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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 782, de 14/03/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 782
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 41
celebrada el miércoles, 14 de marzo de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de defensa de la competencia. (Número de expediente 121/000100.)... (Página 2)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de defensa de la competencia. (Número de expediente 121/000100.)... (Página 2)
Comparecencia cuatrimestral del señor Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos (Ocaña Pérez de Tudela), para informar sobre:
- Las materias relativas al sistema tributario y a la ejecución del Presupuesto del Estado, previa remisión del informe correspondiente.
Comparecencia cuatrimestral. (Número de expediente 212/001539.)...
(Página
9)
Las actuaciones de los servicios de inspección, aduanas, gestión y recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), correspondiente al año 2006, con detalle explícito de los tipos de actuaciones realizados en cada uno
de los servicios y con explicación detallada de las acciones realizadas y su vinculación con la retribución y promoción del personal al servicio de la Agencia. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
212/001471.)... (Página 9)
- La situación actual del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, así como para dar cuenta de las razones que han conducido a la modificación de su normativa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 y al
cese de su director. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001472.)... (Página 9)
Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.
- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000100.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Se puede avanzar que la hora de votación será a las doce menos diez. A las doce está prevista la comparecencia del secretario de Estado, por lo que diez minutos antes se procederá a la votación.
Empezaremos por someter a ratificación la ponencia. (Pausa.) La consideramos ratificada.
- EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000100.)
El señor PRESIDENTE: Por coincidirle con una reunión en otra Comisión, nos pide el señor Sánchez Llibre, del Grupo de Convergència i Unió, tomar la palabra en primer lugar. Si no tienen inconveniente los demás grupos, lo hacemos así y le
cedemos la palabra.
El señor SÁNCHEZ LLIBRE: En primer lugar, agradezco al resto de grupos parlamentarios que me hayan dejado comparecer en primer lugar para manifestar nuestra posición respecto a las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha planteado a la
Ley de Defensa de la Competencia. Después de unas largas negociaciones con el Gobierno, con el Grupo Parlamentario Socialista, hemos llegado a un acuerdo entre las dos formaciones políticas, pacto por el cual nosotros en su momento ya retiramos la
enmienda a la totalidad en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados, y he de manifestar también que vamos a aceptar las enmiendas 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, que hacen referencia a 15 ó 20 enmiendas planteadas por Convergència i Unió
transaccionadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Al mismo tiempo, la enmienda número 21, que hace referencia a las enmiendas 118, 119, 120, 121, 122, hasta la 130; y la enmienda número 22, del PSOE, que hace referencia a las enmiendas 134,
135, 181, 182, no las vamos a aceptar y vamos a negociarlas para ver si podemos llegar a un acuerdo en el Pleno.
Con las enmiendas que vamos a aceptar finalmente conseguimos algunos de los objetivos importantes que planteamos como oposición desde Convergència i Unió, ya que mejoramos la coordinación entre las competencias del Estado y de las
comunidades autónomas; también extendemos la participación de los órganos autonómicos, la adopción de decisiones de inaplicabilidad, cuando lo requiera el interés público, de las normas sobre las conductas prohibidas por defensa de la competencia a
acuerdos, decisiones o prácticas; incorporamos también a las comunidades autónomas en la valoración de las conductas que afectan al comercio intracomunitario, es decir, suprautonómico, pero que incidan de forma significativa en un territorio de las
comunidades autónomas; también hemos conseguido un avance significativo, que será preciso complementar en el trámite parlamentario, para la coordinación entre órganos estatales y autonómicos de defensa de la competencia; la Comisión Nacional de
Competencia remitirá a los órganos autonómicos copia de todas las denuncias sobre las que existen indicios racionales de infracción que afecten a conductas; a las comunidades autónomas, además, les pedirá el informe preceptivo no vinculante;
también consideramos positivo el avance en la misión de que las comunidades autónomas puedan participar en la comprobación de las ayudas públicas concedidas en su territorio, así como la posibilidad de impugnar actos de las administraciones
autonómicas o locales de las que se deriven obstáculos de competencia; también consideramos positivo que las comunidades autónomas informen
preceptivamente en el ámbito de las concentraciones (éste era uno de nuestros planteamientos relevantes en nuestra enmienda a la totalidad y que finalmente hemos logrado acordar con el Grupo Parlamentario Socialista); también consideramos
positivos los mecanismos de cooperación de los órganos de defensa de la competencia autonómicos con los órganos jurisdiccionales y reguladores; y consideramos positivo la admisión de que los órganos autonómicos de defensa de la competencia puedan
realizar funciones de arbitraje y puedan intervenir en los mecanismos de apertura de grandes establecimientos comerciales, cuando su instalación en la zona de que se trate pueda alterar la libre competencia.
Estos son aspectos relevantes sobre los que hemos logrado acuerdo y, por eso, aceptamos las transaccionales. El resto de aspectos vamos a dejarlos para el trámite de la Comisión porque estamos convencidos de que la portavoz socialista, la
diputada Elisenda Malaret, como hasta la fecha, tendrá sensibilidad ante nuestros planteamientos. Confiamos en poder consensuar este acuerdo en el trámite del Pleno del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Seguimos el orden de intervenciones de menor a mayor.
Señora doña Olaya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Para manifestar la posición de nuestro grupo en relación con este proyecto de ley, en concreto con las doce enmiendas presentadas por nosotros. En la dirección del representante de Convergència i Unió que acaba
de exponer, consideramos transaccionadas las doce enmiendas que presentamos con la propuesta que se hace en relación con otros grupos parlamentarios que coinciden en enmiendas no exactamente iguales, pero sí en el fondo de las cuestiones que
nosotros planteamos, y por tanto, no las mantenemos a no ser que consideremos al final que algunas de las enmiendas tendríamos que mantenerlas para el Pleno. Inicialmente nos satisfacen las enmiendas transaccionales a las números 3 y 4, que tienen
que ver con competencias autonómicas, porque en la medida en que entendemos que los órganos de defensa de la competencia de las comunidades autónomas pueden, según el proyecto que se presenta, elaborar informes sobre las ayudas públicas concedidas
por las administraciones autonómicas y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, también creemos que dichos organismos deberían poder hacer lo propio en lo relativo al control de concentraciones. De ahí que presentáramos la enmienda y que
nos satisfaga la transacción que se propone, igual que para nuestra enmienda número 4 en lo relativo a la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Otras enmiendas tenían como objeto mejorar el texto de la ley y, sobre todo, clarificar algunas cuestiones como la fecha de acuerdo de incoación y la de su notificación o la indudable incidencia de la normativa sobre la defensa de la
competencia en las regulaciones y actuaciones de los colegios profesionales, así como en la amplia base de los miembros que representan, lo que justifica desde nuestro punto de vista claramente la enmienda que presentamos número 7 y en la que se
proponía que las corporaciones locales, los colegios profesionales y las cámaras de comercio tuvieran una mayor actuación en el sentido que he tratado de justificar anteriormente. En definitiva, nos satisfacen inicialmente las propuestas de
transacción, algunas con nuestras enmiendas y otras con las de otros grupos en las que entendemos que están transaccionadas las nuestras, pero nos reservamos un análisis más concreto y pormenorizado de estas transacciones por si hubiera lugar a
mantener alguna enmienda en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: A este proyecto de Ley de Defensa de la Competencia mi grupo ha presentado solamente una enmienda y quiero decir que es una enmienda que se aprovecha fundamentalmente de un planteamiento que hace la Ley de Defensa
de la Competencia, tanto la vigente como la que ahora tratamos ya con este proyecto, que está en debate en la Comisión, de modificar lo que llamaríamos efectos colaterales en defensa de la competencia generados por otras leyes. En este caso,
nuestra enmienda 213 se refiere a lo que hemos entendido que puede ser un efecto perverso de la Ley 28/2005 que propuso el Ministerio de Sanidad y se aprobó por la Cámara, en cuanto a las medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladores de la
venta. En cuanto la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, se sale de la doctrina sanitaria para entrar en cuestiones puramente mercantiles o comerciales, es por lo que nosotros hemos presentado esta enmienda, porque resulta que con la aplicación de la
ley sanitaria se produce un agravio comparativo y un daño fundamentalmente al principio de defensa de la competencia para todos aquellos establecimientos radicados en los aeropuertos, estaciones de autobuses y de transporte marítimo y ferroviario,
tanto en la España peninsular como en la insular de Baleares y Canarias. Por tanto, entendemos que habría que solventar este problema de un efecto colateral que daña principios de la competencia, aunque sea un comercio muy minorista, pero la Ley de
la Defensa de la Competencia no solo se aplica a las empresas según su tamaño comercial, de redes de servicios, etcétera, multinacionales o no, sino al concepto competitivo comercial. Quiero añadir, señor presidente, que mi grupo valora
positivamente este proyecto de ley, se entiende que es un avance que el tiempo ha producido con respecto a la Ley vigente 16/1989, de Defensa de la Competencia, y una serie de disposiciones concordantes como la Ley 3/1991, referida a la competencia
desleal, y que ahora se da una avance garantista... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, si son tan amables, guarden silencio mientras interviene el señor Mardones, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente. Como decía, este proyecto de ley trata también de algo que en el año 1989 todavía no se había contemplado en toda su extensión y dimensión preceptiva, que son los reglamentos de la
Unión Europea, sobre todo los reglamentos hechos a partir del año 2002, como es el Reglamento 1/2003, del Consejo de la Unión Europea, así como el Reglamento 139/2004, también de la Unión Europea. Por tanto, era necesario adaptar la normativa
vigente española en materia de defensa de la competencia a los reglamentos y directivas de la Unión Europea. Nos parece una buena ley y un buen proyecto en este momento que vamos a apoyar con nuestro voto porque es necesario dotar de transparencia
y nuevos órganos como los órganos de dirección de la Comisión Nacional de Competencia y guardar un exquisito equilibrio con las competencias que, valga la redundancia, tienen las comunidades autónomas en esta materia de ley de la garantía
competencial. Creemos que los principios de seguridad jurídica están suficientemente contemplados en este proyecto de ley, que la Comisión Nacional de Competencia puede ser el escenario donde se solventen cuestiones que llamaríamos de lo
contencioso-administrativo, no de la legislación contencioso-administrativa en sí misma, sino confrontaciones competenciales que hubiera en litigio entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y que los órganos que van a
definir algo que estaba muy indeciso, como las conductas prohibidas, las conductas colusorias y los aspectos que se pueden derivar de efectos de libre competencia restringida por las grandes multinacionales o las concentraciones económicas,
etcétera, nos llevan también a la parte procedimental. Aquí hay un avance muy interesante que se ha tomado de la propia administración ordinaria de la Justicia, de que el juez que instruye no puede ser el juez que juzgue, y por tanto una separación
entre instrucción y resolución en los órganos de la competencia lo consideramos plenamente acertado, positivo y que da un aire de adaptación y de seguridad jurídica, porque esta separación de la instrucción y la resolución contribuye, precisamente,
a estos principios de claridad e independencia y transparencia y, por tanto, cuando se llegue al capítulo de sanciones se ve que hay un efecto que está inducido por las mismas dentro de la racionalidad y de los principios garantistas. Por estas
razones, nuestro voto en su momento será favorable a este proyecto de ley y la enmienda la he justificado, a mi juicio, suficientemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quiero manifestar que nuestro grupo hace una valoración positiva del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, tanto en lo que respecta a los principios en los que se basa, como los objetivos
que persigue. Creemos que es un texto que moderniza la competencia que actualmente se encuentra en vigor y adapta el modelo estatal al modelo comunitario, tal y como la legislación comunitaria exige. Por tanto, vaya por delante esta valoración de
nuestro grupo.
Sin embargo, el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno es, a nuestro juicio, incompleto porque no aborda la descentralización para la aplicación de la normativa que se inició con la Ley 1/2002. Creemos que la Ley 1/2002 es una ley
incompleta, imprecisa e incoherente, que fue adoptada a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, mediante la que se crearon los órganos autonómicos de defensa de la competencia.
El proyecto de ley, insisto, inicialmente tiene estos dos defectos: por un lado, no contempla las modificaciones de la citada Ley 1/2002 cuando lo razonable hubiera sido incorporar la regulación relativa a la coordinación entre autoridades
de competencia dentro del texto articulado, obviamente mejorando la regulación actual; y por otro, porque creemos que los aspectos novedosos que incorpora el proyecto de ley, el reparto de competencias entre la autoridad estatal, la Comisión
Nacional de Competencia y las autonómicas, sigue siendo asimétrico, cuando lo razonable sería establecer un reparto de tareas en función de unos puntos claros de conexión. Este ha sido nuestro planteamiento político que ha inspirado la presentación
de nuestras enmiendas. Creemos que la falta de claridad en los puntos de conexión es un problema evidente; creemos que falta un criterio coherente que delimite y defina la actividad que deben llevar a cabo las autoridades autonómicas de
competencia. A nuestro juicio, lo razonable hubiera sido que la autoridad estatal y los órganos autonómicos, tras aplicar el punto de conexión, hubieran sido competentes en resolver todas las cuestiones referidas a la competencia, tanto las
conductas colusivas, como el control de las concentraciones, ayudas públicas, etcétera. Creemos que este era un buen momento para llegar al acuerdo. Es por ello que hemos presentado una serie de enmiendas dirigidas a compensar o subsanar estos
defectos que nuestro grupo pone de manifiesto para darle una mayor coherencia al tratamiento conjunto de la política de defensa de la competencia.
En este sentido, nuestro grupo ha presentado 33 enmiendas; si no me equivoco, 21 de ellas han sido transaccionadas por el Grupo Socialista y 12 han sido rechazadas. Nuestro grupo va a aceptar las enmiendas transaccionales. Lo que sí
quisiera hacer es una observación a una de ellas, la relativa al artículo 25, es decir, la enmienda número 29, del Grupo Vasco, que se refiere al artículo 25 de la ley, relativa a las competencias consultivas al inicio, donde dice: 'La Comisión
Nacional de la Competencia actuará como órgano consultivo sobre
cuestiones relativas a la defensa de la competencia' entendemos que cabría añadir: 'sin prejuicio de las competencias desarrolladas por los órganos autonómicos de competencia'. Es una cuestión que ya le he trasladado a la portavoz del
Grupo Socialista, pero veremos si es posible modificar la transacción planteada por el Grupo Socialista en los términos que yo estoy planteando en este momento.
Ha habido una serie de reuniones entre el Grupo Parlamentario Socialista con el Ministerio de Economía, a fin de llegar a acuerdos en relación a las enmiendas planteadas por el Grupo Vasco, lógicamente no han sido aceptadas de manera íntegra
todas las enmiendas planteadas por nuestro grupo, pero creemos que el Ministerio y el Grupo Socialista han hecho un esfuerzo importante de acercamiento en este tema. De manera que creo que este proyecto con las transacciones, es un proyecto
sensiblemente mejor para todo el mundo. Esto lo valoramos positivamente.
Lo que consiguen las transacciones de alguna manera es resolver algunas cuestiones que consideramos importantes, sobre todo en relación al papel de las autoridades autonómicas de la competencia. Las modificaciones, o las transacciones,
afectan al ámbito del control de las ayudas públicas, donde se equiparan los órganos de competencia autonómicos con la Comisión Nacional de Competencia, también al de control de la actividad normativa de la Administración, donde también pueden
intervenir los órganos autonómicos con las mismas facultades que la Comisión Nacional de Competencia. En el ámbito del control de las concentraciones, que bien sabe el Grupo Socialista que para el propio Gobierno era una cuestión muy importante, se
daba una solución satisfactoria, dado que a los órganos de competencia autonómicos se les va a solicitar un informe preceptivo no vinculante cuando la operación incida de forma importante en el territorio de una comunidad autónoma. También se da
pie a que estos órganos apliquen el derecho competencial en los artículos 81 y 82 cuando estas actuaciones incidan también de una manera importante en la comunidad autónoma. Se les permitirá también intervenir en los casos de inaplicabilidad de los
artículos 1 y 2 de la ley a través del Comisión Nacional de Competencia, se autorizará a los órganos autonómicos a relacionarse en el marco de las competencias con los reguladores sectoriales y los órganos judiciales y, finalmente, no se ponen
obstáculos a que los órganos autonómicos puedan desarrollar actividades de promoción de la competencia y se les permite proseguir su labor de órgano consultivo en el otorgamiento de licencias comerciales a las grandes superficies.
