nos permitirá avanzar en dos direcciones: el futuro del pecio hundido, la evaluación de las distintas alternativas
respecto del pecio hundido y también la evaluación de los daños que hayan podido sufrir los fondos marinos, la posidonia. Respecto de ello, a falta, evidentemente, de una evaluación más completa, hay que tener en cuenta que el tipo de
hidrocarburo que se ha vertido, por su densidad, debe de haber emergido a la superficie desde el momento en que se produce la fuga en una cuantía muy significativa, y por lo tanto no deberían de haberse producido sedimentaciones de enorme
importancia. Pero esto, como digo, es sólo una aproximación, puesto que habrá una evaluación rigurosa por parte del Instituto Oceanográfico y sobre esa evaluación de los daños ambientales convocaremos una comisión de seguimiento a la que estarán
invitadas las principales organizaciones ecologistas que actúan en las Islas Baleares, para que estén asociadas en todo caso a las medidas de restauración de los fondos marinos y a las decisiones que se tomen cara al futuro del pecio.
Señorías, una vez hecha esta introducción (que sintetizaría diciendo: daños humanos, ninguno; daños turísticos, no apreciables, de acuerdo con la propia información que da el sector hotelero; y daños ambientales, pendientes de una
evaluación más profunda y más rigurosa), paso a detallar cuál ha sido la intervención del Gobierno de España en esta materia desde el primer momento.
De forma inmediata se activó el Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental, constituyendo el órgano rector previsto para esta emergencia, en el que se integran representantes de las distintas administraciones
públicas, entre ellos, por ejemplo, personal del Cepreco, el Centro de Prevención que existe en Coruña, creado después de la catástrofe del Prestige. El Gobierno envió a la zona afectada por el vertido del buque Don Pedro, en Ibiza, los medios
materiales de los que ahora dispone, en esta legislatura, medios materiales que no existían al principio de la legislatura y que han supuesto un incremento muy notable de la capacidad de reacción ante algo como esto; solo recordarles, señorías, que
la capacidad de recogida de residuos contaminantes en el mar es hoy 52 veces superior a la que existía en España en el año 2004. Y la potencia de tiro en remolque se ha incrementado, gracias a los medios ahora disponibles, en un 80 por ciento.
Desde abril de 2006, por primera vez Salvamento Marítimo también cuenta con la vigilancia aérea de cuatro aviones que ha incorporado a su flota. Y el tiempo de respuesta ante accidentes en el mar por contaminación se ha reducido, en el caso de los
helicópteros, a 15 minutos, frente a los 45 minutos que tardaba un helicóptero del Servicio de Salvamento Marítimo en acudir el año 2004. Por lo tanto, señorías, es en ese contexto de refuerzo muy notable de los medios estatales para atender
accidentes de contaminación en el mar donde hay que situar el esfuerzo que se hizo en Ibiza este verano.
El Ministerio de Fomento situó en la zona al buque polivalente Clara Campoamor, que incorpora las más altas tecnologías disponibles en este momento. Las operaciones realizadas por el Clara Campoamor para atajar el vertido se concentraron en
desplegar barreras y los brazos rígidos de recogida de residuos, así como en la utilización de bombas succionadoras de hidrocarburos en la mar. Los tanques de combustible del Don Pedro almacenaban unas 150 toneladas de fuel y de gasoil, lo que
equivale a aproximadamente 166 metros cúbicos en volumen. En la actualidad todavía, como he señalado, se están llevando a cabo las últimas tareas de descontaminación, que se prevé que finalicen en octubre.
Fomento ha dedicado también al operativo la Salvamar Markab, la Salvamar Acrux, los helicópteros Helimer Alborán y Helimer Mediterráneo, y el avión de ala fija Isabel de Villena, sustituyendo al Rosalía de Castro que estuvo en los primeros
momentos y regresó después a su base en Galicia. Este avión, el Isabel de Villena, está equipado con una avanzada tecnología para la localización de siniestros, detección de la contaminación y también, obviamente, para la búsqueda de náufragos, al
servicio del salvamento marítimo.
En total el Gobierno de España destinó 140 efectivos a las operaciones de limpieza de la contaminación. Por parte de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente se han dedicado hasta 74 efectivos entre operarios,
técnicos y vigilantes en el litoral, con el apoyo de diversos tipos de medios mecánicos (camiones grúa, retroexcavadoras). Igualmente se mantuvo una vigilancia permanente para evitar que la mancha pudiese entrar en las playas del parque natural de
Ses Salines, incluyendo la colocación de barreras flotantes. Hay que recordar, señorías, que el buque se hundió precisamente en las aguas del parque natural, y que se trabajó, yo creo que con resultados positivos, para evitar que esa contaminación,
ese vertido, llegara a las playas del parque natural de Ses Salines. Los medios destinados a la limpieza de las playas por parte del Ministerio de Medio Ambiente se complementaron con los efectivos y medios mecánicos del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, del Consell Insular de Baleares, de los ayuntamientos de la zona y de Protección Civil. Desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto, los equipos de la Dirección General de Costas han retirado un total de 558 toneladas
de residuos, que son una mezcla del fuel y los hidrocarburos vertidos con una cantidad muy importante de arena y de algas contaminadas; por lo tanto, 558 toneladas de residuos contaminados, que sólo en una mínima parte son efectivamente
hidrocarburos, la mayoría es arena manchada. La empresa Urbamar Levante, encargada de gestionar los residuos industriales, había recuperado hasta la primera semana de septiembre alrededor de 141 toneladas de absorbentes (las barreras
anticontaminación, las ropas contaminadas) y otras 264 toneladas de tierras contaminadas en las playas, que han sido destinadas a Cetransa, planta de tratamiento en Valladolid. Por su parte, el gestor Sermar Baleares ha retirado 110 toneladas de
aguas oleosas y 111 toneladas de gasoil y fuel, que han sido enviadas a la planta integral
de residuos oleosos que tiene la empresa Urbamar Levante en Valencia.
El pasado 13 de septiembre la ministra de Fomento anunció que se daba por terminada la fase más importante, la de limpieza de fuel y otros aceites dentro del mercante; en ese momento el operativo y el buque Clara Campoamor se retiraron y,
como he señalado ya, continúan los trabajos de descontaminación y de retirada de algunos elementos sólidos y líquidos dentro del buque, responsabilidad de la naviera Iscomar, que está previsto que finalicen a finales del próximo mes de octubre.
Como he señalado también, señorías, a partir del momento en el que termine la extracción de los remanentes dentro del buque, a partir de ese momento, comenzarán las tareas de investigación sobre los daños a los fondos marinos y en general a todo el
entorno de la zona del accidente. Esa investigación va a ser llevada a cabo por el Instituto Oceanográfico de España, en colaboración con las administraciones territoriales, el Consell y el Govern de Baleares, Ministerio de Fomento y Ministerio de
Medio Ambiente, y esa comisión también trabajará, como he señalado, para analizar las alternativas sobre el pecio hundido. Y como tuve ocasión de anunciar en mi visita a la zona afectada durante el mes de julio, el Ministerio de Medio Ambiente se
compromete a colaborar económicamente con el Govern de Baleares en las actuaciones de restauración de los fondos marinos afectados por este vertido, una vez que la evaluación de los daños y el diseño de las acciones más adecuadas esté a disposición,
sea conocido y sea valorado por esa comisión de seguimiento en la que intervendrán las organizaciones ecologistas de las islas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Damos la palabra al primer grupo solicitante, que es el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: En primer lugar quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y supongo que también lo harán así los demás grupos parlamentarios y, cómo no, la señora ministra, es dar un sentido pésame y nuestra solidaridad a
las familias de los dos soldados españoles muertos en acción en la guerra de Afganistán.
Señora ministra, en primer lugar, quiero darle las gracias por la información que acaba de dar a la Comisión de Medio Ambiente. Pero permítame que le diga, señora ministra, que llega tarde esa información.
Llega con dos meses de retraso,
lamentablemente. Es del todo reprobable y reprochable que S.S. no haya querido informar a esta Cámara, a pesar de que se lo pidió el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos en la Diputación Permanente el 18 de julio pasado, de lo sucedido, de
las gestiones y trabajos que se han realizado y de las acciones de futuro previstas tras el hundimiento del buque Don Pedro en Els Daus, en la isla de Ibiza. Con su oscurantismo en esos dos meses y medio y falta de información al Congreso, S.S. ha
tirado por tierra una vez más el compromiso del presidente del Gobierno al inicio de la legislatura de que el Parlamento sería el eje de la política futura y que siempre estaría informado de sus acciones. Y eso no ha sido así. También es cierto
que, mientras S.S. ha tardado dos meses y medio en comparecer, otro miembro del Gobierno tardaba pocas horas en comparecer por cuestiones relacionadas con Cataluña. ¡Hay que ver la importancia de unos y la poca importancia de otros!
Es del todo intolerable, señoría, que se haya despreciado a esta Cámara y a sus grupos parlamentarios, y muy fundamentalmente al Partido Popular, que ofreció desde el primer momento, en Ibiza repetidamente, y aquí, en la Diputación
Permanente del 18 de julio, su colaboración leal para contribuir a buscar soluciones y que, repito fue siempre despreciada por quienes ahora gobiernan en las Islas Baleares, en Ibiza y en España.
Cabría preguntarse si acaso se escondía algo o
simplemente era una cuestión de talante. Nosotros, a pesar de lo que se pueda decir interesadamente, no hemos hecho política ni partidismo de una desgracia que ha ocasionado pérdidas importantes a pesar de lo que nos ha dicho la ministra. Yo les
puedo asegurar que ha habido hoteles en las zonas afectadas que han tenido una baja en sus reservas de un 30 por ciento y, cómo no, consecuencias medioambientales para nosotros incalculables. Y todo eso a pesar del desprecio a nuestra formación,
que ni fue informada de nada, permítame, en una actitud prepotente, y ni siquiera fue aceptada su colaboración.
Dicho esto, señoría, y habiendo visto lo sucedido de primera mano, en primera línea, y siempre desde un punto de vista constructivo, para que en el futuro se corrijan los errores, pero, cómo no, señoría, crítico, podemos asegurar que la
crisis y accidente del Don Pedro ha hecho que las previsiones e informaciones del Gobierno hayan sido desbordadas por los hechos y por la realidad.
En primer lugar, ha habido retraso, ha habido improvisación, ha habido falta de medios, especialmente en los primeros días, y ha existido un claro relajamiento o ralentización en las actuaciones y una falta de prevención que han facilitado
que el fuel llegara a todos los sitios donde podía llegar, las playas de Ses Figueretes, En Bossa, S'Estanyol, Talamanca, Cala Llonga, Es Canar, Es Cavallet y ahora, hace poco, presumiblemente incluso en Cala San Vicente. Entre comillas, todo esto
por la tardanza en trasladar barreras anticontaminación a Ibiza. Eso es justamente lo que decía el señor Juan López de Uralde, director general de Greenpeace, el 20 de julio. ¿Y las barreras de contención de la contaminación? Pues, señorías,
llegaron cuando llegó la primera visita de una ministra a Ibiza, es decir, dos días después del suceso. Por cierto, fíjese, señoría, tanta eficacia y buena gestión que ahora mismo algunas de esas barreras están flotando rotas, vertiendo el fuel
recogido en la playa de Talamanca, de Ibiza, en pleno mes de septiembre, dando una imagen totalmente lamentable.
En segundo lugar, hay que hablar de la coordinación entre las administraciones implicadas y la emisión de mensajes contradictorios.
Todo esto provocó alarmismo y desconcierto entre los ciudadanos, entre los afectados, los turistas, los
posibles turistas y hasta los medios de comunicación. Ustedes, señoría, sólo se han puesto de acuerdo para hacer grandes paseos mediáticos, como en una pasarela. Y en muchas ocasiones sólo han buscado la foto, foto o vuelos -no usted, señoría- en
helicóptero con cámaras de televisión que magnificaron el desgraciado accidente y no otras cuestiones.
En tercer lugar, y hablando de contradicciones, podemos hablar de las contradicciones entre las ministras, entre la ministra de Fomento, su señoría y las demás administraciones, y de paso podemos hablar también de información. No se puede
decir un día que la crisis está superada y al otro que sigue saliendo un pequeño reguero; no se puede hacer un llamamiento a la tranquilidad cuando, por no saberse, no se sabían a ciencia cierta ni fechas, ni plazos de acabado de trabajo, ni
sellado del barco, ni los combustibles que había, ni qué más contaminantes llevaba el barco, etcétera, desinformando y confundiendo en vez de informar.
Mientras la ministra de Fomento aseguraba que todo estaba controlado, su señoría decía que debía
esperar para valorar los daños. El presidente del Consell, el señor Tarrés, socialista, el 16 de julio criticaba la confusión de información y veía más grave la alarma por la desinformación que el daño ecológico real, mientras su señoría, la
ministra de Medio Ambiente, decía que no se podía conocer el daño ecológico real. Y es que la información dada ha sido un desastre. Se han quejado el presidente del Consell, algunos medios de comunicación, el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, que decía que la política informativa del Gobierno no ha sido ajustada, se ha quejado y la ha puesto en duda hasta el diputado del Grupo Parlamentario Socialista que hizo de portavoz en la Diputación Permanente el 18 de julio, que hablaba de
que podía haber habido equivocaciones en la información; y hasta el nada sospechoso, por cierto, diputado señor Herrera, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, afirmaba: algunos elementos de la política comunicativa no nos han gustado del
todo, hay elementos que sobran, que no son necesarios. Y decía también: no tenemos por qué explicar lo que no es a la ciudadanía.
Por cierto, reveladora frase.
En cuarto lugar, nosotros creemos que hubo ocultación de los vertidos, que los vertidos podían afectar y afectaron al Parque Natural de Ses Salines, a la reserva marina en donde se produjo el accidente y a las praderas de posidonia,
declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1999.
Señoría, ¿por qué se ocultó, a pesar de que hoy lo ha reconocido, que el accidente del Don Pedro fue dentro del Parque Natural de Ses Salines? ¿Por qué se negó que los vertidos hubiesen llegado a las playas del parque, cuando la realidad
era otra? ¿Por qué se minimizó el impacto en la pradera de posidonia, Patrimonio de la Humanidad, cuando tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace advirtieron de los daños en la posidonia? ¿Por qué el ministerio ha estado callado durante esos
dos meses, por qué no ha actuado? ¿O es que acaso no le ha importado la trascendencia de las repercusiones negativa futuras? Estas son preguntas que nos hemos hecho, que nos hacíamos y que nos hacemos y que, lógicamente, le hacemos a su señoría.
Y haciendo un paréntesis quisiera decirle, señora ministra, que ha tenido, en honor a la verdad, una actuación más prudente y mucho más templada que la ministra de Fomento, aunque debo decirle que para nosotros ha sido totalmente insuficiente.
En quinto lugar, si hay algo criticable es que no se conozca en estos momentos la dimensión real de los daños, y que no se conozca ni siquiera ahora, que ha tenido usted dos meses más para analizarlos, y hoy en su comparecencia nos lo acaba
de demostrar. Y a las pruebas me remito.
Aparecen como por parte de magia, porque ni la ministra ni sus colegas en Baleares e Ibiza afirmaron conocer esa existencia a pesar de contar con una notificación de Iscomar, tres toneladas de baterías de
coche usadas, 3.016 kilos. Para mejorar la situación ecológica, esta semana pasada conocemos también la aparición de 12 bidones con filtros de aceite de automoción, tipificado como sustancia potencialmente peligrosa. Y según Greenpeace, el buque
no contaba con permiso para el transporte de este tipo de sustancias. A esto hay que sumarle las 150 toneladas de fuel y aceite que se han extraído en la primera fase de limpieza. Contando con tanta aparición espontánea de material ecológicamente
peligroso, el Grupo Parlamentario Popular se pregunta y le pregunta si han tenido en cuenta el material eléctrico y electrónico, las pinturas, los líquidos refrigerantes, hidráulicos, etcétera, en el buque que está en estos momentos hundido. Y si
se replantean la necesidad de reflotar el buque o si, por el contrario, van a desoír las recomendaciones de grupos ecologistas como Greenpeace, Adena (que, por cierto, recuerda que tener el pecio allí es contrario a las leyes internacionales),
GEN-GOB, Ecologistas en Acción, la Universitat de les Illes Balears e incluso del honorable conseller Albert Prats, conseller de Medio Ambiente del Consell Insular de Ibiza, que todos piden reflotar el buque.
Nosotros pensamos que ha habido en este caso, señoría, ocultación de información, ha habido negligencia y descontrol en una cuestión importantísima, con posibles consecuencias graves. El Grupo Parlamentario Popular cree que es
imprescindible que por parte del Ministerio de Medio Ambiente se adopte, por lo menos, el acuerdo de reflotar el buque y no exponernos a que sea un foco de contaminación permanente, sobre todo teniendo en cuenta la ineficacia manifestada y expuesto,
además, este buque, este pecio, a los temporales de Levante, como ya ha sucedido, con un riesgo fijo por la situación del pecio para el Parque Natural de Ses Salines y para las praderas de posidonia. Nosotros también le solicitamos, señoría, señora
ministra, el reflote del Don Pedro, tal y como ya lo hicimos en esta Cámara el 18 de
julio en la Diputación Permanente y también con la presentación de una proposición no de ley, porque, tal y como su señoría dijo el 26 de julio, mientras exista combustible -y yo añadiría: y otros contaminantes- en el fondo del mar no se ha
terminado el problema.
Por último, señoría, como diputado por las Islas Baleares y como ibicenco, quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecer el esfuerzo de todos, la solidaridad de toda España, el trabajo de los voluntarios que se ofrecieron para
limpiar las costas, muchos venidos de fuera de la isla y que, por cierto, fueron inexplicablemente rechazados. ¿Por qué, señoría? Agradecimiento que hago extensivo a todas SS.SS. y a todos los grupos parlamentarios que se han preocupado por el
accidente y sus efectos medioambientales, económicos, turísticos y de imagen.
Señora ministra, nosotros esperamos que tome nota de nuestras observaciones y de nuestras críticas y que, a partir de ahora, se nos informe puntualmente de todos los acontecimientos y programas futuros referentes al Don Pedro, y que no
vuelva a pasar lo que ha pasado.
La señora PRESIDENTA: No habido otros grupos que manifiesten su decisión de intervenir, damos la palabra al Grupo Socialista, al señor Mateos.
El señor MATEOS MARTÍN: Señorías, quería decir que nosotros también nos unimos al pésame al que hacía referencia antes el señor Fajarnés, igual que lo hizo el Gobierno esta mañana y ayer por la tarde.
Bienvenida, señora ministra, a esta Comisión. Gracias por la información tan detallada y tan exacta que nos ha facilitado con respecto al hundimiento, el pasado 11 de julio, del Don Pedro, en Ibiza. También quisiera agradecer el compromiso
de colaboración con esta Comisión y decirle que, si había alguna duda, yo creo que han quedado despejadas, por lo menos para quienes la hemos oído, para los que han oído otra cosa o no han querido oír, desde luego no, porque tengo aquí apuntado que
decía el señor Fajarnés que había dos meses de retraso. Que yo sepa, hubo una Diputación Permanente en la que quedó claro que no era urgente hacer esa comparecencia y el PP se quedó solo. Dice que no han sido informados.
Igual es que estaban de
vacaciones o estarían cazando, o en otro sitio.
Igual de vacaciones usted no lee la prensa, pero había bastante información. Dice que ha habido retraso e improvisación. Eso es lo que le hubiese gustado al PP, pero el hundimiento fue el día 11, el
día 12 había 29 medios humanos y el día 13 había 79 medios humanos. Esto no se improvisa. Dice que hay quejas del presidente del Consell. Yo no sé dónde ve estas cosas. Sinceramente, yo creo que más bien pretende quedar bien delante de su jefe,
que fue el que hizo el ridículo cuando vino a Ibiza, que hacer un balance de lo que realmente ha pasado.
