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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 817, de 24/04/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 817
CULTURA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA
Sesión núm. 39
celebrada el martes, 24 de abril de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- De la señora Juanes Barciela (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre grado de cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 18 de febrero de 2005 en relación al Centro de la memoria.
(Número de Expediente 181/003050.)...
(Página 2)
- Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre medidas para potenciar la accesibilidad en la futura ley del cine.
(Número de Expediente 181/003076.)... (Página 2)
- De la señora Rodríguez-Salmones Cabeza (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre opinión del Gobierno acerca de si con el actual marco jurídico como organismo autónomo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía puede cumplir
las funciones previstas en su estatuto. (Número de Expediente 181/002690.)... (Página 2)
De la señora Herrero Sainz-Rozas (Grupo Parlamentado Socialista del Congreso), sobre valoración del papel de los archivos históricos provinciales en el 75 aniversario de su creación. (Número de Expediente 181/002917.)...
- De la señora Juanes Barciela (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre principales actuaciones en materia de conservación de catedrales, previstas por el Ministerio de Cultura en el año 2007.
(Número de Expediente
181/002982.)... (Página 8)
- De la señora Rodríguez-Salmones Cabeza (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre razones por las que no se ha constituido la comisión de propiedad intelectual que prevé la disposición adicional segunda de la Ley 23/2006, de 7 de
julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril. (Número de Expediente 181/003108.)... (Página 10)
- De la señora Sánchez García (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre situación actual de la obra de rehabilitación de la antigua fábrica La Tejera (Palencia), como sede de exposiciones y congresos, con cargo al 1% cultural.
(Número de Expediente 181/003164.)... (Página 15)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
- DE LA SEÑORA JUANES BARCIELA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2005 CON RELACIÓN AL CENTRO DE LA MEMORIA.
(Número de expediente 181/003050.)
- DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE MEDIDAS PARA POTENCIAR LA ACCESIBILIDAD EN LA FUTURA LEY DEL CINE.
(Número de expediente 181/003076.)
- DE LA SEÑORA RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI CON EL ACTUAL MARCO JURIDICO COMO ORGANISMO AUTÓNOMO, EL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA PUEDE CUMPLIR
LAS FUNCIONES PREVISTAS EN SU ESTATUTO. (Número de expediente 181/002690.)
La señora PRESIDENTA: Comenzamos esta Comisión, cuyo objetivo es contestar a preguntas, y para efectuar las respuestas damos la bienvenida una vez más, es un placer tenerle con nosotros, al subsecretario de Cultura, don Antonio Hidalgo.
Les comunico que serán retirados los puntos 4º y 5º del orden del día a petición de los interesados. Comenzamos por tanto con el punto que aparece en primer lugar, pregunta que formula la diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz
Rodríguez-Salmones sobre opinión del Gobierno acerca de si con el actual marco jurídico como organismo autónomo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía puede cumplir las funciones previstas en su estatuto. Doña Beatriz Rodríguez-Salmones
tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Presidenta, ¿nos puede recordar un momento los tiempos y la forma del debate?
La señora PRESIDENTA: Los tiempos son diez minutos para preguntar y diez minutos para contestar, y si desease alguna réplica, por un tiempo no superior a cinco minutos.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor subsecretario, muchas gracias por su presencia, que efectivamente apreciamos y que ya es habitual ante esta Comisión y que a mí me gustaría que lo fuera más; de vez en cuando lo reclamo, y
esperemos que en el último periodo de esta legislatura podamos tenerle muy a menudo. El Reina Sofía yo lo califiqué de un hermosísimo paquebote a la deriva, un transatlántico precioso, con todas las posibilidades y que no ha cogido un rumbo, y no
lo ha cogido por mil razones. No podemos permitirnos tener sencillamente un magnífico edificio; usted también tuvo que actuar con las deficiencias que había, pero el resultado en cualquier caso es de un edificio extraordinario que no sabemos dónde
va. Ya sabemos el
plan -nunca sé si acierto cuando digo museológico o museográfico, y la ministra me regaña, pero comprendo que es perfectamente irrelevante-, lo tiene, pero hay una carencia por encima de todas y además extraordinariamente seria. Estamos
hablando en la Comisión de Cultura, sé que usted siempre ha sido riguroso; a veces nos sentimos tratados, sobre todo por la ministra, como si fuéramos los comensales de un desayuno en el Villamagna. No queremos buenas palabras y son
interesantísimos los discursos de la ministra sobre la ebullición de arte, sobre la diversidad, sobre tantas cosas, pero yo le rogaría, porque estoy segura que usted sabe la trascendencia de esta cuestión, que fuéramos muy precisos, yo en mis
preguntas y usted en sus respuestas.
Le voy a citar dos momentos. La directora del Reina Sofía nos dice hace ya más de un año, un 14 de marzo, en esta Comisión, que es una grave carencia no tener una forma jurídica adecuada al funcionamiento y a la dimensión, a los objetivos y
al propio actual estatuto del centro; grave carencia cuya solución no se puede demorar, lo dice así ella y sabe lo que dice. Nosotros respetamos a los directores de los museos muchísimo y espero que ustedes también. Entonces no podemos banalizar.
Si ante esta Comisión la directora del museo dice que esta es una grave carencia, tenemos que actuar. Segundo hito, un año después la ministra comparece ante esta Comisión un 21 de febrero -insisto en que yo entonces reclamé que me parecía que no
tenía una comparecencia seria, que nos trataba como a los comensales de un desayuno y no como merecíamos, como una Comisión que trabaja y que tiene que controlar al Gobierno- y hablando de la situación del Reina Sofía y de que no podemos exigir más
de lo que debemos al ministerio dice que el sueldo de muchos gestores que serían importantes para el Reina no se puede pagar con la estructura del Reina.
Lo dice ella: El Reina se transformará en una agencia estatal. Entre las muchas frases y
cuestiones, le quiero hoy citar estas dos.
Hace más de un año, grave carencia que no se puede demorar; la ministra reconociendo esto va más allá y dice hace dos meses aquí que los sueldos necesarios para el Reina Sofía no se pueden pagar con la actual estructura. Es como si haces
un hospital y te dicen que no puedes pagar los sueldos de los cirujanos de los quirófanos ni de los médicos. Es inconcebible que la apariencia de este museo nos esté ocultando lo que se llama una grave carencia. Ahí están estas fechas que le digo
para que sepamos cómo se puede en un principio perder un año. La ministra cuando se inaugura la ampliación del museo me dice: Vamos a tomarnos un año. La directora habla de la grave carencia. Pasa ese año y la ministra dice que con la actual
situación no se puede funcionar. En medio, además, suceden lo que yo llamaría deslices -en castellano ordinario, meteduras de pata- sobre si el museo es un museo histórico, etcétera. Damos por buenas la explicaciones de la señora ministra, todo va
marchando y se firma por parte de la ministra un documento de buenas práctica en museos y centros de arte contemporáneo. Esto se firma hace tres meses. Ese documento, que dice la propia nota del ministerio no es normativo -claro que no es
normativo, faltaría más-, está redactado en unos términos muy conminatorios: El patronato se formará de la siguiente manera, la forma de designación del director será la siguiente... -no podrá ser ni convendría que fuera, sino será así el
patronato, será así el nombramiento-. Entonces la ministra firma esto. Cuando se levanta ha creado tal alarma -la había creado unos días antes- que la nota del ministerio es completamente condicional y dice que esto no afecta en nada. Entonces,
¿cómo lo firma? Dice aquí: Alguna posición tenía yo que tomar. ¿Pero qué es esto, que un ministro diga el patronato será así y lo firme y luego diga algo tenía yo que hacer? Ahora mismo los redactores de ese documento, muy útil y muy positivo,
están perfectamente defraudados.
Han pasado tres meses. Yo no digo, líbreme Dios, que haya que elegir, a través de un concurso y además ahora, a un nuevo director del centro, no lo digo; digo que no hacen ustedes las cosas en orden, es decir
primero una forma jurídica y luego las modificaciones que la señora ministra se ha comprometido a hacer. Es que cuando firma eso ustedes solo tienen un centro de estas características, uno, luego lo que están firmando se aplica solo a uno, no a
dos, a un centro de arte contemporáneo -hablamos el otro día del Thyssen y prefiero ahora dejarlo con la explicación que me dio la señora ministra-. En este momento estamos así y se nos dice -no sé si está aquí don Mario Bedera, creo que no, fue
ponente en la Ley de Agencias- que se transforma en agencia y entonces se nos explica con toda tranquilidad que la transformación en agencia no podrá ser hasta 2009; es decir toda esta situación de emergencia, de que no se puede contratar a la
gente, de grave carencia, de firma de cosas que quedan en nada no va a comenzar a resolverse hasta 2009, y la ministra no mueve un gesto y parece que es que sí. Nosotros en medio formulamos una cantidad de preguntas que no se nos han contestado -se
nos contestaron las preguntas del mes de septiembre, bien es verdad- y sobre todo hemos pedido un documento, documento que no conseguimos que se nos envíe. Ustedes nos dijeron que el Ministerio de Administraciones Públicas había enviado un informe
completo llevado a cabo por un grupo de trabajo multidisciplinar sobre las actuaciones necesarias en el Reina Sofía, que este documento había sido entregado un 30 de junio de 2006 al museo, y desde entonces lo venimos pidiendo. Esta claro que
estamos fuera de todos los plazos y nadie nos ha contestado ni remitido ese documento, además de las preguntas múltiples que hemos formulado y que no se nos han contestado.
Aquí las tiene, las debe tener usted todas, sabe que estamos en todas ellas
fuera de plazo.
Yo lo que le pido, señor subsecretario, es que seamos muy concretos. ¿Qué han hecho ustedes para crear una agencia o darle la forma jurídica adecuada? Yo, insisto, les he ofrecido, sin verlo, sin leerlo, si viene aprobado del patronato,
nuestra propuesta de tramitar favorablemente
el estatuto que ustedes digan. Si una agencia ha de esperar hasta 2009, desde luego esto es un disparate de una enorme magnitud y un daño real al museo. Entonces busquemos otra fórmula, pero este instrumento tiene que estar en marcha ya.
No le podemos pedir al museo que tenga nada medianamente correcto puesto en marcha si no le damos este instrumento, y usted lo sabe. Usted sabe muchísimo mejor que yo qué sería del Prado ahora si no tuviera la ley. A mí me han dicho que ha sido
una cuestión muy difícil. La Ley del Prado se hizo en tres meses, tres: en tres meses podemos tramitar el estatuto del Reina. Cuéntenos, señor subsecretario, las medidas, lo que están haciendo y los plazos que prevé. (El señor Guerra Zunzunegui:
¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Señor Hidalgo, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Creo, señora diputada, que primero hay que hacer un pequeño análisis de la historia y de la situación desde el punto de vista organizativo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Como usted sabe, el Reina Sofía se configuró en el año 1990 como organismo autónomo. Era en aquellas fechas el modelo que permitía una mayor agilidad en la gestión, una gestión sin duda especial, como otras muchas áreas de la Administración, pero
en este caso especial por la materia a la que dedica su actividad el centro. Yo sinceramente y a partir del año 1990 no comparto una valoración negativa y desde luego no comparto que el Museo Centro Reina Sofía sea un barco a la deriva.
