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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 772, de 27/02/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 772
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO
Sesión núm. 40
celebrada el martes, 27 de febrero de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la creación de un fondo de garantía para el gasóleo profesional del sector pesquero. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001345.) ... (Página 2)
-Relativa a la adopción de medidas de apoyo a las actividades de transporte hortofrutícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001629.) ... (Página 5)
-Sobre el cumplimiento de la directiva Hábitat y de los convenios Ospar y de Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001957.) ... (Página 8)
-Relativa a la ordenación, conservación, mejora y utilización sostenible de los recursos genéticos animales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001960.) ...
-Sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a la prima por sacrificio de bovinos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001964.) ... (Página
13)
-Sobre medidas para la dinamización rural en Asturias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002050.) ... (Página 16)
-De apoyo al sector olivarero. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Núm. Exp. 161/001963.) ... (Página 19)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, que, como saben y en el sentido del acuerdo de la última reunión de Mesa y Portavoces, está dedicada a proposiciones no de
ley. Dos cuestiones de intendencia. En primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Grau, me ha pedido que si fuera posible la proposición no de ley que aparece en el punto 5.º, de apoyo al sector
olivarero, se tratara en último lugar porque tenía que hacer algunas gestiones y le sería difícil llegar a la hora en punto. Por tanto, si no hay objeción por parte de los grupos, la veremos en último lugar. Aprovecho para recordar, sin perjuicio
de que lo haremos también de manera formal entre hoy y mañana a través de la secretaría de la Comisión, que las cofradías de pescadores de la cornisa cantábrica (Galicia, el País Vasco, Cantabria) nos habían pedido una reunión con los portavoces de
pesca de los distintos grupos parlamentarios para tratar de manera monográfica la problemática de la anchoa y trasladar a los miembros de esta Comisión su posición concretamente don Jaime Tejedor, que es el presidente de la cofradía del País Vasco,
en representación de los demás. Hemos cerrado esta reunión para el próximo jueves a las diez de la mañana, pues como hay Pleno a lo largo de toda la mañana vamos a estar aquí, y ellos tampoco tenían posibilidad de hacerla hoy o mañana porque
estaban fuera.
Sin perjuicio de que lo haremos llegar formalmente para que tengan conocimiento, lo único que nos queda por determinar es la sala en que se celebrará, pero, insisto, el secretario de la Comisión se lo hará llegar.
Como más vale quedarse cortos que tener que suspender después, podemos dar, si les parece, la una como referencia de votación. En cualquier caso, a partir de esa hora, en el momento que esté agotado el orden del día procederemos a la
votación.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN FONDO DE GARANTÍA PARA EL GASÓLEO PROFESIONAL DEL SECTOR PESQUERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001345.)
El señor PRESIDENTE: Sin más cuestiones de tipo organizativo, pasamos a la primera proposición del orden del día, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la creación de un fondo de garantía para el gasóleo profesional del sector
pesquero. El señor Sánchez Ramos, portavoz de su grupo en este tema, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Desde octubre de 2005 esta Comisión está tratando de conseguir una serie de ayudas que permitan mantener la actividad productiva en el sector pesquero, inmerso en una crisis muy importante ocasionada por la pérdida
continua de barcos porque no soportan el precio excesivo del gasóleo como uno de los gastos generales de estas pequeñas empresas. La evolución del precio del gasóleo ha tenido altibajos. Tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, en febrero de 2004
fue 0,20 euros el litro; en enero de 2005, 0,28; en octubre de 2005, 0,50 euros/litro; en enero 2006, 0,45; ahora, en enero de 2007, 0,42, es decir, hay oscilaciones, aunque últimamente, es verdad, el precio está un poco más estabilizado, y por
eso consideramos que es el momento idóneo para analizar esta propuesta con mayor objetividad y sin las presiones que produce el agobio de unos precios altos que el sector no pueda abordar.
Es necesario recordar que en el sistema de venta del pescado fresco, que como todo el mundo sabe es una
subasta a la baja, no hay forma de repercutir los costes del precio del gasóleo, por lo que hay que buscar fórmulas que permitan ayudar a los pescadores y armadores a tener una estructura estable como empresa. Las ayudas por litro de
gasóleo prometidas por el Gobierno tiempo atrás no son suficientes porque no se ha modificado el techo de mínimis, hay uno de 3.000 euros y otro de 30.000, todavía estamos con los de 3.000, y además sin llegarse a cubrir totalmente. Prueba de ello
es una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pide -y nosotros por supuesto aceptamos- que se dé cumplimiento al acuerdo firmado el 27 de octubre de 2005 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores relativo a la adopción de medidas destinadas a paliar la crisis del sector pesquero como consecuencia del incremento de los inputs de explotación. Estos inputs tienen una gran
repercusión en la cuenta de resultados de un barco, de ahí la necesidad de que creemos un modelo que mantenga el precio y se pueda así planificar la gestión de estas empresas sabiendo los costes que van a tener en un tiempo prolongado, siempre, como
es lógico, superior a un año. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues estableciendo un fondo de manera que se pueda alcanzar un precio, garantizar la compra de combustible a precio fijo, que no esté sujeto a evoluciones del momento, durante este tiempo,
como digo. ¿Y qué hace falta para esto? Pues hace falta que la Administración General del Estado, el Gobierno, contribuya a este fondo que servirá para regular los altibajos en el precio del gasóleo.
En una proposición no de ley que presentó también el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, nosotros presentamos una enmienda en la que pedíamos que el precio del gasóleo quedara establecido como máximo en 0,35 euros/litro, que un
grupo de expertos deberá determinar si es la más idónea para que sea representativa y se pueda fijar para el periodo del que estamos hablando. Nosotros consideramos eso importante, y también, teniendo en cuenta que una parte significativa de las
embarcaciones de menos de una tonelada tienen motores fueraborda que no trabajan con gasóleo sino con gasolina, que a estos pescadores se les pueda reconocer la gasolina que utilizan como combustible profesional, que es el tercer punto de nuestra
proposición. El Gobierno no puede retrasar más tiempo esta demanda del sector pesquero, dada la baja rentabilidad de pesca. Yo tengo entendido, por manifestaciones del presidente de las cofradías de pescadores, que van a ir a pescar a Marruecos,
una vez que se pueda ir a pescar allí, y ponen en duda si les será rentable o no en función del precio del gasóleo. Es decir, esto es oportuno, y necesario, el sector lo necesita, y por eso traemos esta proposición no de ley y añadimos como punto 4
la enmienda presentada por CiU, que ya aprovecho para decir que admitimos.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, tal como ha indicado, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y por tanto el señor Maldonado, su portavoz, tiene la
palabra.
El señor MALDONADO I GILI: Nuestro grupo ha decidido presentar esta enmienda a una proposición no de ley que valoramos, que lógicamente, votaremos favorablemente porque está basada en la realidad social de un sector económico de este país
que lo está pasando muy mal. Sabemos que el sector pesquero está en una situación de crisis permanente, por muchos motivos, pero cuando hay aumento del precio del gasóleo profesional esto acelera más la crisis por la que pasa este sector, que vemos
que cada día tiene más dificultades de subsistencia, por lo que nuestro grupo dará apoyo a esta proposición no de ley.
¿Por qué presentamos esta enmienda? Pues para aprovechar que pasa el tren.
El Grupo Popular presenta una proposición no de ley que en honor a la verdad contempla una obligación que debería llevar a cabo el Gobierno, y supongo que el
Partido Popular ante la inactividad del Gobierno, en este problema decide coger el toro por los cuernos y presentar esta propuesta para ver si desde el consenso político se insta al Gobierno a que haga algo en un tema tan grave como son los aumentos
permanentes del gasóleo profesional. Desde Convergència i Unió pensamos que ahora es el momento de reiterar lo que llevamos meses, incluso años, persiguiendo que es el cumplimiento por parte del Gobierno, en este caso del ministerio, de un acuerdo,
señorías, firmado el 27 de octubre de 2005, que ya entramos en el año 2007 y está por cumplir. Aquí hemos oído al director general de Pesca, al secretario de Estado y a la ministra decir: Bueno, bueno, vaya, vaya, donde, donde, que sí, que se va a
pagar, pero no se paga. Nos parece que esto contradice la obligación que tiene el ministerio de defender a los que representa, en este caso los pescadores. Nos da la impresión de que la señora ministra no es consciente de que este acuerdo se hizo
en situaciones de extrema dificultad, cuando las cofradías de pescadores tuvieron que salir a la calle para que el Gobierno se sentara a negociar en un momento en que el gasóleo profesional tenía unos costes auténticamente extraordinarios. La
presión popular hizo que el ministerio se sentara a negociar, que se llegara a un acuerdo, y la falta de respuesta política del Gobierno ha llevado a que este acuerdo de 27 de octubre no se firme. Aprovechando que el Grupo Parlamentario Popular
cree que hay que crear un fondo de garantía para el gasóleo profesional, creemos que una buena oportunidad para añadir esta redacción, que lo que pide es dar cumplimiento al acuerdo de 27 de octubre de 2005. Creemos que es una buena idea crear este
fondo porque mañana, pasado, de aquí a un mes, de aquí a medio año podemos encontrarnos con una situación parecida de aumento de costes, con lo cual el sector pesquero tendrá unos costes de explotación, derivados también del aumento del precio del
combustible, que le pueden llevar una vez más a la ruina. Nos parece una
buena idea, nos parece una idea sensible respecto al sector. Creemos que lo tenía que haber hecho el Gobierno en su día, pero si lo hace hoy la oposición y hay voluntad política se podrá llegar a este acuerdo.
Pedimos que se añada esta redacción y agradecemos al Grupo Popular la voluntad de aceptarnos esta enmienda y añadirla a su proposición no de ley. Creemos que es una enmienda recordatoria que una vez más insta al Gobierno y le dice a la
señora ministra de una vez por todas, pague lo que firmó a los pescadores, que tienen cuentas pendientes derivadas de la no llegada de esta aportación económica a la que se comprometió el Gobierno. Uno se pregunta: ¿Es que se firmó para que se
callaran y no hubiera más manifestaciones ni cierre de puertos? ¿Es que se firmó solo para que se acabara la presión popular pero con la voluntad de no pagar? Si fuera así, sería triste, sería rechazable, sería políticamente del todo incorrecto.
Alguna vez se nos ha dicho: que ya se ha pagado algo.
Reitero que no se ha pagado nada. Lo que ha quedado claro en esta proposición no de ley del Grupo Popular y en este acuerdo firmado es que las ayudas de mínimis eran del todo insuficientes y
que, por tanto, hace falta establecer un fondo de garantía que tenga una cantidad reservada para que si se produce un incremento del precio del combustible los pescadores no tengan que volver a manifestarse, no tenga que haber negociación política y
sectorial y que haya un instrumento, que es el que propone el Grupo Popular, del cual el Gobierno pueda tirar para rebajar estos costes que embargan, nunca mejor dicho, la economía del sector pesquero.
Reitero nuestro agradecimiento al grupo proponente por aceptar nuestra enmienda y pedimos al Grupo Socialista que haga de puente con el Gobierno para que este acuerdo de una vez por todas sea cumplido porque, como he dicho varias veces en
esta misma casa, en el Congreso de los Diputados, los pescadores no pueden más, están a punto de manifestarse nuevamente, van a salir otra vez a la calle y al mar a manifestarse, y sería triste que el acuerdo económico de 27 de octubre de 2005, para
sufragar una parte del costo del combustible se pagara porque los pescadores salieran nuevamente a la calle. Creo que no hace falta llegar a estos extremos, que el Gobierno debe cumplir, y por esto nuestra enmienda propone dar inmediatamente
cumplimiento al acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Mi grupo quisiera que todos fuéramos conscientes de que España forma parte de la Unión Europea, y formar parte de la Unión Europea conlleva derechos, también conlleva deberes, y en el tema que nos ocupa existe una
normativa comunitaria que imposibilita la aceptación de las propuestas que nos hace hoy el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros estamos por la creación de un fondo de garantía, pero el problema está en que la Unión Europea dice que ese fondo de
garantía debe ser llevado a cabo por los armadores, o deben ser estos quienes promuevan su creación, sin perjuicio de que el Gobierno preste la asistencia técnica necesaria para su creación.
Asimismo, el Consejo de Ministros del Ecofin se manifestó taxativamente en contra de que sean los gobiernos los que estén al frente de esta clase de iniciativas, y así, al igual que la Comisión, lo considera inaceptable.
Nosotros, por
tanto, no estamos en contra de este fondo, apoyamos su creación, pero a través de los armadores.
Por lo que se refiere al punto 2, relativo a la creación de una mesa del fondo de garantía, queremos informar que dentro del actual plan que se está negociando de reactivación económica del sector pesquero se constituyeron cuatro mesas
específicas, una de ellas la de estructuras, que entiende, entre otras materias, sobre el fondo de garantía. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió a asesorar técnicamente al sector en la definición de ese fondo y también
a ayudarle técnicamente en la creación de un fondo de garantía propio del sector pesquero, pero el fondo no es del Gobierno, es del sector pesquero.
Respecto a la gasolina, ustedes saben que el gasóleo que se utiliza en la pesca tiene una exención
fiscal total, y se está demandando lo mismo para la gasolina. Este es un tema que se analiza en las mesas y que es complejo porque no afecta únicamente a un ministerio sino a diversos ministerios. Es un tema que no nos negamos a discutir y que
está planteado en las mesas de negociación creadas al efecto.
Por último, respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tenemos que decir que si el texto final quedara, como pienso que sería coherente en estos momentos, en una transacción, nosotros votaríamos que sí a esa
enmienda si fuera el texto final y definitivo como transacción de esta propuesta, porque nosotros no nos podemos negar a que el Gobierno cumpla un acuerdo, aunque sabemos que hay negociaciones en la Unión Europea para su más inmediato cumplimiento
porque estamos jugando con el techo de mínimos. El techo de mínimis no es un tema del Gobierno español, es un tema de autorización comunitaria. En ello se está trabajando, y como se está trabajando en ese tema y es un acuerdo parlamentario, no hay
ningún problema por nuestra parte en aprobar la enmienda propuesta por Convergència i Unió, y pediríamos al grupo proponente que la convirtiera en texto único de la proposición, ya que respecto a los otros temas no es que estemos en contra sino que
el Gobierno, por mandato de la Unión Europea, tiene prohibición de ser el gestor y promotor de esos fondos y su papel debe quedar únicamente en el de apoyo y fomento desde el punto de vista técnico para que este fondo sea creado. El Gobierno
entiende que se está trabajando en eso en la mesa de estructuras, pero entiende también que el sector debe implicarse más.
