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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 895, de 25/09/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 895
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA
Sesión núm. 45
celebrada el martes, 25 de septiembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se regula la protección de los consumidores y usuarios en la contratación de bienes con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio y, en su
caso, con ofrecimiento de revalorización.
(Número de expediente 121/000133.)... (Página 2)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por la que se regula la protección de los consumidores y usuarios en la contratación de bienes con oferta de restitución
posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización. (Número de expediente 121/000133.)... (Página 2)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN POSTERIOR DE TODO O PARTE DEL PRECIO Y, EN SU
CASO, CON OFRECIMIENTO DE REVALORIZACIÓN.
(Número de expediente 121/000133.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Pese a que falta algún grupo parlamentario -quiero pensar que estarán en otras actividades de la Cámara y que se incorporarán en breve-, vamos a dar comienzo a una sesión más de esta Comisión de Sanidad y Consumo que en el día de hoy tiene
un orden del día vinculado a la actividad legislativa. Todos ustedes conocen que se trata de aprobar el dictamen del proyecto de ley por la que se regula la protección de los consumidores y usuarios en la contratación de bienes con oferta de
restitución posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización. Esperemos que el debate no sea tan largo como el título.
Procederemos, en primer lugar, a la ratificación de la ponencia. Todos ustedes conocen quiénes son ponentes en nombre de cada una de las formaciones políticas, por lo que procede que ratifiquemos estas designaciones. ¿Queda ratificada la
ponencia? (Asentimiento.)
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN
POSTERIOR DE TODO O PARTE DEL PRECIO Y, EN SU CASO, CON OFRECIMIENTO DE REVALORIZACIÓN. (Número de expediente 121/000133.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, podemos proceder al debate, que lo es, como también conocen SS.SS., con competencia legislativa plena, y a la vista del informe elaborado por la ponencia. Como es costumbre, utilizaremos un único turno
por parte de los grupos parlamentarios que ellos podrán distribuir a su gusto para fijar su posición en relación con el contenido completo de la norma, pero sobre todo para defender las enmiendas que cada uno de ellos mantenga vivas. Por ello,
procediendo, como es reglamentario, de menor a mayor, en primer lugar y para intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso en nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra la diputada señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Intervengo para manifestar nuestro apoyo al proyecto de ley, al consenso alcanzado en torno al mismo, y para anunciar que, en función de las conversaciones mantenidas, apoyamos la transaccional planteada a
las enmiendas 2 y 5 y que retiramos en este momento las enmiendas números 3 y 4, que eran las que quedaban pendientes.
La señora PRESIDENTA: La llamada a la brevedad veo que está teniendo éxito.
No hay en la sala ningún representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Supongo que si se incorporase en un momento posterior no habría inconveniente en que la cortesía parlamentaria le permitiese intervenir para la defensa de la
única enmienda que le queda viva.
El siguiente grupo con enmiendas vivas es el Grupo Parlamentario Vasco.
Para la defensa de la enmienda número 14 y para fijar su posición tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: No voy a intervenir tan brevemente como la diputada de Coalición Canaria. Si me permiten, voy a tratar de hacer una reflexión -además de defender la enmienda viva que ha presentado nuestro grupo- en torno al
proyecto de ley. Nuestro grupo va a aceptar las transacciones -de hecho, aceptó transacciones a tres enmiendas, y también va a aceptar la transacción a la enmienda que queda viva del Grupo Socialista- como mal menor, porque el proyecto de ley está
aquí y poco podemos hacer. Podríamos intentar deshacerlo pero ya que está aquí vamos a intentar sacarle provecho. Digo que es un mal menor porque, en opinión del Grupo Vasco -al menos en mi opinión- no se tenía que haber presentado nunca, al igual
que tampoco se tenía que haber aprobado la disposición adicional de la Ley 35/2003.
Como creo que sabemos al menos los que estuvimos en la legislatura pasada en esta Cámara, esta disposición adicional planteada por el Grupo Popular se llevó a cabo, en nuestra opinión, con cierta nocturnidad, alevosía y de manera bastante
tapada para que no se pusieran de manifiesto los problemas que trataba de ocultar. Me explico. Con posterioridad la Agencia Tributaria destapó el problema que había en Fórum y Afinsa y este era uno de los motivos por los que a través de esta
disposición se pretendía que este tipo de operaciones se consideraran competencia de las comunidades autónomas diciendo que no eran operaciones estrictamente financieras sino que estaban más vinculadas a operaciones de bienes tangibles y que podían
ser competencia de las áreas de consumo de las comunidades autónomas.
La primera crítica que quiere hacer nuestro grupo es que consideramos que estas operaciones no deberían ser dependientes de consumo sino que son operaciones estrictamente financieras. Cuando alguien pone dinero y al final de un periodo
determinado le devuelven más dinero es una operación financiera, se llame como se
llame, se quiera encubrir como se quiera encubrir y diga que no la legislación o lo diga quien lo diga. El soporte pueden ser las letras del Tesoro, los bonos del Estado, puede ser un depósito a plazo, sellos o lo que sea. Si tú pones
dinero y al final del periodo siguiente te dan más dinero, es una operación financiera, se llame como se llame o se ponga como se ponga. Por lo tanto, esta es una cuestión sobre la que el Partido Popular en un momento determinado tomó esta
decisión, en nuestra opinión desacertada. Era difícil en aquel momento para el Partido Popular que surgiera un nuevo problema con Fórum y Afinsa cuando ya había pasado el problema de Gescartera. Creo que de esta manera se intentó derivar la
responsabilidad a las comunidades autónomas y en mi opinión no se logró esta derivación. Como es conocido, posteriormente la Agencia Tributaria sacó a flote el fraude de Fórum y Afinsa; dos empresas que venían funcionando desde hace muchísimos
años y a las que ni el Ministerio de Economía y Hacienda ni la CNMV habían inspeccionado ni habían analizado el carácter de sus operaciones. El hecho de que los órganos reguladores no hayan analizado estas empresas concretamente hace que sí exista
cierta responsabilidad de estos organismos y cierta responsabilidad política al no haberlo hecho.
Como resultado del fraude de Fórum y Afinsa han surgido un montón de afectados que ahora están reclamando que se les resarza de las pérdidas que han tenido. Yo no digo que se tengan que resarcir por parte del Estado las pérdidas que hayan
tenido los que han invertido en estas empresas, pero sí creo que el Gobierno tiene una responsabilidad de al menos tutelar este proceso concursal que ahora se está llevando a cabo, de manera que se obtengan los máximos recursos en la liquidación de
estas empresas para que los afectados puedan recuperar la mayor parte de sus pérdidas.
