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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 863, de 20/06/2007
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2007 VIII Legislatura Núm. 863

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO

Sesión núm. 52

celebrada el miércoles, 20 de junio de 2007



ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. (Número de expediente 122/000157.)... (Página 2)


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. (Número de expediente 122/000157.)...
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Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 122/000157.)


El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión número 352 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Vamos a proceder a seguir el orden del día, y quiero también señalar a SS. SS. que vamos a hacer las intervenciones, en la medida
de lo posible, siguiendo el orden de presentación de las enmiendas que quedan vivas, y al final daremos la palabra al Grupo Parlamentario Popular para que fije posición en cada una de ellas, dado que sus enmiendas han sido aceptadas o
transaccionadas.



Por lo tanto, pasamos sin más al primer punto, que es la ratificación de la ponencia designada para informar de las siguientes iniciativas legislativas: proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Se ratifica? (Asentimiento.) Por asentimiento queda ratificada.



EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 122/000157.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a emitir el dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para defender las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana don Jordi Ramón.



El señor RAMÓN TORRES: Pasamos hoy la penúltima tramitación en esta Cámara de una ley que pretende reformar el Consejo de Seguridad Nuclear. De entrada quiero decirles que es una ley que nuestro grupo entiende como muy necesaria porque
reforma el Consejo de Seguridad Nuclear -y haré algunas aclaraciones de las enmiendas que mantenemos vivas-, pero básicamente por lo que ha sucedido esta última legislatura y por la experiencia que los ponentes que hemos estado en la ponencia sobre
el Consejo de Seguridad Nuclear hemos vivido estos últimos años.
Seguramente, el caso de Vandellòs fue la gota que colmó el vaso de esa necesidad de modificar el Consejo de Seguridad Nuclear. En muchas ocasiones en esta Cámara hemos reiterado el
mal funcionamiento de temas tan importantes como el de Vandellòs II y la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad Nuclear básicamente por los problemas que el mismo ha tenido en muchas ocasiones en esta legislatura. No les voy a recordar los
problemas que tuvo la ex presidenta con el mismo consejo, los problemas para ponerse de acuerdo a la hora de elaborar informes, los problemas que hemos tenido en muchas de estas comparecencias en diferentes años, y nuestro grupo visualizaba esa
necesidad tan grande de reformar el Consejo de Seguridad Nuclear.



Cuando llegó esta proposición de ley que presentó a la Cámara el Grupo de Izquierda Unida y se aprobó su toma en consideración, nuestro grupo estudió bien el texto y pretendió modificar aquellos aspectos que entendíamos que mejorarían el
Consejo de Seguridad Nuclear. En la tramitación en ponencia nuestro grupo no se ha puesto de acuerdo con el grupo mayoritario de la Cámara y esto ha llevado a que Esquerra Republicana mantenga las mismas enmiendas que había presentado y que ahora
voy a pasar a defender. En primer lugar, nuestro grupo ya ha defendido en más de una ocasión, y no hemos sido los únicos porque el mismo presidente del Gobierno ya lo ha dicho más de una vez en esta Cámara, la necesidad de ir a una reducción de la
energía nuclear, y entendíamos que el Consejo de Seguridad Nuclear tenía que elaborar diferentes planes de seguridad para minimizar los riesgos asociados al proceso de reducción de energía nuclear. En ese sentido presentamos una primera enmienda
que vamos a mantener.



Por otro lado, una de las dificultades que hemos encontrado los grupos parlamentarios en esta legislatura ha sido que mediante ponencias sobre el Consejo de Seguridad Nuclear se han ido aprobando dictámenes, se han ido aprobando mandatos que
después el Consejo de Seguridad Nuclear ha tomado o no en consideración. Después de una tramitación parlamentaria o después de las discusiones que hemos tenido en el seno de la ponencia sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, nosotros entendemos que
esos dictámenes o esos mandatos que salen del Congreso de los Diputados el Consejo de Seguridad Nuclear tendría que llevarlos a cabo de manera obligatoria. Por eso nosotros presentamos otra enmienda donde especificamos la obligación de llevar a
cabo los mandatos y dictámenes que salieran de esta Cámara.



Nuestro grupo también ha presentado una serie de enmiendas sobre la necesidad de modificar el número de consejeros que forman parte del Consejo de Seguridad Nuclear. En ese sentido, exponemos la necesidad de que el consejo pase de tener el
presidente y los cuatro consejeros actuales a tener un presidente y nueve consejeros. Esta cifra de nueve consejeros no es baladí, no es una


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cifra que nos sacamos de la manga, sino que entendemos que tendría que haber un consejero designado o nombrado por todas aquellas comunidades autónomas que tengan centrales nucleares en su territorio, con la voluntad de implicar a las
comunidades autónomas que ya tienen centrales nucleares en su territorio y que fueran ellas mismas las que nombraran un miembro de este Consejo de Seguridad Nuclear. En diferentes enmiendas posteriores hemos marcado que fueran los parlamentos
autonómicos quienes designaran el procedimiento para elegir este consejero que les correspondería por comunidad autónoma y que también fueran los mismos parlamentos los que regularan cómo se cesarían estos consejeros.



También hemos presentado enmiendas referentes al acceso a la información medioambiental. Este tema se ha discutido en ponencia en distintas ocasiones y no somos el único grupo que presenta estas iniciativas. Es verdad que el Grupo
Socialista ha presentado una enmienda transaccional en este sentido que si hubiéramos llegado a un acuerdo mayor podríamos haber aceptado, pero visto cómo va a quedar la proposición de ley, mantendremos nuestra enmienda; aceptando que la
transaccional va a mejorar el texto o la intención inicial que tenía el Partido Socialista, nosotros vamos a mantener esta enmienda. También hemos presentado alguna enmienda sobre la necesidad de potenciar la figura del inspector residente en todas
las centrales nucleares. Se ha visto en los diferentes debates en esta Cámara sobre el Consejo de Seguridad Nuclear que era necesario potenciar la figura del inspector residente, así lo han expuesto muchas de las personas que han comparecido en
esta Cámara, así quedó claro en las comparecencias que tuvimos sobre el problema de Vandellòs II, y entiende nuestro grupo que el potenciar esta figura tendría que ser uno de los objetivos que buscara esta nueva ley que vamos a aprobar hoy.



