CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 734

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA

Sesión núm. 37

celebrada el martes, 12 de diciembre de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Relativa al mantenimiento del mismo grado de vigilancia en todo el litoral marítimo de Galicia por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001787.)
... (Página 2)


-Por la que se insta al Gobierno a formular un plan de medidas urgentes en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I).
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente
161/001413.) ... (Página 4)

Página 2


-Relativa al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para las organizaciones de montes en mano común de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001678.) ...
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Comparecencia del señor presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (Martínez Robles), para que informar sobre:


-El futuro de los centros territoriales de RTVE y del cierre de la emisora de Radio Nacional de España (RNE), Radio 4. A solicitud de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
(Número de
expediente 212/001039.) ... (Página 11)


-El plan de viabilidad para Radiotelevisión Española (RTVE). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/001041.) ...
(Página 11)


-El plan de saneamiento del Ente Público RTVE. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001052.) ... (Página 11)


-El futuro de la industria de defensa en el Estado español, en especial de la empresa nacional Santa Bárbara. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/001101.) ... (Página 11)


-La venta de activos de IZAR, Construcciones Navales, S.A., en liquidación. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001174.) ... (Página 11)


-La privatización de los astilleros públicos españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001180.) ... (Página 11)


-La urgente reapertura de las distintas mesas de negociación con los representantes de los trabajadores de Navantia-Izar y sobre los conflictos con la industria auxiliar de Navantia (Ferrol-Fene).
Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 212/001232.) ... (Página 11)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-RELATIVA AL MANTENIMIENTO DEL MISMO GRADO DE VIGILANCIA EN TODO EL LITORAL MARÍTIMO DE GALICIA POR PARTE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001787.)


El señor PRESIDENTE: Dado que algunos ponentes de las PNL que vamos a ver hoy deben ausentarse para asistir a la reunión de la Junta de Portavoces, les voy a sugerir, si están de acuerdo, invertir el orden del debate de las PNL, de tal
manera que la que está en segundo lugar en el orden del día, la relativa al impuesto sobre la personas físicas para las organizaciones de montes en mano común de Galicia, pasaría al tercer lugar, y la que está en tercer lugar, por la que se insta al
Gobierno a formular un plan de medidas urgentes en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, pasaría al segundo lugar. La primera proposición no de ley no sufre alteración. La hora estimada de las votaciones sería a las 11:15.



Sin más dilación, empezamos por la proposición no de ley relativa al mantenimiento del mismo grado de vigilancia en todo el litoral marítimo de Galicia por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera. El autor es el Grupo Popular y para su
defensa tiene la palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Tomo la palabra para defender esta proposición no de ley en nombre del Grupo Popular. Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento de lo esencial que es el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha
contra el narcotráfico. Nuestro grupo considera que es una herramienta fundamental del Estado para el cumplimiento de la legalidad y que, desde luego, es un servicio que merece todo nuestro reconocimiento y respeto porque los gallegos conocemos
bien el papel fundamental que jugaron a lo largo de muchos años en la lucha, primero contra el contrabando y después


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y últimamente contra las drogas, lucha eficaz contra el narcotráfico que en los últimos tiempos se ha visto mermada en medios materiales y de personal y, como consecuencia de ello, ha visto también reducida su operatividad en términos
preocupantes en Galicia. A esta merma de medios materiales y de personal hay que sumar que la situación en Galicia se vio agravada porque el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda aprobó un Plan de prevención de lucha
contra el fraude fiscal, en el mes de febrero, en el que, bajo el argumento de revalorización de este servicio, subyace en el fondo un desmantelamiento de este operativo o, si prefieren, el abandono del objetivo de luchar contra el tráfico de drogas
en el mar para centrarse en las tareas de lucha contra el fraude fiscal. Y cuando el señor vicepresidente manifestó que la plantilla de Galicia se encontraba sobredimensionada, especialmente en el servicio marítimo, en términos comparativos, como
figura recogido en el 'Diario de Sesiones' del 6 de abril de 2005, y cuando en los mismos términos el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos remitió una carta a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de la plantilla del
Servicio de Vigilancia Aduanera, argumentando que la naturaleza de la actividad de vigilancia aduanera responde a circunstancias de marcado carácter cambiante y que si se comparaba la relación entre el porcentaje de droga aprehendido y la plantilla
del Servicio de Vigilancia Aduanera en distintas zonas geográficas, se puede apreciar una mayor necesidad de personal en otras comunidades autónomas, es de entender, señorías, que se encendieran en Galicia las alarmas y que desde los sindicatos se
indicara que lo que sucedía es que el Servicio de Vigilancia Aduanera no estaba dando, en el fondo, toda su operatividad. Cuestionaba que las salidas de las embarcaciones se realizaran en unos horarios preestablecidos, normalmente nocturnos, que
permitían claramente conocer los movimientos de los que traficaban; que la plantilla de personas estaba mermada; que estaba envejecida; que los barcos habían sido reducidos, pero que algunos de ellos estaban inoperativos por falta de personal.
En definitiva, indicaban que no se estaba haciendo una lucha eficaz contra el narcotráfico en lo que a los recursos se refiere, y señalaban algo preocupante -tengo aquí los medios de comunicación donde se recoge-: lo que ocurre es que donde hay
personal no hay embarcación y donde hay embarcación no hay personal. Esto lo dice todo. Denunciaban, por ejemplo, cuando el ministerio hacía referencia al patrullero de altura, el Fulmar, que se gastaban el dinero pero luego ese barco no tenía
personal para tripularlo. Denunciaban -repito-que la media en el colectivo rondaba los 50 años, cuando todos sabemos que los trabajos de salida al mar tienen unos riesgos y son duros y debería de haberse acompasado la oferta de empleo público para
renovar el personal. Últimamente, se han hecho preguntas parlamentarias por parte de diferentes grupos, en concreto nuestro grupo y también el Grupo Mixto, algunas de ellas en el Senado, sobre este tema, pero cuando el ministerio habla de unas
ofertas de empleo público, éstas no cubren las necesidades mínimas de personal. El propio vicepresidente reconocía que había 50 vacantes en Galicia, pero, a su vez, el director de Aduanas, hablaba de cambio de estrategia y de que el Servicio de
Vigilancia Aduanera debe desarrollar una actividad trascendente y, posiblemente, más importante que la lucha en el mar, la lucha contra el blanqueo de capitales. Nos encontramos con una situación preocupante. Se denunció, por ejemplo, que desde el
30 de septiembre hasta el miércoles día 5 de octubre se paralizaron todas las embarcaciones y se dio vía libre en muchos kilómetros de costa a una actividad ilegal. Todo esto lleva a un temor fundado de desmantelamiento de un servicio que
funcionaba, y la posible razón es que no resulta rentable al Gobierno. Es decir, que mientras que la vigilancia fiscal sí le resulta productiva, la vigilancia aduanera solo trae costes. Es verdad, al ser incautadas sustancias prohibidas, las
drogas, no pueden ser vendidas, se tienen que destruir. Pero todos conocemos que aunque no sea rentable ha prestado importantes servicios, es social y no se puede desmantelar bajo la apariencia de cambio de estrategia. Empieza, señorías, por
Galicia, que es el lugar de mayor importancia, solo así se explica que las seis bases del servicio estén bajo mínimos y se reduzca cada vez más la operatividad cuando Galicia tiene la tasa de contrabando más alta y tiene que cubrir el litoral más
amplio. En Ribadeo existe una única embarcación operativa, que solo sale quince días al mes; en A Coruña, dos, pero solo funciona una; en Vilagarcía, tres, pero solo sale una al mar por falta de personal; en Marín, una, que solo navega quince
días; en Vigo, dos, pero solo funciona una y en Muros, ninguna está realmente operativa, lo que es grave, porque esto lleva a que la Costa da Morte esté totalmente desprotegida. Se trata, por tanto, de un servicio esencial en la lucha contra la
droga y de cuya eficacia hablan las cifras requisadas en años pasados. Esta situación, que consideramos grave, motivó que a finales de mayo el Grupo Popular presentase una proposición no de ley en el Parlamento gallego y que fuese transaccionada y
aprobada por unanimidad. El texto que presentó nuestro grupo en aquel momento era similar al que presentamos hoy aquí, buscando que el servicio siga operativo, manteniendo el grado de vigilancia del litoral para conseguir la máxima eficacia en sus
actividades. Pedimos también que se coordine de manera efectiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sin abandonar la operatividad marítima como parece buscar el Gobierno. Por ello, señorías, esperamos de la sensibilidad de los
grupos, al tiempo que manifestamos nuestra voluntad de llegar al mayor de los acuerdos sobre un servicio -reiteramos-esencial en la lucha contra el narcotráfico.



Antes de entrar he tenido conocimiento de una enmienda del Grupo Socialista. Pensamos que esta enmienda no cubre los objetivos que nosotros buscamos, que es el mantenimiento, pero con la operatividad que antes estaba prestando. Le ofrezco
una transacional, para


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que vea que nosotros estamos abiertos a buscar ese consenso, en el sentido de que se apruebe el mismo texto que se aprobó hace unos meses en el Parlamento de Galicia y que concitó la unanimidad de todos los grupos políticos. Sería:
garantizar la vigilancia en todo el litoral marítimo de Galicia por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera, con la máxima operatividad de los medios existentes, con el personal necesario, manteniendo las bases de Ribadeo, A Coruña, Muros,
Vilagarcía, Marín y Vigo, y que para conseguir la máxima eficacia en sus actividades se coordine de manera efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con el Servicio de Guardacostas de Galicia, asegurando la operatividad marítima. Esta es la
reproducción de la enmienda que se aprobó por unanimidad en el Parlamento gallego sobre este tema y sobre la base de esta misma iniciativa que nuestro grupo había presentado.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda socialista tiene la palabra el señor Carro.



El señor CARRO GARROTE: El Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia está realizando un excelente trabajo en los últimos años, que ha dado resultados tan importantes como algunos golpes trascedentales al mundo del narcotráfico que han
provocado la captura de multitud de personas vinculadas con esta actividad y también el desmantelamiento de algunas redes muy importantes que estaban operando en Galicia con aprehensiones también de alijos muy significativos. En relación a la
proposición no de ley del Grupo Popular, nos resulta un tanto sorprendente que se plantee que el Gobierno siga haciendo bien lo que está haciendo bien, en todo caso esa es la voluntad del Gobierno; no hay ningún plan, ni ninguna previsión, ni
ningún indicio de que se pretenda modificar en la dirección de reducir los operativos o la capacidad del Servicio de Vigilancia Aduanera. Por tanto, la enmienda que se presenta pretende reforzar esta idea, en el sentido de que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a que continúe manteniendo la operatividad de todas las bases de vigilancia aduanera en Galicia y que, para conseguir la máxima eficacia en sus actividades, continúe coordinando de manera efectiva esta vigilancia con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, manteniendo la operatividad marítima. De hecho, esto se viene cumpliendo, en el sentido de que cinco de las seis actuaciones más importantes recientemente realizadas en alta mar se han llevado a cabo
precisamente de forma conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta es la voluntad de la enmienda que presenta el Grupo Socialista y que esperamos sea posible acordar con el grupo proponente.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández por el Grupo Mixto.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Pido disculpas por llegar tarde porque vengo de la Comisión de Trabajo, por la defensa de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres. Tenía interés en manifestar nuestra posición respecto a esta proposición no
de ley porque es un tema al que el Bloque Nacionalista Galego tiene presentado distintas iniciativas en esta casa, debido precisamente a lo que nosotros denominamos en algún momento el desmantelamiento del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia,
en la medida en que se estaban trasladando efectivos desde Galicia a otras zonas del Estado y, por tanto, se dificultaba la actuación de este servicio en la costa gallega, sobre todo en lo que al seguimiento o a la persecución del narcotráfico se
refiere, teniendo en cuenta además la efectividad que este servicio ha tenido a lo largo de los años en que hubo que intensificar la lucha contra el narcotráfico. Las primeras iniciativas del BNG en este sentido vienen de la legislatura pasada,
debido a que este desmantelamento ya fue efectuado por el anterior Gobierno, de ahí que nos resulte importante la propuesta que hoy hace el Grupo Popular, porque de alguna manera reconocen que fue una equivocación restar efectivos a la vigilancia
aduanera en Galicia en el mandato del Gobierno Aznar. Posteriormente, en esta legislatura, también presentamos iniciativas. Hubo compromisos de este Gobierno que, si bien en algunos aspectos tenemos que recocer que se ha avanzado, en estos
momentos Vigilancia Aduanera vuelve a contar con un helicóptero que en la legislatura pasada el anterior Gobierno retirara de Galicia, pero seguimos considerando insuficientes los medios con los que se está dotando el servicio. Esta es la razón que
nos hace considerar nuestra postura a favor de la propuesta que nos presenta el Grupo Popular. Hay otras cuestiones que están relacionadas con la plantilla de este servicio. Nosotros tenemos otras iniciativas en este sentido que las valoraremos y
discutiremos en otro momento, por eso no presentamos una enmienda, porque no hemos querido incorporar una cuestión nueva al debate, pero son aspectos que debemos resolver en la medida en que este Gobierno tuvo un compromiso con este grupo político y
con el colectivo de trabajadores que trabajan en el servicio. Por tanto, dejando patente nuestra posición al respecto y valorando positivamente esta rectificación del Grupo Popular en relación al servicio aduanero en las costas gallegas, en
contraposición con las medidas tomadas por el Gobierno Aznar, vamos a apoyar la propuesta.



-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FORMULAR UN PLAN DE MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN (I+D+I).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (Número de expediente
161/001413.)


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El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a formular un plan de medidas urgentes en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. Tiene
la palabra el señor Sánchez.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a presentar, en el plazo de tres meses, un plan de medidas urgentes en el ámbito de investigación, desarrollo e
innovación, para que pueda permitir reducir el diferencial que mantiene la economía española en relación a los países de la Unión Europea, y en especial con los países de la zona euro, con el fin de que la capacidad de investigación y desarrollo de
nuestra economía sea coherente con su nivel de desarrollo actual y futuro. Al mismo tiempo, hemos planteado esta iniciativa para transmitir un mensaje claro y contundente, el de impulsar el desarrollo de la investigación y la innovación en España
con la finalidad de que la capacidad de investigación y desarrollo de la economía española sea coherente con el nivel de desarrollo actual y futuro. Si hacemos referencia a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre
las actividades de I+D correspondientes al año 2004, se sitúa el gasto global del Estado en 8.945 millones de euros, lo que representa el 1,07 por ciento del PIB, que se aleja de la relación en este ámbito registrada en Alemania, que es del 2,6 por
ciento; de Francia, que es del 2,3 por ciento; o del Reino Unido, que es del 1,9 por ciento, y se sitúa en la mitad de la Unión Europea, muy por debajo de la media de la OCDE, que es del 2,3 por ciento. Si a esto le incorporamos que el esfuerzo
realizado por las empresas representa en España el 0,58 por ciento del PIB, estos datos presentan significativas diferencias con respecto a la media de la Unión Europea, que es del 1,2 por ciento, y sitúa el gasto privado en I+D del Estado por
debajo de un tercio del esfuerzo realizado por el conjunto de los países de la OCDE, que es del 1,6 por ciento. Si miramos el esfuerzo de I+D del sector público en el Estado, que es del 0,49 por ciento del PIB, también mantiene diferencias, aunque
menores, con respecto a los países de la Unión Europea, que es del 0,7 por ciento y de la OCDE, que es del 0,75 por ciento. Por otra parte, el porcentaje del gasto en I+D fue del 54,4 por ciento en 2004, muy por debajo de la media europea -64 por
ciento-y de la OCDE -68 por ciento-. Para dar más consistencia a esta iniciativa presentada por Convergència i Unió nos gustaría hacer referencia a otro informe comparativo de la Comisión Europea a cerca del estado de la innovación en la Unión
Europea en el año 2005. España se encuentra en el grupo de países que están perdiendo terreno en materia de innovación, situándose en la posición número veintiuno dentro los países europeos -dos más atrás que en el año 2004-y en la posición
dieciséis dentro los países comunitarios. Uno de los puntos más débiles es la innovación empresarial, que ocupa la posición veintidós en el informe de la Comisión Europea, en el que se destaca la baja participación de las pequeñas y medianas
empresas -pymes-en proyectos de cooperación de empresas en el ámbito de la innovación, 62 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.



Señorías, esta es una proposición no de ley de gran actualidad y nos gustaría que fuera consensuada por todas las fuerzas políticas de esta Comisión de Economía y Hacienda. A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas,
una presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que, como grupo que da apoyo al Gobierno, pretende que este plan urgente pueda seguir siendo planteado por el Gobierno, reforzando y potenciando los planes de I+D+i que tiene en estos momentos el
Ministerio de Economía y Hacienda. Estamos intentando buscar una transaccional con la portavoz socialista y creo que podremos llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a nuestra proposición no de ley que
también intentaremos consensuar para que pueda haber unanimidad en un tema tan importante y estratégico como es la inversión en innovación, investigación y desarrollo.



El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas. Por el orden en el que fueron presentadas, corresponde al Grupo Popular defender su enmienda.
Tiene la palabra para ello el señor Utrera.



El señor UTRERA MORA: El objeto de discusión de esta proposición no de ley tiene mucho alcance, es de plena actualidad y, además, es esencial un debate en profundidad de la I+D+i en España por cuanto nosotros tenemos la convicción de que
una de las lacras más importantes que presenta nuestro país en relación con los países más avanzados de la OCDE y de la Unión Europea, es precisamente no solo la insuficiencia en medios financieros dedicados a la I+D+i, sino sobre todo la escasa
cultura de I+D+i en nuestro país. Por esa razón, compartimos el objeto de la proposición no de ley, por la cual felicitamos al Grupo de Convergència i Unió, al tiempo que compartimos los datos también, puesto que son datos objetivos todos los
reflejados en los antecedentes que ponen de manifiesto la diferencia que nos separa de los países de la Unión Europea y de los países de la OCDE. Hay un rasgo de estos antecedentes que figuran en el texto de la proposición no de ley que me gustaría
destacar, y es que la insuficiencia principal de investigación, desarrollo e innovación en nuestro país se presenta sobre todo a nivel empresarial. Se ha hecho un esfuerzo público muy importante desde el año 2000 en nuestro país para aproximar las
cifras de inversión en esta actividad desde el sector público, sin embargo este esfuerzo no ha venido acompañado de un esfuerzo correlativo por parte de las empresas. Como, por otro lado, nosotros estamos convencidos de que las empresas en cada
momento saben lo que tienen que hacer y actúan racionalmente, creemos que no existen los mecanismos de transmisión de conocimiento, e incluso de transmisión de la necesidad de adquirir conocimiento, y por tanto de


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innovar, a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.
Por esa razón, nosotros compartimos el texto de la proposición no de ley, pero creemos que es insuficiente, porque aquí simplemente se sugiere al Gobierno que en un
breve plazo -tres meses-se establezca un plan de medidas urgentes en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, entiendo que para todo el territorio español, y en esto permítanme que haga una crítica de fondo al Grupo de
Convergència i Unió, puesto que en toda la proposición no de ley, en sus antecedentes y en sus consecuentes, es decir, en su propio texto, en ningún caso se menciona a España, y entendemos que estamos hablando de España y de la investigación,
desarrollo e innovación en España. Pues bien, tres meses como plazo para realizar este plan de medidas urgentes, nosotros creemos que habría que cualificarlo, ser algo más explícito en los requerimientos de ese plan. Por eso, proponemos una
adición, un segundo párrafo en el que se señala que en ese plan se incluirán, en todo caso, una serie de medidas -hemos señalado cuatro, pero podría ampliarse a alguna más-. En primer lugar, la descripción y evaluación de las capacidades públicas
de investigación, desarrollo e innovación disponibles, lo cual exige un esfuerzo para aunar y coordinar por parte de la Administración del Estado a las otras administraciones públicas para analizar cuáles son las capacidades reales de innovación,
desarrollo e investigación en nuestro país. En segundo lugar, un análisis detallado de las necesidades y de las potencialidades sectoriales de I+D+i. Creo que es insuficiente un análisis como el que se desarrolla normalmente, y tenemos el reciente
informe de la Comisión Europea en relación con la actividad I+D+i en la Unión Europea del año 2005, es francamente insuficiente el recrearnos en las cifras de si estamos en el 1, en el 1,5 ó en el 1,75 del producto interior bruto. Creo que hay que
descender al nivel sectorial, qué está pasando en determinados sectores industriales, qué está pasando en el automóvil, en las tecnologías de la comunicación, en las tecnologías biomédicas. En definitiva, tiene que ser un análisis parcelado
sectorialmente, que nos permita ver las potencialidades de los medios públicos y privados de innovación, investigación y desarrollo en cada uno de esos sectores y, al mismo tiempo, hacer un análisis de las necesidades sectoriales de nuestro país
para proceder a esas actividades. En tercer lugar, proponemos que se creen mecanismos de transmisión de conocimiento y de implicación de las empresas en la adquisición de ese conocimiento, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. La
innovación -la i del triángulo investigación, desarrollo e innovación-ha adquirido una importancia creciente en el tiempo y a un país de desarrollo tecnológico intermedio como España debe resultar gratificante saber que la información disponible y
canalizada a través de medios electrónicos en el mundo permite acceder a innovación incluso quemando etapas intermedias de investigación y desarrollo. Por tanto, la puesta a disposición de mecanismos de transmisión de conocimiento a favor sobre
todo de las pequeñas y medianas empresas, es una de las tareas más importantes porque es una externalidad positiva, es casi un bien público, que deben asumir los poderes públicos, las administraciones tanto regionales como la Administración del
Estado. En cuarto y último lugar, la puesta a disposición de empresas y la correspondiente promoción, puesto que hay que hacer una labor de divulgación, de una o varias plataformas, pero siempre en ese sentido sectorial que nosotros queremos
aplicar al debate sobre I+D+i y no simplemente, como he señalado, el hacer una tarea de mortificación de qué pasa en el nivel agregado de cifras dedicadas a investigación, desarrollo e innovación, sino a analizar los problemas concretos de los
sectores concretos.



