CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 796

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA

Sesión núm. 42

celebrada el miércoles, 21 de marzo de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa al caso Fórum Afinsa y la protección de los consumidores.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002115.)...(Página 2)


- Sobre el establecimiento de una cláusula de garantía de las inversiones presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado y no ejecutadas.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
(Número de expediente
161/002097.)... (Página 9)


- Relativa a la actualización de los conceptos y coeficientes de las tablas de amortización lineal. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001683.)...
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Se abre la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA AL CASO FÓRUM AFINSA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002115.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión. Como saben, tenemos tres proposiciones no de ley en el orden del día de hoy. Avanzo que al finalizar la sesión haremos una reunión breve de Mesa y portavoces. Dado el orden del día,
podríamos fijar la votación no antes de las once y media.



La primera proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, es la relativa al caso Fórum Afinsa y la protección de los consumidores. La va a defender, en nombre del grupo proponente, el señor Martínez-Pujalte. Tiene la
palabra.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Mi grupo ha presentado una proposición no de ley en la que pretendemos que se busquen soluciones para los afectados de Fórum Afinsa y, además, que se avancen posibilidades de mejora del marco regulador para
que en el futuro no ocurran situaciones similares.
La voluntad de mi grupo hoy, esta mañana, no es buscar culpables ni lamentarnos sino buscar respuestas que les sirvan a las miles de familias afectadas por el cierre, después de la intervención de
las empresas, que dejó sin soluciones a los afectados, a los clientes de Fórum y Afinsa y, además, pretendemos impulsar, o que el Gobierno impulse, marcos jurídicos que eviten situaciones similares en el futuro. Dos empresas que llevaban
funcionando casi 25 años -ha habido gobiernos de UCD, del Partido Socialista, del Partido Popular y luego del Partido Socialista- y que se vieron intervenidas de una manera bastante expresiva mediáticamente, con metralletas incluso, y cerraron.
Eran empresas que vendían unos activos con un compromiso de recompra. Eran empresas que funcionaban en lugares conocidos con actividad conocida y reconocida. Tengo entre la documentación revistas que recomendaban la inversión en ese tipo de
empresas. Hay fotos con ministros del PSOE, el señor Borrell o incluso la ministra Salgado, cuando era secretaria general de comunicaciones, con ministros del Partido Popular y con ministros del nuevo Gobierno socialista, con el señor López
Aguilar, por ejemplo. Eran empresas con rentabilidades quiero señalarlo, no muy altas, porque aquí en esta Comisión de Economía tuvimos una comisión de investigación por el cierre de Gescartera y estábamos hablando de rentabilidades del 15 por
ciento, del 16 por ciento, o cuando se creó un fondo a posteriori con efectos retroactivos para AVA, en Zaragoza, eran afectados con rentabilidades aseguradas del 15 por ciento, del 16 por ciento. Aquí estamos hablando de rentabilidades normales,
con publicidad conocida, con artículos de catedráticos recomendando las inversiones, pero, como decía un diputado murciano de la anterior legislatura, lo cierto y verdad es que 400.000 familias han perdido sus ahorros, familias de rentas medias y
bajas en un 85 por ciento, con inversiones no muy altas, y además con una gran diversificación regional, no se puede hablar de un problema en Madrid o en Castilla-La Mancha o en Cataluña. Un caso real es el de un afectado, José S. L. -para decir
solo iniciales-, que estuvo poniendo 50.000 pesetas mensuales durante 10 años, desde 1990 al 2000; desde el 2003 empieza a cobrar unas cantidades una desinversión equivalente a una rentabilidad del 4,6, no muy alta puntualmente hasta la
intervención, que ya no ha cobrado nada, y además lo necesitaba. Ahora es pensionista y necesitaba ese dinero. El producto tenía la calificación de producto mercantil y la contabilidad se ajustaba a ese criterio. No debía ser muy raro cuando
gobiernos del PSOE y gobiernos del PP no lo pusieron en duda, incluso el señor Solbes actualmente dice que el negocio no es financiero, es mercantil. Por cierto, el borrador de proyecto sobre el que Sanidad y la ministra de Consumo presentó al
Consejo de Ministros un informe sobre este tipo de productos, tampoco lo califica de financiero, sino de mercantil. Sin embargo, la Agencia Tributaria lo calificó de producto financiero, dijo que la contabilidad se tenía que ajustar a otros
parámetros e intervino la compañía, además con metralleta, no sé si era necesaria o si sólo era para el efecto mediático. Decían que había inversiones piramidales. Había otras entidades financieras que tenían también este tipo de negocio donde los
activos mantenían a los pasivos, y cuando se quiso regularizar esa situación se les dio un plazo de tiempo para hacerlo. Se podía haber hecho aquí así, se podía haber dado un plazo, se podía haber llamado a las empresas para que lo arreglaran, se
podía haber hecho una intervención distinta para evitar que los afectados dejaran de cobrar. Se optó por otra solución que es el cierre radical, es decir, a partir de ahora ya nadie cobra. Es una manera de hacerlo. El Gobierno decía que esta era
la mayor estafa del mundo mundial y que tenían que cerrar de golpe. Yo creo que en las entidades financieras las intervenciones se tienen que hacer de otra manera, no se pueden hacer con las cámaras de televisión, porque eso afecta a los clientes;
se tienen que hacer de manera sosegada, se tienen que buscar soluciones y solo cuando no se encuentran las soluciones hay que actuar de otra manera.



La verdad es que dos días antes de la intervención dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron condenados por detener a dos militantes del PP, la verdad es que el delegado de Gobierno de Madrid dimitió por esa actuación, y la
verdad es que se hizo un gran despliegue mediático con presencia del secretario de Estado de Comunicación. Luego, posteriormente, el ministro de Economía dijo que eso no iba con él, la ministra Salgado


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le echó la culpa a las comunidades autónomas, el señor Moraleda le echó la culpa al Partido Popular, y yo no hablo de culpables, que tenga la culpa quien quiera; si el Grupo Socialista quiere, que me la eche a mí, que la disposición
adicional cuarta de la Ley de Inversión Colectiva del 2003 tiene la culpa de las inversiones de Fórum y Afinsa de 25 años anteriores. Yo también era intuitivo, como el señor Clos. Yo tengo la culpa, que me la echen a mí, pero busquemos soluciones
entre todos para los afectados, eso es lo que yo pretendo hoy. ¿La legislación era la adecuada? No lo sé, pero desde luego lo que no parece razonable es que la disposición adicional cuarta de la Ley del 2003 tenga la culpa de las inversiones en el
año 1980, no parece eso muy razonable. ¿Qué hubiera pasado si la disposición adicional cuarta se desarrolla? Tampoco lo sé.
¿Las comunidades autónomas tienen la culpa, como decía la ministra Salgado? ¿Las 17 comunidades autónomas se pusieron de
acuerdo para no actuar ninguna? Porque si hubiera sido un problema de las comunidades autónomas, alguna comunidad autónoma habría actuado, pero que ninguna actuara... Yo creo que, a lo mejor, las comunidades autónomas no tenían claro que esto iba
con ellas, sino que era un problema del Gobierno de Madrid. ¿El Partido Popular tiene la culpa? A lo mejor tenemos la culpa el Partido Popular, también de matar a Manolete, pero me da igual. ¿Se podría haber hecho la intervención de otra manera?
Lo podemos juzgar, pero tampoco quiero entrar en eso hoy porque quiero buscar soluciones.



Desde el Grupo Popular no defendemos ni a la empresa ni a los gestores; queremos defender a los afectados. No defendemos a la empresa; si tenía irregularidades, que lo determinen los órganos jurisdiccionales. Si los gestores cometieron
irregularidades, que los juzguen los órganos jurisdiccionales y que tomen la decisión. A quien defendemos es a los afectados, porque, desde luego, la culpa no la tienen los afectados y, en mi opinión, no tienen menos derecho los afectados de Fórum
y Afinsa que los de Gescartera o que los de AVA o que los del Banesto, pero ni siquiera que otros afectados de catástrofes naturales como pueden ser el Prestige, riadas, incendios, Air Madrid, aeropuerto de El Prat, etcétera.
En mi opinión, aquí
hay una responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno, pero eso lo determinarán los órganos jurisdiccionales. Lo que sí hay es una responsabilidad moral de los políticos de buscar soluciones a los afectados, como hemos buscado soluciones a los
afectados en este Parlamento para los de El Prat, para los de Air Madrid, para los del Prestige, para los de Banesto, para los de Gescartera, para los de AVA; hay una obligación moral de buscar soluciones. Tal obligación moral hay, que el Defensor
del Pueblo así lo reconoce en un informe que ha presentado hace poquísimos días. En el informe, presentado con fecha 12 de diciembre del 2006, dice que se deben adoptar las medidas oportunas para dar solución a los afectados. Pero, además, no solo
es el Defensor del Pueblo; hace pocos días, el Partido Socialista -no el Partido Popular- en la Asamblea de Extremadura ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno de España a establecer medidas de apoyo financiero para los
ciudadanos que se han visto afectados por el caso Fórum y Afinsa. Estoy hablando del Partido Socialista, del que hay algún diputado en esta Comisión. Por eso, mi grupo pide desarrollo legislativo.
Es verdad que hay un anteproyecto. Invito a los
diputados de la Comisión a que se lean la carta que José Enrique Serrano, jefe de Gabinete del señor Zapatero, ha remitido a los afectados diciendo que ya está todo arreglado, que les han dado dinero a las asociaciones, y ruego a los señores de la
Comisión que hablen con los afectados para ver si ellos se sienten ya con el problema solucionado porque las asociaciones de consumidores han recibido dinero o, como el señor Serrano les dice en la carta, que la ministra ha presentado ya un informe
de desarrollo legislativo, un proyecto de ley que ha criticado el Gobierno de Cataluña, a través de su director general de Consumo y presidente de la Comisión territorial de Consumo, donde se reúnen los directores generales; que ha criticado la
señora Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores -que no es del Partido Popular-, y dice que está todo arreglado. Yo creo que no, que hay que dar una solución de futuro. Pero además creemos que es bueno dar una solución también de pasado,
como se dio para el caso de AVA, y creemos que es bueno que se dé un fondo. Aquí, en este Parlamento, se aprobó hace unos meses una moción -que, por cierto, yo creía que se quedaba corta y, de hecho, me abstuve por eso- donde se decía, el día 24 de
mayo del 2006, que el Gobierno hiciera un estudio para ver qué medidas de apoyo financiero se podían articular, estudio que no se ha hecho por ninguna parte; y eso se aprobó en el Parlamento. Por eso, nosotros queremos, primero, desarrollo
legislativo. Segundo, es necesario que además se constituya un fondo para los afectados en las mismas condiciones que otros fondos que garantizaban inversiones a familias que metían sus ahorros en AVA, en Gescartera o en otros sitios y, además, que
se habiliten los créditos ICO que prometió Moraleda el día siguiente de la intervención. Ayer, desde el grupo parlamentario llamamos al ICO para qreguntar por la línea de créditos para los afectados de Fórum y Afinsa que prometió el señor Moraleda
en sus declaraciones, y nos contestaron que no se han habilitado. Pues no prometan ustedes y cúmplanlo. También creemos que hay que adoptar en esta Comisión una recomendación al Gobierno para que establezca un protocolo de actuación en entidades
financieras. No se puede aceptar que a una entidad financiera se vaya con metralletas, porque se pone en riesgo a los consumidores, no a la entidad, a los clientes de esa entidad. Sucedió en este caso, pero posteriormente sucedió en otro que puso
en riesgo las inversiones de muchos clientes. Creemos que tiene que haber un protocolo de actuación que establezca la discrecionalidad, la serenidad y el aseguramiento de los inversores.