Por último, reitero que la propuesta de Convergència i Unió es para nosotros aceptable.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Ramos, tiene la palabra a los efectos de delimitar no de reabrir el debate otra vez en qué va a consistir la votación, toda vez que, aunque dijo antes que aceptaba la enmienda, el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ha introducido un elemento de reflexión sobre si se añade, se quita o se deja de quitar. En definitiva, de lo que se trata es de precisar en qué va a consistir la votación.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Voy a ser lo más claro posible. No podemos aceptar la propuesta que hace el portavoz socialista de que quitemos los tres puntos que trae nuestra propuesta y la convirtamos solamente en el que trae el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nosotros añadimos a nuestro texto y aceptamos la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y así lo hemos manifestado. Lo que no podemos hacer es quitar nuestros tres puntos ya
que entonces no tendríamos proposición no de ley, la que presenta el Grupo Popular, porque, se dice que sean los armadores los que aporten el fondo y yo le preguntaría al portavoz socialista con qué capital, con qué fondos, si todos sabemos cómo
está el sector pesquero; nos parece absurdo. Dice que ya hay mesas que están trabajando, pero sabemos que no se está trabajando, se empezaron pero no están trabajando. No quiero reabrir el debate, simplemente digo que no puedo aceptar la
propuesta que hace el portavoz socialista porque desvirtúa el sentir de nuestra proposición no de ley. Sí estamos de acuerdo en incorporar a nuestro texto la enmienda de CiU, y en ese sentido la someteremos a votación.
El señor PRESIDENTE: Entonces queda claro que la votación será el texto tal cual de la proposición no de ley del Grupo Popular, y como adición al mismo, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Como punto 4 la enmienda de CiU.
-RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HORTOFRUTÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001629.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley, en este caso también del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la adopción de medidas de apoyo a las actividades del transporte hortofrutícola. La
señora Ramón-Llin tiene la palabra.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Se trata de una propuesta que está planteada para beneficio del sector hortofrutícola, que además, dicho sea de paso, parece tener un futuro poco esperanzador, sobre todo en algunos sectores, con la OCM de
frutas y hortalizas que se está debatiendo, y por supuesto teniendo en cuenta que España es el primer país exportador de productos hortofrutícolas y que la producción y exportación de frutas y hortalizas sigue siendo, y lo ha sido muchos años, un
sector muy importante y estratégico de la economía agraria española y que representa el 30 por ciento de la producción final agraria y más de la mitad de la producción vegetal final. Además hay que tener en cuenta y creo que esto va relacionado con
lo que planteamos, que es un sector que, más allá de lo que es la pura producción agraria, constituye uno de los primeros sectores exportadores españoles. Por todo ello, este sector, a pesar de sus problemas, tiene más de 450.000 empleos y hay una
serie de empresas auxiliares -esto es muy importante-, que están directamente vinculadas a la producción, en este caso los insumos, la transformación, el transporte, y una de las actividades más importantes de estas empresas auxiliares que están
ligadas a este sector de la producción hortofrutícola es, lógicamente, la de su transporte. El abastecimiento de los mercados exteriores se hace precisamente a través del transporte por carretera. Hablamos de cerca de 10 millones de toneladas
anuales de frutas y verduras que enviamos al exterior, a otros países, fundamentalmente a países de la Unión Europea, y casi todo ello se hace, como bien sabrán, por vehículos de temperatura controlada, es decir, el transporte frigorífico
internacional, y con la capacidad media de envío/camión de unas 22 toneladas, y a través de este tipo de transporte se hacen unos 450.000 viajes al exterior cada año.
A pesar de que haya una estrecha relación y una dependencia absoluta entre la actividad del transporte hortofrutícola y la producción de frutas y hortalizas, nos planteamos -y además era una demanda del propio sector transportes-, que no hay
ningún mecanismo para ajustar las actividades de transporte vinculadas a las diversas situaciones, muy variadas, dependiendo de muchas circunstancias, que tiene la producción hortofrutícola, y teniendo en cuenta también que lógicamente estamos
hablando de un producto que tiene caducidad, pues se trata de productos perecederos, y que tiene que llegar en perfectas condiciones a su destino porque, si no, lógicamente, pierden todo su valor o lo más importante de él. Cuando planteamos esta
propuesta hacíamos referencia a situaciones que habían acaecido durante el año 2005, pero es algo que viene sucediéndose, desgraciadamente, en toda la actividad agrícola hortofrutícola, sobre todo en el litoral mediterráneo, Andalucía, Baleares,
Comunidad Valenciana, Murcia, donde, por unas u otras razones, bien sean heladas o diferentes adversidades climatológicas, se padecen unas situaciones especiales -en aquel caso mencionábamos el Real Decreto 6/2005-. A la hora de establecer algún
tipo de ayudas desde el Estado se habla siempre de la producción hortofrutícola, pero no de las actividades vinculadas a esa producción, como he mencionado y explicado,
fundamentalmente la del transporte hortofrutícola especializado. Cuando se producen estas adversidades, que se dan a menudo en el campo y en la zona mediterránea, que es la zona en la que se dan estas producciones, el sector del transporte
frigorífico sufre unas pérdidas económicas importantes. Citábamos en la exposición de motivos cifras de la región de Murcia, pero en cualquier caso hablamos de cifras muy importantes, de millones de euros, que se pierden en el transporte cuando hay
alguna adversidad climatológica que hace que la producción sufra una merma o una adversidad de este tipo.
Por otro lado, también hay que recalcar temporalidad de las actividades de transporte, vinculada también a las actividades productoras del sector hortofrutícola, es decir, que los periodos de contratación son variables, pudiendo alcanzar los
ocho meses anuales. Sin embargo, sabemos que las diferentes modalidades de contrato que se pueden aplicar a este sector realmente no encajan, o encajan con muchísimas dificultades, en la operatoria de la situación real de la contratación del sector
del transporte, porque tanto la aplicación del contrato fijo discontinuo como la aplicación del contrato temporal por circunstancias de producción, como el contrato temporal para obra y servicio determinado, es decir, las diferentes modalidades de
contratación no se ajustan realmente a las necesidades que tiene este sector y que, como he dicho, siempre están vinculadas a esas vicisitudes de la producción agraria. Por tanto, entendemos que es preciso también flexibilizar la regulación de esta
contratación temporal a las características de este sector, el sector productor, por ejemplo, estableciendo excepciones a la regulación general y que en el convenio colectivo del sector se amplíe de 12 a 18 meses la duración máxima de esos contratos
temporales por circunstancias de la producción dentro de un periodo de 24 meses. Con esta propuesta queremos contribuir a que el sector hortofrutícola sea más competitivo, y hay que hacerlo tanto en Europa como en todos los países, y para ello es
preciso hacer también las modificaciones y las aportaciones necesarias para que todas las actividades que están vinculadas al sector de la producción, todos los sectores que son auxiliares de la misma pero que lógicamente van ligados y si hay una
crisis o algún problema en la producción también lo hay en esos sectores, sean competitivas. Así podremos conseguir un sector más competitivo. El sector del transporte de mercancías por carretera, como he dicho y explicado, tiene una importancia
clara en la producción y después su exportación y por otro lado padece de la misma forma directamente las vicisitudes y eventualidades de la propia producción. Además ha habido también en el transporte elevadas alzas de precios porque hubo un
aumento de costes de los carburantes y también aumentaron las tasas por utilización de infraestructuras vigentes en otros países europeos, lo que repercutió también en los costes de los productos de este sector en el destino.
Por todo ello, ¿qué queremos y qué planteamos desde el Grupo Popular? Lo que planteamos y solicitamos al Gobierno es que adopte una serie de medidas de apoyo a este sector del transporte hortofrutícola que le permitan ajustar su actividad a
las peculiaridades y necesidades de la producción hortofrutícola. Todo ello está plasmado en dos puntos importantes que he explicado: uno es incorporar las actividades de transporte hortofrutícola entre las beneficiarias de aquellas medidas
urgentes que adopte el Gobierno destinadas a paliar los daños ocasionados en el sector agrario por heladas y otros daños catastróficos; y el otro, en relación con lo que he dicho sobre la situación de la contratación del sector del transporte, es
que se modifique la normativa relativa a la contratación temporal para las actividades relativas al transporte de mercancías frescas hortofrutícolas, con el fin de que el convenio colectivo del sector permita ampliar los periodos máximos de
contratación en contratos eventuales por circunstancias de la producción a un máximo de 18 meses en un periodo de 24 meses. Esas son las propuestas que van ligadas a nuestra explicación. No obstante, la enmienda que ha presentado el Grupo de
Convergència i Unió nos parece adecuada puesto que hace simplemente unas matizaciones pero no cambia en nada la filosofía de la propuesta. Por ello, en principio nos parecería correcta.
El señor PRESIDENTE. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, y el señor Grau tiene la palabra para defenderla.
El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo ha querido hacer unas correcciones de adición, a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en el sentido de que los daños catastróficos de heladas y sequías u otros se producen de forma
inesperada y de alguna forma generan la necesidad de decretos-leyes urgentes que se han establecido una serie de parámetros para poder fijar estos decretos de actuación que luego pasan urgentemente al Pleno de esta Cámara, y nosotros somos
favorables a esta propuesta porque de alguna forma perfecciona el ámbito de actuación. Se ha visto claramente que en daños de heladas uno de los sectores damnificados es el transporte hortofrutícola, y por ello queremos dar una normalidad de
actuación en daños catastróficos a los transportes hortofrutícolas, por lo que proponemos la inclusión del carácter ordinario en las previsiones que tiene que hacer el Gobierno en estos reales decretos especiales.
También, escuchando al sector,
proponemos que se extienda el máximo de 18 a 24 meses y de 24 a 30 meses. Entendemos que es una vía de perfeccionamiento, de corrección de puntos, y nuestro grupo, instando a darle el apoyo positivo, solicita del grupo proponente la inclusión de
estas enmiendas que nuestro grupo propone en el sentido de que mejoran y promueven el funcionamiento de la misma.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posición, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Armengol.
La señora ARMENGOL CRIADO: El texto de la proposición no de ley se concreta en dos medidas con las que se pretende aumentar la competitividad del sector hortofrutícola. Primero cabría resaltar que las competencias para instrumentar este
tipo de apoyo al transporte de mercancía agraria por carretera, a pesar de vincularse a los volúmenes anuales de producción de frutas y hortalizas, no recaería en el Ministerio de Agricultura, ni tampoco encontrarían acomodo en las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario en medidas y actuaciones de urgencias inmediatas de los poderes públicos, como sería el caso de un real decreto. A este respecto se debe tener en cuenta que las ayudas concedidas a los Estados
miembros están condicionadas al cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, y estos, los Estados miembros, velan por que estos apoyos sean compatibles con la normativa europea. Por ejemplo, el Gobierno se
basa en estas directrices para instrumentar todo el catálogo de ayudas que ha podido verse publicado en el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, para paliar los daños causados por las heladas del año 2005, así como aquellos otros que pudieran
publicarse en adelante, como consecuencia de condiciones climáticas adversas que alcancen la magnitud de desastre natural.
El catálogo de ayudas suele ser muy diverso, pero inciden por ejemplo sobre determinados beneficios fiscales o créditos preferenciales para paliar los daños y restablecer los umbrales mínimos de rentabilidad de las explotaciones agrarias,
cuestión que no sería de aplicación para el caso que se plantea de ayuda al transporte de productos hortofrutícolas como actividad o sector vinculado con pérdidas derivadas.
En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley es competencia clara del Ministerio de Trabajo, puesto que se reclama permitir a la negociación colectiva la ampliación hasta los 18 meses de los periodos máximos de contratación
temporal eventual, para las actividades relativas al transporte de mercancías frescas hortofrutícolas.
Esta medida tiene difícil encaje en el diálogo social establecido entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal, que apunta como uno de los grandes problemas del mercado de trabajo
español las altas tasas de temporalidad.
Partiendo de este diagnóstico compartido y conscientes todos de la necesidad de adoptar medidas para reducir esa alta tasa de temporalidad, la reforma del mercado de trabajo gira en todo momento en torno a cómo debe fomentarse la
competitividad de las empresas sin perjudicar por ello los derechos de los trabajadores. Así, la idea que se viene transmitiendo es que, en las etapas de incertidumbre económica, debe de abordarse a través de mecanismos de flexibilidad, es decir,
movilidad funcional, flexibilidad de tiempo de trabajo, etcétera, en vez de a través de medidas de flexibilidad externa, como regulación de empleo o precarización del empleo existente.
Por ello, este punto 2 de la proposición no de ley que ustedes presentan no encaja nada en el acuerdo para la mejora del crecimiento del empleo, de 9 de mayo de 2006, que dio lugar al Real Decreto 5/2006, de 9 de junio, el cual, tramitado
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, ha dado lugar a su vez a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, y que marca como objetivo básico apoyar y sostener la creación de empleo, así como mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la
estabilidad en el empleo.
Enmarcada en este contexto, por lo tanto, esta proposición no de ley tenemos que convenir que no parece coherente que el Congreso de los Diputados apoye una proposición que contradice el primer objetivo de la política laboral española
comúnmente asumida por todos, y que ha sido refrendada por ley. Pensamos quizá que habría de realizarse un análisis -eso sí, muy complejo- para valorar si resultaría adecuado vincular las variaciones de producción de cosechas que se producen todos
los años, con mayor o menor variabilidad en función de las características del año climatológico, y cuyas pérdidas en el sector agrario pueden ser cubiertas mediante la suscripción de pólizas de seguros agrarios creadas al efecto, con los reales
descensos de ingresos en el sector transportista, a consecuencia de un menor volumen de cosecha a transportar.
En efecto, si resulta evidente que, como consecuencia de una climatología adversa, se produce una mala cosecha y al agricultor hay que ayudarle hasta la próxima cosecha, no está tan claro que el transportista, a consecuencia de un menor
volumen de cosecha a transportar, se quede sin transportar nada y parado. No significa por ello que, tras un análisis del sector del transporte hortofrutícola, no pudiera a lo mejor establecerse algún tipo de medida de apoyo para paliar, en la
medida de lo posible, situaciones de menor actividad, como consecuencia de una real disminución de mercancías a transportar; pero desde luego no a través de aquella figura legislativa de carácter urgente, sino mediante cualquier otro tipo de norma
más adecuada con el acuerdo, convenio o resolución a las circunstancias que se exponen en la proposición no de ley.
