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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 814, de 24/04/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 814
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN
Sesión núm. 59
celebrada el martes, 24 de abril de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
Del señor Nasarre Goicoechea (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre destino de fondos FEDER en las áreas de biomedicina y biología a un centro que no se ha creado. (Número de expediente 181/001099.)...
- Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre objetivo del Plan ADO Paralímpico, anunciado recientemente por el Gobierno. (Número de expediente 181/001680.)... (Página 4)
- Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre actuaciones contempladas por el Ministerio de Educación y Ciencia para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la enseñanza superior. (Número de
expediente 181/001699.)... (Página 5)
De la señora Camarero Benítez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en el marco del nuevo curso escolar.
(Número de expediente 181/001421.)... (Página 6)
- De la señora Porteiro García (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre objeto del proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia, conocido como 'Ciudad del Mar' con sede en Vigo. (Número de expediente 181/002497.)...
- Del señor Nasarre Goicoechea (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre motivos de la suspensión del diálogo entre la Ministra de Educación y Ciencia y el Foro de Atención Educativa a las Personas con Discapacidad. (Número de
expediente 181/000440.)... (Página 11)
- De la señora Velasco Morillo (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre actuaciones de la Ministra de Educación y Ciencia ante la situación de los técnicos sanitarios de nuestro país. (Número de expediente 181/001401.)...
- Del señor Tomás García (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre contribución de la función de la orientación escolar, psicopedagógica y profesional en la mejora de la eficacia de las medidas contempladas en el proceso de
reforma de nuestro sistema educativo.
(Número de expediente 181/001642.)... (Página 15)
- Del señor Tomás García (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre papel que debe desempeñar la inspección educativa en el proceso de consecución de una mejora de la calidad en igualdad del sistema educativo. (Número de
expediente 181/001651.)... (Página 17)
- Del señor Gutiérrez Molina (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre directiva europea en materia de educación que impida la continuación de la carrera de Gestión y Administración Pública en el Campus Universitario de Melilla.
(Número de expediente 181/001950.)...
(Página 18)
- Del señor Gutiérrez Molina (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre causa por la que el Gobierno piensa suprimir la enseñanza de la carrera de Gestión y Administración en el Campus Universitario de Melilla. (Número de
expediente 181/001951.)... (Página 18)
- Del señor Nasarre Goicoechea (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre grado de ejecución del Capítulo 8 en los programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). (Número de expediente 181/002016.)...
- Del señor Nasarre Goicoechea (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre situación en que se encuentra el futuro modelo de financiación universitaria al que se comprometió el Ministerio de Educación y Ciencia al comienzo de la
legislatura. (Número de expediente 181/002516.)... (Página 22)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Educación y Ciencia, para abordar el orden del día que SS.SS. conocen y que no es otro que el de control al Gobierno mediante la contestación de trece preguntas.
Tal como quedamos en una pasada Comisión de Educación en la que se sustanciaron diferentes proposiciones no de ley, a instancias de la representante del Grupo Parlamentario Popular, en aquella ocasión la señora Sainz, se trasladó a la Mesa
la lectura de un documento en gallego que, tal y como pidió la Presidencia, ha sido traducido por los servicios competentes de las Cortes. Por ello, y con carácter previo al orden del día, por continuar con aquella cuestión, vamos a proceder a dar
lectura del documento que en su momento la señora Sainz hizo llegar a la Mesa.
Una vez leído este documento por parte de la secretaria de la Comisión, pasaremos a abordar los diferentes puntos del orden del día si les place a sus señorías.
La señora SECRETARIA: Junta de Galicia, Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Delegación Provincial de A Coruña, Servicio Provincial de Inspección.
El 16 de mayo de 2006 este inspector de educación realizó en el IES Saturnino Montojo una Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa de normalización lingüística en el curso académico 2005-2006, evaluación en la que fueron
detectados diversos incumplimientos que fueron comunicados a la dirección del IES por escrito el día 18 de ese mismo mes.
En este escrito que se cita se dice 'En relación con las programaciones didácticas y las actas de los departamentos de las diferentes materias, sea de la materia que sea, se redactarán en gallego.' Se repartió copia del escrito a todos los
departamentos del IES, incluido el de Lengua española y Literatura al que usted pertenece.
Según consta en la certificación expedida el día 25 del presente mes por la secretaria del IES, doña Mª Nieves Aguilera Navarro, a petición de este inspector de educación, en los claustros de profesores del IES celebrados en las fechas 25 de
enero de 2006, 30 de junio de 2006, 11 de septiembre de 2006 y 18 de octubre de 2006 se trató, y así consta en el libro de actas, la obligatoriedad de que las programaciones didácticas de todos los departamentos del IES estén redactadas en lengua
gallega. Más concretamente, el acta del último claustro citado dice que todas las programaciones están ya en gallego a excepción de la Lengua española.
El 25 de octubre de 2006 este inspector de educación revisó las programaciones didácticas elaboradas por los distintos departamentos del IES para este curso 2006-2007 y detectó que la programación del departamento de Lengua española y
Literatura no está redactada en lengua gallega.
La elaboración de la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el departamento es competencia de los profesores que lo componen, bajo la coordinación y dirección de su jefe o jefa
de departamento, de acuerdo con el contenido del apartado c) del artículo 73 del Reglamento Orgánico de los IES aprobado por el Decreto 324/1996, de 26 de julio (DOG del 9 de agosto).
Este inspector, teniendo en cuenta que ha sido usted suficientemente informado y requerido, ya sea de forma verbal o escrita, y que el pasado miércoles 25 de octubre se mantuvo una reunión en las dependencias del IES afectado con todos los
miembros del departamento de Lengua española y Literatura, en la que se trató y recordó su obligatoriedad, considera que el hecho de no redactar en lengua gallega la programación didáctica de las enseñanzas de la materia de Lengua española y
Literatura para el presente curso 2006-2007 puede ser tipificado como falta disciplinaria de las contenidas en el capítulo II del Decreto 94/1991, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Disciplinario de los funcionarios de la
administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por lo tanto, por medio del presente escrito:
Se le requiere para que en el plazo improrrogable de siete días contados desde la recepción del presente escrito entregue a la jefa de estudios del IES la citada programación didáctica en lengua gallega.
Firmado Félix Perujo de Llano, el inspector de Educación.
El señor PRESIDENTE: Si algún grupo parlamentario desea tener copia del documento en castellano lo solicita a la Mesa.
Concluido este trámite con carácter previo pasamos al orden del día. La primera intervención la tendrá el señor Heredia para la pregunta número 7 respecto al plan ADO, a continuación pasaremos a la pregunta número 8, seguidamente irá la
pregunta número 4, que formulará la señora Sainz; dado que está la señora Porteiro, después se formulará la pregunta número 12, y seguiremos ya con el orden del día en los términos previstos. Por el tiempo que SS.SS. conocen que suele ser el
habitual en las comisiones para formular preguntas, repreguntas y contestaciones del Gobierno, en torno a los 10 minutos ambas intervenciones, y para concluir el orden del día en una hora prudencial, les ruego se administren SS.SS. con prudencia.
Para contestar a las preguntas contamos esta mañana con la presencia de don Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y Ciencia, a quien damos la bienvenida. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra).
Señor Nasarre, tiene la palabra.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Por una cuestión de orden, después de agradecer que se haya dado lectura al documento. Simplemente queríamos retirar la pregunta número 2, porque dado el transcurso del tiempo ya no tiene sentido. Solicitamos
asimismo la acumulación en una misma pregunta de las números 9 y 10 al tener el mismo objeto y rogamos se admita que la pregunta número 4, presentada por la diputada Susana Camarero Benitez, sea formulada por la diputada de esta Comisión doña María
Jesús Sainz.
Asimismo, le rogaría, señor presidente, una pequeña alteración del orden del día, para que después de la primera pregunta que va a formular el señor Heredia, como la diputada señora Sainz tiene que acudir a la reunión de la Mesa, su
pregunta podría tratarse en segundo lugar, si estima su solicitud.
El señor PRESIDENTE: El señor Benzal me comunica que también la señora Porteiro. Buscaremos, por lo tanto, el encaje oportuno en razón de la disponibilidad de los señores y señoras diputados.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR NASARRE GOICOECHEA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE DESTINO DE FONDOS FEDER EN LAS ÁREAS DE BIOMEDICINA Y BIOLOGÍA A UN CENTRO QUE NO SE HA CREADO. (Número de expediente 181/001099.)
El señor PRESIDENTE: Tal como ha anunciado el señor Nasarre, la pregunta número 2 queda retirada.
DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE OBJETIVO DEL PLAN ADO PARALÍMPICO, ANUNCIADO RECIENTEMENTE POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 181/001680).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Comienzo mi intervención diciendo que los socialistas consideramos una prioridad garantizar el derecho del acceso de las personas con discapacidad a la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda y
a la cultura, pero también al ocio y al deporte, removiendo los obstáculos que lo impiden o dificultan. En este sentido, nos parece necesario impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en los colectivos con discapacidad física,
psíquica o sensorial, promoviendo la eliminación de obstáculos arquitectónicos u urbanísticos en las instalaciones deportivas, para facilitar el acceso libre a las personas mayores con alguna discapacidad. En este sentido, presentamos hace pocas
semanas una proposición no de ley en esta Cámara, por la que instamos al Gobierno a fomentar específicamente el deporte entre las personas con discapacidad en nuestro país, iniciativa esta que fue aprobada por unanimidad.
La falta de actividad física es un problema añadido para las personas que tienen cierta discapacidad y es generadora de enfermedades, pero hay una serie de beneficios de tipo psicológico a tener muy en cuenta y que el deporte adaptado
representa en el desarrollo personal y social del individuo que lo practica. Toda persona con alguna disminución de su capacidad, deberá enfrentarse a una sociedad construida sobre parámetros normales, siendo muchas las barreras que diariamente las
personas con discapacidad deben sortear. El deporte ayudará a abstraerse por momentos de los inconvenientes que esas barreras acarrean y además fortalecerá su psique, su actividad, su emotividad, su control, percepción y condición, y no lo digo yo,
lo dicen quienes mejor conocen este ámbito. Se busca establecer objetivos y alcanzar otros para poder superarse día a día y, a partir de ellos, proyectar otro objetivo buscando un reajuste permanente en estas personas; es lo que se llama la
autosuperación.
De la mano de los beneficios psicológicos del deporte adaptado, aparecen los beneficios sociales. Entender que todas las personas pueden practicar deportes y recibir este servicio como un bien social más, en un principio fundamental de la
inserción social, y por ende de primer paso hacia la integración. Esto es algo que ha entendido este Gobierno y buena muestra de ello lo constituyen las actuaciones dirigidas a fomentar que los ciudadanos con discapacidad practiquen algún tipo de
modalidad deportiva, porque eso repercutirá beneficiosamente como he dicho antes, en su organismo. De hecho, esta línea de actuación está contemplada en el Plan de acción de mujeres con discapacidad, que aprobó este Gobierno el pasado 1 de
diciembre, y se incorporará también en el futuro Tercer plan de personas con discapacidad.
La medida más importante en materia de deporte y discapacidad impulsada por este Gobierno lo constituye el nacimiento del Plan ADO. En septiembre de 2005, y por primera vez en la historia del deporte paralímpico español, nació este plan
para que los deportistas puedan desarrollar la práctica deportiva en las mejores condiciones. En este sentido, le pregunto señor subsecretario: ¿Cuál es el objetivo del Plan ADO Paralímpico y qué actuaciones se han llevado a cabo desde su puesta
en marcha?
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor Gurrea.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Señor presidente, señorías, comparezco con gusto y agrado una vez más ante esta Comisión del Congreso de los Diputados en esta hermosa mañana primaveral que nos brinda la
Villa y Corte, tras la celebración de San Jorge en gran parte de nuestro territorio nacional y la exaltación del libro como vehículo de cultura e instrucción.
Quisiera decirle, señor diputado, que compartimos los objetivos que usted ha descrito en relación con los objetivos y el motivo de la creación del Plan ADO Paralímpico llevado a cabo por el Consejo Superior de Deportes.
Este plan, señoría,
se puso en marcha como respuesta a las peticiones de los propios deportistas desde el Consejo Superior de Deportes, en completa coordinación con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Paralímpico Español. Se logró que una serie de
empresas entraran a formar parte de este Plan ADO, que comenzó su funcionamiento -como usted ha descrito en su pregunta- en el mes de septiembre de 2005 y finalizará en septiembre de 2008, tras la celebración de los Juegos Paralímpicos de Pekín.
Quiero destacarles que por primera vez en la historia del deporte paralímpico español, el 27 de junio de 2005, con el nacimiento de este plan de apoyo al deporte objetivo paralímpico, firmado en el Palacio de la Moncloa, en presencia del presidente
del Gobierno, se dio un claro mensaje de apoyo de todos a este colectivo. La finalidad del plan es facilitar los medios humanos y materiales necesarios, es decir, becas a deportistas y entrenadores, material deportivo, asistencia a competiciones
internacionales, etcétera, para que los deportistas paralímpicos españoles puedan desarrollar la práctica deportiva en las mejores condiciones. Mediante este plan, arrancado y puesto en marcha, los patrocinadores del mismo destinan una serie de
cuantías económicas durantes los cuatro años del ciclo paralímpico, que se gestionarán con el único objetivo de conseguir un mayor éxito del deporte español de personas con discapacidad, teniendo hasta el momento un presupuesto total de 8,9 millones
de euros, es decir, casi 9 millones,
señoría, previéndose la incorporación de nuevas empresas.
Quisiera indicarle, en contestación a su pregunta, que las instituciones y las empresas hasta ahora asociadas al plan son el propio Consejo Superior de Deportes, la secretaria de Estado para Servicios Sociales, Familia y Discapacidad,
Telefónica, Fundación ONCE, El Corte Inglés, Grupo Leche Pascual, Fundación ACS, Obra Social de Caja Madrid, Iberdrola, Pfizer, Sanitas y RTVE, que colabora como vehículo de difusión.
