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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 845, de 12/06/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 845
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 48
celebrada el martes, 12 de junio de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la puesta en marcha de un partido judicial en Chiva (Valencia). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001252.)... (Página 3)
- Relativa a la creación de un partido judicial en Adra (Almería).
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001261.)... (Página 5)
- Relativa a la creación de un juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Santiago de Compostela (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001726.)... (Página
5)
- Relativa a la creación de un partido judicial en Formentera (Baleares).
Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001332.)... (Página
7)
- Relativa a la creación de un juzgado de lo Mercantil en Vigo (Pontevedra). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001384.).... (Página 9)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en el Pont de Sort (Lleida).
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/001487.)... (Página 10)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la restitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sort (Lleida). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001488.)...
- Sobre la creación de un partido judicial en Sort al que se destine un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002120.)...
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Tàrrega (Lleida). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/001489.)... (Página 12)
- Sobre la creación de un partido judicial en Tàrrega al que se destine un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002117.)...
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Mollerussa (Lleida).
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/001490.)... (Página 13)
- Relativa a la construcción de una nueva sede para los juzgados de Ibiza y Formentera. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001520.)... (Página 14)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la restitución del juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Les Borges Blanques (Lleida).
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/001567.)... (Página 15)
- Sobre la restitución de un partido judicial en Les Borges Blanques al que se destine un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente
161/002119.)... (Página 16)
- Sobre la creación de un segundo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tremp (Pallars Jussà). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002118.)...
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Banyoles (Girona). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/001569.)... (Página 18)
- Sobre la consideración de autorizar el cambio de capitalidad del Registro número 2 de Vic a la ciudad de Manlleu. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002070.)...
- Relativa a la adopción de medidas para mejorar la situación de los juzgados de Tomelloso (Ciudad Real). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001809.)... (Página
21)
- Relativa a la celebración de juicios del juzgado de lo Penal de Burgos en la ciudad de Miranda de Ebro. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002017.)... (Página
23)
- Relativa a la celebración de juicios del juzgado de lo Penal de Burgos en la ciudad de Aranda de Duero. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002018.)... (Página
23)
- Sobre la conveniencia y necesidad de que en las Illes Balears se cree la Fiscalía especial de Medio Ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002022.)...
- Sobre creación de un juzgado de violencia de género en la provincia de Burgos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/002127.)... (Página 26)
- Sobre creación de un juzgado de violencia de género en la provincia de León. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/002169.)... (Página 26)
- Sobre la creación de un juzgado de lo Social con sede en Alcoi que extienda su jurisdicción a los partidos judiciales número 2 (Alcoi) y 12 (Ibi). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente
161/002134.)... (Página 27)
- Relativa a la creación de un nuevo juzgado mercantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002136.)...
- Relativa a la creación de un nuevo partido judicial en Albocasser (Castellón). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002208.)... (Página 29)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PARTIDO JUDICIAL EN CHIVA (VALENCIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001252.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia.
Primera consideración. Como simultáneamente se está celebrando la Comisión de Interior y hay diputadas y diputados que pertenecen a ambas comisiones, las presidencias de las mismas hemos acordado fijar dos horas de votación diferenciadas;
a la una tendrá lugar la votación en la Comisión de Interior y a las dos votaremos en la Comisión de Justicia.
Dado que vamos a abordar 27 proposiciones no de ley, rogaría a SS.SS. que fueran sintéticos en la exposición. Estableceremos un turno
de entre tres y cinco minutos para el proponente, con la flexibilidad que el tema requiera, y un turno más breve para la defensa de enmiendas o fijación de posición, caso. Se han agrupado cuatro puntos del orden del día; los puntos 23 y 26 se
defenderán de manera conjunta, así como los puntos 20 y 21.
Primer punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de un partido judicial en Chiva (Valencia). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. para su defensa tiene la palabra la señora
Camarero.
La señora CAMARERO BENITEZ: Señorías, la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, cumpliendo el mandato de la Ley 6/1985, del Poder Judicial, actualizó la infraestructura del Poder Judicial, de acuerdo tanto con las necesidades del
momento de su aplicación como con las disponibilidades presupuestarias. Pero tras casi veinte años desde la promulgación de la referida Ley de Demarcación y Planta Judicial se hace necesario acometer una reforma de la misma que permita adecuar las
previsiones de dicho cuerpo normativo al desarrollo, -en este caso especial-, social y económico de la Comunidad Valenciana; para lo cual conocemos que se ha confeccionado un plan plurianual, que abarcará el período 2004-2008, y que culminará con
una profunda reforma de la organización judicial a nivel nacional.
Si bien es cierto que desde su entrada en vigor y para hacer frente a criterios geográficos imperfectos y desequilibrados, al aumento de la litigiosidad, al fenómeno de la judicialización de la vida social, etcétera, se han ido realizando
revisiones periódicas de la planta, dentro de las facultades que otorga la propia ley al Gobierno, ahora se plantea incidir especialmente, en la reforma de los actuales partidos judiciales, que contribuyan a acercar aún más la justicia al ciudadano.
Desde el Grupo Popular solicitamos en esta proposición no de ley la creación del nuevo partido judicial de Chiva, en Valencia; mediante la segregación de determinados municipios del actual partido judicial de Requena. Se trata, señorías,
de una reivindicación histórica, desde que el mismo fue suprimido, que tiene su fundamento tanto en la ingente carga de trabajo que soportan los juzgados de Requena como en la gran superficie territorial sobre la que extienden su jurisdicción los
órganos de dicho partido judicial. Con la creación de Chiva, este vastísimo partido vería reducida su superficie en
casi 1.000 kilometros cuadrados, lo que sin duda redundará en un mejor servicio para el ciudadano, pues los casi 45.000 habitantes, que se integrarán bajo la jurisdicción de los órganos judiciales de este nuevo partido judicial de Chiva, ya
no tendrán que desplazarse a una localidad distante de su población, en algunos casos superior a 60 kilómetros, como es el caso de la localidad de Millares. Además, señorías, debemos tener en cuenta que el caso del municipio de Chiva es
especialmente relevante porque, situado a tan solo 25 kilómetros de Valencia capital, la población esta experimentado un crecimiento exponencial, tendencia que previsiblemente se reforzará en los próximos años, y dispone además de un amplio término
municipal. También podemos destacar las buenas comunicaciones de este municipio con su entorno, tanto con los municipios de la comarca como con Valencia y su área metropolitana. Así, la comunicación de los distintos municipios de la comarca de la
Hoya de Buñol-Chiva es mucho más fácil y fluida que con la localidad de Requena, a la que actualmente tienen que desplazarse los ciudadanos. Las dificultades de comunicación con el actual juzgado de Requena de la mayoría de los municipios de la
comarca, sin medios de transporte directo y con horarios irregulares y escasos, dificultan, para muchos ciudadanos de la zona, poder realizar cualquier trámite, impidiendo esa justicia, rápida y eficaz que todos queremos potenciar. Con todo ello,
no cabe duda de las ventajas que presenta la centralidad de la localidad de Chiva para la localización del Juzgado de Primera Instancia.
Por otra parte, la propuesta haría coincidir el territorio de dicha demarcación con la comarca de La Hoya de Buñol, lo que da una idea del grado de homogeneidad social, cultural, histórica y administrativa de la que gozaría el nuevo partido.
Este hecho viene a corroborar lo establecido en la exposición de motivos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, en la que se establece que con el fin de evitar la dispersión de medios personales y materiales, así como para mejorar la eficacia
de la organización judicial, se debe tender a la comarcalización de los servicios, lo que contribuirá a la debida coordinación entre ellos y a su mejor aprovechamiento por los ciudadanos. Sin olvidar, señorías, que este partido judicial forma parte
de los 16 juzgados que la Generalitat Valenciana ha solicitado al Gobierno central para conseguir un servicio más rápido y eficaz, asi como para paliar, parte del importante déficit de órganos judiciales que tiene la Comunidad Valenciana respecto a
otras autonomías, como Cataluña o Madrid, convirtiéndose la Comunidad Valenciana en la que menos jueces tiene hoy por cada 1.000 habitantes y la que más casos registra por este mismo número de ciudadanos; datos que no dice el Grupo Popular, sino
que vienen avalados por el informe del Consejo General del Poder Judicial. Además, no puedo dejar de recordar que el Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de poner en marcha este partido judicial. En junio pasado, el Gobierno
anunció la modificación de la planta judicial justificada tanto por la aparición de nuevas necesidades como para garantizar a los ciudadanos el fácil acceso a los diversos órganos judiciales, teniendo en cuenta, entre otros factores, el número de
asuntos registrados, las características propias de la población, las comunicaciones y la configuración de las comarcas naturales. El Gobierno ya ha anunciado la creación del partido judicial número 19, al que se destinaran dos juzgados de Primera
Instancia e Instrucción, configurándolo los municipios que forman hoy la comarca de La Hoya de Buñol, medida que según el Gobierno supone una importante homogeneización social, cultural, histórica y administrativa, y facilita, en gran medida, las
comunicaciones con la sede del futuro partido judicial. Por tanto, señorías, hay un consenso de todas las partes implicadas en la necesidad de este partido judicial; ha sido anunciado por el Gobierno central, ha sido presupuestado por el Gobierno
de la Generalitat Valenciana y los terrenos han sido cedidos por el ayuntamiento de la localidad, pero falta el último empujón, falta lo más importante, la aprobación definitiva del proyecto de ley de modificación de la Ley de Demarcación y Planta.
Conocemos, como he dicho, que el pasado 12 de junio de 2006 -hace un año- el Gobierno aprobó un informe sobre la modificación del anteproyecto de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, donde se incorporaba este partido judicial; sin
embargo, el informe debe dormir el sueño de los justos en algún cajón del ministerio porque no hemos conocido nada nuevo al respecto en todo este año. Y, mientras esta modificación no sea una realidad, todo son promesas, anuncios, pero nada
tangible, nada útil para los ciudadanos. Hoy, señorías, tenemos la oportunidad de dar este empujón necesario, tenemos la oportunidad de ponernos todos los grupos de acuerdo para solicitar al Gobierno que apruebe, de forma inmediata, la modificación
necesaria de la Ley de Demarcación y Planta, para que el partido judicial de Chiva deje de demorarse y sea una realidad lo antes posible.
Hemos conocido la enmienda, genérica que no concreta, del Grupo Socialista, que pide la elaboración de un proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial enmienda cargada de una declaración de buenas intenciones, pero que no concreta ni la
forma ni la fecha, en la que se llevaría a cabo. Parece que este proyecto de ley no entrará, durante la legislatura en la Cámara. Y siento, especialmente, que el Partido Socialista no vaya a mostrar ahora su postura respecto a esta iniciativa,
privando a los ciudadanos de la comarca de La Hoya de Buñol, de conocer el verdadero interés del Gobierno, o la falta del mismo, en este partido judicial. Por todo ello, desde el Grupo Popular, estudiaremos la enmienda que se nos ha presentado, y
decidiremos qué hacemos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda, de momento, no consume el turno de palabra el Grupo Socialista. ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.)
RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PARTIDO JUDICIAL EN ADRA (ALMERÍA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001261.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto orden del día es la proposición no de ley relativa a la creación de un partido judicial en Adra (Almería).
Esta propuesta es del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra el
señor Hernando Fraile.
El señor HERNANDO FRAILE: Como, brillantemente, ha expuesto mi compañera Susana Camarero, la Ley de Planta y Demarcación Territorial hizo una distribución de zonas y de comarcas para el establecimiento de juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, basándose en unos principios fundamentales: proximidad y eficacia.
Es evidente que a lo largo de todo este tiempo las situaciones, poblaciones y comarcas se han ido modificando en nuestro territorio. Eso ha pasado muy especialmente en la provincia de Almería, donde el poniente almeriense ha tenido una
pujanza muy importante y donde la población se ha ido desplazando, en algunos casos por movimientos migratorios internos, pero también por movimientos migratorios externos. En ese sentido, quiero decirles que el caso del municipio de Adra es uno
muy específico, que avala estas cuestiones que he enunciado. Es un municipio que en su día contaba con algo más de 17.000 habitantes y en estos momentos está muy próximo a los 25.000 habitantes, si tenemos en cuenta la población de derecho, pues la
población de hecho es aún superior. Sin embargo, y en virtud de circunstancias históricas, los juzgados que prestan servicio a esta población están ubicados en el Ayuntamiento de Berja. Es evidente que Berja, aún siendo un municipio con menor
población, da servicio a una comarca muy amplia; por eso en esta proposición no de ley lo que pretendíamos no era el desplazamiento de ningún juzgado de Berja hacia Adra, sino la creación de una nueva demarcación judicial, atendiendo a los
criterios y módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial en mayo de 2000, en los que estipulaba como elemento diferencial o característico para poder establecer un nuevo juzgado el hecho de que en ese municipio la población
estuviese situada entre 20.000 y 25.000 habitantes. Esto en Adra ya se da, además de que el 75 por ciento de los asuntos que se resuelven en los distintos juzgados de Berja corresponden a sucesos acontecidos en el municipio de Adra, lo cual es un
inconveniente para estos ciudadanos, ya que tienen que desplazarse para resolver sus asuntos judiciales al municipio de Berja.
El artículo 35.5 de la Ley de Demarcación establece que las demarcaciones deberían ser revisadas cada cinco años, o antes si las circunstancias así lo determinaran. Tenemos precedentes en los que se han producido este tipo de segregaciones
y creaciones de nuevas demarcaciones judiciales sin necesidad de tener que esperar a la modificación completa de la ley. Y eso es lo que pretendemos en estos momentos; que independientemente de que pueda existir en el futuro una nueva Ley de
Demarcación y Planta Judicial, independientemente de que se pueda hacer una revisión cada cinco años, -y entiendo que esta entra dentro de las nuevas revisiones-, se proceda de forma inmediata a la creación de esta nueva demarcación judicial. En
ese sentido, desde el Ayuntamiento de Adra, la alcaldesa ha venido celebrando distintas reuniones, tanto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como con la consejera de la Junta de Andalucía, que han estado de acuerdo con
las demandas que le ha trasladado la propia alcaldesa; una reivindicación, ya bastante antigua, por parte del municipio de Adra, los responsables políticos y el propio ayuntamiento. En ese sentido, yo le diría al Grupo Parlamentario Socialista que
podría aceptar la votación de su enmienda, siempre que se hiciera una mención específica a la situación de Adra. De alguna forma estamos haciendo un mandato imperativo al Gobierno, pero en este caso, y teniendo en cuenta que lo que se pretende es
responder a una situación planteada por este grupo parlamentario, y en particular por este diputado, creo que la enmienda de sustitución, podría ser aceptada por mi grupo, siempre que en la misma se hiciera constar una expresión referida a la
revisión del caso en el municipio de Adra; de otro modo sería, sencillamente, una revisión genérica, que no tendría nada que ver con el planteamiento que estamos realizando en estos momentos. Yo la aceptaría si al final de la misma añadiéramos:
... y que de esa forma se tenga en cuenta, específicamente, la situación del municipio almeriense de Adra.
Creo que es un mandato más concreto, al Gobierno y de esta forma podríamos estar de acuerdo en votarla de forma conjunta y por consenso.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista, de momento, no interviene presentando su enmienda. ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE LO MERCANTIL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001726.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la creación de un juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Santiago de Compostela (A Coruña), de la que también es autor el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene
la palabra la señora Sainz García.
La señora SAINZ GARCÍA: Hace más de un año presentaba, en nombre del Grupo Popular, una proposición
no de ley en la que instaba al Gobierno a cumplir sus compromisos haciendo efectiva la creación de un Juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Santiago de Compostela (A Coruña) reivindicación justa y necesaria. Lo hacíamos porque el
Gobierno, que estaba prometiendo su creación, se movía en el terreno de la indefinición y la vaguedad, como el tiempo ha demostrado. El anterior ministro de justicia, el señor López Aguilar, en varias ocasiones, al visitar Santiago de Compostela,
manifestaba su compromiso de creación de este órgano jurisdiccional, pero no hacía nada.
El señor alcalde, a su vez, transmitió a la opinión pública que daba por hecho la creación de un Juzgado de lo Mercantil para Santiago de Compostela y que
esperaba una solución para el año 2006, reclamando un juzgado mixto sí la actividad mercantil no garantizaba una sala especializada, pero ningún paso se daba para crearlo. Así finalizó el año 2006, estamos ya a mediados del año 2007, llegamos al
día de hoy y la realidad es que ha pasado más de un año y el Gobierno no ha hecho nada de nada. El Gobierno socialista, por tanto, ha faltado al compromiso asumido cuando es técnicamente posible, es aconsejable y es justo.
Recuerden, señorías, que la Ley 22/2003, denominada Ley Concursal, supuso la creación de los juzgados de lo Mercantil, y a partir de su entrada en vigor, consecuentemente, todas las actuaciones que antes se dilucidaban en el Juzgado de
Primera Instancia de Santiago de Compostela pasaron a ser trasladadas al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña. Es decir, los juzgados de Santiago, capital de Galicia, vieron mermadas sus competencias y los ciudadanos obligados a desplazarse a otra
ciudad, con los perjuicios de todo tipo que ello conlleva. ¿Esto era posible subsanarlo? Naturalmente que sí, porque bien nos ocupamos de que la ley lo permitiera. Así la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en su artículo 86 bis 2 y la Ley
35/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en su artículo 19 bis, contemplan la posibilidad de establecer juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando sea aconsejable, atendiendo a la
población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles o la actividad económica. El Partido Popular no alberga dudas sobre el cumplimiento de estos requisitos por parte de la ciudad de Santiago de Compostela. El respaldo de las
instituciones y de la sociedad compostelana en general, sin ninguna fisura, a esta reivindicación, ha sido, y es, unánime. El senador del Grupo Popular, Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago, se interesó también por esta
cuestión, y las respuestas, como siempre, fueron ambiguas, evidenciando esa falta de compromiso que, verbalmente, el ministro de justicia y el alcalde asumían.
El Grupo Popular, por tanto, se ve obligado a traer este tema hoy a la Comisión, porque, como decimos, nada se ha hecho de lo que fueron claros compromisos. La indudable entidad empresarial e industrial de Santiago, su entorno, su dinamismo
económico, las razones que acompañan la circunstancia de ser capital de la Comunidad Autónoma de Galicia y sede del gobierno, deberían ser motivos suficientes para que el Gobierno socialista atendiera esta justa reivindicación que reclama el
conjunto de la sociedad. El clamor social de la ciudad solicitándolo aúna a todos, por lo que es incomprensible la negativa del Gobierno a crearlo. El Gobierno sabe que hay varias posibilidades para la creación de un Juzgado de lo Mercantil en
Santiago. La primera sería que el Juzgado de lo Mercantil extienda su jurisdicción únicamente al partido judicial de Santiago, sobre la base de los artículos que todos conocemos. Se podría alegar que un Juzgado de lo Mercantil puro para Santiago
carecería del número de asuntos que lo justificase; pero este caso sería remediable extendiendo su jurisdicción a varios partidos judiciales; con la normativa vigente ya citada se podría crear y por real decreto se marcarían los partidos
judiciales que abarcaría, siendo deseable, porque la sociedad compostelana y los especialistas así lo consideran, que se pudiera unir a Santiago, Padrón, Ribeira, Noia, Muros, Negreira, Ordenes y Arzua. Esto se podría hacer con la modificación de
la Ley de Planta y el 86 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La tercera posibilidad que defendemos como más razonable de manera inicial, sería la creación del juzgado mixto. Hablamos de que la ciudad tuviese un Juzgado de lo Civil y de lo
Mercantil, con competencias en esta materia, bien sobre el partido judicial de Santiago, bien sobre los partidos judiciales que acabo de mencionar y que parecería lo más aconsejable. Esta posibilidad requeriría la modificación de la Ley de
Demarcación y Planta, y el Gobierno lo sabe, pero no ha movido ficha y no hay ningún trámite parlamentario que nos haga creer que lo van ha hacer. Por ello, señorías, y lamentándolo sinceramente, me veo obligada, en vista de las promesas
incumplidas, a solicitar a todos los grupos el apoyo para esta proposición no de ley, que pensamos que es justa, que se enmarca en el principio de acercar la justicia a las personas, que tiene el respaldo de todas las instituciones y de toda la
sociedad compostelana; esperamos que también lo tenga el de todos los grupos parlamentarios. Señor presidente, con su permiso y en vista de la actitud del Grupo Socialista, que creo que marca un hito en la historia parlamentaria, he de decirles
que tengo conocimiento de una enmienda que parece que también se ha presentado a la proposición no de ley que defiendo en nombre del Grupo Popular donde la ambigüedad, la vaguedad y la falta de compromisos del Grupo Socialista queda en evidencia.