Nuestro grupo había presentado cuatro enmiendas. No presentamos más porque, sorprendentemente, no hubo un alargamiento del plazo para la presentación de enmiendas. Nos pilló a todos un poco a contrapié y al final -por lo menos en nuestro
grupo- presentamos las que teníamos a mano, que no eran todas las que nos hubiera gustado presentar. Pero así es la realidad y así nos pillaron. De las cuatro enmiendas -insisto-, tres habían sido transaccionadas la semana pasada por nuestro grupo
parlamentario. Nos han planteado otra transacción a la enmienda número 4 que vamos a aceptar. Insisto, la aceptamos a pesar de que este proyecto no nos satisface, de que creemos que estas actividades son actividades financieras y que lo que se
tenía que haber hecho en realidad no era ya aprobar esta ley, sino no aprobarla y echar para atrás también la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003. Siendo pragmáticos, aceptamos la transacción y a otra cosa.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para defender sus enmiendas y fijar la postura general en torno al proyecto, tiene la palabra la diputada señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: En mi grupo creemos que sí es necesario este proyecto de ley porque es evidente que había un vacío legal que ha permitido a diferentes embaucadores cometer actos fraudulentos, generalmente contra pequeños
ahorradores, que son los más sensibles a ser embaucados. No creemos que los bienes tangibles sean una actividad financiera, porque en realidad se le ofrece al ahorrador comprar unos bienes. Por lo tanto, sí pertenece al ámbito de la Ley de
protección de los consumidores.
Hemos presentado varias enmiendas y la mayoría han sido aceptadas y transaccionadas. Por tanto, creemos que se ha seguido correctamente el procedimiento parlamentario de aprobación de este proyecto de ley. Por ejemplo, en el artículo 1 se
ha introducido el término joyas como bienes susceptibles de ser regulados por la norma. En el artículo 2, gracias a una enmienda del Grupo de Esquerra Republicana, se prohíbe la expresión interés en los bienes regulados por esta norma. En el
artículo 3 se explicita que es necesario que la empresa haga presente su código de identificación fiscal, con su número correspondiente. También hemos presentado enmiendas en cuanto a la información que debe administrar la empresa, que debe ser más
clara y más precisa; por ejemplo, debe reflejar el carácter de la oferta vinculante. Hemos añadido un nuevo artículo número 5, de garantías, que establece que la empresa debe garantizar, al menos, la cantidad con que será resarcido el usuario.
Respecto a las competencias autonómicas, no había prácticamente invasiones autonómicas, excepto en el artículo 8, en el tema de infracciones y sanciones, en torno al que hemos transaccionado una enmienda por la que la legislación estatal debe
remitirse a la legislación autonómica.
Nos quedan solo tres enmiendas que someter a votación, las números 28, 31 y 36. En las enmiendas números 28 y 31 proponemos que los gastos de escritura que se generen sean a cargo de la empresa y no del usuario. En la enmienda número 36
planteamos que los contratos vigentes deben adecuarse en el plazo de tres años. Creemos que quedaría un vacío legal si los contratos vigentes hasta ahora quedaran sujetos a la norma anterior y no a esta norma. Hay algunos casos en los que no sería
posible, como Afinsa y Fórum, pero hay otras empresas que también se dedican también a esta actividad. Por tanto, deberían estar sujetos a esta norma en un plazo adecuado. Nuestro voto será favorable a este proyecto de ley. Esperamos que los
grupos entiendan la importancia de lo que defienden estas enmiendas, como que los gastos de escritura corran a cargo de la empresa y no del usuario y que los contratos anteriores estén también sujetos a esta norma en un plazo de tres años.
La señora PRESIDENTA: Haré una observación en relación con la previsión de hora de votación. Aunque veo que faltan grupos y que se va relativamente rápido, había indicado a los señores portavoces de los grupos que la votación no sería
antes de la una y media. Para no causar sorpresa a nadie mantendremos esta hora. Si
concluye antes el debate suspenderíamos momentáneamente la sesión, puesto que la votación se producirá alrededor de la una y media.
No estando presente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el siguiente grupo con enmiendas vivas es el Grupo Parlamentario Popular en cuyo nombre va a intervenir el diputado don Rafael Merino. Tiene usted la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: El Grupo Popular ha presentado una serie de enmiendas a este proyecto de ley. La primera enmienda fue de devolución porque entendíamos que este proyecto de ley no viene a resolver ninguna de las situaciones pasadas
ni presentes que se han producido y, sobre todo, no va a resolver ninguna de las situaciones que se pueda producir en el futuro, en todo caso, las va a complicar y las va a encarecer, como luego diremos.
Sin embargo, sí tengo que dar réplica al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) porque ha hecho referencia a actuaciones del Gobierno del Partido Popular en la legislatura anterior. Por parte del Grupo Parlamentario Popular el
tema estaba claro. Nosotros entendemos y mantenemos que esta es una actividad mercantil. Creemos que la Agencia Tributaria y la actuación del Gobierno socialista instando a la actuación de la fiscalía han provocado un perjuicio a 400.000 familias
españolas, pero también van a provocar un perjuicio al conjunto de los españoles porque estamos convencidos -no sé si dentro de diez, de quince o de veinte años- que habrá sentencias donde haya responsabilidad patrimonial del Estado. Además es
curioso que la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda es la única que defiende que Fórum y Afinsa realizaban una actividad financiera, cuando la propia CNMV recientemente ha emitido un informe diciendo que ellos no tenían nada que
vigilar ni controlar porque era una actividad puramente mercantil. Por tanto, venimos insistiendo en la enorme discrepancia que hay dentro del propio Gobierno. Por una parte, el Ministerio de Economía y Hacienda plantea a través de la Agencia
Tributaria que es una actividad financiera y, por otra, el Ministerio de Sanidad y Consumo está presentando un proyecto de ley donde defiende que es una actividad mercantil, pero luego implícitamente dentro del articulado -por eso hemos presentado
una enmienda de supresión- hablan de garantías de restituciones de precios, con lo cual se entra en una dinámica desde nuestro punto de vista compleja que traerá sus dificultades y problemática, y que no viene a resolver ninguna situación de futuro.
Pero no solo eso, nosotros pensamos que lo único que está haciendo este proyecto de ley, con la intervención del notario para la formalización de los contratos, es encarecer el producto al usuario, al consumidor. Por mucho que se diga que lo va a
pagar la empresa, al final quien va a pagar las tasas y los honorarios de la notaría va a ser el consumidor. Por tanto, estamos encareciendo un producto de un sector que ya ha quedado muy tocado a raíz de la actuación de Fórum y Afinsa. Nosotros
no vamos a entrar en si existe o no fraude, entramos en que la actuación de la Agencia Tributaria y del Gobierno del Partido Socialista están en contradicción con todos, con los propios organismos independientes como la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y con el propio Ministerio de Sanidad y Consumo, que defiende que esto es una actividad mercantil. Sin embargo, se intervienen dos empresas como Fórum y Afinsa porque la Agencia Tributaria dice que es una actividad financiera y no
mercantil, lo que lleva a la ruina a 400.000 familias españolas y, mientras, el Grupo Socialista y el Gobierno socialista no han hecho nada en estos dos años por buscar una solución para las familias afectadas por Fórum y Afinsa.