Para diseñar este plan, por el que S.S. pregunta, y detectar dónde se tenía que actuar con prioridad, se realizaron por parte del Consejo Superior de Deportes más de 300 encuestas y distintas reuniones con deportistas, técnicos y
responsables de federaciones territoriales y españolas de deportes de discapacitados, que dieron como resultado una serie de conclusiones que fueron la raíz de la redacción y aprobación del Plan ADO. El Plan ADO ofrece ayudas a los deportistas
españoles que por su preparación están en condiciones de conseguir buenos resultados en las citas paralímpicas, así como prestigio y proyección internacional para el deporte español; también a sus entrenadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos
y técnicos, cuyo concurso resulta imprescindible para una adecuada preparación integral de los deportistas paralímpicos.
En 2006, más de 400 beneficiarios entre deportistas, técnicos y personal de apoyo han percibido ya becas y ayudas previstas en este plan, con vistas a conseguir el mejor resultado posible en los Juegos Paralímpicos de Pekín. Los principales
tipos de ayudas de este plan por el que usted pregunta son las becas de tecnificación deportiva que reciben los propios deportistas para mejorar su dedicación al entrenamiento; las ayudas a los entrenadores y técnicos; las ayudas económicas para
el personal de apoyo, imprescindible en el caso de deportistas con grandes discapacidades, como los paralíticos cerebrales, que practican boccia -adaptación de la petanca, como ustedes bien conocen- o los ciegos que necesitan un guía para el ski, el
atletismo o el ciclismo. Estas ayudas también van destinadas a la compra de material deportivo específico, a las ayudas de tecnificación deportiva, concentraciones, viajes, competiciones internacionales, ingreso en centros de alto rendimiento,
etcétera.
Espero con esto haber satisfecho la demanda de su objetivo con relación a la puesta en marcha de este plan original en nuestro país sobre el deporte paralímpico.
El señor PRESIDENTE: Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, solamente queda felicitar a este Gobierno por la puesta en marcha de este plan tan importante para impulsar el deporte de élite en personas con discapacidad, algo que nunca contempló durante ocho
años el anterior Gobierno del Partido Popular.
- DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES CONTEMPLADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA ENSEÑANZA SUPERIOR. (Número de
expediente 181/001699.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, también del diputado señor Heredia, respecto a las actuaciones contempladas por el ministerio para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la enseñanza superior. Para
formular la pregunta tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: En nuestro país hay 3,5 millones de personas con discapacidad, lo que representa un 9 por ciento de la población. Hay que incidir en que una sociedad no es del todo justa si todos sus ciudadanos no gozan de las
mismas oportunidades de participar en la vida social, laboral, económica y cultural, y esta es una premisa que este Gobierno ha elevado a prioridad en la puesta en práctica de sus políticas sociales.
Uno de los factores que tradicionalmente ha
tenido una mayor influencia en la exclusión social de las personas con discapacidad ha sido, y es, su bajo grado de acceso a la educación y a la formación, sobre todo a los niveles superiores del sistema educativo. A este respecto las estadísticas
son reveladoras. La diferencia de acceso a los estudios universitarios entre las personas con discapacidad de la población sin discapacidad es abismal, menos del 1 por ciento de los universitarios son estudiantes con discapacidad. Ayer mismo
conocía otro dato en el que se señala que solo el 2 por ciento de las personas con discapacidad acceden a la universidad. Quede claro, por tanto, que desgraciadamente la discapacidad está ampliamente infrarepresentada en la universidad, con todo lo
que ello implica de menores oportunidades personales y sociales a la hora, por ejemplo, de acceder a empleos de calidad con niveles retributivos dignos, estables y con opciones de promoción.
Este Gobierno ha impulsado importantes medidas para facilitar el acceso a la universidad de las personas con discapacidad; así, en octubre de 2005, se firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Universidad de
Salamanca y la Fundación Grupo Norte, para instrumentar su participación en aquellas materias relacionadas con la mejora del acceso y participación de los estudiantes con discapacidad a la universidad española. Este convenio ha servido para
desarrollar el Plan de asesoramiento sobre la discapacidad y universidad, que pretende ser una fuente de información y asesoramiento especializado sobre cualquier aspecto relacionado con el acceso y la estancia de estudiantes u otras personas con
discapacidad en las universidades españolas. Nos consta que el Ministerio de Educación y Ciencia ha adoptado también importantes
medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la educación. Así, a través de la Secretaria General de Educación, y junto con el Cermi, se ha elaborado una guía de recursos para alumnos con discapacidad, que pretende
ofrecer a todas las personas y familias interesadas el catálogo de recursos existente en materia de educación y empleo para alumnado con alguna discapacidad.
Cabe destacar que el Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha aplaudido la nueva regulación de la formación profesional en el sistema educativo español. El decreto que establece la ordenación general de la
formación profesional, aprobado el pasado 15 de diciembre, reconoce entre otros aspectos la adaptación de las pruebas de evaluación y de los currículum a las necesidades de las personas con discapacidad. Así, el texto señala que los procesos de
evaluación se adecuaran a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. Por otra parte, el texto alude a la accesibilidad física y de
comunicación en los centros, así como al establecimiento de un porcentaje de plazas reservadas en la enseñanza de formación profesional para alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al 5 por ciento de la oferta de plazas.
Quisiera también citar la reforma del proyecto de Ley Orgánica de Universidades, donde también se refuerzan notablemente los derechos de las personas con discapacidad en su proceso de inclusión en la enseñanza superior, que ha sido valorada
positivamente por el sector de la discapacidad. En este contexto le pregunto: ¿Qué actuaciones contempladas por el Ministerio de Educación y Cultura se han impulsado para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la enseñanza superior
durante la presente legislatura?
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor Gurrea.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Señoría, bien conoce usted la sensibilidad del Gobierno con relación a esta materia de política social y especialmente a todas las políticas activas para garantizar la
igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Sabe S.S. que la reciente modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, contempla distintas e importantes medidas de política activa para garantizar esa
igualdad de oportunidades donde se ha querido establecer un importante impulso en relación a esa materia. La nueva ley, la reforma de la Ley Universitaria, establece que las políticas de becas, de ayudas, de créditos a los estudiantes que
instrumenten el Estado, las comunidades autónomas y las propias universidades deberán prestar especial atención, entre otros colectivos, a las personas con discapacidad, garantizando así su acceso y su permanencia a los estudios universitarios con
el fin de intentar corregir las cifras que S.S. daba al inicio de su intervención, consiguiendo un aumento de la integración de estas personas en el acceso a los estudios universitarios y la culminación de los mismos. También, de acuerdo con lo
citado en el propio texto legal, en la propia reforma de la Ley Orgánica de Universidades, las universidades van a promover acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o
particulares asociadas a la discapacidad, dispongan de los medios, de los apoyos, de los recursos, que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria, y que de esta forma
puedan corregir esa discapacidad, colocándose en situaciones de verdadera igualdad de oportunidades.
Por último, y con el fin de que estas personas puedan recibir las ayudas personalizadas y las adaptaciones necesarias en el régimen docente, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades contempla, como bien conoce S.S., el desarrollo de
programas específicos de ayuda por parte de las administraciones públicas competentes en esta materia, en coordinación con las respectivas universidades.
- DE LA SEÑORA CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EN EL MARCO DEL NUEVO CURSO
ESCOLAR. (Número de expediente 181/001421.)
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto, pasamos a la siguiente pregunta, que formulará la señora Sainz, en sustitución de la señora Camarero, respecto a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la
violencia de género, en el marco del nuevo curso escolar. Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Quiero antes de nada, unirme también al agradecimiento que ya ha hecho en nombre del Grupo Popular el señor Nasarre, por la lectura de ese documento que yo había solicitado en la anterior Comisión.
Pasando ya a la pregunta, señor subsecretario, como todos ustedes muy saben, el progreso y el desarrollo de un país dependerá fundamentalmente de la educación que se tenga, de que se ofrezca a los ciudadanos una buena formación. Solo una
educación responsable, una educación en los valores de respeto y de igualdad, permitirá superar una de las mayores lacras, la violencia de género. Por ello le pregunto, señor subsecretario: ¿Qué medidas se han tomado desde el Ministerio de
Educación para la aplicación y desarrollo de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de
género? Le ruego una referencia especial a ese comienzo de curso que tenemos ya muy próximo.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor Gurrea.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN (Gurrea Casamayor): Como usted bien conoce, el Gobierno comparte plenamente la exposición del objetivo que usted acaba de mencionar en relación con este grave hecho que supone la violencia de género. Sin
duda, desde el mundo educativo debemos dar una respuesta cumplida y tomar medidas para evitar que acontezca y poder erradicar estas conductas odiosas en nuestra sociedad.
Respondiendo a lo que S.S. planteaba como una estrategia más para reflexionar y contribuir al debate sobre la forma de poner fin a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, el Ministerio de Educación y Ciencia a través de
algunos de sus organismos especializados, especialmente el CIDE, ha publicado en el año 2006 la primera convocatoria de los premios Irene, La paz empieza en casa, así tiene por título. El objetivo de esa iniciativa es contribuir desde el sistema
educativo a la erradicación de la violencia de género y a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; ayudar, estimular, fomentar estos valores. La convocatoria del premio que le indico, señoría, valora fundamentalmente
aquellas experiencias, acciones, materiales curriculares, propuestas pedagógicas y trabajos innovadores que contribuyan a prevenir y erradicar las conductas violentas y a promover la igualdad y la cultura de la paz, procurando el desarrollo de
estrategias de convivencia igualitaria entre hombres y mujeres. Asimismo, se tiene en cuenta el grado de aplicabilidad y puesta en práctica, el carácter innovador, la capacidad de integrar la lucha contra el sexismo y la violencia y de producir
cambios cognitivos, afectivos y conductuales.
Se evalúa también el grado de idoneidad de los trabajos presentados, en aquellos que participan, para lograr la superación de la denominada invisibilidad de las mujeres, y si contribuyen a la
adquisición de habilidades para resolver conflictos de forma pacífica y para comprender y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En esta convocatoria pueden participar profesoras, profesores, profesionales de la educación, que realicen su práctica docente en centros educativos sostenidos con fondos públicos. Además, en colaboración con el Instituto de la Mujer, con
la Organización Sindical FETE-UGT, también se han editado unos cuadernos de educación en valores, entre los cuales se encuentran dos números dedicados a la prevención de la violencia desde la infancia. El cuadernillo titulado Nosotras creamos mundo
pretende recordar las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia y su participación a favor de la paz, las relaciones y el respeto a la naturaleza. Vivir en paz, aprender a resolver los conflictos de forma no violenta, que es el segundo,
aborda específicamente el tema de la violencia.
Por otra parte, como muy bien conoce S.S., en 2005, se publicó el trabajo Créeme/Páralo: guía de las sugerencias para apoyar a menores que han sufrido abuso sexual. Se trata de un material dirigido a personas adultas, en este caso madres,
padres, profesorado, cuidadores y educadoras que ha contado con la participación del ministerio a través del CIDE, el Instituto de la Mujer y la Fundación Mujeres. Este trabajo constituye un punto de partida para el debate y ofrece pautas para
abordar el tema con víctimas de agresiones y abusos sexuales.
También cabe mencionar los trabajos de investigación elaborados y publicados en los últimos años, dentro de la colección Mujeres en la Educación, de los que hasta el momento se han publicado, como bien conoce S.S., ocho investigaciones y
otras siete están en curso o a punto de editarse. Se abordan, entre otros temas, el análisis y prevención de la violencia contra las mujeres en y desde la escuela. En el año 2004, al inicio de la legislatura, se publicó dentro de esta colección La
diferencia sexual en el análisis de los videojuegos, sobre el que le llamo la atención a S.S., coordinado por Díaz Gutiérrez, de la Universidad de León. Este trabajo de investigación surgió de la preocupación institucional ante el contenido de
alguno de los videojuegos por todos nosotros conocidos, con un alto índice de audiencia juvenil en cuanto a consumo y venta, junto a la inquietud por los valores implícitos y explícitos que podían estar trasmitiendo. El equipo de investigación,
coordinado por este destacado profesor, parte de la siguiente pregunta: La permanencia de estereotipos sexistas en nuestra sociedad está siendo alentada y potenciada por los modelos que reproducen determinados videojuegos cada vez más utilizados
por la juventud? Se hizo un análisis del envoltorio externo de estos instrumentos, cada vez más difundidos, y también del contenido de los mismos, su dinámica, su desarrollo y las posibilidades que ofrecen, así como la reacción de los chicos y
chicas ante ellos. En el trabajo científico se llega a la conclusión de que la mayoría de los videojuegos comerciales estudiados, lamentablemente, tienden a perpetuar y extender una cultura sexista que refuerza el modelo masculino tradicional, o
malamente llamado tradicional, ligado a la agresividad, al desprecio de los sentimientos, al riesgo desmedido, a la competitividad y al ejercicio de la violencia.
Al objeto de crear una herramienta práctica para atender este, a nuestro juicio, importante problema para el profesorado interesado en trabajar el tema en el aula y como complemento de la investigación, se publicó en la misma colección y en
ese mismo año Investigación desde la práctica: guía didáctica para el análisis de los juegos, cuya finalidad es ofrecer una serie de actividades en torno al análisis de los videojuegos que puedan ser incorporadas al currículo de aula en las
diferentes áreas, tanto en primaria como en secundaria. En esa misma línea, y por concluir, se apunta el siguiente estudio:
Orientación educativa y prevención de la violencia. La diferencia sexual en la resolución de los conflictos, elaborado por Montoya, Salguero y Seva, cuyo objetivo es ofrecer una panorámica general de la incidencia que los servicios de
orientación educativa pueden tener en la prevención de la violencia teniendo en cuenta la diferencia sexual. Por último, los dos siguientes números -aún por editar- publicarán investigaciones relacionadas con la construcción de identidades
masculinas, niños y jóvenes de hoy y las revistas juveniles en la socialización de la sexualidad y la diferencia de género.