Entiendo
que es un barco suficientemente gobernado, con los ajustes de rumbo que en su caso se han hecho necesarios, pero no creo que debamos ser tan absolutamente derrotistas, lo que por otra parte es una característica sin duda idiosincrásica de nuestro
país. El Reina Sofía, dentro de este tipo de instituciones, en el corto tiempo de vida, ha pasado a ser una institución de cabecera, un referente en materia de arte contemporáneo.
Ahora bien, dicho esto, es evidente que los tiempos evolucionan y que a la vez que los tiempos evolucionan hay determinadas modificaciones en el marco jurídico general de las administraciones públicas que permiten una mejor adaptación a las
nuevas necesidades, a las nuevas realidades de las instituciones, y esa es la clave del asunto. La pregunta que tendremos que hacernos, y creo que estaba bien planteada en la enunciación que hacía S.S., es si hoy en día se puede dar una mejor
respuesta utilizando otras fórmulas organizativas distintas a las del propio organismo autónomo y eso, señoría, hay que ponerlo en relación con una modificación en el marco jurídico general de la Administración General del Estado. Ha puesto como
ejemplo el Prado. En aquel momento se utilizó como fórmula posible para adaptar el funcionamiento de esa estructura a la nueva realidad existente. Actualmente, disponemos de otros medios porque el Gobierno ha hecho un esfuerzo por modernizar ese
marco jurídico general, ese derecho de la organización en la Administración General del Estado a través de la Ley de Agencias. Evidentemente, ese es el mecanismo jurídico hoy en día utilizable para modificar y modernizar la gestión de áreas de la
Administración que precisan de una fuerte descentralización funcional.
Por eso -lo dijo en su momento la ministra, lo dijo la propia directora, yo creo que me lo ha escuchado a mí también en esta misma sala-, la trasformación del Reina Sofía tiene
que producirse necesariamente dentro de ese marco y eso irá en beneficio claramente de los tiempos de implantación, porque no se trata de buscar o inventar un mecanismo nuevo y distinto; se trata simplemente de incardinar el centro dentro de ese
nuevo marco jurídico que regula la organización, como decía, de áreas funcionales, en este caso un museo, que precisan de una fuerte descentralización. En ese sentido la voluntad es clara, pero lo que sí es cierto es que esa transformación tiene
que producirse como consecuencia de un análisis, de un diagnóstico interno de cuáles son los temas que tenemos que mejorar. Lo que hay que estudiar son temas de gestión, son temas relacionados con personal -y ya le respondo a una de sus
cuestiones-, donde se han analizado las necesidades en esta materia, y ahí ni el propio centro, ni el ministerio, ni Administraciones Públicas hemos esperado a que se produzca la transformación y lo que se ha hecho ha sido ir modificando la
correspondiente relación de puestos de trabajo para que en materia de personal haya una respuesta solvente a los nuevos retos a los que se enfrenta el centro. Eso lo que significa en definitiva es que no estamos parados; estamos trabajando, a la
vez que en la propia transformación del organismo, también en adecuar esa estructura para que luego los tiempos de puesta en práctica de la modificación sean los más cortos posibles. Yo no creo que estemos hablando de un horizonte 2009.
Pienso que
no habría dificultades es utilizar la disposición adicional quinta de la Ley de Agencias, que permite la transformación en agencia, mediante real decreto, de aquellos organismos autónomos preexistentes.
Esa conclusión entiendo que debe
tranquilizarla en cuanto a los tiempos; lo que ocurre es que evidentemente la transformación en sí, el cambio jurídico, si no va acompañado previamente de un análisis funcional serio y de una capacidad de analizar y de profundizar en cuáles son los
aspectos que pueden mejorar con la transformación, no vale absolutamente de nada. No es uno proceso meramente nominal. No se trata de decir cambiamos la forma jurídica de organismo autónomo por la de agencia y ya el problema ya está solucionado.
No, lógicamente hay que descender al nivel de lo concreto. En ese sentido, insisto, no debería S.S.
preocuparse en cuanto a los tiempos, porque yo creo que estamos hablando de plazos bastante más cortos.
Uno de los problemas que se puso de manifiesto en la comparecencia de la ministra fue el de determinados temas de personal que pueden tener que ver con las retribuciones, con la cualificación o con el reclutamiento.
Evidentemente, eso sí
puede solucionarse a través de la
agencia, pero ahí hemos hecho ya un primer avance, por decirlo de alguna manera, en la propia modificación de la relación de puestos de trabajo.
Eso está ahora mismo en proceso muy avanzado, eso se aprobó en la Cecir de hace aproximadamente
quince días, si no recuerdo mal, y eso va a permitir mejorar las condiciones. De todas formas, S.S. tendrá que reconocerme que a veces es difícil competir desde el sector público con determinadas retribuciones en el sector privado o en el
denominado tercer sector. Hay que mejorar las retribuciones, pero difícilmente podemos establecer un régimen absolutamente privilegiado y mejor del general en este tipo de instituciones; pero efectivamente -creo que el Prado es un ejemplo- yo creo
que el proceso que el Reina está iniciando es un proceso que está bastante allanado por el que se llevó a cabo para la transformación del Museo del Prado y entiendo que vamos a beneficiarnos de la experiencia previa que se ha producido en esta otra
institución.
Usted ha hecho referencia también al documento de buenas prácticas, que efectivamente se firmó hace aproximadamente tres meses y que en esencia hacía referencia a tres cuestiones que yo creo que no son debatibles o que no son criticables
casi por nadie, porque creo que todos suscribiríamos que los patronatos tienen que tener un composición equilibrada entre el sector científico, el sector de gestión y la representación institucional. Tampoco creo que sea cuestionable que hay que
introducir elementos en la selección de los directores que permitan reclutar los mejores posibles dentro de un colectivo. Por último y directamente vinculado a lo que estamos debatiendo hoy aquí, también ese documento hace referencia a que los
centros deben adaptarse a las formas jurídicas más ágiles posibles dentro de las que el marco jurídico aplicable en cada momento permita; tampoco creo que eso sea cuestionable.
Lo que sí es cierto es que ese documento determina para las
administraciones públicas la capacidad de establecer los tiempos, porque estos son procesos complejos y que no pueden precipitarse, pero no me consta que haya ningún tipo de inquietud, porque ha pasado poco tiempo y la voluntad política de ejecutar
eso es evidente. Lo que ocurre es que los tiempos serán los que establezcan en cada momento las administraciones que se ven afectadas por ese documento al que usted se ha referido.
Su señoría también pregunta por un documento, estudio o análisis que se realizó por parte de Administraciones Públicas. Yo no sé si lo ha pedido por el artículo 7 del Reglamento, no creo, no me consta, porque en ese caso obviamente, y como
usted sabe, siempre hemos atendido sus solicitudes, a veces con los inevitables retrasos consecuencia de la febril actividad de control de su grupo, pero no creo que estemos fuera de plazo. Es una de las cuestiones a las que me refería al
principio. Ese documento lo que hace es un análisis de cuál es la situación en materia de personal del propio centro-museo y lo que establece son unas pautas para que la estructura en materia de personal se adapte a las necesidades. A ese
documento responde precisamente la modificación de relación de puestos de trabajo que estamos realizando. Finalmente, para no agotar a la audiencia, lo que sí le diría es que este es un trabajo que estamos realizando sin pausa, que es un trabajo
que exige sus tiempos y que lo vamos a hacer obviamente bien, con solvencia y con transparencia. No veo señal de alarma ninguna y creo que además estos procesos tienen una ventaja y es que como tienen un momento en que culminan, usted podrá
comprobar cuando culmine que se habrá realizado en unos plazos políticos bastante razonables.
La señora PRESIDENTA: Dona Beatriz Rodríguez-Salmones tiene la palabra. Le recuerdo que sea breve, por favor, ahora en la réplica.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Entiendo por lo tanto y sintetizo que la decisión de que se transforme en agencia es un hecho, porque cuando nos contestaron a unas preguntas en el mes de diciembre se decía una cosa y su contraria: en
su caso, su eventual transformación, etcétera.
Entiendo que la decisión agencia está tomada y además refrendada por el patronato y le ruego que me lo diga. Efectivamente, nos interesaba ese diagnóstico de Administraciones Públicas. Usted habla de
análisis funcional serio; yo creo que en tres años se puede hacer una análisis funcional muy serio, y en un año, más; respecto a que este documento esta mandado, este documento está fuera de plazo: hasta el 13 de marzo de 2007 había de plazo para
remitírnoslo. Le ruego que si puede nos lo remita.
La cuestión no es solo la RPT; es ajustada al nuevo marco, naturalmente.
No es más personal; es más personal en determinado marco. Tiene usted razón si la decisión, como digo, es una agencia, esa está tomada y el patronato la ha
refrendado. La disposición adicional quinta efectivamente dice que hasta el 18 de julio tiene el Ministerio de Administraciones Públicas, en cualquier caso el Gobierno, para mandar la relación de esos organismo, 18 de julio de 2007. Dice que hay
hasta dos años para transformarse en agencia, hasta dos años. Luego, 18 de julio y un día, si los trabajos están hechos, permiten tener esta transformación hecha; a partir del 18 de julio de 2007, con tres años de estudio, con un documento muy
profundo de Administraciones Públicas y con todas las decisiones tomadas, el 18 de julio de 2007 más un día puede producirse la transformación del Reina con todos los análisis funcionales serios, en los que estoy de acuerdo con usted, pero que estoy
segura que ya están.
En cuanto al documento de buenas prácticas, usted sabe que no se puede uno burlar de la gente, señor Hidalgo, y si uno firma, el patronato no será de una manera conveniente; será exactamente de esta: 25, 25, 25 y el resto no sé qué, el
patronato no podrá vender sus fondos a no sé qué, el patronato hará, la dirección del museo será elegida... Hay que dar una explicación sobre esto, hay que dar unos plazos. Nosotros hemos propuesto -lo vuelvo a
proponer y lo volveré a hacer por escrito, está en una PNL, pero le digo y le ruego que me lo diga; ya sé que usted no es quién, será el Grupo Parlamentario Socialista-, una subcomisión de estudio en esta Comisión sobre el desarrollo de
este documento de buenas prácticas. Creo que le podemos fijar un plazo, que desde luego pueden estar aprobadas sus conclusiones en esta legislatura y que haríamos un enorme favor a todo el sistema español de museos y centros de arte contemporáneo.
