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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 774, de 13/03/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 774
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Sesión núm. 32
celebrada el martes, 13 de marzo de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura) para valorar e informar sobre la capacidad de entendimiento entre el Gobierno de la nación y la Generalitat de Cataluña sobre la interpretación de los preceptos
contenidos en el Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad Autónoma. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000879.) ... (Página 2)
Comparecencia de la señora directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface (Fernández Simón) para explicar la valoración que hace la Dirección general sobre la calidad de la asistencia sanitaria
facilitada a los mutualistas de Muface y a sus beneficiarios, destinados y residentes en el exterior, por la nueva entidad que la presta. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001231.) ...
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (SEVILLA SEGURA) PARA VALORAR E INFORMAR SOBRE LA CAPACIDAD DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS
CONTENIDOS EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE DICHA COMUNIDAD AUTÓNOMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000879.)
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sauquillo): Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión número 32 de la Comisión de Administraciones Públicas, cuyo orden del día, como ya conocen, consta de dos comparecencias. La primera es la del señor
ministro de Administraciones Públicas, aquí presente, al que damos ya la bienvenida a la Comisión, y la segunda es la de la directora general de Muface. En primer lugar, vamos a sustanciar, tal y como figura en el orden del día, la del señor
ministro, que viene para informar sobre la capacidad de entendimiento entre el Gobierno de la nación y la Generalitat de Catalunya sobre la interpretación de los preceptos contenidos en el Estatuto de Autonomía de dicha comunidad autónoma. El grupo
parlamentario que ha solicitado la comparecencia es el Popular y tendrá la palabra después de que haga uso de ella el señor ministro.
Señor ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Señorías, muchas gracias por esta oportunidad que me vuelven a brindar para comparecer ante esta Comisión.
He de reconocer que, al leer el objeto de la comparecencia, para -cito textualmente- valorar e informar sobre la capacidad de entendimiento entre el Gobierno de la nación y la Generalitat de Catalunya, mi primera tentación fue limitarme a
dar una escueta respuesta, esto es, que esa capacidad es muy elevada. Pensé limitar mi comparecencia a esa contestación; sin embargo, lo que subyace en la petición de la misma no es circunscribirnos a un caso concreto, no es hablar de las
relaciones bilaterales entre el Gobierno de la nación y el de una comunidad autónoma, sino de los instrumentos para el entendimiento y la convivencia en general dentro del marco de nuestra Constitución y del desarrollo autonómico. Esa es mi
interpretación y va a ser el sentido de mi intervención.
Señorías, como saben, el debate de la llamada cuestión territorial en España no es nuevo -no ha brotado por generación espontánea ni es consecuencia de ninguna política de alianzas de ningún grupo parlamentario-, sino que todos sabemos que
constituye una genuina discusión histórica que se remonta a más de un siglo atrás como mínimo, como también sabemos que España es plural, pero no solo porque haya muchas Españas en el sentido de diferentes realidades que configuran España, sino
porque hay muchas visiones de España. Hay muchas Españas posibles y no una única de esencia inmutable. Aceptemos que no todos pensamos igual y que la cuestión existe y va a seguir existiendo, pues va a seguir habiendo personas que opinen distinto
a lo que opinamos cada uno de nosotros y colectivos que piensen que su situación puede ser diferente y mejor desde su punto de vista. Esa es, precisamente, la fuerza de la democracia y de nuestra Constitución, que nos dota de instrumentos, de
mecanismos y de procedimientos que nos permiten vivir juntos, a pesar de que no todos pensemos lo mismo.
La Constitución de 1978 supo encauzar el secular conflicto entre al menos dos visiones de España aparentemente irreconciliables: la visión uniformista y la visión de la diversidad. Nos dotó de unos mecanismos a través de los cuales se
pueden resolver las diferencias y nos dio la confianza en que, ocurra lo que ocurra, seremos capaces de encontrar un procedimiento que haga posible una solución. Es por tanto una Constitución pensada para incluir, para que todos nos podamos sentir
cómodos viviendo juntos y no para utilizarla de manera fundamentalista unos contra otros. No obstante, cabe recordar que, en el momento de redactarlo, no existió un consenso generalizado sobre el título VIII de la Constitución. No todo el mundo
creía entonces que aquella fuera la manera más adecuada de resolver la cuestión territorial. Los hechos nos han demostrado que el análisis de esta cuestión exige perspectiva, exige alejarse de lo inmediato, porque con demasiada frecuencia la
cercanía excesiva impide ver la realidad con toda su amplitud. Que el título VIII de la Constitución posibilitara una descentralización tan profunda no parece, veintiocho años más tarde, que haya sido algo negativo, más bien todo lo contrario.
Esto es lo que todos o una inmensa mayoría de españoles opinan, y opinan cuando se expresan en encuestas, pero opinan, sobre todo, también cuando se expresan en las urnas. Es decir, que algunos temores que entonces aparecieron ante determinados
conceptos como nacionalidad, como la transferencia de determinado tipo de competencias o como la participación de las comunidades autónomas en impuestos estatales se han quedado en eso, en simples temores, y las amenazas asociadas a ellos no se han
visto transformadas en la realidad.
Sin embargo, ese modelo constitucional y autonómico de España tan exitoso, que define un Estado único gestionado por distintos niveles de Administración, después de tantos años requería ajustes y perfeccionamientos para que funcionase mejor
y para adecuarlo a realidades y necesidades cambiantes. El Plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto catalán, ambos heredados de la anterior legislatura, de confianza institucional entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, así como
mejorar
los espacios de encuentros y cooperación, fueron las primeras tareas que asumió el Gobierno al comienzo de la legislatura. La primera cuestión la abordamos aplicando los principios de máximo consenso y respeto a la Constitución, si bien en
estos tres años ha vuelto a ocurrir que al menos una parte del debate ha estado tan pegada al momento, tan próxima, que se ha vuelto a perder la perspectiva. La segunda cuestión, de mayor interés de cara al futuro de nuestro modelo autónomo, se ha
centrado en que aquello que ya existe funcione mejor al servicio de los ciudadanos, en que el entramado institucional permita dar solución a problemas que ninguna Administración por sí sola tiene capacidad para resolverlos o que se resuelven mejor
de manera conjunta.
Hemos querido iniciar un camino, a partir del actual ciclo de reformas estatutarias de nueva generación, en el cual lo que prime sea la cooperación, superando el tradicional debate por la delimitación competencial entre lo tuyo y lo mío.
Cada vez más los retos a los que nuestra sociedad se enfrenta y los temas que de verdad preocupan a los ciudadanos son problemas que, como he dicho, tienen difícil solución por parte de una sola Administración, sea esta central, autonómica o local
y, por tanto, es imprescindible que avancemos hacia una cada vez mayor interrelación y una cada vez mayor cooperación. En sentido general la profundización del marco competencial autonómico que se está llevando a cabo con el actual proceso de
reformas no implica exclusividad competencial sobre las materias más importantes; muy al contrario, lo que fundamentalmente se está ampliando son competencias en las que se requiere una acción compartida entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas. Piénsese en materias como inmigración, infraestructuras, transportes, nuevas tecnologías o acción exterior que plantean cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos y que, como he dicho, requieren respuestas coordinadas de las
administraciones -en plural- para integrar políticas públicas llevadas a cabo por cada una de ellas. Son cuestiones que exigen una rápida respuesta de las administraciones más próximas a los ciudadanos, como son los ayuntamientos o los gobiernos
autonómicos, aunque a la vez muchos aspectos de estas materias desbordan los límites del propio territorio donde se regulan o se gestionan. De ahí que -insisto en ello- el futuro del Estado autonómico se llame cooperación o, mejor dicho, más
cooperación, porque la cooperación ha estado siempre presente en las relaciones entre los poderes territoriales en España.
El Gobierno desde el inicio de la legislatura ha abordado esta necesidad poniendo en marcha diversas iniciativas dirigidas a mejorar los espacios de encuentro, de diálogo y de cooperación, ya sea de forma bilateral o multilateral, entre
administraciones. La más destacada quizá fue la creación de la Conferencia de Presidentes, integrada por todos los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de España; un foro que institucionaliza al máximo nivel político las relaciones
de cooperación y la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que afectan al conjunto del Estado. Este foro político de hecho ya existe en otros países descentralizados como Alemania, Canadá, Austria, Suiza, Estados Unidos o México y su
inexistencia en España suponía un déficit importante, una anormalidad en el funcionamiento de nuestro sistema autonómico. Como saben SS.SS., hasta la fecha se han celebrado tres conferencias de presidentes, adoptando decisiones importantes en
materia de participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea, financiación sanitaria, investigación, desarrollo e innovación, política hidráulica e inmigración, además de contribuir a la consolidación de una cultura de cooperación
institucional al más alto nivel. Una segunda iniciativa ha sido la revitalización de las conferencias sectoriales como órganos de cooperación multilateral entre las comunidades autónomas y el Gobierno central hasta llegar a una media de 66
reuniones anuales alcanzadas en esta legislatura. Hemos multiplicado la celebración de reuniones, hemos puesto en marcha algunas conferencias sectoriales nuevas, hemos activado otras que hacía mucho tiempo que no se reunían y estamos alentando
además un proceso que las dote de mayor estabilidad institucional. También hemos revitalizado las comisiones bilaterales. Y permítanme que haga una mención específica a este asunto de la bilateralidad tan traído y tan llevado en los últimos
tiempos.
Sus señorías conocen perfectamente que la bilateralidad ha formado parte constitutiva de las relaciones entre el Gobierno central y todas y cada una de las comunidades autónomas. Desde que en 1983 se creó la primera comisión bilateral
Gobierno central-Gobierno de Navarra hasta la generalización de las comisiones bilaterales que se hizo en el año 2000, creándolas allí donde no existían y con aquellas comunidades con las que no había, se han celebrado más de 135 reuniones
bilaterales formales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. No es, por tanto, un instrumento nuevo en el desarrollo autonómico español, que ha caminado desde su creación sobre esas dos piernas de la multilateralidad, por un lado, y
la bilateralidad, por otro, hasta el punto de que en alguna ocasión no se ha podido aplicar a una comunidad autónoma un modelo específico de financiación decidido multilateralmente y aprobado en el Parlamento simplemente porque esa comunidad
autónoma no lo ha aceptado a nivel bilateral. Hasta ese punto ha tenido fuerza la bilateralidad en nuestro modelo constitucional de desarrollo autonómico hasta la fecha. Y va a seguir siendo igual, porque si medimos la dimensión y el alcance que
han de tener estas relaciones es necesario reconocer que los órganos de cooperación bilateral representan marcos insustituibles para la discusión y el acuerdo de asuntos que, tras haber sido acordados en foros multilaterales, se deben aplicar de
modo particular a cada comunidad autónoma y lo mismo ocurre para otros asuntos que son única y exclusivamente de ámbito bilateral, bien sea negociación de transferencias,
de traspasos, de conflictos o de cualquier otro asunto. Ahora, tras la aprobación de las primeras reformas estatutarias, estos órganos de diálogo y cooperación que se han incorporado a prácticamente todos los nuevos estatutos, estos
instrumentos básicos del desarrollo autonómico van a tener un papel particularmente importante perfeccionando lo existente y no solo para una comunidad autónoma en concreto, sino para todas aquellas que lo soliciten y lo tengan incluido en sus
reformas estatutarias.
Hay que destacar también el papel de las relaciones de carácter bilateral en la solución extraprocesal de conflictos competenciales. Nuestro modelo territorial, como es conocido, se ha caracterizado por registrar un elevado nivel de
conflictividad competencial. La excesiva judicialización de las relaciones tiene indudablemente consecuencias que deben y pueden evitarse y para sortearlas nada mejor que promover la resolución de los conflictos competenciales por las vías más
eficaces y directas como es la cooperación en la marco bilateral. Esta fórmula de cooperación impulsada por el Gobierno ha sido muy positiva en sus resultados y la conflictividad entre el Gobierno y las comunidades autónomas ante el Tribunal
Constitucional se ha reducido en un tercio desde el inicio de esta legislatura. En el caso de Cataluña, el nivel de conflictividad con que nos encontramos en abril de 2004 era muy elevado, estando pendientes de sentencia 75 impugnaciones, 16
planteadas por el Estado central y 59 por la comunidad autónoma. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) A lo largo de esta legislatura el esfuerzo realizado para encontrar soluciones previas a la conflictividad constitucional, mediante de
contactos bilaterales, nos ha permitido, por un lado, reducir en un 25 por ciento la conflictividad que nos encontramos al llegar; por otro, que solo haya habido una impugnación de normas con rango de ley por cada parte, mientras que de 38
requerimientos de incompetencia realizados por la Generalitat se han logrado resolver 26, sin que hubiera que recurrir al Tribunal Constitucional y, de cara al futuro, las comisiones bilaterales están llamadas a desempeñar una función aún más
relevante porque los nuevos estatutos, y específicamente el catalán y el andaluz, acentúan el perfil institucional y el nivel político de estos organismos.
Para que puedan responder a las nuevas exigencias, se les va a dotar de una secretaría
permanente, se va a establecer una frecuencia mínima semestral para sus reuniones, que también tendrán lugar siempre que lo solicite una de las partes, y se están definiendo sus funciones en términos muy amplios, que abarcan los proyectos de ley que
incidan singularmente sobre la distribución competencial y los conflictos competenciales, entre otras áreas.
En estos momentos se han puesto en marcha ya las nuevas comisiones bilaterales previstas en el Estatuto de Cataluña. En primer lugar, la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, Estado-Generalitat, que celebró su sesión constitutiva
el 6 de febrero y en la que, entre otras cosas, se acordó que la presidencia recaería en el Gobierno central durante el primer año; se encomendó la redacción del reglamento interno de la Comisión y se inició el examen de la relación de entidades
económicas y financieras estatales a que se refiere el artículo 182 del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. En segundo lugar, la Comisión bilateral, Generalitat-Estado, que celebró su sesión constitutiva el 26 de febrero, adoptó entre otros
los siguientes acuerdos: Que la presidencia se alternará anualmente, correspondiendo al ministro de Administraciones Públicas durante el primer año; que el régimen de reuniones será de dos al año, una en enero y otra en julio; que en la próxima
reunión se procederá a la aprobación del reglamento interno de la comisión -dada la urgencia de este trámite se acordó celebrar una sesión extraordinaria al efecto antes del verano- y que se crean tres subcomisiones: la subcomisión de seguimiento
normativo y de prevención de conflictos, encargada de establecer mecanismos precisamente para eso, para prevenir posibles conflictos futuros; la subcomisión de cooperación y colaboración, desde la que se impulsarán las labores enfocadas al
desarrollo del propio Estatuto -en el seno de esta subcomisión se han creado dos grupos de trabajo, uno dedicado a avanzar en la participación de la Generalitat en las funciones relativas a las oficinas notariales y registrales y otro que impulsará
la presencia del Govern de la Generalitat en la gestión de los paradores de turismo-, y también se ha creado la subcomisión de traspasos de competencias, cuyo primer encargo ha sido la creación de ponencias para analizar transferencias en materia de
inmigración, seguridad privada, becas y ayudas para la enseñanza, universitaria y no universitaria, y acelerar el traspaso del Hospital Clinic de Barcelona. Además se ha establecido un grupo de trabajo para tratar la situación actual, la
metodología y las perspectivas futuras sobre la inversión estatal en infraestructuras en Cataluña. Por otra parte, se han iniciado también las negociaciones para poner en marcha las correspondientes comisiones bilaterales con Andalucía y se están
manteniendo conversaciones para reforzar el nivel político de las comisiones bilaterales con otras comunidades autónomas que lo están solicitando, como Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana. Para coordinar adecuadamente este conjunto de
iniciativas de tanta relevancia, el Gobierno impulsa que se dé a los órganos y mecanismos de cooperación una regulación legal específica. En este sentido, el ministerio está estudiando los aspectos fundamentales que formarían parte de un proyecto
de ley de participación, colaboración y cooperación entre administraciones, mediante la que se deben regular, entre otros, los aspectos relativos a la Conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales, las comisiones bilaterales, los
convenios de colaboración, los planes y programas conjuntos y los consorcios, como órganos mixtos con personalidad jurídica para la prestación de servicios públicos. Se trata de una iniciativa que sin duda requiere de la participación y el acuerdo
de todas las administraciones en su elaboración,
así como de un amplio consenso entre las fuerzas parlamentarias.
Concluyo, señorías, como empecé, y espero haber aclarado cómo las nuevas realidades a las que debemos hacer frente exigen el mantenimiento y la potenciación de los instrumentos de cooperación, haciendo que la interrelación entre las
comunidades autónomas y entre cada territorio y el conjunto de España se produzca de forma que resulte útil para resolver los problemas de los ciudadanos. Todas las instituciones del Estado español forman parte sustancial de la estructura sobre la
que se sostiene nuestro modelo democrático de cooperación. La estabilidad de esa arquitectura exige una concepción de la cultura política en nuestro país basada en la lealtad institucional, el respeto competencial, el diálogo y la cooperación en
las relaciones entre los poderes públicos. La intensificación de las relaciones, a todos los niveles, entre las distintas administraciones del Estado español conforma un nuevo modelo de cooperación territorial con el que el Gobierno aspira a
mejorar la integración y la cohesión de España y ajustar, con mayor precisión, su funcionamiento a las necesidades de los ciudadanos y a lo que permite nuestro sistema autonómico constitucional. Ese es el sentido del diálogo que estamos manteniendo
con la Generalitat de Catalunya, un debate para el que existen cauces, normas y mecanismos legales aceptados por ambas partes, lo que nos hace confiar en que llegaremos a soluciones satisfactorias para todos en todas las cuestiones planteadas.
