CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 875

CULTURA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA

Sesión núm. 41

celebrada el miércoles, 27 de junio de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Cultura (Calvo Poyato) para informar sobre:


- La gestión de su departamento en relación con las actuaciones llevadas a cabo por la empresa Odyssey Marine Exploration Inc. en aguas españolas o en un pecio español. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 213/000986.)... (Página 2)


- Las actuaciones del Gobierno en el asunto Odyssey. A petición propia.
(Número de expediente 214/000167.)... (Página 2)


Preguntas:


De la señora Rodríguez-Salmones Cabeza (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre medidas y actuaciones para la constitución y puesta en marcha de la Comisión de Propiedad

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Intelectual prevista por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. (Número de expediente 181/003109.)... href='#(Página22)'>(Página 22)


- De la señora Muñoz Salvà (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre valoración de la cesión por parte del Ministerio de Cultura del inmueble en la academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. (Número de
expediente 181/003212.)... (Página 25)


Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA (CALVO POYATO) PARA INFORMAR SOBRE:


- LA GESTIÓN DE SU DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA EMPRESA ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC. EN AGUAS ESPAÑOLAS O EN UN PECIO ESPAÑOL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 213/000986.)


- LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN EL ASUNTO ODYSSEY. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente 214/000167.)


La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera dar la bienvenida a la señora ministra de Cultura, es un placer tenerla con nosotros. En segundo lugar, quisiera dar la enhorabuena a un miembro de esta Mesa que
lo ha sido hasta hace muy poco tiempo, el señor Fernández-Lasquetty, que ha sido nombrado consejero en la Comunidad de Madrid. Es nuestro deseo, creo que de todos los miembros de esta Comisión, que desempeñe con acierto su tarea como consejero de
Inmigración en la Comunidad de Madrid. En tercer lugar, quisiera aclarar que esta Comisión pasa a tener un miembro menos, por la disolución del Grupo de Coalición Canaria; teníamos 39 miembros y ahora seremos 38. En el caso de que el señor
Mardones, que era miembro de esta Comisión, quisiera hacer uso de la palabra, al haber pasado al Grupo Mixto, podrá compartir tiempo con el señor Rodríguez. Sin más advertencias previas ni más enhorabuenas ni más bienvenidas, comenzamos el orden
del día de hoy que, como saben, tiene como finalidad un tema importante, que es la comparecencia de la señora ministra, primero a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre la gestión de su departamento en relación con las
actuaciones llevadas a cabo por la empresa Odyssey Marine Exploration en aguas españolas o en un pecio español, y también, a petición propia, para explicar las actuaciones del Gobierno en el asunto Odyssey.



Señora ministra, tiene la palabra.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Como decía la presidenta de nuestra Comisión, comparezco a petición propia y a petición también del Grupo Parlamentario Popular para explicar las actuaciones del Gobierno en relación con las
actividades de la empresa Odyssey Marine Exploration en el estrecho de Gibraltar. Antes de entrar en el análisis detallado de las acciones que hemos llevado a cabo desde distintos departamentos ministeriales, quiero proponer como fundamento de toda
la intervención y, naturalmente, de todas las actuaciones las cuestiones básicas que han presidido desde el fondo todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de este tiempo.



La primera de ellas se refiere a que todas y cada una de las acciones llevadas a cabo han estado, están y siempre estarán presididas por un principio elemental, que es la protección del patrimonio histórico subacuático español. Como
entenderán SS.SS., esta es la finalidad principal de la actuación del Gobierno en este asunto, la defensa de los intereses españoles para proteger lo que nuestra legislación y las leyes internacionales consagran como patrimonio histórico subacuático
de los españoles. La tutela de los bienes culturales que el Estado tiene encomendada por mandato legal garantiza un servicio público que vincula siempre el patrimonio a los derechos culturales porque se reconocen como parte de nuestra identidad.
La protección jurídica de nuestro patrimonio está garantizada desde hace mucho tiempo. En lo que se refiere a la arqueología subacuática, es nuestra Ley de Patrimonio Histórico y las legislaciones autonómicas las que garantizan y establecen cuáles
son los derechos y las obligaciones de las distintas administraciones públicas en concurrencia. Al mismo tiempo, la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, es un instrumento básico dirigido a la protección de los objetos de
carácter arqueológico o histórico. La adopción de la Convención sobre patrimonio cultural subacuático


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en la 31.ª Asamblea de la Unesco en noviembre de 2001 dio respuesta en la comunidad internacional a los actos de pillaje y de destrucción de este patrimonio y completó así las exigencias de una protección integral del patrimonio cultural
subacuático en cualquier lugar del mundo. Como SS.SS.
saben, esta convención fue ratificada por España en junio de 2005 y fue una de las principales acciones que como Gobierno impulsamos para convertirla en una fuente de obligación jurídica
internacional. Como también SS.SS. saben, al no haberla suscrito el mínimo correspondiente de veinte Estados -hasta este momento solo la han suscrito catorce-, como exige la misma, todavía no está obviamente en vigor. En cualquier caso, nuestro
país tomó la determinación en esta legislatura de ratificarla y por tanto nos sumamos a los máximos compromisos de garantía del patrimonio histórico hundido en las aguas de cualquier lugar del mundo y por tanto el nuestro.



La segunda cuestión se refiere a la concurrencia de normas, de competencias que inciden en esta materia y que nos colocan en la complejidad propia de nuestro modelo político y de nuestro modelo jurídico constitucional. El patrimonio
arqueológico forma parte del patrimonio histórico, según recoge nuestra ley en sus artículos 1.2 y 40, e igualmente conviene que hagamos una mención a lo dispuesto en la legislación española respecto de los hallazgos arqueológicos. En el artículo
44.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, 16/1985, se establece lo siguiente: Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del patrimonio histórico español y sean descubiertos
como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. Por estos motivos de la propia legislación, la regulación sobre las actividades que tengan que ver con nuestro patrimonio arqueológico están
perfectamente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el nivel estatal, la Ley 16/1985, como en el autonómico con las respectivas legislaciones promulgadas. En cualquier caso, debo resaltar previamente que con carácter general para
autorizar la realización de todo tipo de excavaciones y prospecciones arqueológicas, sean terrestres o subacuáticas, es necesaria la previa y expresa autorización de la Administración autonómica correspondiente, ya que es esta la Administración
competente, como todos bien sabemos. En el caso que nos ocupa hoy, es la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, conforme se establece en los artículos 6 y 42 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y de manera muy especial en
el artículo 52 de la ley de la comunidad autónoma, la Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por su parte, la normativa internacional al respecto, como les he mencionado anteriormente, se recoge en la Convención sobre patrimonio cultural
subacuático; al no estar todavía en vigor, conviene que recordemos los principios que nuestro país ha ratificado porque en ellos se encuentra una parte importante también de la filosofía de trabajo que, concurrentemente con nuestra legislación, con
nuestro Estado de derecho, inspira la mirada, la protección y las circunstancias que hay detrás de todas y de cada una de nuestras decisiones. En primer lugar, como recoge la Convención sobre patrimonio cultural subacuático, la prohibición de la
explotación comercial señalándose que aquellas actividades que tengan por fin la realización de transacciones, la especulación o como efecto su dispersión irremediable son incompatibles con una protección y gestión correctas del patrimonio. En
segundo lugar y como sigue recordándonos la propia convención, la conservación in situ se considera como la opción prioritaria, si bien no se trata de que no se puedan realizar actividades, sino de que estas deben ser compatibles con su protección.



La tercera cuestión, y de la misma importancia que las anteriores, es que la empresa Odyssey Marine Exploration, en esta legislatura y con el Gobierno actual, en ningún momento ha tenido de las administraciones públicas españolas
autorización para la prospección y extracción, ni de carga de buque ni de excavación subacuática alguna. Por tanto, como he dicho en otras ocasiones, cualquier actividad que esta empresa haya llevado a cabo en aguas españolas en este tiempo ha sido
realizada de manera ilegal contraviniendo la legislación española y la internacional.
Lógicamente, será distinta la conducta a tipificar en su momento según se trate de aguas bajo jurisdicción española o de aguas internacionales.



Me detendré ahora en la descripción de los hechos ocurridos y relacionados con dicha empresa y me van a permitir que lo haga recordando los antecedentes de la actividad de esta empresa en nuestro país. La empresa norteamericana Odyssey
Marine Exploration solicitó permiso por primera vez para la realización de prospecciones arqueológicas subacuáticas en las aguas del estrecho de Gibraltar en 1999. La primera autorización que el entonces Ministerio de Educación y Cultura otorgó
establecía como objeto de la misma el intento de localizar un buque de guerra de pabellón inglés hundido en aguas del estrecho de Gibraltar en el siglo xvii. La resolución fue comunicada con fecha 29 de abril de 1999 a la empresa norteamericana a
través de sus representantes legales en España. En la citada autorización se establecía que en caso de hallazgo de cualquier otro yacimiento arqueológico subacuático, se debería notificar al Ministerio de Educación y Cultura y que en ningún caso se
procedería a la extracción de materiales arqueológicos, ya que lo que se estaba autorizando era la exploración, investigación o estudio de datos arqueológicos. El 12 de mayo de 1999, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicaba a la Embajada de
los Estados Unidos de América en Madrid la autorización a la compañía Odyssey Marine Exploration. El 23 de septiembre de 1999 se recibe solicitud nuevamente de la Embajada de los Estados Unidos de autorización para llevar a cabo una segunda fase de
investigación durante un período aproximado de 60 a 120 días a partir del 1 de octubre de ese año 1999; se ciñe la petición a aguas de Gibraltar.



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Con fecha 30 de septiembre de 1999, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes comunica al director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos
Exteriores la misma resolución que ya había sido trasladada con fechas anteriores a la empresa, como acabo de apuntar.
Esta fue la primera autorización con la que contó la empresa norteamericana para actividades arqueológicas dada, como he
señalado, por el entonces Ministerio de Educación y Cultura.



Con posterioridad, más de un año después, el 19 de febrero de 2001, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que la empresa americana ha puesto en conocimiento la
localización exacta de catorce cañones y un ancla supuestamente pertenecientes a un buque colonial inglés y de los que habría que proceder a la extracción de alguna de estas piezas para una exacta determinación de la identidad del pecio.
Posteriormente, con fecha 10 de abril de 2001, el Ministerio de Educación y Cultura vuelve a dictar resolución firmada por el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales volviendo a autorizar a Odyssey a extraer algunos restos arqueológicos
pertenecientes a un supuesto buque colonial inglés para una exacta identificación del pecio. Se envían comunicaciones a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y a la Dirección General de Política de Defensa indicando que el
barco Minivex en ningún caso debe arribar a puertos de Gibraltar y que el desembarco de las piezas debe realizarse en un puerto de titularidad estatal, el de Algeciras, para que la autoridad portuaria y los arqueólogos pudieran controlar lo que se
desembarcara. Al término de los trabajos objeto de esta autorización, la empresa norteamericana no remitió informe final alguno sobre el resultado de los hallazgos incumpliendo lo estipulado en la autorización que se les había otorgado.



Ante las autorizaciones del Ministerio de Educación y Cultura de 2001 obviando la competencia de la Junta de Andalucía en materia de patrimonio arqueológico, transferida, la Consejería de Cultura, a través de la Delegación Provincial en
Cádiz, dictó resolución acordando la suspensión de las citadas autorizaciones arqueológicas con fecha 7 de junio de 2001.
Con esta misma fecha, como consejera de Cultura que era en ese momento, remití una carta a la ministra de Educación y Cultura
en el momento, en la que le trasladaba en los siguientes términos la referida situación: Entendemos que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la competencia para la autorización de actividades arqueológicas corresponde a esta comunidad
autónoma, sin perjuicio de las necesarias autorizaciones o concesiones administrativas relativas a la utilización del dominio público estatal que en nada afectan a la materia del patrimonio histórico. Al mismo tiempo, no nos consta que estas
actividades se estén desarrollando con unas mínimas garantías científicas y presumiblemente podrían incurrir en expolio arqueológico. Por todo ello, se ha procedido a ordenar la inmediata paralización de las citadas actividades requiriendo para
ello el auxilio de la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil. Considero que de acuerdo con los principios de comunicación y colaboración que deben regir las relaciones entre las diferentes administraciones públicas, era necesario trasladarte
esta información. Aprovecho esta ocasión para saludarte muy cordialmente. Esta fue la carta que remití a la ministra doña Pilar del Castillo. Como consecuencia de ello, la Junta de Andalucía, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio
-que naturalmente llevé yo misma-, decidió requerir de incompetencia al Gobierno de la nación en relación con la autorización concedida para la extracción de restos arqueológicos submarinos en el litoral andaluz a la empresa Odyssey Marine
Exploration.
Dicho requerimiento de la Junta de Andalucía, a instancias de mí misma, fue contestado por el Gobierno de la nación mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2001, en el que se contiene una expresa declaración de
reconocimiento competencial a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía señalando este acuerdo lo siguiente: Expuesto este marco competencial, cabe afirmar que de conformidad con lo señalado por la comunidad autónoma en su escrito de
requerimiento, corresponde a esta la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones de prospecciones y excavaciones arqueológicas en los términos anteriormente expuestos. Es decir, en los que exponía la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Cultura y, concretamente, de mis responsabilidades políticas concretas.



Regresando de nuevo a la descripción de los hechos relativos a las actividades de la empresa norteamericana, cabe señalar que en diciembre de 2004 Reino Unido informó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España que había
otorgado a la citada empresa norteamericana los derechos de salvamento del pecio Sussex, buque de guerra británico hundido en aguas del estrecho de Gibraltar en 1694. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informó en enero de 2005 a
los representantes legales en España de la empresa norteamericana de la necesidad de obtener una autorización administrativa previa a la realización de actividades de prospección, investigación o excavación en aguas territoriales españolas. Se
informaba asimismo que hasta tanto no se obtuviera la correspondiente autorización, debería cesar cualquier intento de actividad en aguas españolas. En mayo de 2005 se celebró una reunión bilateral entre representantes de la Junta de Andalucía y de
la empresa norteamericana. Ante la disparidad de criterios, se propuso intentar crear un mecanismo de cooperación que solventara los distintos puntos de vista, especialmente, como les estoy en este momento relatando, porque Reino Unido nos había
comunicado que era esta empresa a la que había encargado y cedido su derecho de rescate de un buque inglés. Este mecanismo de cooperación no se llegó a poner en marcha al ser


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inaceptables los planteamientos de partida de la empresa norteamericana.



El 28 de julio de 2005, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España envía una nota verbal a la Embajada de los Estados Unidos de América en Madrid. En esa nota se indicaba que antes de iniciar cualquier trabajo para la
recuperación del Sussex era preciso identificar sin ningún género de dudas el citado pecio, evidentemente para no incurrir en la generalidad de poder estar identificando o trabajando sobre el conjunto del patrimonio arqueológico subacuático hundido
en nuestras aguas o fuera de nuestras aguas pero con pabellones españoles.
Con ese único fin, identificar el pecio, se acuerda que la empresa Odyssey Marine Exploration pueda hacer una campaña de mera prospección e investigación. Durante la misma,
se advierte, debería estar embarcado a bordo un experto designado por la parte española, indicándose que corresponde su designación a la Junta de Andalucía, única Administración competente en la protección y en la tutela transferida del patrimonio
arqueológico subacuático en el litoral andaluz. Pese a ello, la empresa norteamericana no presentó solicitud alguna para llevar a cabo las prospecciones de investigación al amparo de lo establecido en el reglamento de actividades arqueológicas,
aprobado por decreto del 17 de junio de 2003 por la propia Junta de Andalucía. Por tanto, la Junta de Andalucía, que es en este caso la única autoridad competente en materia de patrimonio histórico, en ningún momento pudo autorizar ni autorizó
prospecciones arqueológicas, ni siquiera con fines de investigación, dado que además ni siquiera se llegó a cursar la solicitud que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país nos había pedido.



Ya en enero de 2006 se remite una nueva nota verbal a la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país en la que se apunta que, en vista del incumplimiento de las previsiones contempladas en la legislación aplicable, la legislación
española, esta empresa no puede realizar ningún tipo de actividades en aguas territoriales españolas hasta que dé cumplimiento a las condiciones requeridas, que son nada más y nada menos que el cumplimiento de nuestra legislación. Para ello,
debería presentarse un proyecto arqueológico que se ajustase a la normativa autonómica y cuyo propósito fuese exclusivamente la identificación del pecio perteneciente a Reino Unido, el Sussex, para lo que Reino Unido se había dirigido a nuestro
país. Posteriormente, en marzo de este año 2006, se remite una nota verbal en el mismo sentido a la Embajada de Reino Unido, en la que se informa de los requisitos exactos que deben cumplimentarse con carácter previo a la realización de cualquier
sondeo arqueológico conducente a la búsqueda e identificación del pecio Sussex, barco de bandera británica y supuestamente hundido en aguas españolas, todo ello sin perjuicio de que, obviamente y en relación con las leyes internacionales, nosotros
hemos de reconocer el buque como de propiedad británica, dado que nuestro país mantiene y seguirá manteniendo la tesis del reconocimiento del pabellón de cada Estado.



