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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 755, de 21/02/2007
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2007 VIII Legislatura Núm. 755

MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. ROSA MARÍA BONÁS PAHISA

Sesión núm. 36

celebrada el miércoles, 21 de febrero de 2007



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Sobre los faros de dominio público marítimo-terrestre estatal situados en la costa catalana. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001698.) ... (Página 2)


-Relativa al proyecto de acondicionamiento de la ribera de la ría de Pontevedra, tramo de San Salvador (A Barca). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001741.) ... (Página 5)


-Relativa al proyecto de mejora medioambiental del lugar de Lourido en el Ayuntamiento de Poio. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/001742.) ... (Página 5)


Página 2



-Sobre medidas en relación con el cambio climático. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001756.) ... (Página 8)


-Sobre prevención de las inundaciones en la villa de Bilbao. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001890.) ... (Página 11)


-Relativa a las medidas a tomar contra el incendio que ha tenido lugar entre los días 10 al 14 de septiembre de 2006, en la isla de El Hierro, provincia de Santa Cruz de Tenerife. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001899.) ... (Página 12)


-Relativa a los cambios de corrientes marinas y áridos en la ría de O Vicedo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001900.) ... (Página 14)


-Por la que se insta al Gobierno a continuar impulsando medidas tendentes a facilitar el acceso a las playas de la provincia de Málaga a las personas con movilidad reducida. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001927.) ... (Página 16)


-Relativa a la renovación de las redes de abastecimiento urbano.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002073.) ... (Página 20)


-Sobre la profesionalización del personal dedicado a la lucha contra incendios forestales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002074.) ... (Página 18)


-Sobre la adquisición de la finca de Planícia en el término municipal de Banyalbufar (Illes Balears). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002077.) ...
href='#(Página22)'>(Página 22)


-Por la que se insta al Gobierno a apoyar e impulsar la preservación de nuestro entorno natural. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001834.) ... (Página 24)


-Relativa a las obras de ejecución en compensación de la supresión de la obra del pantano de Bernardos en Segovia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001892.) ... href='#(Página26)'>(Página 26)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-SOBRE LOS FAROS DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE ESTATAL SITUADOS EN LA COSTA CATALANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001698).



La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión, dedicada a debatir proposiciones no de ley. Ha habido un cambio en el orden del día: el punto 7.º pasará a debatirse en segundo lugar y el punto 4.º será tramitado en
último lugar. Calculamos que las votaciones no se harán antes de las 12:30. Estén en contacto con sus portavoces para avisarlos.
Damos como tiempo de intervención 10 minutos y les recomendamos ser concisos, porque lo bueno, si breve, dos veces
bueno, para que tengamos tiempo de debatir todas las proposiciones. Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió para la primera proposición no de ley, sobre los faros de dominio público marítimo-terrestre estatal situados en la costa
catalana. Por favor, señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo presenta esta proposición no de ley con relación a un faro concreto de la costa catalana, el faro de Calella, pero también pretende tener una visión más amplia sobre todos los faros del territorio
catalán y, por analogía, podría aplicarse a los faros de la costa del Mediterráneo y de las islas Baleares, así como de las islas Canarias. El faro de Calella es uno de los símbolos más conocidos en esta ciudad de la costa de Barcelona cuyo
ayuntamiento ya ha demostrado en muchas ocasiones su interés en participar en su gestión o incluso en ser su propietario. Este faro está situado en el puig de la Torreta y sirve para orientar desde tiempo inmemorial a los barcos que se dirigen a
los puertos importantes de Mataró o de Palamós. Es de mediados del siglo XIX (1859) y se electrificó en 1916 siendo el primer faro de la costa


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catalana que utilizó esa nueva tecnología, la electricidad en aquel momento, para auxiliar y orientar a los barcos que se desplazaban por esta zona. Es una torre de diez metros, blanca, muy visible en el horizonte y forma parte del
imaginario colectivo de esta ciudad. El punto lumínico del faro, está situado a 46 metros sobre el nivel del mar, con lo cual es visible desde puntos bastante alejados.



El consistorio de Calella ha expresado en varias ocasiones su interés por que ese faro formara parte del patrimonio municipal, no solo a efectos patrimoniales sino para poder gestionar de forma más directa y próxima este elemento tan
singular, pero el proceso para llegar a un acuerdo sobre esta transferencia de propiedad si fuera el caso, se ha congelado con la Autoridad Portuaria situada en Barcelona por el hecho de que estaba en ciernes, se debatía la posibilidad de constituir
una fundación pública que tuviera como objetivo la gestión de todos los faros del litoral mediterráneo, aunque fuera luego dividida por comunidades autónomas. Sin embargo, parece que esta fundación no va a ver la luz próximamente y el Ayuntamiento
de Calella considera que podría acelerarse esa posibilidad que garantizara el uso público del faro y los espacios colindantes y ha solicitado a la autoridad pertinente poder participar, como decía, en su gestión. Por eso, nuestro grupo presenta una
proposición no de ley que en su parte dispositiva propone garantizar el uso público de los faros de la costa catalana considerados como bienes de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal, de cuya gestión se ocupan las autoridades
portuarias. En segundo lugar y de forma más precisa, referido al faro de Calella, la proposición no de ley pretende instar al Gobierno a dar respuesta al interés expresado por el municipio de Calella respecto a la suscripción de un convenio, que en
su momento ya tuvo su primer borrador, entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria que suponga la concesión íntegra de la gestión del faro al Ayuntamiento de Calella con el fin de que las instalaciones adyacentes tengan un uso público de gestión
municipal. Ante esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) se ha presentado una enmienda transaccional que recoge en gran parte la pretensión de nuestra proposición no de ley, pero que matiza algunos aspectos diluyéndola en cuanto a la
rotundidad de la formulación inicial. En este sentido, al garantizar el uso público, añade el uso reservado de esos faros en función de lo que disponga la legislación pertinente con relación a la utilización de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre, lo cual no deja de ser una limitación a ese uso público, pero que también entendemos razonable y coherente, y en segundo lugar excluye el concepto de concesión íntegra por el de otorgamiento de una autorización o concesión al
consistorio, lo cual no deja de ser una voluntad pactista o de llegar a un acuerdo para que se dinamice, se ponga a disposición pública y se acerque la gestión del faro al consistorio de Calella.



En relación con la propuesta del Grupo Socialista contenida en esta enmienda, quisiéramos in voce pedir un añadido, que sería darle una concreción en el calendario y queríamos proponer que esta respuesta en la línea de suscribir un convenio
se fijara con el tope máximo de seis meses para dar concreción a esta voluntad del Gobierno de firmar este acuerdo y que no quede solo en una declaración de voluntades, que a saber cuándo se podría formular.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra doña Georgina Oliva para defender la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya.



La señora OLIVA I PEÑA: Hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley defendida por el señor Guinart porque a pesar de que estamos a favor, creemos que es necesario hacer algunas correcciones.
Efectivamente, se debe garantizar
el uso público de los faros actualmente bajo titularidad estatal y gestionados por la Autoridad Portuaria.
Prácticamente no quedan faros habitados en el Estado. A medida que los faros han ido quedando deshabitados, se planteó la posibilidad de
ceder su uso a los municipios, lo que a su vez facilitará su mantenimiento. La cesión tiene la condición de que debería mantenerse como un bien público y la actividad en ellos planificada no puede contravenir la Ley de Costas. En los faros de cap
de Creus y Tossa, se llegó a un acuerdo por el que se pasó su gestión a los ayuntamientos de Cadaqués y de Rosas respectivamente, que desarrollan en ellos una actividad museística. No pasó lo mismo con los demás faros, entre ellos el de Calella.
Ante la falta de acuerdo, la Autoridad Portuaria decidió la creación de una fundación para que cogestionara con los municipios correspondientes la actividad que se decidiera, de acuerdo con los ayuntamientos. Este es el planteamiento que habíamos
hecho al presentar la enmienda pero con nuevas informaciones y partiendo de la nueva gestión de la Autoridad Portuaria, mi grupo la va a retirar a favor de la propuesta del PSOE.



La señora PRESIDENTA: Damos la palabra a la diputada Puig Gasol, por parte del Grupo Socialista.



La señora PUIG GASOL: El tema que está a discusión es que los faros tienen la consideración de dominio público al encontrarse al servicio público de señalización marítima. Como consecuencia de ello, aquellas instalaciones que sean
necesarias para la adecuada prestación del servicio deberían seguir siendo gestionadas por la Autoridad Portuaria siendo preciso excluir de ellas el uso público común para garantizar la buena prestación y seguridad del servicio. La propia ley que
regula el tema prevé la posibilidad de que en los espacios de dominio público destinados al servicio de señalización marítima se autorice el uso y actividad distintos de los mencionados, siempre que los mismos no condicionen o limiten la prestación
del servicio que en cada momento sea


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apropiado teniendo en cuenta las necesidades de tráfico y de la tecnología adecuada. Deberá por ello determinar la Autoridad Portuaria los terrenos de dominio público que pueden afectarse a otros usos distintos de la señalización marítima,
usos tales como equipamientos culturales, creativos, certámenes, feriales, exposiciones y otros, haciéndose compatibles con la propia finalidad de los faros, que es la prestación del servicio de señalización marítima. En aquellos espacios en los
que sea posible, se permitirá la realización de las referidas actividades diferentes a los usos de señalización marítima con los mecanismos de utilización pública o reservada previstos en la legislación para los bienes de dominio público.



Llegados a este punto, quisiera decir que nuestro grupo no podría permitir el párrafo de la proposición no de ley, aun estando de acuerdo en su espíritu, no en su contenido, que habla de una gestión integral. Cuando hablamos de gestión la
Autoridad Portuaria tiene derivada en autonomía la gestión de estos servicios de uso distinto a la señalización mediante convenios, pero si aceptamos la palabra integral, implicaría problemas para determinar los propios usos y actividades que se
adaptan a los planes de señalización marítima.



Por eso, como estábamos de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley y queríamos que el faro de Calella tuviera posibilidad de otros usos, hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley, que consta de dos puntos. El
primero pretende garantizar el uso público, para nosotros importantísimo, o reservado de los faros situados en la cosa catalana de acuerdo con la legislación que regula la utilización de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de
titularidad estatal de cuya gestión se ocupan las autoridades portuarias. El segundo pretende dar respuesta al interés expresado por el municipio de Calella respecto a la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de
Barcelona que suponga el otorgamiento de una autorización o concesión al consistorio con el fin de que las instalaciones y terrenos adyacentes del faro de Calella tengan el uso que se convenga garantizando en cualquier caso la Autoridad Portuaria la
no afectación del ejercicio de las competencias de gestión de las ayudas a la navegación.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para tomar posición el señor Fajarnés, por el Grupo Popular.



El señor FAJARNÉS RIBAS: Quisiera indicar a la Presidencia, a la Mesa y a SS.SS. como cuestión previa que estamos debatiendo una proposición no de ley que por su contenido y por las competencias de la Autoridad Portuaria aludida, en todo
caso, se tendría que haber discutido, según mi criterio y el de nuestro grupo, en la Comisión de Fomento, que es la competente en una cuestión que es de Fomento y no de Medio Ambiente, pero independientemente de esta afirmación, cuya responsabilidad
por lo tanto es de la Mesa del Congreso al hacer la calificación, Convergència i Unió nos plantea el caso concreto del faro de Calella, inaugurado en el siglo XIX, concretamente en 1859, cuya construcción fue seguramente consecuencia del plan
general sobre faros que se hizo bajo el reinado de Isabel II, que fue redactado por una comisión de expertos que previó la construcción de 126 balizas o faros divididos en seis clases en todo el país. El Ayuntamiento de Calella solicita, por
emblemático, el traspaso de su gestión con el fin de que sus instalaciones y terrenos adyacentes tengan un uso público de gestión municipal. Para el Grupo Parlamentario Popular esta circunstancia no es exclusiva de Calella, pues hay más faros en
España que podrían estar en la misma situación o que ya llegaron a un acuerdo, vía convenio, como el caso del faro de ses Coves Blanques, de Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza, donde próximamente se ubicará un museo del mar.



El Grupo Parlamentario Popular cree que a pesar de la redacción del preámbulo, que nosotros pensamos sinceramente, y lo digo con todos los respetos, que no es demasiado afortunada, en donde se cae en cierta contradicción, la reivindicación
del Ayuntamiento de Calella expresada en esta proposición no de ley de solicitar la gestión del faro y terrenos e instalaciones adyacentes, siempre, como no podía ser de otra manera, conservando el uso público, nos parece una buena solución que ya
ha sido aplicada y que se podría extender al resto de faros de España que estén en las mismas circunstancias, previo estudio individualizado de cada uno de ellos y como consecuencia de existir petición del ayuntamiento correspondiente. Nos
preocuparía, señorías, que se pudieran dar soluciones aisladas, que en un faro sí, en una comunidad sí, y en otra comunidad no se pudiese llegar a ningún tipo de convenio, nos preocupa, y no es el caso de esta proposición no de ley, a pesar de que
sí se expresa en el preámbulo, la creación de una fundación, materia en la que no entraremos porque deberíamos hablar de fundaciones en general y no de una en particular, pero como no es el tema de discusión de esta proposición no de ley y, entre
otras cuestiones, el Grupo Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo en que el faro de Calella y otros faros más puedan tener una gestión municipal, porque así ha sucedido en otros faros, concretamente en la isla de Ibiza, el Grupo
Parlamentario Popular también está de acuerdo con la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista y con la exposición de su portavoz y estaremos de acuerdo en la transaccional a que lleguen Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario
Socialista.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo quiere manifestar su posición? (Pausa.) Entonces damos la palabra al señor Guinart para que manifieste si acepta o no la enmienda.



El señor GUINART SOLÁ: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista entendiendo que


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vamos a añadir en la primera parte del segundo punto 'en el plazo máximo de un año, dar respuesta', para acotar el período para poder celebrar este convenio.



La señora PRESIDENTA: Entonces, señor Guinart, entiendo que es una transaccional. (Asentimiento.) Ruego pasen el texto a la Mesa.



-RELATIVA AL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RIBERA DE LA RÍA DE PONTEVEDRA, TRAMO DE SAN SALVADOR (A BARCA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001741.)


-RELATIVA AL PROYECTO DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL DEL LUGAR DE LOURIDO EN EL AYUNTAMIENTO DE POIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001742.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a los puntos 2.º y 3.º, proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, una relativa al acondicionamiento de la ría de Pontevedra, tramo de San Salvador (A Barca) y otra al proyecto de
mejora medioambiental del lugar de Lourido en el Ayuntamiento de Poio, que se tramitarán conjuntamente. Damos la palabra a la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a esta Mesa que permita tratar estas dos proposiciones no de ley como una sola y evitar que hiciéramos una enmienda a una de ellas. La tramitación es correcta en el sentido de
que las dos proposiciones no de ley están relacionadas con la actuación medioambiental de la costa del municipio de Poio en la ría de Pontevedra, un municipio que está haciendo grandes esfuerzos por la mejora medioambiental de su zona costera, entre
los cuales está la ampliación del paseo marítimo y la recuperación de zona verde en el lugar de Lourido y la recuperación de la costa desde la playa de Covelo hasta la playa de Alana, desde donde se contempla un paseo que uniría las dos playas. La
parcela que se pretende convertir en zona verde en el lugar de Lourido, con una superficie aproximada de 17.500 metros cuadrados, está orientada hacia la ensenada, por cuyo frente discurre un paseo marítimo que quedaría integrado en el nuevo espacio
público que se propone. Este paseo marítimo fue realizado por la propia Dirección General de Costas. La propuesta, que tiene el agua y la vegetación como elementos clave en la actuación, pretende integrar, como en otros proyectos que se proponen
en el municipio, la preservación medioambiental actuando sobre la regeneración de la costa, la dotación de espacios públicos de ocio y la mejora de los atractivos turísticos que ofrece la zona. Dado que los terrenos que afectan a estas obras están
en el ámbito de dominio público marítimo-terrestre, para poder llevarlas a cabo se necesita la autorización de la Dirección General de Costas y, por otro lado, la financiación de las obras es otro de los aspectos importantes para que este proyecto
se pueda desarrollar. Con anterioridad, el Gobierno del Estado, al objeto de actuar en la regeneración costera, acometió unas obras cuyo resultado es el paseo costero que existe actualmente y que mencionábamos hace un momento. Estas obras quedaron
inacabadas ya que no se actuó en toda la franja del referido lugar de Lourido ni se aprovechó para integrar como espacio verde la zona adyacente, de manera que permitiera una adecuada actuación medioambiental en esta costa marítima que goza de una
singular belleza.