El señor PRESIDENTE: Lamento este pequeño retraso. Seguro que se dio la bienvenida al señor ministro, pero la reitero. Tal como está establecido, tomará la palabra, en primer lugar, el grupo solicitante y en su nombre don Julio Padilla, y
a continuación el resto de los grupos presentes, de menor a mayor. El señor ministro decidirá si responde conjuntamente o de manera individualizada. Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor ministro, en primer término, quiero agradecerle su asistencia de hoy y como la última vez que compareció en esta Comisión tuvimos una pequeña discrepancia en relación con los términos de sus
comparecencias, con toda cordialidad, y espero que no se ponga la venda antes de la herida, como estamos ya en el último tramo de la legislatura me gustaría hacer una pequeña recopilación. Quizás hoy sería oportuno destacar que es la primera vez
que comparece a petición de la Cámara. El resto de las ocasiones que el señor ministro ha comparecido en esta Comisión ha sido por su propia iniciativa. De manera que esta es la primera vez que se cumple con el hecho, que debe ser lo normal, de
que los miembros del Gobierno comparezcan en el Parlamento a petición de los grupos de la Cámara y fundamentalmente de la oposición. Ya sé que me va a decir que en el Pleno ha contestado a muchas preguntas de la oposición, pero el sistema de
funcionamiento de este Congreso de los Diputados -lo sabe muy bien el señor ministro, porque también es miembro de esta Cámara- es el que es, las comisiones tienen el alcance y el valor que tienen y, naturalmente, su objetivo es poder debatir con
más profundidad sobre las distintas cuestiones.
No me parece razonable que se sorprenda mucho por que le pidiéramos comparecer en los términos en que lo hemos hecho, si el ministro compareciente preside la Comisión bilateral Estado-Generalitat en este ejercicio, puesto que las normas que
aprobaron en el acto de constitución de esa Comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya, contemplan una presidencia alternativa y este año le corresponde al ministro del Gobierno que forma parte de ella y el año próximo le corresponde al
conseller de la Generalitat, que también forma parte de esa Comisión en nombre de la Administración autonómica. Tampoco le debe de extrañar que hayamos reparado en el hecho de que los conflictos -como le dije en el primer debate que tuvimos en esta
Comisión en el que quiso usted afearme no sé qué dificultades comunicativas por parte no tanto mías sino de la oposición política que represento en esta Cámara- eran una vocación política. No, señor ministro, como le dije en aquella ocasión, el
conflicto no es ni más ni menos que parte de la relación política, una parte que debe ser evitada hasta donde sea posible en el agotamiento del consenso, como yo le decía aquel día, con una cita muy autorizada del profesor Geuss. Naturalmente, la
responsabilidad política también tiene una parte insoslayable que es cuando es inevitable la administración del conflicto. Como aquel día -si quiere podríamos recuperar incluso sus propias palabras- parece que eso no estaba dentro del tenor del
programa del ministro ni del Gobierno del que formaba parte, nosotros nos hemos quedado sorprendidos de que la primera consecuencia de la nueva etapa de la profundización de esa cuestión territorial... Por cierto, que yo sepa, el Gobierno anterior
no le dejó a S.S. como ministro de esta área, que ahora tiene estas responsabilidades de la comisión bilateral con Cataluña y supongo que después con otras comunidades autónomas, ninguna herencia de ningún estatuto en ciernes y ni siquiera el Plan
Ibarretxe estaba realmente en circulación en aquel momento. A todo eso le podrán dar las vueltas que quieran ahora, pero el Estatuto de Cataluña surge estrictamente, en su potencialidad activa y en su necesidad incluso gestual de planteamiento del
compromiso de quien en las elecciones generales de 2004 dijo en Cataluña, y concretamente en el Palau Sant Jordi: aprobaré el Estatuto que me proponga o que apruebe el Parlamento de Cataluña. De manera que el Gobierno anterior no tiene nada que
ver con eso. Cada uno naturalmente tiene que administrar sus propias palabras y los que generan expectativas, las alientan, las ayudan y las apoyan en los términos en que lo han hecho... No se trata de que no hubiera que alterar nada. El
Ayuntamiento de Madrid que es del Partido Popular tiene ahora un anuncio con las fotos fijas de la historia, que dice: Fijese si no cambiara nada lo que pasaría. Se tiene que cambiar
porque las cosas cambian, es evidente; lo que pasa es que pueden cambiar de distintas manera, como es natural. Después, si quiere, repasamos un poco, porque probablemente va a ser el último debate que tengamos en estos términos, es
previsible que así sea y no es malo que el ministro haga también un poco de recapitulación de lo que eran sus objetivos y de lo que han sido los éxitos o los resultados alcanzados.
Lo mejor de su discurso al inicio de la legislatura, señor Sevilla, fue su voluntad de cooperación, colaboración y una llamada a la cogobernanza.
Fue lo mejor, lo mejor en su espíritu, lo mejor en su voluntad y probablemente lo mejor en sus
deseos. Ya le dije que eso era complicado y usted sabe perfectamente que lo era. Después hay una acción decidida por parte del Gobierno del que forma parte y con el respaldo de la mayoría parlamentaria articulada entre su propio partido y algunos
partidos nacionalistas en la consecución de unos objetivos en los que, de alguna manera, encontraron razones de acuerdo. Lo que pasa es que ese acuerdo se manifiesta endeble. Esta es quizá la parte que nos interesaría concretar más en esta
comparecencia. Recuerdo perfectamente -soy miembro de la Comisión Constitucional del Congreso- las valoraciones que tanto su grupo como Convergència i Unió hicieron en relación con las profesiones colegiadas y sus previsiones en el nuevo Estatuto
de Autonomía de Cataluña y, curiosamente, no mostrando una visión idéntica, tanto los representantes del Partido Socialista de Cataluña en su intervención en la Comisión, como el propio Grupo Socialista, como la representación y los miembros de la
delegación ante la Comisión Constitucional del Congreso, así como Convergència i Unió sí mostraban un cierto acuerdo sobre el alcance. En todo caso, el alcance no era el que el Grupo Popular decía en la Comisión Constitucional y en su
representación en el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, ya tenemos el primer recurso contra la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales por vulnerar la competencia en materia de
profesiones colegiadas. Lo más sorprendente han sido, sin duda, los cuatro requerimientos pendientes de contestación planteados por la Generalitad de Cataluña al Gobierno del Estado y, fundamentalmente, tres de ellos. El requerimiento en relación
con el Real Decreto 1538/2006, de 15 diciembre, por el que se establece la ordenación general de formación profesional del sistema educativo; el requerimiento en relación con el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación y el requerimiento en relación con el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
A este respecto, el senador Abejón, del Grupo Popular del Senado, planteó una pregunta a la ministra de Educación en la otra Cámara. En ella su compañera de Gobierno, la señora Cabrera, consideró que los tres reales decretos contra los que
el Gobierno catalán aprobó tres requerimientos de incompetencia, el paso inicial a llevarlos ante el Tribunal Constitucional, no invaden ninguna competencia. Esos reales decretos han pasado todos los trámites necesarios -decía la ministra Cabrera
en el Senado-, han pasado por el Consejo Escolar y por el Consejo de Estado y el Gobierno piensa que no invaden ninguna competencia y se mantiene en esos textos, que son los que garantizan las enseñanzas comunes.
Ciertamente nosotros tenemos alguna
legitimidad para hablar de esto y, sobre todo, porque quien tiene el honor de hacer uso de la palabra en esta sesión es uno de los más de cincuenta diputados del Grupo Popular que han suscrito el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.
Aprovecho esta ocasión para decir que entiendo que es un tema sobre el que nunca se abundará suficientemente, a la vista de la interpretación que algunos le dan, en concreto la que le ha dado el propio presidente de la Generalitad de
Cataluña. No es una fórmula censurable del ejercicio de las facultades políticas que a los diputados y senadores confieren la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Si fuera cierto que de cualquier recurso de
inconstitucionalidad contra una norma jurídica se dedujera de ello implica intentar ganar en los tribunales lo que se ha perdido en las votaciones y, en su caso, en los referéndums, sencillamente no debería existir el recurso de
inconstitucionalidad. Si alguien ejercita la facultad de interponer el recurso -que, dicho sea de paso, no lo pueden llevar a cabo todos los grupos de la Cámara porque en realidad solo lo pueden hacer dos, ni siquiera agrupados todos los demás,
dada la exigencia de que los firmantes del recurso sean cincuenta diputados o cincuenta senadores-, quiere decir que el constituyente determinó que la voluntad política mayoritaria tendría un último control de constitucionalidad según la voluntad
expresada en la formalización del recurso por parte de cincuenta diputados o de cincuenta senadores. Salvo que se considere que esa es una disposición decorativa para que no se haga ejercicio de ella, sin que merezca reproche por parte de los
diputados y senadores, se entiende que ello es lógico cuando se da una discrepancia tan de fondo que lleva a votar en contra, incluso en contra del referéndum en este caso. Hay que recordar que manifestamos nuestra impresión de que quizá fuera
preferible, si fuera menester, con las correspondiente reformas legales, que se sustanciara el recurso antes de llevar a cabo el referéndum. En todo caso, no entendemos ese reproche.
Como diputado y como ciudadano que en este momento forma parte
del Parlamento, yo, francamente, no lo entiendo. Tampoco entiendo que en el ambiente de diálogo que al comienzo de esta legislatura ustedes manifestaron propiciar de manera enriquecedora en la vida política española se venga a decir, con expresión
de mal litigante o de litigante de mala fe, que si el Tribunal Constitucional no se pronuncia en los términos deseados a los que aspiran algunos protagonistas políticos -fundamentalmente de
la fuerza política a la que el ministro compareciente pertenece- esto no vale y habrá que reformar la Constitución. Yo añado: ¡Hombre!, si puede.
Dicho esto, repito que nosotros estamos legitimados para expresar nuestra sorpresa, porque
uno de los motivos por los que planteamos nuestra discrepancia del texto estatutario es que merece rechazo la consideración exclusiva de la lengua catalana como lengua vehicular de la enseñanza; rechazo que se fundamenta -y así lo hacemos
ampliamente en el recurso- en el derecho de los padres a que los hijos estudien en la lengua que ellos elijan, en Cataluña y fuera de Cataluña.
En definitiva, señor ministro, se ha constituido esa comisión bilateral y por las fechas supongo que han tenido oportunidad de abordar en ella qué es lo que pasa con esos requerimientos de incompetencia a los que el Gobierno, por cierto, no
ha contestado. Entendemos que se ha producido un fracaso notable en dos posiciones. En primer lugar, en la que corresponde a la acción política que el ministro decía querer alentar, sin duda en nombre del Gobierno al que pertenece y al que ha
pertenecido toda la legislatura, puesto que no solamente se trata de los casos que ahora llaman especialmente la atención. Se suponía que se elaboraba un nuevo texto estatutario para mejorar la capacidad de entendimiento, pero no hay más que ver la
enmienda de totalidad de Convergència i Unió que examinamos el pasado jueves en relación con el proyecto de Administración electrónica, que también descansa en una visión diferenciada de las competencias de una comunidad autónoma que se beneficia de
un nuevo texto estatutario y de las del Gobierno del Estado, en este caso su propio departamento ministerial. No voy a decir, como he puesto de relieve en alguna otra ocasión, que la razón esté totalmente en manos de ninguno de los intervinientes
en cualquier polémica en la que se formalice la discrepancia en la apreciación de dos realidades. He dicho muchas veces, y los que me conocen me lo han escuchado en muchas ocasiones, que el derecho es una realidad que dialécticamente admite muchos
análisis. Pongo siempre un ejemplo muy ilustrativo. El derecho es una masa, como un gran chicle, que se va estirando. En lo que se va estirando hay derecho, pero ciertamente hay menos derecho cuanto más estiremos y más nos alejemos de la masa
básica que contiene el núcleo de los derechos y facultades de los que en ese momento nos estemos ocupando.
Señor ministro, concluyo poniendo de relieve las dos cuestiones básicas que nos interesaría que quedaran reflejadas en el 'Diario de Sesiones' como expresiones suyas y del Gobierno del que forma parte. Es cierto que llevaron a cabo una
criba notable de las discrepancias del Gobierno y las comunidades autónomas, especialmente de alguna muy concreta, como Cataluña, en el momento en que ustedes asumieron la responsabilidad de dirigir políticamente el país. Hubo algunos
desistimientos no muy bien explicados. Tuvimos un largo debate en esta Comisión con el abogado general del Estado, por ejemplo para conocer los motivos del desistimiento del recurso que se refería al derecho civil de Cataluña, muy concretamente a
sus fuentes, porque si las fuentes del derecho civil no son las mismas en todo nuestro ordenamiento jurídico, nos podemos encontrar en no demasiado tiempo con que el ordenamiento jurídico irá teniendo divergencias y se irán generando ordenamientos
jurídicos diferenciados. El abogado general del Estado no fue capaz de explicar eso. Le reconozco un gran esfuerzo de argumentación jurídica y dialéctica, pero vino a reconocer que ese recurso se encontraba -esa fue al menos mi percepción- en el
límite de la situación. Resulta que ha seguido habiendo conflictos, señor ministro. Me puede usted decir: numéricamente... Bueno, numéricamente ha habido menos conflictos, pero también puede obedecer a la naturaleza de las normas jurídicas
aprobadas en un periodo determinado y a la actividad legislativa de los parlamentos de las comunidades autónomas en ese mismo periodo. Tendríamos que hacer un peinado muy cuidadoso para ver por qué en un periodo concreto se intensifican más los
conflictos y en otro disminuyen. Lo que sí me gustaría -y con esto termino- es que nos dijera cuál es la postura concreta del Gobierno en relación con esos tres requerimientos de incompetencia y que nos la justifique. Su compañera de Gobierno dice
que no hay invasión competencial. Yo le tengo que decir que desde el punto de vista jurídico -cuando se está en una tribuna política no es bueno jugar con puntos de vista jurídicos- tengo mis dudas. Pero también he de decir que su Gobierno y su
minoría mayoritaria fueron los que entendieron, cuando apoyaron los preceptos de aplicación al caso controvertido, que esto no se iba a dar puesto que se supone que interna corporis de su voluntad guardaban la idea de que podrían ejercitar estas
competencias que ahora han ejercitado. No crea que nuestro deseo es obligarle a hacer grandes análisis jurídicos, sino saber, políticamente, cuál es su valoración al respecto y, como preside la comisión bilateral, cuál es su posición como Gobierno
del Estado. También, señor ministro, nos gustaría que nos explicase aquellas palabras en las que usted tendía su mano abierta a un entendimiento general en el camino de compartir las responsabilidades de Gobierno con las distintas comunidades
autónomas, lo que no es ni más ni menos que lo que el modelo constitucional de división del poder, sobre todo del poder territorial, pergeña. Como ya le dije, señor ministro, el debate de las buenas intenciones entre el Gobierno, su grupo y
nosotros ha terminado y a partir de aquí comienza un debate de competencias. No lo dije con mala intención, y lo sabe, señor ministro.
Yo sé que usted no tanto, porque en cada miembro del Gobierno se ve la estela que va dejando de sus
declaraciones, y leyendo entre líneas se puede captar que hay más énfasis en unas direcciones y menos en otras.
Señor ministro, le agradecería mucho que hiciera una valoración de qué fue de aquellos buenos deseos suyos y que me manifestara si
coincide al menos en algo conmigo en que en determinados casos y con determinados
grupos no puede haber ese camino conjunto en el ejercicio de las facultades que a cada una de las partes de la mesa le atribuye la Constitución, sino solamente un debate de competencias que, lo quiera o no, solo se agota en un consenso
basado en la renuncia reprochable de las propias obligaciones, lex dixit, o, naturalmente, en el conflicto inevitable. Y ese conflicto inevitable no se lo reproche a nadie, porque en este caso, si no, tendrá que aceptar que se lo reprochemos
también a usted, y nosotros no se lo reprochamos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor Padilla, por su intento de aclararme el sentido de esta comparecencia, que sigo sin tener claro. En todo caso, le felicito por que con tan pocos mimbres
haya hecho tan brillante intervención. Sin embargo, permítame que previamente le adelante mi intención de tener al menos otra comparecencia en esta Comisión para hacer esa recapitulación y balance cuando estemos más próximos al finalizar la
legislatura, de la que todavía quedan bastantes meses. No entienda, como usted ha dicho, como reproche sino más bien todo lo contrario que haya sido diligente en solicitar mi comparecencia en esta Comisión, donde junto a mi petición de
comparecencia siempre se han incorporado, como es obvio y tradicional en la Cámara, las peticiones de comparecencia de otros grupos.
Voy a empezar por el final de su intervención porque posiblemente ahí radique uno de los puntos importantes de diferencia. Yo no le atribuyo maldad previa a ningún grupo democrático que comparece en elecciones, que tiene representaciones
parlamentarias y que defiende, con mayor o menor acierto, sus creencias y sus visiones políticas, aquellas que tienen el soporte democrático que corresponda en cada momento y en cada situación.
Yo no divido el mundo entre buenos y malos. Desde
luego, la experiencia de esta legislatura me lleva a constatar que para conseguir la realidad que tenemos hoy en nuestro país, un país que va mejor que cuando iba bien, que tiene una magnífica situación económica, que tiene una magnífica situación
social, que ha visto cómo se incrementaban sus libertades individuales, cómo hoy hay españoles y españolas que pueden vivir cómo quieran y con quien quieran mucho mejor que antes, para hacer esa labor importante de consolidación de la Constitución,
de la democracia y del progreso económico y social de nuestro país este Gobierno ha encontrado acuerdos en unos grupos y confrontación radical en otros. Por tanto, yo no voy a establecer divisiones entre unos y otros, pero si la tuviera que hacer
desde luego no establecería la línea divisoria, y mucho menos en la llamada cuestión territorial, donde S.S.
ha pretendido establecerla.
