CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 835

MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA BONÀS PAHISA

Sesión núm. 41

celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) para presentar la última evaluación de la situación del medio ambiente en España, realizada por la Agencia Europea del Medio Ambiente. A petición propia. (Número de
expediente 214/000159.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión 41 de esta Comisión para celebrar la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, que nos va a presentar la última evaluación de la situación del medio
ambiente en España, realizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente.



Tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señorías, solicité hace bastantes meses esta comparecencia, entendiendo que era oportuno dar conocimiento a los miembros de esta Comisión de cuál es la opinión que tiene la máxima
autoridad en cuanto al seguimiento del estado del medio ambiente y de las políticas ambientales a nivel europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente, y entendiendo también que ello permite un marco de reflexión sobre cómo va evolucionando España en
materia ambiental, sobre cuáles son los temas donde tenemos mayores problemas y en qué estamos avanzando. Más allá de lo que es el propio texto de ese informe del año 2005 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, quisiera hacer una valoración de
cómo vamos avanzando, sobre todo en aquellas cuestiones que el propio presidente del Gobierno, al inicio de la legislatura, estableció como prioridades desde el punto de vista del Gobierno en materia ambiental. Me refiero, por supuesto, a la lucha
contra el cambio climático y a la reorientación de la política del agua en nuestro país. Haré un comentario sobre el documento de la Agencia Europea de Medio Ambiente, documento, como decía, del año 2005 y que por tanto considero que es conocido y
accesible para SS.SS. desde hace tiempo. Hemos preparado una información que espero que todos tengan, donde, además de algunos de los capítulos de este informe -el capítulo de resumen sobre el medio ambiente europeo, el capítulo relativo a
España-, hay un resumen elaborado por el propio Ministerio de Medio Ambiente para sintetizar los contenidos del informe. Espero que asimismo se haya podido repartir una tabla -que ha sido elaborada por el ministerio a partir del informe-, en la que
se ve la posición relativa de España respecto al conjunto de los países analizados.



La Agencia Europea de Medio Ambiente, de acuerdo con su decreto de creación, elabora informaciones periódicas sobre el estado del medio ambiente en Europa, aproximadamente cada tres años; es un informe amplio, lo que se llama el State
outlook of environment report. En este caso vamos a hablar del del año 2005. Es un documento de 570 páginas, que se refiere a la situación del medio ambiente en 31 países, en ese momento miembros ya de la Agencia Europea de Medio Ambiente: los 25
países que en ese momento ya eran miembros de la Unión Europea; 3 de la EFTA -Noruega, Islandia y Liechtenstein-, y tres países que estaban en proceso de adhesión en ese momento, Rumania y Bulgaria, que ahora ya son países miembros, y Turquía.
Para todos estos países se analizan los progresos realizados en materia ambiental durante un periodo aproximado de diez años. La mayoría de los datos del informe del año 2005, como veremos después, se refieren a datos del año 2003, incluso en algún
caso del año 2002; en otros casos el propio informe actualiza hasta el año 2004 ó 2005 la información relativa a cada uno de los países. Este informe se suma a los grandes documentos de evaluación que ha ido produciendo la Agencia Europea de Medio
Ambiente. Les recuerdo que la primera evaluación se produjo en el año 1995, es el conocido como informe Dobris, y anteriormente al informe del año 2005 la tercera evaluación se produjo en el año 2004 y es conocido como el informe Kiev.



El informe tiene un enfoque europeo e intenta evaluar los cambios que van teniendo lugar en los países examinados, cambios tanto en la situación del medio ambiente como en las políticas ambientales de los distintos países. Hay un capítulo
de conclusiones generales y entre ellas destaca el hecho de la reducción de emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono -como ustedes saben es quizás el ámbito donde se están consiguiendo mayores avances de entre todos los desafíos
ambientales, resultado de la aplicación del protocolo correspondiente al agotamiento de la capa de ozono-, la reducción de emisiones acidificantes, la mejora en la calidad de las aguas al disminuir los puntos de contaminación no tratada, la
creciente aplicación de la legislación ambiental y los propios enfoques de la Unión Europea, incluso en países que todavía no forman parte de la Unión Europea, y la posición beligerante ante los desafíos globales que mantiene la Unión Europea, como
es el intento de frenar la pérdida de la biodiversidad en el horizonte del año 2010. Este informe se detiene bastante en el carácter ya visible en el año 2005 del cambio climático en Europa y los impactos que pueden tener lugar tanto en el régimen
de temperaturas como en el régimen de precipitaciones. Como es un informe del año 2005, hoy tenemos ya datos más recientes, más completos, que son los incorporados en el IV informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, informe que a lo
largo de este año se está dando a conocer y que será presentado en el último momento en la ciudad de Valencia.



En el conjunto de los países que se analizan, el informe no aprecia una reducción significativa de las presiones en algunos campos, como es en el sector de los productos químicos o en la propia gestión de los residuos.
El informe también
expone que, con carácter general, la contaminación atmosférica en las áreas urbanas europeas sigue teniendo efectos muy perjudiciales para la salud de los ciudadanos. Hay que recordar que hemos hecho públicos algunos de los datos de la propia
Agencia Europea de Medio Ambiente en este sentido, como que en España cada año mueren prematuramente, por culpa de la mala calidad del aire, 16.000 personas, un número muy superior a la suma de las personas que mueren por accidentes de tráfico y por
accidentes laborales. El


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informe señala asimismo que continúa, como problema, la contaminación del agua por nitratos, algo que tiene mucho que ver con las prácticas agrarias y el uso de determinadas sustancias en la agricultura; la eutrofización de las aguas, tanto
continentales como marinas, y la pérdida de la biodiversidad, a pesar de que en la Unión Europea, en desarrollo de la Directiva Hábitats, en estos momentos el 18 por ciento de todo el territorio europeo está ya integrado dentro de la Red Natura
2000. El informe señala que se mantiene como desafío y amenaza la presión sobre el suelo, los procesos de intensa urbanización -después veremos que es una de las cuestiones que señala en el caso de España como uno de los problemas más graves- y la
existencia de emplazamientos contaminados. Es cierto que hay un incremento de sustancias en productos de consumo y en productos farmacéuticos que seguramente van a registrar un avance en cuanto a los mecanismos de control gracias a la aprobación
reciente del Reglamento Reach. Pero sin duda es uno de los procesos que avanza de manera preocupante en la Unión Europea. El crecimiento de los residuos en toda la Unión Europea continúa asociado al crecimiento del producto interior bruto,
globalmente; no se ha desacoplado el aumento de los residuos que generamos con el incremento del producto interior bruto. Y aparece como un problema de carácter general la amenaza de desaparición de caladeros de pesca, de recursos pesqueros y el
empeoramiento de la salud forestal de los bosques europeos. Esto por lo que se refiere a una visión de conjunto, año 2005, con datos, en la mayoría de los casos, en torno al año 2003 y en algunos casos de 2004.



Para facilitar una visión sintética del progreso ambiental de cada país miembro, el informe incluye lo que se denomina el panel de situación, en el que se analiza el comportamiento en cada país respecto de un conjunto de indicadores claves;
esos indicadores claves son las emisiones de gases de efecto invernadero -tanto emisiones per cápita, como emisiones globales, como distancia a los objetivos del Protocolo de Kioto-; otros indicadores se refieren al consumo de energía; otros se
refieren a la energía procedente de las energías renovables, a las emisiones de sustancias acidificantes, a las emisiones de precursores de ozono, a la demanda de transporte de mercancías, a la superficie dedicada a la agricultura ecológica, a los
residuos urbanos y al uso de los recursos hídricos. La tabla resumen que hemos repartido nos sirve para entender cuál es la posición de España en relación con cada uno de esos indicadores, de acuerdo con el informe de la Agencia Europea de Medio
Ambiente. Voy a explicar brevemente el sentido de esta tabla, que lo que hace es agregar en tres categorías las nueve categorías que emplea el informe, para dar una visión algo más simplificada de la situación y la posición relativa de España en
relación con los distintos problemas identificados. Cuando no encontramos un número en negrita en la columna 'bien' significa que el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que hay una buena actuación por parte del país miembro,
que hay un buen progreso hacia los objetivos que se tienen que cumplir y que el país está en la senda del cumplimiento de esos objetivos. Esto en cuanto a la columna 'bien'. Cuando nos encontramos en la columna que aparece como 'mediano' el valor
del indicador agregado, se trata de una actuación valorada con una nota media, progreso también de carácter intermedio y quiere decir que el país se encuentra dentro de un más menos 5 por ciento de su objetivo. La columna 'mal' se refiere a los
peores datos, actuación pobre, progreso pobre, país fuera de la senda de cumplimiento.



A partir de ahí, sabiendo que España está dentro del número de países que para cada una de esas combinaciones aparecen en las tres columnas, podemos ver, por ejemplo, que, en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero,
España se encuentra, en emisiones per cápita, dentro de un valor que el informe considera un valor intermedio. ¿Por qué un valor intermedio? Porque las emisiones per cápita de España están en estos momentos cerca de la media europea, si contamos
los quince primeros Estados miembros; si consideramos los veintisiete actuales, estaríamos en la media. Repito, un valor medio para emisiones per cápita. Tenemos un valor bueno, en la columna digamos más positiva, para las emisiones por producto
interior bruto. Esta es una variable importante porque significa que nuestra estructura productiva está comportándose, desde el punto de vista del valor unitario de cada unidad de producto interior bruto, de una forma más razonable incluso que las
emisiones per cápita. Esto nos da una primera aproximación al tipo de problemas que tenemos en nuestro país con las emisiones de gases de efecto invernadero, que no son tanto procedentes, en su dimensión problemática, del sector industrial, sino
mucho más del propio comportamiento de los ciudadanos. En este grupo de indicadores, como bien sabemos, con datos que eran del año 2003, España aparecía en la columna tercera -columna 'mal'- en cuanto a la distancia al objetivo del Protocolo de
Kioto. En el consumo de energía, también nos encontramos con que con los datos de consumo de energía y de consumo por producto interior bruto estaríamos entre los países con mejores resultados, mientras que en el consumo total estamos en un valor
intermedio. Aquí es preciso recordar el notable incremento de población que ha registrado nuestro país y por supuesto la presencia de turistas en España, que hacen que el consumo total efectivo sea bastante superior al consumo de los propios
ciudadanos españoles. Por tanto, estamos en un grupo de países intermedio en cuanto al consumo total.