Señorías, se trata de una declaración de voluntad recogida en la ley; esto no necesitaban ustedes decirlo, dado que la posibilidad ya está en la ley, por tanto, lo único que hace falta es ejecutarlo, no recordar que se puede hacer, que es lo único
que ustedes hacen. Falta una clara voluntad política, no hay intención de ejecutarlo y por eso han salido ustedes con esta enmienda que, repito, marcará un hito en la historia de la falta de compromiso, de la ambigüedad más insospechada. Nosotros
lo que pedimos es
que hagan el juzgado de Santiago de Compostela, que es justo que lo hagan puesto que es un compromiso político que ustedes asumieron. Lo asumió la Administración Central, lo ha solicitado en la Comisión Mixta el gobierno autónomo, ha
declarado a toda la sociedad compostelana el alcalde, -que es del Grupo Socialista-, que se esperaba que se hiciera en el año 2006, porque era un compromiso asumido, y no la han hecho. Por tanto no hay plazos, no hay tiempo y en todo caso, sin
fórmula jurídica definida, revela una vez más una falta de voluntad que no es justa, que no es admisible y que Santiago de Compostela no se merece.
Señor presidente, nuestro grupo mantendrá en sus términos esta proposición no de ley, salvo que el Grupo Socialista acepte una enmienda transaccional que les realizaría y que supondría, de alguna manera, unir las dos. Es decir, que en el
plazo de un año -poniendo plazos a la vaguedad de ustedes-, y realizando las modificaciones legislativas adecuadas -porque tienen que saber que hay que hacerlo-, se proceda, en el marco de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial, a la creación de un Juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Santiago y ahora sumamos la de ustedes, porque naturalmente nosotros somos solidarios con las ciudades que también lo soliciten y en aquellas ciudades que no sean capitales de
provincia que lo hayan solicitado, así como en aquellas que lo soliciten en un futuro, delimitando en cada caso el ámbito de su jurisdicción cuando las cargas de trabajo así lo requieran, a la vista de la evolución del número de asuntos ingresados.
Por tanto, señor presidente, ninguna duda en el momento de sumar esa genérica enmienda de sustitución del Grupo Socialista, pero nunca aceptar que sea una enmienda de sustitución, porque entonces volveríamos a lo que ya conocemos; más de lo
mismo, más ambigüedad, más indeterminación, carencia de plazos y carencia incluso de dotación presupuestaria que pudiera avalar esa declaración de quedar con todos bien pero falta de compromiso con cada una de las ciudades que en este momento
reclaman la creación de un Juzgado de lo Mercantil.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna defensa de la enmienda? ¿Algún turno de fijación de posiciones? (PAUSA.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PARTIDO JUDICIAL EN FORMENTERA (BALEARES).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y EL GRUPO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. (Número de expediente 161/001332.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Socialista y del grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, relativa a la creación de un partido judicial en Formentera (Baleares). En primer lugar, para su defensa, tiene
la palabra la diputada doña Georgina Oliva en nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
La señora OLIVA I PEÑA: La creación de partidos judiciales es el paso previo a la implementación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, por ello el objeto de la proposición no de ley que debatimos es instar al Gobierno a
presentar en esta Cámara un proyecto de ley en el que se modifique el anexo primero de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial, en el sentido de crear el partido judicial de Formentera como paso previo para crear un
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Formentera.
La creación de un partido judicial, como ustedes conocen, debe hacerse mediante ley que modifique la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 35 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. El artículo 32.2 de la misma ley establece que la modificación de los partidos judiciales se hará, en su caso, en función del número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las
comarcas naturales. La creación del partido judicial de Formentera debería de hacerse, por tanto, mediante ley que modificase el anexo primero de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, donde el municipio de Formentera, actualmente integrado en el
partido judicial número 5 de Baleares, pasaría a constituir un nuevo partido judicial, el número 7 de Baleares.
Si bien es cierto que Formentera no alcanza algunos parámetros fijados en el preámbulo de la Ley de Demarcación y Planta, cabe alegar que sí reúne singularidades que la hacen merecedora de albergar un Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción, como es la insularidad, con la consiguiente dificultad de comunicación con Ibiza y el aumento de población en la temporada turística, que puede hacer que la población de derecho se multiplique por cuatro en determinados períodos.
En otras ocasiones han existido diversas iniciativas parlamentarias sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Formentera. El anteproyecto de ley de Demarcación y Planta, que ha informado el Consejo General del
Poder Judicial, no contempla la creación de un nuevo partido judicial en Formentera, por lo que entendemos de suma importancia llegar a acuerdos como preámbulo al debate del proyecto de ley de Demarcación y Planta, que debería haberse remitido ya a
esta Cámara. Por ello, debe fijarse un plazo para que el Gobierno proceda a enviar el correspondiente proyecto de ley al Congreso de los Diputados, en el que se incluya, o se pueda incluir mediante enmiendas y por las razones que acabo de exponer,
la creación de un juzgado en Formentera.
Anunciamos que aceptamos la transaccional que hemos acordado con el Grupo Socialista respecto a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Intervengo en este punto puesto que se trata de una proposición no de ley que fue suscrita, en su momento, de forma conjunta por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista.
Por ello no intervendré por un espacio muy amplio de tiempo, ya que quisiéramos buscar una contestación conjunta a la mayoría de las proposiciones no de ley que se han incluido en el orden del día relativas a demarcación, a planta judicial y a
demarcación notarial, si bien en este caso solamente quedaría una viva.
Como ha indicado la representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, vamos a presentar una enmienda transaccional a nuestra enmienda de sustitución que, en relación con el tema de Formentera, lo que viene a decir, textualmente,
es que el Congreso insta al Gobierno a la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, conforme a los parámetros establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y con las formas de participación que establezcan los estatutos de
autonomía, suponga la creación de nuevos partidos judiciales que cubran las carencias actualmente detectadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a una Administración de justicia próxima y eficaz. (El señor vicepresidente, Galache Cortés,
ocupa la Presidencia.) Esa enmienda transaccional se la haremos llegar a la Mesa, sin perjuicio de que también la extendemos, como aparece en la propia enmienda transaccional, a todas aquellas iniciativas que se formulan hoy por diversos grupos
relativas a la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, especialmente en aquello que tiene que ver con lo que debe de aprobarse por la vía de la ley, que es la modificación de la demarcación.
Como bien ha dicho la representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, nosotros destacamos, en relación con Formentera, que hay que valorar el concepto de la insularidad, puesto que la Ley Orgánica del Poder Judicial, uno de
los parámetros que establece para la modificación de los partidos judiciales es el referido a los medios de comunicación y las comarcas naturales. Quizá una forma máxima de la expresión comarca natural es la existencia de insularidad, y asociada a
ella están los medios de comunicación, que en el caso de una situación insular son complicados. Nosotros pensamos que deben de buscarse dos conceptos que también son importantes y que hay que valorar aquí. Se ha modificado el Estatuto de Autonomía
de Baleares, que establece en su artículo 98 que debe de haber una participación de la comunidad autónoma en el anteproyecto de ley de Demarcación y Planta, por tanto, pensamos que hay que ser respetuoso con ello, de ahí la enmienda transaccional
que presentamos a nuestra enmienda de sustitución en relación con esta proposición no de ley. Creemos que en principio, debe buscarse la aprobación de esta enmienda transaccional, que para nosotros, como grupo proponente, significaría que es la
enmienda que se sometería a votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Transcurrido este trámite de debate, para fijación de posición tiene la palabra el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Popular considera muy importante, y lo ha considerado durante mucho tiempo, la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la isla de Formentera, aparte de que es una demanda
social de toda la isla. Viene motivada por tres cuestiones fundamentales; en primer lugar, a pesar de que la población en invierno no llega a los 8.000 habitantes, en verano se triplica o cuadriplica; en segundo lugar, el número de expedientes
que se crean en la isla de Formentera es muy superior a muchos sitios de España que tienen Juzgado de Primera Instancia e Instrucción; en tercer lugar, porque -quiero dejar constancia de ello en esta Comisión- es la única isla española que no
dispone de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, por tanto, se produce una discriminación.
Hay que advertir también de manera muy rápida la unanimidad que ha existido en la isla de Formentera desde el año 1980, con peticiones prácticamente unánimes de todas las fuerzas políticas, asi como de la mayoría de las instituciones
públicas. Quiero recordar que el Ayuntamiento de Formentera, en los años 1980 y 1997; el Senado de España, los años 1997, 2000 y 2004; el Consell Insular de Ibiza y Formentera, en los año 1997, 2004 y 2005; el juez decano de Ibiza, en una
petición al Ministerio de Justicia en el año 2002 y el propio Congreso de los Diputados, acordó en esta misma Comisión de Justicia, en mayo de 2005, la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, por cierto con el voto en contra del
Partido Socialista.
Nosotros íbamos a votar a favor de la proposición inicial presentada por Esquerra Republicana de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que nos hubiese gustado que en esa enmienda transaccional, también genérica, se
especificase el nombre de Formentera, pero quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular votará afirmativamente esa transaccional que ha anunciado el portavoz del Grupo Socialista. Votaremos a favor, pero quiero decirles, señorías, que como
estamos a final de la legislatura, vigilaremos si es verdad o no que esa ley se va a plantear y se va a presentar en el Congreso de los Diputados.
Esperamos que se presente y que se incorpore la isla de Formentera. Tengo que decirles que dudamos
de la credibilidad de lo que se ha anunciado hoy aquí, y siento decirlo, porque en el mes de mayo del año 2005 se aprobó una proposición no de ley para la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Baleares-Formentera que el Gobierno y
el Partido Socialista, ha incumplido reiteradamente. Yo espero que cumpla esta vez, a pesar de que quedan muy pocos meses; nosotros
vigilaremos que lo hagan porque, sí no lo hacen, señorías, se lo demandaremos públicamente.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE LO MERCANTIL EN VIGO (PONTEVEDRA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001384.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Pasamos al punto 6.º del orden del día, relativo a la creación de un Juzgado de lo Mercantil en Vigo (Pontevedra). Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el diputado del
Grupo Parlamentario Popular don Carlos Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: El tema de la creación de un Juzgado de lo Mercantil en Vigo así como en otras ciudades, por ejemplo en Santiago, defendido por mi compañera María Jesús Sainz, viene motivado porque en el debate de la Ley
Concursal todos los grupos parlamentarios consideraban la necesidad de modificar la Ley General del Poder Judicial y la Ley de Planta. Por un olvido imperdonable se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no así la Ley de Planta, y
con esta excusa los distintos ministros de Justicia que han pasado por el ministerio no han cumplido el objetivo que se pretendía.
En el debate de la Ley Concursal se consideraba necesario que los Juzgados de lo Mercantil deberían estar próximos a donde la necesidad lo requiriese. Se hablaba de Tarrasa, de Cartagena, de Gijón o de Vigo, ciudades que requerían, porque
así lo dictaba su necesidad, un Juzgado de lo Mercantil próximo.
Quiero decir a SS.SS. que Vigo y su comarca generan prácticamente el 80 por ciento del PIB de la provincia de Pontevedra. En estos momentos, Pontevedra capital, a la que nadie quiere quitarle absolutamente nada, cuenta con dos Juzgados de
lo Mercantil, en tanto que Vigo no cuenta con ninguno. No quiero contar la extorsión que causa a todos los que estén en la zona de Vigo tener que dirigirse a Pontevedra con cierta frecuencia, pues son cerca de 30 kilómetros por autopista, con su
correspondiente coste e inversión de tiempo. Además no deja de ser sintomático, y tengo que decirlo aquí a SS.SS., que si usted quiere presentar, por ejemplo, un papel en la Delegación de Hacienda de Carcagente, que pongamos por caso que la haya,
usted va a Vigo, a Pontevedra o a cualquier ciudad de España, lo presenta en registro y le llega a Carcagente; pero en los juzgados, no ocurre lo mismo. Para presentar cualquier papel ante el Juzgado de lo Mercantil tiene que hacerse en
Pontevedra. Es curioso ¿Por qué no tiene que haber una ventanilla única? ¿Por qué no tiene que haber otro sitio donde se pueda presentar cualquier tipo de documentación para ahorrar tiempo al usuario?. También quiero decirles a SS.SS. que
estamos intentando agilizar y simplificar el funcionamiento de la Administración de Justicia y cada vez va peor. Hemos puesto ordenadores, cámaras, etcétera, pero los expedientes se eternizan; cualquier expediente, por nimio que sea, tiene fajos y
fajos de papeles. ¿Por qué? No lo sé. Si empezamos a analizar un expediente a lo mejor hay siete u ocho escrituras idénticas, desde esta Comisión se debe dar un pequeño avance para que, de alguna manera, se modernice y simplifique el
procedimiento judicial que, por muy garantista que sea, estoy convencido de que se puede hacer.
En el ánimo de los ponentes de la Ley Concursal, de todos ellos, estaba la necesidad -quiero recordar a SS.SS. que los Juzgados de lo Mercantil se crean a raíz de esa ley-, de que las ciudades que por su situación, por sus peculiaridades
económicas, sociales, etcétera, lo requirieran pudieran contar con Juzgado de lo Mercantil así como las capitales de provincia que lo necesitasen, pudiendo existir un Juzgado de lo Mercantil para dos provincias, alli donde fuese necesario. Había
una promesa firme del anterior ministro de justicia del Partido Popular de que Vigo contaría con un Juzgado de lo Mercantil; hubo promesa firme del ministro de justicia del PSOE, hoy candidato a la presidencia de Canarias, de que se iba a
constituir un Juzgado de lo Mercantil en Vigo; es más, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la provisión de la plaza de secretario para el Juzgado de lo Mercantil a crear en Vigo, que después hubo que subsanar para ponerlo en
Pontevedra; además los conselleiros de Justicia tenían el acuerdo unánime de que Vigo necesitaba un Juzgado de lo Mercantil.
Nosotros no pretendemos quitarle nada a nadie, y mucho menos a Pontevedra, que es nuestra capital de provincia, pero necesitamos, y por ello lo pedimos, un Juzgado de lo Mercantil. Si tiene que haber dos en Pontevedra y uno en Vigo, que
haya dos en Pontevedra y uno en Vigo, o incluso puede ser una delegación de Pontevedra; en eso no tenemos celos, solo necesitamos un Juzgado de lo Mercantil. Por tanto, como usted comprenderá, la enmienda que nos propone el Grupo Socialista es un
brindis al sol. Dicen que se seguirá estudiando, pero eso ya está en la Ley del Consejo del Poder Judicial, lo que pasa es que hubo un error involuntario al no haber modificado la Ley de Planta, pues si lo hubiésemos hecho esto ya no sería preciso.
Por tanto, les digo a SS.SS.
que hay ciudades en España que por su peculiaridad, especialmente económica, necesitan Juzgado de lo Mercantil, y lo único que pedimos es que el ministro de Justicia, en este caso el señor Bermejo, cumpla los
compromisos que tenían los anteriores ministros de Justicia de modificar la Ley de Planta, para que de esa manera la Xunta de Galicia, que es la que tiene que aguantar el coste económico, que también tenía la promesa de que en Vigo se crearía un
Juzgado de lo Mercantil, vea cumplidos esos compromisos. Tal como está la enmienda del Grupo Socialista no nos convence en absoluto y les vamos a proponer una transaccional, tanto por parte de mi compañera María Jesús Sainz como por la mía, sobre
la creación de un Juzgado de lo Mercantil;
y, lógicamente, es imprescindible modificar la Ley de Planta.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿algún grupo tiene alguna consideración que hacer? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) (El señor Muñoz González: al final.) Continuamos el orden del día. El punto 7.º se refiere a
proposiciones no de ley propuestas por el Grupo Catalán (Convergència I Unió). Hay varias proposiciones, según tengo entendido seis. El señor Pérez Grau puede defenderlas una a una o conjuntamente según tenga ordenada su exposición.
El señor GRAU I BULDÚ: Señor presidente, quería hacer una exposición separada de cada una de ellas.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Hágalo ateniéndose, dentro de lo posible, a la máxima concisión.
El señor GRAU I BULDÚ: Hay unas peculiaridades que querría diferenciar en cada una de las propuestas que se refieren a casos muy distintos, por lo que las argumentaciones no son paralelas.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): De acuerdo.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN CON SEDE EN EL PONT DE SUERT (LLEIDA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente
161/001487.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Tiene la palabra el señor Grau para la defensa del punto 7.º del orden del día.
El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo, cuando estaba en el Gobierno de Cataluña, defendió una organización territorial de las capitales comarcales que eran la base de una serie de servicios que se prestaban a agrupaciones de treinta
habitantes o más, y una excepción que se produjo dentro de estos parámetros, con una especificidad propia de montaña, que era la creación de la comarca de la Alta Ribagorça, que incluye solo cuatro municipios con 9.000 habitantes. Esta fue una gran
discusión que se produjo con todos los grupos parlamentarios pero que redundó en la creación de la comarca, con la capital de la misma en Pont de Suert y con la existencia en esta comarca, la más pequeña de Cataluña, de cuatro municipios, Vilaller,
Pont de Suert y la Val de Bohí. En este caso formaba parte del partido judicial de la zona de Tremp, que está separado más de 60 kilómetros, y no existe ningún transporte público entre esta capital del partido judicial y la ciudad de Pont de Suert.
Además, cuando hay alguna comparecencia tiene que organizarse un servicio de taxis o de coches particulares para ir de un lugar a otro, con carreteras en mal estado -la N-260 aún no está resuelta- y con bastantes complicaciones de desplazamiento.
Por ello, no quisiera olvidar citar aquí el hecho de que toda la Val de Bohí es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, además tiene una zona fronteriza con Francia, y también el hecho de que la población ha crecido muy lentamente en los
últimos años, pero la media de edad es muy elevada, lo que genera una problemática muy específica en cuanto a la atención a estos ciudadanos. También existen unas figuras judiciales propias con comunales típicos y atípicos, copropiedades tipo
germánico, emprius, etcétera. Todo esto genera la necesidad de un juzgado específico para esta zona, y por tanto nuestro grupo propone al Congreso de los Diputados la creación de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que ha tenido el
soporte, lógicamente, de las comarcas propias y vecinas y que además ha tenido el sentimiento de los ciudadanos de Pont de Suert, de la Val de Bohí y de Vilaller.
El señor VICEPRESIDENTE (Galaché Cortés): A efectos de enmiendas o de fijación de posición ¿desea intervenir algún grupo? (Pausa.) Continuamos, pues.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA RESTITUCIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE SORT (LLEIDA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001488.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galaché Cortés): Tiene de nuevo el señor Grau la palabra para la defensa de la proposición no de ley del punto 8.º del orden del día.
El señor GRAU I BULDÚ: En este caso -y por eso la diferenciación- también se trata de una capital de montaña, Sort, de raigambre histórica importante y que tiene en su haber que hasta el año 1965 tuvo un juzgado de primera instancia que
desapareció, pasó a juzgado comarcal y, definitivamente, en el año 1988 pasó a la demarcación judicial del juzgado de Tremp. Por esta razón, ha habido una reclamación unánime de reinstauración del juzgado, y en el año 1995 el departamento de Sort
solicitó al Departamento de Justicia de la Generalitat la recreación de este juzgado. También hay que remarcar que en la comarca del Pallars Sobirà, de la cual es capital Sort, fueron reconocidos por la Compilación de Derecho Civil de Cataluña y
ahora los códigos de familia y sucesiones.
Existe también, lo reitero aquí, una problemática respecto a la propiedad forestal, los comunales típicos y atípicos, las copropiedades de tipo germánico, los emprius. Además, aunque no exista el impedimento de población, pues son más de
11.000 habitantes, con una población importante, dados los últimos desarrollos de
turismo y servicios lúdicos, de carácter flotante, el Pallars Sobirà es el 4,24 por ciento del territorio de Cataluña y las distancias entre el norte y el sur son muy significativas, a lo que hay que añadir las dificultades de transporte
invernal. En todo caso, nuestro grupo reitera la voluntad unánime de los grupos del Parlament de Catalunya -votaron favorablemente el Partido Socialista y el Partido Popular- en la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede
en Sort y con jurisdicción en los municipios de Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d'Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, La Guingueta d'Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tirvia y Val de Cardós. Por ello, nuestro grupo,
siendo ya histórico el pronunciamiento tanto de los habitantes de la zona como del Parlament de Catalunya, no puede aceptar la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista y reiteramos ya nuestro rechazo a la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Galaché Cortés): ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN PARTIDO JUDICIAL EN SORT AL QUE SE DESTINE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE INSTRUCCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002120.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galaché Cortés): Continuamos pues con el punto 9.º del orden del día, proposición para la creación de un partido judicial en Sort, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa tiene la palabra
el diputado señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Disculpen este cambio de portavoz, pero estábamos pendientes de si llegaba o no. Gracias de todas maneras. El artículo 87 de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
establece que al menos cada cinco años es el Gobierno de la Generalitat el que debe proponer al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y las plantas judiciales en Cataluña, previo informe del Consejo de Justicia de
Cataluña, y que las modificaciones de las plantas judiciales que no comporten reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Generalitat. Asimismo, la Generalitat podrá crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado en
los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Considerando que esta ley no ha sido hasta el momento modificada en los términos previstos en la Ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la participación de las
comunidades autónomas no es preceptiva, por lo que sería conveniente agilizar la tramitación de la reforma para adaptarla al mandato estatutario, de tal manera que sean los gobiernos de las comunidades autónomas los que, previo informe del Consejo
de Justicia, impulsen con fuerza vinculante la determinación y la revisión de la demarcación y plantas judiciales en su territorio. En este sentido, nuestro grupo presenta la proposición no de ley que estoy defendiendo y que hoy se ha incluido en
el orden del día, en el sentido de impulsar las reformas legislativas necesarias para otorgar la competencia decisoria sobre demarcación y plantas a las comunidades autónomas, de manera que ejerzan un papel protagonista a través del informe
vinculante en la formulación de los proyectos y proposiciones de ley de modificación de la demarcación y plantas judiciales de su territorio. Por ello, queda claro que desde Esquerra Republicana entendemos que debería haberse realizado ya la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al Estatuto de Cataluña y para que, por tanto, sean las comunidades autónomas la Administración competente a la hora de determinar la creación de juzgados en su territorio. No habiendo
sido así, presentamos las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día al objeto de instar al Gobierno a considerar la creación de los partidos judiciales de Sort, al que nos estamos refiriendo en este punto del orden del día, Tàrrega,
Borges Blanques, con los correspondientes juzgados de Primera Instancia e Instrucción en las respectivas poblaciones. El régimen franquista suprimió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sort y, en consecuencia, su demarcación judicial
de forma absolutamente arbitraria en tanto que no se alegó ninguna razón objetiva que justificara esa decisión. La supresión del juzgado nunca ha sido aceptada ni por las instituciones representativas de la población ni de la comarca ni por la
sociedad civil. Tanto las instituciones como la sociedad civil de la comarca han reclamado reiteradamente, con manifiesta unanimidad la restitución de este juzgado, invocando no solo un agravio histórico sino también la necesidad de aproximar la
justicia a la ciudadanía, descentralizarla territorialmente y favorecer la comarcalización, con la finalidad de hacer efectivo, también en este ámbito, el objetivo de garantizar que los servicios públicos esenciales estén a disposición de todas y
todos.