Con estos nuevos proyectos de ampliación de la recuperación medioambiental del lugar de Lourido y entre las playas de Covelo y A Lana, el Ayuntamiento de Poio pretende avanzar en la regeneración de toda la costa que abarca este municipio.
No hay duda de que el esfuerzo que está haciendo este Gobierno municipal necesita el apoyo de la Administración del Estado, que por otro lado ostenta las competencias en materia de dominio marítimo-terrestre; por eso la proposición no de ley va
orientada, tanto la aprobación como el apoyo financiero, a este proyecto por parte del Gobierno. El Ayuntamiento de Poio también ha presentado en la Demarcación de Costas un proyecto de acondicionamiento de la ribera de la ría de Pontevedra en el
tramo situado en el lugar de San Salvador (A Barca). Todo esto de lo que estamos hablando se refiere al mismo municipio. El objeto de este proyecto es acometer la ordenación de espacios públicos en la zona mencionada de acuerdo con criterios
medioambientales y sociales. El ámbito de este proyecto está constituido por los terrenos de la antigua ribera fluvial anexos al dominio público marítimo-terrestre y en la actualidad aparecen constreñidos por el irracional trazado de la autopista
del Atlántico y sus viales de acceso, que como se dice en la memoria del proyecto es una infranqueable barrera de asfalto, tráfico y ruido que los separa del cauce fluvial, así como por las resultantes de un urbanismo netamente especulativo. Se
asienta en edificaciones sobre un núcleo poblacional de vocación marinera y agrícola. El proyecto pretende resolver adecuadamente una serie de servicios que además de garantizar la recuperación medioambiental, tendrían un importante contenido
social, ya que están dirigidos a ofrecer espacios públicos destinados a actividades de ocio, deporte, etcétera, servicios de gran necesidad en una zona de numerosa población. Las obras que se propone acometer son el ajardinamiento del área; la
dotación del equipamiento deportivo descubierto, teniendo en cuenta el espacio que deja libre la demolición de la nave industrial existente en el interior de dicho ámbito de actuación y el contacto de dicho ámbito de actuación con la autopista del
Atlántico estudiando la posibilidad de incluir y diseñar una pantalla de protección acústica. Las soluciones aportadas en el proyecto combinan las zonas destinadas a los espacios deportivos con los familiares


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y de paseo, ya que la zona verde (pradera) existente permitiría la instalación de un pequeño parque infantil, una pequeña edificación para uso de bar y aseos públicos, y la zona deportivo-familiar contaría aproximadamente con una superficie
de 3.120 metros cuadrados. El paseo de borde sería peatonal lineal entre árboles de nueva plantación y vegetación arbórea autóctona, que discurriría en paralelo al talud lateral de la autopista conectando la zona norte, familiar, con la zona sur o
deportiva. No falta en la propuesta la correspondiente actuación paisajístico-ambiental que pretende, a través de mínimas y suaves intervenciones sobre la topografía y la vegetación actual, la integración de las instalaciones proyectadas destinadas
al ocio y al deporte dentro de un pequeño parque natural urbano que intenta dibujar, recomponer y potenciar las condiciones y carácter natural del conjunto, antiguo puerto y zona de ribera fluvial. (El señor vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la
Presidencia.)


Como se verá por esta resumida exposición del proyecto, nace con la voluntad de dotar al Ayuntamiento de Poio de un espacio que mejore la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, al mismo tiempo que actúe como un atractivo turístico, más en
un lugar donde la actividad turística tiene una gran importancia en la economía de la zona. Como decíamos, para que estos proyectos se puedan desarrollar no solo necesitan la aprobación de las autoridades de Medio Ambiente del Estado, sino que
también recabamos en nuestra proposición no de ley el apoyo económico, ya que el coste para este ayuntamiento es muy importante, aunque existe voluntad por su parte de participar económicamente en el desarrollo de los dos proyectos que acabamos de
mencionar, pero entendemos que es necesario, primero, la autorización para que el ayuntamiento pueda llevarlos a cabo y, por otro lado, el apoyo económico. De ahí que valoremos muy positivamente las enmiendas que nos presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, pero consideramos que deberíamos buscar una transacción para poder cumplir los objetivos que tiene nuestra propuesta. Por tanto, nuestra postura respecto a las enmiendas la manifestaríamos a la hora de la votación una vez hecha esta
negociación.



El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Tabuyo.



El señor TABUYO ROMERO: Señorías, decía Mario Benedetti que conspiramos contra nosotros mismos. Esa frase encierra no solo un tratado filosófico sino también la constatación de que somos y tenemos el resultado de todos los procesos de
urbanización descuidada, del progreso mal entendido y de la falta de conciencia medioambiental a lo largo de demasiado tiempo. La protección del litoral es una cuestión fundamental, de Estado, de país, que ha de hacerse en beneficio de todos porque
todos somos responsables y todos somos destinatarios y beneficiarios del disfrute, la consolidación y la mejora de un espacio medioambiental que ha de ser presente para poder ser futuro para las siguientes generaciones. Las apuestas por un
urbanismo sostenible y la defensa y recuperación medioambiental de las áreas litorales, deben ser ejes fundamentales de las actuaciones coordinadas de los gobiernos central y autonómico en cooperación con los ayuntamientos, que son en último caso
los primeros beneficiados de la aplicación de actuaciones que permitan recuperar, consolidar y poner en valor nuestros espacios litorales y transformarlos en universos colectivos para las prácticas de naturaleza, al aire libre, deportivas y de
estudio de la biodiversidad. El litoral de Poio, en la margen derecha de la ría de Pontevedra, en la desembocadura del río Lérez, que dibuja el trazado de la isla de Tambo que protege la boca de la ría, tiene una presencia singular que ha sido
objeto de actuaciones de recuperación medioambiental y de instalación de paseos marítimos que ayudaron a conformar nuevas imágenes y nuevos usos para un litoral que tiene huellas especiales en lugares emblemáticos como Combarro, Samieira, Raxó o San
Salvador. Por cierto, que sepan sus señorias que en este municipio de Poio, San Salvador, concretamente en La Puntada, nació Colón, según la documentación y la teoría que defiende, como yo lo hago, el origen gallego de Colón. (La señora De Lara
Carbó: ¿También?) También, sí, sí.
Además, comprobado científicamente. (Risas.) Las proposiciones no de ley que se nos plantean pretenden resolver en ambos casos la mejora medioambiental de dos zonas litorales mediante soluciones que contemplan
un paseo peatonal, instalaciones deportivas, pantallas acústicas para la protección del paso de la AP-9 y zonas de ocio, caso de San Salvador en A Barca, y en el caso de Lourido, una actuación de recuperación de la costa con paseo entre las playas
de Covelo y A Lana. En el primer caso, el Ministerio de Medio Ambiente ha procedido a la demolición de una nave existente y a la explanación y limpieza de la mayor parte de la zona, con cargo a la partida de conservación y mantenimiento del dominio
público marítimo-terrestre y su entorno, lo que habla de la agilidad y coordinación de actuación en proyectos del ministerio ampliamente demandados por la sociedad. Dentro de la formulación inicial de esta proposición no de ley, se contemplan
actuaciones que corresponden al ayuntamiento y no a las competencias propias de la Administración General del Estado, como lo referido a los equipamientos de ocio y deportivos.
Asimismo, el procedimiento administrativo previsto debe resolverse
conforme a derecho; por eso presentamos una enmienda en la cual se insta al Gobierno a estudiar el proyecto de acondicionamiento de la ribera de la ría de Pontevedra en el tramo situado en el lugar de San Salvador en A Barca y a adoptar medidas de
protección y regeneración de la zona costera para asegurar el mantenimiento de sus valores ambientales y el uso y disfrute público de la misma. En el segundo caso, referido a Lourido, se pretenden diversas actuaciones para la instalación de una
senda blanda de 2 kilómetros de longitud que discurriría por zona de tránsito


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y que permitiría la ampliación del paseo existente para unir así las playas de Covelo y A Lana. Son actuaciones que vendrían a completar otras ya realizadas como las del entorno del paseo marítimo de Lourido y que contribuirían a potenciar
la recuperación de ese borde marítimo y fluvial de Poio y a favorecer el uso público de estas áreas infrautilizadas.



La enmienda que presentamos insta al Gobierno a estudiar el proyecto de espacio verde de Lourido propuesto por el Ayuntamiento de Poio y a adoptar medidas de protección y regeneración de la zona costera para asegurar el mantenimiento de sus
valores ambientales y el uso y disfrute público de la misma. Señorías, dicen algunos estudiosos que las sociedades actuales sufren de hipermetropía ambiental, que consiste en tener la percepción de los problemas ambientales como más preocupantes
cuanto más lejos de nosotros se producen, de tal manera que lo que afecta localmente se tiende a considerar menos importante que lo que sucede a nivel global, a no ser que exista o conlleve un riesgo inmediato. Por ello, el Ministerio de Medio
Ambiente y el Grupo Socialista actúan con la escala local poniendo especial énfasis en realizar actuaciones de regeneración y recuperación medioambiental en nuestras zonas costeras que permitan atajar el deterioro y la degradación medioambiental de
estos espacios singulares mediante partidas de consignación global, que destinan cuantiosos recursos a estas finalidades y que permiten poner nuestra riqueza litoral al alcance y al disfrute de toda la sociedad. Por ello y compartiendo el fondo de
la propuesta del Bloque Nacionalista Galego, presentamos estas enmiendas que acabo de relatar para facilitar el acuerdo y el resultado positivo de esta tramitación, para lo que ahora realizaremos una transaccional entre el grupo proponente y el
Grupo Socialista.



El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señora Fernández, ¿tiene alguna cuestión que plantear respecto a las enmiendas?


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, ya anteriormente dije que íbamos a manifestar nuestra posición sobre las enmiendas al final, después de negociar la transacción.



El señor VICEPRESIDENTE: (Merino Delgado): Tiene la palabra la señora Pan.



La señora PAN VÁZQUEZ: Señorías, permítanme que antes de anunciar la posición del Grupo Parlamentario Popular haga una breve introducción de lo que el municipio de Poio representa dentro de la provincia de Pontevedra. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.) Poio es un municipio que podríamos denominar mixto, marítimo y agrícola, situado, como ya ha dicho el diputado del Grupo Socialista, en la orilla derecha de la ría de Pontevedra. Podríamos definirlo como la puerta de entrada
turística a esta magnífica ría, así como a la comarca del Salnés, conocida en todo el mundo por el Albariño entre otras muchas cualidades.
En sus 34 kilómetros cuadrados viven de forma estable cerca de 14.000 habitantes en cinco parroquias (San
Salvador, San Xoan, Combarros, Samieira y Raxó), pero son muchos más en temporada estival, donde sus diecisiete playas dan acogida a miles de veraneantes. Posee además un patrimonio arqueológico importante, los montes de Poio, con sus petroglifos
de grandes dimensiones sobre roca granítica, que han sido declarados monumento nacional, además de hacer la referencia que ya ha hecho el señor diputado del Grupo Socialista al argumento que hay sobre el nacimiento de Colón, ese personaje tan
importante en la historia de la humanidad, sobre el que los gallegos tenemos la convicción de que era gallego. Como ejemplo de estos petroglifos, sirvan los de Pedra Grande de Montecelo, en San Savaldor, o Laxe das Lebres, en Samieira. En
Combarro, una de las parroquias a las que he hecho mención, se da la circunstancia de que se considera su origen probablemente en un castro costero que SS.SS. habrán visto sin duda porque es una de las imágenes más repetidas del turismo gallego.
Sus hórreos, enclavados en la misma orilla del mar sobre las rocas, constituyen un ejemplo de lo que ha sido después de forma mucho más desafortunada la concentración urbanística de esta orilla de la ría. Es un enclave inolvidable para todo aquel
que quiera conocer Galicia y es de obligada visita. Además, su importancia marítima y pesquera ya era reconocida en las cartografías holandesas e inglesas en el siglo XVII. Raxó es otro pueblo marinero que ha sufrido una importantísima degradación
urbanística, sobre todo en los últimos años.
Sería el ejemplo de lo que se denomina hoy, al menos en Galicia, feísmo urbanístico, al que hay que atacar. Esto ha sido con la autorización y connivencia del propio ayuntamiento gobernado por el Bloque
Nacionalista Gallego. (Rumores). No se puede definir en una propuesta la irracionalidad de una infraestructura como pueda ser la autopista, que además proporciona al propio municipio, a los limítrofes y, en general, a toda la comunidad autónoma
riqueza, y callarse los horrores de autorizaciones que no proporcionan ningún avance ni más bienestar que a los propietarios de esas edificaciones. No solamente es la contaminación visual y la falta de organización urbanística la que está afectando
a este municipio sino también la medioambiental. Dos de las cinco parroquias de este municipio siguen sin depurar sus aguas residuales y las vierten directamente en la ría de Pontevedra. No son solo los 4.000 habitantes fijos. Son los miles de
turistas y veraneantes que se concentran en estas dos parroquias, Raxó y Samieira. Esto es grave porque, como les decía, son unas de las parroquias más turísticas y que más veraneantes reciben en sus nueve playas. Sabemos que un municipio pequeño
no puede acometer en solitario todas estas obras, pero sí es responsabilidad del regidor municipal, de su alcalde priorizar qué proyectos va a pedir, qué ayudas van a beneficiar más a su municipio, si una escultura, de las que en Poio hay muchas
sobre


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todos en sus rotondas, si una senda o si la depuración de sus aguas residuales o el saneamiento integral de su municipio. Aquí está su responsabilidad política y tras doce años de Gobierno del Bloque Nacionalista Gallego todavía estos temas
están sin resolver. Ya se ha hablado aquí y admitido que efectivamente ya hay algún paseo marítimo, hay obras que se han hecho en la mejora de este municipio, pero lo realizado es obra de gobiernos del Partido Popular desde la Xunta de Galicia o
desde el propio Ministerio de Medio Ambiente.



A pesar de lo expuesto y de la crítica muy razonada que hemos hecho de la situación de este municipio, vamos a votar favorablemente estas iniciativas y proyectos, aunque ustedes, señores diputados del Bloque Nacionalista Gallego, votaron no
a proyectos similares de Vilanova de Arousa, votaron no a Ribadumia votaron no a Cambados, votaron no a Vigo, votaron no a Pontevedra, que eran algunas de nuestras propuestas en las enmiendas que presentamos en los Presupuestos Generales del Estado.

Nosotros no vamos a entrar en contradicción con los intereses de los ciudadanos de Poio, pero para ello es necesario que estos proyectos, señora Fernández, cumplan escrupulosamente y respeten el medio ambiente y la ecología me parece que ustedes sí
quieren ir por ese camino, que se respete escrupulosamente la Ley de Costas. Ojo, estaremos muy pendientes de esos proyectos que presentan ustedes en la exposición de motivos de ubicar bares u otros servicios y que nos han suscitado alguna duda.
No vayamos a desvestir a un santo para vestir a otro. Esperamos y deseamos que se respeten los intereses legítimos de los propietarios y aquí hay una asignatura todavía pendiente del ayuntamiento. Es necesario que negocie con ellos y que haga las
gestiones para poner a disposición los terrenos que se necesiten y que se solucionen los problemas de saneamiento y depuración de aguas residuales, y así, señora Fernández Davila, Poio podrá aspirar a tener no solo este proyecto sino también una
ampliación entre Campelo y A Seca o A Seca y Combarro, o podríamos dar respuesta también, señora Fernández Davila, a la petición vecinal desde hace más de veinte años de que se unan las playas de Samieira desde Covelo hasta Raxó con las playas de A
Sinas y Raxó, pero para ello es necesario, señora Fernandez Davila, y ahí tiene usted una gran responsabilidad a la hora de hablar con el alcalde del Bloque Nacionalista Gallego de Poio, que se solucionen, como he dejado de manifiesto en mi
intervención, esos otros problemas que Raxó tiene y que son responsabilidad única y exclusiva del ayuntamiento, de su alcalde, que en este caso es del Bloque Nacionalista Gallego.



Cuando se sepa, señora presidenta, la transacción que parece que se va a elaborar por parte del grupo proponente, a nosotros nos gustaría también decir cuál va a ser nuestra postura.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo quiere manifestar su posición? (Pausa.) El grupo proponente dará a conocer a la Mesa y a los demás grupos la transacción, supongo que antes de que finalice la Comisión.



-SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001756.)


La señora PRESIDENTA: Damos paso al siguiente punto, sobre medidas en relación con el cambio climático, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Es su portavoz doña Juana Serna. Adelante.



La señora SERNA MASIÁ: Hace unos días, el 2 de febrero, la ONU presentó su IV informe sobre cambio climático. En él aparece ya una relación indudable entre la actividad humana y el calentamiento de la Tierra. Si en el anterior informe la
relación de causalidad estaba en torno a un 60 por ciento, un tiempo más tarde, en este informe recién presentado en París, nos encontramos que esa relación de causalidad está ya cerca nada menos que del 99 por ciento. Esto ha tenido unas
consecuencias o un impacto mediático muy importante, pero quizá lo más importante de este tema no es que la cuestión del calentamiento de la Tierra que haya entrado como una tromba en los medios de comunicación y por tanto forme parte de la opinión
publicada, sino que los temas del cambio climático ya forman parte de la opinión pública. Considera el Grupo Parlamentario Socialista que precisamente la oportunidad de esta proposición no de ley no está solamente en alertar y en hablar de las
graves consecuencias que tiene el calentamiento de la Tierra actualmente, sino también en que la opinión pública vea que nosotros estamos tomando desde el Parlamento medidas para resolver este problema y que todos los grupos estamos ayudando a que
el Gobierno actual lleve a cabo una serie de medidas correctoras. Además de alertar sobre esto, nos parecía muy importante hacer hincapié en una de las frases que nos parecen claves de este informe de la ONU y es cuando finaliza hablando de la
actividad de los seres humanos. Es verdad, los humanos somos el problema, pero también somos la solución. En este sentido quería hacer un breve repaso a qué se ha hecho durante estos casi tres años de legislatura en relación con este problema.