Esta proposición no de ley es oportuna en el tiempo y quedaría mucho más completa con la incorporación de nuestra enmienda, porque consideramos insuficiente hablar simplemente de un plan de medidas que podría ser, si no se cualifica algo
más, una especie de rosario de actuaciones deseables pero sin que al final cale en la estructura sectorial empresarial española que, como hemos dicho, es donde se presentan los problemas más importantes de insuficiencia de I+D+i. Por lo tanto,
esperamos que el grupo proponente incorpore nuestra enmienda, aunque, en cualquier caso, he de anunciar que si no se incorporase nosotros haríamos alguna actuación posterior en este sentido, para intentar cualificar precisamente y orientar los
esfuerzos públicos hacia los cuatro puntos que hemos descrito anteriormente.



El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Socialista la va a defender la señora Castillejo.



La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Me dirijo a ustedes para expresar la posición de mi grupo parlamentario en relación con una iniciativa presentada a principios de este año por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Como ya se
ha apuntado, la iniciativa versa acerca de la brecha tecnológica de España con sus homólogos europeos y sobre la idoneidad de instar al Gobierno a que formule un plan de medidas urgentes en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la
innovación, para lo cual se establece un plazo de tres meses.



En primer lugar, me gustaría resaltar que el Grupo Socialista coincide plenamente con el grupo proponente en la crucial importancia y el papel preponderante que juega el impulso y el avance del I+D+i en el crecimiento potencial de cualquier
economía y más especialmente en las economías desarrolladas. Somos plenamente conscientes de que una economía como la española, que crece actualmente a todo gas, con una firmeza innegable, necesita solventar con urgencia las carencias tecnológicas
y de innovación acumuladas durante décadas. Precisamente por ello mi grupo ha apoyado de una manera entusiasta la senda emprendida por el actual Ejecutivo, que ha puesto el acento de su política económica en el I+D+i, considerándola como un área
prioritaria


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de gasto. Una clara muestra de ello es la creación y lanzamiento en junio de 2005 del Plan Ingenio 2010, aproximadamente un año después de su llegada al gobierno. Este programa constituye el cuarto eje del Plan Nacional de Reformas, esto
es la respuesta de España a la relanzada estrategia de Lisboa, aprobada por el Consejo Europeo de primavera en 2005, que es la referencia fundamental de la política económica del Gobierno a medio plazo y que constituye un trabajo conjunto de once
departamentos ministeriales coordinados por la Oficina Económica del presidente del Gobierno, y que ha contado con la contribución activa de los interlocutores sociales, de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y
Provincias. De este modo, el Gobierno, a través del programa Ingenio 2010, mantiene y mejora los programas de I+D+i existentes, crea una amplia batería de programas de actuaciones nuevas y acompaña estas medidas con un aumento considerable de los
recursos presupuestarios destinados a nuevas actuaciones estratégicas en materia de I+D+i. Como ya conocerán SS.SS., el programa Ingenio 2010 fija los siguientes objetivos: en primer lugar, aumentar el ratio de inversión en I+D+i en porcentaje
sobre el PIB, pasando del 1,05 en 2003 al 1,6 en 2008 y al 2 por ciento en 2010; en segundo lugar, incrementar la contribución del sector privado en la inversión en I+D pasando de 48 por ciento en 2003 al 52,5 en 2008 y al 55 por ciento en 2010; y
en tercer lugar, alcanzar la media de la Unión Europea 15 en el porcentaje del PIB destinado a las TIC, pasando del 4,8 en 2004 al 6,4 en 2008 y al 7 por ciento en 2010. Estos objetivos concuerdan con las carencias que Convergència i Unió apuntaba
en su iniciativa, con lo que entiendo que si coincidimos en el análisis de la situación deberíamos ser capaces de coincidir en las soluciones.



La articulación de estos tres objetivos principales pretende hacerse a través de distintas actuaciones. En primer lugar, y fundamentalmente, destinando más recursos desde la Administración central a las políticas de I+D+i. En ese sentido el
Gobierno se comprometió a incrementar estas partidas en un mínimo del 25 por ciento anual; de esta manera, en los presupuestos para el año 2007, y por segundo año consecutivo, el gasto en la política de investigación de carácter civil se incrementa
por encima del 30 por ciento. Con esta dotación se ha conseguido duplicar el gasto que se destinó a I+D+i en el ejercicio 2004, adelantándose un año el compromiso que el Gobierno adquirió para toda la legislatura. En segundo lugar, este incremento
anual de recursos se focaliza en las tres grandes actuaciones estratégicas que constituyen el programa Cenit, cuyo objetivo es aumentar la colaboración entre los sectores públicos y privado; el programa Consolider, que pretende aumentar masa
crítica y excelencia investigadora; y el Plan Avanz@, que busca converger con la Unión Europea en sociedad de la investigación, contando para ello con el mayor esfuerzo inversor realizado jamás en España para salvar la brecha digital entre nuestro
país y los vecinos, que hace un especial hincapié en las medidas para evitar la exclusión social y que, además, se orienta a sentar unas nuevas bases de crecimiento económico cimentadas en la productividad y la competitividad, aprovechando las
ventajas que ofrece la sociedad de la información. En tercer lugar, se han venido planteando reformas normativas para favorecer las actividades de I+D+i, reducir trabas burocráticas y fomentar la transferencia tecnológica en la cooperación entre
organismos públicos de investigación y las empresas. Por último, se ha establecido un nuevo sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos y programas del Plan Nacional de I+D+i que permita su continua revisión y corrección de manera
rápida y eficiente. Podríamos seguir hablando de programas como el de Fomento de la investigación técnica, cuyo presupuesto para este año ha aumentado más de un 45 por ciento, o la creación de la sociedad de capital-riesgo Neotec, junto con el
Banco Europeo de Inversiones y el sector privado para aumentar el número de empresas tecnológicas. No voy a citar más ejemplos por no extenderme en mi intervención.



Lo que quiere dejar patente el Grupo Socialista es el indudable compromiso del Ejecutivo por incrementar la productividad y la competitividad de nuestra industria apostando clara y contundentemente por el incremento de las partidas
destinadas a I+D+i. Por tanto, coincidiendo con el diagnóstico que Convergència i Unió hace, su grupo debería reconocer este esfuerzo, no ya del Gobierno sino de los ciudadanos por fomentar las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Un esfuerzo cuyos resultados ya se reflejan en los últimos datos publicados la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística -me sorprende que ninguno de los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra hayan hecho referencia
a los mismos-que hablan de una evolución claramente positiva en la materia que nos ocupa. El gasto en I+D supera por primera vez los 10.000 millones de euros, alcanzando el 1,13 del PIB, lo que supone una considerable mejora con respecto al dato
que refleja la iniciativa de Convergència i Unió, en una evolución en la que estamos seguros que será mucho mejor para el año 2006. Asimismo, respecto a la inversión empresarial, creemos importante destacar que tal y como recoge el informe anual
publicado por la Comisión Europea sobre I+D+i industrial de este año, las empresas españolas, junto con las irlandesas, son las que más han aumentado sus inversiones en I+D+i de toda la zona euro, casi un 12 por ciento, muy por encima del 5,8 por
ciento francés o del 1,9 por ciento alemán y, desde luego, muy por encima del crecimiento medio de los tres últimos años que sitúa en el 1,1 por ciento, dejando patente la política que el anterior gobierno -el Gobierno popular-llevó a cabo en esta
materia. Valoramos de manera muy positiva los planes y programas que actualmente están en funcionamiento e implantados por este Gobierno y no creemos necesario ni oportuno establecer un nuevo plan como propone Convergència i Unió. No


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obstante, sí creemos que en esta materia es necesario actuar de una manera dinámica, corrigiendo las medidas implantadas si se demuestran ineficaces y estableciendo actividades nuevas si se estima oportuno. En ese sentido, habíamos
presentado una enmienda a la iniciativa de Convergència i Unió, pero hemos alcanzado un acuerdo para una enmienda transaccional que propone de reforzar las medidas implementadas por el Gobierno socialista, además de adoptar cuantas medidas sean
necesarias en materia de I+D+i, medidas, desde nuestro punto de vista, enmarcadas en la senda emprendida por el Gobierno para alcanzar el objetivo de reducir el diferencial con la Unión Europea en materia de I+D+i, al que no solo aspira Convergència
i Unió sino que, como he tratado de exponer resumidamente, pretende alcanzar el Gobierno socialista, el Gobierno de España, con todas sus medidas y actuaciones, que ya están dando sus frutos como muestran los datos recientemente publicados por el
Instituto Nacional de Estadística.



El señor PRESIDENTE: El señor Puig, de Esquerra Republicana, toma la palabra para fijar posición.



El señor PUIG CORDÓN: Estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación. Hoy mismo la prensa se hace eco del diferencial que tiene España respecto a otros países de la Unión
Europea. Nuestro grupo parlamentario ha realizado varias iniciativas en diferentes presupuestos a fin de fomentar el desarrollo y la innovación, pero creemos que aún estamos lejos del diferencial de la media europea, tal como refleja hoy buena
parte de la prensa económica de este país. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la proposición no de ley de Convergència i Unió. Vamos a esperar a ver la transacción a la que han llegado con el Grupo Socialista, esperemos que no haya diluido mucho
la intención que tenía la proposición no de ley y nos vamos a sumar al acuerdo al que llegue el Grupo Catalán (Convergència i Unió) con el Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Hemos negociado con el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda transaccional que, desde nuestro punto de vista, enmarca en gran parte algunos de los aspectos que preocupaban a nuestro grupo, y al mismo tiempo
hemos intentado consensuar una enmienda lo más amplia posible en la cual tengan cabida algunos de los aspectos específicos que planteaba el Grupo Popular, que también consideramos necesarios, oportunos y convenientes desde la perspectiva de
potenciar la I+D+i en España. Quedaría de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar y potenciar las medidas adoptadas hasta la fecha y, al mismo tiempo, implementar cuantas medidas sean necesarias para reforzar
el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, con el fin de reducir el diferencial que mantiene la economía española con relación a los países de la Unión Europea. Sabemos que esta enmienda no coincide con el objetivo final de la
iniciativa que presentaba Convergència i Unió, de instar al Gobierno a un plan urgente en el periodo de tres meses, pero entendemos que con el texto que le hemos dado no deja de ser un mecanismo potente para que el Gobierno sea consciente de que hay
que reforzar y potenciar las medidas actuales y, al mismo tiempo, ha de implementar medidas complementarias en las cuales quedarían subsumidas todas aquellas cuestiones que planteaba nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular y a
las que también el Grupo de Esquerra Republicana ha hecho mención en su intervención. Por esto, agradeceríamos que fuese aprobada por consenso.



-RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) PARA LAS ORGANIZACIONES DE MONTES EN MANO COMÚN DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001678.)


El señor PRESIDENTE: Van a repartirse los textos de las enmiendas a las que se ha hecho referencia y antes de la votación podremos aclarar los términos en las que se han de producir estas.



Pasamos, por último, a la proposición no de ley relativa al impuesto de la renta de las personas físicas para las organizaciones de montes en mano común de Galicia. El autor es el Grupo Parlamentario Mixto y la va a defender la señora
Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Presentamos una proposición no de ley sobre un tema que no es nuevo ya que fue aprobada en el Congreso una moción presentada también por nuestro grupo en la que, entre otras cosas, se acordaba instar al Gobierno
al diálogo con las organizaciones de montes en mano común de Galicia, al objeto de buscar una solución a la demanda planteada por las mismas respecto al impuesto sobre sociedades al que están sujetas estas comunidades, dado que, desde el punto de
vista de los comuneros, teniendo en cuenta la función social que hacen estas organizaciones comunales de montes, deberían estar exentos de este tributo. Las comunidades de montes tuvieron en su momento, y después de la aprobación de esta moción,
una reunión con la Dirección General de Tributos, por la que el director general se comprometía a volver a mantener contactos y diálogo con estas comunidades antes de la aprobación del proyecto de modificación del IRPF; es decir, que antes de que
llegara ese proyecto al Congreso tendrían de nuevo una reunión para hablar y poder llegar a acuerdos sobre este tema. Por otro lado, como consecuencia de la respuesta del vicepresidente segundo y ministro de Economía a nuestra interpelación sobre
este tema, en la medida en que él entendía que la exención a


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estas organizaciones comunales del impuesto de sociedades no le parecía inadecuado, tratarían de buscar soluciones en la aplicación del IRPF a los comuneros. Ese compromiso del vicepresidente segundo se traduce en la enmienda que se
introdujo a la Ley de reforma fiscal, con la que se otorga el mismo tratamiento a estas comunidades que a las recibidas por los perceptores de dividendos y participación en beneficios en cualquier tipo de sociedad, pudiendo beneficiarse de este modo
de la exención de 1.500 euros que la reforma fiscal introdujo en el IRPF. Si bien es verdad que esto se hace, no satisface ni a los comuneros ni a nuestro grupo, en tanto que nuestra propuesta la hacemos en representación de los mismos, ya que la
razón inicial de traer este debate a esta casa no era la cuestión de las reducciones sino que estábamos hablando, y así lo expresamos cuando defendimos la moción en su momento, no de eliminar las obligaciones tributarias -cuestión que no se plantean
los comuneros de montes vecinales-sino que estábamos hablando de sustituir el modelo tributario al que están sometidos actualmente por una norma específica que se fundamente en un análisis real de los aprovechamientos realizados en los montes
vecinales en mano común, otorgándoles un tratamiento fiscal diferenciado. En este punto hacíamos dos diferenciaciones en aquel momento, en el caso del aprovechamiento individual considerábamos que una de las normas podría ser a través del IRPF y el
aprovechamiento colectivo en régimen especial específico con una declaración anual sencilla que incorpore deducciones a los beneficios que se apliquen a inversiones destinadas al uso social. En vista de que lo que se pretendía en su momento con la
moción que planteábamos no queda resuelto con la enmienda que se introdujo a la reforma fiscal, volvemos a presentar esta proposición no de ley, insistiendo en la necesidad de que se elimine la consideración de tributación como impuesto de
sociedades a estas comunidades de montes en mano común.



El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una enmienda a la que, tras tenerla en consideración, proponemos una transacción en la medida en que como nuestra pretensión a día de hoy es que puedan existir acuerdos entre los representantes
de las comunidades de montes en mano común y el Gobierno, al fin se llegue a alguna posibilidad de que se cree una forma de fiscalidad teniendo en cuenta la singularidad de estas sociedades que, según quedó demostrado en el debate de la
interpelación, son singulares de Galicia, porque aunque existan montes en mano común en otros territorios del Estado español, la función es diferente a la de estas comunidades vecinales. La propuesta que hacemos y que nos serviría para aceptar la
enmienda que nos propone el Grupo Socialista, es que nosotros añadiríamos una modificación en el sentido de que se mantengan contactos con las comunidades de montes o con los representantes de montes en mano común en un plazo no superior a tres
meses. Estaríamos de acuerdo si el Grupo Socialista acepta esta modificación, porque lo que nos interesa es que el diálogo sirva para que puedan llegar a acuerdos entre las comunidades de montes y el Gobierno y así resolver definitivamente el
problema. Sabemos que la resolución del mismo no depende tanto de la aprobación de una proposición no de ley sino que es fundamental el diálogo entre las partes; de ahí que podamos admitir la enmienda del Grupo Socialista con esta modificación que
espero nos acepten.



El señor PRESIDENTE: Sobre la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señora Fernández Dávila, como usted sabe, coincidimos en lo singular de los montes vecinales en mano común, en su importancia social y también en que estos montes están llamados a jugar un papel importante en el
desarrollo rural futuro de Galicia. En este caso también coincidimos en la necesidad de dotarlos de un tratamiento fiscal acorde con su realidad. Este tema lo conocen los representantes de las comunidades de montes porque tenemos un diálogo fluido
con ellos. Por ello, coincidiendo con su interés por el tema, nosotros tenemos que discrepar al hablar de incumplimientos. Reconocemos que los tiempos son lentos para los que esperan, pero son normales para la Administración. La Dirección General
de Tributos ha mantenido, y sigue dispuesta a mantener, contactos con los representantes de la comunidad de montes. La explicación de que el tema sigue en estudio se debe a que se trata de un régimen especial, que afecta tanto al impuesto de
sociedades como al IRPF. Por ello la modificación del impuesto, a efectos de sociedades, requeriría también la modificación del IRPF en la misma dirección. Sin embargo, lo que ha retrasado el proceso, y lo que explica las impaciencias, ha sido,
sobre todo, que no se ha afrontado la reforma del impuesto de sociedades, se ha afrontado parcialmente en dos elementos, los tipos y las deducciones, y la posibilidad de modificar el actual régimen especial de montes vecinales en mano común debe
examinarse en el marco general de la reforma del impuesto sobre sociedades, reforma que está previsto acometer a corto plazo como consecuencia de la reforma contable que actualmente se está llevando a cabo para adecuarnos a las normas
internacionales de contabilidad. Es un tema de futuro próximo.
Posteriormente, y en caso necesario, podrían producirse las modificaciones en el IRPF que fueran consecuencia de la modificación de sociedades. En todo caso, el tema no está
descartado, está aplazado para encuadrarlo en su contexto, que es la modificación de la Ley de Sociedades.



También quiero decirle que el Gobierno es sensible con el problema de estas comunidades cuando introduce exenciones que les afectan positivamente. Señora Fernández Dávila, el tema nos preocupa y nuestra enmienda pretende que sigamos
trabajando juntos. Por ello hicimos una propuesta que gustosamente ampliamos poniendo fecha al próximo contacto, que sería el de un plazo máximo de tres meses para que los representantes


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de las comunidades de montes y los del Gobierno vayan aproximando posiciones a fin de dar una salida positiva a un tema que consideramos importante, cuando menos para Galicia y para unas comunidades que cumplen allí una función social que
hay que potenciar.



El señor PRESIDENTE: Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Mantilla.



El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Antes de fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular quisiera explicar a SS.SS. lo que es la organización de montes en mano común de Galicia porque, probablemente, desconozcan esta figura tan atípica
existente en la Comunidad Autónoma de Galicia.



Los montes en mano común -o la comunidad de montes-vienen de la época de Sancho IV, quien en su testamento donó sus bosques a los pueblos. En aquel momento no existían ayuntamientos por lo que el propietario pasó a ser el pueblo. Se dan
paradojas como por ejemplo que ciudades como Vigo, que está rodeada de montes por todas partes, tiene comunidad de montes en determinados lugares; si tú naces, por ejemplo, en Cabral, vienes con un pan debajo del brazo, eres comunero de la
comunidad de montes de Cabral y por tanto ya tienes un pequeño patrimonio; si naces, por ejemplo en Bembrive, donde no hay comunidad de montes, naces sin nada. (La señora Fernández Dávila: Sí que hay.) Son figuras totalmente atípicas. Si en el
momento en que Sancho IV dona sus bosques a los pueblos hubieran existido los ayuntamientos estaría claro que quienes tendrían que ser objetores serían los ayuntamientos. Se incrusta dentro del ayuntamiento una figura que tiene su propia
organización y es bastante desconocido su funcionamiento en muchas de sus decisiones. Es cierto que hay comunidades de montes que funcionan de maravilla y otras que no tanto. Hay detractores y defensores de ellas. Yo considero que esa figura
tendría que desaparecer porque en estos momentos quien representa al pueblo son sus ayuntamientos y cabe preguntarse por qué tiene derecho el que nace en Cabral a parte de ese monte y el que nace en otro barrio no lo puede tener. Son
discriminaciones que no deberían existir. Hay comunidades de montes que son positivas en el desarrollo de las ciudades y otras que ponen todo tipo de problemas. Hay comunidades de montes que tienen un patrimonio impresionante -por ejemplo la de
Vigo-, donde la comunidad de montes de Cabral tiene un contencioso con el aeropuerto de Vigo, el cual no puede crecer de momento porque la comunidad de montes se opone a ceder sus terrenos hasta que no se reconozca una deuda histórica de los
aparcamientos, etcétera, que supone miles de millones de pesetas. Estos son problemas que se generan por tener dentro de un ayuntamiento una organización atípica que funciona a su manera.



En 1998 se aprobó una ley que contemplaba la tributación de este tipo de organizaciones, de las comunidades de montes. Hay un tipo impositivo del 25 por ciento en el impuesto sobre sociedades y sobre personas físicas que, a semejanza de la
persona física normal, contaba con un artificio fiscal que era multiplicar por 1,25 y deducir el 25 por ciento, en tanto que las personas físicas ajenas a la comunidad tenían que multiplicar por 1,40 y deducía el 40 por ciento. A mí me parece bien
que las comunidades de montes intenten buscar sus beneficios o exenciones fiscales, partiendo de la base de que estas comunidades de montes tienen una base imponible atípica, porque tienen por un lado sus ingresos y, por otro, se consideran gastos
todo tipo de inversiones que tengan. Si reinvirtiesen todos sus ingresos no existiría base imponible, solamente existe base imponible cuando no reinvierten sus ingresos y los distribuyen entre sus comuneros, de ahí que eso sea un ingreso normal
como cualquier otro tipo de actividad económica. Supongo que cuando el equipo del Gobierno debata o negocie con la comunidad de montes tendrá en consideración todos estos temas.



Nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley. Simplemente quiero decirle que a la enmienda que tiene presentada el Grupo Socialista tiene que añadirle la reforma general del impuesto sobre sociedades y del IRPF porque, vuelvo
a repetir, que el IRPF tiene un tratamiento especial y que, con la reforma aprobada recientemente, ese multiplicar 1,4 y el 40 por ciento ha desaparecido, ahora todos los incrementos van a tributar al 18 por ciento, por tanto ese 1,25 y el 25 por
ciento también tienen que desaparecer. Hay que buscar otro artificio, porque de otra forma tienen que tributar a un porcentaje determinado los beneficios que distribuyan estas comunidades. Termino deseando que haya suerte en la negociación y se
busque la mejor solución para el Gobierno y para las comunidades de montes.



El señor PRESIDENTE: La señora Fernández, del Grupo Mixto, tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Sin entrar en debate me gustaría decir una cosa, ya que el señor Mantilla acaba de introducir lo que son las comunidades como figura. Por si puede haber alguna equivocación leyendo el 'Diario de Sesiones', para
poder tener claro qué son estas comunidades -ya que yo no lo he explicado porque corresponde a un debate anterior-, yo remitiría a los 'Diarios de Sesiones' de diciembre de 2004, a la interpelación y a la moción, donde se explicaba el papel que
cumplen las comunidades de montes actualmente en Galicia.



El señor PRESIDENTE: Esperamos unos minutos para proceder a las sucesivas votaciones. (Pausa.)


Se ha hecho un notable esfuerzo entre los grupos para alcanzar acuerdo en torno a enmiendas transaccionales en los tres casos y así vamos a votar en los términos de las enmiendas transaccionadas, una por una, las PNL debatidas hoy.



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Votamos, en los términos de la enmienda transaccional, la primera proposición no de ley, relativa al mantenimiento del mismo grado de vigilancia en todo el litoral marítimo de Galicia por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley relativa al impuesto sobre la renta de las personas físicas para la organización de montes en mano común de Galicia. la votamos también en los términos de la enmienda transaccional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada


Tercera proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a formular un plan de medidas urgentes en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. También la votaremos en los términos de la enmienda transaccionada.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Suspendemos la sesión unos minutos hasta recibir al presidente de la SEPI.
(Pausa.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (MARTÍNEZ ROBLES) PARA INFORMAR SOBRE:


-EL FUTURO DE LOS CENTRO TERRITORIALES DE RTVE Y DEL CIERRE DE LA EMISORA DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE), RÀDIO 4. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y GRUPO MIXTO. (Número de expediente
212/001039.)


-EL PLAN DE VIABILIDAD PARA RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/001041.)


-EL PLAN DE SANEAMIENTO DEL ENTE PÚBLICO RTVE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001052.)


-EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN EL ESTADO ESPAÑOL, EN ESPECIAL DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BÁRBARA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/001101.)


-LA VENTA DE ACTIVOS DE IZAR, CONSTRUCCIONES NAVALES, S. A., EN LIQUIDACIÓN. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001174.)


-LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ASTILLEROS PÚBLICOS ESPAÑOLES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001180.)


-LA URGENTE REAPERTURA DE LAS DISTINTAS MESAS DE NEGOCIACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRBAJADORES DE NAVANTIA-IZAR Y SOBRE LOS CONFLICTOS CON LA INDUSTRIA AUXILIAR DE NAVANTIA (FERROL-FENE). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 212/001232.)


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia de don Enrique Martínez Robles, presidente de la SEPI, que responderá de manera acumulada a todas las solicitudes de comparecencia efectuadas por los distintos grupos
parlamentarios y que aparecen en el orden del día.



Muy brevemente, quiero subrayar el agradecimiento de la Comisión al señor Martínez Robles, que ha hecho un considerable esfuerzo porque fue avisado con muy poco tiempo. Tiene la palabra el señor Martínez Robles.



El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Martínez Robles): Acumularé los distintos temas en tres bloques; el primero relativo a la venta de activos de Izar y las cuestiones planteadas sobre
Navantia, el segundo sobre Santa Bárbara, y el tercero referido al plan de saneamiento y futuro de Radiotelevisión Española.



Comienzo mi intervención informando a SS.SS. del proceso seguido en SEPI para llevar a cabo la enajenación de los activos de la sociedad Izar Construcciones Navales, en liquidación, que ha culminado a finales de noviembre, a excepción del
centro de Manises. Con ello prácticamente se ha completado un complejo procedimiento en el que nos ha guiado el objetivo de asegurar el futuro de una actividad tan importante para nuestro país como la construcción naval, en la que el peso del
sector público ha venido siendo tradicionalmente tan determinante. Como todos ustedes conocen, Izar agrupaba,


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en abril de 2004, toda la construcción naval pública, civil y militar; era, entonces, una empresa prácticamente en quiebra, por su progresiva pérdida de competitividad en el mercado civil y en la incapacidad de conseguir nueva carga de
trabajo para asegurarse un nivel mínimamente aceptable de ocupación para la plantilla. Basta recordar que entre los ejercicios 2000 al 2003 Izar había acumulado pérdidas por importe de 478 millones de euros y no había firmado ningún contrato
significativo en los dos años y medio anteriores a 2004. Consecuencia de ello fue qué algunos astilleros no tenían prácticamente ocupación, como era el caso de Sestao y Puerto Real, con un porcentaje de ocupación del 4 por ciento y del 35 por
ciento, respectivamente. A esta situación se añadieron sucesivas decisiones de la Comisión Europea, notificadas en mayo y octubre de 2004, que declararon incompatible, y en consecuencia obligaban a devolver, ayudas recibidas por Izar, durante las
dos legislaturas anteriores, que alcanzaban, incluidos intereses, los 1.286 millones de euros; la mayor ayuda ilegal de la historia en la Unión Europea.



El Gobierno afrontó el problema inmediatamente, con el objetivo de preservar la actividad de los centros, manteniendo el empleo, así como cumplir los importantes compromisos adquiridos por la empresa, tanto con la Armada española como con
otros clientes, todo ello informando puntualmente a la Comisión Europea, lo que ha permitido conseguir los objetivos indicados. Para ello, se tomó la única solución que hacía posible conseguir estos objetivos cumpliendo con la normativa
comunitaria, segregar la actividad militar a una nueva sociedad Navantia, e iniciar el proceso de liquidación ordenada de la actividad civil, lo qué exigía la venta de todos sus activos de acuerdo con la normativa comunitaria y española. De esta
forma se evito la quiebra de la sociedad, el cierre de los centros y la pérdida total del empleo. Todas estas actuaciones se realizaron en colaboración estrecha con las autoridades comunitarias y los agentes sociales, a los que se había mantenido
puntualmente informados; además, se negoció con los sindicatos de Izar, alcanzado un acuerdo el 16 de diciembre de 2004 con los más representativos, en el que figuraban las actuaciones antes referidas: creación de Navantia y la venta de los
activos de Izar. Posteriormente, Izar entró en un proceso de liquidación ordenada, tras la decisión de la junta general de la sociedad, celebrada el 1 de abril de 2005, y se procedió a la constitución de un órgano liquidador de la compañía, en el
que están presentes los representantes de los sindicatos de mayor implantación en Izar. Me gustaría aclarar que el consejo de administración de SEPI ha autorizado previamente todas las decisiones de la comisión liquidadora de Izar, en aplicación de
las normas que rigen la actuación de la sociedad estatal.



El proceso de venta de activos se diseñó cumpliendo lo establecido en la normativa comunitaria y en la española, con el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio de 1996, y teniendo en cuenta también la doctrina jurisprudencial
comunitaria sobre la devolución de ayudas.



Los términos básicos del proceso, que fueron notificados a la Comisión Europea, determinaron que el criterio de adjudicación se basaba, fundamentalmente, en conseguir el mayor valor patrimonial de Izar, en liquidación, considerando las
variables que en ella inciden: el precio de los activos, el coste evitado por la asunción de plantilla por los potenciales compradores y las condiciones ofertadas para la finalización de la obra en curso. Me parece importante subrayar que este
proceso ha permitido asegurar el mantenimiento de los centros, ya que estos se venden sin la obligación de la devolución de las ayudas por los compradores. Esta obligación se mantiene residenciada en Izar, la compañía en liquidación. Los pilares,
sobre los que se ha asentado nuestra labor, han permitido superar las dificultades que se han presentado a lo largo del proceso, fundamentando el resultado final sobre sólidas bases de consenso social, de seguridad jurídica y de cooperación estrecha
con los órganos comunitarios competentes.



Una vez declarada la situación de liquidación y constituido el órgano legal de la misma se abrió un proceso público de contratación de un asesor independiente, convocando a 16 posibles candidatos. SEPI recibió cinco propuestas, entre las
que, aplicando los criterios y el baremo previamente aprobado y notificado a todos los participantes en el proceso, se seleccionó al asesor de la operación de la venta de activos de Izar, cuyos servicios consistían, básicamente, en la coordinación
general del proceso, la colaboración en la preparación de la documentación de venta, la valoración de los activos a enajenar y el análisis y evaluación de las ofertas. A lo largo de los meses de agosto y septiembre de 2005 se realizaron los
trabajos de diseño de la operación, y finalmente el 30 de septiembre la comisión liquidadora de Izar aprobó las bases del proceso, en las que se establece el procedimiento que debería seguirse, las condiciones que deberían cumplir los candidatos al
adquirir los activos y los criterios para evaluar las ofertas. Las bases del proceso garantizaban los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia y exigían que la oferta u ofertas que resultaran adjudicatarias tuvieran las
garantías necesarias para asegurar el cumplimiento íntegro de todos sus términos: solvencia financiera, compromiso de mantenimiento de la plantilla que decidiesen voluntariamente absorber y finalización en tiempo y forma de los contratos, en caso
de comprometerse, libremente, a su ejecución.
Posteriormente, se llevó a cabo la fase de publicidad del proceso mediante la publicación de su anuncio en la página web de Izar, su inserción en distintos diarios de amplia difusión nacional e
internacional y los contactos realizados por el asesor con 172 potenciales interesados. En este proceso se señaló el plazo de presentación de manifestaciones de interés -el 19 de octubre de 2005-, así como los documentos a remitir por los
potenciales interesados.
Finalizado el plazo se recibieron 17 manifestaciones de interés, remitiéndose


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a todos la información precisa para la elaboración de la oferta no vinculante, que incluía los datos pertinentes sobre cada centro.
Adicionalmente los candidatos recibieron aclaraciones necesarias, así como las indicaciones precisas sobre
los aspectos formales que deberían reunir las ofertas no vinculantes. Se recibieron 12 ofertas no vinculantes, que fueron abiertas ante notario el día 28 de noviembre de 2005, de las que solo dos se excluyeron, al no subsanarse los errores que
contenían, pese a los requerimientos realizados al efecto dentro del plazo abierto a tal fin. Una de las conclusiones relevantes de ésta primera fase del proceso, es que ninguna de las ofertas no vinculantes válidas recibidas, manifestaba interés
en la adquisición conjunta de los cuatro centros de Izar. Las diez ofertas no vinculantes, consideradas válidas, pasaron a la fase informativa, que se prolongó hasta finales de enero de 2006, fecha en la que se remitió a los candidatos las
indicaciones precisas para la elaboración y presentación de las ofertas vinculantes, recibiéndose, el 10 de febrero de 2006, nueve ofertas vinculantes de ocho candidatos. El 13 de febrero se procedió a la apertura ante notario de los sobres que
contenían la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos, abriéndose un plazo de subsanación de aquellas ofertas que presentaban defectos, fundamentalmente de carácter formal. Uno de los candidatos no subsanó los defectos, por lo que
fue excluido. Finalmente el día 6 de abril se abrieron, también ante notario, los sobres de las ocho ofertas vinculantes, que contenían las condiciones económicas de dichas ofertas.
De ellas dos ofertas eran por el astillero Sestao, otras dos por
el centro de Gijón, tres ofertaron por Sevilla y solo uno por la fábrica de motores de Manises. Aplicando los criterios de adjudicación, previamente aprobados por el consejo de administración de SEPI, la comisión liquidadora de Izar concluyó que
las mejores ofertas eran la del consorcio Construcciones Navales del Norte, Sociedad Limitada, por el centro de Sestao; la de Factorías Vulcano Sociedad Anónima, por el de Gijón; las del consorcio liderado por Astilleros de Huelva Sociedad
Anónima, por el de Sevilla, y la de Francisco Ros Casares Sociedad Limitada por la fábrica de motores de Manises. Antes de proceder a la adjudicación inicial se comunicó a la Comisión Europea el resultado de esta fase final para la comprobación del
efectivo cumplimiento de los requisitos comunitarios. El proceso concluyó con la comunicación oficial por dicha institución de la inexistencia de reparos en tres de las propuestas de adjudicación, expresando, por el contrario, reservas en lo
referente a Manises y solicitando una mayor información sobre la misma.
Se facilitaron a la Comisión unas primeras aclaraciones respecto al centro de Manises a comienzos de agosto, que no fueron consideradas suficientes por la Comisión Europea y
que, por tanto, deben aún complementarse. Con fecha 3 de noviembre de 2006, Ros Casares Sociedad Limitada ha presentado una nueva oferta, que en estos momentos está siendo analizada. Recibida la notificación de la Comisión, el consejo de
administración de SEPI, el 18 de julio de 2006, autorizó a la comisión liquidadora de Izar a proceder a la adjudicación inicial de los centros de Sestao, Sevilla y Gijón a las ofertas que les he indicado, quedando pendiente la adjudicación de la
fábrica de motores de Manises por las razones antes mencionadas. A continuación se firmaron los respectivos contratos privados de compraventa: Gijón y Sevilla, el 4 de agosto, y Sestao el 5 de septiembre, sujetos a la condición suspensiva de
obtener la autorización del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo consultivo de privatizaciones, cuyos preceptivos dictámenes, uno por cada centro, fueron elaborados y notificados a SEPI el día 4 de octubre de 2006. Todos los dictámenes
del Consejo consultivo han resultado favorables para la actuación de SEPI, que considera -y cito textualmente las palabras del Consejo-que en el proceso para la enajenación de los activos propiedad de Izar, así como en la propuesta concreta de
adjudicación, se han cumplido los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, por los que tiene que velar éste Consejo.



El elemento esencial para SEPI era alcanzara un acuerdo con los representantes de los trabajadores. El 2 de noviembre, SEPI, Izar y las federaciones del metal de Comisiones Obreras y de UGT suscribieron un acuerdo de garantías laborales que
fue ratificado por los trabajadores de todos los centros afectados, lo que demuestra claramente la percepción positiva del mismo por los interesados y permite augurar un clima de consenso social para llevar a buen término los proyectos industriales.
Se ha generado confianza, y este factor resulta imprescindible para una privatización tan compleja como la de Izar. El acuerdo que permitió a SEPI remitir el expediente de la venta al Consejo de Ministros con la conformidad previa de las
federaciones sindicales más representativas de Izar contempla un período de 10 años naturales, contados desde la fecha de elevación a públicos de los contratos de venta, durante el cual, y ante una eventual crisis del proyecto industrial de los
compradores, se establecen garantías laborales para los trabajadores transferidos con los activos, que incluyen prejubilaciones para los mayores de 52 años en condiciones equivalentes a los de Izar, y recolocaciones para los menores de esa edad. De
esta forma se asegura el futuro de todos los trabajadores y se otorga plena seguridad de que ninguno de ellos se verá desprotegido en el caso hipotético de una crisis seria en la empresa o en el sector.
Para el centro de Sestao se acordó un ajuste
laboral, con carácter previo a la elevación a público del contrato de venta, para adaptar su plantilla a la oferta adjudicataria, con el fin de reforzar la viabilidad futura del astillero. Este ajuste se ha realizado mediante un expediente de
regulación de empleo, negociado y pactado con los representantes sindicales, que prevé la jubilación obligatoria de los trabajadores nacidos antes del 31 de diciembre de 1955, con una antigüedad mínima de 5 años, y que fue aprobado por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado 28 de noviembre. El


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Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 24 de noviembre, aprobó la aplicación de las medidas laborales y de seguridad social para 229 trabajadores de Izar y Sestao, y la asunción por parte del Ministerio de Trabajo y de Asuntos
Sociales de los compromisos y gastos precisos.



Obtenidos los dictámenes del Consejo consultivo de privatizaciones -al que anteriormente me refería-y alcanzado el acuerdo con los sindicatos, SEPI elevó los tres expedientes al Consejo de Ministros en su sesión del 3 de noviembre de 2006
que autorizó a SEPI a vender, a través de Izar Construcciones Navales Sociedad Anónima en liquidación, los activos del astillero de Gijón a la factoría Juliana y Astilleros de Sevilla Sociedad Anónima y los activos de Astilleros de Sestao a
Construcciones Navales del Norte Sociedad Limitada. El proceso de privatización ha concluido con la formalización en escritura pública de los respectivos contratos privados de compraventa, lo que se llevó a cabo el 30 de noviembre.



Hasta aquí les he hecho una breve descripción general del proceso global seguido para todos los activos de Izar en venta. Paso a continuación a indicarles los aspectos más relevantes de la adjudicación a cada uno de los centros aprobados
por el Consejo de Ministros el día 3 de noviembre de 2006. El astillero de Sestao, ha sido adjudicado -como decía anteriormente-a Construcciones Navales del Norte Sociedad Limitada, consorcio formado por varias sociedades, que combinan la
experiencia en el sector de la construcción naval, con la experiencia en otros sectores.
Así, Astilleros de Murueta Sociedad Anónima, tiene un 25 por ciento en este consorcio;Inversora para el Desarrollo de Iniciativas Empresariales, Sociedad
Limitada, un 25 por ciento: Iniciativas Navales del Norte, un 15 por ciento y Naviera del Nervión, un 10 por ciento, que son dos grupos que aglutinan a varios empresarios individuales, y por último Marlon 25 Sociedad Limitada con otro 25 por
ciento, es una sociedad que se dedica al desarrollo de soluciones de ingeniería de sistemas y de software en los sectores aeroespaciales, energético, naval y militar. El comprador asume la finalización del buque para transporte de gas natural
licuado, con un elevado volumen de trabajo hasta su entrega, prevista para finales del año 2007, y confía en dotar al astillero de carga de trabajo, esperando contratar, a corto plazo, nuevos buques, que permitirían al astillero una considerable
carga de trabajo -3,4 millones de horas directas-, de las que habrá que subcontratar casi el 66 por ciento, lo que permitirá revitalizar el mercado de la industria auxiliar. El comprador plantea unas inversiones en el período 2006-2008 de entre 5 y
7 millones de euros anuales, en tecnología propia, en I+D, y 2,7 millones de euros en el mantenimiento activo de las instalaciones. En cuanto al astillero de Sevilla, su comprador es Astilleros de Sevilla Sociedad Anónima, sociedad constituida por
Astilleros de Huelva y Contenemar, en la que participan con un 80 y un 20 por ciento, respectivamente. En la actualidad, el único contrato en vigor en este astillero es el de la puerta de la futura exclusa del puerto de Sevilla, que aporta una
carga de trabajo relativamente escasa en relación con la capacidad del astillero. La estrategia de la sociedad compradora será su especialización en el segmento de ferries, Ro-Ros y Ro-Pax de tamaño medio, entre 140 y 150 metros de eslora, que se
estima tendrá un fuerte crecimiento durante, al menos, los próximos 5 años; de forma que permita optimizar los costes, empleando los medios de infraestructuras técnicas del Astillero de Sevilla. Astillero de Huelva cuenta con contratos de
construcción de buques por importe de unos 200 millones de euros, que prevé construir parcialmente en el astillero de Sevilla, lo que supone en su conjunto unos dos millones de horas directas, y también requerirá importantes recursos de la industria
auxiliar. Contenemar considera de forma preferente a este astillero para la fabricación de los buques previstos dentro de su plan de renovación y ampliación de la flota, lo que podría suponer una importante demanda de buques Ro-Ros en los próximos
10 años. Por último, el comprador del astillero de Gijón, que prácticamente no dispone de carga de pedidos en la actualidad al haber entregado el buque hospital al Instituto Social de la Marina, es la sociedad Factoría Juliana Sociedad Anónima
Unipersonal, constituida al efecto por Factorías Vulcano Sociedad Limitada, constructor naval que también dispone de otro astillero en la ría de Vigo, como es bien conocido, y que ha manifestado su intención de especializar al astillero de Gijón en
la construcción de buques de transporte especializados, en particular quimiqueros de tamaño medio. Vulcano cuenta en la actualidad con contratos para la construcción de buques quimiqueros, cuyos cascos se han comenzado a construir en el astillero
de Navantia, en Puerto Real y San Fernando, y cuya finalización a flote está prevista en el de Gijón, y de un buque sismográfico, así como de expectativas de contratación a corto plazo de un nuevo buque quimiquero de tamaño menor. Todo ello,
conjuntamente, podría suponer una carga de trabajo de 1,8 millones de horas directas de ingeniería y producción, de las que resultará necesario subcontratar una buena parte.



Hasta aquí les he pretendido realizar un resumen de la materialización del proceso de venta de los activos de Izar que, a nuestro juicio, se ha llevado a cabo respetando los principios de máxima publicidad, libre concurrencia y total
transparencia, tanto respecto de las autoridades europeas como de los potenciales inversores interesados en el proceso, cumpliendo escrupulosamente las normativas española y comunitaria y los acuerdos alcanzados, tanto en la Comisión Europea como
con los agentes sociales. Creo que el proceso seguido ha hecho posible que los centros se hayan adjudicado a las mejores ofertas disponibles y por ello pueden continuar su actividad con nuevos empresarios privados, cuyos planes de negocio permitan
maximizar el mantenimiento del empleo, tanto en los centros privatizados como en la industria auxiliar.



