CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 888

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 58

celebrada el martes, 18 de septiembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Elecciones de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la secretaría primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000019.)... (Página 2)


Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad Social (Granado Martínez), para explicar las actuaciones realizadas en orden a asegurar la defensa de los intereses de los mutualistas, de los trabajadores de la Mutua y de los
intereses generales de la Seguridad Social, así como la estabilidad económico-patrimonial de la entidad. A petición del Gobierno.
(Número de expediente 212/001625.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN.



- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000019.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.



En virtud del artículo 38 del Reglamento vamos a proceder a la elección de un miembro de la Mesa, en este caso secretario o secretaria primera, en sustitución de doña Olivia Cedrés.



El letrado dará lectura de los distintos señoras y señores diputados.
Iniciamos la votación.



Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados.



Terminada la votación y verificado el escrutinio dijo


La señora PRESIDENTA: Finalizada la votación y procedido el recuento ha sido elegido por 33 votos a favor, don Gustavo Adolfo Santana Martel, secretario primero de la Mesa, que puede pasar a ocupar su puesto.
(Aplausos.-El secretario
primero ocupa su lugar en la Mesa.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (GRANADO MARTÍNEZ) PARA EXPLICAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN ORDEN A ASEGURAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS MUTUALISTAS, DE LOS TRABAJADORES DE LA MUTUA Y DE LOS
INTERESES GENERALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD. A PETICIÓN DEL GOBIERNO.
(Número de expediente 212/001625.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos inmediatamente al segundo punto del orden del día que es la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social, a quien damos la más cálida bienvenida. Como ya conocen, empezaremos con su exposición
inicial, a continuación tendrán lugar las intervenciones de los distintos grupos, de menor a mayor, y para finalizar cerrará el debate el secretario de Estado.



Tiene la palabra el secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Señoras y señores diputados, muchas gracias por permitirme darles una explicación de las actuaciones de la Administración de la Seguridad Social, en relación con algunos
problemas de gestión surgidos en la Mutua Universal. Como algunas de SS.SS. también han planteado en otro tipo de iniciativas parlamentarias preguntas sobre la situación de las mutuas en general, voy a hacer algunas referencias, también generales,
sobre la situación de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales en España y luego pasaré a desgranar lo actuado hasta el momento en relación con los problemas surgidos en la Mutua Universal, intentando ofrecer a SS.SS.
el máximo de
información y los menores juicios de valor posibles sobre una situación delicada por afectar a una de las entidades corresponsables con la Administración de Seguridad Social, de la gestión de las contingencias profesionales y de las contingencias
comunes, es decir, del accidente de trabajo, la enfermedad profesional y la enfermedad común en nuestro país.



Simplemente por situar las cuestiones en su contexto, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales nacen, como todos ustedes saben, de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. Esta ley se ha considerado siempre como la
primera de las normas que alumbran en España nuestro modelo de protección social, hasta tal punto que se suele decir que a partir de ese momento es cuando puede empezarse a hablar de un sistema de protección social moderno en nuestro país. A partir
de la Ley de Accidentes de Trabajo se establece la responsabilidad empresarial en cuanto al accidente de trabajo y la enfermedad profesional, y los empresarios se mancomunan para hacer frente a sus responsabilidades para mejor garantizar las
prestaciones de los trabajadores y para hacer que los problemas surgidos en el ámbito de una empresa no perjudiquen la viabilidad y la solvencia de las empresas. El ámbito de las mutuas es, por lo tanto, el ámbito de la cooperación: la cooperación
entre empresarios para mancomunar las mejores prestaciones para los trabajadores y el reparto de cargas y beneficios de responsabilidades entre el empresariado. Es el ámbito de colaboración entre entidades que son a la vez entidades de empresarios,
es decir, entidades privadas, y entidades públicas porque son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, y es el ámbito de la colaboración entre lo que puede denominarse el pago de prestaciones económicas y el pago de la realización de
servicios de reparación de la salud, de prevención de accidentes de trabajo y de riesgos laborales en general y de atención a los trabajadores.



En este sentido, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son una seña de identidad del modelo español de protección social. Han jugado un papel importantísimo en la generación de una red asistencial para los
accidentados de trabajo y los enfermos profesionales en nuestro país, para la prevención de riesgos laborales. Cuando en el año 1995 se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se les encomienda la generalización de los servicios de
prevención, y tienen en estos momentos un papel muy importante y lo tendrán en el futuro. Es una seña de identidad en positivo de nuestro sistema de protección social y, por lo tanto, lo que piensa el Gobierno de España sobre el papel de las mutuas
es que siguen jugando un papel fundamental en la mejor gestión de las prestaciones del sistema de Seguridad Social para los trabajadores y para los empresarios. La situación de las mutuas es más compleja


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que la de las unidades administrativas incardinadas en la Administración de Seguridad Social, por esa doble naturaleza jurídica entre lo privado y lo público, y hace necesaria una labor constante de modernización y de incardinación de las
mutuas en el funcionamiento normal de la Seguridad Social. De hecho, en los tres últimos años hemos abordado tareas muy importantes de modernización de las mutuas, como se realizaron en el pasado y como sin duda se realizarán en el futuro. En
estos tres años hemos segregado las actividades que realizaban las mutuas como servicios de prevención de riesgos laborales, de aquellas actividades que realizaban como gestoras de las contingencias protegidas por la Administración, por la Seguridad
Social, porque las primeras tenían naturaleza privada, las segundas tenían naturaleza pública y el Tribunal de Cuentas había reclamado insistentemente la segregación de las actividades.



Hemos definido criterios para aplicar a las mutuas la Ley de Contratos del Estado, criterios sobre la provisión de contingencias en tramitación, criterios sobre las inversiones financieras de las mutuas. Hemos solventado la situación
irregular aparentemente de los centros mancomunados, de los centros intermutuales constituidos por agrupación de varias mutuas. Hemos normalizado las relaciones de las mutuas con las administraciones sanitarias y con los centros sanitarios
privados. Hemos autorizado los conciertos sanitarios. Hemos posibilitado incluso que las mutuas lleguen a acuerdos con los servicios públicos de salud. Hemos devuelto a la Administración de Seguridad Social funciones de control sobre lo que eran
las determinaciones de contingencias que realizaban las mutuas, las decisiones que tomaban sobre si el carácter de una enfermedad de un trabajador tenía origen profesional u origen común -esa potestad ha sido asumida en control por la
Administración-. Hemos tratado presupuestariamente, incorporado al presupuesto, el Fondo de prevención que se nutre de los excedentes de las mutuas, y hemos realizado tres actuaciones que por su importancia me van a permitir que sitúe al final de
esta exposición, pero no son las menos importantes sino las más relevantes. Hemos conseguido que el conjunto de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en nuestro país aprobaran unánimemente una declaración sectorial y un
catálogo de actuaciones excluidas que intentaba, al estilo de lo que podría ser un código de buenas prácticas, justificar qué prácticas eran lícitas y cuáles se entendían ilícitas en la competencia entre las mutuas.



Nuestro modelo mutual tiene entre otras complejidades, y al contrario de lo que sucede en otros países que hay una única mutua por cada territorio o por cada sector de actividad, que conviven diferentes mutuas en cada territorio y en cada
sector de actividad y compiten entre sí. En ese sentido, hemos intentado, a través de esa declaración sectorial inspirada por la Administración y firmada por todas las mutuas, regular los términos de la competencia para garantizar que esa
competencia no fuera perjudicial para el uso de los recursos de Seguridad Social ni para los intereses de los trabajadores y de las empresas mutualizadas. Hemos promovido durante esta legislatura -esta es la segunda actividad importante que me
permito referenciar a SS.SS.- las fusiones de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En nuestro país tenemos entidades que en este momento gestionan el veintitantos por ciento de las cuotas de Seguridad Social y tenemos
alguna entidad que en este momento gestiona el 0,2 o el 0,3 de las cuotas de Seguridad Social.
Nos parecía importante que hubiera menos mutuas, que la economía de escala supusiera beneficios para los trabajadores, para los empresarios y para la
Administración de Seguridad Social y que se reequilibrara el sector; reequilibrio que hemos pretendido hacer no auspiciando que las mutuas de mayor tamaño englobaran a las pequeñas, sino intentado que mutuas pequeñas o medianas se fusionaran entre
sí y respetando, en todo momento, el arraigo territorial que algunas de estas entidades tienen en comunidades autónomas concretas del territorio, es decir, hablando con los gobiernos autonómicos y buscando su aquiescencia, su colaboración y su apoyo
para los proyectos de fusión que se han desarrollado. En aprobación de estos proyectos de fusión ha habido ocho proyectos ya realizados que han afectado a mutuas madrileñas, valencianas, catalanas, del País Vasco y, en todos los casos, hemos
encontrado la colaboración de los gobiernos autonómicos afectados, todas las fusiones se han realizado pacíficamente y han generado entidades de mayor tamaño, de mejor escala y que funcionan con más eficiencia y con mejor administración de los
recursos de la Seguridad Social. Este es un proceso que ha de seguir y en el que no han participado ninguna de las cinco grandes mutuas de este país, es decir, no ha aumentado las diferencias de tamaño entre las distintas entidades, sino que las
diferencias han disminuido.



La tercera de las grandes cuestiones que hemos abordado en esta legislatura es la incorporación de las mutuas al sistema de información contable de la Seguridad Social. Como saben SS.SS., las mutuas están sometidas a la dirección y tutela
de la Administración de la Seguridad Social por la Ley General de la Seguridad Social, y a la auditoría de la Intervención General de Seguridad Social. Esta auditoría se viene haciendo hasta la fecha no con el carácter de control previo al gasto
que tiene la Intervención para la Administración del Estado y las entidades públicas, sino que se hacía auditando las cuentas que a 31 de marzo del ejercicio ya concluido -es decir, 15 meses después del comienzo del ejercicio- rendían las mutuas a
la Administración de la Seguridad Social.
Por tanto, el control previo se convertía en un control expost y el control permanente que la intervención tiene sobre las actividades de la Administración se convertía en un control a posteriori muy
ineficiente e insuficiente, no por falta de profesionalidad de la Intervención General de Seguridad Social, todo lo contrario porque la misma ha actuado con una enorme profesionalidad, sino por las dificultades concretas de sustituir un control
permanente por un control que se realiza mucho después. A través de una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad Social desarrollada por la Intervención General, las mutuas se están incorporando al sistema de información contable de la
Seguridad Social -a día de hoy ya hay 14 mutuas incorporadas


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a este sistema de información contable-, lo cual quiere decir que cuando termine el ejercicio las mutuas rendirán sus cuentas en la misma forma que todos los departamentos de la Administración, y diariamente volcarán sobre los instrumentos
informáticos de control contable de los que dispone la Intervención General de la Seguridad Social todas las operaciones que realicen con cargo al presupuesto. Esto es una modificación casi revolucionaria y fundamental en los controles que la
Administración realiza sobre las mutuas.