Incluso ustedes con esta disculpa podrían tomarse un plazo para abordar las cuestiones que están demorando permanentemente.
Por último le vuelvo a decir, el 18 de julio y un día puede estar el estatuto en marcha, y yo le digo que desde ahora mismo tiene usted nuestra propuesta, después del debido debate, de llegar a un acuerdo ya.
Es un privilegio para cualquier
Administración una oferta de estas características y espero que así lo valoren y así lo aprecien, pero no demoremos: agencia exactamente, insisto, 18 de julio y un día. En eso cumplimos la Ley de Agencias perfectamente. El documento, por favor,
que se nos envíe; nuestro acuerdo puesto encima de la mesa prácticamente sin ver el texto, lo veremos y le estudiaremos, pero tenemos toda nuestra confianza en el patronato, y la subcomisión de estudio para proponer el sistema de puesta en marcha
del documento de buenas prácticas, porque entiendo que no debemos seguir -no nosotros, ¡vive Dios!, el ministerio-, burlando, y digo la palabra con todas las de la ley, burlando a los redactores de este documento. Tres meses después no haber movido
nada en este sentido es verdaderamente una burla.
La señora PRESIDENTA: Señor Hidalgo, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Efectivamente, la decisión de transformación del Reina en agencia es firme; creíamos haberlo transmitido así, pero si la comparecencia de hoy sirve para ratificar esto, bienvenida sea.
Evidentemente, abordamos el proceso con el trabajo previo de diagnóstico a que he hecho referencia, realizado y con solvencia. Propondremos lógicamente en el marco de la disposición adicional quinta la inclusión del organismo autónomo Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero me temo que el proceso no es de un día, eso tiene S.S. que entenderlo: se remite a Administraciones Públicas ese listado y luego lógicamente tiene que aprobarse mediante real decreto el correspondiente
estatuto. Eso llevará una tramitación que no depende exclusivamente del Ministerio de Cultura y, probablemente, al ser un proceso relativamente masivo, tiene que ordenarse mínimamente por el departamento al que he hecho referencia, pero
evidentemente el comienzo, el pistoletazo de salida de la transformación en sus aspectos jurídicos, sobre lo que S.S. preguntaba si se iba a producir con carácter próximo o inmediato a estas fechas, eso sí es posible. Luego, habrá que pasar por el
propio patronato el texto de proyecto de real decreto, que habrá que debatir suficientemente en el patronato, aunque este ha abordado en varias ocasiones estas cuestiones y yo creo que hay un consenso y un conocimiento suficiente. Dentro de los
plazos administrativos que nos permite la legislación, iremos lo más rápido posible.
No puedo compartir que por el hecho de que hayan transcurrido tres meses desde la firma de documento de buenas prácticas exista ningún tipo de burla, porque -insisto- léase S.S. el documento completo y verá cómo hay una salvaguarda de los
tiempos para las distintas administraciones públicas, porque ese documento, que no es normativo, que es un documento de buenas prácticas, a nosotros nos afecta, al Reina Sofía, pero extienden sus consejos a otras instituciones que no dependen del
propio ministerio. En ese sentido, insisto, ese documento establece un proceso sin sometimiento a un calendario determinado, establece que ese es el objetivo al que hay que llegar, pero las administraciones se reservan los tiempos. De todas
maneras, es evidente que todo no puede hacerse a la vez y que, como ya dijo la ministra de Cultura, determinados aspectos, como los aspectos de selección, están íntimamente vinculados a las transformaciones jurídicas que se produzcan en su momento.
Hay otros, como el tema de los patronatos, sobre los que se puede avanzar más rápidamente. Otro gran aspecto al que hemos hecho referencia es que esos museos de arte contemporáneo se organicen con las fórmulas más ágiles posibles, y precisamente
ese es el proceso en que nos encontramos ahora mismo respecto al Reina Sofía, o sea que de burla absolutamente nada.
Usted, por último, ofrece un acuerdo que yo agradezco. Entiendo que no debe ser un acuerdo nominal. Me va a permitir S.S. que diga que usted ofrece un acuerdo, pero inicia su intervención haciendo una crítica bastante ácida o corrosiva a
la situación del propio centro, diciendo que es un barco a la deriva. Aquí tendríamos que hacer un esfuerzo como se ha hecho en otras instituciones, y eso supone también de alguna manera ser más respetuoso con el propio devenir de la institución.
Dicho esto, porque lógicamente tenía que decirlo, quiero manifestar -se lo habrá escuchado a la propia ministra y a mí mismo- que estamos encantados de establecer un espacio, por decirlo de alguna manera, de consenso y un espacio de acuerdo respecto
al Reina Sofía en la misma medida que ha existido y existe respecto al Museo Nacional del Prado. Vamos a hacerlo y no solo a decirlo. Eso sería el colofón que en esta materia tendría que hacer. No obstante, bienvenido sea, gracias por el
ofrecimiento, que sin duda será recogido por el ministerio.
- DE LA SEÑORA HERRERO SAINZ-ROZAS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE VALORACIÓN DEL PAPEL DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES EN EL 75 ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN. (Número de expediente 181/002917.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la siguiente pregunta, que figura en segundo lugar en
el orden del día, que formula la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Herrero Sainz-Rozas, sobre valoración del papel de los archivos históricos provinciales en el 75 aniversario de su creación.
Tiene la palabra.
La señora HERRERO-SAINZ-ROZAS: Bienvenido de nuevo, señor subsecretario, don Antonio Hidalgo, a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para contestar a las preguntas que los distintos grupos parlamentario le vamos a ir
haciendo a lo largo de esta sesión de trabajo. Muchas gracias por su amabilidad.
El pasado mes de noviembre el Palacio de los Duques del Infantado de Guadalajara, provincia a la que me honro en representar, fue sede del Congreso Nacional de Archiveros. Entre los quince primeros archivos históricos provinciales que se
crearon en el año 1931 figura el de Guadalajara. Siempre hemos estado orgullosos de él y de su proyección cultural y didáctica, sobre todo por los programas que ha elaborado para escolares, la casa de la escritura, de verdadero interés, sin duda.
Han pasado ya 75 años y, como he dicho al comenzar, dicha onomástica reunió en Guadalajara a más de 200 profesionales de toda España y de Iberoamérica. Se dieron cita en torno a un congreso que tenía todo el apoyo del Ministerio de Cultura y de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante los tres días que duró el encuentro se debatió sobre el pasado, presente y futuro de los archivos, y sobre sus necesidades respecto a normativa, instalaciones, procesos de digitalización y
tratamiento informático de los fondos documentales, entre otros temas.
La política cultural de la II República motivó una medida de gran trascendencia como es la creación el día 12 de noviembre de 1931 de los Archivos Históricos Provinciales, mediante una orden conjunta de los ministerios de Justicia e
Instrucción Pública, firmada por el presidente de la República, don Manuel Azaña. El objetivo no era otro que concentrar la documentación histórica dispersa por España, sobre todo la notarial.
El Archivo Histórico Provincial es una institución
cultural y administrativa abierta a la sociedad, es por tanto un servicio público.
Recoge, conserva y pone a disposición de los ciudadanos los documentos producidos por la Administración en el marco de cada provincia. Estos documentos suponen un
testimonio de nuestra historia y de la actividad de la sociedad, en ellos descansa en buena medida nuestra identidad cultural. Los archivos informan a la Administración pública, sirviendo de apoyo a la eficacia de su gestión, pues en ellos se
conservan los antecedentes necesarios para fundamentar y justificar sus decisiones.
Informan también a la ciudadanía, garantizando el acceso a la información contenida en sus fondos y conservan el patrimonio documental con objeto de facilitar su
investigación y su difusión cultural. El archivo, por tanto, es un centro cultural de primer orden, un testimonio con mayúsculas y un servicio público a lo que sin duda contribuyen los profesionales que trabajan en él. Todo nuestro reconocimiento
por ello.
Con motivo de su reciente 75 aniversario me complace preguntarle, aunque la presidenta ya lo ha leído, qué valoración hace el Gobierno sobre el papel de los archivos históricos provinciales en el 75 aniversario de su creación.
La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Efectivamente, como S.S. ha dicho, los archivos históricos provinciales se crearon hace ahora 75 años para alojar los protocolos notariales, centenarios muchos de ellos, que hoy
constituyen importantes depósitos, donde no solo se conserva la documentación generada por la Administración periférica del Estado, sino fondos de toda clase. Si bien la necesidad de contar con archivos que recogiesen la documentación generada por
diferentes organismos provinciales fue una exigencia manifestada claramente durante el siglo XIX, los archivos históricos provinciales se crearon en virtud de un decreto de 12 de noviembre de 1931, en el que se incluirían los protocolos con una
antigüedad superior a cien años. Estos archivos fueron constituyéndose, los primeros 15 antes de la guerra civil, en las provincias que fueran cabezas de colegio notarial. Todas estas instituciones quedaron al cuidado del cuerpo facultativo de
archiveros, que ha facilitado el conocimiento y el estudio público de esos archivos.
Lógicamente, la evolución de esos archivos tendría un segundo hito en 1947 y en 1957, mediante sendas órdenes donde se establecía la existencia de 35 archivos
históricos provinciales, aunque sí es cierto que las instalaciones de alguno de ellos fueron provisionales.
Los años setenta son años de enorme acumulación de documentos, a lo que se unen asimismo las transferencias recibidas como consecuencia de la liquidación de organismos franquistas -me estoy refiriendo al final de los setenta- como el
Movimiento, la organización sindical, etcétera.
Podemos decir el mapa de archivos históricos provinciales se completa en la década de los ochenta. Este considerable aumento y acumulación de documentación, unido a la necesidad de modernizar y
actualizar las instalaciones ya obsoletas, anima al Ministerio de Cultura a partir de los años ochenta a abordar la construcción de nuevos edificios e instalaciones para los archivos históricos provinciales, unas veces creando edificios de nueva
planta y en otras ocasiones rehabilitando edificios de valor histórico. El Ministerio de Cultura dota a los archivos histórico provinciales de distintos medios, como laboratorio de reprografía, microfilmación o de restauración. Es importante
señalar, y lo apuntaba S.S., que los archivos históricos provinciales no son solo centros de investigación, sino que prestan también un servicio a la propia Administración y, lo que es más importante, un servicio al ciudadano. Como de todos es
conocido, la Constitución recoge el libre acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, y en cumplimiento de ese precepto constitucional, y como salvaguarda de la transparencia administrativa presente en las sociedades democráticas, los archivos son instrumentos que
garantizan el libre acceso de los ciudadanos a las actuaciones de la Administración. Lógicamente, la construcción del Estado de las autonomías supuso en estos centros de titularidad estatal un fuerte cambio, como fue el que pasaron a ser
gestionados por la respectivas comunidades autónomas, estableciéndose un sistema dual de titularidad estatal y de gestión de las comunidades autónomas, que ha hecho y hace necesaria una importante colaboración interadministrativa.