En lo que se refiere al peso de las energías renovables en la electricidad sobre el total de la producción de energía en nuestro país y en lo que se refiere al avance hacia los resultados esperables aparecíamos en un valor intermedio. Ya
vemos que estamos dentro de un grupo pequeño de países que van relativamente bien; en cambio, en la tercera columna aparece el número más alto de países que están muy lejos desde luego de los


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resultados de España en lo que se refiere a las energías renovables.
Tenemos una situación intermedia en lo que se refiere a las emisiones per cápita de sustancias acidificantes -las que producen lluvia ácida-, pero por lo que se refiere a
las emisiones totales en el país estamos lejos del objetivo. Después comentaré algo en relación con esto. En cuanto a los precursores de ozono, estamos entre una situación intermedia y mala.
En lo que respecta a la demanda de transporte de
mercancías, cuando hablamos de mercancías per cápita, estamos mejor posicionados que si nos vamos a la columna intermedia en lo que se refiere al transporte total de mercancías. El paso de una variable que se ve per cápita o por unidad de producto
interior bruto tiene que ver con el dinamismo económico de nuestro país y también con el aumento de la población, que significa un incremento de las mercancías transportadas. Estamos entre valores intermedios y malos en lo que se refiere a la
generación de residuos urbanos y en lo que se refiere al uso del agua potable. El índice de explotación de agua se refiere a la intensidad de la extracción de agua en nuestro país, y tanto en lo que se refiere al índice general como en lo que se
refiere a cómo deberíamos ir avanzando, con datos del año 2002-2003, en este caso, la situación es tendiendo a mala. Aunque sea de una manera muy agregada, sirve después, cuando uno va al informe para ver la situación en cada caso, para ver la
posición relativa de España. Ahora comentaré cómo se está trabajando por parte del Gobierno para salir de las columnas segunda y tercera, en las que nos encontramos, por ejemplo, en relación con la lucha contra el cambio climático.



Como saben sus señorías, el año pasado fue el primer año en el que en España, con un crecimiento económico de casi el 4 por ciento, tuvimos una reducción en el consumo de energía y también una reducción en las emisiones de gases de efecto
invernadero. Es oportuno explicar en esta Comisión por qué se ha tenido el año pasado un resultado favorable por primera vez. Se ha tenido un resultado favorable porque ha aumentado el peso de las energías renovables en el conjunto de la energía
primaria, se ha pasado del 6 por ciento -que era el dato que recogía el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente- al 6,8 por ciento. Ha aumentado el grado de autoabastecimiento de nuestro país -y eso tiene mucho que ver con el uso de las
energías renovables, las que no son propias-; la intensidad energética ha descendido el 4,7 por ciento, es decir, necesitamos menos energía para producir una unidad de producto, valor especialmente satisfactorio en un país cuya intensidad
energética, contemplando el valor del total de energía primaria por el producto interior bruto, había venido creciendo en los últimos años, y en valores medios seguimos estando por debajo del valor medio de la Unión Europea.



¿Qué es lo que cambió el año pasado en la producción eléctrica? Por ejemplo, el gas natural sustituyó por primera vez al carbón como principal fuente energética para la generación eléctrica. Este es un dato muy significativo para entender
por qué han bajado las emisiones. El año pasado hubo, como ya se ha señalado también, un aumento en la aportación de las renovables y en relación con el año anterior, hay un dato que es más coyuntural, es el incremento en la pluviometría y por lo
tanto en la generación de energía hidroeléctrica. Hay que recordar que el año hidrológico 2004-2005 fue el más seco de la historia de España, mientras que el año hidrológico 2005-2006 fue menos seco, aunque todavía con datos muy por debajo de las
medias. No fue un año excepcional, pero contribuyó, sin duda, a poder obtener más energía hidroeléctrica. En cuanto al consumo final de energía, desciende por primera vez en España el año 2006 el consumo energético en un 1,4 por ciento y desciende
la intensidad energética final respecto del consumo de energía en un 5,1 por ciento.
Esto lleva, efectivamente, como conclusiones de lo que hay detrás del cambio en las tendencias de crecimiento de la energía, del consumo de energía y de aumento de
las emisiones de gases efecto invernadero, a que se ha producido un descenso del consumo energético final, un descenso de la intensidad energética, una desaceleración del crecimiento del consumo energético, que creció por debajo del crecimiento del
producto interior bruto, y un fuerte aumento de la generación eléctrica con energías renovables. Por supuesto, el Gobierno trabaja para que los próximos años esta sea la senda que nos permita irnos acercando al cumplimiento de los objetivos del
Protocolo de Kioto. Este último año hemos tenido el respaldo explícito en ese sentido de la Comisión Europea, cuando ha aprobado el II Plan nacional de asignación de derechos de emisión. Hemos sido uno de los poquísimos países que prácticamente no
ha sufrido ninguna modificación significativa respecto de la propuesta hecha por los gobiernos, lo que significa, a nuestro juicio, que estamos trabajando, dentro de lo que son las exigencias de las instituciones europeas, en el marco de los
derechos de emisión.



Es interesante que esta Comisión sepa lo que significa de incremento de apoyo a las energías renovables el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que, por ejemplo, para la energía solar fotovoltaica -cuando la potencia es superior a 10
megavatios e inferior a 100 kilovatios-, significa un incremento del 81 por ciento en la tarifa garantizada. Por lo que se refiere a la energía solar termoeléctrica, se produce en la tarifa un incremento del 17 por ciento y en la prima sobre
mercado del 33 por ciento. Son datos que se deducen del real decreto aprobado, pero que es bueno que conozcan sus señorías. Por ejemplo, en lo que se refiere a la biomasa, el incremento de la tarifa, de acuerdo con este nuevo real decreto, para
los cultivos energéticos es nada menos que del 113 por ciento; el incremento de la tarifa para la utilización de residuos agrícolas es del 56 por ciento; del 72 por ciento, para la utilización de residuos forestales; del 40 por ciento, para la
utilización del biogás en biodigestores; del 6 por ciento, para los residuos de industrias forestales, y del 16 por ciento, para el biogás de vertedero. No entro en más detalles, pero entiendo que marca una


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línea de esfuerzo por parte del Gobierno, para que sigamos aumentando la generación de energías renovables en nuestro país y, por supuesto, para que podamos complementar el esfuerzo que hacemos dentro de nuestro país en reducir emisiones con
el que estamos haciendo fuera de nuestras fronteras, a través de los mecanismos de desarrollo limpio, que están suponiendo la actividad de empresas e instituciones españolas en toda la región de América Latina y el Caribe -con todos los países de
esa región-, salvo con Cuba y con Venezuela, con los que hemos firmado memorandos de entendimiento. También hemos firmado memorandos con Marruecos, con Egipto y con China. Por tanto, estamos impulsando desde el Gobierno, por una parte, el
fortalecimiento de las instituciones públicas que dirigen las políticas de lucha contra el cambio climático en terceros países y, por otra, acompañando e impulsando la inversión española, tanto pública como privada, en torno a las energías limpias y
a la eficiencia energética.



En cuanto a la calidad del aire, puesto que efectivamente aparece España en lo que se refiere a emisiones acidificantes y emisiones de sustancias precursoras del ozono, hay que recordar que este año se ha aprobado la estrategia española de
calidad del aire, así como el proyecto de Ley de Calidad del Aire y protección de la atmósfera que está en este momento en fase de presentación de enmiendas en su tramitación parlamentaria en esta Comisión. Ese proyecto de Ley de calidad del aire
sustituye en España a una legislación que data de 1972 y establece obligaciones para comunidades autónomas y grandes ayuntamientos en cuanto a las medidas que se deben adoptar para prevenir y reducir la contaminación del aire.
Asimismo establece
que los planes de reducción de la contaminación serán determinantes para todos los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. La estrategia española de calidad del aire, consensuada con todas las comunidades autónomas,
incluye medidas para poder cumplir adecuadamente tanto las exigencias de la directiva de techos nacionales de emisión como los protocolos de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia. Por lo que se refiere a la
calidad del aire solo me faltaría comentar la importancia del acuerdo del Consejo de Ministros, de noviembre de 2005, sobre el Plan nacional de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de combustión que persigue cumplir con los
compromisos establecidos en el ámbito de la Unión Europea sobre reducción de emisiones de dióxido de azufre, de óxido de nitrógeno y de partículas procedentes de grandes instalaciones de combustión que, efectivamente, tienen horizontes a escala
europea donde vamos relativamente bien en lo que se refiere a la reducción del dióxido de azufre, pero en cambio tenemos que hacer un mayor esfuerzo como país en cuanto al óxido de nitrógeno, tanto procedente de las grandes centrales de combustión
como del tráfico en nuestro país, que es el que genera un alto porcentaje de este tipo de emisiones. El Gobierno ha aprobado también el reglamento que desarrolla la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
Ese
reglamento que desarrolla la ley se ha llevado a cabo con consenso con las comunidades autónomas, que son las competentes para su aplicación, y permite -entendemos que ese es su objetivo- tramitar con rapidez y rigor los expedientes de autorización
ambiental integrada que, entre otras cosas, van a suponer la incorporación de nuevas tecnologías que reduzcan de una manera significativa las emisiones y, en general, la contaminación. Por último, el Ministerio de Medio Ambiente está preparando un
proyecto de real decreto en el campo de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles para incorporar plenamente las determinaciones de la Directiva 2004/42 en esta materia.



Por lo que se refiere a otras cuestiones señaladas en el texto de la Agencia Europea de Medio Ambiente en lo relativo a la amenaza de la pérdida de la biodiversidad, informo a esta Cámara de que la próxima semana el Consejo de Ministros
aprobará el proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que hoy ha sido aprobado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno. Ese proyecto de ley incorpora de manera muy potente la prevalencia de la protección de los
espacios naturales sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y convierte en determinantes las prescripciones de los planes de ordenación de recursos naturales sobre la planificación sectorial. Como en otras normas que se están produciendo
en esta legislatura, intentamos también que prevalezca la protección ambiental sobre otras políticas para preservar el extraordinario patrimonio español en materia de biodiversidad. Ese proyecto de ley prohíbe que se descataloguen zonas de la Red
Natura 2000, a menos que los valores ambientales que justificaron en su momento su inclusión en dicha red hubieran desaparecido por razones naturales. Con esto esperamos, desde la legislación básica, contribuir a frenar el avance de un urbanismo
insostenible que en muchas partes de España se está haciendo a costa de espacios que previamente habían considerado valiosos las propias autoridades autonómicas y que habían incluido en la Red Natura 2000.



