CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 783

CULTURA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA

Sesión núm. 38

celebrada el miércoles, 21 de marzo de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. (Número de expediente 121/000112.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, la convocatoria de hoy tiene por objeto emitir el dictamen sobre el proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Como saben SS.SS., ayer se aprobó su avocación por el
Pleno para su aprobación. El texto que sirve de base para los debates es el informe de la ponencia sobre el que los ponentes han trabajado a lo largo de los últimos días. Quiero agradecerles desde esta Presidencia su trabajo; han trabajado mucho
y bien, con gran celeridad, en un clima de consenso y con un espíritu muy positivo que esperemos redunde en beneficio de la posición de sus señorías. Ayer por la tarde les fue remitido por correo electrónico y tienen también a su disposición las
enmiendas. Se han repartido, según tengo entendido, las enmiendas transaccionales, y, por tanto, procederemos después del debate a su votación.



Se solicitó en Mesa y Junta de Portavoces dos turnos diferenciados.
Finalmente, los propios portavoces me han solicitado su acumulación. Los turnos serán de diez minutos cada uno para la defensa de las enmiendas y para la consideración de
la posición de los demás grupos parlamentarios.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular distribuirá su tiempo; diez minutos en un primer turno la señora Rodríguez Salmones y otros diez minutos el señor González.



Tiene la palabra a la señora Rodríguez-Salmones.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Empezamos hoy la tramitación en esta Comisión de una ley especialmente importante en el ámbito de la cultura y, a nuestro juicio, también de la educación, de la que nos ocupamos en esta Comisión.



En primer lugar, he de decir que es una buena ley, pero corta de vuelo.
Detrás de ese título de la lectura, del libro y de las bibliotecas hay, a nuestro juicio, una ley casi del comercio del libro. Este proyecto surge porque había un
compromiso electoral del Partido Socialista de volver al precio fijo, sin ninguna excepción, del libro de texto. Después -y nos congratulamos por ello-, vieron que esto no convenía cumplirlo y se opta por liberalizar el precio del libro de texto
-cuestión que nos parece correcta-, pero para adornar, a nuestro entender, esta decisión, se amplía y se habla de la lectura, de las bibliotecas, etcétera.



No tenemos ninguna objeción a los quince artículos y a las disposiciones adicionales finales, pero, desde nuestro punto de vista, esos quince artículos no solo no bastan sino que deben ser enriquecidos, y en ese sentido van nuestras
enmiendas, que nos gustaría ver aceptadas. Sin embargo -y lo pongo por delante-, que esta ley nace con un acuerdo de los sectores; los comparecientes en esta Comisión así lo han hecho saber.
Agradezco la labor de los comparecientes, que ha
enriquecido mucho nuestro conocimiento y nuestro trabajo. También hay que reconocer una actitud muy abierta y positiva del Gobierno y del grupo que lo respalda -aunque no sabemos finalmente cuáles van a ser las transacciones- en el diálogo que se
ha producido.



Como he dicho al principio, esta ley es corta de miras, y además nos preocupa especialmente la separación del sistema escolar, tema del que se ocupará a continuación mi compañero, Adolfo González. Se dice que esta es una ley del Ministerio
de Cultura, pero los proyectos que envía el Gobierno son del Gobierno, no son de un ministerio, por tanto, tienen que ser del ámbito que abarcan. Separar libro, lectura y escuela, es sencillamente inconcebible; libro, lectura y escuela tienen que
ir juntos, y este era el momento de profundizar en ello, con todo el respeto a los ámbitos autonómicos. Nuestro segundo punto de discrepancia son las bibliotecas. El título de la ley que intentamos reformar se refiere a esta como si fuera una ley
de bibliotecas. No solo no es una ley de bibliotecas, sino que hay tres artículos sobre las mismas -artículos 11, 12 y 13- extraordinariamente pobres. Querríamos que este tema fuera mucho más ampliamente tratado y además que al menos esos tres
artículos fueran enriquecidos. Si alguna brecha separa a nuestro país de los países europeos que son nuestro referente, son las bibliotecas; cualquier país europeo tiene una riqueza de bibliotecas infinitamente mayor. A nuestro juicio, esa es
también la medida del nivel educativo y cultural de un país. Un país puede no tener un patrimonio tan rico como el nuestro, puede no tener unos museos tan extraordinarios como los nuestros, pero si tiene una buena red de bibliotecas y un índice de
lectura alto, tendrá esta referencia cultural y educativa mucho más cubierta que nosotros.
Querríamos que se tuvieran en cuenta nuestras enmiendas al respecto, sobre todo las números 143, 145, 149 y 159, que al menos enriquecen los breves artículos
que tocan el tema de las bibliotecas.



Paso ahora a otras cuestiones a las que, aunque tienen mucha importancia, no le damos tanta como a las anteriores. Esta es una ley que también se queda escasa en el tratamiento de las librerías. En este punto hablaría de la enmienda número
137 de nuestro grupo parlamentario. En un país que tiene un sector editorial tan fuerte, la incongruencia de tener una red bibliotecaria tan escasa y tan mal dotada, y además una red de librerías en peligro, es una cuestión que nos preocupa y que
deberíamos solventar.
La enmienda número 137, propone la elaboración de un libro blanco de librerías porque este tema nos preocupa extraordinariamente. En cuanto al observatorio del libro y la lectura, hay que decir que no está dotado
económicamente y que puede quedarse en nada si no hacemos una redacción más seria.



Por último, querría mencionar una cuestión importante que se introduce en esta ley por vía de enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y es incorporar la regulación, que ya hay que hacer sin dilaciones, del canon por préstamo
bibliotecario al que nos obliga la Unión Europea, después de doce años intentado dilatarlo. La redacción que propone el grupo que respalda


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al Gobierno nos parece bien; la que propone el Grupo Parlamentario Vasco también nos parece bien; la suma de ambas es correcta. Sin embargo, entendemos que puede quedar una cierta inseguridad jurídica si no se precisan los términos en los
que hoy ya está acordado el desarrollo de este canon. En este sentido, presentamos una enmienda transaccional -me gustaría saber si obra en poder del letrado-, en la que decíamos literalmente que el desarrollo reglamentario tiene que hacerse
rápidamente -en seis meses- y que la revisión tiene que ser bienal. Por otro lado, puesto que esta va a ser una ley sujeta a renegaciones permanentes, nos parecía importante decir -y leo textualmente- que la cantidad prevista, a fecha de hoy,
ascenderá a 1.400.000 euros anuales y que no podrá en ningún caso ser inferior a ella. Esta cantidad deriva de una fórmula que es la resultante de considerar el número de ejemplares adquiridos o presupuestados por las bibliotecas con un valor medio
de doce euros por ejemplar y cada uno de estos ejemplares estaría sujeto, por este derecho de préstamo, a un canon de 0,2 euros por ejemplar. Si esos son los términos en los que hoy se está hablando y planteando la cuestión con los responsables -se
van a hacer cargo de ello, además del Estado, las comunidades autónomas, en ningún caso los municipios pequeños, aunque quizá sí los municipios grandes- y puesto que en ningún caso esto tiene que recaer sobre el lector, sobre el usuario de la
biblioteca, sino que va a estar siempre sujeto a negociación, poner la fórmula y la cantidad mínima hoy daría una seguridad jurídica a los futuros negociadores, que no sabemos quienes van a ser.



Voy a pedirle un tiempo para estudiar las transacciones, ya que todavía se están llevando a cabo y agradezco al letrado el estudio tan detallado que nos ha hecho del texto, por lo que quizás todas sus observaciones podrían ser incorporadas,
cosa, señora presidenta, que dejo a su juicio.



En relación con las demás enmiendas, Izquierda Unida y el Grupo Popular han presentado enmiendas muy similares en materia de bibliotecas y, al margen de las transacciones que tengan lugar -lo veremos luego-, en principio, nuestro voto va a
ser favorable. Las enmiendas sobre bibliotecas digitales del Grupo Socialista también las vamos a votar a favor y en materia competencial ayer se nos ofrecieron una serie de transacciones que, en principio nos parecen correctas, aunque ya veremos
luego la redacción, y en función de ello votaremos de una manera u otra.



La señora PRESIDENTA: Señor González Rodríguez, tiene usted la palabra.



El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Voy a comenzar por el final de la intervención de mi compañera, la señora Rodríguez-Salmones, felicitando al letrado por el magnífico trabajo que ha presentado para el análisis de las enmiendas sobre este
proyecto de ley.



El diálogo, el acuerdo, la transacción, el consenso y el buen tono, relajado e incluso con sentido del humor, ha sido uno de los aspectos más sobresalientes en la tramitación de este proyecto de ley y creo que es necesario destacarlo porque
no siempre ocurre así. Estamos viviendo otra situación, pero, tal vez porque se trata del libro, el trámite de este todavía proyecto de ley está teniendo un desarrollo bastante aceptable por todos los grupos que están representados en esta Cámara.



En primer lugar, me voy a referir a una de las enmiendas que ha sido aceptada e incorporada en la ponencia. Para el Grupo Popular una de las grandes lagunas de este proyecto de ley es la ausencia en el texto, aunque se hacen referencias a
ella -lo comentaré posteriormente-, de la administración educativa. Para nosotros es importante que se haya aceptado nuestra enmienda 128, en la que aparece el término interministerial, que se refiere a todos los ministerios, pero especialmente a
los de Educación y Ciencia y al de Cultura, algo que es obvio, parece mentira que tengamos que decirlo. También hay que reconocer en cuanto a las enmiendas aceptadas e incorporadas -de ahí el buen tono del que hablaba anteriormente- las presentadas
por el Grupo Popular, que se refieren a la importancia de los medios audiovisuales para el fomento de la lectura, así como a la educación continua a lo largo de toda la vida, como por otro lado aparece recogido en las leyes aprobadas y reformadas en
este Congreso, tanto en la LOE como en la reforma de la LOU. Y otra cosa que nos parece muy importante y que es obvio es el reconocimiento a los autores de que en los premios nacionales el aspecto cultural forme parte de uno de los criterios para
su análisis y posterior mención de premiado.



Estos son los aspectos principales de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular que han sido aceptadas, aunque, obviamente, nosotros aspiramos a más, pero el resto de grupos y el grupo que apoya al Gobierno han considerado que algunas
de ellas no deben ser aceptadas. Me voy a referir a continuación a las enmiendas que mantenemos vivas en Comisión, cuya exposición voy a realizar de la forma más breve posible. Están divididas en enmiendas de modificación, de adición y de
sustitución. Con respecto al artículo 6, ha sido aceptado por el Grupo Socialista el título: promoción de la industria editorial y del comercio del libro. Se trata de la enmienda 137, expuesta anteriormente por mi compañera.
Nosotros
consideramos muy importante el concepto de librería, lugar obvio si estamos hablando del libro. Consideramos necesaria la elaboración por parte del Ministerio de Cultura de un libro blanco, dado que es el lugar no solo donde se compra directamente
el libro, elemento fundamental, sino también donde se difunde la lectura, por tanto, el Gobierno debe protegerla. No podemos entender cómo no ha sido aceptado -por eso mantenemos viva la enmienda- que desde el ministerio se promueva la gestión
sostenible con garantía de la procedencia forestal ambiental responsable. Es algo que aparece por todas partes y tal vez en la Comisión de


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Medio Ambiente den una lectura diferente a esta enmienda del Grupo Popular.



La enmienda 138, relativa al régimen jurídico del libro, es de modificación. Según el artículo 27 de la Constitución española, todos los ciudadanos tienen derecho a la educación. Por supuesto, es un derecho adquirido y forma parte del
articulado de derechos constitucionales, por lo que la ley debería avanzar más en la financiación pública de los libros de texto, conciliando dos aspectos que no han sido aceptados y que, repito, se mantienen vivos. Uno es el de los criterios
pedagógicos y el otro es el apoyo al sector del libro. Con respecto a la modalidad de la financiación pública, me referiré posteriormente a la enmienda 158.



La enmienda 129 hace referencia a las bibliotecas y al concepto de promoción de la lectura. Como ha dicho antes mi compañera, la señora Rodríguez-Salmones, para nosotros es muy importante la cuestión de las bibliotecas que aparece en esta
ley, al margen de que en el futuro se pueda elaborar una ley de bibliotecas. Esto no tiene nada que ver.
Hablamos tanto de las bibliotecas universitarias como de las no universitarias, pero destacamos especialmente las escolares. ¿Por qué?
Porque son fundamentales para el fomento de la lectura, uno de los aspectos singulares de este proyecto de ley. En muchos municipios y en muchas ciudades la única biblioteca que puede haber es la escolar, mientras que en otros, por el contrario,
solo puede haber la municipal, por lo que hay que tener en cuenta todo ello.