En estos últimos años el Ministerio de Cultura ha promovido la organización de diferentes foros de colaboración con otras administraciones titulares de archivos. Por primera vez en la historia tiene lugar el Congreso nacional de archivos
municipales, celebrado en Zaragoza en el año 2005, donde se analizó la situación y evolución experimentadas por los archivos municipales tras 25 años de democracia.
Allí se debatieron cuestiones de máxima actualidad entre la profesión archivística,
tales como políticas y normativas, recursos humanos, los archivos y los ciudadanos, y la repercusión que en su interrelación ha tenido la modernización de la Administración. También las jornadas organizadas en el mes de noviembre de 2006 en el
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, a las que S.S., diputada por esa circunscripción, ha hecho referencia, y que efectivamente se titulaban 75 Aniversario de los Archivos Históricos Provinciales: pasado, presente y futuro, y que se ha
realizado en estrecha colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Amigos del Archivo.
Estas jornadas se vienen realizando ininterrumpidamente desde hace ya casi quince años, y son una cita obligada de
archiveros e investigadores, pues gracias a ellas se difunde el rico patrimonio documental conservado en los archivos. En la jornada celebrada este año se ha tratado el devenir de los archivos históricos provinciales desde su creación a la
actualidad, a la vez que se ha planteado su perspectiva de futuro, que está estrechamente determinada e influenciada por el desarrollo de la sociedad de la información, y, cómo no, se ha abordado el ineludible tema de la necesidad de reinterpretar y
clarificar esa situación dual a la que hacía referencia al principio de la intervención. Pero es que además el Ministerio de Cultura, con motivo de este 75 aniversario de la creación de los archivos históricos provinciales celebrado en 2007, ha
querido iniciar una nueva etapa de colaboración con las comunidades autónomas en lo que a estos centros se refiere. Con tal motivo, el Ministerio de Cultura organizó el pasado 10 de octubre una jornada técnica abierta, a la que fueron invitados
todos los directores de los archivos históricos provinciales y los responsables del área de archivos de cada una de las comunidades autónomas, en donde además de conmemorar el 75 aniversario haciendo un repaso de la creación y evolución de estos
archivos, se propuso la formación de un grupo de trabajo de archivos históricos provinciales que sirviera de canal de comunicación entre ellos y de intercambio de experiencias, pero que también diera unas pautas de funcionamiento comunes para todos
los archivos históricos provinciales, e incluso dictara una normativa técnica consensuada. Este grupo de trabajo, dividido en diferentes comisiones de estudio, ha quedado constituido formalmente en la reunión que tuvo lugar en enero de 2007 en el
Archivo Histórico Nacional, y pretende celebrar un congreso anual donde los diferente grupos de trabajo expongan a toda la comunidad archivística los resultados y acuerdos obtenidos. La Subdirección General de Archivos Estatales en este grupo de
trabajo tiene como función, lógicamente, coordinar el desarrollo de los mismos, poner a disposición del grupo los medios necesarios y dar la conveniente difusión de sus resultados.
Por último, podríamos mencionar el trabajo de preservación y difusión del patrimonio documental depositado en esos archivos, que se está realizando desde el ministerio. Se conserva un archivo se seguridad con reproducciones en soporte
digital y microfilm de gran número de documentos históricos pertenecientes a los archivos históricos provinciales. Asimismo, se están preparando los actos conmemorativos en 2008 del 150 aniversario de la creación del cuerpo facultativo de
archiveros, bibliotecarios y museólogos. Actualmente podemos afirmar que la documentación de los archivos históricos provinciales es una documentación bien conservada y custodiada, y de fácil acceso, y desempeña una importante acción dentro del
sistema archivístico español, como centros depositarios de una buena parte del patrimonio documental de cada provincia, y se constituyen como un servicio público fundamental para la Administración y los ciudadanos.
- DE LA SEÑORA JUANES BARCIELA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO) SOBRE PRINCIPALES ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSERVACION DE CATEDRALES, PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA EN EL AÑO 2007.
(Número de expediente 181/002982.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que formula la diputada del Grupo Parlamentario Socialista doña Carmen Juanes Barciela, acerca de las principales actuaciones en materia de conservacion de catedrales, previstas por el
Ministerio de Cultura en el año 2007. Tiene la palabra.
La señora JUANES BARCIELA: Señor subsecretario, bienvenido esta Comisión de Cultura. Dentro del conjunto del patrimonio histórico español, las catedrales ocupan un lugar de primer orden por su relevancia arquitectónica, por su valor
histórico o por los tesoros que en ellas se conservan. Con una carga simbólica y una significación indiscutible, los conjuntos catedralicios representan
el mejor reflejo de nuestra evolución histórica y de pensamiento; es decir, resumen y sintetizan la historia de casi toda las épocas y culturas de nuestras ciudades. Este aspecto tiene una gran trascendencia, ya que uno de los valores más
significativos de nuestras catedrales es precisamente su extraordinaria acumulación de testimonios culturales.
Quizá lo más destacado es que el interés de estas edificaciones representativas y emblemáticas ha perdurado a lo largo de los siglos
hasta nuestros días, y siguen siendo en la actualidad protagonistas de nuestro paisaje urbano. Carlos Sanguino en su libro El misterio gnóstico de las catedrales, escribía: Los místicos, los filósofos, los científicos, esculpieron sus secretas
enseñanzas y conocimientos en las piedras vivas que son las catedrales. Penetrar al interior de ellas es un tremendo viaje a lo más profundo del ser humano y al misterio que le rodea. Pasa y observa detenidamente.
A finales de los ochenta se empezaron a poner en marcha planes específicos que tenían dos finalidades: por un lado, coordinar las intervenciones de restauración y mantenimiento que posibilitaran un tratamiento racionalizado y homogéneo
sobre este patrimonio, y por otro lado, la cooperación de todos los responsables en su protección y conservación.
Las actuaciones del actual Plan Nacional de Catedrales se realizarán en aquellas que tengan un plan director y se financiaran las que
tengan un proyecto de ejecución supervisado y aprobado por la comunidad autónoma correspondiente. Para decidir sobre los proyectos en los que se invertirá, con buen criterio se tendrá en cuenta aquellos que no han tenido intervenciones o que las
hayan tenido escasamente en los últimos años.
El Ministerio de Cultura actual, a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español, invertirá durante 2007 casi 10 millones de euros, concretamente 9,9 millones de euros, para actuar en las 43 catedrales que necesitan una intervención
prioritaria para su mantenimiento, conservación y restauración. Este acuerdo firmado por el Ministerio de Cultura y la Conferencia Episcopal, además de ser bastante claro y preciso -aquí viene lo importante-, aumenta la dotación presupuestaria en
algo más del 47 por ciento con respecto al que ya existía. Yo creo que era necesario e imprescindible este incremento, y había que dotar a este acuerdo de un mayor presupuesto, debido a la situación actual de algunas catedrales españolas.
Desde que en 1997 se firmó el Plan de Catedrales, con una inversión de 1.500 millones de pesetas para las 83 catedrales que existían en España, es cierto que se ha caminado, es cierto que se ha andado mucho camino, es cierto que en estos
últimos diez años se ha evolucionado mucho y se ha puesto en marcha, entre otras cosas, los planes directores, es decir, la investigación que nos permite tener una comprensión absoluta de la edificación, sus necesidades y las fases sobre las que hay
que intervenir. Pero el avance más importante es que el Ministerio de Cultura asume las catedrales en su programa y no mediante los acuerdos que alcanzaban con los ministerios inversores, que son los que se coordinan con el de Cultura para el 1 por
ciento cultural, como el de Fomento o Vivienda; ahora es una obligación directa que asume el Ministerio de Cultura en sus presupuestos. Esto es bastante lógico, y además el objetivo primordial sigue siendo garantizar la salvaguarda de todas las
catedrales. Por tanto, este plan es el resultado del compromiso de colaboración entre las administraciones responsables de Patrimonio y las instituciones eclesiásticas que detentan su titularidad, con el apoyo de una creciente concienciación social
para la conservación y protección de los conjuntos catedralicios españoles.
La convergencia de fuentes de financiación -Ministerio de Cultura, Iglesia, comunidades autónomas- demuestra la capacidad del Plan Nacional de Catedrales de asumir los compromisos económicos de todas las administraciones e instituciones
responsables de su conservación. Se trata de garantizar la conservacion de nuestro patrimonio histórico del que los poderes públicos no pueden quedar al margen. Se trata de una labor que la está haciendo bien el Ministerio de Cultura, porque está
mimando nuestra cultura. Fulcarelli, en su libro El misterio de las catedrales, decía: Santuario de la tradición, de la ciencia y del arte, la catedral gótica no debe ser contemplada como una obra únicamente dedicada a la gloria del cristianismo,
sino más bien como una vasta concreción de ideas, de tendencias y de fe populares, como un todo perfecto al que podemos acudir sin temor cuando tratamos de conocer el pensamiento de nuestros antepasados en todos los terrenos: religioso, laico,
filosófico o social. Lo más importante es que se ha dotado de las herramientas y los criterios suficientes para evitar que la falta de colaboración entre instituciones nos haga perder un parte de nuestra historia. Señor Hidalgo, por eso le hago
esta pregunta: ¿Cuáles son las principales actuaciones en materia de conservación de catedrales previstas por el Ministerio de Cultura para el año 2007?
La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario, puede contestar.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Efectivamente, como S.S. ha dicho, entre los objetivos estratégicos de la política cultural está el de la protección del patrimonio histórico, y dentro de la misma uno de los elementos más
relevantes sin duda es el que integra las catedrales en nuestro país. España cuenta con 79 catedrales, cada una de ellas con la consideración de monumento único y excepcional, lo que siempre ha motivado la atención destacada por parte del
ministerio. Esa ha sido la política general, independientemente de quien gobierne en cada caso, política en la que todos hemos estado de acuerdo, pero a la que honestamente hemos de decir que hemos añadido un valor, que ha sido precisamente, como
ha señalado S.S., el haber evitado que las catedrales se nutran de los fondos del 1 por ciento cultural. Porque hemos considerado, señorías, que las catedrales no podían estar sometidas a
los vaivenes y a la cierta complejidad en la gestión del 1 por ciento cultural, y que la inversión en materia de catedrales tenía que asumirse directamente por el Ministerio de Cultura con sus fondos presupuestarios propios. De esta manera
se da estabilidad y permanencia a ese programa mediante los recursos que el departamento año a año irá disponiendo en los correspondientes presupuestos.