El conflicto es inherente a la relación que tiene que ver con la distribución competencial. El problema lo tienen los que solo hacen del conflicto el eje de su acción política, los que solo conciben la actividad política como conflicto:
conmigo o contra mí, yo represento la verdad y la vida y el que no, está permanentemente en el error y hay que combatirlo hasta que pierda las elecciones como mínimo. Ahí es donde yo creo que se empiezan a vulnerar los fundamentos de una posición
democrática que basa en la posibilidad de acuerdo el sentido de la convivencia política. Sin creer que es posible el acuerdo no tendrían sentido la democracia, la Constitución ni el procedimiento parlamentario que hoy aquí, una vez más, estamos
ejerciendo, demostrando día a día que la libertad y la democracia en nuestro país no la está poniendo en peligro nadie. Por tanto, no es que yo niegue el conflicto, niego una visión de la política que hace del conflicto el eje de su ser, el eje de
su sentido, el eje de su actividad. Creo que es más coherente con una visión democrática de la situación y de las relaciones políticas buscar aquello que da sentido a la democracia, que es la posibilidad de dialogar, de hablar, de discutir, de
negociar y de llegar a acuerdos.
Esto es lo que nos ha permitido en la historia de nuestro país llegar a tener la Constitución y el sistema parlamentario que tenemos. Me gustaría que todos siguiéramos en esa estela de reconocer que la democracia y
el juego democrático no obligan a que todos pensemos lo mismo, más bien lo contrario, parte de la constatación de que no todos pensamos lo mismo, pero eso no reduce el derecho de nadie a expresarlo por procedimientos democráticos y respetando las
reglas del juego. Esto es de primero de carrera de ciencias políticas. Creo que de vez en cuando, visto lo visto, conviene recordarlo. Por tanto, claro que hay conflicto, claro que hay diferentes visiones y claro que no todos pensamos lo mismo.
Pero el problema es: ¿negamos la posibilidad de que nos podamos entender? ¿Negamos la posibilidad de que pueda haber acuerdo? ¿Negamos la posibilidad de que, a pesar de nuestras diferencias, seamos capaces de encontrar puntos en común que nos
permitan avanzar de manera conjunta? ¿Estamos dispuestos a reconocer que nadie en exclusiva tiene la verdad sobre ningún aspecto y que si la verdad existe está repartida entre distintas visiones y distintas posiciones y que eso es lo que nos obliga
a hablar, a cooperar, a dialogar y a llegar a consensos? Ese es el punto que incluso en este momento de la vida de la historia de nuestro país conviene preguntarse y contestarse.
Lo mismo que acabo de decir vale, cómo no, para el llamado debate territorial. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora: nuestro modelo constitucional deja abiertas varias cosas. Dejó abiertas cuántas comunidades autónomas se podían
establecer en España. Dejó abiertas cuántas competencias podrían tener estas comunidades autónomas. Dejó abierto incluso el que pudiera haber o no órganos parlamentarios y elecciones parlamentarias en algunas de estas comunidades autónomas. Y
dejó abierto, cómo no, el sistema de reparto competencial. Además estableció un mecanismo, un procedimiento que incluye, por supuesto, el Tribunal Constitucional como una de las piezas esenciales ante las que conviene, con normalidad institucional
y democrática, llegar cuando
no se está de acuerdo en determinada interpretación sobre si una norma vulnera o no una determinada competencia o una determinada actividad de alguno de los gobiernos en los que nuestro Estado se divide. La experiencia de estos veintiocho
años demuestra que ha habido muchos recursos al Tribunal Constitucional, que ha habido muchas discrepancias en las interpretaciones de las normas entre el Gobierno central, fuera el que fuera, y los gobiernos de las comunidades autónomas, fueran
cuales fueran. De hecho, en muchas ocasiones han sido sentencias del Tribunal Constitucional las que han dicho esto es así o esto es asá, este tiene razón o este no, o esto se tiene que interpretar en un sentido o en otro.
Y va a seguir siendo
así, necesariamente va a seguir siendo así porque es muy difícil pensar que ante disposiciones legislativas no pueda haber interpretaciones, valoraciones y posiciones distintas, que a veces se pueden acordar mediante procedimientos bilaterales
-estoy ahora centrándome, como es obvio, en el debate territorial- y a veces no, y por tanto conviene llegar al recurso ante el Tribunal Constitucional, con normalidad institucional y con normalidad democrática. Por tanto, nunca les he afeado que
ustedes hayan presentado un recurso de inconstitucionalidad al Estatuto de Cataluña; me parece que forma parte de las reglas del juego, pero también tengo derecho a opinar y a pensar que, en primer lugar, ese recurso ante el Tribunal Constitucional
en defensa de la Constitución es la mejor prueba de que todo aquello que venían diciendo hasta ahora de que el Estatuto de Cataluña era una reforma encubierta de la Constitución no era cierto. Es evidente que si el Tribunal Constitucional encuentra
una discrepancia entre la Constitución y el Estatuto de Cataluña, se va a reformar el Estatuto de Cataluña y no la Constitución. Por tanto, tengo derecho a opinar que todo aquello que se montó -y les recuerdo que montaron recogidas de firmas por la
calle en solicitud de un referéndum porque según ustedes el nuevo Estatuto de Cataluña era una reforma encubierta de la Constitución- ustedes mismos lo han desmentido al presentar ese recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Si fuera cierto que se tratara de una reforma encubierta de la Constitución, el Tribunal Constitucional tendría que dar la razón necesariamente al Estatuto, que estaría conforme con esa nueva Constitución reformada. Es tan de sentido común, que al
menos exigiría alguna explicación por parte de ustedes. Por consiguiente, ustedes tienen todo el derecho, y todo lo que sea el respeto a las instituciones y su funcionamiento va a contar siempre con mi apoyo, pero desde luego yo también tengo
opinión y capacidad de opinar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con ese recurso, como también tengo derecho a decir que, en segundo lugar, me llama la atención que en el Estatuto de Cataluña se hayan recurrido por presuntamente
inconstitucionales algunos artículos idénticos a los que ustedes han votado favorablemente en otras reformas estatutarias y no han considerado inconstitucionales. Como digo, al menos tengo derecho a señalar que me parece una incoherencia -no sé si
jurídica, política o ambas-, pero sin quitarle legitimidad al recurso y sin pretender presionar a nadie ni prejuzgar nada, tengo derecho democrático a expresar mi opinión y a señalar que es incoherente que en función de quien lo haga las cosas estén
bien o no lo estén. Si lo hace Andalucía está bien porque lo ha votado el Partido Popular, pero si lo hace la Generalitat de Cataluña está mal y es inconstitucional porque el Partido Popular no lo ha querido votar. Y no quiero entrar en otros
ejemplos de según quien lo haga la cosa está bien o está mal por centrarme en el debate que nos mantiene aquí. Ese es un relativismo moral que al menos merece comentarse y eventualmente discrepar de él en público.
Tercera reflexión. ¿Estamos mejor o peor desde el punto de vista de la conflictividad o de relaciones de cooperación con el nuevo Estatuto de Cataluña que antes? Es verdad que ha pasado poco tiempo y por tanto las comparaciones no son
homogéneas. Le podría decir que es obvio que desde que se ha aprobado el nuevo Estatuto hay infinitamente menos requerimientos que antes. Antes llevábamos muchos años y ahora llevamos muy pocos, por lo que esa comparación no sería legítima. En
cualquier caso, le diría que estamos claramente mejor por dos cuestiones: en primer lugar, porque el nuevo Estatuto permite reforzar esos mecanismos de cooperación; permite que se establezcan procedimientos que hasta ahora formalmente no existían
-no digo que no se dieran en la práctica, pero formalmente no existían-, voluntad de prevenir conflictos, voluntad de anticiparnos a determinados conflictos, y sobre todo permite establecer una relación de confianza que es muy importante mantener
entre representantes del Estado, ya sean gobiernos autonómicos o presidentes de gobiernos autonómicos con el Gobierno central. En ese sentido, la voluntad expresada a lo largo de esta legislatura y en las sucesivas reuniones públicas que hemos
mantenido de cooperar y colaborar, de resolver las discrepancias hablando y no solo en los tribunales, de buscar espacios de encuentro entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña -como posteriormente lo vamos a ver también con otros gobiernos
autonómicos que también incluyen esta filosofía y aspectos de cooperación en sus estatutos- y el Gobierno de España, hacía al menos mucho tiempo que no se manifestaba en la escena política. En mi opinión, no responde al signo de quién gobierna en
un lado o en otro, sino al signo de los tiempos. Responde a una cierta visión de que, llegado el momento al que hemos llegado en nuestro desarrollo constitucional y autonómico, necesitamos primar, como he dicho en mi intervención, los espacios de
encuentro, los espacios de cooperación, los espacios que nos permitan que aquellas cuestiones que afectan a los ciudadanos y que difícilmente ninguna Administración en exclusiva -ni siquiera la central- puede resolver, obliguen a establecer
mecanismos de cooperación y de colaboración. Podría citar muchos ejemplos, desde los incendios forestales hasta la gestión de los ingresos tributarios con modelos de
financiación que prevén participación de comunidades autónomas en los ingresos del Estado a través de determinadas figuras impositivas, o fenómenos como la inmigración o determinados riesgos sanitarios que, con independencia de las
competencias y de las fronteras, afectan a todos los ciudadanos de un país. Por tanto, estamos entrando en una fase en la que prima cada vez más esa voluntad de acuerdo, de cooperación, que se tiene que institucionalizar de alguna manera. Yo creo
y el Gobierno cree -y el presidente del Gobierno lo dijo en el debate de investidura- que uno de los lugares donde se tiene que institucionalizar ese espíritu de acuerdo y de cooperación es el Senado reformado. Este modelo constitucional y
autonómico que tenemos solo funcionará mejor si tiene un Senado que de verdad sea lo que preveía la Constitución, un lugar de representación de los intereses territoriales, como se definen hoy los intereses territoriales, es decir, a través de las
comunidades autónomas como máxima -no única, pero sí máxima- expresión de esos intereses territoriales, y ustedes se han opuesto. También hay otros espacios que el Gobierno ha puesto en marcha para buscar ese acuerdo y esa cooperación. La
Conferencia de Presidentes no es un tema menor. Una foto, se decía, para despreciarla. Pues bien, la foto de Su Majestad el Rey con todos los presidentes autonómicos y el presidente de España es la foto de la España constitucional. Esa es la
España constitucional y por tanto yo le doy un altísimo valor simbólico, político y real, y en este aspecto ustedes también han ido arrastrando los pies. Ahora estamos planteando la posibilidad de mejorar e incrementar también de manera
institucional normativizada los espacios de encuentro, buscando articular esa participación de las comunidades autónomas en lo relativo a la gestación de la voluntad nacional, a las políticas que van más allá del estricto reparto competencial de
unos y de otros. Por cierto, en esas reuniones bilaterales, me lo han solicitado fuerzas como el BNG o el propio Govern de Cataluña, esos que según usted -he creído entender, igual me he confundido- solo están obsesionados con el conflicto y que,
al menos en este momento y con este Gobierno, están también muy interesados en la cooperación, en buscar acuerdos y en encontrar espacios en los que los intereses de todos se puedan discutir, se puedan debatir y se pueda llegar a algún tipo de
acuerdo. Y en ese punto, como digo, todavía no he escuchado ninguna posición de su grupo. Nada de eso impide que siga habiendo normas sobre las que no opinemos igual, sobre las que la posición de la Administración General del Estado sea una y la
posición del Govern de Cataluña, del Gobierno de Andalucía o del de La Rioja sea distinta e intentemos evitar el conflicto y buscar el acuerdo, y si no es posible, recurramos al Tribunal Constitucional. Pero yo no utilizaría eso como argumento ni a
favor ni en contra de ninguna tesis de modelo de construcción del país, del modelo y de la voluntad de cooperación entre administraciones, sino más bien como un inevitable elemento que contribuye -y está así definido desde el origen en la
Constitución- a definir el marco de relaciones entre distintas administraciones. Y en ese juego el Tribunal Constitucional juega el papel que tiene que jugar de acuerdo con la Constitución.
Si tuviera yo que establecer ese antes y después que usted me pedía respecto al nuevo Estatuto de Cataluña, por cifrar en el nuevo Estatuto de Cataluña un hito en el sentido de ponerle una referencia para situar ese antes y después, yo diría
que estamos claramente mejor. Y le diré por qué. Porque antes solo preocupaba el conflicto, porque antes la relación solo se basaba en el conflicto y no había más, ni tan siquiera reuniones del presidente del Gobierno con los presidentes de las
comunidades autónomas. Hoy el conflicto es menor en número, pero es que además se inscribe en un contexto general en el cual todas las partes que configuran el desarrollo constitucional y autonómico de nuestro país han expresado que quieren que
prime la cooperación, que quieren que prime la colaboración y el acuerdo. Por tanto, no es lo mismo tener una situación en la que la única posibilidad de relacionarse es a través del conflicto que tener una situación en la cual el conflicto forma
parte de un conjunto de relaciones más amplias, más complejas y mucho más determinadas por el principio de la cooperación y por el principio de la búsqueda de acuerdos. En consecuencia, si señaláramos ese punto de inflexión en nuestro modelo con el
nuevo Estatuto de Cataluña, yo diría que las posibilidades de acuerdo, de cooperación entre el Gobierno de España y el de las comunidades autónomas, en este caso con el Gobierno de Cataluña, es infinitamente mayor después que antes y que va a seguir
siendo así, primero, porque yo creo que es una necesidad objetiva -ya sé que esta es una expresión un poco antigua quizá, pero yo sigo considerándola útil- de nuestro modelo autonómico y, segundo, que el punto al que hemos llegado hace que si
queremos que lo que existe funcione bien y desde luego si queremos que lo que existe funcione mejor, hace falta dar esos pasos, hace falta reformar el Senado, hace falta consolidar la Conferencia de Presidentes, hace falta establecer la
participación de las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales de una manera más regulada, más clara y menos dependiente de la voluntad del ministro o de los consejeros de turno, menos sujeta por tanto a la confrontación
partidista, que a veces antepone los intereses de partido a lo que deben ser relaciones institucionales entre instituciones que representan a todos los ciudadanos y no solo a los que les han votado. Creo que eso consolidará nuestro Estado
autonómico o, dicho de otra manera, consolidará España; eso sí, la España constitucional, la España democrática, la España que entiende que no todos pensamos igual, la España que está buscando procedimientos, mecanismos que reduzcan el conflicto y
que permitan que aunque no todos pensemos igual podamos vivir juntos y disfrutar juntos de las grandes oportunidades que este país todavía tiene abiertas.
El señor PRESIDENTE: Yo les pediría control del tiempo porque ya estamos en previsiones fuera de lugar y además estamos en un día de muchísima intensidad de trabajo. El procedimiento lógico sería la réplica del señor Padilla, y yo le
pediría, don Julio, la máxima concreción, para luego continuar con el resto de los grupos.
El señor PADILLA CARBALLADA: Definitivamente, señor Sevilla, su sutileza y la mía viven notables discrepancias, no políticas, sino sutilezas personales en la interpretación de las cosas, porque no sé dónde ha descubierto el señor ministro
esas intenciones, ya que yo ni calificaba ni intuía maldad en ningún grupo político. Hay más cercanía y menos cercanía de unos grupos que de otros porque si no, esto no sería un Parlamento de un sistema pluralista en política. Sí es cierto, señor
ministro, que, de alguna manera, la sociedad que conforma este Parlamento con su voto tiende, supongo que no caprichosamente, a distribuir los 350 escaños del Congreso de los Diputados, reiteradamente, de una forma muy parecida, que viene a
significar que de esos 350, en torno a 310 se otorgan a dos fuerzas políticas que comparecen a las elecciones con programas diferentes pero con puntos de coincidencia se supone que necesarios, teniendo en cuenta que aspiran a ser el partido de
gobierno de este sistema, señor Sevilla, y otras fuerzas políticas, legítimamente, comparecen normalmente no con la pretensión de ser partido de gobierno.
Recordemos, por ejemplo, algún lema de Convergència i Unió en algún proceso electoral que
decía: Ara decidirem. Ahora decidiremos, pero decidiremos en función de otras cosas, no es vocación de partido de gobierno. Y a usted no le tiene que parecer algo reprochable que yo le recuerde que hay posiciones de partidos de gobierno en este
sistema autonómico precisamente en las que evidentemente hay puntos de coincidencia, no de bondad o de maldad, sino de coincidencia en política, porque, en definitiva, todas son respetables. Recuerde, señor Sevilla, aquel viejo aforismo latino que
dice: Qualis est principio, talis est doctrina. Los principios orientadores básicos de concepción del Estado, con todas las precisiones que sea menester hacer en cada caso, de las distintas fuerzas políticas contendientes en un espacio que están
dentro del sistema tienen una doctrina más próxima, como consecuencia, repito -no sé si es suficientemente ilustrativo-, entre los que son partido de gobierno de un sistema y los que no lo son o los que tienen vocación de serlo y los que no la
tienen. Y la voluntad de acuerdo -sin distinguir entre buenos y malos, señor Sevilla- obliga, por respeto al principio democrático, a hacer más esfuerzos con aquel que más representa, aquel que tiene el depósito de legitimidad de más ciudadanos,
que con aquellos que tienen menos, aunque sea más cómodo pactar con los que tienen menos si suman suficiente para hacer lo que uno quiere, que es en definitiva lo que ha sucedido fundamentalmente en esta legislatura, y eso no implica en modo alguno
calificar de ningún tipo de maldad.
