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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 885, de 11/09/2007
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2007 VIII Legislatura Núm. 885

EDUCACIÓN Y CIENCIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN

Sesión núm. 63

celebrada el martes, 11 de septiembre de 2007



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo) para informar sobre:


- El inicio del curso 2007/2008. A petición propia. (Número de expediente 214/000184.)... (Página 2)


- El comienzo del curso escolar y el balance de la situación del sistema educativo. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000417.)... (Página 2)


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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, damos la bienvenida a la ministra de Educación y Ciencia, que comparece esta mañana para sustanciar un orden del día que SS.SS. conocen con ocasión del comienzo del curso escolar del Estado, que se celebrará
la semana que viene en Estepa, Sevilla. Hoy comienza además el curso parlamentario del presente periodo de sesiones de esta VIII Legislatura y también, con ocasión del comienzo del curso escolar, empieza el trabajo de esta Comisión a la vuelta de
vacaciones.
Así que les doy la bienvenida a todos en un día señalado, un 11 de septiembre, en el que se conmemora el 34.º aniversario de la muerte de Salvador Allende -mi recuerdo para el pueblo chileno-; seis años de la catástrofe de las Torres
Gemelas en Nueva York -día triste también para la democracia en el mundo- y un día también señalado para el pueblo de Cataluña, para la Comunidad Autónoma de Cataluña, que hace que algún grupo parlamentario tenga problemas para acudir a esta
Comisión.
Recordados estos acontecimientos y dada la bienvenida a SS.SS., comenzamos el orden del día con la comparecencia de la ministra de Educación y Ciencia para informar sobre el inicio del curso 2007-2008, a petición propia pero que hemos
acumulado con la que también el Grupo Parlamentario Popular había solicitado desde hace tiempo. Por tanto, el procedimiento por el que sustanciaremos el debate en esta mañana será el siguiente: en primer lugar tendrá la palabra la ministra, a
continuación el Grupo Parlamentario Popular y después el resto de los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia.



Señora ministra, tiene la palabra.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Señor presidente. Señorías, hoy es efectivamente, una fecha señalada. Yo también quiero recordar muy especialmente el aniversario del atentado del 11 de septiembre contra
las Torres Gemelas. Evidentemente, la petición de esta comparecencia no tiene nada que ver, los calendarios son los calendarios y se da uno cuenta luego de las coincidencias. Sí lamento que la coincidencia con la celebración de la Diada en
Cataluña haya impedido a algún grupo parlamentario estar presente. Como ya señalé en ocasión parecida hace un año, es para mí un placer comparecer ante esta Comisión para informar acerca del comienzo del curso escolar. La presencia del Gobierno en
las Cortes para informar y rendir cuentas es una buena muestra del respeto que en toda democracia se debe al Parlamento, el órgano que representa la soberanía nacional, y comparecer ante las Cámaras es una costumbre arraigada en el Ministerio de
Educación y Ciencia. No hemos escatimado nuestra presencia ante esta Comisión, de ahí que yo misma decidiera solicitar mi comparecencia para la primera semana de sesiones ordinarias, y aquí estoy.



La nueva ordenación académica de la Ley Orgánica de Educación llega por primera vez a las aulas en este curso 2007-2008; es la principal novedad de este curso. Las Cortes Generales aprobaron la ley en mayo de 2006 y a lo largo del curso
2006-2007 se dictaron los decretos y normas para su desarrollo. Sin embargo, es en este curso, 2007-2008, cuando comienza la implantación de las nuevas enseñanzas, cuando se va a sentir en las aulas la primera enseñanza de los nuevos currículos.
Por eso podemos decir que este es el curso de la Ley Orgánica de Educación. Este es el motivo por el cual voy a dedicar esta comparecencia a hablar exclusivamente sobre el sistema educativo no universitario. Nuestro sistema educativo merece esa
atención, merece una intervención global, y no me parecería justo pasar de puntillas por otras cuestiones que no afectan al sistema educativo no universitario, que son cuestiones muy relevantes en relación con el ámbito universitario y con nuestro
sistema de ciencia y tecnología, por lo que ya les anuncio que tengo intención de solicitar una nueva comparecencia en los próximos meses, noviembre sería un buen momento, para hablar de política universitaria e investigación.



Permítanme que comience mi intervención recordándoles con unas pocas cifras la dimensión de nuestro sistema educativo. Esto es importante para que podamos percibir en términos reales la trascendencia y la complejidad de lo que habitualmente
llamamos el curso escolar. Por cierto, hemos presentado hoy, y espero que pueda haber ejemplares para que los tengan todos ustedes, el nuevo folleto de datos y cifras. Se colgó ya en la página web ayer por la noche y hoy hemos tenido ejemplares
con algún problema en la imprenta porque iba a tener la carátula azul y ha salido amarilla. No sé si permanecerá amarilla cuando tengamos más ejemplares o volveremos a la idea original, pero en cualquier caso hay ejemplares y espero que se les
pueda distribuir a ustedes. Según aparece en ese folleto, el curso 2007-2008, que ahora comienza, va a contar con algo más de 8,5 millones de alumnos y alumnas en todas las enseñanzas del régimen general: 7,2 millones lo harán en enseñanzas no
universitarias. Tenemos 100.000 alumnos más que el curso pasado; alumnos que se concentran en infantil y primaria, pero que confirman un cambio importante en nuestro sistema educativo, que, como saben todos ustedes, venía perdiendo población
durante un tiempo y que ahora confirma un proceso de crecimiento que creemos que se va a consolidar y que, por lo tanto, constituye un dato relevante. La evolución de nuestra sociedad en los últimos años se refleja también en el crecimiento de los
alumnos que no tienen nacionalidad española. Este es un concepto que abarca situaciones diferentes, pero, en definitiva, el alumnado que no tiene nacionalidad española ha pasado en los últimos diez años de representar un 0,7 por ciento del total
-repito, en diez años- a un 8,4 por ciento en las distintas etapas de la educación no universitaria. Tenemos algo más de 600.000 alumnos de nacionalidad


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no española. Para atender a estos alumnos contamos en este curso 2007-2008 con una plantilla de 623.974 profesores en centros públicos, concertados y privados, una plantilla que en los últimos diez años ha aumentado un 24,2 por ciento. Por
último, estos alumnos y estos profesores trabajarán en alguno de los 23.678 centros de enseñanza de régimen general no universitario.



Estos son algunos de los datos que pueden encontrar en este folleto de datos y cifras, junto a otros muchos, y sobre los que estoy segura que vamos a seguir hablando en los próximos meses. Junto a estos datos, podría decir que este curso
comienza en un clima de seguridad legislativa y de claridad normativa. Abordamos el inicio de curso con normalidad, y solo algunos sectores, minoritarios y bien definidos, han hecho bandera de cuestiones muy concretas, como la asignatura de
educación para la ciudadanía y los derechos humanos, sobre la que volveré más adelante. La seguridad legislativa y la claridad normativa son el resultado de un trabajo de más de tres años. Quiero recordarles que al comienzo de la legislatura, en
el curso 2004-2005, se originó un debate público sobre la conveniencia de adaptar nuestro sistema educativo a los retos que planteaba lo que damos en llamar sociedad del conocimiento y las necesidades de una sociedad, la nuestra, cada vez más
desarrollada y compleja. Recuerdo bien este debate -y seguro que todos ustedes también-, que tuvo su centro en esta Cámara y en el que participaron los distintos sectores de la comunidad educativa, las diferentes administraciones y la sociedad en
general y que se plasmó después en la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de Educación en el curso 2005-2006.



El curso siguiente, el 2006-2007, el que acabamos de terminar, ha sido el curso en el que se han dictado las normas necesarias para aplicar la ley.
El calendario de aplicación de la ley fue aprobado por el Gobierno en junio de 2006, después
de su paso preceptivo por la conferencia sectorial, en la cual recibió el apoyo unánime de todas las comunidades autónomas. En los últimos catorce meses, en el ejercicio de la competencia estatal para la ordenación del sistema educativo, el
Gobierno ha aprobado veinticinco reales decretos que definen el contenido básico de las enseñanzas, común a toda España, establecen las condiciones de obtención de los títulos académicos, orientan los objetivos de las diferentes etapas educativas y
garantizan en última instancia la cohesión del sistema educativo. Antes del término de esta legislatura todavía deberán aprobarse algunos decretos que van a completar el cuadro normativo necesario para continuar la implantación de la ley en el
curso 2008-2009 y siguientes. Este trabajo normativo ha sido, pues, un trabajo ingente, que hemos llevado a cabo con la urgencia que creíamos necesaria, pero sin olvidar nunca las consultas preceptivas y tratando de buscar en todo momento el mayor
de los consensos posibles, un trabajo normativo importante -veinticinco reales decretos-, que se ha visto acompañado además de acciones muy distintas y de programas puestos en marcha en colaboración o convenio con las comunidades autónomas,
asociaciones de padres y sindicatos de profesores, programas y acciones algunos de los cuales mencionaré, aunque estoy convencida de que no voy a tener tiempo para mencionarlos todos y mucho menos para desarrollar su contenido. Este ha sido, en
líneas generales, el proceso que ha permitido que hoy llegue a las aulas la Ley Orgánica de Educación.



Antes de comentar las novedades que supone esta llegada de la ley a las aulas -las principales novedades, no todas ellas-, me parece obligado hacer unas consideraciones previas, pues creo que este es el escenario en el que hay que hacer este
tipo de consideraciones, para entender cuáles fueron las razones de esta ley, que responde a lo que hoy necesita nuestro sistema educativo. En los últimos veinticinco años España ha tenido un notable y generalizado desarrollo. Especialmente
importante ha sido el avance en educación. En un periodo relativamente breve de tiempo hemos universalizado el derecho a la educación, un periodo de tiempo, por cierto, bastante más corto que el de la mayoría de los países de nuestro entorno. En
los años ochenta y noventa del siglo pasado se alcanzó la completa escolarización en la enseñanza básica, que la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la Logse, extendió hasta los 16 años. Era entonces un paso imprescindible para ponernos al
mismo nivel que el de los países de nuestro entorno, la mayoría de los cuales contaba con esa extensión desde hacía varias décadas. Esta conquista, este avance, tuvo lugar sin duda con la colaboración de todos, con leyes educativas aprobadas por
gobiernos del Partido Socialista, y este ha sido un progreso posible por la colaboración de todos en el sistema educativo y un progreso básico para el desarrollo de nuestro país, para el progreso de nuestra economía y para el asentamiento de valores
democráticos. Pero si las reformas educativas de los años ochenta y noventa permitieron universalizar el derecho a la educación, ahora necesitamos una nueva reforma que responda a los retos de la sociedad del conocimiento, a los objetivos que los
países europeos nos marcamos en la estrategia de Lisboa y a los que nosotros nos marcamos en nuestro Plan Nacional de Reformas: conseguir una economía más competitiva y una sociedad más cohesionada, lo que exige mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo y conseguir los más altos niveles de preparación y capacitación de nuestros jóvenes, mejorando así la formación de capital humano en beneficio de todos. Esos y no otros son los objetivos de la reforma, una ley exigente para
responder a las exigencias de la sociedad, una reforma en la que hemos puesto no solo nuestro empeño, como he señalado, sino también los recursos necesarios para hacerla posible, con la vista puesta en el futuro. Por esta razón, la Ley Orgánica de
Educación ha venido acompañada, como saben todos ustedes -si me lo permiten, lo repetiré una vez más-, de una memoria económica de 7.033 millones de euros, cuya inversión está prevista a lo largo del quinquenio 2006-2010, una financiación generosa
que aportan el Estado y las comunidades


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autónomas, que garantiza la viabilidad de la reforma y que venimos cumpliendo con creces. La principal garantía, sin embargo, para la efectividad de esta reforma la constituyen nuestros profesores, como he dicho también muchas veces y
quiero repetir ahora, que constituyen el principal activo de nuestro sistema educativo y que, según revelan las encuestas de opinión, cuentan con la plena confianza de las familias.
Quiero, por tanto, aprovechar esta ocasión para agradecerles su
dedicación diaria a la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes y para decir que vamos a seguir trabajando para mejorar su formación -después mencionaré algo en relación con esto- y sus condiciones de trabajo. En este sentido, seguimos
manteniendo un estrecho contacto con los sindicatos de profesores para el desarrollo del Estatuto de la Función Pública docente.



Me referiré a las novedades de la ley. Me parecía necesario hacer esta introducción porque yo creo que hablar de reformas en el sistema educativo exige situar las reformas en su contexto. La primera novedad que debe ser resaltada en este
comienzo de curso es que por primera vez en la historia de España la educación será totalmente gratuita para los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, es decir, para los alumnos del segundo ciclo de educación infantil; un tramo de edades en que la
enseñanza no es obligatoria pero en el que la escolaridad se ha generalizado. Eso significa que cerca de 1.300.000 niños y niñas de 3 a 5 años van a tener garantizada su educación de forma gratuita. Al igual que en los años noventa extendimos la
obligatoriedad hasta los 16, y por tanto la gratuidad, ahora hemos creído obligado extender la gratuidad para los más pequeños. Seguro que estamos todos de acuerdo en que se trata de una etapa fundamental para la formación de los niños y de las
niñas. Nadie discute ya el papel crucial que esta fase educativa desempeña en la evolución futura del alumnado y los importantes efectos favorables que tiene en los resultados finales de su formación; efectos favorables que son tanto o más
relevantes cuanto mayores son las dificultades de partida del niño por razones socioeconómicas, culturales o personales. Por eso estamos seguros de que esta medida tendrá una importante repercusión en la reducción del fracaso escolar y en la
consecución de una escuela inclusiva, proporcionando a nuestro sistema educativo mayores niveles de equidad. La Ley Orgánica de Educación ha hecho posible la gratuidad de este ciclo y el Gobierno ha asumido su compromiso. Para cumplir estos
objetivos, el Ministerio de Educación y Ciencia transfirió a las comunidades autónomas 175 millones de euros en 2006, 286 millones de euros en 2007 y tiene previsto un incremento sustancial de esta partida para el año 2008. No bastaría con asegurar
la gratuidad de la educación infantil si además no hubiéramos hecho un esfuerzo para modernizar sus contenidos, por eso hemos dispuesto que los niños escolarizados en la educación infantil realicen una primera aproximación a la lectura, la
escritura, las habilidades numéricas básicas, las tecnologías de la información y la comunicación y a la expresión visual y musical, e igualmente fomentaremos un primer acercamiento a la lengua extranjera.



Otra novedad en este curso es que empieza la implantación del currículo de las nuevas enseñanzas en el primer ciclo de la educación primaria, así como en los cursos primero y tercero de la educación secundaria obligatoria. Además, en toda
la secundaria obligatoria se va a aplicar con carácter general el nuevo sistema de evaluación y de promoción de curso. Con el objeto de facilitar el tránsito de la primaria a la secundaria -un transito que generaba importantes problemas de
adaptación para una parte del alumnado-, la Ley Orgánica de Educación ha decidido que en el primer curso de la secundaria obligatoria -que, como he dicho, se implanta este año- los alumnos cursen solo dos materias más que las que cursaban en el
último ciclo de primaria. La Ley Orgánica de Educación concilia los principios de calidad y de equidad, persigue la excelencia, evitando al mismo tiempo la desigualdad, y a ello responden tanto la configuración de los nuevos currículos en torno a
las llamadas competencias básicas como las medidas que atienden de manera individualizada e inmediata las demandas de cada uno de los alumnos y alumnas.



Dedicaré solamente unas palabras para explicar el concepto de competencias básicas. Tanto la Unión Europea como la OCDE, que son nuestros referentes en política educativa, han desarrollado un nuevo discurso relativo a las competencias clave
o competencias básicas: son aquellas que toda persona necesita para participar de una manera activa en la sociedad y que los estudiantes deben obtener en las etapas obligatorias de la educación; están orientadas a dar sentido y coherencia al
conjunto de los aprendizajes y a facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones y contextos. Esto, y no otra cosa, es lo que mide, por ejemplo, el informe PISA. Siguiendo la recomendación emitida por la Unión
Europea hemos definido ocho competencias básicas: competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia
social y ciudadana, competencia cultural y artística; competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. Junto a estos principios básicos, la ley -insisto- y otras medidas y programas que vienen acompañándola y van a seguir
haciéndolo abordan dos cuestiones que están indisolublemente unidas a la preparación de nuestros jóvenes para la sociedad en la que desarrollarán su vida personal y profesional. Una de ellas es el aprendizaje del inglés. Por primera vez en España
nuestros alumnos aprenderán de forma obligatoria una lengua extranjera a partir de los 6 años. Estamos hablando ya este año de cerca de 500.000 alumnos. La Ley Orgánica de la Educación contempla también la posibilidad de que las comunidades
autónomas ofrezcan a los estudiantes una segunda lengua extranjera a partir de los 10 años. Ya son varias, de hecho, las comunidades autónomas que han elegido esta opción, y ello beneficiará


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en este curso a unos 400.000 alumnos y alumnas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos que nuestros niños y jóvenes puedan alcanzar en los colegios el nivel de inglés que les capacite para desenvolverse con facilidad en dicho idioma, que
todos los estudiantes tengan acceso, en similares condiciones, al conocimiento de otros idiomas contribuirá, sin duda, a hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Para ello es necesario hacer un importante esfuerzo en la formación de
profesorado. El programa de aprendizaje de lenguas extranjeras, en convenio con las comunidades autónomas, tiene ese propósito y ha beneficiado hasta el momento a aproximadamente, 3.500 profesores. Para quienes ya abandonaron el sistema educativo
pusimos en marcha este año el programa inglés para jóvenes, cuyo objetivo básico es superar la tradicional carencia en el conocimiento de idiomas que existe en nuestro país, y gracias a este programa se convocaron más de 53.000 ayudas para la
realización de cursos de inglés en el extranjero, que se complementarán en breve con cursos intensivos de inmersión lingüística. Además hemos dotado a las comunidades autónomas de recursos financieros para ampliar la oferta de plazas en las
escuelas oficiales de idiomas. Esta medida implicará la creación de 100.000 nuevas plazas en los tres próximos cursos escolares, con un coste total para los cursos indicados de 90 millones de euros. En relación con este tema, este curso 2007-2008
es el de inicio de las nuevas enseñanzas de los niveles básico e intermedio de las escuelas oficiales de idiomas cuyos currículos se han adaptado a las exigencias del marco común europeo de referencia para las lenguas. Las enseñanzas de nivel
avanzado se implantarán en el próximo curso.



He dicho que eran dos las cuestiones que formaban parte de las exigencias de esta sociedad en la que viven y van a vivir nuestros jóvenes: una es la enseñanza del inglés y la otra es la enseñanza o, más bien, el uso de las nuevas
tecnologías, que la Ley Orgánica de Educación sitúa en el centro de la formación de nuestros estudiantes. De hecho, el tratamiento de la información y el conocimiento de las nuevas tecnologías es una de las competencias básicas a las que me he
referido antes. Por eso venimos dotando a los centros educativos del equipamiento necesario. En el curso que comienza, 2007-2008, va a seguir desarrollándose el Plan Internet en el aula, integrado en el Plan Avanza, que, como saben SS.SS., forma
parte de las prioridades del Gobierno. El Plan Internet en el aula proporciona al sistema educativo diversos servicios, y me gustaría destacar entre ellos, para este curso 2007-2008, los programas de formación del profesorado en nuevas tecnologías,
de los cuales se beneficiarán 20.000 profesores de diferentes comunidades autónomas. La nueva oferta de nuevos contenidos educativos digitales a través de la plataforma Agrega es otra de las iniciativas que se integran en ella. Además
continuaremos implantando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y evaluando su contribución a la mejora de la calidad.