El Llibre Verd de l'Administració de Justícia de Catalunya fija como criterios a tener en cuenta para establecer las demarcaciones judiciales la población empadronada y estacional, la carga de trabajo real y potencial, el ajuste con
demarcaciones de otros servicios públicos relacionados con la Administración de Justicia, las distancias y los tiempos de desplazamiento desde los lugares de residencia de los usuarios, la nueva organización territorial de Cataluña, la organización
racional y eficiente de la Administración de Justicia, y los recursos financieros disponibles. También determina la necesidad de tener en cuenta otras consideraciones, como el hecho de que ciertas poblaciones de Cataluña hayan sido sedes de partido
judicial en el pasado y reclamen la restitución del partido judicial, reflejando la necesidad de ser sensibles y escuchar a las poblaciones afectadas. A la hora
de considerar las distancias y el tiempo de desplazamiento del lugar de residencia de los usuarios del juzgado, hay tener en cuenta que, aunque la Ley de Demarcación y Planta Judicial establece un modelo ideal de partido judicial a 15
kilómetros de radio, más allá de la distancia en kilómetros cabe analizar la accesibilidad real que tiene la ciudadanía.
El problema de la orografía puede justificar la discriminación positiva de las comarcas de montaña en el mapa judicial con la
finalidad de asegurar los servicios de la justicia a la ciudadanía del Pallars Sobirà.
Entendemos por todo lo expuesto que es necesario agilizar la tramitación del proyecto de Ley de Demarcación y de Planta Judicial en el que se incluya la creación del partido judicial de Sort y que se destine un Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción en Sort. Con este mismo objetivo les avanzo que votaremos favorablemente la proposición no de ley número 161/001488, que figura en el punto 8.º del orden del día de esta sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA CREACIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN CON SEDE EN TÀRREGA (LLEIDA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001489.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos el orden del día.
Punto 10.º proposición no de ley de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación del
juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Tárrega (Lleida). Tiene la palabra para su defensa el señor don Pere Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Intervengo para defender otra reivindicación histórica ya conocida en esta Cámara en anteriores legislaturas. En definitiva, vengo a presentar nuevamente esta reclamación tan reiterada.
Tàrrega es un enclave y un
centro de actividades y de comunicaciones entre la montaña y el mar, entre Andorra y La Seu d'Urgell y Tarragona, entre Barcelona y Lleida, que ha destacado siempre por un equilibrio entre los sectores profesionales, sobre todo el sector de
servicios, que tiene un peso específico en la actividad económica de la ciudad. Es además comarca de l'Urgell, con 40.000 habitantes, y pertenece al partido judicial de Cervera. El enclave de Tàrrega es un punto económico importante en el extremo
oriental de los territorios llanos de Lleida, en los que focaliza una serie de servicios como son los de Seguridad Social, Agricultura o Sanidad, y probablemente, porque hay acuerdo en esta cámara, de una Agencia Tributaria, con un radio de acción y
servicio de más de 70.000 habitantes. Pero en el caso del tema judicial hay que sumarle también que su pertenencia al partido judicial de Cervera le da una preeminencia entre los servicios del juzgado de Cervera, cubriendo entre el 60 y el 65 por
ciento de los casos judiciales que allí se presentan. Además, Tàrrega dispuso hasta 1965 de un juzgado comarcal que se agregó al Juzgado de Primera Instancia de Cervera como acumulación en vez de diferenciación. Se prevé también la construcción de
un centro penitenciario para más de 600 presos, lo que generará una serie de servicios judiciales, y disponer del Juzgado de Primera Instancia evitaría los desplazamientos a otra ciudad. Recientemente, la oficina del Registro de la Propiedad ha
diferenciado del Registro de Cervera una oficina en Tàrrega, lo cual indica la gran importancia de las actividades comerciales de compra-venta de fincas y patrimonio.
Lo anteriormente expuesto justifica esta petición, y la justificación además viene avalada por reclamaciones de los profesionales de la justicia, por acuerdos unánimes desde el año 1995 por parte del ayuntamiento, del Consejo Comarcal y de
todos los ayuntamientos afectados sobre los que se pide esta incorporación y que se avienen perfectamente a la inclusión de este Juzgado de Primera Instancia. En este caso la enmienda que el Grupo Socialista nos propone viene a destiempo. Nuestra
proposición no de ley se presentó el 27 de febrero de 2006 y en este tiempo y en toda esta legislatura la propuesta de una Ley de Demarcación y Planta Judicial hubiera sido posible, y no hemos insistido en este tema porque teniamos la esperanza de
que la propuesta que se nos hace hoy, al final de la legislatura, hubiera sido una realidad para sentar las bases objetivas de la creación -en la que estamos de acuerdo- de nuevos partidos judiciales. La propuesta que ahora nos hace el Grupo
Socialista nos parece un retraso indefinido en el tiempo, como han dicho otros intervinientes en puntos anteriores, con lo que se llega a una inconcrección manifiesta para dilatar reivindicaciones que vienen desde hace mucho tiempo y que han tenido
soporte directo del Grupo Socialista en las manifestaciones y en todos los acuerdos con los ayuntamientos que solicitan la demarcación de este nuevo Juzgado de Primera Instancia. Por lo tanto, no entendemos que hayan presentado la enmienda que nos
proponen. Nos hubiera gustado que esta enmienda que nos proponen, sin tiempo y sin fecha, hubiera estado ya aquí, y hubiéramos preferido retirar esta proposición no de ley que reivindicarla nuevamente, porque no es la primera ni la segunda vez que
nuestro grupo reitera la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tàrrega. Por ello, reitero nuestra proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con
sede en Tàrrega y con jurisdicción en los municipios de Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, La Fuliola, Guimerà, Maldà, Nalec, Preixana, Puigverd de Agramunt, Els Omells de Na Gaia, Ossó de Sió, Sant Martí de Riucorb,
Tàrrega, Tornabous, Vallbona de les Monges, Vilagrassa y Verdú.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN PARTIDO JUDICIAL EN TÀRREGA AL QUE SE DESTINE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTACIA E INSTRUCCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002117.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Punto 11.º del orden del día, proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Presentamos también en este punto del orden del día una proposición no de ley por la que instamos al Gobierno a la creación de un partido judicial en Tàrrega al que se destine un Juzgado de Primera Instancia.
Señorías, la demarcación judicial de Cervera, a la que pertenece el municipio de Tàrrega, tiene una carga de trabajo considerable en relación con los módulos relativos a asuntos ingresados fijados por el Consejo General del Poder Judicial y
aprobados por acuerdo del pleno de 31 de mayo de 2003, que determinan para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción una cifra de 380 asuntos civiles y 2.500 penales anuales como cifra máxima a asumir. En concreto, en el año 2004, según el
Llibre Verd de l'Administració de Justícia, se ingresaron 710 asuntos civiles y 2.610 penales, con una congestión de 1,99. En 2005, según los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Cervera ingresó 695 asuntos civiles y 2.872 penales, y el Juzgado número 2 ingresó 742 asuntos civiles y 3.396 penales, lo que excede el límite máximo de módulos de entrada de asuntos fijados por el Consejo General del Poder Judicial y,
evidentemente, la necesidad de crear un nuevo partido judicial. La creación de un nuevo partido judicial en Tàrrega debe considerarse además respondiendo al número de asuntos que se atenderán en los próximos años en cada demarcación, atendiendo a
algunos factores que puedan influir en la litigiosidad con la creación de un centro penitenciario previsto en la ciudad de Tàrrega. Cabe destacar que la comarca de l'Urgell tiene una población de 34.617 habitantes y una extensión de 586 kilómetros
cuadrados. El Llibre verd de l'Administració de Justícia de Catalunya propone identificar como límites demográficos de población empadronada un mínimo de 35.000 habitantes para, en determinadas condiciones especiales, considerar la construcción de
un partido judicial estándar con dos juzgados, y de 15.000 habitantes para la constitución de un nuevo partido judicial elemental con un juzgado.
La actual división administrativa de Cataluña en comarcas y el principio de inmediatez y proximidad judicial que propugna la aproximación de la Administración de Justicia a la ciudadanía requieren la adecuación de los partidos judiciales a
la estructura comarcal con la finalidad de garantizar una prestación eficaz de la Administración de Justicia. Cabe destacar que la localidad de Tàrrega contó con un juzgado comarcal hasta el año 1965, y la recuperación del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Tàrrega es una reivindicación histórica, una demanda expresada de manera unánime por toda la población, tanto en el ámbito institucional como político y cívico. No faltan, pues, razones para abordar, de una vez por todas,
la creación de un partido judicial en Tàrrega al que se destine un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Señorías, esta demanda histórica de la sociedad civil ya ha sido más de una vez reclamada por muchas administraciones, no solo el
Ayuntamiento de Tàrrega sino también la Cámara de Comercio y la sociedad civil. El número de expedientes que les he dado puede ser fácilmente sobrepasado ya que la ciudad de Tàrrega está experimentando un crecimiento de población bastante
significativo; estamos creciendo el 6 por ciento mensual, hemos pasado en menos de cuatro años de 12.500 habitantes a 16.500 -4.000 más- con un crecimiento imparable. Tàrrega ya es hoy la segunda capital de la provincia de Lleida en número de
habitantes, y el crecimiento es imparable, lo que puede llevar a colapsar el juzgado de Cervera. A esta reclamación histórica se ha sumado también la necesidad de crear este nuevo juzgado por la próxima creación del nuevo centro penitenciario en la
ciudad de Tàrrega. Entendemos que es un punto añadido a la necesidad de la creación de este juzgado, y por lo tanto nuestro grupo ha presentado hoy, a través de mi persona -como teniente de alcalde de esta población-, esta reivindicación que, como
les decía y también ha expresado el portavoz que me ha precedido en la palabra, refleja la necesidad, la demanda histórica y la urgencia que tiene Tàrrega de la creación de este nuevo juzgado.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA CREACIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN CON SEDE EN MOLLERUSSA (LLEIDA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente
161/001490.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos con el punto 12.º del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Mollerussa
(Lleida). Es autor el Grupo Parlamentario Catalán y en su nombre tiene la palabra don Pere Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: La penúltima de nuestras proposiciones no de ley se refiere a la creación de un partido judicial con Juzgado de Primera Instancia en Mollerusa. Como indiqué en el primer punto, la creación de la región territorial
comarcal de Cataluña propició la creación de comarcas específicas como l'Alta Ribagorça y comarcas realmente dinámicas como la del Pla d'Urgell, con capital en Mollerussa, que ha reconfigurado una parte importante de la plana de Lleida en el sentido
de crear una capitalidad de servicios y de comunicaciones en la ciudad de Mollerussa.
Tiene incidencia, por lo tanto, en dos partidos judiciales vecinos, por una parte Lleida, donde determinados ayuntamientos han encontrado más servicios y más
proximidad en Mollerussa, y por otra Balaguer, que por la construcción de carreteras provinciales ha permitido favorecer para Tàrrega todos los servicios sanitarios, administrativos, de agricultura, y también la existencia en Mollerussa de la sede
central de la Comunidad de Regantes del Canal d'Urgell, lo cual conlleva una serie de servicios que explican la necesidad de este servicio judicial importante. En el caso de Mollerussa, como afecta a la ciudad de Lleida -que también tiene un gran
colapso, porque si miramos las estadísticas vemos que los servicios judiciales de Lleida tienen en estos momentos uno de los retrasos más importantes de todo el Estado español-, se vislumbra la necesidad de dotar a Mollerusa de este servicio que
entiende nuestro grupo que había que facilitar a las capitales comarcales con influencia en el extrarradio, en toda la comarca. Es indudable la influencia de Mollerussa en su entorno, es indudable también el crecimiento poblacional que la configura
como la cuarta o quinta capital de comarca de las doce que tiene la provincia de Lleida y que configura una aproximación de servicios a la ciudadanía. No vale en este caso -como se ha dicho en algún momento- la proximidad a 20 kilómetros de Lleida
como elemento disuasorio que frene la necesidad de justificar la existencia de este servicio judicial. El dinamismo promocional de Mollerussa, como la feria agrícola de San José, que tiene proyección entre las ferias nacionales del Estado español,
abunda en la proposición que les presentamos. Por ello, por razones de importancia de capital, de relación y de proximidad de servicio, por descongestión de Lleida, entendemos que nuestra proposición no de ley para la creación de un Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción con sede en Mollerussa, y con jurisdicción en los municipios de Barbens, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, Palau d'Anglesola, El
Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig y Vila-sana, cumple con una necesidad de aproximación del servicio a la ciudadanía, centralización de servicios y, en definitiva, mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Algún grupo quiere intervenir para fijación de posición? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Nadal i Aymerich.
La señora NADAL I AYMERICH: Señor presidente, si me lo permite, fijaría conjuntamente la posición del Grupo Popular al finalizar todas y cada una de las proposiciones no de ley que hacen referencia a la creación de juzgados en la Comunidad
Autónoma catalana. Por lo tanto, nos posicionaríamos al final del punto 17.º respecto a las propuestas tanto de Convegència i Unió como de Esquerra Republicana.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): No hay inconveniente. Cuando llegue ese momento lo hace usted valer y se le concederá la palabra.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE PARA LOS JUZGADOS DE IBIZA Y FORMENTERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001520.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos el orden del día con el punto 13.º, relativo a la construcción de una nueva sede para los juzgados de Ibiza y Formentera. El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en
su nombre, para su defensa, tiene la palabra don Enrique Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Popular trae a debate una proposición no de ley presentada en febrero del año 2006 en la que solicitamos, en primer lugar, la construcción urgente de una nueva sede para los juzgados de Ibiza
y, en segundo lugar, que mientras se materializa dicha construcción se realicen los trabajos de adaptación oportunos de la actual sede a fin de garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad para que los funcionarios desarrollen sus
trabajos en condiciones y los ciudadanos reciban los servicios de manera adecuada. Lo lógico y normal es que después de un año y tres meses de la presentación de esta proposición no de ley denunciando unos hechos y proponiendo soluciones el
Gobierno los hubiese resuelto y que no hubiera hecho falta debatir esta proposición no de ley. Pero la realidad es la contraria. El Gobierno sigue ignorando la realidad de los juzgados de Ibiza, aunque algo se ha hecho en los últimos meses, pero
para nosotros insuficiente; el Gobierno sigue ignorando las protestas y manifestaciones de funcionarios y sindicatos, la memoria del Consejo General del Poder Judicial, en la que se constatan las graves necesidades de las instalaciones de la
Administración de Justicia de las islas de Ibiza y Formentera y se deja patente la falta de medios humanos y materiales para llevar a término en condiciones de normalidad el trabajo y se reclama la urgente e imprescindible actuación del Ministerio
de
Justicia; y el Gobierno sigue ignorando año tras año -igual que el Grupo Parlamentario Socialista- las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que presenta el Grupo Parlamentario Popular solicitando la construcción de una nueva
sede y el arreglo de la actual. Señorías, el Ministerio de Justicia no puede estar a expensas de la firma de convenios o no con un ayuntamiento determinado, sino que debe asumir sus responsabilidades, y estas son que Ibiza tenga una sede de
juzgados en condiciones. Señorías, también quiero decir que no nos valen excusas de que si al ministerio le faltan terrenos o que si había un proyecto urbanístico en la ciudad de Ibiza, en Ibiza centro, y que por culpa de determinada institución
pública -según el Grupo Parlamentario Socialista- quedan paralizados los posibles proyectos de construcción de un nuevo edificio de juzgados. No, la responsabilidad es del ministerio y es el ministerio el que tiene que asumirla y tiene que velar
para que haya un buen centro de juzgados en las islas de Ibiza y Formentera. Tampoco nos vale que se nos pueda decir que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2007 haya la cantidad de 60.000 euros para la construcción de un nuevo
edificio de juzgados. Me van a permitir decir que con 60.000 euros no hay ni para pipas, no hay ni para hacer un anteproyecto de edificio de juzgados. Y para colmo, la previsión plurianual es que ni hay dinero para 2008 ni previsión de dinero para
2009. En consecuencia, señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere que se solucione la problemática de los juzgados que existe en estos momentos en Ibiza y Formentera, y para eso solicitamos el apoyo mayoritario de todos los grupos
parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, a fin de fijar posición, tiene la palabra el señor Mateos Martín.
El señor MATEOS MARTÍN: Desde luego es impresionante la dureza facial del Partido Popular en algunos temas, supongo que en este caso es casi la misma que el hormigón que han utilizado para hacer unas autopistas en Ibiza que nadie quería.
Presentar una proposición no de ley para construir un juzgado en Ibiza cuando sistemáticamente en Ibiza el Partido Popular lo ha impedido me parece de una dureza facial impresionante. Les voy a explicar una cosa porque seguramente ustedes
desconocen la política local de las islas. Antes de las elecciones, el ayuntamiento era gobernado por el Partido Socialista y el Consell por el Partido Popular, y el ayuntamiento hizo un nuevo plan general que proponía la cesión de un solar para el
Ministerio de Justicia a fin de construir ese palacio de Justicia tan reclamado. ¿Y a que no saben quién fue el que boicoteó sistemáticamente impidiendo la aprobación del plan general? Pues los del Partido Popular, que estaban en el Consell. Por
cierto, los juzgados no son de Ibiza, son de Ibiza y Formentera. Menos mal que el que más sabe, el que nunca se equivoca -que no es el PP-, que es el pueblo, ha puesto a cada uno en su sitio y después de estas elecciones en el ayuntamiento gobierna
el PSOE-Eivissa pel Canvi y en el Consell también, por lo que estoy convencido de que ahora se podrá poner a disposición del ministerio ese solar y se podrá llevar a cabo la construcción del palacio de Justicia, que, por cierto, viene contemplado
desde hace tiempo en los Presupuestos Generales del Estado. No sé dónde compra usted las pipas, señor Fajarnés, pero hay una partida inicial y posteriormente partidas para construirlo. Yo sé que ustedes han gobernado ocho años y entonces no se
hizo nada. Mientras tanto, y para que no se diga que no se hace nada, le voy a relacionar todas las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del ministerio en lo que respecta a los juzgados de Ibiza y Formentera. ¿Que son insuficientes?
Desde luego que sí, pero no nos hemos quedado mirándonos el ombligo sin hacer absolutamente nada. Actuaciones realizadas hasta la fecha: dotación de un servicio de vigilancia de 24 horas, porque no lo tenían; gestiones para la obtención de
locales con carácter de arrendamiento para poder ampliar los servicios; traslado de la clínica del médico forense, que estaba situada en una planta semisótano con problemas de humedad, a una nueva ubicación en planta, mejorando sus condiciones y
renovando el mobiliario; se está haciendo la reposición continua de todo el mobiliario de los juzgados; limpieza del material inservible existente; realización de trabajos de desinfección, desinsección y limpieza de la zona en los archivos del
juzgado, porque era lamentable su estado; adecuación de los ascensores a la nueva normativa de seguridad, que hasta el juez decano se había quedado alguna vez encerrado en los mismos; mejora general de los aseos, que no quiero contarles cómo
estaban; y acondicionamiento de los archivos en la planta semisótano, donde antes estaba la clínica del médico forense. Estas son las acciones que se han hecho hasta ahora y se siguen haciendo: se va a realizar un expurgo de los archivos; una
evaluación de riesgos laborales y un plan de prevención de riesgos laborales, del que los juzgados carecían; está previsto arrendar unos locales en la calle Madrid -al lado del edificio de las juzgados- para trasladar algunos archivos. No son
todas las mejoras que nosotros quisiéramos, pero como estoy convencido de que a partir de ahora el nuevo gobierno del Consell no va a poner las pegas que puso el anterior y se va a poder ceder ese espacio al ministerio, será pronta la construcción
del palacio de Justicia, que será la solución definitiva.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA RESTITUCIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN EN LES BORGES BLANQUES (LLEIDA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente
161/001567.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Si nadie más quiere intervenir, pasamos al Punto 14.º pro
posición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la restitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Les Borges Blanques (Lleida). Por el Grupo Parlamentario Catalán, autor de la misma, tiene la palabra para su
defensa el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Intervengo nuevamente para reivindicar la restitución de un Juzgado de Primera Instancia que existió hasta el año 1965, que por orden del régimen franquista fue pasado a juzgado comarcal y que en 1998 definitivamente
desapareció por la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que tenía su justificación histórica y que no en cuanto a población, pero sí en cuanto a extensión territorial justifican la reivindicación por los pueblos de las Garrigas de este juzgado.