Mire, hay una película muy interesante, una película que se titula El inglés que subió una colina y bajó una montaña, que quizá alguno de ustedes han visto, y a los que no la hayan visto se la recomiendo. No les contaré el final, porque
tampoco se trata de estropear la película, pero sí de qué va el argumento. En un pueblo de Gales todos piensan que tienen una montaña, y esa montaña además es el bien más preciado de esa localidad, hasta que un día llegan unos cartógrafos, la miden
y dicen que, por la altura, no es una montaña, que es una colina. Entonces, a los vecinos se les queda una cara que está a medio camino entre el asombro, la idiotez y la perplejidad, porque toda la vida pensaban que tenían algo y resulta que no lo
es. Pues bien, esa es la cara que se le debió de quedar al señor Rajoy cuando vino a Ibiza el pasado día 17 de julio buscando un Prestige y se encontró el Don Pedro. Los asesores de Génova, tan rápidos, tan eficaces, tan locuaces ellos, iniciaron
una campaña de desprestigio con medios afines como Telemadrid, que, ni corta ni perezosa, en una declaración de la ministra cortó una palabra y, en vez de decir: Las manchas no han llegado al parque natural, en Telemadrid se oyó: Las manchas han
llegado al parque natural. Por no hablar de cuando confundieron la posidonia con manchas de fuel. Y mire que la gente de Génova suele ir a la playa, pero se ve que no conocen estos aspectos. Así que a Mariano le dijeron: Mariano, ya tenemos un
Prestige socialista, en Ibiza; hay que ir para allá. Y Mariano cogió el avión y se vino a Ibiza todo decidido. Hizo declaraciones antes de venir diciendo que esto era un auténtico desastre. Y cuando Mariano llegó a Ibiza y buscó 77.000 toneladas
de fuel, se encontró con 150; cuando buscaba playas llenas de galletas que llegaban hasta Francia, vio que solamente era en Ibiza; cuando buscó 786 playas afectadas, se encontró con 3 playitas; cuando buscó manchas en 2.000 kilómetros, se
encontró con apenas 5; cuando buscó ministros de caza, se encontró con ministros que suspendieron sus agendas -ministras en este caso- para venir y ponerse a pie de obra; cuando buscó la ineficacia del Gobierno, se encontró con dos ministerios
trabajando desde el primer día y en absoluta consonancia; cuando buscó la descoordinación entre administraciones, se encontró con el Gobierno de España, el Govern balear, el Consell de Ibiza y los ayuntamientos; cuando en un acto de total y
absoluta irresponsabilidad, a la que ya desgraciadamente nos tiene acostumbrados, buscó una crisis en el sector turístico, se encontró con que le dijeron (algunos incluso del propio PP, igual hasta usted mismo, señor Fajarnés, y algunos con mucho
poder): vamos a ver qué vas a decir, que aquí no ha pasado nada y nosotros vivimos de esto, es decir del turismo, y el Gobierno, aunque nos sepa mal, lo está haciendo muy bien. Cuando buscó la complicidad con los hoteleros para crear más alarma,
se encontró con declaraciones del tipo: La Confederación Española de Hoteles pide al Gobierno que informe a los mercados turísticos sobre la situación en Ibiza con el fin de mantener las reservas, reservas que en ningún caso han disminuido.
Demanda la confederación hotelera que no se utilice el tema en la confrontación política, que en verdad no es tan grave lo que está sucediendo. Cuando el señor
Rajoy buscó opacidad y desinformación se encontró con gobierno que es ejemplo de transparencia. En fin, que cuando el señor Rajoy vino a buscar la montaña, se encontró con la colina. Y no es que lo diga yo, tengo pequeñas -si me permiten-
notas de prensa. El País:Rajoy comprueba a pie de playa que en la isla de Ibiza no hay caso Prestige. Claro, es que lo dice El País. Pero ABC: La visita de Rajoy incomodó a algunos -y encima está Rajoy, decían-. El presidente del Partido
Popular visita las zonas afectadas por el hundimiento. Esto es Diario de Ibiza. Rajoy -en el Diario de Ibiza, también- modera en Ibiza sus duras críticas del día anterior a la gestión del Gobierno del vertido. Y declaraciones de la señora De
Lara, que ahora no está, que no vamos a leer. Los empresarios piden tranquilidad al señor Rajoy. Más transparencia es imposible. Así que el señor Rajoy, como ya había hecho el viaje y estaba en Ibiza, tuvo que decir algo y dijo: Que haya
transparencia, que haya transparencia.
Porque, claro, tenía que decir algo; pero es que lo que más ha habido ha sido transparencia. Si por algo se caracteriza este Gobierno ha sido por la transparencia.
Una vez que queda claro que esto no es un Prestige, como desgraciadamente deseaban los señores del PP, tenemos que hablar de cosas más serias y situar la acción en tres puntos. Uno: la rapidez. A las 3:24 horas del día 11 de julio, a las
tres de la mañana, el buque Don Pedro, de 140 metros de eslora, inicia un viaje desde Ibiza hasta Valencia con 18 tripulantes y 2 pasajeros. Colisiona en Els Daus. Se produce un hundimiento a 45 metros. Pues bien, a las 3:24 horas el Centro
regional de coordinación de salvamento marítimo de Palma recibió del capitán marítimo de Ibiza la información. A las 3:25 fue movilizada la embarcación de salvamento Salvamar Markab; al mismo tiempo se contactó con el buque Clara Campoamor, que
todavía está allí, que ya casi forma parte del paisaje; el Clara Campoamor sigue trabajando allí; ayer mismo, cuando yo venía desde Formentera, pude verlo. A las 3:26 fue movilizado el helicóptero; a las 4:05 el buque se hunde y a las 4:25 la
embarcación de salvamento antes citada rescata a las 20 personas sanas y salvas.
Esto, yo creo que es lo más importante. Parece que no le damos importancia, es una cuestión que pasa en cierto modo desapercibida, pero lo más importante es la
actuación de Salvamento Marítimo; en apenas una hora esas 20 personas estaban en tierra, es una cosa en la que quiero insistir mucho, porque podemos lamentar muchas cosas, pero la pérdida de vidas humanas, esa sí que no tiene solución, eso sí que
es irreparable, el resto de cosas con dinero se pueden arreglar, pero estas no. Y además quiero decir que eso no es fruto de la casualidad; eso se debe a que el Gobierno, este Gobierno, ha doblado el presupuesto de salvamento marítimo para el
periodo 2006-2009. Y aquí, tengo una nota de prensa del Ministerio de Fomento de 14 de marzo de 2006: El Plan de Salvamento Multiplica los efectivos para mejorar la lucha contra la contaminación y prevenir situaciones de emergencia en el mar;
multiplica por 6,6 la inversión de la legislación anterior. Es decir, las cosos no pasan por casualidad, no hay improvisación. Las cosas se trabajan, se planifican y por eso salen bien.
Continúo. A las 9 de la mañana del mismo día se activa el Plan nacional de contingencias por contaminación marina accidental, para dirigir las operaciones en el mar; posteriormente se pone en marcha el plan territorial de la Comunidad
Autónoma de Baleares que -todo hay que decirlo- es bastante flojito, es una herencia más que nos dejó el señor Matas; pero por suerte, y por desgracia también, ahora el Govern balear, gracias a lo que ha sucedido, va a poner en marcha mecanismos de
contingencia y planes de emergencias. Se pone en marcha, como digo, ese plan nacional, con un consejo de dirección en el que están los ayuntamientos, para operaciones marítimas aéreas y operaciones en costa.
Ya digo: punto uno, rapidez, y no es
improvisación.
Punto dos, coordinación; los ministerios de Fomento, Medio Ambiente, así como todo el Gobierno de España y el Govern Balear con el Consell de Ibiza y los ayuntamientos.
Y, por último, transparencia. Si por algo se ha caracterizado esto es por la transparencia. No sé si no las tienen, yo les puedo hacer llegar todas las notas de prensa, prácticamente diarias, en las que se informa de lo que sucede, de lo
que se extrae, de los medios que se ponen en marcha, los medios humanos, mecánicos, las toneladas retiradas, cada día, cada día, cada día. ¿Cómo puede decir que no ha habido transparencia? Si es que se informaba cada día. Ruedas de prensa que se
han hecho en Ibiza, ruedas de prensa desde los diversos ministerios, atención a los medios de comunicación; no pasaré a leerlas porque son bastantes; o sea, yo no entiendo dónde ve usted el tema de la no transparencia. Y señalar en último término
que ha sido un modelo de actuación en plena temporada turística y a menos de una milla de la costa; un ejemplo de cómo se hacen las cosas, un ejemplo de que el Gobierno trabaja, actúa, y que no improvisa absolutamente nada.
La señora PRESIDENTA: Seguidamente damos la palabra a la señora ministra para responder a las observaciones de sus señorías.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): El portavoz del Grupo Parlamentario Popular entiende que llego tarde a esta Comisión. Quiero señalar, señorías, en primer lugar, que pedí comparecer el mismo día que ustedes pidieron mi
comparecencia. La petición de comparencia por parte de un miembro del Gobierno es una manifestación del deseo de informar a esta Cámara, y obviamente, de informar con la mejor información posible.
Porque, efectivamente, mientras se está
produciendo una determinada incidencia, la información que se puede traer a esta Cámara es todavía parcial; fíjense que incluso hoy, a pesar del tiempo transcurrido,
y en la medida en que el buque, en el fondo del mar, todavía está siendo objeto de la última parte de la descontaminación, usted y yo hemos coincidido en afirmar que, mientras haya cualquier razón de contaminación, no podemos evaluar con el
rigor que se merece los daños que se pueden producir; porque se han podido producir algunos hasta este momento pero, efectivamente, mientras haya contaminación potencial dentro del buque todavía hay efectos que no pueden ser evaluados. Y nosotros
queremos que se evalúen y, como le he dicho, lo vamos a hacer con el apoyo de un instituto como el Instituto Oceanográfico de España, que es de prestigio internacional, y por supuesto con la colaboración y con la participación de todas las
organizaciones ecologistas que usted ha citado, con las que me pude entrevistar el mismo día que fui a la isla de Ibiza.
Quiero también, señorías decirles, que yo me he manifestado disponible para esta Comisión de Medio Ambiente en fechas anteriores a la de hoy.
Exactamente tengo delante la comunicación que el Gobierno hizo a esta Comisión, donde yo ofrecía
nueve fechas para comparecer ante esta Comisión, la primera de ellas el 10 de septiembre. Y ha sido esta Comisión la que, entiendo que en el ejercicio de la ordenación de las fechas, ha decidido que yo esté aquí esta mañana; podría haber estado
hace quince días, señoría, y lo hubiera hecho con mucho gusto, puesto que efectivamente ya podemos afirmar algunas de las consecuencias que ha tenido este vertido. Y sintetizaba en mi primera intervención que en daños humanos, cero incidencia.
Como muy bien señalaba el portavoz del Partido Socialista, esto no es fruto de la casualidad, esto es el resultado de haber aumentado tanto los medios humanos como técnicos en esta legislatura para el salvamento marítimo. Señoría, en 2004
había 973 personas trabajando en las tareas de salvamento marítimo. Ahora hay 1.460 personas, un 55 por ciento más que al inicio de la legislatura. El número de unidades de todo tipo, los buques polivalentes, los aviones, los helicópteros, las
salvamares, han pasado de 60 unidades al inicio de la legislatura a 89 en este momento.
Luego, si no ha habido daños humanos y si los daños ambientales y el resto de las consecuencias no se han podido evitar, pero se han minimizado mucho, es porque
efectivamente este Gobierno tomó muy buena nota de lo que sucedió en España en anteriores catástrofes, catástrofes con todas las letras. Y por lo tanto trabajamos, primero, para vigilar mejor lo que circula por nuestro mar y, también, para atender
episodios como este de una manera mucho más eficiente que en el pasado. Pero en cualquier caso, señoría, consecuencias las ha habido, y usted ha incidido en las consecuencias en el caso del sector turístico. Y yo quiero volver a repetir ante esta
Comisión, por si algún portavoz no lo había escuchado, cuáles son los datos de ocupación en la zona afectada, de acuerdo con los datos que aparecen en la página web de la patronal hotelera de Ibiza y Formentera. De acuerdo con esos datos, en la
zona afectada, no en el conjunto de la isla, ha habido incremento de ocupación en la primera quincena del mes de julio (recordemos que el incidente fue el 11 de julio), en la primera quincena se pasó del 83,4 por ciento del año pasado al 87,7 por
ciento este año; en la segunda quincena, la quincena en la que ya había quien había dibujado una verdadera catástrofe ecológica para las islas Pitiusas, a pesar de ese alarmismo se pasó del 86,5 por ciento al 91,4 por ciento respecto del año
pasado. Usted me señala, señor portavoz, y desde luego no tengo ninguna duda de ello, que ha habido en algunos hoteles bajas. Yo le doy datos del conjunto de la actividad hotelera, que son perfectamente compatibles con reclamaciones, que sabemos
que concretamente la cadena Fiesta Hoteles, de la familia Matutes, está presentando. Y es lógico que también, como he señalado en mi intervención, haya reclamaciones justificadas por parte de los concesionarios de instalaciones de todo tipo en las
propias playas. Pero desde el punto de vista global de afección a la actividad turística, no creo que la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera sea sospechosa de querer ocultar los daños derivados por el accidente del Don Pedro. Más
bien entiendo que se trata de lo contrario.
Señoría, usted ha insistido en que hubo retraso por parte del Gobierno de España. Yo creo que las actuaciones, tanto del Ministerio de Fomento como del Ministerio de Medio Ambiente, fueron inmediatas, y les he dado a los señores portavoces
una información que fue la que dimos desde el primer momento a través de los medios de comunicación; tienen ustedes las personas que trabajaron en las playas por parte del Ministerio de Medio Ambiente desde el día 12 julio hasta el día 23 de
agosto, con información sobre la categoría de estas personas, información sobre los medios mecánicos e información sobre las toneladas retiradas. Por cierto, una información que vinimos ofreciendo desde el primer momento en los contactos con los
medios de comunicación, que las administraciones territoriales y el Gobierno de España mantuvieron para tener informada a la población sobre la importancia del vertido y también sobre los medios que se estaban poniendo para minimizar en lo posible
los resultados del mismo.
Supongo que el paseo que yo di por la playa, señoría, tiene como mínimo el mismo valor que el paseo del señor Rajoy; creo que cuando uno visita a las personas que están trabajando, a quienes están preocupados, no se puede decir que eso sea
una pasarela, sino un contacto por parte del Gobierno o por parte del principal líder de la oposición. Me parece que en todo caso tiene el valor de conocer de cerca una información que obviamente ha sido trasladada de manera sistemática al
Ministerio de Medio Ambiente a través de nuestra Demarcación de Costas y a través de la Subdelegación del Gobierno en Ibiza desde el primer momento. Y señorías, creo que la mayor contradicción de la que podemos hablar esta mañana aquí es
precisamente su contradicción, porque S.S. ha insistido en poner de manifiesto la existencia, todavía en estos momentos, de elementos contaminantes
en el fondo del mar, cosa que desde luego hemos ido trasladando a la opinión pública a medida que se ha ido sabiendo. Es evidente que la responsabilidad de Iscomar está por dilucidar ante los tribunales, y a Iscomar se le aplicarán las
normas europeas y españolas sobre el transporte de residuos peligrosos, sobre su gestión de la crisis que provocó el hundimiento. En todo caso, por supuesto, mientras haya en el fondo del mar, dentro del barco, residuos contaminantes que están
siendo extraídos por Iscomar, como es su obligación, no se puede hablar de que todavía el Ministerio de Medio Ambiente no sabe qué efectos ha tenido sobre la posidonia, porque estoy segura de que compartirá con nosotros que esa es una evaluación que
tiene que hacerse una vez que ya no haya una contaminación potencial sobre el entorno del buque hundido.
Y por último, señoría, tomo muy buena nota de las peticiones que se formulan para reflotar el buque. Como he dicho, en el momento en que terminen las tareas de extracción se constituirá una comisión con el Ministerio de Fomento, el
Ministerio de Medio Ambiente y el resto de las instituciones que ya he citado, precisamente para estudiar el futuro del buque y para que las decisiones que se tomen, como siempre debe ser, tengan en cuenta la seguridad y los efectos ambientales de
las distintas opciones. Esa comisión trabajará de forma transparente porque, además de todo su trabajo, se dará también información a las organizaciones sociales que han manifestado su preocupación, tanto por el accidente en su momento como por los
efectos que ha tenido y por el futuro del buque.
Así que, señorías, sobre este tema, evidentemente, seguiremos hablando porque hay todavía tarea que hacer; se tiene que dilucidar la responsabilidad de Iscomar, se tienen que atender las reclamaciones que estén justificadas y se tienen que
restaurar en lo posible los fondos marinos que hayan quedado afectados.
Y, señoría, respecto al debate sobre si el parque natural fue afectado o no, desde el primer momento se conocía que el enclave, el punto en el que se hundió el Don Pedro, está justo en el límite; de hecho, hay una parte del buque hundido
que no está dentro de la delimitación del parque natural, en sus aguas marítimas. Pero una cosa son las aguas marítimas, que evidentemente han sufrido el impacto del hundimiento y del vertido desde el primer momento, no sabemos con cuanta gravedad,
y otra cosa es el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos, por parte de todos aquellos a quien usted ha dado las gracias, que han colaborado desde las distintas administraciones para evitar que las playas del parque natural, la arena de esas
playas, reciba el fuel procedente del buque. Por lo tanto, ahí ha surgido en varios momentos una confusión; una confusión que, como muy bien ha recordado el portavoz del Grupo Socialista, se agravó notablemente por la increíble actuación de una
televisión pública autonómica, que tuvo a bien cortar una frase de la ministra de Fomento para que sus telespectadores escucharan lo que no era verdad, que el fuel había entrado en las playas del parque natural; una actuación muy sencilla que es
quitar el 'no' con el que comienza la frase.
En fin, señorías, creo que todos tenemos la obligación de trasladar a los ciudadanos una información precisa, que cuando sucede algo parecido al Don Pedro hay que transmitir información, pero ciertamente son los propios hoteleros los que se
quejaron de la actuación del Partido Popular durante las semanas que siguieron al accidente del Don Pedro. Y creo que cara al futuro debemos trabajar juntos desde esa lealtad, desde esa colaboración leal que usted ha ofrecido y que, por supuesto,
el Gobierno quiere agradecer.
La señora PRESIDENTA: Damos lugar a un turno de réplica. Por el Grupo Popular, el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Gracias, señora ministra, por lo menos por el tono, aunque no ha contestado prácticamente a ninguna de las preguntas y dudas que se le han planteado por el Grupo Parlamentario Popular.
Usted nos habla de que estaba dispuesta a venir a la Comisión a informar; el voto negativo fue de su grupo, en la Diputación Permanente, tuvieron una gran oportunidad; de su grupo y de los grupos que dan soporte al Gobierno. Pero, en fin,
no vamos a entrar. Usted, que no nos ha contestado prácticamente a nada de lo que se le ha planteado, lógicamente puede decirnos lo que quiera, y nos puede presentar, no hablaré de películas como el portavoz socialista, pero nos puede presentar lo
que quiera y como quiera de un accidente importante. Pero, desde luego, no nos va a desviar del análisis de la situación, y menos con lo que usted nos acaba de plantear. Y el resumen es, sinceramente, que no solamente el Ministerio de Medio
Ambiente, el Gobierno ha sido ineficaz. No lo hemos dicho solamente nosotros, también lo ha dicho Greenpeace. Han desinformado, señoría; no ha habido los medios necesarios; ha habido mala coordinación; han ocultado información; ha habido
descoordinación entre las propias ministras y entre las propias administraciones. Y lo peor, señoría, es que cuando alguna ministra o algún alto cargo decía que todo había terminado, que estaba todo solucionado, que estaba todo claro, pues les han
salido bidones contaminantes, les han salido nuevas grietas, los grupos ecologistas les han criticado por ineficaces y la población de Ibiza, la población isleña, ha tenido la certeza de que ustedes, señoría, no han sabido gestionar bien la
situación. Un día han dicho blanco, el otro han dicho negro, y al otro ya no se acordaban ni de lo blanco ni de lo negro. Y usted de alguna manera hoy aquí nos está reconociendo que aún no saben cuál es la situación real del hundimiento, del
accidente del Don Pedro. Han dado por acabados los trabajos infinidad de veces, señoría, en los medios de comunicación, han dicho que la situación estaba bajo control no sé cuántas más y ¿cuántas veces han tenido que rectificar, señoría,
lógicamente, en los medios de
comunicación? Es una pregunta que me gustaría que contestase.