La enmienda 130, que seguimos manteniendo, se refiere al aprendizaje continuo. Y la número 131 vuelve a insistir en la promoción de la lectura y en la relación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Cultura. Insisto
en que para nosotros es la gran laguna de este proyecto y, aunque aceptamos el concepto interministerial, como he dicho anteriormente, por supuesto lo hacemos con el máximo respeto a las competencias administrativas de las diferentes instituciones
de este país.



Voy a cambiar de perspectiva. La enmienda 136, relativa al artículo 5.3 bis, se refiere al espacio iberoamericano. Es un espacio de cultura, de lenguas, de historia, de ciencia, de biología, un espacio que sin duda puede contemplarse en el
libro Su expansión internacional hacia el mundo iberoamericano (?). No podemos entender cómo esta enmienda no ha sido aceptada -la mantenemos viva-, dado que no estamos adjudicando una carga especial ni solo al Ministerio de Cultura ni solo al
Ministerio de Educación, sino que estamos hablando de un espacio iberoamericano del libro que puede ser apoyado perfectamente por el Instituto Cervantes, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por las academias de la lengua, por
financiaciones, por asociaciones, por fundaciones, etcétera.
Sin duda alguna, es fundamental para la expansión del castellano y de las demás lenguas cooficiales en las diferentes comunidades autónomas. Repito que sigue siendo una enmienda viva y
puede que en el trámite de hoy sea aceptada por el resto de los grupos.



La enmienda 157, referente a la disposición adicional cuarta bis, es de adición. Un proyecto de ley de estas características debe fomentar aquello que hace que se produzcan buenos profesionales en el desarrollo de esta ley. Con palabras
mucho más sencillas, en esta enmienda proponemos que desde el ministerio se fomente la creación de la titulación de biblioteconomía en aquellas universidades donde no exista.
Lo consideramos básico para la formación de grandes expertos y
profesionales, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia que tienen, aunque el proyecto no lo desarrolla como a nosotros nos gustaría, las bibliotecas universitarias y las no universitarias. Tampoco entendemos por qué no se ha aceptado esta
enmienda cuando en el articulado de la Ley del Libro andaluza, elaborada por el Partido Socialista, aparece este artículo al que me estoy refiriendo.



Voy terminando, señora presidenta. En relación con la enmienda 158, sobre la contribución de las administraciones públicas a la adquisición de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, consideramos que la ayuda directa a la familia
es el mejor método. Es lo más adecuado, con un documento de pago canjeable en las librerías. Este concepto lo aceptan, según diversos estudios europeos, desde los padres hasta los profesores y por supuesto los directores de los centros.



Volviendo a las bibliotecas, las dos últimas enmiendas, son la 160, referente a las bibliotecas municipales y escolares, y la 142, referente a las bibliotecas municipales y universitarias. Con respecto a la 160 quiero decir que, según el
artículo 113, apartados 4 y 5 de la Ley Orgánica de Educación, hay que reforzar la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Cultura o, lo que es lo mismo, hay que reforzar las bibliotecas escolares con las municipales y
al revés. Es evidente que si existen las dos, mejor para todos, porque hay bibliotecas para todos, pero si no existen, el servicio de una lo tiene que suplir la otra y viceversa. Por tanto, es absolutamente fundamental.
La enmienda 142 se refiere
a las bibliotecas universitarias y no universitarias. Pide la sustitución del artículo 11.3, porque, si bien es verdad que el artículo 113 de la LOE lo regula, creemos que no existe un trato suficientemente desarrollado en este proyecto de ley; es
un trato muy somero, muy liviano, y habría que defender y promover desde el Ministerio de Cultura que todo tipo de biblioteca esté llevado por profesionales, que tengan sus propios servicios y que las bibliotecas se conviertan en un foco de
irradiación de la cultura, del desarrollo de la localidad de pocos o de muchos habitantes.



Deseamos -no sé si el deseo se puede convertir en realidad- que alguna de estas enmiendas que aún mantenemos vivas puedan ser aceptadas en el día de hoy. Con ello finalizamos nuestra intervención, agradeciendo a todos su presencia aquí y
esperando que esta ley del libro sirva para que el desarrollo cultural en este país


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favorezca a la generación actual y fundamentalmente a las generaciones venideras.



La señora PRESIDENTA: Les estamos repartiendo el texto último de las enmiendas, que es fruto de negociaciones y de conversaciones de primera hora de la mañana. Por tanto, den por definitivo hasta el momento este texto, que anula los
anteriores.



Tiene la palabra por el Grupo Catalán de Convergència i Unió el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: A nosotros esta ley nos parece bien y la vemos positiva en varios aspectos. En primer lugar, es una ley necesaria porque viene a sustituir una ley preconstitucional del año 1975 y pone al día un elemento tan
importante como es el libro. En segundo lugar, vemos muy positivo el acuerdo y la negociación en una ley que ha sido consensuada con el mundo editorial y el de los libreros. Este factor nos parece decisivo porque una ley del libro no puede hacerse
sin el consenso del mundo editorial, de los creadores, de los editores, de los impresores y sin un elemento clave en el mundo del libro como son las librerías.
También vemos muy positivo legislar sobre un tema que nos parece fundamental para la
cultura, como es el precio fijo en los libros no escolares, porque entendemos que esto permite la pluralidad cultural, permite que el libro sea una industria pero, sobre todo, un bien cultural, por tanto, que sea posible la diversidad cultural y que
no solo sean los best sellers los libros que llegan a los ciudadanos. Esto es lo que básicamente creemos que fija esta ley.



¿Qué problema tenía esta ley? Que en un principio era muy invasora de competencias. Esto era razonable porque era una ley que venía a sustituir una del año 1975, cuando no teníamos la Constitución, ni estatutos de autonomía. Todas las
comunidades autónomas han legislado sobre bibliotecas y desarrollado redes muy potentes, tanto a nivel de comunidad como a nivel municipal y ello hacía que la ley resultase muy invasora.
Nuestras enmiendas, 18 en total, tenían una única voluntad:
eliminar el carácter invasor que tenía esta ley en inicio. Nueve fueron aceptadas en ponencia y, por la vía transaccional, hemos podido recolocar las otras nueve enmiendas. Teníamos dificultades con dos propuestas transaccionales que nos hacía el
Grupo Socialista, concretamente con la 20 y la 31. Vamos a ver si en las negociaciones de esta mañana lo podemos conseguir. Si esto fuera así, retiraríamos todas nuestras enmiendas y apoyaríamos esta ley con las enmiendas transaccionadas con el
Grupo Socialista. Quisiera valorar la actitud que ha tenido el Grupo Socialista en esta ley al hacer una negociación que nos ha permitido llegar a acuerdos muy positivos. En general, en esta Comisión de Cultura conseguimos llevar hacia delante las
leyes con un alto nivel de consenso. En esta ley se ha vuelto a producir este fenómeno, y concretamente en este caso el Grupo de Convergència i Unió está satisfecho de cómo se ha negociado. Quiero agradecer al portavoz del Grupo Socialista su
actitud respecto a las propuestas que se han hecho, que, fundamentalmente, como he dicho antes, tienen dos objetivos: respetar competencias y apoyar una ley que como factor importante ha tenido el apoyo de los sectores, con los que nos hemos
comunicado. Ayer recibí una carta de los editores catalanes, en la que nos felicitaban por el trámite y por cómo habíamos hecho esta ley.
Felicitación que quiero exponer en esta Comisión y transmitir a los compañeros de todos los grupos, porque
esto ha sido posible gracias a todos.



Le he dicho a la presidenta que iba a ser breve y lo he sido. Creo que aquí está todo lo que quería decir esta mañana y en el Pleno podremos tener una exposición más amplia, daremos claramente nuestro apoyo a esta ley y después de comprobar
si las transacciones que hemos negociado esta mañana en estos dos temas se han recogido retiraríamos, repito, todas nuestras enmiendas.



La señora PRESIDENTA: Gracias por poner otra vez de manifiesto, como han hecho todos los portavoces, el espíritu de acuerdo y de buen entendimiento de esta Comisión. No sabe S.S. cómo lo celebro y, además, el gusto que dar presidir una
Comisión como esta.



Tiene la palabra el señor Tardà en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya.



El señor TARDÀ I COMA: A partir de este buen espíritu, espero recoger los minutos que no ha utilizado el compañero Vilajoana porque quizá yo seré un poquito más extenso.



Nosotros hemos pedido la avocación por el Pleno y queremos manifestar que la mantendremos en la medida que tendremos la oportunidad de poder hacer una valoración política de esta ley. Por ello, ahora me limitaré a relatar cuál es la
posición respecto a nuestras enmiendas y a las que han presentado los grupos parlamentarios, así como también las del Grupo Socialista. También quiero decirles que retiramos la solicitud de presentación de enmienda a la totalidad porque tuvimos
conversaciones con el Grupo Socialista y llegamos a unos acuerdos que, en términos generales, y hay que decirlo, han sido respetados.



Hemos presentado un conjunto de 43 enmiendas, de ellas, 25 de carácter competencial, lo cual pone de manifiesto el alcance de la tragedia que se nos avecinaba, si no hubiéramos sido capaces de dialogar y de corregirnos. Nos referimos al
proyecto de ley que salió del Consejo de Ministros y que, a nuestro entender, con todo respeto, no contemplaba lo contenido en los estatutos vigentes. Celebramos que ya en una primera etapa se incorporaran al dictamen de la Ponencia las enmiendas
186, 191, 192, 199, 200, 201, 207 y 208 de Esquerra Republicana; con su incorporación se suprimen las referencias reglamentarias en lo relativo a las obligaciones del importador de indicar el precio fijo para reconocer a las comunidades autónomas
la regulación de los datos informativos, de las ofertas de venta. Se introducen las agencias autonó


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micas del ISBN en todo lo relativo a los libros descatalogados. Se atiende a la necesidad de incluir planes específicos evaluables y de actualización periódica para la formación permanente de personal de las bibliotecas, tanto en el marco
de la cooperación bibliotecaria, como en el del sistema español de bibliotecas, en donde la formación permanente deberá contar con la cooperación de las comunidades autónomas. Asimismo, se suprime, gracias a la aceptación de la enmienda 201, el
apartado 2 del artículo 13, al entender que no procede marcar a priori las condiciones sobre las que debe entenderse la cooperación bibliotecaria. En dicha cooperación, que por definición es voluntaria, no pueden marcarse de entrada, de forma
unilateral por parte del Estado, las condiciones previas. También se acepta la 207, con lo cual la disposición adicional primera, relativa al depósito legal, incluye la obligación del Gobierno de remitir en el plazo de un año una ley para adaptar
la normativa vigente a la realidad autonómica. Asimismo, hemos recibido del Grupo Parlamentario Socialista veinte propuestas transaccionales a las enmiendas de nuestro grupo números 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 196, 197, 198, 202 y 203. De todas ellas, no aceptamos la relativa a la enmienda 174, por la resistencia del Gobierno a admitir que los planes de fomento del hábito lector sean elaborados y actualizados cada dos años. Entendemos necesario que
al menos en una ocasión a lo largo de una legislatura, el Gobierno de turno evalúe el alcance de los planes de fomento, máxime cuando estos llevan aparejadas dotaciones presupuestarias. Tampoco aceptamos la transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista relativa a la enmienda 180 de nuestro grupo. Debería existir la voluntad, con el fin de comprometer en los nuevos textos legislativos la acción de los gobiernos a favor de las distintas lenguas cooficiales, de dejar
explícito en el artículo 5.2 que los premios literarios y culturales deberán otorgarse a favor de las distintas lenguas. De igual manera, en la transaccional a la enmienda 183, solicitamos la introducción de los términos 'sin perjuicio de las
competencias de las comunidades autónomas en materia de proyección exterior', enmienda al artículo 6.3, de promoción de la industria del libro y en particular a su contribución a su expansión internacional. Al parecer, se está procediendo en este
caso a una conversación para llevar a cabo la modificación de esta transaccional. En la medida que esto cuaje, quizás debamos retirar lo dicho hace unos instantes relativo a esta transaccional.