En resumen, en estos tres años hemos segregado las actividades privadas y públicas de las mutuas, hemos sometido a control las actividades reparadoras de las mutuas por parte de las entidades gestoras del sistema, hemos sometido a control la
contabilidad de las mutuas, hemos promovido fusiones de mutuas y hemos avocado que las mutuas organizaran entre sí, guiadas por el ejemplo de los códigos de buenas prácticas, sus relaciones en el mercado entre comillas, en el que desenvuelven sus
actividades. Y todas estas actuaciones se han realizado con la plena cooperación del sector, es decir, sería tremendamente injusto que por una circunstancia -que no voy a tildar de singular pero sí me gustaría calificarla de concreta- hiciéramos un
juicio de valor desfavorable sobre el funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España. Las mutuas han asumido las nuevas determinaciones de la actual Administración, como asumieron las de las
administraciones anteriores, con una absoluta colaboración; les habrán gustado más o les habrán gustado menos estas actividades de control pero han colaborado lealmente con la Administración en su puesta en práctica.
Las mutuas, en estos momentos,
están desarrollando, con un enorme coste de personal, de gestión y de actividades, todas las nuevas tareas que les encomienda la Administración y todos los nuevos controles que la Administración les está imponiendo. Al final de la legislatura
contaremos, como es lógico, con un sector más controlado, más transparente y en el que el funcionamiento interno de las entidades esté más abierto al conjunto de la Administración y al conjunto de la sociedad española.



Me gustaría resaltar que el problema en el que me voy a centrar a partir de ahora no es un problema del sector de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino que es un problema en una mutua. Como les he señalado
con anterioridad, la Administración ejerce sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales las funciones de dirección, tutela y auditoría de cuentas. En el informe de 2005 realizado por la Intervención General de la Seguridad
Social a la Mutua Universal, se detectaron algunas circunstancias anómalas; circunstancias que, por la información de que dispone la Intervención General, no alcanzan relevancia contable suficiente para emitir un informe desfavorable -el informe se
emite favorable con salvedades-, pero que justifica la realización de un informe especial para profundizar en el conocimiento de la entidad porque hay algún indicio de alguna actuación anómala. El informe especial comienza a hacerse y cuando se
realizan algunas actuaciones de averiguación relacionadas con el informe especial llegan a la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social -que es el órgano de la Administración de Seguridad Social que ejerce esas funciones de dirección y
tutela-, informaciones facilitadas por antiguos trabajadores de la mutua comunicando a la Administración algunos hechos que aportan luz sobre algunas de las cuestiones que parecían anómalas en el momento del informe de 2005.



Fundamentalmente, las irregularidades detectadas, sobre las que algunas personas han informado a la Administración, se refieren a la existencia de un grupo de empresas que la propia mutua -en alguna información que hace pública en sus
documentos, exposiciones públicas, páginas web, presentaciones, artículos de prensa- presenta como empresas filiales, lo cual en sí mismo es una grave irregularidad porque las mutuas no pueden desarrollar ninguna actividad mercantil, ya que están
para gestionar las prestaciones del sistema de la Seguridad Social. Dichas empresas filiales son, en algunos casos, absolutamente conocidas por todos los agentes y todos los trabajadores de la mutua, a los que se les plantea un trabajo conjunto de
venta de servicios de las actividades de la mutua por parte de esas empresas filiales que podrían constituir, de acuerdo con nuestra legislación mercantil en la Ley del Mercado de Valores, lo que se denomina grupo de empresas, un conjunto de
empresas en las cuales la dirección y el control efectivo del conjunto de empresas está en manos de una de ellas. Estas empresas filiales tienen en sus consejos de administración, en sus órganos directivos, ex trabajadores de la mutua.
Algunos de
esos ex trabajadores ocupaban puestos de muy escasa relevancia en la administración de la mutua, es decir, en los niveles inferiores en la estructura jerárquica de trabajo de la compañía y, en algunos casos, realizan sus funciones con exclusividad
para la mutua. Todo lo que facturan, lo facturan para la mutua y todo lo que trabajan, lo trabajan para la mutua. A la irregularidad ya muy importante de que una mutua reconozca que tiene relaciones mercantiles con un grupo de empresas que a veces
las presenta como empresas filiales, como les decía, se añaden dudas muy razonables sobre los servicios que estas empresas prestan. En primer lugar, tenemos dudas razonables de que algunos de los servicios que se han facturado se hayan prestado en
la realidad. En segundo lugar, algunas de estas empresas participan en intermediación en compras de bienes para la propia mutua, es decir, compran a particulares bienes que son objeto de interés para la mutua y luego los revenden rápidamente a la
mutua por un precio muy superior. En tercer lugar, prestan esos servicios a empresas que no están en el ámbito de mutualización, es decir, no son empresas mutualizadas por Mutua Universal, lo cual es una infracción grave de nuestro ordenamiento.
En cuarto lugar, a veces prestan servicios no a empresas que no están mutualizadas en Mutua Universal, sino que son servicios que no pueden prestarse en el ámbito de las contingencias, por ejemplo, servicios de averiguación de determinadas
cuestiones sobre las personas que están de baja, que no están dentro de lo que se considera razonable como la gestión de las contingencias de la enfermedad profesional o la enfermedad común en Seguridad Social. En quinto lugar, en ocasiones
facturan


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a unos precios exageradamente altos, muy por encima del precio de mercado, o facturan a la mutua cantidades superiores a las que realizan en sus declaraciones tributarias en el impuesto sobre sociedades.



Tengo que señalar en esta comparecencia que esta situación ha sido detectada gracias a la enorme profesionalidad de los trabajadores de la Administración de la Seguridad Social y a los de la Intervención General de la Seguridad Social, que,
evidentemente ejecutan direcciones políticas de la Secretaría de Estado, pero también realizan sus funciones con un sometimiento absoluto y con una diligencia muy superior a la exigible a las funciones de los funcionarios. Este conjunto de indicios
de actuaciones que pueden ser presuntamente irregulares llevan a que la Intervención General de la Seguridad Social presente un informe a la Secretaría de Estado en el que aprecia indicios de la posible comisión de hechos delictivos. Como es
lógico, si ustedes conocen la Ley de Enjuiciamiento Criminal sabrán que -en esta sala hay eximios juristas y yo no lo soy por lo que no hace falta que les recuerde la precisión de nuestros textos legales- cualquier funcionario público que conozca la
comisión de un delito está obligado a poner en conocimiento del ministerio fiscal los hechos que presuntamente pueden ser objeto de esa calificación y, en este sentido, la Intervención General de la Seguridad Social, con la plena aquiescencia, el
total respaldo y el impulso de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, pone en conocimiento de estos hechos al ministerio fiscal y al Tribunal de Cuentas, que es lo que cumple realizar en estricta ejecución de nuestras obligaciones legales.

En paralelo, la Secretaría de Estado de Seguridad Social comienza a informar de las circunstancias a una administración -al margen de informar de las circunstancias a otros departamentos de la Administración Central del Estado que pudieran estar
afectados por estos hechos, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda- a la del Govern de la Generalitat de Catalunya, que es la Administración competente en la coordinación de las actividades
preventivas en prevención de riesgos laborales en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como todos ustedes saben, la Mutua Universal tiene su sede en
Barcelona por lo que hemos mantenido en todo momento informado al Govern de nuestras actuaciones y tenemos que señalar que hemos contado con el respaldo del Govern de la Generalitat. En este sentido, las actuaciones se pueden entender como asumidas
por ambas administraciones y en un ambiente de leal colaboración, como marca la cooperación institucional a la que estamos obligados todos los poderes públicos.



El ministerio fiscal, con el informe de la Intervención General de la Seguridad Social y después de un detallado análisis, decide querellarse a través de la Fiscalía Anticorrupción, con sede en Barcelona, contra un conjunto de personal de
alta dirección de la Mutua Universal. Presenta esta querella ante un juzgado de Barcelona y el juez toma la decisión de abrir procedimiento contra estas personas y de autorizar la entrada de la policía en las dependencias de la mutua -que se
realiza en los primeros días de agosto de este año- para recopilar toda la documentación que podía tener interés para el examen de las cuestiones suscitadas en la querella, y así evitar la posible destrucción o alteración de pruebas. En ese
momento, la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social envía a la mutua un documento que abre la posible adopción de medidas cautelares por la Administración de Seguridad Social. Nuestra Ley General de Seguridad Social nos permite la
adopción de medidas cautelares, esto es de medidas suspensivas, para garantizar que en todo momento el funcionamiento de las entidades de Seguridad Social no se vea afectado por circunstancias que puedan tener como consecuencia que algunos órganos
directivos de la mutua, en una serie de supuestos muy tasados, puedan afectar al normal funcionamiento de las entidades. Nuestra ley general también impone que antes de la adopción de esas medidas cautelares, sea necesario que se produzca un plazo
de alegaciones, que ya se ha cumplido.
La entidad ha alegado sobre las medidas cautelares que se le proponen y, en este sentido, la Administración de Seguridad Social estudia en estos momentos la adopción de medidas cautelares que proceden, aunque
les quiero anticipar a SS.SS. que yo personalmente he tomado la decisión de no adoptar estas medidas cautelares hasta que esta comparecencia no tuviera lugar, pues también me interesa conocer su parecer sobre el criterio de la Administración,
porque me parece de sentido común que el criterio de la Administración en un tema que normalmente ha sido objeto de la absoluta concordancia y del absoluto consenso entre los grupos políticos, como es la gestión de las cuentas de la Seguridad
Social, se materialice de la forma más acordada posible. En este procedimiento penal abierto hay que señalar que la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social también ha remitido ya al juzgado toda la información de la que disponía y la
Tesorería General de la Seguridad Social, como entidad perjudicada por las prácticas, si se confirma que pudieran haber tenido un efecto desfavorable sobre las cuentas de la Seguridad Social, se ha personado en el procedimiento para defender los
intereses de la Seguridad Social.