Descritos estos antecedentes sobre la actividad de la empresa, me voy a desgranar a continuación el elenco de medidas llevadas a cabo por el Gobierno en sus diferentes departamentos y de manera muy especial desde finales del mes de mayo del
año en curso, al objeto de tomar decisiones que partiendo de nuestra propia legislación, coloquen las situaciones vividas en el lugar exacto de la protección de nuestro patrimonio subacuático. Como SS.SS. saben, el 18 de mayo de 2007 la empresa
norteamericana anuncia que había transportado un cargamento de monedas a los Estados Unidos procedente de la operación que ellos mismos denominaron Cisne Negro. La empresa se negó a otorgar ningún tipo de información sobre la identidad del pecio o
pecios objeto de esa extracción o de la localización exacta en la que se había producido la denominada operación Cisne Negro, salvo -el único dato que la empresa norteamericana puso en la opinión pública- que el hallazgo, según la empresa
norteamericana, no se había realizado en aguas españolas y que se había hecho, por tanto, en aguas internacionales. Odyssey también alegó públicamente que todas sus actividades se habían llevado a cabo de conformidad con la ley y que si el dueño de
los hallazgos de la operación Cisne Negro es identificado y realiza una reclamación legal para recuperar su propiedad, la empresa Odyssey afirma y cree, según la nota pública, que aún así tendría derecho reconocido por alguna corte estadounidense a
una recompensa equivalente al 90 por ciento del valor material obtenido, en este caso en la operación que ellos denominan Cisne Negro. Antes de hacer este anuncio, la empresa norteamericana en Tampa, que es donde se encuentran legalmente sus
oficinas, radicada como empresa, para ser, en este caso, autodeclarados dueños del hallazgo del que hacen pública noticia desde Florida, advierte que los hallazgos son tres pecios que Odyssey reclama para sí en los tribunales norteamericanos y
afirma de manera general que han sido encontrados en aguas europeas.
Lógicamente, estos hechos produjeron desde el primer momento un sinfín de informaciones que generaron mucha confusión, naturalmente inquietud e incluso un cierta línea que
propicia la imaginación en torno también a algún acontecimiento cinematográfico.



Ante tal situación, de modo inmediato, el Gobierno español lo primero que deja claro ante las autoridades norteamericanas y británicas, y obviamente ante la empresa Odyssey, es que el Estado español nunca ha renunciado a ningún derecho sobre
los pecios españoles hundidos en cualquier agua del mundo ni sobre su cargamento. Asimismo se les recuerda, fundamentalmente a la empresa norteamericana, que la propia jurisprudencia norteamericana de la Corte de Apelación y la normativa aprobada
por la presidencia de los Estados Unidos dicen que ningún pecio español se puede excavar o prospeccionar sin la autorización expresa del Estado español, que en este caso, como SS.SS. saben, no ha


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existido. Comoquiera que todas las acciones desarrolladas por el Gobierno español han tenido como destinatarios diferentes actores, a fin de seguir ofreciendo una información clara sobre estas actuaciones, me van a permitir SS.SS. que
intente ordenarlas para facilitar su mejor comprensión, sin perjuicio de entender que todas ellas se han sucedido en muchos casos al mismo tiempo.



En primer lugar, las acciones legales en Estados Unidos. Como he manifestado anteriormente, la empresa Odyssey solicitó de un tribunal de Tampa el reconocimiento de sus derechos sobre tres pecios, según ellos encontrados en aguas europeas,
bajo la denominación Cisne Negro. Ante estos hechos, nuestro representante legal en Estados Unidos requirió el mismo día 18 de mayo a los representantes legales de Odyssey información sobre el contenido del hallazgo, así como sobre el pecio y las
coordenadas marítimas del hallazgo. A esta carta se acompaña copia de la nota pública del Departamento de Estado norteamericano de 5 de febrero de 2004, que recoge la nota verbal española con nuestra posición en materia de pecios y la declaración
presidencial sobre política de los Estados Unidos para protección de buques de Estado hundidos, que la realizó en concreto el presidente Bill Clinton, y que reconoce exactamente que cualquier actividad de rescate requiere expreso consentimiento del
Estado del buque, es decir, en cualquier caso, de un pabellón español, en caso de que estemos hablando de un pecio español. Estas posiciones fueron legalmente sancionadas por la sentencia del Tribunal de Virginia de 21 de julio del año 2000 en el
contencioso legal del Reino de España y referente a los pecios Juno y La Galga. Lo que quiero decir con esto, señorías, es que la propia jurisprudencia norteamericana avala la posición española en cuanto a nuestros derechos, en el supuesto de que
sean pecios abanderados de nuestro país. Posteriormente, diez días después, el 28 de mayo, el Estado español se persona ante el Tribunal de Tampa solicitando a través de varias mociones la identificación de los pecios, la carga contenida en los
mismos para poder reclamar en su caso la propiedad de las monedas y del pecio. Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura se ha dirigido a los abogados en España de la empresa norteamericana, y cito textualmente, para que confirmasen de modo
fehaciente y comprobable la identidad del pecio del que fueron extraídos dichos restos, así como los detalles de los mismos, aclarando si las actividades se desarrollaron en aguas de jurisdicción española. En la carta se señala expresamente que el
Estado español nunca ha renunciado a sus propiedades, pecios y cargamentos hundidos en cualquier agua y que no ha autorizado a esta empresa a realizar ninguna actividad arqueológica recordando al mismo tiempo el decreto presidencial de 5 de febrero
de Estados Unidos que antes les he mencionado. Por último, se solicitaba información sobre la importación legal a Estados Unidos de los restos arqueológicos subacuáticos recuperados en dicha operación y la licencia exacta de exportación -y cito
textualmente nuestra carta- concedida por el país desde el que fueron exportados.



En segundo lugar, las actuaciones de carácter diplomático con Estados Unidos y con Reino Unido. El 22 de mayo, la Administración española envía una nota verbal a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid solicitándole confirmación sobre
el traslado en avión desde Gibraltar de los restos arqueológicos, así como la expedición de los correspondientes permisos aduaneros de entrada en Estados Unidos. Verbalmente se le hizo saber a la embajada norteamericana que recibió la nota verbal
que el Gobierno español había decidido suspender cualquier posibilidad referente a las operaciones de identificación del Sussex, como nos había pedido el propio Gobierno británico. A fecha de hoy se está a la espera de la contestación de Estados
Unidos a esta nota verbal. Por otra parte, y con la misma fecha, la Administración española se dirigió a la Embajada de Reino Unido solicitando, cito textualmente, confirmación sobre la expedición de permisos de importación a Gibraltar y
posteriormente de exportación desde Gibraltar a los Estados Unidos de América de dichos restos arqueológicos subacuáticos, todo ello a fin de preservar los eventuales derechos del Gobierno español sobre los mismos y a la luz del Convenio de Naciones
Unidas sobre derecho del mar de 10 de diciembre de 1982, comunicándole igualmente que España había decidido suspender cualquier posibilidad referente a las operaciones de identificación del Sussex que nos había pedido el propio Gobierno que la
embajada representa en nuestro país. Ambas notas verbales terminan informando a ambas embajadas que el Gobierno español continuará analizando la información que se obtenga en relación con la extracción y traslado del cargamento y ejercerá todas las
acciones que estime oportunas para la debida protección de nuestro patrimonio cultural submarino. Reino Unido, con fecha de 29 de mayo, ha contestado al Gobierno español mediante nota verbal. En la misma, lamenta la suspensión del acuerdo que
pedían para las labores de identificación del Sussex y, respecto a las licencias de exportación, manifiestan que las cuestiones aduaneras son competencia del Gobierno de Gibraltar. El contenido de la misma se ha considerado por el Gobierno español
claramente insuficiente, por lo que se ha recabado información adicional nuevamente a las autoridades de Reino Unido. El 14 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado una nueva nota verbal a la Embajada de Estados Unidos en la que
se manifiesta lo siguiente: que Odyssey Marine Exploration ha rechazado proporcionar cualquier dato sobre la identificación y localización de los objetos arqueológicos rescatados en la denominada operación Cisne Negro, al tiempo que ha informado
que está desarrollando varios proyectos de localización de pecios y de extracción de objetos que se encuentran en los mismos, sin proporcionar tampoco la identificación de los barcos hundidos ni de sus respectivas localizaciones; que ante estos
hechos y las presuntas zonas en que los buques de la empresa americana


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han venido operando, el Gobierno español manifiesta su grave preocupación por el hecho de que las operaciones que ha llevado o pueda llevar a cabo afecten a buques de Estado o a la carga y objetos contenidos en los mismos que se beneficien
de la misma inmunidad y puedan perjudicar obviamente los intereses legítimos de España; que España y los Estados Unidos aceptan el principio del derecho internacional conforme al cual los restos de buques de Estado y su carga son propiedad del
estado de abanderamiento y no pueden ser objeto de remoción y salvamento sin autorización del Estado interesado. En consecuencia, solicitamos información sobre el cumplimiento de estas normas por la empresa americana, así como sobre las medidas que
hayan sido o sean adoptadas por Estados Unidos para asegurar el respeto de las mismas en este caso o en cualquier otra actividad que la empresa esté realizando o pueda querer realizar en el futuro. Con fecha 15 de junio, la Embajada de Reino Unido
en España hizo público un comunicado en el que manifestaba compartir el deseo de España de recibir más información de la empresa norteamericana, ya que sigue habiendo -dice literalmente el comunicado- poca información detallada sobre la localización
del lugar del cual Odyssey se llevó los objetos o sobre su procedencia. Reino Unido cree que es urgente establecer los hechos de manera rápida. Continúa diciendo que al igual que España, Reino Unido ha planteado a Odyssey varias preguntas en
relación con la procedencia de los objetos sin que hayan sido tampoco contestadas al Gobierno británico. Reino Unido seguirá colaborando estrechamente con el Gobierno español sobre este asunto. Por último, con fecha de 22 de junio, el viernes
pasado, se ha enviado nota verbal a la Embajada de Reino Unido en la que se solicita la licencia de exportación a Estados Unidos del cargamento extraído por la empresa americana.



En tercer lugar, las actuaciones que hemos realizado en nuestro propio país y en primer término gustaría resaltar la coordinación necesaria y en todo momento, obviamente, de los ministerios, sobre todo el de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y el de Cultura, pero también del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Fomento. Para ello, se han tenido y se tienen constantes reuniones, algunas de ellas son casi públicas, y obviamente contando, como
no puede ser de otro modo, con la vigilancia especial que por muchas razones y también por esta, nuestro país tiene en el Estrecho donde se encuentran los barcos de la empresa americana. Para ello se trabaja de manera conjunta para tener el cruce
de información correspondiente y naturalmente para la eficacia de cada una de las competencias que los diferentes departamentos ministeriales tienen, y además tiene lugar una coordinación y comunicación constantes también con la Junta de Andalucía
debido a que, como SS.SS. saben, en el reparto constitucional de competencias es la comunidad autónoma la que tiene la tutela de su patrimonio transferida y, por tanto, una parte principal también en esta circunstancia, salvo, como establece
nuestra reserva constitucional, en los supuestos de expolio y de exportación ilegítima, cuyas competencias exclusivas, como todos sabemos y de acuerdo con la Constitución española, las tiene el Gobierno de España y en este caso el Ministerio de
Cultura. Por esta razón, el Ministerio de Cultura dio instrucciones desde el primer momento al Grupo de Patrimonio Histórico de nuestra Guardia Civil al objeto de que llevara a cabo una investigación sobre estos hechos, la aportación de la
información que nuestros mecanismos de seguridad nos pueden propiciar sobre la situación de los barcos, sus movimientos y sobre las posiciones que hayan podido mantener en los últimos meses. Consecuencia de esta decisión del Ministerio de Cultura
son las actuaciones de la Fiscalía de Cádiz para que, en función de la documentación y la investigación realizada, lo elevara a la jurisdicción si lo estimaba oportuno y se apreciaba la presunta comisión de algún delito de contrabando y destrucción
de yacimientos arqueológicos. En este mismo sentido jurisdiccional, el Juzgado de Instrucción número 1 de la Línea de la Concepción ha ordenado la apertura de diligencias previas contra las personas físicas responsables de los actos de la empresa
americana como consecuencia de las conductas supuestamente desarrolladas en aguas españolas. Como SS.SS. saben, estas diligencias han sido declaradas secretas. Por parte del Ministerio de Cultura se ha solicitado también a la Abogacía General de
Estado la personación en las citadas diligencias previas.



En definitiva, señorías, a partir del conocimiento de estos hechos y sobre el largo recorrido de las circunstancias que todos conocemos y que yo he querido también relatar en este largo camino a lo largo de los años, desde el Ministerio de
Cultura queremos establecer a modo de conclusión dos hipótesis que podrían ser simultáneas y no excluyentes sobre el momento en el que nos encontramos; la primera referida al -entre comillas, es una palabra que nada tiene que ver con los términos
técnicos y legales de nuestro patrimonio histórico, pero que es la que ha utilizado la empresa y también los medios de comunicación- tesoro extraído por la empresa norteamericana. En este caso creemos que se trata de un cargamento extraído de un
pecio de bandera española que se haya encontrado en aguas internacionales. Toda la investigación realizada hasta ahora, los datos obtenidos sobre las posiciones de los barcos de la empresa norteamericana y otros elementos que forman parte de las
actuaciones realizadas nos conducen a creer en esta hipótesis como la más verosímil en lo que se refiere al tesoro. La segunda se refiere a presuntas actividades ilícitas de la susodicha empresa por presunto expolio, que están siendo investigadas
en estos momentos por las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Línea de la Concepción.



Termino, señora presidenta, señorías. Creo que está claro cuál ha sido nuestra actuación. Nuestra responsabilidad


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como Gobierno es en todo momento hacer cumplir la ley y queremos que si las cosas no se han hecho conforme a ella, el peso de la ley caiga sobre quien ha actuado contra la misma. Esto es lo que se hace en un Estado de derecho cuando se
tiene la responsabilidad de gobernar. Es cierto que se trata de un asunto complejo por cuanto desde el punto de vista jurídico hay que tener en cuenta no solo nuestra legislación sino también lo que establece el derecho internacional, porque
estamos hablando de una actuación en la que hay relación con otros Estados y con tribunales de otros países. Como he mencionado, tenemos dos procesos judiciales abiertos, uno civil en Estados Unidos, con unos antecedentes claros en cuanto a
nuestras reivindicaciones, y otro penal en España. Al mismo tiempo, estamos realizando constantes gestiones de carácter diplomático.
Espero que todas estas cuestiones y realizaciones den como fruto lo que todos queremos y deseamos, que nuestros
legítimos intereses en defensa del patrimonio histórico subacuático español queden protegidos.



España no defiende intereses mercantiles en este asunto, España defiende lo que los ciudadanos nos demandan: la protección de nuestro patrimonio común. En la sociedad actual es muy común que el término arqueología subacuática se asocie a
la extracción o recuperación de tesoros, fundamentalmente oro y plata. Sin embargo, esta afirmación no solo está muy alejada de la realidad, sino que además fomenta acciones de expolio y comercio ilegal de un patrimonio cultural que forma parte de
nuestro pasado histórico y que, por tanto, pertenece todos los españoles. La arqueología subacuática está muy lejos del concepto aventura-tesoro y el valor de un pecio nunca se mide en función del valor económico de la carga que portaba en el
momento de su hundimiento, sino en función de la información histórica que nos pueda aportar sobre nuestro pasado, sobre nuestro comercio, sobre nuestra navegación, sobre nuestros conflictos bélicos, en suma, sobre nuestra historia.



Es una disciplina científica que se plantea con unos fines y objetivos idénticos a aquellos que nadie cuestiona y que rigen la arqueología terrestre desde hace muchos años. Es una especialización de la historia como ciencia global y única
del pasado de la humanidad que pone al servicio de esta un concepto de técnicas y procedimientos que permiten construir y reconstruir documentos históricos a partir de las fuentes materiales de la investigación arqueológica. La arqueología puede
definirse como un estudio científico del pasado humano a través de los vestigios materiales que han llegado y que perviven hasta nuestros días.
La arqueología subacuática no hace más que llevar estos mismos planteamientos a un ambiente muy
particular obviamente, bajo las aguas.
Por tanto, no es principio conceptualmente diferente al resto de la arqueología. Su objeto es exactamente igual que el de la arqueología terrestre: el conocimiento del pasado, el estudio de los restos que
actualmente se encuentran bajo una lámina de agua. Por todo ello no se debe olvidar que la arqueología subacuática no consiste en rescatar y en recuperar tesoros ni localizar y recuperar objetos en sí mismos, sino extraer mediante el uso de
técnicas específicas y la aplicación de una metodología arqueológica el cien por cien de la información de un pecio u otro tipo de yacimiento que nos pueda proporcionar y que haya llegado hasta nuestros días una información intacta. Una pieza
proporciona información en su relación con los diversos objetos y estructuras que componen el yacimiento en su conjunto, es decir dónde aparece, cuál es su posición y cómo se relacionan esos objetos en un mismo lugar entre sí. En este proceso
prevalece en todo momento el valor histórico que la pieza en su contexto proporciona, frente al valor económico o a su valor de mercado, ya que, como he dicho, el objetivo que se persigue es avanzar en el conocimiento de nuestro pasado histórico y
no otra cosa. Se debe considerar un yacimiento como algo único, como un bien no renovable. La recuperación indiscriminada de piezas, la recuperación de cargamentos sobre la base de su valor de mercado e incluso la ejecución de proyectos
arqueológicos sin la aplicación de la suficiente garantía científica supone la destrucción de un yacimiento arqueológico y la pérdida irreparable de la información que contenía. Nunca podrá ser sustituido por otro, no lo hacemos en la arqueología
terrestre, lo entiende todo el mundo y forma parte de la conciencia cívica de nuestra democracia.



