CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 842

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO

Sesión núm. 43

celebrada el miércoles, 30 de mayo de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la incorporación de las normativas de calidad comunitaria en los productos del sector agrario y agroalimentario español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001620.)... href='#(Página2)'>(Página 2)


- Relativa a necesidad de establecer acuerdos con Noruega para evitar el apresamiento de barcos pesqueros españoles que faenan en Svalbard.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001846.)... href='#(Página4)'>(Página 4)

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Relativa a la aprobación de un paquete de medidas para impulsar el autoempleo en las zonas rurales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001990.)... (Página 7)


- Sobre mejora y adaptación del contrato de seguro por sequía en pastos.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
(Número de expediente 161/002128.)... (Página 10)


- De apoyo a la producción de cultivos energéticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002178.)... (Página 13)


- Para combatir la pesca ilegal no regulada y no declarada. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002190).... (Página 16)


- Sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento de los factores coyunturales y estructuras que influyen en la viabilidad del sector ovino y caprino y proponer determinadas actuaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso. (Número de expediente 161/002203.)... (Página 19)


- Relativa a la adopción de medidas para mejorar la competitividad de la flota pesquera española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002234.)... (Página 21)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE CALIDAD COMUNITARIA EN LOS PRODUCTOS DEL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número expediente: 161/001620.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar proposiciones no de ley, tal cual como acordaron Mesa y portavoces. No sé si es políticamente correcto, pero quiero
felicitar, en nombre mío y en el de la Comisión, al señor letrado por su reciente paternidad.



Pasamos a la primera proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la incorporación de las normas de calidad comunitaria en los productos del sector agrario y agroalimentario español. Para su defensa, su portavoz en este
tema la señora Quintanilla tiene la palabra.



La señora QUINTANILLA BARBA: Señoras y señores diputados, tomo la palabra en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, para defender en el seno de esta Comisión una proposición no de ley relativa a la incorporación
de normativas de calidad comunitaria en los productos del sector agrario y agroalimentario español. Lo hago destacando la importancia de los consejos de Europa celebrados en Lisboa, en 2000, y en Gotemburgo, en 2001, en los que la Unión Europea, a
través de sus conclusiones, ha marcado las líneas a seguir por sus países miembros en lo que se refiere a las bases sobre las que se debe establecer el futuro del desarrollo rural de todos los países miembros.



Señor presidente, la Unión Europea considera prioritarias las actuaciones que pongan en valor todas las potencialidades que poseen nuestras zonas rurales como lugares apetecibles e idóneos para vivir, trabajar e invertir, haciendo compatible
este desarrollo con el concepto de sostenibilidad. Asimismo, en las conclusiones de Lisboa y Gotemburgo se recomienda a los países miembros de la Unión Europea potenciar la competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias como medio para
mejorar el crecimiento de la economía y fomentar el empleo. Y esa competitividad pasa por cuidar y mimar cada vez más la calidad de nuestros productos.



Señorías todos sabemos, que hoy por hoy los productos agrarios y agroalimentarios que se producen y elaboran en todas las comunidades autónomas españolas gozan de una alta consideración en Europa y en el resto del mundo y constituyen uno de
los mayores potenciales de nuestras zonas rurales, cuyas economías dependen casi en su práctica totalidad del sector primario, es decir, de la agricultura y la ganadería. Quiero subrayar que según los últimos datos difundidos por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el sector agroalimentario es el único que presenta ganancias en la balanza comercial de nuestro país. Así, en febrero de este año las


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exportaciones agroalimentarias crecieron cerca de un 11 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y nuestros productos siguen abriendo nuevos mercados, sin que hayan alcanzado todavía, ni mucho menos, sus cotas máximas de mercado
porque aún estamos en disposición de mejorar nuestros volúmenes de producción y de visibilidad en los países europeos y en el resto del mundo. Ello se debe en gran medida a que el sector agrario y agroalimentario español, vinculado
indiscutiblemente a nuestra economía rural, ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por mejorar la calidad, adaptándose a las normativas europeas, lo que ha requerido mayores inversiones en las explotaciones y en las empresas dedicadas a este
sector, que merecen, sin duda alguna, un mayor apoyo en el ámbito de la comercialización dentro y fuera de nuestras fronteras.



España es uno de los países con mayor interés en poner en marcha cuantas medidas y acciones sean necesarias para promocionar y potenciar este sector que a nivel nacional ha incrementado de forma notable su calidad a través de consejos
reguladores, indicaciones geográficas y marcas de excelencia territoriales, entre otras figuras que han surgido en el sector con el fin de controlar la calidad y cumplir las normativas. Pero, señorías y señor presidente, no existe ninguna figura a
nivel europeo que unifique los criterios de calidad de la Unión Europea para dar una mayor salida a estos productos en otros mercados internacionales en un mundo como en el que hoy estamos sumidos con la globalización. Nuestro grupo parlamentario,
a través de esta proposición no de ley insta al Gobierno de España a que proponga al Consejo de la Unión Europea la creación de una marca de excelencia válida para todos los países miembros; a que unifique esos criterios de calidad y sirva al mismo
tiempo para que los países que los importan y sus consumidores puedan identificar con una marca propia los productos europeos en el resto de los mercados internacionales, fuera de las fronteras europeas. Dicha marca de excelencia o calidad debe
responder, como no podía ser de otra manera, a los protocolos de calidad estrictos y seguros exigibles en los sectores de los que hoy estamos hablando. Asimismo, proponemos que se establezca un patrón determinado para conceder esta marca de
excelencia solamente a los productos rurales españoles que incorporen las medidas y requisitos necesarios para alcanzar las cuotas de calidad marcadas desde la Unión Europea en su proceso de manufactura, transformación u obtención.



En definitiva, con esta iniciativa nuestro grupo parlamentario pretende ofrecer al sector agrario y agroalimentario español un valor más que añadir a sus productos y explotar el potencial que posee el medio rural español como generador de
empleo y motor de desarrollo económico de nuestro país. Por ello pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Es una iniciativa que defiendo a primera hora de la mañana, sobre la que me gustaría que se reflexionara. Desde luego, estoy
abierta a cualquier enmienda transaccional in voce para hacer posible que esta marca de calidad que este grupo parlamentario propone -queremos que nos escuche la Unión Europea y que el Gobierno incite a ella-, sea alcanzada desde el consenso y el
compromiso de todos los grupos parlamentarios con el sector agrario y rural español.



El señor PRESIDENTE: Al hilo de lo que usted dice de que hay tiempo, vamos a dar como tiempo de referencia para la votación las 12:30, hora a partir de la cual cuando se agote el orden día votaremos en cualquier momento.



A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Turno de fijación de posiciones. Grupos que deseen intervenir. Por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Oria tiene la palabra.



El señor ORIA GALLOSO: El preámbulo de proposición no de ley que presenta el Grupo Popular insta al Gobierno a impulsar acciones que conviertan las zonas rurales en lugares desarrollados y atractivos como lugar para invertir. En la
petición, en primer lugar, insta al Consejo de la Unión Europea a la creación de una marca de excelencia que sea válida para todos los países miembros y, en segundo lugar, como ha dicho la señora portavoz, a que se establezca un patrón para conceder
esta marca de excelencia solo a los productores rurales españoles que incorporen en su proceso de manufacturación, transformación u obtención de los productos las medidas necesarias para alcanzar las cotas de calidad marcadas por la Unión Europea.
Tengo que decir que estas cuestiones ya tienen antecedentes parlamentarios en esta legislatura. De hecho, hay una proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas para facilitar la innovación y el acceso a la investigación y desarrollo en los
sectores agrarios y agroalimentarios, aprobada el 28 de noviembre, en la que se instaba al Gobierno a apoyar el acceso a la I+D+i de las pequeñas explotaciones rurales a través de los instrumentos que se contemplan en el Plan Avanza, así como
promover que los centros tecnológicos agroalimentarios sirvan para favorecer el acceso de las explotaciones agrarias a las nuevas tecnologías.



Hay un segundo antecedente en esta legislatura: una pregunta oral a la ministra de Agricultura sobre las acciones adoptadas por el Gobierno para el fomento y la promoción de la agricultura ecológica, que se sustanció el 27 de marzo de 2006,
donde la ministra manifestaba que el primer objetivo de esas actuaciones respondía al fomento general del sector, en especial de la producción, que, pese a ser especialmente innovador, no ha gozado hasta ahora de un apoyo específico en materia de
formación. Un segundo objetivo, decía la ministra, era el de estimular la demanda interna a través de la información al consumidor, acompañada de la mejora de las estructuras de comercialización del producto. Y un tercer objetivo, de carácter
horizontal, pretendía mejorar la competitividad y la colaboración entre todos los agentes implicados en el sector ecológico. Referido a estos temas, hay un tercer antecedente, una comparecencia


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del secretario general de Agricultura, en la que se expusieron los contenidos del Plan de desarrollo estratégico nacional de desarrollo rural para el marco financiero 2007-2013, uno de cuyos ejes reconocía que la agricultura, la ganadería y
la agroindustria son el motor vertebrador común de las zonas rurales y que la multifuncionalidad sobre la base de nuevas inversiones y posibilidades económicas en esos territorios ayuda a mejorar la calidad de vida en los mismos y a diversificar
actividades.



Tanto desde el Gobierno como desde este Congreso ha habido iniciativas importantes referidas a esos temas. También tenemos antecedentes de la Unión Europea. Uno de ellos se refiere a la conferencia celebrada los días 5 y 6 de febrero,
donde se trató de la certificación de calidad alimentaria. En la citada conferencia participaron todos los Estados miembros, representantes de los consumidores, productores, de distribución, entidades de certificación, industrias y establecimientos
minoristas. Trataba de exponer los resultados del estudio piloto desarrollado por el Instituto de Prospectiva Tecnológica, realizado con el objetivo de analizar los sistemas de control y certificación de la calidad y establecer distintos
planteamientos aplicables en el futuro.
Hay que recordar que este estudio fue acometido por la Comisión Europea a instancias del Parlamento Europeo. Esta conferencia culminó con la realización de una sugerencia sobre la creación de una nueva marca
europea a la que se denominaría calidad europea superior cuyo fin sería la simplificación de denominaciones en favor de la transparencia e información al consumidor, reducción de burocracia y distribución justa del valor añadido, favoreciendo la
competencia frente a terceros países.
Asimismo, se invitaba a reflexionar sobre la definición del concepto calidad superior, así como sobre la posibilidad de considerar los aspectos que pueden ser incluidos en este etiquetado: cómo quedaría el
bienestar animal, la ecología, las indicaciones geográficas o, por el contrario, que este etiquetado comprendiera aspectos no completados en los sistemas ya existentes. En términos generales, la propuesta de la Comisión de creación de la calidad
europea superior fue recibida con cautela por parte de los Estados miembros y los representantes sectoriales, considerándose necesaria una mayor definición en lo que se refiere a su definición y alcance.



Creemos que en estos momentos en el acervo comunitario existen suficientes instrumentos para la protección y defensa de los productos agrarios de calidad. Estamos hablando del reglamento por el que se establece la OCM del sector
vitivinícola que regula los vinos de calidad producidos en una región determinada; estamos hablando del reglamento del Consejo de 20 de marzo sobre las especialidades tradicionales garantizadas (ETG) y de los productos agrícolas y alimenticios;
estamos hablando del Reglamento del Consejo de 20 de marzo sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de estos productos; estamos hablando del Reglamento del Consejo, de 24 de junio, sobre producción
ecológica y su indicación de los productos agrarios y alimentarios. Por tanto, existe en estos momentos reglamentación comunitaria con sistemas de protección basados en elementos objetivos que, por otra parte, están consiguiendo la comprensión y
admisión de la Organización Mundial del Comercio, en principio contraria a la utilización de cualquier signo o distinción que pueda ser considerado como barrera técnica al libre comercio.



Por todo ello, nosotros vamos a rechazar esta proposición no de ley. No obstante, estamos abiertos a cualquier acuerdo para mejorar, si es necesario, la reglamentación que en estos momentos existe en la Unión Europea. Rechazamos la
iniciativa -y resumo- porque la reglamentación comunitaria ya prevé sistemas suficientes de protección basados en elementos objetivos; en segundo lugar, con grandes esfuerzos se está consiguiendo que se apliquen, por lo que resultaría
contraproducente ampliar la gama de productos diferenciados, y en tercer lugar, los debates celebrados durante la conferencia sobre certificación de calidad ambiental mostraron un alto grado de escepticismo por parte del propio sector comunitario y
de los Estados miembros respecto de la propuesta de creación de una calidad europea superior. En definitiva, la definición de este tipo de menciones genéricas de valorización genera confusión en los potenciales consumidores a la hora de discernir
su significado y diferenciar las categorías que se incluyen en ella. Por todo ello, repito, vamos a rechazar esta proposición no de ley, siempre dejando la puerta abierta a cualquier enmienda.



- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ESTABLECER ACUERDOS CON NORUEGA PARA EVITAR EL APRESAMIENTO DE BARCOS PESQUEROS ESPAÑOLES QUE FAENAN EN SVALBARD.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número expediente: 161/001846.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley del orden del día, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de establecer acuerdos con Noruega para evitar el apresamiento de barcos pesqueros españoles que
faenan en Svalbard. La señora Fernández Davila, tiene la palabra para su defensa.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Lo que pretende nuestra proposición no de ley, que presentamos el 14 de septiembre del año 2006, es que se establezcan negociaciones de tal manera que se pueda evitar el apresamiento de barcos que en la campaña
del bacalao en esas aguas del archipiélago de Svalbard se están produciendo desde hace algunos años. Es verdad que el más llamativo fue el apresamiento de los tres Arousa (Arousa 9, Arousa 12 y Arousa 15, me parece que eran), pero también es cierto
que en los años 2004 y 2005 ya ocurrieron apresamientos


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por parte del Estado noruego de embarcaciones de la flota española que faenan en esas aguas. Como expuso en esta Comisión el secretario general de Pesca, la razón fundamental del conflicto está en una interpretación particular que del
Tratado de París de 1920 hace el Estado noruego. Y decimos interpretación particular porque no solamente el Estado español lo interpreta de una manera, sino que en esa misma dirección lo hace la Unión Europea. Lo que se recoge en el Tratado de
París en relación con estas aguas es que el Estado noruego tiene la capacidad de reglamentar pero no la capacidad ejecutiva de sancionar, que correspondería al Estado de donde fueran bandera los buques que cometieran la infracción. Queremos dejar
clara nuestra postura. No queremos justificar la mala práctica de algunas embarcaciones o compañías armadoras -si es que así ocurre- de no respetar los reglamentos en relación con las capturas que se establecen.
Creemos que si se vulneran esas
reglamentaciones, que están hechas pensando en el futuro de la pesca, debe existir la sanción. Tal como mostramos nuestra postura al Gobierno español, de acuerdo con ese Tratado de 1920, la sanción debe corresponder al Estado a quien pertenecen
estas embarcaciones.