Llegados a este punto, que es el que describe la situación en el momento presente, me gustaría hacer simplemente cuatro o cinco consideraciones para entender de qué estamos hablando. En primer lugar, la Administración todavía no ha
producido ni una sola decisión, ningún hecho, ningún acto administrativo ni firme ni no firme; es decir, la Administración, la Intervención General de Seguridad Social ha emitido un informe, se ha abierto un procedimiento judicial por la
Administración de Justicia, que es la que debe hacerlo; la Administración está colaborando, como no podía ser de otra forma, con la Administración de Justicia, pero en estos momentos no hay una decisión de la Administración sobre la Mutua Universal
que no sea la propia emisión del informe y las propias realizaciones de las auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social sobre la mutua. Evidentemente, la auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social sobre Mutua
Universal del año 2006 es desfavorable; a juicio de la Intervención


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General de la Seguridad Social, los estados de cuentas presentados por la mutua no revelan con solvencia y con absoluta transparencia las cuentas de la mutua y el correcto uso de los fondos, de los recursos de la Seguridad Social que
administran las mutuas. La primera resolución de la Secretaría de Estado, que no sea una resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, será la adopción de medidas cautelares, que adoptará la Dirección General de Ordenación, y parece
razonable pensar que deben suponer -al menos ese es nuestro criterio, sin perjuicio, ya digo, del examen detallado de todas las alegaciones de la mutua- la suspensión cautelar en sus funciones de los directivos que están afectados por el
procedimiento. Si hay un procedimiento judicial abierto, lo razonable es que las personas que están siendo investigadas y que pueden ser imputadas en este procedimiento cautelarmente sean suspendidas en sus funciones de la mutua, con absoluto
respeto a la presunción de inocencia, pero también con absoluto respeto a los tres criterios que marcan la actuación de la Administración en este problema: garantizar que los trabajadores mutualizados en la Mutua Universal no vean afectado el cobro
de sus prestaciones, garantizar a los trabajadores de la mutua que esto no tenga repercusiones negativas para el mantenimiento de sus puestos de trabajo y garantizar a las empresas que están mutualizadas en la mutua el correcto uso de los fondos que
las empresas destinan y la correcta recepción de las prestaciones que las empresas proveen a través de sus cotizaciones sociales. Ninguna de estas tres cuestiones ha sido puesta en peligro en ningún momento. Aquí de lo que estamos hablando no es,
por lo tanto, de que la situación abierta en Mutua Universal haya supuesto problemas ni para los trabajadores afiliados ni para los trabajadores de la mutua -aunque es evidente que esta situación de incertidumbre disminuye el prestigio de la entidad
y con ello existe un cierto perjuicio para sus expectativas- ni para las empresas de la mutua. Aquí de lo que estamos hablando es de un mal uso, a nuestro juicio, de un uso incorrecto, de un uso ilegal, de un uso que contraviene en diferentes
formas la legislación vigente de los recursos de la Seguridad Social. Estamos hablando de que las cotizaciones sociales que nutren los recursos de la mutua han servido para financiar actividades que la legislación no permite y ese es el objeto de
la denuncia que ha realizado la Seguridad Social. Nosotros en principio, después de ese detallado análisis y con los matices que quepan, lo que tenemos intención de proponer a la mutua es la suspensión cautelar de los directivos afectados. El
gerente de la mutua ya ha presentado su renuncia al consejo de dirección, el consejo de dirección de la mutua lo ha aceptado y ese es un primer punto que abre evidentemente una vía de solución a este conflicto, que es que haya un nuevo gerente y un
nuevo equipo directivo en la mutua que sea de la confianza, tal como dice la Ley General de Seguridad Social, tanto del consejo de la entidad como de la Administración de Seguridad Social, y tenemos que conocer con detalle cuál es la situación
económica de la entidad para ver si hay que tomar otras medidas en relación con la administración de la mutua, que es lo que en estos momentos estamos examinando y examinaremos en las semanas siguientes.



En paralelo y con carácter general, evidentemente las medidas adoptadas en estos tres años de legislatura, con ser muy intensas y con abrir un panorama en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo más transparente, más controlado y
más incardinado en la Administración de Seguridad Social, no son las únicas medidas que hay que adoptar; sería razonable incrementar la transparencia en las mutuas posibilitando una mayor participación de las organizaciones sociales. En las mutuas
hay una comisión de control que debería tener mayores funciones de seguimiento de la marcha de la entidad y darles a las organizaciones sindicales y evidentemente a las organizaciones de empresarios la posibilidad de intervenir más directamente en
la gestión de las mutuas; sería razonable que no nos conformáramos con que las mutuas solamente vuelquen toda su información en el sistema de información contable de Seguridad Social, sino que evaluáramos la calidad de la información que las mutuas
nos suministran, y en este sentido la Intervención General de la Seguridad Social ya tiene previstas algunas iniciativas en la línea de evaluar la información que nos faciliten todas las mutuas; sería razonable que hubiera controles más precisos
sobre la determinación de gastos de las mutuas y sin duda sería razonable simplificar el tratamiento legislativo que se hace de las reservas de las mutuas, que permiten, en función de su extremada prolijidad y complejidad, que las determinaciones de
los directivos de las mutuas aborden algunas fórmulas de planificación fiscal, es decir, que determinadas decisiones que se adopten en cuanto a la imputación contable de unas u otras partidas al final tengan consecuencia sobre los resultados de las
entidades, lo cual no es razonable. Yo creo que el principio general de la Hacienda pública es precisamente tener una normativa lo más sencilla posible para evitar que las decisiones técnicas del gestor influyan sobre la contabilidad de las
entidades, ya sean públicas o privadas. Y será razonable que en el futuro continúen las fusiones de mutuas, haya menos entidades, tengan una mayor escala, sin perjuicio de que, evidentemente, hay mutuas que están muy arraigadas en el territorio de
cada comunidad autónoma.



En conclusión, señorías, me interesaría llevar a su ánimo algunas cuestiones muy básicas: en primer lugar, que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a lo largo de esta legislatura han funcionado en leal
cooperación con la Administración de Seguridad Social, son entidades más y mejor controladas, son entidades que funcionan mejor de lo que es el ámbito de la Seguridad Social y, desde luego, sería muy injusto, por una inducción imperfecta, sacar
consecuencias de un hecho concreto y extenderlas sin ningún tipo de cautela hacia el conjunto del sector. En segundo lugar, de lo que estamos hablando es del uso debido o indebido de los fondos de la Seguridad Social, que evidentemente es un uso
-ya digo, con respeto absoluto a la presunción de inocencia- que a nosotros nos ha merecido la consideración de que existían indicios de la comisión de hechos delictivos, lo cual hemos puesto en conocimiento de la Administración de Justicia, pero
este uso no ha


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puesto nunca en peligro ni los derechos de los trabajadores mutualizados en la Mutua Universal ni los derechos de las empresas ni los derechos de los propios trabajadores de la mutua. Esto tiene que quedar claro: no existe ningún riesgo en
estos momentos para estos trabajadores ni para estos empresarios y, por lo tanto, la mutua tiene que seguir desenvolviéndose con la mayor normalidad posible y nuestro interés es producir todas las medidas que deban adoptarse, en el plazo de tiempo
más breve posible, para garantizar que la normalidad sea ya absoluta al cabo de unas semanas. En tercer lugar, el Gobierno de España va a seguir durante lo que queda de legislatura extremando y proponiendo medidas que garanticen una mayor
transparencia en el sector de las mutuas, un mejor control público sobre las mismas. Sin duda, estas medidas evitarán en el futuro que hechos como los que acabamos de reseñar se hayan producido en un tiempo en el que los controles eran
insuficientes. En cuarto lugar -con esto quiero terminar-, el hecho de que se realicen controles cada vez más exhaustivos hace aflorar situaciones irregulares, pero esto no quiere decir que el control sea el detonante de la situación.

Probablemente, si no hubiéramos extremado nuestro control de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, esta situación irregular hubiera podido seguir manteniéndose durante algunos años.
Evidentemente, esta es una de las
paradojas del gestor público: cuando realiza mejor su trabajo a veces los resultados de ese trabajo son desfavorables y parecen indicar que el sector empeora. El sector no empeora, sino que ha mejorado muy notablemente. El control sobre las
mutuas ha mejorado muy notablemente; las mutuas hoy funcionan muy bien y el hecho de que por controlarlas mejor conozcamos cosas indebidas no quiere decir que este conocimiento nos haga peores, sino que simplemente nos hace más sabios. Lo que le
corresponde a la Administración en estos momentos es colaborar con la Administración de Justicia, hacer que la Administración de Justicia pueda desarrollar su trabajo, el trabajo que le encomienda nuestra Constitución, a plena satisfacción del
juzgador, garantizar que la entidad colaboradora de la Seguridad Social realiza sus funciones con absoluta normalidad -lo estamos haciendo y lo vamos a hacer- y, evidentemente, seguir mejorando la incardinación de las mutuas de accidentes de trabajo
en la Administración de Seguridad Social, con el pleno convencimiento de que esto será bueno para los empresarios y para los trabajadores españoles, que son los grandes protagonistas de la gestión de esta parte de nuestro sistema de protección
social, que son las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



La señora PRESIDENTA: Antes de preguntar qué grupos desean intervenir, quiero hacer una convocatoria. Al finalizar la Comisión tendrá lugar una reunión de Mesa y portavoces muy breve. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Empezamos por
la señora Fernández, del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego. Tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer al señor secretario de Estado esta comparecencia para informarnos de las mutuas en general y en concreto de las circunstancias que está viviendo la Mutua Universal, cuestión por
la que también nos interesamos a través de una pregunta escrita. En segundo lugar, quiero pedir disculpas, pues me veo obligada a ausentarme y por lo tanto no voy a conocer la respuesta. Tengo muchas preguntas que hacer, pero voy a formular solo
algunas, ya que tengo que asistir a la Junta de Portavoces. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)


Una de las razones por la que dirigimos al Gobierno una pregunta escrita es porque tan pronto como salió esta noticia produjo no digo alarma pero sí preocupación sobre todo a las empresas, a los trabajadores y a sus representantes, a los
comités de empresa, fundamentalmente allí donde funcionan los comités de seguridad e higiene en todo lo que se refiere a la seguridad en el trabajo. Preguntamos -usted lo acaba de exponer con claridad- por la situación de los trabajadores de la
mutua, en qué afectarían las circunstancias de la empresa a su puesto de trabajo y cómo repercutiría esto en las empresas afiliadas a esta mutua y en los trabajadores. Parece que en el Estado hay más de 1.500.000 trabajadores, más de 60.000, según
los datos que tenemos, en Galicia. En nuestro caso concreto nos preocupaba, sobre todo porque a menudo se trata de empresas importantes, las más importantes de Galicia. La respuesta que usted nos acaba de dar en principio nos tranquiliza y también
tranquilizará a los trabajadores, tanto a los propios de la mutua como a los afiliados. De todas maneras, nos gustaría que explicara esto algo mejor, pues la situación va a depender del resultado de la investigación. Nosotros tenemos suficiente
prudencia para no hacer en este momento ningún juicio de valor en relación con la culpabilidad o no del delito que presuntamente se haya cometido en la mutua. Vamos a ser cautelosos y a esperar a la resolución de la investigación que se está
realizando, aunque hay una serie de indicios -usted acaba de exponerlos en su intervención- que evidencian la existencia del delito.



