Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 731, de 12/12/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 731
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 12 de diciembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Por la que se insta al Gobierno a desarrollar lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Presentada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Núm. Exp. 161/000798.) ...
(Página 2)
-Relativa a incremento de los recursos humanos en el Centro de atención a minusválidos físicos (CAMF) de Ferrol (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Núm. Exp. 161/001911.) ... (Página 2)
Comparecencia de la señora Subsecretaria de Vivienda (Del Palacio Tascón), para informar sobre las medidas impulsadas por el Ministerio para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso. (Núm. Exp.
212/001230.) ... (Página 5)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Universidades e Investigación (Quintanilla Fisac), para informar sobre las actuaciones del Gobierno para favorecer la inclusión educativa de los estudiantes universitarios con discapacidad. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Núm. Exp. 212/001061.) ... (Página 11)
Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1.2 DE LA LEY 51/2003, DE 2 DE DICIEMBRE, DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000798.)
-RELATIVA AL INCREMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS FÍSICOS (CAMF) DE FERROL (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001911.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión con el inicio del debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley: en primer lugar, por la se insta al Gobierno a desarrollar lo dispuesto en el artículo 1.2 de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y en su nombre la
portavoz señora García Suárez ha manifestado a la Mesa que retiran esta proposición no de ley. Por lo tanto pasaremos al siguiente punto del orden del día.
Segundo punto: Proposición no de ley relativa a incremento de los recursos humanos en el centro de atención a minusválidos físicos de Ferrol. Es autor el Grupo Parlamentario Mixto, y en su nombre el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Gallego tiene una larga trayectoria de iniciativas que buscan mejorar el funcionamiento del CAMF de Ferrol. En concreto ya el 9 de marzo del año 2005 se aprobó en esta Comisión una
proposición no de ley cuyo punto 1 pedía incrementar los medios personales y materiales para ofrecer mayor calidad de servicio a las personas internas y al mismo tiempo se pedía, y se aprobó, el traspaso a las comunidades autónomas de este tipo de
centros, si bien el Gobierno del Estado siempre se manifestó remiso, e incluso contrario, a acceder a esta petición del Congreso de los Diputados, arguyendo que estaba dispuesto a mantener una red de centros de carácter estatal en función de las
necesidades agudas de las personas con discapacidad del conjunto del Estado español. Dejaremos para otra ocasión el debate de esta cuestión pendiente y de gran importancia, ya que consideramos compatible la transferencia, el traspaso de este tipo
de centros, con que los ciudadanos del Estado español puedan ser atendidos según la cualificación y la especialidad de cada uno de ellos al margen de cuál sea su territorio de origen.
En junio del año 2004 a preguntas de este diputado al Gobierno se afirmaba que había 120 beneficiaros en el centro de Ferrol y 138 trabajadores contratados para atenderlos. Realmente era un salto espectacular si tenemos en cuenta que el
centro se inició en el año 1990 funcionando con 74 trabajadores, si bien el número de beneficiarios era sensiblemente inferior a los 120 con que contaba en junio de ese año. En abril del año 2005 los internos eran 110 personas con deficiencias
graves, muy agudas, por lo tanto con discapacidad necesitada de una
atención enorme, y 16 medio pensionistas. Solamente existía entonces, en abril de 2005, 65 cuidadores para atender a estos 110 internos y estos 16 medio pensionistas. Los fines de semana solamente se mantenían 5 de los 65
cuidadores/cuidadoras. En septiembre-octubre del año 2006 el Gobierno reconocía que existían en la bolsa de empleo temporal en el centro 62 personas, de ellas 37 eran OSA, es decir oficial sanitario asistente, muchos de las cuales no tenían la
titulación exigida desde ahora, a pesar de que habían desempeñado con rigor y con total corrección su puesto de trabajo. Es un tipo de problemática laboral que sigue pendiente y realmente es un grave peligro que puede significar que algunos
trabajadores del CAMF sean despedidos, contradiciendo así la política de estabilidad laboral que dice defender el nuevo Gobierno. En todo caso, esta problemática debe ser atendida por el Gobierno, ya que solamente exigiendo el requisito de que se
haya desarrollado el trabajo con corrección, por lo tanto a satisfacción del centro, se debería buscar alguna solución a aquellos que no tienen el título de técnico sanitario o de auxiliar de clínica. El 5 de octubre de 2006 culminaron las
movilizaciones de los trabajadores del centro para aumentar la plantilla, de tal manera que por primera vez la Dirección General del Imserso reconoció que efectivamente existía algún desfase entre el número de usuarios del centro y la plantilla,
sobre todo en lo que tiene que ver con cuidadores y con camareras. El Imserso estuvo dispuesto a estudiar el tema y a que se aprobase en el Cecir la creación de 18 puestos de trabajo más, manifestando así una actitud más abierta de la que había
ofrecido desde el año 2004, cuando siempre el Gobierno negó que la ratio entre el número de trabajadores que asisten a los discapacitados y el número de beneficiarios fuese incorrecto o fuese claramente deficiente. En todo caso, señorías, en la
actualidad la plantilla son 144 trabajadores, de ellos siguen siendo 65 cuidadores/cuidadoras y 27 camareras. Está claro que en este aspecto la ratio de los cuidadores y las camareras, que son los que prestan una atención más directa a los
usuarios, debe mejorarse, aumentando sensiblemente el número de cuidadores/cuidadoras y también el de camareras.
Nuestra proposición no de ley va destinada a que las condiciones de trabajo mejoren y a que las personas con dependencia severa puedan estar mejor tratadas y mejor atendidas. En este aspecto la parte resolutiva insta al Gobierno a que con
urgencia incremente la plantilla en personas cuidadoras y camareras del CAMF, de acuerdo a las necesidades de una atención adecuada a las personas con gran dependencia que están internadas en el centro, y cuando menos de acuerdo con la ratio
establecida con los informes del Imserso. Esperamos que esta proposición no de ley sea aprobada. Aceptamos, en todo caso, la enmienda, que imagino que será mejorada, in voce del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No estaría de más
atender la demanda de las personas que desempeñaron los trabajos de cuidadoras (OSA) a satisfacción del centro de atención de minusválidos físicos de Ferrol para que puedan por lo menos optar a las plazas convocadas en la nueva bolsa de empleo.
Esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista exprese su opinión a este respecto, pero quedaría completa contemplando toda la problemática laboral, primero de deficiencia de número de trabajadores en algunos aspectos, que va a ser atendida, y
segundo, la problemática de despido laboral de personas a las que, aunque es cierto que no tienen la nueva titulación exigida, se debería dar algún tipo de pasarela o bien un tramo de tiempo intermedio para regularizar su situación y alcanzar una
cierta estabilidad en el empleo que vienen desempeñando desde hace años.
El señor PRESIDENTE: Existen dos enmiendas planteadas a esta proposición no de ley. En primer lugar, y para la exposición y defensa de su enmienda, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego y entiendo que su representante acepta o le parece bien la inclusión de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y que acaba de leer, para que se incluya un apartado en las bases de la bolsa de empleo que permita optar a las plazas convocadas a todas aquellas personas que acrediten haber desempeñado las laborales
de cuidadoras a satisfacción del centro de atención a minusválidos físicos de la ciudad en bolsas anteriores, independientemente de estar o no en posesión del título de auxiliar de clínica. Nosotros también vemos bien, independientemente de las
modificaciones y de lo que quiere incrementar, lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, vista su enmienda, pero uno se pregunta: ¿Esto servirá para algo o no servirá? Señor Rodríguez. Hace dos años aproximadamente aprobamos en esta
misma Comisión, con el voto en contra del Grupo Socialista, que los CAMF pasaran a depender de las comunidades autónomas, y dos años después este acuerdo del Congreso de los Diputados en una Comisión no se ha llevado a efecto. Independientemente de
que salga aprobado o no este texto en la mañana de hoy, habrá que hacer un seguimiento para que efectivamente el texto aprobado después se consolide en que los acuerdos adoptados se lleven a la práctica. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado
su enmienda porque la bolsa de empleo temporal viene dando trabajo a un número importante de personas en la comarca de Ferrol de diversas categorías, y entre ellas están las cuidadoras oficial sanitario asistencial. La nueva bolsa de empleo
temporal pretende modificar y ha modificado la titulación exigida para las cuidadoras, y nadie está en desacuerdo con eso. La titulación exigida hasta ahora del personal que allí viene desempeñando esta labor para poder optar a las plazas de
cuidadoras, lo que se denomina OSA, eran estudios primarios, EGB o ESO, y nadie pretende en este momento, ni los propios trabajadores, exigir que las nuevas normas excluyan; es decir están de
acuerdo en que puedan ser las de auxiliar de clínica. El problema está en que existe un número importante de trabajadoras que viene desempeñando a plena satisfacción del centro este trabajo desde hace más de diez años y que se encontraría
prácticamente en la calle en el momento en el que no fueran aceptadas de acuerdo con los nuevos baremos para realizar la misma función que venían desarrollando hasta este momento. Ese es un problema añadido al de que la nueva convocatoria, la nueva
bolsa de trabajo, ha eliminado por ejemplo un cupo de minusválidos que existía en bolsas anteriores; ha eliminado que se tenga una especial deferencia con mayores de 45 años demandantes de empleo por primera vez, y este es el primer caso en que no
puntúan los cursos que se exigen y se preparan a través de las centrales sindicales. Estas son cuestiones realmente preocupantes y a lo largo de estos meses podremos ir constatando en diferentes iniciativas o preguntas al Gobierno cuáles han sido
los motivos de las restricciones que se han puesto a esta nueva bolsa de empleo temporal de la CAMF en Ferrol, y en general.
El Grupo Parlamentario Popular no solo va a apoyar la iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego sino que además considera que es de justicia que se incluya un apartado en el que se permite que a las plazas convocadas puedan
concurrir todas aquellas personas que acrediten haber desempeñado las laborales de cuidadora (OSA) a satisfacción del centro de atención de minusválidos físicos de la ciudad para que, independientemente de estar o no en posesión del título de
auxiliar de clínica, puedan continuar desarrollando esta labor tan importante, que desde luego vendría a sumarse al de ese incremento de cuidadores/cuidadoras y camareras que solicita la iniciativa planteada por el Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista y para la exposición y defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Carro Garrote.
El señor CARRO GARROTE: En efecto, el CAMF de Ferrol viene desempeñando una encomiable labor en el cuidado de minusválidos, especialmente con dependencias graves, y este centro se ha encontrado, debido a varios factores, en una situación de
déficit de personal de recursos humanos suficientes para atender a los enfermos: por una parte, por la propia evolución de los minusválidos que están internados en el centro, porque con el tiempo su situación en cualquier caso se deteriora; por la
propia condición también de los trabajadores, para los que también pasan los años y seguramente tienen una capacidad menor en su trabajo, sobre todo cuando hay que mover enfermos, etcétera; y, en tercer lugar, por un factor importante, que es la
reducción de jornada a 35 horas. Esto supuso para el centro una reorganización de los turnos de trabajo y que en cada turno hubiera una reducción de personal, manteniéndose sin embargo, el número de enfermos, que evidentemente antes se atendían con
más personal.
Fruto de esta situación ya en los últimos años, en los últimos dos años, especialmente en las épocas de verano y Navidad, cuando coinciden vacaciones, permisos, etcétera, se han realizado por el Imserso y la dirección del centro
contrataciones temporales para suplir estas carencias de personal. Se ha vivido un proceso de movilización de los trabajadores reclamando un incremento de la plantilla. Todos estos factores han dado lugar a que el Imserso haya realizado un estudio
exhaustivo de necesidades de recursos humanos en estos centros, especialmente en el CAMF de Ferrol, resultando de este estudio la necesidad de dotar al centro con 18 nuevos puestos de trabajo: un titulado superior asistencial, 4 titulados medios
sanitarios, un técnico de actividades técnicas de mantenimiento y oficios, 2 oficiales de servicios generales, 8 oficiales sanitarios asistenciales y 2 ayudantes de servicios generales. El Imserso está trabajando en la dotación de estas nuevas
plazas que, al ser una contratación interina, están sujetas a la normativa y a los procedimientos a los que la Administración obliga.