Ya en el debate de investidura el presidente del Gobierno socialista, señor Rodríguez Zapatero, decía precisamente que una de sus prioridades era hacer otro modelo de desarrollo económico que avanzase en paralelo con un desarrollo
sostenible. ¿Qué significaba esto? Pues que efectivamente la economía y la innovación tecnológica en nuestro país tenía que crecer y desarrollarse en paralelo con el uso racional de los recursos naturales y con la disminución de la contaminación.
Esto dio lugar, por la tanto -es el repaso que queríamos hacer-, a dos grandes prioridades: una, reorientar la política del agua y, otra, avanzar en el estancado cumplimiento


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de Kioto. Eso significaba que había que introducir toda una serie de medidas correctoras, sobre todo teniendo en cuenta que se acababa de publicar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del año 2004, y nos encontrábamos
con que habíamos tenido un incremento nada menos que del 48 por ciento en nuestro país, es decir 33 puntos porcentuales por encima del 15 por ciento establecido para el período 2008-2012 por el Protocolo de Kioto, del que España había sido uno de
los países firmantes. Teniendo esto en cuenta y que además seguíamos aumentando hasta llegar a un 52 por ciento, se tomaron siete medidas correctoras muy importantes, que vienen en la exposición de motivos, de las que solamente querría destacar la
Ley del año 2005, de comercio de derechos de emisión, el Plan nacional de asignación de derechos de emisión, el Plan de acción de ahorro y eficiencia energética y el nuevo Código técnico de edificación, al margen de la revisión, para hacer los más
eficientes, de dos planes anteriores, que eran el Plan de fomento de energías renovables y la planificación de sectores de electricidad. A pesar de todo ello y de estas medidas correctoras, podríamos sacar tres conclusiones importantes. Es cierto
que en la segunda mitad del año 2005 y en el año 2006 se han producido, por un lado, una desaceleración del incremento de los productos petrolíferos y de la electricidad y, por otro, una mejora de la eficiencia energética. Por tanto, podemos decir
que estamos iniciando el buen camino, que las medidas tomadas están corrigiendo, pero de todas formas nos parece que para poder cumplir ese 15 por ciento de incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto nos
estamos aproximando de una forma muy lenta. Por ello al Grupo Parlamentario Socialista le parecía importante instar al Gobierno a que esas medidas correctoras tuviesen la máxima eficacia y aceleración, por dos cuestiones que querría destacar.
En
primer lugar, si España no cumple con el Protocolo de Kioto, vamos a tener un altísimo coste económico, aparte de que perderemos credibilidad en el sentido de asumir nuevos compromisos a partir del año 2012. Otra cuestión que hay que resaltar, son
los últimos informes, no solamente el reciente informe de la ONU, sino también el de la reunión que hubo ayer de los ministros de Medio Ambiente europeos y el borrador que el día 13 ha presentado el Ministerio de Medio Ambiente al Consejo Nacional
del Clima, donde están representadas las comunidades autónomas, los sindicatos, etcétera, que ese mismo día presentó a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que es un órgano paritario en el que, por lo tanto las decisiones se
toman de forma paritaria con las comunidades autónomas. Lo que se ve de todo ello son dos cuestiones que queríamos destacar: por un lado, que el cambio climático está produciéndose con una intensidad y rapidez mucho mayor de la esperada, de cuando
salen los primeros informes hace unos años, y, por otro, según ese borrador que acaba de presentar el Ministerio de Medio Ambiente, resulta que España es un país muy vulnerable ante este fenómeno. Nos parecía que aunque esta proposición no de ley
se presentó en junio, hoy está absolutamente de plena actualidad y las tres medidas que se plantean en ella, y con ello acabo, señora presidenta, nos parecen enormemente oportunas: por un lado, que continúe la elaboración de la estrategia española
de cambio climático, que, como decimos, está en fase de borrador y presentada al Consejo Nacional del Clima y a todas las comunidades autónomas; en segundo lugar, que se acometan planes de ahorro y eficiencia energética para edificios,
infraestructuras y actividades de la Administración General del Estado apoyando todo aquello que hagan las otras administraciones públicas, como son las comunidades autónomas y las corporaciones locales; y, por último, planificar la estructura de
fuentes de energía primaria, de cara al horizonte de 2030, camino por el que parece que vamos a ir, a tenor de la reunión celebrada ayer de los ministros de Medio Ambiente europeos. Instamos al Gobierno, esperamos que con el apoyo de los grupos
parlamentarios, a que siga en el camino iniciado, a que acelere las medidas correctoras y que desde luego las intensifique.



La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda presentada a esta proposición no de ley por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, no tanto con la idea de oponernos a ella, sino con la voluntad de profundizar en las medidas que
responden a una preocupación cierta y creciente sobre el cambio climático en el mundo y, en concreto, en nuestro país, por esa especial vulnerabilidad que tiene nuestro territorio por ser una zona intermedia de clima moderado que puede sufrir
efectos intensos por un cambio climático aunque sea de poca intensidad en cuanto a grados de temperatura. No deja de ser destacable el hecho de que haya sido el propio Grupo Parlamentario Socialista el que presentara en su momento y mantenga hoy en
día la pretensión de que el Parlamento apruebe esta proposición no de ley tensando más la cuerda de la actuación del Gobierno, que ya de por sí debería ser consciente en relación con esta problemática y actuar motu proprio y no a partir de una
petición de su propio grupo en el Congreso, pero de todas formas bienvenida sea la iniciativa, aunque se haya tratado en esta casa con un poco de retraso respecto a cuando se planteó, momentos en que ya se hablaba de esa mayor rapidez o intensidad
de la prevista del cambio climático. Nuestro grupo está básicamente de acuerdo con el contenido dispositivo de esta proposición no de ley y simplemente lo que pretende en su enmienda de adición son varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto
autonómico, recordar y tener presente la necesidad de consensuar cualquier política y estrategia de cambio climático con las autonomías, que en este ámbito tienen especialmente


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competencias, aunque esto forme parte de la esencia de organismos estatales de planificación, pero creíamos que no sobraba volver a insistir en la necesidad de consenso, más que nada porque a mayor consenso, mayor eficacia en la aplicación
de las medidas.



En segundo lugar, nuestra enmienda va dirigida en el punto primero a intentar dar más rigor, estructuración, y exigencia a la propuesta de esta complementación de la estrategia de cambio climático con una previsión económica de sus efectos,
con una fijación de objetivos cuantificables por etapas, por calendario, para que se pueda seguir con rigor y exigencia su aplicación y los efectos y con la fijación de mecanismos de seguimiento y evaluación, porque solo será a partir de que se haga
un seguimiento próximo, intenso y con indicadores y elementos para poder evaluar los efectos de las medidas tomadas cuando realmente seremos eficaces en la aplicación de esas medidas que formen parte de la estrategia de cambio climático.



En tercer lugar, nuestra enmienda también va en la línea de que cuando se plantea el diseño y la ejecución de planes de ahorro y eficiencia energética, se realice no solo con el apoyo y la iniciativa del resto de administraciones públicas,
sobre todo las autonómicas o las locales, sino que nuestra propuesta va más allá, pidiendo que se coopere, que se llegue a un mayor compromiso entre administraciones para diseñar y acometer esos planes de ahorro y eficiencia energética.



En cuarto lugar, y esto es más novedoso, pero responde a esa necesidad de intensificar con mayor presión y rapidez medidas en relación a la prevención del cambio climático, nuestro grupo propone que se regulen con carácter estable medidas de
fomento de las energías renovables. Es cierto que ha habido algunas medidas de apoyo o fomento, pero a nuestro juicio no son suficientemente estables, transparentes y difundidas como para que tengan efecto en relación a su utilización o explotación
y, en definitiva, supongan una reducción del cambio climático.



Finalmente, en quinto lugar, en esta preposición no de ley proponemos impulsar, ya sabemos que hay alguna iniciativa al respecto y que la propia Ley de Presupuestos del Estado lo preveía, con mayor intensidad o fuerza la reforma de la
fiscalidad, que incluye criterios ecológicos.
Esta fiscalidad verde que algunos proclamas viene a ser, sin duda, inevitable para conseguir resultados eficaces en este objetivo y ya no solo los tímidos intentos que hasta ahora se han hecho. En este
sentido, nuestro grupo se compromete a apoyar aquellas medidas de fiscalidad ecológica que puedan contribuir a obtener resultados en relación a la lucha contra el cambio climático.



En cuanto al tercer punto de la proposición, estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de planificar más a largo plazo, no sólo hasta el año 2012, como dice el texto de la proposición, sino fijarse ese horizonte del año 2030 con esa
prioridad tanto del ahorro como de la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables, en especial de las que son propias de nuestro territorio. Nuestro grupo no ha oído ninguna referencia en relación a la enmienda, ni en relación a la
posición del Grupo Socialista, pero si llegáramos a algún consenso, a alguna transaccional en algunos de los aspectos que proponemos, apoyaríamos la proposición. Si no fuera así, también lo haríamos, porque nos parece suficientemente importante
para hacerlo.



La señora PRESIDENTA: Doy la palabra a la señora Serna solo para manifestar si la acepta o rechaza.



La señora SERNA MASIÁ: Estaba esperando que la explicara totalmente. De las cuatro enmiendas sobre las que procedimentalmente tengo que contestar ahora, las dos primeras, que fundamentalmente se refieren a cooperación de comunidades
autónomas, las votaremos en contra, porque esos mecanismos ya están plenamente establecidos y sería reincidir en algo que ya existe.
En cuanto a las dos últimas, con el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), llegaremos seguramente a una
transaccional. Ya le indico que casi con toda seguridad a la cuarta votaremos que sí, y respecto a la otra estamos un poco pendientes de ver cómo la resolvemos.



La señora PRESIDENTA: Muy bien, al final del debate preséntela en la Mesa.



¿Algún grupo quiere manifestar su postura? (Pausa.) La señora De Lara Carbó.



La señora DE LARA CARBÓ: Muy brevemente, señora presidenta. Mi primera reflexión es de asombro e incredulidad ante la necesidad de debatir esta proposición no de ley y, en general, el resto de proposiciones no de ley que hoy presenta el
Partido Socialista en esta Comisión. Entendemos, señorías, que el debate de estas propuestas es una maniobra del Partido Socialista para cubrir el cupo que tienen en esta Comisión e impedir que se debatan iniciativas de la oposición, concretamente
iniciativas del Partido Popular. Lo digno y democrático, señorías socialistas, sería no haber traído aquí esta propuesta ya que está desfasada y fuera de lugar, ya que lo que pide ya se está haciendo o ya se ha hecho. Creo que si el resto de los
grupos son objetivos, estarán de acuerdo conmigo. La señora Serna ha evitado cuidadosamente incidir o reflexionar sobre los puntos de la proposición no de ley porque no puede solicitar lo que los puntos de la proposición solicitan, ya que todo se
está haciendo. Sí se ha referido la señora Serna al incremento de las emisiones que se producían a finales de 2004, ha evitado cuidadosamente referirse al incremento de las emisiones en el año 2005, del 53 por ciento, y nos falta saber los datos
del año 2006, porque ahora se habla del cambio de tendencia pero realmente los datos de 2006 nos dirán si este cambio de tendencia se ha producido.



Quiero hacer una referencia a lo que ha dicho sobre el presidente del Gobierno. Dijo que el presidente del Gobierno se había propuesto modificar el modelo de


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desarrollo económico que había en España. Y el modelo de desarrollo económico español en el año 2007 sigue siendo el mismo que el del año 2004. Está basado en la construcción y en el consumo interno. Aquí hay una representante de la
Comisión de Economía que puede decir si ello es cierto o no. Por consiguiente, mi Grupo Parlamentario no va a entrar en el debate de esta proposición no de ley, máxime cuando el borrador de la estrategia de cambio climático ya se ha presentado al
Consejo Nacional del Clima, a la prensa y al Consejo de Ministros, cuando ya existe un Plan de ahorro y eficiencia energética basado en la estrategia de ahorro y eficiencia energética elaborada por el Gobierno del Partido Popular y cuando la
planificación de la estructura de las fuentes de energía primaria no es competencia de esta Comisión. Por ello, señorías, no voy a seguir su juego ni voy a valorar la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que con su puntualización
intenta evitar el bochorno de que en el Congreso de Diputados se aprueben iniciativas como la que hoy presenta el Grupo Socialista, fuera de plazo completamente.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo quiere manifestar su posición? Bien, entonces...



La señora SERNA MASIÁ: Perdón, no he entendido muy bien, por un problema auditivo, su postura. Van a votar que no, ¿no es eso? Voy a formular bien la pregunta. La pregunta que les hago simplemente, por estar enterada, es la siguiente:
¿Van a votar que no a una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que aceleremos las medidas para cumplir el Protocolo de Kioto?


La señora DE LARA CARBÓ: Señora Serna, tendrá que esperar a la votación de la proposición para saberlo.



La señora SERNA MASIÁ: ¿Que habrá que esperar a la votación? Perdón, pero es que no la oigo bien.



La señora PRESIDENTA: Señora Serna, tendrá que mejorar su audición.



-SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS INUNDACIONES EN LA VILLA DE BILBAO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001890.)


La señora PRESIDENTA: Damos paso al siguiente punto, que es el 6 del orden del día, sobre la prevención de las inundaciones en la villa de Bilbao.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la diputada Marisa Arrúe.



La señora ARRÚE BERGARECHE: La proposición no de ley que vengo a defender hoy en nombre del Grupo Popular como vizcaína me parece de gran importancia y de suma preocupación. Los vizcaínos no nos olvidamos de los terribles momentos que
padecimos a causa de las inundaciones que tuvieron lugar en Bilbao en el año 1983. Ha pasado demasiado tiempo, casi 24 años, y poco se ha hecho desde entonces para que no vuelvan a ocurrir aquellos terribles momentos. Los vizcaínos seguimos
recordando con incertidumbre aquellas inundaciones en las que parte de Vizcaya se vio sumergida, y nunca mejor dicho, en una de las mayores catástrofes ocurridas en nuestro territorio. No podemos olvidar que aquella catástrofe supuso la muerte de
un elevado número de personas, 40. Además, supuso elevadas pérdidas materiales en bienes tanto públicos como privados. Históricamente, siempre ha existido una preocupación por las inundaciones de Bilbao. Los libros de historia nos dicen que ya
entre los años 1413 y 1858 ocurrieron 13 desbordamientos de la ría bilbaína. Actualmente sigue existiendo entre la ciudadanía esta preocupación e inquietud al respecto. La semana pasada se realizaron en la Universidad del País Vasco unas
conferencias organizadas por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco sobre el cambio climático y los costes económicos con la presencia del catedrático de la Universidad de Bath, señor Anil Markandya, de Gran Bretaña. En estas
conferencias, el catedrático Markandya decía que en la prevención de inundaciones el cambio climático ha dejado de ser una hipótesis hace tiempo para convertirse en una realidad. Dentro de esa realidad -decía- aumentarán las tormentas y la
intensidad de las lluvias torrenciales. Además, en una de sus advertencias marcaba la cuenca de la ría del Nervión en rojo, como posibles inundables y proponía diferentes actuaciones a desarrollar en la prevención de las inundaciones de la zona.
Curiosamente, estas acciones propuestas por el catedrático británico coincidían con las acciones propuestas en el estudio encargado por la Diputación Foral de Vizcaya en el año 2001. El mencionado estudio proponía unas actuaciones básicas para que
no vuelvan a producirse más inundaciones en Vizcaya como las ocurridas en el año 1983. Estas medidas apuntaban tres actuaciones: la construcción de túneles de desvío, la apertura del canal de Deusto y la regulación del cauce de la ría. A fecha de
hoy se están llevando a cabo algunas actuaciones locales, sobre todo a la altura de la villa de Bilbao. Se está realizando un estudio sobre el canal de Deusto, tema en el cual está trabajando el Ayuntamiento de Bilbao. La única medida sobre la
cual aún no se ha tomado ninguna decisión es la construcción de los túneles de desvío. Lo que sí sabemos, porque lo dice el propio estudio y coincide con él el profesor Markandya, es que ninguna actuación por sí sola es capaz de solventar el
problema de las inundaciones de la ría de Bilbao. Tampoco podemos olvidar cuáles son las competencias, una vez declarada obra de interés general, a través de una enmienda a los presupuestos de 2007. La Ley de Costas es muy clara al respecto en su
artículo 3. Especifica que la ribera del mar y de las rías hasta el


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punto geográfico en el que sea sensible el efecto de las mareas es de dominio público marítimo-terrestre.



Mi grupo, sensibilizado con este problema, presenta esta proposición no de ley en la que solicitamos, ya que se ha declarado la obra de interés general, porque hay que seguir trabajando y dando pasos hacia delante.
Presentamos esta
proposición para que se realice la firma del convenio de colaboración entre las instituciones competentes para retomar y poner en marcha de una vez por todas las actuaciones encaminadas a la prevención de futuras inundaciones en Vizcaya y en el
entorno de la ría de Bilbao.



La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas a esta proposición no de ley.
¿Algún grupo quiere manifestar su postura? (Pausa.) La diputada por el Grupo Socialista, Arantxa Mendizábal.



La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: La proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo Popular efectivamente trae a debate una problemática importante existente en la ría de Bilbao, que provocó graves inundaciones en el año 1983 y una
situación problemática. Se han planteado distintas medidas, entre ellas, ya en 1983 estaba prevista la construcción de un túnel desde La Peña a Olabeaga en el llamado Plan integral de prevención de inundaciones. Por tanto, ya en 1983 estaba
reconocido el problema. Mi grupo, reconociendo el problema, que es evidente, cree que no tiene ningún sentido debatir en esta Comisión esta proposición no de ley instando al Gobierno, en primer lugar, a que declare como obra de interés general las
actuaciones de protección contras las inundaciones en la ría de Bilbao. No tiene ningún sentido, ya que esta declaración se produjo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007. En el texto de la ley, en su disposición trigésimo
octava, donde se declaran de interés general determinadas obras de infraestructura hidráulica con destino a riego y a otras infraestructuras, se declarada como obra de interés general, en su punto b), precisamente la prevención de las inundaciones
en Bilbao. Es decir, con un Gobierno socialista se ha considerado obra de interés general la prevención de las inundaciones en la ría de Bilbao, siendo un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Ha tenido que llegar un Gobierno
socialista para que se produzca la declaración de interés general. Asimismo, en la sección 23, programa 456.A, se incluye una cuantía de 900.000 euros para que se vayan poniendo en marcha medidas para que siga adelante esta declaración de interés
general.