Por último, me referiré a la política del agua. En relación con la política del agua, el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente dice -y lo leo para que quede constancia de la apreciación que hace-: El nivel de captación de agua en
España es muy elevado dados los recursos disponibles, con un crecimiento del 3,4 por ciento entre 1997 y 2000. El desarrollo económico y la expansión urbana, junto con el consumo de agua para uso agrícola -alrededor del 76 por ciento de la
captación total de agua-, debido a que gran parte del país tiene un clima mediterráneo, son factores que ejercen fuertes presiones sobre los recursos hídricos.
España trata de abandonar las actuales prácticas de gestión de la oferta como, por
ejemplo, el trasvase de recursos hídricos entre cuencas hidrológicas por una gestión de la demanda en la que destaca la construcción de desaladoras de agua de mar que empiezan a construirse en


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áreas turísticas. Es una síntesis de la posición favorable de las instituciones europeas en relación con la política del agua que se está desarrollando desde el inicio de la legislatura. El programa AGUA, en particular para las cuencas
mediterráneas, que sustituye al derogado trasvase del Ebro, ha conseguido obtener financiación europea para todas las actuaciones que se han presentado ante las instituciones europeas.
Todas las actuaciones han conseguido financiación y, por tanto,
España no ha perdido ni un solo euro de los 1.200 millones de euros que en su momento se pensaban destinar al trasvase del Ebro y la Comisión Europea no aceptó que se destinaran a tal fin existiendo, como saben, informes negativos de distintas
direcciones generales. Hemos recibido, por tanto, un respaldo en términos de financiación europea y lo estamos recibiendo también, de manera reiterada, en cuanto al archivo de quejas y de denuncias formuladas por instancias públicas de nuestro país
contra las actuaciones del Gobierno de España. En la reunión de 21 de marzo de 2007, del Colegio de Comisarios, tuvimos conocimiento del archivo de una queja que en su momento se había registrado por una denuncia de la Generalitat Valenciana ante
la Comisión Europea. En el escrito por el que se comunica a la Generalitat Valenciana el hecho de que la Comisión Europea no encuentra ninguna justificación para seguir adelante con esta queja y propone al Colegio de Comisarios su archivo, hay un
interesante conjunto de afirmaciones por parte de la Comisión. Me detendré en una que se refiere a las plantas desalinizadoras que, como ustedes saben, parece ser que no causan los mismos efectos ambientales si las construyen unas administraciones
u otras. Lo cierto es que la Comisión Europea, ante esta parte de la denuncia, dice de manera muy clara que las plantas desalinizadoras no deben considerarse per se y de forma automática como proyectos que afecten gravemente y de forma sistemática
al hábitat protegido denominado praderas de poseidonia. A la vista de las informaciones de las que dispone la Comisión, no considera probado que no se hayan respetado las obligaciones fundamentales establecidas en la legislación europea con
carácter previo a la ejecución de cada proyecto de plantas desalinizadoras en cuestión. Por lo tanto, en esta como en otras afirmaciones hay un respaldo efectivo de la Comisión Europea al Gobierno de España y al programa AGUA, respaldo que hemos
recibido también cuando el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, decidió modificar el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, trasvase que tiene financiación europea y que incluso ha incrementado los recursos procedentes de los fondos europeos al
haberse modificado uno de los tramos de su trazado. Hace muy poco la Comisión Europea contestó a la Generalitat que no había lugar ni siquiera a registrar una denuncia que se había presentado en contra de ese trazado. Lo mismo sucede con la planta
desalinizadora de Torrevieja, que también ha sido objeto de una queja que no ha sido siquiera registrada por parte de la Comisión Europea. Es importante que SS.SS. conozcan cuál está siendo el respaldo efectivo de las instituciones europeas a la
reorientación de la política del agua en nuestro país sobre la que existe excesiva demagogia que, sin ninguna duda, confunde a muchos ciudadanos respecto del sentido que tienen las actuaciones que han sustituido al trasvase del Ebro y el esfuerzo
que el Gobierno hace por cumplir todas las directivas europeas en esta materia. En ese sentido puedo decirles que la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará el Plan nacional de calidad de las aguas 2007/2015, nuevo plan nacional que
supondrá un impulso de colaboración financiera por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas en un campo como es el de la depuración de las aguas residuales que es competencia de los ayuntamientos y de forma subsidiaria o directa de
las propias comunidades autónomas, donde todavía existe un importante paquete de obras de interés general del Estado que no estaban ejecutadas al inicio de esta legislatura y donde hemos ofrecido también la colaboración económica del Gobierno de
España en las comunidades autónomas para hacer frente a las mayores inversiones necesarias, por ejemplo, para la depuración en las zonas que se califican como zonas sensibles a efectos de la legislación europea o también en lo que se refiere a
actuaciones en el medio rural que serán atendidas dentro del programa nacional de desarrollo rural sostenible, de acuerdo con el proyecto de Ley que ya ha entrado en esta Cámara sobre Desarrollo Rural.



Señorías, en síntesis, el Gobierno trabaja para acercar España cada vez más a los objetivos que se establecen a nivel europeo. El propio informe del año 2005 concluye que se están produciendo avances normativos, mejoras en la gestión
ambiental dirigidas a mejorar la protección de los espacios naturales, la gestión de los residuos, el tratamiento de las aguas y la utilización de las energías renovables. Claros y oscuros en un marco en el que el Gobierno tiene toda la intención
de seguir trabajando en esta legislatura para mejorar la situación en España de aquellas cuestiones en las que estamos por detrás de lo deseable y también para fortalecer los elementos de nuestra política ambiental que nos hacen en estos momentos
ser considerados en el ámbito europeo como un país con capacidad para cumplir sus compromisos.



La señora PRESIDENTA: Siendo esta una comparecencia a petición propia damos la palabra a los distintos portavoces. No habiendo más grupos presentes en la sala, empiezo por el portavoz del Grupo de Convergència i Unió señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo agradece a la señora ministra su comparecencia, sus explicaciones, su información, haber ampliado este informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente a la realidad española -el propio informe se refiere
a esta circunstancia- y haberlo combinado con las iniciativas del Gobierno en diversos aspectos con el fin de corregir los indicadores más negativos que se plantean como los más ilustrativos -no son todos, por descontado-, aquellos que se han


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configurado como los de cuadro de mando, que orientan de forma positiva nuestra política europea de medio ambiente.



Empiezo por resaltar esta condición de la política europea de medio ambiente porque es un ámbito en el que las políticas estatales tienen un punto de partida. Tienen que tener una visión global aunque la actuación sea local, porque muchos
aspectos de medio ambiente, tanto en la lucha contra el cambio climático como la biodiversidad y otros, no pueden enfocarse desde el punto de vista de un solo Estado, sino que tienen una trascendencia que supera las fronteras. Es importante tener
esa doble visión, local y superlocal, en el ámbito que nos es más próximo, que es el europeo, y el papel que hace la Agencia Europea de Medio Ambiente es sin duda trascendente.



En segundo lugar, uno de los aspectos que menos ha comentado es el relativo al transporte y la Agencia Europea de Medio Ambiente es el que más destaca. Su resumen habla de que el transporte es un factor muy importante en donde el efecto de
la demanda, es decir, el uso cada vez mayor del mismo, supera los beneficios obtenidos por la eficiencia del combustible. Como cada vez se usa más el transporte, ya sea privado o público, especialmente el aéreo con el aumento de demanda gracias a
las líneas de bajo coste, a nuestro juicio habría que actuar más decididamente en este ámbito. Dice el resumen de ese informe que se trata de un sector que tanto desde el punto de vista local como global, trascendiendo fronteras, contribuye a la
contaminación del aire, del agua, al cambio climático, al ruido, a la impermeabilización del suelo por el hecho de que se construyen carreteras y a la fragmentación de los hábitats. Es un sector que tiene esta irradiación sobre varios ámbitos y
sobre el cual nos gustaría conocer si hay alguna política específica que aborde la problemática que genera el transporte.



En relación con la energía y el informe positivo del año 2006 sobre la bajada de consumo, aunque por motivos coyunturales -debe constituir un punto de atención, no confiemos en que siga siendo así porque la pluviometría puede ser menor o las
temperaturas pueden ser diferentes a las del año pasado y aumentar el uso de los aires acondicionados con lo que el consumo subiría-, se ha producido un avance todavía tímido en las energías renovables. Nuestro grupo ayer mismo propuso al Gobierno
un Plan integral sobre energías renovables que englobe a todos los ministerios.
Estamos ante un tema que no solo afecta a Medio Ambiente como receptor de los beneficios o de los perjuicios, sino que los ministerios de Industria y de Agricultura
deben tener también una actuación integral y coordinada sobre las energías renovables. Así se propuso ayer en nuestra intervención parlamentaria por parte de nuestro portavoz, el señor Sánchez i Llibre quien, al tiempo que mostraba su satisfacción
por el real decreto que usted comentaba de principios de mayo porque establecía mejoras en las tarifas y en las bonificaciones por energía renovable, manifestaba la sensibilidad del Gobierno en este ámbito por haber incorporado demandas de nuestro
grupo. Estamos convencidos de que con esta política integral, homogénea y potente se puede desarrollar en España un marco de energías renovables tanto desde el punto de vista de las eólicas, de las de biomasa, de las fotovoltaicas y de los
biocarburantes. Incluía la energía hidráulica como una energía renovable y en parte así es. El agua es un bien que se renueva pero, al mismo tiempo, es escaso, con lo cual estaría casi en la frontera. No es combustible fósil, pero tampoco sería
renovable al cien por cien.



En relación con la biodiversidad, S.S. ha comentado varios aspectos del informe europeo que habla de ello. Mostramos nuestra sensibilidad ante esta visión internacional. Nuestro grupo propuso ayer, y fue aceptado por unanimidad en la
Comisión de Medio Ambiente, la creación de una plataforma de expertos internacionales que pudiera asesorar y aconsejar al Gobierno en la toma de decisiones y medidas sobre la biodiversidad, que no solo afecta a las especies marinas como refleja el
informe europeo, sino también a las especies terrestres, a las aves, a las tortugas, a las plantas y a las especies vegetales. Me gustaría pedir una especial sensibilidad en este ámbito. No criticamos que no exista, pero siempre hay que recordar
la necesaria coordinación con las comunidades autónomas en todas las políticas, actuaciones e iniciativas de carácter medioambiental porque, aunque sea necesaria la coordinación a nivel europeo y estatal, quienes tienen la mayoría de competencias y
la ejecución más directa de muchas de esas políticas son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En la polución o contaminación atmosférica como consecuencia del tráfico los ayuntamientos tienen una competencia muy directa, sobre todo cuando
hablamos de grandes ciudades. Pedimos que se siga manteniendo esa comunicación, coordinación y sensibilidad con las administraciones de nivel inferior.



Acabo mi intervención señalando que me gustaría que aportara mayor información sobre las políticas de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito medioambiental, ya que en el tema del agua deben explorarse nuevas tecnologías que
vayan más allá de la desalación del agua de mar.
Además de este ejemplo, me gustaría que se refiriese también a otras actividades, ámbitos, conocimientos o tecnologías medioambientales que si se aplicaran eficientemente, seguro que podrían redundar
en una mejora global del medio ambiente.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Pintado Barbanoj.