Otra de las novedades de este curso, como he dicho al principio, es la implantación de la nueva materia educación para la ciudadanía y los derechos humanos en las siete comunidades autónomas que han elegido comenzar la aplicación de la Ley
Orgánica de Educación en el tercer curso de la ESO. Esta es una materia que se imparte como asignatura específica -ya lo he repetido siempre que me han dejado y he podido- en la mayoría de los países de la Unión Europea y en el resto está
incorporada de modo transversal al currículo educativo, lo que también ocurre en nuestro caso. Sus contenidos fundamentales son los valores recogidos en la Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dos referencias
-también lo he repetido- de las que resulta difícil discrepar. Esta asignatura formará individuos plenamente conscientes de sus deberes para con la sociedad y aspira asimismo a que nuestros estudiantes hagan suyos los valores que sustentan una
convivencia en democracia y conozcan los fundamentos y los modos de organización del Estado democrático. El sistema educativo está no solo legitimado sino también obligado a educar en esos valores. Los contenidos de la materia en los diferentes
cursos en que se imparte tienen una estructura parecida. Los fundamentos de la convivencia democrática se abordan primero desde el entorno más inmediato, las relaciones interpersonales y sociales, para pasar después a referirse a la vida en
comunidad, a los derechos y deberes ciudadanos o a las sociedades democráticas del siglo XXI.



La formación profesional -cambio de tema- constituye una parte sustancial de nuestro sistema educativo. Tenemos una formación profesional con un crédito social creciente, unos niveles de inserción laboral muy aceptables y una valoración
notable de nuestros títulos por parte de los empresarios, pero también es cierto que seguimos trabajando para que la formación profesional sea una opción cada vez más atractiva para los jóvenes y para superar las cifras que -también es cierto- nos
separan de nuestros vecinos europeos. Como en otros muchos aspectos, es este debemos insistir en la necesaria flexibilización del sistema. El 15 de diciembre de 2006 el Gobierno aprobó el Real Decreto de ordenación general de la formación
profesional, que amplía la oferta formativa, la flexibiliza e introduce novedades encaminadas a mejorar el empleo y a incrementar las competencias profesionales y las vías de acceso al aprendizaje. En este año académico las comunidades autónomas
podrán organizar cursos de preparación para la prueba de acceso a los ciclos formativos de formación profesional media y superior. También podrán ofrecer ciclos formativos que permitan el estudio a tiempo parcial, presencial o a distancia, lo que
ayudará a combinar la formación con la actividad laboral. También estamos actualizando y elaborando nuevos títulos de formación profesional de grado medio y de grado superior, de acuerdo con los requerimientos del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional y de las orientaciones de la Unión Europea. Para facilitar la salida


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profesional a nuestros estudiantes de FP mantenemos una estrecha cooperación con el mundo de la empresa y del trabajo; las organizaciones patronales y los sindicatos participan activamente en el diseño de las cualificaciones, de modo que la
formación se ajusta a las necesidades del mercado. Por otra parte, en este curso 2007-2008 van a entrar en vigor los primeros programas de cualificación profesional inicial, anticipando así su implantación, de acuerdo con la previsión del
calendario de aplicación de la ley. Otro aspecto en el que seguiremos trabajando es el desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de evaluación e indicadores de calidad, de acuerdo siempre con las iniciativas de la Unión Europea y en
colaboración siempre también con las comunidades autónomas a través de las redes europea y nacional de calidad.



De acuerdo con lo que la ley anunciaba, este año van a comenzar a impartirse los primeros cuatro cursos -es una acumulación de novedades, si las suman todos ustedes- de los seis que componen los ciclos de las nuevas enseñanzas profesionales
de música y danza, que sustituyen a las antiguas enseñanzas artísticas de grado medio. Su contenido ha sido actualizado y modernizado y se han creado nuevas especialidades y asignaturas. También las enseñanzas de artes plásticas y diseño han sido
objeto de una nueva regulación. Como saben SS.SS., el espacio europeo de Educación Superior, en el que España participa junto a otros 45 países, abarca las enseñanzas universitarias pero también la formación profesional superior y las enseñanzas
artísticas superiores. En el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores esta situación afecta al valor de sus títulos, al modo de ordenar sus contenidos, a la posibilidad de ofrecer estudios de posgrado y a la organización de los centros. El
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, establecido por la ley y constituido hace unos meses, va a desempeñar una función esencial en la ordenación de las enseñanzas artísticas en el seno de ese espacio europeo de Educación Superior. Este
consejo participará en la definición de la estructura y contenidos básicos de los estudios artísticos superiores, estará integrado por representantes de la Administración, de los profesores, de los alumnos y por diez artistas de reconocido prestigio
y se reunirá, por cierto, en breve.



Quiero insistir en algunas de las ideas que he mencionado a lo largo de esta intervención. Nuestro propósito al elaborar la Ley Orgánica de Educación y poner en marcha los programas que la acompañan, incluyendo la memoria económica que la
respalda, ha sido dotar a nuestro sistema educativo de los instrumentos que necesita para hacer frente al desafío de una sociedad cada vez más plural y compleja y más exigente y para alcanzar los objetivos que compartimos con nuestros socios
europeos y que aparecen reflejados en la estrategia de Lisboa. Para alcanzar esos fines debemos insistir en algunos principios básicos e imprescindibles, por ejemplo, la coordinación del Estado con las comunidades autónomas, una coordinación clave.
Por eso, la responsabilidad del Gobierno en el proceso de implantación de la Ley Orgánica de Educación no se ha limitado al desarrollo normativo, sino que también se ha extendido al diseño y a la puesta en marcha de un conjunto de programas de
cooperación territorial destinados a preparar el sistema educativo para las nuevas exigencias que la ley implica y, en este primer curso de su implantación, para hacer efectivas las novedades que incorpora. A este fin se orientan los programas ya
puestos en marcha en cursos precedentes, programas -repito- en coordinación, colaboración y convenio con las comunidades autónomas, como Internet en el aula, el Plan PROA, la mejora de las bibliotecas escolares, el Plan de apoyo al aprendizaje de
lenguas extranjeras, así como el programa destinado a la atención educativa de la población inmigrante. El Estado ha aportado hasta la fecha 681 millones de euros para el desarrollo de estos programas, que se complementan este curso, 2007-2008, con
un plan específico de apoyo a la implantación de la ley, dotado con 57 millones de euros, que incluye acciones destinadas a la formación del profesorado y a la lucha contra el abandono escolar prematuro. Todos estos programas -repito- se realizan
en cooperación con las comunidades autónomas.



Aumentar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo -ya lo he dicho antes- es un objetivo prioritario. Aunque nuestras tasas de abandono siguen siendo muy altas, insostenibles para el futuro que todos deseamos, los últimos datos
muestran una inversión de la tendencia que debemos afianzar, reforzar y aumentar. Tenemos que cumplir con los objetivos de Lisboa respecto a la continuidad de nuestros jóvenes en el sistema más allá de la etapa obligatoria. A conseguirlo va
encaminada toda la ley y los programas que la acompañan, también el nuevo bachillerato, cuyo real decreto regulador ya está elaborado. Si queremos combatir el abandono prematuro en el bachillerato, debemos comenzar recordando -parece una obviedad,
por no decir una perogrullada- que se trata de una etapa que no es obligatoria. No podemos evitar que los estudiantes se vayan cuando quieran y, por lo tanto, si queremos que se queden, debemos hacerla más atractiva, menos rígida, más flexible y
ajustada a sus necesidades, y más flexibilidad no significa, ni mucho menos, menos exigencia, pero no podemos confundir exigencia con castigo.
Si un alumno consigue superar varias asignaturas de un curso, aunque no lo haya terminado -estoy hablando
de bachillerato-, ¿es lógico penalizarle obligándole a repetirlo completo? Creo sinceramente, que es una invitación al abandono. Por esta razón los alumnos que suspendan más de cuatro asignaturas por supuesto que repetirán el curso en su
totalidad, pero aquellos que suspendan cuatro o menos de cuatro podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse de las materias suspendidas y ampliar esta matrícula con materias de segundo. Esto hará posible que concentren sus
esfuerzos en las materias no superadas y sigan avanzando con materias nuevas. Por otra parte, como he apuntado antes brevemente, en


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este curso 2007-2008 entrarán en vigor los programas de mejora del éxito escolar, dotados con 25 millones de euros, y los programas dirigidos a disminuir las bolsas de abandono prematuro, de abandono temprano de la escolarización,
financiados con 11,2 millones de euros. El Estado y las comunidades autónomas van a coordinar la puesta en marcha de estos programas.



Me interesa resaltar dentro de estos comentarios finales que a pesar de la diversidad que presentan los sistemas educativos de los países de nuestro entorno, hay algo -tal y como destacan los estudios y análisis internacionales- en lo que
coinciden aquellos sistemas que muestran mejores tasas de éxito: la mayor autonomía de los centros docentes.
Quiero insistir en esto porque me parece importantísimo y considero que es, debe ser uno de los principales activos de nuestra reforma.
La eficacia del sistema educativo está estrechamente relacionada con su flexibilidad, con su capacidad para adecuarse a las necesidades específicas de cada alumno o de cada grupo de alumnos. Los centros educativos deben tener más autonomía para
decidir cómo se organizan en función de sus necesidades y circunstancias, cómo adaptan su currículo, cómo organizan la participación de la comunidad educativa o cómo gestionan sus recursos. Todos necesitan la autonomía suficiente para poder
adaptarse mejor a su entorno, a sus circunstancias concretas, a un alumnado crecientemente diverso, con necesidades específicas y distintas.
La Ley Orgánica de Educación recoge la autonomía de los centros como un principio básico que debemos
fomentar y apoyar, y los programas de actuación que estamos desarrollando en colaboración con las comunidades autónomas respaldan esta política al atender a las necesidades específicas de cada centro.



Como he señalado también al principio de mi intervención y recojo ahora, la formación del profesorado es uno de los compromisos de este ministerio. El Plan de formación permanente del profesorado, que desarrollaremos en el curso 2007-2008,
reforzará la formación disciplinar pedagógica y didáctica en las nuevas materias de la Ley Orgánica de Educación y en aquellos aspectos que favorecen la equidad, la calidad y el éxito escolar. A esta tarea dedicaremos un presupuesto de 5,7 millones
de euros que permitirá impartir 868 cursos. Por otra parte, el futuro máster de formación del profesorado -aprovechando la reforma de las titulaciones universitarias, que afectará también a los maestros-, cuya organización y contenidos anunciaremos
en un futuro inmediato, será también un instrumento básico para lograr esa preparación que nuestro sistema necesita y para contribuir sin duda también al reconocimiento y al prestigio social que todo el profesorado merece.



Voy a terminar mi intervención con un breve comentario sobre el sistema de becas y ayudas. Tal y como ha venido expresando este Gobierno desde el inicio de la legislatura, la política de becas y ayudas al estudio constituye una de sus
prioridades. Las becas son un instrumento eficaz para la compensación de desigualdades en el ámbito de la educación y, por tanto, en la mejora de la formación de capital humano. Este carácter prioritario se ha traducido en numerosas medidas
destinadas a mejorar tanto la cuantía de las becas y ayudas como a ampliar sus modalidades y a efectuar el pago al inicio de cada curso.



Quiero resaltar que el incremento presupuestario desde el año 2004 hasta el año 2007 ha sido de un 50 por ciento, lo que ha situado el presupuesto de becas y ayudas al estudio del año 2007 en más de 1.215 millones de euros y ha permitido
finalizar la convocatoria del curso 2006-2007 con un aumento tanto del importe medio de las becas, que se ha incrementado en más de un 15 por ciento en los últimos tres años, como del número de becarios. Los beneficiarios de las becas y ayudas al
estudio financiadas por el Ministerio de Educación y Ciencia en el curso 2005-2006, que es el último dato oficial disponible, superan la cifra de 1.336.000 alumnos, incluyendo becas y ayudas al estudio, ayudas a libros y exención de precios
académicos a familias numerosas. Para el curso que ahora comienza se ha incrementado hasta en un 13,5 por ciento el umbral de renta que da derecho a beca, lo que permitirá que pueda obtener beca un número importante de estudiantes que hasta ahora
no tenían derecho a ella. Estos datos permiten asegurar que aproximadamente el 55 por ciento de las familias españolas con hijos en edad de estudiar tendrá derecho a la matrícula gratuita y más del 40 por ciento tendrá derecho a ayudas de
transporte, libros, etcétera. También por primera vez y en cumplimiento de un compromiso adquirido al inicio de la legislatura, más del 80 por ciento de los estudiantes podrá recibir su beca durante el primer trimestre del curso, cifra que en 2004
se situaba en torno al 30 por ciento. A estos datos y dentro de esta política hay que añadir además el importante esfuerzo realizado para reforzar la dimensión europea de nuestro sistema educativo y para que nuestros jóvenes puedan tener acceso en
igualdad de concisiones al estudio de idiomas o a la experiencia de cursar algún año en otro país. Así, se aprobaron ayudas en 2007 para seguir cursos de lengua inglesa mediante estancias en el extranjero por un importe de 85 millones de euros para
el aprendizaje del inglés y se ha incrementado la dotación para las becas Erasmus desde los 4,6 millones de euros en 2004 a 52 millones en 2007. También hay que destacar el incremento de las becas Séneca, que en estos tres últimos años ha aumentado
un 48,5 por ciento alcanzando los 9,8 millones de euros en los presupuestos de 2007. Además, hemos incrementado las becas para realizar estudios de máster oficial y hemos puesto a disposición de los estudiantes de este nivel 50 millones de euros en
una novedosa línea de préstamos a interés cero, cuya devolución estará ligada a la renta futura del estudiante, para que todos aquellos que lo deseen puedan seguir especializándose y formándose en aquello que desean.



Termino diciendo que tenemos que trabajar de manera cooperativa y coordinada para continuar avanzando en


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la mejora de nuestro sistema educativo. Con ese propósito comenzamos el curso 2006-2007 una tarea a la que concedemos gran importancia y que consiste en definir objetivos educativos comunes para el conjunto de España, siguiendo la
orientación y el estilo de trabajo de la Unión Europea, y en establecer un sistema de seguimiento para analizar nuestro progreso hacia los mismos. Fruto de ese trabajo fue la adopción, por parte de la Conferencia Sectorial de Educación, de un
informe sobre los objetivos educativos españoles correspondiente al año 2006, que tendrá su continuación en el informe del año 2007, actualmente en elaboración.



La definición de objetivos y la puesta en marcha de un proceso de seguimiento de los mismos será un poderoso instrumento para conseguir la transparencia de los resultados de nuestro sistema educativo y para hacer efectiva la cooperación que
debe permitir su logro. El trabajo conjunto del Ministerio de Educación y Ciencia y de las comunidades autónomas permitirá diagnosticar la situación educativa con claridad y aplicar los medios y las políticas más acertadas para mejorarla. La
puesta en marcha de dichas medidas, junto con la aprobación de los desarrollos normativos pendientes, nos permitirá hacer coincidir el final de la legislatura con un panorama completo y ordenado del sistema educativo acorde con el proyecto político
del Gobierno.



Estoy a su disposición para contestar a las preguntas.



El señor PRESIDENTE: A continuación van a intervenir los grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de quince minutos. Tiene la palabra el señor Nasarre, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Bienvenida una vez más a esta Comisión, señora ministra de Educación. Tengo que decir que mi grupo, como todos los años, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Educación al comienzo del curso escolar
porque nos parece que es una de las citas más importantes de nuestra tarea como órgano de la representación de la soberanía nacional y, por tanto, también de nuestra tarea de control de la acción del Gobierno. Nos parece que es el momento oportuno
-sean cuales sean las coincidencias de fechas, pero en el comienzo del curso escolar- de hacer un balance y un análisis sobre la situación general de nuestra educación y de abordar y dar las indicaciones sobre los problemas que tiene nuestro sistema
educativo.



Aunque el Ministerio de Educación no tenga competencias directas de gestión, salvo en Ceuta y Melilla y en los centros de educación exterior, a los que por cierto ni a unos ni a otros se ha referido la ministra -es la primera gran sorpresa
de su exposición que tengo que manifestar-, el Estado no puede abdicar de la labor de impulso y de garantía de la vertebración de un sistema educativo que constituye no solo un pilar fundamental para la cohesión social de la nación española sino
también para el fortalecimiento de nuestro proyecto común. No podemos renunciar, señora ministra, a un sistema educativo que esté vertebrado, de calidad, que garantice una formación común a todos los españoles, que favorezca la más amplia movilidad
a los españoles y que garantice en todas las partes de España una auténtica igualdad de oportunidades. Lo peor que nos puede pasar es que se vaya configurando una España educativa con distintas velocidades, y lo lamentable -y a ello no se ha
referido, señora ministra- es que todos los datos de los que disponemos están señalando que las brechas están aumentando. El drama de la España del siglo XIX fue una España con tremendas desigualdades territoriales en materia educativa y ese drama
está también presente en la España del siglo XXI. Hay disparidades en resultados, en fracaso escolar, en gasto público; las tasas de abandono están llegando a 23 puntos de diferencia entre unas comunidades autónomas y otras incrementándose, como
usted bien sabe, esa diferencia. El Estado y el Gobierno de la nación no pueden cruzarse de brazos ante esta realidad, porque de esas desigualdades salimos todos perjudicados y no podemos -sería un drama terrible, señora ministra- tener una visión
particularista de la educación. Por eso es necesario -y yo lo vuelvo a reiterar aquí- un fondo de cohesión educativa, algo que ya planteamos cuando se debatió la Ley Orgánica de Educación y sobre lo que insistiremos en el futuro, porque es
imprescindible mantener un sistema educativo nacional vertebrado y equitativo.



Datos de Ceuta y Melilla. Señora ministra, usted tiene una responsabilidad especial en el ministerio y no se ha referido a ello o por lo menos yo no se lo he oído y creo que he estado atento a su exposición. Hay graves problemas en Ceuta y
Melilla, señora ministra. La tasa de abandono en Ceuta sin haber obtenido el título de graduado en educación secundaria está en torno al 50 por ciento, según mis datos, y en Melilla supera el 42 por ciento. (El señor Guerra Zunzunegui: ¡Que
barbaridad!) Por tanto en ningún caso podemos estar mínimamente satisfechos con esa realidad. El número de alumnos por aula en infantil, primaria y secundaria -y son datos oficiales, de ustedes- están a la cabeza de España en los centros públicos
de Ceuta y Melilla, con un alumno con especiales dificultades, un alumno con gran heterogeneidad, etcétera. También como producto de esa importante tasa de abandono escolar Ceuta y Melilla tienen la mayor tasa de alumnos en garantía social, y
muchos menos en las demás ofertas de enseñanza postobligatoria. ¿Cuántos alumnos alcanzan la graduación de ESO? Esa es la primera pregunta que yo le quería formular, señora ministra, y cuáles son las tasas de idoneidad.



De educación exterior usted no nos ha dicho nada a lo largo de su intervención. No me ha extrañado en absoluto porque no se ha hecho nada en materia de educación exterior en estos cuatro años. Nuestra red -exigua red- de educación exterior
sigue igual, a trancas y barrancas, y eso no se corresponde con nuestro peso en el


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mundo. Creo que es hora de que España se plantee de verdad una seria política de ampliación de su presencia educativa en el exterior y esa es una responsabilidad directísima del Ministerio de Educación. En esta materia, un enorme suspenso,
señora ministra de Educación.