La proposición no de ley que presentamos es de actualidad a pesar del tiempo transcurrido porque el 13 de septiembre el secretario general anunció en esta Comisión, además de la información sobre los pasos que ya se habían dado, la decisión
del Gobierno de entablar diálogo con el Estado noruego para llegar a acuerdos en este tema. Lo que sabemos al día de hoy es que se establecieron negociaciones en el mes de marzo en las que también participó el Estado ruso, para reglamentar la
captura de la pesquería o de la pesca en esas aguas. Sabemos que se creó una comisión mixta entre el Estado español y el Estado noruego en relación con las aguas del archipiélago de Svalbard, pero según la información que tenemos, solo se trató de
resolver los problemas relacionados con los topes de captura o cuestiones sobre la pesca, pero en ningún momento se planteó (ésa es la información que tenemos) cómo actuar en cuanto a las medidas sancionadoras.



No solo sería conveniente sino imprescindible evitar que volvieran a ocurrir situaciones como las vividas en el año 2006. Además del gasto económico que puede representar las sanciones -repito que si están justificadas efectivamente serán
necesarias-, están los gastos de tiempo, de energía, de acción de Gobierno y las acciones diplomáticas que sería necesario evitar. Sabemos por lo ocurrido el año pasado, que duraron más de dos meses los perjuicios económicos ocasionados al Estado,
a la armadora y a las personas afectadas por estar trabajando en estas embarcaciones. Estamos ante una situación (que en su momento denunciamos), desde el punto de vista humanitario muy preocupante, incluso con desatención de las personas
embarcadas en estos buques. Hay cosas que el Estado español dijo en su momento que no se hicieron y que reclamaba el sector. A la vista de la discrepancia en la interpretación del Tratado de París, sería conveniente recurrir al Tribunal de La Haya
para que definitivamente se resuelva este asunto. Un Estado no puede unilateralmente interpretar una ley de medidas internacionales. Si por la vía de la negociación que llevó a cabo el Estado español y la Unión Europea no se llegó a un acuerdo, se
debió recurrir al Tribunal de La Haya, aunque, por lo que sabemos, no se hizo. De ahí que mantengamos nuestra proposición no de ley, porque volvemos a estar en un momento difícil que puede acarrear situaciones como la del año pasado. Dentro de muy
poco tiempo se va a volver a abrir la pesquera del bacalao y pueden volver a ocurrir estas cuestiones. En absoluto justificamos que se actúe ilegalmente en cuanto a sobrepasar en el número de capturas, pero no se puede permitir a un Estado
interpretar una reglamentación internacional como le parece. Estamos convencidos de que las razones que tiene Noruega están relacionadas con intereses económicos del Estado en esas aguas que no tienen relación con la pesca y que estas actuaciones
pretenden que las embarcaciones del Estado español, ante las graves dificultades que el Estado noruego impone abandonen la pesca en estas aguas. En nuestra opinión, eso no se puede hacer así.



No compartimos una de las peticiones que hacía el sector en su momento, que era la presencia de buques de la Armada, aunque no sabemos si no será esta la actuación que finalmente tendrá que hacer el Estado. Un conflicto de estas
características no se puede resolver por la fuerza, a ver quién de los dos Estados tiene más fuerza. El Estado español no puede permitir que el Estado noruego, en defensa de sus intereses económicos en una zona donde no tiene la soberanía completa,
haga lo que le parezca. Ello iría en perjuicio de la economía del Estado español y, muy particularmente, de la de un sector tan importante en Galicia como es el pesquero, el bacaladero. De ahí que mantengamos esta proposición no de ley, esperando
la aprobación si no por unanimidad, por lo menos por mayoría.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. En consecuencia, grupos que desean fijar posición. Por el Grupo Popular el señor García Díez tiene la palabra.



El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, con su permiso, porque estoy seguro de que va a ser compartido por todos los grupos, me gustaría que figurase en el 'Diario de Sesiones' el sentir y el pésame que todos los presentes queremos
transmitir a la familia de los dos fallecidos y del desaparecido y todavía no recuperado marineros que en la costa de mi provincia, Lugo, estos días perdían la vida una vez más, por desgracia, en un accidente de estas características. A todos ellos
y a la familia queremos trasladar nuestro pésame.



Entrando en el objeto de esta proposición no de ley, nuestro grupo parlamentario ya había presentado, como acaba de referir la portavoz del BNG, una proposición


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en este sentido, el 26 de julio del pasado año, donde nos referíamos a los apresamientos de los barcos en el caladero de las Svalbard. Esa proposición no de ley, con el número 161/1844, era un poco más amplia en cuanto a que solicitaba
algunas gestiones más de nuestro Gobierno. No vamos a retirarla, y ya tendremos ocasión de debatirla si llegara el caso.



Al hilo de la intervención anterior, viene a cuento recuperar algunas de las palabras que nuestro grupo hizo patentes tanto en la comparecencia del secretario general del 13 de septiembre del año pasado, como durante la sesión de la
Diputación Permanente de 20 de julio del mismo año. Eran momentos aquellos que después propiciaron la presentación de nuestra iniciativa, de gran preocupación en el sector, en Galicia, ante unos apresamientos totalmente injustificados, como dijimos
en su momento. Los armadores y las tripulaciones de esta flota vienen sucesivamente denunciando esta situación de inseguridad y abandono por parte de las autoridades españolas, y por ello manifestaron entonces su voluntad de regresar a puerto y
abandonar su campaña, algo que no tenía precedentes.
También quiero recordar que las últimas sanciones que fueron impuestas a estos barcos fueron las más altas de la historia. Destaqué en la intervención ante la comparecencia del secretario
general que la Asociación Gallega de Armadores de Bacaladeros consideraba que el Ejecutivo español había dejado al sector -según sus palabras textuales-: abandonado y desamparado. Añadía incluso: Nuestros barcos y nuestras tripulaciones están
sufriendo un acoso humillante y denigrante, y también el Gobierno español está permitiendo que el de Noruega lo humille.
Insisto, son palabras textuales pronunciadas por la Asociación Gallega de Armadores de Bacaladeros. En esta iniciativa
añadíamos que se deberían haber estudiado los mecanismos para hacer frente a estas sanciones tan desproporcionadas, la Administración hubiera podido adelantar parte o la totalidad de las mismas después, una vez que fueran firmes, pudieran ser
abonadas por los correspondientes armadores. Igualmente, habría sido bueno que estudiar la posibilidad de enviar barcos de la Armada española a la zona en conflicto si volviera a surgir una situación como la que se vivió el año pasado o solicitar
el apoyo de las instancias europeas para recurrir ante el Tribunal de La Haya los expedientes sancionadores si éstos volvían a producirse. En definitiva, habría que utilizar todas las medidas diplomáticas comerciales, en manos del Gobierno español
para recuperar el peso internacional y el respeto que nuestro país y nuestra flota pesquera vienen demandando.



Vamos a votar a favor de la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo, tal como está contenida en el texto de la que en su momento presentamos y deseamos que lo haga el resto de los grupos, pero creemos que el Gobierno debe esforzarse
para buscar soluciones diplomáticas y que sobre todo debe tomar las riendas de la negociación. A la señora ministra, que ha hablado de este tema en muchas ocasiones, la notamos ausente y debe personalmente hacer frente a esta situación. Han sido
muchos los casos de sometimiento del Gobierno a las posturas de otros países. Cito algunos ejemplos: Francia, Angola, Mauritania, Noruega o la propia Comisión Europea. Si queremos mantener, tanto en Europa como en el resto del mundo, unas
condiciones que hagan posible el ejercicio de la pesca para nuestra flota hay que negociar, y para ello los responsables políticos tienen que prestar a nuestros diplomáticos el respaldo necesario. Este es el proceder lógico, que en estos momentos
está olvidado y las consecuencias son una pérdida del reconocimiento internacional. Por lo tanto, hacemos una nueva llamada a aquella voluntad manifestada por la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando habló de colocar a nuestro sector
pesquero en el lugar que merece que hoy está muy alejada de la realidad. Es importante, como digo, prestar todo el apoyo a esta flota que año tras año ha sufrido estos acosos para que el prestigio internacional sea recuperado y para que puedan
hacer lo que quieren, trabajar, faenar en libertad y con todas las medidas de seguridad, igual que hace el resto de las flotas, y máxime cuando lo hacen en unas aguas que son conocidas como internacionales. Son aguas disputadas, pero están sujetas
a un acuerdo internacional, al Tratado de París de 1920, y Noruega no es quién para imponer allí su ley.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz tiene la palabra.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, compartimos las preocupación del grupo proponente y compartimos también sus argumentaciones. Igual que el grupo proponente, no entramos en hechos sino que defendemos derechos. Estamos de
acuerdo en que es suficiente la vía diplomática para resolver estos problemas. Pensamos que la mejor solución no es el envío de patrulleras españolas a aguas de Noruega, sino que hay otras vías para resolverlo. Creemos que Noruega se está
extralimitando en sus funciones, ya que no estamos en aguas jurisdiccionales de ese país sino en aguas internacionales. Noruega no puede sancionar a nuestros barcos, solamente los puede sancionar el Estado español. Por ello, para prevenir y dar
garantías de futuro a la flota que faena en esos barcos -garantías de futuro y no impunidad- apoyamos esta propuesta, aunque hacemos alguna matización.



Los temas pesqueros a nivel internacional son competencia de la Unión Europea, luego España tiene que demandar a la Unión Europea que negocie firmemente con Noruega una solución a este problema. La negociación no es una negociación
bilateral sino a través de la Unión Europea. La Unión Europea tiene más capacidad de presión sobre Noruega que la que tendríamos nosotros y, además, es la que tiene la competencia. Luego con la matización de dejar claro que la negociación es
competencia de la Unión Europea y que España debe presionar a la Unión Europea para esta negociación, con esa


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corrección más o menos in voce que le pediríamos a la señora proponente que hiciera, apoyaríamos esta propuesta, que nos parece oportuna y necesaria. Sabemos que el Gobierno está trabajando en este sentido, pero pensamos que, incluso para
que la negociación del Gobierno con la Unión Europea sea más efectiva, no es malo que esta Cámara trabaje y muestre inquietud en esa dirección. Por ello, como decía, con la matización de que debe ser la Unión Europea la que negocie y España la que
presione a la Unión Europea en la búsqueda de una solución estable, vamos a apoyar esta propuesta. (La señora Fernández Davila pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Dávila.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Señor presidente, el señor Díaz acaba de hacer una propuesta y yo no sé si eso es posible o no.



El señor PRESIDENTE: Usted sabe que a esta proposición no de ley no hay enmiendas presentadas.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: No se puede resolver el tema, es decir, hay que votarlo en los términos de la proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Es posible una enmienda in voce, siempre que sea aceptada por todos los grupos.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Como el señor Díaz acaba de hacer una propuesta, yo lo que planteaba en este momento es que los grupos, al final, dijésemos si aceptamos o no.



El señor PRESIDENTE: Sí, eso está previsto.



- RELATIVA A LA APROBACIÓN DE UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA IMPULSAR EL AUTOEMPLEO EN LAS ZONAS RURALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número expediente: 161/001990.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la aprobación de un paquete de medidas para impulsar el autoempleo en las zonas rurales. También en esta ocasión la señora
Quintanilla tiene la palabra.



La señora QUINTANILLA BARBA: De nuevo tomo la palabra en el seno de esta Comisión para defender una iniciativa de mi grupo parlamentario relativa al autoempleo en las zonas rurales. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, disculpe.



Les ruego que las conversaciones, que ya son más que numerosas y que dificultan la intervención de los diputados y diputadas que tienen temas que plantear, las hagan, por favor, fuera de la sala porque, si no, es imposible seguir la
intervención.



Señora Quintanilla, por favor, continué.



La señora QUINTANILLA BARBA: Como decía, de nuevo tomo la palabra en nombre de mi grupo parlamentario para defender esta proposición no de ley sobre el autoempleo y la creación de empresas en los pueblos de España.
Esta proposición no de
ley fue presentada por mi grupo parlamentario el 26 de diciembre del año 2006 y soy consciente de que cinco meses después tenemos otras iniciativas que ha hecho el Gobierno de España, como es la orden ministerial de apuesta por el autoempleo que ha
firmado con las organizaciones profesionales de autónomos, pero a pesar de que efectivamente hay un compromiso de creación de empleo a través del auto- empleo, no he querido retirar esta iniciativa por lo que supone que ese autoempleo también llegue
a las zonas rurales, a los pueblos de España.



Desde ese planteamiento, quiero decirles que la Unión Europea destaca el fomento del autoempleo como una de las principales herramientas para alcanzar la estrategia europea por el pleno empleo. Los datos corroboran que el autoempleo es la
salida que encuentran muchas personas para acceder al mercado de trabajo y salir del desempleo. En España, desde los años setenta, la cifra de autónomos ha ido creciendo de forma progresiva y esta tendencia continúa en la actualidad. Así, de enero
a marzo de 2007, se dieron de alta un total de 34.617 autónomos, lo que supone un incremento en el sistema de la Seguridad Social del 1,13 por ciento. Sin embargo, el crecimiento de las cifras de afiliados al régimen especial de autónomos de la
Seguridad Social presenta una distribución geográfica y por sectores muy desigual, ya que la mayor parte de estas altas corresponde a las grandes ciudades y a sectores relacionados con los servicios en estos entornos urbanos; por el contrario, el
índice de altas en el medio rural y en sectores relacionados con la diversificación de actividades complementarias a la agricultura y a la ganadería y en relación con este entorno es tremendamente escaso. ¿Cuáles son las causas de esta diferencia?
Como en otros muchos aspectos, nos encontramos con el hecho de que en el medio rural los emprendedores y emprendedoras no tienen el mismo acceso a los conocimientos técnicos y teóricos que se requieren para poner en marcha una pequeña o mediana
empresa. La realidad, señor presidente, sigue siendo que en pleno siglo XXI los emprendedores y emprendedoras de muchos de los pueblos que forman parte de la España rural continúan teniendo grandes dificultades a la hora de acceder a la formación y
a la información de la que disponen los hombres y mujeres de las ciudades, y esa falta de formación e información limita enormemente la capacidad emprendedora


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de muchos de nuestros hombres y mujeres del medio rural a la hora de crear su propia empresa.



Desde mi grupo parlamentario apostamos por estas empresas, por la creación de pequeños negocios de autoempleo, que además crean riqueza en nuestra España y que, por un lado, permitirían fijar la población y crear mayor riqueza en los
municipios en los que la ausencia de oportunidades para acceder al mercado laboral hace que los más jóvenes se tengan que marchar a las ciudades a buscar su futuro y, por otro lado, ese autoempleo lograría diversificar la economía de nuestras zonas
rurales ofreciendo servicios o productos complementarios compatibles con el desarrollo sostenible de nuestros pueblos.



