CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 890

CULTURA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA

Sesión núm. 45

celebrada el miércoles, 19 de septiembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el Proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público. (Número de expediente 121/000136.)... (Página 2)


Proposiciones no de Ley:


- Relativa a la regulación de los criterios que deben regir el destino de los bienes dados en pago de deudas tributarias. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000444.)... href='#(Página5)'>(Página 5)


- Sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/002271.)... (Página 8)

Página 2


Relativa al cumplimiento urgente del mandato legal para la constitución de la comisión de propiedad intelectual. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002177.)... href='#(Página11)'>(Página 11)


- Relativa a un plan para gestionar la recuperación de los pecios españoles, de la protección y vigilancia del patrimonio subacuático español, en cooperación con las comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/002353.)... (Página 13)


- Relativa al archivo de documentos electrónicos y la conservación de la memoria digital. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002396.)... (Página 16)


- Relativa a la creación del consejo iberoamericano de archivos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002397.)... (Página 18)


- De creación del premio nacional de ilustración de libros infantiles y juveniles. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/002398.)... (Página 20)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000136.)


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.



Damos comienzo a esta sesión con una propuesta, que ya ha sido consultada a los distintos portavoces de los grupos y en la que parecen estar todos de acuerdo, así como también los miembros de esta Mesa, para alterar el orden del día, de tal
forma que en primer lugar debatiremos y votaremos el proyecto de ley que figura en el orden del día y a continuación entraremos en las proposiciones no de ley. Como este orden del día es extraordinariamente largo y hubo una propuesta para incluir
unas proposiciones no de ley que aún no estaban clasificadas por la Mesa presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, comenzaremos con el debate de las proposiciones no de ley por su orden hasta aproximadamente las dos y media o tres menos
cuarto, cuando procederemos a las votaciones, para que nos dé tiempo a comer antes del comienzo del Pleno.
Por tanto, aquellas proposiciones no de ley que no de tiempo a ver, las incluiremos con preferencia en el siguiente orden del día de la
Comisión que atienda a proposiciones no de ley. Si están todos de acuerdo comenzamos con el debate y votación a continuación del proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público. Los grupos que han presentado enmiendas a
este proyecto de ley son Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Grupo Parlamentario Popular.
Comenzamos, por tanto, de menor a mayor. En primer lugar, tendría
que intervenir el Grupo Parlamentario Mixto, cuyos representantes no están presentes en la sala, los del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tampoco están, y los de Esquerra Republicana de Catalunya tampoco están. Estos
grupos, como no están presentes, presentarán un escrito dando por defendidas sus enmiendas. Por tanto, las damos por defendidas.



A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, señora Lope.



La señora LOPE FONTAGNÉ: En primer lugar, en nombre de mi grupo quiero manifestar nuestra satisfacción porque antes de que finalice el periodo de sesiones podamos aprobar la Ley sobre reutilización de la información del sector público.
Como saben SS.SS., esta ley es una trasposición de una directiva europea que pretende armonizar las normas y prácticas de los Estados miembros en relación con la explotación de la información del sector público, reforzando así la eficacia del uso
transfronterizo. Sin embargo, tenemos que lamentar que el Gobierno español haya incumplido en casi dos años el plazo de incorporación de dicha directiva a nuestra legislación. Casi todos los Estados miembros ya la han transpuesto y suponemos que
si han sido más ágiles es porque han valorado las ventajas que una buena disponibilidad de la información pública puede aportar a sus ciudadanos y a sus empresas. Por tanto, es urgente aprobar esta ley e intentar facilitar su aplicación en el menor
tiempo posible. La Directiva 2003/98 surge al constatar la Unión


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Europea que las formas y condiciones de acceso a la información pública varían significativamente entre los Estados miembros, perjudicando a sectores como la industria europea para competir con otros países con un sistema de información
pública más eficaz. Lo que se pretende es crear un marco legal común para toda la Unión Europea que facilitará las relaciones intracomunitarias.



En las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular se ha intentado seguir con la máxima fidelidad los criterios marcados por la directiva y permitir así que la ley sea un instrumento útil para todos los ciudadanos y empresas de
los Estados miembros. El sentido de nuestro voto a las enmiendas de los demás grupos sigue este mismo criterio.
También tenemos que agradecer a los miembros de la ponencia la admisión de gran parte de nuestras enmiendas. En cuanto a las enmiendas
todavía vigentes queremos destacar que nuestra enmienda 22 al artículo 2, referida al ámbito subjetivo de aplicación, modifica el punto 2 de la letra d) para adaptar la definición de las entidades a las que se aplica también la legislación de
contratos de las administraciones públicas a la nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobada por este Congreso el 12 de julio de 2007. En cuanto a las enmiendas números 23 y 27, damos por reproducidas las justificaciones contenidas en las
mismas. Por lo que se refiere a las dos últimas, la enmienda número 30 es de adición a la disposición adicional primera y plantea fijar un plazo máximo de seis meses para que las entidades públicas recogidas en el artículo 2 de esta ley elaboren
los programas en los que se describa cada tipo de información generada por ellos, su soporte, sometimiento a licencia o no, etcétera, en definitiva, todas aquellas medidas que permitan la aplicación real del contenido de esta ley. Nos parece de
vital importancia la fijación de un plazo y, por otro lado, seis meses es un plazo razonable para poner en marcha este proyecto. Hemos lamentado al principio de la intervención la tardanza del Gobierno en la trasposición de esta directiva y ahora,
si admite este plazo, acreditará que está dispuesto a poner en marcha la presente ley en un plazo razonable.
También hay que recordar que el artículo 13 de la directiva determina que llevará a cabo una revisión de la aplicación de la misma antes de
junio de 2008, y sería deseable que nuestra ley entrara en vigor en esa fecha.
Nuestra última enmienda, la número 31, va en el mismo sentido y consideramos que no hay razón alguna para dilatar en dos meses la entrada en vigor de la ley.



La señora PRESIDENTA: Ha entrado en este momento en la sala el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, que tendría que haber intervenido antes, pero, como ha llegado más tarde, le damos la palabra ahora. Señor Ramón Torres, tiene la
palabra para la defensa de sus enmiendas.



El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta, por su benevolencia.
Los grupos pequeños en mañanas como hoy tenemos que ir de un lado para otro. Para agradecérselo voy a ser muy breve. Nosotros presentamos diez enmiendas a este
proyecto de ley, de las cuales cuatro se incorporaron en ponencia, todas ellas dirigidas a mejorar la exposición de motivos. Del resto de enmiendas, varias de ellas hacen referencia a la protección de la propiedad intelectual, que sería necesario
que se incorporaran en la ley y que nuestro grupo va a mantener para la votación. Esta ley traspone una directiva europea que es necesaria, con la que nuestro grupo está de acuerdo, pero consideramos que estas diez enmiendas que habíamos presentado
mejoran el texto. Quiero agradecer al grupo mayoritario la incorporación de estas cuatro enmiendas y mantendremos para votación las que quedan vivas.



La señora PRESIDENTA: Estaba el señor Vilajoana en la sala, pero ha salido, con lo cual damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Tabuyo.



El señor TABUYO ROMERO: La Ley sobre la reutilización de la información del sector público supone incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una norma comunitaria, la Directiva 2003/98/CE; trasposición que se realiza con un cierto retraso,
como se ha manifestado y como SS.SS. ya conocen, pero que supone establecer un marco general para las condiciones de reutilización de los documentos del sector público que permita desarrollar un mercado europeo de la información. Con esta ley se
produce un evidente avance para la Administración pública, sobre todo en dos de sus grandes objetivos: la transparencia y la accesibilidad para la sociedad, revirtiendo en la misma los beneficios del conocimiento y los económicos que conlleva el
uso de la información que la propia Administración posee.



En relación con los aspectos concretos de esta ley, destacan la noción de documento reutilizable que se emplea en su sentido más amplio y acorde con la evolución de la propia sociedad de la información, con las excepciones que contempla la
ley; la reutilización está abierta a todos los agentes potenciales del mercado; se prohíben, con carácter general, los acuerdos exclusivos, como garantía de trato equitativo en las transacciones comerciales. En el caso de que se apliquen tasas
para la reutilización de determinada información, estas serán proporcionadas a su coste y las tarifas serán transparentes y en cuanto a los formatos en los que se facilita la información, se fomentan los formatos electrónicos, los modelos de
licencia en línea, los listados de documentos reutilizables y se facilita el acceso a personas con discapacidad. Hemos pretendido que fuese una ley de todos y, a pesar de ser muy técnica, en la que los especialistas han ajustado mucho los márgenes
para el discurso político y no han dejado demasiados resquicios para las correcciones sin salirse del espíritu marcado por


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la propia directiva, hemos sido capaces de incorporar numerosas enmiendas los diversos grupos, la mayoría en la exposición de motivos, donde cabía más este tipo de aportaciones o modificaciones para reforzar ese espíritu de que sea una ley
de todos. Estas aportaciones enriquecen la ley, y espero y confío que todos nos sintamos satisfechos con el resultado final, que no es otro que el de poner a disposición de los ciudadanos y de las empresas una materia prima que generará nuevos
servicios y productos de información de valor añadido y que implica un gran potencial económico. Quiero agradecer a todos los grupos su colaboración y su disponibilidad para hacer, entre todos, una ley mejor.



En la ponencia se han incorporado las siguientes enmiendas. Del Grupo Mixto, la 1, la 3 parcialmente, la 4 y la 5. De Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, las números 10, 11, 13, 14 y 15. De Esquerra Republicana de Catalunya,
la 32 la 34 parcialmente, la 35 y la 36. Y del Grupo Popular, las números 26, 28 y 29. Como consecuencia de lo tratado y reflexionado ayer en el trámite de ponencia, hemos valorado también la aprobación de la enmienda número 24 del Grupo Popular,
que incorpora al artículo 4.5 la siguiente redacción: 'creando sistemas de gestión documental que permitan a los ciudadanos la adecuada recuperación de la información, tales como listados, bases de datos o índices y portales que enlacen con
listados descentralizados', así como la enmienda número 25 del mismo grupo, referida a la introducción de la frase 'y mediante plataformas multicanal', completando así el artículo 5 de formatos disponibles para la reutilización.



Respecto a las enmiendas que no han sido aceptadas, son las siguientes: la número 2 del Grupo Mixto, que coincide con la número 12 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y con la número 33 de Esquerra Republicana, referidas a la
inaplicación de la ley a los derechos de propiedad intelectual e industrial por parte de terceros ajenos al sector público, lo que no se admite porque la propia directiva reconoce que los poderes públicos pueden ejercer sus derechos de propiedad
intelectual, pero de un modo que facilite su reutilización. La enmienda número 6 del Grupo Mixto, que coincide con la número 16 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la número 37 de ERC, referidas, además del uso de documentos, al
extracto, combinación o modificación de los mismos, no se acepta, ya que puede suponer esfuerzos desproporcionados para la Administración, y el artículo 5.2 así lo recoge. Las enmiendas referidas al artículo 3, que son la número 7 del Grupo Mixto,
las números 17 y 18 de Izquierda Unida, la número 38 de Esquerra Republicana y la 23 del Grupo Popular se desestiman porque ese apartado se considera esencial para mantener las previsiones de los derechos de propiedad intelectual de los organismos
del sector público. Las enmiendas 39 y 40 de Esquerra Republicana se desestiman por considerar que se da cobertura global al resto de especialidades o tratamientos diferenciados en leyes sectoriales como la de información ambiental, tal y como está
recogida en la ley. La enmienda número 8 del Grupo Mixto, la número 19 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la número 41 de ERC, referidas al artículo 4, apartado 2, letra a), de supresión, se desestiman porque la reutilización sin
condiciones se contempla para casos donde se pone gran cantidad de información a disposición libre, como el caso de las páginas web. Las referidas al artículo 8, que son la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Mixto, la número 20, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la número 42, de ERC, y la número 27, del Grupo Popular, referidas a las modificaciones de las condiciones generales, se desestiman porque las propuestas que realizan están basadas en
el régimen de licencias libres y pensadas para operar en el contexto de derechos de propiedad intelectual, pero no en el ámbito de la reutilización de la información. Finalmente, las enmiendas números 30 y 31, del Grupo Parlamentario Popular,
dirigidas a la disposición adicional primera y a la disposición final tercera, no se aceptan porque la introducción de plazos significa una rigidez innecesaria que, desde el punto de vista práctico, no aportan nada. En el segundo caso, la número
31, referida a la vacatio legis, se desestima igualmente ya que, teniendo en cuenta que afecta a gran número de entidades, organismos y ministerios y a una ingente cantidad de información, se considera adecuado mantener el plazo de dos meses para
preparar su entrada en vigor.