Volvamos a España y al curso 2007-2008. Yo sé que Zapatero ha dado instrucciones a todos los ministros -estamos ya en periodo preelectoral, en una larga campaña electoral- de dedicarse con entusiasmo a proclamar las bondades de sus tres
años triunfales. Usted ha sido muy disciplinada, señora ministra, con las indicaciones del presidente del Gobierno tanto aquí como el viernes pasado en su comparecencia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Yo la escuché y me produjo
sonrojo, se lo digo con toda sinceridad, cuando se atrevió a decir que en España vivimos en el mejor sistema educativo posible, un sistema educativo, según usted, aparentemente perfecto. ¿Cómo se puede hacer tal afirmación sin inmutarse? Por una
parte, es una falsedad, señora ministra, pero es que además no es creíble. Cuando los resultados de nuestro sistema escolar están produciendo tasas de fracaso en torno al 30 por ciento, aunque ya sé que usted lo quiere desterrar porque no le gusta
el término fracaso escolar -¿por cuál lo quiere sustituir?-, cuando el 66 por ciento -solo el 66 por ciento- finaliza sus estudios sin haber cursado ningún tipo de educación secundaria superior, con resultados medios mediocres e insatisfactorios,
usted dice que estamos en el mejor de los sistemas educativos posibles, a lo Leibniz, y por tanto es un sistema intocable.
La verdad es muy otra, señora ministra. La verdad es que los profesores tienen dificultades crecientes para ejercer su
función docente, y esa ha sido una de las realidades de este curso pasado y de los debates y polémicas. Es verdad que hay una crisis de autoridad del profesorado que no se resuelve, que hay serios problemas de convivencia, de orden y de clima
escolar favorable al estudio que se están agravando, que muchas familias no pueden elegir el centro que desearían para sus hijos, lo cual está creando en muchas comunidades autónomas un profundo malestar educativo. Decir que todos estos problemas y
los malos resultados de nuestro sistema escolar no tienen nada que ver con el sistema educativo de que disponemos, que obedecen a otras causas externas, es una afirmación insostenible, y lo preocupante es que esta afirmación responda a que la
ministra crea, parece ser, que la realidad educativa de nuestro país es buena, es satisfactoria -está contenta con ella- y es la que necesita la sociedad española para su futuro. Eso no es cierto, señora ministra. Por tanto, hagamos balance.



Este es el último curso de la presente legislatura y aunque sea de modo muy breve por el tiempo de que dispongo, es el momento propicio para hacer un balance de la misma y para debatir dónde nos encontramos realmente. Desde el punto de
vista político, el resumen de esta legislatura comienza en que ustedes entraron como un elefante en una cacharrería y llegaron para guillotinar la Ley de Calidad, impulsada por el PP, y dejarla sin aplicación. No consintieron que las reformas a la
Logse introducidas por esa ley se pusieran en práctica. Algunas de ellas no solo eran imprescindibles sino urgentes, entre otras cosas para poder cumplir los compromisos de Lisboa. Ustedes paralizaron en bloque todo el proceso de reformas y el
resultado es que esta está siendo -ha sido ya- una legislatura perdida y, además, han sometido a nuestro sistema educativo a vaivenes enormemente perturbadores; parece como si cada Gobierno de turno tuviera que deshacer la tarea del anterior.



¿Por qué lo hicieron, por qué asumieron una conducta tan irresponsable? A mi juicio por una razón fundamentalmente, porque siguen empeñados en el modelo educativo de la Logse y en sus principios inspiradores, porque la LOE, señora ministra
-lo tenemos claro-, es una Logse bis que sigue respondiendo a los principios y al modelo de educación comprensiva, que es un modelo que está fracasando en todas partes y que también ha fracasado en España como lo demuestran los resultados en estos
dieciséis años de su aplicación. Por cierto, algunas de las novedades que ustedes presentan ahora, las que más está subrayando aquí de la nueva ley y para este curso, estaban ya en la Ley de Calidad; por ejemplo, el comienzo del aprendizaje del
inglés en educación infantil está en la Ley de Calidad y desde el comienzo, desde el primer curso de la educación primaria; la gratuidad del segundo tramo de la educación infantil es uno de los logros y de los avances que hace la Ley de Calidad,
como lo es la lectura como pilar básico del aprendizaje, etcétera. Por cierto, la LOE no recuperó ningún consenso -es también el momento de decirlo-, ha sido la ley que menos votos favorables ha tenido de las leyes educativas de nuestra historia
democrática. Eso le debió molestar mucho al señor Rodríguez Zapatero porque cesó fulminantemente a la señora Sansegundo el mismo día en que se había aprobado la ley, mientras en la calle de Alcalá su equipo celebraba, no sé si con champán, su
aprobación. A usted le ha tocado el desarrollo de la LOE y se ha referido a ello en su comparecencia.



Por el tiempo del que dispongo no puedo referirme a todos los aspectos del desarrollo de la ley, me concentraré en tres o cuatro, que son los que me parecen de mayor importancia e interés. Empezaré con el profesorado.
Usted ha hecho
algunas observaciones sobre el profesorado y efectivamente estoy de acuerdo en que disponer de un profesorado bien preparado, motivado, con adecuadas condiciones profesionales, con autoridad respaldada, es el factor más importante para mejorar la
calidad de una educación, pero también es cierto, señora ministra, que las condiciones profesionales de los docentes en España hoy día se están deteriorando y que hay un clima de malestar y de desazón en el profesorado. Ya sé que esta no es una
situación privativa de España y que está sucediendo en toda Europa; por ejemplo, en Francia, Sarkozy ha empezado su proyecto de reformas y mejoras educativas centrándose en el profesorado y ha creado una comisión del más alto nivel -ha fichado al
señor Rocard para ello- para elaborar unas propuestas que tengan un auténtico calado. ¿Qué han hecho ustedes


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en esta legislatura? Fundamentalmente dos cosas: primero, marear la perdiz con los sindicatos para no hacer nada a lo largo de estos tres años.
Ustedes prometieron un estatuto de la Función pública docente y ha dicho que siguen trabajando
en ello; presentaron unas propuestas al final del curso pasado que fueron rechazadas por los sindicatos y en estos momentos sabemos que está en un punto muerto y desde luego ustedes han incumplido su compromiso, porque ya no tienen posibilidad de
presentarlo en esta legislatura. Eso es lamentable, señora ministra. Además, los acuerdos de 20 de octubre de 2005 se han incumplido en su gran mayoría y eso está provocando, como usted conoce, una gran frustración entre el profesorado y los
sindicatos.



Hay una segunda cosa a la que me quiero referir también. Usted ha hablado de la formación del profesorado. Disponer de un modelo de acceso a la Función pública docente adecuado y correcto que garantice la calidad en la selección del
profesorado es fundamental y el decreto que ustedes han hecho en febrero de este año es una auténtica vergüenza. Me atrevo a calificarlo como el peor de toda nuestra historia docente. Supone una degradación en el modelo de acceso a la Función
pública docente y va a hacer un daño incalculable a la escuela pública, porque con el diseño de esas pruebas que ustedes han hecho es imposible seleccionar a los mejores, es imposible animar a nuestros mejores jóvenes estudiantes universitarios a
que opten por la docencia. La única prueba de comprobación de los conocimientos, como usted bien sabe, consiste en desarrollar un solo tema entre cinco temas seleccionados que el candidato elige: uno entre cinco. ¿Usted se imagina un sistema
educativo en el que en todas las asignaturas el profesor tenga la obligación de poner a los alumnos cinco temas para que ellos elijan? La degradación del sistema educativo sería enorme y esto convierte estos concursos-oposición en una lotería y
perjudica a los mejores. A ello hay que añadir que el baremo de la fase de concurso favorece de tal manera a los interinos que se han producido casos, que conozco, de aspirantes con una puntuación, en la fase de oposición, superior al nueve que no
han superado la oposición y se han quedado en la calle. Esto desanima, esto es una chapuza y tiene efectos perversos que hay que corregir.



Otro aspecto del desarrollo normativo -ya voy casi concluyendo, señor presidente, le ruego que me dé cinco minutos más-, ha sido el de las enseñanzas mínimas, la ordenación académica, a lo que usted se ha referido. Sobre ello le quiero
hacer unas brevísimas observaciones. Se han convertido -se lo dije al señor Tiana, que está aquí presente, cuando debatimos este tema- en unos decretos farragosos y en algunos casos en verdaderos templos del lenguaje políticamente correcto,
efectivamente obsesionados con ese nuevo ídolo de las competencias. Pero, señora ministra, no hay competencias sin conocimientos, usted lo ha dicho. Las competencias son la aplicación de los conocimientos a la vida real. Por tanto, el centro de
las enseñanzas tiene que seguir siendo los conocimientos, con el correlato de sus competencias. Si invertimos el término, va a tener de nuevo unos efectos devastadores y quiero dejar aquí clara mi actitud de alerta y de preocupación por esto. Por
cierto, ¿por qué han echado ustedes a la basura los decretos de ordenación académica de enseñanzas de humanidades del año 2001 que fueron consensuados a partir del dictamen sobre las humanidades cuya comisión presidió el ex ministro Ortega y
Díaz-Ambrona? Esto nos produce unos vaivenes y le tengo que decir que los decretos de ahora son peores que los de hace seis años, que merecieron su apoyo. ¿Por qué no se han atrevido a fijar, por ejemplo, un mínimo canon de autores clásicos de
literatura para la formación común en lengua castellana? ¿Usted garantiza, señora ministra, es una pregunta que me gustaría que me contestara, que en todas las partes de España tengan al menos tres horas de clase semanal para adquirir la
competencia lingüística en castellano? ¿A qué arreglo han llegado en Cataluña? Me gustaría que lo conociera el conjunto de la opinión pública española.



Ustedes han incumplido su compromiso de aprobar el decreto de las enseñanzas de bachillerato. Dijeron que lo tendrían para este enero y usted nos ha dicho que ya está elaborado. También queda pendiente, y eso produce incertidumbre, el
modelo de prueba de acceso a la universidad, de selectividad. Me gustaría también conocer esta situación. ¿Qué van a hacer en bachillerato? He releído mi intervención con motivo de su comparecencia del año pasado y le planteé la pretensión de
alguna comunidad autónoma, por la información de que disponíamos, de organizar un bachillerato de tres años. Como suele hacer, usted soslayó la cuestión, pero el borrador del modelo de bachillerato que ustedes están haciendo reabre la cuestión. La
reabre de una manera que, a mi juicio, es inaceptable, chapucera, en contra de lo que dispone la ley, permitiendo pasar de curso con cuatro asignaturas suspendidas. Lo que yo le quiero decir aquí es que esa, que es una mala solución que va a
provocar desorden y que rebaja la tensión de exigencia, abre un debate, que es el replanteamiento de nuestro modelo de bachillerato, incluso el modelo de tres años. Nosotros le manifestamos nuestra disposición favorable a estudiarlo y a
considerarlo. Nunca hemos hecho sin consenso en nuestra acción legislativa o de gobierno por parte del Partido Popular dos cosas: modificar las estructuras del sistema educativo, porque no deben ser objeto de vaivenes de los gobiernos de turno, y
crear nuevas asignaturas.
La creación de nuevas asignaturas y la modificación de las estructuras tiene que hacerse por consenso.



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, le ruego que concluya.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Voy a plantear dos últimos temas, señor presidente. En el tema de becas, usted ha pasado por encima. Tengo que señalarle que decir a estas alturas que no se dispone de los datos oficiales del curso 2006-2007,
que ha terminado, que a mí todavía no me hayan contestado a la segunda tanda de preguntas -en la primera, en el mes de mayo, me


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dijeron que no tenían los datos disponibles- y que en septiembre sigan diciendo que no tienen los datos es absolutamente inaceptable e intolerable, es otra vergüenza. Además, mientras no existen estos datos oficiales, el señor Rodríguez
Zapatero está mintiendo descaradamente diciendo que hay 200.000 becarios más. Usted ha hecho una especie de cifra global de los dos años, no se ha atrevido a más, pero yo le digo que, en estos dos años de Gobierno, los becarios de carácter general
en materia universitaria, según los datos de los dos años que usted me ha proporcionado, hasta el año 2006, han disminuido en 9.249 y, en el conjunto del sistema educativo, incluidas las becas de infantil que ustedes han suprimido y las enseñanzas
postobligatorias, han disminuido en 27.000, en cerca de 30.000. Por tanto, el señor Zapatero está mintiendo y está incumpliendo su programa. Es el caso, por ejemplo, de decir que las becas de educación secundaria postobligatoria iban a alcanzar a
más del 50 por ciento de los escolares y, sin embargo, señora ministra, han disminuido y no alcanzan ni al 15 por ciento.



Sobre la formación profesional, carezco de tiempo para plantearlo ahora.
Supongo que el señor presidente nos dará una segunda réplica...



El señor PRESIDENTE: Depende de cómo vayamos, señor Nasarre. Si vamos superando todos los tiempos que da la Presidencia con holgura, iremos mal.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Permítame unas últimas palabras en relación con un tema de obligada atención por parte de la opinión pública, que es la educación para la ciudadanía. Ustedes, el viernes pasado aquí y a lo largo de todos estos
días, están adoptando la vía de la intransigencia, de la amenaza y de la prepotencia ante el problema que se ha suscitado.
Eso es una irresponsabilidad y un error. Yo les dije que en esta asignatura se iba a ver el verdadero rostro del señor
Zapatero, (una señora diputada: Insumisión: ¡que vergüenza!) y lo estamos viendo, porque, señora ministra, no atender las legítimas preocupaciones y las muy fundadas inquietudes que ha suscitado la configuración, los planteamientos, los objetivos
y los contenidos de esta asignatura es una fatal equivocación. Y no se puede descalificar despectiva e incorrectamente, como usted ha hecho, al hablar de actitudes absentistas, a las familias que están defendiendo unos derechos que la Constitución
les ampara porque el artículo 27.3 de la Constitución no es papel mojado y a toda nuestra Carta Magna hay que tomarla en serio, nos guste o no nos guste. Ese artículo establece un claro límite a la acción educativa del Estado, que no puede imponer
enseñanzas en contra de las convicciones morales de las familias. Este es un límite que nos aleja de los modelos de los Estados totalitarios y de sus prácticas en materia educativa.
Querer imponer una moral -como se dijo en unas jornadas sobre
esta asignatura, según he leído en la prensa ayer- (el señor Labordeta Subías: ¡Qué barbaridad!) a través del sistema educativo es un rasgo de un sistema totalitario. Ustedes invocan de modo abusivo las recomendaciones del Consejo de Europa del
año 2002, por cierto, recomendaciones que aprobó el Gobierno de la nación española, que en aquel momento ejercía el Partido Popular. Por tanto, no estamos en contra de ese documento ni de sus recomendaciones, sino de todo lo contrario. Yo lo
reitero aquí, tenemos que limitar los contenidos de esta asignatura al ámbito de lo que señala el Consejo de Europa, al ámbito de la polis, al ámbito de la formación cívica, al ámbito de la alfabetización política. Si lo hacen ustedes retirando los
decretos, aplazando este año la impartición de esta asignatura, estaríamos dispuestos a consensuar unos contenidos en torno a la Constitución y a sus valores, un programa sobre la Constitución, sobre los derechos humanos, sobre los deberes cívicos,
sobre la democracia, sobre las instituciones democráticas, un programa sin sesgo ideológico y con el enfoque prevalentemente jurídico-político que le debe corresponder, un programa que no obedezca a los propósitos e intereses del gobierno de turno,
un programa que no invada la esfera que corresponde al ámbito de la moral, que no pretenda elaborar una especie de modelo, catecismo moral del buen ciudadano. Es muy sencillo resolver el problema que ustedes han creado.



El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya ya, señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Termino, señor presidente. Recuerden que ya el Consejo Escolar del Estado se opuso a la creación de esta asignatura.
Es su propia intransigencia la que está haciendo más daño a la educación para la ciudadanía.
Señora ministra, aquí estamos ante una paradoja.
Ustedes quieren introducir la tolerancia como parte esencial de esta asignatura, pero están teniendo un comportamiento absolutamente intolerante. Señora ministra, le ruego que atienda estas
peticiones por el bien de nuestro sistema educativo, por el bien de la paz escolar. Si ustedes adoptan una posición de diálogo, de consenso y retiran los aspectos ideológicos de esta materia, será posible llegar a algún tipo de solución
satisfactoria. Lo que no es de recibo es que ustedes mantengan una posición intransigente con las familias que están defendiendo unos derechos que la Constitución les otorga.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Las gracias tiene que dárselas también a los grupos parlamentarios, pues no voy a poder actuar con ellos con la misma generosidad con la que he actuado con su grupo, en atención a que ha solicitado la comparecencia de
la señora ministra. Les rogaría que, cuando la Mesa sea generosa en la administración de los tiempos, contribuyan con la misma al buen orden de los debates.



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¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)


En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Labordeta.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Bienvenida a esta Comisión en el inicio de este curso, señora ministra. Voy a hablar en nombre del único partido que se abstuvo en el reconocimiento de la LOE. Lo hizo porque pensaba que la LOE no beneficiaba a
la educación pública y la religión seguía siendo una asignatura oficial en el bachillerato, aparte de por otras cosas.
Estuvimos ahí y nos abstuvimos -no votamos no por no votar junto con el Grupo Popular-, lo que fue bastante significativo.



Lo que la señora ministra ha dicho es muy interesante. Yo he sido enseñante durante treinta años y he sufrido todas las reformas y las nuevas leyes y me hace mucha gracia que el representante del Grupo Popular hable de la unidad de la
enseñanza en España. Nunca ha existido una unidad de educación en España, era una especie de utopía que todos podíamos estudiar lo mismo porque en España siempre ha habido distintas velocidades y, efectivamente, es algo que hay que superar, pero a
ver a quién echamos la culpa. A mí me parece que la señora ministra no lo ha hecho todo tan mal en el año que lleva. Yo he venido aquí a atacar a la señora ministra en alguna cosa, pero usted la ha atacado de tal manera que voy a tener que
defenderla. La verdad es que me he quedado asombrado.
Todo está mal, todo es un desastre, y yo creo que la educación tampoco está tan mal. Yo he sido profesor durante treinta años y en ese momento sí que estaba mal. Reconozco que también fui de
los que pensó que cuatro suspensos era excesivo, pero, cuando yo era profesor de instituto y jefe de estudios, recuerdo que tenía muchísimos alumnos que iniciaban un nuevo curso con dos asignaturas suspendidas y nadie se echaba las manos a la cabeza
en ese momento, primero, porque no podíamos y, segundo, porque era normal que los chicos pasaran de curso con dos asignaturas suspendidas, a las cuales asistían si había posibilidades de hacerlo. Y me parece muy bien que los niños de 3, 4 y 5 años
tengan educación gratuita. Cuando oigo al señor Nasarre decir estas cosas, parece que se olvida de que ellos han estado gobernando durante ocho años. Todos heredamos lo anterior, el PP heredó la Logse y el Gobierno socialista actual ha heredado la
Ley de Educación. Yo creo que vamos aumentando los defectos, que es lo que hemos hecho siempre; desde la ley de Villar Mir, aquella que destrozó el bachillerato tradicional, hemos ido a peor. Pero, en fin, en este momento intentamos mejorarla.