En definitiva, vamos a mantener todas las enmiendas que presentó nuestro grupo. Entendíamos que la proposición de ley que presentó Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tenía que ser mejorada en el trámite parlamentario pero
nuestro temor era que esta ley acabara siendo una reforma poco atrevida o poco valiente y que no buscara solucionar los errores o los problemas que hemos tenido en el Consejo de Seguridad Nuclear. Nuestro grupo ha quedado bastante decepcionado de
como ha quedado el texto. Hemos visto que los grupos mayoritarios han llegado a un acuerdo, y déjenme decirles que este acuerdo parece que esté bendecido si no casi direccionado desde el mismo Consejo de Seguridad Nuclear. A mi entender es un
error que sea el mismo Consejo de Seguridad Nuclear el que marque las directivas de cómo vamos reformar ese Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, nuestro grupo no puede hoy apoyar este proyecto de ley que viene de la proposición de ley que
presentó Iniciativa per Catalunya Verds y aprovecharemos el debate de la semana que viene en Pleno para dar los principales argumentos por los que no vamos a votar afirmativamente esta ley.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Maldonado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



El señor MALDONADO I GILI: La mía será una intervención, digamos, de valoración, en la línea de la del portavoz anterior, ya que es conocida la preocupación política por esta ley. Esta ley ha sido producto de una situación. A los miembros
de la ponencia nos han preocupado las reiteradas visualizaciones de que el Consejo de Seguridad Nuclear era un instrumento anquilosado, oxidado, poco práctico y con problemas internos de funcionamiento. Esto llevó a un grupo, en este caso a
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a presentar una proposición de ley que nos permite acogernos a la posibilidad de crear un nuevo instrumento, que es una nueva ley. Nuestro grupo ve con una cierta intranquilidad que esta no es la ley
que nos gustaba y que desearíamos. Es verdad que en un tema como la energía nuclear es muy difícil casar sensibilidades y propuestas energéticas, pero también es cierto que se ha buscado un consenso un poco extraño, se ha buscado un consenso por
arriba rebotando hacia abajo. Los dos grupos mayoritarios llegaron rápidamente a un acuerdo y después a los grupos minoritarios, como Convergència i Unió, se nos han hecho ciertas propuestas. Nuestro grupo intenta ser posibilista.
Esta ley se va
a aprobar por una cuestión numérica, y nos quedan diversas posibilidades: la del pataleo, o sea, la de decir que estamos enfadados; la de la propuesta electoral, es decir, se acercan elecciones, vamos a hacer una propuesta electoralista y vamos a
negarnos a cooperar porque se han entendido con unos más que con otros, etcétera. No es nuestro estilo.
Nosotros siempre valoramos que los grupos mayoritarios se entiendan, sería triste que ahora dijera lo contrario. Muchas veces en el hemiciclo
y en las comisiones yo he pedido a los grupos que se entiendan; si aquí se han entendido, bienvenido el acuerdo, no lo critico en absoluto. Como digo, tampoco queremos acordar la postura, como algún grupo puede hacer, de enfadarnos, que queda muy
bien de cara al ciudadano porque se acercan elecciones. Nosotros eso nunca lo hemos hecho. Por tanto, ¿cuál va a ser esta actitud posibilista? Pues la de intentar mejorar la ley, la de intentar acercarnos a la mejor ley posible. ¿Que no es la
nuestra? Sin duda. ¿Que encontramos lagunas, sobre todo desde el punto de vista de presencia autonómica, de presencia territorial, de presencia de la Administración más cercana, más próxima y con aspectos competenciales importantes? Es verdad, y
seguiremos insistiendo y seguiremos enmendando la plana, pero también es cierto que el Grupo Socialista nos presenta un grupo de transacciones a nuestras propuestas. Nos hubiera gustado más que se hubieran aceptado nuestras enmiendas, es lógico,
pero las hemos mirado desde el punto de vista posibilista y las vamos a aceptar,


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no porque sea lo que queremos, porque si fuera lo que queremos habríamos presentado esas enmiendas, pero como hay una voluntad del Grupo Socialista y, por lo que me dice su portavoz, del Grupo Popular de dar apoyo a estas transaccionales,
esto nos permitirá avanzar en aquellos aspectos que no nos gustan de esta ley que reforma la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.



Mantendremos vivas las no transaccionadas, y a mí me gustaría, aunque sea para que conste en el 'Diario de Sesiones', hablar de algunas ellas porque tienen su justificación. Ya digo que algunas de éstas serán transaccionadas y será a la
portavoz socialista a quien le corresponda anunciar la transacción, pero, por ejemplo, la enmienda 40, que pretende modificar el apartado 1 del artículo único del referido texto, se justificaba porque la redacción de la proposición de ley podía
interpretarse en el sentido de otorgar a la correspondiente comisión del consejo facultad de veto de la aprobación del presupuesto, interpretación que choca con el principio de autonomía patrimonial recogido en el apartado primero del artículo
primero de la propia Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. De alguna forma, es una enmienda de mejora, una corrección técnica o de mejora.



La enmienda 41 se presenta a efectos de adicionar un nuevo apartado, el 2.bis, al artículo único del referido texto. España ha ratificado el Tratado de no proliferación, así como el protocolo adicional y, en consecuencia, está sujeta a
inspección de salvaguardias. Hasta hace poco, los países miembros de la Unión Europea canalizaban este tipo de inspecciones a través de Euraton; actualmente las inspecciones deben realizarse en cada Estado. Siguiendo la filosofía de la Ley de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear, continuada por la presente propuesta de modificación que sitúa al Poder Ejecutivo como regulador final, como emisor formal de las decisiones reguladoras informadas por el Consejo de Seguridad Nuclear,
órgano regulador, conviene incluir la función de inspección y control derivada de compromisos internacionales entre las funciones del consejo. Intentamos que esta ley no choque con aspectos regulados internacionalmente.



La enmienda 42 básicamente, como otro grupo ha dicho hace un momento, intenta elevar el número de miembros del consejo. Creemos que aumentando el número de miembros del consejo podríamos incluir representantes de espacios territoriales más
amplios, de autoridades de las comunidades autónomas y de administraciones presentes en el territorio.



La enmienda 43 propone la siguiente redacción: 'Asimismo, las tres comunidades autónomas con mayor potencial de producción de energía de origen nuclear designarán cada una un consejero, que se someterá al mismo régimen que el resto de los
consejeros, excepto en lo dispuesto por esta ley en relación a su designación'. Nos parece necesario que se proceda a la designación de representantes de las comunidades autónomas en la estructura orgánica del Consejo de Seguridad Nuclear. Todos
tenemos presente que las comunidades autónomas, en este caso a mí me toca hablar de Cataluña, tienen competencias muy exclusivas en industria, en emergencias, etcétera, y siempre he dicho que cuesta mucho coordinar el seguimiento nuclear estando
fuera del Consejo de Seguridad Nuclear.
Tendría que haber más presencia o, mejor dicho, tendría que haber presencia, porque no la hay, de representantes de las comunidades autónomas. La enmienda 44 pretende la eliminación del carácter dirimente
del voto del presidente porque puede dar lugar a situaciones de bloqueo en la toma de decisiones. Hemos visto que esto ya ha pasado, porque en el berenjenal del anterior Consejo de Seguridad Nuclear el voto de la presidenta en algunos momentos fue
de bloqueo y, por lo tanto, nos parecía que había que eliminarlo. La enmienda 45 básicamente se refiere a períodos de mandato. La enmienda 46 pide información periódica y se intenta que el Congreso tenga una información que le corresponde en aras
a lo que representa y a que es quien nombra. La enmienda 47 se justifica porque la falta de objetividad de criterio es una causa de cese en exceso ambigua, por tanto, queríamos aclarar estos conceptos. La enmienda 48 regula el período de tiempo en
funciones, una vez finalizado el correspondiente mandato, es un tema de regular períodos.



No me alargaré porque si no mi intervención sería muy larga y extensa, pero queremos dejar claro que nuestras enmiendas siempre intentan hacer una aportación. Por ejemplo, en la 43, cuando hablamos del órgano de asesoramiento del Consejo de
Seguridad Nuclear, queremos aportar la presencia de miembros importantes a la hora de asesorar a los consejeros.
Por tanto, existe la voluntad de crear un órgano consultivo, a semejanza del Consejo Consultivo de Electricidad o del Consejo
Consultivo de Hidrocarburos, que nosotros lo detallamos al máximo porque creemos que debe ser un instrumento de apoyo a los miembros.