Todo lo contrario; hay que calificar de habilidosas y sutiles a las fuerzas políticas que con una representación menor consiguen más acuerdos con usted, sobre todo si los acuerdos descansan más en lo que ellos prefieren que en lo que a
usted le pudiera gustar, sencillamente por la voluntad de llegar a un acuerdo. Si no hubiera sido así, evidentemente muchas de las consecuencias que ya se van anunciando y las que se producirán no tendrían lugar. El proceso que ha hecho el señor
ministro sobre que si uno considera que algo es una reforma encubierta de la Constitución y después cuando interpone el recurso se está contradiciendo a sí mismo desde luego no es de los análisis más acertados ni exitosos que le he escuchado, con
toda sinceridad. La política es un proceso encadenado de oportunidades, y en cada una de ellas uno tiene que hacer aquello que puede hacer y en cada momento va desgranando las alternativas y optando por ellas. No sé dónde estaría la coherencia,
señor Sevilla.
¿Porque era lo más ahora aceptamos lo menos, que es lo más? ¿Se trataría de eso, señor Sevilla? Ya se intentó el recurso de inconstitucionalidad con el resultado que tuvo con relación a la calificación por la Mesa del Congreso.
Por cierto, también estaba el precedente del plan Ibarretxe sobre el que su propio grupo votó en el Parlamento vasco justamente en los términos de la postura que después tenía el Grupo Popular con el Estatuto de Cataluña sobre qué es lo que podía
decidir o no la Mesa de una Cámara legislativa encuanto a la toma en consideración de un proyecto o proposición de ley o, en este caso, una iniciativa de reforma estatutaria. También hemos conocido estos días, gracias a eso, que un auto que se
pronuncia sobre si la Mesa de la Cámara puede o debe realizar tal determinación es lo mismo que el recurso de fondo de una ley orgánica nada más y nada menos que estatutaria. El grupo de corifeos de oportunidad no tiene ningún inconveniente en
decir que es lo mismo y que, por lo tanto, incluso la idoneidad y parcialidad que presunta o realmente el derecho quiere que tenga un miembro del Tribunal Constitucional es lo mismo para un acto que para otro, y que los que se han separado tienen
que explicarlo. Desde luego todos vamos a aprender muchísimo en los próximos años como esto siga siendo tan fecundo en la imaginativa sociológico-jurídica que va danzando por ahí. Señor ministro, me he quedado sorprendido. Algún aspecto práctico
tenía que tener la comparecencia, naturalmente más allá de este interesante debate, pero ha escapado de él porque no nos ha dicho cuál va a ser la postura del Gobierno acerca de esos requerimientos de incompetencia. Ya que usted preside la comisión
bilateral, díganoslo; díganos por qué, pues seguro que S.S. tiene notables informaciones y también buen criterio para darnos su respuesta.
Podría no hacerlo, pero voy a terminar esta segunda intervención demandándole que nos cuente qué va a pasar con esos requerimientos de incompetencia. Le hago una precisión. El Estatuto valenciano está aprobado antes. Solo hay un conflicto
que además trasciende perfectamente. Hubiera o no reforma del Estatuto se habría
producido, porque el verdadero conflicto es el Plan Hidrológico, tema evidentemente central en la dialéctica política de esas comunidades autónomas esté quien esté en el Gobierno de allí, y lo sabe, señor ministro. Sé que el ministro, como
todos los ministros habidos y por haber, lee la prensa todos los días, al menos la misma que leo yo. Por ejemplo, en estos requerimientos de incompetencia, como sabe el ministro, el Gobierno de la Generalitat dictó primero una disposición que los
desarrollaba. Se ha originado una combativa postura de algunas fuerzas políticas que consideran que lo que ellos denominan despliegue del Estatut, que es una terminología que a mí me parece un poco extraña, tiene que ser siempre a base de esa
acción combativa -no lo decimos nosotros sino ellos-, que ha llevado a debates durísimos en el Parlament de Catalunya no precisamente en la senda del acuerdo, señor Sevilla, sino en la de que hay que demandar a Madrid. Eso no lo digo ni lo censuro,
sencillamente lo describo. ¿Esos son los términos que ustedes creen que ha suscitado como puntos, bases, circunstancias, caminos o encuentros de acuerdo una reforma estatutaria que hay que entender que ha sido fruto precisamente de un acuerdo entre
el Grupo Socialista y los grupos nacionalistas? ¿Lo cree de verdad, señor Sevilla? ¿O es que los planteamientos que vemos, leemos y escuchamos, que no son de ir al acuerdo, no son el reproche que se le hace, por ejemplo al Gobierno de la
Generalidad en este momento y a los representantes de su partido en Cataluña, de que no pueden ir a facilitarle las cosas a Zapatero? Tienen que defender Cataluña cueste lo que cueste, y naturalmente si eso implica conflicto, señor Sevilla, esos
grupos demandan el conflicto; no lo demando yo sino ellos. La realidad a la que usted aplica sus reflexiones no es la que hay. La realidad que hay es la que hay.
Al principio de la legislatura, tomó usted -supongo que también el Gobierno del que forma parte-, después de unos minutos de dialéctica conjunta, la decisión de hacer la política de la legilatura con una mayoría integrada por la minoría
mayoritaria socialista y los grupos nacionalistas y llegaron a la conclusión de que eran complicados los acuerdos con el otro partido de gobierno. Efectivamente, admito que, como sucede siempre, es muy complicado llegar a acuerdos con tu propia
alternativa. Todos tienen que ser muy generosos -esa es una realidad tan vieja como el mundo, señor Sevilla-, pero usted en particular y de forma muy especial en alguna norma de esta legislatura de gran relevancia.
Comprendo que la tentación era
mucha, pero usted prefirió el camino más fácil de hacer su política pequeña, renunciando a veces a la política mayor con tal de poder llenar el expediente de sus aciertos políticos con el refrendo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de alguna norma.
No me reproche, repito; francamente le tengo que decir que ya me disgusta que lea intenciones donde no las hay. Yo le hablo de democracia -termino, señor presidente-, de mayorías, de ciudadanos, de representación, de legitimidad, señor
Sevilla. Claro que tienen más legitimidad los que tienen más representación. ¿O no? Díganos lo que van a hacer para que sepamos cómo se empieza a escribir el futuro. Una última cosa. ¿No le parece que hubiera sido preferible, o aún lo sería,
que esperaran ustedes a que el Tribunal Constitucional resolviera?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Tan de acuerdo estoy con que tiene más legitimidad quien más votos tiene que pido permanentemente que se reconozca y no se cuestione la legitimidad de quien más votos tiene en
esta Cámara, que es el Grupo Socialista y el Gobierno que emana de él. El tamaño de las políticas, sean pequeñas o no, no lo marca que lo apoye el Partido Popular; lo siento, pero no son ustedes el ombligo del mundo. Algunas de las medidas a las
que usted ha hecho referencia y que yo he impulsado en esta legislatura han contado con el acuerdo de todo el mundo menos el de ustedes; cuando digo todo el mundo no me refiero solo a las fuerzas parlamentarias, que también, sino en muchos casos a
los sindicatos más representativos, a las asociaciones que tenían que ver con las cuestiones de las que estábamos tratando y a la sociedad civil en aquellos casos, como la ley de acceso electrónico, que afectaban a la sociedad civil. Por tanto,
quienes quedándose fuera de ese consenso mayoritario han empequeñecido su acción política innecesariamente han sido ustedes, que se han equivocado, y es humano equivocarse, pero inteligente rectificar.
Señor Padilla, yo leo los periódicos, pero le aseguro que no hago la acción de Gobierno ni de política basándome en ellos. Da la sensación de que es una tentación a la que muchas veces es difícil hacer frente, y al final son los periódicos
-por periódicos entendemos medios de comunicación- quienes marcan la acción política. Créame que ese no ha sido ni es el caso del Gobierno ni del Partido Socialista. Nosotros vamos a mantener en el requerimiento las posiciones que hasta ahora
hemos estado manteniendo porque creemos en ellas; eso es perfectamente compatible con seguir intentando buscar acuerdos y manteniendo que el nivel de desarrollo y consolidación constitucional de nuestro Estado autonómico en este momento requiere
favorecer espacios de encuentro y de cooperación donde incluso los conflictos se puedan dirimir y las diferencias se puedan acortar.
La posición frente al debate territorial está bastante clara en este momento. Si no estoy confundido, y creo que no lo estoy, todas las reformas estatutarias que se han aprobado o se están debatiendo en este momento en esta Cámara han
contado con ese acuerdo que usted reclama entre el Partido Popular y el Partido Socialista, menos una, que entraña diferencias difícilmente perceptibles para la mayoría de los mortales, excepto para ustedes. Por tanto, es legítimo concluir que
ustedes no tenían una oposición frontal de principio a las reformas estatutarias, tenían una oposición frontal de principio a
la reforma estatutaria de Cataluña; tampoco fue una oposición apriorística. Yo sé perfectamente que había sectores muy importantes del Partido Popular y del Partido Popular de Cataluña que no veían con malos ojos la reforma estatutaria de
Cataluña, al menos en los momentos en los que todavía se estaba debatiendo en el Parlamento de Cataluña. Dicho de otra manera, también habría sido posible el acuerdo con el Partido Popular en la reforma estatutaria de Cataluña si en otro momento
posterior no se hubiera decidido hacer de eso el eje de la confrontación, del conflicto político con el Gobierno y con los grupos que le apoyaban.
Usted lo ha dicho muy bien. La política es lo que los políticos queramos hacer de ella; no hay
ningún elemento inevitable que obligue a hacer en política cosas de las que luego no nos sintamos razonablemente orgullosos, que no podamos explicar tranquilamente a los ciudadanos y de las que no podamos mantener la coherencia a lo largo del
tiempo. Por tanto, me niego a aceptar esa frase que tantas veces se escucha de que esto son cosas de la política. La política es lo que los políticos queramos hacer de ella, y si nos empeñamos en empequeñecerla la empequeñeceremos y si nos
empeñamos en engrandecerla la engrandeceremos.
La posición del Gobierno es mantener sus decisiones -consideramos que tenemos fundamentos para ello- y, a la vez y mientras tanto, seguir buscando el acuerdo y la posibilidad de limar las diferencias si es posible en esos requerimientos y en
esos conflictos, pero sobre todo generando un clima global en el que la búsqueda de ese acuerdo y esa cooperación sea lo que prime. Yo voy detectando eso cada vez en más comunidades autónomas y cada vez en más grupos parlamentarios que no hacen del
conflicto el eje de su acción política; y para entrar en esa senda en la que la consolidación del Estado constitucional y autonómico requiere dar primacía a lo que son los elementos de cooperación, incluyendo la reforma del Senado, la conferencia
de presidentes o la ley de participación, estas reformas estatutarias que estamos haciendo han sido esenciales. Dicho de otra manera, hubiera sido mucho más complicado sin estas reformas estatutarias, todas las cuales menos una han contado con el
apoyo del Partido Popular. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar, porque hay otros portavoces...
El señor PADILLA CARBALLADA: No va a ser una réplica; pido una puntualización estrictamente, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Treinta segundos; si no, le cortaré la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Es una puntualización. Señor Sevilla, todavía no encuentro a nadie que sea capaz de decirme que el que un estatuto diga que los poderes de la Generalidad emanan del pueblo de Cataluña y otro diga que los
poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan de la Constitución son realidades completamente idénticas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Señor Padilla, le enviaré el informe que tiene elaborado el Ministerio de Administraciones Públicas señalando las más de cuarenta literalidades entre ambos estatutos que
ustedes han recurrido en un caso y en otro no.
El señor PRESIDENTE: Señora García, tiene la palabra.
La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar pido disculpas porque en cuanto finalice mi intervención tendré que marchar, debido a que ya hace más de media hora que debería estar en otra Comisión. Lo lamento, mi grupo no es muy numeroso, no
tiene esta gran suerte que planteaba el Grupo Popular y debemos intentar llegar a todas partes.
Señor ministro, por respeto a usted y a los diputados que a continuación de mi intervención van a hacer uso de la palabra, y también por la falta de tiempo, voy a ser extraordinariamente breve, aunque quiero dejar constancia de que lamento
que se produzca esta situación después de casi dos horas de sesión, tras las cuales los otros grupos tenemos que ser más breves por respeto a su propia agenda, que me consta que hoy también está muy llena. Voy a hacerlo no porque no podamos
responder a todas y cada una de las cuestiones que el portavoz del Grupo Popular ha mencionado, y que merecerían respuesta y algunos calificativos que voy a ahorrarme, sino entre otras cosas porque lo que voy a priorizar en mi intervención es
precisamente la otra cara de la moneda de lo que ha planteado el portavoz del Grupo Popular.
La otra cara de la moneda es que el grupo al que represento, Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida, el grupo, quiere dejar constancia de una imagen de normalidad, de una imagen de convencimiento de que el proceso que se ha iniciado en
nuestro país en esta legislatura es no solo positivo, sino, como también ha dicho en su intervención, absolutamente imprescindible para avanzar en nuestro modelo democrático. En definitiva, estamos construyendo día a día un modelo democrático que
sea útil a todos los retos que tenemos encima de la mesa en cualquiera de los niveles de la Administración del Estado. Por tanto, primera constatación: nos alegramos mucho de esta comparecencia, la haya solicitado quien la haya solicitado, porque
quiere decir que hemos avanzado y que en este caso podemos discutir un estatuto, el de Cataluña, lo que significa que lo hemos aprobado, que estamos en un proceso de avance y también que esta fase está superada, a pesar de que día a día comprobamos
las contradicciones del Partido Popular, cuya máxima contradicción que sintetiza todas, y que usted también la ha mencionado, es que de los 42 artículos impugnados del Estatuto catalán la mayoría son idénticos al Estatuto de Andalucía. Con
este único detalle no hace falta entrar en más provocaciones, como considero que han sido algunas de las cuestiones que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Con esto queda suficientemente reconocido que el Estatuto de Cataluña no pretende ni más
ni menos que el resto de estatutos: avanzar en nuestro sistema.
En Cataluña los ciudadanos viven una situación de normalidad, o así lo entiende nuestro grupo parlamentario y otros grupos también. Lo que pedimos al Gobierno del Estado es que colabore en esta línea de normalidad que constato que se está
haciendo ya; cuando digo que colabore me refiero a que haga posibles las expectativas que ha creado, que la mayoría del pueblo de Cataluña apoyó en el referéndum, en el que participó de manera mayoritaria a diferencia de otras comunidades, pero en
todo caso tan lícito uno como otros. Dichas expectativas sabemos perfectamente que no van a ser de la noche a la mañana; hay unos pasos y unos procesos que deben realizarse bien. A la vez esperamos que no se trunquen las expectativas que ha
creado este Estatuto porque se produciría una sensación de incredulidad, acercándose a las tesis del Partido Popular. Por lo tanto, vamos a favorecer una determinada manera de entender la política que yo comparto con usted. La política es aquello
que queramos hacer los políticos, y hay distintas maneras de entenderla y distintas maneras de gobernarla. Desde este punto de vista es desde el que quiero centrar mi intervención. Los ejes del desarrollo estatutario son dos, una vertiente interna
que corresponde al Gobierno de la Generalitat, en la que se están dando pasos importantes y positivos por el Gobierno de Cataluña, desde la aprobación de la Agencia Tributaria de Cataluña y próximamente con la aprobación del consejo de garantías
estatutarias, entre otras cuestiones. Corresponde, por tanto, al Gobierno de Cataluña una responsabilidad que tenemos que garantizar. Luego hay un desarrollo externo que quisiera recordar sintéticamente. ¿Qué requiere este desarrollo interno?
Usted lo ha dicho muy bien, en primer lugar, la participación activa del Gobierno del Estado en cuestiones sobre las que ya se han dado pasos, como la constitución de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, que se realizó el 6 de
febrero; la constitución de la comisión bilateral, que nosotros queremos manifestar que es de máxima importancia y con la que estamos muy satisfechos; y la comisión de infraestructuras, que se constituirá en las próximas semanas, con la
participación del Estado, la Generalitat y la Administración local. Existe la necesidad de una agenda compartida entre el Gobierno catalán y el Gobierno del Estado. Son necesarias modificaciones de leyes del Estado para la adaptación al Estatuto
de Cataluña. Existen también concreciones clarísimas de traspasos que todos sabemos que debemos intentar que se produzcan con la mayor agilidad para no truncar las expectativas que antes planteábamos. Por tanto, existe mucho trabajo por hacer.
Me voy centrar en dos reflexiones, siempre con este marco de normalidad, de positivismo y de tener la certeza de que estamos mucho mejor que cuando estábamos bien, porque estamos hablando de estas cuestiones de las que seguramente no hubiera
sido posible hacerlo de ninguna manera con el Gobierno anterior. Qué pasos piensa dar el Gobierno en cuanto a incorporar en la actividad normativa del Estado los planeamientos del nuevo Estatuto, para evitar una conflictividad innecesaria, una
conflictividad competencial, que tiene más que ver con un cambio de chip de los diferentes ministerios que no con una falta de voluntad política en general del Gobierno. Ha habido diferentes leyes que han demostrado lo que comento. Una de ellas ha
sido la Ley de la Dependencia. Sobre otras que están todavía en trámite parlamentario hay problemas de competencias, que podrán solventarse, pero en otras ocasiones hay cuestiones de dificultad parlamentaria para poder mejorarlas. Para nosotros es
vital que en la actividad normativa de los diferentes ministerios se incorpore el cambio de chip que supone el Estatuto de Cataluña y otros estatutos.