En todo caso, la decisión de ampliar estos 18 puestos de trabajo está tomada por el Imserso y están dados los
pasos necesarios para que esto pueda cumplirse. Incluso desde el propio Imserso se ha manifestado a los trabajadores y al propio director del centro que, durante el tiempo que medie hasta que estos nuevos 18 puestos de trabajo puedan estar
operativos, si fuese necesario continuar con las contrataciones temporales para cubrir las necesidades de recursos humanos, sería una vía que continuaría abierta hasta entonces. Precisamente la semana pasada o la anterior el propio Imserso hizo
llegar a los trabajadores por medio del director del centro una comunicación de este compromiso por escrito que dio lugar a la suspensión de las movilizaciones que estaban en marcha.
Desde el Grupo Socialista estamos de acuerdo con el fondo de la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego. Aparte del texto de enmienda que está escrito, quería presentar in voce dos pequeñas modificaciones, que espero sean
aceptadas por el diputado proponente del Bloque Nacionalista Galego. En primer lugar, donde hace referencia a las camareras, es mejor hacer referencia al estudio de necesidades, porque de hecho no solo son camareras; como hemos oído antes, hay
otro tipo de profesiones, y sería mejor hacer referencia a: incrementar la plantilla de acuerdo con el estudio de las necesidades realizado por el Imserso.
También desearíamos añadir al final del texto una frase que aporta quizás un poco de
énfasis para la solución del problema, que sería: agilizando la autorización de contratación interina de los nuevos puestos de trabajo. Esas serían las dos modificaciones in voce que propongo. Por supuesto votaremos a favor de esta enmienda, que
debería salir por unanimidad de los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Pasamos a dar la palabra al señor
Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas planteadas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En relación con la enmienda que hace el Grupo Parlamentario Socialista, no mantenemos ningún tipo de oposición en que se estudie precisamente el aumento o el incremento de la plantilla en función de las
necesidades y también que se dé el carácter de urgente a esa contratación interina. Solamente, y a efectos puramente numéricos, nos gustaría saber si el Grupo Parlamentario Socialista acepta el sentido de la enmienda del Grupo Popular referida a
las cuidadoras. Si la acepta, tanto mejor; si no, yo no lo aceptaría tampoco por una cuestión numérica, porque no ganaríamos la votación. Para mí es importante sacar adelante la proposición no de ley. Nosotros estamos de acuerdo, pero la
enmienda no está referida exactamente al texto que nosotros inicialmente hemos planteado. Por lo tanto, si el Grupo Parlamentario Socialista no la acepta, nosotros tampoco, porque no podemos dejar de votar favorablemente lo que nos interesa. Insto
al Grupo Socialista, manteniendo el espíritu de la enmienda, aunque no sea exactamente como está planteado por el Grupo Parlamentario Popular, a buscar una solución adecuada para las personas que sin estar en posesión del título de auxiliar de
clínica acrediten haber desempeñado las labores de cuidadora OSA a satisfacción del centro de atención de minusválidos físicos de Ferrol en bolsas anteriores; por lo menos que se estudie el problema. Si eso es posible, lógicamente dejo el texto
original con la modificación del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de responder a la cuestión que plantea el señor Rodríguez tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: En todo caso he dicho antes en mi intervención que para la dotación de esas plazas tendremos que atenernos a lo que la legalidad vigente y los procedimientos administrativos regulan, por lo tanto no puedo en esta
Comisión adquirir un compromiso que puede estar al margen o incluso en contra de algún precepto normativo. Puedo expresar la voluntad del Gobierno y del Imserso en estudiar el problema de una forma específica, pero no puedo aceptar que se incorpore
en la proposición un texto que puede, como digo, transgredir alguna disposición legal. (El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Simplemente quisiera decir que nosotros, independientemente de que no se acepte nuestra enmienda, por supuesto vamos a votar a favor de la presentada por el Bloque Nacionalista Galego; no faltaba
más.
El señor PRESIDENTE: Procedemos, por tanto, a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Socialista.
Vamos a suspender la sesión hasta las 11:30, cuando se reanudará con las comparecencias previstas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (DEL PALACIO TASCÓN), PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR EL MINISTERIO PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/001230.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión con la celebración de las comparecencias. En primer lugar, de la subsecretaria de Vivienda, para informar sobre las medidas impulsadas por el ministerio para favorecer el acceso a la
vivienda de las personas con discapacidad.
Quiero dar la bienvenida a la señora Del Palacio a esta Comisión. Estoy seguro de que toda la información que nos va a ofrecer, así como las respuestas a las intervenciones de los grupos van a contribuir a un mayor conocimiento y a que esta
Comisión disponga de la información necesaria del trabajo que está desarrollando el Ministerio de la Vivienda.
Tiene la palabra la señora Del Palacio, subsecretaria de Vivienda.
La señora SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (Del Palacio Tascón): Es para mí siempre motivo de satisfacción acudir a la Cámara, y hoy no puede serlo menos.
Entrando ya en la información que se nos solicita expresamente en la comparecencia, empezaré indicando que es notorio que uno de los pilares de la acción de este Gobierno estriba en la profundización y extensión de los derechos
constitucionales con los que la Constitución fortalece la posición de los ciudadanos, de nosotros mismos, frente a los poderes públicos y al resto de la sociedad en su conjunto. Este fortalecimiento responde sin duda a un nuevo planteamiento social
motivado por los profundos cambios sociales que han acaecido en los últimos años. No me voy a extender en explicar estos cambios pues están en la mente de todos y no son materia específica de esta comparecencia. Quiero indicar que la acción del
Gobierno se ha manifestado especialmente intensa en dos vectores: por una parte, en la profundización y fortalecimiento del derecho a la vida. En este
sentido, podemos señalar la adopción de medidas no siempre muy populares, como la Ley Antitabaco, los planes de prevención de accidentes de trabajo, de accidentes de carretera o de violencia de género. Otro vector igualmente importante es
el relativo a la ampliación de los derechos civiles bajo el principio del derecho de igualdad. En esta línea, quiero citar las leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, la rectificación registral de la mención relativa al
sexo, el divorcio rápido, la Ley de Igualdad, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y sus familias, así como el desarrollo de la Liondau.
La acción del Ministerio de Vivienda es coherente, como no puede ser de otra manera, con estos planteamientos y se sitúa en este contexto. Desde el primer momento de su creación, el Ministerio de Vivienda está trabajando en varios frentes.
En primer lugar, en los primeros meses de creación del ministerio, en otoño del año 2004, se firma un convenio general con el Cermi en virtud del cual todas las iniciativas que adopte el ministerio han de contar con sus aportaciones, han de
contemplar la participación de este colectivo. Así se ha hecho en todas las iniciativas que el ministerio ha adoptado: el Plan de Vivienda, que contempla el colectivo de personas discapacitadas como un colectivo preferente en el acceso a estas
ayudas, el código técnico de la edificación, la Ley del Suelo y el Consejo Nacional del Plan de Vivienda, que permite la participación estable de las entidades que representan este colectivo en el seguimiento del plan. En segundo lugar, se aprueba
el Plan de Vivienda 2005-2008, en el que, como acabo de decir, por primera vez se reconoce a este colectivo y a sus familias como preferentes. Y en tercer lugar, legislando en materia de condiciones básicas de accesibilidad para el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.
A continuación me detendré en cada una de las iniciativas adoptadas, desgranando las medidas que se han incorporado. En lo que se refiere al Plan de Vivienda, reitero por tercera vez que el colectivo de personas con discapacidad y sus
familias son un colectivo preferente para la obtención de ayudas. Además, el Plan de Vivienda contempla una serie de medidas de acción positiva de protección específica de los ciudadanos con alguna discapacidad. Esta protección se concreta en una
serie de puntos que voy a enumerar. En primer lugar, la superficie útil de las viviendas de protección oficial tiene, con carácter general, un máximo de 90 metros. Cuando se trate de viviendas protegidas para personas con algún tipo de
discapacidad, esta superficie se puede incrementar en un 20 por ciento. En segundo lugar, el acceso. Para acceder a las viviendas protegidas en propiedad se fijan una serie de condiciones. La norma establece que, para que los titulares de una
vivienda libre puedan adquirir una vivienda objeto de alguna actuación protegida, el valor de la primera no puede exceder del 40 por ciento del precio máximo. Pues bien, cuando se trata de adquirentes que pertenecen al colectivo de personas con
discapacidad o sus familias, ese umbral se eleva hasta el 60 por ciento. El tercer lugar, en cuanto a las condiciones para acceder a las ayudas financieras, el requisito de no haber recibido una ayuda en la década inmediatamente anterior no es de
aplicación a los pertenecientes a este colectivo. Del mismo modo, se flexibiliza el cómputo de ingresos familiares, que puede ser ponderado por las comunidades autónomas con un coeficiente multiplicativo entre el 0,6 y el 1 (1 como cifra entera).
En quinto lugar, también se alivia la prohibición general de transmitir o ceder en uso las viviendas protegidas, de tal suerte que, cuando se trate de personas con discapacidad que precisen trasladarse a otra vivienda más adecuada a sus necesidades,
o en el supuesto de familias numerosas en las que alguno de sus miembros o de sus integrantes padezca una incapacidad sobrevenida y necesite una vivienda más adecuada, se alivia esta prohibición general de transmisión. Del mismo modo, en las ayudas
a inquilinos para facilitarles el pago de su renta, las personas con discapacidad y sus familias constituyen un colectivo preferente. La ayuda directa a la entrada es objeto de bonificación sobre la ayuda general. Si los ingresos del solicitante
no exceden de 2,5 veces el Iprem, se abonan hasta 7.900 euros; si exceden de 2,5 veces, se abonan 4.900 euros, es decir, en ambos supuestos aproximadamente mil euros más de la cuantía general.
En octavo lugar, respecto a las ayudas a la rehabilitación, ha sido objeto de un desarrollo específico mediante una orden que desarrolla el Plan de Vivienda, orden de 27 de julio. Cuando se trate de ayudas a la rehabilitación individual,
aislada, no es exigible el requisito de antigüedad mínima de la vivienda cifrado en 15 años para optar a estas ayudas. Del mismo modo, la cuantía de las subvenciones, en el caso de rehabilitación aislada, es más elevada que en el caso general, el
incremento previsto está en el 25 por ciento. Esta orden ministerial recoge las actuaciones que pueden ser objeto de protección o ayuda. En este sentido, hay un cambio sustantivo respecto a la situación del Plan de Vivienda anterior, cambio que se
cifra en que en el anterior las ayudas se dirigían a la eliminación de barreras arquitectónicas. Este criterio es lógicamente limitativo, puesto que contemplaba únicamente la discapacidad motora. La nueva regulación amplía este ámbito a la
eliminación de todo tipo de barreras. En este sentido, se protegen actuaciones tales como la instalación de ascensores o la adaptación de los existentes, la instalación o mejora de rampas o dispositivos mecánicos de acceso, la instalación de
elementos de información que permitan la orientación en el uso de escaleras y elevadores y otras obras de adaptación de las viviendas a las necesidades de personas con otras discapacidades que pueden ser auditivas, pensemos en los porteros
automáticos que no emitan solo señales acústicas, o visuales. Pero no splo de Plan de Vivienda vive el Ministerio de Vivienda, también entre nuestras actuaciones más importantes se encuentra el código técnico de la edificación, publicado en este
año a través de un real decreto. En el código técnico de la edificación,
además de medidas de acción positiva que se incorporarán en un futuro inmediato, puesto que el real decreto pertinente se está ultimando. El proyecto de real decreto en el cual se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos, urbanizados y edificaciones está en este momento en segunda fase de audiencia, puesto que el último texto se acordó el 5 de diciembre.