Usted ha hablado de turismo, ha hablado de los datos de la federación hotelera. Yo le invito, señoría, que además es asidua de nuestra islas Pitiusas, yo la invito encantado a ir a la playa de Talamanca, y también a la playa d'en Bossa, no
a los hoteles de los señores Matutes; a los pequeños hoteleros, a los pequeños restauradores, a los que tienen un bar, a los que tienen una tienda, y verá exactamente cuál ha sido el impacto real que ha tenido, por desgracia, el accidente del Don
Pedro.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y usted también veladamente o de forma indirecta, y a veces no tan veladamente, sino directamente, han hablado del Prestige, han hablado del pasado, han hablado de ministros -el portavoz
socialista- de caza. Nosotros no vamos a hablar del pasado. Nosotros no hemos sido desleales como otros, no hemos manipulado como otros, no hemos conspirado como otros. Y, si quiere, también, señoría, portavoz socialista, podemos hablar del
incendio de Guadalajara, con muertos, por cierto. Y podemos hablar no de ministros de caza, pero sí de ministros en la costa marbellí, podemos hablar perfectamente. Pero yo le voy a decir sinceramente que todo esto que usted plantea, señoría, es
pasado, y los ciudadanos y los electores ya pasaron factura, les pasaron factura ustedes, con catorce años de gobierno, nos han pasado factura a nosotros, y la gente lo que quiere, después de tres años y medio, es que su Gobierno asuma la
responsabilidad. Y la responsabilidad es del Grupo Parlamentario Socialista, es del Gobierno socialista. Y por lo tanto lo tienen que asumir, señoría. Y ya está bien de ese cierto complejo de Peter Pan de nunca crecer y de siempre estar hablando
del pasado, del gobierno o de los gobiernos del Partido Popular. Lo que nos interesa al Grupo Parlamentario Popular, al Partido Popular, es lo que les interesa a los ciudadanos: que hagan bien los deberes tras el accidente del Don Pedro.
Queremos
demasiado a nuestra isla, a la isla de Ibiza, como para no querer otra cosa, venga de donde venga. Y señoría, Ibiza depende no solamente del turismo, sino de su naturaleza, de sus playas, justamente para atraer turistas, que de eso, como muy bien
sabe su señoría, vivimos en exclusividad. Ya podría, por cierto, señoría, ya que se han presentado los Presupuestos Generales del Estado esta mañana a las nueve, por el vicepresidente señor Solbes, destinar su ministerio muchos más recursos a
embellecimiento de las costas ibicencas y formenterenses, a cambiar la tendencia que se ha instalado desde que usted es ministra de Medio Ambiente de que nada de paseos marítimos, nada de regeneración de dunas, nada de regeneración de playas, nada
de depuradoras en Ibiza, nada del nuevo deslinde de las costas en Formentera, y ahora el de Sant Joan, y nada de nada en la compra de terrenos en la costa. Yo estoy, sinceramente, ansioso por ver estos Presupuestos Generales del Estado y ver si la
tendencia cambia y en los presupuestos de 2008 justamente pasa lo contrario y hay una cantidad importante para invertir en nuestras islas.
Yo le agradezco, señora ministra, que nos ofrezca poder colaborar en la solución de los problemas que derivarán del accidente y del hundimiento del Don Pedro. Yo espero realmente que sea así y le reitero la invitación para que se dé cuenta
de que los hoteleros no solamente son los grandes hoteles, sino que también hay pequeños hoteleros, pequeños restauradores y bares que han quedado realmente en mala posición después del hundimiento y de la ineficacia del Gobierno en la gestión.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mateos.
El señor MATEOS MARTÍN: Brevemente. Señor Fajarnés, la responsabilidad en primera instancia será de la compañía, y el Gobierno se la exige. Y no solo eso, sino que tenemos en trámite una ley de responsabilidad ambiental que ahora mismo se
encuentra en el Senado. Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer.
Nosotros queremos agradecer la comparecencia de la ministra; conocemos su disponibilidad, siempre la ha tenido y nunca la ha ocultado; sabemos además que es una ministra que no se esconde, que siempre ha dado la cara y que siempre ha dado
la información precisa. Confiamos en este Gobierno, sabemos que está actuando bien, de forma correcta, y que además sigue trabajando. Sabemos también -yo, por lo menos, que hablo con muchos marineros- que están impresionados por el despliegue de
medios que se ha hecho; lo dicen los profesionales de la mar, los marineros. Están impresionados, repito, por el despliegue de medios que se ha hecho. Y, como todos hemos podido comprobar, lo que le pasa al Partido Popular es que tiene que
comparecer en esta Comisión porque sí, porque no tiene más remedio, pero flojito, porque pretendían hacer una serie de cosas y no les ha salido bien. La acción del Gobierno, la responsabilidad y el trabajo del Gobierno les ha dejado sin palabras, y
estaría bien que tomasen nota y que aprendan para otra vez. ¿Qué quiere que les diga? Ustedes empiezan a hablar del Prestige, de no sé qué. Yo creo que lo que ustedes tienen es mala conciencia, por la capacidad que tuvieron cuando estaban en el
Gobierno para mentir, con la guerra de Irak, con el Yak, con el 11-M, etcétera.
Señora ministra, muchas gracias por el trabajo del Gobierno y confío en que, en cuanto se pueda hacer un balance de toda la extracción y de todo el resultado del Don Pedro, comparezca otra vez en esta Comisión para seguirnos informando, como
hace puntualmente.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Repasaba la primera intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular para entender
a qué se refería cuando me decía que no había contestado a ninguna de sus preguntas. Señoría, yo puedo contestar a las preguntas que me corresponden como ministra de Medio Ambiente y he contestado, creo, a todo aquello que puedo contestar
en este momento. Si usted me pregunta, como ha hecho, y eso lo tengo reflejado, si se va a reflotar el buque, yo le he contestado que la decisión que se tome respecto de este buque será el resultado de analizar en términos de seguridad y en
términos de impacto ambiental las distintas posibilidades, que van a ser evaluadas y estudiadas de manera transparente y entiendo que con los mayores expertos de que podamos disponer para tomar esa decisión. Si usted me pregunta cuáles son los
efectos sobre la poseidonia, no es que yo no quiera contestarle, señoría, sino que, como usted mismo en su intervención, una y otra vez repite, todavía queda algo en el fondo del pecio. Por lo tanto, yo puedo contestar a lo que hasta ahora hemos
conocido a lo largo de todo este proceso. Y, señoría, si me pregunta, como me ha preguntado, cuántas veces he tenido yo que rectificar a través de los medios de comunicación, le diré que ninguna; ninguna. Porque yo he dicho lo mismo desde el
primer momento, desde que fui a la isla y después, he dicho lo mismo todo el tiempo: la prioridad es extraer todas las sustancias contaminantes del fondo del mar, esa es la prioridad; mientras haya sustancias contaminantes dentro del buque hay un
riesgo potencial.
Estaremos vigilando y trabajando para evitar los riesgos derivados de esa situación; trabajaré con el Gobierno de Baleares, con el Consell insular, con las organizaciones ecologistas. Lo dije cuando fui allí y obviamente lo he
venido repitiendo porque esa es la posición del Ministerio de Medio Ambiente, que no ha rectificado ni en una sola ocasión en este tiempo.
Y, señoría, si yo hubiera venido a esta Cámara el 20 de julio, como ustedes pidieron, le hubiera tenido que decir que en ese momento habíamos recogido en nuestras playas, en ese momento, 200 toneladas de residuos contaminados, una
información muy parcial porque estábamos precisamente en el momento de hacer frente a la circunstancia del accidente. Y si le parece insuficiente la información que traigo hoy, no sé qué hubiera dicho en ese momento. Igual que, señoría, si le
parecen insuficientes los medios de los que ha dispuesto el Gobierno de España, ¡qué le hubieran parecido los que nos encontramos al principio de la legislatura! Como he señalado, han sido incrementados de manera evidente, de manera significativa.
Eso es lo que los ciudadanos deben saber para valorar la acción de este Gobierno en esta legislatura, lo que ha hecho este Gobierno. Este Gobierno ha aumentado de forma espectacular la ejecución de inversiones ligadas al salvamento marítimo y a la
lucha contra la contaminación. Lo que ha sucedido en Ibiza ha sido un contraste, porque, señoría, la mayoría de los medios, tanto el buque polivalente, como los aviones, como varios de los medios que se desplazaron, simplemente son el resultado de
este Gobierno; no estaban cuando llegamos. Por lo tanto, si a usted le parecen insuficientes los medios que hemos puesto en este accidente, figúrese si este Gobierno se hubiese limitado a decir que iba a hacer cosas y no las hubiera hecho en esta
materia. Y por supuesto, sobre el tema del Don Pedro seguiremos dando información, que es nuestra obligación, sobre todo también a la vista de lo que los tribunales establezcan en términos de responsabilidad.
Por último, señoría, yo creo que la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera no da datos solo de los grandes hoteles, creo que agrupa a todos los hoteles y, como he señalado, estos datos de ocupación global son compatibles con
reclamaciones justificadas, vengan de quien vengan, de pequeños hoteles, de grandes hoteles o de chiringuitos en la playa. Pero yo entiendo que usted no considera a la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera el brazo armado del
Ministerio de Medio Ambiente; es obvio que no lo es, señoría. Y me parece además una buena noticia que la ocupación hotelera no solo no haya caído en Ibiza, sino que incluso haya mejorado respecto del año pasado, a pesar de haber intentado crear
respecto a este hundimiento del buque Don Pedro un poquito más de alarma de la que era justificada, sin negar en ningún caso la gravedad de esta situación y la necesidad de que las administraciones trabajemos cada vez mejor en vigilar lo que va por
nuestros mares y en exigir responsabilidades a las empresas cuando manipulan en tierra o en mar cualquier tipo de material peligroso. Por supuesto, señoría, en esa línea España todavía tiene que mejorar mucho su capacidad de evitar incidentes de
este tipo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Damos por finalizados los puntos 1.º y 2.º del orden del día. Vamos a dar un receso de cinco minutos y después seguiremos con los demás puntos del orden del día. (Pausa.)
- EL PROYECTO DE LEY DE AGUAS Y LOS MOTIVOS DE LA POSPOSICIÓN DE SU APROBACIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/001057.)
- LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO A APLAZAR LA REFORMA ANUNCIADA DEL PROYECTO DE LEY DE AGUAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/001058.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión con el punto 3.º del orden del día, que se va a acumular con el punto 4.º se refieren a la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente para que informe sobre el proyecto de Ley de
Aguas y los motivos de la posposición de su aprobación. Ha sido solicitada en primer lugar por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y por el Grupo Popular en segundo lugar.
Tiene primero la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias por esta petición de comparecencia que me permite explicar en esta Cámara la tarea legislativa que ha llevado a cabo el Ministerio de Medio Ambiente para reorientar profundamente
la política del agua en nuestro país, tal como se comprometió el presidente del Gobierno en el debate de investidura, una reorientación de la política del agua que por supuesto ha abarcado y abarca no solo la modificación del marco normativo, sino
también el fortalecimiento de la gestión del agua, de la gestión a través de las confederaciones hidrográficas, muy en particular para mejorar el insuficiente control público del uso y de la calidad del agua en nuestro país.
Señorías, la tarea legislativa en esta materia se ha desarrollado en el contexto de algunas circunstancias que creo que es bueno que se tengan en cuenta a la hora de este debate. En primer lugar, señorías, hemos registrado en España en el
año hidrológico 2004-2005 la peor sequía de la historia de España, el año con menos precipitaciones registradas en nuestra historia, de acuerdo con los registros fiables. A ese año hidrológico han seguido dos años hidrológicos por supuesto no tan
secos, pero que han mantenido, sobre todo en determinadas cuencas hidrográficas, niveles absolutamente insuficientes de precipitaciones, por lo cual todavía hoy podemos hablar de sequía en las cuencas del Júcar, del Segura y también en la cabecera
del Guadalquivir, con efectos muy importantes en relación con la gestión del agua en esas cuencas intercomunitarias, y también en otras cuencas intracomunitarias, como son las cuencas internas de Cataluña, y en las cuencas andaluzas, del
Mediterráneo en particular.
Por lo tanto, una primera cuestión que ha condicionado y ha acompañado el esfuerzo legislativo ha sido la mayor sequía conocida en nuestro país.
La segunda cuestión que tiene que ser considerada es la obligación por parte de España de cumplir con las directivas europeas, directivas europeas que requieren de un esfuerzo muy notable por parte de nuestro país, si uno analiza las
infracciones y los expedientes que se acumulaban en España al principio de esta legislatura contra directivas europeas en materia de agua y de medio ambiente, y que han llevado, entre otras cosas, a un esfuerzo reconocido por la Unión Europea para
mejorar el control de la calidad de las aguas en nuestro país y para llevar a cabo un nuevo esfuerzo, desde la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente con las administraciones competentes en materia de depuración y saneamiento, a través de la
aprobación de un nuevo Plan nacional de calidad de las aguas, un esfuerzo por situarnos en el marco europeo que ha sido recompensado hasta la fecha con la aceptación por parte de la Unión Europea de todas las demandas de financiación del programa
Agua que se han remitido a la Unión.
Otro proceso absolutamente pertinente para entender lo que ha sido la tarea legislativa de estos tres años y medio largos ha sido el debate estatutario en nuestro país. Un debate estatutario de lo que podríamos llamar los estatutos de
segunda generación, donde, a diferencia de lo acaecido en una primera generación de estatutos de autonomía, la política del agua ha aparecido con gran importancia y con mucha visibilidad. Ese debate estatutario ha conllevado hasta ahora la
aprobación de algunos estatutos de autonomía en las Cortes y la aprobación a nivel autonómico de otras propuestas de estatutos de autonomía que todavía no han sido debatidos en las Cortes. En todos los casos el Ministerio de Medio Ambiente ha
colaborado con los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas para que los textos que fueran definitivamente aprobados por esta Cámara fueran textos acordes con el ordenamiento constitucional, que establece muy claramente que, para
aquellas cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma, la responsabilidad en la planificación hidrológica, y por lo tanto en todas las grandes decisiones de gestión de esas cuencas, corresponde al Gobierno de España a través
del Ministerio de Medio Ambiente. Ese esfuerzo se ha materializado en la aprobación de enmiendas que han permitido que todos y cada uno de los estatutos que hasta ahora se han aprobado hayan respondido al legítimo impulso desde los territorios que
los promovían, pero respetando el marco constitucional. Y el debate sigue abierto todavía para otros proyectos de estatuto que no han llegado a la Cámara.
Por último, un cuarto elemento, señorías, que creo que es importante tener en cuenta para hablar de la tarea legislativa que se ha llevado a cabo y la que todavía compromete al Ministerio de Medio Ambiente en política de agua: es el
esfuerzo continuado durante toda esta legislatura del Partido Popular por descalificar la actuación del Gobierno de España en materia de agua y por seguir reivindicando una obra como el trasvase del Ebro como la gran panacea para los problemas de
disponibilidad, calidad y gestión de España, una obra que no obtuvo financiación de la Unión Europea, a diferencia de todas las obras del programa Agua, que cuentan con el respaldo de la Unión Europea. Esta actitud del Partido Popular -es oportuno
mencionarlo- ha contrastado con el apoyo de todos y cada uno de los grupos parlamentarios en esta Cámara, apoyo que quiero agradecer de entrada, pero que sin ninguna duda añade una dificultad por la traslación hacia la opinión pública de posiciones
claramente infundadas sobre la acción del Gobierno en materia de política del agua. Muy en particular cuando se debaten cuestiones que tienen que ver con la economía del agua, con la obligación establecida por la Unión Europea de la recuperación de
costes como elemento fundamental para que se haga un uso racional y sostenible del agua.
En el marco de esos cuatro elementos (la mayor sequía registrada nunca en nuestro país; el esfuerzo de España por incorporar de manera real las exigencias europeas
en materia de política de agua y medio ambiente; el debate sobre los estatutos de autonomía y por lo tanto el debate político sobre qué papel deben jugar las comunidades autónomas en la gestión del agua; y el esfuerzo sostenido y solitario
del Partido Popular por descalificar la política del agua en nuestro país a partir de la defensa numantina de una obra no financiada en su momento por la Unión Europea), en ese contexto, el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, ha aprobado
hasta la fecha quince normas sobre política de agua, quince normas de distinto rango, de las que voy a comentar algunos de sus contenidos, porque cuando se habla del aplazamiento de la reforma en materia de Ley de Aguas hay que tener en cuenta que
hemos reformado ya buena parte de la legislación en nuestro país en esa materia. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.)
En primer lugar, señorías, el Real Decreto-Ley 2/2004, por el que se modificó la Ley del Plan Hidrológico Nacional para sustituir el trasvase del Ebro por las actuaciones del programa Agua en las cuencas mediterráneas; se tramitó con
posterioridad como ley, la Ley 11/2005, que no solo modifica el Plan Hidrológico Nacional, sino que también modifica y reforma la Ley de Aguas hasta entonces en vigor. Y señalo solo algunos de los elementos que se incorporaron gracias a esa
modificación: la regulación del régimen de las aguas procedentes de la desalación como demaniales; la emisión obligatoria por parte de las confederaciones hidrográficas de informes sobre las consecuencias y las exigencias de actos y planes de
comunidades autónomas o entidades locales cuando comprometen nuevas demandas de recursos hídricos; la introducción de un informe obligatorio de viabilidad económica, social y ambiental, previo a la declaración de cualquier obra como obra de interés
general del Estado, acabando con la forma de declarar obras de interés general del Estado que ha sido habitual en nuestra legislación. Ese mismo informe de viabilidad se está llevando a cabo también para ejecutar obras ya declaradas de interés
general del Estado y que, en muchos casos, si no se han ejecutado es porque carecen de viabilidad desde el punto de vista económico, técnico, o desde el punto de vista de la seguridad o desde el punto de vista ambiental; la definición cualitativa
de los caudales ecológicos, un elemento fundamental para la política del agua en nuestro país; la determinación en los planes hidrológicos de las reservas naturales fluviales, la existencia de sistemas de control efectivos de los caudales de agua
utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico, y una nueva redacción relativa a la policía de aguas.
Señorías, además de esa ley, de la Ley 11/2005, el Gobierno ha tenido que abordar la situación de la sequía, que, como antes señalaba, ha sido la más importante de nuestra historia, y lo ha hecho sin haber sido aprobados en la fecha que
preveía la Ley del Plan Hidrológico Nacional del año 2001 los correspondientes planes de gestión en situación de sequía. Esos planes de gestión en situación de sequía, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, deberían
haberse aprobado antes de julio del año 2003; no estaban realizados, se han elaborado y aprobado durante esta legislatura, previa la adaptación de los necesarios indicadores a través de los primeros protocolos, que dieron paso con posterioridad a
la elaboración de estos planes de gestión de sequía, que han tenido una elaboración muy participativa, y para ello hemos contado con el apoyo de numerosos expertos y organizaciones sociales.
Frente a la situación de sequía, que ha afectado, por supuesto, a la agricultura en nuestro país, el Gobierno ha aprobado distintas normas para apoyar económicamente a las explotaciones agrarias. La primera de ellas es el Real Decreto-ley
10/2005, y con posterioridad el Real Decreto-ley 9/2008, con ayudas sin precedentes, como correspondía a una situación muy grave en el año hidrológico 2004-2005 y a una situación menos grave a nivel global pero muy grave en algunas cuencas en los
años siguientes. Medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias más afectadas por la sequía, en colaboración con el Ministerio de Agricultura. Además de esos dos decretos-leyes se aprobaron dos decretos en noviembre del año 2005
para poner en marcha medidas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos en las cuencas del Júcar, del Segura, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y el Ebro; la sola enunciación de las cuencas intercomunitarias afectadas por la
sequía en ese momento da buena muestra de la gravedad que tuvo que abordar el Gobierno.
Señorías, hay que señalar también que, a pesar de la gravedad de esta sequía, no se han producido problemas de abastecimiento a las ciudades, a diferencia de lo que sucedió en la sequía última, la sequía de hace catorce años, en la que 12
millones de españoles, habitantes de ciudades grandes y medianas, sufrieron restricciones de hasta doce horas en el suministro de agua potable. En esta ocasión, sin ninguna duda, han contribuido actuaciones de todas las administraciones, por
supuesto también del Gobierno de España a través de más de 600 millones de euros de obras de emergencia, y las actuaciones de gestión, que han permitido garantizar el abastecimiento de agua potable a todas las ciudades de nuestro país. Además de la
determinación de las ayudas excepcionales, también hay que tener en cuenta la habilitación, a través del Real Decreto-ley 15/2005, a los titulares de derechos al uso del agua para que puedan ser objeto de transacciones con otros concesionarios de
derechos de agua en cuencas diferentes, utilizando infraestructuras ya existentes, como son el Negratín-Almanzora y el acueducto Tajo-Segura.