En definitiva, es una ley que nos preocupa porque no es la ley que queríamos. Nos parece que no tendrá el consenso político que debería tener, sí en cuanto a voto numérico porque está claro que los dos grupos mayoritarios la van a apoyar,
pero se podría dar la paradoja de que incluso el grupo que presenta la ley no esté de acuerdo con el redactado final; sería una incongruencia total que un señor presente una ley y que pueda decir que esta ley no le gusta. Habría que buscar un
consenso más amplio, desde Convergència i Unió lo proponemos y lo visualizamos con la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista, al que agradecemos la voluntad de aproximación a CiU y el trabajo de su ponente. Esperamos que el resultado
final sea más en la línea que Convergència i Unió quiere, sobre todo desde el punto de vista de presencia de representantes territoriales, en este caso de representantes autonómicos.



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El señor PRESIDENTE: No sé si lo hemos anunciado públicamente, pero habíamos acordado al principio con los diferentes portavoces que la votación no tendría lugar antes de las once y media. Por lo tanto, como lo hemos dicho al principio
privadamente, tenemos que seguir respetándolo, y aunque terminemos con anterioridad, no votaremos antes de las once y media.



Tiene a continuación la palabra el señor Herrera, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor HERRERA TORRES: Agradezco al resto de portavoces que me han precedido en el uso de la palabra el hecho de que hayamos podido alterar el orden, debido a que, como ustedes saben, esta es una mañana endiablada para los grupos
parlamentarios pequeños, entre otras cosas, porque estamos aprobando varias leyes en paralelo en diferentes comisiones. Por tanto, insisto en el agradecimiento al resto de portavoces, a los que me han precedido, al portavoz del Grupo Popular y a la
portavoz socialista, porque han permitido precisamente esta alteración del orden del día.



Dicho esto, tengo que decirles que para nosotros, para nuestro grupo parlamentario, autores de la proposición de ley que hoy se está discutiendo, lo que va a pasar no nos ha gustado ni nos gusta. Es más, cuando el Gobierno presenta un
proyecto de ley, en el caso de que la Cámara cambie radical y sustancialmente ese proyecto de ley, el Gobierno tiene la facultad de retirarlo. Pues bien, tengo que decirles que hoy nuestro grupo parlamentario, autor de la proposición de ley, si
estuviese en su mano lo que haría es retirar la proposición de ley. Porque esta proposición de ley nació con el objeto de incorporar las mejores prácticas del conjunto del planeta, del conjunto del globo a la legislación en materia nuclear, que
nació a partir precisamente de un incidente grave, el incidente de Vandellòs II, en agosto de 2004; un incidente en el que el Consejo de Seguridad no actuó con la diligencia debida, un incidente donde se primó -y no lo digo yo, lo dijo el Consejo
de Seguridad Nuclear- el negocio, los beneficios económicos sobre la seguridad, y un incidente que puso de manifiesto la necesidad de reformar a fondo la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear para incrementar transparencia, participación, mecanismos
de incidencia de la sociedad civil e incluso de los particulares, para hacer que las sanciones fuesen disuasorias, para conseguir que en el Consejo de Seguridad Nuclear hubiese una tensión positiva y no hubiese exclusivamente un discurso y una
práctica que lo que hacen es avalar a la industria en su funcionamiento. Voy a detallar por qué entendemos nosotros que los elementos más positivos de la ley hoy ya no tienen la fuerza que tenían, hoy se ha vaciado de contenido.



Nos hemos encontrado con un pacto, un pacto construido en el marco del Consejo de Seguridad Nuclear, un pacto construido en este caso entre el Partido Socialista y el Partido Popular -en las enmiendas están de acuerdo, el Partido Popular ha
retirado todas las enmiendas-, y nos hemos encontrado, en definitiva, con que los elementos que profundizaban en estos instrumentos de participación, transparencia y exigencia hacia el consejo han desaparecido. ¿Hay avances? Claro que los hay,
faltaría más que una ley de estas características, una ley del año 1980 no introdujese algunos elementos de avance, pero todos los elementos realmente de incidencia y de incidencia importante no se han incorporado en la ley, y nosotros lo queremos
lamentar.



Voy a resumir de forma muy sucinta, pero necesitaré un tiempo para hacerlo, cuáles son los elementos críticos desde nuestro punto de vista.
Primer elemento, la denuncia de los trabajadores. La enmienda del Grupo Socialista, y lo que se
incorporará finalmente a la ley manteniéndose esta mayoría entre el Partido Socialista y el Partido Popular, supone que no se va a crear una unidad especializada para la gestión de las denuncias, y, claro está, el derecho del trabajador de denunciar
necesita de una unidad especializada para la gestión de las denuncias, para hacerlas efectivas. Se dice que se regulará mediante estatuto, pero lo cierto es que existía la demanda por parte de organizaciones sociales y también por parte de nuestro
grupo parlamentario de que, como mínimo, se estableciese que esa oficina de denuncias, que esa unidad especializada para la gestión de las denuncias va a existir.



Segundo elemento, desaparece la personación del Consejo de Seguridad Nuclear en los actos bajo la jurisdicción laboral en caso de represalias.
La intención del Gobierno, por tanto, es limitarse a regular el asunto en el reglamento de
instalaciones nucleares y radioactivas, para lo que después fija un plazo excesivo, no obligando a las empresas a tener un procedimiento interno para la gestión de las denuncias. Y para nosotros este es un elemento claramente negativo porque ¿qué
cuesta en la ley establecer una unidad especial de denuncias que garantice en definitiva que el derecho es efectivo? Lo que hacemos es decir que hay un derecho pero no garantizamos que sea efectivo, y lo que no hacemos es que se obligue por ley -y
esta es la forma de darle contenido- a la personación del Consejo de Seguridad Nuclear en los actos bajo la jurisdicción laboral en caso de represalias. Y la pregunta es por qué, por qué no se puede poner la unidad o por qué no se puede obligar al
Consejo a personarse en la jurisdicción laboral en caso de represalias. Nosotros no lo entendemos, y es más, el problema que tenemos, práctico, para implementar la unidad especializada para la gestión de las denuncias es que, como ustedes saben, el
Ministerio de Economía a todo lo que son unidades nuevas dice que no, y lo que nosotros decimos es que eso se tenía que garantizar por ley porque si no nos encontraremos con un derecho a denunciar vacío.



Un elemento crítico es la obligación de los trabajadores de denunciar.
Todos sabemos que es un elemento controvertido porque, obviamente, puede ser que las centrales sindicales digan que no tiene por qué producirse la obligación de todos
los trabajadores de denunciar pero las centrales sindicales estaban de acuerdo con que


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hubiese obligación para los trabajadores con licencia, para los trabajadores más especializados, para aquellos trabajadores que sí que tienen argumentos y elementos para desarrollar esa obligación de denunciar, con una sanción muy sencilla:
en el caso de que no denuncie, se le retira la licencia. Lo cierto es que en la legislación comparada este elemento existía, existe en la legislación norteamericana. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es por qué el Gobierno, por qué
el Partido Socialista se ha negado a que esta obligación exista para los trabajadores con licencia. Nosotros no lo sabemos, porque existe en la legislación comparada y no había objeción alguna de las centrales sindicales. Se trata, por tanto, de
introducir elementos de exigencia que existen en la legislación comparada. Entraré después en las sanciones porque creo que es donde está el meollo de la cuestión.