La potenciación del autoempleo se hace imprescindible en el ámbito del medio rural y más fundamental aún en el caso de las mujeres rurales.
Quiero hacer hincapié en lo que significa el desempleo femenino en el mundo rural, que además supone
que las primeras en emigrar a las grandes ciudades sean las mujeres para buscar un puesto de trabajo, con lo cual llevamos a una masculinización cada día mayor de nuestros pueblos. Ellas son las principales perjudicadas por la ausencia de políticas
activas de empleo y de formación en igualdad de condiciones.



Desde mi grupo parlamentario entendemos -lo he dicho al principio de mi intervención- que la orden ministerial aprobada recientemente por el Gobierno de España, por la que se establece un nuevo programa de fomento del autoempleo, hoy por
hoy, no llega como debiera al medio rural, y, por otro lado, las actuaciones que se incluyan en su día en lo que será el futuro programa estratégico nacional del desarrollo rural, incluido en la Ley de desarrollo rural sostenible, pendiente de su
debate y aprobación en el Pleno del Congreso y del Senado, todavía está lejano en el tiempo, por lo que consideramos que es necesario acometer y poner en marcha una serie de medidas que cubran el vacío existente en la actualidad para fomentar el
autoempleo en las zonas rurales. Así pues, entre las medidas que solicitamos a través de esta proposición no de ley de forma directa y específica a los emprendedores y emprendedoras del medio rural, entendemos que es importante que se elabore un
plan financiero de apoyo a las iniciativas de autoempleo de este entorno, basado en la creación de avales públicos y la concesión de microcréditos blandos, que llegue efectivamente a los emprendedores y emprendedoras del mundo rural.
Instamos
también al Gobierno de la nación a crear un programa de asesoramiento técnico a las empresas de nueva creación durante el primer año, coordinado, como no podía ser de otra manera, con las competencias de las comunidades autónomas y también con la
Administración local, así como mejorar las subvenciones que existen en la actualidad para la creación de empresas que trabajen en el aprovechamiento de la calidad de los entornos rurales en actividades turísticas de ocio, cultura, salud, uso de
energías renovables y, en estos momentos, con la Ley de la Dependencia puesta en marcha, es preciso hablar de la importancia que suponen esos cuidadores formales o profesionales en la creación de empleo en el mundo rural para cuidar a nuestros
mayores y a nuestros dependientes.



Solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque entendemos que es de justicia esta proposición no de ley. Ya he hecho constar lo que ha significado la orden ministerial que puso en marcha el Gobierno de España, como también
estamos expectantes ante la próxima Ley de desarrollo rural sostenible. Nosotros estamos decididos con esta proposición no de ley a pedir al Gobierno que ponga en marcha las nuevas tecnologías en el medio rural, así como que se dedique un mayor
apoyo a las administraciones locales para la elaboración de estudios que analicen las opciones empresariales de una determinada comarca o localidad, de manera que se pueda asesorar en firme a los nuevos emprendedores y emprendedoras sobre la
viabilidad y posibilidades reales de la creación de sus empresas. Sin medidas como esta que proponemos hoy aquí, los hombres y mujeres del medio rural, sobre todo los más jóvenes, tendrán que seguir abandonando sus pueblos, poniendo así en peligro
el futuro de nuestras zonas rurales, cada vez más abandonadas y despobladas por la ausencia de oportunidades. Por ello, de nuevo, señor presidente, señorías de los distintos grupos parlamentarios que componen esta Comisión, les pido su apoyo a esta
proposición no de ley, a la que no se ha presentado ninguna enmienda, para ni en estos momentos se presentase alguna enmienda in voce la estudiaríams, porque mi grupo, como siempre, está abierto al consenso.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, esta proposición no de ley tampoco tiene enmiendas, por tanto, corresponde intervención para fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. El señor Amuedo tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Socialista.



El señor AMUEDO MORAL: Señora Quintanilla, el Gobierno actual en una de las cosas que más ahínco está poniendo es justamente en el tema del desarrollo rural, precisamente para asentar a las poblaciones rurales dentro de su propio territorio
y que no tengan que emigrar. Es una de las políticas más factibles que está haciendo este Gobierno. Sin embargo, por el grupo que usted representa se ha criticado mucho uno de los aspectos que fundamentalmente ha contribuido, de manera muy notable
en Andalucía y en Extremadura, a asentar la población rural, a mejorar el medio ambiente rural, a mejorar las infraestructuras rurales, que también son muy necesarias para la creación de empresas dentro del medio rural; no solamente hay que
incentivar el autoempleo, que, efectivamente, es imprescindible, sino que para incentivar ese autoempleo también hace falta crear unas magníficas infraestructuras. Para eso también ha servido una de las políticas que se han llevado a cabo por los
distintos gobiernos socialistas, como ha sido el Plan de Empleo Rural en Andalucía y en Extremadura. Le digo esto para


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que vea que hay algunas cuestiones que han servido al medio rural y que ustedes han criticado.



Usted propone cinco puntos: un plan financiero, un programa de asesoramiento técnico, mejora de las subvenciones que actualmente se están concediendo, apoyar la incorporación de las nuevas tecnologías al medio rural y los estudios de
asesoramiento posibles para las distintas opciones empresariales o para los distintos yacimientos de empleo dentro del medio rural. Pues bien, le tengo que decir que en la actualidad, dentro de las políticas que se están realizando por este
Gobierno, están las ayudas en vigor y subvenciones para la promoción de incentivos de I+E en el ámbito local, en el ámbito rural. Estas ayudas incentivan de manera importante la creación de empresas pequeñas y medianas y también incentivan a las
corporaciones locales para que estudien los posibles huecos productivos susceptibles de crear actividad empresarial en las distintas zonas. Además, esos incentivos o esas ayudas, si las empresas que se crean o los yacimientos de empleo que se crean
son de los llamados nuevos yacimientos de empleo, es decir, el aprovechamiento de la calidad del entorno, del medio rural, la actividad turística, la actividad de ocio, la actividad cultural o la actividad dirigida dentro de las empresas a las
energías renovables dentro de esas zonas, las ayudas se incrementan notablemente. Esto es lo que tenemos actualmente. No obstante, le diré que están pendientes de aprobación unas nuevas ayudas que incorporan una serie importante de mejoras al
autoempleo -que es lo que usted pretende con su proposición- dentro del medio rural. A las personas que quieran generarse su propio empleo se les elimina una serie de requisitos que actualmente se les exigen, como por ejemplo, de haber obtenido
subvenciones financieras, el pago en una sola vez de las prestaciones por desempleo para poder recibir esas subvenciones y poder constituirse como trabajador autónomo. Eso quiere decir que va a haber muchas más personas que van a poder acceder a
esas ayudas. Además, se incrementan notablemente las cuantías por el establecimiento de un trabajador autónomo; de los 3.005 euros actuales se pasa a 5.000 euros por trabajador autónomo, y si es mujer -sé que usted lo conoce perfectamente, por eso
además lo estoy recalcando- como somos conscientes de que hay que incentivar para que la mujer no sea discriminada dentro del trabajo autónomo, se produce una discriminación en positivo dentro de las subvenciones a la mujer, pues si es mujer la
persona que va a generar su propio empleo, esas ayudas se incrementan hasta 7.000 euros. Si el trabajador es discapacitado, esa subvención sería de 8.000 euros, y si ese discapacitado es mujer, estaríamos hablando ya de 10.000 euros.



Usted también hablaba de la ayuda técnica. Es verdad, que las personas que quieren tener su propio empleo y generar además empresa no tienen las ayudas técnicas necesarias que puedan tener algunas personas que viven en ciudades o en
territorios con más asistencia en ese aspecto, con más técnica en ese aspecto. Para ello se subvenciona también, dentro de estas ayudas, la asistencia técnica, incorporando por primera vez que las asociaciones de trabajadores autónomos que llegan o
que pueden llegar, no solamente a las ciudades sino también a todo el territorio, puedan ser susceptibles de percibir también esas subvenciones, subvencionando hasta el 75 por ciento del coste total de lo que pueda significar la asistencia técnica,
lógicamente, con un tope absoluto de 2.000 euros.



También se refiere en su proposición a los créditos, las ayudas para aquellas personas que, como es natural, para gestionar su autoempleo necesitan dinero. Pues bien, también hay unas subvenciones por parte de este Gobierno para reducir los
intereses de préstamos para la financiación de inversiones de creación de empresas equivalente hasta 3 puntos de interés. Lógicamente, también tiene límites, para incentivar precisamente lo que antes se incentivaba cuando hablábamos del incremento
para el establecimiento del propio autónomo, es decir, también en las subvenciones para reducir los intereses, si es hombre, sería hasta un límite de 5.000 euros; si es mujer, hasta un límite de 7.000 euros; si es además discapacitado, hasta un
límite de 8.000, y si además es mujer y discapacitada, hasta un límite de 10.000 euros.



Hablaba también de la formación, cosa muy importante para la generación de autoempleo. Necesitamos formar a los trabajadores por cuenta ajena para que puedan generar su propia empresa. Pues bien, actualmente también hay ayudas para la
formación; ayudas del 75 por ciento del coste de la formación que necesitan los trabajadores. ¿Qué formación? La formación que va dirigida a la dirección y administración de empresas, que es lo novedoso que se puede uno encontrar cuando quiere
tener su propio autoempleo, también con un límite de 3.000 euros.



Por otro lado -como usted ha dicho en su exposición de motivos-, la Unión Europea ha apostado siempre por el autoempleo para generar que algunos territorios no se queden despoblados. Pero, claro, eso no se queda solamente en una declaración
de principios, sino que se actúa desde Europa en todos los territorios, y el Gobierno de España ha actuado poniendo, como usted sabe, parte del dinero que tiene que poner, y algunas comunidades autónomas también, para desarrollar esas políticas que
se han creado en los territorios y evitar que se despueblen. Ha habido programas de iniciativas comunitarias, como el programa Líder o el programa Proder, como usted bien sabe, como instrumentos de promoción y apoyo al desarrollo rural endógeno,
que es lo que usted pide en su proposición, porque creo que es una de las alternativas que tenemos para la generación de riqueza dentro de cada uno de los territorios. Además, los grupos de acción local, controlados por las comunidades autónomas,
por el propio Ministerio de Agricultura y por la Comisión Europea correspondiente, promueven iniciativas de agentes socioeconómicos que valoran los proyectos. ¿Qué estoy diciendo? Que hay grupos de acción local compuestos por agentes
socioeconómicos para controlar


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y valorar los proyectos que lleguen a esos grupos de generación de empleo, de creación de autoempleo, para darles subvenciones, que no son pocas; no estamos hablando de una subvención pequeña, estamos hablando de subvenciones que llegan a
veces hasta el 40 y el 50 por ciento del coste total de lo que cuesta poner en marcha una empresa en ese medio rural.
Eso lo valoran además los agentes socioeconómicos, no ya solamente los políticos, no ya solamente la Comisión Europea, no ya
solamente lo que son las comunidades autónomas. Además establecen como proyectos de atención preferentes a aquellos proyectos que tienen carácter innovador, que tienen carácter de igualdad entre hombres y mujeres, por tanto, primamos lo que es la
discriminación en positivo hacia la mujer, y el apoyo a los jóvenes.



El señor PRESIDENTE: Señor Amuedo, le ruego que termine, por favor.



El señor AMUEDO MORAL: En definitiva, para terminar, hay muchísimos apoyos de este Gobierno a través de la Comunidad Económica Europea y a través de los programas que se están desarrollando por los distintos ministerios para potenciar lo
que usted viene a decir en su proposición. Por tanto, lo que corresponde, señor presidente, es una enmienda in voce que hago en estos momentos. Señora Quintanilla, lo que hay que hacer es potenciar aún más si cabe las medidas que ya está poniendo
en marcha este Gobierno, por ello, le propongo una enmienda de sustitución que o dice lo siguiente: Instan al Gobierno a incluir la potenciación de las actividades económicas y el impulso de las medidas de autoempleo en el medio rural como una de
las prioridades del programa de desarrollo sostenible del medio rural, previsto en el proyecto de ley que actualmente -como usted bien reconocía en su exposición- se encuentra en trámite parlamentario; y dos, integrar en dicho programa las líneas
directrices que actualmente se debaten en la Unión Europea -que usted también hacía mención en su exposición- en concreto, las conclusiones aprobadas en el Consejo de Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural que tuvo lugar el 19 de marzo de 2007.



El señor PRESIDENTE: Yo aceptaré con la máxima flexibilidad que permita el Reglamento cualquier enmienda de la naturaleza que sea y siempre ateniéndome, lógicamente, a las indicaciones del señor letrado, pero, por definición, la enmienda in
voce es un matiz, alguna concreción, pero no una enmienda de sustitución con todos sus puntos y todos sus ingredientes. Eso es mucha boda para los contrayentes que tenemos. Por tanto, como decía, con el asesoramiento del letrado y con la máxima
flexibilidad, ustedes lleguen al acuerdo que sea posible, pero, claro, una enmienda de esa naturaleza es una enmienda sin matices de voz y por tanto hay que hacerla en tiempo y forma. Eso es lo que yo les indicaría como reflexión. Me lo decía el
letrado, con razón. Una enmienda de sustitución, con todos sus ingredientes es mucha carga para lo que estamos diciendo.



El señor AMUEDO MORAL: Señor presidente, estoy absolutamente de acuerdo con usted como no puede ser de otra manera, pero si llegamos a un acuerdo yo creo que puede ser factible, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo los dos grupos; si lo
hacemos, evidentemente, no hay ningún problema porque estaríamos votando en contra de la proposición que propone el Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, si ustedes llegan a un acuerdo con la señora portavoz del Partido Popular, que es la autora de la proposición no de ley, durante el tiempo que queda de Comisión háganlo llegar a la Mesa y si encaja
dentro del Reglamento, no hay ningún problema, al contrario.



La señora QUINTANILLA BARBA: Vamos a hablar los dos grupos, el grupo proponente y el grupo que propone esa enmienda in voce, y veremos en qué sentido va esa enmienda de sustitución demasiado larga, pero, como ya he dicho en mi anterior
intervención, estábamos abiertos al diálogo, porque todo lo que sea fomentar el desarrollo de nuestro mundo rural siempre será positivo.



El señor PRESIDENTE: Y siempre que sea aceptada por el resto, es decir, que no tenga el rechazo de ningún grupo parlamentario.



- SOBRE MEJORA Y ADAPTACIÓN DEL CONTRATO DE SEGUROS POR SEQUÍA EN PASTOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC).
(Número expediente: 161/002128.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre mejora y adaptación del contrato de seguros por sequía en pastos.
Para su defensa, el
señor Ramón Torres tiene la palabra.