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Concluyo. Mi voluntad, como han visto, no es buscar culpables, no he querido buscar culpables en nadie. Mi voluntad hoy es que seamos capaces de buscar soluciones para los afectados entre todos. Ese es mi único objetivo en esta Comisión.
Podemos discutir de lo que quieran, podemos buscar otros ámbitos para discutir de la regulación o de la supervisión.
Yo ahora quiero solo una cosa, que seamos capaces de decirles a los afectados diez meses después: no perdáis la esperanza, los
políticos vamos a intentar buscar soluciones para vosotros, como se han buscado para otros muchos colectivos de afectados por casos financieros o por causas naturales. Desde luego, los afectados no tienen la culpa; los afectados lo que buscan del
Parlamento no es que nos peleemos entre nosotros, sino que busquemos soluciones para ellos, y esta es la voluntad de la proposición no de ley de hoy.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentada una enmienda de Convergència i Unió. Tiene la palabra para defenderla el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.



Señoras y señores diputados, efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que hace referencia al caso Fórum y Afinsa, pero previamente me
referiré a una iniciativa que nuestro grupo presentó en el mes de mayo, días después de la intervención de estas dos compañías, una interpelación que posteriormente acabó en una moción, que fue aprobada mayoritariamente por toda la Cámara con la
abstención del Grupo Parlamentario Popular -lo ha recordado el señor Martínez-Pujalte-, en la cual nuestro grupo planteaba una serie de medidas que iban encaminadas a resolver las situaciones financieras de los afectados, que no hemos de olvidar que
son alrededor de medio millón de personas que confiaron en estas dos compañías filatélicas, también iban encaminadas a promover y apoyar, junto con las comunidades autónomas, una serie de medidas para implementar cuestiones que iban orientadas a
fomentar y a resolver todos aquellos problemas que afectaran a las asociaciones de consumidores, y también el Gobierno se comprometía a plantear resoluciones jurídicas y políticas para que el marco legal de determinados controles de determinadas
entidades financieras no se viera en la misma situación que Fórum y Afinsa. Prácticamente han pasado doce meses después de esta moción, en la cual, quiero insistir, nuestro grupo fue el primero que se preocupó de resolver esta situación financiera
de los afectados y los resultados de esta moción han sido decepcionantes y muy negativos. Al menos nosotros hemos hecho varias preguntas al Gobierno y no hemos recibido ninguna respuesta, ni positiva ni negativa, respecto a cuál es la situación de
los afectados. Uno puede llegar a la conclusión de que en este caso los afectados, los que invirtieron sus fondos en Fórum y Afinsa, han sido tratados quizás como apestados, como especuladores, como personas non gratas, porque realmente el Gobierno
no ha planteado ninguna solución al respecto, partiendo de la base de que los ahorradores que se planteaban usar estas compañías iban buscando no rendimientos especulativos del 20 y del 30 por ciento, sino que estamos hablando de rentabilidades que
están entre el 4 y el 6 por ciento. Por tanto, creo sinceramente, señorías, que el Gobierno, y en este caso el Parlamento, tendría que ser más sensible a todas estas personas que confiaron en unas entidades financieras que, por lo que sea, no
estaban bajo la tutela del Banco de España, no estaban bajo la tutela de las sociedades de inversión colectiva y, finalmente, ha pasado lo que ha pasado, una intervención policial y los depósitos, los recursos y los ahorros de todas estas familias
en el aire y no saben si finalmente los van a recuperar. Por tanto, a pesar de que compartimos la filosofía y los planteamientos que ha hecho el Grupo Popular, que coinciden exactamente con una proposición no de ley que nosotros tenemos planteada
en esta Comisión y con la moción que nosotros presentamos inicialmente en el Congreso y después modificamos, yo diría levemente, en aras a poder consensuar con el Gobierno una serie de modificaciones que hasta la fecha, repito, no se han llevado a
la práctica, nosotros hoy, después de oír a una parte importante de las asociaciones de los afectados, hemos planteado una enmienda transaccional, -a ver si es posible poder consensuarla con todas las formaciones políticas- intentando recoger cuál
es el sentimiento de una parte importante de los afectados.



Las noticias que nos han llegado es que estos afectados que se han dirigido a nuestro grupo parlamentario, y que creo que también han hablado con el resto de grupos parlamentarios, pueden ver la creación de un fondo incluso como algo
negativo de cara a futuras comparaciones con otras personas que han invertido en otros fondos de inversiones que han tenido el mismo final, y ellos plantean una solución, que nosotros hemos intentado recoger en esta enmienda, que va en la dirección
de que el Gobierno se pudiera comprometer a plantear o analizar financieramente una posibilidad -que ellos consideran posible- de que pueda existir una devolución del cien por cien de los ahorros depositados por estas 460.000 personas en estas dos
compañías filatélicas a un coste cero para el Estado y que esta devolución se pudiera hacer en los próximos cuatro ejercicios, que van desde el año 2008 a 2011. Ellos entienden que esto es posible a través de una liquidación ordenada de los activos
empresariales. Han analizado esta situación en profundidad y piensan que con una liquidación ordenada de su patrimonio, de sus activos financieros, podría llegarse a la conclusión de que sería posible que estos 460.000 afectados pudieran recuperar
el cien por cien de los ahorros. Nuestra enmienda también plantea que esta liquidación se podría hacer en los años que se consideraran oportunos y con la tutela y participación de los poderes públicos. Por tanto, nosotros hemos presentado una
enmienda, yo diría de consenso, que posibilita


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y hay una parte de los afectados que confían en que esto sea posible- poder recuperar los ahorros de estas 460.000 personas a un coste cero para el Estado, y ellos plantean que el Estado pueda involucrarse en la liquidación ordenada de
dichas compañías, de dichos patrimonios, para que finalmente esto pueda tener un final feliz. Esta es la voluntad de nuestra formación política, única y exclusivamente poder resolver el problema de los ahorros de estas 460.000 familias. Si
analizamos el segmento de la población al que corresponden veremos que hay familias y personas que no pueden llegar a final de mes porque han invertido todos sus ahorros en estas compañías, no para esperar unos rendimientos especulativos, sino unos
rendimientos que estaban un poco por encima del interés normal que dan otras entidades financieras españolas. Entendemos que si nos pusiéramos de acuerdo en este aspecto e instáramos al Gobierno para que fuera capaz de involucrarse y hacer efectivo
este planteamiento, quizás hoy daríamos una solución positiva a estos 460.000 afectados sin la necesidad de crear un fondo que paguen todos los españoles, con lo cual aquí sí podría haber una cierta discriminación con respecto a otros ahorradores
que han destinado sus ahorros a otras compañías que no han tenido un final feliz y de esta manera poder consensuar, repito, una solución feliz. Al mismo tiempo, quisiera recriminar al Gobierno la falta de voluntad de poner soluciones, ya que hasta
la fecha al menos nosotros y los afectados no hemos tenido ninguna contestación a los cinco puntos que aprobamos en la moción de nuestro grupo parlamentario concretamente el 24 de junio del año 2006.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la fijación de posición de los distintos grupos parlamentarios. Señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco.



El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.