Creemos, en definitiva, que estas siete cuestiones son importantes, que se han conseguido después de mucho trabajo con el Grupo Socialista y con el propio ministerio y que no colma todas nuestras expectativas, pero es un avance
significativo. A nuestro grupo nos hubiera gustado, insisto, que esta ley hubiera aprovechado este trámite para modificar sustancialmente la Ley 1/2002 y establecer una relación perfectamente simétrica y coherente de la ley estableciendo puntos de
conexión claros. El ministerio aducía que todavía la experiencia del funcionamiento de los órganos autonómicos de competencia era relativamente reducida, que con el tiempo se verían más los problemas que nosotros estábamos poniendo de manifiesto
también, y que en un futuro hay un compromiso, entre comillas, de ir modificando en la medida en que se vaya viendo que esto genera problemas reales de funcionamiento.
Insisto que, aunque no nos complace totalmente, creemos que el esfuerzo del Grupo Socialista y del propio ministerio y del Grupo Vasco es importante para llegar al consenso al que hemos llegado; nuestro grupo acepta las transacciones a
expensas de lo que nos diga el Grupo Socialista en relación a esta modificación de la transacción al artículo 25, en coherencia retira las enmiendas que hemos presentado excepto una, la número 13, que queremos dejarla a efectos del debate
parlamentario de la próxima semana.
El señor PRESIDENTE: Señor Puig, del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor PUIG CORDÓN: Voy a defender las enmiendas presentadas. Con las negociaciones con el Grupo Socialista creo que vamos a mejorar, algunas de ellas van a ser transaccionadas y vamos a aceptar todas las transacciones que nos ha
propuesto el Grupo Socialista. Principalmente nuestra preocupación estaba en las enmiendas que entendíamos competenciales, artículos que invadían competencialmente en ese aspecto, como eran las enmiendas 61 y 68 y, en ese sentido, vamos a aceptar
las transaccionales, mantendremos el resto y algunas de ellas las vamos a retirar de cara al Pleno en previsión finalmente de cómo queden los acuerdos. Ya lo expresamos cuando Convergència i Unió presentó la enmienda a la totalidad que luego fue
retirada, que nos preocupaba el tema competencial. Con los acuerdos a los que hemos llegado, con las transacciones acordadas y con la aceptación de alguna enmienda entendemos que mejora el proyecto en ese aspecto y, como decía antes el portavoz del
Partido Nacionalista Vasco, no nos llega a la felicidad completa pero sí a una parte de esta felicidad, en tanto que ha mejorado la ley competencial, que era lo que nos preocupaba. Coincidimos con otros grupos en el tema de la composición de la
Comisión y en aspectos de enmiendas presentadas por otros grupos, y estaríamos de acuerdo en votarlas favorablemente porque coinciden básicamente con las propuestas presentadas por nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: El actual proyecto de Ley de Defensa de la Competencia tiene, a nuestro juicio, mucha importancia para el funcionamiento de la economía
española, en la medida en que la competencia es un componente esencial de las economías de mercado por diferentes motivos, entre ellos se pueden destacar el ser un incentivo para que las empresas produzcan mejores bienes y servicios y a
precios más bajos, lo cual a su vez debe producir un importante beneficio para los consumidores y debe tener una repercusión destacable sobre la inflación. Al mismo tiempo, la mayor competencia creo que sirve y permite mejorar la productividad y la
competitividad de las que, dicho sea de paso, nuestra economía no está muy sobrada. Pero también la competencia es un hecho que implica rivalidad entre empresas que actúan en un determinado mercado y que, por lo tanto, no solo sirve para destacar
el funcionamiento de mercado sino que es un modelo de comportamiento económico que, recogido ya en nuestra Constitución, la libre empresa y la economía de mercado debe requerir instrumentos de protección frente a las tendencias monopolistas que
algunos pretendan desarrollar. En este sentido, las medidas normativas van a servir para favorecer el mantenimiento de una mejor y libre concurrencia y las políticas de defensa de la competencia deben servir también para flexibilizar el
funcionamiento de los mercados y su eficacia como mecanismos de asignación más eficientes de recursos, pues solo esta eficacia se constata que se da en mercados que son competitivos. Velar por que las empresas actúen competitivamente impidiendo
abusos de posición dominante, acuerdos colusivos, prácticas restrictivas de la competencia son requerimientos del mercado para que dentro del mismo se dé una auténtica eficiencia asignativa. Es más, actualmente la economía mundial, con el fenómeno
de la globalización, necesita mercados más flexibles que sean capaces de absorber de una manera más adecuada cualquier potencial perturbación que pueda venir desde el lado de la oferta. Contribuir y mejorar, por tanto, el marco regulatorio que
contribuya a que la internacionalización de los mercados sea real, exige que los gobiernos nacionales estén pendientes de que este marco regulatorio sea el adecuado para que se eviten los efectos negativos que pudiera tener la no existencia del
mismo sobre el bienestar de las personas, o que la inexistencia de autoridades supranacionales -que eso sí está constatado si bien en la Unión Europea como mercado único sí dispone de alguna de ellas- de competencias sirvan para darle una mayor
coordinación a todo el fenómeno concurrencial de un determinado espacio.
Por lo tanto, la importancia y actualización de esta norma se revela evidente y necesaria y, ante la necesidad de que cuando esta ley se apruebe en el Congreso de los Diputados tenga una duración prolongada, es por lo que también trabajamos
con especial empeño en el proceso abierto y participativo que el Gobierno llevó a cabo en toda la tramitación que estamos desarrollando. Por eso, para posibilitar que las empresas puedan desarrollar su actividad en un marco regulatorio estable, es
por lo que PP ha planteado un conjunto de enmiendas destinadas principalmente a introducir en la futura ley una serie de elementos dirigidos a dar mayor seguridad jurídica a las empresas y a potenciar la independencia de la Comisión Nacional de
Competencia. En cualquier caso, debo destacar que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno y el Grupo Socialista en temas muy importantes en relación con algunos puntos de esta ley y que, a nuestro juicio, suponen una mejora sustancial del texto
presentado inicialmente por el Gobierno. Sin embargo, a pesar del acuerdo y del esfuerzo realizado por el Grupo Popular, para no provocar debates poco fructíferos en temas tan importantes como el que nos ocupa, he de recordar que se han retirado
una serie de enmiendas que tienen que ver con la número 88, 89, 96, 99 y 108 que el Gobierno no consideraba dentro del acuerdo alcanzado, aunque hemos mantenido dos, la 94 y la 95, que posteriormente analizaremos y que sí consideramos que tienen
entidad suficiente para que deban ser analizadas y valoradas por esta Comisión de Economía y Hacienda y a las que más tarde voy a hacer mención. De ese acuerdo han surgido varias enmiendas transaccionales, la 90, 92, 100, 101, 104, 105, 106 y la
110, en concreto nueve enmiendas que recogen, en gran medida, los aspectos que nuestro grupo planteaba y, además, esperamos el voto favorable al menos a otras siete enmiendas, a la número 91, 93, 97, 98, 102, 103 y 107. Repito, a este acuerdo nos
gustaría que se uniesen también la mayoría de los grupos parlamentarios, teniendo en cuenta que algunos de ellos han presentado enmiendas que van en la misma línea que las presentadas por mi grupo parlamentario.
Si me permiten SS.SS., y de forma no muy exhaustiva e intentando ser lo más breve posible, les indicaré que con el acuerdo se ha conseguido en parte limitar el poder de intervención discrecional del Ejecutivo en cuestiones relacionadas con
la defensa de la competencia y que, por lo tanto, esas intervenciones deben quedar y afectar únicamente a la Comisión Nacional de Competencia, salvo en circunstancias muy concretas y que deben estar tasadas por la ley. De todos modos, he de señalar
ahora que es necesario realizar y solicitar al Partido Socialista y a los demás grupos un esfuerzo adicional para continuar mejorando y actualizando en la medida de lo posible un marco tan relevante como el que venimos analizando. Otro aspecto
destacable del acuerdo es lo relacionado con el director de investigación. En este punto, el acuerdo va en la línea de dar mayor importancia a la opinión del Consejo de la Comisión Nacional de Competencia en el nombramiento y cese del cargo al ser
necesaria la mayoría simple de los miembros del citado consejo en ambos casos. Un tercer elemento que quiero destacar de este acuerdo consiste en la introducción de mayores niveles de cooperación en los juzgados de lo Civil y Mercantil, lo que
supone la introducción de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil. También se incorporan en esta línea elementos que dan mayor seguridad jurídica, junto con aquellos que aproximan nuestra regulación a la normativa europea.
En relación con el número de consejeros, también se ha llegado a un acuerdo, al elevar el número de éstos hasta seis con el fin de dotar de mayor pluralismo y mayor independencia a la Comisión. Al mismo tiempo, se ha introducido la
imposibilidad de realizar actividades profesionales realizadas con la actividad llevada a cabo dentro de la comisión por un periodo de dos años, tanto para el presidente como para los consejeros de la Comisión Nacional de Competencia.
En cuanto a los acuerdos, también me gustaría destacar en último lugar la aceptación del mantenimiento del actual presidente y de los actuales vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia hasta la finalización de sus respectivos
mandatos, con la única justificación de evitar la aparición de cambios bruscos y posibilitar la existencia de un periodo de transición hacia la nueva situación que, en marcos regulatorios muy sensibles a estos cambios, podría darse. En este sentido
he de indicar que, por tanto, el número de consejeros se ha de ir reduciendo progresivamente y que únicamente se podrá nombrar a los consejeros cuando el número sea inferior a seis. A pesar del acuerdo, es necesario indicar que nuestro interés por
dotar de independencia al presidente y consejeros que forman el órgano encargado de vigilar por el cumplimiento de la normativa relativa a la competencia, junto con el intento de dar mayor protagonismo a esta Cámara en el nombramiento de los
miembros de la Comisión Nacional de Competencia, nos ha llevado a presentar dos enmiendas, la número 94 y la número 95, que ya mencioné anteriormente y que vienen a modificar respectivamente lo contemplado en el proyecto de ley en los artículos 29.1
y 29.2, que por error mecanográfico cuando nosotros presentamos nuestra enmienda llamábamos artículos 21.1 y 21.2; eran 29.1 y 29.2. En ellas lo que se plantea es simple y llanamente que el Congreso de los Diputados sea el que nombre por mayoría
de tres quintos al presidente y a los consejeros de la Comisión Nacional de Competencia entre profesionales de reconocido prestigio en diferentes campos.
Para terminar, únicamente decirles a SS.SS. que, aunque quedan puntos que se pueden mejorar en el actual texto del proyecto de ley, desde el Grupo Popular consideramos que se ha realizado un esfuerzo importante a la hora de plantear por
nuestro grupo, por otros grupos y por el propio Grupo Socialista del Gobierno enmiendas al proyecto de ley que nos ocupa y que han merecido la pena, a nuestro juicio, en la medida en que el acuerdo alcanzado es positivo para el funcionamiento de la
futura Comisión Nacional de Competencia y, por tanto, para el funcionamiento del sistema económico español. En este sentido, solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios a las enmiendas presentadas por nuestro grupo que han sido objeto
de acuerdo y, cómo no, también para las dos que han creado fuera de ese acuerdo pero que creemos que serían muy beneficiosas y mejorarían aún más el texto del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Malaret, por el Grupo Socialista.
La señora MALARET GARCÍA: El proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, que vamos a dictaminar hoy en esta Comisión, llegó al Congreso de los Diputados con un amplio respaldo de los operadores económicos y de los colectivos
profesionales. Este consenso, como ya se ha puesto de relieve por otros grupos parlamentarios respondía al método de elaboración seguido por el Ministerio de Economía y Hacienda. Así, primero se aprobó un libro blanco sometido a debate público y,
posteriormente, recogiendo las principales aportaciones, se elaboró un proyecto de ley sometido a información pública y debatido ampliamente con los distintos colectivos profesionales. El resultado de este procedimiento, que aúna transparencia y
calidad, puede ser consultado en la correspondiente web del ministerio.
Ahí podemos encontrar las distintas sugerencias, las aportaciones realizadas por organismos económicos, despachos de abogados, profesores universitarios y una amplia relación
de colectivos. Un procedimiento de elaboración de este proyecto que explica no solo el consenso al que he aludido, sino también su excelente factura, su calidad técnica. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista han querido desde el primer
momento traducir este acuerdo de base técnica en un consenso de clave política. El objetivo era aprobar el proyecto con la mayoría más amplia posible y, mejor todavía, por unanimidad. Y en esta dirección hemos trabajado. Por ello, podemos hoy
presentar los resultados de este trabajo conjunto con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Un amplio acuerdo parlamentario que se traduce en un gran número de enmiendas transaccionales que se apoyan en las enmiendas presentadas por la
mayoría de los grupos parlamentarios. Se han producido acuerdos cruzados, muestra del trabajo realizado por todos, señal de la capacidad y voluntad de colaboración desplegada. Hemos presentado un total de 95 propuestas de transacción a las
correspondientes enmiendas de los distintos grupos, unas enmiendas que, dada la coincidencia temática de la mayoría de enmiendas iniciales, permitirán que hoy aprobemos este proyecto con el respaldo de toda la Comisión.
Podemos sintetizar el contenido de este proyecto de ley de defensa de la competencia en dos grandes líneas estratégicas: primero, modernización del derecho de la competencia, actualizando y mejorando la ley de 1989, sobre la base de la
experiencia adquirida e introduciendo las innovaciones sustanciales adecuadas para responder a los cambios relevantes introducidos por el derecho comunitario de la competencia, una reforma del derecho comunitario concretada en el reglamento del
Consejo de 2002, sobre aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, que abre el camino a una aplicación descentralizada de estos preceptos y, posteriormente, el reglamento del Consejo de 2004, sobre control de
concentraciones. La segunda línea
estratégica ha sido el diseño de un nuevo esquema institucional para dar mayor racionalidad, eficacia y credibilidad a las decisiones de los poderes públicos en materia de competencia. La pieza fundamental es la creación de la Comisión
Nacional de Competencia y una nueva distribución de responsabilidades entre Gobierno y Comisión que delimita mejor y define de manera muy precisa el ámbito de intervención gubernamental. He de decir que la mayoría de enmiendas de los distintos
grupos parlamentarios se han focalizado en esta última perspectiva. Voy a señalar brevemente los temas relevantes objeto de controversia sobre los que nos hemos puesto de acuerdo. Podemos agruparlos en cinco bloques, si bien antes debo señalar que
la mayoría de enmiendas incidían sobre aspectos puntuales relativos a la creación y composición de la Comisión Nacional de Competencia o sobre cuestiones concretas relativas a la delimitación de responsabilidades entre la Comisión Nacional de
Competencia y los organismos de defensa de la competencia creados en las distintas comunidades autónomas con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1999 que, como es bien sabido, reconoció que los estatutos de autonomía habían
atribuido a las comunidades autónomas la titularidad de determinadas competencias de ejecución, sentencia que está en la base de la Ley 1/2002, de coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas; una ley que dado el
escaso tiempo transcurrido desde su entrada en vigor no ha evidenciado la necesidad de acometer su revisión en profundidad y, por ello, solo se abordan determinadas y concretas cuestiones directamente conectadas con el diseño de un nuevo esquema
institucional.