Por otra parte, señoría, durante esta legislatura se ha aprobado en el año 2006 un real decreto para desarrollar el denominado Plan de choque de modernización de regadíos, porque es una prioridad de este Gobierno que se reduzca
significativamente el consumo del agua en la agricultura en nuestro país. Ese plan de choque tiene como objetivo reducir en el horizonte del año 2008
en 1.200 hectómetros cúbicos el consumo de agua por parte de las explotaciones agrícolas de nuestro país. Ese plan de choque, unido al resto de las actuaciones que lleva a cabo en este caso el Ministerio de Agricultura, van a permitir al
final de esta legislatura un ahorro que puede oscilar en torno a los 3.000 hectómetros cúbicos respecto a lo que utilizaba la agricultura al principio de esta legislatura. Es un esfuerzo inversor sin precedentes para una prioridad muy notable de
nuestra política del agua: racionalizar el uso del agua y llegar en la agricultura a que las explotaciones agrarias consuman el mínimo de agua posible. Y esta es la legislatura en la que por primera vez hay más hectáreas de regadío con riego
localizado que con regadío a manta o por inundación, como resultado de la labor por supuesto del conjunto de las administraciones, con un apoyo económico muy importante por parte del Gobierno de España.
Además de todo esto, señoría, se han desarrollado a través de distintas normas aquellos elementos que nos permiten iniciar, como se ha iniciado ya, la nueva planificación hidrológica en España, una planificación hidrológica acorde con la
directiva marco del año 2000, que tiene que culminar el año 2009, a finales del año 2009, para que España cumpla con todas las exigencias de la directiva europea en esta materia. Hemos aprobado la norma que desarrolla el régimen jurídico de las
entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico, regulando el registro especial de entidades colaboradoras para
fortalecer una de las carencias más importantes -como señalaba al principio de mi intervención- en nuestro país: la calidad de nuestras aguas. En febrero del año 2007 se aprobaron también decretos en desarrollo de la Ley de Aguas y de la directiva
europea, por una parte para fijar el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias y también para regular la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes en estas
demarcaciones hidrográficas. Además de todo ello, señoría, este año también, en el mes de julio, se ha aprobado el decreto que regula la planificación hidrológica, la nueva planificación hidrológica, incorporando los objetivos y los criterios a
satisfacer de acuerdo con la directiva europea.
Puedo decir, señoría, que en estos momentos, además de todas estas normas, de las que he mencionado las más importantes, el Ministerio de Medio Ambiente tiene en trámite de aprobación un decreto para la reutilización de las aguas residuales,
un decreto del que es coproponente también el Ministerio de Sanidad. Asimismo, señorías, estamos ultimando la elaboración de un decreto que creará la Confederación Hidrográfica del Miño-Limia, como se deriva de la ya existencia, en las normas que
he comentado, de una demarcación del Miño y del Limia, una demarcación que tiene carácter internacional puesto que una parte del territorio de la correspondiente cuenca se ubica en Portugal, y que es cuenca, también, intercomunitaria. En estos
momentos estudiamos con el Ministerio de Agricultura la aprobación de ayudas para aquellas explotaciones agrarias que, sobre todo en el sudeste español, este año siguen registrando menores dotaciones de regadío de las normales debido a la
persistencia de la situación de sequía en esa parte de España.
Señorías, esto por lo que se refiere a lo que hemos hecho y a lo que vamos a hacer. Y quiero ahora hacer una valoración de lo que nos queda por hacer, que ha formado parte de una tarea de análisis y de debate, tanto en el Consejo Nacional
del Agua como en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con expertos y organizaciones a lo largo de los últimos dos años.
En lo que nos queda por hacer de la reforma de la Ley de Aguas hay dos cuestiones que suscitan un gran debate social y político. Uno es avanzar en reforzar lo que podríamos llamar la economía del agua, la economía del agua de acuerdo
exclusivamente con lo que exige la Unión Europea, que requiere que haya una legislación básica que permita efectivamente el uso más eficiente posible del agua en nuestro país. Las propuestas que se llevaron al Consejo Nacional del Agua fueron
rebatidas de forma muy dura, tanto por algunas organizaciones agrarias, en particular Fenacore, y también por numerosas comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular, arguyendo que la modificación que se planteaba en
relación con las tarifas y los cánones sobre el agua iba a hundir el sector agrícola en nuestro país. Es evidente, señorías, que el Gobierno de España no tiene la menor intención de hundir al sector agrícola y que es preciso que de una manera
serena se analicen, como estamos haciendo en estos momentos, con las comunidades de regantes, con las organizaciones agrarias, las propuestas que no se han transformado de momento en una norma con rango de ley, porque creemos sin ninguna duda que
cualquier modificación ulterior de la Ley de Aguas en esta materia debe ser entendida y compartida por aquellos sectores sociales que más pueden sentirse inquietos ante ese cambio. A mi juicio, las propuestas que el Ministerio de Medio Ambiente
había llevado al Consejo Nacional del Agua eran propuestas absolutamente asumibles por parte del sector, pero evidentemente es necesario que se siga trabajando y que no se den ulteriores pasos en lo que se refiere a la legislación básica en nuestro
país que no sean adecuadamente entendidos y compartidos por el sector afectado en este caso por la reforma.
Otro de los aspectos que en la prevista reforma de la Ley de Aguas ha sido objeto de un gran debate, y en este caso, por supuesto, por todo tipo de comunidades autónomas, es el que se refiere a la administración del agua en nuestro país, en
concreto en materia de corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión de los grandes ríos. Como ya he señalado, estamos en un momento de gran intensidad en cuanto al debate de qué pueden hacer las comunidades autónomas en materia de
gestión del agua en las cuencas intercomunitarias y sin duda ese contexto ha animado a un debate muy notable
por parte, yo diría, de la totalidad de las comunidades autónomas sobre cuánto tienen que pesar sus representantes en los distintos órganos para la gestión de las cuencas intercomunitarias, o cuáles van a ser los mecanismos de aprobación de
las distintas decisiones. También aquí es bueno que se avance hacia un modelo que goce de la máxima estabilidad en el tiempo. Sería absurdo que planteáramos ahora a la Cámara un modelo contando posiblemente con una mayoría parlamentaria, pero una
mayoría parlamentaria que, en el ámbito de los poderes territoriales, no existiría para llevar a cabo una reforma del modelo de gestión de las confederaciones hidrográficas y de la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias.
Señorías, una parte importante de lo que tenemos previsto llevar a cabo, si no en esta legislatura, en la siguiente, responde a dos cuestiones que generan sin duda polémica, ruido y también, si me lo permiten, facilidad para la demagogia, en
particular en lo que se refiere a los efectos sobre los agricultores de cualquier modificación del sistema tarifario actual.
En todo caso, señoría, puedo anunciar ante esta Comisión que antes de que termine este año el Ministerio de Medio Ambiente
aprobará un decreto con todos aquellos elementos de la prevista reforma de la Ley de Aguas que no necesiten rango de ley. Y puedo anticiparles que esos elementos de la reforma se corresponden con todos aquellos que han sido ya objeto de informe por
parte del Consejo Nacional del Agua y gozan de un amplio respaldo por parte de la enorme mayoría de sus miembros. Y se ha seguido trabajando de manera bilateral con los distintos sectores del Consejo Nacional del Agua, con las organizaciones
agrarias, con los miembros de las organizaciones ecologistas, los expertos, las comunidades autónomas, porque efectivamente hay cuestiones que todavía pueden ser mejoradas en el esfuerzo normativo del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia
durante esta legislatura y que no requieren una norma con rango de ley.
Haré mención muy sintéticamente de qué estamos valorando. Concretamente podemos todavía mejorar, sin necesidad de cambiar la ley, la gestión del dominio público hidráulico y
en particular la protección en las zonas inundables. Ahí vamos a trabajar para tener, como digo, un decreto lo antes posible. También ese decreto puede avanzar en una mayor seguridad de las presas en nuestro país, un elemento que es también
prioritario para el ministerio, que ha puesto en marcha a lo largo de esta legislatura planes de emergencia que no existían a pesar del número tan importante de presas que en nuestro país requerían de esos planes de emergencia. Señorías, habrá
algunos otros elementos en ese decreto, en ese proyecto de decreto, que tendrán que ver con un régimen sancionador más homogéneo y más adecuado en términos de sancionar el daño efectivo sobre el dominio público, con una reestructuración de las
categorías, que no de los importes de las multas, porque eso solo se puede hacer a través de una norma con rango legal.
En síntesis, señorías, creemos que se ha hecho un enorme esfuerzo desde el punto de vista legislativo en esta materia en política de agua, que nos quedan sin duda cosas muy importantes por hacer cara a la próxima legislatura y que si no
hemos avanzado más ha sido porque algunas de estas cuestiones, sin ninguna duda, generan un debate social, político y mediático, que nos gustaría que diera paso a un mayor entendimiento en el inicio de la siguiente legislatura, para que España pueda
completar un ordenamiento jurídico que nos sitúe en los parámetros que nos exige la Unión Europea en política de agua, en política ambiental y en gestión de los recursos hídricos, con una participación de las comunidades autónomas que tenga cabida
dentro de nuestro ordenamiento constitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): gracias, señora ministra. Vamos a proceder al turno de intervenciones. En primer lugar tiene la palabra por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor diputado don Joan
Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, nuestra petición de comparecencia, usted lo sabe, era sencilla: los motivos por los que no se ha aprobado la Ley de Aguas. Y lo digo porque usted ha dado dos motivos básicamente para explicar por
qué no se ha aprobado: la controversia en avanzar en la economía del agua, -y nuestro grupo parlamentario entiende que el agua es un bien escaso que hay que pagar- y la controversia en torno a la administración del agua, la corresponsabilidad de
las comunidades autónomas en la gestión de los grandes ríos.
Y la cuestión es: si existía, que existe, controversia en estos temas.
Nosotros tenemos ahí una postura muy clara. La pregunta es: ¿por qué no hemos traspuesto la directiva de forma correcta? ¿Por qué no hemos aprobado la Ley de Aguas,
dejando de lado los elementos más controvertidos? Ahí es, desde nuestro punto de vista, donde no hay una explicación razonable. Nosotros le planteamos en febrero de 2007, a partir de una proposición no de ley, la necesidad de proceder a la
modificación del articulado del texto refundido de la Ley de Aguas. Le recordaré además que esta proposición no de ley se discutió, con escaso éxito, el 29 de mayo de este mismo año, porque nosotros sabíamos la necesidad de trasponer la directiva
correctamente. Pero finalmente no ha podido ser. Y lo cierto es, y usted lo comparte con nuestro grupo parlamentario, que en diciembre del año 2000, cuando la Unión Europea aprobaba la directiva europea, la directiva marco del agua, una norma que
cambia fundamentalmente la política de agua a la hora de priorizar una buena gestión por encima de la construcción de infraestructuras, esa directiva en España tuvo una trasposición incorrecta. No se lo voy a explicar yo, usted lo sabe tan bien o
mejor que yo.
La trasposición incorrecta lo fue en las formas, con una ley de acompañamiento, no sé si con nocturnidad,
pero en cualquier caso sí con alevosía. La trasposición, además, lo que hizo fue dejar de lado aspectos fundamentales que estaban en la directiva marco del agua. En el actual texto refundido de la Ley de Aguas hay más de veinte artículos
-lo dicen las organizaciones ecologistas, lo dice nuestro grupo parlamentario, pero también lo ha dicho usted- que están incorrectamente redactados en su relación con la directiva; entre ellos, los artículos 14, 18, 27, 35, 36, 40, 59, 92 ó 92 bis.
Además, dicho texto legal ignora varios elementos esenciales de la directiva marco del agua: se considera un número insuficiente de tipos de ríos; se utiliza un método inadecuado para la clasificación de lagos; se establecen las condiciones de
referencia a través de una metodología semicualitativa que es claramente insuficiente bajo los requerimientos cuantitativos de la directiva marco del agua; se definen los umbrales físicos, químicos y ecológicos, sin utilizar criterios referentes al
estado ecológico, al caudal ecológico; no se evalúan y cuantifican las presiones de impactos generales debidos a los usos del suelo; se prevé la aplicación del principio de recuperación solo para nuevas infraestructuras y usos; no se especifica
la inclusión de los ecosistemas dependientes de los acuíferos, llanuras de inundación, etcétera, en la delimitación de las masas de agua. Y podría continuar.
La pregunta es: por el hecho de que haya controversia en torno a dos elementos, en cuya controversia se ha sumado el Partido Popular, y si me permite, también alguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, yo creo que de
forma muy irresponsable, porque está claro que el agua tiene un precio, y porque está claro además que la gestión tiene que ser diferente, ¿tenemos que dejar de lado la trasposición de la directiva? Nosotros creemos sinceramente, señora ministra,
que no. De hecho, en la proposición no de ley que discutíamos el 29 de mayo, nosotros ya decíamos que en la directiva, por ejemplo, en el artículo 14, no se establece precisamente un proceso de planificación de participación pública. ¿Podemos
continuar con una Ley de Aguas que no establezca precisamente ese marco de participación pública? No parece claramente establecido en el texto de la trasposición, como lo exige la directiva marco. Podría continuar con muchos más ejemplos, pero lo
cierto es que teníamos margen para trasponer la directiva, para aprobar la Ley de Aguas y para avanzar de forma sustancial hacia la nueva cultura del agua. Y digamos que en una legislatura que ha empezado bien, con la derogación del trasvase del
Ebro, valorando positivamente los avances -y usted lo sabe- que ha habido en esta legislatura a favor de una nueva cultura del agua, resulta que acaba sin el instrumento fundamental para que podamos realmente abordar esa nueva cultura del agua.
La versión actual de los artículos, además, puede acarrear -y usted lo sabe, señora ministra- la apertura de un expediente al Estado español por trasposición incompleta e incorrecta por parte de los servicios jurídicos de la Comisión
Europea, y puede perjudicar severamente el proceso de planificación que este mes pondrán en marcha las confederaciones hidrográficas. De hecho, usted lo dijo en 2004, en la revista del ministerio; usted dijo que se traspondría la directiva de
forma correcta, que tendríamos ley de aguas y que no avalaríamos por tanto esa trasposición incorrecta que se produjo en la anterior legislatura. Yo, además, añadiría que la trasposición correcta lo que permitiría precisamente es abordar problemas
gravísimos que ocurren en nuestro territorio. Le voy a poner algún ejemplo: pozos ilegales. El Consejo Nacional del Agua ya aprobó la modificación del régimen de aguas subterráneas. Alguno de los aspectos más destacados era el control de los
pozos menores, de los que se extraen como mínimo 7.000 metros cúbicos.
¿Qué va a pasar ahora, tras la cancelación de la reforma, con el problema de los pozos? Según el Ministerio de Medio Ambiente existen en España 510.000 pozos ilegales, una
cifra que implica que cada año se extraigan ilegalmente por lo menos 3.600 hectómetros cúbicos de agua subterránea, lo que corresponde al consumo medio anual de 58 millones de habitantes.
El volumen contrasta con el volumen extraído legalmente,
usted lo sabe tan bien como yo: 4.500 hectómetros cúbicos al año. Esto significa que por lo menos el 45 por ciento del agua que se extrae hoy en España es bombeada de acuíferos de forma ilegal. Y con esta agua se riega -también lo sabe usted- la
sexta parte de los cultivos de regadío de España, numerosos campos de golf y se alimenta un desarrollo urbanístico claramente desaforado. Y lo cierto es que el cierre de pozos ilegales no funciona. Si no, le pongo un ejemplo: las Tablas de
Daimiel, en las que hay 60.000 pozos ilegales documentados y donde la Confederación Hidrográfica del Guadiana -la cifra que tengo yo hoy es esta- ha cerrado seis. ¡60.000 y se han cerrado seis!
Pues bien, nosotros no entendemos que, ante una realidad tan sangrante, no tengamos el instrumento jurídico para abordarla. Y el instrumento jurídico en este caso es una ley de aguas, que lo que haga es trasponer correctamente la directiva.
Indudablemente, el uso ilegal del agua no tiene nada que ver con la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Todos sabemos que en la mayoría de los casos lo que hace es alimentar precisamente negocios de desarrollo urbanístico
desmedido y de una agricultura mal entendida. Y a nosotros nos parece que esto tiene efectos negativos claros sobre el medio ambiente. Y por eso entendíamos y entendemos que era urgente trasponer de forma correcta la directiva marco del agua,
porque lo que está claro es que el uso de estos pozos ilegales agota los recursos disponibles. Podría poner muchos ejemplos, pero citaré la desaparición de manantiales como el de Pegalajar, en Granada y que se secan ríos y arroyos en Doñana o en el
Alto Guadiana. Lo cierto es que teníamos una oportunidad y la oportunidad se llamaba la trasposición correcta de la directiva de aguas y tener ya la ley marco del agua.
Yo le hago una última propuesta: que, en vez de este decreto que no necesite, digamos, efectos legales, que
hagan un real decreto-ley. Un real decreto-ley que nosotros apoyaremos, dejando de lado aquello que no han podido consensuar, que lamentablemente no han podido consensuar por la actitud irresponsable del Partido Popular y de muchas de sus
comunidades autónomas y por la actitud irresponsable también de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, que han negado el concepto básico de que el agua tiene un precio y no han entendido, en definitiva, que podíamos encontrar un
consenso en torno a la gestión de las cuencas hidrográficas. Lamentando esa actitud irresponsable y entendiendo que hay dos temas que no se han resuelto, nosotros le hacemos otra propuesta: real decreto-ley con el resto, con lo que han trabajado
los grupos ecologistas, con la trasposición efectiva, correcta y completa de la directiva marco del agua; consiguiendo que aquellos elementos donde no había tanta controversia puedan ser ley ya.
Yo sé que usted no quiere acabar la legislatura sin
ley de aguas.
Nosotros tampoco. Y si globalmente no queremos, la pregunta es: ¿Por qué tenemos que acabar sin ella? Eso tiene una solución y la solución es: decreto-ley que trasponga la directiva y que lamentablemente aparque aquello que la
irresponsabilidad de algunos no ha permitido tirar adelante, que es que el agua tiene un precio, y una solución para la gestión de las cuencas. Pero nosotros lo que le pediríamos, desde una exigencia ambiental básica y elemental, es que tenga...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señor Herrera, acabe, por favor, porque ha sobrepasado ya minuto y medio su tiempo.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta, acabo ya habiendo sobrepasado minuto y medio, que me parece, por la importancia del tema, la verdad, un tiempo bastante limitado.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Precisamente por la importancia del tema se le ha dejado traspasarlo, pero la Mesa no fija sola las condiciones.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señora presidenta, diciendo que nosotros lo que le vamos a pedir es que trasponga la directiva, que apruebe la ley, un real decreto-ley, y que, si quiere, nosotros aceptamos que algo con tanto sentido
común como que el agua tenga un precio sea pospuesto para la legislatura que viene; digamos que no ha habido la mayoría política ni la exigencia pedagógica para que esto sea así. Pero, como mínimo, que aprobemos el resto. Porque si no, el
esfuerzo, y usted lo sabe, que han hecho muchas organizaciones ecologistas trabajando para una buena redacción de la ley va a quedar en nada. Y no creo que una legislatura, que tenía que ser para abordar la nueva cultura del agua, se pueda permitir
acabar sin el instrumento básico para esa nueva cultura del agua, que es una ley de aguas que trasponga directamente la directiva.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Por el mismo tiempo que el consumido por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, doña Teresa de Lara, diputada por el Grupo Popular, tiene la palabra.
La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señora ministra, por sus explicaciones. Yo voy a aprovechar el repaso que ha hecho usted, un repaso por todas sus actuaciones, que obviamente no era el tema de la comparecencia. Voy a empezar por
puntualizar algunos temas que también se salen un poco de la modificación de la Ley de Aguas, pero voy a seguir el ejemplo de la señora ministra.