A nosotros nos preocupa el tema. Usted lo ha recalcado en numerosas ocasiones, los controles del Gobierno se han intensificado. Es verdad que si algo como esto ha aflorado es porque el Gobierno hace un seguimiento de la actuación de las
mutuas, pero también ha dicho usted al principio, cuando nos ha informado sobre esta cuestión, que el indicio respondía al propio control de la Seguridad Social, pero que no pudieron hacer ningún tipo de comprobación hasta que algunos ex
trabajadores pusieron en conocimiento de la Seguridad Social una serie de datos. Lo planteo como pregunta. Si personas que en algún momento formaron parte de la empresa no hubiesen proporcionado información, ante la investigación que se estaba
haciendo, a la Seguridad Social, ¿existiría la posibilidad de incidir en esta investigación? La falta de colaboración por parte de ex trabajadores de otras mutuas, ¿puede significar que existan estas mismas circunstancias, que pueden ser malos usos
o usos incorrectos de los recursos de la Seguridad Social, como


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usted lo definía, en otras entidades colaboradoras con la Seguridad Social? Esto lo decimos porque ese mal uso de crear una especie de pequeño holding de empresas alrededor de una empresa central para suministrar productos y poder facturar,
etcétera, no es algo novedoso. Es una cosa que no es habitual, pero sí es bastante real en las prácticas, o en las malas prácticas, y existe. Por tanto, la pregunta sería si además de ese control que usted acaba de citar, se va a hacer también una
investigación más exhaustiva de todas aquellas entidades colaboradoras de la Seguridad Social o si esto, evidentemente, puede que se deje al resultado final de la investigación. No vaya a ser que a lo mejor la investigación dé unos resultados que
no hagan necesaria esa otra investigación más exhaustiva. Por la premura del tiempo, simplemente quiero volver a agradecer de verdad esta comparecencia, porque nos ha aclarado algunas cosas, aunque respecto a otras tendremos que esperar a la
resolución de la investigación.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra la señora Muñoz de Diego en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



La señora MUÑOZ DE DIEGO: También desde nuestro grupo parlamentario queremos, en primer lugar, agradecer la comparecencia del secretario de Estado, comparecencia que nosotros solicitamos en el mes de agosto cuando se estaba realizando
también todo un proceso de petición de información a la mutua por parte de la secretaría de Estado, por lo que también entendimos razonable esperar a la finalización de la recopilación de esa documentación para que esta comparecencia pudiera aportar
más datos sobre un tema que ya anticipo que a nuestro grupo parlamentario le preocupó y le preocupa extraordinariamente, porque toca uno de los pilares, como muy bien ha dicho el secretario de Estado, de la protección de los trabajadores, un pilar
que tiene una larga tradición histórica, pero que ha cambiado en los últimos años. Ha cambiado en los últimos años porque a la gestión de las mutuas patronales, tradicionalmente de enfermedades profesionales, se le ha introducido la cobertura o la
gestión de fondos relativos a las contingencias comunes y, por tanto, se ha incorporado a la gestión de las mutuas unas cantidades de recursos públicos muy importantes que obligan y exigen un mayor rigor y un mayor control en la gestión de estas
entidades y también, desde nuestro grupo parlamentario, entendemos que la gestión de estas entidades es sensible para una parte muy importante de la población, no solo para los trabajadores que están asegurados en el marco de estas mutuas y para las
empresas que se han mutualizado en las mismas sino para el conjunto de la población, porque estamos hablando de la gestión de recursos públicos y, en consecuencia, de un extraordinario rigor a la hora de poder gestionarlos.



Cuando nosotros tuvimos conocimiento el 1 de agosto de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción reitero que tuvimos una profunda preocupación e hicimos una pregunta también dirigida al Gobierno para saber en qué condiciones se
encontraba la mutua, si había algún riesgo para los trabajadores asegurados, para los trabajadores de la propia mutua y para las empresas que tenían sus coberturas contratadas o mutualizadas en la misma y a lo largo de este mes hemos seguido el tema
con interés, porque creemos que lo que ha ocurrido en la Mutua Universal -esperando y deseando, como no puede ser de otro modo, que sea excepcional y que no corresponda a la actividad habitual de las mutuas- ha abierto una preocupación que tanto
para la secretaría de Estado como para los grupos parlamentarios debería ser prioritaria, porque a pesar de existir una reglamentación muy prolija en materia de sistemas de control y de sistemas de inspección, la Administración ha sido incapaz de
prevenir el fraude. Ha sido probablemente diligente -por no entrar en otros temas- en la persecución del mismo, pero ha sido incapaz de evitarlo a través de la inspección. Cuando se habla de este tipo de recursos públicos, de la cobertura de
contingencias comunes y enfermedades profesionales nos debe guiar no solo corregir el fraude, sino sobre todo que el fraude no se produzca, y en este caso sinceramente creo que en esa materia se ha fracasado.



Me produce preocupación que los datos que existían en la Intervención General en el año 2005, si bien anticipaban que podía haber alguna irregularidad, no permitieran intervenir en ese momento y evitar lo que luego ha ocurrido durante el año
2006 y en lo que va del año 2007 y que haya tenido que ser la denuncia de trabajadores en este caso la que haya podido aportar más luz en esa materia. Probablemente -anticipo alguna de las cuestiones que a nosotros nos parecen importantes- sería
interesante que la inspección actuara con mayor rigor para intentar corregir algunas situaciones que, en el ámbito de las mutuas -según ha salido publicado en los medios de comunicación-, parecen ser relativamente conocidas y que sin embargo en este
caso no habían podido ser limitadas o evitadas por parte de la Administración pública.



Nosotros pensamos que la incorporación de las contingencias comunes dando la cobertura a las mutuas patronales como entidades colaboradoras ha supuesto también un nivel de riesgo mayor, porque estamos hablando, como he dicho antes, de una
cantidad económica muy importante, pero estamos hablando también de una información privilegiada sobre los trabajadores y estamos hablando también de unos sistemas de cobertura que, a nuestro juicio, deberían garantizarse en mayor medida. Por lo
que ha dicho el secretario de Estado -y eso nos congratula-, parece ser que en ningún momento ha habido ningún riesgo para los trabajadores que estaban asegurados, para los trabajadores de la propia mutua ni para las empresas que han establecido su
cobertura con la Mutua Universal. Nosotros pensamos que ha habido un riesgo y es que se ha demostrado públicamente que una entidad colaboradora de la Seguridad Social estaba malversando caudales públicos -supuestamente- y que se había tardado dos
años y medio en detectarlo. Probablemente la posibilidad de detectarlo es compleja y es muy difícil hacerlo con el sistema contable, aunque nos consta que se está intentando incorporar mecanismos que lo faciliten, pero probablemente


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también haya habido un déficit de inspección o se haya inspeccionado en ámbitos en los que no correspondía, lo que ha permitido que se haya llegado a esta situación que a nuestro juicio sí provoca cierta preocupación.



Querríamos hacer una serie de preguntas al secretario de Estado. En primer lugar, ¿por qué se han dado cuenta tan tarde o por qué ha habido esa dificultad de actuar teniendo conocimiento de que había alguna irregularidad en el año 2005?
Querríamos saber si la situación que se ha producido en la Mutua Universal, por la cual determinados ex trabajadores de la mutua ligados a ex directivos también de la mutua en este momento eran titulares de empresas que prestaban servicios para la
mutua, actividad prohibida por la legislación vigente. También querríamos saber si la Secretaría de Estado para la Seguridad Social puede garantizar en este momento que ninguna otra mutua de las que funcionan en el Estado español está realizando
prácticas semejantes o tienen entramados de empresas que tengan la misma finalidad. Simplemente querríamos saber si la inspección ha podido actuar o si se ha puesto en marcha alguna función inspectora para evitar que lo que ya ha ocurrido en la
Mutua Universal pueda ocurrir en otros ámbitos de las mutuas.



Nos preocupa también la falta o la opacidad de la gestión -y algo ha dicho el secretario de Estado al respecto-. Creemos que el sistema de juntas directivas de las mutuas, en las que solamente están las empresas asociadas, no facilita la
transparencia de las mismas. Debería irse a una reforma de las mutuas patronales, en la que se discutiera si las coberturas de contingencias comunes tienen que estar en el ámbito exclusivamente de las mutuas, pero también a una reforma en la que se
discutiera si, en una entidad que está gestionando tal cantidad de recursos públicos, no merecería la pena que en esas juntas directivas hubiera, al menos, una composición tripartita de empresas, trabajadores y Administración. Hasta este momento
los únicos trabajadores que están presentes en las juntas directivas son los representantes de los trabajadores de la propia mutua, pero no los trabajadores asegurados. Esa situación debería tenerse en cuenta y abrir una reforma en esa dirección y
una reflexión sobre las coberturas que ahora mismo se están prestando por parte de las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Lo que ha ocurrido en la Mutua Universal no es un tema que se deba considerar anecdótico. Es
necesario garantizar a los trabajadores asegurados y a las empresas que están en las diferentes mutuas que una situación como la que ha ocurrido en la Mutua Universal no es generalizada. Es imprescindible también establecer sistemas de inspección
más severos y creemos que hay que replantearse o, al menos, volver a estudiar algunos de los datos que las mutuas patronales vienen presentando en los últimos periodos.