Excepto en estos casos citados, damos por buenas las transaccionales presentadas. Con lo cual podemos afirmar que se han incluido las cláusulas de salvaguarda que Esquerra perseguía en el artículo 1.2, es decir, en el objeto y ámbito de la
ley; en el apartado g) del artículo 2, de definiciones, en concreto la relativa a biblioteca, entrecomillado, en donde se incluye la correspondiente legislación autonómica; en el artículo 3.2, en donde se incluye la necesidad de consensuar con las
comunidades autónomas los planes de fomento de la lectura; la aceptación de la modificación del artículo 5.1, relativo a las campañas de promoción de los autores que se expresen en las distintas lenguas conjuntamente, es decir, con la colaboración
y la participación de las comunidades autónomas; así como la modificación del artículo 6.1, relacionado con la promoción de la industria del libro, en donde garantizamos de nuevo la colaboración y cooperación de las comunidades autónomas cuando
afecte a actividades que se realicen en el territorio autonómico. Otras transaccionales resuelven lo demandado por el Grupo de Esquerra en cuanto a la cláusula de salvaguarda. Así, se garantizan las competencias autonómicas, tanto en lo relativo
al ISBN como al ISSN, como a la misión, principios y valores de las bibliotecas, en donde se fija que a quien corresponde garantizar el acceso a las bibliotecas es a las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, en lugar
de la redacción del proyecto del Gobierno en donde recaía en los poderes públicos sin más. Finalmente, entendemos fundamental haber procedido a la modificación relativa a la necesidad de exigencia de previa consulta o previo acuerdo entre la
Administración General del Estado y la Administración autonómica en función de cuál fuere su techo competencial, para que la primera pueda proceder a la creación, dotación y fomento de las bibliotecas.



Se incluye, asimismo, la enmienda 207 en la disposición adicional primera, relativa al depósito legal para cuya regulación el Gobierno deberá presentar una ley en el plazo de un año. También se incluye la enmienda 200, apartado 1, frase
dos, artículo 13, para garantizar planes que se actualizarán periódicamente para promocionar la cooperación bibliotecaria. Mantenemos vivas la enmienda 169, relativa al título de la ley, Ley de lectura del libro y de la cooperación bibliotecaria, y
la 172, para fijar la exclusividad del librero en el ejercicio de la venta del libro. De igual manera, apelamos a la aceptación de la enmienda 178, referida al artículo 4.4, con la voluntad de garantizar una mayor participación de las comunidades
autónomas en los criterios generales de los planes de fomento de la lectura. Los artículos 8, 9 y 10 de la ley regulan el precio fijo, las exclusiones al precio fijo, así como sus excepciones, respectivamente. A estos tres artículos hemos
presentado nueve enmiendas, todas ellas serán puestas a votación, y en el caso de que no tuvieran mayores apoyos, las mantendríamos vivas para el Pleno. En términos generales, la posición de Esquerra coincide con la del Grupo Parlamentario
Socialista en cuanto a los criterios relativos a la necesidad de blindar el precio fijo del libro, aun cuando la divergencia aparece en cuanto al alcance de las competencias de una y otra administración. Entendemos que la remisión reglamentaria
para fijar las modalidades de precio fijo supone una invasión competencial, puesto que en la sentencia del Tribunal Constitucional 284/1993, se reconoce a las comunidades autónomas la regulación de los datos informativos de las ofertas de venta, con
lo cual debe procederse a la modificación del artículo 8.1, enmienda 186 de Esquerra


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Republicana. Debe permitirse, asimismo, a las comunidades autónomas alterar lo fijado en el artículo 8.3 respecto a la oscilación entre el 95 y el 100 por cien del precio de venta al público -enmienda 187-, de la misma manera que debería
respetarse la legislación de las comunidades autónomas que afectan a la obligación del expendedor de respetar el precio fijo fijado por el editor -enmiendas 188 y 189-. Entendemos viable la modificación del apartado 1, letra g), del artículo 9,
-enmienda 190-, relativo a la exclusión de los libros de texto en el precio fijo. Además de los libros de texto y el material didáctico correspondiente a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria, debería incluirse la educación
infantil. La mayoría de niños entre tres y cinco años asisten a educación infantil que, a pesar de no ser obligatoria, está concertada en la mayoría de los casos. La escolarización voluntaria a partir de los tres años en una práctica habitual
beneficiosa que no debería penalizarse.



Voy terminando, señora presidenta. También mantenemos viva la enmienda 193 de modificación de la letra c) del artículo 10.1, que debería permitir el establecimiento de un descuento de hasta el 25 por ciento del precio fijo en los libros de
texto. Perseguimos proteger a las pequeñas editoriales ante los grandes grupos editores y a los libreros ante los grandes centros comerciales. Ya dijimos en su momento que no marcar un tope del 25 por ciento de descuento permitirá a los grandes
grupos editoriales marcar precios de venta mínimos a los grandes distribuidores, con lo cual los profesionales verán mermada su capacidad de venta. Pero es que, además, van a padecer en la viabilidad comercial las pequeñas editoriales, que son las
que han mantenido un compromiso a favor de los contenidos progresistas en los libros de texto y también de mayor sensibilidad hacia la realidad plurilingüística del Estado. Ya dijimos que nos parece un cóctel francamente peligroso aunar los
intereses de los grandes grupos editoriales más los de los grandes distribuidores. Por decirlo de alguna manera... Bien, mejor no decir nombres. (Risas.) Ustedes ya me han entendido perfectamente; de hecho, ya hablaremos en términos más
ideológicos y políticos el próximo jueves en el Pleno.



Les he dicho que manteníamos la enmienda 193, relativa al descuento.
También mantenemos viva la enmienda 194, a través de la cual se persigue posibilitar a las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, establecer aquellas
otras excepciones al precio fijo que creyeran conveniente -nosotros en Cataluña o cualquier comunidad autónoma- para su territorio. Mantenemos viva la enmienda 195. Retiramos la enmienda 196, en tanto en cuanto se haya recogido básicamente en el
texto que se nos presenta lo relativo a fomentar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Mantenemos vivas las enmiendas 204, 205 y 206, relativas al capítulo VI, régimen sancionador, al entender que aun cuando se
atribuye correctamente la potestad sancionadora a las comunidades autónomas, en la medida en que incide en la ordenación de esta función ejecutiva, a nuestro entender, se vulneran, las competencias autonómicas cuando se establece la obligación del
órgano que tramita el procedimiento sancionador, en caso de infracción grave, de trasladarlo a los órganos competentes en materia de contratación y subvenciones. De igual manera entendemos que corresponde a las comunidades autónomas establecer
cuáles son las sanciones leves.
Mantenemos vivas las enmiendas 209, 210 y la 178, relativa a los planes de fomento. Creemos que debe corresponder a las comunidades autónomas especificar los criterios generales y regular las condiciones de
otorgamiento y de gestión, puesto que no queda claro cuál es el alcance de la voluntariedad del posible convenio. ¿Qué puede ocurrir con una comunidad autónoma que, por lo que fuere, no establece un convenio con la Administración del Estado?
¿Queda al margen de las obligaciones de fomento del Estado? Es una incógnita que no hemos sabido resolver, que la ley no resuelve. En ese sentido, nosotros planteamos esta enmienda.



Mantenemos vivas también alguna otras enmiendas que voy a pasar al señor letrado, pero quizá en este caso por su carácter secundario no merecen ahora que me alargue más. Con respecto a la enmienda 167, del Grupo Socialista, a la que de una
u otra manera todos nos hemos referido, relativa al canon, vamos a pedir votación separada, puesto que entendemos que el canon debería fijarse por ley; se debería marcar un tope, a nosotros nos parece correcto el 0,2, pero en la medida en que se
traslada a un posterior real decreto, entendemos que el legislador queda ya absolutamente ajeno a la capacidad de control y, repito, creemos que en un caso tan sensible, que afecta tanto a la funcionalidad del servicio de biblioteca, debería quedar
fijado por ley. Hay aspectos que no vemos demasiado claros respecto a la no inclusión en las excepcionalidades de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro porque, en cambio, sí se acepta poner como municipios ajenos a lo mandatado a los de
menos de cinco mil habitantes, lo que nos parece un poco arbitrario en la medida en que todos sabemos que hoy en día hay municipios de menos de cinco mil habitantes que tienen una renta per cápita mayor que la de otras ciudades con más población.
Debería correr a cargo de la Administración General del Estado el montante del canon. Entendemos que debería corregirse esta enmienda del Grupo Socialista.



La señora PRESIDENTA: Señorías, rogaría a los portavoces de los grupos que aquellas enmiendas que deseen que permanezcan vivas las hagan llegar a la Mesa para su votación. Repito que las enmiendas que no estén transaccionadas y que deseen
que permanezcan vivas, nos las entreguen porque necesitamos ordenarlas. En cualquier caso, después de este debate haremos una pausa, con la duración que SS.SS. estimen oportuna, para clarificar definitivamente toda la votación antes de proceder a
la misma.



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Tiene la palabra, a continuación, por Izquierda Unida...(El señor Esteban Bravo pide la palabra.) Según el orden que tengo aquí...



El señor ESTEBAN BRAVO: Seguramente es un orden equivocado, porque tenemos dos diputados más. Voy a ser muy breve, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Disculpe, me han pasado una nota equivocada.



Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: Intervendré muy brevemente, señora presidenta, porque dado que ya hay un grupo que ha señalado que va a mantener la solicitud de avocación al Pleno, en ese momento explicaremos nuestra posición genérica con respecto
a la ley.



Mantenemos las enmiendas números 91, 93 y 95 -disculpe el terrible trancazo que tengo encima-. En cuanto al dictamen, a las transaccionales al artículo 6 nos vamos a abstener; también nos abstendremos en la votación del artículo 12.2.
Entendemos que en el artículo 13.3 el texto de la ponencia recogía más adecuadamente el espíritu que se pretendía con las enmiendas. También estamos en contra de la disposición final segunda, en el sentido de que atribuye un título competencial, de
competencia exclusiva del Estado, a la materia del sistema de bibliotecas español; tal como está redactado el artículo creemos que lo correcto sería incardinarlo en un título competencial que habilite competencias concurrentes y el más adecuado
hubiera sido el genérico, ya utilizado en el propio texto de la ley, 149.2.



En cualquier caso, como he señalado antes, dejo la valoración de la ley para el momento del Pleno y espero que mi voz esté mejor y yo en mejores condiciones de explicarlo.



La señora PRESIDENTA: Que se mejore, señor Esteban.



A continuación, ahora sí, por Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Señorías, también intentaré ser breve, pero, a pesar de que, como ya se ha dicho, la ley se avocará al Pleno y será el momento de hacer un análisis más amplio, quisiera dejar constancia en esta intervención de
algunas cuestiones.



En primer lugar -ya lo comenté anteriormente-, quisiera dejar constancia del trabajo que se ha realizado en la Comisión. Comparto el ambiente positivo de la misma y resalto el trabajo del letrado, porque nos ha facilitado mucho la labor;
los grupos pequeños estamos muy liados y tener un material que te clarifica y te ayuda a trabajar de manera más rápida siempre se agradece muchísimo.



Dicho esto, paso a comentar, en primer lugar, que nuestro grupo se alegró en su momento y se alegra ahora de la presentación de este proyecto de ley que tiene como objetivo primordial sustituir la Ley 9/1975, de 12 de marzo, y diversas
normas reglamentarias sobre aspectos relacionados.
Estamos hablando de la sustitución de una ley preconstitucional y no adaptada a la distribución competencial actual. Por este motivo, queda suficientemente justificada la ley y desde este punto de
vista, repito, nos alegramos de su presentación. También nos alegramos porque vimos que el proyecto de ley pretendía, al menos en principio así se planteaba y creemos que en parte lo consigue, ir más allá de lo regulado en esta Ley de 1975 en
cuanto a bibliotecas y medidas de fomento del hábito lector.
Esta nueva ley ha de adecuarse a los desarrollos tecnológicos de la sociedad de la información y de la comunicación y también es necesaria para diseñar un marco de cooperación y
colaboración institucional que suponga y facilite la mejora de indicadores culturales, en este caso del libro, de la lectura y de las bibliotecas; indicadores que en el Estado español son muy inferiores respecto a los países de la Unión Europea,
tanto en cuanto a libros y bibliotecas públicas por persona como en cuanto al índice de lectura. También debe ayudar a superar las dificultades de acceso a los equipamientos bibliotecarios y a los déficits de cooperación bibliotecaria existentes.
Por tanto, bienvenida sea esta ley.



Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, el proyecto de ley para nuestro grupo tuvo en su momento unos interrogantes importantes muy justificados en cuanto a la invasión competencial que planteaba. Como ya ha hecho el compañero Tardà,
quiero recordar que nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad, dado que el Estatuto de Cataluña define en el caso de cultura unas competencias exclusivas, excepto en aquellos equipamientos de titularidad del Estado, caso en el que las
competencias son ejecutivas si existe una delegación. Por este motivo en aquel momento tuvimos una gran preocupación, pero retiramos nuestra enmienda a la totalidad porque hubo el compromiso, tanto por parte de Gobierno en las diferentes reuniones
que mantuvimos como por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de que en este trámite parlamentario se resolverían estas causas de invasión de competencias que el proyecto de ley planteaba. Somos optimistas y todo apunta a pensar que vamos a
aprobar una ley que será completamente respetuosa con las comunidades autónomas.



Dicho esto, quisiera explicar muy brevemente el sentido de nuestras enmiendas. En total han sido 64 enmiendas, de las cuales dieciocho estaban referidas a la exposición de motivos y al articulado en relación con lo que he comentado de los
marcos estatutarios y de competencias de las comunidades autónomas, en concreto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, dada la reciente aprobación del Estatuto que ampliaba estas competencias. Otro bloque de enmiendas pretendían garantizar más o
ampliar la cooperación bibliotecaria.



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Hay otro bloque de enmiendas que perseguía, a pesar de nuestro apoyo y nuestra apuesta, como ocurre en la ley, por el precio fijo, introducir medidas para enmendar la propuesta de liberalización del precio de los libros de texto. El sentido
de nuestras enmiendas, aparte del respeto al ámbito competencial, ha sido el de poner un mayor énfasis en el fomento del hábito lector como derecho de la ciudadanía; dar una mayor garantía del precio fijo tanto para los usuarios como para los
libreros; apostar por la gratuidad de los libros de texto y del material didáctico, buscando fórmulas adecuadas, ya conocidas y experimentadas en otros países; dar un mayor impulso a las bibliotecas y a la cooperación bibliotecaria; conseguir un
mayor reconocimiento del hecho plurilingüe en el Plan de fomento de la lectura; lograr una mayor cooperación y participación de las comunidades autónomas en el Observatorio de la lectura y en el Consejo de cooperación bibliotecaria, y otorgar un
mayor reconocimiento al papel del librero y del impresor, ya que entendemos que las librerías no son meramente un lugar de venta de libros, sino que son espacios favorecedores del conocimiento -en este sentido tienen una gran diferencia con las
grandes superficies- que hoy pasan por un momento muy delicado. En todo caso en el debate del Pleno tanto en cuanto al aspecto de las mayores garantías del precio fijo para los usuarios y para los libreros como en cuanto al reconocimiento del papel
del librero nuestro grupo se extenderá con mayor detalle. De estas enmiendas planteadas, seis ya se incorporaron al dictamen, las enmiendas 29, 33, 37, 75, 77 y 84, y se nos han presentado -a nosotros y al resto de grupos- enmiendas
transaccionales, de las que votaremos a favor veinticuatro y no apoyaremos cinco de ellas. Comentaré muy brevemente por qué no vamos a apoyarlas. En el caso de la transacción que corresponde a nuestras enmiendas 27, 48 y 49, al artículo 3.1, no
vamos a apoyarla ya que no hay un plazo para la evaluación y actualización de los planes de fomento de la lectura. Proponemos que sea un plazo de dos años, pero no ha sido recogido y por eso no apoyaremos esta transaccional. Otra enmienda
transaccional que tampoco votaremos a favor es la que corresponde al artículo 4.2, al que nosotros no hemos presentado enmienda, pero no la apoyaremos porque no entendemos por qué se suprime el concepto de bibliotecas públicas y escolares. Tampoco
apoyaremos la enmienda correspondiente al artículo 4.3 en esta misma línea de supresión del término bibliotecas públicas y escolares porque, a pesar de se puede dar por entendido cuando hablamos simplemente de bibliotecas, no creemos necesario
suprimir este párrafo. Asimismo, no votaremos a favor de la enmienda que corresponde al artículo 12.2 c), en la que se añade un nuevo apartado. Consideramos que es necesario que se regule la participación del Ministerio de Cultura en el sistema
general. Además, las bibliotecas provinciales forman parte del Estado, y esto ya se menciona en el apartado primero. Por último, tampoco apoyaremos la enmienda al artículo 13, en la que pasa algo parecido a la primera mencionada, ya que no hay un
plazo para el desarrollo parlamentario. Nosotros pedimos que sea un año. No ha sido recogido y en este sentido no vamos a apoyarla para mantener nuestra reivindicación para el Pleno.



Ya adelanto que, aunque quiero estudiarlo con más detenimiento a lo largo de este espacio que se nos va a dar para un mejor análisis, posiblemente nuestro grupo, ya que no han sido recogidas nuestras enmiendas que están más relacionadas con
el precio fijo, va a mantener las enmiendas 64, 67, 86, 87 y 88, como también mantendremos las que persiguen mayor amplitud en la cooperación bibliotecaria, que son las 72, 78 y 85. Lo estudiaremos con más detenimiento. Quizás incorporemos alguna
más que vayamos a mantener, pero en todo caso mantendremos las que he comentado. Considero que en esta intervención he planteado los aspectos más importantes y en el Pleno haríamos una intervención más ideológica, más de filosofía y de valoración
general de esta ley.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias el señor Mardones tiene la palabra.



El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo ha presentado a este interesante, necesario e imprescindible proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas cinco enmiendas comprendidas entre los números 21 a 25, ambos inclusive.
Comienzo por referirme a las enmiendas 22 y 24, sobre las que, según la documentación que se nos ha facilitado, hay una oferta de transaccional por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Esta transaccional a la enmienda 22, que coincide con las
enmienda 47 de Izquierda Unida, con la 102 de Convergència i Unió, y la 125 del Grupo Parlamentario Popular, introduce el concepto de impresor. Aceptamos esta enmienda transaccional que nos oferta el Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto,
señora presidenta -ya lo comunicaré a la Mesa-, de acuerdo con la documentación que nos ha entregado el señor letrado, retiramos la enmienda 22 para que pueda ser votada la transaccional. Quiero hacer una advertencia al grupo parlamentario
proponente, al Grupo Socialista, y a los servicios de la Cámara. Si se acepta esta enmienda transaccional a la 22, que coincide con la 47 de Izquierda Unida, la 102 de Convergència i Unió y la 125 del Grupo Popular, hay que introducirlo en el
preámbulo. Se lo digo aquí al señor letrado, porque en el segundo párrafo del apartado II de la exposición de motivos, donde se enumeran los conceptos que comprende la ley, falta añadir el de impresor. Por tanto, si se acepta esta enmienda y se
introduce el concepto de impresor, hay que reflejarlo en el segundo párrafo del apartado II de la exposición de motivos, donde se contempla el listado de figuras en este proyecto de ley. Un letrado como don Manuel sabe reflejar y acortarnos los
trabajos.



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La otra transaccional es a la enmienda número 24, que también coincide con las de otros grupos parlamentarios, casi todos los de la Cámara. Se introduce un tiempo del verbo y se cambia el verbo podrán por deberán, como ya lo había insinuado
el dictamen del Consejo Económico y Social del Estado español. Por tanto, aceptamos también la enmienda transaccional a nuestra enmienda 24 para que la ofertada por el Grupo Socialista se pueda votar junto con la de otros grupos parlamentarios.



Voy a proceder a defender las tres restantes enmiendas que no han sido aceptadas. En primer lugar, la enmienda número 21, que coincide con la enmienda 124 del Grupo Parlamentario Popular, introduce el concepto de autor. En la relación que
trae el proyecto del Gobierno vienen todos los conceptos que se refieren a este proceso. Están desde el consumidor final al librero, todas las figuras que se enumeran en la ley, todos los actores o protagonistas. Me llama la atención que en este
artículo 2 del proyecto de ley, donde se tienen que enumerar quiénes son los actores fundamentales, no se incluya al autor. Y lo curioso es que si avanzamos y llegamos al capítulo III, artículo 5, sí que aparece la palabra autor.
Artículo 5:
Promoción de los autores. En los tres apartados de este artículo 5, incluida su introducción, se emplea la palabra autor o autores cinco veces. Resulta sorprendente que el propio proyecto de ley en su artículo 5 hable de promoción de autores y en
el artículo 2 de este mismo proyecto de ley no se introduzca la palabra. En el artículo 2 se definen la palabra libro, el concepto de publicación seriada, el concepto de editor, el concepto de distribuidor, el concepto de librero, el concepto de
consumidor final y el concepto de biblioteca. Nuestra enmienda trataba de introducir el concepto de autor, que se está reflejando concretamente en el artículo 5, promoción de los autores. Una persona que buscara los conceptos de los protagonistas
fundamentales de este proyecto de ley no entendería que se hable en su artículo 5 de los autores y no se defina en el artículo 2 el concepto de autor.



Paso a la enmienda número 23. El texto que proponíamos era el concepto de consumidor final. Me permito hacer un comentario, ya que esto se va a llevar a Pleno. No parece muy adecuado en un proyecto de ley de ámbito cultural hablar del
concepto consumidor. El concepto consumidor, curiosamente, está reservado en nuestra legislación a aquellas actividades de consumo de bienes de equipo, alimentos y servicios. Se consumen alimentos, se consumen productos industriales. No se
consumen cuadros, estatuas o libros. Este concepto es digestivo o comercial. En el propio texto del proyecto se define al consumidor final como persona natural o jurídica que, sin asumir obligaciones subsiguientes de compra o determinados pagos de
cuota, adquiere. Luego, es un adquiriente. El consumidor en el mundo del arte y de la cultura no fagocita, sino que hace funciones de adquisición. Por tanto, en el lenguaje comercial es un adquiriente. Haga usted una reflexión para que en una
ley cultural no empleemos conceptos de leyes comerciales o de leyes industriales.



Finalmente, señora presidenta, presentamos la enmienda número 25, a las disposiciones adicionales, que es de adición y se refiere a las sociedades cooperativas. En el mundo de los libros de enseñanza y en determinadas estructuras, tanto de
ámbito público como privado, que utilizan el libro como soporte de información, de cultura o de educación, las sociedades de las empresas gráficas están muy acogidas al régimen de cooperativas. En este texto del proyecto de ley no aparece lo que se
entiende por una empresa gráfica, que lo mismo puede editar libros que calendarios porque emplea las artes de la impresión. Por tanto, deberíamos tener una secuencia adecuada a este respecto porque, si no, mal se podría entender que se trata de
definir a todos los actores de este proyecto de ley. Nuestra enmienda número 25 da paso en los procesos de distribución, comercialización e impresión a las sociedades cooperativas.



La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, le rogaría que facilitara a esta Mesa los errores que ha detectado y a los que se refería en la primera parte y también aquellos matices o correcciones que desee hacernos llegar para incorporarlos al
texto.



Como saben, estamos transaccionando hasta el último minuto. Hay una transaccional nueva. Les ruego que sustituyan la transaccional que hemos distribuido al comienzo de la sesión por una que se les está repartiendo ahora, que es al artículo
13, apartado 3.



Continuamos con las intervenciones. A continuación, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Para el Bloque Nacionalista Galego está claro que todo lo referente a bibliotecas, a libros y a la promoción de la lectura debe ser una competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos y, en particular, de
aquellos que tienen una base territorial con una lengua y cultura propias. No respetar este principio en toda su profundidad no deja de ser más que una fuente de contradicciones y de tropiezos de carácter competencial y la inviabilidad de que se
pueda establecer un marco cultural en el Estado español equilibrado y armónico.
Decimos esto porque nuestra filosofía en relación con este tema era bastante discrepante -todavía lo es- en relación con la filosofía que mueve al texto presentado por
el Gobierno. Esto es así porque, a partir de la conciencia de que la competencia autonómica debe ser la prioritaria, está claro que podríamos lograr una Administración única en este terreno cultural, en este terreno del libro, de la lectura y de la
biblioteca, si realmente se utilizasen las administraciones autonómicas como los órganos verdaderos de gestión y solamente la Administración General del Estado como órgano de coordinación de la planificación de estos temas y también de colaboración
y cooperación para armonizar en todo caso el sistema. Por esto, nosotros presentamos inicialmente doce enmiendas que iban relacionadas con


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el objetivo de clarificar la ley desde el punto de vista competencial, de lograr realmente esa Administración única en este terreno y dejarle al Estado el papel exclusivo de coordinador de la planificación general del conjunto del Estado,
además de lograr que realmente hubiese un respeto exquisito por el pluralismo lingüístico, que es precisamente la base del libro y de la lectura, porque nunca se hace una lectura en una lengua indefinida sino siempre en una lengua precisa. Hay que
reconocer que este tipo de enmiendas destinadas a estos objetivos solo han quedado medianamente contempladas a través de transaccionales.