Tenía una pequeña confusión de si íbamos de mayor a menor o de menor a mayor. Es igual, en todo caso intervendré gustosamente. El señor Martínez-Pujalte ha dicho que la culpa no la tienen los afectados. Es cierto, completamente cierto.
Me imagino que los afectados actuaron con buena fe, metieron su dinero, que venían metiendo además desde hace muchísimo tiempo, y año tras año lo iban recuperando sin mayor problema, hasta que se truncó la situación y se encontraron sin dinero y con
problemas. Eso es cierto, pero yo creo que al hablar de Fórum y Afinsa no se pueden obviar tampoco las responsabilidades políticas que en su caso pudiera haber. Cuando se observaron las primeras irregularidades, me imagino que por parte del
Tribunal de Cuentas y otros órganos reguladores, como podía ser la CNMV, la Agencia Tributaria o quienes detectaran inicialmente dónde estaban los problemas, lo que tenía que haber hecho el Gobierno en aquel momento -los órganos reguladores y el
propio Ministerio de Economía- era haber actuado en contra de Afinsa y Fórum Filatélico y no dejar engordar la situación y crecer el problema.
Pero en lugar de afrontar la situación, lo que se hizo, con nocturnidad, alevosía y yo creo que con
bastante mala intención por parte del Partido Popular en aquel momento, fue modificar en el Senado una ley de inversiones colectivas y, a través de esta ley, modificar el carácter de las inversiones que los ahorradores hacían en Fórum y Afinsa.
Desde luego, cuando uno pone dinero y le garantizan que en el periodo posterior le van a dar más dinero, esto es una operación financiera, se llame como se llame o se quiera encubrir como se quiera encubrir. Desde el Ministerio de Economía se trató
de derivar las responsabilidades al Ministerio de Sanidad y a través del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas que, como decía el señor Martínez-Pujalte, desde luego no se enteraron de que era su responsabilidad ni tenían tampoco las
posibilidades de controlar ni de hacer un seguimiento del proceso. Yo creo que hay bastantes responsabilidades por parte de los responsables del control de este tipo de instituciones, los órganos reguladores tenían que haber sido conscientes de que
podría haber cierto riesgo en la operación cuando unas empresas como Fórum y Afinsa ofrecían, garantizaban un tipo de interés al final de un período superior al del mercado, porque lo que está claro es que un inversor puede invertir con cierto
riesgo cuando espera obtener rentabilidades superiores a las del mercado -cuando se opera en bolsa o donde quiera con cierto riesgo- o puede poner sus ahorros en una entidad financiera que le garantice un tipo de interés relativamente bajo pero, en
todo caso, de mercado. Estas operaciones de tipos de interés que son ajenos a lo que el mercado financiero normalmente ofrece, creo que al menos deberían estar bajo sospecha y deberían ser relativamente controladas, de ahí que me extrañe que no
hubiera hecho nada ni el Ministerio de Economía ni los órganos reguladores en aquel momento. Por tanto, yo creo que ahí hay una responsabilidad política que no se puede obviar y convendría poner las cosas en su sitio e intentar también depurar este
tipo de responsabilidades. No podemos ahora decir: pongamos un fondo que compense a todos los afectados, que eso suena muy bien y los afectados nos agradecerán que digamos esto, pero obviemos y olvidemos todo lo que ha pasado y todas las
responsabilidades políticas. Yo no sé si eran del PP, no sé si eran del Partido Socialista, no estoy diciendo de qué Gobierno eran, estoy diciendo que venían de antes. Lo que sí se puede decir es que el Gobierno del Partido Popular, cuando se dio
cuenta de que la situación era irregular, en lugar de aceptar la situación lo que hizo fue una huida hacia delante trasladando las responsabilidades a Sanidad y a las comunidades autónomas. Insisto, la gente que ponía sus ahorros, algunas personas
todos sus ahorros, en este tipo de inversiones veía nada más que año tras año a lo largo de un montón de años la cosa funcionaba e iba bien, con lo cual, a la gente tampoco se le puede pedir en este sentido mayores responsabilidades.



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¿Qué es lo que plantea ahora el Grupo Popular? El Grupo Popular lo que está planteando es que haya un fondo que compense y que indemnice a estos afectados por la cuantía que han perdido. Yo creo que es relativamente complicado que esto sea
así, porque si no cualquier afectado por una operación financiera que haya perdido el dinero podría apelar a que el Gobierno le cubriera sus pérdidas. Pero lo que sí se puede intentar hacer es algo que planteaba también el señor Sánchez i Llibre,
es decir, en la medida en que con una venta ordenada de los activos de la empresa se obtengan unos recursos, indemnizar a los afectados; esto parece razonable. Es decir, con la venta de los activos de Fórum y Afinsa, que me imagino que ahora
estarán incursas en un proceso, lo lógico es que, en primer lugar, sean los trabajadores afectados los que vayan cobrando aquello que la empresa les debe y, en segunda instancia, que los afectados vayan cobrando los importes en la medida en que la
venta de estos activos lo permita. Además, se podría intentar regular la situación de manera que aquellos afectados de rentas más bajas cobren porcentajes más altos de lo que han perdido, etcétera. Lo que a mí me parece más complicado es que el
Gobierno garantice o avale el total del importe del conjunto de las pérdidas de todos los ahorradores, porque habría que explicar en contrapartida al conjunto de los ciudadanos que están pagando unas cantidades muy importantes a unos afectados que
han perdido unos ahorros por la quiebra o por los problemas que han tenido Fórum y Afinsa y que ellos con sus impuestos van a cubrir este tipo de pérdidas. Yo creo que si somos realmente honrados sería bastante complicado explicar esta situación.
Por tanto, al grupo vasco le parece razonable que en la medida en que de la venta de los activos de Fórum y Afinsa se puedan compensar las pérdidas que hayan experimentado muchos de los inversores, esta puede ser una cuestión razonable. Sin
embargo, si analizamos la proposición que hoy plantea el Grupo Popular, hay una serie de puntos en los que nuestro grupo no está en absoluto de acuerdo. No creemos que haya que aprobar un real decreto para desarrollar una ley o una disposición de
una ley, puesto que no estamos de acuerdo en la modificación que se hizo de la ley, insisto, con nocturnidad, rápido y a última hora en el Senado. (El señor Martínez-Pujalte López: La votaste.) Lo votarían en el Senado y sería por equivocación.
(Risas.) Supongo que en el Senado sabrán las decisiones que toman. Insisto, en el punto segundo relativo a, establecer un fondo de garantía a favor de los ahorradores, si ese fondo de garantía se deriva de la liquidación de los activos me parece
una cuestión razonable y que eso debería de ser así. Desde luego, tampoco estoy conforme con el punto tercero, que se refiere a adoptar a través del Ministerio de Sanidad y Consumo:... El Ministerio de Sanidad y Consumo nada tiene que ver, porque
estas, se llamen como se llamen, se ponga la ley que se ponga, son operaciones financieras que han de ser asumidas por el Ministerio de Economía y por los órganos reguladores de este tipo de instituciones. El resto, los últimos tres puntos,
promover las oportunas consultas con las organizaciones de consumidores, informar de modo permanente a la Cámara tanto de las enajenaciones de activos que se produzcan como de empresas que resulten beneficiadas por la valoración o compra de los
activos de Fórum y Afinsa, o crear un protocolo de intervención judicial, a mí me parecen aspectos razonables que se podrían apoyar.



Por tanto, hay temas en los que no estamos de acuerdo, temas que podríamos apoyar, pero insisto en que aquí hay una cuestión pendiente, amén del problema de los afectados, que son las responsabilidades políticas que alguien debería asumir
por el problema de Fórum y Afinsa. No sé si los gobiernos están dispuestos a indagar en esta cuestión, no digo que se cree una comisión de investigación, pero convendría saber cuál ha sido la responsabilidad política para exigir desde los grupos
parlamentarios dichas responsabilidades. Nuestro grupo también ha hablado con los afectados y nos han trasladado sus preocupaciones, que en muchos casos son muy profundas, hay gente que, efectivamente, se ha quedado sin un duro, y eso realmente es
un problema, es un tema que hay que abordar y que hay que solucionar. Por eso, sería interesante que las personas que tengan menores niveles de renta pudieran recuperar la mayor parte de sus inversiones en Fórum y Afinsa tras un proceso de
liquidación y venta de activos. Nuestro grupo, como otros grupos, está abierto a que este tema se solucione, pero es verdad que hay que abordarlo sin demagogia y sin dar falsas esperanzas a aquellos afectados diciéndoles que no se preocupen, que
estas pérdidas las va a cubrir el resto de los ciudadanos con los impuestos. Yo creo que este es un tema en el que hay que ser relativamente cuidadoso. Por tanto, en esta proposición no de ley lo que va hacer nuestro grupo es abstenerse, pero
quisiéramos que existiera la posibilidad de llegar a un consenso entre los diferentes grupos de la Cámara para presentar una iniciativa conjunta en favor de la solución del problema de Fórum y Afinsa, algo en lo que todos los grupos pudiéramos
llegar a un acuerdo, para trasladar a los afectados de Fórum y Afinsa una señal clara de que hay una voluntad política, pero una voluntad política sensata, no demagógica y consensuada para resolver el problema. Por consiguiente, nuestro grupo en
esta proposición del Grupo Popular se va a abstener.



El señor PRESIDENTE: Por el grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo está de acuerdo en que hay un problema que afecta a muchos ciudadanos que invirtieron y se creyeron el tema de Afinsa y Fórum Filatélico y, por tanto, es necesario que el Gobierno dé respuestas y ofrezca
soluciones. Yo lamento que desde el Gobierno, a pesar de que se hayan aprobado ya iniciativas parlamentarias como la de Convergència i Unió, no se haya actuado lo suficiente para dar esas respuestas que los ciudadanos esperan de


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quien les gobierna. Hay que respetar que algunos de los inversores de Afinsa y Fórum Filatélico actuaron de buena fe. Seguramente algunas ofertas que ofrecían estas empresas podían dar a entender que estaban fuera de una normativa clara,
de una actuación clara, pero, como ha dicho antes el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, quien gobierna también tiene la responsabilidad política de controlar estas ofertas o estas propuestas, y a veces actuamos más tarde, el Gobierno siempre
actúa más tarde en el control de algunas ofertas financieras que se producen. Lo vimos en el tema Fórum Filatélico Afinsa o lo podemos ver ahora con los entramados económicos que ofrecen refinanciación de deudas, que da una sensación de que muy
claro tampoco está, y nos podemos encontrar con casos parecidos al que se está produciendo, con ofertas de refinanciación de deudas que intentan captar a los consumidores de una manera en la que la práctica económica podría ser cuestionada. En este
caso nos encontramos con un problema que afecta a más de 400.000 ciudadanos del Estado repartidos por todas las comunidades autónomas.