Por tanto, como tanto en el primer punto de la proposición no de ley como en el segundo punto no podemos coincidir de ninguna de las formas con sus contenidos, no vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Ramón-Llin, por favor, a los meros efectos de manifestarse sobre la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Vamos a aceptar la enmienda porque creemos que aporta algo importante.
El señor PRESIDENTE: Entonces, se votará en los términos de la propia proposición no de ley y con la enmienda del Grupo de Convergència i Unió.
-SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA HÁBITAT Y DE LOS CONVENIOS OSPAR Y DE BARCELONA. (Número de expediente 161/001957.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento de la Directiva Hábitat y de los Convenios Ospar y de Barcelona. El señor Benito Serra tiene la
palabra para su defensa.
El señor BENITO SERRA: Ante las dificultades del sector para mantener y, si fuera posible, aumentar el rendimiento de la actividad pesquera pero que permita, a su vez, la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de la actividad extractiva,
en un contexto donde cada día se observan más dificultades para acceder a caladeros externos, se hace desde luego más necesario establecer mecanismos para la recuperación de nuestros propios caladeros.
Si pretendemos que en nuestras costas exista una pesca sostenible y con expectativas de futuro, es imprescindible, ante la situación en la que nos encontramos, un esfuerzo en la recuperación de nuestros propios recursos.
Hoy ya está práctica y científicamente demostrado que la delimitación de zonas de protección pesquera en aquellos lugares donde los procesos biológicos y ecológicos lo requieran son medidas eficaces respecto a la conservación, incluso
respecto al incremento de los recursos pesqueros.
Esta situación además viene avalada por el cumplimiento sobre todo de una directiva y dos convenios de la Unión Europea que nos centrarían en el tema, primeramente la Directiva Hábitat de la Unión Europea, y sobre todo el Convenio Ospar, que
afecta a las zonas atlánticas de nuestra costa, y el de Barcelona, por lo que afecta al litoral mediterráneo.
He de concretar que ambos convenios son de una gran amplitud de miras y que, por tanto, abarcan tanto cuestiones ecológicas como cuestiones medioambientales, pero fundamentalmente por lo que respecta al Convenio Ospar, en la última decisión
de su anexo V, sobre todo respecto a la protección del medio marino y a la conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica, y lo mismo hace también en ese caso un convenio relativamente más reciente, que es el Convenio de Barcelona,
también referido a las costas mediterráneas. Por todo ello consideramos urgente la ampliación de las zonas de protección pesquera que, de acuerdo con la directiva y los convenios citados anteriormente, permitan el mantenimiento y recuperación de
los ecosistemas marinos.
Entendemos también que esta ampliación implica la coordinación fundamentalmente de dos ámbitos competenciales, dentro incluso del propio Gobierno, pero que de alguna manera deben ponerse de acuerdo respecto a sus intereses, y por lo tanto,
la ampliación de las zonas de protección afecta a intereses mutuos, tanto de la Secretaría General de Pesca Marítima que es a la que competiría directamente en esta Comisión pero también del Ministerio de Medio Ambiente y, en su caso, también a los
representantes de las comunidades autónomas afectadas, independientemente de la zona en la cual se pretenda actuar respecto a estas zonas de protección. Por lo tanto, entendemos que esta ampliación de zonas debe realizarse de acuerdo con las tres
partes, y es por lo que no tenemos ningún inconveniente en incorporar, para que quede de manera explícita en ese caso, la enmienda propuesta por Convergència i Unió, en el sentido de que, dentro del propio texto que yo obviamente pensaba y he
utilizado en la argumentación, se incorporara una adición que pueda hablar de este común acuerdo de las tres entidades.
Por todo ello, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista al acuerdo de esta Comisión, incorporando, en el caso de que lo crea suficiente el representante de Convergència i Unió, instaría al Gobierno a ampliar las actuales
zonas de pesca, en cumplimiento y desarrollo de la Directiva Hábitat, de los Convenios Ospar y de Barcelona, para posibilitar la recuperación de los recursos en la aguas de los caladeros nacionales, incorporando: de común acuerdo entre la
Secretaría General de Pesca Marítima, el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas afectadas, respetando las competencias respectivas.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por lo que el señor Pere Grau tiene la palabra para su defensa.
El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo había hecho una corrección a la proposición no de ley del Grupo Socialista referida a competencias ya que lo que intentábamos era hacer mención a las competencias y a las actuaciones que han hecho las
diversas comunidades autónomas en temas de recuperación de caladeros, y al debido respeto a la recuperación de los recursos pesqueros en determinadas comunidades autónomas, cosa que ha generado en alguna de las sesiones anteriores de esta Comisión
alguna proposición no de ley, porque nuestro grupo ha presentado, incluso el Grupo de Esquerra Republicana, alguna propuesta para intentar respetar al menos la no invasión, o al menos el respeto a las normativas o a las épocas de veda o de
recuperación que se habían fijado unilateralmente en aplicación de las competencias autónomas.
Entiendo que la propuesta del Grupo Socialista de incluir nuestra mención del respeto a las competencias autonómicas es positiva, por lo tanto, en principio y escuchando su proposición, nuestro interés es aceptarla, pero nos reservamos el
derecho de presentar en algún momento un texto consensuado, al menos en el momento de la votación, cosa que no creemos que sea ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular el señor Sánchez Ramos tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: El Grupo Popular va a votar que no a esta proposición no de ley, la consideramos un brindis al sol, una demostración y constatación y reconocimiento de la incapacidad de la Secretaría General de Pesca de dar una
mínima sensación de responsabilidad, porque no son capaces de llevar a cabo lo que es su competencia directa, ya que, después de tres años, seguimos esperando el Plan integral de recuperación de los caladeros, no lo hacen, y ahora quieren vendernos
que, yendo a una directiva que no tiene además competencias el Ministerio de Agricultura y a dos convenios que ahora voy a relatar que no tienen absolutamente nada que ver con esta protección, no haciendo lo que es de su competencia, abarcarán más
para un desarrollo sostenible, ¿de qué?
Hay un reglamento, el 2371, de la Unión Europea, que es el que regula la recuperación y gestión de los caladeros, y no lo utilizan; el Plan de recuperación nacional no lo terminan, y ahora vienen con un convenio, el de Barcelona. Pero el
convenio de Barcelona fija que las partes firmantes se comprometen a proteger el medio ambiente en la zona del mar Mediterráneo, y a eliminar la contaminación en esa zona, y esa contaminación puede venir causada por vertidos de buques, por la
contaminación de los propios buques, por contaminación de la explotación de plataforma continental y por la contaminación de origen terrestre. El protocolo prevé las medidas operativas que las partes deberán tomar en caso de contaminación causada
por buques, y me pregunto, ¿qué ha sucedido con el Sierra Nava que encalló en la bahía de Algeciras? Que nada se ha cumplido, no se ha hecho una evaluación de la situación, no se han eliminado y se está haciendo sin una planificación los vertidos,
el chapapote que ahora no le llaman chapapote, la información se ha anulado completamente, no se permite que vayan voluntarios para no crear alarma ni llamar la atención. ¿Cómo podemos darle crédito al Gobierno que invoca un convenio que no cumple?
El Convenio de Barcelona no se ha cumplido por este Gobierno, el Convenio de Barcelona no fija procedimientos para establecer zonas de protección pesquera, ni mucho menos; es un convenio medioambiental que establece medidas para proteger el medio
marino de la contaminación, pero para nada estamos hablando de esa protección pesquera, que ese no es el problema que tenemos en las pesquerías españolas.
Convenio Ospar. Objeto: prevenir y eliminar la contaminación, así como proteger el entorno marino en el nordeste atlántico. Este convenio no fija procedimiento para la creación de zonas protegidas, entonces, ¿qué invocación nos traen
ustedes? Trata de prevenir y eliminar la contaminación, que es un tema para tratar en la Comisión de Medio Ambiente, que me parece muy bien, pero ahora le pongo otro ejemplo: el barco Ostedijk, que está poniendo en entredicho el procedimiento
utilizado para evitar la contaminación de este barco. Nos decían que los gases que emanaba este barco no eran contaminantes, pero si se respiraban producián asfixia. ¡Hombre! Vamos a ser serios. ¿Dónde han ido a parar las miles de toneladas de
humo producido por ese barco? A la atmósfera, y condensado, al mar; las bodegas inundadas para enfriamiento, la contaminación directamente al mar. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes lo invoquen para una pesquería sostenible? ¿De qué nos
están hablando? En el base del convenio, tenían que haber cogido el barco cuando estaba en puerto, haberlo enfriado y en ese momento se hubiera acabado con el problema, pero claro, el alcalde del lugar afectado diría: aquí me juego las
municipales. Por tanto, están paseando el barco para fuera y para dentro, sin saber qué hacer, jugando. ¿Y quieren ustedes ahora que nosotros votemos que la pesquería, en base a este convenio, va a ser una maravilla? Perdonen, pero desde luego
eso no nos lo creemos.
En cuanto a la Directiva Hábitat es hasta peligrosa para el tema de pesca; no sé si ustedes la han leído bien. La Directiva Hábitat pretende contribuir al mantenimiento de la biodiversidad de los Estados miembros para la conservación de la
fauna y flora silvestre y los hábitat de interés común. La Directiva Hábitat crea una red ecológica, denominada Natura 2000, y dicha red consta de zonas especiales de conservación. Yo les pregunto, ¿ha previsto el Grupo Socialista recomendar al
Gobierno la protección de alguna especie marina, de las que hoy pescamos, para que tenga esa reserva tan especial? ¿No puede ocurrir que vayamos a proteger peces que ya no volveremos a pescar nunca más, precisamente por esa protección? Cuando
precisamente el Ministerio de Agricultura es el que regula la actividad pesquera, gestiona las reservas y la regulación; tiene estas competencias.
¿Por qué vamos a ir a una directiva que no es de pesca, a una directiva que es de medio ambiente, para proteger unas especies -que nosotros tenemos ese compromiso de hacerlo y medios para hacerlo, y ahí está el reglamento 2371 de la Unión
Europea-, y nos pueda prohibir la pesca de más especies. Vamos a suponer que se propone la anchoa; en ese caso no pescamos anchoa en 50 años, porque están perfectamente protegidas por esta directiva. ¡Hombre! Hay que ser más coherente y hay que
ser más consecuente, no vayamos a proteger especies que no podamos pescar nunca más, y con nunca más me viene a la mente lo de Nunca Màis, que ya no preocupa, aunque le dieron ese nombre. Yo creo que hicieron tanto esfuerzo con el Prestige, que ya
se han
quedado sin fuerzas para protestar o para proteger el medio marino.
Ya he dicho que esta proposición no de ley la consideramos poco creíble, primero por los dos convenios; ni con el Sierra Nava han aplicado el Convenio de Barcelona, ni con el Ostedijk han aplicado el Convenio Ospar; con la Directiva
Hábitat podemos poner en un serio peligro y en un compromiso grande nuestras especies, que es verdad que están en mal estado, pero para eso hay un plan integral que el Gobierno trató como prioritario en la primera comparecencia que hijo la ministra
a esta Comisión, y ese es el que debe proteger nuestros caladeros, pero resulta que después de tres años todavía no ha visto la luz, y ahora queremos meternos en otra historia que desde luego no viene absolutamente a cuento, y con la que el Partido
Popular está en total desacuerdo. Por tanto, de ninguna de las maneras vamos a apoyar esta propuesta.
Mire usted, en pesca está todo inventado ya, sólo hay que poner en marcha lo que está en vigor y es aplicable, y dejarse de inventos que ni son de aplicación y además pueden producir un inconveniente grave para el sector pesquero; así que
reitero, señor presidente, que nuestro grupo va a votar en contra.
En cuanto a la enmienda del Grupo Catalán, ¡hombre! Yo creo que realmente ellos han ido a remachar que respeten las competencias de las comunidades autónomas, que se sobreentiende que tienen que respetarse siempre, pero claro, si piden el
cumplimiento de esta directiva y de estos dos convenios, realmente, como nosotros consideramos que no son de aplicación, desde luego vamos a votar que no.
El señor PRESIDENTE: No sé si el señor Benito Serra está en condiciones de decirnos exactamente qué vamos a votar o lo hace llegar a la Mesa a lo largo de la Comisión.
El señor BENITO SERRA: Lo haré llegar a la Mesa, pero básicamente sería en el mismo sentido que lo he propuesto, con un redactado definitivo que ahora haremos llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: O sea, entonces una transaccional entre la proposición no de ley y la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor BENITO SERRA: Sí, sí, en este caso sería una transacción.
-RELATIVA A LA ORDENACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORA Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES. (Número de expediente 161/001960.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día, proposición no de ley también del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la ordenación, conservación, mejora y utilización sostenible de los recursos genéticos animales. El
señor Alonso Núñez tiene la palabra para su defensa.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Efectivamente, el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley relativa a las medidas de ordenación, de conservación, de mejora y de utilización sostenible de los recursos genéticos animales. Vaya por delante
que el Grupo Socialista reconoce el esfuerzo y el trabajo desarrollado durante los últimos años por las distintas administraciones, tanto central como autonómicas, así como por las asociaciones de ganaderos que gestionan estas razas, estos recursos,
y que efectivamente con entusiasmo y con eficacia han venido trabajando en esta línea, persiguiendo una buena ordenación y una conservación y mejora de los recursos genéticos animales.
Pero dicho esto, también habría que señalar --y de ahí el interés en que se apruebe esta proposición no de ley- que nosotros consideramos que los recursos económicos y las iniciativas que se han desarrollado hasta ahora han sido
insuficientes para garantizar la conservación de la biodiversidad genética de nuestras razas autóctonas. Esta no es sólo un criterio del Grupo Socialista, ya que en este mismo sentido se han manifestado distintas organizaciones internacionales,
como específicamente la FAO, que, a través de su estrategia mundial y el Convenio de Biodiversidad, pretende impulsar estos trabajos e implementar las medidas que desarrollen los países en torno a la conservación de los recursos genéticos animales.