Así pues, los temas objeto de debate y sobre los que hemos llegado a amplios acuerdos son los siguientes: en primer lugar, las cuestiones sustantivas de derecho de la competencia en relación a las cuales, como ya he dicho, había poquísimas
enmiendas. Hemos delimitado mejor el concepto de concentración y hemos reducido los criterios que, a título indicativo, la ley enunciaba como configuradores del interés general, distinto de la defensa de la competencia, y que pueden constituir la
base para autorizar una operación de concentración por parte del Gobierno. En segundo lugar, el bloque de cuestiones de índole organizativa. Aquí hemos procedido, a través de las enmiendas, a aumentar el número de miembros del consejo de la futura
Comisión Nacional de Competencia en aras a recabar un mayor pluralismo, pero, como es bien sabido, este aumento nada tiene que ver con la independencia. En este ámbito organizativo también hemos perfeccionado el nombramiento del director de
investigación, introduciendo, previo a su nombramiento, la necesidad de una aprobación por mayoría del consejo de esta propuesta. Tercer paquete, la articulación de cometidos entre la Comisión Nacional de Competencia con las responsabilidades de
los organismos de las comunidades autónomas, con la finalidad de mejorar la colaboración interinstitucional. Aquí tenemos cinco aspectos que debemos señalar. En primer lugar, la ley reconoce -y hemos admitido transacciones en este campo-
facultades equiparables a los organismos autonómicos a aquéllas que se asignan y reconocen a la Comisión Nacional de Competencia. En esta dirección, podemos señalar el reconocimiento de la capacidad de impugnar ante la jurisdicción contenciosa, el
reconocimiento de facultades arbitrales, la posibilidad de realizar informes sobre ayudas públicas, la colaboración con organismos reguladores, o la colaboración con la jurisdicción que, como bien saben, es una pieza esencial, dado que se abre ahora
el campo para que los tribunales mercantiles puedan aplicar el derecho comunitario. El segundo aspecto dentro de este bloque hace referencia a la mejora de los mecanismos de colaboración y, muy especialmente, el intercambio de información,
precisando el momento y contenido, con la finalidad de hacer simétrica la información de que disponen los distintos organismos. El tercer aspecto hace referencia a la participación de los organismos de las comunidades autónomas en los procesos
decisorios de la Comisión Nacional de Competencia. Hemos introducido la posibilidad de que se recabe un informe preceptivo pero no vinculante en aquellos supuestos en que la incidencia de la operación en el mercado intraautonómico suponga una
afectación significativa. El cuarto bloque dentro de este apartado hace referencia a la participación del Consejo de Defensa de la Competencia que, como bien saben, es el órgano que aúna la colaboración entre el Tribunal de Defensa de la
Competencia y los órganos autonómicos.
Pues bien, reconocemos en este proyecto la participación del consejo en relación a las declaraciones de inaplicabilidad y, sobre todo, reconociendo la capacidad para formular directrices, con el fin de
introducir certeza en la distribución de competencias entre los distintos órganos de competencia. Y, finalmente, hemos precisado el ámbito de actuación del Consejo Nacional de la Comisión Nacional de Competencia en relación a la autorización de
grandes establecimientos comerciales. Ésta solo se producirá cuando la instalación en la zona pueda alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional. Y el último paquete al que haría referencia, y
donde hemos introducido transacciones, es el relativo a la mejora del régimen de garantías en aras a una mayor seguridad jurídica. Como es bien sabido, el proyecto apuesta por la reducción de los plazos para resolver. En esta dirección, hemos
acotado mejor, con la ayuda de todos los grupos, los supuestos en que cabe la ampliación o suspensión del plazo para resolver.
Vemos, pues, que hemos encontrado un consenso amplio en todos los aspectos de la ley y, por ello, el Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer el esfuerzo y la colaboración de todos los grupos, que va a traducirse en la unanimidad con
que va a ser aprobado este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Hemos finalizado el turno de intervenciones. Como habíamos quedado en que votaríamos a las doce menos diez, suspendemos la sesión hasta la hora de votación. (Pausa.)
Votaremos, en primer lugar, aquellas enmiendas que no han sido objeto de transacción y no han sido retiradas. Las transaccionales las votaremos todas al final. Seguiremos el orden de presentación de las enmiendas y, así, comenzaremos por
las del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos las enmiendas número 9 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra; 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo de Coalición Canaria queda viva la enmienda 213, que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida decaen, salvo la número 50, que había sido objeto de transacción y que votaremos, por tanto, al final con las transaccionales.
Del Grupo Parlamentario Vasco nos queda para ser sometida a votación la enmienda número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas 73 y 84.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán, salvo las que han sido objeto de transacción, sometemos a votación en bloque las restantes enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, hemos de someter a votación las enmiendas 91, 97, 98, 102, 103 y 107.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Sometemos ahora a votación las enmiendas 94 y 95.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora todas las enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos, finalmente, a votar todas las enmiendas que han sido transaccionadas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Se somete a votación el resto del dictamen del proyecto de ley, que incluye la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (OCAÑA PÉREZ DE TUDELA), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS MATERIAS RELATIVAS AL SISTEMA TRIBUTARIO Y A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.
COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL. (Número de expediente 212/001539.)
LAS ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, ADUANAS, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT),
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006, CON DETALLE EXPLÍCITO DE LOS TIPOS DE ACTUACIONES REALIZADOS EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS Y CON EXPLICACIÓN DETALLADA DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y SU VINCULACIÓN CON LA RETRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL AL
SERVICIO DE LA AGENCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001471.)
- LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, ASÍ COMO PARA DAR CUENTA DE LAS RAZONES QUE HAN CONDUCIDO A LA MODIFICACIÓN DE SU NORMATIVA DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007 Y AL
CESE DE SU DIRECTOR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001472.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión de la Comisión con la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Comparece para dar cumplimiento, en primer lugar, a las comparecencias cuatrimestrales a las que está
obligado, pero también, como aparece en el orden del día, para responder a las dos cuestiones solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular. En esta comparecencia se acumulan estas tres peticiones a las que se referirá desde su primera
intervención. Cuando quiera, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda en respuesta a dos solicitudes, como señalaba el presidente, muy distintas.
Por una parte, comparezco
para referirme a los aspectos relacionados con el sistema tributario y con la ejecución presupuestaria correspondiente a la comparecencia cuatrimestral ante esta Comisión. Y por otra parte, comparezco para responder a dos cuestiones de distinta
naturaleza: por un lado, para detallar las actuaciones de los servicios de inspección, aduanas, gestión y recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, por otro, para explicar la situación actual del Organismo de Loterías y
Apuestas del Estado y dar cuenta de los cambios que hemos introducido en este organismo. Como cualquiera de estos temas nos podría llevar la mañana entera, porque son temas muy amplios, me voy a referir, primero, a los resultados de la Agencia
Tributaria, y esto lo voy a hacer con cierto detalle; a continuación contestaré a la cuestión relativa al Organismo de Loterías y Apuestas del Estado y, en tercer lugar e intentando condensar algo más la información, me referiré a la ejecución
presupuestaria.
Empezaré por las actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el año 2006. La idea de conjunto que les quiero transmitir es que, a nivel global, los resultados de 2006 han sido satisfactorios, se ha
cumplido con los objetivos fijados y, de hecho, se han excedido esos objetivos. Como luego les contaré, todos los indicadores han evolucionado por encima del objetivo que nos habíamos fijado. En el área de asistencia al contribuyente, se han
ampliado los servicios prestados, intensificando el uso de las nuevas tecnologías, a la vez que se han consolidado los servicios de información y asistencia existentes. En el área de la lucha contra el fraude, hemos mantenido una línea que continúa
con las directrices del Plan de prevención del fraude fiscal y hemos alcanzado un crecimiento de la recaudación directa por actuaciones de control de la Agencia Tributaria, un 15 por ciento superior a la del año pasado, y este es un indicador muy
importante. Esa recaudación directa por actuaciones de control de la Agencia Tributaria ha ascendido a 5.309 millones de euros. Dentro de estos 5.309 millones de euros, quiero destacar el incremento del 90 por ciento en las actuaciones homogéneas
de control en el sector inmobiliario.
Para informar a SS.SS de las actuaciones realizadas por la agencia durante el ejercicio de 2006, me voy a referir al contenido del avance del informe anual que hemos remitido previamente a esta Comisión y que comprende los aspectos más
destacados de los resultados obtenidos. Quiero destacar y agradecer a los funcionarios de la agencia el esfuerzo que han hecho para que este informe estuviera listo para esta comparecencia; hemos tenido que correr un poco más de lo habitual para
que ustedes tuvieran hoy este informe.
Voy a hacer dos precisiones metodológicas antes de entrar en el contenido del informe. En primer lugar, como SS.SS. saben, desde su constitución, la Agencia Tributaria ha adoptado un sistema de gestión basado en la dirección por objetivos.
Precisamente desde el año 2005, el Plan de Prevención del fraude ha dado lugar a una revisión integral de los objetivos de la Agencia Tributaria. Hemos revisado integralmente el sistema de objetivos de la agencia para potenciar aquellas medidas que
son coherentes con el plan y, en particular, para reforzar la investigación y atención prioritaria de las formas más graves y complejas del fraude; estamos intentando favorecer el cobro de las deudas gestionadas por la Agencia Tributaria y estamos
intentando impulsar la coordinación entre las distintas áreas funcionales. Como reflejo de este impulso, estamos desarrollando una visión integral de la lucha contra el fraude y, en este contexto, hemos cambiado la estructura de los indicadores
para que, en vez de seguir con el criterio tradicional de departamentización, de decir cómo ha funcionado a lo largo del año cada departamento de la agencia, que es algo que para la gestión interna tiene sentido pero que para valorar el éxito en la
persecución del fraude no tanto, lo que hemos hecho ha sido cambiar esos indica
dores y referirlos a los resultados contenidos en la lucha contra el fraude. Eso quiere decir que la forma de presentar los resultados en este informe provisional es distinta a la que ha habido en años anteriores y, desde luego, ésta va a
ser la estructura que siga durante mi intervención.
En segundo lugar, deben saber que la nueva planificación de los objetivos de la agencia estableció la definición de indicadores de control en términos de actuaciones realizadas. Lo hemos discutido en otras ocasiones y es una buena idea
porque contribuye a potenciar las actuaciones de investigación y lucha contra las formas de fraude más complejas y sofisticadas, y también contribuye a eliminar los efectos negativos que se derivaban del seguimiento de la deuda liquidada como
parámetro de medición de los resultados. Este cambio de metodología supone dificultades para comparar interanualmente los objetivos. Y, por ello, para asegurar la coherencia estadística y para que ustedes puedan valorar los resultados que ha
obtenido la agencia, los datos que les voy a facilitar muestran el seguimiento de los objetivos desde 2006 en comparación con la base de 2005 de esos mismos objetivos, sabiendo que en 2005 la medición se realizó de otra manera. Pero para que tengan
ustedes una base de referencia, lo que hemos hecho es recalcular lo que hubieran sido los resultados de la agencia en 2005 con los nuevos criterios y compararlo con lo obtenido en 2006.
Hechas estas dos precisiones, podemos entrar en el análisis del avance del informe anual. En ese informe que, repito, tienen ustedes hay cuatro grandes apartados: uno que se refiere a los principales objetivos y medidas derivados de las
directrices del Plan de prevención del fraude fiscal y otros tres capítulos referentes a la recaudación tributaria, a la asistencia al contribuyente y a las actuaciones de lucha contra el fraude. Me voy a referir a cada uno de estos cuatro
apartados en ese mismo orden.
El primero, como les decía, es la descripción de la estrategia, de los objetivos que se han establecido para la prevención del fraude. El punto de partida aquí es la planificación estratégica plurianual que busca reorientar las actuaciones
de prevención y corrección del fraude fiscal.
Les voy a describir, aunque sea muy someramente, los objetivos que hay en ese Plan de prevención del fraude. El primero es la prevención en sí del fraude, no sólo con el objetivo de mejorar los
resultados en términos de recaudación directa por medio de la regularización de los incumplimientos detectados, sino también con la finalidad de generar un efecto inducido.
La idea es que, en la medida en que la agencia es más eficaz detectando el
fraude, los contribuyentes también tienen un incentivo mayor a regularizar su situación incluso antes, sin necesidad de que la agencia intervenga. De hecho, estamos observando que ese efecto inducido efectivamente se produce. Por ejemplo, ha
aumentando de manera significativa el número de autoliquidaciones extemporáneas, contribuyentes que presentan una autoliquidación fuera de plazo pero no inducidos por una actuación de la agencia, sino que lo hacen voluntariamente. En segundo lugar,
la estrategia de lucha contra el fraude busca la consolidación de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes. En tercer lugar, tenemos el objetivo de reforzar la investigación y trabajar en la línea de detección precoz de
determinadas manifestaciones de fraude. En cuarto lugar, estamos incidiendo de manera decidida en el cobro de las deudas derivadas de los procesos de investigación y comprobación. La idea es que la prevención del fraude no es plenamente eficaz si
el proceso de regularización de deudas no culmina con el ingreso efectivo de las deudas descubiertas. En este sentido, estamos incrementando de manera muy notable el número de medidas cautelares adoptadas cuando se ponen de manifiesto indicios que
permiten prever una intención de vaciamiento del patrimonio de los obligados tributarios o cualquier otro tipo de comportamiento que pueda poner en peligro el cobro de las deudas, respetando siempre, por supuesto, el principio de proporcionalidad.
En quinto lugar, un objetivo de esta estrategia es el refuerzo de los mecanismos de integración y coordinación de las diferentes áreas funcionales de la agencia. No voy a entrar en mayores detalles, pero estos son los principios que inspiran
nuestra actuación en este ámbito.
Respecto a esos principios, voy a describirles ahora los resultados obtenidos, empezando por los resultados de la recaudación tributaria. El objetivo último de la Agencia Tributaria viene establecido por la previsión de ingresos en términos
de recaudación líquida. Este objetivo está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los resultados de la recaudación tributaria obtenidos en este último año 2006 alcanzan un grado de ejecución del presupuesto de más del 108 por ciento,
tanto en términos brutos como líquidos. Con respecto a los objetivos que se fijó la propia agencia, se han superado en un 8 por ciento. La recaudación bruta total gestionada por la agencia durante el año 2006 alcanzó los 221.414 millones de euros.
Esta cifra hay que compararla con los 196.838 millones de euros recaudados en el año anterior, de manera que hemos superado en 17.707 millones de euros la cifra contenida en el presupuesto, y por darles otro indicador de la variación con respecto a
2005, tenemos un incremento del 12,4 por ciento en esta recaudación bruta total. En términos de recaudación líquida, hechos los correspondientes ajustes, la recaudación ascendía a 179.380 millones de euros, a comparar con una recaudación líquida en
el año anterior de 160.705 millones de euros. Esta recaudación líquida se ha incrementado, por tanto, en un 11,6 por ciento. ¿Es esto mucho o poco? Pues si lo comparan con la tasa de variación del PIB nominal, que fue de un 7,8 por ciento,
observamos que la recaudación líquida ha aumentado casi 4 puntos más que lo que ha crecido la economía y, por tanto, desde el punto de vista de los resultados de la agencia son cifras muy satisfactorias.
Me referiré ahora al efecto recaudatorio directo. Dentro de los resultados de recaudación, como efecto recaudatorio directo, se mide la recaudación que resulta de las actuaciones de control de la Agencia Tributaria en la lucha contra el
fraude. Este efecto directo comprende, por una parte, los ingresos derivados de las actuaciones de control de la agencia y, por otro, el importe de las minoraciones de devoluciones que resultan de esas actuaciones de control. En términos
acumulados, hasta el 31 de diciembre de 2006 se obtuvieron 5.309 millones de euros como resultado de estas actuaciones de control, esto es, un 15,1 por ciento más que en el año 2005, en el que ese efecto recaudatorio directo alcanzó los 4.612
millones de euros. En conjunto, estas cifras nos dicen que hemos cumplido nuestros objetivos y que hemos mejorado los resultados de manera notable con respecto al año anterior y, por tanto, estamos satisfechos con los resultados obtenidos.