Quiero recordar que cuando una obra es declarada de interés general significa que el Gobierno de la nación tiene la iniciativa y, por tanto, también el compromiso. Por ello, vamos a la segunda parte de la proposición no de ley, tiene muy
poco sentido pedir la firma de un convenio, en estos momentos, entre las cuatro instituciones: Gobierno del Estado, Gobierno Vasco, Diputación de Vizcaya y Ayuntamiento. En una obra de interés general lleva la iniciativa el Gobierno de España y,
por tanto, será quien tenga que poner en marcha las iniciativas y las medidas necesarias. Esto no quiere decir, y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones', que en un momento determinado, a la vista de las obras que haya que hacer, sea necesario
que intervengan otras instituciones, como pueda ser el Gobierno Vasco, la Diputación de Vizcaya y el propio Ayuntamiento. Pero en estos momentos, la firma de un convenio es algo que no está dentro de lo que supone el iniciar un proyecto cuando la
obra es declarada de interés general. Por tanto, se deja la puerta abierta por si, a la vista de las obras que haya que hacer, de lo que sea necesario y de las aportaciones que tenga que hacer cada una de las instituciones, es necesaria la firma
del convenio, pero cuando una obra es declarada de interés general la firma de un convenio entre instituciones no tiene sentido.



Por eso, nuestro grupo pediría al Grupo Popular que, a la vista de que esto está en marcha y de que la obra es de interés general, la retire, porque no tiene mucho sentido que debatamos sobre algo que ya está hecho.
Esto sí que está hecho,
señora De Lara.



La señora PRESIDENTA: ¿No hay otros portavoces que desen intervenir? (Pausa.) ¿No hay enmiendas? (Pausa.)


-RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR CONTRA EL INCENDIO QUE HA TENIDO LUGAR ENTRE LOS DÍAS 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006, EN LA ISLA DEL HIERRO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001899.)


La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día relativo a las medidas a tomar contra el incendio que ha tenido lugar entre los días 10 al 14 de septiembre de 2006 en la isla del Hierro, provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Tiene la palabra la diputada Mercedes Coello.



La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: La isla del Hierro esta situada al oeste de Tenerife y es la más occidental del archipiélago canario. Forma, con las de Tenerife, La Palma y La Gomera, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo la
más pequeña de todas ellas. Fue declarada en el año 2001 Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Las reservas de la biosfera tienen la finalidad, como ustedes saben, de convertirse en modelos de cómo debiéramos convivir con la naturaleza. Está
claro que la isla del Hierro así lo hace. Se trata de una isla con una gran diversidad de ecosistemas con un elevado grado de conservación, situado todo ello en un territorio reducido y singular.



El pasado mes de septiembre se produjo un incendio en el municipio de Frontera, el cual engloba el Valle del


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Golfo, Pinar y La Restinga, situado en la zona occidental de la isla. A pesar de la extraordinaria sequía que España padece por segundo año consecutivo y de las altas temperaturas registradas desde el inicio del verano de 2006, la evolución
de los incendios ha sido en dicho año significativamente menor que en el año 2005. Cabe suponer que dicho comportamiento ha sido el resultado de la creciente concienciación ciudadana en esta materia, así como de los mayores esfuerzos, tanto
normativos como inversores, realizados por todas las administraciones. A pesar de todo ello, este verano, concretamente en agosto, la Comunidad Autónoma gallega sufrió una oleada de incendios que la afectó durante 12 días, que tuvo graves
consecuencias al afectar a la seguridad e integridad de las personas y sus bienes. La magnitud de estos hechos y sus consecuencias obligó a los poderes públicos a adoptar medidas extraordinarias y así se hizo mediante la publicación de un real
decreto por el que se aprobaban medidas urgentes en materia de incendios forestales, el cual en su artículo 3.1 dice así: El Gobierno, mediante real decreto, podrá declarar con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados, la
aplicación de estas medidas a otros incendios de características similares que hayan acaecido o puedan acaecer en la misma u otra comunidad autónoma desde el 1 de abril hasta el 1 de noviembre de 2006, como así ha sido en el que se produjo en la
isla del Hierro.



Últimamente la naturaleza no se ha comportado con esta isla todo lo bien que debiera y es que hace tan solo 15 días sufrió un temporal de lluvia y viento que no solo dejó daños cuantiosos en la agricultura y ganadería, sino también en las
infraestructuras de toda la isla. Sin embargo, las consecuencias más dramáticas desde el punto de vista medioambiental fueron la muerte, debida a las lluvias torrenciales, de 178 ejemplares del lagarto gigante del Hierro que se encontraban en el
centro de recuperación de esa especie endémica con la que cuenta la isla, constituyendo, sin lugar a dudas, un desastre ecológico de primer orden.
Los daños ascendieron, aproximadamente, a 23 millones de euros. También en esta ocasión, el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue sensible a la magnitud de la tragedia que se estaba produciendo de nuevo en esta isla y la ministra de Medio Ambiente se personó en la misma, visitó personalmente la isla. Posteriormente, en el Consejo
de Ministros de esa misma semana se aprobó un real decreto por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por dicho temporal, que en el Pleno de este jueves será convalidado. El motivo de esta proposición no de ley hace
referencia a otra tragedia que, como les decía, ha afectado a la isla del Hierro durante el pasado mes de septiembre, un incendio que afectó a un perímetro de 1.400 hectáreas, sobre todo de pinar, y fayal-brezal y zonas agrícolas del Parque Nacional
de Frontera.



Con todo lo expuesto, formulo la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez valorados los daños, apruebe un real decreto que permita la aplicación de lo previsto en el artículo 1.3 del
Real Decreto-Ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia con el fin de paliar los efectos producidos como consecuencia del incendio que tuvo lugar en la
isla del Hierro entre los días 10 y 14 de septiembre de este año.



La señora PRESIDENTA: Para manifestar su postura, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el diputado Carlos Cabrera.



El señor CABRERA MATOS: La señora diputada ha mezclado un poco en la exposición de esta proposición no de ley una cuestión que se va a debatir mañana y otra cuestión bien distinta, que es el incendio producido el pasado mes de septiembre y
que era el motivo esencial de esta proposición no de ley.



Estamos, por tanto, hoy hablando de un incendio que se produjo en la isla del Hierro el 10 de septiembre del pasado año y que durante cuatro largas jornadas mantuvo en vilo fundamentalmente a la comunidad canaria. Estamos hablando de un
incendio que arrasó 1.400 hectáreas de pinar, brezal y cultivo. Estamos analizando una proposición no de ley que trata del peor incendio producido en la isla después del de 1978. Éstas son las premisas que pueden justificar esta iniciativa. Sin
embargo, estamos debatiendo esta proposición no de ley en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados cinco meses después del grave incidente, tiempo más que suficiente para que el Gobierno socialista hubiese tomado alguna
iniciativa. Estimamos que el Gobierno del Estado debió, a través de una regulación específica, o al amparo, como se dice en esta proposición no de ley, del Real Decreto-Ley 8/2006, de 28 de agosto, dictar y aprobar un conjunto de medidas o
simplemente establecer que las contempladas en ese decreto-ley fueran aplicadas a la isla del Hierro. Ello hubiese permitido con prontitud adoptar las acciones extraordinarias en el marco del tan referido principio constitucional de solidaridad y
por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes.
Era importante adoptar un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos y a la recuperación de las
zonas afectadas, todo ello con la inmediatez que un caso como este requiere. Nada de esto se ha hecho. Esta proposición no de ley lo que hace es recoger una relación de hechos, en la que debemos destacar la participación en las labores de
extinción de un conjunto de personas y entidades a las que hemos de agradecer el esfuerzo realizado en esos difíciles trabajos y le recuerda al Gobierno la posibilidad de regular y aprobar ayudas e indemnizaciones que permitan resarcir los males
causados a través de un real decreto al amparo del real decreto-ley ya mencionado.



Esta proposición no de ley que propone el Grupo Socialista, lo que ha logrado ha sido poner en entredicho


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la propia labor del Gobierno socialista. Ciertamente pensé que a estas alturas iba a ser retirada. Si ya existía la posibilidad de extender las medidas ya tomadas para otras comunidades autónomas en situaciones idénticas, ¿por qué el
Gobierno no las ha tomado? ¿Va a ser justamente ahora, cinco meses después del incendio, cuando el Gobierno central va a indemnizar a los agricultores o a participar en las labores de recuperación de las zonas afectadas? ¿No ha considerado
necesaria una inversión estatal urgente en esta isla tras el grave incendio y lo va a hacer ahora? En todo caso, si así fuera, muy tarde, muy mal, aunque creemos que en este asunto no se va a hacer nada. Parece que la isla del Hierro no se merecía
acciones similares a las tomadas en todo el territorio nacional con cierta celeridad. En la isla del Hierro se han quemado más de 1.400 hectáreas, por lo que hemos de considerarlo gran incendio. Además, hay que tener en cuenta que tiene una
superficie de 278 kilómetros cuadrados, por lo que el incendio arrasó más de un 5 por ciento de su superficie en el entorno del Parque Natural de Frontera. Una isla que se ha caracterizado por mantener un equilibrio ecológico exquisito y que lucha
por conservarse como Reserva de la Biosfera debió contar con la ayuda generosa de los gobiernos canario y nacional para superar estas calamidades que rompen su espacio vital o sus pequeñas producciones agrarias. Es aquí donde se han de visualizar
los esfuerzos de los responsables del Ejecutivo nacional y, sin embargo, como reconoce la propia proposición no de ley, no se ha estado o no se ha querido estar a la altura de las circunstancias. Ahora, el Grupo Parlamentario Socialista insta al
Gobierno a que haga ya sus deberes, cuando lo esencial en la ejecución de las medidas reparadoras es su urgencia.
Creemos con sinceridad que ya el Gobierno socialista no tiene la más mínima intención de regular una actuación adecuada, máxime cuando
otros gravisimos acontecimientos naturales, lluvias torrenciales más recientes, van a ocultar la desidia y la falta de interés que se ha tenido en este asunto.



El Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente, aunque ya estamos fuera de los plazos razonables para que se hubiera regulado la acción estatal en la isla del Hierro como consecuencia del incendio producido el pasado año. No
sabemos si el Gobierno ha esperado a que se delibere y acuerde este asunto a través de esta proposición no de ley.
Sinceramente, creemos que tampoco, pero por nuestra parte, que no quede.



La señora PRESIDENTA: No hay más grupos para presentar su posición.



-RELATIVA A LOS CAMBIOS DE CORRIENTES MARINAS Y ÁRIDOS EN LA RÍA DE O VICEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001900.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto, que es el punto 9 del orden del día: proposición no de ley relativa a los cambios de corrientes marinas y áridos en la Ría de O Vicedo.



Sí, perdón, señora Colldeforns...



La señora COLLDEFORNS I SOL: He pedido al diputado que lleva esta proposición no de ley que venga. Llevo diez minutos diciéndole que suba pero a lo mejor anda perdido por el ascensor.



La señora PRESIDENTA: ¿Suspendemos un minuto? (Pausa.) Suspendemos un minuto, pues, mientras hacen las llamadas y decidimos. (Pausa.)


Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el diputado Xavier Carro.



El señor CARRO GARROTE: La ría de O Vicedo se localiza en el límite noroeste de la península Ibérica entre el cabo de Estaca de Bares al oeste y el cabo de Embarcadoiro al este. Se trata de una ría pequeña con menos de 8 kilómetros de
longitud y 2,7 kilómetros de ancho. Tiene una superficie aproximada de 13 kilómetros cuadrados con una profundidad máxima de 25 en el límite exterior. La topografía del fondo es suave, sin asentamientos rocosos que condicionen las corrientes
marinas y cuenta con dos islas, una de ellas en el interior, la isla de San Martiño y otra en el exterior, la isla de Coelleira. En el lado occidental de la ría desemboca el río Sor formándose un saliente que configura un lugar de deposiciones de
arenas y sedimentos donde se inicia la playa de Arealonga, localizada hasta el lado oriental del interior de la ría de O Barqueiro, que tiene una longitud aproximada de 1.300 metros.



Como ustedes saben, las playas son uno de los sistemas físicos más dinámicos de la superficie terrestre, un borde litoral donde se acumulan y transportan sedimentos y normalmente arena, debido fundamentalmente a la acción del oleaje. En
términos generales, todos los entrantes de las costas tienden a llenarse con sedimentos y las fuentes de aporte son las mareas, los fuertes temporales, las corrientes marinas y, en este caso, las deposiciones por materias arrastradas por el río Sor.
Pues bien, señorías, durante la última década, se viene produciendo una intensa erosión en el sector externo de la playa de Arealonga sin precedentes en décadas anteriores. En apenas diez años desapareció una amplia zona de dunas y gran parte del
pinar posterior a ésta, lo cual generó la destrucción de un antiguo camino y de un paso recientemente construido.
En la actualidad, la tendencia erosiva es tal que, al menos, tres casas se encuentran en un inminente peligro de derrumbamiento. En
general, en la última década aconteció una transformación dinámica de la zona debido al gran volumen de sedimentos puestos en movimiento. Las causas de este proceso no están claras. Se baraja desde la reciente ampliación del puerto de O Vicedo,
hasta una simple causa natural, como sería la aparición de tormentas de especial intensidad. Gracias a la identificación fotográfica a lo largo


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de los años de los límites de las dunas, conocemos la existencia anterior de dos amplios campos de dunas que recorrían el espacio anterior a la playa. Gracias a estas fotografías se demuestra que antes de la construcción del puerto de O
Vicedo, en el año 1990, la zona expuesta de la playa de Arealonga o parece como un sistema perfectamente estabilizado, cuya zona de dunas amplia es un pinar extenso. Años después, la zona de dunas desaparece prácticamente por completo, el pinar se
ve notablemente menguado, incluso inexistente en determinados sectores y la primera línea de casas sufre derrumbamiento. El desmantelamiento de la duna ha supuesto un retroceso de más de 15 metros de duna en diez años. A este ritmo erosivo tan
intenso se une la problemática de que la zona de dunas tiene una pendiente descendente en la parte trasera de la duna actual, de manera que el proceso de erosión podría verse acelerado una vez rebasada la cresta del corte de la duna actual.



A estas graves consecuencias ecológicas se unen otras de carácter económico. La pesca que se efectúa en esta ría, en los puertos de O Vicedo y Barqueiro, es fundamentalmente de bajura y cuenta aproximadamente con 30 embarcaciones. En la
actualidad, los barcos de mayor calado han de esperar la marea alta para entrar en puerto, ya que los materiales que se erosionan en la playa se depositan en otros puntos, especialmente la entrada, dificultando la navegación. El marisqueo explota
la ameixa fina, la ameixa coquina y la ameixa babosa, de alto valor económico, así como el longueirón y el berberecho, de menor valor comercial. En los últimos años, la elevación del nivel de los bancos de arena ha modificado las horas de
exposición al sol y al aire del suelo marino, de tal forma que se han reducido drásticamente las capturas. Otro efecto económico destacable es el turismo. En primer lugar, la disminución de la superficie de la propia playa limita cada vez más el
número de visitantes. La disminución del calado limita, a su vez, el acceso de los yates que pueden entrar en la ría y la reducción de marisco deja a los restaurantes locales sin el principal elemento de reclamo hacia sus clientes.



Visto todo esto, resulta evidente que hay una transformación importante del litoral en la ría de O Barqueiro y O Vicedo, tanto en la playa de Arealonga, como en los bancos marisqueros, como en la entrada de la ría, que justifican
sobradamente la necesidad de actuaciones urgentes, pero que a su vez sean estudiadas en profundidad para evitar consecuencias no deseadas. La proposición no de ley insta al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente a realizar, en colaboración con
al Xunta de Galicia, un estudio sobre las causas de los cambios de corrientes marinas y áridos en la ría de O Vicedo y a adoptar las medidas correctoras necesarias en función de los resultados del mismo. Precisamente, el pasado mes de noviembre
tuvo lugar en Santiago de Compostela la firma de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y las consellerías de Ordenación del Territorio, Pesca y Medio Ambiente, con el objeto -cito literalmente- de llevar a cabo una gestión integrada de
las zonas costeras de Galicia.



Por esto creemos que es oportuno que se apruebe esta proposición no de ley que permita que, a través de este convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Xunta de Galicia, se pueda abordar, en primer lugar, un estudio
en profundidad de las causas que han modificado las deposiciones de arena y la erosión en la ría de O Vicedo y Barqueiro, y que, a continuación, se puedan poner en marcha las medidas y obras necesarias para corregir esta situación, con el fin de
evitar tanto el propio proceso de erosión y la destrucción de la playa de Arealonga y de su asentamiento anterior, como las negativas consecuencias económicas para los vecinos de O Barqueiro y O Vicedo.



La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. ¿Algún grupo quiere manifestar su postura? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada Ana Vázquez.



La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo hoy en sustitución de mi compañero Joaquín que, por motivos personales, no ha podido estar en esta Comisión, aunque le habría gustado mucho presentar esta iniciativa, puesto que es el portavoz de pesca
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.



Hoy se nos presenta aquí una proposición no de ley, después de esa descripción de esa maravilla de ría que algunos conocíamos, que en las seis líneas de su exposición de motivos poco o nada dicen del grave problema que sufre esa ría, y esto
confirma lo que habíamos dicho, que aquí se presentan algunas veces iniciativas por parte del Grupo Socialista con tal de ocupar un hueco para que el Partido Popular no las pueda presentar.