La FAO pretende la elaboración de un plan mundial basado lógicamente en los informes, en las medidas, y de aprobarse, en los planes que puedan ir aprobando los distintos Estados. Por lo tanto, creemos desde el Grupo Socialista que es
necesario recuperar el cierto retraso habido en el desarrollo de este tipo de medidas, que debemos potenciar la puesta en marcha de nuevas medidas, de nuevas líneas de trabajo para la conservación y la utilización sostenible de los recursos, y
creemos desde el Grupo Socialista que es urgente promover un plan nacional -este es el objeto de nuestra proposición no de ley- que, además de servir para garantizar la conservación de nuestras razas, permita contribuir de forma preeminente a
elaborar una estrategia europea y mundial de conservación de recursos genéticos animales.
Por supuesto que estas medidas, estos planes, no deben ser sólo papel; son medidas, son planes, este plan nacional debe ir acompañado de medidas de financiación que lógicamente tengan en cuenta las particularidades de cada uno de estos
recursos, y que tengan en cuenta también la idiosincrasia de cada una de las organizaciones de criadores, de ganaderos, que en este momento están de hecho en muchos casos trabajando, trabajando eficazmente, en la conservación de estas razas, y
reitero, son asociaciones que trabajan de forma altruista, sin
ánimo de lucro, y por tanto desde el Grupo Socialista queremos reconocer su trabajo.
Sabemos que existen en España algunas líneas de financiación para los ganaderos y también para las asociaciones, precisamente en estos días se encuentra en periodo de realización de las solicitudes la convocatoria correspondiente a este año;
la convocatoria para tener opción a recibir ayudas para la conservación de las razas autóctonas finaliza el 19 de marzo, y tiene una consignación anual de 10 millones de euros; pero, como digo, nosotros consideramos que los recursos son aún
insuficientes y deberían complementarse, ampliarse y dotarse de nuevos instrumentos y nuevas medidas.
El plan nacional de conservación que proponemos creemos que se incluye perfectamente en los nuevos objetivos de la política agraria comunitaria, de la nueva PAC europea, porque permitirían crear un marco sostenible para el desarrollo de las
zonas rurales, donde tienen una implantación fundamental estas razas, y garantizarían la conservación del entorno medioambiental. Como decía, se han desarrollado políticas orientadas a esta materia, las comunidades autónomas tienen, con recursos
propios y con fondos europeos y estatales, programas de conservación de razas autóctonas, de recursos genéticos animales, pero creemos que es necesario, es preciso, es urgente implementar las políticas orientadas a la conservación de estos recursos.
Por todo lo anterior, como decía, el Grupo Socialista lo que propone específicamente es la elaboración y aprobación de un plan nacional coordinado para la conservación y mejora de las razas ganaderas, puesto que consideramos que su
aprobación y su puesta en marcha es una prioridad en este momento de la política ganadera de nuestro país. Con este plan nacional lo que pretendemos es implementar en lo esencial unos instrumentos básicos para las razas ganaderas que hay en España,
tanto las originarias como las integradas, para avanzar en dos objetivos muy bien diferenciados: en primer lugar, asegurar la conservación de las razas en peligro de extinción, que tienen muy poco censo y que en este momento se pueden encontrar en
peligro cierto de desaparición, son razas que necesitan apoyo y necesitan medidas urgentes para garantizar el mantenimiento en el futuro. Y también hay que establecer, como un segundo pilar, unas medidas de mejora para razas ya consolidadas, razas
autóctonas ya consolidadas, como la merina, la manchega, las distintas razas de vacuno, el cerdo ibérico, que cuentan en este momento con esquemas de selección, que tienen asociaciones con una implantación importante, que tienen programas de control
de sus rendimientos, pero consideramos que es preciso aumentar la calidad y la competitividad también de estas razas autóctonas ya consolidadas.
Como digo, todo este trabajo creemos que habría que hacerlo en el marco de un plan nacional, por supuesto coordinado con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de gestión de estos programas, y con un cuidado
exquisito y financieramente con apoyo a las asociaciones de ganaderos encargadas de la gestión de estas razas y de la llevanza de los respectivos libros genealógicos donde ya se han constituido.
Querría resaltar también que esta estrategia nacional, enmarcada en este plan nacional que solicitamos, podría dar también cabida a distintas medidas de promoción de razas autóctonas españolas que podrían tener una posibilidad de demanda en
el exterior, fundamentalmente en Iberoamérica pero también en otros países en el ámbito de la Unión Europea, y que en el marco de esta estrategia podrían encontrar unos recursos económicos importantes para su desarrollo.
Creemos que la iniciativa es positiva; esperamos, por tanto, que pueda contar con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Grau tiene la palabra.
El señor GRAU I BULDÚ: Acabo de escuchar atentamente la exposición del señor Alonso en defensa de su proposición no de ley que presenta su grupo en esta Comisión, y participamos plenamente del espíritu de la misma, y es por ello que nuestra
enmienda, ya desde el principio, ha sido de alguna forma de corrección de la misma, en el sentido de darle un aire más positivo, porque estamos de acuerdo en evitar el deterioro y garantizar la conservación, pero el futuro es promocionar estas razas
autóctonas y mantenerlas.
Es por ello que nuestro grupo entiende que la corrección que hacemos en la primera parte es para darle más proyección de futuro; para marcar la pauta de que el objetivo es promocionar estas razas autóctonas como un elemento de identidad de
determinadas zonas productivas; y en la segunda parte de nuestra enmienda se establece un plan, en coordinación con las comunidades autónomas; es la corrección competencial que normalmente nuestro grupo sostiene.
También es una redacción que intenta que sea el conjunto del Estado el que adopte estas medidas, y por ello pensamos que nuestra enmienda -que entendemos participa plenamente del espíritu que ha manifestado el grupo proponente en su
exposición -puede ser aceptada-. No intentamos cambiar en absoluto el espíritu de la misma, no intentamos mermar ni reducir la eficacia o las acciones que pueda hacer el Gobierno, estamos de acuerdo en que este plan tiene que estar coordinado por
el conjunto del Estado, tiene que participar la mesa sectorial, ello abre la vía a la coordinación con las comunidades autónomas, y es por ello que esta participación estatal define, de una forma más clara, las aportaciones presupuestarias, las
dotaciones que hay que dar al sistema. Por tanto nuestra enmienda creemos que sostiene y perfecciona el texto que nos propone el Grupo Socialista, y por ello solicitamos que acepte nuestra enmienda, y podamos presentar al menos conjuntamente
presentar
esta proposición no de ley al Gobierno, para que se cumpla este objetivo que en definitiva el Gobierno también sostiene, y que entendemos que todos los grupos tenemos que participar en su cumplimiento.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Madero Jarabo tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Intervengo muy brevemente para decir que a mi grupo le parece muy bien esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista; efectivamente coincido con su portavoz, señor Alonso, en que el
Convenio de Biodiversidad de la FAO marca, como una de las líneas para los años venideros, la creación de esa especie de banco de recursos genéticos de la ganadería, en paralelo a lo que ha estado haciendo durante bastantes años, dentro del Convenio
de Biodiversidad, con un banco de plasma vegetal, un banco de genes vegetales que es un auténtico tesoro, acuerdo que hemos suscrito más de cien países, y cuyos trabajos están muy avanzados; es una maravilla de trabajo lo que ha hecho la FAO en
esta materia, y quiero recordar aquí a un ilustre paisano nuestro, al doctor Esquinas, que es quizá quien ha sido el alma de este banco de genes vegetales, este banco de plasma que a nivel mundial se ha constituido y que se ha dirigido desde la FAO.
En esa línea habría que trabajar, o pretende hacer la FAO -de hecho así lo ha iniciado- dentro del reino animal, porque efectivamente coincidimos con el Grupo Socialista en que es necesario poner en valor la biodiversidad agrícola y
ganadera, y nos parece que en los últimos años, sobre todo debido a la política agraria común, los ganaderos han tenido que derivar hacia razas más productivas, abandonando aquellas producciones de razas autóctonas, sobre todo en los regímenes
extensivos en los que se desarrolla la ganadería en toda España, a pesar de que desempeñan un papel fundamental para la conservación del entorno natural, y de eso que llamamos desarrollo sostenible del medio ambiente, que muchas veces hablamos y no
definimos cómo; aquí hay una perfecta definición de cómo, poniendo en valor nuestras razas autóctonas, realmente se consigue un entorno natural desarrollado de manera sostenible y un medio ambiente más adecuado y más racional.
Nos parece, por tanto, correcta la proposición no de ley, aunque quizá deba decir dos cosas que, sin ánimo de molestar ni de venir a sentar cátedra de nada, sí diría que cuando ocurren estas cosas y nos vemos sin un instrumento eficaz para
empezar a funcionar, quizá habría que reconsiderar si fue oportuna o no la transferencia en su momento que se hizo a las comunidades autónomas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, trocear el INIA, y lo dice un profesional de la
agronomía que le tiene un cariño entrañable al al viejo Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias; la transferencia nos pareció a muchos que no fue la adecuada, y ahora nos encontramos sin ese instrumento que era una palanca esencial para
remover esta materia importante.
No obstante, puede suplirse perfectamente con un plan nacional, tal como aquí se propone, aunque quizá también deba decir otra cosa; entendemos que sí que había ya un plan, no global, que estaba funcionando dentro del ministerio, estaba
funcionando hace unos años al menos en el ministerio, pero sí un plan nacional que coordinaba a las comunidades autónomas en cuanto a muchas de las razas ganaderas, de las razas autóctonas. Si estaba funcionando, yo le rogaría al grupo proponente
que en el punto primero de la proposición no de ley, en vez de decir: establecer medidas para evitar el deterioro de recursos genéticos animales y garantizar su conservación, que diga: continuar con las medidas que ya se estaban aplicando, o
incluso: continuar, ampliar y mejorar. Y en el punto segundo, que dice: establecer un plan nacional coordinado, que entendemos que hace unos años al menos sí existía, si ahora no existe, está bien traído el término: establecer un plan nacional;
si ya existe, proponemos que sea: potenciar. Lo digo simplemente a efectos de respetar el trabajo de tantos y tantos profesionales en la materia.
¿Recuerda, señor Alonso, cuando en el debate de los Presupuestos Generales del Estado, precisamente para la investigación general, la investigación agraria, tanto fitotecnia como zootecnia, pedíamos unas mayores aportaciones de recursos, no
solamente, repito, para la investigación, sino también para apoyo en este caso a los ganaderos? Hay poco previsto en los presupuestos de 2007, pero algo se podrá sacar; sobre todo si le pusiéramos voluntad de sacar esta proposición no de ley
adelante, junto con el Gobierno, para 2008 habría al menos unos recursos más que suficientes que aseguraran la conservación de las razas en extinción, y no solamente asegurar la conservación de las razas en extinción, sino de apoyo a la mejora -y en
eso estoy de acuerdo también con el señor portavoz del Grupo Socialista- de las razas autóctonas ya consolidadas, y él como experto en la materia ha citado algunas, pero podríamos hacer una lista muy amplia de algunas que están perfectamente
consolidadas, y que hasta incluso han traspasado sus calidades de producción ganadera nuestras fronteras, y en estos momentos en parte de la Unión Europea y en buena parte de Sudamérica, e incluso de Norteamérica, hay razas ganaderas españolas
autóctonas perfectamente consolidadas y en total producción.
Respecto a la enmienda que nos presenta el Grupo de CiU, simplemente, con toda amabilidad, quiero decirle al señor Grau que yo no soy experto en gramática, pero entiendo que en el punto primero está bien: evitar el deterioro de nuestros
recursos y garantizar su conservación, porque los recursos genéticos podrán ordenarse, conservarse o mejorar; o no ordenarse, no conservarse y no mejorar; lo que yo creo que no se pueden es promocionar: los recursos genéticos no se pueden
promocionar: es patrimonio científico, pero que no es un bien tangible, un bien fungible, un bien que se pueda vender,
un bien valorable; es o no es, lo potenciamos o no, pero entendemos que gramaticalmente -que entiendo que es por donde va su enmienda-: promocionar nuestros recursos genéticos, entiendo que no está bien resuelto, quizá podía ser:
promocionar nuestras razas autóctonas; eso ya es otra cosa.
Y bien, y dicho esto, no tengo más que reiterar nuestro voto favorable hacia la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, no sé si está en condiciones en este momento de definir el sentido de la votación, tiene usted la palabra.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Agradezco las dos intervenciones. En cuanto a la enmienda planteada por CiU, en relación al punto primero no podríamos aceptarla porque efectivamente cambia radicalmente el sentido de la iniciativa, pero sí
estaríamos en disposición de incorporar expresamente a las comunidades autónomas, como dice su enmienda, es decir que podríamos aceptarla en parte con una transacción que haríamos llegar a la Mesa, si es que somos capaces de negociarla.
El señor PRESIDENTE: Pues nos la hacen llegar antes de la votación y en ese sentido se votará.
-SOBRE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) APLICABLE A LA PRIMA POR SACRIFICIO DE BOVINOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ERC. (Número de expediente 161/001964.)
El señor PRESIDENTE: Como habíamos anunciado el cambio en el turno, vamos a pasar a la proposición no de ley que aparece en el punto 6 del orden del día, en este caso del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) aplicable a la prima por sacrificio de bovinos. El señor Ramón tiene la palabra para su defensa.
El señor RAMÓN TORRES: Presentamos hoy desde el Grupo de Esquerra Republicana esta iniciativa que, como su título indica, lo que pretende es intentar que no se cobre este IVA, este impuesto, a esta prima de sacrificios porque entendemos que
en ningún caso justifica el cobro de la misma, y lo hacemos porque últimamente hay muchos ganaderos acogidos a ayudas comunitarias que ya han recibido una propuesta de liquidación provisional por parte de la Agencia Tributaria al entender esta que
dicha prima consiste en una subvención vinculada al precio de las operaciones y que, consecuentemente, se debe incluir en la base imponible de las operaciones realizadas por el sujeto pasivo.
Nosotros entendemos que esto no es así, pero es que además también podemos entender que esta interpretación que hace la Agencia Tributaria choca o es contraria totalmente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea,
que en una sentencia del día 15 de julio de 2004 ya definió los requisitos que deben darse para considerar que una subvención está vinculada al precio de las operaciones y, por tanto, cuando debe éste integrarse en la base imponible del impuesto. A
nuestro entender, esta sentencia era muy clara, el Tribunal de Justicia de la Comisión Europea consideró básicamente en dos puntos, primero, que el motivo de la inclusión de las subvenciones en la base imponible es el de someter al IVA a la
totalidad del valor de los bienes, evitando de esta forma que el pago de una subvención suponga una menor recaudación por las administraciones tributarias, y segundo, este Tribunal de Justicia de la Comisión Europea dictaminaba que para que una
subvención sea de estas características ésta se debe haber abonado con una finalidad específica de que se haga una entrega de bienes o una prestación de servicios.