El problema fundamental es muy claro. Dice que la ley persigue la excelencia. Me parece muy bien. Aquí al lado hay un hotel de cinco estrellas, que pone: con excelencia. Me parece que es una cosa absolutamente maravillosa, pero hay que
irse a los pueblos. Le voy a poner el ejemplo de un pueblo que está muy cerca de Jaca, que se llama Villanúa, allí todos los niños, desde los 4 ó 5 años hasta que van al instituto, tienen la misma educación. ¿Cómo resolvemos ese problema? Esos
problemas son complicados. Estamos hablando de la excelencia y allí les debe parecer absolutamente maravilloso. Por otro lado, me decía el compañero que vamos a hacer del inglés la batalla fundamental.



Yo no voy a hablar de si aumentan o bajan las becas, porque nos ha llenado de cifras -esto es una cosa que hacen los ministros- y al final nos perdemos y no sabemos si vamos bien o vamos peor, pero hay una cosa que me gustaría aclarar.
Estamos manteniendo un combate por una asignatura, que es la educación para la ciudadanía. Yo le puedo decir al señor Nasarre, para su tranquilidad, que en Aragón, donde se va a aplicar, de 7.000 estudiantes, de 7.000 familias, solamente ha habido
250 familias objetoras. Eso es importante. Usted ha dicho cosas muy duras aquí. Yo creo que las cosas duras también hay que decírselas a don Benigno Blanco, que dice unas cosas en televisión y hace unas declaraciones que a veces realmente son de
juzgado de guardia. Yo, si fuera ministra de Educación, a lo mejor lo llevaría al juzgado de guardia, porque son cosas que se dicen frente al público dando la sensación de que esa educación para la ciudadanía es como traer el pecado a casa de los
pobres no pecadores. Yo he cogido dos libros de educación para la ciudadanía, uno de línea más conservadora y otro de línea más progresista. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice ahí, pero es que yo soy muy rojo. (Risas.) No pasa nada, eso
está en la calle. Una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer los políticos es que lo que está en la calle lo pasemos a las leyes y que la gente lo tome naturalmente.



Dejando la educación para la ciudadanía, que supongo que en los tres o cuatro meses que nos quedan de legislatura lo volveremos a tratar en Educación y seguro que en la Comisión de Medio Ambiente también se saca en algún momento, hay una
cosa que ha dicho la ministra que me ha parecido muy bien y son las cuatro nuevas asignaturas de música, danza, artes plásticas y diseño. Yo que fui profesor de instituto y jefe de estudio, recuerdo cuando las chicas estudiaban música y los chicos
no, que es una cosa absolutamente curiosa. Yo tenía un profesor de música, que era un canónigo de la catedral de Teruel, que me decía que a las chicas les enseñaba lo de Romeo y Julieta. Le pregunté: ¿Usted les enseña a las chicas a cantar la
ópera de Romeo y Julieta? Y me contestó: No, yo les enseñó a cantar eso de no. No somos ni Romeo ni Julieta... (Risas.) Aquello era el conocimiento musical que tenían las niñas que estudiaban bachillerato en aquellos años. Espero que esto se
tome en serio, que de verdad ese Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas exista y que elijamos a los personajes famosos por útiles, no porque sean famosos, porque a veces los famosos son unos inútiles. Para gestionar, a veces, se busca al
escritor más importante o al bailarín más importante y a lo mejor el bailarín no tiene ni idea de eso y hay un señor, que no es tan buen bailarín, pero que es mejor gestor.



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Hay un problema muy grave en toda la enseñanza, en eso creo que el señor Nasarre tiene razón, que es la falta de autoridad de los profesores. Esto viene de muy largo, no viene de ahora, tampoco el señor Zapatero tiene la culpa totalmente de
esto. Yo he sido profesor de instituto y en un momento determinado los chicos empezaron a tratarnos de tú. No sé por qué aquello ya empezó a desconcertarnos. Luego he visto cómo mis compañeros se han acongojado, porque hoy en día hay zonas
urbanas violentas -el señor Sarkozy está intentando poner orden en esas zonas urbanas que todavía son más violentas que las nuestras- y hay que tomar medidas, porque efectivamente esto es así. Hoy en día hay muchos profesores que entran a las
clases con verdaderas angustias y salen con verdaderas angustias. Muchos de los que están en los psiquiatras son los profesores.



En cuanto a la tasa de abandono, hay que intentar solucionarla. El señor Nasarre ha puesto como ejemplo Ceuta y Melilla. Considero que Ceuta y Melilla no son ejemplos de tasas de abandono, son dos ciudades que están absolutamente
colapsadas ideológica, económica y popularmente, hay un follón que es tremendo, yo tomaría unas posiciones más radicales sobre Ceuta y Melilla, pero no son dos símbolos para ponerlos como ejemplo de abandono. El abandono es más importante verlo en
otras ciudades más nuestras. Perdón. No digo que Melilla y Ceuta no sean nuestras, que son nuestras, pero hay todo un colectivo muy complicado allí, mientras que en otros sitios no es tan complicado.



Hay otra cosa que me preocupa siempre, que hoy en día estamos llenando los centros públicos fundamentalmente de emigrantes y los centros concertados no tienen emigrantes. Señora ministra, ese es un tema que hay que solucionarlo
radicalmente. Cerca de mi casa tengo un instituto ejemplar, que es el Joaquín Costa, que es un edificio precioso que se hizo en la época en la que en este país se hacían las cosas bien, antes de la dictadura de Primo de Rivera, y cuando estás en la
puerta viendo salir a los niños oyes todos los idiomas. Para un español, un castellano parlante, ir a estudiar allí es enriquecedor. Esto sí que hay que solucionarlo radicalmente. Los niños tienen que tener el apoyo que sea.
Hasta ahora han sido
los propios sindicatos los que han ayudado a esos pequeños colectivos a aprender castellano para que puedan entrar en el currículo con naturalidad y no que a veces no se puede explicar nada ya que no entienden absolutamente nada porque no saben
hablar español.



Respecto a la asignatura de educación para la ciudadanía, tenga usted como ejemplo que en Aragón, que es un territorio más o menos conservador, porque los aragoneses no somos radicales para un lado ni para otro, sino que somos gente
conservadora, por eso se vota a don Marcelino Iglesias, de 7.000 alumnos, solamente 250 familias han hecho objeción de conciencia. Esto también deberíamos planteárnoslo y pensarlo. Frente a todo el bullicio que están armando en algunos medios de
comunicación, la gente pasa absolutamente de eso y nuestros ciudadanos son mucho más sensatos que muchos medios de comunicación.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Labordeta, por esa llamada a la tranquilidad, porque además siempre nos quedará Villanúa.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Siempre que no vayas tú. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: Señora ministra, le agradezco esta comparecencia, que ya es un clásico de esta Comisión. Es la comparecencia habitual que solicita el ministerio y pide el Partido Popular. Le aseguro que nosotros no se la hemos
pedido nunca ni se la vamos a pedir, entre otras cosas porque me temo -y la mayor parte de su discurso así lo ha demostrado- que, al final, este inicio del curso escolar es el día a día y la problemática del día a día de las escuelas y de los
colegios no es competencia del Gobierno del Estado, sino que es competencia de las comunidades autónomas, que son quienes la tienen que afrontar y quienes nos podrían contar un poquito más al detalle esa problemática. Al final, la cuestión es que
nos ha leído la LOE, con todos mis respetos. Muchas cosas ya las habíamos discutido y habían entrado en la LOE. Por ello, lo lógico hubiera sido que en el momento de hacer los decretos de desarrollo de la LOE se hubieran producido una serie de
comparecencias, y también que hubiera comparecido, en vez de al principio del curso escolar, cuando ya hubiéramos entrado en él, cuando hubiéramos visto los efectos de la aplicación de la LOE y dónde se producen determinados chirridos o, en cambio,
si la cosa está mejor encajada, más engrasada, sobre todo con esos planes de evaluación que ya se señalan en la propia ley y que usted ha subrayado y a los que les ha dado bastante importancia. Tenía que haber comparecido a partir de ahí para que
pudiéramos ver realmente esos efectos de la LOE y si este Parlamento ha enfocado bien la problemática de la educación -yo creo que sí- en el Estado. No veo mucho sentido en que sea ahora, porque -insisto- aparte de leernos la LOE, nos ha dado una
estadística del número de profesores, de alumnos, etcétera, que ya habíamos leído en los periódicos de ayer. Usted nos ha dado los números más en detalle, pero esos números ya aparecen en las noticias de ayer.
Pero con lo que no puedo estar nunca
de acuerdo es con una llamada al Gobierno para estar por encima de la ley -se ha producido por parte de un grupo político en la Cámara- en aras de una supuesta, inexistente unidad del sistema educativo en el Estado y de algo irrenunciable por parte
del Estado. La división competencial es la que es, y hay que respetarla.
Además, estoy de acuerdo con el señor Labordeta cuando señalaba que parece que las desigualdades en el sistema educativo español son de ahora. Las desigualdades en medios,
en resultados, en tratamiento,


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entre unos lugares geográficos del Estado español y otros han existido siempre. Es más, en estos momentos podemos decir que se están reduciendo.
Por tanto, dar a entender que el sistema educativo y el reparto competencial entre autonomías
produce una especie de caos en el que las desigualdades y el fracaso escolar campan por sus respetos me parece que es faltar a la verdad, porque es todo lo contrario.



Quisiera hacer también un apunte, ya que se ha citado por los dos portavoces anteriores el caso de Ceuta y Melilla, donde tiene efectivamente el Ministerio una gestión directa. Me gustaría, señora ministra, ya que sé que escucha -no se lo
digo por hacerle la pelota, se lo digo muy en serio-, que atendiera a la cuestión de Ceuta y Melilla.
Desde el ministerio no se ha enfrentado seriamente la cuestión y una de las causas que puede incidir -no digo que no existan otras- en que las
tasas de fracaso escolar sean tan altas, las mayores del Estado, es que existe una población española con una lengua materna que no es el castellano, como es el bereber en el caso de Melilla y el árabe en el caso de Ceuta. Eso es una realidad y
habría que ver si el mayor o menor conocimiento de la lengua castellana puede incidir en esas tasas de fracaso escolar que se están dando en las ciudades autónomas. En ese sentido, el Gobierno español debería plantearse seriamente la posibilidad de
que, al menos en los niveles básicos, en los niveles inferiores, se pudieran utilizar, como una manera de introducción al sistema educativo, esas otras lenguas que son naturales en esas ciudades y para un número muy importante de alumnos. No
olvidemos tampoco que -con esto concluyo- en este asunto el mayor porcentaje -yo creo que más del 50 por ciento- de los estudiantes, de los alumnos, porque es así el desarrollo demográfico de la población, son de etnia bereber o de etnia originaria
del norte de África.



Dicho esto, quisiera hablarle de otra cosa, señora ministra. Muchas veces, cuando las cosas van bien, cuando funcionan, cuando nadie pone el grito en el cielo, es mejor no dar una patada al avispero y crear, por un prurito legislativo, un
problema donde no lo había. Me estoy refiriendo concretamente al nombramiento de los directores de la escuela pública.
Usted sabe que podría haber una contradicción entre el artículo 33 de la Ley de la Escuela Pública vasca y los artículos 133 y
siguientes de la LOE. Hasta ahora no había habido ningún tipo de problema en el nombramiento de los directores, pero sé que ya se han presentado dos recursos contra algunos nombramientos. No había queja ni ningún problema dentro de los centros,
simplemente ha sido el prurito del Estado de imponer el artículo 133 de la LOE sobre el 33 de la Ley de Escuela Pública vasca, una ley que le recuerdo -quizás sea anecdótico, pero también viene a cuento mencionarlo- que fue impulsada en gran medida
por el Partido Socialista de Euskadi. Además usted cuenta en su ministerio con colaboradores muy importantes del Partido Socialista de Euskadi que tuvieron responsabilidades en el momento de la aprobación de esa ley. Si hubiera habido algún
problema en las comunidades educativas, hubiera sido necesario tomar algunas determinaciones e incluso judicializar determinadas cuestiones, pero no habiendo ningún problema, promover ese tipo de actos ante los tribunales me parece generar una
tensión innecesaria.



Evidentemente, la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 5 años, es una buena cosa. Es algo que ya existía en algunas comunidades autónomas. No estamos descubriendo una decisión política del Gobierno, porque es un
mandato de la propia LOE y un acuerdo no del Grupo Socialista sino de muchos grupos políticos. Lo que hubiera sido algo revolucionario, un puntazo, hubiera sido que en vez de incidir en el 15.2 de la ley nos hubiera dado una sorpresa con el 15.1,
que habla de promover un incremento progresivo de las ofertas de plazas públicas en el primer ciclo. Ahí no hay un compromiso de la ley, pero ahí es donde mi grupo cree que el ministerio tendrá que hacer un esfuerzo a futuro a la hora de aportar
fondos. En este Parlamento estamos hablando una y otra vez de conciliación de la vida familiar e incluso se han creado comisiones ad hoc en esta Cámara, pero al final el ámbito de la educación tiene mucho que hacer en ese aspecto. De hecho, la
tendencia de la educación ha sido ir ampliándola desde unos ciclos muy básicos hacia arriba, hacia más edad, pero también hacia abajo. Creo que en el momento en el que estamos ya tenemos que dar ese paso decisivo de implementar financieramente y
aumentando el número de plazas el primer ciclo de infantil, entre 0 y 2 años. Esa sí que hubiera sido una noticia y una decisión política por parte del Gobierno, porque de 3 a 5 años ya estaba en la ley y ya estaba previsto presupuestariamente.



No sé si vamos a tener un segundo turno, pero como no lo voy a utilizar, voy a hablar, aunque en principio no era mi intención hacerlo, de educación para la ciudadanía. Sabe usted que esta es una materia con la que en principio tuvimos
reticencias, pero también hemos manifestado en el Pleno que, una vez examinados los contenidos de los decretos, no veíamos inconveniente alguno en ella. Además la inmensa mayoría de la comunidad educativa no tiene ningún problema. Es más, hablando
de adoctrinamientos, el adoctrinamiento se puede dar en la escuela, pero se puede dar, y de hecho se da y se ha dado, sin necesidad de una asignatura específica. A través de la historia, de la geografía o de la literatura se puede dar una educación
sesgada, si esa es la voluntad de determinado grupo de presión. Eso es lo que todas las administraciones deberían intentar evitar. Yo no creo que vaya a propiciar eso, per se, la mera existencia de la asignatura, vistos los contenidos que se daban
en el decreto.



Dicho esto, para finalizar, ya que usted anuncia comparecencias, también le anuncio que nosotros le vamos a solicitar que comparezca. No sé en qué formato todavía, pero muy pronto se lo haremos saber. No corresponde nuestra petición
estrictamente a la materia de la LOE, pero sí es algo que le compete a su ministerio y que nos tiene verdaderamente soliviantados. Me he


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referido antes a dar una patada al avispero cuando resulta que no hay nada que parezca un problema, es el caso de los recursos que el delegado del Gobierno -imaginamos evidentemente que a instancias del Gobierno español- ha presentado este
verano contra los reglamentos de diversas asociaciones deportivas del País Vasco. Así como en el ámbito de la educación veo un día y otro que podemos llegar a acuerdos, en el ámbito del deporte desgraciadamente no hay absolutamente ningún margen de
acercamiento, de abrir puertas, de progreso -creo que esa debería ser la palabra- por parte de su ministerio. Lo están viendo recientemente en Cataluña, pero nosotros hemos tenido también este verano buena prueba de esa política, de la flexibilidad
del hormigón. Por tanto, le anuncio que la solicitud de comparecencia sobre esto será muy pronto.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Voy a compartir mi turno con el portavoz de deporte, señor Maldonado.



Quiero trasladarle, señora ministra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nuestro agradecimiento por comparecer y, sobre todo, por mantener esta costumbre de comparecer al comenzar el curso académico porque
permite, más allá de comentar la gestión, que tal como se ha dicho aquí es competencia de las comunidades autónomas en su mayor parte, analizar y debatir acerca de la situación del sistema educativo en general, especialmente del no universitario.
Usted ha hecho una intervención en la que, además del repaso histórico del sistema educativo, ha hablado más bien en un plano teórico de cuáles eran las novedades que comporta la LOE. Como ha sido en un plano teórico, entendemos que, por prudencia,
no deberíamos hacer un planteamiento superpositivo ni un planteamiento supernegativo, que son los dos planteamientos que yo he escuchado aquí, por parte suya y por parte del principal grupo de la oposición. La prudencia lo que aconseja es ver cómo
se pasa de la teoría a la práctica y analizar en sucesivas comparecencias si realmente la letra de la LOE atiende a los objetivos con que aprobamos en esta Cámara esta Ley de Educación. Le agradezco esta comparecencia porque, como he dicho, permite
plantear algunos temas generales y dar un repaso a la situación de la educación.



Dentro de esto, a mí me gustaría trasladarle algunas cuestiones para profundizar en algunas situaciones. Por ejemplo, en el tema de la estrategia de Lisboa. El año pasado en su comparecencia, que he releído, nos habló de algunos datos
preocupantes que nos alejaban de los objetivos asumidos en la estrategia de Lisboa y que venían a decir que debíamos combatir el fracaso escolar, reducir las tasas de abandono y prolongar la escolarización de los jóvenes, una vez concluida la
educación obligatoria. Nos decía al respecto el año pasado que por primera vez se había iniciado un cambio de tendencia en el índice del abandono escolar.
Quiero recordar que, según el informe de la OCDE referido a los años 2003-2004, solo el 66
por ciento de menores de 25 años finalizaba la educación secundaria superior cuando la media de la Unión Europea estaba en un 81 por ciento, es decir, prácticamente un 20 por ciento de diferencia. Señora ministra, me gustaría saber cómo ha
evolucionado esta tendencia decreciente que usted nos anunció el año pasado. También nos decía que el ministerio estaba tomando medidas para reducir la tasa de abandono temprano, fracaso escolar que realmente afectaba de manera esencial a nuestro
sistema educativo. Nos ha hablado aquí de que una de las medidas suponía programar esta realización de los dos cursos en tres años, medida con la que ya le adelanto que Convergència i Unió está de acuerdo porque realmente no es muy incentivador
para una persona que ha suspendido más asignaturas de las que debía pero no el número suficiente repetir un curso completo, pero nos gustaría que nos dijera si el ministerio tiene más medidas programadas en este sentido.



El año pasado usted dijo que la Comisión General de Educación encargó a dos grupos de trabajo el estudio y la elaboración de propuestas para conseguir la mejora de los resultados de los alumnos y la continuidad de los estudios más allá de la
educación secundaria obligatoria. Pues bien, nos gustaría saber en qué acabaron estos estudios y qué propuestas aparecían en los mismos, en el caso de que realmente se hubieran acabado.



Por otra parte, y respecto a los objetivos de Lisboa, hay diversas voces -usted lo sabe bien- que dicen que la Unión Europea no va a poder cumplir los objetivos marcados en Lisboa. El informe de la Comisión Europea referido al año 2005 es
poco alentador al respecto y España no es uno de los países mejor situados. Consultando páginas de Internet he tenido ocasión de leer en una dirección que se llama aprendemás.com que el Gobierno español ha elaborado un programa nacional de reformas
para conseguir alcanzar las metas propuestas. Cuando en la página pinchas la conexión programa de reformas sale una página en blanco. Señora ministra, me gustaría saber si esta noticia es cierta, si realmente hay un programa de reformas para
conseguir que los resultados sean mejores en el Estado español, y si es así díganos cuál es este programa de reformas.