El señor PINTADO BARBANOJ: Quiero agradecer la comparecencia de la señora ministra para explicarnos el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Señora ministra, antes de entrar en las valoraciones que quiero hacer como portavoz de
mi grupo, quisiera decirle


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que su comparecencia data de 20 de marzo. Estamos a 31 de mayo y, si bien es cierto que los informes pueden estar elaborados desde hace bastante tiempo, por respeto y por el buen funcionamiento de la Cámara de representantes de todos los
ciudadanos de este país, sería interesante que en alguna ocasión nos facilitaran la documentación con la suficiente antelación para poder valorar con mayor profundidad las cuestiones que venimos a debatir. Tras la solicitud de la Presidencia de
esta Comisión, se nos envío hace dos días un correo electrónico, a las 18:49 horas, en el que se nos daba un enlace de contacto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para poder descargar un pequeño resumen del informe, que es el que hemos
utilizado para trabajar. Señora ministra, no conocíamos el objetivo de su comparecencia -se lo digo con toda sinceridad-, pero en su intervención ha quedado claramente puesto de manifiesto que solo ha venido a cuadrar dos cuestiones -cuestiones que
previamente ha lanzado antes de entrar a esta Comisión a los medios de comunicación- sobre los objetivos del discurso de investidura del señor Rodríguez Zapatero. Luego entraré en ellos, porque lo que ha leído puede tener distintas
interpretaciones. Usted se acerca a la interpretación que más le conviene, pero no creo que sea la más próxima a la realidad. Quiero añadir que en este mismo comunicado se nos dice que hasta final de año no estarán hechas las traducciones del
documento. A lo mejor ustedes no las tienen, pero nosotros tenemos algún medio -escasos, hay que reconocerlo- para poder trabajar en eso, así que les agradeceríamos -porque ya no sabemos como pedírselo- que, en la medida en que tengan la potestad
de enviárnoslo, lo hicieran para contar con él inmediatamente e ir trabajando.



Como usted ha explicado, el alcance de este informe es la valoración del medio ambiente a nivel europeo, desde el punto de vista de qué objetivos y qué planificación se deben efectuar a través de los distintos indicadores que aparecen para
cada país. Estamos de acuerdo con lo que dice el resumen sobre que la eficacia de la legislación va unida claramente a una correcta aplicación y que es un reto para el futuro.
Existen amenazas en el uso del suelo, en las pautas de consumo y
comerciales; la capacidad biológica se ve seriamente afectada por el consumo y la propia actividad comercial. El informe resalta el peso alarmante de las urbanizaciones sobre los ecosistemas, el desarrollo turístico en determinadas zonas, falta de
servicios en áreas rurales, envejecimiento de los agricultores, abandono del campo, como uno de los factores que están afectando al aspecto medioambiental en estos territorio. Asimismo, el aumento de las posibles temperaturas con escasez e aguas,
condiciones climatológicas extremas, migraciones de especies marinas y, en definitiva, pérdidas económicas. Hace hincapié el informe -y usted ha pasado de puntillas sobre ello- sobre las dificultades para cumplir con los objetivos de Kioto -luego
entraré en mayor profundidad en los mismos- y señala que en estos próximos años, hasta el 2020, los objetivos quizá sean más fáciles de cumplir, pero que a partir de esa fecha la Comisión, en este caso la Agencia Europea de Medio Ambiente, ya ha
detectado dificultades serias para lograr su cumplimiento. Usted ha pasado de puntillas por el sector de transportes, tal y como decía antes el señor Guinart. La demanda crece de forma constante; no hay eficiencia en el combustible; se producen
emisiones derivadas de la aviación -según un informe del Parlamento Europeo para el año 2020 se prevé una duplicación de la actual-; no se tiene en cuenta -S.S. tampoco se ha referido a ello-. El gran incremento en emisiones derivadas del
transporte marítimo -cuestiones que habrá que tener presente en el futuro- y la demanda energética sigue creciendo en el ámbito de la Unión Europea. Es cierto que durante el año 2006 ha bajado en España, pero tengo que recordarle que existe un
informe del Ministerio de Industria en el que se dice que es una situación coyuntural, con lo cual se prevé que en los próximos años puede ir subiendo si no se ataca directamente el incremento de las energías renovables, incremento que es
importante. El Partido Popular considera que hay que seguir impulsándolo y esperamos que este decreto que han sacado recientemente tenga consecuencias muy positivas en esa dirección. En definitiva, hay objetivos concretos que el Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con ustedes, va a potenciar para alcanzar proyectos más ambiciosos para nuestro país.



Respecto al transporte por carretera, una de las que cuestiones sobre las que han hablado en los últimos meses y al principio de la legislatura, coincidiendo con el final de la legislatura del Partido Popular, se refería a hacer una
transferencia importante de transporte por carretera a transporte por ferrocarril, con el fin de evitar el máximo de emisiones, así como sobre la introducción progresiva de los biocarburantes, cuestión sobre la que anunciamos alguna iniciativa como
las que se han visto esta semana, todas ellas aprobadas por unanimidad, para ser más ambiciosos y cumplir con la mayor celeridad posible el uso de biocarburantes en la mezcla con las gasolinas y con los diésel. En cuanto a la biodiversidad, hay
muchas especies en peligro de extinción.
En el suelo existe una amenaza de erosión grave y España sigue manteniendo el récord.



Paso a hablar del tema sobre el que usted como responsable del Ministerio de Medio Ambiente ha querido sacar pecho, el agua. El informe habla de un estrés hídrico en los países del sur de Europa. Señora ministra, en esta Comisión y en
muchos foros ya se ha dicho en muchas ocasiones que como no tengamos en cuenta -y podríamos llegar a un acuerdo en este sentido- las especificidades de Portugal y de España en materia hidráulica, será imposible que lleguemos a un acuerdo. Como
desconozco el informe total, no sé si se habla de esas especificaciones en él, pero lo que se deduce del informe de la Unión Europea que usted nos ha facilitado es que, en este caso, café para todos. Señora ministra, aunque aquí no lo diga, es muy
consciente de que no tiene absolutamente nada que ver la aportación al


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régimen natural de nuestros ríos, no digo ya con los de Suecia, Finlandia o Alemania, ni siquiera con los de Francia. Si en este tipo de informes y en la planificación hidrológica no se tienen en cuenta las características particulares de
nuestro país y de nuestra zona, es imposible que lleguemos a ningún acuerdo -así lo cre el Grupo Parlamentario Popular- y es imposible también que puedan solucionarse los problemas relacionados con el agua. El informe de la Agencia Europea de Medio
Ambiente habla del estrés en cuanto a la captación de agua. Por cierto, respecto a esta cuestión ha dicho algo curioso en su intervención, y se lo digo con todo el cariño. Tan pronto nos ha hablado de datos de 1997 a 1999, como de 2003 a 2004 ó
2005; dependiendo de dónde había que poner el acento, ha hablado de 2005, 1997 ó 1999. ¿El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente es de 1997, 1998, 1999, 2000 ó 2005? El último informe que nos consta es de 1999; suponemos que hará un
análisis desde el año 1999 hasta el 2005. Luego los aspectos positivos y negativos lógicamente tendrán relación con las políticas que ustedes y gobiernos anteriores pusieron en marcha. En el tema del agua si la solución a ese problema de estrés
hídrico que hay en el sur de Europa, especialmente en España, pasa por la propuesta que nos ha hecho, la que consta en el borrador de la modificación de la Ley de Aguas, que es garantizar para cada ciudadano de este país 60 litros de agua por
persona y día, que baje Dios y lo vea. Para eso no hace falta, señora ministra, se lo digo con toda sinceridad, un Ministerio de Medio Ambiente en relación con el tema del agua. Usted sabe que la media de consumo actual en España por persona y día
está en 171 litros. ¿Quizás esa media sea excesiva y habría que bajarla? Habría que hacer comparaciones de los consumos con otros países de nuestro entorno. A nosotros nos parece que este tipo de medidas al final lanzan mensajes equívocos a la
población.
¿Que haya que hacer políticas de ahorro? Ya se comenzaron a hacer políticas de ahorro. ¿Pero dónde hay que hacer verdaderamente las políticas de ahorro? Donde están los consumos verdaderos y los consumos verdaderos en nuestro país
están, lógicamente, en la agricultura. El informe habla de un 76 por ciento y la Asociación Nacional de Comunidades de Regantes de un 68 por ciento del consumo una vez que se ha acoplado el Plan de modernización de regadíos que empezó el Gobierno
en 2000. Se están haciendo esfuerzos muy importantes, dotando mucho dineropor partes de las administraciones procedente tanto de fondos europeos como de comunidades autónomas y de particulares, que al final son los que con unas condiciones muy
ventajosas acaban pagando esas modernizaciones; se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte del sector para reducir al máximo el consumo de agua y para poderlo aplicar a una política más integral, donde, lógicamente, prime el ahorro.



En cualquier caso, tal como se desprende del informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, vamos a convivir -venimos haciéndolo durante los últimos años- con grandes periodos de sequía combinados con grandes inundaciones, como hemos
tenido ocasión de ver durante las últimas semanas en nuestro país. ¿Qué significa esto? A juicio de alguien o de un grupo que ha estado en la política hidráulica española siguiendo la historia de los últimos setenta u ochenta años introduciendo
elementos desde el punto de vista de la racionalización, del consumo, del respeto medioambiental y de todas las prácticas que se derivan de las normativas europeas, trasladadas luego al ámbito nacional, que hay que seguir regulando nuestros ríos.
¿Tiene usted los datos de abril y mayo relativos a las aportaciones de nuestros ríos y de una vez que se han llenado muchos de los embalses, qué cantidad de agua se ha perdido? El agua que hoy no somos capaces de retener nos va a hacer falta
mañana. Usted es consciente de lo que pasó en España el año pasado, los decretos de urgencia que hubo que aprobar para tratar de paliar los efectos con medidas de carácter urgente y llevar agua no a regadíos sino a determinadas poblaciones, algunas
de ellas muy cerca del Pirineo, cuestión que resulta paradigmática.



Entendemos que hay que seguir haciendo esfuerzos, tanto en modernización de los temas urbanos como en la agricultura, pero, lógicamente, el uso responsable del agua no significa cerrar el grifo, señora ministra. La política de su Gobierno
ha venido a cerrar el grifo y se crea una psicosis desde el punto de vista social que no sé si puede ser buena desde el punto de vista del ahorro en las ciudades y por parte de los agricultores, y nosotros estamos por la vía de la incentivación al
ahorro, no por pagar o por poner encima de la mesa cuestiones que al final lo que van a hacer es derivar en el abandono del sector rural, abandono que, como dice el informe, es uno de los grandes problemas que afecta a la Unión Europea y
especialmente a nuestro país. En este sentido, el hecho de que haya o no haya agua condiciona de forma muy clara el futuro de nuestras zonas rurales.