En el caso de la prima que atañe a esta proposición no de ley de bovinos no se realiza ninguna entrega de bienes, pues la prima es para sacrificio o para la exportación de los mismos, con lo que ya no se cumple el primer requisito de lo que
marcaba esta jurisprudencia comunitaria, y entendemos también desde nuestro grupo, en segundo lugar, que este Tribunal de Justicia establece que los adquirientes de bienes deben obtener una ventaja de la subvención concedida al beneficiario, es
decir, que el precio que paga al adquiriente sea inferior en proporción a la subvención percibida por el beneficiario, siendo que la subvención se convierte en elemento determinante del precio. En el caso de la prima por sacrificio a que hacemos
referencia no existe ninguna disminución del precio en proporción a la cuantía de la subvención, además la cuantía de la subvención disminuye si el Estado miembro supera los límites fijados por cada Estado; es decir, que no se subvencionan todos
los sacrificios de bovinos en la misma cuantía sino que dependerá del número de sacrificios que se hayan llevado a cabo. El objeto de la prima no es, pues, el de promocionar el consumo mediante una rebaja del precio final que paga el consumidor
mediante la compensación al productor por la rebaja del precio, sino que el objetivo de esta prima es el de estabilizar al mercado y garantizar una renta equilibrada a la población agraria. Por todo lo que hemos expuesto entendemos, como les decía,
que la prima al sacrificio de animales no encaja en los requisitos que esta jurisprudencia comunitaria exigía y entendemos que la Agencia Tributaria estaría cobrando un IVA que entendemos que no tendría ninguna base para que se pueda cobrar.
Como les decía, nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley porque entendíamos que era de justicia solucionar este problema, el sector hace tiempo ya que viene reclamando una solución en ese sentido, y nosotros entendíamos que
esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea daba la razón al sector a la hora de pedir el no cobro, por decirlo de alguna manera, de este impuesto de valor añadido a esta prima.
Aparte de esta sentencia del Tribunal de Justicia, ya se han marcado este mismo criterio en tribunales del Estado español, en concreto por la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia del 30 de noviembre de
2005, que, como les decía, iba en la misma línea que marcaba la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Por esto, nosotros instamos al Gobierno en esta proposición no de ley tres puntos muy concretos que son los siguientes.
Nosotros entendemos que el Gobierno tendría que dar instrucciones específicas a la Agencia Tributaria a fin de que deje de considerar las subvenciones por la prima de sacrificio de bovinos, regulada en el artículo 11 del Reglamento de la Comisión
Europea 1254/1999 como una subvención vinculada al precio de las operaciones y, por tanto, integrable en la base disponible del impuesto del valor añadido. También entendemos que es necesario que deje sin efecto las propuestas de liquidación
provisional del impuesto sobre el valor añadido realizadas con base a las subvenciones por primas de sacrificios de bovinos percibidas por los ganaderos. Y entendemos también que sería necesario la devolución del importe de dicha liquidación
provisional a aquellos contribuyentes que la hayan ingresado en la Agencia Tributaria, así como los recargos o sanciones, en su caso. Entendemos que esta es una reclamación justa, que el sector la ha estado reclamando bastantes veces o pidiendo una
solución definitiva a este caso, y como les decía también, varias decisiones judiciales dan la razón al sector en este tema y entendemos que tendríamos que aprobar esta proposición no de ley e instar al Gobierno de una vez por todas a dejar de
cobrar este IVA que entendemos desde nuestro grupo parlamentario que es injusto que se siga cobrando.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay una enmienda presentada por parte del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Farrera para su defensa tiene la palabra.
La señora FARRERA GRANJA: La proposición no de ley que nos presenta hoy Esquerra Republicana de Catalunya tiene por objeto que la Agencia Tributaria deje de considerar las subvenciones por prima de sacrificio de bovinos como una subvención
vinculada al precio de las operaciones, por lo tanto, integrable en la base imponible del impuesto sobre el valor añadido. Uno de los intereses por los que apuesta este Gobierno es el de que los ganaderos, sean de la comunidad autónoma que sean, no
sufran detracciones en los importes que se les abonan por subvenciones, ya que este tipo de medidas para nuestro sector vacuno podría suponer una situación de inferioridad en la competitividad frente a otros Estados miembros. Los requisitos que la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea define para poder incluir el importe de una ayuda en la base imponible de las operaciones realizadas por el sujeto pasivo del IVA son, como muy bien ha dicho el señor Ramón, las
siguientes:haberse abonado con la finalidad específica de que se haga una entrega de bienes o una prestación de servicios y que los adquirientes del bien deben obtener una ventaja de la subvención concedida al beneficiario. En el caso de la prima
de sacrificio de bovinos este ministerio cree que no se da ninguna de las dos circunstancias anteriores, aunque esta proposición no de ley se basa en una interpretación de la normativa comunitaria sobre la tributación en el IVA de las subvenciones
percibidas por los sujetos, normativa que en todo caso ha resultado bastante polémica desde su promulgación.
La prima por sacrificio se recoge en el artículo 11 del Reglamento 1254/1999, tal como dice la iniciativa, y según el cual el productor que críe bovinos en su explotación podrá, previa solicitud, acogerse a una prima por sacrificio. Esta se
concederá cuando los bovinos con derecho a prima se sacrifiquen o se exporten a un tercer país dentro de unos límites prefijados. Tendrán derecho a prima por sacrificio los toros, bueyes, vacas y novillas a partir de ocho meses de edad, y los
terneros de más de un mes y menos de siete meses de edad y con un peso en canal inferior a 160 kilogramos, siempre que el productor los haya tenido durante un periodo de tiempo determinado en su explotación.
De conformidad con la sentencia 22 de noviembre de 2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, las subvenciones percibidas por el concepto prima a sacrificio de bovinos deberán integrarse en la base imponible del IVA
correspondiente a las entregas de bovinos que efectúen, dado que a efectos de dicho impuesto son subvenciones directamente vinculadas con el precio de dichas entregas, tal como estas se definen en la normativa española recogida en el artículo 78,
apartado 2, número 3, de la Ley 37/1992. En relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 15 de julio de 2004, asunto C 144/102, a que hace referencia el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, ha
de precisarse que aborda el tratamiento de un tipo de subvenciones muy concretas abonadas en aplicación del Reglamento comunitario número 603/95, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes de secados.
Dicho reglamento comunitario es diferente del que regula las primas abonadas por el sacrificio de bovinos, por lo que no se pueden extrapolar las consideraciones realizadas por el tribunal en dicha sentencia al supuesto planteado. La interpretación
efectuada en el texto de la proposición no de ley, que lleva a considerar que las primas de sacrificio de ganado bovino no deben considerarse como subvenciones vinculadas al precio de las operaciones, y por ello no debe integrar la base imponible de
las mismas, se basa en la doctrina jurisprudencial derivada de la sentencia 15, de 2004, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, como ya he dicho antes, asunto C 144/02, sobre tributación en IVA de las ayudas otorgadas al sector de
forrajes de secados, en virtud de la cual el concepto subvenciones directamente vinculadas al precio incluye únicamente las subvenciones
que constituyen la contraprestación total o parcial de una operación de entrega de bienes o de prestación de servicios y que son pagadas al vendedor o al prestador.
Por todo lo expuesto, presentamos una enmienda transaccional, teniendo en cuenta en primer lugar que, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda la
competencia en materia de tratamiento fiscal, y en segundo lugar, que dicho ministerio ya recabó a la Comunidad Europea en su día que fuera esta quien clarifique el texto aprobado y que, de una vez por todas, unifique su criterio en el tratamiento
fiscal por lo que hace al tema de subvenciones.
La enmienda que hemos propuesto al Grupo de Esquerra Republicana, que se la hemos presentado en la sesión de este debate parlamentario, sería una transaccional, que el grupo proponente creo entender que nos ha aceptado, y que contendría dos
puntos, el primero sería: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar una armonización del tratamiento fiscal en todo el ámbito de la Unión Europea sobre la forma de tributación en el IVA de las subvenciones europeas, y en concreto
en las primas al sacrificio de bovinos, evitando situaciones de inferioridad competitiva a los ganaderos españoles frente a los de otros Estados miembros. Segundo, exigir de la Comunidad Europea un pronunciamiento de este asunto, dado que, como he
dicho anteriormente, el ministerio ya ha recabado a la Unión Europea que con la mayor brevedad posible haga un pronunciamiento y armonice este tratamiento fiscal.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular la señora Naharro de Mora tiene la palabra.
La señora NAHARRO DE MORA: Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, del Grupo Popular, para fijar nuestra posición sobre esta proposición no de ley relativa al IVA aplicable a la prima por sacrificio de bovinos.
En los últimos meses los ganaderos de vacuno de ciertas comunidades autónomas, en concreto Cataluña y en una provincia de Aragón, han recibido una liquidación provisional relacionada con el ejercicio 2004 por la que se les aumenta la base
imponible incluyéndoles una subvención percibida del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria llamada prima de sacrificio de bovino, porque entienden que se trata de una subvención directamente vinculada al precio de las entregas de bovinos
realizadas por los ganaderos, de acuerdo con el artículo 78.3 de la Ley 37/1992, de IVA.
Los ganaderos defienden que no estamos ante una subvención directamente vinculada al precio, porque no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación vigente, y para ello se basan en que, según esta Ley de IVA, es un tributo de
naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicio efectuadas por empresarios o profesionales, también las adquisiciones intracomunitarias de
bienes y las importaciones de bienes, estando sujetas al impuesto, según lo previsto en el artículo 4 de la citada ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicio con carácter habitual u ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial
o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios u asociados miembros o partícipes de las entidades que las realicen.
En el artículo 78 de esta ley se dice que la base imponible estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas, y se incluye en el concepto de
contraprestación las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto, considerándose vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto las subvenciones establecidas en función del número
de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la relación de la operación, y es importante este punto, cuando se determinen con anterioridad la relación de la operación, porque en este caso
no se cumple el requisito, ya que la solicitud de subvención no se efectúa hasta después de haber sido sacrificados los animales, no sabiendo de antemano además si serán o no concedidas estas subvenciones y no siendo posible calcular la cantidad a
percibir hasta el año siguiente. Esta cantidad viene determinada según unos factores de reducción fijados en una orden que no se publica hasta el año siguiente de la solicitud y por el que se aplican unos factores de reducción según, entre otro
factores, al número de primas solicitadas. Pero además de esto, hay una sentencia, a la que ya se ha hecho referencia, de 15 de julio de 2004, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la que se afirma que
se ha de comprobar que los adquirientes del bien o los destinatarios del servicio obtengan una ventaja de la subvención concedida al beneficiario, siendo necesario examinar si objetivamente el hecho de que se abone una subvención al vendedor le
permite vender el bien o prestar el servicio por un precio inferior al que tendría que exigir si no existiese la subvención, viéndose, por tanto, disminuida la recaudación de la Hacienda pública, por lo que la contraprestación que representa la
subvención tiene que ser al menos determinable.
Esta doctrina se mantiene en otros asuntos y ha sido asumida íntegramente por la consulta vinculante AF 1049/04 de la Dirección General de Tributos, promovida por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, y que debe ser aplicada
porque nos encontramos ante un supuesto idéntico al de otros casos como el de los forrajes de secados, en el que se aplica esta jurisprudencia, y se aplica en el sentido de que las subvenciones recibidas por parte del Feoga no han de incluirse en la
base imponible del impuesto porque no
pueden entenderse vinculadas al precio. Además en agosto de 2005 la Conferencia de Cooperativas Agrarias de España elevó otra consulta vinculante a la Dirección General de Tributos que, tras su argumentación, pregunta concretamente si,
producida la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 2004, deben considerarse las ayudas o primas al sacrificio de bovinos vinculadas a precio y si debe incluirse su importe en la base imponible del tributo
correspondiente a las entregas de bovinos que efectúan los ganaderos en el régimen general del mismo. Ante esta consulta, esta última consulta vinculante, no se ha obtenido respuesta un año y medio después de hacerla y es ahora cuando el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso nos propone que se consulte a la Comisión Europea y que se homogeneice. Aquí se ha comentado que ya se ha hecho esta consulta y que la Comisión no ha contestado, pero algo debe fallar, y lo que falla es que
el Gobierno no ha hecho los deberes, es el Gobierno, que se dedica a otras cosas diferentes que a dar soluciones reales a los ciudadanos en sus problemas del día a día.
Estamos solicitando que la Comisión Europea dé un criterio homogéneo en toda la Comunidad, en toda la Unión Europea, y lo que estamos viendo es que en España, depende de dónde viva un ganadero, depende de dónde tenga su explotación, si es en
Aragón, en Cataluña o en otro lugar de España, pues se les aplica un impuesto u otro, es curioso este punto, además, en el resto de países de la Unión Europea no se aplica este impuesto a la prima de sacrificio de bovinos, en ninguno de ellos.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia y teniendo en cuenta que en ninguno de estos países se aplica, desde luego lo que estamos convencidos es que tenemos que apoyar esta proposición no de ley de Esquerra Republicana, estamos convencidos de que estos
tres puntos que propone Esquerra Republicana se deben cumplir, que no se aplique el IVA a esta subvención o prima de sacrificio de vacuno, que se anulen las peticiones que están hechas de pago, las propuestas, y que se devuelva a quien ya se le ha
cobrado injustamente.
Por tanto, en la votación vamos a apoyar esa proposición no de ley, pero para finalizar quiero hacer una reflexión sobre el trabajo que desarrollamos en esta Comisión de Agricultura, y es qué pensarán los ganaderos de vacuno cuando hoy al
salir de aquí les traslademos que hemos aprobado esta proposición no de ley sobre el IVA, se preguntarán qué repercusiones va a tener esta mañana de trabajo en la Comisión de Agricultura si ven cómo el Gobierno hace caso omiso de lo que aquí
aprobamos en muchos casos por unanimidad, y me estoy refiriendo, porque me viene a la memoria cuando hablamos de ganado vacuno, cómo no se ha puesto en práctica aquel mandato que se hacía desde la Comisión al Gobierno, al Ministerio de Agricultura,
sobre la retirada del certificado veterinario, y creo que desde luego debemos instar al Gobierno a que cumpla con lo que aquí ya aprobamos en muchos casos por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón, tiene la palabra para posicionarse sobre la enmienda que se le ha presentado a su proposición no de ley.