Sería también una forma de revitalizar una comarca que es difícil en cuanto a producciones agrarias, que con la nueva construcción del canal Segarra-Garrigas y con los nuevos desarrollos que se han producido a nivel industrial y de los cultivos del
aceite de oliva, con la denominación de aceite de Garrigas, ha producido un sentimiento de capitalidad en Borges Blanques, lo cual ha generado que muchas organizaciones profesionales, la delegación de la Cambra de Comerç en Lleida, en Les Garrigues,
por el hecho de tener comunicaciones pero no de muy buena calidad con la capital de Lleida, hayan reclamado la restitución del Juzgado de Primera Instancia que existía en el pasado en Borges Blanques. Por eso nuestro grupo reitera la necesidad de
reabrir este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Borges Blanques con jurisdicción en los municipios de L'Albagés, L'Albi, Arbeca, Bellaguarda, Les Borges Blanques, Llovera, Castelldans, Cervià de les Garriges, El Cogul, L'Espluga Calva, La
Floresta, Fullera, La Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Juneda, Els Omellons, La Pobla de Cérvoles, Puiggrós, El Soleràs, Tarrés, Els Tornes, El Vilosell y Vinaixa. Como pueden ver, los pueblos son muy pequeños pero las distancias son
importantes, habiendo entre alguno de ellos y la capital más de cuarenta minutos de desplazamiento y no existiendo en muchos de ellos transporte público con la capital de la provincia. Por ello insistimos en esta reivindicación.
Respecto a la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista, de revisión de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, quiero recordar que esta proposición no de ley fue presentada el 16 de febrero de 2006 y que no era la primera vez que
nuestro grupo la presentaba, que se había presentado sistemáticamente en las dos legislaturas anteriores, pero en ninguno de los casos ha habido la sensibilidad necesaria de crear elementos objetivos para al menos revisar esta ley. Para acabar ya
nuestras intervenciones en este rosario de proposiciones no de ley específicas para cada una de estas ciudades y que hemos querido tratar separadamente para dejar de manifiesto que son problemas de sensibilidades muy específicas y locales y que
merecen toda nuestra atención y el hecho de crear elementos objetivos, cuando en el caso de Borges Blanques ya ha habido dictámenes del propio órgano del Poder Judicial en el sentido de que aceptaba la existencia del partido judicial de Borges
Blanques ya que tenía condiciones de territorialidad, no de población, quiero resaltar que la problemática ya existía, que no se ha inventado en el último año. El ministerio y el Gobierno se la encontraron en el inicio de esta legislatura, y es
nuestra misión como diputados territoriales reiterar que una propuesta como la que nos hace el Gobierno al final de la legislatura significa dejar el tema en suspenso para la próxima. El compromiso tendría que ser mucho más firme y no podemos
presumir del desconocimiento del problema. Decir ahora que necesitan un tiempo de estudio y una planificación más profunda no es suficiente. Nos hubiera gustado poder presentar a esta Comisión y en el Pleno una Ley de Demarcación y Planta Judicial
que fuera más acorde con la dinámica económica y social que se está produciendo en nuestro país y que, de alguna forma, como ha recordado el portavoz de Esquerra Republicana, con la redacción del nuevo Estatuto de Cataluña puede generar una nueva
forma de presentar las propuestas en el Congreso. Nosotros estamos de acuerdo en esto, pero la propuesta del Gobierno tendría que ser mucho más concreta, más sincera, en el sentido de buscar no una vía de solución sino un compromiso para que
nuestra ciudadanía, que aboga por la abstención como no representada por los organismos políticos, supiera que su problemática se atiende, que las sensibilidades de muchos colectivos se escuchan y que nos comprometemos de forma coherente y eficiente
con ellos. Por esta razón, reiteramos una vez más que no podemos aceptar la propuesta del Grupo Socialista en tanto en cuanto no refleje un compromiso más firme, concreto y definitivo para resolver de forma objetiva el problema del mapa judicial.
Recordamos también que nuestro grupo va a votar favorablemente las proposiciones en el mismo sentido que presenta el Grupo de Esquerra Republicana en la reclamación de estos partidos judiciales.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Alguna intervención? (Pausa.)
- SOBRE LA RESTITUCIÓN DE UN PARTIDO JUDICIAL EN LES BORGES BLANQUES AL QUE SE DESTINE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002119.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Punto 15.º, proposición no de ley sobre la restitución de un partido judicial en Les Borges Blanques al que se destine un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Es autor el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana y en su nombre tiene la palabra el diputado señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Presentamos esta nueva proposición no de ley en el marco en que hemos presentado las anteriores, pidiendo la restitución del partido judicial de Les Borges Blanques al que se destine también un Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción.
La recuperación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Les Borges Blanques es una reivindicación histórica, es una demanda expresada de manera unánime por toda la sociedad de garriguenca, tanto en el ámbito institucional como
político y cívico. Esta petición se inició en 1882, consiguiéndose la creación de un partido judicial de Les Borges Blanques el 7 de diciembre de 1908. Este partido judicial se suprimió el año 1965, modificándose la demarcación judicial y
convirtiéndose en juzgado comarcal. Con la reforma de 1974, el juzgado se convirtió en juzgado de distrito y con la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 se suprimió el juzgado de distrito de Les Borges Blanques. La comarca de Les Garrigues
reúne los requisitos previstos por la ley para la constitución de un partido judicial, superficie, radio de influencia, número de diligencias, etcétera. Les Garrigues contiene una población de 19.974 habitantes y tiene una extensión de 799
kilómetros cuadrados. El Llivre Verd de l'Administraciò de Justícia de Catalunya propone identificar como lindares demográficos mínimos de población empadronada un mínimo de 15.000 habitantes para, en determinadas condiciones especiales, conservar
o crear un nuevo partido judicial elemental con un juzgado. El partido judicial, además, coincide con toda precisión con la demarcación notarial y con el Registro de la Propiedad ya existente. El municipio de Les Borges Blanques dispone de un
edificio de nueva construcción para ser ocupado por las dependencias judiciales. En este edificio está ubicado en la actualidad el Juzgado de Paz, que cuenta con el funcionariado competente y está dotado de todos los servicios y equipamientos
necesarios. La actual dirección administrativa de Cataluña en comarcas y el principio de inmediatez y proximidad judicial que propugna la aproximación de la Administración de Justicia a la ciudadanía requieren la adecuación de los partidos
judiciales a la estructura comarcal con la finalidad de garantizar una prestación eficaz de la Administración de Justicia. Señorías, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad el 4 de noviembre de 2004 la Resolución 145/VII sobre la
restitución del juzgado de Les Borges Blanques en los siguientes términos: El Parlament de Catalunya insta al Gobierno que en la propuesta de creación de nuevos órganos judiciales a Cataluña, que ha de hacer el Ministerio de Justicia, pida
nuevamente la creación, en este caso la restitución, del juzgado de Les Borges Blanques. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya también tramitó la solicitud de restitución del juzgado de Les Borges Blanques al Ministerio de
Justicia por carta a consecuencia de la proposición no de ley aprobada por el Parlament de Catalunya. Es también necesario abordar ya la restitución del partido judicial de Les Borges Blanques al que se destine un Juzgado de Primera Instancia en
esta instrucción. El número de habitantes, la proposición no de ley, la resolución aprobada en el Parlament de Catalunya y la petición que ha hecho el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya avalan -como no podía ser de otra manera-
esta restitución. Por ser una reclamación histórica, por hacer más de dos siglos desde la creación de este juzgado, nuestro grupo parlamentario solicita a esta Cámara que apruebe esta proposición no de ley, que instemos entre todos y todas al
Gobierno del Estado español a que restituya este juzgado en Les Borges Blanques.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN EN TREMP (PALLARS JUSSÀ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA DE CATALUÑA (ERC). (Número de expediente 161/002118.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Pasamos al punto 16.º, sobre la creación de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tremp (Pallars Jussà), del que es autor el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su
defensa tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: La creación de juzgados, cuando no supone alteración de la demarcación judicial, corresponde al Gobierno español, oída perceptivamente la comunidad autónoma afectada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 20 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tremp tiene una carga de trabajo considerable
en relación con los módulos relativos a asuntos ingresados fijados por el Consejo General del Poder Judicial y aprobados por acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2003, que determinan para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción una cifra de
380 asuntos civiles y 2.500 penales anuales como cifra máxima a asumir. En concreto, en el año 2004, según el Llivre Verd de l'Administració de Justícia, se ingresaron 283 asuntos civiles y 1.349 penales y una congestión del 1,36. En 2005, según
los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tremp ingresó 530 asuntos civiles y 3.226 penales, lo que excede el límite máximo de módulos de entrada de asuntos fijados por el Consejo
General del Poder Judicial y evidencia la necesidad de creación de un nuevo juzgado. El Llivre Verd de l'Administració de Justícia, de Catalunya especifica como criterio a considerar el ajuste con demarcaciones de otros servicios públicos
relacionados con la Administración de Justicia. En este sentido, Tremp cuenta con el
Registro de la Propiedad, la notaría, el hospital, la sede supracomarcal de la policía autonómica, la policía local, la comandancia de la Guardia Civil, la oficina de trabajo de la Generalitat, la Inspección Técnica de Vehículos, la unidad
básica de asistencia social integrada, el equipo de atención a la infancia y la adolescencia, hogar de la tercera edad y centro de día y la Academia General Básica de Suboficiales, todo ello de ámbito de las comarcas del Pirineo. El Ayuntamiento de
Tremp solicitó al subsecretario del Ministerio de Justicia, con fecha 6 de diciembre de 2006, la creación de un segundo juzgado en la misma localidad basándose en el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tremp de 4 de noviembre de 2003, por el que
se considera reclamar la creación del juzgado y se considera necesario incluso a partir de la consideración de un Juzgado de Primera Instancia en Sort (Pallars Sobirà), que hemos defendido en esta Comisión. Esta misma petición se había formulado
previamente al Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluña y al Plan Comarcal de Montaña 2001-2005 del Pallars Jussà, así como a todos los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya. Cabe tener en cuenta también la importante
transformación de las actividades de las comarcas pirenaicas, dado que han pasado de comarcas primordialmente agrícolas y ganaderas a comarcas cuya economía y relaciones jurídicas se basan en servicios y en turismo. Por ello nos parece conveniente
que el Gobierno español considere la creación de este segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tremp, previa audiencia e informe vinculante del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. También les pediría, señorías, que
hoy dieran su voto afirmativo a esta petición que hace nuestro grupo, Esquerra Republicana, para la creación de este segundo juzgado en Tremp.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN CON SEDE EN BANYOLES (GIRONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/001569.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Pasamos al punto 17.º, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Bayonles (Girona). Es autor el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tiene la palabra para su defensa, como viene haciéndolo esta mañana con caracter intensivo y brillante, el señor don Pere Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente, por su amabilidad y por haberme permitido realizar una exposición pormenorizada de cada una de las proposiciones no de ley cuando el tema podría ser redundante ya que el objetivo de todas
ellas es el mismo. Creo que tampoco me he excedido en el tiempo y he sido correcto en esta situación.
Estamos en una situación similar a la de Mollerussa en cuanto a que en las comarcas de Girona se ha producido la creación de una nueva comarca, la del Plà de l'Estany, objeto de la Ley de Organización Territorial de 1885, en la cual apareció
como nueva esta comarca, con capital en Bayonles. Es una ciudad muy dinámica, ya venía de antes su preponderancia, su capacidad industrial es muy potente, a la que se ha sumado un gran desarrollo en cuanto a servicios y turismo, lo que ha generado
un gran desarrollo de esta capital. La congestión de tráfico y comunicaciones hace recomendable mejorar los servicios de proximidad de la justicia en esta ciudad, por lo que traemos a esta Cámara nuevamente una reivindicación constante de los
sectores profesionales sociales y políticos de la comarca. Esta iniciativa ha tenido el apoyo de todos los grupos políticos. No queremos ser abanderados pero sí sensibles a esta reivindicación que, como reiteramos, nuestro grupo presentó el año
pasado. Esperabamos que su presentación sirviera de incitación al Gobierno para que éste trajera a la Cámara alternativamente una proposición de ley objetiva, que es lo que hace ahora, aunque entendemos que llega tarde. En definitiva, si no
aprobamos ahora esta proposición no de ley, si no fijamos unas bases en esta legislatura, dejaremos el tema muerto para la próxima. Estos servicios que queremos dar a la ciudadanía y que presentamos como una mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos tienen que ser uno de los objetivos básicos del Gobierno.
Reitero la necesidad de crear un juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Baynoles y con jurisdicción en los municipios de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor, Serinyà y Vilademuls en la confianza de que esta Cámara estará próxima al ciudadano, que es lo que espera de nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra?
- SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE AUTORIZAR EL CAMBIO DE CAPITALIDAD DEL REGISTRO NÚMERO 2 DE VIC A LA CIUDAD DE MANLLEU. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002070.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Punto número 18 del orden del día: Proposición no de ley sobre la consideración de autorizar el cambio de capitalidad del Registro de la Propiedad número 2 de Vic
a la ciudad de Manlleu. Es autor el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para su defensa tiene la palabra doña Georgina Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Señorías, la proposición no de ley que figura en el punto 18 del orden del día fue presentada el 19 de febrero de 2007. Ya había entrado en vigencia el nuevo Estatut de Catalunya. A la vista de la inminente
aprobación del real decreto por el que se modifica la demarcación y capitalidad de determinados registros de la propiedad, presentamos la proposición no de ley e intentamos reiteradamente reunirnos con la subdirectora general de Registros y
Notariados a petición del alcalde de la ciudad de Manlleu, una petición que ha sido ignorada en todas las ocasiones, que estaba avalada por el grupo parlamentario al que hoy represento y por el alcalde de dicha ciudad.
La creación de nuevos registros de la propiedad se rige por lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley Hipotecaria y por los artículos 482 y siguientes de su reglamento. La última demarcación registral fue aprobada por el Real Decreto
398/2000, de 24 de marzo, en cuya disposición final segunda se prevé su revisión total transcurridos diez años desde la fecha de la norma indicada. No obstante, el real decreto establece que si las necesidades del servicio lo exigieran se podrán
realizar revisiones parciales de la demarcación una vez transcurridos cinco años. El artículo 1.471.c) del Estatut de Catalunya establece que corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia de notarías y registros públicos de la propiedad,
mercantiles y de bienes inmuebles, la competencia ejecutiva que incluye en todo caso cito textualmente: El establecimiento de las demarcaciones notariales y registrales incluida la determinación de los distritos hipotecarios y los distritos de
competencia territorial de los notarios. El Gobierno español, el pasado 17 de marzo, aprobó el Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Cabe
destacar que la disposición adicional cuarta del real decreto determina que la demarcación aprobada por el presente real decreto se entenderá sin perjuicio de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de
autonomía. En ese sentido, el 18 de abril de 2007 el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya emitía una nota de prensa en la que el Ministerio de Justicia y el citado Departament de Justicia coincidían en que la modificación y
reforma de la planta registral y notarial también la podrán hacer los órganos competentes de la Generalitat sin ningún tipo de restricción. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana lamenta la falta de lealtad del Gobierno español al aprobar
un real decreto en el que se ha fijado la demarcación y la planta de los registros de la propiedad, entre ellos los de Vic, aunque haya incluido una cláusula de salvaguarda, porque de momento ya se ha regulado. En relación al Registro de la
Propiedad de Vic número 2, han creado una nueva oficina registral y han determinado la circunscripción. El Ayuntamiento de Manlleu presentó unas alegaciones al proyecto de real decreto en las que se solicitaba que se mantuviera el distrito
hipotecario de Manlleu, se incluyera en el mismo la localidad de Torelló y se cambiara la capitalidad de Registro de la Propiedad número 2 de Vic a la ciudad de Manlleu. Manlleu es el término municipal, seguido de Torelló, con mayor población y
titulación inmobiliaria del actual Registro de la Propiedad de Vic número 2. El servicio público del registro de Manlleu es un tema de gran interés para su población. No existen razones para mantener la capitalidad de todos los registros de la
propiedad en la ciudad de Vic. La eficacia del servicio y el respeto de los antecedentes históricos aconsejan la reubicación de la capitalidad del Registro Hipotecario de Manlleu en esa ciudad. Atendiendo al volumen y al movimiento de la
titulación sobre bienes inmuebles y derechos reales, instábamos a autorizar la capitalidad del citado registro en la ciudad de Manlleu, en la tramitación del proyecto de real decreto por el que se modifica la demarcación y capitalidad de
determinados registros de la propiedad. Ahora es el Gobierno de la Generalitat el que deberá considerar el cambio de capitalidad del Registro de la Propiedad número 2 de Vic. En consecuencia, retiramos la proposición no de ley e instamos una vez
más a ser leales, a respetar las disposiciones del Estatut de Catalunya a y a frenar la inercia legislativa centralista.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Habiendo finalizado la defensa, a efectos de fijación de posiciones, ¿grupos parlamentarios que deseen tomar la palabra?
Tiene la palabra la señora Nadal para fijar posición sobre las proposiciones presentadas y defendidas tanto por Convergència i Unió como por Esquerra Republicana.
La señora NADAL I AYMERICH: Me voy a referir a todas aquellas que afectan a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que figuran en el orden del día y que han sido defendidas por estos grupos parlamentarios. Fijaré conjuntamente la posición
respecto a las de Convergència i Unió y Esquerra Republicana. Quiero anunciar, en primer lugar, el voto favorable de mi grupo parlamentario a todas las proposiciones no de ley que ha presentado Convergència i Unió. Consideramos que son propuestas
de máximos en las cuales hay un mandato imperativo político al Gobierno para que proceda a la creación de juzgados y quedarían en mínimos si se aceptara la enmienda del Grupo Socialista. Cuenten con el voto del Grupo Popular en uno y en otro caso,
pero es importante destacar en la Comisión que se votan cosas sustancialmente distintas.
Propone Convergència i Unió la creación de juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Pont de Suert, l'Alta Ribagorça, Sort -en este caso sería una restitución del juzgado-, en el Pallars Sobirà, en Tàrrega, en
la comarca de L'Urgell, en Mollerussa, en la comarca del Plà d'Urgell, en Les Borges Blanques -donde también estamos ante una restitución histórica de un juzgado que había existido-, en la comarca de Las Garrigas, y, finalmente por parte de
Convergència i Unió, la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la ciudad de Baynoles, en la comarca del Plà de l'Estany. Me he querido referir a estas propuestas, con especial mención a estas comarcas porque sería erróneo
entrar en batalla entre las capitales de comarca por la capitalidad en la creación de juzgados y tribunales. Valoramos muy positivamente las características y especialidades que el derecho civil de Cataluña mantiene vivas en alguna de estas
comarcas a las que se ha referido el ponente de Convergència i Unió. Si me permiten, haré una pequeña corrección a la parte expositiva de la proposición no de ley. Uno de los grandes honores en mi vida política ha sido ser ponente del Código Civil
de Cataluña y quiero decir que la codificación desapareció y también las leyes especiales.
Actualizamos nuestro derecho civil a través de las leyes especiales, del Código de Sucesiones y del Código de Familia, como se menciona en la exposición de
motivos de la propuesta de Convergència i Unió, Eso ha desaparecido y tenemos ya un Código Civil de Cataluña completo. Creo que es a eso a lo que se hace referencia en la exposición de motivos y no a esa fase previa de avanzar por la vía de las
leyes especiales. Todo nuestro respeto, reconocimiento y necesidad de dar respuesta a esas peculiaridades y características de las distintas comarcas, pero no es conveniente ni adecuado convertir esto en una especie de batalla por la capitalidad,
ni esa mención de Convergència i Unió al inicio de cada proposición no de ley, como si fuera el objetivo básico, o único: 'Cataluña cuenta en la actualidad con ocho comarcas que no tienen una capital judicial de su demarcación'. El objetivo no es
la comarcalización. Se ha referido antes el ponente de Esquerra Republicana a una fructífera sesión de la Comisió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya, sesión que dio lugar a la aprobación de la solicitud de creación
de un Juzgado en Les Borges Blanques, pero en esa sesión hubo otra resolución, que fue aprobada por todas las fuerzas políticas, en la que se decía que para terminar con esa situación que vemos reproducida hoy en esta Comisión era imprescindible que
la Generalitat elaborara un mapa judicial que expresara las necesidades de la demarcación y planta en Cataluña y que uno de los criterios a considerar debería ser la comarcalización. Lo digo con preocupación porque se puede terminar convirtiendo en
una especie de batalla entre comarcas por la capitalidad o por la apertura de nuevos juzgados.