Pues bien, además de estas medidas de acción positiva, en el documento básico sobre seguridad de utilización normal de edificios se incorporan medidas que tienen carácter naturalmente preventivo, puesto que en este documento se incorporan
aquellas medidas dirigidas a garantizar la seguridad de la utilización del edificio en condiciones de normal utilización. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a pavimentos antideslizantes, a elementos que pueden conllevar lesiones para los
usuarios. Por otra parte, este proyecto de real decreto, que se incorporará al código técnico con carácter de requisito básico, tendrá un desarrollo en el que el ministerio ya está trabajando, que adoptará la forma de documentos básicos. Es esta
la terminología que se usa en esta área de actuación.
El proyecto de Ley del Suelo, que está en trámite de debate parlamentario, ha sido negociado con las instituciones que representan al colectivo de personas discapacitadas y sus familias y ha recibido una valoración positiva ya que incluye en
su articulado la necesidad de atender a los principios de accesibilidad universal en la ordenación de los usos del suelo. Además, el ministerio ha adoptado otras iniciativas en este caso compartidas con otros departamentos. Hace apenas una o dos
semanas, el Gobierno ha aprobado un real decreto por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. El
Ministerio de Vivienda era en este caso ministerio coproponente ya que, entre las materias incluidas en su ámbito de aplicación, se encuentran las posibles controversias en espacios públicos, urbanizados, infraestructuras y edificación. El
Ministerio de Vivienda es un activo miembro del grupo de trabajo para la posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y concordantes, junto a representantes de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia y Economía. El objeto
de esta posible reforma es el de mejorar la accesibilidad universal en los entornos.
Me someto a continuación gustosa a las preguntas de SS.SS., puesto que he preferido hacer un resumen sucinto, si se me permite la redundancia, para facilitar sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista solicitante de esta comparecencia tiene la palabra su portavoz el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: En primer lugar, quisiera agradecer a la señora subsecretaria su amplia y enriquecedora intervención sobre la gestión que el Ministerio de Vivienda está llevando a cabo en materia de discapacidad. Me gustaría
comenzar diciendo que una sociedad no es del todo justa si todos los ciudadanos no gozan de las mismas oportunidades de participar en la vida social, laboral, económica y cultural. En nuestro país hay 3.500.000 de personas con discapacidad, que
representan un 9 por ciento de la población, personas que se enfrentan a diario con barreras arquitectónicas y con dificultades para acceder a los transportes, sobre todo si hablamos de aquellas que necesitan para su desplazamiento silla de ruedas.
A este grupo parlamentario le parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global en edificaciones, en urbanismo, en transporte y en comunicaciones para posibilitar la integración social y laboral de las
personas con discapacidad. La vivienda constituye una de las grandes preocupaciones de las familias españolas, pero aún más para aquellas que tienen en su seno a una persona con discapacidad, ya que en general adolecen de falta de condiciones
mínimas de accesibilidad. En este sentido, mi grupo parlamentario valora el trabajo que está realizando el Ministerio de Vivienda para mejorar esta situación desde diversos frentes. El primero, lo ha dicho usted, firmando un convenio con el Cermi
para que todo cuanto haga dicho ministerio cuente con su participación y con sus aportaciones. En segundo lugar, aprobando un Plan de Vivienda 2005-2008 que por primera vez reconoce como ciudadanos preferentes en la política de vivienda a las
personas con discapacidad y a sus familias y pone en marcha distintas medidas dirigidas a ella. Y en tercer lugar, legislando en materia de condiciones básicas de accesibilidad para lograr el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía de las
personas con discapacidad.
En noviembre de 2004 se alcanzó un acuerdo de colaboración entre el Cermi y el Ministerio de Vivienda, lo cual hay que valorar muy positivamente, puesto que ha permitido que las personas con discapacidad y sus familias estén participando en
la elaboración de la política de vivienda. Si esto es de enorme importancia, las personas con discapacidad tienen preferencia en política de vivienda, puesto que así lo dice explícitamente el Plan de Vivienda 2005-2008. En materia específica
también es positivo que se esté colaborando en la promoción de la accesibilidad y en la eliminación de barreras en la edificación y en los espacios públicos urbanizados. Por otro lado, a mi grupo parlamentario le parece de enorme interés que el
Ministerio de Vivienda haya elaborado un documento específico de accesibilidad en la edificación, incluido en el nuevo código técnico de la edificación, que establece medidas tan importantes para las personas con discapacidad como el hecho de que en
todos los accesos a edificios deba existir un itinerario accesible exento de desniveles y obstáculos correctamente iluminados y con una puerta igualmente accesible. Respecto
al uso de espacios públicos, la nueva normativa tiene en cuenta la accesibilidad en los itinerarios peatonales, que deben de garantizar el paso, cruce, giro o cambio de dirección de personas, con independencia de sus características o modo
de desplazamiento.
Ha hecho S.S. referencia al Plan de Vivienda 2005-2008 que tiene como objetivo la vivienda accesible y sin ningún tipo de barreras; una vivienda adecuada, de calidad, sostenible y también accesible. Este Plan de Vivienda por primera vez
reconoce como ciudadanos preferentes en la política de vivienda a las personas con discapacidad y a sus familias.
También establece medidas para facilitar la transmisión de la vivienda a las personas con discapacidad y sus familias cuando tengan
que cambiarse a una vivienda accesible sin tener -y esto es muy importante-que devolver ayudas económicas, así como ayudas directas a las personas con discapacidad que vivan de alquiler para pagar el alquiler mensual.
El Ministerio de Vivienda no solo ha tenido en cuenta a las personas con discapacidades físicas, sino también a las que tienen discapacidad sensorial. En este sentido, el Plan de Vivienda 2005-2008 contempla que las ayudas irán destinadas a
eliminar todo tipo de barreras, no solo las arquitectónicas. No será necesario que la vivienda cuente con una antigüedad de quince años y esta también se concederá hasta los 3.100 euros para la mejora de las condiciones de accesibilidad y la
supresión de barreras de todo tipo para la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Valoramos muy positivamente el trabajo que el Ministerio de Vivienda está llevando a cabo en materia de accesibilidad.
No obstante, me
gustaría hacerle dos preguntas concretas. La primera es la siguiente. Entre los desarrollos previstos de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, la conocida como Liondau, está el real decreto de
condiciones básicas de accesibilidad en la edificación y el urbanismo. ¿En qué trámite se encuentra actualmente y qué mejoras prevé este real decreto?
En segundo lugar, me gustaría preguntarle qué actuación está llevando a cabo este Gobierno para mejorar la accesibilidad y el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad que no hizo el anterior Gobierno del Partido Popular, porque
el anterior Gobierno del Partido Popular contempló hasta un plazo de diecisiete años para la eliminación de barreras. Me gustaría conocer qué medidas está impulsando este Gobierno para reducir ese plazo y para llevar a cabo mejoras en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Sea bienvenida, señora Del Palacio. En primer lugar, quiero darle las gracias por su explicación. Aparte de valorar y aplaudir alguna de las actuaciones de su ministerio, celebramos que haya firmado un convenio con el
Cermi, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para alcanzar esa accesibilidad a la vivienda. S.S. es subsecretaria de este ministerio y sabe que es importante que opinen y exista su cauce donde plasmar su opinión. No
tenemos inconveniente alguno, y lo hemos demostrado en más de una ocasión, en resaltar las cosas bien hechas, al igual que constituye también nuestra obligación como oposición criticar lo que no está correctamente hecho. Apreciamos el Plan de
Vivienda 2005-2008, en donde se da un cierto protagonismo a las personas con discapacidad, fundamentalmente por dar cauce de participación. Esperemos que ese cauce de participación sea efectivo y tenga una eficacia contrastada en el desarrollo del
citado plan.
Repito que aplaudimos la existencia del Plan de Vivienda, pero no partíamos de cero. Uno de los caballos de batalla en cuanto a la edificación, a las viviendas, es la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, en la que ya el Gobierno del
Partido Popular hizo algunas modificaciones interesantes y necesarias para el sector de las personas con discapacidad, a efectos de hacerlas accesibles. Ha habido una evolución en la materia que afortunadamente ha facilitado esa accesibilidad:
hemos pasado de una mayoría cualificada de los propietarios de la comunidad de vecinos a una mayoría simple, se contempla también a los arrendatarios, así como la financiación, aunque de manera limitada, de las obras de adecuación y adaptación de
las viviendas. Yo supongo, espero, pido y le pregunto -todo esto al mismo tiempo-si tienen la intención de seguir por este cauce para que la accesibilidad sea absoluta y que la financiación sea de todos los vecinos, independientemente del importe,
porque al fin y al cabo es algo que redunda en beneficio de todos. Yo siempre cito un ejemplo que he contrastado personalmente: si hay una buena rampa y unas escaleras, la mayor parte de la gente no discapacitada, utiliza la rampa.
Lo he
contrastado en varias ocasiones. Si lo que hacemos para el que tenga más dificultades es bueno para todos, esperamos que se contemple esa situación en la Ley de Propiedad Horizontal. Nos alegraríamos si nos respondiera que están trabajando en
ello.
Eso en cuanto a viviendas que ya están edificadas y que, por circunstancias personales, por algún accidente o simplemente por edad llegan a alguna discapacidad y tienen que modificar las condiciones de acceso a su vivienda. Es bueno que
tratemos de mentalizar a la gente porque, aunque en un momento determinado algún vecino no esté por la labor, no se trata de hacer algo para alguien sino para todos. Nadie está exento de que cualquier día pueda necesitar tener su vivienda adaptada.
Por otro lado, acabamos de aprobar La ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, pero nos ha quedado una duda. El sector de la discapacidad no tiene claro si la vivienda es renta o patrimonio. Como usted sabe,
una de nuestras enmiendas proponía que no se tuviese en cuenta pensando -en esto coincidíamos con el representante de Convergència i
Unió-en ese gran grupo de clase media, de personas económicamente de clase media cuyo patrimonio se limita a su vivienda. Si la vivienda forma parte del patrimonio nos preocupa que en una familia con una persona discapacitada, si hay el
riesgo de que su vivienda se considere patrimonio e incluso si hay necesidad de utilizar la hipoteca inversa para atender a una de las personas, a uno de los hijos que es discapacitado, estamos desatendiendo al resto. Me gustaría saber cuál es su
criterio y cómo podemos despejar la duda, si es que la hay. Y si no la hay, hay que ser claro y rotundo en el sentido que sea.
Me consta que en la construcción de viviendas de protección oficial o de cualquier tipo de la Administración hay un cupo de viviendas obligatorio en las promociones para viviendas adaptadas. No recuerdo si es exactamente del 2 ó del 3 por
ciento de las promociones. ¿No hay un riesgo, si es del 3 por ciento, de hacer cupos de 32 en lugar de 33 viviendas para no tener que cumplir el requisito? ¿Cómo se evitan esas picardías en la construcción de viviendas? Por otra parte, existe la
necesidad de que las viviendas sean accesibles o adaptadas, pero a veces tal requisito no se cumple. Quiero saber si hay alguna actuación de su ministerio en el sentido de controlar que se cumplan esos requisitos, si hay algún tipo de denuncia que
nos oriente sobre la verdadera situación de esta materia que comento. Supongo que tendrán previsto ese cupo, pero me gustaría que me explicara de forma pormenorizada la situación. En cuanto al código técnico de edificación, yo supongo que
contemplará también una serie de medidas necesarias y que ayuden a que en las viviendas efectivamente, en el número que sea obligatorio por norma, se lleve a cabo y se tenga en cuenta la accesibilidad, porque es verdad que, a pesar de todo, en la
edificación nueva es inconcebible que, con todo lo que han hecho ya las comunidades autónomas en cuanto a legislación de accesibilidad, todas ellas tienen ya su plan regional de accesibilidad que se suele llevar a cabo, es inconcebible, digo, que
todavía se siga construyendo en muchas ocasiones sin tener en cuenta la accesibilidad, y cuando digo accesibilidad no solo estoy pensando en barreras arquitectónicas, sino en barreras para la comunicación, para los distintos tipos de patologías de
la discapacidad, porque muchas veces asociamos a barreras solamente escaleras, pero hay otro tipo de barreras y otro tipo de patologías que requieren eliminarlas; por tanto, quisiera saber si se tiene en cuenta y ese código técnico de la
edificación lo contempla.