Yo me he repasado el 'Diario de Sesiones' del 20 de mayo de 2004, cuando compareció la ministra de Medio Ambiente ante esta Comisión. Y he subrayado algunas de las cosas que dijo comparándolas con cuál es la situación en la que nos
encontramos a fecha de hoy. Decía la señora ministra, entre las muchas cosas que dijo, que el objetivo de su política de aguas era garantizar la disponibilidad y calidad del recurso.
Obviamente, señora ministra, no ha conseguido ni un objetivo ni
el otro: la calidad es mala (ha hecho falta un nuevo Plan de calidad de aguas, que por supuesto creo que es bueno, pero la disponibilidad del recurso, según usted nos ha anunciado a fecha de hoy, sigue siendo escasa; usted nos ha dicho que a fecha
de hoy teníamos sequía en la cuenca del Júcar, en la del Segura, en cuencas internas de Cataluña, en cuencas mediterráneas andaluzas y en la cabecera del Guadalquivir. Fíjese, señora ministra, a todos los lugares que ha enunciado, Júcar, Segura,
cuencas mediterráneas andaluzas y cuencas internas de Cataluña, precisamente el trasvase que usted derogó iba a llevar agua. Cabecera del Guadalquivir: si usted se hubiera dado prisa en hacer los embalses que estaban proyectados, que estaban
aprobados, que se iban a ejecutar y que usted está retrasando indebidamente, a lo mejor no habría en este lugar la sequía que hay en la actualidad.
Decía la señora ministra que la política de agua tiene que incorporar la variable ambiental, pero desde el inicio de cualquier proceso. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos, señora ministra, con que la gestión que ha efectuado usted de
política de aguas ha sido a través del procedimiento de emergencia, procedimiento que no ha incorporado la variable ambiental.
Usted ahora nos dirá que sí, pero obviamente el trámite de declaración de impacto ambiental no se ha seguido como es de
rigor. También decía usted en aquel momento que se iba a incrementar durante la presente legislatura en 1.058 hectómetros cúbicos la disponibilidad de agua en el Levante y sudeste español. De las obras, de las actuaciones no incluidas en el plan
hidrológico, ¿cuántos de estos 1.058 hectómetros cúbicos están disponibles a fecha de hoy? De las actuaciones adicionales al plan hidrológico, de su famoso programa Agua. Decía usted en la misma intervención que se trataría de agua de calidad, no
como la que se hubiera obtenido de la des
embocadura del Ebro, totalmente inadecuada para el consumo humano y para determinados cultivos. Y usted, este verano, señor ministra, innecesariamente mintió de nuevo en la Universidad Menéndez Pelayo, porque dijo -y este era el titular-
que Aznar quería llevar agua contaminada al Levante y al sudeste español. Yo le pregunto, señora ministra -le pregunté en 2004 y le he preguntado en otras ocasiones y no me ha contestado, espero que hoy sí me conteste-: si el agua del Ebro es
mala, es de mala calidad, sobre todo en su desembocadura, es de tan mala calidad que hace inviable el trasvase, ¿por qué los habitantes del delta del Ebro la utilizan para el consumo? ¿por qué la utilizan para regar 27.000 hectáreas de arrozales?
¿por qué los ciudadanos de Tarragona y de Reus la utilizan para beber? Realmente, ¿cómo es que están bebiendo un agua de mala calidad, un agua contaminada, que es la misma que Aznar quería llevar al Levante y al sureste español, según sus
declaraciones? Señora ministra, este es un dato que usted debe explicar; debe explicarlo hoy aquí y no omitir la respuesta, como ha hecho en otras ocasiones.
Decía también que lo que se iba a hacer era actualizar los registros de agua para que pudieran ser efectivos los bancos públicos de agua, que a fecha de hoy no existen -usted no los ha nombrado-, aunque estaban en la modificación de la Ley
de Aguas que usted ha retirado, y, repito, a fecha de hoy no existen todavía. Querríamos saber si se ha actualizado los registros de agua, que usted decía que era tan necesario. Ha dicho usted que quería crear la conferencia sectorial del agua, y
que esto era absolutamente necesario para una buena coordinación. Querríamos preguntarle ¿por qué no se ha creado la conferencia sectorial del agua a la que tanto aludía usted y que parecía que era la panacea que iba a resolver todos los problemas?
Decía usted que iba a modificar el Consejo Nacional del Agua para propiciar una mayor implicación de los ciudadanos y reducir la excesivamente numerosa presencia de las administraciones.
Esto sí lo ha cumplido, porque en la propuesta que había en
la modificación de la Ley de Aguas, que usted ha desistido de traer a esta Cámara, el Consejo Nacional del Agua desaparece de las comunidades autónomas, las entidades locales, los organismos de cuenca, y se rebaja ostensiblemente el peso político de
los usuarios, porque a usted le son molestos; como le son molestos, reduce su peso. Hablaba usted de la reforma de las confederaciones, dando un protagonismo a las comunidades autónomas. Señoría, las comunidades autónomas ya están en las juntas
de gobierno de las confederaciones. ¿Qué ocurre? Que a los consejos del agua de las cuencas también les han quitado la planificación y han desaparecido de allí las comunidades autónomas. Les han quitado todas las atribuciones, que han pasado al
Comité de autoridades competentes. En el texto que usted proponía y que ha debido retirar por falta de consenso, toda la decisión la tenía este Comité de autoridades competentes sobre coordinación, planificación y gestión; todo se lo encargaba a
este comité, quitándoselo usted a los consejos de agua y a las juntas de gobierno de las confederaciones hidrográficas. También hablaba usted en este proyecto de ley que usted retiraba o, mejor dicho, en este anteproyecto de ley que usted
preparaba, en esta modificación, que en la junta de gobierno las administraciones públicas contarán con una participación proporcional a su peso. No sabemos a qué se refiere lo del peso, si a la población o a la extensión del territorio; no lo
sabemos.
Fíjese, señora ministra, tal y como estaba la modificación de la Ley de Aguas en el Comité de autoridades competentes, un tercio de la representación era de la Administración del Estado, un tercio de las comunidades autónomas y un tercio
de los usuarios. Usted, que quiere dar participación a las comunidades autónomas, que las quiere dejar decidir sobre la gestión del agua, proponía una composición de la mitad más uno de los representantes de la Administración General del Estado.
No es extraño, señoría, que después de todo lo que usted ha hablado de las comunidades autónomas no le admitan esta representación.
Decía usted que cuando se derogó el trasvase del Ebro se habían modificado algunos aspectos de la Ley del Agua, y efectivamente esto es así; acerca de las modificaciones existentes, que en este aspecto no han variado, manifestaba que las
confederaciones hidrográficas se pronunciarían sobre la existencia o inexistencia de recursos. Yo le querría preguntar, señora ministra, cuál es el informe de la Confederación del Tajo sobre la existencia de recursos en Seseña, en esta ciudad que
se está creando por ese señor del que hoy día se está hablando mucho. ¿Qué informe hizo la confederación? Allí no había agua; en los presupuestos del año pasado usted estaba llevando el agua allí, una comunidad gobernada por el Partido
Socialista, un municipio gobernado por el Partido Socialista.
¿Qué informe hizo la Confederación del Tajo? Porque es imposible que fuera un informe favorable. En el artículo 40 de la modificación de la Ley de Aguas que usted ha tenido que retirar
por falta de consenso, repito, entre los objetivos de la planificación usted ha suprimido el de satisfacer a las demandas; introduce el criterio social, que está bien, pero es muy amplio, muy demagógico y un cajón de sastre, porque una protesta de
un territorio usted puede considerarla como un criterio social para no ejecutar cierta obra hidráulica. Por consiguiente, al suprimir el objetivo de satisfacer la demanda, usted no cumple con la obligación del Gobierno, que es dar agua a todas las
regiones de España, como hacía el Plan Hidrológico Nacional. Por lo visto, señora ministra, usted no conoce el informe de la ONU de diciembre de 2006. En él se menciona, hablando de cambio climático, que la disminución de lluvias que se preveía
hacía más necesarias que nunca las obras de regulación. No sé si conoce usted este informe y qué opina de él. Desde luego ante la posibilidad de que disminuyan las lluvias y la cantidad de agua en España indudablemente hacen falta obras de
regulación. Fíjese lo que sería de España en estos momentos si no hubiera la cantidad de embalses que hay; de ellos,
de su disponibilidad se nos da información día a día. ¿Qué sería de nosotros sin ellos, señora ministra? En el artículo referido a los bancos públicos de agua, que evidentemente no están creados, se trataba de los trasvases entre los
bancos públicos de agua. Nos gustaría que nos explicara exactamente a qué se refiere. Usted quería crear una nueva tasa, denominada tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua. Usted se muestra
asombrada de que ni los regantes, ni las asociaciones agrarias, ni las comunidades autónomas estén de acuerdo con ella. Pues no, señora ministra, y especialmente las asociaciones agrarias y los regantes; si se les sube algo el precio del agua,
puesto que necesidad de agua no hay en Europa, nuestra agricultura dejaría de ser competitiva. Luego es clarísimo que no la quieran. Usted sonríe, señora ministra, pero yo no sé si usted sonríe tanto cuando los regantes le dicen sus motivos. Se
sonríe aquí porque se ve apoyada, pero indudablemente hacer que la agricultura española deje de ser competitiva no es función de la ministra de Medio Ambiente ni por supuesto del Gobierno de la nación.
Usted, en sus explicaciones -repito, ha intentado hacer un balance de su legislatura, aunque no era este el motivo de su comparecencia, pero ahí está- ha mostrado su intranquilidad por la trasposición de las directivas europeas. Usted está
muy preocupada por las directivas europeas y por lo que dice la Unión Europea. Fíjese que a usted, al Gobierno de España, al Gobierno del señor Zapatero, no le inquieta en absoluto la Unión Europea.
Recientemente la Unión Europea ha recomendado a
la Comisión Nacional de la Energía rectificar una serie de condiciones de la OPA a Endesa; lo dijo hace tiempo, pero parece que esto al Gobierno español no le preocupa, solamente le alarma a usted. Ha dicho que ha colaborado en la reforma de los
estatutos de autonomía. Yo no sé cómo ha colaborado; me imagino que en ella ha colaborado todo el mundo, pero desde luego no creo que usted se sienta muy orgullosa de la insolidaridad que se ha creado en España como consecuencia de su política de
agua. La enorme insolidaridad que se ha provocado es consecuencia de que usted no ha sabido o no ha querido resolver los problemas de agua que hay en España, y esto es muy grave, señora ministra, por más que usted nos haya hecho aquí un listado de
todos los decretos que usted ha redacto y de todos los que piensa hacer. El hecho es que usted ha tenido que retirar...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora Teresa de Lara, por favor, vaya terminando porque lleva doce minutos.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta. Usted ha tenido que retirar un proyecto de ley porque no ha conseguido consenso. Comentaba S.S. en unas declaraciones que usted quería un gran pacto del agua; claro que sí, esto lo
queremos todos, señora ministra, pero para un gran pacto sobre el agua es esencial que los partidos se pongan de acuerdo en que hay que llevar agua a todas las comunidades autónomas. No es posible que unas comunidades autónomas tengan agua y otras
no; no es posible que haya trasvases para una cuencas y otras no; no es posible dar agua a Cantabria, lo cual nos parece muy bien, porque queremos que todas las comunidades tengan agua. ¿Por qué ha aumentado el número de turistas en Cantabria y
no se da agua al Levante y al sudeste español? Todas las comunidades autónomas deben tener el agua que necesitan, señora ministra; es su obligación. Habla de la gestión de la demanda...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora De Lara, como van a tener una segunda oportunidad de cinco minutos de réplica, reserve el resto de su intervención.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta, pero mi intervención se hubiese ceñido al tiempo si la señora ministra se hubiera ceñido al tema que era objeto de la comparencia.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señora diputada, usted no preside los debates, pero conoce muy bien el Reglamento, y forma parte de la Junta de portavoces. Son diez minutos, lleva trece; ha habido suficiente
flexibilidad según lo que establece el Reglamento. Lo lamento.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, pero no me puedo creer que usted me quite la palabra en una comparecencia de la ministra, cuando aquí viene poquísimo.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Doña Teresa de Lara, no me extraña que le sorprendan a usted las sonrisas con su forma de expresarse. Ha tenido usted tres minutos más del tiempo establecido por unanimidad por Mesa y
Portavoces, luego usted no puede quejarse del tiempo que está establecido en el Reglamento, al que se le han añadido tres minutos. Acabo de decirle que se le van a conceder, aunque es competencia de la Presidencia, cinco minutos más. Si tuviéramos
que recurrir a la memoria, tal como ustedes aplicaban el Reglamento, ustedes no daban ni siquiera la oportunidad al diputado en el uso de la palabra para que pudiera terminar. No vuelva usted a hacer hincapié sobre inflexibilidad cuando no se da
esta circunstancia, porque entonces sí que me voy a ver en la obligación de cortarle la palabra, como hacía su compañera de escaño. Sabe usted perfectamente que le he dado un minuto más que al portavoz de Izquierda Unida, para ser ecuánime.
Tiene la palabra el señor Labordeta por el Grupo Mixto. Tiene el mismo tiempo que el resto de los grupos, exactamente trece minutos.
El señor LABORDETA SUBÍAS: La ministra de Medio Ambiente anunció hace unos días que se paralizaba la tramitación de la Ley de Aguas al menos hasta la siguiente legislatura. Desde Chunta Aragonesista lamentamos esta paralización y
compartimos gran parte de los criterios utilizados por el portavoz de Iniciativa per Catalunya. El caso es que, sea por falta de tiempo, por falta de acuerdos con las autonomías, o por las razones que nos dicen o que nos ocultan en estos cuatro
años de legislatura, no se va a aprobar esta necesaria reforma en un ámbito tan sensible a los intereses de nuestro territorio. El adjetivo que califica este cambio normativo de ineludible no es gratuito ni partidista, no es la mera opinión de
Chunta Aragonesista, que también, sino que era el propio Ministerio de Medio Ambiente, al menos hasta hace apenas cinco meses, concretamente el pasado 20 de marzo de 2007, quien así lo refrendaba. De hecho, en la presentación pública de este
presupuesto de reforma que figuraba en la página web oficial del Ministerio de Medio Ambiente se decía que este cambio era una obligación y una necesidad. El citado documento elaborado por el Gobierno de España, que todavía se puede ver en la red
de redes, expone entre sus conclusiones que la reforma de la norma es imprescindible por una serie de motivaciones siempre con criterio claro. Una nueva ley que incorpore no sólo los postulados de la directiva marco, sino con la vocación de ir más
allá al plantear la protección y desarrollo sostenible de los recursos hídricos como calidad de vida. Desde Chunta Aragonesista estamos de acuerdo con estos postulados, por eso consideramos necesario el cambio legal. Qué remedio nos queda ahora
más que tener que lamentar este retraso. El propio Consejo Nacional del Agua en su pleno ya indicaba el pasado 3 de septiembre de 2004 varias líneas de trabajo en este sentido reformador.
Se considera de gran interés reforzar las medidas legales
para la protección del dominio público hidráulico mediante el concurso de un marco legal preciso y suficiente que dote a los organismos responsables de medidas que faciliten sus labores de control y vigilancia. Hablamos del documento o acta del
plenario del Consejo Nacional del Agua.
Igualmente se mencionan en el citado texto del Consejo muchas otras cuestiones básicas a incluir en la deseada reforma de la Ley de Aguas: recopilación del coste de los servicios, controles de medidas de
caudales consumidos, inclusión de criterios y propuestas referidas a participación, transparencia y participación, mejora de la calidad del agua y del suministro, régimen ecológico y las condiciones que el mismo debe cumplir. Si este informe del
que se entiende que es el órgano consultivo superior en esta materia era conocido ya hace tres años, se podrá alegar lo que se quiera, pero falta de tiempo es una excusa pobre.
Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo, decía el
brillante científico Albert Einstein. Esta ley era necesario haberla aprobado antes de las reformas estatutarias que han permitido que la contradicción se haga presente en este escenario, completando un panorama en el que en algunos estatutos se
apuesta por el trasvase del Ebro, como en Valencia, en otros se asumen competencias que tendrían que ser de la cuenca, como en el catalán, y en el caso aragonés hemos hecho buena la fama de nobles y tontos aprobando un presunto blindaje que es más
un seguro de vida para las tentativas trasvasistas, sean del PP levantino o del Pepe Bono.
Señora ministra, no compartimos la nueva cultura de quedarse en la orilla a contemplar cómo el río y el tiempo pasan, perdiendo la oportunidad de sumergirse en las aguas de la corriente del cambio normativo que, como decían los sabios
griegos, como Heráclito de Éfeso, ya nunca más serán las mismas. Sabemos de las reticencias de los sectores más tradicionales, más conservadores, pero gobernar es tomar decisiones; si no se actúa, estamos haciendo el favor a los que quieren que
nada cambie, incluida la política hidráulica. Para calibrar la importancia de esta no decisión, este retraso supone más de un año, como mínimo, en la aprobación de la reforma si contamos los periodos de constitución del nuevo Gobierno, de
tramitación parlamentaria y demás asuntos de palacio. Lo sentimos, créame, señora ministra; sentimos este retraso. Apoyamos la decisión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pidiendo un real decreto-ley, que apoyaremos también, y entonces
su partido, usted, tendrá mayoría parlamentaria y podrá salir adelante este real decreto. Quitemos aquello en lo que en principio no se está de acuerdo, lleguemos a la conclusión de lo que nos une y hagamos este real decreto que apoyaremos nosotros
rotundamente, igual que hará Iniciativa; entonces tendremos un real decreto y podremos avanzar un poco en el proceso de la Ley de Aguas.
Realmente a veces se escuchan cosas divertidas como que los del delta del Ebro beben agua mala. Los de
Zaragoza bebemos un agua pésima también, porque desde hace años nos han prometido traernos agua del Pirineo, pero no llega, y todos tenemos unos cálculos de riñón maravillosos debidos a la cantidad de cal que lleva este río. Bebemos el agua del
Ebro porque no tenemos otra; los del delta del Ebro beben el agua del Ebro porque no tenemos otra. Compramos botellas o no tenemos agua. Escuchar que es mala...; el agua del Ebro es muy mala, está contaminada; verdaderamente tenía razón usted
cuando decía que esta agua iba a llegar absolutamente contaminada y que no se puede beber, porque es verdad, es un agua malísima.
Insisto, vamos a sacar adelante este real decreto con el acuerdo de todos los grupos que les apoyamos.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Gracias, señor Labordeta, por su concisión y su brevedad.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Bienvenida, señora ministra, a la Comisión de Medio Ambiente. Mi grupo lo primero que quería indicarle es que el Grupo Parlamentario
Socialista está plenamente de acuerdo con su exposición en dos cuestiones.
Primero, nos parece absolutamente sensato atrasar durante unos meses la reforma de la Ley de Aguas por las cuestiones que ha explicado; de la misma manera que nos
parece sensato y valiente que, a pesar de esas cuestiones, todo aquello que no necesita rango de ley, como la gestión del dominio público hidráulico o la seguridad de las presas, lo lleve a cabo. Ya sabe que tendrá el apoyo total del Grupo
Parlamentario Socialista y del resto de los grupos de la Cámara, excepto del Grupo Popular, como siempre, para poder abordar estas dos cuestiones tan importantes para la política hidráulica.
Cuando habla precisamente del contexto en el que se ha producido toda su política hídrica, nos encontramos con que la sequía en 2004-2005 ha sido la más grave que ha habido en la historia de España, con que era urgentísimo el cumplimiento de
la normativa europea, con que ha habido un gran debate, muy importante, sobre la corresponsabilidad de las comunidades autónomas a través del debate estatutario y con que fundamentalmente ha habido un esfuerzo y una enorme crispación del Partido
Popular respecto a la política hídrica del Gobierno, sobre todo reivindicando algo que sabe que es imposible llevar a cabo, el trasvase del Ebro. Aun así, señora ministra, nos ha indicado cuestiones que ya sabíamos, como la aprobación de quince
normas fundamentales para la política hídrica -por eso le exponía que nos parecía muy sensato-, aunque considera que en estos momentos es mejor darle más tiempo a la modificación de la Ley de Aguas. La cuestión es que la mayoría de los objetivos
que usted tenía en las cuestiones de política hídrica se han cumplido, que las causas de retraso son trascendentales, teniendo en cuenta que una de las cuestiones más relevantes de esta legislatura era el consenso y el diálogo. Cuando se ha
encontrado con alguna dificultad en este ámbito nos parece sensato que usted haya decidido la retirada de este proyecto durante unos cuantos meses, no muchos, ocho; en cuanto volvamos a ganar, volveremos a hablar de este tema y a lograr el apoyo
que hemos tenido del resto de grupos de la Cámara. Lo que nos gustaría muchísimo es que también se incorporase a este debate del agua, tan serio y tan importante para España, el Grupo Parlamentario Popular.