Ahora voy a referirme precisamente a aquellas enmiendas que no fueron asumidas, a aquellas que fueron transaccionadas y fueron aceptadas por nuestra parte, a alguna que fue transaccionada y que no fue aceptada, y en todo caso a aquellas que
mantendremos vivas porque no pudieron ser integradas dentro de la concepción de que parte el proyecto de ley del Gobierno. En primer lugar, comenzaré por decir que nuestra primera enmienda iba destinada a dejar claro que el progresivo desarrollo de
los sistemas bibliotecarios en el Estado español y la evolución tecnológica de las propias bibliotecas efectivamente obligaba a redefinir el papel de la Administración General del Estado, pero para redefinirlo para nosotros está claro que todo el
sistema debe de estar transferido de la titularidad estatal a la titularidad autonómica. No es de recibo que a estas alturas existan aún bibliotecas del Estado, ni tiene sentido cuando además la gestión incluso acaba siendo transferida. No
entendemos qué sentido puede tener que el Estado español tenga una biblioteca del Estado en Santiago de Compostela, cuando en todo caso el sistema, para ser coherente, debería estar solamente en unas manos. Cosa distinta es que efectivamente la
Biblioteca Nacional de España tenga que estar precisamente dentro de la competencia del Estado, entre otros motivos, por el depósito del libro y por su registro a nivel general del Estado español. Ahí sí que cumpliría una función fundamental de
competencia general. Por tanto, esta es nuestra primera enmienda que vamos a mantener aunque no haya sido aceptada, porque pensamos que sería básica para lograr el sistema de Administración única de competencia exclusiva y el papel de control del
sistema por parte de la Administración General del Estado.



En segundo lugar, nosotros hemos presentado enmiendas para que en la ley quede claro que existe una voluntad de que se refiere al libro y su comercialización, la lectura y las bibliotecas, teniendo en cuenta que el libro está en castellano y
en cualesquiera de las lenguas oficiales del Estado español y por tanto que la ley contempla este aserto. Esta enmienda sobre la intencionalidad del pluralismo lingüístico fue aceptada, si bien es cierto que a última hora va a ser aceptada pero
trasladando e integrando la propuesta que nosotros colocábamos en el artículo 1.3, dentro del corpus articulado de la ley, en la exposición de motivos. Creemos que es una posibilidad, pero estaría de forma más prescriptiva, aclarado y garantizado
dentro del articulado. En todo caso, aceptaremos esa transacción.



Sí nos llama la atención el hecho de que no haya voluntad por parte de la Administración General del Estado de que todos los planes, en concreto, los que se refieren a planes de fomento de la lectura y también a la promoción de la lectura no
se hagan con un periodo de tiempo regulado por la ley. Decir en la ley que se va a hacer de forma periódica deja un grado de arbitrariedad que a nosotros no nos gusta, si tenemos en cuenta que el problema de la promoción del fomento de la lectura,
y también los créditos necesarios para esta promoción de la lectura, debería quedar claro y de una forma reglada, sobre todo en toda esta etapa que durará muchos años y que intenta lograr aumentar estos índices de lectura.
Pensamos que si no de una
forma anual, por lo menos se debían hacer estos planes no más allá de cada dos años. Creemos que las transacciones que se han presentado por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en concreto al artículo 3, apartados 1 y 2, rebajando esta
prescriptividad desde el punto de vista temporal, esta definición precisa, no nos parecen acertadas y aspiramos por lo menos a que se repiensen nuevamente. Por tanto, en lo que nos afectan a nosotros estas transacciones no las vamos a aceptar, en
espera de que pueda haber una consideración de la periodización de la promoción del fomento de la lectura y de los créditos para que quede claro el compromiso del Gobierno.



Hay otras enmiendas que se refieren a las campañas de promoción de autores españoles que se expresen en todas las lenguas del Estado, que afortunadamente han sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Socialista a través de una transacción,
entre otras, a nuestra enmienda número 9, que vemos acertada y con muy buen criterio. De igual forma nos parece acertado y con muy bien criterio eliminar los premios nacionales y voy a explicar por qué. Cuando estamos hablando de premios que van
destinados a autores de todas las actividades literarias, científicas y técnicas, imagino que teniendo en cuenta la base lingüística en la que ejercen su actividad literaria, científica y técnica, al ir vinculado la actividad a la lengua
inexorablemente, querámoslo o no, ya que no hay ninguna actividad literaria, científica o técnica que se ejerza en el limbo de los justos o de una lengua prácticamente común a todos los mortales, esta diferencia lingüística y cultural en el título
no es adecuada. En todo caso los títulos adecuados serían, o premios estatales, o sencillamente premios a estos autores que están ejerciendo su actividad literaria, científica y técnica en castellano, en catalán, en gallego o en euskera.
Por
tanto, aceptamos también esta transaccional. Además, aceptamos todo lo que se refiera a la gestión de los programas por las comunidades autónomas. Efectivamente, la transacción no llega al alcance que nosotros le queríamos dar, que era que la
gestión de los programas de apoyo a la industria, al comercio y al libro para garantizar la pluralidad y la diversidad cultural y lingüística correspondiera a las comunidades autónomas. En la


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transaccional queda de una forma híbrida la colaboración, la cooperación en concreto, con las comunidades autónomas, lo cual nosotros no vemos con malos ojos, pero pensamos que reduce mucho nuestra intención inicial. Sin embargo, de todas
maneras las vamos a aceptar.



Sin embargo, no podemos aceptar que la ley se refiera al precio fijo del libro cuando se excluye en particular el libro de texto. En concreto, vamos a mantener nuestras enmiendas 12 y 13 porque somos conscientes de que es una batalla que
debemos de dar hasta el final y que será una batalla continúa, en la medida en que el sistema educativo tendrá cada vez más ámbito de gratuidad y llegará un momento en que será gratuito incluso hasta los 18 años. Nos parece una auténtica
contradicción que un sistema educativo, hoy hasta los 16 años, que es gratuito y que contempla el libro de texto como un derecho no tenga un precio fijo, por muchísimos motivos. En primer lugar, porque se trata de un consumo masivo de muchos miles
de ejemplares que además son fungibles y tienen una utilización perecedera, aunque el modelo sea mantenerlos durante cuatro años. El precio debería estar totalmente establecido, yo diría que en este caso incluso por la administración, y no se
debería tolerar que se utilice el libro de texto con afanes de carácter mercantilista, que nada tienen que ver con él. Además es una buena fórmula, si se reglamenta el precio fijo en el libro de texto y en el material didáctico, para que ese
material tenga una dimensión determinada. Una de las aberraciones más grandes que hoy existe en el sistema educativo son libros de texto que tienen un volumen exagerado. Tengo constancia de que autoridades educativas de otros Estados -en concreto
de ese que se pone siempre como modelo, Finlandia-, cuando ven los libros de texto españoles se escandalizan por el alcance de sus contenidos. El alcance del contenido de los libros de texto de primaria no es asumible por los niños de la edad de
los que cursan esos estudios, y los de la escuela secundaria tampoco. Creo que actuar con racionalidad supondría también que la Administración pública no se dedique solamente a soltar el dinero en forma de cheques, de pago directo o como sea, a las
librerías, sino estableciendo, primero con el mundo editorial, unas reglas de juego estrictas que, sin meterse en los contenidos en cuanto a la libertad de análisis dentro de lo que es un mínimo de rigor científico, contengan unas mínimas pautas
para que, vuelvo a repetir, los libros no pasen de determinado precio y se adecuen a las edades de los escolares a los que van destinados.



Por este motivo y por el hecho de que el libro se debería vender en las librerías y en todas las librerías al mismo precio, consideramos que este es un debate fundamental para mantener el tejido del pequeño comercio frente a las grandes
áreas comerciales y para mantener, en concreto, la relación centros educativos-librerías de las zonas poco pobladas o que no tienen grandes áreas comerciales, y en el caso de las grandes ciudades, para que las librerías no se vean en condiciones de
inferioridad competitiva, que todos reconocemos que es uno de los elementos básicos de la red cultural de promoción de la lectura. Este es el mayor motivo de discrepancia con la ley, junto con el competencial, aunque afortunadamente el competencial
quedó algo mejorado, si bien no en el grado que a nosotros nos hubiese gustado.



Hay después otras transacciones en relación con el impulso y la creación de bibliotecas. Sería bueno que la Administración General del Estado se limitase a impulsar la lectura y la creación de bibliotecas, pero debería tener muy claro que
la ejecución de todo el sistema corresponde a las comunidades autónomas. Creemos que la red sería así mucho más coherente, sería óptima desde el punto de vista de que no hubiese despilfarros e incluso de que hubiese una buena planificación de la
distribución de todo tipo de libros. Por eso nosotros vamos a aceptar las transacciones al artículo 12.3 que se nos han hecho, si bien no tienen la contundencia de lo que nosotros presentamos inicialmente.



Una última cuestión, señora presidenta. Somos conscientes en el Bloque Nacionalista Galego de que ahora se le coloca a la ley una serie de aditamentos en relación con la propiedad intelectual, en particular el canon por el préstamo de
libros en bibliotecas. Nosotros no vamos a hacer demagogia con esto oponiéndonos numantinamente a algo que tiene que ver con directivas de la Unión Europea, pero no nos gusta nada. Pensamos que es un índice malísimo de cómo concibe la Unión
Europea la cultura y de dónde quiere sacar dinero, que no debía ser precisamente de aquellos que van a buscar libros de préstamo a las bibliotecas. Nadie con poder adquisitivo va a buscar libros de préstamo a las bibliotecas, la gente que puede
tener una cierta capacidad económica solamente va a las bibliotecas en caso de investigaciones con libros plurales. Por lo tanto, el problema no se arregla dejando solamente que los municipios menores de 5.000 habitantes no tengan que pagar el
canon. A todas luces, esto es abusivo y nosotros por lo menos nos vamos a mantener al margen absteniéndonos, pero nunca dando nuestro aval, por muy europeo que esto sea porque hay que empezar a comprender que hay cosas europeas que son nefastas.
Ya está bien de que aceptemos miméticamente cualquier norma que nos venga dada desde el hálito idílico y puro de Bruselas, que a veces comete torpezas que son, diría, contra natura en el sentido menos biologista del término, en el sentido más social
y económico.



La señora PRESIDENTA: Finalmente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para cerrar el turno de intervenciones.



Señor Louro, tiene la palabra.



El señor LOURO GOYANES: Gracias, señorías, por sus intervenciones. Yo voy a hacer uso de la palabra durante la mitad del tiempo y mis compañeros de ponencia fijarán posición en relación con las enmiendas de los restantes grupos y
explicarán las enmiendas


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transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.



Señorías, la lectura es hoy, más que nunca, una habilidad esencial para el desarrollo de la personalidad y para la convivencia democrática. Nos permite procesar información y alcanzar conocimiento. Sin lugar a dudas, la lectura es un bien
que requiere el apoyo, la promoción y la incentivación de los poderes públicos. Necesaria es, por lo tanto, la intervención de los poderes públicos sobre el mundo del libro y sobre sus protagonistas, que no son otros que los creadores, los
editores, los productores, los distribuidores, los libreros y, por supuesto, los lectores. Los lectores son el fin y el objeto principal del mundo del libro. Esto requiere, señorías, un ordenamiento jurídico que comprometa y obligue a impulsar
políticas públicas que garanticen y aseguren el libre e igualitario acceso de los ciudadanos a la cultura, esto es, al libro y a la lectura. Hasta ahora, el sector estaba regulado por la Ley del Libro de 1975, pero gran parte de lo establecido y
regulado en esa ley está hoy superado por las nuevas realidades derivadas del nuevo ordenamiento institucional, del nuevo ordenamiento jurídico político del Estado y de las comunidades autónomas y también condicionado por las nuevas realidades
tecnológicas derivadas de las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura.