El señor RAMÓN TORRES: Presentamos hoy esta proposición no de ley para, entendemos nosotros, la necesaria mejora y adaptación del contrato de seguros de sequía en pastos. Este es un seguro que, como sabrán ustedes, tiene por objetivo
obtener una compensación económica para sufragar el mayor gasto derivado de la necesidad de comprar suplementos alimentarios para el ganado reproductor cuando se produzca alguna situación anormal en la zona habitual donde este ganado está pastando.
Este seguro se fundamenta en la medición del índice de vegetación mediante un sistema de teledetección que compensa la sequía a partir de ciertos umbrales definidos y pactados en el seguro. Para ello, se compara


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el índice de vegetación de cada decena con una medida obtenida para esa misma decena en los últimos 14 años. No es el mejor sistema para calcular la compensación económica que deben percibir los ganaderos, a nuestro entender, y los mismos
ganaderos han hecho saber su malestar en este tema. Recientemente, el director de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios se comprometió a realizar una reforma. Entendemos que los que tienen responsabilidad en este tipo de seguros también
entienden que no es el mejor sistema y nos consta que desde el mismo ministerio ven que hay que cambiar el sistema de medición porque no es el más adecuado.
Entendemos, por ello, que es imprescindible que Enesa proceda a compensar a los ganaderos
por los perjuicios sufridos por las deficiencias de los seguros de sequía en pastos y, a su vez, entendemos también que es imprescindible, como les decía, que se realicen las adaptaciones y mejoras en esta modalidad de contratación para que esta
situación no se vuelva a repetir.



En definitiva, lo que pedimos en esta PNL o lo que entendemos que tendríamos que modificar para sufragar esta deficiencia son dos cosas muy claras. Primero, hay que compensar, en un plazo breve -nosotros marcábamos un plazo de cinco meses-
a todos aquellos ganaderos que hayan sufrido esos perjuicios por las deficiencias de los seguros de sequía de pastos. Entendemos que esa compensación sí que la tendríamos que hacer porque mejoraríamos esa sensación que tienen los ganaderos. En
segundo lugar, es necesario mejorar, adaptar o intentar cambiar estos seguros de sequía en pastos. Nosotros proponemos dos cosas muy concretas. Primero, que hubiera una nueva zonalización de las comarcas con mayores diferencias agroclimáticas.
Entendemos que esa nueva zonalización -no sólo lo entendemos nosotros, sino que las organizaciones agrarias así lo han expresado- es necesaria para mejorar esos seguros agrarios, y entendemos también que en estas adaptaciones tendríamos que hacer
una distinción de aquellos períodos críticos del año en los que los daños por sequía pueden hacer perder las reservas de forraje de todo el año.



Aprovecho esta intervención para comentar la única enmienda que se ha presentado a esta proposición no de ley, una enmienda del Grupo Socialista en la que nos propone sustituir nuestra proposición no de ley por una proposición que insta al
Gobierno en dos puntos. Primero, agilizar la publicación de las líneas de ayudas y que esto se haga con la mayor prontitud. Estaríamos de acuerdo; es un poco la línea que marca nuestra proposición no de ley. Nosotros marcábamos un plazo y éramos
mucho más concretos exigiendo al Gobierno que compensara a aquellos ganaderos que hubieran padecido las deficiencias del seguro, pero entendemos que esa agilización puede ser una buena, orientación. En segundo lugar, propone una cosa que a nuestro
grupo le parece obvia, que es establecer una buena relación con las comunidades autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias para conocer aquellos problemas o aquellas inquietudes que esos ganaderos o esas organizaciones profesionales
agrarias tienen, y no sólo en este tema sino en muchos otros. Yo insto al Gobierno a que esto lo haga en toda la política agraria. En ese sentido, creo que puede ser beneficioso que marquemos desde el Congreso al Gobierno que se siente a la mesa
con las organizaciones y con las comunidades autónomas y que busquen la mejor adaptación o mejora de esos seguros agrarios.



Si tenemos encima de la mesa que el Gobierno está de acuerdo en que no es la mejor manera de calcular estas compensaciones, que hay que mejorarlo, y los ganaderos también tienen esa sensación, lo mejor es que se sienten en una mesa de
inmediato. Quizás en este punto sería necesario marcar la necesidad de que esas compensaciones fueran lo antes posible, o marcar un plazo. Podríamos mejorar esa enmienda durante la mañana. En definitiva, que nuestro grupo va a aceptar la enmienda
que nos presenta el Grupo Socialista, que podemos intentar mejorar para que esas negociaciones sean lo antes posible y vayan en beneficio de todos, y pediría al resto de grupos que también la apoyaran.



El señor PRESIDENTE: Como aceptar la enmienda es una cosa y llegar a algún tipo de acuerdo sobre ella es otra, sería una transaccional, les ruego que a lo largo de lo que queda de Comisión nos lo indiquen.



A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Farrera.



La señora FARRERA GRANJA: Uno de los mayores problemas que están sufriendo nuestros agricultores y ganaderos es el de la sequía, siendo uno de los sectores más perjudicados el de los cultivos herbáceos. La falta de pastos ha provocado que
los costes de alimentación de los rebaños de ovino así como de las explotaciones bovinas hayan aumentado de manera importante, lo que hace que los ganaderos vean su futuro con cierta preocupación.



La Entidad Estatal de Seguros Agrarios viene trabajando en la cobertura del riesgo de sequía en las diferentes producciones y sistemas de aprovechamiento que la agricultura y la ganadería constituyen. La cobertura de los daños de sequía en
pastos ha supuesto un difícil reto desde el punto de vista técnico dadas las especiales características que tiene este tipo de aprovechamiento. Los estudios técnicos y actuariales realizados en su momento para la incorporación de esta línea de
aseguramiento al plan de seguros agrarios pusieron de manifiesto que la única posibilidad para la puesta en práctica de este seguro era evaluar la incidencia de la sequía utilizando imágenes vía satélite, ya que es el único procedimiento objetivo de
que se dispone para evaluar de una forma sencilla la pérdida de pasto utilizable por el ganado.



El proceso de diseño y adaptación del contrato de seguro se realiza siempre contando con la participación


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de las organizaciones representativas de los productores, de las entidades aseguradoras y de las comunidades autónomas, por ello debe tenerse en cuenta que las modalidades de contratación puestas a disposición de los agricultores el pasado
año fueron pactadas en los ámbitos establecidos al respecto. Como resultado del desarrollo de la climatología en la campaña 2005 y 2006, los criterios pactados con el sector se correspondían con sequías de carácter extraordinario, lo cual ha dado
lugar a que en ciertas zonas los productores hayan sufrido pérdidas que, por no alcanzar dicho carácter, no han podido ser amparadas por el sistema de seguros. No obstante -lo he dicho anteriormente-, con objeto de compensar a los productores
asegurados por las pérdidas que no pudieron ser amparadas por el sistema de seguros, en el pasado mes de febrero se acordó con los representantes del sector establecer una línea de ayudas. Ya se ha preparado el borrador de dicha norma y está siendo
sometida a los informes preceptivos de los distintos sectores implicados, estando prevista su publicación en breve con objeto de que los productores que resulten beneficiarios puedan percibir las ayudas a la mayor brevedad posible.



Hay que señalar que, con objeto de preparar las condiciones del seguro que serán de aplicación en la campaña 2007-2008, se ha desarrollado un buen número de trabajo tanto en el seno de las comisiones territoriales de seguros agrarios como en
la propia entidad. Con este objetivo, desde el pasado mes de octubre se han desarrollado 13 reuniones, tres de ellas han sido grupos de trabajo nacionales que han tenido lugar en la sede de Enesa, en Madrid, y el resto, en las comunidades autónomas
de Baleares, Aragón, Cataluña y Andalucía. En cualquier caso, es necesario reiterar que las condiciones del contrato de sequía en pastos que será de aplicación en la campaña 2007-2008 será el resultado de los acuerdos que se adopten entre las
organizaciones representativas de los ganaderos, las entidades aseguradoras y las administraciones públicas implicadas.



Por todo lo expuesto, mi grupo presenta una enmienda de sustitución. El portavoz de Esquerra Republicana cuando nos ha comentado este punto decía: nos piden agilizar. Creo que se ha equivocado porque nosotros lo que pedimos es que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a agilizar, o sea, que sea el Gobierno quien agilice la publicación de la línea de ayudas prevista en el marco de los acuerdos alcanzados con el sector, al objeto de que los productores que resulten
beneficiarios de las mismas puedan percibirlas con prontitud. Y, segundo, proceder a las correspondientes adaptaciones y mejoras en los seguros de sequía de pastos, de acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades
autónomas.



Por lo tanto, como he dicho antes, se está desarrollando una norma, se está trabajando en ella tanto desde las administraciones implicadas como desde Enesa y se está trabajando con la voluntad de que esto llegue a buen término y que los
agricultores y ganaderos se vean beneficiados y no resulten perjudicados por las pérdidas que están sufriendo.



El señor PRESIDENTE: El señor Grau, por el Grupo de Convergència i Unió.



El señor GRAU I BULDÚ: Muy brevemente, para fijar posición en favor de la propuesta de Esquerra Republicana y de la aceptación que hacen de la enmienda del Grupo Socialista.



Nuestro grupo entiende que el seguro agrario es una práctica que tiene que incrementarse en las explotaciones agrarias y, por lo tanto, mejorar las condiciones de indemnización, estudiar las causas que generen indemnizaciones y las cuantías
de las mismas tiene que ser uno de los objetivos para que la implantación del agroseguro pueda llegar a todos los campos de la producción agraria. Por ello, nos felicitamos de esta proposición no de ley, pero también indicamos el hecho de que el
Partido Socialista, aparte de que nos anuncie que ya está el tema en marcha, que está la ley a punto, no nos ha informado previamente de esta situación o al menos de esa voluntad. Ya que el ministerio ha hecho toda la publicidad con respecto al
agroseguro en los últimos meses, nos gustaría que esto hubiera transcendido.



En segundo lugar, es muy positiva la propuesta del Grupo Socialista en el sentido de escuchar a las sectoriales afectadas y, sobre todo, a las comunidades autónomas para que de alguna forma se puedan cubrir riesgos que en algunos casos
pueden afectar más que en otros y que se contemplen en las condiciones específicas de las pólizas. Por ello, nuestro grupo dará apoyo a esta proposición no de ley y al acuerdo que Esquerra Republicana mantiene con el Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Madero.



El señor MADERO JARABO: Creo que está acreditado a lo largo de esta legislatura y en anteriores que mi grupo y este portavoz en concreto hemos expresado en múltiples ocasiones nuestra felicitación por el buen funcionamiento en general del
sistema de aseguramiento del campo español, tanto de la agricultura como de la ganadería, y por eso ahora adquiere su pleno valor objetivo el que lamentemos y critiquemos un fallo importante como es el que ha habido en esta línea de seguro. De las
múltiples líneas que tiene el seguro del campo español, ésta ha fracasado, ha tenido un fallo importante, de tal manera que a los ganaderos afectados por la sequía no se les ha compensado y han tenido un quebranto importante al tener que implementar
la alimentación de sus ganados mediante la compra adicional de piensos a muy alto precio, no pudiendo aprovechar los pastos por la sequía ya que el sistema de teledetección les decía que no había sequía. El sistema ha fallado, y nos parece bien que
el ministerio haya reaccionado sacando una línea de ayuda. Realmente es muy difícil, cuando un daño se ha


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producido en el campo, como es éste de la sequía, cuando no se ha detectado ni cuantificado esa sequía, poder indemnizar según lo previsto en la línea del seguro. Es muy difícil luego establecer una compensación y mucho menos en un plazo de
cinco meses, como pide la iniciativa, o de no sé cuántos meses; es difícil per se poder determinar cuál va a ser esa compensación que hay que dar. Nos parece bien que se llegue a un acuerdo, que ojalá satisfaga a todas las partes (ministerio,
comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias), una línea de ayuda, que sabemos que ya está prevista y que ya debía estar, negro sobre blanco, publicada y ejecutada, y no está de más que desde aquí instemos la agilización, pero sobre
todo lo que sí le importa a mi grupo es instar que no vuelva a ocurrir un fallo de este tipo.



Realmente no sé si el sistema de teledetección es el mejor. Por supuesto, en el ministerio y en Enesa hay una capacitación técnica y legal más que probada, más que suficiente, más que acreditada para que esta línea se haga técnicamente bien
hecha, esté financieramente bien dotada y, en definitiva, que no vuelva a ocurrir esto. Si de momento el daño que se hizo se puede paliar mediante estas ayudas previstas, adelante con estas ayudas, pero ya, porque los ganaderos, que tuvieron el
quebranto hace ya muchos meses, debían contar ya con esta ayuda que se ha previsto para paliar el daño que tuvieron.



- DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ENERGÉTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (NÚMERO EXPEDIENTE: 161/002178).



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de apoyo a la producción de cultivos energéticos. El señor Grau i Buldú tiene la palabra.



El señor GRAU I BULDÚ: Actualmente las fuentes de energía constituyen una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. Las razones son diversas, el aumento de los precios del petróleo, los efectos nocivos por el uso masivo de los
combustibles fósiles y la contribución de los mismos al efecto invernadero y al cambio climático. Ello ha provocado la búsqueda de nuevas fuentes energéticas menos agresivas con el medio ambiente. Las llamadas energías renovables, y dentro de
ellas las energías generadas a partir de actividades agrícolas y ganaderas, constituyen no sólo una alternativa a los combustibles fósiles, sino también una alternativa para muchos agricultores, para la capacidad productiva de muchos agricultores,
ya que una parte significativa de la actividad del futuro va a vincularse a la producción de los llamados cultivos energéticos.



Centrando el asunto en el Estado español, el Gobierno se ha comprometido a alcanzar en 2010 un 5,75 por ciento de carburantes de origen vegetal y para ello los cálculos de producción de cultivos energéticos se cifran en una superficie de
alrededor de 2 millones de hectáreas. Esta evolución de los cultivos energéticos en España ha ido en aumento, pero la situación debe mejorar si tenemos en cuenta la progresión que existe en otras producciones comunitarias; se dice que Francia ya
está teñida de color verde por los frutos de la colza que se están cultivando y Alemania también. De todos es sabido que el campo español no pasa por sus mejores momentos. Los grandes cultivos se ven constantemente amenazados por factores
medioambientales, sin olvidar la fuerte competencia de mercados exteriores que obliga en muchas ocasiones a eliminar determinados cultivos por falta de rentabilidad económica. Por tanto, los cultivos energéticos suponen una técnica alternativa para
el campo español.