Usted dice que en noviembre ya se firmó un convenio entre la Xunta y el ministerio, y ahora nos dice que van a instar a que se haga un estudio sobre las causas. Esta diputada, que es miembro de la Comisión de Agricultura, ve cómo todos los
días el Partido Socialista presenta estudios para Galicia. Usted nos dice que necesitan actuaciones urgentes y lo que hace es instar al Gobierno a que se realice, en colaboración con la Xunta de Galicia un estudio sobre las causas de los cambios de
corrientes. Sinceramente les digo que si lo que quieren es ocupar un espacio al Partido Popular, ocúpenlo. Si lo que quieren es preocuparse por la ría de O Vicedo, preocúpense e insten al Gobierno a adoptar actuaciones urgentes, no a realizar un
estudio, porque esto es como no hacer nada. Mal anda este país si los diputados nos tenemos que dedicar a instar a los gobiernos a realizar estudios. Ustedes imagínense lo que la opinión pública o la sociedad o el consejo de O Vicedo van a decir:
Hay que ver lo que le preocupa al Partido Socialista, que van a hacer un estudio en vez de aprobar unas medidas urgentes, como usted decía, que es lo que realmente habría que aprobar. Siento vergüenza ajena de que usted


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venga al Congreso de los Diputados para que aprobemos un estudio. Pero ya que usted quiere que el Gobierno y que la Xunta estudien, pues que estudien, pero, como decía mi compañero Joaquín, mal andamos cuando llevamos once iniciativas de
pesca para Galicia y en las once ustedes aprobaron estudios. Dejen ya de estudiar, presenten actuaciones, hechos y realidades, que eso es lo que agradecerá el pueblo gallego, y no que ahora vengan para cubrir un espacio y nos pidan que realicemos
un estudio.



Para no darle a usted una mala mañana, vamos a votar a favor de ese estudio. Usted realice el estudio, dígale a la Xunta que lo realice, pero mientras, otras zonas costeras de Galicia sí se van a beneficiar de ese convenio firmado en
noviembre. Al concello de O Vicedo y a la ría de O Vicedo los va a ayudar realizando un estudio. Adelante con su estudio, va a contar con nuestro voto a favor para que realicen un estudio.



La señora PRESIDENTA: Damos la palabra al portavoz del Grupo Mixto, el diputado Rodríguez Sánchez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Está claro que el problema de la ría de O Vicedo tiene una doble vertiente: por un lado, una vertiente económico-social, relativa a la explotación de la almeja coquina, que está en franco retroceso y casi
desaparición precisamente por el cambio de corrientes que provocan un movimiento de arena en exceso para soportar como cubrimiento este tipo de bivalvos y, por otro lado, un aspecto de carácter paisajístico, medioambiental, e incluso diríamos que
turístico, que es la afectación a la playa de Arealonga y, por tanto, al retroceso del borde marítimo con todas las implicaciones que esto conlleva. Este doble aspecto supone que cualquier proyecto que se haga de conservación de los bancos de
almeja y de recuperación del borde litoral no sea un proyecto de maquillaje y a corto plazo, un tipo de actuaciones que se viene haciendo muy frecuentemente en Galicia y que no dan resultado.
Incluso en zonas muy próximas a O Vicedo hemos observado
que se han invertido bastantes millones de pesetas en la recuperación de la playa de la Magdalena, en Cedeira, con muy escasos resultados porque no se va al fondo del problema. Por tanto, si el Grupo Parlamentario Socialista presenta una
proposición no de ley que insta a hacer un estudio, si ese estudio se hace con rigor y seriedad, desde luego tendría que ser la fase previa a la elaboración de un proyecto, que esperamos no sea un proyecto que no atienda a todas las circunstancias
medioambientales que concurren en este caso. Se trata de hacer operaciones serias y con rigor y no operaciones de maquillaje como dije antes. Por tanto, aun siendo cierto que a veces se emplea la trampa de los estudios para retrasar la ejecución
de proyectos, creo que en este caso la prudencia, la cautela y el buen hacer deben conllevar un estudio riguroso de cuál fue el motivo del cambio de corrientes, si es posible, enfrentar ese cambio de corrientes con cierta eficacia, y si no es así,
la adaptación que se podría hacer a las nuevas circunstancias de la naturaleza.



Vamos a apoyar la proposición no de ley porque pensamos que es mejor ver las conclusiones del estudio y después opinar sobre cualquier proyecto, que no apoyar hoy un proyecto que, como algunos anteriores, pueden llegar a producir auténticas
barbaridades si se llegan a ejecutar, y que incluso provocaron la alarma social entre los propios vecinos del ayuntamiento.
Por tanto, cautela y prudencia, que no están reñidas con la eficacia y la rapidez dentro de lo asumible.



-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR IMPULSANDO MEDIDAS TENDENTES A FACILITAR EL ACCESO A LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001927.)


La señora PRESIDENTA: Como no hay más intervenciones, damos paso al siguiente punto del orden del día, el número 10, por el que se insta al Gobierno a continuar impulsando medidas tendentes a facilitar el acceso a las playas de la provincia
de Málaga a las personas con movilidad reducida. Tiene la palabra por el grupo proponente, el Grupo Socialista, el diputado Miguel Ángel Heredia.



El señor HEREDIA DÍAZ: Para los socialistas la discapacidad constituye una prioridad, ya lo dijo el presidente Rodríguez Zapatero cuando afirmó que el objetivo de este Gobierno era eliminar el déficit de ciudadanía a que están sometidos los
discapacitados. En este sentido, el Gobierno está impulsando importantes medidas de desarrollo legislativo que favorezcan el desarrollo al empleo de las personas con discapacidad y también en materia de sensibilidad universal. En nuestro país hay
3,5 millones de ciudadanos con discapacidad, representan el 9 por ciento de la población.
A ello hay que añadir que hay 1,4 millones entre 6 y 64 años, de los cuales 844.000 tienen problemas de difícil desplazamiento. Además, hay otros 2.100.000
con más de 65 años, de los cuales el 70 por ciento tiene idénticos problemas. Pero centrándome en la provincia de Málaga, tengo que decir que el 9,4 por ciento de la población son personas con discapacidad. Todas estas personas tienen que
enfrentarse a diario con la existencia de barreras arquitectónicas, un problema que se intensifica en el caso de personas que necesitan en sus desplazamientos sillas de ruedas. Hablamos de un problema que cada vez va a más, como consecuencia de que
la población alcanza edades más elevadas.



A mi grupo parlamentario le parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global en edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones para posibilitar la integración social y


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laboral de las personas con discapacidad, pero también para mejorar la accesibilidad en materia de playa. De hecho, aunque a primera vista no lo parezca, en ocasiones las playas, incluso las más despejadas y francas, resultan inaccesibles
para muchas personas, no solo para minusválidos, como en principio se pudiera pensar, sino también para otros colectivos caracterizados por una movilidad reducida, como la tercera edad. En este contexto, en una reciente reunión con responsables de
la Dirección General de Costas hemos podido conocer que durante la presente legislatura se han invertido en la provincia de Málaga más de 2 millones de euros, concretamente, 2.840.900 euros, para realizar 1.599 actuaciones en la mejora de la
accesibilidad en todos y cada uno de los municipios del litoral malagueño. Desde marzo de 2004 hasta la fecha, se han realizado en nuestra provincia 36 vados, 73 rampas de acceso, el arreglo de otras seis rampas, 15 escaleras, 1.385 pasarelas, 48
duchas lavapiés para personas con discapacidad, 35 plazas de aparcamiento, tres casetas de aseo y una mejora en barandillas. Concretamente, en Manilva se han invertido en esta materia 144.994 euros en la realización de cinco rampas de acceso, 100
pasarelas, 3 duchas lavapiés y una plaza de aparcamiento.
En el municipio de Estepona se han invertido 104.185 euros en la realización de tres rampas de acceso, 100 pasarelas y tres duchas lavapiés. En Marbella la inversión alcanza los 306.117
euros, se han realizado cuatro vados, 10 rampas de acceso, 200 pasarelas, 10 duchas-lavapiés y ocho plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. En Mijas se han invertido 6.086 euros. En Fuengirola la inversión ha sido de 98.830 euros;
en Benalmádena, 187.518 euros; en Torremolinos el gasto realizado alcanza los 189.196 euros; en Málaga capital, más de 40.000; en el litoral occidental se han invertido 42.000 euros en el acondicionamiento de la barandilla de acceso al Cantal;
en Vélez-Málaga, la cifra de inversión más alta de todos los municipios, alcanza los 425.320 euros, se han construido 20 vados, 21 rampas de acceso, se han arreglado otras tres rampas, ocho escaleras, 190 pasarelas, seis duchas lavapiés, seis plazas
de aparcamiento y una caseta de aseo; en Algarrobo se han invertido 81.746 euros; en Torrox, 334.677; y, por último, en Nerja, la inversión alcanza los 165.922 euros.



Para los socialistas es esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global en edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones para posibilitar, como decía, la integración social y laboral de las personas con
discapacidad, también lo referido en materia de playas. En este sentido, se hace necesario facilitar alternativas a unos ciudadanos que tienen derecho a gozar del medio natural y de las posibilidades de ocio que rodean al mismo, en este caso
concreto, las playas y el uso de una serie de servicios que existen a lo largo del litoral malagueño. Queda claro que se han impulsado numerosas actuaciones durante la presente legislatura, hablaba de alguna de ellas, creación de plazas de
aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, rampas de acceso para las playas, pasarelas sobre pilotes, itinerarios de madera sobre la arena, módulo de aseo y duchas adaptadas, y la inversión realizada es bastante elevada, como decía, más
de 2 millones de euros. No obstante, aún queda mucho por hacer en esta materia. En este contexto, instamos al Gobierno a continuar impulsando medidas tendentes a facilitar el acceso a las playas de la provincia de Málaga a las personas con
movilidad reducida.



Señora presidenta, quisiera terminar mi intervención felicitando al portavoz del Grupo Popular por el magnífico trabajo realizado y por la nueva responsabilidad del cargo que dentro de poco va a adquirir. Por eso quiero que mis últimas
palabras sean de felicitación al portavoz del Grupo Popular, Manuel Atencia.



La señora PRESIDENTA: Damos la palabra a los grupos que desean manifestarse. Por el Grupo Popular, el diputado Manuel Atencia.



El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta. Señorías, dejaré para el final las palabras del señor Heredia.



Vaya por delante que esta iniciativa, como ha dicho mi compañera en la intervención anterior, la señora Vázquez, al margen de otras consideraciones que después haré, parece que es fruto del intento del Grupo Socialista de, en vez de ejercer
la labor de impulso y control del Gobierno, tapar la capacidad de iniciativas que la oposición legítimamente no solo puede, sino debe plantear, y en este caso evitar que quepan en el cupo más iniciativas del Grupo Popular.



Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, muy genérica por cierto, que pretende simplemente ponerle altavoz a una gestión bastante discreta del Gobierno Socialista en materia de costas. Conviene recordar en la sede de la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados que la mejora de la accesibilidad a las playas en el conjunto de España era una prioridad, no solo desde los planteamientos nominales sino desde el punto de vista de los hechos, que impulsó y puso en marcha el
anterior Gobierno del Partido Popular y que en lo que se refiere concretamente a la provincia de Málaga se reflejó en el Plan de actuaciones en las costas que, si no me falla la memoria, se puso en marcha en el año 2002 y algunas actuaciones ya
fueron concluidas antes de terminar la anterior legislatura en cuanto a la mejora de la accesibilidad al conjunto de playas en la provincia de Málaga.



Nosotros vamos a votar a favor, evidentemente, sin que ello me impida hacer algún comentario. Está bien que se plantee, pero probablemente hubiera sido más útil que el Partido Socialista hubiese tratado de mejorar durante los últimos años
los presupuestos del Estado para que estas actuaciones que, según acaba de decir el señor Heredia, son tan necesarias -y nosotros lo compartimos, por eso precisamente el Partido Popular puso en marcha las actuaciones anteriores-, se hubiesen llevado


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a cabo e incluso mejorado, y para eso el Gobierno socialista debería haberse limitado a cumplir sus propios presupuestos. Si me permiten algunos datos, el presupuesto del año 2004 aprobado en esta Cámara a finales del año 2003 con mayoría
del Partido Popular, es decir presupuesto elaborado por el Partido Popular, contemplaba una partida de 897.000 euros o algo más para actuaciones de accesibilidad a las playas de Málaga, y eso es lo que se encontró el Gobierno socialista cuando llegó
al gobierno. En el presupuesto del año 2005, según respuesta del Gobierno de 31 de enero de 2007, no aparece ninguna partida específica para ello y tampoco en el presupuesto del año 2006, y eso requiere una respuesta parlamentaria,
independientemente de que no era obstáculo para realizar actuaciones porque venían de ejercicios anteriores. Más concretamente, en cuanto a la liquidación del presupuesto del año 2005, que es el último liquidado completamente, de un crédito inicial
para accesibilidad a las playas de Málaga de algo más de 317.000 euros, los compromisos a fecha febrero de 2006 eran solo 10.500 euros y las obligaciones reconocidas, 0 euros. Por tanto, señor Heredia, no voy a poner en duda la preocupación que
S.S. indudablemente tiene por las cuestiones que afectan a las minusvalías y a la accesibilidad a las playas, en concreto, pero no cuadra el discurso político con la realidad y el compromiso del Gobierno socialista.



Ha habido dos cosas que han cambiado en los últimos años. En primer lugar, hubo un gobierno en España, el Gobierno del Partido Popular, que hizo un esfuerzo claro y evidente por hacer inversiones en el litoral español en su conjunto, con la
construcción de paseos marítimos, senderos marítimos, actuaciones de protección del litoral, regeneración y accesibilidad a las playas, etcétera, que con todas las dificultades fue sacando adelante, y en este momento tenemos un Gobierno que habla de
eso pero cuyos presupuestos son escasos. Concretamente, como usted sabe, señor Heredia, en la provincia de Málaga, en materia de costas, en los últimos años se han producido traslados de los presupuestos iniciales de un año al siguiente, con lo que
muchas actuaciones se quedaban en el camino y otras no. Yo voy a hablar de cuestiones genéricas. Usted sabe, por hablar de cosas concretas, que el paseo marítimo de Poniente, en la ciudad de Málaga, este año no tiene las partidas que debiera, que
las actuaciones sobre las dunas de Artola se han ido demorando en el tiempo, que Linda Vista, el paseo marítimo de Chilches y la continuación del paseo marítimo del Rincón de la Victoria son actuaciones que año a año se van demorando, pero son parte
lateral del debate.



Hay una segunda cuestión que ha cambiado radicalmente: hasta el año 2004 -por cierto, ustedes llegaron al Gobierno a finales del mes de abril, lo que se hizo desde el 1 de marzo no es responsabilidad suya, creo que era de un gobierno que
estaba en funciones, pero si se lo quiere apuntar a mí me da igual, porque las cosas tienen continuidad en el tiempo-, concretamente en la pasada legislatura, cada vez que había un temporal parecía que era culpa del Gobierno, parecía que el señor
Aznar ordenaba el temporal de Levante que, además, llegaba a las playas de Málaga. Eso ha cambiado radicalmente. En este momento hay un Gobierno que habla y no hace. El anterior, probablemente, no hablaba y hacía. Antes había una oposición que,
de forma irresponsable, le echaba la culpa al Gobierno hasta de lo que no era su responsabilidad. Hoy no ocurre eso: el Partido Popular en ningún momento ha acusado ni a SS.SS. ni a su partido, ni a la señora Narbona de ordenar un temporal que se
lleve las playas de Málaga, como ha ocurrido recientemente. Eso no ocurrirá, porque, sabe usted una cosa, la demagogia tiene las patas muy cortas y, al final, cuando se actúa de forma demagógica, se termina volviendo contra cada uno, y desde el
afecto que le tengo, usted sabe que lo que le digo no es algo que le suene muy nuevo. Por eso, señorías, señora presidenta, votaremos a favor de la iniciativa, que es muy genérica, coincide absolutamente con lo que el Partido Popular planteó,
planificó y está realizando.



Para terminar, quiero agradecerle en este momento, señor Heredia, su cariño y afecto, asi como el de los miembros de esta Comisión de la Cámara. Como ha dicho el señor Heredia, mi presencia en esta Cámara va a ser por poco tiempo más y para
mí ha sido un honor representar a los ciudadanos de España, a los malagueños, en el Congreso de los Diputados y tenerles a todos ustedes como compañeros.



La señora PRESIDENTA: También le manifestamos nuestras felicitaciones en nombre de la Mesa. Creo que no hay más portavoces para manifestar su posición.



-RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO URBANO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002073.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el número 11, relativo a la renovación de las redes de abastecimiento urbano. El proponente es el Grupo Parlamentario Popular y la portavoz será la diputada Ángeles
Ramón-Llin. Adelante.



La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: En primer lugar, todos conocemos que el agua es básica para el desarrollo de las personas y se ha constituido a lo largo de la historia en un factor esencial para la práctica totalidad de los procesos
productivos humanos y, consecuentemente, el agua constituye en nuestros días el recurso más importante para el desarrollo económico. Siempre se ha dicho que el agua es el origen de la vida y sin ella no podríamos vivir, por lo que es básico que
todos los ciudadanos y ciudadanas dispongamos del líquido elemento.



En ese contexto, las restricciones que se producen al consumo condicionan una gran parte de esa actividad


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económica, como ha quedado patente por la sequía que hemos padecido, y lo que ha quedado claro a raíz de estas situaciones es que las políticas de ahorro de agua son fundamentales en todos los ámbitos y usos. En relación a los usos del
agua, hay que recordar, como hacemos en la exposición de motivos, que el uso agrícola presenta un mayor índice de consumo, con un 80 por ciento del total de agua consumida que va destinada al regadío, y es en este ámbito donde el ahorro que se
consigue a través de la modernización de regadíos es fundamental. En este sentido, el Gobierno del Partido Popular consideró que tanto en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, en su anexo de inversiones, donde cerca de un 30 por ciento se destinaba
a esa modernización de regadíos, como en los objetivos y actuaciones del Plan Nacional de Regadíos, horizonte 2008, se plasmaba claramente.