El siguiente capítulo del informe se refiere a la asistencia al contribuyente. Ustedes saben que una de las grandes líneas estratégicas de la Agencia Tributaria es la asistencia al contribuyente y el fomento del cumplimiento voluntario de
las obligaciones fiscales. Por lo que se refiere a esta actividad durante el año 2006, les detallo a continuación los elementos más importantes de la información que hay en el informe. En primer lugar, se ha trabajado en la consolidación de los
servicios de información y asistencia y su disponibilidad para los ciudadanos, con el objetivo de ofrecer a los contribuyentes distintos canales de comunicación para acceder a los servicios de información y asistencia tributaria y de utilizar
sistemáticamente las nuevas tecnologías. En este contexto, se han realizado actuaciones que, sin ánimo de exhaustividad, comprenden las relativas a facilitar el acceso multicanal a los diferentes servicios de atención al ciudadano. La idea es
fomentar alternativas a la comparecencia personal en las oficinas de la Agencia Tributaria y, como ejemplo, estamos preparando unas vías de relación con los ciudadanos, como puede ser el uso de la televisión digital terrestre para presentar la
declaración de IRPF, servicio que estará en funcionamiento este año. Otra línea de actuación tiene que ver con garantizar la prestación de servicios de información y asistencia en toda la red de oficinas de la Agencia Tributaria y, en este contexto
y dirección, estamos reorganizando las administraciones de la agencia, con el objetivo último de mantener y mejorar esos servicios de información.
Estamos actuando en la línea de generalizar el sistema de cita previa al mayor número de
procedimientos posibles para minimizar la existencia de colas y los tiempos de espera. Estamos ampliando las alianzas externas y la red de colaboradores sociales para que determinadas actuaciones tributarias puedan realizarse mediante terceros
debidamente cualificados.
Aunque es una forma más difícil de medir, pero igualmente importante, estamos trabajando para consolidar en todas nuestras oficinas una cultura de atención al ciudadano como un elemento esencial de la organización.
Otras
actuaciones de asistencia al contribuyente incluyen el refuerzo de los servicios de asistencia en el IRPF. En este sentido, quiero destacar que se ha incrementado el número de borradores de declaración confirmados en el IRPF y se ha ampliado el
envío de borradores y datos fiscales a los ciudadanos. En el año 2006, y esto corresponde a las declaraciones del IRPF del año 2005, el número total de borradores y datos fiscales enviados fue de 15.083.090, cifra netamente superior a los
11.782.979 que se enviaron en el año 2005. Debe indicarse, además, que estos envíos de borradores y datos fiscales son cada vez más eficaces; por ejemplo, el 44,08 por ciento de los borradores enviados son confirmados. Esto continúa en la línea
ascendente de los años anteriores. En el año 2005, se confirmó el 38 por ciento de los borradores; este año hemos subido al 44 por ciento. Hemos reforzado también los servicios de cita previa. En 2006 se han concertado 2.523.591 citas previas
por contribuyentes que deseaban ser ayudados a confeccionar sus declaraciones en nuestras oficinas. Otros 820.096 contribuyentes concertaron cita para rectificar y al tiempo, quizá, confirmar el borrador de declaración recibido. Solo 357.246
contribuyentes han presentado declaraciones del IRPF de forma manual; solo un 2 por ciento de los ciudadanos siguen confeccionando su declaración de tal forma. En 2006 se recibieron 556.675 solicitudes de devolución por contribuyentes no obligados
a declarar. Esto originó 371.622 devoluciones, por un importe de 113.934 millones de euros.
Por otra parte, a lo largo del año 2006 se han reforzado los servicios de información, tratando de garantizar que los criterios de información sean homogéneos y tratando también de mejorar la cobertura de los servicios telefónicos. En este
ámbito, resultan destacables los siguientes resultados: por una parte, la consolidación del programa Informa, que divulga los criterios interpretativos en materia tributaria. En el año 2006 se han producido 4.727.070 consultas a este programa
Informa y se han introducido 303 nuevos criterios en esa base de información. El servicio telefónico de información tributaria básica ha atendido 5.476.178 llamadas a lo largo del año 2006, con un grado de cobertura de los intentos de llamadas muy
razonable, ha sido del 92,47 por ciento, y esto significa que, en promedio, con poco más de un intento de llamada, con un 1,08 intentos de llamada, se consigue la comunicación. Esto no quita que haya días negros, cuando se acercan las fechas de
finalización de la campaña de renta, pero en términos generales los resultados han sido magníficos.
En esta misma línea, otro objetivo de asistencia de la agencia es evitar los desplazamientos de los ciudadanos a sus oficinas, facilitando los certificados por vía telemática. En el año 2006 hemos incrementado en un 10 por ciento el número
de certificados que se facilitan de esta manera.
Y siguiendo con los resultados en el campo de la atención al contribuyente, cabe señalar que seguimos anticipando las devoluciones en el IRPF; se ha agilizado la gestión de las devoluciones, como
demuestra
el hecho de que a 30 de junio se había devuelto el 59,24 por ciento de las devoluciones solicitadas. En términos de dinero y no de número de contribuyentes que solicitaban la devolución, se había devuelto el 68,43 por ciento del importe
solicitado por los contribuyentes. Y a 31 de diciembre se había devuelto prácticamente el 97 por ciento de las devoluciones solicitadas. Finalmente, por lo que afecta a la asistencia e información al contribuyente, en todos los impuestos se ha
trabajado y se sigue trabajando en la generalización de los programas de ayuda y en alcanzar alianzas institucionales para facilitar la creación de empresas.
Paso a referirme al apartado de actuaciones de lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria, como ustedes saben, realiza una serie de tareas de control del cumplimiento tributario y aduanero de diversa naturaleza. Por mor de ser
ordenados, vamos a distinguir entre lo que es el control selectivo de investigación, el control extensivo y la gestión recaudatoria para evaluar de esa forma desagregada los resultados obtenidos. Las actuaciones de control selectivo son resultado
del Plan general de control tributario de 2006 que, como señalaba al principio de mi intervención, lo que muestra es una continuidad con respecto a la línea ya marcada en el año 2005; hemos seguido la misma estrategia y la misma línea. En
particular, en el ámbito organizativo, el 1 de enero de 2006 se puso en marcha la Delegación central de grandes contribuyentes en la que se integran las funciones de asistencia y control tributario a las empresas y personas físicas de mayor volumen
de operaciones e importancia económica, con lo que se refuerza el tratamiento unitario de estos contribuyentes en todas las áreas.
El control intensivo comprende las actuaciones que se dirigen al descubrimiento, regularización y represión de las formas más graves y complejas de fraude. Su carácter selectivo las hace recaer sobre los contribuyentes que presentan un
riesgo de incumplimiento fiscal más elevado. Quiero comentarles que éstas son unas actuaciones con un fuerte componente investigador, que se realizan por órganos que ejercen funciones inspectoras, integrados fundamentalmente en los departamentos de
inspección y de aduanas e impuestos especiales. Los resultados en este ámbito se resumen de la siguiente manera: en el año 2006 se han realizado 254.368 actuaciones homogéneas, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 121,6 por ciento.
Esto es, hemos superado el objetivo previsto en más de un 21 por ciento. El término 'actuaciones homogéneas' es el indicador correcto de la actividad de la agencia, pero tiene una cierta elaboración, porque toma en cuenta las características de
cada actuación, su complejidad, la cifra de negocios a la que se refiere, el número de años que se comprueban y otros elementos. Un indicador un poco peor pero más fácil de entender es el número de actuaciones nominales, que ascendió en 2006 a
131.367, y esto supone un incremento de un 16,7 por ciento con respecto al año 2005.
En el ámbito del control intensivo de estas actuaciones de inspección de investigación, las áreas prioritarias de nuestra actuación han sido el control del sector inmobiliario, el control sobre tramas y facturas falsas, el control del
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, y determinadas actuaciones en materia de blanqueo de capitales. A lo largo del año 2006 hemos potenciado de manera especial las actuaciones de control sobre el sector inmobiliario. Así,
las actuaciones homogéneas de comprobación e investigación en este sector alcanzaron el número de 46.402, incrementándose el número de actuaciones realizadas respecto a 2005 en un 90 por ciento. En términos nominales el número de actuaciones fue de
21.047 frente a 15.447 en el año anterior.
El número de contribuyentes, que en su mayoría son sociedades, no son personas físicas, que han sido objeto de actuación en el sector inmobiliario se eleva a 6.516; esto representa un incremento de 86 por
ciento con respecto al año anterior, y el importe de la deuda reclamada alcanza los 805 millones de euros, un 35 por ciento más que en 2005.
Un segundo ámbito de actuación es el control de las tramas. Ésta es una tipología de fraude extraordinariamente compleja. Su persecución y desarticulación requiere unos métodos de actuación distintos de los habituales, y en este ámbito lo
que quiero destacar es que debido a la prioridad que le dimos en el año 2005 a la persecución de las tramas, su descubrimiento y, por tanto, el hecho de que hay menos tramas por descubrir, los resultados de este año son un 23 por ciento menores que
el año anterior, pero insisto en que se debe a que los resultados del año anterior nos llevan a que haya menos tramas que descubrir este año. Es decir, empieza a notarse el efecto de las actuaciones preventivas que hemos venido realizando a lo
largo de estos años. Pero en conjunto, si combinamos las actuaciones en el ámbito inmobiliario y en el del control de tramas, lo que tenemos es un incremento en el número de actuaciones superior al 9 por ciento.
Otra área prioritaria de actuación tiene que ver con el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Aquí quiero destacar que se ha introducido la comprobación del valor declarado como requisito previo a la matriculación de
vehículos, y se ha implantado un nuevo sistema de gestión de este impuesto que se basa en la obtención de información para facilitar las labores de control. Desde el 1 de enero de 2006 es obligatoria la presentación telemática de las declaraciones
de este impuesto y, como consecuencia de estas actuaciones, se aprecia un efecto inducido de cumplimiento voluntario de esta obligación tributaria, como evidencia la considerable reducción de un 55 por ciento en el número de autoliquidaciones
presentadas con base imponible declarada baja. También como muestra de los resultados, hemos observado un aumento del importe de la cuota media a ingresar de un 17,9 por ciento.
Por último, voy a referirme a la actividad en materia de prevención del blanqueo de capitales. Las principales
líneas de actuación en este ámbito incluyen el desmantelamiento financiero de las redes de narcotraficantes; la represión del contrabando de tabaco, de estupefacientes y de otros géneros; la represión del fraude fiscal en el ámbito
aduanero y de los impuestos especiales y, finalmente, la represión de las actividades que suponen una vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual. En el año 2006 se han realizado 6.209 actuaciones homogéneas; esto es un 3,9
por ciento más que en el año anterior, y en términos cuantitativos el valor de los delitos de blanqueo de capitales denunciados asciende a 311 millones de euros.
En lo que se refiere a las actuaciones de control extensivo o masivo, como saben, éstas tienen por finalidad la detección y corrección de errores e incumplimientos menos complejos. Se caracterizan porque son actuaciones dirigidas a una
generalidad de contribuyentes, con ocasión de campañas anuales, con fuerte apoyo en la información disponible y en el sistema informático que analiza la información. Las actuaciones homogéneas realizadas en el año 2006 ascienden a un total de
6.352.883. Hemos cumplido el objetivo fijado por la agencia, de hecho lo hemos superado, hemos alcanzado un grado de cumplimiento del 123 por ciento, y el número de actuaciones se ha incrementado en un 7,42 por ciento. En términos nominales el
número de actuaciones ha sido de 4.776.240, de ellas el 87 por ciento corresponde a controles sobre IVA, sociedades e impuestos especiales y otros controles, mientras que sólo el 13 por ciento corresponde al IRPF.
Finalmente, en cuanto a los resultados de la gestión recaudatoria, que consiste en el ejercicio de la actividad conducente al cobro de las deudas y las sanciones tributarias, he de señalar que en el año 2006 la deuda gestionada por la
agencia alcanzó los 8.544 millones de euros, lo que supone el cumplimiento del objetivo en un 105 por ciento. En este ámbito es preciso tener presente que la prevención del fraude no es plenamente eficaz si el proceso de regularización de las
deudas no culmina con el cobro de estas deudas y, por tanto, ésta es un área importante.
Básicamente esto es lo que cuenta, de forma resumida, el informe que les hemos remitido. En la pregunta que motiva esta comparecencia se señalaba también cuál es la relación entre estos resultados y la retribución y promoción del personal
al servicio de la Agencia.
Como observación general debo decir que la aplicación de los instrumentos propios de la gestión de los recursos humanos se realiza para el conjunto de las áreas funcionales de la Agencia Tributaria y, desde esta perspectiva, puedo
informarles de lo siguiente. El vínculo entre resultados de la agencia y retribución está fundamentalmente en el complemento de productividad, que persigue, por un lado, asegurar la máxima eficacia en la actividad de la agencia y, por otro lado,
tiene un elemento de equidad: busca retribuir el especial rendimiento de los funcionarios en el desempeño de sus puestos de trabajo. El esquema de productividad de la agencia comprende dos modalidades. Por un lado, hay una productividad por
objetivos, cuya distribución está vinculada al grado de cumplimiento de objetivos que se fijan en el Plan anual de objetivos de la Agencia Tributaria y, en segundo lugar, hay un elemento de la productividad que atiende al mejor desempeño, y lo que
hace es retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés e iniciativa con que un funcionario desempeña sus tareas. El importe total de las productividades repartidas en 2006 alcanza los 96,7 millones de euros, y aquí
estoy considerando la productividad con un criterio de caja, porque la productividad por objetivos retribuye cada año los objetivos alcanzados el año anterior, se paga con un retraso de un año. Pero con ese criterio de caja, el importe es de 96,7
millones de euros.
En este momento la agencia está valorando el cumplimiento de los objetivos correspondientes al año 2006, y al final de este trimestre, o sea, dentro de muy poco tiempo se distribuirá la productividad por objetivos que se paga este año, y que
corresponde a lo que se alcanzó en el año 2006. Dada la pregunta, creo que no debo quedarme aquí al referirme exclusivamente al complemento de productividad, sino señalar que la gestión de los recursos humanos de la agencia va mucho más allá de
este modelo de productividad y, en particular, son de gran importancia todas las actuaciones relativas a la carrera administrativa. Éste es un elemento fundamental de cómo se vincula la gestión del personal con los resultados. En este ámbito, he
de señalar que estamos trabajando en el desarrollo de un modelo de carrera administrativa, que estamos trabajando desde la base del consenso, manteniendo reuniones con representantes sindicales y profesionales. Los diseños de carrera que hemos
implementado en la agencia han sido negociados y acordados con los representantes de los funcionarios y también de los trabajadores de la agencia. En este momento, está abierto un proceso de negociación respecto a los criterios a los que debería
acogerse un sistema de carrera profesional, progresivamente desvinculada del puesto de trabajo.
También tiene una gran importancia para el desarrollo profesional de los funcionarios, junto a la carrera administrativa, que acabo de señalar, la promoción interna. Esto es el ascenso de un cuerpo a otro perteneciente al grupo superior,
siempre que se reúnan los requisitos de titulación necesarios. Dentro de estos márgenes, establecidos en el régimen de la Función Pública, la Agencia Tributaria está tratando de aprovechar cada vez más la experiencia y la formación de su propio
personal. De hecho, la agencia es uno de los sectores de la administración que más plazas cubre por este sistema de promoción interna. Así, en el año 2006 se ha pasado a una provisión de 282 plazas por este sistema de promoción interna, con un
incremento muy notable con respecto a años anteriores.