Existen en estos momentos acuerdos, fábricas de bioetanol y de biodiésel, colza y girasol, que determinadas organizaciones agrarias o zonas productivas han hecho con determinadas instalaciones para asegurar una producción a determinados
años, para un determinado período, con el fin de garantizar garantizar la rentabilidad de la fábrica. Y existe la alternativa de las producciones de bioetanol o biodiésel en dos áreas, digamos: las próximas a los puertos de entrada y las próximas
a las zonas de producción, y hablamos básicamente de Castilla y León y zonas del interior del Estado español. Por ello, nuestro grupo entiende que hay que pensar en dos cosas: primero, en cumplir un objetivo de cantidad de producción y, segundo,
en asegurar la rentabilidad o la capacidad de producción, sin incremento en gastos logísticos, de determinadas producciones que se puedan producir en el interior de nuestro país (Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera). Por esta
razón, a instancias también del Grupo Socialista, entendemos que en nuestra proposición podríamos añadir -ya lo citaré en su momento- una referencia a la instalación de las fábricas, pero tenemos que vislumbrar la cantidad y las zonas a producir.



Ahora bien, las expectativas de los cultivos energéticos, los 2 millones de hectáreas de los que hablan el Gobierno y el Ministerio de Agricultura insistentemente para 2010, corren el riesgo de paralizarse si el Gobierno no define su
posición respecto al uso de estos biocarburantes. Por ello, para el sector productor de cultivos energéticos es necesario que la Administración Central determine los porcentajes mínimos de mezcla de biocombustibles en los carburantes y haga una
apuesta más decidida por desarrollar realmente los cultivos energéticos en nuestro país.



Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley con el fin de que el Gobierno defina una estrategia para impulsar el desarrollo de los cultivos energéticos desde la perspectiva política agraria y de
la política energética. Es por ello también que nuestro grupo acepta la propuesta del Grupo Socialista de sustitución del punto c) por: Los estímulos necesarios para dar estabilidad a las producciones destinadas


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a la producción de carburantes. Nosotros propodríamos una transaccional a ese punto c): Los estímulos necesarios para dar estabilidad a los objetivos de superficie y producciones destinadas a la producción de carburantes. Nuestra
propuesta tiene un doble sentido: primero, asegurar unas áreas productivas y unas fábricas en determinados lugares, y en esto estamos de acuerdo, y segundo, unos mínimos de implicación en los carburantes que se utilicen en nuestros automóviles y en
nuestras industrias. Por ello, nuestro grupo reitera su proposición no de ley con la aceptación en principio de la enmienda que nos propone el Grupo Socialista y la adición, que espero que haga in voce el portavoz en su momento, en el punto a): de
una mención a la ubicación de las fábricas para garantizar, primero, la posibilidad de acuerdos entre las fábricas que se instalen en esta zona y los agricultores; segundo, la producción interna ubicada en el interior del Estado, y, tercero, no
mermar en cualquier caso, porque creo que es necesario, la posibilidad de establecer unas fábricas maquila, es decir, que se produzcan biocarburantes a partir de importaciones de granos o de grasas procedentes de terceros países, para cumplir con
los objetivos que el Gobierno se ha fijado; o sea, una cosa son las hectáreas y otra son las cantidades a fijar. Esta proposición no de ley quiere contemplar la máxima amplitud para el cumplimiento de esos objetivos y por ello aceptamos las
propuestas que se nos hacen.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. El señor Alonso tiene la palabra.



El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo de Convergència i Unió ha presentado una proposición no de ley sobre un tema de gran importancia para la política agraria española, un tema de actualidad, un tema de futuro, y también un tema importante para
todos los que en este país, en la Unión Europea y en otros ámbitos tienen sensibilidad ambiental y están por favorecer la producción y el consumo de combustibles que contribuyan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera
y ayuden a países como el nuestro a disminuir la dependencia de importación de combustibles fósiles del exterior. Por eso, el Grupo Socialista va a apoyar esta iniciativa, va a plantear algunas propuestas de modificación en el sentido de mejorarla
de alguna manera y saluda la iniciativa, que, lógicamente, viene a complementar otras iniciativas que ya tomó el Grupo Socialista, como una proposición no de ley que fue aprobada en esta Comisión el 22 de noviembre de 2006 y una reciente pregunta
que hice como portavoz del Grupo Socialista al ministro de Industria en relación específicamente a lo que la proposición no de ley de Convergència i Unió establece en el punto a), relativa a la mezcla obligatoria de biocombustibles con gasolinas y
gasóleos de venta para la utilización por el transporte.



Entrando de lleno en el contenido de la proposición no de ley, decir que en relación al punto a), el Gobierno ya tiene asumido, ya lo ha dicho en esta Cámara, legislar para incrementar las cantidades de bioetanol y biodiésel y establecer con
carácter obligatorio su mezcla para su destino en la automoción. El compromiso del Gobierno es alcanzar el 5,75 por ciento en el año 2009 y, como saben los miembros de la Comisión, y si no lo saben yo les informo, el Gobierno español tiene asumido,
como el resto de países de la Unión Europea, incrementar hasta el 10 por ciento en el año 2020 este porcentaje de mezcla obligatoria de biocombustibles en la automoción. Se abre un horizonte magnífico para la producción y el consumo, y, por tanto,
estamos trabajando en un sector en este momento creciente, en un sector que lógicamente tiene que tener una regulación específica y que tiene que tener un trabajo y una dedicación por parte de las administraciones competentes, en el caso de España,
por parte del Ministerio de Agricultura y también por parte del Ministerio de Industria. Hay un horizonte de crecimiento muy importante. En este momento el consumo de bioetanol y biodiésel en automoción es todavía muy bajo, en torno al 0,4 por
ciento del total, y, por tanto, está justificada la implementación de medidas que permitan incrementar este porcentaje desde el 0,4 hasta el 5,75, que es el compromiso del Gobierno, en el año 2009 y hasta el 10 por ciento en el año 2015.



El Gobierno tenía previsto aprobar un real decreto ley para fijar este porcentaje, pero finalmente se ha decidido que se haga por medio de una ley. En este momento está en tramitación en el Senado una enmienda a la Ley del Sector Eléctrico
que establece estos porcentajes de mezcla obligatoria, con unas cifras objetivos para los años 2008, 2009 y 2010.
El hacerlo en el marco de una ley y no por medio de un real decreto se justifica en el establecimiento en la misma norma de la
penalidad, la multa, la tipificación de la falta como muy grave si los operadores de gasóleos o gasolinas incumplieran este porcentaje de mezcla obligatoria que va a fijar la legislación española.



En cuanto al punto b), estamos de acuerdo, aunque, lógicamente, esto hay que hacerlo con prudencia puesto que la Unión Europea impide tomar medidas que beneficien a la producción de un país determinado en detrimento de la producción obtenida
en el país de al lado. Lógicamente, nosotros somos diputados que representamos a nuestro país, por tanto, se trataría de utilizar la normativa europea y española de la forma que más se favorezca la producción y la transformación de materias primas
de producción nacional para producir bioetanol o biodiésel. En este sentido coincido con el portavoz de Convergència i Unió, con la redacción que ha planteado, y creo que podríamos incorporar, y entiendo que él también lo aceptaría -hacemos una
enmienda in voce- al punto b) el siguiente párrafo: y medidas que promuevan la instalación de plantas transformadoras en zonas de producción. Lógicamente, siempre que sean compatibles con la normativa comunitaria.



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En cuanto al punto c), que se refiere a la producción, en este momento en toda la Unión Europea existe una ayuda comunitaria de 45 euros por hectárea que la Comisión Europea ha fijado como ayuda a los cultivos energéticos y que ella misma
paga. El Gobierno español, la representación española en la Unión Europea ha solicitado un incremento de esta ayuda y vamos a ver si entre todos conseguimos elevar esta cifra de 45 euros por hectárea para hacer más atractiva en España la producción
de cultivos energéticos. También se ha constituido la Mesa sobre materia prima vegetal y biocarburantes, que creo que está dando sus frutos, para hacer que efectivamente todo este entramado de una nueva política de producción y consumo de cultivos
energéticos no provoque efectos negativos en otros ámbitos. Sabemos los que hemos trabajado en este ámbito, también el portavoz de Convergència i Unió, que existe preocupación en la industria española y europea de producción de materias primas para
la alimentación animal, que tienen el temor de que un exceso de ayudas a la producción de cultivos energéticos pudiera desequilibrar la actual producción y destino de materias primas para la alimentación animal. Por tanto, todas las medidas -esta
PNL yo creo que está en ese marco- deben tomarse en un ámbito de prudencia y de equilibrio para que no se hagan a costa de otros sectores. Se trata por tanto de dar estabilidad a este tipo de producciones y hacerlo, lógicamente, en el equilibrio de
un sector agrario potente, un sector ganadero en crecimiento, que no tiene por qué verse perjudicado por un apoyo excesivo o desmedido a estos cultivos. Por eso hemos propuesto una enmienda alternativa al punto c) que dice: Los estímulos
necesarios que permitan dar estabilidad a las producciones destinadas a la producción de carburante, de forma que no se produzcan picos de exceso de oferta o demanda que introduzcan problemas en esta producción de cultivos energéticos y, como
consecuencia, en otros segmentos.



Por tanto, y terminando, señor presidente, nosotros estamos de acuerdo con la proposición no de ley. Hemos presentado una enmienda de sustitución al punto c) y una enmienda in voce que espero que puedan ser aceptadas por el proponente de la
PNL, el portavoz de Convergència i Unió.



El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular, el señor Pintado tiene la palabra.



El señor PINTADO BARBANOJ: Saludamos la oportunidad de la iniciativa presentada por el Grupo Catalán. Nosotros también teníamos una iniciativa pero por cuestiones de la Mesa General del Congreso ha sido derivada a la Comisión de Industria;
próximamente suponemos que también valoraremos.



La parte expositiva de su iniciativa refleja claramente el incremento de superficie y volumen de la producción agraria para cultivos energéticos y las grandes expectativas que se han generado en el ámbito de la Unión Europea y también en el
ámbito nacional. También declara los objetivos establecidos, ese 5,75 para 2010 en España y el objetivo de la Unión Europea de tratar de conseguir para 2020 un 10 por ciento.



El Partido Popular, señorías, considera que podemos ir más deprisa y que debemos ir más deprisa, de hecho, la propia industria está pidiendo acelerar el paso e incluso aumentar en dos puntos el objetivo de 2010 para pasar a un 7,75 o un 8
por ciento de la producción. Creo que estamos en situación de tomar medidas de equilibrio y ajuste, a las que se refería anteriormente el portavoz del Grupo Socialista, con el que estamos totalmente de acuerdo. El Grupo Popular entiende que son
varios los factores que se deben prever: por un lado, el mantenimiento de la garantía alimentaria; por otro lado, el respeto al principio de sostenibilidad; en un tercer lugar, el mantenimiento de la biodiversidad; cuarto punto, la contribución
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y quinto punto, la garantía de viabilidad económica tanto para el sector agrario como para el sector industrial.



Nosotros entendemos que nos encontramos aquí ante una de las paradojas de la vida porque en las reformas de la Política Agraria Comunitaria estábamos abogando por una política de abandono de tierras, por la eliminación de grandes estocajes
de productos alimentarios, y ahora, con la aparición de la posibilidad del desarrollo de los cultivos energéticos, lo que se está planteando es la posibilidad de reequilibrio en cuanto a las tierras dedicadas tanto a producción alimentaria como
producción energética. Sabemos que han sido factores coyunturales, como la gran sequía del año pasado, que afectó a países netamente exportadores como Australia, Argentina, incluso India, que ha habido una fuerte especulación en los mercados de
futuro de la Bolsa de Chicago y que también el programa de Estados Unidos Energy Bill 2005 ha conseguido duplicar el destino de la producción de maíz para producción de bioetanol, lo que ha supuesto ya un encarecimiento en los mercados europeos de
los precios tanto de los cereales como de las oleaginosas.
También conocemos que la propia Unión Europea está analizando la posibilidad de derogar el programa de abandono de tierras, con lo que estaríamos totalmente de acuerdo ya que de esa forma
recuperaríamos importantes superficies de producción agraria para estos nuevos cultivos o incluso para dedicarlas a lo que han sido los cultivos tradicionales desde el punto de vista alimentario. Entendemos tambien, con los datos que nosotros
tenemos, que no existen riesgos notables de grandes incrementos de precios en la producción alimentaria. Es decir, las estimaciones están en un aumento de entre el 3 y el 6 por ciento en los cereales y un 18 por ciento en las oleaginosas, lo cual,
traducido a lo que son los precios finales de estos productos, ante la escasa o poca repercusión que tienen las materias primas, creemos que no supondría desequilibrios. También decir que, según las estimaciones de la propia Unión Europea, al final
de este período, de 2020, habrá una necesidad de


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importación que se evalúa entre el 10 y el 30 por ciento de biocarburantes de países terceros y que todo va a depender de la capacidad de competitividad de nuestras producciones agrarias, tanto del sector de los agroenergéticos como del
propio sector alimentario.



Decimos y apostamos desde el Grupo Popular por medidas que mejoren nuestra competitividad, por una inversión más importante en I+D+i, por crear certidumbre en el sector a través de los contratos que ya existen -el Ministerio de Agricultura
está trabajando en la posibilidad de centrar en zonas específicas el tema de la garantía de abastecimientos- y, en ese sentido tenemos que decir que la enmienda in voce propuesta por el Grupo Socialista nos parece correcta, también por las garantías
a las empresas de la generación energética, que es una de las demandas que están planteando encima de la mesa a la hora de establecer esos contratos, para no hacer grandes inversiones que luego, por razones de cambio de política agraria tanto a
nivel europeo como a nivel internacional, pudieran derivar hacia otros cultivos tradicionales, dejando desabastecido este asunto. Y también, lógicamente, otra de las apuestas claras es la mejora de los objetivos de Kioto. Hasta 6.000 millones de
toneladas se podrían retirar en este sentido si se hiciera el programa previsto por la propia Unión Europea.



También decir como cuestión importante que este próximo 4 de junio, es decir, en pocos días, termina el período de consultas de la propia Unión Europea para establecer modificaciones legislativas y que se van a establecer como criterios en
cuanto a la viabilidad a largo plazo de los biocarburantes la incidencia global de los biocarburantes en la utilización de las tierras, el fomento de los biocarburantes de segunda generación y las medidas necesarias para cumplir el objetivo del 10
por ciento en las mezclas, tanto con gasolinas como en biodiésel.



En definitiva, señorías, el mensaje del Partido Popular es un mensaje optimista. Entendemos que esta nueva variante, que viene ya desde hace bastantes años, yo recuerdo que en el año 1999-2000 había un estudio de toda la Unión Europea donde
se hablaba de la posibilidad de dedicar del orden de cuatro millones y medio de hectáreas a la producción de biocarburantes, y en ese sentido decir que el Partido Popular trabajará en esa dirección y queremos contribuir con el resto de los grupos ya
que entendemos que es una buena solución tanto para agricultores como para industrias o para usuarios y también para el medio ambiente.