En este tema el Partido Popular hizo su trabajo, ustedes están haciendo el suyo; no tengo inconveniente en valorar tanto el Plan de Vivienda como el marco de colaboración con el Cermi, pero creo que se debe seguir profundizando en ello,
porque todavía falta mucho para llegar a la situación ideal.
Insisto en que, para lo que se construya de nuevo sería imperdonable que no se tuviera en cuenta la eliminación de barreras, y por eso le pido a su ministerio que haya un control, que haya un verdadero seguimiento para evitarlo. En obra
antigua, aparte de contar con la Ley de Propiedad Horizontal, deberá atenderse a la Liondau, donde se puso hasta 17 años para solucionar las situaciones más graves de accesibilidad, pero no solamente a la vivienda, sino a los trenes o a las
estaciones de ferrocarril, por ejemplo, que es algo más complejo; nosotros hemos propuesto también -al igual que promulgamos la ley durante la época de gobierno del PP-el acortamiento de algunas de las medidas, y nos gustaría que se llevasen a
cabo.
Nada más; le doy las gracias por su atención y su participación.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora subsecretaria de Vivienda.
La señora SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (Del Palacio Tascón): Efectivamente una de las cuestiones que desde el ministerio se han afrontado con mayor intensidad es la de adaptar todas las medidas, todas las iniciativas que tenemos e incorporar
los criterios de accesibilidad a esas medidas; no es porque seamos necesariamente virtuosos, yo tiendo a decir que es por egoísmo, prefiero decir que es por egoísmo, porque creo sinceramente que el precio de la longevidad es que un cierto número de
años de nuestra vida los vamos a vivir con algunas de nuestras capacidades de alguna manera mermadas. Por eso no creo que sea virtuoso adoptar medidas de acción positiva; es imprescindible y además es egoísta, y la buena caridad decían que
empezaba por uno mismo. Por tanto entiendo que se debe ser positivamente egoísta.
Respondiendo a la pregunta del portavoz del Grupo Socialista, en qué se diferencian las medidas que se han adoptado en la actualidad de las medidas que se habían adoptado en la legislatura anterior, he de decir que hay algunas modificaciones
en los principios conceptuales o filosóficos. Se hablaba en la legislación anterior de minusvalías, ahora se habla de discapacidad. Yo interpreto la discapacidad como capacidades distintas, no necesariamente disminuidas, porque la realidad se
encarga de acreditarnos en muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones que lo que tenemos son capacidades distintas, no capacidades disminuidas.
Otra cuestión también conceptual es a la que me he referido antes. En la legislación anterior se hablaba de barreras arquitectónicas, la legislación actual contempla no sólo las discapacidades o los problemas de movilidad, sino también otro
tipo de problemas que pueden ser sensoriales, como usted ha dicho, o incluso algún tipo de discapacidad intelectual.
En cuanto a las diferencias ya concretas, la primera diferencia es el volumen de recursos que el Gobierno ha habilitado para un plan y para el otro. Con carácter general, el plan de este Gobierno duplica los recursos; pasamos de 3.340 a
6.822, a los que además habría que
sumar los 1.031 millones del plan de choque, que modifica el plan anterior.
Además la legislación precedente creo recordar que contemplaba solo tres medidas: la referente al incremento de la ayuda estatal directa a la entrada, los requisitos de renta personal, y el tema de la rehabilitación, con las limitaciones
que les he señalado.
El plan actual es mucho más incisivo, contempla medidas en materia, como dije antes, de alquiler, facilidades para la transmisión, facilidades para el cambio de vivienda sin necesidad de transmitirla, etcétera. Pero yo, si tuviera que
resumir en tres las medidas, mencionaría, por una parte, el cambio intelectual o filosófico de pasar de hablar de minusvalía a discapacidad; por otra, pasar de hablar de barreras arquitectónicas a barreras, con carácter general; y, lógicamente, el
dato económico de los recursos movilizados. Piénsese que en rehabilitación aislada son, creo recordar, en torno a 80.000 las ayudas. En el área de rehabilitación, la rehabilitación de centros históricos que también contempla la rehabilitación de
las viviendas duplicaría estas ayudas a más de 159.000 prácticamente 160.000; por tanto, el número de ayudas, el número de recursos, el número de beneficiarios y los conceptos filosóficos.
En cuanto al nuevo documento que se incorporará al código técnico, que son las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, usted ha mencionado algunas de las nuevas medidas que están previstas, y que se refieren al acceso a los
edificios o a la utilización de los espacios urbanizados. También se contemplan otras medidas relativas a la señalización e información, a la seguridad en casos de incendio y evacuación, a la movilidad interna, como ciertas medidas respecto de los
elevadores, ascensores, etcétera; todo ello profundiza más, bastante más la situación actual.
Ello en lo que se refiere a los edificios, pero lo mismo podríamos decir de los espacios urbanos. Se crea necesariamente la obligatoriedad de espacios peatonales accesibles; que el mobiliario urbano, los elementos de urbanización no
supongan un obstáculo, ni en su ubicación ni en su configuración, lo mismo que los puntos de cruce, las entradas y salidas de vehículos, etcétera. De todos modos es un proyecto y veremos hasta dónde llega; en tanto que proyecto no creo que cambie
mucho la versión definitiva, y, en caso de cambiar, yo estimo que sería para profundizar aún más las medidas.
Agradezco la intervención del portavoz del Grupo Popular; sí le subrayo que no solo se ha firmado un protocolo, sino que el protocolo se está efectivamente cumpliendo. En cuanto a la pregunta que formula respecto a la modificación de la
Ley de Propiedad Horizontal, es como las dos caras del dios Jano, no sé si hablar como subsecretaria o como presidenta de mi comunidad de propietarios, que es una experiencia muy interesante, como todos los que han tenido la oportunidad de gozarla
pueden acreditar, y recuerdo en este punto la maldición china: que vivas tiempos interesantes.
Efectivamente creo que, por mor de lo que decía anteriormente, la discapacidad o algún tipo de problema físico o intelectual desgraciadamente es, en el mejor de los escenarios, el escenario que nos espera a la mayoría, y en este sentido sí
creo que cualquier -y esta es la posición del ministerio-modificación de la Ley de Propiedad Horizontal ha de ir en la línea de compartir, canalizar la solidaridad social también al ámbito de la propiedad horizontal.
No le oculto que son leyes, la Ley de Propiedad Horizontal o la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regulan las relaciones sociales en un nivel digamos micro, y los niveles micro no superestructurales son los que, creo yo, más afectan al
corazón y al bolsillo de los ciudadanos; requieren el máximo consenso por eso mismo, y en esa línea desde luego trabajará y esta trabajando el ministerio, no sólo nuestro ministerio, sino los ministerios concernidos, que, como dije anteriormente,
son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Hacienda, y el Ministerio de Asuntos Sociales.
Respecto a la interpretación de la Ley de Autonomía Personal, permítame que le diga que es paradójico que un legislador pregunte al Ejecutivo cuál es la interpretación auténtica de la ley; la interpretación auténtica de la ley la conoce el
legislador; yo debería hacerle a usted esa pregunta. En mi opinión desde luego las leyes, que son leyes que impulsan una acción positiva, han de interpretarse en el sentido de que esta acción positiva lo sea efectivamente, y que la concreción de
esa acción positiva sea más efectiva que otra cosa; es decir, la interpretación de estas leyes debe ser, como vulgarmente se dice, a favor de obra, y comprenderá que estando en el Ministerio de Vivienda utilice este tipo de expresiones, pero es la
interpretación normal que el Derecho da a aquellas normas que favorecen los derechos de los ciudadanos.
Y en cuanto al control del cumplimiento del Plan de Vivienda, el ministerio ha establecido por primera vez una herramienta que nos permitirá, que nos está permitiendo ya, aunque no en su totalidad, empezar a controlar cuántos, dónde, quiénes
son los beneficiarios, quiénes son los demandantes de estas viviendas protegidas. Uno de los mecanismos o uno de los objetivos fundamentales del ministerio y del Gobierno en su conjunto es combatir el fraude; a nuestro ministerio le toca
combatirlo en el ámbito de la vivienda protegida.
Hay no pocas leyendas urbanas -en este sentido también comprenderá que utilice esta terminología, condicionada por mi actual ubicación-en torno al fraude en el ámbito de la vivienda protegida, no solo el que usted apunte, sino otro tipo de
fraudes. Pues bien, estas herramientas, los registros, etcétera, nos permitirán controlar más y mejor este fraude, y esto sí que también es una innovación en la gestión del ministerio, que puedo decir que nos está costando muchísimo pero que
creemos que concluiremos con un éxito razonable.
Creo haber respondido a todas las cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer, en nombre de la Comisión, a la señora subsecretaria de Vivienda su presencia hoy entre nosotros, así como la información que ha ofrecido en su primera intervención y en las respuestas a las
intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.
Se suspende la sesión por cinco minutos, para continuar con la siguiente comparecencia. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (QUINTANILLA FISAC), PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001061.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
El cuarto punto del orden del día es la comparecencia del secretario de Estado de Universidades e Investigación para informar sobre las actuaciones del Gobierno para favorecer la inclusión educativa de los estudiantes universitarios con
discapacidad.
Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al señor Quintanilla a esta Comisión; seguro que toda la información que va a ofrecernos va a ser de gran utilidad en los trabajos que se vienen desarrollando en esta Comisión, y por lo tanto, le
doy la palabra para que el señor secretario de Estado de Universidades e Investigación nos informe.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (Quintanilla Fisac): Muchas gracias, señorías, por estar aquí en esta mañana de tanto trabajo para ustedes, y encantado de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para
explicarles las iniciativas que estamos llevando a cabo en la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación en relación con el tema que les preocupa.
Permítanme que inicie mi intervención con algo que seguramente todos ustedes dan por supuesto y que todos compartimos, y es la convicción de que en el campo de la enseñanza universitaria, como en todos los servicios de la sociedad actual,
pero muy especialmente por lo que a mí respecta en el campo de la enseñanza superior universitaria somos ya muy conscientes de que el tratamiento de las personas con discapacidad no puede plantearse en términos de relaciones especiales, de
asistencia social, digámoslo así, sino que nuestro objetivo es que las actuaciones en este campo se integren en la vida normal, en la organización cotidiana y en la estructura normal de las instituciones de enseñanza superior, de sus programas y de
sus actuaciones.
El objetivo no es crear acciones especiales para situaciones especiales, sino dotar a las estructuras universitarias de condiciones adecuadas para que las personas con situaciones especiales de discapacidad, digámoslo así, no lo noten; es
decir, que sus condiciones de acceso a la enseñanza universitaria y de ejercicio de las actividades universitarias, desde el estudio hasta la investigación, o la participación de cualquier tipo en la vida universitaria tengan una forma normalizada,
y sus condiciones de discapacidad no sean obstáculo para la plena integración de estas personas en la vida universitaria. Esto a veces es especialmente difícil y complicado, pero toda la comunidad universitaria, y este ministerio al frente, estamos
convencidos de que, como tantas otras cosas en la historia de la humanidad, es un reto, es una dificultad que merece la pena asumir y que es preciso asumir porque es una obligación cívica y moral de todos los ciudadanos.