El Grupo Parlamentario Socialista valora muy positivamente la iniciativa del Gobierno de elaborar y presentar una nueva ley capaz de dar respuesta a los nuevos entornos tecnológicos, a las nuevas demandas del sector, a las nuevas realidades
sociales y políticas y a las necesidades de los lectores. En definitiva, señorías, se trata de actualizar un ordenamiento jurídico superado. Estamos delante de un proyecto de ley necesario y, por lo tanto, saludamos la iniciativa del Gobierno. Es
preciso resaltar que esta ley llega al Congreso de los Diputados con un amplio reconocimiento y apoyo del sector. Sin duda que el Ministerio de Cultura hizo un buen trabajo, a través de la participación y el diálogo de los agentes representativos
del sector, y el resultado es inequívoco en cuanto al entendimiento alcanzado. También cabe resaltar que en el Congreso de los Diputados, en los inicios de la tramitación parlamentaria, tuvimos la ocasión de escuchar y dialogar con distintas
personalidades representativas de distintas asociaciones y entidades. Esto ha sido muy útil a los miembros de la Comisión de Cultura, y particularmente a los ponentes de esta ley, porque las comparecencias de estas personalidades nos han permitido
constatar el apoyo y nos han permitido también aproximarnos a las realidades concretas, a sus problemas y a sus soluciones.



Señorías, esta Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas regula las actividades relacionadas con el libro en su doble dimensión: el libro como un elemento cultural, como un bien cultural, y el libro como un bien económico, como un
bien del mercado. Por lo tanto, esta ley nos aporta novedades importantes que nosotros valoramos muy positivamente. En primer lugar, se amplía a la lectura y a las bibliotecas; impulsa los planes de la lectura; promociona a los creadores; se
amplía la definición de libro; se tienen en cuenta las nuevas tecnologías; se recoge en las excepciones al precio fijo de los libros de texto de enseñanza obligatoria; se describen y se tienen en cuenta a los agentes industriales y comerciales
del libro; se crea el observatorio de la lectura y el libro; se atienden las necesidades de los discapacitados, demandando la supresión de barreras arquitectónicas en las bibliotecas; se fijan programas de apoyo a la industria del libro; se
potencia el consejo de bibliotecas; se acompaña una memoria económica de 431 millones de euros para financiar el desarrollo de esta ley y para todo ello se promueve la colaboración y la cooperación entre las distintas administraciones. Esta ley
establece un marco general que asume y desarrolla competencias, que no invade niveles competenciales y que conlleva, por tanto, un impulso al sector y una cooperación interadministrativa.



Señorías, esta ley tiene vocación de consenso, tiene vocación de ser una ley de todos. El apoyo del sector es un buen indicador, se pudo comprobar en los debates y en las comparecencias que tuvieron lugar en esta Comisión y ahora observamos
con satisfacción el interés de los distintos grupos parlamentarios en la tramitación de la ley, en las aportaciones realizadas, que han sido importantes, con 207 enmiendas. Hay que resaltar la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista por recoger
las distintas sensibilidades y aportaciones, con el ánimo de matizar, de aproximar y de construir confianza entre los distintos grupos de esta Comisión. Ahora podemos decir que de las 207 enmiendas presentadas, 42 fueron incorporadas a la ponencia,
4 han sido retiradas y que el Grupo Parlamentario Socialista en diálogo y en negociación con los distintos grupos presenta 29 enmiendas transaccionales, que recogen aportaciones de los distintos grupos. Se recogen aportaciones de 10 enmiendas de
CiU, de 25 enmiendas de Izquierda Unida, de 10 enmiendas del Partido Popular, de 18 enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña, de 9 enmiendas del BNG, de 2 de Coalición Canaria, de 4 del PNV y de 1 de la Chunta Aragonesista, al margen de las 42
enmiendas que están incorporadas ya al texto de la ponencia. Con ello creo que damos satisfacción a las principales preocupaciones de los distintos grupos, particularmente en lo que atiende a los ámbitos competenciales y a la cooperación
bibliotecaria. No podemos aceptar enmiendas en relación con elementos sustantivos de la ley, como es lo relativo al precio fijo, que para nosotros es una cuestión central para apoyar la industria del libro y para apoyar al librero.



Termino, señorías. Espero que a lo largo de esta mañana podamos seguir dialogando, así como en el resto de la tramitación, en Pleno, y podamos ir incrementando el volumen de acuerdo. En todo caso, nuestra gratitud por las aportaciones de
los grupos y por la voluntad mostrada a lo largo de la tramitación en ponencia y en Comisión.



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La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el señor Bedera.



El señor BEDERA BRAVO: Retomando lo que decía mi compañero Antón Luoro, efectivamente, hasta la noche de ayer el Grupo Socialista ha presentado 31 enmiendas transaccionales que, finalmente, al subsumir tres de ellas en una resultan esas 29
que la Mesa tiene en su poder y sobre las que vamos a solicitar votación al final de esta Comisión. Estas 29 enmiendas implican, directa o indirectamente, a 78 de las 165 enmiendas que quedan vivas después del trámite de ponencia, porque, como ha
dicho el portavoz, se admitieron ya 42 o, dicho en otros términos, de las 211 enmiendas originarias el Grupo Socialista ha admitido u ofrecido transacción en más del 57 por ciento del total del proyecto. Me gustaría decir en nombre de mi grupo que
esto ha sido posible porque la ley venía muy consensuada del sector. Han sido dos años ímprobos, pero eficaces, de trabajo por parte del ministerio, con el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas a la cabeza. Ha sido posible también
porque ha habido unas comparecencias muy clarificadoras. En la tramitación de otras leyes también hemos tenido comparecencias, pero quizás nunca han sido tan útiles -al menos en las leyes en las que yo he estado presente- como en esta ley que
estamos tramitando en este momento. Eso, unido al buen orden de la presidenta en el trámite de comparecencias, también ha hecho posible que lleguemos a estos resultados. Tengo que decir también que ha sido posible por la buena disposición de los
grupos por llegar a acuerdos, y lo quería hacer extensivo al conjunto de los grupos y hacerlo aquí para que conste en el 'Diario de Sesiones' nuestro agradecimiento, y también, lógicamente, por el interés de nuestro grupo que apoya al Gobierno por
aprobar una ley que se ha manifestado como necesaria para que tenga el mayor respaldo.



Las 21 transacciones que hemos presentado abarcan aspectos muy amplios del proyecto, que trataré de resumir porque son muchos. Hay tres transacciones que hemos derivado a la exposición de motivos, porque nos parece que la exposición de
motivos de una ley es el frontispicio, es el lugar donde estas cuestiones luego se proyectan al resto del texto. En este sentido, hemos presentado una transacción que contempla una declaración general sobre el respeto al marco competencial fijado
tanto para la Constitución como para las comunidades autónomas, respecto del fomento de la lectura. En segundo lugar, un reconocimiento genérico a la labor de los creadores, que más allá de los autores incluye -y así aparecerá en la exposición de
motivos si se vota esta transacción- los traductores, los ilustradores y los correctores. En tercer lugar, nos parecía que la exposición de motivos era el lugar apropiado para hacer la proclamación general de que cualquier referencia sobre la
lectura, el libro o las bibliotecas que se contemple a lo largo del proyecto de ley se referirá tanto a los libros en castellano como en cualquiera de las lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Una transacción importante que ha
sido aquí destacada por otros grupos es la introducción en las definiciones del concepto de impresor/productor de libros, que parece más comprensivo; un texto que nos ha sido propuesto por el sector en las comparecencias y que yo creo que todos los
grupos hemos acabado admitiendo. Hay un bloque de enmiendas respecto de modificar el término fomento de la lectura por el de hábito lector, que hemos contemplado en tres enmiendas, dos transaccionales y una que ya introdujimos en la fase de
ponencia, porque fomento de la lectura o hábito lector aparece hasta en cinco lugares del articulado de la ley.
Sobre esto, habría que hacer una mínima consideración. Fomento de la lectura es una expresión muy acuñada ya en nuestro país y, además,
está muy acuñada en nuestro entorno cultural; me refiero a países como Francia, Italia o Bélgica, que tienen también acuñado este concepto. Por otra parte, desde el punto de vista de la técnica jurídica, esta no aconseja una sustitución automática
transversal de un término por el otro, fomento de la lectura por hábito lector. No obstante, hay una transacción que hacemos al artículo 1 -y es importante porque dicho artículo fija el objeto y el ámbito de la ley- y ahí proponemos que el objeto y
el ámbito de la ley tienen que ver con el fomento de la lectura y del hábito lector. Por tanto, ya desde el primer artículo introducimos esta modificación.



Recordamos la enmienda 164, del Grupo Socialista, que hablaba de que los planes de fomento de la lectura tienen por objetivo la adquisición del hábito lector. Por tanto, creemos que es otra gran declaración introducida en el informe de la
Ponencia. Además proponemos una transaccional al artículo 4 sobre los planes de fomento de la lectura, que creemos que tiene como objetivo el fomento del hábito lector. Hay una transacción, tal como nos la han propuesto tanto Izquierda Verde como
el Partido Popular, que consiste en modificar la rúbrica del capítulo III, cambiando la promoción del libro y de los agentes del libro por la promoción de la industria editorial y del comercio del libro. Nos parece que es más ajustado a los
contenidos de los artículos 5 y 6, teniendo en cuenta esa doble acepción del libro como bien económico y cultural.



Hay otro bloque referido a las bibliotecas, donde querría hablar de tres o cuatro transacciones muy rápidamente. La primera tiene que ver nuevamente con el artículo 1, del propio objeto de la ley. Se dice que se refiere al libro, al
fomento de la lectura y las bibliotecas, y añadimos: en especial la cooperación bibliotecaria. Es una ley que trata especialmente de la cooperación bibliotecaria, no es una renuncia a las bibliotecas, sino una afirmación de la importancia de la
cooperación en un sistema bibliotecario dependiente de diferentes administraciones públicas y de diversas entidades privadas. Respecto de la misión de las bibliotecas hay otra transaccional. Ya introdujimos en la Ponencia que para el Grupo
Socialista las bibliotecas tienen ese punto de


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servicio público, y por tanto así constará en la exposición de motivos, pero se refuerza con esta transacción al artículo 11.1, que tiene por objeto declarar las bibliotecas como un lugar de aprendizaje de habilidades para usar la
información que se obtiene en ellas de una forma mucho más eficaz y más crítica. Déjenme que diga algo sobre el consejo de cooperación bibliotecaria, que tiene que ser desarrollado reglamentariamente. Por cierto, desde ayer y hasta mañana hay unas
jornadas bibliotecarias en Extremadura, en las que los bibliotecarios están empezando a estudiar lo que puede ser el futuro reglamento. Fueron inauguradas ayer por el director del Libro y su objetivo es avanzar en este posible reglamento. Hemos
presentado una transacción sobre la composición, donde se dice que esta composición se tratará conjuntamente con las comunidades autónomas y en todo caso al menos tendrá que tener representación de la Administración General del Estado, de las
comunidades autónomas, de las entidades locales y del Consejo de Coordinación Universitaria. Respecto de las funciones, van a ser objeto de reglamento, pero se apunta inicialmente alguna de ellas, como la elaboración de planes específicos para
mejorar las condiciones de las bibliotecas.



Acabo con dos últimas transacciones, una que no es tal, sino que son muchas, que he dejado para el final y que tienen que ver con enmiendas de carácter competencial. Verán ustedes que muchas de las transacciones tienen ese horizonte, y no
puede ser de otra manera, puesto que estamos hablando de un ámbito donde el Gobierno y las comunidades autónomas tienen ambos mucho que decir. Estas enmiendas de carácter competencial representan el mayor bloque en su número, y coincido con la
señora García -que ahora no está- cuando decía que estamos convencidos de que la ley será totalmente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas.