Y, señor presidente, como esta Comisión va por la vía de la posibilidad de las enmiendas in voce, a nosotros también nos gustaría plantear una enmienda in voce al punto tercero, si la aceptan así el resto de los grupos, que sería añadir al
final, en el punto c), donde dice: los estímulos necesarios para promover un incremento de la dedicación de superficies agrarias al cultivo de variedades destinadas a la producción de biocarburantes, añadiríamos: así como el apoyo a programas de
investigación más desarrollo más innovación que vayan en esta misma dirección.



El señor PRESIDENTE: Pues ya nos harán llegar cómo queda definitivamente este tema a la hora de poder someterlo a votación.



- PARA COMBATIR LA PESCA ILEGAL NO REGULADA Y NO DECLARADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002190.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número sexto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para combatir la pesca ilegal no regulada y no declarada. A esta proposición no de ley hay tres enmiendas
presentadas, una de ellas es del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, el señor Díaz, su portavoz, tiene un turno para la defensa de la proposición no de ley y, a su vez, de la propia autoenmienda presentada. Su señoría tiene la palabra.



El señor DÍAZ DÍAZ: La pesca a nivel internacional es un sector hoy con importantes problemas. Existe un incremento importante en la demanda de productos pesqueros y hay, como consecuencia, un desajuste entre esta demanda y los recursos
disponibles, lo que lleva a que se plantee como objetivo por todos los amantes de la pesca y del mar la defensa de la pesca sostenible. En este acuerdo de que la pesca debe ser una actividad sostenible hay un elemento de distorsión cada vez más
grave que es la llamada pesca ilegal no regulada y no declarada, que la FAO estima en torno a un 30 por ciento del total de la pesca extraída. Día a día, según informes de la FAO y según se contrasta por el sector, aumentan los barcos que faenan
sin permiso de pesca y se extienden los métodos de pesca fuera de la legalidad. Estos hechos son graves porque causan una serie de perjuicios que podemos agrupar en tres apartados.



En primer lugar, hay un perjuicio ecológico. La pesca ilegal, como decíamos, provoca sobrepesca y rompe la lucha por la sostenibilidad. Como no hay control legal, los métodos de pesca son especialmente destructivos y estos métodos
destructivos contribuyen también no solamente a destruir innecesariamente recursos, influyendo negativamente en la recuperación de las especies, sino que también contribuyen a crear mala imagen sobre el sector extractivo porque la opinión pública no
diferencia entre la pesca que se hace legalmente y la pesca que se hace de manera ilegal. También, a nivel ecológico, impide el control efectivo del efecto de la pesca sobre el medio marino y sobre los stocks en concreto, y es especialmente
destructiva para aquellos países que tienen unos caladeros que no pueden controlar por sus propios medios.



A nivel científico, la pesca ilegal es un factor de incertidumbre porque los científicos no pueden hacer estimaciones sobre los recursos, ni sobre los recursos disponibles


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ni sobre los recursos que se pueden extraer en cada momento, porque pueden estimar lo que se detrae por la pesca legal, pero no pueden estimar lo que se está detrayendo o destruyendo en cada momento por la pesca ilegal.



Hay también efectos económicos serios sobre los mercados porque la pesca extractiva es una competencia desleal en los mercados porque sus costes son inferiores y, en consecuencia, destruyen precios y distorsionan a la baja los mercados.
Esto es así porque socialmente las tripulaciones que faenan en estas flotas son tripulaciones más inseguras y más explotadas ya que están en empresas o barcos cuya actividad económica es el beneficio rápido y no manejan la sostenibilidad; en
consecuencia, como el objetivo es enriquecerse socialmente lo antes posible, abusan de la mano de obra y juegan a la baja, con lo cual pueden colocar sus productos en los mercados a más bajo precio. Y también esta pesca termina siendo un peligro
para la salud porque la pesca ilegal intenta evadir el mayor número de controles sanitarios, aumentando con ello la inseguridad y el riesgo en la calidad de los productos que ofrece. Por ello, combatir la pesca ilegal es un objetivo hoy día no
solamente de los países implicados en la pesca legal, sino también de organismos internacionales preocupados por la salud de las personas y por el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestros mares, que son todos.



La flota ilegal es una flota que, en general, utiliza banderas de conveniencia y, en consecuencia, como existe ya una información cada día más precisa sobre estas banderas de conveniencia, debe ser combatida en base a esta información. Por
ello creemos que es importante que desde la Unión Europea últimamente exista una gran concienciación, exista también una actividad pionera en la lucha contra esta pesca ilegal y un trabajo de persuasión y disuasión de cara a los países que dan
amparo a las banderas de conveniencia. Otro sistema u otro mecanismo para luchar contra la pesca ilegal son las organizaciones regionales de pesca, que deben ser un instrumento que permita hacer frente a esta lacra, así como, y por último, el
control efectivo de los mercados.



En línea con esta problemática, y para intentar combatirla, nosotros hacemos una propuesta, que incluso endurecemos en nuestra enmienda, por la que, en primer lugar, instamos a la Comisión Europea a trabajar de forma coordinada con los
Estados miembros para poner en marcha las conclusiones que fueron extraídas en unas reuniones celebradas en Galicia en febrero de 2007, para que exista una reglamentación específica para combatir de forma eficaz la pesca ilegal, una reglamentación
común en la Unión Europea que se extienda a las organizaciones regionales de pesca.
En segundo lugar, defendemos que la Unión Europea, a través de una política de persuasión y presión sobre los países que tienen banderas de conveniencia que amparan
esta pesca, intente eliminar esta práctica que consideramos nefasta para el sector; que siga defendiendo a las organizaciones regionales de pesca en las que participa mediante la aplicación de todos los instrumentos posibles para combatir esta
pesca en aguas internacionales; y, por último, promover en la Unión Europea un control aún más estricto de los mercados para evitar que esta pesca entre en nuestros mercados e incluso -este es el contenido de la enmienda-la imposición de embargos
comerciales a los países con banderas de conveniencia como elemento de disuasión para que estos países dejen de dar amparo a esta actividad.



Hay una enmienda, presentada en este caso por Convergència i Unió, que nos parece oportuna y que aceptaríamos que se refiere a otorgar una especial protección a un mar importante como es el Mediterráneo, que está sujeto a unas prácticas
abusivas que deben ser combatidas. Nos parece positivo que Convergència i Unió haga una propuesta específica para este mar que, como decíamos, merece una protección especial. En consecuencia, anuncio ya nuestra aceptación de esta enmienda de
Convergència i Unió. Por el contrario, tenemos dificultades para aceptar como pesca ilegal la que se realiza como pesca experimental o científica bajo el amparo de decisiones de la Comisión Europea. Pensamos que eso corresponde a otra temática.
Aceptaríamos la primera enmienda y en cuanto a la segunda se trata de una materia a estudiar en otro momento y no en la pesca ilegal que estamos tratando hoy. En todo caso, valoramos positivamente su aportación.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley, además de la enmienda del Grupo Socialista, se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Su portavoz para estos temas el señor
Maldonado tiene la palabra.



El señor MALDONADO I GILI: En primer lugar, quiero dejar constancia que a Convergència i Unió le ha preocupado y le seguirá preocupando esta lacra que es la pesca ilegal no regulada ni declarada. Creemos oportuno saludar la iniciativa
socialista. Cualquier debate sobre la ilegalidad en el Congreso es de aplaudir porque deja presente y visualiza la preocupación de los parlamentarios ante no importa qué ilegalidad. En el sector de la pesca esto es más presente por dos razones,
primero, porque es una ilegalidad. Es una actividad ilegal en un sector tocado -lo hemos dicho reiteradamente-, que está en crisis histórica y permanentemente. Los pescadores tienen grandes dificultades desde el punto de vista de subsistencia del
sector, y, por tanto, añadir a esta lucha permanente del sector pesquero la pesca ilegal no regulada ni declarada es añadir más conflicto, más crisis y más presión. La pesca se lleva a cabo en todo el mundo, pero, por proximidad, tenemos el mar
Mediterráneo, que es un espacio de pesca que está también en grave crisis. El mar Mediterráneo no da para más, cada vez hay más quejas por falta y desaparición de especies, por reducción de capturas. El sector pesquero habla de que hay que ir
hacia vedas biológicas y paros técnicos. En esto fue pionera Cataluña pues se hizo y se hace en la costa catalana, con unos efectos positivos, aunque muy sectorizados


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porque se trata de un espacio pequeño. Aplaudimos esta iniciativa del Grupo Socialista, la compartimos, valoramos y enmendamos para mejorarla técnicamente y ampliar su voluntad de luchar contra la pesca ilegal.



Hemos presentado dos iniciativas, una en la cual pedimos que el Congreso inste al Gobierno a adoptar medidas a los efectos de hacer cumplir los acuerdos de la Unión Europea para que la pesca científica no se convierta en pesca ilegal y
comporte un incremento de especies comercializadas en el mercado. Pondremos como ejemplo la crisis que pasa el sector de la anchoa. No hace mucho, los portavoces responsables de pesca recibimos a los presidentes de cofradías, sobre todo de la zona
norte del Estado (País Vasco, Galicia, etcétera), quienes nos decían que este acuerdo España-Francia, que era posiblemente bueno, había estado camuflado porque Francia había convertido a la pesca científica en una pesca de camuflaje para que después
la anchoa apareciera en el mercado y estuviera en venta.
Por tanto, esta posible recuperación de los bancos quedaba mermada por la trampa legal de la pesca científica, donde barcos sin control pescan bajo la excusa de pesca científica, de
investigación, de control, etcétera. Nos hubiera gustado que el Grupo Socialista hubiera aceptado esta enmienda. No es posible, He oído por boca del portavoz que puede estudiarse en un debate posterior. Nos parece bien, pero la mantendremos,
aunque sea testimonialmente, porque creemos que es bueno que conste el apoyo de nuestro grupo a este sector. En segundo término, aplaudimos y aceptamos bien la inclusión de los barcos con banderas de conveniencia.
Creemos que es una trampa que
también hay que perseguir y esta autoenmienda que el Grupo Socialista propone nos parece una muy buena aportación.



Agradecemos que nos acepten la segunda enmienda, en la cual hablamos de impulsar medidas más estrictas para hacer cumplir la legislación comunitaria sobre recursos pesqueros en el Mediterráneo por parte de todas las flotas, en especial
aquellas de origen no comunitario que van en busca de especies valiosas por lo que he dicho antes, porque el Mediterráneo no da para más. El Mediterráneo no es un gran océano, es un mar que tiene la capacidad que tiene, también desde el punto de
vista de capturas. Es inútil hacer muchas vedas en la costa mediterránea, en Cataluña y en otros ámbitos territoriales de la costa mediterránea si después buques pesqueros de zonas no comunitarias pescan a mansalva, sin ningún control comunitario.
Pedimos que la Unión Europea reciba el toque de atención del Gobierno español y la exigencia de imponer medidas más estrictas para este control, para vigilar la presencia de estos barcos pesqueros y los recursos que captan y que están fuera de la
legislación comunitaria. Sólo nos resta agradecer la aceptación de la enmienda y pedir que no quede en agua de borrajas, -nunca mejor dicho-, la segunda iniciativa, que no es admitida pero que mantenemos viva para su votación.
Esperamos que esto
sirva de acicate para la lucha de un sector que está permanentemente en crisis como es el sector pesquero de altura y bajura, ambos ámbitos muy tocados.



El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez Ramos por el Grupo Parlamentario Popular, en turno de fijación de posiciones.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: El Grupo Parlamentario Popular siempre ha realizado una labor de exigencia al Gobierno de turno, sea el anterior o éste, en el sentido de evitar en la medida de lo posible la pesca ilegal, tanto en aguas nacionales,
comunitarias como internacionales. Una de las acciones importantes que puede hacer el Gobierno por el sector pesquero nacional es evitar la competencia desleal que se le hace desde el punto de vista económico a España y a los países que respetan
las reglas, una competencia que es de mercado, de costes, de artes ilegales, de especies, etcétera. Con pesca ilegal incontrolada no puede haber pesca sostenible.
Es una máxima que tenemos, pero también es una realidad. Bastantes problemas
propios tiene el sector pesquero sin resolver para que desde fuera y de forma ilegal tenga una competencia de este tipo.



Nos alegramos de que el Grupo Socialista presente esta proposición no de ley. Es una especie de toma de conciencia, creemos que a raíz de la pregunta planteada por el portavoz de nuestro grupo, señor García Díez, al Gobierno sobre la
descarga de pescado ilegal por barcos rusos en Marín, que fue respondida recientemente por el secretario general de Pesca en esta misma Comisión. Intentamos también abordar la pesca ilegal interna, la de los barcos españoles, lucha que trae nuestro
grupo y que fue una promesa electoral hecha en sede parlamentaria por la ministra y por el secretario general de Pesca. A distintas iniciativas nuestras se nos respondió que se iba a hacer una ley que contemplaría esa posibilidad. Después resultó
que no, que la Ley de regularización y autorización en el registro de buques y censo de flotas operativas no lo comtempló. Después se nos dijo que se presentaría una iniciativa específica. Esperemos que no sea ésta porque tampoco se contempla la
pesca ilegal interna española. No podemos dejar que los de fuera ni los de dentro, los ilegales, hagan una competencia desleal e ilegal, pues están esquilmando el caladero sin control alguno. A esta proposición no de ley le falta el control de la
pesca ilegal interna, que no hemos enmendado porque tiene la importancia suficiente como para que hagamos una proposición no de ley donde se trate el asunto específicamente.



La necesidad de seguir imponiendo cada vez más controles a las descargas de pescado procedentes de la pesca no declarada y no reglamentada es una manera de ir limitando el campo de acción de las flotas piratas y de bandera de conveniencia
que realizan actividad fuera del control de todas las organizaciones regionales de pesca o en aguas de terceros países no controladas. Establecido un régimen único de control de entrada de pescado de terceros países en España, si no tenemos una
dotación que pueda hacer el control de la descarga en los puertos


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de una manera eficaz, no tendrá ninguna eficacia la limitación impuesta de que sean los puertos de Marín y Vigo los autorizados a realizar las descargas de pescado. Si no hay suficientes inspectores que puedan verificar el origen de la
pesca y si los barcos que la han realizado tienen o no autorización para pescar en la zona declarada, poco o mal control estaremos haciendo.