Además de la proximidad y eficacia en la creación de nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los parámetros a tener en cuenta son los que han expresado de forma muy brillante el ponente de Convergència i Unió y los de Esquerra
Republicana. Hemos de tener presente el volumen de asuntos, los flujos demográficos y también esas dificultades que se producen en las comarcas de alta montaña, los problemas que tiene la población especialmente en épocas invernales. Tampoco
tramitamos la imagen de que estamos ante una división comarcal de cuando se tenía que atravesar Cataluña a revienta caballos. Hay unas dificultades que se tienen que resolver, que responden fundamentalmente a prestar un buen servicio a los
ciudadanos y a conseguir un mayor equilibrio territorial.
Hablando de zonas de alta montaña y en relación con la exposición de motivos y la intervención de Convergència i Unió respecto al Pont de Suert quiero hacer constar que se ha olvidado un
punto importante, el que parte del Parc Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se encuentra en esa comarca. Es un pequeño olvido que quiero resaltar por la importancia que tiene en la realidad cultural, económica y turística de esta
comarca. No quiero hacer más consideraciones al respecto. Estamos de acuerdo y siempre, hemos votado a favor de la creación de estos juzgados, cosa que no han hecho los grupos que integran el tripartito. Tengo aquí las actas del Parlament de
Catalunya y debo decir que el Partido Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds votaron en contra de alguna de las propuestas que se contienen en el orden del día de esta Comisión. Yo espero que hoy subsanen
este error y voten a favor de la creación de estos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en distintas comarcas de Cataluña.
Insistimos en que para nosotros lo importante es prestar un buen servicio a los ciudadanos y no entrar en estas
batallas por la capitalidad comarcal.
Respecto a las propuestas de Esquerra Republicana, se solapan con las de Convergència i Unió excepto en un caso, en el de Tremp (Pallars Jussá); es la única que no está duplicada. Compartimos también con Esquerra Republicana el objetivo y
la finalidad de creación de estos juzgados, lo que no podemos compartir es el planteamiento que se hace respecto a la forma de participación de la Generalitat. Quiero recordar, -porque creo que es lo más explícito y claro-, la sentencia 62/90 del
Tribunal Constitucional que, si me lo permiten leo rápidamente. Dice: 'No cabe la menor duda de que la creación, constitución, conversión y supresión de órganos judiciales es una faceta más de la definición y establecimiento de la planta judicial
que, como hemos dicho en la sentencia tantas veces citada...' -se está refiriendo a la conocida sentencia número 56/19902-, '... el diseño de la estructura judicial del Estado se integra en el concepto estricto de Administración de Justicia y por
lo tanto tiene reserva para el Estado en el artículo 149.1.5.a'. Esta sentencia insiste en que la reserva del artículo 149.1.5.a al Estado se extiende a todos los niveles: legislativo, de desarrollo normativo y de ejecución. Esta atribución
competencial que se hace al Estado no puede enervarse aplicando el artículo 152.1 de la Constitución en el sentido que prevé la participación de las comunidades autónomas. De lo que estamos hablando, que es lo que invoca el Grupo de Esquerra
Republicana que no solo está en la exposición de motivos sino también en el
petitum, es de que la participación de la Generalitat no se trate de un mero informe, que no tenga una actividad puramente participativa, sino que emita un informe vinculante. Solicita una propuesta preceptiva que ha de acompañar
necesariamente al proyecto de ley que el Gobierno mande a las Cortes Generales para determinar la planta. En opinión de nuestro grupo parlamentario y del Tribunal Constitucional, eso supone un condicionamiento a una competencia estatal que no está
previsto ni admitido por la Constitución. Se prevé una participación de mucho mayor calado, que la Constitución no admite por lo que no podríamos votar la literalidad de las proposiciones no de ley de Esquerra Republicana.
Compartimos la finalidad
y votaremos las propuestas de Convergència i Unió. Insisto que lo hemos hecho siempre en el Parlament de Catalunya y nos alegramos de que el Grupo Socialista en algunos casos, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya rectifiquen y voten la
creación de estos juzgados.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Antes de continuar quiero informar a los señores diputados, por si hay algún solapamiento, de que las votaciones correspondientes a la Comisión de Interior serán a las doce y media, dentro de un
cuarto de hora. Se lo comunico por el efecto que pueda tener para el desarrollo de esa Comisión y de la nuestra.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS JUZGADOS DE TOMELLOSO (CIUDAD REAL). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001809.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Pasamos al punto número 19 del orden del día, relativo a la adopción de medidas para mejorar la situación de los juzgados de Tomelloso, en Ciudad Real, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra la señora diputada doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, la deficiente y grave situación por la que atraviesan algunos juzgados de la provincia de Ciudad Real, concretamente el de Tomelloso, hace que nuestro grupo parlamentario traiga hoy aquí esta
proposición no de ley con el objeto de paliar las carencias que en este sentido vienen prolongándose en el tiempo. Desde hace más de un año el Ayuntamiento de Tomelloso, a través de su alcalde, ha denunciado en reiteradas ocasiones la escasez de
medios con que cuentan los juzgados de esta localidad. Una vez puesto en funcionamiento el tercer juzgado que venía siendo demandado desde hace tiempo, esta corporación municipal ha proclamado en diversas ocasiones la ausencia de dotación de
recursos, de medios e infraestructuras que permitan el perfecto funcionamiento de la justicia en esta localidad manchega y en su partido judicial. Los juzgados de Tomelloso dan servicio a una población superior a los 60.000 habitantes,
pertenecientes no solo a la localidad de Tomelloso sino también a Socuéllamos, Argamasilla de Alba y Ruidera, quienes han visto incrementada en los últimos tiempos de forma muy considerable la cantidad de asuntos que en ellos se resuelve sin que,
como cabría esperar, se les haya dotado de los medios humanos y materiales, que son absolutamente imprescindibles para que los engranajes de la maquinaria judicial funcionen correctamente, con las máximas garantías en los plazos previstos y
razonables a los que tienen derecho los ciudadanos. Esta situación, tal y como se viene denunciando de forma reiterada por el consistorio de Tomelloso y por los ciudadanos a través de diversos medios de comunicación e institucionales, ha provocado
que la acumulación de expedientes sea algo cotidiano, lo que origina considerables retrasos en la resolución de los asuntos pendientes. Esta situación, señor presidente, acarrea también una sobrecarga de trabajo en los funcionarios adscritos a
estos juzgados que se traduce en bajas por enfermedad debido a cuadros de estrés y ansiedad y al alto índice de presión y de peticiones de cambio de destino, lo que agrava aún más la insostenible situación por la que atraviesan los juzgados citados.
La situación llega a tal punto que ya en su día la propia presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, a petición del alcalde de Tomelloso, comunicó su conformidad con la solicitud de medidas urgentes para ofrecer una
solución lo más rápida y urgente posible a este conflicto, sin que hasta la fecha se hayan puesto en marcha por parte del Ministerio de Justicia las medidas necesarias para normalizar en su totalidad la vida judicial en este municipio.
Nuestro grupo parlamentario, con independencia de que las transferencias en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha estén más o menos cercanas en el tiempo, insta al Gobierno de la nación, a través del Congreso de
los Diputados, a que en el menor tiempo posible se dote a los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Tomelloso de las medidas y recursos necesarios que agilicen su funcionamiento. Está en el espíritu y en la parte dispositiva de
nuestra proposición no de ley: Solicitamos que se dote a estos juzgados de un médico forense en exclusivo, así como que se designe a un fiscal permanente en esta localidad. De la misma manera, instamos a incrementar la plantilla de agentes
judiciales con el fin de que los juzgados no tengan que recurrir a los efectivos de la policía local de esta localidad y de los distintos municipios del partido judicial para hacer entrega de las notificaciones judiciales a los ciudadanos; en pleno
siglo XXI no hay agentes judiciales en los juzgados de Tomelloso. Por último, pedimos que se dé respuesta urgente, reclamada por el propio Ayuntamiento de Tomelloso y por el presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, a la construcción de
un palacio de justicia que permita unificar los tres juzgados que en la actualidad se encuentran
dispersos, con lo que ello significa para los ciudadanos a la hora de denunciar la situación en la que se encuentran. Señor presidente, la situación de esta iniciativa parlamentaria es asegurar a los habitantes del partido judicial de
Tomelloso sus derechos constitucionales a través de una justicia operativa, ágil y eficaz. Tenemos conocimiento de la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda que no vamos a admitir por inconcreta y
por ambigua, una enmienda que no da respuesta al compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con la localidad de Tomelloso. En estos momentos podemos negociar una transaccional y estamos abiertos al consenso, pero en ningún caso vamos a admitir
esta enmienda de sustitución.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para defender su enmienda en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Sebastián Fuentes.
El señor FUENTES GUZMÁN: Debe ser porque la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular está fechada hace un año o porque la señora Quintanilla, que la ha defendido hoy aquí, no ha actualizado la información respecto a cómo se
encuentran los juzgados de Tomelloso, pero nos resultan fuera de lugar algunas de las peticiones que se contienen esta proposición no de ley porque muchos de esos temas ya se encuentran resueltos. El Grupo Socialista manifesta su total y absoluta
preocupación por el funcionamiento de los juzgados y los tribunales en general en la provincia de Ciudad Real y, en concreto, los de Tomelloso.
Es cierto que no han venido funcionando con la agilidad, eficacia y calidad que requiere la
Administración de Justicia para con los ciudadanos de aquella comarca, pero lo viene haciendo desde hace bastante tiempo. Yo he tenido la ocasión de ejercer la abogacía en los juzgados y tribunales de Tomelloso y los problemas a los que se ha
referido la señora Quintanilla eran bastante graves y en aquella época gobernaba en España el Partido Popular. La grave situación que arrastraban los tribunales de Tomelloso ha sido objeto de preocupación del Ministerio de Justicia y es verdad que
muchos de los problemas han sido paliados en la medida en que pueden serlo en una Administración como la de Justicia, que es compleja y depende mucho de la eficacia humana. Hemos detectado que en los juzgados y tribunales de Tomelloso existe una
falta de estabilidad del personal, continuos traslados de jueces, secretarios y demás funcionarios que hace que no se fije el personal y por tanto no se dé continuidad al trabajo desarrollado con anterioridad. Lo cierto es que el ministerio sí ha
adoptado medidas de apoyo a los juzgados y tribunales.
En primer lugar, se ha dotado al partido judicial de un juzgado más que empezó a funcionar el 1 de enero de este año, el Juzgado número 3 de Tomelloso, que ha aliviado la situación de
sobrecarga que mantenían los dos juzgados que había anteriormente. En relación con algunas de las cuestiones que plantea la proposición no de ley del Partido Popular, en lo que se refiere al médico forense ya existe uno exclusivo para el partido
judicial de Tomelloso. No solamente existe un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real que tiene asignado en exclusiva los juzgados de Tomelloso, sino que además existe otro médico forense de refuerzo. Por otra parte
ya está decidido que se va a reforzar esta plantilla con un médico forense interino para cubrir el periodo de vacaciones que se avecina. Señora Quintanilla, mi información es de primera mano. En cuanto al incremento de la dotación de agentes
judiciales, en la localidad hay tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción cuyas plantillas están dotadas de la siguiente forma: el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 tiene tres funcionarios del cuerpo de gestión, cinco del
cuerpo de tramitación y uno del cuerpo auxiliar -antes llamados agentes judiciales-; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 tiene dos funcionarios del cuerpo de gestión, cuatro del cuerpo de tramitación y dos del cuerpo de auxilio;
y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 la plantilla es de dos funcionarios del cuerpo de gestión, cuatro de tramitación y uno de auxilio judicial. Además, ambos juzgados de Primera Instancia números 1 y 2 cuentan con un
funcionario interino de refuerzo de tramitación procesal y administrativa, nombrados como consecuencia de la carga de trabajo de dichos órganos y a petición de los mismos. No se tiene constancia de que el número de funcionarios de auxilio judicial
sea insuficiente en la localidad de Tomelloso. A mayor abundamiento, la plantilla funcionaria de este cuerpo se corresponde con las plantillas de otras poblaciones con el mismo número de órganos judiciales como pueden ser los juzgados y tribunales
de Puertollano. Usted ha manifestado que la policía local tiene que encargarse de hacer las notificaciones. Con esta plantilla no tendría por qué hacerlo. Otra cosa es que en la tramitación de los juzgados se crea más ágil esta forma de
notificar. Estoy absolutamente convencido de que el Ayuntamiento de Tomelloso y los ayuntamientos de la comarca se brindarán gustosos a que sus órganos policiales colaboren con la Administración de Justicia. En cualquier caso, con la dotación de
plantilla que existe en los juzgado eso no debería suceder.
En lo que se refiere a la petición de que haya un fiscal permanente en la localidad de Tomelloso, nos consta que puede existir un problema, pero tenemos que decir que al igual que esta proposición no de ley llega desfasada porque la mayor
parte de lo que se pide ya se ha hecho, en el caso del ministerio fiscal llega demasiado temprano porque se está tramitando la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Será esta norma, que ya se ha aprobado en el Congreso y que en este
momento se encuentra en el trámite de enmiendas en el Senado, la que tendrá que aprobar la reorganización de efectivos destinados a la provincia de Ciudad Real en las condiciones óptimas para atender los procedimientos de los juzgados de Tomelloso.
Somos sensibles a este tema y por eso lo
hemos recogido en nuestra enmienda de sustitución. Lo que no podemos hacer es no tener en cuenta cuál es el íter legislativo en materia de refuerzo del ministerio fiscal en los próximos meses. Existe un estatuto orgánico que se está
tramitando en este Parlamento y tenemos que instar al Gobierno a que, tras la entrada en vigor de este estatuto, tenga en cuenta los medios necesarios para reforzar la plantilla del ministerio fiscal en la provincia de Ciudad Real y en concreto en
Tomelloso.
En lo que se refiere a la petición del edificio para unificar la sede de todos los juzgados, el Ministerio de Justicia está pendiente de que el Ayuntamiento de Tomelloso le ofrezca un lugar adecuado para poder albergarlos. Un solar es lo
que se necesitaría. Varios representantes del Ministerio de Justicia han acudido a Tomelloso en busca de ese lugar, acompañados del presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, y lo cierto es que los lugares que se le han ofrecido no han
sido los adecuados ni tenían el espacio suficiente. En el ministerio estarán encantados si el alcalde de la localidad ofrece el terreno adecuado para que puedan llevarse a cabo esos juzgados.
Señora Quintanilla, creo que la enmienda de sustitución que presentamos es coherente con la situación actual de los juzgados de Tomelloso. Existe un apoyo extramaterial y humano para los mismos, el tema del médico forense está resuelto con
un médico forense en exclusiva más otro de refuerzo, más la cobertura que puede haber en caso de vacaciones del personal. La sede de los juzgados está pendiente de que el alcalde de su partido ofrezca un solar adecuado para que puedan albergarse
esos juzgados, y en cuanto al fiscal está recogido en nuestra enmienda. Señora Quintanilla, le pedimos que la admita porque recoge lo que sucede actualmente en Tomelloso. Su información está atrasada y yo creo que responde a la que S.S. puede
haber adquirido del Ayuntamiento de Tomelloso, pero le puedo asegurar que la situación actual es la que le he descrito.
- RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE JUICIOS DEL JUZGADO DE LO PENAL DE BURGOS EN LA CIUDAD DE MIRANDA DE EBRO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002017.)
- RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE JUICIOS DEL JUZGADO DE LO PENAL DE BURGOS EN LA CIUDAD DE ARANDA DE DUERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002018.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Puntos 20 y 21 del orden del día, proposiciones de ley acumuladas, la primera relativa a la celebración de juicios del Juzgado de lo Penal de Burgos en la ciudad de Miranda de Ebro y la segunda
relativa a la celebración de juicios del Juzgado de lo Penal de Burgos en la ciudad de Aranda de Duero. De ambas proposiciones es autor el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre y para su defensa tiene la palabra el diputado don Julián
Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Acumulamos las dos proposiciones no de ley porque el tema a tratar es el mismo, en unas poblaciones muy similares, aunque distintas. Hasta mayo del año 2006 y por decisión de la comisión permanente de la sala de
gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Señorías, un poco de silencio para que podamos desarrollar con normalidad la sesión.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: ... se desplazaban un juez, un fiscal, un secretario y un agente judicial desde Burgos hasta Miranda de Ebro y Aranda de Duero para celebrar juicios del Juzgado de lo Penal. Esta situación suponía un beneficio
para los ciudadanos afectados ya que se estaba dando un acercamiento y un abaratamiento de la justicia. En mayo del año 2006 la comisión permanente, sin argumentación alguna que respaldase una nueva decisión, optó por revocar su acuerdo, que venía
del año 1990, consiguiendo que desde ese momento sean los ciudadanos los que entre ida y vuelta deban desplazarse 160 kilómetros para recibir justicia. Ante esta nueva situación, los colectivos afectados, las instituciones y los propios ciudadanos,
han mostrado su oposición ya que si en el año 1990 se había entendido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que era una necesidad que tanto Aranda de Duero como Miranda de Ebro contasen con el desplazamiento del Juzgado de lo
Penal, en el año 2006 estaba mucho más justificado que dicha situación continuase puesto que en estos momentos es muy superior el número de procedimientos al de 1990. Esta medida adoptada por la comisión permanente del Tribunal Superior de Justicia
es antisocial, antieconómica y perjudicial para la población de ambas ciudades y de las comarcas influenciadas por las mismas, puesto que ahora se trasladan a Burgos abogados, guardias civiles, policías locales, policías nacionales, acusaciones
particulares, inculpados, testigos, peritos, familiares y un largo etcétera con un coste económico muy superior al anterior, no solamente por la evidencia de que el usuario de la Administración de Justicia deberá hacer frente a los honorarios
derivados de las salidas del despacho y los desplazamientos del profesional en quien haya depositado su confianza, sino que además deberá satisfacer los derechos correspondientes a la intervención de dos procuradores, el primero durante la fase de
instrucción y hasta la fase de calificación provisional, y el segundo para que le represente en Burgos ante el Juzgado de lo Penal. Todo ello sin olvidar que hay un capítulo de indemnizaciones por dietas y desplazamientos que sigue incrementando el
coste respecto a la situación existente antes de mayo de 2006.
También supone un perjuicio para las instituciones ya que los miembros de los cuerpos de seguridad, los funcionarios y un largo etcétera dependiente de instituciones han de desplazarse perdiendo una mañana.
En conclusión, la medida adoptada por la comisión permanente de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no beneficia en nada a los ciudadanos de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, introduce en ellos una idea
de alejamiento de la justicia y un encarecimiento, todo lo contrario de lo que debería ser. Por todo esto y por la falta de argumentos para sustentar el cambio de actitud adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como
con la finalidad de acercar la justicia a los ciudadanos y que éstos sientan que la justicia está a su servicio y no al revés, es por lo que hemos presentado estas dos proposiciones no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): A estas dos proposiciones no de ley hay presentadas sendas enmiendas por el Grupo Popular, para la defensa de las cuales tiene la palabra la diputada doña Sandra Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señorías, procederé a la defensa de las enmiendas que mi grupo ha presentado a las dos proposiciones no de ley relativas a la celebración de juicios penales en Miranda de Ebro y en Aranda de Duero. En primer lugar he
de decir que el Grupo Popular siempre compartirá la filosofía de cualquier iniciativa que implique un mayor acercamiento de la justicia al ciudadano y por tanto una mayor simplificación de los trámites exigibles para el acceso a la misma. Es cierto
que la ausencia de celebración de juicios de lo Penal en las ciudades de Miranda de Ebro y en Aranda de Duero supone un agravio importante a los ciudadanos de ambas ciudades. Hay que recordar que estamos hablando de las dos mayores ciudades de la
provincia de Burgos, unas ciudades en las que viven cerca de 80.000 ciudadanos a los que se les obliga a viajar 80 kilómetros en ambos casos, en el caso de Aranda de Duero a través de una autovía pero en el caso de Miranda de Ebro por una autopista
de peaje -que el Gobierno socialista prometió liberalizar- para atender sus temas penales. Esto, sin contar con el dispositivo necesario para la celebración del juicio, el desplazamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los
inculpados, los testigos, etcétera, que evidentemente han de desplazarse para la celebración del mismo.