Hay un tema que a nuestro grupo parlamentario le preocupa especialmente y que conoce bien el secretario de Estado. Se trata de que en los seis primeros meses de este año en los que las mutuas han tenido la iniciativa para determinar o
iniciar los expedientes de las enfermedades profesionales, la declaración de enfermedades profesionales ha caído en un 50 por ciento, que se ha derivado evidentemente al Sistema Nacional de Salud como contingencia común. Ese dato debería hacernos
reflexionar.
Estamos poniendo en manos de las mutuas dos contingencias completamente diferentes, con cobertura y recursos distintos, y, en consecuencia, sería necesario también hacer un examen de los propios datos que se están presentando y del
propio funcionamiento de las mutuas en coberturas tan diversas. En consecuencia, pensamos que las medidas cautelares, a la vista de la información de la que disponga la secretaría de Estado, son amplias y, en todo caso, tendrán que responder a las
decisiones que ella misma determine. En este momento, por lo que ha comentado en esta Comisión, parece que han tomado ya la decisión de alejar de la gestión a los directivos que estaban implicados en estas prácticas. Esa no es una medida cautelar,
es una medida casi profiláctica. Es una medida que ningún responsable político puede considerar especialmente cautelar -lo hubiera sido si se hubiera tomado antes de producirse esta situación-, pero hay otras. En este sentido, le pedimos al
secretario de Estado que sean rigurosos, porque de la respuesta que dé la Administración a esta situación de la Mutua Universal dependerá en buena medida la credibilidad de estas entidades colaboradoras.



Finalizo pidiendo al secretario de Estado que no cierren la puerta a una posible reforma o a un análisis distinto del papel de las mutuas patronales, porque o bien se ejerce con más rigor la inspección prevista en la ley o bien tendremos que
replantear algunas fórmulas de cobertura que están resultando, si no incompatibles, sí contradictorias, como es la cobertura de contingencia común y enfermedad profesional, a la vista de los últimos datos que se han aportado. Le pido que facilite
la información que tenga sobre este tema a nuestro grupo parlamentario, porque como he dicho al inicio es un tema que nos preocupa extraordinariamente.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Granado. Mi grupo debe manifestar necesariamente el apoyo a cualquier medida de orden político, administrativo o judicial orientada a garantizar el
buen funcionamiento de una pieza clave de nuestro sistema de protección social y el estricto cumplimiento de la legislación aplicable en este campo. En segundo lugar -creo que lo ha dicho el señor Granado y es bueno que lo recordemos-, lo que haya
sucedido en Mutua Universal no debe servir para poner en tela de juicio el funcionamiento de ese mecanismo de nuestro sistema de protección social, pues con ello haríamos un mal favor al conjunto de las mutuas de accidentes de trabajo y a sus
trabajadores, que vienen desarrollando un papel fundamental para garantizar la salud y la vida de nuestros trabajadores. En ese sentido, sería importante que en unos supuestos hechos, en los que está interviniendo la Administración pero también la
justicia, no desarrollásemos un juicio paralelo. Será la justicia la que finalmente determinará si existen o no responsabilidades penales en esta materia y será la Administración,


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de común acuerdo con la Mutua Universal, quien encontrará las soluciones a los supuestos problemas de mala gestión que haya podido haber. Sería bueno que no trasladásemos una imagen de desastre del conjunto del sistema, que como muy bien ha
recordado el secretario de Estado, a lo largo de esta legislatura y después de algunos informes del Tribunal de Cuentas, ha contado con el impulso del Gobierno, a través de determinadas medidas, que han puesto en marcha reformas y cambios de
conductas: el código de buenas prácticas de septiembre de 2006. A lo largo de los tres últimos años se ha caminado en una dirección de mayor estabilidad, de mayor transparencia y de mayor profesionalidad en el sector y sería bueno que no
retrocediésemos en ese camino andado en función de lo que haya sucedido en Mutua Universal. Desde este mismo punto de vista, cualquier actitud, medida o anuncio del Gobierno que pueda tranquilizar a los trabajadores de Mutua Universal y a las
empresas mutualistas será bienvenido. Sería necesario tranquilizar a los cerca de 2.000 trabajadores de Mutua Universal, personas honradas que realizan su trabajo, y a todas aquellas empresas mutualistas que han puesto en manos de esta mutua la
gestión de contingencias del sistema de Seguridad Social, sobre lo que está haciendo y está haciendo bien Mutua Universal.
Esta Comisión debería servir también para tranquilizar a los trabajadores de Mutua Universal y a las empresas mutualistas.
Poco o mucho, la intervención del señor Granado ha ido en esa dirección. Por otro lado, desde una perspectiva estrictamente catalana, nos consta la coordinación y el intercambio de información que ha existido con el Govern de la Generalitat. El
señor Granado sabe -y en eso mi grupo coincide con el Govern de la Generalitat- que Mutua Universal, a pesar de ser una mutua de ámbito español, con presencia en el conjunto del Estado, es de origen catalán, con sede social en Barcelona. En el
proceso abierto en estas últimas semanas, tanto al Govern de Cataluña como a Convergència i Unió nos parece fundamental mantener esa dimensión catalana de Mutua Universal.



Dicho esto, la última intervención pone en evidencia un debate de fondo que quizás en esta legislatura no hemos podido tener. La señora López i Chamosa, en la Diputación Permanente en la que se debatió esta comparecencia, planteó la
conveniencia de realizar ese debate e insistió en la necesidad de alcanzar un consenso en esta materia. En estos momentos existe una doble tensión. Por un lado, algunos entendemos que una mayor transparencia y una mayor capacidad de gestionar bien
los recursos no son incompatibles con una mayor autonomía de gestión de las mutuas; por otro, hay quienes sitúan la mayor eficacia de las mutuas en una mayor intervención de la Administración pública. Hemos de recordar la tradición catalana
respecto a las mutuas de accidentes de trabajo. En su origen estas mutuas responden a asociaciones voluntarias de empresas que deciden gestionar conjuntamente determinados riesgos. En el caso de Cataluña eso es muy evidente y forma parte de las
características propias de la sociedad catalana. En esa lógica, reforzar esa dimensión de asociaciones de empresas, esa dimensión de carácter privado debe ser compatible con las medidas de transparencia y con el control necesario por parte de la
Administración, pero nos equivocaríamos mucho si un mayor control de la Administración pública del sistema de mutuas provocara una menor eficacia en la gestión de esas contingencias. El señor Granado lo sabrá mejor que yo, pero el conjunto del
sistema, desde el punto de vista de la gestión de sus responsabilidades, es eficaz y tiene oportunidades de relacionarse mejor con el Sistema Nacional de Salud. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Hay ejemplos en algunas comunidades
autónomas donde esa colaboración entre el Sistema Nacional de Salud y las mutuas de trabajo demuestran que esas sinergias existen, y el hecho de que estas empresas tengan también una dimensión de empresas privadas puede introducir, debería
introducir en los próximos tiempos mayor eficacia en la gestión de sus propias responsabilidades. El debate lo tenemos pendiente. No sé si en lo que nos resta de legislatura vamos a poder abordar esa discusión, pero sería razonable que en la
próxima legislatura los grupos parlamentarios fuésemos capaces, en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo y lógicamente con los interlocutores sociales, de definir un modelo de mutuas que reforzase esa dimensión privada que existe en el modelo
mutualista, con la transparencia y con el control que deba existir por parte de los organismos públicos. En todo caso el debate queda pendiente.



Sería bueno que desde este punto de vista observásemos algunas reformas que se han impulsado en el resto de la Unión Europea -existen procesos abiertos interesantes, como el sucedido recientemente en Alemania- y que por tanto nuestra
discusión sobre el futuro tratamiento o el futuro papel de las mutuas de accidentes de trabajo respondiese a las tendencias que en el resto de la Unión Europea se van a imponer en los próximos años, tendencias que van a pasar mucho por reforzar toda
esa colaboración entre el sector público y el privado. Las políticas públicas en el resto de Europa no van en la dirección de reforzar un mayor intervencionismo de las administraciones públicas, sino en la de establecer alianzas entre el sector
público y el sector privado. En el terreno de las mutuas de accidentes de trabajo parte de ese camino lo tenemos andado. En esta legislatura se han impulsado medidas; en términos globales, mi grupo ha compartido la política que ha realizado el
Gobierno en esta materia, pero de cara a la próxima legislatura el debate para definir un nuevo modelo con el consenso político y social debería formar parte de nuestra prioridad. Más allá de ello, como decía al principio de mi intervención, mi
grupo estará a la espera de que los organismos del Estado terminen de realizar sus diligencias y sobre todo a la espera de lo que se derive del procedimiento judicial que se pueda poner en marcha.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Señor secretario de Estado, gracias por su presencia y por su amplia, motivada y detallada explicación de las actuaciones de la Mutua Universal. Además, agradecemos que finalmente,


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aunque al principio hizo la petición Izquierda Unida, usted haya venido motu proprio; además, me parece que esta es la primera ocasión en que comparece en esta Comisión de Trabajo.



Algunas de las cuestiones a las que voy a referirme en representación del Grupo Parlamentario Popular ya las anticipé en el debate previo que se suscitó en la Diputación Permanente en agosto pasado. Nosotros reconocimos cómo efectivamente
el sistema, la Administración y la Secretaría de Estado que usted dirige han funcionado desde la perspectiva en que la Intervención General de la Seguridad Social, ante una situación de eventual o supuesta irregularidad en la gestión de una
determinada mutua, en este caso la Mutua Universal, ha hecho el correspondiente informe que le ha servido para cumplir con la obligación de trasladarlo a los órganos judiciales pertinentes. Nosotros también distinguimos aquí la doble situación; de
una parte, que en este momento el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, a instancias de la querella planteada por la Fiscalía Anticorrupción, está conociendo el asunto. Nosotros no haremos ningún juicio de valor, más allá del
reconocimiento previo del principio constitucional de presunción de inocencia; los jueces, en sus competencias, determinarán finalmente lo que proceda. Simplemente yo diría que me alegraría que esto se pudiera producir cuanto antes. Es bueno que
la justicia en la medida de lo posible sea diligente y ojalá que en este caso concreto resuelva en el sentido que proceda, pero con prontitud.



En la cuestión administrativa, básicamente usted ha hecho lo que debía; pendiente le queda -obviamente le agradezco que usted oiga a esta Comisión, en lo que al menos mi modesta aportación pueda suponer- tener que resolver las medidas
cautelares que quiera o que entienda que son adecuadas en esta cuestión. Yo no tengo los elementos de juicio precisos, ni soy experto, ni soy Gobierno. En todo caso se lo agradezco y simplemente voy a decir algo de lo que estoy convencido que es
lo que va a hacer: que lo que haga, lo haga con objetividad, con transparencia y desde una perspectiva de ese elemento común o denominador común de todos los presentes de preservar el buen funcionamiento de la mutua, de preservar los derechos que
tienen a las prestaciones de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y aquellos que hayan suscrito también, las contingencias comunes, los trabajadores y las empresas mutuadas; preservar también esos 2.000 empleos de la Mutua Universal y, en
definitiva, garantizar -que es el mensaje nuclear que desde el Grupo Popular intentamos transmitir el otro día y desde luego hoy, y usted también ha impregnado su intervención de ello- un mensaje de tranquilidad ante una situación de obvia
preocupación, pero sabiendo que hay un sistema que eficazmente está dando cabal respuesta a la protección que demandan y necesitan nuestros trabajadores. Bien recordaba usted que en la Ley Dato, de 1900, de hace ya más de un siglo, nació la
responsabilidad objetiva de los empresarios en los accidentes de sus operarios y el señor Campuzano decía con plena razón que esto se hizo con un sistema de riesgo compartido de gastos y beneficios, ante la imposibilidad material de que
individualmente los empresarios pudieran acometer los costos de un eventual accidente de trabajo de uno de sus operarios. Esto, en España, con sus alternancias, sus modificaciones legales, su evolución y con los últimos cambios que a lo largo de
esta legislatura se han venido produciendo, se ha demostrado que es un sistema eficaz.