Tercer elemento, cese de los miembros, del presidente y consejeros. Una enmienda del Grupo Socialista y otras del Grupo Popular y de CiU y una transacción final eliminan el criterio de no respetar la debida independencia y objetividad como
causa para promover el cese del presidente o de los consejeros, y lo cierto es que las recomendaciones del comité asesor del INSAG de la OEIA recomiendan que el Gobierno y el Parlamento tomen medidas cuando las actuaciones del organismo regulador
sean deficientes, cuando se pierda esa independencia y esa objetividad debida. Pues bien, este tercer elemento también desaparece de la ley, y la pregunta es por qué, por qué sacamos de la ley elementos de mayor exigencia.



Cuarto elemento, creo que es especialmente llamativa la desaparición del artículo 12 de la ley que, como ustedes saben, era un artículo claramente exigente, que suponía medidas concretas de transparencia e información y participación
ciudadana que concretaban esos derechos de los individuos y de las asociaciones en torno al funcionamiento de las plantas y en torno al funcionamiento de la central nuclear. Pues bien, ese artículo se suprime y se suprime con una referencia a la
trasposición del convenio de Aarhus, a la Ley 27/2006, de la que yo también fui ponente. Este elemento se podría haber aceptado en el caso de que realmente toda la ley hubiese ido en coherencia con mayores exigencias y con mayores elementos de
transparencia y participación, pero cuando el régimen sancionador, cuando el derecho y la obligación no quedan concretados como se planteaba en la ley, esta enmienda no es asumible ni aceptable. El artículo 12 suponía un paso adelante
incuestionable. Se lo pueden repasar, se lo pueden leer y verán cómo la ley entendía que la seguridad nuclear es algo más que la información sobre el medio ambiente, y concretaba derechos y hacía efectivos esos derechos de transparencia e
información. Y la pregunta es: ¿por qué tenemos miedo a la transparencia y a la información? ¿por qué hacemos que el artículo 12, que establecía instrumentos muy concretos de esa transparencia e información, desaparezca de la ley? Nosotros
volvemos a no entenderlo, o si lo entendemos, nos preocupa demasiado la conclusión, y la conclusión es que, en definitiva, no se opta por un modelo transparente semejante al de la NRC norteamericana, donde no hay una referencia genérica a una ley
sobre participación e información en el medio ambiente, sino derechos concretos para los ciudadanos y para las organizaciones sociales. Nosotros no entendemos cómo en un contexto como este puede desaparecer el artículo 12 y nos conformamos en este
caso, cuando además el resto de elementos no acompañan, con sustituirlo por una referencia genérica a la Ley de participación e información ambiental, a la trasposición del convenio de Aarhus.



Quinto elemento de diferencia, el papel del Parlamento. En la proposición de ley se proponía la participación directa del Parlamento, y del Congreso en particular, en la elaboración de los presupuestos, en el nombramiento y cese de los
miembros del consejo, en la emisión de la normativa y en la información. Pues bien, esta ley, tal y como va a quedar, lo que hace es retrotraernos al modelo que teníamos. ¿La experiencia qué nos dice? La experiencia nos dice que en el caso de
algunos incidentes, del incidente de Vandellòs II pero también en muchos otros casos, necesitábamos mayores instrumentos de participación y de transparencia del Congreso.



Sexto elemento de diferencia, los foros locales de debate. El ministerio, y el Grupo Socialista finalmente también, se ha negado a incluir en el artículo 14.4 que se habilite al CSN para la organización de los foros locales. Se me dirá que
esos foros ya existen, pero la realidad es que esos foros no funcionan y que, por tanto, más allá de los foros que existen, auspiciados por AMAC o por las propias plantas, necesitamos foros específicos que hablen de transparencia, de seguridad y de
las prácticas en el CSN. Tampoco se incorpora.



Séptimo elemento, la creación de la secretaría técnica, una demanda que, creo recordar, estaba incorporada en la enmienda que planteó el Grupo Socialista en la exposición de motivos y que finalmente no va a aparecer.
¿Por qué no aparece la
secretaría técnica?, ¿por qué no aparece un instrumento que va a mejorar la gestión? Nosotros ni lo compartimos ni lo entendemos.



Octavo elemento, la transformación del cuerpo social de técnicos en un cuerpo general de la Administración del Estado era una demanda. Creo que este es el único elemento que se ha resuelto de forma más o menos satisfactoria, pero la
pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿valía la pena para este elemento una ley? Nosotros entendemos que precisamente para este viaje no hacían falta estas alforjas. Y lo cierto es que va a haber un paso adelante, no el que planteábamos, y este
es el ejemplo de que nosotros no hacíamos una propuesta de máximos, nosotros pretendíamos denunciar. En esta materia se ha llegado a un punto de encuentro y lo damos por bueno, pero, fíjense ustedes, en el resto de temas lo que se hace es pactar
con el PP el contenido de nuestra ley.



Noveno elemento, el mantenimiento o no del Consejo de Seguridad Nuclear en cinco miembros. ¿Por qué se mantiene el Consejo de Seguridad Nuclear en cinco


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miembros? El argumento es que el presidente ha dicho que no se van a reformar los órganos reguladores, pero lo cierto es que en esta legislatura, y ahí está la paradoja, se han reformado y ampliado los consejos de los órganos reguladores.
Hoy la propuesta del Partido Socialista y del Partido Popular mantiene ese órgano regulador en cinco miembros. ¿Y cuál es la realidad en la práctica del Consejo de Seguridad Nuclear? Que los cinco miembros siempre son dos del Partido Popular, dos
del Partido Socialista y uno de Convergència i Unió. ¿Cuál es la realidad por la que no se aumenta a siete o a nueve el número de miembros? Porque sería muy difícil de justificar que en un escenario de siete o de nueve miembros fuerzas políticas
como la nuestra, pero también como otras fuerzas políticas, no entrasen nunca en el Consejo de Seguridad Nuclear.
Como ustedes saben -y he podido tener conversaciones sobre la materia-, a nosotros se nos ha dicho: No podemos ampliar a siete o a
nueve miembros, porque en ese caso vosotros, teóricamente socios preferentes del Gobierno, tendréis derecho a entrar, y en el Consejo de Seguridad Nuclear no puede haber un antinuclear. Nos lo ha dicho un destacadísimo portavoz del Grupo
Socialista. Y, claro está, parece que la realidad -digamos las cosas en plata- es que en el Consejo de Seguridad Nuclear puede haber pronucleares, para eso no hay problema, pero no puede haber gente que sea crítica con el Consejo de Seguridad
Nuclear, sin entender que lo que mejor sentaría al Consejo de Seguridad Nuclear es un órgano exigente y no un órgano displicente, como hemos tenido, con la industria nuclear.