En segundo lugar, el consumo de agua lo ocupa, como bien saben, el abastecimiento urbano, que supone el 14 por ciento de ese consumo total de agua en España y que, según datos del Instituto Nacional de Estadística -y lo reitero a pesar de
estar en la exposición de motivos por su importancia-, en la encuesta del agua de 2004, las pérdidas que se producen en las redes de distribución se sitúan en una media del entorno del 20 por ciento, una cifra importante y grave. En ese sentido
tenemos claro que el abastecimiento urbano es una competencia municipal, pero también está claro que la mayoría de los municipios y ayuntamientos carecen de un presupuesto suficiente para proceder a esa renovación de las redes de distribución, que
es una de las actuaciones prioritarias para conseguir un ahorro efectivo de agua.



Por eso planteamos esta propuesta. Es cierto el hecho de que el programa de gestión e infraestructuras del agua, que es el más importante dentro del Ministerio de Medio Ambiente, que nos parece correcto, tiene destinado en el capítulo 6,
inversiones, una cantidad importante. Nos preocupa también y en su día lo denunciamos, que en los presupuestos del año 2007 el capítulo 6 del programa de gestión e infraestructuras del agua supone un descenso en la inversión respecto a 2006. Dada
esta problemática, con esta situación tan preocupante, como he dicho, si queremos garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones durante todo el año y evitar esas pérdidas que se producen por el paso del tiempo o por muchos otros problemas,
hay que invertir cantidades importantes en la renovación de las redes de abastecimiento de aguas. Ante esa imposibilidad de los ayuntamientos, hay que establecer nuevas fórmulas para que contar con recursos financieros y se puedan utilizar para
reponer y actualizar los elementos antiguos o de menor eficacia. Al hilo de esta cuestión, cabe remarcar que existe una directiva europea que pretende eliminar el fibrocemento de las redes de abastecimiento dentro de unos años, elemento que incide
más aún en la necesidad de realizar estas inversiones.



En esta legislatura hemos visto que la política del Ministerio de Medio Ambiente se ha centrado, por lo menos de palabra, en promover desaladoras de agua como única alternativa, pero no se han solucionado los problemas del agua. Con esta
propuesta nosotros queremos contribuir a esa línea que quedó patente con el Gobierno del Partido Popular y sobre la que se invirtió. Ante los graves problemas de abastecimiento que hay en muchas poblaciones de diferentes comunidades autónomas de
España, queremos incidir en esta cuestión. Nuestro objetivo es claro, sencillo y va en esa dirección a la que es difícil negarse: insta al Gobierno a que proceda a la firma de convenios con los ayuntamientos para renovar las redes de
abastecimiento urbano en los que se especifiquen los recursos financieros que aportaría cada administración para evitar las pérdidas de agua que, como he dicho, se sitúan según datos del Instituto Nacional de Estadística, en torno al 20 por ciento
que se están produciendo en esas redes de distribución y pretende conseguir un ahorro efectivo en una parte que no tiene la magnitud de los regadíos, la agricultura, pero que sí tiene una importancia grande y está en consonancia con todos los
principios que ha apuntado este Gobierno, aunque no se hayan llevado a cabo más que en algún aspecto. Esta es nuestra propuesta para la que solicitamos el apoyo de los grupos.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo quiere manifestar su postura? Tiene la palabra la diputada Carmen Ortiz, por el Grupo Parlamentario Socialista.



La señora ORTIZ RIVAS: En primer lugar, quiero hacer una reflexión.
Durante esta mañana el Grupo Parlamentario Popular ha cuestionado la utilidad de algunas iniciativas del Grupo Socialista, por lo que quiero también cuestionarme la
utilidad de ésta que presenta la señora Ramón-Llin sobre las redes de abastecimiento urbano. Le diré por qué. La iniciativa parte de un dato cierto, la pérdida en las redes de abastecimiento y muchas otras cuestiones que podríamos plantearnos hoy
en la Comisión acerca del agua de boca o el abastecimiento urbano. La exposición de motivos y el análisis de la iniciativa del Grupo Popular no es veraz pues ha omitido algunos datos ciertos (digo que omite porque estoy segura de que el Grupo
Popular y la señora Ramón-Llin los sabían pero no constan) de análisis y de legislación y no entra en el fondo de las cuestiones sobre abastecimiento urbano. Creo que el objetivo de la iniciativa es de nuevo hacer oposición al ministerio con una
PNL porque, como se señala en la exposición de motivos, el Grupo Popular y la señora Ramón-Llin saben que el abastecimiento urbano es competencia municipal, tal como recoge en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que establece con claridad
que en materia de abastecimiento y saneamiento todos los municipios, con independencia del escalón de población en el que estén situados, tienen asignada la competencia en la prestación de este servicio. Por otro lado y dentro de este ámbito, las
comunidades autónomas tienen competencia en aquellas obras declaradas de interés general y, en concreto, las de ordenación del territorio y urbanismo, así como las de auxilio a las corporaciones locales reduciéndose la competencia de la
Administración central a las obras declaradas de interés general del Estado puesto que, en su momento, transfirio a las comunidades


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autónomas el auxilio a las corporaciones locales en materia de abastecimiento urbano. En una reflexión que podría haber sido muy positiva e interesante se omite algo que no aparece en la iniciativa, aunque alguna referencia de pasada ha
hecho en la exposición verbal la señora Ramón-Llin, que es la Directiva-marco del Agua aprobada por la Unión Europea en 2000 y traspuesta a la legislación española, que sienta las bases de un nuevo paradigma y acentúa la gestión eficiente, la
recuperación de los sistemas hídricos y la participación social en política de aguas. Dentro de esta directiva-marco los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a repercutir el coste de los servicios relacionados con el agua tras el
correspondiente análisis económico de los mismos. Dado que se hace referencia a la falta de medios en los ayuntamientos, deberíamos poner sobre el tapete la citada directiva-marco y el precio del agua. Estamos en un período preelectoral municipal
y ante la preocupación del Grupo Popular por esta situación sería bueno recomendar a los futuros candidatos a los ayuntamientos que tuvieran en cuenta la necesidad de mejorar la gestión, de repercutir el precio del agua y, por tanto, de dotar de
recursos suficientes a los municipios para mejoras la gestión necesaria e independientemente, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas en el auxilio a los ayuntamientos.



Señorías, reitero que, como la Administración central en el ejercicio de sus competencias en materia de abastecimiento urbano se limita a la ejecución de las obras declaradas de interés general, el Grupo Socialista va a pedir el voto
negativo para esta proposición no de ley, que más que analizar la cuestión de fondo pretende hacer oposición con una PNL en la Comisión de Medio Ambiente.



-SOBRE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002074.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del día, número 12, relativo a la proposición no de ley para la profesionalización del personal dedicado a la lucha contra incendios forestales. Tiene la palabra la portavoz del Grupo
Popular, la señora Teresa de Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: La proposición no de ley que hoy presentamos trata, de incendios forestales. Creo que es bueno que hablemos sobre los incendios forestales ahora que es invierno y todavía estamos a tiempo de tomar algunas medidas.



Los incendios que se han producido en los últimos años en la época estival han sido, especialmente funestos. Al incalculable valor de las pérdidas de los recursos naturales de nuestra masa forestal, al incremento de las emisiones de CO2 que
se han producido, hay que añadir las tragedias que reiteradamente se vienen produciendo por la pérdida de vidas humanas. Así ha ocurrido en el verano de 2004 en los incendios de Huelva y de Sevilla, en el verano de 2005 en el incendio de
Guadalajara y en el verano de 2006 en los incendios acaecidos en Galicia. Esto por poner los ejemplos más significativos. Por cierto, ya estamos en febrero de 2007 y todavía no sabemos qué hay de verdad en las mafias que organizaron los incendios
en Galicia, como decía la ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, en los retenes despechados, si han sido acusados y están encarcelados y si el causante ha sido el bajo nivel sociocultural de los gallegos.



La política preventiva (por esto traigo esta propuesta en el mes de febrero) debe ser la base contra los incendios forestales. La célebre frase por todos conocida de que los incendios se apagan en invierno sigue estando de actualidad. A
las actuaciones de algunas comunidades autónomas, ya sea por falta de medios o por falta de previsión, como ocurrió en Galicia el pasado verano en el que durante el mes de julio se estaban contratando retenes contra incendios, son actuaciones que no
deben repetirse, pues no tienden a prevenir los incendios forestales.
Creemos que la temporalidad de los contratos de los retenes no ayuda a las labores de prevención. Muchas medidas se han tomado después de cada uno de los incendios que he
mencionado, algunas de ellas muy loables: se han aprobado reales decretos, se han otorgado indemnizaciones para las zonas afectadas, se han establecido prohibiciones... Todas las actuaciones que se adopten en este sentido siempre serán pocas,
porque de lo que se trata es de prevenir y evitar los incendios para conservar nuestra masa forestal como sumidero de CO2, como riqueza de muchas regiones y para preservar las vidas humanas.



Durante los últimos años, las comunidades autónomas han instando al Gobierno a incrementar la dotación de medios contra incendios forestales asignados a sus regiones y han reconocido la necesidad de profundizar en la profesionalización del
personal de las campañas, así como en la incorporación a las mismas de avances técnicos y tecnológicos. Aunque la política forestal debe ser una prioridad para todas las administraciones públicas, tanto la estatal como las comunidades autónomas y
las entidades locales, la disponibilidad de recursos económicos condiciona el desarrollo prolongado de ciertas actuaciones, lo que dificulta la profesionalización del personal dedicado a estas tareas. Evidentemente, la profesionalización del sector
no garantiza que se impidan los incendios, pero sí contribuirá seguramente a disminuir el porcentaje de riesgo. En España tenemos un plan forestal aprobado en el año 2002 que parece encontrarse en el olvido pero que está en vigor, en el que se
realizaba un estudio exhaustivo de las necesidades para la prevención, planificación y coordinación en la lucha contra incendios proponiendo diferentes medidas que en la actualidad quedan en el olvido. Una de estas medidas, que es la que traigo hoy
a esta Comisión, pretendía fomentar la profesionalización del personal


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que trabaja en la lucha contra incendios forestales. Porque consideramos que es esencial y contribuiría de un modo definitivo a prevenir, a limpiar el monte, a que el personal que se dedicara a la lucha contra incendios en verano estuviera
durante el invierno al cuidado del monte en la recogida de la biomasa y daría trabajo en el medio rural, traemos hoy esta iniciativa que consta de tres puntos: que se inste al Gobierno a que colabore con las comunidades autónomas a promover planes
de formación en el sector forestal; que recoja las partidas presupuestarias correspondientes para estos planes de formación, especialmente en el ámbito de la prevención y extinción de incendios y que establezca un convenio con las comunidades
autónomas y las partidas presupuestarias correspondientes encaminadas a la realización de trabajos forestales permanentes que conlleven una contratación continua de personal. Este personal recibiría la formación adecuada, se le contrataría de
manera continua para que pudieda trabajar todo el año: en verano en las labores de extinción y el resto del tiempo en las labores de prevención. Creo sinceramente que si evitamos la temporalidad de los contratos de los retenes, que en muchos casos
son estudiantes que se dedican a ello, personas muy dignas pero que carecen de la formación adecuada, se haría una gran labor en este país para prevenir los incendios y para el cuidado de nuestros montes y masas forestales.



La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la diputada Montserrat Colldeforns.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Señora De Lara, participo de la opinión de mi compañera Carmen Ortiz, que en la anterior proposición no de ley le parecía deducir que, más que analizar la cuestión de fondo, lo que ustedes querían era seguir -y
esto lo digo yo- haciendo un poco de demagogia. Le agradezco que haya reconocido que se han adoptado muchas medidas, pero repiten una propuesta que ya hubo en los Presupuestos Generales del Estado solicitando dotación para hacer estos convenios,
que ya fue rechazada en su día.



Ha subrayado S.S. una serie de cuestiones que me gustaría aclarar. La primera: el plan forestal no ha caído en el olvido, sino que se siguen firmando convenios con las comunidades autónomas en las materias previstas. No hace mucho el
Ministerio del Interior firmó con la Comunidad de Madrid un convenio en formación de extinción de incendios; el Ministerio de Fomento firmó convenios con Murcia, Madrid, Extremadura y Andalucía para la prevención de incendios en zonas cercanas a
las plataformas ferroviarias y le podría decir muchos más ejemplos. Hay una serie de actividades conjuntas entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas que parece que usted desconoce como, por ejemplo, la modificación de la Ley de
Montes, aprobada a instancias del Grupo Socialista, que establece que la Administración General del Estado será la responsable de diseñar las directrices comunes para la formación, preparación y equipamientos del personal. Esto es lo que se está
haciendo en este momento. Por otro lado, comunidades autónomas gobernadas por el Grupo Popular han presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Montes. Yo me pregunto por su coherencia, señorías. ¿Son
ustedes coherentes cuando las comunidades autónomas, todas, incluidas las del Grupo Popular, aprueban en conferencia sectorial en enero de 2005 unos compromisos comunes en la lucha contra incendios en la que reconocen explícitamente que están de
acuerdo con el reparto competencial, que van a defender, que van a actuar con responsabilidad y desde su capacidad financiera para trabajar conjuntamente en la extinción de incendios? Y ahora ustedes dicen que no; parece ser que esto no es
suficiente. También me parece poco serio recordar los incendios de Guadalajara y Galicia cuando ustedes saben que todas las medidas aprobadas se han adoptado, las actuaciones están hechas, se han implicado todos los ministerios, se ha informado a
este Congreso sobre todas las actuaciones, sobre el cumplimiento del Plan Guadalajara, etcétera. Me parece un poco exagerado hablar de esto porque no corresponde. Supongo que SS.SS. sabrán que hace 15 días la señora ministra informó ante una
Comisión del Senado de que en el año 2003 el Gobierno del Partido Popular declaraba para la prevención y lucha contra incendios forestales 51 millones de euros y en 2007 hay presupuestados exactamente el doble. En poco tiempo se han duplicado los
recursos de la Administración central para mejorar la prevención y lucha contra los incendios que siempre hemos dicho que es responsabilidad principal de las comunidades autónomas y que las funciones del Gobierno central tenían que ser las de apoyo,
en la medida de lo posible, con medios propios. No quiero insistir en las cifras, pero se han más que triplicado los medios materiales a disposición de las comunidades autónomas para actuar en el caso en que los necesiten. No obtante, siguen
diciendo que lo que hay que hacer es poner dinero para hacer convenios para formación de personal durante todo el año. Esto es no reconocer las competencias de cada comunidad autónoma.
Quiero comentarle que la Comunidad Autónoma de Andalucía
tienen acuerdos por los cuales casi están trabajando nueve meses del año y en la Comunidad Autónoma de Cataluña la extinción de incendios la hacen los bomberos, que es un cuerpo que trabaja, por decirlo así, todos los meses del año. Pedir que se
hagan convenios simplemente como una medida más para hablar de incendios no es serio.



Les ofrecemos una enmienda, sobre la que no se han pronunciado, que es la única coherente con la situación actual, tanto respecto de las competencias como con lo que está haciendo el Gobierno, por la que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a mantener sus esfuerzos en materia de formación y profesionalización del personal destinado a la lucha contra los incendios forestales, buscando en todas sus actuaciones el máximo nivel de colaboración con las comunidades autónomas.



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Me parece que es una enmienda razonable con los objetivos que tiene España -esto forma parte de otros objetivos de tipo ambiental-, que solo pueden alcanzarse por un efecto acumulativo de las medidas adoptadas por las distintas
administraciones, pero siempre dentro del respeto de sus competencias, con la exigencia de que ejerzan sus competencias y apliquen su responsabilidad y capacidad a aquello que les corresponde.



Me gustaría saber si están dispuestos a aceptar esta enmienda y ofrecen alguna transacción. En caso contrario, anuncio nuestro voto negativo a la proposición no de ley en sus términos actuales.



La señora PRESIDENTA: Si no hay otros diputados que quieren manifestar su postura, damos la palabra a la diputada De Lara para que manifieste su aceptación o rechazo de la enmienda.



La señora DE LARA CARBÓ: Vamos a rechazar la enmienda porque lo que dice no tiene sentido ni aporta nada.



-SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA FINCA DE PLANICIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BANYALBUFAR (ILLES BALEARS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002077.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, número 13, sobre la adquisición de la finca de Planicia en el término municipal de Banyalbufar (Illes Balears). Será presentada por la diputada de Esquerra Republicana
Oliva.



La señora OLIVA I PEÑA: En los presupuestos del Estado para 2007 hay una dotación de 30 millones de euros para la adquisición de terrenos del litoral para su protección integral de las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña,
Murcia y Valencia. Esta es una de las actividades propias de la Dirección General de Costas tal y como consta en las líneas de actuación del Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, en la Conferencia sectorial de medio ambiente, de julio de 2005,
también se mencionó la puesta en marcha de un programa para la adquisición de terrenos en zonas de servidumbre, de protección y adyacentes. El reciente informe sobre cambios de usos en el suelo del Observatorio de la sostenibilidad en España alerta
de que en Baleares hay una fortísima presión urbanística concentrada particularmente en la costa. Una tercera parte de la nueva superficie artificial se ha construido en el primer kilómetro del litoral, destacando el caso de Mallorca.



Apelando a estos antecedentes, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una proposición no de ley mediante la cual se propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a llevar a cabo las medidas y aporte los recursos
necesarios para adquirir la finca conocida como La Planicia a través de la Dirección General de Costas y en colaboración con la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears y del Ayuntamiento de Banyalbufar. Se trata de una finca de
unas 300 hectáreas que se encuentra en venta. El porcentaje de fincas públicas dentro de la zona protegida de Mallorca es muy bajo y esta adquisición contribuiría a compensar esta situación. Además, su compra facilitaría ampliar el número de
fincas públicas que empieza en Galaxó y que permitiría llegar al mar. Entre su rica diversidad vegetal, destaca la presencia del tejo, siendo una de las poblaciones más meridionales de Europa y uno de los pocos lugares donde se encuentra esta
especie arbórea.