En cuanto a la segunda cuestión, la financiación, el año pasado decía usted que el gasto en educación había crecido considerablemente, pero que eran conscientes de que estábamos muy por debajo de la media de la OCDE en recursos públicos
destinados a la educación. En octubre de 2006 decía que para el año 2007 el aumento en el presupuesto sería de un 26 por ciento. En este sentido quiero preguntarle qué incremento se aprobó finalmente en los presupuestos de 2007 para educación,
cuánto se ha ejecutado de aquello que se aprobó y qué incremento tienen previsto aprobar para el año 2008. Dentro de esta cuestión me gustaría traer a colación el tema de la financiación del sistema universitario. Usted ha anunciado una


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comparecencia para hablar específicamente del sistema universitario, por lo que entonces hablaré más profundamente sobre el tema, pero me parece necesario trasladarle la inquietud que hay en el sistema universitario en cuanto a la
financiación. El pasado mes de abril se presentó al pleno del Consejo de Coordinación Universitaria -presidido por usted- un informe aprobado por la Comisión de financiación del sistema universitario español, en el que, grosso modo, concluían, en
primer lugar, que era necesario que se estableciera de inmediato un sistema de becas y préstamo-renta capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y en este sentido la comisión proponía incrementar de inmediato los recursos actuales en un mínimo
del 50 por ciento. En segundo lugar, que era necesario implantar un nuevo canal de financiación universitaria para cubrir gastos estructurales de investigación, por ejemplo, contratación de personal de apoyo a la investigación, etcétera. En tercer
lugar, decían que era preciso crear un fondo de reconocimiento de resultados de las universidades en su actividad de I+D+i. En cuarto lugar, que era necesario cambiar las relaciones entre el personal docente investigador y las universidades porque
el profesorado estaba profundamente desmotivado a causa de una cultura de organización alejada de la política de reconocimiento de los resultados, tanto respecto a las unidades como a las personas que los producen, y que por ello se consideraba
necesario que en el ámbito retributivo se crearan nuevos complementos de productividad docente, productividad investigadora y productividad de gestión, basados en una evaluación rigurosa. Además, la comisión concluyó que la reforma de Bolonia y la
mejora de la calidad docente asociada a esta reforma provocarían efectos contrapuestos de más gasto, ocasionado por una mayor dedicación del profesorado y por la reducción del número medio de tamaño del grupo. En líneas generales, puesto que se
están elaborando ahora los Presupuestos Generales del Estado y no puedo esperar a una nueva comparecencia que no sé todavía cuándo va a ser, nos gustaría conocer las medidas que el Gobierno piensa adoptar como resultado de este informe en cuanto a
la financiación del sistema universitario.



Tercer punto: Desarrollo de la LOE y temas relacionados. Usted ha hablado del profesorado y del reconocimiento que merece su labor, tema en el que estamos completamente de acuerdo. A mí me gustaría tratar de la formación inicial del
profesorado. En la LOE, en el artículo 100.1, se habla de la formación inicial del profesorado, especialmente en cuanto a que dicha formación debe garantizar la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las
enseñanzas a las nuevas necesidades formativas. Nuestro grupo parlamentario hizo especial hincapié en la necesidad de esta formación inicial del profesorado y mencionaba en la propuesta de enmienda que tenía que tener una formación en inglés y en
TIC. Esto finalmente cayó de la letra de la ley, pero creemos que es necesario abordar en profundidad esta formación inicial del profesorado. En la Unión Europea se dice que gran parte del profesorado hace muchos años que entró en el sistema y
que, por lo tanto, su formación quizá está un poco desfasada en relación con las necesidades actuales. Esta no es la situación de España. En España está entrando un número elevado de nuevos profesores y profesoras en el sistema, pero con una
formación antigua, la formación no se corresponde a las necesidades actuales. Usted ha hablado de un máster de formación del profesorado y ha dicho que los contenidos se van a explicitar en breve tiempo. A mí me gustaría que se tuviera en cuenta
en dichos contenidos que la docencia se viene impartiendo de una manera absolutamente tradicional, es decir pizarra y tiza, a unos niños y a unos jóvenes que están acostumbrados a aprender a través de máquinas, y quizá ahí sí que hay un desfase
pedagógico que se tendría que solucionar. Por ejemplo, me hubiera gustado escuchar algo sobre la implantación de pizarras electrónicas, un nuevo sistema de impartir la educación que realmente no se va a poder implantar si los profesores no tienen
una formación inicial adecuada al respecto.
Me gustaría saber el contenido de este máster de formación y qué plan hay de implementación de pizarras electrónicas.



Relacionado con este tema y al inicio de curso se habla siempre del tema de la gratuidad de libros de texto, que es una medida con la que estamos completamente de acuerdo. Pero a mí me gustaría que este discurso se complementara con un
avance en el sentido de hablar de la sustitución de parte del material clásico, de parte de los libros, por material tecnológico. Hemos coincidido muchas veces en la afirmación de que la escuela es igualadora de oportunidades. Pues bien, si no se
abordan desde la escuela medidas para paliar la brecha digital que se está dando, nos encontraremos con que los hijos de las familias con nivel adquisitivo alto tendrán una formación digital y tecnológica inalcanzable para los hijos de familias que
no tengan un nivel adquisitivo alto. Por eso me gustaría saber cuáles son los planes del ministerio al respecto.



En España, el porcentaje de alumnos matriculados en carreras científicas es muy bajo y la nota de corte es muy baja. ¿Qué se piensa hacer para estimular las vocaciones científicas?


El artículo 38.5 de la Ley Orgánica de la Educación prevé que puedan acceder a las universidades españolas aquellos alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados que hayan suscrito
acuerdos aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad y sin pasar las pruebas de acceso. Pues bien, en Medicina ha habido un overbooking que está planteando muchísimas quejas.
A este tema de poder acceder los alumnos directamente, sin la
prueba de acceso, se añade el de las grandes ofertas televisivas de salud: hay muchas series que están hablando de salud y esto evidentemente crea una apetencia en nuestros jóvenes por estudiar ciencias de la salud. ¿Qué piensan hacer al respecto?
Hay muchas quejas de gente que no ha podido entrar a estudiar medicina.



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Por último, me gustaría plantearle, también en este asunto, una cuestión en relación con la educación de adultos. Usted ha hablado de la integración en el sistema de alumnos no españoles. Se han integrado también en nuestra sociedad muchos
adultos no españoles; en el Estado español teníamos superada la alfabetización y me gustaría saber si tienen datos acerca de si en esta nueva realidad de una oleada migratoria se mantiene esta situación de alfabetización total o si hay problemas al
respecto y, si los hay, cómo piensan abordarlos desde el ministerio de su competencia.



Para concluir, también en la LOE, quisiera decir algo que aquí se ha venido exponiendo reiteradamente: educación para la ciudadanía. Es realmente un tema polémico y nosotros no nos oponemos en principio a esta asignatura; es más, parte
del título, aquella que se refiere a derechos humanos, obedece a una enmienda de Convergència i Unió. Como se ha dicho aquí con anterioridad, para adoctrinar a la gente no hace falta una asignatura específica, se puede adoctrinar de muchas maneras
y desde todas las materias. Pero echamos de menos un discurso que supere este combate que parece que se está dando, o por simplificar, sobre estas posturas de progres y carcas. Nos gustaría que desde el ministerio se liderara un discurso que
dotara de un contenido positivo y estimulador para tener una apetencia de esta educación para la ciudadanía; que no fuera únicamente encaminado a responder a las quejas o críticas que se hacen, sino que dotara de un contenido apetecible esta
educación para la ciudadanía.



Me voy a permitir traer a colación, muy brevemente, las palabras que al respecto el presidente Pujol ha escrito en el boletín de la fundación que lleva su nombre. El presidente Pujol es una persona profundamente preocupada por la educación,
que es algo más que la mera adquisición de conocimientos, y dice que educación para la ciudadanía puede significar una oportunidad para educar en la responsabilidad; que venimos de unos años en los que se ha hablado mucho de los derechos y poco de
los deberes, que se ha hecho poco por la pedagogía del respeto y que no se ha estimulado el esfuerzo, que se ha considerado que las normas eran o innecesarias o permisivas. Y dice que esta educación en la responsabilidad debe hacerse por toda esa
tribu a la que se refería el sociólogo Marina: por los padres y también por los educadores, que se puede hacer no solo a través de una asignatura sino de manera transversal, pero que además de este sentido de la responsabilidad de manera
transversal tiene que dotarse también de contenidos concretos. Y yo aquí añado que debe dotarse de contenidos de profundización democrática, de respeto a las normas de convivencia, de derechos humanos, de igualdad hombre/mujer y de todas las cosas
en las que muchas veces las familias no pueden educar, porque sus valores y sus normas son distintos en las sociedades de origen de las que vienen, al menos en teoría porque en la práctica, a la vista de cómo están muriendo aquí las mujeres por la
violencia de género, estamos bastante necesitados de la educación en valores y la educación en derechos.



El señor PRESIDENTE: Señora Pigem, vaya concluyendo, ha superado su tiempo con creces.



La señora PIGEM I PALMÉS: Sí, muchas gracias; como todos los anteriores.
(Rumores.-(El señor Labordeta Subías: El Señor Esteban y yo hemos sido muy correctos.) Casi todos.



¿Me permite pasarle la palabra por unos minutos a mi compañero, el señor Maldonado?


El señor PRESIDENTE: Sí, señora Pigem. Por un máximo de dos minutos y para hablar del tema del orden del día, tiene la palabra el señor Maldonado.



El señor MALDONADO I GILI: Procuraré hablar, señor presidente, los dos minutos que usted amablemente me da y muy rápidamente.



He escuchado con interés su amplia exposición, señora ministra, y solo quería comentarle -brevemente, como es lógico, por la falta de tiempo y porque mi compañera Mercè Pigem, con la brillantez que le caracteriza, ya ha hecho la explicación
en nombre de Convergència i Unió sobre el tema debatido- que la palabra deporte no ha aparecido en su amplia explicación, y deporte y educación son dos conceptos totalmente interrelacionados. Sería bueno para el sistema educativo no universitario
campañas de incorporación de los valores inherentes al deporte; sería bueno que el deporte entrara más en las escuelas y, sobre todo, una política deportiva en el sistema educativo. Le pondré un ejemplo rápido: Convergència i Unió presentó hace
unos meses una proposición no de ley, pendiente aún de ver, en la que pedimos que se hagan desaparecer las barreras que impiden la práctica deportiva a los cientos de miles de niños y niñas inmigrantes que no pueden practicar deporte federado; en
Cataluña, por suerte, está superado ese tema, pero en el resto del Estado es una asignatura pendiente intentar que los niños y niñas puedan practicar deporte federado y que no dirijan su actividad a otros ámbitos no deseables como el de la droga, la
violencia callejera, etcétera. Otro aspecto que hemos echado en falta ha sido, por ejemplo, la implicación de las escuelas en la práctica deportiva de sus alumnos en horas no lectivas en sus instalaciones; creo que este sería también un aspecto
importante.
En fin, no hemos oído en su comparecencia ninguna mención a la expresión escuela-deporte y desde aquí le animamos a priorizar al máximo este aspecto.



Para acabar, señora ministra, el portavoz vasco ha hecho mención a una expresión muy curiosa y muy asequible para Cataluña, la elasticidad del hormigón. Queremos, como máxima responsable del deporte en España, hacerle un ruego y es que
interceda, señora ministra, en un tema que también afectará, por qué no, a cientos de miles de niñas y niños catalanes por no


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poder asistir a un partido de fútbol de la selección catalana, Cataluña-Estados Unidos. Como máxima responsable del deporte catalán, le pedimos que interceda ante la Federación Española de Fútbol para que levante el veto al objeto de que se
pueda jugar este partido amistoso.
Sepa que desde ayer tiene sobre la mesa un informe jurídico que constata que estos partidos amistosos solo los debe aprobar el Gobierno y no la Federación Española de Fútbol. Por favor, le pedimos que actúe
porque sabemos que desde el Gobierno, desde el consejo y desde su ministerio puede interceder para que, una vez más, el derecho de Cataluña, la libertad deportiva de Cataluña no se coarte.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maldonado, por esta estricta interpretación del orden del día.



Por último, tiene la palabra el señor Benzal, por el Grupo Parlamentario Socialista.



El señor BENZAL ROMÁN: Queremos empezar la intervención también dando la bienvenida a la ministra una vez más, especialmente al inicio del curso una vez más, puesto que con ello atiende a la máxima del Gobierno indicada por el presidente de
hacer de este Parlamento el centro de la vida política. Nos ha anunciado además otras comparecencias en relación con universidades e investigación, que se han venido produciendo, quiero recordar, por acuerdo de esta Comisión con sus respectivos
responsables y también seguro -porque también lo ha pedido él en multitud de ocasiones y se ha relegado, por otras urgencias de esta Comisión, digámoslo así, y por acuerdo en el que nosotros participamos- la del secretario de Estado de Deporte, por
ejemplo, o de la propia ministra para hablar de deportes.
(El señor vicepresidente, Bedera Bravo, ocupa la Presidencia.)


La ministra ha definido este curso como aquel en el que la LOE entra en las aulas. Efectivamente, nosotros coincidimos con esa definición y no sé si se podría añadir a eso que entrando la Ley Orgánica de Educación en las aulas salen la
falta de financiación en la infantil de 3 a 6 años, que ocurría con la LOCE; salen también los itinerarios discriminatorios que ocurrían con la LOCE; sale una evaluación que no atendía correctamente al rendimiento; y sale una alternativa
obligatoria que había para la religión. Son competencias del Estado y nos parece muy bien que las haya atendido en buena medida la señora ministra. El itinerario que ha tenido la ley ha sido: nacer en este Parlamento; pasar al Gobierno que
elaboró los decretos, como sabemos; las comunidades autónomas; los centros y las aulas. Por tanto, se inicia en este Parlamento y llega a las aulas en este curso escolar. Este curso se caracteriza, seguramente podríamos definirlo así, por una
serie de criterios que empiezan con la consolidación del sistema, como estamos diciendo, y que seguiría por una coordinación entre las administraciones y por una compensación de las desigualdades. Todo ello deriva del compromiso del Gobierno
Socialista con la educación. Lo hizo, y lo ha recordado la señora ministra, con la universalización de la educación en los años ochenta, con la extensión de la educación a lo largo y a lo ancho, porque se extendió la educación hasta los 16 años
como se ha indicado anteriormente, pero también se integraron en el sistema educativo a personas provenientes de otras culturas, a inmigrantes, y además se aumentó la calidad.



Las desigualdades que se han producido tenían un origen importantísimo, que ahora se está corrigiendo, y es la falta de financiación. Quiero recordar a este respecto que siendo ministro de Administraciones Públicas el señor Rajoy fue
precisamente cuando se transfirieron a las comunidades autónomas los sistemas educativos para gestión de las propias comunidades autónomas, sin la financiación; ahora el Grupo Socialista las financia respetando esas transferencias, que he creído
entender que el señor Nasarre querría retomar. La consolidación del sistema educativo parte de una definición distinta de los aspectos básicos que tienen que conocerse en todo el Estado, de las competencias, que así se le llaman precisamente en los
decretos. Son competencias que pretenden transformar la mera instrucción en la formación de los ciudadanos.



El señor Nasarre se ha referido anteriormente al acuerdo sobre las humanidades y seguramente quería indicar que con estas transformaciones las competencias en los aspectos básicos se ponían en cuestión. Es un acuerdo político de humanidades
que luego se tradujo en unos decretos del Gobierno del Partido Popular con los que ya no había tanto acuerdo. Por tanto, distingamos y no asociemos ni traslademos mensajes que no pueden ser ciertos. Hubo acuerdo a nivel político, pero no tanto del
resto de grupos políticos con relación a como se tradujo ese acuerdo ejecutivamente con los decretos que se elaboraron en el año 2000.



Esas competencias son las que desde el informe PISA precisamente, ayudan a aplicar conocimientos que son los que mide el informe PISA. No lo dice el Grupo Socialista, sino un representante de una asignatura tan árida, como a veces decimos,
y tan abstracta como las matemáticas. Un presidente de una sociedad de matemáticas dijo que el informe Pisa medía una serie de aspectos que nuestro sistema educativo no estaba enseñando porque se dedicaba a otra cosa; algo que se quiere recuperar
ahora con esas competencias básicas en matemáticas, aunque no solamente. Además, la Unión Europea habla de competencias cívicas. No sé si decir que ahí hay una doble mala noticia para el Partido Popular porque se habla de competencias, con lo que
parece que no está de acuerdo, y de civismo. La Unión Europea establece el indicador competencias cívicas, precisamente uno de los que tienen que decirnos cómo va el cumplimiento de los objetivos de Lisboa para el año 2010. Son las dos noticias a
las que me referí anteriormente. Seguro que el Grupo Popular sería capaz, permítanmelo decirlo, de encontrar también un problema en estas soluciones, pero la Unión Europea lo dice y,


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desde luego, lo ha dicho el Grupo Socialista con esas competencias.



No sé si darle todavía una noticia peor. El señor Nasarre se ha referido antes al señor Sarkozy. El señor Sarkozy y los gobiernos conservadores franceses anteriores han definido las competencias básicas como un aspecto fundamental a la
hora de mejorar su sistema educativo. Es más, hace menos de una semana el señor Sarkozy con una carta que ha dirigido a los enseñantes de Francia ha dicho que son excesivos los conocimientos puros y duros que los estudiantes franceses tienen y que
ese es uno de los motivos por los que dan mal resultado también ellos en los indicadores que miden el informe Pisa, y que hay que transformar en competencias básicas en calidad, y no tanto en calidad, los conocimientos que los alumnos adquieren.



Con relación a otra consolidación, la de financiación, no voy a abundar en los datos que se han dado. El Gobierno socialista está cumpliendo y sobrepasando la memoria económica que acompaña a la LOE. También se consolida el rechazo que
tiene el Partido Popular a las políticas educativas del Partido Socialista. Lo que pasa es que se consolida el anquilosamiento del Partido Popular con relación a esas críticas. Siguen ustedes instalados en el año 1990, criticando las políticas
educativas que el Gobierno socialista elaboró y que nosotros hemos superado. Estamos 17 años después del año 1990; ustedes siguen criticando aquello, pero nosotros lo hemos reformado y hemos transformado aquel sistema educativo en uno nuevo, que
es el de la LOE, que desde luego ha evolucionado con relación a aquel en muchísimos aspectos: en el currículo, que es distinto; en esta definición de competencias básicas; en la evaluación y, desde luego, en un aspecto importantísimo, fundamental
y que es una condición indispensable, en la financiación. En todo eso hemos mejorado el sistema educativo. Un sistema educativo en el que, según decía el representante del Partido Popular, en cuanto a la admisión de los alumnos a los centros
educativos, había muchas familias que discutían ese proceso de admisión porque se quedaban fuera del centro elegido. Dígaselo usted a sus consejeros, porque los consejeros de Educación de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular están
diciendo que acceden a los centros elegidos el 95 por ciento de los padres. Ese es un porcentaje que nos parece más que suficiente, porque siempre habrá una serie de personas que no puedan ir al centro elegido. Por supuesto, esto ocurre también en
otras comunidades autónomas, pero específicamente en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular.