¿Cómo lo va a hacer su ministerio? Tienen la posibilidad de incidir y una importante
responsabilidad. En cuanto a los traspasos son los mismos del Estatuto anterior, pero con más garantías jurídicas, por ejemplo: la Inspección de trabajo, las Cercanías de ferrocarriles, los aeropuertos, etcétera. Hay que superar las tradicionales
reticencias que se expresan todavía en la Administración General del Estado. Por último comento la puesta en marcha de los diferentes mecanismos de participación que usted ha planteado; una vía sería la presentación de una ley de participación,
que nosotros veríamos con muy buenos ojos. Podría ser la manera de resolver de forma global todas las cuestiones de participación y cooperación entre las diferentes administraciones.
Este es nuestro seguimiento cercano del proceso del desarrollo del Estatuto. Para terminar hablaré de una cuestión que nosotros compartimos con usted, aunque veo que al portavoz del Grupo Popular ya no debe interesarle la intervención de
los demás portavoces.
Me ha preocupado mucho, y quiero dejar constancia de ello, que se haya dicho que hay partidos que no tienen vocación de Gobierno. Me ha parecido una barbaridad y lo tengo que expresar así, porque ser minoritario no significa no tener
vocación de gobierno; de hecho muchos de los partidos que son minoritarios a nivel del Estado tienen vocación de gobierno y lo han demostrado porque gobiernan ciudades, porque gobiernan poblaciones, porque gobiernan comunidades autónomas, etcétera.
En todo caso, aunque no gobiernen seguramente tienen vocación de Gobierno, porque la vocación de gobierno se entiende como vocación de servicio público, como vocación de progresar socialmente y en definitiva como una vocación sobre todo de respeto a
las diferencias. Desde ese respeto a la diferencia me parece gravísimo
que se haya podido decir que hay partidos o grupos parlamentarios que no tienen vocación de Gobierno, que es lo mismo que decir que quizás lo que tenemos -también me incluyo evidentemente como partido a nivel estatal minoritario- es vocación
de pataleta o de Pepito Grillo; en absoluto. Los grupos parlamentarios como el mío tenemos vocación de gobierno allí donde estamos. Incluso en la oposición muchas veces estamos sirviendo al Gobierno, es decir a los intereses de la mayoría de la
población, porque estamos participando y con nuestra aportación estamos intentando mejorar aquellas actuaciones que se están realizando.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro, señorías, en primer lugar quiero agradecer al ministro de Administraciones Públicas su comparecencia. En este agradecimiento inicial quería ahondar en un hecho, que es cierto -esto
refuerza al Parlamento-, que hoy viene a solicitud de los grupos parlamentarios de esta Cámara, pero nuestro grupo parlamentario ha apreciado siempre una voluntad de colaboración con el Parlamento del ministro Jordi Sevilla. En este sentido no
podemos hacerle reproche alguno; al contrario, a lo largo de toda la legislatura se ha mostrado dispuesto a comparecer ante la Cámara cuantas veces fuesen necesarias. Por lo tanto, le agradecemos su comparecencia de hoy; comparecencia sobre un
tema que tiene la máxima trascendencia: la aplicación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que requiere un debate sereno pero que requiere de un debate con el Gobierno. Nosotros tenemos luces de alarma sobre la forma en que se está
desarrollando el Estatuto de Autonomía de Cataluña -ahora me referiré a ello- y tenemos además una sospecha fundada de que se ha aprobado el Estatuto pero después el propio Gobierno no se lo cree y no lo aplica. Ustedes aprueban el Estatuto -el
Gobierno ha participado en el consenso final del Estatuto-, el Estatuto ha sido aprobado en referéndum, ha sido aprobado por las Cortes Generales, está publicado en el BOE y es ley aplicable, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Por
tanto, es una ley a la que nos debemos todos. Si alguien legítimamente quiere -como ha hecho- interponer un recurso, será el Tribunal Constitucional en su día el que decida finalmente su contenido, pero es el aprobado y es al que nos debemos todos
los que estamos aquí; incluso los que lo han recurrido se deben a él. Por tanto, desde esa óptica global nuestro grupo quiere manifestar esas luces de alerta a las cuales ahora me referiré.
Señor ministro de Administraciones Públicas, usted está a la cabeza de un ministerio y, aunque esa competencia no esté atribuida expresamente a él le corresponde a su ministerio velar por la buena aplicación de los estatutos de autonomía,
velar por el respeto a la letra de los estatutos de autonomía desde la Administración General del Estado y desde todos sus ministerios. Por tanto, debería corresponder al Ministerio de Administraciones Públicas una cierta función transversal de
vigilancia y de garantía de que en cada ley, en cada norma y en cada decreto que aprueba su Gobierno se respeta ese bloque constitucionalidad. El Estatuto de Autonomía de Cataluña es un estatuto de nueva generación, con nuevas potencialidades, con
una mayor precisión de las competencias asumidas en cada ámbito material y mayores garantías de esas competencias, y eso está en el Estatuto, al igual que está una mayor reafirmación de la identidad nacional de Cataluña, al igual que está un
reconocimiento de los derechos históricos, al igual que está un nuevo sistema de financiación. En el ámbito competencial hay mayores concreciones, pero da la impresión de que su Gobierno no las aplica y no se las cree. Le pondré algunos ejemplos
que en las áreas de las que soy portavoz -Justicia, Fomento, Vivienda- he ido detectando. Si el artículo 147 del nuevo Estatuto, que está vigente, atribuye a la Generalitat la competencia ejecutiva en el establecimiento de las demarcaciones
notariales y registrales, esa competencia no es del Estado. Sabemos cómo funciona, el régimen es asimétrico: el Estado tiene unas competencias exclusivas y las comunidades autónomas tienen aquellas que hayan asumido en sus estatutos. La mayoría
de comunidades no han asumido esta competencia -es respetable-, pero si una la ha asumido debe cumplirse. Ustedes, con el Estatuto de Autonomía vigente, aprueban el pasado 9 de febrero en el Consejo de Ministros -usted debió estar ahí como miembro
del mismo- un real decreto de revisión de la demarcación notarial y de modificación de la capitalidad de registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y crean un registro en Bañolas. Me parece muy bien, yo lo apruebo, pero no que lo
hagan ustedes porque no les corresponde. Incluso nosotros habíamos presentado una proposición no de ley en la Comisión de Justicia en la que pedíamos la creación de un registro, pero cuando se aprobó el Estatuto la retiramos porque pensamos que
cómo íbamos a pedir al Gobierno que hiciera una cosa que ya no le correspondía, porque cuando se tramitara nos dirían que qué defendíamos porque eso ya le correspondía a la Generalitat. Si le corresponde a la Generalitat, hagan todas las
demarcaciones que quieran, pero no las que puedan afectar a competencias de la Generalitat. Este es un ejemplo entre muchos de lo que supone ese no filtro. Es decir, está el Estatuto pero... ¿No hay nadie en su ministerio que deba hacer el
control de las normas para ver de qué manera esa norma influye o no en una competencia específica?
Le pondré otro ejemplo que también he vivido en esta Cámara. El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña dice en su artículo 149 que en materia de regulación de patrimonios públicos de suelo le corresponde a la Generalitat la competencia
exclusiva. Vamos al mismo Estatuto, ¿qué quiere decir que le corresponde una competencia exclusiva? El Estatuto ha querido definir qué quiere decir la asunción de esa competencia exclusiva. Dice en su artículo 110: Corresponde a la Generalitat
en
el ámbito de sus competencias exclusivas de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Se dice: Corresponde únicamente a la Generalitat el ejercicio de estas potestades y funciones, mediante
las cuales puede establecer políticas propias. Esto está aprobado. Si el artículo 149 le da a la Generalitat competencia exclusiva en la regulación de patrimonios públicos de suelo, cómo puede ser, señor ministro, que el proyecto de ley de suelo
que estamos tramitando en la Comisión de Fomento y Vivienda -que ahora ya está en el Senado- regule los patrimonios públicos de suelo. Si quiere hacer esa regulación, esa ley estatal del suelo, debe especificar que no puede aplicarse a aquellas
comunidades autónomas que hayan asumido específicamente esa competencia. Si no se hace así, se está ante un conflicto de leyes, porque la Generalitat tendrá competencia exclusiva para regularlo, y el mismo Estado habrá hecho una regulación que se
dice afecta a todo el territorio del Estado, con lo cual también a Cataluña; habría un conflicto de leyes. ¿Cómo se resuelve? ¿Es positivo generar esos conflictos de leyes? Fíjese, señor ministro -y hemos tenido un ejemplo que usted conoce bien
en el Estatuto del Empleado Público-, las bases, o son el mínimo común normativo, o no son tales bases; pero, señor ministro, al final, las bases van a ser asimétricas. En la medida en que no todos los estatutos han asumido por igual una misma
competencia, en la medida en que la competencia compartida que asumen muchos estatutos lo es solo en determinados ámbitos materiales pero en otros ámbitos no, el régimen es asimétrico. Cada comunidad ha asumido un nivel distinto de competencias, y
lo debe enterder así su ministerio porque si no, iremos al conflicto permanente. Por eso me temo que ustedes no se creen la letra del Estatuto. La han aprobado, está ahí, está publicada en el BOE, pero no la aplican; si la aplicaran, debería
desaparecer la regulación de la Ley de patrimonios públicos de suelo o si no que quede esa regulación -que yo lo admitiría- para aquellas comunidades autónomas que no han asumido esa competencia, y que se diga de manera clara que esa regulación no
puede afectar a una comunidad que sí la ha asumido, y lo mismo en las demarcaciones notariales y registrales, por ponerle ejemplos concretos que colisionan nítidamente, sin ninguna duda. Aquí hay muchos juristas, unos podrán argumentar que no están
de acuerdo en que el Estatuto haya asumido esa competencia, y tendrán legítimas razones, y otros podremos argumentar que aprobamos claramente que se haya asumido esa competencia, pero no podemos pasar de la realidad fáctica que se ha asumido en los
decretos, en los proyectos de ley, que nos lleva a un conflicto permanente de normas. Por tanto, señor ministro, esto no es respetar la lealtad institucional a la que se debe su Gobierno.
Quería hacerle alguna pregunta. ¿Quién controla en su ministerio la elaboración de los proyectos normativos, sean de ámbito reglamentario o futuros proyectos de ley? ¿Quién controla en su ministerio que esos proyectos normativos no
colisionen con estatutos ya aprobados, como el de Andalucía o el de Cataluña, con una pormenorizada descripción competencial? ¿Lo controla cada ministerio o el Ministerio de Administraciones Públicas, con un criterio riguroso? Si hay un criterio
riguroso, ¿cuál es? Nos tememos que no lo controla nadie, que se legisla sin tener en cuenta lo que se ha publicado ya en el BOE, lo que nos va a llevar a una importante colisión en el futuro próximo. Por tanto, qué controles hay y qué filtros se
pasan.
También le queríamos preguntar -y se hacía antes referencia por parte de otra portavoz parlamentaria- sobre la Comisión de Infraestructuras que prevé el Estatuto. En primer lugar, ¿qué calendario hay para la constitución de la Comisión de
Infraestructuras, de la cual formará parte también la Administración General del Estado? En segundo lugar, ¿se creen esa Comisión de Infraestructuras, señor ministro; creen que tiene alguna virtualidad; creen que tiene algún efecto jurídico?
¿Creen que debe cumplirse lo que se acuerde en esa Comisión de Infraestructuras, para dar cumplimiento al Estatuto en cuanto al nivel de inversiones del Estado durante siete años en Cataluña? ¿Se la creen o no se la creen? A juzgar por las
alegaciones que su Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional nos tememos que tampoco se la creen. Su Gobierno, ante el Tribunal Constitucional, a través de la Abogacía General del Estado, ha venido a restar toda la importancia a esa
comisión diciendo: bueno, que haga propuestas, total, las leyes de presupuestos aprobarán lo que libremente el Parlamento decida y, por tanto, en nada vincula esa comisión. ¿Usted comparte ese criterio? También nos gustaría conocer su opinión al
respecto porque, repito, han entrado en el Tribunal Constitucional unas alegaciones de más de 300 páginas, y de alguna manera vienen a restar contenido a lo aprobado en el texto estatutario. Por tanto, desde esta óptica Convergència i Unió ahonda
en la preocupación por una futura colisión competencial.
Otra pregunta que le quería realizar en relación con el Estatuto: ¿aprobarán este año el nuevo sistema de financiación, trabajan para ello? ¿Aprobarán el sistema de financiación desde la bilateralidad que marca el propio Estatuto? Porque
el Estatuto establece incluso la revisión bilateral y quinquenal que debe tener el sistema de financiación: el Estado y la Generalitat, dice el texto estatutario aprobado oficialmente y publicado en el BOE. Si es el Estado y la Generalitat,
¿debemos esperar a estar todos en un nuevo sistema de financiación? ¿Qué calendario tiene el mismo? Porque el Estatuto ya está aprobado, y en el mes de julio cumplirá su primer año. Queremos conocer el compromiso de que se lleve a cabo el año
2007 la aprobación del nuevo sistema y su previsión, porque es la voluntad que se había acordado, y compete de manera clara a su ministerio realizarlo.
Otra pregunta más. ¿Comparte su ministerio la visión de administración única que se incluye en el Estatuto? ¿Cómo se va a desarrollar? Me refiero concretamente a la disposición adicional sexta del Estatuto, en la que se
prevé que la Generalitat será la administración ordinaria del Estado en Cataluña y, a tal efecto, se prevé que se le transferirán a la Generalitat las funciones ejecutivas que cumple la Administración del Estado por medio de sus órganos
territoriales en Cataluña. ¿Comparten esta disposición; comparten la idea de administración única que tantas veces se ha debatido, y que se ha incluido en el propio Estatuto?
Una pregunta más, señor ministro: balanzas fiscales. ¿Interviene su ministerio en el cumplimiento de las previsiones estatutarias de conocimiento de esos datos contables entre las finanzas de la Generalitat y las del conjunto del Estado,
que también está en el Estatuto? ¿Se va a hacer? ¿Para cuándo se van a publicar esas balanzas fiscales?
Termino ya, señor presidente, señorías, haciendo una reflexión al portavoz del Grupo Popular. El portavoz del Grupo Popular afirmaba que intuía que, con el primer desarrollo del Estatuto, ya existían visiones diferenciadas entre aquellos
que lo habíamos aprobado. Nos tememos que es cierto. Es cierto que ustedes han puesto el freno de mano y que otros queremos que se cumpla el Estatuto, tal y como fue aprobado en las Cortes Generales y ratificado en referéndum. También decía el
portavoz del Grupo Popular que había formaciones políticas que carecíamos de vocación de partido de Gobierno. Es injusto que se refiera así a Convergència i Unió, por nuestra trayectoria en esta Cámara en todas las legislaturas (El señor Padilla
Carballada: En Cataluña; aquí no.), y por nuestra colaboración en cuanto a la gobernabilidad del Estado, que hemos tenido en distintas legislaturas y en diferentes gobiernos de distinto color político, y si algo se ha reconocido a nuestro grupo
parlamentario y a otros grupos de esta Cámara. Aunque no sean los dos grupos mayoritarios ha sido la vocación de hacer planteamientos globales para el conjunto del Estado.
Si alguien repasara las enmiendas que realizamos en cada uno de los proyectos de ley, vería que son de contenido global para el conjunto de la ciudadanía, y lo hemos hecho en política económica, en política fiscal, en política de
administraciones públicas; nos hemos implicado a fondo. Tenemos esa vocación de Gobierno; estemos o no dentro de un gobierno, que es distinto. (El señor Padilla Carballada: Sí pero no en el partido del Gobierno en Cataluña.) Nosotros tenemos la
vocación de contribuir (El señor Padilla Carballada: De contribuir, sí.) a la gobernabilidad general del Estado.
Termino hablando de la necesidad de superar un recelo pendiente. Debemos creernos el nuevo marco que nos hemos dado y, para ello, esos estatutos de nueva generación -y el Estatuto de Cataluña es un ejemplo claro-, con mayor potencialidad en
el autogobierno, en el reconocimiento de la identidad nacional, en un nuevo sistema de financiación, viene enmarcada a través de un marco político concreto que se define en el artículo 3 del Estatuto. Dice: Las relaciones de la Generalitat con el
Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua -que es la que pedimos- y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado. Las comunidades autónomas son Estado y, por tanto, cuando hablamos de
Estado, el Estado es plural, y si una competencia la tiene la Generalitat también la tiene de alguna manera una parte de ese Estado en el cual se estructura la distribución competencial. Por consiguiente, desde esta óptica, alejemos las visiones
más tremendistas.