Para finalizar quiero reiterar el agradecimiento a todos los grupos por las aportaciones realizadas a esta ley, que la han enriquecido y la han hecho un poco más de todos, y solicito de todos los grupos el voto favorable debido a la
importancia que tiene el hecho de hacer más transparentes y accesibles las administraciones públicas y toda la información que estas generan a la sociedad.



La señora PRESIDENTA: Ha entrado el señor Vilajoana en la sala y no sé si querrá hacer uso de la palabra. Señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Quiero manifestar que vamos a apoyar este proyecto de ley, porque entendemos que, tal como plantea la exposición de motivos, las diferentes administraciones y organismos del sector público recogen, producen y
reproducen información y, además, la Directiva europea 2003/98 pretendía intentar armonizar en el conjunto de Europa estos tratamientos de la información. Con un poco de retraso, pero lo hacemos y nos parece positivo, porque esto ayuda a varios
aspectos. Como tiene una especial incidencia en todo el tema digital, estamos también potenciando la sociedad de la información, que la información que generan las administraciones llegue al ciudadano por medio de empresas privadas o públicas y,
por tanto,


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estamos facilitando que el conocimiento llegue al conjunto de la ciudadanía, que es un principio básico de la democracia. Por todo esto, señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo va a apoyar este proyecto de ley.



La señora PRESIDENTA: Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, pasamos a la votación. Vamos a hacer una breve pausa de cinco minutos para que los señores diputados que faltan se incorporen a la Comisión. (Pausa.)


Vamos a comenzar las votaciones con las enmiendas no incorporadas al informe de la ponencia del proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público. Empezamos con las enmiendas que han quedado vivas. En primer lugar,
votamos las enmiendas del Grupo Mixto.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que ha solicitado votación separada de las enmiendas 24 y 25 y del resto. En primer lugar, votamos las enmiendas 24 y 25.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.



Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Finalmente, votamos el informe de la ponencia.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos.)


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE DEBEN REGIR EL DESTINO DE LOS BIENES DADOS EN PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000444.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día. En primer lugar, proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya relativa a la regulación de los criterios que deben
regir el destino de los bienes dados en pago de deudas tributarias. Tiene la palabra su portavoz, señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, hemos presentado -ahora lo explicaré- tres enmiendas a nuestra proposición no de ley con la voluntad de poder ajustar y acotar mejor lo que pretendemos, proposición no de ley que, por cierto, ya fue
discutida al inicio de esta legislatura en la Comisión de Economía y Hacienda. Pretendemos que de una vez por todas se regulen los criterios que debe aplicar el Ministerio de Cultura para acordar el destino de los bienes entregados por los
contribuyentes en pago a las deudas tributarias, con la finalidad de que sigan uno de los criterios consagrados por la museología, y es que, en la medida que ello sea posible, los bienes sean depositados para beneficio de la ciudadanía en el
contexto en el cual fueron creados -cosa difícil, atendiendo a cuestiones relativas al mercado y a los avatares de la historia- o al menos en el lugar de donde surgió el último movimiento de la obra artística. Como se sabe, desde el año 2003 la Ley
General Tributaria permite proceder a saldar las cuentas con el Estado mediante donaciones artísticas. Aun cuando no tenemos muchos datos, en la medida que la información es dispar, la hemos ido recogiendo a partir de preguntas dirigidas al
Gobierno, es cierto que esto se produce y, además, el solo hecho de que estemos instalados en una cierta ignorancia significa que posiblemente una buena parte de las obras son depositadas en recintos de los museos no expuestos al público. Podemos
afirmar que existe un buen número de obras no digo mal conservadas ni mal almacenadas, pero sí depositadas en zonas reservadas a las dependencias no públicas de los museos. Para no andarnos con rodeos, y puesto que esta discusión ya la tuvimos hace
un par de años, más o menos, en la Comisión de Economía y Hacienda, no vamos a poner sobre la mesa aquellos argumentos de carácter científico


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y museístico, incluso algunos agravios que sacamos a colación en aquel momento, relativos, por ejemplo, a bienes artísticos de la magnitud de la dama de Elche, que ha sido reclamada por el ayuntamiento de dicha ciudad, por no hablar de otros
bienes artísticos depositados de forma arbitraria en algunos lugares del Estado español, sobre los que fácilmente se podría haber argumentado que el lugar al que deberían haberse destinado era otro, dejando al margen esa discusión, que sería
repetitiva, quiero llamar su atención sobre las enmiendas que hemos presentado y que, tal como he dicho, pretenden acotar el ámbito dispositivo.



En primer lugar, lo que el Ministerio de Cultura debe regular para acordar el destino de los bienes entregados por los contribuyentes debe tener relación con las deudas tributarias de competencia estatal. Es bien cierto que algunas
comunidades autónomas tienen como competencia estatutaria algún tipo de impuesto relacionado precisamente con las transmisiones, más allá de otros tramos fiscales que anteriormente eran competencia exclusiva de la Administración central. Entendemos
que esta enmienda número 1 es una mejora técnica respecto al número 1 de la anterior proposición no de ley, la que fue registrada en esta casa y que ha dado lugar al debate de hoy.



En cuanto a las enmiendas números 2 y 3 tienen la voluntad de presentar algunas plataformas que nos permitan visualizar que se ha dado un paso adelante. En la número 2 decimos: Fijar la normativa oportuna mediante la cual, una vez puestos
a disposición del Ministerio de Cultura los bienes entregados... Nosotros no cuestionamos que, en la medida en que son pagos en concepto de deuda tributaria al Estado, deba ser el Ministerio de Cultura quien reciba las obras. Ahora bien, el
ministerio debería fijar después unas normas para que estos bienes fueran depositados en las comunidades autónomas que los reclamasen, porque puede ser que un bien saliera de una comunidad autónoma porque la persona deudora residiera en aquel
territorio de forma accidental y, por tanto, la obra no tuviera ninguna contextualización en el territorio, y los responsables culturales de aquella comunidad autónoma consideraran que no era razonable que esa obra retornara a ella, a un museo
público, a una colección municipal, etcétera. Por eso ponemos el énfasis en aquellas comunidades autónomas que solicitasen que aquel bien artístico fuera retornado a la comunidad autónoma a fin y efecto de que se pudieran beneficiar sus ciudadanos.
La enmienda número 3 propone la creación de una comisión bilateral entre el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas para determinar el destino de los bienes y su correcta conservación. Es evidente que todo ello debería hacerse con la
natural relación institucional entre el Ministerio de Cultura y las consejerías culturales de cada uno de los gobiernos autonómicos que pretendieran que un bien artístico retornara al territorio del que partió.



Son tres enmiendas que tienen voluntad de acotar el ámbito dispositivo. Si SS.SS. considerasen que tienen suficiente calado como para ser aprobadas, resolveríamos una cuestión que en 2005 creíamos que estaba solucionada, pero que los
hechos han demostrado que no era así, cuando tampoco se trata de un gran problema, y haríamos un gran favor al favorecer la relación fácil y fluida entre el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas para resolver esta cuestión.



La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley, además de las enmiendas que se ha hecho a sí mismo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y que ya han sido defendidas, ha presentado una enmienda el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Nuestra enmienda, que tiene dos puntos, intenta acotar esta proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana, cuya filosofía compartimos. Con ella intentamos profundizar un poco más en la línea de sus
propias autoenmiendas.



En primer lugar, pretendemos definir que se garantice de alguna forma el retorno a las comunidades autónomas de todos aquellos bienes integrantes de su respectivo patrimonio histórico y cultural transmitidos a la Hacienda pública por dación
de pago, y que quede claro -la enmienda de Esquerra Republicana también lo refleja- que esta deuda tributaria ha de ser respecto a impuestos de competencia exclusiva del Estado. Este sería el primer factor. En segundo lugar, proponemos exigir a la
Secretaría de Estado de Cultura que, en la resolución sobre el destino de los bienes integrantes del patrimonio histórico-cultural de cada comunidad autónoma transmitidos a la Hacienda pública como dación en pago de deudas tributarias, respete con
todo rigor, como no puede ser de otra forma, las competencias autonómicas sobre el bien en cuestión, y que en cualquiera de los casos dicho bien solo pueda ser destinado a museos, archivos o instituciones ubicadas en el ámbito de la comunidad
autónoma de origen de los bienes. Es decir, en el fondo estamos pidiendo que el Gobierno en este caso el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Cultura cumpla el requisito que establecen las leyes autonómicas, que exigen al Gobierno
autonómico que proteja la salida de cualquier patrimonio histórico, cultural, artístico de su comunidad. Tiene todo el sentido del mundo que el Estado, cuando acepta este tipo de daciones por pago de deudas tributarias, intente hacer retornar a su
comunidad de origen ese bien artístico, cultural, etcétera. Este sería el objetivo de los dos puntos de la enmienda, que pretende concretar más la proposición no de ley, y que en parte es parecida a las planteadas por Esquerra Republicana.



La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)


En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Madrazo.



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La señora MADRAZO DÍAZ: Nos encontramos hoy debatiendo en esta Comisión una proposición no de ley que ya fue presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y debatida en la Comisión de Economía y Hacienda, donde resultó
rechazada. Esta misma cuestión fue debatida en esta Comisión de Cultura a raíz de una iniciativa presentada por Convergència i Unió que ahondaba más en el retorno a la comunidad autónoma de origen de aquella obra artística que hubiera sido dada en
pago de deudas tributarias. La posición de mi grupo ya quedó reflejada en esas dos sesiones, en la Comisión de Economía y Hacienda y en la Comisión de Cultura, en las que dejamos claro que a nuestro entender tanto la normativa tributaria respecto
al pago de deudas tributarias con obras de arte como la normativa sobre patrimonio histórico español armonizaban perfectamente las competencias de las comunidades autónomas y respetaban las competencias propias del Estado y las de cada comunidad
autónoma. Por tanto, no entendemos que exista ningún vacío legal al respecto. Sin embargo, para ahondar en ese planteamiento y para que quede clara nuestra posición, me gustaría hacer una breve exposición de la regulación actual.
No obstante,
procuraré estudiar las enmiendas con mucho detenimiento para ver qué puede apoyar nuestro grupo y en qué no estamos de acuerdo. Como decía, la posición de mi grupo en este tema es ya muy conocida, y, partiendo del máximo respeto a todas las
posiciones y planteamientos políticos, me parece una aspiración muy legítima que todos los ciudadanos puedan tener el máximo acceso y disfrute de la cultura, especialmente de aquella que está más próxima a sus raíces, porque fundamenta su forma de
vivir y constituye su propia esencia como pueblo.



Nos encontramos hablando de un asunto que para mi grupo tiene una extraordinaria relevancia, porque el patrimonio histórico español es una riqueza que pertenece a todos los españoles. En este sentido, cuando los proponentes de estas
iniciativas hablan de destinar estos bienes a la comunidad autónoma origen de esas obras de arte, me pregunto si consideramos origen el lugar donde nació el artista, donde vivió el artista o donde reside el propietario de ese cuadro, porque en la
comunidad autónoma de Cantabria puede haber propietarios de obras de arte valiosas pero a lo mejor no tenemos un museo que pueda albergar esas obras de arte. Por tanto, me parece como siempre una cuestión de solidaridad, de atender a criterios
científicos y técnicos que estimen y estudien cuál es el lugar donde mejor puede ubicarse esa obra de arte. En consecuencia, volvería a insistir en que para mí hablar del origen de esas obras de arte es algo indefinido, y que no queda claro qué se
considera origen.



Por otro lado, la normativa que se refiere a protección y fomento de estos bienes de interés cultural solo cobra sentido, a mi entender, si al final conduce a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda disfrutar de esa obra de arte, y
las instituciones públicas deben defender los derechos de las personas, pero sobre todo tienen la obligación de custodiar el patrimonio común, que es de todos los españoles. Vuelvo a reiterar que nuestra posición la hemos manifestado en varias
ocasiones, y nuestra voluntad política es respetar absolutamente los criterios de los expertos en materia de patrimonio. Como hemos dicho varias veces, un cuadro jamás debe moverse por una decisión política, y por tanto, respetar esos criterios
científicos y técnicos me parece esencial.