Estamos de acuerdo en que han de volver a celebrarse juicios de lo Penal en ambas ciudades, pero para mi grupo esto no es suficiente. Debemos
ser ambiciosos y, sobre todo, no podemos estar sometidos a decisiones como la adoptada en mayo de 2006, que dejó sin efecto el celebrar juicios penales en ambas ciudades. En el Grupo Popular creemos que es el momento de que el Ministerio de
Justicia asuma un compromiso serio y efectivo con la Comunidad de Castilla y León, con la provincia de Burgos y con las ciudades antes mencionadas. No basta con la celebración de juicios de lo Penal, sino que ambas ciudades han de disponer de un
Juzgado de lo Penal y que éste ha de estar dotado de los medios personales y materiales necesarios para su perfecto funcionamiento. A nuestro juicio, la propuesta del Grupo Socialista es un parcheo que no termina de solucionar las verdaderas
necesidades de ambas ciudades, por eso presentamos esta enmienda. Queremos recordar que la Comunidad de Castilla y León está en un proceso de discusión de las transferencias en materia de justicia. El Gobierno no ha tenido la misma voluntad que en
otras comunidades como Asturias, Cantabria o Aragón. Ya en diciembre del año 2005 el Senado aprobó una moción, a iniciativa del Grupo Popular, instando al Gobierno a que previamente a las transferencias -en las que el Ministerio de Justicia
pretende que la Junta de Castilla y León haga un acto de fe puesto que no se fijan temas económicos ni modo de transferirlas- se acometiera la construcción de determinados edificios judiciales y se procediera a la creación de nuevos juzgados,
partidos judiciales y plazas de magistrados. En aquellos momentos el Grupo Socialista votó en contra.
Hoy el Grupo Popular le da la oportunidad al Grupo Socialista para que enmiende su error y a pesar de la disminución que en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 han experimentado las partidas destinadas a infraestructuras -ni más ni menos que de los 130 millones prometidos en 2005, pasamos a 38 millones para 2007-, vote a favor de la creación de ambos juzgados. Ese es
el verdadero compromiso con ambas ciudades y esperamos el apoyo del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para fijación de posiciones tiene la palabra el señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Brevemente para pronunciarme sobre la enmienda que se ha presentado. Quiero agradecer a la portavoz del Grupo Popular que nos permita corregir situaciones. Mi grupo también es ambicioso, pero desde nuestro
punto de vista esto no supone el incumplimiento de la ley.
Aceptar su enmienda en estos momentos supondría que estamos aceptando el incumplimiento de los parámetros que señala la ley para crear un Juzgado de lo Penal. Como mi grupo es respetuoso e
intenta acatar siempre la ley, no podemos aceptar la citada enmienda.
- SOBRE LA CONVENIENCIA Y NECESIDAD DE QUE EN LAS ILLES BALEARS SE CREE LA FISCALÍA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002022.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Punto número 22: Sobre la conveniencia y necesidad de que en las Illes Balears se cree una Fiscalía especial de
Medio Ambiente. Es autor el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para su defensa tiene la palabra Georgina Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Tras la operación policial Voramar, que destapó irregularidades en el Ayuntamiento de Andratx, se puso de manifiesto la carencia de una Fiscalía especial de Medio Ambiente. Esta fiscalía, de carácter específico,
debe velar por la vigilancia, persecución e intervención de las infracciones y delitos de carácter penal contra la ordenación del territorio, la biodiversidad, las diferentes formas de contaminación, los incendios forestales intencionados o por
imprudencia grave, etcétera; es decir, aquellos delitos tipificados en el Código Penal contra la ordenación del territorio y del medio ambiente. Perseguir estos delitos en las Illes Balears es fundamental para preservar la riqueza en flora y fauna
endémica que el hecho insular ha creado y para proteger también espacios de alto valor paisajístico que hoy en día se ven amenazados por la presión urbanística. Esta fiscalía deberá contar con los medios económicos y humanos necesarios para
realizar eficientemente su cometido. El Real Decreto 909/2006, de 9 de junio, por el que se establece la plantilla orgánica del ministerio fiscal únicamente creó una plaza de fiscalía en el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y una
plaza para la adscripción permanente de Manacor en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. La Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, publicada en el BOE nº 102,
en sus disposición final primera modifica el párrafo segundo del artículo 18.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. La citada ley establece, cito textualmente: 'En las fiscalías de los
tribunales superiores de Justicia y de las audiencias provinciales existirán secciones contra la violencia sobre la mujer y de medio ambiente especializadas en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico,
los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos y los incendios forestales. A estas secciones serán adscritos fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas'. La Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2007 prevé la creación de 110 nuevas plazas de fiscales. Se considera necesario, en la línea que está siguiendo el Gobierno español, que en la próxima regulación legal en la que se establezca la plantilla orgánica del
ministerio fiscal para el 2007, se prevea la dotación del personal y los recursos necesarios para una pronta y eficaz persecución de los delitos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo, que dañan de forma notable el desarrollo económico y
sostenible. Por ello instamos al Gobierno español a que incremente los recursos humanos y materiales de la Fiscalía especializada en Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. Como se desprende de nuestro discurso, se
modifica la proposición no de ley. Quitamos el punto primero y dejamos el punto segundo por entender que la fiscalía ya está creada. Lo único que pedimos que se dote de más recursos humanos y económicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Se suprime el primer párrafo.
Para fijación de posiciones tiene la palabra el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Sinceramente y con todos los respetos hacia la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, pensábamos que iba a retirar la proposición no de ley pues hace ocho años que está creada la Fiscalía de Medio Ambiente de
las Islas Baleares. Dado que S.S. basa la exposición de motivos y la proposición no de ley en la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente y dado que está creada, lo que tiene que hacer es retirar la iniciativa. Me asombra el arrojo que ha tenido
sabiendo, porque se lo ha dicho el portavoz socialista, que la fiscalía fue creada hace ocho años y que hay fiscales de medio ambiente en cada una de las islas. Con ello demuestran un desconocimiento -por otro lado normal- de Esquerra Republicana
de Catalunya de lo que pasa en las Islas Baleares.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley siguen empeñados en esa creación. Ya que no la retira, debo significarle que nosotros nos vamos a abstener. Por último, me parece perverso
lo que dice en la exposición de motivos: Que como consecuencia de la operación policial Voramar se tiene que crear la Fiscalía de Medio Ambiente. Ya está creada, pero en todo caso no se tiene que crear por una operación, quizá por muchas y de
muchos colores políticos. Señoría, no voy a profundizar.
Usted mantiene la proporción y nosotros nos abstenemos porque está fuera de lugar debería haberla retirado. Espero de su arrojo en fiscalías de Medio Ambiente, especialmente en la costa
catalana, en algunos municipios en los que ustedes tienen mucho que decir.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Tiene la palabra el señor Mateos.
El señor MATEOS MARTÍN: En línea con lo manifestado, existe la Fiscalía de Medio Ambiente dentro del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, especializada en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del
patrimonio histórico, los recursos naturales, el medio ambiente, la protección de la flora, fauna, animales domésticos e incendios forestales. El Decreto 364/2006, de 24 de marzo, nombró como fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente para toda
España a don Antonio Vercher Noguera, y en el caso de Baleares existe la sección especializada en Medio Ambiente que cuenta con don Adrián Salazar como fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, el cual está desempeñando su función
con el máximo rigor. Todo ello implica que ya se está dotando de medios tanto técnico como humanos y económicos. No entendemos
la proposición no de ley que presenta Esquerra Republicana y consideramos que debería haberse retirado. Por ello anuncio que nuestro voto será en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): A la proponente de Esquerra Republicana queremos hacerle la siguiente salvedad. Tiene la libertad de mantener la proposición no de ley o de retirarla, según criterios en los que esta Presidencia no
va a entrar. Pero a instancias de los servicios jurídicos de la Cámara, de la ilustre letrada que tengo sentada a mi lado, con la supresión del primer párrafo la proposición queda algo abstracta S.S. pueden adoptar la decisión que estimen oportuna
en cuanto al mantenimiento o a su retirada. Si optan por su mantenimiento les sugeriríamos que aceptasen que la adición de esa proposición fuese dotar a la Fiscalía especial de Medio Ambiente de las Islas Baleares de los recursos económicos y
humanos, etcétera, para que tuviese una cierta cohesión gramatical y técnica.
La señora OLIVA I PEÑA: En el momento en que suprimimos el punto 1 es para dejar constancia de que mantenemos el punto 2 tal y como he dicho.
Creemos que hacen falta más recursos humanos y económicos y por lo tanto aceptaríamos la
propuesta que los servicios jurídicos de esta Comisión nos hacen llegar.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para conocimiento de la Comisión y para que no exista duda para la votación, la proposición no de ley quedaría con un único párrafo que diría: Dotar a la Fiscalía especial de Medio Ambiente de las
Illes Balears de los recursos económicos y humanos necesarios para cumplir con su tarea, en tanto que no se realice el traspaso de competencias en materia de Administración de Justicia. ¿Están conformes con esa adición? (Asentimiento.) Se tendrá
en cuenta a efectos de votación.
- SOBRE CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE BURGOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002127.)
- SOBRE CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002169.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Puntos 23 y 26 que, a instancias de la parte proponente, se han acumulado. Son dos proposiciones sobre la creación de un Juzgado de Violencia de Género en la provincia de Burgos (la número 23) y
sobre creación de un juzgado de la misma naturaleza en la provincia de León (la número 26). Tiene la palabra para su defensa la proponente del Grupo Popular doña Sandra Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señorías, como ustedes conocen, el 28 de diciembre del año 2004 se aprobaba la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esto supuso una modificación de la normativa reguladora de
demarcación y planta judicial para que pudieran ser efectivas las innovaciones y modificaciones producidas en la citada ley, fundamentalmente. En lo referente a la creación de juzgados de Violencia de Género. En desarrollo de esta provisión, el 4
de marzo de 2005, se dispuso la creación y constitución de juzgados de Violencia sobre la Mujer. En aquel momento se aprobó la creación de tres juzgados en Andalucía, uno en Baleares, dos en Canarias, dos en Cataluña, dos en Valencia, dos en
Madrid, uno en Murcia y tres en el País Vasco, ninguno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El 10 de octubre de 2005 un nuevo real decreto daba luz verde a la creación de nuevos juzgados: dos en la Comunidad de Madrid y ninguno en la de
Castilla y León. El 9 de junio de 2006, nuevos juzgados se creaban por real decreto en Andalucía, en Cataluña, en Valencia y en Madrid; ninguno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La Comunidad castellano-leonesa tuvo que esperar al 1 de
septiembre del año 2006, casi dos años después de la aprobación de la Ley de medidas contra la violencia de género, para que se crease un juzgado específico en esta comunidad, en concreto en la ciudad de Valladolid. Con esta creación de juzgados
todas las comunidades autónomas disponían al menos de un juzgado; en el caso de Castilla y León se cumplía con rigurosidad, un único juzgado. Los datos que facilitaba el Consejo General del Poder Judicial justificaban en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la instalación de un nuevo Juzgado de Violencia contra la Mujer. El día 15 de diciembre de 2006 el Gobierno aprueba una serie de medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género para desarrollar e impulsar la aplicación de
la ley integral. Una de estas medidas prevé crear 42 nuevos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer para este año 2007. El pasado 25 de mayo, otra vez por real decreto se aprueba la creación de nuevos juzgados en Almería, Las Palmas,
Tarragona, Elche, La Coruña y Murcia, ninguno en la Comunidad de Castilla y León.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a entrar en la batalla respecto a la creación de nuevos juzgados de violencia. Creemos que son absolutamente necesarios, entre otras razones, porque mucho de ellos se encuentran colapsados. Lo
que sí vamos a defender es que se siga un criterio justo en la creación y adjudicación de nuevos juzgados. A pregunta de esta diputada sobre los criterios que se habían seguido para la creación de nuevos juzgados, el pasado 17 de mayo se respondía
que la adjudicación de los nuevos respondía al número de denuncias registradas en cada comunidad autónoma y a las cargas de trabajo. Veo que la enmienda que presenta el Grupo Socialista a nuestra iniciativa sigue la misma línea oficial del
Gobierno, como no podía ser de otra forma. Al Grupo Popular no le vale esta justificación. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, según
datos que ofrece el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, ocupa la sexta posición en relación con el número de denuncias y órdenes de protección y solo cuenta con un juzgado, mientras otras como Galicia, País Vasco y Aragón,
con menor número de casos, cuentan con más de uno.
Los datos de violencia en los partidos judiciales donde se prevé crear nuevos juzgados, por ejemplo en Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Sant Feliu de Llobregat, Orihuela o Getafe, son
inferiores a algunos partidos judiciales de capitales de provincia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León como Burgos y León. La realidad es que desde la aprobación de la Ley orgánica de medidas contra la violencia de género se crearon 40
juzgados y no se tuvo en cuenta a la Comunidad Autónoma de Castilla y León; dos años después se crea un único juzgado y tampoco se la tiene en cuenta. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, como ha sucedido con las transferencias, está siendo
discriminada. En la adjudicación de juzgados no se pueden seguir criterios aleatorios, primero, porque es un tema de suma importancia y, segundo, porque es hora de asumir responsabilidades, de implicarse en un tema tan importante como es la
agilidad de la justicia respecto a los casos de violencia de género. Por eso no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Los parámetros a los que el Grupo Socialista hace referencia no se están cumpliendo. Esta
justificación ya la hemos oído del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Por lo que respecta a la petición de la comunidad autónoma en cuanto a la creación de nuevos juzgados, aunque la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como señalaba antes,
no tiene transferidas las competencias en materia de justicia, sí que es cierto que en las conferencias sectoriales de Asuntos Sociales tanto por la consejera responsable como por la directora general han sido múltiples las ocasiones en que se ha
reivindicado la creación de juzgados tanto en la provincia de León como en la provincia de Burgos. Por eso esperamos que el Grupo Socialista, que sostiene al Gobierno, sea receptivo a la creación de estos dos nuevos juzgados absolutamente
necesarios para la comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Existen enmiendas presentadas? (Pausa.) Se defenderán al final todas. ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.)
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE LO SOCIAL CON SEDE EN ALCOI QUE EXTIENDA SU JURISDICCIÓN A LOS PARTIDOS JUDICIALES NÚMERO 2 (ALCOI) Y 12 (IBI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente
161/002134.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuando con el orden del día, punto número 24.° sobre creación de un juzgado de lo social con sede en Alcoi que extienda su jurisdicción a los partidos judiciales número 2 de Alcoi y 12 de Ibi.
Su autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para su defensa tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Señorías, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial establece una configuración de la planta judicial que facilita una constante adaptación con la finalidad de mejorar el funcionamiento
de la Administración de Justicia y acercar la justicia al ciudadano. La plena instauración de la planta de juzgados y tribunales establecida en dicha ley aún no ha sido alcanzada. La adecuada atención a las necesidades judiciales y la consecución
de una infraestructura idónea en el ámbito judicial hacen necesaria la continuidad del desarrollo de dicha planta con la dotación de nuevas plazas de magistrado en órganos colegiados y constitución de nuevos juzgados. El Gobierno español tiene la
facultad de modificar el número y la composición de los órganos judiciales establecidos por esta ley mediante la creación de secciones y juzgados, sin alterar la demarcación judicial, oído el Consejo General del Poder Judicial y en su caso la
comunidad autónoma afectada. Para el ejercicio de las facultades que se reconocen en los apartados anteriores al Gobierno y al Ministerio de Justicia será necesaria la previa inclusión de las dotaciones de gastos especificadas en la Ley
presupuestaria del ejercicio correspondiente. El Gobierno, en el marco de la Ley de Presupuestos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos de selección de miembros de la carrera
judicial y atendiendo a criterios de preferencia según las mayores cargas competenciales y, asimismo, a la concentración urbana, industrial o turística del ámbito territorial de la jurisdicción, procederá de manera escalonada a la constitución así
como a la conversión y supresión de juzgados necesaria para la plena efectividad de la planta prevista en esta ley, con sujeción a los criterios que se establecen en este artículo y siguientes, conforme a los previsto en los artículos 20.1 y 41 de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial.
Señorías, el artículo 92 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, determina que en cada provincia con jurisdicción en toda ella y sede en su capital habrá uno o más juzgados de lo social. También podrán establecerse en
poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose en tal caso el ámbito de su jurisdicción. A estos efectos, el anexo 9 de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, contempla en la circunscripción de Alacant como juzgados de lo social el juzgado con sede en Alacant que extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 3, 5, 6, 7, 10 11 y 12, en
Benidorm, que extiende su jurisdicción a los partidos judiciales números 1 y 9, y en Elx que extiende
su jurisdicción a los partidos judiciales números 4, 8 y 13.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que modifica el artículo 36 en relación a la
Administración de justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat valenciana fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales en los órganos jurisdiccionales en su territorio y la localización de su capitalidad. La Generalitat
participará también, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la creación o transformación del número de secciones o juzgados en el ámbito de su territorio. Las poblaciones de Alcoi e Ibi, así como las poblaciones que forman parte de
ambos partidos judiciales, cuentan con un amplio número de habitantes y un carácter eminentemente industrial, generando en la actividad un gran volumen de asuntos jurídicos laborales.
La inexistencia de un juzgado de lo social con sede en las
mismas poblaciones provoca numerosos desplazamientos de empresarios y trabajadores, así como de sus testigos, defensores y demás partes intervinientes a la ciudad de Alacant a celebrar los juicios con todas las molestias, gastos e inconvenientes que
ello genera. En este sentido el Ayuntamiento de Alcoi, en sesión plenaria realizada el día 31 de marzo de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar una moción sobre la creación de un juzgado de lo social en Alcoi, por lo que se insta a los grupos
parlamentarios en las Cortes para que conjuntamente o por separado presenten enmiendas al proyecto de Ley de demarcación y de planta judicial, que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, para la creación de un juzgado de lo
social con sede en Alcoi y que extienda su jurisdicción a los partidos judiciales de Alcoi e Ibi e inste también a la Generalitat valenciana para que haga las gestiones oportunas en el ámbito de sus competencias. Es por ello, señorías, que en esta
proposición no de ley que presentamos instamos al Gobierno español a considerar la modificación del anexo número 9 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial en el sentido de crear un juzgado de lo social de Alcoi que
extienda su jurisdicción a los partidos judiciales número 2 de Alcoi y número 12 de Ibi, previa audiencia de la Consellería de Justicia de la Generalitat valenciana.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existen presentadas enmiendas del Grupo Popular, para cuya defensa tiene la palabra doña Amparo Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Señor presidente, se trata de una enmienda de modificación porque tanto la forma como la terminología que emplea la propuesta de resolución no nos parece la adecuada para solicitar la creación de un nuevo juzgado.
En cuanto al fondo, debe ser el Gobierno el que ponga en marcha todos los mecanismos para la reforma de la ley y, por supuesto, debe requerir a las comunidades autónomas pero también al órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del
Poder Judicial. Precisamente la proposición no de ley de Esquerra Republicana lo que hace es omitir este hecho, mencionar solo a la Comunidad Valenciana, y por ello nuestra enmienda viene a procurar una mejor redacción y quitar esos vicios.
Quiero mencionar tres cosas. La propuesta de creación de un juzgado de lo social para Alcoi la ha reiterado en diversas ocasiones y desde hace años el Gobierno de la Generalitat valenciana, gobernando el Partido Popular, al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Es una propuesta que ha llevado el Partido Popular en el programa electoral de la Comunidad valenciana; es una propuesta y un compromiso del Gobierno valenciano.
Desde el año 2001 se estudiaba la posibilidad de un juzgado
de lo social, pero sobre todo en 2006 es cuando se insiste porque es una reivindicación histórica de los empresarios precisamente por la necesidad de este juzgado. Es cierto que el Ayuntamiento de Alcoi, el pasado año, aprobó una moción por
unanimidad -y le recalco que por unanimidad- de todos los grupos políticos para crear un juzgado de lo social en la ciudad de Alcoi. La comarca de L'Alcoiá y El Comtat reúne muchos municipios, es una comarca industrial y empresarial donde se genera
un gran número de litigios en el ámbito laboral y dirimirlos en la ciudad de Alicante supone grandes inconvenientes para todas las partes.
Señorías, estamos acabando casi esta legislatura y el Gobierno de Zapatero ha sido incapaz de traer a este Congreso, para su aprobación, la reforma de la Ley de demarcación y de planta judicial. Un anteproyecto fue aprobado en abril del
2006 por el Consejo de Ministros, con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que necesitan todos los partidos judiciales. El Partido Socialista tiene poco interés en buscar solución a los problemas cotidianos de los
ciudadanos y eso que todos los juzgados padecen una sobrecarga. ¿Qué ocurre? Que si no se modifica la ley -hoy lo hemos visto en esta Comisión- hay cantidad de proposiciones no de ley tanto en el Congreso como en el Senado que son simples parches.
Lo que importa, como digo, es la reforma de la ley, que no llega, y señores del Grupo Socialista, está acabando la legislatura, les quedan pocos meses, espero que la traigan a esta Cámara.
Pido al Grupo Socialista, primero, que recapacite y sea sensible a las necesidades que tenemos los alcoianos de una justicia rápida y eficaz. En segundo lugar, a las reiteradas peticiones que ha hecho el Gobierno de la Generalitat
valenciana para un juzgado de lo social en la ciudad de Alcoi, por las necesidades que he citado. Finalmente, me gustaría insistir en que mi grupo espera que Esquerra Republicana acepte la enmienda que hemos presentado porque nos parece una mejora
técnica en todos los aspectos, como he dicho al inicio. En caso de que la aceptara, quiero insistir en que mi grupo apoyará la moción de Esquerra Republicana a pesar de parecernos incorrecta porque no menciona al Consejo
General del Poder Judicial sino únicamente a la Comunidad Valenciana.