Me sorprende que la señora De Lara, portavoz del Grupo Popular, haya hecho muchas preguntas, pero fundamentalmente dos, porque el resto ya están subsumidas, puesto que sabe que se va a retrasar esa modificación de la Ley de Aguas. Le
pregunta: de los 1.058 hectómetros cúbicos, de los que usted prometió con el programa Agua, cuántos hay en este momento. Es sorprendente esa pregunta, porque no ha parado de poner zancadillas para que no pueda venir ni un solo hectómetro cúbico,
de lo cual yo quisiera hablarle también en este momento. Igualmente menciona que el programa Agua ha traído insolidaridad entre las comunidades autónomas. Lo que querrá decir la señora De Lara es que, cuando se llevó a cabo de la manera en que se
hizo el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional con los artículos famosos del trasvase del agua, fue el Partido Popular, con aquella política, no el que generó insolidaridad, sino algo mucho más grave, la guerra del agua en España, la cual
nunca jamás se había producido. Yo espero que esto desaparezca con nuestro programa.
La cuestión es la siguiente: el Partido Popular ha usado esta retirada para decir -ya hemos visto la intervención de la señora De Lara- que no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, no solamente se han llevado a cabo quince normas de un
rango elevadísimo, sino que ha habido algo más notable en España, que es un cambio de modelo hídrico. Hemos pasado del viejo modelo hídrico que había, con todo cuestiones hidráulicas, de las cuales por supuesto la más importante era el trasvase del
Ebro, a uno nuevo mucho más moderno, mucho más avanzado en tecnología, y sobre todo está cumpliendo con el nuevo modelo hídrico de Europa y la directiva marco del agua del año 2000. Por lo tanto, nos parece que el programa Agua, que ha dado lugar a
ese cambio de modelo, tiene una importancia enorme. Para efectuar ese cambio de modelo y todas las actuaciones del programa Agua tendría que haber algo más de lealtad institucional. Yo entiendo que en los debates parlamentarios tengamos
controversias, a veces fuertes, muy grandes entre partidos políticos, pero no que se llegue a la deslealtad institucional de los gobiernos autonómicos con el Gobierno de España. Una cuestión es la controversia entre partidos y otra es la deslealtad
entre gobiernos (autonómico, local) y el Gobierno central, el Gobierno de España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Podría poner un ejemplo de lealtad institucional: lo que acaba de ocurrir -usted lo ha mencionado precisamente- entre España y Portugal,
que va a dar lugar a la creación de una nueva confederación hidrográfica. A eso se le llama lealtad institucional, a que se llegue a un acuerdo a pesar de las graves tensiones que ha habido durante muchos años. ¿A qué ejemplo podría acudir para
hablar de deslealtad institucional en algunos gobiernos autonómicos y en algunos gobiernos locales? Por ejemplo, señora ministra, la desalinizadora de Torrevieja, la cual estuve visitando ayer. Eso es gravísimo; es gravísimo lo que ha ocurrido y
lo que está ocurriendo. Día tras día personas del Partido Popular, como el señor Camps y el alcalde de Torrevieja, ponen obstáculos y zancadillas para que la actuación más relevante para la Comunidad Valenciana dentro del programa Agua, y para
Alicante desde luego, que es la desalinizadora de Torrevieja, no se lleve a cabo, y sobre todo que sigan insistiendo día tras día cuando el Partido Popular en aquella comunidad ha recibido dos fortísimos varapalos. El 24 de mayo la Unión Europea le
dijo que no había lugar a sus alegaciones en contra de esta desalinizadora porque cumplía todos los requisitos medioambientales. El 27 de julio el Tribunal Constitucional le dijo que, además de que cumple con toda la normativa y con todos los
requisitos medioambientales, iba a ser gravísimo y muy perjudicial, uno, para los más de dos
millones de ciudadanos; dos, para los regantes, más de 65.000; y, tres, para España -repito, para España- porque si no se acababa en su momento ¿qué pasaría con los 55 millones de euros, es decir 9.000 millones de pesetas, con que está
financiándola la Unión Europea? Por cierto, señora ministra, enhorabuena, porque todos los proyectos del programa Agua que usted envía a Europa se financian. Hoy se da la noticia de que los primeros 14 millones de euros para el trasvase
Júcar-Vinalopó ya están aquí. Cuando ponen zancadillas continuas a toda esta serie de proyectos, a pesar de los varapalos que se están sufriendo, nos parece que deberían reflexionar y entender que en la política del agua es imposible que haya
verdaderos avances, a pesar del esfuerzo del Gobierno, si no hay acuerdo.
Lo primero de lo que tendríamos que hablar es de que, para llevar a cabo la política del agua correctamente, tiene que haber voluntad política. Si hay voluntad política, hay
acuerdos; si no hay voluntad política, hay continuos atrasos. Hay algo más grave -yo insisto en eso- no entre los partidos, entre los gobiernos; eso es gravísimo para los ciudadanos, y eso es una fortísima irresponsabilidad. Yo, que llevo
algunos años en esto, jamás había visto que en España ocurriese eso, y cada día sigo asombrándome por lo que hace el señor Camps o por lo que están haciendo algunos alcaldes. Le digo eso porque no estaría de más que en cuanto a la voluntad política
el Partido Popular cumpliera al menos con tres mandamientos políticos: el primero, no mentirle a los ciudadanos -hablaré de algunas cuestiones sobre ello-; el segundo, acabar con sus contradicciones -también hablaré de algunas de estas
cuestiones-, y el tercero, que me importa muchísimo, la lealtad institucional, fundamental para el progreso de nuestro país. ¿Cuándo se miente a los ciudadanos? Siguiendo con el ejemplo de la desalinizadora de Torrevieja, cuando dicen que es una
bomba nuclear que estamos tirando al mar, primero, porque va a tener gravísimas repercusiones... Perdón, ¿me he pasado del tiempo? Estoy viendo la luz verde...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Le quedan exactamente 51 segundos.
La señora SERNA MASIÁ: En la segunda terminaré. Mentiras: cuando se dice por ejemplo que va a haber gravísimas consecuencias por la emisión de CO2. Como decía uno de los analistas de lo que está pasando con las desalinizadoras -lo leo
textualmente-: Pese a lo que se afirma, la realidad es que las plantas desalinizadoras no emiten CO2 a la atmósfera, porque funcionan íntegramente con energía eléctrica, y el proceso de desalinización no genera CO2. Como añadía ya en plan de
broma: es que las desalinizadoras no tienen chimenea. ¿Eso es algo de lo que todavía no se ha enterado el Gobierno de la Comunidad Valenciana, que no tienen chimenea? Otro ejemplo es cuando se habla de que tiene un altísimo consumo de energía.
Si en treinta años el consumo de energía ha disminuido por metro cúbico de desalinización nada menos que un 630 por ciento; hemos pasado de un gasto de 22 kilovatios a otro de 3,5. Por lo tanto, es la tecnología del futuro. Acerca de la
desalinizadora -después, si acaso, lo comentaré-, veo que hay profundísimas contradicciones. Por ejemplo la Comunidad Valenciana está diciendo continuamente que no a estas cuestiones de la desalinizadora, sin embargo -perdone, señora De Lara-, esas
contradicciones ustedes deberían explicárselas a los ciudadanos. El señor Matas en la comunidad de Baleares está contentísimo con las desalinizadoras; la verdad, como ciudadana alicantina, ya que allí gobierna el PP, me hubiera gustado que
estuviera el señor Matas, porque entonces la desalinizadora de Torrevieja se realizaría.
Con esto acabo, aunque después continuaré en mi segunda intervención.
Señora ministra, se lo voy a facilitar a la Mesa para que la presidenta, si tiene a bien, se lo pase al resto de los grupos. Aquí encuentro en color un anuncio: 'El
agua ha dejado de ser un problema. El Partido Popular cumple'. Esto responde a una propaganda de estas últimas elecciones; la foto en la que se dice que el Partido Popular cumple es nada menos que de una desalinizadora, o sea que al señor Matas
en Baleares le parece que esto tiene que salir como propaganda porque es fantástico, pero en la Comunidad Valenciana no. Voy a decir algo más, señora ministra: ¿sabe lo que tendría que poner aquí a pie de página? Que esta desalinizadora la ha
pagado el Gobierno de España. (Una señora diputada: Muy bien.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): La presidenta le ha aplicado a usted exactamente los mismos tiempos que al resto de los grupos; han sido trece minutos, aunque usted ha consumido algo menos, por eso la he dejado
continuar hasta el final.
Ahora dará la contestación la señora ministra. Inmediatamente después abriremos un segundo turno, que será exclusivamente de cinco minutos, pero recuerdo que otorgar ese tiempo es potestad de la Presidencia en aras de la flexibilidad que
caracteriza a esta Comisión; repito que será exclusivamente de cinco minutos. En esa ocasión no habrá un extra de tres minutos.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Voy a contestar en primer lugar a las intervenciones de Izquierda Unida y de la Chunta Aragonesista, dada la coincidencia en algunos planteamientos, que merecen por mi parte una
respuesta; una respuesta, si me permiten, en primer lugar de agradecimiento puesto que al pedir esta comparecencia se ha hecho desde una actitud constructiva y de exigencia al Gobierno de España en relación con la buena trasposición de la directiva
marco. Esto es importante resaltarlo, y yo lo agradezco, porque efectivamente abre esa posibilidad que ustedes, en ambos casos, han suscitado, de que a través de un decreto-ley se pudiera avanzar algo más en la modificación de nuestra legislación
básica. Quiero señalarles -lo hice en mi intervención, pero
quiero volver un minuto sobre ello- que desde el inicio de esta legislatura hemos trabajado para incorporar lo más correctamente posible la directiva marco que fue traspuesta de manera inadecuada, como se ha señalado, el año 2002.
Ciertamente, desde el punto de vista de la modificación de nuestra legislación, ese objetivo en parte ya se aprovechó en la Ley 11/2005; quiero recordar que aquella ley tuvo en esta Cámara un proceso de debate muy amplio. Se aprovechaba el
decreto-ley, que tenía un contenido más conciso y más que ver con actuaciones de inversión, en particular en las cuencas mediterráneas, y cuando llegamos a la aprobación de la Ley 11/2005 una parte del contenido de esa norma ya respondía claramente
al objetivo compartido por los grupos parlamentarios de esta Cámara ampliamente de mejorar la trasposición de la directiva marco. Por lo tanto, ahí ya hubo un avance en toda una serie de cuestiones. El portavoz de Izquierda Unida decía que todavía
hay unos veinte artículos de la legislación básica que pueden considerarse como una trasposición no correcta. No me atrevería yo a coincidir del todo con el número de artículos que todavía hoy tienen una trasposición incorrecta, porque, como
comentaré a continuación, vale la pena hacer ese ejercicio de análisis con los grupos parlamentarios que estarían de acuerdo con mejorar algo más con el instrumento de un decreto-ley. En gran medida hemos avanzado en la modificación acorde con la
directiva: primero, en aquella Ley 11/2005; segundo, con distintos instrumentos normativos (decretos-leyes y también decretos). Por ejemplo el decreto que se ha aprobado este año para iniciar la planificación hidrológica precisamente incorpora,
porque puede hacerlo con rango de decreto, algunas de las exigencias que no necesitan ley y que vienen de la directiva marco. Quiero con esto subrayar algo importante: no todo lo que hay en una directiva, y en este caso tampoco, requiere una ley.
Lo que se ha podido hacer y lo que podamos hacer todavía como decreto hay la voluntad política, ya probada en ese sentido, de hacerlo. Por lo tanto, parte de esa trasposición inadecuada de la directiva efectivamente se ha hecho ya, o por la vía de
la Ley 11/2005 o por la vía de los distintos decretos, órdenes ministeriales, etcétera, que constituyen el acervo de trabajo de esta legislatura hasta este momento. Todavía podemos hacer más. ¿Con rango de decreto? Por supuesto. ¿Con rango de
decreto-ley? Es posible que, si a lo que se ha hecho y a lo que podemos hacer con rango de decreto le quitamos lo relativo a la economía del agua desde el punto de vista de la trasposición inadecuada de la norma, realmente quede muy poco, pero
ofrezco desde luego la búsqueda de posibles acuerdos en esta materia, porque si quedase algo que haya sido ya objeto de acuerdo en el Consejo Nacional del Agua y que no responda a esas dos cuestiones más polémicas que he comentado, la economía del
agua o algo que no tiene que ver con la trasposición de la directiva, que es en el caso de España cómo se administra el agua entre las distintas administraciones, por supuesto que se podría analizar. Por lo tanto, yo agradezco esa iniciativa que se
me plantea, la analizaremos para ver si, al margen de aquello que ha motivado la ralentización de este proyecto, que son esas dos grandes cuestiones, todavía nos queda algo para la trasposición adecuada de la directiva que valga la pena aprobar con
una norma de decreto-ley. Insisto que lo hago desde el agradecimiento y desde luego desde el reconocimiento en este momento del apoyo que he tenido a lo largo de esta legislatura sobre todo de los dos grupos que han intervenido y de los demás,
salvo del Popular en esta Cámara, que se ha quedado sistemáticamente solo en todos los debates sobre política del agua.
Efectivamente el señor Labordeta hablaba de la calidad del agua del Ebro; ahora responderé a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Somos conscientes de que hace falta mejorar todavía más la calidad de las aguas, y por eso hemos
aprobado un nuevo Plan nacional de calidad de las aguas y hemos ofrecido al Gobierno de Aragón un acuerdo para incorporar al máximo el trabajo compartido de las dos administraciones para acelerar, por ejemplo, la construcción de depuradoras en el
Pirineo, que fueron declaradas obras de interés general hace bastante tiempo y que por supuesto estaban en el Plan Hidrológico Nacional, como casi todas las cosas, pero sobre las que no se había hecho nada en los años anteriores (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, señor Labordeta, mi compromiso es también hacia Aragón en relación con la calidad del agua del Ebro, con la calidad del agua que tienen a disposición los aragoneses.
Paso a contestar a la señora De Lara, que en legítimo uso de su tiempo ha entrado en otros temas a los que voy a dar respuesta, aunque ya no tienen que ver tanto con la legislación, que ha sido el objeto básico de mi comparecencia, puesto
que yo he hablado de legislación desarrollada a lo largo de esta legislatura. Podemos ahora comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la inversión del Gobierno, por ejemplo, con compromisos relativos a obras hidráulicas, etcétera. Sobre
estas cuestiones, señora De Lara, usted sabe que al inicio de esta legislatura se había ejecutado la inversión prevista en el Plan Hidrológico Nacional en un 15 por ciento de media, con porcentajes significativamente inferiores en el caso de Aragón,
de Castilla-La Mancha, de Murcia, y de Valencia. Este Gobierno desde el primer momento ha incrementado la actividad inversora, sobre todo en algunas comunidades autónomas, respecto a la etapa anterior. Muy en particular nuestro esfuerzo inversor
ha aumentado de manera notable en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Castilla-La Mancha; han sido las tres comunidades autónomas donde más ha aumentado el esfuerzo inversor a lo largo de esta legislatura, precisamente para recuperar tiempo
perdido en multitud de actuaciones, ligadas a la disponibilidad y la calidad del agua. Hay que recordar, por cierto, que si no se ha cumplido el Plan de depuración y saneamiento del año 1995 ha sido mucho más por falta de inversión de las
comunidades autónomas que por el Gobierno de España,
porque ahí están los grados de cumplimiento en cada caso de aquel plan del año 1995. Por otra parte, señoría, me alegra saber que le preocupa la calidad del agua y por tanto la de los vertidos, porque en esta legislatura se ha hecho un
esfuerzo extraordinario por mejorar el control público de los vertidos al dominio público hidráulico, partiendo de una situación francamente mala al inicio de esta legislatura.
Usted me preguntaba que cuántos hectómetros cúbicos más tenemos en estos momentos a disposición en aquellas comunidades autónomas que confiaban en el trasvase del Ebro, sin financiación europea y con un tiempo de ejecución bastante incierto,
aunque se hubiera llevado a cabo sin esa financiación europea. Tiene usted derecho a saber cuánto se ha avanzado concretamente en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Fíjese, a pesar de todas las trabas de la Comunidad Autónoma Valenciana y de
todos los obstáculos, que han sido bien descritos por doña Juana Serna, en el caso de la Comunidad Valenciana, cuando termine este año los valencianos tendrán a disposición 335 hectómetros cúbicos más que al inicio de la legislatura. Le puedo
detallar una a una las actuaciones que llevan a esa disponibilidad adicional de agua, que entre otras cosas es lo que ha permitido que en la peor sequía registrada en nuestro país en la Comunidad Valenciana -bien lo saben los hoteleros- se haya
garantizado el abastecimiento de agua potable en todo caso en el litoral valenciano. En la Comunidad Valenciana se ha incrementado así: en la provincia de Castellón la disponibilidad de agua fue de 64 hectómetros cúbicos, mediante todos los nuevos
pozos que han permitido aportar aguas subterráneas, además de por las mejoras en el embalse de Arenós; solamente eso son 45 hectómetros cúbicos más de disponibilidad tras la inversión ejecutada por el ministerio. También ha habido otro hecho que
ha comportado un incremento -en este caso 5 hectómetros cúbicos más-, al ponerle compuertas a un embalse, el de Algar, que parece ser que no necesitaba compuertas, y ahí estaba al inicio de la legislatura como un monumento a la estupidez humana, sin
cumplir con la función que debe tener un embalse. Han sido 64 hectómetros cúbicos en Castellón más otros 11 hectómetros cúbicos debido al ahorro en regadíos, fruto de la inversión del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura.
En el caso de la provincia de Valencia ha habido 84 hectómetros cúbicos más disponibles gracias a los pozos abiertos con financiación del Gobierno de España. Se añadieron 35 hectómetros cúbicos de ahorro en regadíos a los otros 50 hectómetros
cúbicos que proceden de las actuaciones del Ministerio de Agricultura: modernización de regadíos, ahorro de agua, más agua disponible. En Alicante tenemos el incremento de 40 hectómetros cúbicos procedentes de las distintas plantas desalinizadora
que alimentan a la mancomunidad de los canales del Taibilla, por tanto benefician tanto a Murcia como a Alicante. Son más de 51 hectómetros cúbicos de ahorro de regadío. Señoría, son 335 hectómetros cúbicos más que me gustaría que el señor Camps
alguna vez reconociera que se dispone de ellos por la inversión del Gobierno de España y a pesar de todas las dificultades con las que nos vamos encontrando. No entraré en detalles, pero en el caso de la Región de Murcia hay 131 hectómetros cúbicos
más disponibles, sin tener en cuenta en este caso los resultados de la modernización de regadíos, que seguramente elevan de manera también significativa la cifra que les acabo de dar. Por lo tanto, señorías, por supuesto, se ha incrementado la
disponibilidad de agua en esta legislatura, sin necesidad de hacer un trasvase del Ebro que, como todos los trasvases, señoría -ustedes lo saben muy bien-, son actuaciones conflictivas desde el punto de vista territorial; si no, que se lo digan a
su líder en Castilla-La Mancha, a la señora Cospedal, que no sé cuando se encuentra con el presidente de la Región de Murcia en qué términos hablan del mantenimiento del Tajo-Segura, un trasvase realizado en otro momento de nuestra historia, cuando
tomar agua desde la cabecera de un río no preocupaba desde el punto de vista ambiental. Por supuesto, ustedes también saben cuán conflictivo puede ser un trasvase porque lo tienen en el del Júcar-Vinalopó, con el debate entre la cuenca cedente y la
cuenca receptora.