El señor PRESIDENTE: La señora Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCÍA: Señor subsecretario, su respuesta me ha dejado muy preocupada, no porque no valore las actividades que se han relacionado, las publicaciones que se hacen, los estudios precisos y que era una trayectoria y algo que se
venía con más o menos regularidad o éxito realizando desde hace tiempo. Sin embargo, yo le estaba hablando de la aplicación práctica y de las medidas tomadas en relación con su ministerio sobre las previsiones contempladas en la ley contra la
violencia de género. Esta Cámara aprobó con nuestro apoyo dicha ley, que lleva más de dos años en vigor y lamentablemente, como ustedes tienen que conocer y como hace poco en una interpelación nuestro grupo puso de relieve, porcentualmente cada vez
hay menos incremento de denuncias y más muertes, desgraciadamente más de veinte, la última este fin de semana; en definitiva, una tragedia. Es por tanto tiempo para hacer una valoración de esta ley, de sus resultados, de los fallos, de lo que se
está haciendo en todos los ámbitos y el terreno educativo es básico. Estamos ante un tema social, un tema de educación, de cambio de culturas y mentalidades que resulta importante articular adecuadamente. Por ello es fácil entender que si la ley
integral establece medidas cuya finalidad es prevenir desde el sistema educativo, demos claramente respuesta, articulemos los mejores instrumentos para alcanzarlo.
Nos encontramos, señorías, con que las medidas recogidas en la ley integral relativas a la educación no se han desarrollado. Usted lo ha demostrado hoy aquí, no ha hecho ninguna referencia a ello. No sé si luego me dirá algo, pero no se
han puesto los mecanismos precisos ni se han articulado las medidas adecuadas. El compromiso con la igualdad, con las mujeres víctimas de la violencia, no puede quedar en una promulgación de una ley como hasta la fecha ha hecho el Gobierno. El
otro día en una interpelación del Grupo Popular sobre esta cuestión el señor Caldera no citó ni una medida en el área educativa, demostrando que para ustedes no es prioritario cuando para nuestro grupo, en cambio, es básico y fundamental. La verdad
es que a nuestro grupo ya le sorprendió que en el anteproyecto de ley de educación el ministerio no se hubieran incorporado los objetivos y preceptos que la Ley contra la Violencia de Género le encomendaba. Recuerden que este extremo tuvo que
denunciarlo el Consejo Escolar del Estado y que nuestro grupo incorporó enmiendas. El Ministerio de Educación no se tomó desde sus orígenes este tema con la sensibilidad que la gravedad y el alcance social requieren, y usted hoy aquí lo ha
demostrado. No aparecían ni siquiera recogidos los principios de la ley; tan en serio se tomaba el Ministerio de Educación la cuestión que se habían olvidado de incorporar los principios de la ley, señorías. Ahora, aprobada la ley, transcurridos
dos años de la Ley contra la Violencia de Género, todo sigue igual, nada se ha avanzado; no se cumple la ley. Si bien es cierto -nuestro grupo lo sabe, y yo de una manera particular porque estoy vinculada al mundo profesional de la educación-, que
las comunidades tienen competencias en educación, no es menos cierto que hablamos de una ley que debe ser cumplida; además el ministerio también tiene territorio MEC -aunque sea poco, pero todavía alguno- y la educación en el exterior. Sobre todo
no se puede nunca decir, como sucedió hace poco en una respuesta de la secretaria para la Igualdad, doña Soledad Murillo, que ahora ustedes no tienen competencias. Cuando se hace una ley y se imponen unos principios es para que se cumplan; es una
normativa obligatoria, y si no se cumplen existen mecanismos, entre otros la inspección educativa. Ustedes tienen un margen claro para aplicarla.
Entre otras cosas yo le quiero preguntar: ¿han incorporado el Plan de actuación de la inspección los
objetivos de esta ley? Me temo que no. En el Plan de inspección del trabajo no se contempla, no le dan importancia, pero figuraba en la ley. Sigo interrogando: ¿Han aplicado las medidas relativas al Consejo Escolar, que también estaba en la ley?
¿Están actuando los miembros de los consejos escolares que deben impulsar medidas educativas a favor de la igualdad y en contra de la violencia? Deberían haberse articulado. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué han hecho en estos dos años para cumplir
lo relativo a los libros de texto y demás materiales curriculares? Todos tenemos noticias sobre este extremo muy preocupantes. ¿Qué instrucciones se han cursado? ¿Qué medidas de control ha habido? ¿Qué seguimiento ha existido en el territorio de
responsabilidad del ministerio y en los demás, porque tienen también el instrumento de la alta inspección en todo lo relativo a lo que las leyes establecen como obligatorio? ¿Cómo se vela por la aplicación de los preceptos y valores recogidos en
las leyes? Más allá del desarrollo reglamentario de la Ley de Educación es necesario que el Gobierno y todos los poderes públicos articulen medidas educativas que contribuyan a que la educación impulse el necesario cambio tanto de mentalidad como
de pautas de comportamiento claramente discriminatorias o machistas que todavía existen.
Yo tengo que lamentar que hasta la fecha el Gobierno se haya quedado en la letra impresa de una ley, que no ha desarrollado, a la que usted no ha hecho aquí ni la más mínima mención. Tienen competencia para ello,
tienen medios, podían haberlo hecho. ¿Tal vez les falta voluntad o recursos para colaborar con las comunidades autónomas en todo aquello que tienen competencias? Hemos dicho que la Ley contra la Violencia de Género tenía deficiencias
importantes: era genérica, imprecisa, con demasiadas declaraciones de principios, pero carecía de medidas efectivas. Esto casa perfectamente con lo que está sucediendo en educación. No sé si usted me dará la misma respuesta que me dio la señora
Murillo, quien me decía que la solución venía de la asignatura de Educación para la ciudadanía, asignatura que como muchas veces ha dicho nuestro grupo no está contrastada científicamente y apunta claramente a un adoctrinamiento. Eso no es lo que
necesita el sistema educativo español para que de verdad sea el motor de la transmisión de una educación en valores, y no puede ser porque sus últimas decisiones no solo contradicen su propia ley sino que además evidencian que ustedes desprecian el
valor del esfuerzo, de la excelencia, de la promoción por el trabajo, algo por cierto que siempre inspiró la Institución Libre de Enseñanza no sé si ustedes lo saben.
Ustedes están minando las bases de algo que es fundamental para la educación, la
ética del esfuerzo, aparte de las bases del desarrollo y la investigación, ya que en todos los países, como debieran saber, se levantan sobre lo que ustedes desprecian, la excelencia. Como le decía, la solución para transmitir a nuestros jóvenes el
valor de una sociedad en la que prime la convivencia en igualdad no se arregla con ningún tipo de asignatura con tintes de adoctrinamiento de tiempos claramente superados. Esta debe ser una cuestión que impregne todo el sistema educativo, que esté
presente de forma transversal -cuestión a la que usted no ha hecho referencia-, en toda su estructura: en los docentes, en los programas, en los libros de texto -usted empezaba su disertación en la anterior pregunta diciendo que son también
vehículos de cultura porque son libros-, en técnicas pedagógicas, en las actividades, en las normas de convivencia, en los objetivos y en los principios. Esto, señoría, requiere de unas estrategias que ustedes ni siquiera se han planteado y que
usted ni siquiera ha mencionado, lo que lamento profundamente. Le pido que aborden con decisión, que tengan voluntad política para hacerlo porque la sociedad española se juega mucho; la sociedad española no puede convivir con esta lacra de la
humillación y de la vejación que hoy sufren tantas mujeres. Señor subsecretario, le pido sinceramente que tomen en serio la preocupación que abordamos, porque es grave e incompatible con una sociedad libre y democrática y sobre todo que preocupa a
muchas mujeres; cómo no va a hacerlo si a muchas de ellas les va la vida en ello. Más esfuerzo en la lucha contra la violencia de género desde el sistema educativo. Hay instrumentos, hay posibilidades; lo que necesitan es tener voluntad para
hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este turno de debate tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Señora diputada, señoría, comparto con usted la sensibilidad que pone de manifiesto en torno al difícil problema de la violencia de género.
Permítame también, ya que usted
lo ha unido con otros temas, que incluya el de la igualdad, sensibilidad profundamente compartida por el Ministerio de Educación y especialmente por este subsecretario, que no en vano fue uno de los redactores de las dos normas, intentando buscar
remedios y medidas para hacer frente a esa lacra y que el Gobierno ha tenido en su agenda desde el primer momento. Permítame que no esté de acuerdo en las conclusiones que usted apunta en su intervención, porque de la Ley contra la Violencia de
Género, en lo concerniente al Ministerio de Educación, desde el primer día todas las medidas contempladas en el texto legal se han puesto en marcha con especial y delicado cuidado. A S.S. le he indicado anteriormente alguno de los instrumentos en
el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio de Educación al mismo tiempo que el establecimiento de otras para intentar conseguir que otras administraciones públicas colaboren en la consecución de ese objetivo. Señoría, se ha
favorecido la difusión de las prácticas e iniciativas que le comentaba así como se ha dado a conocer todo lo que otras y otros están haciendo para prevenir la violencia contra las mujeres. Se han creado también distintos espacios para poner en
común conocimientos, experiencias, trabajos y actitudes positivas, entre los que destaca con otras administraciones públicas la Red Intercambia, en colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educación, que en la actualidad
aglutina una nutrida igualdad de organismos de las comunidades autónomas. Hasta el momento se han celebrado distintos encuentros, actividades de las que han salido medidas que están invadiendo todo el mundo educativo, con la intención de alcanzar
los objetivos planteados en tan importantes leyes y conseguir que a través del vehículo de la educación pueda acabarse con esa lacra social que estamos viviendo no solo en España, sino lamentablemente en todas las sociedades desarrolladas. Esa,
junto a otras iniciativas que le he descrito, ha dado ya frutos en forma de recursos didácticos y proyectos de organismos de igualdad con las administraciones educativas como educación en igualdad de oportunidades entre los sexos. Además se han
creado distintos instrumentos como el portal virtual de recursos Intercambia, que permite el acceso a la información y a la documentación sobre técnicas educativas que favorecen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la inclusión en
los currículos educativos -que usted bien conoce- de todos los valores contemplados en las dos leyes, muy especialmente en la Ley contra la Violencia de Género, y que están siendo desarrollados en los libros como vehículos de educación, que están
impregnados por primera vez en nuestra historia con ese conjunto de valores que se pretende difundir. No voy a entrar a discutir que no es objeto de esta sesión la asignatura de
Educación para la ciudadanía, pero estoy a su entera disposición para hacerlo en la sesión que consideren oportuna.
- DE LA SEÑORA PORTEIRO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE OBJETO DEL PROYECTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, CONOCIDO COMO 'CIUDAD DEL MAR' CON SEDE EN VIGO. (Número de expediente 181/002497.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12, de la señora Porteiro, respecto al proyecto conocido como Ciudad del Mar, con sede en Vigo. Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Porteiro.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Señor subsecretario, tengo una especial satisfacción por tener ocasión de hacerle una pregunta de gran interés no solo para mi ciudad, Vigo, sino para la comunidad donde esta ciudad se enclava y para toda la
comunidad científica. Espero que usted nos pueda dar cuenta en esa sesión de en qué consiste un proyecto que en Vigo conocemos de una manera no oficial todavía en cuanto a denominación pero para la que hay un consenso tácito para llamarla Ciudad
del Mar, y que, por las noticias que tenemos y que ha ido facilitando el presidente de la Xunta de Galicia, que es un gran valedor de este proyecto, Emilio Pérez Touriño, es un ambicioso proyecto de concentración de todos los esfuerzos de
investigación en materia de ciencias marinas que hay en este momento en Galicia en un enclave único que está situado en el borde litoral de la ciudad de Vigo, en el barrio de Teis, donde antes estaba la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la
Armada, la ETEA.
Para hacerle esta pregunta yo tendría que bascular entre dos ejes o puntos de interés, en primer lugar el de la ciudad de Vigo, para Galicia, pero también el de la comunidad científica. Si me permite argumentar el porqué del interés para
Vigo tendría que decir que, a efectos de conocimiento de una realidad -que quizá no es normal que se trate en esta Comisión ya que no es el objeto de la misma-, la ciudad de Vigo se consolida como una referencia europea en el campo de la
investigación marina, existiendo una comunidad de mil científicos dedicados a esta actividad que reparten su trabajo entre el Instituto Español de Oceanografía; el Instituto de Investigaciones Marinas, que depende del Centro Superior de
Investigaciones Científicas; el Centro Tecnológico del Mar, que depende de la Xunta de Galicia; Anfaco, que es una entidad privada; Cecopesca y la estación marina de la Facultad de Ciencias del Mar, que es una facultad muy dinámica, todavía
joven, en la que hay ya quinientos alumnos matriculados y que tiene un decano muy inquieto y expectante que hacía unas declaraciones el sábado pasado en un periódico local hablando de la importancia que va a tener este esfuerzo de la Ciudad del Mar
para potenciar los estudios universitarios en esta materia en nuestra ciudad.
Sabrán también los señores y señoras diputados que en esta ciudad tienen su base buques oceanográficos tan importantes como el Cornide de Saavedra o el José María Navaz y que el Instituto Oceanográfico utiliza con frecuencia el Vizconde de
Eza de la Secretaría General de Pesca Marítima con sede en esta ciudad, aparte del Sarmiento de Gamboa, y otros dos buques para investigación pesquera que se están construyendo en otro astillero de la ría. Sin duda Vigo es una ciudad de referencia
en el campo extractivo de la pesca a nivel mundial. ¿Por qué me interesa conocer su opinión y su definición? Sobre todo por lo que esto supone de apuesta en materia de I+D. Ha dicho el presidente de la Xunta que es una apuesta estratégica para
Galicia. Galicia tiene que dar un gran salto; no es ninguna ventaja partir de un nivel de subdesarrollo, pero a veces las comunidades que están haciendo un esfuerzo mayor por ponerse a la par de otras más desarrolladas se pueden permitir el lujo
de dar saltos que les permiten avanzar, hacer recorridos muy largos en un corto periodo de tiempo. Decía el presidente Pérez Touriño -lo cito textualmente porque me ha gustado especialmente su reflexión- que con elementos de desarrollo tecnológico
como el que puede albergar la Ciudad del Mar y con el compromiso adquirido en la última Conferencia de Presidentes de crear una unidad de tecnología marina del Atlántico, que iría a este espacio, sería un centro de excelencia que se erigirá en
elemento motriz de primer nivel para que, pensado desde Galicia, se situase en la vanguardia internacional. Pensar en global, actuar en local.