Para terminar, señora presidenta, déjeme que haga alguna mención al canon por préstamo bibliotecario. Creo que tienen que quedar claras varias cosas en el 'Diario de Sesiones'. No es algo que por placer y por gusto haga el Gobierno, hay
una directiva europea del año 1992 y una sentencia contra el Reino de España de octubre de 2006 por incumplir esa directiva.
Los diversos gobiernos españoles desde el año 1992, tanto populares como socialistas, se han resistido a poner en marcha
este proceso. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla, España en ese momento todavía no era una sociedad lectora consolidada, esa era la razón por la que nos estábamos resistiendo, y todos los gobiernos nos hemos agarrado a una cierta excepcionalidad,
hasta que Europa ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Hay una sentencia y, nos guste o no, señor Rodríguez, si pactas sunt servanda qué le voy a contar de las sentencias. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Hemos introducido una enmienda en el trámite de
la Ponencia donde pretendíamos dejar claras las cosas fundamentales y llevar al desarrollo reglamentario los contenidos más específicos. Es verdad que en la directiva de referencia las autoridades europeas dejan a los gobiernos las manos libres
sobre cómo hacerlo. ¿Cómo lo ha hecho el Gobierno español? En primer lugar, negociando tanto con las comunidades autónomas como con el propio sector. Es más, ya hay un acuerdo cerrado de que los beneficios del canon, la cuantía que se recaude por
este motivo, se repartirá, como en el resto de Europa, salvo Francia, 70 por ciento para los autores y 30 por ciento para los editores, y será una entidad de gestión que agrupa a autores y editores la encargada de hacerlo. Esto hay que dejarlo muy
claro -ayer lo explicó la ministra de Cultura en uno de estos desayunos comentados-, en ningún caso va a recaer sobre el consumidor, la persona que se acerca a la biblioteca nunca va a tener que pagar absolutamente nada, va a ser asumido por el
Ministerio y las comunidades autónomas, ya veremos en qué medida y en qué cuantía. Hay que agradecer especialmente al sector que haya tenido unas pretensiones comedidas a la hora de poner en marcha, exigir y calcular la cuantía de este canon, a
través de un procedimiento que yo les explico. La señora Rodríguez-Salmones ha hecho un avance con el que estoy de acuerdo, pero les voy a dar incluso cantidades. ¿Cómo se llega a esta cantidad? De la siguiente manera: se mira cuáles son las
inversiones en nuestro país en adquisiciones de libros, que son 84 millones de euros; se calcula después -ese dato nos lo da el gremio- el coste medio del libro, que son 12,7 euros. Si hacemos la división de 84 millones entre 12,7, esto arroja un
resultado de algo más de 7 millones de unidades, a las que se les aplica el 0,2, que es el canon estándar en Europa, y eso arroja el total, 1,4 millones de euros, que es la cuantía que se ha fijado de común acuerdo con el sector. Esta es la
cantidad fijada en la ley, aunque no tendría que aparecer en ella.
En otros países que han acatado la trasposición de la directiva no aparece la cantidad, es un tema reglamentario. Por eso se tendrá que desarrollar en ese reglamento, que se va a
hacer cuando se tenga que hacer, por quien lo tenga que revisar, igual que se ha hecho en este primer momento, es decir, contando con las comunidades autónomas y con el sector. Necesariamente se tendrá que hacer así cualquier modificación
posterior. En nuestra transaccional a nuestra propia enmienda hemos admitido que haya un plazo, que el tiempo para la elaboración de ese reglamento no sea superior a un año después de la entrada en vigor de la ley.



Estos son los puntos fundamentales del contenido de esta enmienda y estos son los contenidos de la transacción que hemos hecho. Lamento haber acortado el tiempo a mi compañera, que va a matizar lo último.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar, la señora Herrero tiene la palabra.



La señora HERRERO SAINZ-ROZAS: Señorías, no me gustaría ser reiterativa, aunque intervenir la última siempre supone un riesgo. Voy a tratar de ser lo más breve posible.



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No cabe duda de que nos encontramos ante un nuevo texto legislativo absolutamente necesario y muy bien valorado por la mayoría de las personas comparecientes relacionadas con el sector del libro y con las bibliotecas. Subyace en esta norma
una filosofía que me atrevería a decir que compartimos la mayoría de los grupos parlamentarios. Quiero ser breve y concisa en esta fijación de posiciones sobre las enmiendas que no hemos podido aceptar, como es normal en la tramitación de una ley;
aunque son bastante diversas, voy a tratar de agruparlas en varios bloques, fundamentalmente las que hacen referencia a cuestiones relacionadas con aspectos verdaderamente vertebradores de la ley. Entrando en ellas, respecto a la modificación del
título de la ley, es decir, ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, sustituyendo el concepto biblioteca por el de cooperación bibliotecaria, como pide algún grupo, manifiesto que en este proyecto de ley hay referencias no solo a la
cooperación bibliotecaria sino a las bibliotecas de titularidad estatal, por ejemplo, el artículo 12.2 y 12.3 y alguno más en relación con la competencia exclusiva del Estado, el 149.1.28 de la Constitución española y que no se deja al margen a
ninguna biblioteca, no se excluye a ninguna de forma expresa o tácita. El proyecto de ley considera las bibliotecas en toda su amplitud en el capítulo V, previendo los correspondientes desarrollos reglamentarios, artícu-los 12.3 y 13.3, para
detallar las cuestiones que no es oportuno regular en una norma de rango legal y respetando escrupulosamente la distribución de competencias en la materia. En las propuestas relacionadas con la inclusión de las bibliotecas escolares podemos incluso
estar de acuerdo, pero entran de lleno en cuestiones competenciales de las comunidades autónomas y, en su caso, también del desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, LOE, que contempla las bibliotecas escolares en sus artículos 113 y 157. Es, por
supuesto, un eje esencial para la promoción de la lectura y así lo consideramos.



Respecto a la elaboración de una ley de bibliotecas que es, además, competencia autonómica y municipal -prueba de ello es que el 96 por ciento de las bibliotecas son de titularidad municipal, lo que hace muy compleja la elaboración de una
ley-, debo decir también que ninguno de los sectores implicados han expresado dicha necesidad. Existen unas cuantas enmiendas que hacen referencia a excepciones al precio fijo del libro por parte de las comunidades autónomas. Consideramos que uno
de los ejes que vertebran la ley es la fijación del precio fijo para los libros de fondo y el precio libre para los libros de texto. Debemos expresar que la aceptación de estas propuestas supondría la ruptura del precio fijo con carácter estatal y,
por tanto, la ruptura de la unidad del mercado, lo que vaciaría de contenido la ley respecto al régimen jurídico del libro como bien cultural y al marco jurídico del mercado del libro. El proyecto de ley consolida el precio fijo de los libros en
respuesta a una política decidida de excepcionalidad o diversidad cultural para así garantizar una oferta plural. En España se publican anualmente cerca de 70.000 títulos que, como patrimonio cultural, se verían en peligro si estuvieran sometidos
exclusivamente a las leyes del mercado. El precio fijo debe ser un parámetro estatal. Las reglas del mercado y el marco jurídico del comercio del libro tienen que ser únicos en el territorio español y parece que van camino de ser también únicos en
la Unión Europea.



Respecto a las enmiendas relacionadas con el deseo de que se establezca también el precio fijo para los libros de texto, debo decir que las comunidades autónomas van avanzando hacia la gratuidad de los libros de texto para el alumnado, por
un lado y, por otro, que el sistema que establece la ley es sin duda mucho mejor que el vigente, así lo han expresado todos los comparecientes, tanto los relacionados con la creación del libro de texto como con la venta y, además, favorece los
intereses generales. Es un tema muy consensuado con el sector del libro.
El vigente sistema de descuentos que propone el Decreto-ley, de junio de 2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios por
el que se liberalizan los descuentos sobre el precio de venta al público de los libros de texto y del material didáctico complementario, ha sido absolutamente demoledor para las pequeñas librerías. Abandonar un sistema de descuentos que ha sido el
causante del cierre de numerosas librerías en todo el territorio español, tiene como objetivo garantizar una competencia leal entre los distintos ámbitos comerciales del libro. Estamos seguros de que este sistema beneficiará a las pequeñas
librerías que representan la mayor red de venta de libros en España y garantizan la rentabilidad de los libros de fondo, títulos que contribuyen al mantenimiento del pluralismo cultural.



Finalizo ya diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un gran esfuerzo de diálogo aceptando numerosas enmiendas relacionadas con el marco competencial de las comunidades autónomas, así como por todo lo relacionado con las
lenguas cooficiales, como se va a poder visualizar a través de las enmiendas incorporadas en la ponencia y de las enmiendas transaccionales que vamos a votar a continuación. Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por su disposición al
diálogo. Deseamos también que esta ley contribuya a mejorar la difusión de la cultura y los valores democráticos. Las bases están ya en marcha para todos nosotros y para las nuevas generaciones.



La señora PRESIDENTA: Para completar la estadística, diré que de las 211 enmiendas presentadas, 121 han sido transaccionadas o acordadas en ponencia. Eso significa que el 57 por ciento de las enmiendas han sido incorporadas al texto.
Dicho en cifras, esto significa que el entendimiento del que todas SS.SS. han presumido y que han alabado tiene verdaderamente estos buenos resultados para esta ley. Quisiera una vez más agradecerles a todos ustedes el trabajo que han hecho y
también el clima de entendimiento y cooperación que han mantenido a lo largo de todo este proceso.



Vamos a interrumpir antes de la votación para ordenar el lío que tenemos de enmiendas y votaciones. Si hay alguien que todavía no nos ha hecho llegar votaciones separadas o su deseo de añadir algo más, puede hacerlo


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ahora porque finalmente votaremos a las doce; necesitamos media hora al menos y, por lo tanto, a las doce procederemos a la votación.
Interrumpimos, por consiguiente, la sesión durante ese tiempo.



Se suspende la sesión.



La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión y comenzamos las votaciones.
Ruego que permanezcan atentos. Iré despacio para dar tiempo a reaccionar.
Empezamos con la votación de las enmiendas transaccionales. Pese a que ha habido un
acuerdo bastante general sobre estas enmiendas, piden votación separada de las en-miendas 3, 4, 5, 17, 18 y 19. Posteriormente votaremos el resto de las enmiendas pero previamente algunos grupos parlamentarios han pedido votación separada de estas
enmiendas.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: La 21 también, por nuestra parte.



La señora PRESIDENTA: Por tanto, votación se-parada de las enmiendas transaccionales 3, 4, 5, 17, 18, 19 y 21.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Querría votación separada de la 5, la 17 y la 18. Es decir, pedimos que no se haga acumulado este bloque.



La señora PRESIDENTA: ¿Puede repetírmelo, por favor?


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Las enmiendas 3, 4 y 21 en un bloque.
La 5 separada y la 17 y la 18 también pueden votarse en un bloque pero separadas.



La señora PRESIDENTA: ¿Y qué hacemos con la 19 y la 21 que quedan?


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: La 21 yo la pondría en el mismo bloque que la 3 y la 4.



La señora PRESIDENTA: ¿Y la 19?


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Yo no he pedido votación separada de la 19.



La señora PRESIDENTA: Entonces, votamos en primer lugar las enmiendas transaccionales 3, 4 y 21.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.



La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.



Votamos a continuación las enmiendas 5, 17 y 18.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: No, 5 y 19 sí, pero 17 y 18 separadas.



La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación la enmienda número 5.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por 38 votos a favor.



A continuación votamos las enmiendas 17 y 18.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.



La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.



Finalmente, votamos la enmienda número 19.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por 38 votos a favor, por unanimidad.



Votamos el resto de las enmiendas transaccionales, de la 1 a la 30, a excepción de las que hemos votado anteriormente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.



Votamos las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios que siguen vivas. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que son las siguientes -ruego que permanezcan atentos, por favor-: 115,
116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 136, 138, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 158, 159 y 160.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



El Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna enmienda.



A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya números 169, 172, 174, 178, 179, 180, 183, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 204, 205, 206, 208, 209 y 210.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, yo quisiera votación separada -y lo he dicho antes ya- de las enmiendas 187, 188, 189, 190, 193 y 194. Por mi parte pueden votarse en un bloque, pero separadas de las anteriores.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Querría votación separada de la enmienda 169.



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La señora PRESIDENTA: Entonces procedemos en primer lugar a la votación separada de las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya 187, 188, 189, 190, 193 y 194.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos a continuación la enmienda 169 de Esquerra Republicana de Catalunya.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Resto de enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Mixto, números 7, 8, 12 y 13.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos a continuación las enmiendas de Coalición Canaria, números 21, 23 y 25.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Solicitamos votación separada de la 21.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Y nosotros de la 25, por favor.



La señora PRESIDENTA: Vamos a votar en primer lugar la enmienda número 21, de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



A continuación votamos la enmienda número 23, de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, cuatro.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Enmienda número 25, de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



A continuación votamos las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, números 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 57, 63, 64, 66, 68, 71, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 86, 87, 88 y 90.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, quisiera votar separadamente, y por mi parte no hay problema en que sea en bloque, las siguientes enmiendas: 36, 39, 45, 63, 64, 66 y 68.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Pido votación separada -vamos a ver cómo mezclamos las dos- de las enmiendas 36, 39, 40, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67...