Voy a dar algún dato, porque me parece que también tiene su importancia esta foto. Estamos hablando de que el sistema mutual español en este momento tiene casi 1.700.000 empresas -me podrá corregir, rectificar o ampliar esta información el
señor secretario de Estado-; estamos hablando de 15 millones de trabajadores, que son los afectados y beneficiarios de estas prestaciones; estamos hablando de 10.000 millones, en el año 2006, de recaudación de cuotas, de los cuales, por cierto
-por matizar una alegación que se hizo anteriormente-, más de 7.000 lo son de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 2.800 -que no es una cifra menor, pero que obviamente es bastante inferior- por la contingencia de enfermedades
comunes, no de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo. En este contexto, la Mutua Universal no es una mutua pequeña, por eso había cierta preocupación, cierta alarma, unidas a un hecho singular que es que en agosto las noticias están
especialmente amplificadas, y nos hemos encontrado con que es la tercera mutua del país, que viene a representar prácticamente el 10 por ciento de los empleados de un sector que emplea a más de 20.000 personas; casi 2.000 lo son de la Mutua
Universal y casi el 10 por ciento de la recaudación de cuotas también. En el año 2006, si mis datos no fallan, fueron 967 millones de euros, de los cuales 139 millones son beneficios. Digo esto porque indudablemente, si se ha producido un fraude
-cuestión que determinarán los tribunales- y si, como parece, se ha producido alguna infracción de carácter administrativa, contable o legal, hay que encuadrarlo también. Y sería un error que desde esta posición pretendiéramos hacer una revisión
del sistema.



Cuando quieran hablamos de la cuestión. En esta legislatura no va a poder ser, no hay margen temporal, pero no debemos vincular una situación negativa, en la cual se ha actuado y con cierta diligencia, con el panorama general de lo que
significan las mutuas de accidentes de trabajo, como antes se llamaban en nuestra sociedad. Por lo tanto, el mensaje debe ser de tranquilidad. El sistema funciona, se garantizan a empresas y trabajadores sus derechos; los trabajadores de la Mutua
Universal -salvo aquel o aquellos, si los hubiere, que hubieran cometido un presunto delito, que sí deben estar preocupados- van a tener garantía de su puesto de trabajo y no tienen que tener ninguna preocupación. En las cuestiones sub júdice, como
político y también como abogado, no me voy a meter, no me compete, pero lo que sí me compete es demandar a la Administración que dé cuenta, que actúe. Ustedes lo han hecho y les animamos a que lo hagan con la responsabilidad, con la transparencia,
con la objetividad y con el rigor que la situación requiere.



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La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora López i Chamosa.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor Granado, en primer lugar quiero darle la bienvenida a la Comisión en nombre de mi grupo y agradecerle todas las explicaciones que nos ha dado.



Voy a empezar mi intervención con una puntualización: los españoles somos muy dados a meternos en reformas cuando hay un problema. Por ejemplo, cuando surgió el tema de la eutanasia con aquel gallego, empezamos con el debate de eutanasia
sí, eutanasia no; y ahora, con el problema de una mutua empezamos a hablar de reformas o no reformas. A mí me parece que la mejor forma de legislar y de hacer bien las cosas es no hacerlo en caliente, hacerlo cuando todos estamos reposados y nos
podemos poner a pensar cuál es la mejor forma. Seguro que en la próxima legislatura tendremos que hablar en profundidad de las mutuas, seguramente, pero ahora vamos a hacer frente a la situación que tenemos. Yo, como antigua usuaria de esta mutua
-espero no tener más accidentes de trabajo, pero el único que he tenido en mi vida me lo atendió esta mutua-, la conozco un poco. Lo que se ha hecho muy bien por parte de la Seguridad Social es la tranquilidad que se ha dado a los trabajadores;
ninguna de las empresas de los trabajadores afectados ha tenido en ningún momento la sensación de que podía quedarse sin cobertura. Hemos de felicitar a la Administración por ello. En segundo lugar, hemos de felicitarnos porque es cierto que el
sistema ha funcionado, porque la Intervención de la Seguridad Social es la que ha iniciado todo este proceso, al margen de que luego hayan confluido otras circunstancias; esto debe darnos una cierta tranquilidad.
Lo que hay que hacer es seguir
enviando mensajes de tranquilidad de que la Mutua Universal sigue funcionando, que va a seguir dando cobertura a los trabajadores y a las empresas en función de las necesidades, y dejar que sea la Administración de Justicia la que tome las
decisiones que tenga que tomar, al margen de que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social tome las medidas que crea oportunas para garantizar ese buen funcionamiento.



Dice un viejo refrán que la mujer del césar, además de ser honrada, ha de parecerlo. Y esto deberíamos aplicarlo un poco a las mutuas. Es verdad que las mutuas, en los últimos tiempos, no gozan de transparencia, sino que es común el
comentario de que necesitamos más transparencia. Por tanto, uno de los esfuerzos que habría que hacer es que las mutuas tengan mayor transparencia y que haya una mayor información a las entidades y a los trabajadores afectados. Además, una mayor
participación de las organizaciones sindicales en la gestión de las mutuas sería bueno, porque eso iría también en la línea de una mayor transparencia. Esta es una de las cuestiones en las que habrá que incidir en el futuro, porque ahora es verdad
que están en un consejo en el que participan pero a lo máximo que tienen acceso es a la información que la mutua, la empresa como tal, quiera darles, pero no tienen ninguna faceta de control. Y sería importante hacerlo.



Me parece acertada la política de ir fusionando mutuas, en la línea que se está haciendo de convertir mutuas de similar volumen en una más grande con mayor eficacia. Eso se puede hacer con el consenso que se está haciendo, de todos, de los
trabajadores afectados y de las propias empresas. Es cierto lo que decía usted de que en muchas comunidades, las mutuas tienen un arraigo especial y algunas tienen un sentimiento en una parte de la población que hace que se tenga más inclinación
por una o por otra; hacerlo en esa situación va mejor. También me consta que todo lo que se ha hecho en la Mutua Universal se ha hecho en colaboración con el Gobierno de la Generalitat, lo cual es positivo, que las dos Administraciones puedan ir
en la misma dirección.



Aparte de agradecerle toda la información, quiero pedirle que, si puede, mantenga informada a la Comisión de las medidas que se acaben tomando por parte de la Seguridad Social y decirle que una mayor transparencia y un mayor control
incidirían en una mayor garantía de confianza en las mutuas.



La señora PRESIDENTA: Habiendo terminado la intervención de los distintos grupos, tiene nuevamente la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Granado Martínez): Les agradezco expresamente a todos ustedes el reconocimiento que he interpretado que han realizado de la actuación de los funcionarios de la Administración de Seguridad
Social, de la Intervención General de Seguridad Social y de la Dirección General de Ordenación. Este reconocimiento de alguna manera respalda el trabajo realizado.



Quiero empezar esta segunda intervención haciendo una referencia y es que también hemos mantenido informados de lo actuado a los interlocutores sociales de ámbito estatal, a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, a la Unión General
de Trabajadores, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y al Cepyme y también hemos encontrado en ellos una abierta colaboración y un abierto apoyo a las actuaciones de la Administración. Tengo que decir, dado el principio del
mejor uso de los recursos de Seguridad Social, que la Administración viene planteando sus reformas en relación con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el entorno del diálogo social y con el acuerdo de los
interlocutores sociales. Es decir, este Gobierno no va a promover ninguna actuación que no cuente con el respaldo de empresarios y de trabajadores; ese debe ser el entorno, a nuestro juicio, en el que deben realizarse las reformas pactadas.
Proponer actuaciones que sabemos ya de antemano que no cuentan con el respaldo de una parte significativa de los interlocutores sería someter el panorama del sector a unos vaivenes innecesarios, perjudiciales y perniciosos para el desenvolvimiento
de las actuaciones de las mutuas. No olvidemos que estamos hablando de que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son parte de la Seguridad Social. Nosotros nos sentimos llamados a respetar ese consenso básico


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con los interlocutores sociales con cualquier otra medida que afecte al desarrollo del Pacto de Toledo.



Contestando a la señora diputada doña Olaia Fernández, en cuanto a su preocupación, lo puedo decir más alto, pero no puedo decirlo más claro.
No hay ningún motivo para la preocupación, ni de los trabajadores, ni de las empresas. La Mutua
Universal sigue desarrollando sus actuaciones con absoluta normalidad. Sobre la inevitable incertidumbre que pende sobre la Mutua Universal con respecto al conocimiento de estos hechos -el señor Azpiroz hablaba de agosto y es verdad-, yo recordaba
que he realizado 43 comparecencias ante los medios de comunicación para dar cuenta de los datos mensuales de afiliación a la Seguridad Social y los del mes de agosto de este año han sido los únicos que me han permitido abrir todos los telediarios;
parece que hay circunstancias que están más llamadas a ser noticia que otras. Yo espero que los datos vuelvan a ser buenos en septiembre y volver a la clandestinidad. (Risas.) Una actuación en agosto, cuando existe un cierto desierto informativo
de noticias, ha tenido una repercusión importante y todo el mundo se ha enterado del registro de la Mutua Universal, practicado por la sección de Investigación de Seguridad Social de la Policía, con mandato de Policía judicial. Esperamos que este
nivel de incertidumbre se despeje pronto con la adopción de medidas cautelares y luego comentaré lo que son estas medidas cautelares en la Ley General de la Seguridad; repito que esperamos que con esto ya se despeje cualquier incertidumbre. La
Mutua Universal en estos momentos está actuando y gestionando las contingencias de Seguridad Social como hace tres meses, sin ningún problema y, si lo hubiera, la Administración vigilaría para que lo gestionara mejor.