No podemos estar de acuerdo en algunos aspectos de la proposición no de ley del Grupo Popular. Podemos estar de acuerdo en la voluntad de encontrar algunas aportaciones, y nos parece factible la enmienda que ha presentado el grupo de
Convergència i Unió en la línea de encontrar un consenso. Nos parece que es razonable plantear la venta ordenada y garantizar la devolución de los ahorros. También sería de justicia garantizar a las rentas más bajas, y en ese aspecto esta venta
ordenada nos podría permitir encontrar soluciones y dar respuestas a los ciudadanos. Yo instaría al Grupo Socialista en encontrar una salida consensuada para que el Gobierno actúe. Me parece que la enmienda del grupo de Convergència i Unió nos
permite llegar a un acuerdo y dar esa respuesta porque en ese aspecto nuestro grupo parlamentario vería bien llegar a un acuerdo en esa línea.



En caso contrario, que se mantuviese la proposición no de ley del Grupo Popular, nuestro grupo se abstendría en esta proposición, pero sí veríamos positivo y podríamos votar favorablemente el texto que presenta Convergència i Unió porque
creo que aporta una respuesta que no es un brindis al sol, una respuesta clara partiendo de una venta ordenada y clara de los activos de estas empresas que garantizase la devolución, empezando por aquellas rentas más bajas, por aquellas aportaciones
que desde un punto de vista económico afectan solamente a los ciudadanos con más dificultades. Creo que sería una manera de encontrar el acuerdo.
Repito, si la proposición no de ley es la del Partido Popular, nuestro grupo se va a abstener. Si
hay acuerdo en alguna transaccional en este aspecto la vamos a votar favorablemente.



El señor PRESIDENTE: En este punto intervendrá por último, por el Grupo Socialista, el señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Después tanto de las comparecencias como de las proposiciones no de ley que el año pasado se debatieron, nos encontramos de nuevo con una realidad bastante dura como es el caso de los afectados por Fórum y Afinsa y
una cierta desprotección que se ha venido comentando en esta Cámara. Yo quiero recordar que en el momento en que se plantearon las primeras peticiones tenían un ámbito que sí que se cumplió, como fue la dotación de la oficina de apoyo para que
actuara como ventanilla única judicial, se centralizó la información de la Administración de Justicia, se facilitó la formulación de denuncias, la presentación de documentación; esta fue una de las peticiones a la que se le dio curso.
Otra medida
de apoyo a los afectados fue la que desarrolló el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para impulsar la solicitud del complemento a mínimos de los pensionistas que, con pensiones inferiores a las mínimas establecidas, no podían anteriormente
solicitar ese complemento. También se realizó. Y, por último, más en el ámbito de economía -aquí esta mañana se ha recordado que no se ha cumplido con lo que se acordó- había un bloque de actuaciones que estaban orientadas a proporcionar apoyo
económico, pero esa posibilidad de articular medidas financieras, que es a lo que creo que se referían tanto el Grupo Popular como Convergència i Unió y Esquerra, suponia considerar antes la cuantificación de activos, bienes o pólizas, entre otros,
de Afinsa y Fórum Filatélico y de sus propietarios, administradores y directivos, así como la duración del proceso judicial y las situaciones que se pudieran encontrar. Por lo tanto, la moción que aprobamos en su día tenía que basarse en alguna
cosa, y esa cosa, la base, era la cuantificación de activos, pasivos, etcétera, para poder articular a partir de ahí medidas financieras.
Claramente, los procesos judiciales, tanto los procedimientos penales como los procedimientos concursales,
están en marcha y a estas alturas, según la información que este diputado tiene, no han conseguido todavía determinar con exactitud en qué situación patrimonial se encuentran estas compañías. Es difícil articular anticipos o medidas financieras
cuando no se conoce la base. Niego, por tanto, la mayor de que ha habido incumplimiento por parte del Gobierno de la moción que se aprobó en su día, si no recuerdo mal, en mayo de 2006.



Por otra parte, respecto a la proposición no de ley que hoy estamos contemplando, más allá de que en las intervenciones se hayan hecho alusiones a otros temas pertinentes también, pero que no son los que están contemplados en la proposición
no de ley, yo me quisiera referir a la misma para después hacer un comentario a la propuesta sobrevenida de Convergència i Unió. En primer lugar, esta proposición no de ley insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la disposición adicional
cuarta de la Ley 35/2003 en base a una serie de consideraciones. Hay que decir que tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores y usuarios han coincidido en la necesidad de complementar el marco
legal aprobado a instancias del anterior Gobierno a fin de aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los


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ciudadanos que invierten en este producto. Hay que tener en cuenta que las administraciones competentes para el desarrollo de esa disposición adicional son las comunidades autónomas. De acuerdo a la moción que he mencionado antes y en
cumplimiento de ese mandato, se ha elaborado un anteproyecto de ley, actualmente en trámite de audiencia, que regulará los aspectos de protección de los consumidores y usuarios en relación con las empresas que comercializan bienes tangibles. El
Gobierno tiene interés no solo en alcanzar el necesario grado de consenso, sino en incorporar al texto las mejoras necesarias para garantizar la protección y asegurar el control de estas empresas. Ello se evidencia en el acuerdo adoptado por la
Conferencia Sectorial de Consumo, celebrada el pasado 7 de febrero, en la que se abordó con carácter casi monográfico la regulación propuesta por el Gobierno y conforme a la cual, una vez recibidas las observaciones de las comunidades autónomas y
tras su estudio y consideración, el texto resultante será nuevamente debatido por la Comisión de Cooperación de Consumo. Entiendo que con esta argumentación queda suficientemente contestada la parte de esta proposición que hace referencia al
desarrollo legislativo. En relación con la segunda parte, que es establecer un fondo de garantía a favor de los ahorradores inversionistas, esto ya fue debatido y se transformó, como SS. SS. conocen, en la moción que antes les he señalado. Este
Grupo Socialista, en contestación al Grupo Popular, les recuerda las medidas que sí se han desarrollado y les explica el motivo por el cual no se han desarrollado no se han desarrollado las otras. Es importante recordar la distribución competencial
actual porque con esta proposición se está instando al Gobierno a adoptar medidas que, hoy por hoy, no son de su competencia en materia de protección de consumidores y usuarios.



Un aspecto importante de lo señalado en la proposición no de ley hay que contemplarlo bajo el prisma de que están en marcha dos procedimientos judiciales en el ámbito penal y mercantil, dos procedimientos concursales en los que se resolverá
la recuperación del patrimonio de los acreedores y, en su caso, las indemnizaciones que puedan proceder por la responsabilidad penal o civil de las empresas. El Gobierno considera que es en este ámbito en el que se deben resolver tales procesos,
opinión que comparte este grupo parlamentario. En cualquier caso, independientemente de que este grupo parlamentario no comparte la definición del producto que se ha hecho -se ha expuesto ya en numerosas ocasiones respecto a las sociedades que
operan en el sector de bienes tangibles que no son entidades de crédito, sino que nos encontramos ante una compraventa de bienes ya que los sellos no pueden ser calificados como productos asimilados a valores negociables-, independientemente de esta
diferencia de criterio, el Grupo Parlamento Socialista está abierto, conforme se ha instado por parte de los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió y el propio Grupo Popular, a estudiar
aquellas medidas que puedan tener alguna utilidad para los afectados. Lo que le es imposible es aceptar el texto que nos propone Convergència i Unió, que según nuestras noticias será aceptado por el Partido Popular, entre otras cosas porque es muy
difícil valorar el alcance de lo que se propone porque estamos hablando de una devolución íntegra de los ahorros de los 460.000 afectados, a coste cero para el Estado, con la liquidación ordenada de los activos que tengan estas empresas tutelada por
los poderes públicos. Parece una contradicción en sí misma porque si en estos momentos, según la información de que disponemos, en el procedimiento penal de Afinsa, Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, los sellos no están tasados todavía y
hay un encargo a una empresa, y en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde se lleva el caso de Fórum, parece ser que se ha encargado una valoración también a una determinada empresa y ni siquiera tenemos constancia de si este encargo ha
sido aceptado o en cualquier caso está trabajando en ello, si en estos momentos en ninguno de los dos supuestos tenemos una valoración objetiva de los activos, es muy difícil que nosotros aprobemos aquí que la liquidación de estos activos, que,
insisto, no tenemos cuantificados, pueda permitir la devolución de todos los pasivos y además, como dice la moción, que para el Estado el coste sea cero. Es muy difícil, aunque entiendo la filosofía que subyace y hasta puedo entender la
preocupación, porque se trata de unos activos que desde luego no tienen el mismo valor en el mercado si se venden, si se distribuyen con la pausa necesaria para que el mercado los absorba, que si hay una sobreabundancia de estos activos. Está claro
que el valor no sería el mismo y más cuando se trata de objetos de colección, que me imagino que es a lo que SS. SS. se referían cuando han planteado este problema. Por lo tanto, la idea la respetamos pero, primero, estamos dentro del
procedimientos concursales y, por lo tanto, con procedimientos tasados de valoración y con procedimientos tasados a la hora de obtener el patrimonio neto, el patrimonio liquidativo, y aquí nos estamos saliendo a un procedimiento, entre comillas,
extrajudicial, que, evidentemente, tendría que contar con todos los plácet para que fuera posible, y en segundo lugar, insisto, da la impresión de que hay una proposición voluntarista de que tenga un coste cero cuando no tenemos evaluados los
activos de una manera pericial, forense, indubitada. Por lo tanto, mi grupo no puede apoyar esta moción, aunque comparte la preocupación por esta liquidación de activos ordenada y estaría dispuesto, en una fase posterior, a colaborar en aquellos
estudios que dieran transparencia, que dieran luz a la protección de los intereses de los consumidores.