La señora PRESIDENTA: Un momento. Es que he tratado de conciliar con unos y con otros y esto es más difícil. Puede repetir, por favor.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Pedimos votación separada de las enmiendas 36, 39, 40, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 85 y 86.



El señor BEDERA BRAVO: Señora presidenta, algunas de esas ya están retiradas.



La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, vamos a comprobar qué enmiendas han sido asumidas.



El señor BEDERA BRAVO: No; retiradas.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Señora presidenta, retiradas como tal yo no he retirado ninguna. En todo caso alguna de estas enmiendas pueden formar parte de las transaccionadas.



La señora PRESIDENTA: Si forman parte de las transaccionadas están fuera de circulación.



La señora GARCÍA SUÁREZ: No lo sé. Tendríamos que verlas. Ha dicho tantas que me he perdido, pero retiradas, no.



La señora PRESIDENTA: Si han sido asumidas en las transaccionales no pueden seguir vivas. Estamos hablando de enmiendas vivas que no han sido transaccionadas. Si quieren, hacemos un pequeño repaso y usted lo comprueba. Le vuelvo a
repetir las enmiendas que se pide que sean votadas de forma independiente. Le voy


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a decir los dos bloques que hay, porque son distintos: por un lado, enmiendas 36, 39, 45, 63, 64, 66 y 68, y por otro lado, enmiendas 40, 60, 61, 62, 65, 67, 80, 85 y 86.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Las enmiendas 61 y 62 han debido ser transaccionadas.



El señor BEDERA BRAVO: Rogaría que se dijeran las que están vivas. En el listado que ha dado Izquierda Unida figuran las enmiendas 25, 26, 27, 28, 30, 34 y 35. En ese listado no están algunas de las que pide el Grupo Popular. Entendemos
que si no están en el listado es que están retiradas.



La señora PRESIDENTA: Efectivamente, señora Rodríguez-Salmones, de la 57 a la 63 no están en el listado de Izquierda Unida y por tanto no podemos votarlas porque eso significa que ya están transaccionadas. Las enmiendas 60, 61 y 62 están
fuera de las enmiendas vivas que tiene presentadas Izquierda Unida. Están transaccionadas. La enmienda 67 tampoco está en el listado de enmiendas vivas que nos presenta Izquierda Unida, por tanto también está transaccionada. La enmienda 85
también está transaccionada.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Perdón, presidenta. ¿Ha dicho que la 67 está transaccionada?


La señora PRESIDENTA: La 67, según el listado que me ha facilitado el letrado, sí.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Pues a mí no me consta.



La señora PRESIDENTA: Entonces un momento, que es un error.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Además, la 67 está en mi listado de mantenimiento para Pleno.



La señora PRESIDENTA: Vuelvo a repetírselo y así acabamos antes. Según lo que voy a decirle a continuación, me gustaría saber si usted está de acuerdo con estas enmiendas vivas, que son las que me pasa el letrado: 25, 26...



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: La 25 es de Coalición Canaria.



La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor. Solicito al señor letrado que se aclare y así se lo podré decir correctamente. (Pausa.) Continuamos.
Enmiendas de Izquierda Unida que van a pasar al Pleno porque hay interés en que sigan
vivas. Enmiendas número 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 86, 87,88 y 90. Respecto a estas enmiendas, que siguen vivas, los grupos parlamentarios, siguen
manteniendo votación independiente.
Pregunto al señor Vilajoana sobre las en-miendas 36, 39, 45, 63, 64, 66 y 68.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Exactamente.



La señora PRESIDENTA: ¿Y usted, señora Rodríguez-Salmones, para las enmiendas 40, 60, 61, 62, 65, 67, 80, 85 y 86?


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: 40, 63...



La señora PRESIDENTA: Esas también están en este otro bloque.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Digamos que esas están en las mías, pero seguramente votaremos lo mismo.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: ¿Votaremos lo mismo?


La señora PRESIDENTA: ¿Usted quiere bloque aparte?


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: No.



El señor VILAJOANA ROVIRA: No, porque seguramente votaremos lo mismo, ya lo verá.



La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones, votamos lo que usted quiera. Dígame todo lo que quiere que votemos.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: A mí lo que me resulta difícil es coincidir con el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Es sorprendente, porque siempre hemos coincidido en muchas cosas.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Me refiero a hacer coincidir los números, no el sentido del voto.



La señora PRESIDENTA: Les rogaría que dejen los juegos florales para otro momento, porque bastante lío tenemos.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Yo voy a repetírselo, para ver si coincide con la votación del señor Vilajoana. Enmiendas 36 y 39.



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La señora PRESIDENTA: Estas dos coinciden. ¿Quiere usted que se voten con el bloque del señor Vilajoana?


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Si coinciden, de momento, sí.
Continúo, 40.



La señora PRESIDENTA: No coincide.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Si no coincide, entonces separada.
Sigo: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 85 y 86.



El señor VILAJOANA ROVIRA: La 67 no coincide. Es igual, señora presidenta, hagamos dos votaciones distintas.



El señor BEDERA BRAVO: Hay dos que no están vivas.



La señora PRESIDENTA: Señor Bedera, con independencia de que una enmienda haya formado parte de la transaccional, si un grupo parlamentario quiere mantenerla viva para defenderla en Pleno, puede hacerlo como voto particular.



El señor BEDERA BRAVO: Entonces, ¿Izquierda Unida no ha retirado ninguna?


La señora PRESIDENTA: No. Hay una dificultad y es que las enmiendas de Izquierda Unida que han sido metidas como transaccionales ahora Izquierda Unida no quiere que se vean como tales. Señora García Suárez, ¿cómo quiere plantearlo?


La señora GARCÍA SUÁREZ: Me parece que me he explicado. Anteriormente a la votación de las transaccionales yo he hecho la relación de enmiendas que quería que se mantuvieran para el Pleno. Creo que es posible hacerlo, porque las quiero
mantener para el Pleno y defenderlas en el mismo.



El señor BEDERA BRAVO: Vamos a ver si somos capaces de entendernos.



Creemos que las 35 las enmiendas que ha citado usted -porque creo que he contado 35- son las que le ha entregado la representante de Izquierda Unida. Esas 35 son las que ella mantiene vivas para el Pleno. Por lo tanto, las otras no están
vivas y no pueden ser las transacciones porque son menos. Si no están en este listado de 35, no pueden votarse porque han sido ya retiradas.



La señora PRESIDENTA: Este es el estado de estas 35.



El señor BEDERA BRAVO: Efectivamente. Entonces, la enmienda número 65, que pretendía que se votara aparte el Partido Popular, no está en el listado, ni la 65 ni la 85.



La señora PRESIDENTA: ¿La 65 no está?


El señor BEDERA BRAVO: No está.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En mi borrador estaba. Tengo el borrador de lo que he entregado. En mi borrador está la 65, en el listado.



El señor BEDERA BRAVO: No son las que se han leído antes.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Lo siento.



La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor. Que nos dé su interpretación el señor letrado.



El señor LETRADO: Lo importante es distinguir entre la admisión a trámite para votación de las enmiendas transaccionales y la aceptación de esa enmienda transaccional de fondo, porque hay enmiendas transaccionales que se han votado en
contra. Si una enmienda ha sido objeto de transacción, a pesar de que los escritos no señalan entre qué enmiendas se transaccionan en todos los casos, es necesario por consiguiente reconocer que el grupo puede mantener su enmienda como voto
particular al menos, como otro texto distinto del que ha sido objeto de transacción.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Por favor, presidenta, quisiera introducir una cuestión. La enmienda 65, además, en el conjunto de transacciones no figura. O yo tengo un bloque de enmiendas que no es el correcto o no figura. Por eso, entre
otras cosas, la mantenía viva. No figura.



El señor BEDERA BRAVO: Mi grupo no tiene ningún interés, pero si hay un listado... Si hay 64 enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y ahora tenemos un bloque de treinta y tantas, las que hay entre las treinta y tantas y las 64 ¿siguen
vivas o no para el Pleno? Esa es la pregunta. Si no siguen vivas es que están retiradas.



El señor LETRADO: Solo seguirán vivas las que efectivamente se voten porque sino no se pueden mantener para el Pleno; hay que votarlas.



El señor BEDERA BRAVO: Evidentemente. Tiene que ser el listado que ha entregado la representante de Izquierda Unida.



El señor LETRADO: No solo ha sido el Grupo de Izquierda Unida, han sido también otros grupos los que han propuesto que se voten enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.



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La señora PRESIDENTA: Entiendo, señora García, que usted aceptó unas enmiendas transaccionales que ahora ya no acepta y vuelve a sacar sus enmiendas o a retirarlas de esas transaccionales. ¿Cuál es su posición exactamente?


La señora GARCÍA SUÁREZ: Señora presidenta, mi posición la estoy explicando hace bastante minutos, pero además pongo un ejemplo. La enmienda número 65, de mi grupo parlamentario no forma parte ni siquiera de las transacciones que se han
presentado. Por eso, entre otras cosas, la he mantenido viva. Y como este caso, otros. He hecho un listado de las enmiendas que quiero que se mantengan vivas para Pleno.



El señor BEDERA BRAVO: La pregunta la hago a la Mesa. ¿La 65 está en ese listado? Si está en ese listado, no hay problema. Adelante.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Pero no ha sido transaccionada.



La señora PRESIDENTA: La 65 no está en el listado que a mí por lo menos me ha facilitado el señor letrado. No sé si él se ha confundido, pero en el listado que tengo sobre mi mesa y que me ha facilitado el letrado no aparece la enmienda
65.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Presidenta, este no es el listado que yo he entregado. Hay otro entregado por mí. Si no está en aquel entregado por mí, habrá sido un error de esta diputada, pero este no es el listado que he entregado; yo he
entregado otro.



El señor LETRADO: De acuerdo con las notas que tengo, las únicas enmiendas transaccionadas de las que se han propuesto a votación por la señora presidenta son la número 61 y la número 62. No hay otras. Las demás no aparecen como
transaccionadas.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Claro, y las quiero mantener vivas.



La señora PRESIDENTA: Un momento, señora García y señorías.



En vista de la situación, vamos a suspender esta Comisión. Hacemos Mesa y Junta de Portavoces, ordenamos con los portavoces la votación y procedemos a la misma. En un tiempo no superior a 20 minutos podremos volver a votar.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



La señora PRESIDENTA: Proseguimos con las votaciones de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds números 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 57,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 86, 87, 88 y 90.



Dado que se ha pedido votación separada, comenzamos por las enmiendas números 36, 39, 63, 64, 66 y 68.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos la enmienda número 45.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos las enmiendas números 40, 67, 80 y 86.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos la enmienda número 65.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.



A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). También se ha pedido votación separada.



Votamos, en primer lugar, las enmiendas 91 y 93.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.



La señora PRESIDENTA: Se ha producido un empate, porque hay 19 votos a favor y 19 votos en contra. Vamos a proceder a la ponderación del voto; un momento, por favor. (Pausa.)


Estas enmiendas quedan aprobadas porque, según la ponderación del voto, habría 171 votos a favor y 167 votos en contra.



Votamos la enmienda número 95 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.



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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos el articulado. Comenzamos por el artículo 6, puntos 3 y 4.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos el artículo 7.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos el artículo 8.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, uno; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos el artículo 9.1.h).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos el resto del artículo 9.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos el artículo 10.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos el artículo 12.2.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Votamos el artículo 13.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Votamos el artículo 13, puntos 2 y 3.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Votamos el artículo 14.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, uno.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos la disposición final primera nueva. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza pide la palabra.)


Señora Rodríguez-Salmones.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Había pedido votación separada del artículo 15.2. b) y luego resto del artículo.



La señora PRESIDENTA: Vamos a votar el artículo 15.2.b).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Votamos la disposición final primera nueva.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Votamos la disposición final segunda.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Votamos, finalmente, el resto del articulado.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



Les recuerdo que disponen de 48 horas para remitir por escrito sus enmiendas y votos particulares.



Se levanta la sesión.



Era la una y treinta minutos de la tarde.



Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 758, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el martes 20 de febrero pasado, en la intervención de la señora Magallón Dueñas -en la página 26, primera columna, línea 15-,
el término 'impresos', que aparece por error, debe ser sustituido por 'impresor'.