Décimo punto de diferencia, comité asesor externo. En el comité asesor externo, finalmente, desaparece la mención a los representantes parlamentarios. Ustedes saben precisamente que una de las voluntades que teníamos y de la que habíamos
hablado era incorporar representantes parlamentarios en el comité asesor externo, garantizando que también las fuerzas políticas pudieran participar en él. Lo que se ha hecho es dotarle de un contenido claramente gubernamental. Se ha ampliado,
incluso respecto a las primeras propuestas que había tanto del Ministerio de Industria como del propio Consejo de Seguridad Nuclear, la presencia de órganos gubernamentales, y han desaparecido -curiosamente, han desaparecido de la primera propuesta-
los representantes del Parlamento.
¿Pero qué es lo grave de la propuesta que nos plantean el Gobierno y el Partido Socialista en el comité asesor externo? Que desaparece la capacidad de incidir e influir, la capacidad de saber en el funcionamiento
del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Qué decía nuestra redacción e incluso qué decía una redacción del Grupo Socialista? Las cosas hay que explicarlas por su nombre. En el punto 6 de una redacción planteada por el propio Consejo de Seguridad
Nuclear y por nosotros, el Consejo de Seguridad Nuclear planteaba: El comité asesor externo tendrá acceso a todos los registros -escuchen bien-, archivos y documentos que forman parte de los expedientes administrativos en tramitación y, asimismo,
podrá recabar del Consejo de Seguridad Nuclear aquella información que considere necesaria para el ejercicio de su funcionamiento. Nuestra enmienda iba un poquito más allá incluso, si cabe. ¿Saben qué han hecho? Lo han reducido a: El comité
asesor podrá recabar al Consejo de Seguridad Nuclear aquella información que considere necesaria para el ejercicio de su función. Y la pregunta que tenemos que hacer -y la respuesta nos horroriza- es: ¿Por qué desaparece que el comité asesor
tendrá acceso a todos los archivos, registros y documentos que forman parte de los expedientes administrativos en tramitación? ¿Por qué ustedes no hacen lo de la NRC norteamericana? ¿Por qué no garantizan, en definitiva, que ese comité asesor
tenga instrumentos para saber qué hace el Consejo de Seguridad Nuclear y para garantizar un mejor funcionamiento? La respuesta es muy sencilla: borran el artículo que nosotros habíamos planteado, e incluso lo que había planteado el propio Consejo
de Seguridad Nuclear, porque no quieren que haya esos instrumentos de control. Por tanto, no estamos de acuerdo con la propuesta que redactan en torno al comité asesor externo. Consideramos muy negativa la nueva regulación y entendemos que esa
limitación no la debíamos aceptar.



Y, por último, ahora sí que sí, la gran diferencia, aquel elemento que hace que esta ley sea una ley claramente, desde nuestro punto de vista, frustrante y decepcionante. Ustedes habían ampliado a 10 millones de euros el máximo de las
sanciones; ahora lo amplían a 30 millones de euros. ¿Y saben cuál es el problema? Que el Consejo de Seguridad Nuclear hizo llegar al Ministerio de Industria una propuesta que incluía una disposición que habilitaba al órgano sancionador a aplicar
un nivel de sanciones equivalente al doble del beneficio cuando se considerara que las multas quedaban por debajo del beneficio. No lo decíamos nosotros, lo decía el Consejo de Seguridad Nuclear. Un nivel de sanciones equivalente al doble del
beneficio cuando se considere que las multas quedan por debajo del beneficio. ¿Y ustedes saben por qué lo decía? Una sanción a la industria nuclear tiene que ser disuasoria. Una planta nuclear como Vandellòs por cada día que opera factura entre
2,5 y 3 millones de euros, y cuando una planta nuclear está operando con las condiciones de seguridad degradadas durante seis meses, esperando realmente arreglar esas condiciones de seguridad degradadas en la próxima recarga, poniendo en peligro la
seguridad, lo hace por beneficio económico. Si lo dijo el CSN: en el incidente de Vandellòs II se primó el beneficio económico por delante de la seguridad. La sanción tiene que ser disuasoria. Y, claro, cuando usted está operando durante seis
meses con las condiciones de seguridad degradadas, en el caso en que le pongan una sanción de 10 millones o, a lo sumo, de 30 millones, tiene un beneficio de 560 millones de euros. Y la pregunta es ¿lo que ustedes nos proponen es disuasorio? No.
Pero es más, ayer podíamos ver una nota del Grupo Socialista en la que se presumía que las sanciones se van a multiplicar por 10. Acabamos, ustedes lo saben, de aprobar la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidro


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carburos. Nuevo artículo 113 de la Ley de Hidrocarburos: Las infracciones muy graves, con multa de hasta 30 millones de euros; Ley del Sector Eléctrico, artículo nuevo 63.bis: Las infracciones muy graves, con multa de hasta 30 millones
de euros. Hay quien se puede felicitar por conseguir que la máxima sanción de una planta nuclear sea la misma que la de una central térmica; para nosotros eso es una decepción y un fraude. ¿Se puede presumir que la máxima sanción de una central,
de una planta nuclear sea la máxima que está prevista en la Ley del Sector Eléctrico o en la Ley de Hidrocarburos? ¿Ustedes creen que es normal que un gobierno progresista ponga una sanción que no es disuasoria y que establezca una máxima sanción
que es la misma que para una central térmica? Nosotros creemos que no y para nosotros eso es claramente una decepción.



Pero la decepción, se lo quiero decir muy claro, no queda ahí, y no queda ahí porque el problema que tendremos es cómo determinamos cuándo la sanción se considera muy grave. Nosotros habíamos dicho que necesitábamos criterios objetivos para
considerar lo que es una sanción muy grave, entendiendo en definitiva que estos criterios objetivos, y no criterios determinantes que se decidirán en función de lo que decida el Consejo de Seguridad Nuclear, debían ser criterios evaluables.
Teníamos una oportunidad: los reglamentos aprobados por el Ministerio de Sanidad, no nuestros criterios sino del Ministerio de Sanidad, en torno a las emisiones radioactivas, en torno a las dosis al exterior de las instalaciones. Y había una
propuesta, nosotros tenemos una propuesta aún si se quisiera corregir, una propuesta nueva para el artículo 87.
Nosotros decíamos, en primer lugar, a efectos de este capítulo: cuando se entienda que ha existido peligro grave para la seguridad o la
salud de las personas, y también para el medio ambiente. La propuesta del Grupo Socialista no habla de peligro grave para el medio ambiente, cosa que es incomprensible; cómo se puede excluir el medio ambiente, como si el medio ambiente no fuese
asociado precisamente al peligro hacia la salud de las personas. Hay que decirlo, es una visión obsoleta, decimonónica. Nosotros decíamos para estas instalaciones: cuando se degrade el funcionamiento seguro de la actividad de tal manera que los
dispositivos, mecanismos o barreras de seguridad remanentes o las medidas administrativas disponibles no permitan garantizar que en todas las condiciones operativas de operación normal o de accidente se pueda evitar la exposición a radiaciones
ionizantes con dosis por encima de cinco veces los límites establecidos reglamentariamente, o la emisión de vertidos radiactivos al medio ambiente en cualquier forma física que corresponda a una dosis por encima de 5 milisievert para los miembros
del público. ¿Tan difícil era decir eso?