Quiero terminar reconociendo la importancia de nuestro patrimonio cultural subacuático como parte integrante, en este caso y por las circunstancias geográficas y estratégicas del Estrecho, del patrimonio cultural de toda la humanidad,
conscientes de que el patrimonio cultural subacuático se ve amenazado por actividades no autorizadas y dirigidas al mismo tiempo a una circunstancia mercantilizada que nada tiene que ver con las preocupaciones patrimoniales, históricas y de
protección de cualquier país sobre su pasado, y obviamente preocupada por la creciente explotación comercial de este patrimonio, especialmente por ciertas actividades que tienen por objeto exclusivo la venta, la adquisición o el trueque del
patrimonio cultural, en este caso, hipotéticamente y aplicando nuestras leyes, sobre el nuestro.



La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora ministra, por su explicación; muchas gracias presidenta también por la referencia y la felicitación que ha hecho al señor Lasquetty y en su nombre se la trasladaremos.



Señora ministra, voy a establecer dos focos, uno, que usted tiene todo nuestro apoyo, además en las condiciones que usted lo quiera y con la prudencia que usted lo requiera, para la persecución de lo que ha pasado, para la recuperación si
hemos sido expoliados y, por supuesto, en cualquier reclamación. Tiene usted absolutamente


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todo nuestro apoyo. Le pediría, y estoy segura de que lo va a hacer, que nos tenga informados tanto a esta Comisión como a los medios de comunicación en la medida que usted lo estime prudente; ni un solo reparo, más que apoyo; cuantos
medios pongan ustedes para reclamar y esclarecer, bienvenidos.



Paso al segundo foco de mi intervención, porque, como decía, esto tiene dos puntos. Señora ministra, hasta ahora ha dicho usted que sus indicios se inclinan más porque son aguas del Estrecho y un pecio español, aunque hablaban de
Cornualles, etcétera, pero si hubiéramos tenido la suerte enorme de no haber sido expoliados, de que este barco extractor hubiera funcionado en el polo Norte, de que el pecio hubiera sido de Pedro el Grande, etcétera, si hubiéramos tenido esa suerte
-esperemos al esclarecimiento, pero parece que usted no lo cree así-, lo que se ha puesto de relieve en todo lo que hemos visto desde ese 18 de mayo hasta aquí es lo que la Academia de Bellas Artes calificó en sesión plenaria de incuria por parte de
los poderes públicos que tenían que vigilar, y este foco es el que nos importa. Nuestro apoyo total en la reclamación, que ha sido el objeto más extenso de su explicación, y nuestra preocupación y exigencia de que se tomen medidas, porque esto
nunca jamás, ni como hipótesis, hubiera debido poder suceder, mucho más si ha sucedido.



Señora ministra, ¿qué echo yo de menos -y creo que si repasamos el 'Diario de Sesiones' lo veremos- en su exposición? La palabra vigilar. No ha existido. Usted reclama, usted actúa, usted enarbola a posteriori. La palabra vigilar no ha
existido en su exposición. Le quiero preguntar ¿usted cree en la responsabilidad in vigilando? Existe esto, señora ministra, y muchísimo más hablando de patrimonio. Es evidente que la Constitución dice, como bien ha señalado usted, en su artículo
149.1.28, que el Estado tiene competencia exclusiva en la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. ¿Y usted no cree que en esta defensa entra la vigilancia de que esto no pase? ¿Usted
cree que en esta defensa, competencia exclusiva suya, solo entra la reclamación cuando se ha producido la ilegalidad y previamente no existe la responsabilidad in vigilando? Eso es lo que creo que nosotros y ustedes tenemos que focalizar a partir
de este momento.



Señora ministra, usted nos ha hablado como una narradora de los hechos. Si hubiéramos traído a su abogado del Estado nos hubiera dicho lo mismo, pero usted es responsable de no haber evitado que esto pudiera pasar. Su intervención ha sido
una manera de echar balones fuera a la Junta de Andalucía. Usted tiene esta responsabilidad. Le voy a decir, señora ministra, que aquí ha sucedido, con toda evidencia, como si en el Museo del Prado se hubiera autorizado -y por tres veces- a un
conocido marchante de mala reputación a acreditarse como restaurador o como investigador, que hubiera trabajado impunemente y circulado a sus anchas por el Museo del Prado, que se le hubiera incluso encargado, como parece que ha sido, que levantara
los planos del museo y que, finalmente, este marchante, conocido por todos y conocida también su reputación, se marchara del museo, no hubiera sido vigilado en ningún momento, se llevara el cuadro por la puerta de Murillo, no sonara ni una alarma y
solo cuando estuviera en una subasta pública se dijera que todo había sido ilegal, y que como era ilegal está muy mal. Y ahí empieza su obligación, no en vigilar sino en perseguir cuando el daño ya ha sido hecho. Le insisto en que en esta
persecución, que va a durar años, tiene usted todo nuestro apoyo. Señora ministra, la Academia de Bellas Artes -no hable de la cuestión cinematográfica, nos ha parecido una frivolidad que usted debía haber omitido-, no los periodistas, que ya se
sabe, los políticos, que ya se sabe, o la cuestión cinematográfica del asunto, ha denunciado la incuria y le ha pedido que actúe, y nosotros presentaremos esta tarde -queríamos esperar a lo que usted nos contara hoy- una proposición no de ley.



Señora ministra, voy a hacer tres constataciones sobre lo que usted me ha dicho. Ha habido negligencia total, falta de vigilancia total, ninguna medida de precaución, y la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de
Exteriores, los tres, han mirado para otro lado. La valiosísima información de la Armada y de la Guardia Civil en el lugar más vigilado del mundo ha sido ignorada. Las leyes nacionales e internacionales han sido incumplidas. Usted lo alega ahora,
pero había que haberlo hecho cumplir antes, in vigilando. En cuanto a los informes de la fiscalía nos cita el último ¿Y en 2006, cuando el fiscal de Cádiz lo pone en conocimiento, por qué tampoco eso levanta una alarma y la Junta de Andalucía y
usted instando a la Junta Andalucía, que es su obligación, nadie hace nada? Ha habido una descoordinación asombrosa en la Administración. Todo lo que nos ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores está muy bien. Pero no entendemos en modo
alguno por qué se autoriza tres veces, porque empieza un desbarajuste increíble en el año 2005. Usted, como siempre, ha empleado parte de su exposición en decir lo que había pasado desde 1998. Bienvenido, asumimos nuestras responsabilidades y
ojalá ustedes las hubieran asumido igual. En cualquier caso, ¿qué hace el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizando? Pero mucho más grave, señora ministra, autorizando las notas verbales, sí, pero no la extracción. Ahí ha jugado usted con los
términos, pero ya vamos aprendiendo. Usted va muy sobrada por la vida porque dice que lo sabe todo. Pues ojalá hubiera sabido menos y se hubiera aplicado un poquito más, señora ministra. No la extracción pero sí la investigación y la prospección,
lo ha dicho usted. Tres veces se le revoca, la última después de aparecido el tesoro en Tampa. ¿Sí o no? ¿Qué hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, qué miedo tiene usted, que tiene que publicar esta nota que está en su web, señora ministra?
Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores comunica un 23 de marzo de 2007 que ha dado esta autorización, usted, su ministerio, el 27 de marzo desmiente rotundamente que


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haya dado permiso; usted, pero no el ministerio. Echa la culpa al ministro de Asuntos Exteriores. Desmiente rotundamente lo que había afirmado con la misma rotundidad el Ministerio de Asuntos Exteriores cuatro días antes, y de hecho el
barco estaba funcionando con esa autorización. Usted lo desmiente. Recuerda, naturalmente -balones fuera-, que la competencia es de la Junta de Andalucía, y no hace nada. Esta nota tenía que tener un tercer párrafo que dijera: y por
consiguiente, establecemos las medidas oportunas para vigilar la actividad. Esa nota no existe. Usted desmiente, el ministerio campa por sus respetos, sabemos de las visitas de los responsables del Odyssey al Ministerio de Asuntos Exteriores, no
entendemos nada de lo que ha pasado en Exteriores -ellos por cierto tampoco y nos gustaría que nos lo aclarara-, pero aquí la descoordinación es total. Por último, nos cuenta usted los criterios científicos y arqueológicos, faltaría más. Esa
lección, como dice el señor Vilajuana, ya nos la sabíamos y eso es lo que le estamos reprochando. Aquí, por no haber, no hay ni un mapa de pecios, no hay nada, la Armada ha sido ignorada, los conocimientos que tienen el Museo Naval, el archivo del
Viso del Marqués y el Museo Arqueológico han sido ignorados por facilitar el trabajo no vigilado de una empresa conocida como depredadora, señora ministra.



A nuestro juicio, establecidas estas tres cuestiones que su larga exposición no me aclara para nada de esta responsabilidad in vigilando, ¿qué es lo que podía haber sucedido y no ha sucedido? Cuando el 27 de marzo -insisto en la nota- usted
dice: Desmiento rotundamente haber autorizado, tenía que haber puesto un sistema de vigilancia, y toleró los hechos. No me ha podido usted decir cuáles son los protocolos de vigilancia y de coordinación, y yo esperaba que usted hubiera venido aquí
llena de datos, de registros pormenorizados, de posiciones, de situación en el Estrecho, de conocimiento de cómo habían funcionado estos barcos en la zona con mayor número de pecios del mundo -que debería usted instar, y espero que lo haga, que sea
declarada Patrimonio de la Humanidad- y además la más vigilada, en la que está todo, como los radares de la OTAN, y usted viene aquí y nos dice que los ha perseguido cuando ya la cuestión está en Tampa, Florida. ¿Cómo es posible que haya ignorado
usted todos los criterios arqueológicos? ¿ Por qué me cuenta que son tan importantes, y hay cero? Le voy a pedir en proposición no de ley que haga un plan de recuperación de pecios, para lo que tiene nuestro apoyo, y se lo ha pedido además la
Academia de Bellas Artes. No sé qué hace usted tomándose a pitorreo lo que estoy diciendo, señora ministra. Le voy a decir una cosa: usted no es consciente del daño que ha sufrido nuestro patrimonio; si no, no se reiría. Usted no es consciente
de la incuria que ha revelado todo esto; si no, no se reiría. No sé si a usted le importa o no, pero este daño es gravísimo y el baldón sobre su gestión es enorme, señora ministra. Le ruego que por lo menos se lo tome en serio.



Voy a seguir con cuestiones que debían haber sucedido. ¿Cómo es posible que usted no nos haya traído aquí un registro pormenorizado de todos los movimientos de estos barcos? ¿Cómo es posible? ¿Los ha reclamado, los ha cotejado, los tiene?
¿Qué hacía usted mientras todo esto estaba sucediendo, qué hacía su Ministerio? Ahora reclama, y tiene nuestro apoyo, pero ¿qué hacía mientras esta carrera de desatinos jurídicos, administrativos, políticos y de todo tipo tenía lugar? Señora
ministra, el comportamiento de la Junta no lo voy a juzgar aquí, las cosas que ha dicho la Junta son inenarrables: Como los actos son ilegales -como dice usted- no me toca a mí perseguirlos, le toca a la Guardia Civil. ¡Qué bien! A mí me toca solo
controlar lo legal, lo ilegal es para la Guardia Civil. Dice la Junta de Andalucía el 28 de marzo del 2007 que no tiene información de que el buque Odyssey esté llevando a cabo actividades arqueológicas, y tanto que no son actividades
arqueológicas, son depredaciones arqueológicas lo que está llevando a cabo. Dice la Junta de Andalucía que no tiene ni idea. Al fiscal de Cádiz no le instan ustedes ahora, sino que hacen caso de lo que está en su memoria de 2006 reflejando hechos
de 2005 y en la que se dice que se están realizando actividades sin cumplir la normativa en materia de prospecciones arqueológicas, es entonces la responsabilidad in vigilando, no es hoy, señora ministra.



Es infinito lo que no entendemos cómo ha podido suceder, insisto, en el lugar más vigilado del planeta y el que más restos arqueológicos tiene.
Ha dicho usted de pasada -y nos parece muy bien- que ha creado un gabinete de crisis; no sé
cómo lo llama, en cualquier caso bienvenido sea, se llame como se llame. Nos dice, y con toda la razón, que este gabinete de crisis va a cruzar todos los datos disponibles, va a estudiar los archivos por satélite, los archivos de la torre de
Tarifa, los informes de la Armada, que comprende los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Fomento, Cultura y de todos ellos con la Junta de Andalucía. ¿Y esto no había funcionado hasta que el posible material expoliado llega a Florida?
¿De toda esta coordinación que usted hace a posteriori no ha habido nada con carácter previo? Señora ministra, la palabra vigilar ha estado ausente de su ministerio y -lo que es más incomprensible- de su explicación en esta Cámara. Repito que
tiene usted nuestro apoyo total en lo que ha sido aquí objeto de su exposición, la persecución y el esclarecimiento, pero le vamos a pedir, y nos sorprende que usted misma no se haya adelantado a ello, con proposición no de ley esta tarde,
intentando aclarar este cúmulo de despropósitos, que presente un plan para gestionar la recuperación de los pecios españoles, y tiene que presentar ese plan con una autoridad única, contando con los archivos de la Armada, con los expertos de la
Armada, con los expertos arqueólogos, con las academias; tiene que dotar ese plan en los presupuestos para el año que viene y, naturalmente, tiene que apoyar esto técnicamente. Esto se tiene que realizar. Me va usted a decir que lo podíamos haber
realizado


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nosotros, y los Reyes Católicos lo debían haber realizado. Ser la mujer de Lot, que es lo que usted hace, señora ministra, la deja petrificada. Mira usted para atrás, se siente tan contenta de haberse conocido y se queda petrificada y no
actúa. Me hubiera gustado muchísimo que ese plan llevara hecho treinta años. Lo tiene usted que hacer ya. En segundo lugar, la acción es doble. También necesitamos que usted nos haga una propuesta de revisión, si es que existe, esperemos que sí,
del sistema de vigilancia de toda esta cuestión, porque, insisto, en la zona más vigilada del mundo ha podido actuar este barco impunemente. Preguntaban en la Academia de Bellas Artes: ¿Pero no se le acercaba ni siquiera un guardacostas? Pues no,
porque iba protegido por una bandera británica, y no entendemos cómo un buque de la defensa británica consignado como tal daba protección a esto. Naturalmente, Exteriores en el limbo, en Belén con los pastores.
Señora ministra, dos cuestiones:
primera, un plan de recuperación de pecios entero que dure cincuenta años, lo que usted quiera, y, segunda, una actualización y una puesta a punto del sistema de vigilancia.



La señora PRESIDENTA: Señora ministra, puede contestar.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señoría, gracias por su apoyo, por que nos vayan a apoyar en esto. La verdad es que como ya conozco su manera de trabajar, políticamente hablando, en sus funciones de parlamentaria, ya he
advertido que cuando le faltan razones y tiene dificultades casi siempre recurre al insulto y a la descalificación personal. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: Personal, no.) Se lo dije la última vez que estuve aquí, siempre he pensado que no
iba con su carácter y, según me cuentan quienes la conocen (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: No ha lugar, señora presidenta.), con su propia biografía, pero esto es lo que ha decidido en esta legislatura.
Cuando se coloca usted en esa tesitura
de faltar personalmente se le pierden las razones y entonces dice las cosas que ha dicho, que, francamente, me producen mucha perplejidad.



Lo primero que me ha pedido es que me salte todos los estatutos de autonomía de España, me salte a la torera la Constitución, recabe todas las transferencias transferidas en la tutela a Patrimonio Histórico y el Ministerio de Cultura de
repente haga un plan de arqueología subacuática y deje tirados a todos los gobiernos autonómicos. Muy propio de la manera de usted y de su partido (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: Lo tiene que incorporar.) de entender este país. Me está
pidiendo que invada competencias...



La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora ministra. Señora Rodríguez-Salmones, la hemos escuchado en silencio, va a tener posibilidad de volver a hablar, y le ruego, por tanto, que vaya tomando nota y hable cuando le dé la palabra.