Préstamos ICO. Ayer mismo se publicó una información en la que el Banco Popular congela los créditos de ICO para los afectados de Fórum y Afinsa porque no logra llegar a un acuerdo con el Gobierno. Ese es el interés del Gobierno socialista
por resolver la situación de 400.000 familias afectadas. Además de que no les dan soluciones y les dan una limosna con los créditos ICO, el Banco Popular tiene que decir que cancela la tramitación de préstamos porque no llega a un acuerdo con el
Gobierno socialista. Sinceramente, la actuación que están ustedes teniendo con las 400.000 familias españolas afectadas por la situación de Fórum y Afinsa, provocada por una actuación de la Agencia Tributaria, es un error. El tiempo dará y quitará
la razón, nosotros no estaremos aquí evidentemente para verlo, pero cuando dentro de unos años salga la sentencia y haya responsabilidad patrimonial del Estado y todos los españoles tengamos que asumir los errores del Gobierno socialista para
resarcir a estas 400.000 familias españolas, evidentemente nadie dimitirá ni nadie será cesado porque no creo que nadie esté dentro de veinte años en el Gobierno del Partido Socialista. Esa es la situación y ese es el proyecto de ley que ustedes
plantean: un proyecto de discrepancia dentro del propio Gobierno; un proyecto que no resuelve las situaciones del pasado, que ustedes han generado a través de la Agencia Tributaria con Fórum y Afinsa, y que tampoco resuelve las situaciones de
futuro porque lo único que va a hacer es encarecer y, en nuestra opinión, va a generar una problemática jurídica con la normativa que proponen en este proyecto de ley que va a crear complejidad y situaciones conflictivas en los contratos. Desde
luego, nosotros entendemos la actuación notarial carente de sentido porque es meter un gasto más al usuario que quiera formalizar estos contratos. Evidentemente, el que un notario dé fe de un contrato no va a resolver si una empresa quiere actuar
de forma fraudulenta o no, simplemente va a hacer gastar a los usuarios y a los consumidores, y parece que ustedes con eso quieren lavar su conciencia. Hay dos enmiendas, dentro del conjunto de las enmiendas que hemos presentado, dirigidas a
resolver la situación de los afectados de Fórum y Afinsa. En concreto la enmienda 48 propone que la Administración pública establecerá un fondo de
garantía a favor de los ahorradores inversionistas de bienes tangibles haciéndolo aplicable al caso de los afectados por la intervención de Afinsa y Fórum. La enmienda 49 plantea también para los afectados de la intervención de Afinsa y
Fórum que el Gobierno establecerá en un plazo máximo de dos meses la posibilidad de que puedan obtener crédito a tipos de interés cero a través del ICO por una cantidad máxima igual a la que tenían invertida en esas entidades sin incluir ningún tipo
de rendimiento o interés. El Grupo Socialista tiene hoy buena oportunidad de compensar ese daño que la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda, ha propiciado a 400.000 familias votando favorablemente a estas enmiendas del Grupo
Popular. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de que las voten a favor. Creemos que así al menos ayudarían en algo a las 400.000 familias afectadas por Fórum y Afinsa, que sinceramente nada tienen que ver con discusiones jurídicas o técnicas de
si son empresas mercantiles o son empresas financieras. Una actuación de la Agencia Tributaria propició una intervención de la fiscalía y, por tanto, una intervención judicial ha llevado a la paralización de una actividad empresarial y por primera
vez se impidió que dos empresas siguieran funcionando, a pesar de ser intervenidas. Evidentemente, eso ha ocasionado que estas empresas estén en situación de no poder responder a los clientes, como se venía respondiendo hasta el mismo día de antes
de la intervención que se llevó a cabo por parte del Gobierno socialista.
La señora PRESIDENTA: Finalmente, para fijar la postura del grupo mayoritario, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el diputado señor Pliego Cubero.
El señor PLIEGO CUBERO: Intentaré dar respuesta a algunos de los temas planteados y haré algún comentario, que es lo que procede, sobre las enmiendas que quedan vivas en esta Comisión.
El debate de esta ley arranca, como se sabe, de la moción aprobada por el Pleno de esta Cámara, a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Esta ley pretende construir un marco normativo completo que dé garantías a
los consumidores en este tipo de actividades económicas. Este proyecto de ley -se ha dicho, pero conviene recordarlo- no parte de cero ni se legisla en el vacío. Por supuesto, esta ley pretende regular una actividad de carácter lícito, de carácter
mercantil no financiero y lo hace con dos soportes fundamentalmente. En primer lugar, desde el punto de vista político, el punto 4 del referido acuerdo, de la referida moción aprobada por el Pleno. Y en segundo lugar, como no puede ser de otra
manera, la legislación vigente aprobada por el Gobierno del Partido Popular en la última legislatura. Me parece importante añadir que este texto cuenta con el informe favorable del Consejo General de Consumidores y Usuarios de España, que ponía el
acento en tres aspectos fundamentales a los que esta ley da cumplida respuesta. En primer lugar, la elevación del nivel de transparencia en la información, cosa que queda perfectamente recogida en esta ley; en segundo lugar, el cumplimiento de las
obligaciones normativas impuestas a los empresarios, y en tercer lugar, la protección de los intereses de los consumidores; y las garantías que se exigen en esta ley creo que son extremas y exhaustivas de cara a garantizar, valga la redundancia,
estas circunstancias.
Nosotros hacemos una valoración positiva de la tramitación parlamentaria de esta ley en Comisión. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios la voluntad que han manifestado en la negociación de estas enmiendas. Me referiré a las que
quedan pendientes. No queda ninguna viva del Grupo Parlamentario Mixto de las cuatro que habían presentado, hemos transaccionado o aceptado todas ellas, lo cual supone, sin lugar a dudas, mejoras en esta ley. Del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, aunque no hay ningún portavoz presente, se mantiene viva la enmienda número 10, que pretende suprimir el artículo normativo cuando esta ley hace referencia al artículo 149.1.13.ª de la Constitución. No creemos conveniente que se suprima, es
una garantía legal en esta ley, y el que se haga esa referencia no interfiere en absoluto las competencias autonómicas reconocidas en esta materia, que en todo caso es compartida entre el Estado y las comunidades autónomas y así se comprueba
fácilmente en el desarrollo que se hace en los distintos estatutos de Autonomía. Por otra parte, la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobada por el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura, ya
recogía este marco normativo, y en esta ley, que emana en parte de ella, no tendría sentido suprimir este apoyo legislativo, porque, frente a lo que se alega para el mantenimiento de esta enmienda, no existe ningún ataque a competencias autonómicas
que son perfectamente respetadas por esta ley.
Igualmente, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la capacidad que hemos tenido para llegar a acuerdos a partir de las cuatro enmiendas presentadas, que han sido aceptadas o transaccionadas todas ellas.
Ha habido un esfuerzo importante de consenso y diálogo entre Esquerra Republicana y el Gobierno. Había presentadas quince enmiendas, en doce de ellas se ha llegado a acuerdos o a transacciones y quedan vivas tres, de las que yo haré un
ligero comentario. Dos de ellas, las números 28 y 31, van en el mismo sentido. Se refieren a que los gastos de la obligación que prevé la ley de elevar a escritura pública estos contratos vayan por cuenta del empresario. No es que nosotros
estemos en contra de que sea el empresario quien corra con estos gastos. Al final, obviamente, en una actividad empresarial de este tipo o de cualquier otro, como es lógico y razonable, repercutirá el precio en el consumidor, pero ni existe un
precedente legal ni una ley de esta naturaleza debe entrar a regular, desde nuestro punto de vista, quién debe correr o no con los gastos de una formalidad que
exige la ley. Eso debe quedar al mejor criterio o arbitrio entre las partes, y estando explicitados, como se exige, en la información que obligatoriamente hay que dar al consumidor todos estos aspectos, incluido por parte de quién corren
los gastos, un consumidor estará en condiciones de aceptar o no las condiciones que se le ofrecen. Por tanto, estaría fuera de lugar que una ley recoja una cuestión que depende más del arbitrio o del dominio de los acuerdos, en este caso, entre
empresa y consumidor.