Señor subsecretario, en realidad me interesa más escucharle a usted que hacer un discurso de promoción de algo que en Vigo esperamos con ansiedad y con deseo. En todo caso, lamento desde esta tribuna pública la desidia y la falta de interés
del Ayuntamiento de Vigo, presidido por la señora Porro, que hasta el momento lo único que ha hecho al respecto ha sido oponerse y manifestarse en contra de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, no conocíamos, por lo menos esta Presidencia, esta Ciudad del Mar y estas cosas tan maravillosas que ha dicho, pero estaremos encantados de ir a conocerla.
Señor subsecretario, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Como bien ha puesto usted de manifiesto en la pregunta que formula, la Ciudad del Mar de Vigo es un proyecto de la Xunta de Galicia con el que se pretende crear un complejo
científico-tecnológico marino en la ciudad de Vigo con proyección internacional, para impulsar la producción de conocimiento y favorecer la coordinación de las instituciones y de la iniciativa privada en investigación, desarrollo e innovación marina
en Galicia sustentado
sobre centros y unidades de investigación, acciones programáticas y trabajo en red. El Gobierno de la nación valora positivamente el proyecto de la Xunta de Galicia y coincide con sus objetivos estratégicos, que son dos fundamentalmente:
el primero, desarrollar un marco de referencia internacional para la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito marino y, el segundo, generar un espacio urbano que proyecte social, económica y culturalmente el valor del mar como
ecosistema y proveedor de recursos naturales así como elemento activo estratégico de Galicia. Como bien conocen todos los diputados de esta Comisión el Gobierno ha llevado a cabo diversas actuaciones en Galicia directamente relacionadas con la
dotación de grandes infraestructuras y de importantes recursos científicos y tecnológicos para el desarrollo de la investigación marina.
Permítanme que exponga sólo dos ejemplos como muestra. En octubre del pasado año se firmó el protocolo entre el MEC y la Xunta de Galicia para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, diversas universidades -algunas a las que
hacía referencia su señoría- y entidades públicas de investigación gallegas desarrollaran el Centro de Investigaciones Marinas del Atlántico como centro de excelencia en el ámbito de investigación de la biotecnología y la acuicultura, la
oceanografía, los recursos y la ecología marina y la tecnología de los alimentos. El segundo elemento que quería destacarles es la aprobación en la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas, celebrada en el Senado el pasado mes de
enero, de la creación de la Unidad de Tecnología Oceanográfica en Vigo, incluida en el mapa de instalaciones científicas y técnicas singulares, como ustedes bien conocen. Este centro deberá servir como base portuaria de apoyo logístico y
tecnológico a la flota oceanográfica dependiente de todos los organismos de investigación del Ministerio de Educación.
Por último, quiero indicarles que el ministerio estará presente en el protocolo de intenciones que va a suscribirse entre la Xunta de Galicia y el consorcio de la zona franca de Vigo, para impulsar el proyecto Ciudad del Mar en el complejo
de la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada en Vigo, donde muchos de nuestros compromisos se convertirán en realidad, logrando que este importante y excelente proyecto de la Xunta de Galicia se convierta pronto en una realidad
que permita articular uno de los principios que fija el artículo 103 de nuestra Constitución, cual es el de la coordinación de la actividad entre las distintas administraciones públicas.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea reformular alguna pregunta?
La señora PORTEIRO GARCÍA: Sencillamente quiero agradecer la respuesta.
- DEL SEÑOR NASARRE GOICOECHEA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DEL DIÁLOGO ENTRE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y EL FORO DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de
expediente 181/000440.)
El señor PRESIDENTE: Retomamos el orden inicial con la pregunta del señor Nasarre, que hace la número 1, respecto a los motivos de la suspensión del diálogo entre la ministra de Educación y Ciencia y el Foro de atención educativa.
Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Mis primeras palabras son de bienvenida y de saludo en nombre de mi grupo y en el mío propio al señor subsecretario, al que tenemos una vez más en la Comisión.
La razón de ser de esta pregunta se explica por la fecha en que está formulada, hace ya mucho tiempo, en noviembre del año 2004. Señor subsecretario, usted sabe perfectamente que el 10 de febrero del año 2000 el Gobierno, entonces bajo la
responsabilidad del Partido Popular, estableció un acuerdo con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad para constituir un órgano de diálogo permanente entre la Administración y el mundo de la discapacidad, para estudiar y
avanzar en la resolución de los problemas que tienen estas personas en el ámbito educativo y, que, por Orden ministerial del 7 de febrero del año 2002, se reguló el Foro de atención educativa -así se llama- a las personas con discapacidad y se
estructuró en la forma que usted conoce perfectamente. La pregunta que formulé en su momento obedecía a la extrañeza y preocupación que produjo en mi grupo el que en los primeros meses del Gobierno socialista no se llegase a reunir dicho órgano, lo
que nos parecía un hecho censurable. Sé que posteriormente se ha puesto en funcionamiento dicho foro y que están trabajando con normalidad sus tres comisiones. Me parece interesante en todo caso, más allá de la primitiva formulación de la
pregunta, que el señor subsecretario dé cuenta del funcionamiento y de los trabajos del foro en este periodo de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor subsecretario, señor Gurrea.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Señoría, le agradezco la bienvenida que me da en nombre de su grupo parlamentario.
Tal y como usted ha puesto de manifiesto, el foro se reguló por Orden 235/2002, de 7 de
febrero, donde se establecieron las competencias, la estructura y el régimen de funcionamiento del Foro para la atención educativa a personas con discapacidad, como usted
bien ponía de manifiesto; sin duda ese instrumento es un cauce de diálogo y de consulta -lo ha sido desde su origen y lo está siendo- que pretende propiciar la incorporación de iniciativas que mejoren planteamientos educativos en la
atención al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. En alguna de las otras preguntas, en la anterior, que hemos tenido en el transcurso de esta sesión se ha puesto de manifiesto esa sensibilidad y esa atención del
Gobierno a la educación universitaria. De todos es conocida la estructura de participación del foro; además del presidente, que pertenece al MEC, hay siete representantes del Ministerio de Educación y siete representantes elegidos entre otras
organizaciones: uno de la Confederación coordinadora estatal de minusválidos físicos de España; uno de la Organización a favor de las personas con retraso mental; uno de la Confederación estatal de personas sordas; uno de la Confederación
española de asociaciones de padres y amigos de sordos; uno de la Federación española de la asociación en atención a las personas con parálisis cerebral; uno de la Organización nacional de ciegos españoles y uno de la Federación española de
instituciones para el síndrome de down. Este órgano colegiado, de carácter consultivo, realiza muchas e importantes gestiones tal y como manifestaba S.S., y que no voy a reiterar. En relación con la pregunta que me formula, desde el año 2004 este
importante foro, además de las distintas reuniones plenarias celebradas, ha mantenido una intensa actividad en las diferentes comisiones que S.S. ponía de manifiesto.
Desde la comisión de aspectos legislativos ha canalizado la participación del
Cermi tanto en el debate en torno al documento Una educación de calidad para todos y entre todos como en el proyecto de Ley Orgánica de Educación, recogiéndose por el Ministerio de Educación y por el Gobierno como redactor de las normas una parte
sustancial, muy importante, de las aportaciones realizadas por este órgano consultivo y pretendiendo mantener en torno a dicha comisión un clima de diálogo que favorezca el consenso deseable en todo el desarrollo de la citada Ley Orgánica de
Educación. Además en la tramitación y aprobación de la LOE, de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, y de sus normas de desarrollo, se ha contado con la opinión del Cermi en todas las cuestiones que suponen desarrollo normativo; se han revisado los
reales decretos de enseñanzas mínimas -como se sabe, es muy importante la participación de organismos consultivos como este en materia de educación infantil-: el Real Decreto de Primaria y el de Secundaria, habiéndose valorado conjuntamente las
propuestas del Cermi, y recogiéndolas en la medida de los posible. En estos momentos esa comisión tiene sometida a consideración la redacción del Real Decreto del Currículo de Bachillerato.
En la comisión de atención educativa -otra de las que mencionaba S.S.-se ha elaborado una guía centrada en el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad y que tiene la siguiente estructura: la información
general sobre el sistema educativo, legislación y empleo; recursos de las administraciones públicas tanto en educación como en servicios sociales, y en la información sobre la educación se ha descendido hasta los niveles de gestión directa; y, por
último, recursos privados recogiendo las entidades de ámbito estatal, autonómico y provincial. Desde la tercera comisión, la de sensibilización, formación e investigación educativa, se ha promovido un trabajo de investigación, coordinado por los
profesores Verdugo y Echeitia, referido a la inclusión educativa del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, que estará disponible este mismo año. Además, en el Real Decreto de ordenación general de la
formación profesional, que desarrolla la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se han recogido las propuestas del Cermi y se han introducido muchas mejoras suscitadas
por este importante órgano consultivo.
Señoría, por último, el ministerio mantiene una estrecha, cordial y fructífera relación con el Cermi; está colaborando activamente y asistiendo a actos de organizaciones integradas en él y que firmaron el protocolo de colaboración, previo a
la constitución del mencionado foro y que actualmente forman parte del mismo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra de nuevo señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor subsecretario, le agradezco la información que nos ha suministrado. Solo quiero brevemente reafirmar y subrayar la importancia que para mi grupo tiene este tipo de órganos, en concreto sobre el que
estamos debatiendo, porque todas las medidas que nuestro Estado social de derecho debe adoptar en favor de las personas con discapacidad han de hacerse en colaboración con ellas y con sus familias. Nadie mejor que ellas, las familias de las propias
personas con discapacidad, conocen las necesidades y los modos más adecuados para afrontarlos; hacerlo a sus espaldas sería el mayor de los errores, como usted compartirá conmigo. Por ello, les animo a seguir e intensificar la estrecha
colaboración existente en el marco de este órgano con las asociaciones representantes del complejo mundo de la discapacidad.
Finalmente, quiero congratularme de que en el ámbito universitario se haya incorporado a la reforma de la LOU la propuesta que nos elevó el Cermi.
Nosotros la defendimos sin éxito en esta Cámara, pero con satisfacción vimos que en el Senado
fue aprobada por todos los grupos. En este ámbito, señor subsecretario, el consenso siempre es un hecho extraordinariamente positivo, y todos debemos caminar para ir por el mismo sendero en la ayuda y el apoyo al mundo de las personas con
discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Señor presidente, quiero poner de manifiesto lo que decía el diputado Nasarre.
En este caso, el Gobierno y el principal partido de la oposición coinciden, hay consenso en
actuar y abordar un tema tan importante como es el de la discapacidad para los ciudadanos españoles.
- DE LA SEÑORA VELASCO MORILLO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ANTE LA SITUACIÓN DE LOS TÉCNICOS SANITARIOS DE NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 181/001401.)
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora Velasco Morillo para formular la pregunta número 3 del orden del día.
La señora VELASCO MORILLO: Desde hace varios años los técnicos sanitarios vienen reivindicando varias cuestiones en materia profesional y educativa, motivo por el cual tanto el Ministerio de Educación y Ciencia como el de Sanidad deben
establecer una coordinación en este tema y alcanzar una serie de respuestas o soluciones, cuestiones aún pendientes.
Desde el Grupo Popular hemos conocido que durante los años 2004 y 2005 ambos ministerios han participado en diferentes grupos de
trabajo, de los que formaban parte sindicatos y asociaciones que representaban a dichos colectivos y que tenían el objetivo de analizar los temas sobre los que incidían las reivindicaciones de los técnicos sanitarios. En esta Comisión de Educación
se aprobó una proposición no de ley, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en la que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a tomar las medidas oportunas para realizar las reformas necesarias en las titulaciones técnicas
sanitarias cuya duración del periodo formativo no permita obtener la equivalencia de los títulos académicos a efectos de reconocimiento para la libre circulación de estos profesionales por los países de la Unión Europea y lograr la plena
homologación de las profesiones sanitarias con las titulaciones europeas equivalentes. Los diferentes sistemas de estudios de los técnicos sanitarios vienen regulados por el Real Decreto 545/1995, el Real Decreto 539/1995, el Real Decreto 538/1995
y el Real Decreto 544/1995, siendo los técnicos sanitarios los responsables de obtener, procesar, preparar y garantizar los registros, pruebas y muestras, que bajo supervisión facultativa son el medio para establecer un diagnóstico o aplicar un
tratamiento. Las diferencias más significativas entre la formación de estos profesionales en España y el resto de los países de la Unión Europea se encuentran en la duración de los estudios, en el volumen horario y en que en algunos países de la
Unión Europea su formación es universitaria. Esto hace preciso plantear desde el Ministerio de Educación y Ciencia cambios en la situación de estos técnicos en nuestro país cara a una mayor convergencia con el entorno europeo. Desde el Ministerio
de Sanidad y Consumo se ha logrado un informe con relación a la situación profesional y formativa de los técnicos superiores de formación profesional, rama sanitaria, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, informe que no recoge ni las
expectativas de estos profesionales ni la aprobación de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Señor subsecretario, desde mi grupo, a la vista de la inquietud que hay en estos profesionales al igual que por la sensación que tienen de no estar participando a la hora de poner solución a su situación, queremos conocer cuáles son los
trabajos que está llevando a cabo, para conocer cuál debe ser la verdadera situación educativa de los técnicos sanitarios adaptada al marco europeo de educación, porque queremos los mejores profesionales para el Sistema Nacional de Salud y con la
mejor formación. Al Grupo Popular y a los profesionales técnicos sanitarios nos gustaría saber cuál ha sido el grado de participación del Ministerio de Educación y Ciencia en este informe que se presentó en la Comisión nacional de recursos humanos
del Sistema Nacional de Salud, y que no cuenta ni con la aprobación de los técnicos sanitarios, porque su modelo formativo no se ajusta al contexto europeo, ni con la realidad de las actuales competencias que desarrollan nuestros profesionales en la
sanidad española, ni recoge tampoco el apoyo de las comunidades autónomas. La solución de modificar los reales decretos que regulan los títulos de estos profesionales no es suficiente, pues no recoge, como he dicho antes, dichas expectativas ni la
propuesta que en su día se aprobó por unanimidad en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra el señor Gurrea.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor) Diputada, voy a intentar darle una respuesta breve a la pregunta que usted me formula. Como usted ha puesto de manifiesto en su pregunta, la Comisión de recursos humanos del
Sistema Nacional de Salud ha estudiado durante el año 2006 y 2007 la situación de los técnicos sanitarios españoles con vistas a evaluar si el contenido de las funciones profesionales que desempeñan justificaban o no la revisión de sus estudios, y
en particular la posibilidad planteada por organizaciones representativas de este colectivo de encuadrar su formación en el ámbito universitario. Esos trabajos, señoría, en los que ha participado el Ministerio de Educación y Ciencia -puesto que
usted me lo demandaba en su pregunta- se han traducido en un análisis detallado de las funciones profesionales de este importante colectivo, tanto a nivel español como en el ámbito europeo, y el pasado 7 de marzo de 2007 se
elevó el resultado de ese informe al pleno de la Comisión de recursos humanos.