Desde nuestro grupo, pensamos que los municipios y las comunidades autónomas deben ejercer con responsabilidad las competencias urbanísticas que tienen atribuidas. Esta responsabilidad pasa hoy, entre otros aspectos, por garantizar la
preservación de los escasos espacios litorales que quedan sin urbanizar. Asimismo, consideramos que la situación urgente de degradación de la costa exige una modificación de la Ley de Costas que amplíe la franja en la que se prohíbe la actividad
urbanística. Creemos que el Gobierno debería impulsar esta reforma, de lo contrario las exiguas partidas destinadas a la adquisición de fincas litorales poco podrían hacer ante el galopante proceso de deterioro que estamos viviendo. Por todos
estos motivos hemos presentado esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Para defenderla, tiene la palabra la señora Oliver.



El señor MATEOS MARTÍN: Puesto que la señora Oliver no se encuentra bien, la defenderé yo.



El Grupo Socialista al que represento ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley planteada por el Grupo de Esquerra Republicana y confío en que seamos capaces de llegar a un acuerdo en un tema tan importante como es
la protección del litoral. Entiendo que esta propuesta debe tener un fin electoralista o de propaganda, porque ya hemos visto que otro grupo, en este caso el Popular, ha anunciado que va a hacer propuestas en el mismo sentido. Es curioso que el
Partido Popular, que es responsable de la depredación de las Islas Baleares y con algunos alcaldes imputados por presunto delito urbanístico, pretenda presentar propuestas de compra de terrenos que ellos mismos recalificaron y, en cualquier caso,
degradaron. Como digo, recalificar fincas y luego proponer su compra se llama especulación.



Existe un programa de compras para el litoral pactado entre el Partido Socialista, Esquerra Republicana y otros; existen zonas prioritarias para compras de estos espacios, entre ellos, Baleares; existen proposiciones no de ley que inciden
sobre algunos municipios concretos de las Islas Baleares; existen propuestas para dotar de suficiencia


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económica al programa litoral de compras; es decir, existen los mecanismos necesarios para que el programa de compras en el litoral se pueda ejecutar. La experiencia nos demuestra que hablar de espacios o de fincas concretas supone,
básicamente, dos cosas. Una, incrementar el precio de la venta y, dos, la imposibilidad de la compra, justamente por el incremento de ese precio de venta. Por ello, en un tema tan delicado, mi grupo entiende que es necesaria la discreción a la
hora de llegar a acuerdos con los propietarios para efectuar esas compras, pues el presupuesto es limitado, desgraciadamente, y no da para comprar todo el litoral de las Baleares, ni siquiera de la isla de Mallorca.



Confío en llegar a un acuerdo con la enmienda de sustitución que hemos presentado y en caso contrario, anuncio el voto en contra de mi grupo.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo quiere manifestar su posición? Por el Grupo Popular, la diputada María Salom.



La señora SALOM COLL: El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con la compra de espacios litorales de relevancia ambiental y le gustaría que en los Presupuestos Generales del Estado, así como hay 30 millones para la adquisición de
fincas, la partida presupuestaria fuera muchísimo más elevada. Compartimos que una de las actividades propias de la Dirección General de Costas es la adquisición de terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre necesarios para su
protección y uso.
Compartimos esta opinión y, cuando el presidente del Gobierno era el señor Aznar y el ministro de Medio Ambiente el señor Matas, de acuerdo con la voluntad del Gobierno balear y de distintos municipios, se adquirieron una serie de
fincas. No compartimos una parte de la exposición de motivos de la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, donde dice que de llevarse a cabo los planes e iniciativas que están en marcha de una u otra forma, la
transformación de espacios litorales por la presión urbanística alcanzaría niveles de saturación difíciles de gestionar de forma eficiente. Eso es falso y al día de hoy, mentira. En Baleares se aprobaron unas directrices de ordenación del
territorio hace ya una serie de años, donde se dice que no podrá construirse ninguna urbanización nueva a menos de medio kilómetro de la costa. Y el representante del PSOE en esta Comisión, que sí tiene representación en Baleares, lo sabe.



No compartimos parte de la exposición de motivos de Esquerra Republicana de Catalunya. Hoy este grupo nos insta a comprar una finca, Planicia, que está en el municipio de Banyalbufar. Nos llama la atención que Esquerra de repente y sin
justificar demasiado esa finca, la ponga sobre la mesa en el Congreso de los Diputados para su adquisición. He de informar a la Cámara y a los miembros de esta Comisión de que, hoy por hoy, en las Islas Baleares hay una serie de prioridades a la
hora de adquirir determinadas fincas que están en el litoral. Y son prioridades diversas de distintas instituciones y formaciones políticas. El Gobierno balear ha dado unas prioridades para adquirir unas fincas en Mallorca, otras en Menorca y
otras en Ibiza y Formentera. De igual manera, en el Ministerio de Medio Ambiente, presidido por la señora Narbona, hay una relación de prioridades. Los ayuntamientos y los consells insulares también se han manifestado al respecto y dentro de este
listado no figura la finca Planicia. Hay unas prioridades en función del valor ecológico de la finca, del mayor o menor interés social en la protección de un determinado espacio del litoral de las islas. No comparto la opinión del representante
del Grupo Parlamentario Socialista que dice que hay que ir con cuidado a la hora de adquirir una finca, que hay que ser prudentes.
El PSOE en Baleares ha manifestado sus preferencias sin ningún problema y eso no quiere decir que es posible alterar
el precio o especular con eso.
Se, ha marcado unas prioridades sobre las fincas que consideran que se deben adquirir en las Islas Baleares. En ninguno de estos listados está la finca de Planicia, que no está pegada al mar y que, al día de hoy, no
figura en ninguna de las prioridades. En el mes de marzo se debatió una proposición no de ley en esa misma Comisión sobre la adquisición de determinadas fincas en las Islas Baleares en la que Esquerra Republicana presentó un listado de fincas que
se tenían que adquirir en la isla de Mallorca y en él tampoco figuraba la de Planicia. El Partido Popular no se va a oponer a que se adquiera esta importante finca en la isla de Mallorca, aunque desde Baleares nosotros hemos dado otras prioridades.
No obtante, todas aquellas iniciativas que redunden en adquirir determinados espacios de alto valor ecológico, siempre y cuando se hagan de acuerdo con el Gobierno de las Islas Baleares y de los municipios afectados, nos parecen muy bien, por lo que
nos vamos a abstener. Si la portavoz de Esquerra Republicana acepta la enmienda del Grupo Socialista, evidentemente no nos podemos oponer y vamos a votar pero quiero matizar que la enmienda del Grupo Socialista no añade nada nuevo, ya está
aprobado, es más de lo mismo y no aporta nada al debate político. Lo que sí le pediría al portavoz del Grupo Socialista son menos palabras, menos hablar, y que el ministerio compre alguna finca, ponga el dinero sobre la mesa y llegue a algún
acuerdo con el Gobierno de las Islas Baleares, que están deseosos de llegar a acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente para adquirir determinadas fincas en las Islas Baleares.



La señora PRESIDENTA: Si ningún grupo más quiere manifestar su posición, tiene la palabra la diputada de Esquerra Republicana, señora Oliva, para aceptar o rechazar la enmienda del Grupo Socialista.



La señora OLIVA I PEÑA: En principio no la aceptamos.



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-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APOYAR E IMPULSAR LA PRESERVACIÓN DE NUESTRO ENTORNO NATURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001834.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley número 5 del orden del día, por la que se insta al Gobierno a apoyar e impulsar la preservación de nuestro entorno natural. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Casaus.



La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Como bien dice la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, nuestro grupo se siente especialmente vinculado con la preservación de nuestro entorno natural, al igual que muchos ciudadanos que
forman parte, como voluntarios en acciones de defensa del medio ambiente a través de las organizaciones no gubernamentales. Debemos impulsar de una manera decidida políticas acertadas en el ámbito del medio ambiente, coordinándonos adecuadamente
con la estrategia que llevan a cabo las ONG y las instituciones en la búsqueda de soluciones satisfactorias para aclarar las numerosas zonas oscuras que actualmente encierran las políticas medioambientales.



La protección del medio ambiente es actualmente uno de los retos principales a los que se enfrenta Europa. Se ha criticado mucho a la comunidad por favorecer la economía y el desarrollo de los intercambios comerciales en detrimento del
impacto en el medio ambiente. En la actualidad se reconoce que el modelo de desarrollo no puede basarse únicamente en el agotamiento de los recursos y en el deterioro del medio ambiente. Este Gobierno es consciente de que la situación y las
perspectivas de sostenibilidad de nuestro desarrollo deben responder a la triple dimensión: económica, social y ambiental.



El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley que el Grupo Socialista no va a aceptar porque entra en competencia con las comunidades autónomas y no suma sino que transforma la síntesis de esta
proposición no de ley. Me explicaré: para la convocatoria de este año de los Presupuestos Generales del Estado de 2007 se contempla un aumento del 25 por ciento para proyectos ambientales, alcanzando una cifra de hasta 17,2 millones de euros. En
el año 2006 se han financiado proyectos ambientales por un total de 13,8 millones de euros, un 26,4 por ciento más que en el año 2005. En esta convocatoria del año 2007 se tiene previsto realizar dos convocatorias diferenciadas; una más general,
para empresas tanto públicas como privadas, pymes, universidades, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, centros de I+D públicos y privados, agrupaciones o consorcios de investigación; y otra ad hoc para organismos públicos de investigación
(OPI) de la Administración General del Estado y para todas aquellas entidades pertenecientes al sector público estatal que no tengan cabida en esa primera convocatoria. Ambas convocatorias llevan una actualización en la línea de I+D+i, incluyendo
grandes novedades para este 2007. Este Gobierno ha sido el único que ha dotado presupuestariamente tanto para gasto capital como para gasto corriente a estas organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, el Estado en materia medioambiental no
tiene competencias todavía. Las competencias en gestión ambiental son de las comunidades autónomas. Por lo tanto, si creamos un fondo, como dice la enmienda presentada por el Partido Popular, serán las propias administraciones autonómicas las que
lo rechacen ya que son ellas las que quieren repartir esos fondos en función de sus prioridades dedicándolos a ONG, a planes de residuos, etcétera. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo ocupa la Presidencia.)


En cuanto a la intención principal de nuestra enmienda, cual impulsar y apoyar a esas organizaciones no gubernamentales, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con esos grupos de expertos para legislar sobre las leyes que está elaborando y
la ministra convoca puntualmente a ONG y expertos medioambientales para desarrollar sus programas en el ministerio, es decir, todos los procesos han ganado transparencia desde el Gobierno del Partido Socialista. Les puedo decir que la semana pasada
para tratar proyectos de cooperación internacional y ver el contenido de la futura Ley de Aguas que iba a realizar el ministerio, el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente se entrevistó con representantes de las ONG Ecologistas
en Acción, Acsus-Las Segovias e Ingenieros sin Fronteras, porque el Ministerio de Medio Ambiente recoge las propuestas de estas ONG y expertos medioambientales.



Para finalizar, me gustaría hacer una reflexión en voz alta y es que hoy ya no se puede discutir, sino que debemos es matizar las características del desarrollo de España. Lo que nos importa es decidir si esto es lo que queremos en materia
de energía, transporte, turismo, ordenación del territorio y urbanismo, es decir, en calidad de vida, tanto ahora como para el futuro. Entre todos los voluntarios de esas ONG, todos los parlamentarios y todos los ciudadanos, en definitiva, debemos
pensar si estamos dispuestos a emprender los cambios necesarios para conseguir más y mejor desarrollo, con más futuro y para más personas. El Gobierno está dispuesto a afrontar este cambio necesario y cada vez más urgente con la participación de
toda la ciudadanía.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Para el turno en representación del Grupo Popular tiene la palabra don Antonio Erías Rey para la defensa de su enmienda.



El señor ERIAS REY: Después de escucharla, señora diputada, entro en una cierta perplejidad entre lo que dice su iniciativa, que es a lo que me remitiré a continuación, y lo que acaba de exponer que, matiza bastante el texto poco afortunado
de esta proposición no de ley,


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particularmente en lo referente a esta exposición de motivos. Me referiré a la proposición no de ley y a las enmiendas que este grupo ha presentado para mejorar la iniciativa que el Grupo Socialista pretende llevarse a cabo y que ya he
conocido, por boca de su portavoz, que no se van a aceptar.



Pues bien, afortunadamente la protección del medio ambiente no es patrimonio de los socialistas, tal y como parece desprenderse de la lectura de la exposición de motivos de su proposición no de ley, sino que hoy en día se contempla como un
derecho llamado de tercera generación de los derechos humanos, es decir, forma parte de los derechos de solidaridad y, por ello, toda persona desde su nacimiento tiene derecho a vivir en un ambiente sano y no contaminado de polución y de ruido.
Este hecho, que resulta muy difícil de materializar y que dista mucho de estar alcanzado universalmente para toda la población, ha sido una conquista de todos -por eso me alegra escucharle a usted hablar de todos- por el empeño de la comunidad
internacional, particularmente de la ONU, y que una vez logrados los derechos de libertad, civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, sea posible plantearse tanto a nivel global como local el alcanzar entre todos nuevos derechos y
visualizar cómo gracias a una solución solidaria es posible mejorar y preservar el medio ambiente natural para conseguir una transformación progresiva del sistema económico y productivo que, ciertamente, creemos mejorable pero que para alcanzarlo es
necesario llevar a cabo una mutación notable de las conductas de todos, fomentando un mayor respeto mutuo y la tolerancia, pero defendiendo la amplitud de miras, evitando los tópicos consabidos, eliminando los absurdos localismos y rechazando la
marginación de quien no piensa, no habla o no vive como nosotros.



Señora diputada, a la luz del contenido de su exposición de motivos, su proposición no de ley tiene a mi juicio un claro desenfoque y son patentes sus prejuicios y su incomprensión hacia el fenómeno de la creación de renta, riqueza y empleo
en la sociedad actual. Le digo esto desde el más absoluto de los respetos, pero con la más firme voluntad de rigor, pues reitero que la exposición de motivos está cargada de preconceptos, valoraciones y vaguedades. Sirvan algunos ejemplos:
'modelo neoliberal impuesto por la derecha', espero que haya sido a través del voto de los ciudadanos en una sociedad democrática como en la que vivimos; 'postura de planificación mercantilista'; 'los socialistas apuestan más que por la variable
económica, por otras dos' -no debe estar bien redactada la proposición no de ley, pienso yo que le falta algunos por para que se pudiera entender lo que quiere decir y, además, le falla la redacción cuando usted entiende que sería necesario apostar
por el desarrollo social y el desarrollo sostenible. Usted lo ha dicho ahora, si habla de desarrollo sostenible ya está hablando de desarrollo social, económico y ambiental. Independientemente de que lo que nos separa es abundante en la forma y en
el fondo, queremos ser muy cuidadosos con lo que en su PNL denomina -entrecomillo- los socialistas. Sé que tiene buenas intenciones cuando lo dice y, sin dudar de ellas, como escasean los resultados reales, me preocupa ver cómo una vez más se aleja
de la realidad cuando son ustedes, los socialistas según dice: los que deben impulsar políticas acertadas en el ámbito del medio ambiente para aclarar las numerosas zonas oscuras. No sé qué sospechas o luces es necesario proyectar sobre la
realidad. Explicítelas, no las insinúe solamente. De nuevo, la historia la contradice y confirma que no existe actualmente ningún Estado socialista que haya sido capaz de conjugar satisfactoriamente crecimiento económico y protección del medio
ambiente.
Usted ha puesto muchos ejemplos, pero yo voy a citarle alguno más: las actuaciones de este Gobierno, denominado socialista en términos genéricos, a los problemas de las Tablas de Daimiel, a los trasvases paralizados. No olvidemos en
este sentido que, bajo su óptica, el crecimiento económico del que alardean tanto, del 3,7 por ciento del PIB en el último año, es un modelo basado en un consumo intensivo, en la economía de la construcción que ustedes criticaban tanto pero que no
han transformado para nada y en la poca sostenibilidad de los recursos utilizados. Si usted predica esto, explíqueselo también al señor Solbes y a la señora Narbona que, sin ninguna duda, se lo van a agradecer. Creo que sería bueno que
reflexionemos hoy y debatamos en esta Cámara, ya que es muy sugerente el tema, sobre la necesidad que existe de llevar a cabo entre todos los retos que la sociedad actual nos plantea gracias a la participación y a una filosofía del consenso. Que
cuando se debata de un nuevo bien global, lo hagamos con el máximo rigor y respeto, especialmente para que aquellos que tenemos unos principios tan válidos como los suyos y que no compartimos en modo alguno su manera de hacerlos factibles y
alcanzarlos, seamos cuando menos tenidos en cuenta, no excluidos ni categorizados como algo que está fuera de este escenario que describen como idílico y deseable. La protección y preservación de nuestro entorno natural es no solo una política
prioritaria de las administraciones, sino que también tiene que ver con el comportamiento de las empresas, con el trabajo de las ONG y con el esfuerzo de todos aquellos que, tanto desde la Administración pública como desde la esfera privada, tenemos
el empeño de dejarles a nuestros hijos un mundo mejor que el que heredamos de nuestros padres. Nosotros no nos proponemos un apoyo indeterminado, que es lo que la proposición no de ley formula, sino que creemos que este apoyo es conveniente
concretarlo y no dejar que sea, una vez más, de manera discrecional la Administración central la que indique qué hacer. S.S. ha enumerado un conjunto de subvenciones que veo publicadas en el BOE y me parece magnífico el apoyo, pero es necesario
que nos indique qué hacer y por qué. Por eso hemos presentado tres enmiendas de adición: la creación de un fondo adicional para cooperación con las ONG, que no debería estar reñido con los recursos tan importantes que están solicitando, que no
entraría en conflicto con las comunidades autónomas. En su opinión, lo que se está haciendo


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no entra en conflicto pero lo que se pretende ampliar si presenta un grave conflicto. Lo entiendo perfectamente.