Planteaba la señora Fernández un debate sobre una ucronía. ¿Qué hubiera pasado si no se nos hubiera hecho llegar la información en forma de denuncia que se nos ha hecho llegar? Probablemente que lo conocido hubiera sido conocido más tarde.
No creo que estemos en condiciones de decir: la Administración hubiera actuado... Hubiera actuado más tarde.
Nosotros recibimos información sobre mutuas, la Dirección General de Ordenación a veces realiza averiguaciones, a veces habla con las
entidades, a veces resuelve los problemas y otras veces, en función de la naturaleza de los hechos denunciados, los remite a la Inspección de Trabajo, que es el organismo competente. Este es el funcionamiento normal del sistema. Pero es que
también recibimos denuncias sobre funcionarios de la Administración de Seguridad Social y también tenemos que actuar en ese caso, si se nos denuncia una irregularidad cometida por un funcionario.



La señora Muñoz de Diego me decía: Esto demuestra que las mutuas no funcionan, que ustedes no son capaces de controlarlas y entonces lo que hay que hacer en cambiar el modelo. El año pasado se produjo un hecho que tuvo mucha notoriedad:
algunos funcionarios de un servicio de salud de una determinada comunidad autónoma realizaban prácticas irregulares en la expedición de bajas y de incapacidades en el sistema de Seguridad Social.
Y a nadie se le ocurrió decir que, porque se hubiera
planteado ese problema, teníamos que prescindir de la colaboración de los servicios de salud en la gestión de la incapacidad común. Debería haber una reflexión un poco más general sobre el modelo que no partiera de la inevitable existencia de una
dosis de maldad en todas las partes del mundo. Sabemos que va a haber funcionarios que se van a comportar mal, que va a haber directivos de entidades que se van a comportar mal, y lo que tenemos que hacer es una reflexión partiendo de la base de
que la inmensa mayoría de los directivos, de los funcionarios de los servicios, funciona correctamente y que nuestra determinación de funcionalidad de un determinado modelo no puede hacerse a partir de la observación del caso singular.



Nosotros estamos vigilantes. ¿Por qué- y con esto paso a contestar a la vez a la señora Fernández y a la señora Muñoz de Diego- no hemos detectado antes esto? ¿Existe un cierto fracaso de la Administración? Yo creo que aquí hay un cierto
exceso en la calificación, porque el fracaso estaba antes, cuando no lo habíamos detectado. No puede ser que, cuando detectemos un problema, se nos diga que hemos fracasado porque siempre lo detectamos tarde. Por esa regla de tres, la manera de no
fracasar nunca es no hacer nunca nada y nunca detectar nada. Porque nadie nos advirtió tampoco de que ese problema existía. Si quieren les hago un relato de las preguntas parlamentarias sobre mutuas en esta legislatura. Tenemos una relación
permanente con los interlocutores sociales, la Administración en este tema ha ido a la cabeza de las actuaciones, no ha ido en la retaguardia, no hemos actuado cuando había un clamor popular diciendo que pasaba una cosa. La prueba es el impacto
periodístico que tuvo el registro, era algo inusual, nadie se lo esperaba, porque la Administración fue capaz incluso de mantener la discreción en sus actuaciones.



Permítanme que les diga que yo pienso que ahora fracasamos mucho menos que antes y probablemente dentro de cinco años, gobierne quien gobierne, fracasaremos todavía menos, porque habremos mejorado los sistemas de control, como han hecho
todas las administraciones. Evidentemente, somos conscientes de que, cuando un control aflora una actuación irregular, la crítica más fácil que se puede hacer es decir ¿y por qué no lo detectaron ustedes antes? Entre otras cosas, porque nuestro
sistema de control de la contabilidad de las mutuas- como he indicado en mi intervención- se realiza a posteriori. Nosotros sabemos las empresas con las que ha tenido relación una mutua el año 2005 a partir de marzo de 2006 y, para evitar que eso
siga sucediendo, vamos a incorporar a todas y cada una de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al sistema de información contable de Seguridad Social, con lo cual tendremos un control de todo lo actuado por cada mutua al
día siguiente de la transacción presupuestaria que se realice. Conoceremos con mucha mayor prontitud lo actuado por las entidades y estaremos en condiciones, cuando termine este año, dentro de unos años, de poder exigir un rigor en nuestros
controles que ahora somos incapaces de producir, simplemente por el transcurso cronológico de dónde se producen las cosas


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y porque, evidentemente, ustedes entenderán que no tenga nada que ver poder auditar diariamente la marcha de una entidad con tener que auditar a año vencido la contabilidad que presenta la propia entidad.



¿Ha habido riesgos? En ningún momento. El riesgo que ha existido y que nosotros hemos denunciado es el uso indebido de los fondos de Seguridad Social. Nada más y nada menos. El dinero de las cotizaciones de trabajadores y empresarios
españoles ha sido usado indebidamente. Con esto basta. ¿Un trabajador mutualizado en Mutua Universal ha visto en peligro el cobro de sus prestaciones? No. ¿Una empresa ha visto en peligro la realización de las obligaciones que la mutua tiene con
la empresa? No. ¿Los trabajadores de la mutua tienen riesgo de perder sus puestos de trabajo? No. No conviene ni disminuir y frivolizar la importancia y la gravedad de los hechos denunciados ni exagerarlos hasta un punto en que dé la sensación
de que en este momento las empresas o los trabajadores que estén mutualizados en Universal tiene un problema.
¿Podemos garantizar en estos momentos que en las entidades no se den hechos como los denunciados? Lo que podemos garantizar
razonablemente es que cada vez tenemos más control sobre el funcionamiento de las mutuas, que cada vez tenemos más rigor en la aplicación de todas nuestras funciones de dirección y tutela respecto de las mutuas. Yo soy incapaz de expedir
certificados de garantía sobre la bondad universal. Soy incapaz de decir que en las mutuas, en el ámbito de la Administración, en ningún ámbito, todo el mundo se comporta debidamente. Porque eso no existe. No me pidan ustedes imposibles. Pídanme
ustedes que haga cada vez mejor mi trabajo y a los funcionarios y a los directivos de la Administración de Seguridad Social pídannos lo posible, porque si entramos en la reivindicación maoísta de: Seamos realistas, pidamos lo imposible, no vamos a
entendernos y vamos a estar abocados a la melancolía inevitablemente, porque nunca vamos a poder hacer las cosas bien.



La señora Muñoz de Diego ha hecho una doble reflexión. La primera sobre la gestión de las contingencias comunes por parte de las mutuas. Los hechos que nosotros hemos denunciado hacen referencia a la gestión de las contingencias comunes,
de las profesionales y de las actividades de prevención de riesgos laborales. Si partiéramos de la base de que la denuncia sirve para evitar la gestión de las mutuas en una determinada contingencia, tendríamos que eliminar la gestión de las mutuas
de todas las contingencias. Es una reflexión que está ahí. ¿Tienen las mutuas que gestionar las contingencias comunes de la Seguridad Social? En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque, con la gestión de las contingencias comunes, tenemos un ámbito de
particularidad y especificidad notable.



Me gustaría llamar la atención de la señora diputada sobre el hecho de que, afortunadamente, en nuestro país, nuestro sistema de protección social impide que el Rey, el presidente del Gobierno, el ministro de Trabajo, el secretario de Estado
de Seguridad Social, el director del INSS o cualquier directivo de la Seguridad Social puedan conceder una prestación de la Seguridad Social. Las prestaciones de la Seguridad Social se conceden por ley. Yo no puedo conceder una pensión. Hay
países en donde eso sucede, pero afortunadamente no somos uno de esos países. En nuestro país, es la ley la que concede o deniega las prestaciones de la Seguridad Social, salvo en un caso: las prestaciones económicas vinculadas a situación de
enfermedad, porque ahí estamos ante un criterio de un facultativo, que es un criterio evidentemente profesional, pero que es un criterio singular. Y de la misma forma que le puedo garantizar que los requisitos para obtener una pensión son igual
desde Ondarribia hasta la isla de Hierro o hasta Ceuta y Melilla, también le puedo decir que dos médicos, dos facultativos distintos, pueden utilizar dos criterios diferentes para reconocer o no una situación de baja laboral. Esta es la realidad
con la que nos encontramos. Tenemos el criterio de la ley para todas las prestaciones económicas, salvo para las vinculadas a la situación de enfermedad, donde tenemos un criterio de 200.000 personas que tienen criterios individuales. Además, los
médicos, los facultativos, tienen derecho a su propio criterio, se lo reconoce su práctica y la deontología profesional. Y su criterio puede ser perfectamente diferente en un caso o en otro.



Esa particularidad hace necesaria la existencia de controles específicos en el ámbito de la gestión de las prestaciones económicas vinculadas a la enfermedad, pero no en el sistema español de Seguridad Social, en todos los sistemas de
Seguridad Social del mundo. Del mundo, repito. Y la tendencia creciente en el ámbito europeo, de la OCDE, o de todo nuestro entorno, es a extremar los rigores y los controles y a buscar, como decía el señor Campuzano, fórmulas tejidas en red de
colaboración privado-público, de colaboración institucional de diferentes entidades, en la gestión de las prestaciones. Porque, si no, nos vemos abocados a la existencia, al lado del uso debido de las prestaciones, de ciertas fórmulas de abuso, del
absentismo laboral, que es un problema en nuestro país y que queremos corregir; si no, al final acaban pagando justos por pecadores y acabamos haciendo pagar a los trabajadores enfermos nuestra incapacidad de controlar lo que hacen los trabajadores
absentistas que no están enfermos y que utilizan las prestaciones de Seguridad Social para no trabajar. En mi opinión, las mutuas deben seguir gestionando las contingencias comunes, bajo la supervisión de las entidades del sistema de la Seguridad
Social.