Partiendo de estas premisas, quiero expresarles la situación actual de las medidas que se han adoptado y que, se están adoptando en el sistema universitario español para conseguir estos objetivos, objetivos, quiero decirlo también de
antemano, cuyo grado de consecución no es plenamente satisfactorio, en nuestra opinión, pero sí su grado de formulación y la voluntad que observamos en las instituciones universitarias y en los responsables de la política universitaria de llevarlos
a cabo. En la actualidad digo que no están plenamente conseguidos porque, para empezar, el nivel de integración en los estudios universitarios de las personas con discapacidad dista mucho de estar en el límite ideal. En estos momentos calculamos
que hay un 3 por ciento de las personas con discapacidad que acceden a los estudios universitarios, la tasa media de acceso de la población está por encima del 20 por ciento, por lo tanto, estamos lejos, aunque efectivamente son condiciones
especiales que no tienen por qué ser una tasa idéntica pero, en todo caso, el margen de crecimiento todavía es muy amplio y sabemos que tenemos ahí un reto importante. En estos momentos hay unos 127.000 titulados superiores con discapacidades. La
proporción con respecto al porcentaje de titulados superiores en relación con la población activa también es enormemente diferente, por tanto, ahí también hay un punto de crecimiento que tenemos que afrontar. ¿Qué se está haciendo? Como ustedes
saben, el sistema universitario tiene una característica, y es que las competencias de financiación y de diseño e implementación de la política universitaria a pie de obra, digámoslo así, es decir, la responsabilidad sobre la enseñanza universitaria
está completamente transferida a las comunidades autónomas, aunque el Ministerio de Educación tiene naturalmente responsabilidades de coordinación general del sistema y de ejecución en relación con ciertas políticas, por ejemplo becas, o en relación
con ciertas instituciones, como por ejemplo la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En esa medida me cabe la satisfacción de poderles decir que, de todos los estudiantes universitarios que actualmente tienen alguna discapacidad y están
matriculados actualmente en la universidad, que calculamos que son aproximadamente
9.000, casi la mitad están matriculados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que depende del Ministerio de Educación y Ciencia, exactamente el 45 por ciento del total. La Universidad Nacional de Educación a Distancia este
año tiene en su presupuesto aproximadamente 1,5 millones de euros para atender las necesidades especiales que plantean estos alumnos, lo que supone unos 380, casi 400 euros por alumno al año. A mí me parece que es un buen ejemplo de lo que se puede
hacer desde el esfuerzo de una universidad por atender estas necesidades de integración. El resto de las universidades, como ustedes saben, a través de distintos mecanismos e instituciones se han ocupado activamente de todos los problemas de la
integración de personas con discapacidad. Hay dos fundamentales: uno es la reunión de defensores universitarios, en la que se establecieron una serie de principios de actuación que creo que son modélicos en cuanto a reconocimiento de las
necesidades de acción positiva para facilitar la integración de las personas con discapacidad en los estudios universitarios y también para orientar en cierto modo aspectos generales de la estructura universitaria, tanto desde el punto de vista de
los contenidos científicos como desde el punto de vista de la organización de sus estructuras físicas, para atender a esta realidad de las personas con discapacidad. Estas recomendaciones del grupo de defensores universitarios ha tenido una gran
incidencia en el planteamiento de la gestión de la integración de las personas con discapacidad en las universidades públicas especialmente; tengo que decir que mucho más en las universidades públicas que en las universidades privadas, muchísimo
más. Igualmente, existe un acuerdo firmado por el Cermi y la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en el que se establecieron una serie de principios de actuación y de colaboración para facilitar la integración de las
personas con discapacidad en el sistema universitario y también para potenciar dentro de las universidades la cooperación activa en el ámbito de la investigación y de la enseñanza de cara a las necesidades de integración y de visualización de las
personas con discapacidad en el mundo académico; acuerdos que afectan, como digo, a la puesta en marcha de programas de investigación específicos, a la puesta en marcha de procesos de formación especializada para atender a personas con discapacidad
en distintos ámbitos de la actuación académica y profesional, convenios para difundir la información entre todas las universidades y para diseñar servicios de atención a discapacitados en todas las universidades. El resultado de este convenio de
cooperación y de las declaraciones de los defensores universitarios y de otras muchas actuaciones ha sido de hecho la existencia en la actualidad de -prácticamente en todas las universidades públicas-servicios, con distinto nivel de organización y
de eficacia, pero en todas hay ya iniciativas tendentes a atender estos compromisos de las universidades con las personas con discapacidad. Hay incluso iniciativas más avanzadas que están en estos momentos en fase de diseño, que es crear centros de
referencia para que todas las universidades puedan saber qué medidas hay que tomar, cuánto cuestan y cómo hay que organizarlas, y especialmente pensamos que a través de la UNED podremos crear un centro de referencia con este tipo de características.
También existe en la actualidad un instituto de investigación universitario especializado en la investigación sobre la integración en la comunidad, que es el instituto español que más esfuerzos dedica a la investigación científica para la
integración de personas con discapacidad, y actualmente está llevando a cabo un proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Trabajo, en el que se proponen diseñar un programa de propuestas estandarizadas para los servicios de
integración en la universidad de las personas con discapacidad que podrá ser de utilidad para todas las instituciones.
Como ven, podríamos caracterizar la situación diciendo, primero, las universidades son conscientes de que este es un tema importante, que las define de alguna forma en sus propios objetivos y en sus propias obligaciones como servicio
público. Segundo, esta sensibilidad se está traduciendo en la existencia de acuerdos y compromisos. Tercero, estos compromisos están dando lugar a acciones positivas especialmente relevantes en el ámbito de las universidades públicas. Sobre este
marco, que es la realidad, el ministerio está actuando fundamentalmente a través de las competencias directas que tiene en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, como responsable de la coordinación general del sistema, a través de las
medidas legislativas. Naturalmente, esto no lo estamos haciendo solamente por nuestra cuenta, sino en contacto directo con responsables del Cermi que se han interesado por hacer llegar al ministerio sus necesidades, sus planteamientos, sus
reivindicaciones, y que han sido recibidos por la ministra y por mí mismo en varias ocasiones. Uno de los objetivos de varias de estas reuniones era conocer sus planteamientos en relación con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que
actualmente está ya dictaminada por la Comisión de este Congreso y que se discutirá y suponemos que se aprobará en el Pleno del próximo jueves.
Quiero comentarles que muchas de las enmiendas, quizá no tanto el contenido explícito como los objetivos que se plantean a través de estas enmiendas que nos presentaron los representantes del Cermi, han sido incorporadas al proyecto de ley y
creemos sinceramente que el texto que ha resultado establece condiciones adecuadas para que, tanto el acceso como la permanencia de los estudiantes con discapacidad en los estudios universitarios, se realice en condiciones de igualdad con el resto
de los compañeros, pero ello sin menoscabo de la autonomía universitaria. La ley que hemos presentado y que va a ser debatida próximamente, y esperamos que aprobada, es una ley que apuesta no tanto por regular y reglamentar todas las actividades de
la universidad, sino por establecer un marco en el cual a las universidades se les plantea un ejercicio responsable de su autonomía con
rendición de cuentas. En la ley no pretendemos obligar a las universidades a hacer cosas, sino abrirles las posibilidades de que lo hagan y establecer las condiciones para valorar la forma cómo ejercen esa autonomía. Lo que sí que hacemos
en la ley es establecer los principios que deben guiar esa autonomía para poder luego exigir responsabilidades respecto a su uso. Pues bien, en relación con las personas con discapacidad, y en esta línea de establecer principios de actuación para
luego poder exigir responsabilidad en función de cómo se lleven a cabo esas actuaciones, por primera vez en la Ley de Universidades, en la propia exposición de motivos, se indica que una de las características es que se introduce el impulso a las
políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad; está ya en el propio preámbulo de la ley. En el artículo 45.4, dedicado a becas y ayudas al estudio, se insiste en que debe prestarse una atención
especial a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género y a personas con discapacidad, garantizando su acceso y permanencia en los estudios universitarios, y este es un principio que obliga a las Administraciones en sus
políticas de becas. En el artículo 46.2 se insiste también en la igualdad de oportunidades y no discriminación por razones diferentes, entre ellas siempre se alude a la discapacidad. Hay una nueva redacción de la disposición adicional 24 de la LOU
que es mucho más explícita y que define el establecimiento de políticas activas que se refiere a todos los integrantes de la comunidad universitaria y no sólo a los estudiantes, es decir, no solamente se establecen políticas activas de integración
de personas con discapacidad referidas a estudiantes, sino a cualquier miembro de la comunidad educativa universitaria, tanto profesores como personal técnico y de apoyo, de administración y servicios y los propios estudiantes, y se establece que
las universidades deberán promover acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren
la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria. Es una redacción muy explícita, muy general, general en el sentido de muy universal, abarca a todos los posibles afectados, y es
absolutamente explícita en cuanto a la obligación de poner en marcha las medidas adecuadas. Y en la disposición adicional cuarta se establecen programas específicos de ayuda. Las administraciones públicas competentes, en coordinación con las
respectivas universidades, establecerán programas específicos para que las víctimas del terrorismo, de la violencia de género y las personas con discapacidad, puedan recibir ayuda personalizada y adaptaciones necesarias en el régimen docente. A mí
me parece que con estas modificaciones en la ley hemos recogido los objetivos y el espíritu de las reformas que nos proponían los representantes de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, hemos establecido claramente los principios y
abierto el marco para que sean las administraciones competentes y las universidades mismas las que pongan en marcha las políticas activas que cumplan con estos principios establecidos en la ley.
Por otro lado, ¿qué podemos hacer desde el ministerio aparte de esta ley? Nosotros tenemos mucho interés en que, desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de las competencias de coordinación general del Ministerio de Educación y
Ciencia, estos principios queden claramente reflejados en las actuaciones que después implicarán consecuencias para las universidades, y hay dos o tres campos en los cuales creemos que es posible actuar con respecto a la autonomía universitaria pero
con eficiencia y eficacia en cuanto a los objetivos previstos. En primer lugar, en el diseño de las directrices que deben cumplir los planes de estudios. Algunos de los representantes de personas con discapacidad nos han planteado la necesidad de
crear planes de estudio específicos relacionados con temas de integración a la comunidad, o de introducir materias específicas relacionadas con la integración de personas discapacitadas en los planes de estudios, etcétera. Una vez más aquí tenemos
que jugar con lo que son los intereses y los objetivos generales de la política universitaria previstos en la legislación y el ejercicio efectivo de la actividad académica universitaria, que debe guiarse por el principio de autonomía. ¿Qué está
haciendo el Gobierno y qué hará en los próximos meses con el desarrollo reglamentario de la ley y con la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio para el proceso de convergencia del espacio europeo de educación superior? Lo que nos
proponemos es establecer en las directrices generales para el diseño de los planes de estudio por parte de las universidades, principios que garanticen que introduzcan en todos los planes de estudio criterios de accesibilidad universal y lo que los
especialistas llaman diseño para todos, es decir, no creemos que sea posible ni conveniente obligar a poner una asignatura sobre integración de discapacitados en los estudios de filología latina, por ejemplo, pero sí garantizar que los profesionales
que salgan de la universidad y que tengan responsabilidades profesionales en el futuro que puedan estar en relación con las necesidades de integración de personas con discapacidad, hayan tenido la oportunidad de saber cómo hay que comportarse
profesionalmente en relación con este tema, es decir, tengan capacidad para resolver problemas de accesibilidad o problemas de diseño que puedan afectar a las personas con discapacidad. Creemos que es preferible exigir esto en todos los planes de
estudio, más que imponer criterios estrictos de introducir asignaturas que luego se pueden convertir en un puro formalismo que no tengan mayor efectividad; en cambio, el hecho de imponer en el diseño general de cualquier plan de estudios la
necesidad de tener en cuenta estos criterios, como igual que imponemos la necesidad de tener en cuenta criterios de coherencia científica o de utilidad social para los títulos universitarios, el hecho de tener en cuenta que la formación que
reciban los universitarios debe cubrir estos aspectos, creo que es mucho más efectivo. ¿Por qué? Primero, porque abre las puertas a la innovación académica y, segundo, porque define criterios de evaluación del comportamiento de las
universidades; es decir, sin merma de su autonomía, lo que se establece son criterios con los cuales podremos valorar la calidad de lo que han hecho en función de estos criterios, además de otros muchos, y esto a mí me parece que es muy importante.