Esa potencialidad ya está en la Constitución, cuando nos dice que el presidente de la comunidad autónoma es el representante ordinario del Estado en su territorio, porque es Estado, porque el Estado es plural, y porque, ¿quién
gobierna el Estado?: depende de las competencias, en un ámbito la Administración General del Estado, y en otros ámbitos las comunidades autónomas. Por tanto, ese respeto a las competencias asumidas es el que le pedimos también, señor ministro,
desde Convergència i Unió, y nos tememos que van con ese freno de mano activado, que no están construyendo los filtros necesarios para respetar el Estatuto en su literalidad, que van por una senda de invasión competencial que va a producir
conflictos y que, sobre todo, va a producir algo que es más grave: el no cumplimiento de ese bloque de constitucionalidad. Antes se decía que el derecho no se puede estirar pero, evidentemente, aunque es cierto, aunque no se puede ir estirando el
derecho, hay un núcleo del derecho que lo forma sobre todo la Constitución y los estatutos de autonomía, ese bloque de constitucionalidad al que todos nos debemos. Ese es el respeto que pedimos también desde Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
La señora MALARET GARCÍA: Señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista ha escuchado con atención su exposición inicial y sus réplicas posteriores, ha seguido su lúcido análisis del marco histórico y constitucional en el que se
desarrolla el actual Estado autonómico, ha seguido su descripción, precisa y minuciosa, de lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer. Sin complacencia, podemos decir que hemos avanzado, pero que nos queda camino por recorrer. Recordaba hace
unos días un conocido constitucionalista, buen conocedor de los modelos de referencia de descentralización política que todos tomamos -Estados Unidos y Alemania-, que una de las señas diferenciales del modelo español es que falta todavía por
construir la cultura política adecuada al modelo territorial que nos hemos dado, que impera todavía un modelo de unilateralidad, en lugar de un modelo de bilateralidad, de consenso y de acuerdo que es el propio de las democracias que conocen modelos
de descentralización política. Por tanto, conscientes de que existen resistencias, de que hay dificultad para tirar hacia delante, de que hay mentalidades a las que les cuesta todavía asumir el modelo constitucional español de descentralización
política -y en esta Cámara se oyen continuamente
referencias a la uniformidad, a la imposibilidad de entender la diferencia y la diversidad-, conscientes de que todavía hay mucho por recorrer, confesamos nuestra satisfacción por lo que hemos avanzado ya y lo que hemos hecho. Por ello,
creemos especialmente significativa la valoración positiva de las relaciones entre el Gobierno y las instituciones de la Generalitat que se han desarrollado en un clima de diálogo interinstitucional, un diálogo entre instituciones típico y
característico de las democracias avanzadas; por tanto, normalidad institucional y normalidad democrática, lejos de la crispación, de la confusión, de la insidia, de la tensión y de la mala educación con la que algunos pretenden cubrir las
instituciones y la sociedad española.
Como es bien sabido, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña fue refrendado por los ciudadanos el 18 de junio de 2006, después se publicó en el BOE y entró inmediatamente en vigor, hace solo nueve meses. En este periodo, las relaciones
entre las instituciones de la Generalitat y las del Estado se han desarrollado con absoluta fluidez y normalidad, en ejercicio responsable de los respectivos cometidos. A pesar del poco tiempo transcurrido, se ha andado mucho, porque hay voluntad
de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos, como señaló la semana pasada el presidente de la Generalitat al hacer balance de los cien primeros días de Gobierno, en una intervención, la del presidente de la Generalitat, en la que señalaba que
compartía con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, la convicción de que el desarrollo del Estatuto de 2006 sería más rápido y completo que el del Estatuto de 1979.
Todos hemos aprendido mucho en este camino, y sabemos los errores que no hay que repetir. Por eso, las instituciones centrales del Estado, el Gobierno y las instituciones de la Generalitat, hemos actuado con diligencia, una diligencia
demostrada en los primeros pasos, que constituye una buena prueba de la voluntad de establecer unas bases de trabajo y de relación cordiales y francas. Unas relaciones basadas en el principio de lealtad, que debe presidir las relaciones entre
niveles de gobierno en un Estado multinivel. Así, como ha señalado el ministro, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ya se constituyó el pasado mes de febrero, la Comisión bilateral también se ha constituido, y en las próximas semanas
se constituirá la Comisión de Infraestructuras, prevista en la disposición adicional tercera; una comisión con unos contenidos precisos y acotados, que hay que leer en su integridad, y no hacer lecturas sesgadas de las disposiciones adicionales.
Debo señalar que he intentado seguir la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular para discernir el objetivo que perseguía la solicitud de la comparecencia. Me ha costado un poco, puesto que discurre de un modo un tanto
errático y a veces confunde, creo yo, los aspectos puntuales, las controversias concretas y específicas con las cuestiones de fondo. Así, entrando en cuestiones concretas que se han suscitado en su intervención, me gustaría señalar el alcance de
las dos únicas y exclusivas controversias que existen en la actualidad entre las instituciones centrales del Estado y las instituciones de la Generalitat, y para ello no es óbice recordar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como cualquier ley
que aprueba este Parlamento, es una ley vigente y, como tal, debe aplicarse. No tenemos en nuestro sistema constitucional la posibilidad de inaplicar leyes hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional; no es este el modelo que el
constituyente diseñó de justicia constitucional, que es, única y exclusivamente, el modelo kelseniano puro del legislador negativo: las leyes son constitucionales hasta que la única instancia que tiene el monopolio para decidir, que es el Tribunal
Constitucional, decide lo contrario. Por tanto, en aplicación del Estatuto de Autonomía que este Parlamento ha votado y que han refrendado los ciudadanos de Cataluña, las dos únicas y exclusivas controversias, como digo, a fecha de hoy, son muy
concretas y puntuales y permítaseme recordarlas: una, el recurso acerca del alcance de las funciones ejecutivas en relación con el nuevo diseño del acceso a la profesión de abogado y procurador -por tanto, discrepancia única y exclusivamente sobre
el alcance de funciones ejecutivas-; y, dos, en relación con el ámbito de las enseñanzas, el conflicto de competencias es únicamente sobre el nivel de concreción de determinados preceptos -y leo los preceptos en cuestión, para que se vea que son
muy puntuales-: sobre el establecimiento de tiempos de lectura diaria, sobre la organización de la acción tutorial, sobre la atención a los alumnos que se incorporan tarde, sobre los alumnos con altas capacidades intelectuales, y sobre el horario
que corresponde a los contenidos básicos -no sobre los contenidos básicos, sino sobre el horario en torno a los mismos-. Estas son exclusivamente las controversias existentes a fecha de hoy. En definitiva, unas controversias puntuales, concretas y
muy delimitadas, lejos de la dinámica de conflicto permanente a la que nos acostumbró la última legislatura del Partido Popular, en la que el ordeno y mando disciplinaba las relaciones entre gobiernos y las relaciones entre poderes públicos y
ciudadanos. En esta legislatura, iniciada y desarrollada bajo el principio del debate democrático y del diálogo interinstitucional, hemos andado por la senda constitucional, firmes en nuestras convicciones democráticas, y convencidos de que en
democracia las reglas de juego exigen respeto al otro, tolerancia con las distintas maneras de ver la sociedad, diálogo, capacidad de escucha, negociación, búsqueda del acuerdo, y estas serán las reglas que guiarán nuestra práctica en la esfera
pública.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Voy a dar una rápida respuesta a algunas de las preguntas que se han formulado, agradeciendo la intervención de todos los portavoces, pero querría hacer una declaración
previa. Se ha planteado una reflexión en torno a si la aplicación del Estatuto
de Cataluña -e inmediatamente después tendremos el mismo debate con la aplicación del Estatuto de la Comunidad Valenciana o de Andalucía- se está haciendo con la celeridad suficiente o no; incluso se ha llegado a utilizar la expresión, por
parte del portavoz de Convergència, de que se estaba con el freno de mano. No, no se está en absoluto con el freno de mano, pero tampoco queremos que nos pongan una multa por exceso de velocidad. Estamos interpretando una norma compleja, una norma
muy importante, y lo estamos haciendo con celeridad -en aquello que se puede hacer-, de manera apresurada incluso, como es la puesta en marcha de las previsiones del Estatuto en lo que tiene que ver con instrumentos e instituciones: las comisiones,
que se están poniendo en marcha con una celeridad superior posiblemente a la que tuvo lugar hace veintitantos años, cuando se aprobó el anterior estatuto, y desde luego el nivel de desarrollo de todas las previsiones contenidas en este como en los
demás estatutos de autonomía por lo menos es intención de este Gobierno, en la medida en que siga siéndolo en la próxima legislatura también, aplicarlo con la misma diligencia y con mayor celeridad de lo que se hizo la vez anterior, entre otras
razones, por lo que he explicado antes: porque, siendo muy apasionante el debate sobre la competencia, creemos que es mucho más importante el debate sobre la cooperación y sobre la colaboración, y porque pensamos que tiene mucho más interés para el
conjunto del país, y, desde luego, para los ciudadanos poner en marcha los mecanismos que permitan trabajar juntos en aquello en lo que tenemos que trabajar juntos.
Por tanto, estamos aplicando el estatuto y lo estamos haciendo desde el principio y con la firme convicción -¡cómo no!- de cumplirlo. Este es un Gobierno que cumple las leyes, todas las leyes y mucho más aquellas que ha contribuido a que
sean aprobadas por este Parlamento, lo cual no excluye que pueda haber, como he mencionado en mi primera intervención, asuntos que son discutibles y que, por tanto, hay que discutirlos, porque queremos hacer las cosas bien antes que hacer las cosas
deprisa.
Se han hecho algunas preguntas concretas, y yo querría contestar a algunas de ellas al menos. Respecto a quién controla en el ministerio los proyectos normativos, les diré que la responsabilidad de todo el ministerio es mía y, por tanto, yo
asumo toda la responsabilidad política. Estamos haciendo todo lo posible -y creo que lo estamos logrando- para que ese conflicto que se pueda producir entre disposiciones normativas del Gobierno central y disposiciones normativas del Govern de la
Generalitat no llegue a producirse. Precisamente este es el sentido de esta comisión o subcomisión que hemos creado.
Por último, quiero contestar con claridad a una pregunta muy concreta. Es intención del Gobierno llegar a un acuerdo político en esta legislatura sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. Creemos que es necesario hacerlo, todas las
comunidades autónomas han manifestado quejas respecto al actual modelo, a la insuficiencia, y sobre todo a los mecanismos y a los procedimientos del actual modelo. El Gobierno puso en marcha ya, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
el año pasado los procedimientos para llegar a este acuerdo político, solicitó de las comunidades autónomas que le hicieran llegar reflexiones, problemas que ellas veían o que tenían, y propuestas. Tengo que decir que solo la Comunidad Autónoma de
Cataluña y la Comunidad Autónoma de Andalucía se han manifestado con documentos por escrito, ninguna más. El Gobierno al finalizar el año pasado, como se comprometió, presentó un informe sobre cómo veíamos nosotros el funcionamiento del actual
modelo y no tengan ninguna duda de que, una vez pasadas las próximas elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno aquí sí apretará un poquito más el acelerador, para intentar llegar a un acuerdo político en torno a un nuevo modelo de
financiación autonómica dentro de esta misma legislatura.
El balance que se puede hacer -y concluyo con ello- es altamente satisfactorio, no solo por el contenido del Estatuto, sino también por la convicción con la que el Gobierno aprueba lo que aprueba y se dispone a cumplir aquello que aprueba,
lo cual no excluye que no pueda haber situaciones que en un momento determinado exigen más reflexión, porque algunos de los preceptos del Estatuto, por más que ha hecho un esfuerzo brillante, como acostumbra, el portavoz de Convergència i Unió, no
son tan claros y nítidos como él lo ha querido presentar y, por tanto, admiten, exigen y requieren, si lo queremos hacer bien, hablarlos y discutirlos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, muchas gracias.
Suspendemos la sesión para que el siguiente compareciente tome la palabra.
(Pausa.)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, MUFACE (FERNÁNDEZ SIMÓN), PARA EXPLICAR LA VALORACIÓN QUE HACE LA DIRECCIÓN GENERAL SOBRE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA
FACILITADA A LOS MUTUALISTAS DE MUFACE Y SUS BENEFICIARIOS, DESTINADOS Y RESIDENTES EN EL EXTERIOR, POR LA NUEVA ENTIDAD QUE LA PRESTA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001231.)
El señor PRESIDENTE: Reiniciamos la sesión dando la bienvenida a la directora general de Muface, que comparece para explicar la valoración que hace su dirección general en relación con la atención que se presta a los beneficiarios de esta
entidad en el exterior. Como tenemos muy poco público porque hoy está muy
activa la Cámara, como se podrá comprender, ruego la máxima brevedad para poder acometer el resto de las tareas.
Tiene usted la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, MUFACE (Fernández Simón): Señor presidente, señorías, es mi primera comparecencia aquí y para mí es sin duda un honor. A la hora de la verdad, casi
prefiero que no haya demasiados diputados porque así me resulta menos impresionante que por falta de costumbre me lo hubiera parecido si hubiese habido una concurrencia mayor.
Voy a comenzar mi intervención hablando de lo que se me ha solicitado por el Grupo Popular, que es la valoración de la calidad de la asistencia sanitaria facilitada a los mutualistas de Muface y beneficiarios, destinados y residentes en el
exterior, por la nueva entidad que la presta. Mi idea era poder proporcionar el mayor acopio posible de información y de consistencia, estructurando mi intervención en cuatro apartados. En el primero hablaré un poco de los antecedentes de la
cuestión: qué otra entidad había antes y qué razones llevan a cambiar en un momento dado la entidad; luego informaré de los datos del procedimiento concurrencial por el cual se adjudica a esta nueva empresa; después entraré en los rasgos básicos
de ese nuevo concierto en el exterior, en todos sus aspectos más importantes; y por fin haré un balance del primer año transcurrido y hablaré de la prórroga del concierto. Procuraré ser lo más breve que pueda.
Muface, siguiendo en esto a las mutualidades profesionales a las que sucedió, presta su asistencia, en territorio nacional siempre a través de convenios con instituciones públicas o de conciertos con entidades privadas; no así en el
exterior, donde de siempre Muface lo que ha hecho es suscribir contratos o pólizas con empresas que por el sistema de reintegro del gasto efectuado y por el principio de libre elección de centro funcionaban de este modo para atender a mutualistas y
beneficiarios. Desde el año 1976 hay un primer contrato con la empresa American Life Insurance Company, Alico, que después se prorroga hasta el año 1979 y se suscribe una póliza con la misma entidad en el año 1980, que va a pervivir hasta el año
2005, con algún cambio no sustantivo del que luego hablaré. Durante estos años -es una duración muy larga, estamos hablando de veintinueve años- sin duda ha habido muchas reflexiones y consideraciones críticas sobre la naturaleza y la conveniencia
de esa póliza suscrita y tan largamente prorrogada con esta entidad. Los hitos principales que mueven a cambiar esta póliza son fundamentalmente dos. El Tribunal de Cuentas, en el año 2000, en su informe de fiscalización sobre Muface observó que
no ha habido estudios para fundamentar una posible concurrencia entre empresas distintas -es siempre la misma y sin mayor proceso concurrencial- y recomienda que a la vista del tiempo transcurrido se analice bien la póliza y se piense si merece la
pena seguir con ella, si sencillamente hay que confirmarla, modificarla, o más bien el Tribunal de Cuentas se orienta hacia la convocatoria de un concurso que garantice la concurrencia. A la vista de este informe, en 2003 se produce una
modificación menor de la póliza integrando algunos elementos que se venían introduciendo en documentos separados, completando esas modificaciones parciales, aclarando en lo posible la legislación aplicable y actualizando también algunos contenidos
prestacionales. En todo caso, esa modificación de 2003 no toca las formas de adjudicación y de publicidad, al igual que no toca los elementos obligacionales propiamente dichos: derechos y deberes, procedimientos para reclamaciones, información y
documentación a entregar, etcétera. Hay un segundo informe del Tribunal de Cuentas, un informe de fiscalización especial sobre los años 2003 y 2004, en el que vuelve a pronunciarse sobre esta póliza en el exterior. Indica ya la exagerada duración
del contrato y que si se comparan los precios que se están pagando por las primas con lo que se paga en sanidad pública o en sanidad privada, la de expatriados, se observa que se están pagando unas cantidades muy altas.
También observa que sigue
sin haber concursos ni pliegos de prescripciones de ninguna especie. Además, el tribunal recomienda que se revisen esos precios, se miren, se promueva la concurrencia y la publicidad y se convoque un concurso para ver si se logra precisamente ese
abaratamiento de precios y en la medida de lo posible obtener mejores prestaciones. Cuando en 2005 la Dirección General de Muface se planteó el cambio era una necesidad largamente sentida, internamente en Muface porque se veían insuficiencias,
problemas y costes muy altos y externamente porque el Tribunal de Cuentas venía reiterando esas observaciones y esas recomendaciones, aparte de que el propio Gobierno en algún momento también había expresado una opinión parecida, de manera que se
innova con un instrumento jurídico que se inspira en el modelo de concierto, que es el que se utiliza en Muface, para la asistencia sanitaria en territorio nacional. Se convoca un procedimiento concurrencial, un concurso público, que garantiza la
libre concurrencia y la competencia efectiva entre entidades de seguro libre diferentes y que asegura -esto es muy importante para Muface- los aspectos obligacionales que antes estaban cogidos con alfileres. Estos serían los antecedentes del asunto
y las razones que aconsejan modificar el procedimiento y que finalmente conducen a que sea otra la empresa.
Paso a decirles muy brevemente cuáles son los datos de ese proceso concurrencial. En primer lugar, se solicitan los informes preceptivos normales. Se solicitan siempre a la Secretaría General Técnica, al Servicio Jurídico del Estado en el
MAP, a la Intervención Delegada en Muface, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda y también a la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Siempre
se hace sobre el proyecto de concierto, en el cual constan todos los elementos a los que se aspira y también las condiciones de la prestación.
Todos estos informes se evacuan de conformidad, se hacen algunas observaciones de cierta
importancia en cuanto al modelo de concierto por parte de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones y la Dirección de Servicio Exterior no plantea ninguna observación. A partir de ahí se dan los pasos normales: dictar la resolución, anuncio en
el boletín, constitución de la comisión técnica de valoración y emisión de un informe en el cual se aprecian todos los elementos contenidos en el concierto. Se presentan tres empresas, una de ellas es la histórica, la que venía prestando el
servicio durante 29 años, Alico; otra es International Health Insurance Danmark y se presenta también DKV Seguros y Reaseguros.