Permítame que le indique que muchos de los elementos testados con autoridades comunitarias y ministerios oficiales de otros países miembros de la Unión Europea no conllevan algunas de las afirmaciones que usted formulaba sobre la existencia
de una generalidad universitaria de esta formación en el contexto de los 27 países miembros de la Unión. En la propuesta que está sujeta a análisis y estudio de la Comisión de recursos humanos se constata que, si bien las funciones que desempeñan
los técnicos sanitarios no justifican introducir cambios en el nivel formativo en el que se encuadran tales estudios, fruto del análisis comparado que le indicaba hace un momento, sí resultaba deseable la introducción de nuevos contenidos en su
formación, para adaptarla a los cambios científicos, tecnológicos y organizativos que han tenido lugar en los últimos años. A ninguno de nosotros se nos escapa la necesidad de una formación más amplia en nuevas tecnologías, incorporadas
afortunadamente al mundo de la salud, que permiten un diagnóstico más fiable, más certero y unos tratamientos que mejoran y alargan la vida de los ciudadanos. No obstante, el pleno en el que se encuentra este informe no ha adoptado todavía,
señoría, decisión alguna sobre él, sino que seguirá estudiándolo al objeto de concretar con mayor precisión cuáles serían esos nuevos contenidos cuya inclusión resultaría conveniente. Por otra parte, la participación del ministerio que usted me
recaba tuvo lugar a través de la Subdirección de formación profesional del departamento de Educación, que ha participado en los trabajos desarrollados en ese ámbito.
Permítame que le indique también en torno a este tema, que nos encontramos todavía en España en un corto periodo de tiempo, puesto que debemos trasponer una importante directiva comunitaria antes de octubre de este año, con los efectos
profesionales de todas las profesiones y oficios, en la que podremos resolver este planteamiento que por algunos colectivos se formulan.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra de nuevo la señora Velasco.
La señora VELASCO MORILLO: Señor subsecretario, gracias por la información que ha facilitado a esta Comisión. Me gustaría hacerle dos sugerencias.
En primer lugar que cuenten con los profesionales, con las asociaciones de profesionales
técnicos sanitarios, con sus sindicatos, con los organismos que les representan, y les informen de lo que usted nos ha manifestado, porque ellos no están de acuerdo con lo que ustedes plantean. Por un lado le pido esa participación, que hable con
ellos, que no se sientan al margen de su propia formación; y por otro echo en falta que desde el Ministerio de Educación y Ciencia no se haya ejercido un mayor liderazgo, dado que estamos hablando de una modificación de unos planes de estudio.
Desde Sanidad y Consumo, y sobre todo desde las comunidades autónomas, se ha sentido que faltaba ese liderazgo, que no se había presentado una propuesta concreta de cuál era la situación, dentro del marco de la Unión Europea, respecto a estos
profesionales; por otro lado, hacían hincapié los propios profesionales en que existía una diversidad de currículos o de contenidos curriculares o formativos respecto a los diferentes países de la Unión Europea. Sentían que eran ellos, en vez de
las consejerías de Sanidad, los que tenían que definir cuáles eran los planes de estudios de estos profesionales. Les pido que en estos trabajos que aún están pendientes, y en los que esperamos que pronto se produzcan conclusiones para estos
profesionales que ejercen un buen trabajo en el Sistema Nacional de Salud, tengamos propuestas concretas, que contemos con ellos y que desde luego no dejemos en manos de las consejerías de Sanidad lo que debe corresponder al Ministerio de Educación
y Ciencia.
El señor PRESIDENTE: Para concluir de debate de esta cuestión, tiene de nuevo la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Nos demanda más liderazgo, se lo agradezco mucho, pero lo ejerceremos en nuestro ámbito, en el que nos es propio. No dejaremos de actuar en nada que competa al Ministerio de
Educación, si bien es cierto que las necesidades del servicio nacional de salud y de las comunidades autónomas, en cuanto a la formación que deben tener los profesionales que prestan servicios, debe ser él quien las formule. La parte del Ministerio
de Educación será articular los contenidos y la prestación de sus contenidos para que tengamos los mejores profesionales posibles en el sistema sanitario en sus distintas fases y graduaciones.
Quisiera también decirle a S.S. que esté tranquila, puesto que los profesionales de este sector han sido siempre atendidos y oídos en el Ministerio de Educación y en el de Sanidad, si bien es cierto -usted lo conoce bien- que la Ley de
representación y participación nos obliga a unos cauces, a unos resultados electorales en materia sindical, y ese ha sido el foro oficial. Aparte del foro oficial, las distintas, múltiples y variadas -se lo digo porque este subsecretario las ha
recibido y además varias veces a todas- organizaciones de técnicos sanitarios en sus diferentes especialidades han tenido línea directa con el Ministerio de Educación, poniendo de manifiesto su opinión, su criterio y sus objetivos en la reforma de
su formación. Hemos llegado a muchos acuerdos con ellos en cuanto a la diferencia formativa que tienen algunos países y a las dificultades de homologación, no generalizada, sino en alguno concreto, para trabajar en otros países de la Unión, y esos
obstáculos van a ser removidos para que nuestros técnicos sanitarios puedan circular libremente en el ámbito de la Unión con la titulación que obtengan en nuestro país, para lo que habrá que remodelarla en cuánto a contenidos.
Pero eso no significa
señoría, que tengan que pasar de un sistema de titulación formativa o de formación profesional a otro de naturaleza universitaria. Le garantizo que han sido escuchados y van a ser oídos siempre.
DEL SEÑOR TOMÁS GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CONTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL EN LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PROCESO DE REFORMA
DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO.
(Número de expediente 181/001642.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la pregunta número 5 del orden del día que formulará el señor Tomás García, quien tiene la palabra.
El señor TOMÁS GARCÍA: Hablar de orientación escolar es hablar de reformas educativas y la que este Gobierno ha puesto en marcha durante la presente legislatura significa la consolidación del papel de la orientación en nuestro sistema
educativo. Esto es importante, porque tan solo tenemos que mirar un poco hacia atrás y ver la zozobra a la que fue sometida la orientación educativa, tras la no introducción de menciones específicas, en la reforma que el Partido Popular llevó a
cabo en la denominada Logse.
Hablar de orientación es hablar de proceso de cambios para mejorar, como lo señalan las profesoras Isabel Soler y Rosa Colomina, del departamento de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Barcelona:
La trayectoria de la intervención psicopedagógica en España es inseparable de la voluntad de introducir cambios en el sistema educativo.
Por lo tanto, orientación y reformas son elementos que van paralelos. Y así ha sido. En España, el nacimiento
de la orientación educativa se ha vinculado al nacimiento de la psicología científica y de la investigación en el contexto de la Institución Libre de Enseñanza -que esta mañana se ha mencionado-, cuyo primer laboratorio de psicología experimental
data de 1902. Pero no será hasta la reforma educativa de 1970 cuando la Ley General de Educación reconoce por vez primera la necesidad social de la actividad orientadora. Al amparo de esta ley surgieron los primeros servicios psicopedagógicos en
1977, los llamados servicios de orientación escolar y vocacional, dependientes del MEC. De la misma época fueron los primeros equipos interdisciplinares de los ayuntamientos democráticos de algunas grandes ciudades, también los equipos
multiprofesionales en el marco de la Lismi, la Ley de Integración Social de Minusválidos. Más adelante, será con la reforma educativa de 1990 cuando la orientación psicopedagógica y profesional se convierte en una obligación de las administraciones
educativas como instrumento esencial para la mejora de la calidad de la enseñanza, algo que aparece claramente reflejado en la Logse. La Logse significó un paso decisivo en la orientación educativa, la creación del departamento de orientación fue
su principal novedad por su estructura y su función en intervención en los diversos ámbitos, especialmente en el plan de acción tutorial y en la intervención de profesionales en el sistema.
Decíamos al comienzo que la orientación estuvo siempre ligada a los procesos de reforma, entendida como procesos para la mejora de la calidad de la enseñanza. La única reforma educativa cuya denominación incluyó la palabra calidad, la LOCE
del Partido Popular, estuvo carente de toda mención explícita a la orientación y a la intervención psicopedagógica.
Con la LOCE desaparecían los departamentos de orientación y los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron privados de la intervención
psicopedagógica. Como textualmente dice la profesora María Pérez Solís, la directora del departamento de orientación de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid: La LOCE convirtió a la orientación en un lujo, cuando no en
un espejismo. Cita ampliamente comentada, documentada y referida en una publicación que recientemente el Ministerio de Educación y Ciencia puso en circulación, que el señor subsecretario conocerá y que versa sobre la orientación escolar en los
centros educativos. A mayor coherencia, el Partido Popular hizo tres cuartos de lo mismo en la universidad. En su LOU, la que acabamos de reformar recientemente, tampoco incluyeron mención alguna a la orientación educativa. Por lo tanto,
entenderá el interés del Grupo Parlamentario Socialista en conocer en estos momentos el papel que corresponde a la orientación educativa, a la función de la orientación escolar psicopedagógica y profesional en el proceso de reforma que ha emprendido
este Gobierno y que está culminando, en las fechas en las que nos encontramos, con un importante paquete de desarrollo normativo, como consecuencia de la aprobación de la LOE.
El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra el señor Gurrea.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Quiero darle las gracias al señor diputado por la importante pregunta que formula: En qué medida la función de la orientación escolar psicopedagógica y profesional puede
contribuir a la mejora de la eficacia de las medidas contempladas en el proceso de reforma de nuestro sistema educativo iniciado en esta legislatura. En la pregunta anterior, con la diputada del grupo parlamentario mayoritario de la oposición,
hacíamos referencia a temas de la Unión Europea. Permítame, diputado, que para contestarle a la suya, también invoque resoluciones adoptadas por la Unión Europea. En concreto, la resolución adoptada por el Consejo de Educación, Juventud y Cultura
de la Unión Europea, de mayo de 2004, sobre el fortalecimiento de las políticas, sistemas y prácticas en materia de orientación permanente en Europa, que recomiendan, con carácter prioritario, que la orientación en el marco de los sistemas de
educación y formación, especialmente en los centros escolares, debe tener una función esencial para garantizar que las decisiones individuales relacionadas con la educación -en el mundo educativo saben todos ustedes que nos encontramos ante millones
de decisiones individuales en cada momento en el transcurso de ese largo periodo- susciten una carrera de base
sólida en el alumnado con las distintas ofertas que el sistema educativo le brinda.
La orientación debe ser también, sin duda alguna, un instrumento clave para permitir a las administraciones educativas y a las instituciones de educación y formación mejorar la calidad y la oferta de la enseñanza. Es un importante indicador
sobre lo que tenemos en el sistema y cómo debe variarse y corregir. Señorías, la orientación debe incluir una gama de actividades tales como la información y el asesoramiento para adoptar decisiones y puede también aportar un apoyo significativo a
todos los alumnos en su transición entre niveles y tipos de estudios dentro del sistema educativo y en su incorporación al mundo laboral. Es necesaria una mayor cooperación en materia de orientación entre las distintas administraciones educativas
(y así lo hemos señalado en distintas ocasiones por parte del Ministerio de Educación), que se articule mediante acciones y políticas desarrolladas, sobre todo en el contexto de las medidas derivadas de la estrategia de Lisboa. Saben todos ustedes
que educación y formación 2010 es para nosotros un objetivo, una guía a la que van encaminadas las acciones del ministerio, con la única intención de mejorar la calidad y los resultados de la educación en nuestro país, cuestión que se va
consiguiendo y evidenciando en los distintos informes internacionales, al menos en los más recientes, que van surgiendo. Hay que combinar esta estrategia europea con la del empleo y con la estrategia marco sobre igualdad entre hombres y mujeres,
que ha sido objeto de análisis en alguna de las preguntas en el transcurso de la sesión parlamentaria de hoy, cuya actividad ayuda a conseguir esos importantes objetivos sobre los que están centradas muchas actuaciones del ministerio, así como las
políticas europeas de inserción social, movilidad y servicios de interés general.
Todos ustedes son buenos conocedores de los contenidos que sobre este asunto establece la Ley Orgánica de Educación, que da una gran importancia a la orientación educativa y profesional en las distintas etapas educativas. No voy a repetir a
la Comisión las funciones que describe esta ley, muchas de ellas puestas de manifiesto por el diputado interpelante en la formulación de la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Nos alegra enormemente conocer que hay una apuesta decidida a favor de la orientación escolar desde un modelo claro de intervención integral en los centros por parte del Gobierno al que pertenece.