Por último, señor presidente, hay otra enmienda presentada. Me parece que es un flaco favor el que hace el Grupo Socialista a sus compañeros de Alcoi con una enmienda tendenciosa y omitiendo el nombre de la ciudad. Es cierto que muchas
ciudades de España necesitan órganos judiciales, pero en esta proposición no de ley hablamos de la ciudad de Alcoi, no de otra ciudad. Como alcoiana siento vergüenza de que un compañero omita el nombre de esta ciudad. La pregunta es muy fácil:
¿quieren o no un juzgado de lo social para la ciudad de Alcoi?
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN NUEVO JUZGADO MERCANTIL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002136.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos con el punto 25.° del orden día relativo a la creación de un nuevo juzgado mercantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Popular y para su defensa tiene la palabra doña María Salom.
La señora SALOM COLL: Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular es muy clara, pretende que se cree un nuevo juzgado de lo mercantil en Palma de Mallorca y la razón es que el actual
juzgado está saturadísimo, asume a día de hoy una carga de trabajo del doble de lo que le corresponde, según las estadísticas, para el buen funcionamiento de un juzgado. Por tanto, es necesaria y urgente la creación de este nuevo juzgado de lo
mercantil en la ciudad de Palma de Mallorca.
Como todos saben, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, determinará la creación de uno o varios juzgados de lo mercantil con jurisdicción en todo el ámbito territorial de cada provincia. En
la creación de nuevos juzgados se tendrá en cuenta el volumen de litigios de las distintas circunscripciones. Es suficientemente notorio y conocido por todos el importantísimo incremento en el número de asuntos que desde su entrada en
funcionamiento ha experimentado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca.
El abanico de atribuciones competenciales es amplio y complejo en los juzgados mercantiles y a modo de ejemplo les podría decir que todo lo referente al
ámbito concursal, a cuestiones societarias, transportes, propiedad intelectual, propiedad industrial, competencia desleal, etcétera, tiene una incidencia muy especial en las islas Baleares. Hay un índice muy elevado de sociedades en nuestra
comunidad autónoma, la cual tiene una actividad económica muy dinámica y relevante en un tejido empresarial y social como es el nuestro. Para que se den cuenta de cuál es el volumen de trabajo que tiene el Juzgado de lo Mercantil, en el año 2004
entraron 135 asuntos, pero es que en 2005 la cifra total de asuntos efectivos había aumentado a más de 540, y en el año 2006 el número ha superado ampliamente la cifra de 791. Si partimos de la base de que la cifra aprobada como idónea por el
Consejo General del Poder Judicial es de 350 asuntos totales anuales, es fácil ver que este juzgado asume un 220 más de carga prevista que la adecuada. Por tanto, creemos que este juzgado que hay en la capital asume una carga de trabajo de dos
juzgados y algo más. Hay una saturación, hay un cierto colapso y distintas entidades han solicitado la creación de un nuevo juzgado mercantil en Palma de Mallorca. Así lo ha manifestado el magistrado juez del Juzgado número 1 de lo Mercantil en
Palma, así lo han solicitado los colegios de procuradores y abogados, así como también el Gobierno de las Islas Baleares. Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso plantea esta proposición no de ley en la que pedimos que de forma
urgente, urgentísima, se cree un nuevo juzgado de lo mercantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y que mientras no se cree este juzgado se adopten medidas de refuerzo con más medios técnicos, humanos y materiales para
poder sacar cuanto antes ese gran número de expedientes que se están acumulando.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, no la vamos a aceptar porque es muy light, es un brindis al sol, no propone nada en concreto para las Islas Baleares, es muy genérica y donde nosotros decimos crear ellos hablan de implementar y
fomentar y nosotros creemos que es urgente, urgentísimo, que se cree ya en Palma de Mallorca un nuevo juzgado de lo mercantil.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existe una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero se defenderán todas al final. ¿Alguien quiere usar el turno de fijación de posiciones? (Pausa.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN NUEVO PARTIDO JUDICIAL EN ALBOCÁSSER.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/002208.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Pasamos al último punto del orden del día, el 27°, relativo a la creación de un nuevo partido judicial en Albocásser, Castellón. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para su
defensa tiene la palabra don Miguel Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Señor presidente, el municipio de Albocásser está al norte de la ciudad de Castellón, en dirección hacia Tarragona, tiene una cárcel prácticamente concluida, un centro tipo que será inaugurado, según respuesta del
ministerio, a finales de este
año. Dado el grado de hacinamiento que tiene la otra prisión de Castellón, el 181 por ciento, es presumible que allí se den reunión, obligatoria por cierto, casi 2.000 presos. Cual no es la sorpresa que después de la lealtad manifestada
por la provincia de Castellón, por la Comunidad Valenciana y por el municipio de Albocásser, todos ellos del mismo signo político, dando todas las facilidades para que en dos años y en tiempo récord esté construido un centro penitenciario para lo
que el Gobierno de España precisa los dos complementos indispensables, un cuartel de la Guardia Civil y un juzgado de vigilancia penitenciaria a través de la creación de un nuevo partido judicial, está sin comenzar siquiera su andadura. Lo hiriente
del caso es que Albocásser va a quedar como el peor municipio de España que se ha prestado a tener un centro penitenciario que va a estar a 55 kilómetros -es un municipio de interior- en su mayoría por carreteras locales y comarcales donde las
limitaciones de velocidad son de 50 y 60 por hora. Curiosamente en la provincia de Castellón, según el Defensor del Pueblo denunciaba y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconocía, el otro centro penitenciario que hay en la
actualidad, con 775 presos -este va a tener casi 2.000-, resulta que no puede atender un 25 por ciento de las atenciones sanitarias programadas porque no hay suficientes policías para el desplazamientos de los presos dentro de la ciudad de
Castellón. Sin embargo, ahora, a 55 kilómetros se pretende que haya una custodia permanente en un recorrido larguísimo -se va a batir el récord de España-, poniendo en riesgo a la población de Castellón y sobre todo inutilizando un gran número de
efectivos de Guardia Civil que tendrán que hacer el trasiego de estos 55 kilómetros por carreteras locales y comarcales hacia la capital, donde tendrán que ser juzgados.
Lo más notorio y llamativo del caso es que el Gobierno valenciano que ha hecho esta solicitud ha manifestado, como es su obligación competencial, el deseo de hacer frente a la inversión necesaria para construir el juzgado, si fuese necesario
para reformar el edificio que estime conveniente el Ministerio de Justicia y para sostener los medios materiales y el personal que acompaña a los servicios de justicia, que son competencia nacional. Por tanto, existe no ya una disposición sino un
ofrecimiento por escrito del Gobierno valenciano requiriendo al Gobierno de España que haga lo que por otra parte es lógico, que se cree un nuevo partido judicial para que allí exista un juzgado de vigilancia penitenciaria que pueda dar adecuada
atención a los internos del centro penitenciario. No entendemos cómo ante una propuesta que hemos dejado abierta (la del Gobierno valenciano se refiere a que ese partido judicial contenga 37 municipios, pero es indiferente que sean 37, 24 ó 42, es
una decisión del ministerio hablándolo con aquellos municipios, con el Gobierno valenciano y con el Consejo General del Poder Judicial; lo indispensable es que haya un juzgado de vigilancia penitenciaria que resuelva un problema judicial que se
convertirá en un problema de seguridad), como digo, no entendemos cómo el Partido Socialista pretende resolverlo con una enmienda genérica a las 27 propuestas distintas y distantes que hay en esta Comisión. Es mucho más enojoso, es mucho más
costoso construir una cárcel -y esta está terminada- que modificar la Ley orgánica de demarcación y de planta judicial, que es simplemente una decisión de esta Comisión y posteriormente su validación en Pleno a través del formato de ley orgánica.
Es mucho más costoso construir un centro penitenciario y la cárcel está concluida, a falta de inauguración, que veremos cómo con bombo y platillo se hace a final de este año. Lo curioso y singular es que en esa lealtad demostrada donde gobierna el
Partido Popular no han tenido ustedes ni un sola plataforma ni un solo vecino que no sea de su partido que haya protestado por la instalación, y ahora descubramos que se coloca el centro penitenciario sin los elementos indispensables para el
seguimiento judicial y de seguridad, máxime cuando el Defensor del Pueblo y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconocen que, por la falta de efectivos para llevar a los actuales presos que están en la ciudad de Castellón al
hospital, el 25 por ciento, la cuarta parte de los desplazamientos ya programados y de las visitas clínicas concertadas hayan tenido que suspenderse. No entendemos cómo ahora se va a disponer de tal número de efectivos para acompañarlos diariamente
al juzgado de Castellón a 55 kilómetros. No entenderíamos, por tanto, este nuevo castigo inmerecido al municipio de Albocásser y a la provincia de Castellón.
Estamos abiertos naturalmente a que esa enmienda se convierta en una transacción en la que figure específicamente que, como es lógico y como ocurre en todos los municipios, salvo en uno que ha encontrado el Partido Socialista que es el de
Zuera, comunicado por autovía con Zaragoza, salvo uno que han encontrado, tenga el juzgado de vigilancia penitenciaria que se merece y los dos juzgados que lo acompañarían de primera instancia e instrucción en el municipio de Albocásser.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Vamos a finalizar con la defensa de las enmiendas tanto a esta proposición como a las anteriores, para lo cual y para fijar su posición inicialmente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Socialista don Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Quiero indicar que será un turno de defensa de las enmiendas que hemos presentado a diversas proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios y, a su vez, fijaremos la posición en aquellos casos en que no
hayamos presentado enmiendas. Y en relación con las enmiendas que presentamos de sustitución, quiero indicar que, como he tenido ocasión de mencionar en el debate de la proposición no de ley relativa a Formentera, hemos formulado una enmienda
transacción en la mañana de hoy que afecta concretamente a Chiva, Adra, Formentera, Pont de Suert,
Sort, Tárrega, Mollerussa, Borges Blanques, Banyoles y Albocásser.
Comenzando esta intervención general he de manifestar que la intención del Gobierno es la realización del proyecto de ley de reforma de la Ley de demarcación y de planta judicial. Por tanto, en primer lugar y antes de continuar con esta
intervención quiero dejar clara la voluntad del Gobierno, que se ha evidenciado en la mañana de hoy en esta Comisión, de que es necesaria la adecuación de la demarcación judicial; la planta judicial se puede hacer a través de decreto, pero no así
la demarcación judicial, que exige la reforma de la Ley de demarcación y de planta judicial. Tenemos que decir al Grupo Parlamentario Popular, no a los grupos parlamentarios nacionalistas que han intervenido, que hay que tener cuidado cuando se
viene a este Congreso a poner en evidencia al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno socialista porque han gobernado en España durante ocho años, cuatro de ellos con mayoría absoluta, y la Ley de demarcación y de planta de 1988 no ha sufrido
nueva reforma, cuando, como digo, pudieron hacerlo el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno popular puesto que en cuatro de los ocho años que gobernaron tuvieron mayoría absoluta para llevar a cabo esa modificación legislativa.
En cuanto a la modificación de los partidos judiciales, en aquello que tiene que ver con la demarcación y afecta a los partidos judiciales, habrá otras cuestiones como la que se ha referido aquí de la extinción de la jurisdicción de algunos
juzgados de lo Social, con la creación de algún juzgado de lo Social y la extensión de la jurisdicción del mismo a otro partido judicial. En relación por ejemplo con Alcoi e Ibi, indicaremos también que en aquello que tiene que ver con los partidos
judiciales es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que establece por qué se pueden modificar los partidos judiciales, qué debe llevar a la modificación de los partidos judiciales, o qué tiene que ser un partido judicial para su integración.
Estamos hablando de un número determinado de asuntos, de unas características de la población, de los medios de comunicación y las comarcas naturales, y nuestro grupo reconoce que en muchas de las proposiciones no de ley que aquí se han planteado
hoy existen circunstancias que en algunos casos no cumplen con todos los parámetros pero que en otros sí tienen una singularidad propia que debe llevar a que en el proyecto de modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial tengan que
atenderse algunas de estas cuestiones. Sin embargo, hemos de manifestar que estamos en un tiempo de proceso de cambio estatutario de los estatutos de autonomía de diversas comunidades autónomas y, además, curiosamente, en la Comisión que hoy hemos
celebrado ha coincidido que las proposiciones no de ley de creación de partidos judiciales se han referido todas ellas a comunidades autónomas que ya han reformado sus estatutos de autonomía; estamos hablando de Valencia, en el caso de Albocàsser y
Chiva; de Baleares, en relación con Formentera; de Andalucía, en el caso de Adra; y de Cataluña. Tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución establece en el artículo 152.2 que las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía son
las que tienen que indicar cómo se participa por las comunidades autónomas en la demarcación judicial y luego será eso de que habrá de conformarse con relación a los parámetros fijados por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por eso, cuando antes
la señora Nadal se refería a una sentencia del Tribunal Constitucional, no estaba diciendo todo aquello que refleja la sentencia, que no se estaba refiriendo -porque no podía hacerlo- a que estos estatutos de última generación que hemos aprobado en
esta legislatura desarrollan específicamente en qué tiene que basarse aquello que se dice en el artículo 152 de la participación de las comunidades autónomas en la fijación de la demarcación judicial. Creo que es flaco favor citar resoluciones
judiciales cuando no se ponen en su contexto.
El parámetro que viene establecido en la Ley de 1988, de Demarcación y Planta Judicial, en términos generales y además así figura en su preámbulo indica una superficie en torno a 700.000 kilómetros cuadrados y una población de 50.000
habitantes para que se conforme un partido judicial tipo. Es verdad que hay que hacer excepciones, y nosotros entendemos que deben hacerse, pero yo quisiera decir a algunos de los grupos que han intervenido en esta Comisión que a nosotros nos
parece que el Partido Popular en este tema está actuando con profunda incoherencia.
La señora Nadal ha dicho en su intervención, contestando a todas las proposiciones no de ley que afectaban a la Comunidad Autónoma de Cataluña, algo que nosotros
entendemos que debe ser al revés, ha dicho que técnicamente están bien realizadas las proposiciones no de ley de Convergència i Unió, no compartimos la forma en que se ha realizado las proposiciones no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya.
¿Por qué dice que no las compartía? Porque decía que las proposiciones no de ley -y también lo ha dicho la diputada en relación con el tema de la creación de un juzgado de lo Social en Alcoi- de Esquerra Republica se utiliza -y nosotros creemos que
correctamente- la nueva normativa estatutaria, que es ya derecho positivo y vigente. En Cataluña, lo que tienen que decir ustedes, señores del Partido Popular, es que el artículo 107 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que ustedes tienen
recurrido en el Tribunal Constitucional, es absolutamente igual que el artículo 151 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y ustedes ese no lo tienen recurrido. Por encima de estos dos estatutos incluso es mucho más avanzada la propuesta que se
contiene en el artículo 36 del Estatuto de Valencia, y como ustedes gobiernan allí trajeron un proyecto que hubo que modificar a la baja y se dejó en el término siguiente: La Generalitat fijará la delimitación de las demarcaciones territoriales de
los órganos jurisdiccionales en el territorio y la localización de su capitalidad.
Quiero decirles con ello que estos argumentos que nos han dado para estar en contra de las proposiciones no de ley de Esquerra Republicana de
Catalunya son los que tendrían que haber utilizado ustedes en relación con la proposición no de ley de Adra, en Andalucía, porque esa misma actuación estatutaria está en entredicho. Además, nos referimos a que nos ha parecido que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha ocultado en toda la defensa de sus proposiciones no de ley precisamente aquello en lo que con nosotros colaboró a su aprobación, que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. A nosotros nos parece que
la no mención del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las proposiciones no de ley de Convergència i Unió dice bien poco del espíritu de defensa del Estatut, que tiene que conformarse en una fuerza como la de Convergència i Unió que, junto a
nosotros, luchó por sacar adelante ese Estatuto de Autonomía, y nos ha parecido un clamoroso silencio el que en sus proposiciones no de ley no se mencione en ningún caso la competencia que nosotros reclamamos en relación con la participación en la
demarcación, que aparece perfectamente fijado en el artículo 107 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Dicho esto en relación con la generalidad de las proposiciones no de ley que se han indicado, paso brevemente -y apelando a la generosidad del presidente, puesto que vamos a consumir un solo turno- a detallar nuestra postura con todas y cada
una de ellas.
En primer término, y con relación al partido judicial que se propone por parte del Grupo Parlamentario Popular en Chiva, nosotros indicamos que, como antes hemos dicho, en ese compromiso del Gobierno de sacar adelante la reforma de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, en ese primer anteproyecto hay contemplados cinco partidos judiciales en España. Pues bien, eso que es un primer anteproyecto -que por parte de algún miembro del Grupo Popular se ha dicho que dormirá el sueño de los
justos en algún cajón del ministerio- ha salido del cajón del ministerio, ha ido a cumplimentar los trámites que establece la Ley de Demarcación y Planta y ha recibido el informe favorable por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero
todavía queda que deba implementarse con los informes que deban realizar las comunidades autónomas y convertido en proyecto de ley venir a estas Cámaras, y en ningún caso serán menos de esos cinco partidos judiciales y es probable que sean más en el
devenir lógico que debe tener ese proyecto de ley. Volviendo al tema de Chiva, hay que indicar que viene contemplado en ese anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial, porque es verdad que Chiva pertenece actualmente al partido judicial
de mayor extensión de España, Requena, y por tanto a nosotros nos parece que hay una situación de dificultad geográfica a la que se podrá dar una solución y que así aparece ya en la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Sin
embargo, tenemos que poner en valor aquello que aprobamos, ustedes y nosotros, que es el Estatuto de Autonomía de Valencia, en el cual tiene que haber una participación de la comunidad autónoma, y que nosotros hemos presentado en la enmienda
transaccional como lo correcto.
En relación con el partido judicial de Albocàsser, que propone también el Grupo Popular, quisiera hacer alguna precisión. La primera es que no solamente estamos hablando de Zuera como centro penitenciario que no tenga partido judicial; le
podría hablar de Dueñas o de Topas, donde no existen los partidos judiciales. A nosotros nos parece en principio aceptable la propuesta que se formula en relación con un hecho que usted ha singularizado perfectamente, que es la existencia de un
centro penitenciario, pero también es verdad que no se cumple con los parámetros que fija la Ley de Demarcación puesto que la población a la que afectaría sería de 24.380 personas. A nosotros nos parece que lo razonable es que se acepte la enmienda
en los términos en que la hemos formulado para que se estudie esta posibilidad por parte del Gobierno antes de que envíe al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Con relación a la necesidad de crear un Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria quiero decirle que eso no siempre ocurre, hay municipios que no son capital de provincia como Ocaña, que tiene centros penitenciarios y Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pero hay otros muchos municipios que tienen
centros penitenciarios, no son capital de provincia y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no está siquiera en la capital de la provincia sino en la capital de la comunidad autónoma, como por ejemplo en Castilla y León.
Sobre el municipio de Adra, se ha manifestado por el diputado del Grupo Popular la necesidad de crear un partido judicial con el único municipio de Adra y por tanto segregarse del actual partido judicial cuya capitalidad está en Berja.
Nosotros entendemos que se incumpliría el criterio de la extensión del partido judicial, frente a los 700.000 kilómetros cuadrados estaríamos hablando de 90,1 kilómetros cuadrados, pero nos parece que es verdad, que hay un número importante de
población, y por ello creemos que puede tener sentido que se estudie por parte del Gobierno esta propuesta. Sin embargo, aquí nosotros, que junto a ustedes hemos aprobado el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que nos creemos el artículo 151 -que
coincide con el catalán, aunque el andaluz ustedes no le han impugnado- decimos que tiene que haber una participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por ello les hemos planteado la enmienda de transacción.
En relación con Formentera intervine anteriormente. Por lo que hace referencia a Pont de Suert, en la iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tenemos que decir que es una proposición que debe estudiarse de forma conjunta
con la que también presentan en relación con Sort y que, en este caso, hay que indicar que con la distribución que nos proponen en Pont de Suert el partido judicial quedaría con 4.004 habitantes. Es verdad que no se cumple en ningún caso aquello
que se fija de 50.000 habitantes, pero también entendemos que hay una situación de dificultad en relación
con la orografía y la situación de montaña de ese partido judicial que se propone. Por tanto, a nosotros nos parece correcto que se aprobara la enmienda transaccional que hemos presentado para que sea valorada por quien corresponde, en este
caso por la Generalitat de Cataluña, que es la que tiene que hacer esa primera valoración, y en su caso recogerse luego en el proyecto de ley.
En relación con el municipio de Sort, reiteramos las razones esgrimidas para Pont de Suert. En este caso no solamente existe la iniciativa de CiU, también existe la de ERC, que a nosotros nos parece técnicamente más correcta, pero hay que
reconocer que estaríamos hablando de un partido judicial con una población de 7.067 habitantes, que es la que abarcaría la propuesta que se realiza de municipios para conformar ese partido judicial. Respeto el Estatut, tiene que ser una propuesta
que parta de la Generalitat, y más tarde, en su caso, que se valore.