Me quedaría aquí porque entiendo que este tema tendremos que hablarlo con un cierto sosiego y con una cierta documentación y asesoramiento. Por lo tanto, en absoluto descalifico ninguna posición, pero también quiero que entiendan que el
Grupo Socialista no puede apoyar algo que no sabe a ciencia cierta a dónde lleva y qué consecuencias podría tener sobre el resultado final,


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al mismo tiempo que subyacen en el texto obligaciones para el Estado que no se dicen, porque para hacer frente a esta liquidación ordenada harían falta, evidentemente, unos avales, unas garantías, y se deduce que sería el Estado quien
tendría que proporcionarlos. Son demasiadas cosas para que este grupo parlamentario pueda entrar a considerar esta proposición que, insisto, respeta, pero que cargaría de obligaciones y de incógnitas al Gobierno en un tema tan delicado, que se
tiene que llevar con el mayor rigor posible.



El señor PRESIDENTE: ¿El grupo proponente qué nos tiene que decir respecto a la enmienda presentada?


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, el grupo proponente tiene que decir respecto a la enmienda presentada que la hemos estudiado con toda atención y además escuchado las intervenciones de los otros grupos. En la línea de lo
que decía el señor Sánchez i Llibre, y con su texto, nosotros vamos a presentar una transaccional según la cual eliminaríamos los cuatro primeros párrafos de nuestro texto -ahora se la pasaré a la Mesa- integrando el texto de Convergència i Unió con
alguna modificación y añadiríamos los dos párrafos con los que el señor Azpiazu ha dicho que está de acuerdo. Con eso presentaríamos un texto que, en principio, según las intervenciones de los tres portavoces que me han seguido en el uso de la
palabra, parece que tiene un cierto consenso y le pediríamos al Grupo Socialista que se uniera al consenso.



- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CLÁUSULA DE GARANTÍA DE LAS INVERSIONES PRESUPUESTADAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y NO EJECUTADAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente
161/002097.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, proposición no de ley sobre el establecimiento de una cláusula de garantía de las inversiones presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado y no ejecutadas. La
promueve el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para exponerla y defenderla tiene la palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: El motivo de esta proposición no de ley que lleva por nombre cláusula de garantía presupuestaria es poner en cuestión el actual modelo de ejecución presupuestaria en el cual nos encontramos.
Alguien podrá decir que
pedir esta garantía presupuestaria no ha lugar, pero yo diría que es al revés, esta garantía presupuestaria permite que los ciudadanos perciban que aquel presupuesto que se presenta por parte del gobierno de turno es un presupuesto realista, un
presupuesto creíble por parte de los ciudadanos. Nuestra proposición también se basa en que diferentes estamentos económicos, diferentes gobiernos autonómicos o diferentes entes, como pudieran ser las cámaras de comercio, perciben el grado de
incumplimiento de ejecución presupuestaria que se produce.
Cifrándolo en el caso de Cataluña, tanto en gobiernos de Partido Socialista como en gobiernos del Partido Popular el grado de incumplimiento se ha llegado a situar en un 70-75 por ciento.
Podríamos decir que cada de cuatro presupuestos, uno le sale gratis al Estado por incumplimiento presupuestario.



La proposición dice: traspasar todo aquello que no se ejecute a las comunidades autónomas. Puede que haya parte que sea culpa de las propias comunidades autónomas, por tanto entenderíamos poner: todo aquello que es culpa del Estado sea
traspasado a las comunidades autónomas. En ese aspecto, la proposición afecta a todas las comunidades autónomas; yo he dado los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero me parece que sería de justicia que se hiciese así en todas. Además,
hay antecedentes de que en algunos casos se ha actuado de esta manera y que han afectado a las comunidades, por ejemplo, de régimen foral. Aquí está seguramente la diferencia de quién tiene la caja en las de régimen foral y quién tiene la caja en
las demás comunidades autónomas. Por lo tanto, yo no voy a entrar en la discusión de este aspecto; lo que hace la proposición es que el Gobierno de turno presente un presupuesto más ajustado a la realidad y no caiga en presentar presupuestos que
no son ejecutables o que son, en parte, un brindis al sol. Además, teniendo en cuenta que ha entrado en vigor el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su cláusula adicional tercera garantiza un mínimo del porcentaje de inversiones, aún sería
más preocupante que al incumplimiento anual del presupuesto se añadiese el incumplimiento del porcentaje de interpretación, y aquí quiero hacer un inciso, la interpretación, que entendemos nosotros restrictiva y desleal, que hacen el Ministerio de
Economía y el propio ministro Solbes respecto a la aplicación del porcentaje de inversión que el Ministerio prevé, que desde Cataluña percibimos de otra manera, incluso hemos de recordar que en su momento el grupo de Convergència i Unió retiró la
enmienda a la totalidad de los presupuestos ante un compromiso del ministro Solbes de sentarse con el Gobierno de Cataluña para establecer una interpretación más ajustada de esta adicional tercera relativa a las inversiones.
Nuestro grupo ya
presentó esto vía enmienda en los Presupuestos Generales de 2006 y 2007 -hay un error; el texto explicativo hace referencia a 1996-1997 y debe figurar 2006-2007- en ese mismo sentido de garantizar esa cláusula de garantía presupuestaria. En unos
momentos en que el grado de incumplimiento es elevado y que representa muchos millones de euros que no se invierten y que permiten, repito, a cada gobierno vender un presupuesto que al final no es real y, en definitiva, que los ciudadanos se sientan
engañados o que perciban la política, y en este caso la ejecución presupuestaria, muy lejana, me parece que una manera de acercar la política a los ciudadanos


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es que los gobiernos estén obligados a presentar presupuestos reales, presupuestos que se puedan cumplir y no ciertos presupuestos que están inflados o que están exagerados para ese incumplimiento.



Por lo tanto, lo que propone nuestra proposición no de ley es realizar, antes de finalizar 2007 y para que entre en vigor en el ejercicio presupuestario, modificaciones legislativas a fin de que las cantidades correspondientes a las partidas
presupuestarias de los capítulos de inversión no ejecutadas en cada comunidad durante el ejercicio, y, podríamos añadir, cuya culpa sea del Estado, no de las comunidades autónomas, sean traspasadas a estas para que ellas las ejecuten. Repito, hay
antecedentes en los que se ha actuado así y evitariamos las discusiones de cada año; por ejemplo, la Cámara de Comercio de Barcelona ha denunciado año tras año el grado de incumplimiento, la falta de ejecución de las inversiones que pueden sufrir
algunas comunidades autónomas por parte del Gobierno. Garantizaríamos un tracto mucho más solidario a la hora de ejecutar las inversiones y garantizaríamos que los presupuestos que se presenten fueran mucho más reales, mucho más responsables y no
serviría presentar presupuestos que fuesen inejecutables o exageradamente inflados en sus partidas presupuestarias.



El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir el orden de menor a mayor en las intervenciones. El señor Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.



El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo entiende perfectamente la inquietud del portavoz de Esquerra Republicana y comparte además la filosofía, es decir, si el Gobierno se compromete a llevar un proyecto adelante, lo que tiene que hacer
es, ejecutarlo y no, como suele ocurrir, evitar gastar en ese proyecto y ahorrar ese dinero y que vaya al superávit. Yo sí creo que cuando hay un compromiso con un proyecto concreto hay que ejecutarlo.



Dicho esto, no sé si es la mejor solución la que plantea el grupo de Esquerra Republicana, que es: lo que usted no gaste, me lo da a mí, que lo gastaré en lo que yo quiera. Me parece, sinceramente, señor Puig, un poco excesivo. Yo lo que
plantearía es que el Gobierno tuviera un compromiso con los proyectos que piense acometer en cualquier comunidad autónoma, en este caso en Cataluña, y que, efectivamente, los acometa; la Ley General Presupuestaria seguramente le permite al
responsable de Hacienda que aquellos créditos que no se hayan ejecutado en su totalidad en un periodo determinado puedan ser incorporados al período siguiente.
Es decir, que lo no gastado, lo no ejecutado en materia de inversiones no vaya al
superávit presupuestario sino que se incorpore para, efectivamente, ejecutar ese proyecto. Un proyecto puede tener problemas diversos de ejecución en un momento determinado, porque no existan las condiciones para iniciar la obra, etcétera, y que se
retrase uno, dos periodos o los que fueran. Entonces, lo que podría ocurrir es que existiera un compromiso por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Gobierno, en este caso central, de que se incorporen los créditos al ejercicio siguiente
de manera que cuando existan las condiciones esa inversión se pueda acometer. Esto obligaría, efectivamente, al propio Gobierno central a comprometerse con los proyectos y no tendría la tentación de no gastar y llevar esos recursos al superávit
presupuestario.