En segundo lugar, la creación de un registro único de cooperación con el resto de las administraciones, con la estatal, la provincial, la local, así como, con las internacionales para que cuando estos concursos se lleven a cabo no exista
duplicidad en el gasto público y seamos eficientes a la hora de gastar los recursos que son de todos, no es un principio antediluviano, ni entra en grave conflicto con aquellos que tienen la responsabilidad de ejecutar el presupuesto público.



En tercer lugar, fomentar de forma activa la protección del paisaje. No sé qué problema hay, si queremos la protección del entorno natural, en suscribir la Convención de Florencia. No sé qué problema existe para desarrollar
jurídicamente... Entiendo los problemas que laten detrás, pero el Ministerio, que es quien debe tutelar y valorar todo eso que en principio reclama como un deseo, debe hacerlo realidad. Porque si no lo hace realidad, esto es papel quemado,
intenciones, preconceptos sobre lo que es bueno y discutir sobre preconceptos es muy complicado. Yo quiero hablar de una realidad.



Resultan evidentes las consecuencias que se derivan de su proposición no de ley. No quiero que se entienda que pretendo hacer un debate en términos de preservacionismo o conservadurismo, un debate ideológico. Lo que quiero manifestarles es
que detrás de su PNL laten muchas ideas que se están extendiendo en esta sociedad de una determinada manera, no sé porqué, quizá porque no se clarificaron convenientemente, pero el impulso al tercer sector, a las ONG, no ha venido de la mano de los
socialistas.
Si ha venido de alguna mano, ha sido de la del modelo político liberal sobre la base que usted, criticándolo y detestándolo tanto, ha fomentado en este modelo: un nuevo espacio para que estas actividades no fueran únicamente llevadas
a cabo por el sector público. Hemos hecho posible, entre todos, que la sociedad civil lidere también parte de lo que algunas ideologías dejaron exclusivamente al espacio estatal y, en particular, en todo lo que tiene que ver con esa tarea de...



La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señor diputado, lamento comunicarle que ha terminado su tiempo. Finalice ya, por favor.



El señor ERIAS REY: Lo que sí es verdad es que en las propias ONG existen gran número de ideologías. En ellas subyacen distintos planteamientos. Le felicitamos porque compartimos su exposición, pero si yo leyera la iniciativa que usted
trae hoy aquí, haría una intervención muy diferente de la que estoy haciendo. Si leo el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, me llena de perplejidad el texto del Grupo Socialista, que se entiende moderno y comprometido con la
sociedad civil, que sabe que debemos mejorar entre todos lo que hemos recibido para que el futuro sea mejor que el que disfrutamos en estos momentos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Con este espíritu hago mi intervención. Con este
espíritu le dije ayer que no entendía cómo estaba escrita la iniciativa.
Veo que han modificado un poco la exposición de motivos y se lo agradezco. En todo caso, que conste que si no admiten estas enmiendas, el Grupo Popular votará en contra,
porque no hay coherencia alguna entre lo que disertan y lo que transcriben en un texto.



La señora PRESIDENTA: ¿Quiere dar usted su opinión con respecto a la enmienda?


La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Solo decir que S.S. no ha entendido el fondo de la proposición no de ley. Dicen que es una enmienda técnica, pero nosotros no consideramos que se trate de tal porque invade competencia y la gestión ambiental
depende de las comunidades autónomas.



La señora PRESIDENTA: Señorías, según el Reglamento no hay turno de réplica. Si después los portavoces hablamos de este tema y queremos cambiarlo, lo podemos discutir, pero es conveniente que todos respetemos el Reglamento.



-RELATIVA A LAS OBRAS DE EJECUCIÓN EN COMPENSACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE LA OBRA DEL PANTANO DE BERNARDOS EN SEGOVIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001892.)


La señora PRESIDENTA: Damos paso al siguiente punto del orden del día, el número 7, relativo a las obras de ejecución en compensación de la supresión de la obra del pantano de Bernardos en Segovia, presentado por el Grupo Popular. Tiene la
palabra el portavoz Jesús Merino.



El señor MERINO DELGADO: El origen de esta proposición no de ley se inicia en Segovia, en el verano de 2004, cuando la ministra de Medio Ambiente, recién nombrada, declara en Segovia que suprimirá la presa de Bernardos y que ese presupuesto
de 60 millones de euros se quedará en obras en la provincia. Ese presupuesto, que venía ya en el presupuesto de 2004 y anteriores, intentamos en el año 2005 que se pudiera incorporar mediante la correspondiente enmienda, que no fue aceptada. A
finales del año 2005, planteamos de nuevo esta cuestión y en respuesta escrita se nos contestó que en ese año el Gobierno no llevó a cabo obra alguna porque no había finalizado la evaluación de disponibilidad de los recursos. En abril de 2006 se
presentó esta proposición no de ley, -es decir, estamos hablando ya de hace casi un año-, pero todavía no se ha hecho el proyecto de regulación del río Eresma, ni obras en compensación de la presa de Bernardos en el resto de la provincia. El 19 de
diciembre de 2006 realicé una nueva pregunta al secretario general para el Territorio y de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, dado que la ministra


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no había dado aún respuesta a los problemas planteados. La pregunta que realicé era la misma que vengo realizando al ministerio desde finales de 2004: ¿Qué obras piensa realizar en Segovia con cargo a la partida de 62 millones de euros
presupuestados en el año 2004 y anteriores? Pues bien, a día de hoy, 21 de febrero de 2007, todavía no se ha hecho nada. El secretario para el Territorio y la Biodiversidad contestó que las alternativas estudiadas hasta el año 2004 no eran
válidas, lo cual es coherente con la doctrina que sigue manteniendo el Gobierno socialista, según la cual todos los proyectos del Partido Popular no le sirven y hay que cambiarlos, pero como en tantas materias, se pretende ese cambio sin
alternativas. No se han hecho nuevas redes de regadío, no se han hecho las pequeñas presas de abastecimiento que él mismo citaba en su respuesta y, por tanto, no se ha empezado nada. Añadió algo importante: que los 62 millones de euros siguen
estando en la Sociedad de Aguas del Duero a disposición del proyecto. Eso lo dijo literal. Continuó afirmando que las obras de abastecimiento son competencia de la Junta de Castilla y León y que contaban con recursos para hacer convenios porque es
la única manera de que pudieran actuar, dado que no son obras de interés del Estado.
Mientras esto se decía, el ministerio estaba ejecutando en su totalidad y a su cargo obras de renovación de toda la red de abastecimiento de Riaza por 750.000
euros, en convenio con la Junta ,y no eran obras de interés del Estado.



Tal como hice en la pregunta al secretario general, propongo hoy de nuevo cuatro proyectos viables de bajo coste y que puede ejecutar el ministerio para compensar esa supresión de 60 millones. En primer lugar, el crecimiento del río Tejo en
El Espinar, localidad que en verano supera los 40.000 habitantes, que tiene graves problemas de abastecimiento y que, por tanto, necesita esa obra. En segundo lugar, el abastecimiento a la Mancomunidad de La Atalaya, que hoy se abastece en gran
parte con cisternas todavía. En tercer lugar, la presa en el río Viejo y, en cuarto lugar, el abastecimiento a catorce pueblos de la Mancomunidad del río Eresma. Pues bien, después de hablar con el portavoz del Grupo Socialista, señor Simón, que
ha hecho un esfuerzo importante para llegar a una enmienda de sustitución consensuada -que debo reconocer porque ha estado más de una hora hablando con los organismos correspondientes, de tal forma que estas importantes obras se acepten para ser
ejecutadas por el Gobierno a la mayor urgencia-, hemos llegado a un texto consensuado y esperamos que el ministerio cumpla este mandato parlamentario en la literalidad de esa enmienda de sustitución.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra para defender su enmienda por el Grupo Socialista, señor Julián Simón.



El señor SIMÓN DE LA TORRE: Muy brevemente, porque la enmienda transaccional que va a dar satisfacción no a mí sino a los segovianos y ciudadanos que están demandando unas actuaciones, algunas de las cuales, por cierto, están ya iniciadas.
Decía su compañero Merino, que ha hablado en defensa de la anterior proposición no de ley, que se quedaba perplejo porque en su exposición oral mi compañera había cambiado lo recogido en la proposición no de ley. Yo no me quedo perplejo. Me parece
lógico lo que ha hecho usted, porque lo que estamos tratando no tiene nada que ver con la exposición de motivos. Muestro, aquí mi alegría por cambiar los términos y hablar sensatamente. Pero también quiero dejar constancia en el 'Diario de
Sesiones' de algunas cuestiones que se criticaban en la proposición no de ley. Estamos hablando de la ejecución de la presa de Bernardos en la provincia de Segovia y la Sociedad Estatal de Aguas del Duero tenía encomendada la ejecución de la
actuación que denominamos la regulación del Eresma, por un valor de 62.050.000 euros, de los que el 43 por ciento corría a cargo de la sociedad estatal y el resto, como decía el secretario de Estado en tiempos del Partido Popular, se obtendría de la
aportación del capital privado o de los futuros usuarios. No es cierto, como su grupo señala en la proposición no de ley, que el Gobierno socialista haya suspendido estas obras única y exclusivamente por el hecho de haberlas iniciado el Gobierno
del Partido Popular, sin tener en cuenta su utilidad o del perjuicio público causado. No es cierto y lo diré brevemente: que me parece que esto es utilizar la demagogia, porque el Gobierno actual no anula el proyecto. Si no, cómo se entiende que
en las alegaciones en las que se personan instituciones como la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, la Diputación Provincial de Segovia, gobernada por el Partido Popular, ¿también éstos iban contra las actuaciones y los
proyectos del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno nacional? No; está claro. Ni estas instituciones, ni todos los ayuntamientos afectados, ni las asociaciones ecologistas, ni siquiera los 1.851 particulares iban genéricamente contra una
actuación proyectada por el Gobierno popular; iban con sus alegaciones lógicas y tan lógicas que luego la declaración de impacto ambiental fue negativa para la presa y por eso no se hace la presa, no porque alguien tenga mala voluntad contra
alguien. No se hace la presa, se suspenden las obras, pero el Gobierno ha procedido al estudio de posibles alternativas a la presa de Bernardos para la regulación del Eresma y que se cumplan los objetivos previstos, que son: garantizar el
abastecimiento humano, consolidar los regadíos existentes y restaurar acuíferos degradados. Por eso, el modificado número 3 del convenio de gestión directa del agua del Duero, que será aprobado muy en breve por el Consejo de Ministros, contempla la
sustitución de la actuación o regulación del río Eresma, es decir, la presa de Bernardos, por una nueva actuación denominada aportación de caudales a zonas de especial contaminación afectadas por el embalse de Bernardos. ¿Qué engloba? Una serie de
actuaciones nuevas de regulación, abastecimiento y recarga de acuífero.



A esto que acabo de señalar le podemos añadir la actuación que ya ha llevado a cabo en la zona regable


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del Adaja que va a suponer liberar dicha superficie del riego con aguas subterráneas y paliar la sobreexplotación del acuífero de Los Arenales, así como la puesta en riego con aguas superficiales de 7.396 nuevas hectáreas. Lo que yo quería
significar, es que, entre lo que usted dice de la proposición no de ley y lo que acaba de exponer aquí, se pone de manifiesto que no se puede hablar de supresiones unilaterales arbitrarias sino de aplicación de la ley. Cuando el estudio de impacto
ambiental es negativo el ministerio no cierra y se olvida de actuar ahí, sino que ha seguido actuando con otros hechos complementarios. Además, usted ahora propone algo más, es decir, aunque el ministerio está actuando en eso, usted proponía
genéricamente, aunque luego lo hemos especificado, que el dinero se destine también en Segovia. Como el ministerio y el Gobierno socialista quieren solucionar los problemas que ustedes dejaron a los segovianos, vamos a llegar a un acuerdo. No vale
de nada que usted me hablase genéricamente en su proposición no de ley, no vale que yo genéricamente pudiera poner una enmienda, sino que hemos sido sensatos los dos y capaces de llegar a un acuerdo. Así se llega a una transaccional con la que
estoy de acuerdo. Vamos a instar al Gobierno para el recrecimiento de la presa del río Tejo en El Espinar, para la presa del río Viejo y para el abastecimiento a la Mancomunidad del río Eresma.Sin embargo, quiero dejar clara una cuestión:
intentemos que se realicen los estudios tendentes a conocer las necesidades de abastecimiento a la Mancomunidad de La Atalaya. Quiero dejar eso así de claro, porque usted sabe como yo los problemas que hay de falta de agua y de crecimiento. Entre
todos también habrá que poner la mano en la llaga porque, hay un crecimiento demográfico que sin agua no se puede o no se debe dar. Vamos a llegar al acuerdo, le repito que hay voluntad por parte del Gobierno y de mi grupo de solucionar problemas
heredados en la provincia de Segovia.



Para terminar, permítame que le diga, que seremos otra vez los socialistas los que ocho años después resolvamos aquellos problemas que ocho años antes seguían estando y que a lo largo de esta legislatura se van a terminar.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo quiere manifestar su posición? Entonces damos la palabra al Grupo Popular para que muestre su postura con respecto a la enmienda.



El señor MERINO DELGADO: Estos problemas de abastecimiento en algunos casos, en parte de esos municipios, han sido resueltos por la Junta de Castilla y León, pero no es de ahora el tema, ni siquiera de hace ocho años. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señor Merino, usted sabe que es sólo para aceptar o rechazar la enmienda. No hay turno de réplica.



El señor MERINO DELGADO: Por nuestra parte, es lógico que como hemos llegado a un acuerdo sobre el texto de la enmienda, la consideremos aceptable.



La señora PRESIDENTA: Damos por terminado el orden del día. Suspendemos un minuto la Comisión para que puedan ordenar a sus votantes.



Hemos esperado unos minutos por cortesía parlamentaria, pero entendemos que hay que empezar, porque también es una descortesía para los que están esperando. Vamos a proceder a las votaciones.



Punto número 1, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. A esta proposición hay una enmienda transaccional, que vamos a leer. La enmienda dice: Punto número 1: 'Garantizar el uso público o reservado de los
faros situados en la costa catalana, de acuerdo con la legislación que regula la autorización de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal, de cuya gestión se ocupan las autoridades portuarias. Punto número 2: En el
plazo máximo de un año, dar respuesta al interés expresado por el municipio de Calella respecto a la suscripción de un convenio entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria de Barcelona que suponga el otorgamiento de una autorización o concesión
al consistorio, con el fin de que las instalaciones y terrenos adyacentes al faro de Calella tengan el uso que se convenga, garantizando en cualquier caso a la autoridad portuaria la no afectación del ejercicio de sus competencias de gestión de las
ayudas a la navegación.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



En segundo lugar se votan las proposiciones no de ley números 2 y 3, que se han tramitado conjuntamente y se van a votar conjuntamente. Hay una transaccional a las dos proposiciones no de ley a la que voy a dar lectura. Punto número 1:
Instar al Gobierno a estudiar a la mayor brevedad posible el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Poio de acondicionamiento de la ribera de las rías de Pontevedra en el tramo de San Salvador (A Barca) a fin de autorizar la realización del
mismo. Punto número 2: A estudiar a la mayor brevedad posible el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Poio de creación de espacios verdes en Lourido a fin de autorizar la realización del mismo. Punto número 3: A tener en consideración
ambos proyectos dentro de las actividades que contemplan las partidas de recuperación y protección de sistemas litorales en Pontevedra y dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Pontevedra contemplados en los Presupuestos Generales del
Estado de 2007.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Por unanimidad quedan aceptadas. (La señora Pan Vázquez pide la palabra.)


Señora Pan.



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La señora PAN VÁZQUEZ: Para aclarar el voto que acabamos de hacer, pido la palabra por menos de medio minuto. (Protestas.)


La señora PRESIDENTA: Lo siento, señora diputada.



La señora PAN VÁZQUEZ: Es la presidenta la que tiene en este caso la potestad.



La señora PRESIDENTA: Después en la reunión de la Mesa vamos a hablar de estos temas y vamos a llegar a un acuerdo entre todos los grupos.



Vamos a votar el punto número 4, la proposición no de ley sobre medidas en relación con el cambio climático, presentada por el Grupo Socialista.
Existe una transaccional que voy a leer: Impulsar una reforma de la fiscalidad que incluya
criterios ecológicos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 14.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señora Carbó.



La señora DE LARA CARBÓ: Nosotros no hemos votado.



La señora PRESIDENTA: Se repite la votación.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Vamos a votar el punto quinto del orden del día. Se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Punto sexto, proposición no de ley sobre prevención de inundaciones en la Villa de Bilbao. Se vota en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Votamos el punto séptimo. A esta proposición no de ley hay una transaccional a la que vamos a dar lectura: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de forma urgente cumpla su compromiso de ejecutar los siguientes proyectos
medioambientales en la provincia de Segovia que compensen el importe de la obra de la presa de Bernardos. Uno: decrecimiento de la presa del río Tejo en El Espinar. Dos: presa del río Viejo. Tres: abastecimiento a la Mancomunidad del río
Eresma. Asimismo, se realizarían los estudios tendentes a conocer las necesidades de abastecimiento a la Mancomunidad de La Atalaya.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



En el punto octavo se votará la proposición no de ley en sus propios términos.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Punto noveno, proposición no de ley sobre la Ría de O Vicedo. Se vota en sus propios términos.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Por unanimidad se da por aprobada.



Punto décimo, proposición no de ley en sus propios términos.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Por unanimidad queda aprobada.



Punto número 11, proposición no de ley en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Punto número 12, proposición no de ley en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Finalmente, la proposición no de ley que figura con el número 13 del orden del día, en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 16.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Sin más puntos, damos por terminada la sesión de esta Comisión.
Seguidamente, llamamos a los portavoces para tener reunión de Mesa.