La enmienda número 36 tiene un poco más de calado en cuanto se propone que los contratos vigentes deberán adaptarse en el plazo de tres años a esta ley. La ley ya prevé que todos los contratos existentes, cuando llegue el tiempo de su
renovación, tienen que adaptarse a la ley, y eso parece lo razonable porque entre las partes habrá acuerdo o no y se renovarán o no en función de. Ahora, lo que no parece oportuno, y creemos que además va contra el principio de seguridad jurídica,
es que a contratos que están realizados y firmados en un determinado contexto y condiciones, se les imponga por ley a mitad de camino unas condiciones distintas. Por tanto, les pedimos que retiren esta enmienda -están en su derecho de mantenerla-
porque entendemos que no posee ninguna virtualidad; en todo caso nosotros la rechazamos.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), han presentado siete enmiendas y hemos llegado a un acuerdo en tres; son enmiendas muy razonables y con las transacciones ofrecidas se cubre un hueco que había en la ley. Son
relativas, dentro de lo que la legislación vigente permite, a la accesibilidad de personas con discapacidad a toda la información puntual desde la a hasta la z para que ningún consumidor o usuario, por motivo de discapacidad, pueda ver disminuido su
derecho de información respecto de la ley que estamos aprobando. En ese sentido nos parece positiva. Dos enmiendas más, las números 16 y 18, van unidas entre sí y vienen a pedir -sobre todo la 18, que es la que estamos fundamentalmente
referenciando- que se incluya en esta ley que solamente se eleven a escritura pública aquellos contratos que tengan una cuantía superior a 6.000 euros. Creemos que uno de los pilares fundamentales de este proyecto es que es un proyecto garantista,
fruto de la experiencia, hasta extremos máximos, lo cual aportamos como algo positivo, no negativo. En ese sentido, el que no se elevaran a escritura pública los contratos inferiores a 6.000 euros tiene el riesgo evidente de que el fraccionamiento
de los mismos en sucesivas cuantías puede hacer perder uno de los pilares fundamentales que sustentan la ley cual son las garantías, máxime cuando la práctica demuestra que la mayoría de los contratos son inferiores a estas cantidades. Sirva como
ejemplo que en el caso de Fórum y Afinsa casi el 60 por ciento de los contratos eran inferiores a las cuantías que aquí se apuntan. Por tanto, son dos los argumentos que utilizamos para rechazar estas enmiendas. Por una parte, un pilar fundamental
de la ley, que quedaría extraordinariamente debilitado, es llevar la garantía hasta el último extremo posible de acuerdo con la normativa legal, y así está además pedido expresamente por el informe de los consumidores y usuarios que hemos tenido en
cuenta porque representa a muchos de estos ciudadanos, y en segundo lugar, el riesgo cierto y veraz de que el fraccionamiento de contratos en cuantías inferiores a 6.000 euros nos llevara a un encadenamiento donde la ley perdiera virtualidad en este
sentido.
Las enmiendas 20 y 21 también tienen una relación, si bien de naturaleza distinta, porque en una se propone la presentación de un plan específico sobre las medidas a tomar para maximizar las inversiones, y en la otra la devolución íntegra de
los ingresos por parte del Estado, si bien aplazado a determinados años, con coste cero para las arcas públicas. Bueno, el Gobierno, en base a un debate parlamentario en esta Cámara y la aprobación por una importante mayoría de la moción a la que
me he referido anteriormente, precisamente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha tomado las medidas oportunas que se pueden y se deben tomar legalmente más allá de aquellas posiciones políticas de carácter lírico-bailable como la
que mantiene el Partido Popular en este tema, con aquello de que suene la música porque como hay cuatrocientos y pico mil afectados y estamos a pocos meses de unas elecciones, pues yo no quiero ni esto ni aquello ni lo contrario ni que se resuelva
nada. Se trata de que aquí tenemos un fuego y vamos a echarle carburante para que prenda y a ver qué pasa el 8, el 9 de marzo o cuando toque. Cada uno elige la estrategia que estima conveniente; pero sí quiero decir que el Gobierno ha tomado -son
conocidas y yo no las voy a repetir por no cansar a SS.SS.- las medidas que ustedes conocen dentro del marco legal en el que nos movemos y desde el respeto a los derechos de todos, de los usuarios de Fórum y Afinsa y de los que no son usuarios y
pagan sus impuestos a las arcas del Estado, lo que abastece a los presupuestos.
Desde todos estos intereses, que tienen que ser compaginables, independientemente de que haya elecciones o no, el Gobierno ha tomado las medidas que ustedes conocen y
que fueron refrendadas o aprobadas, como digo, en el debate general, no las medidas específicas, sino la derivación que el Gobierno ha hecho de este acuerdo mayoritario que se produjo en la Cámara.
En cuanto a la multiplicación de los panes y los peces, esto es recogido por el Nuevo Testamento, pero no tiene mucha certeza histórica. Como sabe, este evangelio fue escrito casi doscientos años después, por lo que ni siquiera existe
certeza histórica. Así pues, devolver, aunque sea dentro de tres años, la totalidad de los ingresos a los afectados sin ningún coste para las arcas públicas y a cuenta de lo que pase en el proceso concursal, en una argumentación meramente racional
es infumable, está absolutamente fuera de lugar. Otra cosa es que uno defienda la posición política que tenga por conveniente -nosotros estamos de acuerdo con una y no con otra-, pero en ese puzzle las fichas no encajan en absoluto. Por tanto, la
salida que tiene ese tema son las medidas que ha tomado el Gobierno, que son las que
se pueden tomar y que ningún otro Gobierno tomaría. Desde luego, si estuviera el Partido Popular no tomaría ninguna de las medidas que predica por aquello de que la prédica es mucho más factible y llevadera que cumplir los compromisos y
hacer realidad lo que no se puede hacer, como SS.SS. saben. Esto nos lleva a no aceptar estas enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En cuanto a las trece enmiendas presentadas por el Grupo Popular, hemos ofrecido una transaccional y la aceptación de dos de ellas, pero no le ha parecido bien y está en su legítimo derecho. Quedan todas vivas y las votaremos, pero, señor
Merino, quiero decirle dos o tres cosas. Usted habla de la ruina de más de 400.000 familias y quiero decirle que en cualquier actividad humana, incluida la política, es conveniente tenerse cierto respeto intelectual a uno mismo. Es algo sano, no
crea que es un elemento secundario. Si el grupo que está en la oposición, el Grupo Popular, en la legislatura pasada hubiera hecho lo que debió hacer en tiempo y forma con las informaciones que tenía desde el año 2001 en lugar de mirar hacia otro
lado, seguramente no estaríamos donde estamos. En cualquier caso, aquí se ha desarrollado una actividad lícita, una actividad con sus reglas y sus controles establecidos en el Código Civil, en el Código Mercantil, en la Ley de Usuarios e incluso en
la ley que aprobaron ustedes, y ha habido delitos de distinto tipo que se van a ver en los tribunales, mala gestión, mala administración, una suma de todo.