Hemos oído una serie de indicaciones con relación a los distinto niveles educativos, que no voy a repetir. Solo volveré a indicarle algo respecto a la financiación de la educación infantil de 3 a 6 años. No se pueden decir dos cosas
contradictorias, y hay una serie de aspectos que recoge la LOE que ya estaban en la LOCE, como el primer idioma a los 6 años y el segundo idioma a los 10 años. El problema era que entonces no había financiación, que cada uno se lo tenía que pagar,
mientras que ahora el Estado central sí financia esa serie de aspectos. En secundaria, quiero añadir dos cuestiones muy importantes: una, la evaluación, que ha cambiado; otra, la diversificación y los programas de cualificación profesional
inicial, sin olvidarme de la educación para la ciudadanía en la que ahora entraré brevemente.



En el bachillerato se ha creído tener un elemento de oposición con relación a la evaluación. Yo he creído entender que lo que se pretende con la nueva evaluación del bachillerato no es aprobar al que no sabe -se tiene que seguir sabiendo
para aprobar-; lo que se pretende es no aburrir al que sabe lo suficiente. En nuestro sistema educativo hay muchos alumnos de bachillerato que se aburren, habiendo aprobado con suficiencia mucho más de la mitad del curso. En aras de la formación
de esos ciudadanos y del reconocimiento de su esfuerzo, eso es algo que hay que evitar y, por supuesto, sin entrar en que necesitamos titulados de esos niveles, que este país injustamente no tiene. Por tanto, esta nos parece una medida adecuada,
como nos lo parecen las que se han elaborado con relación a la formación profesional, que se han indicado perfectamente por la señora ministra y en las que no voy a entrar. Sí quiero resaltar la puesta en marcha de ese Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas, dentro de ese espacio europeo de Educación Superior anterior a la universidad, así como la financiación para los idiomas, ambos formando parte de ese espacio.



Con relación a los profesores, no estamos de acuerdo en la crítica que se ha hecho al acceso, puesto que el nuevo acceso a la función docente nos parece que está realizado con criterios de eficacia. Señores del Partido Popular, no son solo
los conocimientos lo que hay que medir para incluir a una persona como funcionario en la Administración, y muchos menos en educación, hay que contar también los méritos y su conocimiento del sistema, por ejemplo, a la hora de elaborar una unidad
didáctica y, por supuesto, exponerla; todo ello forma parte del acceso. Por tanto, que una parte sea saber cuáles son los conocimientos, nos parece adecuado; pero hay que medir también otras cosas. Como nos parece también adecuado que se vayan a
incluir en la formación inicial -nos lo ha anunciado la ministra- las cuestiones relacionadas con un sistema educativo al que hay que responder de una manera distinta, y que tienen que estar incluidas en esa formación inicial en la universidad. La
concertada también ha tenido una atención específica por parte de la LOE, tanto en relación con la actualización de todos los componentes del concierto como por lo que se refiere a la homologación de los profesores y así se reconoce desde ese
ámbito.



Entro en educación para la ciudadanía, otra de las cuestiones que se va a consolidar con la Ley Orgánica de Educación. Parece ser -no somos los únicos que lo hemos dicho, se lo hemos oído incluso a representantes de sectores confesionales-
que hay un interés práctica y exclusivamente político en relación con este tema por


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parte de la oposición, que tiene algunos sectores -solo algunos- confesionales, y del Partido Popular. Seguro que se superará una demagogia y una manipulación teórica que se quiere establecer. Los valores cívicos que se pretenden enseñar a
través de esta materia son fruto de un acuerdo colectivo y en absoluto tienen por qué estar en contradicción con la moral individual, que es fruto de una convicción personal. Es más, que haya valores cívicos que respeten la moral individual es
precisamente un seguro para esa moral, ya que se va a enseñar a respetar cualquier tipo de opción, de ideología o cualquier tipo de actuación que tengan los ciudadanos, puesto que en absoluto se pretende fomentar con esa materia determinadas
actitudes u opciones -por ejemplo, opciones sexuales-, sino respetarlas, reconocer que existen y respetarlas. Es, por tanto, una manipulación trasladar a los ciudadanos que lo que se pretende con la materia es hacer de una determinada manera a los
ciudadanos. Es completamente falso y tenemos que decirlo. En absoluto se puede adoctrinar en un sistema educativo como el nuestro y diría en un sistema político como el nuestro, superando incluso el educativo, en un sistema, además,
descentralizado en Educación como el nuestro, en donde los distintos ámbitos de decisión van aportando diferentes criterios que hacen imposible llegar desde el origen hasta el final con una determinada dirección ideológica.



Qué decir de las acusaciones de fascismo que por parte de algún representante del Partido Popular se han hecho sobre esta materia. Una materia que nace en un parlamento democrático, que tiene principios y fines democráticos se compara con
materias elaboradas en un momento no precisamente reivindicativo de nuestra historia política. Yo decía antes en relación con los acuerdos sobre humanidades, que se transformaron en un decreto que no obtuvo tanto acuerdo, que el Grupo Popular entró
en ellos porque no había tenido más remedio después de que este Parlamento echara atrás los decretos que la ministra Aguirre -tenemos que recordar que fue ministra de Educación- elaboró en su momento. Pues bien, esta misma ex ministra de Educación,
Aguirre, ha dicho dos cosas como estas: Que va a cometer una ilegalidad, puesto que a lo que este Parlamento indica que es obligatorio le va a añadir una alternativa optativa, que va a suponer que los alumnos puedan hacer otra cosa distinta, y
además está continuamente falseando la realidad indicando que esta materia tiene no sé qué anexos -todos hemos oído cuáles son-, que precisamente se elaboraron en un momento y por unas organizaciones en las que estaba representado el Grupo Popular,
por cierto. No tiene desperdicio siendo una ex ministra de Educación. Y qué decir del apoyo del Grupo Popular a la objeción de conciencia. Tienen toda la legitimidad, por supuesto, para criticar cualquier decisión del Gobierno, pero nos parece
que se está haciendo con ilegalidad en los instrumentos que promueven, que amparan a los ciudadanos, y con una irresponsabilidad que trasciende el ámbito exclusivamente educativo en el discurso, porque además hay muchas instituciones que están de
acuerdo con esta opción educativa: el Consejo de Europa, el Consejo de Estado, el Consejo Escolar del Estado -no es cierto que el Consejo Escolar del Estado la rechace-, el Defensor del Pueblo lo ha dicho también; alguna sentencia judicial
-parcial, es verdad- ha empezado a decir que es adecuada y seguramente califican también a la FERE dentro de ese eje del mal que se nos ha indicado por parte de alguna autoridad eclesiástica.



Voy concluyendo. La evaluación de los alumnos nos parece adecuada tal y como se está haciendo -lo he indicado anteriormente con relación al bachillerato-, y desde luego también en otros aspectos. Por ejemplo, en comunidades gobernadas por
el Partido Popular -yo creo que con la intención de ningunear la adecuada opción de que en cuarto de primaria y en segundo de secundaria se haga una evaluación de diagnóstico del sistema cuando todavía hay tiempo para poner recursos a disposición de
los resultados- se ha optado, que es legítimo, por hacer una evaluación en sexto de primaria. Nosotros, en cambio, en Ceuta y Melilla, por ejemplo, lo vamos a hacer en los primeros cursos de primaria y secundaria, precisamente para saber cómo
llegan los alumnos y poder actuar con ellos, y no para saber -que también es importante, pero que no tiene solución- cómo salen.



Respecto a la coordinación, la ha habido en la conferencia sectorial - no entendemos esta crítica del Partido Popular, que tiene representantes en la conferencia sectorial y que allí no repiten- y con la Unión Europea.
Además, hay una
compensación de las desigualdades con relación a las becas. Se ha indicado anteriormente. Hay que recordar que el Partido Popular se negó a actualizar los umbrales a partir de los cuales los ciudadanos pudieran acceder a una beca. Este Gobierno
lo ha hecho anteriormente en esta legislatura y ahora en este curso hemos oído que ya está en un 13 por ciento, además de adelantar el momento de cobro, etcétera.



Termino con el asunto de los profesores, se ha dicho que había crisis de convivencia. La hay, pero no con los profesores -las estadísticas nos dicen que es mínima-, sino entre los propios alumnos. Hay que distinguir -y así se lo he oído
decir a la ministra- entre indisciplina y violencia.
Se quiere trasladar algunas veces como violencia lo que es una indisciplina, que desde luego hay que atajar. No quiero repetir en cuantos sitios lo dice la LOE, así como en relación con el
esfuerzo, etcétera. Hay que hacer un tratamiento de ello y se pretende hacer desde este Estado, y con la colaboración de las comunidades autónomas, a través del plan de convivencia, teniendo en cuenta que tenemos un sistema muy descentralizado.
Porque tenemos ese sistema y porque se pretende desde el Gobierno socialista tener un compromiso educativo con ese sistema, porque hay una consolidación de ese sistema en este curso con la llegada a las aulas de la LOE, porque hay una coordinación
entre las administraciones y porque hay una compensación de desigualdades,


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nos parece oportuno el inicio del curso que se está haciendo y las medidas que está tomando el Ministerio de Educación.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cabrera, para contestar a los diferentes grupos parlamentarios.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Voy a intentar contestar. Todos los grupos parlamentarios han planteado muchas cuestiones que he intentado recoger, no sé si seré lo suficientemente ordenada como para
contestarlas todas, es probable que no; en cualquier caso, también estoy segura de que ustedes me van a recordar lo que no he contestado en una segunda intervención y siempre queda la posibilidad de contestar en una próxima comparecencia.



Esta comparecencia inicial de curso es una costumbre que tiene sentido, es obligada. Estoy convencida de que si no la hiciera, la petición se convertiría en un clamor, pero, en cualquier caso, en este curso, como he intentado explicar en mi
intervención, la he creído especialmente importante, porque, la Ley Orgánica de Educación llega a las aulas. Es cierto, como ha dicho el señor Esteban, que me he limitado a contar la LOE y en cierto sentido ha sido así, porque en este país tenemos
una mala costumbre, que es pensar que cuando las leyes ya se han aprobado dejan de existir, incluso cuando empiezan a aplicarse. Recordar de vez en cuando qué es lo que se ha hecho no me parece mal, y por eso he hecho este tipo de intervención muy
general y muy política, porque he querido explicar cuáles fueron las razones que llevaron a la elaboración de esta ley y cuáles son los principios que presiden su aplicación y los objetivos que se persiguen. He abusado, de la Comisión recordando
cosas que probablemente ya se saben, aunque nunca estoy del todo segura de que se recuerden cuando hace falta. Me ha parecido importante recordar esto, el contexto en el que se elaboró y se aprobó la ley, porque, señor Nasarre, he hecho alusiones
al sistema educativo que tenemos y tengo mala memoria, pero no creo haber dicho nunca que tenemos el mejor sistema educativo posible en España, como ha dicho usted. He dicho que tenemos el mejor sistema educativo que hemos tenido nunca, lo cual es
muy distinto. En mi intervención me he preocupado de insistir en esto, pero me he preocupado también de insistir en que precisamente porque hay un sistema educativo mejor, hemos puesto en práctica esta ley. No tenemos el mejor sistema educativo
posible. He dicho, he repetido y repetiré, si no, sería un trato injusto para todos los que forman parte de ese sistema, que tenemos el mejor sistema educativo de nuestra historia. Comprendo que esto es discutible a la vista de ciertos datos que
me parecen igual de malos que a usted, los datos de fracaso y de abandono, y porque me parecen malos, he sostenido y apoyado -y seguiré haciéndolo- esta ley, porque es una ley que va dirigida fundamentalmente a corregirlos.



Me parecen exactamente igual de malas esas cifras, pero no me atrevo a deducir de eso que esas cifras sean las peores de nuestra historia, simplemente porque la extensión de la obligatoriedad hasta los dieciséis años es de comienzos de los
años noventa. Por tanto, la población estudiantil que tenemos, y en relación con la cual medimos el abandono, no es la población estudiantil que teníamos antes de la extensión de la obligatoriedad. No podemos decir, con los datos que tenemos ahora
de fracaso y abandono, que sean los peores datos de nuestra historia, y a poco honrados que seamos -y recordemos cómo era el sistema educativo- probablemente llegaremos a la conclusión de que en el pasado las cosas estaban peor. Pero de alguna
cifra sí se puede deducir de manera indirecta que estábamos peor. Las últimas cifras de la OCDE sobre la población que ha alcanzado, al menos, el nivel de la segunda etapa secundaria, relativas al año 2005, aunque son cifras del año 2005 permiten
hacer alguna deducción respecto al pasado. En esas cifras relativas al año 2005, repito, la población que ha alcanzado al menos el nivel de la segunda etapa secundaria, en España entre 25 y 34 años son un 64 por ciento. De la población que en ese
momento tenía entre 55 y 64 años, solamente un 26 por ciento había alcanzado ese nivel de educación secundaria. Si trasladamos esa cifra hacia el pasado podremos deducir qué porcentaje de población llegaba a esos niveles y en relación con esa
tendremos que medir el fracaso escolar. En esas mismas cifras del año 2005, si en España -repito- hay un 64 por ciento entre 25 y 34 años y un 26 entre 55 y 64 años, la media de la OCDE es un 79 y un 54, lo cual nos permite comparar cuál era la
situación de nuestro país con los países de nuestro entorno en relación con estas cifras hace veinte o treinta años.
Esto es un acto de justicia con nuestro sistema educativo que en ningún caso nos lleva a pensar -a mí no, desde luego y no lo he
dicho nunca- que tengamos el mejor sistema educativo posible. He dicho que tenemos el mejor sistema educativo de nuestra historia, que son dos cosas muy distintas. Como digo, me parece importante señalar eso; si no, sería no reconocer el enorme
esfuerzo que se ha hecho por parte de nuestro sistema educativo, del profesorado y de los centros escolares, en relación con la respuesta que han tenido que brindar a retos importantísimos en nuestro pasado reciente, el primero de los cuales fue la
extensión de la obligatoriedad hasta los 16 años y en los últimos diez años, he dado alguna cifra al principio, la entrada muy importante, y crecientemente importante, de población inmigrante. El sistema educativo está siendo capaz de recogerlo sin
producir situaciones de conflictividad que sí han ocurrido en otros países europeos. Por eso me importaba explicar el sentido de esta ley en el contexto del sistema educativo de nuestro pasado reciente y del futuro.



Esta ley, señor Nasarre -voy a intentar contestar, en la medida en que hay relación entre los temas, a los distintos grupos, en lugar de ir contestando uno a uno-, no entró como un elefante en cacharrería. Además se ha contradicho usted.
Por un lado ha dicho que no hemos


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hecho más que poner en práctica lo que decía la LOCE -bien es verdad que no ha dicho que la LOCE lo decía sin poner los recursos necesarios- y, al mismo tiempo, ha dicho que esta ley ha llegado para echar por la borda todo lo que la LOCE
había hecho. O una cosa o la otra. Lo cierto es que esta ley analiza y hace un diagnóstico de la situación educativa, conserva de las leyes precedentes lo que hemos creído que debería conservarse, porque no considerábamos oportuno hacer una ley de
ruptura total, e indudablemente mira hacia delante. Esta ley, señor Nasarre, por mucho que se empeñen ustedes, no es la Logse. Es bastante más que la Logse -usted mismo lo ha dicho-, no solamente porque recoge principios enunciados por la Logse
-repito- sin recursos detrás, sino porque además mira hacia el futuro.



Repetir sistemáticamente que esto es la Logse, echar constantemente sobre esa visión crítica, negra de nuestro sistema educativo, no ya pesimista sino catastrofista, y repetir hasta la saciedad que esto es una reedición de la Logse, señor
Nasarre, solo demuestra un escaso interés en que el sistema educativo funcione. Estamos intentando superar -creo que es una obligación de todos- imágenes del sistema educativo que no solo no se corresponden con la realidad sino que dificultan las
mejoras que tenemos que introducir en el sistema. Por eso me importaba hacer esta comparecencia en la que, como ha dicho el señor Esteban, a lo mejor se ha repetido en exceso lo que la LOE quería decir, pero que convenía recordar. Esta no es una
ley que llega por azar. No es un ley que sea resultado de un cambio de partido en el Gobierno. Por cierto, señor Nasarre, en algún momento me ha aludido como persona interpuesta para remitirse al señor Zapatero, incluso creo que ha llegado a decir
que mi intervención ha dejado traslucir mi obediencia a no sé qué mandato político. No sé si usted ha intervenido también en el mismo sentido, disparando hacia arriba sobre cuestiones que me competen y que le puedo asegurar que defiendo y explico
en razón de mis principios; si no, no estaría en este ministerio.



Tenía sentido hacer esta comparecencia y quiero señalar que estamos en un curso importante porque se pone en marcha la Ley Orgánica de Educación, que es una buena ley, que puede facilitar llegar a un mejor sistema educativo, que es posible y
necesario. Nunca he sido complaciente con la situación del sistema educativo, pero sí he sido justa en el reconocimiento de lo que ha hecho bien y este es el sentido de la comparecencia. Si me permiten, voy a ir a cuestiones más concretas, después
de insistir en que todos los datos negativos que ha expuesto el señor Nasarre sobre tasas de abandono, etcétera, y que lamenta -yo las lamento igual que usted, y por eso precisamente estamos aquí-. No son consecuencia de la gestión de los últimos
tres años, pero, en fin, este es un tema de discusión larga. Voy a intentar centrar cuestiones. El señor Nasarre ha hecho preguntas concretas sobre Ceuta y Melilla.
Efectivamente, el asunto es competencia directa de este ministerio.
También
estoy de acuerdo con lo que ha dicho -voy a tener que volver a citarlo- el señor Esteban sobre que Ceuta y Melilla son competencia del ministerio y que, por tanto, el ministerio es responsable -ahora le voy a decir algo-, pero no deberíamos tomar
esto como ejemplo de lo que ocurre en otros lugares, porque tienen unas peculiaridades muy específicas.
Precisamente porque existen esas peculiaridades hay un plan especial para la mejora de la calidad en la educación en Ceuta y Melilla, que
incluye actuaciones como la mejora de sistemas de admisión y escolarización de alumnos, el acompañamiento escolar para alumnos con desventaja en el último ciclo de primaria y el primero de secundaria, la mejora en la oferta de ciclos formativos y
programas de garantía social, un plan para reducir el absentismo escolar, otro plan para la lucha contra el fracaso y también un plan, que se está cumpliendo, de ampliación y mejora de infraestructuras. Hemos inaugurado un instituto y un colegio y
hay otros dos en construcción. Precisamente porque es competencia nuestra, hay una actuación específica en Ceuta y Melilla, donde las dificultades son muy altas porque el porcentaje de alumnado español es, como sabe usted bien, muy bajo.



En cuanto a la acción exterior, estoy de acuerdo con usted, señor Nasarre.
Efectivamente, hemos hecho mucho menos de lo que tendríamos que hacer, pero no hemos sido solo nosotros, sino que venimos haciendo mucho menos desde hace bastante
tiempo. Tenemos que adecuar nuestro sistema de educación exterior a la proyección que España necesita tener hoy en ese ámbito. Esta labor debería ser -aunque muchas veces al hablar de esto aludimos a un concepto manido- una cuestión de Estado,
puesto que la proyección exterior es una proyección de Estado. En lugar de tirarnos los trastos a la cabeza, deberíamos ponernos de acuerdo en cómo debe proyectar exteriormente este país la educación española y en el papel que España y el español
como lengua -ahí sí que hay varias acciones muy importantes de este Gobierno- deben tener fuera de España.