El señor RAMÓN TORRES: Entiendo, por la negociación que hemos tenido esta mañana con el Grupo Socialista, que los dos puntos que ha comentado de la enmienda son adicionales, que serían un punto primero y segundo, pero que los tres puntos
que había en mi proposición no de ley quedan intactos, que no son condicionantes uno del otro y que, a mi entender, los puntos que marcaba nuestra proposición no de ley quedan con la misma intención que tenía la propuesta que presentamos.
En referencia a la enmienda que presentan, preguntar a la Comisión Europea no me parece mal, pero que quede claro que los puntos quedan iguales y que van a ser votados así.
-SOBRE MEDIDAS PARA LA DINAMIZACIÓN RURAL EN ASTURIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002050.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 7, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para la dinamización rural en la Comunidad Autónoma de Asturias.
El señor Fernández
Rozada, para su defensa en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Efectivamente, la despoblación del medio rural asturiano es una evidencia y creemos que debe ser combatida de la forma más eficaz posible. Esta despoblación del mundo rural en Asturias constituye un fenómeno
preocupante que en el caso del occidente asturiano conlleva, entre otras inmediatas consecuencias, la pérdida de representación en el Parlamento autonómico. Es conocido que nuestras elecciones autonómicas se celebran por circunscripciones, una de
las circunscripciones de las tres es la zona occidental que, al verse afectada por ese despoblamiento, ha perdido peso, peso político por tanto, pierde también un diputado de cara a estas próximas elecciones de mayo, y todo ello porque se trata de
municipios montañosos, con economías basadas en el sector primario, un ámbito que no atrae a los jóvenes, que eso es también otra evidencia, y estos se ven abocados a la emigración por falta de mano de obra.
Lejos de haber logrado este Gobierno identificar a los jóvenes con el campo asturiano, con el medio rural, facilitando su permanencia dentro de ese entorno de nacimiento con unas políticas dispuestas por la Administración, lejos de todo
ello, digo, lo único que han facilitado ha sido el retraso de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios que se consideran imprescindibles, y al menos así lo consideramos nosotros
durante los gobiernos de Aznar tomando buenas y puntuales medidas sobre todo en el tema de las infraestructuras y que últimamente llevan una paralización de años que el propio Gobierno tendrá sus razones de por qué lo está haciendo.
Ante esta situación y con el maravilloso aditamento que el medio natural tiene en Asturias, nuestro grupo parlamentario quiere que se ponga en marcha por parte del Gobierno del Estado, en colaboración con el Principado, un plan de
dinamización del mundo rural asturiano con un amplio consenso de todos los agentes económicos y sociales más representativos del sector agropecuario, tanto en las definiciones como en los objetivos, medidas y posterior seguimiento, que combata con
determinación la despoblación del mismo, que promueva planes de empleo adaptados a las características y necesidades del mismo y que impulse la diversificación de actividades económicas por medio de un asesoramiento descentralizado. Este
asesoramiento se prestaría mediante el establecimiento de diversas agencias en todo el territorio del Principado, no sólo a los que hacemos ahí referencia en nuestra instancia, en la proposición no de ley, cuya función primordial sería proporcionar
financiación a la medida del mundo rural, facilitando la creación, ampliación y modernización de esas microempresas tan importantes para este ámbito del occidente asturiano. Necesitamos efectivamente esas infraestructuras, equipamientos y servicios
que están siendo relegados. Probablemente la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, asturiana, y que conteste a esta proposición, le venga a la mente recordar cuestiones que efectivamente ella y yo conocemos, porque Asturias en definitiva es
una región con poco más de un millón de habitantes, con tres zonas muy delimitadas, la zona centro, el oriente y el occidente, y el occidente y el oriente suponen un atractivo para los que somos de la zona centro y lo conocemos suficientemente, y
por eso yo sé que la portavoz socialista conoce perfectamente esa situación del mundo rural y me dará la razón. A pesar del programa de desarrollo rural del Principado de Asturias 2007-2013, que yo tuve la ocasión ante la presentación de esta
propuesta de analizar minuciosa y muy detalladamente, mi preocupación sigue vigente. Yo llevo en la vida política activa en Asturias casi treinta años y soy testigo de excepción de muchas de las cosas que allí han pasado y que están pasando. A mí
siempre me preocupó el mundo rural, yo soy también de una zona, aunque del centro por circunscripción, rural, de un pueblo, viví por obligación prácticamente de actividad y de compromiso político desde el año 1977, comprendo que hay cuestiones, como
la falta de infraestructuras, de equipamientos, etcétera, pero que son materia política de debate, el desarrollo de este programa 2007 no resuelve los problemas del campo asturiano, no resuelve los problemas que hoy tenemos ahí. Supongo que la
portavoz dirá que todas estas cosas ya están, que vienen poniéndose en marcha, que se están haciendo, y efectivamente, en teoría todo se hace, o todo se dice, todo se comenta, pero los ganaderos cada vez están peor y los jóvenes cada vez emigran
más, prueba evidente de que estamos despoblando estas zonas de nuestra región asturiana.
Nosotros calificamos este programa de desarrollo rural de un documento continuista, como antes decía, y además inseguro, lo primero, porque mantiene políticas que se han venido desarrollando hasta el momento y que han llevado al campo
asturiano a una grave situación de despoblamiento e incertidumbre, inseguro porque el Gobierno del señor Zapatero se comprometió a compensar con fondos nacionales, como todos sabemos, la pérdida de recursos europeos pero hasta el día de hoy se
desconoce la dotación económica que España va a destinar a cada medida dentro de cada eje de actuación del programa y la solidez de los compromisos hasta el año 2013, demasiado largo me lo fiáis para una situación que es acuciante, y por eso las
medidas que se contemplan dentro de nuestra proposición no de ley pueden, no solucionar los problemas al completo, pero sí proporcionar de medidas que se necesitan poner en marcha cuanto antes. Por ello nuestro grupo parlamentario pide al Gobierno
central la gratuidad de las cuotas lecheras procedentes de los planes de reestructuración nacional para los ganaderos asturianos que necesiten incrementar su cuota lechera. En este sentido, nuestro grupo defiende la exigencia en el marco de la
Unión Europea de una política agraria específica para la cornisa cantábrica dentro del sistema llamado de desacoplamiento, creando una figura específica para las zonas de alta montaña, efectivamente ahí hay una cuota para los ganaderos, les bajan el
precio, les compensan de otra forma, pero al final los ganaderos no se ven favorecidos.
Por ello nosotros, y ya finalizo, pretendemos, en primer lugar, desarrollar unas políticas que podrá decirse que no son originales, y la verdad es que durante nuestra etapa de gobierno, tanto en el Principado como en el ámbito nacional,
intentamos hacer, pero es también cierto que no hemos llegado a dar una solución al campo asturiano, a la zona occidental, que el despoblamiento es cada vez mayor, la desmoralización lo mismo, y desde luego con medidas a largo plazo no vamos a
resolver los problemas acuciantes que hoy tiene en el ámbito rural asturiano, en el oriente y en el occidente principalmente. Por eso queremos poner en marcha un plan de dinamización para combatir la despoblación, promover programas de empleo
adaptados a las características y necesidades de aquel entorno en concreto, impulsar la diversificación de actividades económicas en el medio rural, abriendo oficinas, no las que existen que se dedican a ese tipo de información tan peculiar que
efectivamente hacen que se pasen días y días sin que nadie la visite porque no ven en el fondo algo que les pueda atraer dentro de esa información para poder enmarcarse definitivamente en el entorno, o sea, lo que tienen que hacer es ofrecer un
asesoramiento sobre creación de empresas e información sobre las ayudas europeas, estatales o regionales, pero puestas a disposición de quien recibe o de quien pide esa información. Finalmente, proporcionar
financiaciones blandas y subvenciones a las empresas que se ubiquen en los entornos rurales con bajo tejido empresarial, y sobre todo teniendo en cuenta estas pequeñas empresas la parte de empleo femenino que también van a crear. Promover
formación de actividades artesanales, garantizar la dotación de equipamientos públicos y servicios sociales e impulsar la penetración de las nuevas tecnologías en el medio rural, también cuestión muy necesaria, creando puntos tecnológicos en todas
las poblaciones rurales que no cuenten con centros de conexión a Internet.
En definitiva, pretendemos dotar al campo asturiano de elementos precisos, de carácter económico o de otra naturaleza, para fijar la población y poder detener el éxodo rural. No nos mueve desde Asturias otra preocupación ni otra ambición
más que la de acertar en estas políticas, tenemos un problema yo creo que muy importante, de los más importantes que Asturias tiene hoy; agotado nuestro sector industrial, sobre todo en lo que es el carbón, el oriente y el occidente asturiano
tenemos que realmente fijarlo y determinarlo, y creo sinceramente que estas medidas podrían ser muy positivas para ello.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda, por tanto, en turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: La proposición no de ley que ahora tratamos por iniciativa del señor Rozada, del Grupo Popular, estoy segura que está cargada de buenas intenciones, como él ha dicho ahora, pero sinceramente creo que no
aporta nada nuevo a lo que en estos momentos por parte del Gobierno del Principado de Asturias, con programas europeos y también con el apoyo del Gobierno de España, ya se está haciendo en el medio rural asturiano, y más concretamente en el
occidente de Asturias, es más, yo diría que se queda corta en alguna de las medidas que propone y que no incluye otras que se están llevando a cabo y que son importantes para el futuro del medio rural de esta zona. (La señora vicepresidenta,
Armengol Criado, ocupa la Presidencia.) Es por ello que anuncio el voto en contra de mi grupo parlamentario, pero, aun así, quiero agradecer al señor Rozada la iniciativa presentada porque ello nos permite hacer un debate sobre un tema que considero
que es importante y del que se habla poco, que es la pérdida de población de algunas zonas y el papel que las mujeres y los instrumentos y medidas del desarrollo rural sostenible pueden tener para mantener y sujetar el crecimiento demográfico, y
también, por qué no, porque podemos hablar, aprovechar el momento para hablar de una zona que yo conozco muy bien porque soy de allí, que es una zona de extraordinaria belleza del occidente asturiano y de la que también se habla poco habitualmente.
En primer lugar, quiero decir que Asturias es pionera en políticas de desarrollo rural y hoy acumula una larga experiencia en este sentido.
Esta experiencia es fruto de la necesidad de impulsar el medio rural en los momentos que, afectados
por la crisis del monocultivo de la carne y la leche, había que dar alternativas a las explotaciones agrarias, por un lado, y a la diversificación de la actividad económica de esta zona por otro.
Los gobiernos de Asturias, conscientes de esta realidad, trabajaron en paralelo ambas situaciones no sólo para frenar el éxodo de población de la zona rural a otras zonas industrializadas, sino con el fin de cohesionar y reequilibrar la
región, teniendo en cuenta que las zonas de oriente y occidente están muy desequilibradas con respecto al centro industrial.
Hay además que contemplar o tener en cuenta también que el 90 por ciento del territorio de Asturias está calificado como zona de montaña y que esta realidad ha enmarcado de una manera determinante el desarrollo de la región. Por ejemplo, la
falta de terrenos adecuados para una mínima mecanización, el aislamiento de determinadas zonas agrarias hace que la reestructuración del sector en los años ochenta haya sido más dura que en otros lugares. Las cifras en ese sentido son absolutamente
reveladoras si tenemos en cuenta que hemos pasado de 46.400 cotizantes agrarios en 1986, a 12.804 en 2004, o que hemos pasado de 21.500 explotaciones de vacunos de leche en el curso 1993/1994, a 3.840 en este curso en el que estamos, además también
hay que tener en cuenta que la producción en 1993 era de 28.000 kilos y la de este curso es de 166.000.
Por tanto, la reestructuración ha supuesto, por un lado, más producción, un aumento del tamaño medio de las explotaciones, mayor especialización y mayor competitividad. Esto se ha conseguido con el programa del cese anticipado y los planes
nacionales de abandono, gestionados por la Comisión Regional del Banco de Tierras, y también con la estimulación del relevo generacional con ayudas para jóvenes y para la modernización de las explotaciones. Evidentemente, esta reestructuración era
imprescindible, pero no era suficiente para mantener la actividad y la vida en el medio rural asturiano. Por ello, desde los años ochenta se impulsaron alternativas para frenar el despoblamiento, interpretando el medio rural como algo más que lo
estrictamente agrario, impulsando políticas innovadoras y pioneras en este sentido. Así, en el año 1985 se inicia el programa Oscos-Eo con fondos exclusivos del Principado, que llevó a obtener por ejemplo la primera experiencia de hotel rural en
España, programa que luego se vio beneficiado en el año 1991 con la iniciativa comunitaria Leader. Desde entonces, y a través de esta iniciativa y del Proder, se ha hecho una tarea ingente del desarrollo rural y la diversificación de la actividad
económica que supone casi 2.000 proyectos aprobados y más de 3.500 empleos creados y consolidados en el medio rural que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la industria agroalimentaria, que tienen que ver con la industria forestal,
con la selvicultura, con la artesanía, etcétera.
Con estos datos, no voy a hablar del Plan 2006-2013, prefiero hablar de realidades, de datos constatados. El primer punto de la proposición no de ley del señor Fernández Rozada está desarrollándose y desplegándose en todas sus
posibilidades. En cuanto al segundo punto, la apertura de oficinas que él propone, dos oficinas, quiero recordar que existen ahora mismo once grupos de acción local con esas funciones, seis de ellos en el occidente de Asturias, a los que hay que
añadir dos agentes de igualdad de oportunidades para tener en cuenta la corrección de los desequilibrios de género en la zona rural, y yo creo que estas iniciativas de estos grupos de acción local, que gestionan ayudas pero también promueven
proyectos, superan con creces las dos oficinas propuestas por el señor Fernández Rozada. En cuanto al punto tres, de financiaciones, sólo voy a dar algunos datos en cuanto a financiaciones blandas y prioridad hacia las mujeres. Existen en estos
momentos ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias con un 10 por ciento más cuando son realizadas por una mujer agricultora, ayudas de la industria agroalimentaria y forestal que en estos momentos, en el año 2006, han supuesto
más de 15 millones de euros, y ayudas en la transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales, con un máximo de un 30 por ciento de la inversión y hasta un 50 por ciento para microempresas de productos tradicionales o
artesanales cuyos titulares sean mujeres.