Señora ministra, puede continuar.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Me está pidiendo que incumpla los estatutos de autonomía, invada competencias que no son de este ministerio, que deje de cumplir el mandato constitucional y la reserva competencial que el
ministerio tiene y que haga lo que hizo su Gobierno; invadir las competencias de la Junta de Andalucía dando una autorización cuando no le correspondía para investigar e incluso, le recuerdo, una segunda autorización para extraer. Me está pidiendo
que lo haga, cuando su propio Gobierno, con su presidente, tuvo que reconocer en un Consejo de Ministros de fecha de septiembre que había invadido las competencias y, por tanto, el Estatuto de una comunidad autónoma. Usted me está pidiendo,
lógicamente, si fueron capaces de hacerlo gobernando, que lo haga yo y que me salte lo que tiene transferido en este caso la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la que tiene la competencia de investigación, protección, extracción del patrimonio
que esté bajo el agua en el litoral andaluz, o cualquier otra comunidad. Me lo está pidiendo, pero lo que me está pidiendo es inconstitucional, vaya por delante. Me gustaría mucho que algunas cosas que son relativas, técnicamente hablando, en este
caso a nuestro modelo de Estado de derecho no tuvieran que ser objeto de discusión en una comparecencia parlamentaria, que esas ya nos las supiéramos y estuviésemos discutiendo sobre otras cosas. Serán las comunidades autónomas con litoral en este
país, porque tienen las competencias transferidas, las que quieran, puedan y pongan en marcha planes de investigación, de recuperación, de difusión de su patrimonio arqueológico subacuático, exactamente igual que en materia terrestre, señoría. Se
lo he dicho no porque sepa más ni menos ni porque me guste haberme conocido ni porque me deje de gustar, sino por una razón muy simple: porque la arqueología subacuática es exactamente igual que la terrestre, no tiene ninguna diferencia salvo la
dificultad de trabajar bajo el agua a diferencia de trabajar en tierra, nada más.
Usted no me pediría que hiciera un programa de yacimientos arqueológicos en toda España para investigar, extraer y recuperar, no me lo pediría porque vendrían aquí
los consejeros y las consejeras, porque estaría aquí su propio partido diciendo que es competencia de sus estatutos de autonomía y, obviamente, de sus políticas autonómicas. Sin embargo, me lo pide para este asunto porque este asunto, por cierto,
se sigue más por lo que se lee de manera fabulada en los medios de comunicación (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: ¿Cómo?) que con el rigor con el que tendríamos que trabajar. Dicho sea de paso, sobre este asunto ha habido muy buena
información en este país. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: ¡Menos mal!)


Me dice: vigilancia. ¿Por qué cree S. S. que estamos en la hipótesis, incluso la propia empresa norteamericana,


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de que lo que ellos denominan operación Cisne Negro se ha encontrado fuera de aguas españolas? ¿Por qué cree que se ha encontrado fuera de aguas españolas supuestamente? ¿Por qué cree su señoría? ¿A lo mejor porque nuestra Guardia Civil
del Mar y nuestra Armada han estado todo el tiempo vigilando y actuando? ¿Será por eso por lo que no han podido extraer en aguas españolas? ¿Me pide S. S. que nuestra Guardia Civil del Mar, así como nuestra Armada, salgan de nuestras fronteras del
mar y paren buques en aguas internacionales, me lo está pidiendo también en el colmo de los despropósitos esta mañana? Mire usted, señoría, nuestra Guardia Civil ha parado en numerosas ocasiones no solamente a estos buques sino también a otros
cuando consideraba, en el uso en este caso de sus funciones y de sus competencias, maniobras sospechosas que pudieran estar incidiendo sobre nuestro patrimonio arqueológico, en infinidad de ocasiones a lo largo de todos estos años. Yo consideraba
que usted confiaba, igual que yo, en la competencia profesional de nuestra Guardia Civil y en que minuto a minuto hace lo que tiene que hacer, y lo hace bien; daba por supuesto que usted estaba exactamente igual que yo en esa tesitura.
Obviamente,
no le iba a relatar día a día y hora a hora -lo sabe perfectamente la jueza porque lo ha puesto en su comunicación- a lo largo de los años la de veces que han parado esos buques, los han registrado, les han pedido la documentación y la de veces que
les han dicho a esos buques que salieran de aguas españolas sin encontrar nada pero sospechando que pudieran estar trabajando en alguna dirección no legal en nuestro país. ¿Por qué cree S. S. que estamos sobre la hipótesis, que la propia empresa
norteamericana reconoce de que el hallazgo no es en aguas españolas? Porque nuestra Guardia Civil y nuestra Armada han funcionado perfectamente. Señoría, se ha saltado la mayor. En esta serie concatenada, desde mi punto de vista, de despropósitos
que ha dicho cuando le faltan argumentos se le ha olvidado la premisa mayor: que estamos trabajando fuera de aguas españolas, y no me va a pedir, en segunda barbaridad, que le pida a nuestra Guardia Civil que pare a buques en aguas internacionales,
porque ya sería un segunda cosa grandiosa que me habría pedido en su intervención esta mañana. Hay mucha más información que no le voy a dar porque la tiene la jueza, porque está en secreto de sumario y porque no voy a dar información pública, ni
siquiera en esta Cámara, que forme parte, en este caso, de actuaciones judiciales en nuestro país y en la defensa de nuestros intereses en la demanda civil norteamericana. Me lo va a permitir por aquello que ha dicho de que soy una narradora, que
no he parado de tomar decisiones por razones de las casualidades políticas desde el año 1999. Le recuerdo que fui la consejera que no lo autorizó, que fui la consejera que tuvo que obligar al Gobierno de España a que respetara las competencias que
eran de la Junta de Andalucía, y le recuerdo que las dos únicas autorizaciones verdaderas firmadas mediante resolución administrativa por cargos públicos de su partido las ha dado su partido; quien le ha abierto las puertas a esta empresa
norteamericana que usted ha calificado como ha calificado -que constará en el 'Diario de Sesiones'- y que yo no he calificado de ninguna manera, se las ha abierto su partido, en concreto el señor Rajoy, que era ministro de Cultura en la primera
autorización, y en segundo lugar la ministra doña Pilar del Castillo. Supongo que le tiene que costar a usted mucho trabajo reconocer esta mañana que las resoluciones y las autorizaciones, la segunda incluso para extraer, las dio su partido
gobernando, y su partido tuvo que reconocer una invasión de competencias porque se permitió el Ministerio de Cultura dar autorizaciones que no podía dar. Y usted me está pidiendo a mí que yo haga un plan de repente para invadir las competencias del
resto de las comunidades autónomas. Señoría, usted sabe, porque lo ha citado, que el artículo 149 de la Constitución establece las competencias de la Administración General del Estado en los casos de expolio y exportación ilegal. ¿Cuándo cree S.
S. que puede entrar la competencia del ministerio, por supuesto, la del Ministerio del Interior y de Defensa y del Ministerio de Fomento? Durante todos los años de legislatura, impidiendo que ahora estuviéramos -que no lo estamos seguramente,
seremos prudentes con las palabras- delante de un hallazgo que nada más y nada menos se hubiese hecho en nuestras aguas. Eso es lo que han hecho tres ministerios, el de Fomento, el de Defensa y el de Interior, impedir que se haya trabajado en
nuestras aguas sin autorización.



Pregunta que cuándo nos coordinamos. Desde el primer momento en que el embajador de Estados Unidos me visita, vuelve a retomar este asunto en esta legislatura y le indico que se dirija a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que dar
autorización. Lo he relatado no como narradora sino como responsable de la coordinación que he hecho, también con la Junta de Andalucía, desde el primer minuto de esta legislatura, para que la autorización que se diera, si se hubiese dado, que no
se ha dado nunca, fuera con arreglo a los criterios del Reglamento andaluz de actividades arqueológicas, a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y a la Ley de Patrimonio Histórico Español, en coordinación con la Junta de Andalucía. ¿Por qué
cree que estamos ante esta hipótesis? Porque han funcionado todos (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: ¡Pues si no llegan a funcionar!), absolutamente todos los mecanismos, salvo la ilegalidad de una empresa norteamericana, supuestamente, sin
pedir permiso a España para trabajar sobre un pecio español. Señoría, ya sé que a usted y en general a su partido al cabo de treinta años de democracia les encanta reducir, en este caso a los ciudadanos, lo que es complejo. Es una forma bastante
poco respetuosa de trasladar la complejidad no solamente de este asunto si no, en general, del funcionamiento de una democracia madura, que pasa por el respeto a las normas internacionales, a las competencias distribuidas de nuestro modelo político,
que usted se las ha saltado y prácticamente me ha pedido que hagamos lo que dice la Academia de


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Bellas Artes, que seguramente no ha caído (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: No, son tontos también.) en el pequeño detalle de que no corresponde al ministerio hacer semejantes planes. Al ministerio le corresponde respaldar los planes
autonómicos que haya en estas materias, cuando los haya, quien los quiera y quien los tenga que hacer, y coordinar de manera voluntaria, estrictamente voluntaria, en el marco de una conferencia sectorial de aquellas comunidades autónomas que,
teniendo litoral, tengan planes y no otra cosa. Dígaselo usted a los ciudadanos para respetar en este caso las normas de nuestro país, que son las primeras que tenemos que respetar.



Señoría, como le gusta simplificar las cosas, como le gusta lanzar frases concretas para seguir abundando en la fábula que todo este asunto puede tener, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en esta legislatura, no solamente no ha dado
ninguna autorización -sí la dio con su Gobierno-, sino que además, sabiéndolo perfectamente, en las muchas reuniones que ha habido durante tres años entre Cultura y Exteriores siempre han tenido claro que no solamente esa autorización no le
correspondía al ministerio sino que le correspondía a la Junta de Andalucía. Usted se refiere a dos circunstancias: la petición de Reino Unido -y en este caso incluso cede sus derechos de salvamento a una empresa privada de la que estamos
hablando, en este caso norteamericana- para investigar supuestamente un pecio que puede estar en nuestras aguas, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, en dos ocasiones, y naturalmente en coordinación con el Ministerio de Cultura, que solamente nos
teníamos que limitar a indicarle cuál es el estado de la cuestión en términos de reparto competencial, se limita a decirle a Reino Unido que, en caso de que se produzca la autorización de la Junta de Andalucía, solo puede estar referida a la
identificación. Conviene con esto no confundir más ni tampoco mentir, porque, si no, en este momento difícilmente tendríamos la legitimidad que tenemos en dos jurisdicciones, la norteamericana, para que se reconozcan supuestamente nuestros derechos
sobre el cargamento, y la jurisdicción penal española, en que estamos en una situación de ilícito absoluto porque no ha habido autorización ninguna del Ministerio de Exteriores y de Cooperación ya que sabe perfectamente que no le corresponde ni a él
ni al Ministerio de Cultura darla y porque a lo que en todo caso se refirió era a que tenía que cumplir la normativa andaluza. ¿Y por qué razón no se cumple esa formativa? A esa parte de la información supongo que también habrá atendido: porque
la Junta de Andalucía indica que las condiciones son que haya proyecto, porque aquí no vamos a cazar tesoros, no vamos a comerciar con lo que esté, con bandera de otro país, hundido en nuestras aguas y con derecho de ese país a rescatarlo; porque
aquí hay que tener un proyecto de investigación y porque una empresa que se dedique a rescatar pecios, por mucho que lo quiera convertir en un negocio, para una Administración pública y para nuestro país es un proyecto de investigación arqueológica.
No se trata de dar clases a nadie, y mucho menos de quien, como yo, no es experto en la materia; se trata de indicar que, sea cual sea la empresa, privada o pública, o las intenciones de trabajo sobre nuestro patrimonio arqueológico, se requiere,
porque nuestras leyes lo dicen, un proyecto de investigación y tras un proyecto de investigación y de identificación se puede proceder a una extracción controlada con los criterios propios de la arqueología, sin destruir los yacimientos y sin
considerar la carga una mercancía. La Junta de Andalucía, tal cual me tocó a mí en su momento, vuelve a indicar que tiene que presentar la empresa un proyecto de investigación arqueológica; que se sepa dónde quiere trabajar, qué es lo que está
buscando, qué es lo que se puede encontrar, y con la vigilancia de nuestra seguridad y de nuestros especialistas. ¿Sabe lo que contesta la empresa norteamericana? Que no, y contesta que no porque sus intenciones sobre nuestro patrimonio, o
cualquier otro patrimonio del mundo, son diferentes de las leyes que lo protegen. Por eso no se produce ni un acuerdo ni mucho menos una autorización, porque esta empresa sí ha trabajado con dos autorizaciones, las que le ha dado su partido
gobernando. Seguramente se habrá sentido confiada en que ahora podía seguir trabajando y en esta legislatura se ha encontrado con una negativa de la Junta de Andalucía en las mismas condiciones en que yo lo establecí cuando me tocó arbitrar esa
responsabilidad, y se ha encontrado por primera vez una negativa cerrada, no solamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que tiene que hablar con las embajadas y con la petición británica de identificación de su pecio, sino también del
Ministerio de Cultura, inmediatamente que se produce una circunstancia en la que sí entran las competencias correspondientes al reparto constitucional. Las competencias correspondientes al reparto constitucional, señora Rodríguez-Salmones, son las
de estar en este momento trabajando en la hipótesis de que no se ha producido en nuestras aguas. No puedo dar información que tienen nuestra Armada y nuestra Guardia Civil porque está a disposición, obviamente, de la defensa de nuestros intereses
en dos jurisdicciones y, como usted comprenderá, no puede ser objeto de tratamiento público, entre otras razones porque en la jurisdicción penal de nuestro país este asunto está sometido en este momento a secreto.



Son muchas las vaguedades a las que se refiere permanentemente S. S., y le recuerdo que no se trata en este momento de crear un conflicto con Estados Unidos ni con Reino Unido, que hemos entendido perfectamente el interés que Reino Unido
podía tener en identificar un galeón; tanto lo hemos entendido, que en las conversaciones para una hipotética autorización de la Junta de Andalucía se le advierte, cosa que ustedes no hicieron. Me acaba de decir usted que hace treinta años quería,
sin leyes de patrimonio histórico, que se hicieran planes de investigación del litoral, y yo se lo voy a poner mucho más en corto, no para recordar nada sino porque este asunto trae causa de 1999. Si no estuviera desde 1999


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por las aguas del Estrecho, en las aguas internacionales y hubiese podido estar en las aguas españolas con autorización ilegal de un ministerio al que no le correspondía dar esas autorizaciones, seguramente si en 1999, en 2000 y en 2001 se
le hubieran parado los pies, literalmente, con nuestra legislación a esta empresa norteamericana ahora seguramente no estaríamos aquí. Ahora decimos aquí tres cosas: primera, que nuestras medidas de seguridad, las que han correspondido a la
Guardia Civil del Mar y a la Armada, han funcionado de tal modo que la única hipótesis sobre la que podemos trabajar es que el pecio no se ha encontrado ni se ha extraído en aguas españolas; segunda, no tenemos ninguna potestad, ni siquiera en el
derecho internacional, en el Acuerdo sobre el derecho del mar del año 1982, en aguas internacionales -lo sabe S. S. perfectamente, por lo tanto más vale no decir ninguna barbaridad en esa dirección-; tercera, podemos estar trabajando sobre la
hipótesis de un pecio de bandera española en aguas internacionales, y en esa hipótesis hemos hecho lo que correspondía hacer dadas las informaciones que recibíamos, que era personarnos en una demanda civil sobre nuestros derechos y perseguir y poner
en marcha la jurisdicción española en el hipotético caso de un delito contra nuestro patrimonio, dado que no ha habido permiso para investigar ni para extraer ningún buque de pabellón español, ni por esta empresa ni por ninguna otra. Por cierto, la
Xunta de Galicia creo que está en la creación de un Centro de Arqueología Subacuática, según informaciones que manejo con la consejera. Desde luego, Cataluña tiene un Centro de Arqueología Subacuática y también Andalucía, que son fundamentalmente
las comunidades autónomas que trabajan en esta materia de manera más adelantada. Es a ellas a las que corresponde establecer sus planes de investigación y sus planes de apoyo, cuando lo necesiten, por nuestra parte, sin invadir sus competencias. A
nosotros nos corresponde en este caso justo lo que hemos hecho: cuando no se produce permiso para trabajar sobre un buque nuestro, reaccionar y hacerlo de la manera más inteligente posible para nuestros intereses; y la manera más inteligente
posible para nuestros intereses es reclamar los derechos en Estados Unidos y perseguir el delito en el ámbito de nuestro propio Estado de derecho. Negar esto es desconocer el tema, negar esto es no querer asumir, supongo, algo que tiene que costar
mucho trabajo asumir, y es que las puertas se las abrió a Odyssey el Gobierno del Partido Popular y, por las fechas, el propio señor Rajoy como ministro de Cultura. Esto es lo que tenemos en el origen de esta circunstancia, y a día de hoy estamos,
donde estamos, con una empresa que no ha podido trabajar en aguas españolas, que ha tenido que salir fuera de nuestras aguas: en la persecución de un hipotético delito y en la defensa de nuestros intereses. Supongo que tiene que costar trabajo
entender esto, señoría, pero esta es la situación de legalidad y de defensa, en este caso política, de la situación en que nos encontramos.



Tengo mucha más información de la que puedo dar públicamente y de la que quiero manejar porque no corresponde a mi período de responsabilidad como ministra sino a mi período de responsabilidad como consejera, y créame que esta empresa estaba
encantada con su situación actual, con un futuro realmente magnífico para sus intereses y que se les ha frustrado en esta legislatura por todas y cada una de las decisiones que se han tomado en todos y en cada uno de los ámbitos competenciales de
los diferentes ministerios que aquí tenían que actuar concurrentemente. Su señoría se imaginará por qué le digo esto e imaginará que pido comparecer esta mañana ante esta Comisión precisamente porque hemos sido capaces de colocar cada una de esas
piezas en su lugar, y a partir de aquí, para respetar nuestro modelo político, pida usted misma a quien corresponda, en este caso a las comunidades autónomas, planes de investigación arqueológica subacuática, pero no le pida a esta ministra que haga
lo que ya me hicieron como consejera por parte de un ministerio que no supo lo que tenía que hacer con las leyes en la mano ni tampoco supo cómo influir y coordinar con el Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel momento, que se permitió no
solamente dar una autorización ilegal sino, le recuerdo, una autorización que ni siquiera era para identificar el Sussex, sino una segunda autorización para extraer parte nuestro patrimonio histórico.
Supongo que todo eso tiene que costar mucho
trabajo asumirlo políticamente esta mañana.