Según lo establecido por nuestras leyes, algunas de las cuales aprobaron ustedes y no
modificaron durante los ocho años que permanecieron en el Gobierno, cuando esto ocurre, se inicia un proceso judicial de carácter concursal del que se derivan dos actuaciones, una de tipo penal en función de las responsabilidades que hubiera y otra,
lógicamente, de tipo civil, administrativo, en las que al final tiene lugar una liquidación a partir de los bienes mobiliarios, de los bienes inmobiliarios, de los seguros y de las responsabilidades en el patrimonio de las personas que han cometido
los delitos, momento a partir del cual ocurrirá lo que ocurra. Cuando usted hace predicciones para dentro de doce o de quince años y dice que tendremos que hacer devoluciones, yo sé que usted es un experto jurista que habla con propiedad y me
imagino que tendrá garantías de que esto ocurrirá; no obstante, he de decirle que en las predicciones que llevan haciendo desde que empezó esta legislatura no han estado muy finos, ni siquiera cum laude, sino que se han quedado por debajo del
listón con bastante diferencia. La justicia dirá lo que tenga que decir, pero sería conveniente que no fuera negativo ni para el Estado ni para lo público, pues ustedes como grupo forman parte de ese Estado y de esa parte pública y tenemos la
responsabilidad de administrar los bienes públicos que pagan con impuestos los ciudadanos dentro de la normativa vigente y desde el respeto a los intereses públicos de todos los ciudadanos. Con ustedes no ha sido posible negociar ninguna enmienda.
Dicen que tienen las elecciones como las tienen y yo entiendo que con un candidato como el que tienen todo sea un poco más complicado, pero eso forma parte de la subjetividad de los análisis políticos. Hablan ustedes de 460.000 personas, de siete
meses para unas elecciones y de dejar esto suelto para que flote. En absoluto. Yo creo que ustedes no tienen ningún interés ni en mejorar ni en empeorar la ley, como tampoco lo tienen en que las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha den
solución a algunos de los problemas. Ustedes dicen: No han hecho nada.
Automáticamente el concepto que lo define es una falsedad en sus términos, por eso le decía lo del respeto intelectual a uno mismo. Uno puede estar a favor o en contra de lo
que quiere, argumentar lo que quiere, pero cuando utiliza la falsedad como elemento fundamental de análisis, no digo que no respeten mucho a los que estamos aquí, pero por lo menos, como he dicho, es bastante sano en términos psíquicos tenerse ese
respeto. A partir de aquí, nos encontramos en esta situación y, como lo que ustedes quieren es que esto reviente sea como sea, es imposible entrar en otro tipo de debate. Si lo consiguen o no, créame, es un elemento estrictamente secundario. (El
señor Merino López: Estas son vuestras medidas.) Los efectos que tenga en términos electorales es un elemento estrictamente secundario. En democracia todo es mucho más fácil, pues la gente vota a quien cree conveniente, al acabar la jornada se
cuentan los votos y quien haya ganado gobernará y quien no estará en la oposición. Ahora bien, si ustedes han elegido este camino, sigan por ahí.
Lo único que nosotros les decimos es que un gobierno puede acertar o cometer errores. Seguramente,
este habrá acertado y habrá cometido errores, pero no se puede tirar por la calle de la irresponsabilidad de manera consciente para ver si suena la flauta porque las elecciones están cerca. Sencillamente, no se puede hacer y vamos a votar en contra
de todas sus enmiendas, desde la primera hasta la última, ambas inclusive.
Para terminar -me dirijo a la señora presidenta y al señor letrado-, quiero dejar constancia de que haré llegar a los grupos parlamentarios unas consideraciones meramente técnicas de la ley a la vista del informe de la ponencia que se nos ha
hecho llegar. A partir de la aceptación de la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana -son meras correcciones técnicas que no tienen ninguna relevancia en cuanto al contenido-, hay tres cuestiones que tienen que ver con
el artículo 4, que habla de los contratos. En primer lugar, el apartado 2 dice al final: 'en los casos en que éstas existan', refiriéndose a las garantías. Como la enmienda de Esquerra Republicana dice que las garantías existen en todos los
casos, no tiene sentido añadir: en los casos en que éstas existan. Si lo aprueba la ponencia, sencillamente es inservible en términos estrictamente técnicos de la ley. En segundo lugar, el siguiente párrafo del mismo artículo, a partir del primer
punto y seguido, dice: 'En los supuestos previstos en el apartado 3 del presente artículo'. Como la enmienda de Esquerra Republicana habla de todos los casos, no caben los supuestos previstos,
sino que sencillamente 'todos' anula los 'supuestos previstos' porque no hay supuestos, son todos. Por último, en cuanto a la expresión que aparece al final: 'incorporar a la escritura pública testimonio de la constitución de las garantías
previstas en el artículo siguiente', las palabras en el artículo siguiente, como desaparece el artículo siguiente y se añade un punto nuevo, el artículo 5, de las garantías, tampoco tendrían sentido. Quería hacer constar estas tres correcciones, de
carácter meramente técnico, insisto, que no modifican la sustancia o el contenido de la ley en ninguno de sus apartados y ahora se las haré llegar a la Mesa como a los portavoces de los grupos para que las conozcan.
La señora PRESIDENTA: Señor Pliego, esta Presidencia, debidamente asesorada por su letrado, considera que las indicaciones que usted ha hecho en último lugar encajan perfectamente en lo que contempla el artículo 114.3 del Reglamento como
subsanación de errores e incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. En todo caso, como las va a someter a los demás portavoces de los grupos, se tendrán en consideración a la hora de que se produzcan las votaciones.
Señorías, aún no damos por concluido el debate. Tenemos un desorden reglamentario, pero no claramente antirreglamentario, pues el Reglamento de la Cámara se completa con los usos y un uso parlamentario es admitir que puedan intervenir
representantes de formaciones políticas que en el momento en que les hubiese tocado hacerlo estuviesen cumpliendo otras obligaciones en comisiones distintas. Por ello, como no ha tenido ocasión de intervenir en su momento, tiene la palabra para
defender la postura de su grupo y las enmiendas que le quedan vivas el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: En primer lugar, quiero agradecer su generosidad.
Nada está más lejos de mi ánimo que crear desórdenes, aunque sean reglamentarios, en este Congreso de los Diputados, pero la Comisión de Fomento, que es muy
magmática y muy viva, requería también de mi presencia. Le agradezco mucho esta alteración en el orden de intervenciones para poder defender las cuatro enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Quiero empezar haciendo una pequeña referencia a los acuerdos que hemos llegado con el grupo de la mayoría y los restantes grupos parlamentarios.
Hago referencia a las enmiendas números 15, 17 y 19, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que introducen, como bien ha apuntado algún otro portavoz, una mejora y una mayor sensibilidad en la ley en cuanto al acceso de personas con discapacidad a la información.
Esta es una ley de protección de los consumidores.