En relación con el profesorado ha habido distintas intervenciones. Estamos haciendo un importante esfuerzo para que la formación del profesorado acompañe al proceso de implantación de la Ley Orgánica de Educación y hay programas específicos
que se van a poner en marcha en este curso para amparar, apoyar y facilitar la aplicación de la ley, pero más allá de esto necesitamos un esfuerzo mucho más constante y de futuro en la formación del profesorado. Por eso, aprovechando la reforma de
las titulaciones universitarias, vamos a introducir, con el apoyo y la iniciativa de las universidades, las reformas necesarias para dar a los maestros un año más de formación -creemos que este es un elemento de prestigio social para ellos- y vamos
a introducir el máster de formación de profesorado en secundaria. Aprovecho para adelantar a la señora Pigem, que es la que ha suscitado este tema, que vamos a poner todo el empeño en que en esa formación del profesorado la formación en inglés y en
TIC tenga la importancia que tiene que tener. Esto entrará dentro de ese máster de


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formación del profesorado, pero ya está en marcha el programa Internet en el aula, que no solo propicia la dotación de infraestructuras a los centros escolares, sino también la formación de los profesores en estas técnicas y del cual forman
parte las pizarras electrónicas. Creo que se están produciendo avances, pero el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. Por otro lado, aunque se está produciendo una renovación importante en el profesorado, las cifras que tengo sobre su edad
media son bastante elevadas. Esto significa que la renovación del profesorado se va a producir más bien en el futuro y, por tanto, la formación de los profesores nuevos tiene que tener una gran importancia.



La señora Pigem ha preguntado por la estrategia de Lisboa. Recordando la intervención en mi comparecencia de hace hoy un año, le diré que ese sigue siendo nuestro objetivo. El Plan Nacional de Reformas por el que me ha preguntado -no
entiendo muy bien por qué sale una página en blanco- es un programa que los distintos países europeos implicados en la estrategia de Lisboa elaboraron para sus respectivos países y cuyo grado de cumplimiento es supervisado anualmente por la Unión
Europea. En ese Plan Nacional de Reformas hay aspectos y datos importantes en relación con el esfuerzo educativo, que es una preocupación europea. En ese sentido, prácticamente en todos los planes nacionales de reformas o equivalentes de los
distintos países europeos hay información relativa al grado de cumplimiento de los objetivos; unos objetivos -creo que también lo he repetido- que debemos mantener, aunque, como la señora Pigem misma ha indicado, es cierto que distintas voces en
Europa han manifestado la dificultad de muchos países para alcanzar los objetivos de la estrategia de Lisboa, incluso en algún momento se ha planteado la posibilidad de revisar los objetivos de la misma. La decisión europea ha sido más bién no
revisarlos para mantenerlos como un objetivo a alcanzar, es decir, no renunciar de antemano a su cumplimiento para que sirva de impulso relevante para los distintos países europeos en el cumplimiento de los objetivos de Lisboa. Yo he dicho en mi
intervención que la elaboración de la Ley Orgánica de Educación, su puesta en marcha y la puesta en marcha de todos los programas que la han acompañado y que van a seguir acompañándola tienen como objetivo fundamental llegar a conseguir los
objetivos fijados en la estrategia de Lisboa. Es una ley -repito- que no está elaborada, ni diseñada ni pensada porque sí, sino que responde a un diagnóstico de la situación y a la obligación que sentimos de cumplir los objetivos marcados en la
estrategia de Lisboa.



No iba a entrar en el tema, pero haré simplemente una mención respecto a las preguntas que ha hecho la señora Pigem sobre financiación universitaria. Hay dos líneas de contestación. He aludido antes a una comparecencia sobre este tema, que
además creo que es necesaria. En relación con la financiación universitaria me gustaría decir, en primer lugar, que existe un informe del Consejo de Coordinación Universitaria en el que aparecen las cuestiones que ha señalado la señora Pigem.
Además, si se lee entero dicho informe -y seguro que la señora Pigem lo ha hecho-, se verá que aparecen en él una serie de propuestas en relación con los cambios que las universidades deben introducir en la gestión de sus recursos para conseguir que
funcionen de manera más eficiente. Quiero decir que cuando hablamos de financiación universitaria y de su futuro entramos en un tema bastante más complejo. No es solo una cuestión de recursos sino que es también cuestión de saber en qué se
utilizan y cómo se garantiza la mayor eficiencia en la utilización de esos recursos. Este es un tema que no solamente se está planteando en España; sino que también se está planteando en todos los países europeos, al hilo de la construcción del
espacio europeo de Educación Superior. Incluso en países que tienen sistemas de financiación consolidados se está planteando la revisión de los modos en que se financian las universidades, de muy distintas maneras. Por tanto, la discusión de este
tema deberíamos plantearla en dos niveles. Uno sería un nivel más inmediato que tendría que ver con los presupuestos más próximos. Ya le puedo anunciar que en el Plan Nacional de I+D+i, en lo que le incumbe al Ministerio de Educación y Ciencia,
que es fundamentalmente investigación en las universidades, está contemplado, exactamente igual que está contemplado lo que de manera más directa le incumbe, que son las becas. Deberíamos tener ese horizonte inmediato de los presupuestos de 2008,
pero deberíamos abrir un debate con toda la entidad y la importancia que tiene este tema, un debate a nivel nacional sobre el modelo de financiación universitaria. Seguro que no necesito recordarlo, pero no solamente en este tema sino en algunos
otros que han surgido en relación con la enseñanza no universitaria, pero en este tema de financiación universitaria muy en especial les recuerdo cuál es el marco de competencias de las comunidades autónomas y de la Administración General del
Estado. La Administración General del Estado en universidades tiene competencias fundamentalmente a través del sistema de becas y de la investigación, y las comunidades autónomas tienen un ámbito de competencias importantísimo.



Acerca de cuestiones que planteaba el señor Nasarre en relación con el sistema educativo, en mi opinión este Estado, que yo no llamaría descentralizado sino autonómico porque me parece una descripción más justa, es el resultado de un proceso
político en el que todos hemos participado y, por cierto, todos hemos apoyado. No creo que el desarrollo del Estado autonómico haya aumentado las brechas o las desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. No solamente no las ha
aumentado, sino que desde luego en el ámbito educativo las ha reducido.
No hay más que darse físicamente una vuelta o consultar los datos relativos a los niveles educativos en Extremadura o Andalucía, aunque sigan siendo comunidades autónomas que
están por debajo de la media nacional, para ver que ha mejorado de manera sustancial su situación, y esto sería difícil de negar. Por otra parte,


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y aunque sea un razonamiento perverso el que ahora voy a hacer, a la hora de analizar las desigualdades en términos educativos yo sugeriría que junto con las desigualdades medidas en términos de comunidad autónoma hiciéramos un análisis de
desigualdades en términos de origen social y familiar del alumnado, porque esto nos ayudaría a entender muchas cuestiones. No es la organización autonómica del Estado la que abre brechas; es más, estoy convencida de que la organización autonómica
del Estado está contribuyendo a cerrar brechas, aunque seguimos teniendo brechas de desigualdad que no vienen de la organización política del Estado, sino que son desigualdades de carácter social. Es lo mismo que cuando en un reciente artículo que
todos habrán leído, o al menos habrán visto la alusión, se plantean los niveles de fracaso escolar en la escuela pública y en la escuela concertada. Para ver cuáles son las razones de la existencia de esos distintos niveles de fracaso o de
abandono, a las cifras que en el propio artículo se adjuntan hay que añadir la composición social del alumnado en uno y otro tipo de centros.



Señorías, no solamente no creo que el Estado autonómico haya abierto brechas, sino que tampoco creo que el desarrollo del Estado autonómico esté poniendo en cuestión la existencia de un sistema educativo que permita la movilidad entre las
distintas comunidades autónomas. Tenemos un sistema de garantías de bases comunes del sistema educativo que efectivamente permite la existencia de ese sistema, y, como he subrayado en mi intervención, también tenemos un conjunto de programas con
las comunidades autónomas que además se discuten y se financian de acuerdo con las diferencias existentes entre las distintas comunidades autónomas.
Quiero decir que en el trabajo de coordinación entre el MEC y las comunidades autónomas tenemos un
mecanismo de equilibrio de desigualdades que se pone en práctica cada vez que hay un programa en convenio con las comunidades autónomas. ¿Que hay que hacer más esfuerzos en unas comunidades autónomas que en otras? Evidentemente. ¿Hasta dónde está
obligado el Ministerio de Educación y Ciencia, o es de su competencia, contribuir a ello? Le puedo decir que somos perfectamente conscientes de la existencia todavía de desigualdades, que estamos perfectamente comprometidos en corregir dichas
desigualdades a través de esos programas de convenios, pero también estamos convencidos de que las competencias de las comunidades autónomas son muy importantes, y cuando hablamos de desigualdades entre las distintas comunidades autónomas en el
sistema educativo o en cualquier otra política tendríamos que hablar no solamente de lo que hace o deja de hacer la Administración General del Estado, sino también de lo que hacen o dejan de hacer unas y otras comunidades autónomas. De esta manera
tendríamos un reflejo bastante más fiel de hasta dónde la existencia de brechas o desigualdades depende de la organización de las comunidades autónomas o de lo que las comunidades autónomas deciden hacer con sus competencias.



Seguramente me dejo aspectos concretos, y aunque el señor Labordeta se ha ido no quería dejar de agradecerle su presencia en esta sesión. Ya se lo diré personalmente. El señor Labordeta es un ejemplo de historia viva del sistema educativo
español y por lo tanto siempre conviene escuchar sus opiniones. Le agradezco lo que ha reconocido de positivo en lo que se ha hecho en esta legislatura y también le agradezco las críticas por venir precisamente, como he dicho, de alguien que ha
formado parte del sistema educativo durante muchos años.



Podemos hablar de becas. Por cierto, señor Nasarre, sé que hay una acumulación de preguntas sobre becas que le vamos a contestar. Si no se le han contestado hasta ahora ha sido porque al garantizar el derecho a beca y ampliar
automáticamente los umbrales el cierre de la convocatoria, y por lo tanto de los datos, es más lento; pero desde luego tendrá usted la contestación a su petición de datos sobre becas. Creo que en esta Comisión de Educación ha habido información
suficiente sobre el sistema de becas; yo me he limitado a hacer una intervención de carácter muy general porque creo que era lo que competía en este momento; el señor Tiana hizo una comparecencia pormenorizada sobre becas y podemos volver a
hacerla. Lo único que le voy a decir al señor Nasarre -que, por cierto, en este tema también, no sé por qué, ha hablado del señor Zapatero y no de lo que yo he dicho (Rumores.), ha aprovechado para decir que miente; en fin, vamos a dejarlo- es que
hay un hecho concreto: el aumento de los presupuestos en becas y que esas cantidades se gastan, lo que quiere decir que, una de dos, o hay más becarios, que también, o hay menos becarios y las becas son mejores. Lo que no puede ocurrir es que haya
más recursos y disminuya el número de becarios y la calidad de las becas; es materialmente imposible. Y no solamente eso le diría al señor Nasarre, sino también que probablemente lo que pasa -y lamento que el Partido Popular no lo apreciara en su
momento- es que estamos intentando mejorar nuestro sistema de becas con criterios un tanto antiguos, que nosotros estamos apurando, porque una subida de umbrales de un 13,5 me parece que es un dato sustancial y que además no tiene precedentes. Es
muy probable que tengamos un sistema de becas que necesite una revisión, porque nuestra sociedad ha cambiado mucho y tenemos un sistema de becas muy pegado a realidades sociales de hace unas décadas, de tal manera que por mucho que insistamos en
subir los umbrales no consigamos tener más becarios. Este es un tema, igual que la financiación de las universidades a la que me he referido antes, que tiene suficiente envergadura y alcance como para requerir una reflexión de ámbito nacional, con
implicación no ya de los colectivos directamente afectados, familias, comunidad educativa, etcétera, sino con los partidos políticos. Este es un reto importante del que nosotros somos conscientes y que hemos intentado paliar tanto en el sentido de
aumentar la cuantía de las becas como de subir los umbrales, pero también estamos convencidos de que necesita una revisión. Tenemos un espacio muy amplio


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de gratuidad en la enseñanza, desde 3 hasta 16 años, lo cual quiere decir que el sistema de becas y ayudas va destinado fundamentalmente, no exclusivamente, a la educación posobligatoria y universitaria.
Probablemente, ese tipo de educación
necesita una filosofía en el sistema de becas distinta a la que viene aplicándose hasta ahora, y la demostración más clara la vamos a tener pronto, cuando veamos el efecto que tiene esta subida de un 13,5 en los umbrales, que yo creo que es
cuantitativamente importante y que, repito, dentro de los cánones clásicos del sistema de becas nos va a mostrar hasta dónde, por esa vía, podemos seguir aumentando. Ahora bien, de las dificultades -entre comillas- que tenga la aplicación de la
política de becas yo no deduciría que este Gobierno engaña o miente con los datos de la política de becas, porque es clarísimamente una apuesta política que se demuestra en las cifras de los presupuestos.



Me voy a dejar temas, pero querría terminar con una simple mención -de verdad que será simple- sobre educación para la ciudadanía; y digo simple porque, por importante que a mí me parezca esta cuestión, creo que la reforma que estamos
poniendo en marcha en el sistema educativo tiene la importancia suficiente como para que se nos permita hablar de otras cuestiones, y estamos teniendo problemas. Ya no recuerdo si ha sido la señora Pigem o el señor Esteban el que ha aludido a que
hay otras cuestiones que nunca salen. Pues bien, no es porque yo no deje de predicarlas, el problema es que la prédica muchas veces no encuentra eco.
En esta comparecencia he intentado precisamente mostrar ese panorama general para que se vea
hasta dónde llega la importancia que le damos a la aplicación de la ley y a la puesta en marcha de la reforma, pero haré una mención nada más a la educación para la ciudadanía. Esta asignatura, como ha recordado la señora Pigem, formó parte no ya
del debate parlamentario sino del debate abierto antes de que se elaborara la ley.
Formó parte del debate parlamentario, en el que hubo cambios, por ejemplo la introducción de 'y los derechos humanos'; creo que fue el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el que lo planteó. Se elaboraron los reales decretos de desarrollo de los contenidos, que pasaron por discusión de todas las comunidades autónomas sin que ninguna dijera nada sobre los contenidos de esta asignatura. Es decir,
pasó toda la tramitación de una norma de este tipo en un sistema democrático de derecho, en el cual los distintos sectores colectivos afectados tienen ocasión de intervenir y opinar, y el conflicto se ha planteado después.
Yo no lo he planteado;
es un conflicto, o una discrepancia o un debate o como quieran ustedes llamarlo, que ha surgido como todos sabemos que ha surgido. Es verdad que esta es una materia, como he dicho muchas veces, que existe en la inmensa mayoría de los países
europeos y que en algunos de ellos forma parte transversalmente de la educación. En el nuestro también: que exista esta materia separada no quiere decir que en el resto de las materias todos estos valores de carácter universal desaparezcan. A
nadie se le ha ocurrido pensar eso. Estoy y estamos convencidos, el Consejo de Estado lo dijo, de que los contenidos de esta materia no incumplen y son absolutamente respetuosos con los principios constitucionales. Lo ha dicho el Consejo de Estado
y no puede poner en cuestión, evidentemente, lo que dice el Consejo de Estado.



No vamos a retirar los decretos. Y no lo vamos a hacer porque el debate posible sobre su contenido tuvo su momento y su cauce y nadie dijo nada y porque el conflicto que se está planteando, señor Nasarre, tiene muy poco que ver con el
verdadero rostro del señor Zapatero o con las ambiciones totalitarias del Partido Socialista. ¡Por favor, seamos serios! Y sobre todo seamos serios en los conceptos que utilizamos y no introduzcamos confusión donde no deberíamos introducirla nunca,
que es en el sistema educativo. En un sistema educativo como este y en un régimen político como este adoctrinar es imposible, absolutamente imposible. Por tanto, seguir diciendo eso es introducir elementos de confusión en algo que es absolutamente
decisivo como es el funcionamiento y el respeto al funcionamiento del sistema escolar. Por supuesto que este Gobierno y este ministerio van a hacer todo lo posible para que se cumpla la ley, porque estamos en un Estado de derecho, y confío en que
las comunidades autónomas hagan lo que tienen que hacer para que la ley se cumpla, porque hacer otra cosa me parece que es hacerle un flaco favor a nuestro sistema democrático. Así de claro, y dejemos de hablar de adoctrinamientos y de catecismos,
por favor, y de utilizar un tema que se está utilizando para lo que no es. Para muestra de tolerancia, escuchen por favor lo que dicen, sin ir más lejos, Manuel de Castro y la FERE.



Seguro que me he dejado cosas, me he dejado cosas sobre deporte. No he querido incluir este tema porque estoy segura de que habrá ocasión de hacerlo, pero me encantaría haber podido insistir más en los aspectos deportivos dentro del sistema
educativo, señor Maldonado, pero cuando hago esto muchas veces las comunidades autónomas, para empezar la suya, me dicen que no es competencia mía. Me encantaría, porque estoy convencida de que el deporte debe formar parte de la educación, pero
hemos hecho lo que hemos podido y hasta donde nos permite la no invasión de competencias que yo desde luego respeto. En invasión de competencias, señor Esteban, efectivamente nos habríamos apuntado un tanto importante si yo hubiera hablado del 0 a
3, pero le recuerdo que eso no es mío.
Estoy dispuesta a hablar del 0 a 3 con todos los implicados, que son muchos, en el momento que se quiera y desde luego también puedo decir que el Gobierno -no solamente el Ministerio de Educación sino también
el Ministerio de Trabajo- va a hacer todo lo posible para fomentar la universalización del 0 a 3, pero, insisto, es una competencia compartida entre muchos, y en lo que respecta al Ministerio de Educación me preocupa -creo que esto debería formar
parte de la discusión de cómo abordar esta cuestión- que se respete algo que forma parte de la filosofía de la Ley Orgánica de Educación, y es que


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el 0 a 3 también es educación, no solo asistencia. Creo que esto debería formar parte de la discusión sobre este tema.



El señor PRESIDENTE: Voy a abrir un turno muy breve, de tres minutos, para precisiones, no para reabrir debates que no tienen que ver con el orden del día; les recuerdo que el orden del día es el comienzo del curso escolar 2007-2008.



Tiene la palabra el señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Aunque me gustaría, señor presidente, no reabrir debate sino profundizar en el mismo, en aras del tiempo que ha transcurrido ya, me voy a limitar a hacer unas cuantas precisiones sobre las observaciones que ha
hecho la ministra a mi intervención.



Primero, no he dicho que la LOE haya entrado en la realidad educativa española como un elefante en una cacharrería, lo he dicho del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero en el comienzo de su legislatura, porque hizo un acto que ustedes no
han valorado: entrar en un Estado democrático, basado en los gobiernos de turno, nada más empezar a gobernar, a guillotinar la ley hecha por el Gobierno anterior sin debate previo, sin la presentación de un nuevo proyecto de ley. Esto no lo
podemos olvidar y es algo que no debemos hacer los gobiernos. Todo tiene consecuencias políticas y esto también las ha tenido. Segundo, la Logse bis. Mantengo que se puede calificar a la LOE perfectamente, sin tergiversar la realidad de su
contenido, como la Logse bis porque, más allá de los aspectos concretos, de que haya más o menos inglés, de que la educación infantil de segundo nivel sea gratuita o no, etcétera, la concepción de la educación básica, que es la columna vertebral de
ese sistema, que es el modelo de educación comprensiva, sigue permanente y siguen aferrados a ella, y ese es un fondo del asunto con el que no estamos de acuerdo, y nosotros tenemos legítima posibilidad de manifestar que eso está produciendo unos
malos resultados que hay que corregir y modificar. Tercero, parece ser que le han molestado las referencias al señor Zapatero, pero usted es miembro del Gobierno del señor Zapatero y muy probablemente actúa siguiendo los dictados, instrucciones o
lo que sea del presidente del Gobierno. Mi referencia al señor Rodríguez Zapatero no es indebida, porque efectivamente está engañando mucho más que usted. Usted no se atreve a decir que hay 200.000 becas más y el señor Rodríguez Zapatero va a León
hace unos días y dice que hay 200.000 becarios más. Vuelvo a repetir que ustedes solo nos han proporcionado los datos de los dos primeros años de gobierno y en esos datos hay menos becarios universitarios y menos becarios en el conjunto del sistema
educativo, y es insólito e intolerable que en septiembre de 2007 no tengamos los datos del curso 2006-2007 cuando ustedes dicen que han adelantado el cobro de las becas. Eso sí que es absolutamente incomprensible.