Como es lógico, usted hace la interpretación que mejor le parece. Ha hablado de dos aspectos fundamentales del discurso de investidura del presidente como objetivos para esta legislatura.



La señora PRESIDENTA: Señor Pintado, vaya terminando.



El señor PINTADO BARBANOJ: Termino en un minuto, señora presidenta.



En esta legislatura, señora ministra, con todos los esfuerzos que se han hecho, porque vamos a reconocer que se han hecho, en el cuadro de la Agencia Europea de Medio Ambiente aparecemos los últimos, como usted bien sabe. Esta es la nota
que la Unión Europea le pone a España en la lucha contra el cambio climático. Respecto a la nueva política del agua, otro de los objetivos al que usted se ha referido, la referencia que ha leído es una referencia declarativa. No está haciendo una
valoración de lo que usted ha hecho, señora ministra, o por lo


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menos eso es lo que he creído entender yo. Me gustaría tener el informe para poderlo leer y opinar.



Usted ha dado a entender en su exposición que gracias al cambio de gestión de la política hidráulica de este país, no se ha perdido ni un euro, cuestión que no le voy a discutir y ya veremos en su día si se ha perdido o no. Lo que usted
está dejando traslucir es que con el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el Partido Popular no habría fondos para ese plan. El 11 de marzo de 2004, una fecha nada sospechosa desde el punto de vista de que a los pocos días el Partido Popular perdió
las elecciones, usted entró entonces, fue a Bruselas y lo primero que hizo fue parar el Plan Hidrológico Nacional. Contestación de la que era entonces comisaria europea de Medio Ambiente -sólo voy a leer un párrafo- : No deseo entrar a valorar los
detalles de la evaluación técnica hecha por la Dirección General de Medio Ambiente sobre la solicitud de financiación española.
Sin embargo, considero oportuno señalarle que aunque es cierto que tenemos todavía preocupaciones respecto a un número
de cuestiones, esto es enteramente normal en esta fase del proceso. Y el comisario Barnier a los pocos días remitía también una nota a España donde decía que deploraba las filtraciones y afirmaba que no prejuzgaban para nada la decisión final.



Señora ministra, desde el Grupo Popular estamos dispuestos, como en otras ocasiones, en materia de agua sobre todo, específicamente, a entrar en un debate y a tratar de acercar posturas por el bien general de este país, para que no sea ni la
postura última suya sobre el tema de la nueva cultura del agua, de la reducción y la restricción total en las cuestiones de regulaciones y uso del agua, ni sea tampoco la postura que planteaba el Grupo Popular. En este sentido -termino
definitivamente, señora presidenta-, para el Grupo Popular, con los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ustedes no han llegado al aprobado en este informe.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora por el Grupo Socialista el señor Erias Rey.



El señor SIMÓN DE LA TORRE: No acierta nunca con mi nombre, Simón de la Torre, pero no importa, señora presidenta, yo la he entendido.



La señora PRESIDENTA: Perdone.



El señor SIMÓN DE LA TORRE: Antes que nada, quiero agradecer las explicaciones que la señora ministra nos ha dado sobre el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que es precisamente el organismo de la Unión Europea que proporciona
información acerca de la situación de los países sobre el medio ambiente y que facilitan así a los responsables políticos una información real. La agencia nos ha presentado un informe exhaustivo, en el que se incluye una evaluación integrada del
medio ambiente europeo, un conjunto de indicadores clave que pueden utilizarse para calibrar la eficacia de las políticas en distintos ámbitos y, finalmente, un análisis país por país basado en nueve de los indicadores clave. De este modo, la
evaluación realizada por la agencia sobre la situación del medio ambiente en España desde mi punto de vista pone de manifiesto dos valores muy claros. Por un lado, evidencia el fuerte y rápido desarrollo económico que ha sufrido nuestro país, que
ha traído como consecuencia un gran incremento de la urbanización sin control en el uso del suelo y, consecuentemente, un uso intensivo de los recursos naturales, en particular del agua y de la energía, que junto con las características climáticas
en las que las sequías, los incendios forestales, las inundaciones y la erosión vienen siendo habituales, suponen un incremento de los problemas ambientales naturales. Por otro lado, viene a evidenciar la necesidad de afrontar desde la seriedad
problemas como el cambio climático, la contaminación atmosférica y la conservación del suelo como recurso productivo y reserva de la biodiversidad. Por tanto, me atrevo a decir que la Agencia Europea de Medio Ambiente ha hecho una radiografía y un
diagnóstico claro de la situación existente en el año 2003 en nuestro país, es decir la Agencia Europea de Medio Ambiente ha descrito claramente cuál fue la herencia real que recibió el Gobierno socialista al tomar posesión en el año 2004.
Aunque
en alguna intervención que me ha precedido no se haya aclarado o no lo haya entendido, todo lo que indica el informe es anterior al año 2004, es decir hace ocho años, no sé si como decía el señor Pintado: estamos hablando de 1997-1999, hasta 2003,
incluido dicho año. Repito, desde mi punto de vista es la herencia que recibió en el mes de marzo el Gobierno socialista cuando tomó posesión o cuando ganó las elecciones, que, si la resumimos, viene a indicar que nuestro país en dicho año
-repito-, en 2003, estaba muy por detrás de la Unión Europea en materias como la lucha contra el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero, en una situación muy desfavorable respecto a las emisiones de precursores del ozono
troposférico, del mismo modo que en la producción de residuos urbanos nos encontrábamos muy por encima del objetivo de los 300 kilogramos per cápita marcados. Pero es que además la agencia pone de manifiesto la utilización del agua sin ningún
incentivo de tipo económico que favoreciera un uso eficiente de la misma o lo manifiesta ligada su utilización a las necesidades del crecimiento urbanístico o del uso agrícola. No todos los parámetros que indica la Agencia Europea de Medio Ambiente
son negativos; así, nos señala avances en la agricultura ecológica con un incremento de la misma y un fuerte avance en las energías renovables estando por encima de la media europea, lo cual nos sitúa en cuarto lugar en un listado de treinta. Esto
es lo positivo del informe, el resto del análisis es bastante negativo.



Vuelvo a repetir, por si le queda a alguien duda -lo he dicho antes, lo he repetido y lo volveré a repetir las veces que sea necesario-, que el informe de la agencia europea recoge la situación de nuestro país esencialmente


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hasta el año 2003, es decir antes de la toma de posesión de un gobierno socialista. ¿Qué nos proporciona? Nos ha proporcionado una información sólida acerca de cómo estaba nuestro medio ambiente trasladándonos un conjunto de indicadores
que nos aportan una información necesaria para poder adoptar políticas medioambientales que permitan corregir el rumbo en algunas o en todas las materias que nos señalaba el informe. Desde mi modesto punto de vista, esto es lo que ha venido
haciendo el Gobierno socialista desde el año 2004 a través de sus distintos ministerios pero esencialmente desde el Ministerio de Medio Ambiente.



De este modo y teniendo presente los resultados de las encuestas del Eurobarómetro en las que se señala que un porcentaje superior al 70 por ciento de los ciudadanos queremos que se le dé la misma importancia a las políticas medioambientales
que a las políticas sociales o a las políticas económicas, el Gobierno socialista ha dirigido parte de sus políticas a una potenciación de los mecanismos de participación de la sociedad y de las distintas administraciones. Como ejemplo a señalar,
cabe destacar la Ley de derecho a la información y a la participación en temas de medio ambiente o el acceso a la justicia en dichos temas. Así en este periodo hemos asistido a la revitalización de la conferencia sectorial, con reuniones que en el
pasado no se daban, e igualmente hemos asistido a la revitalización del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Pero también este periodo se ha caracterizado por un mayor grado de vigilancia medioambiental destacando la creación en la Ley de Montes de la
Fiscalía de Medio Ambiente o la propia modificación de la Ley de Montes, que vino con una ambición muy clara: la de salvaguardar los montes de su destrucción por un cambio de uso. Ha habido actuaciones gubernamentales como la aprobación de la Ley
de la red de parques nacionales, que vienen a poner de manifiesto que el trabajo del Gobierno se está produciendo en la línea marcada por el informe de la agencia.



Igualmente, el Gobierno ha orientado su actuación en la política del agua tomando como referente tanto el valor económico como el valor social y el valor ambiental, con unos objetivos claros: los de garantizar su disponibilidad y su
calidad, a la vez que optimizando su uso y protegiendo y restaurando los ecosistemas asociados. De este modo nació el programa AGUA, que marcó los objetivos de superar las carencias existentes, el control público del uso del agua, la garantía del
agua necesaria para cada territorio y una eficiencia en los distintos usos del agua. La adecuación por el Gobierno de las políticas del agua a la legislación y a los criterios de la Unión Europea son, como ha señalado la señora ministra, la
garantía del acceso a los fondos europeos. El programa AGUA y la Ley por la que se modifica el plan hidrológico nacional han venido a suponer la introducción de políticas de exigencias de racionalidad económica, de políticas de participación
pública, pero sobre todo ponen de manifiesto la voluntad del Gobierno de abandonar las prácticas de gestión de la oferta, como por ejemplo el trasvase de recursos hídricos entre cuencas, por una gestión de la demanda en la que prime la conservación
de la calidad del recurso, como ha señalado la ministra, y, a la vez, el respaldo que las instituciones europeas dan al Gobierno socialista pone en evidencia la demagogia con que se hacen determinadas críticas a las políticas del agua del Gobierno.



De acuerdo con lo señalado por la agencia europea, el Gobierno también ha abordado reformas clave como la recién aprobada Ley de Suelo, con la que se regulan por primera vez los derechos y deberes de todos los ciudadanos y no solo de los
propietarios, con la finalidad de establecer un verdadero estatuto básico de ciudadanía en relación con el suelo y el medio urbano rural, pero, a la vez, se ha introducido un fuerte contenido ambiental, porque el suelo es un recurso natural, es un
recurso escaso y es un recurso no renovable y porque la sociedad nos está exigiendo -y así lo recoge el Gobierno- un desarrollo territorial y urbano mucho más sostenible. La trasposición de directivas que anteriores gobiernos habían ignorado
también ha supuesto adecuar nuestra legislación a la del entorno europeo y preparar a nuestro país para lo que los ciudadanos están demandando. Ese es el caso de la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.



Señorías, desde mi punto de vista -y creo que desde el de cualquiera que sea objetivo-, ha sido este el primer Gobierno que se ha tomado en serio la lucha contra el cambio climático aprobando una ley que establece límites concretos para las
emisiones de las empresas industriales y energéticas. También es este Gobierno, con su voluntad por luchar contra el cambio climático, cuyo presidente lo incorpora a la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes como un punto prioritario a
tratar, luego no estamos hablando de humo, estamos hablando de realidades. Del mismo modo, ha sido con este Gobierno, como ha dicho la señora ministra, con el que por primera vez se han reducido las emisiones de gases al conseguir un menor consumo
de energía; una energía eléctrica en la que cada vez tienen más peso las energías renovables, que con su limpieza van sustituyendo al carbón y al petróleo y haciendo que el mix energético sea menos contaminante.