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, le estoy dejando tiempo, ha triplicado su tiempo y le voy a seguir dejando un tiempo, pero no tiene un tiempo ilimitado, le ruego que concrete.



El señor HERRERA TORRES: Voy intentando limitar el tiempo, señor presidente.



El segundo problema ya no es sólo que la sanción no sea disuasoria, el segundo problema es que esa sanción para casos muy graves es según el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear y sin fijar, como fija la legislación comparada, elementos
objetivos de emisiones radiactivas al exterior. Y la pregunta es ¿por qué?, ¿por qué no se fijan criterios objetivos de emisiones radiactivas al exterior como existen en la legislación comparada o como establece, por ejemplo, el Ministerio de
Sanidad? Nosotros no lo entendemos.



Tercer elemento en materia de sanciones, y voy concluyendo, señor presidente. Se mantienen los famosos apercibimientos, apercibimientos que podrán suplir las sanciones graves o las sanciones leves en todos los casos; en todos los casos.
Ustedes saben que los apercibimientos lo que hacen es permitir al Consejo de Seguridad Nuclear en multitud de casos que no se sancione de forma grave o leve a la propia industria. ¿Qué planteábamos nosotros? Que se eliminasen, que los
apercibimientos con sanciones leves, muy bajas, no tuviesen ningún sentido. Lo necesario es en definitiva imponer la sanción y más cuando las sanciones leves son bajas, muy bajas para la industria nuclear. Además existe el problema de que el
apercibimiento no es comunicado al Ministerio de Industria ni es comunicado al órgano autonómico que debe preservar la seguridad y medio ambiente en la zona, elemento gravísimo y elemento que supone invasión competencial, claramente invasión
competencial. Pues bien, tampoco ha podido ser; el apercibimiento se mantiene y no se permite que se limite, ya no que se elimine como nosotros planteábamos, sino que se limite. El apercibimiento lo que permite es que se pueda apercibir cuando no
se den daños y perjuicios directos a las personas o al medio ambiente. Miren, no es de recibo; no es de recibo que un elemento tan grave y que supone un fraude de ley tan evidente no lo limiten y no lo limiten de forma sustancial. No voy a
explicarlo, pero había una alternativa al artículo 91.3, un punto de encuentro que ni tan siquiera se ha escuchado. Nosotros no planteábamos que fuera nuestra propuesta, nosotros queríamos un punto de encuentro que no se ha tenido presente.
Existen también problemas en las sanciones relativas a la no comunicación de problemas de seguridad, como he dicho antes, y existen problemas, en definitiva, también en el artículo 91.4.



Ya para concluir, ahora sí que sí, señor presidente, para nosotros ésta no era una ley cualquiera, para nosotros ésta era una ley de legislatura, y no sólo se lo planteamos a la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Industria, se
lo trasladamos al Gobierno y se lo trasladamos al portavoz del Grupo Socialista. Vamos a tener un gran desencuentro en esta ley, un gran desencuentro; era una proposición de ley nuestra a la que van a dar la vuelta como a un calcetín y que no va a
tener nada que ver o casi nada que ver con lo que nosotros planteamos en su día. Para nosotros este no es un desencuentro


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cualquiera. Para nosotros fue grave el hecho de que no nos escucharan en la Ley del Sector Eléctrico ni en la Ley de Hidrocarburos, algunos grupos estamos acostumbrados a entendernos en las leyes sociales o en medio ambiente pero a que en
Industria no nos hagan ni caso, pero este no es un desencuentro cualquiera. Yo quiero decirlo y quiero dejarlo muy claro, este es un desencuentro que afecta, obviamente, a las relaciones entre el Grupo Socialista y nuestro grupo parlamentario y
afecta a las relaciones entre el Grupo Socialista y este portavoz que les habla, porque no puede ser.



Nosotros no somos un grupo maximalista, lo hemos demostrado en muchas leyes, en múltiples leyes. Nosotros somos capaces de transigir y de entender que somos un grupo pequeño y que no podemos imponer nuestras tesis a nadie, pero entendiendo
que hay elementos en los que tienen que transigir con nosotros. Y si esta es nuestra experiencia y mi experiencia personal en otras leyes, la pregunta es por qué en esta ley no ha sido posible. La respuesta es muy sencilla: porque no ha habido
voluntad. Yo he tenido multitud de reuniones con la portavoz socialista e incluso con el Gobierno y con gente del Consejo de Seguridad Nuclear, y tengo que decir claramente que para nosotros no basta con una ley que permita mayor movilidad entre
los trabajadores y equipare la sanción de la industria nuclear a la de las centrales térmicas. No es suficiente. Y por eso yo les digo y reitero que nosotros, hoy, retiraríamos la ley. Y por eso digo y reitero que hoy hay un gran desencuentro con
nuestro grupo parlamentario, autor de la iniciativa, que no todo vale y que tienen una forma muy peculiar de entender lo que es un socio preferente. De esta manera de entender lo que es un socio preferente nosotros también tomamos nota, porque si
esto es ser socio preferente, el socio preferente, por supuesto, puede actuar como ustedes actúan con nosotros.



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) da por defendidas sus enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.



El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Voy a intervenir con toda brevedad porque solamente voy a marcar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante las enmiendas, y dejaremos para el Pleno nuestra opinión sobre lo que es estrictamente la ley.



Antes de fijar la posición de mi grupo, sí quería recordar que nosotros, en la toma de consideración de la ley, ya votamos en contra. No voy a repetir los argumentos que dimos, pero se veía con claridad que estábamos en total y absoluto
desacuerdo con esta ley. Nosotros dijimos allí que si se aprobaba, en el caso de que se aprobara la toma en consideración, nosotros enmendaríamos la ley porque no estábamos de acuerdo, y es lo que hemos hecho. Nosotros hemos presentado una serie
de enmiendas que han sido todas incorporadas al informe, pero no retiradas sin más, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, ésa no es la realidad, no lo ha explicado bien, han sido retiradas porque el Grupo Socialista ha planteado unas
transacciones a nuestras enmiendas que nos ha parecido que debíamos aceptar. Por eso, como eran razonables, yo agradezco el esfuerzo que ha hecho la portavoz del PSOE, doña Rosario Velasco, para llegar a acuerdos.



También quiero aprovechar que está aquí el portavoz de Esquerra Republicana, porque una de las cuestiones que ha dicho era que parecía que estábamos direccionados por el CSN. Efectivamente, ha habido un informe del Consejo de Seguridad
Nuclear, y no es que estemos direccionados por él, es que hemos tenido en cuenta las opiniones que nos han dado en este informe. Nos parece un informe serio, un informe respetuoso con el Parlamento y, por lo tanto, como es natural, lo hemos tenido
en cuenta.



Evidentemente, no es la ley que quisiéramos, pero es manifiestamente mejor que la proposición de ley que se presentó. Y el hecho de que el ponente esté en desacuerdo, que ha dicho que la retiraría si pudiese, pues es muestra de que hemos
acertado en el fondo y con las enmiendas y con las transacciones. Él mismo ha dicho que se le ha dado la vuelta como a un calcetín, y yo creo que, efectivamente, es lo que se ha hecho porque, a nuestro juicio, es lo que había que hacer.



Y sin más, presidente, entro en las enmiendas que quedan vivas que no han sido incorporadas al informe. Las enmiendas de ERC no podemos votarlas a favor porque son, a nuestro juicio, confusas y contradictorias con los preceptos de
independencia, confianza, rigor y transparencia.