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A modo de conclusión, y retomando el inicio de mi intervención, creo poder afirmar que este Gobierno ha cumplido todos los objetivos que se había marcado en relación con el sector naval público, ya que se han mantenido abiertos todos los
centros de la antigua Izar, que estaban abocados al cierre, se han mantenido la actividad y el empleo de la construcción naval militar dentro del sector público y se ha mantenido la actividad y el empleo de la construcción naval civil con la venta
de los activos de Izar. Todo el proceso se ha desarrollado para hacer frente a la crisis del sector naval público y ha contado con el acuerdo de los sindicatos más representativos y con la conformidad de las autoridades comunitarias.



Paso a continuación a alguna de las cuestiones concretas que había planteadas con respecto a Navantia. Una de ellas se refería a la negociación colectiva de la empresa. Podemos decir a SS.SS. que el pasado 4 de diciembre de 2006 se firmó
un principio de preacuerdo sobre el segundo convenio colectivo de Navantia, que ha sido suscrito por los sindicatos más representativos de la empresa, Comisiones Obreras, UGT y CAT. El citado preacuerdo, que afecta a todos los trabajadores de
Navantia de Madrid, Ferrol-Fene, Cartagena, Cadiz-San Fernando y Puerto Real, debe ser ratificado por los mismos a lo largo de esta semana, estando prevista la firma definitiva del texto del convenio para el próximo 15 de diciembre. El preacuerdo
contempla la prorroga de los vigentes convenios hasta el 31 de diciembre de 2007, estableciendo un incremento salarial del 3,05 por ciento en tabla para los ejercicios 2006 y 2007; adicionalmente, se establecen medidas respecto a las promociones,
las asimilaciones, la homogenización, el absentismo y la productividad.
También se contempla la incorporación de 44 nuevos trabajadores en los términos previstos en el convenio colectivo de la antigua Bazán y la continuación de los trabajos de la
comisión de prevención de riesgos laborales. Asimismo, las partes acuerdan continuar los trabajos que se vienen llevando a cabo en Navantia en el seno de la comisión de ordenación de la industria auxiliar. Este convenio permite a Navantia llevar a
cabo todos los proyectos en los que está en curso y generar una paz social a lo largo de todo el año 2007. El próximo objetivo es conseguir armonizar las diferentes realidades que ahora coexisten en la empresa, dada la diferente procedencia de los
centros, -astilleros civiles, por un lado, y militares, por otro-y cerrar un acuerdo único para Navantia, cuya entrada en vigor sería a partir del 1 de enero de 2008. Este es uno de los puntos principales del preacuerdo firmado.



Otras de las cuestiones planteadas -en este caso por el Bloque Nacionalista Galego-se refieren a conflictos con la industria auxiliar.
En principio me gustaría decir que Navantia no ha tenido ningún conflicto con la mencionada industria en
los últimos tiempos, desde su construcción; sí puedo informar a SS.SS. que la industria auxiliar tiene un papel fundamental en el modelo de empresa diseñada por Navantia, y prueba de ello es que en mayo de 2005 se constituyó en la empresa la
comisión de ordenación de la industria auxiliar, a la que antes me he referido al resumir el contenido del preacuerdo del 4 de diciembre de 2006. Se trata de una comisión de tipo interno, pues con carácter general el Gobierno ésta trabajando a
través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conjuntamente con todas las partes afectadas en el marco de la mesa de la industria auxiliar, constituida el 27 de abril de 2005, habiendo alcanzado ya un acuerdo el 14 de diciembre de 2005
para la coordinación de la tramitación de los planes de competitividad. Por nuestra parte, lo que podemos añadir es que el objetivo de incrementar la competitividad de la industria auxiliar resulta clave para la supervivencia de la actividad de
construcción naval en nuestro país, tanto la militar -concentrada en la empresa pública Navantia-como la mercante, que se realiza en los astilleros civiles. La mejora de la competitividad de Navantia exige que nos planteemos, al igual que cualquier
empresa, un esfuerzo continuo de reducción de costes y de mejora de la productividad interna con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia industrial. Para ello, Navantia ha centralizado sus aprovisionamientos en una única dirección, aprobándose
también los criterios de contratación de forma que los contratos sean adjudicados en libre competencia y concurrencia y con publicidad. En conclusión, la nueva política de subcontratación aplicada por Navantia, tiene como objetivo la mejora de la
eficiencia económica de la empresa y es compatible con el pleno respeto a los compromisos contractuales previamente existentes, siendo las reglas de un mercado libre y transparente las que determinan las adjudicaciones de las obras que contrata en
todos sus centros. Creo poder afirmar que Navantia no ha discriminado a ninguna compañía, pues todas han podido presentarse a la totalidad de las ofertas realizadas por Navantia. Por otra parte, Navantia no puede, pues no le resulta exigible
legalmente, responsabilizarse de los acuerdos laborales que las empresas subcontratadas tienen suscritos con sus propios trabajadores; lo que sí puedo garantizar es que Navantia exige a todas las empresas con las que contrata que cumplan toda la
normativa vigente laboral, de seguridad o de cualquier otro tipo. Navantia continuará desarrollando sus políticas de aprovisionamiento y subcontratación orientadas hacía la mejora continua de la eficiencia empresarial y de la promoción del tejido
productivo y laboral del entorno territorial donde desarrolla sus actividades, todo ello en condiciones de mercado.



Hasta aquí mis explicaciones sobre el primer bloque de la comparecencia.
Paso a continuación a las cuestiones planteadas en relación con Santa Bárbara.



En este segundo bloque se han presentado cuestiones en relación al futuro de la industria de defensa y en concreto de la empresa Santa Bárbara.
Debo aclarar en primer lugar a SS.SS. que el único aspecto del que les puedo informar es acerca
del cumplimiento por General Dynamics de los compromisos asumidos en Santa Bárbara, pues lo que afecta al futuro de la industria de defensa en general o de la propia Santa Bárbara en particular


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son cuestiones que se encuentran fuera del ámbito de competencia de SEPI y por lo tanto deben ser otros departamentos los que informen a SS.SS., y, en su caso, también la propia empresa. No obstante, creo que es relevante la información que
puedo facilitarle sobre la situación actual en que se encuentra el proceso de evaluación de los compromisos asumidos en el marco de la privatización de Santa Bárbara Sistemas, aunque también tengo que aclararles que este proceso aún no ha concluido
en su totalidad, por lo que los datos que puedo facilitarles son provisionales, pendientes de la verificación mediante los mecanismos previstos en el contrato de compraventa. Como SS.SS. conocen, Santa Bárbara Sistemas fue privatizada por SEPI en
el año 2001, siendo aprobada su venta a la sociedad General Dynamics por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2001, formalizándose el contrato de compraventa el 25 de julio de 2001, fecha en la que los nuevos propietarios asumieron la
gestión de la compañía. De esta forma se culminaba el proceso de privatización que se había iniciado en el año 1998, y que tenía por objeto encontrar un socio tecnológico que aportara nuevas tecnologías y nuevos mercados, asegurando el empleo
estable y la competitividad de la compañía. La privatización permitía sanear y consolidar la empresa, reforzando su posición competitiva en la industria de defensa europea y mundial y superando así una dilatada etapa de pérdida de cuantiosas
aportaciones públicas. General Dynamics, el comprador de Santa Bárbara Sistemas, definió un plan industrial para la compañía y asumió una serie de requisitos -a los que luego me referiré-con una vigencia de 5 años, desde julio de 2001 a julio de
2006, algunos de ellos no periodificados anualmente. Desde la privatización de Santa Bárbara la responsabilidad de SEPI se ha centrado en el seguimiento de los compromisos del comprador, siguiendo el procedimiento establecido en el contrato de
compraventa, hasta la finalización de su período de vigencia, que como les he indicado terminó en julio de 2006 de este año.
SEPI se encuentra actualmente en la fase de análisis de la información enviada por Santa Bárbara Sistemas para poder
determinar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el comprador al cierre del periodo de seguimiento. Para ello, se está siguiendo el procedimiento establecido en el contrato; es decir, el auditor designado está realizando el
trabajo de revisión de la documentación facilitada sobre el cierre de los compromisos. Cuando finalice esta revisión, probablemente a finales del presente año, el auditor remitirá a SEPI el informe elaborado, en el que deberá aparecer el grado de
cumplimiento de cada uno de los compromisos. Si de dicho informe se desprendiera que se ha producido algún incumplimiento, SEPI, como suscriptora del contrato de compraventa, pondrá en marcha todos los mecanismos establecidos en el mismo para
lograr su cumplimiento. Por lo tanto, la información que voy a facilitar a continuación sobre el grado de cumplimiento de los compromisos tiene carácter provisional, pues está basada en datos proporcionados a SEPI pendientes de ser analizados y, en
consecuencia, puede verse modificada una vez finalizada la revisión que se está efectuando en estos momentos.



En primer lugar, y respecto a los compromisos de carácter societario, el mantenimiento de la integridad del Grupo Santa Bárbara y la permanencia en el accionariado en su posición de control ha sido cumplido por General Dynamics, quien sigue
controlando directamente Santa Bárbara Sistemas sin que haya habido ningún cambio en el accionariado de esta sociedad desde el 25 de junio de 2001 y también sigue manteniendo sus participaciones en Facor y Febesa. El 21 de enero de 2002, General
Dynamics decidió la fusión por absorción de SBB Blindados Sociedad Anónima, en la que Santa Bárbara Sistemas poseía el cien por cien del capital. En octubre de 2002 Santa Bárbara Sistemas adquirió el cien por cien del capital de Santa Bárbara
Sistemas GMBH, empresa alemana, y en diciembre de 2003 se constituyó la sociedad Sistemas de Armamento Ibéricos Sociedad Limitada, en la que Santa Bárbara Sistemas participa en el 50 por ciento. General Dynamics modificó, en cumplimiento del
compromiso contractual, los estatutos sociales para suprimir la denominación 'nacional' y las referencias al contrato INI-Defensa de la normativa derogada. También hay que recordar que el comprador ha mantenido abiertos todos los centros de trabajo
de Santa Bárbara Sistemas: Sevilla, Trubia, Oviedo, La Coruña, Palencia, Murcia, Granada, Madrid y Paracuellos del Jarama.



En cuanto al compromiso del mantenimiento de unos fondos propios mínimos del 75 por ciento de los del balance de formalización, General Dynamics ha mantenido dicho fondo en un nivel superior al comprometido, y de la información facilitada
-insisto, pendiente de analizar-se desprende que los fondos propios de la compañía a fecha de finalización del seguimiento de los compromisos se situaba aproximadamente en el 95 por ciento de los del balance de formalización. El comprador también
ha cumplido al finalizar el seguimiento con el compromiso del mantenimiento de la totalidad de la plantilla del grupo Santa Bárbara y de sus condiciones laborales. La plantilla, a julio de 2006, alcanzaba 1.946 trabajadores, a 31 de diciembre de
1999, era de 2.021, habiéndose producido durante la vigencia del compromiso 164 nuevas contrataciones y 318 bajas, de las que 46 se realizaron antes de la formalización del contrato. En todo caso, las bajas corresponden a causas previstas en el
contrato y aceptadas en el mismo.



Respecto a la protección de la tecnología del contrato Leopard, hasta la fecha el comprador no ha tenido ninguna reclamación por el incumplimiento de este contrato.



Por lo que respecta al compromiso de realizar inversiones por importe de 60 millones de euros, es preciso señalar que se trataba de un compromiso que sería objeto de evaluación al finalizar la vigencia del contrato, esto es, a partir de
julio de 2006. Según la información que


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ha presentado General Dynamics, las inversiones aprobadas en Santa Bárbara Sistemas a julio de 2006 son cercanas a los 84 millones de euros. Dentro de las inversiones aprobadas, se pueden destacar entre otras: 84 millones de euros para el
vehículo 8x8; 12,4 millones de euros para dotar a la factoría de medios para la asistencia técnica de vehículos blindados; 5,3 millones de euros en el equipamiento-maquinaria para munición; 4,2 millones de euros para una nueva planta de
nitrocelulosa; y 6 millones de euros en mejora para la munición de pequeño calibre. General Dynamics ha informado a SEPI que se encuentran en proceso de aprobación inversiones por importe de 28 millones de euros, correspondientes al misil Spike.



Por último, y respecto al compromiso de aportación de carga de trabajo por importe de 84 millones de euros, que también debería ser verificado al finalizar su vigencia, según la información facilitada a SEPI, la transferencia de carga de
trabajo, a julio de 2006, está cercana a 98 millones de euros. Insisto, esta cifra -como las demás-son datos pendientes de verificar. Dentro de esta aportación de carga de trabajo los contratos más importantes son los de municionamiento de pequeño
calibre para el ejército de Estados Unidos, firmado con la filial General Dynamics OTS, por importe de 15 millones de euros; el de nitrocelulosa, firmado por la misma compañía, por 13,7 millones de euros; el de munición de 120 milímetros por
importe de 16,7 millones de euros para la compañía IMI/Nammo. Por otra parte, General Dynamics ha informado que considera que existen diversas oportunidades de firmar nuevos contratos por mayores importes.



Hasta aquí, la información que puedo facilitar a SS.SS. a la fecha actual sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el comprador de Santa Bárbara, única responsabilidad de SEPI, pues no tenemos ninguna otra competencia respecto
a la futuras decisiones de esta compañía o sobre el conjunto del sector industrial de la defensa.



Paso, por tanto, al último bloque de cuestiones, que están agrupadas en torno al plan de saneamiento y futuro de la radio y televisión públicas.
En esta legislatura, como es bien conocido por todas SS.SS., se ha realizado una profunda
reforma en la radiotelevisión pública española.
Esta es una reforma que lo ha sido en diversos ámbitos, por una parte, se acabó de cumplir con los requerimientos que establecía la Comisión Europea para poner fin al expediente en su día abierto a
Televisión Española, por otra parte, se ha adecuado un nuevo marco para el desenvolvimiento de Radiotelevisión Española a partir del año 2007, en el que se ha creado una nueva sociedad anónima, Corporación RTVE, que será, junto con las sociedades
mercantiles estatales de radio y televisión, la que ejecutarán a partir de aquí el servicio público de Radiotelevisión.
Esta actuación en el marco normativo ha ido además acompañada por unas importantes decisiones en el ámbito financiero que
aparecían contenidas en las leyes de presupuestos del año 2006 y en el proyecto de presupuestos del año 2007. En el primero, como bien conocen SS.SS., se regularizó por primera vez la financiación normal del coste neto del servicio público, se
acabó con la autorización a Televisión de financiar este coste a través de autorizaciones de endeudamientos y se dotaron, en la sección correspondiente del presupuesto, los créditos necesarios para la financiación de este coste. También, en el
proyecto de presupuestos de 2007, se contienen normas respecto a la financiación de la nueva corporación para el año 2007 y la financiación del ente público de Radiotelevisión para después de 2007, y se contiene una norma muy importante y novedosa,
un plan de asunción por el Tesoro del endeudamiento que había acumulado Radiotelevisión Española que, a finales de este año, supondrá unos 7.811 millones de euros. El próximo año el Tesoro asumirá 3.111 millones de esta deuda al momento de su
vencimiento y en los próximos años 2008, 2009 y 2010 se hará cargo del resto de la deuda. Por otra parte, en el presupuesto figura también la financiación necesaria para las operaciones del Ente en liquidación. Entre ellas es importante destacar
que figuran las cantidades correspondientes para hacer frente a los gastos que provengan de la aplicación del Plan de saneamiento y futuro.



Entro ya, después de esta breve introducción, en el propio Plan de saneamiento y futuro. Como bien conocen SS.SS. el Plan de saneamiento y futuro de Radiotelevisión Española tiene su origen en la disposición adicional de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006. Como decía antes, estos presupuestos dotaron por primera vez un crédito suficiente en el presupuesto para financiar el coste neto del servicio público de Radiotelevisión, si bien, esta disposición adicional 35
condicionaba esta financiación a la suscripción de un convenio entre Radiotelevisión Española y el Ministerio de Economía, que debía contener un Plan de saneamiento y futuro con criterios generales de mejorar su eficiencia y eficacia mediante una
reestructuración de la propia organización de la televisión encaminada a la reducción de sus costes, a la maximización de sus posibles rendimientos y, en definitiva, a una gestión eficaz y saneada del Ente Público. Por tanto, el Plan de saneamiento
y futuro se configura como una pieza fundamental dentro de la estrategia gubernamental sobre esta cuestión, que va dirigida a tener una televisión independiente políticamente, que sea eficiente y, al mismo tiempo, una televisión que preste un
servicio público de calidad y cuente para ello con un marco financiero estable y sostenible. El Plan de saneamiento y futuro, que fue realizado en la comisión creada al efecto entre SEPI y Radiotelevisión Española, se fundamenta en la formulación
de un tipo de programación acorde con los requerimientos de la función de servicio público y adecuado para la captación de un nivel de audiencia significativo que permita la emisión de una televisión y una radio de calidad y de relevancia ante los
ciudadanos. Los principios en los que se basa son los siguientes: garantizar el servicio público ofrecido por la nueva corporación de Radiotelevisión Española; asegurar los criterios de eficacia y eficiencia


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sostenibles en el tiempo y garantizar la viabilidad futura de la Radiotelevisión Española, reafirmando la coordinación entre las áreas operativas clave, permitiendo la simplificación de la organización y la racionalización selectiva de los
costes y posibilitando la viabilidad de un modelo mixto de financiación; mantener una estructura territorial eficiente y acorde con el modelo autonómico existente en España, ya que se mantendrá una cobertura territorial extensa de captación de
información y con emisión de conexiones desde todas las comunidades autónomas; optimizar la coordinación informativa entre emisoras centrales y territoriales, y gestión del Ente. El Plan de saneamiento y futuro procede a un diseño de la
organización de la producción y emisión de aquella programación sin obviar el componente comercial que precisa una captación de un cierto nivel de ingresos comerciales dentro del modelo de financiación mixta prevista en el modelo de la nueva
Radiotelevisión Española. Para atender esta actividad se conforma una estructura organizativa y gestora que se materializa en una estructura de instalaciones y plantilla distribuida territorialmente capaz de cubrir la necesidad de producción y
emisión encomendada y que permita la consecución de los principios de eficacia y eficiencia económica. El Plan de saneamiento y futuro fue sometido a discusión con las organizaciones sindicales presentes en Radiotelevisión Española. Fruto de este
diálogo ha sido un acuerdo sobre ciertas cuestiones, que permite mantener la consistencia del modelo inicialmente propuesto y aporta unas sólidas bases para la ulterior negociación laboral con los órganos de representación sindical en el grupo RTVE.
El acercamiento de posturas se tradujo en una mayor precisión en relación a los niveles de producción propia a realizar por la nueva televisión pública, al mantenimiento de las emisores locales de radio, a la definición de una evolución dinámica de
la plantilla que prevé unos flujos de salida y de nuevas entradas hasta una plantilla objetivo al cierre de 2008 compuesta por 5.800 empleados fijos y 600 contratados, a prefijar las líneas básicas de la ulterior negociación laboral que se
desarrolló a partir del momento en que el acuerdo fue alcanzado con las organizaciones sindicales, y al aspecto más relevante, el reiterado acuerdo que tenía carácter global de los múltiples aspectos susceptibles de negociación posterior. Resulta
más fácil, en mi opinión, reseñar el estado de estas negociaciones para poder transmitir a SS.SS. aquella complementariedad y globalidad de acuerdo con los sindicatos. El 12 de julio de 2006 se suscribió el acuerdo con los sindicatos sobre el Plan
de saneamiento y futuro, interviniendo en su firma Radiotelevisión Española, SEPI y los representantes de las cuatro organizaciones sindicales presentes en la radiotelevisión pública. El contenido de este acuerdo fue sometido a referéndum de la
plantilla, que mayoritariamente refrendó el texto suscrito; el ERE que, había sido presentado por la empresa ante la Dirección General de Trabajo, abrió distintos procesos de negociación con el comité general intercentros, y se alcanzaron diversos
acuerdos sobre cuestiones que estaban pendientes de acordar en el ámbito laboral de la radiotelevisión pública, como la actualización laboral correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006, se instrumentaron las bases de negociación para fijar el
tratamiento de integración en la plantilla como fijos de los trabajadores contratados temporalmente, que, en buena parte, llevaban prestando sus servicios durante amplios periodos e involucrados en complejos procesos jurídicos.
En la actualidad, se
ha concluido el periodo de consulta del ERE con un acuerdo con las organizaciones sindicales y, como es conocido, ha recaído resolución de la Dirección General de Trabajo homologando el expediente sometido a su decisión. En este momento se
encuentran abiertos los plazos para que los trabajadores susceptibles de acogerse a las distintas medidas incursas en el ERE se manifiesten ante la empresa. Los últimos datos sobre esta cuestión son los siguientes: hasta la actualidad han
presentado solicitud de acogimiento a las medidas previstas 3.936 trabajadores mayores de 50 años, 32 con 65 años y 346 menores de 50 años.
En principio, por tanto, se ha alcanzado -aunque no ha terminado el plazo para presentación de
solicitudes-la cifra objetivo de 4.150 empleados dispuestos a cesar en su relación laboral. El flujo de salida, en línea con la evolución dinámica de la plantilla hasta 2006 acordada con los sindicatos, se llevará a cabo garantizando el
funcionamiento de la radiotelevisión pública y complementando el proceso de incorporación a la plantilla inicial de la Corporación de RTVE y de las sociedades prestadoras, la Sociedad Mercantil de Televisión y de la Radio. Queda en curso una
negociación laboral para concretar el proceso de integración en la nueva plantilla de la corporación y sus filiales del personal temporal del grupo de Radiotelevisión y también queda pendiente la firma del convenio que va a regular las relaciones
laborales de la nueva corporación, la determinación de los conceptos retributivos, categorías laborales, horario y representación, que son cuestiones básicas para el funcionamiento de la nueva radiotelevisión pública. Se están realizando
negociaciones en estos momentos y confío en que se proceda a una inmediata resolución de estas negociaciones en curso, ello permitirá que el inicio de las actividades de la Corporación de RTVE a partir del próximo 1 de enero de 2007 se lleve a cabo
de acuerdo con las líneas básicas que se diseñaron a partir del descrito Plan de saneamiento y futuro de Radiotelevisión Española. Aparte de estos trabajos dirigidos a la aplicación del Plan de saneamiento y futuro se han realizado una serie de
actos dirigidos a la institucionalización de la nueva estructura jurídica e institucional de la radiotelevisión pública. Conocen sin duda el acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, que aprobaba la constitución de la Corporación
Radiotelevisión Española Sociedad Anónima y autorizaba la constitución de la Sociedad Mercantil Estatal de Radio Nacional de España, y de la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S.A. El capital inicial de la corporación, cien mil euros,
ha sido íntegramente suscrito y desembolsado por SEPI en el momento de su constitución. La corporación celebró su primera junta general universal el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución,


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el 12 de septiembre, y en ella nombró a la directora general del ente público, doña Carmen Cafarell, administradora provisional de la corporación. Por otra parte, próximamente el Consejo de Ministros, mediante acuerdo, determinará el
volumen de recursos propios requeridos por la corporación y para sus dos sociedades prestadoras de los servicios públicos de radio y televisión. Tal como dispone la ley sobre el servicio público de radio y televisión, el ente público realizará una
aportación de activos y pasivos a la corporación, que deberá ampliar su capital en el importe total de las aportaciones no dinerarias. A cambio, el ente público recibirá las acciones de la Corporación RTVE, S.A. El Consejo de Ministros también
deberá autorizar el importe de los recursos propios de la sociedad para la televisión y de la sociedad para la radio, que serán cubiertos mediante aportaciones de estos activos que se realizarán desde la corporación. Se estima que el importe del
neto de tal aportación a realizar por el ente público ascenderá a 1.510 millones de euros, que se desglosan en unos activos cuyo valor de mercado es 1.531 millones de euros y unos pasivos por importe de 21,9 millones de euros. También, el referido
acuerdo determinará los activos y pasivos con los que la Corporación de RTVE dotará los recursos propios a sus dos sociedades, que ascenderán a 409 millones de euros, en el caso de televisión, y 154 millones para la sociedad de radio. Por otra
parte, en estos últimos meses se han venido desarrollando todos los trabajos necesarios para la aplicación de los sistemas contables, de gestión, etcétera, dentro de Televisión, que permitirán que a principios del próximo mes de enero la nueva
Corporación de RTVE pueda emitir directamente. A partir de ese momento, como establece la ley, el Ente de Radiotelevisión Española entrará en liquidación, cesará el consejo de administración del actual ente y entrará en funcionamiento el consejo de
administración previsto en la Ley de la Radiotelevisión Pública, que deberá ser designado por el Congreso y el Senado en las tramitaciones que a este efecto se mantienen.