Es cierto que nuestra economía es intensiva en el uso del transporte, tenemos un transporte de mercancías y viajeros que ha crecido y que supera en estos momentos la media europea, pero es cierto también que las inversiones en
infraestructuras, las urbanizaciones en las zonas rurales y el incremento del número de vehículos han supuesto un aumento en el número de las emisiones. Sin embargo, en los últimos años se han realizado grandes inversiones para mejorar ese
transporte urbano, y la modernización del parque de vehículos impulsado desde las administraciones y las mejoras en los combustibles han ralentizado el incremento de las emisiones generadas por el transporte.



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Señora ministra, aún queda mucho por hacer; eso no lo puede discutir nadie. Hay que aprobar el Plan nacional de calidad de aguas -ya ha dicho usted que va al próximo Consejo de Ministros-, hay que acordar con las comunidades autónomas el
Plan nacional integrado de residuos -y acordar es que haya doble voluntad entre la Administración central y las distintas administraciones autonómicas y que no se pongan piedras en el camino-, hay que concluir la reforma de la Ley de Aguas, así como
la modificación de la Ley de Envases, y tampoco nos debemos olvidar de la trasposición de la Directiva-marco del Agua o de la regulación en la expansión de los biocarburantes. Es cierto que queda bastante por hacer, pero también es cierto, y habrá
que contemplarlo, que en algo más de tres años este Gobierno ha fortalecido la gestión ambiental, ha protegido los espacios naturales, ha afrontado la gestión de residuos, ha mejorado el tratamiento de las aguas, se ha producido un incremento en las
energías renovables y ha apostado por un urbanismo mucho más sostenible. ¿Qué ha demostrado esto? Que cuando hay voluntad se puede conseguir.



Señorías, el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente reflejaba la España que teníamos en el año 2003. Yo no entro a juzgar si se quería tener esa España o si se deseaba una mejor, pero lo que ponía de manifiesto era la España que se
heredó en el año 2004. En el informe aparecían aspectos negativos que en próximos informes no volverán a aparecer o que aparecerán en menor medida, porque ha habido un Gobierno que a partir del año 2004 se ha tomado las cosas en serio y ha
trabajado para corregirlas, hasta el punto de que yo me atrevo a afirmar que las políticas medioambientales son políticas de Estado, y voy más lejos, afirmo que dichas políticas son un eje motor para otras políticas gubernamentales. Yendo aún más
lejos, aunque parezca que voy a adular, creo que la ministra de Medio Ambiente tiene bastante que ver en haber conseguido que desde el Gobierno, desde las administraciones y desde la sociedad se piense de esta manera y se utilicen las políticas
medioambientales para promover otras políticas. Por eso, señora ministra, en nombre de mi grupo, a mí no me queda, además de apoyarla como es mi obligación, más que animarla a seguir por ese camino, porque estamos en un mundo donde los recursos son
limitados, en un mundo cuyos recursos deben estar, al final, al servicio de todos para que todos podamos disfrutar de ellos y para eso alguien tiene que pilotar el barco y considero que en el próximo informe nos dirán que este barco ha cogido un
buen rumbo.



La señora PRESIDENTA: Señor Simón de la Torre, perdone mi error anterior.



Doy la palabra a la señora ministra para que responda a sus intervenciones.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): En primer lugar, contestaré a la valoración y a los comentarios que se han hecho desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en lo que se refiere concretamente al
transporte, por supuesto, pidiendo disculpas porque no he entrado en todos y cada uno de los temas, pero quisiera señalarle, señoría, que el Gobierno tiene previsto celebrar un consejo de ministros antes del verano, en el que se aprobará un paquete
de medidas de lucha contra el cambio climático de carácter urgente para reforzar el progreso que empezamos a registrar en esta materia y, por supuesto, el sector transporte es el objeto principal de esas medidas, tanto en lo que se refiere a medidas
de carácter fiscal, que ya están diseñadas y acordadas con el Ministerio de Economía y Hacienda, como en lo que se refiere también a algunas iniciativas del Ministerio de Fomento a partir del escenario estratégico del PEIT, en lo que se refiere a la
potenciación de la intermodalidad y del uso del ferrocarril y, en particular, del uso del ferrocarril para mercancías. En ese mismo paquete está pendiente en estos momentos una nueva regulación de los biocarburantes, que es algo por lo que SS.SS.
se han interesado, así como la regulación de la energía eólica marina y algunas otras medidas.



El transporte de todo tipo por supuesto tiene que estar en el corazón de nuestros esfuerzos, porque es el sector donde más se están incrementando las emisiones, y yo misma señalaba que en lo que se refiere al sector industrial en España e
incluso con datos de 2003, como aquí tenemos en el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se ve que las emisiones por unidad de producto interior bruto no son tanto el problema, ya que la mayoría de los sectores han llegado a unos grados
de eficiencia razonables, aunque todavía hay algún margen; el problema lo tenemos sobre todo en lo que se denominan los sectores difusos, sobre los que hemos aprobado recientemente un código técnico de la edificación para mejorar la situación en
este sector y tenemos que hacer un esfuerzo complementario importante en el sector del transporte. También quiero señalar en materia de transporte que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte se sometió a un informe de sostenibilidad
ambiental, de acuerdo con la legislación europea de planes y programas, y en estos momentos se está procediendo a la evaluación ambiental estratégica de cada uno de los planes sectoriales derivados del PEIT. Ese va a ser un buen ámbito para
incorporar algo que nos pide la Comisión Europea, que es precisamente reducir el impacto sobre los hábitats derivado de las infraestructuras lineales, y también será una buena ocasión para ver qué medidas hay que adoptar para reducir emisiones,
tanto en el transporte aéreo como en el transporte marítimo, para mejorar en todos los modos de transporte la implantación de medidas ambientales.



En cuanto a la energía, quiero agradecer la actitud de su grupo en el apoyo al nuevo decreto sobre energías renovables, que ha incorporado, como usted mismo señalaba y lo hacía ayer en el Pleno de control el señor Sánchez i Llibre,
propuestas de su grupo. Con este decreto se da suficiente estabilidad y mayor impulso y


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esa es la línea en la que hay que seguir. Cuando se habla de un plan integral de energías renovables, quisiera señalar que el Plan de Energías Renovables que está en vigor y que se revisó el año 2005 es un plan que integra la acción de
distintos ministerios. Por ejemplo, lo que en estos momentos se está analizando por parte del Gobierno, antes de aprobar un decreto sobre biocarburantes, se hace en el seno de una comisión interministerial en la que participan los ministerios de
Industria, de Agricultura y de Medio Ambiente, porque es evidente que si podemos aprovechar el impulso a los biocarburantes para hacer compatible el desarrollo de nuestro medio rural con los cambios en la política agrícola comunitaria, es una vía
que hay que explorar y lo estamos haciendo de manera conjunta. Por tanto, ya existe una coordinación por parte del Ministerio de Industria en lo que se refiere al desarrollo de las energías renovables al servicio del cumplimiento de los objetivos
del Protocolo de Kioto y más allá de dicho protocolo porque obviamente tendremos que seguir en esa senda en los próximos años. Los datos del año pasado, desde el punto de vista de la reducción de emisiones, como yo misma he señalado, tienen algún
componente más estructural, de transformación de nuestro mix energético. Sobre todo quiero señalar ese cambio en el peso del carbón, que da paso al gas natural, por la implantación creciente de centrales de ciclo combinado. Esa es una tendencia
que va a más, hay muchos proyectos en estos momentos en tramitación y en esto vamos a tener un aumento ulterior, por supuesto.



Por lo que se refiere a la pluviometría, lo cierto es que el año pasado, como señalaba, aunque llovió más que el anterior, siguió siendo un año seco en su conjunto. Este año es menos seco, como se está viendo, pero en cualquier caso la
sequía de hace dos años fue de tal gravedad que todavía muchos de nuestros embalses, sobre todo en el sudeste de España, están apenas en torno al 20 por ciento de su almacenamiento. Aprovecho también para felicitar a su grupo por la iniciativa de
creación de un grupo internacional de expertos sobre biodiversidad. Como sabe, sobre este tema ha habido alguna iniciativa hasta ahora no exitosa a escala de Naciones Unidas, dentro del programa de Naciones Unidas para el de Medio Ambiente, y lo
hemos defendido -yo misma lo he hecho- en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Si tenemos en estos momentos en la agenda política y social -como tenemos- el cambio climático, es el resultado del trabajo de ese panel
intergubernamental de expertos y sería muy bueno que tuviéramos algo parecido. Por tanto, le felicito por esa iniciativa en lo que se refiere a la dimensión española.



El portavoz socialista se refería antes a la intensificación de las reuniones de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente está intentando que todas las normas y todos los planes y programas
que trae a esta Cámara sean previamente concertados al máximo posible con todas las comunidades autónomas. Eso significa una frecuencia de reuniones bastante inédita respecto de épocas pasadas, pero sinceramente consideramos que vale la pena.



Por lo que se refiere a las políticas de I+D+i, en estos momentos, como sabe, el Gobierno está terminando la elaboración del nuevo Plan Nacional de I+D+i y ya en este nuevo plan nacional, que arrancará en el año 2008, aparecen claramente
algunas líneas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica ligadas a las tecnologías del agua, no solo a la desalación sino también a la depuración, reutilización y mejora en la eficiencia de las instalaciones de regadío, así como a la
aplicación de energías renovables en las tecnologías del agua y a la mejora, en particular, de la depuración de aguas residuales en lo que se refiere al tratamiento de dichas aguas en el medio rural. Como saben, como país nos queda una tarea por
hacer que en gran medida está residenciada en el ámbito rural más que en las grandes ciudades, donde dentro de unos años habremos podido completar la construcción de plantas depuradoras adecuadas. Esto por lo que se refiere al Plan Nacional de
I+D+i que contempla también un programa específico sobre cambio climático y de impulso tanto a las energías renovables como a la utilización del hidrógeno, al secuestro y captura de carbono, a todas las tecnologías de carbono limpio, todo el
conjunto de nuevas tecnologías que nos pueden ayudar en el futuro, no solo a España, sino también pensando en terceros países, en la lucha contra el cambio climático.