Para terminar esta parte de mi comparecencia, haré una referencia muy rápida a la disposición adicional cuarta de la Ley de prevención del fraude fiscal, en la
que las Cortes establecieron un mandato para que los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y de la propia agencia, en un marco de diálogo, articulen las medidas oportunas para asegurar la adecuación de la actividad
desarrollada por los funcionarios de los cuerpos técnicos de auditoría, contabilidad y gestión catastral de Hacienda, en el desarrollo de las funciones encomendadas al ministerio y a la agencia e iniciar un estudio del conjunto de estos instrumentos
dirigido a la elaboración de un plan operativo de recursos humanos, con arreglo a determinados criterios. Estamos dando cumplimiento a ese mandato. De hecho, este es uno de los objetivos prioritarios para el mandato de la agencia en este año, y
tal y como previene la citada disposición adicional, se han iniciado ya los contactos con los representantes sociales del personal de la Agencia Tributaria con el fin de iniciar el desarrollo de lo establecido para la misma.
Señorías, estas son las líneas esenciales de actuación de la Agencia Tributaria durante el año 2006. Como les decía al principio de mi intervención, creo que el resumen de todo esto es que hemos obtenido unos resultados razonablemente
satisfactorios, y tenemos intención de continuar en esa misma senda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, intervendrá el señor Utrera, que tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Entiendo, señor presidente, que hoy no hablamos de loterías. ¿Hablamos de loterías o no? La comparecencia sí está solicitada.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): En el oficio en el que se me comunicaba la fecha, hora y contenido de la comparecencia, ciertamente figuraban los tres temas: el que acabo de desarrollar,
loterías e incluso un tercer tema que es la ejecución presupuestaria del año 2006. Por eso les decía que es una comparecencia bastante densa, pero vengo dispuesto a referirme a los tres temas, y lo puedo hacer todo seguido, como creía que iba a ser
el caso, o en tres segmentos; como ustedes quieran.
El señor PRESIDENTE: Sí, creo que es preferible que acumule los tres asuntos en una intervención. Por tanto, retoma la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Pasamos a hablar de loterías. El motivo de la comparecencia es explicar la situación actual del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, así
como para dar cuenta a las razones que han conducido a la modificación de su normativa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 así como al cese de su director. En primer lugar, tengo que hacer una precisión terminológica: se trata
de la Entidad Pública Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, y no del Organismo Nacional de Loterías. Ésa es la denominación actual del órgano, pero esto no tiene mayor trascendencia.
Sobre la evolución del organismo voy a ser muy breve, porque entiendo que ésta no es la parte que motiva la pregunta, pero sí quiero señalar que en términos económicos Loterías y Apuestas del Estado goza de una buena salud económica y
financiera, las ventas en el año 2006 crecieron un 3,7 por ciento alcanzando los 9.647 millones de euros. Estas cifras, valoradas en el contexto especialmente cambiante en el que realiza su actividad, consideramos que son buenas. LAE tiene en el
año 2005 una cuota de mercado, en el mercado del juego, del 33,47 por ciento que, de nuevo, apunta a que es una institución sólida y que su desempeño económico es razonable. De hecho, su cuota de mercado en los últimos 11 años, de 1995 a 2005, ha
aumentado pasando de un 28 por ciento en el año 1995 a ese 33 por ciento en el año 2005.
Cabe resaltar que la finalidad última de la actividad de LAE es obtener recursos que se destinan a financiar distintas entidades de carácter social y benéfico, como pueda ser la Cruz Roja o la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
También se usa para financiar actividades de tipo deportivo y, en general, el excedente que pueda quedar para financiar otras actividades del Estado.
La cuestión planteada, que entiendo que tiene mayor trascendencia, hace referencia a las razones que han conducido a la modificación de la normativa de Loterías y Apuestas del Estado en la Ley de Presupuestos de 2007. Tengo que aclarar con
carácter previo que la Ley de Presupuestos para el año 2007 propiamente no modifica la normativa reguladora de Loterías y Apuestas del Estado. Lo que hace es establecer ciertas previsiones y habilitaciones para ir trabajando a lo largo de este año.
Pero antes de referirme a esos cambios, déjenme que ponga en contexto la situación de Loterías y Apuestas del Estado. Aquí hay dos hechos que quiero destacar. Primero, que el mercado del juego está evolucionando de una forma muy notable estos
años; de forma evidente en todo lo que se refiere a la tecnología, frente a las formas tradicionales de LAE, ya que se ha desarrollado en años recientes el juego on-line; cada vez hay más operadores y más competencia en este sector, y nos
encontramos con una organización que funciona bien, que sigue dándonos unos resultados económicos razonables, pero que necesita adaptarse a un nuevo entorno, tanto en lo que se refiere a su gestión interna de recursos humanos como lo que se refiere
a la forma en que compite con otros operadores o proveedores de productos de juego.
Hay una necesidad de adaptar LAE a ese nuevo entorno, y nuestro entendimiento de la situación es que con mucho, es preferible hacer esa adaptación sin prisas, y por tanto empezando ya, que no hacer nada y esperar
a que las circunstancias nos obliguen a hacer los cambios de una manera más apresurada.
La segunda consideración que quiero hacer tiene que ver con el contexto europeo. Loterías y Apuestas del Estado se desarrolla en un contexto de monopolio. Está reservada al Estado la autorización de sistemas de juego y, hoy por hoy, la
situación sigue siendo ésa. Pero observando lo que ha ocurrido en otros sectores y observando directamente cuál es la situación en la Comisión Europea, no resulta disparatado anticipar que en un futuro quizá próximo se puedan producir cambios en la
regulación de este sector.
Esto no es inminente, pero sí que es un riesgo futuro, si lo podemos calificar así, y de nuevo sería conveniente tener una entidad de loterías lo mejor adaptada posible a esos posibles cambios potenciales que se puedan
producir en el futuro. Y es en este contexto de cambios económicos y tecnológicos en el sector, y de posibles cambios regulatorios en el futuro, en el que nos hemos planteado empezar a pensar en una adaptación de la estructura de LAE para que esté
preparada para ese futuro.
Lo que hemos hecho en la Ley de Presupuestos es básicamente darnos una habilitación para ir trabajando a lo largo de este año, pensar y consensuar cómo debería realizarse esa adaptación para garantizar que LAE, que en la actualidad es una
empresa financieramente solvente, lo siga siendo dentro de 5, 10 y 15 años. Y ése es todo el planteamiento que hemos hecho. En ese contexto, en la Ley de Presupuestos hemos introducido dos previsiones de muy distinto contenido. Por un lado, hay
una disposición final decimocuarta que modifica la sujeción de las actividades de juego a la Ley orgánica de represión del contrabando. La situación que encontrábamos consistía en que cualquier actividad en el mundo de las loterías y de las
apuestas realizada de forma ilegal, sin autorización, de acuerdo con la ley preexistente, estaba calificada como actividad de contrabando. En pleno siglo XXI esto no está bien adaptado a los nuevos tiempos. De acuerdo con esa regulación, por
darles un ejemplo llamativo, la publicidad que pudiera realizar un periódico o cualquier medio de comunicación de una rifa o de una apuesta sería contrabando, en aplicación de esas disposiciones, cualquier publicidad de un juego on-line de los
muchos que se ofrecen en Internet, y creo que son generalmente conocidos. Nos encontramos con una regulación que se había quedado obsoleta, y hemos adaptado esa regulación a los tiempos en los que estamos. En concreto, hemos mantenido el régimen
penal de las actividades no ilegales en la normativa de contrabando, respecto de los operadores de juegos y apuestas no autorizados; sin embargo, respecto de las entidades que llevan a cabo combinaciones aleatorias con fines publicitarios,
promociones comerciales, rifas o concursos, que son muy comunes, lo que hemos hecho ha sido mantener el régimen sancionador, pero haciéndolo ahora administrativo. Es una infracción administrativa y no una de tipo penal. Lo que hemos hecho de nuevo
ha sido adaptar y hacer más proporcional el régimen sancionador a la naturaleza de la infracción.
En tercer lugar, respecto de medios o soportes en que se lleven a cabo anuncios o reclamos publicitarios, que de nuevo nos parecía exagerado o poco proporcional tener esto categorizado como delito de contrabando, hemos establecido el régimen
sancionador meramente administrativo y no de naturaleza penal. Estos son cambios mínimos y que todo lo que hacen es modernizar una legislación que entendemos que se había quedado claramente desfasada, y que por lo tanto era muy difícil de aplicar.
La segunda modificación que hemos introducido en la Ley de Presupuestos tiene que ver más directamente con esa adaptación de Loterías y Apuestas del Estado a un futuro todavía incierto, pero en el que los retos van a ser nuevos. Lo que
hemos hecho ha sido darnos una habilitación para, a lo largo de este año, desarrollar lo que hemos denominado un contrato-programa en el que, de una manera consensuada, se establezca un plan de modernización y de adaptación de Loterías y Apuestas
del Estado.
Es con esta cobertura legal con la que a lo largo de este año estamos trabajando en diseñar los cambios que sean necesarios para adaptar Loterías y Apuestas del Estado a ese nuevo entorno.
Todavía no hemos concretado el plan de actuación. Insisto en que lo queremos hacer de forma consensuada; creemos que es buena idea empezar pronto para no tener que hacerlo luego de manera apresurada y, por tanto, nos hemos dado la
totalidad del año para identificar esos cambios. Pero, por darles alguna idea de lo que tenemos en mente, puedo darles dos ejemplos. Uno se refiere al tema de personal, donde existe una necesidad clara de adaptar sus estructuras. Por ejemplo, en
LAE todavía hay personal que se contrató con la categoría de personal fijo-discontinuo para manejar físicamente los billetes de lotería. Esto hace unos años era una actividad necesaria para el desempeño de las actividades de LAE, pero hoy por hoy
no lo es, luego parece razonable que adaptemos la estructura del personal a las necesidades que hay hoy, y que tienen mucho más que ver con la informática y con las telecomunicaciones y menos con aquellas otras actividades. Así que queremos
replantear la estructura organizativa de LAE.
Les doy un segundo ejemplo de cambios que me parece que serían oportunos.
LAE en el momento de su creación y hasta ahora no ha tenido necesidad de distinguir entre su actividad como regulador de las loterías y su actividad como operador de
unas loterías concretas, y eso en el mundo del monopolio no crea ningún problema; pero en el futuro, particularmente si por una directiva comunitaria o por cualquier otra razón se cambiase la regulación de las loterías, sería necesario distinguir
más claramente las funciones reguladoras, que son funciones administrativas, que deben estar aseguradas por el Estado, de las actividades de operador, que tienen una naturaleza más empresarial y distinta. Creemos que sería adecuado, dentro de la
estructura interna de LAE,
separar más claramente funciones de regulación y funciones de operación.
Sobre estas líneas estamos trabajando con una vocación clarísima de consensuar todos estos cambios, antes de introducirlos y, de nuevo, la motivación para introducir
esta disposición adicional en la Ley de Presupuestos no era otra que tener una cobertura legal, un amparo legal para empezar a hablar con los operadores, dentro de la Administración General del Estado, con los otros Ministerios y con el propio
personal del LAE para empezar a plantear estos cambios.
Finalmente, se pregunta por el relevo del director general de Loterías. La sustitución de un alto cargo no requiere ninguna explicación, pero sí he de señalar que el relevo se produce para facilitar la puesta en marcha de esta modernización
de LAE; el director saliente, al que hemos quedado enormemente agradecidos por su magnífica labor al frente de LAE, fue precisamente quien puso en marcha la estructura actual que, insisto, sigue funcionando bien y da buenos resultados hoy, pero que
parece razonable que para introducir cambios haya que renovar el personal. En este sentido, solamente señalar que el director saliente, don Jesús Evangelio, se ha ido con todo el agradecimiento de la casa por su labor y, de hecho, se ha ido a
ocupar otro puesto directivo, por lo que en cuanto a su gestión no podemos expresar nada más que nuestro agradecimiento incondicional.
Este era el segundo punto. Me refiero ahora al tercero de manera más breve, porque buena parte de la información que voy a dar es ya conocida.
Además, aunque sea en otra Comisión, tendré la oportunidad la semana que viene de profundizar
más en la ejecución. Sí les doy unas pinceladas de lo que han sido los principales resultados en materia de ejecución presupuestaria. Voy a ir directamente al grano, a lo esencial del cierre de la ejecución.
Como probablemente ya conozcan, por segundo año consecutivo las administraciones públicas han obtenido un superávit, en concreto en el año 2006. Nuestra estimación, que, insisto, es provisional, y no será definitiva hasta dentro de unos
meses, es que hemos obtenido un superávit del 1,83 por ciento del PIB. El desglose de este superávit incluye un 1,2 por ciento de superávit en la Seguridad Social que, insistimos, no se debe acumular al otro superávit, porque el de la Seguridad
Social servirá para pagar las pensiones mañana, de manera que no es dinero que sobre en ningún sentido, sino que ya está comprometido para las pensiones que habrá que seguir pagando en el futuro. Por su parte, la Administración central ha obtenido
un superávit equivalente al 0,82 del PIB; las comunidades autónomas han cerrado prácticamente en equilibrio con un pequeñísimo superávit de 2 centésimas, pero a juzgar por la experiencia de otros años, cabe señalar que se puede producir una
variación de una décima arriba o una décima abajo cuando conozcamos los resultados definitivos, y en las corporaciones locales hay un déficit de 2 décimas de PIB.
¿Para qué sirve este superávit? Les decía que dos de cada tres euros son de la Seguridad Social y sirven para ir capitalizando nuestro sistema de pensiones y poder afrontar su pago en el futuro. El euro restante, las 6 décimas restantes,
las destinamos a reducir el peso de la deuda de nuestra economía. Como saben, la deuda son impuestos que habrá que pagar mañana, por lo que estamos evitando tener que pagarlos mañana reduciendo el peso de la deuda. La deuda de las administraciones
públicas a finales del año 2006 se ha situado en un 39,8 por ciento del PIB, por debajo del 40 por ciento, y esto supone una reducción de más de tres puntos con respecto al año anterior. Para el conjunto de la legislatura estimamos que vamos a
conseguir una reducción de la deuda en términos de PIB de más de 10 puntos porcentuales. He de señalar que es el Estado quien está haciendo ese esfuerzo de reducción de la deuda.
¿A qué se deben estos buenos resultados? Fundamentalmente a la buena evolución de la recaudación impositiva, del presupuesto de ingresos; la buena evolución del empleo y de las rentas, tanto del trabajo como del capital, dan lugar en una
segunda ronda a una recaudación impositiva mayor y esto es lo que explica fundamentalmente los buenos datos de superávit.
En el caso de los impuestos indirectos, los indicadores nominales de ventas e importaciones también se han acelerado y también han ayudado a esta mejora de la recaudación. La recaudación del IRPF ha aumentado un 14,7 por ciento, alcanzando
los 62.769 millones de euros; en el impuesto de sociedades la recaudación se ha incrementado en un 14,5 por ciento, y en el IVA la recaudación alcanza los 54.652 millones de euros, un 9,6 por ciento más que en el año 2005. En impuestos especiales
la recaudación ha alcanzado los 18.602 millones de euros con un aumento del 3,2 por ciento y finalmente el impuesto sobre hidrocarburos ha crecido un 2 por ciento.
En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto de gastos, para cerrar ya esta parte de mi comparecencia, he de señalar que el gasto ha ascendido a 130.155 millones de euros, la ejecución se ha situado en cifras muy similares a la de
ejercicios anteriores, en concreto ha sido del 97,1 por ciento, y damos particular importancia a la ejecución en aquellas políticas que nosotros consideramos prioritarias, y no porque las políticas sean prioritarias en sí, sino porque para los
gestores el gestionar un volumen de recursos adicional importante es difícil y ahí es donde, a priori, están concentrados los riesgos de una manera más notable. En este sentido es importante destacar que la ejecución en I+D+i ha alcanzado el 96,2
por ciento, por tanto, muy razonable; la ejecución en inversión civil también ha sido alta alcanzando un 95,5 por ciento de lo presupuestado, y en becas y ayudas al estudio la ejecución ha sido prácticamente total, 99,7 por ciento.