Si analizamos la legislación en materia de patrimonio histórico español, tanto la ley como el real decreto que la desarrolla, nos encontramos con que en estos textos -como, por otro lado, no puede ser de otra manera- se respeta absolutamente
la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Al mismo tiempo, como ha señalado abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, existe un deber general de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas porque
es en esencia el modelo de organización territorial del Estado implantado por nuestra Constitución. Por ello, la existencia de un registro general donde se inscribirán los bienes previamente declarados de interés cultural, así como todos los
instrumentos previstos en esta ley, constituyen la manifestación necesaria para articular los mecanismos de coordinación, conocimiento y publicidad precisos, que ni agregan competencias al Estado ni privan de ellas a las comunidades autónomas en
cuyo seno se pueden crear instrumentos equivalentes. En esa ley también se regulan determinados órganos de coordinación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, como es el Consejo del Patrimonio Histórico, constituido por un
representante de cada comunidad autónoma, designado por estas, y un representante de la Administración del Estado.
Por eso, cuando el representante de Convergència i Unió propone establecer esos mecanismos de coordinación, nuestro grupo entiende
que dichos mecanismos ya están establecidos.



Por otro lado, en la propia Ley del Patrimonio Cultural Catalán, a la que hacíamos referencia, se establece que los propietarios de bienes culturales de interés nacional, tanto muebles como inmuebles, que son aquellos que tienen mayor
relevancia para el patrimonio cultural catalán, deberán notificar al departamento de Cultura su intención de transmitir esos bienes como pago de una deuda tributaria, indicando el precio y las condiciones de la transmisión y estableciendo incluso un
derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat. En esta cuestión mi grupo piensa que estamos hablando de responsabilidades compartidas por todos los poderes públicos, y entendemos que está suficientemente regulado en la legislación actual.
No obstante, en aquella sesión de la Comisión de Cultura en la que se debatió la iniciativa de Convergència i Unió todos los grupos votamos por unanimidad una enmienda transaccional, en la que quedó suficientemente clara cuál era la decisión
política de todos los grupos representados en la Comisión. En esa enmienda aprobamos, repito, por unanimidad de todos los grupos, lo siguiente: El Congreso de los Diputados


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insta al Gobierno a que sean preferentemente los criterios artísticos, científicos, técnicos, de complemento de museos, archivos y bibliotecas, sin perjuicio de considerar la comunidad autónoma donde se ha declarado el bien de interés
cultural, los que fundamenten el destino de los bienes culturales del Estado obtenidos mediante dación en pago de impuestos estatales. Con la aprobación de esa enmienda quedó suficientemente clara la posición política de todos los grupos
representados en esta Comisión.
Ahora mismo esta es la posición política del Grupo Parlamentario Popular, y no obstante, como dije al principio, estudiaremos las enmiendas presentadas tanto por Esquerra Republicana como por Convergència i Unió y
votaremos a favor o en contra, según el criterio que decidamos.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sáez Jubero.



El señor SÁEZ JUBERO: No siempre debe ser lamentable coincidir con la portavoz del Grupo Popular, y en esta ocasión voy a tener que darle la razón y estar muy conforme con su intervención. Señorías, efectivamente vamos a reproducir un
debate que tuvo lugar el 9 de febrero de 2005, y en los mismos términos, también a partir de una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y que finalmente fructificó en esa enmienda transaccional de sustitución que
propusimos este portavoz y este grupo parlamentario, y que de alguna manera fijó un cierto consenso acerca de la necesidad de que en los bienes dados en pago esos criterios artísticos y científicos fueran los que priorizaran en la decisión de la
Comisión. Actualmente es necesario que la Comisión de Valoración realice unos informes claros, y en este sentido forman parte de dicha Comisión cuatro representantes del Ministerio de Economía y Hacienda expertos en asuntos fiscales así como cuatro
expertos de reconocido prestigio en obras de arte procedentes de la junta de calificación, que emite un informe sobre el valor histórico-artístico del bien cultural ofrecido. Después, según la tipología del objeto, se solicita informe al museo
estatal o público que pueda estar interesado en la obra de arte, el cual entre otras apreciaciones informa sobre el papel que dicho objeto puede desempeñar en sus colecciones, si las completa o las enriquece. La Comisión de Valoración propone a la
Agencia Tributaria, con carácter no vinculante, aceptar la dación en pago y a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales el posible destino del bien.
Finalmente, la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura decide,
de acuerdo con las características del bien y las necesidades de las colecciones de los museos, a cuál de ellos se adscribe y dónde se deposita el bien.



Efectivamente, cuando en 2005 ya discutimos este asunto -casi me remitiría a aquella intervención- compartimos la necesidad de que esos criterios artísticos, científicos y técnicos fueran los que primaran en esa decisión de adjudicar el bien
cultural, y evidentemente que la comunidad autónoma donde el bien dado en pago hubiera sido declarado como bien de interés cultural tenía que tener afectación. Aunque, como ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, tampoco tenemos datos
precisos al respecto, pudimos compartir el hecho de que pueda existir algún sistema de reparto desequilibrado, por lo que estaríamos conformes en que el reparto fuera lo más equitativo posible entre comunidades autónomas y en la comunidad autónoma
en la que haya sido declarado ese bien, y por tanto se fijaran unos criterios más claros.



Nos remitimos a ese consenso de 9 de febrero de 2005 y ofrecemos al grupo proponente reproducir esa enmienda de sustitución formulada el 9 de febrero de 2005 para dar apoyo a esta iniciativa; en caso contrario, señor Tardà, le anuncio que
nuestra posición será de voto contrario.
También queremos manifestarle, respecto a alguna de las enmiendas que usted ha propuesto, que este grupo parlamentario no puede estar de acuerdo, ya que consideramos claro que el criterio de decisión de la
adjudicación de este bien cultural debe corresponder a la Administración del Estado. En definitiva, si reproducimos el consenso establecido el 9 de febrero de 2005 daríamos apoyo a esta iniciativa parlamentaria, y en caso contrario lamentaríamos
tener que votar en contra.



La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, le ruego que explique si acepta alguna enmienda.



El señor TARDÀ I COMA: Nosotros mantenemos nuestras enmiendas.



La señora PRESIDENTA: ¿Y las de CIU?


El señor TARDÀ I COMA: Aceptamos también las de CIU.



La señora PRESIDENTA: O sea que se votarían las autoenmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, a las que se añade la enmienda de CIU. ¿Es así? (Asentimiento.) La votación se producirá en ese sentido.



- SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ECLESIÁSTICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/002271.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico, que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señora Navarro.



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La señora NAVARRO CASILLAS: El 3 de enero de 1979 se firmó el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, después ratificado y publicado en nuestro 'Boletín Oficial del Estado'. Un pronunciamiento
principal del mismo reconoce que el patrimonio histórico-artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su
conservación y su incremento justifican la colaboración entre Iglesia y Estado. Los artículos 15 y 16 del acuerdo están dedicados de modo expreso al patrimonio histórico-artístico eclesiástico. El documento reconoce la aplicabilidad expresa de la
legislación estatal de patrimonio histórico-artístico y documental. Como criterio de difusión se dispone que los bienes se exhibirán preferentemente en su emplazamiento original natural; cuando no fuera posible o aconsejable, se procurará su
agrupación en edificios eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio.



En los últimos años hemos comprobado que, tras el cierre de algunos establecimientos religiosos, muchos de los bienes han sido trasladados o han desaparecido, y en muchos casos han ido a parar a mercados de antigüedades. Tenemos el caso de
conventos valencianos en los que se está vendiendo hasta cada uno de los azulejos que forman parte del interior de los mismos con carácter previo a la venta de estos bienes inmuebles. Por un lado, en la gran mayoría de ocasiones estos bienes
muebles están afectados por las normas que los vinculan al inmueble y forman parte del patrimonio histórico y cultural español, tal y como se refleja en la ley, especialmente en lo dispuesto en su artículo 28, todo ello teniendo también presente que
muchos de estos bienes fueron donados o sufragados por ayuntamientos o vecinos de la localidad en donde estaban ubicados, es decir, muchos de los bienes que forman parte del contenido de estos lugares eclesiásticos un día fueron propiedad del
ayuntamiento y, por formar parte del acervo histórico y artístico eclesiástico, fueron donados a los conventos; también ocurre que en muchos casos fueron subvencionados por los propios ayuntamientos o incluso por vecinos de la localidad.



La situación actual en el País Valenciano es que se están vaciando, como decía, y se encuentran en proceso de venta varios conventos, perdiéndose por tanto su patrimonio, como es el caso del convento de Santa Clara en Xátiva, San Josep de
Valencia y las agustinas de Bocairent. Esta situación denota la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo el artículo 28 de la Ley del Patrimonio. La aplicación de este precepto debe comportar la nulidad de los actos de
disposición y reintegro obligados de los bienes a su lugar de origen, todo ello con el objetivo de que los valencianos podamos disfrutar de nuestro patrimonio histórico y cultural. Sin embargo, hasta ahora la Generalitat Valenciana ha optado por la
inactividad e incluso, en el caso del convento de Santa Clara en Xátiva, por parte de los vecinos del municipio se ha pedido al ayuntamiento que sufrague la compra de este bien, para después destinarlo a actividades culturales; sin embargo, el
ayuntamiento ha renunciado a esta posibilidad. Por tanto, nos encontramos ante una inactividad de las instituciones valencianas, incumpliendo a nuestro entender con las obligaciones recogidas en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía y su
desarrollo normativo, en cuanto a la protección del patrimonio histórico-artístico.



Por eso desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con el objetivo de garantizar y salvaguardar los bienes culturales, que son patrimonio de todos los valencianos al mismo tiempo que de todos los ciudadanos del Estado español,
entendemos que el Gobierno debe ejecutar las iniciativas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la efectiva aplicación y desarrollo de la previsión de este artículo 28 de la Ley del Patrimonio Español, así como lograr que se haga
efectivo el reintegro de los bienes muebles, de los edificios de titularidad eclesiástica en los supuestos anteriormente citados. Asimismo, entendemos que el Gobierno debe instar a la Generalitat Valenciana a que se preocupe por estos bienes, a que
cumpla el artículo 49 de su Estatuto de Autonomía para que, de esta manera, en el ámbito de sus competencias, proteja el patrimonio histórico-artístico eclesiástico, que debe ser propiedad de todos los valencianos.



La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Popular.



Para la defensa de las mismas, tiene la palabra el señor Calpe.



El señor CALPE SAERA: Lo primero que he de manifestar es la sorpresa por que en esta iniciativa el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, casi de forma insólita, lo que está defendiendo es la aplicación y la vigencia del acuerdo entre el
Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979. Es toda una novedad. Si esto significa que a partir de ahora Izquierda Unida considera que este acuerdo está vigente y hay que cumplirlo, bienvenido sea.



Centrándonos ya en la cuestión a la que se refiere la iniciativa, desde nuestro punto de vista puede ser oportuno hablar del patrimonio histórico en cuanto se refiere a bienes muebles, pero es desafortunada su redacción y lo que se pide en
ella. Voy a tratar de explicarlo. Indudablemente, el artículo 28 de la Ley del Patrimonio Histórico Español se refiere a los bienes muebles que forman parte de él, por lo tanto, han de tener una declaración de bien de interés cultural o han de
estar catalogados en el correspondiente inventario. No todos los bienes que son propiedad de la Iglesia, de las órdenes religiosas forman parte del patrimonio histórico español, solo aquellos que tienen esta catalogación. Creo que esa es una
primera salvedad que hay que hacer para saber


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de lo que hablamos. Otra cosa son las acciones que puedan realizar las administraciones públicas para incorporar a los catálogos, a los inventarios o para dar la declaración de bien de interés cultural a aquellos que lo merezcan.



Por otra parte, la iniciativa me parece un ataque a la Generalitat Valenciana al decir que hay una incuria en cuanto a su labor de custodia del patrimonio. Yo le recordaría a la señora Navarro que, con toda seguridad, nunca como ahora ha
habido por parte de la Generalitat Valenciana un apoyo a la Iglesia para la restauración de su patrimonio.
Ella conoce perfectamente que precisamente por iniciativa del actual presidente de la Generalitat, don Francisco Camps, cuando era conseller
de Cultura, se inauguró una serie de exposiciones bajo el título A la luz de las imágenes que, aparte de restaurar bienes inmuebles como catedrales u otros templos, ha dado lugar a la restauración de numerosos bienes muebles también. Esas
exposiciones se han celebrado en todas las sedes episcopales, también en San Mateo y en otras parroquias de la diócesis de Tortosa, que tiene algunos municipios en la Comunidad Valenciana; se está celebrando actualmente en Xátiva, y se va a
celebrar el próximo año en Burriana y Villarreal. Quiero decir que se está haciendo un esfuerzo ingente en todo esto.