En esta legislatura el Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a abrir líneas de subvención precisamente para el I+D+i ambiental. En el año 2007 tenemos una línea de subvenciones para proyectos de prevención de la contaminación y del
cambio climático de 17 millones de euros, y en materia de tecnologías del agua y de los recursos naturales de 12 millones de euros. Esta es la parte solo del Ministerio de Medio Ambiente pero, como digo, trabajamos con el Ministerio de Educación y
Ciencia para que se potencien mucho más las líneas que ya se han abierto tanto en el programa Profit como en el programa Cenit que hacen que muchas grandes empresas españolas, en la figura de los consorcios, estén trabajando en el desarrollo de
energías renovables, en el desarrollo de los proyectos ligados al secuestro de carbono, en una colaboración entre la iniciativa privada y la iniciativa pública que creemos que es fundamental para la política ambiental.



Por parte del Grupo Popular se ha formulado una queja en cuanto a la aportación de documentación. Este documento que hoy estamos comentando es un documento público desde hace bastante tiempo y hemos enviado con fecha 30 de mayo a esta
Comisión un conjunto de documentos. En cualquier caso, insisto, se trata de un documento público. Por supuesto, seguiremos intentando garantizar a los diputados que tengan aquellos informes que no puedan obtener a través de la red. De acuerdo con
el portavoz del Grupo Popular, España ha sido suspendida por la Agencia Europea de Medio


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Ambiente. El portavoz del Grupo Socialista ya ha dicho que la exposición finalizaba por parte de S.S. diciendo que este cuadro suspende a este Gobierno. Este cuadro tiene datos del año 2002 y el resto del informe de la Agencia Europea de
Medio Ambiente contiene datos de 2003 y, en algún caso, de 2004. Pero mi intención no es en ningún caso aprobar, suspender ni sacar nota, sino describir a SS.SS. cómo estábamos en el año 2003, que es básicamente el último año que se contempla en
el informe de la agencia, y qué se está haciendo por parte del Gobierno para ir mejorando la situación en todos los campos. Es verdad que he podido hablar más de unos que de otros, pero usted mismo, señoría, hablaba -y entiendo que está de acuerdo-
de cuando la Agencia Europea de Medio Ambiente señala la intensidad en el uso del suelo como una de las mayores amenazas para el medio ambiente en España. Este Gobierno -se ha señalado ya- ha mandado a las Cortes una Ley de Suelo que elimina el
carácter especulativo de la valoración legal del suelo en nuestro país y que establece toda una serie de condicionantes de contenido ambiental para el correcto desarrollo del urbanismo en nuestro país, además del proyecto de Ley de Desarrollo Rural,
que ya ha entrado en las Cortes, y del proyecto de Ley de Biodiversidad, que entrará dentro de pocos días. Creo que todos son proyectos que tienden a que el suelo deje de ser considerado -como lamentablemente ha sido hasta la fecha con carácter
bastante general- exclusivamente como un recurso económico olvidando el valor natural y ambiental de un recurso que es insustituible y que en el caso de España ha sido objeto de procesos depredadores de la máxima intensidad que ha hecho que del
único urbanismo del que se hable en el Parlamento Europeo sea del insostenible urbanismo de buena parte de España. La nueva Ley de Suelo y el esfuerzo que se está haciendo por parte de muchas comunidades autónomas para, en el ejercicio de sus
competencias, por ejemplo, reducir la posibilidad de construir muy cerca de la línea de mar o reducir las posibilidades de que los ayuntamientos hagan crecer el suelo urbanizable en sus territorios de manera desmesurada son avances muy positivos
respecto de un problema real denunciado por las instancias europeas, no solo en este informe.



Desde luego no he pasado de puntillas sobre el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Al contrario, he explicado qué es lo que estamos haciendo. En mi intervención anterior, en contestación al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), he manifestado ya la inmediatez de un paquete de medidas tanto de carácter fiscal como normativo por parte del Gobierno y lo que se está haciendo y se va a hacer en el ámbito de todos los modos de transporte. Recuerdo que cada plan sectorial
dependiente del PEIT en estos momentos está sometido al procedimiento de evaluación estratégica ambiental.



Por lo que se refiere al transporte por carretera o por ferrocarril, es evidente que el horizonte del PEIT es fortalecer y mucho el transporte por ferrocarril. Ya en estos momentos España tiene bastantes más kilómetros de alta velocidad que
los países de nuestro entorno y creo que eso es una buena noticia para todos porque es un modo de transporte mucho menos contaminante que la carretera. La apuesta que ha hecho el Gobierno es una apuesta muy potente en esa dirección.



Señorías, no he venido aquí a sacar pecho -entre comillas- respecto de lo que es nuestra relación respetuosa con las instituciones europeas, pero quiero decir, en primer lugar, que es evidente que el Partido Popular no consiguió ni un solo
euro para el trasvase del Ebro -hablemos del trasvase del Ebro, porque después incidiré en que una cosa es el Plan Hidrológico Nacional y otra cosa es el trasvase del Ebro-, y no se obtuvo esa financiación porque cuando terminó la anterior
legislatura el anterior Gobierno -como dice la comisaria- todavía no había convencido a las autoridades europeas. Las autoridades europeas han avalado en la práctica, con declaraciones, con respuestas como las que hoy tenemos sobre la mesa y con
dinero todas y cada una de las actuaciones de política de agua de este Gobierno. Esa es la realidad. Yo comprendo que se intente que no sea así y por eso hay una reiteración en ir a presentar quejas a Bruselas contra la desaladora de Torrevieja,
contra la derogación del trasvase del Ebro, contra el cambio del trazado del Júcar-Vinalopó: todos intentos fallidos. Una vez que han pasado las elecciones algunos deberían pensar ya no en los votos, sino en los ciudadanos, porque estos necesitan
garantía de agua de calidad, y eso es exactamente lo que este Gobierno está haciendo: invirtiendo más que se ha invertido nunca en materia de política de agua en la Comunidad Valenciana y en Murcia y evitando con las inversiones y con la gestión
que en el año de sequía más grave que ha sufrido España se interrumpa la garantía de abastecimiento de agua potable en las ciudades. Hace catorce años, en la anterior sequía, que fue menos grave desde el punto de vista de la falta de lluvia, hubo
doce millones de personas en España que sufrieron cortes de agua de hasta doce horas de duración. Esta vez ni una sola ciudad española ha sufrido problemas de corte de suministro de agua y, si no, preguntémosle al sector turístico en todo el
Levante español, desde Cataluña hasta Cádiz, si ha habido algún problema por cortes de agua en la oferta turística en las instalaciones turísticas españolas. Y eso se llama inversión y se llama gestión. Sin embargo, lo que se pretende trasladar es
que este Gobierno le quita el agua a los valencianos y a los murcianos. Nada más falso y nada más tendencioso. Por eso hacer alusión como solución al estrés hídrico, para ridiculizar la acción del Gobierno, a la propuesta de garantizar en la ley
un mínimo de 60 litros por persona y día significa una vez más querer ocultar la realidad, querer ocultar la inversión que se está haciendo. Por cierto, el Plan Hidrológico Nacional estaba ejecutado -ejecutado, obra finalizada- apenas en un 15 por
ciento cuando llegamos al Gobierno. En algunas comunidades autónomas como Murcia no se había ejecutado más que el 6 por ciento y el 8 por ciento en Aragón. Y este Gobierno no derogó el Plan Hidrológico


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Nacional; derogó solo el trasvase del Ebro. Y está ejecutando el Plan Hidrológico Nacional, obviamente intentando que las obras hidráulicas que este Gobierno está ejecutando se hagan de acuerdo con la legislación europea y también
intentando evitar gravísimos conflictos sociales como los que S.S. conoce muy bien en el caso de las obras del pacto del agua en Aragón, que era todo menos un pacto, como se ha podido ver a la hora de hacer determinadas obras hidráulicas. Por lo
tanto, este Gobierno está invirtiendo, este Gobierno va a seguir invirtiendo e intentará, obviamente, que una vez superada la cita electoral haya el diálogo institucional que debe haber entre las administraciones, porque no creo que los ciudadanos
se beneficien en absoluto -ni en Murcia ni en Valencia- del intento de sus administraciones de impedir que se construyan plantas desaladoras, que se garantice mejor el agua en el área metropolitana de Valencia o que se avance en la inversión del
Gobierno de España en esta materia. Por lo tanto, a la hora de hablar de qué ha pasado a lo largo de esta legislatura en materia de política del agua, bajo el mandato de este Gobierno, a partir de las importantes inversiones en modernización de
regadíos, como usted señalaba, se ha pasado por primera vez a un escenario en el que el riego localizado representa más hectáreas que el riego por inundación, y eso significa inversión pública del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de
Agricultura, en un horizonte de ahorro de más de 3.000 hectómetros cúbicos de agua en la agricultura. Ahorro y modernización, depuración y reutilización y, por supuesto, desalinización y algún trasvase, porque ahí estamos haciendo el trasvase
Júcar-Vinalopó. No lo hemos derogado, lo único que hemos hecho es intentar que ese trasvase se ajuste lo mejor posible a determinadas exigencias de la legislación europea. Por eso, la Comisión Europea nos ha financiado con un volumen superior de
recursos el cambio de trazado y por eso la Comisión Europea ha dicho a la Generalitat que no ha lugar ni tan siquiera a registrar la queja en el caso del Júcar-Vinalopó y seguir debatiéndolo en el Parlamento Europeo.



Como decía el portavoz socialista, este Gobierno tiene la voluntad de que la política ambiental sea algo más que tener un Ministerio de Medio Ambiente, que la política ambiental española signifique trabajar desde todas las administraciones
-Gobierno central, comunidades autónomas y administraciones locales- de acuerdo con criterios y con exigencias que a nivel europeo vienen siendo establecidas conforme a los avances del conocimiento científico y ciertamente con una visión transversal
y potente. Para eso, lo primero que hay que tener es voluntad política y no decir, como se decía antes por algunos responsables de altura del Gobierno del Partido Popular, que cumplir con el Protocolo de Kioto significaba la tumba de las empresas
españolas. Han pasado tres años desde que se pusieron en marcha los planes nacionales de asignación de derechos de emisión, hemos puesto en marcha, entre otras cosas, una mesa de diálogo social sindicatos, empresarios y Gobierno, y es evidente que
no es la tumba, sino que le está abriendo un importante nicho de negocio, de actividad y de creación de empleo a muchas empresas españolas. Por tanto, sí, la política ambiental debería formar parte de un enfoque de políticas de Estado donde, por
encima de las batallas partidistas, se pensara en la calidad de vida de los ciudadanos y de nuestros ecosistemas, condición previa y necesaria para nuestra propia salud.
Espero que en lo que queda de legislatura, igual que hemos trabajado bastante
bien en materia de cambio climático con todas las fuerzas políticas, desaparezcan determinadas actitudes en otros ámbitos de la política ambiental, en particular de la política del agua, porque los ciudadanos se lo merecen.



La señora PRESIDENTA: Abrimos un segundo turno de intervenciones para los portavoces que lo deseen. Señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: En relación con el comentario que hacía sobre la sensibilidad y la coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, me gustaría que pudiera hacerme alguna aportación al respecto.