Con esto creo que me he referido a las cuestiones más importantes en materia de ejecución presupuestaria y, por supuesto, estoy dispuesto a ampliarles cualquier detalle.
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, pasamos a las intervenciones. Las comenzamos con el Grupo Parla
mentario Popular, en cuyo nombre va a intervenir el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Se han tocado tres temas, todos ellos muy importantes, y además se ha hecho con brevedad y respaldado en todo momento con documentos, que le agradecemos que nos haya
enviado.
Voy a tratar de ser muy breve en mi exposición, que no va a ser tampoco una exposición ordenada, porque la voy a repartir en esos tres apartados, y voy a ir planteando algunas de las dudas que nos sugieren tanto los documentos que se nos han
remitido como su propia intervención.
Empezamos por el avance de informe anual del año 2006 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Creo que ha hecho usted muy bien al señalar en primer lugar, como gran idea directora de este documento, el cambio de metodología.
Estamos asistiendo a cambios permanentes de metodología, que creo que tienen un aspecto positivo innegable, que es mejorar y afinar los instrumentos tanto de control como de gestión y de objetivos, pero al mismo tiempo tienen un efecto devastador a
la hora de establecer comparaciones de ejecución con años anteriores. Esas comparaciones tienen el valor que tienen. Yo siempre he creído que el mero incremento nominal, tanto de partidas presupuestarias como de actuaciones tributarias como de
cualquier otra magnitud, tiene un valor bastante limitado a la hora de describir los fenómenos de los que estemos hablando. Pero en cualquier caso estos cambios metodológicos dificultan absolutamente las comparaciones, y ahora le pondré algunos
ejemplos a este respecto. Es ya conocida nuestra posición desde hace tres años, cuando desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria -entonces usted no era todavía secretario de Estado, y en ese sentido también he de decir que ha cambiado
el tono y la forma de cómo se están presentando las cosas- se nos presentó una propuesta de plan de prevención del fraude fiscal que estaba fundamentada en datos evidentemente sesgados, ciertamente muy poco ajustados a la realidad social del sistema
tributario español y de su aceptación por los contribuyentes, y se nos vino a decir que muy bien en cuanto a la gestión tributaria entendida como comunicación con el contribuyente y acceso del contribuyente a las tecnologías y, por tanto, a la
facilitación que a los contribuyentes se les había dado en relación con los instrumentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero muy deficiente en cuanto a la gestión del fraude fiscal. Y a partir de ahí se empezaron a oscurecer
todos los datos mediante cambios metodológicos para que fuera prácticamente imposible hacer comparación alguna con años anteriores. Todo eso, por otro lado, avanzando un plan de prevención de fraude fiscal (en algunas de las medidas, las medidas
principales, las estrella, entiendo que la descripción que se hace en este cuadernillo es demasiado somera, vienen recogidas en la Ley de prevención del fraude fiscal y tenemos desde la aplicación a los módulos de un sistema de penalización por
operaciones hasta precios de transferencia que, como ustedes saben muy bien, han sido objeto de críticas enconadas y bastante unánimes en la forma en cómo han quedado recogidas) y, toda una serie de modificaciones normativas, algunas afortunadas,
otras menos, y algunas muy desafortunadas. En cualquier caso, siempre hemos mantenido la posición, y vuelvo al argumento principal, de que en materia de fraude fiscal, ya se le llame prevención o lucha, lo que se está produciendo desde hace
bastantes años en España es un avance continuado, con el refinamiento que permiten los avances tecnológicos y al mismo tiempo con la creencias que entiendo más unánime socialmente ahora que en el pasado, de que el pago de los impuestos y, en
definitiva, la solvencia del sistema tributario español es la que está fundamentando el sistema de bienestar que nos hemos dado en España y que corresponde a un Estado de derecho avanzado y democrático.
Por tanto, estamos en una línea de continuación y, en modo alguno, ante una ruptura o un cambio de orientación total que haya podido suponer este denominado plan de prevención del fraude fiscal. Cuando analizamos en detalle los elementos,
tanto por el lado de los resultados como por el lado de actuaciones, que usted recoge y nos manda en su informe, en la última página -que sugeriría a todos los presentes que analizaran con detenimiento-, vemos que esta presentación se sintetiza en
13 numerales que reflejan un cierto avance, lógicamente con crecimientos porcentuales importantes, porque está creciendo de forma muy importante la recaudación, debido sobre todo a la tributación sobre las rentas del trabajo y de capital y también a
las operaciones de consumo, por tanto, al número de operaciones por el impuesto del valor añadido, pero un avance que en modo alguno se puede calificar de espectacular, aunque sí es suficiente.
Y para darnos todos una ducha de humildad, le pediría al señor secretario de Estado que mirase el plan de objetivos de la Agencia Tributaria para el año 2007, o sea, pasamos del plan de control para el año 2006 y, por tanto, del avance del
informe 2006, al plan de objetivos de la Agencia Tributaria para el año 2007, donde vienen dos cuadros similares, no podía ser de otra forma, al cuadro de referencia de los indicadores tanto de resultados como de actuaciones correspondientes al año
2006. Además, se da la circunstancia de que uno de esos cuadros también se hace respecto a 2005, por tanto, he de entender que la comparación es bastante homogénea, dentro de estos cambios metodológicos que ya se nos apuntan, puesto que no toda la
recaudación o el efecto recaudatorio directo viene recogido, ya que se nos indica que el delito fiscal generaría otros ingresos que creo entender que no se han considerado aquí. Pues bien, si analizamos desde la humildad, tampoco quiero insistir en
esto, porque son objetivos y los objetivos se cumplen o no se cumplen, usted ha venido a defender que los objetivos para el año 2006 se han cumplido sobradamente sobre
las previsiones iniciales, y yo le digo que con estas previsiones para el año 2007 los objetivos también se van a cumplir sobradamente, porque ustedes han hundido las previsiones, por lo menos en relación a este avance que cabría presumir
que se va a producir en el año 2007 en un sistema tributario que va a gestionar un incremento de recursos tributarios importantes como consecuencia del crecimiento tanto real como nominal de la economía española.
Podríamos hacer la comparación en cada uno de estos apartados, pero cojamos como ejemplo alguno de los que ha mencionado: el tiempo medio de tramitación de recursos y reclamaciones y envío de expedientes. El realizado en 2006, con respecto
a 2005, ha quedado en 31 días; bueno, en el año 2007 pues el objetivo vuelve a ser 40 días, que era lo que se había alcanzado en el año 2005 y anteriores. Por tanto, hay un retroceso de 9 días. La cosa es irrelevante, pero para mí es importante
que quede claro que estos objetivos reflejan bastante poco, o parece que están muy poco entrelazados y coordinados con los resultados del año 2006.
Actuaciones inspectoras sobre tributos internos. Cabría presumir, a no ser que haya alguna razón de
peso que sugiera lo contrario, que las actuaciones inspectoras sobre tributos internos en el año 2007, en la medida en que el sistema tributario prácticamente se mantiene tanto en sus figuras como en sus elementos esenciales, sean similares o algo
superiores a las del año 2006, pero no es así: de 116.000 actuaciones inspectoras sobre tributos internos -habría que añadir que son actuaciones homogéneas, de las que hablaremos luego- se pasa a 91.000 actuaciones inspectoras sobre tributos
internos para el año 2007. Esto es un objetivo. Lógicamente si se consiguen cifras más altas en 2007, podrá usted decirnos y con razón que se han superado ampliamente los objetivos, pero lo cierto es que la previsión con respecto a la ejecución de
2006 la han hundido prácticamente un 20 por ciento. Y me gustaría saber las razones, si es que hay alguna. En cuanto al fraude inmobiliario, tramas de fraude, tramas de facturas, operaciones intracomunitarias, los valores se mantienen bastante
estables en relación a lo alcanzado en el año 2006, pero, por ejemplo, en las actuaciones de gestión recaudatoria de deuda, que es una preocupación que a lo largo de todos sus escritos, y concretamente en este informe anual de 2006, nosotros
percibimos como constante, permanente, por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se produce una caída de casi 400.000, que pasarían de 8.544.000 en el año 2006 a 8.151.000 en el año 2007. La cuestión no es tanto cuáles sean
las previsiones, sino la forma en cómo esas previsiones se han elaborado; en definitiva, si hay un verdadero cuadro de mando que permita obtener guarismos, cifras, que correspondan a objetivos que estén basados en programas de actuación o, por el
contrario, se trate simplemente de una estimación a vuela pluma que, si se mantiene baja o reducida, desde luego se va a alcanzar.
Sirva también, y con la brevedad que impone esta comparecencia, que nosotros encontramos este informe de resultados 2006 relativamente insuficiente, y me gustaría que en el futuro tuviéramos series largas, comparativas, actuaciones
concretas. Por ejemplo, se sugiere que el DNI electrónico servirá para potenciar las relaciones de los contribuyentes, pero también se nos dice que la inclusión del número catastral, la identificación catastral en el impuesto sobre la renta de
inmuebles, ha servido para mejorar el control. Creo que tenemos que empezar a hablar de temas concretos, de la eficacia de algunos instrumentos, incluso en su caso para que ustedes que requieren un refuerzo normativo, podamos hablar aquí de
modificaciones que permitan ese refuerzo. Por nuestra parte no va a faltar colaboración, tanto en la prevención como en la lucha contra el fraude fiscal. Pero al mismo tiempo queremos tener claro que se está avanzando sustancialmente y no sobre la
base de unos datos que parecen homogéneos pero que, en realidad, se derivan de sistemas diferentes: los de ejecución y los de previsión para el año siguiente. Y esto ha sido así en los últimos tres años, con lo cual podríamos tener la sospecha, yo
la tengo, de que el plan de prevención del fraude fiscal no es más que las mismas herramientas de control tributario que existían con anterioridad, trasladadas al futuro, con una coyuntura favorable tributaria que ha llevado a que aumenten las
inspecciones, la recaudación y a que aumenten los ingresos ordinarios gestionados por la Agencia Tributaria y también su efecto recaudatorio directo. Pero no hay ruptura en la serie y en la progresión, lo que sí hay son bastantes papeles que
distraen la atención sobre cálculos extraños a la hora de determinar las actuaciones de la Agencia Tributaria.
A este respecto, me va a permitir que mencione también otro documento de la Agencia con fecha 10 de enero que se refiere al Plan Nacional de Inspección del año 2006 y, concretamente, al apartado de definiciones de cálculo de objetivos. Esto
tiene que ver con la segunda parte de la pregunta que le habíamos formulado en relación con las retribuciones del personal al servicio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y también tiene que ver con el complemento de productividad que
ha mencionado el secretario de Estado. Nosotros estamos de acuerdo con que tiene que instrumentarse un complemento de productividad que retribuya de acuerdo con el desempeño, el especial rendimiento y la iniciativa; también estamos de acuerdo con
que el personal al servicio de la Administración Tributaria, por la función que desempeñan reciban estos emolumentos. Sin embargo, no estaremos nunca de acuerdo en absoluto, si el sistema para determinar esa productividad lleva aparejada la
ineficiencia en la actuación o, dicho de otra forma, controles muy poco eficientes, tanto de inspección como de gestión o cualquiera otra de las actuaciones que realiza la Agencia, para provocar unos resultados aparentes que nos se correspondan con
las verdaderas necesidades de control, tanto de gestión como de inspección o gestión recaudatoria, y que el propio sistema sea perverso a la hora de
determinar esos complementos de productividad. Esto tiene que ver con una cuestión que, hace ya años tuve ocasión de plantear a su predecesor. No estaremos de acuerdo cuando el método de asignación de objetivos en la inspección, que estaba
basado en la realización de controles -y con este documento en la mano observamos que también la definición de actuaciones homogéneas o la cifra de negocios o años objetos de comprobación o el carácter global o limitado de la comprobación-, pueda
producir como resultado un activismo a la hora de captar, no sé bien el qué pero captar en definitiva, resultados aparentes para determinar esa productividad y, sin embargo, dejar excluidos de inspección dos ejercicios tributarios.
Recuerde usted
que se pasó de 4 a 2 los objetivos tributarios objeto de inspección, salvo circunstancia extraordinaria que indujera a pensar que los dos objetivos previos tendrían que ser objeto también de inspección, y que al mismo tiempo esa inspección fuese de
carácter bastante superficial, incluso llamándola intensiva en la terminología que está utilizando, y prevaleciera, y el procedimiento de cálculo nos sugiere que prevalece, la cantidad sobre la calidad. Es decir, es mejor realizar varias
inspecciones bastante superficiales y limitadas a dos ejercicios que realizar unas pocas en mayor profundidad. Esto es lo que nos llevaría al concepto de las inspecciones basura, que es una terminología como otra cualquiera y guarda relación con
los contratos basura; recordará usted que en el pasado los contratos basura llevaban aparejada la pérdida de todo tipo de derechos sociales. En este caso la expresión basura lleva aparejada la pérdida del derecho al futuro de la Hacienda Pública.
El limitar sólo a dos años, y además los controles son poco intensos o superficiales, aunque se llamen intensivos, nos llevaría a eso. La pregunta que le formulo es: ¿puede asegurarme que, de acuerdo con las definiciones de cálculo de objetivos,
no estamos de alguna manera promoviendo -digo promoviendo puesto que los instrumentos no son ciegos, provocan determinados resultados y no otros-, una pérdida de calidad enmascarada en toda esta complejidad numérica aparente e incluso funcional de
la inspección y de determinación del complemento de productividad en la inspección? Dejo formulada esa pregunta. Estamos relativamente satisfechos de ese informe. Espero que el informe definitivo venga mucho más detallado y seguiremos hablando
con los datos cuatrimestrales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Ente empresarial de Loterías del Estado. Efectivamente la disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley de Presupuestos para este año 2007 introduce una modificación muy importante, que es un contrato-programa entre el Estado y la
entidad pública empresarial con vigencia para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre del año 2008. La pregunta es: ¿está ya el programa o no está? Usted ya me ha dicho que no está. Ni está ni se le espera. Sin
embargo estaría vigente desde el 1 de enero del año 2007. Por tanto, por una cuestión de estética no deberían haberse puesto estas fechas, porque el 1 de enero no está, ni va estar, ni además previsiblemente, cuando se acuerde ese
contrato-programa, va a tener efecto ninguno en la gestión de esta entidad pública empresarial de Loterías y Apuestas del Estado desde 1 de enero del año 2007. Nuestra primera inquietud o, si se quiere, curiosidad, que era saber si este
contrato-programa está avanzado, ya está resuelta. No lo está ni lo va a estar durante este ejercicio 2007.
En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con la exposición que usted ha hecho respecto a los retos a los que se enfrenta este sector, que no son sustancialmente distintos de los retos a los que se enfrentan otros sectores productivos.
Hay un cambio económico en las preferencias de los consumidores, hay un cambio tecnológico importantísimo que está haciendo que el sector sea distinto a lo que ha sido tradicionalmente, incluso aparecen nuevas modalidades y fórmulas que permiten
juegos más sofisticados y diferenciados respecto de los del pasado y, al mismo tiempo, pueden y van a producirse cambios normativos, como consecuencia de la competencia, que van a favorecer la competencia interior e internacional. Por tanto,
estamos en un sector en cambio, que tiene que ser objeto de una especial preocupación por parte de la Administración del Estado, totalmente de acuerdo. Hay que proceder a preparar ya herramientas de gestión más eficaces; también estamos de
acuerdo. Hay que realizar un contrato-programa de Estado; también estamos de acuerdo. Pero una lectura de la disposición adicional cuadragésimo séptima sugiere a cualquier lector medianamente informado que aquí hay otra cosa por debajo; sugiere
que desde la Administración del Estado y, concretamente, desde la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos se quiere controlar a la entidad pública empresarial de Loterías y Apuestas del Estado. Observe usted: el contrato-programa para
definir los objetivos e implantar las medidas tiene tres medidas...