Me refiero ya a las dos cuestiones concretas que sobre este particular estaban planteadas. Una de ellas se refiere al mantenimiento de los centros territoriales de la Radio y Televisión Española, y otra se refiere a Ràdio 4. Con respecto
al mantenimiento de los centros territoriales, he de señalar que el Plan de saneamiento y futuro prevé el mantenimiento de dichos centros. Esto ha sido una decisión inicial, la premisa básica para el funcionamiento de estos centros territoriales ha
sido el asegurar la emisión de espacios informativos de alcance territorial y, muy en especial, su coordinación con la aportación de noticias al ámbito nacional. La aludida reducción de las interconexiones territoriales viene precedida de un
riguroso análisis en el que se ponderaron los niveles de audiencia alcanzados por la anterior estructura de emisiones, los recursos utilizados en producciones ajenas al área de informativos y el nivel alternativo de las coberturas informativas por
parte de las televisiones autonómicas cuando éstas operan en el mismo territorio. La decisión de su mantenimiento ponderó el criterio de que la vertebración de los distintos territorios se potencia, no solo mediante la emisión de las noticias
referidas al propio territorio, sino sobretodo mediante la potenciación de la integración de sus informaciones en la información nacional. Resultado de todo ello es la permanencia de todos los centros territoriales con una dimensión de medios y
recursos laborales acorde con el nivel de actividad requerido. No puede obviarse que el número de trabajadores estipulado para todos y cada uno de estos centros recibió el refrendo de las fuerzas sindicales en el acuerdo sobre la constitución de la
corporación de 12 de julio, al que antes me he referido.



Con relación a Ràdio 4, quiero hacer una referencia final al objeto de decir, como ya señaló en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, que el futuro de Ràdio 4 va a ser objeto de negociación, diálogo y concertación con la
Generalitat de Catalunya.



Lamento que haya sido tan larga mi intervención, pero eran muchas las cuestiones y he procurado abreviar. Ahora podré ampliar las dudas que tengan a bien plantear los señores diputados.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, eran muchas las cuestiones planteadas y ha hecho un esfuerzo de concisión. En función del tiempo que nos queda, he hecho una distribución para las intervenciones de los seis grupos que van a hacer uso de
la palabra. Sale en torno a diez minutos como máximo por grupo. Empezaremos por el Grupo Popular, que se distribuye el tiempo entre dos portavoces, empezando por el señor Fernández de Mesa.



El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Probablemente sea una tristeza no haber tenido comparecencias separadas para Izar, Santa Bárbara y Televisión Española, ya que tienen suficiente contenido como para haber estado pendientes
exclusivamente de cada uno de estos temas tan importantes. Lamentamos también que se haya producido tan tarde la comparecencia para hablar de la venta de Izar, entiendo ahora, por alguna de las explicaciones que da el presidente de la SEPI, que
antes probablemente no hubiera estado rematada la faena y no hubiera podido dar una explicación tan densa como la que ha dado. En todo caso, y con toda brevedad, yo espero que ningún portavoz vuelva a repetir que es un ejercicio de cinismo criticar
lo que realiza el Gobierno actual, en todo caso será un ejercicio democrático pero no de cinismo, sino desde el punto de vista desde el que nosotros podamos ver la reconversión que se ha hecho del sector de construcción naval. Ustedes insisten
permanentemente en la herencia recibida y en que estaba en quiebra técnica. Yo no me voy a volver a remontar a lo que se recibe el año 1984, con la reconversión industrial, a aquel real decreto de 1984, ni al último plan realizado por el Gobierno
socialista en el año 1995. Lo que se encuentra uno en el año 1996 y lo que se encuentra en 2004 ya está descrito aquí en innumerables ocasiones y, afortunadamente, se puede decir que utilizando los mismos mecanismos y prácticas que se han utilizado
en países de la


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Unión Europea como Francia e Italia se consiguió salvar una situación que sí era de quiebra técnica. Habría que recordar cómo se encontraban nuestros astilleros entonces, no lo voy a hacer ni para regocijo nuestro, ni para enfado de los
socialistas, ni para que vuelvan a decirnos que toda la culpa es del Partido Popular y que nosotros volvamos a decir que toda la culpa es del Partido Socialista. Vamos a mirar hacia delante a partir de lo que se hace en este momento.



Yo quiero dejar constancia de un tema reiterativo, el de las ayudas ilegales. Me gustaría que el señor presidente de la SEPI, después de haber hablado de las ayudas ilegales, nos diga, de manera clara cuál ha sido el coste global de esta
reconversión del sector de la construcción naval en España. Las ayudas comunicadas eran 380 millones de euros más intereses, eso es lo que realmente estaba comunicado. Pero yo quiero decirle, para que quede constancia, lo que el Grupo
Parlamentario Socialista opinaba sobre las ayudas en los años 2001, 2002 y 2003, que no son tan lejanos. Quiero decirle lo que se decía en la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre del año 2001 por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Decía: el Partido Socialista también considera que las ayudas que la SEPI ha puesto en marcha en los últimos años para mejorar la situación en que se encontraban los astilleros son correctas pero insuficientes; y el
portavoz socialista continuaba diciendo: termino diciendo que nos parece muy importante el mantenimiento del grupo Izar como empresa pública, sería una pena que los 835.000 millones de fondos públicos que se han invertido en los últimos años
terminaran en manos privadas, y no quiero pensar que en manos amigas. Le garantizo al señor presidente de la SEPI que en este momento yo no voy a pensar en modo alguno que hayan terminado en manos amigas de nadie, estoy convencido de la plena
limpieza y legalidad de la operación que este Gobierno ha llevado a cabo. Pero iba más allá en defensa de estas ayudas diciendo: nosotros nos preguntamos por qué defienden ustedes con tanto ahínco las ayudas a las eléctricas y no se parten la cara
ante Europa defendiendo las ayudas para el sector naval. Y terminaba diciendo ¿por qué son ustedes tan pulcros y tan rectos en defender la imposibilidad de esas ayudas? Aquí se pregunta uno ahora por qué no hemos defendido con la misma valentía
que algunas OPA la posición del sector de construcción naval en Europa y lo hemos dejado morir. Señor presidente de la SEPI, yo creo que, independientemente de todas las medidas que se hayan tomado en este momento, se han incumplido los acuerdos
con los sindicatos, porque no se han vendido en un solo paquete; después se estudia hacer un holding, en forma de sociedad anónima, formado por las cuatro empresas, con un 10 por ciento cada una, un 36 por ciento las cajas de ahorro de las cuatro
comunidades autónomas y un 24 por ciento el ICO. Al final, el acuerdo de diciembre de 2004 se ha traducido en una reducción de 4.000 puestos de trabajo y en un coste global que creo que supera los 2.000 millones de euros. Aproximadamente son las
cifras que usted ha venido barajando en las diferentes comparecencias de presupuestos a lo largo de los últimos tres años. En todo caso, señor presidente de la SEPI, nosotros creemos que el año 1984 comenzó un proceso de liquidación del sector de
la construcción naval en España, que se remata en este momento. Habría que preguntarse qué plantillas y qué instalaciones quedan y, desde luego, habría que preguntarse qué está haciendo el Gobierno para acabar con las restricciones de la Unión
Europea sobre España. Y, desde otro punto de vista, en qué condiciones se encuentra España en relación con lo que está haciendo Francia, Italia o Alemania.



Para terminar querría hacerle unas preguntas referidas a este proceso que han iniciado ustedes y de cara al futuro. ¿Puede especificar el señor presidente de la SEPI en qué consisten las garantías que se les han ofrecido a los trabajadores
una vez que se ha llevado a efecto el proceso de privatización? Nosotros hemos visto que en La Naval de Sestao el 40 por ciento de la plantilla se somete a un nuevo ERE -expediente de regularización de empleo-, bajas incentivadas, jubilaciones
anticipadas, etcétera, antes de ponerse en funcionamiento este gran proyecto de construcción. ¿Qué está realizando el Gobierno a nivel europeo para que exista mayor carga de trabajo y se eliminen las restricciones de tonelaje de registro bruto
compensado anual que puede fabricar España? ¿Puede explicar el Gobierno cómo se procederá a determinar el fracaso del proyecto comprador, del que se ha hablado con tanta insistencia? ¿De qué manera va a proceder el Gobierno a explicar y determinar
el fracaso de este proyecto? Considerando que España presenta en estos momentos un creciente déficit de su balanza comercial, que la inmensa mayoría de sus importaciones y exportaciones se hacen por vía marítima, significativamente la de los
productos energéticos, y que la balanza de fletes es también altamente deficitaria, además de haberse registrado en 2005 una caída del 3 por ciento en el tonelaje del pabellón español, ¿puede el presidente de la SEPI informar de las medidas que ha
tomado o piensa tomar para que las garantías dadas a los trabajadores de Izar a través de las federaciones de UGT y Comisiones Obreras se correspondan con los planes industriales y de apoyo, dentro del escenario que definen tanto en el marco
diseñado por la Comisión Europea como las ayudas autorizadas al transporte marítimo y hagan por tanto creíble que su política de construcción naval está basada en fundamentos sólidos y no en medidas de tipo coyuntural que retrasarían o
imposibilitarían la solución de un problema que afecta a una industria estratégica? Es decir, volver a arrastras durante los próximos años los mismos problemas generados desde el año 1984 y, por qué no, para ustedes, los problemas generados por el
Gobierno del Partido Popular a partir del año 1996. Vamos a reconocer lo que ustedes quieran decir ahora que están en el Gobierno; reconozcan también, sin que sea un ejercicio de cinismo, lo que nosotros decimos del Gobierno del año 1984 al año
2006, pero, para poner las bases del futuro ¿puede usted contestar a esta pregunta? ¿Puede afirmar el señor presidente de la SEPI si, efectivamente,


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considera la industria de construcción naval -tanto civil como militar-y la industria marítima en general como un sector estratégico para España? ¿Podemos saber si definitivamente este Gobierno considera que es o no un sector estratégico
para España? Dado el momento significativo de la capacidad del sector de los astilleros privados en España, que se aumentará y se incrementará con estas privatizaciones, ¿ha previsto el Gobierno medidas que faciliten la competitividad internacional
del conjunto del sector tanto en el campo tecnológico y de apoyo a la innovación como en la coordinación y en el uso de las medidas fiscales, financieras, de apoyo comercial y laborales, de deficiente utilización en algunos casos y en otros
dispersas en numerosos departamentos ministeriales?


Termino con un tema que es realmente paradójico, yo recuerdo -y llevamos todos muchos años en política-que el coco de las privatizaciones era el Partido Popular. A nosotros se nos ha dicho en innumerables ocasiones que íbamos a privatizar
todos los astilleros públicos españoles. Al final ha sido el Partido Socialista; probablemente nosotros no hubiéramos podido hacerlo socialmente y ustedes han sido los que lo han hecho. Pero ahora entra la contradicción más grande que puede
existir, el Gobierno gallego, del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Socialista, está hablando de la privatización de Astano y de la vuelta a la construcción naval de Astano convencional. No sabemos qué opina el Gobierno de la nación sobre
esas propuestas que se están haciendo desde un gobierno del mismo color, coaligado con el Bloque Nacionalista Galego, donde se están abriendo unas expectativas que yo creo que no son reales porque la negativa del vicepresidente del Gobierno a que se
pueda hacer nada diferenciado en las antiguas Bazan y en Astano en Ferrol, hoy Navantia y Fene-Ferrol, es algo que está en la mente del Gobierno de España y se están levantando unas expectativas desde Galicia que no son acordes con lo que ustedes
están diciendo a nivel nacional.



Señor Presidente de la SEPI, en cuanto a la privatización de Santa Bárbara, nada que decir, esperaremos a que el mes de diciembre termine el consultor de analizar las auditorias sobre lo que ha sido el proceso de privatización. En todo
caso, señor presidente de la SEPI, Roma locuta, causa finita. Usted ha dicho hoy qué es lo que hay, y nosotros hemos dicho qué es lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que hemos visto en este proceso de reconversión naval nuevo iniciado por este
Gobierno. A partir de este momento, entre todos vamos a tratar de que, de una vez por todas, este sector se ponga en franquicia y podamos conseguir un sector naval en España homologable a lo que tuvimos y, desde luego, nunca en inferioridad de
condiciones con el resto de los socios comunitarios, dado que en este momento somos bastante menos competitivos y estamos en unas condiciones bastante peores porque a lo único que nos hemos limitado ha sido a reducir capacidades y plantillas.



El señor PRESIDENTE: Ha agotado usted los diez minutos del Grupo Popular; no obstante, la señora Montesinos tiene la palabra.



La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Esta comparecencia -me sumo a las palabras de mi compañero-nos hubiera gustado que se hubiera celebrado separada del resto de las que ha efectuado el presidente de la SEPI. En cualquier caso nosotros la
solicitamos en el mes de marzo de este año. En ese momento nosotros entendíamos -y usted lo ha dicho, que había pactado con los sindicatos-que era conveniente que escuchara usted también las opiniones y las valoraciones de los distintos grupos
parlamentarios, que probablemente le hubieran servido para enriquecer ese plan de saneamiento, pero en el día de hoy lo que hemos podido constatar, sin necesidad de haberle escuchado a usted esta mañana, es que el único objetivo que tenía ese plan
de saneamiento, que tenía esa reforma era eliminar el 50 por ciento de la plantilla. Decía usted que con este plan de saneamiento íbamos a lograr un gran nivel de audiencia, garantizar el servicio público, asegurar criterios de eficacia y
eficiencia, tener una cobertura territorial extensa y garantizar niveles de producción propia.
Señor presidente, ni usted mismo se cree sus propias palabras, porque la realidad es muy distinta a lo que usted nos ha pretendido dibujar esta mañana.
Lo que está claro es que hemos perdido desde marzo de 2004 hasta la fecha ocho puntos de audiencia en Radiotelevisión Española y según sus propias estimaciones, usted valoró ese coste en 28,7 millones de euros cada punto, por lo tanto multiplique y
verá lo que supone de momento el coste de los ocho puntos que llevamos perdidos. Se enmarca dentro del cese de los 4.150 trabajadores y fíjese qué tremendo es que estemos hablando de personas que rondan los 47 años a partir de esa franja de edad,
para prejubilar. Hay un descrédito creciente en sus programas informativos, frente a lo que usted decía, y sobre todo, los informativos perdieron el liderazgo y continúan en camino de seguir igual. En cuanto a la rebaja potencial de sus centros
territoriales, usted hablaba de una cobertura territorial extensa, pero ¿qué cobertura territorial extensa, si ustedes van a acabar con la vertebración de Radiotelevisión Española? Usted se limita, simple y llanamente, a dar una mínima cobertura, a
adelgazar lo que fue ese principio de vertebración y desde luego lo que ustedes aseguran de que en ese plan que firmaron el día 12 de julio una de las cosas que se hacía era incentivar la producción propia de Televisión Española es rotundamente
falso. Ustedes, día tras día, entregan la producción a las productoras privadas. Buena prueba de ello es que hasta el especial de Nochevieja ya no lo hacen los trabajadores de la casa. Para más inri, le pongo un ejemplo dramático, los actos que
se organizaron en torno a los 50 años de Radiotelevisión Española no los hicieron los trabajadores de Radiotelevisión Española. ¿Dónde está la producción propia que usted dice que van a fomentar? Es absolutamente falso. Ustedes no solamente se
apuntan eso, que son falsedades, sino que además se apropian como el gran éxito logrado


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con los trabajadores de la casa, como el gran hito histórico, como dice siemplre la directora general, haber llegado a un acuerdo por primera vez con ellos. Pues no. Usted recordará, como recuerdo yo, que en el año 2001, por primera vez,
se firmó un plan de saneamiento y ustedes no saben ya qué hacer para ocultarlo. Era un plan de saneamiento real y si ustedes no hubieran perdido esos dos años, hoy no estaríamos hablando de esto. Ya que estamos hablando de la deuda, a estas
alturas seguimos sin saber lo que va a costar el ERE de Radiotelevisión Española, cuál es el volumen de la nueva deuda que genera el ERE de Radiotelevisión Española para el Estado. ¿Está en condiciones hoy por fin de decirnos cuánto va a costar?
Si no recuerdo mal, usted decía que en los presupuestos se contemplan los gastos necesarios del ERE. ¿Cómo que los gastos necesarios? ¿Cuánto le va a suponer a los presupuestos, a todos los españoles el ERE de Radiotelevisión Española? Esa es la
cifra que queremos saber. Por cierto, el portavoz en la Comisión de Economía ya adelantó en la Comisión de Presupuestos que constaba hasta el último céntimo, o sea afinó lo que podía costar hasta el último céntimo, y nosotros seguimos sin encontrar
esa cantidad. Por tanto, le rogaría que nos dijera en esta mañana cuánto le va a costar el ERE a los españoles.



Con toda sinceridad, nos parece imprudente que se felicite -se lo decía al principio-por un plan de saneamiento que única y exclusivamente refleja sus efectos en la disminución sustancial del personal. A lo mejor usted está muy feliz con el
hecho de que quieran irse de Radiotelevisión Española más trabajadores de que los que tenían previstos en un principio. A nosotros nos parece todo lo contrario. Nos parece muy penoso que se haya producido ese registro acelerado, casi frenético de
bajas voluntarias y nos parece también que es un auténtico despilfarro para una empresa pública que debe precisamente a la experiencia la parte más provechosa y rentable socialmente de su actividad y de sus efectivos. Es cierto que usted ha
demostrado una especial habilidad para cautivar la voluntad de los trabajadores. Lo hizo con notable éxito el día 7 de diciembre cuando advirtió en las horas previas a la celebración del referéndum que si el resultado no era positivo, las
consecuencias para los trabajadores de Radiotelevisión Española serían peores que las que estaban planteadas -palabras textuales suyas-. Por tanto, estamos persuadidos de que la SEPI ha relegado cualquier atisbo de lo que se reflejaba en el
programa del Partido Socialista Obrero Español sobre el marco audiovisual español, que desde luego no ha tenido ningún tipo de contemplación con ese famoso informe que elaboró el Comité de expertos o el Comité de sabios y que tampoco ha reparado en
el espíritu y los debates que dieron lugar a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, que ha sustituido al Estatuto del año 1980. La impresión más acreditada y la que desde luego se ha venido a confirmar
esta mañana es que a la SEPI, a usted, le interesaba soltar lastre con Radiotelevisión Española cuanto antes y al Gobierno socialista también. Saldrá usted de esta Comisión, como le hemos escuchado, volviendo a ofrecer a los medios de comunicación
las cifras de descuento, la deuda propia que se asume por el Estado, las medidas de control económico que afectan a partir de la responsabilidad, etcétera, pero dudamos muy mucho que pueda ofrecer a la opinión pública lo que usted ha dicho que le
ofrecía, es decir la noticia de que España contará con un medio estatal de comunicación más fuerte y más eficaz, donde se garantice el servicio público, esas palabras grandilocuentes que usted ha utilizado al principio y que sabe que no son el
reflejo real ni de lo que está ni de lo que vendrá.