La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones, tiene usted ahora derecho a una dúplica por un tiempo de cinco minutos.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Le voy a hacer una puntualización sobre el pasado en el que a usted tanto le gusta entrar. Consejo de Ministros, informe del Consejo de Ministros, Consejo de Estado y expulsión por las actuaciones que
tenían a bordo en tiempos del Grupo Popular, en 2001. Consejo de Ministros, igual que ahora, Consejo de Estado, igual que ahora, autoridad arqueológica y autoridad de las fuerzas de seguridad a bordo; expulsión de las aguas en cuanto se comprobó
que no cumplían las normas.



Señora ministra, no puedo estar más atónita. Usted dice que lo único que puede hacer es limitarse a indicar. ¿Y para qué está usted? ¿Para limitarse a indicar? ¡Cómo es posible que diga usted: mi único papel en esto es limitarme a
indicar adónde hay que pedir los permisos! Señora ministra, dice usted, y se queda tan ancha, que ha funcionado todo. ¡Pues si no llega a funcionar! Si hay 500.000 monedas y usted lo está reclamando, no es que lo diga yo, es que lo reclama usted.
Me dice que ha funcionado todo y que la empresa está muy frustrada. ¡Pues cómo debía de estar cuando no tenía las monedas! ¿Cómo puede usted decir que la empresa está muy frustrada y que todo ha funcionado, y está usted al mismo tiempo moviendo la
maquinaria del Estado para perseguirlo?


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¿Cómo es posible? Yo no digo que usted invada nada, digo que cumpla con la función constitucional que tiene. No digo que excluya a las comunidades autónomas, le digo, que según le indica el artículo 149.1.28.ª de la Constitución, cumpla
usted su función, que no es la de indicar, apoyar y cooperar, como dice usted, sino que es exactamente la de defender; y se defiende in vigilando el patrimonio, no se defiende, cuando se cae la catedral, restaurando después, se defiende haciendo
que no se caiga. En patrimonio la defensa es siempre custodia y vigilancia, y lo otro es reparar desastres. Me dice usted que yo le digo que invada, pero ¿cómo no puede usted colaborar con las diferentes comunidades autónomas? Colabore usted,
naturalmente que sí, ¿cómo le voy a pedir yo que no colabore y que invada sus competencias? Es absurdo.



Señora ministra, yo venía hoy oyendo por la radio a doña Magdalena Álvarez, que decía (sic) que la culpa de que el AVE se haya descarrilado y que en Cataluña hayan tenido el caos que han tenido en Cercanías era de Álvarez-Cascos. Lo ha
dicho. Es como de broma, qué voy a esperar que digan ustedes, no sé si lo da la zona. ¿Cómo es posible que digan ustedes ahora esto, señora ministra? Me dice usted que como la Junta de Andalucía no tenía proyecto no había vigilado -además lo
dicen ellos en una nota que aquí tengo- y usted me dice que como no había proyecto no le tocaba.
Entonces, nadie vigiló. Me dice que a usted sólo le compete indicar, y ya no sabemos qué hace Asuntos Exteriores en esta guerra. ¿Le consta a usted
que estos barcos no han trabajado en aguas del Estrecho? ¿Puede decir que le consta que no han trabajado en aguas del Estrecho, como ha repetido usted aquí una y otra vez? Le ruego que me lo diga. Señora ministra, no entiendo nada y créame que le
puedo decir que de todo el tiempo que ha empleado ni una sola acción suya ha tenido que ver con la protección de nuestro patrimonio. Eso es grave, tenga usted la opinión que tenga de sus competencias, e insisto en que no ande usted tan sobrada por
la vida, recuerde a los académicos de Bellas Artes sus obligaciones, recuérdemelas a mí y recuérdeselas a todo el mundo. Usted tiene una obligación constitucional y en patrimonio se ejerce vigilando, protegiendo y custodiando. Y usted de esto no
nos ha dicho aquí nada, absolutamente nada.



La PRESIDENTA: Señora ministra.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Como ya estoy cansada de escuchárselo, se lo voy a contestar solo una vez. Primero, iré todo lo sobrada que quiera. ¿De acuerdo? Segundo, lo de la zona lo retira; si se refería a Andalucía,
lo retira. En Andalucía somos más de ocho millones de españoles, una parte sustantivísima del territorio de nuestro país, y lo retira. ¿De acuerdo? En tercer lugar, sería bueno que en las siguientes comparecencias no se dijeran las vaguedades que
no deben ser propias de un debate en sede parlamentaria donde nos pagan, entre otras muchas razones, en respaldo y en confianza de los ciudadanos y en dinero a fin de mes para saber de lo que estamos hablando. Deje de decir vaguedades con el
artículo 149 de la Constitución. ¿De acuerdo?


Proteger el patrimonio histórico supone muchas cosas, la investigación la primera, la identificación la precede y corresponde a los estatutos de autonomía. Deje de decir vaguedades sobre nuestro modelo político de Estado, porque luego usted
misma como diputada de vez en cuando tiene que vivir en esta Cámara, afortunadamente, y lo digo por el portavoz de CIU, que está a su lado, cuando se hacen leyes sobre cultura, sobre la invasión de competencias y las dificultades que tenemos
permanentemente para legislar en este orden. Él lo sabe muy bien además como consejero que fue. Así que conviene que el Grupo Parlamentario Popular, que usted representa aquí, se exprese y se maneje con más propiedad en este asunto y con un poco
de rigor. La protección del patrimonio es identificarlo, descubrirlo, actuar sobre él científicamente, difundirlo y, llegado el caso de la comisión de delitos contra él, en el último extremo de la cadena, actuar. Desde que se identifica y se
protege en su investigación, se difunde hasta que en un determinado momento, triste siempre, se cometen delitos contra él. Aquí y en cualquier país del mundo, científica, política y, según el sentido común, dicta. Usted sabe muy bien, porque lo
sabe como especialista política de su partido en materia de cultura, que la protección del patrimonio histórico en nuestro país dentro de las fronteras corresponde a las comunidades autónomas. Fíjese hasta qué punto, que si mañana el ministerio -o
yo misma- decidiera intervenir en un yacimiento en la provincia equis no podría hacerlo sin el permiso de su correspondiente Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y sin que lo autorizara convenientemente en la política cultural la Consejería
de Cultura y el Gobierno correspondiente. No reconocer eso es no reconocer las leyes de este país, no conocerlas y confundir diciendo vaguedades. Al Estado, en su Administración general, le corresponde todo lo que ocurra en materia de expolio y en
materia de tráfico ilegal, de exportación ilegal, y usted lo sabe muy bien. A partir de ahí, cualquier política de protección, de investigación, de difusión del patrimonio histórico, como dicen la ley española y las leyes autonómicas, es política
de coordinación voluntaria, por cierto, la que hace este ministerio creando una conferencia sectorial que ustedes nunca crearon.



Tenemos que hablar del pasado porque estamos hablando de una empresa que llegó al Estrecho en 1999 -no me lo invento yo- y se creyeron que tenían futuro. Las políticas de protección de ese patrimonio tienen que ser voluntarias por parte de
las comunidades autónomas en relación con el ministerio si quieren coordinarse, y si no quieren, no; si quieren cooperar, y si no quieren, no. Exactamente igual que en cualquiera de las otras líneas en que hay competencias transferidas. Lo
debería usted saber, y lo sabe; lo sabe usted tan bien, que sabe que en esta legislatura por primera vez hay acuerdos transversales


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con todos los gobiernos autonómicos para hacer políticas de coordinación en aquellas materias en que las comunidades autónomas lo han aceptado libremente, porque no hay otra fórmula de trabajo en esa materia, con la Constitución en la mano,
y usted lo sabe muy bien. Así que no se esconda detrás de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que usted respetará tanto como yo, ni más ni menos. Pero respetará usted mucho más a los gobiernos autonómicos que salen de las urnas, sus
estatutos, a sus responsables políticos en materia de cultura y a los especialistas que cada una de esas consejerías tienen a lo largo y ancho de toda España, que saben lo que tienen que hacer porque hace treinta años que este país, afortunadamente,
tiene normas cada vez mejores para el patrimonio histórico y un capital humano de especialistas cada vez más reputado dentro y fuera de nuestras fronteras. Como usted comprenderá, a ese respeto también estamos todos sometidos. Como a nadie en este
país, salvo a los cargos públicos, se le puede pedir que conozca de manera exhaustiva el funcionamiento técnico y jurídico del modelo constitucional, me va a permitir que le diga que no se esconda detrás de la Academia de Bellas Artes, a la que le
corresponde -y hace muy bien- decir públicamente que se hagan políticas de protección del patrimonio histórico, pero a usted le corresponde saber de qué estamos hablando; que no valen brindis al sol; que no valen frases fáciles; que está usted
hablando todo el rato de vaguedades; que sabe usted perfectamente que a mí solo me corresponde en ese apartado indicar a una empresa que se dirige a mí a través del embajador que no es mi ministerio el que puede autorizar, darle la información
correcta y que es la Junta de Andalucía la que tiene que autorizar. Si la Junta de Andalucía no autoriza y ha ocurrido algo y estamos ante un delito hipotéticamente de expolio o de contrabando de nuestros bienes, el modelo político y jurídico de
nuestro Estado obliga a que entre automáticamente el Ministerio de Cultura con sus competencias, y eso es exactamente lo que hemos hecho. No nos apoye, no hace falta que nos apoye; con que sepa cómo funciona nuestro país y no confunda a los
ciudadanos ya me conformo, no me apoye porque no hace falta. Ya existen nuestras leyes, ya existe el derecho internacional; simplemente apoye no confundiendo al ciudadano con frases que resultan muy fáciles de colocar pero que son grandes mentiras
con arreglo a la complejidad de este asunto. Eso es lo único que le pido, y en este asunto mucho más porque se presta a muchas fabulaciones y a muchas palabras fáciles e incorrectas.
Aquí no cabe la palabra tesoro, porque usted y yo nunca diríamos
que la catedral de Burgos es un tesoro más que en términos coloquiales, y porque usted y yo no estaríamos nunca dispuestas a que viniera una empresa especializada en arqueología terrestre a decirnos que va a abrir yacimientos en nuestro país, por
cierto uno de los países que seguramente tiene más patrimonio arqueológico del mundo, porque no es de rigor y porque la Junta de Andalucía, que tiene un Centro de Arqueología Subacuática -y yo no tengo por qué hablar de otra Administración pública-,
estará haciendo su trabajo de investigación. A mí me correspondió crear un Centro de Arqueología Subacuática, me correspondió porque Andalucía no lo tenía, y a mí me corresponde mejorar, como hemos estado haciendo a lo largo de estos tres años, el
que el Estado tiene en Cartagena. Esta es la verdad de este asunto.



Me pregunta usted si estoy en condiciones de decir si la situación que ahora tenemos está dentro o fuera de las aguas españolas. Mire usted, cuando se comete un delito lo que tiene que hacer el Estado de derecho es investigarlo, no puede
hacer otra cosa, ser prudente con arreglo a la información que recaba, y a quien corresponde la calificación de este delito, como usted se podrá imaginar, y las circunstancias probatorias no es precisamente al Ejecutivo. En este asunto le diré que
cuando la jueza ha decidido y ha tomado medidas como la de utilizar la ayuda de la Guardia Civil para parar los buques en caso de que entraran en aguas españolas tiene información suficiente para saber lo que estamos calificando. A día de hoy, la
única información pública que podemos manejar es la que la propia empresa ha dado, porque solo ha dado esa.
Curiosa y sospechosamente, nada ha dicho de la identidad del pecio o los pecios ni de su cargamento. Luego creemos, evidentemente, que si
sobre eso no da información es porque podemos estar en la pista de un buque abanderado de nuestro país. Ayude simplemente con el sentido común y con el cumplimiento del funcionamiento de nuestro Estado de derecho en un asunto de estas
circunstancias. Si yo, por razones del destino y la casualidad de la biografía de cada cual, no hubiese sido consejera de la Junta de Andalucía en este asunto a lo mejor me estaría moviendo por un terreno que pudiera en todas sus profundidades
desconocer, porque no soy, evidentemente, la biblia, podría no conocer todo lo que ha ocurrido en el pasado en cualquier lugar del territorio del Estado español, que ahora sí es mi responsabilidad en las competencias que tengo atribuidas. Estoy
hablando de un asunto del que sé bastante, por las razones que usted sabe, y como sé bastante le digo que en estos tres años ha actuado el Estado de derecho en nuestro país justo en los términos en los que lo tenía que hacer, exactamente, y le
repito que no han sido este Gobierno ni la Junta de Andalucía antes de esta legislatura ni después los que han dado autorizaciones, alas, permisos y ánimos a una empresa que segura e hipotéticamente en términos jurídicos ha podido estar expoliando
nuestro patrimonio. Si se ha quedado Odyssey en el Estrecho ha sido porque tenía posibilidades y se le dieron alas en años anteriores a éste. Es ahora cuando sabe, incluso porque nuestra justicia se lo ha dicho, que no puede entrar en aguas
españolas con ningún fin de actividades arqueológicas.
Esa es la tranquilidad que les puede quedar a los ciudadanos al día de hoy, y no obviamente la cantidad de vaguedades acerca del modelo de trabajo sobre el que nos tenemos que mover, en este
caso el Ejecutivo, y naturalmente yo esperaba que usted también eso lo entendiera en términos


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correctos. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Lo siento, señora Rodríguez-Salmones, pero creo que el debate está ya bastante agotado. A continuación tiene la palabra el señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Seré muy breve en atención al orden del día.
Empezaré por agradecer la presencia de la señora ministra de Cultura y haré una intervención centrada básicamente en dos cuestiones, primero, el problema general que
afecta al patrimonio histórico-artístico y arqueológico, especialmente el referido a yacimientos subacuáticos, y después haré alguna valoración sobre el proceso, y en concreto la posición de la Administración en relación con el problema de la
empresa Odyssey.



Uno siempre tiene la tentación cuando trata estos temas de pensar que toda la política que se hace en cualquier ámbito gubernativo es siempre limitada. No cabe duda de que los límites económicos establecen también una cierta precariedad a
la hora de actuar, y está claro que si no somos capaces de enfrentar -que no hemos sido capaces, por lo menos en algunos territorios del Estado español, en el caso de Galicia en particular-, la problemática arqueológica que tiene el país y la
valoración y uso de todo su patrimonio histórico-artístico, es natural que seamos críticos y autocríticos. Pero esta cuestión siempre tiene una causalidad, la de los límites económicos, a veces también la causalidad de una mala planificación y a
veces también la de una cierta falta de sensibilidad.
Dicho esto, creo que todos estaremos de acuerdo en que es muy difícil la vigilancia de los yacimientos subacuáticos teniendo en cuenta que hay cientos de pecios -parece que ese es un dato en que
coincidimos todos- y también que estamos ante la riqueza patrimonial submarina posiblemente más importante del mundo. Las costas del Estado español tienen un papel estratégico, bien en un período histórico o bien en otro, en el caso de Galicia
desde luego está claro que tenía un papel estratégico fundamental en la etapa de Felipe II; está claro que también lo tuvo en el siglo XVIII, curiosamente cuando nació como primera ciudad de Galicia una ciudad como por ejemplo Ferrol; está claro
que lo tuvo prácticamente hasta algunos años últimos de la guerra fría, y hoy prácticamente no tiene ningún valor estratégico. Todo el valor estratégico está en el Mediterráneo, coincidiendo en esto con otras etapas históricas. Digo todo esto
porque, efectivamente, estamos ante un problema al que nos debemos enfrentar, que desde el punto de vista de lo que es el inventario, de lo que es la investigación, de lo que es la preocupación fundamental, es una competencia de las comunidades
autónomas. Yo quiero agradecer que eso haya quedado hoy aquí muy claro y que también quede claro que algunas comunidades autónomas están empezando a tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, la Xunta de Galicia ha empezado a hacer un inventario de
toda la riqueza de yacimientos subacuáticos en las costas de Galicia, como es su deber. Ahora bien, la protección y la custodia son palabras mayores porque exigen más esfuerzo y seguramente porque ahí es donde la interferencia competencial resulta
evidente. Creo que haríamos bien en utilizar en todo caso los escándalos que se provocan con fenómenos como el Odyssey para actuar más, mejor, planificar más y mejor y coordinar más y mejor, y tomarlo en este sentido positivo y constructivo. Por
eso pensamos que, efectivamente, hay que reafirmar la política que se inició recientemente de forma limitada; aumentarla; basarla en el valor ecológico y no en el monetario; hacer una investigación científica, no estar obsesionados por lo que
pueda ser el valor económico de las cuestiones y, en todo caso, en el Estado mejorar la política de lucha contra el expolio, contra el contrabando y, por lo tanto, contra actividades de tráfico ilegal. Hasta ahí pienso que es lo que esta
comparecencia puede dar de sí.