La señora Muñoz de Diego me decía que las entidades del sistema deben controlar lo que hacen las mutuas; eso ya está hecho. En septiembre de 2005 publicamos un decreto mediante el cual sometimos a control todas las determinaciones de las
mutuas a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el año 2006 revisamos 10.000 determinaciones de contingencia de las mutuas y en el 40 por ciento de las denuncias que no se hicieron reconocimos a los trabajadores una contingencia
profesional, cuando la mutua lo había convertido en una contingencia común. En el año 2007 hemos revisado aproximadamente 6.000 casos, de enero a agosto, y la proporción es la misma: en el 40 por ciento de los casos apreciamos que la mutua no ha
hecho una correcta determinación de contingencia y enmarcamos la enfermedad del trabajador como profesional en vez de común, es


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decir, con origen profesional y no común. Por lo tanto, eso ya lo arreglamos en el año 2005. La señora Muñoz de Diego tiene razón en que hemos tenido problemas con la nueva calificación de enfermedades profesionales y por eso le anuncio
que esta semana una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad Social someterá a control, de oficio, todas las determinaciones de enfermedad profesional en las cuales la mutua -desatendiendo un criterio de un facultativo, de un servicio de
salud, de un servicio de prevención de la empresa, de la Inspección de Trabajo, etcétera- haya denegado el reconocimiento de una enfermedad profesional. Nosotros estamos extremando el control y, con el control presupuestario y el control de la
gestión de las prestaciones, tenemos parte del problema resuelto, pero sin duda tiene que haber mayores facilidades de control, como decía la señora López i Chamosa, también para las comisiones de control de las mutuas y queremos ampliar la
posibilidad que tienen de extender su supervisión sobre el funcionamiento de la entidad.



La señora Muñoz de Diego me plantea otra cosa distinta, que es la posibilidad de que los sindicatos -quiero entender que los sindicatos y las organizaciones empresariales- estén presentes en las juntas directivas de las mutuas. Mi opinión
sobre esta cuestión es que lo razonable es conseguir que las juntas directivas de las mutuas manden en las mutuas porque mandan poco; en las mutuas mandan mucho los equipos directivos, los gerentes y sus equipos directivos. Estamos hablando de un
caso en el que no hay actuaciones contra la junta directiva de la mutua, sino contra personas concretas que están en el equipo de dirección de la entidad. Aquí tiene que haber una reflexión, que deben compartir todos los interlocutores sociales, de
cómo conseguir que los consejos de dirección de las mutuas tomen más responsabilidades directas sobre el control de sus entidades, porque a mí me parece que ahora da la sensación de que hay consejos directivos de las mutuas que son una prolongación
del gerente; es decir, es el gerente el que sugiere quién debe estar en la junta directiva en vez de que la junta directiva tenga un control directo sobre la actuación del gerente. Ahí hay un ámbito de reflexión, que probablemente, tendremos que
hacer en la próxima legislatura, sobre quién tiene que estar en las juntas directivas de las mutuas. Nosotros tenemos un sistema que tiene cien años y que dice que las mutuas son agrupaciones de empresarios. Si hay que cambiarlo, habrá que hacerlo
con consenso entre los interlocutores sociales y con la seguridad de que un modelo centenario -cuyas virtudes y defectos son bien conocidos- no es sustituido apresuradamente por otro que pueda incorporar todos los defectos del anterior y algunos
nuevos. He repetido muchas veces a los interlocutores sociales -y no me duelen prendas en decirlo aquí- que, por ejemplo, la participación sindical o de entidades sociales en las cajas de ahorros ha sido muy buena para los trabajadores de las cajas
de ahorros, pero no sé si esa participación ha tenido efectos tan positivos sobre el conjunto de la sociedad en general. Aquí tenemos el problema de que, cuando avocamos nuevas formas de participación, seamos capaces de conseguir con eso que esa
participación permee sobre el conjunto de la sociedad y no se quede encapsulada en torno a mejoras concretas para los colectivos que emiten directamente los representantes vinculados a la participación.



En esa misma reflexión me decía la señora Muñoz de Diego que vaya una medida cautelar que habíamos dicho de suspender cautelarmente a los directivos. Señora Muñoz, las medidas cautelares que este secretario de Estado puede imponer
afortunadamente están en la ley. Yo no puedo inventarme una medida cautelar. El artículo 74.2 de la Ley General de Seguridad Social dice que las medidas cautelares que puede aplicar la Administración son las siguientes: Requerir a la entidad para
que presente un plan de viabilidad -no es la viabilidad de la mutua lo que está afectado-; convocar a los órganos de gobierno de la entidad -no quiero ni pensar lo que S.S. me hubiera dicho si le digo que voy a convocar a los órganos de gobierno
de la entidad-; suspender de sus funciones a los directivos de la entidad, debiendo esta designar a las personas que, aceptadas previamente por el ministerio, hayan de sustituirlos interinamente -en esto estamos-; ordenar la ejecución de medidas
correctoras de las tendencias desfavorables. Podemos pensar en ordenar a la mutua que interrumpa su relación con las empresas que están afectadas por el procedimiento y luego intervenir la entidad, si pudieran infringirse órdenes del ministerio y
que esta infracción derivara en perjuicios mediatos o inmediatos para los trabajadores protegidos y la Seguridad Social. Nosotros ya hemos dicho que creemos que los trabajadores no han sido perjudicados por estas actuaciones irregulares; sí el
erario de la Seguridad Social. El erario de la Seguridad Social puede resarcirse en estos momentos de las actuaciones. Sinceramente pensamos que intervenir la entidad tendría más efectos perversos que efectos directos beneficiosos. Ese mensaje de
tranquilidad, que yo comparto y en el que han insistido la señora López i Chamosa, el señor Campuzano y el señor Azpiroz, y que he intentado transmitir en mi intervención, se vería contradicho si la Administración interviniera la entidad. Nos
parece más prudente hablar de suspensión de sus funciones y de eliminar las relaciones de la mutua con las empresas a las que me he referido en mi intervención. Y esto es lo que la ley permite hacer, porque estamos hablando de medidas cautelares en
el ámbito administrativo, sobre una entidad que es a la vez pública y privada. La ley es prudente y por ello nos llama a la prudencia en el trabajo de la Administración. Y, como yo no puedo adoptar medidas que no estén en la ley, ocioso es decir
que no las voy a adoptar.



En conclusión, por terminar de referirme a la intervención de la señora Muñoz, nosotros creemos que no cabe descalificar el modelo por un hecho singular. Los controles que se han adoptado a lo largo de la legislatura permitirán que hechos
como este se produzcan con mayor dificultad -por decirlo así-; no podemos establecer un certificado de garantía universal de buenas prácticas, pero podemos pensar con absoluta seriedad que las malas prácticas están en un camino amplio de retroceso.
Les voy a dar solo un dato expresivo de lo que estamos hablando. En el año 2004, a comienzos de la


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actual legislatura, por no hacer referencia a ejercicios de las legislaturas anteriores, lo que las mutuas retornaron a la Administración de la Seguridad Social por excedentes, los resultados del sistema de las mutuas, fueron 187 millones de
euros; en el año 2006 han sido 601 millones de euros. Permítanme que les diga que en los años anteriores las cifras eran muy inferiores. Hemos multiplicado por diez o por doce en tres años lo que las mutuas devuelven a la Seguridad Social en
función de sus resultados. ¿Por qué? Porque mejorando los sistemas de control también conseguimos que las mutuas lleven a cabo sus actuaciones de una forma más tasada. Nosotros estamos bastante orgullosos de estos resultados. Evidentemente, no
espero recibir felicitaciones, pero, a nuestro juicio, tampoco sería demasiado razonable pensar que estamos haciendo las cosas fatal.



En cuanto a las intervenciones de los señores Campuzano y Azpiroz y de la señora López i Chamosa, me queda por decir que comparto prácticamente en su totalidad la necesidad de tranquilidad, la necesidad de no abrir juicios paralelos en la
consideración de que las mutuas tienen, en el arraigo social en el entorno en que crecieron y se desarrollaron, un valor añadido que mejora su gestión. Las mutuas de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Navarra, de Cantabria, de la Comunidad
Valenciana o de la Comunidad madrileña tienen en su arraigo social un valor que no cabe despreciar. La Administración de la Seguridad Social va a ser conocedora de este hecho y va a compartir con los gobiernos de sus comunidades autónomas un ámbito
de reflexión sobre el futuro de las mutuas, sin perjuicio de que estas siguen siendo una competencia exclusiva del Gobierno de España. Por tanto, vamos a hacer las cosas razonablemente, como hemos hecho hasta ahora, porque creo que eso es bueno
para todos. Todas las reformas que hagamos van a estar guiadas por el consenso político parlamentario y por el consenso social. Vamos a conseguir unas mutuas más transparentes y más incardinadas en el sistema de Seguridad Social; unas mutuas en
las cuales los interlocutores sociales tengan, a través de la comisión de control, etcétera, todos los mecanismos necesarios para ayudar a la Administración a hacer su trabajo.
Vamos a seguir reformando el conjunto del sector y adoptando medidas de
incremento del control como, por ejemplo, las que vamos a llevar a la Ley de Presupuestos de este año, que empezaron a negociarse con las mutuas antes de que sucediera este hecho. Es decir, no vamos a partir de un hecho concreto para adoptar
medidas generales, aunque evidentemente este hecho concreto se incorpora a nuestra reflexión y nos advierte de que hay cosas sobre las que tenemos que mejorar el control, pero no vamos a partir de ese hecho concreto para la adopción de medidas
generales, sino de una reflexión acerca del conjunto del sector.



Permítanme que termine esta intervención con una cita de Ignacio de Loyola, y es que lo que cabe esperar de un secretario de Estado de Seguridad Social es que se ocupe de los problemas de las mutuas y que no manifieste preocupación sobre los
problemas de las mutuas; eso es lo que les toca a SS.SS. Yo creo que ustedes se han manifestado razonablemente preocupados pero también razonablemente tranquilos, y yo les agradezco mucho ese mensaje de tranquilidad. Nosotros seguimos ocupándonos
todos los días de los problemas de las mutuas y lo vamos a seguir haciendo, tanto en un problema puntual como el que ha sucedido en la Mutua Universal como en muchos otros problemas que pudieran surgir, porque estoy seguro de que con mayores
controles también detectaremos otro tipo de irregularidades y las pondremos en conocimiento de quien proceda. La Inspección de Trabajo hará su trabajo en un caso; la Dirección General de Ordenación, etcétera, lo harán en otro, y así iremos
consiguiendo que el sector mutual sea una parte mejor de la Administración de Seguridad Social de este país. Es lo que vamos a intentar.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su interesante comparencia. Trataremos de seguir sus consejos. (La señora Muñoz de Diego pide la palabra.)


Señora Muñoz.



La señora MUÑOZ DE DIEGO: Me gustaría poder intervenir un momentito, porque creo que el secretario de Estado me ha dedicado prácticamente su réplica y querría aclararle algunas cuestiones.



La señora PRESIDENTA: Yo creo, señoría, que ha tenido una intervención larga y ha excedido con mucho el tiempo.



Damos por finalizada la comparecencia del señor secretario de Estado.



A continuación habrá reunión de Mesa y Portavoces.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y quince minutos del mediodía.