Como decía en mi primera intervención, hablar de la orientación escolar es hablar de reforma educativa. Estamos en un periodo en el que se acaba de iniciar una reforma educativa que intenta superar las anteriores para hacer avanzar a la
sociedad en materia educativa, sobre todo -como bien ha señalado usted- en calidad. El reto de hoy se llama calidad en igualdad y calidad como capacidad del sistema para responder a las demandas cambiantes de nuestra sociedad. En esta legislatura
hemos sido testigos de la aprobación de una ley, cuyo espíritu y literalidad tienen como meta la mejora de la calidad con un modelo de orientación y asesoramiento psicopedagógico basado en la colaboración de todos los agentes del sistema:
profesores, padres, alumnos y la red de profesionales de la intervención social; lo que llamamos de un modelo integral de intervención. La Ley Orgánica de Educación está plagada de menciones específicas a la orientación educativa, pero también de
actuaciones relacionadas directa o indirectamente con la orientación.
Como señala la coautora de la obra reseñada anteriormente en mi exposición sobre la orientación escolar en centros educativos, publicada por el Ministerio de Educación y Ciencia, una de las participantes en esta obra, Montserrat Palma,
portavoz de la Comisión de Educación, hace un balance muy positivo sobre el papel de la orientación educativa en el desarrollo de la historia reciente de la educación española. Como señala esta autora y compañera: La nueva ley debe constituir una
oportunidad para relanzar la función de la orientación educativa y la intervención y asesoramiento psicopedagógico. Entiendo que lo dice como parte de su origen profesional.
El Grupo Parlamentario Socialista asume que esta tarea tiene que realizarse con la colaboración de todas las comunidades autónomas. Hay que desarrollar las funciones y competencias de esta materia; hay que eliminar algunas dudas que los
colectivos de orientadores y profesionales de la intervención psicopedagógica suscitan, por el desconocimiento más que por otro elemento; hay que establecer un desarrollo de las funciones y competencias en estas materias en coordinación con las
comunidades autónomas para contribuir decididamente a la consecución de los estándares de calidad que exige la sociedad del conocimiento.
El señor PRESIDENTE: Permítame felicitarle por el espíritu solidario y el hablar bien de un compañero, cosa que normalmente en política no suele estar bien visto entre los partidos. Es justo decirlo.
Señor Gurrea tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Quiero agradecerle la reflexión que realiza el diputado e indicarle de manera muy breve que la Ley Orgánica de Educación ha tenido en cuenta el papel de este importante
colectivo de profesionales. Quizás, en la demanda que formulaba S.S. en su último punto exista una oportunidad reguladora, abierta y flexible, porque al Gobierno no le gustan las fórmulas demasiado cerradas en el nuevo estatuto de la Función
pública docente no universitaria para terminar de aportarle a este sector profesional tan importante las funciones que hemos descrito anteriormente y que se desarrollan en la LOE.
DEL SEÑOR TOMÁS GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE PAPEL QUE DEBE DESEMPEÑAR LA INSPECCIÓN EDUCATIVA EN EL PROCESO DE CONSECUCIÓN DE UNA MEJORA DE LA CALIDAD EN IGUALDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO. (Número de expediente
181/001651.)
El señor PRESIDENTE: De nuevo tiene la palabra el señor Tomás García para formular la pregunta número 6 del orden del día, sobre el papel que debe desempeñar la inspección educativa en el proceso de consecución de una mejora de la calidad
en igualdad del sistema educativo.
El señor TOMÁS GARCÍA: A pesar del desfase entre la formulación de la pregunta y el momento en que se ha podido tratar en Comisión por la agenda tan apretada de la misma en muchas actividades, la pregunta sobre la inspección educativa en el
sistema educativo español no ha perdido actualidad, sino que, por el contrario, está plenamente vigente.
Decíamos en la intervención anterior, hablando de la orientación educativa, que orientación está ligada a reforma y a calidad. En ese sentido, podríamos hablar de qué manera el desarrollo de la inspección educativa ha tenido y tiene que ver
en la reciente historia de la educación española y ha estado vinculada a los procesos de reforma educativa. Pero no en el mismo sentido en que hablábamos antes con la orientación y con la intervención psicopedagógica, sino en un sentido no tan
positivo. Si recordamos bien, la inspección en su origen fue más que un servicio administrativo tal y como hoy lo concebimos. La inspección era casi la Administración, sobre todo en el despliegue territorial en el Estado español, y en algunos
casos los propios servicios de inspección lo recuerdan: 'Nosotros éramos antes que la Administración educativa, existíamos antes que ella'. Eso nos puede dar una idea de cuál fue la manera en que los primeros gobiernos de la democracia afrontaron
la integración de este servicio de la inspección educativa en un entramado global del sistema educativo en España, en un país democrático, con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los ciudadanos.
En su mismo origen, tras la primera gran reforma educativa, en la Logse, que aborda un cambio sustancial en nuestro sistema educativo, la inspección no fue considerada como un elemento favorable al proceso de reforma sino, por el contrario,
como una rémora. Algunas prácticas derivadas de aquella concepción llevaron a marginar en el proceso de reforma al servicio de inspección educativa, entendiéndose de esta manera que podría ser más fluida la aplicación de los principios de la nueva
concepción de la reforma educativa en España. No obstante, creemos que aquella concepción no fue acertada. La inspección educativa en ningún caso reducía el mejor funcionamiento del sistema, y a tiempo y de forma correcta, se rectificó su papel en
el sistema educativo. Hay que recordar esa etapa porque quizá haya marcado alguna de las reacciones posteriores en el tratamiento de la inspección educativa. La LOCE, por el contrario, entendió que la manera de dar realce a la inspección educativa
era volver a esquemas de funcionamiento anterior. Mientras la Logse fue a una inspección internivelar, a una intervención de conjunto en el sistema, la LOCE regresa a los planteamientos de una inspección por áreas, disciplinas y especialidades
básicas que eran de todo punto irrealizables en cuanto que suponían un desfase con la realidad. Hoy la Ley Orgánica de Educación ha revertido la situación al punto de partida en cuanto al concepto de la inspección educativa y a su organización.
Estamos en un momento importante para que la inspección pueda llevar a cabo sus dos grandes cometidos: por un lado, garantizar los derechos de la educación, y por otro, una enseñanza de calidad. Es por esto por lo que le preguntamos por el papel
que desde el ministerio se entiende debe jugar la inspección educativa en los procesos de mejora de la calidad de la enseñanza en nuestro sistema educativo.
El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Voy a empezar discrepando con el diputado que formula la pregunta porque la inspección educativa nunca ha sido anterior a la Administración educativa. Coincido plenamente
con lo que plantea. Desde luego, la inspección es un agente evaluador, un instrumento de seguimiento y de control de la calidad de la enseñanza -como S.S. apuntaba- que reciben los escolares. La inspección es un servicio que garantiza una calidad
de la educación igual para todo el alumnado, independientemente del centro en el que esté escolarizado, y sin duda -tal y como el diputado formulante de la pregunta hacía referencia- no tiene nada que ver con lo anterior y el papel de los otros
profesionales a los que hemos dedicado los minutos anteriores.
El estudio comparado de los modelos de Administración educativa permite concluir que el progreso de la sociedad y el desarrollo de mecanismos eficaces de evaluación y control de los sistemas escolares, marchan todos ellos siempre a la par y
que la competencia profesional de los servicios de inspección, su eficacia, fruto de una adecuada formación de sus miembros, de su sujeción al espíritu de las normas y las disposiciones legales emanadas de los poderes públicos, su capacidad de apoyo
y asesoramiento a la comunidad escolar y a sus integrantes y su capacidad de trascender una concepción burocrática de su función y de actuar como dinamizadores escolares, constituyen factores determinantes para mejorar el rendimiento de todos los
sistemas educativos. La inspección educativa, como garantía del cumplimiento del derecho a la educación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones de calidad, independientemente de su origen familiar, cultural, geográfico o social, es un
servicio importante que exige la sociedad y que cada día con mayor fuerza quiere que se garantice el control de la
calidad de los servicios educativos que utiliza. Todos ustedes son conscientes de los fenómenos que acontecen en todo nuestro territorio nacional con las admisiones a centros en todos los cursos escolares. Si me lo permiten, una inspección
motivada, altamente cualificada, comprometida con los centros docentes, con sus diferencias, con sus problemas, que asesore a la comunidad educativa, conocedora de la realidad social y escolar, es ya un instrumento esencial para la continua mejora
de la enseñanza y una garantía del derecho a la educación para todos los alumnos en iguales condiciones de calidad.
El Ministerio de Educación, como SS. SS. saben, ha sido consciente de la importancia del papel de la inspección educativa. En el proceso de consecución de una mejora de calidad en igualdad del sistema educativo, la LOE ha regulado en un
título específico, el VII, sobre inspección del sistema educativo, su organización, sus funciones y sus atribuciones, con el objetivo de mejorar la enseñanza y lograr la calidad de la educación para todos, en coherencia con la exposición de motivos
que refleja la Ley Orgánica de Calidad y que le encomienda a la inspección el apoyo en la elaboración de los proyectos educativos y la autoevaluación de los centros escolares como pieza clave para mejorar el sistema educativo. La LOE establece que
la inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos de los ciudadanos, la observancia de los deberes de cuantos participan en los
procesos vinculados a la enseñanza y al aprendizaje y la mejora del sistema educativo, la calidad y la equidad en él. Todo ello va a propiciar, como usted ponía de manifiesto en la pregunta y en la reflexión que la acompañaba, el desarrollo de un
modelo de inspección más modernizado, adaptado a la realidad de nuestro sistema, sensibilizado y capacitado para materializar los objetivos que el sistema propone, consiguiendo dinamizarlo y contribuyendo a una mejora continua de la educación,
proceso del que todos formamos parte.
El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señor subsecretario, quizá no me ha entendido en mi primera intervención cuando señalaba la creencia que en algunos ámbitos de la inspección educativa se ha desarrollado históricamente y que todo esto ha sido
fundamentado en una percepción de los territorios. El primer contacto de los profesionales de la educación lo era a través de los servicios de inspección educativa, antes incluso que la propia Administración educativa. A eso me quería referir, no
a su origen en el Estado español desde el el siglo XIX. Matizada esa cuestión, le quiero agradecer la claridad con la que sitúa el papel que debe jugar la inspección educativa en un proceso de reforma que está orientado hacia la consecución de
mayores niveles de calidad. Habría que avanzar en esa dirección definiendo con claridad cuáles son los criterios que a la hora de la tomar decisiones y de evaluar la actividad inspectora deban recogerse en los planes de inspección, tanto en los de
ámbito general como y concreto. Como S.S. señala, hay rasgos en el nuevo modelo de inspección educativa como el de una inspección motivada, cualificada, comprometida con la sociedad y con sus objetivos. Esto es fácil de definir y de expresar como
deseo generalizado, pero nos gustaría saber qué voluntad existe y cómo piensa impulsar y reforzar este papel que tan bien ha definido en la primera parte de su intervención.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea contestar señor subsecretario?
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Brevemente. Señor diputado, le he entendido perfectamente, pero el que ha hecho mal la ironía he sido yo. Quería ironizar sobre el papel de la inspección educativa, que es
cierto que en algunos ámbitos piensan que ellos son solamente la Administración. Es una vieja concepción que hay que erradicar, aunque ya creo que está erradicada. La LOE define muy bien el marco del papel de estos profesionales, un papel muy
importante, como se ha comprobado en el transcurso de su intervención y en lo que le hemos planteado, que forma parte del elemento sustantivo educativo. Tal como antes nos referíamos a otros profesionales cuyas funciones podrán estar reguladas en
el Estatuto Básico del Empleado Público, la inspección educativa forma parte del elemento sustantivo. Por eso tienen un título propio dentro de la ley, por eso sus funciones están descritas y son un instrumento de soporte, garante e impulsor. En
el desarrollo de las actividades y en la Ley Orgánica de Educación, este colectivo de profesionales va a continuar contribuyendo en esa orientación que tienen a la mejora del sistema y a esa garantía del derecho de la educación para todos los
ciudadanos en calidad y en igualdad en todo el territorio nacional.
DEL SEÑOR GUTIÉRREZ MOLINA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
- DIRECTIVA EUROPEA EN MATERIA DE EDUCACIÓN QUE IMPIDA LA CONTINUACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA. (Número de expediente 181/001950.)
- CAUSA POR LA QUE EL GOBIERNO PIENSA SUPRIMIR LA ENSEÑANZA DE LA CARRERA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA.
(Número de expediente 181/001951.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 9 y 10 que formulará conjuntamente el diputado
Gutiérrez Molina, que hacen relación al campus universitario de Melilla.
Tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: El hecho de haber planteado las dos preguntas a las que hago mención, aunque fueron contestadas en su día por escrito, no responde a un capricho o condición aleatoria. No voy a hacer mención a la pregunta sobre
si el Gobierno conoce alguna directiva en materia de educación que impida la continuación de la carrera de gestión y Administración pública en el campus universitario de Melilla, puesto que de la contestación por escrito tengo ya suficientes
elementos de juicio para no reiterar la misma en esta Comisión.
El hecho de haberla formulado en esta sesión de control de la Comisión de Educación trae causa de la respuesta que en su día, casi hace un año, me dio el ministerio. Hacía referencia a que el Consejo de Coordinación Universitaria estaba
procediendo a un proceso de renovación del catálogo de títulos universitarios oficiales, que iban a realizar una serie de propuestas y que éstas no se podían interpretar como el resultado de un nuevo mapa en el que se añadan o recorten titulaciones
respecto a la oferta de cada centro universitario, sino que se debía de entender como un proceso de renovación que se configura en un catálogo que el ministerio calificaba de catálogo inicial abierto, con la misión de garantizar la diversidad y la
flexibilidad y que pudiera ampliarse o reducirse -de ahí la duda y la reiteración de la pregunta- a fin de adaptarse a las disposiciones actuales o futuras. Después de una serie de consideraciones, que para no ser premiosa mi intervención voy a
pasar por alto, concluía que dicho proceso se llevaría a cabo en cuatro plazos, cuestión por la que yo estaba interesado, que han sido fijados hasta febrero de 2007. Quería saber el desarrollo apartándome un poco del tenor literal de la pregunta.