Yo creo que si el señor Puig aceptara la modificación de que los créditos que en un período no se ejecutasen, los recursos destinados a proyectos de inversión que no se gastasen se incorporarán al período siguiente, es decir, que no se
pudiera obtener, insisto, un superávit o un resultado positivo de la no ejecución de las inversiones, esto sería perfectamente apoyable, sería coherente y el Gobierno lo podría aceptar. Entendiendo cuál es la filosofía, es decir, que los recursos
no se pierdan, me parece que reclamar que el dinero vaya a la comunidad autónoma para otros fines sería un poco desvirtuar la intención inicial de acometer un proyecto determinado.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Intervengo solamente para manifestar que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente la iniciativa presentada por Esquerra Republicana de Catalunya. Quizás podríamos tener alguna
discrepancia en cuanto a la metodología a utilizar para que estos fondos, como decía antes el señor Azpiazu, pudieran pasar, en caso de que no se invirtieran, de un capítulo a otro capítulo de inversión que no coincidiera con lo previsto
inicialmente, pero tampoco podemos obviar la realidad de las inversiones realizadas en nuestra comunidad en los últimos años, una ejecución que no llega al 77 por ciento. Por lo tanto, y como hemos planteado en muchísimas ocasiones una serie de
compromisos de inversión, que también están en el Estatuto de Cataluña, y que finalmente vemos que nunca se llegan a cumplir al cien por cien, daríamos por buena la propuesta que plantea Esquerra Republicana de Cataluña, sin que sirva de precedente.



El señor PRESIDENTE: Por el Partido Popular, tiene la palabra la señora Báñez


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Efectivamente, nos encontramos con una proposición no de ley del grupo de Esquerra Republicana de Catalunya que aparentemente parece razonable puesto que el Gobierno está dejando de ejecutar parte de los presupuestos
que él mismo ha presentado y se han aprobado en esta Cámara. Siempre es deseable que el presupuesto destinado a inversiones y también, evidentemente, el resto de los capítulos de gastos se ejecuten adecuadamente, y que el Gobierno,


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por lo tanto, cumpla esos compromisos presupuestarios a los que se compromete con cada presupuesto anual.



Ayer mismo, en esta Cámara, en la Comisión de Presupuestos, analizábamos la ejecución definitiva del presupuesto del año pasado y nos encontrábamos con la sorpresa de que en el capítulo de inversiones reales, que es lo que de verdad importa
porque es lo que repercute en el tejido productivo español y en las familias españolas, había ministerios, como el Ministerio de Cultura, cuya ejecución se quedaba en el 74 por ciento, pero lo más escandaloso es que el Ministerio de Vivienda, siendo
la vivienda uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos hoy según las encuestas del CIS, se quedaba en el 51,2 por ciento, la mitad del presupuesto de vivienda del Ministerio no se ejecutaba. Esto es un escándalo, ya pedimos
responsabilidades ayer, la ministra comparece hoy y veremos. En diez de los dieciséis ministerios el tanto por ciento de realización del año pasado sobre el año anterior, sobre 2005, disminuía, es decir, la realización de inversiones va cayendo año
tras año con este Gobierno socialista; había ministerios como el de Trabajo que caía 11 puntos, Cultura 4, Justicia 4, Defensa 4, Interior 2,5 y Vivienda, que tiene el récord, 32,7 puntos, una barbaridad. Incluso en ministerios como el de Medio
Ambiente, aunque caía un punto y algo, al tener una gran cantidad de inversiones en políticas de gestión de agua también quedaban muchas obras por ejecutar. Esto, señoría, no puede pasar.



Nosotros también conocemos el estudio que ha señalado esta mañana nuestro compañero Puig de la Cámara de Comercio de Barcelona sobre las infraestructuras en las distintas comunidades autónomas. Es verdad que Cataluña no está situada en un
buen lugar, pero yo le hablo de la mía, yo soy andaluza, y en Andalucía en estos años se han dejado de invertir en infraestructuras más de 1.500 millones de euros en esta legislatura. Eso, con la gravedad que tiene siendo además la ministra del
ramo andaluza, porque 1.500 millones en infraestructuras en Andalucía son muchos miles de millones de euros.



Pues bien, señorías, en esta Cámara lo que tenemos que hacer es exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los presupuestos anualmente. Hay que exigir, por tanto, al Gobierno una gestión más adecuada de esos
recursos y nosotros pensamos que el mecanismo ideal para que se lleve a cabo esa fiscalización debería de ser algo que se ha debatido ya en esta Cámara, la creación de una oficina presupuestaria en Cortes Generales. ¿Por qué? Porque tendríamos
información puntual de cómo va a lo largo del año cada una de las partidas presupuestarias que se ha comprometido el Gobierno a ejecutar, podríamos pedir a lo largo del año, conocida esa información, diligencia a los distintos ministros y a los
distintos programas ministeriales, que se hiciese un esfuerzo por ejecutar todas las inversiones previstas en ese año presupuestario y podríamos pedir, por tanto, responsabilidades políticas si se dejara o si se dilatara en el tiempo la ejecución de
esas inversiones. Ese es nuestro deseo, porque de esa manera los parlamentarios de los distintos grupos podríamos hacer de verdad lo que es nuestra labor, fiscalizar la labor del Ejecutivo.



Señorías, en los gobiernos del Partido Popular se hizo un gran esfuerzo por mejorar los mecanismos de gestión presupuestaria. Se aprobó la Ley General Presupuestaria y se aprobaron las leyes de estabilidad, que tuvieron la virtud de mejorar
la gestión del presupuesto; es competencia de este Parlamento hacer leyes que mejoren la gestión del presupuesto. El segundo paso es exigir al Gobierno, que es el responsable de la ejecución de ese presupuesto aprobado en Cortes Generales,
responsabilidades políticas por su gestión. El Parlamento no es competente para ejecutar el presupuesto, solo es competente el Gobierno, señores diputados. Al Parlamento le corresponde fiscalizar y pedir responsabilidades al Ejecutivo, y eso es lo
que nosotros debemos hacer. Lo que ustedes piden en su proposición no de ley, señores diputados, es romper el principio de anualidad presupuestaria. Cuando termina el año presupuestario lo que hay que hacer es exigir responsabilidades políticas y,
en lenguaje coloquial, ponernos las pilas para trabajar en la ejecución del presupuesto siguiente, que también va a aprobar esta Cámara, pero lo que hay que hacer es pedir responsabilidades políticas. Pero para el Partido Popular lo más llamativo
en este debate de la proposición no de ley, señores socialistas, es que sean precisamente sus socios, los socios de Esquerra Republicana de Catalunya, los que no se fíen, los que no confíen en que el Gobierno ejecute finalmente los compromisos
adquiridos con ellos, y también, por supuesto, con el resto de las comunidades autónomas españolas. Son sus socios, señorías, los que con esta proposición no de ley les están planteando una enmienda a la totalidad de la gestión y de la diligencia
de ejecución de los compromisos presupuestarios. El Partido Popular, señores socialistas, toma nota de esa enmienda a la totalidad y tomarán nota también, señores socialistas, señores del Gobierno, todos los ciudadanos de España.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, intervendrá la señora Colldeforns.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Supongo que estamos ante una proposición no de ley, no ante una enmienda a la totalidad, y por tanto me referiré a esta proposición no de ley. Miren, el grupo Parlamentario de Esquerra Republicana parte de una
preocupación legítima que podríamos llegar a compartir, con matices por lo que ahora diré, y que enunciada de una manera general no es más que constatar que hay una diferencia entre la cantidad, la cifra, los euros que se prevé invertir en un
territorio concreto en un año determinado con la cantidad efectivamente realizada en ese territorio en ese mismo año.



El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Colldeforns. Ahora sí les pido que bajen un poquito el tono de los murmullos.



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La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente. Estaba diciendo que compartimos su preocupación pero, desde luego, no su solución y ya adelanto que nos vamos a oponer a la aprobación de esta proposición no de ley.



Señorías, no les digo nada nuevo si les digo que la ejecución, el gasto, el pago, la obligación comprometida es el último acto de una serie de actuaciones, que no voy a enumerar pero que se pueden imaginar, desde la redacción del
anteproyecto hasta la obtención de los terrenos necesarios si fuese el caso, que son imprescindibles si se quiere realizar una gran infraestructura, aparte evidentemente de realizar la infraestructura de una manera eficiente. Estos procesos ustedes
saben que, por definición, duran más de uno, dos o tres años. Luego la ejecución real, el pago, el gasto, que es lo que a ustedes les preocupa, tiene más que ver con las actuaciones llevadas a cabo durante los dos o tres años anteriores que con la
posibilidad real de gastar de lo que consta en el presupuesto general. Estoy de acuerdo con ustedes y con los otros grupos en que la obligación del Gobierno es hacer previsiones reales de posibilidad de gasto real y, por tanto, entendería, en
primer lugar, por ejemplo, que pidieran analizar las causas de esta discrepancia. Entendería también que pidieran una mejor programación, y supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que esta obligación del Gobierno de presentar
un presupuesto realista también recae en parte en los grupos de la oposición a la hora de presentar enmiendas realistas. No saben lo que me gustaría -lo que pasa es que el Reglamento no me lo permite- poder hacer una proposición que instara a los
grupos parlamentarios a presentar enmiendas con conocimiento de causa sobre lo que, efectivamente, puede ejecutarse.
No saben lo que me gustaría, pero no puede ser.



Entendería por otro lado también que instaran al Gobierno, como ha dicho la diputada del Partido Popular, a agilizar todos los trámites para que este período anterior a la ejecución real fuera el más corto posible. Por ejemplo, déjenme
decir una cosa, el Gobierno lo ha hecho en un tema que conozco: la declaración de impacto ambiental. ¿Saben cuánto duraba la tramitación media en la anterior legislatura, en la legislatura del Partido Popular? 977 días, señorías, 32 meses, más de
dos años y medio.
El Gobierno socialista lo primero que hizo fue aplicar un plan de choque.
En estos momentos la duración media de una declaración de impacto ambiental es de 417 días, algo más de un año, no mucho más. Quizás se pueda rebajar,
pero no más. ¿Por qué? Porque una gran infraestructura, que por lo general son las que realiza el Gobierno central, infraestructuras de interés general del Estado, son de una complejidad y de un impacto en el territorio que exigen hacerlo de
manera correcta.