Señoría, usted me señalaba el informe de Naciones Unidas, que lo conozco; yo la invito a que lea la comunicación sobre sequía y escasez de agua de la Comisión Europea publicada este verano, en la que una vez más la Comisión Europea insiste
en que para hacer frente a la sequía y escasez de agua lo primero, lo prioritario, lo más importante, es gestionar adecuadamente los recursos hídricos que se tienen; todo lo demás viene después, con grandes dudas de la Comisión Europea de la
necesidad de seguir aumentando obras hidráulicas cuando todavía no se controlan adecuadamente los recursos que tenemos disponibles. Hacer obras hidráulicas para luego no aprovecharlas, como es el caso del embalse de Arenós en la provincia de
Castellón, o algunos otros que podríamos citar de obras hidráulicas que han sido costosísimas y que ni siquiera se gestionan adecuadamente, no es precisamente el avance que necesita este país. Este Gobierno, señoría, hace obras hidráulicas, las que
ustedes no hicieron en su legislatura, por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Aragón, donde el balance de los años de gobierno del Partido Popular es el que existe respecto de las conocidas como obras del Pacto del agua, y donde el Gobierno en
estos momentos está sacando adelante obras hidráulicas extremadamente conflictivas, y todas ellas o casi todas requieren mejoras en los proyectos iniciales. Por lo tanto, señoría, claro que hacemos obras de regulación y mantenemos trasvases.
Cuando hablemos cara a las elecciones y hagamos campañas electorales será bueno saber qué opina el Partido Popular sobre el trasvase Tajo-Segura; será enormemente interesante saber si gana la batalla una parte u otra dentro del Partido Popular.
Desde el punto de vista de lo que en esta Cámara me comprometí a hacer, es evidente que no he podido realizar
todo en esta legislatura. En lo que se refiere a modificación de nuestro ordenamiento jurídico en este tiempo el Ministerio de Medio Ambiente ha traído a esta Cámara diez proyectos de ley, diez, que es más de lo que todos los ministros de
Medio Ambiente del Partido Popular trajeron en ocho años de Gobierno a esta Cámara, para superar gravísimas carencias en cuanto a la protección del medio ambiente en España, garantizando los derechos de los ciudadanos y exigiendo responsabilidades.
Hemos modificado, como he señalado en mi intervención, de manera bastante amplia la legislación en materia de aguas, y lo seguiremos haciendo hasta el último día de la legislatura; eso sí, en la medida de lo posible, contando con consensos que
pueden darse en la Cámara, pero que luego, desde el punto de vista de la realidad social de nuestro país, teniendo en cuenta que en cada comunidad autónoma gobierna una formación política, basta con que en ese territorio la formación política que
gobierna se empeñe en decir que a la ministra de Medio Ambiente le molestan los usuarios y quiere hundir al sector agrícola por plantear modificaciones absolutamente livianas desde el punto de vista de la incidencia real.
Evidentemente cualquier
territorio, cuando se dice eso como se ha dicho, al haber estimaciones hechas por Fenacore sobre el terrible impacto de la Ley de Aguas que verdaderamente son sorprendentes, sobre lo que iba a suponer la aplicación de esas tasas que usted no
comparte, es muy legítimo que no lo admita, pero la Unión Europea exige la plena recuperación de todos los costes, con aquellas excepciones que estén justificadas. Por supuesto, el Gobierno de España, y en particular el Ministerio de Agricultura y
el Ministerio de Medio Ambiente quieren conocer adecuadamente la situación de todos los agricultores en nuestro país. Por eso hemos puesto en marcha la planificación hidrológica en cada cuenca con un acuerdo previo con el Ministerio de Agricultura
para analizar cultivo por cultivo y territorio por territorio la capacidad de nuestros regantes de incorporar el verdadero coste de los recursos hídricos. Se justificará ante la Unión Europea todo aquello que se pueda, pero dentro de ese principio,
que es europeo y que no se lo ha inventado la ministra de Medio Ambiente, como ustedes, señora De Lara, en sucesivas ocasiones, a lo largo de estos cuatro años han dicho a la sociedad, alegando que la recuperación de costes y su incorporación en el
precio del agua era fruto de la voluntad de la ministra de Medio Ambiente, pretendiendo quitarse de en medio a los usuarios, entendiendo por estos los agricultores; usuarios del agua, señorías, somos todos, pero yo sé que cuando usted se refiere a
usuarios, habla de Fenacore y de los agricultores. Es evidente que este Gobierno no solamente no va a incidir negativamente por el precio del agua en los agricultores, sino que ha traído a esta Cámara una Ley de Desarrollo Rural Sostenible y está
trabajando en un programa con el mismo contenido para frenar el éxodo de los agricultores del campo español, para mejorar la calidad de vida en el medio rural español y para incorporar en él esas exigencias ambientales de la Unión Europea, que por
supuesto preocupan a nuestro Gobierno. Por lo tanto, señoría, yo estaría encantada de que ustedes estuvieran dispuestos a hacer un pacto en materia de agua. Espero que me escuche, porque tiene trascendencia lo que estoy diciendo. (La señora De
Lara Carbó: Perdón, señora ministra.)
Yo ofrecí por primera vez un pacto en materia de agua al ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, verano del año 2000. Fue lo primero que hice cuando asumí en el Partido Socialista la responsabilidad de la secretaría en materia de Medio
Ambiente; lo hice porque en esos momento el Gobierno del Partido Popular estaba a punto de presentar un anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. Por escrito ofrecí al ministro de Medio Ambiente un pacto en materia de agua con toda una
serie de cuestiones sobre las que quería conocer la opinión del ministro de Medio Ambiente.
Tuve conversaciones con él, pero desde el primer momento estuvo claro que la ley del Plan Hidrológico Nacional y la política del agua según el Partido
Popular significaba solo y exclusivamente estar a favor o no del trasvase del Ebro; todo lo demás no tenía la menor importancia.
Evidentemente ese pacto no fue posible entonces. Yo espero que cara al próximo periodo, a la próxima legislatura,
aclaren ustedes sus propias contradicciones -todos las tenemos, señora De Lara- pero sus propias contradicciones también cuando hablan de trasvases, y que hagan un poquito más caso a lo que exige la Unión Europea, que gobierne quien gobierne en este
país exige una política del agua que no es ni la que hicieron los gobiernos socialistas hace mucho tiempo ni la que hicieron los gobiernos del Partido Popular; es otra política de agua, con otras exigencias, con otros contenidos. Si estamos de
acuerdo en nuestra pertenencia a la Unión Europea, en materia de política de agua tendrán ustedes que dejar esa soledad total en la que se han colocado a lo largo de esta legislatura intentando descalificar al Gobierno todo el tiempo, en el
Parlamento, ante la sociedad, con la Comisión Europea, remitiendo una y otra vez quejas a la Comisión Europea, como ha señalado la diputada socialista, para intentar frenar la planta desalinizadora de Torrevieja; quejas que ni siquiera ha admitido
a trámite la Comisión Europea. Si ustedes cambian de actitud y, más allá de quien gobierne, ustedes, nosotros o quien gobierne, aceptan lo que la Comisión Europea establece como política del agua, yo estoy segura de que habrá un entendimiento, y
será muy bueno para los ciudadanos que sea así. Con lo que están haciendo ahora, como ha dicho claramente el Tribunal Constitucional, lo que se pone en peligro es el interés general, el interés general, señorías, de España, porque al final, como
ustedes comprenderán, la planta de Torrevieja está ahí pero va a abastecer regadíos y suministro urbano en Murcia y en Alicante y a permitir mantener una actividad turística y económica. Yo a eso lo llamo, señoría, interés general de todos los
ciudadanos dentro de lo que nos exige la Unión Europea.
Señoría, me queda por responderle sobre el trasvase del Ebro y la calidad del agua del Ebro, y lo contesto con sumo agrado. Usted ha hecho mención a una intervención mía en la Menéndez Pelayo este verano, donde tuve ocasión de comentar que
estamos descontaminando el pantano de Flix para acabar con la bomba de relojería que estaba ahí -y está todavía pero con un proyecto que puede empezar muy pronto, una vez obtenidos todos los permisos previos-, y que no había preocupado en absoluto
al Gobierno del señor Aznar, en absoluto. La ministra de Medio Ambiente anterior, doña Elvira Rodríguez, había recibido en su despacho el volumen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que explicaba con todo detalle los metales pesados
y las sustancias contaminantes que yacen en el embalse de Flix, y que hubiera significado, de haberse llevado a cabo el trasvase del Ebro, una razón más para un riesgo potencial. Sin necesidad del embalse de Flix, y como señalaba también el señor
Labordeta, la calidad del agua en la desembocadura del Ebro es tal que hasta el presidente, presidente a nivel nacional, de la Asociación de Productores de Porcino -le puedo asegurar que no es militante del Partido Socialista- comentó públicamente
que el agua que hay en la desembocadura del Ebro es tan mala que no se la dan ni a sus cerdos; previamente tienen que depurarla y potabilizarla. Una de las cuestiones que pudimos ver en su día con el proyecto del trasvase del Ebro era que no había
demasiada preocupación por depurar y mejorar el agua del Ebro, tal como salía de la desembocadura, para su trasvase. Por lo tanto, señoría, por supuesto que lo que he dicho lo mantengo. Al señor Aznar no le preocupó en absoluto conocer de primera
mano los estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre Flix, pero este Gobierno está invirtiendo más de 100 millones de euros, con apoyo de la Unión Europea y colaborando con todas las administraciones de la zona para
descontaminar el pantano de Flix.
Usted ha señalado algunas otras cuestiones sobre los textos que llevamos al Consejo Nacional del Agua. Ustedes se mueven en una cierta confusión entre cuánto peso tienen que tener las comunidades autónomas en la gestión de las
confederaciones hidrográficas; una confusión que he podido ver en el último debate por la enmienda de totalidad a la Ley de Biodiversidad, en el que el Grupo Popular defendía más que ningún grupo nacionalista las competencias en materia ambiental.
Quizás eso tenga que ver con que a usted le parezca mal que en el Comité de Autoridades Competentes el 51 por ciento del peso a la hora de tomar decisiones sea ese porcentaje. Claro, porque son cuencas intercomunitarias, son cuencas que de acuerdo
con la Constitución -salvo que usted me diga que quiere cambiar la Constitución en esta materia, lo cual sería una gran sorpresa- le corresponden al Gobierno de España. Si se quiere medir el peso por territorio o por población, tendremos que llegar
a un pacto, porque algunas comunidades autónomas a la hora de defender su participación en estos órganos piden que sea por número de habitantes y otras por territorio. Es uno de los temas que tendrán que abordar quienes en la próxima legislatura
estén al frente, para que en España las comunidades autónomas, que tienen una enorme responsabilidad en cómo se utiliza el agua y en cómo se protege el medio ambiente, estén con el Gobierno de España cogestionando las grandes cuencas. Ese es el
planteamiento que hacemos en estos momentos, el que se hará cara al programa electoral, y nos agradará mucho saber qué piensa el Partido Popular sobre las grandes cuencas, sobre cómo gestionar las confederaciones hidrográficas y sobre si el Gobierno
de España tiene que tener el 51 por ciento o menos. Será un debate interesantísimo.
La señora PRESIDENTA: Lamento no haber podido asistir a toda su comparecencia por otras obligaciones, como seguramente lo sentirán los diputados que no están hoy presentes, porque ha sido una de las comparecencias más interesantes, ya que
el agua ha sido uno de los temas que más se ha tratado en esta Comisión durante esta legislatura.
Seguidamente daremos voz a los portavoces que lo deseen. El señor Herrera debería ser el primero pero no está en la sala. La señora De Lara tiene la palabra, si quiere intervenir.
La señora DE LARA CARBÓ: Voy a hacer rápidamente una serie de preguntas a la señora ministra. Primero le contesto a una que me ha hecho ella. Me parece perfecto que la Administración General del Estado tenga el 51 por ciento en el Comité
de autoridades competentes, pero yo no había prometido nada. Quien lo había prometido a las comunidades autónomas era usted. Fue usted la que se lo había prometido y sembrado la insolidaridad territorial. ¿Mi opinión? Muy bien; que la
Administración del Estado tenga el 51 por ciento de las cuencas intercomunitarias, por supuesto que sí. Segundo, ¿desde cuándo está contaminado el embalse de Flix, señora ministra? ¿Qué hicieron los anteriores gobiernos socialistas? ¿Mantiene
usted entonces que en Tarragona, en Reus, los municipios del delta del Ebro beben agua contaminada? Le pregunto pero no me contesta. No digo en malas condiciones, digo contaminada, como usted ha dicho, señora ministra. En tercer lugar, yo tengo
la carta que usted escribió al ministro Matas, claro que la tengo; usted ponía como condición que no hubiera trasvase. Dice que solo interesaba el trasvase; esto no es cierto, señora ministra. Usted ha visto el anexo de inversiones, en el que
había obras de modernización de regadíos, de reutilización, de desalación en zonas costeras, de restauración hidrológica forestal, obras de regulación. No es cierto, señoría, no siga insistiendo en lo que no es cierto. El Plan Hidrológico Nacional
era trasvase y muchísimo más. Ha hablado usted de Plan de choque de modernización de regadíos. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Lo que pasa es que usted se ha olvidado de los regantes, que han puesto el 50 por ciento de las inversiones. Mi
compañero me acaba de traer el porcentaje: 50 por ciento de las inversiones los regantes y 50 por ciento restante el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente. Lo que usted no dice aquí es que las actuaciones del Plan de choque de
modernización de regadíos eran un compendio del Plan Nacional de Regadíos aprobado y de las actuaciones de modernización de regadíos dentro del Plan Hidrológico Nacional; esto no lo dice usted.
Hablaban antes de deslealtad institucional. Yo querría que usted, señora ministra, me contestara sinceramente: ¿usted considera mayor deslealtad institucional que la que tuvo la eurodiputada socialista del País Valenciano y la que tuvo el
presidente de Aragón, señor Iglesias, que fueron a Bruselas a pedir que no hubiera financiación para el trasvase del Ebro? Esto es la mayor deslealtad institucional que ha habido.
En tercer lugar, usted dice que se muestra muy satisfecha por su labor en la reforma de los estatutos. Yo creo que la reforma de los estatutos ha llegado a una insolidaridad territorial sin precedentes. Y de esto, señora ministra, el
culpable es el Ministerio de Medio Ambiente, que no ha solucionado los problemas de agua en España, y las comunidades autónomas tienen derecho al agua y quieren el agua.
Por cierto, le quería preguntar cuál es su opinión sobre las palabras del señor Bono anteayer, o el sábado, me parece que fue, diciendo que el trasvase es absolutamente necesario. ¿Qué opina sobre las declaraciones del señor Bono?
Ha dicho usted que hablar del trasvase del Ebro es hablar del pasado. Yo no quería hablar del pasado, pero usted sí. Dice que no tuvo financiación europea. No es cierto, señora ministra; estaban pidiendo papeles cuando usted llegó al
ministerio porque usted sabe que la financiación europea requiere mucho papeleo y muchos trámites. Y usted lo primero que hizo fue renunciar a la financiación para el trasvase del Ebro.
En la propuesta de modificación de la Ley de Aguas, de la que aquí no se ha hablado, usted proponía un mínimo de 60 litros por habitante y día para consumo humano. Y usted sabe que ahora el consumo está en torno a 160 litros por persona y
día. Ha dicho que usted lo llevará en su programa electoral. ¿Sigue diciendo que en su programa electoral, en materia de medio ambiente, va a limitar el consumo de los habitantes a 60 litros por persona y día? Desde luego, nosotros no la
apoyaremos. Yo no sé si le va a apoyar mucha gente.
Le quería preguntar qué opina del crecimiento del consumo de agua embotellada que se está produciendo en la Comunidad Valenciana. Parece que no les gusta el agua desalada. ¿Qué opina de ello, señora ministra? ¿Usted cree que lo hacen para
ir en contra del Gobierno? ¿Usted cree que voluntariamente asumen un gasto, que es comprar agua embotellada? ¿Qué ocurre con ello, señora ministra?
¿Qué me dice del proyecto de desalinizadoras flotantes frente a las costas murcianas, que era el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente para obtener agua desalada utilizando energía eólica?
Señora ministra, ¿usted o su departamento están estudiando llevar a Murcia los excedentes del Tajo en Extremadura? Querríamos saber si es cierto o no, y en caso de ser cierto, qué opina del rechazo que ya ha anunciado el Gobierno extremeño.
Señora ministra, ¿qué opina usted de las denuncias que han hecho el consejero de Agricultura, el presidente de la Diputación de Zaragoza, su propio partido en Aragón, respecto al parón que ha habido en todas las actuaciones hidráulicas de
Aragón? Usted se mostraba muy satisfecha; parece que los consejeros de su partido se muestran profundamente insatisfechos por el parón que ha habido en las infraestructuras hidráulicas.
Señora ministra, ¿cómo y cuándo piensa usted ceder la gestión del Guadalquivir a la Comunidad Autónoma de Andalucía, como ha dicho usted recientemente? ¿Cuándo lo va a hacer y qué medios se van a transferir?
En fin, señora ministra, creo que lo que no se puede hacer es tergiversar la verdad; y usted en sus declaraciones siempre vuelve al pasado. Repito, yo tengo aquí la carta que escribió al ministro Matas, y si quiere la repartimos para que
la lean. Veremos lo que pone en la carta y lo que no pone.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto el señor Labordeta tiene la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Fundamentalmente porque se ha hablado aquí de la detención de las infraestructuras hidráulicas por parte del ministerio. Yo creo que la ministra, o el ministerio, lo único que ha detenido ha sido el pantano de
Yesa, porque, como ya ha dicho, han avanzado en algunos. El proyecto carece de estudios geológicos rigurosos y veraces. Estamos viendo cómo una de las laderas se está hundiendo y me parece que la ministra de Medio Ambiente no quiere tener la
responsabilidad de que se caiga y el día de mañana se olviden de los ministros, de los directores generales y de los secretarios de Estado anteriores, que fueron llevados a los tribunales precisamente por todo esto y que como se les dio la libertad
ya no tienen problema. (Varios señores diputados: Todos absueltos.) Sí, fueron absueltos. Habrá que ver quién los absolvió. Pero la verdad es que la ladera se está cayendo y es lógico que la ministra diga que hay que detenerlo. Luego, los
intereses políticos dicen que no. Nosotros apoyamos rotundamente esta decisión, que a mí me parece que es una decisión lógica, porque luego la responsabilidad y la culpa de que se caiga esa ladera y haya un desastre va a ser de ella, no de los
otros que fueron absueltos, y como fueron absueltos, no eran culpables cuando realmente habría que ver qué absolución tuvieron.
Aquí hemos venido a hablar fundamentalmente de la Ley de Aguas, pero hemos tocado todos los temas, hemos estado hablando de todos los temas, entre otros del trasvase. El agua del Ebro ha sido siempre mala, los
zaragozanos tenemos un tifus endémico de toda la vida porque hemos bebido un agua horrible y nunca sufrimos más pestes de tifus, porque hoy día ya estamos vacunados todos. Últimamente el agua es brutal. En Zaragoza normalmente antes no se
compraba agua embotellada, pero dada la situación que se está produciendo en todo el Estado español, en toda España, como hay que decir ahora, la gente va comprando agua porque no se fía ya del agua que viene de los ríos. Desde hace dos, tres o
cuatro años la gente ha empezado a comprar agua masivamente. Yo he pasado muchas temporadas en Valencia y una de las cosas que había que hacer en las zonas donde uno pasaba sus vacaciones era comprar agua, y estoy hablando del año 1965 ó 1966, es
decir, antes de que nuestro ex presidente descubriera ese lugar maravilloso donde yo he pasado las vacaciones. Una de las cosas que se hacía era comprar agua; o sea, en la Comunidad Valenciana siempre se ha comprado agua, porque el agua de la
costa no se podía beber, era un agua absolutamente salada. Ahora resulta que ha aumentado más. Posiblemente porque el nivel de vida de los españoles ha subido.
En resumen, me parece muy bien la decisión que ha tomado la ministra respecto a Yesa. Creo que el interés del Estado está por encima de los intereses partidistas de determinadas personas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señora ministra, no queremos que acabe esta comparecencia sin decirle reiteradamente que cuenta con todo nuestro apoyo. Le recuerdo aquel dicho oriental: si quieres llegar rápido, ve solo; si quieres llegar lejos,
ve acompañado. Apoyamos lo que está haciendo, cambiar el modelo hídrico de España de acuerdo con la política hídrica de Europa, un modelo totalmente moderno, que va a resolver los problemas del agua en el futuro, por lo que nos parece que tiene que
seguir adelante pase lo que pase. Siga adelante con las inversiones que se han hecho durante estos tres años en el tema del agua, que ascienden a 4.000 millones de euros; unas inversiones históricas.