Concretamente, creo que en una universidad como aquella a la que vamos, en la cual las normas de garantía de la calidad de la enseñanza y de la investigación universitaria son fundamentales y los procedimientos de acreditación de los títulos van a
comprobar las medidas de garantía de la calidad y van a condicionar la acreditación de los títulos a la consecución de estándares de calidad, que entre esos estándares de calidad se introduzcan criterios referidos a cómo sus planes de estudio
contemplan la formación en medidas de accesibilidad universal -imaginemos por ejemplo en estudios de informática, o de lengua, o de literatura-y cómo se cumplen los principios de introducir criterios de diseño para todos en las profesiones, en los
estudios en los cuales este tipo de planteamiento sea relevante, el hecho de que estos criterios; digo, figuren como criterios para evaluar la calidad de los programas universitarios que se pongan en marcha, me parece que es mucho más efectivo que
el puro formalismo de introducir una asignatura o un temario, y es más coherente con el principio de autonomía universitaria y es más efectivo a largo plazo.
También creemos que es preciso ayudar a las universidades a cumplir sus compromisos en
relación con el acuerdo al que antes hacía referencia. Es preciso continuar, potenciar y ayudar al desarrollo de estándares de servicios de atención a personas con discapacidad en las universidades, investigación sobre modalidades y formas de
establecer medidas de apoyo de diverso tipo y, en definitiva, ayudar a la adaptación necesaria que las universidades tienen que hacer para mejorar sus estándares de medidas para la integración, de apoyo para la integración de personas con
discapacidad en los estudios universitarios. Ese es otro campo en el que queremos incidir a través del Consejo de Coordinación Universitaria, proponiendo un grupo de trabajo que intente definir y llevar a medidas concretas los compromisos que las
universidades han asumido con los representantes de las personas con discapacidad. Una tercera línea de actuación se refiere a la información. Hemos detectado que a veces es difícil obtener información relevante y rápida en relación con las
medidas de integración de personas con discapacidad en las universidades.
La información no está estandarizada, no está disponible fácilmente. Cada vez que necesitas un dato para evaluar una política necesitas hacer una microinvestigación para
saber cómo está ese tema. Entonces otra de las medidas que estamos diseñando es que el servicio de información pública de datos estadísticos y de gestión de las universidades, igual que ya es un estándar que cualquier dato sobre personal
universitario está dividido en función de criterios de género, que los datos estándares, los datos básicos de la estadística universitaria referidos a la integración de personas con discapacidad, estén también disponibles de forma estandarizada y
que todas las universidades contribuyan a mejorar esta información.
Antes de terminar, hay otro campo al que quisiera aludir -relacionado con la integración en la universidad pero no exactamente idéntico a este tema-y es el relativo a la investigación científica en relación con la discapacidad, tanto desde
el punto de vista activo como pasivo. Desde el punto de vista activo, me refiero a la necesidad también de facilitar e incentivar la participación de las personas con discapacidad no sólo en la formación superior sino también en el ejercicio de la
enseñanza superior y de la investigación. Hay un campo importante de trabajo, es además muy prometedor. Las personas con discapacidad que han logrado realizar sus estudios universitarios y que se han dedicado a la investigación suelen ser personas
con un rendimiento como investigadores excelente, y no hace falta acudir a las grandes figuras de todo el mundo conocidas sino a la vida cotidiana de nuestros propios campus universitarios. Creo que eso que se ha conseguido se ha conseguido de una
forma todavía minoritaria y que deberíamos hacer esfuerzos para potenciar la carrera investigadora de aquellos universitarios que presentan situaciones de discapacidad pero que tienen vocación investigadora, estableciendo medidas de apoyo que
faciliten su labor, su trabajo y su carrera. En la misma línea, también es interesante seguir potenciando, desde el punto de vista no ya subjetivo sino objetivo, no ya desde los actores de la investigación sino desde el objeto de la investigación,
promoviendo temáticamente proyectos de investigación específicamente orientados a conocer la situación de los procesos de integración de personas con discapacidad y a mejorar los instrumentos de la integración.
Se han hecho muchas cosas en relación
con esto. Tengo aquí unos datos referidos a una investigación que se está llevando a cabo precisamente en lo que era mi grupo de investigación hasta que me vine a la secretaría de Estado, una doctoranda que está trabajando sobre la relación entre
discapacitados y ciencia y tecnología. Por ejemplo, en estos momentos el número de trabajos científicos relacionados con artículos publicados en revistas, conferencias en congresos, estudios, libros, etcétera, dedicados a analizar la relación entre
discapacitados y tecnología, que es un caso muy específico de la relación entre personas con discapacidad e investigación científica, solo en relación no ya con la investigación científica sino con el uso, aplicación, desarrollo de tecnologías
específicas, tiene una importancia creciente, pero todavía tiene una dimensión pequeña. Ahí tenemos censados 107 artículos de revistas, 229 conferencias en congresos, en total hay unas 400 actividades, especialmente, tengo que decirlo,
publicaciones referidas a problemas asociados a las tecnologías educativas, cómo se pueden utilizar tecnologías nuevas para mejorar la integración en los
procesos educativos, seguido de problemas de accesibilidad tecnológicos, o sea, soluciones tecnológicas a los problemas de accesibilidad, o problemas de accesibilidad planteados en relación con el uso de las tecnologías. Yo creo que esto es
un indicador. Sólo lo cito a título de curiosidad, la doctora es la estudiante de doctorado Arline Orellana, de la Universidad de Salamanca, porque es un trabajo que todavía se está iniciando, pero me permite decir dos cosas: una, que hay interés
científico en relación con la discapacidad como ámbito de investigación para resolver los problemas que se plantean en relación con la misma y su integración en la sociedad y, dos, hay también un escaso desarrollo todavía de esta actividad de
investigación científica sobre estos temas.
Por lo tanto, ahí tenemos un amplio campo de actuación. Mi propósito es proponer a las comisiones que van a empezar a trabajar formalmente a partir de enero para el diseño del nuevo Plan nacional de
investigación y desarrollo que cubrirá el próximo quinquenio, desde 2008 a 2013, y que están diseñando cuáles van a ser las nuevas prioridades del plan nacional, proponerles que consideremos introducir, dentro de las áreas temáticas del plan
nacional, como un área o subárea dentro de los estudios de ciencias sociales, no solamente médico o tecnológico sino también desde el punto de vista de la investigación social, un área que potencie, que prime como una prioridad de la política de I+D
del ministerio, la investigación sobre la integración de discapacitados en la sociedad, tanto en la educación como en la investigación científica, como en cualquier otra actividad social de carácter profesional y de interés general.
En definitiva, me gustaría terminar diciéndoles que el sistema universitario español, el sistema público especialmente, está en estos momentos sensibilizado, claramente sensibilizado y consciente de la necesidad de actuar enérgicamente para
mejorar los niveles de integración de las personas con discapacidad en los estudios superiores; que somos conscientes de que tenemos el marco legislativo adecuado pero necesitamos todavía llevar a cabo muchas actuaciones de carácter práctico y
también de diseño de medidas eficaces para conseguir esos objetivos, y podremos contribuir no solamente a través de las iniciativas legislativas que ya hemos adoptado sino potenciando actuaciones de investigación en el plan nacional y ayudando a las
universidades a cumplir sus compromisos de actuaciones encaminadas a la integración de las personas con discapacidad en sus campus.
No puedo decir que la situación sea completamente satisfactoria mirando hacia el futuro, pero es una situación absolutamente satisfactoria si miramos tan solo diez o veinte años atrás. Hoy la integración de las personas con discapacidad en
la educción superior no es un tema para debate; es un tema consensuado, todo el mundo está de acuerdo pero es un problema técnico que es necesario resolver con el esfuerzo de todos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Bienvenido, señor secretario de Estado.
Yo empezaría por algo que usted acaba de decir: que es un tema absolutamente consensuado, no es tema de discusión. De todos modos, de su exposición yo me he quedado con una cierta sensación de que se percibe la discapacidad como objeto de
estudio, sin embargo me interesaría más trabajar o demandarle en este momento una información, una opinión, un planteamiento de la persona discapacitada como sujeto con derecho a la formación, sobre todo a la formación universitaria. La verdad es
que la inserción laboral es la mejor forma de integrar a las personas, de normalizar a las personas. Las personas con discapacidad podemos realmente realizar trabajos igual de eficaces que personas que no tienen esa discapacidad, solo que con la
condición de la debida formación, el debido, entre comillas, adiestramiento. Pese a ello, la tasa de actividad y ocupación en el colectivo de personas con discapacidad es muy baja; la tasa de acceso a los estudios universitarios, a los estudios
superiores, es también muy mejorable. La esperanza, dada la trayectoria que llevamos durante los últimos años, es que va a mejorar. Usted ha mencionado -yo tenía recogidos también esos datos aquí-, que hay menos de un 5 por ciento de
discapacitados que acceden a la universidad, cuando el porcentaje de personas sin discapacidad supera el 20 por ciento.
En este sentido, la formación es el instrumento indispensable para poder alcanzar la normalización que todas las personas con discapacidad pretendemos. Por ello me gustaría que la intención, la buena intención, la actitud positiva que usted
manifiesta en esta comparecencia, y que yo no dudo de que sea así, se correspondiera con actuaciones. Por ejemplo me extraña, a nuestro grupo le extraña que no se haya aprobado todavía un tercer plan de empleo -ahora le diré por qué lo menciono-,
que era un Plan estatal de promoción de la formación para personas con discapacidad contemplado para 2004-2008 y que se preveía tras la finalización del segundo plan que había puesto en marcha el Partido Popular. De la misma manera, me choca que no
hayan sido aprobadas, por lo menos no hayan sido aceptadas unas enmiendas que el Grupo Popular propuso en la Ley Orgánica de Universidades, que se ha elaborado recientemente, que hemos debatido hace muy poco tiempo. Una de ellas, la 420 al artículo
65, en donde en la disposición adicional vigésimo cuarta de la integración de estudiantes con discapacidad en las universidades dice en su apartado 1: Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria no podrán ser
discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni indirectamente en el acceso, el ingreso, la permanencia y en el ejercicio de los derechos académicos y de otra clase que tengan reconocidos, me parece de una obviedad apabullante. En
el punto 2 dice: Las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y
recursos necesarios. Me parecen tan obvios estos planteamientos que no acabo de entender por qué no han sido aceptadas estas enmiendas. De todos modos, quisiera remarcar que estamos logrando avances. Usted mencionaba, hablaba de que el
planteamiento debe ser el establecer criterios de calidad y accesibilidad, es decir la normalización en definitiva, en vez de no establecer una asignatura específica; estamos absolutamente de acuerdo. Además, ese tipo de discriminación positiva
sería absolutamente negativo, porque la discapacidad es algo tan absolutamente complejo, tan personalizado que me parece que lo ideal es fijar criterios genéricos y sobre ellos, sobre ellos, con el marco general de esos criterios, establecer luego
las necesidades, las medidas concretas.