Previo estudio de los requisitos, de los criterios de solvencia técnica y económica, de los criterios de ponderación y
demás, la comisión técnica concluye que debe ser DKV la adjudicataria; criterio que hace suyo la directora de Muface y así se notifica a las empresas, firmándose poco después y publicándose en el boletín el 28 de diciembre del año 2005. La empresa
anteriormente prestadora del servicio solicita que se le aclare cuáles son las características de la nueva oferta que han aconsejado el cambio de entidad, se le contesta; plantea recurso de alzada y de suspensión, se desestiman ambos y en marzo de
2006 Alico interpone un recurso contencioso-administrativo que actualmente está en tramitación.
Paso ahora a explicar los rasgos básicos de este concierto del que vengo relatando, de momento, el itinerario. En cuanto al colectivo que atiende, en el año 2006 la cifra es de 6.632 personas protegidas de las cuales 2.908 son titulares, el
resto son beneficiarios -es la cifra más alta de personas protegidas en el exterior desde que yo tengo noticia, que la tengo desde el año 1992-; no obstante, a 28 de febrero de 2007 la cifra es ligeramente aún más alta. Este colectivo tiene
algunos rasgos muy propios, muy suyos. En primer lugar la diversidad. Parecería que fueran a ser todos de la carrera diplomática pero no es así. El mayor número son docentes en el exterior; hay funcionarios de cuerpos generales, policías,
técnicos comerciales; hay jubilados, viudos y viudas residentes en el extranjero, cuyas necesidades difieren de las del personal que va por un tiempo, y también hay personal destacado en el exterior por las comunidades autónomas. En la medida en
que pertenecen a los cuerpos que cubre Muface en territorio nacional, cuando van al exterior son dados de alta en la póliza que tenemos con DKV. La dispersión es otra de las notas. Prestan servicios en embajadas en 97 países, 83 sedes consulares,
28 representaciones permanentes y ene número de centros docentes, de órganos de cooperación o de sedes del Instituto Cervantes. Una última nota a destacar es la movilidad. Si algo caracteriza a los funcionarios en el exterior, al punto que es una
de sus peculiaridades intrínsecas, es que los destinos son precisamente temporales.
Conocidas algunas características del colectivo, quería comentarles los, para mí, elementos fundamentales del nuevo concierto. Primero, el principio de libre elección, tanto del centro médico u hospitalario como de facultativo. En segundo
lugar, el sistema de reembolso de los gastos efectuados, fijándose un límite taxativo máximo para ese reembolso y determinándose que en el caso de ser intervenciones programadas, enfermedades crónicas o, en general, este tipo de atenciones de alto
costo, habrá un pago directo por parte de la entidad en el exterior o, al menos, el depósito de un aval que permita en todo caso que la atención se produzca sin desembolso por parte del interesado. En el tercero de los apartados de estos elementos
fundamentales, que es el más novedoso, se recogen los aspectos obligacionales del concierto, donde estaba la falencia de la antigua póliza con Alico. Aquí se recoge expresamente la relación de prestaciones cubiertas y la relación de prestaciones y
derechos de mutualistas y de beneficiarios; quedan claramente establecidos los procedimientos para reclamaciones y la documentación e información que hay que dar no solo a mutualistas y beneficiarios, sino también la que hay que proporcionar a
Muface, que en definitiva es responsable de la protección y tutela de la salud de esas personas.
Quiero decir con esto que, respecto del modelo anterior, el incremento de la seguridad jurídica es notabilísimo en este instrumento -concierto- que se
utiliza ahora. Por fin, el contenido asistencial se organiza de acuerdo con el orden normal de la legislación sanitaria española: atención primaria, especializada, hospitalaria, farmacéutica, etcétera.
En términos muy generales se podría decir
que en cuanto a los contenidos asistenciales stricto sensu la anterior empresa, Alico, acababa dando análogas prestaciones, lo que ocurre es que ahora y con esa nueva modalidad todo eso está asegurado, está detallado y está procedimentado;
constituye derechos y esta es quizá la diferencia más importante. No se les oculta que fue un problema la puesta en funcionamiento de todo este nuevo dispositivo con una nueva empresa; hubo que realizar un enorme esfuerzo de información, tanto por
parte de Muface como por parte de la entidad DKV, y hubo un dispositivo masivo y personalizado de distribución de información. La directora general de entonces escribió a todos los mutualistas y después DKV hizo un envío masivo con todos los
folletos informativos, los modelos de impresos, las tarjetas con las que debían funcionar, que en aquel momento eran las Top-health, etcétera. He traído toda esta documentación, que está a disposición de los miembros de la Comisión por si quieren
consultarla, para que vean cómo fue este dispositivo de difusión de la información a todo este colectivo en el exterior. En aquel momento se realizó un total de 2.810 envíos a 154 destinos distintos.
Pasaré ahora a las incidencias que hubo en este primer año, sobre todo en el primer semestre, y me referiré a lo que fue el ineludible proceso de gestión del cambio. Muface llevaba 29 años con la misma entidad, lo que genera hábitos y
rutinas -siempre hay una cierta resistencia
normal a novedades o a incomodidades-, y también hubo una serie de problemas que hubo que resolver. Voy a hablar de ello por trimestres, destacando en cada momento por dónde iban los problemas y cómo se trata de resolverlos. El primer
trimestre de 2006 se salda con 13 reclamaciones, que tienen que ver sobre todo con la no llegada a tiempo y en forma de esta información masiva que se había difundido a finales del año 2005. En muchos casos no llegó por cambios de destino, cambios
de domicilio, jubilaciones. Es decir, mil y una incidencias hicieron que un número relativamente alto de estos conjuntos documentales no llegaran.
También hubo algún despiste de la propia empresa en el sentido de no tener al principio
suficientemente captados los hilos del nuevo concierto; hubo alguna confusión. Desde el primer momento se vio que comenzaba a ser un problema el mercado de Estados Unidos, quizá por sus especificidades tan distintas de otros mercados de sanidad
privada en otros países. El segundo trimestre es el que concentra el grueso de las reclamaciones -llegan a ser hasta 37-, que tienen que ver con ciertos órdenes de problemas. En primer lugar, el cambio de operativa, que sin duda influye porque
varía todo, desde los números de teléfono hasta que el sistema de DKV es centralizado en España mientras que la antigua empresa estaba muy descentralizada; que el procedimiento que quiere seguir DKV es preferentemente telemático, etcétera. Todo
este cambio de operativa genera muchas veces, más que reclamaciones, quejas porque sienten que no se habitúan bien a este sistema. También hay que reconocer que algunas sucursales al principio no son suficientemente operativas.
Segundo problema,
el que les apuntaba antes respecto del primer trimestre: el mercado de Estados Unidos es problemático, con muy altos costes, con dificultad inicial para esta empresa en ese mercado y necesidad de solucionar los problemas que se plantean. También
al comienzo hay ciertas diferencias entre los pagos efectuados por mutualistas y beneficiarios y los reintegros, diferencias que tienen que ver con que aún no está regularizado el sistema de monedas en que se hace el reintegro y con que inicialmente
los bancos en ocasiones cargan comisiones. Por fin, y voy a poner énfasis en este orden de problemas del que voy a hablar ahora porque se llevaba el 50 por ciento de las quejas y reclamaciones, el problema de las prestaciones médicas y
farmacéuticas no cubiertas, pero quiero aclararles muy bien a qué me estoy refiriendo.
Alico, la empresa anterior, no tenía prácticamente implantación en España, no trabajó nunca en el concierto de asistencia sanitaria a nivel nacional y, por consiguiente, no conocía para nada cuáles eran las reglas de este concierto, cómo
funcionaba o a qué estaba obligada a parecerse, que es a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, el sistema público. En cambio, DKV es una de las que tiene firmado el concierto en territorio nacional, lo que quiere decir que lo conoce, y
diría yo que a tal punto que en ese primer semestre los problemas vienen de una lectura un tanto inflexible o rígida de los términos del concierto y la búsqueda de su semejanza con el que tenemos a nivel nacional. No se les ocultará que en este
momento y ante este número de reclamaciones ya estábamos actuando, ya veníamos sistematizando por dónde iban las cuestiones. La comisión mixta de seguimiento estaba haciendo ya una interactuación muy activa y en junio decidimos en Muface que tiene
que haber un punto de inflexión y que es necesario modificar la situación, aclarar lo que sea susceptible de ser aclarado y forzar que en determinadas cuestiones la entidad adquiera una serie de compromisos. Esa reunión, que se plantea al más alto
nivel tanto de Muface como de la propia empresa prestadora del servicio, concluye con tres acuerdos y decisiones de mucha importancia para la buena marcha de este concierto. Al primero podemos llamarlo revisión y adecuación de los criterios de
gestión, pero quizás sea mejor llamarlo lectura inteligente y adaptada de los términos del concierto. Se habla con ellos y se les insiste en que no tiene mucho sentido pretender que la asistencia médica en Gabón tiene los mismos problemas que en
Barcelona, o que es lo mismo la prestación farmacéutica en Irán que en Málaga. Es decir que una cosa es que tenga el mayor parecido posible con las prestaciones en territorio nacional y otra que deba ser idéntico. El personal en el exterior muchas
veces es sensible y en situaciones críticas y hay que ser capaces de hacer una lectura flexible, de manera que se hace.
En materia de prestaciones se acuerda con la empresa que si son prestaciones médicas se adopte la praxis asistencial del país de referencia, es decir, que si hay prescripción médica e indicación terapéutica, lo que esté indicando o
solicitando el médico correspondiente, se reembolse ese gasto. Esto estaba dando bastantes problemas en temas como la rehabilitación de accidentes, pero también en cierto tipo de prestaciones que en España no quedan cubiertas, y parece un poco raro
que en China no pueda haber un tratamiento de acupuntura cuando lo recibe todo el cuerpo diplomático. Fueron ajustes de este tipo, siempre, como digo, en relación con la praxis asistencial del país y mediando prescripción médica e indicación
terapéutica. En materia de prestaciones farmacéuticas, otro tanto, porque al no coincidir exactamente los medicamentos, o haber medicamentos que podían tener las características de publicitarios en un país, se negaban a proporcionarles el 70 por
ciento de su valor, que es lo que tienen que proporcionarles.
Se les dijo que si el principio activo era financiado en España, con independencia de la naturaleza de ese medicamento en ese otro país, debía financiarse también en el país de
referencia. Por tanto, en materia de prestaciones se flexibilizó la atención al colectivo protegido en el exterior. Para países problemáticos, como particularmente Estados Unidos, se llegó a un compromiso de actuación. La empresa era consciente;
de hecho, a sus expensas había encargado un estudio de asistencia sanitaria privada en el país y tenía ya unos resultados que nos sometieron y nos pareció en principio una salida
razonable. Ofrecieron la posibilidad de que nuestros mutualistas accedieran a una red privada, la HAA, que reúne en Estados Unidos a la mayor parte de los proveedores preferente de servicios sanitarios. Es una red muy importante que
funciona sin pago previo, que no tiene límite de cobertura y que tiene un fondo de garantía para pagos en caso de urgencias, que tampoco tiene límite en su cuantía. Para América Latina, que estaba dando problemas también, nos ofrecieron -y nos
pareció sensato-, aparte de operativizar las sucursales allí, acuerdos con grandes centros médico-hospitalarios como el Hospital de Clínicas en Caracas, el Hospital Israelita de Sao Paulo o uno que tiene un nombre muy bonito, la Asociación Española
de Socorros Mutuos de Montevideo, que es uno de los grandes centros allí. Nos pareció razonable una opción de este tipo y de hecho después nos han felicitado algunos embajadores por la utilidad que les estaba dando este tipo de acuerdos.
Una tercera medida que pedimos a la entidad y que les pareció razonable fue la regularización del sistema de reintegros. A partir de ese momento -estoy hablando de finales de junio, pongámonos en julio- se determinan las monedas en que se
hace el reintegro; caso de haber fluctuaciones, las asume la entidad, que también asume, caso de haberlas, las comisiones bancarias. Cada mutualista recibe automáticamente, junto con el reembolso, una liquidación muy clara, y por fin la empresa se
compromete a que las facturas puedan ser enviadas gratuitamente desde cualquier país del mundo a través de UPS. De todas estas novedades -en la documentación que deje después lo verán- hay cartas para comunicarlo por parte de la entidad a todos los
interesados en todos los países, y en concreto a los de Estados Unidos se les envía además la tarjeta Globality, que es la que les da acceso a esta red HAA que les decía anteriormente.
Creemos -ahora les doy los datos- que estos acuerdos y estas decisiones produjeron efectos muy rápidos y soluciones que parecen definitivas. Lo cierto es que en el tercer trimestre hay once reclamaciones y en el cuarto una, y en enero y
febrero de este año 2007 hay una. Los datos indican que ciertamente hubo algún problema al comienzo pero que los acuerdos a los que se llegó y las exigencias que se les plantearon, así como el cumplimiento, qué duda cabe, por parte de la empresa
han conseguido unos buenos resultados. Por otra parte, como les decía, del total de 62 en todo el año el 49,3 por ciento, casi el 50, tenía que ver con la interpretación del concierto, con mayor o menor flexibilidad, y el 12,5 con la regularización
de los reintegros. Para que sirva un poco a los efectos de comparación, una empresa que llevaba casi 30 años prestando el servicio, que era Alico, en su último año tiene 15 quejas.
Con todo esto no planteo ningún triunfalismo, todo lo más creo que
podemos estar razonablemente satisfechos porque aparecieron problemas que se han solventado. Ahora mismo lo que tenemos son felicitaciones, y esto produce mucha satisfacción; también al principio tuvimos quejas, que producen menos. Vaya lo uno
por lo otro y vaya la mejora de la situación adelante.
Por tanto, como balance del primer año -procuraré acabar pronto- diría que ha sido un año trabajoso pero muy productivo. Ha sido un año en que se ha llevado a cabo una gestión efectiva del cambio. Ha habido una interlocución y una presión
eficaces. La situación está regularizada y controlada; parece que llevamos ya un número de meses que permite afirmarlo. La percepción en el colectivo protegido es ya netamente positiva a juzgar por el tipo de comunicaciones y escritos que
recibimos en los últimos tiempos. Hemos mantenido el nivel de cobertura, los problemas se han neutralizado y se ha disminuido el coste. Antes no les comenté que en el último año de prestación del servicio por Alico el precio de la prima por
persona protegida al mes era de 166 euros y a DKV se le adjudica por 140; estamos hablando de una rebaja del 15,7 por ciento. Disminuido el coste, ajustadas las exigencias de publicidad y de concurrencia que nos pedía el Tribunal de Cuentas, con
una claridad obligacional notable, semejante a la que tenemos en los conciertos en el interior, y con la información que necesitábamos amplia y rica, insisto, podemos estar razonablemente satisfechos. La calidad es buena y el resto de las
condiciones de prestación de este servicio son buenas. Les dejaré un documento que contiene los rasgos generales de mi intervención. Por darles una idea del número de asistencias, en el año 2006 fueron la friolera de 79.723 las atendidas por este
concierto. La mayor parte en asistencia especializada, el 39 por ciento; el 28 por ciento en farmacia y el 16 por ciento en primaria. De entre ellas, por pago directo en estos supuestos de costes altos, intervenciones programadas o enfermedades
crónicas el 20 por ciento, y por reembolso el 80 por ciento. A la vista del movimiento que observábamos, en el mes de octubre, cuando llegó la ocasión explicitada en el concierto, procedimos a la prórroga del mismo, previos los mismos informes
preceptivos y demás. Resultó publicado en el boletín el 23 de diciembre. De todo esto les traigo también el material documental.
Por mi parte concluyo mi intervención. Quedo a su disposición y si quieren hacer alguna pregunta les contestaré lo mejor que sepa. Gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Don Julio Padilla, que tiene la palabra, parece que está tomando datos para hacer las preguntas. (Pausa.)
El señor PADILLA CARBALLADA: Pido disculpas por esta pequeña demora en incorporarme al uso de la palabra.
Muchas gracias a la señora directora por su comparecencia. De su intervención quedó de relieve su justificación, puesto que nos habla de ajustes, en definitiva, de problemas de diversa índole suscitados hasta hace muy pocos meses en número
que les ha llevado a propiciar su solución, cosa que nos complace, y nos complace
incluso que esta iniciativa haya servido para estimular la mejor disposición para afrontarlos y resolverlos.
Inicialmente, señora directora -fue la primera razón para plantear esta iniciativa-, nosotros tuvimos conocimiento a través de funcionarios del servicio exterior de una dinámica, un régimen de prestación del servicio médico que originó
quejas que nos constan que fueron transmitidas, en lo que concierne a los funcionarios diplomáticos, al señor subsecretario de Asuntos Exteriores, y al parecer él se las trasladó a Muface, incluso en el sentido de una cierta preferencia (puede que
no sea exactamente así pero yo digo lo que a nosotros nos han transmitido) por el régimen de funcionamiento de la prestación más genérica que hacía la compañía Alico, porque parecía más simple y efectivo, lo que proporcionaba una mayor satisfacción.
¿Por qué? Porque las quejas estarían planteadas en este punto en el hecho de que cuando se acudía a una visita médica -no sé si sigue sucediendo así- se le pedía al asegurado su propia tarjeta de crédito para, en el caso de que DKV no abonara los
gastos, la compañía médica coaligada a la que los presta en el país respectivo se pueda cobrar los mismos cargándoselos al particular. Así pues, el paciente paga por adelantado los gastos devenidos. Es como lo que hacen ahora en los hoteles, que
cuando llega uno, a pesar de llevar el bono, le piden la tarjeta. Posteriormente DKV se lo reintegra. Es decir, no solo es que den la tarjeta sino que hubo un pago anticipado y luego habría un hipotético reintegro del cien por cien, excepto en el
caso de las medicinas, por razones obvias, y de otras cantidades entre ellas de la asistencia psiquiátrica, en la que, por ejemplo -y seguro que eso está en el concierto- solo se produce una cobertura de hasta veinte sesiones. La queja estaría en
que el reembolso del dinero adelantado por los funcionarios se hace de manera fraccionada, sin justificar las cantidades devueltas, en qué concepto se devuelven -el problema del cambio al que ha aludido antes la señora directora- o a qué
corresponden. El paciente nunca sabe muy bien qué es exactamente lo que le han desembolsado ni en calidad de qué lo que le han reembolsado. Una vez hechos los desembolsos, a los funcionarios les es difícil a veces identificar qué es lo que les han
devuelto y en muchas ocasiones las cuentas no cuadran. Probablemente también tendría que ver con la relación del cambio. El motivo que pueda tener más incidencias son las subcontratas de DKV, que hacen la factura al paciente de forma indescifrable
y poco transparente y sin la lógica y orden, por lo menos para nosotros, que lo haga más inteligible, obligando al asegurado a estar continuamente pendiente de si le han devuelto las cantidades adeudadas, con la dificultad que ello supone debido a
la complejidad del sistema.