La señora De Lara vuelve a insistir en si se han solucionado los problemas de cantidad. Usted acaba de dar unas cifras, que no voy a repetir, sobre la Comunidad Valenciana y sobre Murcia. No las voy a repetir porque quitaría tiempo a mi
intervención; usted ya las ha dicho y constan en el 'Diario de Sesiones'. Como usted sabe, nosotros estamos plenamente de acuerdo en seguir con el programa AGUA, porque es un modelo de gestión que trae más agua, de más calidad, más rápido, agua
para siempre, y eso es fundamental. No sé en otras comunidades, pero en la Comunidad Valenciana y en Murcia tiene que llevarse a cabo este programa.
Nos parece perfecto que haya pedido de nuevo un pacto del agua y que lo busque. Claro, que para eso, de nuevo insisto, tiene que haber mayor voluntad política y mayor lealtad institucional. Antes hablaba de las contradicciones que había en
el ámbito del PP -que tiene que acabar con ellas-, en el tema de la desalación. No tiene nada que ver la Comunidad Valenciana, gobernada por el señor Camps, con lo que ha pasado hasta la fecha, aunque haya perdido, con el señor Matas en la
Comunidad de Baleares. Pero es que también tiene que acabar con sus contradicciones en el ámbito de los trasvases. Desde luego, lo que dice el Partido Popular en Aragón y en Castilla-La Mancha no tiene nada que ver con lo que dice en la Comunidad
Valenciana y en Murcia. Yo quiero recordar precisamente a la señora De Lara que el año pasado el Grupo Popular tuvo que retirar en el Senado una enmienda de 300 millones para el trasvase del Ebro porque los diputados de Aragón levantaron las armas
de guerra, primero aquí, en el Congreso, y más tarde en el Senado. Por ello, tuvo que retirar esa enmienda. Tienen grandes contradicciones en este ámbito, lo cual no acabo de entender. Porque, señora De Lara, no sé usted qué opinará de este
titular, por ejemplo, de estas declaraciones de la ministra de Medio Ambiente: El Plan Hidrológico Nacional ya no será equivalente a trasvases, sino a uso racional del agua. Puede que usted esté en desacuerdo. He dicho ministra de Medio Ambiente,
pero me refería a la señora Tocino en el año 1997. Le he traído un regalito, después se lo regalo. Ustedes tienen profundísimas contradicciones, y esas contradicciones profundas en el ámbito de la política hídrica (de las desaladoras, de los
trasvases, etcétera) dan lugar a dos graves problemas: a un grave perjuicio para los ciudadanos, como he contado antes con el tema de la desalinizadora de Torrevieja, o a problemas graves de solidaridad. ¿Quiere que le cuente lo que está pasando
con la presidenta de la Comunidad Valenciana en Madrid, por ejemplo, cuando impide que los guardas forestales entren en los montes privados si no es con autorización judicial, etcétera? (Un señor diputado: La presidenta madrileña.) Perdón, la
presidenta madrileña. Da igual, si es que Camps y Aguirre...
En definitiva, sería bueno para ustedes que acabasen con sus contradicciones internas -y yo, que pertenezco a un partido político democrático, estaría muy contenta-, pero sobre todo es fundamental que acaben con esas contradicciones por el
bien de los ciudadanos y para que en España, por fin, exista una política hídrica acorde con la modernidad, acorde con las nuevas tecnologías, acorde con las energías renovables y acorde por encima de todo con lo que en este momento se está haciendo
en Europa. Señora ministra, eso es lo que usted está intentando llevar a cabo en un contexto que no era precisamente el mejor, puesto que ha habido una sequía gravísima y una deslealtad institucional -ya hemos hablado de ello- por parte de las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y sobre todo porque estaba sin cumplir toda la normativa europea, la trasposición de la Directiva-marco del Agua era totalmente errónea. Acabo recordándole precisamente a la señora De Lara
que lo que quería el Gobierno en relación a los famosos 60 litros por día era
que en esa reforma de la Ley de Aguas hubiera precisamente una garantía legal, inexistente en la actual ley, para que todos los ciudadanos tuviesen abastecimiento de agua potable garantizado por ley. Esto a ustedes, después de ocho años de
gobierno, no les dio tiempo a hacer.
Señora ministra, tiene de nuevo nuestro apoyo, y desde luego en esa búsqueda del diálogo con todos los partidos políticos, especialmente con aquel que gobierna en varias comunidades españolas, intentaremos echarle una mano.
La señora PRESIDENTA: Damos la palabra para terminar a la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Contesto, en primer lugar, a la señora De Lara y manifiesto mi satisfacción por que comparta la propuesta de un peso del 51 por ciento del Gobierno de España en los futuros comités de
autoridades competentes. Es bueno aclarar esta cuestión sobre todo después del debate surrealista que tuvimos el otro día con motivo del debate de la Ley sobre Biodiversidad y Patrimonio Natural.
¿Desde cuándo se sabía cuán contaminado estaba Flix y qué hicieron otros gobiernos? El informe del CSIC es de la etapa de gobierno del Partido Popular, y a través de ese informe se conoció. Sabemos que fue así porque se lo remitió
expresamente el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya a la ministra Rodríguez para advertir de lo que ya se sabía con todo detalle. Por supuesto que se hubiera acumulado contaminación allí y en toda España, señoría, sin que en
este país se hubiera aprobado una ley de responsabilidad por daños ambientales, como prometió el señor Aznar, como medida urgente de su legislatura, el año 1998. Ya saben que ahora mismo esa Ley de Responsabilidad Ambiental, que sin ninguna duda
podrá prevenir muchas incidencias como esta, está ya en el Senado y va a ser por lo tanto una realidad casi inmediata.
Me pregunta si beben agua contaminada en Tarragona. No, señora De Lara, usted sabe perfectamente que en Tarragona el agua que sale del grifo sufre toda una serie de tratamientos. ¡Cómo va a estar el agua que beben contaminada! Otra cosa
bien diferente es que el trasvase del Ebro, con la calidad que tiene el Ebro en la desembocadura, no preveía suficientes actuaciones de depuración de ese agua dentro del propio proyecto, y por lo tanto, cuando la Unión Europea rechazaba en los
informes de tres direcciones generales -tres, señoría- financiar el trasvase del Ebro, entre otras cosas lo hacía -y está escrito por parte de esas direcciones generales- porque el proyecto no contemplaba todos los costes asociados, entre otros, los
costes de que el agua que se utilizara del trasvase del Ebro tuviera la calidad adecuada. La Unión Europea, a través de esos informes, decía que en absoluto estaba clara la viabilidad económica (económica, no solo ambiental) del trasvase del Ebro
porque se habían infravalorado los costes económicos y se habían magnificado los beneficios económicos. Le invito a que lea esos informes, si no lo ha hecho todavía, porque durante tres años el Gobierno del señor Aznar intentó sin éxito conseguir
un solo euro para el trasvase del Ebro. Y nosotros no renunciamos. ¿Cómo vamos a renunciar si estamos financiando las actuaciones del programa AGUA precisamente con esos 1.200 millones de euros que no consiguieron ustedes para financiar el
trasvase del Ebro? Nosotros nunca hemos renunciado. Nosotros fuimos a explicar el cambio en nuestras actuaciones y recibimos el beneplácito de la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea. Eso fue lo que sucedió y lo que se ha visto
confirmado con posterioridad.
Respecto al anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, recuerde, señora De Lara, que el Grupo Socialista votó a favor del mismo. El Grupo Socialista presentó una proposición de ley con un texto alternativo -y ya sabe que presentar
un texto alternativo y no solo pedir la devolución de los proyectos de ley que trae el Gobierno lleva un trabajo-, y en ese texto alternativo había mucho de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que ustedes presentaban, que parecía correcto y se
mantenía, pero en lugar del trasvase del Ebro se planteaban otras actuaciones. Y esa era, sin duda, la principal diferencia. Además usted sabe que ese anexo de inversiones es la suma, como diría una película de Woody Allen, de todo lo que se tenía
que haber hecho en España en materia de obras hidráulicas y no se había hecho todavía. Había muchas obras en curso, la mayoría ellas estaban incluso ejecutándose y, como usted sabe, tuvieron que dar de baja algunas porque ya las habían inaugurado.
O sea, el anexo de inversiones era un gran escaparate de la política del agua basada en obras hidráulicas; pero, en fin, el Partido Socialista lo apoyó con su voto. Y este Gobierno lo está ejecutando en toda España.
¿Y la Ley del Plan Hidrológico Nacional era más que el trasvase? Desde luego, era por ejemplo el artículo 27, que decía que había que aprobar planes de gestión de sequía antes de julio del año 2003, cosa que no se había hecho cuando
llegamos al gobierno. ¡Claro que era mucho más! En el año 2001, señoría, mucho antes de que ustedes pudieran interpretar que el rechazo al trasvase del Ebro era fruto de los acuerdos legítimos para la gobernabilidad de España con otros partidos
políticos, el Partido Socialista presentó un texto alternativo sin el trasvase del Ebro. Desde luego en ese momento no veíamos muy cerca gobernar en España ni tener que llegar a acuerdo legítimos con otros grupos políticos.
En cuando al plan de choque, me he olvidado de decir que los regantes ponen el 50 por ciento. ¿Y cuándo he dicho yo que pusiéramos el cien por cien? No, señoría, usted sabe que en la modernización de regadíos, la que impulsa el Gobierno de
España y la que se lleva a cabo desde la época en que gobernaba el Partido Popular, hay una parte que la ponen los regantes. Yo no he dicho que el plan de choque lo ponga solo el Gobierno de España; yo no he dicho eso. Que los regantes ponen el
50 por
ciento es cosa harto conocida, ahora y cuando se hacían modernizaciones de regadíos en otro período. Por cierto, el cumplimiento del Plan Nacional de Regadíos aprobado en época de gobierno del Partido Popular, según el Ministerio de
Agricultura es ya de más del 120 por ciento. Es decir, algunas de las cosas que se están haciendo ahora estaban previstas y otras no, porque se está yendo más allá de lo que estaba establecido en cuanto a modernización de regadíos en el Plan
Nacional de Regadíos.
¿La mayor deslealtad que se ha visto nunca en España fue que hubo una eurodiputada valenciana y un presidente de comunidad autónoma que fueron a Bruselas para decir que no se financiara el trasvase del Ebro? Entonces, ¿cómo llamamos a todo
lo que están haciendo los eurodiputados del Partido Popular y los gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, para que se le quite la financiación al trasvase Júcar-Vinalopó porque no les agrada que se tome el agua, en lugar de en donde se preveía
en un principio, más cerca de la desembocadura, para garantizar caudal ecológico y los usos para los usuarios del agua en la cuenca del Júcar? Por lo tanto, si hablamos de deslealtad, resulta que estamos todos siendo desleales, pero yo hablaría de
deslealtad hacia los ciudadanos, señoría, porque retrasar obras que tienen ya el apoyo de la Unión Europea, como ustedes hacen en Valencia, es ser desleales con los ciudadanos, a los que les dicen que el Gobierno de España les ha robado el agua, y
luego no les cuentan que la Comunidad Valenciana tiene ahora 335 hectómetros cúbicos más que al inicio de la legislatura.
La opinión de Pepe Bono. Ustedes saben que Pepe Bono en estos momentos no tiene ninguna responsabilidad política, que es un ciudadano, militante del Partido Socialista, que dejó la política por razones personales. Y por lo tanto, como
opinión personal la respeto, pero no tiene ninguna responsabilidad política. Cosa muy distinta al señor Rajoy, que todavía tengo que escucharle aclarar de verdad lo que opina, por ejemplo, sobre la gestión del Tajo-Segura; y ese es un responsable
político, no es un ciudadano que, en estos momentos al menos, no está en una responsabilidad política y que nunca ha tenido responsabilidades en la política del agua en este país.
En cuanto al trasvase del Ebro y renunciar a 1.200 millones de euros, como ya le he dicho, eso es simplemente falso, porque el Gobierno los ha obtenido y está financiando las obras con ayuda europea.
Respecto a la reforma de los estatutos que ya se han aprobado por las Cortes, no acabo de entender si le gustan a usted o no le gustan, porque dice que cuando yo hablo de que desde el Ministerio de Medio Ambiente hemos trabajado para que las
reformas que se han aprobado sean coherentes con el marco constitucional, usted me dice que el Ministerio de Medio Ambiente es el que ha sembrado insolidaridad a partir de los estatutos de autonomía, no sé de cuál, no sé si el de Aragón (que ustedes
lo han apoyado), no sé si el de Cataluña (que ustedes no lo apoyaron), no sé si el de Valencia (que lo impulsó el Partido Popular), no sé si no le gusta el de Andalucía; pero, mire, lo que ha salido de las Cortes es el resultado del trabajo de esta
Cámara, que creo que hay que respetarlo y acatarlo, acatarlo, porque son ya leyes en vigor, y son leyes que son correctas desde el punto de vista de la gestión del agua. Y por eso, señoría, estamos trabajando con la Junta de Andalucía y hay un
acuerdo político sobre cómo se interpretará en la práctica la competencia de la Junta de Andalucía en relación con la gestión de aquellas aguas que transcurren por el territorio de Andalucía y cuya gestión no afecta a las comunidades autónomas de la
cuenca (Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura). Por lo tanto, en ese trabajo estamos, como se ha visto en la reciente reunión del presidente de Andalucía con el presidente del Gobierno. Hay un acuerdo político; ese acuerdo político dará paso
después a la cuantificación de los medios humanos y materiales para que la Junta de Andalucía lleve a cabo lo que la ley permite ya en estos momentos.
En ningún momento el Gobierno ha pretendido limitar a 60 litros por persona y día el consumo de agua en nuestro país, sino, como muy bien ha recordado la señora diputada del Partido Socialista, es algo muy distinto garantizar que limitar,
que es el verbo que usted ha usado. Si desde el Partido Popular se pretende decir a la sociedad nada más y nada menos que hay una ministra de Medio Ambiente que quiere dejar la tercera parte de la disponibilidad de agua a los ciudadanos españoles,
de aquí al pacto todavía hay que recorrer un camino, señora De Lara, porque usted engaña una y otra vez y habla de limitar. Nunca se dijo limitar, sino garantizar, que es bien distinto en un país que no tiene garantizada agua de calidad en todos
sus pueblos y en todos sus rincones. Porque hoy hay muchos pueblos en España que para beber agua tienen que comprarla embotellada, porque lo que sale del grifo no se bebe. Y para garantizar agua de calidad es bueno que una ley diga y reconozca que
este es un derecho de los ciudadanos que se deriva del artículo 45 de la Constitución española. Yo espero que ustedes estén de acuerdo en su momento en que la ley garantice el derecho de un mínimo de litros/día (evidentemente, uno no bebe 60 litros
al día, más bien está entre los dos y los tres), pero en todo caso vamos mucho más allá de lo que se necesita, por supuesto, para beber, de acuerdo con lo que Naciones Unidas considera que es el mínimo que habría que garantizar en todo el mundo, y
que, como digo, en España, señoría, en muchos pueblos y en muchos rincones de nuestro país todavía no tienen garantizada agua de total calidad en sus grifos.
Por lo que se refiere a si gusta o no gusta el agua desalada en la Comunidad Valenciana, déjeme que le recuerde, señoría, que tenemos una planta desalinizadora, la única que ejecutó el Gobierno del Partido Popular, en Alicante. Una planta
inaugurada, por supuesto, por el presidente Camps, visitada por el presidente Aznar cuando se estaba construyendo; en fin, una planta que no era una central nuclear, que no emitía, al
parecer, salmuera al mar, y que estaba ahí cuando empezó la legislatura.
Nosotros hemos ampliado esa planta, hemos ejecutado desde el Gobierno de España las plantas de San Pedro del Pinatar y hemos incrementado la cantidad de agua
desalinizada. Por cierto, cada vez se actúa con mejores tecnologías, porque el contenido de boro en las plantas actuales es menor que cuando la inauguró el señor Camps. Y por supuesto, ese agua desalinizada que se bebe en Alicante supone el 30 por
ciento del contenido del agua que en estos momentos se bebe en esa provincia, y el que guste o no guste ya, si me permite, es una cuestión, por supuesto, personal. El señor Labordeta ha recordado muy bien que el agua en el litoral levantino no era
buena desde hace muchos años; cada vez es mejor, y me remito a Aguas de Alicante, es decir, a una empresa municipal de un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, que analiza los contenidos del agua desalinizada y del agua que se incorpora a
la red. El agua de la red en Alicante es hoy mucho mejor que hace cuatro años, precisamente por la adición de agua desalinizada de gran calidad. Por lo tanto, a ver si nos aclaramos sobre si el agua desalinizada es buena o mala, porque ya se ha
señalado que para el señor Matas era excelente y para el señor Camps, mientras gobernaban ustedes, también; luego ya no, luego ya es una bomba nuclear.
¿Le interesa a usted la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de desalación, con energías renovables? Evidentemente hay más proyectos, y no solo el de Manolo Torres, que se ha demostrado que es inviable, pero con esa misma
empresa y con recursos públicos seguimos trabajando para reducir el consumo de energía en las plantas desalinizadoras. Por tanto, el esfuerzo de investigación y desarrollo tecnológico que se está haciendo por parte del Gobierno nos dará cada vez
mejores tecnologías en un campo donde ya las empresas españolas -y esto ciertamente es bastante incomprensible que ustedes no lo apoyen- están siendo capaces de ganar concursos en Pekín, en Estados Unidos, en India, en Londres, para hacer plantas
desalinizadoras con tecnologías cada vez mejores. Y desde luego, el Gobierno seguirá invirtiendo, primero para reducir el consumo de energía por hectómetro cúbico desalinizado, para reducir el posible impacto de la salmuera y para asociar cada vez
más energías limpias, para evitar que el consumo de energía se haga con energías más contaminantes.
Me pregunta por la posibilidad de que se tome agua del Tajo en Extremadura. Tengo que recordarle que en estos momentos comenzamos la nueva planificación hidrológica y será la planificación hidrológica la que diga, en su caso, si hay algún
excedente en alguna parte. La palabra excedentes en estos momentos ya no tiene nada que ver con cuando se mencionaba ese término en un país que no tenía en cuenta la necesidad de que hubiera caudales ecológicos en nuestros ríos. Y, por supuesto,
que en el caso del Tajo llegara suficiente agua a Portugal. El Tajo es un río que atraviesa varias comunidades autónomas y en la planificación se verá si en algún punto hay excedente y cuánto hay. De momento, el Gobierno no tiene ningún avance,
porque ello será fruto de una planificación que acaba de empezar.
Me pregunta por la opinión del presidente de la Diputación de Zaragoza sobre la ralentización de alguna obra en Aragón. Aprovecho este punto, teniendo en cuenta la segunda intervención del señor Labordeta, para agradecerle a su grupo
parlamentario, el CHA, el apoyo que he recibido en esta materia, que ha dado mucho que hablar porque la opinión es libre y hay personas del Partido Socialista en Aragón que interpretan que el ministerio va más lento de lo que debería. El ministerio
está yendo a la velocidad que considera que debe ir por el interés general de todos los ciudadanos. Y eso es cuanto tengo que decir ante una opinión que respeto, que obviamente no comparto, así como tampoco la comparten muchas otras personas del
Partido Socialista y de otros partidos.
Hemos hablado en algún momento del pasado. Cuando se habla de pacto sobre el agua viene a cuento recordar que hicimos un intento inútil con el señor Matas sobre el Plan Hidrológico Nacional. No digo que fuera lo único, pero sí era lo único
que le interesaba al señor Matas. De aquellas reuniones hubo incluso traslado a la opinión pública, en ellas se hablaba de esos temas que tiene usted en la carta y de aquellos que considerábamos imprescindibles antes de hablar de si estaba
justificado un trasvase o no, pero el señor Matas consideraba que no tenían la importancia que nosotros creíamos que tenían. Yo espero que si hay otra ocasión de hacer un pacto con el Partido Popular, ese pacto tome como punto de partida las
exigencias europeas en política de agua y de medio ambiente, incluso un entendimiento respecto del modelo de Estado, del papel que deben jugar las comunidades autónomas y el Gobierno de España a la hora de gestionar los ríos intercomunitarios.
La señora PRESIDENTA: Damos por terminada esta sesión número 44 de esta legislatura.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.