¿Y por qué se prioriza la actividad de las mujeres? Por muchas razones, pero hay una que reflexionamos aquí cuando la ministra de Agricultura vino a hablar de la igualdad de género en el medio rural, y es que el desarrollo endógeno del
medio rural no se produce sin el concurso y sin las herramientas de conocimiento que tradicionalmente tienen las mujeres de ese medio y que necesariamente hay que incluirlas y aprovecharlas en la formación específica que se diseñe en los procesos de
diversificación y de búsquedas de alternativas laborales, porque no podemos prescindir del saber hacer en nuestra economía actual, sin el saber hacer de las mujeres.
Por otro lado, en cuanto a las nuevas tecnologías, también creo que somos pioneros en el Principado de Asturias: contamos con 101 telecentros en todo el territorio asturiano, 36 en el occidente, pero además se ha hecho una apuesta muy
fuerte por algo que tiene que ver con el futuro del desarrollo rural que es la escuela rural. En estos momentos todas las escuelas rurales están conectadas a Internet y todas tienen instrumentos como portátiles o como ordenadores, además de una
ratio por profesor de 4,2 alumnos, que me parece que es una de las ratios mejores de nuestro país, y yo creo que eso también es apostar por el futuro del medio rural y por sujetar la población. Quería dar también dos cifras que me parecen bastante
reveladoras y que tienen que ver con los jóvenes y el medio rural, son aquellas obras complementarias que van dirigidas a la realización de obras de interés general. En este año por ejemplo se están invirtiendo 2,5 millones de euros en 258 empleos,
227 para la realización de obras y servicios y 31 titulados universitarios que están trabajando en esa zona bajo este proyecto.
Por último, el Gobierno de España trabaja en una ley para el desarrollo sostenible del medio rural, con el objetivo de complementar y suplir las medidas de política de desarrollo rural europeas y para conseguir una mayor integración y
cohesión territorial de las zonas rurales españolas.
Y el Gobierno de Asturias, con toda la experiencia acumulada durante estos casi 20 años, también trabaja en un texto legal de similares características. A ese texto remito al señor don Isidro
Fernández Rozada, en sus aportaciones, nuevas aportaciones en esta materia. Sinceramente lo que hoy nos presenta aquí, sin duda, en nuestra experiencia está francamente obsoleto.
-DE APOYO AL SECTOR OLIVARERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001963.)
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Pasamos al último punto del orden del día, que es la proposición no de ley de apoyo al sector olivarero, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió. Tiene la palabra el
portavoz, el señor don Pere Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo presenta una proposición no de ley que insta al Gobierno a actuar con un toque de atención, dado que la realidad que se ha generado desde 1998, y en aplicación de la modificación del Reglamento de la
Unión Europea 1762/2003, promueve una situación que ha sido cambiada respecto a los primeros planteamientos y que, lógicamente, en aplicación pura de los principios y planteamientos legislativos que puede tener la Unión Europea, puede parecer una
digresión o al menos una disconformidad con algo que España manifestó en su momento, pero la realidad nos desborda, la situación se altera y las aplicaciones sucesivas de las negociaciones comunes de mercado, sobre todo en el tema del aceite, han
complicado dicha situación.
Queda la posibilidad de que con nuestros acoplamientos los programas de desarrollo rural generen unos equilibrios. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Señor Grau, espere un momento; por favor, un poco de silencio al fondo; el interviniente no puede intervenir adecuadamente.
El señor GRAU I BULDÚ: Como decía, esta situación cambiada se tenía que complementar con los programas de desarrollo del Gobierno y posiblemente genere unos desequilibrios generales en el sector, lo que ha motivado que nuestro grupo
presente una instancia al Gobierno para que se sensibilice más allá del puro cumplimiento
de los reglamentos, de la pura aceptación de las normas, y que plantee a niveles superiores del propio Estado una situación grave de una lectura tradicional básica un país que es el primer productor y el primer consumidor de aceite de oliva
en el mundo, que la producción de aceite se está implantando en muchos países y que, lógicamente, es una producción que equilibra medioambientalmente muchas de nuestras zonas frente a producciones intensivas que permiten este equilibrio de
producción de cantidad más que de equilibrio territorial y que se vean complementadas con una acción de Gobierno que inste, como he dicho, a la Unión Europea a que las ayudas que se puedan solicitar para España sean superiores.
Quizá esto es anómalo o quizá esto es desdecirse de lo planteado, pero cuando se habla de remolacha o cuando se ha hablado de otras producciones agrarias, tanto Francia como Alemania se han lanzado muy fuertemente a defender sus propios
intereses y a establecer unos equilibrios que la organización común de mercados ha permitido mantener con toda dignidad y con toda potencia una situación que también era anómala pero que la han defendido con su posicionamiento. En nuestro país, que
ha tenido un incremento anual medio de 3.000 hectáreas de producción desde 1998 y donde unas 40.000 hectáreas se incorporarán al pago único, de aplicarse este sistema del Consejo de la Unión Europea, con la entrada de producción de nuevas
plantaciones lo que implicaría que en pocos años el Estado español podría llegar a producir un 50 por ciento más del aceite que produce actualmente y llegar a 1.500.000 toneladas, de las cuales sin que esté resuelto cómo se comercializarían 500.000
toneladas más su impacto en los precios.
Nuestro grupo entiende que es hora de tomar cartas en el asunto y que el Gobierno tiene que plantear, en forma y en modo correcto, a la Unión Europea esta situación. Tiene que darle el reconocimiento, tiene que promover que se revisen las
cantidades, y aunque ello se puede dar en otros cultivos o que quizá crean erróneamente que un planteamiento pensado en 2003 no es válido en 2007, en aquel momento hubo un desplazamiento de situación, que España aceptó una situación que había, pero
la realidad nos ha desbordado. Lógicamente, tampoco podemos cargar, en aras de las ayudas a los diferentes productores, y sobre todo a estos agricultores tradicionales que tienen que competir con bajas producciones frente a cultivos intensivos, las
tintas en las comunidades autónomas para que dediquen fondos importantes sobre este tema, y tampoco en los Presupuestos Generales del Estado, que pueden verse muy mermados para mantener una determinada producción que quizá no sea rentable
suficientemente, pero que nos ayuda a mantener la fijación de muchas personas en el territorio, que nos ayuda a mantener un equilibrio medioambiental importante en cuanto al mantenimiento de los parámetros de sembrado y de funcionamiento de la
agricultura.
Nuestro grupo insiste en que el Gobierno se plante en la Unión Europea de una forma coherente, pero evidenciando la existencia de una realidad que ha desbordado todas las expectativas; hemos creado una expectativas en determinados sectores,
hemos creado una confianza, hemos promovido el consumo del aceite de oliva, estamos en una posición que podemos mantener, una posición principal y preponderante en el contexto mundial, y esta razón se basa en dos parámetros, el intensivo, que
lógicamente hay que ayudar, que tiene sus grandes competencias en explotaciones en el norte de África y en la zona mediterránea y, en segundo lugar, nuestra agricultura tradicional, que nos permite que, complementado con acciones de desarrollo rural
y de ordenación del territorio, podamos mantener esta producción, pero no podemos cargar las tintas en este segundo apartado, sino en ayudar o al menos mantener que estos pagos únicos sean lo más equilibrados posibles.
Quiero recordar a esta Cámara que hemos defendido ya y hemos debatido en profundidad las grandes diferencias que se dan entre los pagos únicos a los agricultores tradicionales frente a los que se dan a los agricultores intensivos; quisiera
recordar a SS.SS. las movilizaciones que han tenido los olivareros tradicionales frente a esta organización común de mercado.
Por ello no es redundante ni está fuera de lugar el hecho de que aquí se promueva esta sensibilización, de que seamos
capaces de defender estos intereses de este sector tan importante y de esta producción también creo que importante para el Estado español. Por ello nuestro grupo mantiene en esta proposición. Aceptamos como buena la voluntad del Grupo Socialista
que, sustentando el Gobierno, tiene que ser más moderado o al menos más coherente con posicionamientos tomados frente a la Unión Europea, porque ha participado en estas votaciones del Consejo de Ministros, pero entendemos también que se debe a la
ciudadanía, y por tanto, tiene que atender nuestra propuesta sin ánimo de que se desdiga en lo actuado, pero sí con el ánimo de transmitir una situación complicada, una situación difícil que necesita recabar las máximas ayudas europeas.
Anticipo ya nuestro posicionamiento contrario a la propuesta del Grupo Socialista, del cual aceptamos su buena voluntad pero lamentablemente no podemos compartir sus posicionamientos.
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): En efecto, hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista, por lo tanto, tiene la palabra el señor Pliego, aunque rogaría, antes de que tomara la palabra el señor Pliego, el máximo silencio
posible en la sala porque les es muy difícil a los intervinientes poder hablar adecuadamente.
El señor PLIEGO CUBERO: El señor Grau, en nombre de Convergència i Unió, nos presenta una proposición no de ley que se compone fundamentalmente de dos variables. En primer lugar, parte de la hipótesis
de que en el sector olivarero español, dentro de él, en una parte importante hay lo que se denomina el olivar tradicional o el olivar histórico; un olivar de secano, menos productivo, con dificultades en el mercado, menos competitivo, y que
hay que atender de manera singular y prioritaria, lo cual es cierto y estamos totalmente de acuerdo al cien por cien; y luego en un posicionamiento de coyuntura lo que defiende como propuesta es que el Gobierno de España se oponga a la modificación
del Reglamento Comunitario 1782/2003, que piensa o tiene previsto autorizar que pagos disociados a explotaciones agrarias que ahora mismo prohíben dedicarse a olivar plantado después del año 1998, concretamente del 1 de mayo, sí lo puedan hacer.
Nosotros en la primera parte estamos totalmente de acuerdo; una parte muy importante del sector olivarero, el denominado olivar tradicional o histórico, no es competitivo con el olivar intensivo en términos de mercado y, por tanto, si no
tiene un apoyo singular ese olivar se nos puede caer; totalmente de acuerdo. Ahora bien, no estamos de acuerdo, y explicaré por qué, en la propuesta concreta que se hace, que se siga prohibiendo que el olivar plantado después del 1 de mayo de
1998, pueda acoplar pagos que ahora, insisto, están prohibidos.
En mi intervención voy a intentar, en primer lugar, en la mejor de las hipótesis, convencer al señor Grau para que acepte la enmienda que le proponemos, y en caso de que eso no sea posible, convencerlo para que vote en contra de su propia
iniciativa y no salga adelante la proposición no de ley. (Risas.) Dicho esto, quiero explicar primero por qué cuando la reforma de la OCM del aceite de oliva del año 1998, Gobierno del PP, doña Loyola de Palacio, recordada siempre, ministra de
Agricultura, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, y muy en concreto desde Andalucía y desde Jaén, donde es sabido que en este partido ponemos mucho en juego, apoyamos que el olivar plantado después de mayo de 1998 no tuviera ayudas, y lo
apoyamos por una razón radicalmente distinta a lo que ocurre hoy; que en aquel momento de lo que se trataba era de repartir la ficha comunitaria de esta OCM, primero entre los países productores y después, dentro de cada país, entre el olivar que
había. Nosotros defendimos que el olivar tradicional, que es el que había generado los derechos a estas ayudas y el que más dificultades tenía, lo beneficiábamos si el olivar intensivo, plantado después de 1998, no entraba en el reparto de la
ayuda. Así se hizo, así se consiguió, así ocurrió, y esto benefició al olivar tradicional.
Ahora bien, hoy no estamos hablando de eso, hoy estamos hablando de un reparto de las ayudas disociadas de la producción, ya fijado como una mochila histórica a raíz de un cálculo de una fotografía de tres años, de 1998 a 2001, y que ese
hasta 2013 es inamovible, por consiguiente, no tiene ningún efecto, absolutamente ninguno, hoy día ya que al olivar plantado después de 1998 se le puedan asociar pagos o ayudas que vengan de otros sectores, de la remolacha o de lo que sea, de
cualquier otro, es decir, no tiene ningún efecto directo. En aquel momento, justifico, creíamos que beneficiábamos al olivar tradicional si el intensivo plantado después de 1998 no entraba en el reparto; hoy día ya no se trata de eso.
Convergència i Unió, y a ello me voy a dedicar, yo me he leído muy bien la proposición no de ley, da tres razones de por qué defiende su proposición no de ley. Primera, crea agravios comparativos frente a los olivareros tradicionales. Esto
no se corresponde con la realidad, insisto, porque ya hay una foto fija con un pago disociado en cada explotación agraria española y ese dinero lo va a cobrar active la producción que active. Se trata de que si activa la de después de 1998, en
términos económicos de ayudas de OCM no puede plantear ningún agravio comparativo, porque no se trata de repartir un cupo entre más olivar con respecto al que hay, sino sencillamente de explotaciones agrarias que ya tienen asociado una ayuda y un
pago, que puedan activar también en la producción de aceite de oliva. Esto es, el primer elemento no sirve en este momento, sí servía en 1998.
La segunda variable defiende que pone en peligro la viabilidad de miles de explotaciones tradicionales. Vamos a ver, señor Grau, España es líder mundial en la producción de aceite de oliva, no así en el consumo, después le daré algún dato,
y como el mercado mundial del aceite de oliva está creciendo de manera importante, si nosotros contingentamos las plantaciones, otros países no lo van a hacer, porque no es una medida genérica; entonces, ¿qué sentido tiene que el líder mundial
contingente o ponga coto a nuevas plantaciones o a nuevas explotaciones de olivar si el nicho de mercado que dejamos libre lo van a cubrir otros países, o bien los productores de la Unión Europea, o bien países emergentes?
El problema del aceite, sobre todo del olivar tradicional, no es tanto un problema de producción como un problema de mercado. Sirva como ejemplo que en el año 1990-1991 España producía entre 350 ó 400.000 toneladas de aceite y se decía que
con las nuevas plantaciones había que arrancar olivar; estamos produciendo 12 años después tres veces más, una media de 1.200.000 toneladas, y el aceite se vende todos los años. Lo que sí hay es, fruto de la opacidad de este sector, una dispersión
en los precios tremenda que perjudica al sector, pero ese es otro tema, es un tema de precio. Que se produzca más aceite no es tanto un problema de producción como de seguir ampliando y promocionando los mercados, tanto europeos como
internacionales, donde el aceite tiene un futuro magnífico, e insisto, se ha multiplicado sólo en España por tres la producción y el aceite se vende absolutamente todo todos los años; el problema de precios es otro tema.