Todo eso nos ha hecho acercarnos al concierto y nos interesaría que nos diera respuesta a algunas preguntas que nos hemos planteado. La primera sería de carácter general. Da la impresión de que, con la experiencia que tenían de la
prestación durante casi 30 años de una determinada empresa a los funcionarios del servicio exterior, las matizaciones pertinentes en los correspondientes pliegos no fueran lo suficientemente claras como para que hayan precisado de tantas
aclaraciones e interpretaciones. La segunda es una cierta curiosidad en cuanto a la prestación. Si no tengo mal las noticias, que podría ser, Alico continúa haciéndose cargo del personal contratado y del personal que trabaja en delegaciones
españolas, pero son nativos del país correspondiente. No sé si esto es así, es la información que tengo. Es DKV la que atiende a los funcionarios que están como tales en el régimen especial de Muface. Nos gustaría conocer por qué han adjudicado
un contrato que es de seguros a esta entidad ponderando dos veces, los mismos elementos. Han ponderado primero que cumplían los requisitos y luego los han computado para la adjudicación del concierto a esta compañía. Nos interesaría también saber
exactamente cuál ha sido su criterio en cuanto al número de oficinas. Según nuestras informaciones han computado oficinas de DKV en lugares donde no nos consta que las tengan. Nos gustaría conocer -aunque es un dato que a lo mejor no tiene; en
ese caso, le solicitaría que nos lo hiciera llegar-, según el criterio de Muface, en qué lugares tiene DKV oficinas propias u oficinas de representación que respondan al anexo II de la convocatoria del concierto que es, en definitiva, que si tiene
representaciones estas empresas representantes estén capacitadas para actuar en el sistema sanitario, puesto que las asistencias de viaje y otras fórmulas que han tenido ustedes en cuenta para considerar que eran representaciones no cumplen con el
requerimiento del anexo II. Y teniendo en cuenta la muy escasa diferencia entre una y otra puntuación en el momento de la adjudicación, esto podría tener una importancia señalada.
En tercer lugar, nos gustaría saber, señora directora general, cómo pudo ser -y este es un hecho que conocerá y que nos podrá explicar brevemente- que la mesa de contratación, en el acto de adjudicación, después de abrir los correspondientes
pliegos, etcétera, en un concierto de esta naturaleza y de este alcance, estuviera reunida un tiempo que no llegó a una hora para tomar la decisión, cuando luego se ha revelado, por lo que nos ha explicado, que había muchas cosas que no estaban tan
claras ni habían sido tan explícitas ni podían ser valoradas con tanta rapidez.
También quisiéramos conocer qué tipo de procedimiento se ha empleado en la adjudicación de este concierto, si el de contratos del Estado, en cuyo caso nos gustaría que
nos diera algún elemento que lo ponga de relieve, o el de carácter sanitario, en cuyo caso quisiera que pusiera de relieve las razones que justifican haber hecho uso de este otro instrumento de adjudicación, tratándose como se trata de Muface, con
su régimen jurídico y su régimen de actuación. Finalmente, nos gustaría saber en qué países tenía oficinas propias DKV en el momento de recibir la adjudicación. Una cuestión temporal: ¿el informe del Tribunal de Cuentas lo conocieron antes o
después de la modificación de las bases? La modificación la hacen ustedes el
día 21 y el informe del Tribunal de Cuentas es del día 22. Es una cosa curiosa.
Termino con dos apuntes más, señora directora general. Nos gustaría saber cómo acreditó DKV su experiencia en el sector, su actuación en este sector, el requisito de los tres años de antelación. Hay un hecho real y es que en Estados
Unidos, que es donde se encuentra el 8,44 por ciento de los destinatarios de la prestación, esta empresa DKV no tenía representación y, si la tenía, díganos exactamente cómo. En definitiva, quisiéramos saber cómo llegaron a ponderar que DKV cumplía
la exigencia del 60 por ciento de sucursales o representaciones válidas exigidas en el pliego para la adjudicación del concierto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES GARCÍA: Señora directora general, el Grupo Socialista le da la bienvenida y le agradece su comparecencia. Su intervención clara, pormenorizada y muy bien estructurada nos permite a los miembros de esta Comisión conocer
mucho mejor las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface y sus beneficiarios residentes en el extranjero. Antecedentes, datos del concurso público realizado, rasgos básicos del nuevo concierto, balance
del primer año de funcionamiento y mecanismos de renovación anual han sido abordados y expuestos con todo lujo de detalles en su intervención, dejando pocas dudas acerca del buen funcionamiento del conjunto de las prestaciones.
Señora directora
general, mi grupo parlamentario quiere dejar constancia de un hecho que no admite dudas, y es que, conocido el informe del Tribunal de Cuentas, se pusieron de inmediato a elaborar las bases para un concurso público que cumpliera con todas sus
recomendaciones. Y es que, como usted nos ha recordado, las razones que llevaron a la dirección general a convocar el concurso público, que se resolvió en noviembre de 2005 a favor de la empresa que hoy presta el servicio, proceden de los informes
de fiscalización especial emitidos por el Tribunal de Cuentas entre los años 2000 y 2005, el último relativo a los ejercicios de 2003 y 2004, en el que se vuelve a incidir en la falta de concurrencia, sobre la que ya se pronunció el tribunal en el
informe anterior de noviembre del año 2000.
La información que nos ha facilitado nos permite afirmar que el resultado de este concurso público es un concierto que, garantizando todo lo que ofrecía el anterior, reduce costes e incrementa la seguridad jurídica mediante este catálogo de
prestaciones cubiertas, procedimiento de reclamaciones, etcétera, e introduce algunas novedades ya comentadas por la señora Fernández Simón entre las que quiero destacar la exigencia de pago directo por la entidad a los proveedores sanitarios en
situaciones de alto coste. Supone un avance muy importante que esta prestación quede recogida expresamente. Por la información facilitada, comprobamos que la mayor parte de las quejas recibidas en el primer trimestre estaban referidas a aspectos
organizativos, lo cual, con un cambio de empresa por medio y teniendo en cuenta las características especiales del colectivo al que se atiende mediante este concierto, no deja de tener cierta lógica. Pero, como los datos indican, esta situación fue
corregida muy pronto, reflejándose con su evolución el alto grado de satisfacción que manifiestan los usuarios del servicio. La información permanente a los mutualistas, la incorporación de Internet y el correo electrónico para contactos y
gestiones o el nuevo teleservicio médico son ejemplos bien claros de que los funcionarios civiles del Estado en el exterior están recibiendo una asistencia sanitaria de calidad. Por todo ello, señora directora general, le expreso la satisfacción
del Grupo Parlamentario Socialista y la felicito sinceramente.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar la comparecencia toma la palabra la directora general.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, MUFACE (Fernández Simón): Creo haber tomado bien nota, si me salto alguna cosa, me la recuerda usted.
Antes de las preguntas. En algún momento habló usted de que se exigiría tarjeta de crédito para un pago anticipado. Siempre se ha pedido la tarjeta de crédito -cuando lo hacía Alico, igualmente- y después se les reintegraba simplemente
-así lo hacía Alico-, no fraccionadamente, y, salvo en algún momento en que pudiera haber alguna confusión hasta que se regularizó el sistema de reintegros, es como ha venido haciéndolo la nueva empresa.
Entro ya en lo que pueden ser preguntas. Usted aludía a la razón de por qué tantos cambios. No hay tantos cambios. El problema quizá es que a lo largo de muchos años, entre 1976 y 2005, ha habido muy pocos -uno en el año 1980 y otro en el
año 2003- que recogen elementos que en documento aparte iban siendo añadidos. ¿Qué ocurre en su conjunto? Que nunca llega a ser un concierto en el sentido de recoger los aspectos prestacionales y demás; tiene los rasgos típicos de las pólizas
pero no del concierto.
Esta sería mi respuesta, que no ha ahbido tantos cambios, incluso que los que ha habido han sido escasamente profundos. Otro de los aspectos de los que usted hablaba era si Alico sigue prestando servicios. Efectivamente,
para los laborales, en las embajadas y demás centros en el exterior. En un primer momento es muy posible que bastantes funcionarios echaran de menos a Alico. Yo le puedo asegurar -y traigo cartas- que, transcurridos esos primeros seis meses, que,
en efecto, fueron de adaptación -tuvieron sus dificultades-, ahora mismo ellos prefieren abiertamente DKV.
Casi todo el resto de sus preguntas tiene que ver con la Comisión técnica de valoración. Dice usted que se ponderaban dos veces los mismos elementos: para la
presentación y para la valoración. Se hacía lo que se hace siempre en la metodología de concierto. Exactamente los mismos, no. Es más, se retocaron los criterios técnicos y económicos y los elementos de ponderación de acuerdo con las
observaciones y recomendaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para otorgar a la experiencia un valor algo mayor que al precio y demás. No creo que se duplicara ahí la valoración de lo mismo.
En cuanto al número de oficinas computadas, las del anexo II, se lo haré llegar porque no lo tengo aquí. Como sabe, tenían que tenerlas en países que reunieran entre todos los que aparecieran en el anexo II hasta el 60 por ciento de la
población protegida. Se lo hago llegar, sin falta, cuando vuelva por la mutualidad.
A mí no me consta esto que usted dice de que la Mesa de adjudicación solo en una hora tomara la decisión. En esa comisión técnica estaban un abogado del Estado del Servicio Jurídico, el interventor delegado en Muface, las subdirectoras de
Prestación Sanitaria y de gestión Económica y Financiera, aparte de otros funcionarios de la casa. Uno de ellos, como siempre se hace en estas comisiones técnicas, elaboró, por encargo de los demás, el informe técnico, que, en principio, apuntaba
hacia DKV, después de comprobar requisitos y elementos de ponderación, y después se volvió a reunir la comisión técnica, que hizo suyo el informe, pero llevó bastantes reuniones. No estaba en ese momento, no es que lo viera físicamente, pero por
todo lo que me han comentado aquella comisión técnica de valoración tuvo bastantes sesiones de trabajo. No me consta que se haya resuelto en una hora, sino con lectura del informe técnico, y haciendo suyo por unanimidad, y solo entonces la
directora de Muface dictó la resolución correspondiente.
En cuanto al tipo de procedimiento, es el de concierto, con el que Muface, de siempre, viene encomendando la prestación de la asistencia sanitaria a las entidades de seguro libre. Así se venía haciendo siempre. Después, como usted
recordará, la Lofage dejó dos años para que se ajustaran a sus previsiones los organismos autónomos, a los dos años, la Ley de acompañamiento de 1998 dictó una disposición sobre cómo tenía que ser el régimen de contratación de Muface, que después se
incluyó en el texto refundido de Muface y que sigue siendo el sistema en la actualidad; es decir, se somete a informes preceptivos, entre otros, siempre, de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada, y siempre tienen que pronunciarse
sobre un proyecto ya muy desarrollado del concierto en cuestión, donde además consten las características de prestación del servicio. Efectivamente, esta es nuestra modalidad, pero es texto legal: primero, Lofage; después, Ley de acompañamiento
de ese año que se traslada anuestro texto refundido, que es el Real Decreto Legislativo 4/2000. Esa es la modalidad, tanto para el exterior como para los conciertos en territorio nacional.
En cuanto a la experiencia como requisito, no sé exactamente cuáles eran los términos de su pregunta, si debe ser requisito, cómo estaba valorada o cómo...
El señor PADILLA CARBALLADA: Como estaba valorada.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, MUFACE (Fernández Simón): Yo no tengo aquí los datos exactos de qué hizo en aquel momento la Comisión técnica de valoración, pero en la convocatoria
tenían que tener trazado qué significaba eso y cómo lo ponderaban. Respecto de la experiencia, sí sé y comenté antes la intervención de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones en el sentido de recomendar que se valorase más la experiencia
que, por ejemplo, el criterio precio, que en la propuesta inicial estaba invertido. De todas maneras, se presentan tres empresas que aceptan los términos de la convocatoria y nadie impugna nada de esto. Dilucidará este tipo de asuntos el
contencioso, que verá si efectivamente se ponderó mejor o peor. Mi impresión y mi idea es que, lógicamente, se ponderó bien; nadie impugnó los criterios ni el peso que tuvieron y de esta manera se le adjudicó a DKV, ni siquiera teniendo mayor peso
el criterio precio, sino el otro.
También pregunta usted cómo está de representaciones DKV en Estados Unidos. Dice que no tenían. Mi información, la que yo tengo, yo le pasaré ese listado cuando se apreció esta presencia, en noviembre del año 2005, que sí tenía
representaciones allí. Obviamente allí Alico tenía muchas más, pero en otros países ocurría lo contrario. De hecho, es verdad, y por eso se lo comentaba antes, que tienen, a sus expensas, que organizarse un estudio que les permita afrontar las
cuestiones tal y como se plantean en Estado Unidos, cosa que hacen y, desde luego, nuestra impresión es que con éxito. Le puedo asegurar que desde noviembre no hay quejas, sino felicitaciones por el buen funcionamiento. En un momento se pudo
concentrar un cierto número de quejas o un cierto malestar, pero, después, nuestra impresión es que eso se ha difuminado por completo y ahora mismo hay satisfacción por parte de los usuarios. Nosotros, como mutualidad, obviamente estamos
satisfechos porque hemos atado mucho más los cabos y hemos cumplido lo que nos pedía el Tribunal de Cuentas, pero entre los usuarios también hay una valoración positiva.
No sé si me dejo alguna cosa de las que usted mencionaba.
El señor PRESIDENTE: Don Julio Padilla, tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señora directora.
Solo tres precisiones porque quizá yo no lo he planteado bien en la primera intervención. Una, con relación
al funcionamiento, al desarrollo de las reclamaciones. ¿Hay algo que explique o justifique que tengan que ser siempre mediante sistema informático? Porque parece ser que esta es una exigencia que se impone y hay gente que maneja muy bien
esas cuestiones y otros que menos. Una segunda cuestión es que no me ha dicho nada sobre la fecha, cuándo conocieron el informe del Tribunal de Cuentas y cuándo modificaron las bases. Finalmente, una tercera cuestión, que es una valoración:
¿considera positivo que operen dos compañías distintas, una para el personal funcionario y otra para el contratado, en relación con colectivos que están juntos en las mismas embajadas, etcétera?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la directora general.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, MUFACE (Fernández Simón): Respecto a la primera cuestión, el sistema informático, no es estrictamente obligatorio, pueden hacerlo de otra manera,
pueden ser envíos materiales, físicos, que de todos modos acaban siéndolo siempre porque la factura tiene que ir a parar a la sede de DKV en España. Ciertamente lo pueden hacer de otros modos y, de hecho, lo hacen. Es verdad, sin embargo, que un
efecto colateral pero positivo de esto está siendo que ya en torno al 30 por ciento de este tipo de relaciones DKV-mutualistas se hace telemáticamente y el 60 por ciento han dado ya su correo electrónico y reciben la comunicación con el detalle de
los reembolsos también telemáticamente. No es obligatorio, pero es verdad que se está implantando. Si a alguien le resulta muy molesto, no se ve forzado, pero en general no me parece negativo pasar a moverse telemáticamente. En cuanto a la fecha
del informe del Tribunal, tengo por aquí la del primer informe de fiscalización, noviembre del año 2000 me parece recordar y la del segundo, que es ya un informe de fiscalización especial para los años 2003-2004, no la tengo en este momento. ¿Por
qué lo dice usted?
El señor PADILLA CARBALLADA: Simplemente queríamos saber cuándo habían conocido el informe.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, MUFACE (Fernández Simón): Puede suceder, incluso, por lo que usted decía antes, hasta que conociéramos los términos del informe antes, porque esas
cosas suelen pasar, pero teníamos también más elementos que nos inducían a avanzar hacia una fórmula de este tipo y alguno de ellos proveniente de las propias Cortes Generales. Antes no lo comenté, pero el diputado Arias Cañete, en el año 2004
-tuvo entrada en la Cámara en noviembre-, hizo una pregunta interesándose por si Muface, con carácter inmediato, iba a sacar a concurso esta asistencia sanitaria en el exterior y en el preámbulo que él hacía, el que precede siempre a la formulación
específica de la pregunta, comentaba precisamente que era importante conseguir un abaratamiento y una clarificación de las obligaciones. Es decir, teníamos -eso no lo comenté antes- de algún modo un órgano de control nuestro, como son las Cámaras,
que también se habían pronunciado en un sentido favorable.
Respecto a si es positivo lo de las dos compañías, no lo sé, la verdad, yo sé que ahora mismo los que son funcionarios y están en DKV están ya muy satisfechos y que, en este momento, en principio no se pasarían a Alico, pero los otros
tampoco parecen muy pesarosos de estar en Alico. De todos modos, Muface no tiene nada que ver con los laborales en el exterior, ese será un tema del ministerio que destaque laborales fuera, pero es desde presupuestos y criterios completamente
distintos.