Si S.S. examina el anexo de inversiones del presupuesto del Ministerio de Cultura para el año 2007, podrá observar que el Plan Nacional de Catedrales, figura con carácter de superproyecto con una dotación de 10.850.000 euros. Precisamente
este impulso al Plan Nacional de Catedrales lo ha hecho de acuerdo con la Conferencia Episcopal, con la que el Ministerio de Cultura suscribió un convenio el pasado 21 de noviembre de 2006, donde se especifican las actuaciones prioritarios para
2007. En este punto es importante subrayar lo dicho, que las actuaciones que este año se van a realizar en catedrales están consensuadas, están determinadas de acuerdo con la Conferencia Episcopal, que es la titular dominical de los bienes en
cuestión, de las propias catedrales. Este convenio se inspira en la colaboración, como he dicho, con las autoridades eclesiásticas, en la definición de las actuaciones a llevar a cabo y en la participación de la Conferencia en las actuaciones de
ejecución y en las inversiones a llevar a cabo. Las actuaciones del Ministerio de Cultura, a nuestro juicio son suficientemente elocuentes.
En la legislatura se ha aclarado, entiendo, suficientemente el panorama en la medida, insisto, en que se ha
dotado de una fuente financiera estable y de una metodología de trabajo consensuada, como he dicho, con la propia Conferencia Episcopal. También es preciso decir que el modelo dispone de los mecanismos de flexibilidad suficientes, para que si a lo
largo de periodo de vigencia, durante 2007, se detectase, como ha sido el caso, alguna necesidad urgente de intervención, la propia comisión mixta de seguimiento entre la Conferencia Episcopal y el ministerio establecerá las nuevas prioridades o
reprogramará las actuaciones que se crean convenientes.
Por otra parte, la dispersión territorial de la inversión está garantizada, en la medida que afecta a la práctica totalidad de comunidades autónomas. Vamos a intervenir en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y Murcia. La entidad de las actuaciones previstas en este ejercicio 2007 es sin duda variable, pero, por orden de importancia, hay que recoger las actuaciones de
restauración en las catedrales de Tarragona, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Murcia, a las que añadiríamos, por la vía de urgencia a la que me he referido, León. Dado que se trata de actuaciones con una proyección en varios ejercicios, para una
correcta evaluación de la inversión individualizada habría que considerar no solo las cantidades consignadas para este ejercicio, sino la totalidad del proyecto en distintas anualidades. Por otro lado, hay que subrayar que las incidencias en las
actuaciones preparatorias, las de contratación y las de ejecución de la inversión, unidas al hecho de que se necesita el concurso en muchos aspectos de las autoridades eclesiásticas y eventualmente de otras administraciones que concurran en las
actuaciones, hacen que se produzcan desajustes sobre las previsiones iniciales que son asumidas en el marco de la gestión económica y presupuestaria.
En el caso de que tuviéramos el tiempo suficiente, una radiografía de la situación nos permitiría ver cuáles son las actuaciones previstas dentro del plan nacional una a una y comunidad autónoma por comunidad autónoma.
No obstante, y para
contestar concretamente a lo que S.S. me pregunta, tenemos intervenciones en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Menorca, Tenerife, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Burgos, León,
Segovia, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón, Badajoz, Logroño, La Rioja, Madrid, Pamplona y Murcia.
La señora PRESIDENTA: Señora Juanes, ¿desea añadir algo?
La señora JUANES BARCIELA: Señor Hidalgo, muchas gracias por sus aclaraciones.
- DE LA SEÑORA RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE RAZONES POR LAS QUE NO SE HA CONSTITUIDO LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE PREVÉ LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 23/2006, DE 7 DE
JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL. (Número de expediente 181/003108.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, la que figura en sexto lugar en el orden del día, que formula la diputada del Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz Rodríguez-Salmones, acerca de las razones por las que no se ha
constituido la comisión de propiedad intelectual que prevé la disposición adicional segunda de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril. Señora Rodríguez-Salmones, tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Me permito hacer un pequeño inciso reglamentario, aunque quizá no es el momento procesal. No sé si se da cuenta de que son las once y cuarto y estamos en la pregunta número 6, esto no es un
procedimiento serio; es decir, el Grupo Parlamentario Socialista no debe copar el orden del día con cinco preguntas orales para luego
retirarlas. La primera vez puede pasar, pero no debe ser siempre así. Yo sabía el día que se incluyó en el orden del día la pregunta sobre la situación del Centro de la Memoria que era evidente que no íbamos a tratar esa cuestión hoy, era
completamente evidente. Por lo tanto, no debemos dar la imagen ante los ciudadanos de que liquidamos nuestras comisiones en dos horas.
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones, la primera aclaración es que no son cinco preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, sino cuatro. Segunda aclaración, las preguntas las formulan los diputados, que son muy dueños de
plantearlas o retirarlas. Por tanto, yo creo que esta advertencia que está señalando S.S. no es procedente. Limítese a preguntar lo que usted estime, porque no creo que sea demasiado procedente que usted haga advertencias como esta. Tiene la
palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor subsecretario, yo preguntaba aquí ahora por la disposición adicional segunda de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Usted
sabe que crea una comisión de la propiedad intelectual que tiene nada menos que las tareas de arbitraje, mediación, fijación de cantidades sustitutorias de tarifas y resolución de conflictos, ni más ni menos. Dicho en dos líneas, lo tiene todo
sobre la cuestión de la propiedad intelectual. Cuando se propone y se estudia esta ley, en vigor, repito, desde el 7 de julio, la ministra en su exposición ante el Pleno el 16 de marzo de 2006, por lo tanto hace más de un año, dice que es el
mecanismo eficaz de resolución de conflictos, por lo que resulta urgente. El 16 de marzo de 2006, no yo, la ministra, dice que resulta urgente articular un organismo para la resolución de conflictos; hay que abordarlo pronto; la nueva regulación
tendrá que procurar que la comisión disponga de los medios y facultades necesarios, etcétera, de manera urgente, dotando a sus decisiones de mayor efectividad. Lo dice la ministra.
Hablamos de conflictos. No conocemos en el terreno de la cultura nada que tenga más conflictos planteados en este momento que la propiedad intelectual. No voy a hablar de conflictos, hay una verdadera rebelión ciudadana contra la propiedad
intelectual. Mencionar la propiedad intelectual tanto en ámbitos académicos ante personas con un pensamiento complejísimo y elaborado, como ante nuestros hijos y sus ordenadores, da la sensación de que se les está asaltando de manera ilícita. Esto
hay que cortarlo. Nosotros, es evidente, somos defensores de toda la propiedad, pero la propiedad intelectual es sagrada, tiene que ser la más respetada, y es muy difícil de percibir, poque en este país no hay tradición de ello y en otros sí. Por
lo tanto, estamos ante una verdadera rebelión ciudadana contra el pago de derechos por la propiedad intelectual. Así está creciendo ante nosotros. Tenemos un instrumento en una ley que dice la ministra que es urgente y que precisamente debe
canalizar todas estas cuestiones. Ya sabemos los tiempos de la ministra. ¿Cómo puede decir en marzo de 2006 que la cuestión es urgente y que se pone inmediatamente a trabajar y haya pasado ya un año? La han reclamado absolutamente todos los
sectores, todos los comparecientes que han intervenido en esta Cámara con anterioridad a la elaboración de la ley; todos, el cien por cien la siguen reclamando, y depende solo de su secretaría técnica. Yo tengo mucho respeto por la Administración,
¿pero qué hace su secretaría técnica, señor subsecretario? Al dividir otra vez el ministerio algo pasó, está mal dotada. ¿Por qué no elabora textos que solo dependen de ustedes y que de entrada tienen nuestra aprobación? No quiero pensar qué
sería si nosotros nos hubiéramos opuestos a esto. Dirían: El PP cabalga contra la cultura, odia cultura, no quiere pagar. Pero una vez que nosotros no le damos la disculpa de ser los malos de la película, ¿qué sucede con esto? En la ley figura
la creación de la comisión, la ministra dijo que era urgente hace más de un año, Figura en múltiples preguntas mías, todas ellas sin contestar, fuera de plazo, hay una verdadera -usted lo sabe y tenemos que ser conscientes de ello- rebelión
ciudadana en un mundo además cada vez más complejo y cada vez más difícil de controlar.
Además todo esto se alimenta porque dentro del propio Gobierno nos encontramos con que el que levanta la bandera contra esto es el señor Clos, por ejemplo, en
el canon digital y en el artículo 17 bis que acaba de aprobarse en el Consejo de Ministros del pasado día 13. El propio ministro del Gobierno es el que está levantando la bandera.
Lo mismo sucede si hablarnos de otras cuestiones, por ejemplo, el canon bibliotecario para el que quieren ustedes nuestra aprobación. El canon bibliotecario nos va a costar 1.400.000 euros, y han dicho que no va a recaer sobre las
bibliotecas, que no va a recaer sobre los lectores. Hay una rebelión. ¡Pero cómo podemos dejar que ocurra esto teniendo prevista una comisión que lo debe canalizar! Pero vuelvo a decir, igual que el señor Clos se levanta contra el canon digital,
en esta ocasión, yo, con mis ojos, ayer vi al señor Sebastián, candidato al Ayuntamiento de Madrid, aplaudir a los que firmaban contra el canon y entraban en la lectura del Quijote, y que decir de la consejera de Castilla-La Mancha, que se va a
encadenar para no pagar derechos de propiedad, como nos manda -lo lamentamos muchísimo y lo hemos recurrido durante doce años la normativa europea y no tenemos más remedio que cumplir. En esta rebelión, insisto, del señor Clos, del señor Sebastián,
de la señora consejera de Castilla-La Mancha, nosotros, permítame, somos los tontos útiles de esta película, aplaudiendo porque creemos en la propiedad intelectual, y creemos que hay que defender estos derechos. No se crea una comisión que en
marzo, hace más de un año, dice la ministra que es urgente y cuya creación depende de su secretaría técnica, cuando es la que tiene que canalizar todo esto. ¿Y por qué lo tiene que canalizar? Pues, entre otras cosas, porque estamos dando un
espectáculo, me
van a permitir que lo diga y que lo entrecomille, bananero. Aquí los sectores dicen: se lleva el gato al agua quien tenga más predicamento ante un ministro o ante otro, en lugar de estar fijando criterios técnicos, escuchando a unos y a
otros, y con la solvencia técnica que darían los miembros de esta comisión. No voy a entrar en las comisiones sobre cuestiones administradas, porque está el señor Conthe compareciendo y no es precisamente el mejor ejemplo. Pero, en fin, supongamos
que funcionara mejor que el espectáculo que ahora está dando la Comisión del Mercado de Valores, vamos a suponerlo; esta comisión está hecha para esto. Crece, insisto, la rebelión ciudadana, ustedes enarbolan ambas banderas, nosotros estamos
callados, convenciendo a los nuestros, no es nada fácil, insisto, desde nuestros hijos hasta nuestros responsables políticos, y esa secretaría técnica no crea esa comisión. ¿Cuáles son las razones, señor subsecretario?