Distintos colectivos, como Cermi, hicieron llegar a los grupos parlamentarios la sensibilidad y la necesidad de que esta ley sea reformulada en su artículo 3, apartado 3, y en su artículo 4, apartado 1, para hacer posible a través de mecanismos
legales y de desarrollo reglamentario la accesibilidad a las personas con discapacidad. Empecemos, pues, por los puntos de acuerdo, que son estas tres enmiendas incorporadas ya en el informe de ponencia, antes de pasar a defender los puntos -no sé
si de desencuentro, porque espero como siempre no encontrar desorden sino apoyo suficiente en esta votación final- de las enmiendas que se mantienen vivas para la discusión final en esta Comisión con capacidad legislativa plena. Por una parte,
están las enmiendas 16 y 18, que hacen referencia a un mismo objeto, y, por otra, las enmiendas 20 y 21. Las enmiendas 16 y 18 hacen referencia a la necesidad de sacar de los contratos con acta notarial los contratos menores a 6.000 euros. Esta es
una ley garantista, una ley que nace de una realidad, de una práctica y de la observación de unos casos que hacen que el Gobierno llegue a la conclusión de que se deben extremar las garantías en las relaciones contractuales y la protección de los
consumidores. Nosotros estamos a favor de este planteamiento, pero en la actividad legislativa a veces se proyecta la ley del péndulo en los proyectos de ley pasando de un extremo al otro; se pasa de la falta de cobertura, de la falta de
protección, de la falta de garantías, de la falta de la participación del fedatario público, del notario, para dar garantía y seguridad al consumidor, en este caso a la parte contratante más débil de esta relación sinalagmática que es el contrato, a
contemplar la necesidad de acta notarial para cualquier tipo de contrato sin una limitación de cuantía. Sería razonable una limitación de cuantía. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a través de las enmiendas 16 y 18, planteó en
su momento la cuantía de 6.000 euros, dispuestos a transaccionar con otros grupos parlamentarios y también con el grupo de la mayoría otras posibles cantidades. El grupo de la mayoría, aplicando la ley del péndulo, pasa de un extremo a otro, y
simplemente dice que no, que cree que todos los contratos tienen que tener acta notarial. Quiero que hagan una última reflexión sobre el sentido de algunos contratos que tienen cifras francamente irrisorias, muy pequeñas, y que tienen que pasar por
notario. Puede darse el caso de que al final el acta notarial sea más cara que la propia relación contractual, que el propio objeto del contrato. Ustedes me dirán que al final esto quedará imputado al consumidor, ciertamente. Todo lo que
planteamos está preñado de sentido común y les pediría un último esfuerzo para llegar a un acuerdo respecto a las enmiendas 16 y 18. No me quiero alargar más en esta parte, porque el propio redactado de las enmiendas es suficientemente elocuente.
Las enmiendas 20 y 21 tienen nombre y apellido. Están referidas a Fórum Filatélico y a Afinsa. Es mejor decir las cosas por su nombre. Les decía antes que esta es una ley nacida de la necesidad de una mayor protección de la conveniencia,
de una mayor protección al consumidor, pero, no nos engañemos, el Gobierno también plantea esta ley después de las graves irregularidades y de la posición de debilidad de un colectivo muy
importante de miles de personas que han quedado afectadas por los casos de Fórum Filatélico y Afinsa, en los cuales presuntamente - a los juzgados les corresponde dar la sentencia definitiva- ha habido irregularidades.
En las enmiendas 20 y
21 no hablamos de los gestores de Fórum Filatélico y Afinsa sino de una protección a las personas afectadas. Señorías, el redactado de la enmienda número 20 es literalmente el de una proposición no de ley votada en la Comisión de Economía y, en su
momento, votada y consensuada con todos los grupos parlamentarios. Ustedes saben la diferencia entre una proposición no de ley y la fuerza normativa, política y jurídica de una proposición de ley. A través de la incorporación de la enmienda número
20 como disposición adicional de este proyecto de ley, este Congreso de los Diputados daría un mandato explícito y legalmente vinculante al Gobierno para el desarrollo de los dos puntos aprobados en su momento en la Comisión de Economía. Por ello,
pedimos a todos los grupos parlamentarios, pero especialmente al grupo de la mayoría, que presenta notables reservas, que hagan un ejercicio de coherencia y que aquello que votaron en la Comisión de Economía y que les pareció bien -no quiero sacar
ahora parte de los discursos de los portavoces del Grupo Socialista en aquella sesión- lo conviertan en mandato a través de una disposición adicional. Las disposiciones adicionales sirven para dar mandatos al Gobierno, para desarrollar una
necesaria tutela del Gobierno en este proceso, que tiene una dimensión judicial, una dimensión de derecho concursal, una dimensión de derecho mercantil. Pero este cauce mercantil puede tener la intervención, la tutela y el impulso político del
Gobierno. Por eso planteamos la enmienda número 20 y pedimos un acto de coherencia al Grupo Socialista.
La enmienda número 21 es también una disposición adicional por la que se insta al Gobierno a elaborar en el plazo de dos meses un estudi o en el que se contemple la devolución íntegra de los ahorros de los 460.000 afectados por las
investigaciones de las entidades Fórum Filatélico y Afinsa a coste cero ialista en la ponencia y en este debate en Comisión se ha cerrado absolutamente a discutir y a dar una salida a través de este enmienda número 21. Es cierto que hay unos
mecanismos para la liquidación de los bienes en el derecho mercantil, en el derecho concursal, pero también lo es, como muy bien apuntaba el señor Azpiazu en esta Comisión y en la Comisión de Economía, que puede haber una actitud proactiva del
Gobierno, una actitud proactiva de los representantes del Estado en la tutela de este derecho concursal con el objetivo de que la liquidación de todos los bienes de Fórum Filatélico y Afinsa vayan destinados a cubrir los problemas que han tenido los
460.000 personas afectadas. Además, lo planteamos de forma razonablemente fraccional en el tiempo: en el periodo 2008-2011. Esta era una enmienda para el diálogo, para la transacción, para el acuerdo y para enviar, no de forma partidista sino de
forma colegiada, desde una Comisión con capacidad legislativa plena, un mensaje de que el Gobierno, el Ejecutivo y el Parlamento tienen una actitud de protección hacia unas personas que apostaron por unas normas de juego claramente desfavorables.
Con una actitud ultraliberal -esta es la posición del Grupo Socialista en este planteamiento- se puede decir que allá ellos con sus responsabilidades y con la incapacidad de leer la letra pequeña, pero con una posición de sensibilidad y de
ponderación entre el derecho concursal y la tutela de estas personas podríamos encontrar una salida a través de la enmienda 21.
Parece que esto será imposible porque el portavoz del Grupo Socialista ha calificado esta enmienda como una enmienda
infumable, y después ha hablado de respeto intelectual; no sé si es de gran elaboración intelectual calificar una enmienda como infumable, no nos la vamos a fumar. Les aseguro que tampoco habíamos planteado esta enmienda para liarla y fumarla en
esta Comisión, sino para llegar a un acuerdo, a una transacción y para dar un mensaje de participación activa del Gobierno y del Legislativo en la grave situación en la que se encuentran los afectados del Fórum Filatélico y Afinsa. La votación está
fijada para dentro de una hora y espero y confío en que durante este plazo de una hora aún sea posible llegar a un acuerdo y, si no, pido el voto favorable de todos los grupos políticos que creen que esta enmienda, la 21, y también la 20, son
enmiendas razonables.