Solamente pediría, señora ministra, que se tuviese en cuenta, en primer lugar, dentro de la Administración pública del Estado que, teniendo tan clara la división competencial, no se produzcan fenómenos que lindan con el expolio, por ejemplo,
como el que aconteció en las costas de Galicia recientemente, curiosamente también el mes de mayo, cuando buceadores de la Armada se dedicaron a bajar al pecio de un barco hundido prácticamente en la costa de Fisterra, un barco de la época de Felipe
II, y en el que los propios investigadores que habían catalogado el barco reconocen que faltan ocho lingotes de plomo y una rueda de un cañón. Habrá que aclarar primero dentro de la Administración pública, Ministerio de Defensa, Ministerio de
Fomento, Ministerio de Cultura y Ministerio del Interior, que realmente no se pueden hacer este tipo de actividades. En todo caso, las administraciones autonómicas tienen un límite problemático a la hora de custodiar este patrimonio subacuático,
que es la vigilancia. Está claro que todas las comunidades autónomas que tienen costa pueden tener un pequeño servicio de guardacostas, pero creo que sería interesante que se partiera del supuesto de que no solamente hay que coordinar con Fomento,
sobre todo, con Interior y con Defensa, sino que hay que ser también conscientes de que ese es uno de los papeles que tienen y que acepten en ese aspecto la autoridad yo diría que científica e investigadora y de inventario de las comunidades
autónomas. Creo que es en este aspecto en el que podríamos mejorar, sobre todo en atención a que ahora vamos a empezar a hacer cosas y que hay una predisposición de las administraciones públicas a hacerlo.



En cuanto a la segunda parte de la comparecencia, el proceso seguido, no tenemos ninguna crítica que hacer. No sé si conoce, imagino que sí, que el arqueólogo Miguel San Claudio, que es el que está haciendo el inventario de pecios en la
costa de Galicia, afirmó, por lo menos en los medios de comunicación, que él era consciente de qué barco había sido objeto del expolio por parte del Odyssey, dónde estaba hundido y que ese


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expolio tendría un valor aproximado a los 373 millones de euros. Todo lo que ustedes hicieron me parece correctísimo. Solamente le quiero señalar, o me quiero señalar a mí mismo delante de esta Comisión, que no es muy constructiva la
posición de la Embajada americana, creo que esto es una evidencia; es constructiva desde el punto de vista diplomático la posición de la Embajada británica, pero creo que tiene un pequeño desliz: la falta de información sobre el tráfico desde
Gibraltar. Creo que si estuviera en un plan totalmente constructivo ese dato lo debería haber entregado. Por tanto, mis críticas en todo caso van a otras administraciones, y no por ser Estados Unidos, pero creo que hay una cierta tendencia de las
administraciones americanas a dar excesivo amparo a actividades que a veces son delictivas y a veces, como en este caso, rozan la prepotencia y la falta de transparencia. Por tanto, puede contar con nuestro humilde apoyo a la Administración pública
del Estado español tanto en la vía penal seguida dentro del Estado español como en la vía civil seguida en Estados Unidos. Espero que allí se respete no solamente la legislación internacional sino también ese supuesto valor de los decretos
presidenciales a los que usted ha aludido, si bien también parece que hay otra parte de la normativa de algunos Estados que asegura precisamente la ganancia suculenta de estas empresas que actúan como piratería, no tienen otra catalogación. No
tengo nada más que decir sino expresarle en todo caso el compromiso del Bloque Nacionalista Galego en el papel del inventario, del análisis científico de este bien patrimonial subacuático tan importante y también su custodia, lógicamente con el
amparo, la coordinación y la participación activa de quienes tienen que hacerlo, que son el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Fomento.



La señora PRESIDENTA: Señora ministra.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señoría, muchas gracias, porque lo que usted ha hecho con su intervención no solamente es un ejercicio de verdadero apoyo sino que además ha puesto énfasis en la parte sustantiva del problema, y
es que estamos delante de una empresa que se dedica a actuar supuestamente en el patrimonio arqueológico submarino de una manera bastante poco aceptable, entendiendo lo que entendemos los ciudadanos, y en este caso las instituciones públicas, como
patrimonio histórico y su protección; ese es el verdadero asunto.
Cuando se comete un delito no podemos desviar la atención de que la responsabilidad fundamental es de quien lo ha cometido, algo que me parece muy importante y que usted ha
destacado.



Nuestro país en 30 años ha hecho un esfuerzo verdaderamente inconmensurable en materia de transformación cívica y de conciencia ciudadana en relación a lo que el patrimonio histórico representa, una parada en seco de su pérdida, deterioro y
desconsideración y, obviamente, articular un discurso de equilibrio de lo que el patrimonio histórico representa también en términos de desarrollo, de desarrollo urbanístico, de desarrollo de políticas culturales, de políticas de turismo cultural, y
también de desarrollo sostenible en el ámbito rural de nuestro país, por tanto una situación verdaderamente positiva y totalmente constructiva para nuestro país en esos 30 años. Jamás hemos tenido una situación de tal naturaleza, que la ha
propiciado la democracia y que la han propiciado las políticas de las comunidades autónomas, que han sido las verdaderas líderes en este asunto y en esta materia, y una canalización de recursos que jamás hemos tenido para mirar el patrimonio
histórico como algo verdaderamente importante de la cultura, de las identidades culturales y, por tanto, de la pluralidad cultural de nuestro país. ¿Son muchos o son pocos 30 años para todo lo que hemos hecho? Señoría, la propia Unesco ha
reconocido en varias ocasiones que España es uno de los países más admirables por el esfuerzo político común, de la sociedad y de todos los partidos políticos en las diferentes responsabilidades que hemos tenido, municipales, autonómicas y en el
Gobierno de España, para proteger un patrimonio histórico verdaderamente excepcional. Unesco cuando hace un estudio sobre los indicadores de protección de patrimonio histórico coloca a España como un ejemplo a imitar, y obviamente con un camino por
delante que nos queda todavía que recorrer. Usted ha expuesto muy bien, en términos muy sensatos y muy rigurosos, el tema. Nuestro país no puede en 30 años acudir a todo, ni tiene recursos ni tiempo material para acudir literalmente a todo; hemos
ido acudiendo a los asuntos más emergentes y más inseguros de nuestro patrimonio, y hemos ido evidentemente avanzando de una manera verdaderamente espectacular.



El patrimonio subacuático es muy complejo y, como usted decía, muy costoso económicamente de investigar y de proteger, en primer lugar; tan en primer lugar que le puedo contar -y ponerlo aquí sobre la mesa- que a mí misma me costó un
esfuerzo inconmensurable en Andalucía encontrar buzos arqueólogos que al mismo tiempo fueran arqueólogos y buzos para poderlos tener en la plantilla del centro andaluz. Estuve un año y medio intentando encontrar ese personal especializado. Lo digo
para que seamos algunas veces considerados con nosotros mismos, es decir, con nuestro propio esfuerzo, con el esfuerzo de los españoles, con su patrimonio y con un patrimonio que pesa sobre la responsabilidad de este país, como pocos patrimonios
pesan sobre los países por muchas circunstancias, en este caso también subacuáticas por el litoral, y sobre todo por el estrecho español. Es verdad que es muy costoso económicamente, y es verdad que es la zona sobre la que menos se ha trabajado.
Hemos trabajado en el patrimonio de la Iglesia católica en nuestro país de manera espectacular; hemos trabajado sobre la recuperación de arquitectura civil en muchas ocasiones, y hemos trabajado en la arqueología terrestre de manera científica, en
todos los sentidos y en todos los


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aspectos cronológicos de nuestras responsabilidades, pero es verdad que el patrimonio subacuático es mucho más complejo, y los españoles hemos tardado mucho más tiempo en generar las disciplinas correspondientes a ese asunto. Esa es una de
las cuestiones que está encima de la mesa, pero usted la ha situado muy bien; es una cuestión en la que tienen que avanzar las comunidades autónomas coordinadas y de la mano del ministerio, en tanto en cuanto lo soliciten y lo necesiten también;
y, repito, usted lo ha situado muy bien. Igual que este país creó el Seprona en su momento para proteger el patrimonio arqueológico terrestre, en este momento nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Guardia Civil del mar y la Armada cuando se
necesita, tienen que ser cada día más cercanos en esa dirección. En este caso lo han sido en un lugar especialmente complicado para nosotros como es el estrecho. Por eso quiero que quede constancia del agradecimiento del Ministerio de Cultura al
trabajo que desde hace muchos años está haciendo la Guardia Civil en el estrecho y ha hecho la Armada española cuando lo hemos necesitado, también para tener en este momento la información de la que podemos disponer y las actuaciones que han
realizado, que seguramente no se han convertido en tema de debate público y en unas circunstancias como las que tenemos, pero ha habido otros muchos buques de empresas navegando por nuestras aguas e intentándolo, y a lo largo del tiempo no lo han
conseguido precisamente por el ejercicio de responsabilidad en sus competencias que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han tenido.



Por último, señoría, le agradezco que diga algo que tiene también todo el sentido esta mañana. Estamos hablando de las relaciones con otros dos Estados: el Reino Unido y con Estados Unidos de América, con la prudencia y con la
consideración propias de un estado con otro, y naturalmente en el comportamiento que nuestro Estado tiene que tener, porque es el nombre de nuestro país y de los españoles en relación a estos dos países. Nadie se puede imaginar que actuemos más que
desde las normas de comportamiento internacional correctas. Pero hay una diferencia: mientras que el Reino Unido, en la intención absolutamente aceptable de querer identificar un pecio importante de su historia, el Sussex, ha entendido con una
rapidez admirable que ese no era el camino, en concreto con esta empresa, a la vista de los acontecimientos, y en la segunda nota verbal que nos remite se coloca del lado del posicionamiento del Gobierno español frente a lo que esta empresa tenía en
sus intenciones y a lo que haya ocurrido, sí es verdad que no hemos tenido la misma colaboración por parte de la información que demandamos de la Embajada de Estados Unidos, entre otras razones porque necesitamos saber con qué permisos aduaneros y
con qué permisos de exportación legal ha salido ese material del aeropuerto de Gibraltar al de Tampa, en Florida. Simplemente con esa información sabríamos de qué cargamento se trata. He hecho saber en más de una ocasión, verbalmente y por
escrito, que se trata simplemente de que nuestros expertos, los arqueólogos españoles, bien del centro de Cartagena bien del centro de Andalucía, puedan acceder directamente a ese cargamento, porque saldríamos de todas las dudas históricas sobre las
que nos estamos moviendo. El Gobierno español no puede acceder de manera directa, como S. S. se imaginará, a ese cargamento porque está en Estados Unidos, protegido con arreglo a las normas norteamericanas de una empresa privada que es
norteamericana, pero la propia legislación norteamericana sí nos podría ayudar mucho a obtener información histórica en la que, por otra parte, nosotros ya hemos ejercido los derechos que tenemos, hipotéticamente, sobre el material que se haya
encontrado.



Señoría, le agradezco que usted haya situado el tema donde el tema está: en las dificultades, en general, de un país como el nuestro en un patrimonio arqueológico subacuático riquísimo, donde las comunidades autónomas tienen que sacar sus
planes con la ayuda, que necesiten o que podamos suministrar, coordinada respetuosamente, desde el Ministerio de Cultura, agradeciendo desde luego por mi parte el trabajo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han hecho y nuestra propia Armada, y si
no no estaríamos en el momento en el que estamos, y desde luego colocar la tilde en el lugar que le corresponde: la empresa que haya podido actuar de manera ilegal y supuestamente cometiendo un delito contra nuestro patrimonio, que es la causante
de este asunto -parece que algunos no lo ven, pero es ahí donde está; esto es como lo del dedo en la luna-, y obviamente todas y cada una de las actuaciones necesarias, y por otra parte desde mi punto de vista correctas, con las que tenemos que
activar nuestra propia defensa.



Por mi parte solo quiero decirle que conozco algunas circunstancias que han ocurrido en Galicia con el Maracaibo; estoy pendiente de ese asunto, como corresponde que lo esté, coordinadamente con la consejera. Creo que la política en este
caso, particularmente de su comunidad autónoma, está bien enfocada porque está en lo que tiene que estar Galicia en este momento: en la creación de un centro de arqueología subacuática que le permita hacer sus propios planes, además de la ayuda que
tenga que recibir de las políticas, en este caso competenciales del propio ministerio. No puedo más que darle las gracias, señoría, esta mañana.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Louro.



El señor LOURO GOYANES: Señora ministra, quiero empezar agradeciéndole en nombre del Grupo Parlamentario Socialista su presencia en el Congreso de los Diputados, y particularmente en la Comisión de Cultura del Congreso, y quiero felicitarle
por su exposición que ha sido clara, que ha sido precisa y que ha sido exhaustiva. También lo había sido ya ante el Pleno del Congreso, en su respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Había mostrado pre


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ocupación, atención, conocimiento y acción, porque el Gobierno no está parado ante estos acontecimientos, ante estos hechos, sino que está actuando. Ya en la pregunta parlamentaria usted lo había dejado claro.
Ciertamente las informaciones
aparecidas en los medios de comunicación relativas a las actividades o supuestas actividades de la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration, con sus buques en aguas del estrecho de Gibraltar y en aguas internacionales, han despertado muchas
preocupaciones, también han despertado las nuestras, y han despertado alarmas; preocupaciones y alarmas que han decaído una vez que hemos escuchado y hemos leído en los distintos medios de comunicación sus declaraciones y sus manifestaciones.
Nosotros nos quedamos tranquilos a partir de aquel momento. Pienso que lo mismo le ha sucedido a muchas personas y a muchas entidades, alarmadas por las referidas noticias. Sus explicaciones, señora ministra, ante esta Comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados a nuestro juicio son muy satisfactorias. Sus explicaciones describen hechos y describen comportamientos, y no es difícil concluir que el comportamiento de las administraciones españolas, del Ministerio de Cultura y de la
Junta de Andalucía, han sido impecables; corresponde a los poderes públicos, a la Administración competente cumplir y hacer cumplir la ley. Así ha sido y así se está haciendo.



Cabe recordar, a la luz de algún interviniente que me precedió en el uso de la palabra, que el ordenamiento jurídico que regula este tipo de actividades está en la Ley 16/1985, del 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y en la Ley
1/1991, del 3 de junio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el ámbito internacional la Convención internacional de patrimonio cultural subacuático, ratificada por España el 6 de junio del 2005. Son tres ordenamientos jurídicos que cubren y
regulan este campo, y yo los repito y los reitero porque en alguna intervención anterior se ha traslucido que no se conocen con claridad, o al menos no se ha expresado con claridad y con rotundidad cuál es ese ordenamiento jurídico y a quién
corresponde cada cosa. En este caso corresponde a la Junta de Andalucía autorizar la realización de excavaciones, prospecciones arqueológicas, terrestres o subacuáticas como Administración competente. Y hay que decir que tanto la Junta de
Andalucía como el Ministerio de Cultura han actuado conforme a derecho, y nunca han autorizado actuación alguna en los asuntos que estamos comentando y que estamos debatiendo. No podemos decir lo mismo de administraciones anteriores. Hay que decir
que los antecedentes de los que hablamos se remontan al año 1999, y es en el año 1999 cuando una Administración anterior sí dio autorizaciones y permisos para que la referida empresa pudiese actuar donde actuó.



Tampoco podemos decir lo mismo del comportamiento de la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration. Sus buques han tenido un comportamiento en gran medida extraño, que es preciso esclarecer en lo posible, y los directivos de la
empresa y sus representantes legales son poco claros y confusos a la hora de explicar su comportamiento. Deben dar explicaciones para ganar credibilidad y tienen que facilitar el trabajo a la Administración española.



Nuestro grupo, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista le anima a seguir trabajando desde la ley por el patrimonio histórico español, por nuestro patrimonio arqueológico, y le anima en este momento y en esta coyuntura a utilizar
todas las vías, a plantear todos los requerimientos que sean necesarios en los distintos ámbitos, y a ir a los tribunales si es preciso. Somos conscientes de que la firmeza y la contundencia deben ir acompañadas de la prudencia, más en este caso si
cabe, ya que también cuentan las relaciones con dos países como Estados Unidos de América, como país de origen de la empresa, y el Reino Unido, como país propietario de un pecio que es el Sussex. Por lo tanto, prudencia también en las actuaciones,
ya que están en juego las buenas relaciones con dos países como son Estados Unidos de América y el Reino Unido.



Señora ministra, ante episodios como este de comportamientos oscuros y sospechosos de una determinada empresa estoy seguro de que usted debía encontrar el apoyo y la comprensión de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados. No es así; lo tiene usted prácticamente de todos, pero hay un grupo que la apoya atacando, la apoya con un ataque.
No se preocupe, es el comportamiento previsible de ese grupo. A lo largo de toda esta legislatura este grupo nos tiene
acostumbrados a eso: cualquier cosa le vale para erosionar al Gobierno, para hacer oposición, en este hecho y en múltiples hechos a lo largo de la legislatura, haciendo uso de una demagogia impropia, que le sitúa a la contra, en la confrontación y
en la descalificación. Cierto es que esta práctica de oposición genera poco crédito para quien la practica, genera muy poco crédito. De oposición constructiva, señora ministra, a lo largo de esta legislatura sabemos poco en este Congreso de los
Diputados porque el grupo que está en la oposición no la practica. Es posible que en una próxima legislatura corrijan esta conducta política, porque yo estoy convencido de que los ciudadanos les pondrán de nuevo en su sitio, que será en la
oposición, y a nosotros nos pondrán donde estamos, que será en el Gobierno. Después de cuatro años de oposición demagógica, de oposición de confrontación utilizando armas prohibidas en la oposición parlamentaria, creo que se encontrarán con lo que
se encontrarán.