El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos...



La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Voy terminando.



Le dijimos a la directora general que nuestro grupo parlamentario quiere hacer patente un reconocimiento explícito, rotundo y absolutamente sincero a la plantilla de trabajadores, a todos y cada uno de los 9.500 profesionales de la casa,
reconocimiento por su capacidad de negociación y de compromiso que han demostrado en todo momento, por la disposición permanente al diálogo, por la paciencia infinita que han tenido con usted y con la directora general (Risas). ¿Se imagina, señor
presidente de la SEPI, por un momento siquiera lo que hubiera sucedido en cualquier otra empresa si la dirección de la misma se arranca con una propuesta de saneamiento, reforma o reconversión que se va a llevar por delante, como primer y casi único
objetivo, a la mitad de la plantilla? ¿Se imagina cuál sería la reacción social en cualquier otra empresa ante el anuncio de una jubilación forzosa de todos los trabajadores mayores de 52 años, hasta sumar 4.150 efectivos? Creemos que en el caso
de Radiotelevisión los trabajadores han dado prueba evidente de defender con coraje sus puestos de trabajo y el futuro de su empresa, pero también de saber llegar a acuerdos y de no obstaculizar ni impedir la conversión impuesta.
Por nuestra parte,
en estas fechas, lo que nos queda únicamente es aprovechar su presencia para que nos diga por fin cuál es el coste del ERE de Radiotelevisión Española y la fecha en que la SEPI piensa abandonar la tutela sobre el ente.



El señor PRESIDENTE: Por el grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Aunque nuestro grupo no había solicitado esta comparecencia, nos sumamos al agradecimiento por las explicaciones del señor Martínez Robles, al que informamos que nuestra intervención se va a centrar básicamente en el
plan de saneamiento por estar nuestro grupo más afectado territorialmente por el tema de Radiotelevisión Española que por el de los astilleros. Me referiré al centro de Sant Cugat y a Ràdio 4, pero previamente quería preguntar al presidente de la
SEPI si sobre las previsiones que tuvo SEPI en su momento ha verificado el presupuesto de Radiotelevisión Española


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en 2006 en lo que se refiere al funcionamiento de la publicidad y a los rendimientos por este concepto, así como a las aportaciones del Estado de forma que de cara a 2007, entre las aportaciones que tengan que hacer los Presupuestos
Generales del Estado y la publicidad, podamos pensar que ya hemos roto con estos años de pérdidas crónicas que hacían del funcionamiento del ente un pozo sin fondo, donde la emisión de deuda era una forma sistemática de financiación. Estoy de
acuerdo en que hay un plan para salvar los 7.100 millones de euros y que los 1.510 que se aportan a la corporación más los 409 para Televisión -si no he anotado mal-y los 154 para Radio Nacional de España van a ser suficientes, dada la experiencia
en 2006, para que en 2007 al menos cerremos los presupuestos con equilibrio.



En cuanto al tema de los centros territoriales, en las comparecencias ante la Comisión de control de la señora Caffarel hemos solicitado una información más contundente respecto a las planificaciones a medio plazo o a las disponibilidades y
organización de estos centros territoriales.
Siempre hemos tenido la misma respuesta, que Televisión Española, como operador, estaba en manos de la SEPI, que la SEPI era el organismo que haría funcionar el ente a partir del año 2007, que el
funcionamiento quedaba sometido a acuerdos de futuro y que las especificaciones exactas de este funcionamiento serían objeto de definición por parte de la SEPI.
Nos encontramos a 12 de diciembre y según algunos informes se habla de cerrar Ràdio 4
-aunque supongo que no-y de que no hay una planificación de actuación para el mes de enero para Ràdio 4, sí hay, según nos informó en la última comparecencia la señora directora general, necesidad de establecer -que usted ha confirmado-unas
negociaciones con la Generalitat de Catalunya, interrumpidas lógicamente por el proceso electoral y por la constitución del nuevo Gobierno, pero dada la perentoriedad de estas fechas, me hubiera gustado que usted hubiera marcado un calendario más
preciso cara a dos cosas, primero, la continuidad que va a tener Ràdio 4 a partir del 1 de enero en cuanto a su funcionamiento y, segundo, si se han iniciado o se van a iniciar, y cuál es el calendario, las negociaciones con la Generalitat, si es
que es la solución para Ràdio 4.
Mi grupo presenta mañana una proposición no de ley en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española sobre esos centros territoriales que usted decía que estaban incluidos dentro de una base muy fuerte de
informativos, pero a Ràdio 4 se le han imputado una serie de costes con los que nosotros no estamos de acuerdo, y así lo hemos manifestado varias veces, en el sentido de que había determinada producción de Radio Nacional de España que se hacía en el
centro de Barcelona y, de la misma forma que ocurría con Sant Cugat para Televisión, tenía ese peso específico con la producción de programas para la red de Radio Nacional.
En este sentido le preguntaría, en cuanto a Radio Nacional, si va a
permanecer la territorialidad de esos servicios desgajados de Ràdio 4 y sobre la continuidad de Ràdio 4. Posiblemente los objetivos que generaron la aparición de Ràdio 4 en su momento hoy no son válidos. Era un Estado de derecho distinto al que
tenemos ahora. Lógicamente, no existían ni Catalunya Ràdio ni todas las emisoras catalanas ni había las emisiones que hoy hay en catalán. Ràdio 4 fue una pionera para la pluralidad lingüística y para la especificidad cultural. Entendemos que, de
alguna forma, hay que hacer una reconversión para integrar a través de Radio Nacional esta coordinación de la que usted nos hablaba de la plurinacionalidad y pluriculturalidad española. En las comisiones de control se ha recordado que existen
diferentes autores literarios catalanes que escriben en castellano y que aparecen poco en Televisión Española, al igual que ocurre con determinadas músicas, y es necesario que Radio Nacional de España asuma esta pluriculturalidad. Nuestra
intervención hoy -para no ser reiterativos-es para solicitarle la continuidad de las emisoras de Ràdio 4, que se cumpla efectivamente la encomienda que la ley hace a la Corporación de Radiotelevisión Española de promover la pluralidad y la
diversidad lingüística y cultural del país, en este caso a través de un medio de comunicación radiofónico en lengua catalana, y que se potencie la desconexión de los centros territoriales de Radiotelevisión Española más allá de los propios
informativos. Me ha parecido que lo ha comentado en su intervención, pero me gustaría un poco más de concreción.



El señor PRESIDENTE: Se ha incorporado el señor Puig, de Esquerra Republicana. Aumenta el número de intervinientes pero no reduciremos por el momento el tiempo asignado a cada grupo. Señor Puig tiene la palabra por diez minutos.



El señor PUIG CORDÓN: Voy a ser breve en la utilización de mi tiempo ya que vengo por un tema muy concreto. He estado escuchando la intervención desde el despacho sobre las desconexiones de Radiotelevisión Española y Ràdio 4. Cuando se ha
procedido a una liquidación del grupo Radiotelevisión Española y a un saneamiento de sus cuentas, a uno le viene a la memoria lo que ha sucedido hace escasos días en Barcelona.
Después de decir que Radiotelevisión Española tenía que ahorrar, uno ve
la gala que se emitió la semana pasada desde el Fórum y la pregunta es ¿la SEPI controla lo que se gasta Radiotelevisión Española en esta gala? Me parece un contrasentido la cifra que nos llega de lo que costó y de lo que se pagó a algunos de sus
participantes, después de haber realizado una reestructuración del grupo y llevado a cabo una expulsión -pactada o no pactada-de profesionales de Radiotelevisión Española. Que los euros vayan por el camino que van en una operación de márquetin
fuera de todo lugar, con un despilfarro enorme, me parece que es un contrasentido. Si SEPI ha intentado actuar en el grupo Radiotelevisión Española con un criterio economicista, hubiera estado bien que hubiese dicho alguna cosa sobre el coste de
esa gala para celebrar los 50 años de Televisión, que ha sido


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un despilfarro cuando muchos de los trabajadores tienen que dejar sus puestos de trabajo, cuando la gala, encima, se realiza en Barcelona y se dice que no hay dinero para mantener una Ràdio 4 propia o para mantener las desconexiones de
Radiotelevisión Española. Ahora que empieza la nueva corporación a partir del 1 de enero, esta es la mejor forma de iniciar su trabajo. La otra cuestión tiene que ver también con Ràdio 4. Según ha publicado algún medio de comunicación, algunos de
los despilfarros continúan en Radiotelevisión Española como es el hecho de pagar a algunos por ir a bailar un dinero excesivo, como es el caso de la nieta de un dictador, que según ha salido en la prensa cobra 42.000 euros por aparición y que ha
cobrado 336.000 por participar, cuando con esto aguantaría Ràdio 4 unas cuantas temporadas. Con lo que cobra la nieta de un dictador Ràdio 4 tendría vida para muchos años y ahora que se celebra su 30º aniversario -mañana, exactamente-me parece que
es una ofensa, una bofetada a los trabajadores de Ràdio 4 el hecho de que se siga despilfarrando el dinero. Nos parece peligros y preocupante de cara al 1 de enero que no haya dinero -que es muy poco-para mantener Ràdio 4 y las desconexiones y sí
lo haya para mantener unos espectáculos que me parece que en una televisión pública no son dignos y que ese dinero público que pagan todos los ciudadanos del Estado vaya solamente en un sentido.
Después de esta limpieza, de intentar poner
Radiotelevisión a cero, sigue el despilfarro y el gasto sin sentido para unas cosas, mientras que para otras, que en definitiva significan la promoción de diferentes lenguas de las diferentes culturas que tiene el Estado, no hay dinero. No lo hay
para esa obligación que tiene RTVE. Me parece que la SEPI tendría que controlar que Radiotelevisión Española destinara el dinero a aquello que exige la Constitución y la Ley de Radiotelevisión Española y no gastarlo en frivolidades como la
ceremonia del Fórum o en que la nieta del dictador siga cobrando estas cantidades que me parece que son un insulto a la inteligencia.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco.



El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a ser breve. Nuestro grupo parlamentario se ha empeñado en múltiples ocasiones en relación con el tema de La Naval y la verdad es que no hemos tenido ningún éxito, con lo cual vamos a tratar de ahorrar
esfuerzos que hasta ahora al menos han sido inútiles. De todas formas, le agradezco al señor Martínez Robles sus explicaciones.
Simplemente quisiera referirme a dos cuestiones, una de las cuales es el tema de La Naval para pasar página sobre esta
cuestión, porque, insisto, hasta ahora no nos ha servido mucho el trabajo que hemos realizado parlamentariamente, y tampoco desde el Gobierno vasco, que ha pedido en más de una ocasión la participación en este proceso en el que no se nos ha tenido
en cuenta. El señor Martínez Robles ha dicho que el proceso se ha llevado con transparencia, publicidad y libre concurrencia. No voy a hablar de la libre concurrencia, pero, desde luego publicidad y transparencia sí han tenido con Europa como ha
comentado, y con los sindicatos españoles, pero no con los sindicatos vascos ni tampoco con las administraciones públicas vascas. Vaya por ahí la crítica, que ya conoce por otra parte. Dado que este proceso ha terminado y ya hay una empresa
privada, lo que tenemos que hacer es mirar al futuro y desde las administraciones públicas estaremos pendientes de que el proceso funcione y de que vaya bien, por interés propio. De todas formas, no quisiera dejar pasar una cuestión. Esta no
colaboración, sinceramente, no sé si persigue un interés político. En su día Zapatero dijo en la margen izquierda que iba a mantener los empleos. Posteriormente hubo una decisión política de SEPI o del Gobierno de dejar fuera a Sestao de la parte
pública en el proceso de Navantia y de Izar, pero creo que no merece la pena continuar con esta cuestión. Usted ha hecho referencia a que había compromiso en el futuro para 3,4 millones de horas. Yo no he entendido lo que ha querido decir. Le
agradecería que me lo aclarara, porque ha dicho que esto iba a tener también efectos en la subcontratación ¿Esas horas contratadas o de futuro son firmes o en qué situación están? También me gustaría saber cuántos trabajadores han quedado en la
empresa de La Naval de Sestao.



Hay otra cuestión a la que no ha hecho referencia porque no estaba en el orden del día, por lo que si puede me responde y si no, yo lo entendería.
Es en relación a Babcock Wilcox, que, como usted conocerá mejor, está en una situación
bastante complicada. También hemos pedido por escrito información a SEPI que no se nos ha enviado. En marzo de 2006 transmití mi preocupación al propio vicepresidente del Gobierno sobre el futuro de SEPI diciendo que si no se tomaban medidas, el
año 2007 nos encontraríamos en una situación que nadie deseábamos, con una Babcock Wilcox en situación de cierre, en situación lamentable. El propio vicepresidente me comentó que se lo iba a trasladar a SEPI. Espero que aparte del formalismo algo
dijera usted y me gustaría que aunque no fuera capaz de explicarlo porque quizá no ha traído la información suficiente, me contestara por escrito o personalmente a cuál es la situación de Babcock Wilcox, sobre todo pensando en el futuro de esta
empresa.



El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Señor Martínez Robles, el 28 de febrero de este año nuestro grupo parlamentario pedía su comparecencia para que informara del futuro de los centros territoriales de Radiotelevisión y del cierre de la emisora de
Ràdio 4 de Radio Nacional de España en Cataluña. Hoy creemos que la petición de comparecencia de hace más de nueve meses es plenamente


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vigente porque a partir de sus palabras y de lo que hoy temen multitud de profesionales podemos pensar que desde el 1 de enero la Televisión Española en Cataluña se quedará sin programación en catalán y que muy posiblemente Ràdio 4 dejará de
emitir como tal. Tendrá una programación, una desconexión informativa de media hora, pero no dará una emisión en catalán con las tres horas que hoy está dando. La preocupación existe porque da la casualidad de que hoy, en este mismo momento, en el
Colegio de Periodistas de Cataluña, está convocado un acto para la conmemoración del 30º aniversario de Ràdio 4. La portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds me acaba de enviar un SMS preguntándome qué ha respondido usted. Le estaba diciendo que
aún no lo ha hecho. Nosotros esperamos que haya una buena respuesta que no sitúe la negociación entre el Gobierno de la Generalitat, Radiotelevisión Española y la Administración General del Estado con posterioridad al cierre de Ràdio 4.



Nosotros en su día pedíamos su comparecencia porque entendíamos que algunas de las afirmaciones que se habían hecho no se ajustaban del todo a la realidad. Usted planteó hace más de diez meses que Ràdio 4 costaba más de 7 millones de euros,
pero la realidad según los datos que nosotros manejamos es que cuesta 1,2 millones de euros. Usted dijo que el coste por oyente era de más de 800 euros, pero la realidad es que de los más de 160 trabajadores no todos lo hacen para Ràdio 4, trabajan
para Radio 1, Radio 5, Radio Exterior. Son garantía -en definitiva-de un modelo de radio que tiene diversidad territorial y que entiende y está conectada con una realidad como la catalana. Sí coincidíamos con usted en una cosa.
Ràdio 4 ha tenido
un problema y no ha sido la financiación, el problema ha sido precisamente la falta de definición de un proyecto, el problema ha sido que durante muchos años se ha dejado que el proyecto de Ràdio 4 funcionase, sin reparar en que tenía que tener un
proyecto propio y diferenciado, un proyecto como el que está planteando hoy la dirección, de programación más joven, alternativa, comprometida, solidaria y de cooperación, que permitiese tener una marca propia. Pero el problema es que esto no se
planteó y que el dinero gastado previamente se hizo con el visto bueno de la SEPI y anteriormente de Radiotelevisión Española. En este contexto nosotros decimos que no se puede decidir hoy cerrar Ràdio 4, que no se puede decidir el 1 de enero que
no habrá más programación en catalán o que habrá una programación en catalán estrictamente de media hora. Por eso nosotros en esta comparecencia queremos pedir tiempo, porque no se ha garantizado o propuesto el marco de negociación entre el
Gobierno de la Generalitat y Radiotelevisión Española; tiempo porque entendemos que un modelo en el que el plurilingüismo esté recogido en el modelo de Radiotelevisión Española va estrictamente asociado a lo público; tiempo porque si hoy decidimos
que una emisión en catalán se deje de prestar tanto en Ràdio 4 como en Radiotelevisión Española, exceptuando los informativos, lo que haremos es perder un poquito más ese carácter de radio pública. Señor Martínez Robles, ¿me puede garantizar hoy
que ese 1,2 millones de euros que cuesta Ràdio 4 es una cifra superior a lo que se gastó Radiotelevisión Española en la conmemoración del 50.º aniversario en el Fórum? Yo creo que no lo puede garantizar. Es más, nosotros creemos que el gasto en
esa conmemoración fue superior a ese 1,2 millones de euros que cuesta Ràdio 4. La pregunta que nos tenemos que hacer es para qué está Radiotelevisión Española. ¿Para conmemorar, con un gusto que desde nuestro punto de vista es discutible, o para
garantizar el servicio público que también va asociado al carácter plurilingüe del Estado que, para que entienda esa estructura territorial como la que tenemos, lo que tiene que tener son buenas conexiones en el territorio? Por todo ello le pedimos
tiempo y un proyecto de viabilidad tanto para Ràdio 4, con un proyecto propio, como para una programación de Radiotelevisión en Cataluña que vaya más allá de la media hora de los informativos. Lo que le estamos planteando no es una propuesta de
Iniciativa Verds-Esquerra Unida ni del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa Verds. Hace más de un año visitamos al comité de empresa de Ràdio 4 y, a partir de entonces, surgió una proposición no de ley conjunta, firmada por nuestro grupo
parlamentario, por Esquerra Republicana y por Convergència i Unió, que se discutió en la Comisión de Radiotelevisión Española y que fue aprobada; por tanto, si cerramos Ràdio 4 estaremos contradiciendo el mandato del Congreso de los Diputados. Los
cinco grupos políticos que integran el Consejo de Radiotelevisión Española en Cataluña, el PSC incluido, han manifestado por unanimidad su desacuerdo con criterios exclusivamente economicistas de audiencia para justificar la desaparición de Ràdio 4.
Existe, por tanto, una mayoría política, unánime en Cataluña, que dice que la solución no puede ser la que se va a aplicar a aplicar a partir del 1 de enero.



Tercera reflexión. El compromiso con ese funcionamiento, no solo de Ràdio 4 sino de Radiotelevisión en Cataluña y del conjunto de entes territoriales, tiene que ser un compromiso de televisión pública de calidad, en la que el liderazgo
tiene que venir de la mano de Radiotelevisión Española y de la propia Administración Central del Estado. Por una razón muy simple, porque no es una cuestión de negociación entre Estado y Generalitat; el carácter plurilingüe y el ofrecer, en este
caso, la oferta que plantea Ràdio 4 es un compromiso con ese servicio público. El argumento de que ya existen otras radios que emiten en catalán podríamos aplicarlo también a Radiotelevisión Española por la misma regla de tres, ¿o acaso no existen
otras televisiones y radios que emiten en castellano? Por la misma regla de tres podríamos cerrar Radiotelevisión Española. No es nuestro criterio ¿Por qué? Porque Radiotelevisión Española debe prestar un servicio público de calidad e
independiente -acabo ya, señor presidente-, y por eso si aplicamos un criterio para el conjunto del Estado también debemos aplicarlo


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a Radiotelevisión Española en Cataluña y, concretamente, a Ràdio 4.



En este contexto, realizándose un acto en este mismo momento en el Col.legi de Periodistes de Catalunya y existiendo una amplia unanimidad en el conjunto de la sociedad política catalana -que también incluye al PSC-, le pedimos que prorrogue
la decisión y que ganemos tiempo para conseguir una solución optima y posible, que garantice un servicio público de calidad y plurilingüe, un servicio con el que Radiotelevisión Española está comprometida y que continúe teniendo la gente y los
equipos suficientes para saber qué pasa en el territorio. Sin eso, el servicio público del que usted hablaba no será posible. Por eso le pedimos que nos dé una solución y una propuesta más allá de la negociación con la Generalitat, después de que
haya desaparecido una programación propia como la que existe en Ràdio 4 o en Radiotelevisión.



El señor PRESIDENTE: Por el Bloque Nacionalista Galego tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Comenzaré por el inicio de la comparecencia sobre el sector naval y, en particular, Navantia. Con el horizonte temporal que tenemos y visto lo que pasó en retrospectiva, señor Martínez Robles, hoy es innegable
que el proceso condujo a una merma de capacidad productiva del Estado español en la construcción naval, condujo a una privatización de algunos centros de carácter público para acabar con el sector público metido en nicho militar y, aun así, con un
horizonte incierto. Lo que pasó con el sector naval es todo un modelo de las relaciones de carácter industrial dentro del seno de la Unión Europea, que se pueden justificar en nombre de la competitividad pero que, francamente, tienen un gran
componente político que estuvo dictado por cómo se hizo el reparto en relación con sectores estratégicos básicos, porque no hay que olvidar que el sector naval tiene tanta importancia como el aeronáutico o como los sectores de mayor tecnología que
hoy puedan existir en el mundo. Es más, en el caso del Estado español, era el principal sector exportador, curiosamente, en un Estado con tantas deficiencias en la balanza comercial. Por arte de unas negociaciones que nunca estuvieron claras,
pero, por una cesión desde el año 1964, el Estado español se encuentra hoy privado prácticamente de su capacidad productiva, por lo menos en los términos en los que la mantenía en los años setenta. El problema no acabó y aquí viene nuestra
preocupación: los astilleros públicos dedicados al sector militar son en número excesivos, en capacidad real -si se ponen en pleno funcionamiento-excedentarios y en tercer lugar, porque si la construcción civil tiene problemas de competitividad
internacional que en este momento en absoluto porque hay un repunte de la construcción naval civil, la militar es mucho peor. La prueba está en que todo lo que se consiguió fuera de los propios contratos de Defensa fue gracias al Gobierno
venezolano, que estuvo muy condicionado, acertadamente además, primero por la falta de prejuicios del Gobierno español, actuando correctamente, y en segundo lugar porque el Gobierno de Venezuela optó por algunas relaciones de carácter estratégico
con algún Estado de la Unión Europea, con el que sin duda tiene lazos históricos, culturales y lingüísticos muy importantes. Pero el problema, señor Martínez Robles, es que ahora nos encontramos con astilleros públicos que no están funcionando a
pleno rendimiento en la construcción naval militar porque no da de sí. Por ejemplo, en la ría de Ferrol, Fene y Ferrol tienen un trabajo malamente asegurado, con plantillas muy reducidas, hasta el año 2011, a base prácticamente de contratos del
Ministerio de Defensa, las F-100, el buque de proyección estratégica y las F-130 de Noruega que, por cierto, están dando bastantes quebraderos de cabeza. Esto visualmente lleva, en la ría de Ferrol a que se vea un astillero como el de Fene que, en
relación con su capacidad tecnológica y potencial, está prácticamente abandonado; la grúa pórtico abandonada, los muelles abandonados y haciendo unos bloques derivados desde Ferrol que, francamente, no justifica la existencia de un astillero de
semejante calibre. Si a esto le añadimos los despropósitos de que las empresas privadas tienen que trasladar a kilómetros de distancia los quimiqueros porque no pueden construirlos en sus reducidos diques, nos vemos abocados a un sector que tiene
una gran falta de competitividad porque creemos que no se está actuando con coherencia, con cohesión y en defensa del sector.