Y en tercer lugar, dice que se pueden saturar los canales de comercialización, dificultades de salida al mercado. Mire, yo le daría un dato, no solamente la proyección que tiene el aceite por sus efectos cardiosaludables, además de los
gastronómicos, es excepcional;
no tiene sentido que el país líder mundial se ponga a sí mismo una barrera de no producir más cuando los mercados se están ampliando y los otros países sí van a seguir produciendo, por lo tanto no es ahí donde hay que poner el acento. Sobre
el consumo interno nacional le puedo dar un dato: el consumo per cápita de aceite en España es de 14 litros por persona y año. Sirva como ejemplo que Grecia, un país con unos niveles de desarrollo económico y social inferiores, tiene un consumo de
25, lo digo por poner un ejemplo bastante ilustrativo, es decir, que ni siquiera el mercado español está saturado aunque tenga un consumo importante respecto de otros países.
Donde tenemos que poner la tilde, donde tenemos que poner el acento es en aquellas medidas que aumenten el consumo y, sobre todo, ya en un país desarrollado como el nuestro y líder mundial en este sector, en el problema de la calidad, porque
el precio ya no se defiende por una mera cuestión cuantitativa; ahora mismo el aceite de Túnez vale a mitad de precio que el de España porque nosotros aportamos una calidad que no aporta ese país. Nuestro problema no es que nuestro sector deje de
producir; tenemos que estar al frente de la producción mundial, ya digo, sirva como ejemplo que solamente la provincia de Jaén, con un potencial real productivo de 500.000 toneladas produce tanto aceite como cualquier país del mundo, excepto
Italia, y muy cerca de Italia, y en Jaén tenemos el mismo problema que ustedes defienden para Cataluña; entre el 30 y el 40 por ciento del sector olivarero es olivar de montaña, con 100 olivas por hectárea, con una producción inferior a 1.500 kilos
por hectárea y con serias dificultades para salir adelante, o sea que no estamos defendiendo una postura que pudiera ser desde un ángulo andaluz o de Jaén; tenga en cuenta que el 25 por ciento del PIB de la provincia de Jaén en términos directos
depende del aceite de oliva y de tres comarcas, Sierra Mágina, el Condado y la Sierra del Segura, que suponen el 30 por ciento de la superficie de producción de olivar, es olivar de montaña, igual que el que hay en Cataluña o en otras comunidades
autónomas.
Insisto, lo que ustedes proponen, que es que España defienda que al olivar plantado después de enero de 1998 no se le pueda acoplar ayudas que vengan de otros sectores, no nos lleva a ningún sitio; por dos razones, primera, porque los
países productores de la Unión Europea ya han aceptado todos esta situación, por tanto, es luchar en un camino que no nos lleva a ningún sitio, pero en segundo lugar, e insisto otra vez porque me parece el argumento clave, qué sentido tiene que el
líder mundial diga, ya no produzco más, aquí me quedo, cuando el resto de los países productores, tanto de la Unión Europea como de fuera, sí lo pueden hacer.
Vamos a poner, y termino, señora presidenta, todo el esfuerzo en aquellas medidas de producción de aceite de calidad, de abrir los mercados, de promocionar, y que nuestro aceite en términos de calidad tenga un plus con el cual podamos
defender los precios en mejores condiciones. Y el aceite de olivar tradicional y menos productivo, olivar de sierra, es un aceite que tiene ese plus de calidad, y se puede hacer y se puede vender a un precio. Ese es el reto que tenemos, no tanto,
insisto, ponernos una barrera de producción que nos lleva a un camino que no tiene salida, que no nos conduce a ningún sitio a medio o largo plazo. Por eso le decía que intentaba convencerlo de que acepte nuestra enmienda, que pone la tilde en
instar al Gobierno a que promueva todas las medidas posibles, y podemos seguir profundizando y trabajando con este tema, para fomentar la calidad, promoción y pluses añadidos al precio de nuestro aceite y no tanto en impedirnos a nosotros mismos
producir. Espero, haber hecho el esfuerzo de convencerlo y de que acepte usted nuestra enmienda; en todo caso vote en contra de su proposición no de ley porque es razonable lo que le propongo, y además de manera argumentada.
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Para fijar posición tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Nos encontramos ante de una iniciativa que nos presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió) que insta directamente al Gobierno español a tomar una medida yo diría bastante concreta para acabar de una vez por todas
con esos agravios comparativos que estamos instaurando del olivar tradicional en contraposición a un cultivo del olivar mucho más intensivo. Nuestro grupo ya alertó en los diversos debates que hemos tenido en esta Cámara cuando se procedía a la
reforma de la OCM del aceite de oliva sobre el agravio comparativo que dicha reforma iba a comportar sobre un cultivo más tradicional del olivar con relación a ese cultivo más intensivo. Esas negociaciones en defensa de un cultivo más tradicional
fueron bastante negativas, ya lo expusimos por parte de nuestro grupo en esta Cámara, e igualmente nosotros entendemos que esta iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió) va en ese sentido de intentar de una vez por todas
salvaguardar un tipo de cultivo que, ya lo han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es de producción muy baja pero que potencia una calidad del producto que puede dar un valor añadido al aceite de oliva a la hora de la
exportación, con esa marca de calidad que tiene que tener el aceite de oliva del Estado; que tiene también un valor añadido, como comentaba el señor Grau en la defensa de esta iniciativa, podíamos decir medioambiental o de protección del medio
ambiente y sobre todo que se trata de una forma de cultivar muy tradicional a la que tenemos que dar ese plus y continuar defendiéndola. Nosotros, como ya defendimos en la reforma de la OCM, entendemos que tenemos que ayudar a este tipo de
producción, no tanto a producciones más extensivas que están cobrando en el Estado español la mayor parte de la PAC, esto es así, y el agravio comparativo que se da en cuanto a este cultivo más tradicional es muy importante.
Vamos a apoyar esta iniciativa porque va, como les decía, en el sentido de lo que hemos defendido en esta Cámara en estos últimos tiempos. Aquí se ha hecho un debate territorial en el que podamos entrar, pero debo decir también que todo el
aceite que se está sacando en Cataluña es de producción tradicional y a nosotros nos toca defender nuestra producción, porque es una producción con unas denominaciones de origen, sobre todo en la zona más próxima a nuestra residencia habitual, del
señor Grau y mía, la denominación de origen Les Garrigues, donde se da ese cultivo tradicional que está intentando sobrevivir en el mercado y conseguir un valor añadido por su calidad para que en esas exportaciones o en ese mercado globalizado pueda
tener un plus. De ninguna manera nos parece positivo que la reforma pueda repercutir en este agravio comparativo que tiene con un sector que es mucho más solvente económicamente. Nuestro grupo no está en ningún sentido conforme con dicha reforma y
por eso votaremos favorablemente la iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Es ya la última proposición no de ley de esta mañana y me gustaría ser breve porque creo que las posiciones están muy claras y la de mi grupo también, como explicaré a continuación. Entiende mi grupo que este es un
tema muy delicado y muy importante que hay que estudiar muy a fondo, aunque hay algunas evidencias. Primera evidencia, hace treinta meses, cuando se negoció la OCM del tabaco, el algodón y el olivar, se dijo por parte de mi grupo y de algún grupo
parlamentario más que el olivar vamos a llamar tradicional o de baja producción iba a tener gravísimos problemas. Los ha tenido. No se trataba de hacer ninguna profecía más o menos milagrera, sino que estaba escrito en el propio texto de una
pésima negociación que una parte del olivar español iba a tener serias dificultades, y al decir del olivar español me refiero también a una parte de Andalucía, del olivar extremeño, y fundamentalmente también de Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana y Cataluña, es decir en buena parte de España. En aquellos sitios donde la calidad será muy buena pero la producción no es muy alta, con una mala negociación vinieron resultados desastrosos; es más, en buena parte de sobre todo
Castilla-La Mancha, algo de Extremadura y algo de Aragón, es triste ver como año tras año se van arrancando olivares, con el deterioro que ello supone para el suelo y para el paisaje. Por otro lado, sin embargo, la marcha del mercado ha permitido
que se incrementen las plantaciones de olivar de alta producción en regadío, en marco estrecho, de cultivo intensivo, pero como efectivamente se ha dicho por el portavoz socialista en el recordatorio que ha hecho de la historia del olivar, se tomó
una buena solución, que era, desde el 1 de mayo de 1998 en adelante, poner ciertas cautelas, no prohibir la plantación como en el caso de la viña, sino ciertas cautelas para que las ayudas fueran a las plantaciones antes de esa fecha. Si ahora se
modifica el reglamento 1782 para que los productores que han generado derechos de pago único puedan activarlos a través de olivares plantados con posterioridad al 1 de mayo de 1998, puede ser una medida que haga que el problema sea ya insuperable
para que puedan continuar y puedan ser viables en ni una sola hectárea de los olivares tradicionales o de baja producción, porque efectivamente, en primer lugar, hay un agravio comparativo importante, repito, de las zonas más productivas con las
menos productivas, pero es que además las cifras actuales se van a ver modificadas muy sustancialmente con 40 ó 50.000 hectáreas más en producción, cifras del Ministerio de Agricultura, con un montón de toneladas más de producción, con lo que
podemos pasar de una media de un millón a 1.400.000 o 1.500.000 hectáreas de producción. Va a haber una alteración importantísima de los mercados y entonces no se trata de ponerle barreras al país líder en la producción, no se trata de que se ponga
límites a sí mismo, sino que para evitar desequilibrios, repito, hay que estudiar a fondo y hay que apoyar en estos momentos la actual situación, abierta a cualquier posibilidad en adelante, pero no abrir a través de la modificación del reglamento
1782 unas posibilidades de que el actual mercado se distorsione de tal manera que incluso los precios se vengan abajo, y son palabras que conviene tentarse la ropa cuando se dicen, sobre todo cuando se dicen en campañas en donde han sido precios muy
sostenidos. Sobre todo yo digo una cosa. ¿El Ministerio de Agricultura va a tomar posición a favor o en contra de la modificación del reglamento? ¿A quién se lo ha dicho? ¿Con quién ha consultado? Porque el sector olivarero está dividido.
¿Cuál es la posición que va a llevar el Ministerio de Agricultura, cuál es la posición que va a llevar España a la Unión Europea para la eventual modificación de este reglamento? No vendría mal que se hicieran preguntas. Lo que me temo es que,
vuelvo a donde empecé, igual que hace treinta meses no nos hicieron caso, tampoco es excesivo el peso ahora de nuestro Gobierno en las instancias europeas para un tema tan importante como este y de tanta repercusión.
Temores u optimismos aparte, la posición de mi grupo es que vamos a estudiar a fondo el asunto, que dejemos las cosas como están y que el ministerio consulte al sector, cuya posición, repito, cuando este portavoz y mi grupo la hemos
tanteado, es de división y hay que aclarar muchas opiniones. Por tanto, apoyamos la posición, la postura, el fondo y la forma de esta proposición no de ley que nos trae aquí Convergència i Unió y, señorías, frente a eso, no creo que sea de recibo
que se le pida al autor que vote contra su propia iniciativa legislativa, sobre todo cuando se pretende sustituir por algo que no podemos apoyar, una enmienda de sustitución que dice que hay que prestar atención especial a aquellos olivares
de reconocido valor. ¿Qué es eso? Entendemos que esto, como decía el clásico, es tamquam tabula rasa in qua nihil est scriptum. Entendemos que es no decir nada frente a una posición razonable que nosotros apoyamos, repito, para estudiar a
fondo y abiertos a cualquier posibilidad, pero previa consulta con el sector.
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Señor Grau, ¿le ha convencido el señor Pliego o no?
El señor GRAU I BULDÚ: No me ha convencido y, en primer lugar, no deseo votar en contra de mi proposición y, en segundo lugar, tampoco puedo aceptar la propuesta que hace el Grupo Socialista, por lo tanto, mantengo mi propuesta en sus
justos términos.
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Suspendemos por cinco minutos para ordenar las votaciones. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece, estamos en condiciones de comenzar las votaciones. Aunque la proposición número 5 es la última que se ha debatido, ya que habíamos alterado el orden del día, a la hora de la votación lo vamos a
hacer en el orden en que están recogidas las proposiciones no de ley.
El señor MADERO JARABO: Respecto a la proposición no de ley número 4 no sé muy bien qué se vota, porque había el texto de una proposición y una enmienda que no sé cómo ha quedado.
El señor PRESIDENTE: Hay una transaccional que si le parece podemos leer.
El señor MADERO JARABO: Me gustaría para saber qué hay que votar.
El señor PRESIDENTE: Es un verdadero crucigrama porque hay que saber dónde se añade. Señor Madero, la proposición no de ley tiene dos puntos. El primero se vota exactamente en sus términos: Establecer medidas para evitar el deterioro de
nuestros recursos genéticos animales y garantizar su conservación. Y el segundo tiene una adición que es, leo textualmente y le indico dónde está la adición: Establecer un plan nacional coordinado -ahí viene la adición- con las comunidades
autónomas... y el resto como sigue:... para la ordenación, conservación, mejora y utilización sostenible de los recursos genéticos animales.
El señor MADERO JARABO: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Votamos la primera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la creación de un fondo de garantía para el gasóleo profesional del sector pesquero. Se vota en los términos de la propia
proposición no de ley más la enmienda de Convergència i Unió que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la adopción de medidas de apoyo a las actividades de transporte hortofrutícola. Se vota en los términos de la propia proposición no de ley más la enmienda de
Convergència i Unió, aceptada también por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la Directiva Hábitat y de los convenios Ospar y de Barcelona. Se vota en los términos de la transaccional generada por la propia proposición no de
ley más la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Cuarta proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ordenación, conservación, mejora y utilización sostenible de los recursos genéticos animales. Se vota en los términos de la transaccional que hemos
indicado y leído anteriormente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Quinta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de apoyo al sector olivarero. Se vota en los términos estrictos de la propia proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Dado que hay empate, por voto ponderado en relación con el número de diputados y diputadas del Pleno del Congreso, queda aprobada por 173 votos a favor y 164 en contra, que es el equivalente a la ponderación indicada
anteriormente.
Sexta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable a la prima por sacrificio de bovinos. Se vota en los términos de la transaccional generada
de la propia proposición no de ley y de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Séptima proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para la dinamización rural en Asturias, que se vota en los propios términos, toda vez que no había ninguna enmienda presentada a la misma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Agradeciéndoles su trabajo a lo largo de la mañana, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.