En relación con el municipio de Tàrrega, hay dos proposiciones, una de CiU y otra de ERC. En ambos casos tenemos que decir que deberá estudiarse esta propuesta a la vista de la que luego me referiré en Mollerusa porque esto afectaría a los
municipios de donde se segregarían para la conformación de estos partidos judiciales, que son los partidos de Balaguer, Cervera y de la propia capital, Lleida. Por tanto en Tàrrega se abarcaría a 34.117 habitantes, por lo tanto es una cifra
sustancial y a nosotros nos parece que debe hacerse caso al respeto estatutario que nosotros hemos adquirido y por tanto esa propuesta debe partir del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Sobre el partido judicial de Mollerusa que ha planteado Convergència i Unió tenemos que hacer la advertencia de que significaría que se produciría algo que a nosotros nos crea un problema, como es que los partidos judiciales existentes
actualmente quedarían conformados por juzgado de Primera Instancia e Instrucción únicos y eso es una disfunción que a nosotros nos parece que debe sopesarse y estudiarse por quien tiene la competencia que es la Generalitat y luego ya por parte del
Gobierno.
Evidentemente, nosotros creemos que los 33.105 habitantes de ese municipio y los que conformarían el partido judicial deben ser estudiados en los términos en los que me he referido anteriormente.
Lo mismo podríamos decir de la propuesta de Les Borges Blanques, que hay que valorar positivamente. Creemos que se cumple con la superficie que se fija como módulo en el preámbulo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, aunque
no se cumple con el parámetro de la población, escasamente se llegaría a los 20.000 habitantes. No obstante es verdad que hay condiciones de singularidad y como aquí la segregación es sobre el partido judicial de Lleida podríamos entender que la
propuesta que en su caso haga la Generalitat debe ser valorada por parte del Gobierno y de ahí nuestra enmienda transaccional.
En relación con el municipio de Banyoles, queremos repetir a Convergència i Unió que la propuesta que han efectuado por vía de la proposición no de ley dejaron de hacerla ustedes cuando gobernaban en Cataluña, puesto que desde el año 2002 la
Generalitat de Cataluña, gobernada por ustedes, no volvió a reiterar la necesidad de petición de este partido judicial que abarcaría 27.900 habitantes pero solo una superficie de 263,3 kilómetros cuadrados, pero siendo como es una comarca, a
nosotros nos parece que debe estudiarse esta propuesta. Todas estas propuestas tienen su razón, tienen su lógica y deben ser estudiadas y valoradas por parte de quien corresponde, en primer término las comunidades autónomas y luego el Gobierno.
Sobre la creación de un Juzgado de lo Social en Alcoi -no tenemos ningún problema en hablar de Alcoi- que extienda su jurisdicción al partido judicial de Ibi, el diagnóstico que se hace por parte de Esquerra Republicana es correcto, se trata
de una zona de amplia actividad laboral y económica y por tanto con un amplio despliegue de medios de producción que tiene su traslación a la creación de litigiosidad en el ámbito social. Es verdad, como dice el Partido Popular, que se ha propuesto
en 2001, lo que no ha dicho la diputada del Grupo Popular es que del año 2001 al año 2004 el Partido Popular tenía mayoría absoluta para haber cambiado la Ley de Demarcación y Planta Judicial y no lo hizo porque no quiso. Por lo tanto, el mayor
compromiso del Partido Socialista está ahí, una de las comunidades autónomas más beneficiada por el aumento de las unidades judiciales y fiscales en esta legislatura es la Comunidad Valenciana. Quiero hacerle a la diputada que ha intervenido en la
defensa de esta enmienda una reflexión. Usted ha venido aquí a decir que los socialistas no quieren poner el nombre de Alcoi, nosotros hablamos de Alcoi porque si esto se tiene que hacer habrá que hacerlo en Alcoi, pero le quisiera decir que su
compañera Dolors Nadal ha dicho que aquí no tenemos que hablar ni de municipios ni de capitalidades. Pónganse ustedes de acuerdo y digan todos lo mismo.
En relación con los juzgados mercantiles de Santiago, no podemos aceptar la enmienda que se nos ha propuesto transaccional a la nuestra por parte del Grupo Parlamentario Popular, lo mismo que en relación al municipio de Vigo. Creemos que en
Santiago, siendo la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, aun no cumpliendo con los parámetros ni tan siquiera el propio juzgado provincial de La Coruña, puesto que los parámetros son de 350 asuntos ingresados y en el juzgado de La Coruña,
que extiende su jurisdicción a toda la provincia, ingresaron 250, puede tener lógica hablar de aquello que se ha expresado sobre la singularidad de que nos encontramos en un municipio que es la capital de la comunidad. Por tanto, habrá de
estudiarse esa posibilidad y habrá de hacerse en coordinación con la Xunta de Galicia. La diputada del Grupo Popular ha dicho que se ha abandonado a la Administración de Justicia en Santiago, pero sería bueno recordarla que se han creado dos
juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Santiago de Compostela y que eso ha permitido algo
fundamental, la separación de ambos órdenes y afortunadamente por esa creación de medios del Gobierno socialista ahora se han separado los juzgados de Primera Instancia y los de Instrucción en Santiago, así como la creación del Juzgado
número 2 en el orden Contencioso-Administrativo.
De abandono nada, más medios que en ninguna otra circunstancia y más medios que por parte del Gobierno del Partido Popular cuando estaba gobernando en España. Hay otra posibilidad que podría ser
estudiada pero llevaría consigo la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, como es que uno de los juzgados de Santiago tuviera un carácter mixto y pudiera llevar asuntos civiles y mercantiles del partido judicial de Santiago y
extenderlo a algunos otros, pero esta es una propuesta que debe buscarse por la vía de la enmienda que hemos propuesto.
Con relación a Vigo, se creó el segundo Juzgado de lo Mercantil y el Gobierno hizo aquello que estaba en su mano sin tener que modificar la Ley de Demarcación. El Gobierno, cuando creó el segundo Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra,
propuso al Consejo General del Poder Judicial que en aplicación del artículo 269 se constituyera de forma permanente en Vigo, y el Consejo General del Poder Judicial se opuso a que el segundo Juzgado de Pontevedra de lo Mercantil se constituyera de
forma permanente en Vigo. No hubiera sido mala alguna gestión de algún miembro del Grupo Parlamentario Popular ante el Consejo que adoptó aquella decisión, ya que si se hubiera atendido a la propuesta que hizo el Gobierno socialista para que el
segundo juzgado de la provincia de Pontevedra se hubiera desplazado de forma permanente a Vigo, ahora estaría resuelto este problema. Por tanto, la vía que tenemos es la de la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y a ella nos
remitimos en la enmienda que hemos planteado.
Sobre la propuesta de creación del segundo Juzgado de lo Mercantil en las Islas Baleares, nos parece que puede tener su lógica y su razón, es verdad que se están sobrepasando los parámetros que se establecen de los 350 asuntos fijados por el
Consejo General del Poder Judicial, pero también es cierto que esa propuesta no requiere una modificación de la ley, se puede hacer por parte del Gobierno mediante la aprobación de un simple decreto. Mediante nuestra enmienda, nosotros trasladamos
al Gobierno que estudie esta situación porque puede darse la circunstancia de que deba llevarse a cabo esa creación. También tenemos que indicar que hay que conjugar, en relación con el caso de Baleares, que hay una situación de insularidad que
tiene que entenderse y contrastarse. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Sobre la creación de juzgados de Violencia de Género en León y en Burgos, hemos presentado una propuesta que es una enmienda razonable, que tiene que ver con el respeto a los módulos que ha fijado el propio Consejo General del Poder Judicial
tanto de diligencias urgentes como de diligencias previas, y les diré que en el Juzgado número 4, que es el que tiene asignada la función no en exclusiva en relación con el partido judicial de León, en el año 2006 hubo 198 diligencias urgentes y 159
diligencias previas, siendo los módulos del Consejo 1.200 diligencias previas y 650 diligencias urgentes. Nosotros entendemos que hay que avanzar en la especialización y en los juzgados exclusivos de violencia de género, y aquí tenemos la ventaja
de que no es necesaria la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial porque quedó habilitado con la aprobación de la Ley Orgánica de Violencia de Género la posibilidad de que el Gobierno, por decreto, adscribiera la creación de juzgados
exclusivos. Cuando se aprobó la Ley de Igualdad se retiró por acuerdo de todos los grupos la comarcalización que se preveía en relación con la creación de juzgados. A nosotros nos parece que en este caso podría buscarse, por la vía de esta
enmienda que hemos propuesto, el estudio por parte del Gobierno, de la Junta de Castilla y León y del Consejo General del Poder Judicial, en la revisión de los módulos, la posibilidad de implementarse estos medios.
Señor presidente, con esto he dado respuesta a todas las proposiciones no de ley que se han planteado por los diversos grupos. Resumo diciendo que son razonables en gran cantidad de ocasiones, que el Gobierno tiene el interés de traer a
esta Cámara el proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial, y de ahí está el compromiso de nuestra enmienda, respetando -eso sí- el nuevo marco generado, porque además ha coincidido que todas las proposiciones no de ley han tenido que ver con
situaciones de municipios que pertenecen a comunidades autónomas que han reformado sus estatutos. Por tanto hay que tener cuidado y ser precisos en la necesidad de que esas comunidades autónomas tengan la participación en la demarcación que ya
establecía el artículo 152 de la Constitución y que ha quedado absolutamente definido en estos nuevos estatutos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Santaella para referirse a las enmiendas que han sido defendidas.
El señor SANTAELLA PORRAS: Mi grupo, y creo que el resto de grupos, venía con un orden del día y 26 puntos concretos de proposiciones no de ley. La verdad es que no veníamos preparados para una comparecencia del portavoz del Grupo
Socialista, quien, por justificar una enmienda concreta a los 26 puntos, ha venido a decir que no contesta y que evita el debate de problema por problema, demanda por demanda, de cada uno de los puntos que en el orden del día se están solicitando.
Esto es lógico. Cuando no hay argumentos porque no hay recursos -y así se ha estado debatiendo durante tres años concretos en los Presupuestos Generales del Estado- en cuanto a la sección 13 del Ministerio de Justicia y se ha ido evidenciando el
deterioro en inversiones de reposición y de mantenimiento, tenemos que llegar a la conclusión de decir no y no apoyar proposiciones
y temas concretos que afectan a la ciudadanía, tenemos que dar una comparecencia para decir que lo que prospera es una enmienda porque hay que modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Mire usted, la modificación de esta ley tiene
que hacerse porque la sociedad evoluciona, ustedes no lo han hecho y no digan que no se hizo anteriormente porque se hicieron modificaciones tanto de demarcación como de planta y no tiene más que irse a la ley y ver las distintas modificaciones que
se han ido aprobando. No venga usted a excusarse, señor Muñoz, con que este Gobierno ha sido incapaz de elaborar una demarcación y planta y no venga a referirse a otros gobiernos cuando desde nuestro grupo parlamentario venimos durante tres años
consecutivos diciéndole que es indigno, porque en su programa ya llevaban la modificación de los incrementos en la sección 13 del Ministerio de Justicia. No es normal la falta de recursos que hay para inversiones y mantenimiento en todo lo
relacionado con la justicia. Señor Muñoz, en nombre de los portavoces que han intervenido por mi grupo parlamentario en los distintos puntos, le agradecemos su enmienda, pero como es una generalidad tan obvia no se la vamos a admitir y vamos a
solicitar la votación separada de cada una de nuestras proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Puesto que he sido aludida casi en una media docena de ocasiones por parte de don Pedro Muñoz, le agradezco, señor presidente, que me haya concedido el uso de la palabra. Quiero disculparme por haber tenido que
ausentarme de la Comisión unos breves momentos en los cuales el señor Muñoz ha hecho alusión a que se habían mencionado parcialmente sentencias del Tribunal Constitucional y no se había hecho reconocimiento de la existencia del artículo 107 del
nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señoría, estoy segura de que por sus profundos conocimientos constitucionales sabe perfectamente que el alcance que dan las sentencias 56/1990 y 62/1990 nada tiene que ver con la existencia de reformas o no
estatutarias, tiene que ver con la interpretación constitucional que se da al artículo 152.1, como excepción a la competencia exclusiva del Estado en el artículo 149. Por lo tanto, usted sabe perfectamente que la autonomía de las Cortes Generales
no puede quedar condicionada a la existencia de una propuesta por parte de la comunidad autónoma. Ha habido otro reproche por parte del señor Muñoz a esta diputada en el sentido de que había contradicción con otros portavoces del el Grupo
Parlamentario Popular. Estoy segura que S.S. ha escuchado con mucha atención la intervención de esta diputada y recordará perfectamente que no solo se han mencionado todas y cada una de las propuestas de creación de Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción, sino que incluso se han mencionado cada una de las cabeceras de comarca en las cuales se pedía su creación. A lo que he hecho referencia -y quizá S.S. por haber votado en contra en algunas ocasiones en el Parlament de Catalunya a
cosas que aquí votan que sí, olvida-, es a una votación que se produjo en la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya, a la que se ha referido también otro grupo parlamentario, de fecha 4 de noviembre de 2004.
Respecto a esa afirmación, que nada tiene que ver con la realidad, sobre que el Grupo Popular no había modificado la Ley de Demarcación y Planta Judicial se ha pronunciado ya el portavoz de mi grupo en la intervención anterior. Es muy fácil, tanto
como que el Grupo Socialista diga que va a respetar la decisión del Tribunal Constitucional. Ustedes saben perfectamente que hay en este momento ocho recursos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional. El Partido Popular,
no solo respecto al artículo 107 del Estatut de Autonomía de Cataluña sino respecto a todos y cada uno de los artículos del Estatut, va a acatar -aunque no satisfaga plenamente sus pretensiones- la sentencia del Tribunal Constitucional. El Partido
Socialista se ha negado a hacerlo en Comisión y en Pleno, se ha negado a hacerlo sistemáticamente. Esto solo tiene una interpretación, o se está intentando crear una situación que tendrá que ser resuelta por el próximo gobierno del Partido Popular
o se está intentando realizar un fraude y un pulso al Tribunal Constitucional, porque se intentan consolidar situaciones de hecho que son incomprensibles en un partido como el Partido Socialista, al que se le debe exigir esa mínima lealtad
institucional.
Hechas las aclaraciones, le vuelvo a agradecer, señor presidente, el turno de palabra que me ha concedido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Después de este turno que no sé bien cómo interpretar, en cualquier caso con algún tinte exótico porque no sé bien si se pronunciaba sobre algo que no tenía por qué pronunciarse puesto que yo he sido el que se ha
referido a las enmiendas que hemos presentado y a las proposiciones fijando nuestra posición, indicaremos que respetamos y nos parece correcta la benevolencia del señor presidente en el ámbito del respeto a la libertad de expresión de los señores y
señoras diputados.
Pero quisiera decirle, en virtud de haber sido tan reiteradamente aludido en estas intervenciones de los miembros del Grupo Parlamentario Popular, que algo debe haber fallado porque cuando el representante del Grupo Parlamentario
Popular, el portavoz adjunto, ha manifestado hace un momento que ya se hizo y se hizo todo lo que había que hacer por el Gobierno del Partido Popular, no debió ser así porque hoy estamos enfrentándonos a un orden del día de 27 proposiciones no de
ley. Algo no debió hacerse. Nosotros hemos buscado el consenso y la forma de incrementar los recursos, y como también se ha hecho una digresión sobre lo que debe ser el próximo debate
presupuestario, permítame, abusando de su amabilidad, señor presidente, que le reitere nuevamente que en cuanto a la sección número 13 de los Presupuestos Generales, no solo hemos cumplido con aquello que se establecía en el pacto sino que
en virtud de la liquidación del presupuesto hemos superado aquello que se establecía en el Pacto de Estado por la justicia.
El señor PRESIDENTE: La flexibilidad procura crear el ambiente más adecuado para el concierto cuando se intenta aproximar posiciones. Como la obligación de la Presidencia es la aproximación de las posiciones, someto a votación cada una de
las proposiciones no de ley y en cada una de ellas iré preguntando si hay posibilidad de aproximación o no. Primera proposición no de ley, relativa a la puesta en marcha de un partido judicial en Chiva, Valencia. Hay una enmienda transaccional del
Grupo Socialista. ¿El Grupo Parlamentario Popular?
La señora CAMARERO BENÍTEZ: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda proposición no de ley, relativa a la creación de un partido judicial en Agra, Almería. Hay una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Popular no acepta la enmienda de transacción y por lo
tanto sometemos a votación la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la creación de un Juzgado de lo Mercantil en la ciudad de Santiago de Compostela, A Coruña. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que no se acepta, y hay una enmienda transacional que plantea
el Grupo Popular a su propio texto, que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Relativa a la creación de un partido judicial en Formentera, Baleares. Hay una enmienda transaccional del Grupo Socialista que no se acepta.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Una precisión. Quisiera recordar al Grupo Popular que cuando ha intervenido el portavoz ha dicho que iba a aceptar nuestra transacción. Lo digo por si hay un cambio de criterio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: El punto número 4 no se ha sometido a votación.
El señor PRESIDENTE: Estamos en la proposición no de ley sobre la creación de un partido judicial en Formentera, de la que son autores el Grupo Parlamentario Socialista y Esquerra Republicana, y el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana dice que no acepta la transaccional que presenta el Grupo Socialista. Se vota el texto de la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto número 6. Proposición relativa a la creación de un Juzgado de lo Mercantil en Vigo, Pontevedra. Hay una transacción del Grupo Parlamentario Popular y una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
No se acepta la enmienda del
Grupo Socialista. Se mantiene la propuesta de transacción del Grupo Parlamentario Popular y en esos términos vamos a realizar la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Pont de Suert, Lleida. Es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y hay una
enmienda transaccional del Grupo Socialista que no es aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la restitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sort, Lleida, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hay una transacción del
Grupo Socialista que no es aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la creación de un partido judicial en Sort al que se destine un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Hay una transacción del Grupo
Socialista que no es aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Tàrrega, Lleida, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán. Hay una enmienda transaccional del
Grupo Socialista que no es aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la creación de un partido judicial en Tàrrega al que se destine un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de la que es autor el Grupo de Esquerra Republicana. Hay una enmienda del Grupo Socialista que no es
aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Mollerussa, Lleida, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán.
Hay una enmienda de transacción
del Grupo Socialista que no es aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la construcción de una nueva sede para los juzgados de Ibiza y Formentera, de la que es proponente el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. No tiene enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la restitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Les Borges Blanques, Lleida, de la que es proponente el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene una enmienda
transaccional del Grupo Socialista que no se acepta.
Se somete por lo tanto a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la restitución de un partido judicial en Les Borges Blanques al que se destine un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de la que es proponente el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene una
enmienda transaccional del Grupo Socialista que no es aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la creación de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tremp (Pallars Jussà), de la que es autor el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Hay una enmienda del Grupo Socialista que no es
aceptada, por lo que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con sede en Banyoles (Girona), de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán.
Tiene una enmienda del Grupo
Socialista que no es aceptada, por lo que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la consideración de autorizar el cambio de capitalidad del registro número 2 de Vic a la ciudad de Manlleu, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora OLIVA I PEÑA: La habíamos retirado.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para mejorar la situación
de los juzgados de Tomelloso (Ciudad Real), de la que es proponente el Grupo Parlamentario Popular. Hay una enmienda del Grupo Socialista que no es aceptada, por lo que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la celebración de juicios del Juzgado de lo Penal de Burgos en la ciudad de Miranda de Ebro, de la que es proponente el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que
no es aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a la celebración de juicios del Juzgado de lo Penal de Burgos en la ciudad de Aranda de Duero. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que no es aceptada, por lo que se somete a votación en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hay una proposición no de ley que ha sido corregida in voce y cuya nueva redacción facilitada por el grupo proponente, Esquerra Republicana, sometemos a votación. Se refiere a la conveniencia y necesidad de que en las Islas Baleares se cree
la Fiscalía especial de Medio Ambiente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre creación de un Juzgado de Violencia de Género en la provincia de Burgos, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular. Hay una enmienda que el Grupo Socialista presentó in voce, que coincide exactamente con
la enmienda que se presenta a la proposición no de ley número 26, que se refiere a la creación de un Juzgado de Violencia de Género en la provincia de León. No aceptan ninguna de las dos.
Sometemos ambas proposiciones por separado a votación. En
este caso nos referimos a la provincia de Burgos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sobre creación de un Juzgado de lo Social con sede en Alcoi que extienda su jurisdicción a los partidos judiciales número 2 de Alcoi y 12 de Ibi.
El autor es Esquerra Republicana y tenemos dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular
que no aceptan y otra del Grupo Parlamentario Socialista que tampoco aceptan, por lo que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto, procede ponderar. Con el resultado ponderado se aprueba esta proposición no de ley por: Votos a favor, 165; en contra, 164; abstenciones, cinco.
Proposición no de ley relativa a la creación de un nuevo Juzgado de lo Mercantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista que no es aceptada, por lo que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre la creación de un Juzgado de Violencia de Género en la provincia de León. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que no acepta el Grupo Parlamentario Popular, por lo que se somete a votación en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Para finalizar las votaciones, la número 27, relativa a la creación de un nuevo partido judicial en Albocàsser (Castellón), de la que es proponente el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Hay una enmienda transaccional del Grupo
Socialista que no se acepta por lo que la sometemos a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Agradeciendo a los servicios de la Cámara, a los medios de comunicación y a todos ustedes su colaboración, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.