Usted habla de la creación de centros de referencia del Instituto de investigación universitario para la integración de las personas con discapacidad. Yo le pediría que, si es posible, esto se plasme en medidas concretas y no se quede
exclusivamente en estudios teóricos. Acerca de esto me gustaría formularle una serie de cuestiones. Según estudios del Cermi, todavía en muchas de las universidades españolas hay un deficiente acceso, una accesibilidad bastante mala a las páginas
web de las universidades. Por otra parte, se comenta -estoy refiriéndome a este estudio del Cermi, con el que estoy absolutamente de acuerdo, faltaría más-la adaptación de pruebas de acceso que a veces no es lo adecuada que debería ser, y luego
habla también de la accesibilidad digital y accesibilidad arquitectónica. Respecto a esta última nos ocurre lo que antes había comentado, que es tan aleatorio hablar de accesibilidad arquitectónica que lo que para mi compañero Paco Vañó y su
instrumento de deambulación es extraordinario para mí puede ser una trampa mortal; me refiero a la moda última de estas plaquetas tan brillantes que son estéticamente maravillosas pero deslizantemente traidoras. En cuanto a los temas de barreras o
de accesibilidad habría que plantearse toda una serie de variables que no solo consisten en escaleras. Yo le preguntaría cómo percibe usted estas cuestiones que le planteo y qué medidas concretas tienen previsto establecer para mejorar esta
situación. Por otra parte, yo he vivido en la universidad el tema del acceso a becas de estudio. ¿Se contempla alguna especificidad en el tema de las becas para personas con discapacidad? Se lo digo por una razón; porque a veces se establecen
las ayudas, concretamente para investigación, en el sentido de concretar centro y residencia específicos, con lo cual algunas personas con determinado tipo de discapacidades no podrían acceder a las becas. Si este tipo de ayudas fuera aplicada
directamente al individuo, sí podría beneficiarse de ellas. Aunque se salga un poco del marco establecido, sí sería socialmente rentable, porque usted mismo mencionó que el nivel de investigación no se corresponde realmente con el potencial que
existe en las personas con discapacidad. Aparte tendría que preguntarle por algo que también hemos aprobado en esta Comisión recientemente, que es lo de la exención de tasas universitarias, con una enmienda del Grupo Socialista. La pregunta sería
si se está haciendo efectiva esta exención de tasas. ¿Se cumple en este momento o está todavía pendiente?
Para terminar, no me duelen prendas en decirlo, tendría que felicitar al ministerio, en este caso en la persona del secretario de Estado -aunque no gusta mucho en los ámbitos de la discapacidad lo de la sensibilidad, puesto que en este
momento las personas con discapacidad tienden más a que las situaciones se normalicen y no estén a expensas de mayor o menor sensibilidad-, dado que a veces somos un poco torpes en la utilización del léxico, porque hay personas que están más
propensas a luchar para que las barreras y las dificultades que se interponen entre la universidad y la discapacidad sean eliminadas de la mejor manera posible y cuanto antes.
Reitero el agradecimiento por su comparecencia y quedo a la espera de lo que pueda concretarnos sobre las cuestiones planteadas.
El señor PRESIDENTE. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señor secretario de Estado de Universidades e Investigación, muchísimas gracias por su comparecencia. Hoy para nosotros es un día de satisfacción porque esperamos que en dos días la LOU se apruebe definitivamente
en el Congreso; nos parece de gran interés.
Felicitamos al Ministerio de Educación por todo lo que tiene que ver con la integración en el ámbito educativo de las personas con discapacidad, y en particular a su secretaría de Estado por el esfuerzo
que está haciendo en materia de integración en el ámbito de la universidad de las personas con discapacidad, y en particular por todo lo que ha supuesto introducir a nivel legislativo en la LOU materias tan importantes como la que usted nos ha
comentado en materia de integración de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Tal como el señor Oreiro ha comentado últimamente, la palabra sensibilidad me parece fundamental porque creo que la sensibilidad política en esta
materia es fundamental, en esta y en otras muchas, como es lógico. Por lo tanto, he de agradecerle su comparecencia y felicitarle nuevamente.
Quiero comentarle lo importante que es para las personas con discapacidad -en esta Comisión se ha visto de manera reiterada, para su normalización e integración social-tanto la accesibilidad en términos amplios como el tema educativo y la
integración en el ámbito laboral. Esos son los tres elementos fundamentales para la integración de las personas en el ámbito social y personal en la sociedad en general. No me cabe duda de que esa accesibilidad al ámbito universitario es
un elemento fundamental en esa integración. Usted ha comentado ese bajo acceso de las personas con discapacidad a la universidad, ese 3 por ciento, que nos preocupa, respecto al 22 por ciento de personas que no tienen discapacidad. Esto se
refleja posteriormente en el acceso al empleo. Por los datos últimos que tenemos en el ámbito del acceso al empleo de la Función pública hemos visto que la oferta de empleo público, en el cupo del 5 por ciento de reserva para personas con
discapacidad, en 2003 accedieron 46 personas en el cupo libre, en el 2004 95 personas y en 2005 125 personas, es decir un incremento importante, casi del 77 por ciento, pero igualmente hemos visto cómo este número de personas que acceden a un
trabajo dentro de la Función pública está desigualmente repartido. Es en el grupo D en el que se cuenta con mayor porcentaje de inserción, con el 84,53 por ciento de los aprobados entre 2003 y 2005; por el contrario, el porcentaje de aprobados en
la Función pública en el grupo A, es decir de licenciatura, es solo del 4,53 por ciento. Esto evidencia ese difícil acceso a la formación superior que tienen las personas con discapacidad, que después se ve reflejado en todos los ámbitos y por
último en la habilitación laboral, porque la formación es fundamental en ese ámbito. Me parece importante en esta materia destacar los acuerdos, del Real Patronato de Personas con Discapacidad; los acuerdos que hay en la enseñanza universitaria,
sobre todo en colaboración en materia de tasas universitarias, que me parece fundamental, así como los acuerdos de la secretaría de Estado -no de la suya sino de la de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales-con distintas entidades para establecer los mecanismos que faciliten el seguimiento de los estudios universitarios a personas con discapacidad, aparte de los acuerdos que ustedes han obtenido tanto desde su secretaría de Estado como desde
el Ministerio de Educación con el Cermi respecto a este proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que sin lugar a dudas han sido unos pasos transcendentales, anteriormente ya por el compromiso del propio ministerio en el
proyecto de ley y posteriormente con estas conversaciones y acuerdos con el propio sector. He de destacar igualmente, señor Oreiro, el marco competencial, porque las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en las universidades y después
también la propia autonomía universitaria; tanto es así que hay algunas universidades con compromisos importantes en esta materia. Yo destacaría la UNED, por lo que usted hoy representa aquí como secretario de Estado en esta materia, pero también
la universidad de Granada, pionera en materia de accesibilidad y apoyo a la integración universitaria así como en materia de exención de tasas, que me parece fundamental; en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía eso ha sido así.
Yo me doy por satisfecha con su exposición, aunque el señor Oreiro le ha formulado preguntas que vendrán a aclarar algunas cosas que quizá yo necesitaría también tener un poco más ampliadas. Le quería formular una pregunta referida a la
incidencia que en esta materia tiene lo contemplado en el espacio europeo de Educación. En materia de discapacidad no hemos de limitarnos al espacio de nuestro país sino como esto se contempla en la Unión Europea.
Le agradezco nuevamente su comparecencia y le felicito por el trabajo que están haciendo desde el ministerio y desde su secretaría de Estado en algo tan importante para la integración y la normalización del colectivo de personas con
discapacidad como es el acceso a la formación superior.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas en las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (Quintanilla Fisac): Muchas gracias en primer lugar a ambos grupos por su intervención, su interés, incluso por sus palabras de apoyo y de cariño ante lo que estamos haciendo.
Para todo lo que se pueda hacer desde la Administración es absolutamente fundamental el apoyo de la sociedad, y como la representación política de la sociedad es este Congreso es muy importante para mí haberles escuchado a ustedes su compromiso y su
interés por estos temas.
En cuanto a la primera parte de la intervención del señor Oreiro estoy tan de acuerdo que justamente por eso no he insistido en los aspectos subjetivos del planteamiento de la discapacidad. Estamos de acuerdo -terminé con esas palabras-, no
es un tema para debate; hoy, por suerte, en todo el mundo universitario español, por lo menos oficialmente, está asumido que, como usted muy bien dice y estoy de acuerdo, no es un problema de sensibilidad, sino simplemente de normalidad. Está
asumido que las personas con discapacidad son personas y que el problema es de las instituciones, no de las personas. Estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, por tanto ni siquiera lo he planteado. La cuestión es que eso plantea
problemas a las instituciones, por lo que he insistido mucho en la importancia que para nosotros tiene diseñar sistemas estandarizados, normalizados, que permitan que las instituciones puedan copiarlos para hacerlo bien, y es necesario potenciar la
investigación para encontrar fórmulas que nos permitan hacer mejor lo que nos proponemos hacer. No siempre es fácil, no siempre hay una única solución; la tecnología avanza, cambia, nos permite encontrar soluciones completamente diferentes que
antes eran insospechadas. Yo terminaba mi intervención diciendo que ahí hay un gran campo de trabajo para mejorar nuestro conocimiento y nuestras posibilidades de buscar soluciones institucionalizadas y normalizadas para la integración de las
personas con discapacidad en la enseñanza superior y en la sociedad en general. He puesto el énfasis en eso porque me parece que es donde está el reto, y lo otro lo
doy por supuesto; doy por supuesto y comparto con usted que hoy no es una cuestión sometida a discusión la necesidad de adaptar las instituciones para integrar a las personas, y no solamente cambiar a las personas para integrarlas en las
instituciones.
En relación con la LOU en este momento no tengo la información, pero supongo que esos dos artículos que usted ha citado son los que el Grupo Popular votó con todos; lo que hemos aprobado es casi exactamente lo que usted me ha leído. Ya
sabe S.S. que en la tramitación de enmiendas finalmente la versión definitiva introduce matices, etcétera. Le digo cómo ha quedado el artículo 44, antiguo 33: La igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos. Realmente está recogido el contenido fundamental
del texto que ustedes presentaban. La disposición adicional vigésimo cuarta dice que las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares
asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria. No sé si coincide exactamente con el texto de la
enmienda del Grupo Popular pero desde luego yo creo que el contenido es el mismo. No puedo decírselo con exactitud en estos momentos pero incluso creo que en la Comisión fue una de las enmiendas que se votaron por unanimidad. En todo caso, el
contenido es ese básicamente, y me felicito de ello porque es una prueba de lo que le decía antes, que hay cuestiones que ya no están sometidas a discusión.
En cuanto a criterios de calidad, me parece es muy importante que en el planteamiento que hemos hecho de la ley estas cuestiones no figuren como discriminación positiva sino como criterios generales para valorar las funciones de la
universidad. ¿Por qué? Algunas personas nos han dicho que en la ley no se habla de financiación universitaria -es verdad; no es una ley de financiación, tiene su memoria económica, en la cual se prevén por cierto los gastos en que las
universidades tendrán que incurrir para poder realizar los estudios necesarios para adaptarse a las obligaciones que se les impone en la ley, etcétera-, pero el problema no es ese. El problema es que estamos optando por una política universitaria
en la cual se establecen criterios de calidad y se evalúan las universidades en función de esos criterios. Nuestra propuesta es que las administraciones públicas que tienen competencias para financiar las universidades públicas las financien de
acuerdo con los resultados de esa evaluación.
Que se cumplan o no se cumplan las previsiones legales respecto a la adaptación de la institución universitaria para una mejor integración de personas con discapacidad puede influir finalmente en su
nivel de calidad, y si las administraciones competentes quieren eso podrá influir en los criterios que ellas asumirán para financiar esa universidad. A nosotros nos parece que esta es la vía; hay que decirles: si lo hace bien le vamos a apoyar,
si no lo hace bien no le vamos a apoyar, y vamos a decirle cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo está haciendo mal de acuerdo con criterios objetivos y basados en principios legales establecidos. Un criterio de calidad es su capacidad para
mejorar los niveles de integración de las personas discapacitadas en los estudios universitarios, y la financiación puede estar vinculada a estos resultados.