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, le ruego concluya.
El señor UTRERA MORA: Termino en cinco minutos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Si es posible en uno, mejor. Lleva veinticinco.
El señor UTRERA MORA: Agradezco su generosidad, pero piense somos nosotros quienes hemos solicitando las comparecencias. Estamos hablando de tres temas distintos, pero voy a ser muy breve. En primer lugar, la racionalización de los gastos
y la mejora de ingresos vinculados al contrato-programa. En segundo lugar, la adecuación de estructuras organizativas y la organización de medios y recursos materiales que encontraría explicación en lo que usted decía. Pero en tercer lugar, el
establecimiento de procedimientos de segui
miento y control de los objetivos y medidas y de sus mecanismos correctores. Es decir, el contrato-programa desde la perspectiva de la Secretaría de Estado ha de incluir necesariamente indicadores que puedan seguirse desde la propia
Secretaría de Estado, para controlar la gestión, y además mecanismos correctores a los mismos. Asimismo, el establecimiento del procedimiento del control corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda en la ejecución de este contrato-programa.
Esperamos ansiosos la ejecución del contrato-programa y sabe que usted ya está citado para que venga a explicárnosla.
Por último, respecto a la ejecución presupuestaria, todavía voy a ser más breve que usted puesto que la semana que viene en la Comisión de Presupuestos estos datos serán objeto de una revisión más completa. Pero no me resisto a hacer dos
pinceladas, tanto en términos de contabilidad de caja como en términos de contabilidad nacional. Porque en términos de superávit de caja del 1,18 por ciento para el año 2006, observamos que los gastos corrientes crecen por encima del 7 por ciento,
mientras que los gastos de capital lo hacen a una tasa muy inferior, a un 1,3 por ciento. Usted ha dicho bien que el superávit es causa de la magnífica recaudación tributaria. Yo diría que la situación de la Hacienda en estos momentos es la de un
sistema que funciona muy sobrado a lomos de una recaudación tributaria que está prácticamente desbocada, creciendo en algunos impuestos al doble del crecimiento nominal de la economía.
Estamos hablando de sociedades, de IRPF, de valor añadido
también muy por encima del crecimiento de la economía pero no hay ajuste alguno en operaciones de gasto. Obsérvese que si hay algún ajuste en términos de caja (no estoy hablando de contabilidad nacional) se está produciendo precisamente en las
inversiones reales, inversiones civiles. Esto tiene mucho que ver con la forma de pagar las inversiones en infraestructura mediante contratos de pago aplazado. Y en términos de contabilidad nacional, en relación con un crecimiento del PIB del
orden del 7,7 ó 7,8 por ciento en términos nominales para el año 2006, los gastos, llamados empleos no financieros, crecen al 10,6 por ciento. Es decir, tres puntos casi por encima del crecimiento nominal del PIB. Los recursos financieros crecen a
seis puntos más, mucho más, al 13,1 por ciento y concretamente los impuestos al 13,4 por ciento. Esa no es la forma de garantizar y consolidar para el futuro el superávit presupuestario y usted lo sabe muy bien. Esta es la forma, por el contrario,
de generar compromisos al futuro, consecuencia de esa expansión de gasto que hagan inviable cifras de superávit que la actual coyuntura económica española permitiría, precisamente para eso, para poder hacer frente a los retos tanto poblacionales,
como de envejecimiento, como industriales, económicos que tenemos a largo plazo como nación.
Permítame también que le diga, respecto a la ejecución presupuestaria, aparte de la cifra de superávit, si vamos a las cuestiones más menudas que integran y dan lugar a ese resultado, que a pesar de que se está aplicando a reducción de deuda
pública y, por tanto, a reducción de pagos de intereses a futuro, sin embargo, las tendencias que apunta el crecimiento del gasto, sobre todo del gasto corriente, amenazan seriamente, y usted debería estar a esa tarea, la consolidación permanente y
a futuro de las cuentas públicas.
El señor PRESIDENTE: El señor Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: No voy a intervenir apenas. Quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia y sus explicaciones. La semana que viene va a tener que comparecer en la Comisión de Presupuestos, que son los temas de mi
interés, con lo cual voy a remitir mi intervención a la semana que viene, que tendremos mayor tranquilidad y calma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres por el Grupo Socialista.
El señor TORRES BALAGUER: Voy a agradecer al secretario de Estado de Hacienda la explicación. Como ha observado, en esta Comisión estamos ávidos de información de la Agencia Tributaria, sobre cómo van la recaudación y los procedimientos
que prevé el Plan de Prevención y que, desde luego, deben desarrollar ustedes. Pero también quiero dar por sentado que antes de tener el Plan de Prevención el Grupo Popular tenía una gran prevención de todo lo que nosotros íbamos a desarrollar. No
son novedosas las afirmaciones que el Grupo Popular hace sobre las sospechas de que no se está haciendo nada, sino que es la propia coyuntura la que nos lleva. Aquí hay una corriente que, cuando hay algo positivo, esa corriente lleva a que sea
positiva la recaudación y la gestión, salvo cuando gobierna el Partido Popular, que no es la corriente sino su leal saber hacer. Es una absoluta falacia contra la que, desde el primer momento, nos hemos rebelado en el Grupo Socialista. Hay una
idea sutil de que esto es una continuidad de lo que ellos dejaron en marcha, que no se hace nada y que simplemente recogemos los frutos. Nada más lejos de la realidad. Digamos, que con su pan se lo coman. Esta idea en absoluto es veraz. Debo
recordar, porque no hay otra forma de hacerlo, las grandes cifras en las que nos estamos moviendo, la política económica que ha aplicado este Gobierno, el impulso a la productividad del plan de reformas, que se niega normalmente por parte de la
oposición, pero que está dando grandes frutos. Recuerdo que los datos de contabilidad nacional recogen un aumento del PIB en el cuarto trimestre del 2006 del 4 por ciento. Y el conjunto del año 2006 fue de un 3,9 por ciento. Es la mejor cifra de
los últimos seis años y, por supuesto, estamos creciendo más que en el 2005, en cuatro décimas, y superando en 1,2 puntos porcentuales el crecimiento de la zona euro, al mismo tiempo que también estamos reduciendo nuestro diferencial de infla
ción. Estamos creciendo bien, y esto tiene que ver con la política económica. No ocurría así en el año 2004 cuando el Partido Socialista asumió el Gobierno. La inversión en bienes de equipo está creciendo al 9,7 por ciento, la mejor tasa
desde 1999. Supongo que todo será también casualidad y fruto de la corriente. La productividad crece el doble que en el año 2005 y las exportaciones se han incrementado el triple que en el 2005, mientras que el empleo ha aumentado un 3,1, es
decir, 500.000 empleos.
Este breve resumen pretende señalar que la política económica del Gobierno está dando frutos y lo que se traduce después en bases imponibles y lo que se traduce en esa recaudación que ha señalado el secretario de Estado, siempre por arriba
de dos dígitos en los principales impuestos.
Y, por lo tanto, este superávit que señalaba el secretario de Estado del 1,8 por ciento se traduce lógicamente en que España tiene en estos momentos las cuentas públicas más saneadas de toda la historia.
Él señalaba el superávit de las administraciones central y autonómica y el pequeño déficit de las corporaciones locales. Pero es el segundo año consecutivo en toda la democracia desde el año 1978 en que hay superávit.
Esto hay que recordarlo una y
otra vez. Tenemos la menor deuda pública de los veinte últimos años. Y en el superávit también estamos a la cabeza de Europa, y estas cuentas saneadas son compatibles con las mejoras sociales, con la mayor productividad, calidad de servicios y
solidaridad de las cuentas públicas. Está claro que los ingresos tributarios crecen como consecuencia de la buena marcha de la economía y del empleo, pero a la vez queda claro cuáles son los objetivos de la política económica con un gasto público
más productivo, más social y más solidario. Esto, pese a quien pese, es la realidad que en estos momentos tienen las cuentas públicas del Estado.
Me sorprenden mucho las piruetas que tiene que hacer el Grupo Popular para descafeinar la buena gestión de la Agencia Tributaria por la que mi grupo, señor secretario de Estado, quiere felicitarle y trasladárselo.
Está perfectamente claro
con el avance del informe anual que nos ha hecho llegar. Está perfectamente clara la distinción entre las actuaciones en términos nominales y homogéneos. Está detallado cómo se llega de una a otra; claramente, nada tiene que ver una actuación
puntual que se puede resolver en unas pocas horas con una actuación compleja cuya realización puede llevar meses. Solo la transformación en términos homogéneos permite la comparación. Pero está la metodología explicada, por tanto, quien no quiere
ver no verá nunca. Los datos, además, indican que el Plan de Prevención de Fraude está siendo exitoso. Porque se puede señalar de una manera genérica que más o menos las cosas siguen igual, pero porque no se va a aquellos elementos que sí han
tenido un sustancial incremento. A título recaudatorio, se han incrementado las medidas cautelares de una manera notable, por encima del 4 por ciento; la asistencia al contribuyente, como ha señalado en su comparecencia, tiene unas cifras que no
tienen continuidad o pura continuidad, porque un incremento de un 25 por ciento de los borradores enviados para el IRPF no se puede atribuir a una pura continuidad, se tiene que atribuir a una mayor incidencia en estos elementos de gestión, a una
mayor dotación de esfuerzos y de recursos. O, por ejemplo, que la lucha contra el fraude tenga en términos nominales un incremento del 16 por ciento tampoco es una pura continuidad. Pero me quiero parar en el sector inmobiliario, ya que ha sido
hábilmente omitido en los razonamientos. No solamente por el número de contribuyentes inspeccionados, que ha aumentado un 86 por ciento o la deuda instruida un 35 por ciento, y ahí da igual que cojamos los términos homogéneos o nominales, es
espectacular el crecimiento, sino por lo que decía el señor secretario de Estado, por el efecto inducido que produce una actuación directa sobre el sector; hay que pensar que las declaraciones voluntarias que se han producido son notabilísimas. Y
eso requiere un cambio de filosofía, de medios, de actitud, de publicitar que vamos a por todas y no vamos a consentir estas bolsas de fraude y eso se ha hecho. Por ejemplo, se ha incrementado un 16,7 por ciento las declaraciones de rendimientos de
capital mobiliario y más de un 21 por ciento la recaudación. ¿Esto también es continuidad, pura inercia o requiere acción y medios? Y otro tema que continuamente se insinúa, si no hay una reorganización en su conjunto con los medios que ha
incrementado la agencia, que está claramente en los presupuestos, no serían posibles estos indicadores exitosos. Por lo tanto, en el sector inmobiliario es donde podemos ver que no es cierto que es una pura continuidad y que esa reorganización y
esa situación de los medios donde es necesario, insisto, es exitosa.
Podríamos seguir en control sobre tramas en el registro de operaciones intracomunitarias, donde hay un gran incremento de los controles adicionales para evitar estas fórmulas de fraude, etcétera, pero creo que es innecesario, porque en el
fondo subyace, señor secretario de Estado, la idea con que he comenzado mi intervención: ustedes no han hecho nada, ustedes se han dejado llevar y lo que tienen que hacer es, simplemente, recoger los frutos de lo que han plantado otros con
anterioridad. Menos mal que los datos desmienten rotundamente esas afirmaciones, como también las continuas actuaciones de la agencia -aquí tenía varias pero creo que son innecesarias- actuaciones directas en lucha contra el fraude: del IVA, del
impuesto de matriculación, los controles de aduanas, los alijos y kilos que se han aprehendido en multitud de actuaciones, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, temas de gasóleo. En fin, multitud de ejemplos que tenía aquí para explicar. Pero
al final las directrices generales del Plan de Prevención que se deriva de estas actuaciones han sido muy positivas y este grupo se alegra muchísimo de que la Agencia Tributaria este año 2007 vaya a multiplicar por cuatro las unidades de
investigación. Creo que para todos esto es una gran satisfacción.
Dada la hora, también me reservo los comentarios sobre ejecución de presupuesto y, señor secretario de Estado, me va a permitir que haga un inciso sobre una cuestión que nos hace llegar el cuerpo técnico de Hacienda a todos los grupos
constantemente. Le agradezco que en la última comparecencia usted ya indicara que están trabajando activamente con estos funcionarios para mejorar no solamente sus condiciones de trabajo, sino su relación con el resto de cuerpos, su carrera
profesional, etcétera. Nos llega que continúa habiendo muchas dificultades, bastantes tensiones, desde su punto de vista. Lógicamente, lo único que puedo hacer es rogarle que continúe haciendo los esfuerzos que sean necesarios para que se
traduzcan al final en propuestas concretas que sean satisfactorias. Más que una pregunta, que no pretendo que me conteste, es un ruego y le insisto en que persevere en la resolución necesaria de esta situación.
El señor PRESIDENTE: De nuevo tiene la palabra el compareciente, señor Ocaña.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Muchas gracias por sus intervenciones, particularmente la del señor Torres, que ha dicho la mayoría de cosas que yo hubiera dicho y que no voy a repetir,
aunque no puedo dejar pasar una. Esta idea de que los buenos resultados de la agencia, que me alegra que usted los reconozca, son consecuencia del pasado, de la buena suerte o no sé muy bien de qué, pero no de la gestión. Supongo que si los
resultados fueran malos sí que nos dirían que los gestores tenemos la culpa. Por la misma razón, habrá que reconocer los buenos resultados a los que gestionan la agencia, a los que están trabajando de una manera adecuada. Yendo, señor Utrera, a
comentarios concretos en el mismo orden en que ha ido usted para intentar no dejarme ninguno: hablaba usted del cambio de metodología y de su efecto en la falta de comparabilidad. Venía a decir que estos cambios tienen la motivación de oscurecer
los resultados. Era lo que se seguía de lo que usted decía. Hemos hecho un esfuerzo para ir atrás, y reconstruir los datos y garantizar esa comparabilidad. Todos los datos de 2006 los hemos calculado también para 2005 y podemos decir qué ha
cambiado, en qué dirección y en cuánto.
Además, debo recordarle que este cambio de metodología, y usted lo sabe bien, no es un cambio meramente formal, sino que obedece a razones más profundas. Lo que estamos haciendo es medir a la agencia en función de otras variables que son
más adecuadas. Estamos poniendo más peso en las actuaciones, en la actividad de investigación de los funcionarios de la agencia frente al modelo anterior que enfatizaba la deuda que, resultado de las inspecciones y de las actuaciones de
comprobación, se identificaba. Este es un cambio importante, que es bueno para la eficacia de la agencia, porque estamos poniendo más énfasis en la actividad y la investigación de la agencia, y es bueno también para los contribuyentes porque el
peso de la valoración de la agencia ya no está en la cantidad de dinero descubierto, sino que está en las otras actuaciones que se han hecho. Esto es algo que de manera reiterada era motivo de crítica, que las actuaciones de inspección se valoraran
por el monto de la deuda, de modo que la agencia tenía un interés directo por la cantidad de dinero que se identificaba. Esto lo hemos cambiado de manera que el cambio de metodología no es notable, lo que estamos cambiando es la forma de actuar de
la agencia y su actividad. Insisto, esto lo hemos hecho sin ningún tipo de oscurantismo, sin que se pierda información; estamos dando los datos del año anterior.
Se ha referido usted al Plan de Objetivos, que nos lleva a un nivel de discusión que sería más propio de un comité interno de la agencia, dentro de la dirección de recursos humanos, que no de esta Comisión. Pero dado que usted lo ha
planteado, tengo que contestarle. En este sentido, cabe destacar varias cosas. Si a usted no le gusta la comparación de los objetivos y los resultados, ya hemos tenido buen cuidado entre darle la comparación de los resultados del año pasado y los
de este año. Nos fijamos en esos otros datos, donde no hay ningún elemento artificial. Es verdad que los objetivos son artificiales y son una decisión nuestra; sirven como referencia, pero si a usted no le gustan, comparemos directamente los
resultados del año 2005 con los resultados del año 2006.