Como entra en el contexto, aprovecho para formular ahora. No me importa que el señor subsecretario pueda ampliarme la contestación con la respuesta escrita pertinente, si es que en este momento no tiene los datos o los suficientes elementos de
juicio. Decía que habían sido fijadas hasta febrero de 2007 para aprobar las directrices generales propias de los planes de estudios que deban cursarse para la obtención de los nuevos títulos de grado. Otra de las conclusiones era que, una vez que
se publicara en el Boletín Oficial del Estado el real decreto de establecimiento del nuevo título de grado correspondiente, las universidades dispondrían de tres años para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la
obtención de los títulos en la forma en que determinen sus estatutos o normas de organización. Otra conclusión final, al depender Ceuta y Melilla de la Universidad de Granada (al fin y a la postre dependía de las condiciones y de las competencias
ejercidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, vulgarmente llamado territorio MEC), era una serie de consideraciones legales sobre el acuerdo del protocolo general que en su día se firmó en el año 1999 sobre el ejercicio de las competencias de
la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que corresponde la Universidad de Granada, gestora del campus universitario de la Ciudad Autónoma de Melilla.
De acuerdo con lo anterior, el campus universitario de Melilla podría continuar impartiendo, como viene haciendo hasta la fecha -contestación de abril de 2006-, las enseñanzas conducentes a la diplomatura de gestión y Administración pública,
sin perjuicio de la implantación de los nuevos planes de estudio en las formas y plazos, que como ya reiteré en la exposición de motivos basada en la contestación del Gobierno en su día, se establece en el Decreto 55/2005, de 21 de enero. A mi modo
de ver, la pertinencia de la pregunta en esta sesión de control en la comisión era el reiterar la necesidad y la importancia para el campus universitario de Melilla de continuar impartiendo la diplomatura de gestión y Administración pública; en
segundo lugar la disponibilidad política del ministerio sobre dicha continuidad y, si puede ser, el desarrollo de estos cuatro plazos que han sido fijados hasta febrero de 2007. Me gustaría obtener contestación en la sesión de control de esta
Comisión y si no, como decía antes, mediante la correspondiente ampliación escrita.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta en los términos que estime oportuno tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Muchas gracias, señor diputado, en primer lugar por su saludo, cordial y amable como siempre, y en segundo lugar por aglutinar las dos preguntas.
Permítame que le diga que,
a juicio de este compareciente, una acción parlamentaria no responde nunca a capricho o a arbitrio alguno. Todas ellas responden al importante papel que esta casa tiene encomendado, que es el de impulso y control del Gobierno, al que nos brindamos
siempre con toda la cortesía y reconocimiento al papel que ustedes realizan.
Dicho esto, S.S. me plantea dar respuesta -usted mismo se ha respondido utilizando una respuesta escrita anterior del Gobierno- a la no desaparición de la carrera de
gestión y Administración pública en el campus universitario de Melilla, Debemos recordar el proceso en el que están inmersos los territorios, todas las comunidades autónomas, con administraciones de tutela sobre las distintas universidades españolas
y en el seno de las propias universidades en torno a la planificación de sus títulos y este camino que estamos realizando de adaptación al espacio europeo de Educación Superior. Como usted bien conoce y ha puesto de manifiesto al citar distintos y
variados documentos del Ministerio de Educación, el ministerio está trabajando en el proceso de renovación de las enseñanzas universitarias que se está llevando a cabo en aplicación de las líneas emanadas del espacio europeo de Educación Superior.
La modificación de la Ley Orgánica de Universidades, que ha visto la luz hace dos viernes en el Boletín Oficial del Estado, prevé la desaparición del concepto que venimos manejando hasta la fecha en nuestro país del catalogo de
títulos y la sustitución de este catálogo cerrado que hasta ahora conocíamos por un sistema de registro en el que se van a inscribir aquellos títulos organizados por una universidad que hayan sido verificados y cuya implantación haya sido
autorizada por la comunidad autónoma correspondiente. En el caso de Melilla, como usted bien ha descrito, la administración de tutela corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia y se articula la prestación del servicio a través de convenio con
la Universidad de Granada y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que también está presente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De acuerdo con este esquema, será posible un título de grado en cualquier disciplina que la
universidad y la comunidad autónoma correspondiente demanden. En este caso habrá que tener en cuenta lo que piensa la ciudad de Melilla. Los títulos universitarios de grado se van a organizar por grandes ramas de conocimiento y, en todo caso,
corresponderá a las universidades el diseño de los títulos de grado y la elaboración de los planes de estudio, cumpliendo con las directrices generales de cada rama del conocimiento. En relación con lo anterior, y una vez llevada a cabo la
regulación normativa correspondiente, el Gobierno va a establecer modelos para la elaboración de los planes de estudio, que deberán contener la relación de objetivos de formación y competencias que debe adquirir el estudiante; los sistemas de
admisión y orientación de estudiantes; la descripción de la organización, coordinación, planificación y desarrollo del aprendizaje; los recursos humanos y materiales que son necesarios y que deben estar disponibles para impartir esas titulaciones
de grado; los resultados previstos y el sistema de garantía de calidad vinculado a la aprobación de esas titulaciones. A ese respecto, el Ministerio de Educación ha hecho públicos varios documentos -a los que hacía referencia S.S.-que recogen su
propuesta sobre la organización de las enseñanzas universitarias, las directrices para la elaboración de los títulos universitarios de grado y máster, así como sobre materias básicas por ramas de conocimiento, con el fin de otorgar a las
universidades un amplio margen para establecer su propio modelo de organización y para elegir y diseñar los títulos que deseen impartir las universidades en sus áreas de actuación. Por su parte, corresponderá a las universidades el diseño de los
planes de estudio de estos títulos que propongan aportando modelos de referencia o bien que se encuentren avalados por redes de colaboración académicas o profesionales, nacionales o internacionales. Una vez elaborado el plan de estudios, el Consejo
de Universidades verificará que el mismo se adecua a las directrices establecidas, así como a los criterios y directrices para la garantía de la calidad en el espacio europeo de la Educación Superior, para lo cual requerirá previo informe favorable
de la comisión de evaluadores externos, que saben ustedes que cada vez se han hecho más presentes en nuestro sistema, con la finalidad de intentar aportar ese elemento de garantía, de calidad, de contraste, de observatorio exterior, en relación a lo
sometido a evaluación, habida cuenta de que hay que competir y ofrecer resultados de garantía, no solamente en el ámbito interno sino también en relación con las redes universitarias internacionales en nuestro país. Una vez propuestos por la
correspondiente universidad esos títulos, de acuerdo con el procedimiento descrito, el Gobierno habrá de comprobar que cuentan con la autorización de la comunidad autónoma. En su caso será el territorio MEC que S.S.
apuntaba. Yo creo que
tendremos que empezar a abandonar esa descripción que a mí nunca me gustó. Como decía, habrá que comprobar que son coherentes con otros títulos que figuran en el registro y que no produzca interferencias normativas con el Gobierno. El último paso
será que el Gobierno establezca el carácter oficial de los títulos y ordene su inscripción en el registro oficial. Al hilo de este íter procedimental que he descrito, y que usted bien conoce porque es el establecido por la modificación de la Ley
Orgánica de Universidades con la participación de todas las administraciones que concurren y la peculiaridad o el traje a medida diseñado ahora para el caso de la ciudad de Melilla, queda explicitado el camino y cómo Melilla va a poder seguir
teniendo no solo esa titulación sino todas aquellas que el conjunto de los profesionales, la ciudad, la sociedad y la administración de tutela -en este caso el Ministerio de Educación- acordemos que deben ser necesarias para ofertar en esa ciudad.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, ¿desea aclarar algo?
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Primeramente quiero mostrar nuestra conformidad inicial en dos temas con el señor subsecretario; en primer lugar, coincidimos en que ninguna gestión de control al Gobierno se realiza con carácter provisional o
caprichoso, era sencillamente una introducción retórica, para que no interpretara el señor subsecretario pesadez o redundancia en una pregunta respondida por escrito hace ya un año y que quedaba no digo que suficientemente explícita, porque había
algún punto que aclarar. Es lo que yo he intentando en mi intervención que el señor subsecretario tuviera claro. En segundo lugar, coincido en que a mí tampoco me gusta lo del territorio MEC, es una cuestión de buen gusto semántico y espero que
entre todos nos inventemos alguna otra denominación para desechar para siempre semejante localización territorial, que más parece el título de una película que un mecanismo de gestión de un ministerio.
Dicho lo cual, señor subsecretario, la respuesta es bastante clara y por si hay alguna duda la ciudadanía de Melilla tiene una vocación importante en la diplomatura de gestión y Administración pública, S.S. solo tiene que ver el número de
matriculados, el número de cursos o la implementación de matrículas en sucesivos cursos, lo que hace posible no solamente este título sino cualquier otro que la propia comunidad autónoma, mediante el mecanismo de tutela del Ministerio de Educación y
Ciencia, estimara pertinente. También me ha parecido deducir, en cuanto a la respuesta que se ha dado, que los cuatro plazos que han sido fijados
hasta febrero de 2007 o están en el camino que el señor subsecretario acaba de marcar o en cualquier otro que yo no haya sido capaz de captar, pero me parece que el señor subsecretario ha dicho ya que los cuatro plazos han sido fijados, lo
que da lugar al desarrollo posterior de todas las nociones legales a las que yo he hecho mención. No quiero ser más prolijo en la explicación porque creo que tanto su exposición como mi pregunta han quedado suficientemente explícitas en la sesión
de control de esta mañana.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión más, señor subsecretario? (Pausa.)
DEL SEÑOR NASARRE GOICOECHEA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
- GRADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO 8 EN LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i). Número de expediente 181/002016.)
El señor PRESIDENTE: Concluidas las preguntas 9 y 10 del orden del día, pasamos a la pregunta número 11, del señor Nasarre, sobre el grado de ejecución del capítulo 8 en los programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor subsecretario, usted conoce perfectamente nuestra preocupación por el uso del capítulo 8, sobre todo en el ámbito de los organismos públicos de investigación, como instrumento para financiar las
actividades de I+D+i. No constituye para nosotros un anatema la utilización del capítulo 8, como era lo que entonces defendía el señor Lissavetzky como portavoz del Grupo Socialista en la legislatura anterior, que condenaba la posibilidad de
utilizar el capítulo 8, pero le tengo que decir que ustedes están desarrollando una política de financiación de la I+D+i en la que hay una excesiva apelación a los préstamos, más de la mitad de los Presupuestos Generales del Estado del año 2007
dedicados a investigación y desarrollo están ubicados en el capítulo 8, y el peso, más allá del I+D de este capítulo, en los Presupuestos Generales del Estado es cada vez mayor, suponiendo ya el 6,4 por ciento del gasto, mientras el capítulo 6, de
inversiones, representa el 5,3 por ciento. Toda esta dinámica nos preocupa sobremanera.
En investigación y desarrollo civil, en el año 2007, como usted sabe perfectamente, ha alcanzado la apelación a los préstamos más de 3.100 millones de euros, un 36,8 por ciento más que en 2006, que no llegaron a los 2.300 millones de euros.
Pero de dichos créditos, quiero insistir en ello, se destinan más de 1.115 millones de euros -más de una tercera parte- al sector público, a los organismos públicos de investigación.
Usted conoce nuestro planteamiento sobre que esta apelación,
sobre todo en los organismos públicos de investigación, es una financiación heterodoxa y con graves riesgos. Por todo ello le pregunto cuál ha sido la ejecución del año 2005, 2006 y hasta lo que podamos del ejercicio presupuestario de 2007, y
cuándo y cómo se va a producir la devolución de préstamos.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Es una pregunta compleja y difícil, voy a intentar explicar con la mayor claridad posible algunas de las inquietudes que usted pone de manifiesto en su pregunta, dando datos
en relación al grado de ejecución del capítulo 8 en cada uno de los programas de I+D+i. No es la primera vez que S.S. formula el planteamiento reflexivo en torno a la parte que debe ir financiada con capítulo 8 o con otros elementos del presupuesto
del Estado. Quiero indicarle que esa tendencia va a modificarse en la línea que usted plantea para el próximo presupuesto.
En relación con el grado de ejecución del capítulo 8 en cada uno de los programas de I+D+i del presupuesto del Ministerio de Educación de 2007, no le puedo dar todavía más que porcentajes a 90 días que creo que no son significativos, habida
cuenta que usted conoce perfectamente que la mayor parte de la ejecución de ese presupuesto se deriva en convocatorias; algunas de ellas ya han salido y son públicas, están en proceso de evaluación y tendrá lugar la adjudicación del mismo a finales
de ese proceso, una vez hayan sido evaluados los proyectos. De 2006 sí le puedo brindar datos cerrados en relación a la ejecución. En el programa 463B, de fomento de coordinación de la investigación científica y técnica, el grado de ejecución del
capítulo 8 ha sido del 85,88 por ciento, desglosado de la siguiente forma: en el artículo 82, concesión de préstamos al sector público, aportaciones reembolsables al programa Consolider y al subprograma Explora, sobre un crédito de 15 millones de
euros se han reconocido obligaciones por importe de 7.150.000 euros, es decir el 47,67 por ciento. Aportaciones al fondo estratégico para infraestructuras científicas y tecnológicas, sobre un crédito de 170 millones de euros se han reconocido
obligaciones por importe de 148.917.000 euros, el 87,60 por ciento. Al consorcio para la construcción y explotación de la fuente de separación de neutrones del País Vasco, sobre un crédito de 10 millones de euros se han reconocido obligaciones por
el importe completo de dicho crédito del cien por cien. En cuanto a anticipos reembolsables, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, sobre un crédito de 204 millones de euros se han reconocido obligaciones por
un importe de 184.698.720 euros, es decir el 90,54 por ciento. El grado de ejecución del artículo 82 en su conjunto ha sido del 87,91 por ciento. El artículo 83, el siguiente en cuanto a concesión de préstamos fuera del sector público, le indico
con el mismo índice de detalle. La concesión de préstamos fuera del sector público ha tenido la siguiente ejecución: aportaciones reembolsables del programa Consolider y del subprograma Explora, no ha
habido ejecución del crédito de 5 millones. Anticipo reembolsable del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, sobre un crédito de 15 millones de euros se han reconocido obligaciones por un importe de
9.078.460 euros, es decir del 60,52 por ciento. El grado de ejecución del artículo ha sido del 60,52 por ciento.