En la proposición que nos presenta el Grupo Socialista toda la responsabilidad de las descargas es de la Unión Europea. Es curioso. Yo me pregunto qué labor se le ha dejado al Gobierno, porque es el que tiene la responsabilidad de las
descargas y su control. La Unión Europea tiene la responsabilidad de la legislación, pero quien la tiene que hacer cumplir en nuestro país es el Gobierno, como también la de coordinar las inspecciones que se realizan en carretera, por si las
descargas se han realizado en otro país comunitario y entran en nuestro país por una frontera terrestre. Nos preguntamos por qué no actúa el Gobierno con los medios que tiene y el Grupo Socialista pretende desviarlo a la Unión Europea. Es curioso
porque los cuatro puntos de la iniciativa son: instar a la Comisión Europea; segundo y tercero, seguir defendiendo ante la Unión Europea, y cuarto, promover ante la Unión Europea un control más estricto. Me parece muy bien que la Unión Europea
incremente la legislación, pero quien la tiene que hacer cumplir es el Gobierno español, y aquí no se le dice ni una sola palabra al Gobierno español en este sentido. Me va a permitir, señor presidente, que lea un párrafo de la exposición de
motivos de esta proposición no de ley que para mí tiene muchísima importancia y que pone en evidencia lo que estoy diciendo. Dice textualmente: Por otra parte, resaltar que los efectos de la pesca ilegal sobre los mercados son, en la mayoría de
los casos, desestabilizadores.
El mercado de la Unión Europea, en especial el español, es muy atractivo: una estructura de costes mucho más baja que los de la flota legal por las menores prestaciones económicas y sociales de las tripulaciones, por
la menor seguridad, control sanitario, impuestos, etcétera. Es la base sobre la que se asienta la competitividad de esta actividad ilegal. Si todo esto se reconoce, ¿por qué el Grupo Socialista no insta al Gobierno a actuar con el fin de evitar la
situación actual, que me parece muy grave?


Hay otro tema que falta aquí, que es la voluntad política de atajar el problema. No hemos visto esa voluntad desde el punto de vista de la pesca ilegal que se realiza en nuestro caladero. Pongo como ejemplo un convenio que tenía firmado el
anterior Gobierno con la Comunidad Autónoma andaluza por el cual tanto la Guardia Civil, el Seprona, como los inspectores de la comunidad hacían los controles retirando del agua las embarcaciones no censadas que actuaban con artes no reglamentarias,
con dotaciones no dadas de alta en la Seguridad Social y que, al no descargar en lonjas, se introducen en el mercado ilegalmente y sin control sanitario. Por otra parte, tampoco se actúa contra armadores que son públicamente conocidos por su
actividad de pesca ilegal internacional y con bandera de conveniencia. La única actuación del Gobierno ha sido la permisividad de abrir un expediente protocolario para que duerma el sueño de los justos y sigan actuando impunemente. Esto nos hace
pensar que no existe una verdadera voluntad política de atajar el problema. Como he indicado anteriormente, todo lo que sea avanzar en la lucha contra la pesca ilegal es positivo para el sector y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley,
pero añado que nos parece insuficiente si se quiere dar respuesta a un problema que debilita a nuestros pescadores, que son los grandes perjudicados de esta situación, y pone en entredicho a nuestro país por la clara falta de compromiso del Gobierno
con la pesca ilegal.



Señor presidente, respecto a las enmiendas presentadas, mi grupo las va a apoyar todas. Nos parece muy oportuna la de Convergència i Unió que habla de adoptar medidas a los efectos de hacer cumplir los acuerdos de la Unión Europea para que
la pesca científica no se convierta en pesca ilegal. Estoy de acuerdo con el portavoz socialista en que no sería una pesca ilegal puesto que está autorizada por la Unión Europea, pero sí se convertiría en una comercialización ilegal puesto que no
debe utilizarse una prospección técnico-científica para la comercialización. Si esta enmienda se aprobara evitaría todos los problemas que actualmente estamos teniendo con la anchoa. La segunda, de Convergència i Unió, también me parece oportuna
-se incluiría como punto quinto-, relativa a impulsar medidas para hacer cumplir la legislación comunitaria. Efectivamente, corresponde al Gobierno español y no a la Comunidad Europea, sobre todo con aquellas flotas de origen no comunitario que
llegan al Mediterráneo en busca de especies. Me parece correcta y por eso la vamos a apoyar.
Asimismo, apoyaremos la autoenmienda del Grupo Socialista en sus dos apartados: uno, sobre la presión que debe ejercerse sobre barcos con bandera de
conveniencia, y dos, la imposición de embargos comerciales a estos barcos de estos países con bandera de conveniencia.



El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley se votará en los términos que ya clarificó el señor Díaz, es decir, la proposición no de ley más la autoenmienda del Grupo Socialista, más la enmienda aceptada a Convergència i Unió,
concretamente, la número 2. ¿Es correcto, señor Díaz? (Asentimiento.)


- SOBRE LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES QUE INFLUYEN EN LA VIABILIDAD DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO Y PROPONER DETERMINADAS ACTUACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002203.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de profundizar


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en el conocimiento de los factores coyunturales y estructurales que influyen en la viabilidad del sector ovino y caprino y proponer determinadas actuaciones. Para su defensa el señor Alonso tiene la palabra.



El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo Socialista presenta una proposición no de ley dirigida a un sector muy tradicional e importante en la ganadería española, en concreto, al sector del ovino y caprino. Queremos elaborar los estudios y los
informes necesarios para evitar aquellos aspectos que coyunturalmente afectan a la producción de ovino y caprino y que se están constituyendo como causas estructurales que provocan caídas importantes de precios en determinadas épocas del año y que
están condicionando la viabilidad de muchas, de miles de explotaciones de ovino y caprino. Todos estamos obligados a estudiar la causalidad de estos problemas y a que la Administración española y autonómica adopten las medidas que eviten la
desaparición de explotaciones, así como la disminución de este sector tan importante.



La producción de ovino y caprino resulta esencial en amplias zonas del territorio español. Su explotación está perfectamente asentada en las áreas rurales de todas las comunidades autónomas españolas. Podríamos decir que el 80 por ciento
de los términos municipales nacionales tienen, en mayor o menor medida, explotaciones de ovino y caprino que aprovechan los recursos naturales de forma óptima y permiten mantener una actividad económica y, en muchos casos, una actividad
complementaria como es la de producción, de industria transformadora, mataderos o de industrias lácteas, queseras o de otro tipo. En definitiva, es un sector importante que estamos obligados a apoyar. Hay otras consideraciones de tipo
medioambiental. La explotación de ovino y caprino permite el mantenimiento de un sistema agrario de alto valor natural. El ganado caprino utiliza productos de nuestras masas forestales y, por tanto, constituye un elemento importante para evitar la
extensión de los incendios forestales que tradicionalmente ocurren en distintas comunidades autónomas españolas. Es necesario mejorar el conocimiento de ambos sectores, del ovino y del caprino, en base a estudios que profundicen en el papel de
todos los elementos de la cadena de producción, cuyas conclusiones nos permitirían un diseño orientado al mercado, con acciones específicas de promoción del consumo de productos del ovino y del caprino. Como elemento esencial para asegurar la
viabilidad del sector, es necesario mejorar la competitividad mediante la concentración de explotaciones, incrementando la dimensión de las mismas en muchos casos, dirigiéndolas hacia una especialización productiva, una concentración empresarial,
sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la comercialización y la transformación de los productos, introduciendo mejores criterios de organización y de gestión de las explotaciones, con programas de formación de los titulares de las
explotaciones, de la especialización, como hemos dicho, y con prácticas de tipificación y de la producción orientada al mercado. Hay que reforzar los programas de mejora genética, intensificar los esfuerzos para velar por el estado sanitario de la
cabaña y adoptar medidas que garanticen la trazabilidad de los productos procedentes de las cabañas de ovino y caprino. Este es el motivo de nuestra proposición no de ley. Nos constan los esfuerzos que se han hecho en estos últimos años, los que
han hecho las asociaciones de ganaderos y las asociaciones de razas autóctonas, pero es un sector que en este momento requiere de un apoyo especial.
Debemos elaborar estos análisis de situación y proponer medidas concretan que puedan atajar
aquellos factores que arrojen alguna sombra de duda sobre el mantenimiento de estas explotaciones.



Nuestra proposición no de ley tiene dos puntos. El primero dice que el Gobierno profundice en los conocimientos del sector ovino y caprino a través de estudios que tomen en cuenta el papel de todos los elementos de la cadena de producción
de ovino y caprino, de carne y de leche, y las acciones que incentiven el consumo de los diferentes productos. Hay un punto segundo que insta al Gobierno a elaborar un plan de acción integral para el sector ovino y caprino que contemple, entre
otras, medidas para incentivar la producción de calidad en el marco del aprovechamiento ganadero sostenible mediante la promoción de sistemas específicos de calidad, promover acciones que contribuyan a paliar el abandono de las explotaciones
dotándolas de una estructura de producción viable, asegurar el aprovechamiento de pastizales por las especies ganaderas tradicionales y las razas autóctonas adaptadas al medio en armonía con los usos tradicionales del pastoreo, y adoptar las medidas
necesarias, mejorar la situación sanitaria y genética de los censos ganaderos y caprinos, en particular de nuestras razas autóctonas.



El Grupo Socialista tiene conocimiento de la enmienda de adición del portavoz de Convergència i Unió que propone incorporar el compromiso del trabajo conjunto con las comunidades autónomas, que el Grupo Socialista no tiene inconveniente en
asumir. Adelanto, señor presidente, que aceptaríamos la citada enmienda. Esperamos que el resto de los grupos puedan apoyar esta iniciativa que favorece a miles de explotaciones ganaderas que se asientan en amplias zonas del territorio rural
español con lo que manifestarían su apoyo a un sector tradicional como es el sector ovino y caprino.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió el señor Grau i Buldú tiene la palabra.



El señor GRAU I BULDÚ: Intervengo brevemente para agradecer la aceptación de nuestra enmienda por el Grupo Socialista. Estamos de acuerdo con la proposición no de ley del citado grupo, pero pretendíamos tener en cuenta las especificidades
autonómicas y las transferencias habidas a las comunidades autónomas de nuestro país. Este plan que promueve el grupo que sustenta al Gobierno debe ser elaborado en la mesa sectorial, teniendo presente las especificidades y necesidades del sector
para una producción


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de calidad del sector ovino y caprino, producción en la que existen enormes diferencias en cuanto a su intensidad en el territorio. Nuestro grupo ha pedido que se tenga esta sensibilidad especial. Como he dicho al inicio de mi
intervención, agradecemos que el Gobierno, la haya mostrado, por todo lo cual nos sumamos al voto positivo, al interés y a los objetivos que tiene esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista ante esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, el señor Madero, por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor MADERO JARABO: En nombre de mi grupo me sumo a esta glosa de buenas intenciones que hacemos en esta proposición no de ley.
Indudablemente, es una buenísima intención y un deseo muy loable que se pueda asegurar el aprovechamiento
de los pastizales, que se puedan adoptar por parte del Gobierno y del Ministerio de Agricultura las medidas necesarias para mejorar la situación sanitaria y genética de los censos de ovino y caprino, etcétera. El problema, señorías, es que la
ganadería de ovino y caprino desciende y desciende y no sabemos dónde está el freno. Creo que conocemos la razón fundamental, que nadie quiere trabajar en el sector, hay problema de personal que quiera trabajar tanto por cuenta ajena como autónomos
y entonces están desapareciendo muchísimas explotaciones de ovino y de caprino. A ver si esta proposición no de ley que dirigimos al Ministerio de Agricultura es capaz de crear ese punto de inflexión que todos deseamos. Al mismo tiempo, aprovecho
para decir que quizá contribuiría también la Administración, tanto la autonómica como la central y la europea, con la eliminación de la burocracia y de las trabas administrativas que continuamente tienen los ganaderos y, en definitiva, poniendo más
medios, tanto materiales como humanos, para renovar las instalaciones y las producciones mediante una mejora genética, como aquí se apunta, mediante una mejora de la sanidad veterinaria y, en definitiva, con la consecución de una mejora de la
comercialización tanto de la leche como de la carne. Repito, son buenas intenciones que ojalá lleguen a buen fin, nos apuntamos a ello, tenemos nuestras reservas, tenemos nuestras dudas, pero nunca perdemos la esperanza.



El señor PRESIDENTE: Por tanto, se votará en los términos que se indican en la proposición no de ley más la enmienda aceptada de Convergència i Unió.



- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002234.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto que figura en el orden del día, punto 8º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la adopción de medidas para mejorar la competitividad de la flota pesquera española.
Para su defensa el señor García Díez tiene la palabra.



El señor GARCÍA DÍEZ: La proposición no de ley que hemos presentado lo que está planteando en dos palabras es la oportunidad de mejorar la competitividad de la flota pesquera española referida a aguas internacionales, a aguas de terceros
países. Yo creo que esta preocupación que tenemos en el Grupo Popular la tiene el Gobierno, la tiene la Comisión Europea, así lo han manifestado en distintas ocasiones, y, como es natural, la tiene el propio sector; me referiré a ello más tarde.
Pensamos que es necesario promover algunas medidas que frenen la progresiva reducción de la flota de altura. Como dato orientativo les diré, señorías, que España en la última década ha visto reducida su flota pesquera de altura en más de 100.000
toneladas y solamente este dato ya es un motivo de preocupación. Todos sabemos que el refugio de una parte de esta flota ha sido las banderas llamadas de conveniencia, donde ven reducidos sus costes de explotación, ven reducidos los costes
referentes a cuestiones sanitarias, ambientales, de navegación -más que los costes, las exigencias, las medidas, la legislación-, pero sobre todo ven reducidas las imposiciones fiscales y aquellas que afectan a la Seguridad Social. Es decir, por
una parte, se refugian en estas flotas de bandera de conveniencia y, por otra, como mal menor, se han ido incorporando, a través de sociedades mixtas, en terceros países. Han sido las dos vías que han encontrado para ir subsistiendo ante esa
competencia desleal que tiene la flota comunitaria respecto a la de otros países.