¿Qué está ocurriendo? Todos sabemos que en la situación en la que vive nuestra sociedad hoy las vocaciones religiosas no abundan como antaño, los conventos se despueblan, y en muchos casos las congregaciones que son titulares de los
conventos los abandonan. A partir de ahí hay una cosa que está clara: si esos conventos tienen en su interior bienes que forman parte del patrimonio histórico español, por ley, esos bienes solo se pueden enajenar a otras administraciones públicas,
sea el ayuntamiento, sea la propia comunidad autónoma o sea el Estado, que tienen un derecho de tanteo y retracto. En algún caso que ha planteado la señora Navarro ninguna institución pública -tampoco tiene por qué ser necesariamente el
Ayuntamiento de Xátiva- ha ejercitado esos derechos. Pero en el caso de Xátiva sí había una declaración de bien de interés cultural en el convento, una catalogación de determinados bienes muebles, y por parte de la Generalitat Valenciana hay un
seguimiento de esos bienes. Si los bienes son de la Iglesia o de una congregación religiosa, como propietaria, los puede trasladar a otro lugar si el inmueble en el que están deja de ser de su propiedad. Otra cosa es lo de los azulejos del
convento de San Josep, que, según el artículo 334 del Código Civil, serían bien inmueble, pero ahí hubo una intervención de la Generalitat que paralizó las obras. Hoy los azulejos están depositados en el Museo de San Pío V. Hay diligencias
judiciales, parece que incluso hay un sacerdote y algún técnico en construcción imputados, y es la Generalitat Valenciana quien está colaborando con la Administración de Justicia, a través de los oportunos dictámenes periciales que le pide el
juzgado, para que todo esto se esclarezca. Por tanto, la censura a la Administración de la Generalitat Valenciana que hay en esta proposición no de ley me parece cuando menos bastante injusta.



La proposición no de ley pide la actuación del Gobierno para el reintegro de los bienes muebles a los edificios de titularidad eclesiástica, pero cuando estos edificios han dejado de ser de titularidad eclesiástica, como el caso del Convento
de San Josep, donde creo que se va a construir un hotel, o el de Xátiva, no tiene ningún objeto reintegrar esos bienes muebles allí. Entonces sí estaríamos incumpliendo la ley, porque solo se podrían transmitir no a particulares, como van a ser los
titulares de esos establecimientos hosteleros, sino a administraciones públicas, como hemos dicho.



Por otra parte, que se exija a la Generalitat Valenciana que cumpla con la legalidad vigente está fuera de lugar. Todas las administraciones públicas tienen que cumplir con la legalidad vigente porque su actuación está o debe estar sometida
al ordenamiento jurídico, pero además la Generalitat Valenciana está cumpliendo con la legalidad vigente.
Pretender que además actúe para favorecer el reintegro a particulares de los bienes que donaron es una cuestión de derecho privado. Si los
particulares donaron los bienes sujetos a una determinada condición, habrán de ser los tribunales de justicia, en caso de que los particulares discutan el cumplimiento de esa donación o de ese contrato de donación, quienes decidan qué hay que hacer.



Pero a nosotros, que nos preocupa la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico español y que, por otra parte, vemos que con los bienes muebles es mucho más difícil la fiscalización de las actuaciones que sobre ellos se hacen
o su seguimiento, nos ha parecido oportuno aprovechar esta iniciativa para presentar una enmienda. Estamos de acuerdo con la señora Navarro cuando ha dicho que había que desarrollar reglamentariamente el artículo 28, y la enmienda también podría
dar lugar a eso. Proponemos que en el seno del Consejo del Patrimonio Histórico se discutan medidas o acciones que puedan favorecer que la ley se cumpla o que no se puedan producir riesgos como los que ella denuncia pero que en el caso de la
Comunidad Valenciana y en los casos que ella ha dicho no se han dado.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Juanes.



La señora JUANES BARCIELA: Nuestro país, según los expertos, posee el segundo patrimonio histórico de occidente. La protección de este valor, desde un punto de vista legal, técnico y artístico, así como el acceso, conocimiento y disfrute
del mismo por los ciudadanos debe constituir una labor constante por parte de todas las administraciones. El planteamiento de esta proposición no de ley insta por una parte a cumplir la ley, y por otra pretende que se exija a la Comunidad
Valenciana que ejerza sus competencias. Sus señorías


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saben que la actual configuración autonómica del Estado ha tenido una gran incidencia en la organización territorial de la tutela del patrimonio cultural de la Iglesia. Las comunidades autónomas han asumido competencias en materia de
patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma en virtud de la Constitución, teniendo además capacidad ejecutiva en materia de acuerdos internacionales que afectan a su competencia. Así ocurre en la Comunidad Valenciana con la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Además, como ha dicho también la señora Navarro, en los respectivos estatutos de autonomía se han asumido competencias en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental y
arqueológico, y concretamente la Comunidad Valenciana en su artículo 49.1.5.ª de su Estatuto de Autonomía. Luego, respecto al ámbito competencial, la Administración competente para la protección del patrimonio histórico es la de las comunidades
autónomas. Por tanto, en este caso la Comunidad Valenciana también tiene que actuar.



No podemos olvidar además que la mayoría de las comunidades autónomas son muy sensibles ante la idea de que sus tesoros artísticos se desplacen a otros territorios. Yo considero que ninguna Administración debe deshacerse de la cultura y no
puede deshacerse de su patrimonio, y las responsabilidades hay que asumirlas, al menos en democracia. No se trata de mirar hacia otro lado, pero la competente en esta materia es la Comunidad Valenciana.



Puedo entender -mi grupo lo comparte- la preocupación por este tema, que creo que es de indiscutible actualidad e interés, pues cada vez son más frecuentes los casos de edificios religiosos que son abandonados por diversos motivos:
migraciones de población que han originado que muchas iglesias carezcan de fieles, la escasez del clero, etcétera. En general es cierto que el valor de una obra se halla en conexión con el ambiente en el que y para el que ha surgido. Hay un
informe de la Consejería valenciana de Cultura con relación a este tema que creo que es de bastante interés.



También es cierto que el traslado de bienes muebles está permitido por la ley dentro del territorio español, y no puede haber obstáculo para la libre circulación de personas y objetos. Por tanto, la movilidad de bienes culturales está
permitida por la ley, pero con limitaciones. El hecho de que esta prohibición no haya sido contemplada en la Ley del Patrimonio Histórico Español, dictada en cumplimiento de un mandato conferido en la Constitución, concretamente en el artículo 46,
es sintomático al respecto. Lo que prohíbe el artículo 28.1 en la disposición adicional quinta de la Ley del Patrimonio Histórico Español es la enajenación de bienes muebles del patrimonio histórico de titularidad eclesiástica a terceros, no a
otras instituciones religiosas o a otras administraciones públicas; luego la venta a terceros sería nula de pleno derecho, según el artículo 44 del Real Decreto 111/1986, correspondiendo al ministerio fiscal ejercer las acciones oportunas, lo que
espero que esté haciendo.



Por tanto, el régimen general en cuanto a la enajenación es el de libertad, salvo el deber de comunicación previa a la Administración del propósito de enajenación al efecto, que la Administración tenga conocimiento de ésta, es decir, del
precio y las condiciones, para, si lo considera oportuno, poder ejercer el derecho de tanteo, en el caso de que haya habido esa notificación, y el de retracto, en caso contrario. Es decir, se conjugan dos criterios: el criterio de libertad y el de
comunicación a la Administración para que se haga constar en los registros y catálogos correspondientes y que se puedan ejercitar los derechos de adquisición preferente.



Por ello desde mi grupo compartimos la preocupación por esta iniciativa parlamentaria y, en atención a lo expuesto, vamos a llegar a una enmienda transaccional con el grupo proponente que facilitaremos a continuación a la Mesa.



La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, tiene la palabra a los efectos de decidir lo que hace, tanto con la enmienda del Grupo Popular como con la transaccional del Grupo Socialista.



La señora NAVARRO CASILLAS: Cuando he llegado he buscado al ponente del Grupo Popular en esta proposición no de ley y todavía no estaba, por lo que no he podido hablar con él. Me gustaría que se integrara en el acuerdo que estoy negociando
con el Grupo Socialista, si fuera posible, para que se acordara por unanimidad.



La señora PRESIDENTA: Ojalá sea así, señora Navarro.



- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO URGENTE DEL MANDATO LEGAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002177.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa al cumplimiento urgente del mandato legal para la constitución de la comisión de propiedad intelectual, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la
palabra su portavoz, señora Rodríguez-Salmones.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Ustedes saben que llevamos mucho tiempo reclamando esta comisión de la propiedad intelectual -la señora ministra compareció en esta Comisión, así como el subsecretario-, que ha sido uno de nuestros
caballos de batalla. No podemos entender cómo está pendiente el desarrollo parlamentario de una comisión que tiene que crearse desde la entrada en vigor de la ley, julio de 2006. Si fuera julio de 2007 entenderíamos que tiene un cierto retraso,
pero julio de 2006 es inconcebible, más aún si sabemos que con el debate de la Ley de Propiedad Intelectual


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todos los comparecientes en esta Comisión, absolutamente todos, reclamaron esta comisión de propiedad intelectual como un requisito básico; el cien por cien de los comparecientes en esta Comisión. Es más, y sigo con los antecedentes. El
16 de marzo de 2006 la propia ministra dijo en el Pleno de esta Cámara que era absolutamente urgente. Estoy hablando de marzo de 2006, no de 2007. Fíjense en la cantidad de tiempo que llevamos todos diciendo que esto es urgente.



La última vez que compareció la señora ministra, un 27 de junio -ella tenía una manera singular para mi gusto de expresarse, que respeto pero que no deja de ser singular-, cuando le planteo la cuestión me dice por lo pronto: Habla usted de
la palabra retraso, no la entiendo muy bien.
Claro, empezamos por decir: Habla usted de la palabra retraso y no la entiendo muy bien, luego me dice, también con esa peculiaridad suya: Sé muy bien lo que son los retrasos porque soy doctora en
derecho constitucional. Tales argumentos de peso de que algo sé -soy doctora en derecho constitucional y los de administrativo son nuestros primos hermanos- como se ve, son muy sólidos para justificar por qué un año y seis meses después de que ella
dijera que era urgente estamos esperando.



El anterior subsecretario, de modo mucho más razonable a nuestro juicio, comparece aquí un 24 de abril y nos dice que existe el firme compromiso del Gobierno de regular esta comisión, que lo haremos en el plazo más breve posible, pero
también con las garantías jurídicas suficientes.
Tiene toda la razón, las garantías jurídicas. ¡Faltaría más! ¡El plazo más breve posible! Lo que no entendemos de este ministerio es cómo maneja los tiempos y qué entiende por plazos. Estamos
reprochando a la señora Chacón, y posiblemente se lo reprochamos con razón, que va acelerada, pero es que un ministro tiene que resolver y tiene que resolver en el tiempo que tiene, no en el que crea conveniente. Por tanto, si estamos hablando del
plazo más breve posible, de una ley en vigor desde el 6 de julio del año 2007, no puede ser que estemos en este momento.