La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario, puede contestar.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Señora diputada, obviamente, la razón por la que no se ha constituido la Comisión de Propiedad Intelectual que se prevé en la disposición adicional segunda de la Ley 23/2006, del 7 de
julio, de modificación del régimen de propiedad intelectual, es porque precisa un desarrollo reglamentario. Digamos que lo único que hace la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual es habilitar al Gobierno a desarrollar reglamentariamente
deslegalizando una determinada materia. Eso que a usted le parece tan sencillo, y que desde luego no depende, lógicamente, de la redacción del texto por parte de la Secretaría General Técnica de ningún ministerio, porque el tema, como usted
entiende y así se ha expresado, es extremadamente complejo en sus aspectos técnicos y en sus aspectos económicos. Esa habilitación conferida al Gobierno debe ser interpretada, como no puede ser de otra manera, en el conjunto del ordenamiento
jurídico, pero también le digo a S.S. que esa habilitación no establecía ningún plazo límite concreto para que se produzca. En ese sentido, la prisa o el interés por actuar que manifestó la ministra en el debate de aprobación de la Ley 23/2006
debía referirse sin duda a los ocho años que su partido estuvo en el Gobierno sin regular esta materia. No puede decirnos S.S. que somos lentos y no estamos actuando con diligencia, cuando ni siquiera los gobiernos del Partido Popular
transpusieron la directiva a que S.S. y yo mismo nos estamos refiriendo. Ahora bien, dicho esto, lo que establece la disposición adicional es que se habilita al Gobierno para que, mediante real decreto, modifique, amplíe y desarrolle las funciones
que el artículo 158 de la ley atribuye a la Comisión mediadora y arbitral de la propiedad intelectual, debiendo incluir entre otras las funciones de arbitraje, mediación, fijación de cantidades sustitutorias de tarifas y resolución de conflictos en
los que sean parte las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual entre sí o entre alguna de ellas y una o varias asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión. La Comisión mediadora y arbitral de la propiedad intelectual
pasará a denominarse Comisión de Propiedad Intelectual. Efectivamente, se amplía el ámbito respecto a las funciones que tenía atribuidas la antigua Comisión mediadora y arbitral, y precisamente porque amplía este ámbito y porque incluso puede
llegar a establecer tarifas sustitutorias es por lo que hay que ser extremadamente cuidadosos en su regulación, porque eso tiene repercusiones en distintos ámbitos del ordenamiento jurídico. -Como S.S. sabe, el arbitraje obligatorio es contrario a
la Constitución- y por otra parte en alguna medida también plantea problemas de orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Como usted sabe, la mediación se caracteriza por la necesidad de contar con el sometimiento expreso de ambas partes para el inicio del procedimiento. Por otra parte, tampoco el resultado de la mediación es de obligado cumplimiento para las
partes que se someten. A su vez, el arbitraje, que, como he dicho, no puede ser obligatorio por imperativo constitucional en nuestro derecho, sí obliga en sus resultados a las partes cuando se someten previamente. Esta situación hace que el
resultado final de la regulación reglamentaria a la que nos estamos refiriendo tenga que ser extremadamente precisa y jurídicamente impecable, puesto que ya S.S. ha dicho que en el ámbito en cuestión se dilucidan intereses económicos y sociales de
gran importancia. Lo que sí tengo que decirle es que existe el firme compromiso del Gobierno de hacerlo, y entiendo que no vamos a tardar mucho, porque los trabajos técnicos se encuentran muy, avanzados. Pero me preocupa también que S.S.
ponga
todas las esperanzas en la resolución de conflictos de tipo social que se generan alrededor del devengo de derechos de propiedad intelectual en la propia comisión. El proceso que estamos viviendo es más complejo y, en todo caso, aunque el sistema
previsto en la disposición adicional puede coadyuvar a solucionarlo, lo que es evidente es que existe un fuerte debate, yo no hablaría de rebelión ciudadana, yo diría que hay un fuerte debate actualmente en relación con los derechos económicos
derivados de la propiedad intelectual porque estamos asistiendo, y S.S.
tendrá que convenir conmigo en lo mismo, a una auténtica revolución en el modelo de comunicación de la sociedad. La sociedad de la información y el conocimiento ha supuesto
muchas cosas, casi todas muy positivas, pero también tiene algunas aristas que generan problemas, y en alguna medida creo el tema de propiedad intelectual es víctima de esas aristas. Creo además que S.S. no es consciente de que la comisión a que
se refiere la disposición adicional podrá, entre otras cosas, fijar tarifas sustitorias, pero en algunos temas, como en el del canon digital, no se trata de tarifas sino de compensaciones a los autores, y para eso está previsto otro modelo de
resolución, que es la orden
conjunta de los ministerios de Cultura y de Industria sobre la que estamos trabajando desde hace algún tiempo como consecuencia de que los dos agentes en este proceso, entidades de gestión e Industria, no fueron capaces de llegar a un
acuerdo, como hubiera sido nuestro deseo y como establecía en primer término como primera obligación, la de ese acuerdo, el texto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a la que nos estamos refiriendo ahora mismo.
Le agradezco que centre este debate con ecuanimidad y no caigamos con cierta facilidad en la demagogia. Yo creo que la rebelión a la que S.S.
se refiere, o la contestación o la inquietud que existe en materia de propiedad intelectual
deriva sencillamente de una pura contraposición de intereses económicos. Hay una parte que produce una determinada mercancía en este sentido, que aspira a su remuneración, y otra que de una manera directa o indirecta la utiliza y que aspira,
lógicamente y lo mejor legítimamente, a que sea retribuida de la manera más beneficiosa para sus propios intereses económicos, es decir, de la manera más barata posible.
En ese sentido, yo creo que en Europa, -no olvidemos que estamos dentro de un
modelo europeo de propiedad intelectual con una amplia tradición y con un engarce en el derecho internacional regulador de la materia muy importante- no podemos permitirnos el lujo de caer en debates demagógicos que al final terminen por asfixiar
precisamente a quienes producen, a quienes crean, a quienes llenan de contenido ese nuevo mundo digital al que me he referido yo y se ha referido también su señoría. Aquí hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, y evidentemente determinadas
actuaciones de tipo jurídico, como la que nos ocupa hoy, pueden favorecer determinados procesos, pero tampoco son, por decirlo de alguna manera, la única solución al problema. Hay una parte que tiene un contenido educacional que yo creo que es
necesario que todos nos esforcemos en explicar porque a veces cuando alguien tiene frente a sí una creación no piensa que detrás de esa creación hay alguien que vive honestamente de eso y que cualquier actividad humana, cualquier servicio humano que
se incorpora al mercado precisa de su retribución.
Cuestión distinta es la que plantea S.S., y yo casi me alegro de que lo ponga sobre la mesa, porque creo que hay una profunda desinformación sobre lo que es, va a suponer y ha supuesto el llamado canon bibliotecario. Su señoría ha dicho, y
yo tengo que ratificar que el Reino de España ha sido condenado por una sentencia del Tribunal de la Unión Europea porque la transposición de la directiva que obligaba a regular ese canon había establecido tal cantidad de exclusiones que lo hacía
inviable. Su Gobierno y el mío defendieron en los tribunales que la transposición era correcta, y lo defendimos hasta el final. Ocurre, sin embargo, que una vez que se produce la sentencia evidentemente el Estado está obligado a cumplirla.
Resulta sorprendente ver cómo se plantea por algún colectivo una especie de desobediencia civil, en este caso no civil, de un Estado, al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo. Esto no es posible, y la Unión Europea dispone de
mecanismos coactivos más que suficientes para obligarnos a cumplir la sentencia.
Ante eso, este Gobierno, y su grupo, que lo ha apoyado en la tramitación de la Ley del Libro, hemos llegado a la conclusión de que hay que cumplir la sentencia para
evitar que la multa coercitiva sea un gasto muy superior al que supone el propio canon bibliotecario, y esa es una realidad. Pero no solo es que tengamos la obligación de cumplir con una sentencia, sino es que además yo creo que ha habido un enorme
esfuerzo por parte de todos, de la mayor parte de las comunidades autónomas, de su grupo y de otros grupos en el Congreso y con toda probabilidad en el Senado, y de los agentes que intervienen en este tema para que el impacto de la modificación
normativa sea prácticamente irrelevante. Su señoría ha hecho referencia a un cantidad, que es sobre la que estamos en principio trabajando, que podría rondar 1,4 millones de euros, que dividido por el número de comunidades autónomas da una cantidad
minúscula que no va a afectar en ninguna medida a los fondos que las comunidades autónomas destinan a bibliotecas, porque su incidencia va a ser mínima, pero por otra parte existe un compromiso, y se ha visto así en conferencia sectorial, de que no
se va a repercutir a los ciudadanos, y también en eso hay acuerdo con su grupo al respecto. Con lo cual entiendo que la rebelión ciudadana de la que S.S. habla solo puede venir del desconocimiento la auténtica realidad de los hechos. Porque
tendríamos que estar contentos de que entre todos, la mayor parte de la comunidades autónomas, su grupo, mi grupo y otros grupos hayamos encontrado una solución satisfactoria a un problema que llevábamos arrastrando desde hace ocho años como mínimo,
y lo cierto es que la solución es buena. Que se diga que eso va a disminuir las partidas dedicadas a la compra de libros, cuando en los tres últimos años se han comprado más libros que nunca por parte de las comunidades autónomas y del Estado a
través de un acuerdo entre el ministerio y la distintas consejerías, resulta cuanto menos paradójico, pero eso lamentablemente no lo vamos a solucionar solo con la comisión.
Sin ánimo de extenderme más, sí quisiera que se quedase S.S. con la idea de que existe un firme compromiso del Gobierno de regular esa comisión, que lo haremos en el plazo más breve posible pero también con las garantías jurídicas
suficientes para que el resultado no produzca aún más inestabilidad en el sistema. Solventados, en su caso, los problemas de índole jurídica que tiene, que no son pocos, la comisión podrá asumir esas funciones. Esperemos que sirva, y yo creo que
va servir; tampoco -insisto- va a ser la panacea que resuelva toda la litigiosidad en materia de propiedad intelectual, pero hay que tener cuidado de no hacer una regulación que produzca una vulnerabilidad jurídica de la propia comisión que en
definitiva venga a introducir aún más litigiosidad y más complejidad a un mundo que sin duda ya es bastante complejo.