Con respecto a las emisiones difusas que marca el informe europeo como uno de los retos pendientes que hay que afrontar en el futuro más próximo, usted comentaba que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se hablará del transporte y
del código de edificación, que es uno de los elementos de emisiones difusas por lo que se refiere al aire acondicionado o la calefacción y que, con una edificación más medioambientalista, a través de aislantes y la propia estructura de la
construcción, podrían evitarse consumos energéticos y así disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otros elementos difusos son las incineradoras y la transformación de la biomasa, que también contribuyen a aumentar el efecto
invernadero. Hay otro elemento que el propio informe destaca que son las pautas de consumo, tanto privadas como comerciales, y la necesidad de concienciar emitiendo campañas de educación o de pedagogía. Me gustaría saber si hay alguna previsión a
corto o medio plazo por parte del Gobierno en esta cuestión.



La señora PRESIDENTA: Señor Pintado.



El señor PINTADO BARBANOJ: Señora ministra, hemos introducido elementos en función de lo que ha traído usted aquí a colación, porque veníamos a hablar de un informe con datos hasta 2003 y usted ha ido introduciendo elementos de agua del
discurso de investidura que, creo recordar, fue en el mes de mayo del año 2004.



Este cuadro que le he enseñado es de 2002 -lo pone aquí- y en él pone 30 puntos. ¿Cuántos son ahora, señora ministra? ¿Qué porcentaje aparecería en los objetivos? ¿40, 43 puntos por debajo? Hemos hablado de este informe. Ustedes saquen
las cuentas actuales.



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Habla usted de agua, de la extorsión -no sé si ha usado exactamente esa palabra- que están haciendo algunas comunidades autónomas con el tema del agua. Murcia no tiene agua, Valencia no tiene agua, pero es que Aragón no tiene agua. Hay un
informe, señora ministra, de la Dirección General de Obras Hidráulicas de su ministerio impidiendo que se ponga en marcha el plan coordinado de obras del sector 20 bis El Tornillo, regadíos del Cinca 1 -tengo los datos en la cabeza porque está muy
cerca de mi tierra-, 1.800 hectáreas que se quedaron aplazadas cuando se transformaron todas esas tierras por decir que no hay garantía suficiente de agua. Tampoco hay agua en Aragón, señora ministra. Cuando usted habla y se pone la medalla,
supongo que ya en 2007, por el plan de ahorro, ¿quién creó el Plan de modernización de regadíos en este país? Ustedes lo han seguido y quizás lo han podido incentivar. Había un Plan de modernización 2000-2008 con el que se transformaron muchísimas
hectáreas.



Por último, señora ministra, traigo a colación lo que ha salido aquí en alguna ocasión anteriormente cuando ha hablado de las denuncias de las comunidades de Valencia o de Murcia en función de alguna de las obras que ustedes han planteado,
que por primera vez en la historia de un país diputados de su grupo parlamentario en Bruselas votaron en contra en el Parlamento Europeo y no se conformaron con eso, sino que fueron a ver a altos cargos de la Administración comunitaria para ir en
contra del Plan Hidrológico Nacional. Son cuestiones que sería mejor dejarlas tal y como están.



La señora PRESIDENTA: Señor Simón de la Torre.



El señor SIMÓN DE LA TORRE: Yo no iba a utilizar el turno porque me parecía que tendría o que repetirme o halagar al ministerio, pero después de oír al señor Pintado sí que lo quiero utilizar. La falsedad de: pongámonos de acuerdo en
políticas de Estado, el agua, mi partido -el suyo, el Partido Popular- está dispuesto a llegar... Son grandes palabras, no las voy a calificar. Cuando se le escapa lo que de verdad piensa y le traiciona el subconsciente, no solo le traiciona
hablándonos de una Dirección General de Obras Hidráulicas que no existe desde hace tres años, sino que nos dice lo que piensa de verdad: extorsión del agua.
¿Usted cree que puede utilizar esas palabras para hablar de planteamientos políticos,
aunque sean diferentes en los posicionamientos? ¿Pero a usted le entra en la cabeza que puede llegar a acuerdos con alguien cuando lo que hace es insultar y denigrar con la palabra extorsión y presentarnos a los que no pensamos como usted ante los
ciudadanos como el enemigo? Siga por ese camino porque, al final, el tiempo nos pone a cada uno en nuestro lugar. En su discurso inicial ha dicho que estamos hablando de políticas de su Gobierno, del Partido Popular, hasta el año 2003 y el tiempo
le pondrá a usted con sus palabras, como extorsión, y todas las cosas que dice, en su lugar. Es lo que les pasa a ustedes: nunca han aprendido a perder, no aceptan la posibilidad de perder e intentan juzgar. Yo soy castellano, y en Castilla, que
también tenemos problemas del agua, somos muy refraneros y yo le aplico nada más que uno y es que cree el ladrón que todos son de su condición. (El señor Pintado Barbanoj pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señor Pintado.



El señor PINTADO BARBANOJ: Una matización. A lo mejor he utilizado mal la expresión extorsión, pero en ningún caso he querido acusar al Gobierno en ese sentido, que quede bien claro. Creo que ha quedado entendido así, por lo menos así me
gustaría, y quiero hacer esa rectificación. Respecto a las últimas declaraciones del señor Simón no voy a hacer ningún comentario.



La señora PRESIDENTA: Para cerrar el debate tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): En lo que se refiere a la concertación con administraciones tanto autonómicas como locales, recuerdo que existen dos órganos, el Consejo Nacional del Clima y la Comisión de coordinación
de políticas de cambio climático. En el Consejo Nacional del Clima no solo están las administraciones, sino también los sindicatos, los empresarios, los expertos; en cambio, en la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático solo
están las administraciones, tanto la central como la autonómica como la local, y son los dos órganos que están trabajando en torno a la Estrategia española de cambio climático con un conjunto de alegaciones, alegaciones que, en gran medida, van a
desembocar en el paquete de medidas urgentes en el que trabaja el Gobierno. Por tanto, hemos podido recoger a lo largo de estos últimos meses bastantes sugerencias muy interesantes y creemos que las cuestiones que se van a plantear son
perfectamente acordes con la posición mayoritaria en nuestro país de los responsables de política ambiental. Ya sabemos que algunas veces eso tiene que ser bien explicado a la ciudadanía para que no parezca que la política ambiental supone una
restricción a la actividad económica. Cuando hablamos de coches más contaminantes y de coches menos contaminantes, es evidente que no se plantea algo en contra de la actividad de producción de vehículos, sino a favor de la producción de vehículos
que incorpore tecnologías menos contaminantes. Por eso es bueno que las distintas fuerzas políticas compartamos un lenguaje. Efectivamente, con las comunidades autónomas vamos a seguir trabajando las próximas semanas, aunque es verdad que ahora
tenemos un cierto impasse y no es previsible que pueda celebrarse una Conferencia sectorial de medio ambiente o la Conferencia sectorial de agua, como está previsto, quizá hasta primeros del mes de julio, cuando estén ya configurados


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todos y cada uno de los nuevos gobiernos autónomos. Algunos igual no cambian ni los consejeros, pero seguramente tendremos que esperar unas semanas.



El señor Pintado me preguntaba: ¿cómo está España ahora? Con los datos del año 2006, cuatro puntos más cerca del Protocolo de Kioto que en el año 2005, esa es la contestación. En el año 2005 estábamos peor que en el año 2004 porque,
evidentemente, ninguna medida tiene un efecto milagroso, pero el año 2006 registramos un dato que nos acerca cuatro puntos al cumplimiento del Protocolo de Kioto, por tanto, ahora estamos mejor que estábamos el año anterior.



Por lo que se refiere a la palabra extorsión, si yo no he entendido mal, la ha utilizado el señor Pintado en referencia a alguna de mis afirmaciones en la que he dicho que hay determinadas administraciones que mantienen una actitud de
beligerancia. Es verdad que yo no he pronunciado la palabra extorsión y yo rogaría que no la tuviéramos nadie en cuenta, porque yo no he dicho que nadie extorsione. Es más, a mí me parece tan legítimo que el señor González Pons, consejero de la
Generalitat, vaya al Parlamento Europeo o a la Comisión Europea a denunciar lo que hace el Gobierno de España si considera que estamos equivocándonos como cuando algunos diputados socialistas denunciaban el Plan Hidrológico Nacional en Bruselas, me
parece exactamente igual de legítimo, y lo importante ante esas denuncias es la respuesta de las instituciones europeas. ¿Euros para el trasvase del Ebro? Cero. ¿Euros para el Programa AGUA de las cuencas mediterráneas? 1.200 millones de euros.
En fin, seguro que podemos aproximar posiciones si efectivamente existe una cierta consideración del valor que tiene la posición de las instituciones europeas. No creo que podamos solo aceptar lo que se nos dice de las instituciones europeas cuando
es a favor de la posición de cualquier gobierno y en cambio se descalifican, como en algunos casos se ha hecho, a las instituciones europeas por no dar la razón a alguna administración. Eso no ayuda nada en nuestra condición de país que pertenece a
la Unión Europea y si le pedimos fondos europeos, tenemos que ser extremadamente respetuosos y coherentes con las normas europeas.



Por lo demás, por supuesto -y lo he dicho al principio de mi intervención-, el informe se publicó en el año 2005 -es el último informe importante de la Agencia Europea de Medio Ambiente- y sirve para situar a España en ese contexto y también
para ir midiendo, de manera más o menos detallada, cómo vamos mejorando en aquellos aspectos donde ese informe ponía el énfasis. Por ejemplo, no he hablado de residuos -porque no me ha dado tiempo y no quería tampoco extenderme mucho más-, pero
ustedes saben que existe la propuesta del Plan nacional integrado de residuos que se está concertando con las comunidades autónomas y que integra todos los flujos de residuos de acuerdo con los grandes criterios de la legislación europea en esta
materia. Desde el Ministerio de Medio Ambiente hemos aprobado un conjunto de decretos relativos al tratamiento de residuos en esta legislatura que han ido rellenando algunos huecos que existían y pretendemos aprobar la regulación de los residuos de
demolición y de materiales de construcción en cuanto se apruebe el proyecto de Ley de Calidad del Aire, porque en ese proyecto de ley existe una pequeña modificación de la Ley de Residuos que va a permitir exigir una determinada separación en origen
de los residuos de construcción y demolición. En general, las normas en estos momentos ya están muy completas y lo que nos hace falta es trabajar en programas relativos al tratamiento de residuos en infraestructuras concretas, y para ello hemos
abierto una vez más la colaboración con las comunidades autónomas.



Agradezco a SS.SS. toda la atención.



La señora PRESIDENTA: Agradecemos a la señora ministra su comparecencia.
No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, ya que el segundo punto ha sido eliminado, se levanta la sesión.



Eran las seis de la tarde.