La imagen de los resultados de la agencia sigue siendo la misma: hemos mejorado de una forma importante. A la hora de entrar en el detalle de lo que usted señalaba y comparar objetivos,
deberíamos comparar objetivos de un año con objetivos de otros. No vale comparar resultados de un año con los objetivos del siguiente. En ese ejemplo tan particular que usted señalaba, el número de días de tramitación, debo señalar que ese cambio
se produce porque en el concepto mismo de tiempo de tramitación hemos añadido unos conceptos y, en particular, el tiempo que se tarda en enviar los expedientes a los tribunales. Como hemos ampliado la base sobre la que se calcula, la cifra es otra,
pero la explicación es tan sencilla como la que le acabo de dar. Más allá del ejemplo, he de insistirle en que estos objetivos son una referencia: usted sabe que en la gestión de los recursos humanos es de libro que los objetivos tienen que ser
ambiciosos pero alcanzables, porque si no no sirven como elemento motivador, que es el fin que tienen; entonces estos objetivos reflejan este compromiso entre, vamos a mejorar, pero no vamos a fijar objetivos que luego no se puedan alcanzar.
¿Sugiere usted que deberíamos ser más ambiciosos en nuestros objetivos? Siempre estamos dispuestos a ser más ambiciosos, pero entienda que esta no es la cuestión. Estos objetivos son un mecanismo de gestión de recursos humanos que tiene que
reflejar ese equilibrio. Respecto a esos objetivos, en todo caso, seguimos mejorando.
Hablaba usted de inspecciones basura, resultados aparentes y, en general, venía a sugerir una posible pér
dida de calidad en la inspección. La calidad no está reñida con el número de inspecciones. A lo largo de estos tres años hemos movilizado los recursos existentes de la agencia, aumentarlos también, de una manera distinta, más ligada a la
investigación, menos ligada a la comprobación.
Damos más peso a unas actividades y menos a otras. Y a consecuencia de esto, estamos viendo que podemos mejorar los resultados. Cuando en un año concreto, como el 2006, prestamos más atención a las
tramas inmobiliarias, ¿qué obtenemos? Muchos más resultados en esa área, igual que ocurrió el año anterior con las tramas. Eso no es sorprendente.
Cuando se gestionan los recursos adecuadamente, los resultados mejoran, de manera que rechazo
absolutamente de plano la insinuación de que haya una menor calidad en las inspecciones, si acaso es al contrario. De hecho, lo que estamos observando, y esto es muy alentador, es que hay un efecto inducido, que en la medida en que los
contribuyentes que no cumplen son más conscientes de que se están obteniendo resultados, de que hay mayor actividad de prevención del fraude, hay más cumplimento voluntario. Les ponía antes el ejemplo de estas autoliquidaciones extemporáneas.
Conforme se sabe que en el sector inmobiliario la agencia es más activa y se identifican más los incumplimientos, indirectamente se está incentivando a los que de otra manera hubieran incumplido, a que cumplan y eso nos ayuda en esa misma dirección.
Sobre Loterías, aparte de esa cuestión estética, lo que dice la disposición de la Ley de Presupuestos es que a lo largo del año podemos firmar el contrato-programa y creo que esto es lo razonable, actuar de una manera organizada y sin
prisas. Anticipamos en la Ley de Presupuestos del año 2007 la posibilidad de firmar el contrato-programa y nos damos todo el año para hacerlo. Yo no veo ningún problema estético en hacerlo así. Al revés, estamos actuando organizadamente y
pidiendo a las Cortes que en una ley nos autoricen a ir en esa dirección. Creo que esto es impecable. Pero más allá de ello, decía usted si no habrá una intención de controlar Loterías y Apuestas del Estado desde el Ministerio. Mire usted, yo soy
el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, que es una Dirección General de mi Secretaría de Estado, es decir, que funcional y orgánicamente, control, todo. Es una Dirección General del Ministerio, con un régimen jurídico especial, pero es una
parte del Ministerio, con lo cual difícilmente podemos tener en la Secretaría de Estado del Ministerio aspiraciones a controlar más o menos, porque forman parte del Ministerio. Lo único que hay en la redacción de la ley es la cautela, que usted,
como buen conocedor de Hacienda, entenderá fácilmente, de que si vamos a firmar un contrato-programa en el que se establecerán medidas, las que sean, de reorganización y de mejora de la eficiencia, eso se haga de una manera eficaz y con control del
Ministerio. Pero ese control que ya existe seguirá existiendo incluso si hay contrato-programa. Ni más ni menos, no hay una doble intención. Créame que todo lo que hay detrás de esa modificación normativa es hacer público y transparente todo un
proceso de organización que, insisto, no tiene más finalidad que asegurar que LAE siga funcionando igual de bien dentro de 5, 10, 15 años, que ahora. No hay otra motivación.
Y el último comentario que voy a hacer se refiere a la evolución del presupuesto. Me he mirado con mucho detenimiento los indicadores de crecimiento y gasto. Se refería usted a que hay un crecimiento de gasto que, en su opinión, es mayor
del que le convendría a la economía española en este momento. Más allá de lo que ya he dicho, que si observamos los resultados finales, el crecimiento del gasto es perfectamente asumible porque el peso del gasto público en el total de la economía
se mantiene en línea, más allá de eso, quería darle el detalle de esa pequeña variación de 4 décimas que hay en términos de contabilidad nacional en el peso del gasto del Estado sobre el PIB. Esta variación, que es de décimas, no es muy
significativa, refleja que estamos transfiriendo más recursos a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Esto se sabe porque hemos modificado el sistema de anticipos y estamos transfiriendo más dinero a las otras administraciones.
¿Esto por qué? Porque la recaudación evoluciona por encima de las previsiones. Si no hacemos este anticipo estaríamos quedándonos con dinero que no es nuestro, por decirlo así. Los aumentos de recaudación los estamos trasladando a las comunidades
autónomas y a las entidades locales según se producen, en tiempo real. Esas transferencias forman parte del gasto, pero entiendan que no es gasto nuestro, sino de las otras administraciones.
En conjunto, mantengo que el uso que estamos haciendo de la bonanza económica en la que vive el país es un uso responsable y orientado al futuro. En la medida de las posibilidades, que estos años son muchas, estamos reduciendo la deuda y
esto nos prepara para el futuro, para que el día en que el ciclo económico no sea tan favorable tengamos flexibilidad para seguir gastando en los niveles de ahora.
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, tiene la palabra. Le doy cinco minutos.
El señor UTRERA MORA: En relación con la ejecución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los matices son importantes, porque la información de base, singularizada, tanto de actuaciones inspectoras como de gestión
recaudatoria, como de aduanas y control de impuestos especiales lógicamente no puede hacerse pública. Por eso precisamente el rigor a la hora de determinar los elementos que inspiran la gestión de las herramientas de control del sistema y de la
presentación de datos son tan importantes y, créame, señor secretario de Estado, que hay problemas de homogeneización que en algún momento en el pasado, y no se lo imputo a usted, sino al anterior secretario de Estado, se utilizaron o se pudieron
utilizar sistemáticamente para ocultar la realidad de una pura continuidad en los instrumentos establecidos en la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de gestión del sistema tributario. Usted dice que se está avanzando en comprobación y esa terminología me parece buena. Hace tres años se decía que se iban a sacar los inspectores a la calle. Yo me imaginaba a los
inspectores con maletines recorriendo la Castellana de arriba abajo y algunos días que pasaba por la Castellana presté atención a ver si los veía y no los vi nunca. Por tanto, los términos y las formas lo son todo y, cuando se utilizan malas formas
y términos, en primer lugar se trata de confundir a la opinión pública y, en segundo lugar, de magnificar lo que no es magnificable.
Estos resultados del año 2006 son buenos, son satisfactorios. Los objetivos para el año 2007 no es que me gusten o que no me gusten, como usted ha señalado. Como comprenderá, las cifras a mí no me entusiasman, me pueden entusiasmar otras
cosas, el arte, etcétera, pero no los números. Mi pregunta o sugerencia es si esas cifras, las estimaciones para 2007, se determinan sobre la base de procedimientos de gestión que, al mismo tiempo, son los mismos que se aplican para la obtención de
resultados. Porque, si no es así, se convierten en un puro ejercicio de voluntarismo. Y le he llamado la atención sobre los datos de inspección de tributos internos, donde parece que hay un desajuste entre la cifra objetivo de 2007 y el objetivo
2006 y la ejecución 2006. Ahí el desajuste es con respecto a las dos, tanto con el objetivo de 2006 como con la ejecución de 2006. En fin, no entremos a ese detalle.
Respecto a Loterías hay muchas cuestiones que se pueden plantear. Por ejemplo, los acuerdos del año 2004 con la ONCE, la gestión del juego de la lotería instantánea, la evolución de los diferentes juegos, con una ponderación cada vez mayor
de Euromillones en relación a los demás, que están perdiendo importancia relativa. Vamos a seguir muy atentamente la evolución tanto de los juegos de lotería del ente público Loterías, como de la ONCE. Ustedes han señalado alguna vez que era
incompatible, tal y como se llegó al acuerdo en 2004, la gestión conjunta del juego de lotería instantánea. Nosotros entendemos que se ha perdido una oportunidad para que Loterías del Estado administre un juego de lotería instantánea. Al mismo
tiempo, se van a cubrir los déficit de explotación del juego de la ONCE; por cierto, me gustaría saber si tienen ya el dato final del ejercicio 2006 correspondiente a la transferencia para cubrir ese déficit de explotación. El 75 por ciento que se
entregó a cuenta ascendía, si no recuerdo mal, a unos 70 millones de euros. Vamos a seguir muy atentos al contrato-programa y a la gestión de las loterías y también a su relación con los juegos de la Organización Nacional de Ciegos porque
entendemos que es un elemento que tiene que ser estudiado.
Y, por último, en relación con la gestión, con la ejecución presupuestaria, mire señor secretario de Estado, incidiendo en el argumento principal, de acuerdo con los datos que usted nos suministra, la presión fiscal en España en el año 2006
ha aumentado significativamente, casi 7 décimas en relación al PIB, lo cual se deriva del hecho de que, para un crecimiento dado del PIB, si la recaudación tributaria está creciendo 5 ó 6 puntos porcentuales por encima, la presión fiscal aumenta.
Usted recordará que el presidente del Gobierno dijo en la investidura, y posteriormente fue reiterado por el vicepresidente segundo, que el aumento de presión fiscal podría tener un efecto grave, perjudicial sobre la economía española y, por tanto,
era un objetivo esencial de la legislatura que la presión fiscal no aumentara.
Pues bien, en el año 2006, con datos exclusivamente del Estado, ha crecido 7 décimas la presión fiscal en España en el año 2006. Al mismo tiempo, ha crecido en el
entorno de 4 décimas de PIB el gasto público no financiero, es decir, empleos corrientes y de capital en el año 2006, y de ahí se deriva esa mejora de poco más de 3 décimas en el déficit público en términos de contabilidad nacional, para el año 2006
respecto del año 2005. Es precisamente la recaudación tributaria la que está soportando una corrección de las cuentas públicas en sentido positivo, pero al mismo tiempo esas cuentas públicas apuntan tendencias de crecimiento de 4 décimas en un año.
Y eso gasto del Estado, directamente imputable al Estado, en contabilidad nacional. Vamos a ser serios, sería un topicazo -y fue usado en la legislatura anterior por quien entonces llevaba los temas de economía en el Grupo Parlamentario Socialista
y, por tanto, pido que no se me impute a mí, porque es demasiado simplón- decir que las cosas cabalgan a lomos de una coyuntura internacional que te empuja, retrae o frena y que, por tanto, es la justificación de las cosas que están pasando. Eso no
es verdad. En España hay razones para el crecimiento económico, un crecimiento con baja productividad, también hay que decirlo, con una fuerte creación de empleo y, por tanto, con una recaudación tributaria que está basada en consumo y en creación
de empleo. Pero respecto a que la confianza en que esas tendencias se puedan mantener en el futuro y puedan enjuagar o compensar crecimientos de gasto, sobre todo del gasto corriente, que se consolida a largo plazo, con unos crecimientos de
recaudación tributaria basados en el tirón de consumo y de creación de empleo del nivel de los que estamos viviendo, cualquier analista medianamente sereno llama la atención sobre el hecho de que el saneamiento de las cuentas públicas del Estado
español no está caminando por la senda adecuada.
Lo dejamos aquí. Le felicito por el superávit presupuestario, que ya le digo, que tiene esa causa y no otra.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Reitero nuestro agradecimiento al señor secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y agradezco el esfuerzo que ha hecho el ministerio y su departamento en cuanto que los principales indicadores de la actividad
económica y financiera del Estado están puntualmente a disposición de todos. Propongo que cualquier analista independiente diga si
en estos momentos se está suministrando la información de manera más temprana, de manera más exhaustiva y, me atrevería a decir, más exacta que en la etapa anterior. Se llegó a conocer la anterior etapa como la del apagón informativo. No
fue una terminología propiamente socialista, sino acuñada por una serie de analistas. Aparte de hacer las cosas bien, el hecho de informar con transparencia y prontitud es de agradecer y sirva esta intervención para que conste en acta.
El señor PRESIDENTE: Señor Ocaña.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña Pérez de Tudela): Muy brevemente. Esto es más en respuesta a su primera intervención, señor Utrera, que a la segunda, pero se me había olvidado decírselo. Nos pide usted más
y mejor información, y ahí nos tiene cogidos porque no puedo más que decirle que sí, que haremos todo lo posible por mejorar la cantidad de información contenida en el informe.
Le recuerdo que el informe que hemos enviado es provisional y hemos
tenido que realizarlo apresuradamente para poder traerlo a esta comparecencia. El informe final será, sin duda, más completo. Pero en materia de información, cuanta más, mejor; así que tomo nota y nuestro compromiso es intentar completar la
información en la medida de lo posible.
Sobre Loterías, me preguntaba usted el dato final de 2006. Esto tiene que ir al Consejo de Ministros y, antes de ello, al Protectorado de la ONCE, de manera que todavía no hay una cifra que se pueda comunicar. Todavía quedan estos dos
pasos, que lo vea el Protectorado y que el Consejo de Ministros tome una decisión sobre la cifra final.
Por lo demás, celebro su intención de hacer un seguimiento sobre la evolución de estos temas de Loterías, que coincido con usted en que tienen su importancia y, como en ese sector vivimos unos tiempos convulsos por los cambios de todo tipo
que se están produciendo, creo que es importante que en estos años les dediquemos una especial atención.
Finalmente, sobre la ejecución presupuestaria, subrayaba usted el aumento de la presión fiscal. Aquí, simplemente señalar que la política económica de este Gobierno es intentar que no aumente la presión fiscal y en la reforma de los
impuestos de sociedades y de la renta de las personas físicas que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año una de las motivaciones era, precisamente, reducir la presión fiscal porque, efectivamente, había aumentado e, insisto, a medio y largo
plazo nuestra intención es no aumentar la presión fiscal. En términos normativos esa presión fiscal no ha aumentado, nosotros no hemos hecho nada para aumentar la presión fiscal. Lo que sí es verdad es que ha aumentado de manera significativa la
recaudación en determinados impuestos como consecuencia de que los beneficios de las empresas han crecido mucho, y como consecuencia las rentas del capital y del trabajo que reciben las personas físicas también han crecido de manera muy notable.
Por tanto, aunque la presión fiscal normativa no ha cambiado, la recaudación sí ha crecido más. Esto son, insisto, desajustes que pueden darse en un ejercicio concreto, pero nuestra política a medio y largo plazo es que no aumente la presión
fiscal.
El señor PRESIDENTE: Doy las gracias al señor compareciente y a todos ustedes. Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.