También la ministra me dijo entonces que no tenía nada que ver, pero es tan de sentido común que no me voy a molestar en argumentarlo; y decía así: Habla usted de piratería y de derechos de propiedad intelectual, y esto no tiene nada que
ver. Que me diga que una comisión de propiedad intelectual no tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual que unos quieren pagar y otros no es un disparate. Estamos, yo se lo dije entonces a la ministra y al subsecretario y lo digo
aquí una vez más, con una verdadera rebelión contra los derechos de propiedad intelectual. El hecho de tener un órgano que en sí mismo no tiene que ser la doctrina, el evangelio de la propiedad intelectual, pero no cabe duda de que está previsto
como un órgano con la máxima autoridad, con la máxima competencia y con técnicos reconocidos, nos proporcionaría argumentos, escucharía a unos y a otros y resolvería con lo más importante que hay que son los criterios técnicos respetables,
contrastados, recurribles y con la máxima autoridad. ¿Qué hacemos sin esta comisión pendiente, insisto, cuando un 16 de marzo de 2006 la ministra dice que es absolutamente urgente? ¿Tiene las competencias en todas las cuestiones que están
planteadas? No. ¿Tiene la autoridad y va a ser el punto de referencia? Sí. El término más empleado cuando hablamos de cuestiones como el canon digital es: el ministro Clos se lleva el gato al agua y el ministro de Cultura se lleva el gato al
agua. El sector equis se lleva el gato al agua, el sector equis no se lleva el gato al agua. Esto es bananero. Aquí tiene que haber un órgano de referencia y ustedes saben muy bien que esta comisión lo va a ser, sean cuales sean las
especificidades sobre arbitraje, mediación y sustitución. Va a ser el órgano de referencia. Todos lo queremos así. Es el punto donde vamos a tener criterios de solvencia y no estos criterios de a ver quién influye más en quién, que están
provocando, insisto, una verdadera rebelión.
Estamos hablando de unos sectores regulados. Esto no está sometido al mercado puro y duro. Esto es así y, si no, no tendríamos la Ley de Propiedad Intelectual; son criterios de regulación, de
supervisión con precios o tarifas administradas, reguladas, supervisadas, etcétera. Por tanto, tienen que tener un órgano regulador mediador, pero que tenga toda la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo es posible que, a fecha de hoy, sigamos con un
borrador en circulación? Claro que es delicado, pero las secretarías técnicas de tres ministerios juntas pueden poner en circulación este borrador en un plazo de tres meses. Se escucha a todos los sectores en otro plazo de tres meses -estoy
poniendo unos plazos muy largos y muy suficientes para actuar bien-, entra en vigor y no tendríamos ahora la situación que tenemos de ver -entrecomillo- quién se lleva el gato al agua porque esto no es serio. Voy a hacer un paréntesis.
El
ministerio está mandando para mi conocimiento, desde el pasado mes de junio el texto borrador de lo que será esta comisión, su composición, sus atribuciones, sus competencias, etcétera, y ha dado audiencia a los diferentes sectores. Sin embargo
conocemos sectores que no han sido llamados y le pediría -no es objeto de esta comisión, pero en la medida que puedan lo hagan- que trasladen ustedes nuestra preocupación a los responsables del ministerio. Hay sectores que, me refiero concretamente
a la materia que ustedes conocen que fue objeto de un debate muy importante y controvertido sobre los derechos de información y las agencias, editores y dueños de periódicos y agencias de press clipping, ante nuestra sorpresa, nos dicen que no se
les ha dado audiencia. Rogamos que subsanen esto. De cualquier manera, si el subsecretario un 24 de abril dijo en el plazo más breve posible, pedimos al Grupo Socialista que apoye esta proposición no de ley que pide exclusivamente que se cumpla un
precepto legal que aprobamos aquí por unanimidad y que dé solución a una demanda que la ministra, el subsecretario y todos los sectores han dicho ya desde hace un año y medio que era de la máxima urgencia.



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La señora PRESIDENTA: Para fijar posición porque esta proposición no de ley no tiene enmiendas tiene la palabra, si lo desea, la señora Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora MUÑOZ SALVÀ: Señora Rodríguez-Salmones, nos trae aquí una disposición adicional de una ley, la Ley de 7 de julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para adecuarla a la Directiva del
Parlamento del Consejo Europeo, que no recuerdo muy bien si era del año 2000 o del año 2001. Como usted bien sabe, fue una ley complicada en la elaboración y se mejoró durante el trámite parlamentario. Es complicada porque precisamente es
complicada la propiedad intelectual, por la cual hay que reconocer y proteger el derecho de los creadores y autores y a la vez reconocer y proteger el derecho de los consumidores en referencia a la cultura, al margen de potenciar y dar a conocer
nuestra cultura.



Quiero destacar que, al margen de las complicaciones que pudieran existir, fue una ley trabajada junto con todos los grupos parlamentarios y de ahí derivó el consenso entre los diferentes grupos, lo que se puede comprobar mediante las
distintas votaciones efectuadas a lo largo de la tramitación parlamentaria.



Señora Rodríguez-Salmones, el 29 de agosto -no hace ni un mes- el ministro, en su primera comparecencia en el Congreso, anunció que iba a desarrollar la Ley 23/2006, de modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo
una compensación justa y equilibrada por el límite de copia privada. Expresó concretamente: regulando la comisión de propiedad intelectual como punto de encuentro y resolución de conflictos entre los titulares de los derechos de las obras
protegidas y los usuarios de las mismas, de tal forma que, sin cercenar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, se consiga mitigar el alto nivel de litigiosidad que se registra en el ámbito de la gestión de los derechos de autor.



Por otra parte, como muy bien indica usted en la exposición de motivos, la disposición adicional segunda expresa lo que es conocido por todas SS.SS., pero en ningún momento establece plazo alguno para la constitución de la comisión de
propiedad intelectual. También ha dicho usted en la exposición de motivos que la disposición fue introducida por su grupo parlamentario a consecuencia de una enmienda, y es cierto, pero debo recordarle que había dos enmiendas más en este sentido,
del BNG y de Coalición Canarias-Nueva Canarias. Al final la introducción de dicha enmienda tuvo como consecuencia la disposición adicional segunda, transaccionada por el Grupo Parlamentario Socialista. Contó con 286 votos favorables, es decir con
un amplio acuerdo. Al margen de todo eso debo hacer una observación, dada la premura con que solicita la constitución de dicha comisión, ya que cuando ustedes estaban en el Gobierno pudieron modificar la Ley de Propiedad Intelectual para adecuarla
a la directiva europea y también pudieron crear la comisión de propiedad intelectual, cosa que no hicieron y que, como ustedes mismos saben, era urgente.



Por último, quiero expresar que dado que el ministro en su primera comparecencia anunció la regulación de la comisión de propiedad intelectual -la ley no establece plazo alguno para la creación de dicha comisión y, según me ha expresado el
ministerio, está muy avanzado el procedimiento de regulación de la comisión de propiedad intelectual para someterlo al Consejo de Ministros-, consideramos que esta proposición no de ley es totalmente innecesaria, al igual que el mandato que pueda
resultar de esta. No obstante, si el Grupo Parlamentario Popular insiste en mantenerla viva, nuestro grupo parlamentario la apoyará, como no puede ser de otra manera. Señora Rodríguez-Salmones, trasladaremos al ministerio su preocupación sobre los
sectores que, según ellos, no han sido citados.



- RELATIVA A UN PLAN PARA GESTIONAR LA RECUPERACIÓN DE LOS PECIOS ESPAÑOLES, DE LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO SUBACUÁTICO ESPAÑOL, EN COOPERACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/002353.)


La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al cuarto punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a un plan para gestionar la recuperación de los pecios españoles, de la protección y vigilancia del patrimonio subacuático
español, en cooperación con las comunidades autónomas, que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene otra vez la palabra su portavoz, la señora Rodríguez-Salmones.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Reconozco a la señora portavoz del Grupo Socialista su voluntad y su ofrecimiento de votar favorablemente.
Creo que es muy positivo para todos. No soy quién para juzgar las diferentes posiciones de los
grupos, pero hasta ahora siempre que decíamos algo con lo que ustedes estaban de acuerdo, a pesar de todo votaban en contra diciendo que como estaban de acuerdo y como lo iban a hacer... Si esto supone un cambio, saben que en esta Comisión siempre
hemos estado a favor de tramitar las cuestiones importantes por acuerdo y hacemos ese reconocimiento.



Asunto Odyssey, nuestra proposición no de ley presentada antes del verano, cuando la cuestión estaba muy candente, pedía fundamentalmente dos cuestiones. Una, reforzar la vigilancia porque entendíamos que se había producido ante nuestros
ojos un verdadero expolio a la vista de todos, y seguimos sin saber por qué no funcionó esa vigilancia; y, dos, crear un plan de arqueología subacuática, un plan de recuperación de pecios.
España ha


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sido realmente una potencia marítima mundial durante siglos, tanto en construcción como en navegación y, sin embargo, posiblemente la dificultad de la arqueología subacuática y muchas otras razones, han llevado a que, teniendo magníficos
expertos, no haya existido lo que existe en otras áreas de la conservación, la restauración y la recuperación de nuestro patrimonio, es decir una acción sistemática.
Creemos que todo lo sucedido con este patrimonio, posiblemente expoliado -sigo
poniendo el término posiblemente, vamos a ver cómo termina esta cuestión-, reveló una serie de carencias, una serie de negligencias que no se debieron dar, de falta de vigilancia que no se debió dar, de confusión administrativa que no se debió dar
y, además, de falta de un plan sistemático. Esos eran los dos pilares en los que pretendíamos y ahora todavía pretendemos enfocar esta cuestión.



El Grupo Socialista nos presenta una enmienda que nos deja reducida esta cuestión al segundo punto: hacer un plan de protección del patrimonio subacuático. Voy a seguir defendiendo que tiene que ser complementado con todo lo demás, pero es
indudable que bienvenido esto. No se trata de que yo haga una referencia constante a la señora ministra, pero, ¿sabe lo que me dijo cuando yo propuse esto, y fue exactamente en los términos en los que hoy está redactada su enmienda? Me dijo que,
en el colmo de los despropósitos de esa mañana, yo le pedía algo que no le correspondía en ningún caso, que a ella no le correspondía hacer semejantes planes. Y añadió: Entre todas las vaguedades que me dice, no le pida a esta ministra que haga lo
que me hicieron como consejera porque yo tengo que respetar que esto no es competencia mía. Es un despropósito que un ministro que tiene responsabilidad sobre nuestro patrimonio me diga que le estoy pidiendo un disparate por decirle que convoque a
las comunidades autónomas y que se haga un plan de protección y de recuperación del patrimonio subacuático. Me dice que eso que le pido es un despropósito, que ella lo sabe muy bien porque fue consejera y la quisimos atropellar, y que además ella
-dice algo que ya es realmente inaceptable- no puede actuar más que en el último extremo de la cadena. Cuando nos han robado y la cuestión está en Tampa, y ha salido delante de nuestras narices desde un aeropuerto controlado por un país comunitario
y amigo, dice que solo puede actuar en ese momento. Nosotros no damos crédito porque usted conoce -y seguro que mejor que yo- lo que dice el artículo 4 de la Ley del patrimonio, de este Parlamento.



Dice: A los efectos de la presente ley se entiende por expoliación toda la acción u omisión -no actuar es también expoliar- que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio
histórico español o perturben..., etcétera. Con independencia de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas, en cualquier momento podrá interesar del departamento competente del consejo de gobierno de la comunidad autónoma
correspondiente la adopción -habla de la Administración del Estado- con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación -no a perseguir cuando ya no tiene remedio-. Artículo 4 de la Ley del Patrimonio. Si se desatendiere el
requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección -no solo recuperación, también protección- tanto legal como técnica del bien expoliado. Cómo es posible que teniendo este artículo la señora
ministra me diga que no tienen nada que hacer y que el último extremo es la policía internacional, la Interpol. No, si tenemos un Ministerio de Cultura y tenemos una Administración General del Estado no puede ocurrir el mayor expolio de patrimonio
que ha sucedido nunca en este país y que ella me diga que no tiene más que hacer que contratar a un abogado americano para perseguirlo.



En este plan, que vamos a aprobar porque le vamos a admitir su enmienda, tienen que existir todos estos componentes; pero, ¿qué es lo que sucede, señorías, además de que esta es la cuestión esencial? Que ayer me desayuno con una frase del
ministro que el periodista intenta suavizar porque titula: nuestra querella. Dice el señor ministro: Esto -lo que nos ha pasado- va a convertirse en un ejemplo para el resto del mundo.
¿Estamos otra vez con los balones fuera, con la frivolidad y
con las frases? ¿Esto es la negligencia; es la falta de vigilancia; es autorizar que unos depredadores conocidos, convictos y confesos hayan actuado en nuestras costas y con nuestros barcos? ¿Esto es lo que va a ser un ejemplo? El redactor,
amablemente, escribe nuestra querella pero él no lo dice; él dice esto, este conjunto de cosas. Para dejarnos más tranquilos todavía dice con toda tranquilidad: Este tipo de empresas tiene los días contados en nuestras aguas. ¿Cómo contados? Y
los minutos y los segundos; no puede suceder esto en nuestras aguas. No son días contados; ni un día podemos contar con esas empresas depredadoras. La ministra me contestó que depredadora lo decía yo pero ahora lo repite todo el mundo. ¿Cómo
que no son empresas depredadoras? El ministro dice borrón y cuenta nueva porque hay una tentación cuando cambia el titular de un departamento pero, lamentablemente, uno rectifica y además responde. De ahí a que la rectificación lleve a decir que
somos un ejemplo, no.