De las enmiendas del PSOE solo queda una viva que es la 35, que no íbamos a votar a favor, pero han hecho una transacción con la 56 de Convergència i Unió que nos parece correcta y, por lo tanto, aunque nos parece que debería haber más
participación institucional, la vamos a votar a favor, así como una nueva que han presentado sobre el régimen de sanciones, en la que también estamos de acuerdo.



En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, el propio portavoz ya ha dicho, o me ha parecido entender, que había una serie de transacciones, que el Grupo Parlamentario Socialista había planteado algunas al Partido Popular y que estaban
incluidas también algunas de CiU, y me ha parecido oírle que aceptaría las enmiendas 40, 44, 45 y 46, eso es lo que me ha parecido. El resto de enmiendas de Convergència nosotros no las podemos aprobar, algunas porque el parque nuclear no justifica
su planteamiento, otras porque discriminan a las comunidades en función de la producción eléctrica y otras porque limitan las actuaciones del cargo de presidente del Consejo a las objetividades políticas. Y respecto a la enmienda 49, como se aprobó
la 27 del PSOE, yo creo que sería suficiente, pero, en fin, es una cosa que no es cuestión de este grupo parlamentario. La 50 no la podemos aprobar, pero no por nada sino porque ya se está haciendo lo que piden y es un tema de reglamento


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del Congreso más que del Consejo de Seguridad Nuclear. Y en cuanto a las enmiendas 51 y 52, el CSN ya está obligado a cumplir la Ley 27/2006, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente, por lo tanto, nos parece que está
fuera de la órbita parlamentaria porque esta ley que acabo de citar es posterior a la proposición de ley que se ha presentado. La enmienda 53 también la vamos a votar en contra, pero es muy parecida, muy similar a la 12 del Partido Popular, que ya
se asumió en el informe. La enmienda 54 es igual que la 11 del PP, que ya se incorporó, la 55 no la podemos aprobar porque no tiene sentido lógico. En cuanto a la 56, me parece que hay una transaccional del Grupo Socialista que, si la aceptara
Convergència i Unió, no tendríamos ningún inconveniente en votarla a favor. Y esto es todo, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Velasco.



La señora VELASCO GARCÍA: En primer lugar, quiero agradecer el trabajo de todos los portavoces de los grupos parlamentarios a la hora de valorar las enmiendas transaccionales que el Grupo Socialista ha planteado. Digo esto en general
porque esta proposición de ley la ha presentado Izquierda Unida y, evidentemente, tiene mucho interés en patrimonializar la propuesta. Yo tengo que decir que efectivamente es así, pero que también es cierto que cuando se tomó en consideración por
parte de nuestro grupo se dijo muy claramente que el Gobierno tenía previsto modificarla y que el Grupo Socialista entendía que trabajaríamos en conjunto para poder llegar a acuerdos en torno a esta proposición de ley; de hecho, es lo que hemos
hecho porque esta proposición de ley ha sido muy trabajada en las enmiendas, hemos hablado mucho. No es malo, señor Herrera, que el Partido Popular y el Partido Socialista pacten enmiendas transaccionales. No se olvide de que su grupo tiene una
representación en esta Cámara y que en las votaciones finales hay que alcanzar unos números. Nuestro grupo entiende que es muy positivo que tanto el Grupo Popular como Convergència i Unió hayan aceptado nuestras enmiendas transaccionales. Cuando
el Gobierno presenta un proyecto de ley se debate, se modifica, se hacen enmiendas en el Parlamento; en el caso de esta proposición de ley que usted presentó lo que hemos hecho a través de las enmiendas es mejorarla y mejorarla de una forma
sustancial. Muchas de las enmiendas transaccionales que el Grupo Socialista ha trasladado a los grupos parlamentarios contenían correcciones y mejoras a nuestras propias enmiendas como consecuencia de las conversaciones mantenidas con todos los
portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el señor Herrera, y ha habido que hacer un esfuerzo importante a través de las transaccionales para concretar en la ley algunas dudas que tenían los proponentes de la proposición. Es cierto que
finalmente cada uno de los grupos tiene la opción de decidir respecto a esas propuestas. Nuestro grupo agradece a CiU y al Partido Popular la aceptación de nuestras enmiendas transaccionales y entiende, por otra parte, las explicaciones y las
exposiciones de los otros grupos parlamentarios que han rechazado nuestras enmiendas transaccionales, como es el caso de Esquerra Republicana.



Pero yo quería también mencionar otra cuestión que se ha traído aquí y quería hacer una reflexión sobre ella. En primer lugar, hemos hablado de que la modificación de la ley viene como consecuencia del incidente de Vandellòs. Señorías, yo
quiero decirles una cosa. A raíz del incidente de Vandellòs, la ponencia, el Consejo, el Parlamento, han estado a la altura de las circunstancias y es la primera vez que se sacan propuestas de resolución que obligan a tomar una serie de medidas al
Consejo de Seguridad Nuclear para controlar y darle instrumentos para que esta situación no se vuelva a producir. Por lo tanto, no vinculemos la modificación de la ley con las propuestas de resolución que se han hecho en relación con el incidente
de Vandellòs. En la proposición de ley, en la mejora de la ley sí que es cierto que ese incidente nos ha alertado para matizar algún instrumento más que mejoraría la posibilidad de control del Consejo de Seguridad Nuclear con respecto a la
industria nuclear, pero en aquel momento ya existía esa posibilidad de control y así se actuó y así se permitió también el control parlamentario.



Respecto a la proposición de ley, yo creo que hay una cuestión que es clara. Se ha mejorado, como decía el portavoz del Partido Popular, de una forma sustancial la proposición de ley, pero sobre todo, y nuestra comparación es la Ley del
Consejo de Seguridad Nuclear del año 1980 que es la que intentamos corregir, es claro que se mejoran los mecanismos de transparencia, se mejora la participación de la sociedad civil a través del comité asesor que se define en el proyecto y además se
da muchísima mayor participación a toda la sociedad civil a la hora de informarse y solicitar no sólo información sino colaborar en las actuaciones del Consejo. Por otra parte, se firma el convenio de Aarhus y la ley hace referencia a esa firma,
cuestión que no me parece baladí ni menor. Parece redundante definir en la ley derechos que, por otra parte, ya vienen estipulados en otras leyes y a los que realmente se hace referencia en esta proposición y en las enmiendas que presentan el Grupo
Socialista y otros grupos parlamentarios.



Y hay otra cuestión que es el desarrollo reglamentario de la ley y el estatuto. Hay algunas cuestiones a las que se ha hecho referencia aquí, caso de Esquerra Republicana con la regulación de los inspectores residentes, o, caso del portavoz
señor Herrera, respecto al órgano de gestión de denuncias. Yo quería decirle que en una ley no puede aparecer todo y que realmente en la ley no podemos definir determinados aspectos que pueden quitar flexibilidad a la propia organización. En este
sentido esta portavoz le ha expuesto la clara voluntad de crear ese órgano de gestión de denuncias, lo que pasa es


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que nos parece que es una cuestión que se debe definir en el estatuto del Consejo, para el que hay un plazo de seis meses una vez aprobada la ley, y que ahí cabría perfectamente ese órgano especial. No sólo lo he dicho yo, sino que los
propios consejeros, el propio Consejo de Seguridad Nuclear entiende que es así como deben gestionarse las denuncias.