A nosotros, además de preocuparnos el caso del astillero de Fene, nos preocupa también el modelo de producción que se está estableciendo con el conjunto de Navantia, o por lo menos en el caso de Ferrol. En relación con el astillero de Fene,
señor Martínez Robles, creo que el Gobierno tiene dos deberes por hacer, el primero, aclarar cuáles son los compromisos con la Unión Europea de verdad, porque es impresentable que se haya utilizado un astillero como una especie de mártir para acabar
con él, para poder reducir la capacidad productiva del Estado español y que ahora ni se privatice ni se use públicamente y se torpedee cualquier intento de solución, aunque sean soluciones difíciles, y lo comparto con usted, porque estamos de
acuerdo en que poner en marcha un gran astillero no es cosa de broma y que hay que tener fiabilidad y tener una empresa muy competitiva detrás -seguramente transnacionalizada-, pero lo que no se puede dar como respuesta es dejarlo como está; esa es
la peor solución porque la crisis con el astillero militar va a llegar también y ustedes lo saben. Hay que abrir otras puertas rápidamente. En relación con la planificación de la producción, tal como la están haciendo ustedes ahora, por lo menos
en el caso de Ferrol, está llena de defectos que están provocando que las pérdidas no desaparezcan. En particular, quiero decirle que la relación con las empresas auxiliares es caótica. Primero, se aceptan ofertas temerarias por parte de empresas
auxiliares, el caso de Galmexco es muy claro, le dejaron


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a ustedes abandonado el trabajo, no pudieron hacer frente a la producción que ustedes les entregaron y ¿esos perjuicios para quien son? Para Navantia. En segundo lugar, no se entregan los contratos de los pedidos a tiempo porque se dan
contratos a empresas que no tienen garantías de poder cumplirlos con efectividad. Encima se deterioran las relaciones laborales, en concreto la seguridad e higiene en el trabajo e incluso las condiciones de precarización de los trabajadores, de
forma que no se cumplen ni siquiera los convenios colectivos. Es curioso que la empresa que mejor cumplía, en este caso Nervión, esté hoy prácticamente sin ningún tipo de contrato y con las plantillas de trabajadores en la calle trabajadores con
siete y ocho años de experiencia, con gran cualificación y que, curiosamente, cumplen todas las normas de la homologación específica que hace falta para trabajar en Navantia. Y mientras, hay otras empresas que contratan a inmigrantes y a
trabajadores que no tienen la cualificación homologada y -encima-se anuncia que no hay suficiente mano de obra cualificada en la comarca. Creo que deberían hacer una profunda revisión de esta cuestión y no tolerar que haya subcontratas de las
contratas, y obligar por encima de todo a que las empresas no puedan subcontratar en cadena y que tengan que constituir por lo menos una UTE, que debe estar bien informada y examinada por parte de la empresa principal y además, que todo lo que sea
regulación de la jornada laboral dentro de la empresa, la empresa principal por lo menos lo controle y no eche balones fuera diciendo que se trata de empresas privadas, que a ella lo único que le interesa es la competitividad, etcétera, porque esa
fórmula de competitividad está llevando a la merma de calidad y empieza a haber indicios. Antes estas empresas, coincido con usted en que no eran a lo mejor competitivas desde el punto de vista de que había mucho despilfarro, pero es que ahora el
despilfarro no ha desaparecido, señor Martínez Robles, y se intenta reducir las pérdidas a base del mercado de trabajo de las empresas auxiliares. Esa vía es equivocada y yo le incito a que estudien eso profundamente.



En relación con Santa Bárbara, tengo aquí el informe de cuentas de resultados del año 2005. Está muy bien que ustedes digan que es una empresa privada ahora, que tienen que esperar a los informes que las empresas privadas están haciendo y
cómo fue la aplicación del programa industrial en todos estos años y les den a ustedes la información precisa. Pero del propio informe de la cuenta de resultados se deducen cinco asertos que le quiero enumerar: Primero, continúan existiendo
razones para dudar de la credibilidad de las cuentas que presenta la empresa; el modelo normalizado y el de la memoria contienen diferencias de bulto, eso lo dicen las propias empresas que están auditando estas cuentas, porque no se aplican los
modelos normalizados o se aplican arbitrariamente. Hay, por lo tanto, normas y principios contables sin justificación clara. El grado de amortización del aparato productivo es elevado, lo que sugiere un nivel de obsolescencia importante. En el
año 2005 se llevó a cabo una ampliación de capital pero hay una pérdida y un crecimiento de la deuda a mayor ritmo, empeorando las garantías de la empresa que cada vez más está endeudada y próxima a la quiebra técnica. Y las pérdidas, señor
Martínez Robles, estuvieron provocadas por una reducción del valor añadido bruto, se vendió menos y se consumió más; los gastos de personal crecieron pese a la reducción del número de trabajadores; las amortizaciones y las provisiones
contribuyeron en menor medida a empeorar el resultado. Por último, esta es la clave de toda la cuestión, esto se privatizó, pero da la casualidad de que General Dynamics sigue sin aportar cifras de negocio a Santa Bárbara y el Ministerio de Defensa
sigue siendo el único cliente de la sociedad, habiendo aportado el 90 por ciento de un total de negocio de 388 millones de euros. Creo que esto es clarificador.



Por último, quiero decirle, es un tema muy importante, que en el caso de la fábrica de A Coruña -que está en actividad-solo pudo hacer esos rifles G56; la actividad en el año 2006 fue del 56 por ciento, aunque es cierto que se mantuvo la
plantilla, pero ahora la empresa plantea que le construyan una nueva factoría -gratis, eso sí-para abandonar los terrenos que esta usando en A Coruña, y ya se habla de una especie de convenio con el Ministerio de Defensa, que es el propietario de
los terrenos, el Ayuntamiento de A Coruña y General Dynamics, destinado a librar los terrenos actuales que están situados en un área que posibilita el crecimiento urbanístico de A Coruña con ganancias suculentas. Si esto es así, me gustaría que
ustedes garantizasen la continuidad del proyecto industrial, que obligasen a la empresa a garantizarlo. Francamente, hacer la construcción de la nueva empresa gratis, nos parece excesivo, porque hay que tener en cuenta que una de las obligaciones,
si no recordamos mal, del acuerdo de julio de 2001, era que Santa Bárbara Sistemas tendría que satisfacer el 2,25 por ciento de la facturación generada por la producción para terceros, por la utilización de los terrenos, las infraestructuras y todos
los aparatos que recibió de la empresa pública, lo que se denomina en concreto el uso temporal del IFEC. Nos gustaría que nos aclarase todas estas cuestiones.



Por último, como también pedimos la comparecencia, queremos decirle que usted dio un dato clave sobre la reestructuración de la Radiotelevisión Española. Efectivamente, hasta ahora estaban funcionando los centros territoriales como
suministradores de información y como información interna, lo que lleva consigo el uso de la lengua gallega o la catalana, por ejemplo, en la interna y la española cuando era la redacción la que se dirigía al centro, para todo el Estado. El modelo
actual va a conducir a que como se da información para el conjunto del Estado, la cuestión lingüística va a quedar prácticamente barrida. Esto es una reducción sensible. Al Bloque Nacionalista Galego le parece, que todo esto entra dentro -y está
conectado curiosamente con Santa Bárbara y con el sector naval-de procesos de desmantelamiento


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de los sectores públicos, que se hacen en nombre de la competitividad y que después esa competitividad no se demuestra y siguen funcionando prácticamente como protectores de empresas privadas. Ese fue uno de los grandes problemas de que las
televisiones y radios públicas diesen pérdidas o no optimizasen los recursos y el personal propios.



Nada más, le agradecería que, sobretodo, en relación con las empresas auxiliares, tomase nota de lo que le estoy diciendo por el bien de la industria naval militar, ya me restrinjo a ella, por que podamos mantener ese nicho y por que podamos
abrir la puerta a un futuro de restauración de la producción civil en el Estado español en unas cantidades más elevadas que las que hay hoy en día.



El señor PRESIDENTE: Cerramos esta primera ronda de intervenciones con la del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Quisiera empezar mi intervención hablando de un tema de procedimiento, pero es reiterado y creo que es pertinente que lo vuelva a expresar. La comparecencia del presidente de la SEPI ha sido tramitada por Mesa y
portavoces cuando ha sido así solicitada por el Grupo Popular. Realmente, no se puede reiterar la misma canción de que tenía que haber comparecido antes cuando estaba en su mano haberlo solicitado, porque este grupo parlamentario jamás se ha negado
en las previsiones de las comisiones de economía a incluir las comparecencias que se han pedido. Por lo tanto, no ha habido -y esto lo digo con rotundidad-ninguna oposición por parte del Grupo Socialista a que el presidente de la SEPI compareciera;
ha dependido del Grupo Popular y no se puede imputar, porque lo he oído varias veces, el retraso al presidente de la SEPI. (El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pronuncia palabras que no se perciben.) Tampoco se puede imputar, porque si no que
el Grupo Popular se ponga de acuerdo con su portavoz, a que se ha acumulado todo de una manera amontonada, valga la expresión. Si quieren tres comparecencias, no hay problema, pero esas insinuaciones continuas -que ustedes hacen maravillosamente-no
proceden en este momento. Han sido ustedes los que han aceptado las condiciones; es más, esta comparecencia tenía unas limitaciones posteriores porque varios miembros de esta Comisión tienen un acto posterior institucional y se aceptó la
limitación que suponía sabiendo que había muchos temas. Por lo tanto, no echen balones fuera, si tienen alguna queja tienen que hablar con su portavoz y no trasladar al presidente de la SEPI, que no tiene nada que ver, ni a la Mesa y portavoces,
que tienen todavía menos que ver.



Entrando ya en el tema, resulta curioso que no se quiera hablar del pasado pero que se pregunte por qué hemos dejado morir los astilleros y no los hayamos defendido frente a Europa, o que se traigan declaraciones del portavoz socialista. Es
imposible no hablar del pasado si la insinuación es que hemos dejado morir y hemos dejado en quiebra a los astilleros. Es imposible que no se digan algunas cosas de manera rotunda. Nunca una quiebra fue tan cara para el erario español como la de
Izar; se han perdido por la actuación de muchos años, los últimos -como todos sabemos-gobernados por el Partido Popular, más de 3.000 millones de euros. Y el PP ha tenido en este tiempo una gestión empresarial y una política irresponsable, en
tanto que no actuaron en el momento oportuno como correspondería a una empresa, que es tomar las decisiones para su supervivencia. El PP, en ese periodo, todos conocemos que no comunicó a Bruselas las actuaciones ni colaboró en la resolución de los
problemas que tenían los astilleros. Si quiere recordamos la cantidad de ocasiones en las que negó información a los servicios de la Comisión o la cantidad -numerosa-de ayudas que fueron declaradas ilegales. Me sorprende que una persona tan
informada como el señor Fernández de Mesa hable de 380 millones de euros cuando solamente tiene que acceder a la página web de la Comisión Europea para ver todos los expedientes, si quiere se los relato: el 1998/C3, de los créditos fiscales; el
1999/C40, astilleros, de 375 millones de euros; en 2000 el C38, las aportaciones a Bazan, 550 millones de euros. No insista en que han sido 300 millones porque hay una relación de expedientes que son los que corresponden al coste que ha tenido ese
comportamiento -insisto, poco responsable-que ha tenido el Partido Popular, que fue incapaz de afrontar esa situación ni ante Bruselas ni ante la opinión pública, que tuvo después la decisión disparatada de fusionar los astilleros, que da la
impresión de que fue por cuestiones electorales, y que de 2000 a 2004 produjo pérdidas de 644 millones de euros. Esa fusión perjudicó a los militares, no benefició a los civiles y, desde luego, mantuvo un empleo ficticio durante este periodo.



He oído varias veces al señor Fernández de Mesa decir que ahora la reducción va a ser de 4.000 trabajadores. Quiero recordarle que desde el momento en que tomó el gobierno el Partido Popular hasta que lo dejó, en los astilleros hubo 6.500
personas que dejaron su empleo. Ya me lo ha oído otras veces, son datos que obtengo de registros públicos, por lo tanto usted puede decir lo que quiera pero la realidad está ahí. En cualquier caso, me resulta sorprendente que estemos hablando de
dos grandes muertos que nos dejó el Partido Popular, de cuya solución en estos momentos deberíamos estar contentos, salvo que ustedes quieran que las cosas cuanto peor, mejor. A esos dos grandes muertos que tenían graves problemas con la Unión
Europea, no solamente porque estaban haciendo ocultación sino porque realmente, tal y como se estaban gestionando, no tenían otra posibilidad, en estos momentos se les ha dado solución y ustedes todavía están enredando para que parezca que estamos
destruyendo el sector público o cuestiones de este tipo. Quiero recordar, y la intervención de hoy del presidente de la SEPI supone la culminación de un proceso iniciado nada más asumir este gobierno, que se ha asegurado la actividad y el empleo en
la construcción naval pública. Los trabajadores hoy tienen un futuro más


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optimista y seguro, se pueden dedicar a la construcción naval militar, y en el sector privado también van a poder trabajar. Eso se ha hecho con un gran esfuerzo en un sector de actividad que, en marzo de 2004, estaba en quiebra, sin
pedidos, sin carga de trabajo y con cuantiosas pérdidas acumuladas. También hemos oído que cada vez que contratábamos un barco teníamos unos miles de millones de pesetas de pérdidas; no había trabajo, porque contratar trabajo que supone pérdidas
efectivas, en un marco de mercado dentro de la Unión Europea, es imposible porque es pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, tampoco es cierto. La empresa en 2004 estaba en quiebra y sin pedidos, excepto el sector de construcción naval
militar. Después de devolver esos casi 1.300 millones de euros que se habían otorgado en ayudas contrarias al derecho comunitario, se ha afrontado el problema, se ha evitado la quiebra de la sociedad, se ha evitado el cierre de los centros, que
siguen todos abiertos y activos, y se ha evitado la pérdida total de empleo, que era la consecuencia de aplicar la ley española porque la empresa estaba en situación de disolución y habría que cerrarla. Afortunadamente, todo eso se ha evitado y
ahora continúan insistiendo en recurrir; ustedes ya recurrieron y perdieron, y enrarecieron mucho el ambiente con las autoridades comunitarias. Ahora, dialogando, se ha hecho un proceso de tránsito que ustedes no podían hacer porque recurrían lo
imposible y les condenó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Con este espíritu de diálogo se ha llegado a un acuerdo marco, de 16 de diciembre de 2004, con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos más
representativos, y al acuerdo de garantías laborales de 2 de noviembre de 2006. La venta de los activos de Izar se ha hecho cumpliendo escrupulosamente con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia; el número de empresas que han
sido, primero contactadas, que después han manifestado su interés y que han presentado sus ofertas, aleja cualquier sombra de duda del proceso que se ha seguido. Por lo tanto, los trabajadores tienen asegurado su futuro y plenas garantías de que no
quedarán desprotegidos en el futuro; este fue el compromiso que tomó el presidente del Gobierno y que ha cumplido escrupulosamente. Este Gobierno ha cumplido todos los compromisos que se había planteado en la construcción naval pública, mantiene
abiertos sus centros y, como decía el presidente de la SEPI, hemos ofrecido una respuesta satisfactoria al conjunto del sector naval y a sus trabajadores.



Respecto a la industria auxiliar, mi grupo apoya totalmente el comentario hecho por el presidente de la SEPI respecto a la política de subcontratación, de respeto absoluto a las reglas de competencia, concurrencia y publicidad. Estamos
seguros de que no tiene por qué haber ningún problema en esta etapa, desde luego complicada como tienen todos los sectores, que va a vivir la industria auxiliar, pero con la mesa ya constituida estamos seguros de que entre todos vamos a poder
aportar soluciones.



Respecto a Televisión, y sin entrar en detalles, es curioso que la portavoz del Grupo Popular, en la última comparecencia de presupuestos le diera a este portavoz lecciones jurídicas y hoy se las haya dado presupuestarias; yo las admito.
Lea sus afirmaciones; yo tenía un informe jurídico en la mano, supongo que usted no lo tendría. Pero quiero hablar de nuestra posición. Todo el mundo conoce que el programa electoral del Partido Socialista tenía como objetivo abordar una
reformulación de la Radiotelevisión pública de titularidad estatal, promoviendo una gestión independiente y plural al servicio de los ciudadanos y aportando mediante su programación su contribución a la información, a la educación y a la cultura,
según las previsiones constitucionales. Nosotros entendemos que después del abandono al que estuvo sometida Radiotelevisión Española, todos nos teníamos que felicitar de que en estos momentos se haya solucionado el problema de la deuda, y parece
mentira que todavía estemos alarmando. Todos conocemos que el diagnóstico que se ha hecho por parte de mi grupo era, en primer lugar, que había una programación basada en la competencia comercial que deterioró los componentes de servicio público en
detrimento de los valores ciudadanos de educación y cultura, y en segundo lugar, que había una instrumentación de los servicios informativos que sesgaba sus mensajes como instrumentos favorables para la opinión política en el poder. De esto no ha
hablado y estoy seguro que conoce muy bien el que le habla cómo se produjo en una etapa en la que hubo sentencias de los tribunales. Estas indeseadas características apuntadas cohabitaban con una inadecuada financiación pública, como ha dicho el
presidente, lo que llevaba de forma imparable al endeudamiento.
Pensamos que con la nueva Ley 17/2006, de 5 de junio, que regula la radio y la televión pública, la definición de los conceptos de servicio público de la radio y de la televisión y la
concreción del sistema de financiación que también ha sido reiterado aquí, se entra en la senda de la viabilidad de este servivio público que, de otra manera, estaba abocado al desastre. Por ello, con el diálogo con las organizaciones sindicales
más representativas -se ha citado el acuerdo alcanzado el 12 de julio-se permite mantener la consistencia del modelo inicialmente propuesto. Por lo tanto, solo podemos felicitar al presidente de la SEPI por cómo ha conducido, con mucha sensibilidad
y tino, todo el proceso de Izar. Todos recordamos las violentas imágenes al principio del proceso por la desconfianza que se tenía, no con el actual Gobierno o la SEPI actual, sino por cómo había funcionado en la etapa anterior, imágenes que nos
quedaron en la retina, y todos sabemos cómo vemos ahora los centros, los astilleros, tanto militares como civiles, y cómo se ha llegado a la paz social, con los problemas evidentes que tiene un sector sobredimensionado, reconocido por todo el mundo.
Solo me queda felicitarle porque el cambio es espectacular, por cómo tomó las riendas y cómo las deja.



Respecto a Televisión, exactamente igual. Había una deuda histórica, próxima al billón de las antiguas pesetas, se busca una solución al problema de la deuda y unas bases sólidas -que espero se compartan por el Grupo Popular-, por lo que
creo que es para felicitarle. Señor


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presidente, es difícil hacer una gestión tan brillante en dos temas tan duros. Le instamos a que continue trabajando para dejar estos dos grandes temas lo mejor solucionados por el bien del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.



El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra el señor Martínez Robles.