El ministerio como tal ha anunciado que una vez que se apruebe la ley pondremos en marcha el nuevo instrumento de coordinación de la política universitaria a través de la Conferencia general de política universitaria, donde negociaremos con
las comunidades autónomas, que son las responsables de la financiación de la inmensa mayoría de las universidades públicas en España, de todas menos una, menos la UNED, y la Menéndez Pelayo. Ahí es donde negociaremos el modelo de financiación y ahí
es donde diremos nosotros si estamos dispuestos a poner en marcha sistemas de evaluación de la calidad que permitan que ustedes financien de acuerdo con esos criterios. En esos sistemas de evaluación de la calidad incluiremos todo lo que está
previsto en la ley, no solo la calidad estrictamente académica sino también la calidad de los objetivos generales que la ley impone a las universidades, entre los cuales están las medidas efectivas para la integración de las personas con
discapacidad en la enseñanza superior. Ese es un buen procedimiento y esa es la dirección hacia la que apuntamos.
Lo mismo en cierto modo cabría decir, no exactamente lo mismo pero algo parecido, en relación con el problema que usted plantea de las becas.
Desde luego, sobre este asunto no hay unanimidad, según hemos podido detectar en nuestras
conversaciones, y nosotros mismos no estamos muy seguros de que el mejor sistema para promover la integración de personas con discapacidad en la universidad sea generalizar la exención de tasas y no otros procedimientos más ajustados a la realidad
concreta de cada persona y de cada necesidad. ¿Por qué? La exención de tasas es, en nuestra opinión, una medida que puede ser positiva, pero en muchos casos puede no ser suficiente y en otros muchos casos puede no ser necesaria, de manera que no
está garantizado que sea la medida más efectiva. De todas formas quiero decirle que, en lo que a nosotros respecta, a pesar de esas discrepancias y de esas discusiones, en la UNED sí hay exención de tasas en la primera matrícula y en algunas otras
universidades, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista; ella ha citado la de Granada, pero en toda la Comunidad de Andalucía y en toda la Comunidad de Castilla y León por lo menos, y en algunas más, están eximidas las tasas de primera
matrícula para personas con discapacidad. Por cierto, en la ley se establece que cuando se hacen esas exenciones no será a costa de las universidades sino que será a costa de las administraciones,
que tienen que financiar el coste que esas exenciones deriva para las universidades. De manera que no descarto la posibilidad de que se generalice el sistema, pero no lo hemos establecido por ley y no pensamos que sea necesario, en la
medida en que es un tema sometido a discusión y, que depende de las administraciones que tienen que financiar las universidades.
En otros temas concretos lleva usted toda la razón, todavía no estamos satisfechos con los niveles de accesibilidad, ni siquiera arquitectónica y ni siquiera en las páginas web. Es verdad, las universidades están trabajando en ello y lo
tienen que hacer, porque además es una obligación legal creo que desde principios de este año, es decir, hay que conseguir que todas las páginas web y todos los espacios electrónicos de las universidades estén rápidamente cumpliendo las normas de
accesibilidad obligatorias para todos.
En las medidas que le indicaba que queremos poner en marcha a través de la CRUE para que las universidades cumplan más fácilmente sus compromisos con el Cermi desde luego incluiremos este tipo de cuestiones, una especie de sistema de
información para saber cuál es el estado actual de los niveles de accesibilidad arquitectónica, electrónica y de todo tipo de nuestras universidades. Se trata de hacer una especie de sistema de vigilancia no compulsivo pero sí que permita alertar a
aquellas que no están cumpliendo las normas que deben cumplir. Eso mejorará la homogeneidad del sistema en general y que se podrá resolver en breve tiempo.
Muchas gracias también a la diputada Sánchez Rubio por sus amables palabras. A mí también me preocupa, es verdad lo que dice, que haya grandes problemas de accesibilidad, de educación y de empleo, y me preocupa mucho la parte del empleo.
Por desgracia, bueno, por desgracia no, por suerte no es mi competencia, aunque sí lo es facilitar el empleo a través de la formación, y en ese campo es en el que yo me siento responsable de trabajar para mejorar el acceso a la Función pública en el
grupo A, a las profesiones de formación superior. Hay un campo enorme, hay muchísimo que hacer todavía, es un reto que tenemos que asumir y que estamos asumiendo, pero efectivamente la situación no es satisfactoria; no es satisfactoria una tasa
del 4,5 por ciento, como usted ha señalado; no es satisfactoria una tasa del tres y pico por ciento de estudiantes universitarios; no es satisfactoria una cifra de 90.000 personas con discapacidad con estudios universitarios superiores en la
sociedad española actual. Todas esas cifras no son satisfactorias, y si lo fueran seguramente no estaría aquí porque ustedes no me habrían llamado.
Reconozco que tenemos un reto ahí y lo único que puedo asegurar es que estoy completamente decidido
a colaborar con ustedes en mejorar esa situación. Como les decía al principio, también necesitamos mucho su ayuda para que la sociedad entienda los sacrificios y los esfuerzos que a veces hay que hacer, que al fin y al cabo salen de los
Presupuestos Generales del Estado en muchas ocasiones, y por lo tanto del bolsillo de los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos. Entonces, necesitamos que la clase política, los representantes de los ciudadanos, que son ustedes, hagan el
doble juego de transmitir mensajes hacia la Administración y también hacia los ciudadanos. Yo sé que ustedes lo hacen, así que permítanme que caiga en el error de reñir a los que vienen a la misa por aquellos que no vienen, pero no quiero renunciar
a esta apelación de que realmente estamos ante una empresa importante que tenemos que llevar a cabo y en la que tenemos que colaborar todos con el fin de intentar que otros intereses igualmente legítimos y necesarios, como pueden ser los intereses
políticos diferenciados entre unos y otros partidos, no enturbien aquellos objetivos que son compartidos, como hemos dicho antes, como es la normalización -yo lo llamaría más que integración, normalización-de las personas con discapacidad en los
estudios superiores.
La pregunta que me hace la diputada Sánchez Rubio me parece especialmente estimulante y daría para mucho, pero permítanme que resuma en dos palabras algunas ideas respecto a lo que significa el proceso de integración en el espacio europeo de
Educación Superior para este tipo de problemas. Lo he dicho en mi intervención pero me parece que es un buen momento para enfatizar algo en lo que tengo mucho interés. El espacio europeo de Educación Superior significa un paso muy importante para
conseguir un objetivo, que es eliminar fronteras académicas en la movilidad académica y profesional en toda Europa. Esto es lo verdaderamente importante del espacio europeo de Educación Superior.
Europa ya hoy es un espacio sin fronteras para el
capital, es un espacio sin fronteras para el trabajo en gran parte, es un espacio sin fronteras para la comunicación, la tecnología y la ciencia. Necesitamos que sea un espacio sin fronteras para la educación superior, es decir, un espacio en el
cual los estudios superiores que hagamos en un país sea fácilmente, automáticamente yo diría casi, reconocibles en cualquier otro país y esto permita una movilidad horizontal en toda Europa de nuestros estudiantes, de nuestros profesores y de
nuestros profesionales, porque finalmente los profesionales son aquellas personas que ejercen su actividad laboral en una profesión que depende de un título superior.
Es muy importante lo que vamos a conseguir en este campo, que es que nuestras titulaciones superiores sean reconocibles en toda Europa, y es muy importante la forma como se está haciendo: son reconocibles en toda Europa sin necesidad de que
sean idénticas, sin necesidad de que haya una regulación de arriba abajo que diga cómo tiene que formarse un ingeniero, un licenciado en filosofía o un especialista en cualquier ámbito de la actividad económica, por ejemplo un perito mercantil. No
hace falta diseñarlo de arriba abajo, basta con crear unas estructuras homogéneas que nos permitan el reconocimiento mutuo y que respondan a unos estándares de calidad y de metodologías docentes equivalentes.
¿Por qué es importante esto en el contexto que nos mueve hoy aquí? Porque la integración de las personas con discapacidad en la enseñanza universitaria naturalmente que es una parte de la integración del sistema universitario en el espacio
europeo de Educación Superior, por un doble objetivo; primero, porque tenemos que conseguir que nuestras medidas de integración se puedan llevar a cabo de forma que sean reconocibles por cualquier país europeo, y esto significa que estamos haciendo
para nuestros ciudadanos un servicio que afecta a su capacidad para moverse por toda Europa, y esto es muy importante; segundo, porque desde la perspectiva del espacio europeo de Educación Superior nos va a librar de un corsé excesivo que nuestra
legislación a veces impone a los planes de formación superior que nos impide una adaptación adecuada curricular a las necesidades especiales que determinados ciudadanos puedan tener. Esto es muy importante porque se viene abajo uno de los
argumentos que a veces uno se encuentra cuando dice: no, hay que adaptar el currículum de una enseñanza a las condiciones de la persona, y no a la inversa. Dicen: ¡Ah!, pero es que entonces no cumple los estándares mínimos y necesarios... Bueno,
cuidado, cuando comparamos los estándares de nuestros planes de estudio con los de los 45 países del espacio europeo de Educación Superior, hay más diferencias entre ellos, y eso no nos impide su reconocimiento, que entre el currículum académico
normal y un currículum académico especialmente adaptado a las necesidades que puede tener un estudiante que por ejemplo tenga una discapacidad visual o auditiva, resulta que hay muchas más diferencias entre ese mismo plan de estudios en otro país y
el nuestro que entre el plan de estudios y su adaptación curricular. Si estamos dispuestos a reconocer estándares de estructura y de reconocimiento mutuo entre una dispersión de diferencias enorme, ¿cómo no vamos a poder hacer adaptaciones
específicas dentro de nuestras propias aulas? A mí me parece que este es un argumento muy importante a tener en cuenta porque el espacio europeo de Educación Superior comparte con lo que estábamos diciendo anteriormente un principio fundamental, y
es que la educación superior se adapta a los ciudadanos, es decir, es un servicio para los ciudadanos, no es un corsé para ellos. Necesitamos diseñar sistemas que atiendan a sus necesidades y no diseñar obligaciones para que los ciudadanos atiendan
a las necesidades del sistema.
Este marco europeo de enseñanza superior es un reto para nuestro sistema universitario y es un reto para nuestra capacidad de flexibilizar el sistema universitario y adaptarnos a las exigencias académicas de toda Europa. Ese ejercicio
también está en línea con lo que nos demandan nuestros objetivos y nuestras obligaciones de integración de las personas discapacitadas en nuestro espacio europeo, y una de las cosas que se derivan de este planteamiento es algo a lo que yo aludía
antes: necesitamos que nuestras universidades se preparen para rendir cuentas, necesitamos establecer criterios de evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria que nos permitan no regular de antemano cómo deben hacerlo sino hacer el
seguimiento pormenorizado y el juicio sobre el nivel de calidad que han alcanzado. Este planteamiento, que está exigido por la propia flexibilidad del espacio europeo de Educación Superior, nos permitirá introducir entre los criterios de calidad
con metodologías homologadas internacionalmente, porque nuestros criterios de evaluación de la calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad son criterios homogéneos en toda Europa en cuanto a los criterios, medidas de niveles de
integración y de capacidad para integración de personas con discapacidad en la enseñanza universitaria.
Esto lo vamos a poder compartir con todo el espacio europeo de Educación Superior a través de los procedimientos de evaluación de calidad y va a
suponer una consolidación y un reforzamiento de nuestras iniciativas en este campo y un cambio a nivel internacional de lo que es la actual consideración de las medidas de integración de personas con discapacidad en la enseñanza universitaria.
Es un tema muy prometedor, muy interesante, y ahí estamos trabajando para ver si conseguimos avanzar rápidamente, incluso más rápidamente que la mayoría de los países europeos.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer al señor secretario de Estado de Universidades e Investigación su presencia hoy entre nosotros, así como toda la información que nos ha ofrecido, tanto en su comparecencia como en las respuestas a las
intervenciones de los portavoces de los grupos.
Señorías, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.