¿Qué más me preocupa? Señores del Grupo Socialista, las respuestas que me está dando el Gobierno a las preguntas que hemos hecho son, sencillamente, intolerables. Hay omisiones muy graves; entre las notas verbales y no verbales se saltan
las dos más significativas. No me hablan de una autorización. En una contestación dicen que no se puede considerar una autorización y en la anterior sí. Hay omisiones graves, hay manipulación de la información, hay falta de respeto parlamentario
porque no sabe cómo nos despachan y con qué tranquilidad, y hay no asunción de competencias. Se nos dice siguiendo una y otra vez, por ejemplo el 29 de agosto: No es competencia mía, es competencia de las comunidades


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autónomas. Si sumamos que según el ministro somos un ejemplo con las intolerables respuestas y con la no asunción del artículo 4 de la Ley del Patrimonio permítanme que les diga que tenemos una alarma. Está bien lo que ha dicho el ministro
-en esta Cámara y en el Senado- pero a fecha de hoy con los expertos que hemos hablado -que son los que hay- no se han reunido, nadie les ha pedido un papel. Vuelvo a decir, de los tiempos de este ministerio tengo más que prevención porque, como
usted dice, si no les fijamos una fecha -naturalmente ustedes la fecha no la admitirían- dentro de tres años dirán que se está estudiando con mucho detenimiento.
Pidan responsabilidades. Es como decir que después de la desaparición de los mapas de
Ptolomeo y la desaparición de la señora Regàs, aquí no ha pasado nada. Sí, aquí hay que saber qué ha pasado para que todo esto pudiera suceder y nosotros se lo pediremos. Les pediremos que hagan una investigación, que rectifiquen procedimientos,
que pongan un sistema de vigilancia y coordinación. Hoy nos quedamos en esto y nos parece suficiente. Hágase un plan pero vamos a pedirles todo eso. La misma administración y los mismos procedimientos que nos han llevado a este expolio
incomprensible, además de lamentable, no pueden ser los que indiquen que aquí no ha pasado, hacemos...



La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez Salmones, le rogaría por favor que terminara. Ha sobrepasado ya su tiempo.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Sí, señora presidenta.



Le pediré este balance -igual que ha dicho el señor ministro que va a hacer en la Biblioteca Nacional- para saber qué ha sucedido para que esto se haya dado.



Bienvenido este plan que, sin embargo, no creo que sea el que tenga que llevar en la Administración los retoques necesarios para que todo esto no vuelva a suceder.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas y para la defensa de las mismas tiene la palabra su portavoz, señora Escudero.



La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: En primer lugar, quisiera transmitir a la señora Rodríguez-Salmones la satisfacción por el sentido de la responsabilidad que supone que admita la enmienda que hemos presentado, aunque no comparto la crítica
tratando de hacer un cierto oportunismo político. El Estado español, dentro de los márgenes que ha tenido, ha asumido con absoluto rigor su responsabilidad en este asunto. Lo que sí es cierto -y usted y yo lo hemos comentado de manera privada- es
que estamos ante un asunto muy complejo. La realidad de cómo acometer las actuaciones por parte del Ministerio de Cultura en relación con este patrimonio subacuático no se inaugura ahora. Ha habido problemas de este tipo no solo en los tres
últimos años, sino en muchísimas otras ocasiones y usted lo sabe; por tanto, también han tenido ustedes ocasión de presentar un plan en relación con este asunto y no lo hicieron. Por eso le agradezco su sentido de la responsabilidad aceptando la
enmienda que presenta mi grupo.



Quisiera aclarar algunas cuestiones que usted ha planteado. En primer lugar, el nuevo ministro de Cultura se ha comprometido de manera decidida y clara -en la comparecencia del 29 de agosto ante esta Comisión- a asumir la elaboración y
formulación de un plan nacional de protección del patrimonio subacuático. Incluso el 12 de septiembre en el Pleno del Senado especificó ya más, lo que prueba que el ministerio está trabajando de manera decidida sobre en qué va a consistir y cuáles
van a ser las actuaciones que tienen que ver con el desarrollo de este plan. En ese sentido ya contó el ministro en el Senado que en la reunión del 30 de julio de la conferencia sectorial se habló de este asunto y se planteó a todas las comunidades
autónomas la necesidad de colaborar conjuntamente y de modo inmediato en la elaboración de este plan nacional. En esta reunión se aprobó que el Ministerio de Cultura elaborase un borrador, en el que ya está trabajando. Hay fechas, señora
Rodríguez-Salmones. Este borrador se enviará a las comunidades autónomas a finales de este mes y se debatirá en la próxima reunión del Consejo del Patrimonio Histórico que tendrá lugar en Cartagena los próximos días 10 y 11 de octubre; por tanto,
sí hay fecha, sí hay diligencia, sí hay trabajo y sí hay compromiso.



Por otra parte, hay otras cuestiones que usted plantea en el texto de su proposición no de ley que quiero comentar. Usted habla de negligencia y de falta de vigilancia. Quisiera que comprendieran, señorías, que el Gobierno español vigila
sus costas, sus aguas territoriales pero no puede, desde luego, vigilar todos los mares y océanos del mundo. Si el hecho expoliador, como todo parece indicar que ha sucedido con Odyssey, se ha producido en aguas internacionales del océano
Atlántico, España y su Gobierno no podían vigilar esos lares, porque no es su responsabilidad y no hay posibilidad de hacerlo.



Por otra parte, las administraciones autonómica y central -dice usted en su texto- han delegado una en otra competencias sin que nadie las asumiera. Señora Rodríguez-Salmones, el reparto competencial en materia de protección del patrimonio
histórico se establece en la Constitución y en la Ley 16/1985 -que usted citaba antes- del Patrimonio Histórico Español, en concreto en su artículo 6 y, además, ha sido interpretada de manera suficiente por el Tribunal Constitucional en la sentencia
17/1491.
Son las comunidades autónomas -y en parte tenía razón la ministra Calvo cuando se lo planteaban- las administraciones públicas competentes para aplicar el régimen jurídico de protección del patrimonio histórico, incluido -cómo no- en este
concepto la arqueología subacuática. La Administración central solo tiene competencia en arqueología subacuática en aquellos


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pecios hundidos -y se lo quiero aclarar- en aguas adscritas a servicios públicos gestionados por el Estado. En ese sentido, durante la presente legislatura el Ministerio de Cultura nunca ha dado autorización a Odyssey, pues siempre
consideró que era competencia de la Junta de Andalucía. No obstante, sí fueron tomadas medidas preventivas por parte del ministerio mediante sendos escritos que se dirigieron, por un lado, al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que se pusiera de
acuerdo con el otro país afectado y, por otro, a la Junta de Andalucía. Además, se instó a la Guardia Civil para que interviniera en este asunto.



Respecto a lo que usted plantea en su texto de falta de criterio científico o arqueológico, desde luego, no puede ser más desafortunada la propuesta de hacer un plan para recuperar -me refiero en concreto a la palabra recuperar- pecios
españoles. Todas las cartas internacionales -y usted lo sabe- de arqueología subacuática, así como la convención de Unesco sobre protección del patrimonio cultural subacuático, recomiendan la conservación in situ de los pecios, su protección, pero
no su extracción.



Asimismo, las comunidades autónomas -y esto me parece que es una buena noticia, porque no son todas y no estaba avanzado el trabajo- están elaborando las cartas arqueológicas de sus costas. Para finalizar el episodio Odyssey, que, además,
ha dado la posibilidad de elaborar este plan, me gustaría recordar a SS.SS. que este asunto está sub júdice y que, desde luego, el Estado español está ejerciendo toda su responsabilidad de reclamar lo que al parecer es nuestro. Por tanto, no soy
capaz de avanzar más, porque de momento tendrá que ser el derecho internacional el que nos diga en qué situación estamos.



Respecto del contenido del plan, que me parece que es lo más positivo y lo que más interesa destacar hoy, me gustaría señalar algunas de las medidas. En concreto, las medidas que se proponen están dirigidas a conocer cuál es la riqueza
patrimonial subacuática en nuestras aguas, con labores de investigación y documentación; seleccionar aquellos yacimientos emblemáticos que puedan ser objeto de una protección concreta y desarrollar el sistema de vigilancia vía satélite de las zonas
con alto potencial arqueológico; fomentar la especialización de los profesionales que se dedican a ello, incluyendo el incremento de plantilla de personal, ya que, como usted sabe, son pocos; mejorar la coordinación entre todos los departamentos
que tienen competencia en el mar, estableciendo una red de centros de investigación de arqueología subacuática y establecer acuerdos con otros departamentos para la protección física y jurídica de este patrimonio.



El trabajo que está haciendo el ministerio nos tiene que conducir a resolver de una manera clara la acometida que el Gobierno y el Estado tienen que hacer con relación a la protección del patrimonio subacuático.
En concreto, el plan
contempla la participación de expertos procedentes de diferentes instituciones que ayudarán a la protección y a la investigación. El centro nacional de investigaciones arqueológicas subacuáticas será uno de los centros esenciales en este plan y se
propondrá que tenga una dotación adecuada tanto de material técnico -usted también plantea la necesidad de acopiar recursos-, como de recursos humanos y presupuestarios. En este plan nacional que se está empezando a desarrollar, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado -y este elemento me parece importantísimo- van a jugar un papel esencial.
Por todo ello, hemos presentado todos los grupos la enmienda y tengo el compromiso verbal de todos y cada uno de ellos de aceptarla. Por
tanto, me gustaría que a partir de este momento entendieran que se inicia una nueva etapa y que el Gobierno ha dado un paso absolutamente definitivo en la protección del patrimonio subacuático, que es un elemento importantísimo de nuestra seña de
identidad, de nuestra memoria, de nuestro pasado y, por tanto, de poder recrear con proyección un futuro halagüeño para la conservación del patrimonio.



La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones, a fin de fijar posición sobre si acepta las enmiendas.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Sí; ya dije en mi intervención que esta enmienda nos parece insuficiente, pero correcta.



- RELATIVA AL ARCHIVO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y LA CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA DIGITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002396.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto quinto del orden del día: Proposición no de ley relativa al archivo de documentos electrónicos y la conservación de la memoria digital, del Grupo Parlamentario Socialista.



Para su defensa tiene la palabra el señor Becana.



El señor BECANA SANAHUJA: Vamos a hablar también en esta iniciativa de patrimonio, pero de un patrimonio más contemporáneo. Cada día son mayores los esfuerzos que las diferentes administraciones públicas, lideradas por el Administración
General del Estado, están haciendo para la extensión de lo que denominamos Administración electrónica o, lo que es lo mismo, para la introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la acción administrativa. En la
exposición de motivos explicamos que las nuevas tecnologías se caracterizan por la variedad de soportes, formatos y medios de registro utilizados en periodos de tiempo cada vez más breves. En pocos años, hemos pasado de las fichas perforadas a las
cintas magnéticas, a las memorias electromagnéticas, a los soportes ópticos y a los magnetoópticos y tenemos la certeza de


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que en un futuro nada lejano aparecerán otros nuevos. El dinamismo en la transformación de soportes y medios de registro electrónicos genera una dificultad reconocida por todos los expertos en archivística y documentación a la hora de
garantizar la conservación y la transmisión a generaciones futuras del patrimonio archivístico digital.



La Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el punto 5 de su artículo 45 establece con claridad los principios para la aceptación del valor administrativo de los
documentos digitales: la autenticidad, la integridad y la conservación. Por lo que respecta a los principios de autenticidad e integridad de los documentos administrativos, se ha producido en los últimos tiempos un desarrollo legislativo y
tecnológico notable. Sin ir más lejos, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, establece en su disposición final tercera que cada Administración pública mantendrá actualizada la relación de los
procedimientos y actuaciones que se encuentren adaptados a los requerimientos de la ley, para cuyo cumplimiento el Gobierno ya ha comenzado a confeccionar el censo de las actividades y procedimientos administrativos a los que hace referencia la
primera parte de nuestra iniciativa. Sin embargo, es prácticamente inexistente norma común alguna para regular de forma directa el procedimiento de conservación de los documentos digitales administrativos a largo plazo.



En lo relativo a los desarrollos tecnológicos, las soluciones ahora comercializadas se basan en archivos seguros a corto plazo. La conservación para plazos superiores a los diez o quince años tan solo ha sido objeto de experiencias
puntuales. En este contexto, el principal reto de una política de preservación es la identificación de los documentos digitales administrativos para hacer posible su captura en cualquier tiempo futuro. Esto implicará la conversión de una
estructura tecnológica en una estructura documental gestionable e inteligible de forma independiente a su contexto tecnológico. A este reto de la preservación de los documentos digitales es preciso añadir el de la certificación, la seguridad frente
a manipulaciones posibles la forma de fijar y autentificar el valor original de los documentos, independientemente de su contexto de creación y utilización. Existen, pues, problemas no resueltos para hacer compatible la actualización de la firma
digital original con los métodos para la conservación de los documentos en el largo plazo, puesto que el uso de técnicas de encriptación puede dificultar posteriores migraciones, del mismo modo que la obsolescencia tecnológica puede afectar al
software de firma y cifrado. Por todas estas razones, señorías, y con el objetivo de complementar el gran esfuerzo que están haciendo todas las administraciones públicas lideradas por el Gobierno de la nación en la implantación de las nuevas
tecnologías y de la Administración electrónica, es necesario avanzar en los criterios y las tecnologías adecuadas para preservar este patrimonio documental en el largo plazo, tarea que tiene encomendada el Ministerio de Cultura para el conjunto del
patrimonio histórico. No olvidemos que los documentos administrativos se caracterizan porque sirven de evidencia de determinados hechos, de certificación de derechos y obligaciones, lo que los convierte en el soporte básico para la toma de
decisiones y para la reconstrucción histórica. La necesidad apremiante de conservar el patrimonio documental emanado de la puesta en marcha de la Administración electrónica justifica la iniciativa que sometemos hoy a consideración de esta Comisión
de Cultura con el objetivo de fijar criterios, métodos y sistemas homologables que permitan su conservación en el largo plazo y la accesibilidad a lo largo del tiempo por parte de todos los ciudadanos interesados.