En materia de becas lo que está pasando es que ustedes también están incumpliendo sus promesas, porque prometieron en su programa electoral que al final de la legislatura habría un 50 por ciento de becarios en las enseñanzas no
universitarias postobligatorias y no llegan ni al 15 por ciento. Hoy usted me ha reconocido leve e implícitamente que se puede estar produciendo una disminución del número de becarios y que probablemente hay que modificar el modelo de becas, con lo
cual yo estoy de acuerdo. Pero -y estoy concluyendo ya, señor presidente- usted ha hecho una afirmación engañosa. Ha dicho, que tienen derecho a percibir las becas el 55 por ciento de la población española según su nivel de renta. Usted no ha
dicho la letra pequeña. Ahora, en su segunda intervención, he deducido que tenía en la cabeza la letra pequeña porque no cualquiera que tenga el 50 por ciento de la renta puede tener beca porque las becas están asociadas al cambio de residencia.
Por tanto, hay una segunda condición en la mayoría de las becas, que son las becas de residencia, transporte, etcétera, que es el cambio de domicilio, porque en cuanto a las becas salario, que son las únicas que están basadas solamente en renta, es
absolutamente falso que sea el 55 por ciento.



Por último, en cuanto a las desigualdades y el Estado de las autonomías, lo único que he querido decir es que tenemos que estar atentos precisamente para justificar este tipo de intervenciones y la bondad de las mismas, al comienzo de curso
porque nos interesa que toda la sociedad, sea cual sea el lugar donde viva, tiene que participar de algo que es capital para nuestro futuro, la mejora de la educación y que no produzcan desigualdades. Se están produciendo y las brechas, según
algunos datos, están aumentando.



Educación para la ciudadanía. Solamente dos precisiones. Primero, este grupo parlamentario desde el comienzo de la iniciativa, incluso parlamentariamente -yo hice preguntas a la ministra señora Sansegundo-, advirtió de los riesgos y de las
perturbaciones que podía provocar esta asignatura tal como ustedes la estaban planteando. No digan que esto ha surgido de la nada. Segundo, me consta que las comunidades autónomas del PP han mantenido graves objeciones a los contenidos y el
planteamiento de esta asignatura, y eso lo podremos demostrar en cualquier momento. Por último, lo que no es cierto -como dijo la señora Fernández de la Vega en su primera comparecencia y ahora lo sigue repitiendo- es que sea una asignatura más.
Es falso. No la puede comparar con el latín o las matemáticas. No tiene una disciplina académica detrás. No tiene una disciplina científica que la soporte. Los contenidos son amplios, heterogéneos, y eso es lo que está produciendo problemas.
Sin consenso, eso es una temeridad, señora ministra. Hay que atender a estas cuestiones, porque estamos en una sociedad plural. Esto no es una dictadura, es una democracia, y cuando se producen este tipo de


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cuestiones hay que atender las preocupaciones, las inquietudes, la no invasión de la moral de las personas, como están haciendo a muchas familias, a las cuales quiero expresar aquí el máximo respeto y consideración, porque están defendiendo
unos derechos y les ampara la Constitución.



Por último, ...



El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, le recuerdo que ya ha dicho por último cinco veces. A ver si de verdad esta es la definitiva.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Sí, esta es la definitiva.



No es una ilegalidad intentar buscar soluciones, al amparo del artículo 27.3 de la Constitución, para aquellas familias, para aquellos ciudadanos que manifiesten fundadamente rechazo a contenidos de esta asignatura. Eso no es absentismo, y
sobre eso, a mi jucio, las comunidades autónomas y las administraciones educativas pueden adoptar medidas, siempre que sea para resolver este problema que ustedes irresponsablemente han creado, y desde luego mi grupo y yo apoyaremos esas medidas.



El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, tiene la palabra.



El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo brevísimamente, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Estoy convencido de ello.



El señor ESTEBAN BRAVO: Ya sabe usted que suelo ser conciso y concreto.
Además, la señora ministra y yo ya nos hemos escuchado, y sobre aquellas cuestiones que no han sido respondidas, entiendo que ha tomado nota y que hablaremos en su
momento.



Quisiera señalarle a la señora ministra que me ha llegado al alma esa manifestación de que no se puede dar por supuesto que una ley que entra vigor se va a aplicar y ya está, porque estas cosas no son así. Me ha sorprendido pero tiene
razón. Hoy mismo hay una moción sobre el Estatuto de Cataluña porque señalan los catalanes que no se ha implementado en absoluto y hay 38 competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika, señaladas así por unanimidad en el Parlamento Vasco, que
tampoco se han cumplido; dos leyes orgánicas. Pero es malo que se encuentre normal por parte del Gobierno que las propias leyes orgánicas del Estado no se cumplan. Se supone que el Gobierno tendrá que impulsar las leyes que se aprueben. Sin
embargo, lo que usted nos ha venido a decir es que lo que se decía en la ley se ha llevado a cabo. Naturalmente. Aunque efectivamente tiene usted razón, porque podríamos citar una serie de leyes, muchas de ellas relacionadas con poderes
autonómicos, que no se han cumplido y además se hace gala de que no se van a cumplir.



Otro asunto es el del ciclo de 0 a 3 años. Siempre he dicho que compete a Educación; no tiene más que repasar los 'Diarios de Sesiones' de la discusión de la LOE. Si hay algo que hemos defendido siempre, tanto en la Comunidad Autónoma
Vasca como en la discusión de la LOE, es eso. Por tanto, deducir -si es que ha sido por ello- de mi mención a la conciliación laboral un carácter asistencial de ese ciclo, no es correcto, no es eso lo que quería decir ni creo que lo haya dicho.
Usted señalaba que ese asunto no es de su competencia, que es competencia de las comunidades autónomas. Cuántas cosas no son competencia de este Gobierno y, sin embargo, mete la nariz en ello. Voy a ponerle unos ejemplos muy específicos, y
finalizo en medio minuto, señor presidente.
Por ejemplo -y por empezar por el más gráfico, porque podríamos entrar en otros-, tienen ustedes un ministerio que no tiene competencias, que es el Ministerio de la Vivienda. Han hecho una Ley de
Dependencia que entra de hoz y coz en competencias de las comunidades autónomas. Y por citar un último ejemplo, recientemente el Ministerio de Sanidad -no me parece mal, es una iniciativa- ha entrado en un asunto que no le compete directamente, en
la asistencia en salud dental infantil que, como bien ha señalado el ministro, si lo puede hacer cumplir y lo lleva adelante será porque las comunidades autónomas entren a cerrar unos convenios con el Estado. Por tanto, si el Estado tiene
suficiente financiación y está dispuesto -y lo ha hecho anteriormente en ámbitos de la educación para otros temas, así como en sanidad- a financiar a las comunidades autónomas en temas que incluso no son de su competencia, adelante. Y lo mismo con
este tema de los cero a los tres años, sobre el que estoy seguro de que la ministra y yo coincidimos en que es muy importante desde el punto de vista educativo.



El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado.



El señor MALDONADO I GILI: Señora ministra, dos breves pero importantes lamentaciones. Una es que usted ha dicho que no ha mencionado el deporte porque es una cuestión que compete a las comunidades autónomas, entre ellas a la mía, que
gobiernan ustedes, mal, pero gobiernan ustedes. En base a esto ha dicho usted que no hacía ninguna mención al tema deportivo en la LOE. Pues siento decirle, como ha manifestado el compañero vasco, que hay competencias exclusivas que muchas veces
son invadidas y erosionadas. Pero además esta ley, de la que usted hoy ha venido a hablar, en su título preliminar, artículo 2, letra h), habla de fines y dice: El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:
La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. Este es el contenido del
artículo 2 y resulta que en su exposición no ha utilizado la palabra deporte ni una vez. Solo le pedíamos que en


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campañas de divulgación, en aspectos no de invasión competencial, hubiera una prioridad. Era una pequeña petición que reiteramos, como reiteramos la creación de una subcomisión sobre deporte en esta casa, que no se ha llegado a hacer,
porque el deporte es muy importante para los valores humanos, para la formación de los niños y para la convivencia de las personas. Y mi segunda lamentación es que no haya recogido el guante, señora ministra. Le hemos pedido que hiciera de
mediadora -ni me ha contestado- en un veto. Según el periódico El mundo deportivo y el diario Sport, la Real Federación Española boicotea el Cataluña-Estados Unidos.
Resulta que hay un informe jurídico que dice que son ustedes en última instancia
quienes deben aprobar los amistosos y por eso le pedimos humildemente, pero con intensidad nacionalista, que por favor ayude a Cataluña a que al menos pueda participar en partidos no de competición, sino de costellada. Un histórico dirigente
popular nos dijo que podíamos jugar a canicas y ahora ni a canicas ni en partidos de costellada ni en amistosos. Costellada son partidos de picnic, barbacoas. ¿Qué nos queda? Solo nos queda ir al Camp Nou en octubre y proclamar allí el derecho de
Cataluña a participar en internacionales oficiales y en amistosos.



El señor PRESIDENTE: Señor Benzal, a ver si usted cumple los tres minutos.



El señor BENZAL ROMÁN: Lo intentaré.



En primer lugar, seguro que por parte de los grupos nacionalistas, que han hecho referencia a las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, se aceptará también la posibilidad -me refiero sobre todo a lo que decía el señor
Esteban- del convenio, porque el convenio existe y eso es lo que ha dicho el ministro de Salud precisamente en los últimos días, un convenio que se producirá para la dependencia, para la salud y que se está produciendo también en educación. Los
convenios son necesarios a la hora de que el Estado y las comunidades autónomas se coordinen.



En relación con algunas cosas que ha dicho el Grupo Popular, siento decir de nuevo que se tergiversa la realidad con las afirmaciones que se han hecho. El Gobierno socialista no entró machacando una ley. La ley la reformó la LOCE, la
reformó este Parlamento y no el Gobierno socialista.
Lo que hizo el Gobierno socialista fue cambiar un decreto. Arreglados estaríamos en un sistema democrático si un gobierno no pudiera cambiar un decreto, decreto que la ex ministra Aguirre
-siento tener que referirme de nuevo a ella- llevó a los tribunales diciendo que el Gobierno legítimo de un Estado no podía cambiar un decreto del Gobierno anterior.
Lógicamente, los tribunales le dijeron que ni hablar, que el Gobierno podía
cambiar un decreto y eso fue lo que hizo el Gobierno, cambiar un decreto para que no entrara en funcionamiento en algunos aspectos, en la mayoría de ellos, la ley elaborada por el Partido Popular. Y fue este Parlamento el que, según usted, machacó
la ley del Partido Popular. Yo no lo llamaría así, porque si alguien la machacó fue este Parlamento, y no creo que sea una buena acepción.



En relación con la comparencia que se hizo para becas, creo recordar que se dijo más o menos que el Partido Socialista daba cuenta de resultados no de objetivos, por decirlo con palabras suaves. Dicho de otra forma, que los datos que se
daban de becas eran de becas concedidas y no de becas concebidas, que es el número que utilizaba el Partido Popular.



Respecto a la educación para la ciudadanía, no se puede hablar de perturbaciones; no se puede agitar las aguas para luego decir que hay tormenta; no se puede crear -también dicho con palabras suaves- la función y después el órgano o no se
puede crear un problema para erigirse después en solución, un problema que hemos visto anteriormente que no tenía el sistema educativo.



El señor PRESIDENTE: Señor Benzal, ha sido el único grupo parlamentario que ha concluido dentro de su tiempo. (El señor Maldonado i Gili pronuncia palabras que no se perciben.) No, señor Maldonado, usted no.



Señora ministra, para concluir el debate tiene la palabra.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Lo haré muy rápidamente. Empiezo por el señor Maldonado. Respecto a que no he hablado de deporte porque es competencia de las comunidades autónomas, yo creo que no he dicho
exactamente eso. De la importancia del deporte desde el punto de vista que usted ha señalado he hablado, quizá no en esta comparecencia, pero desde luego respondiendo a preguntas en el Senado, varias veces, y aquí también. En relación con la
petición que me hace de mediar, yo no sé si la vía es que usted me lo plantee en esta comparecencia. Creo que me ha hablado en su intervención anterior de una petición por escrito que se ha hecho. Desde luego, será contestada. Yo no tenía
noticia, pero puede que sea cierto, de que la competencia en partidos amistosos fuera del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nunca ha dicho que no a una petición de partido amistoso, pero siempre ha sido con la opinión favorable de
la Federación Nacional de Fútbol. Aquí se está planteando un conflicto en el que el ministerio podrá mediar o no dependiendo de sus competencias (El señor Maldonado i Gili: Y de su voluntad.) y, desde luego, si las tenemos, intentaremos hacerlo y
que, efectivamente, el conflicto se solucione, lo cual no quiere decir que hagamos dejación de algo, cosa que también hemos repetido infinidad de veces, y creo que mañana repetiré en el Senado, y es que, según la Ley del Deporte, en competiciones
internacionales la representación nacional la tiene quien la tiene. No aprovechemos unos temas para hablar de otros. (El señor Esteban Bravo: La Ley del Deporte no dice eso.-El


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señor Maldonado i Gili: Pero hablamos de amistosos.) Ya discutiremos de este tema cuando ustedes quieran.



Señor Esteban, yo creo que también me he explicado mal cuando me he referido a si las leyes se aplican o no se aplican, yo lo único que he dicho es que justificaba esta comparecencia, entre otros motivos, para hablar de una ley, porque en
este país cuando se aprueba una ley parece que deja de existir en el sentido de que no se vuelve a hablar de ella, no lo he dicho en el sentido de que no se aplique o de que sí se aplique y no se hable. Me parecía oportuno traerla a colación en
esta comparecencia porque la ley es importante, aunque se haya aprobado en mayo de 2006. Creo que dije eso.



Respecto al tramo de 0 a 3 años, vuelvo a repetir que yo no eludo en absoluto las competencias que le pueda suponer al Ministerio de Educación, exactamente igual que no hemos eludido, y de hecho hemos puesto recursos sustanciosos, la
extensión de la gratuidad de 3 a 6 años; quiero decir que el compromiso de la Administración General del Estado y del Ministerio de Educación se hará efectivo, pero creo que necesitamos un debate, porque es un tema importante y complejo.



Señor Nasarre, le contesto muy rápidamente. Usted dijo que el Gobierno entró como un elefante en una cacharrería a comienzos de la legislatura.
Creo recordar, aunque no estaba en este oficio entonces, que la LOCE suscitó un gran debate
durante su proceso de tramitación, que hubo una opinión, no voy a decir si mayoritaria o minoritaria pero importante en contra de la LOCE, que la revisión de la LOCE formó parte del programa electoral con el que se presentó el Partido Socialista a
las elecciones, que el Partido Socialista ganó las elecciones y, por tanto, era lógico y esperable que se produjera un cambio y el cambio se hizo, como ha señalado el señor Benzal, por revisión, por decreto, de un decreto y con la opinión favorable
de los tribunales.



En segundo lugar, con respecto a que esto es la Logse, una vez más, y que ya se ha demostrado el fracaso del modelo comprensivo, ya he dicho en mi intervención que no es la Logse, por lo que dejo esto al margen, pero sí me interesaría decir
algo que iba a decir en mi primera intervención y que se me olvidó. Si una cosa demuestran esos informes internacionales a los que hacemos tanto caso, como es el informe Pisa -que me parecen muy bien porque nos dan indicaciones importantes, pero
nunca soluciones, lo dicen los propios responsables del informe Pisa-, es que no hay ninguna receta universal sobre los modelos que funcionan y los que no funcionan.
Hay modelos comprensivos que funcionan en unos países y no en otros y modelos no
comprensivos que funcionan en unos países y no en otros. No hay modelo panacea de sistema educativo, por mucho que nos gustaría que lo hubiera, sino que hay realidades nacionales y, dentro de cada país, hay realidades regionales y locales a las que
hay que atender en el sistema educativo. Esto es lo único en lo que coinciden las experiencias de los distintos países: que cuanta mayor flexibilidad y mayor autonomía de los centros, mayor eficacia del sistema educativo. Pero sobre si los
sistemas deben ser comprensivos o no, tenemos ejemplos para todos los gustos. Aquí no hay receta, no hay un fracaso del modelo comprensivo.



En relación con las becas, no voy a repetir lo mismo. Lamento que usted piense que estamos engañando. Me parece un término un poquito duro para algo que he intentado describir o explicar por qué tiene las dificultades que tiene y por qué
pensamos que hace falta una reflexión nacional sobre esto, pero esto no es engañar. Respecto a las referencias al señor Zapatero, no me molestan, por supuesto que soy miembro de un gobierno y absolutamente solidaria con el resto del Gobierno, por
lo que no me molestan en absoluto. Lo que no me parece de recibo es que, para criticar cosas que yo hago, usted decida convertir al presidente del Gobierno en sujeto directo. Me parece que, desde el punto de vista político, esto tiene una
explicación, pero no es el tipo de explicación propia de una discusión como esta en la Comisión de Educación. Aquí nadie engaña. (El señor Nasarre Goicoechea pronuncia palabras que no se perciben.) Perdón, señor Nasarre, le he intentado explicar
por qué se están retrasando las cifras del último año, porque hemos puesto un umbral móvil precisamente para garantizar ese derecho a beca, pero no se preocupe usted que va a tener los datos. Por supuesto que vamos a estar atentos a esas posibles
desigualdades entre las comunidades autónomas, a eso y a cualquier otro diagnóstico que nos permita calibrar dónde están las desigualdades en el funcionamiento del sistema educativo.



En relación con la educación para la ciudadanía, me va a permitir usted que no insista. Por supuesto que esta es una asignatura más y no hace falta que haya una disciplina científica detrás. El sistema educativo y la educación son algo más
que una suma de materias o de asignaturas con disciplinas científicas detrás. Lo sabemos todos y lo saben, sobre todo, las familias, que piden determinadas y crecientemente importantes y complicadas cosas o actividades a los colegios. Es una
asignatura más aquí y en muchos países europeos. Es una asignatura más que permite impartirse, porque no es incompatible, en centros escolares con idearios distintos porque es una asignatura que defiende valores universales en los que me cuesta
trabajo pensar que no se puede coincidir. Vuelvo a remitirme al informe del Consejo de Estado y, desde un punto de vista quizá más próximo, a lo que ha dicho don Manuel de Castro.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, se levanta la sesión. Les recuerdo a los portavoces que a continuación tenemos una pequeña reunión para fijar el orden del día de la próxima sesión de la Comisión y les notifico también que
el documento de datos y cifras se hará llegar a los miembros de la Comisión que no están presentes en este momento a sus respectivos despachos.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.