El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Martínez Robles): Hay una serie de cuestiones importantes por lo que voy a intentar contestar rápidamente. Señoría, ya le dije que al día siguiente de
alcanzar el acuerdo del 12 de julio, yo mismo pedí mi comparecencia en esta Comisión, y no ha sido mi intención buscar el momento oportuno para comparecer. En todo caso, tanto en aquel momento como ahora, tomo en cuenta las opiniones que SS.SS.
nos dan sobre los temas que estamos tratando. Para no hablar más del pasado, y sin incorporar valoraciones, yo quisiera decir que lo que ocurría es que se tomaron determinadas soluciones que fueron consideradas ilegales por la Comisión Europea. Me
extraña que usted diga que solo fueron 300 millones porque usted es un buen conocedor de estos asuntos, pero le puedo proporcionar documentación para que vea que la cantidad de ayudas ilegales asciende -incluyendo intereses-a 1.247 millones de
euros, y sin intereses asciende a más de 1.000 millones de euros. Por lo demás, lo importante es considerar que las actuaciones que se han realizado nos permiten hablar del futuro del sector, y desde ese punto debemos partir ahora. También le
agradezco las consideraciones sobre la limpieza y la legalidad del proceso que ha realizado. No se puede decir que el Gobierno no se ha partido la cara por esta cuestión, yo casi diría que el Gobierno anterior no se partió la cara porque el
expediente llegó como llegó, precisamente porque no se habían hecho las cosas que se tendrían que hacer, entre ellas, como ya decía el diputado, tomar las medidas oportunas. Aparte de estas cuestiones, no puedo estar de acuerdo en absoluto con
usted cuando dice que toda la operación ha consistido en reducir la plantilla. Todo lo que se ha hecho nos permite hablar del futuro. A finales de diciembre del año 2004, la antigua empresa Izar, incluida la parte militar, estaba en quiebra
técnica e iba a entrar en quiebra mercantil el día 31. Fue el acuerdo y la separación de la parte militar lo que permitió que esta empresa solo quebrara -porque finalmente la empresa ha entrado en liquidación-en la parte civil, no en la militar, ya
que haciendo la operación contraria a la que en su día hizo el Gobierno popular, ha permitido que la parte militar subsista en las mismas condiciones. Ha habido nueva contratación y hay expectativas de trabajo para los astilleros militares hasta el
año 2011. El año 2011 no es en esta materia un plazo corto, es un medio plazo importante; habrá que ver qué es lo que se hace a partir de entonces, pero estoy seguro que estamos en condiciones de plantear un futuro para la parte militar. La parte
civil, subsiste, no se ha tenido que cerrar a pesar de que, como saben, sobre estos astilleros pesaba con carácter de gravamen real la devolución de las ayudas. Se ha hecho un procedimiento por el que la devolución de las ayudas siguen
residenciadas en Izar en liquidación y el haber obtenido los compradores estos bienes a través de estos procesos permite que en ellos se pueda desarrollar la actividad libremente. Yo estoy seguro de que los nuevos compradores van a desarrollar esta
actividad, tenemos otros ejemplos de actividad de construcción naval privada en España que se desarrollan perfectamente en el mercado, se ha hecho anteriormente, y estoy seguro que los compradores de ahora lo van a hacer también, al igual que las
otras empresas públicas que existen en la actualidad.



Me preguntaba cuáles eran las garantías para los trabajadores. Se las he esbozado de forma sucinta en mi exposición. Consisten en tratar de ofrecer un puesto de trabajo alternativo para los trabajadores en el caso de que las empresas
compradoras de los activos tengan problemas en el futuro que afecten a su viabilidad industrial. Es decir, si las empresas tienen un proceso de concurso de acreedores o tienen despidos objetivos o, en el caso individual de los trabajadores, cuando
hay despidos considerados improcedentes. En todos estos casos el principio general es que se garantiza un trabajo alternativo a los trabajadores. Ahora bien, ante la dificultad en esta zonas y para los trabajadores mayores de 52 años de encontrar
un trabajo alternativo, a aquellos trabajadores que tengan más de 52 años se les ofrece la posibilidad de una prejubilación en las mismas condiciones que se acordó en el año 2004 para los trabajadores de Izar. Si tienen menos de 52 años, se le
ofrece un empleo en las mismas condiciones geográficas, económicas, sociales, etcétera, y si ello no es posible, se procura buscar un empleo en otro lugar o incluso en Navantia y, en último caso, se procedería a proporcionarle una indemización
compensatoria. Este es el conjunto de las garantías acordadas con los sindicatos que sirven de sustento a esta privatización.



Las medidas que se toman para el sector de la construcción naval, cuya competencia -como bien conoce S.S.-no corresponde a SEPI sino al Ministerio de Industria, se establecen en el mismo marco que tienen establecido los demás países para sus
astilleros. Estamos en las mismas condiciones, el reto para la construcción naval ha sido siempre el ser capaces de ser empresas competitivas y conseguir contratos en un mercado verdaderamente competitivo. Porque, a pesar de que se dice que el
mercado está en ebullición, hay que recordar que hasta julio de 2006 las contrataciones de construcción civil iban el 41 por ciento a Corea; el 19 por ciento a Japón; el 18 por ciento a China; a la Europa de los 25 solo llegaba el 7,4 por ciento,
si incluimos otros países llegamos al 12 por ciento. Cuando se hace la consideración en el sector naval de que el mercado está en un momento muy bueno, esa es una condición necesaria pero no suficiente. La empresa Izar quebró cuando el mercado
estaba en muy buena situación; en los dos últimos años no se consiguieron contratos civiles en ningún caso, ni en el caso de las plataformas para Fene


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ni en el caso de los buques para los demás astilleros; sin embargo, en ese tiempo sí consiguieron contrataciones los astilleros privados. Me preguntaba S.S. qué pensaba sobre la privatización de Astano. Yo he mostrado mi opinión, la
opinión de SEPI, contraria a dicha privatización.
¿Por qué? En primer lugar, porque ya se decidió así en 2004. En ese año, si SS.SS. recuerdan, en los primeros planteamientos que se hacían por la SEPI, Astano, que era un astillero civil, como
todo el mundo conoce, estaba fuera del perímetro de la sociedad civil, pero las consideraciones que hicieron los sindicatos, los empresarios de la zona, los partidos de la zona, etcétera, llevaron a la inclusión de Astano en el perímetro de la
sociedad militar, porque todo el mundo era consciente en ese momento de que el centro de Fene no era viable fuera de ese perímetro. Entonces se negoció con la Comisión Europea la inclusión de Astano, que hasta entonces nunca había sido militar,
dentro del perímetro de la empresa militar, y efectivamente así se hizo, pero se hizo, y eso es público desde aquel momento, con la condición de que el centro de Fene no pudiera dedicarse a la construcción civil, así como tampoco el centro de San
Fernando. Eso es así, por tanto no es posible pensar en la privatización de Astano. Eso es lo que se hizo en su momento, se pidió la inclusión, pero no es posible incluirlo dentro del perímetro de la sociedad militar y pasados dos años pedir su
exclusión, una vez que el problema de la devolución de las ayudas está resuelto. Por tanto, esta es la situación con respecto a Astano. Se hacen consideraciones con respecto a Astano, y usted las hacía diciendo que Astano está desaprovechado. En
realidad está ahora al cien por cien de empleo -ya sé que ustedes prefieren hablar de metros cuadrados que hacerlo de trabajadores-, pero en los dos años anteriores a la reestructuración ocurrida en el año 2004 todos los trabajadores estaban en
paro, el único trabajo que había era el de los que cruzaban a trabajar a Ferrol y el de los que trabajaban en reparaciones, porque allí no había trabajo. Ahora en el centro de Fene, con independencia de los metros, porque con los metros se hará lo
que se tenga que hacer, trabajan los 360 de este astillero y 600 trabajadores más de la empresa auxiliar. Creo que eso es lo importante, ahora en Fene trabajan mil personas y antes no trabajaba nadie; deberíamos hacer comparaciones temporales
adecuadas, porque no es posible comparar la situación de Astano hoy en día, con la situación de Astano a principio de los años setenta; no es la misma situación ni el mismo proceso. Hemos realizado una evolución muy grande para llegar aquí, pero
estamos convirtiendo una solución, que ha sido un éxito para Fene porque todos tienen trabajo, en un problema al decir que las instalaciones están vacías. Las instalaciones están vacías ahora como lo estaban antes, pero ya se ocuparan para lo que
sea en otro momento.



En cuanto a los temas de Radiotelevisión que preguntaba S.S., no comparto sus síntesis sobre el proceso, porque cuando dice que nuestro objetivo era solo reducir la plantilla en un 50 por ciento, no es verdad; no solo porque no es el 50
sino el 40 por ciento, sino porque no es cierto. No es posible pensar en una modificación tan importante como la que ha ocurrido en Radiotelevisión Española en estos dos años y decir que el único objetivo era reducir la plantilla, yo no lo creo de
ninguna manera; lo que sí creo, señora diputada, es lo que digo. Usted hace muchas valoraciones sobre lo que creo o no creo, lo que es falso o no es falso, pero las cosas no son, o por lo menos yo no las considero como usted dice. También le digo
que no son falsas las que usted dice, se ha hecho una modificación profunda dentro de la televisión, en su financiación y en el marco jurídico, y se ha establecido una nueva organización para la Televisión pública que va a permitir que pueda
desarrollarse en los próximos años con un aparato adecuado. No es posible de ninguna manera comparar lo que se ha hecho en estos dos años con el llamado Plan de saneamiento que se firmó en el año 2001, y que yo conozco bien. Para referirme a él
solo le diré que no contenía un solo número ni ninguna de sus previsiones genéricas se llevaron a cabo. Ojalá se hubieran llevado a cabo y desde el año 2004 hubiese habido una Radiotelevisión sin deudas, funcionando, con una plantilla adecuada y un
aparato eficiente. En cuanto al coste del ERE, ya le he dicho anteriormente en las previsiones de gastos en términos generales -como usted conoce todavía no se sabe exactamente quiénes son las personas que se van a acoger al mismo, se está
terminando en estos días-una cifra sobre las últimas solicitudes para acogerse a lo previsto en el ERE, y una vez que se conozca se determinará el coste del plan de Televisión, pero para el año 2007 está previsto -ya se lo digo-la financiación del
Ente Público Radiotelevisión.
La financiación que se incluye es la necesaria para el año 2007, no es toda la financiación, porque como bien sabe su señoría las necesidades de financiación que va a requerir este ajuste laboral se van a alargar
durante quince años y, por tanto, no va a haber una externalización -como se ha hecho en otros casos-de los capitales necesarios para que los trabajadores reciban sus emolumentos, sino que el ente y SEPI se van a hacer cargo directamente de ir
dotando cada año las cantidades necesarias para ello. Este dato se tiene previsto, en términos generales, con una cantidad suficiente en el presupuesto del ente público para el año 2007, y en esta cantidad están incluidos unos 120 millones de
euros, que será aproximadamente el coste para el ente de las pensiones de prejubilación de los trabajadores en ese año. Por otra parte, la propuesta que se ha realizado no se ha hecho en ningún caso, como me ha parecido entenderle, en contra de los
trabajadores, sino precisamente de acuerdo con ellos.
Los trabajadores, como es bien notorio, han estado de acuerdo en todos los casos con las propuestas que se han planteado y han introducido en estos planes determinadas modificaciones.



El Grupo Catalán, también Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, han hecho preguntas en primer lugar sobre Ràdio 4. Yo no había oído nunca hablar del cierre de Ràdio 4 hasta que esta mañana el


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diputado de Izquierda Unida, que ahora no está presente, se ha referido a ello. Ya les dije en mi intervención anterior, recordando las palabras que había dicho el presidente del Gobierno a una pregunta sobre este particular en el Congreso,
que sobre Ràdio 4 se va a establecer -y ya se está en esta dirección-la negociación correspondiente con la Generalitat de Cataluña al objeto de ofrecer una solución adecuada y que esté de acuerdo con el objetivo que se persigue, que es entre otros
mantener la pluralidad y la diversidad lingüística. Desde luego lo que no es correcto -y le ruego que si tiene duda lo pregunte directamente a Televisión-es el dato de coste de Ràdio 4 que señalaba el diputado de Izquierda Unida, porque no es 1,3,
es una cifra que se acerca a los 9 millones de euros.
Esa es la cifra sacada exactamente de la contabilidad, y si no están de acuerdo soliciten los datos sobre el particular. Esa es la cifra sobre esta cuestión.



Los centros territoriales no van a desaparecer, sino que van a tener una actividad centrada en los informativos. Estos centros, como es lógico, van a adecuarnos a nuestras posibilidades, a nuestra eficiencia, y vamos a tratar de resolver la
anomalía que presenta la territorialidad de la radiotelevisión pública en España. Somos el único país de Europa que tiene dos redes de radiotelevisión pública. Nosotros tenemos una muy importante red de radios y televisiones de las comunidades
regionales, o de nacionalidades, y al mismo tiempo tenemos un desarrollo territorial a través de estos centros de la radio y la televisión pública nacional.
Este es un modelo que no se da en ningún caso en Europa, salvo en Gales.
Los demás países
o bien tienen una radiotelevisión centralizada que opera a través de desconexiones -este es el caso de la BBC-, o bien tienen otro modelo que es el alemán, una radiotelevisión nacional que sólo emite a nivel nacional y al mismo tiempo una red
territorial, de los Länder, de radio y televisión, pero no existen como en España las dos redes que a veces se convierten en tres, porque también somos el país que tiene una red local más importante de televisión. Por tanto, esta es una cuestión a
la que lógicamente hay que hacer frente en una reforma de la radio y la televisión. La única diferencia que se hace entre lo que existía y lo que hay es que se suprime una desconexión que ahora se da en el Canal 2 de Radiotelevisión Española y que
tiene una escasísima audiencia en las horas nocturnas. Cuestión distinta es el caso de Cataluña, donde existe además un centro nacional de producción, que es el de Sant Cugat, al que se refería su señoría, y como es lógico este centro va a seguir
funcionando de la misma manera e incluso se va a potenciar su funcionamiento.



Pasando a la intervención del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, entiendo muy bien las consideraciones que hace sobre si le gustan algunos programas o no, o si considera que es un despilfarro o no, pero creo que quizá es poco
apropiado, si me permite que se lo diga, considerar la cuestión de Ràdio 4 desde ese punto de vista exclusivamente. Ràdio 4 tiene sus propias coordenadas de todo tipo. El Gobierno, como decía antes, va a tratar esta cuestión con la Generalitat.

Vamos a llegar a un acuerdo y a permitir que la finalidad que se trata de alcanzar a través de Ràdio 4 se consiga siempre dentro de lo que debe ser normal en la gestión de los fondos públicos.



Voy muy rápido pero contesto a las cuestiones fundamentales. En cuanto a lo que se me planteaba sobre La Naval esperaba que me dijera alguna cosa más, porque recuerdo muy bien que la primera vez que comparecí en esta Comisión, allá por el
mes de julio de 2007, para hablar de estos temas (Rumores), usted se mostró escéptico sobre que pudiese ser vendido a la iniciativa privada el astillero de Sestao. Finalmente se ha vendido. Yo sé y he oído manifestaciones del Gobierno vasco y de
otros compañeros suyos que es una solución que se considera adecuada porque todo el mundo sabe que permite, resolviendo situaciones anteriores, tener el astillero de Sestao abierto y con perspectivas de futuro. Todo se puede mejorar y podríamos
haber mejorado nuestras relaciones con el Gobierno vasco y con los sindicatos, pero ya en otra ocasión le he dicho -y se lo vuelvo a repetir hoy-que nuestras relaciones con el Gobierno vasco y la información que el mismo ha recibido durante este
proceso ha sido puntual y en el tiempo adecuado sobre todo los procesos que se han realizado, y también hemos tenido cierta colaboración con ellos en algunos puntos. En cuanto a los sindicatos vascos, igual que los demás sindicatos, han sido
informados en los comités que se han establecido sobre este particular para informarlos a todos. Hay otros sindicatos que habían firmado el acuerdo del año 2004 y que, por tanto, han tenido una información en otras comisiones mayor que la
generalidad de los sindicatos, pero no se puede decir que no haya habido información también para los sindicatos vascos.



En cuanto a Babcock, la situación es muy preocupante porque hasta ahora la posición fundamental del comité de empresa es decir que los austriacos se vayan, pero los austriacos adquirieron esta empresa en un proceso de privatización, son los
propietarios y, como es lógico, son los titulares de la empresa y no podemos forzarlos a que se vayan. Yo he venido señalando tanto a la empresa ATB como al comité de empresa y a la federación de sindicatos que es necesario obtener un acuerdo entre
los trabajadores y la empresa sobre el futuro de Babcock Power España. La situación en estos momentos es más complicada aún que antes. Bueno, no sé si es más complicada pero por un lado es mejor porque durante 2006 la empresa ha conseguido
suficientes contratos en China, en Brasil y algunos en España para tener en estos momentos trabajo dentro de la factoría. Por otra parte, el día final del mes de enero de 2007, próximamente, se termina el periodo de tres años en el cual SEPI
debería establecer determinados controles sobre la actividad de esta empresa. Estamos haciendo todos los esfuerzos con la empresa ATB y con los sindicatos para tratar, siguiendo alguna propuesta que hubo en el debate sobre el estado de la Nación,
de que se pudiesen ampliar a dos años


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algunas de las obligaciones de esta empresa o, por ejemplo, una cierta indisponibilidad sobre los inmuebles. Estamos trabajando en esa dirección. Encontramos el escollo de la dificultad existente para que la empresa llegue a un acuerdo con
sus trabajadores, porque sólo mediante el acuerdo podemos ampliar estas facultades. Como digo, trabajamos en esa dirección. Tendremos una reunión el jueves próximo con miembros del comité de empresa de Babcock y trabajamos para encontrar una
solución, a fin de que a partir de enero de 2007 no pensemos que la situación de la empresa no tiene futuro.



Ya he contestado a los temas que planteaba el diputado de Izquierda Unida sobre Ràdio 4. Hace una petición de tiempo, que también ha hecho algún otro diputado, para posponer la entrada en vigor de estas medidas. Son medidas, como decía
antes, que han sido acordadas con los trabajadores.
Vamos a negociar con la Generalitat y estoy seguro de que vamos a encontrar las medidas adecuadas. Por otra parte, el centro de Cataluña, incluyendo la producción que hace de televisión en las
desconexiones el centro territorial, y Ràdio 4 tendrán las soluciones adecuadas, pero deberíamos buscar la solución rápidamente porque es lo que se adecua al plan que estamos tratando de poner en funcionamiento, y porque un funcionamiento distinto
determina graves problemas técnicos para la realización de todo el plan.



En cuanto a Navantia, una parte de los temas ya los he abordado. El señor Rodríguez dice que existe un perímetro excesivo en los astilleros militares. Decía antes que estos astilleros tienen hoy el trabajo garantizado hasta el 2011, y
cuando vayamos avanzando tendrán más trabajo garantizado. No creo en absoluto -ya he tenido ocasión de decírselo antes-que el astillero de Fene esté abandonado. Este astillero está funcionando a pleno empleo. Cuando les oigo hablar de esto y
cuando leo los periódicos gallegos nunca se habla de la historia de Fene, de cómo ha llegado a esta situación y cuáles han sido sus problemas. En otra ocasión hemos tenido la posibilidad de hablar de esta cuestión. Pienso que no se trata de que
haya habido una confabulación sobre el astillero de Fene, sino que ha tenido los problemas que ha tenido, se le han dado las soluciones que se le han dado y hemos llegado a la situación de hoy en que, a diferencia de anteayer y de ayer, todos los
trabajadores trabajan.



Ha hecho unas referencias a determinadas empresas auxiliares, como por ejemplo Nervión, sobre las cuales en algunos casos el vicepresidente del Gobierno ya le ha proporcionado información. No es cierto que haya habido un trato
discriminatorio con Monesa en ningún caso. Es una empresa auxiliar, que bien conoce, que tenía en Ferrol unas determinadas adjudicaciones que terminaron en 2005, pero sigue teniendo unos acuerdos contractuales importantes en el astillero de Fene;
tiene exactamente cuatro pedidos en estos momentos en funcionamiento, uno de ellos se está acabando, por un importe cercano a los 19 millones de euros. También le proporcionó información el señor vicepresidente sobre Galmexco, que no hizo una baja
temeraria según el punto de vista de Navantia porque su oferta era la que más se aproximaba al coste que para esta obra habían calculado los técnicos de Navantia. Deberíamos considerar la posición de Navantia porque se trata de llegar a un
funcionamiento con las empresas auxiliares que posibiliten el funcionamiento del astillero. Una gran parte de la actividad del astillero se desarrolla en esta empresa auxiliar. Navantia ha cambiado su sistema de contratación de las empresas
auxiliares, de las exigencias que hace a estas empresas auxiliares, éstas tienen que aprovechar esta ocasión para mejorar y para, entre todos, conseguir fabricar unos productos que sean competitivos en el mercado.
Por último le diré que, como es
lógico, en Navantia se exige que los subcontratistas cumplan todas las disposiciones laborales, sociales, fiscales, etcétera, que tienen que cumplir.



Estos son los temas más importantes a los que me podía referir sobre los que se me ha preguntado.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No me ha contestado a Santa Bárbara.



El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Martínez Robles): Brevemente, en cuanto a la contabilidad, ese informe al que usted hacía referencia yo también lo tengo, y también tengo el informe de
auditoría, que no dice exactamente eso. En todo caso, se trata de una empresa privada sobre la que SEPI tenemos las facultades que tenemos, que son las que nos proporciona el contrato que en su día fue firmado. Los terrenos de La Coruña, como ha
dicho su señoría, se rigen por un convenio que en su momento se estableció entre el Ministerio de Defensa y la empresa, ésta tiene que pagar el porcentaje al que hacía referencia sobre las contrataciones que realiza, y eso se viene haciendo sin
ningún problema, que yo conozca. Por otra parte, también me referí antes a que en la nueva contratación que está anunciando Santa Bárbara, pendiente de comprobar, existen contratos fuera de España, algunos con el ejército americano y otros con
plantas en el extranjero de la propia General Dynamics.



El señor PRESIDENTE: Como saben, tenemos un compromiso con el Banco de España, desde las dos, que estamos atrasando. No es posible una segunda ronda de intervenciones. El señor Martínez Robles siempre ha mostrado una gran disposición a
comparecer y lo hará. (La señora Montesinos de Miguel pide la palabra). Si usted interviene, intervienen todos y tiene que volver a responder el señor Martínez Robles. Sintiéndolo mucho, no puede ser. Seguro que antes de julio de 2007 (no
compareció en julio de 2007 sino de 2004, de manera extraordinaria; sería un mal síntoma, un mal augurio que tuviera que volver en julio de 2007) lo hará. Ahora no hay más remedio que levantar la sesión. Muchas gracias.



Eran las dos y veinte minutos de la tarde.