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Yo creo que lo primero que tendremos de hacer es mandarle su intervención sobre el canon bibliotecario a la señora Regás, por ejemplo, que enarbola la bandera de lo que usted ha llamado la desobediencia
civil; al señor Sebastián, cuya insolvencia está probada, pero un poquito podía aprender antes de aplaudir una cuestión tan importante y tan significativa y desde luego una norma que van a hacer y que viene de su Gobierno; y a la consejera de
Castilla-La Mancha, cuyo encadenamiento estamos esperando en cualquier momento. Es decir, yo rogaría casi al señor letrado que, esta intervención suya remita a estas tres personas pues es difícil aclarar si con ellas el Partido Socialista en su más
alto nivel está encabezando y llevando la bandera de la rebelión ciudadana contra una cosa perfectamente sensata que no afecta en nada y que además, como usted ha dicho, se va a cumplir sí o sí, porque no hay la menor posibilidad de no hacerlo.
La comisión no es la panacea, claro que no, no hay panaceas. No es fácil hacer la comisión, claro que no, no hay nada fácil. Pero si la ministra dijo en el mes marzo pasado que era urgente, yo le rogaría que nos dijera qué se entiende en
su ministerio por urgente y cuáles son los plazos.
Dice que nosotros no incorporamos la directiva y tiene usted razón.
Quisimos hacer una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual al hilo de incorporarla. Fue muy difícil. Pero le voy a recordar
una cosa: ustedes tienen un compromiso repetido en esta Cámara de hacer en esta legislatura, la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Yo no se lo recuerdo porque me parece un compromiso dificilísimo de cumplir, pero y ustedes han
repetido una y otra vez que harán la reforma integral, ni más ni menos, de la Ley de Propiedad Intelectual en esta legislatura, y aquí está.
Ahora vamos a ver concretamente esta comisión. Usted ha dicho que tiene problemas. Insisto, este es el mundo de los problemas y lo demás no existe. Esta comisión nunca cerraría el paso a la justicia; es decir, es arbitral. Siempre,
naturalmente, emite un dictamen a solicitud de una de las partes, no de las dos porque no se pondrían nunca de acuerdo, y naturalmente es recurrible ante la justicia. No estamos hablando de sustitución de la justicia, así lo entendemos nosotros,
pero pienso que quizá conviene que usted lo explique más. No es la panacea, pero sería una comisión de la máxima autoridad, porque oyendo a unos y a otros y con criterios objetivos y técnicos emitiría sus informes, insisto, recurribles ante la
justicia, pero emitiría sus informes. Hoy estamos en el terreno de ver qué sector se lleva el gato al agua, qué ministro tiene más fuerza en el Gobierno. Esto no es aceptable y está creando el caldo de cultivo de lo que yo, midiendo muy bien mis
palabras, califico de rebelión ciudadana, y si la dejamos crecer, usted sabe que la bandera Robin Hood de que todo es gratis nos llena la calle de gente detrás de esa bandera. Yo levanto mañana la bandera contra los impuestos y arrollo.
Es decir,
con la bandera de la cultura es gratis, no hay que pagar y además los que nos quieren cobrar son ladrones se nos llena el patio.
Esta comisión puede ayudar, y muchísimo, y los problemas que tiene su constitución han tenido ustedes un año para
solventarlos. Tienen desde luego nuestro apoyo. No le voy a pedir, fíjese, que cumplan el plazo de la ley sobre el canon digital. ¿Y por qué no se lo voy a pedir? Porque es inútil. Ustedes han retirado su petición sobre el Centro de la Memoria
Histórica y en el canon digital y muchas otras cosas controvertidas hay una parálisis hasta el 27 de mayo a las ocho de la tarde. Pero como está ya ahí suponemos que podrán ustedes dirimir el 27 de mayo a las ocho de la tarde que se pronuncien
sobre todas estas cuestiones. Ahora, la creación de la comisión no puede esperar, señor subsecretario, y yo le digo es que una vez que nos ha hablado de los problemas en términos muy generales, un año es de sobra para tenerlos solventados, y le
pido que nos dé, si puede, un plazo concreto de esto que desde luego no es la panacea pero que va a ayudar mucho a encauzar todos estos problemas.
La señora PRESIDENTA: Señor Hidalgo.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Por empezar por el final, un plazo exacto no le voy a dar, pero sí le digo que será un tema que se resuelva en un plazo razonablemente corto, y no tiene nada que ver con procesos
electorales en curso porque no creo que el tema de una comisión como esta genere a priori una pasión que pueda interferir en procesos electorales. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: El canon digital sí.) Lógicamente, el Gobierno no deja de
gobernar porque haya un proceso electoral, siempre hay uno u otro proceso en las proximidades, lo que pasa es que cuando hay determinados tiempos para cumplir o determinados tempus no se pueden achacar también a los procesos electorales. Son dos
cosas que no tienen que ver, y no es bueno ni siquiera transmitirlo así porque da una mala sensación en general de la cosa pública.
Sí tengo que decirle que no hemos hecho una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, pero recuerdo que una amplia modificación de la Ley de Propiedad Intelectual ha tenido el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, menos dos
grupos nacionalistas, y creo que ahí se ha incluido una buena parte de los aspectos más complicados y controvertidos que tiene la materia. Insisto, eso es en parte mérito del Gobierno, que presentó el proyecto al Parlamento, pero es también mérito
de todos lo grupos que apoyaron ese texto. Es inusual en una materia tan compleja como esta que la reforma fuese apoyada por todos los grupos políticos presentes en el Parlamento, excepto dos grupo nacionalistas, y por materia de tipo competencial,
no tanto por problemas estructurales sobre el contenido de la ley. Yo le pediría a
S.S. que su grupo mantuviese la responsabilidad que demostró en su momento respecto al conjunto y que alguna manera confíe en que sí no se ha producido determinado desarrollo reglamentario ha sido porque hay razones técnicas que así lo han
abocado. No tenemos el más mínimo interés en que haya conflictividad o litigiosidad en esta materia, pero insisto en que queremos hacerlo de una manera que por pura seguridad jurídica se blinde ante posibles recursos al orden jurisdiccional por
parte de los sectores interesado en la materia. El hecho de que exista una comisión no va a evitar la contraposición de intereses entre un sector y otro, porque al final el sector que no entienda que han sido satisfechos al cien por cien sus
planteamientos siempre va a optar por la fórmula lógica jurídica de recurso que corresponda. Pero lo que sí queremos evitar -tal vez no he sido suficientemente claro en mi exposición- es que en sí misma la regulación sea jurídicamente vulnerable.
Es evidente que va a haber recursos posteriormente, es eso lo que queremos evitar. Por último, lo único que le puedo decir a S.S. sobre alguna cuestión incidental a la que se ha referido es que haremos un enorme esfuerzo pedagógico.
- DE LA SEÑORA SÁNCHEZ GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA LA TEJERA (PALENCIA), COMO SEDE DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS, CON CARGO AL 1% CULTURAL.
(Número de expediente 181/003164.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última pregunta del orden del día, que formula la vocal del Grupo Parlamentario Popular doña Celinda Sánchez García, que creo que va ser sustituida por el señor Guerra Zunzunegui.
Por tanto, pasamos a
esta pregunta, sobra la situación actual de la obra de rehabilitación de la antigua fábrica de La Tejera (Palencia), como sede exposiciones y congresos, con cargo al 1% cultural. Señor Guerra, tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Efectivamente, sustituyo a doña Celinda Sánchez, a quien le era imposible venir por tener que atender una serie de temas en la circunscripción de Palencia.
Señor subsecretario, gracias por su comparecencia. Yo querría decirle que esto es una especie -y usted lo sabe perfectamente porque tendrá toda la documentación- de culebrón. En el año 1999 se inicia este tema por parte del Gobierno del
Partido Popular, aun siendo alcalde un socialista, pero se inicia entonces, y llegamos a estos momentos en que ha habido toda clase de disyuntivas, por lo que le llaman en Palencia la Yenka, un paso adelante y otro paso atrás. Primero iban a hacer
un convenio ayuntamiento y Gobierno central; posteriormente la intervención y financiación de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León; después, al crear ustedes el Ministerio de Vivienda, un ministerio que tiene muy pocas
competencias y por cuyo resultado es obvio que ha sido un desastre, le dieron el 1% cultural, con lo cual paso de Fomento y de la comisión interministerial correspondiente, y se ha ralentizado enormemente el 1% cultural. En los presupuestos
generales ya había una partida, posteriormente hubo declaraciones del alcalde, en las que dijo que se firmaba un convenio; después dijo que no existía tal convenio, sino que se iba a buscar otra fórmula, que cuando viniera la ministra, etcétera.
Por todo ello, señor subsecretario, queremos ya de una vez saber exactamente cuál es la situación. El proyecto se dio al arquitecto Patxi Mangado y después se rectificó, se dio a una sociedad. En fin, ha habido toda clase de pasos adelante y pasos
atrás, y por eso querríamos, señor subsecretario, que nos indicara exactamente cuál es la situación en estos momentos y cuál es el compromiso, -porque se adjudicó en el año 2005- de finalización del Palacio de Congresos de la antigua La Tejera. El
propio alcalde decía ya en octubre de 2005: Un municipio sin centro de este tipo queda fuera de la red de ciudades que quieren tener futuro y un turismo de valor añadido tanto para la ciudad como para la provincia. Fíjese usted, desde el año 1999,
estamos en 2007, y no se termina de aclarar cuándo se podrá terminar y cuándo podrá tener Palencia, mi circunscripción, este Palacio de Congresos. Quedo a la espera de su información.
La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Creo que es preciso hacer una pequeña incursión en los antecedentes de este tema para terminar comprendiendo su situación actual. El 1% cultural es una de las medidas de Fomento que se
prevé en la legislación de patrimonio histórico a partir de la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico; la Ley 16/1985 estableció una reserva presupuestaria para la intervención en el patrimonio histórico y la vinculó directamente a la cuantía
de la inversión que en su momento se produce, excluyendo, lógicamente, algunas cuestiones como las inversiones en materia de seguridad, etcétera. Eso termina produciendo una cantidad anual que se puede situar en una media de alrededor de 25
millones de euros anuales y que en los últimos ejercicios se ha incrementado, llegando en algún caso hasta casi 40 millones de euros. Pues bien, cualquier actuación que se aprobase con base en el 1% cultural y que agregada superase la cantidad a la
que ha hecho referencia no disponía, lógicamente, de reserva presupuestaria alguna. En ese sentido, como ha tenido oportunidad de decirlo la propia ministra y creo que lo ha dicho también en esta Comisión y en la Comisión de Cultura del Senado, el
director general de Bellas Artes, el número de compromisos adquiridos por el Gobierno que nos precedió rondaba los 900 millones de euros, cuando la cuantía anual disponible rondaba los 30 millones de euros. Evidentemente, este diferencial ha
impedido que se hiciera frente
a todas las cantidades que estaban comprometidas. No obstante, se ha hecho un enorme esfuerzo, incluso por el propio Ministerio de Fomento, para limpiar en la medida de lo posible aquellas actuaciones que estaban pendientes de ejecutar,
pero había algún compromiso jurídico preexistente.