Entendemos en el Grupo Parlamentario Popular que para dar respuesta a esta situación el Gobierno debería tomar ya el referente que en su día funcionó cuando en situaciones similares se aplicaron algunas medidas, a las que ahora me referiré,
para la marina, para la flota mercante. Fueron resultados muy positivos los que produjo al evitarse que la totalidad de nuestra flota mercante acabara perdiendo el pabellón de nuestro país, y fundamentalmente esto se consiguió, y quiero recordarlo
aquí, creando un registro especial de buques que se llamaba el Rebeca (registro especial de buques y empresas navieras de Canarias), donde aquellos barcos inscritos podían beneficiarse de reducciones fiscales, de mejoras en la Seguridad Social o de
medidas en cuanto a la tripulación mínima que se les exigía a estos barcos. Por estas razones y por algunas más que por falta de tiempo no puedo exponer, pensamos que es necesario modificar la Ley 27/1992, de puertos del Estado y de la marina
mercante, sobre todo lo que afecta a la disposición adicional decimoquinta de esta ley, que es lo que realmente pide la proposición no de ley de nuestro grupo, para que la flota pesquera pueda equipararse a la flota mercante en estos aspectos a los
que me estaba refiriendo. Algunos países de nuestro entorno ya lo han hecho, ya han adoptado medidas similares, han creado un segundo registro,


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como es el caso de Portugal, Francia o Reino Unido. Yo, desde luego, desconozco si en estos países se están aplicando a estas flotas beneficios fiscales, pero me pregunto, y supongo que nos lo podemos preguntar todos, para qué han creado
este segundo registro si no es para ayudar o para que se beneficien los inscritos en el mismo. Estamos sujetos a la reglamentación comunitaria, eso no lo podemos perder nunca de vista, pero, recientemente, el comisario de Pesca, el señor Borg, en
una respuesta parlamentaria a la pregunta de un eurodiputado del Partido Popular, del señor Varela, que había denunciado que la flota de terceros países tiene acceso al mercado comunitario en las mismas condiciones que empresas europeas, decía: La
Comisión Europea está estudiando la posibilidad de articular desgravaciones fiscales a la flota comunitaria de gran altura que faena en aguas internacionales para contrarrestar la competencia desleal de los buques de otros países que no están
sometidos a la rígidas regulaciones europeas en materia medioambiental, en materia laboral y de seguridad. Por lo tanto, yo creo que la posición comunitaria está en línea con el planteamiento que defiende nuestra iniciativa y pensamos que el
Gobierno español tiene la obligación moral de liderar en Europa esta cuestión y que se apruebe una normativa comunitaria que permita equiparar la flota pesquera de altura a la flota mercante fundamentalmente en lo ya dicho, en cuanto a beneficios
fiscales, en cuanto a Seguridad Social y en cuanto a requisitos de tripulaciones mínimas.



Cuando comencé esta intervención dije que esta preocupación del Grupo Popular es compartida por el Gobierno y lo dije porque, recordando a todas SS.SS. la intervención de la señora ministra de Agricultura en una jornada titulada La
competitividad de la flota de altura y de gran altura. Problemáticas y soluciones, que había organizado la Federación de Organizaciones Pesqueras en septiembre del año 2004, la señora ministra hablaba de que su departamento desarrollaría un plan de
medidas y actuaciones con objeto de apoyar al sector exterior -se estaba refiriendo a la flota de altura-, y en ese acto de apertura aseguraba que se iba a firmar un convenio para la renovación de buques con Pimar; evidentemente, fue así porque
este convenio lo dejó preparado ya el anterior Gobierno y lo dejó dotado en los Presupuestos Generales del Estado para que pudiera ser efectivo. Ese convenio lo que permitía era dar garantías a favor de las sociedades mixtas, pero no permitía ni
había medidas para la flota de altura a la que me estoy refiriendo. Por eso pensamos que la iniciativa que hoy presentamos puede ayudar a caminar en esa voluntad del Gobierno también para que, además de las sociedades mixtas, las que están actuando
en estas otras aguas de terceros países puedan beneficiarse de ayudas, puedan beneficiarse de esas medidas. También planteaba la señora ministra en aquella jornada mecanismos de financiación que tuvieran en cuenta la proyección del sector pesquero
exterior, así como el análisis y el debate sobre la idea de crear un registro de empresas pesqueras de altura, pero se nos dirá que ya se ha trabajado mucho en este tema, que era un compromiso del Gobierno, pero a la hora de la verdad, a día de hoy,
no hay nada concreto, nada materializado que permita a estos barcos acogerse a ningún tipo de disposición. Ayer mismo, en la presentación del Consejo consultivo regional de la flota de larga distancia en aguas no comunitarias o en aguas no lejanas,
la propia ministra volvía a referirse a parte de lo que acabo de señalar diciendo que había que resaltar la labor de la flota de larga distancia, pero, insisto, son hasta ahora declaraciones de intenciones que no han visto materializado o que no han
visto refrendado con medidas legislativas concretas lo que estamos demandando con esta proposición no de ley.



Señorías, termino y les recuerdo, lo he dicho en algunas ocasiones, que la luz roja está encendida desde hace tiempo, el sector lo ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, así se ha trasladado a los responsables del Gobierno en materia
pesquera, y yo creo que la esperanza que en un momento se depositó en que el nuevo reglamento del Fondo Europeo de Pesca, el famoso FEP, mejorara esta situación se ha visto defraudada, ha sido un pequeño fiasco, también lo ha dicho el sector, y se
hace necesario, así lo entendemos nosotros, impulsar alguna medida al margen del Fondo Europeo de Pesca y una de ellas, una medida muy importante es la que estamos sometiendo hoy aquí a consideración de esta Comisión. Yo tengo que pedirles a todos
los grupos el voto favorable por lo que acabo de decir, porque la situación ya es muy delicada. En estos momentos estamos asistiendo también a un repunte nuevamente del precio del petróleo, hace unos días alcanzaba los 71 dólares el barril, niveles
que no se veían desde mayo de 2006, y la situación se hace cada vez más insostenible para el sector, que tiene que aguantar la pasividad en cuanto a la adopción de medidas. Les recuerdo que lo que se está proponiendo no es algo nuevo, es lo que el
sector viene demandando desde hace tiempo y debe quedar bien claro que el hecho de permitir a los buques de pesca de altura que se inscriban en estos registros especiales a los que yo me he referido no significa que vayan a disminuir las exigencias,
ni comunitarias ni legislativas, con la aplicación de la política pesquera común y de las demás normas que la regulan, las cuales deberán ser tan estrictas como hasta ahora; lo que sí se obtendría, entendemos, de aplicarse estas medidas, sería la
posibilidad de beneficiarse fiscalmente y medidas de tipo laboral que permitirían poder competir a nuestra flota con las flotas de terceros países y, en definitiva, lo que permitiría es mantener el empleo comunitario y la riqueza que generan en
muchas comunidades altamente dependientes de la pesca. Yo les invito a reflexionar sobre todo esto porque es importante, lo espera el sector. Sé que se me va a decir a lo mejor que sobre esto ya se ha trabajado mucho, como ha dicho la ministra,
pero si tienen realmente voluntad de ayudar al Gobierno a trabajar en este sentido, aprobando esta iniciativa podemos caminar mucho más rápido.



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El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por tanto, corresponde el turno de fijación de posiciones.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, el señor Benito Serra.



El señor BENITO SERRA: Es cierto, y eso lo compartimos, que existe un problema de competitividad en nuestra flota pesquera, sobre todo en aguas internacionales, pero no es menos cierto que el Gobierno ha estado y está trabajando en este
sentido, así lo puso de manifiesto el secretario general de Pesca en sus comparecencias y también en sus actuaciones, ya desde octubre de 2004, cuando se planteó la creación de la mesa de trabajo para la mejora de la competitividad. Efectivamente,
es necesario mejorar la competitividad y comparto con el ponente del Partido Popular que es necesario hacerlo sin que esto vaya en detrimento ni de las condiciones de seguridad ni de las condiciones de conservación y salvaguarda del elemento
fundamental que sería el de la propia pesca. En una situación de crisis se trabajó, lo ha dicho el portavoz popular, y yo quiero recordar aquí que la creación del registro especial de buques de empresas navieras de Canarias (Rebeca) tuvo lugar
durante el año 1992 con un gobierno socialista, que al final tuvo una solución práctica después de un proceso complicado y elaborado de negociación con la Comunidad Europea, y en este sentido se está trabajando. Empezamos no tan solo con la flota
de aguas internacionales, sino que aquí hay una iniciativa y también un proyecto de ley para un proceso de regularización y de mejora de la competitividad en cuanto a la flota artesanal y pesquera en el nuevo registro que está en proceso de
aprobación. El Gobierno, por eso decía que no son solo palabras sino hechos, ha estado trabajando con la Comisión Europea, y eso no podemos olvidarlo, en la creación de un registro especial para el sector pesquero que permita la aplicación de
beneficios fiscales y laborales con el fin de evitar que las empresas de estos buques opten por banderas de terceros países, y realmente se está trabajando en este sentido.



El objetivo del Gobierno español y de los gobiernos que tienen flotas en la Comunidad Europea es que sus barcos permanezcan bajo la jurisdicción de los Estados miembros comunitarios. Para ellos se están estudiando nuevas medidas por parte
de la Comisión que se podrían concretar en unas nuevas líneas directrices para la pesca que autoricen la creación de registros especiales comunitarios, lo que se ha venido llamar el segundo registro para la pesca. Si se llega a ese acuerdo y en eso
estamos trabajando, obviamente, esto llevaría implícito una de las peticiones que se plantean en esta proposición no de ley y que el Gobierno tiene claro, que es la modificación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley de puertos del
Estado y de la marina mercante. Otra cosa es que esta sea la única solución a la cual se pueda llegar, porque hay otras en el sentido también de la creación de dobles registros.



Dentro de la proposición no de ley hay cosas que el Gobierno no comparte, sobre todo porque si se está trabajando de alguna manera en, básicamente, solucionar un problema que tiene nuestra flota pesquera que actúa en aguas jurisdiccionales,
inicialmente en este proceso de negociación europea, y se lo avanzo al ponente del Grupo Popular porque una de sus peticiones es que el tonelaje mínimo exigido para que el buque pesquero pueda ser inscrito en el Rebeca sea de 100 GT, ésta no es la
horquilla en la cual está trabajando la Comunidad y, probablemente, el tonelaje mínimo exigido, aunque no haya sido precisado, podría estar en una horquilla de los 300 ó 400 GT, pues precisamente se está pensando en una flota de una característica
determinada. La justificación para promover la adopción del registro especial para los buques pesqueros tiene varias causas y una de ellas la ha planteado, que es el aumento de los precios del combustible, también el efecto negativo que puedan
tener en la rentabilidad pesquera de altura los costes de explotación de las empresas pesqueras europeas y, asimismo, las exigencias, a las cuales no podemos renunciar, de seguridad, de habitabilidad y de las condiciones de trabajo, así como de unos
mayores costes laborales y fiscales, que de alguna manera es recoger los acuerdos de la FAO.



Las asociaciones pesqueras más importantes se han posicionado ya a favor de aplicar estas condiciones o unas parecidas a la flota mercante y también a la flota de pesca con los registros especiales, y el Parlamento Europeo y el Consejo
Económico y Social han abogado por la adopción de medidas específicas para la flota de pesca de altura comunitaria que cuente también con un régimen fiscal y laboral más acorde con la situación actual. Por tanto, se está actuando y además quisiera
recordar que para eliminar uno de estos elementos que distorsionan la productividad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está preparando un proyecto de real decreto sobre ayudas del Estado de mínimis para el sector pesquero, que prevé
ayudas por importe de 30.000 euros por empresa pesquera y por un periodo de tres años que incluya los costes operativos derivados de la disminución de la competitividad de los buques. Las actuaciones del Gobierno en relación con lo que plantea esta
proposición son más que evidentes; para que no quede simplemente en una manifestación de buenas intenciones tengo que decir que la publicación de esta norma que citaba, que será importante para reducir los costes de producción, está pendiente de la
modificación del actual reglamento de la Comisión sobre ayudas de mínimis del sector pesquero, del cual se ha hablado tanto, pero cuya promulgación está prevista por la Comisión dentro del segundo semestre de 2007.



Paso a los puntos concretos de la proposición. El Grupo Socialista entiende que la actuación del Gobierno en sus presiones a la Unión Europea no hacen necesaria esta incorporación, además de que respecto al tercer punto de la proposición no
de ley he demostrado suficientemente que no hace falta requerir al Gobierno que promueva ante


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la Unión Europea estas posiciones, ya que lo está haciendo. En cuanto al tonelaje mínimo, ya he expresado nuestra posición y la que creemos que va a ser la solución definitiva. Por lo que se refiere a la modificación de la disposición
adicional decimoquinta, en función de la negociación europea y de la resulución final, que afectará al conjunto de países europeos, habrá de tomarse la opción definitiva sobre si es esta la modificación que procede o la de la creación de un segundo
registro que permita solucionar el problema de manera más global. En consecuencia, por su no necesidad, el Grupo Socialista se va a oponer a esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, vamos a comenzar las votaciones. Aprovecho para recordar a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los grupos que al finalizar la Comisión, está convocada dicha Mesa y portavoces en
esta misma sala.



Punto 1º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la incorporación de las normativas de calidad comunitaria en los productos del sector agrario y agroalimentario español. Se vota en los términos
de la propia proposición no de ley.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Proposición no de ley que aparece en segundo lugar en el orden del día, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de establecer acuerdos con Noruega para evitar el apresamiento de barcos pesqueros españoles que faenan en
Svalbard. Se vota en los propios términos de la proposición no de ley más la enmienda in voce que ha sido aceptada y, por tanto, con el beneplácito de todos los grupos políticos.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 3º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la aprobación de un paquete de medidas para impulsar el autoempleo en las zonas rurales. Esta proposición no de ley se vota en sus propios términos
más la enmienda in voce asumida por los distintos grupos parlamentarios. (El señor Alonso Núñez pide la palabra.) ¿Perdón?


El señor ALONSO NÚÑEZ: La propuesta es una enmienda in voce, pero es de sustitución sobre la propuesta del Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: Es una enmienda en voz. Si es una enmienda de sustitución, entonces no podemos votarla porque está fuera de lugar; ahora, que la enmienda de facto sustituya a la totalidad del texto, bastante hacemos con no
explicitarlo. (Risas.)


El señor ALONSO NÚÑEZ: De acuerdo, muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley tercera la votamos en los términos que había dicho anteriormente.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 4º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña sobre mejora y adaptación del contrato de seguro por sequía en pastos. Se vota en sus propios términos, en este caso por una
enmienda de sustitución del Grupo Socialista; por tanto, la enmienda de sustitución es la que procede en la votación.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 5.º del orden del día, proposición no de ley de apoyo a la producción de cultivos energéticos, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se vota en los términos de la proposición no de ley más la transaccional a la que se
ha llegado en función de la enmienda que había del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 6º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para combatir la pesca ilegal no regulada y no declarada. Se vota en los términos de la proposición no de ley más la autoenmienda del Grupo Socialista, más
la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), concretamente la número 2 de las presentadas.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 7º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento de los factores coyunturales y estructurales que influyen en la viabilidad del sector ovino y caprino y
proponer determinadas actuaciones.



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Se vota en los términos de la proposición no de ley más la enmienda aceptada de Convergència i Unió.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Por último, punto 8º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la adopción de medidas para mejorar la competitividad de la flota pesquera española. Se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Era la una de la tarde.