En el programa 467C, investigación y desarrollo tecnológico industrial, el grado de ejecución del capítulo 8 ha sido del 85,53 por ciento desglosado de la siguiente manera. Del artículo 82, concesión de préstamos al sector público, en
cuanto a aportaciones reembolsables, apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico en el sistema ciencia-tecnología-empresa y programas de potenciación de parques científicos y tecnológicos, sobre un crédito de 292 millones de euros se han
reconocido obligaciones por un importe de 232, es decir el 79,66 por ciento. El artículo 83, de concesión de préstamos fuera del sector público, en lo que conocemos como aportaciones reembolsables, apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico,
sobre un crédito de 149 millones de euros se han reconocido obligaciones por un importe de 144, es decir el 97,04 por ciento. En total, el grado de obligaciones reconocidas en todo el capítulo 8 ha sido del 85,70 por ciento. Sobre el tema de las
devoluciones de los créditos quiero decirle que, de acuerdo con las convocatorias y las concesiones de cada uno de ellos, han empezado ya a producirse algunas de las mismas.
El señor PRESIDENTE: De nuevo tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Estaremos expectantes para que nos puedan suministrar los datos correspondientes al año 2007 en el momento oportuno. De la lectura que nos ha hecho me parece que donde hay una menor ejecución presupuestaria es
precisamente en el ámbito del sector público, lo que refuerza el planteamiento y las reflexiones que le he hecho antes. También le tengo que decir que observaremos en relación al presupuesto de 2008 este cambio de orientación que usted nos ha
anunciado, porque yo tengo una gran preocupación en que esa financiación creciente como manera de ayudar a los órganos públicos de investigación pueda tener a medio plazo unos riesgos enormes. Tenemos casos en otros sectores del ámbito público en
el que apelando a la financiación vía préstamos se han generado bolsas de endeudamiento que después son insoportables para gestionar y resolver. Por lo tanto, nuestra alerta en esta materia es la última reflexión que le quería hacer.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, me acaban de proporcionar el listado concreto de todas las cifras y porcentajes que acaba de exponer.
Creo que ninguno podíamos seguir el ritmo porcentual de los datos que nos iba dando, por lo que
podrán ustedes disponer de ellos una vez que se saquen las fotocopias.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Le facilito la ejecución de 2006. Señoría, ya le he indicado anteriormente que para 2007 deberemos esperar al transcurso sobre todo de la resolución de las convocatorias.
Quisiera decirle que por parte del Ministerio de Educación, en lo que respecta a este capítulo 8 y su utilización, vemos los distintos de vista, el que ustedes nos han venido aportando en el transcurso de toda la legislatura, lo evaluamos y
analizamos, pero creemos que con la necesidad de mejorar algunos de sus aspectos está siendo muy positivo para el sector de investigación y para la red de investigación en España.
También he de decirle que no me encuentro muy orgulloso como
responsable de la gestión del ministerio de estos grados de ejecución en este capítulo tan difícil, donde estamos hablando de unos datos del 86-87 por ciento, en un contexto general con el que me encuentro más satisfecho, si bien adoptando medidas
día a día para seguir mejorando la ejecución presupuestaria en un contexto global de una ejecución presupuestaria de un 95, 96 ó 98 por ciento, que es el global del ministerio año a año en lo que ha dependido de nuestra Administración. Adoptamos
técnicas a diario para conseguir ese grado de ejecución, puesto que la Ley de Presupuestos Generales, por ustedes aprobada cada año, no consiste solamente en aprobarla, sino también en el deber del Gobierno de ejecutarla de manera correcta. No
obstante, puestas de manifiesto las dudas que usted plantea, y que nosotros analizamos, le voy a dar solamente un dato en relación con esa materia. Señoría, en el ejercicio del capítulo 8 tal y como lo hemos gestionado en 2006, a través de este
tipo de ayudas hemos logrado que se invirtieran en el sistema español de investigación, desarrollo e innovación más de 700 millones de euros, lo que ha proporcionado una inyección importante, que vía otros capítulos presupuestarios no hubiese tenido
en un solo año. ¿Conlleva algún tipo de riesgo? Sin duda, el principio de riesgo y ventura es un elemento con el que hay que contar, pero el sistema científico español ha tenido esa inyección económica en sus infraestructuras que van a permitir a
nuestros científicos desarrollar de la mejor forma posible su trabajo.
Quiero transmitirle que estamos abiertos al análisis y al diálogo, no solamente en la Comisión sino en cuantos foros fuera necesario, a estudiar este capítulo 8 y la mejora del mismo en el sistema de educación en España.
DEL SEÑOR NASARRE GOICOECHEA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
- SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL FUTURO MODELO DE FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA AL QUE SE COMPROMETIÓ EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA AL COMIENZO DE LA LEGISLATURA. (Número de expediente 181/002516.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta del orden del día, la número 13: Situación en que
se encuentra el futuro modelo de financiación universitaria. Para formularla tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: La pregunta que formulo al subsecretario podría ser retirada porque el viernes de la semana pasada abrí la página web del ministerio y estaba colgado el informe que la comisión encargada para hacer el modelo de
financiación había terminado y, esta misma mañana, la ministra de Educación lo presenta en el Consejo de Coordinación Universitaria. Por lo tanto, el objeto en sí mismo de la pregunta ha decaído. Sin embargo, desde el viernes hasta hoy, el informe
tiene 118 páginas, es muy complejo y lo he leído en diagonal. No es el momento de debatir su contenido, probablemente por su enjundia propondré su debate en esta Comisión, pero de mi lectura del texto se deduce -tengo las dos páginas fundamentales
en este tema, la 54 y 55- que sí resulta conveniente un incremento de la financiación universitaria para atender las nuevas demandas. En su programa electoral prometieron -sin posible interpretación- un incremento de la financiación pública para
que esta llegara al término de la legislatura al 1,5 por ciento del PIB. Le dije al secretario de Estado, señor Quintanilla, en esta misma Comisión que eso significaba que de aquí a las próximas elecciones quedan muy pocos meses y se necesitan
inyectar 3.000 millones de euros aproximadamente. En la comisión llegan a una conclusión parecida, que para acercarse significativamente a los resultados que describe la visión del mismo debe plantearse como objetivo desplazar la suficiencia de
financiación del sistema universitario español hasta alcanzar en el horizonte de cinco años el 1,5 por ciento del PIB. Ustedes retrasan la solución y aplazan a cinco años un compromiso electoral que ustedes plantearon en esta legislatura a sus
electores, a los ciudadanos y al pueblo español.
Reitero lo que le dije al señor Quintanilla, ¿cómo va a poder cumplir de aquí al mes de marzo de 2008 este compromiso que significa una gran inyección? Ustedes la reducen en lo que se refiere a la financiación correspondiente a la
Administración General del Estado en torno a 2.000 millones de euros dado que a las comunidades autónomas les corresponde en torno a 800 millones de euros. Es decir, ustedes tienen en todo caso la obligación de responder a esa promesa electoral.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, usted tiene la obligación de responder a la pregunta que viene en el orden del día.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): En relación con la situación en que se encuentra el modelo de financiación, voy a contestarle sin evadirle alguna de las cuestiones que plantea. No ponga nunca en duda el
cumplimiento de nuestros compromisos electorales, porque llevamos tres años demostrando que los hemos alcanzado y así vamos a intentar seguir haciéndolo en el transcurso de nuestro compromiso con los ciudadanos. Buena prueba de ello es poner de
manifiesto que el gasto en educación ha crecido un 64 por ciento y un 125 por ciento en I+D+i, siendo esto notorio en el sistema público español, que redunda en una mejora.
Ha descrito magníficamente S.S. el camino en el que se encuentra este modelo de financiación universitaria, al que se comprometió el Ministerio de Educación y Ciencia al comienzo de la legislatura, pero me va a permitir que le recuerde a
Benjamín Franklin, y un camino de mil millas se empieza dando siempre un primer paso. Creo que en el transcurso de estos tres años hemos dado muchos pasos, atendiendo primero a lo más urgente que era la reforma íntegra de la LOE y la reforma
parcial de la LOU, y ahora estamos centrados en el resto de materias, todas ellas con compromisos importantes. He de recordar los 7.000 millones de euros que acompañan a la LOU para ponerla en marcha y también las medidas que van a mejorar el
sistema de financiación universitaria.
Como bien ha dicho S.S., la señora ministra está hoy explicando el documento, que es un primer trabajo realizado por un órgano colegiado y del que todavía hay que esperar la posición que respecto al mismo adopte el Gobierno. También hacía
usted referencia a que el pasado 13 de marzo el secretario de Estado de Universidades e Investigación tuvo la ocasión de comparecer y que informó ampliamente sobre lo que era el modelo futuro de financiación universitaria. Sin duda, esta Comisión
tendrá en su seno distintas sesiones que abordarán con mayor detalle este documento complejo, que usted conocía a través de la página web del ministerio y que como ve responde también a uno de nuestros compromisos electorales de transparencia
inmediata y permanente en todas las áreas de acción y actuación del ministerio.
El Gobierno entiende que el modelo de financiación universitaria debe responder a tres principios, y usted los conoce, el de suficiencia para lograr equipararnos a la media de los países de la OCDE, con un incremento de la financiación de la
investigación y el desarrollo; el de eficiencia, en función de los resultados, y usted sabe que se están tomando muchas medidas de cara a eso; y el de equidad, que hemos defendido desde el principio de la legislatura en todas las áreas de
actuación del Ministerio de Educación, para que el acceso a los estudios superiores no dependa de las condiciones socio-económicas sino que lo haga en función de las capacidades de nuestros alumnos.
La disposición adicional octava de la Ley Orgánica de Universidades, la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, que aprobaron ustedes en la Administración que dirigía el Partido Popular, dice que el Consejo de Orientación Universitaria elaborará un
modelo de costes de referencia de las universidades públicas. Ese precepto de una ley elaborada por su Administración no se había desarrollado, no tomaron ninguna iniciativa al respecto en esta previsión legal o al menos que hubiera alcanzado
resultado final. Fue el Gobierno resultante de las últimas elecciones de 2004 el que impulsó, en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria, la elaboración del informe sobre financiación de las universidades de
acuerdo con la disposición adicional octava. Ahí está ahora, susceptible de debate, de análisis y de estudio el informe que tenemos encima de la mesa y que, como usted dice, es complejo porque nuestro sistema universitario también lo es,
pero intentará dar respuesta a esa complejidad del sistema y con él se adoptarán las decisiones que correspondan para que también en este aspecto, el económico, el de la suficiencia financiera, las universidades y el sistema universitario español
logren recuperar el tiempo perdido y encontrarse en una situación de competitividad en relación con el resto de sus homólogos europeos en aquello que les falta, porque hay otras cosas en las que están por encima de ellos. No quiero evidenciar con
esto un punto débil del sistema, pues tiene otros muy fuertes.
Para concluir la definición del modelo está reunido hoy el Consejo de Coordinación de Universidades, de donde manará el informe sobre el modelo de financiación, y una vez sea público éste será el momento de tratar con la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, porque estamos abiertos, como bien conoce, a recoger todas las sugerencias que puedan hacernos que supongan una mejora para el sistema universitario, puesto que nuestro objetivo no es otro en todo el sistema que
conseguir una mejora de la educación y por ello estamos trabajando.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, tiene la palabra.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Haré tres breves observaciones. La primera, efectivamente se ha publicado el viernes pasado en la página web del ministerio, pero con más de un año de retraso de una promesa formal que hizo en esta Comisión la
anterior ministra de Educación y Ciencia.
Bienvenido sea, pero yo tengo que recordar el grave retraso que se ha producido. Segunda, reitero nuestro interés en debatirlo. Pediremos, efectivamente, la comparencia del secretario de Estado de
Universidades, una vez que el Consejo de Coordinación Universitaria ha hecho las observaciones que procedan. Tercera, el cumplimiento de su promesa electoral es muy sencillo, y lo vamos a ver en septiembre de este año.
Pasado el estío usted tendrá
que dar la cara en esta Comisión, me refiero a si ustedes ponen los cerca de 3.000 millones de euros que reconoce la propia Comisión que se necesitan para llegar al 1,5 por ciento del PIB, que es su promesa electoral. Por lo tanto, si no consiguen
que el señor Solbes, de aquí a septiembre, les ponga ese dinero, tanto el señor Quintanilla, que se comprometió a ello, como el propio ministerio, como el propio señor Rodríguez Zapatero, habrán incumplido claramente una promesa electoral.
El señor PRESIDENTE: Para terminar este debate tiene la palabra el señor Gurrea.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Gurrea Casamayor): Recojo sus tres observaciones: retraso, debate y cumplimiento. He de decirle que nuestros barcos hasta ahora siempre han llegado a puerto y no son como las armadas
invencibles que se hunden; es preferible llegar un poco tarde pero llegar. Con este tema que usted nos demandaba, hemos llegado.
Debatiremos gustosos desde el ministerio, sabe que hasta la saciedad, y serán tenidas en cuenta todas las
aportaciones que quieran hacernos, sin duda mejorarán el texto, y gustosos compareceremos una vez más en la Comisión de Educación para explicar los Presupuestos de la sección 18 para el año 2008.
El señor PRESIDENTE: Antes de concluir la Comisión, les recuerdo a SS.SS.
que mañana tenemos Comisión para dictaminar el proyecto de Ley de violencia en el deporte y que el debate, aunque los ponentes ya lo saben, se hará en una única
intervención, sin límite de tiempo siendo este razonable, y que no procederemos a la votación antes de las doce y media.
La Comisión empieza a las nueve y media pero las votaciones serán al final, no antes de las doce y media.
Se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.