La señora PRESIDENTA: Antes de dar por concluido el debate, rogaría a los portavoces de los grupos que han mantenido enmiendas vivas que lo indiquen a la Mesa, y a los grupos que estén en condiciones de votarlas si solicitan votaciones
agrupadas o debe votarse enmienda a enmienda.
Puesto que hemos señalado la hora de votación hacia la una y media, y aunque no es práctica frecuente conceder segundos turnos, el portavoz del Grupo Popular pedía realizar alguna puntualización. Le
rogaría que ni se extendiera ni se enzarzara en exceso. Luego ofreceré a las demás formaciones políticas un turno, si así lo desean. Tiene usted la palabra, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Comprendo que el portavoz socialista y el Grupo Socialista se ponen nerviosos cuando se habla del tema Fórum y Afinsa y de ahí que la defensa de sus planteamientos con respecto a esto haya sido meterse con la
intelectualidad de este portavoz, con aspectos psíquicos, con cuestiones infumables por parte de Convergència i Unió, con electoralismos y con el candidato del Partido Popular. Mire usted, creo que la intelectualidad no se dice, se practica, y
considero que sería bueno que usted se aplicara la práctica intelectual con mayor frecuencia, porque que diga usted que el Partido Popular quiere aprovechar la situación de 460.000 familias y que estamos de electoralismo, con la que ustedes llevan
liando en dos semanas, desde que nos regalan viviendas en Andalucía, desde que nos regalan cheques bebé, desde que nos regalan alquileres, desde que nos regalan todo en estas últimas dos semanas, que usted venga hablando de que el Partido Popular
está
haciendo electoralismo, repito, con el tema de Fórum y Afinsa en el que desde el mismo día de la intervención hemos mantenido el mismo planteamiento, demuestra una intelectualidad de nivel bastante bajo o bastante olvidadizo. Pero es que
usted se olvida con mucha facilidad que portavoces del Gobierno, miembros del Gobierno e insignes responsables del Partido Socialista llamaban a los afectados de Fórum en esos primeros días especuladores, a algunas de esas 460.000 familias españolas
ustedes les llamaban especuladores, que iban a aprovecharse con sus inversiones y a ganar dinero a espuertas. Ese era el planteamiento del Partido Socialista; ustedes pretenden olvidarlo y están nerviosos porque hay un período electoral, pero
nosotros hemos mantenido la misma postura desde hace dos años.
No obstante, mire, usted que tanto ha hablado de las medidas del Gobierno, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a enseñar, aquí están las medidas del Gobierno, el Banco Popular no puede ofrecer los préstamos ICO porque no llega a un acuerdo
con el Gobierno. ¿Estas son sus medidas para los afectados de Fórum y Afinsa, no facilitarles ni los préstamos ICO, que eran una limosna? ¿Eso es lo que usted pretende defender y pretende hacernos ver aquí su defensa y su protección de 460.000
familias? Porque es realmente lamentable que ustedes no sean capaces de facilitar los préstamos ICO a los afectados de Fórum y Afinsa, que, aunque usted diga que no, hay muchos que han pasado y están pasando situaciones realmente lamentables y
preocupantes porque no tienen para llegar a fin de mes, y esto que percibían de Fórum y Afinsa era como un complemento a las pensiones en muchos casos. Lo que pasa es que ustedes no se han preocupado de conocer las situaciones personales de estos
afectados de Fórum y Afinsa. Ustedes dijeron: de esto hay que echarle la culpa al Partido Popular. Luego se dieron cuenta de que no podían echársela a las comunidades del Partido Popular y al final se han encontrado con un problema encima de la
mesa, con 460.000 familias que no saben cómo defender su posición.
Le vuelvo a insistir: este es un problema que ha generado el Gobierno socialista, la Agencia Tributaria. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores en un informe reciente les ha dicho que esta no es una actividad financiera, que es
una actividad mercantil. Ustedes han propiciado desde el Ministerio de Economía y Hacienda con la Agencia Tributaria que esto era una actividad financiera y eso propició la intervención judicial. Por lo tanto, este es un problema que ustedes han
generado y ustedes han resuelto, y, señor portavoz, Fórum y Afinsa llevaban funcionando veinticinco años; veinticinco años, no solo los ocho años del Gobierno del Partido Popular. O sea, que en cuanto a controles, todo el mundo podía haber
controlado o todo el mundo podía haber dejado de controlar. Y ya veremos, insisto, en qué acaba esta historia, el problema es que no estaremos aquí para poder decirnos cuál de los dos llevaba la razón.
Esa es la situación y ustedes no quieren reconocer que se pueden aportar soluciones a los afectados de Fórum y Afinsa como la que está planteando el Partido Popular en su enmienda y como la que ha planteado Convergència y Unió en su
enmienda, y yo les pido que recapaciten en este tiempo que les queda para dar solución a los afectados de Fórum y Afinsa, porque a lo mejor, señor portavoz del Partido Socialista, es mejor resolver el problema de estas 460.000 familias que...
La señora PRESIDENTA: Señor Merino, hemos dicho brevemente.
El señor MERINO LÓPEZ: Estoy terminando, señora presidenta. Estaba terminando, me ha cortado usted la frase final. (Risas.) Es más fácil y más de conciencia resolver el problema de 460.000 familias de afectados de Fórum y Afinsa que andar
regalando dentista, viviendas, alquileres, cheques bebé y todo lo que a ustedes se les ocurra en las semanas que restan.
Con respecto a candidatos, mire usted, creo que sobran las palabras cuando nuestro candidato en las pasadas elecciones obtuvo diez millones de votos que le apoyaron.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, si quiere intervenir nuevamente, tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Al portavoz de Convergència i Unió quiero decirle que aunque se ha alterado el orden de la intervención no tiene absolutamente ninguna importancia. Deseo ratificarme en las afirmaciones que había hecho respecto a la
defensa contraria a las enmiendas que se presentaban. Sin lugar a dudas no creemos oportuno que una ley sea el ámbito normativo oportuno para recoger los informes de control o controles que haya que hacer al Gobierno; existen, lógicamente, otros
procedimientos parlamentarios para controlar al Gobierno. Además, este Gobierno, desde que se tomaron estas medidas, ha comparecido y ha dado cuenta de cómo han evolucionado. Pero en el apartado 2 de esa enmienda se reconoce o se pide maximizar la
recuperación de los ingresos y ahí es conocida ya la posición que nosotros mantenemos. Se ha tomado muy a pecho el término infumable por fumar, pero él sabe que en cualquier diccionario de la lengua española, por simple que sea, aparecen varias
acepciones como entrada en cualquier concepto, por tanto, en vez de la primera mire la segunda y verá cómo puede servir, otra cosa es que sea compartible o no la calificación que se le da.