La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley no tiene enmiendas, pero el Grupo Parlamentario Popular desea intervenir para fijar posición.
Tiene la palabra la señora Lope.



La señora LOPE FONTAGNÉ: Quisiera brevemente fijar nuestra posición y anunciar el voto favorable de nuestro grupo en relación con esta proposición no de ley relativa al archivo de documentos electrónicos y a la conservación de la memoria
digital. Compartimos la preocupación del grupo proponente de garantizar la conservación de los documentos electrónicos y el patrimonio archivístico digital, pero desconocemos la situación actual de la gestión de dicho patrimonio y si el Ministerio
de Cultura ha avanzado en estos últimos años en su protección.



La preocupación de las instituciones estatales por la protección de estos documentos no es nueva. Concretamente, en el año 2001, bajo el Gobierno del Partido Popular, se constituyó un grupo de expertos en documentos electrónicos bajo la
coordinación de la Subdirección General de los Archivos Estatales dependiente del Ministerio de Cultura. Se le encomendó el estudio y desarrollo de un proyecto denominado Carmen, control archivístico de la memoria electrónica, cuyo objetivo era
contribuir al diseño de un sistema de gestión de documentos electrónicos que permitiera un control archivístico efectivo de los mismos desde su creación garantizando su conservación y acceso a lo largo del tiempo. El estudio tuvo dos fases: el
análisis de la situación de los archivos españoles con respecto a los documentos electrónicos y la revisión del modelo de los requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo. Tras este estudio, el grupo de expertos formuló unas
interesantes propuestas sobre un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo al final del año 2002 principios de 2003. La intención del Gobierno del Partido Popular era poner en práctica este trabajo para avanzar en medidas concretas
de protección de los documentos electrónicos y su archivo y desconocemos si el Ministerio de Cultura actual ha avanzado en este sentido. Si el ministerio no ha hecho nada en estos últimos tres


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años para la conservación de la memoria digital, no tenemos ninguna duda de que este trabajo previo puede ser de gran interés para construir un sistema coherente para el archivo permanente de documentos electrónicos para la Administración
General del Estado.



- RELATIVA A LA CREACIÓN DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002397.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que figura en sexto lugar en el orden del día, relativa a la creación del consejo iberoamericano de archivos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa tiene la palabra la señora Elías.



La señora ELÍAS CORDÓN: Señorías, la proposición no de ley que presentamos hoy desde el Grupo Socialista es para instar al Gobierno a promover e impulsar la creación del consejo iberoamericano de archivos, ya que la cooperación archivística
con los países de Iberoamérica se realiza hasta ahora a través de algunas iniciativas, principalmente del programa ADAI, ayuda al desarrollo de los archivos en Iberoamérica, así como a través de cursos de formación y estancias de aprendizaje en
España. El programa ADAI constituye un fondo financiero multilateral de fomento al desarrollo archivístico en Iberoamérica para ayudar a la preservación y difusión de la materia histórica común a través de los archivos iberoamericanos. En este
proyecto están colaborando catorce países, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y España, junto con la Academia Salvadoreña de la Historia. Este programa,
impulsado por el Ministerio de Cultura y la AECI, Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, junto con los Estados miembros, tiene como objetivo principal la concesión de becas y bolsas de viaje para formación y asistencia técnica, el
desarrollo de planes de preservación, conservación y restauración y el desarrollo de planes encaminados al acceso y a la difusión. Sin embargo, aun siendo un conjunto de programas interesantes, resulta limitado en su alcance, ya que la cultura es
un elemento clave para la construcción de una identidad y porque nuestro compromiso debe ser el de reafirmarnos en fortalecer el espacio cultural iberoamericano que resulta de la existencia del patrimonio histórico, étnico, lingüístico y sociológico
común, puesto que la apertura al exterior de nuestras sociedades, partiendo de la propia identidad, ofrece una oportunidad para la difusión de los valores y la cultura que nos distingue.



Ya en su comparecencia el pasado 29 de agosto el ministro de Cultura nos presentaba los objetivos generales de la proyección cultural en el exterior, que consisten fundamentalmente en la promoción y difusión de la cultura española, de forma
que quede plasmada una imagen real y actual de nuestra diversidad cultural; la potenciación del valor de la cultura en el ámbito de las relaciones exteriores y en los foros internacionales como elemento propulsor del crecimiento sostenible; la
cooperación al desarrollo; la cohesión social y el diálogo y entendimiento entre sociedades y una más eficaz proyección y conocimiento de nuestro patrimonio cultural en el exterior apoyando decididamente la difusión del español como patrimonio
cultural de todos los países hispanohablantes, en coordinación con el Instituto Cervantes, sin descuidar las lenguas cooficiales de España, que es una riqueza incuestionable de todos.
También nos comentaba que la política del Ministerio de Cultura
va a reforzar su presencia en Iberoamérica con nuevos proyectos y con la creación de nuevas redes mediante Internet, por lo que se creará el portal de la cultura iberoamericana y el portal iberoamericano de archivos, como prolongación del programa
Pares, que, como saben ustedes, es el portal de archivos españoles del Ministerio de Cultura, que ha puesto en marcha el mes de mayo y que tan buenos resultados está teniendo. Por tanto, ante las propuestas hechas por el Ministerio de Cultura y
para la mejor consecución de los objetivos previstos, creemos que la creación de un consejo iberoamericano de archivos permitiría, por una parte, mejorar el desarrollo archivístico en nuestra área de influencia y, por otra, elevar la posición de
nuestra lengua e intereses en la escena internacional.



Este consejo estaría concebido, por un lado, como foro permanente de cooperación en materia internacional y, por otro, como foro permanente de cooperación en materia archivística, lo que permitiría canalizar las principales demandas de esos
países, como son la formación, el asesoramiento, la investigación y el intercambio de conocimientos. Para su consecución, los ministerios implicados -Cultura, Asuntos Exteriores y Cooperación, al menos- deberían elaborar una propuesta que fuera
presentada e impulsada en cumbre iberoamericana para darle carta de naturaleza, una propuesta que suponga el reconocimiento de la potencialidad de la cultura iberoamericana y que refuerce la capacidad de acción conjunta para los grandes retos del
siglo xxi. Por otro lado, este consejo iberoamericano de archivos cuya creación proponemos sería el equivalente a los ya constituidos en los países del área francófona y anglófona; incluso Alemania lo está fomentando entre los países europeos de
influencia en su lengua. En definitiva, la creación de este consejo es absolutamente necesaria porque supondría el refuerzo y la difusión de las lenguas y la cultura que compartimos. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
proposición no de ley, en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover e impulsar con el conjunto de los departamentos implicados la creación del consejo iberoamericano de archivos.



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La señora PRESIDENTA: Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González.



El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Señorías, aunque algunas matizaciones haré al fondo y forma de esta proposición no de ley, el Grupo Popular la ve acertada y, a diferencia de lo que ha dicho antes un portavoz del Partido Socialista o del
Partido Socialista catalán, como quiera llamarse, no lamentamos coincidir con dicho partido en una proposición no de ley. No lo lamentamos y la vemos acertada por tres razones fundamentales: la primera, porque se trata de un asunto de suprema
importancia para la verdadera memoria histórica de los pueblos iberoamericanos, es decir sus archivos; la segunda, porque se dirige precisamente a esta región, la iberoamericana; la tercera, porque toda esta preocupación se institucionalizó y se
desarrolló durante los gobiernos anteriores al actual, es decir los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, ¿cómo no vamos a ver acertada esta proposición no de ley con estas tres más que suficientes razones?


En efecto, en la VII cumbre Iberoamericana en Isla Margarita en 1997, se creó el programa ADAI -ayuda al desarrollo de los archivos iberoamericanos-, en el que se reconocieron nuevas iniciativas de cooperación, tales como la difusión de la
memoria histórica común a través de los archivos iberoamericanos; luego se aprobó en la cumbre Iberoamericana de Oporto de 1998 y se ratificó en la de La Habana de 1999. Este programa, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, constituye un
fondo financiero multilateral de fomento al desarrollo archivístico de Iberoamérica. El objetivo principal de ADAI se concreta, como también se ha dicho antes, en concesión de becas y de bolsas de viaje para formación y asistencia técnica;
desarrollo de planes de preservación, conservación y restauración y desarrollo de planes encaminados al acceso y a la difusión. Como es sabido, este programa se financia a través de las cuotas de los países miembros y los aportes extraordinarios
del Ministerio de Cultura del Reino de España y de la AECI. Lo sobresaliente de este programa es que a su fondo acceden proyectos archivísticos de archivos nacionales y otras instituciones públicas y privadas e investigadores que aportan mucho al
programa, si bien también se apoyan proyectos de países no miembros, lo que es ciertamente novedoso. Desde 1999, año de la primera convocatoria, hasta hoy, se han aprobado ayudas a más de seiscientos proyectos archivísticos iberoamericanos
consolidándose como uno de los pilares de la cooperación entre las naciones iberoamericanas dentro del marco de los archivos.
Suponemos que nadie pondrá en duda la excelente iniciativa de los gobiernos populares en esta materia y en su relación con
Iberoamérica.
Por supuesto que con el tiempo se ha mejorado el desarrollo de la misma y un ejemplo es el hecho de que en las bases de la convocatoria actual, la del año 2007, se establece que se valorará especialmente que en el equipo de trabajo se
cuente con la presencia de un archivero como asesor técnico del proyecto, algo realmente esencial y obvio para que tenga éxito el trabajo del que se trate.



Personalmente, si me permiten un referencia propia, he visto este verano en México excelentes frutos de este programa en la elaboración, ordenación y catalogación de un archivo de primera, como es el del Colegio de las Vizcaínas, fundado en
la segunda mitad del siglo XVIII y con pleno rendimiento en la actualidad; archivo muy importante para el análisis y estudio social, económico y cultural de la mujer en la capital del virreinato primero y en la República mexicana hasta el día de
hoy.
Sin embargo, no todo está hecho y habría que hacer esfuerzos especialmente en este futuro consejo iberoamericano de archivos para que estén todos los países de la región, no los catorce -dicho por la representante del Grupo Socialista-, pues
no todos están, e incluso Filipinas, porque el pasado de todas estas naciones es común.



En cuanto a las matizaciones anunciadas al principio de mi intervención, no vemos muy acertada la referencia a la creación del consejo iberoamericano de archivos para mejorar los archivos 'en nuestra área de influencia'. Por favor, el
Partido Socialista Obrero Español no puede hablar ni escribir de esta manera tan egocéntrica. ¿Dónde está la cooperación, el reconocimiento de la madurez de estos países, el respeto por la independencia de estas naciones? Les recomiendo, si
quieren, otra frase: en un área de historia, lengua y cultura común. Creo que será aceptada por todos por su mayor credibilidad y respetabilidad. Después, al referirse a los ministerios implicados, se dice textualmente y lo ha vuelto a repetir la
portavoz: 'Cultura, Exteriores y Cooperación, al menos'. Mi grupo considera esencial en este 'al menos' el de Educación y Ciencia y no veo necesaria su justificación y explicación en esta Comisión de Cultura ni en este momento.



Por último, para mi grupo lo más preocupante de la exposición de motivos es que vemos en todo el texto un cierto tufillo a enseñar al que no sabe, el mayor sobre el menor; nosotros somos mejores y os lo vamos a enseñar, por supuesto con
buena fe, con buena intención y para que todos aprendamos. Pero hay que ser justos y saber de qué estamos hablando.
Miren, señorías, señora presidenta, existe en Iberoamérica una amplísima tradición archivística -de ahí la creación de ADAI en su
momento- representada por varias escuelas y archiveros. Solo me referiré a dos, las más sobresalientes a mi modesto modo de ver: la Escuela de Archiveros de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la
República de Argentina, y el Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, el denominado CIDA, que funciona en la misma universidad desde 1972, en donde eminentes archiveros y profesores (Aurelio Tanodi, su creador; Elsa Fajardo, Gunnar Mendoza
y Vicenta Cortés Alonso, entre otros) han tenido una enorme responsabilidad en el mundo de la archivística española e iberoamericana, pues muchas de sus escuelas nacionales nacieron con el asesoramiento


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de los centros cordobeses argentinos enunciados anteriormente. Aurelio Tanodi, fundador de la Escuela de la Universidad de Córdoba -y con ello termino-, creada en 1959, concibió este centro como 'un instituto, además de enseñanza, como
centro de investigaciones, asesoramiento, coordinación y extensión archivística'; principios que perfectamente puede asumir el consejo iberoamericano de archivos cuya creación se pretende con esta proposición no de ley, que el Grupo Popular, como
he dicho al principio de mi intervención, va a votar favorablemente.