Además, amigo Puig, de Esquerra Republicana, la verdad es que su solución me parece no solo jurídicamente inaplicable, sino incluso conceptualmente inadecuada a la idea de la perspectiva de un Estado de las autonomías, de un Estado plural
que avanza decididamente hacia mayores cotas de autogobierno, como se ha visto con la reforma de los estatutos ya aprobados y los que ya están en marcha. Déjeme decirle por qué me parece conceptualmente inadecuada y jurídicamente inaplicable. Por
ejemplo, su nota, que no el estudio de la Cámara de Barcelona, dice que este mismo año en la Comunidad de Aragón el porcentaje de exceso -no es la palabra adecuada, lo reconozco-, digamos la inversión superior a la prevista es de un 37 por ciento.
¿Usted cree que, de acuerdo con la lógica de su propuesta, el Gobierno de Aragón debería dar dinero al Gobierno de España para que se compensara? ¿No cree que es lógico y razonable que si existen dificultades de ejecución en una obra concreta, se
lleve a cabo la ejecución en otra, quizá adelantando los gastos, quizá adelantando el proceso, quizá si están resueltos problemas jurídicos, técnicos de cualquier orden, no le parecería razonable dedicarlo a esto, que sí se puede hacer? Claro que
sí.



Entendería también que, puesto que no es la primera vez que plantean esta solución, hubieran reflexionado un poco, porque creo que hacen mala pedagogía, sinceramente. Es una expresión de bar, de conversación entre amigos, decir: tú no
puedes hacer esto; dame el dinero que ya lo hago yo.
Señoría, esto no se puede hacer así, (El señor Puig Cordón: Ha pasado.) porque no existe una tienda de proyectos. Para realizar cualquier proyecto tiene que haber una serie de actuaciones
previas que presuponen un período de tiempo que hace que sea imposible gastar un dinero en el mismo proyecto, pero haciéndolo otra administración. Esto no tiene ni pies ni cabeza.



Entendería incluso que propusieran cambios legislativos ligados, por ejemplo, a una posible presupuestación plurianual en ciertos casos, con cuidado, porque esto puede generar déficit, pero desde luego su solución me parece fuera de lugar.
Creo que no solamente hay mejora en la gestión presupuestaria, mejora en la programación, mejora en las enmiendas que se proponen; entendería que, por ejemplo, se aceptara que lo que necesitamos como país, sobre todo en las grandes infraestructuras
nacionales, es una mejor planificación, una planificación que tenga en cuenta la ordenación del territorio, una ordenación del territorio que tenga en cuenta esta planificación, que sean planes consensuados, pactados, con obras, con plazos, con
criterios para empezar una obra en un lugar de España, y no en otro, y la verdad es que no nos gusta que estos criterios objetivos sean sustituidos por una presupuestación anual, al albur -con perdón- de la búsqueda de un titular que dé votos, quizá
a corto plazo, pero que a la larga mine la confianza de los ciudadanos sobre la gestión de sus políticos.



Igualmente, si el Grupo Popular fuera consecuente con lo que ha dicho, quizá intentaría no poner tantos palos a la rueda de la aprobación del Reglamento, porque un reglamento de esta Cámara nos permitiría tener una oficina presupuestaria sin
embargo, ustedes dicen que la quieren pero no hacen aquello que sería necesario para


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tenerla. Por lo tanto, nos gustaría desde luego una mejor programación, una mayor agilidad, un respeto escrupuloso a todos los procesos de información y transparencia ciudadana, y nos gustaría sobre todo una mayor racionalidad entre todos
los grupos parlamentarios en el debate de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Gracias, señoría.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Collde-forns.



A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda in voce el Grupo Nacionalista Vasco. La voy a leer y nos dirá el señor Puig si la acepta o no. El texto dice lo siguiente: Incorporar en los ejercicios siguientes los créditos no
ejecutados en materia de inversiones públicas (capítulo 6, capítulo 7, inversiones reales y transferencias de capital) con el fin de cumplir con los compromisos presupuestarios en materia de inversiones.
De esta manera, se garantizaría la ejecución
presupuestaria completa de dichos proyectos. Señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Sí, señor presidente, aceptaríamos la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, y esa voluntad que han expresado tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular de hacer algo real, factible, que es posible, y así
cumplir el cien por cien de las inversiones presupuestarias a lo largo de los años, porque así no hay excusas. No es aquello de dar el dinero, sino de que aquello que se ponga en el presupuesto se termine cumpliendo; así el Partido Socialista y el
Partido Popular, que son las dos alternancias, no tendrían excusa y veríamos la voluntad de los dos grandes partidos de aceptar una propuesta clara, y concreta. Le agradezco al Partido Nacionalista Vasco la transacción que nos ha realizado, que
aceptamos, de sustitución de nuestra propuesta.
Muchas gracias.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Si no le importa, presidente, pediría tenerla por escrito para poder analizarla con detalle. Gracias.



El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día.



- RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y COEFICIENTES DE LAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN LINEAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/001683.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto, para discutir la proposición no de ley relativa a la actualización de los conceptos y coeficientes de las tablas de amortización lineal, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió. Tiene la palabra, para exponerla y defenderla, el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.



Efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley relativa a la actualización de los conceptos y coeficientes de las tablas de amortización lineal. Básicamente la hemos presentado porque desde hace ya
bastante tiempo, desde su última actualización, diversos sectores económicos de nuestro país vienen reclamando, reiterada e intensamente, la revisión de los coeficientes de las mencionadas tablas, tanto por razones basadas en los avances
tecnológicos, que precisan de la mayoría de las inversiones que realizan nuestras compañías, como por el valor de reposición que se precisa en el momento en que debe ser sustituida. Esta necesidad se extiende asimismo a los concepto de
actualización por los que se debe amortizar, que en muchos casos se encuentran desfasados y obsoletos en sus propias definiciones.



Desde nuestro punto de vista, la actualización de los conceptos y coeficientes de las tablas de amortización, además de acomodar las amortizaciones fiscales a la vida útil de los activos de las empresas, no dejan de ser un elemento para
favorecer con ello la inversión productiva en las mismas. Este efecto, desde nuestro punto de vista, también coadyuvaría al fomento de la renovación de los elementos del inmovilizado de muchos sectores económicos, y su adecuación a las exigencias
vigentes en la competencia en general. Para citar dos o tres ejemplos que yo pienso que pueden ser muy ilustrativos, nos gustaría también plantear cuáles son las diferencias de los coeficientes que existen en el reglamento del Impuesto de
Sociedades, y que existen también al mismo tiempo en otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, en España las tablas que hacen referencia a los coeficientes de amortización para la maquinaria industrial están entre el 12 y el 5,5 por ciento.
No deja de ser también cierto que estos porcentajes destinados y orientados a maquinaria industrial son los más bajos de la Unión Europea, mientras que por poner algún ejemplo significativo, vemos que en Gran Bretaña dichos coeficientes de
amortización en estos aspectos de maquinaria son del 25 por ciento, lo mismo que en Dinamarca, el 30 por ciento que alcanzan en Suecia o el 20 por ciento que alcanzan en Bélgica. Por lo tanto, estos son ejemplos significativos de que hay unos
coeficientes más elevados en otros países de la Unión Europea que demuestran que en España estamos un poco desfasados en este aspecto.



Hay otros ejemplos también muy significativos y que también quiero plantear en esta Comisión, que son los que hacen referencia a otros elementos del activo fijo de nuestras compañías, como podrían ser los ordenadores o los edificios
industriales; en nuestro país, en este caso, se siguen pudiendo amortizar en un máximo del 3 por ciento en el caso de los terrenos industriales, cuando hay países en nuestro entorno que permiten amortizaciones máximas del 4, del 5, del 6 o del 7
por ciento, por no hablar del 10 por ciento de Alemania.



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Por lo tanto, nosotros, aprovechando una buena coyuntura económica que existe en nuestro país, aprovechando un buen incremento del PIB que se está produciendo en nuestro país, aprovechando también todas estas declaraciones positivas, que
nosotros compartimos, de muchísimos organismos internacionales, de muchísimos planteamientos que hacen el ministro de Economía y personajes políticos de nuestro entorno, creemos que es el momento oportuno para dada la prosperidad industrial, la
bonanza industrial ser un poco intrépidos, un poco valientes y poder equiparar nuestras tasas con las de los países de la Unión Europea, ya que entendemos que si hoy pudiéramos aprobar y pudiéramos proceder a la actualización de los conceptos antes
mencionados, podríamos incrementar sin ningún tipo de dudas un fomento de la inversión y una mejora de la eficiencia productiva, también podríamos fomentar la renovación de bienes afectos a la actividad empresarial, mejorando en este caso la
productividad de los sectores económicos, también podríamos fijar los coeficientes de amortización más acordes con el ciclo de los negocios, podríamos actualizar los conceptos, ya que en muchos casos se encuentran desfasados y obsoletos en sus
propias definiciones y por ello es necesario adecuarlos a la realidad actual y ajustarlos a futuras situaciones, y también podríamos adecuar los coeficientes de amortización de activos empresariales a las exigencias vigentes de la competencia. No
proponemos porcentajes determinados, proponemos la actualización lineal, tal como plantea nuestra proposición no de ley, en el buen entendido de que si esto fuera aceptado, el Gobierno, el Ejecutivo pudiera adecuarlos en base a las comparaciones y a
las exigencias que yo he razonado en mi intervención. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.



Pasamos a la fijación de posiciones de los grupos, de menor a mayor. Señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.



El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.



Intervengo simplemente para decir que nuestro grupo va a apoyar la iniciativa de Convergència i Unió. Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.