Hay que decir también que el Ministerio de Vivienda no es que gestione el 1%, es que el Ministerio de Vivienda tiene entre sus competencias las relativas al patrimonio arquitectónico e interviene sobre ese patrimonio arquitectónico al margen
del 1% en la medida en que tampoco es un ministerio inversor de inversión directa que genere un 1%, pero su presupuesto sí dispone de unas cantidades que son las que está aplicando a proyectos como el que nos ocupa actualmente. Pero, insisto, no
son cantidades del 1%, son cantidades derivadas de fondos propios destinados a la conservación y al acrecentamiento del patrimonio arquitectónico. En ese sentido, y una vez puesto en marcha el nuevo marco jurídico, que entendemos que ha supuesto
una ordenación importante en la materia, se han repartido, por decirlo de alguna manera, las competencias entre los ministerios inversores, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda, insisto, como competentes en materia de patrimonio
arquitectónico. Pues bien, en esa actuación es en la que incardinaríamos el proyecto concreto que nos ocupa en este momento, porque, aunque hubo unas pequeñas cantidades invertidas en los años 2002 y 2003, el grueso de esa intervención aún quedaba
por llevar a cabo. Concretamente, durante el año 2001 se invirtieron por parte del Ministerio de Fomento 136.452 euros, y 24.400 euros en el año 2003. Pues bien, actualmente el expediente de rehabilitación de la fábrica de La Tejera en Palencia
compete al Ministerio de Vivienda, y este departamento tramita el expediente con cargo a sus presupuestos ordinarios dentro del programa Inversiones en patrimonio arquitectónico, histórico y social, que es el que recoge, por decirlo de alguna
manera, los antiguos expedientes del 1% aprobados en la anterior legislatura y que no disponían, como he dicho, de dotación económica. Esa la realidad de la situación, que no tiene ahora mismo nada que ver con el 1%, sino con una partida de
créditos presupuestarios, -porque el 1% es extrapresupuestario- que se encuentran en el Ministerio de Vivienda.
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor subsecretario, no me ha contestado. Le cuento todo el iter desde el año 1999. Hay declaraciones no solamente del alcalde sino incluso de la ministra que dicen que se había adjudicado al proyecto de don
Patxi Mangado, un arquitecto navarro, y posteriormente se vuelve atrás y se adjudica a otra sociedad. Yo le pedido por favor y en las preguntas que les hemos hecho por escrito que nos diga cuándo se va a poder terminar, porque además no ha dicho el
señor subsecretario algo que es cierto. Anteriormente, cuando el 1% dependía de Fomento, no es que dependiera la adjudicación, porque había una comisión interministerial, pero respecto al 1% de las inversiones de Fomento, cuando había un proyecto
aprobado, este tenía prioridad; es decir, podía haber peticiones por novecientos y pico millones, como no ha indicado el señor subsecretario, pero con proyecto aprobado había prioridad, y con proyecto aprobado había por lo tanto consignados los
recursos correspondientes.
Pero es que además en este caso se hicieron las gestiones pertinentes para que el 50 por ciento, ya después del Ministerio de Vivienda lo pagara el Ministerio de Vivienda y hubiera una intervención de la diputación
provincial con el 20 por ciento, el 10 del ayuntamiento y otro 20 por ciento de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, ha habido un compromiso de esfuerzo por parte de ayuntamiento, diputación, Junta de Castilla y León y no se ve en absoluto
por parte del Ministerio de Vivienda. Si fuera nada más que en este tema en donde no se le viera actuar al Ministerio de Vivienda lo podríamos pasar, pero es que esto, señor subsecretario, es intolerable, y le pido por favor que conteste a lo que
le estamos preguntando. ¿Cuál es la situación y cuándo se va a terminar el Palacio de Congresos? Le he citado antes unas frases, unas manifestaciones del alcalde, que además es presidente socialista de la Asamblea de Municipios y Provincias de
toda España, respecto a que esto ya no va con cargo con al 1%, sino que va a una partida de créditos del Ministerio de Vivienda. Bueno, pues por un lado o por otro contéstenos por favor -si no, se lo tendremos que preguntar al Ministerio de
Vivienda, porque nos están peloteando-, cuáles son las fases de la obra, cuándo se va a poder terminar, y cuándo va poder ir su ministra, o un ministro nuestro seguramente en el año 2008, a inaugurar el Palacio de Congresos y Exposiciones. Pero
contéstenos, porque hasta ahora no lo han hecho a pesar de las múltiples preguntas que ha hecho doña Celinda Sánchez y que tengo aquí pero que no voy a leer porque me llamaría la atención la presidenta con toda la razón (La señora Presidenta: No lo
dude.), aunque vamos bien de tiempo y por lo tanto podríamos hacerlo. En fin, aquí están todas las contestaciones que se han ido dando y no concretamos. Concrete usted por favor, señor subsecretario, porque si usted entiende que esta pregunta no
era para Cultura, con haber dicho en la reunión de la Mesa de la Comisión que esto se lo preguntemos a Vivienda, lo hubiésemos preguntado a Vivienda. Pero el Gobierno ha contestado en junio: El Ayuntamiento de Palencia se encuentra tramitando el
correspondiente documento específico oportuno con la Junta y la Diputación Provincial....
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, yo creo que está claro el sentido de que lo que usted quiere, deje, por favor, contestar al señor secretario, si ha terminado ya.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Presidenta, por supuesto, pero se ha dicho antes que vamos muy bien de
tiempo y yo no he consumido los diez minutos de la pregunta.
La señora PRESIDENTA: Tiene cinco ahora.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pero antes no he consumido los diez minutos.
La señora PRESIDENTA: Pero ha podido hacerlo.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Por lo tanto, estoy dando una serie de argumentos y estoy leyendo...
La señora PRESIDENTA: Señoría, yo lo que creo es que no tiene demasiado sentido que si tiene diez minutos de tiempo en la primera parte de su pregunta no explique entonces todas las motivaciones que tiene ahora. La réplica es para hacer
alguna aclaración y no para que utilice toda la batería que no ha querido utilizar en el primer turno.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora presidenta, llevo muchos años, casi 30, en el Parlamento.
La señora PRESIDENTA: Señoría, quien dirige en estos momentos el debate soy yo, y le rogaría por tanto que no enmiende la plana, porque no tiene sentido lo que está diciendo. Toda la aclaración que usted quería hacer la ha podido efectuar
en los diez minutos que tenía y si no ha consumido su tiempo, es su problema. Ahora tenemos un turno de réplica, que es de cinco minutos, y yo le ruego que no vuelva a reincidir en todo lo que ha dicho, y además argumentar lo que no ha querido
decir en la primera parte. No tiene sentido porque la réplica es precisamente para aclarar algún supuesto muy puntual, por eso hay cinco minutos de tiempo y no diez. Señoría, puede ir concluyendo por favor, y termine usted de hablar.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No estoy de acuerdo, pero acepto por supuesto.
En mis 30 años parlamentariamente no se me ha llamado la atención; se me indicado que fuera terminando por el tiempo, pero no porque en la segunda parte diera una
serie de argumentos a la vista de las manifestaciones que ha hecho el señor subsecretario. Yo estaba esperando las manifestaciones.
La señora PRESIDENTA: Señoría, lo que le estaba diciendo es que le urgía a terminar; era eso exactamente. Usted lleva aquí 30 años; yo he sido con S.S. portavoz, hemos sido conjuntamente portavoces, y tanto a usted como a mí el
presidente nos ha llamado la atención cuando nos estábamos alargando. O sea, que no diga usted que en 30 años no le ha llamado ningún presidente al orden, porque yo he sido testigo de que ha sido así.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: No sobre el contenido.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Al orden se llama por otras cosas; se dice vaya terminando, o le ruego a S.S. que termine por que el tiempo concluye; eso sí, pero no sobre los argumentos. De todas maneras, señora presidenta, lo respeto.
Señor subsecretario, doy por finalizado mi intervención; le está protegiendo la señora presidenta, y le ruego conteste concretamente.
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, yo no le he llamado la atención por los argumentos que usted estaba utilizando, no lo he hecho.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Sí lo ha hecho.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sí, lo ha hecho; en la segunda parte sí.
La señora PRESIDENTA: No lo he hecho en ningún momento. Le he dicho que usted estaba reiterando unos argumentos que ya habia dicho y, por tanto, le urgía a que fuera concluyendo, no porque usted no pueda decir lo que estime, sino porque
está reiterando unos argumentos que ya ha dado.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Sigue en su derecho.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Yo puedo reitera los argumentos que quiera.
La señora PRESIDENTA: Si está fuera de tiempo no.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: La presidenta lo único que me puede decir es, concluya que su tiempo ha finalizado.
La señora PRESIDENTA: Y como usted estaba fuera de tiempo, lo que le decía es que por favor no reiterara argumentos que ya había dado porque estaba fuera de tiempo, no porque usted no pueda decir lo que estime. Por supuesto pueden decir, y
así lo han hecho, lo que ustedes deseen y esta presidenta en ningún momento ha entrado sobre el contenido. Únicamente le he dicho que se estaba alargando extraordinariamente y que estaba reiterando argumentos que ya había dado. Eso es lo que he
dicho, señoría, y en atención a la verdad, y ahí está el 'Diario de Sesiones' esto ha sido exactamente así.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Lo veremos en el 'Diario de Sesiones'.
La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Muy brevemente. Su señoría pregunta sobre un procedimiento determinado, un expediente determinado y el uno por ciento Este subsecretario le contesta que no está incluido en el uno por
ciento, o sea, que no está previsto que se aborde presupuestariamente con cargo a dicho porcentaje. Hasta ahí puede contestarle este subsecretario. Le añade que ese expediente está dentro de las actuaciones del Ministerio de Vivienda, que con
cargo a sus créditos ordinarios tiene previsto intervenir sobre la base de sus competencias en patrimonio arquitectónico. Lo que no puede pedirme S.S.
es yo le anticipe una respuesta que le corresponde al Ministerio de Vivienda. Usted me ha
preguntado qué ocurre con este expediente y el uno por ciento ya se lo he contestado, este expediente no está en ese porcentaje. Le añado, este expediente se encuentra en otro ministerio.
Por lo que no puede pedir S.S. que yo le conteste dándole
fechas o contenidos técnicos de una materia en la que no soy competente; yo creo que no es difícil que planteen la cuestión por la vía oral o escrita al Ministerio de Vivienda, y ellos sí les contestarán con más precisión. Yo me he limitado a
explicar que estuvo en su momento en el uno por ciento a explicar en que situación se encontraba ese uno por ciento, y que actualmente es de los expedientes que se han transferido a otros ministerios. No puedo contestar más. Lo siento.
La señora PRESIDENTA: Se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.