- DE CREACIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002398.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley del orden del día, relativa a la creación del premio nacional de ilustración de libros infantiles y juveniles, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa
tiene la palabra el señor Bedera.



El señor BEDERA BRAVO: Señorías, no les voy a pedir que hagan un esfuerzo de imaginación y recuerden los libros que poblaron su imaginario infantil y juvenil, no solo porque en algunos casos debamos esforzarnos demasiado al quedarnos algo
lejano, sino porque la literatura de nuestra infancia y de nuestra juventud ha sido una especie de colector ideológico y estético, una especie de subproducto con malos textos y con peores ilustraciones, una literatura que ni siquiera era considerada
como tal.
Afortunadamente la situación en nuestros días ha cambiado. La imagen y la palabra, es decir la faceta estética y la faceta idiomática en los libros infantiles, fundamentalmente en los cuentos, están reconocidas como dos funciones
expresivas que se complementan y se respetan por todos. La ilustración y el dibujo son poderosas armas, poderosas herramientas para el pensamiento, son el primer paso del lenguaje escrito, ya que las letras en el fondo no son más que una suerte de
dibujos en miniatura. Es más, existen libros infantiles cuyas imágenes gráficas no requieren de texto alguno, pues cuentan la historia por sí mismas. El dibujo representa para el niño un icono, un símbolo, porque imita la realidad por medio de la
ilusión. Hoy más que nunca la imagen visual es una potente forma de comunicación que suma en la infancia y juventud el valor añadido de lo iniciático. Lo que el niño espera del libro es que le llene de gozo a primera vista. Los adultos, en una
sociedad dominada por la imagen gráfica, no es que esperemos, conocemos la potencia comunicativa de la ilustración y su importancia como recurso didáctico. En este sentido, no es casualidad que el checo Comenius, conocido como el padre de la
pedagogía moderna, fuera el primero que intentara renovar los libros de texto incorporando las primeras ilustraciones. La publicación en 1658 de su libro Orbis Pictus, un texto dirigido a la enseñanza del latín para los niños por medio de dibujos,
causó un gran revuelo y eso fue porque los educadores de su época no consideraban que pudiera hacerse de esta manera. Transmitía imágenes, que tenían más fuerza y transmitían tantos conocimientos como los propios textos. Desde entonces ha sido
principalmente fuera de nuestras fronteras donde los impresores del siglo xxi y sobre todo los del xx han potenciado la litografía, muy vinculada siempre a la literatura infantil y juvenil, y en especial desde 1900 a las adaptaciones para los niños
de los cuentos populares, influidos por el movimiento romántico, que sustituye la literatura académica y moral por una literatura fantástica llena de códigos fascinantes que estimulaban el desarrollo de la imaginación y la sensibilidad infantiles.

Los trabajos del danés Lorenz Frolich, el primero que ilustró el Robinson Crusoe, de Defoe; ¿el francés Gustave Doré, que ilustró los cuentos de Perrault, o del menos conocido Arthur Rackham, ilustrador, entre otros, de Alicia en el País de las
Maravillas, Peter Pan o de los Cuentos de Andersen, constituyen hoy verdaderas joyas de arte.



No han abundado en España personajes objeto de ilustración como los citados, pertenecientes casi todos al ámbito anglosajón o nórdico, quizá por lo que Paul Hazard llamó la teoría climática de la creación literaria. Resumidamente consiste
en lo siguiente. Los países nórdicos, con sus días cortos y sus noches largas, invitan a la lectura y a la escritura. Sus paisajes melancólicos son más proclives a la escritura de corte fantástico y a la invención de aventuras, mientras que los
países mediterráneos, coloristas, vitalistas, sensuales y de clima benigno y alegre, son más apropiados para vivir la aventura de la vida sin necesidad de imaginar mundos posibles. A pesar de ello, también en España tenemos nuestros propios iconos
desde el siglo xx. En los años veinte fue Pinocho, el personaje del italiano Collodi, ilustrado por Salvador Bartolozzi -español aunque de apellido italiano-, que llegó a superar en popularidad al cuento originario. En los años treinta fue Celia,
la niña de la República, ilustrado por Boni, aunque verdaderamente prevaleció el personaje literario sobre el dibujado. En los cuarenta, Antoñita la Fantástica, de Borita Casas, aquella espontánea y traviesa niña de la posguerra que ilustró
Zaragüeta. En los últimos años setenta aparece la serie Teo, del nombre colectivo Violeta de Nou, formado por Asun Esteban, Carlota Goyta y Anna Vidal. Desde los años ochenta el impulso de nuestros ilustradores ha sido verdaderamente exponencial.
Si citamos al indiscutible personaje de los años noventa, Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, que ilustra Emilio Urberuaga, estamos hablando de algo más que de un hecho aislado, estamos hablando de la mayoría de edad del sector de la ilustración. En
nuestros días el artista de imágenes gráficas y el artista de la palabra escrita tienen los mismos derechos de autor -nadie lo discute ya-, y ello es producto de la relevancia que la ilustración concede a la literatura infantil. Si todo es así, el
Grupo Parlamentario Socialista


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considera que debe rescatarse la consideración de nacional que en su momento tuvo el premio a la mejor ilustración de libros infantiles y juveniles y cuyo periplo les excuso por estar resumido en la exposición de motivos de la proposición no
de ley. Esta recuperación, muy solicitada por el sector, supondría una vía estable de estímulo, de impulso y reconocimiento público a un colectivo que se sitúa en unos 3.000 ilustradores, que está considerado como uno de los más reconocidos
internacionalmente, con un alto grado de profesionalización y rigor. Por darles solo un dato, en la pasada Feria de Bolonia de 2005, la más importante del mundo en literatura infantil, España fue la invitada de honor debido a la potencia, la
internacionalización y el buen trabajo de nuestros actuales ilustradores.



Señorías, estamos ante una actividad cuya proyección profesional mejora día a día. El libro infantil español está verdaderamente en unos momentos florecientes. El pasado año 2006, fueron casi 10.000 títulos los publicados. Creemos que
forma parte importante de nuestra potente industria editorial y se le augura un porvenir aún más prometedor que sin duda se vería enriquecido con el respaldo de un premio nacional que haga justicia a los méritos de su labor.



La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermejo.



El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Nos encontramos debatiendo una proposición no de ley que de alguna manera trata de recomponer un puzle que todavía tiene unas piezas quizás un poco desajustadas, con un poquito de holgura; unas piezas que fueron
explicadas por el representante del colectivo de ilustradores con ocasión de la reunión que mantuvimos en la presentación de la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas; unas piezas que supusieron una serie de reivindicaciones que con
rigor y sobre todo con mucha fe explicó esta persona. Señorías, es evidente que este colectivo está estrechamente relacionado con el mundo de la comunicación visual y literaria y nuestro país tiene una reconocida calidad en el mundo de la
ilustración, de una forma de lectura, en consecuencia, donde el significante y el significado del mensaje literario está haciendo más fácil el mundo de la lectura sobre todo en los ámbitos infantil y juvenil, como bien ha explicado el portavoz del
Grupo Socialista.



Los que peinamos algunas canas y los que no tienen ni canas hemos estado sumergidos en nuestra juventud en la era Gutenberg -permítanme esta banalidad- siendo la lectura, la considerada tradicional, una de las facetas culturales normalizadas
en el ámbito educativo-cultural nuestro.
Hoy el lenguaje de la imagen es una forma idónea de llevar la lectura a la infancia; resulta más acorde en este siglo de la información y del conocimiento donde la velocidad es vertiginosa. En
consecuencia, en la edición de un libro la ilustración se puede considerar como un tipo de lectura, y los profesionales de la ilustración reivindican asimismo la categoría de autores de pleno derecho -cuestión en la que estamos de acuerdo-, autores
de libros, siendo escasamente reconocidos sus proyectos profesionales dentro del mundo editorial. Hace unos días un ex alumno mío dedicado a estas cuestiones me decía que estaba muy preocupado y que continuaban siendo muy reivindicativos porque
todavía no se les reconoce el estatus de autor dentro del mundo de la ilustración.



Las ilustraciones en la edición de un libro se encuentran en un permanente crescendo como medio pedagógico eficaz en la comprensión lectora. Como he señalado anteriormente, el sector de los profesionales de la ilustración en España tiene un
elevado reconocimiento más allá de nuestras fronteras por su alto nivel profesional, pero se sienten escasamente reconocidos en sus derechos ante la Ley de Propiedad Intelectual. El Grupo Parlamentario Popular en el debate de la Ley de la Lectura
expresó su reconocimiento a esta colectivo, por lo que en aquella ocasión solicitamos su comparecencia en ese debate señalado. Por este motivo creemos que la potenciación y el reconocimiento de esta carrera profesional en el mundo editorial también
tiene que ser defendida por esta iniciativa que acaba de presentar el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, debemos colaborar en la resolución de la problemática del sector de ser considerados autores gráficos en la edición literaria, ser
reconocidos con más derechos en la Ley de Propiedad Intelectual. Su papel en la industria editorial en este siglo del conocimiento es sencillamente -por no utilizar un calificativo extraordinario- importante y necesario. Los adultos también leemos
por medio de imágenes. Muchas veces ocurre que cuando vamos a comprar un artilugio informático decimos: ¿no tienes una referencia más corta para evitar el manual? ¿No tienes unos dibujos que nos expliquen con mayor rapidez y sencillez este
aparato? También los adultos estamos supeditados a la lectura de la imagen.



Pues bien, la presente proposición no de ley tiene como fundamento la convocatoria del premio nacional de ilustración en sustitución del premio a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles, lo que en definitiva significa una
elevación de la categoría de este certamen, lógicamente en consonancia con la categoría profesional que tiene este colectivo. El Grupo Parlamentario Popular, sobre la base de la coherencia que ha mantenido en este asunto, también va a votar
favorablemente esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.



La señora PRESIDENTA: A continuación vamos a proceder a las votaciones, pero teniendo en cuenta que hemos ido más rápido de lo previsto, no lo haremos antes de la una menos cuarto, a fin de dar tiempo a los distintos grupos a que haya una
reagrupación de parlamentarios de todos ellos. Por tanto, a la una menos cuarto procederemos a las votaciones. (Pausa.)


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A continuación, vamos a votar las proposiciones no de ley. En primer lugar, comenzamos con la relativa a la regulación de los criterios que deben regir el destino de los bienes dados en pago de deudas tributarias, que presenta Esquerra
Republicana de Catalunya. La votamos con la enmienda de Convergència i Unió.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos la proposición no de ley que figura en segundo lugar en el orden del día, sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico, cuya iniciativa es de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Vamos a votar los dos
párrafos de esta proposición no de ley. El primero de ellos, que paso a leerles, es fruto de una enmienda transaccionada con todos los grupos. Primer párrafo: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar las iniciativas necesarias en
el ámbito de sus competencias para la efectiva aplicación y desarrollo de la previsión del artículo 28 de la Ley del Patrimonio Español, con el objeto de salvaguardar los bienes muebles de los edificios de titularidad eclesiástica en los supuestos
anteriormente citados.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad este primer párrafo.



A continuación votamos el segundo párrafo de esta proposición no de ley, en el que se exige a la Generalitat Valenciana que cumpla con la legalidad vigente en el ámbito de sus competencias sobre protección del patrimonio histórico-artístico
eclesiástico.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos la proposición no de ley que figura como punto tercero del orden del día, relativa al cumplimiento urgente del mandato legal para la constitución de la comisión de propiedad intelectual, del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley relativa a un plan para gestionar la recuperación de los pecios españoles, de la protección y vigilancia del patrimonio subacuático español, en cooperación con las comunidades autónomas. Esta proposición no
de ley tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido admitida.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley que figura en quinto lugar del orden del día, relativa al archivo de documentos electrónicos y la conservación de la memoria digital, del Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley que figura en sexto lugar del orden del día, relativa a la creación del consejo iberoamericano de archivos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la última proposición no de ley relativa, a la creación del premio nacional de ilustración de libros infantiles y juveniles, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Señorías, así da gusto. Se levanta la sesión.



Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.