Señora ministra, los hechos son conocidos; usted los ha relatado con meridiana claridad. La postura del Gobierno de España también es conocida, es impecable, es razonable y es seria. No renuncia el Gobierno de España a sus derechos, no
renuncia a que se apliquen nuestras leyes, no renuncia a que se aplique la Convención internacional, y no renuncia a que se aplique la jurisprudencia norteamericana. Por tanto, estamos donde tenemos que estar, estamos en el buen camino. Por ello,
en ningún pecio español se puede hacer prospección sin


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el permiso de las autoridades españolas. Quien lo haga asumirá y tendrá que asumir responsabilidades. Yo le digo desde el Grupo Parlamentario Socialista que es necesario seguir trabajando, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
actúen en las aguas jurisdiccionales españolas, que vigilen los barcos de la empresa Odyssey, y que investiguen todas sus singladuras y todos sus posicionamientos.



Le animamos también a que prepare una estrategia de defensa de nuestros intereses en los tribunales, tanto en España como en Estados Unidos, por los delitos que se puedan derivar del contrabando de bienes de interés cultural, así como por
los delitos de destrucción de yacimientos arqueológicos, si así se produjeran. En definitiva, es preciso seguir actuando en los distintos frentes para la defensa de los intereses de España; pero, señora ministra, su trabajo y su exposición son el
aval que esta Comisión quería tener. Por eso quiero terminar felicitándola por su intervención, que ha sido clara, meridiana e inequívoca en la defensa de los intereses del patrimonio histórico español.



La señora PRESIDENTA: Señora ministra.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señoría, porque, igual que el señor Rodríguez, ha vuelto a situar el tema donde realmente está: primero, en términos de realidad, de veracidad del asunto, y después también en términos
de sentido común y diría también que de razonabilidad política. Si ha ocurrido supuestamente un hecho delictivo contra el patrimonio histórico español será bueno que los españoles estemos en contra de quien lo ha cometido. Esto lo dicta el sentido
común más elemental, dentro o fuera de esta Cámara, también ahí afuera, en la calle. Si se ha cometido un delito contra las leyes de nuestro país y que afecte a nuestro patrimonio verdaderamente la culpa la tiene, en términos jurídicos y en
términos cotidianos, quien se convierte en un delincuente, en este caso supuestamente de nuestro patrimonio. Sobre esa premisa se defienden los intereses de España. Sobre esa premisa se supone que tiene que trabajar el Congreso de los Diputados, y
en este caso la Comisión de Cultura con toda su diversidad ideológica esta mañana. No es lo que yo me he encontrado o, como usted bien ha dicho, sí que me he encontrado con el apoyo del grupo parlamentario que usted representa y del que le ha
precedido en el uso de la palabra de manera bastante razonable, sabiendo que estamos en unas circunstancias que no nos gustaría tener, sabemos que tiene un origen y un devenir político que yo he contado con toda claridad, que nadie puede rebatir y
que nadie puede contestar a lo que he contado aquí esta mañana, y si estamos delante de un delito lo que toca es señalar a quien lo ha cometido, lo primero, y, lo segundo, la serie concatenada de decisiones que se tomen por quien corresponda, en
este caso a otros actores pero también a mí, como responsable del Ministerio de Cultura, para en este caso proteger, mediante la reivindicación, lo que nos pertenezca. Todo lo demás es un dislate del sentido común y de la política al que, como
usted dice, no nos vamos a acostumbrar, porque de esta manera desde luego no servimos bien a España ni servimos bien a la madurez democrática de todos los españoles, a quien representamos honrosísimamente. La política son muchas más cosas, cuando
se trata de administrar expectativas y también de resolver problemas, que la pura y dura confrontación, incluso cuando llega a los términos personales. Por tanto, si ha ocurrido algo contra los intereses culturales de España sí ha estado al
Gobierno actuando, y me queda la satisfacción también de saber que una parte importante de la Cámara y de lo que representa está en esa dirección.



Ahora solo nos toca, como usted bien ha dicho, que nuestras defensas en dos jurisdicciones distintas ejerzan con la mayor eficacia las posibles defensas que tenemos, que como usted bien sabe son todas, teóricamente hablando, porque nosotros
ni hemos dado autorizaciones, ni hemos renunciado a nuestro derecho, ni hemos encargado a nadie que investigue nuestro patrimonio. Porque tenemos jurisprudencia internacional y norteamericana que avala la posición del Gobierno de España en esa
reivindicación; porque tenemos unas leyes en nuestro país que persiguen supuestamente estos delitos cuando se cometen contra nuestro patrimonio; porque en esa tranquilidad que nos legitima para hablar en este asunto -no tengo yo claro que lo
puedan afirmar de esa manera tan transparente otros-, podemos decir a los españoles que nadie ha consentido que se trabaje en nuestras aguas; que nadie ha permitido que se trabaje sobre nuestros pecios hundidos; que, si ha ocurrido, es
constitutivo de delito como otros delitos y que, con arreglo a tal, seriamente tiene que actuar un Gobierno que, como usted bien decía, no solamente tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes de manera ejemplar, no saltárselas, y sobre todo no
salir directamente -si me permite la expresión coloquial- por los cerros de Úbeda, sino que además tiene que actuar con mucha prudencia porque nos relacionamos con otros dos países a los que estimamos y respetamos. Si S.S. me lo permite, estamos
hablando en términos beligerantes de una empresa privada, no del país de esa empresa. En cualquier caso, sabemos que la causa de todo lo que ha ocurrido no radica en el inicio de esta legislatura, sino en unas circunstancias que conozco muy bien.
Seguramente esta empresa pensó que tenía campo abierto, pero yo me encargué -incluso con el embajador de los Estados Unidos con el que hablé de este asunto en mi despacho- de hacerles ver que el campo que podía tener abierto esta empresa era el
cumplir las leyes españolas.
Cumpliendo las leyes españolas y el acuerdo de 1982 de derechos del mar, esta empresa o cualquier otra puede trabajar en nuestro país. Como eso no ha ocurrido, y ese era el procedimiento correcto, ahora estamos en otra
situación. Francamente, señoría, se agradece mucho que los intereses de España estén por encima de otras cuestiones y que, si se ha cometido un delito contra los bienes culturales de los españoles,


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estemos los españoles -todos a ser posible- en el mismo bando, porque cuando se comete un delito la culpa la tiene quien lo ha cometido, por lo menos para el sentido común, incluido el sentido común político.



PREGUNTAS:


- DE LA SEÑORA RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL PREVISTA POR LA LEY 23/2006, DE 7 DE JULIO,
POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL. (Número de expediente 181/003109.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Contestación de las siguientes preguntas. En primer lugar, pregunta que formula la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones, referente a las
medidas y actuaciones para la constitución y puesta en marcha de la Comisión de Propiedad Intelectual prevista por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.



La señora Rodríguez-Salmones tiene la palabra.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: ¿Puedo dividir mi tiempo en una formulación más escueta y luego, de acuerdo con la contestación de la señora ministra, insistir, o cree S.S. que debo consumirlo en la intervención inicial?


La señora PRESIDENTA: Según lo establecido en el Reglamento, tiene diez minutos ahora y cinco para réplica. Si quiere invertir el tiempo, puede hacerlo.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Prefiero invertirlo porque supongo que la información que me dará la señora ministra tiene el máximo interés. Insistiré en los puntos que me gustaría que me aclarara.



Señora ministra, voy a ser reconvenida por la presidenta: habíamos pedido que en lugar de esta pregunta hubiera una comparecencia suya sobre el cine. A veces usted dice que nunca ha tenido noticia de que se le ha convocado. Pues bien,
quiero que la tenga, pero su grupo le tiene un cierto miedo y lo ha impedido. Nos parece correcto...



La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez- Salmones, sí que la reconvengo, porque este tema fue debatido en Mesa y junta de portavoces. Le llamo al orden. Tiene que atenerse a la pregunta para la que tiene la palabra, pero no reabra otro
tema y, mucho menos, diga que este grupo parlamentario tiene miedo a la señora ministra. Le ruego, señora Rodríguez-Salmones, que en aras al buen orden parlamentario, retire lo que acaba de decir.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Délo por retirado, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Vuelve a tener la palabra.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Cuando nuestro grupo había presentado esta pregunta, compareció el señor subsecretario, hace un mes y medio para explicar en qué situación estaba la Comisión de Propiedad Intelectual, quien nos explicó
las dificultades que tenía. Se creó con la última modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. La litigiosidad en este área -como conoce mucho mejor que yo la señora ministra- es muy grande y entendemos que la nueva regulación de la Comisión
de Propiedad Intelectual es importante. Nos alarmaba el retraso de casi un año de su puesta en marcha. Sabemos que las cosas son complicadas y se retrasan. En este caso, el arbitraje y la mediación no son fáciles, pero un año de retraso nos
alarmaba. Ya hemos conocido el texto que han puesto en circulación y las reuniones con el sector, de lo que nos congratulamos.
En relación con el texto, creo que el que conozco no es el último y supongo que habrá habido modificaciones. Queremos
que la señora ministra nos explique algunas cuestiones -usted lo conoce mucho mejor que yo y se podrá extender-, por ejemplo, en qué momentos se prevé que actúe la comisión, si a petición de una o de las dos partes; cuál es la diferencia, a la hora
de arbitrar, entre derechos exclusivos y derechos de remuneración; sobre las cantidades previstas cuando se trate de fijar cantidades sustitutorias a las tarifas, cómo se prevé el procedimiento.
La regulación que me han facilitado no es excesiva.
Nos congratulamos de que ya esté en marcha y esperamos que salga pronto, pero queremos añadir que nos habría gustado que fuera más ambiciosa. Nos parece correcto lo que se está haciendo y queremos conocer su opinión, no sobre el texto sino sobre
las ventajas que va a tener esta comisión. No creemos que sea competencia de esta comisión pero sí en parte de su ministerio cómo se va a dirimir la cuestión del canon digital.



La señora PRESIDENTA: Señora ministra tiene la palabra.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señoría, cuando habla usted de la palabra retraso no la entiendo muy bien porque, como usted sabe, esta disposición adicional fue objeto de dos enmiendas


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de su grupo que finalmente fueron objeto de una transaccional en el debate y aprobación final de esta ley. Lo que contiene esta disposición adicional para modificar y crear una composición y un contenido nuevo para esta comisión de
mediación y de arbitraje en materia de propiedad intelectual es una habilitación al Gobierno para que tome decisiones normativas mediante decreto-ley. Una habilitación al Gobierno, en términos de derecho administrativo -algo sé, soy doctora en
Derecho Constitucional y los de administrativo son nuestros primos hermanos, como siempre decimos los constitucionalistas-, significa que éste puede disponer libremente, en el momento en el que quiera, de los contenidos que quiera y nada más. Lo
digo en una legislatura en la que el Ministerio de Cultura ha tenido una actividad bastante importante, cuantitativamente hablando, en estos tres años y pico. No suele ser lo normal en los ministerios de Cultura, pero nos sentimos suficientemente
recompensados por el esfuerzo que hemos hecho tomando decisiones importantes en este panorama, y en ésta también.



¿Qué significa esto? Usted sabe, porque el subsecretario se lo dijo el 24 de abril en esta misma Comisión, que estamos en una materia bastante compleja porque el Tribunal Constitucional tiene dicho en muchas sentencias que las comisiones
mediadoras o de arbitrajes que se puedan crear en el ordenamiento jurídico de nuestro país no pueden sustituir ni hacer desaparecer en modo alguno el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos en esta materia es
bienvenida, voluntariosa y esforzada por parte del legislador, en este caso de la propia ley que salió con un respaldo importantísimo de la Cámara con la intención que todos hemos tenido, también su grupo parlamentario como usted decía en la parte
final de su pregunta, en resolver los litigios y conflictos en esta materia, que son muchísimos como es lógico porque se dirimen intereses de autoría, derechos morales y derechos económicos, que están en casi permanentemente contradicción unos con
otros.



Empezaré por el final. Creo que una comisión de este tipo, por mucho que la podamos reforzar, mejorar y transformar, no va a resolver los contenciosos importantes en esta materia. S.S. lo puede pensar como yo y lo podemos compartir.
Cualquier paso al frente que demos regulando esta materia de otra manera tiene que pasar -si me apura- por hacer, en el borrador que en este momento ya tienen las diferentes partes, el primer acuerdo en arbitraje y mediación. En este momento las
partes tienen el borrador y estamos esperando las alegaciones de esa distribución que hemos hecho. Previamente hemos tenido que desarrollar todas las consultas obligadas y necesarias -unas obligadas y otras necesarias- a los ministerios de
Economía, de Justicia, de Administraciones Públicas y de Presidencia, para tomar una decisión. Hemos manejado diferentes contenidos de borrador y, como digo, en este momento las partes ya lo tienen. Si consiguiéramos llegar a un acuerdo importante
y transformáramos el diseño de esa comisión en fondo y en forma y, por tanto, el decreto-ley, estaríamos en condiciones de decir dentro y fuera del Parlamento que hemos conseguido el objeto de esta ley: una comisión más útil, más constructiva y más
eficiente para evitar los litigios que permanentemente revierten en la Administración de Justicia española en este asunto. Hay que tener presente esto, al margen de los temas que surgen.



Paregunta S.S. finalmente por el canon digital, que sacan a colación siempre pero que no tiene nada que ver con esta comisión. Usted sabe que el canon digital es algo que tendremos que abordar porque las partes no han encontrado un
acuerdo. Estamos hablando de este asunto para poner encima de la mesa que en los plazos las partes se tenían que haber puesto de acuerdo, pero no lo han hecho y lo tendremos que regular al alimón, como siempre, el Ministerio de Industria y el
Ministerio de Cultura con posicionamientos que finalmente tendrán que abocar a un acuerdo.
Obviamente son dos lados distintos de cómo funciona la cultura, son dos percepciones distintas y lógicas en cualquier gobierno cuando mira del lado de la
industria o de los productores, de la creación o protección de los derechos morales e intelectuales que la autoría y la creatividad tienen en nuestro país. Como estoy diciendo cosas obvias, me imagino que S.S. las entenderá. No mezclemos el canon
digital porque no tiene nada que ver con esto. El canon digital tenía un plazo de cumplimiento, pero no llegaron a un acuerdo las partes y finalmente tendremos que tomar una decisión los ministerios de Industria y Cultura. Repito que no lo podemos
mezclar con la existencia de esta comisión que la ley contempla para evitar la conflictividad que tenemos en este momento.



Usted sabe que hay dos situaciones distintas y por eso se llama de mediación y arbitraje. En los casos de mediación, si quiere que le sea sincera, habitualmente tengo toda la fe del mundo: ciudadana, jurídica y política, pero usted sabe
que acaba no funcionando porque la mediación no tiene una resolución obligatoria que las partes tengan que acatar; a diferencia del arbitraje, en el que las partes aceptan voluntariamente someterse a la comisión y finalmente tienen que acatar la
decisión aunque, repito, el Tribunal Constitucional ha dicho que esto no va a sustituir nunca al derecho a la tutela efectiva de los intereses y, en este caso, a la conflictividad. No creo que esta comisión sea la panacea, pero en la dirección en
la que hemos colocado el borrador podemos dar un paso adelante en la reforma de esta ley.



En cuanto a las cantidades que tienen que determinarse -quizá usted piense lo mismo que yo en este asunto-, ojalá pudiéramos conseguir que las cifras en las que nos vamos a mover fueran aceptadas en los criterios de regulación, porque
entonces habríamos encontrado la piedra filosofal de este asunto. Se podrá imaginar que el 90 por ciento de los conflictos que va a lidiar esta comisión son de carácter económico, conseguir acuerdos en las retribuciones económicas. Dado el momento
procedimental en el que estamos a la espera de que nos


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devuelvan alegaciones, modificaciones y discusiones sobre el texto que hemos enviado, me va a permitir que sea muy prudente en este asunto porque prefiero esperar a que la parte se pronuncie sobre el borrador que hemos acordado con los otros
ministerios para, a partir de ahí, tomar una última determinación que, como usted se puede imaginar, ya será definitiva para transformarlo en norma jurídica y seguir una parte del cumplimiento de esta ley. En el marco en el que nos encontramos, la
comisión puede dar más juego de lo que hasta ahora ha dado, que por cierto no ha sido mucho, prácticamente ninguno en muchas cuestiones. Si conseguimos que las alegaciones a este borrador no sean sustantivas a la esencia de lo que hemos puesto en
la mesa, incluidas las retribuciones económicas, a lo mejor es la señal de que la comisión, dentro de las posibilidades en las que se mueve, va a ser efectiva, porque habremos encontrado el acuerdo casi previo de las partes en algo que luego la
comisión va a regular. Mientras no reciba esas alegaciones, no quiero ni puedo adelantar cuál puede ser la reacción. Puedo decirle que en lo primero que hemos intentado en este marco, las retribuciones del canon, las partes no han encontrado
acuerdo económico. Esperemos que con el borrador - no sé si tiene el último o el que estuvimos manejando en términos más hilvanados, ahora me lo enseña y le diré si es el último o no para que lo tenga actualizado- una parte importante de las
decisiones la tomen las partes y podamos transformarlo en norma jurídica. En cuanto a las retribuciones económicas, esperemos que sean razonables también para ellos, que son finalmente quienes deberán entenderlo así.