En cuanto a la intervención del Partido Popular, quiero hacer dos o tres precisiones. El Gobierno no ha intervenido las empresas Fórum y Afinsa, ha intervenido la instancia judicial correspondiente a partir de un informe de la Agencia
Tributaria que no califica en absoluto si la actividad es financiera o no financiera; es decir, el hecho de que intervenga la Agencia Tributaria no califica en absoluto ese tema, y le daré algún argumento de por qué. Usted dice que esta empresa
lleva funcionando veinti
tantos años, claro, de acuerdo con la legislación vigente y con la exigencia de honradez que corresponde a todos los directivos de cualquier empresa o cualquier profesional, estaba funcionando. Pero hay determinadas circunstancias que
ocurren cuando ocurren, y en el año 2001 ocurre, por ejemplo, que la Fiscalía General del Estado, que es algo, envía al Ministerio de Economía -usted sabe quién estaba en ese momento y quién presidía: el milagro económico soy yo- una denuncia de un
particular sobre Afinsa por actividades encubiertas. Y, ¿qué se hizo? Usted lo sabe igual que yo: nada. Yo lo dejo ahí, ni siquiera lo califico, lo dejo ahí. El 1 de febrero de 2002 seguía el mismo Gobierno; es que ocurrió en esta fecha y no
diecisiete años antes, por ejemplo.
Insisto, es que es una actividad legítima, con controles, a través del Código Civil, del Código Mercantil, de la Ley de Consumidores y Usuarios, de la Ley de Bienes de Inversión Colectiva; o sea, que tenía su
regulación, ¿Qué era insuficiente y se ha visto que era insuficiente a raíz de lo sucedido? Eso es lo que pretendemos solucionar con esta ley, pero, como digo, el 1 de febrero de 2002 Adicae presenta al Ministerio de Economía una denuncia sobre
Fórum y Afinsa, a la CNMV y al Banco de España, y sabemos, viva España, quién estaba en cada sitio, y, ¿qué se hizo? Absolutamente la nada. Entonces uno tiene menos legitimidad para exigir determinadas cosas, y esto es lo único que yo planteaba
respecto a ese asunto.
Dice usted, con un titular extraordinario, que con tal entidad bancaria -ni siquiera hace referencia al nombre- no ha sido posible por tal motivo. Perfecto, pero yo, con el permiso de la Presidencia, le voy a hacer referencia de las
entidades financieras que a fecha 4 de septiembre de 2007 tenían convenio suscrito y que, según los últimos datos, habían aportado hasta 1.800 actuaciones a través de estos préstamos: Banco Valencia, Caja Murcia, Banco Popular, Guipuzkoa Donostia
Kutxa, Caixanova, La Caixa, Caja España de Inversiones, Caja Duero, Caja de Ahorro de Vitoria, Caja de Ahorro de Córdoba, Caja Sur, Caja de Ahorro de Asturias, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Círculo Católico de Burgos, Banco
Cooperativo y Caja Rural de Jaén. Señorías, desconozco cuál es la razón por la que la entidad financiera que usted dice no ha podido llegar a un acuerdo, pero si hay otras once entidades adheridas con nombres y apellidos será porque estas cosas del
mundo mundial tienen sus inconvenientes. Si ustedes estuvieran gobernando tendrían más o tendrían menos -no sé qué quiere decir con lo de que esta entidad bancaria no ha podido...- Ellos sabrán cuáles son las razones. Yo le digo, señoría, que
estas once sí han podido, de modo que si han podido unas, podrán las otras; supongo que habrá algunas razones de otra naturaleza. No tiene sentido elevar a máximos la cuestión de esta entidad bancaria, argumentándolo como si fuera un principio de
carácter universal, como a ustedes les gusta, del principio y del fin del mundo -enmedio no hay nada-, porque, señorías, las otras once sí han podido.
¿Cuantitativamente eso tiene algún peso o deja de tenerlo? No tiene ninguno; sencillamente hay
entidades de crédito que de acuerdo con la normativa establecida para estos préstamos ICO los están facilitando.
Insisto en que hay aproximadamente 1.800 ciudadanos que voluntariamente han accedido a esos préstamos, por tanto, será posible el
proceso. A partir de ahí, poco más tengo que añadir, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Concluido el debate, recuerdo a los portavoces de los grupos que informen a la Mesa si desean votaciones unidas o precepto a precepto de las distintas enmiendas que todavía están vivas.
Se suspende momentáneamente la sesión hasta la una y media, que es la hora fijada para la votación. (Pausa.)
Reanudamos la sesión, procediendo a votar el texto del proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Mixto no tiene enmiendas, puesto que ha anunciado en su intervención que renunciaba a las dos que le quedaban vivas.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene una enmienda, pero no ha intervenido. Suele darse por defendida la enmienda en aquellos casos en los que hay un debate posterior en Pleno para que se pueda sostener todavía la enmienda. En
este caso estamos actuando con competencia legislativa plena y no tiene sentido el mantenimiento. Si desease el grupo reproducirla en el Senado está en su libertad de hacerlo así, pero no le añadiríamos ninguna garantía a la intervención de este
grupo dando hoy por defendida la enmienda, con lo cual tampoco la someteremos a votación.
El Grupo Parlamentario Vasco mantenía una enmienda, pero ha aceptado la transacción que se ofrecía por parte del Grupo Socialista. Procede, por tanto, votar la transacción y no el texto de la enmienda. Señorías, voy a dar lectura a lo que
ha sido aceptado por el Grupo Vasco que es una adición de un nuevo apartado al artículo 7 que dice lo siguiente: Lo dispuesto en los apartados precedentes, se entiende sin perjuicio de la legislación estatal o autonómica de carácter contable,
fiscal, y en su caso económico, al que estén sometidas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley. Esto es lo que vamos a votar.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña tiene tres enmiendas vivas, cuya votación no ha sido pedida por nadie de manera agrupada. Con lo cual votamos, en primer lugar, la enmienda número 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda numero 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha pedido que sean votadas en dos bloques. En primer lugar, enmiendas 16 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 20 y 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MERINO LÓPEZ: Pedimos que se voten en dos bloques: la 48 y 49 por un lado y el resto por otro.
La señora PRESIDENTA: Votamos las enmiendas 37 a 47 en un primer bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
En último lugar, votamos las enmiendas 48 y 49.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; dos abstenciones.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Seguidamente, vamos a votar lo que, al amparo del artículo 114.3, ha sido solicitado por parte del Grupo Parlamentario Socialista y a lo que nadie se ha opuesto, que son correcciones permitidas por el Reglamento de índole técnica. Les leo
lo que vamos a proceder a corregir. En el artículo 4.2, dentro del segundo párrafo, se debería suprimir el inciso que figura al final en los términos siguientes: 'en los casos en que estas existan'. En el mismo artículo 4.2, dentro del tercer
párrafo, debiera suprimirse el inciso siguiente: 'en los supuestos previstos en el apartado 3 del presente artículo'. Asimismo, en el mencionado artículo 4.2, dentro del tercer párrafo, habría de suprimirse el inciso que indica: 'en el citado
apartado'. Creemos que el artículo queda en los términos que parecía ser la voluntad de esta Comisión, pero con una corrección técnica mucho más adecuada a lo que nos debe guiar, que es la corrección de las normas. Como motivación se mencionaba la
necesidad de adecuar la redacción del citado precepto a la aprobación de una enmienda transaccional sobre el número 33, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Someto a la consideración de SS.SS. esta votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan incorporadas al texto las correcciones técnicas que han sido objeto de lectura.
Procedemos a la votación del dictamen. Al no haber solicitud de votaciones separadas, votaremos en una única votación la exposición de motivos y el texto del articulado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen. Conforme al Reglamento, se enviará al Senado para su posterior tramitación.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.