Respecto a la obligación o el concepto de castigo a los trabajadores que no ejerzan su derecho a denunciar y estar protegidos respecto a su situación laboral, quiero decirles que tuvimos bastantes debates respecto al concepto de derecho u
obligación. Finalmente nosotros entendemos que es un derecho de los trabajadores porque la obligación de trabajar adecuadamente y de denunciar las cuestiones que no se produzcan de forma adecuada y de acuerdo a los protocolos de trabajo dentro de
las instalaciones se da por supuesto que lo tienen que hacer, con lo que podríamos generar muchísima confusión ante los trabajadores y mucha indefensión porque ¿quién es el que posteriormente evalúa y define cuándo un trabajador no ha denunciado lo
que supuestamente ha visto? Yo creo que eso es dar muchas vueltas porque cada uno de los trabajadores que actúa con licencia dentro de una central tiene unos protocolos que cumplir, tiene unas obligaciones y realmente se da por supuesto que tiene
que actuar de acuerdo a ese modelo.



Respecto al papel del Parlamento, creo que el Consejo de Seguridad Nuclear es modélico dentro de los órganos reguladores en cuanto a su relación con el Parlamento. Las propuestas de resolución que se elaboran a través de la ponencia las
cumplen de una forma sistemática y son de obligado cumplimiento, y eso se lo digo también al portavoz de Esquerra Republicana, y el control parlamentario que se ejerce está bastante regulado; de hecho, cada año, como saben ustedes, comparece de una
forma clara la presidenta del Consejo para presentar el informe y elaborar las propuestas de resolución. No obstante, cualquier tipo de decisión de mayor control también se puede desarrollar con posterioridad en el marco de la propia relación
Parlamento-Consejo de Seguridad Nuclear, como decía el portavoz del Partido Popular.



Me extraña y me sorprende que se haga referencia por parte del señor Herrera a los cinco miembros del Consejo de Seguridad Nuclear porque en la propia proposición de ley se habla de cinco miembros. Son enmiendas de otros grupos
parlamentarios las que han planteado la ampliación del Consejo. La posición de nuestro grupo es clara, entendemos que hay que modificar esta situación, el propio presidente del Gobierno lo ha dicho, pero no es la Ley del Consejo de Seguridad
Nuclear la que debe definir ese tipo de modificaciones en la dirección del órgano regulador. Sí nos preocupa la independencia del sector, y yo creo que las modificaciones en esta proposición de ley que estamos debatiendo van a dar instrumentos
mejores y más útiles para poder trabajar con independencia, que es un tema que preocupa a nuestro grupo parlamentario para, a partir de ahí, dar autoridad al Consejo para que actúe realmente como un órgano que regule las relaciones de una forma
adecuada y evite que la industria no cumpla con las normas vigentes.



Respecto a las sanciones, yo creo que no es baladí el planteamiento que nosotros hacemos de las nuevas sanciones. Nos parece que la propuesta que aparece en la proposición de ley realmente no es factible. Nosotros hemos estudiado mucho
este tema, lo hemos consultado y nos parece que utilizar otro tipo de mecanismo para el cálculo de sanciones nos obligaría a estar en recursos permanentes y realmente no cobraríamos las sanciones. Por tanto, nosotros presentamos una nueva propuesta
de régimen sancionador (hemos presentado copia a todos los grupos y también a la Mesa) para corregir el artículo 89, de sanciones. Sería una enmienda transaccional que podría mejorar las condiciones, con el espíritu de dar cobertura a las demandas
que algunos grupos parlamentarios nos han hecho de que las sanciones tienen que tener carácter disuasorio. Esta es la nueva propuesta que hacemos.



En relación con la enmienda transaccional 14, hemos planteado una posible corrección para evitar que haya dudas en el planteamiento que se ha hecho cuando hemos incorporado a la ponencia nuestra enmienda número 33.
Adjuntamos un texto para
que ustedes lo valoren y vean si es posible. Ya digo que el objetivo de esta enmienda es evitar que haya dudas respecto a la enmienda que regula las relaciones y la gestión por parte de Enresa de los recursos de la Hacienda pública. Ese cambio de
redacción se ha trasladado también a la Mesa. Por otra parte, CiU nos ha dicho que acepta nuestras ocho enmiendas transaccionales y Esquerra Republicana nos ha dicho que no las acepta. Nosotros no vamos a votar a favor de las enmiendas que quedan
vivas del resto de los grupos parlamentarios. Y, por último, hay unas correcciones técnicas que nuestro grupo ha pasado a la Mesa sobre el informe de la ponencia. El Grupo Popular es conocedor de ellas puesto que en el informe de la ponencia se
incorporaron ya enmiendas transaccionales del Partido Popular y del Partido Socialista y el Partido Popular ha retirado sus enmiendas. Por tanto, a nosotros nos gustaría que se aceptara también esas correcciones técnicas al informe de la ponencia.



Nada más. Simplemente recordar que ha supuesto un esfuerzo importante el corregir y modificar esta proposición de ley. El objetivo final es corregir una ley del año 1980 que nos parece que ya necesitaba algún tipo de retoque para adaptarla
a los nuevos tiempos. Creo que con los trabajos que hemos hecho los grupos parlamentarios vamos a lograr sacar una buena ley, una ley que realmente sea un instrumento útil para garantizar la seguridad en las instalaciones nucleares y radiactivas en
nuestro país.



El señor PRESIDENTE: Si les parece a los portavoces, como tenemos que aclarar algunas cuestiones relativas a las transaccionales, suspendemos la sesión tres minutos.



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Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. Según la ordenación de la votación que hemos hecho, queda viva la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las enmiendas 38 y 39, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que se dan por defendidas y se votarán conjuntamente; las enmiendas números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que se votarán conjuntamente; las enmiendas números 41,
42, 43, 47, 48, 49, 51, 52 y 55, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son las que quedan vivas, porque las enmiendas 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54 y 56 han sido objeto de transacción. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene
ninguna enmienda viva porque la 35 se transacciona con la 56.



Votaremos primero las enmiendas, después votaremos las transaccionales, las dos enmiendas in voce y, finalmente, el informe de la ponencia, que se refiere al artículo único, a la disposición derogatoria única, a las disposiciones finales
primera y segunda y a la exposición de motivos.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmienda número 21.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 29.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Enmiendas números 38 y 39, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra 29.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 29.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que votamos en bloque y que son las enmiendas números 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 52 y 55.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 29.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmienda transaccional relacionada con la enmienda número 35 del Grupo Parlamentario Socialista y la enmienda número 56 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que han sido retiradas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Enmienda in voce a la enmienda número 33 del Grupo Parlamentario Socialista incorporada en la ponencia.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Enmienda in voce al artículo 89, referido a sanciones, también presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Informe de la ponencia. Artículo único, con la incorporación, obviamente, de las enmiendas que hemos votado anteriormente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Disposición derogatoria única.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Disposiciones finales primera y segunda, que es nueva.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Exposición de motivos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Concluye aquí la votación del informe de la ponencia. Se levanta la sesión.



Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.