La señora PRESIDENTA: La señora Rodríguez-Salmones tiene la palabra.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Esperamos, efectivamente, que esta comisión sirva. La mediación y el arbitraje son cuestiones complicadas y no podemos ir más allá de lo que las normas lo permiten. Yo he hablado de retraso, pero
posiblemente no es la palabra adecuada. Me va a disculpar, puede ser demora. Usted no tiene plazos, es evidente. Tiene una habilitación por lo que, si quiere, puede tardar diez años, pero convendría reducir la demora. Desde que formulamos la
pregunta hasta ahora hay un texto. El mío es del 7 de este mes, pero da igual. En cualquier caso yo no soy una de las partes y supongo que las alegaciones serán importantes.



Aunque sé que depende de las alegaciones, le pediría que nos ilustrara algunas cuestiones. Si no lo cree prudente, da igual porque es una comisión que nos interesa y todo antes de que una imprudencia complique la cuestión. Dos elementos
sustanciales: primero, cuándo se va a actuar, si a petición de parte, o cuando todas las partes tienen que actuar; segundo, la remuneración y de los derechos exclusivos. Esperemos que esta comisión funcione y que a la vuelta del verano pueda
estar en vigor.



La señora PRESIDENTA: La señora ministra tiene la palabra.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Dentro de la prudencia, por respetar el que estamos pidiendo opinión a quienes van a ser luego afectados, le diré que no podemos regular -en este texto no lo hacemos- sin atender las diferentes
posibilidades de petición de que la comisión actúe, bien a instancias de una parte o de las partes que concurran en el asunto, entre otras razones porque, desde el punto de vista de la técnica legislativa y con arreglo a comisiones parecidas en el
marco de otras leyes, no podemos hacerlo de otro modo. Se podrá imaginar S.S. que donde ponemos el mayor énfasis es en la petición de las partes, por una razón muy simple, porque a petición de una parte casi sin quererlo estamos convirtiendo a la
comisión en un tribunal y la comisión nunca va a poder determinar en materia de ilícitos porque no le corresponde declarar si una actuación o situación es ilícita, le corresponde siempre a los tribunales. En un ejercicio bastante correcto de lo que
pretendemos en el conjunto de la ley, esa comisión no puede actuar con que lo pida solo una parte porque no tendría ningún sentido crearla. Lo importante y lo que verdaderamente puede darle sentido a esta comisión -sabe usted que la comisión que ha
estado funcionando durante 20 años y tampoco ha dado buenos resultados- es que lo sea instancia de las partes, porque entonces hay una predisposición a que las partes voluntariamente encuentren un acuerdo y se sometan al arbitraje o medición de la
comisión.



En los derechos de remuneración pasa casi lo mismo, aunque sean criterios diferentes. Le he dicho antes que no hemos tenido una experiencia buena porque las partes no se han puesto de acuerdo en el canon digital para devengo de intereses
económicos. Comprendo que ahí es donde está el núcleo fundamental de este asunto. Si somos capaces de retribuir los derechos exclusivos o las remuneraciones que pueden estar en litigio en las partes, habremos conseguido lo que queremos porque
habrá desaparecido toda la contundencia del contencioso que luego va a ir a los tribunales.
Por la experiencia que tengo -no tanto política como profesional-, a los tribunales no les interesan los derechos que se devengan desde el punto de vista
económico y son bastante reacios a fijar cantidades en un asunto en el que el mercado se debe poner de acuerdo y regular de manera más o menos natural o pacífica. Quiero ser muy prudente para que en las alegaciones y en el borrador definitivo
encontremos algunos acuerdos básicos, que son los que desde mi punto de vista le van a dar sentido y eficiencia a la comisión. Cuando hablamos de este asunto no podemos mezclarlo con la piratería, como se hace, como si ahí se encontrara el
paliativo a este tema. Tenemos que poner énfasis en que sea a petición de las partes, porque es la única manera de que se acate luego lo que la comisión decida. Respecto a las obligaciones económicas, las podamos pactar de la mejor manera posible,
por lo


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menos las más importantes. A partir de ahí, tenemos que tomar decisiones con muchísimo cuidado porque no podemos invadir el artículo 24 de la Constitución, que está ubicado en el tramo de los derechos fundamentales de los españoles. No
podemos penetrar en un artículo de protección máxima de la Constitución, que solo se puede regular por leyes orgánicas mediante un real decreto que pretende crear, con la técnica de desarrollo reglamentario de una ley, una simple comisión de
arbitraje. En este momento estamos intentando, con las propuestas que hemos hecho, encontrar algún acuerdo común. Como se puede imaginar es bastante rápido y va a depender de la mecánica del ministerio y del Consejo de Ministros. Por lo tanto,
espero tenerlo pronto.



- DE LA SEÑORA MUÑOZ SALVÀ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LA CESIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA DEL INMUEBLE EN LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE ESPAÑA. (Número de
expediente 181/003212.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, pregunta que formula la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Muñoz, referente a la valoración de la cesión por parte del Ministerio de Cultura del inmueble en
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.



Tiene la palabra, la señora Muñoz.



La señora MUÑOZ SALVÀ: En primer lugar, quiero expresar mi total desacuerdo con el comentario que ha hecho la señora Rodríguez-Salmones en la intervención del punto anterior y agradecerle a la señora presidenta su intervención y el que la
señora Rodríguez-Salmones lo haya retirado.



Señora ministra, le damos la bienvenida a esta Comisión.



El pasado 11 de enero entrego a la doña Ángeles González Sinde, presidenta de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, las llaves de la nueva sede de la institución, algo de lo que nos alegramos ya que supone la
culminación de un proceso que comenzó en septiembre de 2001. Nos alegramos también porque es un proceso que ha superado los cambios políticos producidos por las elecciones. Sin duda, estos procesos son más valorados por la ciudadanía por el grado
de consenso y prioridad, sea cual sea el partido político que esté en el Gobierno. La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas como institución tiene un recorrido histórico relativamente corto pero muy intenso, y a nadie se le
escapa, por ejemplo, que una de las actividades que realiza la academia son los premios Goya. Son el orgullo de la ciudadanía y un referente en el exterior de España. Al margen de esta actividad, realiza muchas otras, todas ellas con una
finalidad: impulsar la promoción nacional e internacional del cine español, además de defender a los profesionales, analizar la situación de la industria y del propio cine, finalidades estas con las que se constituyó en el año 1986. Una vez
constituida la academia, entre los objetivos que persigue, que están avalados por sus propios estatutos, se encuentran el fomentar el progreso de las artes y de las ciencias relacionadas con la cinematografía; promover la asistencia y el
intercambio de información científica, artística y técnica; realizar estudios y trabajos sobre cuestiones relacionadas con la cinematografía y las artes afines; editar y difundir estudios científicos, artísticos y técnicos; promover la
investigación científica en materia cinematográfica; establecer intercambios científicos, artísticos y culturales; procurar el desarrollo y el perfeccionamiento de las distintas especialidades relacionadas con la cinematografía; conceder premios
anuales a trabajos de investigación científica y becas para realizar estudios cinematográficos en España o en el extranjero.



Desde el desarrollo y la promoción de estos objetivos, con el aval de haber realizado durante estos años un trabajo importante para el cine español y para su promoción, teniendo en cuenta que han sido unos años de cambio continuo de la
cinematografía desde la creación de la academia, es importante que la Administración pública dé valor y reconocimiento a la entidad. La inversión realizada por el Ministerio de Cultura a través del ICAA con la cesión de su nueva sede, con unas
instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de la entidad, no solamente repercute en ella misma, sino también en la evolución del cine español y de la cultura en general. El apoyo del ministerio a la academia significa el apoyo a
la industria cinematográfica, a la cultura y al arte, a la proyección de nuestro país en el exterior, a la economía; en definitiva, el apoyo del ministerio al desarrollo de nuestra sociedad. Es por ello por lo que me gustaría saber, señora
ministra, la valoración que hace de la cesión del inmueble a la Academia de Cine.



La señora PRESIDENTA: Señora ministra.



La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Aprovecho para decir que hace once años que comparezco ante Parlamentos -primero en un Parlamento autonómico y ahora en las Cortes Generales- para dar cuenta de mi trabajo y de mis
responsabilidades en la política. Son años suficientes, estoy acostumbrada (como demócrata, encantada de hacerlo), y siempre me he sentido cómoda y arropada por mis compañeros socialistas, tanto del Parlamento andaluz como de las Cortes Generales,
en el Congreso y en el Senado. Pocas personas como yo pueden decir que se han sentido tan arropadas y tan cómodas con sus compañeros cuando han tenido que trabajar en nombre de nuestras ideas, cuando los ciudadanos nos han entregado
responsabilidades y yo, desde luego, soy una de esas afortunadas


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como socialista, en este caso en el Congreso de los Diputados. Vaya por delante mi agradecimiento.



Ahora voy a hablar también del pasado, porque como nadie crea ex novo la vida ni su país cuando gobierna -en alguna ocasión lo hemos escuchado, pero nosotros no nos inventamos a España, la servimos cuando los ciudadanos nos piden que lo
hagamos-, ahora también voy a hablar del pasado, y como el pasado tiene, como todo, bueno y malo, pues ahora bueno: estas obras empezaron en diciembre de 2003, es decir con la anterior ministra responsable de la materia, que no era yo. (El señor
González Rodríguez: No me lo puedo creer.) Pues, si me lo permite, me extraña que usted no se lo pueda creer porque usted es amigo de toda la vida y compañero diputado andaluz, sabe perfectamente cómo funciono y me ha acompañado en algunos actos
donde he citado expresamente el esfuerzo de su partido en alguna institución andaluza importante, si me lo permite. (El señor González Rodríguez: Es una broma.) Estas obras empezaron en 2003 y forman parte de algo que era necesario, porque la
Academia de Cine de nuestro país es una institución, entre comillas, relativamente joven, ya que casi todo en nuestro país en algunos ámbitos de las manifestaciones culturales modernas es joven. Son treinta años de democracia y muchas cosas no
existen en dictadura, evidentemente. En ese orden de cosas, la Academia de Cine en nuestro país necesitaba, después de nacer, fortalecerse, encontrar el hueco de trabajo necesario para el cine en nuestro país, tanto para la industria como para la
creatividad que representa el cine dentro de la cultura de una sociedad como la nuestra, y necesitaba también una sede prestigiosa, de acuerdo y correspondiendo a la importancia del cine en la vida moderna de cualquier país, también del nuestro, y
obviamente al crecimiento y a la importancia del cine español a lo largo de estas tres décadas y naturalmente de las necesidades que la propia academia tiene.



Creo que se eligió un lugar bastante adecuado por la centralidad que tiene en la trama de la vida, en la trama urbanística de la propia ciudad de Madrid, en un barrio estupendo y un palacete bien bonito y elegante.
Dispone de más de 2.000
metros cuadrados de edificación, superficie razonable para tener los habitáculos necesarios para el funcionamiento interno de la propia academia, un auditorio bastante grande para el palacete, que no es tampoco una edificación demasiado grande en
metros cuadrados, para hacer las actividades que tiene que hacer y, de hecho, ya nos hemos llevado la alegría de ver que allí se hacen también ya presentaciones de películas, debates, presentaciones de libros relativos al cine de nuestro país y las
actividades propias que a una academia le tienen que dar su sitio y su espacio en la vida cultural de nuestro país.
Esas obras han durado desde diciembre de 2003 hasta el final de 2006.
Hemos estado durante la segunda parte del año pasado
equipándola, la sede ha quedado realmente espléndida y hemos invertido 3,5 millones de euros en el conjunto de la obra y del equipamiento. Creo que la actual presidenta, a quien yo entregué más que simbólicamente la llave, porque ya la obra estaba
terminada y el mobiliario y los equipamientos necesarios instalados, el 11 de enero de este mismo año 2007, la recibió casi a la par que ella y la junta directiva actual se hacían cargo de la nueva vida y de la nueva actividad que la academia tiene
que tener; por lo tanto, yo en mis palabras de entrega le deseé que el nuevo lugar le trajera también mucha suerte a la nueva directiva y a ella misma para tantas cosas que hay que seguir haciendo en la dimensión tan importante que el cine tiene en
los hábitos culturales de una sociedad en el siglo XXI. En ese sentido, es una acción más que ayuda a la importancia que el cine, que el mundo audiovisual en general y las artes de la imagen en general tienen para el modelo de vida actual de los
ciudadanos del mundo, y particularmente en las sociedades desarrolladas como la nuestra; por eso no podemos desatender ninguno de sus problemas, ninguna de sus necesidades, ni dejar de reconocer sus esfuerzos, sus ventajas y su activo ni de
preocuparnos por todo lo que no forma parte de su fortaleza sino de sus debilidades.



Créanme que me preocupa mucho cuando veo encuestas que dicen que más de un 50 por ciento de españoles no respalda o no se identifica con el cine de su país, entre otras razones porque creo que el cine y el audiovisual en general forman parte
de una manera de creación de expresión y de recibir cultura como servicio público muy importante que no nos podemos saltar.
En cualquier caso lo que hay que hacer es tomar decisiones que ayuden, por un lado, a estabilizar esa industria, a mejorarla
como industria y, por otro, apoyar en términos de creatividad y de cultura a quienes verdaderamente trabajan desde una idea que se transforma luego en una película, en un corto, en un documental, en una serie de animación, en una película de
televisión, etcétera. Con toda esa serie de medidas que hemos tomado a lo largo de tres años, que han sido muchas, incluido un proyecto de ley que pronto se va a tramitar en esta Cámara -si la memoria no me falla, a partir del 4 de septiembre se
iniciará la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia-, estamos en condiciones de decir que en esta legislatura, por un lado, hemos arrostrado y no eludido ninguna de las responsabilidades en materias muy complejas -a la vista está- y muy
complicadas demostrando este Gobierno y en estas circunstancias que las complejidades no nos asustan ni nos afectan para ejercer las responsabilidades con las que los ciudadanos esperan que cumplamos nuestros compromisos electorales, que son
compromisos de Gobierno y que es la única manera en la que entendemos de verdad que se puede estar y hacer política.



En algunos casos es complicado, las leyes evidentemente son complicadas, pero después de la Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, la ley que en términos sintéticos llamamos Ley del Cine, que es muchas más cosas, va a venir a
completar también los muchos esfuerzos que hemos hecho en este caso para cuidar en una ley lo que en otros países cuidan de manera sobre


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saliente, por lo que representan, repito, en un modelo de expresión y en un modelo de convivencia con otros elementos de la cultura más tradicionales, por supuesto las bibliotecas o los museos, el arte y la creatividad en términos más
clásicos, por lo que representan las imágenes para una sociedad actual y, en definitiva, haber terminado esta obra; en realidad nos ha tocado prácticamente el grueso de su financiación, pero, repito, era un proyecto del Gobierno anterior que
nosotros no hemos querido en modo alguno ni tocar ni modificar, sino todo lo contrario, continuar porque nos parecía que era una idea absolutamente plausible que queríamos terminar y que en esta legislatura estuviera activo. Espero, como esperamos
respecto a todas las demás decisiones que hemos tomado para el cine y finalmente en el proyecto de ley, que redunde en lo que más nos importa, que tengamos el talento de quienes se dedican a lo audiovisual en nuestro país suficientemente canalizado
y protegido por nuestras políticas públicas, como tenemos las bibliotecas, los museos, el patrimonio histórico y lo que conforma la cultura de un país; que nuestra industria sea cada vez más fuerte y más estable para que desde la iniciativa privada
el cine sea una verdadera referencia en la cultura española y que el buen cine como cultura española llegue finalmente a lo que más nos importa, a los ciudadanos, que en este caso son ciudadanos/consumidores de ese cine en el que se puedan reflejar
y disfrutar con él como una parte del país, de la cultura y del tiempo que les ha tocado vivir. Este es un elemento que ha ayudado mucho a que la academia se pueda organizar, trabajar e incidir sobre ese mundo maravilloso y complejo que es la
cinematografía española, para la que esperamos que esta legislatura se cierre de manera fructífera en relación con muchos de los problemas y expectativas que tenían planteados. Como todo en esta vida, también en la política y mucho más en las
leyes, nunca es el cien por cien, porque eso casi no es posible, pero, si me lo permiten, me están viniendo ahora mismo a la cabeza dos leyes muy importantes y muy complicadas para la cultura española, como la de Propiedad Intelectual, de la que
hemos hablado esta mañana aquí, y sobre nuestra red de bibliotecas públicas, del libro y de la lectura, para las que hemos conseguido el consenso de las Cámaras en una legislatura como esta; nuestra capacidad de encontrar acuerdos con todo el mundo
ha quedado manifiesta y espero que también los encontremos finalmente para la Ley del Cine que está, como S.S. sabe, sacada como proyecto del Consejo de Ministros.



La señora PRESIDENTA: Efectivamente, creo que es el deseo de esta Comisión, que tiene, pese a algunos rifirrafes, un buen hacer y en la que se encuentra generalmente consenso en temas importantes. Estoy segura de que en esta Ley del Cine
también vamos a hacer un esfuerzo para que sea consensuada al máximo.



Muchas gracias a todos, señorías, se levanta la sesión.



Era la una y cuarenta minutos de la tarde.