Tiene la palabra ahora el señor Puig, de Esquerra Republicana.



El señor PUIG CORDÓN: Vamos a apoyar la proposición no de ley de Convergència porque va en la línea de enmiendas que hemos presentado nosotros en los presupuestos, y, por más que en el Partido Socialista veo que hay algunas caras
sonrientes, va en coherencia (La señora Castillejo Hernández: Siempre tan coherente.) con lo que nosotros hemos presentado.
Por tanto, no se extrañen que coincidamos con Convergència i Unió en más de una ocasión. No se extrañen; ustedes también
coinciden otras veces y nosotros no nos extrañamos. Tranquilícense.



El señor PRESIDENTE: Señor Mantilla, por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.



La proposición no de ley que nos trae a esta Comisión Convergència i Unió se refiere a una actualización de las tablas de los coeficientes de amortización. El señor Sánchez i Llibre ha hecho una exposición de la situación actual que
justifica en parte cuál es la problemática existente en estos momentos con el coeficiente de amortización.



Quiero decir a SS. SS. que, aunque se ha referido también el señor Sánchez i Llibre a algunas actualizaciones recientes, la del 2004, la del 2002, en principio estos coeficientes de amortización, si la memoria no me falla mucho, vienen de
1966. El núcleo importante de las tablas, los coeficientes máximos y mínimos, que son unos coeficientes máximos porque fijan unos porcentajes máximos de amortización, y unos mínimos porque fijan un máximo de años para amortizar, por tanto son
máximos y mínimos, vuelvo a repetir que son de unos tiempos casi inmemoriales. Efectivamente en algunos sectores se han actualizado, han aparecido nuevos inmovilizados que, lógicamente, deben requerir un sistema distinto de amortización, pero
repito que el núcleo duro, el núcleo básico de la orden ministerial decíamos que tiene prácticamente cuarenta años y considero que está totalmente desfasada.



Decía el señor el Sánchez i Llibre que, por ejemplo, las naves industriales tienen un porcentaje máximo de amortización del 3 por ciento, que es poco, pero hay muchos sectores -porque ya saben que está estructurado en determinados sectores-
en que la definición de los componentes de los elementos fijos a amortizar son muy difusos; o sea, ahora ya hay unas instalaciones muy complejas, cada vez las hay más complejas, e incluso es dificil la adecuación al grupo, dentro del sector
correspondiente, en que se pueden ubicar. Por tanto, ya digo que la proposición no de ley de Convergència i Unió es válida en este caso porque, no solamente considera mi grupo que deben adecuarse los porcentajes máximos de amortización, sino que
incluso yo diría que hay que adecuar los sectores, porque hay sectores en que están encuadrados determinados subsectores para algunos aspectos, y no debía ser así.



Es cierto -y nos lo dirá, supongo, la portavoz socialista- que la legislación española actual permite en determinados casos, por ejemplo en la minería, una libertad de amortización, o que en la pequeña y mediana empresa se puede aplicar el
coeficiente máximo multiplicado por dos con una serie de requisitos, si mantiene


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la plantilla, etcétera, o que hay determinados tipos de amortización que permiten la amortización progresiva y la amortización regresiva, y también permiten adecuarse un poco, y que también, lógicamente, se puede pedir un cuadro de
amortización acelerada a la administración, pero eso es difícil. Solicitar un cuadro de amortización acelerada a la administración, y que la administración conteste en un plazo corto y pronto, es bastante complicado. Por tanto, no es que comparta
en su totalidad la proposición no de ley de Convergència i Unió, pero yo creo que es oportuna en este caso para que el Gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda, reestructure e intente actualizar y adecuar la normativa actual, la situación
actual de los inmovilizados a la ley.



El señor PRESIDENTE: Bajen un poco el nivel de los murmullo, por favor, para que el interviniente pueda ser escuchado por quienes tengan interés en escucharlo.



El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Parece ser que los demás portavoces también están por esta labor, y yo le recomendaría al Grupo Socialista que se adhiriera a la proposición no de ley para que el Ministerio de Hacienda pueda, repito, actualizar no solo los porcentajes, que
es algo importante, sino el contenido de los sectores y de los distintos elementos que conforman el inmovilizado de cada uno de estos sectores. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.



Por último, tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Castillejo.



La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.



Me ahorraré muchos de los términos de mi intervención, puesto que el señor Mantilla, efectivamente, ya ha adelantado varios de ellos. No obstante, yo creo que sí es importante insistir en algunos, y desde mi grupo queremos encuadrar los
términos de este debate en su justa medida y recordar que, efectivamente, el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades admite la deducibilidad del gasto relativo a la amortización de los elementos de inmovilizado,
siempre que corresponda con la depreciación efectiva, es decir, con la pérdida de valor de los activos por su uso, obsolescencia o simple paso del tiempo.
No obstante, y al objeto de que no sea necesario que el contribuyente tenga que probar la
efectividad de esta depreciación, se presume cumplido este requisito, siempre que el importe del gasto se corresponda con el resultado de aplicar las tablas de amortización oficialmente aprobadas.



Las tablas de amortización vigentes fueron revisadas en el año 1993, no en el año 1965 como decía el señor Mantilla, y se hizo a través de un complejo y de un completo proceso de reuniones de trabajo intensas, con los diferentes sectores
empresariales, miembros de la Inspección de Hacienda, y representantes de la Dirección General de Tributos, con el objetivo de justificar un ajuste a la realidad del momento y recayendo precisamente en los sectores empresariales la justificación
técnica de esa revisión, posteriormente contrastada por los servicios de la Inspección.



Creo que es importante también -además de recalcar la necesidad de una justificación técnica- recordar, como decía el señor Mantilla, que la norma fiscal permite, efectivamente, otros criterios de amortización, como en el caso de los bienes
usados, la utilización de activos en distintos turnos de trabajo o la posibilidad de presentar a la administración tributaria planes de amortización especiales para nuevas inversiones cuando se justifique de manera anticipada que la depreciación
real de los activos es superior a la resultante de aplicar las tablas de amortización oficiales. (Rumores.)


Señor presidente, yo no tengo ningún afán de protagonismo ni de que nadie esté obligado a escucharme, pero es que no me escucho ni a mí misma.



El señor PRESIDENTE: La señora Castillejo ha pedido silencio, yo también la apoyo en esta solicitud, por favor.



La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Además, en determinados casos el Impuesto de Sociedades permite que, a efectos fiscales, los activos puedan amortizarse por encima de los coeficientes de las tablas sin que sea necesaria su justificación y,
por tanto, que el gasto contable sea inferior a la amortización fiscal a efectos de establecer un incentivo fiscal específico a la inversión, por ejemplo, cuando se permite la libertad de amortización para inversiones en I+D, aceleración de
amortizaciones en empresas de reducida dimensión, y otros ejemplos.



En definitiva, creemos que las tablas de amortización están diseñadas y contienen las suficientes herramientas para representar la verdadera depreciación económica de los elementos de inmovilizado, por lo que entendemos que cualquier
revisión debería partir de un estudio profundo, que efectivamente concluya que los coeficientes vigentes no representan la verdadera depreciación, la depreciación real, para lo cual no nos basta y no nos resulta suficiente el argumento de la
antigüedad de las tablas actuales. Insistimos principalmente en que cabe la posibilidad de deducir la depreciación contabilizada aunque sea superior a la resultante de aplicar las tablas, si esta se justifica. Por todos estos motivos y desde el
mayor rigor, no podemos apoyar esta iniciativa.



Estoy segura, señor Mantilla, de que ustedes en su fuero interno comparten los argumentos que yo he expuesto, argumentos que les llevaron a no modificar en ninguno de sus términos ni los coeficientes ni las descripciones de los elementos de
las tablas de amortización en sus ocho años de gobierno, y el cambio coyuntural de criterio no tiene otro motivo que no sea desgastar al


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Partido Socialista o a este grupo parlamentario. Es lo que hoy toca, así que allá ustedes con su irresponsabilidad de sumarse a esta política de campanario, pero quiero dejar claro que estoy convencida de que ustedes, señores del Partido
Popular, independientemente de su sentido de voto no comparten esta iniciativa de Convergència i Unió, sino la que yo misma he expuesto.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castillejo.



¿Estamos en condiciones de pasar a la votación? Dos minutos.



(Pausa.)


Tomen asiento y vamos a votar. La primera proposición no de ley se va a votar en los términos resultantes de la refundición con la enmienda presentada por Convergència i Unió, texto que voy a leer a continuación.



El texto definitivo quedaría de la siguiente manera: Se insta al Gobierno a que devuelva íntegramente los ahorros a los 400.600 afectados comprándoles los créditos y pagándoles escalonadamente. Esto comportaría coste cero para el Estado
porque recuperaría los pagos mediante una liquidación ordenada de los activos de las empresas afectadas, en el tiempo que se estime oportuno, y con la tutela y participación de los poderes públicos. Continuaría con los dos párrafos siguientes, que
dicen así: Informar de modo permanente a la Cámara tanto de las enajenaciones de activos que se produzcan como de empresas que resulten beneficiadas por la valoración o compra de los activos de Fórum y Afinsa; crear un protocolo de intervención
judicial y policial en entidades financieras y empresariales, como consecuencia de actividades delictivas en las que hubieran podido incurrir para evitar la alarma injustificada de inversores, depositarios y consumidores.



Procedemos a votar esta proposición no de ley en los términos del texto que acabo de leer.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos la segunda proposición no de ley. Recuerdo que esta ya fue leída, y es sobre establecimiento de la causa de garantía de las inversiones presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado y no ejecutadas, en los términos de la
transaccional leída durante el debate.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos la tercera proposición no de ley contemplada en el orden del día.
Se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.